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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 304, de 27/07/2017
cve: DSCD-12-CO-304
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 304
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES
Sesión núm. 13 (extraordinaria)
celebrada el jueves,
27 de julio de 2017
ORDEN DEL DÍA:
Proposición no de ley sobre la tenencia y comercio de primates. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Grupo
Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001113) ... (Página2)
Comparecencias:
De la señora ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (García Tejerina), para:
- Informar sobre la situación de sequía en determinadas zonas de España y las medidas que está adoptando el Gobierno para paliar esta situación. A petición propia. (Número de expediente 214/000035) ... (Página5)
- Analizar la situación de sequía que afecta ya a gran parte del territorio nacional y las medidas estructurales que, con carácter integral, prevé adoptar el Gobierno para hacer frente a las consecuencias negativas de la misma. Urgente. A
petición del Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Grupo Parlamentario Ciudadanos y Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 213/000547) ...
- Informar sobre las actuaciones del Gobierno en materia de prevención y extinción de incendios, durante la campaña de incendios 2017. A petición propia. (Número de expediente 214/000034) ... (Página25)
- Dar cuenta de la gestión de su ministerio en el incendio ocurrido, recientemente, en Moguer, Huelva, y las actuaciones que tiene previsto llevar a cabo. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000522) ...
(Página25)
- Explicar las medidas que desde su ministerio se han llevado a cabo para la prevención y extinción de incendios forestales en la campaña 2017. A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 213/000536) ...
- Informar en relación con los planes de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, las políticas de prevención y los planes de actuación en extinción de incendios forestales en la campaña 2017. A petición del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 213/000541) ... (Página25)
Del señor subsecretario del Interior (Aguilera Ruiz):
- Para informar sobre las medidas adoptadas por el Gobierno en materia de prevención de incendios para la campaña del 2017. A petición del Gobierno. (Número de expediente 212/000910) ... (Página45)
- Para, en su calidad de presidente del Comité Estatal de Coordinación de Incendios Forestales, realizar una valoración completa de las políticas de prevención impulsadas con anterioridad a la campaña de incendios de 2017 y sus impactos una
vez iniciada la campaña, así como de las funciones de coordinación del citado Comité. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 212/000904) ...
Del señor director general de Protección Civil y Emergencias (Díaz Cruz), para:
- Informar sobre las medidas adoptadas por el Gobierno en materia de prevención de incendios para la campaña del 2017. A petición del Gobierno. (Número de expediente 212/000911) ... (Página55)
- Informar en relación con el desarrollo de la campaña de prevención y extinción de incendios forestales 2017 en el ámbito relativo a sus funciones específica de coordinación de los efectivos de protección civil y emergencias. A petición
del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 212/000893) ... (Página55)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
PROPOSICIÓN NO DE LEY SOBRE LA TENENCIA Y COMERCIO DE PRIMATES. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, GRUPO
PARLAMENTARIO CIUDADANOS, GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV) Y GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001113).
El señor PRESIDENTE: Va a dar comienzo la sesión de esta Comisión correspondiente al día de hoy.
El primer asunto a tratar es el debate y la votación de la siguiente proposición no de ley: Sobre la tenencia y comercio de primates, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el
Grupo Socialista, el Grupo Parlamentario Popular, el
Grupo Ciudadanos, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el Grupo Vasco (EAJ-PNV) y el Grupo Mixto. Para su defensa tiene la palabra, por un tiempo máximo de cinco minutos, el Grupo Ciudadanos.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Si quiere, no tengo problema, pero creo que había un grupo enmendante y que empezaba él.
El señor PRESIDENTE: Vamos a ver, a esta iniciativa, que ha sido suscrita por todos los grupos, se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular. Si el resto de grupos acepta la enmienda, procederemos a su debate y
votación. Si no, no podrá ser incorporada. El problema es que no están aquí presentes todos los grupos que la han suscrito. ¿El Grupo Vasco (EAJ-PNV) no está? (El señor Luis Bail: No están el Grupo Vasco, ni Esquerra, ni el Grupo Mixto, Bildu y
toda esta gente. De todas formas lo que queríamos decir... Si puedo tener la palabra, por favor). Tiene usted la palabra, sí.
El señor LUIS BAIL: Lo que queríamos era buscar el consenso. Hemos hablado con todos los portavoces de todos los grupos de la Cámara, de los que hemos conseguido la firma, porque dada esta casuística -que está explicada perfectamente en la
exposición de motivos- queremos que haya un consenso para así modificar el real decreto, es decir la regulación que hay actualmente, por el cual hay un comercio. Lo que queremos es que pase a ser una declaración institucional en lugar de una
proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Un momento, primero le contesto. Como me parece que hablé con usted, las declaraciones institucionales en Comisión no son posibles, aunque haya unanimidad. Es decir, aunque se haya dado -como usted me señalaba- en
otras comisiones, el Reglamento no lo permite; en Comisión las declaraciones institucionales no son posibles, solo son posibles en Pleno. Si les parece, ante esta anomalía, vamos a hacer una pausa por dos o tres minutos para tomar los acuerdos
correspondientes.
El señor LUIS BAIL: Si es procedente lo podríamos pasar al último punto del orden del día.
El señor VISO DIÉGUEZ: No, no.
El señor PRESIDENTE: Por favor, acérquense los portavoces un momento a la Mesa. (Pausa).
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz para defender brevemente su enmienda.
El señor VISO DIÉGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero comenzar agradeciendo a los portavoces de todos los grupos parlamentarios el entendimiento que hubo en la Cámara para llegar a un acuerdo sobre un texto. Un texto al cual nosotros habíamos presentado en su momento una enmienda y
ahora, sobre la marcha, presentamos una enmienda in voce para modificar una palabra del propio texto. Simplemente vamos a hacer referencia a cómo quedaría en conjunto. Quiero recalcar la importancia que tiene el hecho de que todos hayamos llegado
a un acuerdo. Lo que en principio pretendíamos con esta enmienda era enriquecerlo un poco más. El propio texto deja claro cuál es la finalidad de esta PNL, es un tema que nos preocupaba a todos y en cuyo texto inicial ya había un consenso. Lo
único que pretendemos con nuestra enmienda es, como he dicho, enriquecerlo.
Si les parece y si me permite el presidente, voy a pasar a la lectura de cómo quedaría y a partir de ahí, la votación sería conforme a este texto. El texto final quedaría: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las
modificaciones legislativas oportunas en el plazo más breve posible a fin de prohibir el comercio, la cesión y cualquier tipo de transacción, donación o intercambio de primates entre particulares y a particulares, así como su tenencia, y de permitir
la tenencia de primates a aquellas instituciones, centros de rescate, refugios y otras entidades expresamente autorizadas y legalmente reconocidas, sin perjuicio -esta es la última parte de nuestra enmienda- de otras disposiciones al respecto. Se
contemplarán excepciones por razones de investigación biomédica y programas de conservación de las especies.
Insisto, al final la proposición no de ley lleva consigo los dos pilares básicos: por una parte, prohibir el comercio, la cesión y cualquier tipo de transacción, donación o intercambio de primates y, por otra, permitir únicamente la
tenencia de primates a aquellas instituciones, centros de rescate o refugios o a otras
entidades expresamente autorizadas. Nuestra enmienda enriquecía el texto basándonos en el Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, donde aparecían ya los animales utilizados en experimentación o con fines científicos. Esta legislación
también aparece en la Ley 42/2007, lo que se denomina como la conservación ex situ. De lo que se trata es de aquellos programas que están dirigidos a constitución de reservas genéticas o atención de ejemplares aptos para su reintroducción al medio
natural.
Para finalizar, agradecemos al resto de los grupos que hayamos llegado a un acuerdo y así quedaría el texto final. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Miguel Ángel Viso.
¿Los grupos desean intervenir con toda brevedad? (Pausa). Les ruego la máxima brevedad habida cuenta de que ya hay un acuerdo.
Por el Grupo Ciudadanos, el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Muy brevemente, señor presidente.
Siempre hemos recordado en esta Comisión que nuestra calidad como seres humanos se mide no solamente por cómo nos tratamos entre nosotros, sino por cómo nos relacionamos con el resto de los animales y en general con el medio ambiente. No
hay que olvidar que hemos hecho grandísimos avances. Solo en el corto periodo de tiempo que va entre mi infancia y la actualidad creo que es justo reconocer que, aunque hay mucho por recorrer, ha habido grandísimos cambios y comportamientos que en
mi infancia eran considerados completamente normales y que hoy en día son impensables. Debemos felicitarnos por ello, repito, aunque hay que recordar que queda un largo trecho por recorrer.
Ciudadanos ha presentado en esta Comisión, por ir a la última, una propuesta que ya defendía un mejor trato para los animales domésticos. Estos de los que hablamos hoy sin duda no lo son. Por eso hay ciertas cosas que debemos mejorar. Hoy
nos alegramos, en primer lugar, de que hayamos llegado a ese acuerdo entre todos los grupos parlamentarios de esta Comisión y, en segundo lugar, de que nos preocupemos por legislar para proteger un poco más a quienes son nuestros parientes más
cercanos en el mundo animal. A pesar de estar protegidos por un Cites, es cierto que existían ciertas lagunas que esperamos que esta proposición no de ley que apoyamos todos mejore, que frene el comercio, que frene la explotación de estos animales.
Deseamos, por tanto, que el trabajo que estamos haciendo en esta Comisión sea útil.
Para terminar, repito, nuestra calidad como seres humanos se mide por cómo tratamos nuestro entorno natural, por cómo tratamos al resto de los animales, y nos felicitamos por haber conseguido llevar a cabo una tarea conjunta de todos los
grupos.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cantó.
Perdone, señor Postius, no he visto que había pedido la palabra. Tiene derecho a ella.
El señor POSTIUS TERRADO: Gracias, señor presidente.
De una forma muy breve, nuestro grupo va a votar a favor de esta proposición no de ley que entiendo incorpora al cien por cien la enmienda del Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Antoni Postius.
El señor Luis Bail, por Unidos Podemos.
El señor LUIS BAIL: Simplemente agradezco al Grupo Parlamentario Popular, que presentó esta enmienda, la vuelta al consenso con el que firmábamos todos los grupos parlamentarios, puesto que estaba recogido en la coletilla final. Creemos
que es un poco redundante porque está el Real Decreto 53/2013, que versa sobre experimentación animal y cómo esta se debe regular para cumplir las garantías. De todas formas, lo importante es que lleguemos al consenso y que al final el Gobierno sea
el que aplique esta medida, que es urgente y que era un coladero por el que se estaban pasando. El Cites al final habla de especies, no de individuos, y, como se dice en la exposición de motivos, había Cites 1, especies que estaban recogidas dentro
de un anexo que pasaban al otro simplemente porque el criadero estaba en España. Creemos que eso no puede entenderse dentro del sentido de la norma.
Muchas gracias a todos los grupos, no solo a los que han firmado, sino a los que hoy lo aprueban, y que tengamos a bien que esto se aplique cuanto antes mejor.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Jorge Luis Bail.
Don Gonzalo Palacín, por el Grupo Socialista.
El señor PALACÍN GUARNÉ: También brevemente. Yo creo que lo importante era visibilizar el acuerdo unánime para poder prohibir el comercio y tenencia de todo tipo de primates por particulares. Es verdad que agradecemos al Grupo Popular que
haya rectificado una enmienda que ayer nos sorprendió. Ahora solo queda que el Gobierno aplique lo que hoy vamos a aprobar entre todos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a todas sus señorías, porque han facilitado enormemente este trámite a la Presidencia y a la Mesa.
Si les parece, vamos a considerar que esta proposición no de ley con este pequeño matiz se aprueba por asentimiento. (Asentimiento).
Si les parece, vamos a interrumpir brevemente la sesión -la comparecencia de la ministra está prevista a las diez y media- por tres o cuatro minutos para dar tiempo a que se incorpore a la sesión de esta Comisión la señora ministra.
Gracias, señorías. (Pausa).
COMPARECENCIAS:
- DE LA MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (GARCÍA TEJERINA), PARA INFORMAR SOBRE LA SITUACIÓN DE SEQUÍA EN DETERMINADAS ZONAS DE ESPAÑA Y LAS MEDIDAS QUE ESTÁ ADOPTANDO EL GOBIERNO PARA PALIAR ESTA SITUACIÓN. A
PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000035).
- URGENTE DE LA MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, PARA ANALIZAR LA SITUACIÓN DE SEQUÍA QUE AFECTA YA A GRAN PARTE DEL TERRITORIO NACIONAL Y LAS MEDIDAS ESTRUCTURALES QUE, CON CARÁCTER INTEGRAL, PREVÉ ADOPTAR EL
GOBIERNO PARA HACER FRENTE A LAS CONSECUENCIAS NEGATIVAS DE LA MISMA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS Y GRUPO PARLAMENTARIO DE
ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 213/000547).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Señoras y señores diputados, vamos a continuar la sesión prevista para el día de hoy para proceder al trámite de la comparecencia de la señora ministra y que así informe sobre la situación de sequía en determinadas zonas de España y las
medidas que está adoptando el Gobierno para paliar esta situación. Como todas sus señorías saben, esta iniciativa, a petición propia y de diversos grupos políticos -Grupo Socialista, Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Grupo de Esquerra
Republicana y del Grupo Ciudadanos-, tiene el siguiente formato que he ido recordando a todos los señores portavoces durante estos días. Comparece la ministra con tiempo ilimitado, aunque trasladándole la petición de todas sus señorías de que sea
lo más breve posible, para su exposición; luego los grupos que han solicitado la comparecencia tienen diez minutos para expresar su posición y los que no la han solicitado tendrán un turno de cortesía de tres minutos- es lo que viene siendo
habitual-, cerrando el debate la señora ministra.
Por tanto, tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (García Tejerina): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, comparezco a petición propia, para informar sobre las medidas que está adoptando el Gobierno para paliar los efectos de la sequía que están padeciendo este año determinadas zonas de España. En primer lugar, antes de entrar en
materia, con las medidas para paliar los daños producidos por la escasez de lluvias, haré un breve resumen de la situación actual.
El valor medio nacional de las precipitaciones acumuladas, desde el pasado 1 de octubre hasta el 25 de julio, es de 509 milímetros. Esto representa un 11,8 % menos que el valor normal correspondiente a dicho periodo que es de 575
milímetros. Lo que caracteriza esta sequía frente a otras anteriores es que
no está afectando por igual al conjunto del territorio nacional. Así, mientras que en la Comunidad Autónoma de Castilla y León ha llovido el 67 % de lo que es habitual, en otras zonas de España las precipitaciones están siendo incluso
superiores a la media de los últimos años. En este sentido, permítanme precisar que el déficit de precipitaciones más acusado se ha registrado en el Duero y en zonas de pluviometría tradicionalmente elevada como Galicia y la cornisa cantábrica.
Por otra parte, la reserva hidráulica peninsular a 24 de julio se sitúa en un 45 %, valor claramente inferior a la media de los últimos cinco años, que es del 64,7 %, y a la de los diez últimos años, del 61,9 %. Esta escasez de las reservas
hidrológicas está afectando principalmente a la zona noroccidental del país, incluyendo la cuenca del Duero y al Levante, cuencas del Júcar y del Segura. No obstante, quiero dejar claro que tanto en estas zonas como en el resto del país, pese al
descenso acusado de precipitaciones, los abastecimientos a la población están siendo atendidos. Pese a ello, al igual que hay que extremar la precaución con los incendios, hay que ser muy cuidadosos con el uso del agua porque cada gota cuenta, y
más si la sequía se agrava en el futuro si en este otoño no llueve. Por otra parte, cabe destacar que la falta de precipitaciones ha ocasionado una sequía agronómica que ha producido daños en los cultivos. En pastos, las zonas más afectadas son el
centro peninsular, incluyendo la casi totalidad de Castilla y León y Extremadura y buena parte de Castilla-La Mancha, Galicia, La Rioja y la zona central y sur de Aragón. En herbáceos, hay 1 224 465 hectáreas siniestradas por sequía y heladas,
principalmente en Castilla y León, con un 62%, y en Castilla-La Mancha, con un 21.
Señorías, esta es la situación actual del país y, como todos saben, en España las sequías son recurrentes. Por ello, a lo largo de los años se han ido configurando diversas normas para regular estas situaciones de escasez. El Gobierno está
gestionando la situación mediante los planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía, los denominados planes de sequía vigentes en nuestro país desde el año 2007 en todas las cuencas hidrográficas. El objetivo de estos
planes es minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales ante eventuales situaciones de sequía como la que estamos atravesando, así como mejorar la gestión del recurso hídrico durante las situaciones de escasez en la cuenca. Los planes
establecen cuatro niveles de gravedad progresiva de las sequías y las medidas que hay que adoptar en cada nivel. Estos niveles son normalidad, prealerta, alerta y emergencia. Por tanto, las actuaciones que estamos adoptando y que nos están
permitiendo gestionar esta situación están sujetas a los planes de sequía de 2007 y a los protocolos que estos establecen y que se basan prioritariamente en la anticipación. Estamos ya trabajando para que antes de que finalice este año, conforme a
lo establecido en los planes hidrológicos aprobados por Real Decreto 1/2016, de 8 enero, se revisen y actualicen los planes actualmente en vigor.
A continuación, paso a detallarles cuál es el estado actual de cada cuenca en función de los indicadores que les acabo de comentar. La demarcación hidrográfica del Duero en la parte española es una de las demarcaciones más afectadas por la
escasez de lluvias del presente año hidrológico, en la que se mantiene el indicador global de alerta por sexto mes consecutivo. Para paliar esta situación, el Gobierno aprobó el pasado 30 junio el real decreto por el que se declara la situación de
sequía prolongada en la parte española de esta demarcación hidrográfica, lo que nos está permitiendo adoptar medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos. La falta de lluvias en todo caso está afectando a la campaña de riego, con
restricciones especialmente importantes en los sistemas del Carrión y del Pisuerga, bajo Duero y del Órbigo, y en menor medida los del alto Duero, Riaza y Adaja. La cuenca hidrográfica del Segura está en situación de sequía declarada desde el 9
mayo 2015, fecha en la que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto de sequía, cuya vigencia se prorrogó, al no mejorar los indicadores, hasta el 30 septiembre de 2017. Asimismo, está prevista la aprobación de una prórroga
durante otro año hidrológico más, que ya ha sido sometida a información pública. En esta demarcación, el indicador global continúa en valores de emergencia por cuarto mes consecutivo, cayendo a su valor más bajo desde octubre de 2008. La cuenca
hidrográfica del Júcar también está en situación de sequía declarada desde 2015, prorrogada hasta el 30 septiembre 2017 al no mejorar, al igual que en el caso anterior, los indicadores, y está prevista la aprobación de una prórroga hasta el 30
septiembre de 2018. Las lluvias torrenciales del pasado diciembre permitieron iniciar una recuperación de algunos indicadores, aunque se mantiene la incertidumbre en los sistemas del Turia y Júcar, donde las precipitaciones han sido escasas. En la
cuenca del Miño-Sil está declarada la situación de prealerta pero no se detectan problemas relacionados con el abastecimiento a poblaciones, aunque los caudales circulantes por los ríos de la cuenca son muy bajos. En la cuenca del Tajo se
encuentran en valores de emergencia los indicadores de los sistemas de cabecera, lo que supone la imposibilidad de realizar trasvases por el acueducto Tajo-
Segura. Desde el punto de vista del regadío, existen problemas en cuanto a la disponibilidad de los recursos en los sistemas Tajuña y Salor. En el Guadiana, el indicador global de la demarcación continúa en valores de prealerta y los
problemas se centran principalmente en la situación de varios embalses del sistema oriental. En la cuenca del Guadalquivir, el indicador de sequía global permanece en situación de prealerta; en el Ebro, el indicador global de la demarcación para
sistemas regulados está en prealerta, mientras que el sistema no regulado se encuentra en alerta. El comportamiento del año hidrológico hace que exista una gran diferencia entre la zona oriental, sin apenas problemas, y la zona occidental del Ebro.
Por último, en la demarcación hidrográfica del Cantábrico occidental está declarada la situación de prealerta.
A la vista de este escenario, el Gobierno ha actuado con rapidez para poner en marcha medidas urgentes que contribuyan a paliar esta situación. En primer lugar, tal y como establecen los planes de sequía de 2007, actualmente en vigor, hemos
aprobado tres reales decretos de sequía en aquellas cuencas -Duero, Júcar y Segura- que se encuentran, según los niveles que le he enumerado, en situación de alerta. Dicho reales decretos nos han permitido arbitrar medidas excepcionales, según lo
establecido en el artículo 58 de la Ley de Aguas. Gracias al seguimiento permanente de la situación en cada una de las cuencas y al principio de anticipación presente en los planes de sequía, el Gobierno seguirá adoptando cuantas medidas sean
necesarias para minimizar los impactos ambientales, sociales y económicos que se producen en situaciones de sequía; actuaciones que nos han permitido movilizar cerca de 280 hectómetros cúbicos adicionales en las cuencas del Segura y del Júcar, que
están, como antes les comentaba, en situación de sequía declarada desde el año 2015. Esto ha permitido que no haya habido ninguna restricción en cuatro años de sequía durante tres campañas de riego. En concreto, en la demarcación hidrográfica del
Segura, desde mayo de 2015, se han movilizado 250 hectómetros cúbicos a través de la incorporación de agua desalada, la extracción de agua de pozos de sequía y los intercambios de los derechos de agua. En esta demarcación, en el año 2015 se
autorizaron 12 obras de emergencia, con una inversión de 30 millones de euros que permitieron una mayor movilización y aprovechamiento de los recursos no convencionales procedentes de las desalinizadoras y baterías estratégicas de sondeos. En el
año 2016 se autorizó una obra de emergencia que con un presupuesto de 5 millones de euros ha permitido optimizar la distribución de la desalinizadora de Valdelentisco, conectándola con el embalse de Algeciras, mientras que en el presente ejercicio
2017 se han autorizado dos obras de emergencia con una inversión de 2,8 millones de euros para la puesta a punto y explotación de las baterías estratégicas de sondeos propiedad de la confederación hidrográfica del Segura en el sinclinal de
Calasparra y en la vega media del Segura. En la demarcación del Júcar, se ha incrementado la garantía de abastecimiento a toda la comarca de la marina baja, territorio especialmente sensible a los efectos de la sequía, mediante la movilización de
30 hectómetros cúbicos. Además, en el año 2015 se aprobaron ocho actuaciones de emergencia por más de 20 millones de euros, que tuvieron un carácter estratégico para garantizar el suministro de agua y minimizar los impactos derivados por las
adversas condiciones climatológicas. Durante el año 2016 se autorizaron otras dos obras de emergencia por más de 11 300 000 euros, que permitieron mejorar el aprovechamiento de los recursos procedentes de la desalinización y de los pozos que se
habilitan en situaciones de sequía declarada. En el caso de la Cuenca Hidrográfica del Duero, como ya he comentado, el Gobierno aprobó el 30 junio un real decreto por el que se declara la situación de sequía prolongada y se adoptan medidas
excepcionales para la gestión de los recursos hídricos. Además, en la parte española de la demarcación hidrográfica del Guadiana, a pesar de no estar en situación de sequía declarada, se ha autorizado la contratación de una obra de emergencia
dentro del sistema de explotación Llerena para garantizar el abastecimiento de agua potable a la comarca de Azuaga desde la presa de Los Molinos situada en la provincia de Badajoz.
En total, desde mayo de 2015 hasta la fecha, el Gobierno ha realizado más de veinticinco actuaciones de emergencia con un presupuesto superior a los 70 millones de euros para paliar los efectos asociados a las situaciones de sequía. El
Consejo de Ministros aprobó el pasado 9 de junio el Real Decreto-ley 10/2017, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía. Dicho real decreto-ley, previa declaración de sequía prolongada, afecta a las
tres cuencas hidrográficas -Duero, Júcar y Segura-, que son las que han alcanzado o superado el nivel global de alerta por el momento. Este real decreto nos está permitiendo aplicar exenciones, como las relativas a las tarifas y cánones vinculados
a la disponibilidad de recursos hídricos. Los parámetros objetivos que he indicado anteriormente permiten determinar la aplicabilidad o no de estas exenciones del pago de tarifas asociadas a la disponibilidad del agua para las explotaciones
agrarias situadas en los ámbitos territoriales afectados
por la sequía: Segura, Duero y Júcar. La exención de cánones y tarifas que se incluye en este real decreto ley para las tres cuencas mencionadas supondrá una disminución del coste para los regantes de 53,7 millones de euros. Además, con
carácter excepcional y temporalmente limitado hasta el 30 de septiembre de 2018, el citado real decreto nos permite autorizar contratos de cesión de derechos al uso privativo de las aguas entre concesionarios de la cuenca del Segura en los que el
volumen susceptible de cesión sea igual al volumen concedido al titular que cede su derecho, no siendo de aplicación la limitación establecida en la Ley de Aguas. Con el mismo carácter y vigencia temporal, podrán autorizarse contratos de cesión de
derecho al uso privativo de las aguas entre concesionarios de la cuenca del Duero y entre concesionarios de la cuenca del Júcar. Por último, en este real decreto-ley se establece una moratoria a las cotizaciones a la Seguridad Social para las
empresas y los trabajadores por cuenta propia titulares de las explotaciones agrarias afectadas por la sequía, tanto hidrológica como meteorológica, en todo el ámbito nacional incluido en cualquier régimen de la Seguridad Social. Estas empresas y
trabajadores podrán solicitar y obtener, previa justificación de los daños sufridos, una moratoria de un año sin interés en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a los meses de julio de 2017 a febrero de 2018, ambos
inclusive, así como el pago de las cuotas por las jornadas reales correspondientes al mismo período.
Por otra parte, ante las características meteorológicas recurrentes específicas de nuestro país y los adversos efectos sobre las producciones agrarias, contamos con un sistema de seguros agrarios constituido en el año 1978 que cubre todos
los riesgos meteorológicos. A lo largo de todos estos años de desarrollo del sistema de seguros agrarios en España se ha comprobado que el seguro es la mejor alternativa para paliar daños ocasionados por los riesgos no controlables por el
agricultor. En consecuencia, hemos priorizado su dotación presupuestaria y hemos mejorado de manera significativa las diferentes líneas año tras año. En este sentido, el ministerio ha destinado un presupuesto de 212 millones de euros en 2017, la
misma cantidad que en 2016. Ante la situación de sequía, el ministerio ha instado a Agroseguro para que proceda con la máxima celeridad a realizar las peritaciones, con el fin de que los agricultores reciban cuanto antes sus indemnizaciones.
Agroseguro ha respondido a esta demanda, habiéndose tasado más de 1 200 000 hectáreas de cultivos herbáceos, la práctica totalidad de la superficie, por todo tipo de siniestros, y ya se están pagando las indemnizaciones. La cifra de indemnizaciones
prevista para cereales y leguminosas supera los 200 millones de euros y los 35 millones en pastos. La importancia que ha adquirido el seguro agrario se pone de manifiesto al comprobar que en el pasado año 2016 alcanzamos un récord en el capital
asegurado, con más de 12 700 millones de euros; año en el que el sector recibió 468 millones en concepto de indemnizaciones. Asimismo, los datos de contratación en el primer semestre de 2017 confirman que el elevado grado de aseguramiento se
mantiene.
Por otro lado, el ministerio también ha reaccionado con celeridad tramitando en tiempo récord una primera convocatoria de subvenciones a la financiación de las explotaciones agrarias para un volumen de crédito máximo de 90 millones de euros.
El objetivo de la medida es atender las necesidades de liquidez de las explotaciones ocasionado por la sequía. El ministerio subvenciona el coste de los avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria a créditos suscritos por agricultores
y ganaderos. A través de esta línea, los agricultores y ganaderos podrán acceder a créditos de hasta 40 000 euros a devolver en cinco años. Además, se determina la posibilidad de establecer un año de carencia en la devolución del crédito. Hasta
la fecha se han recibido 5058 solicitudes, de las que se han tramitado positivamente más de 1500 por valor de 39 millones de euros; además, de nuevo actuando con la máxima celeridad, se está tramitando una línea de financiación específica para
sequía para un volumen máximo de crédito de 110 millones de euros. Esta nueva línea estará disponible en muy breve espacio de tiempo, previsiblemente la próxima semana, y estará destinada a las explotaciones con actividad en las producciones más
afectadas por la sequía, que son cereales, leguminosas, oleaginosas, uva, lúpulo, patata, ganadería extensiva y apicultura. De nuevo se subvencionará el coste de los avales para créditos, pero en esta ocasión se eleva la cuantía, tratándose de
créditos de hasta 60 000 euros a devolver en cinco años, con la posibilidad de dos de carencia. El volumen de crédito total previsto para las dos medidas que acabo de explicar asciende a 200 millones de euros.
Señorías, el ministerio está realizando un seguimiento continuo de la situación de sequía y de las medidas que es necesario adoptar en coordinación con otras administraciones públicas y también, por supuesto, con las organizaciones
profesionales agrarias. Por ello, la comisión permanente de adversidades climáticas del ministerio se ha reunido desde finales de abril hasta la fecha en tres ocasiones. En relación con esto, considero importante destacar que, como consecuencia de
este diálogo con los representantes
del sector agrario, se han atendido la práctica totalidad de sus peticiones de actuación, excepción hecha de aquellas medidas que pudieran poner en riesgo la política de seguros agrarios; política en la que, por su importancia, por su
trascendencia y por su historia, todos debiéramos implicarnos en su preservación, en su fomento y en su mejora.
Así, se están iniciando o se pondrán en marcha otras medidas que paso a describir. En primer lugar, el Gobierno ha solicitado a la Comisión Europea el adelanto del 70 % de las ayudas directas de la PAC y el 85 % de las ayudas de desarrollo
rural para el 16 de octubre. El martes 18 de julio la Comisión, respondiendo a nuestra solicitud, presentó una propuesta de reglamento en la que se incluye esta medida. La aprobación de este reglamento supondrá el adelanto de más de 3280 millones
de euros del pago básico y otras ayudas directas del total de los casi 5000 millones de euros que se tiene previsto abonar a los agricultores en la campaña de 2017. Asimismo, el ministerio tendrá en cuenta la actual situación de sequía, así como
otras situaciones excepcionales que ocurran en 2017 en el informe que traslade al Ministerio de Hacienda y Función Pública para la reducción de módulos de 2017 en declaración de renta a presentar en el año 2018. El informe del ministerio tendrá en
cuenta los informes y propuestas justificadas de reducción de módulos que, a petición del propio ministerio, presenten las comunidades autónomas. Además de todas las medidas referidas hasta ahora, se han puesto en marcha otras también de
importancia por los agricultores; por ejemplo, la modificación de las condiciones de cumplimiento de los requisitos para cobrar el pago verde y las medidas agroambientales. El pasado 18 de julio se realizó una solicitud ante el Comité de pagos
directos de la Unión Europea para que, excepcionalmente, se permita el pastoreo en el barbecho que computa como superficie de interés ecológico. Además de todo lo anterior, también puedo destacar el hecho de que Agroseguro haya permitido en algunos
casos el aprovechamiento en verde de las parcelas de herbáceos siniestradas.
En definitiva, señorías, el Gobierno está actuando con rapidez y con diligencia para llevar a cabo numerosas medidas urgentes que contribuyan a paliar los efectos producidos por la sequía que estamos padeciendo. Seguiremos muy atentos a la
evolución de la situación y adoptaremos aquellas medidas que sean necesarias para materializar el compromiso con todos los afectados por la sequía.
Gracias por su atención. Estoy de su disposición para aquellas cuestiones que quieran ser planteadas.
Gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, doña Isabel.
Diversos grupos han solicitado la comparecencia de la señora ministra. Hay una solicitud conjunta de los grupos de Esquerra Republicana, Ciudadanos, Unidos Podemos y Socialista. Tiene la palabra, en primer lugar, por un tiempo máximo de
diez minutos, don Xavier Eritja.
El señor ERITJA CIURÓ: Gracias, señor presidente. Señora ministra, muchas gracias.
No agotaré los diez minutos porque básicamente volveré a repetir la intervención que ya hicimos en su momento en el Pleno cuando se presentó el decreto-ley sobre medidas de sequía. Insistimos en que siempre se ha recurrido a la confusión
entre la escasez social y económica más endémica, lo que supone realmente un ciclo anual de escasez que afecta al tema social y económico, y lo que sería la sequía como fenómeno natural y extraordinario. Es importante tener en cuenta esto porque la
directiva marco europea es muy concisa en ese sentido. La directiva marco considera estas sequías que estamos describiendo aquí como un fenómeno periódico, y al ser un fenómeno periódico, son previsibles. En ese sentido, la directiva dice que
deben integrarse en la planificación hidrológica anual. Por tanto, no se tendría que hablar tanto de una intervención extraordinaria sino que realmente lo que hace falta es una planificación y un trabajo de gestión, previendo que es una causa
endémica constante. Lo que sí pedimos es que no se aprovechen, como se ha hecho otras veces, esas medidas urgentes extraordinarias, que ya he comentado que no son tales, sino que sean medidas periódicas y anuales para aprovechar obras,
infraestructuras nuevas, posibles trasvases, porque detrás debe haber una gestión real con una buena planificación y seguramente así evitaríamos tener que estar siempre corriendo -como hoy, 27 de julio- para adoptar la medida extraordinaria de cada
año, que, por tanto, no es una medida extraordinaria.
¿Por qué decimos esto? Porque al final esto acaba afectando a los ecosistemas fluviales, ya que justificando unas medidas de agua de boca y de recursos sectoriales de agua al final acabamos degradando. La directiva, vuelvo a insistir, es
muy concisa en este tema, porque estas sequías como fenómeno periódico no deberían contemplarse realmente como un hecho extraordinario sino como un hecho periódico, y planificando bien no deberían afectar a los compromisos que tiene el Gobierno
español; las planificaciones hidrológicas no deberían afectar a los compromisos en el tema de mantenimiento de la
calidad del agua. Por eso vuelvo a insistir en lo mismo; están muy bien las medidas urgentes y extraordinarias que podemos adoptar aquí pero ¿hay previsión de hacer realmente un debate o intentar trabajar en la planificación e
incorporación de esta periodicidad de la sequía y escasez en las planificaciones hidrológicas o no hay previsión real sino que realmente lo que hacemos es ir cada año de bomberos tapando las urgencias que van ocurriendo? Básicamente esta es la
pregunta, que afecta al modelo que ya planteé en su momento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Javier Eritja.
Por el Grupo de Ciudadanos, tiene la palabra don Miguel Ángel Garaulet.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora ministra, por su comparecencia y por la información que nos ha trasladado. En el Grupo Parlamentario de Ciudadanos vemos que se están haciendo acciones para combatir la sequía y sobre todo las causas que la provocan y
los efectos tan dañinos que están provocando prácticamente en todo el territorio nacional, como bien ha trasladado usted, pero me gustaría hacer una serie de preguntas que vienen a colación de lo que estamos hablando y de lo que queremos hacer en un
futuro, que es el pacto nacional del agua. En primer lugar, me gustaría saber qué control tienen por parte del ministerio y de las confederaciones hidrográficas de las nuevas zonas de regadío ilegales que se están haciendo sin tener dotaciones ni
recursos hídricos. Estamos viendo y estamos denunciando nuevas roturaciones para hacer de terrenos de secano terrenos de regadío. No sabemos qué están haciendo las confederaciones hidrográficas en ese tema. ¿Por qué no se ha permitido -aunque
esto les fastidie al señor Arrojo y al señor González- la compra de derechos de agua entre cuencas? La situación es gravísima y todos sabemos que el agua está mal repartida. En la cabecera del Tajo, señor Arrojo, hay un déficit importante de agua,
pero en los pantanos que están en Extremadura no. ¿Por qué no podemos utilizar esa agua ante la grave situación de crisis que estamos padeciendo?
Nosotros presentamos una proposición no de ley para un plan nacional de restauración de ríos y humedales con limpieza de cauces, que se invirtiera en la conservación y mantenimiento de los pantanos existentes para evitar las posibles
pérdidas por falta de conservación en las compuertas, en los perímetros. Esto ya lo hemos hablado aquí y los señores de Esquerra Republicana han traído casos. Nosotros podemos hablar de lo que pasa en la cuenca del Duero, donde se abrieron las
compuertas y luego, como ha habido carencia de lluvias, aquella acción ha provocado que haya restricciones.
¿Cómo van las acciones tendentes a recuperar el entorno del Mar Menor? Aprobamos un estudio de impacto medioambiental y es importante dar una solución a ese tema porque en ese acuífero hay 100 hectómetros cúbicos de agua que se podrían
utilizar y que, con su problemática de salubridad, se están yendo al Mar Menor. Deberíamos realizar alguna acción. ¿Existe un control exhaustivo sobre el agua desembalsada para caudales ecológicos? ¿Existe un seguimiento de la medición de los
caudales en los puntos de medición? Yo le digo que no se están haciendo bien las cosas y ahí volvemos al problema de gestión que están teniendo las comunidades de regantes y también al problema de gestión total que están teniendo las
confederaciones hidrográficas. ¿Cuándo ha sido la última campaña de concienciación ciudadana realizada por su ministerio sobre el consumo de agua, sabiendo que es un bien escaso y sabiendo que se debe mejorar la eficiencia en su uso tanto en el
agua de boca como en el agua de riego? ¿Cuándo fue la última vez? Las provincias que tenemos un déficit hídrico estructural, como bien ha dicho usted, que llevamos con sequía muchísimos años, sí estamos concienciadas; en Murcia, Almería y
Alicante sí hay concienciación. ¿El resto del país la tiene? ¿Qué acciones se han realizado para poner en marcha el cien por cien de las desaladoras y ampliar al máximo su producción? Me gustaría saberlo.
También le voy a hacer una serie de propuestas. Deberíamos estudiar los posibles recursos hídricos de forma independiente de las cuencas hidrográficas, estableciendo en qué situación están, qué disponibilidad actual tienen, el potencial que
tienen en el futuro tanto de los acuíferos como de la desalación como de los pantanos y el uso integral del agua de las ciudades. Necesitamos una ley de ciclo integral del agua; no puede haber una diferencia tan abismal en la gestión de los
recursos de las aguas residuales entre provincias y regiones de este país -por cierto, no cumplimos con la Directiva Marco del Agua-. No puede haber esas diferencias. Debemos hacer una ley que permita de una vez por todas eliminar esa rémora que
tenemos. Una vez conocido el potencial de recursos y las necesidades de cada zona hay que establecer las posibles soluciones de interconexión de cuenca, ¿por qué no? Hay que saber las necesidades que tienen los agricultores de unas zonas de agua
de boca y las necesidades que pueden
exportarse a otras zonas, señora ministra; es importante tener esa información para poder llegar a un acuerdo en un pacto nacional del agua.
Yo le tengo a usted muchísimo respeto por su persona y por el cargo que ostenta, pero le voy a recriminar unas declaraciones que hizo en 13 TV y que ha vuelto a hacer aquí. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos va a apoyar todas las
iniciativas posibles para eliminar los efectos de la sequía en todo el territorio nacional, apoyando por supuesto a los de la cuenca del Duero, pero usted dijo una falsedad que ha repetido ahora. En Levante sí que hay restricciones, señora
ministra. La voy a invitar a que venga conmigo al Ejido, a Almanzora, a Pulpí, a Águila, a Totana, a Lorca, a Cartagena, a Murcia, a la Vega baja, a Elche..., y les vamos a preguntar a los agricultores -no a sus amigos, sino a los pequeños y
medianos agricultores- si han tenido restricciones, señora ministra. Le voy a poner un ejemplo. Un agricultor de la zona de Cartagena tiene un derecho de 5300 metros cúbicos por hectárea y ha recibido 1200. Si eso no es una restricción,
cuéntemelo. Este año, con 1200 metros cúbicos, las producciones no son rentables, y el pequeño y mediano empresario agricultor va a ir a la ruina, no los grandes empresarios. Usted también dijo que se había aumentado la producción. No, los que
han aumentado la producción son aquellos grandes agricultores, que usted conoce perfectamente, que tienen capacidad económica para trasladar sus producciones a otras regiones -a la zona de Granada, a la zona de Castilla-La Mancha- y la facturación
la hacen desde Murcia; el 30 % de sus facturaciones la hacen desde allí, señora ministra. Venga conmigo y le enseño dónde está cada uno. Esos productores que necesitan mantener unos niveles de producción para poder cumplimentar a sus clientes se
están yendo de la zona del Levante porque no tienen agua y están produciendo fuera, incluso fuera del país. ¿Y sabe lo que está suponiendo esto? Una pérdida de empleo en nuestra zona. El problema no puede ser la Administración pública, señora
ministra. El primer problema, efectivamente, es que no llueve. Ahí podemos hacer poco usted y yo; podemos hacer un baile o algo para que llueva, pero no va a ser efectivo. Hay que mejorar la Administración pública, porque no puede ser que el
ministerio -pues las confederaciones hidrográficas le pertenecen- sea una maquinaria lenta, oxidada y poco eficiente. Las confederaciones hidrográficas para los agricultores suponen la frase: vuelva usted mañana. Ha mencionado el Real Decreto de
medidas urgentes contra la sequía, del año 2016: 2,8 millones para sacar de la sequía los pozos de Sinclinal de Calasparra, una zona preciosa de mi tierra que invito a todos los diputados a que la vean. ¿Cuánto tiempo ha tardado el ministerio en
hacer el estudio de impacto medioambiental, que es el que se tiene que encargar de hacerlo? ¿Se lo digo? ¿Diez días, quince, un mes? Porque la urgencia era extrema. Han tardado ocho meses, señora ministra, y para ponerlo en funcionamiento, otro
mes más. Quedan solo tres meses y es imposible que en ese tiempo saquen los 33 hectómetros cúbicos. Son muy lentos, hay un problema de gestión eficiente de los recursos. Si se necesitan más recursos para que las iniciativas, las solicitudes, los
permisos de los agricultores cuando acuden a las confederaciones hidrográficas se cursen más rápido, pónganse a ello. Agilicemos la Administración. Tenemos que eliminar el vuelva usted mañana porque eso posibilitaría que muchos agricultores
realizaran acciones rápidas que les permitan llevar a término sus producciones o incluso salvar sus árboles.
Señora ministra, sé que es una persona inteligente y rectificar es de sabios. Si quiere pasar a la historia, ordene esto. Acuerde el pacto nacional del agua y acabe con los regadíos ilegales, que seguro que los hay. Señor Arrojo, los hay
y debemos acabar con ellos. Modernicen los regadíos donde no se están modernizando, zonas que habitualmente no han padecido sequía y no han tenido necesidad de modernizarlos. Modernícenlos, porque además se aprobó una PNL para esto en esta
Comisión. Aprueben la ley de gestión integral del agua, que es fundamental. Si elaborásemos esta ley y recuperásemos el 30 o el 40 % que necesitamos para cumplir la directiva marco -termino ya, señor presidente-, produciríamos 1000 hectómetros
cúbicos de agua regenerada y eso acabaría con el problema del déficit. Todo esto debemos aplicarlo con criterios técnicos y medioambientales, con criterios de racionalidad, de optimización, de eficiencia, de urgencia, de sostenibilidad y de
transparencia y sobre todo atendiendo a dos principios fundamentales: la solidaridad entre regiones -repito, solidaridad entre regiones- y la igualdad entre los españoles. Si sigue usted...
El señor PRESIDENTE: Don Miguel Ángel, su tiempo ha terminado.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Un minuto.
El señor PRESIDENTE: No, un minuto no.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Un segundo, señor presidente. Si sigue usted esas recomendaciones, tendrá el apoyo del Grupo Ciudadanos.
Muchísimas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Miguel Ángel Garaulet.
Saben ustedes que esta Presidencia administra con mucha flexibilidad el tiempo, pero me estoy ateniendo al Reglamento y a lo que ustedes me han expresado en privado sobre este trámite de hoy. No obstante, se ha excedido muy pocos segundos.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra don Pedro Arrojo.
El señor ARROJO AGUDO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, con las estrategias que hemos venido empleando -cuando digo hemos me estoy refiriendo a una responsabilidad colectiva por encima de partidos- en este país durante las últimas décadas y hasta la fecha en materia de prevención
y gestión de ciclos de sequía hemos conseguido que las crisis de sequía vayan siendo cada vez más traumáticas y costosas, incluso en casos como el actual, en el que, como se reconoce oficialmente, las precipitaciones han estado por encima de la
media, en concreto tanto en el Júcar como especialmente en el Segura, donde llovió hasta tres veces la media de los últimos treinta años. Sin embargo, entramos en sequía hidrológica. Saquemos consecuencias. ¿Qué significa esto? Históricamente,
incluso más allá de la coyuntura en la que estamos, con las estrategias que estamos usando cada día somos más vulnerables. Esa es la clave. Cada día somos más vulnerables, al tiempo que día a día crecen los riesgos por cambio climático, riesgos
que tenemos que confrontar.
Hasta hace no mucho los ciclos de sequía servían para acelerar las estrategias que llamamos de oferta en términos técnicos al emplear esas situaciones de sequía para justificar nuevas grandes presas que servían de base a nuevos desarrollos.
No eran propiamente obras de sequía, con lo que en la siguiente sequía teníamos más presas vacías y un mayor impacto económico. En general, yo suelo decir que proponer como estrategia -no es el caso en este momento, pero lo digo para que se
entienda el proceso- nuevos embalses para futuras sequías es como regalar un monedero a un pobre. El pobre ya tiene monedero y nosotros ya tenemos presas en sequía, que ahí están, vacías. Luego la solución no está en hacer más presas que estén
vacías en la siguiente sequía. Una cosa tan elemental la hemos venido obviando porque demagógicamente colaba en la opinión pública. En la actualidad, como luego explicaré un poquitín más detalladamente en el poco tiempo que tengo, las crisis de
sequía son utilizadas por el Gobierno para ampliar y profundizar en las políticas de mercantilización y de privatización del agua que, desgraciadamente, promueve en estos momentos el Partido Popular, y luego hablaré un poquitín de ello.
Como ya dije en el Pleno de la Cámara, es tiempo de mirar de frente el problema y reconocer lo que ha dicho Ciudadanos, que en algunas cuestiones me ha parecido estupendo. Con algunas no estoy de acuerdo, como él mismo decía, pero con
respecto a otras me ha parecido muy interesante lo que he oído. Hay que reconocer que hemos llevado de forma insensata a nuestros acuíferos y nuestros ríos a límites de sobreexplotación insostenibles, incluso en años de normalidad o de abundancia,
lo que nos coloca al filo del precipicio cada vez que llega un nuevo ciclo de sequía. Nos coloca en situación de máxima vulnerabilidad y sin reservas. Ese es el problema de fondo, un problema políticamente difícil, ya se trate de un Gobierno del
PP, del PSOE, de Podemos o de cualquier otro partido. Ese es el gran problema que nadie se ha atrevido a afrontar hasta ahora y por eso proponemos un cambio de estrategia que se basa en los siguientes puntos. Primero, fortalecer el sistema de
seguros frente a riesgos de sequía -lo ha introducido usted, pero luego no lo hacen de facto- aumentando la partida correspondiente en los Presupuestos Generales del Estado en lugar de congelarla de forma insensata, como ha hecho el Gobierno en la
última ocasión, y sobre todo -esto es lo más importante- integrando el regadío en el sistema con una línea específica -quiero enfatizar y subrayar esto- de apoyo a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, cuyas explotaciones son las que
realmente están en riesgo de abandono. Como también ha dicho Ciudadanos, las grandes explotaciones no tienen ese riesgo porque tienen capacidad para soportar estos avatares. Es significativo que la agricultura de secano -fíjense bien, queridos
amigos y amigas-, que es la que sin duda recibe un impacto más duro en los ciclos de sequía, no genera protestas importantes. Lo ha dicho usted y estoy de acuerdo. ¿Por qué? Sencillamente, porque sobre los cultivos de secano el sistema de seguros
con apoyos públicos frente a la sequía es operativo y funciona razonablemente bien.
Segundo, sustituir la exención indiscriminada del cobro del canon y la tarifa en las cuencas declaradas en sequía hidrológica por líneas de apoyo económico directo a pequeños y medianos agricultores y ganaderos, estén en la cuenca que estén
-porque si no se puede producir una injusticia tremenda y supongo que eso lo dirán también otros grupos e insistirán en ello-, que hayan sufrido de facto impactos serios por la sequía. Con ello se evitaría que la sequía acabe siendo -como de hecho
es en buena medida- un buen negocio en el fondo para los grandes productores y, sin embargo, la causa de un abandono acelerado por parte de los pequeños y medianos. Estas líneas de apoyo económico a los pequeños y medianos productores en
compensación a la pérdida de producción deberían ser sustituidas por la línea específica de apoyo al seguro de sequía para esas explotaciones en el futuro, una vez el sistema público de seguros en ese frente se extienda de manera eficaz al regadío.
Esa es la clave.
Tercero, acabar con la sobreexplotación -que ya se ha citado también-, es decir, con ese millón largo de pozos ilegales que existen, que no se reconocen y se mira para otro lado porque es impopular políticamente meter mano a este problema.
Lo entiendo, pero hay que hacerlo. El cambio climático nos obliga a colocar ahí el énfasis central. Por otro lado, subvencionar caudales suplementarios en sequía para pequeñas y medianas explotaciones vulnerables. Insisto en esto, no es que tenga
manía alguna contra los grandes productores, solo que igual que no damos becas para ir a la universidad para los hijos de personas ricas, tampoco tenemos por qué subvencionar situaciones que no son de emergencia propiamente, que no son de quiebra,
que no son de riesgo real a grandes explotaciones que son muy prósperas; y que les vaya bien, no me parece mal. Por tanto, subvencionar caudales suplementarios en sequía con agua desalada, regenerada o con pozos de sequía.
Cuarto, detener y revertir la política en curso promovida por el Partido Popular que viene usando la sequía para acelerar y profundizar el libre mercado de derechos concesionales de agua, como decía antes. En este sentido debe respetarse el
artículo 69 de la Ley de Aguas, que no está ahí por lujo, el legislador lo hizo bien porque restringe el volumen de cualquier cesión de derechos al caudal medio usado durante los cinco últimos años. ¿Por qué? Porque, en definitiva, lo que hace es
lo contrario de lo que hace el decreto del Gobierno que es excepcionar esa norma de la ley para permitir lo que se llama el mercadeo de derechos de papel. ¿A qué lleva esto? A la sobreexplotación de los acuíferos. Me pregunto, señora ministra,
qué pasará si la sequía sigue en años sucesivos -como ya dije en el Pleno, y ojalá que no pase- o si en futuros ciclos de sequía seguimos incentivando la sobreexplotación de los acuíferos que ya están sobreexplotados.
Por último, para reducir la vulnerabilidad de zonas sensibles de cara al futuro estratégicamente proponemos: primero, promover la declaración de sobreexplotación. Miren qué cosa tan sencilla y no hemos sido capaces de hacerlo, ni unos ni
otros gobiernos, porque no era popular. Promover la declaración de sobreexplotación de los acuíferos que de hecho están sobreexplotados, así de claro, y aplicar de forma rigurosa los correspondientes planes de ordenación de extracciones a fin de
garantizar la recuperación de esos acuíferos como reserva efectiva para tiempos de sequía. Eso no es popular pero es imprescindible. Segundo, desarrollar una línea de financiación que permita usar la energía solar y eólica como energía base de la
desalación, abriendo así una perspectiva de autosuficiencia en cuencas vulnerables a la sequía. Tercero y último, establecer un régimen óptimo de explotación de las desaladoras existentes, previendo un margen de capacidad y reserva disponible para
ciclos de sequía.
Preguntas rápidas para inducir un poco su posible respuesta. ¿Se atreverá el Gobierno, en síntesis, a mirar realmente a los ojos a la sequía o seguirá usándola para promover el mercadeo del agua? ¿Se decidirá el Gobierno a acabar con el
desgobierno que supone ese millón largo de pozos ilegales que conlleva la sobreexplotación de acuíferos con la consiguiente vulnerabilidad suicida en sequía? Es decir, ¿asumiremos definitivamente que la sequía se gestiona fundamentalmente en años
de normalidad o de abundancia?
El señor PRESIDENTE: Don Pedro, le ruego que vaya concluyendo porque ya está en el límite.
El señor ARROJO AGUDO: ¿Asumirá el Gobierno central los apoyos públicos a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos cuyas explotaciones son las que realmente están en riesgo? ¿Asumiremos definitivamente el riesgo inexcusable de
extender el sistema público de seguros de sequía al regadío con una línea especial de subvención a esos pequeños y medianos regantes? Por último, ¿no sería razonable adecuar los indicadores de los planes especiales de sequía para adecuar el
concepto excepcional que implican las sequías a las exigencias y directrices europeas, como ya se ha dicho,
vinculadas a la pluviometría y no a los errores y malas estrategias de gestión? ¿Por qué se infrautilizan las desaladoras un 10-15 %, especialmente en años de normalidad, en lugar de recuperar los acuíferos?
El señor PRESIDENTE: Don Pedro, ya se ha excedido de su tiempo.
El señor ARROJO AGUDO: Última pregunta, diez segundos. ¿Qué pasa con el canon hidroeléctrico que debería dedicarse a la recuperación y mejora del dominio público hidráulico y que no aparece por ningún lado en los presupuestos que hemos
aprobado?
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, don Manuel Gabriel González.
El señor GONZÁLEZ RAMOS: gracias, señor presidente.
Me ceñiré a los 10 minutos porque veo que vamos muy apretados de tiempo.
El señor PRESIDENTE: Se lo agradeceré mucho en nombre de todos.
El señor GONZÁLEZ RAMOS: Sé que me lo agradecerán todos los compañeros diputados también.
Le agradezco a la señora ministra que haga esta comparecencia para hablar de sequía y posteriormente sobre incendios. Coincidimos en algunas cosas y en algunas medidas -lo verá a lo largo de mi intervención-, pero en otros casos creemos que
las medidas son escasas. Efectivamente, sabemos que uno de los grandes retos del presente y del futuro es paliar los efectos de la sequía con la eficaz y eficiente gestión de los recursos hídricos, especialmente en aquellas cuencas recurrentes en
la sequía como es todo el arco mediterráneo. La sequía que estamos sufriendo es una triste realidad pero es incluso más triste la inacción del Gobierno -lo digo así de claro- en este asunto porque no tiene unas perspectivas a medio plazo, señora
ministra, lo que crea cierta inseguridad en la garantía de los recursos hídricos a futuro. Una seguridad que el Gobierno debería garantizar y no lo está haciendo. Año tras año nuestro país sufre episodios de sequía. Una situación ante la que el
Gobierno del Partido Popular, como he comentado anteriormente, no está actuando. La única medida que ha puesto en marcha ha sido una medida de excepción que, aun siendo necesaria, es a todas luces insuficiente, que es el Real Decreto-ley 10/2017.
Es verdad que todos sabemos que las sequías son fenómenos naturales cíclicos en los entornos mediterráneos que requieren especial atención para minimizar sus efectos, evidentemente agravados por el cambio climático. Su existencia recurrente debe
ser asumida como un factor esencial a la hora de la planificación y gestión del agua, si bien con el carácter de su regular existencia y no tanto de su excepcionalidad. El cambio climático va a hacer que sea demasiado común. Esto implica que hay
que cambiar paradigmas en materia de gestión hídrica y buscar soluciones globales reales que resuelvan el problema y no solo paliativos coyunturales que, aun siendo necesarios en ocasiones, por sí solo son ineficaces para el futuro. Por eso, no
confundamos sequía con falta de planificación y gestión hidrológica.
La nueva realidad es que la detracción del recurso de manera excepcional y urgente que se plantea en los decretos de sequía será cada vez menos eficiente por la sencilla razón de que habrá carencias extremas del recurso del que apelar, es
decir, cada vez tenemos menos agua que reclamar a otros territorios. Apostar por una política hidráulica a golpe de decretos de sequía es, además de completamente ineficaz de cara a gestionar recursos, cara, porque en ocasiones conlleva la
construcción de costosísimas infraestructuras nuevas cuya operatividad, por decisiones precipitadas, no queda en ocasiones realmente contrastada. No obstante, la aplicación de los decretos de sequía tiene una derivada, como ya se ha comentado, y es
el de favorecer los intercambios de contratos de cesión de derechos concesionales, un mercado opaco, señora ministra, muy opaco, no suficientemente regulado, que posibilita la creciente mercantilización del agua. No hay que olvidar que es un
derecho y un bien público. Por esta razón la planificación, la anticipación, los mecanismos de control y los mecanismos de cogestión y comunicación son prioritarios en su gestión. Este real decreto-ley por supuesto que es necesario pero nace no de
la sequía, sino de la improvisación del Gobierno, de la falta de previsión, de gestión y de planificación a medio y largo plazo.
Han presentado ustedes un real decreto-ley que es insuficiente, no solo por su carácter coyuntural, sino por el propio contenido del mismo, ya que afecta solamente a las demarcaciones -como bien ha dicho la ministra- del Júcar, Segura y
Duero, olvidando, entre otras, las condiciones muy deficitarias del recurso del agua en otras cuencas hidrográficas. Son medidas que, sin negar su importancia, se refieren únicamente a la agricultura, dejando de lado los previsibles problemas de
abastecimiento de poblaciones,
además de los daños ocasionados en la ganadería. Plantea medidas económicas fundamentales de carácter incentivador, con excepciones y moratorias de tipo económico, sin contemplar inversiones adicionales en procesos de optimización de
infraestructuras existentes, fundamentalmente canalización de agua procedente de desaladoras construidas. Amplía el proceso de mercantilización del agua en base a la cesión de derechos concesionales al uso privativo del agua, como he comentado
anteriormente. Como ya decía, es un real decreto-ley que llega tarde, que no afronta valientemente la problemática y que es completamente insuficiente para la situación de sequía.
El Grupo Parlamentario Socialista ya advirtió de la situación de excepcionalidad que teníamos este año, y hay que recordar que las zonas más afectadas son Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, Canarias, zonas de Castilla-La Mancha,
Extremadura, Andalucía, Aragón, incluso La Rioja y, por supuesto, el levante español. Si España quiere ser un país moderno, señora ministra, hay que apostar decididamente por la desalación y en un porcentaje importante. No va a suplir la totalidad
del agua que se necesita, pero sí garantizará el suministro permanente y unos usos mínimos con independencia de la climatología que se tenga; ese fue el objetivo para el que se crearon. Tenemos que hacer las cosas de manera diferente y que de
alguna forma exista un antes y un después en participación y concertación social; por eso es necesario un pacto social por el agua. En el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que lo más urgente en estos momentos es priorizar el uso del agua
procedente de la desalación ya instalada con la rápida ejecución de las canalizaciones previstas, que están paradas desde hace varios años y que optimizan el sistema previsto por el Gobierno del Partido Socialista en el año 2004. Esta agua desalada
a coste acordado se priorizará sobre cualquier otro origen, especialmente el recurso procedente de trasvases. Debemos ampliar el decreto al menos en zonas de demarcaciones que están en plena alerta, demarcaciones del Ebro, del Tajo, del Guadiana y
del Cantábrico Occidental.
También hay que adoptar medidas de apoyo económico, aprobar y dotar un fondo extraordinario destinado a financiar medidas de ayuda para compensar las pérdidas, establecer una línea preferencial de créditos ICO dirigida a explotaciones
agrícolas con reducciones de su cosecha superior al 30 % o ganaderas afectadas por la sequía, priorizar cuando los titulares sean jóvenes, mujeres y agricultores profesionales para que sean bonificados con tipos de interés más bajos, aprobar las
medidas de carácter fiscal en materia de IRPF y de IBI, aprobar moratorias en pagos a la Seguridad Social por contingencias comunes -que ya se está haciendo-, formalizar convenios con entidades financieras colaboradoras para que las ayudas de la PAC
se agilicen lo antes posible, reducir las tarifas eléctricas y el canon de riego y recuperar la aportación de la Administración del Estado para incentivar los seguros agrarios, pues usted sabe que han reducido los presupuestos un año y otro y unos
de los sacrificados han sido los seguros agrarios.
Tres cosas para resumir, señora ministra. Una hablando del presente, y es que en el Grupo Parlamentario Socialista tenemos que hacerle una critica a este decreto de sequía. Hay medidas, claro que hay medidas, pero faltan muchísimas más, y
usted en su intervención nos ha enumerado las demarcaciones hidrográficas que están en plena alerta, pero no hay que olvidar que la generalidad no debe ser óbice para que muchos agricultores, ganaderos y poblaciones necesiten también de las medidas
del decreto de sequía, y usted está improvisando, continuamente está enmendando el propio real decreto-ley. En segundo lugar -como resumen-, he hablado del presente con este real decreto de sequía, pero también hay que hablar del pasado e incluso
el futuro, porque hay que recordar en esta sede parlamentaria y en su comparecencia que el Partido Socialista puso en marcha en 2007 el programa AGUA, programa que no firmó ninguna comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular. En 2013 lo
sustituyeron por el Memorándum del Tajo, esa foto que tenemos en mente presidida por el presidente del Gobierno y por el resto de presidentes de comunidades autónomas aquí en Madrid, entre otros Ignacio González, todos los presidentes de los
Gobiernos autonómicos del Partido Popular. Lo titularon el fin de la guerra del agua. En mi comunidad autónoma, en Castilla-La Mancha, se dio mucha publicidad. Intentaron vender la política de trasvases a través de ese memorándum; incluso cuando
tenían mayoría absoluta intentaron meter la posibilidad de los trasvases a través de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. Creo que están anticuados en las perspectivas que debe tener un Gobierno, porque llevamos diez años de retraso y han
criticado duramente las instalaciones de las desaladoras. Algún compañero suyo del Partido Popular ha utilizado palabras gruesas, duras; creo que el señor González Pons ha llegado a llamarlas las nucleares del mar, si no recuerdo mal. Es decir,
hay que tener perspectivas de futuro, señora ministra. Esto es como la manta corta; si te tapas la cabeza, te destapas los pies, y si te tapas los pies, te destapas la cabeza, pero la manta del agua es tremendamente corta; o tenemos perspectivas
de futuro o estaremos perdiendo
el tiempo. Aquí, en los debates que tenemos una y otra vez, dependiendo del territorio los grupos parlamentarios no coincidimos prácticamente en nada, absolutamente en nada; pongámosle sentido común. La política de trasvases no se puede
llevar a cabo, porque si miran al centro peninsular, hay sequía, y si miran al norte también; miren donde miren no puede haber una política de trasvases, hay que pensar en otras cosas. Por eso -y acabo, señor presidente- hay que tener ambición.
Lo han llamado pacto nacional por el agua, pero nosotros, el Grupo Socialista, lo llamamos pacto social por el agua, acuerdos entre comunidades autónomas y entre toda la sociedad.
Acabo con una referencia que usted hizo el otro día en un programa de televisión, algo a lo que ya se ha hecho referencia -acabo en diez segundos-. Dijo que ese pacto nacional del agua que pretende el Grupo Parlamentario Popular era una
hoja en blanco y que había que rellenarla. Usted es miembro del Gobierno, y usted como ministra y el señor Rajoy tienen que empezar a escribir el primer renglón. El Partido Socialista estará ahí, pero desde luego no con las políticas que hasta
aquí ha defendido su grupo, el Grupo Parlamentario Popular.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a los grupos que deseen intervenir en un turno de cortesía con un tiempo máximo de tres minutos. Les comunico que vamos muy excedidos de la previsión. Por favor, respeten el tiempo.
El Grupo Parlamentario Mixto se va a dividir el tiempo. Empieza don Antoni Postius.
El señor POSTIUS TERRADO: Gracias, señor presidente, seré muy breve.
Quiero agradecer a la señora ministra sus explicaciones. De una forma muy breve voy a formular tres preguntas muy concretas. En primer lugar, de continuar con esta situación de sequía en los próximos meses, me gustaría saber qué medidas
concretas contempla tomar el Gobierno en relación con la cuenca del Ebro si la dinámica continúa y sus afluyentes a su paso por Cataluña. Por otro lado, nos gustaría saber qué mecanismos de coordinación Estado-Generalitat existen para acordar las
distintas medidas a tomar para afrontar esta situación de sequía teniendo en cuenta que en las cuencas internas de Cataluña la Generalitat tiene competencias exclusivas y en las relativas al Ebro son compartidas. Por último, un tema local pero que
también es de actualidad. Me gustaría saber si su ministerio piensa tomar alguna medida para garantizar el caudal ecológico del río Segre a su paso por Lleida, que es un afluyente del Ebro que actualmente a su paso por la ciudad está muy por debajo
de los mínimos recomendados y esta situación está conllevando problemas serios de carácter medioambiental. De hecho, ante la falta de respuesta de la Confederación Hidrográfica del Ebro, el propio ayuntamiento de Lleida ha abierto un expediente a
la CHE porque no se están cumpliendo las obligaciones básicas que tiene en este sentido, muchas de las cuales tienen que ver con el caudal insuficiente de este río y que la CHE tiene la capacidad de poder aumentar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Antoni Postius.
Tiene ahora la palabra don Enric Bataller.
El señor BATALLER I RUIZ: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señora ministra. La situación que tenemos ante nosotros es tal que el agua está garantizada solo para los próximos tres meses en casi la mitad del territorio de la Comunidad Valenciana. Comarcas enteras, como el Camp Del
Túria, la Vega Baja, el Valle del Júcar y la Hoya de Buñol atraviesan dificultades que se pueden convertir en problemas muy, muy graves a partir del mes de septiembre, y esto explica el enfado, como ha apuntado también el señor Garaulet, de los
agricultores, de las tierras que están al sureste del territorio peninsular, respecto a las declaraciones que usted vertió recientemente, porque parecía que se minimizaba, se relativizada la importancia de los problemas a los que están haciendo
frente.
Compromís apoyará a la ministra si se reactiva el marco negociador del pacto nacional del agua, pero evidentemente queremos que haya una mayor capacidad de decisión en la materia por parte de las comunidades autónomas. Nos negamos a ser
meros espectadores de lo que se decida aquí en Madrid y en las confederaciones hidrográficas; por eso le queremos hacer llegar que el Gobierno valenciano va a seguir exigiendo nueva gobernanza en las decisiones sobre política hídrica porque
queremos que se pase página definitivamente a años de políticas de guerras del agua.
He atendido a su exposición, señora ministra, usted nos ha ofrecido muchas cifras, pero nos ha faltado ver si realmente este Gobierno entiende que la sequía es, a día de hoy, un problema estructural y, por tanto, exige una política
estratégica en el ámbito estatal, que no podrá decidirse de manera unilateral. Durante muchos años el agua ha sido un arma arrojadiza, cuando lo que tenía que haberse hecho era modernizar las estructuras de regadío, defendernos de las inundaciones
y prepararnos para estos escenarios que vienen ahora, asociados al cambio climático, de inevitable mayor escasez. Por tanto, decretos de vigencia anual, poco van a solucionar. El foco de las políticas del agua ha cambiado ahora de las políticas de
oferta a las de demanda...
El señor PRESIDENTE: Don Enric, le ruego que vaya concluyendo.
El señor BATALLER I RUIZ: Sí.
Quiero incidir en la necesidad de que se tenga en cuenta que en determinados territorios -por ejemplo, en toda la fachada mediterránea- el problema del agua asociado a la agricultura también va unido a otros, a los problemas derivados del
impacto turístico, que exige medidas como la desestacionalización, como el cambio de usos, como la lucha contra los regadíos ilegales.
Y muy brevemente, en plan telegrama, me gustaría formular unas preguntas. En primer lugar, señora ministra, ¿cuál es el calendario que maneja el ministerio de cara al pacto nacional del agua? Segunda pregunta, ¿van a convocar próximamente
a las comunidades autónomas para reunirse? Tercera pregunta, ¿cómo piensan desde el Estado afrontar el reto estructural -y subrayo esto- de la escasez del agua? Cuarta pregunta, ¿cómo se van a compatibilizar los mecanismos para atender a
necesidades de agua para la agricultura y para el turismo? Y por último, ¿van a aumentar la partida para los seguros agrarios en los próximos Presupuestos Generales del Estado? Es todo.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Enric Bataller.
Por el Grupo Parlamentario Popular, don Javier Calvente.
El señor CALVENTE GALLEGO: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señora ministra. Buenos días, señorías.
Una vez más, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, queremos expresar el agradecimiento a la señora ministra por su eficacia, por su agilidad, por su diligencia, en definitiva, por su buen hacer a la hora de analizar en profundidad y
adoptar las medidas necesarias y poner en marcha numerosas actuaciones que han permitido minimizar los impactos ambientales, sociales y económicos que se han producido como consecuencia de la sequía que estamos padeciendo en España. Han sido
medidas presentadas a todas las organizaciones agrarias -organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agroalimentarias-. Se ha realizado un diagnóstico de la sequía meteorológica y un análisis de la sequía hidrológica en las distintas
cuencas hidrográficas de España. Desde el primer momento en que se tuvieron los primeros signos de sequía, el ministerio ha venido convocando un grupo de trabajo con las organizaciones agrarias, las cooperativas agroalimentarias, las comunidades
autónomas para analizar los efectos de la sequía en el sector agrícola y ganadero y las posibles acciones a implementar. Lo ha dicho la ministra y lo destacamos, la Comisión Permanente de Adversidades Climáticas se ha reunido desde el mes de abril
en tres ocasiones. Se ha compartido la información sobre la situación, se han observado los daños en los cultivos y en los pastos y se conocen los datos preliminares sobre la implantación del seguro agrario y la siniestralidad. En definitiva, el
ministerio se ha comprometido a estudiar las propuestas presentadas por las organizaciones y se está realizando un seguimiento continuado de la situación.
En referencia a las medidas adoptadas, me gustaría destacar que el seguro agrario, como bien dice la ministra, es la mejor herramienta para compensar los daños producidos por las sequías. Quiero incidir en que se han agilizado los pagos, se
ha reducido el plazo medio de cuarenta y cinco días, y que en seis meses se ha producido el pago del doble del montante económico del año anterior.
Quiero señalar también que se han adoptado otras medidas con respecto a la fiscalidad. Estamos ante una orden de reducción de los módulos para las poblaciones afectadas por las adversidades climáticas, para este año se ha estimado una
reducción de la base imponible de 338 millones de euros. Ha habido una reducción de los módulos en la apicultura, en el bovino de leche, en el bovino de carne extensivo, en el bovino de cría extensivo, en la cunicultura, en el ovino y caprino de
carne extensivo, en el ovino y
caprino de leche extensivo, en el porcino de carne extensivo, en el porcino de cría extensivo, en cereales, en los productos hortícolas como el tomate.
También se ha adoptado otra medida importante de acceso a la financiación. Es una de las medidas principales de las anunciadas, que se ha puesto en marcha con la orden de ayuda a la financiación agraria -que, como bien ha dicho la ministra,
se publicó el pasado 5 de junio-, que va a permitir facilitar el acceso a los créditos y de liquidez a la explotación agraria. Y nos ha anunciado otra medida, que se va a mejorar ese acceso a la financiación. Esta línea contempla las subvenciones
de hasta el 100 % del coste de los avales concedidos por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria.
Voy terminando. Hay dos circunstancias que también quiero resaltar. En tiempo récord -lo ha dicho la ministra-, el 18 julio se ha conseguido que la Comisión apruebe el adelanto a octubre de las ayudas de la PAC y la Comisión también ha
aceptado la posibilidad de utilizar el barbecho como pasto para alimentar el ganado.
Finalmente, quiero señalar las medidas introducidas por el Real Decreto-ley 10/2017, del 19 julio, que fue convalidado por esta Cámara, que exonera del pago de las tarifas de utilización del agua, del canon de regulación, establece sanciones
de pago en la tasa y cánones de riego, y también el aplazamiento de las cuotas de la Seguridad Social.
Señorías, hay más felicitaciones aparte de la del Grupo Parlamentario Popular; lo han hecho las organizaciones agrarias que han felicitado al ministerio -desde Asaja hasta UPA-, pero también lo hacen, señor Garaulet, los agricultores de
Jaén. Hay una noticia, de fecha 19 julio, que dice: Agricultores agradecen al Gobierno su sensibilidad con el regadío. Aquí está la noticia. La Federación Provincial de Comunidades de Regantes de Jaén agradece al Gobierno la sensibilidad
mostrada a la agricultura de regadío. Por lo tanto, en Jaén estamos muy contentos con lo que hace el ministerio...
El señor PRESIDENTE: Don Javier, vaya terminando, por favor.
El señor CALVENTE GALLEGO: Termino, señor presidente.
Estamos ante retos -y la ministra lo ha indicado- de solidaridad y consenso, debemos trabajar todos y poner nuestro empeño, señor Arrojo, en el pacto nacional del agua, en la reforma de la Política Agraria Común y en la promulgación y
redacción de la ley de cambio climático.
Muchas gracias, señorías, muchas gracias, señora ministra, muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Javier Calvente.
Tiene la palabra la señora ministra para finalizar el debate.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (García Tejerina): Muchas gracias, presidente.
Son muchas las cuestiones planteadas, así que trataré de dar respuesta a todas ellas. Planteaba su señoría, don Xavier Eritja -perdón, creo que no he pronunciado bien el apellido-, algo que verdaderamente comparto y es obvio. Esta no es la
primera sequía que padece España, en España las sequías son estructurales. De hecho, por eso es fundamental tener una planificación. Quiero decir que -luego tendremos ocasión de hablar de incendios- tenemos un gran dispositivo de incendios, pero
no es un dispositivo de incendios que se improvise de un año para otro. Igual ocurre con los seguros agrarios en España, no son una cosa que se improvise ni que se pueda arrogar solamente este Gobierno. Desde el año 1978 venimos perfeccionando el
sistema de seguros agrarios, desde hace muchos años se viene trabajando en materia de sequía. Tanto es así que la regulación de la sequía en nuestro país está perfectamente establecida, de hecho, nosotros estamos adoptando medidas sobre la base de
unos planes de sequía del año 2007. Luego haré alusión a algunas de las cuestiones planteadas por el Grupo Socialista porque precisamente los planes de sequía actuales, que son los que determinan cuándo se pueden aprobar determinados decretos-leyes
con determinadas medidas son algo que viene establecido y nosotros estamos aplicando medidas adoptadas, insisto, en el año 2007. A lo largo de los distintos años se han ido configurando normas para regular situaciones de escasez que, como todos
sabemos, en España son recurrentes. Pero yo comparto absolutamente la necesidad de planificar la sequía.
En nuestro país para estudiar la gestión del agua nos tenemos que ir a la presencia de los romanos y de los árabes; desde entonces en España se gestiona el agua. De manera muy importante se ha gestionado en los cinco pasados años de
gobierno del Partido Popular, porque para gestionar el agua hay que tener un conocimiento de la situación del agua y eso pasa por tener aprobados los planes hidrológicos
de cuenca, que, como todo el mundo sabe y por obligación comunitaria, deberían haber sido aprobados en el año 2009. Los planes estaban sin aprobar y se hizo un ingente trabajo durante cuatro años, porque el 1 de enero del año 2016 ya estaba
aprobado el segundo ciclo. Esto nos ha dado un mejor conocimiento de la situación del agua en nuestro país, más de diez mil medidas identificadas, la mayor parte de ellas, por cierto, de carácter medioambiental, actuaciones necesarias por valor de
15 000 millones de euros. Esto no se improvisa, es el resultado de mucho trabajo. Si hubiera estado hecho en el año 2009, habríamos podido haber avanzado de otra manera, haber subido un peldaño más, pero el siguiente peldaño, que es el pacto
nacional del agua, no puede subirse sin la planificación que nuestro país necesitaba, que son los planes hidrológicos de cuenca, que, como digo, el Gobierno aprobó en la pasada X Legislatura, y por dos veces, haciendo en cuatro años el trabajo de
doce.
Quiero también destacar que en estos planes hidrológicos de cuenca es donde por primera vez en España se fijan caudales medioambientales. No sé si son mil quinientos los puntos de caudales medioambientales, algunos además del segundo ciclo
con respecto al primero, se ampliaron y algunos se incrementaron. Hablaba también de la calidad del agua a la que tienen derecho los ciudadanos. Yo comparto esa preocupación. Por eso el Gobierno trabaja y compromete muchos recursos en esta
materia. Se ha pedido una ley del ciclo urbano del agua, pero es que la competencia no le corresponde al Estado. La competencia del agua, de la depuración y del abastecimiento es de las comunidades autónomas y de las entidades locales, más bien de
las entidades locales, a las cuales pueden apoyar las comunidades autónomas. A pesar de no ser competentes, hemos hecho un trabajo muy importante, porque nos preocupan el medio ambiente y la calidad de nuestras aguas y prestar este servicio a los
ciudadanos. Hicimos una auditoría porque, sabiendo que España tenía tres expedientes de infracción abiertos por la Unión Europea, sin embargo no había ni siquiera un conocimiento de cuál era el déficit de depuración que teníamos. Por eso desde el
ministerio hicimos, a principios de la X Legislatura, una auditoría para conocer el estado de situación. A partir de ahí, promovimos el Plan Crece, que está dotado con más de 1100 millones de euros para ayudar a las administraciones competentes a
cumplir con sus obligaciones de todo tipo, con los ciudadanos y también sus obligaciones con la normativa comunitaria.
Con respecto al pacto nacional del agua, que será el siguiente escalón que nosotros podemos y debemos dar en materia de planificación, sí está previsto. Ya está iniciado el diálogo. Yo anuncié en el último Consejo Nacional del Agua cómo
íbamos a proceder. Por cierto, en el último Consejo Nacional del Agua, como estaba acordado en los planes hidrológicos de cuenca del segundo ciclo, se inició la revisión de los planes de sequía, que hoy nos permiten funcionar y que datan del año
2007. El pacto nacional del agua ya ha empezado. Alguien ha planteado si se reunirán las comunidades autónomas. Ya se están reuniendo las comunidades autónomas. En las notas de prensa de la página web del ministerio que nosotros lanzamos se hace
un seguimiento, y quien tenga interés puede ver que este proceso ya se ha iniciado, que antes del mes de agosto se habrán tenido encuentros con todas las comunidades autónomas y que a partir del verano se iniciarán los contactos con los grupos
políticos y con los usuarios de agua.
Una de las cuestiones fundamentales que se abordarán en el pacto nacional del agua, pero no la única, es el déficit del agua y cómo abordarlo, pero también vamos a abordar las cuestiones medioambientales, caudales ecológicos, pero algunas
cuestiones medioambientales especialmente sensibles, como la cuestión que afecta al mar Menor o, como planteaba Cataluña el otro día en una reunión del conseller conmigo, la que afecta al delta del Ebro para evitar su regresión. Todas aquellas
cuestiones medioambientales especialmente sensibles, especialmente simbólicas, queremos que también sean abordadas en este pacto nacional del agua, no solamente los déficits, que, siendo muy importantes, no es la única cuestión que debemos abordar
en España. También está el tema de las inundaciones. Quiero decir que, de igual manera que el Gobierno hizo un esfuerzo importantísimo aprobando los planes hidrológicos de cuenca, lo mismo hicimos aprobando los planes de gestión de riesgo de
inundaciones para todas las demarcaciones que dependen del Estado. Todas las cuencas tienen sus planes de gestión de riesgo de inundaciones. Estamos trabajando ahora e incluiremos dentro del pacto nacional del agua una priorización de las
actuaciones, las más urgentes, las más necesarias, las que tienen un coste/beneficio más importante para la seguridad de los ciudadanos y del medio ambiente.
De la misma manera, como cuarta pata fundamental de ese pacto nacional del agua, abordaremos la gobernanza. Muchas de las cuestiones que se han planteado tienen que ver precisamente con la gobernanza del agua y será otra de las cuestiones a
abordar. Pero esos debates ya han empezado con las comunidades autónomas y, como digo, a la vuelta del verano seguiremos trabajando en ello. Así que comparto la absoluta necesidad de la planificación del agua en un país como el nuestro. A este
Gobierno
se le podrán decir otras cosas, pero no que no ha recorrido, y a enorme velocidad, y ha dado pasos tremendamente importantes en gestión del agua. Ahí están publicados los dos ciclos de los planes hidrológicos de cuenca, los planes de
gestión y la creación de las reservas hídricas especialmente protegidas y todo lo que se ha avanzado en materia de depuración. Sin ninguna duda, si en algo ha sido especialmente productiva la X Legislatura, y pretendemos que lo sea la actual, es
precisamente en gestión y gobernanza de agua.
Respondiendo ya a Ciudadanos, voy a empezar por dar los datos de producción, si me permiten, de la Región de Murcia. En 2016 hubo un incremento de un 14 % respecto del año anterior, un 8 % con respecto a la media de los últimos cinco años,
casi un 18 % respecto de la producción del año 2010, cuando no había sequía. Varían los cultivos, pero en conjunto este es el incremento. La producción de melocotón y nectarina en regadío -como bien sabe su señoría, ha habido que hacer una
retirada de producción para destinarla a Cruz Roja y a bancos de alimentos porque había problemas en la comercialización- casi duplica la de 2010, alcanzando un récord histórico. En el año 2017 se ha alcanzado un récord histórico de producción en
melocotón y nectarina. Es un incremento de un 40 % respecto de la de 2016 y un 33 % respecto de la media de los últimos cinco años, un 50 % respecto de la media de 2009 y 2017. De esto todos nos tenemos que felicitar, de las cosas que son
cuantificables y se miden. Yo creo que esto se debe a una gestión muy importante por parte del Gobierno. Yo decía en mi intervención que solamente en la cuenca del Segura se han movilizado 250 hectómetros cúbicos adicionales, y otros 30 para la
del Júcar, de tal manera que, como sí es una realidad que la gente en Castilla y León no está regando, no ha sido el caso de la Región de Murcia. No sabemos lo que sucederá si no llueve la próxima campaña.
También es muy importante destacar, entre otras cosas, cómo funciona la gestión del agua en nuestro país, donde la responsabilidad es compartida. Las confederaciones hidrográficas ponen a disposición de las comunidades de regantes
dotaciones de agua, y las comunidades de regantes, una vez que reciben el agua, son las que tienen la capacidad de decidir cómo la gestionan. Lo cierto y verdad es que se ha puesto agua a su disposición. Ojalá seamos capaces de mantener, insisto,
en el que sería el quinto año de sequía, esta situación, pero todo parece indicar que esta agua extraordinaria se va terminando.
Con respecto a las compras de derechos entre cuencas, la Ley de Aguas es la que regula las cesiones de derechos. La gestión del agua durante las sequías en España no se improvisa, está muy regulada, porque como país con las características
que tenemos nos hemos visto obligados a hacer una gestión del agua. La ley del agua regula las cesiones de derechos, estableciendo las condiciones en las cuales pueden celebrarse, aunque se pueden hacer excepciones como cuando hablaba de la cesión
entre cuencas. Esa es una cuestión que hay que valorar en función de la situación en cada una de las cuencas y que ha sido solicitada recientemente.
Hablaba de la solución del mar Menor y, como bien sabe, entre otras cosas porque ha colaborado con nosotros, estamos tramitando una solución integral. El objetivo de esta solución integral es alcanzar el vertido cero al mar Menor; yo digo
que nosotros tenemos como objetivo devolver las banderas azules al mar Menor. Tiene una riqueza tremenda y es un destino turístico fundamental, y tenemos que devolverle la calidad que siempre ha tenido. Yo insisto, para que se vea de una manera
gráfica, en que hay que devolver las banderas azules al mar Menor y para eso es necesario esta solución integral en la que acordamos, con todos los sectores afectados, analizar todas las propuestas que se nos hicieran y alcanzar, insisto, una
solución integral porque no vale parchear, hay que definir muy bien cuáles son las causas y abordar las soluciones sobre la base del mejor conocimiento de las mismas. En estos momentos se está trabajando sobre proyectos piloto en relación con el
ciclo integral del almacenamiento de salmueras y desnitrificación. Es la última de las medidas adoptadas en la reunión celebrada el 6 de julio de 2017, a la que me he referido, en la que se acordaron estos proyectos piloto y en la que participaron
técnicos de la Dirección General del Agua, de la Confederación Hidrográfica del Segura, de la Universidad Politécnica de Cartagena, de representantes de colectivos ecologistas y usuarios. En esta reunión se acordó desarrollar dos iniciativas
presentadas por la universidad y continuar los análisis de los filtros verdes como una medida complementaria para evitar la llegada de vertidos contaminantes al mar Menor. Pero, sin ninguna duda, cuando yo hablaba del pacto nacional del agua, este
no trata solo de abastecimiento sino también de los aspectos medioambientales y, sin ninguna duda, este será uno de los que debe estar entre sus prioridades.
Con respecto a los caudales, hay más de mil quinientas estaciones de aforo que permiten un control y seguimiento de los caudales en nuestros ríos. Es habitual desde hace mucho tiempo, insisto. Los
caudales ecológicos los introdujo por primera vez este Gobierno en los planes hidrológicos de cuenca; el tercer ciclo de planificación, al cual estamos comprometidos con la Unión Europea, ya se ha iniciado y sin ninguna duda será una de las
cuestiones a examinar. Yo, insisto, doy validez a la medición de los caudales, pero creo que hay una doble medición, además. Cualquiera puede plantear cualquier cuestión o mejora porque lo que queremos es la mejor gestión y las mayores garantías
de nuestros ríos.
En cuanto a los planes hidrológicos, ya me he referido a ello, será reiterativo, porque ha habido muchas referencias, pero los planes hidrológicos -insisto, vigentes desde el año 2017 en cumplimiento de la Directiva Marco del Agua- prevén
esta revisión y en este año 2017 ya se ha iniciado la revisión para mejorar y adaptar estos episodios de sequía. Por supuesto -insisto-, el debate de la regulación, en este caso, de la sequía dentro de las muchas cuestiones que hay que gestionar en
materia de agua ya está abierto en el Consejo Nacional del Agua.
Se me pregunta sobre algo que comparto plenamente con usted con un matiz, la conciencia ciudadana. A mí me parece fundamental, siempre que tengo ocasión apelo a la conciencia ciudadana; es verdad que yo llego hasta donde llego y es verdad
que no ha habido recursos para hacer una campaña, que no estaría de más. Yo cuando tengo ocasión de hablar con los medios de comunicación les pido que nos ayuden a concienciar tanto en la lucha contra incendios como en materia de ahorro de agua.
El pequeño matiz es que yo no puedo generalizar que en una comunidad autónoma la gente esté muy concienciada y en el resto no. Creo que esta es una cuestión individual y habrá ciudadanos tremendamente concienciados en unas y en otras comunidades
autónomas y habrá que trabajar sobre la conciencia de otros ciudadanos en unas y en otras, porque la aportación de cada uno de nosotros es más determinante de lo que muchas veces podamos pensar. Pero comparto, absolutamente, la necesidad de la
conciencia en un país como el nuestro, de dar el valor que tiene al agua no solamente en épocas de sequía. Porque una de las cosas de las que todos tenemos que tener conciencia, en un país con sequías recurrentes, es que el agua que evitemos
consumir, si es posible, hoy es el agua que tendremos a nuestra disposición en el día de mañana. Por lo tanto, el uso exquisito del agua es algo que tendríamos que tener presentes todos y cada uno, como digo, en épocas de sequía y en épocas de no
sequía.
Habla de la desalación. La realidad de lo que nosotros nos encontramos en cuanto a las desaladoras es que se habían anunciado -lo digo de memoria con lo cual puedo equivocarme- en el Plan Agua quince desaladoras por un importe de unos 700
millones de euros. La realidad del año 2011-2012, cuando llegamos al Gobierno, es que había cinco y se habían invertido 2100 millones de euros, es decir, tres veces más para hacer la tercera parte y tenían enormes problemas para su puesta en
funcionamiento porque no estaban terminadas, porque no estaban conectadas con la demanda o porque no tenían conexión eléctrica. Lo cierto y verdad es que lo más que se podía utilizar era un 15 % de su capacidad. Se ha invertido en estas
desaladoras para ponerlas a punto y hoy están al 100 % de generación de agua desalada. Nos queda la desaladora de Torrevieja donde Red Eléctrica Española está trabajando a la máxima velocidad para solucionar los problemas de conexión eléctrica, que
nos permitirán pasar de 40 hectómetros cúbicos a 80 hectómetros cúbicos de producción. Lo que este Gobierno ha hecho con las desaladoras que estaban ahí es, sin ninguna duda, culminarlas y hacer toda la tramitación necesaria para poner esta agua a
disposición de los usuarios.
En cuanto al ciclo integral del agua, ya me he referido a ello. Con respecto a las interconexiones, en el pacto nacional del agua es el momento de abordarlas. Yo insisto, tenemos información que nos dan los planes hidrológicos de cuenca
que nos permite escalar un peldaño más en la gestión del agua en nuestro país y, efectivamente, yo he dicho que es una página en blanco porque -alguien me lo decía- tenemos la mala costumbre de escuchar a la gente antes de escribir. A la vuelta del
verano, como bien saben, después de haber escuchado a las comunidades autónomas, seguiremos sumando todos los inputs que todo el mundo nos pueda aportar para luego ver cuáles son los puntos de encuentro de todo lo que se nos haya planteado, aquellos
sitios donde haya consenso, que esperemos que sean los más posibles, lo que dependerá de la actitud de cada uno en sus planteamientos. En estos puntos comunes, que -insisto- espero sean más que menos, abordaremos entre todos algo que, además, está
llamado a ser un pacto de permanencia para que no tengamos nunca más debates sobre la planificación y dejar cuantas más infraestructuras necesarias.
Me ha dicho dos cosas, una y la contraria. Me ha dicho: hay restricciones, y por otro lado: aumenta la superficie de regadío. (El señor Garaulet Rodríguez: Hay que luchar contra eso). Creo que es importante, efectivamente, entre todos,
combatir los pozos ilegales. Las confederaciones hidrográficas actúan y cierran pozos; la fiscalía, en algunas zonas -bien lo conoce su señoría-, también actúa y cierra
pozos. Creo que es también responsabilidad de todos perseguir y separar a aquel regante que hace las cosas debidamente del que no las hace bien, porque el que no lo hace debidamente está perjudicando al que lo está haciendo correctamente, y
más en momentos de escasez de agua, aparte de que supondría competir deslealmente en el propio mercado. En este aspecto también se han hecho muchas cosas, por ejemplo, en Andalucía el ministerio compró una finca, Los Mimbrales, por 50 millones de
euros para comprar 8 hectómetros cúbicos de agua para sustituir agua subterránea por agua superficial. De la misma manera trabajamos con la Junta de Andalucía en propuestas de futuro que Andalucía ya nos está planteando sobre nuevos trasvases
intercuencas en la comunidad autónoma para poder sustituir agua superficial por agua subterránea. Ha sido también el Partido Popular quien sobre la base -y con esto respondo también a Podemos en su reflexión sobre acuíferos- del conocimiento de los
planes hidrológicos de cuenca, ha identificado en estos planes el estado de las masas de agua, que no figuraba hasta que no se hicieron estos planes de cuenca y por eso hay que darles toda la importancia que tienen y ha sido este Gobierno quien ha
declarado las masas del acuífero 23 en riesgo de no alcanzar los objetivos medioambientales. Hemos constituido comunidades de usuarios con planes para la adecuada gestión de estas masas. Esto lo ha hecho este Gobierno.
Ha hablado también de la necesidad de modernizar los regadíos y he de decir que también fue un Gobierno del Partido Popular quien lanzó esta necesidad de modernizar los regadíos en España. Cuando se elaboró el Plan Nacional de Regadíos
Horizonte 2008, que me parece que se acordó en el año 2002, yo era secretaria general y desde entonces creo que son millón y medio las hectáreas modernizadas en nuestro país; sin duda alguna, es un trabajo que hay que seguir consolidando porque es
necesario hacer -todos lo sabemos-, un uso más eficiente del agua.
Respecto de la apertura de la compuerta en el Duero, quiero decir que las compuertas de una presa se abren siguiendo en todo momento lo establecido en el Reglamento técnico sobre seguridad de presas y embalses. No es una decisión
caprichosa; es una decisión que atiende a la seguridad de las presas, siguiendo las normas de explotación en situación normal. Tal es así, que entre las muchas actuaciones que he tenido para abordar cuestiones de agua, en el caso del Júcar hubo
que desembalsar. Es una cuenca que está en la situación que está pero, dado que no se produce siempre la misma situación a lo largo de todo el río, en algunas zonas, lamentablemente, con el valor que tiene el agua en la cuenca del Júcar, por
cuestiones técnicas de seguridad este año hubo que hacer algún desembalse para evitar situaciones de avenidas y de emergencia, cumpliendo siempre los criterios de seguridad para las personas que se sitúan agua abajo y los criterios de seguridad para
el correcto funcionamiento de la presa.
Desde Podemos me planteaban también la situación de la lluvia del Júcar y del Segura, y sobre cómo puede haber llovido más. Es cierto que ha llovido más en estas zonas pese a haber sequía, pero es que, desgraciadamente, no está en nuestras
manos decidir dónde llueve. Ha llovido aguas abajo del Júcar y Segura, donde no está la capacidad de regulación. Pero yo, a partir de aquí, le preguntaría: ¿Usted se imagina un país como España sin embalses? ¿Se imagina un país como España sin
capacidad de regulación? A lo largo del tiempo se ha ido construyendo capacidad de regulación y, probablemente, sea necesario seguir haciéndolo porque, entre otras cosas, y también por primera vez, este Gobierno ha tenido en cuenta los efectos del
cambio climático en los planes hidrológicos de cuenca. La necesidad de adaptarse al cambio climático es muy importante, sin ninguna duda; la mitigación es necesaria, es lo primero para evitar la adaptación, si bien ya estamos en un momento en que
necesitamos adaptarnos. Los planes hidrológicos de cuenca contemplan precisamente la necesidad de la adaptación de las infraestructuras hídricas al cambio climático. Lo que significa esta lluvia y la sequía en el Júcar y el Segura es que,
desgraciadamente, no ha llovido donde está la regulación. Anteriormente he mencionado que en el Júcar ha habido que desembalsar y, lamentablemente, es así. Por eso es especialmente importante tener una regulación, tener unas normas técnicas de
seguridad, tener una normativa para abordar lo que sucede en España, y es que en ocasiones hay episodios de avenidas y episodios de sequía.
También quiero decir -y no sé si lo compartirá conmigo- que los embalses también juegan un papel medioambiental tremendamente importante porque en España también suceden avenidas que, por cierto, arrastran muchísimo suelo. Uno de los
principales recursos que tenemos que proteger es el agua, pero también, sin ninguna duda, el suelo, y las avenidas arrastran suelo productivo que es fuente de riqueza para el conjunto del país y los embalses regulan avenidas. Los embalses no solo
tienen una función económica sino también una función social, porque al final todos esperamos que al abrir el grifo no nos suceda como lo que hoy sucede -y no es la primera vez, si llega el caso, que pasaría en este país- en la ciudad de Roma.
Todos esperamos disponer de agua para nuestros usos, pero el agua también, por
supuesto, es fuente de actividad económica. Los embalses tienen también una función medioambiental tremendamente importante porque muchas veces actúan regulando los caudales de los ríos y actúan previniendo avenidas. Por tanto,
sinceramente, no imagino cómo podríamos gestionar un país como España si no hiciéramos infraestructura hidráulica. Insisto, a mí me duele mucho ver riadas y la pérdida enorme de suelo que podría regularse como uno de los problemas medioambientales
más importantes de nuestro país. También hablaba usted de sobreexplotación y he de decirle que para evitar precisamente esta sobreexplotación es para lo que se han hecho todos los planes hidrológicos de cuenca. Yo le hablaba anteriormente de la
explotación de los acuíferos, y ha sido este Gobierno quien ha estudiado, analizado y definido cuál es la situación de los acuíferos para, en consecuencia, poder actuar sobre los mismos.
Usted ha mencionado también el sistema de seguros y creo que, como decía el diputado de Ciudadanos, los ciudadanos no quieren una gran administración sino una administración eficaz. Los ciudadanos no quieren que gastemos sus recursos,
quieren que los gastemos bien. El sistema de seguros agrarios no corresponde a este Gobierno, sino que es una cuestión de Estado. Se creó en el año 1978 y desde entonces, año tras año, se ha venido perfeccionando. Es mucho también lo que se ha
hecho desde este Gobierno en estos últimos años para seguir perfeccionándolo, tanto es así que con la partida presupuestaria de la que disponemos para los seguros agrarios se ha alcanzado la cifra record de contratación. No se trata solo de gastar,
sino de gastar bien, de ser eficientes con los recursos de los ciudadanos. Con los recursos que se han puesto a disposición del seguro agrario el año pasado alcanzamos la cifra record de contratación de 12 700 millones de euros y este año vamos en
esta misma dirección. Asimismo, me hablaba de una línea para asegurar el regadío y no me queda claro si es solamente para los grandes o pequeños. Parece ser que los grandes están menos afectados por las sequías, no pierden las producciones de sus
cosechas, no emplean a gente y sus explotaciones no se ven en situaciones desastrosas ante situaciones adversas. No sé si el seguro en este caso era para los grandes, para los pequeños a para quién, pero la sequía hidráulica no es asegurable en la
medida en que sus impactos -y lleva años estudiándose, insisto, por unos Gobiernos y por otros- son imputables también al manejo de la explotación, viéndose en qué parte son achacables a condiciones de lo asegurado. Por lo tanto, es un tema de
estudio desde hace varios años y hasta la fecha no se ha encontrado solución técnica para su viabilidad, insisto, teniendo en cuenta la dificultad de diferenciar en qué medida los impactos son imputables al manejo de la explotación y en qué parte
son achacables a condiciones que el asegurado, los colectivos y organizaciones no pueden controlar.
Ha habido una cierta confusión -o yo no lo he percibido con total claridad-, porque hay que diferenciar lo siguiente: una cosa es la sequía hidrológica y otra cosa es la sequía agronómica. Este año, en algunas zonas, especialmente en
Castilla y León, han coincidido la sequía hidrológica y la sequía agronómica, pero son dos aspectos diferentes y las medidas con las que se abordan son también distintas. Afortunadamente, existe una importante ayuda para las rentas de los
agricultores, que es la política agrícola común; política que este Gobierno siempre ha defendido y de la que en unas condiciones muy difíciles en las negociaciones del último marco financiero plurianual -donde por primera vez el presupuesto
comunitario fue menor que en el periodo de programación anterior- España consiguió más de 47 000 millones de euros, que garantizan el 30 % de las rentas de nuestros agricultores y en algunas zonas muy afectadas por la sequía, como Castilla y León,
incluso el 40 %. Hemos negociado para que este apoyo que ya existe a través de la política agrícola común garantice ese 40 % de las rentas. No acabo de entender porque me parece que ha planteado subvencionar a los pequeños y quitarles los seguros
a los pequeños, pero los pequeños están subvencionados a través de la política agrícola común y además tienen el seguro. Quiero recalcar la importancia que tiene el seguro porque es una garantía de rentas tremendamente relevante, que va más allá de
lo que pudiera ser cualquier otra ayuda, entre otras cosas, por el dinero que se abona a los agricultores, por la rapidez en su percepción, más que si se tratara de cualquier otro tipo de subvención al margen de la política agrícola común que, como
he dicho, hemos negociado con la Unión Europea para anticipar el 70 %, y a partir de ahí será la capacidad de gestión de las diferentes comunidades autónomas la que hará que los agricultores cobren a partir del 16 de octubre, a lo que ya estamos
autorizados por parte de la Unión Europea. Con respecto a la explotación de los acuíferos, ya le he contado lo que se ha hecho; también en cuanto a las desaladoras y el estado de situación. En el pacto nacional del agua está abierto el debate.
Creo que esto responde a las muchas cuestiones planteadas.
En relación con los comentarios del Grupo Socialista, creo que todos compartimos la necesidad de actuaciones a medio y largo plazo. Cuando hablan de si el decreto-ley es insuficiente tengo que decirles
que es una consecuencia, es lo que la regulación de la sequía establece, que, insisto, es del año 2007. Los planes de sequía establecen: En situaciones de sequía se podrá adoptar este determinado tipo de medidas. Por lo tanto, el real
decreto-ley responde a las facultades que los planes de sequía del año 2007 nos otorgan. Claro que hay que planificar la sequía; la sequía no es algo que empezara en España en el año 1996, tampoco empezó en el año 1982, por decir dos años
significativos en los que ambos partidos hemos tenido responsabilidades. En España se han hecho muchas cosas en materia de sequía. Yo lo he dicho en mi intervención, la sequía no se improvisa; tenemos normas que regulan la gestión de las sequías.
Anteriormente se ha planteado la cuestión relativa a la compatibilidad del agua y las distintas alternativas, pero es que la propia Ley del Agua establece -no es algo facultativo ni algo que se improvise- el orden de prioridades en la utilización
del agua cuando los recursos son escasos. Por lo tanto, existe planificación en sequía; los planes de sequía son del año 2007. No se improvisa, gestionamos con normas de esa época. Insisto en que seguir mejorando la planificación es importante
y, como decía antes, los planes hidrológicos de cuenca incorporan por primera vez la variable cambio climático, porque condiciones nuevas nos harán adoptar medidas nuevas o harán necesarias infraestructuras nuevas. Para ello hay que seguir
revisando permanentemente los planes hidrológicos de cuenca y el Plan Nacional del Agua, donde no solamente hay que atender a los déficits y a las cuestiones medioambientales, sino también a las cuestiones que tienen que ver con la gobernanza de
agua. Sin ninguna duda, siempre quedan cosas por hacer, siempre tenemos la oportunidad de aprender sobre la experiencia, y yo espero que muchas y buenas aportaciones se hagan en este momento en que el debate está abierto para el pacto nacional del
agua.
Decía usted también que el decreto-ley de sequía nace cojo porque no contempla todas las cuencas. Contempla las que según los planes de sequía del año 2007 se pueden contemplar, es decir, aquellas cuencas que globalmente se encuentran en
estado de alerta o emergencia, como lo define la orden del año 2007. Por tanto, se ha actuado siguiendo la normativa establecida. Dicho esto, si alguna otra cuenca entrara -y esperemos que no- en situación de alerta o de emergencia, por supuesto
que habría que ampliar el alcance del decreto-ley de sequía.
Refiriéndonos ya a las medidas para paliar los efectos económicos de las empresas, a esta importante batería de medidas se suman las medidas de las comunidades autónomas que son competentes en la materia y que complementan las del Estado.
En distintas comunidades autónomas, supongo que en función de la intensidad de la sequía o del grado de compromiso, han adoptado más o menos medidas. La línea de préstamos la hacemos con Saeca porque para los agricultores tiene mejores condiciones
que el ICO. Tan es así que, si no me confundo, me parece que es a interés cero o de un 1 %. En este caso no es necesario priorizar a los jóvenes porque, afortunadamente, alcanzará a todo aquel que lo quiera demandar porque hemos ido aumentando el
crédito a 90 millones de euros para la primera orden ministerial, con un incremento de 110 millones en materia de sequía. Nosotros, con los datos de peticiones -que están siendo bastante altos-, estimamos que estos 200 millones van a cubrir las
demandas y, si no, consideraremos si deberíamos ampliar esta línea. Es cierto, hay que seguir muy vigilantes la situación de sequía, ver cómo evoluciona. Esperemos que el otoño sea lluvioso porque, si no, la situación solamente puede deteriorarse.
Hablaba de una hoja en blanco. Sí, porque tenemos esa mala costumbre de escuchar o, por lo menos, yo así pretendo hacer las cosas.
Se refería su señoría del PDeCAT al Ebro. Como el resto de los ríos, el Ebro se gestiona conforme a los planes de sequía. En las cuencas interiores de Cataluña no interferimos en absoluto porque son cuencas intracomunitarias y, por lo
tanto, todo tipo de decisiones y de gestiones son de competencia exclusiva de la comunidad autónoma y como tal se gestionan. El caudal ecológico del Segre se elevó en la pasada legislatura a 3 metros cúbicos por segundo. En el pacto nacional del
agua las comunidades autónomas deberán decidir, y por quién hemos empezado primero el turno de reuniones ha sido precisamente por ellas. La sequía es estructural, creo que eso nos ha quedado a todos claro porque como son datos, no se cuestiona. La
sequía está regulada en España, la sequía no se improvisa, lo cual no significa, insisto, que no estemos en un momento en el que están abiertos los nuevos planes de futuro de sequía, y en el Consejo Nacional del Agua está todo el mundo representado,
que es donde se debate fundamentalmente y donde todo el mundo podrá hacer nuevas aportaciones.
Modernización de regadíos, ya me he referido a ellos. Fue precisamente una iniciativa en la Legislatura 2000-2004, del Gobierno del Partido Popular. Como decía, los decretos son consecuencia de regulación previa, la compatibilidad de los
usos está definida también por ley. En cuanto al calendario del pacto nacional del agua, antes de que finalice el verano habremos escuchado a todas las comunidades
autónomas, a la vuelta del verano seguiremos el debate de consultas y en función de estas, iremos diseñando las primeras directrices para luego descender más al detalle.
Con respecto a los seguros, quiero destacar que los presupuestos fijan una partida pero no es necesariamente el gasto final en materia de seguros, porque lo que se hace todos los años es definir un plan de seguros y el Gobierno garantiza un
porcentaje de financiación de la prima, en el caso del módulo 1, el 65 %, que es el máximo autorizado por la Unión Europea; si hay más demanda de la estimada, se garantiza a todo el que suscribe los seguros el porcentaje que está establecido en el
plan de seguros, un 65 % en el caso del módulo 1, o un 40 %. Por lo tanto, la cifra final del gasto del ministerio en materia de seguros dependerá de la demanda, y no es el primer año en el cual esa partida se ve incrementada porque, insisto,
nuestro sistema garantiza el porcentaje de subvención que está establecido en el plan de seguros que se aprueba anualmente y que todo agricultor y ganadero conoce a la hora de suscribir su prima.
Creo que con esto he dado respuesta si no a todo, sí a un porcentaje elevado de las cuestiones planteadas. Agradezco también la intervención del Partido Popular de reconocimiento a las muchas medidas que el Gobierno ha puesto en marcha para
paliar, dentro de lo posible, una situación de sequía que, como digo, en nuestro país es recurrente, y que nos tiene que servir para perfeccionar los métodos y la gestión de futuro.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Señoras y señores diputados, antes de pasar al siguiente punto del orden del día, que es la comparecencia de la señora ministra para informar sobre la política de incendios a petición propia, del Gobierno, y de diversos grupos políticos,
vamos a interrumpir la sesión por dos o tres minutos.
- DE LA MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, PARA INFORMAR SOBRE LAS ACTUACIONES DEL GOBIERNO EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS, DURANTE LA CAMPAÑA DE INCENDIOS 2017. A PETICIÓN PROPIA. (Número de
expediente 214/000034).
- DE LA MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, PARA DAR CUENTA DE LA GESTIÓN DE SU MINISTERIO EN EL INCENDIO OCURRIDO, RECIENTEMENTE, EN MOGUER, HUELVA, Y LAS ACTUACIONES QUE TIENE PREVISTO LLEVAR A CABO. A PETICIÓN
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000522).
- DE LA MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, PARA EXPLICAR LAS MEDIDAS QUE DESDE SU MINISTERIO SE HAN LLEVADO A CABO PARA LA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN LA CAMPAÑA 2017. A PETICIÓN DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 213/000536).
- DE LA MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON LOS PLANES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL, LAS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN Y LOS PLANES DE ACTUACIÓN EN
EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN LA CAMPAÑA 2017. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 213/000541).
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, llevamos una hora de retraso, por lo que les ruego que en la medida de sus posibilidades se ciñan a lo establecido en el Reglamento. También he trasladado a la señora ministra los ruegos
que todas sus señorías me han expresado, puesto que todos tenemos que coger trenes para volver a nuestras demarcaciones. Presupongo la buena voluntad de todos; lo que pasa es que hay grupos que hacen muchas preguntas y la ministra quiere contestar
todas, así que mejor si se pueden condensar, porque además algunas son reiterativas. Diversos grupos repiten la misma pregunta.
Señorías, el siguiente punto del orden del día se refiere a la comparecencia de la ministra para dar cuenta de la gestión de su ministerio en el incendio ocurrido recientemente en Moguer, Huelva, y las actuaciones que tiene previsto llevar a
cabo. Este punto del orden del día es singular y se ha aprovechado para incluirlo en esta Comisión. Solamente ha sido solicitado por el Grupo Parlamentario Socialista, por lo
que tendrán la palabra, en primer lugar, la señora ministra y, luego, el Grupo Parlamentario Socialista, que es quien ha solicitado la comparecencia y tendrá un tiempo máximo de diez minutos. La portavoz, doña Rosana Pastor, me ha dicho que
va a compartir el tiempo con otra compañera. Les ruego que eso no sirva para duplicarlo. Si el resto de los grupos quieren intervenir para fijar posición, podrán hacerlo, pero por un tiempo de dos minutos. (La señora De Lara Carbó: ¿Cómo que por
dos minutos?). O por tres, como viene siendo habitual, señora portavoz. Tiene, pues, la palabra la señora ministra. (El señor Palacín Guarné pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: ¿Sí, Gonzalo?
El señor PALACÍN GUARNÉ: Creo que hay más comparecencias genéricas para hablar de los incendios.
El señor PRESIDENTE: Sí, pero son genéricas.
El señor PALACÍN GUARNÉ: Creo que se podrían refundir todas, porque lo de Moguer, hasta donde yo sé, no lo habíamos solicitado así.
El señor PRESIDENTE: Quizá, señoría, cuando hablé con usted no lo cité, pero viene en el orden del día. El punto 5.º del orden del día es una petición formulada por el Grupo Parlamentario Socialista para hablar concretamente sobre el
incendio de Moguer. Ahora bien, si el Grupo Socialista no tiene inconveniente, se puede acumular.
El señor PALACÍN GUARNÉ: Sí, pido a la Presidencia que lo acumule al resto de puntos genéricos y que se haga una única comparecencia para hablar de incendios.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Pues entonces pasamos directamente a ello.
El punto 6 del orden del día se refiere a la comparecencia de la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para explicar las medidas que desde su ministerio se han llevado a cabo para la prevención y extinción de
incendios forestales en la campaña 2017.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (García Tejerina): Muchas gracias, presidente.
Señorías, comparezco a petición propia para informar sobre las actuaciones del Gobierno en materia de prevención y extinción de incendios durante la presente campaña. En primer lugar, quiero recordarles que las competencias de gestión
forestal, particularmente las de prevención y extinción de incendios, corresponden a las comunidades autónomas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 148.1.8.ª de la Constitución Española. Así lo establece también el artículo 8 de la Ley de
Montes, donde se indica que las comunidades autónomas ejercen las competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales y las que en virtud de otros títulos competenciales que inciden en esta ley tienen atribuidas en sus estatutos de
autonomía. Por tanto, la labor del Gobierno, conforme a lo dispuesto en la propia Ley de Montes, consiste en colaborar con las comunidades autónomas prestándoles el apoyo necesario tanto en prevención como en extinción. Para ello, ponemos a su
disposición nuestros medios, pero son ellas, las comunidades autónomas, quienes en cada uno de los incendios solicitan la colaboración que consideran necesaria y deciden qué hacer con los medios, ya que son las que tienen la dirección y el control
del incendio.
Señorías, nuestro país tiene 27 millones de hectáreas de superficie forestal, es decir, el 55 % de su territorio, con 18 millones de hectáreas de superficie arbolada, solo superadas en Europa por Suecia y Finlandia. La superficie arbolada
en España se ha incrementado desde 1990 hasta 2015 en un 33 %. Por ello, las administraciones, los propietarios forestales y también los ciudadanos tenemos una gran responsabilidad y un importante desafío EN la conservación y la gestión de este
patrimonio.
Comenzaré mi exposición relatándoles el esfuerzo que el Gobierno realiza en materia de extinción de incendios, si bien, como luego detallaré, no es en absoluto la única política forestal que desarrolla el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente. Sin ninguna duda, España constituye un referente a nivel internacional en el ámbito de la lucha contra los incendios forestales. Nuestro país, como los demás países mediterráneos -ya lo estamos viendo de manera
especial estos días-, tiene que enfrentarse cada año a los incendios forestales. Creo que lo hace con enorme solvencia, y esto es así
porque año tras año nos preparamos. En los últimos años hemos redoblado nuestros esfuerzos con más medios y presupuesto y con mayor esfuerzo en coordinación. Como ya he indicado anteriormente, las comunidades autónomas son las competentes
en la extinción de incendios en nuestro país. No obstante, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente tiene como responsabilidad el apoyo a los dispositivos de extinción de las comunidades autónomas en su labor, en especial
cuando nos encontramos ante incendios de grandes dimensiones que requieren un importante despliegue de medios. Para ello, el ministerio destina este año 85 millones de euros al dispositivo de extinción, presupuesto en el que no está incluido,
obviamente, el coste del personal funcionario y de los medios y dependencias de nuestro ministerio. Esto significa casi un 20 % más del presupuesto que había en el año 2011. Para esta labor, el ministerio dispone de un centro de operaciones desde
el que se gestiona todo el operativo de medios de extinción. El centro cuenta con las últimas tecnologías, que aportan toda la información relevante, la información del seguimiento de todos los medios aéreos de extinción de España, la información
meteorológica relevante para los incendios y la información suministrada en tiempo real de los incendios a través de las aeronaves de coordinación. Este centro es el que, previa petición de las autoridades de las comunidades autónomas o de otros
países en algún caso -lo que ha ocurrido este año en Portugal-, envía los medios del ministerio a los diferentes incendios. Los criterios que se aplican para ello son exclusivamente técnicos y de solidaridad interregional, con el fin último de
atender de la forma más rápida y eficiente los incendios forestales que puedan estar produciéndose y requiriendo ayuda de manera simultánea. Para la presente campaña 2017 el ministerio dispone de un total de 70 medios aéreos, que suponen casi el 45
% del total de la capacidad de descarga a nivel nacional y son el 26 % de los medios aéreos. El detalle es el siguiente: 18 aviones anfibios, con 5500 litros de capacidad de descarga de agua; 8 helicópteros bombarderos, 4500 litros; 10 aviones
de carga en tierra, 3100 litros; 6 aviones anfibios, 3100 litros; 19 helicópteros de transporte y extinción; 4 aviones de coordinación y observación; 4 drones de vigilancia nocturna y un helicóptero de coordinación y observación. Las
principales novedades en esta campaña son el incremento de 2 aviones de coordinación y observación, sumando un total de 4, de forma que se refuerza la importante función de coordinación aérea desde este ministerio. Asimismo, se han utilizado por
primera vez en España 4 RPAS, es decir, Remotely Piloted Aircraft System -drones-, para su utilización durante el arco nocturno para tareas de vigilancia y seguimiento. Todos los medios que el ministerio pone a disposición del mecanismo de las
comunidades autónomas tienen operatividad y área de actuación a nivel nacional, independientemente de donde se encuentren ubicados. El dispositivo humano total del ministerio se acerca a las 1000 personas, entre técnicos, pilotos y mecánicos de las
aeronaves, personal de las brigadas forestales, trabajadores del ministerio y demás apoyo. En este punto quiero destacar la magnífica colaboración que nos presta el 43 Grupo del Ejército del Aire, cuyos excelentes profesionales mantienen y pilotan
nuestros aviones. El centro de coordinación cuenta con 6 técnicos de guardia responsables de la gestión de los medios de extinción. A estos técnicos se suma un total de 19 personas más para el desempeño de las diferentes funciones que se realizan
en esta central. Este equipo está disponible veinticuatro horas al día, mediante turnos, desde junio hasta finales de octubre.
Para el trabajo sobre el terreno el ministerio dispone de las denominadas brigadas de refuerzo en incendios forestales. Este dispositivo se compone de un total de 545 trabajadores, entre técnicos, capataces, especialistas y preparadores
físicos. El dispositivo BRIF es la fuerza de extinción terrestre que aporta el ministerio en su ayuda a las comunidades autónomas para la lucha contra los incendios y desempeña su trabajo en los lugares de los siniestros también bajo la dirección
de los responsables de la extinción de las comunidades autónomas y apoyando y cooperando con el personal de éstas. Las BRIF se ubican en diez bases en distintos puntos de España y son medios de cobertura nacional, como el resto de los medios del
ministerio, por lo que pueden actuar en cualquier punto de nuestro territorio, independientemente de donde se ubiquen sus bases. Quiero resaltar el importante esfuerzo que ha venido realizando este Gobierno en la mejora constante de las condiciones
laborales de las BRIF. Año a año se ha ido ampliando la duración de los trabajos de prevención hasta los once meses y medio actuales. Para estabilizar esta cifra fue fundamental el acuerdo firmado a principios del año 2013 por el entonces ministro
de Agricultura, Miguel Arias, en el que se fijaban las líneas básicas de trabajo de este colectivo: duración, permanencia en tiempo y segunda actividad entre otras. Los trabajadores de las BRIF tienen ahora un empleo de once meses y medio anuales,
importantes mejoras en su equipamiento personal y materiales de trabajo, un preparador físico en cada base y un horizonte de estabilidad que les otorga el
carácter plurianual de las encomiendas a su empresa. Otra actuación que vamos a comenzar este mismo año es la reforma y construcción de nuevas bases para las BRIF a lo largo de un plan para cinco años.
Contamos también con unidades móviles de análisis y planificación, que desempeñan tareas específicas de análisis y planificación sobre el terreno en apoyo al trabajo del responsable de la comunidad autónoma en el lugar del siniestro. Estas
unidades móviles disponen de tecnología punta para la comunicación directa y recepción de la información en tiempo real desde los aviones de coordinación y los drones. También hemos incorporado este año un sistema informático de coordinación creado
por el ministerio, el sistema Hermes, para mejorar la gestión de los medios a nivel global. Permite tener localizados y a la vista todos los medios aéreos de extinción que trabajan en el mismo momento, tanto los propios como los de las comunidades
autónomas. En este punto debo resaltar que precisamente la coordinación y la colaboración -que, por otra parte, nunca han faltado- entre todas las autoridades competentes son la garantía del éxito ante siniestros de cierta magnitud.
Este Gobierno apuesta y trabaja por mejorar el sector forestal; prueba de ello son las importantes iniciativas lanzadas en los últimos años. En primer lugar, hemos trabajado poniendo importantes recursos económicos a disposición de las
comunidades autónomas responsables de estas materias. Este Gobierno negoció en Europa para conseguir unos presupuestos importantes destinados a la política de desarrollo rural para el periodo 2014-2020. En un contexto de menor disponibilidad de
fondos comunitarios, logramos para España 8300 millones de euros de fondos europeos para esta política, que unidos a la financiación que aportamos tanto las comunidades autónomas como el ministerio totalizan 12 400 millones de euros de gasto público
para el desarrollo rural. En los programas de desarrollo rural autonómicos hay 2000 millones de euros destinados a medidas forestales, en especial las que tienen que ver con prevención de incendios y con la gestión forestal, con una importante
aportación del ministerio. En el actual periodo de programación de desarrollo rural se destina un 14 % más de fondos a las medidas forestales de lo que se destinaba en el periodo 2007-2013. Ello es así porque hemos trabajado intensamente en
propiciar acuerdos con las comunidades autónomas para mejorar la dotación de estas medidas en todos los PDR. Además, el Programa Nacional de Desarrollo Rural contiene medidas de prevención de incendios por valor de más de 67 millones de euros, y
hemos impulsado una importante política forestal en coordinación con las comunidades autónomas, en primer lugar, con la promulgación de la Ley 21/2015, que modifica la Ley de Montes, para facilitar la gestión de los mismos. Un monte gestionado es
un monte que está cuidado, lo que aporta riqueza al medio rural, pero además un monte cuidado es un monte en el que es más difícil que se produzcan incendios forestales. Esta modificación de la Ley de Montes clarifica y consolida conceptos básicos
para la gestión forestal, como definiciones y clasificación de los montes y métodos de protección y de ordenación forestal. Me refiero en particular a la figura de los montes protectores, que supone la definición de una nueva categoría de montes,
cuya protección es análoga a la de los montes de utilidad pública, y a los denominados montes de socios, de vecinos o del común, para cuya gestión, muy compleja al tratarse de numerosos propietarios, se han establecido en la ley las juntas gestoras.
En 2014 aprobamos en conferencia sectorial el Plan de Activación Socioeconómica del Sector Forestal. Se trata de un plan dirigido a la coordinación de actuaciones en el medio forestal español en el que se identificaron ochenta y cinco
medidas concretas, de las cuales se han considerado prioritarias aquellas que dentro de la programación Feader contribuyen a preservar el medio ambiente y a prevenir y mitigar el cambio climático. Estas medidas se agrupan en dos grandes ámbitos de
actuación: medidas para mejorar la movilización y utilización de todos los aprovechamientos forestales mediante el asociacionismo, la mecanización, la diversificación, la comercialización y la innovación y medidas destinadas a mejorar la formación
y la cualificación de los trabajadores favoreciendo la capacitación profesional, lo que contribuirá a la mejora de la productividad y, por tanto, de la competitividad de las empresas del sector.
Por otro lado, hemos acometido la reforma del Código Penal en la X Legislatura, endureciendo la legislación que penaliza las conductas delictivas en relación con el fuego. Se prevén supuestos agravados con una pena de prisión de tres a seis
años y multas de dieciocho a veinticuatro meses cuando el incendio alcance especial gravedad, en casos especialmente lesivos para el medio ambiente o que sean generadores de un peligro elevado. Además, y debido a la complejidad técnica de estos
siniestros, la instrucción y el enjuiciamiento de los incendios forestales se encomienda a tribunales profesionales.
En esta legislatura completaremos las actuaciones realizadas mediante la puesta en marcha de un plan de actuación forestal negociado con el sector en su conjunto a través de la plataforma Juntos por los
Bosques. Cuatro son los objetivos esenciales de este plan: incentivar la gestión forestal a nivel nacional, consolidando la producción de bienes y mejorando los servicios ambientales fundamentales que los montes generan; consolidar la
gestión forestal como una actividad económica básica en el medio rural que se integra perfectamente en la estrategia nacional de bioeconomía que está elaborando el Gobierno; muy importantes serán las medidas relacionadas con la mejora de la
estructura de las explotaciones forestales; y por último, como objetivo transversal, pero con toda seguridad básico y fundamental en el desarrollo del sector forestal, se pretende potenciar el papel protagonista de nuestros montes como sumideros de
CO2 y lograr una mejor adaptación de estos ecosistemas a los nuevos escenarios climáticos. El plan, cuya elaboración se está completando en estos momentos, incluye medidas de muy diversa índole. Entre las mismas se encuentran medidas de carácter
jurídico, como el desarrollo de la Ley de Montes mediante el correspondiente reglamento, o acometer procesos de simplificación y armonización legislativa que faciliten la gestión forestal. Incluirá también medidas para avanzar en la integración de
la gestión forestal, en la planificación hidrológica y en la gestión del agua. Los bosques constituyen una infraestructura verde imprescindible en la política hidrológica. Contempla también acciones en el ámbito de la comunicación y la información
sobre la importancia de los montes y las externalidades que aportan. Incluye actuaciones para continuar mejorando nuestros mecanismos y dispositivos de defensa de los montes frente a los incendios forestales. En particular, el plan incorpora
nuevas actuaciones en materia de prevención de incendios forestales, entre ellas, una estrategia nacional de prevención de incendios forestales que aborde de manera integral y coordinada las actuaciones que realizan todas las administraciones.
También se impulsarán los proyectos innovadores en materia de prevención y lucha contra los incendios forestales a través de la medida de cooperación y los grupos operativos del Programa Nacional de Desarrollo Rural. Esta medida precisamente va a
ser reforzada a partir del año 2018 en el Programa Nacional de Desarrollo Rural hasta llegar a los 57 millones de euros en el periodo de programación 2014-2020. En la primera convocatoria de grupos operativos, que ya se ha realizado este año, la
respuesta del sector forestal ha sido muy positiva, por lo que se va a lanzar de manera inmediata otra convocatoria con más presupuesto, así como la primera de ayudas para los proyectos innovadores. Desarrollaremos un sistema estadístico que
permita relacionar la caracterización y evolución de los incendios forestales con las actividades de prevención realizadas en todo el territorio y, de manera general, se incluirán los montes y la gestión de los mismos dentro de las actividades y
objetivos que persigue la futura ley de cambio climático y transición energética. Los montes también tendrán un papel relevante en la estrategia sobre agricultura, clima y medio ambiente, en la que ya estamos trabajando, que pretende alinear
nuestros objetivos de política agraria y forestal con el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales en materia de clima y medio ambiente.
Señorías, las peculiares condiciones climáticas y orográficas de España hacen que los grandes incendios forestales constituyan un grave problema medioambiental en nuestro país. En consecuencia, la aplicación de medidas de restauración
forestal sobre las zonas más afectadas es prioritaria. La ejecución de dichas medidas es competencia de las comunidades autónomas afectadas, pero en los casos de grandes y graves incendios el ministerio acude en apoyo de las administraciones
regionales, en particular en las actuaciones que hay que acometer de manera inmediata cuando el fuego se extingue. Así, se vienen efectuando importantes inversiones en actuaciones hidrológico-forestales de emergencia en zonas quemadas especialmente
sensibles. Por citar algunos ejemplos de restauraciones realizadas en 2016, el ministerio actuó en seis provincias en grandes incendios, como el de Los Tojos, en Cantabria; el de Parres, en Asturias; el de La Palma, en las islas Canarias; el de
Fabero, en León; el de Cualedro, en Orense; y el de Olite, en Navarra. Estas actuaciones totalizaron una inversión superior a los 3 millones de euros. En lo que va de 2017 se han iniciado o completado actuaciones importantes, como las
correspondientes a los grandes incendios de la Comunidad Valenciana del año pasado en Carcaixent -Valencia-, en Jávea -Alicante-, o Artana -Castellón-, así como en los de Ponferrada -León- y Grandas de Salime y Allande -Asturias- el mismo año.
Hasta la fecha estas actuaciones suponen una inversión superior al millón de euros.
Antes de finalizar, voy a dar cuenta de la gestión del ministerio en el incendio ocurrido en Moguer, Huelva, entre los días 24 y 27 de junio de 2017. Desgraciadamente, en el ecosistema mediterráneo, convivir con los incendios forestales es
algo inevitable, porque la evolución del incendio está condicionada, como fue el caso especial del incendio de Moguer, por unas condiciones meteorológicas extremas, en particular en lo referente al viento. Efectivamente las condiciones
meteorológicas que concurrieron fueron especiales, vientos muy fuertes con cambios constantes de dirección que hicieron que el incendio tuviera
una virulencia fuera de cualquier previsión, a pesar de ser un monte ordenado, un monte con poca densidad de arbolado, con árboles altos, con sotobosque de poca altura, un terreno llano y de tener una buena red de caminos y cortafuegos en
buen estado. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente respondió de manera inmediata a todas las peticiones de medios que realizó la autoridad competente, la Junta de Andalucía. Se enviaron 12 medios aéreos, 9 anfibios
-que, como he dicho antes son los de máxima capacidad de descarga- y 3 helicópteros bombarderos, de los que hasta 9 trabajaron simultáneamente en algunos momentos de las labores de extinción. Afortunadamente el envío de este gran dispositivo fue
posible por el hecho de que no había 255 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, la UME, con 73 vehículos. La colaboración con la Junta de Andalucía fue rápida y sin reservas, como es habitual por otra parte con todas las comunidades
autónomas.
Señorías, la evolución del incendio es imprevisible ya que depende en gran medida de las condiciones meteorológicas, temperatura, humedad y viento, y tiene consecuencias irreparables sobre todo cuando se pierden vidas humanas. Resulta muy
significativo saber que más del 95 % de los incendios forestales en nuestro país se produce por la acción humana, bien por negligencias, bien intencionadamente. Por eso todos debemos llamar a la colaboración y a la concienciación de los ciudadanos
para extremar las precauciones, todos debemos condenar las conductas de quienes ponen en riesgo vidas y bienes y causan daños muy difíciles de reparar en nuestros montes y en el medio ambiente. Y todos debemos colaborar con las autoridades frente a
incendiarios e irresponsables.
Gracias, presidente. Quedo, señorías, a su disposición para las cuestiones que quieran plantear.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Tiene ahora la palabra por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, que ha solicitado la comparecencia, don Toni Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.
Me temo que me voy a repetir porque este es un tema del que solemos hablar a menudo -usted y yo ya hemos hablado sobre este tema, señora ministra-, pero tenemos que seguir manifestando nuestra preocupación por que existe una desproporción
-y, de hecho, ha existido hasta en su discurso- demasiado grande entre la cultura de la prevención y la cultura de la extinción. Seguimos creyendo que se puede hacer mucho más desde su ministerio y por supuesto también desde muchas otras
administraciones públicas en todo lo que tiene que ver con la prevención de incendios. Es muy manida la frase, pero no está mal repetirla, que dice que los incendios se apagan en invierno y por lo tanto se apagan previéndolos y con otro tipo de
trabajo, pero a mí me parece que está bien recordar en varios ítems cuál es ese trabajo que nosotros echamos de menos en la prevención, qué se puede hacer más en la extinción y recordar rápidamente una iniciativa nuestra que se presentó aquí a
principios de año, que parece que no ha llegado a buen puerto, a pesar de que fue una PNL aprobada, y que nos gustaría recordársela para pedirle que pongan desde su ministerio un poquito más de atención a todo este problema. Repito: prevención
invierno, evitar la sangría de la gente que cada vez abandona más el mundo rural, más aún en el mundo forestal. Es un capítulo fundamental, hay que hacer un esfuerzo para que se pueda llevar a cabo más actividad forestal que mantenga fija a esa
población en el mundo rural. Debemos considerar de manera más clara, más útil, al sector forestal como un económico importante. Debemos mantener ese aparato productivo de madera y de fomento de la biomasa. Hay que fomentar el cooperativismo
forestal. Es urgente para nosotros crear ese censo de parcelas forestales, ya que muchas de esas parcelas forestales que hoy provocan incendios han sido abandonadas por los propietarios, caen en el desinterés por parte de los herederos. Hay muchas
de esas hectáreas que no están en el censo real y nos parece importante actualizarlo. Debemos fomentar desde la Administración para que ya sean montes vecinales, patrimonio privado o parques nacionales, se facilite desbroce, limpieza, retirada de
la materia seca, de árboles secos, viejos, caídos y que todo eso se utilice para la producción de biomasa. Debemos incentivar el aprovechamiento de la madera en las múltiples cualidades que tiene, no solamente en construcción de muebles, envases,
biomasa, etcétera, sino también en construcción, como se está haciendo cada vez más en muchos otros países con muy buenos resultados. Debemos fomentar el turismo rural así como la pesca fluvial; es importante recordar que es en las cabeceras de
ríos donde las aguas están menos contaminadas gracias al sector forestal. Debemos insistir en que hay que hacer un trabajo importante, en aquellos que dependen de ustedes -de las administraciones públicas-, de cortafuegos que no están bien
repasados, bien limpios. Debemos vigilar también aquellos que dependen
por ejemplo de las empresas eléctricas, que no hacen una labor como se debe -he asistido y lo he visto en persona- de limpieza de esos cortafuegos que están obligados a mantener.
Me parece importante recordar -ahora lo diré en la PNL- la importancia de la agricultura y de la ganadería de montaña. De eso hablaba nuestra PNL en todo lo que tiene que ver con la prevención. He recorrido superficies demasiado grandes de
incendios en las que clarísimamente se veía cómo el incendio paraba allí donde comenzaba la vid o el campo de almendros, y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Es cierto -tiene usted razón- que ha crecido la superficie de arbolado, pero no
nos echemos demasiadas flores porque muchas veces ese crecimiento tiene que ver más con el abandono de lo rural que con una política activa, útil y eficiente de creación de más bosques que, entre otras cosas, servirían de sumidero -como usted ha
recordado bien- de CO2.
Con esto y con el recuerdo que haré ahora de la PNL, hablaríamos un poquito más de la prevención. Queda muy bien y muy moderno hablar de drones pero, a veces, más útil que un dron es un cabrero. En inglés no queda tan guay -o a lo mejor
sí- pero a veces las cabras sueltas en nuestros bosques, apoyar esa ganadería de montaña, no es tan moderno y no queda tan bien en la foto -yo creo que sí- pero puede ser muchísimo más útil que un dron. Un dron también es útil y lo voy a recordar,
porque creemos que en la labor de prevención y de detección de fuegos pueden ser muy importantes esa y otras tecnologías.
Evitar, incluso prohibir de hecho -ya estoy hablando de la extinción-, aunque esté prohibida de derecho, la quema de rastrojos en determinados lugares y en determinadas fechas. Nos parece que hay que hacer más al respecto.
Evitar las fiestas -vuelvo a hablar de prevención- o los fuegos artificiales, que pueden provocar -y de hecho así ha sido en mi Comunidad Valenciana, por culpa de un alcalde absolutamente incompetente- absolutos dramas. Por tanto, ya lo he
dicho, hay que mantener limpio el monte, el mundo rural, de cascos rotos, de latas. En definitiva, insisto en la limpieza porque son muchos los incendios que se provocan por este problema, hay que promover la recogida incentivada de todos estos
restos. Hay que fortalecer la Guardería Forestal. Cada vez hay menos personal, esto es lo cierto, ministra. Salvo alguna excepción en alguna comunidad autónoma, la Guardería Forestal va disminuyendo y parece que no hay marcha atrás.
Ahora sí, en cuanto extinción hay que mejorar la rapidez. Probablemente no podemos evitar este número de incendios pero no puede ser que se vean afectadas tantas hectáreas. Si un incendio llega a afectar tantas hectáreas como por ejemplo
el último gran drama que hemos vivido en Doñana es que algo estamos haciendo mal desde todas las administraciones. Por mucho que me repita usted. Estoy de acuerdo con usted en que estaba el triple 30, etcétera y que las condiciones eran
dramáticas. Probablemente si hubiéramos puesto más atención en cuáles son los orígenes de ese fuego, cuál es la limpieza de esas zonas, qué actividades humanas hemos permitido o no, cómo estaba preparada la recogida de agua para apagar ese
incendio, dónde estaban los cortafuegos... A lo mejor tenemos que empezar a acostumbrarnos a ver muchos más cortafuegos a nuestro alrededor, aunque le pueda molestar a alguien a la vista. Es evidente que no podemos evitar que existan los incendios
pero también es evidente que cuando afectan a tal número de hectáreas algo estamos haciendo mal o -perdónenos- algo podemos hacer mejor. A lo mejor es que nosotros somos un poquito más exigentes que su ministerio. Hay que reforzar la vigilancia,
aumentar las plantillas, sobre todo en esos períodos de máximo riesgo. Sí, estamos de acuerdo en la utilización y fomento de los drones, que pueden ayudar en la vigilancia para que lleguemos más rápido al inicio dramático, porque llega un momento a
partir del cual ya es muy complicado manejar un gran incendio. Es fundamental tener una buena dotación de medios localizados de forma estratégica.
Para terminar, recuerdo que esa propuesta nuestra de ganadería y agricultura de montaña fue aprobada aquí pero no hemos visto que haya servido de mucho. Es algo que sucede habitualmente con las proposiciones no de ley, uno se va de aquí muy
contento y luego espera ese plazo máximo de seis meses y no sucede nada. Pero pedíamos esa actividad de ganadería y agricultura de monte, de aprovechamiento de biomasa. Queríamos coordinación entre comunidades autónomas y federación de municipios
para ayudar a esa agricultura y ganadería de montaña. Pedíamos medidas oportunas para promocionar y facilitar la utilización de generadores de electricidad y calor en esas zonas rurales basados en la biomasa, no solo como incentivos al desbroce,
sino también como lo que son, una herramienta de captación de CO2. Queríamos promover más campañas de desbroce y limpieza de montes. Queríamos facilitar la transformación de los productos agrícolas, forestales y ganaderos en esas mismas zonas de
montaña, no tener que viajar muy lejos, facilitando el acceso a las ayudas del Programa Líder, y pedíamos
proceder a la construcción, en el plazo máximo de tres meses, del Consejo Forestal Nacional, órgano consultivo en materia de montes y política forestal.
Repito, es un tema que nos preocupa mucho, ministra. Sabemos que hemos de sentirnos orgullosos de ser españoles y de pertenecer a un país que es líder en lo que es superficie forestal. Estamos haciendo muchas cosas bien, pero es evidente
que, de la misma forma que decíamos antes en cuanto a la sequía que nos encontramos ya con un problema estructural, en esto pasa lo mismo, y cuando se lleva tanto tiempo con un problema estructural creo que hay que mirarse el ombligo y ver que si es
estructural algo estaremos haciendo mal para que se sigan repitiendo los dramas, porque este año estamos ya en una superficie muy importante y muy dramática afectada por los incendios, y debemos mirarnos a nosotros mismos y ser conscientes de que
hace falta una mejora.
Hemos presentado varios temas que nos gustaría que usted nos comentara y nos ponemos a su disposición para ayudar en todo lo que haga falta al ministerio.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Antonio Cantó.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra doña Rosana Pastor.
La señora PASTOR MUÑOZ: Moltes gràcies, señor presidente.
Señora ministra, muchas gracias por comparecer en esta Comisión extraordinaria convocada a petición de los Grupos Socialista, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos, Esquerra Republicana y Compromís.
Desde el Grupo Confederal no queríamos dejar pasar más tiempo sin escuchar cuáles son sus previsiones y los planes que este ministerio tiene para hacer frente a la campaña de incendios. Usted ha hablado de competencias. Yo creo que puedo
preguntarle, porque está dentro de sus competencias, por la estrategia forestal española, el Plan forestal español y el desarrollo de la Ley 45/2007, de Desarrollo Rural, y el abandono rural es una de las principales causas de la aparición de los
grandes incendios. Están también dentro de sus competencias la política agraria y los tratados bilaterales, que están abocando a la agricultura tradicional al abandono, favoreciendo la agricultura industrial y el deterioro de las zonas de montaña y
de la ganadería extensiva. También creo que está dentro de sus competencias la responsabilidad en política sobre cambio climático. No las voy a enumerar todas porque consumiría todo mi tiempo. Me centro en lo que me interesa.
Los incendios forestales son el síntoma de una enfermedad que arrastra desde hace décadas el medio rural y los montes. El cambio climático y las graves carencias en las políticas forestales y el desarrollo rural nos condenan a sufrir
incendios cada vez más grandes y destructivos. Estos incendios forestales están adquiriendo una complejidad de extinción en aumento, y eso está motivado por varios factores. Me centraré solo en alguno de ellos. Si bien es cierto que se ha
invertido mucho esfuerzo en los dispositivos de extinción y que estos medios de extinción son cada vez más grandes y han conseguido algunas mejoras, como que algunos incendios se consiga paralizarlos en la fase de conato -lo cual parece indicar que
ese plan de extinción es adecuado-, no olvidemos que es adecuado a cierto tipo de incendios, siempre que sean atacados en su fase inicial y siempre que hablemos de pequeños incendios. Sin embargo, el abandono del monte y las masas forestales en
España es evidente. Prácticamente es nula la gestión política de ordenación y gestión forestal, con una desinversión aguda en la última década que tiene una consecuencia muy directa sobre el estado de las masas forestales y la gestión del
territorio. El aprovechamiento de la biomasa forestal ha sufrido un fuerte descenso, acumulándose esta biomasa en el monte, eso es, combustible. Se ha producido un descenso en las actividades agrosilvopastorales, lo que ha puesto a merced de la
colonización del monte muchos espacios que antes no estaban ocupados por vegetación forestal. Solo un 12,2 % de la superficie forestal se encuentra sujeto a un proyecto de ordenación forestal o a un plan técnico de gestión.
El V Informe de evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático pronostica un nuevo empeoramiento del actual régimen de incendios forestales. Nos preguntamos cuáles son las acciones para luchar contra el cambio climático. La
cantidad de incendios forestales no para de crecer, actualmente cerca de 12.500 incendios por año y lo que es más grave, lo que más nos preocupa, es que estos incendios se han convertido en grandes incendios forestales. Crece el número de los
grandes incendios, que alcanzan a 19 por año; crece el tamaño de los grandes incendios en un 25 %, pasando de 1440 a
1800 hectáreas por incendio. Su impacto crece también en el total de la superficie arrasada, que ha pasado de representar el 27 % en el año 2007 al 50 % en año 2016.
Al Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea le preocupa el hecho de que la política de prevención y extinción de incendios no se adecua hoy a la realidad y a los modelos de incendios forestales que se están generando y que
están causando mayor devastación. Es aceptado por el conjunto de los actores implicados que la actual política de erradicación de fuego basada en el sistema de extinción de incendios está obsoleta. Es ineficaz para combatir por un lado los grandes
incendios forestales, por otro lado los nuevos tipos de incendios convectivos de cuarta y quinta generación, y por último no aborda un problema fundamental, que es lo que conocemos como la interfaz urbano forestal. Sin extenderme mucho, en lo que
afecta a los grandes incendios forestales la mayor parte de ellos se produce en espacios artificiales o degradados, derivados de repoblaciones y de cultivos forestales y del abandono. Los montes que resultan menos afectados son los bosques
autóctonos o bosques naturales. El 61 % de los incendios afecta a zonas de pino, distintos tipos de pino -carrasco, piñonero y albar-, y solo el 10 % afecta a zonas forestales de frondosas o de quercíneas -encinas, robles o alcornoques-.
Los grandes incendios, los incendios convectivos y de última generación son incendios en los cuales los elementos de propagación son internos, no son externos, es decir, no necesitan el viento fuerte ni factores externos para avivar su
propagación, sino que las condiciones internas los sustentan. Estos incendios, cuando pasan de un tamaño determinado, son considerados por los expertos como grandes incendios fuera de la capacidad de control, no importa con qué medios contemos para
extinguirlos. El conocimiento de cada una de las fases de estos incendios, que tienen cuatro fases, es primordial para la seguridad de las personas que trabajan en los medios de extinción y para su propagación y la continuidad del combustible que
está ardiendo.
En último lugar, la interfaz urbano forestal. Podemos hacer todos los cortafuegos que queramos, podemos intervenir los montes, pero lo que es importantísimo y no se está abordando es que cada vez más existe, ante el caótico y salvaje
paisaje que se ha creado de gran urbanismo desaforado, una frontera entre lo urbano y lo forestal que no estamos contemplando, una frontera que no tiene perímetros, una frontera que hace que lo que es urbano y lo que es forestal se difumine,
afectando a los bienes, a los montes y, lo que es más grave, a la vida de las personas. Entendemos que las zonas de contacto entre lo urbano y lo forestal deben ser declaradas, con un tipo específico, zonas de alto riesgo de incendios, riesgo, como
ya he dicho, para bienes, vidas humanas y para el monte. Desde nuestro Grupo Confederal creemos que es necesaria una legislación específica y coordinada que englobe los tres aspectos: forestal, urbanístico y de protección civil.
Luego hay un tema muy importante al que usted ha hecho alusión y que no queríamos pasar -aprovecho para saludar a los representantes de Comisiones Obreras, UGT, el CSIF, la Plataforma Estatal de Asociaciones y Sindicatos de Bomberos
Forestales y la Asociación de Trabajadores BRIF-, que es de su competencia, que es la gestión de las brigadas de refuerzo contra incendios. Estas brigadas, si bien dependen de su ministerio, están sujetas a una encomienda y gestionadas por Tragsa.
La situación de estos trabajadores es absolutamente precaria. Consideramos que el ministerio, que es el máximo responsable de estos brigadistas, debería poner mucha atención en cuál es la situación laboral de estos trabajadores, así como a la
compensación por descansos, pluses de peligrosidad y otras. Usted ha dicho que cuando no superan las pruebas físicas se les ofrece una segunda actividad; eso se prometió, pero no se está cumpliendo.
Para finalizar, paso a hacerle las preguntas. Respecto a la problemática de incendios, que no está adecuándose a la situación actual, queremos preguntar si ha elaborado o está elaborando el Mapama un análisis actualizado de todos los medios
con alguna mesa de expertos, para analizar y trabajar sobre los nuevos modelos de incendios forestales. No podemos seguir con la política de los anteriores incendios, tenemos nuevos incendios forestales. ¿Está el ministerio trabajando en nuevos
protocolos de actuación para prevenir y extinguir estos nuevos incendios? Siendo conscientes de que este tipo de incendios forestales afectan a esa interfaz urbano-forestal, queremos saber qué se está haciendo desde este ministerio para avanzar en
la inclusión de esta denominada interfaz en los planes de prevención y extinción de incendios.
El señor PRESIDENTE: Doña Rosana, tiene que dejar el tiempo que me ha pedido usted de un minuto para su compañera.
La señora PASTOR MUÑOZ: Acabo enseguida.
Queremos saber, respecto a las condiciones de los trabajadores de la BRIF, el modelo de contratación de este servicio por pliego de prescripciones técnicas a favor de Tragsa; queremos saber cuál es el presupuesto; queremos saber si han
estudiado otro tipo de encomiendas que supongan un mejor servicio, tanto en condiciones laborales como en tareas desempeñadas. Querría saber también si existe una comparativa entre lo que se gasta para prevenir y lo que estamos gastando en
extinción y si considera usted que este ministerio puede abordar el gravísimo asunto del no reconocimiento actual de la categoría de bombero forestal, regulando un estatuto básico que equipare las condiciones de los bomberos forestales en igualdad
de condiciones en todo el Estado.
Paso la palabra a mi compañera.
El señor PRESIDENTE: Espere, quien pasa la palabra es esta Presidencia y le recuerdo que ha consumido totalmente su tiempo.
Señora Franco, tiene un minuto, añadido al tiempo que ha consumido su compañera en su totalidad.
La señora FRANCO CARMONA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, hace un mes y tres días que comenzó el incendio de Doñana, del parque natural y de su entorno, que ha afectado a un total de 10 400 hectáreas. Hoy mi grupo, y yo como diputada por Huelva, le queríamos pedir una actuación
real y eficiente; en concreto, la declaración del área como zona catastrófica y la redacción de un real decreto de medidas urgentes para ayudar a la zona. Estamos hablando de salvar Doñana; Doñana es un lugar especial, es ecosistema, es fauna, es
flora pero también es su gente. Hoy les pedimos que cumplan con su deber de gobernar para la gente. Ustedes nos tienen acostumbrados a que gobiernan, sobre todo, para los suyos -y ayer lo vimos con las declaraciones de Rajoy ante la Audiencia
Nacional, algo bochornoso, y voy terminando ya- y usted misma con Fertiberia que tantos daños está causando con los fosfoyesos en Huelva.
Hoy les pedimos que gobiernen para las familias que pasaban sus vacaciones en este camping emblemático; además es un camping sencillo, lo que permite que muchas familias humildes puedan tener vacaciones. Le estamos pidiendo ayuda -y con
esto termino ya, de verdad- para las cuatrocientas caravanas, para los más de ciento diez módulos, para las tiendas y para las casas de la zona de Moguer y Lepe que se han incendiado. Hoy, aquí y ahora les estamos pidiendo un compromiso firme,
porque sabemos que el verano es proclive a los olvidos y lo que nos pide la gente de allí es que, por favor, no les olvidemos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, doña Isabel Franco.
Tiene la palabra don Gonzalo Palacín.
El señor PALACÍN GUARNÉ: Gracias, señor presidente.
Quiero agradecer la presencia de la ministra y de todas sus señorías porque entiendo que las fechas son complicadas pero, dada la importancia y gravedad de la situación -como ha dicho antes la compañera de Podemos-cuatro grupo solicitamos
conjuntamente la celebración de esta comparecencia porque no queríamos dejar pasar la época más dura del año para los incendios como es el verano.
Estamos ante el segundo peor año de la década en cuanto a número de incendios forestales y superficie forestal afectada se refiere, solo superada por el nefasto año 2012, y en el que los grandes incendios forestales están teniendo una
importancia cada vez más creciente, como vemos en nuestro país y en los países vecinos como Francia y Portugal. En España hemos sufrido los incendios de Moguer, de El Bierzo, de Gátova, entre otros, y yo no tengo nada en contra de que la ministra
represente a nuestro país en eventos deportivos internacionales, pero creo que siendo la ministra de Medio Ambiente también sería interesante que visitara las zonas afectadas por estos grandes incendios forestales. Aquí sí que le quería preguntar
si se están realizando ya los trabajos para analizar el impacto de estos incendios y si se van a llevar a cabo medidas de regeneración en las áreas afectadas por estos grandes incendios. También queríamos conocer la aportación económica que ha
dedicado su ministerio desde el año 2012 para actuaciones de regeneración en estas zonas afectadas, por ejemplo en el de la sierra de Gata de 2015.
Hay que tener en cuenta que el cambio climático y las condiciones favorecen que se produzcan cada vez más estos grandes incendios. Ya ha comentado usted el crecimiento de la masa forestal, al que hay que añadir el abandono de explotaciones
ganaderas y de tierras; estos fenómenos se están dando sobre todo en las zonas más vulnerables. Atendiendo a los Presupuestos Generales de 2017, parece que desde
su ministerio se están relajando las medidas que nosotros consideramos que son importantes para la prevención. Han secado el presupuesto de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, una ley que sí que es verdad que ya nos han dicho
que no funciona o que no comparten, pero tiempo han tenido para poder modificarla porque dejarla a cero yo creo que no es ninguna medida positiva.
En cuanto al cambio climático, es una realidad que lleva aparejado un incremento del riesgo de incendios y más en nuestro país que va a ser, si no el más, uno de los más afectados dentro de la Unión Europea. Se reducen en un 45 % los
presupuestos de estas áreas en el presupuesto de este año 2017. Sí que es verdad -y me dirá- que se trata transversalmente desde todos los ministerios, pero ya se podría haber tratado transversalmente el año pasado; no entendemos tampoco esta
baja. Si cogemos los porcentajes de ejecución del presupuesto del año 2016, los cuatro programas con menos porcentaje de ejecución son: desarrollo del medio rural que, aunque los presupuestos este año nos anuncien una subida, siempre está por
debajo la ejecución de lo presupuestado; protección y mejora del medio natural, un 70 % de ejecución; actuaciones para la prevención del cambio climático, un 62 % y el programa de desarrollo rural sostenible con un 0 %. Para el Grupo Socialista
son cuatro pilares fundamentales de la prevención, aunque quizás su ministerio no le esté dando toda la importancia que tienen. Esta situación choca con lo que se nos está diciendo un día sí y otro también por parte del Gobierno sobre el
crecimiento económico, la creación de empleo, la mejora de ingresos públicos que tiene el Gobierno y que no se traduce en un incremento del presupuesto de sus áreas. Al final yo le diría que no fíe todo a los fondos que vienen desde Europa y
reclame y negocie una mayor dotación presupuestaria para su ministerio y para sus áreas.
Como sabe, y bien ha dicho, el inventario forestal nacional -la masa forestal- sigue creciendo de manera descontrolada y los bosques siguen acumulando combustible. Aquí le queríamos preguntar si tiene su ministerio alguna medida en marcha
para favorecer el aprovechamiento forestal para la generación de energía a través de la biomasa y si ha realizado alguna gestión con el Ministerio de Energía para facilitar la implantación de esta fuente de energía en el medio rural. En esta
Cámara, como ya han dicho los representantes de Ciudadanos, ya se han aprobado diversas iniciativas en esta línea; hágalas suyas y utilícelas, porque contará con el apoyo de nuestro grupo. Parece que sí, que ahora todos somos conscientes y
hablamos de la despoblación que sufren muchas zonas de nuestro país, una despoblación que, como he dicho antes, favorece el abandono de tierras y de explotaciones ganaderas. Queremos preguntarle si tiene pensado su ministerio defender un mayor
apoyo a la ganadería extensiva en la próxima negociación de la PAC. Yo vivo en Huesca y le puedo indicar que existe una gran diferencia entre el tratamiento que reciben los ganaderos a un lado y a otro de los Pirineos.
También le queríamos preguntar si tiene su ministerio intención de mejorar la aplicación del coeficiente de admisibilidad de pastos para adaptarlo a la realidad y defender la realidad de los pastos mediterráneos en nuestro país, porque
creemos, sinceramente, que su ministerio puede hacer más para mejorar los ingresos de estos pequeños ganaderos que son vitales para mantener el monte limpio y fijar población en el medio rural.
Últimamente se está hablando mucho de la Constitución, y les quiero recordar que el artículo 130.2 de la Constitución establece que se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña a fin de equiparar su nivel de vida con el del
resto de los españoles. Querríamos preguntarle si tiene su ministerio alguna propuesta para facilitar el asentamiento de población en esas zonas a través de la discriminación positiva u otras porque, lamentablemente, si no vive gente en esos
territorios, no tendremos gente preocupada por el buen estado de nuestros montes.
He querido empezar hablando de prevención porque para nuestro grupo es la mejor política en la lucha contra incendios y la única para poder luchar contra los grandes incendios forestales. Es verdad que la prevención tiene un coste real y
conocido, pero es evidente que el coste es inferior al que tiene la extinción. Si atendemos a las condiciones que tenemos y tendremos, esto no es una situación coyuntural porque cada vez vamos a ser testigos de más grandes incendios forestales y,
como he dicho antes, la única medida real es la prevención. Nos gustaría conocer si su ministerio puede cuantificar los costes procedentes de los incendios forestales, no solo los costes económicos sino también los costes sociales y
medioambientales aparejados a estos incendios. Lamentablemente, en estas fechas solo nos queda esperar y extinguir porque está claro que en un país mediterráneo como el nuestro habrá incendios que deben estar lo más controlados posibles y contar
con los mejores y más adecuados medios. Querríamos preguntarle qué presupuesto destina su ministerio para la extinción de incendios.
Ahora querría centrarme en los profesionales, que son los que más sufren la dispersión de competencias, falta de recursos y en ocasiones nulo reconocimiento, y aprovecho para saludarles porque sé que están siguiendo esta comparecencia con
enorme atención. Mi grupo ha traído a esta Cámara diversas iniciativas para mejorar las condiciones laborales tanto de los bomberos forestales como de los agentes forestales y que se reconozcan sus reivindicaciones. Espero que su Gobierno tenga en
cuenta estas iniciativas ya aprobadas. Sé que están en un proceso de negociación y, si atiende las demandas del sector, contará con nuestro apoyo. Asimismo, aprovechando su presencia, le querríamos preguntar si el Mapama está adoptando, las
brigadas forestales adscritas a la BRIF, medidas en cuanto a los incendios de cuarta y quinta generación. Sí podría explicarnos qué planes formativos específicos tiene pensado impartir el Mapama al personal de las BRIF y qué planes tiene para dar
cobertura a los incendios forestales que pudieran surgir durante el periodo en que las BRIF están en paro.
El señor PRESIDENTE: Señor Palacín, me dice su compañera doña Pepa González Bayo que va a intervenir por dos minutos. Le ruego, por tanto, que le deje tiempo.
El señor PALACÍN GUARNÉ: Me dice que intervendrá por uno. Déjeme treinta segundos y le cedo la palabra.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
El señor PALACÍN GUARNÉ: Yo entiendo que hay competencias compartidas y que su distribución en ocasiones no facilita la gestión desde el ministerio, pero sí que es verdad que su ministerio debería liderar o impulsar medidas y mejorar la
coordinación. Sin olvidarnos de la extinción, les animaría a ponerse a trabajar desde ya para mejorar todas las medidas respecto de la prevención porque el trabajo se realiza durante todo el año y no solo debemos acordarnos de los incendios
forestales cuando los sufrimos, en los meses más calurosos del año. Le he preguntado mucho sobre medidas de agricultura porque entiendo que la agricultura y el medio ambiente deben ir de la mano y que son compatibles y mejorables las actuaciones.
Si no me puede contestar a todas las preguntas, ya que entiendo que he hecho unas cuantas, puede hacerlo por escrito.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Gonzalo Palacín.
Por un minuto, tiene la palabra doña Pepa González.
La señora GONZÁLEZ BAYO: Voy a ser muy breve. Soy diputada por Huelva y quiero informar a la ministra que presentamos una PNL cuatro días después del incendio de Doñana, concretamente el 28 de junio, en la que pedíamos medidas para paliar
los daños producidos en la zona aledaña a Doñana. Como usted bien conoce, fueron más de 8000 hectáreas quemadas en un perímetro de 10 000. Como sabe, la Junta de Andalucía ha empezado a realizar labores en la zona afectada. Le quiero preguntar
para cuándo tiene previsto el Gobierno de España poner en marcha un plan que acondicione la zona afectada por el fuego.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Pepa.
¿Grupos que deseen intervenir? (Pausa). En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra don Enric Bataller en un turno de cortesía, por tanto, tres minutos como máximo.
El señor BATALLER I RUIZ: El Grupo Mixto también ha sido solicitante de la comparecencia, señor presidente, si no estoy equivocado.
El señor PRESIDENTE: No, no consta.
El señor BATALLER I RUIZ: Yo entiendo que sí. Firmamos también la petición junto con Podemos y otros grupos.
El señor PRESIDENTE: En el orden del día no viene recogido así. (La señora Pastor Muñoz pide la palabra). Señora Pastor.
La señora PASTOR MUÑOZ: Sí me permite, señor presidente, está solicitada también por Compromís, dentro del Grupo Mixto. (El señor Eritja Ciuró: Y por Esquerra Republicana también). Y por Esquerra Republicana, sí, sí. Yo lo he mencionado
al principio de mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Señorías, déjenme un minuto para repasar el orden del día que tengo aquí. No lo confundan ustedes con la petición anterior. Para esta concretamente, el Grupo de Esquerra Republicana no había solicitado la
comparecencia y el Grupo Mixto tampoco. Lo que pasa es que Comprimís está dentro de... (La señora Pastor Muñoz pide la palabra). Señora Pastor.
La señora PASTOR MUÑOZ: Si me lo permite, señor presidente, la petición que se cursa para la Comisión extraordinaria está firmada por los grupos Socialista, Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra Republicana y Compromís, dentro del Grupo
Mixto. Esto es lo que se firma y lo que pedimos para convocar esta Comisión extraordinaria.
El señor PRESIDENTE: No consta así, pero aplicaremos con flexibilidad el tiempo. Ya repasaremos las notas. Me extraña mucho que estemos equivocados nosotros. Ha podido haber algún error, pero en el orden del día no consta así, y no hay
ánimo de excluir a nadie que haya solicitado la comparecencia. Vamos a aceptarlo como bueno y les ruego que se ajusten al máximo a los tiempos disponibles.
Tiene la palabra, por el Grupo Mixto, don Enric Bataller.
El señor BATALLER I RUIZ: Gracias, presidente.
Señora ministra, usted ha iniciado su intervención ilustrándonos sobre el reparto competencial vigente en esta materia a la luz de la Constitución española. Ahora bien, este reparto competencial, como creo que usted sabe, se convierte en
papel mojado si las competencias atribuidas a comunidades autónomas y entidades locales no van acompañadas de suficientes transferencias presupuestarias. Le informaré, por ejemplo, que en el caso de la Generalitat Valenciana, el 75 % de nuestro
presupuesto, magro presupuesto, lo dedicamos simplemente a atender las competencias asumidas en materia de sanidad, educación y servicios sociales y el 25 % restante, muy reducido en una comunidad especialmente infrafinanciada, nos debe llegar para
todo lo demás. Por eso le rogaría que usted transmitiera a su colega, el señor Montoro, que, además de ser más generosos con el cambio hacia un nuevo modelo de financiación que tenga en consideración las necesidades reales de los servicios que
tenemos asumidos, permitiera relajar las constricciones que afectan a los ayuntamientos. Usted ha aludido a los montes cuidados y ha hecho un juego de palabras. Yo le diría: ayuntamientos financiados, montes cuidados.
En materia de incendios, son muchos los factores que intervienen; sabemos que intervienen factores antrópicos y factores económicos, por eso hemos de ser muy rigurosos en evitación de cualquier aprovechamiento torticero de las consecuencias
derivadas de incendios forestales. Intervienen, asimismo, factores sociológicos y también factores físicos ligados al cambio climático. A más periodos de sequía tenemos claro que habrá grandes incendios, que además pueden ocurrir en cualquier
momento del año. Por ello, no entendemos que las partidas destinadas a la lucha contra el cambio climático en su ministerio se hayan visto reducidas en un 45,6 %, pasando de casi 51 millones de euros en 2016 a 27 640 000 euros en 2017. Tampoco
entendemos la situación en la que actualmente siguen hallándose las BRIF. Nos sorprende que siga siendo un cuerpo que no trabaja todo el año y cuya funcionarización está muy lejana. Hemos de destacar también que los incendios que sufrimos ahora
son consecuencia de trabajos que no se han hecho en el pasado. Debemos insistir en recuperar la función protectora del bosque mediterráneo, reforzar su capacidad, su valor, así como una estructura de mosaico para contener la amenaza de cóctel
explosivo que, además, viene aumentada por un medio rural cada vez más abandonado. Las comunidades autónomas estamos incidiendo no solo en la prevención sino también en la concienciación. Por ello, le indicaré que en Compromís hemos hecho los
deberes en esta cuestión y hace unos días hemos presentado en las Cortes Valencianas una proposición de ley para regular algo a lo que aludía el señor Cantó, la utilización del pastoreo con ganado doméstico para ayudar al desbroce de los terrenos y
disminuir así los costes que tiene para la Administración la limpieza del bosque. Deberíamos ayudar a que la ganadería extensiva tuviera el papel que le corresponde en esta tarea y deberíamos también concretar más las partidas que en los
presupuestos figuran para el desarrollo rural y determinar exactamente cuáles de ellas se van a dedicar a tareas que fijan población en el medio rural y que coadyuvan, por tanto, a que haya una vigilancia constante.
Por último, es importante que se tengan en cuenta de manera rápida las ayudas que necesitan las zonas afectadas por incendios forestales. Hace ahora un mes se produjo un incendio en el término municipal de Gátova, en la provincia de
Valencia, que afectó también a otros municipios de la provincia de Castellón, que, según datos provisionales, afectó a casi 1500 hectáreas, la mayoría forestales. Sé que la Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana se ha dirigido a
usted, señora ministra, por carta para que prevean las ayudas necesarias para la conservación del suelo en la lucha contra la erosión y favorecer la regeneración natural de la vegetación afectada. Nos gustaría rogarle que esta petición y todas las
demás que le lleguen sean atendidas con la máxima prontitud.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bataller.
Por Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Eritja.
El señor ERITJA CIURÓ: Muchas gracias, señor presidente. Intentaré ser muy breve.
Nuestro grupo ha solicitado su comparecencia, no tanto para pedir explicaciones sobre los dispositivos previstos para la extinción de incendios este verano, como para poner en relieve la importancia de la definición de los protocolos de
actuación y coordinación de los diferentes cuerpos del Estado, teniendo en cuenta, además, que, como ha comentado, hay diferentes administraciones que participan en la intervención y en la prevención de los incendios. Una coordinación que
consideramos clave, y ahí es donde nos centramos. Por un lado, queremos insistir en los niveles de coordinación en el servicio de extinción de incendios, en la propia extinción del incendio. El ejemplo más claro en ese sentido sería tratar de
esclarecer cuáles son las funciones y competencias del cuerpo que depende de su ministerio, como son los bomberos forestales, en relación con otros cuerpos que intervienen en la extinción de un incendio. Unas funciones muchas veces poco definidas
que se suman a un cúmulo de despropósitos como es la falta de reconocimiento a su categoría y función laboral, lo que conlleva, en definitiva, una precarización de su función. Una situación que refleja la mala gestión de un servicio público, hoy
externalizado en la empresa pública del grupo Tragsa, que se dedica precisamente a la prestación de servicios cruciales en materia de desarrollo rural y conservación del medio ambiente y que desde 2013 a 2015 ha recogido pérdidas por valor de 42,9
millones de euros. Por otro lado, los cargos ejecutivos de Tragsa han experimentado un aumento en sus retribuciones incluso más altas, en el caso de la presidencia, que la propia Presidencia del Gobierno. Ya hemos enviado preguntas por escrito
pidiendo más transparencia en ese sentido y solicitaremos comparecencias a la presidencia y a la ejecutiva de Tragsa. Insisto en ello porque todo esto acaba afectando a la calidad de un servicio de emergencias que consideramos de alto riesgo y que,
por sí solo, tiene consecuencias sociales y económicas importantísimas.
El otro gran aspecto sería el de la coordinación entre cuerpos que actúan en la prevención del medio rural. Así como en la extinción hemos insistido en la figura del bombero forestal, en este caso queremos resaltar la figura del agente
forestal como policía ambiental y también como verdadero conocedor del territorio. En la Dirección General de Agentes Rurales de Cataluña queremos darle un verdadero giro y, teniendo en cuenta su función de policía medioambiental, integrar ese
cuerpo en el sistema de seguridad pública de Cataluña y en el sistema de policía, en coordinación con los Mossos d'Esquadra y las policías locales. Insistimos, por tanto, en la importancia de los protocolos de coordinación entre cuerpos que actúan
en el medio rural tanto en la extinción como en la prevención. ¿Cuáles serían las medidas de coordinación y los protocolos de actuación previstos entre los diferentes cuerpos que dependen del Estado y que actúan sobre la prevención y extinción de
incendios? En relación con el grupo Tragsa no voy a insistir porque ya hemos presentado las preguntas por escrito, pero me gustaría que explicara esas grandes pérdidas de la empresa con los niveles de retribución, que vemos que son muy altos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eritja.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, el Grupo Popular agradece su presencia en la Comisión esta mañana a petición propia para informarnos de las tareas de apoyo del Gobierno a las comunidades autónomas en materia de prevención y extinción de incendios
forestales y para explicarnos, asimismo, las propuestas del ministerio en política forestal, la gran olvidada durante los ocho años del Gobierno socialista. Sus
explicaciones han sido exhaustivas, por lo que no voy a reiterarme refiriéndome a ellas, sino que quiero mostrarle mi agradecimiento.
He escuchado detenidamente las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios e inmediatamente me ha surgido la duda respecto a si conocen el reparto competencial. Por ello, permítanme realizar cinco puntualizaciones. Primero, la
defensa de los montes contra incendios, a través de las labores de extinción y prevención, es competencia de las comunidades autónomas. Segundo, la Administración General del Estado tiene encomendado el despliegue de medios estatales de apoyo a las
comunidades autónomas para la cobertura de los montes contra incendios; medios de apoyo y refuerzo a las comunidades autónomas. Tercero, la dirección técnica de las labores de control y extinción corresponde al representante designado por la
comunidad autónoma. Cuarto, la coordinación de las actuaciones de apoyo a las comunidades autónomas se realiza a través del comité de lucha contra incendios forestales en el que, señorías, están representadas todas las comunidades autónomas.
Quinto, el ministerio, sin tener competencia en tareas de prevención, aporta dieciocho equipos de prevención integral de incendios forestales para realizar labores preventivas en zonas de especial interés medioambiental, junto con el personal de las
BRIF, fuera de los meses de verano. Aprovecho, señorías, para mostrar nuestro agradecimiento y apoyo a ese personal de las BRIF, auténticos artífices de la lucha contra el fuego sobre el terreno y demasiadas veces olvidados por los medios de
comunicación. Son puntualizaciones, señorías, sobre aspectos que ustedes deberían conocer antes de preparar sus intervenciones para que estas tuvieran una mínima consistencia.
No se puede frivolizar ni mentir, señorías, repitiendo que la modificación de la Ley de Montes de 2015 abre la puerta a la especulación inmobiliaria en los terrenos incendiados y causa los incendios forestales. Cierto es que ustedes no lo
han repetido hoy, pero hace pocos días casi todos los grupos parlamentarios incidían en lo mismo. Señorías, la citada modificación de la Ley de Montes en su artículo 50 indica textualmente: Se prohíbe el cambio de uso forestal por razón de
incendio en un plazo de treinta años. E introduce una nueva excepción por razones imperiosas de interés público, que deben ser especificadas en una ley de la comunidad autónoma respectiva. Por ello, señorías, quiero manifestar el más profundo
rechazo del Grupo Popular a los mensajes de la presidenta del Partido Socialista, señora Narbona, en las redes sociales, en los que relacionaba de manera indecente el incendio de Doñana con la modificación de la Ley de Montes de 2015. Reitero,
señorías, de manera indecente, por parte de alguien que fue ministra de Medio Ambiente, que sabe que está mintiendo y que abandonó por completo la política forestal. Agradecí en su momento, y lo reitero ahora, el desmentido a este ruin mensaje que
hicieron los distintos grupos ecologistas.
Creo, señorías -lo hemos oído aquí- que todos los aquí presentes coincidimos en la importancia de las labores preventivas en el ámbito forestal, también competencia de las comunidades autónomas; tareas preventivas en las que no ha destacado
la Junta de Andalucía, cuyos últimos trabajos de prevención de incendios se realizaron en la primavera de 2016 y que este año cuenta con 7 millones menos en su presupuesto. Tampoco ha destacado la Comunidad Valenciana, en la que solo se ha gastado
el 20 % del presupuesto previsto para prevención. Creo, señorías socialistas y señorías del Grupo Unidos Podemos, que alguna responsabilidad tienen ustedes en el Gobierno de estas comunidades. Y alguna responsabilidad tienen tanto el Partido
Socialista como el Partido Ciudadanos que le sustenta en Andalucía en que los presupuestos del Plan Infoca contra incendios de este año tenga 7 millones de euros y 160 efectivos menos que el año anterior para un verano que se presentaba
especialmente complicado, como estamos viendo, y con grandes incendios en Andalucía.
Terminó, señor presidente, y lo hago, de un lado, felicitando a la ministra por el impulso que está dando a la política forestal, la gran olvidada de la etapa socialista, y de otro, reiterando que impulsar una gestión forestal sostenible no
solo beneficiará a nuestros montes y al mundo rural sino que será la mejor medida preventiva contra los incendios forestales.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña María Teresa de Lara.
Tiene ahora la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (García Tejerina): Muchas gracias. Trataré de responder a todo porque han sido muy numerosas las cuestiones planteadas.
Empiezo por las condiciones laborales de las BRIF, que ha sido comentado reiteradamente. Lo primero que tengo que decir es que nada tiene que ver la situación de las BRIF hoy con aquella del año 2011, nada tiene que ver. La primera firma
que plasmó el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de entonces, Miguel Arias Cañete, precisamente fue dar continuidad a la contratación de las BRIF, algo que había dejado olvidado el Gobierno anterior, suponemos que
intencionadamente. A partir de ahí se han ido sucediendo las mejoras, lo cual no significa que no se siga trabajando porque el Estado actual negocia con quien le compete, que es la empresa Tragsa. Se ha hablado mucho de medidas de prevención, y
este ministerio, no siendo competente, ha hecho dos cosas positivas al mismo tiempo: aumentar el periodo de contratación de las BRIF, prácticamente la totalidad del año, y destinarlas, por tanto, a labores de prevención. Hoy las BRIF también hacen
labores de prevención, hoy las BRIF están contratadas prácticamente la totalidad del año, hoy las BRIF tienen una estabilidad porque las encomiendas que se hacen son plurianuales, no como se hacía anteriormente. Se hablaba de si están preparadas
para determinados incendios. Las BRIF cuentan con permanente formación, las BRIF cuentan con la mejor equipación, las BRIF cuentan con preparadores físicos. Alguien ha preguntado por la segunda actividad; no será porque no se les hubiera puesto
encima de la mesa, ya que el tema estuvo en el ámbito de la negociación, por lo tanto, no puede achacarse ni al ministerio ni a la empresa pública Tragsa que hoy no se cuente con una segunda actividad. Insisto, es importante para los brigadistas,
y, como muy bien ha hecho su señoría María Teresa de Lara reconociendo su trabajo, yo también quiero hacerlo, destacando que son muy importantes las mejoras por lo que significan de trabajos de prevención y por lo que significan de dar continuidad
al mismo. Insisto, nada tiene que ver esta situación con la que tenían en el año 2011. Luego me referiré a la coordinación.
Ya he citado la equipación -acabo de hacerlo-, pero dentro de la política de extinción y prevención de incendios de este año hay un proyecto de actualización a lo largo de los años siguientes para tener las mejores condiciones en las bases
donde se ubican estas BRIF. Se ha planteado la categoría de bombero forestal y quiero decir que no corresponde al ministerio reconocer o no una categoría laboral; no obstante, si se nos piden informes a este respecto informaremos en consecuencia,
siempre poniendo de manifiesto lo que acabo de referir, que es para dar continuidad a su trabajo, para atender a lo que tantas veces aquí mismo se ha planteado por sus señorías. Las labores tienen que estar plenamente definidas, y sea cual sea,
insisto, la definición de una u otra categoría laboral, lo importante es que se puedan ejercer estas labores de prevención de incendios que todo el mundo demanda, razón por la cual hemos ampliado los meses de contratación.
Su señoría, María Teresa de Lara, hablaba de esa gran política medioambiental abandonada, la política forestal, y yo añadiría: esa otra gran política medioambiental abandonada. Hace un tiempo escuchábamos aquí cómo la política de gestión
del agua fue la gran olvidada; también la política de cambio climático fue la otra gran olvidada, por lo tanto, ¿dónde estaba la política medioambiental antes en España? Llevamos cinco años absolutamente comprometidos con el medio ambiente y eso
no es un eslogan, eso es hacer política de gestión de agua, eso es hacer política forestal y eso es hacer política efectiva de cambio climático, por citar cuatro de los grandes aspectos medioambientales que deben abordarse en nuestro país.
En el año 1999 se aprobó la primera estrategia forestal española y en 2002 arrancó el Plan forestal español 2002-2032 -poco tirando a nada se hizo en la etapa socialista- y en el año 2014 estábamos aprobando ya el Plan de activación
socioeconómica del sector forestal. Más allá de otras medidas que ya he enumerado en mi primera intervención y que no voy a reiterar, sí quiero insistir -lo digo un poco por compartir la línea planteada por Ciudadanos- en que es importante hacer
política forestal desde todos los puntos de vista, y además la sociedad ganará doblemente. No es un juego de palabras decir que un monte ordenado es un monte cuidado, que un monte gestionado tiene menos posibilidades de ser incendiado; es una
realidad que muestra superficie forestal también tiene muchos recursos que poner a disposición de la gente que vive en ese entorno, que debe ser una fuente de economía y de riqueza y como tal lo debemos gestionar; lo recomienda la propia FAO.
Compartimos que para combatir el abandono en el medio rural es importante la actividad forestal y precisamente a ello se dirigió la reforma de la Ley de Montes, creando figuras que dan respuesta a una de las cuestiones planteadas. Cuando hay
sociedades proindivisas de muchas personas, donde muchas veces alguno de los propietarios está desaparecido, lo que impedía la gestión, o donde el minifundismo no permite una estructura suficiente para poder gestionar los montes, para dar respuesta
a eso, para poder gestionar los montes, para que estén más cuidados y
por lo tanto sean generadores de riqueza para el medio rural es para lo que se crean las figuras que aparecen en la modificación de la Ley de Montes.
En esa misma dirección está orientado el Pasfor, el Plan de activación socioeconómica del sector forestal, que se aprobó en el año 2014; muchas de las cuestiones planteadas ya las estamos abordando. Se ha referido Ciudadanos a una PNL de
fomento de la agricultura y la ganadería de montaña, y yo quiero decir que esta PNL aprobada el 14 de diciembre de 2016 tiene seis puntos y muchos de ellos, casi todos, están recogidos en el Plan de actuación forestal que presenté en junio en
Plasencia. Estaba en Plasencia presentando el Plan de activación forestal en la fecha en que tenía lugar el incendio de Moguer, lo cual no obstó para que yo estuviera completamente en contacto con la dirección del ministerio responsable de los
incendios. Habían acudido dos ministros del Gobierno de España -ya sé que esperar reconocimiento y gratitud es ser muy utópico- y quiero destacar que la actuación de los medios del ministerio fue determinante para la extinción del incendio y para
que no entrara en el parque nacional de Doñana. En este Plan de Actuación Forestal, que yo presentaba en Plasencia el 16 de junio, se incluye, entre otras cosas, la constitución del Consejo Forestal Nacional, que está ya en marcha. El real decreto
que lo crea está en estos momentos en consulta pública en la página web del ministerio, por referirme a una de las cuestiones específicas que se han mencionado. Este plan lo estamos discutiendo -ayer o anteayer se presentó a las comunidades
autónomas- y muchas de las medidas de fomento de agricultura y ganadería de montaña se recogerán en el mismo. También trabajamos en una estrategia de modernización y diversificación rural -estará enmarcada en la estrategia del Gobierno en relación
con el reto demográfico- y el sector forestal estará incluido. De hecho, ya se está trabajando con el sector y con las comunidades autónomas. Ya hay un primer documento de treinta y ocho medidas que también se puede consultar en el ministerio, así
como -ya lo he dicho- el Plan de Actuación Forestal, que se refiere en gran medida a estas cuestiones.
En cuanto al dron y los cabreros, son perfectamente complementarios. Uno no es para la prevención, pero es importante. Hay que disponer siempre de las nuevas tecnologías y en este caso nos permite algo tan importante como vigilar la
evolución de los incendios durante la noche y, por tanto, planificar mejor la actuación para el día siguiente. Y la ganadería tiene funciones de limpieza que pueden ser importantes.
Con respecto a la Guardería Forestal, muchos son cuerpos autonómicos y nosotros no tenemos ninguna competencia. El Grupo Popular ha presentado una proposición de ley, apoyada por otros grupos parlamentarios, buscando la homogeneización y
coordinación de estos cuerpos a nivel nacional.
En relación con la agricultura de montaña, quiero destacar que se realizan actuaciones dentro del primer y del segundo pilar promovidas por el Gobierno. Dentro del primer pilar de la política agrícola común, de las ayudas, en la definición
de las ayudas asociadas que defendimos en la reforma de la PAC que aprobamos la mayor parte de ellas están dirigidas a la ganadería, pero hay una ayuda adicional específica para la ganadería en zona de montaña; por tanto, tanto en el primer pilar,
a través de las ayudas asociadas, como en el segundo, a través de las medidas agroambientales que definen las comunidades autónomas, aunque lo hacen también con financiación del Ministerio de Agricultura. Indicaban la necesidad de los cortafuegos y
esta es una cuestión en la que tampoco podemos intervenir. Si no recuerdo mal, en algún caso alguna compañía eléctrica me dijo que estarían dispuestos a mantenerlos en buenas condiciones porque también tenían la preocupación de garantizar el
suministro eléctrico a la población. Por tanto, la población desde este punto de vista puede verse afectada por un incendio. Las comunidades autónomas son las que definen de qué manera y qué grado de limpieza tienen los tendidos eléctricos, por lo
que el ministerio nada puede hacer más allá de despertar la preocupación de las comunidades autónomas, de la misma manera que la quema de rastrojos requiere una autorización expresa que dan las comunidades autónomas.
Es fundamental extinguir los incendios con rapidez dentro de lo posible, lo cual no significa que se puedan evitar. El 95 % de los incendios se deben a causas humanas, bien por negligencia o bien intencionadamente, por lo que hay que llamar
a la conciencia social, al especial cuidado de todos los ciudadanos en aquellos incendios que se producen por negligencias. Por otra parte, la denuncia de los ciudadanos frente a los incendiarios y la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y con la justicia cuando los incendios son provocados contribuirá a evitar parte de los incendios, porque todos empiezan con una chispa, pero su evolución depende fundamentalmente de las condiciones meteorológicas y físicas del terreno.
Lo que puedo decirles a sus señorías es que el ministerio reitera a las comunidades autónomas que nos soliciten lo antes posible los medios, porque preferimos que se vuelvan sin actuar a que lleguen algo tarde. Esta es la manera de actuar que
pedimos a las comunidades
autónomas. La coordinación se lleva a cabo a petición de las comunidades autónomas y son ellas las que, una vez que los tienen a su disposición, gestionan los medios del ministerio, incluso la propia UME.
Por lo que se refiere a Doñana, he dicho durante mi intervención que la zona del incendio de Moguer tenía todas las condiciones para una fácil extinción y no fue posible, no por falta de medios, sino por las condiciones meteorológicas. No
lo digo yo, sino los profesionales.
Se ha hablado del Leader y quiero decir que son las comunidades autónomas las que deciden lo que hacen con el dinero del desarrollo rural. El ministerio financia, pero no participamos en la elaboración. En el trabajo previo tratamos de
incentivar medidas que son de importancia y por eso quiero decir que diferentes comunidades autónomas les han dado distinta importancia, porque la presencia de las políticas forestales es distinta en los diecisiete programas de desarrollo rural de
cada una de las comunidades autónomas. Nosotros trabajamos con las comunidades autónomas poniendo de manifiesto esa importancia. Hemos trabajado en el Plan de Activación Socioeconómica del Sector Forestal para identificar actuaciones y, como
consecuencia, para este periodo de programación hay un 14 % más de presupuesto: 2000 millones de euros para políticas forestales.
Podemos ha planteado una serie de cuestiones al hablar de los incendios e incluso ha mencionado los tratados bilaterales. Probablemente, tengan una vinculación con los incendios forestales, pero quiero decir que con quien tienen una
vinculación es con la generación de riqueza en el medio rural. Somos un país con un sector alimentario del cual nos podemos sentir muy orgullosos. El sector alimentario español está repartido por todo el territorio nacional: la agricultura, la
ganadería y la industria de la alimentación, un sector que además ha sabido aprovechar las muchas medidas que el Gobierno ha puesto a su disposición y hoy somos capaces de exportar el 30 % de lo que producimos. El comercio exterior es una fuente de
riqueza para el medio rural español. Si privamos a nuestro sector alimentario de las exportaciones, le estamos privando de la posibilidad de desarrollo, estamos matando la principal actividad económica que tiene lugar en el medio rural. Por eso
los acuerdos comerciales son importantes, porque nuestras producciones se venden hoy en todo el mundo. Cuando llegamos en el año 2011, exportábamos por valor de 31 000 millones de euros y hoy nuestro sector ha demostrado una competitividad y un
dinamismo tan importante como para crecer más de un 50 % en cinco años. Exportamos por valor de 48 000 millones de euros y cada vez que un tercer país consume nuestros productos hay un agricultor y un ganadero que tiene la oportunidad de
producirlos, una oportunidad de trabajo en el medio rural.
Por eso es importante. Como la actividad agraria es la principal actividad económica del medio rural, esa es la vinculación que encuentro entre los acuerdos bilaterales y el despoblamiento del medio rural. Por lo tanto, la lucha contra los
incendios en nuestro país también es importante para luchar contra el despoblamiento, porque la agricultura, la ganadería y la industria de la alimentación son la principal actividad económica de unos 7000 u 8000 municipios españoles. Ha hablado de
cambio climático y ya he dicho que es otra de las grandes políticas olvidadas y otra de las políticas medioambientales que este Gobierno se ha tomado muy en serio. Sus señorías saben que no es cierto que haya una disminución en los presupuestos
destinados al cambio climático. Lo que hay -y en lo que vengo insistiendo- es una gestión más eficiente de los recursos. Lo que se ha hecho es cambiar la partida de direcciones generales, de la Oficina Española de Cambio Climático a la Dirección
General de Costas o a la Dirección General de Agua porque, entre otras cosas, nosotros abordamos el cambio climático no solo desde la mitigación -que también-, sino también desde la adaptación. Hemos hecho toda una estrategia de adaptación de la
costa al cambio climático recientemente presentada. Tenemos un PIMA, Plan de Impulso al Medio Ambiente, de adaptación. Recientemente territorializamos fondos a las comunidades autónomas para identificar las actuaciones, que se suman a las
estrategias de la costa que vamos haciendo en todo el litoral español. Lo que hay es una nueva política de cambio climático, una política dirigida a cambiar el modelo productivo español. Cuando nosotros llegamos y hasta la fecha no existía una
política de cambio climático como tal, había compra de papel, 770 millones de euros para comprar derechos de emisión, pero que no transformaban el modelo económico. España tiene que contribuir a la lucha contra el cambio climático cumpliendo sus
objetivos pero no solamente mediante la compra de papel. Es mucho más importante trabajar transformando nuestra economía, reduciendo nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en España y teniendo una economía que se oriente hacia la
descarbonización, y hacia eso han ido dirigidos los planes Clima, PIMA, el registro de huella de carbono y tantas y tantas iniciativas lanzadas por el Gobierno para adaptar nuestra economía y que cumpla con los compromisos de cambio climático. Por
cierto, son compromisos que estaban en tela de juicio en enero del año 2012 pero hoy afortunadamente podemos afirmar que España cumplirá con los acuerdos en materia de cambio climático.
Cumplimos Kioto I, cumpliremos Kioto II, ya podemos afirmarlo, y estamos trabajando para cumplir con cada uno de los hitos internacionales a los cuales nos hemos comprometido.
Ha hablado de la ordenación y de la gestión, 14 % de incremento del presupuesto. Es verdad que 2017 ha sido un año malo, ha sido un año climatológicamente muy duro. Es verdad que afortunadamente julio se está comportando razonablemente
bien y también es verdad que si comparamos las cifras de este año con las del año 2016, el año fue bueno. Los datos indican que afortunadamente en España el número de incendios desciende, no vivimos las situaciones que se vivían en los años
noventa, lo cual no significa que no siga en marcha el objetivo que todos debemos perseguir de incendios cero y superficie quemada cero. Cuando he hablado de incendios convectivos no era el caso de Moguer, es lo que dicen los profesionales. Era un
monte ordenado y con una densidad que nada hacía preverlo. Vuelvo a decir que el trabajo de los profesionales del ministerio y de la comunidad autónoma hicieron que el incendio no alcanzara lo que más nos preocupaba, el Parque Nacional de Doñana,
siendo preocupante, eso sí, la superficie afectada.
Con respecto a las actuaciones en materia de restauración, quiero decir que muy recientemente -tanto como ayer- la Junta de Andalucía solicitó colaboración del ministerio para la restauración y, por supuesto, que colaboraremos, como hemos
colaborado -ya lo he citado en mi intervención- en numerosas ocasiones para aquellos incendios que hayan afectado medioambientalmente algunas zonas con un mayor impacto. Por lo tanto, contestaremos a la Junta de Andalucía que pueden contar con
nuestra colaboración para la restauración de la zona incendiada. El resto de las cuestiones salen de mi ámbito y por no ser de mi competencia en estos momentos desconozco cuál es la situación, por lo que no le puedo contestar pero estoy segura de
que serán respondidas.
Se ha hablado de los incendios con la interfaz urbano-forestal. Son incendios de gran complejidad porque carecen de zonas de anclaje para actuar. Hay sistemas de actuación en estos casos, hay planes de prevención en los ayuntamientos para
edificaciones y urbanizaciones. Se están instalando aspersiones en lugares estratégicos que están funcionando, según me informan, y es importante involucrar a la población afectada y tenerlo en cuenta en los planes de reordenación territorial, que
tampoco corresponde al ministerio. Es importante que las administraciones competentes lo tengan en cuenta y, en consecuencia, actúen.
El Grupo Socialista ha hablado de las BRIF y me sorprende porque, como ya les he dicho, lo primero que tuvo que firmar y de urgencia el ministro Arias Cañete fue evitar que las BRIF se quedaran en la calle. Me ha preguntado cuánto hemos
gastado en Andalucía y quiero decirle que Andalucía es la segunda comunidad autónoma que más atención ha recibido por parte del Ministerio de Agricultura en lo que va de año. El 16 % de todas de las actuaciones del ministerio se han realizado en la
Comunidad Autónoma de Andalucía pero se han realizado todas las que nos han pedido. Ya sé que ahora la que está sentada aquí soy yo pero lo que sí es cierto es que esto no me hace competente de aquello de lo que no lo soy, lo cual no significa que
no nos impliquemos absolutamente en nuestra función de apoyo. Hay muchas cosas que se piden hoy, tanto respecto a sequía como a incendios, que son cuestiones estructurales en España y, sin embargo, se piden cosas que ya ha hecho este Gobierno pero
que, sorprendentemente, tuvieron ocasión de hacer y no hicieron. Como esto no es del año 1982 ni del año 1970, viene de atrás, ocasión tuvieron de hacerlo. Nosotros sí lo estamos haciendo. El presupuesto en extinción de incendios -porque me ha
pedido el de este año, aunque creo que ya lo he dicho en dos ocasiones- es de 85,5 millones de euros. Voy a darle el del año 2007, que fue de 62 millones de euros, y el del año 2011, de 72. Por tanto, un incremento de un 20 % sobre el año 2011 y
de casi un 40 % con respecto a lo que el ministerio entonces gobernado por el Partido Socialista se gastaba en el año 2007. Respecto a la cifra de Andalucía, una de las cosas en las que he insistido en mi exposición inicial es que nuestros medios
son de ámbito nacional, da igual donde estén ubicados porque están a disposición de todas las comunidades autónomas, prestan servicio a quien lo necesita y se mueven en función de las necesidades. De hecho, en estos momentos tenemos cuatro anfibios
de gran capacidad desplazados a nuestro país vecino Portugal porque lo necesitan y la situación en España es suficientemente tranquila como para poder colaborar por parte del ministerio no solo con las comunidades autónomas, sino también con los
países que nos piden ayuda. Ha preguntado por la sierra de Gata. El año pasado o el anterior ayudamos a la restauración con 500.000 euros. También se ha mencionado aquí -sorprendentemente- la falta de ejecución del presupuesto del año 2016. Todo
el mundo sabe cuáles son las razones por las cuales no ejecutamos, tuvimos al país entretenido, sin dejar formar Gobierno, perjudicando a los socialistas, porque todas estas medidas
positivas para los ciudadanos que pudieron haberse implementado no se implementaron por tener un Gobierno en funciones, cosa que en ningún caso se podrá achacar al Partido Popular.
Por tanto, eso explica perfectamente y además es por todos sobradamente conocida la falta de ejecución del presupuesto del año 2016. Se ha manifestado también que la masa forestal crece de manera descontrolada. En esto habrá que hablar con
cada una de las comunidades autónomas porque, insisto, nuestra capacidad de actuación es limitada. Nosotros a las BRIF también les encomendamos labores de prevención, financiamos a las comunidades autónomas, pero no tenemos capacidad de actuación
en el territorio. Ahora bien, sí que se incluirá la biomasa en la Estrategia Nacional de Bioeconomía y está también dentro de las medidas del Plan de Actuación Forestal.
En cuanto a los protocolos para los nuevos tipos de incendios, quiero decir que se trabaja constantemente entre los expertos del ministerio y las comunidades autónomas en el seno del Comité de Lucha contra Incendios Forestales. Esta mañana
hemos hablado de la gestión del agua, y especialmente en momentos de escasez. Hemos hablado también de la política de seguros agrarios y hemos hablado de la extinción contra los incendios. Yo no me puedo atribuir la medalla del importantísimo
dispositivo de lucha contra incendios que tiene nuestro país, es el fruto de muchos años de trabajo, como lo es mejorar el sistema de seguros agrarios o la gestión del agua. Por supuesto que quedan cosas por hacer, pero no se podrá decir que no
volcamos todas nuestras energías en perfeccionar todos los sistemas. Este dispositivo de extinción de incendios, del cual tenemos que sentirnos muy orgullosos a nivel nacional, no es algo que se improvise. Por lo tanto, los expertos, los
profesionales del Ministerio de Agricultura, junto con los expertos y los profesionales de las comunidades autónomas en el comité establecido a este efecto, trabajan constantemente para analizar cuáles deben ser los nuevos mecanismos, medidas,
estrategias de extinción de incendios.
Ya hemos hablado de las BRIF, presupuestos, biomasa, de despoblación y de la importancia que tiene la gestión forestal para la prevención de incendios y como una actividad económica que debe dar oportunidades de trabajo al entorno rural.
También me he referido a la ganadería extensiva en el primer pilar. Donde nosotros teníamos capacidad de decisión incrementamos las ayudas, la ganadería de montaña tiene una ayuda adicional de la que no disponía antes. En el desarrollo rural son
responsables las comunidades autónomas, nosotros no tenemos capacidad de intervenir, pero sí que ponemos financiación al respecto. Me preguntaba también si se va a hacer algo sobre el coeficiente de pastos. Vuelvo a decir lo mismo, piden lo ya
hecho, lo que tuvieron ocasión de hacer y no hicieron, porque ya lo hemos hecho. El comisario Phil Hogan, comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, estuvo en España, estuvo en Córdoba y visitamos una dehesa para que conociera los pastos
mediterráneos y entendiera viéndolo físicamente, sobre el terreno, cuál es nuestra ganadería extensiva, cómo pasta nuestro ganado. En consecuencia, se ha recogido en una propuesta de reglamento que se está negociando una definición de pastos más
acorde con los pastos mediterráneos. Por lo tanto, la respuesta -insisto- es sí.
El presupuesto de extinción es de 85,5 millones, ya se lo he dicho, 62 en el año 2007. En cuanto a las BRIF, ya les digo que también tuvieron ocasión, pero lo que nos encontramos en el año 2011 fue un cierto abandono. Por lo demás, gestión
con la empresa, se está negociando con los mismos. Las competencias no son compartidas, las competencias son de las comunidades autónomas y el Estado presta un apoyo importante. Pero decía que no hay que acordarse de los incendios solamente cuando
suceden, no hay que acordarse de los incendios solamente cuando no se gobierna, sino que hay que acordarse de los incendios especialmente cuando se gobierna.
El portavoz de Compromís me hablaba también del presupuesto. Como ya he dicho, no todo se trata de cuánto dinero; yo creo que la eficiencia en la gestión del gasto es fundamental; hay que priorizar -eso es gobernar- y ser eficientes en la
gestión del gasto porque los presupuestos que todos conocen no son mayores si destinamos más dinero a la lucha y a la prevención contra incendios. No nos olvidemos de que la mejor lucha contra los incendios es que estos no lleguen a producirse. La
partida de cambio climático -lo he dicho antes- no es así, lo saben. Aquí estuvo compareciendo la secretaria de Estado de Medio Ambiente y lo dejó absoluta y meridianamente claro. Por lo tanto, hay política de cambio climático, hay presupuesto
para el cambio climático y hay compromiso de cumplimiento con los objetivos de cambio climático. Hablaba de las medidas de los PDR. Yo no puedo decidir las medidas de los PDR porque las deciden las autonomías. Insisto, nos limitamos a
financiarlo, pero cada comunidad autónoma ha dado mayor o menor peso a las distintas medidas en materia de política forestal. Sí que trabajamos con ellas en el Pasfor, en el Plan de Activación Socioeconómica del Sector Forestal, identificando hasta
ochenta y cinco medidas que han sido bien acogidas por las comunidades autónomas porque se ha traducido en un
incremento del 14 % del presupuesto sobre el año anterior. Los agentes forestales -ya lo he dicho- corresponden a las comunidades autónomas y nada tiene que decirse a este respecto.
Por último, desde Esquerra se nos pedía coordinación, y aunque ya no está el diputado, voy a dar la información porque es interesante. Lo he dicho en la comparecencia: el director de la extinción de incendio es de la comunidad autónoma, es
el que pide los medios y es el que decide cómo se van a utilizar. Por lo tanto, la coordinación funciona, hay un responsable del incendio que pertenece siempre a la comunidad autónoma. Nosotros ponemos los medios a su disposición. Por darles un
dato, son 35 000 los profesionales de Tragsa que luchan contra los incendios de las comunidades autónomas. Nosotros somos un refuerzo de las comunidades autónomas y, por tanto, son ellas las que coordinan los medios que les ponen en el ministerio.
Hablaba de coordinación, quiero decir que nosotros la hemos ampliado y mejorado, que todos los años al acabar la campaña de incendios analizamos con las comunidades autónomas cada uno de los incendios para perfeccionar los sistemas. Como ya he
dicho en mi intervención, este año tenemos por primera vez un sistema Hermes con el cual podemos conocer en cada momento, sobre la marcha, cuáles son los medios que están volando en todas las comunidades autónomas menos en Cataluña, que solamente
accede a compartir la información cuando tiene medios del Ministerio de Agricultura. Por lo tanto, la coordinación -por si no quedó suficientemente claro- es muy buena con las comunidades autónomas, la perfeccionamos y, como en todo, la
coordinación va siempre en una doble dirección.
Por mi parte creo que he dado respuesta a todo lo que se ha planteado.
Quiero dar las gracias al Grupo Popular por supuesto, no solamente por las aportaciones del día de hoy, sino también por las numerosas iniciativas de política forestal que desde el Grupo del Partido Popular reiteradamente se ponen encima de
la mesa.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Quisiera comunicarles -respecto a lo que algunos de ustedes han dicho antes- que, realizadas las oportunas comprobaciones, llevaban ustedes razón, se había presentado la solicitud de comparecencia extraordinaria tanto por parte del Grupo
Mixto como por parte del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Se habían tramitado como tal y debido a un error, que hemos podido comprobar, no figuraba en el orden del día, pero creo que ha quedado subsanado porque ustedes han dispuesto del
tiempo como si hubieran solicitado la comparecencia, que es en realidad lo que ustedes han hecho. Pero no me quedaría tranquilo si no aclarara este error que es imputable a mí en concreto.
Señora ministra, muchísimas gracias por su comparecencia. En nombre de toda la Comisión le deseamos un muy feliz verano y que no haya ningún susto en forma de incendios, que todos los veranos por desgracia tenemos la ocasión de lamentar.
Vamos a interrumpir por dos o tres minutos la sesión. Acompaño a la ministra a la salida y reanudamos con la comparecencia del subsecretario del Interior. (Pausa).
- DEL SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (AGUILERA RUIZ), PARA INFORMAR SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS PARA LA CAMPAÑA DEL 2017. A PETICIÓN DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/000910).
- DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (AGUILERA RUIZ), EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE COORDINACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, PARA REALIZAR UNA VALORACIÓN COMPLETA DE LAS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN IMPULSADAS CON ANTERIORIDAD
A LA CAMPAÑA DE INCENDIOS DE 2017 Y SUS IMPACTOS UNA VEZ INICIADA LA CAMPAÑA, ASÍ COMO DE LAS FUNCIONES DE COORDINACIÓN DEL CITADO COMITÉ. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de
expediente 212/000904).
El señor PRESIDENTE: Vamos a reanudar la sesión con la comparecencia del subsecretario del Ministerio del Interior para informar sobre las medidas adoptadas por el Gobierno en materia de prevención de incendios para la campaña de 2017.
Comparece a petición propia, a petición del Gobierno, y también a instancias del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Tiene la palabra el señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Aguilera Ruiz): Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, trataré de ser lo más claro y conciso posible dada la hora a la que ya se inicia mi comparecencia. Creo que es una premisa esencial, en la que todos estaremos de acuerdo, que para evitar incendios hay que
trabajar fundamentalmente en la prevención, la planificación y la coordinación. Hoy comparezco ante ustedes en la condición de presidente del Comité Estatal de Coordinación para emergencias por incendios forestales, habitualmente conocido como
CECO, que constituye el órgano de la Administración General del Estado para la coordinación de los medios destinados a la prevención y lucha contra los incendios forestales. Como tal, mi intervención no va a estar centrada en las políticas de
prevención, ámbito del que ya ha hablado extensamente la señora ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que ha comparecido ante ustedes previamente, y que constituye también, como ya ha reiterado, una competencia
fundamentalmente atribuida a las comunidades autónomas, si bien la Administración General del Estado colabora con ellas.
La competencia del Ministerio del Interior, y concretamente del Comité Estatal de Coordinación para emergencias por incendios forestales, que he mencionado, se centra en la planificación y la coordinación de los medios tanto ordinarios como
extraordinarios puestos a disposición de todas las administraciones públicas para la respuesta y lucha contra los incendios que se produzcan y tengan, por sus potenciales consecuencias sobre la población o bienes, trascendencia en el ámbito de la
protección civil. Esto es conveniente tenerlo claro. En este caso, y de acuerdo con la directriz básica de planificación de Protección Civil de emergencias por incendios forestales, que se aprobó por el Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre,
así como con el Plan Estatal de Protección Civil para emergencias por incendios forestales, objeto del acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de octubre de 2014, este Comité Estatal de Coordinación coordinará y activará todos los medios necesarios
para apoyar la lucha contra incendios forestales, bien porque se haya declarado una emergencia de interés nacional en los supuestos que prevé el artículo 28 de la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil -supuesto que, afortunadamente,
hasta el día de hoy no se ha conocido-, bien en apoyo, lo que es el caso más común, de las comunidades autónomas que así lo soliciten.
Comenzaré, por tanto, haciendo una breve referencia a la planificación, señalando que esta directriz básica que acabo de citar distingue tres niveles para ello -estatal, autonómico y local- y establece los requisitos mínimos que deben
cumplir los correspondientes planes en cuanto a fundamentos, estructura, organización y criterios operativos y de respuesta, estableciendo un modelo nacional mínimo y respetuoso con las competencias de todas las administraciones territoriales
implicadas, a fin de posibilitar una coordinación y actuación conjunta de los distintos servicios y de todas las administraciones implicadas cuando sea preciso. Así, se prevé una estructura general de planificación de protección civil integrada por
el plan estatal, por los planes de comunidades autónomas y, dentro de estos últimos, los planes de actuación de ámbito local.
El plan estatal, al que ya he hecho también mención, establece la organización y procedimientos de actuación de aquellos recursos y servicios del Estado necesarios para asegurar una respuesta eficaz del conjunto de administraciones públicas
ante situaciones de emergencia por incendios forestales en que esté presente el interés nacional -también debo decirlo-, así como los mecanismos de apoyo a los planes de comunidades autónomas en el caso de que estos lo requieran o no dispongan en un
caso concreto de capacidad suficiente de respuesta. El plan estatal vigente, como he dicho, fue aprobado por el Gobierno en octubre de 2014 y prevé la aportación de medios extraordinarios en apoyo y complemento de los que dispongan las
administraciones territoriales, principalmente las comunidades autónomas.
En concreto, ¿cuáles son estos medios? Primero, los medios y recursos de las Fuerzas Armadas, incluida principalmente la Unidad Militar de Emergencias, y en el caso de los medios aéreos -ya se ha referido a ello la ministra- los que actúan
en virtud de convenios suscritos entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. En segundo lugar, están los medios de este último Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente -que ha expuesto cumplidamente y creo que de manera suficiente la anterior compareciente, la señora ministra, y por tanto no me detendré en ello-, así como los medios y recursos de titularidad estatal que no estén expresamente asignados al
plan especial de incendios forestales de ámbito autonómico ni al plan territorial de la comunidad autónoma. Asimismo se coordinan los medios de otras administraciones con las que no existan convenios de colaboración y que hayan sido movilizados a
través del Plan Estatal de Protección Civil para emergencias por incendios. Finalmente, también los medios internacionales que pueden requerirse a través del Mecanismo Comunitario de Protección Civil o a través de los acuerdos bilaterales de
cooperación internacional suscritos por el Reino de España y actualmente vigentes con Portugal, Francia y Marruecos.
El resto de medios y recursos que no están incluidos en la relación que acabo de expresar tienen la consideración de medios ordinarios a efectos del plan estatal, pero también son medios que pueden emplearse. Me quiero referir
específicamente a los medios de que disponen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que por supuesto quedan incluidos en los dispositivos estatales, aunque, como he dicho, a estos efectos se consideran medios ordinarios cuando actúan dentro
de las demarcaciones de ámbito autonómico o inferior que tengan asignadas y dentro de sus competencias, y ello a pesar de que no se encuentren adscritas a los respectivos planes autonómicos o locales. Simplemente les quiero poner un ejemplo.
Cuando hay un incendio forestal, todos pensamos en los medios directos de lucha contra el mismo -medios aéreos, medios terrestres y demás-, pero cuando hay una afectación a una población es fundamental la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, desde luego en los dispositivos de evacuación, desalojo y demás.
En cuanto a cómo se articula la coordinación de todos estos medios de la Administración General del Estado, quiero recordarles que el director del Plan Estatal de Protección Civil para esta emergencia es el ministro del Interior y que a él
le corresponde la superior dirección de las actuaciones de emergencia declaradas de interés nacional, así como las previstas en los planes de las comunidades autónomas y entidades locales. Se constituyen como órganos del plan estatal, insisto, sin
perjuicio de otros órganos constituidos al amparo de los planes de comunidades autónomas, el Consejo de Dirección del Plan Estatal y el Comité Estatal de Coordinación al que me he referido. Si el consejo de dirección de este plan estatal es el
órgano superior de apoyo al ministro en la gestión de la emergencia, en este caso incendios forestales, y cuenta con representantes de órganos del Gobierno y comunidades autónomas afectadas, le corresponde evaluar las necesidades de medios y
recursos de áreas afectadas por la emergencia, la conveniencia de la posible adopción de medidas extraordinarias que prevea la legislación vigente y sobre todo facilitar la coordinación de la Administración General del Estado con las comunidades
autónomas.
En el segundo nivel -ya lo he referido- el Comité Estatal de Coordinación, el CECO, el órgano de preparación, implantación, actualización y aplicación del plan estatal, que preside en este caso el subsecretario del Interior, cuenta con dos
vicepresidentes, el director general de Protección Civil y Emergencias, que comparecerá a continuación, y el director general de Desarrollo Rural y Política Forestal, así como un representante de cada uno de los centros directivos de la
Administración General del Estado que están concernidos de manera directa en la prevención y lucha contra los incendios. Citaré los que son miembros con carácter general: la Agencia Estatal de Meteorología, el director general de Política de
Defensa de este último ministerio, el Departamento de Seguridad Nacional, la Secretaría de Estado de Seguridad, la Dirección General de la Policía, la Dirección General de la Guardia Civil o la Dirección General de Tráfico. Sin perjuicio de esta
composición habitual y ordinaria, cuando las circunstancias lo requieran y a solicitud del presidente del CECO, pueden ocasionalmente participar en estos órganos representantes de otros organismos de la Administración General del Estado en función
del tipo y magnitud de la emergencia.
Las funciones del CECO -las conocen ustedes, recordaré las esenciales- son, fundamentalmente, el apoyo operativo y asesoramiento al ministro del Interior, la coordinación de medidas a adoptar para la movilización de todos los medios y
recursos civiles ubicados en el ámbito territorial de la comunidad autónoma afectada que sean requeridos por el director de la emergencia y solicitar, en su caso -ya lo he dicho también-, la ayuda de carácter internacional si se precisase. Para
llevar a cabo esta labor en situaciones de emergencia, este Comité Estatal de Coordinación cuenta con el Cenem, el Centro Nacional de Emergencias, ubicado en la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, que es el centro instrumental y de
comunicación permanente.
En cuanto a las situaciones que se declaren de interés nacional, y con la finalidad de que exista un eficaz seguimiento y valoración de la situación, el CECO se mantendría en permanente contacto con el centro de situación del Departamento de
Seguridad Nacional. Finalmente, también podrían crearse células ministeriales de crisis en los ministerios concernidos para un mejor cumplimiento de las misiones que le asigne el Comité Estatal de Coordinación. La constitución que se produce en
situaciones de emergencia no requiere de una convocatoria previa -me refiero al CECO- ni de la reunión física de sus miembros, sino que -y esto es habitual también- la comunicación efectiva puede producirse a través de cualquiera de los canales
disponibles.
En todo caso, anualmente, y con carácter previo a la época estival, que, como ustedes saben, es la de máximo riesgo de incendios forestales, el Comité Estatal de Coordinación se reúne y conoce los medios disponibles en el ámbito de la
Administración General del Estado. En este caso, la última reunión para la campaña de 2017 la celebramos el pasado 13 de junio, y en ella tratamos los siguientes temas: el balance de la campaña de incendios de 2016; la actualización de la
situación de incendios forestales; la información de las medidas de preparación de la campaña de verano de incendios 2017, con las distintas entidades integrantes del CECO -que ya he mencionado- y las medidas de coordinación previstas, por ejemplo,
la designación de los puntos de contacto para esta campaña y se hizo especial incidencia a este respecto con la Agencia Estatal de Meteorología, la UME, la Policía, la Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico. Por último, también se trataron
aspectos de la posible mejora de la gestión de los incendios forestales para esta campaña. Es algo habitual en cada una de las reuniones y al inicio de las campañas ver, a la luz de la experiencia adquirida y reunida en la campaña anterior, qué es
lo que puede mejorarse y aquellos aspectos en que puede ser más eficaz la actuación de este comité.
A estas reuniones del Comité Estatal de Coordinación, de forma periódica, hay que sumar las que se celebran con las comunidades autónomas, con el objetivo de prevenir los incendios forestales y, en caso de producirse, colaborar en su mejor
extinción. Ha mencionado también la ministra esa reunión ordinaria de coordinación en esta materia. Por ejemplo, el pasado 30 de junio, en Santiago de Compostela, se reunió el Comité Integrado de Prevención de Incendios forestales de Galicia, que
preside conjuntamente quien les habla y el vicepresidente y consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de la Xunta de Galicia, para coordinar las actuaciones de las administraciones central y autonómica en materia de prevención y
lucha contra los incendios forestales en la concreta comunidad autónoma. Órganos equivalentes existen con otras comunidades autónomas.
Refiriéndome ya a los medios para la campaña 2017, y en lo que respecta a medios terrestres, debe señalarse que se mantiene el dispositivo del año anterior, fundamentalmente las BRIF -de titularidad del Mapama, como ya ha mencionado la
ministra-, la Unidad Militar de Emergencia, como medio principal dependiente del Ministerio de Defensa, y no ha habido cambios cuantitativos significativos, dado que se dispone actualmente de un dispositivo y despliegue que se viene considerando
suficiente y adecuado para hacer frente a las emergencias por incendios forestales. Sí quiero mencionar -permítanme-, más desde un punto de vista cualitativo, que si las BRIF son ya un instrumento de una capacidad técnica absolutamente reconocida y
consolidada con los años, como ustedes conocen perfectamente, la Unidad Militar de Emergencia ha ido alcanzando progresivamente y desde su creación una capacidad operativa completa en este ámbito. La inmensa mayoría -más del 90 %- de las
intervenciones de la UME se han producido en la lucha contra incendios forestales y se han convertido ya hoy en un medio del Estado fundamental y también de altísima y reconocida capacidad técnica.
En lo que se refiere a medios aéreos estatales, la ministra les ha ofrecido previamente en detalle el número de este dispositivo, que constituye también, debo decirlo, un medio fundamental e internacionalmente reconocido; pocos países de
nuestro entorno, por no decir ninguno, tienen un dispositivo aéreo de lucha contra incendios forestales del alcance y capacidad del español. Me estoy refiriendo a medios estatales complementados por los medios de las comunidades autónomas, por
supuesto. Este reconocimiento lleva a que sean requeridos, cada vez con mayor frecuencia, por otros países para colaborar en situaciones de emergencia, como mencionaré después que está siendo particularmente intensa en esta campaña en el caso de
Portugal. Como se ha dicho, la mejora del dispositivo aéreo -ya lo ha mencionado- se ha incrementado en dos aviones de observación y coordinación, los drones, y ya ha mencionado la ministra la importancia que tienen también por la posibilidad del
seguimiento de la evolución de los incendios durante la noche cuando no pueden operar otros medios aéreos distintos.
También en cuanto a la presente campaña, la ministra ya se ha referido al incendio de Moguer, acaecido entre el 24 y el 27 de junio, y que ha requerido hasta el momento, y en la presente campaña, como digo, la mayor movilización de medios
aéreos y terrestres estatales.
No obstante, sí quiero detenerme mínimamente en destacar la intensa intervención que en esta campaña se está produciendo por parte de medios de España en apoyo de la lucha contra los incendios en Portugal. A fecha de hoy, se ha duplicado el
número de horas de vuelo y de descargas respecto al año anterior. Lo ha mencionado la ministra, son medios aéreos, fundamentalmente, dependientes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, pero también interviene la
Unidad Militar de Emergencia. Quiero decir que en 2017 -y hasta hoy- son ya 167 horas de intervención de medios
aéreos, habiéndose pasado de 146 descargas a 615, sin contar la actuación que en este momento mantenemos abierta desde el lunes también en Portugal.
Quiero destacar particularmente la intervención como consecuencia del desgraciado incendio producido en la localidad portuguesa de Pedrogao Grande el 16 de junio, que afectó a más de 44 000 hectáreas, fallecieron 62 personas y 250 resultaron
heridas. Posteriormente, se colaboró, entre el 18 y el 23 de julio, con los medios del Mapama, alcanzándose 136 horas de vuelo, con más de un centenar de efectivos de la UME sobre el terreno. También participaron módulos de intervención de cinco
comunidades autónomas, en aplicación del acuerdo bilateral hispanoportugués sobre la materia, y coordinados por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior. Me refiero a los medios españoles que participaron
allí.
Igualmente, el 18 de julio, Portugal solicitó la colaboración de los medios aéreos españoles para los numerosos incendios forestales que simultáneamente se estaban produciendo en el centro y noroeste del país, en los distritos de Braganza,
Vila Real, y Guarda, y también en aplicación del citado convenio bilateral. Se colaboró con la participación de hasta 6 medios aéreos en diferentes días, con más de 31 horas de vuelo y 90 descargas. La UME se incorporó a las tareas de extinción el
día 18 con 115 hombres y 28 vehículos. El día 23 de julio Portugal ha vuelto a solicitar la colaboración española para la extinción del gran incendio declarado en Serta, Castelo Branco, apoyándose por España con otras 7 aeronaves que han
intervenido en diferentes días y que permanecen actuando a día de hoy, con 167 hombres y 45 vehículos de la UME.
Quiero reseñar -ya lo ha dicho la ministra- que esto está siendo posible debido a que el mes de julio está siendo particularmente benigno en cuanto al número de incendios en territorio nacional y esto está permitiendo prestar esta
intensísima ayuda al país vecino, que ha vivido situaciones especialmente dramáticas como la de Pedrogao, a la que ya nos hemos referido. En cualquier caso, como digo, se está haciendo en esta campaña por parte de la Administración General del
Estado un gran esfuerzo en la lucha contra los incendios, además de en nuestro territorio, en aquellos que están azotando de manera especialmente grave a Portugal.
En cuanto a los incendios producidos en España hasta el momento en la campaña de 2017, se han producido un 24 % más de siniestros respecto a la media del decenio y el 42 % de los que han ocurrido son mayores de una hectárea, lo que no es
habitual. Sin duda -ya lo ha dicho la ministra- las condiciones meteorológicas y ambientales a las que se ha referido han tenido que ver y lo corrobora también el hecho de que la mayor parte de los grandes incendios que se han producido hasta el
momento han tenido lugar entre los meses de enero y abril; los que se han producido en el mes de junio y julio han sido una minoría. Los principales: los de Peñalba de Santiago, en Ponferrada; Pedrogao, ya mencionado; Moguer; Gátova; Minas de
Riotinto, señalando también en cuanto a la utilización de los medios estatales que desde el 1 de junio se han desplegado medios aéreos en 150 incendios, acumulando más de 1300 horas de vuelo. Desde el inicio de año se acumula la intervención en 353
incendios, doce intervenciones en seis comunidades autónomas. Han intervenido 1000 hombres, 303 vehículos y 7 helicópteros desplegados por la UME. El detalle del despliegue, así como el procedimiento y el mecanismo, se lo ofrecerá el siguiente
compareciente, el director general de Protección Civil y Emergencias.
A continuación, me referiré -también muy brevemente, ya estoy terminando- a la coordinación de estos medios y organizaciones, tanto para la prevención como para la respuesta e investigación de los incendios ya producidos. Me remito a lo
dicho ya anteriormente en cuanto al funcionamiento tanto en aplicación de la directriz básica de incendios forestales como al plan estatal en la materia, los distintos órganos e instancias de coordinación.
Creo que dada la hora y para permitir sus intervenciones, concluyo reiterando lo que comenté al inicio de mi intervención. La prevención, la planificación y la coordinación son tareas en las que están involucradas todas las administraciones
al objeto de evitar, en la medida de lo posible, los incendios forestales y de paliar al máximo, en el caso de que se produzcan, sus devastadoras consecuencias. Con carácter general, la actuación del Estado en la lucha contra los incendios
forestales complementa la acción correspondiente a las comunidades autónomas en aplicación de sus competencias, aportando medios y recursos de titularidad estatal y facilitando la incorporación de otros medios de otras administraciones y la ayuda
internacional, en los casos en que resulte necesario. Tengan en este sentido la seguridad de que, a través del Comité Estatal de Coordinación, todos los medios del Estado están dispuestos, coordinados y listos para intervenir en apoyo de aquellas
comunidades autónomas que lo requieran. Quiero agradecer también, en este sentido, el papel fundamental que juegan los medios de
comunicación en la difusión de las alertas y las medidas preventivas y en la concienciación de los ciudadanos ante este riesgo.
Muchas gracias por su atención. Señor presidente, quedo a su disposición para responder a las preguntas que quieran formular.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Luis Aguilera, subsecretario del Interior, por su interesante información.
Esta comparecencia ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y tiene la palabra su portavoz, don Antonio Gómez-Reino.
El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Muchas gracias, señor presidente.
Gracias por su comparecencia y por los datos puestos encima de la mesa, señor subsecretario del Ministerio del Interior. Le hemos escuchado atentamente, si bien tenemos bastantes preguntas concretas sobre su exposición de hoy que queremos
abordar con mayor profundidad.
Seré breve porque tampoco tenemos mucho tiempo. En primer lugar, comparece hoy aquí fundamentalmente como presidente del Comité Estatal de Coordinación de Incendios Forestales. A este respecto, el Consejo de Ministros ha aprobado un Plan
de actuaciones en la lucha contra incendios que, desde nuestro punto de vista, es continuista. Esto nos abre dos interrogantes, dos preguntas que le formularé a continuación. En todo caso, creo que estaremos de acuerdo en que afrontamos esta
campaña en un ambiente climatológico adverso, con un descenso de las precipitaciones acumuladas de más del 13 % y previéndose picos de temperatura históricos tanto en la Península como en Baleares. Respecto de todo esto, quiero formularle dos
preguntas concretas. En primer lugar, ¿qué protocolos de coordinación se han desarrollado por parte del Comité Estatal de Coordinación de Incendios Forestales, cómo se aplican concretamente y cómo se vigilia y evalúa su cumplimiento? En segundo
lugar, y respecto de lo que ya se ha hablado hoy aquí -estamos hablando de incendios forestales que no obedecen a patrones previos, dado que estamos encontrándonos con tipologías de incendios completamente diferentes-, ¿considera que la coordinación
de los medios se está adecuando a estos nuevos tipos de incendios forestales? Si se está haciendo esta adaptación, ¿cómo se está haciendo? Asimismo, queremos saber si se están ajustando los dispositivos para hacer frente a esta nueva tipología, a
esta nueva amenaza de incendios forestales.
También querríamos hacerle una serie de preguntas concretas respecto del Comité Estatal de Coordinación de Incendios Forestales. Entre sus funciones, como ha dicho, está la de coordinar las medidas para adoptar la movilización de todos los
medios y recursos civiles ubicados también fuera del ámbito territorial de la comunidad autónoma afectada, por lo que a este respecto querríamos saber cómo funciona, qué tipo de protocolo existe para la activación de esta situación. En segundo
lugar, como decíamos, ustedes también son los responsables de analizar y evaluar con periodicidad anual los resultados de la aplicación de este plan estatal, por lo que nos gustaría que de alguna forma nos hiciera un análisis, una puesta en valor de
los informes de evaluación de impacto de estos análisis anuales. En tercer lugar, dentro de sus atribuciones está asumir también las tareas de dirección de una emergencia declarada de interés nacional y, por tanto, nos gustaría saber cómo afrontan
y con qué criterios objetivos se plantean este tipo de declaración en caso de emergencia.
Respecto a la UME, que ha descrito usted, evidentemente sabemos que de nuevo en 2017 el ministro de Defensa pondrá a disposición a la UME como unidad de primera intervención. A este respecto, en diferentes ocasiones y en diferentes casos se
han denunciado carencias de información o de comunicación e incluso de coordinación entre los diferentes medios, entre los diferentes cuerpos que afrontan la lucha contra incendios con la UME. Nos gustaría saber su opinión al respecto y cómo
pretenden subsanar estas críticas a nivel de coordinación y de flujo de información.
En cuanto a la coordinación de medios aéreos, nos parece que hay una pregunta que es inicialmente clave respecto del grupo de trabajo que se ha desarrollado al efecto, creado en el seno del CLIF, y es si se han aplicado las recomendaciones
en coordinación con los medios aéreos contemplados en el informe de este grupo de trabajo. A nuestro parecer, la coordinación aérea es una pieza fundamental de la seguridad de los medios aéreos y su efectividad en la lucha contra incendios. A este
respecto, ¿qué formación es requerida a día de hoy para la figura de coordinador aéreo? ¿Qué experiencia mínima se solicita al personal -no piloto- encargado de la coordinación aérea? Y en último lugar, ¿qué protocolo existe para la activación del
medio coordinador aéreo? Las actividades aéreas de lucha contra incendios, como usted sabe, se han regulado por el reciente real decreto 750/2004, de 5 septiembre, que en el apartado entrenamiento establece el mínimo para las tripulaciones de
vuelo. Teniendo en cuenta la
temporalidad estacional concreta de los profesionales de lucha contra incendios y el alto grado de siniestralidad fatal, le queríamos preguntar si considera usted que se pueden tener profesionales bien preparados para actuar en grandes
incendios forestales con los requisitos establecidos a día de hoy en este real decreto. La gran mayoría de los pilotos en la lucha contra incendios son contratados por campañas, con una duración de entre tres y nueve meses y, por lo tanto, no nos
parece la forma más adecuada de afrontar un trabajo tan complejo y de tanta responsabilidad y dificultad como este. En ese sentido, queremos saber si piensan que es posible tener profesionales con esta temporalidad en las operaciones de lucha
contra incendios y disminuir al mismo tiempo el desmedido número de accidentes fatales.
La Administración establece los medios necesarios, en especial los aéreos, pero a veces -y esto no es una pregunta, es una pregunta retórica- pareciera que son las empresas concesionarias las que elaboran los pliegos de condiciones. En todo
caso, queríamos hacer tres preguntas. ¿Cuántos trabajadores del sector aéreo trabajan por días de forma irregular y precaria para la administración en la lucha contra incendios? ¿Son conocedores ustedes del alto intrusismo que sufre el sector por
parte de diferentes profesionales, algunos de ellos funcionarios que trabajan sus vacaciones en empresas privadas? ¿Se puede tener control de sus actividades máximas de trabajo reguladas en el anexo de la 16.b que afecta a todo el personal de lucha
contra incendios? En cuanto a la coordinación de la comunicación, ¿han estandarizado el protocolo de comunicación, tal y como se recomendó por el propio CLIF, para todo el Estado? Otra pregunta: ¿no considera, señor subsecretario, importante para
la seguridad en la lucha contra incendios forestales un sistema de comunicación que de una vez por todas funcione de manera unificada?
La última pregunta sería si se está estableciendo un protocolo claro de comunicación entre los diferentes SPEIF para el caso de que sea necesario trabajar de forma conjunta. Finalmente, y ya para cerrar, más que dos preguntas, quiero
plantear dos cuestiones que nos preocupan y que queríamos poner encima de la mesa. Por una parte, todo el problema de monocultivo de eucaliptos que se da en muchas partes, especialmente la cornisa cantábrica y también, entre otros lugares, en
Galicia, en mi país. Creemos que es un problema sobre el que hay que poner el foco también cuando hablamos de lucha contra incendios. En último lugar, el cártel del fuego, que a nivel judicial está pasando de ser algo estrictamente local,
restringido a algunas zonas y autonomías, a trascender ese ámbito, por lo que querría saber su perspectiva sobre cómo se puede combatir este tipo de situaciones en lo relativo a las contrataciones y todo lo que ha desgranado y puesto encima de la
mesa el cártel del fuego en la Comunidad Valenciana y en otros lugares.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Antonio Gómez- Reino.
¿Algún grupo desea intervenir para fijar posición? (Pausa). Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Gonzalo Palacín, y le recuerdo que por un tiempo máximo de tres minutos.
El señor PALACÍN GUARNÉ: Seré muy breve, dos minutos como mucho.
Quiero agradecer al compareciente su presencia y, dada la hora, como he dicho, seré muy breve. Según un estudio sobre la atribución social de las causas de incendios forestales, un porcentaje significativo de estos incendios son atribuidos
a causas criminales, a incendios provocados por distintas motivaciones. ¿Qué planes tiene su ministerio, o qué planes tiene el comité que usted preside para prevenir la criminalidad en el origen de este tipo de incendios? Asimismo, quería
preguntarle sobre la reunión que ha comentado que había mantenido el comité el pasado mes de junio y que hablaba de posibles mejoras a raíz de la experiencia de los incendios del año pasado. Me gustaría saber si se ha concretado en alguna medida
aplicable en este ejercicio en curso.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Gonzalo Palacín.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Emilio del Río.
El señor DEL RÍO SANZ: Muchas gracias, presidente.
Gracias, subsecretario del Ministerio del Interior, por su explicación, por su detallada y satisfactoria intervención a propósito del objeto de la comparecencia, que tiene que ver con la prevención -algo que ya ha explicado también muy
satisfactoriamente antes la ministra-, con la coordinación y la planificación
desde el Ministerio del Interior en el ámbito de sus competencias. Esto también es fundamental porque, por mucho que se trabaje en la prevención, es imposible reducir a cero el riesgo de incendios forestales y, por tanto, hay que estar
siempre preparados. Para ello hay que reconocer que se viene haciendo un buen trabajo desde hace años en nuestro país, que esta es una política en la que, en general, hay un acuerdo entre los partidos políticos, que no suele ser objeto de política
partidista o de sacar rédito desde el punto de vista partidista, aunque siempre hay alguien, sobre todo algunos de los partidos que recientemente han llegado al Congreso, como Podemos, que se arriman al calor del incendio para sacar rédito político,
en lugar de para contribuir a apagarlo, valga la metáfora política.
El nivel de exigencia desde el Gobierno de España es máximo. Se destinan los medios adecuados y desde el Grupo Popular se lleva a cabo una satisfactoria labor de coordinación, cada uno en el ámbito de sus competencias, porque aquí estamos
hablando de planificación y coordinación no solamente entre los distintos departamentos del Gobierno, como todos deberían saber, sino también entre las administraciones implicadas, con el objeto de evitar, en la medida de lo posible, que vayan a más
los incendios, una vez que se han producido. En ese sentido, hay que reconocer el Plan de actuaciones contra los incendios forestales, que se aprobó en junio de 2017, en el que se contemplan todas las medidas por parte del Consejo de Ministros y
que cuenta exclusivamente en el ámbito de la Administración del Estado, del Gobierno de España, con la participación de los ministerios de Presidencia y para las Administraciones Públicas, de Justicia, de Defensa, de Interior, de Fomento, de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y de Economía, Industria y Competitividad. Es una buena labor de coordinación interna y una buena labor también de planificación y de coordinación con las comunidades autónomas y también con los
ayuntamientos, con las entidades locales. En este punto tenemos que seguir manteniendo este nivel de exigencia, lo debe seguir manteniendo el Gobierno y las propias comunidades autónomas. Por parte del Grupo Popular van a encontrar siempre el
apoyo, una vez que se cumpla este nivel máximo de exigencia en algo tan importante como es la planificación y coordinación ante los incendios y que, como decía al principio, es el fruto de muchos años de trabajo. Hay que ir mejorando y, fíjese,
incluso por mucho que se haga, nunca será suficiente, pero habrá que reconocer que en este punto se destinan los medios necesarios y que hay una magnífica coordinación. Ahí están los resultados, hasta el punto de que no solamente se cumple de forma
satisfactoria, y además inmediata, esa labor de coordinación y de extinción de incendios, sino que además también prestamos ayuda a países vecinos.
Quería reconocer, por último, el trabajo de todos aquellos que se dedican a combatir los incendios forestales. Como parece que ha habido alguna crítica a la UME, me gustaría reconocer de una forma muy especial el trabajo de esos 1400
efectivos que desde la UME se dedican a la lucha directa contra los incendios forestales. Ante las críticas de Podemos, desde luego, en el Grupo Popular reconocemos, valoramos y aplaudimos el trabajo de todos los que se dedican a combatir los
incendios y de una forma muy especial, ya que se ha criticado, a la UME.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Emilio del Río.
Tiene ahora la palabra el señor subsecretario, don Luis Aguilera.
El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Aguilera Ruiz): Muchas gracias, señor presidente.
Trataré de dar respuesta a la mayor parte de las cuestiones planteadas por los grupos intervinientes en la medida en que sea posible, porque, refiriéndome a las cuestiones planteadas en la intervención del señor Gómez-Reino, muchas de ellas
exceden del ámbito de mi competencia. Usted se ha referido a que el Plan contra incendios 2017 es continuista. He de decir que el Plan contra incendios que normalmente aprueba el Consejo de Ministros es el fruto de la acumulación de la experiencia
de muchos años. Se acaba de mencionar, y lo comentó antes la ministra, que la experiencia en la lucha contra incendios es un valor que se va acumulando más allá de cuál sea el partido que haya en el Gobierno. Estoy convencido de ello y es lo que
he experimentado. Además, es lo que se refleja en ese plan anual. También creo que se ha alcanzado un nivel de actuación muy satisfactorio, en términos generales. Los incendios son incontrolables e impredecibles, pero debo decir que el nivel de
actuación y de respuesta inicial e inmediata que se consigue dar -estamos hablando ahora de los medios aéreos-, la primera respuesta es fundamentalmente con medios de las comunidades autónomas, que son las competentes para actuar. Los medios del
Estado son medios de refuerzo en aquellos casos en que se solicita porque se entiende que los medios autonómicos ante una situación concreta no están siendo suficientes. La gran preparación y la gran actuación de estos medios estatales -me estoy
refiriendo a los del Ministerio de Agricultura, me
estoy refiriendo a la UME- también determina que con el tiempo sea cada vez más habitual la petición de apoyo a estos medios estatales, y creo que eso es también un signo claro de que se trata de medios bien dimensionados, bien entrenados y,
desde luego, con un nivel de eficacia en su actuación muy elevado.
En cuanto a los protocolos de coordinación con el Comité Estatal de Coordinación, por el que me ha preguntado expresamente, he tratado de mencionarlo y de exponerlo quizás con excesiva brevedad durante mi intervención. El comité de
coordinación se constituye anualmente, fundamentalmente cuando empieza la temporada de incendios, y tiene unos procedimientos de actuación bastante flexibles, como exigen normalmente las respuestas ante estos hechos. Aquí es fundamental, y quiero
destacarlo, la actuación de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, que es verdaderamente el órgano que materializa esa coordinación que se instrumenta a través del comité. Le remito a la siguiente comparecencia porque estoy seguro
de que, con mucho detalle, el director general les va a explicar paso a paso cómo se actúa, cómo se detectan y cómo se reciben las peticiones de las comunidades autónomas, así como de qué manera se hace el seguimiento desde el Centro Nacional de
Emergencias, cómo se activan los medios estatales cuando los solicita la comunidad autónoma, directamente a través del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Eso lo ha puesto de manifiesto la ministra en cuanto a las
brigadas correspondientes y los medios aéreos, pero en cuanto al resto de medios estatales, se hace a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, cuando se solicita.
El CECO está en permanente contacto y en permanente disponibilidad. Como he dicho, las comunicaciones no requieren una presencia física, sino que estamos conectados a través de los medios necesarios. En general, no es usual tener que
recurrir a medios extraordinarios. La coordinación -también debo decirlo- en los incendios concretos se realiza en el nivel que tiene la competencia para ello y que viene siendo siempre el nivel autonómico. El director de la emergencia concreta es
el responsable designado por la comunidad autónoma, conforme a los planes territoriales correspondientes. Suele ser el director general de Protección Civil o análogo, el delegado de la comunidad autónoma en la provincia correspondiente. Por tanto,
los medios estatales se ponen al servicio del director de la emergencia, es decir, no hay una dirección de la emergencia por parte de la Administración General del Estado, salvo -usted lo ha mencionado también y aprovecho ya para darle respuesta a
otra cuestión que ha planteado- que la emergencia sea declarada de interés nacional. Conforme a la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, pero también conforme a la ley anterior del año 1985, la declaración de emergencia de interés
nacional está reservada para aquellos supuestos que verdaderamente presenten un desbordamiento absoluto de las capacidades de las comunidades autónomas. Hasta el momento, no se ha producido y, afortunadamente, sigue sin producirse una declaración
en un caso concreto de incendio forestal de interés nacional. En caso de que se produjera, el director de la emergencia sería directamente el ministro del Interior pero, insisto, no se ha producido. Sería el Ministerio del Interior y ahí estaría
el comité de coordinación como órgano de apoyo inmediato al ministro. El Comité Estatal de Coordinación se comunicaría con los demás órganos de la Administración General del Estado para la activación de todos los medios a los que me he referido,
los medios especialmente previstos en los planes y los medios extraordinarios que hubiera que aplicar.
Con carácter general, ya me he referido a que en las emergencias que se producen habitualmente, es el director de la emergencia el que coordina los medios que están interviniendo, sean autonómicos o sean estatales. Aquí quiero responder a
la mención que usted ha hecho en cuanto a las noticias de falta de coordinación de la intervención de la UME. Cuando actúa la Unidad Militar de Emergencias en un incendio concreto la intervención se produce siempre a solicitud de la comunidad
autónoma y previa decisión por parte del Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, y siempre se produce poniéndose la UME a las órdenes del director de la emergencia, con lo cual la mayor o menor
coordinación vendrá determinada por lo que se establezca en el centro operativo correspondiente. Desde luego, nosotros no tenemos constancia de esa inadecuada comunicación o falta de coordinación que usted ha mencionado; ya le digo que los medios
se ponen a las órdenes del director de la emergencia. En el caso de que fuera una emergencia de interés nacional, la dirección de la emergencia es del ministro del Interior pero la dirección operativa sería del general jefe de la Unidad Militar de
Emergencia.
En cuanto a las cuestiones de distinto tipo que también ha planteado, por ejemplo se ha referido a las condiciones laborales de los pilotos aéreos, a la preparación, la temporalidad de esas contrataciones, me temo que no le puedo dar
respuesta porque excede absolutamente de nuestras competencias, dado que
los medios aéreos, como se ha dicho y usted conoce, dependen bien directamente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, o bien a través de los convenios correspondientes -me estoy refiriendo a los medios
estatales- por ser de titularidad del Ministerio de Defensa pero estar funcionalmente a disposición del Ministerio de Agricultura. No obstante, creo que la ministra en la anterior comparecencia ha dado datos muy concretos que se han ido adoptando
en los últimos años para la mejora de las condiciones laborales tanto de los miembros de las BRIF como, en general, de otras medidas. Por mi parte, poco más lo puedo decir porque lo desconozco, no entra dentro del ámbito de las competencias del
Ministerio del Interior. Tampoco le puedo contestar a la referencia al monocultivo del eucalipto, porque tampoco entra dentro de nuestras funciones ordinarias.
Sí le puedo decir que el Comité Estatal de Coordinación funciona con absoluta flexibilidad -ya se lo he comentado-, los protocolos de actuación a través de su secretaría -el secretario es el director general de Protección Civil y
Emergencias- se convocan inmediatamente que resulta necesario, la convocatoria física se produce rarísimamente. Se produce al inicio y al final de la campaña para evaluar los resultados, y durante la campaña normalmente la coordinación se produce a
través de otros medios porque, gracias a Dios, insisto, no se ha producido nunca la declaración de emergencia de interés nacional. Mientras tanto, la coordinación de los medios que se activan, como digo, queda a disposición del director de la
emergencia correspondiente.
El señor Palacín, del Grupo Socialista, ha planteado la cuestión de la lucha contra los incendios forestales, que también ha mencionado el señor Gómez-Reino en su última intervención, cuando ha hablado de los cárteles de los incendios en la
lucha contra los incendios forestales. Efectivamente, aquí hay un problema y se trata de actuar frente a la dificultad que plantea, desde un punto de vista policial, la detección y la averiguación de las causas concretas de aquellos incendios que
hayan sido provocados. En este sentido, les puedo proporcionar -así me comprometo, señor presidente- los datos de procedimientos penales iniciados en el último año, o de los últimos años para que tengan una visión más completa, las condenas que se
han venido produciendo en el ámbito territorial, competencia por supuesto del Ministerio del Interior, que se están produciendo fundamentalmente a través de la Guardia Civil en el medio rural, a través de la intervención del Seprona y también de la
Dirección General de Policía. Debe señalarse que esta es una cuestión que se trata anualmente en las reuniones del Comité Estatal de Coordinación, precisamente para analizar cómo evolucionan los datos de persecución y de efectividad en la
averiguación y persecución de las personas que causan intencionadamente incendios forestales. Debo decir que creemos que la evolución es buena dentro, insisto, de las enormes dificultades que conlleva -por motivos que son obvios- la averiguación de
estos delitos. Hay algunos casos de comunidades -usted ha hecho referencia a Valencia- donde efectivamente las propias comunidades tienen datos muy elaborados; me estoy refiriendo, por ejemplo, a Galicia, donde lo hemos visto en la reunión del
Cipig, del comité integrado al que me he referido anteriormente, donde hay un análisis prolongado a lo largo del tiempo de los lugares, concellos o parroquias donde se vienen produciendo los incendios, y eso también ayuda a tener el problema
localizado y a la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad en esta materia. Pero, como le digo, yo me comprometo a darles, a través del presidente de la Comisión, los datos concretos que se hayan podido aplicar.
En cuanto a la intervención del representante del Grupo Popular, no puedo estar más de acuerdo. Como ha dicho la ministra, y yo me he sentido absolutamente identificado, el éxito y el buen hacer en la lucha contra los incendios no es una
labor de este Gobierno o del anterior, es una labor de muchos años, una labor de todo el personal que interviene, al que, desde luego, hay que felicitar porque son unos profesionales de excepcional cualificación y creo que se demuestra en cada uno
de los incendios. El caso de Moguer ha sido un supuesto claro ante el riesgo que existía de que las llamas afectasen a un terreno de tal riqueza como el Parque Nacional de Doñana y que se pudo evitar. Es un ejemplo, pero yo le remito a que vea
cómo funciona todo el dispositivo, cómo se vienen evitando víctimas mortales, fundamentalmente gracias a la labor de prevención y a la actuación inmediata y evacuación cuando los incendios amenazan a zonas pobladas, con los desalojos muchas veces
preventivos, anticipadamente, pero que debo decir que están produciendo un resultado muy efectivo. Estoy de acuerdo en que no es una política partidista y también, según mi experiencia personal, en que los Gobiernos autonómicos del color que sean,
sean los partidos que sean los que los apoyen, desde luego en momentos o situaciones de emergencia como estas, colaboran con absoluta lealtad y con absoluta coordinación, que es lo que permite llegar a los buenos resultados.
Usted ha hablado también de cómo se van adaptando los medios a las nuevas modalidades de incendios. En fin, esta es una respuesta más sectorial para cada uno de los responsables de estos medios estatales pero ahí está. En definitiva,
quiero sumarme también al reconocimiento a todos los trabajadores de todos los medios estatales y autonómicos en la lucha contra incendios; creo que hacen una labor magnífica. Los incendios no pueden prevenirse, pero se pueden tratar de extinguir
lo antes posible cuando se producen y, desde luego, tratar de evitar que causen los daños personales o materiales que estamos viendo que, desgraciadamente, pueden causar en los supuestos que hemos presenciado este año en el país vecino, Portugal.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Luis Aguilera.
En nombre de la Comisión, quiero darle al subsecretario de Interior, don Luis Aguilera, las gracias por haber comparecido y por habernos facilitado una amplia información, y le deseo, también en nombre de la Comisión, un feliz verano.
(Pausa).
- DEL DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS (DÍAZ CRUZ), PARA INFORMAR SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS PARA LA CAMPAÑA DEL 2017. A PETICIÓN DEL GOBIERNO. (Número de expediente
212/000911).
- DEL DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS (DÍAZ CRUZ), PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 2017 EN EL ÁMBITO RELATIVO A SUS FUNCIONES ESPECÍFICAS DE
COORDINACIÓN DE LOS EFECTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 212/000893).
El señor PRESIDENTE: Vamos a proseguir la sesión.
Quiero agradecerle ahora a don Juan Antonio Díaz, director general de Protección Civil, su presencia hoy aquí para comparecer a petición propia, a petición del Gobierno, y también para dar respuesta a la petición de comparecencia formulada
por el Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Señor director general, a estas alturas de la jornada todos los diputados le agradeceríamos muchísimo que pusiera en práctica su capacidad de síntesis, siempre que pueda contestar a todas las
preguntas y a todas las cuestiones que planteen sus señorías.
Tiene la palabra, señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS (Díaz Cruz): Muchas gracias, presidente.
Señorías, comparezco ante ustedes como director general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior. Procuraré ser breve dada la hora y dado que gran parte de las cuestiones que tenía preparadas han sido tratadas
anteriormente tanto por la ministra del Mapama como por el subsecretario de Interior.
Como bien comentaba el representante del Partido Popular, el acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de junio, por el que se aprueban las medidas correspondientes al Plan de actuaciones de prevención y lucha contra los incendios forestales,
establece la participación de varios ministerios que han sido mencionados por él. El citado acuerdo del Consejo de Ministros resalta que el objetivo fundamental de la actuación estatal en el ámbito de la protección civil, en la lucha contra
incendios forestales, es la protección de personas y bienes frente a este riesgo, complementando las acciones que corresponden a las comunidades autónomas en virtud de sus competencias, gestionando la aportación de medios y recursos de otras
administraciones llamadas a colaborar, incluidos los medios internacionales si procede, y facilitando su incorporación a las tareas de extinción cuando así lo soliciten los órganos competentes de las comunidades autónomas afectadas. En concreto, a
la Dirección general de protección civil le asigna las funciones de alerta temprana, seguimiento de incendios y difusión de información acerca de su evolución -hablamos de incendios forestales que tengan consecuencias para la población civil o que
requieran la participación de medios estatales-, gestión de la solicitud de determinados recursos y servicios de la Administración General del Estado, especialmente la Unidad Militar de Emergencias, gestión de la cooperación internacional, a través
del Mecanismo Europeo de Protección Civil o de los
convenios internacionales de carácter bilateral que tenemos suscritos, y determinadas actividades de coordinación derivadas de las funciones del Comité Estatal de Coordinación, el CECO. Estas funciones ya han sido explicadas por el
subsecretario del Interior, por lo que no voy a insistir en ellas a no ser que haya alguna pregunta. Además, la dirección general es el órgano de trabajo del CECO en la aplicación de la Directriz básica de planificación de protección civil ante
este tipo de riesgo. Esta directriz es la norma a la que deben ajustarse los planes de los distintos niveles administrativos -local, autonómico y estatal-, con el objeto de que cada uno de ellos pueda actuar de forma complementaria y subsidiaria
del nivel anterior.
Respecto a la lucha contra incendios forestales, la dirección general participa en todas las actuaciones definidas por la ley que regula el Sistema Nacional de Protección Civil: anticipación, prevención, planificación, respuesta inmediata,
recuperación y evaluación. Centraré mi intervención en las cuestiones relacionadas con la comparecencia: prevención y coordinación. Con respecto a los aspectos de prevención y dentro de las competencias de la dirección general, cabe destacar:
acciones de formación dirigidas a personal técnico, unidades de intervención y voluntarios de protección civil, que han sido llevadas a cabo por la Escuela Nacional de Protección Civil. La escuela ha organizado este año cinco cursos para personal
de la UME, con un total de 272 horas lectivas para cada uno de los participantes; cinco talleres dirigidos a directores de extinción de Portugal y de las comunidades autónomas limítrofes a efectos de mejorar la coordinación y para que establezcan
acuerdos operativos entre ellos y dos cursos para personal voluntario de protección civil, además de una jornada técnica de investigación de causas y aspectos penales y procesales para personal del Servicio de Protección de la Naturaleza de la
Guardia Civil, Seprona, y agentes medioambientales. En total, se han formado en 2017 cerca de 250 profesionales y voluntarios. Por otra parte, se ha desarrollado un sistema de gestión de ayudas en situaciones de emergencia, al que llamamos Sigame,
para la solicitud por parte de las comunidades autónomas de medios extraordinarios del Estado. El Sigame, que se desarrolla en aplicación del convenio-marco de colaboración entre el Ministerio del Interior y las comunidades autónomas, consiste
básicamente en una plataforma donde todos los participantes en el sistema podrán disponer en tiempo real de información sobre los medios disponibles de todas las comunidades autónomas. Sirve especialmente para solicitar y ofrecer apoyos de forma
rápida y eficaz. Este año se está poniendo en práctica y ya ha sido utilizado por algunas de las comunidades autónomas para solicitar la activación de la UME. Para su puesta en marcha, se organizó en la Escuela Nacional de Protección Civil una
reunión con todos los directores generales de Protección Civil de las comunidades autónomas, el pasado 9 de febrero, y un curso de formación a partir del 13 de junio, en el cual participaron los que iban a ser usuarios del sistema.
Para alerta temprana, la dirección general dispone de un sistema de detección y seguimiento de potenciales focos de fuego, Hotspot, mediante la observación y registro de datos obtenidos por plataformas de observación satelitales. Esta
herramienta, además de la detección de los focos de fuego, permite realizar unas simulaciones de propagación del fuego teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas presentes en el momento, como humedad, temperatura y viento, el estado del
combustible en la zona afectada y el relieve del terreno, todo ello proyectado sobre un sistema de información geográfica que contiene los elementos vulnerables de la zona: poblaciones, tendidos eléctricos, posibles hospitales, infraestructuras,
etcétera. Este sistema permite el apoyo a la toma de decisiones de las autoridades correspondientes. Desde el 1 de enero se han analizado 700 detecciones de potenciales focos de fuego, de los que 130 han sido confirmados y comunicados a las
comunidades autónomas afectadas y delegaciones y subdelegaciones del Gobierno correspondientes.
Para información y seguimiento de los incendios, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias, ubicado en la dirección general, ha efectuado el seguimiento de todos los incendios que pueden tener efectos sobre población
civil. Este seguimiento, en la época de máximo riesgo, entre el 15 de junio y finales de octubre, se inicia con las previsiones meteorológicas que proporciona la Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, y se completa con la información que
suministran las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, las comunidades autónomas afectadas, la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Mapama y las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil,
principalmente. El Cenem elabora en la época de máximo riesgo dos informes diarios de seguimiento que difunde a los miembros del CECO, a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, a las direcciones generales responsables de Protección Civil
de las comunidades autónomas, a los centros 112 y al Centro de Coordinación de Emergencias de la Unión Europea, el ERCC. De la misma manera, durante el periodo de máximo riesgo de incendios, el Cenem divulga diariamente información al ciudadano,
avisos de Aemet
y de alerta de Protección Civil, difundiendo a través de la página web de la dirección general mapas diarios con el índice de riesgo de incendios forestales, publicado por la Aemet, y el resumen de incendios forestales de las últimas
veinticuatro horas. Además, en situaciones especiales de altas temperaturas se emiten a través de los medios de comunicación y de la página web de la dirección las correspondientes notas de prensa, que incluyen las alertas y recomendaciones a los
ciudadanos para que extremen las precauciones, tanto respecto a altas temperaturas como respecto a incendios forestales.
En cuanto a coordinación, la coordinación de las actuaciones es fundamental para hacer frente a cualquier situación de emergencia. Desde luego, es muy necesaria en el ámbito de los incendios forestales, entre otros motivos porque en
ocasiones la responsabilidad de la gestión de los incendios no recae sobre una sola consejería en las diversas comunidades autónomas, sino que es compartida por varias. En otras ocasiones, hay diferentes ámbitos territoriales competentes
implicados: diputaciones forales y cabildos, aparte de las propias comunidades autónomas. Además, todavía no se ha concluido el proceso de adaptación de todos los planes autonómicos a la nueva directriz básica, por lo que conviven en la actualidad
planes redactados según la nueva directriz básica y según la directriz básica anterior.
Con el fin de asegurar la necesaria coordinación, trabajamos a dos niveles, uno general y uno operativo. En lo que a aspectos generales se refiere, se han llevado a cabo diferentes acciones de coordinación. El primer elemento esencial para
la coordinación es tener una buena planificación. A este respecto, el Consejo Nacional de Protección Civil, recién creado, debe informar los planes de protección civil de todas las comunidades autónomas y también los estatales. El pleno del
consejo, en su reunión de constitución, celebrada el pasado 29 de marzo, delegó la función de informes previos de los planes en la comisión permanente. La comisión permanente se convocó el pasado 19 de mayo e informó los primeros planes de
incendios forestales adaptados a esta nueva distribución que marca la ley del consejo de varias comunidades autónomas: Madrid, País Vasco, Castilla-La Mancha Asturias y La Rioja. Anteriormente, había homologados tres planes de protección civil
contra incendios forestales: el de Galicia, el de Murcia y el de Canarias, homologados sobre la propia directriz de 2013. Aparte, se han hecho reuniones de coordinación con la Unión Europea en el seno del Mecanismo Europeo de Protección Civil. La
reunión de coordinación previa a la campaña de incendios se celebró el 10 de mayo en Bruselas. Aquí, los representantes de los países participantes se intercambiaron información sobre los dispositivos establecidos para la campaña de 2017, se
revisaron las conclusiones de la intervención europea en los incendios de Chile en enero de este año y se acordó mantener las videoconferencias semanales entre los países más afectados por este riesgo -Portugal, España, Francia, Italia, Croacia y
Grecia-, así como con los organismos de la Comisión Europea competentes: el ERCC que he mencionado antes y el Joint Research Center, que tan buenos resultados habían dado en años anteriores. También como reunión de coordinación -la que han
mencionado anteriormente tanto la ministra como el subsecretario- está el CLIF, que es el Comité de Lucha contra Incendios Forestales, que reúne tanto al Mapama como a la totalidad de los servicios técnicos forestales de prevención y extinción de
las comunidades autónomas. En este CLIF también intervienen el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y muchas empresas estatales cuyos servicios pueden verse afectados o pueden ser origen de incendios, como ADIF o AESA. Otro comité en
el cual también se asegura la coordinación -recientemente mencionado por el subsecretario- es el Comité Estatal de Coordinación, que se reunió el pasado 13 de junio, como bien ha dicho él. Otro comité en el cual participamos como vocales es el
Comité Integrado de Prevención de Incendios en Galicia, que se materializa para asegurar la participación de los órganos competentes tanto de la Xunta como de la Administración General del Estado. En él se aprueba el programa de aportación de
medios y efectivos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de Fuerzas Armadas para la prevención, apoyo y extinción de los incendios en Galicia.
Para la coordinación operativa, las acciones de coordinación se llevan a cabo desde el Cenem de la dirección general, por medio de los informes diarios, información a la población y videoconferencias semanales con el ERCC. Además, hay una
coordinación y un contacto permanentes con el Centro de coordinación de la información nacional sobre incendios forestales de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura y, asimismo, hay coordinación
con los otros centros de coordinación operativa de las comunidades autónomas y con el Estado Mayor de la UME y, a nivel internacional, como hemos dicho antes, está la coordinación con la Unión Europea como punto focal nacional para la definición,
preparación y oferta de módulos.
En cuanto a la intervención en incendios forestales, a esta dirección general le corresponde también un papel de coordinación en varios aspectos. Primero, coordinación del apoyo de la UME a las
comunidades autónomas. Esto se realiza en función de lo establecido en el Protocolo de intervención de la Unidad Militar de Emergencia, aprobado por Real Decreto 1097/2011, que dice que corresponde al Ministerio del Interior la valoración y
tramitación al Ministerio de Defensa de las solicitudes de intervención de la UME en apoyo a las comunidades autónomas afectadas por una emergencia. Esta función de valoración y propuesta corresponde a la Dirección general de protección civil.
Otro aspecto es la coordinación de la intervención de medios españoles en emergencias en otros países a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil o la participación de medios extranjeros en España. Como punto focal que somos, cada
vez que hay una petición de apoyo a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, el Centro Nacional de Seguimiento de Emergencias de la dirección general difunde las solicitudes de apoyo a los órganos titulares de los medios de intervención en
toda España y coordina la intervención de los medios que se ofrezcan una vez aceptados. Los ejemplos más recientes han sido los despliegues en Chile en enero de 2017, donde se desplegaron un módulo de la UME y un equipo de expertos de la Unión
Europea, de los que -de sus doce integrantes- cinco eran españoles. Aparte de este módulo de la UME al que he hecho referencia, se desplegaron también dos módulos, uno de Portugal y otro de Francia, es decir, la participación europea era de España,
Francia y Portugal -cada una con un módulo- y de un equipo de expertos de la Unión Europea. La coordinación se realizó desde la dirección general, ya que es una de nuestras responsabilidades. En el despliegue de Pedrógão también se coordinó la
participación en dos aspectos, es decir, juntamos los dos niveles. Respecto al de participación dentro del mecanismo europeo, hubo un módulo de extinción aérea de la Comunidad de Castilla-La Mancha -módulo propio de la comunidad declarado como
módulo del mecanismo europeo-, un módulo terrestre de la Unidad Militar de Emergencias y otro módulo del Ericam de Madrid. Como ven, la coordinación de las comunidades autónomas y del Estado la realizamos nosotros, combinando este módulo con el
apoyo bilateral realizado a través del apoyo aéreo que proporcionó el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y módulos que proporcionaron las comunidades autónomas de Andalucía, Galicia y Extremadura. Quedó sin participar,
aunque lo ofreció también, la Comunidad de Valencia. Esto responde un poco a la pregunta que le han hecho al subsecretario de cómo nos relacionábamos con el resto. Tanto a nivel nacional, con todos los medios estatales, como con las comunidades
autónomas, a través de reuniones y de contactos establecidos, tenemos un contacto permanente y continuo. Desde el punto de vista bilateral, también se ha coordinado desde la dirección general la intervención de la UME en los incendios de Guarda y,
actualmente, en Sertã en Castelo Branco.
En nuestra función como punto focal de la Unión Europea para las emergencias, coordinamos también el apoyo, en actuaciones que podemos solicitar de la Unión Europea, del sistema Copernicus, que proporciona una revisión satelital y un
reportaje en el cual aparecen las zonas afectadas por una emergencia, incluyendo tipo, nivel y situación en la que ha quedado la zona. Estas imágenes se las pedimos a la Unión Europea. Somos el punto focal y recientemente hemos proporcionado
información de utilidad para las comunidades autónomas -que son las que tienen que explotar esta información- a través del sistema Copernicus para los incendios forestales ocurridos en Moguer, en Gátova, en la Comunidad Valenciana, y en Minas de Río
Tinto. Esta es básicamente la participación de la dirección general.
Como referencia, en el Centro nacional de emergencias hemos recibido informes de 353 incendios, que son los que de verdad tenemos que gestionar nosotros de los 3409 que figuran en las estadísticas del Mapama a día de hoy. Ha habido ocho
grandes incendios, seis fuera de época estival -estos datos ya los ha anticipado el señor subsecretario-. De estos incendios hemos calificado 38 como significativos. Para nosotros significativos quiere decir que precisan ayuda extraordinaria del
Estado o han tenido consecuencias sobre la población civil. En estos casos, hasta el día de hoy, ha habido fallecidos en uno de ellos, heridos en cinco y evacuaciones en 22 ocasiones con 3666 evacuados. En cuanto a intervención de medios del
Mapama, hay que mencionar que han participado en 352 incendios, 150 desde junio, y llevan más de 1300 horas de vuelo. La UME este año ha participado en 12 ocasiones. En el extranjero hemos participado en Pedrógão, Guarda y Castelo Branco.
Muchas gracias a todos, quedo a disposición del presidente y de sus señorías por si quieren hacer alguna pregunta.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Juan Antonio Díaz.
En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, que es el que ha solicitado la comparecencia, tiene la palabra don Juan Antonio López de Uralde.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Muchas gracias por la comparecencia.
El cambio climático y las graves carencias en las políticas forestales y de desarrollo rural nos condenan a sufrir incendios cada vez más grandes y destructivos. Grandes incendios que en las últimas décadas tienen también un mayor impacto
social. La ausencia de gestión forestal, el urbanismo caótico y salvaje han generado un paisaje de alto riesgo en el que la frontera entre lo urbano y lo forestal se difumina. Verano tras verano el fuego afecta con mayor frecuencia a pueblos y
urbanizaciones, lo que complica las labores de extinción y obliga a realizar evacuaciones cada vez más grandes, poniendo en peligro a personas y a bienes. Los incendios del siglo XXI han dejado de ser un problema estrictamente ambiental para pasar
a ser una emergencia civil. Ha nacido una nueva generación de superincendios de alta intensidad que arrasa el medio natural, pero también viviendas y todo aquello que se pone por delante. Desgraciadamente, lo hemos comprobado de manera reciente en
el siniestro de Pedrógão Grande en Portugal, donde 64 personas perdieron la vida atrapadas en sus casas, durante la huida o luchando contra el fuego y 204 resultaron heridas. Este incendio no es un hecho aislado en el área mediterránea. En 2007,
en Grecia, el fuego asoló medio país y mató a más de cincuenta personas. En España cada vez con más frecuencia vivimos episodios en los cuales se ve involucrada la necesidad de desalojos; lo hemos visto hace apenas unos días en el entorno de
Doñana, donde además de la importante afección sobre el medio ambiente ardieron más de 8000 hectáreas, unas 2000 personas fueron evacuadas y 50 000 quedaron aisladas.
Los incendios ya no solo afectan al medio rural y natural. A pesar de que únicamente se dispone de estadísticas sobre este tipo de emergencias desde el año 2005, en apenas una década se ha confirmado la preocupante tendencia de que con
menos incendios hay una mayor proporción de intervenciones de Protección Civil y un mayor número de evacuados. En el año 2015 se produjeron un 40 % más de evacuaciones en relación con el número de siniestros que en el año 2005. Desde nuestro punto
de vista existen dos situaciones de interfaz con diferencias muy marcadas: por un lado, pueblos o casas aisladas en el ámbito rural con un fuerte vínculo con el territorio y, por otro, urbanizaciones y desarrollos periurbanos de más reciente
construcción y habitados por población no rural que desconoce los riesgos y las responsabilidades que implica vivir en un entorno forestal. Los grados de peligrosidad, evidentemente, no son iguales para estas zonas. Además del tipo de asentamiento
-casa aislada, núcleo rural, urbanización-, la composición, densidad y cobertura de la vegetación juegan un papel clave.
El avance imparable de la frontera de interfaz responde en España a dos motivos, consecuencia directa de malas decisiones políticas. Por un lado, se ha consentido una irresponsable y desordenada invasión del monte por viviendas y
urbanizaciones. Entre los años 2001 y 2011 la población creció un 10 %, mientras que la urbanización lo hizo en un 23 %, muy por encima de las demandas reales. La sociedad ha colonizado espacios que tradicionalmente eran descartados por su alto
riesgo. Hoy priorizamos la construcción de hogares en lugares agradables en los que prima lo estético, rodeados de vegetación y con vistas, pero no nos planteamos si son zonas seguras. Por otro lado, la razón causante de un avance más sigiloso de
la interfaz es la desproporcionada densificación de las masas forestales. La ausencia de gestión forestal y el abandono de actividades tradicionales, como el pastoreo, la estación de leña o el cultivo por pequeñas huertas, han generado un
combustible perfecto para alimentar los grandes incendios.
Las zonas de contacto entre lo urbano y lo forestal deben ser claramente consideradas como un tipo específico de zona de alto riesgo de incendio. En estas áreas el riesgo es doble: las probabilidades de que se inicie un incendio por causa
humana se multiplican y, sobre todo, el fuego compromete la seguridad de las personas, viviendas, infraestructuras y de los propios servicios de extinción. En esta línea, resulta fundamental y urgente que las comunidades autónomas identifiquen y
declaren las ZARI en sus territorios, tal y como exige la Ley de Montes del año 2003; solo así se podrán aprobar planes específicos de prevención que eviten que los incendios devoren cada año bosques y casas. En la actualidad la legislación
aplicable a las zonas de interfaz es incompleta. Si tenemos en cuenta que este tipo de incendios afecta a bosques, casas y que son considerados de emergencia, es necesario que exista una legislación específica y coordinada que englobe estos tres
aspectos: forestal, urbanismo y protección civil.
En este sentido, voy directamente a las preguntas que nuestro grupo quería realizarle; son preguntas muy concretas. En la actual evolución de los incendios forestales resulta clave una integración de medios y efectivos humanos dentro de
una estrategia de prevención y extinción de incendios forestales, que cada vez son más emergencias multidimensionales. En este sentido, ¿considera a los servicios de prevención y extinción de incendios servicios de emergencias? ¿Puede permitirse
un Gobierno sensato y responsable
la no especialización de miles de bomberos forestales solo por no aplicar una formación legislada desde 2013 por el Real Decreto 624/213, que amplía el ámbito de la formación para dar cobertura a nuevas situaciones como las que se producen
en el interfaz urbano-forestal? ¿Cómo valora la aplicación de la directriz básica de planificación de la protección civil en incendios forestales en general y en concreto en los aspectos relacionados con la interfaz urbano-forestal? ¿Qué acciones
se están impulsando para garantizar su desarrollo y aplicación? A la vista del creciente desarrollo de grandes incendios forestales, de los incendios convectivos y de una cuarta y quinta generación en lo que se conoce como incendios fuera de la
capacidad de control, ¿se está trabajando en el desarrollo del Plan estatal de protección civil y emergencias en los incendios forestales para adecuarlo a estos incendios, que son los más destructivos y que generan una mayor alarma y riesgo para las
personas y bienes? Y una última pregunta. ¿Las empresas que prestan servicios en la prevención y extinción de incendios se encuentran registradas en el CNAE correspondiente? ¿Se lleva algún tipo de control al respecto?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Juan Antonio López de Uralde.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Gonzalo Palacín.
El señor PALACÍN GUARNÉ: Gracias, señor presidente.
Intervendré muy brevemente. En primer lugar, quiero agradecer al compareciente su exposición.
Le voy a lanzar tres o cuatro preguntas nada más a la espera de que nos las conteste. Nos gustaría saber si está previsto abrir el actual catálogo de planes especiales de protección civil para poder hacer frente a los nuevos retos del siglo
XXI y, en concreto, a los del cambio climático y los grandes incendios forestales, que cada vez son más habituales. Asimismo, nos gustaría saber -porque así nos lo han trasladado-, si va a impulsar la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias el uso del teléfono europeo de emergencias 112, incorporándolo a todos los operativos, porque en ocasiones se está produciendo algún tipo de duplicidad y confusión con otros números que otras administraciones están promocionando.
En materia de protección civil, nos gustaría saber su opinión acerca de hacia dónde tendrían que ir las acciones de mejora de la gestión para prevenir estos grandes incendios forestales que le comentaba antes. Y en cuanto a un tema que ha
comentado el portavoz de Podemos, el asunto de la interfaz urbano-rural, actualmente existe una legislación aplicable a estas zonas que a veces puede resultar incompleta. Además, los incendios que se desarrollan en estas zonas afectan a bosques,
casas y son considerados por tanto de emergencia. Sería necesario pues que existiera una legislación específica y coordinada que englobara los tres aspectos, el forestal, el urbano y el de la protección civil. Desde el Plan estatal de protección
civil para emergencias por incendios forestales se establece la obligatoriedad de que todas estas zonas dispongan de planes de autoprotección. Además de códigos técnicos para todas las edificaciones, debe habilitarse también una franja de
protección para poder separar la parte urbana de la parte arbolada. A pesar de que a nivel nacional y a nivel autonómico hay diferente normativa, a veces su aplicación sigue siendo una gran asignatura pendiente. Por tanto, queremos preguntarle si
por parte de su dirección se está tomando alguna medida para mejorar o impulsar mejoras en esta situación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Gonzalo Palacín.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Emilio del Río.
El señor DEL RÍO SANZ: Gracias, señor presidente.
Gracias, señor director general de Protección Civil y de Emergencias por su comparecencia y por su detallada intervención a propósito de algo que está relacionado con la anterior comparecencia del subsecretario del Interior, que es no
solamente esa labor propia de coordinación interna dentro de la Administración General del Estado, sino también de coordinación con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos que se viene llevando a cabo de una forma satisfactoria en los
últimos años, más allá incluso del partido político que gobierna en España, con un nivel de exigencia máximo en lo que es una política de Estado. Se dedican los medios adecuados -esto es algo que desde el Grupo Popular también queremos reconocer-
no solo desde el punto de vista organizativo y de planificación -ahí están el Plan especial de protección civil, la actualización que se hace cada año, las reuniones permanentes con las comunidades autónomas, algo absolutamente fundamental-, sino
también desde el punto de vista de los
propios recursos que el Gobierno de España, en el ámbito de sus competencias, destina a toda esta labor de planificación y de coordinación para evitar los incendios forestales o, una vez que se han producido, para evitar que tengan impacto.
En este sentido, me llaman la atención algunas de las intervenciones, porque vuelven a poner de manifiesto que estos gravísimos incendios se producen en países cercanos y en algunos otros no tan cercanos -en cualquier caso de la Unión Europea-, no
en nuestro país, lo que quiere decir que algo se estará haciendo bien, aunque reconozco que por mucho que se estén haciendo cosas y se esté mejorando año tras año nunca serán suficientes las labores de coordinación y de planificación ni los medios
que se destinen a ellas. Sin embargo, somos un país que presta ayuda a los otros países y somos un ejemplo en las labores de coordinación y de planificación en materia de extinción de incendios. Lo que espero es que en aquellas comunidades
autónomas en las que gobierna Podemos esta labor de coordinación se lleve a cabo con lealtad, de la misma manera que por parte del Gobierno de España hay ya esa lealtad con las comunidades autónomas donde desgobiernan y, además, en algunas
comunidades se ha reducido el presupuesto destinado a protección civil. En cualquier caso, que esta labor de coordinación se lleve a cabo con lealtad.
Me llama la atención también que ha tenido que ser el Partido Popular el que ha presentado una proposición no de ley sobre la interfaz urbano forestal para oír hablar en esta Comisión sobre interfaz urbano forestal, algo que hasta que el
Partido Popular no lo trajo a esta Comisión, como digo, en forma de proposición no de ley, no se había mencionado ni había sido objeto de pregunta ni de debate en la Comisión.
Como digo, va a tener siempre en el Grupo Popular un grupo vigilante para que se sigan destinando los medios adecuados para ello y exigente en el nivel de coordinación. Como esto es así, reconocemos esta labor que se está haciendo tanto de
planificación y coordinación como de medios adecuados, por lo que le felicito en representación del Gobierno de España.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Emilio del Río.
Tiene la palabra don Juan Antonio Díaz Cruz.
El señor DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS (Díaz Cruz): Dada la premura del tiempo, me comprometo a mandar la contestación por escrito a todas estas preguntas a través del presidente, pero sí quería hacer una aclaración con
respecto a la directriz básica. Todo lo que se ha ido viendo de la evolución de los incendios fue lo que dio origen, por acuerdo prácticamente de todos los directores generales de Protección Civil, a la directriz de 2013, directriz que conseguimos
con acuerdo de todos los directores generales de las comunidades autónomas más los del Estado con relación a que había que cambiar la directriz anterior. Se hizo la directriz de 2013, como ya digo, en perfecto acuerdo entre todos, que luego dio
origen al Plan Estatal de 2014. A partir de ahí, como he mencionado antes, los planes se están desarrollando en cada una de las comunidades autónomas. Como ya he dicho, las primeras fueron Galicia, Murcia y Canarias cuando había Comisión Nacional
de Protección Civil. Posteriormente, después de la nueva Ley 17/2015 de Protección Civil, y dado que estaba el Gobierno en funciones, hubo que esperar a principios de año, al mes de marzo, para que se constituyera el Consejo Nacional de Protección
Civil. El Consejo delegó en la Comisión Permanente la capacidad de aprobar planes a las comunidades autónomas y automáticamente, en el mes de mayo, como he dicho antes, se informaron cinco nuevos planes, con lo cual el proceso está en marcha y
todos irán entrando. Esa preocupación fue la que nos movió a iniciar la declaración de esta directriz básica, que es la que dará pie a que todos los demás planes se vayan ajustando a la misma.
Hay cosas que no entran en nuestra competencia, pero en esta directriz básica ya aparece recogido el interfaz urbano forestal. Costó mucho poner lo que podía poner el Estado. Me acuerdo de todas las discusiones que hubo en aquellos
momentos. Me parece que nosotros poníamos cincuenta o cien metros y había comunidades que querían que el Estado se mojara y pusiera trescientos, pero no era su competencia. Se llegó a un mínimo común denominador, que es lo que aparece en la
directriz básica. A partir de ahí, cada comunidad autónoma tiene que desarrollar su plan. Una vez presentado, ese plan tendrá que pasar por el Consejo Nacional de Protección Civil, que es donde todos darán el visto bueno y verán que el plan se
ajusta a la directriz.
Simplemente quería hacer este matiz. Por lo demás, ya contestaré particularizadamente a cada uno de los puntos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Juan Antonio Díaz Cruz. En nombre de la Comisión le agradezco muchísimo su comparecencia aquí. Estaremos a la espera de que facilite por escrito las respuestas a las preguntas que no han podido ser
contestadas en el día de hoy. Le deseo felices vacaciones y un buen verano.
Señoras y señores diputados, se levanta la sesión. Les deseo a todos ustedes también un feliz verano.
Eran las cuatro y diez minutos de la tarde.