CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 299

JUSTICIA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PABLO MATOS MASCAREÑO, VICEPRESIDENTE PRIMERO

Sesión núm. 23 (extraordinaria)

celebrada el jueves,

20 de julio de 2017

ORDEN DEL DÍA:


Elección de vacantes. Mesa Comisión:


- Elección de la Presidencia de la Comisión. (Número de expediente 041/000013) ... (Página2)


Comparecencias. A petición del Gobierno:


- De la subsecretaria del Ministerio de Justicia (Roldán Martín), para la presentación de los datos contenidos en el Informe de Indultos 2016-1.º semestre 2017, como prevé la nueva disposición adicional de la Ley de 18 de junio de 1870.
(Número de expediente 212/000902) ... (Página2)


- De la directora general de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (Tarazona Lafarga), para dar cuenta de la gestión de la Oficina y de los resultados de su actividad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Real
Decreto 948/2015, de 23 de octubre, que regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. (Número de expediente 212/000903) ... (Página14)

Página 2

Se abre la sesión a las once de la mañana.


ELECCIÓN DE VACANTES. MESA COMISIÓN:


- ELECCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 041/000013).


El señor VICEPRESIDENTE (Matos Mascareño): Damos comienzo a la sesión número 23 de la Comisión de Justicia, en esta ocasión con carácter extraordinario, con el orden del día que todas sus señorías conocen.


El primer punto es la elección de la Presidencia de la Comisión. Esto se debe a que la presidenta, Margarita Robles, ha presentado un escrito a esta Comisión en el cual se dirige a la Mesa renunciando al cargo de presidenta, que surtirá
efecto el día de la celebración de la sesión de la Comisión convocada para cubrir la vacante que se produce por la presente renuncia. Aprovecha la señora Robles la ocasión para manifestar su agradecimiento a los servicios de la Comisión por las
atenciones recibidas. Considero que me hago eco del sentir de todos los miembros de la Comisión si mostramos, para que conste en acta, nuestro agradecimiento a la señora Robles en los meses que ha presidido esta Comisión y también la felicitamos
por su nuevo nombramiento como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Por parte de la ahora nueva portavoz del grupo parlamentario se me ha comunicado que el Grupo Parlamentario Socialista propone a doña Isabel Rodríguez para sustituirla. Como saben, las elecciones se suelen hacer por votación, pero si hay
acuerdo de la mayoría de la Comisión se puede hacer por asentimiento. Pregunto a los miembros de la Comisión si aceptan que el nombramiento de doña Isabel Rodríguez se haga por asentimiento. (Asentimiento).


Queda designada presidenta de esta Comisión y la invitamos a subir a la Mesa. (Así lo hace el nuevo miembro de la Mesa.-Aplausos).


La señora PRESIDENTA (Rodríguez García): Permítanme, compañeros y compañeras, diputados y diputadas, decir unas breves palabras para agradecer a mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, que haya hecho la propuesta para que yo presida
esta Comisión y también a ustedes, al resto de grupos parlamentarios, que la hayan aceptado y apoyado. Es un honor para mí presidir la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados y espero hacerlo con acierto. Sé que cuento con los
compañeros de la Mesa, con las letradas que nos asisten y con los portavoces de todos los grupos parlamentarios. Esta es una Comisión importante, con mucha carga de trabajo, lo ha sido históricamente, y nos encontramos además en un tiempo en el que
mejorar la justicia en nuestro país está entre las expectativas de la ciudadanía. Así que espero que en lo que resta de legislatura seamos capaces de hacer un esfuerzo para mejorar la justicia en la dirección que nos señalan los deseos de la
ciudadanía; una justicia más ágil, una justicia más cercana, una justicia con más medios; en definitiva, un deseo de justicia que compartimos todos los presentes con los matices ideológicos que cada uno de nosotros representamos. Con ese deseo,
espero comenzar con acierto los trabajos como presidenta de esta Comisión y les agradezco una vez más su apoyo.


COMPARECENCIAS. A PETICIÓN DEL GOBIERNO:


- DE LA SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA (ROLDÁN MARTÍN), PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL INFORME DE INDULTOS 2016-1.º SEMESTRE 2017, COMO PREVÉ LA NUEVA DISPOSICIÓN ADICIONAL DE LA LEY DE 18 DE JUNIO DE 1870.
(Número de expediente 212/000902).


La señora PRESIDENTA: Continuamos con el orden del día de la Comisión, cuyo segundo punto es la comparecencia de la subsecretaria del Ministerio de Justicia. Tiene la palabra la subsecretaria del Ministerio de Justicia para informar sobre
la presentación de los datos contenidos en el informe de indultos de 2016 y primer semestre 2017, como prevé la nueva disposición adicional de la Ley de 18 de junio de 1870.


La señora SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA (Roldán Martín): Excelentísima señora presidenta, señorías, muy buenos días a todos.


Comparezco hoy ante esta Comisión de Justicia, a petición propia, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en la disposición origina adicional única de la Ley de 18 junio de 1870, de reglas para el ejercicio

Página 3

de la gracia de indulto, en cuya virtud el Gobierno remitirá semestralmente al Congreso de los Diputados un informe sobre la concesión y denegación de indultos. Para la presentación de los datos contenidos en el citado informe y previa
revisión del mismo, un alto cargo del Ministerio de Justicia solicitará su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Como saben sus señorías, en la X Legislatura se aprobó la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por
la que se modificó la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, cuya disposición adicional tercera lleva por rúbrica: reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, y cuyo contenido, a su vez, se inserta a través de la
disposición final primera de dicha ley como disposición adicional en la Ley del indulto de 1870. De dichas previsiones trae causa mi comparecencia en esta Cámara y, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto de estructura orgánica básica
del Ministerio de Justicia, el alto cargo del que depende orgánicamente la división de derechos de gracia y otros derechos competente para la tramitación de los expedientes de indultos es la persona titular de la subsecretaría, razón por la que, en
tal calidad, comparezco ante ustedes.


Constituye para mí un motivo de satisfacción y una responsabilidad presentar en el Congreso de los Diputados el primer informe en materia de solicitud y concesión de indultos que se somete a esta Cámara en la historia de nuestra democracia,
en el ejercicio de la transparencia legítimamente demandada por los ciudadanos y desarrollada por este Gobierno, como no podía ser de otra manera, atendiendo a su obligación de información. Teniendo en cuenta esta circunstancia -esto es, la novedad
de la materia objeto de esta comparecencia-, permítanme la licencia de iniciar mi exposición con algunas referencias introductorias que contribuyan a poner en contexto los datos que más adelante expondré y que obran en el informe del que se dio
traslado a sus señorías en el momento procedimental oportuno de convocatoria de esta Comisión.


La figura del indulto se conforma como un derecho de gracia cuya finalidad última consiste en exonerar a un condenado del cumplimiento de las penas que se hubiesen puesto en sentencia penal firme. Por lo que respecta a su naturaleza
jurídica, según señala la sentencia del Tribunal Supremo de 3 junio 2014, los actos de concesión o denegación del indulto tienen naturaleza de actos graciables, por lo que no encajan en la categoría de los actos discrecionales emanados de la
Administración que sí deben ser motivados. La concesión o denegación de un indulto es un acto de naturaleza esencialmente política que entraña una actuación excepcional e individualizada del Gobierno, si bien, a diferencia de otros actos políticos,
tal como subraya la sentencia del Tribunal Supremo del 20 febrero 2013, en el indulto existe una previa regulación normativa que enmarca la facultad a la que el Gobierno debe someterse. Porque -añaden las sentencias de 30 de enero de 2014 y 6 de
junio de 2014- aunque en la concesión y denegación del indulto el Ejecutivo goza de total libertad en la decisión, ello no significa que actúe al margen de la legalidad, y en este caso lo hace con arreglo a las prescripciones de la Ley de 1870 y,
más aún, de la Constitución de 1978.


Cuestión distinta es que, dada la larga data de la vigente Ley del indulto, esta adolezca de falta de adecuación a las circunstancias actuales y que por ello sus desactualizaciones y lagunas hayan tenido que ser suplidas mediante la
jurisprudencia, producto de la actividad integradora desarrollada principalmente por el Tribunal Supremo. Precisamente, su posible reforma es cuestión abierta en esta legislatura y está siendo objeto de consideración por las fuerzas políticas,
habiendo sido planteada ya mediante una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, actualmente en tramitación y fase de presentación de enmiendas.


Conviene poner de relieve la triple justificación de la existencia de esta institución jurídica. Por una parte, se fundamenta en argumentos de justicia material que se aplican para mitigar el rigor de las penas impuestas en sentencia firme
cuando concurran causas de justicia, equidad o utilidad pública. Se da también una justificación histórica bien conocida: en España hay constancia documental de su regulación ya en el Fuero Juzgo en el siglo XIII. Desde entonces, ha pasado, sin
excepción alguna, por todos los textos constitucionales españoles, natos y nonatos, hasta la actualidad. La legitimidad constitucional actual de esta figura se asienta sobre lo previsto en los artículos 62 y 87.3 y 103.2 de la Constitución de 1978.
Asimismo, es una institución con claro parangón en la gran mayoría de los ordenamientos de los Estados de nuestro entorno o de los que participan de nuestra misma tradición jurídica.


Como venimos afirmando -y quiero volver a subrayar-, la solicitud y concesión de la gracia del indulto están sometidas a un procedimiento legalmente previsto. No obstante, antes de abordar una referencia más extensa al mismo, quisiera
referirme a una cuestión previa que pasa por señalar que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 62.i) de la Constitución, en virtud del cual corresponde al Rey

Página 4

ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá utilizar indultos generales, en el ámbito de una monarquía parlamentaria como la nuestra, el ejercicio efectivo de esta facultad se instrumenta por medio de una decisión del
Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Justicia.


Dicho esto, y volviendo al procedimiento, conviene formular una serie de precisiones para situar el marco de la acción del Gobierno en materia de indultos. En cualquier caso, la decisión de concesión o denegación de un indulto se adopta
-así lo disponen las normas- sobre la base de una serie de informes técnicos, de forma que en el procedimiento de tramitación de solicitudes adquiere una trascendencia primordial la consulta a diversas instituciones, consultas que responden a la
finalidad de fundamentar tal concesión o denegación en opiniones e informaciones emanadas por órganos cualificados y conocedores de las circunstancias concretas del caso. En particular, merece una mención especial la remisión de las solicitudes de
indulto a informe del tribunal sentenciador, esto es, del órgano jurisdiccional que dictó la resolución que se va a ejecutar, lo cual favorece la integración de las decisiones de los dos poderes del Estado. Asimismo, se oye al ministerio fiscal y a
la parte ofendida -en anteriores textos denominada agraviada- o al perjudicado, en su caso. Todos los datos recabados por las diversas instituciones que participan en el procedimiento -antecedentes penales, satisfacción de responsabilidades,
apoyos, etcétera- deben incorporarse preceptivamente al expediente.


Por otra parte, constituyendo este procedimiento reglado de tramitación una garantía de trato igualitario de todos los posibles beneficiarios de la concesión de un indulto, la decisión se individualiza caso por caso respecto de cada
solicitud, al tomarse en consideración en el caso concreto todos aquellos factores personales, incluso familiares o sociales, que pudieran resultar relevantes a fin de dilucidar si el condenado o la condenada son merecedores de la gracia solicitada
a su favor. Así, se valoran de manera conjunta con los informes la gravedad de los hechos y la pena impuesta, su antigüedad, las condiciones de arraigo social del penado, la superación de problemas de drogodependencia, los esfuerzos para reparar el
daño causado y la dependencia de otros familiares de sus ingresos, entre otros factores. También es graduable el alcance de la medida de gracia de modo que, si se encuentran méritos para conceder el indulto, se decide con qué amplitud se otorga:
si con carácter total, con la remisión de todas las penas que le hubieran sido impuestas, o parcial, afectando solo a alguna o algunas de las penas o a parte de ellas. Hay que decir que todos los indultos concedidos en los últimos años por el
Gobierno, y en particular desde 2015, tienen un carácter parcial.


Por último, en virtud de lo dispuesto en la normativa, la concesión de indultos se articula a través de un real decreto que es publicado en el Boletín Oficial del Estado y comunicado de inmediato al tribunal sentenciador a los efectos que
fueran oportunos, publicidad que permite y habilita el correspondiente conocimiento y juicio social de la medida. Por el contrario, a los efectos de salvaguardar los derechos de los solicitantes en los que concurren las circunstancias anteriormente
enumeradas, las desestimaciones se realizan por acuerdo del Consejo de Ministros y carecen de publicidad alguna.


Naturalmente, el sentido de mi comparecencia es trasladar a esta Cámara la información general relativa a las concesiones y denegaciones de indultos sobre los que se ha resuelto el Consejo de Ministros, a cuyo efecto se ha elaborado el
informe que les ha sido distribuido con un trabajo de elaboración que consideramos puede resultar significativo para sus señorías y para los ciudadanos. Se trata, en todo caso, de una comparecencia informativa, no así de una sesión de control sobre
procedimientos concretos.


Paso ya, señorías, sin más dilación, a exponer los datos y conclusiones más relevantes del informe presentado. Como señalé al iniciar mi exposición, este contiene los datos correspondientes al ejercicio de este derecho de gracia desde la
entrada en vigor de la Ley orgánica 1/2015, de 30 de marzo, habida cuenta de la peculiaridad de la situación política marcada por la existencia de un Gobierno en funciones durante el año 2016 hasta el primer semestre de 2017 inclusive. Habrán
observado que se refiere a periodos anteriores debido a que, al ser la primera comparecencia, creímos oportuno que hubiera series históricas para poder comparar cómo se había comportado esa política de indultos.


Teniendo en cuenta que es el primer informe con este contenido que se presenta ante la Cámara, se ha pretendido en su confección incorporar los datos de que disponemos con una sistematización clarificadora e ilustrativa que respondiese a las
legítimas demandas de información y transparencia. En este sentido, el informe se articula en torno a diversas categorías de delitos, clasificación convencional que ciertamente podría ser otra y que nos encontramos ya hecha en la aplicación
informática de tratamiento de las solicitudes registradas, e incorpora cifras y porcentajes relativos a solicitudes y concesiones de indultos correspondientes a años precedentes para su más adecuada interpretación y valoración.

Página 5

En primer lugar, hay que subrayar el elevado volumen de solicitudes que se presentan y resuelven cada año. Por referirnos a una horquilla de datos de los últimos diez años, las cifras oscilan entre 4628 solicitudes en 2007 o 5316 en 2008,
hasta 5758 peticiones recibidas en 2015 o 3774 en el ejercicio 2016, con un descenso significativo en dicho año probablemente en parte consecuencia de la peculiar situación política. Durante el primer semestre de 2017 se han presentado 1943
solicitudes.


En segundo lugar, si hay una característica especialmente reseñable es el carácter excepcional de la concesión de indultos, aspecto este que se ha acentuado en los últimos años. Se puede resumir señalando que en los últimos diez años la
tendencia inicial hasta el año 2012 era la concesión de una media de 400 indultos anuales, 521 en 2007, 405 en 2008, 423 en 2009, con una drástica reducción en 2013, año en que se concedieron 109 indultos, hasta los 27 concedidos el año pasado y los
20 concedidos en el primer semestre de este año. Resulta destacable en este punto el porcentaje mínimo de indultos concedidos sobre el total de solicitudes resueltas, en torno a un 1 % actualmente, porcentaje que ha sufrido una progresiva reducción
respecto al 11,26 % correspondiente a las solicitudes estimadas en el año 2007.


En tercer lugar, como ya se ha mencionado anteriormente, destaca la trascendencia que la normativa aplicable otorga a los informes técnicos de instituciones como el tribunal sentenciador y el ministerio fiscal. Esta importancia se traduce
en la adhesión elevadísima del Gobierno al criterio expresado en los citados informes; en concreto, en una media del 95 % de los indultos concedidos se contó con el parecer favorable del tribunal sentenciador, del ministerio fiscal o de ambos.


Por último, la disparidad de las circunstancias valoradas en orden a la concesión de los indultos y su diversa importancia en cada solicitud y, en definitiva, la individualización de cada decisión de indultar dificulta la extracción de
conclusiones generales acerca del ejercicio de este derecho de gracia por el Gobierno en cada categoría delictiva, más allá de los aspectos generales que voy a destacar a continuación. En la categoría de delitos contra la Administración pública y
de Justicia, en una muestra más del evidente posicionamiento del Gobierno en la lucha contra la corrupción, ninguno de los indultos concedidos se relaciona con condenas por delitos de corrupción política, esto es, aquellos que en el contexto de este
grupo de delitos hubieran sido cometidos por cargos públicos electos o altos cargos de las administraciones públicas o del sector público institucional en el ejercicio de una función pública o prevaliéndose de la misma con el objeto de obtener un
beneficio para sí o para un tercero.


La categoría de la falsedad se evidencia perfectamente en la anterior afirmación relativa a las dificultades de alcanzar conclusiones generalizables. Basta para ello verificar la variabialidad en el porcentaje de indultos sobre el total de
los concedidos, entre el 0 % en el primer semestre de 2017 y el 7,4 % en el año 2016. Otro tanto sucede con otras categorías, como con la de delitos contra la libertad y la de delitos contra el orden público, en cuyo marco no se han concedido
indultos en los dos últimos periodos, en el primer semestre del año 2017 y en todo el año 2016, pero sí en los precedentes, con un porcentaje medio en el periodo 2014-2017 de un 1,38 % en la primera de las categorías citadas y de un 4,13 % en el
grupo de delitos contra el orden público. La especial repulsa que provocan conductas criminales tales como las incorporadas a categorías de delitos contra la Hacienda pública, delitos contra la seguridad vial, violencia doméstica o la categoría
denominada otros delitos, entre los que se incluyen aquellos contra las instituciones del Estado, delitos electorales o de lesa humanidad, explican la ausencia total de indultos en el contexto de tales grupos de delitos. La categoría de delitos
contra la integridad física tiene una presencia constante e importancia relativa, siempre inferior al 10 % del total de indultos concedidos entre las condenas indultadas, cumpliéndose en esta categoría la media general de indultos concedidos, que
situábamos con carácter general en torno al 1 % y que en este ámbito es del 0,97 % en el periodo 2014-2016. Los delitos contra el patrimonio concentran el mayor número de solicitudes de indulto y porcentajes sobre el total de peticiones tramitadas,
alcanzando la cifra del 26 % del total de indultos concedidos de media en el periodo 2014-2016. No obstante, la categoría que tiene mayor porcentaje sobre el número total de indultos es la de delitos contra la salud pública, con una media en los
últimos tres años y el primer semestre de 2017 en torno al 50 % del total de los indultos concedidos. Este último dato puede encontrar su justificación en la influencia de la drogodependencia como factor criminógeno y su valoración en orden a
acreditar la rehabilitación del penado. En cualquier caso, las dos últimas categorías reúnen en su conjunto más del 75 % de los indultos concedidos en los periodos correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016.


Finalmente, quisiera destacar, ya que ha sido objeto de alguna iniciativa parlamentaria, que resulta apreciable la concesión de un mayor número de indultos a penados del sexo femenino frente a los del sexo masculino, diferencias que pueden
explicarse en buena medida por la menor gravedad de su

Página 6

conducta delictiva por lo general, así como en el menor número de delitos cometidos por la población femenina.


En conclusión, permítanme finalizar mi exposición subrayando que este Gobierno ha hecho un uso extremadamente cauteloso de la facultad de concesión de la gracia de indulto como instrumento para mitigar el rigor de la Ley penal por razones de
justicia material cuando no existía otra alternativa a tal efecto, y ello con plena observancia de las condiciones y del procedimiento normativamente previsto y asimismo en consonancia con la realidad y sensibilidad sociales de nuestro tiempo.


Termino poniéndome a disposición de sus señorías para las informaciones adicionales que puedan precisar sobre lo expuesto en el informe. Desde luego, cuenten con el compromiso del Ministerio de Justicia de ir perfeccionando en el futuro el
contenido del informe, la clasificación y la agregación de datos en función de los parámetros que esta Cámara acuerde que son relevantes.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Saben que se trata de una solicitud de comparecencia del Gobierno y, por tanto, en aplicación del artículo 203 del Reglamento, los grupos cuentan con diez minutos para hacer su exposición, sin réplica. Pasamos, pues, a la intervención de
los grupos de menor a mayor. En el Grupo Mixto se van a dividir el tiempo. Tiene la palabra el señor Bataller.


El señor BATALLER I RUIZ: Gracias, presidenta.


Voy a intervenir muy brevemente. Únicamente quiero solicitarle una aclaración, pues en el último apartado, cuando hablan de la distribución de indultos por sexo, no acabo de saber cuánto representan los indultos concedidos a mujeres sobre
el total de la criminalidad que ha sido objeto de condena. Hacen una comparativa entre los que se dan a hombres y a mujeres, pero falta que sepamos cuántos delitos han cometido cada año las mujeres, cuántas solicitudes ha habido y cuántas se han
resuelto favorablemente. Ya que la gracia de indulto es algo excepcional y en su solicitud influyen factores sociológicos -posiblemente, también en la concesión-, afinaríamos más si conociéramos este dato: cuántas mujeres han sido indultadas del
total de las que han delinquido y lo han solicitado en un año.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Señora Ciuró.


La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señora presidenta.


Muchas gracias, subsecretaria, por su explicación y su comparecencia hoy a petición propia para dar cuenta de este informe.


Querría hacerle un par de consideraciones. La primera sería que me ha parecido que usted ha valorado positivamente el hecho de que se hayan dado menos indultos y, en todo caso, de que la tendencia sea decreciente. La percepción que tengo
es que usted ve como algo positivo el hecho de que se den menos indultos. ¿Es así? ¿Cuál es el objetivo de esta subsecretaría o del ministerio? ¿Tender a la baja?, ¿tender a que los indultos se vayan reduciendo? ¿Cuál es su valoración?


A colación de este tema, ya que usted ha mencionado también la tramitación actual de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la modificación de la figura del indulto, me gustaría que nos hiciese una breve referencia a
cuáles podría ser las mejoras a incorporar, según su parecer, en una modificación de este tipo.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Gómez.


El señor GÓMEZ BALSERA: Gracias, señora presidenta. Vaya por delante la felicitación de mi grupo parlamentario por su nombramiento. Quiero poner de manifiesto que, como usted bien ha dicho, cuenta con la colaboración de estos portavoces
para el desarrollo de su labor.


Muchas gracias, señora Roldán, por su comparecencia y por las explicaciones que nos ha dado. En primer lugar, quisiera referirme al retraso que ha motivado que se hayan tenido que acumular los datos correspondientes a 2016 con los del
primer periodo de 2017. Es cierto que el Gobierno estuvo en funciones, pero también es cierto que a principios de este año ya no lo estaba. Quizá podríamos haber visto a primeros de años los datos correspondientes a 2016 y haber dejado para este
momento solo los

Página 7

correspondientes al primer semestre de 2017. Les rogaríamos que en lo sucesivo intentasen ajustarse a los plazos legalmente establecidos.


Quiero referirme también al fuerte descenso que se observa en la concesión de indultos desde 2012. Como he dicho anteriormente, el informe explica la caída que se produce en 2016 al estar el Gobierno en funciones, pero, teniendo en cuenta
que esta es la primera comparecencia, nos gustaría también conocer las motivaciones que subyacen en el gran descenso en el periodo comprendido entre 2012 y 2014, que es cuando se produce el máximo descenso porcentual en relación con el número de
solicitudes.


En cuanto a los informes del tribunal sentenciador y del ministerio fiscal, en 2015 el 99 % de los indultos se concedían con uno o con los dos informes favorables y este porcentaje cae al 93 % en 2016 y al 90 % en este año. Es decir, el
último dato es que hay un 10 % de indultos que se conceden en contra de ambos informes. Podría decirse de alguna manera que hay un lento pero progresivo aumento de la discrecionalidad del Gobierno en la concesión de estos indultos. En concreto, me
gustaría que nos relatara cuáles son los casos concretos de 2016 y de 2017 -dos en cada uno de estos periodos- en que se ha concedido el indulto contra los informes de ambas instituciones, el tribunal sentenciador y el ministerio fiscal.


En relación con la distribución de indultos por categorías de delito, creo que debemos felicitarnos por que en la actualidad no se estén concediendo indultos en casos de corrupción política debido a la especial alarma social y preocupación
que hay en la ciudadanía por la sensación de impunidad en los casos de corrupción. En Ciudadanos también nos hemos hecho eco de esta alarma social y de esta preocupación y hemos contemplado la prohibición de los indultos en casos de corrupción en
nuestra proposición de ley integral de lucha contra corrupción; incluso proponemos y contemplamos la responsabilidad civil subsidiaria de los partidos políticos en los casos de corrupción de sus cargos. Igualmente creo que debemos celebrar que no
haya habido en los últimos años indultos en caso de delitos contra la seguridad vial, pues todos recordamos el polémico indulto concedido en 2012 al conductor kamikaze de Alzira bajo el mandato del señor Gallardón, indulto que tuvo que ser anulado
con posterioridad por el Tribunal Supremo. Lo mismo cabría decir del caso de los delitos de violencia doméstica, que son objeto de un especial reproche y condena social, por lo que consideramos acertada la denegación de estas solicitudes.


No tenemos más consideraciones que hacerle. Quiero reiterar el agradecimiento por sus explicaciones y vuelvo a conminarle a que en el futuro la presentación de estos informes se haga en los plazos legalmente establecidos.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Moya.


El señor MOYA MATAS: Muchísimas gracias, señora presidenta. Aprovecho para felicitarle públicamente por su cargo.


Respecto al informe de indultos, la primera de las cuestiones que nos suscita interés y que en parte la compareciente nos ha clarificado es esa sistematización que se hace de las categorías de delitos. Nos ha explicado básicamente una
sistemática con la cual no estamos de acuerdo, no nos parece acorde, no nos parece ajustada. Usted nos dice que ello se debe al trato informático, a la plantilla del sistema informático que existe. Si nos lo permite, vamos a hacer una serie de
proposiciones de manera proactiva para mejorar esta sistematización. En primer lugar, sería especialmente interesante conocer el porcentaje de indultos concedidos sobre el total de solicitudes. En segundo lugar, entenderíamos también especialmente
interesante que pudiéramos conocer qué miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado autonómicos y municipales reciben esta medida de gracia y qué porcentaje de las solicitadas les son concedidas. En el mismo sentido, también nos
gustaría saber qué porcentaje de solicitantes de indultos han sido o han ostentado un cargo de responsabilidad pública. En cuanto a la interpretación del mayor porcentaje de indultos femeninos, hemos escuchado que lo valoraban en función de la
menor gravedad de los delitos cometidos por mujeres; no dudamos de que sea un dato cierto, pero tal vez lo podríamos interpretar a partir de un reflejo de la sociedad patriarcal en que nos encontramos. Nos ha dicho que entre los factores para
conceder el indulto se valora especialmente la dependencia familiar, la responsabilidad familiar de la persona solicitante. Entendemos que el gran número de indultos femeninos -que quizá no se corresponde con el porcentaje de mujeres que lo han
solicitado- probablemente se debe a un reflejo de esta sociedad patriarcal que carga las responsabilidades familiares en las mujeres.

Página 8

Por otro lado, nos gustaría que nos diera una explicación de por qué, si la presentación de este informe que nos ha detallado hoy era preceptivo hacerlo en junio de 2015, han tardado dos años en facilitarlo. Ya sé que nos dirá que ha sido
porque el Gobierno ha estado durante un año en funciones, pero tal vez es un matiz que podríamos soslayar y ya le adelanto que no se lo vamos a aceptar como excusa.


Respecto a la ausencia de concesión del indulto, es cierto que la ley de 1870 no obliga a que sea justificada la concesión de esta medida de gracia. Sí que es cierto que en el año 2013 el Tribunal Supremo exige expresar las razones de
justicia, equidad o utilidad pública por las cuales se concede esta medida de gracia, pero lamentamos que al final lo que ha hecho el Gobierno es solucionarlo con una coletilla fija, con un corta y pega que encontramos al final de cada concesión de
medida de indulto por la cual el Gobierno dice literalmente: estimando que atendiendo las circunstancias del condenado o la condenada concurren razones de justicia y equidad... Entendemos que, más allá de esta fórmula genérica -en ello vamos a
incidir en la reforma de la ley de indultos-, se debería expresar fundamentadamente qué razones de justicia, equidad o utilidad pública se han aplicado o se han considerado en la concesión de cada uno de los indultos.


En cuanto al número de indultos, en las estadísticas que usted nos presenta, efectivamente, ha bajado notablemente; 27 indultos en el año 2016; 73 en 2015; 72 en 2014; 190 en 2013 y 501 en 2012. Nos gustaría que nos expresara por qué
este descenso paulatino del número de indultos a lo largo de los años y que nos desmintiera la interpretación que damos nosotros, puesto que es evidente que desde el año 2014 el tema de los indultos es recurrente en todas y cada una de las ruedas de
prensa posteriores al Consejo de Ministros. Creemos que el tema de los indultos es un asunto que causa cierta repercusión social, cierto debate social, cierta alarma, y francamente nosotros pensamos que el número de indultos se ha ido reduciendo
precisamente para evitar esa alarma social que causa esta concesión de indultos. Corríjanos, por favor, si no es así. Como antes he comentado, en el año 2016 baja el número de indultos y el Gobierno no presenta el informe preceptivo, un Gobierno
que está en funciones, está interino. Sin embargo, lo que sí llama poderosamente la atención es que hay una tradición que no se rompe en el año 2016; a pesar de que el Gobierno está en funciones, 13 de los 15 indultos son realizados durante la
Semana Santa. Esta es una larga y antiquísima tradición, en la que en Semana Santa, a pesar de ser un Gobierno interino, se otorgan estos indultos, la mayoría de ellos atendiendo a peticiones promovidas por cofradías, como es el caso de la Cofradía
Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad de Valladolid, que solicita el indulto de un hombre que estafó durante años a un socio y amigo por un importe de 250 000 euros; la misma cofradía que vemos cada año proponiendo indultos, y también vemos
cómo estos indultos siguen adelante durante la Semana Santa. Quisiéramos saber si le parece razonable este enorme porcentaje de indultos en los años 2016 y 2017 a petición de cofradías católicas; cómo este ejercicio de política de indultos en un
Estado laico, como es el Estado español, sigue relacionándose de manera directa y vinculante a una confesión religiosa concreta.


Indultos vinculados a casos de corrupción. La sistemática que usted nos ha trazado, justificado en este trato informático, efectivamente, habla de delitos contra la Administración pública y no existe una sistematización de los delitos
relacionados con la corrupción. Usted nos dice, como en su momento nos dijo el ministro, que no se ha indultado en el año 2016 a ninguna persona condenada por delito de corrupción. En su momento ya le dijimos al ministro que no estamos en absoluto
de acuerdo. Por ejemplo, en febrero del año 2017 tenemos seis empleados públicos del Ayuntamiento de Rota condenados por prevaricación continuada. Usted nos dirá -como ya nos ha dicho- que es un caso de prevaricación vinculado a unos cargos
electos en los cuales los condenados no obtienen un beneficio propio, de manera que el Gobierno no lo clasifica como corrupción. De la misma manera ocurrió cuando el ministro Gallardón, en su momento, también indultó a los vinculados a Unió
Democràtica de Catalunya en el cas Treball por un asunto de financiación ilegal de los partidos, pero como no se llevaron el dinero a su bolsillo sino que fue para el partido, no tuvieron beneficio para sí, los indultaron y no cuentan en las
estadísticas de corrupción. Sin embargo, Naciones Unidas y el Consejo de Europa, cuando aluden a delitos de corrupción, hablan de obtener réditos privados, no de beneficio personal, sino de réditos privados. Entendemos que esa es la verdadera
corrupción. De otra manera, no podríamos entender como corrupción la financiación ilegal de partidos políticos. Por lo tanto, de la misma manera que antes le hemos propuesto una sistemática, insistimos en que sería muy interesante establecer una
categoría autónoma de delitos de corrupción que fuera acorde no con el trato informático, sino con los criterios de Naciones Unidas, de la Fiscalía Anticorrupción, del artículo 19.4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal o con los propios
criterios que el Consejo General del Poder Judicial establece como delitos de corrupción. De esta manera,

Página 9

las cifras nos arrojarían 227 corruptos indultados desde el año 1996. Con el Gobierno de Rajoy, por ejemplo, podríamos contabilizar 11 indultos de sujetos condenados por corrupción; eso sí, muy lejos de los 141 corruptos indultados por
Aznar o de los 65 indultados por Zapatero. A partir de sus propias estadísticas, quisiéramos saber si no le parece desproporcionado que el 30 % de los indultos se sitúe en esta categoría de delitos contra la Administración pública; categoría en la
cual solo se han formulado 56 peticiones de indulto. Por favor, aclárenos, o sáquenos de nuestras sospechas que nos llevan a pensar que a menudo el Gobierno del Partido Popular quiere solucionar, a través de indultos, lo que no ha podido salvar a
través de la justicia.


Aprovechando que hablamos de indulto, la semana pasada interpelamos al ministro de Justicia sobre un indulto que sí que entendemos que es imprescindible, de acuerdo con los mismos motivos que usted nos ha anunciado para justificar las
medidas de indulto atendiendo a la gravedad, al arraigo, a la reparación del daño, a la dependencia familiar, en el caso de María Ascensión López Rodríguez, la presidenta de SOS bebés robados de Almería, que ha sido condenada a una multa de 3000
euros y a una indemnización de 40 000 euros, a lo que, por su situación social y económica, no podrá hacer frente y, vía articulo 53 del Código Penal, tiene todos los números para acabar en la cárcel. Demuéstrenos que no hay una justicia para
pobres y otra justicia para ricos y que la señora Ascensión López, que tan gran contribución ha hecho en el tema de bebés robados, como el mismo ministro reconoció la semana pasada, merece el indulto por no tener esos 43 000 euros para ahorrarse la
cárcel. Nos gustaría saber en qué estado de tramitación está el indulto, cuándo se prevé su resolución y qué elementos favorables valorará el ministerio para la concesión del mismo.


Por último, señalaré la conveniencia, también por motivos humanitarios, del indulto del exedil de Jaén en Común y líder del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Andrés Bódalo, que, como sabe, cumple una condena de tres años y medio por agredir
a una edil del PSOE. La petición de indulto cuenta además con el propio apoyo del Ayuntamiento de Jódar.


Termino. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Ha superado por algunos segundos el tiempo estipulado, pero hay flexibilidad en la Mesa.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cámara.


El señor CÁMARA VILLAR: Muchas gracias, señora presidenta.


En primer lugar, quiero manifestar nuestra satisfacción por que nuestra presidenta sea Isabel Rodríguez.


Dicho esto, quiero agradecer la comparecencia de la señora subsecretaria y la exposición del informe que nos ha presentado. A partir de aquí, creo que no es necesario que hagamos un relato de cómo se ha ido desarrollando la cuestión del
indulto, sobre todo contemplándolo desde la perspectiva de la alarma social que ha ido generando en nuestro país. Como todos sabemos, hay una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista para la reforma de la ley del indulto, donde hemos
especificado todos los elementos que es necesario modificar para hacer posible que la figura del indulto responda a lo que tiene que ser un Estado constitucional de derecho en toda su dimensión y que no dependa de manera tan escandalosa, como a
veces ocurre con demasiada frecuencia, de las decisiones que pueda adoptar el Gobierno de una forma graciable. En espera de esa regulación, quería destacar que hay algunos elementos que ya han sido avanzados por los portavoces de otros grupos
parlamentarios y que nosotros consideramos que serían positivos, sobre todo a la hora de establecer una metodología de recogida y presentación de datos para tener mayor adecuación al estudio de cómo se desarrolla la cuestión del indulto: por
ejemplo, como ya se ha citado aquí, el porcentaje total sobre condenas de miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, solicitudes de indulto que hayan sido alentadas por personas que hayan sido condenadas por responsabilidades políticas,
etcétera. Todo eso lo entendemos como algo positivo y bienvenido. Por un lado, hay que tener en cuenta un dato positivo como es la bajada de indultos que se ha puesto de relieve por otros portavoces, una bajada que representa una noticia muy
positiva en relación con la Administración de Justicia si tenemos en cuenta los aspectos tan negativos a los que nos tiene acostumbrados el Gobierno del Partido Popular, motivo por el cual incluso ha habido una reprobación del propio ministro de
Justicia en esta Cámara. La pregunta que yo quería hacerle es si hasta que haya una nueva regulación, hasta que haya una adecuación del tratamiento del indulto acorde con las exigencias y lo que cabe esperar de un Estado constitucional de derecho,
hay conciencia de que no se va a producir ningún otro indulto para aquellos delitos que se hayan cometido por autoridad o cargo público

Página 10

o prevaliéndose del mismo con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para terceros, es decir, cuestiones relacionadas directamente con la corrupción, y si hay esa voluntad también de hacer lo propio con los delitos
relacionados con la violencia de género. Para nosotros son especialmente importantes estas cuestiones.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moro.


La señora MORO ALMARAZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Comienzo, como no podía ser de otra manera, al igual que han hecho el resto de los grupos, dándole la enhorabuena, deseándole todo tipo de éxitos, que serán el éxito de trabajo de esta Comisión y, por supuesto, en nombre de mi grupo,
poniéndonos a su disposición para la mayor colaboración, la colaboración leal en el trabajo que tiene que desempeñar esta Comisión.


Doy la bienvenida y las gracias a la subsecretaria de Justicia en este trámite que iniciamos después de la reforma que se ha producido, como usted misma ha dicho y como han reconocido los grupos. Creemos que ha introducido un importante
grado de transparencia que no existía hasta el momento en relación con la comunicación de la práctica de la gracia del indulto y las Cámaras. En definitiva, esta Cámara no deja de ser sino el reflejo de la representación de los ciudadanos y, por
tanto, del conocimiento a través nuestro de cómo se realiza el procedimiento de indulto. No voy a reiterar cosas que ya ser han dicho aquí. El informe habla por si mismo, los datos hablan por sí mismos y, como en muchas cosas, una bajada en sí
misma no es ni buena ni mala, sino que refleja una serie de circunstancias. Sin embargo, teniendo en cuenta la consideración social y política que se ha venido dando respecto al indulto, la percepción que tiene la sociedad hace que, indudablemente,
solo el dato de la bajada en este caso -sin que sirva de precedente, como ya han dicho otros portavoces- es una buena noticia en relación con el número de solicitudes.


Quiero poner de manifiesto algo que los representantes políticos en esta Cámara vemos en muchas ocasiones cuando a través de la Comisión de peticiones o por otras vías los ciudadanos, asociaciones, etcétera, piden hablar con nosotros sobre
estos indultos. El portavoz de Podemos hacía referencia a uno de esos supuestos, donde esa persona tuvo una reunión con todos los grupos políticos en la que estuvimos escuchando cuál era su situación. Esa percepción que nos trasladan distintas
personas que vienen a comentarnos su situación o la de otros en esta materia es una deformación en relación con el resultado que estamos viendo, que es la impresión de que aquí se indulta a todo el mundo. Como, además, lo dice mucho el Grupo de
Podemos, parece que se convierte en verdad, y si además uno tiene unas condiciones de mayor vulnerabilidad en la sociedad, sobre todo si es de tipo económico, entonces son los peor tratados en el caso de los indultos. Esto no es así, ya no se
sostiene, las cifras no lo avalan. Una vez recuperada la normalidad, que no queremos reconocer, de la legislatura, creo que sería bueno que tanto desde los grupos políticos como desde el Gobierno se hiciera una adecuada difusión de cuál es la
realidad de la práctica del derecho de gracia, del indulto, porque lo que nos trasladan estos ciudadanos es la idea siguiente: Yo he cometido un delito -aunque ellos nos siguen diciendo después de sentencia firme que no lo han cometido- y mediante
el indulto ustedes tienen que quitarme ese delito. Esa es la primera confusión, no entender que se está hablando de un perdón o de una consideración social respecto al perdón, no de una interferencia en la justicia. Eso sí que sería una injerencia
gravísima, a través de la cual, el Gobierno, de manera motivada o no, públicamente o no, evitaría esa sentencia, borraría esa sentencia. Es evidente que todos nosotros sabemos que eso no es así, pero no lo saben los ciudadanos. Por tanto, este
trámite de transparencia debe contribuir al correcto conocimiento y no solo las leyes, porque en ocasiones podemos mejorar la ley pero no necesariamente se va a conocer.


Se ha dicho aquí, y me gustaría ponerlo de manifiesto, que, si lo tiene a bien, nos diera su opinión -la portavoz de PDeCAT lo planteaba- sobre la proposición de ley socialista en materia de indulto -bienvenidos, además, al tema de la
motivación que ustedes quitaron-. Mi pregunta va en el siguiente sentido: Si ahora mismo aprobáramos la proposición de ley en esta Cámara, tal y como se ha presentado por el PSOE, ¿cree usted que se concederían más o menos indultos en los delitos
que tanto preocupan? La percepción que tiene este grupo es que la literalidad de esa propuesta a la hora de limitar determinado tipo de delito, tal y como está redactada, es que ahora el Gobierno de Mariano Rajoy, el Ministerio de Justicia, está
haciendo propuestas mucho más restrictivas, donde la autoexigencia -en función de lo que quieren los ciudadanos sobre cómo utilizar unas buenas prácticas en el ejercicio de gracia- es mucho

Página 11

más restrictiva. Estamos en un periodo en el que podemos mejorarlo y creo que todos tenemos la voluntad de que salga adelante la mejor reforma de esta ley que ya es más que centenaria.


Mi compañero de Podemos ha trasladado aquí un caso concreto, en los que creo que no deberíamos entrar porque no procede, pero ya que él lo ha referido, tengo que decirle que no son 43 000 euros; 40 000, si mal no recuerdo, son
responsabilidad civil y, que yo sepa, la responsabilidad civil no entra en el marco del indulto. Yo creo que desde el Gobierno hay que hacer una gran labor todavía y yo le pediría que estos informes contribuyan a esa mejor información para no crear
falsas expectativas. Por otra parte -esto es una petición al Grupo de Podemos en particular-, creo que los que no tenemos la autoridad para decir si este indulto es bueno y este otro es malo somos los grupos políticos porque cuando nos colocamos,
como se colocan ustedes, en defensores de este indulto sí es bueno porque corresponde a uno de los nuestros y hemos valorado la ética de su comportamiento, aunque se trate de la agresión de un cargo público del Partido Socialista, me parece que
estamos haciendo un flaco favor al entendimiento correcto del derecho de gracia por parte de la ciudadanía.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la subsecretaría del Ministerio de Justicia para responder a los grupos parlamentarios.


La señora SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA (Roldán Martín): Muchas gracias.


En primer lugar, me gustaría agradecer la atención que han prestado a mi intervención y también a la lectura del informe que hemos presentado, así como todas sus contribuciones, de las que deduzco que hay una serie de ideas que son muy
útiles para mejorar la presentación del informe en el futuro. Asimismo, desprendo de todas estas intervenciones que hay una sensibilidad especial por un ejercicio riguroso y conforme a la ley de la gracia del indulto, que no deja de ser un acto,
como decía, esencialmente político. Como señalaba al concluir mi intervención, estamos abiertos a mejorar este informe, retocando la clasificación, la sistemática, en la medida en que existe un acuerdo de la Cámara en tal sentido.


A continuación, paso a responder a las preguntas que se han ido formulando. En relación con las estadísticas por sexos, hay un déficit de información, pero porque aquí nuestra estadística, si se quiere hacer en relación con el conjunto de
las condenas, está conectada con la estadística judicial y esa es la que en estos momentos no tenemos completa. Por lo tanto, encantados de poder facilitar esa información, siempre que tengamos los datos completos por sexos de todas las condenas en
España, cosa que hoy por hoy, aunque se está trabajando en mejorarlo, no es posible.


En cuanto a si la tendencia decreciente en la concesión de indultos merece una valoración positiva, se la ha merecido al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista mientras que la portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha expresado que en
realidad no es ni buena ni mala, sino que es la constatación de lo que está ocurriendo. En este sentido, sí que me gustaría señalar que la gracia de indulto, puesto que significa una interferencia del Poder Ejecutivo en lo que ha decidido otro
poder del Estado -son sentencias firmes las que pueden generar la solicitud de indulto-, el Gobierno pretende que sea lo más estricta y rigurosa posible, no solamente por aplicación de las exclusiones que establece la Constitución o los criterios
que establece la ley sino incluso atendiendo -creo que es un factor que hay que tomar en consideración- a la sensibilidad social del momento, que es cambiante. En este momento tenemos claro -es evidente y lo hemos repetido en varios de los
apartados del informe- que no se ha concedido ningún indulto por delitos de corrupción política y volveré sobre este tema en respuesta a otra de las preguntas posteriores. Creo que, tanto por una interpretación estricta de esta potestad en relación
con otro poder del Estado así como también teniendo en cuenta la sensibilidad y la realidad social de nuestro tiempo, se ha producido esta bajada. Es un dato que dice mucho de la rigurosidad con que se analizan y se resuelven los expedientes de
indulto.


Por lo que se refiere a las mejoras en la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz ha señalado que se han introducido todos los elementos que se considera que son necesarios para mejorar el texto
vigente. Se trata de un texto desactualizado, donde incluso persiste alguna mención al Consejo de Estado, que ya no interviene, o incluso referencia a delitos con la sistemática del Código Penal de 1973. Evidentemente, hay que depurar todo eso en
el texto actual y además creemos que algunos de estos criterios de mayor autoexigencia que estamos aplicando de facto deberían tener un traslado a la ley. En la categoría de delitos excluidos, creo que la proposición del Grupo Parlamentario
Socialista se refiere a los delitos de violencia de género y de corrupción política; sin embargo, pensamos que hay delitos con iguales o superiores penas que igualmente deberían ser excluidos. Por tanto, hay un

Página 12

trabajo que hacer de disección de los tipos para no crear agravios que no tiene ningún sentido que no estén recogidos en esas exclusiones.


En cuanto al llamado retraso en mi comparecencia, las razones las han ido señalando. La obligación de un alto cargo del Ministerio de Justicia de comparecer para la presentación del informe semestral, como saben, entró en vigor con la
modificación introducida por el Código Penal el día 1 de julio de 2015. Ese semestre concluyó cuando el Gobierno ya estaba en funciones y, como saben, hay un nuevo Gobierno desde su toma de posesión el 4 noviembre 2016. Parecía lógico no computar
los semestres de fecha a fecha sino por semestres del año natural. Por esa razón, después de que haber un Gobierno con plenos poderes, el primer semestre en el que se ha podido hacer esta comparecencia es el primero de 2017, y lo hemos hecho con
carácter atrasado en relación con el año 2016 porque no hubo ninguna información a este respecto. También hay que decir que hay un informe de la Abogacía del Estado, uno específico en relación con el ejercicio de la gracia de indulto, en donde se
daba cobertura exclusivamente a la desestimación de solicitudes pero no a la concesión, puesto que esto podía interferir en la política del Gobierno y trascendía el despacho ordinario de asuntos políticos. Por eso no se concedieron indultos
-volveré sobre este tema en relación con algún caso concreto que ha apuntado- durante el año 2016, salvo casos excepcionalísimos durante la época de Gobierno en funciones.


En cuanto a que el 99 % de los indultos hace unos años fueran concedidos con dos informes favorables y que este porcentaje haya decrecido, teniendo en cuenta que ha decrecido el número total de solicitudes, el número en términos absolutos de
indultos concedidos con dos informes desfavorables es igual e incluso menor que en épocas anteriores. Lo que pasa es que, al descender también el número total de indultos concedidos, sube el porcentaje de los que han sido concedidos con dos
informes desfavorables. No voy a aludir a casos concretos en esta comparecencia -después me referiré a la razón por la que lo hago- pero sí querría decir que se trata de casos por todos conocidos y que han sido unánimemente apoyados por las fuerzas
políticas, en concreto uno el año pasado -aparte de de lo de las cofradías de Semana Santa- y los que se han concedido en febrero de este año. Han sido todas las fuerzas políticas las que han apoyado esta concesión, incluso durante la época de
Gobierno en funciones.


Respecto de los indultos concedidos en materia de corrupción, vuelvo a insistir en que no se ha concedido ninguno en cuanto a esta categoría de delitos. Como saben, en nuestro Código Penal no existe una definición del delito de corrupción
política; existen varias categorías que convencionalmente se incluyen en esta clasificación. Habría que señalar que están agotados, como se dice en el informe, desde un punto de vista objetivo, subjetivo y causal. En este punto de corrupción
política, como han señalado tanto las convenciones de Naciones Unidas como la decisión marco y el convenio de la Unión Europea relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que están implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o
de los Estados miembros de la Unión Europea, sí que se exige que se trate de un abuso de poder para obtener réditos privados o un beneficio económico para sí mismo o para un tercero, dice así la decisión marco. En ese sentido, pensamos que la
corrupción política incluye este tipo de elemento a la hora de incluir determinados tipos dentro de la categoría. Fíjese que tampoco existe una unanimidad en esta consideración, puesto que el Consejo General del Poder Judicial en esa clasificación
que ha hecho a efectos de clasificación en su repositorio incluye como delitos de corrupción -no habla de corrupción política sino genéricamente- no solamente la de cargos electos o de libre designación, sino también la corrupción administrativa o
de funcionarios, pero no así la prevaricación judicial. Sin embargo, tampoco menciona la exigencia de que se produzca un enriquecimiento ilícito.


En cuanto a los indultos concedidos en 2017, aparte de que tenían el apoyo unánime de la corporación municipal que los solicitaban, se referían a funcionarios y tampoco en ninguno de esos casos hubo beneficio económico ni enriquecimiento por
los hechos. Por lo tanto, reitero que no se trataba de casos de corrupción política en el sentido que entendemos. Respecto de la clasificación y sistematización, le digo lo mismo, creo que se puede perfeccionar, y podemos tomar nota. No sé si es
buena idea hacer discriminaciones en razón de colectivos determinados, porque habría que ponerse de acuerdo primero en cuáles son estos, y no señalar específicamente unos sobre otros, salvo que sea un elemento del tipo, y en ese caso sí que
podríamos hablar de incluir esa clasificación. Estamos abiertos a que nos proporcionen sus ideas al respecto e incluso si pudieran estar en la modificación de la Ley de indulto sería algo que tendría sentido a efectos de seguridad jurídica.


Respecto de la motivación de los indultos, de la que se dice que es una fórmula rituaria en donde no se explican las razones concretas que concurren en el caso, habría que señalar que la derogación de la exigencia de que fuera un decreto
motivado existía en la ley originaria y, sin embargo, se produjo por una

Página 13

modificación en 1988. En cambio, sí se dice en el texto de los reales decretos que aparecen publicados en el BOE cuáles son las razones que concurren en ese caso incluso más allá de la especificación de que se trate de razones de justicia,
equidad o de utilidad pública. Se habla a veces de la antigüedad de los hechos, de la menor gravedad de estos, de las circunstancias de reinserción social o de recuperación de la drogodependencia. Es una motivación sucinta, ciertamente, pero
tampoco en el Boletín Oficial del Estado se puede explicar todo porque también eso afecta a los derechos de intimidad de las personas. En ese sentido, en la proposición de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, además de los
criterios de equidad, justicia y utilidad pública, se valora también como motivo a la hora de incluir estas justificaciones la reinserción social, que es uno de los que, de facto, ya estamos teniendo en cuenta.


En relación con las cofradías de Semana Santa, es cierto que se concedieron los indultos tradicionales en Semana Santa a petición de las cofradías, pero ello no significa ningún privilegio en el sentido de que la solicitud de los indultos la
puede hacer el propio penado, terceros, familiares, asociaciones, como de hecho nos llegan tantos. Entiendo que la observación se refiere al hecho de que se concedieran estando el Gobierno en funciones, pero también insisto en que se otorgó otro
con apoyo unánime de todas las fuerzas políticas. Así pues, existen excepciones a la regla que están suficientemente motivadas. En cuanto a los dos casos concretos, señalaba que el objeto de esta comparecencia es la presentación del propio informe
o aclaraciones sobre él, no casos concretos. Por eso, hablar de casos concretos con nombre y apellidos, si bien en las concesiones aparecen publicados mediante real decreto en el BOE, en el caso de las desestimaciones -que son, como saben, la
mayoría- estos se acuerdan por el Consejo de Ministros y carecen de publicidad alguna, simplemente se notifican mediante oficio de la División de Derecho de Gracia a los interesados y creemos que preservar su intimidad es importante. Es cierto que
existe un informe de la Agencia Española de Protección de Datos señalando que en este caso el Reglamento del Congreso, en virtud de sus previsiones en los artículos 7.1 y 44.1, permite que, a efectos de control, se puedan dar determinados datos
personales, pero siempre bajo una premisa de proporcionalidad y que la cesión de datos tenga una utilidad concreta. Es cierto que en cuanto a desestimaciones, como he dicho, existen resoluciones tomadas. De los casos que están en tramitación,
permítanme que no dé tampoco datos relevantes y, puesto que se rige por la Ley de procedimiento administrativo, solamente los interesados pueden acceder a ellos o, con su consentimiento, quienes fueran autorizados. Por otra parte, en materia de
legislación de transparencia, a través de la que recibimos numerosas peticiones a este respecto, sin consentimiento de los interesados no damos estos datos personales. En los casos concretos que han sido objeto de control político -sobre alguno de
ellos el ministro ha tenido ocasión de responder-, me remito a las preguntas que hayan sido formuladas o a las que se formulen en un futuro y si existe interés en algún caso concreto, por escrito se podría facilitar al diputado la información que
considere.


Respecto a las preguntas del Grupo Parlamentario Socialista, como hemos señalado, estamos de acuerdo en la adecuación de la Ley de indulto de 1870. A estos efectos estaba preparándose en el Ministerio de Justicia un proyecto de ley y
existía la duda de si se aprobaría una derogación de la Ley del siglo XIX para aprobar una nueva o si simplemente se modificaría en aquellos aspectos en los que hubiera quedado desactualizada; se ha adelantado el Grupo Parlamentario Socialista
presentando una proposición de ley modificativa de la de 1870 y entiendo que se va a seguir por ese camino en la Cámara y se contribuirá a ello mediante las correspondientes enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y, por supuesto, también tienen a
su disposición el asesoramiento técnico de los servicios del ministerio.


Agradezco también la contribución del Grupo Parlamentario Popular y estoy totalmente de acuerdo en que es necesaria una labor informativa y pedagógica a la sociedad a la hora de ilustrar sobre el procedimiento que rige en materia de indulto
para evitar falsas expectativas y también para evitar que la exaltación mediática, sin conocer las circunstancias concretas del caso, lleve a plantear encrucijadas de difícil resolución. En este sentido, puesto que existe una resolución que es
individualizada en cada caso y solamente es el Gobierno el que conoce cuáles son las circunstancias concurrentes, el sentido de los informes, etcétera, creo que es necesario preservar este ámbito de actuación que, como he señalado, se ejerce de una
manera excepcional pero también justificada, a la hora de tratar este tema de los indultos.


Por último, quiero señalar que con los criterios que nos hemos autoimpuesto a la hora de conceder o valorar las solicitudes de indulto se va bastante más allá de lo que se señala en la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista.
En ese sentido, se tienen en cuenta una serie de factores entre los que podrían incluirse las cuestiones de dependencia de familiares respecto de penados o cuestiones relativas a enfermedades; es decir, no es solo lo atinente a cuestiones
personales que afectan al propio condenado

Página 14

y solicitante de indulto sino también cuestiones sociales, familiares, etcétera, pero todo ello, para aplicarse realmente de una manera segura y con claridad jurídica, debería constar en el texto de la ley.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Agradecemos la comparecencia de la subsecretaria. (Pausa).


- DE LA DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA DE RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS (TARAZONA LAFARGA), PARA DAR CUENTA DE LA GESTIÓN DE LA OFICINA Y DE LOS RESULTADOS DE SU ACTIVIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DEL REAL
DECRETO 948/2015, DE 23 DE OCTUBRE, QUE REGULA LA OFICINA DE RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS. (Número de expediente 212/000903).


La señora PRESIDENTA: Ahora pasamos al punto 3.º y recibimos a la directora general de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, para dar cuenta de la gestión de la oficina y de los resultados de su actividad en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre, que regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.


Damos comienzo a dicha comparecencia.


La señora DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA DE RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS (Tarazona Lafarga): Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señorías.


Esta es la primera comparecencia a petición propia y en cumplimiento, como se ha señalado, de lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 948/2015, por el que se regula la ORGA, de esta oficina en la que se quiere presentar la memoria
del año 2016, si bien, si me permiten y para actualizarles la información lo máximo posible, acabamos de publicar los datos del primer semestre de 2017 y al final de la exposición daré estos últimos datos para que ustedes los puedan conocer.


Me parece importante señalar primero cuál ha sido el motivo por el que se ha creado esta Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y sobre todo el modelo de oficina seleccionado. Como ustedes conocerán seguro que mucho mejor que yo, el
motivo es la normativa comunitaria, porque ya había varias directivas que señalaban la necesidad de que se promoviera la recuperación y gestión de activos, pero fue la Directiva 2014/42 de la Unión Europea la que detectó tres situaciones que pasaban
no solo en España sino en la mayoría de los Estados de la Unión Europea. En primer lugar, que los procedimientos penales se centraban fundamentalmente en penar el delito pero que a veces se olvidaban de ir frente a lo que se había recuperado
ilícitamente. Si se fijan sus señorías, es lo que nos está pidiendo la sociedad a los poderes públicos. La segunda situación detectada era directamente que la gestión de los bienes decomisados y embargados cada vez era más compleja y muchas veces
excedía a la competencia de los órganos judiciales. En tercer lugar, la conciencia de que los grandes delitos patrimoniales cada vez tenían una naturaleza más transnacional.


Frente a esa situación detectada se establecían tres medidas: en primer lugar, la necesidad de que los Estados miembros trabajaran en la ampliación de la normativa de decomiso, que, como saben, se hizo mediante la modificación del Código
Penal del año 2015. Establecían como recomendación la creación de oficinas especializadas de recuperación y en su caso gestión de activos y el impulso de la cooperación internacional. Este ha sido el origen del modelo de oficina que se aprobó en
el año 2015 y que se estableció como un modelo que aunaba tanto la función de localización como la de gestión de bienes, porque de nada sirve localizar los bienes si al final los órganos judiciales no son capaces de hacer una gestión eficaz que
permita pagar las indemnizaciones a las víctimas o que el dinero acabe decomisado a favor del Estado. Se estableció el modelo como un medio auxiliar pero no exclusivo, es decir, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos no asume toda la parte
patrimonial de las ejecuciones penales sino que el órgano judicial o la fiscalía podrán elegir si acuden a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos o no acuden. En segundo lugar, nuestra actuación siempre sería bajo encomienda del órgano
judicial o de la fiscalía, aspecto este muy importante porque nunca vamos a hacer nada que la fiscalía no nos haya encomendado y en las condiciones en las que lo haya hecho.


Una vez tomada la decisión, se tiene que poner en marcha la oficina. En el real decreto se estableció que la puesta en marcha fuera gradual y fue un acierto, pues se trataba de una oficina nueva, de carácter administrativo, con todos los
problemas y dificultades que tienen los procedimientos y las contrataciones administrativas. Exigía un tiempo de desarrollo y por eso, desde que se puso en marcha el 23 de octubre hasta que se aprobó el primer plan de acción de la ORGA, que fue el
10 de febrero, estuvimos pensando

Página 15

qué medios eran imprescindibles para ponernos a funcionar y qué había que impulsar durante el año 2016 para empezar a dar servicio a los órganos judiciales y a las fiscalías. El 10 de febrero se aprueba el plan de acción, cuando ya teníamos
los recursos imprescindibles para poder empezar a funcionar, y se aprueba por orden ministerial, tal como preveía el real decreto, el ámbito de actuación y el calendario. Como seguramente saben, señorías, el calendario al principio fue muy
restrictivo. Queríamos empezar por sitios donde hubiera muy pocos bienes porque, si bien teníamos los procedimientos mentales y teóricos formulados, lo cierto es que la teoría luego hay que ajustarla a la práctica y no podíamos tener una avalancha
de bienes y ajustar deprisa y corriendo procedimientos que ya hubiéramos realizado. Por eso se empezó en Cuenca en marzo y en junio en el TSJ de Castilla-La Mancha y en octubre de 2016 entramos en vigor en todo el territorio del Ministerio de
Justicia, incluyendo la Audiencia Nacional, y, como se pueden imaginar por el tipo de delitos en los que trabajamos, criminalidad organizada y grandes delitos patrimoniales, entre los que se encuentran los de corrupción, drogas y trata de seres
humanos, es decir, delitos en los que se mueve mucho dinero por detrás, empezamos a tener muchísimo trabajo. Es más, como en Castilla-La Mancha y en Cuenca había poco o nada, tal y como figura en la memoria del año 2016, nos anticipamos y fuimos
pidiendo a instancia propia la gestión de algún bien que nos permitiera la experiencia antes señalada. Cumplimos el calendario para que a 1 de enero de 2017 la oficina estuviera funcionando para todos los órganos judiciales y fiscalías de todo el
territorio nacional.


¿Qué hicimos? En el momento en que tuvimos que ponernos en marcha, mi equipo y yo pensamos qué teníamos que hacer. Teníamos claro que teníamos que impulsar dos estrategias. La primera, dar servicio a los órganos judiciales según el
calendario que antes he comentado, impulsando también la parte de cooperación internacional y un programa que, aunque en el plan de acción figuraba como el número uno, en realidad es subsidiario de la ORGA. No es su principal función, pero fue el
resultado de las actuaciones preparatorias y del inventario que vimos. En Melilla nos encontramos con la siguiente situación a la hora de ver con qué nos íbamos a enfrentar. Existía un número de vehículos importantísimo en los depósitos judiciales
de Melilla que ya no tenían sentido en el procedimiento. Había muchos procedimientos archivados que no eran prueba de nada y que estaban generando unos costes elevadísimos al Estado y a todos los contribuyentes sin que se hubiera tomado ninguna
decisión sobre ellos. La nuestra fue proponer la solución de la destrucción o en su caso de la venta a los órganos judiciales. Junto a esta primera estrategia, que era dar servicio -es nuestra principal función- a los órganos judiciales y a las
fiscalías, nuestra segunda estrategia era qué tendríamos que hacer y qué medios tendríamos que implementar para dar servicio a estos órganos judiciales y fiscalías y lo articulamos en cuatro programas. En primer lugar, la realización de convenios y
acuerdos de colaboración. Uno de los grandes aciertos de la disposición adicional sexta de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando regula la ORGA fue establecer la obligación de todas las instituciones, tanto públicas como privadas, en la
colaboración con la ORGA, porque en realidad estamos trabajando, entre comillas, delegados del órgano judicial. Los resultados han sido espectaculares, señorías, y vaya mi agradecimiento, aunque quizá no sea el foro, para todas las instituciones.
Piensen que la gestión y localización de bienes es compleja y necesitamos tirar de muchas instituciones. En el ámbito de la Administración del Estado, hay especialistas en todas las materias, instituciones que nos están facilitando datos que
permiten localizar bienes, como la Agencia Tributaria o el Sepblac, e instituciones que nos están ayudando a gestionar bienes. No somos especialistas en obras de arte ni en barcos; sin embargo, a través de los convenios firmados nos han ayudado y
nos están ayudando a gestionar de manera eficaz cada una de las materias que nos han sido encomendadas. Además, no solo nos ayudan los ministerios, sino corporaciones y organismos públicos e incluso semiprivados. Por ejemplo, Cores, que es una
corporación pública, gratuitamente nos ha ayudado a la gestión de un gran lote de hidrocarburos, porque la gestión de estas ventas son muy complicadas. E incluso nos ayudan empresas privadas, de las que no voy a decir el nombre. Por ejemplo, en un
caso que teníamos de unos vehículos con el kilometraje trucado nos ayudaron gratuitamente para ver si eran capaces de saber cuáles eran los kilómetros reales para que la venta fuera lo más eficaz posible. Por tanto, es cierto que los convenios y la
colaboración públicoprivada han sido estupendos.


Después, teníamos que hacer una regulación de procedimientos, como cualquier oficina administrativa. En aras de la transparencia y de la eficacia es necesario que todos los procedimientos estén regulados e ir ajustando la RPT a las
necesidades reales de funcionamiento que tenemos. Al principio casi lo único que teníamos que hacer era pensar y, desde el momento en que hemos ido asumiendo la gestión, hemos tenido que implementar los medios personales y luego las tecnologías.
Señorías, ya se pueden imaginar

Página 16

que sin una aplicación informática o sin un medio de comunicación es imposible que ninguna oficina pueda funcionar.


Esta dirección general, que depende directamente de la secretaria de Estado, tiene dos subdirecciones muy diferentes, porque muy diferentes son sus dos funciones. En primer lugar, tiene una Subdirección de Localización, que es la que tiene
que ayudar a buscar los bienes ilícitamente ganados y ponerlos a disposición del órgano judicial para que, en caso de que proceda, pueda proceder al embargo y al futuro decomiso. Es una función muy policial y, aparte del personal de la RPT que
tenemos en esta subdirección -de hecho, el director es un coronel de la Guardia Civil, tenemos a cuatro policías judiciales adscritos, dos del Cuerpo Nacional de Policía y dos de la Guardia Civil. La otra subdirección es la Subdirección de Gestión,
que se ocupa de qué hacemos con los bienes, tanto la administración, la venta, la realización anticipada en caso de que proceda o la adjudicación de uso a administraciones públicas, e incluye, por ejemplo, el asesoramiento técnico a los órganos
judiciales sobre lo que hay que hacer para que los bienes y lo que se obtenga de los bienes sea lo más efectivo y lo más rentable y se pueda luego aplicar al proceso judicial. Además, para completar, se creó un modelo similar al del Plan Nacional
sobre Drogas con una comisión de adjudicación de bienes producto del delito, porque del dinero que gestione la ORGA un porcentaje del dinero que acabe al final decomisado -en este año sería el 50 %- se revierte en programas de ayudas a las víctimas
y de lucha contra la criminalidad organizada. Así se cubre el agujero al que no llegaba el Plan Nacional sobre Drogas, que tenía un destino muy específico que era ayuda a programas en materia de drogadicción.


¿Qué hacemos en concreto? En averiguación patrimonial lo importante que tenemos que tener claro es que a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos no le corresponde para nada la averiguación del delito; eso compete a la Policía
judicial y al órgano judicial. Nos corresponde la averiguación patrimonial, es decir, buscar bienes que puedan ser objeto de embargo. ¿Cómo lo hacemos? Evidentemente a través de la consulta a registros públicos, pero, como se pueden imaginar, a
veces solo eso no es suficiente. Siempre que el órgano judicial nos autorice por el tema de la Ley de Protección de Datos, podemos acceder también a datos de la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, la Sepblac; es decir, de todas aquellas
instituciones que pueden tener datos y que nos pueden facilitar indicios sobre dónde está el dinero fruto de la comisión de un delito. En caso de que existan indicios de que los bienes han ido a otro país, se puede colaborar directamente con otras
oficinas de recuperación de activos o instituciones que tienen esas competencias tanto en la Unión Europea como en otros Estados. Ha sido muy importante que exista una oficina análoga a muchas de las que existen en otros Estados de la Unión
Europea, ya que esto nos está permitiendo la colaboración y coordinación no solo para pedir sino para dar información sobre la delincuencia transnacional. En caso de que fuera necesaria una comisión rogatoria, se informaría al órgano judicial para
que la hiciera. Esto en materia de localización.


¿Qué hacemos en gestión de bienes? Nos estamos encontrando con dos modelos. Hay órganos judiciales que nos piden que vendamos y tenemos claro lo que quieren, pero hay órganos judiciales que nos piden que gestionemos los bienes para sacar
lo que consideremos. ¿Qué hacemos? Primero analizamos el bien -su estado, su naturaleza, el valor de tasación, si es un bien que se deprecia o no se deprecia, los costes de depósito- y con eso le vamos a hacer una propuesta. En algunos casos, si
es necesario, pedimos un informe técnico. Como se pueden imaginar, señorías, no somos expertos en barcos ni en obras de arte ni en aviones. De hecho, también a título de ejemplo, un organismo público que se dedica a la gestión de aviones y una
empresa pública que también se dedica a ello nos informaron de que los aviones que tienen licencia de vuelo valen muchísimo más que si no la tienen. En caso de que sea necesario eso es lo que vamos a aportar al órgano judicial para que le pueda
servir si tiene que tomar una decisión de realización anticipada. Con la propuesta que hace la ORGA el órgano judicial resuelve lo que determine, y ello coincidirá o no con la propuesta de la ORGA, pero evidentemente lo ejecutaremos en el sentido
que nos digan.


¿Con qué medios cuenta la ORGA? Aparte de los medios propios, estamos tirando de encomiendas de gestión con empresas públicas, de convenios de colaboración -ya les he dicho que con unos resultados estupendos- y de contratación con empresas
privadas. Hasta ahora no nos ha hecho falta mucha contratación por el tipo de bienes gestionados, han sido contratos menores, pero ahora sí que estamos tramitando -porque nos lo aconsejó la Dirección General de Bellas Artes- un contrato
especializado para gestión de obras de arte, porque nos dijeron que el portal de subastas judiciales no era un buen foro para obtener dinero suficiente con la contratación. Esperamos que esté resuelto a lo largo de este año.

Página 17

Convenios. El año pasado firmamos diez convenios, más tres instituciones públicas que trabajaban o colaboraban con nosotros sin necesidad de convenio. Ya hemos firmado otros tres convenios más y tenemos en trámite otros cuatro o cinco. En
muchos casos la necesidad de un convenio surge por una encomienda concreta de un órgano judicial. Cuando un órgano judicial de repente nos dice que hay unos animales vivos o algo así, contactamos rápidamente con el Ministerio de Agricultura para
que nos asesore fundamentalmente en esta materia. Estos convenios tienen fundamentalmente dos tipos de finalidad, uno en materia de localización para que nos faciliten datos, como Agencia Tributaria o Sepblac con notariado, que nos facilitan datos
que permiten averiguación patrimonial, y otro en materia de gestión para que nos ayuden a gestionar eficazmente los bienes, que incluye asesoramiento o, por ejemplo, en el caso del Banco de España nos ha cedido gratuitamente una camareta dentro del
mismo para poder guardar aquellas joyas de mayor valor en tanto en cuanto se procede a la venta o a la realización anticipada según nos diga el órgano judicial. Por no ser pesada, no voy a entrar en cada uno de los convenios.


Quisiera dar datos estadísticos de la memoria de 2016. De 435 expedientes, 9 fueron de localización de activos, 62 de gestión de activos, había 1 mixto y 363 de actuación de choque, que es la actuación esta de Melilla, que fue a instancias
de la propia ORGA. Hubo 31 personas investigadas y el saldo de la cuenta de depósitos fue de 12 721 481 euros. En cuanto a las cuantías obtenidas por la gestión de bienes, del desglose de estos 12 millones se deducen 19 000 de venta. Estos 19 000
de venta eran escasos, pero también es verdad que la mayoría de ventas que se iniciaron el año pasado se están ultimando en el primer semestre de 2017; ahora daré los datos. Por destrucción fueron 10 476 euros. La mayor parte de esta destrucción
proviene del Plan de actuación de choque de Melilla. Además no nos conformamos con destruirlo, sino que queríamos intentar sacar algo por achatarramiento e intentar ser eficaces en la gestión de este tipo de bienes. El efectivo embargado fue de 12
689 000 euros e intereses 2450. Los bienes encomendados al margen de la actuación de choque fueron 252, y de todo tipo de naturaleza, señorías, tenemos de todo, desde camisetas y zapatos, hasta hidrocarburos, joyas y obras de arte; tenemos bienes
de muchísimo valor y bienes de muy poco valor, es decir, nos está llegando un poco de todo. Y en la actuación de choque, de los 553 vehículos cuya destrucción solicitamos ya hemos destruido 203, con un ahorro de depósitos de 136 000 euros. En el
año 2017 llevamos 128 expedientes en este primer semestre. Se ha duplicado ya la localización de activos, y no solo se ha duplicado, sino que son expedientes con muchísimas personas investigadas. En estos expedientes que estamos tramitando -que yo
creo que ahora tenemos 14 abiertos- hay un total de 140 personas investigadas y se han localizado 543 bienes que se han trasladado al órgano judicial por si consideraba oportuno el embargo o el decomiso. En materia de gestión de activos han entrado
muchos expedientes a instancia de los órganos judiciales y, sin embargo, hemos tramitado muchos menos de actuación de choque porque hemos iniciado la actuación de choque en Segovia y ahí el volumen de vehículos no era de 500 sino de 40; pero bueno,
seguimos destruyendo y llevamos 22 coches destruidos y 16 000 euros de ahorro de depósitos.


Lo más destacable en este primer semestre es el saldo de la cuenta de depósitos; ya estamos a casi 17 millones de euros; y de estos, 1 883 000 euros ha procedido de las ventas de la propia Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. Ese
dato la verdad es que sí que nos ha animado, sin perjuicio de que somos conscientes de que todavía falta mucho para que el modelo esté desarrollado y ser absolutamente útiles a los órganos judiciales y a las fiscalías. Había hecho un expediente
acumulado, pero digamos que esas son las sumas.


Junto con esta reflexión cuantitativa de los datos de la memoria sí queríamos hacer un balance de la actuación de la ORGA en 2016. El balance que hemos hecho, tanto mi equipo como yo, es que ha habido un gran avance en implementación de
medios. Señorías, de verdad, poner en marcha una oficina administrativa, con todas las dificultades que tiene de procedimientos administrativos que garantizan transparencia y competitividad, pero que dificultan a veces la gestión, y por eso yo creo
que la orientación del plan de acción era correcta. Asimismo hacemos un balance muy positivo en la colaboración institucional. Yo creo que respecto a la eficacia de la gestión el tiempo transcurrido todavía es pequeño para poder saber si somos
todo lo eficaces que deberíamos ser. A finales de 2017, pero sobre todo en 2018, cuando estén los modelos ya consolidados, podremos hacer un estudio más en profundidad que me permita facilitar datos, a mí o a la persona que esté.


Nos hemos dado cuenta de que quizá el agujero que tenemos es la cooperación internacional. Hay que impulsar muchísimo la cooperación internacional, porque la respuesta de los órganos judiciales españoles para que puedan embargar va a
depender de las redes y de la fluidez de la cooperación internacional que tengamos. En estas materias, en estos delitos transnacionales una información tardía

Página 18

es a veces casi equivalente a una no información, porque los bienes han podido volar. Hay también una necesidad de difusión a los órganos judiciales, fiscalías y a todos los que colaboran con la Administración de Justicia, no solo para que
sepan que estamos, sino también para que sepan a qué nos dedicamos. Si se fijan en la memoria del año 2016 y en los avances de 2017, que se acaban de publicar en la página web del ministerio y en el Portal de la Transparencia, hay un porcentaje
elevado de expedientes inadmitidos, la mayoría de ellos por desconocimiento de los órganos judiciales de cuál era nuestro ámbito de actuación, de cuál era nuestro cronograma. Cada vez es menos, estamos dedicando mucha información, pero yo creo que
somos conscientes de que tenemos que reforzarlo.


También tenemos la necesidad de reforzar los medios para la gestión masiva de bienes. Siempre vamos a tener bienes singularizados; por ejemplo, tuvimos un rollo de cable pelado, no creo que tengamos más en nuestra vida, que tuvimos que
vender y destruir, pero sí que va a haber determinado tipo de bienes que una gestión masiva va a permitir más eficacia. Y tenemos la necesidad también de reforzar los medios tecnológicos, como es el aplicativo Exporga, que es además el que nos
nutre, primero, para saber dónde estamos, y segundo, para poder facilitar datos estadísticos.


Para finalizar, entre las últimas consideraciones que nos hemos hecho en estos dieciocho meses de funcionamiento está que la actuación de la ORGA no puede medirse solo por datos económicos, sino que nuestra principal medición ha de ser si
estamos siendo útiles a los órganos judiciales y a las fiscalías, porque esa es nuestra finalidad, y además porque las actuaciones encomendadas no todas ellas tienen un contenido económico; hay muchas actuaciones que no se miden en dinero, como
puede ser por ejemplo el asesoramiento o la adjudicación de uso a las administraciones públicas o la entrega allí, sin embargo sí hay una prestación o un servicio público, como por ejemplo una embarcación que se adjudicó el uso a Sasemar. La última
consideración se refiere a que el proceso judicial es ajeno a la ORGA, influye en la ORGA, pero no se puede medir siempre como resultado. Les pongo un ejemplo, señorías, el año pasado tuvimos un encargo importantísimo sobre una gestión de bienes,
pero cuando ya teníamos parte de ellos vendidos, el proceso judicial por falta de jurisdicción española se anuló. Allí no hubo resultados finales, sin perjuicio del disgusto que -como se pueden imaginar- nos llevamos en la Oficina de Recuperación y
Gestión de Activos, lo que nos hizo ser conscientes de que muchas veces nuestra gestión tendrá frutos y conllevará el dinero decomisado, pero otras veces absolverán a la persona investigada. Allí habremos sido útiles, pero no habrá resultados
concretos.


Con esto finalizo, y espero las consideraciones o preguntas que tengan ustedes a bien formular. Y si me permiten agradezco a mi equipo el entusiasmo y la ilusión que ha manifestado en este año y medio, en el que hemos pasado muy buenos
momentos y muy malos momentos. Me tienen que permitir que les agradezca públicamente su actuación. Somos conscientes de que a la ORGA le quedan dos años por lo menos para tener articulados todos los procedimientos, pero intentaremos trabajar,
máxime teniendo en cuenta además que es algo que nos pide la sociedad, que es un auxilio a la Administración de Justicia, y que encima tiene un fin social, como es la puesta en marcha de la adjudicación de bienes.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Del mismo modo que en la anterior comparecencia tienen los grupos la palabra, de menor a mayor, por un tiempo de diez minutos.


Por el Grupo Mixto el señor Bataller.


El señor BATALLER I RUIZ: No voy a intervenir.


La señora PRESIDENTA: El Grupo Vasco y Esquerra no se encuentran en la sala. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Gómez.


El señor GÓMEZ BALSERA: Gracias, señora presidenta.


Muchas gracias por su comparecencia y por la información complementaria al informe que nos había facilitado previamente. Quiero comenzar felicitando a usted y a su equipo por la puesta en marcha de esta institución. Como dicen en la
presentación queda mucho por hacer, pero es de justicia reconocer la labor y los avances que se han producido a lo largo de este primer año de funcionamiento, así que vaya por delante esa felicitación.


Quiero formularle alguna pregunta. Por ejemplo, en cuanto a los modelos de derecho comparado y la opción tomada por el modelo español, basándose en el francés, si bien adaptado a nuestros juzgados de

Página 19

instrucción, me gustaría conocer su opinión acerca de si cree que les costaría mucho adaptarse a un modelo en el que la investigación penal recayera en el ministerio fiscal. Usted sabe que en el seno de esta Comisión está en marcha la
Estrategia Nacional de Justicia y que una de las posibles recomendaciones que podrían surgir de esa estrategia sería que la investigación penal pasara al ministerio fiscal. Nos interesaría su opinión al respecto, si cree que saldrían beneficiados
en el trabajo diario de esa organización más vertical que tiene el ministerio fiscal en comparación con la limitación territorial que tienen nuestros jueces de instrucción. Dicho de otra manera, si ustedes en su trabajo diario se enfrentan a veces
a dificultades motivadas por las continuas inhibiciones de un juzgado a otro de las causas.


En cuanto a la implantación en las comunidades autónomas con competencias transferidas que han venido haciendo a partir de enero de 2017, le preguntaría si les ha supuesto algún problema añadido con respecto a la implantación en el
territorio del ministerio, y más concretamente si tienen alguna dificultad con los diferentes programas de gestión que tienen los juzgados en cada una de esas comunidades autónomas con competencias transferidas.


También me ha llamado la atención de la lectura del informe, en el balance de despliegue, página 21, que se recoge que los gastos de la ORGA en gestión de bienes son 2265,27 euros. Es una cantidad ridícula. Vaya por delante que nos
alegramos muchísimo de que los gastos de gestión sean tan pocos, pero nos ha sorprendido teniendo en cuenta las actuaciones que a ustedes les encomiendan, que en algún caso incluso han supuesto tener que destruir residuos y transporte. Le rogaría
que nos hiciera alguna aclaración más al respecto de cómo consiguen tener un gasto tan reducido en cuanto a la gestión de estos bienes.


Otra pregunta sería qué experiencia están teniendo con el uso del portal único de subastas y si contemplan la posibilidad de suscribir convenios con otras entidades especializadas en las subastas judiciales, como pueda ser la reciente
plataforma puesta en marcha por el Consejo General de los Procuradores de España.


Finalmente le preguntaría si están ustedes satisfechos con el grado de actualización que tiene la información patrimonial que obtienen del Punto Neutro Judicial, así como de otras bases de datos, y en concreto si ustedes habitualmente se
limitan o se quedan solo con esta información patrimonial que obtienen de estas aplicaciones y de los registros públicos o en qué medida hacen esa labor de investigación complementaria, labor policial, que ha referido a lo largo de su informe.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, la señora Carreño.


La señora CARREÑO VALERO: Buenos días. Muchas gracias por su comparecencia.


Desde el Grupo Confederal aplaudimos la creación de un organismo como el ORGA, puesto que consideramos que es esencial que exista un organismo así que pueda colaborar con órganos judiciales y fiscalías en la localización de bienes
procedentes de la actividad delictiva, precisamente cuando estamos hablando de delitos tan graves como el blanqueo de capitales, cohecho, malversación o aquellos procedentes de organizaciones criminales. Creemos que esto es muy necesario porque es
fundamental no solo la condena de la persona o personas culpables, sino también que esas personas no puedan disfrutar de aquello obtenido ilegalmente y -como se recoge en los objetivos de la ORGA- poder restituir a las víctimas o bien revertir el
producto del delito en fines sociales, más necesarios en una época de recortes y de austeridad propiciada por el Gobierno del Partido Popular.


Sin embargo, pese a que aplaudimos su creación y entendemos que es una nueva oficina, que la implantación lleva un cierto tiempo, que -como bien ha dicho- queda mucho por hacer -y es cierto que este año han triplicado los expedientes y las
personas investigadas respecto al año anterior-, creemos que el volumen que están gestionando a día de hoy es aún demasiado bajo. Ha dicho usted que no se puede medir su actividad solamente por el volumen económico -entendemos que así es, tiene
usted razón-, pero solamente 543 bienes gestionados este año nos parece un número bastante escaso. Esos 17 millones de euros incautados frente a los 48 000 millones que se estiman al menos que solamente en corrupción se van cada año parecen poco, y
creemos que debería de aumentar muchísimo el funcionamiento de la ORGA. Nos preguntamos por tanto si esto puede deberse a que el personal sea escaso. A nuestro entender parece que se han destinado pocos recursos; creemos que habría que dotar de
más presupuestos a esta oficina, sobre todo desde que en octubre de 2016 se amplió el ámbito de

Página 20

actuación de la ORGA con la Audiencia Nacional, cosa que entendemos muy lógica y que debería haber estado desde el principio, puesto que los delitos por los que se prevé que se debe realizar el decomiso se juzgan principalmente en la
Audiencia Nacional. Creemos que se debe seguir ampliando y que habría que dotarla de más personal.


También querríamos preguntarle si considera que la estructura es la necesaria o si debería realizarse algún cambio en ella, así como el modelo. El modelo más aplaudido a nivel europeo en este tipo de oficinas es el de los Países Bajos, que
está integrado dentro de la fiscalía. Este no es el caso de la ORGA en España, y por tanto querríamos saber si ustedes recomendarían algún cambio de modelo en este aspecto.


Por otro lado, querríamos saber qué opinión les merece a ustedes la posible tipificación del delito de enriquecimiento ilícito, que en nuestro país no aparece tipificado en el Código Penal y que desde el Grupo Confederal de Podemos creemos
que es importante constituir como delito y perseguir también.


Por último, querría preguntarle cómo considera usted que está siendo la implementación en el resto del Estado, porque en el informe de 2016 no se había implementado todavía en todos los territorios, sino en aquellos que dependían del Estado,
en la Comunidad de Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla. Brevemente, cómo considera que se está implementando. Ha dicho usted que le faltan dos años, pero nos gustaría saberlo sobre todo para poder tener una actuación real contra los delitos de
corrupción, de malversación de capitales que obviamente distan muchísimo de las cantidades que nos han dicho. Quiero recordar que un 20 % de los activos escapan a la Hacienda pública; de los 48 000 millones, como decía, de corrupción, 543 bienes
los podrían haber acumulado entre unos pocos acusados de la Gürtel. Por tanto para que esta oficina pueda realmente luchar contra todos estos delitos, ¿cómo cree usted que debería dotarse de medios personales, de cambio de estructura, etcétera,
para que sea efectiva?


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Rallo.


El señor RALLO LOMBARTE: Muchas gracias, presidenta. Buenos días.


Gracias, en primer lugar, a la compareciente por su intervención y por ilustrarnos en esa primera intervención sobre el trabajo desarrollado durante los últimos meses al frente de la oficina. Ciertamente la información que nos ha
proporcionado es valiosa y nos pone al día sobre un organismo con el que yo creo que en general la sociedad y también los responsables públicos todavía no estamos suficientemente familiarizados. Desde luego, de entrada, reciba nuestros mejores
deseos de ánimo para usted y para todo el equipo que integre la oficina, especialmente en estos últimos meses particularmente complejos por la implantación de un organismo nuevo, que exige la construcción del órgano y al mismo tiempo la producción
de resultados, que es de una complejidad extraordinaria y desde luego un esfuerzo doble respecto de lo que sería razonable. Sepa que en ese sentido como grupo parlamentario nos tiene favorablemente dispuestos. Consideramos que la oficina está
llamada a desempeñar en apariencia una función significativa, notable y útil para el sistema, aunque obviamente con los escasos datos que tenemos todavía es difícil evaluar el impacto que puede tener respecto de las magnitudes reales que se pueden
dilucidar en el ámbito judicial respecto de la necesidad de recuperar y de gestionar activos decomisados obtenidos a resultas del delito.


Su intervención nos genera, al igual que al resto de los grupos, algunas dudas que nos gustaría que nos resolviera, y con ello asimismo aportara más luz a la correcta comprensión de lo que es la oficina, su naturaleza, su organización y -lo
que es fundamental- su ubicación y relación con el sistema judicial. A priori resulta evidente que estamos a todas luces ante un organismo de naturaleza administrativa de vinculación jerárquica y formal en el marco del Ministerio de Justicia, pero
sin duda alguna la naturaleza de sus funciones tiene una imbricación estrechísima con el sistema judicial, como usted ha ilustrado en su primera intervención, con jueces, con fiscales. Las dudas que nos asaltan no son solo sobre su naturaleza y
modelo -algunas preguntas ya se le han hecho a la vista de su experiencia sobre la pertinencia del modelo-, sino también prácticas, especialmente en lo relativo a cómo se resuelven los conflictos inevitables que puedan existir en relación con esa
parte de la función jurisdiccional que es la ejecución de lo juzgado, hasta dónde produce sus efectos y dónde interviene o dónde entra la oficina para gestionar el producto resultado de, por un lado, una sentencia, una condena, y por otro, los
efectos materiales que vengan señalados en tal condena. De hecho nos ha llamado mucho la atención esa afirmación que ha realizado a título de comentario, anécdota o caso sobre la existencia de bienes vendidos por parte de la oficina que estaban
vinculados a un proceso judicial que había sido anulado. Se supone, entendemos en

Página 21

una aproximación básica -si bien esperamos más información-, que lo lógico es que la oficina se ocupe de bienes que sean el producto confirmado de un proceso judicial con una sentencia firme.


Asimismo de su presentación también nos ha llamado la atención la identificación de 109 personas investigadas, porque cuando habla de investigación respecto de esas personas no sé muy bien a quién se está refiriendo, cuál es el sujeto
supuesto. ¿Se supone que son personas ajenas a los procesos judiciales o son los condenados que figuran en las condenas? Esa es una información que me parece también importante, porque para poder valorar el modelo por el que se ha optado en España
-o ha optado el Gobierno- de Oficina de Recuperación y Gestión de Activos estos elementos son fundamentales, para que no haya interacciones indeseables o conflictos con la independencia de los jueces en el cumplimiento de sus funciones.


Insisto en que nosotros le animamos en el ejercicio de su trabajo y función, pero tengo que decirle -y esto no se lo digo a usted en concreto, sino al Ministerio de Justicia, al máximo responsable del ministerio, que es el señor Catalá, como
ministro de Justicia, e incluso a su superior jerárquico, al propio presidente del Gobierno, por lo que ahora diré- que nos ha provocado bastante sorpresa la presentación y la familiarización en este acto y momento del perfil de esta denominada
Oficina de Recuperación y de Gestión de Activos; sorpresa y en buena medida también decepción, porque la imagen maestra que nosotros teníamos de esta oficina era la que nos habían proporcionado el señor presidente del Gobierno y el ministro Catalá
de forma reiterada en sucesivas ocasiones, la imagen de que era el órgano que se iba a encargar de garantizar y hacer posible que los corruptos devolvieran lo robado. No en vano me viene a la memoria una imagen -que supongo que usted confirmará-,
la de la inauguración de la oficina en plena campaña electoral en noviembre-diciembre de 2015 por el señor Rajoy, como presidente del Gobierno. Estaba visitando la misma notablemente envalentonado y luciendo una acción que debía ser decisiva para
acometer uno de los flancos débiles que en este país existía, es decir, acabar con la sensación de los ciudadanos de que los corruptos se apropiaban de los bienes sin que revirtieran a la sociedad después de que fueran condenados. Lo cierto es que
visto lo visto, visto que esta es una oficina que tiene un cometido mucho más amplio, que no es el resultado de un acto determinado de voluntad del Gobierno de la nación por adoptar una iniciativa concreta para la lucha contra la corrupción, sino
que es el resultado de la implementación de una directiva europea -como usted ha anunciado-, simplemente el Gobierno lo que ha hecho en este punto -desde el punto de vista de la comunicación pública- ha sido aprovecharse y hacer un uso, desde una
perspectiva social y comunicativa, un tanto fraudulento, vendiendo un producto que no es el que realmente se está demostrando que es en esta comparecencia. En sus propios términos nos parece encomiable, y ya le digo que esto no va por usted, sino
por el papel desempeñado y por el fraude político que creo que ha supuesto la presentación reiterada de esta oficina como una cosa que no es lo que se ha anunciado ante la sociedad. Creo que hay que decirlo aquí y en todo caso esperar y tener la
confianza de que, especialmente cuando se empiecen a identificar condenas en el ámbito de determinados delitos contra la corrupción, haya también algún grado de priorización de los medios necesarios -que hoy seguro que no lo son- para poder dar
satisfacción a los ciudadanos respecto de lo que creo que es una demanda incontestable y social: que nadie que se haya enriquecido a través de conductas corruptas pueda mantener en su poder los bienes obtenidos.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Olano.


El señor DE OLANO VELA: Gracias, señora presidenta. Le doy la enhorabuena también, como el resto de portavoces.


Bienvenida, señora Tarazona. Le doy la bienvenida en nombre de mi grupo parlamentario. Inaugura usted hoy lo que serán las comparecencias anuales de los responsables de la Oficina para la Recuperación y Gestión de Activos, y creo que esto
es en sí mismo algo positivo. En primer lugar, porque España cuenta desde octubre del año 2015 con una oficina de este tipo, al igual que cuentan el resto de los países más avanzados de nuestro entorno en la Unión Europea. Creo que es una oficina
que da cumplimiento a una demanda de la sociedad española, a la demanda de que desde la Administración se ponga a disposición de los jueces y fiscales un instrumento que les ayude a gestionar, a localizar y a hacer efectivos determinados bienes de
aquellos que han obtenido un rendimiento por actividades ilícitas, porque -y quiero recalcar esto- creo que usted hizo hincapié en su intervención, pero en concreto el portavoz del Grupo Socialista creo que no lo entendió muy bien, y es que ustedes
actúan cuando se lo solicitan los jueces y los fiscales. También la portavoz de Podemos, la señora Carreño, habló de si ustedes

Página 22

investigaban. No, si se hubieran leído el real decreto del año 2015, que crea la oficina, sabrían que ustedes no investigan, que no son policía judicial. Creo que fueron exactamente esos los términos que usó usted. En segundo lugar,
quería felicitarles a usted y a todo su equipo, que está aquí presente, por el trabajo realizado en estos escasos dieciocho meses desde que se creó la oficina, pues como nos ha detallado en su intervención no ha sido pequeña la tarea de poner en
marcha partiendo desde cero una oficina de estas características, desde la elaboración de un plan de acción adecuado para su puesta en funcionamiento real, hasta un calendario prudente -calendario que por cierto han mejorado ustedes, porque estaba
previsto que actuaran ustedes en todo el territorio nacional si no recuerdo mal a 1 de enero de 2017, y sin embargo han sido capaces de adelantarlo algunos meses-, hasta la incorporación del personal necesario o el material informático específico
para la buena gestión de los expedientes, y sobre todo y muy especialmente la firma de decenas de convenios de colaboración, de acuerdos, de encomiendas de gestión absolutamente imprescindibles para que realicen ustedes la labor operativa de la
oficina de una manera adecuada, y que dé satisfacción a las expectativas que este órgano ha creado. Todas estas actuaciones son muy laboriosas, pero han permitido crear esos cimientos necesarios para que en adelante, tanto en volumen como en número
de expedientes, realicen ustedes un trabajo cada vez más satisfactorio.


Paralelamente a esto -hacía mención el señor Rallo y usted lo ha desgranado también en su intervención- podemos observar que ya han obtenido ustedes resultados; resultados que, tanto los que ha comentado del año 2016 como el adelanto que
nos ha dado del primer semestre de 2017, deben ser considerados como un éxito. Se observa claramente que su plan de acción ha sido correcto, que ha sido adecuado a la realidad, y una vez que cuenta con esos cimientos como le decía antes sus
actuaciones serán cada vez más numerosas y con mejores resultados, lo cual es para estar plenamente satisfechos.


Decía que algunos portavoces, en concreto la señora Carreño, había vertido unas críticas que creo injustas, sobre todo en cuanto al volumen de las actuaciones. Como le decía antes sin duda esto solo puede obedecer a dos causas. Primero, al
desconocimiento de lo que es poner en marcha una oficina administrativa de estas características partiendo desde cero, lo que contrasta enormemente con su experiencia y la de todo su equipo en el ámbito administrativo. En concreto, usted ha estado
en dos ministerios ostentando cargos de alta responsabilidad. O segundo, puede obedecer simplemente a que no se han leído la memoria que usted nos ha aportado, ni siquiera el real decreto, ni han estado atentos a su explicación, porque insisto en
que solo los juzgados y los jueces son los que solicitan su auxilio para que ustedes colaboren con ellos. Ustedes no investigan delitos, ustedes no son una policía judicial. Lo cierto es que el disparate de Podemos con respecto a la Oficina de
Recuperación y Gestión de Activos viene ya de lejos, porque de hecho su líder, el señor Pablo Iglesias, tres meses después de que se pusiese en funcionamiento la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos pedía a bombo y platillo que se creara esa
oficina. Yo les recomendaría un poquito más de rigor a la hora de hablar de determinados asuntos.


Señorías, sinceramente creo que los datos que nos presentan hoy son esperanzadores, señalan una tendencia muy positiva. Cada vez son más las encomiendas que reciben de jueces y fiscales, lo cual nos indica que estos cada vez confían más en
la utilidad de la oficina, de la ORGA para la gestión, la localización y la realización de activos. Confían en la profesionalidad de su equipo, de lo cual no teníamos ninguna duda, pero en la práctica las cifras nos indican que, tanto jueces como
fiscales, cada vez confían más en ustedes. Cada vez son más los expedientes abiertos de oficio, cada vez es mayor el volumen de bienes y la cuantía de estos que ustedes gestionan, cada vez es mayor el ahorro para el Estado derivado de su labor, y
cada vez es mayor el volumen de los bienes localizados, y creo que esto es francamente importante.


Comparto, señora Tarazona, la afirmación que hacía usted de que queda mucho por hacer, pero quiero volver a recalcar que la tendencia es muy positiva. Nosotros les deseamos los mayores éxitos, porque al fin y al cabo los éxitos de la ORGA,
como órgano administrativo del Ministerio de Justicia y del conjunto de la Administración General del Estado, serán los éxitos de todos, y creemos además que esta oficina es un instrumento muy útil para evitar que los delincuentes disfruten de esos
bienes obtenidos ilícitamente. Incluso creo que también tiene cierto carácter disuasorio para aquellos que están pensando en cometer determinadas actuaciones.


No me gustaría finalizar sin hacerle yo también un par de preguntas que espero pueda contestarme en su intervención posterior. La primera es qué previsión tienen para la puesta en marcha de la Comisión de adjudicación de bienes producto del
delito, cuyo fin son los programas de ayuda a las víctimas y de lucha contra la criminalidad organizada, tal y como dispone el real decreto de 2015. La segunda es si

Página 23

considera que tanto el volumen de actuación de la ORGA como los ingresos se van a seguir incrementando en el futuro. Entiendo que así será, por la pura dinámica de puesta en marcha de un órgano de esta clase, pero quisiera que usted me
diera su opinión.


Nada más. Le deseo, como le decía, los mayores éxitos. Quiero felicitarla por el trabajo realizado hasta el momento y estoy seguro de que en años venideros podremos felicitarla también por el resultado de esas anualidades.


Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, señorías.


La señora CARREÑO VALERO: Me gustaría contestar, por alusiones. Me ha nombrado con nombre y apellidos.


La señora PRESIDENTA: Es la presidenta la que da la palabra, señora diputada.


¿A qué artículo quiere acogerse?


La señora CARREÑO VALERO: Al 71.2.


La señora PRESIDENTA: Diga expresamente cuáles son esas alusiones. Tiene tan solo un minuto y medio para hacerlo, sin reabrir en ningún caso.


La señora CARREÑO VALERO: El portavoz del Grupo Popular, Jaime Olano, me ha nombrado, con nombre y apellidos. Ha dicho que Sara Carreño no se había leído el informe y que desconocíamos el funcionamiento de la ORGA y varias cosas más.


¿Puedo contestar entonces?


La señora PRESIDENTA: ¿Qué es lo que quiere decir a eso?


La señora CARREÑO VALERO: Simplemente me gustaría decirle que sí entendemos el funcionamiento de la ORGA, que funciona por requerimiento judicial y en muchos casos por falta de requerimiento. Creemos que algo se podrá hacer respecto a su
estructura y funcionamiento para mejorar esto y para que esta oficina haga lo que ustedes han dicho que tenía que hacer, que es recuperar todos esos activos. Además, sí podemos cuestionar el volumen que gestiona. Por último, si no se puede mejorar
el funcionamiento, lo que se puede hacer es que ustedes roben un poquito menos. Así, a lo mejor, no tenemos estos problemas. (Protestas).


El señor DE OLANO VELA: ¿Puedo contestar? También por el 71.2, porque la portavoz me ha citado personalmente.


La señora PRESIDENTA: Me van a permitir que les diga, en este mi primer día y, por tanto, como novata presidenta, que esto forma parte del debate parlamentario.


El señor DE OLANO VELA: Estoy absolutamente convencido, señora presidenta, pero también era parte del debate parlamentario cuando intervino ella.


La señora PRESIDENTA: Sí, sí, sí. Tiene medio minuto, en relación con la respuesta a lo que acaba de suceder, y cerramos el debate.


El señor DE OLANO VELA: Insisto en lo que dije. La señora portavoz de Podemos o bien no se ha leído el real decreto del año 2015 o bien no se ha leído la memoria o bien no ha estado atenta a lo que ha comentado la directora de la oficina,
porque ella ha explicado muy bien que no solo trabajan a requerimiento judicial, sino también del fiscal e incluso de oficio en determinadas ocasiones, para la gestión de activos, y que hacen propuestas.


En cualquier caso, respecto a lo de robar o dejar de robar, creo que se califica por sí sola esta señora. Alguien que está financiado por países extranjeros no creo que sea nadie para dar lecciones. Tampoco existe ninguna sentencia que
diga que el Partido Popular se ha financiado ilegalmente; no existe una sola resolución judicial que así lo afirme.


Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la compareciente para dar respuesta a los grupos parlamentarios.

Página 24

La señora DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA DE RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS (Tarazona Lafarga): Muchas gracias por las observaciones formuladas. Voy a intentar dar respuesta lo más rápidamente posible a aquellas preguntas que me han
hecho.


En primer lugar, me preguntaban que si cambiara el modelo de investigación y pasara a la fiscalía esto afectaría a la ORGA. Creo que a la ORGA no le afecta absolutamente nada. De hecho, ya estamos trabajando con la fiscalía. En la Ley de
Enjuiciamiento Criminal que en su caso se realizara tendría que venir quién nos puede encomendar qué cosas; en ese caso, a lo mejor la localización correspondería exclusivamente a la fiscalía y no al órgano judicial y a la fiscalía como ocurre en
estos momentos. Francamente, no le veo ningún problema siempre que quede definido quiénes pueden hacer la encomienda.


En segundo lugar, respecto al tema de las comunidades autónomas, en realidad hemos tenido muy pocos problemas; de hecho, ha habido muchos órganos judiciales de comunidades autónomas que nos han llamado incluso en noviembre o diciembre para
preguntarnos si ya estábamos empezando a funcionar, sobre todo cuando tenían alguna gestión de bienes complejos. Esto con carácter general. Los órganos judiciales están acudiendo mucho a la ORGA cuando tienen bienes que no estaban acostumbrados a
gestionar y exceden de su capacidad. Si el órgano judicial está subastando vehículos, por ejemplo, no nos llaman para subastarlos porque esa parte ya la tienen resuelta. Por tanto, con las comunidades autónomas no hemos tenido ningún problema; de
hecho, hemos contactado con todas y se está dando mucha difusión a través del Consejo General del Poder Judicial, porque la formación en los órganos judiciales es de ámbito nacional. Sí hemos tenido algún problema de comunicación, porque no sé si
saben -creo que no lo he dicho- que para comunicarnos con los órganos judiciales utilizamos Lexnet. Lo que hemos hecho ha sido contactar con las comunidades autónomas que no tienen Lexnet para ver la forma de comunicarnos. Pero salvo ese tema, que
está resuelto, no ha habido ningún problema.


En cuanto a los gastos, efectivamente, nosotros mismos cuando hicimos el informe nos quedamos asombrados de lo poco que habíamos gastado. En parte ha sido porque los gastos se imputan cuando realmente se han realizado. Por ejemplo, tenemos
un contrato firmado ya de transporte, pero hasta que no se haga el transporte efectivo no se pasará el gasto y, por tanto, ese gasto no lo hemos imputado. La mejor manera de imputar el gasto es cuando este ha sido realizado de verdad. Creo que
este año 2017 tendremos más gasto, aunque también habrá diferentes circunstancias. A lo mejor, el contrato del portal de subastas de joyas no tiene ningún gasto para el Ministerio de Justicia porque se detrae del porcentaje de comisión de venta a
las personas que compren las obras de arte. Es decir, teniendo en cuenta que el dinero sale del presupuesto del Ministerio de Justicia, estamos intentando ser lo más rigurosos y austeros posible.


En relación con la destrucción de residuos, la gestión algún gasto nos está suponiendo, pero estamos intentando compensarlo con el dinero obtenido, es decir, que no solo sea 'destrúyame este coche' sino ver qué podemos obtener. Sin duda
alguna, los gastos se incrementarán muchísimo en el futuro, pero esperamos ser racionales. Aparte de esto, si el órgano judicial tiene un tasador dentro de plantilla, que no cobra, estamos tirando de él, o sea, que los gastos no van a ser mayores
que los que en estos momentos están asumiendo los órganos judiciales.


En cuanto al portal de web, nuestra experiencia es muy buena; salvo dos lotes de zapatos que no conseguimos vender porque, claramente, estaban tasados muy elevados, hasta ahora lo hemos vendido todo. La verdad es que nuestra vida es
curiosa. Yo creo que la experiencia es buena. Hemos fomentado la venta tirando de asociaciones y de los representantes del sector para que den difusión a las ventas de la ORGA y estamos siendo muy cuidadosos en que las ventas sean muy
transparentes, con mucha información de lo que se vende; de hecho, en el portal comentan que nuestras ventas están muy bien, o sea, la gente sabe lo que está comprando.


Respecto al grado de información del punto neutro judicial, hay cosas que nos parecen suficientes, pero no toda la información, es decir, si solo facilitásemos la información del punto neutro judicial sería escasa. Nosotros lo
complementamos, siempre que el órgano judicial nos ha autorizado, con información, por ejemplo, del notariado. El notariado es una buena fuente de información, porque sabes cuándo se ha podido vender un bien, a quién se ha vendido un bien, por
cuánto dinero se ha podido vender un bien. Por tanto, siempre que tengamos autorización del órgano judicial para entrar, los informes del notariado ayudan mucho a levantar el velo de dónde está de verdad el dinero. Es decir, si una finca se ha
vendido seis meses antes del proceso por un euro a la pareja o a alguien, eso nos permite dar indicios, aunque será, desde luego, el órgano judicial el que tenga la última palabra. En ese sentido, también me gustaría

Página 25

aclarar que nosotros hacemos solo averiguación patrimonial. Nosotros nunca vamos a poner por escrito: Aquí hay un levantamiento de velo. Nosotros lo que diremos es: Esta finca se vendió en tal fecha, por un euro, a tal persona. Nosotros
somos un órgano administrativo y, por tanto, será el órgano judicial el que tendrá que determinar si hay un levantamiento de velo. No obstante, como tenemos Policía judicial asignada a la ORGA, en el caso de que hubiera algo que no fuera
administrativo, sino que hubiera un posible delito, sería esta Policía judicial la que, al margen de lo administrativo, contactaría con la Policía judicial que lleva el caso por si quiere seguir indagando, pero nunca sería competencia de la ORGA.


En cuanto a que el volumen es pequeño, a nosotros no nos lo parece, porque es difícil gestionar bienes. Cada bien es de una naturaleza y cada bien nos pide una cosa, es decir, no todo es igual. Estoy convencida de que este volumen va a ser
exponencial. Estamos dando muchísima difusión a los órganos judiciales en estos dieciocho meses. Entre el consejo, la fiscalía, la policía y la Agencia Tributaria llevamos veintiocho jornadas explicando qué es la ORGA y dando cursos completos a
magistrados, que son al final los que nos pueden hacer la encomienda. La previsión va a ser exponencial, y por la impresión que tenemos de los órganos judiciales, este proyecto no tiene marcha atrás. Los órganos judiciales están demandando auxilio
judicial tanto en localización como en gestión de bienes, algo que para ellos es complejo.


Me han preguntado si el personal era escaso. Los primeros meses no lo fue, pues lo que teníamos que hacer era pensar y no necesitábamos mucho personal auxiliar para gestionar. Se fue incrementando a partir de nuestra entrada en
funcionamiento y ahora se va a pedir una ampliación a la Cecir. Díganselo, por favor, a Hacienda para que nos diga que sí a todo. Estamos reforzando, incluso con la gente de nueva promoción, y hemos solicitado que incorporen una persona experta en
contabilidad.


En cuanto al modelo, fue correcto y adecuado el hecho de que se aunaran localización y gestión. Alguien lo preguntaba en relación con otros países y tengo que decir que en los Países Bajos estaba en la fiscalía. Cuando se decidió el modelo
-no lo decidimos ninguno de los que estamos aquí- se valoró eso. Es decir, si cogemos un modelo solo de localización de bienes, puede tener sentido que esté en la fiscalía, pero en el momento en que hay que hacer gestión de bienes y gestión
administrativa para garantizar la transparencia y la competitividad no tiene mucho sentido que esté ahí. Por eso se insertó en la estructura del Ministerio de Justicia, porque es el que tiene que proveer de medios a los órganos judiciales y a las
fiscalías.


En cuanto a mi opinión sobre la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito, señorías, no soy la persona más indicada porque no soy experta en esta materia. No sé si hay algunos problemas de doble tipificación del delito, pero me van
a permitir que no entre en esta materia porque, francamente, seguro que digo alguna cosa que no es jurídicamente real y meto la pata.


Por lo que se refiere a la implantación en el resto del Estado, no hemos tenido ningún problema. Es verdad que estamos gestionando varios casos de delitos de corrupción; lo hacemos siempre que los órganos judiciales nos lo solicitan.
Desde que se ha abierto, a 1 de enero de 2017, ha habido más interés en esta materia. De hecho, la semana pasada me llamaron dos órganos judiciales diciendo que nos iban a hacer una encomienda, con el desconocimiento que tienen, porque piensen,
señorías, que para nosotros es nuevo, pero también lo es para los órganos judiciales, que tienen que hacer un auto encomendando a la ORGA la gestión y localización y en qué condiciones y muchas veces nos llaman para preguntar cómo lo hacen.
Efectivamente, no es solo corrupción, pero también es corrupción. Esa materia está clara.


Y respecto a la valoración política, tampoco es mi competencia. Esta es una oficina muy técnica y desde el momento en que cogimos el testigo -nos ofrecieron un proyecto con un gran matiz social, no solo porque la gente de la calle lo
estuviese pidiendo, sino por el fin social que tenía- le hemos dedicado todo nuestro esfuerzo, así que la valoración política se la dejo a ustedes, señorías.


Con respecto a cómo se resuelven los conflictos, he de decir que no estamos teniendo muchos conflictos entre juzgados. Como es el órgano judicial el que nos lo pide, no suele haber problemas. Cuando el órgano judicial, por ejemplo, pasa de
fase de instrucción a penal, lo comunica y ya está. Y si hemos pedido a instancia propia la gestión de un vehículo que ya no está en ese juzgado porque ha pasado de instrucción a penal, es el propio órgano judicial el que nos lo comunica y nosotros
lo elevamos. Lo que quiero aclarar, porque no lo he hecho y me ha parecido una buena observación, es que nosotros no trabajamos solo en fase de ejecución de sentencia. Nosotros trabajamos cuando el órgano judicial nos lo encomienda y, de hecho,
hay muchísima gestión que estamos realizando ahora en fase de instrucción. La modificación del artículo 367 quáter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permitió la realización anticipada de bienes, está permitiendo que los órganos judiciales
autoricen la venta de bienes en fase de instrucción cuando se den determinadas circunstancias, entre otras cosas, por ejemplo, que el coste de

Página 26

los depósitos o la depreciación del bien sea superior a lo que se podría obtener. Este cambio de mentalidad que el Consejo General del Poder Judicial está impulsando -porque procede de esta reforma- va a conllevar que de los bienes
embargados y decomisados se saque más dinero, se pueda hacer frente a la satisfacción de las víctimas y se pueda decomisar. Como les decíamos, en Melilla hay muchos coches embargados o decomisados que llevan tanto tiempo en los depósitos que cuando
se quieren vender no valen nada. El Ministerio de Justicia, que somos todos, ha pagado los depósitos, los coches no valen absolutamente nada y, si hay que pagar dinero a las víctimas, no se puede pagar con ellos. Esto no tiene ningún sentido y por
eso se justifica la realización anticipada. ¿Qué puede pasar? En el caso que conté, eran bienes perecederos que no podían estar sin vender. Si hubiéramos esperado a que hubiera acabado el proceso judicial, los bienes no habrían valido nada. Fue
la magistrada la que nos encomendó la realización anticipada. ¿Qué pasa? Que tras el procedimiento habrá un expediente de responsabilidad patrimonial como tantos, independientemente de que la ORGA actúe o no. Nosotros no hacemos nada que el
órgano judicial no haga, con lo cual las consecuencias son exactamente las mismas, pero en las fases previas puede haber un ahorro en los gastos de depósito.


En cuanto a las personas investigadas, son exclusivamente personas con investigación patrimonial y nosotros no las inventamos. Es el órgano judicial el que nos dice que localicemos bienes de determinadas personas. Son todas personas que
forman parte del proceso judicial. Nosotros ahí no podemos ni entrar ni salir. Simplemente cumplimos lo que el órgano judicial nos señala.


Respecto a la corrupción, ya he comentado que trabajamos en corrupción y en no corrupción. Trabajamos en todos los delitos de decomiso ampliado, que son todos los delitos patrimoniales. Señorías, no tendría sentido trabajar solo en
corrupción y no trabajar en una red de trata y que al final las víctimas de trata no pudieran tener dinero. El real decreto establece que la oficina está pensada para todos los delitos patrimoniales, que son los que contempla la directiva.


Respecto a los medios, efectivamente necesitamos incrementarlos. Esperamos que este año se incrementen un poco. Nosotros trabajamos con medios propios, pero también a través de los convenios y contratos. Por eso les decía que estamos
estudiando todas las posibilidades que la Ley de Contratos del Estado permite. Como anécdota, les diré que tenemos bienes de mucha categoría pero también bienes de muy poca categoría. El otro día nos llegó una plancha. ¿Cómo vendemos una plancha?
No tiene sentido venderla en el portal de subastas judiciales. Nos enteramos de que otro órgano semipúblico está haciendo una contratación de subastas con eBay. Esto se nos ha quedado en la cabeza. Quizá no inmediatamente, pero a lo mejor es una
manera de gestionar muchos bienes de manera que se pueda sacar algo. En eBay nunca vamos a sacar las grandes subastas ni las joyas, pero a lo mejor podemos sacar algo de dinero que en estos momentos se está perdiendo en los juzgados.


Respecto a las previsiones de la comisión de adjudicación, quiero señalar que la mayor parte de los 17 millones está en fase de instrucción por lo que he comentado anteriormente. Mientras no haya un volumen que permita sacar una
convocatoria de ayudas públicas, no saldrá. Desde luego en este año 2017 no saldrá, pero el dinero que se va decomisando se irá acumulando hasta que tengamos un volumen para sacar una convocatoria del estilo de las del Plan Nacional sobre Drogas, a
la que puedan acceder personas físicas y jurídicas -sobre todo, personas jurídicas- o instituciones suficientes.


Por último, respecto a las previsiones, como contaba antes, la necesidad de localización de los órganos judiciales no tiene marcha atrás. La experiencia de otras oficinas de la Unión Europea ha sido muy similar a la nuestra. Empezaron el
primer año con un volumen muy similar al nuestro y todas han tenido un crecimiento exorbitado. También es verdad que los resultados finales a veces dependen del proceso judicial. Hay procesos judiciales con muchos bienes con un valor muy escaso y
procesos judiciales en los que un solo bien vale 5 millones de euros. Nuestra vida va a depender del año, de los bienes que les lleguen a los órganos judiciales y nos quieran encomendar y del dinero que al final se decomise dentro de lo que hayamos
obtenido. Además, como sabrán y como no podía ser de otra manera, antes de pasar al Estado el dinero decomisado va a satisfacer a las víctimas, es decir, que el dinero gestionado por la ORGA irá a proyectos siempre que la víctima principal del
proceso haya acabado.


Con esto termino ya mi intervención.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Quiero dar las gracias a la señora compareciente.


Se levanta la sesión.


Era la una y veinticinco minutos de la tarde.