CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 273

ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ARTURO GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ

Sesión núm. 13

celebrada el martes,

27 de junio de 2017

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


- Sobre la modificación de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000877) ... (Página2)


- Relativa al proceso de absorción del Banco Popular Español, S. A. y su filial, el Banco Pastor, por parte del Banco Santander, S. A. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de
expediente 161/001987) ... (Página7)


- Relativa a facilitar la evaluación y promoción del personal investigador de los distintos organismos públicos de investigación. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001289) ... href='#(Página14)'>(Página14)


- Sobre la reparación del dinero republicano incautado según el ordenamiento franquista. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 161/001789) ... (Página19)


- Sobre medidas para garantizar una verdadera 'segunda oportunidad' a las familias y deudores en situación de insolvencia. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/000928) ... href='#(Página24)'>(Página24)


- Relativa a la calificación como sector estratégico del sector agroalimentario. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001994) ... (Página28)

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Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/2004, DE 21 DE DICIEMBRE, DE HORARIOS COMERCIALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000877).


El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Comienza la sesión convocada para el día de hoy.


Permítanme hacer unas pequeñas observaciones. Según me comunican, hay un ligero cambio en el orden del día, y es que la proposición que figura como número 2 del orden del día se debatirá en quinto lugar, y la que figura en quinto lugar pasa
al segundo. La proposición número 2, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, es sobre medidas para garantizar una verdadera segunda oportunidad a las familias, y la número 5, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, es sobre el proceso de absorción del Banco Popular. El resto se mantiene en el orden previsto.


¿Están de acuerdo? (Asentimiento.)


Segunda cuestión. Habida cuenta de que hoy hay convocadas una serie de comisiones y de actos convocados, ruego a todos los portavoces que intervengan que sean lo más escuetos posible. Tendrán diez minutos para la presentación de las
proposiciones y cinco minutos para la defensa de enmiendas y fijación de posiciones. De esta manera, creo que podremos terminar la Comisión a una hora que les venga bien a todas sus señorías.


Comenzamos con el debate de las proposiciones. En primer lugar se tratará la presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la modificación de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales.


Para su defensa, tiene la palabra la señora Sorlí.


La señora SORLÍ FRESQUET: Gracias, señor presidente.


Presentamos hoy esta iniciativa pretendiendo que se reviertan todos los cambios y modificaciones que se han hecho, porque esta crisis ha servido como excusa para implantar un modelo productivo liberal, para invadir competencias autonómicas y
municipales y para eliminar los derechos laborales de las trabajadoras y de los trabajadores. Pensamos, como hemos dicho, que esta crisis ha valido como excusa para ayudar a las grandes empresas a implantar sus modelos, para convertir nuestras
ciudades en centros comerciales y para atacar directamente al pequeño comercio, que es el modelo productivo imperante en la mayoría de los municipios. También ha servicio, repito, para invadir competencias autonómicas, imponiendo medidas que hasta
el momento estaban reconocidas a otras instituciones, para intentar suprimir la autonomía de algunas de las instituciones en las decisiones que les son propias, así como para acabar asfixiando económicamente a ayuntamientos y autonomías para que no
tengan opción de decidir qué es más beneficioso para sus territorios.


Pero lo más importante es que el desarrollo legislativo posterior de esta Ley 1/2004 lo que ha conseguido ha sido eliminar derechos laborales, que poco a poco los trabajadores y las trabajadoras se vean abocados a trabajar cada vez más
horas, cada vez por menos dinero y a tener peores condiciones laborales, gracias a unas reformas laborales totalmente injustas. También elimina la posibilidad de todos los trabajadores y trabajadoras de conciliar, de poder tener una vida personal,
una vida familiar y una vida laboral plena. Lo que ha conseguido esta ley que impone unos horarios comerciales totalmente liberalizados ha sido que la gente viva para trabajar y no trabaje para vivir.


Presentamos esta iniciativa con la intención de que se modifique el apartado 5 del artículo 5 de la Ley 1/2004 con la voluntad expresa de que sean los ayuntamientos y las autonomías otra vez quienes decidan cuáles son las zonas de gran
afluencia turística que tendrán unos horarios comerciales mucho más amplios. Queremos que se modifiquen esas rebajas que constantemente nos hemos encontrado en las últimas legislaciones, porque en 2012 pasaron a ser las ciudades de 20 000
habitantes las que tenían obligatoriedad de tener zonas de gran afluencia turística, y por tanto de tener horarios comerciales mucho más liberalizados, y en 2014 fueron las de 100 000 habitantes. Al final, lo que esto genera es que los pequeños
comercios que no pueden soportar esos horarios comerciales liberalizados, que no pueden abrir todos los festivos, todos los domingos y que no pueden tener una plantilla tan amplia como la de las grandes superficies, poco a poco vayan desapareciendo
de nuestras ciudades y del tejido productivo de

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la pequeña y mediana empresa que tanto caracteriza muchas de las zonas y muchos de los territorios, en especial el País Valencià, que es al que yo represento. Queremos que se elimine esta total libertad para abrir los festivos porque se
está confundiendo libertad con libre comercio, libertad con modelo productivo liberal. Queremos que se proteja de manera clara a los comercios más pequeños que están ubicados en el centro de los municipios y que no se apoye tanto a las grandes
empresas, porque entendemos que los turistas, que es para quienes está enfocada esta medida, no buscan centros comerciales, grandes superficies, sino que buscan lo genuino de la zona, el encanto y la diferencia.


Por eso, sin extenderme más, les pido que valoren esta PNL de manera positiva, entendiendo que es una apuesta clara por mantener esas grandes superficies que no tienen problemas para abrir los domingos y festivos, pero también para dar
oportunidad al pequeño comercio, a que la gente pueda seguir teniendo abiertas esas pequeñas tiendas y que sean rentables. Pedimos que voten a favor de esta PNL, pensando, como decía, en ese pequeño comercio, en ese zapatero o en esa frutera que
tenemos en todas las grandes ciudades, en que queremos municipios con encanto, pero que eso es contradictorio con los grandes centros comerciales y con las grandes superficies. Queremos un turismo que no busque más de lo mismo, sino la esencia, las
ciudades genuinas, el encanto. Para ello tenemos que preservar el pequeño comercio, las tiendas que hacen especiales a los municipios, también tenemos que preservar la tradición y la especialidad de nuestras ciudades, que es lo que realmente atrae
un turismo de calidad y mucho más respetuoso con nuestro entorno.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sorlí.


Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a esta proposición no de ley, tiene la palabra la señora Botella.


La señora BOTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Efectivamente, la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, que se aprobó en la etapa del Gobierno socialista, en su redacción original era respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas. El artículo 5.5, que la
proposición de Compromìs solicita que se modifique, decía textualmente que la determinación de zonas turísticas, así como los periodos a los que se circunscribe la aplicación de la libertad de apertura en las mismas, corresponderá a cada comunidad
autónoma para su respectivo ámbito territorial. Es decir, recogía el marco de apertura comercial con carácter general para toda España, pero dejaba que fueran las comunidades autónomas, de acuerdo con los municipios, las que regularan el carácter
particular de esos horarios.


Los decretos liberalizadores del Partido Popular en su etapa de mayoría absoluta, a partir del año 2012, supusieron sucesivas modificaciones de la normativa vigente, hasta el punto de que se han hecho, como mínimo, tres modificaciones
sustanciales a la Ley 1/2004, dos reales decretos y, por último, la ley de 2014, de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Hay que recordar que cinco años después de este decreto liberalizador, que fue transversal
y que impulsó muchas modificaciones en determinados preceptos de la economía española, hay que hacer una valoración reposada de lo que ha puesto. Creemos que esa es la bondad de la proposición no de ley que presenta Compromís. A la luz de las
nuevas tendencias, hay que revisar los nuevos estilos de vida, los derechos de los consumidores y de los trabajadores, cuál es el modelo comercial que debe imperar en este país.


Independientemente de lo que pueda ser el carácter jurídico de la norma, en la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista lo que propugnamos es que se dé un impulso político a ese cambio de modelo e instamos al Gobierno desde este
Congreso a que modifique el artículo 5 y que vuelva al espíritu del año 2004, para que en el marco del diálogo de las comunidades autónomas con los municipios sea donde se regule esa determinación de qué municipios pueden ser declarados zonas de
gran afluencia turística.


Hay que recordar que la modificación que impuso el Partido Popular era absolutamente taxativa, era como una especie de caballo de Troya que entraba en el dominio de las comunidades autónomas y había un imperativo categórico por el cual, a
partir de que ciertos municipios tuvieran un determinado número de pernoctaciones, población y número de visitantes cruceristas, automáticamente tenían que tener al menos una zona de gran afluencia turística con libertad horaria total. Esa
modificación era tan imperativa que si en seis meses no se declaraba por el municipio, con la aprobación de la correspondiente comunidad autónoma, que es la autoridad competente, cuál era la zona, todo el municipio quedaba declarado como zona de
gran afluencia turística.

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Es verdad que las autoridades, tanto el Tribunal Constitucional, como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y posteriormente la Ley de Garantía de Unidad del Mercado, han ido rechazando restricciones a ese marco tan
liberalizador, pero también es cierto que, como decíamos, a la luz de las consecuencias que eso está teniendo sobre la vida de los más afectados, que han sido los trabajadores de las grandes empresas comerciales, de las grandes superficies y también
del pequeño comercio, hay que valorar cuáles son los resultados y si realmente hay un beneficio económico, hay competitividad en las pequeñas y medianas empresas y el crecimiento que se pretendía en el empleo.


En cualquier caso, el Grupo Socialista cree -esta es una reflexión- que será positivo levantar el pie de ese acelerador ultraliberalizador e invasivo de las competencias, pero también que en pleno siglo XXI la solución no es volver a una ley
del año 2013, sino que tenemos que mirar hacia el futuro e ir pensando en nuevas regulaciones. Todos los poderes legislativos, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, deben apoyar lo que pueden ser los nuevos estilos y la nueva
ordenación del comercio -esa es la clave-, pero basado en los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos. No hay que olvidar que ahora mismo el gran reto europeo es el mercado único digital, que la economía digital está llamando a nuestras
puertas. Por tanto, centrar el debate únicamente en el tema de los horarios comerciales sería restrictivo, y buena prueba de ello es que tenemos que hacerlo cuando la economía española -esta es una responsabilidad del Gobierno- no está liderando y
empujando por donde debiera, que es el progreso, el futuro, el dinamismo comercial y la gestión de la innovación comercial.


Nuestra enmienda va en el sentido de levantar el pie en algo que consideramos que es una competencia invasiva de la regulación de las zonas de gran afluencia turística en las comunidades autónomas para que se acuerde con los municipios y así
atender a los derechos de los trabajadores, respetando los nuevos estilos de vida de los ciudadanos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Botella.


Para consumir un turno de fijación de posiciones, siguiendo el orden tradicional en esta Comisión, de menor a mayor, por el Grupo Vasco tiene la palabra la señora Sagastizabal.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, señor presidente.


En Euskadi hemos declarado tres zonas de gran afluencia turística, una en Bilbao y dos en Donosti. También consideramos que la ley estatal invade nuestras competencias; de hecho, se recurrió al Tribunal Constitucional, petición que no ha
sido atendida. Entendemos que la liberalización de horarios y periodos puede perjudicar al pequeño o mediano comercio, a trabajadores e incluso a consumidores. Para el pequeño y mediano comercio tener que abrir más horas y más días para competir
con los grandes supone más esfuerzo, pero a lo mejor no más rentabilidad. Con la flexibilización de horarios, los trabajadores pueden ver más precarizadas sus condiciones laborales. La bajada del pequeño y mediano comercio a favor de las grandes
cadenas puede llevar a la homogeneización de productos, con que quizá se reduzca la diversidad de la oferta.


Dicho esto, entendemos que la reforma llevada a cabo por el Estado, si bien se mantiene la competencia en las comunidades autónomas para que los ayuntamientos propongan la declaración de zonas de gran afluencia turística, introduce como
legislación básica las circunstancias que deben concurrir, detallándolas exhaustivamente, para calificar a las mismas, así como los criterios y umbrales para determinar los municipios en los que procede dicha declaración. El Estado también se ha
reservado la facultad para revisar, por razones de política económica, los citados umbrales.


Entendemos que el criterio que venía a confirmar la capacidad de las comunidades autónomas para precisar las zonas de gran afluencia no ha sido atendido con la nueva regulación del Estado, toda vez que esta capacidad se ha transformado en
una labor de detalle, de pormenorización o, si se quiere, de mera aplicación de los criterios y circunstancias explicados exhaustivamente por el Estado, privando a aquellas de margen para llevar a cabo su propia política pública en materia de
horarios comerciales. También creemos que todas las modificaciones pueden ser contrarias a la doctrina del Tribunal Constitucional que reiteradamente ha manifestado que el Estado, en el ejercicio de sus competencias básicas, no puede agotar la
regulación de una determinada materia, dejando sin margen normativo propio a las comunidades autónomas con competencia en la materia.


Por esa razón, vamos a apoyar esta proposición no de ley, aunque vamos a esperar a ver si hay alguna transaccional con el Grupo Socialista.


Muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor De la Torre.


El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, Ciudadanos es partidario del fomento del comercio y, en general, de la libertad del comercio. Obviamente, este es un planteamiento ideológico de los que nos definimos como liberales, pero independientemente de esto, en la única
zona donde se ha aplicado en España la libertad de horarios, que es la Comunidad de Madrid, el estudio de Analistas Financieros Internacionales considera que ha supuesto un aumento del 1 % del producto interior bruto, 2682 millones, un aumento de la
recaudación fiscal de 1107 millones y la creación de 15 500 empleos en el sector minorista.


No obstante, lo que discute la propuesta de Compromís, que no compartimos, son los establecimientos con régimen especial de horarios del artículo 5 del decreto ley. Este régimen especial de horarios afecta a las tiendas de conveniencia y a
aquellos espacios de menos de 500 metros cuadrados. Por tanto, en primer lugar, no estamos hablando de grandes superficies y, en segundo lugar, afecta a la cuestión de los municipios turísticos. Si bien se puede discutir que en un municipio si el
cliente habitual si no compra a una hora acabará -entre comillas- acostumbrándose y comprará a otra, cuando estamos hablando de turismo o existe una oferta turística a la hora a la que el turista quiere consumir o sencillamente se acabarán perdiendo
estas ventas. De hecho, pese a que España es uno de los países más turísticos del mundo, en el turismo de compras no es muy competitivo. Consideramos que la regulación es correcta, pero que se tienen que establecer unos parámetros objetivos de lo
que se considera una zona de gran afluencia turística, porque ello redundará en beneficio tanto del pequeño comercio como del turismo y que España debe incrementar el gasto por turista y atraer a turistas de calidad, por ejemplo, al de compras.


Ciudadanos no comparte esta propuesta y nos parece correcta la redacción actual del artículo 5 de la Ley 1/2004, de Horarios Comerciales. Votaremos en contra por considerar que es fundamental la promoción del comercio, pero que esto no se
logra imponiéndole mayores restricciones, especialmente al comercio minorista, que actualmente tiene menos que las grandes superficies.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De la Torre.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor González.


El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente. Mi grupo parlamentario apoya esta proposición no de ley por varios motivos. En primer lugar, porque la regulación que propone modificar la Ley 1/2004, de Horarios Comerciales,
así como sus posteriores reformas, supone una injerencia injustificada en las competencias autonómicas y municipales. Esta ley convierte en imperativa la declaración de al menos una zona de gran afluencia turística para los municipios en los que
concurren las circunstancias establecidas en el apartado 4 del artículo 5. Además, el apartado 5 de ese mismo artículo establece que en el caso de municipios de más de 10 000 habitantes y más de 600 000 pernoctaciones al año o con puertos con más
de 400 000 pasajeros se entenderá declarada la totalidad del municipio como zona de gran afluencia turística si en el plazo de seis meses a partir de la publicación de esos datos las comunidades autónomas competentes no hubieran declarado alguna.
También fija un mínimo de horas de apertura comercial a la semana, un número de domingos y festivos abiertos al año, lo que supone dieciséis domingos, que se pueden reducir a diez, pero teniendo que cumplir una serie de criterios impuestos a nivel
estatal. Por tanto, continúa esta injerencia en las competencias autonómicas.


En segundo lugar, las consecuencias de la libertad de horarios comerciales sobre las condiciones laborales y la estructuración del sector comercial y de la hostelería son sumamente negativas. En general, dicha libertad está provocando la
destrucción del empleo de mayor estabilidad, sustituyéndolo por empleo precario y a tiempo parcial, así como la desintegración del tejido comercial tradicional, fomentando la preeminencia de las grandes superficies en las pautas de consumo
familiares. Respecto a las condiciones laborales, la legislación vigente supone en la práctica un mecanismo de reestructuración de las condiciones de trabajo del sector del comercio y de la hostelería, que además está siendo implantado en un
contexto en el que, gracias a las últimas reformas laborales, las empresas disponen de un gran margen de discrecionalidad para llevar a cabo modificaciones en horarios, turnos, días de descanso, etcétera, lo que está suponiendo una pérdida de
atractivo de los sectores del comercio y de la hostelería como opción profesional entre trabajadores de mayor formación. Además, el evidente efecto perjudicial que esa

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modificación de las condiciones de trabajo tiene sobre la capacidad de conciliar vida familiar y laboral, pone en situación de especial desventaja a las trabajadoras de este sector, que debido a la mayor carga de trabajo y cuidados que
soportan pueden verse obligadas a renunciar a empleos cuyos horarios no resulten compatibles con dicho trabajo.


Por lo que se refiere a la reorganización del sector, la legislación vigente está suponiendo un importante obstáculo para la supervivencia del comercio de proximidad, que no tiene capacidad real de competir en un contexto de libertad de
horarios. Hay que tener en cuenta que la urgencia con la que se ha desarrollado esta legislación durante los últimos años ha impuesto una necesidad de adaptación al conjunto del sector, frente a la cual el comercio minorista apenas ha tenido
capacidad de reacción. De esta manera, el sector está sufriendo una creciente concentración, con un mayor poder de mercado para las grandes superficies, perjudicando a los consumidores. Esto también va tener un efecto negativo sobre los precios,
debido a que, a pesar de lo que habitualmente se argumenta, la normativa está reduciendo estos precios sin ampliar de facto la competencia en el sector; más aún, la actual legislación está fomentando una nociva modificación de los hábitos de compra
que contribuye, al mismo tiempo, al desarrollo de un modelo de ciudad insostenible social y medioambientalmente. De este modo, diversos organismos y actores sociales se han posicionado ya en contra de dicha legislación que permite la libertad de
horarios comerciales. Entre otros organismos, el Consejo Económico y Social vasco se declaró en contra de la mayor liberalización de horarios y días de apertura de los establecimientos comerciales, ya que, según afirma en su dictamen 12/2014, es
discutible su impacto positivo en el consumo y en la creación de empleo. Del mismo modo, decenas de organizaciones empresariales, sindicales y de consumidores presentaron un escrito en la Asamblea de Madrid oponiéndose a la ley de desarrollo de la
normativa estatal aprobada por la Comunidad de Madrid, en el que afirman que la desregulación de horarios no contribuye por sí sola a la creación de empleo y al incremento, con carácter general, de las ventas. La inmensa mayoría de los agentes
sociales del sector están en contra de dicha desregulación, ya que la mayoría de los consumidores madrileños apoya un sistema de regulación de horarios.


Por último, hay que destacar que esta legislación se basa en la creencia de que el impulso al consumo de los turistas va a ser suficiente para compensar la caída de las ventas que ha sufrido el comercio como consecuencia de la reducción de
las rentas disponibles de las familias durante los últimos años; por el contrario, da mayor relevancia relativa al consumo foráneo en comparación con la del consumo interno. La mejor estrategia para recuperar estas ventas es la promoción de una
mejora de la distribución de la renta que permita que se recuperen las rentas del trabajo frente a las del capital y disminuir la brecha de ingresos existentes entre familias de rentas altas y de rentas bajas.


En suma, apoyamos esta PNL porque la actual legislación que hace posible la libertad de horarios comerciales supone, por un lado una injerencia en las competencias autonómicas, como ya he dicho, y, por otro, porque está dando lugar a un
sector comercial crecientemente concentrado, en el que existe una cada vez mayor precarización de las condiciones laborales que dificulta sobremanera la conciliación de la vida laboral y familiar, sin que ni siquiera se estén notando los supuestos
beneficios sobre el consumo y el empleo. Frente a esta ineficaz legislación, creemos que la modificación legislativa que se propone en esta PNL debe ser el primer paso para una transformación más profunda de la regulación sobre los horarios
comerciales, que en vez de beneficiar a las grandes superficies ponga en armonía los intereses comunes de trabajadores del sector, consumidores y pequeño comercio, respetando, en todo caso, las competencias autonómicas y locales.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Blasco.


El señor BLASCO MARQUÉS: Gracias, señor presidente.


Hoy estamos ante una de esas grandes contradicciones del Partido Socialista y también de Compromís. Una cosa es lo que dicen cuando están en la oposición y cuando hacen oposición al Partido Popular y otra completamente distinta lo que hacen
cuando gobiernan. ¿Saben que esta proposición no de ley que traen hoy aquí es completamente incongruente con lo que el Gobierno valenciano está pactando con el Gobierno de España? En el acuerdo bilateral alcanzado entre la Administración General
del Estado y la Generalitat en relación con el Decreto-ley autonómico, de 27 de febrero, de Horarios Comerciales, en la Comunidad Valenciana, lo que se está promoviendo es todo lo contrario de lo que ustedes proponen en la PNL de hoy.
Concretamente, y referido al tema que nos ocupa, el Gobierno valenciano se compromete a mantener como zonas de gran afluencia turística las que tuvieran tal

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consideración con anterioridad a la entrada en vigor del decreto valenciano, y ahora se pide la posibilidad de solicitar la revocación de los seis meses en esos ayuntamientos. Se comprometen también a modificar el texto normativo del real
decreto valenciano para estar en consonancia con el régimen especial de horarios recogido en el artículo 5.5 de la ley, y ahora se pide la derogación de ese artículo.


En cualquier caso, como decía la portavoz socialista, volvemos al inicio de una ley que aprueba el Partido Socialista, en cuya exposición de motivos se dice que después de diez años de dispersión normativa es urgente regular los horarios
comerciales en España. Y además, se dice que la ley que ahora quieren derogar, el artículo 5.5, es fruto del consenso de asociaciones de consumidores, asociaciones empresariales, sindicatos y comunidades autónomas. En la exposición de motivos
también se afirma que su objetivo es promover la competencia en el sector, mejorar la eficiencia de la distribución, conciliar la vida laboral y familiar y mejorar la oferta a los consumidores. Si analizamos diez o doce años después esa ley
socialista. los efectos han sido buenos, la ley socialista y las modificaciones legales que para aumentar la competencia propone el Partido Popular hoy en el Gobierno. Si atendemos a lo dicho por el Instituto Nacional de Estadística, hay más
competencia en todas las zonas turísticas, hay más empleo y se atiende mejor a los consumidores, y no tiene ningún sentido que ahora ustedes intenten enmendarlo. Creo que lo hacen exclusivamente porque ahora gobierna el Partido Popular, que
coincide con Ciudadanos en una visión liberal de la economía, y proponen cambiarlo, pero lo cierto es que cuando gobiernan, como gobiernan hoy en la Comunidad Valenciana, no lo cambian; al revés, lo refuerzan. En conclusión, deberían ser
coherentes.


No sé sí tengo tiempo todavía, señor presidente, pero si quieren les doy los datos de empleo en los últimos años. El empleo está creciendo más en la Comunidad Valenciana y en las zonas turísticas que en el resto de España. Igual que está
creciendo más el empleo en todas las zonas declaradas de especial influencia turística en toda España. La libertad de comercio ha ido bien, a nadie se le obliga a trabajar en un comercio. Y esto no tiene nada que ver con las condiciones laborales;
si hay que mejorar las condiciones laborales, trabajemos todos juntos para ello y que disminuya la precariedad laboral, pero no se pongan puertas al campo. Hay mucha gente que trabaja mañana y tarde y solo puede ir a comprar fuera de la jornada
laboral normal. Yo he estado en la Comunidad Valenciana este fin de semana y muchos valencianos se van a los centros comerciales a comprar. Y no solo a los centros comerciales porque pensamos siempre en los grandes almacenes, pero estamos hablando
también de municipios que tengan eventos deportivos puntuales o eventos culturales multitudinarios; estamos hablando de ciudades que tengan bienes patrimoniales o culturales declarados Patrimonio de la Humanidad. En conclusión, el Partido Popular
como siempre tiene una norma muy fácil y básica: prohibido prohibir. Los partidos de izquierdas están siempre intentando prohibir la libertad. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Blasco.


Señora Sorlí, ¿acepta la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista?


La señora SORLÍ FRESQUET: Estamos trabajando en una transaccional que haré llegar a la Mesa.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Antes de las votaciones nos dice el resultado.


Muchas gracias.


- RELATIVA AL PROCESO DE ABSORCIÓN DEL BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. A. Y SU FILIAL, EL BANCO PASTOR, POR PARTE DEL BANCO SANTANDER, S. A. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de
expediente 161/001987).


El señor PRESIDENTE: Según los acuerdos que se han hecho llegar a esta Presidencia, pasamos ahora a la segunda proposición que en el orden del día figura con el número cinco, relativa al proceso de absorción del Banco Popular Español y su
filial, el Banco Pastor, por parte del Banco Santander, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Para su presentación tiene la palabra su portavoz.


La señora DÍAZ PÉREZ: Gracias, señor presidente.


Buenos días a todas y a todas. El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta una iniciativa que tiene cierto relieve a la vista del proceso que podríamos

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denominar de liquidación del Banco Pastor y el Banco Popular. Liquidación porque realmente cada día que pasa estamos comprobando cómo se ha vertebrado una auténtica argucia para poder avanzar en lo que desde años se viene propiciando, que
no es más que un fenómeno de auténtica concentración bancaria en un proceso que podríamos denominar oligopolio financiero. Este oligopolio financiero, señor presidente, tiene dos riesgos muy elevados en nuestro país: por un lado, un primer riesgo
de carácter económico porque el grado de concentración bancaria que en estos momentos tiene España es realmente elevado, y podría colocar a nuestro país en una posición muy difícil en el caso de continuar por una senda en que las entidades
financieras sigan con mal estado de salud. Y por otro lado, unos elevados riesgos de carácter democrático, pues se darán cuenta que todo esto tiene que ver con un rescate bancario que está pagando la ciudadanía, que todavía no ha obtenido la debida
justificación con el esclarecimiento de lo que realmente ha sucedido en nuestro país. Es preocupante que en comparación con otros países, España presente un elevadísimo grado de concentración bancaria, de modo que solo cinco entidades alcanzan el
72 % del negocio bancario, frente a otros países como es el caso de Alemania cuya cifra es menor y representa el 31 %. Esto es una grave amenaza. En este sentido, ante el elevadísimo grado de concentración bancaria, a nuestro grupo parlamentario
le parece especialmente relevante que Bankia continúe estando en manos públicas porque, efectivamente, es la cuarta entidad financiera de este país y si se propicia su privatización, obviamente, este riesgo de concentración bancaria sería más
elevado. Para nuestro grupo defender en este contexto el mantenimiento de Bankia en la red pública es defender a la economía española del oligopolio y, por supuesto, defender esto que tanto les gusta a ustedes que es la libre competencia o el
mercado de la competencia.


Pero, además, de este elevadísimo grado de concentración bancaria, la liquidación del Banco Popular y su filial, el Banco Pastor, tiene un efecto muchísimo más perverso, como es un fenómeno calculado y buscado de centralización. Había un
interés claro, así lo entendemos nosotros, por finiquitar poderes territoriales en la toma de decisión de las entidades financieras; primero fueron las cajas de ahorros, pero ahora lo vemos también en el Banco Pastor en Galicia y el Banco Popular
en el resto del Estado que tenían un gran peso. El caso particular del Banco Pastor en Galicia, que digamos que es el gran negocio que hace el Banco Santander, tiene que ver justamente con esa economía productiva a través de la actividad de las
pymes que supone el 18%, que no es pequeña cosa. Consideramos que ahí existen dos operaciones calculadas: una es avanzar en la concentración y, dos, avanzar en un proceso de centralización en el que las comunidades autónomas carezcan de poderes
financieros propios. Esto es muy mala noticia para nuestro país, pero la liquidación del Banco Pastor y del Banco Popular también es muy mala noticia para la economía española por muchísimos elementos. En primer lugar, porque nos coloca en una
situación de riesgo sistémico por la concentración, pero también por muchos otros riesgos que conlleva este fenómeno. El primero de ellos es la posible obligación de acudir a despidos masivos tanto en el conjunto del Estado, con una plantilla que
ronda los 10 000 trabajadores, como en el conjunto de Galicia con una plantilla de 1430 trabajadores. Si no lo evitamos, como solicitamos en esta iniciativa, obviamente, el Banco Santander propiciará el despido de estos trabajadores y trabajadoras.
Y además, en un contexto en el que ya venimos de un proceso de reestructuración del propio Banco Santander con el despido de 2500 trabajadores y de un ERE en el Banco Popular. Y también conlleva elevados riesgos en el ámbito de la exclusión
financiera y el cierre de oficinas. Les voy a poner el ejemplo de mi país, en particular de Galicia, donde tenemos 202 oficinas y la mitad de ellas coinciden en su ubicación con las oficinas del Banco Santander, muchas de ellas en pequeños
municipios y zonas rurales, por lo que, a todas luces, parece que esto va a suponer su cierre inmediato. No hace falta que les explique las consecuencias, pero no solo sucede en Galicia, sino en el resto de oficinas del conjunto del Estado.


Por otra parte, también pierden los 300 000 pequeños accionistas que vuelven a sufrir como un fenómeno estafa. Queremos detenernos en este punto porque nuestro grupo ha presentado otras iniciativas, que cooperan con esta para limitar de
manera permanente las operaciones en corto y al descubierto porque, obviamente, lo que pasado y ahora lo estamos comprobando, es que esos fondos de inversión en el interior de este proceso y un total de tan solo 126 accionistas fueron realmente los
causantes de propiciar la bajada estrepitosa del valor de las acciones de este banco. Es decir, una operación no solo especulativa, sino mortal y consentida y amparada por el conjunto de organismos de nuestro país. Y además, afecta a la limitación
de la competencia en nuestro país. La verdad es que nos hemos hecho algunas reflexiones y la primera sería para qué sirvieron en nuestro país los test de estrés -si me permiten la expresión, parece una tomadura de pelo-, para qué valen las
auditorías en las entidades financieras, para qué vale el Banco de España, para qué sirven los propios organismos

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reguladores, para qué sirven los ministerios de Economía y Hacienda en nuestro país, porque realmente lo que hemos vivido con el proceso del Banco Popular y el Banco Pastor es una auténtica irresponsabilidad y, si me lo permiten, insisto,
una auténtica tomadura de pelo. El 19 de abril el señor Guindos ante esta misma Comisión nos decía que no había ningún riesgo o peligro respecto al Banco Popular. No les voy a decir lo que afirmaba el gobernador del Banco de España porque lo
conocen perfectamente.


Entonces, entendemos que aquí hay una lectura unívoca desde hace diez años respecto al sistema financiero español. Y el relato que ustedes están construyendo es falaz; hace diez años que empezamos una crisis, llevamos más de 120 000
millones de euros para el sistema financiero de nuestro país y ahora, transcurridos diez años, vemos cómo el sistema financiero español no solo no está saneado, sino que tiene las mismas dolencias que en el momento inicial de la crisis. ¿Cuáles
eran las dolencias del Banco Popular y del Banco Pastor en Galicia? Efectivamente, las mismas del arranque de la crisis: la presencia de activos inmobiliarios altamente tóxicos -estos días se revelaba de esta manera- y, desde luego, la inacción y
todos los fallos posibles en cuanto a su gestión. Por tanto, ante estos riesgos digamos que estamos ante una auténtica estafa democrática, gana solamente una entidad, gana el Banco Santander, gana la señora Botín, a pesar de ser una accionista muy
pequeña en ese gran banco, en el que como ustedes saben un fondo de inversión, Blackrock, ostenta el 12,5 % de la posesión de ese banco, pero pierde la mayoría de la sociedad, pierden los trabajadores y trabajadoras si son despedidos, pierde la
ciudadanía con el cierre de oficinas, pierden los pequeños ahorradores; en definitiva, un negocio para una sola entidad y estafa democrática para el resto de los mortales.


¿Qué les pedimos en esta iniciativa? En primer lugar, aquello que es de sentido común y no tolerarían los ciudadanos y ciudadanas de este país, y es que no se recabe ni un céntimo de euro público para toda esta operación, aunque sabemos, no
somos ingenuos, que obviamente en este proceso intervienen los créditos fiscales y demás. En segundo lugar pedimos lo obvio, que no se cierre ninguna oficina bancaria y, por supuesto, no se despida a trabajadores y trabajadoras. Otra petición es
preservar la Fundación Barrié que tiene su importancia en Galicia, puesto que ha concedido becas a muchos jóvenes y estudiantes e, incluso, su obra social es de una relevancia vital. Y el último y central elemento -con esto termino, señor
presidente- es que ante el golferío y la gestión nefasta de las entidades financieras que en este caso no son cajas, sino bancos, que ha llevado a la catástrofe y a este proceso, es necesario depurar todas estas responsabilidad para llegar hasta el
final y saber de manera cierta qué ha pasado una vez más con la liquidación de esta entidad bancaria. En este sentido les pedimos el voto favorable para estos cinco puntos que exponemos en nuestra proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díaz.


A esta proposición no se han presentado enmiendas. Por tanto, es el turno de fijación de posiciones de menor a mayor, como antes he indicado, por un tiempo máximo de cinco minutos.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra don Ferran Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.


Vaya por delante que nosotros no vamos a apoyar esta propuesta. Aunque, como decía la proponente, el punto uno es de sentido común, cosa que compartimos, desde nuestra perspectiva en el resto de puntos no llegamos a alcanzar el sentido
común. Fíjense lo que están pidiendo: que no haya aportación financiera de fondos públicos al proceso. Podríamos estar de acuerdo en este y en otros puntos, pero, claro, a partir de aquí hay una injerencia absoluta en la actividad privada que
alguien tendrá que financiar. Ustedes piden que no se cierran oficinas bancarias, pero, claro, ¿eso cómo se hace, por real decreto? Por real decreto se va a prohibir cerrar una oficina bancaria, un supermercado o una tienda de chuches, es lo que
hay. También solicitan que no haya despidos, estamos de acuerdo, pero alguien tendrá que financiarlo, supongo que con fondos públicos, ¿o se hará un verkami para tal situación? No podemos compartirlo. Aquí se esconde un problema conceptual de
intervención en la actividad económica. Por tanto, compartimos al cien por cien el sentido común del punto uno y los puntos dos y tres son propuestas bien intencionadas, pero nos tendrán que decir cómo se financian o soportan. Si se obliga a esta
entidad financiera a no cerrar oficinas, ¿por qué no se obliga al resto de entidades financieras a no cerrar oficinas? Si se obliga a esta entidad financiera a no despedir, ¿por qué no se obliga a no despedir a otras entidades financieras? En
cambio, pasa de puntillas en el tema que más preocupa a nuestro grupo: ¿se hizo todo lo que había que hacer en la última ampliación de capital por parte de los organismos reguladores? ¿Estuvo el Banco de España a la altura? ¿Estuvo la Comisión
Nacional del Mercado de Valores a la altura? Esas son las incógnitas que ahora nos quedan por resolver

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y sobre las que tendríamos que incidir. Desde nuestra óptica, hay que distinguir diferentes niveles; en primer lugar, no es lo mismo un depositante que un accionista o bonista. Obviamente, a los depositantes se les tiene que cubrir al
cien por cien, a los accionistas y bonistas se les tiene que dar la garantía de que cuando ellos suscriben esas acciones o bonos tienen la información necesaria y que esta es veraz y no está maquillada, pero todo el mundo tiene que saber que cuando
compra acciones o bonos está asumiendo un riesgo. No es lo mismo depositar 5000 euros en una entidad financiera que comprar 5000 euros en acciones, y eso lo debemos tener en cuenta.


Por tanto, nos gustaría apoyar iniciativas en el sentido de intentar depurar las responsabilidades no sólo de los equipos directivos de las entidades, que no deja de ser una injerencia, puesto que quienes tendrán que pedir estas
responsabilidades a los equipos directivos son los mismos accionistas. A nosotros nos debería preocupar si desde los organismos públicos se han tomado las medidas para que estos accionistas tuvieran la información veraz para tomar sus decisiones de
inversión. En definitiva, aunque el primer punto tenga sentido común y lo compartamos, no vamos a poder apoyar el resto de puntos, excepto el tema de la fundación que ya se ha solventado cuando ha habido otros procesos de absorción y fusión de
entidades financieras con fundaciones.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Sagastizabal.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, señor presidente.


Nosotros tampoco vamos a apoyar esta proposición no de ley. Como ha dicho don Ferran Bel, podemos estar de acuerdo con el primer punto, pero no con los restantes porque entramos dentro de la actividad privada y, además, no entendemos cómo
se hace y se financia todo esto, el cierre de oficina, los despidos, etcétera. También estoy de acuerdo en que habría que hacerse otras preguntas relativas a la ampliación de capital para depurar responsabilidades, en su caso, porque decían que
todo estaba bien. Además, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ya ha dicho que la absorción del Banco Popular, que incluye al Banco Pastor, se ha acordado según la normativa bail-in, que implica que primero son los accionistas y los
titulares los que soportan las pérdidas de estas entidades en crisis, en lugar del procedimiento bail-out que supone apoyo público. También hay que decir que el que compra acciones tiene un riesgo y esto habría que valorarlo. Es verdad que esta
venta altera el mapa financiero de Galicia porque es un banco mayoritario en este territorio donde hay un negocio, una red de oficinas, una plantilla y es el principal banco de las pymes. Es cierto que el proceso de integración aún no se ha
iniciado y, por tanto, desconocemos si se van a preservar o no los puestos de trabajo o en qué medida, por lo que habrá que estar atentos a lo que dice el Banco Santander y creo que, además, los sindicatos ya han tenido alguna que otra reunión. Por
todo ello, nosotros no apoyaremos esta proposición no de ley, si bien estamos de acuerdo con alguno de sus puntos.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor De la Torre.


El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.


En una línea muy parecida a la de los dos intervinientes anteriores, la señora Sagastizabal y el señor Bel, consideramos que el punto primero es de sentido común, pero rompiendo una lanza por el proceso de resolución debo decir que
recientemente en Italia han liquidado Veneto Banca y Banca Popolare di Vicenza, y eso sí ha sido una liquidación que ha supuesto 17 000 millones de euros de aportación de fondos públicos. Efectivamente, nos preocupa la cuestión de los activos
fiscales diferidos, pero en el momento en que se establece un aval público el Estado está corriendo un riesgo. Nos hubiese gustado que en esta proposición que reconocemos que es oportuna, se hubiese hablado en primer término de los 300 000
accionistas que han perdido todo su dinero y de los que, sorprendentemente, no se dice nada. Es evidente que estos accionistas tienen un riesgo, pero también es cierto que, aunque la resolución seguramente es la menos mala de las posibles, en
nuestra opinión la supervisión ha fallado estrepitosamente y de esto tampoco se habla. Aquí estuvo hace unos días el gobernador del Banco de España y dijo que no estaba preparado para hablar de esta cuestión, pero es bastante sorprendente la tesis
de que el Banco Popular fuese solvente hasta anteayer.

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Señora Díaz, ahora me referiré al texto de su proposición y a aquello para lo que se insta al Gobierno, que nosotros no vamos a apoyar porque, efectivamente, compartimos el punto uno, pero a partir aquí consideramos que es una injerencia en
una actividad privada. Nosotros no somos partidarios de la banca pública porque, de hecho, la mitad del sistema financiero español que representaban las cajas de ahorros acabó siendo una banca pública y politizada y el resultado está a la vista,
con la única diferencia de que, según el Banco de España, se han necesitado hasta 60 000 millones de euros de ayudas financieras que probablemente se pierdan, que es lo que ya sabemos a estas alturas. Por último, en cuanto a las medidas para
esclarecer las posibles responsabilidades de cualquier tipo, en nuestra opinión se deben depurar por los órganos jurisdiccionales y, en segundo término, por la propia Comisión de investigación que tenemos en el Congreso y no por el Gobierno. Por
todas estas razones, reconociendo la oportunidad de hablar sobre este asunto del Banco Popular y, efectivamente, que el primer punto que es de sentido común, aunque no es tan frecuente como nos gustaría ni en España ni fuera de España, nosotros no
vamos a apoyar esta proposición no de ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De la Torre.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Botella.


La señora BOTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Hemos leído con mucho detenimiento la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, porque la verdad es que el texto está muy elaborado, con una exposición de motivos que incluye
unos antecedentes muy completos. Y lo cierto es que iba muy bien la narración hasta el momento en que se llega a la inculpación y la descalificación sumarísima del Partido Socialista y también del Partido Popular, situándonos en Galicia y en España
en el centro de todos los males del sistema financiero. Claro, cuando uno va leyendo con todo el interés para apoyar esta iniciativa y se encuentra con este ataque de trinchera partidista, nos quedamos un poco sorprendidos. En cualquier caso,
hemos seguido leyendo la proposición no de ley por el interés y el impacto territorial que supone esta resolución y la quiebra del Banco Popular y su absorción por el Banco Santander respecto a las condiciones de acceso a los servicios financieros
en Galicia.


Señora Díaz, dejando aparte sus cuestiones de partido, el asunto es si buscan nuestro apoyo para ayudar a Galicia, porque entonces en ese ámbito sí que nos podemos centrar. De hecho, en la enumeración que ustedes hacen de las propuestas
tenemos alguna diferencia de matiz, y sirva como enmienda lo que el Partido Socialista de Galicia ha presentado en el Parlamento gallego. Coincidimos porque nosotros hemos presentado una PNL allí, en la que se incluye una batería muy similar de
inquietudes, pero en vez de instar al Gobierno a adoptar medidas -esto viene al caso de lo que han dicho los portavoces de los otros grupos parlamentarios porque es verdad que es delicado porque puede conllevar toma de decisiones que suponen una
injerencia respecto a las funciones de un banco privado que no se van a poder hacer-, sí hablamos de defender ante el nuevo propietario el mantenimiento en Galicia del mayor volumen de puestos de trabajo, de defender ante el nuevo propietario el
impacto en términos de empleo, de defender y arbitrar medidas de cooperación institucional, etcétera. Entonces, no podemos estar más de acuerdo porque, de hecho, nosotros ya hemos presentado esta iniciativa ante la Xunta de Galicia.


Realmente esta PNL de nuevo nos trae al foco de atención la responsabilidad del Gobierno y del ministro de Economía, señor De Guindos, con esta fulminante resolución y venta del Banco Popular. De hecho, el paso del ministro De Guindos por
la Comisión de Economía nos ha dejado más sombras que luces en la explicación de la resolución de la quiebra del Banco Popular, porque seguimos sin saber qué ha hecho el ministro de Economía y el Gobierno aplazando decisiones durante los últimos
cinco años sobre lo que estaba ocurriendo en el Banco Popular. Seguimos sin saber qué va a pasar con los créditos fiscales a los que ya se ha hecho mención, cuya monetización puede costar a los contribuyentes todavía hasta 2000 millones de euros.
De hecho, hay un detalle psicológico puesto que el ministro en la Comisión de Economía solo se refirió a ello con sus siglas en inglés. Nosotros le preguntábamos por las claras sobre los créditos fiscales y él contestaba: han hablado ustedes de
los DTA. Y claro, luego uno tendrá que buscarlo en el Diario de Sesiones. Seguimos sin saber el papel del Banco Central Europeo y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el papel de la auditora del Banco Popular, de la auditoría
independiente contratada por el Banco Central Europeo. Seguimos sin saber si hubo información privilegiada, como ha denunciado el Banco Central Europeo en relación con la estampida de fondos en la

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base de la pérdida de liquidez final del Banco Popular. Ojo, hoy viene una noticia publicada en la prensa, según la cual el Banco Santander inyectó 13 000 millones de euros nada más tomar posesión del banco para atender la fuga de
depósitos, porque en los días inmediatamente anteriores el pánico era de tal calibre, que había una fuga que se está analizando ahora de 2000 millones de euros diarios. Y eso ha pasado sin que el ministro de Economía de este país se haya
despeinado. La pregunta es muy elemental, pero seguimos sin comprender por qué en pleno siglo XXI, con la unión bancaria europea en marcha y los tres pilares, cómo es posible que no haya habido liquidez para el Banco Popular cuando lo necesitaba.
¿Se suicidó el Popular o lo estrangularon? Esa es la cuestión que hay que delimitar. Y ahora las noticias posteriores no son menos tranquilizadoras porque lo último es que el subgobernador del Banco de España, don Javier Alonso, dice que la
entidad trajo pocos activos, pese a que se los pidieron, y que cayó por falta de efectivo. Entonces seguimos sin saber si era una cuestión de solvencia o de liquidez. En fin, los españoles hemos visto sorprendidos cómo por primera vez el nuevo
Mecanismo único de resolución europeo intervino a un banco español, pero de manera diferente a lo que ha ocurrido -¡oh, sorpresa!- en estos días con la resolución de los bancos italianos, donde la misma Junta Única de Resolución, JUR, ha dicho que
una acción de resolución no garantiza el interés público.


Termino ya, señor presidente. Reconocemos la bondad de esta proposición no de ley y su afección al territorio, que es una de las causas sangrantes de esa falta de dedicación del Gobierno para ver cuáles eran todas las incidencias y
consecuencias de la caída del Banco Popular en el territorio, y seguimos queriendo conocer y exigir la responsabilidad del ministro De Guindos en todo este desastre financiero que mina la confianza del sistema financiero español.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Botella.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moraleja.


La señora MORALEJA GÓMEZ: Gracias, presidente.


Señorías, muy buenos días a todos. Hoy represento al Grupo Popular en el debate de esta iniciativa del Grupo Podemos. Ya nos estamos acostumbrando a ver casi de todo en los debates de diferentes iniciativas, pero esta, señorías, pasará a
los anales de la historia parlamentaria por cómo decir una cosa y la contraria. Escuchando a la interviniente cuando defendía su exposición de motivos de la proposición no de ley hoy en esta Comisión, parecía que estaba hablando de otra proposición
no de ley que registraron ayer a las diez y cuarenta y tres minutos de la mañana. Cada vez más parlamentarios esperamos menos de los integrantes de Podemos y con iniciativas como esta, seguiremos creciendo en número quienes acusamos a los
populistas de no saber dónde están y de utilizar cualquier cosa para hacer política de la mala.


Desde sus inicios, señorías, han estado ustedes criticando a los Gobiernos, a este, por supuesto, e incluso al del señor Zapatero, por preocuparse de los bancos. Para ustedes, los señores malos e insensibles del Gobierno solo pensaban en
cómo desviar los fondos públicos para sanear a esas malvadas instituciones que eran los bancos, causantes de todos los males del mundo. Les hemos escuchado y aguantado decir de todo, sin importarles la coherencia o la responsabilidad, como en esta
ocasión, que en esta PNL se han olvidado de los accionistas y por eso registraron ayer en el Congreso de los Diputados otra propuesta solo para los accionistas.


Señorías, no se puede quedar bien con todo el mundo, hay que tomar decisiones. Cuando se actuaba para salvar a los bancos, no se actuaba para salvar a los bancos en sí mismos, sino a los millones de españoles que tenían sus ahorros en el
sistema financiero español. Esa era la principal preocupación de este Gobierno, no dejar caer las entidades en problemas porque supondría la pérdida de confianza de los ciudadanos en el sistema y también del resto del sistema internacional en
España. Fueron años complicados, lo sabemos, de los que estoy segura que la historia económica hará justicia y se pondrán como ejemplo de pieza clave en la recuperación y salida de un país de la crisis. En esos años no colaboraron con nada,
simplemente se hicieron eco del malestar de los ciudadanos con la crisis para espolearlos y vivir a costa de ello. De ahí la frase: Cuanto peor, mejor para ustedes, claro.


Es verdad que de todo se aprende, y en Europa también hemos aprendido de esta crisis financiera internacional. En el proceso de unión bancaria se establecieron tres pilares: el Mecanismo único de supervisión, el Mecanismo único de
resolución y el esquema de garantía de depósito único. La Junta Única de Resolución solo puede poner en marcha la resolución de un banco, si se cumplen determinadas condiciones: la entidad tiene que estar en serias dificultades, la falta de
alternativas y las razones de interés público. Solo tras constatar el cumplimiento de estas resoluciones, eligiendo entre las herramientas

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más convenientes de entre un amplio abanico, se adopta un dispositivo de resolución. Este es el operativo que se ha seguido en el caso del Banco Popular, dado que desde hace meses, y particularmente en abril, y a mediados de mayo, se
desploma su valor en Bolsa. En ese momento, y de forma urgente y rápida, intervienen las autoridades europeas, no las españolas. Señorías, no ha intervenido el presidente del Gobierno, ni tampoco el ministro de Economía. Desde 2014 hay
instrumentos nuevos y esa responsabilidad recae en el Banco Central Europeo y las entidades de las que les he hablado. Por tanto, no se trata de un acuerdo del Gobierno, no sé si les ha quedado suficientemente claro.


En segundo lugar, se ha llevado a cabo una intervención con el interés de salvaguardar lo más importante: los ahorradores, que tenían depositado en la entidad su dinero. Esta es otra cosa que hemos aprendido, que es de suma importancia:
salvaguardar a los ahorradores. Si se puede también hay salvaguardar a los accionistas, pero lo más importante, lo fundamental, son los ahorradores. Además, sobre la base de lo aprendido hasta ahora, se ha hecho sin poner un euro de las arcas
públicas y, por tanto, supongo que estarán de acuerdo. Esto no deja de sorprendernos, puesto que, por un lado, piden que no se destine un euro a esta operación, pero, al mismo tiempo, piden que se intervenga en la entidad privada para que no haya
ningún despido, no se cierre ninguna oficina o para que la Fundación de Santander destine fondos a la Fundación Barrié. Señorías, la pregunta de este grupo es cómo piensan ustedes que se puede hacer esto. De nuevo, juegan con las palabras y
retuercen el significado de todo. Es como cuando critican al Gobierno por la deuda, y al mismo tiempo, piden más recursos para un nuevo gasto; dicen una cosa, y la contraria. Pero esto ya a nosotros no nos sorprende. De todos modos, cada vez que
lo hagan, seguiremos evidenciándolo porque ese es nuestro deber.


Fíjense, empiezan su intervención diciendo poco más que en Galicia todos los días amanecía porque existía un banco, el Banco Pastor, que lo hacía posible, cuando todos somos conscientes de lo que ustedes opinaban y opinan de todos los bancos
de este país, sin excepción. Ustedes lo que quieren es un solo banco, y un solo banco nacional. De hecho, en la misma iniciativa después dicen que se llevó a cabo una gestión ilícita y criminal, desfalcando las entidades y metiéndolas en negocios
especulativos. ¿En qué quedamos, señorías? Probablemente ni en una cosa, ni en la otra. No voy a ser yo la que no diga lo que ha hecho el Banco Pastor por mi tierra, que es Galicia. Ustedes a hacer populismo, que es lo suyo, sin importarles
decir hoy blanco y mañana negro; total, al periodista que informe de lo sucedido no le volverán a dirigir la palabra. Nosotros, a trabajar, que es lo nuestro, y es lo que sabemos hacer: buscar el bien de la sociedad para que si en una situación
complicada se ve afectado un banco, los ahorradores tengan asegurados sus fondos. Eso es lo más importante y que no tengamos que pagarlo todos los españoles. Por tanto, sigan presentando iniciativas de botafumeiro que solo valen para echar humo,
como la siguiente que van a presentar.


Señorías, en primer lugar, en esta operación no se han comprometido ayudas públicas de ningún tipo -ya lo dijeron también mis compañeros en esta ocasión-. En segundo lugar, las decisiones de política empresaria le corresponden a la entidad
empresarial, sobre la que este Gobierno no tiene capacidad regulatoria. En cuanto a las responsabilidades de gestión quiero que sepan que el FROB no ha tomado decisiones en este sentido, a día de hoy, pero ha sido activo en muchos otros casos,
gracias a lo cual se están depurando responsabilidades penales.


El señor PRESIDENTE: Señora Moraleja, tiene que terminar.


La señora MORALEJA GÓMEZ: Ya acabo.


De igual manera, a modo de conocimiento para el resto de sus señorías, porque yo sé que usted lo sabe, he de decirle que ya que le preocupa tanto la situación de Galicia, en nuestra comunidad autónoma el presidente de la Xunta ya se ha
puesto en contacto con la presidenta del Banco Santander para expresarle las preocupaciones del Gobierno gallego, que son los trabajadores del banco, la marca Pastor y los pequeños accionistas; esos pequeños accionistas que usted ha olvidado
mencionar en la proposición no de ley que hoy debatimos hoy en esta Comisión. Sin embargo, sí que envió a los empleados del banco y a los sindicatos la proposición que usted presentó ayer a las diez y cuarenta y tres minutos en el registro del
Congreso.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moraleja. Con su intervención termina el debate de esta proposición no de ley.

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- RELATIVA A FACILITAR LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PERSONAL INVESTIGADOR DE LOS DISTINTOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001289).


El señor PRESIDENTE: A continuación vamos a debatir el punto 3.º del orden del día: Proposición no de Ley relativa a facilitar la evaluación y promoción del personal investigador de los distintos organismos públicos de investigación,
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para presentar y defender la Proposición no de Ley, tiene la palabra la señora González.


La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero dar la bienvenida a los investigadores de los distintos organismos públicos de investigación, de los distintos OPI, que se han trasladado hasta el Congreso de los Diputados y que nos siguen desde otra sala, puesto que
no pueden acceder a la Comisión, porque están liderando una reivindicación justa, porque creo que se merecen ser escuchados por esta Comisión, porque la Ley de la Ciencia así lo indica y porque es de justicia. Por eso les pido al resto de
portavoces que, finalizada la proposición no de ley, vayamos a saludarlos porque además han traído un dosier en el que profundizan en su reivindicación y también las firmas de los científicos que les apoyan. Hablamos de 364 firmas de científicos
afectados, de 44 sociedades científicas y de más de 1100 firmas de otros investigadores en general. Quiero mandar un saludo a todos ellos y muy especialmente a Marina Albentosa y a Luis Ventura García que están liderando esta reivindicación.


Hoy estamos en la Comisión de Economía y estamos debatiendo una proposición no de ley en materia de ciencia. Tengo que recordar, para empezar, que hoy ya no existe un Ministerio de Ciencia, y por tanto, no hay una Comisión de Ciencia e
Innovación, como hubo antaño. Por ello, se hace difícil en una Comisión de Economía e Industria, con tantos temas tan relevantes, que la ciencia tenga la prioridad política que se merece. Por eso, quiero recordar que los socialistas hemos
planteado una propuesta, que ya está registrada, para que se ponga en marcha en esta legislatura -en la que además hay evidentes posibilidades de llegar a acuerdos, que no hubo en los últimos cuatro años anteriores-, en beneficio del sistema
científico y de la innovación de nuestro país, una subcomisión parlamentaria que pueda facilitar los trabajos que necesita la ciencia. Más aún cuando se habla desde el Gobierno, desde el Partido Popular, constantemente de un pacto nacional por la
ciencia, que ha sido siempre la forma de entender el sistema científico por parte del Partido Socialista. Podría remitirme a la ley de los años ochenta o a la ley de la que hoy estamos hablando; ley que se está incumpliendo a día de hoy por el
Gobierno de Rajoy, en otros aspectos diferentes al que presentamos hoy. Para intentar hacer un pacto nacional por la ciencia deberíamos de tener esa subcomisión parlamentaria en la que poder tratar con mayor profundidad y asiduidad los temas de
ciencia e innovación, pero, sobre todo, creo que el Partido Popular y el Gobierno de Rajoy tendrían que cambiar radicalmente su actitud.


Espero que hoy apoyen esta iniciativa por los más de trescientos científicos que han firmado, pero también por los casi setecientos científicos que se ven afectados por esta injusticia y por el incumplimiento de la ley que tenía que haberse
resuelto -según la propia ley- en el año 2014 y nos encontramos en el año 2017. El cambio tiene que ser de todo lo que ha sido la política por parte del Partido Popular y del Gobierno de Rajoy en los últimos cinco años. El Partido Popular ha
castigado duramente el sistema de ciencia e innovación, con una política de recortes históricos indiscriminados y ahora, aunque ellos mismos dicen que se inicia la recuperación, asistimos a tasas ridículas de inversión en investigación, desarrollo e
innovación.


El Gobierno sigue sin entender que la ciencia no es un gasto, que es una inversión imprescindible para nuestro país, para la economía, para el sistema productivo, para el crecimiento sostenible. Voy a dar solo unos pocos datos, antes de
entrar en la materia que nos ocupa hoy. Según los datos del INE en 2015 el gasto interno en investigación, desarrollo e innovación representó solo el 1,22 % del producto interior bruto, frente al 1,24 % del año 2014 y del 1,4 % del año 2010. Es
decir, en lugar de converger e ir hacia los objetivos europeos, España se va retrasando, España se va ralentizando. Asimismo, España está en el puesto veinte del ranquin en inversión en I+D, con relación al PIB de los Estados miembros de la Unión
Europea, solo por debajo de países como Eslovenia, República Checa, Estonia o Hungría. La media europea está ya en el 2,04 %. En los últimos ocho años España cae en un 10% de inversión, mientras la media europea aumenta en un 25 %. En definitiva,
el 25 % de recortes que el Partido Popular ha hecho desde 2011 en materia de investigación, desarrollo e innovación y el bajo peso de la inversión de la materia sobre el total de los Presupuestos Generales del Estado hace que hoy para los
socialistas sea

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muy difícil apoyar al Gobierno de Rajoy y hacer un pacto nacional por la ciencia. Quiero decir esto muy claro, ahora que nos están escuchando los investigadores. Los socialistas queremos que haya un pacto de Estado real por la ciencia,
pero no podemos pasar por el castigo que está sufriendo el sistema científico por parte del Partido Popular y lavarle la cara a un Gobierno que está retrocediendo tanto, y muy especialmente en materia de recursos humanos, si antes no sentamos las
bases de forma firme. Eso pasa por los Presupuestos Generales del Estado, que acabamos de aprobar hace poco tiempo.


Entre todo este panorama, el de los recursos humanos es desolador. Si hoy se sostiene el sistema científico es precisamente por nuestros investigadores, porque son el mejor valor que tiene nuestro país. Investigadores que llevan desde hace
muchísimo tiempo formándose y dejándose la piel con una gran vocación y que están recibiendo del Gobierno nada más que castigo, persecución y burocracia que no se merecen. A veces están más maltratados los científicos en los laboratorios que
algunos amigos del Gobierno que han sido beneficiados, por ejemplo, con la amnistía fiscal, solo hay que ver la vara de medir con la que el Gobierno del Partido Popular trata a unos y a otros. Por dar solo un dato, España está a diez puntos por
debajo de la media europea y ocupa el vergonzoso tercer puesto por la cola, solo por encima de Grecia y Rumania en materia de población activa que trabaja en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Desde 2011 el total de personal empleado en I+D
se ha reducido un 7 %. Solo habría que compartir con los investigadores que nos están escuchando diez o quince minutos para saber de lo que estamos hablando: reducción progresiva en los presupuestos de las OPI, con un cambio de la financiación de
la mayoría de los proyectos de ayudas directas a subvenciones de créditos o préstamos, así como constantes trabas y problemas burocráticos causados por el control financiero implantado por Montoro desde 2014.


Centrémonos en la materia que nos ocupa esta mañana, y para lo que le pido el apoyo a los portavoces y a todos los grupos parlamentarios presentes en esta Comisión. Es bastante extraño que tengamos que traer una proposición no de ley que
pide que se cumpla simplemente la Ley de la Ciencia, Tecnología e Innovación, aprobada por unanimidad en la Cámara, en el Pleno del Congreso de los Diputados en 2011. Han transcurrido cinco años desde la aprobación de la ley y el propio calendario
marcaba, en su apartado 4 del artículo 25, que el sistema retributivo y evaluación del desempeño aplicable al personal investigador funcionario integrado en las escalas de profesores de investigación de los organismos públicos tenía que estar en
marcha en 2014. Por desgracia, señorías, esto no es la primera vez que sucede. A veces me planteo por qué el Partido Popular apoyó una Ley de la Ciencia en 2011, que conseguimos con gran consenso, y por qué pide hoy consenso en un plan nacional,
imprescindible para la ciencia, si cuando tiene que ejecutar, cuando es Gobierno, simplemente incumple la ley.


Ya lo vivimos con la Agencia Estatal de Investigación cuando estuvimos exigiendo que se cumpliera la ley, puesto que se tenía que poner en marcha desde el año 2012. Sin embargo, tuvieron que llegar las elecciones generales de diciembre de
2015 para que después de tres años incumpliendo la ley se pusiera en marcha. Espero que en este caso no tenga que venir unas elecciones, espero que ese real decreto, como marca esta proposición no de ley, se apruebe en el plazo máximo de tres meses
porque es de urgencia, por el incumplimiento de la ley y porque se está provocando una situación muy injusta para todos los científicos que no pertenecieron a las escalas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. A ninguno de los
científicos de las nuevas escalas de los OPI se les ha permitido presentar solicitudes de evaluación ante la Comisión Nacional Evaluadora, simplemente porque el Gobierno no ha hecho sus deberes, porque el Gobierno no ha establecido criterios de
evaluación, tal y como prevé la Ley de la Ciencia. Y eso no supone solo que haya unos investigadores que con el mismo currículum cobren menos que otros, que ya de por sí es injusto, sino que el trato -lo más importante- es desigual, es decir, la
valoración y el reconocimiento no se hace desde criterios objetivos, como tiene que hacerse. Por eso, hay que aprobar de forma urgente e inmediata el reconocimiento de méritos entre científicos de la misma escala, con idénticas funciones y
afectados por la misma norma. A nosotros nos parece que esta situación es injusta y es perjudicial para el capital humano, que es uno de los pilares fundamentales de la economía de este país y, por eso, les pedimos que apoyen este real decreto. Se
están cometiendo muchas irregularidades al no desarrollar parcialmente la Ley de la Ciencia. Se está impidiendo a estos científicos el derecho de ser evaluados. Se está generando un agravio comparativo entre los científicos nuevos, pese a
pertenecer a la misma escala y les está afectando a la hora de la propia promoción interna.


Hay recursos iniciados, como sabrán sus señorías, muy especialmente el portavoz del Grupo Popular. Hay una amplia campaña de apoyos, yo diría que incluso con esta nueva casi negligencia del Gobierno de Rajoy nos estamos jugando la imagen de
nuestro país en la comunidad internacional. Les informo de que para la convocatoria de proyectos del ministerio, para formar parte de un tribunal de tesis, o

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simplemente para ser director de una tesis doctoral, para obtener becas FBU predoctorales se exigen sexenios. Desde que se aprobó la Ley de la Ciencia todas las convocatorias de promoción interna en los organismos públicos de investigación
son comunes, ya que las escalas lo son. Esto significa que los científicos de un organismo público de investigación pueden promocionar a otro OPI. Ese era el espíritu de la ley: escalas comunes y transversalidad entre los OPI. En estos
concursos, un investigador del CSIC tiene sexenios y otros no. Evidentemente, es una ventaja de unos frente a otros que es injusta y que no se puede permitir.


Hay muchos argumentos para que ese real decreto -que es urgente- se ponga en marcha, pero me parece que la excusa de lo económico es precisamente solo una excusa porque hablamos de un coste económico mínimo. Yo creo que se trata de
comprender lo que está sucediendo, se trata de voluntad política, se trata de que, de una vez por todas, de nuevo, la ciencia y la innovación vuelva a estar en el Consejo de Ministros y vuelva a contar como tiene que contar. Por eso, les pedimos
algo que suena hasta irrisorio en una Comisión del Congreso de los Diputados, que cumplan la Ley de la Ciencia, que hagan justicia y que además de poner trabas burocráticas y dificultar la labor de los científicos, cerrando laboratorios y
dificultando la contratación de los científicos, cambien el ritmo al que están sometiendo y castigando a los científico, y por una vez, empiecen a contar con ellos, empiecen a cumplir la Ley de la Ciencia. Entonces el Grupo Parlamentario Socialista
estará al lado del Gobierno, podremos sentarnos de verdad a hablar de un verdadero pacto nacional por la ciencia, como necesita nuestro país y como hemos hecho siempre los socialistas, tanto cuando hemos gobernado y como cuando hemos estado en la
oposición.


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora González.


En defensa de las enmiendas presentadas, por un tiempo de cinco minutos, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Roldán.


El señor ROLDÁN MONÉS: Muchas gracias, presidente.


Quiero dar las gracias también a los representantes de las OPI que han venido hoy aquí. La situación de la ciencia en España básicamente ha ido empeorando, aunque ya partía de un lugar realmente malo. Los científicos en nuestro país han
sido despreciados durante años, la investigación ha sido despreciada durante años. No hace falta que repase los datos para recordar esto, pero voy a decir algunos.


En la última legislatura ha caído hasta una tercera parte la inversión en I+D+i. Además, somos el país que tiene la inversión más baja en I+D+i de todas las grandes naciones europeas. En general, el tratamiento de la gobernanza de las
universidades, pero de todo lo que concierne a la educación, ha sido básicamente un tratamiento de desprecio durante años. Tenemos unos niveles de endogamia universitaria, unos niveles de trabas y de complicaciones que no se corresponden a un país
que aspira a jugar un rol en la globalización y a poder construir una economía del conocimiento. Nosotros creemos que una sociedad que desprecia el talento de esta manera está condenada a ser básicamente mediocre. Por tanto, apoyamos absolutamente
la iniciativa que trae hoy el Partido Socialista para que la ciencia y la innovación puedan estar otra vez y puedan jugar un rol central en nuestra sociedad.


En este caso, estamos ante un tema de precariedad generalizada, el de los OPI en particular es todavía peor, porque tiene un tratamiento peor que otros científicos, a pesar de que la ley de 2011 ya lo reconocía. Les puedo leer el apartado 4
del artículo 25 de esta ley que decía: 'El Gobierno establecerá un sistema objetivo que permita la evaluación del desempeño del personal investigador funcionario de carrera al servicio de los Organismos Públicos de Investigación de la
Administración General del Estado, a fin de posibilitar la carrera profesional horizontal prevista en el artículo 17 de la Ley 7/2007, de 12 de abril'. Básicamente, lo que se reivindica -y con razón- es que se iguale el trato a otros investigadores
y que se deje de tratar a los investigadores con el nivel de precariedad con el que se los está tratando.


A esta propuesta hemos añadido una enmienda sugiriendo que el Gobierno podría ya a empezar a implementar los criterios aplicados, por ejemplo en el CSIC, para equiparar al menos esas escalas y poder tener los criterios de meritocracia que
debe haber en el ámbito de la investigación y de la ciencia. Esa es nuestra enmienda de adición, que esperamos que sea apoyada por el resto de los grupos. En cualquier caso, apoyaremos la propuesta del Partido Socialista.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Roldán.


¿Grupo Mixto? (Pausa.) No hay ningún portavoz. ¿Grupo Vasco? (Pausa.) ¿Esquerra Republicana de Catalunya? (Pausa.)

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Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Martínez.


La señora MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Debatimos un tema importante, que es el estricto cumplimiento de la legislación vigente. El Gobierno del Partido Popular ha hecho oídos sordos durante seis años al mandato de la Ley de la Ciencia que manda elaborar un sistema de evaluación
del personal investigador funcionario de carrera de los organismos públicos de investigación. Estamos hablando de activar el real decreto que, en diciembre de 2014, se remitió desde la Secretaría de Estado de I+D al Ministerio de Hacienda y del que
no se ha vuelto a saber nada. Es cierto que el borrador de este real decreto fue remitido en 2014, tenía deficiencias y lagunas importantes, hasta tal punto que ninguna de las organizaciones sindicales que estuvo en su negociación lo apoyó. Aun
así, si este real decreto hubiera entrado en vigor, no habría dado lugar a una situación injusta, discriminatoria y difícilmente justificable dentro del marco jurídico actual. Las razones económicas para tener paralizado este real decreto son
inaceptables. Se estima que permitir la actualización retributiva de estos funcionarios de carrera, de acuerdo a criterios propios, no supondría más de 1,5 millones de euros al año. Esta cantidad es irrisoria si la comparamos con otras cifras, con
las que estamos acostumbrados a tratar en esta Comisión, como los 60 000 millones de euros del rescate bancario. Que el Gobierno no pueda destinar 1,5 millones de euros a actualizar la evaluación de esos investigadores, según dicta la ley, ha
creado un perjuicio enorme para su carrera científica y ha hecho que la igualdad de oportunidades en nuestro sistema de I+D sea una absoluta falsedad. El Gobierno ya nos tiene acostumbrados a vetar iniciativas de gran impacto social y económico en
determinados sectores y colectivos, simplemente por motivos económicos.


Además, es especialmente sangrante el trato que en nombre de la contención del déficit se está dando a nuestra ciencia. Es de sobra conocido el impacto que los recortes han tenido en nuestro sistema de I+D, que se mantiene gracias al
esfuerzo de las personas que lo integran, a pesar de los niveles de precariedad e incertidumbre con la que nuestro personal investigador y técnico desempeña su trabajo. Se han perdido doce mil puestos de trabajo en ciencia en los últimos cinco años
en este país y hemos retrocedido a niveles de 2007. Al mismo tiempo, seguimos produciendo doctores por encima de la media europea, es un personal altamente cualificado y necesario para el futuro de nuestro país, que la actual política científica y
económica del Gobierno es incapaz de absorber, por lo que seguramente se irán incrementando las estadísticas de fuga de cerebros. No se trata solo de un problema presupuestario, por mucho que sea el principal elemento, sino que hay distintos
factores estructurales; uno de ellos, y también principal, es la ausencia de carrera académica digna de tal nombre. Esta es una tarea que estamos deseosos de llevar a cabo e invitamos a otros partidos a trabajar conjuntamente, ya que el Gobierno
no asume sus tareas frente a la ciencia.


Algunas de las cuestiones que se podrían desarrollar sin coste alguno para los Presupuestos Generales del Estado, y que siguen pendientes, podrían ser la reforma de la Aneca para que cumpla mejor su función de apoyo a universidades e
investigadores y no sea un lastre; desarrollar una carrera profesional del resto del personal de los organismos públicos de investigación de escalas técnicas, o tomar medidas que puedan agilizar el funcionamiento de los OPI y estudiar cómo
implementarlas. Los organismos públicos de investigación se encuentran actualmente lastrados por procesos burocráticos e intervenciones, que merman en el ámbito de procesos competitivos de fondos su competencia respecto a centros europeos. Estos
son algunos de los problemas que se pueden trabajar.


Por supuesto, vamos a votar a favor de esta iniciativa del Partido Socialista. Creemos que la crisis del sistema nacional de I+D+i se soluciona con ambición y valentía. Los temas a tratar son muchos y profundos, y por eso, instamos a todos
los grupos parlamentarios a asumir el impulso que el Gobierno no está dando a nuestro sistema de I+D+i y, sobre todo, a la situación laboral de las personas en el trabajo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra Píriz.


El señor PÍRIZ MAYA: Gracias, señor presidente.


Señorías, la Ley 14/2011 es una ley que salió por consenso en el Parlamento de España, es una ley que apareció en la época en la que apareció. Si quiere les recuerdo cómo dejaron España en 2011: el déficit por encima del 10 % y España
sumida en la mayor crisis de su historia, en una situación en la que

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se perdían empleos diariamente y en la que nuestro país estaba absolutamente hundido. Esa situación fue en la que dejaron al país y en la que estábamos cuando se firmó esta ley el 1 de junio de 2001.


Como en todo, en la vida hay precedentes. Cuando plantean el pacto por la ciencia y lo del 3 %, ustedes que llegaron al 1,5 % máximo en la época de mayor auge de la economía española, se olvidan de decir que en los años 2009 y 2010
aprobaron el Plan E de Zapatero con 12 000 millones de euros para cambiar todas las aceras de este país. No apostaron por I+D+i, sino que apostaron por cambiar aceras. Es más, hablamos de un 1,5 millones de euros que costaría esta medida, cuando
se gastaron en aquel plan 37 millones de euros en cartelitos. Esa es su apuesta por la I+D+i: 37 millones de euros en cartelitos. Nos vienen aquí a dar lecciones y nos traen a los investigadores, a quienes estamos encantados de recibir y a los
que nosotros estamos recibiendo, ya que nosotros hablamos asiduamente con Marina o Covadonga. No necesitamos intermediarios para hablar con ellos, estamos en contacto directo con ellos cada semana. Sin embargo, los traen aquí para generar unas
expectativas, que saben que se van a ver satisfechas, porque el Gobierno de este país va a cumplir con aquella ley que ustedes crearon y que sabían que era inviable en el momento que la crearon. Nos vienen a dar lecciones -repito- cuando en su
momento pudieron hacer las cosas mejor. Ustedes me recuerdan al amigo que algunos tenemos, que siempre invita pero se va sin pagar, al amigo que invita pero en la penúltima se va o se le ha olvidado la cartera en casa. La verdad es que
continuamente están invitando pero nunca pagando, siempre tenemos que venir los Gobiernos del Partido Popular a pagar todo.


Y les recuerdo que no hace falta que nos hable de lo bueno que son nuestros investigadores. Yo, que también he trabajado en el mundo de la I+D+i, sé lo bueno que son nuestros investigadores en España. Les puedo dar datos, les puedo decir
que nuestros investigadores, nuestras empresas, nuestras pymes y nuestros centros de I+D+i han conseguido ya más de 2000 millones de euros en el Programa Horizonte 2020 y que, de los veintiocho, somos el cuarto país en cuanto a su retorno. Eso no
sale porque sí, sale porque tenemos unos investigadores de primera, que están jugando en champion, y estamos en la vanguardia de Europa. Si tanto les interesa ahora mismo la I+D+i, el jueves pasado, en la reunión con el señor Tyler, ¿dónde estaba
el Grupo Socialista? No los vi. Desde luego, nosotros sí estábamos y estaba Podemos. No sé dónde estaban, no sé por qué ese interés repentino por la I+D+i, acusándonos de que estamos maltratando a los investigadores. Señorías, hay que
demostrarlo con hechos, no invitando y trayendo espectadores para sus PNL.


En relación con el tema que nos trae hoy, cabe destacar que el Ministerio de Economía lleva más de tres años trabajando en la aprobación de un decreto para regular las atribuciones del personal investigador funcionario de las escalas
científicas de los organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado, disposición en la que se abordará un nuevo sistema de evaluación del desempeño del citado personal, habida cuenta de la íntima relación existente entre
la evaluación del desempeño de este personal y un nuevo régimen retributivo que se pretende aprobar. Los objetivos que se pretenden alcanzar con la aplicación de este real decreto son: por una parte, regular el sistema retributivo de todo el
personal investigador funcionario de las escalas científicas de los organismos públicos de investigación, garantizar el mismo régimen retributivo a las escalas científicas estos organismos y estimular y reconocerse la excelencia, la mejora, la
calidad en las actividades profesionales del personal investigador funcionario a través de un sistema objetivo de evaluación del desempeño de su labor. La aprobación del citado real decreto no ha sido posible hasta la fecha pese a los intentos
realizados, por la primacía de la Ley de Presupuestos Generales del Estado sobre la Ley 14/2011, de 1 de junio, de Ciencia y Tecnología, al haber impedido aquella en los años 2014, 2015 y 2016, por una parte, que los sueldos subieran más del 1 % y,
por otra parte, por la prohibición de que los departamentos ministeriales pudieran proponer ninguna actuación que supusiera aumento neto de los gastos de personal al servicio de la Administración. En cualquier caso, en los próximos meses se prevé
la aprobación del real decreto.


Y nuestro voto será favorable a la propuesta original. No hace falta decir que estamos con los investigadores, con la I+D+i, con la investigación de nuestro país y que lo vamos a cumplir, como acabamos de decir. Queremos dar tranquilidad a
los investigadores que nos están viendo no solo aquí, en el Congreso, sino también a los que lo hacen desde fuera. Votaremos a favor, pero no así a la enmienda presentada.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Píriz.


Señora González, ¿acepta la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos?

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La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Creo que vamos a aceptar la enmienda, pero, como tengo que hacer una última consulta, se lo indicaré a la Mesa antes de la votación.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora González.


- SOBRE LA REPARACIÓN DEL DINERO REPUBLICANO INCAUTADO SEGÚN EL ORDENAMIENTO FRANQUISTA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 161/001789).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al cuarto punto del orden del día, proposición no de ley sobre la reparación del dinero republicano incautado según el ordenamiento franquista, presentada por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana. Para
su defensa, tiene la palabra la señora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Buenos días, señoras y señores diputados. Gracias, señor presidente.


Inicio mi intervención refiriéndome a Joan Tardà, quién está detrás de esta proposición no de ley y de tantas y tantas que han intentado recuperar la memoria histórica en el Estado español. Es la lucha por la dignidad de la República, de
las personas y de la política, en general. El punto que hoy proponemos no resulta ser ninguna novedad, se trata de una demanda histórica de Esquerra Republicana que ha sido presentada en diversas legislaturas, pero que también de otros grupos
parlamentarios, como, por ejemplo, la antigua Convergència Democràtica de Catalunya, que ha venido a acompañar y que ha sido acompañada de la acción llevada a cabo por la Asociación de perjudicados por la incautación del Gobierno franquista. Fue
presentada tanto en proposiciones no de ley como en enmienda a la Ley de Memoria Histórica, y el resultado es por todos conocido, porque, si no, hoy no tendríamos que presentar de nuevo esta iniciativa en esta Comisión de Economía. En aquellos
momentos, esa enmienda a la Ley de Memoria Histórica y las distintas PNL fueron rechazadas con la mayoría de los votos del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español. Parece que van cambiando las cosas y ya les anuncio que existe una
transacción, firmada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Grupo Parlamentario Socialista, que mejora la proposición no de ley presentada por Esquerra Republicana.


Es evidente que en pleno siglo XXI deberíamos haber evolucionado y haber sido capaces de entender que la reparación del daño causado por el franquismo va más allá de callar delante de la historia. Resulta curioso, porque, por ejemplo, fue
devuelto patrimonio incautado a partidos políticos y organizaciones sindicales, pero, por el contrario, a los particulares se les ha negado aún la posibilidad de recibir una reparación. Por tanto, esta iniciativa pretende el cumplimiento de
aquellos principios que deben perseguir la recuperación de la memoria histórica, que no son otra cosa que la verdad, la reparación y la justicia. Pero además es una cuestión de dignidad. Se trata del derecho de restitución de un dinero que fue
confiscado por el Gobierno franquista, un Gobierno que fue calificado por Naciones Unidas de fascista. Esta proposición no de ley es además la constatación de que el franquismo fue un expolio generalizado, un robo general de libertades y derechos,
de la vida de muchas personas y de los esfuerzos de muchos ciudadanos, de los esfuerzos colectivos pero también de los individuales, como el dinero del que solicitamos su restitución.


Por tanto, el Estado español, el régimen franquista mintió a sus ciudadanos. Estas familias confiaron en que el Estado cumpliera con aquello que establecía el decreto en el que se regulaba el canje de dinero, confiaron en que les serían
devueltos aquellos esfuerzos acumulados durante tantos años. El recibo del Banco de España que obtuvieron a cambio se convirtió en aquel momento en el tótem de la represión y en el icono que significaba que la familia había sido, francamente, más
que represaliada; un recibo que ha pasado de padres a hijos y de hijos a nietos, indicando que el franquismo aún está presente hoy entre nosotros. La cifra requisada por el ejército franquista sería de unos 35 millones de las pesetas de aquel
momento en torno a unas 3500 familias, que a día de hoy supondrían más de 3000 millones de euros. La Asociación de perjudicados por la incautación del Gobierno franquista acoge hoy en día a más de 747 familias, a las que les fueron incautadas en
orden de los 10,5 millones de pesetas, una impunidad también en el aspecto económico. Esta es una perspectiva más desde la que debe ser contemplado el franquismo. De ahí vienen muchos de los males que afectan a la sociedad actual, la impunidad con
la que algunos pueden o pretenden o quieren poseer el dinero de los otros.


No les voy a leer la exposición de motivos que acompaña a la proposición no de ley, que ha sido repartida junto con la transacción llevada a cabo. Es muy evidente. La historia está ahí, determina cuáles

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fueron los pasos y los decretos legales que dieron cobertura a la incautación del dinero republicano. Lo que Esquerra Republicana pide en esta proposición no de ley es sencillo, muy simple: en primer lugar, el Congreso insta a que se lleve
a cabo una profunda investigación del total del dinero incautado a los insurrectos desde 1936, que conformó lo que se denominó Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo, así como aquel que fue puesto en una cuenta corriente en el
Banco de España bajo el título de billetes de canje desestimado, y determinar las personas perjudicadas por estos hechos.


Esta investigación debería suponer la creación de un censo de perjudicados por la incautación de fondos o propiedades y esta investigación correspondería realizarla al Banco de España. De hecho, no es comprensible que a día de hoy aún
existan fondos de archivo histórico del Banco de España que estén sin investigar. Es muy triste y realmente deplorable que en un Estado democrático, como ocurre cuando alguno de los familiares se dirige a este archivo para intentar localizar
documentación relacionada con un asunto familiar como es este del dinero incautado, se obtengan respuestas del tipo: hágalo usted mismo porque aquí hay miles de documentos que todavía no hemos podido clasificar; un Banco de España -recordemos-
capaz de llevar a cabo complejos informes sobre análisis de riesgos financieros pero incapaz, entre otras muchas más cosas, de investigar en sus archivos sobre miles de documentos de los que dispone que explican las deudas reales con los ciudadanos.
Les he hecho llegar un informe del Banco de España en respuesta a una pregunta por escrito formulada por esta diputada que aclara algunos de los aspectos a los que me acabo de referir.


La segunda parte de la proposición no de ley, que hemos acordado transaccionar, supone reconocer el derecho a obtener reparación a las personas que fueron objeto de las mencionadas confiscaciones de papel moneda y otros títulos fiduciarios
emitidos por las autoridades de la República y a sus causahabientes, y para ello el Gobierno deberá establecer el procedimiento y el modo de acreditación de la titularidad del derecho, los plazos para poder ejercitarlo, la forma de la reparación y
el cálculo de su cuantía.


En consecuencia, esta es la proposición no de ley que hemos transaccionado y que Esquerra Republicana ha presentado en relación con el dinero republicano incautado y solicitamos el voto favorable de los distintos grupos parlamentarios.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Capella.


Para la defensa de la enmienda presentada, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista y por tiempo de cinco minutos, tiene la palabra el señor Zaragoza.


El señor ZARAGOZA ALONSO: Muchas gracias, señor presidente.


Mi intervención va en la línea de explicar que hemos llegado a un acuerdo y que la enmienda, compartiendo la declaración y el relato histórico que esta propuesta presenta a la Comisión, está inspirada en la modificación de la Ley de la
Memoria Histórica que aprobó el Parlament de Cataluña por unanimidad de los grupos políticos presentes. Insisto, es una propuesta que presentó el Grupo Socialista en el Parlament de Cataluña y que fue votada a favor por todos los grupos. Ahí está
la línea argumental en la que nosotros estamos. La historia existe y aquí se hace un relato de lo que pasó, nadie lo discute, y lo que hemos de encontrar son maneras razonadas y razonables de solventar los problemas que todavía años después se
acumulan.


Ha explicado la portavoz de Esquerra Republicana que ya habíamos solventado los problemas por la vía que se abrió para los partidos y sindicatos, fórmula que se siguió hace años y que nadie ha discutido con posterioridad porque nadie la ha
cambiado; la hicimos los socialistas desde el Gobierno y después ha sido asumida como una solución razonable. Y lo mismo es lo que hacemos nosotros con la presentación de esta enmienda que ha aceptado la portavoz de Esquerra. Compartiendo, como
digo al principio, el relato histórico de esta iniciativa, creímos que las propuestas iniciales que se hacían abrían puertas no razonables y jurídicamente dudosas, razón por la que hemos planteado una redacción que expresa con claridad la solución
al reconocimiento histórico de este problema, cuestión que la sociedad española después de cuarenta años de democracia ha de acabar de solventar.


Creo que esto lo compartimos todos los grupos políticos, pero, al mismo tiempo, debemos hacerlo de manera que resulte razonable también para el Estado. Por eso, presentamos esta enmienda, que pone en sus justos términos la resolución de un
problema, que, como explicaba la portavoz de Esquerra, reivindica la Asociación de perjudicados por las incautaciones del Gobierno franquista, constituida por sus familiares. Estas soluciones que planteamos son las que ellos reivindican de una
manera razonada y razonable. No

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son propuestas extremas; al contrario, son muy claras y diáfanas e -insisto- nos permitirían cerrar de manera razonada y razonable un problema histórico que todavía está vivo nuestra sociedad. Creo que la democracia ha de ser
fundamentalmente esto, ponernos todos de acuerdo. Fueron todas las fuerzas políticas presentes en el Parlament de Cataluña, y vuelvo a resaltarlo, porque a veces parece que estas discusiones suponen enfrentamiento entre grupos políticos. No, aquí
no hay una voluntad acerca del presente, sino de que en el presente se solvente un problema que tenemos del pasado, un problema que no hemos sido capaces de resolver hasta ahora, y no hacerlo desde la confrontación, sino desde la búsqueda del
consenso, de un acuerdo, de los espacios en común, que los hay. Se produjo en el Parlament de Cataluña: Partido Popular, Ciudadanos, Partido Socialista, Esquerra Republicana, Junts pel Sí, todas las fuerzas políticas aprobamos ese acuerdo. Y en
la misma línea va está solución.


Por eso, pido el apoyo de los grupos parlamentarios, que dieron apoyo a una solución similar en el Parlament de Cataluña, porque es una propuesta que, si leen la literalidad de cómo ha quedado después de la transacción, verán que es de lo
más razonada, de lo más razonable y nos permite solventar un problema que venimos arrastrando desde hace muchos años y nos permite a todos convivir en paz.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Zaragoza.


En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Roldán.


El señor ROLDÁN MONÉS: Gracias, señor presidente.


Normalmente, Esquerra tiene poco interés en hablar del pasado para buscar consensos y resolver problemas y lo tiene más en buscar rédito político e intentar confrontar en cuestiones del presente. Estamos absolutamente de acuerdo en que se
produjeron terribles injusticias, como lo reconoce la Ley de la Memoria Histórica. En este caso hay un dinero que se incautó de manera injusta en el año 1936. Pero creo que el marco para discutir estas cuestiones existe, y se llama Ley de Memoria
Histórica, aunque no creo que esto añada demasiado al debate, y, particularmente, a la Comisión de Economía. Como decía el señor Zaragoza, parece que ya es más una cuestión jurídica, debatida, que se encuentra en trámite por la vía judicial.


En todo caso, vamos a valorar la enmienda transaccional que acabamos de recibir, que me parece que su poco más sensata. Evidentemente, el primer punto que planteaba la PNL de Esquerra nos parece lógico y justificado (La señora Capella i
Farré pronuncia palabras que no se perciben), si me permite hablar la portavoz de Esquerra Republicana. Entiendo que se pongan nerviosos porque nosotros también condenemos la dictadura, pero así es la realidad. En todo caso, insisto, el punto
primero de la iniciativa de Esquerra, en la que se habla de investigar, me parece razonable. Habría que matizar algunas cuestiones jurídicas que, como es habitual en Esquerra, están poco trabajadas. Vamos a valorar la propuesta de la enmienda
transaccional que plantea el Grupo Socialista y después decidiremos el sentido del voto.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Roldán.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Vidal.


La señora VIDAL SÁEZ: Gracias.


Nosotros vamos a andar con menos dubitaciones. Sin duda, vamos a apoyar esta PNL por una cuestión de justicia, por reparación y por una cuestión de higiene democrática. Según un informe del Banco de España de 1938, a los sublevados
franquistas se les incautó solo durante la Guerra Civil más de treinta y cinco millones de las antiguas pesetas. Han pasado setenta y nueve años desde la incautación, cuarenta desde las primeras elecciones sin el dictador y seguimos esperando aún a
día de hoy, en 2017, la restauración y la justicia pertinente. Se han presentado diversas iniciativas para conseguir recuperar el dinero incautado y reconocer el derecho de restauración a los particulares afectados, como indicaba la portavoz de
Esquerra Republicana. Desgraciadamente, hasta ahora el Partido Popular y Partido Socialista se habían opuesto a esta recuperación. Celebramos, pues, que hoy haya una transaccional en la que nos podamos encontrar todos y que pueda seguir adelante
este asunto.


Esta proposición insta a algo que es posible. Con la recuperación de la democracia, diversos partidos políticos y sindicatos fueron indemnizados en parte por incautaciones bastante similares a estas, pero este hecho no se ha dado entre las
personas particulares. Pese a que, ciertamente, se produjo una mejora

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en el régimen de devolución del patrimonio incautado a sindicatos y partidos políticos democráticos, ya en tiempos de Zapatero se volvió a paralizar esta restauración. El Real Decreto-ley 13/2005, de 28 de octubre, por ejemplo, modificaba
la cesión de bienes del patrimonio sindical acumulado, cumpliendo el fin de devolver el patrimonio incautado a las organizaciones sindicales a raíz del golpe de Estado franquista. Asimismo, mediante el Decreto 50/2007, de 26 de diciembre, se
restituía y compensaba a los partidos políticos de bienes y derechos incautados. Además, se produjo la restitución de la documentación incautada a la Generalitat de Cataluña y a particulares por las autoridades franquistas que habían permanecido
desde entonces en el Archivo General de la Guerra Civil. No obstante, el proceso de restitución e indemnización no ha alcanzado nunca a los bienes inmuebles y las propiedades incautadas o directamente robadas a ciudadanos y particulares con motivo
de la represión política.


La actual ley, nacida para reconocer y reparar el daño infligido a los ciudadanos y ciudadanas por la dictadura franquista y su legislación represiva, reconoce un carácter injusto e ilegítimo, pero, paradójicamente, se queda ahí, en un tibio
reconocimiento. Para quienes padecieron algún tipo de expolio patrimonial, vendría a actuar como una ley de punto final, al reconocer el derecho de un resarcimiento moral pero no la restitución de los bienes incautados o su compensación. Parece
que a la falta de valentía y compromiso con la democracia de los legisladores y las legisladoras se suma un temor, en este caso por las implicaciones económicas de la restitución o compensación de los bienes incautados. Pero es bien curioso que
estos mismos legisladores no pusieran ningún tipo de traba a la restitución del patrimonio de personas jurídicas, como partidos políticos o sindicatos, cuyos derechos además son reconocidos jurídicamente con anterioridad a la Ley de la Memoria
Histórica.


Los argumentos recogidos en los preámbulos de las leyes que regulan las compensaciones a partidos y sindicatos por el expolio patrimonial son perfectamente aplicables al caso de los particulares. Ante todo, se trata de una cuestión de
justicia, no solo de memoria histórica. Es una vergüenza que cuando se conmemora el 40.º aniversario de las primeras elecciones democráticas queden por resolver buena parte de las demandas en relación con la verdad y la justicia sobre la Guerra
Civil y la represión franquista, una vergüenza muy ilustrativa de la situación en que nos encontramos aún a día de hoy. Cuestiones como las fosas comunes -hay que recordar que somos uno de los países con más fosas comunes del mundo-, la ignominia
del Valle de los Caídos, la anulación de los juicios del franquismo o la restitución del patrimonio económico incautado que solicita esta proposición no de ley aún están por resolverse a día de hoy.


El pleno reconocimiento de las personas que se mantuvieron leales a la legalidad republicana y lucharon por la democracia frente al fascismo, a diferencia de lo que han hecho otras democracias en nuestro entorno, aún está pendiente en
nuestra casa. En un país con una sólida memoria democrática nunca se regalaría una medalla, por ejemplo, a un jerarca franquista como Martín Villa, que tuvo responsabilidades en los sucesos de Vitoria, en los que la policía asesinó a cinco
trabajadores. En una democracia con raíces sólidas, probablemente el presidente del Gobierno habría asistido al homenaje de Francecs Boix en París.


Como antes avanzaba, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, como no podía ser de otra forma, vamos a dar nuestro apoyo a esta proposición.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vidal.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Suárez.


El señor SUÁREZ LAMATA: Muchas gracias, señor presidente.


Señora Capella, créame que tenía verdadero interés en escucharla, sobre todo, por la argumentación, pero veo que básicamente repite la misma del señor Tardà, aunque es verdad que con otro tono, pero, en el fondo, quizás de forma más
contundente, y se lo digo, fundamentalmente, para que usted ubique mi discurso. Le habla alguien de quien una parte de su familia estuvo en un lado y la otra en el otro. Se lo digo porque creo que estoy en situación quizás mejor que otras personas
de entender esta cuestión. Y podría despacharme de esta iniciativa hablándole de que, en definitiva, es una propuesta comodín que ustedes han venido utilizando en función de si les ha convenido o no, porque repiten lo mismo que en 2004. Lo que
usted no ha contado es que en 2007 y en 2008 la presentaron pero nunca la trajeron a ninguna comisión para debatirla. Luego, ese es el interés que ustedes tenían por el problema. Quizá su explicación es que gobernaba la izquierda y entonces poner
3000 millones resultaba complicado, mientras que ahora, como gobierna el Partido Popular, todo es más fácil. Incluso, podría emplear ese tono -que no lo haré, ya se lo digo- que utiliza su compañero, el señor Rufián, vacío de contenido -eso sí, por

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supuesto, sin insultos-. Pero me sorprende algo de esta iniciativa, porque creo que para presentar este tipo de propuestas hay que tener mucha autoridad moral, y el suyo es un partido con mucha historia, y quiero recordarle que en el debate
de 2004 alguien ya les dijo que esta iniciativa estaba bien pero si ustedes se acordaran de todos. Y le quiero recordar que el mismo problema que aquí se plantea se suscitó en Cataluña gobernando Esquerra Republicana, donde hubo requisas, y usted
se olvida absolutamente de eso. Le voy a poner un ejemplo. Yo soy aragonés y en la Guerra Civil el Gobierno catalán expolió los murales del monasterio de Santa María de Sigena. Hay cinco sentencias judiciales que condenan a Cataluña a
devolverlas, pero ustedes hacen mutis por el foro ante ese tipo de planteamientos. Ya sé que esto no interesa mucho escucharlo, pero, claro, a veces la verdad desmonta planteamientos que pueden parecer muy épicos.


Yo no sabía muy bien cómo enfocar esta iniciativa, pero la portavoz de Podemos ha hecho referencia a que mañana se celebran cuarenta años de democracia en este país. Pues bien, quiero hacer una reflexión. Quienes tenían la legitimidad
moral en aquel momento, más que nadie, hace cuarenta años, el 15 de junio, en su primera elección ante una urna, decidieron tres cosas: la primera, reconocerse como iguales; la segunda, admitir que cada uno podía elegir libremente la opción
política que quisiera, y, la tercera, reconocer el resultado de las elecciones. Pero para mí hubo algo mucho más importante en esas elecciones, señorías, que fue que todos los españoles decidieron enterrar al enemigo, a ese enemigo que veían en los
que no pensaban como ellos, ese enemigo que durante muchos años, aquellos malos, negativos, nefastos años de la dictadura se fue alimentando. Decidieron enterrar a ese enemigo, decidieron no admitir el legado de las dos Españas, las famosas Españas
de Machado. ¿Y qué sucede, señorías? Mucho tiempo después y generaciones que nada tienen que ver con quienes realmente sufrieron aquel problema vemos que hoy reivindican cuestiones que aquellos afectados decidieron enterrar y hoy las quieren
resucitar. Y alguien puede preguntarse: ¿por qué quieren hacerlo? Evidentemente, señorías, en los discursos populistas, en los discursos de todos aquellos que acaban en istas -y no hay más que leer a Carl Schmitt, a Laclau, a todos estos
escritores que inspiran en estos momentos, esos a los que llaman los de la nueva política-, al final, entienden la política como confrontación, señorías: una parte de una sociedad tiene que acabar destruyendo a otra, justo lo contrario de lo que
sucedió hace cuarenta años, cuando los españoles -insisto- decidieron no aceptar el legado de las dos Españas. Por eso, señorías, no vamos a apoyar esta propuesta, porque, fundamentalmente, ustedes no pretenden reparar un daño, porque hay otros
daños que ustedes obvian conscientemente.


Y me quiero referir al cambio de posición sustancial, porque en ese acuerdo de hace cuarenta años estaba el Partido Socialista. Hoy se produce de nuevo un cambio sustancial, señor Zaragoza, y lamento -sabe que le tengo aprecio- que sea
usted quien lo haya pilotado. En el año 2004, el Partido Socialista, cuando se estaba tramitando la Ley de la Memoria Histórica, se negó a votar esta iniciativa. El argumento era que lo incluirían en la Ley de Memoria Histórica. Señorías, el
argumento fue: ustedes se están olvidando de las requisas en Cataluña, de las requisas en otras zonas de España de Gobiernos republicanos. El argumento fue: vamos a intentar resolver este problema, pero para todos los que padecieron ese problema.
Y hoy el nuevo PSOE...


El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, tiene que ir terminando.


El señor SUÁREZ LAMATA: Acabo ya, señor presidente.


Hoy ese PSOE, liderado por el señor Sánchez, que entra en la historia de la política -señor Zaragoza, fíjese, lo que es la vida- con el puño en alto y la Internacional Socialista -de nuevo tiene poco, ¿no?-, decide también ese viaje al
pasado. Cambian ustedes de posición, no explican, en absoluto, por qué y, realmente, lo único que uno puede acabar por entender es que ustedes también están en esa competencia referida a ver quién es más de izquierdas. Señorías, lamento ese cambio
de posición, porque el Partido Socialista fue y entiendo que tiene que seguir siendo vital para la democracia en este país. Con la confrontación llegaremos a pocos sitios.


El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, tiene que terminar.


El señor SUÁREZ LAMATA: Solo una frase. Quiero decir a algunos de los intervinientes que entre honrar el pasado y perderse en él hay una delicada línea, y me da la sensación de que algunos están en un pozo del que no van a saber salir.


Muchas gracias. (Aplausos.-La señora Capella i Farré pide la palabra.)

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El señor PRESIDENTE: Señora Capella, supongo que es para indicar si acepta o no acepta la enmienda.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Se acepta la enmienda porque es transaccional. En todo caso, permítame dos pinceladas. La Ley de la Memoria Histórica no lo ha solucionado todo. Lo que hoy hemos hecho ha sido reflejar lo que se acordó en el
Parlament de Cataluña, que el Partido Popular también votó a favor.


El señor PRESIDENTE: Señora Capella, no es un turno para reabrir el debate.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Pero tengo dos minutos, ¿no?


El señor PRESIDENTE: No, tiene dos minutos para indicarme si acepta o rechaza la enmienda.


La señora CAPELLA I FARRÉ: La acepto, pero déjeme que entre en el fondo de la transacción, porque eso sí que lo puedo hacer.


El señor PRESIDENTE: No, no ha lugar. No reabrimos el debate.


- SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR UNA VERDADERA 'SEGUNDA OPORTUNIDAD' A LAS FAMILIAS Y DEUDORES EN SITUACIÓN DE INSOLVENCIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/000928).


El señor PRESIDENTE: Entramos ahora en el debate de la siguiente proposición no de ley, sobre medidas para garantizar una verdadera 'segunda oportunidad' a las familias y deudores en situación de insolvencia, presentada por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos.


Para su presentación tiene la palabra su portavoz, el señor Gómez.


El señor GÓMEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.


Hace relativamente poco tiempo había un anuncio en la televisión que decía: los autónomos no parecen humanos. Y la verdad es que te pones a pensar y en España hay que ser muy valiente, muy osado o igual, a veces, un poco loco para ser
autónomo o emprendedor, iniciar un negocio o abrir un establecimiento porque la verdad es que el tema esta chungo, está difícil para ellos. Nuestros emprendedores o autónomos con sus pequeños negocios no quieren que les den subvenciones o ayudas,
sino que no les pongan palos en la ruedas, que no se lo pongan más difícil, que no les pongan trabas que solamente les generan problemas. De todos es conocido que para Ciudadanos es una prioridad ayudar y ponérselo fácil a esos autónomos y
emprendedores, a esas pymnes. Por eso, en su momento ya presentamos una ley de autónomos, que se está tramitando en este Congreso y que esperamos que dentro de poco vea la luz. La pasada semana se aprobó la toma en consideración de una proposición
de ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad para ayudar a que se pague a tiempo a nuestras empresas y autónomos, que las grandes empresas no se aprovechen de su posición de privilegio y se financien a través de estos autónomos y pequeñas
empresas. Sin embargo, creemos que estas medidas no son suficientes, es cierto que tenemos que ayudar a que ninguna empresa o autónomo se caiga, pero también es verdad que debemos ayudar a que aquel que se ha caído se pueda levantar. En este país
esto de poderse levantar es prácticamente imposible. En otros países, nada sospechosos de ser comunistas, es posible levantarse. Y ahí tenemos casos como los de Walt Disney o el propio Bill Gates, presidente de Microsoft -ahora uno de los hombres
más ricos del mundo, si no el que más-, cuyos negocios se fueron a pique, se arruinaron, se consiguieron levantar, reponer, salir adelante y tener éxito.


Como decía, esto en España es prácticamente imposible porque aquel al que, por desgracia, no le sale bien el negocio, se ve abocado a la muerte civil. Prácticamente te ves obligado a no tener una cuenta a tu nombre, a no tener bienes a tu
nombre, a que cualquier ingreso que recibas sea susceptible de ser embargado rápidamente por Hacienda o por la Seguridad Social. Las últimas reformas que ha habido para intentar solucionar estos problemas no han funcionado, porque no se han
abordado los dos temas principales que hacen que ese autónomo, esa pequeña empresa, ese emprendedor no se pueda levantar, que son, en primer lugar, el de las deudas con Hacienda y la Seguridad Social y, en segundo lugar, el de la vivienda que es el
principal activo que tiene una persona, su principal patrimonio, al que dedica mayores esfuerzos de inversión y que ese pequeño emprendedor tiene que poner como garantía para que los bancos le financien. Esto no se ha solucionado y se han creado
estos problemas que abocan a la muerte

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civil. Nosotros creemos que hay que ayudar al que se la ha jugado y, por desgracia, le ha salido mal. Hay que ayudar a aquel que quiere pagar y no puede. No se trata de ayudar al que no quiere pagar, sino a quien en estos momentos por
diferentes circunstancias no puede, pero si le dejamos respirar en un futuro podrá pagar y salir adelante. Por eso, señorías, por justicia y porque creemos que sería bueno para nuestra economía, solicitamos su voto a favor de esta proposición no de
ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez.


Para la defensa de las enmiendas presentadas, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor González.


El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.


La historia ya la conocemos, la burbuja de crédito fácil creada por los bancos españoles, pero también inflada por los bancos alemanes y franceses, conllevó que se disparara durante la década pasada el endeudamiento privado en España. La
deuda privada llegó en 2010 al 268% del PIB, un disparate ante el cual no pusieron freno ni el Partido Popular ni el Partido Socialista cuando se turnaron en el Gobierno. Esta burbuja inmobiliaria que se asentó y se infló sobre este crédito fácil
acabó explotando en 2008, acabó explotándonos en la cara a la mayor parte de los ciudadanos de este país. Esta explosión se llevó por delante 3 millones de empleos, 180 000 empresas, pero también 244 000 desahucios, según los datos del Consejo
General del Poder Judicial; cientos de miles de personas que lo perdieron todo, todo, salvo la deuda con los bancos. Mientras los bancos eran rescatados con dinero público -ahora lo sabemos- por 60.000 millones de euros a fondo perdido, las
familias no han visto ni un euro para ayudarles con sus deudas. Es decir, rescataron a los bancos y soltaron a las familias a los tiburones. En los últimos años el conjunto de la deuda privada se ha ido reduciendo paulatinamente, tanto la deuda de
las empresas, que en gran parte en el caso de los bancos ha sido asumida por el Estado, como de las familias. Sin embargo, el endeudamiento de las familias sigue siendo uno de los principales problemas que lastran el consumo y la inversión en
nuestro país, con miles de personas en estado de muerte civil, inscritos en registros de morosos de por vida, lo que les condena a la economía sumergida imposibilitando su capacidad para reemprender su actividad económica profesional.


En España, pese a la gravedad del problema y al contrario de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, no existe un procedimiento eficaz para liquidar deudas de personas físicas. En 2015 el Partido Popular aprobó mediante real
decreto la denominada Ley de segunda oportunidad, que de segunda oportunidad tenía poco más que el nombre. Las buenas palabras de la exposición de motivos no corresponden con el desarrollo de la ley, que presenta un procedimiento lento, complicado
e ineficaz que no incluye las deudas con Hacienda y Seguridad Social, que no proporciona ninguna asistencia para la negociación extrajudicial y carga sobre los avalistas el peso de la deuda de las familias y endeudados. Además, cuando tras un
calvario de siete años se llega a la cancelación de las deudas, esta es revocable por un periodo de cinco años si la persona endeudada tiene mejoras económicas, algo que no se produce en ningún otro país. Desde luego, es sorprendente la rapidez con
la que se hizo el rescate a las entidades financieras que fueron las que causaron la crisis, y la comparación de esto con cómo se dejó en la estacada a miles de familias que sufrieron sus consecuencias, así como a miles de ciudadanos estafados por
la burbuja crediticia inmobiliaria. Es decir, socialismo para los bancos y capitalismo salvaje para los ciudadanos, eso fue lo que se vivió aquí durante el principio de la crisis.


Hace falta una verdadera Ley de segunda oportunidad que haga justicia y evite el endeudamiento de por vida de las familias y los autónomos que fracasan, porque para los autónomos el fracaso debería ser parte del proceso de aprendizaje que
lleva hacia el éxito y no una losa que se mantiene de por vida. Esta ley no solo es una cuestión de justicia, que lo es, sino, además, una cuestión de eficiencia y eficacia económica, pues permitiría regenerar y mantener un tejido productivo que en
estos momentos hace falta. Es necesario un proceso de simplificación, reestructuración y cancelación de deudas para personas físicas que incluya procesos de resolución y todas las deudas generadas por la actividad anterior, incluyendo las de
Seguridad Social y Hacienda, que facilite asimismo el acceso a la asistencia jurídica en los procesos concursales y favorezca la mediación extrajudicial.


Creemos que esta proposición no de ley va en la dirección adecuada y hemos presentado varias enmiendas orientadas a reforzar estos mecanismos de exoneración de deudas y a facilitar la asistencia a las personas endeudadas, que creo que se han
reflejado en la transaccional que ha presentado el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Esperamos poder avanzar más allá pasando de la proposición no de ley a una

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proposición de ley lo antes posible para que, por fin, la Administración devuelva a las familias el favor que ya hizo en su momento a los bancos. Esperamos también que pronto haya una segunda oportunidad para echar a este Gobierno y
facilitar la posibilidad de que haya un Gobierno de cambio que se preocupe por las familias, que se preocupe que los ciudadanos y que no se centre exclusivamente en rescatar a los bancos y a las grandes fortunas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.


En defensa de la enmienda presentada, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Palacín.


El señor PALACÍN GUARNÉ: Gracias, señor presidente.


Quiero adelantar que mi grupo comparte la intención de esta iniciativa y, en grandes líneas, estamos de acuerdo con todas las medidas que plantea Ciudadanos. Si es verdad que hemos presentado una enmienda que prácticamente queda recogida en
su totalidad en la enmienda transaccional, con la que pretendemos mejorar sin llegar a desvirtuar el texto inicial de la proposición no de ley dándole un carácter más social, porque para el Partido Socialista las medidas que hoy estamos debatiendo
son necesarias y no pueden esperar. Ya en la X Legislatura, el Gobierno del señor Rajoy presentó, entre otras, la Ley 25/2015, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social -y recalco social-,
donde se introdujo el concurso de acreedores para deudores que fueran personas físicas, que una vez concluido podía derivar en la concesión al deudor del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, pero previamente tenía que cumplir unos
requisitos que, a todas luces, para nuestro partido eran excesivamente exigentes. Ya en su día el Grupo Parlamentario Socialista presentó más de cincuenta enmiendas dirigidas a facilitar que familias y autónomos endeudados que no pudieran hacer
frente a sus pagos, tuvieran la posibilidad de rehacer sus vidas, incluso arriesgarse en nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar la losa de una deuda que nunca podrían pagar. Las enmiendas presentadas en su día recogían muchas de las medidas
que hoy estamos debatiendo. Y estamos debatiendo estas medidas porque la realidad es la que es; la legislación que en 2015 se puso en marcha no funciona y no cumple los objetivos que pretendía. Es una reforma que fue pensada para grandes empresas
y no para familias y autónomos. Hay que tener en cuenta que en 2014 el 12 % de los concursos fueron de personas físicas, en 2015 creció al 15 % y en 2016 al 17 %, pero este porcentaje ha crecido no porque se haya incrementado el número de concursos
de personas físicas, sino porque ha disminuido el número de concursos de personas jurídicas. La cuestión es que en Alemania en 2015 hubo más de 70 000 casos de concursos de personas físicas, mientras que en España no llegaron ni a los mil. A fecha
de hoy, para que el deudor, como he dicho antes, pueda beneficiarse debe abonar los importes no exonerables, que son prácticamente en su totalidad Hacienda y Seguridad Social, que en muchos casos siguen siendo importes muy altos y que no ayudan a
que los deudores puedan beneficiarse.


Me alegro de que estas medidas que hoy nos trae Ciudadanos estén recogidas en el documento de las 150 medidas del pacto de Gobierno que tiene comprometido con el Partido Popular, y espero que una vez aprobadas puedan ponerse en marcha,
porque también hay que tener en cuenta que en 2014 la Comisión Europea ya hizo una recomendación sobre el nuevo enfoque frente a la insolvencia y fracaso empresarial, donde sugiere el establecimiento de un régimen real de segunda oportunidad con
condonación de deuda para plazos inferiores de tres años, siempre que se dé el criterio de buena fe, que es el fundamento que da sustento a todas estas medidas. Hay que recoger debidamente los supuestos de buena y mala fe porque si se aplica una
normativa como la que hoy debatimos no tiene por qué afectar ni a la cultura de pago de todos nuestros ciudadanos ni a que el costo del crédito se vea incrementado, ya que en países de nuestro entorno con una normativa aplicada igual que la que hoy
estamos debatiendo ni se ha visto perjudicada la cultura de pago ni el coste del crédito. Es verdad que con la enmienda que hemos presentado intentábamos mejorar, por ejemplo, el punto número cuatro, en el que Ciudadanos pretende eliminar el
periodo de cinco años durante el cual las deudas exoneradas pueden volver a ser reclamadas por los acreedores; y nosotros añadíamos al texto 'aunque mejorase sustancialmente la situación económica del deudor' durante este plazo, pero no ha sido
aceptada. El Grupo Parlamentario Socialista, al que represento en esta iniciativa, entiende que estas medidas aunque se quedan un poco cortas, son necesarias y vamos a votar a favor de la enmienda transaccional, como no podría ser de otra manera.


Muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Palacín.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana? (Pausa.)


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora López Ares.


La señora LÓPEZ ARES: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, anunció que el Partido Popular se va a abstener en esta proposición no de ley y voy a explicar el porqué. En primer lugar, antes de explicar esta abstención, queremos dejar claro que el Gobierno y el Partido Popular creemos que lo
mejor que se puede hacer para luchar contra los problemas que puedan tener empresas y familias ante una situación de insolvencia o de deudas a las que no pueden hacer frente es impulsar políticas y medidas para generar crecimiento económico y
empleo. Cuando el Partido Popular llegó al Gobierno puso en marcha un ambicioso paquete de medidas y de reformas para reconducir la situación económica de este país, para pasar de la recesión al crecimiento económico y de la destrucción a la
creación de empleo. En primer lugar, queremos destacar que, efectivamente, las administraciones públicas y el Gobierno tenemos obligación de dar segundas oportunidades a los ciudadanos, pero también creemos firmemente en que lo fundamental es
darles primeras oportunidades, porque si no se hubiesen producido el periodo de recesión, el período de crisis económica y el período de destrucción de empleo, seguramente muchos particulares, familias, autónomos y pymes no se hubiesen visto en la
situación en la que se vieron durante la crisis económica, especialmente entre 2008 y 2012. Por eso se pusieron en marcha reformas, para la reducción de la morosidad, aumentando el crédito para las empresas y las familias, para mejorar las
exportaciones, la reforma del mercado laboral que ha permitido limitar la destrucción empleo y que hayamos pasado a crear empleo en cuanto hemos tenido crecimiento económico; en definitiva, hemos llevado a cabo una modernización de la economía
española. Prueba de ello es que el número de concursos de acreedores tanto para personas como para entidades se ha reducido desde el año 2012. Por eso podemos hablar de segunda oportunidad, pero fundamentalmente tenemos que hablar de las primeras
oportunidades para todos ellos. He escuchado los datos que ha dado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y le pediría que fuese un poco más riguroso, porque usted ha dicho que ha aumentado el porcentaje de personas que han solicitado un
concurso. Y la verdad es que analizando los datos tengo que decir que ese número ha disminuido, en el año 2009 había 6197 personas que solicitaron concurso de acreedores; mientras que en el año 2016 estamos hablando de 4754 personas. Es decir,
años 2009 y 2016, ya nos hemos recuperado en cuanto al número de personas que están solicitando este tipo de concursos.


Dicho esto de trabajar para que todos tengamos una primera oportunidad, en el Grupo Parlamentario Popular entendemos que también hay que trabajar para acompañar a todos aquellos que han fallado en esa primera o segunda oportunidad y que, por
determinadas circunstancias sobrevenidas, no pueden hacer frente a sus deudas. En este sentido, el Gobierno del Partido Popular desde el año 2012 ha puesto en marcha medidas para acompañar a las personas y a las empresas, a las pymes y a los
autónomos. Queremos destacar, en primer lugar, el código de buenas prácticas que se puso en marcha en marzo de 2012. Señor portavoz de Unidos Podemos, yo sé que ustedes hablan mucho y hacen poco; hablaban mucho de paralizar los desahucios cuando
ustedes llegaran a los gobiernos, y nosotros estamos observando que tanto en el ámbito municipal como en el ámbito autonómico hablar han hablado mucho, pero hacer han hecho poco. Sin embargo, nosotros en el año 2012 ya pusimos en marcha un código
de buenas prácticas que, posteriormente, fue modificado en marzo de 2015 y ampliado por un real decreto recientemente aprobado en este año 2017. Al mismo tiempo que se acompañaba a las familias en estas situaciones, se puso en marcha la Ley de
segunda oportunidad que ha sido fundamentalmente social, en primer lugar, porque extendió los acuerdos extrajudiciales a cualquier persona particular, cerrando así el círculo de leyes destinadas a reducir el sobreendeudamiento de las familias y de
las empresas, proceso que ya se había iniciado con la Ley de emprendedores. En segundo lugar, por el mecanismo de segunda oportunidad para cualquier persona o familia que siendo deudores de buena fe, podrán ver exoneradas las deudas que no puedan
ser satisfechas en un proceso de liquidación concursal. Y en tercer lugar, porque también amplió los mecanismos de protección para aquellos deudores hipotecarios más vulnerables incrementando el número de beneficiarios del código de buenas
prácticas, incluyendo en ese momento la protección para aquellos que tenían cláusulas suelo y que se encontraban en situaciones más difíciles. Por tanto, hacer se ha hecho mucho. ¿Que hay que continuar haciendo más? Por supuesto, de ahí el punto
de acuerdo con Ciudadanos dentro de esos 150 compromisos para un Gobierno, que es

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realmente la expresión inicial de la proposición no de ley que se ha presentado en esta sesión y que ha sido ampliada.


¿Por qué nos vamos a abstener? En primer lugar, porque todos ustedes deberían conocer que en estos momentos se está produciendo el análisis para modificar la Directiva europea 2012/30/UE. Por tanto, si se está produciendo el análisis para
modificar esta directiva europea que afecta a la reestructuración preventiva de deuda, a la segunda oportunidad para empresarios y a la eficiencia de los procesos concursales, establecer un plazo de seis meses cuando la base para establecer esta
normativa todavía no está aprobada en la Unión Europea, la verdad es que sería un brindis al sol.


El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar, señora López Ares.


La señora LÓPEZ ARES: Y por otro lado -y finalizó con esto, señor presidente, agradeciéndole su generosidad- quiero decir simplemente dos cosas. En primer lugar, entendemos que hay que proteger al deudor, pero también al acreedor porque
son personas individuales, particulares, también son pymes y también son autónomos. Y por último, en cuanto a las enmiendas que se han incorporado -y por eso nos vamos a abstener-, sería necesario que ustedes mismos las analizaran, porque en
algunos casos, por ejemplo en la valoración de vivienda, sería perjudicial para el deudor y no beneficioso. Por todo esto nos vamos a abstener en esta proposición no de ley.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora López Ares.


Pregunto al portavoz del grupo autor de la iniciativa si lo que se va a someter a votación es la enmienda transaccional que se ha hecho llegar a la Mesa.


El señor GÓMEZ GARCÍA: Así es, señor presidente, se votará la enmienda transaccional.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


- RELATIVA A LA CALIFICACIÓN COMO SECTOR ESTRATÉGICO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001994).


El señor PRESIDENTE: Entramos en la última iniciativa relativa a la calificación como sector estratégico del sector agroalimentario, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.


Para su defensa tiene la palabra su portavoz, el señor Paniagua.


El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, señor presidente.


Buenos días, señorías. Les presento la proposición no de ley para apoyar al sector agroalimentario y decidir su carácter de prioritario en la acción de Gobierno. Les voy a dar algunos datos del sector. La industria agroalimentaria acabó
el año 2016 con una producción superior a los 96 400 millones de euros, con una senda estable de crecimiento en los últimos años y afianzándose un año más como el primer sector industrial del país, también lo es en la Unión Europea, donde España
ocupa el quinto puesto de la Unión. Destaca sobre todo Cataluña con el 23 % de las ventas, Andalucía con el 14 % y Castilla y León con el 10 %. En este sentido, es necesario resaltar el valor añadido con el que esta industria contribuye a la
economía nacional y al conjunto de la industria de las manufacturas, 29 400 millones de euros, prácticamente el 3 % del PIB y más del 21% del PIB manufacturero. En relación al empleo, la industria dio trabajo de forma directa a cerca de 480 000
personas a lo largo de 2016, habiéndose incrementado el número de afiliados a la Seguridad Social un 3,4 %, por encima del total de la industria manufacturera y del total de la economía que se sitúa alrededor del 3 %. En este sentido se encadenan
los datos positivos desde diciembre de 2013, siendo ya 42 los meses consecutivos en los que el sector presenta crecimientos interanuales. Uno de los retos fijados en el marco estratégico del sector fue el de la dinamización, entendida como la
necesidad de ganar dimensión empresarial. En este sentido, entre los años 2015 y 2016 la industria ha conseguido este objetivo reduciendo las microempresas -de cero a nueve empleados- e incrementando todas las demás, las pequeñas, las medianas y
las grandes empresas y, por tanto, mejorando y robusteciendo su estructura empresarial.


Por otra parte, el consumo alimentario en los hogares representó en 2016 un gasto cercano a los 67 100 millones de euros. En relación al consumo alimentario fuera de los hogares, este supone un

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gasto anual superior a los 32 000 millones de euros, por lo que el consumo alimentario total en nuestro país rondaría la cifra de los 100 000 millones de euros. Al mismo tiempo, el comercio minorista de alimentación se mantiene en una línea
de tendencia estable de crecimiento, con un promedio de +1,1 %. Por último, respecto al comercio exterior, los datos con los que el sector acabó 2016 fueron más que positivos, con unas ventas al exterior de 27 500 millones de euros, lo cual supuso
un aumento del 8,4 % respecto a 2015 y una aportación a nuestra balanza comercial con superávit de casi 7250 millones de euros. En este año el incremento promedio es del 11 % mensual, cifras récord para el sector que recuerdan a las de los años
2011 y 2012.


La agricultura, ganadería y pesca en España es un sector de gran importancia social, territorial, medioambiental y económica. Hay que recordar que la mitad de la superficie de España se destina a actividades agrícolas o ganaderas, el 33 %
del territorio corresponde a tierras de cultivo y el 16 % a prados y pastos. Las producciones agrarias de nuestro país tienen una gran diversidad y calidad, y ello es debido tanto a las especiales condiciones de nuestros recursos climáticos y
genéticos como al alto nivel de nuestros sistemas de protección de la sanidad vegetal y animal y al grado de tecnificación de nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas. La producción anual de la rama agraria es de unos 45 000 millones de euros,
dando empleo a 820 000 trabajadores.


Por tanto, el sector agroalimentario es el primer sector industrial de nuestro país. La parte manufacturera del sector supone el 24 % del total, el 22 % del empleo industrial y el 16,9 % de las exportaciones españolas. Es el segundo sector
en aportación al PIB por detrás del turismo, y ha más que duplicado su actividad en los últimos quince años. Además, ha ayudado de forma especial a la salida de la crisis a la economía española en todos los aspectos, tanto en empresas como en
empleos o inversiones. El sector tiene un objetivo claro: mejorar la presencia española en el exterior por medio de la exportación continuada, la apertura de nuevos mercados y la internacionalización de las empresas, y mantiene compromisos claros
con la salud, la innovación y con el medio ambiente. Es un sector que tiene un desarrollo importante de actividad industrial, que invierte en bienes de equipo, en tecnología, y que con algunos de sus productos lleva por todos los lugares del mundo
la Marca España. Además, conecta con el mayor sector de nuestro país, el turismo, a través de la gastronomía. En resumen, este sector que tiene conexiones importantes con el sector primario, el industrial y de servicios, lo consideramos
trascendental como actividad económica, como instrumento para potenciar el valor de nuestro medio rural, y como yacimiento de empleo que permite fijar la población en ese ámbito. Por lo tanto, si fuera necesario identificar los actuales sectores
estratégicos o claves de la economía de un país para desarrollar un nuevo modelo de economía, para impulsar medidas de fomento de la competitividad, para redistribuir los recursos en inversiones pública y privada para reactivar la economía, para
generar nuevo empleo, etcétera, el sector agroalimentario debería estar presente.


Durante los seis años de Gobierno del Partido Popular se ha trabajado por todas las personas que viven del sector agroalimentario y por los que pueden encontrar en él una oportunidad porque ha demostrado su potencial, y queremos seguir
haciéndolo. Espero que los grupos apoyen esta proposición. Entre todos debemos poner en valor la importancia del sector a todos los niveles, hacer todo lo que esté en nuestras manos para apoyarlo porque es vital para el futuro de nuestro país. Y
después deberemos identificar el resto de sectores de futuro para, posteriormente, sentarnos a hablar y acordar las medidas y los apoyos a todos los niveles que las administraciones públicas deben procurar a estos sectores para asegurar su impulso y
su viabilidad en el tiempo. Señorías, debemos pensar a largo plazo, debemos buscar nuestro futuro y debemos trabajar para conseguirlo.


Vamos a aceptar las dos enmiendas de Ciudadanos. No vamos a aceptar las enmiendas del Grupo Socialista ni de Podemos, porque no queremos entrar en el detalle de las medidas de apoyo al sector, que puede ser el tema de otra PNL que les animo
a redactar. En esta queremos destacar su valor y su importancia e instar al Gobierno a que lo trate como tal. Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Paniagua.


Para la defensa de las enmiendas de Ciudadanos, que van a ser aceptadas por el proponente, tiene la palabra el señor Gómez.


El señor GÓMEZ GARCÍA: Muchas gracias.


Aunque vayan a ser aceptadas, vamos a defenderlas. Para Ciudadanos, el sector agroalimentario es un tema importante, que nos preocupa y que nos ocupa, y especialmente a este diputado que les habla. Diputado que viene del corazón de la
despoblación, de lo que denomina la Laponia del sur o de aquello

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que Sergio del Molino relata como la España vacía. La España que está prácticamente muerta, que no sabemos si tiene futuro, si el futuro es negro, pero que está claro que si tiene futuro este pasa en parte por el sector agroalimentario. Es
uno de los sectores importantes para asentar la población en el mundo rural, para luchar contra la despoblación y, como decíamos, el sector agroalimentario es clave en la economía española. No se encuentra suficientemente reconocido y necesita de
importantes líneas de activación para proyectarse al exterior. Su capacidad innovadora es un elemento clave para que pueda afianzarse como motor de la economía española del siglo XXI, tiene que ser un sector agroalimentario más innovador, que
aporte más valor añadido a los productos. Se trata de un sector que en nuestro país tiene abundantes recursos naturales, tecnología y profesionales que pueden crear ventajas competitivas muy destacadas en un mercado mundial en crecimiento y
demandante de mayores volúmenes de productos alimentarios, de mayor calidad y velando por la seguridad alimentaria. Además es necesario gestionar los recursos naturales de un modo sostenible respetando la diversidad medioambiental y de forma que
permita alcanzar un desarrollo territorial equilibrado, orientado hacia la diversificación de la actividad agraria y la viabilidad de las zonas rurales. En definitiva, como decíamos, deben llevarse a cabo medidas de internacionalización del sector,
prepararse para el cambio de la política agraria común, incorporar avances científicos y tecnológicos para garantizar la seguridad alimentaria, reducir la carga burocrática, reforzar el papel de España en foros institucionales, mejorar la estructura
organizativa, en definitiva, muchas medidas deben tomarse para que el sector agroalimentario crezca en nuestro país más de lo que está actualmente y sea un elemento clave para nuestra economía Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez.


Antes de dar la palabra al siguiente interviniente. Les aviso a los distintos grupos que es posible que podamos hacer la votación antes de la una. Hagan ustedes sus cuentas en relación con los grupos, porque es posible que podamos votar
antes de la una.


En defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Díaz.


La señora DÍAZ PÉREZ: Gracias, presidente.


La verdad es que esta es otra de las iniciativas que parece que son de impulso al Gobierno. El problema es que el Gobierno lleva gobernando este país casi seis años y esta PNL bastante ligera, por ser educada, no indica más que el auténtico
fracaso en las políticas industriales del Gobierno del Partido Popular. La verdad que sorprende que en este caso también el Grupo de Ciudadanos, ante la estimación de las enmiendas por el Grupo Popular, caiga en estas redes. Digo esto, porque es
un lugar tan común lo que nos pide en esta iniciativa el Grupo Popular que es bastante sorprendente.


En primer lugar, ¿de qué se trata esta iniciativa? Claro que no podemos discutir los datos que se han dado, son públicos, los acaba de publicar el ministerio tal cual. No discutimos esto. La cuestión es que estamos en una discrepancia de
fondo y es que ustedes muestran muy poca seriedad. Desde luego, nuestro grupo considera que hay unos sectores que per se, por ellos mismos, son estratégicos para nuestra economía, entre ellos, sin lugar a dudas, el sector de la industria
agroalimentaria. Los datos pesan por sí mismos. Lo que debe de hacer un Gobierno serio no es esto, lo que debe de hacer un Gobierno serio es justamente planificar cuáles han de ser esos otros sectores estratégicos que merecen la atención y la
inversión desde lo público. Cosa que desde luego, no solamente no hace el Partido Popular, sino que se niega a hacer y, desde luego, si me permiten se toma con bastante frivolidad lo que tiene que ver con la industria. Este ejemplo es palmario.


¿Qué hace nuestro grupo? Le presentamos diecinueve enmiendas a una PNL que entendemos que debe ser tratada con rigor y desde luego esto intentó hacer nuestro grupo. En primer lugar, este grupo considera que en el plazo de seis meses, nos
parece más que razonable, debería ser propicio para que de forma definitiva el Gobierno estudie cuáles son los sectores estratégicos de carácter industrial en nuestro país. Digo, a lo mejor no son los que per se ya tienen entidad económica en
España, sino otros muchos que, insisto, seguramente tendrán mayor relieve en lo que tiene que ver con el valor añadido. De esto vamos a hablar ahora, porque, efectivamente, este es el primer sector en términos económicos, pero como ustedes conocen
tiene unos enormes déficits, sobre todo porque no aporta valor añadido a nuestra economía y esto es un debe muy profundo en un sector -insistimos- relevante.


En segundo lugar, sorprende que ustedes ni siquiera admitan las enmiendas que tienen que ver con las reclamaciones del propio sector y es que conocen perfectamente que más del 96% de estas empresas son pequeñísimas empresas. Por tanto,
debería de haber una acción coordinada para redimensionar el

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tamaño de las empresas que tienen que ver con la industria agroalimentaria. Pero también deberíamos hablar, como presentamos en alguna de nuestras enmiendas, de algo fundamental que también pide el sector que es la carencia de financiación
en un sector que, como ustedes dicen hoy, va a ser estratégico. Supongo que conocen ya que solo el hecho del pequeño tamaño de estas empresas genera unas enormes distorsiones en lo que tiene que ver con la liquidez y con la posibilidad de
financiación en un sector fuerte. Es un sector en el que la industria de transformación es muy deficitaria y un país que tiene peso en la industria agroalimentaria sin industria de transformación, una vez más estaremos en manos de otros países o
estaremos subordinados a otros países.


Desde luego, también presentamos otra enmienda que tiene que ver con algo bastante relevante que es el valor añadido y la necesidad de que, en este sector que ustedes dicen que es estratégico, se lo tomen en serio y dispongamos de cantidades
relevantes en investigación y desarrollo, de lo contrario no vamos a cambiar el propio sector. Dicen algunos economistas que es un sector relevante en nuestro país, pero que sigue funcionando como en el siglo XIX. Comprenderán ustedes que alguna
ayudita necesita. También hay enmiendas que tienen que ver con la seguridad y la calidad alimentaria, también es una de las reclamaciones del sector, y no es cosa pequeña. Por supuesto, ustedes han hablado del número de empleados y empleadas que
tienen, claro que son muy relevantes, pero queremos recordarles en nombre del Grupo Confederal, no sé si conocen que miles y miles de trabajadores y trabajadoras en la industria agroalimentaria tienen condiciones infrahumanas o a veces casi en
régimen de semiesclavitud. No lo decimos nosotros, lo dicen los sindicatos, y ahí están los datos. Por tanto, presentamos enmiendas para favorecer que se cambie ese marco de relaciones laborales en un sector que ustedes dicen que es estratégico.


También lo que tiene que ver con el favorecimiento del asociacionismo y el cooperativismo en este sector -insistimos- vital para nosotros.


El señor PRESIDENTE: Señora Díaz, tiene que ir terminando.


La señora DÍAZ PÉREZ: Termino, porque no me daría tiempo de desgranar las diecinueve enmiendas, pero desde luego sí que queremos decir que esta iniciativa revela la poca seriedad que tiene el Grupo Popular o el propio Gobierno en el
tratamiento de sectores que ellos mismos dicen que son estratégicos para nuestro país. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díaz.


Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Blanquer.


La señora BLANQUER ALCARAZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, estamos de acuerdo, cómo no, en la importancia del sector agroalimentario en la economía española y también en la evolución positiva de sus indicadores económicos. No es necesario que desgranemos todos los datos, porque sobre todo
el ponente ya ha hecho una extensa exposición de cuáles son estos datos económicos. Pero es una evolución favorable que desde luego ha sido consecuencia directa del trabajo y del esfuerzo del sector. Porque siendo este muy diverso ha conseguido,
en muchos de sus productos, ganarse el prestigio y el reconocimiento en términos de calidad, convirtiéndose en un buen emisario de la marca de España y que, acompañados de unas buenas cosechas hasta ahora, han permitido incrementar y mantener un
saldo comercial positivo a lo largo de estos años. Desde luego, no ha sido consecuencia ni de las políticas del Gobierno del Partido Popular dirigidas al sector ni del esfuerzo inversor recogido en los distintos Presupuestos Generales del Estado a
lo largo de los últimos años. De hecho, para el año 2017 el presupuesto del Ministerio de Agricultura se ha reducido en un 8 %, pero es que si analizamos los recursos destinados para impulsar la innovación en el sector, recogidos en el Ministerio
de Industria, los datos todavía son más reveladores de ese escaso apoyo al sector. Desde el año 2012, las partidas destinadas a fomentar la investigación y la innovación en el sector, a través del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria, se han ido reduciendo de manera importante y los gráficos son muy contundentes. En el 2012 una reducción del 6 %, en el 2013 una reducción del 12 %, pero es que en el 2017 una reducción del 52 %. Ya veremos qué ocurre con
las malas cosechas y con el abandono continuo de granjas y ganaderías. Se sufrirá entonces las consecuencias del poco apoyo a la investigación y a la innovación durante todo este tiempo y de no haber invertido en políticas para dar soluciones
alternativas y preventivas para afrontar los problemas. El poco

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apoyo a la transformación del sector primario hacia procesos industriales de productos ha profundizado y está profundizando en la despoblación rural. De hecho, algunas comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana o Aragón sí que están
impulsando iniciativas para afrontar todo este proceso, cosa que no está haciendo el ministerio como debiera. Así que si hoy el Grupo Popular nos propone instar al Gobierno a que considere el sector agroalimentario como prioritario en la atención a
sus necesidades, no solo lo entendemos, sino que además lo compartimos. Porque si hoy tiene la necesidad de presentar esta proposición no de ley, además tan escueta, evidentemente será porque hasta ahora no ha tenido el apoyo. Por tanto, aunque no
nos admitan las enmiendas, tendremos que apoyarla, porque estamos de acuerdo con ustedes en que el Partido Popular a lo largo de estos años no ha hecho bien su trabajo. Porque hasta ahora el Partido Popular en su acción de Gobierno no ha demostrado
ni apoyo ni reconocimiento al sector en sus políticas. Así que no podemos quedarnos con meras intenciones y nuestra intención también era proponer una enmienda transaccional para completar la propuesta de acuerdo. Ya vemos que no quieren
admitirlas, porque realmente a ustedes lo único que les interesa es que el resto de los grupos nos posicionemos de una forma o de otra, pero no quieren entrar en el detalle y realmente en las propuestas concretas. Hemos planteado una serie de
propuestas que voy a señalar simplemente para acabar pronto, pero desde ahora a la votación creo que debería replanteárselo el ponente de la proposición no de ley, porque por lo menos mejoramos algunas de las enmiendas que sí que han aceptado a
otros grupos. Nosotros planteamos incrementar medidas que pretendan aumentar la dimensión empresarial. Impulsar los cambios normativos necesarios para conseguir el objetivo de equilibrio de la cadena alimentaria que repara justamente esfuerzos y
beneficios. Fomentar la vertebración económica del sector productor, en particular, mediante la integración cooperativa, propiciando un mayor grado de concentración de la oferta que permita una defensa de la renta de los productores en el mercado.


Otro de los aspectos que planteamos es con respecto a las exportaciones e importaciones. Pensamos que es una propuesta mucho más concreta, mucho más acertada que la que va a admitir al Grupo de Ciudadanos, porque nosotros planteamos
aumentar la capacidad exportadora del sector incrementando la presencia de los productos españoles en los mercados exteriores mediante una acción coordinada de las administraciones públicas con el sector que permita la apertura de nuevos mercados y
la consolidación de los actuales, avanzar en la simplificación de los trámites administrativos para la exportación y, una cuestión importante, que creo que debería de reflejarse, y es la mejora de la coordinación europea en el control e inspección
de los productos importados. Cómo no, no solo hay que hablar de intenciones, sino de incrementar los recursos en los Presupuestos Generales del Estado y es necesario que se incremente la inversión pública en I+D+i para el sector agroalimentario
para generar más valor por la vía de la innovación y la transferencia a la tecnología.


El señor PRESIDENTE: Señora Blanquer, tiene que terminar.


La señora BLANQUER ALCARAZ: Por último, favorecer y facilitar los procesos agroalimentarios que tiendan hacia la economía circular y ayuden en la lucha contra el cambio climático mediante objetivos enfocados a conseguir el uso eficiente de
los recursos, el vertido cero, el reciclaje, la reducción de los residuos, el ecodiseño de bienes y servicios, que den lugar a productos de más larga duración y la preparación para la reutilización de residuos como nuevas materias primas. Esta es
nuestra enmienda transaccional, espero que reconsidere su posición, porque creo que completaría mucho más y, además, como le decía, votaremos a favor, porque efectivamente el Gobierno, en esta materia, no está haciendo absolutamente nada.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Blanquer.


Para fijación de posiciones, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Mixto, el señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.


Vaya por delante que vamos a apoyar esta iniciativa, porque estamos de acuerdo. Pero claro a alguien le puede sorprender cuando se lea la iniciativa de que esto no lo puede haber presentado el grupo que da apoyo al Gobierno desde hace cinco
años, porque si una cosa se constata en esta proposición no de ley es que el Gobierno no ha considerado al sector agroalimentario como prioritario hasta este momento. Porque si lo hubiera considerado prioritario, no tendría razón de ser la PNL.
Como nosotros entendemos que la PNL tiene razón de ser, constatamos una primera realidad, que el Grupo Parlamentario Popular considera que el Gobierno no ha considerado prioritario este sector. Vamos a apoyarlo. Vamos a votarla

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favorablemente. No sin constatar, con cierta perplejidad, el contenido de la PNL, porque resulta paradójico, si esto fuera importante para el Grupo Parlamentario Popular, habiendo constatado que el Gobierno ha hecho dejación de funciones en
cuanto a priorizar este sector, la hubiese presentado ya en la anterior legislatura o en la anterior de la anterior legislatura. Que venga precisamente del partido del Gobierno es un poco extraño. Solo les hago una reflexión para que se la
trasladen a sus compañeros catalanes. Imagínense si en el Parlament de Catalunya se presenta una PNL de estas características lo que nos hubieran dicho sus compañeros. Solo imagínenselo, no lo reproduzcan, por favor. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, no hay intervención. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tampoco hay intervención. Finalmente, el Grupo Parlamentario Popular efectivamente, como ha indicado al principio, acepta las
enmiendas de Ciudadanos y no acepta las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista y por el Grupo Confederal de Unidos Podemos.


Señorías, habiendo terminado el debate de las proposiciones no de ley previstas para el día de hoy. Vamos a comenzar las votaciones. (Pausa.) Señorías, vamos a comenzar las votaciones y lo vamos a hacer por el mismo orden en que figura en
el orden del día. Aunque el debate haya sido distinto. En primer lugar, votamos la primera proposición no de ley, sobre modificación de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, en
los términos de la transacción presentada.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


En segundo lugar, procedemos a votar la proposición no de ley sobre medidas para garantizar una verdadera segunda oportunidad a las familias y deudores en situación de insolvencia. Presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Se
vota igualmente en los términos de la enmienda transaccional que ha sido presentada.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


En tercer lugar, procedemos a votar la proposición no de ley relativa a facilitar la evaluación y promoción del personal investigador de los distintos Organismos Públicos de Investigación. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista,
con la incorporación de la enmienda de adición aceptada.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Proposición no de ley número cuatro, del orden del día, sobre la reparación del dinero republicano incautado según el ordenamiento franquista. Se vota en los términos de la transaccional presentada.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Procedemos ahora a someter a votación la proposición no de ley relativa al proceso de absorción del Banco Popular Español, S.A. y su filial, el Banco Pastor, por parte del Banco Santander, S.A. Presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Finalmente, procedemos a votar la última proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a la calificación como sector estratégico del sector agroalimentario, con la incorporación de la enmienda del Grupo de
Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Sin más temas que tratar, se levanta la sesión.


Eran las doce y cincuenta y cinco minutos del mediodía.