Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 276, de 28/06/2017
cve: DSCD-12-CO-276
PDF
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 276
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. RICARDO SIXTO IGLESIAS
Sesión núm. 13
celebrada el miércoles,
28 de junio de 2017
ORDEN DEL DÍA:
Debate y votación de las propuestas de resolución:
- Informe de las actividades realizadas por el Consejo de Seguridad Nuclear durante el año 2014 (corresponde a los números de expediente 401/000005/0000 de la X Legislatura y 401/000001/0000 de la XI Legislatura). (Número de expediente
401/000001) ... (Página2)
- Informe de las actividades realizadas por el Consejo de Seguridad Nuclear durante el año 2015 (corresponde al número de expediente 401/000002/0000 de la XI Legislatura). (Número de expediente 401/000002) ...
Comparecencia del señor ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital (Nadal Belda), para:
- Que informe sobre el posicionamiento del Gobierno en relación con la propuesta de medidas de la Comisión Europea denominada 'Energía Limpia para todos los europeos' (paquete de invierno) y explique qué rol piensa adoptar en las futuras
negociaciones que se celebrarán en el seno del Consejo Europeo. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 213/000380) ... (Página17)
- Explicar la posición defendida, en representación del Reino de España, en el seno de la Unión Europea en relación con las negociaciones sobre el diseño de un nuevo mercado eléctrico europeo (el denominado paquete de invierno). A petición
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 213/000468) ... (Página17)
- Informar sobre la subasta de energías renovables anunciada por dicho ministerio para el día 17 de mayo. A petición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 213/000426) ...
- Dar cuenta del informe realizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts a cuenta del proyecto Castor, así como las actuaciones que desde el ministerio tienen previsto llevar a cabo. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 213/000448) ... (Página18)
- Informar sobre el informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts sobre el proyecto Castor, y las actuaciones realizadas y previstas por el ministerio para el desmantelamiento efectivo de las instalaciones del citado proyecto. A
petición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 213/000478) ... (Página18)
- Explicar todas las actuaciones del estado en relación con el almacén de gas Castor, con especial atención del cumplimiento de la legislación, del detalle pormenorizado de los costes que tienen que pagar los contribuyentes y los usuarios
del sistema gasístico y de todo lo relativo al estudio y evaluación del impacto ambiental, así como la fecha y el procedimiento para la desmantelación de dicho almacén. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000466)
... (Página18)
- Informar sobre el acuerdo entre PNV y el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 de la reordenación de las tarifas eléctricas industriales. A petición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de
expediente 213/000460) ... (Página18)
- Informar sobre la afectación sobre la competencia de las tarifas eléctricas industriales, a raíz de los acuerdos sobre los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 entre el Gobierno y el PNV. A petición del Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana. (Número de expediente 213/000459) ... (Página18)
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
- INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR DURANTE EL AÑO 2014 (CORRESPONDE A LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTE 401/000005/0000 DE LA X LEGISLATURA Y 401/000001/0000 DE LA XI LEGISLATURA). (Número de expediente
401/000001).
- INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR DURANTE EL AÑO 2015 (CORRESPONDE AL NÚMERO DE EXPEDIENTE 401/000002/0000 DE LA XI LEGISLATURA). (Número de expediente 401/000002).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Como se comunicó ayer mismo, ha habido una variación en el orden del día en el sentido de que el debate y votación de las propuestas de resolución presentadas a los informes del Consejo de Seguridad Nuclear de los años 2014 y 2015 pasan a
debatirse en primer término y, posteriormente, celebraremos las comparecencias pendientes, que sustanciará el Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital.
El debate de las resoluciones y del informe de la ponencia lo vamos a sustanciar de la siguiente manera. En primer lugar, hablará el coordinador de la ponencia para hacer un resumen de los trabajos que se han desarrollado y después
intervendrán los grupos parlamentarios de mayor a menor, pero terminando el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno que es el Grupo Parlamentario Popular.
Ordenado así el debate, le doy la palabra al señor Mariscal Anaya para que informe sobre los trabajos de la Ponencia.
El señor MARISCAL ANAYA: Gracias, señor presidente.
La ponencia ha mantenido durante estos últimos meses encuentros con todos los actores que consideramos relevantes en el sector, no solamente empresariales, no solamente sociales, sino con todos y cada uno de los consejeros, incluido el
presidente del consejo. Hemos podido conocer de primera mano qué relaciones tenía el sector con el Consejo de Seguridad Nuclear y con ello intentar, en la medida de lo posible, establecer cuáles son las propuestas de resolución que pueden permitir
mejorar el trabajo del organismo garante tanto de la protección radiológica como de la seguridad nuclear en nuestro país. Deseamos que en el próximo periodo de sesiones, que comienza en el mes de septiembre, podamos continuar los trabajos de la
ponencia con un formato que esperamos que sea lo suficientemente práctico como para permitir que esta ponencia, resultado tanto de la ley del año 1980 como de la primera legislatura de Zapatero en la que se estableció la obligatoriedad de su
constitución, sea el órgano en el que se sustancien las mejoras que garanticen -insisto una vez más- tanto la seguridad nuclear como la protección radiológica, que son a fin de cuentas el objeto último de este órgano parlamentario.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mariscal.
Ruego a los portavoces de los grupos parlamentarios que, a la mayor brevedad posible, trasladen a la Mesa las resoluciones que quieren votar por separado; si no, votaremos las propuestas de resolución de cada proponente en bloque. Si algún
grupo quiere que se separe alguna propuesta de resolución porque quiere darle un voto diferente, que nos lo traslade a la Mesa a la mayor brevedad posible para ordenar las votaciones, que tendrán lugar no antes de las cinco de la tarde.
Para defender las resoluciones presentadas por su grupo, tiene la palabra el señor Lasarte Iribarren, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor LASARTE IRIBARREN: Gracias, señor presidente.
Hoy vamos a proceder al debate y votación de las propuestas de resolución de la ponencia de Seguridad Nuclear sobre las actividades del Consejo de Seguridad Nuclear, CSN, en 2014 y 2015. La ponencia se ha reunido en los últimos meses con
los consejeros del CSN y su presidente, directores técnicos de área y técnicos del mismo y representantes de empresas afectadas por la actividad regulatoria del CSN, así como con colectivos sociales como sindicatos o ecologistas.
En primer lugar, el Grupo Socialista quiere dejar constancia de su agradecimiento por la participación en la ponencia de todas las personas invitadas a la misma para explicar su posición y el alto nivel de cualificación y conocimiento de los
participantes sobre un sector tan sensible y complejo como el nuclear. Las cuestiones tratadas han girado inevitablemente sobre la organización y forma de funcionar del CSN y sobre la situación del parque nuclear, con especial incidencia en la
central nuclear de Garoña, la construcción del almacén temporal centralizado -ATC-, la situación de los ATI, la mina de uranio de Salamanca, el futuro del parque nuclear español y la falta de credibilidad del CSN.
La misión del CSN es trabajar por la seguridad nuclear y la protección radiológica, y es obligado mejorar la credibilidad de esa institución para que los ciudadanos tengan la mejor información posible en aspectos tan sensibles para su vida
como la seguridad nuclear y la protección radiológica. Esa credibilidad, necesaria en los organismos reguladores, está en cuestión en el caso del Consejo de Seguridad Nuclear; está en tela de juicio por la adopción de una serie de decisiones que
podría parecer que han estado más orientadas a facilitar la política energética del Gobierno que a la misión del mismo. Las decisiones sobre el emplazamiento del ATC; la proliferación de ATI y sus niveles de saturación; la decisión -muy
controvertida- sobre la posibilidad de reapertura de la central nuclear de Garoña o la posibilidad del alargamiento de cuarenta a sesenta años de la vida útil del parque nuclear español son algunas de ellas. Y se ha echado en falta una mayor
transparencia en los procesos de adopción de esas decisiones e incluso se han planteado dudas sobre la verdadera independencia de los consejeros en la adopción de las mismas, y en ese sentido van nuestras propuestas de resolución.
Vayamos por puntos. Primero, Garoña. El Consejo de Seguridad Nuclear, CSN, ha emitido un dictamen a favor de la reapertura de Garoña, a pesar de la propuesta del dictamen técnico, PDT, relativa a la renovación de la autorización de
explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña, que reconoce que Nuclenor no ha cumplido en su totalidad los requisitos exigidos por el Consejo de Seguridad Nuclear, CSN -que eran condición requerida para emitir el informe favorable a la
renovación-, establecidos en la instrucción técnica complementaria CSN/ITC/SG/SMG/14/01, titulada ITC sobre documentación y requisitos adicionales en relación a la solicitud de renovación de la autorización de
explotación de la central nuclear de Garoña, emitida el 30 de julio de 2014. Estos requisitos fueron posteriormente reiterados por escrito a Nuclenor mediante carta remitida por el director técnico de seguridad nuclear a la empresa el 16 de
abril de 2015, diciendo textualmente lo siguiente: Se considera necesario para la emisión del citado informe el cumplimiento del resto de los requisitos incluidos en la citada instrucción técnica complementaria, así como haber finalizado la
implantación de las modificaciones de diseño incluidas en el apartado 2 de su solicitud para la renovación de la autorización de explotación. Esta misma exigencia fue explicada por el presidente del CSN, el señor Marti, en sede parlamentaria a los
diputados miembros de la Comisión de Industria del Congreso el pasado 19 de octubre del año 2016, donde dijo literalmente: Se considera condición sine qua non para la emisión del informe preceptivo del consejo el cumplimiento de los requisitos de
esa ITC. Pues bien, eso no se ha producido por parte de la empresa y se trata de modificaciones de diseño muy significativas desde el punto de vista de la seguridad nuclear y de la protección radiológica. Todos sabemos ya que no ha sido así y que
el presidente del CSN, el señor Marti, se desdijo de sus palabras y su compromiso en sede parlamentaria y que, a pesar de que no se cumplían todos los requisitos de esa ITC, aprobó el dictamen para la reapertura de Garoña.
Por primera vez desde 1999 el CSN informa favorablemente la autorización de una renovación de explotación sin fijar un plazo de vigencia de dicha explotación, eliminando la asociación entre las RPS decenales y el periodo máximo de renovación
de las autorizaciones de explotación, satisfaciendo una petición del sector eléctrico, Unesa, tal y como consta en documentos anexos al informe, y en contra de lo establecido en la vigente Guía de Seguridad 1.10. Nos parece grave que el Consejo de
Seguridad Nuclear vulnere sus propias exigencias y autorice la reapertura de una central nuclear que no cumple los requisitos de seguridad necesarios, y que se pliegue al interés de las eléctricas a favor del alargamiento del plazo de explotación
del parque nuclear español a sesenta o más años, además de forma opaca y sin debate social y político. Por eso, pedimos la reprobación por parte de esta Comisión del presidente del CSN y pedimos al Gobierno su cese, igual que el 28 de abril de 2016
tres quintas partes de los miembros de la Comisión solicitaron el cese del presidente del CSN, tal y como establece la Ley de creación del CSN. Es verdad que el Gobierno del señor Rajoy sigue haciendo oídos sordos a las reprobaciones de altos
cargos de su Gobierno por parte del Parlamento, pero seguiremos insistiendo en el cese del señor Martí.
Nos congratulamos de que en el informe de la ponencia se haya aprobado el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña, su desmantelamiento y un plan de desarrollo económico para las zonas afectadas por su cierre. Quería hacer mención
al informe de la ponencia porque en el apartado 7. c), en lo relativo al cierre de Garoña, aparecen las zonas, pero faltarían las zonas afectadas, lo digo para que el letrado tome nota.
El segundo punto que quiero tratar es el relativo al ATC, el almacén temporal centralizado. Existe un problema serio relacionado con el almacenamiento del combustible gastado y una fuerte polémica sobre la idoneidad del emplazamiento
previsto para la construcción del almacén temporal centralizado, y se sigue sin conocer la fecha prevista para la emisión del informe preceptivo. La opacidad con la que se ha realizado la evaluación de la solicitud de emplazamiento del almacén
temporal centralizado, ATC, ha sido de tal magnitud que hasta el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno -a petición de la ONG Transparencia Internacional- tuvo que exigir por cauces legales que el CSN hiciera pública la documentación que siempre
debió haber sido pública, tal y como solicitaron muchos grupos de esta Comisión. Todo apunta a que la caracterización del emplazamiento elegido para ubicar el ATC es incompleta. Los informes técnicos disponibles afirman que ese terreno puede no
ser el más adecuado para albergar esa instalación nuclear y que el desembolso para su adaptación puede ser muy elevado. Por ello, es preciso dar una solución organizada y permanente a ese problema y hacer un análisis riguroso de la idoneidad del
emplazamiento del ATC, y también dependerá del ciclo de vida de las centrales nucleares y de la cantidad de combustible gastado. El Grupo Socialista defiende el cierre ordenado de las centrales nucleares a los cuarenta años de vida útil y no está
de acuerdo con la posibilidad de su ampliación a sesenta o más años, variable que es clave a la hora de diseñar la capacidad del ATC, lo cual va unido con la necesidad de aprobar el séptimo plan general de residuos radioactivos por parte del
Gobierno de España.
También pedimos que el CSN envíe un informe detallado del estado actual de la evaluación de la solicitud de autorización de construcción de una mina de uranio en Salamanca, presentada por la empresa minera Berkeley.
El tercer punto es la mejora de la credibilidad del CSN. Se hace necesario que mejore la imagen del CSN y que los ciudadanos confíen en una institución que está ahí única y exclusivamente para velar por la seguridad nuclear y la protección
radiológica. Por eso, extremar el principio de precaución en cuanto a la toma de decisiones y hacerlo más transparente puede contribuir efectivamente a que se perciba el CSN como un organismo regulador muy exigente en cuanto a las decisiones que
adopte y que tiene mucho que ver con la misión única del consejo. En ese sentido, para aumentar la transparencia del CSN se ha presentado una enmienda transaccional -que creo que apoyamos todos los grupos- que incluye diecisiete medidas para
mejorar la transparencia. No las voy a leer todas, pero algunas de las más significativas son, por ejemplo: aprobar e implementar un plan de transparencia; crear un registro de lobbies; hacer públicas las deliberaciones del pleno del CSN; crear
una base documental y publicar todos los documentos relevantes en los procesos de licenciamiento a medida que se vayan elaborando; realizar un informe de final de mandato por el presidente y los consejeros del CSN; la publicación de las actas de
los comités de gestión, etcétera. Creo que es una enmienda transaccional muy ambiciosa que va a mejorar sustancialmente la transparencia del CSN, lo cual es muy necesario. Además, para reforzar la independencia y adecuación de los consejeros
planteamos que se incorpore un nuevo modelo de nombramiento de sus consejeros, siendo analizados según su capacitación, idoneidad, independencia, neutralidad e imparcialidad por una comisión técnica, que emitirá un informe previo a la comparecencia
ante la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso, que ratificará su designación por una mayoría de tres quintos de sus miembros.
Acabo, presidente. También pedimos que en el caso de que un consejero -por las razones que fuere- no finalizara su mandato de consejero en el pleno del CSN, su vacante se pueda cubrir con la mayor rapidez posible hasta la finalización del
periodo restante y se respete el origen parlamentario del nombramiento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lasarte.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea se va a repartir el tiempo del turno. Tiene la palabra, en primer lugar, el señor López de Uralde Garmendia.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Muchas gracias, señor presidente.
Queremos empezar agradeciendo la buena disposición de los técnicos, ecologistas, sindicalistas, etcétera, que a lo largo de estos meses han comparecido en la ponencia nuclear, así como la información que han puesto sobre la mesa y que ha
sido muy útil para la elaboración de las resoluciones que presentamos hoy. Queremos agradecer también al coordinador, don Guillermo Mariscal, su trabajo en la ponencia para facilitar que los trabajos hayan podido llegar a buen puerto y a tiempo.
Para nosotros todas las decisiones que se están tomando hasta ahora en materia nuclear tienen mucho que ver con el hecho de que las centrales nucleares españolas están terminando su vida útil y llegando a los cuarenta años. A partir de ahí
hay diversos escenarios, que están muy condicionados por el hecho de que entramos en un escenario completamente nuevo, que no tiene precedentes en nuestro país: que las centrales nucleares empiezan a estar por encima de la edad para la que fueron
diseñadas. Esto indudablemente genera muchas incertidumbres, pero desde nuestro punto de vista genera una certeza: que las centrales nucleares españolas van a ser cerradas en un plazo más o menos largo. Por eso nuestras resoluciones pretenden
ordenar ese escenario de cierre progresivo de las centrales nucleares al que vamos directamente. Las centrales nucleares, insisto, van a cerrar sí o sí, puesto que están llegando a una edad muy por encima de aquella para la que fueron diseñadas, lo
que tenemos que dilucidar para los próximos años es si ese cierre lo vamos a hacer de manera ordenada, con todas las condiciones de seguridad y con todas las condiciones posibles para poder ayudar a las comarcas afectadas y que tengan así una
garantía de futuro o si simplemente ese cierre va a ocurrir por incidentes, accidentes o por situaciones inesperadas que puedan producirse. De ahí que las resoluciones que presentamos hagan una llamada a la responsabilidad para que este sea un
cierre ordenado, progresivo y seguro. En ese sentido, todas y cada una de las cuestiones que hemos tratado en la ponencia, desde el tema de los residuos radiactivos hasta el tema de los almacenes centralizados o almacenes dentro de las centrales
nucleares, los temas relativos a la seguridad de las propias centrales o las propias condiciones de trabajo del Consejo de Seguridad nuclear tienen que ver con este nuevo escenario. Hasta ahora se estaba trabajando con un escenario programado por
parte del Gobierno de alargar la vida de las centrales nucleares hasta los sesenta años. Nosotros planteamos un escenario diferente, un escenario, como digo,
de cierre ordenado de esas centrales. Lógicamente, nuestra primera resolución tenía que ver con la central nuclear más antigua, la central nuclear de Garoña, que fue construida en el año 1971 y que lleva ya cuatro años cerrada. Sobre esta
resolución no me voy a alargar mucho, puesto que ya fue acordada en la ponencia y por tanto esta ya en el documento general, pero básicamente pedimos -y estamos seguros de que hoy la Comisión lo ratificará- definitivamente el cierre de la central
nuclear de Garoña. Esperamos que esta sea la última vez, por cierto, que en el Parlamento tengamos que solicitar el cierre de la central nuclear de Garoña, que ya llevamos unas cuantas.
La segunda resolución es la que está numerada en los documentos con el número 17 y es la propuesta para el cierre gradual de las centrales nucleares y la gestión transparente del combustible gastado. Esta es una resolución fundamental que
queremos que se vote en sus términos. Sobre esta no ha habido ninguna transaccional. En ella planteamos seis puntos. En primer lugar, realizar las actuaciones necesarias para promover un plan de cierre progresivo definitivo y el desmantelamiento
de las centrales nucleares conforme a los criterios internacionales. Segundo, iniciar de inmediato los estudios necesarios para elaborar un plan de transición energética; es decir, al mismo tiempo que se cierran que se vayan introduciendo fuentes
alternativas de energía, lógicamente renovable y distribuida, que es lo que nosotros planteamos. Tercero, promover, como he dicho, un plan de transición justa para las comarcas afectadas por el desmantelamiento de las nucleares. Tras el cese de
explotación escalonado de las nucleares, el Gobierno debe promover un debate técnico y ciudadano sobre la gestión del combustible gastado. Para nosotros la gestión de los residuos radiactivos tiene lógicamente que ver con qué va a pasar con las
centrales nucleares. No es lo mismo planificar para el cierre a los cuarenta años que planificar en el hecho de que hubiera un alargamiento de la vida de las centrales. Planteamos también sustituir la Ley de Energía Nuclear, que data del año 1966
y que es preconstitucional. Asimismo planteamos prohibir las actividades de minería de uranio en España. Esta, como digo, es la resolución número 17, que para nosotros es clave porque es la que aborda el futuro de las centrales nucleares.
Sobre el tema de los residuos radiactivos hay una transaccional que creo que ha sido presentada ya y que está acordada con Ciudadanos y con el Partido Socialista. En esa transaccional hacemos dos cosas: una, pedir que se haga un análisis
riguroso sobre la idoneidad del emplazamiento del ATC actual y, dos -un punto que consideramos que ha quedado de forma muy evidente a lo largo de las presentaciones de la ponencia nuclear-, la necesidad de elaborar un séptimo plan de residuos
radiactivos que actualice la situación y que esté vinculado con información cierta y certera de qué va a pasar con las centrales nucleares. La última -y ya le paso la palabra a mi compañero Vendrell- es una propuesta de resolución, la número 20,
sobre la mina de uranio en Salamanca, en la que pedimos, en pocas palabras, que se paralice el proyecto de construcción de una mina de uranio en Salamanca.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López de Uralde Garmendia.
Tiene la palabra el señor Vendrell Gardeñes.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Gràcies, president. Bona tarda a tothom.
Nuestro grupo ha presentado once propuestas de resolución que abarcan sesenta propuestas concretas de acciones dirigidas al Gobierno en materia de política energética y de normativa y también al Consejo de Seguridad Nuclear. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Vendrell.
Señorías, por favor, bajen el tono de las conversaciones porque, si no, se hace imposible oír al interviniente.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias.
Todas estas propuestas concretas tienen un objetivo fundamental, que es garantizar la plena independencia y neutralidad del Consejo de Seguridad Nuclear, también para garantizar una mejor y más sólida cultura de seguridad. Estamos tratando
en la ponencia del Consejo de Seguridad Nuclear una cuestión fundamental, la credibilidad de los organismos reguladores, que es fundamental en todos los campos y más si cabe en el ámbito de la seguridad nuclear por las implicaciones que tiene en la
salud de las personas y del medio ambiente. Conocemos bien el riesgo de la llamada captura del regulador, ya sea por parte de Gobiernos o de sectores empresariales. Lo hemos visto claramente en la crisis bancaria. El buen funcionamiento de los
organismos reguladores y supervisores es fundamental para la democracia y para el buen funcionamiento y transparencia de los sectores sometidos a regulación. En concreto en el
caso nuclear, los informes elaborados después del accidente de Fukushima concluyeron que una de las causas que agravaron ese accidente fue la debilidad del organismo regulador, su falta de independencia y la connivencia con la empresa
propietaria de la central.
Nuestras resoluciones parten del reconocimiento a la labor que históricamente ha realizado el Consejo de Seguridad gracias al buen hacer de sus profesionales y a la experiencia de su personal técnico. Pero en estos momentos constatamos que
la independencia y la apariencia de independencia, cuestión muy importante, la plena autonomía y la neutralidad del Consejo se han debilitado coincidiendo con la presidencia del señor Marti. Creemos que en estos momentos el Consejo tiene un
problema de credibilidad y esto es un lujo que no podemos permitirnos. En los últimos años se han avalado cambios normativos y decisiones que no suponen ninguna mejora en la cultura de seguridad, sino todo lo contrario, un debilitamiento de la
cultura de seguridad. En este sentido cabe destacar todas las decisiones tomadas ya desde 2013 en relación con la central de Garoña, el último el caso del informe favorable a la reapertura de Garoña cuando no cumplía ninguno de los requisitos
exigidos por el propio CSN y que según el presidente eran conditio sine qua non, dicho en sede parlamentaria; la revisión de la guía de seguridad, que supone eliminar la práctica de informar la renovación de los permisos de explotación para un
máximo de diez años coincidiendo con la revisión periódica de seguridad; la gestión realizada con relación al proyecto de ATC de Villar de Cañas; la modificación en los criterios de clasificación de los sucesos nucleares, que al final tiene como
consecuencia que se comuniquen menos incidentes a la ciudadanía, o el último episodio de esa política de desregulación, que ha sido el informe favorable del CSN a las modificaciones de las órdenes ministeriales por las cuales se conceden las
autorizaciones de explotación a las centrales nucleares. Todas estas decisiones nos llevan a plantear la reprobación de la gestión del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear y a instar al Gobierno su cese. Pedimos a los grupos de la oposición
que apoyen esta propuesta porque creemos que va en beneficio de la independencia del Consejo de Seguridad Nuclear.
Acabo rápidamente, presidente. Esta sesenta propuestas se dividen en cinco ejes: modernizar la normativa del CSN, la ley y el estatuto que los regulan, en el sentido de que creemos que se han quedado anticuados y que es necesario plantear
una nueva fórmula de elección de los miembros del Consejo, a través de la Comisión de Energía, por mayorías más reforzadas que las actualmente previstas, garantizando también mejor el pluralismo; mejora de la cultura de seguridad (estamos muy
satisfechos de que nuestra enmienda -acabo- se haya incorporado); mejora en la transparencia y la rendición de cuentas y mejora del funcionamiento interno del Consejo de Seguridad Nuclear y de las relaciones con las comunidades autónomas. Creemos
que es imprescindible realizar un cambio en el Consejo de Seguridad Nuclear justamente para garantizar que lleve a cabo plenamente sus funciones de mantenimiento y defensa de la cultura de seguridad nuclear.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, senyor Vendrell.
Para defender las resoluciones del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: Presidente, compañeros, primero queremos que conste en el Diario de Sesiones que este grupo parlamentario cree que para la próxima sesión o el próximo informe deberíamos fijar realmente cuál es el ámbito de
esta ponencia, porque en las conclusiones que hemos visto hemos acabado mezclando las consideraciones que hay que darle al Consejo de Seguridad Nuclear con la política energética. Si precisamente nosotros estamos defendiendo la independencia del
órgano regulador y que no es político, tendríamos que empezar por poner cuáles son los límites de cada ponencia y, si fuese preciso, crear las ponencias necesarias para tratar los otros temas.
El debate nuclear es muy amplio y estamos seguros de que necesita una reflexión profunda. Va a comenzar el final de la vida útil de las centrales nucleares y tenemos que decidir qué es lo que va a pasar con nuestro modelo energético. Para
nosotros se dio un gran paso la semana pasada en esta Comisión de Energía cuando se aprobó crear esa mesa técnica de expertos para empezar a hablar del plan de transición energética, para saber al fin y al cabo adónde queremos ir. Ciudadanos
apuesta por un modelo sostenible. (Rumores). Las centrales nucleares se tienen que ir cerrando, pero no se tiene que tomar una decisión sin deliberación y sin reflexión hoy, sino que hay que supeditarla siempre a ese plan de transición energética,
que esperamos que esté enmarcado en un pacto de Estado por la energía, que haga que nuestro modelo sea predecible, para que sepamos realmente hacia dónde vamos y no nos sigamos dando
golpes de cabeza. Hay que recordarles que al final quienes acaban pagando todas las improvisaciones son los ciudadanos en la factura de la luz y, ahora que hay más fuerzas políticas, tenemos que empezar a ser responsables. (Rumores).
Al ser secreta, no se puede hablar de muchas de las cosas que se han dicho en la ponencia, pero simplemente quiero que conste en el Diario de Sesiones mi sorpresa ante muchas de las declaraciones que allí se hicieron; incluso llegué a la
incredulidad ante lo que estaba escuchando, no solo por la falta de rigurosidad en muchos aspectos, sino por la falta de contenido, lo que hace que reflexionemos sobre la confianza o desconfianza en el Consejo de Seguridad Nuclear. (Rumores). La
mayor parte de los partidos políticos aquí representados estamos de acuerdo con que es necesario que exista más transparencia, que se resuelvan los malos entendidos que puede haber entre el personal técnico y el Consejo de Seguridad Nuclear y que se
sigan resolviendo problemas. (Rumores).
Presidente, ¿es posible pedir silencio?
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que guarden silencio para que se oiga a la interviniente.
Adelante, señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Quiero decir que muchas de las enmiendas que hemos presentado y que han presentado otros grupos parlamentarios van en pro de la transparencia. Se ha llegado a una amplia transaccional hablando
de transparencia, que es lo que tiene que tener un regulador, así que hoy podemos estar satisfechos no solo con las enmiendas que ya se han incluido, sino también con las que se van a incluir en materia de transparencia. Volvemos a decir que el
órgano regulador, el Consejo de Seguridad Nuclear, no es un órgano político. ¿Por qué lo digo? Precisamente por distintas declaraciones que hemos escuchado en esta ponencia. Por eso, hoy más que nunca creemos que es necesario que haya una
independencia entre el regulador y el Gobierno o el Congreso. De hecho, la semana pasada presentamos una iniciativa para que se cambie el método de elección de los consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear; fue transaccionada con el Grupo
Parlamentario Socialista, ha salido adelante y pediremos hoy que se vote en los términos en los que se planteó.
Además, hemos presentado iniciativas en materia de seguridad. A nadie se le escapa que estamos en tiempos convulsos y Europa ya no es un sitio seguro como era percibido hace unos años. Es necesario que se implementen medidas de protección
para combatir cualquier posible atentado o ataque terrorista en nuestras centrales nucleares.
Tanto durante la ponencia como durante distintas intervenciones en diferentes momentos en la Comisión hemos manifestado nuestra preocupación sobre los residuos nucleares. Es un tema sobre el que hasta hace poco nadie hablaba o sobre el que
se intentaba hablar de soslayo, pero es el gran problema real que tiene la energía nuclear. No se trata de un desperdicio orgánico que se tira y que en un par de días o de semanas está desintegrado, sino que se trata de residuos que duran años,
años y años. Tenemos que saber qué es lo que vamos hacer con ellos. Hemos manifestado nuestra preocupación por la ubicación del ATC y por los condicionamientos técnicos. Por eso, hay una iniciativa que aprobaremos hoy también -si no surge nada
que la contradiga- en la que se plantea que se haga un estudio para ver realmente cuáles han sido los criterios técnicos para la colocación de ese ATC. Al menos todos los informes que tiene este partido nos dicen que geológicamente no es la
ubicación adecuada para un tipo de almacenamiento como el que se está planteando. Además, no esta sobredimensionado para la posible ampliación de vida útil que proponen algunos partidos. Quizá es por mi procedencia del ámbito técnico, pero cuando
se calcula la estructura del edificio siempre hay que sobredimensionar las cargas porque no se sabe lo que va a suceder. Cuando se plantea un almacén de residuos nucleares, que tienen una vida muy larga, se tienen que hacer previsiones para que, si
existe un aumento de vida útil, tengamos espacio para poder guardar los residuos. A día de hoy esto no está contemplado, porque se ha demostrado que hay una ausencia de planificación en materia energética.
Para terminar -para que vea que yo sí que me adecúo muy bien al tiempo, presidente; eso lo agradecerán mis compañeros también-, quiero recalcar que el Consejo de Seguridad Nuclear requiere la confianza de todos, y para eso es necesario que
realmente sea un organismo regulador independiente. Creemos que es indispensable que haya un comité técnico que valore las aptitudes de todas aquellas personas que puedan aspirar a estar en el Consejo de Seguridad Nuclear. Creemos que es
indispensable que se apruebe hoy, igual que se aprobó en la Comisión de la semana pasada, porque al final estamos hablando de la seguridad de todos los españoles y no de las posiciones políticas de cada uno de nosotros.
En materia de seguridad nuclear todo lo que sea transparencia, independencia y criterio técnico -por supuesto, el criterio político para los políticos- no estará de más.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez Hernández.
Para defender las resoluciones del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Salvador i Duch.
El señor SALVADOR I DUCH: Buenas tardes y gracias a todos.
En primer lugar, doy las gracias a todos los comparecientes que han intervenido y también al presidente de la ponencia, Guillermo, y al letrado, José Luis, que han hecho un excelente trabajo. Incluso doy las gracias al presidente del CSN,
ya que cuando le invitamos a venir a las comarcas de la demarcación de Tarragona, vino y cumplió su promesa de ver in situ las reclamaciones que le habíamos hecho desde Esquerra Republicana en cuanto a seguridad nuclear.
Dicho esto, tampoco quiero engañarles. Nosotros estamos en un proceso de autodeterminación. Queremos hacer una república catalana y, en este sentido, tenemos nuestro propio modelo energético y su gestión. De hecho, en estos momentos el
Parlament de Catalunya está elaborando su pacto nacional para la transición energética y su ley de cambio climático, con la previsión de que como máximo en 2050 el cien por cien de la energía sea renovable. De manera inmediata y mientras estemos
aquí -antes de negociar, siempre y cuando el pueblo de Cataluña decida el día 1 de octubre que hay que negociar porque haya dicho sí en el referéndum- nuestras resoluciones y nuestros apoyos irán en la línea de este pacto nacional por la transición
energética que les decía y tratarán sobre las necesidades inmediatas de la demarcación de la cual soy diputado, que son de extrema urgencia. Como he dicho, las resoluciones irán a favor de esta transición energética que pretende que en 2050 el cien
por cien de la energía sea renovable y todo irá por aquí.
Hemos hecho unas resoluciones eminentemente prácticas, en el sentido de que, igual que se ha mejorado mucho la seguridad dentro de la central nuclear, la seguridad que hay en el territorio no funciona del todo bien. Esperemos que nuestra
resolución pueda ser aprobada hoy con la transacción que se ha hecho con otros grupos, para que pueda haber telefonía móvil en los pueblos y municipios al lado de la central nuclear, para que la nuclear se pueda comunicar de manera eficiente con
estos territorios, para que haya fibra óptica y que las infraestructuras de los territorios que están en una zona nuclear sean adecuadas, que las estaciones estén abiertas, que la línea R15 funcione y no haya descarrilamientos de trenes, etcétera.
Son cosas que parecen mentira, pero el propio presidente del Consejo de Seguridad Nuclear pudo comprobar in situ que lo que yo decía no era ninguna exageración. Por eso, nos interesa muchísimo que esto conste en la ponencia. Aunque el CSN se ocupa
de la seguridad interna de las centrales nucleares, también es verdad que su opinión sobre la relación que han de tener las centrales nucleares con el territorio es sumamente importante para nosotros.
El otro punto que queríamos remarcar -y este sí que tiene que ver directamente con la seguridad y con el CSN- es el exceso que creemos que hay en la subcontratación en las centrales nucleares. Recordamos que al principio en las nucleares
había un mínimo de empresas subcontratadas, empresas de una gran especialización, y hoy en día prácticamente el 60 % o el 70 % está subcontratado, con unas condiciones de trabajo, salariales y de todo tipo que nada tienen que ver con las iniciales y
que nada tienen que ver con lo que se les exige por trabajar en una nuclear. Podemos encontrar pintores de brocha en una central nuclear que están cobrando 800 euros. Pensamos que el CSN tiene que tener un control exhaustivo sobre lo que se
subcontrata, por qué se subcontrata y con qué condiciones se subcontrata, porque tiene una incidencia directa sobre la seguridad de las nucleares.
Estamos preocupados también porque en pleno debate sobre la vida de las centrales nucleares, los trabajadores tienen derecho a saber qué futuro les espera. Hay que definir de una vez por todas el modelo energético de este Estado para que
puedan prever sus propias vidas. Incluso los estudiantes tienen que ver si el tema nuclear tiene futuro o no. Hace falta una aclaración lo más pronto posible para poder acabar con esas incertidumbres de los trabajadores, de los estudiantes y del
territorio, que necesitan saber -aunque no se sepa, ya se tendrían que estar preparando para un futuro a corto, a largo o a medio plazo sin nucleares- de qué van a vivir en los próximos años. Además, todas las nucleares se inauguraron prácticamente
a la vez, lo que significa que la mayoría de las personas pueden jubilarse al mismo tiempo. Por eso es muy importante -y por eso hemos presentado una resolución- que el Consejo de Seguridad Nuclear vele por que haya un relevo generacional entre los
trabajadores, para que no se pierda el capital humano, porque uno puede tener muy buenos estudios o puede estar muy preparado, pero el capital humano, que es el resultado de la experiencia de todos esos años y de un conocimiento de la
central nuclear como el que tienen los actuales trabajadores, es muy difícil de traspasar si no se lleva a cabo un plan de relevo generacional como debería ser.
Dicho esto, apoyaremos todas las iniciativas que vayan a favor de este modelo que se está gestando en Cataluña y, sobre todo, queremos poner el énfasis en estos problemas que necesitan una urgente solución.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Salvador.
Para defender las resoluciones del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias.
La ponencia se ha reunido con numerosos representantes de empresas, colectivos sociales, miembros del Consejo de Seguridad Nuclear y sindicatos, por lo que quiero agradecer su participación a todas estas personas, también a todos los
miembros de la ponencia, al presidente y al letrado. Además, todo esto nos ha dado una mayor información acerca de cuestiones como los informes de autorización a Garoña, seguridad nuclear, funcionamiento del consejo, temas de transparencia, planes
de emergencia. Quiero agradecer especialmente a todos los miembros de la ponencia su disponibilidad y también la buena sintonía del trabajo, sobre todo en cuanto a la elaboración de las resoluciones de la ponencia, ya que, a pesar de que cada uno
hemos interpuesto las nuestras, se ha llegado numerosas transaccionales.
Nosotros, como grupo EAJ-PNV, hemos propuesto una serie de resoluciones que van desde el cierre de la central de Garoña -algo que para nosotros ha sido fundamental- a una transacción a la que hemos llegado, que supone incluir no solamente el
cierre de Garoña, sino su desmantelamiento y un plan de desarrollo para las zonas afectadas. También hay otras propuestas de resolución que se han incorporado a la ponencia en torno al tema de la ciberseguridad y el refuerzo en la supervisión y
control para asegurar los niveles de seguridad y protección radiológica, con el fin de evitar determinados sucesos que hemos conocido. Por otro lado, hay propuestas de resolución de este grupo respecto a la implementación del plan de transparencia
que redundará en el buen gobierno en el Consejo de Seguridad Nuclear. Hay temas como la cultura de la seguridad, el emplazamiento del ATC y el plan de residuos que han sido transaccionados con otros grupos, y nos congratulamos de ello.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Para defender las propuestas de resolución de todo el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias.
De hecho, creo que del Grupo Parlamentario Mixto solo quedan vivas ya las del PDeCAT. En todo caso, por si acaso, las doy todas ellas por defendidas.
Deseo constatar y recordar que estamos aquí con las propuestas de resolución para los informes anuales del Consejo de Seguridad Nuclear correspondientes a 2014 y 2015. A alguien le puede parecer que es un tanto desfasado y lo es; estamos
hablando de 2014. Más allá de la anomalía de la anterior legislatura y de la situación que se produjo, queremos dejar constancia de que estamos todavía con el informe de 2014, que se tendría que haber sustanciado tranquilamente a lo largo de 2015.
En todo caso, quisiéramos hacer un primer reconocimiento y agradecimiento a todas las personas que fueron citadas y que comparecieron en el seno de la ponencia, a todas sin excepción. También queremos aprovechar para agradecer el trabajo
del coordinador, del compañero Guillermo Mariscal, y a la vez dejar constancia de nuestro reconocimiento a todo el personal del Consejo de Seguridad Nuclear, que trabaja -como algunos de ellos mismos reconocen- no siempre en las mejores condiciones,
pero siempre con la mejor dedicación y profesionalidad. Por tanto, vaya desde el Partit Demòcrata nuestro reconocimiento a todos ellos.
Evidentemente, no vamos a evaluar el contenido de las comparecencias; indirectamente quedan reflejadas en las propuestas de solución. El Partit Demòcrata ha presentado trece propuestas de resolución; de ellas, cinco -las números 55, 62,
65, 66 y 67- ya fueron incorporadas en la ponencia y
cinco adicionales han sido transaccionadas, y quiero agradecérselo a los grupos que lo han hecho posible. Por tanto, deseo mostrar nuestro reconocimiento a la flexibilidad y capacidad de negociación del Grupo Popular, de Unidos Podemos-En
Comú Podem y de Esquerra Republicana, que son los grupos con los que hemos transaccionado estas cinco propuestas. Luego, hay otras tres que se van a someter a votación.
El grueso de estas propuestas de resolución iban dirigidas a implementar mejoras en el Plan de Emergencia Nuclear de Tarragona, en el Penta, obviamente en las áreas de Ascó y Vandellós. Aquí también quisiera hacer un reconocimiento a todos
aquellos alcaldes y concejales de los diferentes ayuntamientos afectados por este plan de emergencia nuclear, que trabajan y asumen una responsabilidad no siempre reconocida ni agradecida. A veces tienen que trabajar asumiendo decisiones que van
más allá de lo que tendrían que hacer. A todos estos consistorios, el Partit Demòcrata les expresa su agradecimiento y su reconocimiento. Este ha sido un buen trabajo; se acabará aprobando una transaccional que, de alguna forma, en el área del
Penta, permita estudiar la asignación de algunos pueblos en cada una de las zonas, bien en la zona 1 o en la zona 2 o incluso ampliar la zona 1. Esta es una demanda que se ha efectuado desde las diferentes corporaciones municipales y desde las
distintas asociaciones de protección civil del territorio. Esperemos que esto que hoy se pueda aprobar se implemente, no digo ya en el informe de 2016, que es el que vamos a ver inmediatamente, pero sí quisiéramos que en el informe de 2017
pudiéramos constatar que algunas de estas medidas ya se han empezado a implementar.
Deseo agradecer también el trabajo del resto de compañeros de la ponencia y, como decía el otro día, estamos ya preparados para evaluar el informe de 2016.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bel.
Por último, para defender las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor García Egea.
El señor GARCÍA EGEA: Gracias, señor presidente.
Señorías, me gustaría sumarme al agradecimiento a todos los miembros que han participado en esta ponencia, tanto diputados como personas que han venido a comparecer. Coincido con la portavoz de Ciudadanos en que deberíamos acotar y decidir
qué es lo que quiere ser la ponencia de mayor, si se me permite la licencia; qué es lo que vamos a abordar en el futuro los diputados para evitar que ese amplio espectro no desenfoque, que es lo que muchas veces tengo la sensación de que ocurre en
algunos temas en este Parlamento.
Algunas de las propuestas de resolución que hoy se van a aprobar aquí consisten, por primera vez en la historia de esta ponencia, en una larga serie de juicios de valor -digo algunas- cuyo objetivo último es crear un relato con un fin muy
claro, que es el abandono de la era nuclear, el cese definitivo de la producción de energía nuclear y el arrinconamiento de esta tecnología. Y para conseguir este objetivo, van a menoscabar, perjudicar, desprestigiar a la institución que vela por
la seguridad nuclear en España, y lo van a hacer amparándose -como hemos visto durante todo el día de hoy- en la reprobación de su presidente.
Me gustaría hacer algunas preguntas a las señorías que han planteado este tipo de propuestas de resolución: ¿Alguno de ustedes se cree con capacidad para sustituir al regulador en materia de seguridad nuclear? ¿Alguien se cree con
capacidad para hacerlo? ¿Son ustedes diputados o reguladores nucleares? Esa es la gran pregunta que algunos deberían hacerse, porque déjenme que les recuerde algo: esta Comisión, esta ponencia del Congreso, no es un organismo regulador. Si se
leen algunas propuestas de resolución tendrán la sensación de que pretenden sustituir al regulador. Quiero recordarles además que en este periodo el 90 % de las decisiones del Consejo de Seguridad Nuclear se han adoptado por unanimidad del pleno
-el 90 %, unanimidad del pleno- y quiero poner de manifiesto, sin embargo, que lo que contiene esta ponencia no refleja en absoluto la realidad diaria de las personas que ejercen su trabajo con dedicación, con rigor y con profesionalidad reconocida
en todos los foros internacionales; como digo, algunas de las resoluciones, lamentablemente.
El Consejo de Seguridad Nuclear, a nuestro juicio y a juicio de organismos internacionales, es un organismo que obtiene excelentes calificaciones en los órganos que se encargan de su supervisión internacional y de su solvencia técnica, y es
la primera vez, señorías, que las propuestas de resolución bajan a un nivel de control más propio -permítanme que se lo diga- de comisarios políticos que de respeto a la independencia y el rigor de los profesionales. Dice el representante de
Podemos que en ocasiones existe captura del regulador, y así es, en muchas de las propuestas de resolución que hoy
vamos a votar existe captura del regulador, porque los diputados se dedican a otra cosa que no es realizar consideraciones sobre la mejora del funcionamiento del CSN. Si queremos independencia de los reguladores, ¿qué hacemos aprobando
resoluciones para condicionar decisiones técnicas?, ¿qué hacemos si queremos independencia de los reguladores? Si creemos en la independencia y profesionalidad de los técnicos del CSN como organismo regulador, ¿qué hacemos aprobando resoluciones
que presionan en una u otra dirección sus decisiones técnicas objetivas? ¿Por qué no dejamos que de las cuestiones técnicas se ocupen los técnicos y nosotros nos ocupamos de que esas decisiones se tomen en las mejores condiciones y con los mejores
medios?
Dice el Partido Socialista que se hace necesario mejorar la reputación del Consejo de Seguridad Nuclear; estoy de acuerdo, así que empiecen por respetar a sus técnicos y al consejo, porque ese será un buen camino para empezar. Dice Podemos
también que el señor Marti tiene un problema de credibilidad. Para usted seguro, porque si el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear fuera de Podemos sería una persona la mar de objetiva, eso seguro. Si esto sigue así, les veo mañana
aprobando resoluciones sobre el cambio de naturaleza del proceso de fisión. Podemos presentar una resolución para instar a que el uranio-235 deje de ser un isótopo fisible del uranio. Podemos presentar una resolución para derogar las leyes de la
termodinámica, porque me da la sensación de que desde hace un tiempo algunos, en muchos temas, pretenden sustituir la verdad por el consenso, y la verdad es la verdad por mucho que se vote. De hecho, llevan ya tiempo sentados en esta Comisión, y
hasta la fecha -por eso avalo la posibilidad de crear una ponencia o de impulsar cualquier organismo en el que debatir el futuro de la energía en España- echo de menos contenido concreto, por ejemplo, sobre algo que nos preocupa a todos mucho que es
el nuevo mix energético que debería tener España. Todo son iniciativas superficiales, brocha gorda, vaguedades, ni una sola concreción. Es la primera vez en la historia de esta ponencia -ya van varias- que se acepta una propuesta de resolución que
contiene puntos y apartados -la número 23- que resultan insólitos en la historia de esta Comisión y del control parlamentario o del concepto de rendición de cuentas, porque, señorías, es la primera vez, la primera, que se dan instrucciones políticas
sobre reversión de criterios y decisiones plenamente técnicas, la primera. Y el ejemplo de lo que estoy diciendo se materializa y visibiliza en la propuesta 23, que ha sido apoyada por los grupos Podemos, Socialista y Ciudadanos y se ha convertido
en adalid de la independencia técnica y profesional; en la 23.b), por ejemplo, se pide a un órgano regulador independiente, cualificado y de indiscutible prestigio internacional que rectifique decisiones que tienen que ver con la seguridad nuclear
adoptadas por su máximo órgano de gobierno, que es el pleno. También tienen ejemplos de gran injerencia, a nuestro juicio, en la organización y funcionamiento ordinario del Consejo de Seguridad Nuclear, en los apartados d) e i), y se llega -grave-
al esperpento de descender a procedimientos internos a través de los cuales, explícitamente, los grupos firmantes de esta resolución denuncian incumplimientos de acuerdos internacionales con rango de tratados internacionales, por cierto. La
inconsistencia argumental en este caso es gravísima por torticera, por falsa y, en ocasiones, por manipuladora. Si lo aquí expuesto -y que sus señorías han aprobado- fuera cierto, ¿no creen que el resto de organismos internacionales de Estados
miembros y de la Unión Europea lo habrían denunciado, que habría llegado a los medios de comunicación, que habría saltado alguna alarma? Eso no ha ocurrido nunca, ¿saben por qué? Porque es falso, porque no es cierto. Lo único que hay en este caso
es un hostigamiento, desde nuestro punto de vista, con fines claramente ideológicos, alejados de todo rigor y de lo que debe ser esta ponencia y guiados por otros intereses que no son los generales, por supuesto. Sobre esta cuestión, además, la
resolución va contra el prestigio, la independencia y la credibilidad de un órgano regulador del que España debe sentirse orgullosa.
Agradezco que la amplísima mayoría de propuestas del Grupo Popular hayan sido apoyadas por todos o por casi todos y me gustaría recordarles, para finalizar, que la Ley de 1980, que crea el Consejo de Seguridad Nuclear, crea también esta
ponencia para supervisar la actividad del consejo. Señores, vamos a grabar ese concepto en la mente para futuras ponencias: supervisar la actividad del consejo. Si yo estuviera en la oposición hoy, si el Gobierno estuviera sustentado por ustedes
o por uno de sus grupos, mi actitud y la de mi grupo serían exactamente iguales: responsabilidad, rigor, atender al papel que la ley nos otorga. Nunca hemos hecho ni haremos algo que ustedes sí han hecho, que es poner en duda la objetividad del
consejo, nunca, porque creemos que no es el papel que deben desempeñar los diputados.
Por último, me gustaría responder también a la cuestión de la sustitución de consejeros del Partido Socialista a la que ha aludido. Por un lado, piden independencia, no politización y hacen una serie de
juicios de valor, como he comentado, pero al final dicen que el Partido Socialista propone que al sucesor de Cristina Narbona lo tiene que elegir Cristina Narbona o el Grupo Socialista. Supongo que el hecho de que al sucesor de Cristina
Narbona lo elija Cristina Narbona es algo que hacen para garantizar que el sustituto no esté politizado.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García Egea.
Vamos a pasar a la votación de todas las resoluciones, si todos los grupos están preparados.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): ¿Pueden dejarnos diez minutos para acabar de organizarlo?
El señor PRESIDENTE: Si pueden ser cinco, mejor que diez.
Se suspende la sesión unos minutos. (Pausa).
El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión.
Les informo de que vamos a votar lo siguiente para que no haya ninguna duda. Quedan en este momento tres resoluciones vivas del señor Bel Accensi, las números 60, 61 y 64; la número 2, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; las del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana han sido retiradas a favor de transaccionales y quedan para votar la número 16, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, la 17, que votaremos por puntos y las resoluciones 20, 21
y 25. No votaremos ninguna Grupo Vasco puesto que ya están todas recogidas. Del Grupo Parlamentario Socialista quedan tres: la 34, la 39 y la 40 y del Grupo Parlamentario Popular queda la 46 puesto que el resto ya están incorporadas o
transaccionadas.
Luego votaremos las seis transaccionales que quedan para que las apruebe la Comisión y el dictamen. ¿Lo tenemos todos claro? (Pausa).
Comenzamos las votaciones.
Empezamos a votar las resoluciones presentadas por el PDeCAT, del Grupo Mixto, por el señor Bel Accensi. Las votamos todas en conjunto. (El señor Mariscal Anaya pide la palabra).
Señor Mariscal.
El señor MARISCAL ANAYA: No, la 61 es por votación separada.
El señor PRESIDENTE: Señor Mariscal, empecé la Comisión diciendo que lo antes posible nos pasasen los votos separados. ¿La 61 por separado?
El señor MARISCAL ANAYA: Sí.
El señor PRESIDENTE: Pues votamos conjuntamente las resoluciones 60 y 64, del señor Bel Accensi.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Resolución número 61.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 16; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resolución número 2, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a votar, si no hay votación separada, la resoluciones 16, 20, 21 y 25, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (La señora Rodríguez Hernández, doña Melisa, pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Pedimos votación separada, yendo una de ellas por puntos.
El señor PRESIDENTE: ¿De cuál? ¿Una por una?
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Sí.
El señor PRESIDENTE: Vamos una por una con las resoluciones del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, yendo una de ellas por puntos, como he dicho anteriormente.
Resolución número 16, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Pausa).
Señorías, sale un empate y vamos a repetir la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 16; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (El señor Mariscal Anaya pide la palabra).
Señor Mariscal.
El señor MARISCAL ANAYA: ¿Puede repetir el resultado?
El señor PRESIDENTE: Han sido 17 votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones. Por lo tanto, se aprueba la resolución 16.
Vamos a votar ahora el punto 1º de la resolución número 17. (El señor Mariscal Anaya pide la palabra).
Señor Mariscal.
El señor MARISCAL ANAYA: ¿Podemos repetir la votación?
El señor PRESIDENTE: Las votaciones no se repiten. Le repaso las votaciones. A favor han votado el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Esquerra Republicana. El
Grupo Parlamentario Vasco se ha abstenido. Junto con Ciudadanos suma 4 votos, 14 suyos y 2 del Grupo Mixto y 16 en contra.
Vamos a votar el punto 1.º de la resolución número 17.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,18; en contra, 16; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Punto 2.º
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Punto 3.º de la resolución 17.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos ahora a votar la letra D, que es el punto 4.º
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Pasamos ahora la letra E, que es el punto 5.º de la resolución número 17.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos ahora al último de los puntos de la resolución 17, numerado con la letra F.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Pasamos a votación la resolución número 20, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 19; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resolución número 21, del Grupo Parlamentario Confederal.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 16; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la última que queda pendiente, que es la 25, del Grupo Parlamentario Confederal.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 16; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos ahora a votación las del Grupo Parlamentario Socialista...
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Pedimos que la 40 se vote separada.
El señor PRESIDENTE: Votamos conjuntamente la 34 y la 39.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Pedimos votación separada de la 34 y la 39.
El señor PRESIDENTE: Las votamos por separado.
Resolución número 34, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a votación la 39, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 16; abstenciones, 8.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos ahora a votación la número 40.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Última de las resoluciones, la del Grupo Parlamentario Popular, número 46.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos ahora a votar las propuestas de transacción. Son seis, les recuerdo a sus señorías. La primera es la que empieza con: Potenciar la regulación en materia de seguridad nuclear...
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): ¿Qué número es? ¿Puede decir los números?
El señor PRESIDENTE: Yo la tengo numerada como número 1 y ponía transaccional Grupo Popular, propuesta de resolución número 9. El texto empieza: Potenciar la regulación en materia de seguridad nuclear...
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
La segunda transaccional es la que ponía transaccional a la del Grupo Popular, propuesta de resolución 13, que empieza: 1.ª) El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español y al Consejo de Seguridad Nuclear a que, considerando que no
se ha traspuesto en su totalidad la directiva..., etcétera.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Enmienda transaccional número 3, enmienda transaccional con propuesta de resolución 22, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y PDCat. Empieza: Las empresas que explotan las centrales nucleares, las
grandes empresas eléctricas, han manifestado que para garantizar...
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 16; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la número 4, ponencia de seguridad nuclear, que empieza: Enmienda transaccionada con propuestas de resolución 24, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; 5, 6, 7 y 8, del Grupo Ciudadanos; 28,
del PNV; 36 y 34, del Grupo Socialista. No entra la 46, del Grupo Popular. El texto que conocen sus señorías, al final del primer párrafo, incorporaba la 46, del Grupo Popular, pero finalmente no la incorpora. Hemos procedido a votar la 46,del
Grupo Popular, que se ha aprobado. Por tanto, la transaccional solo recoge las del resto de grupos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a votación la transaccional 5, que es transaccional a las propuestas 3, 19, 30, 32 y 38.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a la última de las transaccionales, la número 6, enmienda transaccional con propuesta de resolución...
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): El letrado nos dijo que eran cinco transaccionales.
El señor PRESIDENTE: Una estaba acogida con dos. La tienen distribuida, creo, sus señorías.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Si acabo de ir a la Mesa y acabamos de comprobar que eran cinco...
El señor PRESIDENTE: Es la enmienda transaccional con propuesta de resolución 26, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a la propuesta de resolución 63 del PDCat.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): ¿No se puede anular?
El señor PRESIDENTE: Para conocimiento de sus señorías puedo proceder a su lectura.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Nosotros entendíamos que era una y por eso hemos votado que no. A lo mejor íbamos a votar otra cosa. No sé si me entiende.
El señor PRESIDENTE: A efectos de que se prepare el Diario de Sesiones de la Comisión, esta transaccional está presentada y para aclarar cualquier duda voy a proceder a su lectura.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Simplemente, quiero que conste en el Diario de Sesiones que a lo que acabamos de votar que no queríamos votar que sí. Pensábamos que era junto.
El señor PRESIDENTE: ¿Se refiere a la transaccional número 5, que finalmente ha sido rechazada?
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): No, a la número 22, que se acaba de votar en este momento.
El señor PRESIDENTE: Bueno, lo votado, votado está. Pasamos a votar, y doy lectura por si hay cualquier...
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Quiero que conste en el Diario de Sesiones que ha habido un error en la votación por parte de mi grupo porque entendíamos que solo había cinco transaccionales y que en la votación que se acaba de
realizar de de la enmienda transaccional al punto 22 queríamos votar a favor.
El señor PRESIDENTE: No se preocupe, señora Rodríguez Hernández, que así constará en el Diario de Sesiones.
Votamos la enmienda transaccional con propuesta de resolución 26, del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y la propuesta de resolución 63, del PDeCAT, que dice: El artículo 11 de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de
creación del Consejo de Seguridad Nuclear, establece que con carácter anual el Consejo de Seguridad Nuclear remitirá a ambas Cámaras del Parlamento español y a los parlamentos autonómicos en cuyo territorio estén radicadas instalaciones nucleares un
informe sobre el desarrollo de sus actividades. Asimismo, el artículo 14.2 del Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear establece que el Consejo de Seguridad Nuclear mantendrá puntualmente informados al Gobierno, al Congreso de los Diputados y al
Senado, a los parlamentos autonómicos y a los ayuntamientos concernidos de cualquier circunstancia o suceso que afecte a la seguridad de las instalaciones nucleares o radiactivas o a la calidad radiológica del medio ambiente en cualquier lugar
dentro del territorio nacional. El Congreso de los Diputados insta al CSN, para un mejor cumplimiento de la normativa del CSN, a comparecer anualmente en los parlamentos autonómicos en cuyo territorio se encuentren centrales nucleares y, asimismo
y, en su caso, para informar de todo suceso o incidente que se corresponda con un impacto significativo de la seguridad, de acuerdo con los criterios establecidos por el Consejo de Seguridad Nuclear, aconteciendo en las instalaciones situadas en el
territorio de dichas comunidades. Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al CSN a avanzar en la firma de los acuerdos de encomienda con las comunidades autónomas con las que aún no los tengan formalizadas. Destaca la necesidad de estos
acuerdos con la Comunidad de Madrid por el elevado número de instalaciones radiactivas de dicha comunidad.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Señor presidente, quiero que conste en el Diario de Sesiones lo siguiente. ¿Si solicitamos una repetición de votación, es posible según el Reglamento o no?
El señor PRESIDENTE: No, en ningún caso son repetibles las votaciones, señorías. Debería usted saberlo ya.
Votamos el informe final de la ponencia sobre los informes del Consejo de Seguridad Nuclear de los años 2014 y 2015.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Se suspende la sesión durante unos instantes mientras viene el ministro compareciente. Gracias, señorías. (Pausa).
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL (NADAL BELDA), PARA:
- QUE INFORME SOBRE EL POSICIONAMIENTO DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE MEDIDAS DE LA COMISIÓN EUROPEA DENOMINADA 'ENERGÍA LIMPIA PARA TODOS LOS EUROPEOS' (PAQUETE DE INVIERNO) Y EXPLIQUE QUÉ ROL PIENSA ADOPTAR EN LAS FUTURAS
NEGOCIACIONES QUE SE CELEBRARÁN EN EL SENO DEL CONSEJO EUROPEO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 213/000380).
- EXPLICAR LA POSICIÓN DEFENDIDA, EN REPRESENTACIÓN DEL REINO DE ESPAÑA, EN EL SENO DE LA UNIÓN EUROPEA EN RELACIÓN CON LAS NEGOCIACIONES SOBRE EL DISEÑO DE UN NUEVO MERCADO ELÉCTRICO EUROPEO (EL DENOMINADO PAQUETE DE INVIERNO). A PETICIÓN
DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 213/000468).
- INFORMAR SOBRE LA SUBASTA DE ENERGÍAS RENOVABLES ANUNCIADA POR DICHO MINISTERIO PARA EL DÍA 17 DE MAYO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 213/000426).
- DAR CUENTA DEL INFORME REALIZADO POR EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MASSACHUSETTS A CUENTA DEL PROYECTO CASTOR, ASÍ COMO LAS ACTUACIONES QUE DESDE EL MINISTERIO TIENEN PREVISTO LLEVAR A CABO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE
UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 213/000448).
- INFORMAR SOBRE EL INFORME DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MASSACHUSETTS SOBRE EL PROYECTO CASTOR, Y LAS ACTUACIONES REALIZADAS Y PREVISTAS POR EL MINISTERIO PARA EL DESMANTELAMIENTO EFECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL CITADO PROYECTO. A
PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 213/000478).
- EXPLICAR TODAS LAS ACTUACIONES DEL ESTADO EN RELACIÓN CON EL ALMACÉN DE GAS CASTOR, CON ESPECIAL ATENCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN, DEL DETALLE PORMENORIZADO DE LOS COSTES QUE TIENEN QUE PAGAR LOS CONTRIBUYENTES Y LOS USUARIOS
DEL SISTEMA GASÍSTICO Y DE TODO LO RELATIVO AL ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL, ASÍ COMO LA FECHA Y EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESMANTELACIÓN DE DICHO ALMACÉN. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000466).
- INFORMAR SOBRE EL ACUERDO ENTRE PNV Y EL GOBIERNO EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2017 DE LA REORDENACIÓN DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS INDUSTRIALES. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de
expediente 213/000460).
- INFORMAR SOBRE LA AFECTACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS INDUSTRIALES, A RAÍZ DE LOS ACUERDOS SOBRE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2017 ENTRE EL GOBIERNO Y EL PNV. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 213/000459).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión, señorías, para sustanciar las comparecencias del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, solicitadas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y por el
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre el llamado paquete de invierno, que además dará lugar a la sustanciación de petición de comparecencia sobre el mismo tema, número 468, de Ciudadanos. La segunda petición de comparecencia es sobre
la subasta de energías renovables para el día 17 de mayo, pedida por el Grupo de Esquerra Republicana. La tercera es sobre el informe realizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts sobre el proyecto Castor, que además sustanciará también
la 478 de Esquerra Republicana y la 466 del Grupo Parlamentario Mixto. Y la cuarta es la comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre el acuerdo entre el PNV y el Gobierno para los Presupuestos Generales del
Estado del año 2017, que subsume la 459 del mismo Grupo de Esquerra Republicana.
En primer lugar, intervendrá el señor ministro para dar explicación y cuenta de las peticiones de comparecencia y después intervendrán los grupos que han solicitado la misma. Por deferencia del Grupo Parlamentario Confederal intervendrá en
primer lugar el portavoz del Grupo de Esquerra Republicana, que se tiene que ausentar, después intervendrá el otro grupo proponente, el Grupo Confederal, y por último el resto de los grupos para fijar su posición en orden de mayor a menor. Después
tendremos turno de réplica.
Tiene la palabra al señor ministro.
El señor MINISTRO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL (Nadal Belda): Gracias, señor presidente.
Señorías, como saben ustedes, vengo a comparecer en función de los puntos del orden del día. Cada uno de ellos tiene su especificidad, así que, si me lo permiten, voy a tratar de ser lo más sucinto y escueto
posible a la hora de describir la posición del Gobierno en cada una de las cuestiones, pero lo suficientemente profundo y explicativo para tratar de dar satisfacción a la petición de comparecencia de sus señorías. En todo caso,
evidentemente, luego tendremos los turnos de réplica para profundizar en el debate.
En cuanto a la negociación del paquete de invierno -tema que daría casi para una comparecencia completa-, como ustedes saben, el 30 de noviembre de 2016 la Comisión Europea presentó un paquete de diferentes medidas legislativas que buscaban
la aplicación dentro de la Unión Europea del Acuerdo de París -que ya fue ratificado por la mayoría de las partes, desde luego lo fue por la Unión Europea y lo ha sido por España- basándose en las conclusiones del Consejo Europeo de 24 de octubre de
2014, que define los parámetros generales para el conjunto de la Unión. Como son conscientes, esto supone una reducción de al menos un 40 % de las emisiones contaminantes de gases de efecto invernadero respecto a 1990, elevar la cuota de renovables
por encima del 27 % de la energía primaria del conjunto de los Estados miembros para el año 2030 y la mejora de un 30 % de eficiencia energética para el mismo horizonte -digo un 30 % porque esa es la propuesta de la Comisión, aunque como todos
ustedes saben el acuerdo del Consejo Europeo fue de un 27 %-, aparte de una serie de medidas para el desarrollo del mercado interior europeo y, sobre todo, con el cambio del funcionamiento del mismo una vez que tenemos la necesidad de mejorar y de
adaptar el funcionamiento del mercado interior de la energía dadas las nuevas condiciones y los nuevos requerimientos climáticos. El paquete de invierno supone una serie de normas que les voy a detallar y que ustedes conocen perfectamente. En
primer lugar, una nueva directiva sobre reglas comunes para el mercado interior de la electricidad. En segundo lugar, un reglamento del mercado interior de electricidad que desarrolla la propuesta directiva que acabo de mencionar. En tercer lugar,
el Reglamento sobre la Agencia de la Unión Europea para la cooperación de los reguladores de energía, que es un tema relativamente técnico y complejo sobre cómo actuar y coordinar a las diferentes agencias reguladoras. En cuarto lugar, la propuesta
directiva respecto al fomento de energía procedente de fuentes renovables y relativa a la calidad de la gasolina y el petróleo. Después tendríamos el Reglamento de Gobernanza, que establece de qué manera son exigibles el conjunto de normativas,
requerimientos y objetivos que anteriormente he mencionado; la Directiva de eficiencia energética y la Directiva de eficiencia energética en edificios, en las que me detendré un poco más porque han sido objeto de una posición común -ahora se llama
orientación general dentro del lenguaje comunitario- el pasado lunes en el Consejo de Ministros de Energía en el que yo estuve, y el Reglamento sobre la preparación frente a riesgos en el sector de la electricidad. Aquí la cuestión que debemos
tener clara es cuál es la estrategia española dentro de este conjunto de paquetes. Me voy a centrar en los dos elementos que ya hemos establecido en esa orientación general y para el resto del paquete en cuál es la intención que tiene el Gobierno
para entrar en un debate con sus señorías.
Respecto a la eficiencia energética, saben ustedes que había una serie de discusiones. La más importante era un objetivo cuantitativo -el acuerdo del Consejo Europeo de 2014 era un 27 % y la Comisión proponía un 30 %- y después si era
vinculante o no vinculante, que es un tema muy importante, porque en función de eso existe un mayor o menor grado de exigibilidad. ¿Qué más elementos había sobre la mesa? En el caso de España, el lunes pasado nuestro objetivo fundamental era
ayudar a conformar una mayoría porque estaban muy divididas las posiciones dentro del Consejo, había minorías de bloqueo por ambos lados y no era fácil formar una mayoría cualificada que, como ustedes saben, es la regla de formación de decisiones
dentro del Consejo de la Unión Europea. Por otro lado, nuestro objetivo era un mejor tratamiento por parte de las inversiones que tienen más largo plazo pero que a lo mejor no tienen tanta intensidad en ahorros año a año; me estoy refiriendo
esencialmente a las inversiones en edificación. Frente a otro tipo de medidas de eficiencia energética, el problema que se nos suscitaba era que al final la directiva sesgaba a favor de proyectos más a corto plazo que tuvieran un impacto en dos,
tres, cuatro o cinco años y, sin embargo, los proyectos a más largo plazo, como son revestimientos, puertas, ventanas -lo que todos tenemos en la cabeza que es una mejora sustancial de la envolvente de los edificios- tenían un tratamiento mucho peor
en la directiva. Después de la negociación del lunes pasado conseguimos que este tipo de inversiones tuviesen un mejor tratamiento y contasen como un 10 % adicional respecto al máximo total que son capaces de computar los Estados una vez que pasa
el periodo. Me explico. Imaginemos que hacemos en este edificio que tenemos del Congreso de los Diputados un cambio total del revestimiento. Tal y como estaba la directiva, solo computaba ese cambio para los próximos tres años y el resto del
tiempo no computaba. Con lo cual, el interés de cualquier Estado miembro sería no hacerlo hasta el año 2021 porque a partir del año 2021 nos computaría diez años,
mientras que si lo hiciéramos antes solo nos computaría tres años. ¿Qué se nos ha permitido hacer con los cambios normativos que hemos establecido? Una mayor capacidad de computar ese tipo de inversiones para el periodo 2021-2030. Junto a
eso, nosotros fuimos favorables a los dos tipos de mayoría que se estaban conformando; unos querían que fueran vinculantes, y a nosotros si eran vinculantes nos parecía bien, pero si no eran vinculantes y salía la directiva también nos parecía
bien; en ese sentido, España fue muy constructiva a la hora de votar. Al final, tuvo que quitarse la palabra 'vinculante', porque si no era imposible que saliese esa orientación general. Nosotros en esto no hicimos una batalla, sencillamente
apoyamos todas las propuestas. Sí se incorporó lo que más nos interesaba, que era un apoyo a las inversiones a largo plazo, y ahí se quedó.
Lo mismo ocurrió con la Directiva de edificios; la Directiva de edificios tenía alguna complejidad técnica pero nosotros siempre intentábamos que saliese cuanto antes la mayoría. A partir de ahí, ¿cuál es la posición negociadora de España?
Nosotros pedimos a la Presidencia del Consejo de la Unión Europea que se incorporara un punto y lo incorporó al final del orden del día. Para satisfacción nuestra, sí que es verdad que la mayor parte de los Estados miembros intervinieron a favor de
nuestra posición. Tanto España como Portugal pidieron incorporar en el orden del día el concepto de interconexiones o colocar el punto de interconexiones como uno de los elementos fundamentales del paquete. ¿Por qué? Porque cuando estamos
discutiendo sobre el paquete de energía-clima la gran particularidad que tienen España y Portugal, la península ibérica, es su falta de interconexión, su aislamiento del resto de Europa, y además a medida que va pasando el tiempo este aislamiento se
va haciendo más patente. Antes ocurría lo mismo con los países bálticos, pero ya están bien interconectados con los países nórdicos. Es verdad que tienen un problema de sincronización, ellos tienen el sistema antiguo de la Unión Soviética, que no
funciona exactamente igual que el del resto de Europa occidental, pero esto es menor respecto a la situación que tenemos nosotros, que son bajos niveles de interconexión. Con lo cual, hemos querido establecer como estrategia fundamental del
Gobierno de España el hecho de poner fin al aislamiento en términos de falta de interconexiones que tenemos en nuestro país, tanto en electricidad como en gas, pero haciendo especial hincapié en las interconexiones eléctricas. A partir de ahí, el
tema de interconexiones debe tener un foco, debe tener una preponderancia en el paquete de invierno al mismo nivel que el resto de los objetivos que nos estamos planteando dentro de la política energética europea. Igual que estamos estableciendo
una necesidad de aumento de la producción en renovables, un aumento de la eficiencia energética, un aumento de la reducción de emisiones y una mejora del mercado interior, esto debe estar al mismo nivel que un verdadero nivel de interconexiones con
el resto de los países de la Unión. No son muchos países los que están aislados. Como decía, los países bálticos estaban aislados pero ahora no tanto, aunque tienen otro problema técnico. Sin duda alguna está Chipre, que esta muy lejos, esta
Malta, esta Irlanda, que con el brexit se queda fuera de la interconexión con el mercado europeo porque tiene el cien por cien de sus interconexiones con el Reino Unido, y está la península ibérica. Aunque no es un tema mayoritario en el Consejo,
sí que fue satisfactorio ver cómo la inmensa mayoría de los países europeos simpatizaban con esta situación. Incluso Alemania, que está muy bien interconectada, consideró esto como un tema prioritario, y la propia Comisión Europea ha pedido que,
aparte de las aportaciones españolas a los textos sobre esta cuestión, se establezcan propuestas de todo tipo para acabar con el problema. Claro, la cuestión es qué pasa si España no tiene suficientes niveles de interconexión. Estamos trabajando,
entonces, sobre una hipótesis falsa, tanto en el mercado interior como en las demás cuestiones, porque no es lo mismo estar interconectado que no estarlo. Respecto al mercado interior, nosotros hemos establecido una serie de peticiones en los
textos en las que se diga: en tanto en cuanto no hay niveles suficientes de interconexión y España no pertenece al mercado interior de la energía al mismo nivel que otros, tenemos que tener una cierta capacidad de gestión de nuestro propio sistema.
Un ejemplo evidente está en el respaldo, en el backup de las renovables. No es lo mismo gestionar el respaldo de las renovables cuando tu sistema está aislado que cuando tienes altos niveles de interconexión. Por tanto, la normativa europea, que
puede ser relativamente estricta, en determinadas cuestiones tendría que tener un cierto grado de flexibilidad con los sistemas aislados, tanto en normas de mercado interior como en otro tipo. Es muy importante tener en cuenta una cosa, y es que el
hecho de estar aislados supone que nuestra aportación a la lucha contra el cambio climático es más costosa. La posición del Gobierno español es muy clara, nosotros queremos aportar como los demás, pero no se nos puede exigir que económicamente nos
suponga un mayor coste. Ahora mismo, con un 17,3 % de energía renovable en nuestro sistema, tenemos un sobrecoste de unos 1200 millones de euros al año por el hecho de que no tenemos suficiente nivel de interconexión. Si tuviésemos un nivel de
interconexión similar al que establece
la orientación del Consejo Europeo de 2002, reiterado en el año 2014, de un 10 %, tendríamos una necesidad de menos respaldo, una necesidad de menos redes, una necesidad de menos coste en gestión y nos ahorraríamos unos 1200 millones de
euros al año. Este es un sobrecoste que tenemos los españoles por cumplir al mismo nivel que los demás. ¿Qué es lo que estamos diciendo al resto de los colegas europeos? Señores, nosotros vamos a cumplir junto con los demás, pero lo vamos a hacer
a un costo equivalente. Si no tenemos las interconexiones, lo que tendremos que hacer -es evidente- es mirar la equivalencia en coste para los consumidores españoles para que de esta manera no tengamos que aportar más.
Este es el elemento esencial con diferencia. Si ustedes preguntan a cualquier delegación europea qué está diciendo el Gobierno español a la hora de hablar de este paquete de invierno, siempre oirán la palabra interconexión, porque es
evidentemente lo que nos hace falta, lo que necesitamos y lo que queremos para el conjunto de la negociación. Todo lo demás palidece respecto al interés que nosotros estamos defendiendo de nuestro país en el resto de Europa, porque, evidentemente,
para el mercado interior existen una serie de discusiones sobre elementos competenciales; sobre cómo tenemos que hacer nuestro mercado de flexibilidad, es decir, toda aquella parte que no estamos cubriendo con energías limpias lo tenemos que cubrir
con energías térmicas, que no son tan limpias, pero es lo que da flexibilidad al sistema; y sobre cuál es el sistema más ideal para financiar esto. Unos dicen que un sistema de energía única -energy only-; otros dicen que pagos por capacidad.
Bien, la discusión es muy técnica y la verdad es que no está suficientemente bien resuelta, con lo cual a nosotros nos parece un tema menor en comparación con lo que he dicho anteriormente de las interconexiones. Tenemos nuestra posición, pero no
es lo que más estamos empujando. Lo mismo pasa con cómo establecemos la gobernanza europea. La gobernanza europea es el cumplimiento de los objetivos, sí, pero para nosotros, evidentemente, si pones objetivos es para cumplirlos, y se tendrá que
hacer un procedimiento bien establecido. Eso sí, estamos pidiendo transparencia y claridad. La propuesta de la Comisión es extraordinariamente ambigua, es muy discrecional. En esto, por ejemplo, estamos con los grandes países europeos diciendo:
oiga, haga usted como con el procedimiento de déficit excesivo, es decir, se establecen unos umbrales y si cumples los umbrales, has cumplido, y si no cumples los umbrales, no has cumplido, y que quede muy clarito qué es cumplir y qué no es cumplir
para que haya una transparencia en el propio procedimiento. Pero les digo a sus señorías que todo esto queda relativamente en una situación menor en comparación con que, de una vez por todas, aprovechemos este cuarto paquete de energía, que es muy
importante, para conseguir que España tenga el nivel necesario de interconexión. Si tenemos suficientes niveles de interconexión, todo se nos facilita: aumenta la competencia en nuestro mercado, es mucho más eficiente nuestro sistema energético,
es muchísimo menos costoso cumplir con nuestros objetivos climáticos y podemos lograr los objetivos que en principio estamos buscando.
Esto es muy resumido, podemos entrar en cualquier tema que a ustedes les interese, pero ya les digo que el elemento esencial de nuestra discusión es este. Creo que es más que compartido; es racional. Si no formamos parte del mercado
interior europeo, todo lo demás es hablar sobre ficciones, y no queremos estar hablando sobre ficciones. Yo creo que esto, tanto por parte de la Comisión como por parte de la mayoría de los Estados miembros, como les he dicho anteriormente, tuvo
una buena recepción. Por tanto, el lunes pasado salimos con la satisfacción de un apoyo político muy importante a esta posición y, por otro lado, con una aprobación de una orientación general en las dos directivas de eficiencia energética que creo
que han sido razonables, en función de lo que nosotros pretendíamos. Es decir, podemos darle un mayor impulso al sector de la construcción en aquello que más vale, que es lograr la eficiencia energética y que nuestro país, y por supuesto en otros
de la Unión Europea, tengamos una mayor utilización de un estupendo sector de materiales de la construcción, que permitiría una sustancial mejora en nuestros consumos energéticos.
El segundo tema de la comparecencia es la cuestión de la subasta. La petición de comparecencia era previa a la misma, por lo cual les puedo contar el resultado de lo que ha sido la subasta y los planes del Gobierno para la próxima, que
también es un tema importante. Creo que queda mucho más encuadrado en lo que es el objetivo de esta comparecencia. Como ustedes saben, España tiene que llegar a un objetivo de un 20 % de energía renovable, estamos ahora en un 17,3 %.
Recientemente, en mayo, hemos hecho una subasta de energía renovable. Lo llamo subasta por llamarlo de alguna manera, porque, dada la evolución tecnológica de los sectores, ha sido una grata sorpresa ver su resultado. ¿Qué es lo que hemos visto?
Primero, que ha habido una demanda muy amplia, prácticamente de tres a uno, respecto a lo que se estaba ofertando; por encima de 9000 megavatios respecto a los 3000 que se estaban ofertando.
Segundo, tres cuartas partes de esa misma oferta se han hecho al descuento máximo; el descuento máximo quiere decir que estábamos casi en el 80 % de descuento respecto a lo que estábamos subastando. ¿Qué estábamos subastando? Qué
garantías dábamos a la inversión. Los inversores se han conformado con que les garanticemos algo más del 20 % de la inversión, porque el resto piensan que lo pueden recuperar, sin ninguna duda, a precios de mercado. ¿Esto qué quiere decir? Para
que se hagan ustedes una idea, el resultado de la subasta es que la energía renovable que va a entrar con esos 3000 megavatios va a recibir solo retribución del mercado -es la primera vez que vamos a tener energía renovable solamente por mercado,
sin ningún tipo de prima- y que únicamente si bajase mucho, mucho el precio del pool eléctrico, tendría una cierta garantía de precios. Esa garantía de precios se ha situado en los niveles retributivos actuales del bono del Tesoro, en el entorno
del los 38 o 39 euros. Piensen ustedes que el mercado habitualmente está en torno a los 50 euros, lo cual quiere decir que es bastante más bajo que lo que estamos teniendo en el mercado. Ya sabemos que en un futuro esto va a reducirse en función
de la aplicación de la retribución de las actividades reguladas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tenemos energía renovable a precios de mercado; tenemos energía renovable que entra en nuestro país y que, con apenas darle un suelo de retribución
bastante más bajo que el mercado, puede entrar a producir y a competir. Esto nos ha animado a hacer una segunda subasta de manera inmediata, tan inmediata que les anuncio que ya hemos fijado fecha para esa subasta, que va a ser el 26 de julio,
apenas dos meses después de la primera que hemos realizado.
¿Cómo se hizo la subasta? De la siguiente manera. La idea es conseguir energía renovable pero al menor coste posible. Aquí la idea es conciliar siempre el objetivo de conseguir energía renovable y, al mismo tiempo, que eso no suponga un
perjuicio, sino un beneficio para el consumidor final, y es la primera vez en España que ocurre esto, porque en los casos anteriores la energía renovable que se instalaba en nuestro país suponía un coste por encima del precio de mercado. Esta vez
lo que tenemos es energía renovable a precio de mercado, pero compitiendo con el resto de las fuentes, por lo cual, dado que hay un mercado competitivo en nuestro mercado mayorista, a mayor competencia, el precio se contendrá e incluso disminuirá.
Por tanto, sin primas y con una mayor competencia. Eso es bueno para el consumidor, sin duda ninguna, y además conseguimos los objetivos medioambientales pretendidos. ¿Cómo se hizo? Con un sistema en el que iban asignándose escalonadamente los
cupos de la subasta. Tenemos 3000 megavatios; inicialmente eran 2000 ampliables a 3000. Entre diferentes fuentes de energía renovable, ¿cuál elegimos? Aquella que tenga más barato el megavatio/hora de producción, o sea lo que queremos es energía
renovable y la más barata posible, porque para cumplir con el objetivo medioambiental nos da igual una que otra. Elegimos, por tanto, la más barata para el consumidor. Dentro de las más baratas, elegimos aquella que tiene mayor capacidad de
producción, trabaja más horas al año. ¿Por qué? Porque el objetivo es conseguir no potencia renovable, sino la máxima cantidad de energía renovable, y como ustedes saben, la energía es la potencia multiplicada por el número de horas que esa
instalación está funcionando. Aquí tenía ventaja la eólica, es verdad. Tenía ventaja porque la eólica es capaz de producir por la mañana y por la noche, cosa que a la fotovoltaica no le pasa, solo puede producir por la mañana. Por eso, la gran
mayoría de la asignación ha sido a favor de la eólica, porque era la que tenía la capacidad de producir al mismo coste que la fotovoltaica -en este caso, también ha habido otro tipo de energías, pero la asignación también ha sido pequeña- pero, al
mismo tiempo, era capaz de producir más horas y, por lo tanto, aporta más a ese objetivo del 20 %. Dentro de las instalaciones, se ha elegido a aquellas que tenían una mayor potencia. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el coste de evacuación en
red es mayor cuanto más dispersas estén las instalaciones. Si tenemos instalaciones grandes, habrá que echar menos cables -para que ustedes me entiendan- y evacuar esa energía hacia el conjunto del sistema, hay que gastar menos en esto que si son
instalaciones pequeñas y muy dispersas. La finalidad era siempre conseguir el objetivo medioambiental al menor coste posible para el consumidor. Dado el éxito de la subasta -ustedes lo conocen, los 3000 megavatios se asignaron al cien por cien y
se asignaron al máximo descuento posible-, vimos la posibilidad de hacer una subasta inmediata, que es la que les estoy comunicando en el día de hoy. Ya se aprobó un real decreto por parte del Gobierno y una orden ministerial el lunes pasado, y
enseguida saldrá la resolución de la Secretaria de Estado de Energía, que culminará el objetivo que he mencionado anteriormente.
Con la subasta que acabamos de hacer, si se ponen en funcionamiento todos los parques inicialmente ofertados -y se tendrán que poner porque hemos puesto fianzas importantes; el que ha ofertado tiene que ir en serio y si no, perderá su
fianza y, evidentemente, creo que nadie está en esta situación-, llegaríamos a un 18,9 % de energía renovable en nuestro país. Con la próxima subasta de 3000
megavatios nos iremos por encima del 19,5 %. Es decir, podremos decir que España, sin duda ninguna, va a ser uno de los países que con diferencia va a cumplir mejor nuestro objetivo. Piensen que España tiene un objetivo muy ambicioso, un
20 % de la energía renovable, y vamos a llegar a ese 19,5 %. Francia tiene un 23 % y todavía está en el 15 %; Alemania tiene un 18 % -menos que España- y todavía está en el 14 %; Reino Unido está en un 15 % y todavía está en el 8 %; los Países
Bajos están en un 14 % de objetivo y todavía están por debajo del 6 %. España va a ser de los países que con esta subasta va a cumplir porque, sin duda ninguna, con la nueva subasta llegaremos a un objetivo ya muy cercano al cumplimiento total, que
nos permitirá, con muy pocas medidas adicionales, cumplir. El resto de países europeos, con objetivos menos ambiciosos que el nuestro, van a estar sustancialmente por detrás. Como les digo, el próximo día 26 de julio se celebrará la próxima
subasta y espero que sea un éxito. Yo espero que tenga una capacidad para acoger más fuentes de energía renovable; ahora bien, entiendan ustedes que hay una necesidad de conseguir el objetivo lo antes posible, y cuando hemos tenido que decidir a
cuál se le da qué cupo, hemos puesto siempre por delante la necesidad de cumplir el objetivo. Dicho esto, dada la oferta inicial que hubo en la primera subasta, y tal y como parece en los análisis, yo creo que va a ser algo más compensado entre
diferentes tecnologías, aunque evidentemente tenemos que ser objetivos a la hora de ser neutrales entre las diferentes tecnologías; la que sea más barata y la que aporte más energía es la que, por supuesto, se tiene que llevar más asignaciones por
parte de la subasta. Otra cosa interesante es que la energía renovable ya compite de tú a tú en generación con el resto de tecnologías. Por lo tanto, independientemente de la subasta, sin duda ninguna, todo el mundo debe saber que el ministerio
está abierto a dar licencias a cualquier parque de energía renovable que, yendo a mercado, quiera instalarse; no hace falta esperar a las subastas que, por cierto, cubren niveles de precios relativamente bajos. Para condiciones normales de
mercado, sin duda ninguna, yo creo que ya la tecnología permite desarrollar este tipo de parques. Pero, vamos, si quieren participar en la subasta, por supuestísimo van a participar y van a conseguir sus objetivos.
Paso al tema del informe del Instituto Tecnológico de Massachussets y la Universidad de Harvard respecto al proyecto de Castor. Voy a hacer un poco de memoria respecto a este malogrado proyecto, y no es la primera vez que ustedes conocen mi
opinión sobre el mismo. En primer lugar, el 31 de enero de 2006 se solicita por parte de la empresa Escal la concesión de la explotación de un almacenamiento subterráneo y submarino de gas, el denominado Castor. Este almacenamiento fue recogido en
un documento de planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016 aprobado por el Consejo de Ministros del 30 de mayo de 2008, y el 16 de mayo por Real Decreto 855/2008 se otorga la concesión de explotación a la empresa que lo había
solicitado. A partir de entonces lo que ocurrió lo conocen ustedes: el almacén se construyó y cuando fue a ponerse en funcionamiento con las inyecciones de gas, unos días más tarde, no de manera inmediata, aparecieron una serie de movimientos
sísmicos que dieron como resultado una serie de actuaciones. Previamente, a principios de 2012, dadas las características del contrato, se había pedido por parte del Gobierno -del Gobierno ya de 2012- un procedimiento de lesividad para solicitar la
anulación del Real Decreto 855/2008, especialmente su artículo 14, respecto a las responsabilidades de la empresa en caso de determinadas situaciones. El Tribunal Supremo en sentencia 14 de octubre de 2013 sentenció en su fallo que ese artículo 14
no era anulable y, por tanto, no se podía declarar la lesividad y declarar nulo ese real decreto y el contrato que venía con él.
A partir de ahí se toman una serie de decisiones. La primera, como ustedes saben, es que se ordenó la hibernación de las instalaciones del almacenamiento subterráneo Castor y se prohibió realizar cualquier operación de inyección y
extracción de gas. Eso ayudó sustancialmente a tranquilizar y a mejorar la situación sísmica de la zona hasta el punto de que dejaron de producirse movimientos sísmicos en la zona fuera de parámetros normales. Después se estuvo trabajando en una
solución financiera que permitiese cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo, cumplir con las exigencias del Banco Europeo de Inversiones, porque estamos hablando no solo del capital invertido por la empresa Escal, que, como saben ustedes,
estaba formada parte por capital español y parte por capital canadiense, sino que la mayor parte de la deuda estaba en manos del Banco Europeo de Inversiones, en un proyecto muy específico, muy concreto que se llamaba bonos proyecto o project bonds;
se trataba de dar por lo menos una solución financiera en la que no se generasen costes al sistema dentro de lo que era el cumplimiento de las sentencias y dentro de las obligaciones financieras que se habían contraído en la creación del proyecto
por parte del Gobierno español. En función de eso, respecto a la situación de funcionamiento de la planta o del almacén si hubiese estado operando con normalidad, que habría supuesto unos 214 millones de euros al año a partir del año 2017, se hizo
una negociación financiera que consiste en lo siguiente: los
inversores recuperaban el capital invertido, pero no recibirían ningún beneficio por parte de la instalación, es decir, todo el lucro cesante se perdía porque, evidentemente, la instalación no iba a funcionar y no podía generar beneficios a
los inversores ni a los tenedores de la deuda, pero, por otro lado, también se refinanciaba esa deuda a mucho más largo plazo y a unos tipos de interés mucho más bajos. Es decir, frente a una retribución prácticamente del doble que se les había
garantizado a los inversores, se les cambia por una deuda que permite recuperar capital pero a mitad de retribución, a mitad del interés que se había establecido inicialmente y, por otro lado, a un plazo más largo. Esto permitió que en lugar de los
214 millones de euros al año que iba a costar el Castor en su funcionamiento ordinario, se bajara la factura a 96,4 millones de euros al año, lo cual es una reducción más que sustancial.
Además de esta solución financiera se pidió un informe técnico del máximo nivel posible, con la máxima capacidad técnica posible, para determinar las causas de los movimientos sísmicos que se habían producido en su momento, al que
seguramente es el instituto más reputado y con mayor capacidad de análisis sobre esta materia, incluso por encima del de Groningen, que en Europa es el más importante y que muchas veces ha consultado al MIT y a Harvard sobre estas cuestiones. Se le
pidió al Instituto Tecnológico de Massachusetts junto a la Universidad de Harvard que hiciesen un estudio. La ventaja de este instituto es que es el único capaz de unir tres tipos de análisis técnicos a la vez. Tenemos muy buenos técnicos también
en España en cada una de estas técnicas, pero ellos son los únicos capaces de unir estas diferentes técnicas en un único modelo integrado. Las tres técnicas a las que me estoy refiriendo son: una de geomecánica, otra de sismología y geología
estructural y una tercera de sismología. ¿Qué quiere decir esto? Que, dado que muchas veces aparecen datos contradictorios con las diferentes técnicas, son capaces de unirlos en un único modelo, simular de una manera muchísimo más precisa que
otras técnicas diferenciadas qué ocurrió realmente.
Esto es interesante, porque el propio MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, se basa en los estudios de nuestros propios institutos, el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geológico Minero, que son los que habían hecho los
estudios previos. Lo que hacen es coger esos mismos datos e introducirlos en su técnica, y lo que nos dicen en su análisis es que, primero, no es la falla Castor sino la falla Amposta la que se vio afectada por la inyección de gas, algo sobre lo
que había discusión. Piensen ustedes que los diferentes sismógrafos se sitúan en medio del mar, detectan vibraciones, pero no es posible saber dónde se han producido esas vibraciones, salvo que se vuelva a inyectar gas y se quiera ver
específicamente dónde se producen, lo cual nadie lo quiere hacer. Por tanto, ellos colocan en el otro sitio donde se producen los problemas.
Lo segundo que dicen es que fue acertado parar la inyección de gas y la hibernación de la planta. En tercer lugar, dicen que fue muy importante sellar los pozos -como están ahora mismo-, porque no solo no se debe inyectar gas, dado que esto
es como un globo que se infla y desplaza una pared, sino que tampoco debemos permitir que el gas se escape, porque aparte de los efectos que pudiera provocar dentro del mar, produciría la reducción del almacenamiento de gas y un movimiento posible
de la pared. Con lo cual, la situación de sellado en la que estamos ahora es buena. Por último, dicen que los estudios geológicos ex post están bien hechos -este es un análisis que llaman post mortem, una vez que se ha producido el efecto-, pero
también estuvieron bien hechos los análisis ex ante. Lo que es verdad es que el nivel de desarrollo del tipo de análisis como el que hemos hecho nosotros ha avanzado mucho, incluso desde la época en que se inicio el Castor, y que era prácticamente
imposible prever movimientos sísmicos con las tecnologías que utilizaba todo el mundo entonces. Asimismo, recomiendan que para un futuro este tipo de instalaciones utilicen una tecnología y un análisis técnico mucho más sofisticado del que en su
día se llevó a cabo.
Por tanto, lo que viene a decir el informe MIT es que con las técnicas habituales de entonces los análisis eran correctos pero evidentemente parciales, y como eran parciales no dieron lugar al tipo de resultados esperados. También que se
actuó adecuadamente bien cuando aparecieron los movimientos sísmicos, y que de cara al futuro hay que tener mucho cuidado. Ahora mismo tenemos una zona estable, con el gas inyectado, y sacar el gas puede producir una serie de efectos perniciosos si
no se hace adecuadamente bien, lo cual requiere unos informes técnicos realizados con mucha profusión. Concluye, por tanto, que la situación es estable dentro de parámetros normales y ha quedado suficientemente bien asentada. Esta es la situación
de cómo ha actuado el Gobierno.
El Gobierno en su día hizo la hibernación. Tenemos muy claro que la instalación no puede utilizarse -no puede servir como parte de nuestro sistema gasista-, que es una instalación fallida, una instalación que nunca debió ponerse en marcha,
una instalación costosa. Las decisiones de entonces han sido
perjudiciales para el conjunto de los consumidores del sistema gasístico. Nosotros hemos hecho una reducción del impacto negativo que tiene esta instalación en el conjunto de los consumidores, alargando los plazos y reduciendo los costes
financieros, y por otro lado es evidente que esa instalación, que no sirve para nada y que no se podrá utilizar en un futuro, tendrá que ser desmantelada. La cuestión es cómo se hace con poco coste y sobre todo con garantías de seguridad. Por
ahora, acabamos de recibir este informe que por lo menos nos deja con la tranquilidad de que la situación es estable,y que podemos mantenernos así el tiempo necesario hasta que los estudios técnicos y los análisis nos permitan ver de qué forma más
razonable podemos proceder al desmantelamiento de la instalación.
Por último, tenemos la petición sobre el acuerdo entre el PNV y el Partido Popular -dice el Gobierno, pero en realidad es un acuerdo entre el PNV y el Partido Popular- en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 sobre la
reordenación de tarifas eléctricas e industriales. En primer lugar, quiero exponer las cuestiones tal y como están en el acuerdo. Lo primero que tenemos que tener claro es que el acuerdo no es un acuerdo de política energética, sino de política
presupuestaria. Es decir, se asigna una partida en los Presupuestos Generales del Estado para apoyar un determinado tipo de tarifa industrial, que es la 61B. En este sentido, les digo que si un grupo parlamentario consigue un acuerdo
presupuestario que permita un apoyo una subvención a cualquier tarifa industrial de España, lo daré por bienvenido. No tengo la competencia de Industria, pero sé lo importante que es el coste energético para las industrias, por tanto, si yo recibo
una transferencia al sistema eléctrico por parte de los Presupuestos Generales del Estado para reducir el coste de un determinado peaje -se dice tarifas, pero ustedes saben que no hay tarifas desde el año 1998, sino que son peajes- en el sistema
eléctrico, se pueden imagina que lo voy a dar siempre por bienvenido. Se lo pueden ustedes imaginar. Mi trabajo y el objetivo de la política energética de este Gobierno es que los consumidores -los consumidores industriales en particular- paguen
el menor coste posible de electricidad. Esto significa puestos de trabajo, significa salarios mejores, significa competitividad industrial, mayor capacidad de exportación. Como se pueden imaginar, para mí todas estas medidas son bienvenidas. Por
lo cual, la primera premisa es que para hacer actuaciones de este estilo necesitamos recursos adicionales en el sistema. Lo que se pactó es un recurso adicional que procede de los Presupuestos Generales del Estado. Cualquier otra propuesta en este
sentido tiene que conseguir del Ministerio de Hacienda una transferencia adicional en los Presupuestos Generales del Estado hacia el sistema eléctrico para realizar rebajas en los peajes de acceso, que es lo que se ha hecho en este acuerdo con el
Partido Nacionalista Vasco.
La segunda cuestión es que esto tiene que estar englobado dentro de la normativa española y europea, por lo cual es importante que, tal y como se haga esta actividad, se lleve a cabo siempre con un informe favorable de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia y de la Comisión Europea, es decir, que no suponga una ayuda de Estado. Yo creo que el asunto no tiene más misterio, se lo digo con sinceridad. Hay un acuerdo político de un grupo parlamentario que consigue que
haya una partida presupuestaria para apoyar una determinada parte de los peajes de acceso de nuestro país, un determinado tipo de peaje de acceso dentro de la clasificación que existe. No vamos a negar que esto tiene una incidencia mayor en el País
Vasco, puesto que esa formación es de allí, pero beneficia a todos y cada uno de los consumidores españoles que tienen este tipo de peaje, que es el 61B. Cualquier otra actividad de este estilo que queramos hacer la doy por bienvenida. Si ustedes
son capaces de hacer un pacto parlamentario, un pacto político, que consiga, apoyando los Presupuestos Generales del Estado, una partida adicional para este mismo peaje o para cualquier otro, yo inmediatamente lo traslado al sistema eléctrico con
una rebaja de peajes hacia los consumidores que se vean beneficiados por la misma, porque, como ustedes se imaginarán, nada me puede hacer más feliz que lograr una rebaja de peajes a los consumidores. Por supuesto, esto me tiene que venir a través
de una transferencia.
Lo que no va a ocurrir nunca -se lo digo con sinceridad- es bajar determinados peajes a costa de subir otros. Yo he visto propuestas del estilo de bajar la 61A, que es la anterior, la de 25 a 30 kilovoltios; esta está entre 30 y 36
kilovoltios. (El señor ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Nadal Belda: kilovatios). Esto podría suponer un coste de unos 200 millones de euros, pero si no vienen de los presupuestos eso tiene que salir de las pymes y de los
consumidores domésticos, con una subida de los peajes correspondientes, y eso sí que no forma parte de la política energética de este Gobierno. Ahora bien, si alguien es capaz de transferir desde el presupuesto al sistema energético una aportación
adicional, se podrán imaginar que estaría muy contento de realizar una rebaja correspondiente de los peajes de acceso.
En esto consiste el acuerdo; no consiste en más. No significa que hayamos bajado unos peajes para subir otros ni que hayamos bajado unos peajes para producir déficit. Hemos acordado bajar unos peajes si se hace la aportación
presupuestaria correspondiente y se obtienen los vistos buenos adecuados de las autoridades de competencia de la Unión Europea y parte de la autoridad de competencia en nuestro país, que es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Creo que con esto he cumplido con las peticiones de los distintos grupos, aunque como les he dicho anteriormente he intentado ser lo más sucinto posible.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
A continuación, para interpelar tiene la palabra en nombre del Grupo de Esquerra Republicana, el señor Salvador i Duch.
El señor SALVADOR I DUCH: Gracias, presidente. Gracias, señor ministro por sus explicaciones. Gracias, Quim Vendrell por permitirme hablar antes, ya que soy un diputado pluriempleado.
Antes de nada, quiero excusar a mi compañero y amigo, el diputado Joan Capdevila, que no puede estar hoy aquí porque se encuentra indispuesto. Le aseguro que él querría estar hoy aquí por su interés y dedicación especial en los temas
energéticos que ustedes conocen y, además, por ser el autor material de la petición que ahora voy a transmitirles y porque, como sabe usted, le tiene un especial aprecio.
La primera pregunta que me pide que le haga en esta comparecencia es en referencia a esta Comisión. ¿Cómo es posible que iniciativas tan importantes como la creación de un contrato de potencia estacional, la creación de las tan demandadas
redes cerradas, la propuesta de una ley referente a contadores inteligentes, como tantas otras presentadas por Esquerra Republicana y otros grupos aprobadas por el señor ministro, no se hayan tenido en cuenta y no se hayan respondido? Aprovechamos
la ocasión para decirle que pensamos que son unas propuestas tremendamente interesantes para la competitividad de la industria de este Estado, y queremos saber por qué. ¿Cuál es el respeto y la consideración que tiene el señor ministro a esta
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital? ¿Piensa tramitar próximamente alguna de estas propuestas o vamos aprobando PNLs que van quedando en un cajón de sastre?
Si seguimos por el posicionamiento del Gobierno en relación a las medidas de la Comisión Europea denominadas Energía Limpia para todos los Europeos, explicando el rol que piensa adoptar en las futuras negociaciones que se celebrarán en el
seno del Consejo Europeo, buena parte de su argumentación ante la Comisión Europea, por no seguir el Clean Energy Package, se ha basado en la falta de interconexión, lo que confiere al Estado un sistema tipo isla, como usted ha dicho y, por tanto,
que haya cosas que no se pueden aplicar. Este es el esquema argumental que, en todo caso, refleja el aislacionismo y la falta de planificación energética endémica del Estado español en los últimos Gobiernos. Se quiere conexión con Europa, pero sin
romper el oligopolio de mantenimiento de coto privado, de mantener el pastel entre unos cuantos, sin entrar verdaderamente en una situación de libre competencia porque la interconexión es siempre de ida y vuelta y esto implicaría la entrada de
nuevos agentes.
Otro de los aspectos que pueden poner el foco de la modernización del sector desde el Clean Energy Package reside, por ejemplo, en la figura de los agregadores de demanda que ya han salido en alguna de las PNLs presentadas por nuestro grupo
y otros. La pregunta sería qué opinión tiene el ministro al respecto. ¿Considera que es una negociación a desarrollar en libre competencia o espera la adopción de una posición preferente por parte de los cinco grandes distribuidores para abrirlo
al mercado? ¿Qué acciones se prevé tomar para desarrollar la figura del agregador de demanda, las Local Energy Communities y la figura del operador neutro de datos?
En cuanto a la subasta de energía renovable anunciada por su ministerio para el día 17 de mayo, tengo que decir que la subasta ya se celebró y que incluso están preparando, como usted ha dicho, la próxima subasta energética para el 26 de
julio. Sobre el mecanismo diseñado por ustedes para la realización de las subastas, déjenme decirles que es un mecanismo que no tiene en cuenta particularidades como la catalana, con una orografía y tipología de proyecto que no permite competir
desde el punto de vista de coste por potencia instalada frente a otros territorios, pero que tiene actualmente un déficit de contribución de renovables de un 8,4 % por debajo de la media estatal de hasta un 40 % y, al mismo tiempo, tiene una alta
concentración del consumo la línea metropolitana de Barcelona, el complejo petrolífero de Tarragona, etcétera. Por todo ello, le preguntamos: ¿Qué mecanismos de asignación de nueva potencia renovable se prevé para compensar el desequilibrio
territorial en términos de producción de energías renovables y mejorar la eficiencia en reducir las pérdidas?
La tercera parte de su comparecencia hace referencia al, como usted ha dicho, tema desagradable del Castor, así como a las actuaciones que desde el ministerio se tiene previsto llevar a cabo. El desastre de Castor ya es inadmisible para la
población en general y, en concreto, para las poblaciones más afectadas por los terremotos. Desde Esquerra Republicana hemos registrado en el Congreso de los Diputados dos proposiciones no de ley en las que se pide la clausura del almacén de gas
Castor y el desmantelamiento inmediato de sus instalaciones, así como una subcomisión de investigación. Hemos llevado el asunto a la Unión Europea y también hace pocos días hemos solicitado al Tribunal de Cuentas la fiscalización de todo el proceso
económico-administrativo relacionado con el Castor porque los costes no están nada claros. Asimismo, pedimos revertir los daños a los afectados y elaborar diversos estudios e informes de tipo jurídico sobre la operatividad de las instalaciones,
también de carácter técnico, sobre el proyecto, además de otro sobre el riesgo sísmico. En resumen, desde el primer día, el proyecto Castor, como usted ha dicho, ha sido un proyecto opaco sobre el que la ciudadanía exige conocer toda la verdad.
Señor ministro, ¿ha visitado usted la zona? ¿Conoce de primera mano la problemática de la Plataforma Ciudadana Castor? ¿Los conoce, los ha recibido? ¿Piensa atender las necesidades del territorio del que yo soy diputado en parte, sobre
todo la zona de Alcanar con Vinaròs, donde los terremotos se sintieron con mayor fuerza? ¿Es usted sensible a las demandas de la población que ya está pagando el desastre del Castor en el recibo del gas? ¿Quién es el responsable de todo esto? Aun
no tenemos ningún responsable y se está pagando ya este desastre. Ustedes han justificado durante años la infraestructura para el almacenaje de gas porque no había capacidad suficiente de almacenaje, por lo que la pregunta sería -hablo del Gobierno
de turno que estuviera- si hace falta o no un almacenaje de Castor, otro Castor, por decirlo así. Si no hace falta un almacén, el que hizo este se equivocó gravemente y aquí hacen falta de nuevo responsables. ¿Cómo se va a solucionar si no hace
falta un almacén o tiene ya Florentino Pérez preparada otra operación en otra plataforma o en otro lugar con un montaje de esas características?
La última petición de comparecencia solicitada por Joan Capdevila pretendía que nos informase sobre el acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado, para el año 2017, sobre la
reordenación de las tarifas eléctricas e industriales. Usted ha dicho que no hay ningún misterio, pero a nosotros nos parece que sí. De hecho, este acuerdo entre el Gobierno español y el Partido Nacionalista Vasco agudiza el desequilibrio que ya
existía en base a la regulación actual en la medida en que ya se preveían peajes distintos, en función de si un operador se conectaba a una red de entre 25 o menos de 30 kilovatios de tensión o a otra de 30 o 36 kilovatios. Con la reforma acordada
se acentuarían las diferencias entre la energía que pagarían las empresas de un territorio y otro. Parece que aquello de la solidaridad territorial y la igualdad entre los españoles, cuando conviene, se lo pasan por lo más alto de las torres de
alta tensión, según me ha escrito el diputado Joan Capdevila.
Conviene añadir que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ya mostró su contrariedad ante esta rebaja de los peajes. Por todo ello, la pregunta es bien simple: ¿En cuánto se estima que se reducirán los ingresos del
sistema eléctrico en la reducción concedida a la gran industria vasca en el acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Gobierno con los Presupuestos Generales del Estado? ¿Cero? ¿Están ustedes de acuerdo con la propuesta formulada de que se
apliquen los mismos peajes de acceso a la energía a las empresas con las mismas necesidades, en términos de consumo eléctrico, en la medida en que la tensión de la red es un factor ajeno a los méritos empresariales? ¿Cómo justifica el Gobierno el
doble rasero por el que, primero, ha vetado una proposición de ley de alto consumo del Congreso de los Diputados que iba a reducir las facturas de todos los consumidores y que también crea puestos de trabajo? -Si los consumidores ganan dinero,
también consumen-. ¿Cómo justifica el Gobierno el doble rasero por el que, primero, ha vetado una proposición de ley de alto consumo del Congreso, que iba a reducir las facturas de todos los consumidores, con la excusa de que se reducirían los
ingresos del sistema y, sin embargo, este mismo criterio no se aplica a la gran industria vasca? Sería necesaria una aclaración al respecto. Acabo ya, pero no puedo dejar de preguntar por la petición que el diputado Joan Capdevila registró en el
Congreso el 11 de mayo -que quizá pueda resolver ahora, o no- para que usted, señor ministro, nos informase sobre la vida útil de las centrales hidroeléctricas gestionadas en el régimen de concesión y el fin previsto para las mismas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Salvador.
Pasamos al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que se ha repartido el turno de intervenciones. En primer lugar, intervendrá la señora Martínez Rodríguez.
La señora MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor ministro.
Mi intervención versará, sobre todo, en torno al paquete de invierno. Vaya por delante que los objetivos planteados en las directivas europeas nos parecen insuficientes para el cumplimiento de los acuerdos de París. Si verdaderamente
estamos comprometidos con los objetivos climáticos, supondría un 45 % de renovables y un 40 % de eficiencia, muy lejos de lo que hoy plantea la Comisión Europea. Por eso nos preocupa, y hasta nos avergüenza un poco, que la imagen de España en
Europa en todo este proceso de negociación sea que estamos de la mano con Polonia e intentando rebajar los objetivos propuestos. Nos hubiera gustado que España estuviera liderando con ambición el proyecto de Energía para Todos en lugar de estar
torpedeándolo. Hay dos posiciones respecto a dos de los puntos de las directivas que muestran claramente su escaso interés en promocionar las renovables y mandar una señal clara de confianza a los inversores, porque sin inversión no habrá
transición y eso, usted, es más que consciente de ello. El primero es eliminar el artículo sexto de la Directiva de renovables, que prohibiría los cambios retroactivos. Esta postura refuerza negativamente la imagen de España como país receptor de
inversión en renovables, tanto en los antecedentes como en las resoluciones arbitrales, por el anuncio al sector de un nuevo recorte en la rentabilidad razonable y el deseo de tener una puerta abierta a la retroactividad, por lo que, sinceramente,
no sé quien va a querer invertir aquí.
El segundo son los pagos por capacidad a las centrales de generación. La Comisión quiere que se den bajo estrictas y justificadas circunstancias de seguridad nacional, y España quiere tener las manos libres para seguir subvencionando
energías sucias.
Respecto al 30 % de objetivo de eficiencia no vinculante, le pregunto cuál es el objetivo para España y cuál es el plan del Gobierno para conseguirlo. Se lo pregunto porque las palabras de su secretario de Estado en esta Cámara me dejaron
muy preocupada. Cito más o menos literalmente: El sector privado debe marcar el ritmo de las inversiones en eficiencias y el sector público debe acompañar. ¿Cómo va a acompañar el Gobierno para conseguir este objetivo marcado por las directivas?
Pero lo más preocupante es que, aun con objetivos en renovables y en eficiencias muy bajos y sin apenas ambición, usted subordina y condiciona el cumplimiento de España a las interconexiones. Sinceramente, hay dudas más que razonables para
cuestionar la imperiosa necesidad de las infraestructuras que se plantean. Le pediría que facilitase o que hiciera públicos todos los estudios, informes, cálculos y simulaciones en los que el Gobierno apoya su postura, porque estamos hablando de
megainfraestructuras, con un coste económico y ambiental de enorme magnitud y se necesitan datos para apoyarlas. De momento solo tenemos su opinión, señor Nadal, que cuenta y tiene peso porque es ministro, efectivamente, pero comprenderá que una
inversión de este tipo necesita más que una opinión política para sustentarse. Por tanto, le pido que trate de convencernos con datos objetivos: coste real de las infraestructuras, esquemas de financiación que se barajan, aportación de España, si
va a ser mediante presupuestos o mediante el sistema eléctrico. ¿Cómo se van a retribuir estas infraestructuras? ¿Habrá nuevos peajes para la ciudadanía y las empresas? ¿Qué cálculos de exportación va a haber hacia Francia, teniendo en cuenta que
cada vez que exportamos entra el gas y sube el precio de la electricidad? ¿Qué grados de utilización se esperan? ¿En qué momentos del año? ¿En qué situaciones? ¿Durante cuántos años van a ser necesarias? Si vamos a un proceso de
descarbonización en un momento dado, pues Francia tendrá la misma cantidad de renovables que España y la interconexión será difícil o de poco servirán.
En cuanto al argumento de que no se debe mirar solo el beneficio económico -esto lo dice la Comisión Europea- de las interconexiones, sino que también se deben tener en cuenta las externalidades ambientales y sociales, me alegro de que haya
visto que hay razones más allá del beneficio económico, y le pido que las aplique a otras cuestiones de política económica como el autoconsumo, porque vemos una total contradicción entre las directivas europeas, que quieren poner a la ciudadanía en
el centro de la energía, y la posición del Gobierno, que se emplea no solo en bloquear el autoconsumo en España sino también en Europa. Es inconcebible, en primer lugar, que estén defendiendo que las instalaciones colectivas paguen los mismos
peajes que los usuarios si lo hicieran individualmente. Es como si pidieran que los autobuses pagasen la misma matriculación e impuesto de circulación que la suma de las personas que pueden ir en él. Le manifestamos nuestra negativa a la
ventanilla única y a la simplificación administrativa, pedir los mismos requisitos para todas las instalaciones de autoconsumo cuando sus características son completamente otras. De verdad, señor ministro, no entendemos esta cerrazón al
autoconsumo, a pesar de que, por un lado, expresa su continua preocupación por mantener el precio de
la electricidad, por que no suba, pero al mismo tiempo un informe de su Gobierno reconoce que el autoconsumo bajaría la factura de la electricidad.
Por último, quería preguntarle por el dictamen de la Comisión contra España por incumplimiento de las directivas del anterior paquete energético, referido a la transferencia de competencias de la CNMC. Entiendo que antes de entrar en el
cuarto paquete energético tendremos que tener cumplido el tercero. ¿Cómo está ese proceso de negociación? ¿Cuándo va a transferir el Gobierno las competencias, tal y como fijan las directivas?
Respecto al cambio de tarifa y el precio de la energía en la industria, quiero transmitirle que la tarifa eléctrica para la industria es una preocupación compartida por todos los grupos y fuerzas políticas, y le quiero preguntar si el
Gobierno contempla otra medida para reducir la factura eléctrica de nuestra industria que no sea vía Presupuestos Generales del Estado. Estamos pensando en fomentar las renovables en la industria, la cogeneración, un programa de eficiencia
energética específico para la industria, una fiscalidad más favorable. ¿Qué otras vías quiere explorar el Gobierno para reducir la factura eléctrica?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez Rodríguez.
Tiene la palabra por el mismo grupo el señor Vendrell Gardeñes.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidente.
Gracias por sus explicaciones, ministro. Me voy a centrar fundamentalmente en el proyecto Castor haciendo una constatación, y es que es necesario recordar que los responsables del proyecto negaron reiteradamente, incluso en sede
parlamentaria y ante los medios de comunicación, que las causas de los terremotos fueran las inyecciones de gas, como ha confirmado el informe del MIT, y esta constatación es necesario hacerla. En el desastre, porque no tiene otro calificativo, del
Castor hay más preguntas que respuestas; se han quedado muchas preguntas sin responder. Para ello nosotros, junto con los compañeros de Compromís, hemos registrado una petición de Comisión de investigación porque nos parece lo más oportuno, ya que
afecta además a diferentes Gobiernos tanto del PSOE como del Partido Popular, porque el proyecto se inicia con Piqué de ministro, continúa con Montilla, Clos, Miguel Sebastián, que concedió el proyecto a Escal UGS, y finaliza con Soria por la
gestión de las indemnizaciones.
Le quería plantear cinco o seis cuestiones concretas. En primer lugar, el problema no era poner en marcha el proyecto, sino que había una mala planificación. Era un proyecto que no tenía ningún sentido, que era absurdo, un despropósito que
no respondía a las necesidades energéticas del país. La primera pregunta, que evidentemente queda sin respuesta, es: ¿Quién convenció al Gobierno de la necesidad del almacén de gas? Se supone que la propia empresa. ¿De dónde sale esa
planificación energética? Ya sé que me dirá que usted no estaba, que no era ministro, pero son preguntas que políticamente nos debemos plantear porque son necesarias o que también se plantea la ciudadanía.
En segundo lugar, ¿cómo es posible que se despreciaran el riesgo y las advertencias tanto de centros científicos como de la sociedad civil? Usted dice, con el informe del MIT, que con las técnicas de la época no era posible conocer esa
vinculación entre inyecciones de gas y terremotos. Pues resulta que el observatorio del Ebro, la Plataforma Ciudadana de les Terres del Sénia y la propia Generalitat de Catalunya advirtieron reiteradamente de ese riesgo, y no creo que tengan las
capacidades tecnológicas de las que habla el MIT. Ya advirtieron en su momento que ese peligro sísmico estaba ahí y se podía dar. ¿Cómo es posible que una empresa y un Gobierno con ingentes recursos y embarcados en un proyecto tan importante no
pudieran detectar esa posibilidad de terremotos que tampoco se tuvo en cuenta en la declaración de impacto ambiental? La conclusión es muy obvia: se despreció, se pasaron por el forro el principio de precaución tanto la empresa como el Gobierno.
Si se hubiesen tenido en cuenta esas opiniones, nos habríamos ahorrado mucho dinero, sufrimiento y problemas.
En tercer lugar, se indemniza el proyecto, a los bonistas, pero no se consideran los daños también morales que han sufrido los vecinos de la zona d'Alcanar, Sant Carles de la Rápita, y la zona de Castellón del Baix Maestrat. ¿Se plantean
algún tipo de indemnización a los ciudadanos y ciudadanas de esas zonas al comprobarse que hay una relación directa entre el proyecto Castor y los terremotos? Esa relación directa, ese peligro creado está demostrado; de hecho, nosotros lo hemos
propuesto como enmienda a los Presupuestos Generales del Estado.
En cuarto lugar, ¿qué piensa hacer el Gobierno en relación con el desmantelamiento de las instalaciones marítimas y terrestres? Usted ha dicho, si no le he entendido mal, que se tendrían que desmantelar, pero no ha concretado cuándo.
¿Ustedes piensan realizar más estudios? Creo que el
informe del MIT recomienda que se realicen más estudios. ¿En qué plazos y en qué calendario? ¿Piensan ustedes establecer algún tipo de diálogo con la Generalitat de Catalunya, con la Generalitat Valenciana, con los municipios afectados en
relación con ese programa o plan de desmantelamiento, que es evidente que tiene unos costes, pero también los tiene el mantenimiento del proyecto de 15 millones de euros al año, si no recuerdo mal? ¿Qué piensan hacer en este sentido?
En quinto lugar, es necesario recordar que quienes están pagando ahora mismo la indemnización son las personas consumidoras de gas a través de la factura del gas; creo que son 2,3 euros anuales. Vamos a pagar 1649 millones de euros: de
entrada, 1350 millones, 295 posteriormente, con los intereses; y al cabo de los treinta años se pueden llegar a pagar 3280 millones. (El señor ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Nadal Belda, hace gestos negativos). Si dice que no,
queremos que nos aclare exactamente cuánto se va a pagar al final de esos treinta años. Creemos que fue un total escándalo la aprobación del Real Decreto 855, por el cual la empresa es indemnizada, aunque haya habido dolo y negligencia, por el
valor residual. Eso es un absoluto escándalo porque no hay contratos de ese tipo. Pero ustedes optaron además por una solución que era la más onerosa: no por el valor residual, sino por el valor neto del proyecto. El real decreto de 2008 no es
de nuestro agrado, pero la sentencia a la que usted aludía del Tribunal Supremo, de 2008 también, hace referencia a que en cualquier caso la indemnización no supone excluir que la conducta dolosa o negligente de la empresa concesionaria pueda
afectar o incluso anular el propio derecho de compensación. Eso lo dice la sentencia del Tribunal Supremo, que indica que la compensación dependerá de las causas que hayan llevado a la caducidad o extensión de la concesión y de las circunstancias
concurrentes del caso concreto en que se hayan producido. Tenían que haber tirado de ese hilo y haber utilizado ese argumento para no pagar el valor neto, porque nos parece un absoluto escándalo que viene a demostrar que para ACS y los inversores
si el proyecto salía bien ganaban, y si salía mal también ganaban o como mínimo no perdían. Creemos que hay un desprecio absoluto por el interés general, que la deuda privada se termina convirtiendo en deuda pública, lo que siempre pasa en este
país: socialización de pérdidas y privatización de beneficios.
Sexta cuestión. En el programa Salvados, de Jordi Évole, se daban a conocer irregularidades en el proceso de concesión y la aparición de un informe interno del ministerio. Le pido su opinión sobre eso, si piensan abrir algún tipo de
investigación sobre cómo se produjo esa concesión. ¿Cómo es posible que se pasara de 481 millones de euros iniciales de valoración del proyecto a 1272 millones de euros tres años después, con un escalón intermedio de 894 millones de euros? Las
condiciones parecían hechas a medida de una empresa muy concreta, que reunía solo esas condiciones, una empresa que además realizó adjudicaciones a las empresas participadas por la misma, con incrementos notables de costes. Deberían investigar cómo
se produjo internamente ese proceso de concesión, a través de qué informes de carácter económico y jurídico se dio esta concesión, porque nos parece escandaloso e incluso iría contra las normativas de contratación pública de la Unión Europea, contra
las directivas europeas de contratación pública. Lo fundamental es quién es el responsable de este desaguisado, cuáles son las responsabilidades políticas, qué instrumentos y mecanismos se utilizan para que la ciudadanía no continúe pagando este
coste, totalmente injusto, y cómo se indemniza a la ciudadanía de esa zona, que sufrió sus consecuencias. Al final nuestra impresión es que no se asume ninguna responsabilidad de ningún tipo y aquí hubo un caso concreto y claro de incompetencia, de
negligencia y de sometimiento del interés general al interés particular de una empresa, en este caso la de Florentino Pérez, ACS, que no asumió ningún riesgo en ningún momento. El riesgo siempre ha sido para la Administración pública, pero no para
la empresa privada.
Termino rápidamente con el tema de las subastas. Tenemos la impresión de que hay un problema de planificación. Las subastas se han hecho con cierta improvisación. ¿Cree que esos proyectos van a ser realmente instalables? ¿Se podrán
instalar en dos años de forma efectiva? ¿Se van a producir retrasos? La segunda cuestión es que usted reconocía que ha salido ganando la energía eólica por el propio diseño, es decir, la subasta no es tan neutral porque ha terminado favoreciendo a
un determinado tipo de tecnología y a los grandes proyectos. Ustedes excluyen del desarrollo de las renovables a las pequeñas y medianas empresas, a las cooperativas y a los ayuntamientos, y por tanto están diseñando un tipo de subasta que favorece
no ya a las grandes empresas eléctricas, sino fundamentalmente a muchos fondos de inversión, con capacidad de desarrollar grandes proyectos. Podría extenderme mucho en esta cuestión; de hecho hemos presentado una proposición no de ley para
modificar los tipos de subasta que se están implementando.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vendrell.
Pasamos al resto de los grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Lucio Carrasco.
La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, señor presidente.
Gracias, señor ministro, por su comparecencia y por responder a todas las cuestiones que le hemos planteado. Me da la sensación de que cuando se ha referido al paquete de invierno ha venido a hacer una justificación de la posición que está
adoptando en nombre del Estado español. Comienzo con una pregunta fundamental para todos los que estamos aquí presentes, pero también para la sociedad en general. Quisiera saber cuál es el compromiso real del Gobierno de España y de su ministerio
con la descarbonización y cuáles son las medidas concretas que van a adoptar en relación con ese compromiso que han adquirido, que nos gustaría desgranar. Por lo que va trascendiendo de las negociaciones del paquete de invierno sabemos que están
posicionando a España, a nuestro país, en el grupo de países que están tratando de frenar la descarbonización. ¿De verdad cree usted que esto es lo que pide la sociedad española, que España se sitúe junto a los países que están tratando de frenar
la descarbonización? Mi grupo piensa que no solo necesitamos cumplir con los objetivos de París, sino que la Unión Europea debe ser más ambiciosa y conseguir marcar diferencias con respecto a otras regiones que tienen menos posibilidades. Como
usted bien sabe se está defendiendo en el Parlamento Europeo llegar al 35 % de incorporación de energía renovable en nuestro mix energético. Mientras que en 2008 como país nos posicionamos junto a Francia y Alemania en defensa de las renovables y
con objetivos vinculantes, ahora parece que nos queremos esconder entre países como Polonia y Bulgaria en lugar de ser punta de lanza en esa materia.
Señor ministro, por todos es conocido que remitió al Consejo de la Unión Europea un alegato en contra de los objetivos propuestos por el proyecto de directiva de renovables y de la ambición que reclama el Parlamento Europeo. Básicamente
está en contra de las medidas más relevantes que plantea la Unión Europea para alcanzar los objetivos medioambientales a 2030. Está tratando de escurrir el bulto con los objetivos vinculantes por Estado miembro, que es como decir que nos va a
costar comprometernos para lograr los objetivos de reducción de emisiones de CO2 desde España, y no querer objetivos vinculantes hace sospechar que el compromiso no es el que debiera ser. No entendemos por qué piensan que sin más interconexiones no
se pueden tener objetivos más ambiciosos de penetración de renovables. Me gustaría que diese hoy aquí algún argumento sólido que justifique este nuevo mantra del ministerio, el de las interconexiones, porque hasta donde entendemos lo peor que nos
podría pasar es que en algún momento, en el que produzcamos cien por cien energía renovable, se tuviese que verter esa energía, lo cual no sería un gran problema, dado que no se paga prima por generación. Además el exceso de oferta bajaría el
precio del mercado, lo cual hasta donde le vamos conociendo, señor ministro, es su mayor obsesión. Me parece bien, pero da la sensación de que las interconexiones no van a suponer un coste extra al sistema. Por lo que venimos observando serían
unos 4000 millones de euros adicionales, de los cuales la mitad los pagaríamos los consumidores a través de los peajes a Red Eléctrica Española, que tampoco decimos que no haya que hacerlo, pero sí que seamos sensatos y honestos con la realidad y
sobre todo no pongamos puertas al campo. Podemos ahorrarnos 1200 millones de euros, según ha dicho en su intervención, pero tendremos que pagar de alguna forma las interconexiones.
Tampoco parece estar dispuesto a garantizar ni la seguridad jurídica ni la financiera. Está muy bien que propongan -lo digo literalmente, como lo dice en su carta- que se adapte la remuneración a las circunstancias del mercado u otras
revisiones, pero a estas alturas debería conocer, después de veintidós laudos pendientes, que si algo reclama el sector es seguridad jurídica, señales de precios y estabilidad para sus inversiones en un mercado que sin lugar a dudas requiere de una
reforma en profundidad para adaptarse al nuevo escenario, con más renovable y menos tecnología convencional. Desde luego tenemos la esperanza de que trabajaremos en esto conjuntamente y lo acordaremos de alguna manera.
Están amenazando con reducir la rentabilidad razonable, utilizando cualquier subterfugio legal. Y digo amenazando porque en firme no hemos dicho nada claro, pero le anunciamos que vamos a solicitar una modificación legislativa si desean
pegar otro hachazo a las renovables. Háganlo bien, señor ministro. Hablen con el sector y con nosotros, con los grupos parlamentarios; demos una buena imagen exterior si queremos que nos tomen en serio. Ustedes también siguen mostrándose en
contra del desarrollo del autoconsumo y de la generación distribuida, van en contra de los tiempos y pretenden hacer valer su opinión en Europa, que en términos generales ha entendido mejor el futuro que ustedes y se están
adaptando a él. Diría que su posición es claramente antirrenovables y que, una vez que se cumpla con el ineludible compromiso de 2020 por el cual parece que ya hemos entrado, teniendo en cuenta que ha salido muy barato, quisiera saber si no
vamos a tener un parón, ya que son ustedes quienes están pidiendo flexibilidad para incumplir. Trabas y más trabas, nadando contracorriente y emitiendo informes que, sintiéndolo mucho, señor Nadal, no representan el sentir mayoritario del país que
ustedes gobiernan, les recuerdo que en minoría. Debería usted retomar el esfuerzo dialogante de su primer mes como ministro, y compartir estas cuestiones que son de gran interés y van a requerir el mayor consenso posible entre todos los grupos aquí
presentes. Cualquier carta que usted envíe a Bruselas dando la posición del país estaría bien que significase realmente una posición como país y no una posición como Gobierno o como partido.
En cuanto a la nueva subasta de energías renovables usted dice que ha sido un éxito la subasta y yo le diría que depende de a quién pregunte usted si ha sido un éxito o no ha sido un éxito, pero supongo que le llegarán las valoraciones por
parte del sector y de distintos subsectores dentro de las renovables. Nos gustaría que aclarase algunos puntos. Usted ha afirmado que la subasta ha salido gratis al sistema, dado que ha salido con prima cero, pero usted sabe bien que prima cero no
es necesariamente lo más barato para los consumidores, dado que van a precio pool, mientras que si hubiesen sacado una subasta a precio, como lo hacen los países de nuestro entorno por cierto, y por tecnología, saben que se hubiese podido reducir el
coste aún más para los consumidores. Señor ministro, me pregunto dónde quedó la neutralidad tecnológica, porque ciertamente ha sido siempre a lo que se han agarrado en el Partido Popular cuando ahora mismo en la segunda subasta ya están delimitando
a la energía eólica y a la energía fotovoltaica en la subasta que tenemos por delante. Es decir, ni rastro de tal neutralidad tecnológica o simplemente la usamos cuando nos interesa. Saben que la comisaria de competencia está investigando la
subasta española para clarificar esa peculiar neutralidad tecnológica que ustedes ahora están defendiendo.
Le han entrado las prisas por hacer subastas y nos parece bien, porque no íbamos a cumplir con los compromisos si no hubiera sido así, pero lo están haciendo mal y lo saben. Usted mismo ha estado alertando de las operaciones del mercado
secundario entre otras cuestiones. Creo que con una buena subasta se hubiera podido evitar alguna de estas cuestiones, entre otras cosas la duda de que sea posible que estén instalados los megavatios que han salido en tiempo y forma. Sería
deseable que esa oferta correspondiese a una mínima planificación, y no hacer lo que resulte más barato, sino lo que el sistema requiera. Y todo eso en medio de esa alarma generada por el recorte en la retribución que va a significar otra vez un
contexto desfavorable para la inversión en renovables. Insisto en que usted como ministro también tiene el deber de velar por la cohesión territorial, y han sacado una subasta que va a favorecer a un territorio muy concreto y con un recurso en
renovables muy concreto, que es el aire. ¿No cree usted que su política debería favorecer a otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Andalucía o la mía, Extremadura, cuyo principal recurso es el sol? Porque yo creo que este tipo de
actuaciones también son responsabilidad del Gobierno, fomentar la cohesión territorial y no solo sacar también una subasta porque nos hayan tirado de las orejas desde Galicia, porque allí no les ha llegado ningún megavatio eólico. Piense en todas
las comunidades autónomas, por favor, aunque no las gobiernen todas, si no le importa. Ya vemos que para algunas cosas se han vuelto muy intervencionistas, mientras que para promover la solidaridad territorial y la cohesión social no lo son tanto.
¿Para cuándo, señor Nadal, va usted a tener en cuenta tecnologías que cuenten con posibilidad de almacenamiento, y por tanto de gestionabilidad como la termosolar o como la biomasa? ¿No cree usted que requeriría una subasta a precio y teniendo en
cuenta esa aportación que estas tecnologías hacen en almacenamiento? Me gustaría que pudiera justificar por qué no lo hacen así, porque sinceramente creo que sería ya necesario que se justificase por qué se hacen las cosas, y que no olvide que el
impacto macroeconómico positivo de las distintas tecnologías va en el orden siguiente: impacto macroeconómico positivo, es decir, externalidades positivas ambientales en empleo, etcétera. Primero sería la biomasa la que tendría mayor impacto
positivo, segundo la termosolar, tercero la eólica y cuarto la fotovoltaica, porque sin tratar de ofender no me gustaría tener que recordar la frase que Antonio Machado popularizó, que dice que solo el necio confunde valor y precio. Creo que en
materia energética no se puede confundir valor y precio y no se puede bajo ningún concepto no poner en valor todas las externalidades positivas.
Muy brevemente respecto al Castor le digo que acabamos de conocer que el juez que está llevando la causa del Castor ha pedido más tiempo para evaluar el informe técnico, encargado por Enagas al Instituto de Massachussets, y nosotros
respetaremos los tiempos de la justicia y, como hemos hecho
hasta ahora, seguiremos colaborando en todo lo que sea requerido a nuestro grupo parlamentario. Saben que presentamos un recurso de constitucionalidad del cual todavía no tenemos respuesta en lo que tiene que ver con la indemnización, y no
sé si usted tiene alguna otra información que pueda ser interesante al respecto. Ya en el Senado se ha debatido el asunto de la comisión de investigación, que no ha salido adelante.
Termino ya, señor presidente. Con respecto al acuerdo del PNV para la reordenación de las tarifas eléctricas me gustaría saber qué coste cree que puede tener, y me gustaría saber si a usted le da o no la intuición, antes de que vaya por la
CNMC, de que esto pueda ser una ayuda de Estado. Vuelvo a hablar de la cohesión territorial. Nos parece muy bien que se favorezca a las grandes industrias en el País Vasco, pero nos gustaría que, si hay una partida presupuestaria en los
Presupuestos Generales del Estado, antes de comprometerse en una cuestión tan concreta y tan territorializada, pudiera ser una rebaja que afectara a toda la ciudadanía y a todas las empresas o al mayor número de empresas. Sé que ha hablado usted
del señor Montoro como si no tuviera nada que ver con usted, pero entiendo que en este caso esta partida presupuestaria que afecta directamente al sistema eléctrico sí tendrá respuesta para ello.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lucio Carrasco.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Señor ministro, señor presidente y compañeros, también intervendrá mi compañero Vicente Ten al final de mi intervención.
Primero me gustaría decir que este grupo parlamentario sí que está de acuerdo con que España tiene que dejar de ser una isla energética, y con que hay que trabajar en materia de interconexión no solo porque lo hemos defendido desde el minuto
uno, sino porque también está recogido en el pacto que se firmó con el Partido Popular, en el cual tanto el señor ministro como yo estábamos presentes, en uno de los puntos.
Hablando del paquete de invierno y a cuenta de la nueva directiva en materia de renovables diversos medios se han hecho eco de los comentarios que su ministerio ha remitido a la Unión Europea sobre la misma. Frente a la posición de la
directiva de prohibir medidas retroactivas como las que se han tomado reiteradamente por el Gobierno de España, y que como se ha constatado impactan negativamente en los proyectos, su ministerio propone, en contra de esta iniciativa, eliminar dicha
prohibición. En su lugar el ministerio ha planteado que se adapten las remuneraciones a las circunstancias del mercado o a marcos legales de los Estados -si me equivoco, corríjame-, vigentes además en el acuerdo que concedió la ayuda. En resumen,
que los incentivos no se congelen toda la vida útil de la planta, sino que se puedan revisar, y así lo tengan en cuenta los inversores cuando afronten los proyectos. Esta circunstancia además va en consonancia con la legislación vigente, que
habilita la revisión de la rentabilidad razonable que se reconoce a todas las instalaciones. En este sentido le pregunto, señor ministro, si el hecho de que se posibiliten más recortes sobre la retribución no es una forma de reconocer el fracaso de
la reforma energética del Partido Popular a la hora de sanear el sistema eléctrico. ¿Cómo pretende el Gobierno fomentar un mecanismo competitivo de introducción de energías renovables si no se puede garantizar una estabilidad regulatoria en tiempo
a los inversores? ¿Cómo se puede justificar también el mantenimiento de las ayudas a combustibles fósiles y emisores de gases de efecto invernadero, y sin embargo no habilitar un marco de certidumbre para retribución de las instalaciones de
energías renovables? Estamos de acuerdo con que las reglas del juego se tienen que plantear y que si todos queremos -creo que así lo queremos- que baje el precio tiene que haber mayor competitividad.
Asimismo la directiva de renovables traza el camino hacia un nuevo modelo energético en el cual la generación distribuida irá teniendo un papel cada vez más destacado. Este tema además ha sido defendido por el propio señor Arias Cañete, lo
sigue defendiendo en Bruselas y lo defiende incluso cuando se lo hemos preguntado en distintas intervenciones. Igualmente estamos seguros de que esto contribuiría a minimizar las pérdidas de la red en cuanto a distribución eléctrica, ya que habrá
una distancia menos desde el generador hasta el que lo consume. Sin embargo su Gobierno ha mostrado una oposición frontal. Debo decir que hay cierta actitud de negociación en cuanto a este aspecto, que valoramos positivamente y que esperamos que
llegue a buen término, pero le quería preguntar si no considera el Gobierno que el enfoque de la directiva en materia de generación distribuida emitido por la Unión Europea choca frontalmente con la legislación contenida en el actual Real Decreto
900/2015, de Autoconsumo. ¿Qué
consideraciones ha realizado el ministro a la Comisión Europea en relación con esta cuestión sobre la directiva de renovables?
Respecto al paquete de invierno también tenemos que decir que, de acuerdo a la normativa europea, para facilitar el cierre de las minas de carbón en España, aquellas minas de carbón que quieran acceder a alguna de las líneas de ayuda deberán
presentar un proyecto definitivo de cierre y clausura, que será efectivo antes de 2018 y -entrecomillo- 'en caso de que alguna de las unidades no estuviera cerrada a 31 de diciembre de 2018 -fecha límite prevista en el artículo 3.3 de la referida
Decisión 2010/787 de la Unión Europea-, se deberá proceder al reintegro de todas las cantidades preceptivas conforme a lo dispuesto en la misma, incrementadas con los intereses legales'. Artículo 8.6 de la Orden IET 2095/2013. Para reconocer las
ayudas de cierre se exige por tanto que las empresas tendrán que acompañar una declaración responsable del compromiso de devolución de las ayudas, de acuerdo a lo señalado con el artículo 3.3. De conformidad con la normativa citada, le pregunto:
¿puede el ministerio darnos información de cuáles han sido los requisitos y formas de dicha declaración responsable, que garantiza la devolución de las ayudas al cierre de la mina de carbón en caso de que esta siga operando en 2018? También le
pregunto: ¿cuáles han sido las empresas que han presentado dicha declaración responsable para solicitar las ayudas y a cuáles se las ha concedido? ¿Dónde podemos acceder a dicha información? Con que nos lo facilite estaríamos bastante
satisfechos. ¿Ha notificado el Gobierno de España a la Comisión Europea para que verifique el cumplimiento de lo dispuesto en la Decisión 2010/787 del Consejo de Unión Europea?
Además las necesidades de mantener un sistema eléctrico que responda al triple objetivo de conciliar la sostenibilidad medioambiental, la competitividad económica y la seguridad de suministro han llevado a que existan medidas que garanticen
la estabilidad de dicho sistema, también llamadas pagos por capacidad. Estas transferencias que se reconocen a energías emisoras de gases de efecto invernadero también son objeto del debate en el seno de la Unión Europea. La Comisión Europea ya ha
concluido que España es el país donde actualmente existe el mayor número de mecanismos de pagos por capacidad. Desde Europa se quiere regular con el paquete de invierno la manera en la que se conceden estos pagos por capacidad, para que no sean
dados de forma arbitraria por los distintos Estados miembros. La propuesta ya incluye el diseño de mecanismos que no solo admitirán tecnologías cuyas emisiones de CO2 estén por debajo de 550 gramos de CO2 por kilovatio/hora, sino que además estarán
precisamente orientados a dejar de subvencionar a las energías más contaminantes y que puedan afectar más al cambio climático. Le planteamos en referencia a esto las siguientes preguntas. ¿Cómo justifica la supuesta compatibilidad de los pagos por
capacidad del carbón con los compromisos adquiridos por el Acuerdo de París y los compromisos en materia de cambio climático? ¿Puede concretar los pagos por capacidad estimados para el año 2017 y los siguientes, desglosados por tipo de mecanismo de
pago por capacidad al que corresponde, por tipo de combustible y por tipo de central de generación de electricidad?
En cuanto al tema de subastas nosotros en abril le realizamos una pregunta sobre la subasta que todavía no se había realizado y el ministerio nos ha respondido -cito textualmente- que 'la subasta es tecnológicamente neutra, abierta a todas
las tecnologías renovables. Se pretende establecer tres instalaciones tipo de referencia, una para tecnología eólica, otra para tecnología fotovoltaica y otra para el resto de tecnologías distintas de eólica y fotovoltaica. Las ofertas se podrán
presentar exclusivamente para la instalación tipo de referencia de su tecnología'. Sin embargo la asignación final no ha contemplado todas las tecnologías y ha derivado también en una fuerte crítica de especialistas en la materia y del sector
energético. Toda esta incertidumbre sobre el modelo de subasta nos genera dudas, como ya le planteamos. Por eso hemos cursado una pregunta escrita, pero como le tenemos aquí aprovecho, aunque esperamos también que nos la haga llegar por escrito, y
le pregunto lo que ya le hemos presentado a principios de este mes: ¿cómo valora el Gobierno los resultados de la subasta celebrada el 17 de mayo de 2017? ¿Por qué no contempló el Gobierno la posibilidad de que se produjese un triple empate, y con
ello lo establecido para un criterio de desempate, con anterioridad a la celebración de la subasta? ¿Sigue creyendo el Gobierno que con el modelo implementado garantiza la participación de todas las tecnologías renovables en el mix energético? ¿Ha
elaborado ya el Gobierno un plan para cumplir los objetivos renovables a 2020, considerando que en particular, tanto en transporte como en climatización, aún se está muy lejos de los objetivos fijados? ¿Existe algún plan sobre cómo lograrlo? En
vista de la incertidumbre generada en el sector sobre la concreción de la celebración de esta subasta, ¿no considera el Gobierno que sería más conveniente planificar y publicar un calendario de la misma?
Le quiero manifestar las dudas que tenemos o lo que ponemos en cuestión en cuanto a la posibilidad de ejecución de los parques que han sido adjudicados, y no lo digo en materia romántica, sino en materia
logística. Tenemos dudas logísticas de que todos los parques adjudicados se puedan realizar en tiempo y en fecha. Nos gustaría saber si el ministerio ha previsto que haya muchos parques que no se puedan ejecutar. Si ha previsto, por
ejemplo, la imposibilidad de tener las herramientas logísticas, algo tan sencillo o tan simple como el número de grúas para este tipo de instalaciones que existen a nivel mundial y el número de parques que se tienen que ejecutar al mismo tiempo en
territorio nacional.
Le paso la palabra a mi compañero.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez Hernández.
Señor Ten Oliver, por el mismo grupo.
El señor TEN OLIVER: Muchas gracias, presidente.
Seré muy breve. Muy buenas tardes, señor ministro. Yo quiero hablarle del proyecto Castor. El Grupo Ciudadanos cree que el actual Gobierno debe posibilitar la búsqueda de responsabilidades en este lamentable caso, y también en aras de dar
cumplimiento a esos acuerdos que pactamos con el Partido Popular para la investidura, donde se ponía de manifiesto la necesidad de evaluar todas las infraestructuras estratégicas de nuestro país. En ese sentido le quería hacer simplemente cuatro
preguntas, por no repetir algunas de mis compañeros de otros grupos parlamentarios. ¿Qué medidas ha tomado su ministerio para posibilitar esa depuración de responsabilidades en el caso Castor que le estaba comentando? ¿A su juicio, cabe exigir
responsabilidades? No se ha presentado este informe, estos estudios técnicos, en los que se informaba sobre la decisión correcta del sellado y la paralización del Castor, pero me gustaría saber su opinión. Dos, ¿qué medidas pretende realizar para
garantizar que la infraestructura ya construida no suponga un mayor perjuicio económico y medioambiental? Tres, nuestro grupo parlamentario y especialmente los ciudadanos precisamos saber el coste total, los datos reales de la indemnización
desembolsada, y si hay alguna cantidad que no está desembolsada. Nos gustaría saber el coste del desmantelamiento en su caso, y el coste del mantenimiento del sellado, así como el combustible que está almacenado en estos momentos. No sabemos
exactamente los metros cúbicos que hay, aunque creo que la capacidad era de 1900 metros cúbicos. Queríamos conocer en concreto los costes y los datos sobre estas cantidades. Finalmente, en cuarto lugar, ¿cómo se han trasladado estos costes al
ciudadano? ¿Cómo se financian? ¿Se financian con deuda o se ha pasado a la tarifa del consumidor? ¿Cómo se van a trasladar en los próximos años?
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten Oliver.
El Grupo Ciudadanos sustanciaba también la petición de comparecencia número 468.
Pasamos ahora al Grupo Parlamentario Vasco. La señora Sagastizabal tiene la palabra.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, señor ministro, por comparecer hoy y dar sus explicaciones. Es verdad que la Comisión ha abierto el camino hacia un sistema energético más competitivo y limpio a través del paquete de
invierno, que establece una serie de objetivos a alcanzar por todos los países miembros y que afecta a la eficiencia energética de la cual ya nos ha hablado, las renovables, mercado de la energía y la gobernanza. Por lo tanto, hay que hacer frente
a importantes retos en materia energética. Es verdad que para conseguir una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero es fundamental abordar el proceso de transición energética hacia un nuevo modelo basado sobre todo en la
descarbonización del sector eléctrico. El sector eléctrico debe continuar con el proceso de descarbonización impulsando las energías renovables. También hay algunos que dicen que hay que hacerlo con potencia de respaldo firme y flexible, baja en
emisiones que asegure el suministro.
Dicen que los ciclos combinados pierden dinero por su función de back-up no retribuida vía el mercado eléctrico y que necesitan pagos por capacidad. Me gustaría saber si esto es así o la valoración que hace de esta afirmación, así como si
cree también que los sectores transporte y gas deben contribuir a la descarbonización a través de una fiscalidad ambiental marcada por el principio de quien contamina paga y fijando un precio de CO2 que cumpla con esos objetivos. Quisiera también
saber cómo afecta la actual dispersión normativa existente en el cumplimiento de los objetivos que marca Europa, si hay alguna evaluación o algún modelo sobre la financiación para esa transición energética, si para lograr los objetivos de Europa la
transición energética necesita un marco regulatorio estable. Pero también hay innovación tecnológica social, así como un cambio de patrones en el consumo, y quisiera conocer si tienen previsto alguna serie de medidas en este sentido. Ya nos decían
en 2002 que todos los Estados
miembros deberían alcanzar en 2020 un mínimo de un 10 % de interconexión, como bien ha comentado usted -estamos de acuerdo-, pero me gustaría saber qué índice tenemos en estos momentos.
Con respecto a las subastas, entendemos que la nueva subasta de energías renovables es positiva porque es un paso para cumplir los objetivos europeos de 2020, que obligan a que el 20 % del suministro sea de renovables. Creo que ya lo ha
contestado, pero le iba a preguntar por qué se realizan dos subastas con una diferencia de tan poco tiempo. Lo preguntaba porque algunos ya habían hablado de improvisación, pero creo que ya ha quedado contestada. Los expertos señalan que las
subastas garantizar la competitividad y que son un mecanismo eficiente, pero también dicen que tienen que estar alineadas con la estrategia energética del país y que han de estar basadas en criterios de transparencia y con estabilidad regulatoria.
En este sentido, en la pasada subasta la CNMC manifestó sus dudas sobre algunos de los criterios aplicados, por ejemplo, retribuir potencia en vez de energía, medición de neutralidad tecnológica o equiparar las horas mínimas con las equivalentes,
las de referencia, por lo que para la nueva subasta me gustaría saber si hay alguna valoración ya de la CNMC en este sentido.
También me gustaría conocer su valoración respecto a la advertencia que está haciendo la asociación de renovables acerca de que se podría producir una burbuja de instalaciones en la nueva subasta porque produciría una acumulación de potencia
renovable a instalar, con la construcción de 6000 megavatios en dos años y medio. ¿Cómo lo valora usted? Quisiera saber su opinión sobre las recomendaciones del informe Aures, que fue financiado por la Comisión Europea, que suponía la eliminación
del concepto de neutralidad tecnológica, proponiendo subastas tecnológicamente específicas e instaurando cupos de tecnología, como están haciendo en algunos otros países.
Cambiando de tema y sin hablar de lo que supuso la cuestión de Castor, me gustaría saber cuál es el coste aproximado anual de mantenimiento, ya que el MIT desaconseja el vaciado de gas por ser una operación de alto riesgo. La zona está
estable, se ha decidido dejarlo en las condiciones actuales, pero como entendemos que tendrá un coste de mantenimiento, me gustaría saber cuál es y si se han introducido nuevas medidas de control y supervisión a partir de lo ocurrido en este
proyecto. En cuanto al acuerdo del PNV con la tarifa eléctrica, por alusiones, me gustaría decir que es un acuerdo de política presupuestaria. Nosotros llevábamos esta medida en nuestro programa político. Siempre hemos reivindicado que había un
agravio comparativo en los precios para nuestras empresas. Lo hemos reivindicado en numerosas ocasiones y siempre que hemos podido. Me sorprende que Esquerra venga a preguntar sobre este tema cuando hasta ahora no han hecho ninguna reivindicación
a través de PNL o en comparecencias en este sentido de las empresas catalanas. Quiero decir que lo que hay que hacer para conseguir estas cosas es sentarse a hablar, negociar. Si hay un agravio, parece que, según algunos grupos, es mejor el café
para todos, en vez de que algunos logren solventar parte del problema. Aunque haya otros que tengan el mismo problema, tendrán que sentarse o tomar soluciones para llegar también a ese punto.
Creo que no es una solución territorial, porque afecta a empresas de otras comunidades autónomas como pueden ser Navarra, Cantabria, Asturias, Castilla y León y Andalucía, de forma que el problema planteado no es exclusivo del País Vasco.
El acuerdo beneficiará, según los cálculos de una plataforma que se aunó en torno a esta problemática, la Plataforma 25/30, a 790 empresas vascas, 360 andaluzas, más de 40 empresas navarras, 33 castellanoleonesas, 17 cántabras y 11 asturianas. En
este sentido, estamos satisfechos del acuerdo conseguido, pero entendemos que es bueno para muchas empresas y que si Cataluña también tiene esa problemática tendrá que negociar o llegar a acuerdos para que no haya esa discriminación. Nosotros, si
podemos ayudar, ayudaremos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el PDeCAT, que sustancia también la petición de comparecencia número 466 sobre la plataforma Castor, tiene la palabra el señor Guillaumes i Ràfols.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Moltes gràcies, president; moltes gràcies, senyories.
Quiero hacer una acotación y tres reflexiones. La acotación, muy breve, en torno al peaje sobre las tarifas vascas. La verdad es que nos parece muy bien que cada uno consiga lo que pueda, pero quiero hacer una acotación, que no es nueva:
Ciudadanos se presentó a las elecciones diciendo que era garantía de que los partidos nacionalistas nunca más obtendrían ningún beneficio particular. Supongo que no viene del 'ni un incumplimiento más', porque, después de lo de 'nunca vamos a
investigar a Rajoy', no vendrá de aquí; naturalmente, se queda pequeño. (Rumores). No es una alusión, una constatación nunca es una
alusión. El movimiento se demuestra andando y por sus actos los conoceréis. Hasta aquí la acotación. Por lo demás, felicitamos al Grupo Vasco. Nos parece fantástico. Nosotros, cuando hemos podido, también lo hemos hecho. En todo caso,
la incoherencia iría por otra parte.
Las tres matizaciones, que son importantes, todas hacen referencia, señor ministro, al tema Castor. Aquí, en el Congreso de los Diputados, se ha hecho muchas veces la reflexión -diré que incluso exagerada- sobre qué tipo de negocio es este
que parece que si hay beneficios son para la empresa y si no los hay pagan los contribuyentes. Este argumento es válido, pero creemos que después del estudio del Instituto de Massachussets, del MIT, tendríamos que ir a la génesis; que el árbol no
nos impida ver el bosque ni el bosque el árbol. La gran conclusión del instituto es que los terremotos son producidos por esa causa, y ustedes lo negaron durante mucho tiempo. (El señor ministro hace signos negativos). Sí, ustedes lo negaron
durante mucho tiempo. Centremos las cosas. Lo más importante de la conclusión es esto y, a partir de aquí, creo que nos tendríamos que hacer unas preguntas: primero -alguien lo ha avanzado también-, ¿cómo se lanzó un proyecto de este tipo? No
parece demasiado lógico, vista la información que ha salido después y a nuestro grupo no hace falta que le recuerde quién lo inició porque, como grupo catalán, somos conscientes de que fueron dos ministros catalanes los que iniciaron el proyecto, de
distintos partidos, por cierto. En todo caso, no creo que esto sea una ventaja porque, en lugar de hablar mal de un Gobierno, hablaría mal de un Estado en general; parece que pasa en los partidos, pero este tipo de cosas continúan sucediendo. No
creo que le interese demasiado esta línea de defensa.
Primero de todo, quiero saber cómo se pudo plantear el despropósito de un proyecto que parecía objetivamente que no era necesario. Segundo -se lo ha dicho alguien más-, no nos puede decir que nadie advirtió que esto podía pasar, porque al
menos en Cataluña el Instituto Geológico lo hizo y lo hizo de manera reiterada, y lo hizo más gente. De hecho, hubo un pequeño movimiento de tierras -si me permite la ironía fácil, en este caso un movimiento de mares- para que en ningún caso parte
de la plataforma Castor estuviera dentro de la Comunidad Autónoma de Cataluña ya que en aquel momento el Gobierno valenciano del Partido Popular era más complaciente con este tipo de gastos business podríamos llamar, que por descontado ahora no lo
es, pero que en aquel momento lo era. ¿A quién se le ocurrió el despropósito? ¿Hacía falta? Creemos que no. ¿Alguien dijo que esto podía pasar? La verdad es que sí.
Entonces, llegados a este punto, permítame mirar al futuro. Usted ha dicho: se tiene que desmantelar. Permítame que le pregunte cuándo, cómo y cuánto. Yo creo que estas preguntas son absolutamente pertinentes en la medida en que usted
las pueda responder.
Otras reflexiones al respecto, más bien en este caso cortas. Esto se ha generado a través de tres Gobiernos -repito- de dos partidos, lo cual significa seguramente el fracaso de un Estado. La mayoría de los Estados producen terremotos
políticos, sucede en todos. En los Estados hay escándalos, etcétera, se producen terremotos políticos. El Estado español se ha superado y provoca terremotos de verdad. Felicidades en el peor sentido de la palabra, y esperemos que este tipo de
cosas no se repitan.
Aparte de mis reflexiones, señor ministro, le recuerdo las preguntas: desmantelamiento cuándo, cómo y cuánto.
Moltes gràcies president, senyories.
Ahora cedería la palabra al señor Bel con la venia del señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guillaumes.
Tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Muchísimas gracias. Brevemente.
Quiero agradecerle, señor ministro, su comparecencia hoy aquí a petición de diferentes grupos por distintas cuestiones. Yo me voy a referir esencialmente al tema Castor, un tema que afecta también a mi demarcación, la demarcación de
Tarragona y las Terres de l'Ebre y también a la parte de Castellón. Vaya por delante que desde mi perspectiva le honra el calificar tan claramente este proyecto, y yo creo que este es un punto de partida. Cuando uno constata que es un proyecto que
ha fracasado, que tenía tantos defectos, lo que tendríamos que hacer ahora es procurar que no vuelva a pasar, y para ello habría que ser lo más transparentes posibles en toda la gestión que hubo desde un inicio hasta el día de hoy y la que tiene que
haber desde hoy en adelante. Por lo tanto, y esto ya no es tanto una llamada al ministerio porque esto no va a depender del ministerio, pero sí al resto de grupos parlamentarios, dado que en esta casa nos hemos aficionado -y me parece bien- a crear
comisiones de investigación, yo creo que nos teníamos que conjurar todos los grupos políticos para hacer sobre este tema una comisión de investigación
para dirimir responsabilidades, y que a la vez, si de estas se desprenden resultados, que también se pueda indemnizar a aquellas personas que vieron afectados sus patrimonios y padecieron muchos daños en sus propios hogares. Esto es
importante.
Segunda cuestión, señor ministro. A la luz del informe del MIT, ¿cuál es el calendario que tiene ahora el ministerio? Esto se tiene que desmantelar, usted se ha manifestado en la prensa en este sentido. Tiene que entender que mientras
continúe la situación hay cierta inquietud en los conciudadanos que están cerca de estas instalaciones. Fijen un calendario. Si se tiene que hacer un estudio adicional, realícenlo durante los próximos seis meses o un año y después fijen un
calendario para desmantelarlo. Seguramente, eso les haría ganar mucha credibilidad y generaría tranquilidad. Y, evidentemente, sean transparentes en los costes que va a generar este desmantelamiento y si tienen intención de continuar trasladando
estos costes al sistema gasista y, por tanto, a los consumidores de gas o si mediante la depuración de responsabilidades se tiene que determinar quién debe afrontar este coste, que innegablemente tendrá que existir, y si se tienen que revisar o no
las indemnizaciones pretéritas.
Dicho esto, solo quiero hacer un breve comentario en relación con las partidas presupuestarias para subvencionar determinadas tarifas eléctricas industriales. Y sin entrar en ningún reproche al PNV, que hace su labor parlamentaria,
recordaré que esta mañana usted en el Senado ha tenido una pequeña controversia con una compañera mía. Le instaba a ella y al PDeCAT a que negociemos si queremos una rebaja de las tarifas. Señor ministro, más allá de la controversia política y de
lo que usted pueda reprochar al PDeCAT y de lo que el PDeCAT le pueda reprochar al PP, no piense ahora en el diputado Ferran Bel, piense en las empresas catalanas a las que no se bonifica. ¿Qué les va a decir a estas empresas, que no tienen dicha
bonificación porque el PDeCAT no ha negociado los presupuestos? Porque las empresas le pueden preguntar si el Partido Popular no tiene diputados en Cataluña. ¿Qué han hecho los diputados del Partido Popular sobre esto? También pueden preguntar si
Ciudadanos no tiene diputados en Cataluña. ¿Qué han hecho los diputados de Ciudadanos en relación con estas tarifas? Y eso es lo que le tienen que explicar a las empresas y las empresas no lo van a entender, porque, más allá de rifirrafes
políticos partidistas, las empresas afectadas no pueden entender cómo en el tramo 30-36 habrá bonificación y en el tramo 25-30 no habrá bonificación. Y les dirán a los del Partido Popular, a los del PDeCAT y a los de Esquerra que no expliquemos
nuestras historias, sino que expliquemos por qué están bonificando un tramo y no otro. Las explicaciones se las van a pedir al PDeCAT, al Partido Popular, a Ciudadanos, a Esquerra y a todos los diputados, a todos; esencialmente -desde mi
perspectiva- a los diputados que votaron a favor del presupuesto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gràcies, señor Bel.
Por último, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Mariscal Anaya.
El señor MARISCAL ANAYA: Gracias, presidente.
Es la cuarta ocasión en la que el ministro comparece en la Comisión, digo esto porque cuatro veces desde noviembre del año pasado hasta hoy demuestra la implicación y la querencia del ministro por escuchar y dialogar con los diputados de
esta Cámara; una tradición, que, como bien saben, no es tan frecuente en esta casa y, por tanto, creo que es necesario ponerlo en valor.
Uno de los primeros motivos que le trae hoy, la primera comparecencia, es lo relacionado con el paquete de invierno. Obviamente, el Gobierno de España está plenamente comprometido con la transición energética y con la descarbonización de la
economía y eso se muestra en la actitud que se está manteniendo en las negociaciones en Europa y también en la política energética que estamos desarrollando. He escuchado algún comentario referido al fracaso de la reforma. Creo que va a hacer
falta implementar un nuevo concepto de fracaso, porque, si fracaso supone reducir el déficit tarifario en nuestro país para este año, en pasar de déficit a superávit -el estimado solamente para el año 2012 era de 10 000 millones al año-, en hacer
que entre tecnología renovable sin retribución extraordinaria, en dar cumplimiento a los objetivos de emisiones o en estar a punto de cumplir los objetivos en renovables, si eso es fracaso, la palabra éxito me la tendrán que desarrollar ustedes
nuevamente, porque no comprendo esa cerrazón de no admitir cuando una política llevada a efecto se traduce en buenas prácticas políticas y buenos resultados, como ha sido el caso.
Con relación al paquete de invierno, el Gobierno está trabajando bien en dos aspectos, a nuestro juicio, fundamentales. Por una parte, en todo lo relacionado con la eficiencia energética. Es verdad que el cumplimiento del 30 % para el año
2030 y de mejora de eficiencia energética nos compromete. Creo que
la idea expresada en repetidas ocasiones por el ministro de intentar dar los mismos servicios con menor consumo si queremos obtener más unidades en política industrial con menos unidades de energía es algo extremadamente positivo. Nosotros
estamos trabajando, desde el Grupo Popular y fundamentalmente desde el Gobierno, en conseguir que esa propuesta de eficiencia energética se ajuste a las necesidades de nuestro país, pero además internamente desde el Gobierno se están poniendo encima
de la mesa iniciativas como la presentada recientemente con ayudas a los municipios menores de 20 000 habitantes -en total 7700- de más de 330 millones de euros para conseguir desarrollar los proyectos de eficiencia energética, lo cual se une al
Fondo Nacional de Eficiencia Energética, constituido por el anterior Gobierno -también del Partido Popular-, que obliga a todos los agentes que venden energía primaria en nuestro país a contribuir a mejorar la eficiencia y, por tanto, la reducción
del consumo energético en nuestro país. Creo, por tanto, que hay una línea común entre lo que decimos en Europa y lo que hacemos con las competencias nacionales. Por otra parte, no quería dejar pasar la oportunidad para decir que también es
destacable el enorme esfuerzo del Gobierno para conseguir sacar de los objetivos de déficit todo lo que significan las inversiones en eficiencia. Con eso, evidentemente, conseguiremos aumentar las inversiones en eficiencia energética.
Con respecto a los objetivos de energías renovables, también nos parece que se están haciendo las cosas correctamente. Los objetivos que ha marcado el ministro, de prácticamente un 19,5 % para el 31 de diciembre de 2019, son realmente
ambiciosos y asequibles desde el punto de vista de las políticas que estamos desarrollando actualmente. No obstante, quisiera hacer un llamamiento a mis compañeros de Comisión. Casi todos los grupos que hoy hemos intervenido tienen parlamentarios
en el Parlamento Europeo. El Gobierno está intentando dialogar con todos. Creo que es fundamental que entendamos de una vez la enorme necesidad que tenemos de mejorar las interconexiones de nuestro país, tanto eléctricas como de gas. Todos
podemos contribuir, y digo esto porque, como bien saben sus señorías, el procedimiento de colegislación en el Parlamento Europeo tiene actualmente mucha relevancia, de manera que les invito a que colaboren para mejorar la situación económica y
social de nuestro país mejorando el nivel de las interconexiones e incluyéndolo en el concepto de desarrollo de renovables.
Preguntaba un compañero que por qué. Recientemente, el 4 de marzo del año 2015, hubo una cumbre en Madrid que se celebró en La Moncloa y a la que asistieron los jefes de Gobierno de Portugal, Francia y España, así como el presidente de la
Comisión, que ahondaba en esta necesidad. Es decir, no es un invento que se le acaba de ocurrir al ministro ni al equipo del Ministerio de Energía, sino el desarrollo de unas políticas evidentemente positivas. Respecto a la pregunta de por qué,
técnicamente es fácil de explicar. Hasta que la tecnología no permita técnicas de almacenamiento mejores, las renovables obligan a que haya una tecnología de respaldo, habitualmente convencional, por tanto, gas y carbón. Si no tengo
interconexiones, tendré que aumentar la tecnología de respaldo y encarecer no solamente la factura eléctrica, puesto que el carbón y el gas tienen un coste superior, sino que además será imposible dar cumplimiento a los objetivos de clima, tanto a
los establecidos por la Unión Europea del 40 % de reducción de emisiones como a lo firmado por nuestro Gobierno en abril del año 2016 tras la Cumbre de París, que tiene como objetivo, como ustedes bien saben, no aumentar en 2 grados la temperatura
de la tierra antes de que acabe 2100 e intentar que sea por debajo de 1,5 grados. Esto obliga a que luchemos todos juntos para mejorar las interconexiones.
¿Por qué son positivas? Porque las interconexiones traen consigo siempre convergencia de precios, y cuando convergen los precios entre un país y otro mejoramos la competitividad de nuestra economía. Por tanto, mejoramos la capacidad de
nuestras empresas de exportar y colaborar en el ámbito del mercado único europeo, y además bajamos el precio de la factura eléctrica no solamente a esas empresas, sino también obviamente a los pequeños consumidores. Es más eficiente el sistema,
como ha dicho el ministro. Todos los que estamos aquí en esta Comisión hemos visitado el centro de control de energía eléctrica de Red Eléctrica y sabemos de las enormes dificultades que supone no tener una correcta red interconectada, las
complejidades que trae consigo el desarrollo renovable y, evidentemente, como dije anteriormente, reducir las emisiones.
Esto lo enlazo con la subasta, a nuestro juicio, un extraordinario éxito. El hecho de que concurrieran o solicitaran acceder a esa subasta -prácticamente 10 000 megavatios, en números generales- y obtener ese cupo de 3000 megavatios
-recordemos que lo hacen con una ayuda que solamente entraría en funcionamiento, es decir, en román paladino, solamente existiría prima a partir de 36 euros/megavatio, cuando actualmente el pool está en torno a 50- demuestra que es un éxito sin
precedentes. (El señor vicepresidente, Fernández García, ocupa la Presidencia). A partir de ahora, cuando esta tecnología
entre en funcionamiento, el hecho de que funcionen tanto los aerogeneradores como la energía fotovoltaica hará reducir el precio de la energía eléctrica en nuestro país. Esto es un cambio disruptivo en lo que había sido una política
energética, desgraciadamente, nefasta, como lo traduce el resultado del déficit tarifario que nos encontramos en el año 2011. No quiero insistir en lo que tantas veces ustedes me han escuchado: un tercio de la factura es pago de malas políticas
energéticas que se desarrollaron en las anteriores legislaturas a la llegada de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.
Esa transición energética requiere de hechos y aquí tenemos un hecho: más renovable. Por eso felicitamos y agradecemos esa nueva iniciativa para aumentar aún más la potencia renovable con esos nuevos 3000 megavatios. Se hablaba de si se
favorecen unos territorios frente a otros. No, señorías, hay neutralidad tecnológica porque el Gobierno prima el interés general, no quiere favorecer a un sector frente a otro. El Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno no han venido nunca de la
mano de ningún sector a favorecer a un sector frente a otro o a potenciar lo que una tecnología quiere o deja de querer. El resto de grupos, casi todos -no miro a nadie- no pueden decir lo mismo. ¿Por qué? Porque nuestro fin en política
energética es dar cumplimiento al trilema del que tantas veces hemos hablado: sostenibilidad económica, sostenibilidad financiera y garantía de suministro. Esto obliga a conseguir una penetración de renovable que sea cuantas más horas mejor, al
menor precio posible. Eso es lo que ha conseguido la subasta que actualmente hemos conocido.
Sobre Castor, me he traído el Decreto 855/2008 porque parece que nos olvidamos del artículo 14, al que el Gobierno de Mariano Rajoy presentó un recurso de lesividad que el Supremo rechazó y que decía lo siguiente. Lo voy a leer para que
pensemos si en algún momento nosotros, cualquiera de los que estamos aquí sentados, hubiésemos firmado un contrato de cualquier tipo en estas condiciones. Dice: 'En caso de caducidad o extinción de la concesión -como así ocurrió-, las
instalaciones revertirán al Estado -como ha ocurrido-. En tal caso, y para asegurar la recuperación de la inversión realizada por los titulares, en coherencia con lo establecido en [...] la Ley [...] de Hidrocarburos se compensará a la empresa
concesionaria por el valor neto contable de las instalaciones afectas al almacenamiento subterráneo siempre que estas continúen operativas'. Es decir, pasase lo que pasase. Esto se firmó en el año 2008 y ustedes bien saben que en ese momento
todavía ni Mariano Rajoy era presidente del Gobierno ni el señor Nadal, ni ningún miembro del Partido Popular, era ministro. Es decir, es evidente quiénes son responsables.
¿Qué hemos hecho nosotros? En vez de llorar, quejarnos y estar continuamente atacando a quien firmó este documento, este decreto que es claramente lesivo a ojos vista de un parlamentario como yo, que no debo ser muy listo -a mí me parece
que esto es lesivo puesto que no conozco a nadie que firmase un documento como este para algo que sea un bien o un negocio personal o un contrato de cualquier tipo-, ¿qué hemos conseguido? Primero, en el año 2013 modificamos la Ley de Evaluación
Ambiental para obligar a que se incluyeran en los proyectos estudios sísmicos que hasta entonces no se incluían. Además de todo eso, lo planteado por el ministro: se ha reducido el coste de esta operación a la mitad, no hay beneficio para el
operador y se ha aumentado en diez años el pago de esta deuda.
Es importante también lo que ha dicho el ministro en su última intervención. Esta deuda estaba contraída por parte de los bonistas con el Banco Europeo de Inversiones. Alguna vez algún interviniente en esta casa, y en algún medio de
comunicación, planteaba no pagar. ¿Nos imaginamos lo que supondría para el crédito de España, para sus empresas, para los españoles no dar cumplimiento a un contrato de crédito con el Banco Europeo de Inversiones? De verdad, creo que a veces esos
prejuicios y esas ganas de evitar llegar a acuerdos nos están afectando. El 21 de junio de este año, en la última Comisión de Energía que celebramos, hemos aprobado una proposición no de ley para juntos, de común acuerdo, escuchando a los expertos,
buscar entre todos -ante una competencia que es exclusiva del Gobierno, pero da lo mismo, entre todos- cuál queremos que sea la planificación energética que dé cumplimiento a los objetivos de clima, que permita la descarbonización de la economía y
que consiga con ello que nuestro país alcance los retos que todos tenemos, no solamente en el presente, sino siempre mirando hacia el futuro. Son unos objetivos ambiciosos para conseguir una mejor situación para las próximas generaciones, que esta
es nuestra obligación cuando nos sentamos en esta casa, no solo pensar en mañana o en las próximas elecciones, sino también en las próximas generaciones e, incluso, esto último es mucho más importante.
Respecto al acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco es obvio que es un acuerdo de política presupuestaria, es obvio, como ya ha dicho la señora Sagastizabal, que no solamente se circunscribe al País Vasco y, además, es obvio que si la
Comisión Europea lo rechazase por ayudas del Estado o
la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, no lo estimase conveniente no se produciría. Esto ya lo ha remarcado claramente el ministro anteriormente. Ahora bien, es curioso que se enfaden, se opongan y critiquen esta
medida aquellos que continuamente están recibiendo en el Congreso y en algunas comunidades autónomas a industrias electrointensivas, aquellas que consumen mucha energía eléctrica y que les parece bien que habría que aumentar las ayudas de
interrumpibilidad, pero les parece mal este tipo de medidas. Esta es la incoherencia que este grupo observa continuamente. Cuando llegamos al Gobierno, decidimos reducir a través de un proceso de subasta, por tanto de libre competencia, las ayudas
que existían a la gran industria a través de la interrumpibilidad. Nosotros hemos pensado -y termino ya, señor presidente- siempre en el interés general. De verdad, es conveniente interiorizar de una vez todos -yo el primero- que un planteamiento
sin sostenibilidad económica, sin sostenibilidad medioambiental y sin garantía de suministro, es claramente lesivo para el interés general.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández García): Muchas gracias, señor Mariscal.
Para contestar a todas las peticiones de información y ampliación hechas por los señores portavoces de los grupos parlamentarios tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL (Nadal Belda): Gracias, presidente. Gracias, señorías.
Creo que es importante que tengamos un debate, aunque tengamos discrepancias, es evidente. Voy a tratar de explicar la posición del Gobierno en los puntos que ustedes han planteado, pero es un debate muy importante para nuestro país y creo
que lo estamos haciendo con un tono constructivo. Es importante porque estamos hablando de políticas que duran al menos una década, si no más. Aquí es importante que todo el mundo, desde su visión -que siempre es parcial, incluida la del
Gobierno-, tratemos de poner lo mejor de todos nosotros porque, si nosotros somos capaces de acertar en política energética -y sigo pensando que las Cortes Generales y el Gobierno son los que tienen que determinar esencialmente la política
energética y luego diré por qué-, haremos un gran bien a nuestro país, que es lo que pretendemos todos en política.
Ya saben ustedes la posición del Gobierno, la situación difícil en la que siempre nos encontramos en política energética. Es algo parecido a la política presupuestaria. En la política presupuestaria a todo el mundo le gustaría anunciar una
bajada de impuestos y, al mismo tiempo, más gastos, pero eso lleva a déficit y a incoherencias dentro de la propia política. Tenemos un sistema, especialmente el eléctrico, en el que hay unos ingresos y unos costes. A todos nos gustaría hacer
rebajas de esos ingresos, hacer que todo el mundo pague menos y a todos nos gustaría dedicar recursos a cuestiones adicionales a la propia generación eléctrica, como medioambientales o de otro tipo. El problema es que tenemos que cuadrar los
ingresos con los gastos y tenemos que hacer una política energética coherente. Esto lo digo porque, evidentemente, todos tenemos una responsabilidad, pero el que más tiene sin duda alguna -todos estarán de acuerdo- es el Gobierno, que tiene una
primera obligación, que es que cuadren las cifras, porque, si no cuadran, hay déficit y cuando hay déficit ya sabemos las consecuencias y, en segundo lugar, tratar de hacer la política de la manera más coherente posible. A partir de ahí, claro que
entiendo determinadas posiciones, pero ustedes tienen que entender que a nosotros nos toca cuadrar las cuentas, las cifras, y, por tanto, no se puede atender a todas las peticiones y no sería un Gobierno digno de tal nombre aquel que dice sí a todo
el mundo, porque, evidentemente, eso acaba siempre en un desastre, como ustedes saben. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Voy a entrar en las cuestiones que me han planteado. Como ustedes saben, la gran particularidad que tiene nuestro sistema eléctrico es que es el sistema eléctrico en el que más peso tienen los costes fijos probablemente del mundo occidental
y desde luego de Europa occidental. Los costes fijos en general, en cualquier sistema, son las redes, de alta, media y baja tensión, que es el uso común del sistema más su gestión. Además, están las decisiones políticas, que, en nuestra jerga, en
la jerga del sistema eléctrico español, denominamos cargos. Estos cargos son tres esencialmente: Uno, el coste de la extrapeninsular; hay un consenso político histórico en España de que los territorios extrapeninsulares tienen que tener el mismo
precio que el resto de los territorios peninsulares y, por consiguiente, hay una aportación por parte de los consumidores a este coste, que se sitúa ahora mismo en unos 600 millones de euros.
Después, tenemos unas primas a las renovables, que asciende a 7000 millones de euros, y que son enormemente altas en nuestro país porque el desarrollo de las mismas se hizo en una etapa muy temprana del desarrollo tecnológico. Si hubiésemos
hecho ese desarrollo tecnológico, ese despliegue de
energía renovable más tarde, el coste sería sustancialmente menor, pero tenemos este coste de 7000 millones de euros al año a veinticinco años, lo que supone una losa, un peso muy sustancial en nuestro sistema. Además, debido a decisiones
políticas del pasado, no todos los costes del pasado se repercutieron a precios, se generó un déficit, ese déficit se fue acumulando en una deuda y el pago y amortización de ese déficit y de esa deuda es de 2500 millones de euros al año. Estamos
hablando, por tanto, de que los españoles pagamos 10 000 millones de euros adicionales todos los años esencialmente por decisiones políticas que son hipotecas; en el caso de las renovables, como decía anteriormente, a veinticinco años y en el caso
de la deuda tarifaria, a quince años de hipoteca.
Este es un peso que está ahí en la factura y yo entiendo que haya interés por parte de grupos políticos de que determinados colectivos, determinadas personas no aporten lo que están aportando hasta ahora a este coste común. Es una bolsa muy
pesada, es una losa muy fuerte en todos los consumidores y, por tanto, claro que hay interés en que este peso tan grande de los costes fijos en nuestro sistema no lo compartan algunos grupos o algunos elementos de interés o alguna parte de la
sociedad. Es lógico que se hagan propuestas de ese estilo, pero ustedes comprenderán que el objetivo de la política del Gobierno es, primero, que no aumenten estos costes porque significaría aumentar la factura de la luz a todos los españoles, de
la electricidad a todos los españoles y, en segundo lugar, no nos parece adecuado que unos en este momento, y respecto de lo que se está pagando, estén pagando menos para que otros paguen más. A nosotros, trasvase de carga de unos consumidores a
otros no nos parece lo adecuado. Lo digo porque, por ejemplo, en las propuestas que nos hace Esquerra yo entiendo que pidan potencia estacional cada mes, es decir, que el consumidor elija la potencia cada mes.
¿Esto a quién beneficia? A los que consumen mucho en un período breve del año y poco el resto del año. Por tanto, su aportación fundamental a la parte fija del sistema es solo cuando consumen y cuando no consumen prácticamente no aportan
nada. Lo que pasa es que haciendo esto no eliminan el coste, sencillamente se lo trasladan a los que consumen más de continuo. Por ejemplo, es el caso evidente de que las segundas residencias que se tienen en la montaña o en la playa van a tener
un traslado de coste a las primeras residencias, es decir, a aquellos que están consumiendo de continuo. Por eso no nos parece bien esta propuesta. Ustedes preguntan por qué al Gobierno no le parece bien esta propuesta; pues por esta razón,
porque es un traslado de, por ejemplo, las segundas residencias a las primeras residencias. A alguien puede parecerle bien eso, a nosotros no, pero hay una explicación. Lo mismo sucedería, por ejemplo, con determinadas actividades muy estacionales
en relación con una industria que trabaja en continuo o servicios que trabajan en continuo, que pagarían más en beneficio de otros que pagarían menos. A nosotros no nos parece adecuado y alguien puede decir: Oiga, yo sí quiero que haya un traslado
de carga de unos consumidores a otros. Bien, es defendible, pero nosotros pensamos que, como Gobierno, tenemos que velar siempre por el interés general y por el conjunto de los consumidores, por lo que trasladar carga de unos a otros no es
correcto.
Agregación de demanda. Es lo mismo. Tenemos una serie de consumidores que ahora mismo están pagando su potencia, agregan demanda, consiguen una potencia más alta y, como se van a potencias más altas, pagan menos. La red es la misma, pero,
sencillamente, como se han agregado, acceden a peajes más altos y, por lo tanto, contribuyen menos al sistema. Los que tengan capacidad de agregar, tendrán una ventaja respecto de los que no la tengan, pagarán menos y trasladarán su carga a los
demás. Nosotros, como Gobierno, pensamos que esto no es adecuado, que, dado un sistema y una carga y un reparto de esa carga entre todos los consumidores, es lógico que se mantenga en esto. ¿Que alguien consigue eficiencia en el sistema, consigue
reducir costes? Claro que tiene que obtener un beneficio, pero por el mero hecho de agregarse nominalmente, es decir, de juntarse e irse a otra tarifa, mejor dicho, a otro peaje, sin que cambie el sistema y con los mismos costes del sistema, no es
más que decir: nosotros, que tenemos capacidad de agregarnos -y no todo el mundo tiene esa capacidad-, pagamos menos y, por tanto, otros tendrán que pagar más. Por eso no nos parece adecuado y cuando han preguntado por qué al Gobierno esto no le
parece adecuado, es por esta razón, porque es un truco, si quieren; es una estrategia, es una táctica de consumidor que, no cambiando en absoluto el sistema, no ganando nada el sistema, no reduciendo costes el sistema, no ganando eficiencias en el
sistema, lo único que se consigue es que unos consumidores a través de esto paguen menos y le trasladen la carga a otros que tendrán que pagar más, y no todo el mundo tiene la ventaja de agregarse; no es lo mismo un polígono industrial que
viviendas, por ejemplo, en una pequeña aldea, que no tiene esa capacidad de agregarse. Lo digo porque aquí no cambia nada; es, sencillamente, cómo trasladamos la carga.
También se nos ha planteado que por qué la subasta no la hemos hecho por territorios o que se beneficien todos los territorios. Precisamente por la neutralidad. No sé la posición de otros grupos; supongo que aquellos que tienen una
implantación mucho más territorial tienen una posición diferente a la del Gobierno, pero el Gobierno está sustentado por un partido con implantación en todos y cada uno de los municipios de nuestro país. Por tanto, si vamos a hacer energía
renovable, ¿por qué la tenemos que pagar más cara para que se reparta en todos los territorios? Que se asigne en los sitios donde son más competitivos, donde han ganado la subasta, donde consiguen unos precios mejores y que eso se reparta para el
conjunto de la economía nacional. ¿Por qué por repartirlo tenemos que pagarlo más caro y, por tanto, que suba la electricidad al conjunto de los españoles? ¿Sencillamente, porque así todos se quedan contentos? ¡Hombre!, vamos a hacer que todos se
queden contentos porque esto lo estamos haciendo al mínimo coste posible y, tal y como hemos hecho las subastas, con más competencia dentro del mercado y, por tanto, con mejores precios para todos; porque nosotros hacemos la política para todos y
cada uno de los consumidores de España, y eso es lo que ustedes tienen que entender. No me pueden pedir que beneficie a unos territorialmente, no me pueden pedir que beneficie a unos sectores o que beneficie a unos intereses de una tecnología en
concreto o un tipo de empresa determinada, porque la política que hace el ministerio es una política para todos y cada uno de los consumidores españoles, y no queremos ni aumentarles la carga ni que unos se beneficien a costa de los otros, que es el
mismo argumento que utilizo cuando el autoconsumo no es eficiente. Cuando el autoconsumo no es eficiente es porque traslada carga de unos consumidores a otros; sencillamente por esta razón, porque el autoconsumidor puede tener, no siempre, pero
puede tener una ventaja solamente por el hecho de que no aporte al sistema lo mismo que los demás. Esa es nuestra política en general. Me gusta que me hayan pedido los portavoces de Esquerra que explique la postura del Gobierno. Esta es la
nuestra. Se puede no compartir. Alguien puede decir: mire usted, yo quiero que esto se reparta por territorio, aunque nos salga más caro; yo quiero que esto se reparta entre otros consumidores, aunque a algunos les salga más caro. Esto es
legítimo, porque estamos en política y todos defendemos todo tipo de población y de intereses, pero la política del Gobierno es la defensa de todos y cada uno de los consumidores, independientemente de dónde vivan y a qué se dediquen.
Esto también tiene que ver con lo que se ha dicho del acuerdo con el PNV -luego volveré a lo que me han preguntado los representantes de Esquerra respecto al Castor-. El acuerdo del PNV es neutral, desde el punto de vista del sector. A mí
me llega, como ministro de Energía, un recurso de los Presupuestos Generales del Estado para hacer un apoyo a una determinada tarifa industrial. Ya me encantaría a mí recibir apoyos para todas las tarifas industriales; se lo digo con sinceridad.
Ya me encantaría a mí que una parte se trasladara al presupuesto; ahora, esto implica carga presupuestaria; esto implica impuestos. Entonces, se toma una decisión en el ámbito de la política presupuestaria con los recursos públicos que se tienen.
Con los impuestos que se recaudan se quiere dedicar un apoyo a una tarifa concreta; por supuesto porque hay un grupo político determinado que ha tenido ese interés. Me alegro; ya me gustaría que hubiese habido más intereses de este estilo, porque
me habría encontrado con más recursos en el sistema procedentes de los presupuestos para poder dar más apoyo a peajes industriales. ¡Claro que me habría podido encontrar con ese apoyo adicional!, pero ha ocurrido este en concreto y puede ser una
vía. También es verdad que vamos a tener que trabajar mucho para que esto se haga en un marco que cumpla toda la normativa europea, y ya les digo que no es fácil. Ahora bien, a mí me parece que como principio está muy bien. Podemos hacer mucho
tipo de política industrial; una parte puede ser así y, como se pueden ustedes imaginar, como ministro de Energía, no puedo estar más encantado de que vengan recursos del sistema tributario, que es al final de donde se recaudan, para apoyar la
política industrial de esta manera. Evidentemente, los acuerdos políticos se hacen como se hacen; se hacen apoyando y obteniendo cosas a cambio. Todos los que estamos en esta sala, sin duda ninguna, entendemos que la política funciona así; si
no, no entenderíamos cómo funciona la política.
Respecto al Castor, como ha habido varias preguntas al respecto, les voy a contar los costes. Lo digo porque en algún caso he visto hasta una doble contabilización. Los costes de construcción y desarrollo y almacenamiento fueron de 1461
millones de euros, más otros 253 de retribución financiera y puesta en marcha del mismo reconocido por la normativa. Esto hace un total de 1757 millones de euros, de los cuales se llevan ya abonados unos 406, por lo cual quedan 1300. Lo que no
pueden es contar dos veces la indemnización. Es decir, el capital se invirtió, se recupera, y ese es el coste total de la instalación. Luego si se emite deuda por valor de lo que se pagó, no me lo cuenten dos veces. Claro, es que si se paga se
tiene que hacer con cargo a algo; evidentemente, la emisión de deuda que se hizo por parte del sistema
gasista para pagar. O sea, no me pueden contar la deuda más la indemnización. No, se incurrió en la deuda precisamente para pagar la indemnización. Esto supone, dadas las anualidades, como le decía anteriormente, menos de 90 millones de
euros, incluyendo los costes de funcionamiento, frente a los doscientos y pico que habría costado el propio funcionamiento ordinario; es decir, estamos pagando bastante menos que si se hubiese puesto en marcha la instalación. Esto ya se está
repercutiendo desde hace tiempo, desde el año 2013, en el recibo del gas de todos los consumidores gasistas, porque es una instalación del sistema de gas; una instalación que, como he dicho antes, no ha servido para nada, estuvo mal concebida. En
su momento intentamos declarar la lesividad y no tener que pagar la indemnización por decir que el contrato -y el real decreto que lo sustentaba- no estaba de acuerdo con las obligaciones de derecho administrativo del Estado, pero el Tribunal
Supremo no lo apreció así. Por nuestra parte, en su día, más intento de tratar de corregir la situación no pudo haber.
En lo que se refiere a lo manifestado por parte del Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, si la Unión Europea ha planteado objetivos insuficientes, esto es un tema que ustedes pueden proponer perfectamente en el Parlamento Europeo.
Esto es un acuerdo a veintiocho -aunque iba a decir a veintisiete, porque tenemos a los británicos con un pie fuera, como ustedes bien saben-. Son consensos a nivel de toda la Unión Europea y algunos les pueden parecer mejor y otros peor, pero
nosotros trabajamos sobre los acuerdos que existen. Tampoco se está planteando por parte del Gobierno español rebajar los objetivos propuestos. Es más, en el caso de la eficiencia energética, que es la primera directiva que ha pasado a
negociación, hemos sido los primeros en apoyar la subida del 27 % al 30 %. Los demás van de uno en uno y los tenemos que negociar y ver cuánto va a tener que asumir cada uno. Esto es un proceso de negociación que va a ser difícil y lento. En el
tema de la eficiencia energética, que es bastante más obvio, porque yo creo que nadie está en contra de la eficiencia energética, porque es la mejor política energética con diferencia, pues consigue todos los objetivos a la vez, aun así hubo sus más
y sus menos en cuanto a la capacidad de los diferentes Estados miembros y su planteamiento.
El tema de los pagos por capacidad también ha salido con bastante frecuencia. Este es uno de los grandes problemas técnicos, pero no vamos a negar una cosa: lo que no podemos hacer es entrar en la discusión no real o ficticia de que
podemos prescindir de la energía térmica a día de hoy. Cuando tenemos una diferencia entre la demanda -a la que hay que acudir y satisfacerla porque, si no, lo que tenemos son apagones; eso lo tenemos claro- y la oferta no contaminante,
entendiendo como tal aquella que no emite CO2, ¿con qué cubrimos la diferencia? Sobre todo si tenemos una caída de energía renovable porque la meteorología no acompaña o si tenemos incrementos imprevistos de demanda, ¿con qué lo cubrimos? Hoy por
hoy la única manera de hacerlo es con energías térmicas, gas y carbón, y, por tanto, tienen que ser retribuidas, porque cada vez más están teniendo un papel de acudir a dar flexibilidad al sistema; cada vez se está utilizando menos la energía
térmica como base, desde luego ya no se utiliza, salvo en Alemania, pero el carbón emite mucho CO2, y se está utilizando en media punta y en punta, acudiendo a las necesidades de demanda y cubriendo el hueco térmico, que es la diferencia entre esa
demanda y esa oferta más o menos intermitente. Eso existe, tiene que estar disponible y hay que retribuirlo. Hay muchas propuestas: puede ser un sistema de energía solo, un energy only, o puede ser un sistema de pagos por capacidad. ¿Nos podemos
permitir el lujo de tener un sistema de energy only? Tiene dos inconvenientes -y lo digo porque técnicamente esto no está resuelto en ningún país; en ninguno se ha dicho cuál era la solución-: uno, se retribuye con fuertes puntas de precio, como
la que tuvimos en enero, y da una enorme volatilidad a los precios; dos, ni siquiera esa volatilidad garantiza el mantenimiento de las propias instalaciones y, además, solo es factible cuando tenemos como reserva un gran nivel de interconexión. Es
decir, no tienes que tener plantas ociosas porque la interconexión te permite librarte de ellas. El sistema de pagos por capacidad tiene el problema de que es menos competitivo, menos transparente -todos los inconvenientes también los conocemos-, y
tiene las ventajas de que si no tienes interconexión sí puedes tener capacidad de reserva -por cierto, Alemania, con gran capacidad de interconexión, ha establecido una capacidad de reserva específica para el carbón- y que los pagos por capacidad
evitan la retribución con puntas de precio; por tanto, una inestabilidad y una cierta incomodidad a los consumidores, no solo los industriales, sino también los domésticos. ¿Existe solución perfecta? No, esto lo tendremos que negociar. Ahora, yo
creo que demonizar los pagos por capacidad por definición, cuando todo el mundo está discutiendo a los niveles más técnicos y más políticos sobre qué hacer con el problema de la flexibilidad, me parece una posición por lo menos que no está
acometiendo el problema con la suficiente objetividad o imparcialidad en cuanto a las diferentes posturas y los problemas técnicos que se plantean.
En cuanto a eficiencia energética, ya lo dicho, el 30 % ha sido la posición del Gobierno. Cuando estamos hablando de subordinación de renovables a las interconexiones, que también lo he visto en algún otro lugar, yo no estoy de acuerdo con
que los españoles tengamos que aportar a la lucha contra el cambio climático un coste superior al resto de los europeos porque estamos interconectados. Otros pueden tener otra postura, pero yo no estoy de acuerdo con esa situación. A los
españoles, por el hecho de estar aislados, nos cuesta más luchar contra el cambio climático, porque tenemos unos costes superiores por falta de interconexión. Yo creo que esto debe ponerse de manifiesto y tenerse en cuenta en la negociación y en
nuestros niveles de ambición; lo digo con sinceridad. 1200 millones de euros al año es muchísimo dinero todos los años que podíamos habernos ahorrado porque tenemos que tener mucho más respaldo, unas redes mucho más densas y una gestión del
sistema mucho más complicada por el hecho de que no tenemos un nivel de interconexión suficiente. Yo creo que esto debe ser una base en nuestra negociación. Alguno dice: yo tengo tal deseo de aportar a la lucha contra el cambio climático, que no
me importa pagar más aunque tenga falta de interconexión. Es legítima esa postura, pero entiendan que la del Gobierno no es esa, la del Gobierno es que todos los españoles aportemos en igualdad de condiciones que los demás, no aportar más, que es
lo que, por cierto, nos ha ocurrido cuando se llegó a los acuerdos en el año 2009.
¿Por qué hay necesidad de infraestructuras? Aunque el coste de las infraestructuras es alto -estamos hablando de unos 1000 millones de euros por cada 1000 megavatios-, hay que ver lo que nos ahorra en el sistema. Solamente acercándonos a
los precios del resto de Europa, a ese núcleo central de Francia y Alemania, el ahorro que nos supone nos conlleva amortizar la infraestructura en un par de años o incluso en menos. El mayor nivel de competencia que supone esto en nuestro mercado
mayorista, solo la reducción de necesidades de redes y de coste de respaldo a las renovables nos genera tal nivel de beneficio, que es increíble el beneficio inmediato que obtenemos con las interconexiones y, además, lo compartimos con nuestro país
vecino. Esa es la discusión que estamos teniendo, qué parte pagamos cada uno y qué parte estamos pagando con fondos europeos, pero el beneficio es extraordinario, a unos precios increíbles. Para que nos hagamos una idea, habitualmente tenemos los
mismos precios que Italia y Reino Unido, mientras que Francia y Alemania pueden marcar unos precios del orden de 10 euros por debajo de nosotros. ¿Saben ustedes lo que es un pool que aproxime esos precios? Simplemente con que nos baje 1 o 2 euros
el precio del pool de media, tenemos una amortización rapidísima del coste de la infraestructura. Por eso también nos apoya la Comisión Europea en esta cuestión y por eso hay un trabajo intenso entre los distintos países implicados. Yo agradezco
al Gobierno francés que haga un trabajo político muy interesante sobre esta cuestión, aunque también me gustaría decir que eso se tiene que trasladar a todos los niveles técnicos.
También me han preguntado sobre el tercer paquete de la CNMC. Esto sí que me parece interesante. Aquí hay una discusión porque nosotros interpretamos la directiva de forma diferente que la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, que por supuesto está en su derecho de pedir más competencias. Todo lo que hemos estado hablando antes de cómo repartimos las tarifas entre consumidores domésticos e industriales y dentro de consumidores industriales y también qué tipo
de cargos debería haber a los diferentes niveles de tensión, que también se ha planteado, según la interpretación que hace la CNMC es una decisión que no tiene carácter político y es puramente de carácter técnico. Nosotros opinamos que es una parte
de decisión muy política. Cómo repartimos esos costes fijos del sistema entre los diferentes consumidores tiene muchísimo que ver con la política y con lo que estamos discutiendo en el día de hoy, que hemos tenido una importante discusión sobre
estas cuestiones, no solo sobre el acuerdo con el Grupo Vasco, sino sobre otras muchas materias. Por tanto, tiene que haber una dirección política del reparto de los costes fijos entre los diferentes agentes económicos. Otra cuestión es que esa
dirección política luego tenga una concreción técnica, como ocurre por ejemplo en Francia. En Francia existe esa dirección política. Nosotros no estamos a favor de que esto quede totalmente desapoderado de lo que se decida en esta Comisión, de lo
que se decida en el Pleno del Congreso, de las Cortes Generales y lo que sea la política energética del Gobierno. Esa es nuestra posición. Otros pueden pensar que no, que es una decisión meramente técnica y, evidentemente, si se deja a un criterio
puramente técnico, se hacen cuentas y entonces no estaríamos hablando de la 6.1B, como estamos hablando, ni de la tarifa 6.2 ni de cómo repartimos una cosa o la otra o qué hacemos con la estacionalidad de las tarifas, si ponemos o no, como nos decía
Esquerra, un cambio de potencia todos los meses o cada año como está ahora. Todo eso quedaría fuera de la discusión de esta Comisión y de la política energética
del Gobierno. Creo francamente que tenemos un papel fundamental en esta Cámara y en el Gobierno a la hora de definir esas cuestiones. Lo dejo ahí.
En cuanto al Castor, también se me ha dicho por parte del señor Vendrell que ha sido un despropósito, es verdad, y no voy a añadir mucho más. Se me ha preguntado aquí qué hacemos con el desmantelamiento. Acabamos de recibir un informe que
nos dice cómo están las cosas. Yo creo que en esto tenemos que ser muy rigurosos, muy pausados y tener mucha tranquilidad a la hora de tomar decisiones, porque además sabemos que el informe que ha hecho el MIT, entre comillas, era el fácil y ha
tardado dos años en hacerlo. Cómo se desmantela esto y qué efectos puede tener o no ex ante -porque luego te pones a hacer la operación y tiene que salir lo mejor posible porque si no tendríamos un problema, en eso todos estamos de acuerdo, y ese
todavía es más complejo-, creo que no hay que tener prisas políticas, no hay que buscar un titular o una declaración, hay que ser lo más pausado y sensato posible, por lo menos esa es la posición que tenemos desde el Gobierno.
Se me ha preguntado si he tenido relación con la zona. Sí, hablé con los alcaldes de los municipios más afectados y me agradecieron la información. Sabemos claramente que esto ha sido provocado -por lo menos es lo que nos dice el MIT y con
una probabilidad altísima tienen toda la razón- por la inyección de gas. El Gobierno del Partido Popular nunca dijo que esto no lo estaba produciendo la inyección de gas, lo hicieron las empresas, pero no el Gobierno del Partido Popular. Nosotros
siempre dijimos que había que ver lo que decían los informes técnicos, que era lo que realmente había ocurrido. A partir de ahí tenemos una depuración de responsabilidades en un juzgado, en el Juzgado de Vinaroz, y yo creo que eso hay que
respetarlo, es muy importante y se siguen prorrogando las diligencias porque el tema al parecer tiene una complejidad judicial muy grande. Todo lo que ha sido petición de colaboración al ministerio por parte de ese juzgado se ha prestado, y es lo
que mejor podemos estar haciendo y es donde yo creo que se deben depurar las responsabilidades. Que esto, desde luego, fue un error a mí no me cabe la menor duda, que nos ha costado una factura, como he contado anteriormente, todos los años también
es verdad y que eso se pasa al recibo del gas, que no tienen que volverse a hacer planteamientos ni proyectos de este tipo, por lo menos esa es nuestra postura, no tiene ningún sentido, y que cuando se cometen errores en política se generan costes,
es evidente. Nosotros hemos tratado de minimizar los costes financieros y de otro tipo. Cuando preguntan: ¿depuraron ustedes responsabilidades? Fíjese que nos fuimos a pedir la lesividad. Fuimos a decirle al Tribunal Supremo si podíamos
denunciar el real decreto y el contrato para no tener que pagar, y nos dijeron que no. ¿Que en determinadas circunstancias dejó una puerta abierta? Sí, señor Vendrell, usted lo ha dicho y tiene razón. ¿Qué se cree que hicimos con la Abogacía del
Estado durante meses? Los informes no nos avalaban, la sentencia del Supremo no nos permitía ir por esa vía adecuadamente bien. Hay que demostrar una negligencia, hay que demostrar un daño muy complicado de demostrar y los informes no nos
permitían hacerlo, porque si pedíamos la lesividad íbamos a por todas desde el principio. Al final, no viendo una salida por ese lado, optamos por cumplir con la sentencia de la manera que cumplimos, se recuperó el capital, se le pagó el dinero al
BEI, se recuperó el capital de la empresa y ya está. Hicimos una financiación de lo que teníamos que pagar a unos costes muchísimo más bajos de lo que se les había garantizado, porque ya el problema no era que tenían garantizado el capital, sino
que tenían garantizada una retribución extraordinaria, muy por encima de lo que se cobraba en ninguna otra actividad del sector gasístico, y eso sí que se dejó de cobrar. Eso sí que se dejó de cobrar.
En cuanto a la portavoz del Grupo Socialista, señora Lucio, le digo lo mismo sobre nuestra posición respecto al paquete de invierno. Nosotros sí que consideramos el tema de la interconexión de la misma manera que he dicho anteriormente, es
básico, es que nos coloca en desventaja y nos genera costes adicionales. Por tanto, nuestro grado de cumplimiento tiene que ser equivalente en términos económicos al resto de los países europeos, no hacer más. Ya saben que no me gusta hablar del
pasado, pero es que el acuerdo de 2009 es: España aporta más que otros países y a un coste mayor, y encima precipitadamente. Nos ha costado en el recibo de la luz un 30 % adicional de lo que tendríamos que estar pagando y no me parece razonable.
Si me preguntan cuál es la prioridad del Gobierno, les diré que cumplir con nuestros objetivos, con nuestros compromisos, pero al menor coste posible. Me dicen que siempre estoy hablando del coste, que siempre estoy hablando del precio de la
electricidad, que siempre estoy hablando de cuánto paga una familia o una empresa el kilovatio/hora. Pues sí, sí, lo reconozco. Es la prioridad número uno del Gobierno, dado el alto coste de la electricidad que tenemos en nuestro país, que,
afortunadamente, va convergiendo con el resto de países europeos, pero todavía es alto, es caro. Me dicen que todo lo supedito a eso. Sí, se me puede acusar de eso; reconozco que lo supedito todo a que las familias y las empresas españolas paguen
lo menos posible de electricidad. Eso es verdad y no entran otro tipo de consideraciones.
Una vez que cumplamos con nuestros objetivos, una vez que todo quede como lo estamos haciendo, llegando al 20 % con las subastas de renovables, lo demás lo supeditamos a esto. Por eso hemos hecho las subvenciones como las hemos hecho.
También me han preguntado por las interconexiones y creo que con esto he contestado.
Respecto a la rentabilidad razonable, que me han planteado algunos grupos parlamentarios, no es objeto de esta comparecencia, pero les digo una cosa. Ustedes pueden pensar que no se debe aplicar la norma tal y como está y no ligar como está
ligado en la norma la retribución de las actividades reguladas al bono del Tesoro. Esto supondría que no les va a bajar la electricidad a todos y cada uno de los consumidores españoles entre un 5 y un 10 %. Es una opción política que reconozco.
Alguien puede decir: yo quiero que se mantenga la retribución a esas actividades reguladas -por cierto, incluye la distribución de las grandes eléctricas más el transporte de Red Eléctrica- y hacer un cambio normativo para que dicho cambio no
suponga ese cambio de retribución a las actividades reguladas. Lo pueden plantear, pero nuestra postura, dado que está en la ley y todo el mundo conoce las reglas del juego, es que en su día baje entre un 5 y un 10 % el recibo de la electricidad de
todos y cada uno de los consumidores españoles. Pueden tener una postura contraria a la del Gobierno -lo comprendo- y pueden tener otros objetivos de política energética, pero el mío es que baje esa electricidad entre un 5 y un 10 %, según el tipo
de consumidor, a todos los consumidores españoles. Esto es abierto, cada uno puede tener su opinión, pero que sepan que la del Gobierno es esta.
Me ha dicho usted que tengo una política antirrenovable con 6000 megavatios de subasta este año. Pues si llega a ser renovable, no sé cuánto cree que tendríamos que haber hecho. Y lo mismo pasa con el tema territorial. Dice que hemos ido
al dictado de Galicia. Pues sus compañeros de Aragón están encantados. Ya sabemos cómo es esto, que nunca llueve a gusto de todos. En unos territorios les ha ido mejor y en otros no les ha ido tan bien y por eso se han hecho más subastas. ¿Por
qué hemos hecho más subastas? Porque hemos visto que había posibilidad, porque se puede llegar a mucho más, se puede hacer muchísimo más.
Me pregunta por qué no hacemos biomasa. Le doy una razón. El megavatio/hora en el mercado está entre 40 y 50 euros y la biomasa como mínimo sale a 120 o 130 euros. Nuevamente, hagamos biomasa y subamos el recibo de la luz. Uno puede
entender que esa sea una política. Me interesa mucho que haya biomasa, pero subimos el recibo de la luz. Una comunidad autónoma me hizo una propuesta que suponía básicamente una subida de medio punto del recibo de la luz, una subida de peajes del
1 % que se trasladaba al consumidor en el entorno del medio punto en el precio final. Bueno, uno puede hacer biomasa y subir medio punto el recibo de la luz. Es una opción. ¿Qué estamos haciendo? Otro tipo de actuación. Pongamos fondos europeos
-que hasta ahora se ha puesto muy poquito de esto- y que las comunidades autónomas también aporten recursos. Ahora que hemos tenido un terrible incendio en Huelva, si hacemos una biomasa basada en la recogida de leña y lo trasladamos todo al recibo
de la luz es una subida importante. Ahora bien, si parte lo pone la gestión de bosques de las comunidades autónomas, parte los fondos europeos y parte el sistema, entonces no se genera esta subida. Hagamos gestión inteligente de esta cuestión y no
lo que se me pide siempre; como ministro de Energía se me pide y entiendo que se haga: ayúdeme a limpiar los bosques y todo el coste trasládelo al recibo de la luz. Es una opción política y la entiendo, pero para mí el objetivo número uno es que
no suba el recibo de la luz. Alguien puede pensar que se pague entera, con precio de electricidad, la limpieza de los bosques. Yo creo que debemos colaborar todos para que eso no vaya a repercutir entero al consumidor.
Me ha hablado antes de externalidades positivas. Cuando se da una subvención a un sector -ha hablado de biomasa o de termosolar- me cuenta los empleos que se crean con esto, pero no me cuenta cuántos empleos se destruyen por pérdida de
competitividad industrial si subimos el recibo de la luz. Ese es el análisis macroeconómico, no el análisis parcial de lo que le interesa a un sector. Sabemos que la subida de la electricidad cuesta puestos de trabajo y lo vemos todos los días.
¿Sabe por qué? Porque tanto ustedes como yo estamos recibiendo todos los días a sectores electrointensivos que dicen que cierran tal o cual planta porque no somos competitivos con otros países en el coste de la electricidad. Si no somos
competitivos ahora se debe a decisiones políticas anteriores por las que hemos ido acumulando costes en el sistema, que quedan muy bonitos, que los decidimos hoy y tienen impacto dentro de tres o cuatro años. Mi política podría ser mucho más fácil.
Les podría decir sí a casi todo lo que ustedes me dicen, llenar de costes el sistema y, como tardan un tiempo en repercutir, dentro de tres o cuatro años el que se sentara aquí a comparecer tendría que explicar por qué ha subido tanto la
electricidad. Pero yo no
voy a hacer esa política; no la voy a hacer ni ahora ni nunca, porque tengo muy claro que hay empleos y salarios que se pierden por hacer cosas que no son las adecuadas con la política energética. (Aplausos).
Con el Grupo Parlamentario Ciudadanos compartimos la necesidad de las interconexiones. Sobre el tema de rentabilidad razonable ya he respondido. Nosotros estamos a favor de que eso produzca una rebaja sustancial del recibo de la
electricidad a todos los españoles. Respecto al tema de la generación distribuida, utilizo el mismo argumento que he dicho anteriormente. Como en todo, tenemos que hacer algo sensato que no sea sencillamente que agrupaciones nominales que no
signifiquen nada, salvo el hecho de que una serie de consumidores se suman y que no cambia nada el sistema, lo único que implica es que paguen menos. Sin embargo, sí tenemos que fomentar sistemas más eficientes de producción y de distribución
cuando, por ejemplo, se vayan a crear nuevos. Esto tiene mucho que ver con el coche eléctrico. Aquí la directiva es tremendamente inflexible, aunque he pedido que se pueda modificar. Ya que estamos en la negociación del paquete de invierno, vamos
a ver si las enmiendas nos dan una cierta capacidad para que pueda haber una mayor flexibilidad en generación distribuida o directamente en distribución para ayuntamientos, centros comerciales y otros sitios similares. Ya les digo que estamos
trabajando en una normativa que vaya mejor, así como en una normativa en la que el autoconsumo tenga mayores facilidades pero no le cueste al resto de los consumidores.
El tema de la minería del carbón no es objeto de esta comparecencia, porque, como usted sabe, no está dentro del paquete de invierno la aplicación de la decisión de 2010 y las demás cuestiones al respecto, pero le digo una cosa. Yo tendría
cuidado con los pagos de capacidad por el carbón; primero, por lo que les he dicho. Creo que el carbón es necesario en nuestro sistema porque nos evita las puntas, sobre todo en invierno, que es cuando tenemos más compra de gas de todos los países
a la vez y los precios suben mucho más. Nos evita puntas excesivas de precios, como ya se demostró a principios de este año. Nos diversifica, porque las fuentes de energía que no dependen de nosotros -aunque tengamos carbón nacional, el precio es
internacional y lo mismo pasa con el gas- van variando. Una prudencia financiera, como todo en la vida, es tener diversificadas las fuentes de energía siempre. Como dependemos de las térmicas -como decía anteriormente, no existe una tecnología que
nos haya permitido dar flexibilidad al sistema sin las térmicas-, me gusta tener todo tipo de térmicas en el sistema, porque diversifica riesgos y nos ayuda a eliminar puntas. Por tanto, la idea de no aplicar pagos por capacidad al carbón solamente
por motivos medioambientales, como hay ciertas propuestas en la Comisión Europea, no tiene en cuenta los efectos de seguridad -tanto energética como económica- en precios y diversificación, y no tiene en cuenta la necesidad de tener un sistema
suficientemente amplio y con capacidad de respuesta en ciertos momentos; porque, claro, luego echas de menos ese carbón cuando realmente lo has cerrado y te encuentras en una situación complicada, en una punta de invierno. Por eso, está muy bien
hacer un anuncio ahora -y no lo digo por ustedes, sino porque ha habido propuestas de este estilo dentro de la Unión Europea- y decir que queremos que desaparezca el carbón, pero el día que necesitemos ese carbón en un momento crítico -por una punta
de invierno, una ola de frío muy fuerte, una presión en los hidrocarburos, un embargo en una zona geoestratégica enormemente insensible para el precio del gas- lo echaremos de menos. Son decisiones que si cierras ahora, ya no las vuelves a abrir.
Por eso, creo que en la política energética en estos aspectos hay que ser tremendamente prudentes.
Me ha preguntado sobre la subasta. Ya le digo que soy neutral entre las diferentes tecnologías. Usted me ha hablado del interés del sector de la fotovoltaica, que es algo que habitualmente nos dice. Por eso hemos hecho una segunda
subasta, porque vemos que hay un hueco para esa tecnología y para las demás. Me ha preguntado cuál hubiera sido el criterio de desempate, el alternativo. Nosotros hemos dicho que en caso de empate a precio el que más energía aporte, es un criterio
lógico, yo creo, porque tenemos que ir a conseguir un 20 % de energía. Claro que no le conviene a unos, eso es verdad, pero puestos a buscar un criterio neutral que tenga una lógica respecto al objetivo buscado, dijimos que el que más energía
aporte y lo vamos a mantener porque el objetivo es llegar a ese 20 %. Como usted sabe hay hueco por lo que en próximas subastas se van a agotar las posibilidades de determinadas energías, como la eólica que ha obtenido una asignación muy
mayoritaria. También ha entrado alguna parte de fotovoltaica, igual que otras. ¿Por qué ha desaparecido la tercera tecnología? Esto también me lo han preguntado. Porque se agotó toda la oferta, se instaló entera, por lo que ya sabemos que no va
a haber oferta y con una subasta tan inmediata bastaba con las otras dos. Aparte de que la Comisión Europea nos ha pedido un mayor ajuste en precios y estas tecnologías no entraban ya con este mayor ajuste. Si vamos a poner un suelo más bajo,
estas tecnologías alternativas eólica y fotovoltaica no entraban y además teníamos
que encajar lo que nos estaba proponiendo la Comisión Europea. Respecto al Castor le he respondido con lo que he dicho para el resto de los intervinientes.
Portavoz del PNV, de pagos por capacidad ya hemos hablado y también sobre el carbón. Sobre el modelo de transición energética ya saben ustedes que tengo toda la intención del mundo de contar con los grupos parlamentarios para hacer una
comisión de expertos, que en breve tendremos el acuerdo de Consejo de Ministros. Respecto a las subastas y si va a haber una burbuja -esto también me lo han preguntado-, hemos pedido garantías muy fuertes, fianzas muy fuertes. El que haya recibido
una asignación y no construya el parque va a perder mucho dinero. Supongo que nadie hace este tipo de actuaciones para perder dinero porque, francamente, las fianzas son mucho mayores que las que se habían pedido en ocasiones anteriores para,
precisamente, recibir solo ofertas de gente que va en serio. Si algún parque no se realiza, va a perder su garantía, que es enormemente costosa. Hemos hecho así las cosas para evitar ese efecto de burbuja o de presión. Luego ya veremos qué
ocurre, porque también los agentes privados que acuden a este tipo de subastas tienen que saber con qué cuentan y con qué no cuentan.
Por último, contestaré a la intervención de los dos portavoces del PDeCAT. Sobre la tarifa 6.1B ya se lo he dicho, estoy encantado de que haya negociaciones políticas de estas características. El sistema no pone un solo euro y yo recibo un
apoyo para una determinada tarifa, en este caso un peaje industrial, pues lo aplico encantado. Ya quisiera yo que hubiera más de esto. Evidentemente, hay una restricción presupuestaria, de los impuestos que se levantan todos los días unos sirven
para unas cosas y otros sirven para otras. Me dice: ¿No hay diputados de otras formaciones políticas en Cataluña? Claro que los hay y creo que han hecho mucho en ese presupuesto a favor de Cataluña. Lo que ustedes me proponen ha sido
directamente una reacción. (Rumores). Permítanme que se lo diga, una reacción. Si no hubiese habido el acuerdo con el PNV nadie habría estado reclamando otra cuestión; esto no viene de antes, sino que viene justo de manera inmediata. Me parece
bien, como opción política es razonable y lógica. Ustedes estaban acostumbrados a funcionar de otra manera, es verdad, siempre ha sido relativamente fácil el apoyo a la política industrial con ustedes y llegar a acuerdos de estas características.
Ahora están ustedes en circunstancias diferentes, no sé si les gustan o no, yo creo que no son buenas para nadie, pero evidentemente ustedes tienen que hacer su papel, lo reconozco, son posiciones políticas perfectamente defendibles. Ahora, esto es
muy fácil de explicar. Si entras en un acuerdo sesgas la política presupuestaria hacia los intereses que estás defendiendo, si no entras en ese acuerdo no la sesgas. Me está mirando la portavoz de Ciudadanos porque sabe perfectamente que, al haber
un apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, una gran cantidad de elementos del acuerdo, de sus planteamientos, se han introducido. Este es el juego político y lo sabemos todos. Respecto a lo que me han planteado de Castor, yo prefiero
decirlo en castellano, es castor, es el animalito (Risas), lo digo porque es como se ha llamado toda la vida esa falla. Si alguien quiere decirlo en otro idioma puede hacerlo, pero es Castor.
Creo que he respondido adecuadamente a lo que me han planteado y si no, encantado de hacerles alguna otra aclaración. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Antes de concluir, quiero señalar que también damos por sustanciada la petición de comparecencia del Grupo Socialista 493 por ser similar a la 460 del Grupo de Esquerra Republicana.
Si sus señorías lo tienen a bien y habiendo sustanciado todas las comparecencias, se levanta la sesión. Muchas gracias.
Eran las ocho y treinta minutos de la noche.