CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 262

FOMENTO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. CELSO LUIS DELGADO ARCE

Sesión núm. 13

celebrada el miércoles,

21 de junio de 2017

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (Gómez-Pomar Rodríguez), para:


- Exponer las directrices del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/000780) ... (Página4)


- Que informe sobre el estado de elaboración del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en especial, de la dotación presupuestaria prevista y reparto de la misma, de la concreción de las acciones incluidas en las líneas estratégicas y la
evaluación de la ejecución del plan anterior. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 212/000301) ... (Página4)


Preguntas:


- Del diputado don Sergio Pascual Peña, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre frecuencias de paso programada de la línea C1 de Sevilla en los años 2007 a 2016, así como evaluación del impacto de
la permuta de material rodante en el servicio de dicha provincia (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/010436). (Número de expediente 181/000368) ... (Página29)


- Del diputado don Sergio Pascual Peña, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre previsiones acerca de prorrogar el contrato de Ferrovial Servicios con Renfe (procedente de la pregunta al Gobierno
con respuesta escrita 184/010435). (Número de expediente 181/000369) ... (Página31)

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- Del diputado don Sergio Pascual Peña, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre cancelación del contrato entre Sacyr y Adif para el tramo Pulpí-Cuevas en Almería (procedente de la pregunta al
Gobierno con respuesta escrita 184/010657). (Número de expediente 181/000380) ... (Página33)


- De los diputados don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés Torres Mora, don Gregorio Cámara Villar y de las diputadas doña Victoria Begoña Tundidor Moreno y doña Elvira Ramón Utrabo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre opinión
del Gobierno acerca de si diez años es un plazo suficiente para terminar las obras de la línea de AVE Antequera-Granada (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/003995). (Número de expediente 181/000234) ... href='#(Página35)'>(Página35)


- De los diputados don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés Torres Mora, don Gregorio Cámara Villar y de las diputadas doña Victoria Begoña Tundidor Moreno y doña Elvira Ramón Utrabo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre opinión
del Gobierno acerca del hecho de que en construir la línea de AVE Antequera-Granada se vaya a tardar más de lo que se tardó en construir la línea de ferrocarril convencional que cubría el mismo trayecto (procedente de la pregunta al Gobierno con
respuesta escrita 184/003996). (Número de expediente 181/000235) ... (Página35)


- De los diputados don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés Torres Mora, don Gregorio Cámara Villar y de las diputadas doña Victoria Begoña Tundidor Moreno y doña Elvira Ramón Utrabo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre fecha
prevista para licitar la Variante Sur de Loja cancelando el actual proyecto provisional de paso del AVE por la vía convencional (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/003997). (Número de expediente 181/000236) ... href='#(Página36)'>(Página36)


- De los diputados don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés Torres Mora, don Gregorio Cámara Villar y de las diputadas doña Victoria Begoña Tundidor Moreno y doña Elvira Ramón Utrabo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
previsiones acerca de recuperar el protocolo firmado en 2008 por el Ayuntamiento de Granada, el Gobierno de España y la Junta de Andalucía para ejecutar el soterramiento del AVE a su entrada a la ciudad de Granada (procedente de la pregunta al
Gobierno con respuesta escrita 184/003998). (Número de expediente 181/000237) ... (Página36)


- De los diputados don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés Torres Mora, don Gregorio Cámara Villar y de las diputadas doña Victoria Begoña Tundidor Moreno y doña Elvira Ramón Utrabo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre plazos
para iniciar los trabajos que permitan la entrada soterrada del AVE en la ciudad de Granada (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/003999). (Número de expediente 181/000238) ... (Página36)


- Del diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre problemas en las obras de la Variante de Pajares (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/008243). (Número de expediente
181/000247) ... (Página39)


- Del diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre previsiones acerca de mantener la fiabilidad de la comunicación ferroviaria entre Asturias y la Meseta (procedente de la pregunta al Gobierno con
respuesta escrita 184/008244). (Número de expediente 181/000248) ... (Página42)


- Del diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre previsiones acerca de reconvertir el trazado ferroviario de vía estrecha en un gran corredor de altas prestaciones para viajeros y mercancías en
el Cantábrico (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/008245). (Número de expediente 181/000249) ... (Página44)

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- Del diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre servicios de trenes de media distancia que dan servicio a los asturianos que se van a revisar (procedente de la pregunta al Gobierno con
respuesta escrita 184/008246). (Número de expediente 181/000250) ... (Página44)


- Del diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre opinión del Gobierno acerca del Plan de Vías de Gijón (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/008249). (Número de
expediente 181/000253) ... (Página45)


- Del diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre opinión del Gobierno sobre si es posible la conclusión de las obras necesarias para la puesta en funcionamiento de la Variante de Pajares antes
del año 2019 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/009278). (Número de expediente 181/000340) ... (Página45)


- Del diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre actuaciones de ADIF para resolver el conflicto con la constructora Dragados (ACS) en relación con la instalación de vías en la Variante de
Pajares (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/009279). (Número de expediente 181/000341) ... (Página45)


- Del diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre fecha prevista para poner en funcionamiento ferroviario los túneles de la Variante de Pajares (procedente de la pregunta al Gobierno con
respuesta escrita 184/009280). (Número de expediente 181/000342) ... (Página45)


- Del diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para evitar las cancelaciones de trenes en la red de ancho métrico en Asturias (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta
escrita 184/010037). (Número de expediente 181/000362) ... (Página45)


- Del diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre consecuencias del cambio del ancho de vía de la variante de Pajares (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/011387).
(Número de expediente 181/000420) ... (Página45)


- Del diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre modificaciones sobre el proyecto inicial en el enlace desde la localidad de Corellana al tramo Doriga-Cornellana de la autovía Oviedo-La Espina
(A-63) (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/009277). (Número de expediente 181/000339) ... (Página45)


- De los diputados don César Joaquín Ramos Esteban, don José Ignacio Sánchez Amor y de las diputadas doña María Pilar Lucio Carrasco y doña María Soledad Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre actuaciones correspondientes
a la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/002348). (Número de expediente 181/000290) ... (Página45)


- De los diputados don César Joaquín Ramos Esteban, don José Ignacio Sánchez Amor y de las diputadas doña María Pilar Lucio Carrasco y doña María Soledad Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre pasos a nivel existentes en
la red ferroviaria dentro de la Comunidad Autónoma de Extremadura (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/007599). (Número de expediente 181/000291) ... (Página45)

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- Del diputado don José Juan Díaz Trillo y de la diputada doña Josefa Inmaculada González Bayo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso definitivo previsto por el Gobierno para el año 2017 a las obras de la Línea de Alta Velocidad
Sevilla-Huelva (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/006138). (Número de expediente 181/000321) ... (Página48)


- Del diputado don José Juan Díaz Trillo y de la diputada doña Josefa Inmaculada González Bayo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre situación de las obras correspondientes al proyecto de la Línea de Alta Velocidad Huelva-Sevilla
(procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/006136). (Número de expediente 181/000323) ... (Página51)


Corrección de error ... (Página52)


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (GÓMEZ-POMAR RODRÍGUEZ), PARA:


- EXPONER LAS DIRECTRICES DEL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2018-2021. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/000780).


- QUE INFORME SOBRE EL ESTADO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2018-2012, EN ESPECIAL DE LA DOTACIÓN PRESUPUESTARIA PREVISTA Y REPARTO DE LA MISMA, DE LA CONCRECIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y LA
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTERIOR. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 212/000301).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Vamos a desarrollar el orden del día de esta sesión de la Comisión de Fomento en los términos que aquí figuran. Primero con esta comparecencia y después con las
preguntas escritas que se han reconvertido en orales, que serán contestadas por dos altos cargos del ministerio, primero, por la secretaria general de Transportes y después por el secretario general de Infraestructuras.


Vamos a comenzar con la primera comparecencia en materia de viviendas. Está con nosotros el secretario de Estado, don Julio Gómez-Pomar, a quien doy la bienvenida nuevamente a esta casa. También quiero saludar, cómo no, al nuevo director
general de Vivienda, don Antonio Aguilar, que está aquí presente. Le compaña también el subdirector, don Anselmo Menéndez. Bienvenidos también ustedes a esta casa.


Pues bien, comparece el secretario de Estado para exponer las directrices del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, a propia iniciativa, y también para que informe sobre el estado de elaboración de este plan, en especial de la dotación
presupuestaria prevista y reparto de la misma, de la concreción de las acciones incluidas en las líneas estratégicas y la evaluación de la ejecución del plan anterior, a petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea.


Tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (Gómez-Pomar Rodríguez): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, como ustedes ya conocen, en materia de vivienda el Ministerio de Fomento ha venido impulsando desde el año 2012 un cambio de modelo. Permítanme recordar brevemente cuál era la situación en la que nos encontrábamos entonces: casi
700 000 viviendas nuevas sin vender; 15 millones de viviendas de más de treinta años de antigüedad y casi 6 millones de más de cincuenta años; un mercado de alquiler muy débil, un 17 %, frente al 83 % de vivienda en propiedad; y sobre todo el
drama de los desahucios, con un incremento del número de desahucios de más de 157 % respecto al año 2008 y en un contexto de más de 6 millones de parados en nuestro país. Sobre este punto que, aunque es aún preocupante afortunadamente ha venido
disminuyendo en intensidad, según las últimas estadísticas del

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Consejo General del Poder Judicial, el número de ejecuciones hipotecarias en 2016 ha sido el más bajo desde 2008, y hablaré de ello extensamente más adelante.


Pues bien, el Ministerio de Fomento acometió en ese momento un cambio de modelo que tenía como objetivos; en primer lugar, facilitar el acceso a la vivienda a los sectores de población con menos recursos; en segundo lugar, apoyar el
alquiler como vía idónea para el acceso a la vivienda y especialmente para quienes disponen de menores niveles de renta; en tercer lugar, fomentar la rehabilitación de edificios y la regeneración y renovación urbanas para que nuestras ciudades
recuperen sus barrios más deteriorados y sigan siendo un lugar donde los vecinos puedan vivir, y en último término, mejorar la eficiencia energética de los edificios y de las ciudades para ayudar a conseguir entre todos una economía de bajo consumo
de carbono, en cumplimiento de la Estrategia Europea 2020. En términos dispositivos, este cambio de modelo se fundamentó en tres medidas: la aprobación de la Ley 4/2013, de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas;
la Ley 8/2013, de rehabilitación, renovación y regeneración urbana -hoy Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, y el Plan estatal de fomento del alquiler
de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016.


Señorías, hoy vengo a presentarles el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, sucesor del plan 2013-2016. Se trata de un plan hecho, como no puede ser de otro modo, desde el consenso. Para ello, a partir de la conferencia sectorial de 15
de diciembre de 2016 hemos abierto un marco de participación y diálogo con las comunidades autónomas y agentes del sector, y también en esta Cámara, para intentar alcanzar un acuerdo en el ámbito político respecto a cuáles deben ser los criterios
sobre los que cimentar las ayudas a la vivienda que mejor sirvan a los ciudadanos. En este nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 hemos incluido muchas de las peticiones que a lo largo de estos últimos años nos han trasladado las comunidades
autónomas y los representantes del sector, en particular, en lo que respecta a las ayudas para el acceso a la vivienda en régimen de alquiler para los sectores de población más desfavorecidos y a las subvenciones para la rehabilitación de edificios
y regeneración y recuperación urbanas. Creo poder afirmar que hemos partido de una buena base, ya que tanto el plan 2013-2016 como las actuaciones anteriores han prestado un gran servicio a los ciudadanos, a tenor de sus resultados: más de 2500
millones de euros en ayudas estatales a la vivienda, que han correspondido a más de 570 000 ayudas. Estos 2500 millones de euros se han desglosado de la siguiente manera: 1885 millones de euros corresponden a las ayudas del Plan estatal 2013-2016;
405 millones de euros a la transición a las ayudas de planes estatales anteriores al de 2013-2016; 161 millones de euros se concedieron como renta básica de emancipación y 51 millones de euros en convenios específicos. En total, como les decía,
2502 millones de euros. En cuanto a los beneficiarios, 322 000 han recibido ayudas al alquiler y 250 000 han mantenido las ayudas de subsidiación que establecieron los planes anteriores; en total, 572 000 beneficiarios. A ellos hay que añadir los
173 000 viviendas para las que se han concedido ayudas, tanto a la rehabilitación o renovación -118 000 viviendas- como para la realización del informe de eficiencia energética -55 000 viviendas-.


Como bien saben sus señorías, el plan 2013-2016 se ha prorrogado durante el año 2017 con idénticos importes a los de 2016 -321 millones de euros-, que prevemos que se traduzcan en la concesión de más de 100 000 ayudas al alquiler y en la
rehabilitación o renovación de 35 000 viviendas. El próximo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 introduce algunas novedades a las que me voy a referir a continuación. Hemos propuesto un programa específico para personas en situación de desahucio de
su vivienda habitual proporcionando viviendas en régimen de alquiler social. Mediante este programa, la Sareb y las entidades financieras y demás tenedores de vivienda pueden poner las mismas a disposición de las comunidades autónomas mediante el
correspondiente convenio para su alquiler a las personas en situación de desahucio de su vivienda habitual, con la importante novedad de que será la Administración quien garantice el pago del alquiler. Hemos querido también que nuestros mayores se
beneficien en mayor medida del nuevo plan, para lo que se ha incrementado la ayuda a la mejora de accesibilidad en el caso de movilidad reducida y para mayores de sesenta y cinco años, desde el 50 % previsto en el plan 2013-2016 hasta el 75 % en la
repercusión del gasto de adaptación del edificio sufragado por las comunidades de propietarios. También se ha dotado de mayor flexibilidad al plan para que puedan acogerse al mismo, dentro del Programa de Conservación y Mejora de la Accesibilidad,
viviendas individuales dentro de un edificio. Hasta ahora estas ayudas estaban destinadas bien a edificios o bien a la comunidad de propietarios en su conjunto. Una novedad de especial interés es la inclusión de las viviendas unifamiliares en los
programas de rehabilitación a petición de muchas comunidades autónomas.

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Además, se extiende su aplicación no solo al ámbito urbano, sino también -y esto es una novedad importante- al ámbito rural.


En cuanto a la mejora de la eficiencia energética de nuestras viviendas, que es un objetivo que cobra cada día mayor importancia y especialmente tras la adopción del Acuerdo de París en diciembre de 2015 y los compromisos que comporta para
todos los países firmantes, se han incrementado los porcentajes de las ayudas para actuaciones de mejora de eficiencia energética para aquellos propietarios con un menor nivel de ingresos. Por otro lado, se amplia hasta 1996 el año de construcción
de los edificios que pueden acogerse a estas ayudas, lo que permitirá incrementar en unos 5 millones el parque de viviendas que es susceptible de percibirlas. Recordemos que en el plan estatal 2013-2016 los edificios que podían recibir ayudas a la
rehabilitación debían haber sido construidos antes de 1981. Finalmente, y no es un tema menor, queremos facilitar también la gestión de las áreas de regeneración y renovación urbanas actualmente en ejecución, al amparo del plan estatal 2013-2016 y
para ello extenderemos su plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2019. Y es que el plan que impulsamos no solo es enormemente respetuoso con las competencias de las comunidades autónomas, como no podía ser de otra manera, sino que además
quiere darles más flexibilidad y más capacidad para gestionar estas ayudas. En este sentido, además de la prórroga para incluir las actuaciones de regeneración y renovación urbanas que acabo de citar, las comunidades autónomas van a poder abonar
las ayudas con la periodicidad que estimen adecuada. Se permite también en el plan que las ayudas puedan concederse mediante la modalidad que determinen. El objetivo es, insisto, eliminar rigideces y dotar a los mecanismos de seguimiento de mayor
flexibilidad. En cuanto a los procesos de participación en la elaboración del plan, hemos partido, como ya les he comentado, de la experiencia de gestionar el plan 2013-2016 y de las sugerencias y peticiones que tanto las comunidades autónomas como
los agentes del sector nos han hecho llegar, así como de los resultados de las intervenciones ante esta Cámara, las interpelaciones y las preguntas parlamentarias. A partir de todos estos inputs se ha elaborado un borrador del Plan Estatal de
Vivienda 2018-2021 que se ha publicado en la página web del Ministerio de Fomento y al que cualquier ciudadano tiene acceso. Este proceso finalizó el pasado 31 de mayo y ahora, una vez recibidas las observaciones de las comunidades autónomas y de
los agentes del sector, estamos procediendo a la redacción de un texto definitivo. El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 no es, por tanto, una iniciativa unilateral del Ministerio de Fomento, sino que incorpora muchas de las propuestas que hemos
ido recibiendo, como les decía, de las comunidades autónomas y de los agentes del sector para obtener el necesario consenso.


Una vez expuestas las líneas generales, paso a presentar con más detalle los distintos programas específicos que acoge este nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y que mantiene como objetivos prioritarios los siguientes: limitar en lo
posible los efectos negativos de los desahucios en los colectivos más vulnerables; potenciar el alquiler y la rehabilitación edificatoria de nuestro parque de viviendas, con especial atención a la eficiencia energética, y darle un marcado carácter
social orientando el plan a los colectivos más vulnerables y con menos recursos, además de las personas en situación de desahucio de su vivienda habitual ya mencionadas, los mayores, los jóvenes y las personas con discapacidad. Para ello, sean
elaborados diez programas que podemos agrupar en función de los grandes objetivos anteriores de la siguiente forma. En primer lugar y en cuanto al fomento del alquiler como forma prioritaria de acceso a la vivienda en lo que respecta a la demanda,
se han establecido los siguientes programas: ayuda al alquiler de vivienda, ayuda a los jóvenes en su apartado del alquiler y ayuda a las personas mayores, también en su apartado del alquiler. En segundo lugar y en lo que se refiere al fomento del
alquiler como forma prioritaria de acceso a la vivienda respecto a la oferta, existen dos programas: el Programa de fomento del parque de vivienda en alquiler y el Programa de ayuda a la construcción de viviendas de alquiler destinadas a mayores
con los servicios que necesitan. A continuación y destinados a las personas vulnerables en situación de desahucio así como a jóvenes y mayores, complementarios en este caso a los anteriores, se incluyen un programa específico de ayudas a las
personas en situación de desahucio de su vivienda habitual, el programa de ayuda a personas mayores para hacer frente a gastos de comunidad y suministros y el programa destinado a ayudar a los jóvenes con menores ingresos que cité anteriormente,
pero en este caso para la compra de su primera vivienda. En cuarto lugar y para la mejora de nuestro parque de viviendas, especialmente en lo que respecta a la eficiencia energética, la conservación y la accesibilidad, así como la regeneración y
renovación urbanas, se han incluido los programas de mejora de la eficiencia energética en viviendas, conservación y mejora de la accesibilidad en viviendas y regeneración y renovación urbana y rural. Finalmente, para asegurar que los beneficiarios
de las ayudas

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a la compra de vivienda que aún están vigentes sigan percibiendo las mismas, se mantiene, como no puede ser de otro modo, el Programa de Subsidiación de Préstamos Convenidos.


Paso a continuación a detallar en mayor profundidad los programas del plan estatal, comenzando por este último que acabo de citar. El Programa de Subsidiación de Préstamos Convenidos tiene por objeto atender el pago de las ayudas reguladas
en anteriores planes estatales de vivienda que sigan vigentes, de acuerdo con su normativa de aplicación. En este caso, se trata de mantener los derechos adquiridos de los beneficiarios a los que se concedieron estas ayudas en su momento y a
quienes sigue correspondiendo su perfección. Así seguimos ayudando a un colectivo de casi 250 000 personas que han recibido subsidios en el plan 2013-2016. El segundo programa del plan es el de ayuda al alquiler de vivienda, destinado a personas
con ingresos inferiores a tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples, el Iprem, por un periodo de tres años. Por tanto, el nuevo plan aumenta el plazo de concesión en la ayuda que en el anterior era de un año prorrogable por otro
adicional. Además, la vivienda arrendada debe ser el domicilio habitual y permanente de los beneficiarios, que no pueden ser propietarios o usufructuarios de otra vivienda, salvo en casos acreditados como separación o divorcio con la estipulación
de uso de la vivienda a favor del cónyuge. El límite de renta para acceder a la ayuda es de 600 euros al mes pero puede incrementarse hasta los 900 euros en casos justificados y el importe de la ayuda podrá alcanzar hasta el 40 % del alquiler. Una
novedad importante es la supresión del límite de los 2400 euros al año por ayuda. Además, y como ya les he comentado con anterioridad, se eliminan todas las trabas burocráticas que las comunidades autónomas han encontrado en el plan anterior al
gestionar estas ayudas, pudiendo elegir ahora tanto el modelo de concesión de la ayuda como la periodicidad de su abono.


Dentro del apartado de fomento del alquiler, se encuentra también el Programa de Ayuda a los Jóvenes en el apartado de subvención al alquiler. Esta ayuda está dirigida a jóvenes de hasta treinta y cinco años de edad en el momento en el que
se presente la solicitud y con unos ingresos de la unidad de convivencia inferiores a tres veces el Iprem, como en el caso anterior, pero ahora el importe de la ayuda cubrirá hasta el 50 % del alquiler mensual y en los alquileres que estén entre 600
y 900 euros al mes habrá, en casos justificados, un incremento de la ayuda del 30 % para la cantidad comprendida en ese tramo.


En el caso de nuestros mayores, el Programa de Ayudas para el Alquiler tiene por objeto facilitar a las personas mayores el pago del alquiler de la vivienda que ocupan en régimen de arrendamiento. Sus potenciales beneficiarios son las
personas mayores de sesenta y cinco años cuyos ingresos sean inferiores a tres veces el Iprem y dispongan de un patrimonio inferior a los 100 000 euros; en este caso, se prevé una ayuda de hasta el 50 % de la renta mensual. La vivienda alquilada
debe ser su domicilio habitual y permanente y no pueden disponer de vivienda en propiedad, salvo que no puedan ocuparla por razones ajenas a su voluntad.


Los programas anteriores tienen como objetivo ayudar a los sectores de población con menores ingresos para que puedan acceder al alquiler de una vivienda. En esta misma dirección, el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 incluye un programa de
fomento del parque de vivienda en alquiler que tiene como beneficiarios a los promotores de vivienda tanto públicos como privados, con el fin de impulsar este parque de vivienda en alquiler. En este programa se dan dos opciones a los promotores,
según las viviendas vayan dirigidas a inquilinos con ingresos de hasta 3 veces el Iprem o hasta 4,5 veces el Iprem. En el primer caso, el precio máximo del alquiler de las viviendas que se construyan o rehabiliten estará limitado a un máximo de 5,5
euros mes por metro cuadrado útil, más un 60 % por metro cuadrado útil de garaje o trastero y las ayudas pueden llegar hasta los 350 euros por metro cuadrado, con un límite del 50 % de la inversión y de 36 750 euros por vivienda. Para aquellos
promotores que quieran construir o rehabilitar edificios destinados al alquiler con la segunda opción que he mencionado, es decir, para inquilinos con unos ingresos superiores de hasta 4,5 veces el Iprem, el precio del alquiler de las viviendas que
se construyan o rehabiliten estará limitado a un máximo de 7 euros mes por metro cuadrado útil, más el 60 % por metro cuadrado útil de garaje o trastero y tendrá una ayuda de hasta 330 euros por metro cuadrado, con un límite del 40 % de la inversión
y de 31 500 euros por vivienda. Es decir, en el primer caso hay una mayor ayuda y una mayor limitación de renta y en el segundo caso, una mayor limitación de ayuda y una menor limitación de renta, según se trate de 3 veces o de 4,5 veces el Iprem.


Una variación respecto del programa anterior es que el periodo en el que las viviendas deben estar en régimen de alquiler es de veinticinco años, mientras que en el plan anterior se exigía un período de cincuenta años en dicho régimen. En
el caso de las personas mayores, se incluye un programa que tiene

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como objetivo la promoción de edificios y complejos residenciales en régimen de alquiler que cuenten con instalaciones y servicios comunes adecuados para dichas personas. Se subvencionan con cargo a este programa las promociones de vivienda
tanto de nueva construcción como procedentes de la rehabilitación de edificios que se vayan a destinar por un plazo de al menos cuarenta años al arrendamiento. Los beneficiarios son administraciones, organismos públicos y demás entidades de derecho
público y privado, así como empresas públicas y privadas; el importe de la ayuda será de hasta 400 euros por metro cuadrado útil de vivienda, con el límite del 40 % de la inversión. Son viviendas que solo podrán ser alquiladas personas mayores de
sesenta y cinco años cuyos ingresos, incluyendo los de todas las personas que constituyen la unidad de convivencia, no superen las 4,5 veces el Iprem. Asimismo no podrán disponer de vivienda propia y de patrimonio inferior a los 200 000 euros. El
precio máximo de alquiler es de 9,5 euros/metro cuadrado de superficie útil.


Señorías, permítanme que pase ahora a abordar uno de los programas del plan que va dirigido a un colectivo cuya situación es especialmente dramática y que todos lamentamos, el de aquellas personas en situación de desahucio de su vivienda
habitual; situación que ha afectado en los últimos años a un gran número de familias y de hogares, si bien, afortunadamente, su incidencia se ha venido reduciendo poco a poco en los últimos años. Me permitirán recordar en este punto de mi
intervención las actuaciones que se han llevado a cabo estos años desde el Gobierno y desde el Ministerio de Fomento para reducir al máximo el número de desahucios y, cuando esto no haya sido posible, para paliar los efectos de las ejecuciones
hipotecarias. Como todos ustedes recuerdan, en el año 2012, como consecuencia de una crisis económica sin precedentes, nos encontramos con un incremento del número de desahucios de más de un 157 % con respecto a 2008. Así, el número de desahucios
recibidos en los servicios comunes de los tribunales superiores de Justicia pasó de 27 251 en el año 2008 a alcanzar los 70 257 en el año 2012, según las estadísticas que publica el Consejo General del Poder Judicial. Sí debo hacer la anotación de
que los datos estadísticos del Consejo General del Poder Judicial se refieren a todo tipo de ejecución de hipotecas inmobiliarias, por tanto a todo tipo de inmuebles y no exclusivamente a aquellos que tengan la consideración de vivienda. Esta es la
información de la que disponemos y la información que manejamos.


Esta situación de alarma se produjo además en un contexto de más de seis millones de parados en nuestro país. Para hacer frente a esta situación de extrema vulnerabilidad, que afectaba a un gran número de familias como consecuencia de la
crisis económica y financiera, se fueron adoptando un conjunto de medidas de protección de los deudores hipotecarios centradas específicamente en aquellos deudores sin recursos que atravesaban situaciones de especial debilidad. Una de las primeras
medidas fue la suspensión de los desahucios sobre las viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables, establecida por el Real Decreto-ley 27/2012, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, y que esta
Cámara convalidó posteriormente como Ley 1/2013. Esta medida de carácter excepcional y temporal, motivada por la situación crítica que todos conocimos, se ha venido aplicando a cualquier proceso de ejecución hipotecaria por el cual se adjudica al
acreedor la vivienda habitual en el caso de familias en riesgo de exclusión social e impide que se proceda a su desalojo. El plazo de suspensión de los desahucios en los casos previstos, establecido inicialmente en dos años, fue ampliado por el
Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, hasta el 15 de mayo de este año 2017, y recientemente, debido a la necesidad de prorrogar esta salvaguarda
para los deudores hipotecarios más vulnerables, dicho plazo se ha extendido hasta el mes de marzo de 2020, a través del Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo.


Asimismo, en el año 2012 se aprobó un código de buenas prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual. El código incluye tres fases. En primer lugar, procurar la reestructuración
viable de la deuda hipotecaria mediante el establecimiento de un periodo de carencia, disminución temporal del tipo de interés y ampliación del plazo de amortización. En segundo lugar, de no resultar suficiente la reestructuración anterior, las
entidades podrán ofrecer a los deudores una quita sobre el conjunto de su deuda. Finalmente, si ninguna de las dos medidas anteriores es suficiente, podrán solicitar, y las entidades adheridas deberán aceptar, la dación en pago como medio
liberatorio definitivo de la deuda. Otro importante instrumento que se puso en marcha mediante estas medidas fue el Fondo Social de Vivienda, que desde su creación en 2013 ha ido aumentando su dotación hasta un total de 9866 viviendas aportadas por
29 entidades financieras.


El conjunto de los instrumentos citados que puso en marcha el Gobierno en 2012 para paliar los efectos de la crisis frente a la problemática de los desahucios han beneficiado a más de 78 600 familias

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hasta la actualidad, según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. En concreto, se han suspendido más de 24 000 desahucios, más de 45 600 familias se han acogido al código de buenas prácticas
mediante 38 500 reestructuraciones de deuda y 7000 daciones en pago, y se han adjudicado 9020 viviendas a través del Fondo Social de la Vivienda, lo que representa más del 90 % de los pisos disponibles para colectivos vulnerables. Además, este
mismo año se han tomado medidas adicionales a través del Real Decreto-ley 5/2017, que amplía las medidas de protección de los deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad en caso de desahucio y también en el ámbito de aplicación del
código de buenas prácticas, incluyendo en ambos casos a familias con hijos menores o en las que existan víctimas de violencia de género.


Por otro lado, se establecen mecanismos de alquiler a favor de los deudores objeto de ejecución hipotecaria sobre los inmuebles cuyo lanzamiento sea objeto de suspensión, para que puedan solicitar que les sea arrendada su vivienda en
condiciones preferenciales por un periodo de hasta cinco años y cinco años más si así se acuerda con la correspondiente entidad. Creo importante destacar que el conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno en esta materia, junto con la
recuperación de la actividad económica y del empleo de los últimos años, ha hecho posible que las ejecuciones hipotecarias de la vivienda habitual se estén reduciendo a un ritmo del 30,6 % anual, según los últimos datos, y que representan ya la
mitad que hace dos años. Así, y según datos del Instituto Nacional de Estadística, el número de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual se situó en el primer trimestre de este año 2017 en 4274, un 30,6 %
menos que en el mismo trimestre del año anterior. Recordemos también que los mismos datos correspondientes al primer trimestre de 2015 elevaban a más del doble esta cifra, que es especialmente relevante al hablar de desahucios relativos a la
vivienda habitual.


También se observa una constante reducción en el número de desahucios tanto derivados de ejecuciones hipotecarias como en el contexto de contratos de arrendamiento, habiendo alcanzado en el año 2016 la cifra más baja de los últimos cuatro
años. Así, en 2016 se practicaron un total de 63 037 desahucios, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, lo que supone un descenso del 6,4 % con respecto al año anterior. Debe, además, tenerse en cuenta que en esta cifra se
incluyen todo tipo de inmuebles, fincas rústicas, inmuebles urbanos de cualquier uso, como mencionaba anteriormente. En particular, los desahucios derivados de ejecuciones hipotecarias se redujeron en un 9,7 % y los derivados de contratos de
arrendamiento en un 4,2 %, todo ello en un contexto económico mucho más favorable, con dos millones de parados menos que en el año 2012 y dos millones de afiliados más a la Seguridad Social.


De acuerdo con lo anterior, aunque se observa una indudable recuperación y mejora de la situación respecto a las cifras del año 2012, desde el Ministerio de Fomento se va a continuar apoyando a las personas y hogares más vulnerables para
complementar el conjunto de medidas de protección que he citado con un programa específico de ayuda en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 que ha sido acordado con las comunidades autónomas. Se trata del programa para la atención a las personas
que se encuentren en situación de desahucio de su vivienda habitual, proporcionando una vivienda en régimen de alquiler social. Este programa habilita la puesta a disposición de las viviendas desocupadas de la Sareb, las entidades financieras y de
cualquier tenedor de vivienda para que las comunidades autónomas puedan alquilarlas a personas que se encuentren en situación de desahucio de su vivienda habitual. Debo resaltar que este programa estará dirigido a personas afectadas por desahucios
de la vivienda habitual tanto en el marco de contratos de arrendamientos como derivados de ejecuciones hipotecarias que se encuentren por debajo de un umbral de renta que se fija en tres veces el Iprem y que no dispongan de otra vivienda. El
programa establece una horquilla de precio de alquiler entre 150 y 400 euros al mes y un importe máximo de la ayuda de hasta el cien por cien de este precio, que se baremará de acuerdo con los criterios de los servicios sociales de la comunidad
autónoma o del ayuntamiento correspondiente. Por tanto, con este programa se financia hasta el cien por cien de la renta de alquiler, importe que será abonado en un 80 % con cargo al Ministerio de Fomento y en un 20 % con cargo al presupuesto de la
comunidad autónoma de que se trate o de las ciudades de Ceuta o Melilla, en su caso. El plazo de ayuda es de dos años, prorrogable por un año más si se mantienen las circunstancias de vulnerabilidad y falta de disponibilidad de otra vivienda. El
plan establece que el proceso de asignación de la ayuda se pone en marcha cuando se haya acordado o sea inminente el desahucio efectivo de una vivienda que sea el domicilio habitual y permanente de una persona o unidad de convivencia que carezca de
otro domicilio alternativo. En este caso, el órgano autonómico local competente para la gestión de las viviendas a

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incorporar a estos fondos ofrecerá a quien vaya a ser desahuciado la vivienda alternativa entre las aportadas, vivienda que reunirá los requisitos adecuados en cuanto a superficie y ubicación.


Señorías, creo que con esta medida contribuiremos a minimizar en lo posible el drama que supone siempre un desahucio, y especialmente en el caso de las familias más vulnerables, pero es importante destacar que además de este programa,
específicamente dirigido a las familias afectadas por el desahucio, el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 comprenderá otros programas destinados a colectivos con menos recursos y que tienen también necesidades como los jóvenes y los mayores. Para
ambos, los programas que he mencionado anteriormente de promoción del alquiler contemplan también ayudas en el caso de jóvenes hasta treinta y cinco años y con unos ingresos de la unidad de convivencia inferiores a tres veces el Iprem, para la
adquisición de vivienda. Se trata de una subvención de 10 800 euros, que no podrá superar el 20 % del precio total de la vivienda, importe de esta ayuda que se ingresará en un solo pago para facilitar a los jóvenes que puedan hacer frente a la
entrada de la vivienda que vayan a adquirir. Los beneficiarios deberán permanecer un mínimo de cinco años en la vivienda y no podrán ser propietarios o usufructuarios de otra, excepto en los mencionados casos de separación, divorcio o causas ajenas
a la voluntad del comprador. Para las personas mayores, el programa que mencioné al hablar de fomento de alquiler incluye también la posibilidad de dar ayudas para el pago de los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros para los
propietarios con escasos recursos. Este programa va dirigido a propietarios de vivienda mayores de sesenta y cinco años, con unos ingresos inferiores a tres veces el Iprem, que dispongan de un patrimonio inferior a 100 000 euros y prevé una ayuda
de hasta 200 euros al mes para los gastos de mantenimiento, comunidad o suministro por un periodo de tres años.


Permítanme, señorías, que pase ahora a exponer un conjunto de programas que tienen como objetivo la mejora de nuestro parque de viviendas y en particular mejorar la eficiencia energética y la conservación y accesibilidad. El Programa de
fomento de mejora de la eficiencia energética en viviendas prevé ayudas para obra de mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad de viviendas unifamiliares y edificios de tipología residencial, ayudas que son compatibles con las del
Programa de fomento de conservación y mejora de la accesibilidad en viviendas. Como ya les adelanté al mencionar las novedades más relevantes del nuevo plan, se incrementan las opciones para rehabilitación al haber incorporado las viviendas
unifamiliares que en el plan estatal anterior no estaban incorporadas, ayudas que se dirigen en el nuevo plan a viviendas construidas hasta 1996 y no a las anteriores, con una antigüedad referida a 1981. Asimismo la vivienda unifamiliar o en el
caso de edificios al menos la mitad de las viviendas debe constituir el domicilio habitual y permanente de sus propietarios o arrendatarios al menos con un año de anterioridad. En esta ocasión también ampliamos el parque de viviendas susceptibles
de acogerse a este programa con respecto al plan anterior, en el que se exigía que fuera el domicilio habitual al menos el 70 % de las viviendas. Finalmente, el 50 % de la superficie de los edificios debe tener uso residencial de vivienda y en el
caso de las comunidades de propietarios existir acuerdo de la comunidad respecto de las actuaciones a rehabilitar.


Este programa prevé subvenciones sobre las actuaciones siguientes. En lo que respecta a la eficiencia energética, aislamiento de la vivienda para reducir la demanda de calefacción y refrigeración, así como la instalación de sistemas de
calefacción, refrigeración, producción de agua caliente sanitaria y ventilación más eficientes o la sustitución o mejora de los existentes. Se contemplan asimismo las instalaciones comunes de los edificios -iluminación, ascensores, etcétera-, así
como la instalación de equipos de generación que utilicen fuentes de energía renovables, como la energía solar, la biomasa o la geotermia. El consumo responsable de agua también está contemplado en el Programa para fomentar la reutilización de agua
y reducir las aguas residuales en el interior y el exterior del edificio. Finalmente, son también susceptibles de recibir subvención las actuaciones de mejora de protección frente al ruido, la mejora o acondicionamiento de las instalaciones para
recogida y separación de residuos domésticos y las actuaciones de mejora para el cumplimiento de las exigencias relativas a salubridad. Estas subvenciones están condicionadas a que se produzca una reducción constatable de la demanda energética
anual y conjunta de calefacción y refrigeración o alternativamente una reducción del consumo de energía primaria no renovable del 30 %, como mínimo. Será necesaria para la justificación de estas reducciones, tanto de demanda como de consumo, la
certificación energética. La cuantía máxima a la que pueden llegar estas ayudas en viviendas unifamiliares es de 12 000 euros por vivienda o el 40 % de la inversión. De manera complementaria, se sumarán a la cantidad anterior 1000 euros para
viviendas unifamiliares declaradas BIC, catalogadas o que cuenten con protección integral en el instrumento de ordenación urbanística correspondiente. Adicionalmente, el porcentaje del 40 % podrá alcanzar el 75 % de la inversión, siempre

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que los ingresos de la unidad familiar sean inferiores a tres veces el Iprem. En edificios de viviendas la cuantía máxima a la que pueden llegar estas ayudas es de 8000 euros por vivienda y 80 euros por metro cuadrado de superficie
construida de local comercial o de otros usos compatibles; tampoco podrá superar el 40 % de la inversión total. También en este caso y de manera complementaria se sumarán a la cantidad anterior 1000 euros por vivienda y 10 euros por metro cuadrado
de superficie construida de uso comercial u otros usos para los edificios declarados bienes de interés cultural, catalogados o que se encuentren con protección integral en el instrumento de ordenación urbanística correspondiente. Asimismo, el
porcentaje podrá alcanzar el 75 % de la inversión y para ello será requisito necesario que los ingresos de la unidad familiar sean inferiores a tres veces el Iprem.


El Programa de fomento de la conservación y mejora de la accesibilidad impulsa las obras que mejoren la conservación y accesibilidad de los edificios de viviendas, en las viviendas unifamiliares, así como en el interior de las viviendas.
Con el nuevo plan podrán concederse ayudas a viviendas dentro de un edificio a diferencia del plan estatal anterior, en el que se solo se subvencionaban las actuaciones de accesibilidad en el edificio en sí, sin contemplar las viviendas
unifamiliares ni el interior de las viviendas de un edificio. El objeto de estas ayudas es garantizar la accesibilidad universal, tanto en edificios como en viviendas con personas con discapacidad, movilidad reducida o mayores de sesenta y cinco
años. El importe de la ayuda será de 2000 euros por vivienda si se actúa solo en conservación o de 6000 euros por vivienda si se realizan actuaciones de accesibilidad o de conservación y accesibilidad. Tampoco podrá superar el 40 % de la inversión
total, aunque este porcentaje podrá aumentarse al 75 % cuando los ingresos de la unidad sean inferiores a tres veces el Iprem.


Finalmente, el Programa de fomento de la regeneración y renovación urbana y rural tiene como objeto financiar obras de rehabilitación de edificios de viviendas y viviendas individuales, así como obras de urbanización de los espacios públicos
adyacentes y obras para la construcción de edificios o viviendas que sustituyan a otros que previamente se han demolido en la misma zona. Este programa se hace eco de un problema social relevante en materia de vivienda, fomentando la edificación de
edificios de viviendas y viviendas que supriman infraviviendas y chabolas en aquellas áreas que lo necesiten. Las ayudas que se otorgarán serán de hasta 12 000 euros por vivienda que sea rehabilitada, de hasta 2000 euros por vivienda para las obras
de urbanización y de hasta 30 000 euros por vivienda construida en sustitución de otra demolida o para la erradicación del chabolismo o la infravivienda; ayudas que no podrán superar el 40 % de la inversión realizada, salvo en los supuestos tantas
veces referidos, que podrán incrementarse hasta el 75 %. Además, se otorgan 4000 euros anuales por unidad de convivencia durante el periodo de las obras para realojar a los afectados y hasta 1000 euros por vivienda para financiar equipos y oficinas
de planeamiento, información y acompañamiento social.


Señorías, el nuevo plan estatal considera como una de sus prioridades la creación de sinergias tanto mediante la colaboración con comunidades autónomas como mediante el desarrollo de colaboración público-privada para la ejecución de
actuaciones de rehabilitación y regeneración. Estamos trabajando para conseguir un sistema equilibrado, con un desarrollo armónico de todas sus posibilidades y basado en nuestra realidad social, es decir, basado en nuestra demografía, en nuestro
parque de edificios existentes y en objetivos compartidos con todos los países de la Unión Europea de una economía cada vez más baja en carbono y más dirigida hacia el ahorro y la eficiencia energética.


Voy concluyendo. Señorías, como he tenido oportunidad de exponer en mi intervención mediante los programas del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, el Gobierno quiere destinar las ayudas a la vivienda que la economía española pueda -y
en su representación esta Cámara decida- dedicar a los que más lo necesitan para facilitar, en la medida de nuestras posibilidades, el acceso a la vivienda, atendiendo en todo caso a las familias que están en las circunstancias más duras, como las
que se encuentran en situación de desahucio y son además especialmente vulnerables. Además, las ayudas de este nuevo plan van dirigidas a quien más lo necesita: familias con menores niveles de ingresos y mayores cargas familiares que tienen que
pagar su alquiler, a los jóvenes, a los mayores, a los discapacitados que necesitan una vivienda accesible. Y no solo se prevén ayudas por el lado de la demanda, pues todos coincidiremos en que es absolutamente necesario fomentar la oferta de
viviendas de alquiler para que se dé un equilibrio entre oferta y demanda que estabilice los precios del alquiler, sino también para favorecer la oferta en el caso de promociones de viviendas de alquiler destinadas a personas con ingresos reducidos
y mayores. En lo que respecta al medio ambiente, hay que valorar el papel esencial que la vivienda tiene en él. Se han incorporado ayudas para mejora de la eficiencia energética y el uso responsable del agua. Por lo demás, queremos también
destinar ayudas a conseguir que nuestras ciudades, y especialmente los

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barrios que estén en peor situación, mejoren y puedan seguir siendo lugares donde vivir mediante la rehabilitación y la regeneración urbana.


Señorías, con este plan estatal queremos diseñar una política social dirigida a cumplir el mandato constitucional de acceso a una vivienda digna para los ciudadanos. Una política urbanística dirigida a mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos por la mejora de los entornos urbanos en que se desenvuelven. El Gobierno va a seguir teniendo a las personas en el centro de sus prioridades y la vivienda es para nosotros una prioridad, lo viene siendo desde que asumimos la
responsabilidad en el Ministerio de Fomento, en el que nos planteamos impulsar el modelo de vivienda centrada en el apoyo al alquiler como forma de acceso a la vivienda, a la rehabilitación de edificios y a la renovación urbana y no al desarrollo
expansivo de las ciudades.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez-Pomar.


Es el turno de los grupos parlamentarios, comenzando por aquel que también solicitó la comparecencia, que es el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, por un tiempo de diez minutos -al igual que el resto de
grupos parlamentarios-. Tiene la palabra la diputada doña Lucía Martín González.


La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Muchas gracias.


Asumimos que tienen ustedes las alegaciones que hemos hecho al borrador, pero dado que está aquí el secretario de Estado vamos a repasar algunas de las cuestiones que ya apuntamos, aunque no todas porque no vamos a tener tiempo. Para
empezar, quiero hablar de dos cuestiones generales que se escapan de los programas concretos del plan estatal pero creo que son importantes. La primera es sobre la financiación de este próximo plan estatal. Teniendo en cuenta que el plan estatal
es el principal instrumento de financiación de políticas de vivienda que el ministerio pone al servicio de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, nos parece que hablar de los contenidos del próximo plan sin tener absolutamente ni idea de qué
presupuesto tiene pensado destinar su ministerio a esta cuestión, es bastante absurdo. Evidentemente, sé que los próximos presupuestos están por aprobar, pero lo que yo quiero saber es qué intenciones tiene su ministerio, y eso por supuesto lo
saben ya. No lo digo por capricho, lo digo porque desde 2007 hasta este año llevamos un recorte acumulado en políticas de vivienda referidas en concreto al plan estatal -porque las políticas de vivienda también se escapan a su ministerio, hay
política fiscal, hay legislación hipotecaría, etcétera- del 70 %, y si nos fijamos concretamente en lo que ha hecho su partido desde 2013 hasta ahora vemos que han recortado un 36 % el presupuesto destinado al plan estatal, que es de lo que estamos
hablando aquí. Por lo tanto, mi pregunta es: ¿van a seguir ustedes con su línea de recortes? ¿Creen realmente que se puede hacer algún tipo de política pública que tenga efectos transformadores en la vida de la gente y que sirva para garantizar
el derecho a la vivienda a amplios sectores de la población cuando estamos dedicando treinta, cincuenta, sesenta veces menos a ello de lo que destinan países como, por ejemplo, Francia, Alemania o Austria? ¿Realmente creen que se puede hacer algo
con este presupuesto? ¿Van a revertir esa tendencia y empezar a invertir cantidades decentes en política pública de vivienda? Esta cuestión la pueden responder hoy, no hace falta esperar a los próximos presupuestos generales. Esta es la primera
cuestión antes de entrar en los aspectos concretos de los programas.


En segundo lugar -me parece también muy importante-, la evaluación del último Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 vigente. Hoy ustedes no lo han abordado aquí en detalle ni con diligencia y, por lo tanto, yo me remito al compromiso del
propio ministro de Fomento, que en su comparecencia de diciembre pasado, cuando vino a explicar las líneas generales del ministerio, afirmó que iba a presentar un balance detallado del Plan 2013-2016 a lo largo del segundo semestre de 2017. Estamos
hablando de un plan detallado, no de venir aquí a decir: tantas familias se han beneficiado... No, no. Se trata de ver de qué cuantías han sido las ayudas al alquiler, a cuánta gente llegaron, en qué zonas hubo esa demanda y esas ayudas, por qué
motivo se han denegado, cuántas viviendas destinadas al alquiler público se han conseguido, en qué zonas, si son zonas de alta demanda o no. Toda esta información es importante para poder diseñar un nuevo plan con garantías, y ustedes ni la han
presentado ni la han facilitado, y creo que es su obligación hacerlo. Por tanto, me parece una cuestión bastante grave e irresponsable no solo no cumplir con esta Comisión, sino cómo van a hacer un plan con garantías si no han evaluado qué ha
fallado, qué ha funcionado, dónde hay flaquezas; y todo esto del plan anterior. Me sorprende.

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Dicho esto, comentaré algunos de los programas del plan, no todos, algunos en más detalle, otros menos. Por ejemplo, el tema de las ayudas al alquiler. Creo que el principal problema que tienen ustedes y que, por tanto, estamos sufriendo
muchísima parte de la población es que no conciben el alquiler como una opción de acceso a la vivienda para mayorías. Para ustedes hipotecarse es la opción natural, y para aquellas personas que no tienen suficientes recursos para hipotecarse,
entonces ya sí plantean el alquiler, ya sea para jóvenes con pocos recursos o adultos que por motivos económicos no se pueden permitir una hipoteca. Precisamente por ese motivo estamos a años luz de otros países de nuestro entorno europeo:
Francia, Dinamarca, Alemania, Austria -los que ustedes quieran-, que tienen buenas leyes que garantizan los derechos de las personas arrendatarias, que tienen amplios parques públicos de alquiler y que tienen programas de ayudas públicas al pago del
alquiler para amplias capas de la población. O sea, este programa debería subvencionar la vía de acceso a la vivienda en régimen de alquiler combinando dos cosas: por un lado, las subvenciones a las personas arrendatarias en función de un criterio
de renta y, por otro lado, ayudas a pequeños propietarios para que rehabiliten y pongan su piso en alquiler a un precio social o asequible con garantías, es decir, que tengan garantías de fianza, que tengan garantías en el impago de las cuotas;
estoy hablando de pequeños propietarios. En lugar de dedicarse a aprobar legislaciones que lo que facilitan son desahucios hiper-express, lo que hay que dar son ayudas y garantías a las personas propietarias para que pongan sus pisos en alquiler.
Así que hay que establecer unas ayudas directas al pago del alquiler que sean potentes, con criterios de renta que contemplen el número de miembros de la unidad familiar, que ustedes en el plan no lo contemplan, y por supuesto con un presupuesto
decente que las respalde; eso sería lo que debería contemplar este programa. Pero, claro, si miramos los últimos recortes en vivienda, sabemos que estas ayudas van a ser mucho más que insuficientes. Entonces, ¿a quién van a llegar estas ayudas
que teóricamente son directas según el programa para gente que cobre por debajo de tres veces el Iprem? Las comunidades autónomas van a establecer criterios de priorización, cosa que es positiva, por supuesto, pero sin un presupuesto potente
detrás, ¿cuántas de las familias que solo cumplan el criterio de renta y no cumplan los criterios adicionales que van a fijar las comunidades autónomas para priorizar van a quedar excluidas de este plan? ¿Han hecho cálculos? Y aquí hay otra clave,
algo de lo que ustedes no quieren ni oír hablar, de hecho está en el centro del problema y me pregunto también qué piensan los demás grupos -pronto lo sabremos, en la próxima Comisión de Fomento-: si no están dispuestos a modificar la Ley de
Arrendamientos Urbanos para permitir que las comunidades autónomas y los municipios puedan limitar el precio de los alquileres en situaciones de fuerte demanda y que sean abusivos, ¿de qué van a servir estas ayudas si los precios no paran de subir?
Es que no pueden seguir ignorando el problema de los precios de los alquileres. No pueden seguir diciendo que su última reforma desde 2013 ha ayudado a bajar precios y a aumentar la oferta. En el contexto que hemos vivido estos años pasados, sin
acceso al crédito y con el mercado hipotecario parado, las cifras del aumento del porcentaje de alquiler son irrisorias. No ha servido para eso su reforma. Su reforma ha dejado vendidas a las personas arrendatarias y ha promovido que hoy el
alquiler sea un negocio especulativo de primer orden, y eso lo saben ustedes. Eso está causando destrozos en la población de muchas ciudades y sus alrededores, que no puede seguir pagando unos alquileres que no paran de subir. Por lo tanto, la LAU
debe modificarse y se deben poder limitar los precios de los alquileres; si no, esas ayudas -que ya veremos a quién llegan- es como querer llenar un saco de arena que tiene un boquete en el fondo por el que se vacía todo el rato. Evidentemente,
deben alargar los contratos de alquiler. En serio, deberían salir más por Europa a hablar de políticas de vivienda. Hablen con gestores de vivienda, con lobbies de propietarios incluso, con inquilinos y con legisladores. Todos ellos se llevan las
manos a la cabeza cuando les hablamos de nuestra legislación en materia de alquiler, se asustan. En lugar de estar todo el día hablando de Venezuela, por favor, vayan a esos países a aprender sobre políticas de vivienda, por favor.


Segunda cuestión, las ayudas a la compra para jóvenes. Esto es una completa barbaridad. Después de haber vivido una burbuja inmobiliaria que ustedes han contribuido a generar en gran parte con sus políticas, después de haber visto qué
consecuencias ha tenido en gran parte de la población, después de que muchísimas voces hayan denunciado que las ayudas directas a la compra han contribuido a generar esa burbuja, ahora, con unos presupuestos de vivienda que son totalmente
restrictivos, sin parque público y sin haber aprobado la dación en pago -hablaba usted antes de la legislación de la segunda oportunidad del ministro De Guindos que ha permitido 7000 daciones en pago. De todas las solicitudes que se hicieron para
este programa, ha habido 7000 daciones en pago, pero ¿frente a cuántas refinanciaciones? Las daciones en pago no llegan ni a un 10 %. Ese programa estaba hecho para que las familias siguieran

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refinanciándose, para que familias en precario que no pueden pagar sus hipotecas tuvieran que refinanciarse otra vez. Esas 7000 daciones en pago comparadas con las 70 000 solicitudes que había son una cifra de risa y para eso estaba hecho
ese plan-, como digo, sin dación en pago y con una Ley Hipotecaria que continúa desprotegiendo de forma descarada a las personas que firman una hipoteca frente a su entidad financiera, que sigue permitiendo que si no puedes pagar se quedes sin casa
y con una deuda pendiente, con este panorama se les ocurre dar ayudas a jóvenes que, por cierto, la mayoría están en situación precaria. Una ayuda de 10 800 euros por vivienda que no es suficiente para jóvenes con ingresos iguales o inferiores a
tres veces el Iprem para que puedan comprar viviendas y, por supuesto, en ningún caso en zonas de demanda residencial acreditada. Solamente se ocuparán viviendas vacías de las zonas periféricas, donde seguramente las grandes tenedoras de vivienda
tienen dificultad para deshacerse de su stock. Por tanto, este programa de ayudas va encaminado a la adquisición de viviendas ¿de quién?, ¿de la Sareb? ¿Es otra ayuda indirecta a la Sareb? Pretenden que la gente se vuelva a hipotecar. Es una
trampa para volver a enganchar a la gente a unas entidades financieras que están necesitadísimas de que alguien vaya y les firme una hipoteca.


El tercer apartado que quiero comentar es el tema de las ayudas para los desahuciados, que se vincula con el papel de la Sareb y otras entidades financieras. Lo que tengo que decir en principio es que usted ha estado repasando las cifras de
desahucios para poder decir que han descendido. Ha mencionado la cifra de desahucios en 2012, cuando hubo el pico máximo de desahucios desde 2008 hasta ahora. ¿Sabe qué estaban ustedes discutiendo el 20 diciembre de 2012 en el Congreso de los
Diputados cuando se alcanzó el pico de desahucios? Estaba la ministra de Fomento, Ana Pastor, presentando su Ley de flexibilización del mercado del alquiler. Era una ley que facilitaba aún más los desahucios de alquileres, que dejaba a la gente
sin ninguna garantía frente a esos desahucios; una ley que recortaba los contratos de alquiler de cinco a tres años, una ley que lo que ha hecho es desproteger a toda aquella población que estaba alquilando. Eso es lo que ustedes hacían cuando
había ese pico máximo de desahucios. El objetivo del programa de ayudas para los desahuciados -dice textualmente- es ofrecer una vivienda a las personas que hayan sido objeto de desahucios y que se encuentren en situación de exclusión residencial.
Son ustedes el Gobierno del Estado, es usted el secretario de Estado de Vivienda, son ustedes quienes pueden dar una respuesta legislativa definitiva -y no ese parche de las moratorias que hace el ministro De Guindos- a la problemática de los
desahucios, porque tienen competencias para ello. En lugar de evitar los desahucios, lo que hacen es decir que van a ofrecer una vivienda a gente que sea desahuciada; ojo, que sea desahuciada una vez esté en vigor este plan, es decir, a partir de
2018. ¿Saben que llevamos 500 000 desahucios desde 2008? ¿En qué cabeza cabe que el ministerio esté poniendo este parche? Lo que deben hacer ustedes y con urgencia es cambiar la regulación procesal actual; es decir, modificar la Ley de
Enjuiciamiento Civil que permite actualmente que personas en riesgo de exclusión social puedan ser desahuciadas sin tener un realojo garantizado. Eso depende del Gobierno y una y otra vez se han negado a hacerlo; y no solo eso, sino que cuando las
comunidades autónomas intentan legislar en ese sentido, ustedes lo llevan al Tribunal Constitucional. Por este motivo han suspendido las leyes de Euskadi, de Andalucía, de Navarra y la última de Cataluña. Esas leyes prevenían los desahucios, los
evitaban pero, ¿qué pasaba? Que esas las leyes obligaban a las entidades financieras, a los fondos buitre, no solo a no desahuciar sino también a hacer una oferta de alquiler adecuada a la capacidad adquisitiva de...


El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar, señora Martín.


La señora MARTÍN GONZÁLEZ: ¿Perdón? ¿Ya ha pasado el tiempo? (Risas). Es que el tema es infinito.


El señor PRESIDENTE: Soy consciente, señoría.


La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Es que es todo tan grave... Me tiene que dar más tiempo (Risas).


En definitiva, eviten los desahucios, no pongan parches. Lo segundo de este programa, que es vergonzoso, es dónde van a realojar a esas personas. Pues en los pisos que la Sareb voluntariamente -lo que ella quiera- decida ceder. ¡Hombre
no! Ustedes tienen que obligar a que la Sareb ceda esos pisos. Lo que no puede ser es que encima la Sareb ceda lo que le venga bien, donde le venga bien y que no se preocupe de nada porque los alquileres se los vamos a pagar nosotros de nuestro
dinero. No, no, es que los alquileres tienen que ser adecuados a lo que las familias puedan pagar, y si hay que poner

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alquileres más baratos, se ponen más baratos. La Sareb está constituida con capital público y en parte con capital privado de entidades financieras que indirectamente se han beneficiado de ayudas públicas. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora encima
les pedimos, por favor, que pongan esos pisos que tienen -si les va bien- y además les pagamos los alquileres nosotros? ¿Pero esto qué es? Es una tomadura de pelo.


Podría seguir con el tema de la eficiencia energética, que dan ayudas en función de un criterio de renta, pero quien se lo pase también tiene derecho a tener esas ayudas y, que yo sepa, no las dan por prioridad de renta sino a quien las pida
primero. ¿Quién las va a pedir primero? Es decir, hay que dar ayudas con criterio, no a propietarios de viviendas unifamiliares o de edificios residenciales enteros que pueden pedir ayudas para rehabilitar un edificio entero con la condición de
que haya un 50 % de las viviendas que no constituyen el domicilio habitual, o sea que a lo mejor son pisos turísticos. ¿Qué estamos rehabilitando aquí? ¿A quién estamos dando ayudas aquí? ¿Se dan cuenta de lo que están ustedes volviendo a hacer
con el panorama que tenemos?


No tengo tiempo, paro ya. En resumen, primero, presupuesto. Quiero saber qué intenciones tiene este ministerio en relación con el presupuesto, porque llevan un recorte de casi el 40 % desde el año 2013, y es que si el plan estatal tiene
las cifras que ha tenido el último, es de risa. Me quedan muchas cosas, pero con lo que ya les he dicho creo que es suficiente como para decir que es un plan totalmente deficitario. Evidentemente, su ministerio tiene competencias y debe hacer
otros cambios legales que van más allá de este plan, porque estas ayudas que ahora dan ustedes de hasta 900 euros no se acompasan con los alquileres en Barcelona y alrededores, en Madrid, en San Sebastián, en Valencia y ya no les hablo de las islas.
Que quede claro, esto no es un tema de alquileres turísticos, esto es un tema de oportunidad de inversión, de considerar la vivienda como un bien de mercado y un elemento especulativo; llámele turismo, llámele gente que viene a hacer estancia,
etcétera. Estamos viviendo situaciones de fondos de inversión que compran bloques enteros y que están esperando que a la gente se le acabe sus contratos de alquiler, que son de tres años e hipercarísimos, para alquilárselo a gente que puede pagar
más, ya sean turistas, no turistas o quien sea. Es decir, este es un tema de derecho a la vivienda y su ministerio tiene responsabilidades; hagan algo útil para la mayoría de la población, no para los de siempre, constructores, promotores,
entidades financieras, la Sareb, fondos buitre o las Socimi -que lo de las Socimi es un escándalo-. Se escapa de este plan pero es que son sus competencias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martín.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra don Ferran Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.


Quiero agradecer al secretario de Estado su comparecencia y la presentación de este Plan Estatal de la Vivienda 2018-2021.


Vaya por delante que, más allá del contenido de cada uno de los diez programas concretos que constituyen este plan estatal -objetivamente yo no le voy a decir que no haya mejora respecto al anterior, seguramente haya algunos de estos
programas que mejoran sustancialmente la situación anterior y haya otros que desde nuestra óptica no lo hagan-, a nosotros nos preocupa esencialmente la financiación del mismo. En 2007, el Estado consignó un presupuesto de 1155 millones de euros,
que se incrementó a 1512 millones en 2009. En este ejercicio, el presupuesto que se está tramitando en estos momentos fija una aportación para el plan estatal de 461 millones de euros. Más allá de que conozcamos que quien aprueba el presupuesto es
esta Cámara, también conocemos que quien presenta el presupuesto para su aprobación es el Gobierno. Nosotros creemos que este Plan Estatal de Vivienda debería ir acompañado de una memoria económica y, hoy, junto con la presentación de los
diferentes programas, también se nos tendría que haber presentado la estimación de la consignación presupuestaria que según el ministerio se debe fijar para cada uno de los años que va a complementar este plan estatal. Es más, si me apuran, tendría
que haber una estimación de consignación presupuestaria para cada uno de los diez programas, entendiendo que se tiene que hacer después alguna pequeña variación. De hecho, van a aprobar un plan estatal para 2018, de aquí a dos días va a entrar el
presupuesto de 2018 también en esta Cámara y, por tanto, es imprescindible que se nos informe de cuál va a ser la consignación que va a hacer el ministerio, al menos inicialmente; si después los señores diputados les cambiamos su consignación,
asumiremos nuestra responsabilidad. Pero díganos: ¿van a igualar la cantidad que había en 2011, los 780 millones de euros que ustedes consignaron en el presupuesto de 2012?


Por otra parte, también nos preocupa cómo se piensan financiar, cofinanciar o complementar las aportaciones de las comunidades autónomas, si a las comunidades autónomas más activas y más

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proactivas en este tipo de políticas se las va a incentivar con una mayor aportación. Les quiero recordar que, en el caso de Cataluña, la aportación del plan estatal en 2009 -no me voy muy atrás- era de 110 millones de euros; en este
presupuesto de 2017, como en el de 2016, se ha reducido a 50 millones de euros, un 55 %. En este periodo, la consignación en el presupuesto de la Generalitat para este tipo de políticas se ha incrementado. Simplemente, para complementar los
programas del Plan Estatal de Vivienda, la Generalitat ha tenido que consignar 28 millones de euros más. Por tanto, también nos gustaría saber cuál va a ser el planteamiento de este plan en relación con las comunidades autónomas y si va a haber
algún tipo de incentivo para aquellas comunidades autónomas que, como he dicho antes, sean más proactivas.


Para terminar, quisiera decir que, en todo caso, si no se habla de financiación y no se concreta esta financiación, se puede entender que esto podría conceptuarse como papel mojado. Hemos leído a lo largo de estas últimas semanas en la
prensa titulares referidos a la lluvia de millones o a un plan estatal con muchas más ayudas y aportaciones. Sabe el secretario de Estado que a nosotros en Cataluña cuando nos hablan de lluvia de millones no sacamos el paraguas pero sí nos ponemos
el chubasquero, porque sabemos que después eso no se concreta en nada. Por tanto, les pediríamos esta concreción. Me quisiera excusar ante el secretario de Estado y ante la Presidencia porque tenemos mucha acumulación de comisiones esta tarde y,
por tanto, es posible que no pueda escuchar la respuesta.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel. Nos hacemos cargo de esa circunstancia.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el diputado don Miguel Garaulet.


El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Buenas tardes.


Le agradezco de antemano su presencia, sus explicaciones y también su actitud respecto a los grupos parlamentarios solicitándonos información y pareceres. La verdad es que es de agradecer esa actitud.


Voy a ir saltándome cosas que ya han comentado algunos compañeros, que han sido bastante extensos, y voy a darles unas ideas de lo que nosotros creemos, a día de hoy, que le faltaría al plan para poder desarrollarse y que fuera un plan
adecuado para este trienio de 2018 a 2021. En primer lugar, vemos que no cuenta con la cobertura financiera que permita a las empresas, tanto públicas como privadas, acceder a la financiación. Hay un párrafo en la presentación del plan que dice:
mecanismos que facilitarán la concesión de préstamos por las entidades financieras a la rehabilitación y la regeneración urbana o rural. Estos brillan por su ausencia en el texto, y proponemos que el plan considere establecer convenios con
entidades financieras tanto públicas como privadas. Así ha sido en todos los planes de vivienda excepto en el último, 2013-2017. No es admisible vincular las posibles ayudas a la obtención de la financiación, porque si hacemos este tipo de cosas
la banca podría verse tentada a utilizar los convenios para sus propias promociones, cosa que debemos evitar. Me uno a lo de la memoria económica y a un detalle más avanzado de 2013 a 2016, incluso 2017.


En cuanto al tema de las ayudas para el alquiler, se habla de los ingresos de la unidad familiar. Yo creo que aquí tendríamos que diferenciar también el número de personas que conforman la unidad familiar, de forma que el carácter social de
este plan sirva para ayudar a las familias que más lo necesiten. Vemos también -y nos preocupa- que el plan contempla otra vez ayudas para los jóvenes en la compra de viviendas; y, efectivamente, como decía la diputada Martín, estamos volviendo a
retrotraernos a políticas antiguas. Nosotros creemos que la ayuda al alquiler tiene que ser premiar el alquiler a largo plazo. Tenemos que trabajar en una nueva ley de arrendamientos urbanos, en la que se potencie el alquiler como primera medida,
antes incluso que la compra en propiedad, que se fomente el alquiler y se dé seguridad jurídica no solamente a los arrendadores, sino también a los arrendatarios. Eso es lo que realmente se está haciendo en Europa actualmente. También la
diferenciación entre viviendas para jóvenes y mayores con las tipologías habitacionales está un poco al margen de lo que se hace en Europa. Nosotros creemos que la vivienda hay que hacerla en edificios de viviendas colectivas y no hacer sesgos
tanto en jóvenes como en mayores. Creo también que deberíamos hacer valer los ahorros que está teniendo el Estado al eliminar las desgravaciones por la compra de vivienda habitual, e impulsar políticas de viviendas activas, programas de viviendas
de alquiler tanto públicas como privadas, como hacen nuestros vecinos europeos, que están dotando con más del 1 % del PIB para este tipo de políticas. Este debería ser nuestro objetivo. Sé cómo estamos de limitados para este año 2017 y que en 2018
a 2021 se abre una puerta de posibilidades de incrementar inversión. Deberíamos de orientar esta inversión a estos programas de

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ayuda al alquiler y a la rehabilitación de viviendas. Nos gusta al tema de los fondos de vivienda para alquiler social, pero deberíamos de recoger con claridad que se abandonen las condiciones de emergencia y transitoriedad con las que se
crearon hace cinco años, en el año 2012; que desaparezca la vinculación de tres años que estipula la LAU y que condicione las ayudas públicas a las viviendas transmitidas a dichos fondos, que conformen un parque público o privado estable de
viviendas de alquiler social. En los fondos de vivienda de alquiler social detectamos un serio problema, porque no se obliga a las entidades financieras a aportar viviendas desocupadas; está en función de su voluntad, además incluso de que estén
disponibles. Yo creo que deberíamos penalizar a aquellas entidades que no aporten las viviendas. Se debería de estimular la aportación de viviendas, bien físicamente o mediante ayudas de mejora y actualización de habitabilidad y, en sentido
contrario, penalizar a los que no lo hagan.


En el funcionamiento de los fondos de vivienda de alquiler, parece que el plan no es muy consciente -como ha dicho antes la diputada Martín- de la urgencia que supone un desahucio; el plan carece de una sensibilidad social, en estos casos
de extrema emergencia, al plantear que debe haber conformidad por la parte de la entidad financiera propietaria de la finca o solución habitacional destinada a ser ocupada por la familia desahuciada. En un desahucio transcurren uno o dos días, y si
tenemos que esperar a estas cosas, mal vamos. Tenemos que ser más explícitos en viviendas para mayores. El plan habla -y nos gusta y nos parece muy correcta esta nueva actitud- de ayudar a la promoción de edificios de complejos residenciales que
cuenten con instalaciones y servicios comunes adecuados para personas mayores. Estoy hay que potenciarlo, pero con cuidado, porque detectamos cierto sesgo hacia las residencias de tercera edad o complejos geriátricos. Hay que establecer unas
condiciones más exigentes en la accesibilidad y la movilidad. Hay muchos edificios en España que no tienen ascensor o en los que no cabe una silla de ruedas. Tenemos que seguir fomentando este tema. Hay que hacer intervenciones en el parque
inmobiliario de los centros de las ciudades. Estas figuras, que socialmente demandan los mayores, son también aceptadas por parejas jóvenes. Si permitiéramos esas acciones ahí, evitaríamos un instrumento que se está dando últimamente como es el
del incremento de los procesos de turificación de las viviendas en el centro de las ciudades. También se hace mención a los nuevos modelos de usos residenciales. Me alegro de que se potencie y se permita en el caso de viviendas unifamiliares -y
por la parte que a mí me toca porque he estado trabajando en el mundo rural- también al mundo rural. Eso es digno de alabar, pero no solo existen viviendas para mayores con servicios y para jóvenes de primer acceso, hay para más gente que está en
toda la pirámide de la población. Creemos que el programa 7, de fomento de la regeneración y renovación urbana, debe reorientarse radicalmente y unificarse, de forma que esté enfocado a la regeneración urbana de barrios deprimidos. Más que a una
pura rehabilitación de edificios en cualquier zona de las ciudades, deberíamos orientarlo a barrios deprimidos. Tampoco entendemos por qué ha desaparecido el programa 7 para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas. En el contexto actual
es más que necesario. En el tema de la regeneración urbana se ha redactado un poco a espaldas -aunque han participado- de las comunidades autónomas respecto a ignorar algo tan de sentido común como adaptar los plazos de las ayudas a los calendarios
de las actuaciones de regeneración y rehabilitación que se están llevando a cabo por parte de los consistorios y de los Gobiernos autonómicos. Sería deseable que los programas 5 y 6, de rehabilitación energética y accesibilidad, se unificaran
fomentando la rehabilitación integral de los edificios, potenciando aquellos que utilicen y que lleguen a un mayor volumen de prestación energética. También habría que ayudar, impulsar y estimular las intervenciones de rehabilitación y regeneración
integrales, aumentando las ayudas para actuaciones que produzcan una renovación profunda, en lugar de solamente operaciones puntuales. En cuanto al programa específico de ayuda a la rehabilitación de viviendas de alquiler social, prácticamente
todas son de alquiler y son del parque público de viviendas, pero están en manos de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas, y muchos no pueden optar a una mejora de esas viviendas para conseguir que sean eficientes desde el punto de vista
energético. También deberíamos apoyar a los consistorios y a las comunidades autónomas para que esas viviendas, que suelen ser las que utilizan las familias más desfavorecidas, consigan también esos criterios de eficiencia.


Por nuestra parte solamente resta recalcar una última cosa, señor secretario de Estado, y es que en el fomento de la regeneración y renovación urbana, en la sustitución de la infravivienda por nuevas edificaciones de coste asequible,
deberíamos orientarlo más no solamente a derribar la chabola y poner una casa en su sitio, sino a soluciones habitacionales que se están utilizando actualmente y que están teniendo éxito, consistente en ir ubicándolos en diferentes puntos de las
poblaciones con viviendas adecuadas. Deberíamos potenciar y apoyar a las administraciones públicas para que puedan adquirir ese

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tipo de viviendas y puedan desarrollar una integración real y no solamente efectuar parches a la hora de eliminar un problema.


Por mi parte nada más. Le agradezco de nuevo sus explicaciones. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garaulet.


Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la diputada doña Mar Rominguera.


La señora ROMINGUERA SALAZAR: Muchas gracias, señor presidente.


Buenas tardes. Deseo agradecer al señor secretario de Estado su exposición, porque ciertamente suena bien todo lo que nos ha expuesto. La música, al menos, suena bien, pero hace falta una letra creíble y lo que falta es la financiación.
Se ha mencionado aquí por todos los grupos, porque carecemos de información sobre la dotación económica con la que este plan va a contar. Tan solo de un modo ambiguo, en el artículo 6 se dispone que la financiación del plan se realizará con las
aportaciones que se consignen cada año en los Presupuestos Generales del Estado, pero esto, evidentemente, provoca una gran inseguridad en su ejecución porque, si no se corrige la tendencia de los últimos años de Gobierno del Partido Popular de
menguar la dotación para la financiación del plan, tendrá serias dificultades para poder atender todas las necesidades que se comprometen en sus programas. Se ha hablado aquí de cantidades y es verdad, en 2011 teníamos una dotación de 1127 millones
de euros destinados a la promoción, administración y ayudas para la rehabilitación y acceso a la vivienda, y en este último presupuesto hemos pasado a los 447 millones de euros previstos para este mismo programa. Por lo tanto, es fundamental
establecer en este nuevo plan una financiación concreta e incrementada respecto a la anterior que, además -también se ha dicho aquí-, debería ir acompañada de una memoria económica. Por eso, nosotros le pedimos que nos dé una concreción sobre la
consignación que el ministerio considera que debe tener este nuevo plan. Pero no solamente es necesario garantizar los objetivos del futuro plan, sino también los del vigente, que está, como saben, prorrogado por Real Decreto de 9 de diciembre de
2016. Han pasado más de seis meses sin que aún se haya señalado por parte del ministerio la fecha de firma del convenio con las comunidades autónomas, de manera que la mayoría no han podido realizar la convocatoria de las correspondientes ayudas.
Convendrá conmigo que, de mantenerse esta situación, va a ser más virtual que real esta prórroga y, por tanto, se va a fracasar en la consecución de los objetivos que la misma decía perseguir. Es urgente, pues, que se produzcan las modificaciones
legislativas necesarias y por eso le pregunto para cuándo esta firma. Además, queremos hacer hincapié en que, siendo las comunidades autónomas quienes tienen la práctica totalidad de las competencias para el desarrollo de las políticas de vivienda,
es fundamental una mayor flexibilidad. Usted se ha referido a ello y nosotros se lo agradecemos, porque financiación y flexibilidad son la clave para que este plan tenga una eficacia real.


Centrándome más en aspectos puntuales del articulado, sí quería destacar, respecto a las ayudas a la subsidiación de préstamos convenidos para la compra de vivienda de protección oficial, cómo este programa solo atiende al pago de las ayudas
de subsidiación de esos préstamos regulados en anteriores planes estatales de vivienda y que siguen vigentes de acuerdo con la normativa, pero supongo que sabrá que la Comisión de Fomento en su sesión de 15 de febrero de 2017 aprobó la proposición
no de ley presentada por mi grupo sobre las ayudas de subsidiación de préstamos, que se contempla en el Boletín Oficial de las Cortes de 2 de marzo de 2017. Se aprobó en sus propios términos y dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
restablecer las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos para la compra de vivienda protegida en las mismas condiciones que las establecidas en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. Por lo tanto, el Gobierno incumpliría un
mandato del Congreso de los Diputados si no restablece estas ayudas en este término. Además, quiero recordarle cómo desde el Ejecutivo se han ido fijando año tras año unos tipos de interés para estas viviendas de protección oficial con el índice
IRPH, cuyo uso está desautorizado por la Directiva 93/13, sobre cláusulas abusivas en los contratos con consumidores. Por ello, es necesaria una revisión profunda de estos procedimientos a la hora de establecer estos tipos de interés aplicables a
vivienda protegida y no solo a vivienda protegida. Tampoco los adquirentes de vivienda libre deberían someterse a este indicador, porque es un índice que no es claro ni objetivo y mucho menos verificable para las partes porque no es auditable.
Debería desaparecer; pensamos que desde su departamento se puede impulsar y queremos saber si van a hacerlo.

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En relación con el programa de ayudas al alquiler de viviendas, me parece importante hacer mención a la diferenciación que el propio texto establece respecto de los jóvenes, porque hay dos programas a los que están destinados estas ayudas:
para el alquiler en general y para el alquiler en exclusiva para los jóvenes, los capítulos 3 y 9 respectivamente. Pues bien, respecto de los jóvenes, se les exige para acceder a las ayudas disponer de una fuente regular de ingresos y, sin embargo,
esto no se exige para las ayudas al alquiler genérico. Quisiera que nos explicase por qué se hace esta distinción y si es posible que los jóvenes puedan acceder a través de la vía del artículo 3, qué sentido tiene esta dualidad discriminatoria. En
cualquier caso, apostamos por el alquiler frente a la compra de vivienda también para los jóvenes.


El programa tercero del plan lo titulan: ayudas a los desahuciados. Sinceramente, el título ya denota escasa sensibilidad del Gobierno ante este drama. Deberían cambiarlo por: ayudas a las personas en situación de desahucio. En
cualquier caso, usted se ha referido durante toda la tarde a este programa así, como ayudas a personas en situación de desahucio. Pero además del título, la poca sensibilidad también se pone de manifiesto tanto en la debilidad de las medidas
aprobadas hasta ahora como en el fracaso de los objetivos anunciados. Al igual que en el resto de España, en provincias como la mía, en Zamora, el problema de los desahucios continúa al alza. Según los últimos datos del Consejo General del Poder
Judicial, entre enero y marzo de este año cincuenta y dos familias zamoranas fueron obligadas a abandonar su vivienda por no poder hacer frente al pago de esta, y la media es comparable con los peores datos de la crisis económica: prácticamente
cada dos días una familia perdió su vivienda en mi provincia. Como digo, es un ejemplo; en el resto de las provincias también ha ocurrido lo mismo. Entonces, es cierto que de cara a paliar los desalojos de las familias más vulnerables este plan
también vuelve a regular los fondos de viviendas para alquiler social, siguiendo la misma línea que en 2013. Además, se establecen unos contratos de alquiler de dos años, prorrogables por otro, sin tener en cuenta que las situaciones actuales de
exclusión residencial no son temporales, sino que entendemos que son estructurales. Pero lo más preocupante es que el nuevo plan se limita a reproducir el régimen jurídico de los convenios de colaboración que se aprobaron en el marco del código de
buenas prácticas. En el artículo 19 utilizan la expresión 'podrán adscribir o se podrán', con lo cual, sin lugar a dudas, se confirma un régimen de cesión de carácter voluntario a través de convenios y conciertos con las grandes tenedoras de los
activos inmobiliarios, sin que exista ningún instrumento de intervención de carácter forzoso. Queremos saber a qué se debe esto.


También queremos que nos explique por qué el plan no incorpora ninguna medida sancionadora ante los incumplimientos de cesión por parte de las grandes tenedoras. Simplemente se determina que el incumplimiento grave puede dar lugar a la
posible resolución del convenio específico con la Sareb o la entidad financiera, quedando así excluida de este programa. Consideramos que el plan pierde una oportunidad inigualable para poder incorporar unos mecanismos de reacción más
intervencionista y que reconozcan claramente la función social de la propiedad, debiéndose incluir medidas de reacción frente a estos incumplimientos, por ejemplo, órdenes de ejecución, canon sobre las viviendas deshabitadas, su alquiler forzoso.


Por otra parte, incidiendo en el impulso y el fomento del alquiler, si bien resulta significativo el hecho de que se incorpore la subvención a la iniciativa de la programación privada frente a 2013, que solamente recogía iniciativa pública,
estimamos que el parque público de viviendas en alquiler debe ser un parque estable, sin límite temporal; así ocurre en la mayoría de los países europeos. Además, los edificios de viviendas en alquiler privado deberían tener un plazo mínimo de
destino a este régimen de cincuenta años. Asimismo, es necesario apostar por el alquiler frente a la compra, por eso le pedimos que nos explique los motivos por los cuales desde el Gobierno se establecen limitaciones temporales.


Con respecto a otras limitaciones que regula el plan, como las del precio del alquiler, nos surgen algunas dudas. Por ejemplo, en el artículo 28 no sabemos por qué se especifica que la ayuda podrá ser directa. Da la sensación, a tenor de
esta redacción, que estas ayudas pueden ser consideradas de concesión directa o mediante concurrencia competitiva, aspecto que queremos que nos aclare. Tampoco compartimos la renta unitaria que contempla este mismo artículo, en su apartado 1, como
límite del precio del alquiler, de 7 euros mensuales por metro cuadrado, porque entendemos que no es justificable desde criterios de carácter social; deberían mantenerse los 5,5 euros mensuales. Y lo mismo ocurre con la renta de 9,5 euros de
límite como precio de alquiler de la vivienda para las personas mayores, porque el carácter social en la gestión de la vivienda es lo que debe primar; así lo entendemos nosotros.


Siguiendo con personas mayores, en el programa se establecen ayudas para gastos de mantenimiento, comunidad o suministros básicos -como se ha dicho aquí-, pero para optar tanto a estas como a las

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ayudas de alquiler el plan les exige que su patrimonio sea inferior a 100 000 euros, lo cual nos parece excesivo -una barbaridad- y que tampoco es justificable desde el punto de vista social.


Con respecto a los programas de rehabilitación, fomento de eficiencia energética y regeneración urbana y rural, nos parecen necesarios. Además, todas estas iniciativas generan empleo por la cantidad de profesionales que involucran y por la
necesidad de mano de obra que precisan. Lo que hace falta, insisto, es que los doten de financiación suficiente.


Para terminar, e incidiendo en lo que decía al principio de la escasa sensibilización del Gobierno con las personas más vulnerables, queremos reseñar a un colectivo que está ausente en las medidas que aquí se recogen y que merecen
actuaciones destinadas a procurarles ejercer el derecho a la vivienda. Se trata de un colectivo de 8000 personas en este país formado por las personas sin hogar, las que viven en la calle sin ningún tipo de ayuda. Este plan pudiera ser
perfectamente la herramienta para procurarles acceso a una vivienda mediante su inclusión específica en los capítulos de programas como las ayudas al alquiler a personas desahuciadas o a los fondos de vivienda para alquiler social. Se le podría
reservar a este grupo social, por ejemplo, un 10 %, porque junto al reconocimiento del derecho a la vivienda es importante el impacto de lo que su vulneración supone.


Por ello, y para concluir, quiero que tengan en cuenta, señor secretario y señorías, que los derechos humanos son indivisibles, pero además son interdependientes y están relacionados entre sí, de manera que la violación del derecho a una
vivienda digna puede afectar a una amplia gama de derechos humanos y viceversa.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rominguera.


Turno ahora del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la diputada doña Ana Zurita.


La señora ZURITA EXPÓSITO: Muchas gracias, señor presidente.


Quiero agradecer al secretario de Estado su comparecencia, la claridad y la extensión de su exposición sobre el plan estatal 2018-2021. También quería felicitar al equipo de la Dirección General de Vivienda y Suelo del Ministerio por la
elaboración de este plan que es bien aceptado por parte de colectivos y agentes que tienen que ver con la vivienda y que nos consta que ha nacido de la experiencia de gestión de planes anteriores y, en especial, del último, que se ha gestionado en
tiempos de gran dificultad. Aunque no tengamos, como han dicho todos los grupos, esa valoración presupuestaria y esa valoración de efectos y de eficacia del plan todavía vigente 2013-2016, sí nos consta que este nuevo plan ha salido del balance del
día a día de esa gestión.


Me llama muchísimo la atención, aunque podía esperarse, la intervención de Podemos que ha sido una crítica generalizada pero sin propuestas claras. Hay que decir que nuestro plan tiene un objetivo que es garantizar el derecho a la vivienda
sobre todo a los sectores vulnerables, y en eso trabajamos en tres frentes: en evitar los desahucios, en el alquiler y en la rehabilitación. Nuestro objetivo es que no haya familias sin vivienda y que las que tengan vivienda estén en las mejores
condiciones de habitabilidad. Entiendo que el discurso de Podemos se basa, primero, en un diagnóstico erróneo. Es una España en blanco y negro cuando la televisión en color a tiempo completo empezó ya hace cuarenta años, justo con la entrada de la
democracia, cuando ustedes no estaban y sí hemos estado otros grupos políticos trabajando por los derechos ciudadanos.


Su crítica siempre y constante es la escasez de presupuestos y entiendo que nosotros lo hacemos al revés. Tenemos un programa, tenemos una hoja de ruta que seguir y después eso se valora. Su crítica siempre es que las partidas de viviendas
son deficitarias, pero no especifica lo que propone. Solo le hemos oído hablar de intervenir el mercado del alquiler y luego de políticas o actitudes que no tienen ninguna cabida en un Estado de derecho constitucional ni en una España de
crecimiento económico.


Me gustaría saber cuál es el plan de vivienda que Podemos propone y cuáles son sus propuestas porque en realidad no hemos oído propuestas concretas. Sé que se alinean con las quejas de la PAH, de la plataforma antidesahucios, y no sé si en
cuanto a sus propuestas. Nosotros también compartimos el objetivo con la plataforma antidesahucios que es garantizar el derecho a la vivienda, pero con la diferencia de que el Partido Popular resuelve y ha puesto un paquete de medidas sobre la mesa
que han garantizado, primero, el descenso de las ejecuciones hipotecarias en un 30 % en el primer trimestre de 2017 con respecto al de 2016, que 40 000 familias se hayan beneficiado del Fondo Social de Vivienda y que 570 000 familias se hayan
beneficiado de ayudas al alquiler o la hipoteca en cumplimiento del plan vigente 2013-2016. Y sus dos banderas son la supuesta restricción del acceso a la vivienda de alquiler como problema y luego la defensa

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de las familias desahuciadas o en riesgo de desahucio. Contra esto proponen en muchos casos la ocupación como posible solución y como forma de acceder a la vivienda -hemos hablado de esto también fuera de esta Comisión porque vemos que la
vivienda no es solo objeto de esta Comisión, sino que es una política absolutamente transversal- y la intervención del mercado del alquiler. Les digo que las propuestas del Partido Popular son otras. Y poniendo siempre por delante nuestro objetivo
principal, que es la garantía del derecho a la vivienda, frente a los desahucios hemos aprobado dos decretos sucesivos en 2012 y en 2013, de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios. Recientemente, hemos aprobado en marzo de
2017 un nuevo real decretoley en el que se establece una nueva prórroga hasta 2020 frente a los desahucios y se amplía el margen de requisitos para que tenga cabida un espectro mayor de situaciones de vulnerabilidad. Con respecto a este plan de
vivienda, independientemente del carácter genérico de que una de las políticas principales del Gobierno es el fomento de la vivienda en alquiler, este plan estatal propone una medida -que ya se ha comentado- que es un programa de ayuda específico
para las personas que se encuentren en situación de desahucio, ya sea hipotecario o de alquiler, y con el que se ponen a disposición viviendas vacías de los grandes tenedores de vivienda, asumiendo el Gobierno la mayor parte de la carga financiera.
A diferencia de lo que han propuesto Ciudadanos y el Partido Socialista, en relación con la vivienda vacía siempre es mejor -y con esto no solo me refiero a los grandes tenedores- incentivar que penalizar la falta de uso de una vivienda vacía. Lo
que el Partido Popular tiene claro es que no todo es el plan de vivienda, sino que hay que articular mecanismos que den respuesta a todas las casuísticas y que todo el mundo tenga derecho a una vivienda y a un proyecto de vida. La mejor política
social y también la mejor política de vivienda es continuar con el crecimiento económico y con la creación de empleo. ¿Cuál ha sido el resultado de las políticas del Partido Popular? Que son cosas que la mayoría interesa a la gente pero ustedes
-me refiero a Podemos- hacen oídos sordos o no les interesa (Risas). No se ría, señora Lucía (La señora Martín González: Te estás riendo tú). Yo no me río. A diferencia de ustedes, cuando oigo o leo noticias como que el número de visados de
proyectos crece un 35 % en el primer trimestre de 2017; que las ejecuciones hipotecarias han bajado un 30 %; que en el primer trimestre del año se han concedido 80 000 hipotecas; que crecen las ventas de vivienda en todas las comunidades
autónomas; que en 2020, de acuerdo con las estadísticas inmobiliarias, ya no habrá stock de vivienda vacía; que las cooperativas de vivienda han creado 27 000 empleos durante los cinco primeros meses de 2017 y que, con respeto a la ocupación
ilegal de viviendas en Madrid, solo un 15 % de los ocupantes ilegales están en situación de vulnerabilidad y el resto suelen ser personas con antecedentes penales, me alegro y cualquier persona que vele por el interés general se alegra. Solo no se
alegran o hacen oídos sordos los integrantes de Podemos, parece ser. ¿Por qué? Porque entiendo que su proyecto político no tiene cabida en una España que va bien. Nuestro proyecto, señora Lucía, es que la economía crezca, que 20 millones de
españoles trabajen en 2020, que no haya stock de viviendas vacías, que todas estén ocupadas, que todo el mundo tenga trabajo y que se pueda costear su vivienda y que el Estado no tenga que dar ninguna ayuda. Ese es nuestro punto final. Mientras,
seguimos trabajando en los objetivos que fija este plan de vivienda.


Con respecto al Partido Socialista, entiendo que se pueda criticar este plan porque, si bien los objetivos pueden ser comunes, las características de los últimos años del Partido Socialista en materia de vivienda -quizás por su propia
experiencia ante una crisis siempre negada- fueron suprimir ayudas, las ayudas directas a la entrada, las subvenciones estatales a la urbanización del suelo destinado a vivienda protegida, las subvenciones a los promotores de vivienda para alquiler,
las subvenciones para la construcción de equipamientos a colectivos especialmente vulnerables -que era su programa estrella- y, además de fomentar el desahucio exprés, negarse constantemente y votar en contra por dos veces a los reales decretos que
en 2012 propuso el Partido Popular, de medidas urgentes de protección a deudores hipotecarios, que facilitaban la reestructuración de la deuda y la suspensión por dos años de los desahucios. También votaron en contra de la creación del Fondo Social
de Vivienda. Eso es lo que tenemos, por lo que no me extraña la crítica del Partido Socialista.


Con respecto al plan hay que decir que es absolutamente consensuado. Independientemente del discurso político que venga a hacer aquí cada uno, hay que decir que está claro que para los que han ejecutado el plan -que podemos decir que son
los albañiles reales del plan, que son las direcciones generales de las comunidades autónomas, las consejerías, los ayuntamientos-, es un plan que funcionará. Además, como bien ha dicho el secretario de Estado, los objetivos de este plan se
pactaron en conferencia sectorial el 15 de diciembre y ha habido aportaciones de todas las comunidades autónomas. Por tanto, este es un plan que ha salido absolutamente del consenso.

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Nosotros somos defensores de este plan, el Partido Popular es defensor de este plan absolutamente porque, aunque sea un plan continuista del plan 2013-2016, refleja todas las peticiones y deficiencias detectadas en planes anteriores, que la
mayoría son programas heredados y compromisos heredados, pero con esa experiencia ya podemos centrarnos en las políticas que realmente nos interesan.


Hay que alabar también que este plan de vivienda desarrolla dos conceptos fundamentales, el alquiler y la rehabilitación, y en esos dos conceptos hay un factor común que son las personas. Primero, hay que solucionar el problema de la
vivienda a colectivos vulnerables y, después, garantizar que todo el mundo tenga una vivienda digna y no de cualquier manera, sino en las mejores condiciones de habitabilidad, de accesibilidad y que se garanticen las condiciones de eficiencia
energética que nos permitan -que eso es muy importante- cumplir con los objetivos que marcan las directrices europeas.


Hay dos tipos de medidas, medidas sociales y medidas de rehabilitación. No voy a contar el plan porque el plan lo ha contado perfectamente el señor secretario de Estado, pero sí quiero destacar algunas cosas. La primera es que es un plan
de altísimo contenido social porque de esos diez programas en los que se articula seis de ellos están destinados exclusivamente a ayudas al alquiler para personas con dificultades económicas, atendiendo a diversas circunstancias y diversos grados de
vulnerabilidad. Por tanto, no puede establecerse un solo baremo de precio de alquiler o de precio de ayuda cuando de lo que se trata es de que se pueda dar cobertura a un amplio abanico de sectores vulnerables y no todos en el mismo grado. Por
ejemplo, las ayudas al alquiler tienen tres modalidades: ayudas al alquiler hasta 900 euros, ayudas para personas extremadamente vulnerables en situaciones de emergencia social y luego en la construcción de viviendas de alquiler también hay tres
programas y tres modalidades, dos de diferente grado en función del Iprem y uno específico para mayores, en el que, en función de la ayuda que recibe el promotor, se tasa después el precio del alquiler. Por tanto, el abanico que se ofrece ayudas es
suficientemente amplio para dar cobertura a todo tipo de posibilidades. Luego están las ayudas específicas para mayores y jóvenes también en opción de venta o alquiler.


Es de extrema de importancia -y creo que es lo fundamental del plan- solucionar el problema de la vivienda ante situaciones de emergencia social, apoyándose en el stock de vivienda vacía existente. Esta medida no existía dentro de los
programas estatales y además es importante destacar que el Gobierno va a asumir la totalidad de los compromisos financieros. Lo que buscamos con estas medidas es potenciar el cambio de tendencia que estamos buscando hacia el mercado del alquiler.
No son comparables los precios de otras ciudades europeas, sobre todo por las condiciones de habitabilidad que defendemos en España que tienen que mantenerse. Además, este tema está ampliamente estudiado, es decir, limitar el precio de los
alquileres reduce la calidad y cantidad de la oferta de vivienda y estas políticas han fracasado allí donde se han implantado. Por ejemplo, en Berlín las casas rehabilitadas pueden sobrepasar el límite tasado de precio del alquiler sin problema
alguno, por lo tanto es una medida que nos ofrece muy poca credibilidad si no garantiza unas medidas óptimas de habitabilidad, que es lo que queremos garantizar también con este plan de vivienda.


La rehabilitación es bienvenida por todos los sectores, por la parte social de los ayuntamientos y también por todos los ámbitos y sectores que se dedican a la rehabilitación. Hay que destacar el desdoblamiento de los programas en cuanto a
eficiencia energética y conservación y mejora de la accesibilidad que, por primera vez, no solo se circunscriben a edificios de residencia colectiva, sino también a viviendas unifamiliares en suelo urbano y también rural y también caben ayudas a
viviendas aisladas dentro de edificios residenciales. Hay que destacar -que también nos parece importantísimo- que el límite de la antigüedad se establece ahora en el año 1996, frente al año 1981 del plan anterior. Pero lo más importante
entendemos que es la relevancia del sector de la construcción y específicamente de la vivienda para las mejoras en materia de eficiencia energética. Esto ha sido destacado en varias comunicaciones de la Comisión Europea y representa casi el 40 %
del consumo final de la Unión Europea, siendo la Directiva relativa a la eficiencia energética ahora mismo el principal instrumento jurídico que aborda este tema en el contexto de los objetivos fijados para el año 2020.


Hay que seguir construyendo una estrategia basada en la madurez de la población hacia comportamientos ciudadanos cuyos objetivos principales sean la rehabilitación con eficiencia energética. No solo son necesarias ayudas para incentivar el
sector -ineludibles, por supuesto, en momentos de crisis-, pero creemos que ha llegado el momento de abonar en paralelo el terreno para potenciar un despliegue en profundidad de la rehabilitación edificatoria mejorando la política energética. Este
es uno de los objetivos más loables de este plan.

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Para terminar, me gustaría hacer unas aportaciones en materia de rehabilitación, porque entendemos que son claves para el desarrollo de una política de eficiencia energética. También han sido aportaciones de los diversos colectivos que ha
visto en el Congreso el Grupo Parlamentario Popular sobre todo la inclusión del informe de evaluación de edificios, por considerar que ahora mismo no está suficientemente implantado y es un requisito específico e ineludible para la concesión de las
ayudas de rehabilitación. También quería pedir una excepción para Canarias en los requisitos de la reducción de la demanda energética por nuestras condiciones climatológicas, que son diferentes con respecto al resto del territorio nacional.
Entendemos que se deberían exceptuar las zonas costeras del cumplimiento del 20 % y a lo mejor premiar en Canarias actuaciones integrales de rehabilitación con criterios de eficiencia energética. También entendemos que es fundamental, aunque
creemos que puede ir fuera del plan y acompañarse como una medida a adoptar por el Ministerio de Fomento, desarrollar un buen programa de sensibilización y comunicación para conseguir que se cumplan los objetivos del plan y concienciar a la
población de las ventajas de la rehabilitación con criterios de eficiencia energética por su propio interés y por el interés general.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Zurita.


Responde a los grupos parlamentarios el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, don Julio Gómez-Pomar. Tiene la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (Gómez-Pomar Rodríguez): Muchas gracias, presidente.


Comienzo por la intervención del Grupo de Unidos Podemos, intentando contestar a todas las cuestiones que se han planteado. Hay una primera cuestión de carácter general que se ha planteado por los grupos, y es que este plan se presenta sin
llevar aparejada su financiación. Yo creo que hay que disociar dos momentos en el tiempo necesariamente. Hemos acudido a presentar el plan incluso antes de que estén aprobadas las normas correspondientes para dar una cumplida explicación
anticipada de cuáles son todas y cada una de las medidas, pero estamos en un proceso presupuestario que ni siquiera todavía ha aprobado el techo de gasto. No es que estemos en la discusión presupuestaria del reparto del Ministerio de Fomento y,
dentro de él, cómo va a llevar a cabo una distribución de los créditos. Es que ni siquiera podemos hablar de la cantidad que está asignada al Ministerio de Fomento porque no sabemos con qué techo de gasto nos vamos a desenvolver. Es indudable que,
mientras no sepamos si es un techo de gasto que se incremente, que se reduzca o que se mantenga sobre los presupuestos que recientemente esta Cámara está tramitando y a punto de dar por finalizados, no podremos hacer una concreción de los mismos.
Esto es algo que resulta obvio. Lo que sí es importante es explicar cuáles son los diferentes programas, qué tipo de ayudas se van a poner, cuáles son las limitaciones y las características de cada uno, pero carecería de sentido que en una fase tan
prematura del proceso presupuestario para el año 2018 aventurásemos nosotros ninguna propuesta porque no sabemos de qué recursos va a disponer el ministerio para todas las acciones de desarrollo de infraestructura, de transporte y del resto de las
políticas que le corresponden. Eso será una segunda fase en la que se conocerá exactamente cuál es la cantidad dedicada al plan de vivienda. Ahora lo que sí podemos conocer son las líneas y las políticas y qué tipo de impresión, de comentarios y
de reacciones producen, que para nosotros tiene también un gran interés a todos los efectos de la organización de este plan 2018-2021.


Hay una segunda cuestión a la que tampoco puedo dar plena satisfacción, que es la evaluación exhaustiva del plan de vivienda, porque hay muchos elementos de cuya información no dispone el Ministerio de Fomento. El Ministerio de fomento
marca unas líneas básicas y sabemos qué ayudas han podido ir, como yo les relataba, a renta básica de emancipación, qué es lo que ha ido a las ayudas de rehabilitación, etcétera, pero lo que se ha concedido o denegado y en qué supuestos lo sabrá
cada una de las comunidades autónomas a las que les corresponde aplicar exactamente cada una de las líneas. Es una información de la que nosotros no disponemos. La tenemos de una manera muy fraccionada y depende un poco de la iniciativa de cada
comunidad autónoma que dispongamos de esos elementos tan detallados de la gestión de esa política. Nosotros tenemos la información más global, pero si la comunidad hace o no hace un control respecto de si se tiene un patrimonio superior o inferior,
qué procedimientos tiene o si tiene acuerdos firmados con las administraciones tributarias, las municipales, etcétera, ya son cuestiones que a nosotros nos trascienden desde el punto de vista de la recopilación de esa información. Pretendemos ser
lo más exhaustivos posible, pero yo creo que hay otra información cuyo lugar natural

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serían los parlamentos de las comunidades autónomas y solicitar cuál es la gestión en cada comunidad autónoma. Yo creo que ahí hay un volumen de información más exhaustivo del que podamos disponer nosotros. No se trata, por tanto, de
ningún criterio de no poner esa información a disposición, sino las limitaciones que pudiéramos tener en relación con la misma.


Se ha dicho también que este no es un plan dedicado al alquiler. Yo creo que el hecho de que este plan incluya unas ayudas para los jóvenes que decidan la compra de una vivienda y que en determinadas condiciones de renta se haga un apoyo
que es equivalente a la capitalización de las ayudas de alquiler correspondiente a tres años, que es en lo que consiste esa línea, en absoluto invalida que el enfoque esencial de este plan esté dedicado al alquiler. Tan es así que si miramos los
datos que yo les facilitaba en mi intervención, mientras que en 2012 hay un 17 % de vivienda en alquiler frente al 83 % restante de vivienda en propiedad, hoy día estamos hablando del 22,2 %. No quiero decir que sean los planes de vivienda los que
han determinado este cambio en los hábitos de la sociedad española. Hay un cambio en los hábitos de la sociedad española influenciado por miles de razones, porque la gente joven concibe el uso y no la propiedad de los bienes, porque el precio de la
vivienda es el que es y el alquiler es más asequible que la compra de vivienda, etcétera, pero lo indudable es que nosotros estamos apoyando al alquiler para las personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad, por razón de su renta, por
razón de ser jóvenes, por razón de que tienen problemas para el acceso a la vivienda o por razón de edad. Esa es la política que sin duda alguna estamos llevando. Por tanto, que esta ayuda que se introduce en este plan para los jóvenes pueda lugar
a una burbuja inmobiliaria me parecería una exageración. No estamos contribuyendo en absoluto con estas ayudas a los jóvenes a que evolucione el mercado de la compra de vivienda, que se mueve por unos patrones totalmente distintos.


Hay una serie de cuestiones en las que siempre que yo tengo ocasión de intervenir y usted hace sus comentarios con respecto a la vivienda tenemos una visión distinta, que es la visión de la intervención y de sus efectos. Digo de la
intervención y de sus efectos, porque yo no creo que no haya muchas situaciones económicas en las que se debe intervenir. Lo que hay que determinar es cuáles son los efectos de esa intervención. Yo creo que la experiencia que tiene la sociedad
española en relación con las decisiones que se toman sobre el alquiler es la siguiente: las limitaciones de renta son muy buenas para aquel que va a alquilar una vivienda, para el arrendatario de una vivienda, pero un arrendador de una vivienda
difícilmente va a entrar en el mercado, va a invertir en la compra de una vivienda o va a poner a disposición de un tercero una vivienda si la rentabilidad que va a obtener por ella tiene más riesgo y es inferior a la que pueda tener en otro uso
alternativo. No estoy hablando de personas que tienen un patrimonio, sino de personas que reciben una pensión, que tienen un ahorro, que tienen un excedente, que han heredado una vivienda y que toman una decisión sobre la misma. La extensión de
manera inexorable de los tiempos de alquiler vuelve a producir el mismo efecto. Si alguien tiene una vivienda y tiene una limitación de precio, se le impone un número de años sobre la misma, tiene un problema de falta de pago en la renta, etcétera,
eso disuade del mercado. Esas condiciones, que hemos visto en una legislación anterior una y otra vez, han conducido a que en España no existiese un mercado de alquiler que por primera vez se está empezando a construir.


Ha manifestado que los fondos de inversión compran las viviendas, pero las compran porque hay un señor que tiene una vivienda que le vende al fondo de inversión. Es una decisión particular de un señor respecto a su renta. Cuando miramos lo
que sucede en el mercado de la vivienda tenemos que contemplar las dos partes: al que vende y al que compra, al arrendador y al arrendatario. No podemos tomar decisiones sobre uno exclusivamente porque eso no conduce a la finalidad que
perseguimos, que es desarrollar un mercado de alquiler y apoyar a aquel que no tiene recursos suficientes para poder acceder en alquiler a una vivienda, cumpliendo el mandato constitucional al que todos tendemos a dar una satisfacción.


Otra cuestión recurrente es que se impugnan las leyes de las comunidades autónomas en el Tribunal Constitucional, pero es que luego resulta que el Tribunal Constitucional dice que esas leyes son inconstitucionales. Nos volvemos a encontrar
en una situación en la que los departamentos ministeriales no pueden decir a quienes llevan el seguimiento y el control de la legalidad de las disposiciones que emanan de las comunidades autónomas que las miren por encima y que no les presten gran
atención, no vaya a ser que las recurran y llegue el Tribunal Constitucional y diga que esas normas son inconstitucionales. Es preciso afinar y no elaborar normas relacionadas con la vivienda que puedan tener una quiebra de legalidad
constitucional. No podemos hacer las cosas de otra manera.

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En cuanto a las medidas de eficiencia energética -se ha comentado en algunas intervenciones-, están vinculadas a una economía y a un modelo de vivienda sostenible. En definitiva, las medidas de apoyo a la eficiencia energética, por
definición, se refieren a viviendas que requieren una rehabilitación. Todas las viviendas de nueva planta cumplen con los estándares y las especificaciones técnicas de construcción, pero es en la vivienda antigua donde hay que invertir en
eficiencia energética y eso va inexorablemente unido a un criterio de sostenibilidad en el parque de viviendas.


También se ha dicho que las rentas de alquiler no son las mismas en diferentes sitios. Lo ha comentado el señor Bel y se ha referido al precio del alquiler en Barcelona y en Ibiza, en lugares que tienen una gran presión de demanda. ¿Qué
hemos incorporado por primera vez en este plan de vivienda? Que la limitación de los 600 euros pueda llegar hasta los 900 en aquellos supuestos en los que el nivel medio de renta en la comunidad autónoma sea más elevado. Tratamos de atender a una
realidad: el grado de dispersión que existe en los precios de los alquileres en el territorio nacional. También ha dicho el señor Bel que tiene que ir peregrinando por las distintas comisiones preguntando por la financiación y ha planteado una
cuestión que es difícil de valorar; decía que deberíamos premiar de alguna manera a aquellas comunidades autónomas que son más eficientes en el uso de los recursos. Establecer un mecanismo que detrae de la ineficiente para dar a la eficiente no
está exento de polémica, es muy difícil diseñar un mecanismo que permita tomar decisiones de esta naturaleza. Nosotros tratamos de que todas las cosas se puedan llevar adelante en todas las comunidades autónomas y de que los planes y objetivos se
puedan cumplir.


El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos ha hecho muchas puntualizaciones y observaciones en relación con los convenios con las instituciones financieras y ha hecho una serie de aportaciones que son motivo de reflexión. He tomado nota
de todas ellas para examinarlas. Se ha comentado que el plan discrimina entre el alquiler general y el alquiler de jóvenes y mayores. Lo hace de manera reducida, con un plus de un 10 % adicional, intentando dar un mayor apoyo frente al que se
encuentra en una situación de renta igual pero además tiene que acometer un proceso complejo o ya tiene una edad. Otra aportación importante -se ha comentado- del ministerio son las viviendas para mayores. La nueva Dirección General de Vivienda,
la persona que está al frente de ella, un arquitecto que ha dedicado tiempo y reflexión a esta materia, pone de manifiesto que la evolución demográfica inexorablemente año tras año va produciendo gente más mayor, que hay un menor número de jóvenes,
lo que requiere una combinación de edificios accesibles, con servicios comunes propios para las personas que van teniendo más edad. Hacia ese modelo de vivienda y de promoción de esa vivienda tenemos que tender paulatinamente. Este plan de
vivienda apunta por primera vez en esa dirección, no solo apoya la promoción de viviendas dedicadas al alquiler sino que marca las características que deben tener las viviendas para las personas mayores. En relación con la accesibilidad, este plan
la mejora de alguna manera. Aumenta del 50 al 75 % el apoyo a la parte que tienen que soportar las personas que tienen estos problemas de accesibilidad. En definitiva, favorece que se vaya siguiendo con esa política.


El Grupo Parlamentario Socialista hacía referencia al problema de la cifra de financiación. Es lo que hemos comentado. Es verdad que el plan de 2017 tienen el problema de cuándo se ha constituido el Gobierno y de la prórroga del
presupuesto, pero estamos intentando acelerar al máximo los plazos porque compartimos esa preocupación de que 2017 no sea un año estéril desde el punto de vista de las ayudas, sino que podamos llevarlas a cabo lo más rápidamente posible. Sabemos
que hay comunidades autónomas que están anticipando las convocatorias antes de la firma de los convenios. Hemos dicho que se proceda esa manera con la finalidad de agilizarlo al máximo, pero es verdad que es un problema. Y reconozco también que se
ha dado flexibilidad a las comunidades autónomas en diferentes términos de plazo, de nivel de renta, etcétera, para poder acometer esas políticas.


En relación con la subsidiación de préstamos, seguimos atendiendo a todas aquellas personas que tienen concedida una ayuda de subsidiación. Según el plan del que arranca, ahí tiene un método de cálculo y de actualización de los tipos de
interés que sigue sus procedimientos -Comisión Delegada, Consejo de Ministros- y que va fijando año a año los nuevos tipos. Afortunadamente, salvo en casos muy puntuales, la caída general de tipos de interés que se está produciendo está teniendo un
efecto muy beneficioso en relación con esta política. Nosotros estamos cumpliendo el compromiso de seguir adelante con esta política, con todos aquellos que tienen ya concedida una ayuda para préstamos. Cumpliremos fielmente con todas las personas
que actualmente la tienen concedida hasta que los planes se agoten. Y el mismo comentario en relación con la ayuda general y la ayuda a los jóvenes. La idea de la renta estable para los jóvenes pretende evitar que alguien que no tiene recursos se
incorpore a un proceso que luego haya que interrumpir alguna manera.

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En relación con las medidas sancionadoras, esta es una materia en la que hay que ser siempre muy cuidadoso. Por un lado, está la resolución de las ayudas y, por otro, la toma de medidas que no se pueden hacer mediante real decreto por razón
de rango normativo. Aquí nos tenemos que mover en un equilibrio de un adecuado uso de las ayudas. Esto es lo que he ido apuntando de las distintas cuestiones.


Finalmente me refiero a la intervención del Grupo Parlamentario Popular, de la señora Zurita, a quien agradezco sus palabras. Ha analizado el plan, las líneas y sus programas. Son líneas que encajan y que ve positivas. Por lo tanto en su
dimensión y en su planteamiento general son correctas, y comparto plenamente sus palabras sobre que cuando hablamos de viviendas vacías y de su puesta a disposición esto tiene que estar basado en la voluntariedad. Es decir, tenemos que alcanzar un
acuerdo con la Sareb para que la Sareb ponga a disposición esas viviendas y que sean retribuidas, porque si no tendrían un uso alternativo y no las pondrían a disposición, igual con las entidades financieras o con cualquier persona que desee cumplir
una función de ponerlas a disposición. Tomo nota de todas las cuestiones que han suscitado las características particulares de Canarias, de los informes de evaluación de edificios y de las distintas cuestiones para analizarlas y tomarlas -en la
medida de lo posible- en consideración en el proceso, tal y como lo estamos llevando adelante.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez-Pomar.


¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? (La señora Martín González pide la palabra). Tiene cinco minutos para aclaraciones, estrictamente cinco minutos.


La señora MARTÍN GONZÁLEZ (doña Lucía): Empiezo primero por la señora Zurita, porque su intervención ha estado en gran parte dedicada a mí. No sabía que me tocará a mí venir aquí a presentar mis propuestas políticas en materia de vivienda,
pero si quiere lo hago. Sería necesario incrementar la financiación para políticas de vivienda, actualmente estamos en un 0,05 % del PIB y deberíamos acercarnos a lo que hacen otros países de la Unión Europea, por lo tanto acercarnos al 1,5 del
PIB; deberíamos aprobar la dación en pago; deberíamos cambiar la Ley de Enjuiciamiento Civil para acabar con los desahucios; deberíamos asegurarnos de que grandes propietarios que vayan a desahuciar ofrezcan antes de hacerlo un contrato de
alquiler y por lo tanto no desahucien; deberíamos cambiar la Ley de Arrendamientos Urbanos para que la gente que se enfrenta a un proceso de desahucio tenga las garantías que ahora no tiene, deberíamos dar las competencias para que en caso de
demanda acreditada y alquileres abusivos las ciudades puedan limitar el precio de los alquileres; deberíamos efectuar un cambio en las políticas fiscales que -no sé si lo sabe- durante el tiempo que duró el último plan estatal -desde 2013 a 2016-
mientras se destinaron 2.500 millones a ese plan estatal al mismo tiempo el Ministerio de Hacienda estaba destinando durante ese mismo período 6.500 millones de euros a subvencionar la compra. Sí, no se llegaba ni a los 1000 millones de euros en
políticas fiscales para ayudas al alquiler, unas ayudas que el señor Montoro en 2015 se cargó. Por lo tanto me hace mucha gracia que digan ustedes que están fomentando el alquiler cuando en este plan se limitan a hablar de sectores económicos
vulnerables, y después se cargan las ayudas fiscales al alquiler, dejan totalmente desprotegidos a los arrendatarios haciendo esta modificación con la Ley de Medidas de Flexibilización en 2013, en fin, una incongruencia.


Y podría seguir así, podría seguir hablando de medidas fiscales para las Socimi. ¿Qué es eso de dar ventajas fiscales sin, como mínimo, exigirles que esas viviendas que tienen en alquiler las tengan a un precio asequible? Habría que
cambiar la Ley Hipotecaria. Podría empezar y no acabar, pero creo que hoy no me tocaba a mí venir aquí a presentar mi programa de políticas de vivienda. En todo caso si algún día tenemos la oportunidad de echarles a ustedes del Gobierno y aplicar
otras políticas, lo haremos.


Señor secretario de Estado, no le pedía que me dijera aquí cuál era el presupuesto, le pedía saber cuáles eran las intenciones. No ha dicho nada, todos los grupos se lo hemos preguntado. ¿Tiene usted intención de aumentarlo, de
disminuirlo? Repito, el alquiler para sectores económicos vulnerables, eso está clarísimo y de hecho lo dice el texto. Intervención en el mercado. ¿Qué es intervención en el mercado? ¿Yo quiero intervenir en el mercado y usted no? ¿Y la Sareb y
los millones en políticas fiscales a la compra no es intervenir en el mercado de la vivienda? ¿Los rescates bancarios se considera intervención en el mercado de la vivienda? ¿Tener esta Ley Hipotecaria que protege tanto a las entidades financieras
es intervenir en el mercado de la vivienda? No seamos hipócritas. Le niego la mayor, creo que los propietarios, los pequeños propietarios especialmente -porque los grandes ya son otra cosa y ahí ustedes son totalmente permisivos y se debería
exigir la cesión de los pisos, exigir condiciones- quieren cobrar un alquiler regularmente, con seguridad y con tranquilidad. No quieren

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estar pendientes de que no paguen y que tengan que desahuciar. Si tan preocupados están por los pequeños propietarios hagan lo que nosotros hemos propuesto, una línea de ayudas para pequeños propietarios. No lo han hecho. Se llenan la
boca de hablar de los pequeños propietarios y no tienen ni una miserable línea de ayudas para que la gente tenga garantizado el pago de la fianza, para que la gente tenga garantizado el pago de las cuotas. La ley que tenemos, la LAU, sobreprotege
totalmente a los propietarios y deja desprotegidos a los arrendatarios. Esto lo dice todo el mundo y es de cajón. Le niego la mayor, la gente quiere tener un beneficio razonable obviamente. La gente pone su piso en alquiler para tener un
beneficio, de acuerdo. Si ese beneficio es razonable, ningún problema. Lo que no puede ser es que estemos avalando la especulación y que la gente se dedique a sacarse una rentabilidad de casi un 8 % alquilando. Eso no, eso es lo que mi grupo dice
que tiene que limitarse. Evidentemente no queremos que la gente ponga un piso en alquiler y no gane dinero. Obviamente no. Osea que no nos caricaturice. Esto que le estoy proponiendo está pasando en países de Europa y cuando vas a hablar con las
personas que han implementado estas medidas dicen que aún no son suficientes, pero que menos mal que cuentan con estas herramientas porque si no los precios estarían disparados. No le estoy hablando de Saturno, ¿me entiende? Esto está en vigor y
está funcionando, y le repito que no va en contra de los pequeños propietarios. Los pequeños propietarios quieren tener una rentabilidad razonable. Lo que no puede ser es lo que quieren otros grandes propietarios o rentistas, que es forrarse con
un derecho. La vivienda tiene que cumplir su función social, y ustedes lo que han hecho durante años -y lo siguen haciendo- es utilizarla para que el mercado esté dinamizado y la economía funcione. Las viviendas están para garantizar un derecho,
esa es la diferencia.


Quería agradecerle -no lo he dicho antes- su comparecencia aquí, se me ha olvidado. (Risas). Se lo agradezco.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martín.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Garaulet.


El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Solo quiero hacer un comentario. Efectivamente, señor secretario, nuestra intervención iba encaminada a este tema, a incorporar -ya que no pudimos en su momento mandarle nuestras aportaciones, porque se nos
hizo imposible- e ir aportando ideas que hemos visto, estudiando el tema y estudiando el borrador. Sabemos que es un borrador y lo único que queremos es incorporar cosas, visto -como le he dicho anteriormente- que nos parece agradable e interesante
esta muestra por su parte de abrir a todos los grupos parlamentarios la posibilidad de incorporar iniciativas que mejoren el plan. Se agradece cuando hay transparencia y ganas de llegar a conciliación.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garaulet.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Rominguera.


La señora ROMINGUERA SALAZAR: También intervendré brevemente para agradecer y pedirle que tenga en cuenta que nosotros también hemos hecho aportaciones a lo largo de la intervención, y muchas de ellas se corresponden con las que se han
hecho desde las comunidades autónomas. Queremos que se tenga en cuenta, y también que a la hora de fijar presupuestos de vivienda que se tenga en cuenta que este es un plan importante, contempla muchos programas, ustedes incluso en la revista del
Ministerio de Fomento lo titulan: Una ayuda para cada necesidad. Por eso tiene que ser también importante la cuantía del presupuesto, si no, no va a poderse llevar a cabo.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rominguera.


Por el Grupo Popular, la señora Zurita.


La señora ZURITA EXPÓSITO: También quiero intervenir brevemente sobre todo para contestar a la señora Lucía, y tengo que poner por delante el aprecio que le tengo a nivel personal para que la sangre no llegue al río, pero no puedo compartir
para nada sus manifestaciones. Aquí no se trataba de que la representante de Podemos expusiera su programa político en materia de vivienda, pero sí cuando se hace tanta incidencia en un presupuesto -porque no solo es en esta intervención, sino en
todas las que hacen sobre destinar a vivienda un tanto por ciento específico del PIB- creo que hay que determinar, aunque sea someramente, a qué se quiere destinar y más cuando hablamos de cantidades tan elevadas. Ahora

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mismo estamos exponiendo un plan de vivienda que es una pata de la política de vivienda general del Partido Popular, y todos los grupos políticos saben que estas son medidas transversales. Este plan de vivienda es una cosa y está destinado
específicamente a incentivar las políticas de fomento del alquiler y la rehabilitación. Después saben que estamos trabajando también en otro tipo de medidas y de reformas legislativas estructurales que solucionen otros problemas que tenemos en
materia de vivienda, pero todo eso no se puede mezclar. Hay que ir por partes y ahora estamos hablando aquí solo de una cosa. Además tenemos también un problema territorial importante que tendremos que definir a nivel nacional, que es la
configuración de las ciudades, en el que entran todos esos factores que están candentes ahora mismo: la gentrificación, los alquileres vacacionales, etcétera. Sobre todo ese discurso también tendremos oportunidad de discutir, pero este no era el
momento de exponer las políticas de vivienda de Podemos ni de mezclar tantas cosas. Además hago incidencia en que, cuando se habla siempre de recortes y de escasez presupuestaria de un plan de vivienda, hay que tener un contradiscurso que explique
mínimamente para qué se quiere todo lo que se pretende en materia de vivienda y por qué no se está de acuerdo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Zurita.


Cierra el debate el secretario de Estado. Tiene la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (Gómez-Pomar Rodríguez): Intervendré muy brevemente, en primer lugar, para agradecer con carácter general a todos los grupos parlamentarios y a todos los que han
intervenido. Hasta la fecha de hoy siempre me han tratado con una gran corrección y esto lo agradezco. Quiero dejar constancia de mi agradecimiento a todos por el tono de las preguntas y del debate y por las cuestiones que se me han planteado en
todas las comparecencias que he tenido en esta Cámara.


Yendo ya de una manera más detallada, me pregunta la portavoz de Podemos sobre mis intenciones, y le diré que son buenas. (Risas). No le puedo dar una fecha, pero las intenciones son buenas. Al hilo de eso diré que hay un alto grado de
coincidencia en los objetivos de la política de vivienda -como no puede ser de otra manera-, pero hay discrepancias en cuanto a cuáles son los mejores medios para alcanzar estos objetivos. En el Ministerio de Fomento nos gustaría tener mucho más
presupuesto en todas las líneas, pero nos encontramos con que hay otra serie de cumplimientos y de objetivos que tiene que honrar el Gobierno de España porque tienen un sentido. El ajuste y el equilibrio presupuestario tienen un sentido por la
pertenencia al euro, por la filosofía con la que se concibe la economía europea, y porque hay una serie de cuestiones en las que hay que enmarcar las políticas. Ello significa asignar recursos escasos y hacerlo de la manera más inteligente. Ojalá
pudiésemos tener más recursos en muchas otras líneas, pero tenemos que utilizarlos de una manera eficiente, y eso es lo que pretende este plan: concentrarlos de aquella manera y en aquellos grupos en los que se pueda llevar adelante de una manera
más eficiente.


Quiero agradecer también la intervención del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Se me olvidó decir, cuando contestaba a las preguntas que me planteaba el Grupo Parlamentario Socialista sobre la cuestión de las ayudas directas o de concurrencia, que hay algunas comunidades autónomas que nos han puesto de manifiesto que
en determinadas líneas abrir sucesivamente procesos de concurrencia hace muy complicado que se puedan gestionar las ayudas, y que darles la opción de que puedan utilizar unos u otros procedimientos según los casos se la facilitaría. Les agradezco
las propuestas y tomo notas de ellas.


También agradezco la intervención del Grupo Parlamentario Popular por el apoyo y por las propuestas, de las que hemos tomado buena nota.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Julio, por esas amables palabras que ha tenido hacia los miembros de la Comisión. Creo que se corresponden con el trato amable y deferente que siempre ha dispensado usted a los diputados.


Muchas gracias.


Suspendemos la sesión mientras despedimos al secretario de Estado y continuamos después con las preguntas. (Pausa).

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PREGUNTAS:


- DEL DIPUTADO DON SERGIO PASCUAL PEÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE FRECUENCIAS DE PASO PROGRAMADAS DE LA LÍNEA C1 DE SEVILLA EN LOS AÑOS 2007 A 2016, ASÍ COMO EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE
LA PERMUTA DE MATERIAL RODANTE EN EL SERVICIO DE DICHA PROVINCIA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/010436). (Número de expediente 181/000368).


El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos con la sesión. Les ruego tomen asiento.


Nos acompaña el secretario general de Infraestructuras, don Manuel Niño, que va a contestar a todas las preguntas que han sido formuladas como consecuencia de la reconversión de las preguntas escritas en preguntas orales. Hemos eliminado
algunas del orden del día que estaba establecido, de conformidad con los señores diputados que tenían derecho a formularlas. Les agradezco mucho que hayan tenido esa voluntad de síntesis. Comenzamos por la pregunta que va a formular el diputado
don Sergio Pascual Peña, que tiene la palabra.


El señor PASCUAL PEÑA: Buenas tardes, señor Niño, presidente.


La pregunta versa sobre la frecuencia de paso programada para la línea C1 de cercanías de Sevilla entre el año 2007 y el año 2016, en particular sobre las afectaciones que pudieran haber tenido lugar como consecuencia de las permutas de
material rodante entre las cercanías de Sevilla y Cádiz y la Comunidad Autónoma de Cataluña.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Niño.


El señor SECRETARIO GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.A., SEITTSA (Niño González): Muchas gracias, presidente.


Señor Pascual, buenas tardes. Respecto a la pregunta que me hace su señoría durante el periodo 2007-2016 la frecuencia de paso de los servicios de cercanías en la línea C1 del núcleo de Sevilla ha sido de quince minutos en hora punta y
treinta minutos en hora valle. El impacto de la permuta del material rodante a que se refiere su señoría desde el Ministerio de Fomento y desde Renfe se valora como positivo, por tres razones: razones de carácter medioambiental, económicas y
sociales.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Niño.


Señor Pascual.


El señor PASCUAL PEÑA: Me he leído con detenimiento la respuesta, que llegó un poco más tarde, y en ella indican que la asignación que se hace entienden que es óptima y que responde a un detallado análisis. Yo echo en falta que haya algún
dato que permita contrastar, corroborar mínimamente que ese detallado análisis es correcto. En particular, para la línea C1 de la provincia de Sevilla, que es la línea principal de la provincia y del núcleo metropolitano de Sevilla, nos encontramos
con alguna información que le voy a facilitar por si es de utilidad para contrastar esa información que usted tiene. Primero y fundamental, un dato presupuestario. Hay 25 000 euros -no me olvido ningún cero- destinados a inversiones en ese
cercanías para todo este año. Eso no da casi ni para reponer las papeleras que se vayan estropeando en la línea. En segundo lugar, en distintas preguntas que he ido realizando me han ido dando datos de aprovechamiento. Me dijeron el 31 de enero
que el aprovechamiento era del 22,7; el 27 de abril, del 25,7; y el 29 de mayo me respondían que no tenían información de los trenes concretos y que se realizaron aforos; me dan alguna cifra del día 3 de abril, en el que me indicaron que había
278 sobre 609 plazas. Yo he tenido a bien intentar contrastar esa información y he recabado algunas fotos de usuarios de estas líneas -si quiere luego se las hago llegar- el día 3 o del día 4. Los cercanías están abarrotados, están hasta arriba de
gente y claramente saturados. Me podrá usted decir que es una media el dato de ocupación, pero entiendo que no se calculan ni se dimensionan las infraestructuras de transporte en este país atendiendo a las medias, sino a las horas pico. Las medias
pueden ayudar, pero son las horas pico las que definen cuál es el dimensionamiento de un medio de transporte. Usted no se comprará un biplaza porque la media de uso del coche familiar sea de 1,4; se comprará un vehículo que permita llevar a los

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niños y a la esposa, si es que la tiene, y perdone por el ejemplo y la metáfora, pero entiéndame, se dimensiona atendiendo a las horas pico. Por tanto me preocupa seriamente que, siguiendo con esta lógica, cuando ustedes se pongan a
dimensionar las obligaciones de servicio público empiecen a eliminar líneas que a lo mejor en hora pico son muy usadas, pero que en horas valle tienen medias inferiores.


No quiero terminar mi intervención sin decirle que, en el caso de Utrera, una de las fundamentales estaciones de la línea C1, acaban de externalizar un servicio, y se están encontrando con una respuesta sindical importante, porque tenían que
haber tirado de la bolsa de empleo para cubrir esas plazas. Ya hay un preaviso de huelga encima de la mesa, que al final sufrirán los usuarios, porque se está ejercicio un derecho de defensa por parte de los sindicatos, y mañana habrá una
concentración.


Finalmente, y con esto sí que termino porque entiendo que el tiempo es corto, en el caso de cercanías de Málaga, una de las líneas principales de cercanías de nuestro país, diez millones de usuarios al año, llevamos setenta y dos
cancelaciones en los últimos dos meses. Estamos hablando de una afectación seria a la imagen de la propia marca de Renfe por culpa de esta situación, y las respuestas han sido motivos técnicos. Entiendo que no pueden ser motivos técnicos y que nos
podrá dar algún adelanto en este momento.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor Niño.


El señor SECRETARIO GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.A., SEITTSA (Niño González): Muchas gracias, señoría.


Como le he dicho en mi intervención previa la adscripción del material a una u otra relación se hace siguiendo los mismos criterios para toda la flota que tiene Renfe. Por una parte, los criterios comerciales, es decir, las características
del producto que se desea ofrecer. También el dimensionamiento de la oferta. En esto sí quiero destacar que hay una diferencia entre lo que son las horas valle y las horas punta. Ya le he dicho en mi primera intervención que en hora punta el
servicio es cada quince minutos y en hora valle cada treinta minutos. Esto está dentro de la lógica del servicio ferroviario que hace Renfe. Otro criterio comercial es la igualdad de condiciones dentro de una misma relación. En cuanto a los
criterios técnicos, por supuesto está la infraestructura sobre la que circula; es decir, si se trata de una infraestructura que tiene vía doble, vía única, apartaderos, etcétera. También las distancias con las bases de mantenimiento son otro de
los criterios, así como la disponibilidad del material. Luego, la eficiencia; es decir, de lo que se trata es de que sea un material suficientemente flexible como para adaptarse a las distintas horas, en algún caso mediante composiciones en doble,
etcétera, y siempre buscando la distribución más óptima en cuanto a los recursos empleados y sus costes. Por tanto la asignación de vehículos a una determinada relación es la que se determina como más adecuada en cada momento, manteniendo todos
estos requerimientos. La decisión que se ha tomado de rotar el material Civia de las series 463, 464 y 465 se adoptó siguiendo todas estas premisas que le he indicado a su señoría. Hay que tener en cuenta también que la utilización de recursos
sobredimensionados en plazas ofertadas va en contra de la eficiencia energética también del servicio prestado. Es decir, en las relaciones en determinadas ciudades hay que acomodar el material. No es lo mismo la hora punta, por ejemplo, en el caso
de Sevilla o de Madrid, donde hay que poner composiciones en doble, que lo que ocurre en otras ciudades, donde en horas valle hay que adaptar el material a la oferta que hay en cada momento. Esta es la situación que se estaba dando en el núcleo de
Sevilla, donde había una utilización de vehículos de una tara y una potencia superiores a la necesaria, por eso se adoptó la decisión.


En cuanto a la pregunta que hace su señoría sobre el aprovechamiento medio, en el primer bimestre de este año 2017 en el núcleo de cercanías de Sevilla el aprovechamiento ha sido del 25,7 frente al 22,2 del mismo periodo del año anterior, lo
cual quiere decir que hay un aprovechamiento mayor, por lo que no parece previsible en el corto plazo una saturación de los trenes en este núcleo. Como le he dicho anteriormente lo que se está haciendo en Sevilla y en todos los núcleos -esto se
puede aplicar también al núcleo de Málaga- es intentar que el servicio se preste con unidades de la mayor versatilidad posible, y que en determinados momentos puedan existir trenes en doble composición. De tal forma que ante un incremento de la
demanda, bien porque se trate de hora punta o por algún acontecimiento especial, se pueda incrementar el número de plazas disponibles.

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Con respecto a la pregunta que me hace sobre Utrera lógicamente eso forma parte de la política normal de Renfe en cuanto a la externalización de los servicios, y por supuesto se hace de acuerdo con el mayor aprovechamiento del personal.


Y respecto a Málaga quiero pedir disculpas en nombre de Renfe por el trastorno que se pueda ocasionar a los viajeros. Me consta que Renfe está absolutamente volcada en resolver los problemas que hayan podido surgir de manera puntual.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Niño.


- DEL DIPUTADO DON SERGIO PASCUAL PEÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE PREVISIONES ACERCA DE PRORROGAR EL CONTRATO DE FERROVIAL SERVICIOS CON RENFE (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO
CON RESPUESTA ESCRITA 184/010435). (Número de expediente 181/000369).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta, que también la va a formular el diputado don Sergio Pascual.


El señor PASCUAL PEÑA: La verdad es que no creo haber tenido mucha suerte a la hora de encontrar respuesta, sobre todo en términos del nivel de saturación. Si acaso luego le acerco la foto y así intentamos que me dé una respuesta que yo
pueda trasladar a la provincia, porque me parece que los ciudadanos la meritan.


Voy de corrido a la segunda pregunta. Por un lado, quiero preguntarle por el contrato de Ferrovial Servicios y si hay una intención por parte del Gobierno de prorrogarlo. Por otro lado, le pregunto si se están tomando algún tipo de medidas
adicionales para garantizar la calidad del servicio y si ya se están reclamando las compensaciones por las indemnizaciones que Renfe está teniendo que pagar a los usuarios, como resultado de los paros que se están produciendo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor Niño.


El señor SECRETARIO GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.A., SEITTSA (Niño González): Gracias, señoría.


El contrato para la prestación de los servicios a bordo y de restauración de los trenes actualmente vigente finaliza el 30 de noviembre de 2017, y existe la posibilidad de prorrogar su vigencia por un periodo máximo de dos años. Respecto de
esta última posibilidad todavía no se ha tomado ninguna decisión por parte de Renfe.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Señor Pascual, tiene la palabra.


El señor PASCUAL PEÑA: Imagino que estarán haciendo evaluaciones ya sobre la posibilidad de prorrogarlo o no, dado que los trámites no son precisamente rápidos. En cualquier caso, y a tenor de la cuestión sobre la prórroga, querría darle
algunas informaciones sobre Ferrovial para ver si somos capaces desde aquí de influir en la decisión de prorrogar o no el contrato. En primer lugar, quiero decirle que hoy mismo se han evidenciado las prácticas antisindicales de esta empresa, que
ha denunciado a los trabajadores del comité de empresa, que hoy tenían que ir al juzgado por ejercer su derecho legítimo a la huelga. En segundo lugar, como ciudadano y como diputado quiero elevarle mi preocupación por el hecho de que Ferrovial
aparezca vinculada a Renfe, así como que día sí y día también aparezca en las páginas de judicatura en torno al caso Palau, en torno al caso Bárcenas y a un sinnúmero de casos que van aflorando permanentemente. En tercer lugar -esto lo sabe usted
mejor que yo-, quiero decirle que ese contrato se adjudicó con una baja del 25 %; un contrato en el que ya era dudosa la capacidad para cumplir con las necesidades de la plantilla que tenía que subrogar Ferrovial en su momento, en un caso
evidentísimo de dumping que va cargándose por competencia desleal a las pequeñas y medianas

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empresas de nuestro país. Esta empresa eliminó a casi 300 trabajadores al poco tiempo de serle adjudicado el contrato, por cierto con algo de ayuda por parte de Renfe, ya que se suprimieron algunos servicios que luego volvieron. Todo esto
con 300 trabajadores menos, es decir, con peor servicio para los ciudadanos, pero con el mismo importe, ya que Ferrovial no rebajó un solo euro al erario público en ese contrato. Eso es exactamente lo mismo que está haciendo el intermediario de
Renfe en este momento en las negociaciones entre Ferrovial y los sindicatos: está amenazando con suprimir servicios. No sé si le han informado de esto, pero le rogaría que se informase porque podría parecer que el mediador de Renfe está actuando
claramente de parte, según nos han hecho saber. Ferrovial es la misma empresa que al final acabó ejecutando algo que, según nos decían ustedes mismos, respondía a un procedimiento de actuación de ADIF que acababa ordenando Renfe y ejecutando
Ferrovial respecto a la apertura de puertas en las últimas situaciones de caos en la estación de Atocha. Estas situaciones dieron lugar a que hubiera personas de la tercera edad que se fueran a ciudades a las que no tenían que ir, porque no
encontraron a nadie que les pudiera asistir, aglomeraciones en la sala de embarque, vandalismo en trenes, etcétera, y todo esto con la apertura de puertas -insisto-, que vulneraba las condiciones de seguridad a pesar de que su jefe -el señor Pomar,
que ha estado aquí hace un momento- había decretado servicios mínimos precisamente porque entendía que eran necesarios por mor de mantener la seguridad en los trenes. Parece que hay un criterio que choca. Si hay que restringir el derecho a la
huelga porque hay unas condiciones de seguridad que pueden estar viéndose comprometidas, no puede ser que al mismo tiempo o a continuación se puedan abrir las puertas para que la gente entre y salga de los trenes como Dios les dé a entender.


En definitiva -y termino- Ferrovial ha sido la causante de que Renfe ya esté teniendo que indemnizar a los usuarios con cientos de miles de euros. Estimamos en casi 4 millones de euros lo que podría llegar a tener que indemnizarse por mor
de los paros que legítimamente están desarrollando los trabajadores. Yo quisiera saber si ya se está reclamando el dinero por todos los servicios no prestados, de prensa, de restauración, de atención al cliente, de video y audio, etcétera.


Finalmente le pediría que atendiera e incluso que pusiera el foco en este conflicto, porque lo que están pidiendo los trabajadores es, por un lado, que se actualicen sus salarios al IPC y que se les abone el tiempo que están parados entre la
prestación de un servicio y otro, fuera de su hogar. Para que nos entendamos: se van a Valladolid, tienen que esperar el siguiente tren, y las tres horas que están en Valladolid, que no están en su casa ni disfrutando de su ocio ni de su familia,
no se las paga nadie. Están ahí tres horas mano sobre mano que nadie les paga, motivo por el que piden que esto se les empiece a considerar. Por último, algo también bastante razonable es que los trabajadores piden que no haya tripletes, es decir,
que no haya tres jornadas en las que los trabajadores tengan que pasar la noche fuera de casa. Creo que es bastante razonable que una entidad pública, Renfe, cuya imagen pública son a fin de cuentas estos trabajadores -motivo por el que esta
cuestión afecta a la propia imagen de una empresa que es de todos-, tenga a sus empleados en mejores condiciones para poder prestar mejores servicios, y finalmente salir de esta situación de conflicto que nos está costando dinero a todos y que
espero que podamos recuperar pronto.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pascual.


Tiene la palabra el señor Niño.


El señor SECRETARIO GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.A., SEITTSA (Niño González): Muchas gracias, presidente.


Señoría, le voy a responder de manera telegráfica a las preguntas que me ha hecho. En relación con el conflicto laboral que existe entre Ferrovial Servicios y sus trabajadores quiero decirle que las cuestiones laborales entre una empresa
que presta un servicio a Renfe -en este caso Ferrovial Servicios- y sus trabajadores queda estrictamente en el ámbito laboral de ambos, sin que Renfe tenga ningún papel en el mismo. Todo ello sin perjuicio de que Renfe, que es la imagen -como ha
dicho su señoría- de la prestación del servicio ferroviario, se haya ofrecido como mediador entre las partes, y haya participado y participe en las reuniones y en las negociaciones que se están llevando a cabo.


En relación con el cumplimiento del contrato Renfe tiene un contrato con Ferrovial para la prestación de estos servicios, que consisten en un servicio integral, y como empresa adjudicataria es Ferrovial quien dimensiona los equipos
destinados a la correcta prestación del servicio, de acuerdo con los niveles de

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calidad que han sido establecidos en el contrato que tiene Renfe con Ferrovial. Por otra parte, quería decirle que en todo caso los servicios que están siendo prestados son pagados por los usuarios. Es decir, los usuarios son los que están
pagando los servicios que está prestando Ferrovial Servicios. Respecto a las situaciones puntuales a las que ha hecho referencia en las que la imagen no es la adecuada, soy usuario del ferrocarril y le puedo decir que en general el servicio que
presta este personal es un servicio correcto y hay un nivel de satisfacción muy importante. Yo me preocupo también de preguntar a la gente que circula en los trenes, sean amigos o simplemente el compañero de asiento, y la valoración es alta. Otra
cosa es la situación de conflicto que todos esperamos que se resuelva próximamente llegue a su fin para que la imagen, en definitiva, de Renfe y de los servicios ferroviarios -que son periódicamente testados a través de las encuestas que se hacen-
sea percibida como hasta ahora, como un servicio de alta calidad y el nivel de satisfacción sea muy elevado por parte de los usuarios.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Niño.


- DEL DIPUTADO DON SERGIO PASCUAL PEÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE CANCELACIÓN DEL CONTRATO ENTRE SACYR Y ADIF PARA EL TRAMO PULPÍCUEVAS EN ALMERÍA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL
GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/010657). (Número de expediente 181/000380).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta, que figura con el número cinco, que también la formula el diputado don Sergio Pascual.


Tiene la palabra.


El señor PASCUAL PEÑA: Antes de entrar en la pregunta, quería decirle telegráficamente que algunos de estos servicios se están prestando por esos trabajadores que, efectivamente, hacen un trabajo ímprobo y excelente, pero con veintiún
trabajadores, cuando se esperaba que hubiera entre treinta y ocho y cuarenta, comprenderá que eso daña a la prestación del servicio por motivos obvios.


Voy con la pregunta. Esta pregunta versa sobre la repercusión en la planificación del corredor mediterráneo y su llegada a Andalucía por causa de la rescisión del contrato con Sacyr para el tramo entre el Pulpí y Cuevas de Almanzora.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Niño.


El señor SECRETARIO GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.A., SEITTSA (Niño González): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, en la respuesta escrita que se le ha suministrado -que supongo que la conoce- ya está recogido parte de lo que le voy a indicar, pero si me lo permite su señoría me voy a extender en algunas valoraciones que creo que son muy
importantes. Como saben, el pasado 3 de abril el ministro presentó un plan integral del ministerio para la línea de Murcia-Almería, con motivo de una visita a la ciudad de Almería, en el que indicó claramente que el objetivo en el que está
trabajando el ministerio es que se complete esta línea en el horizonte del año 2023. Para ello, se contempla la redacción de los proyectos que están pendientes con esta nueva planificación, por lo que la rescisión del contrato de obras de
plataforma del tramo Pulpí-Cuevas que se ha iniciado ya -por el que pregunta también su señoría- no va a tener una repercusión en los plazos de ejecución, debido a que hay una nueva planificación y, por tanto, nos tenemos que adecuar a esa nueva
planificación y hay que redactar los proyectos nuevamente.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Niño.


Señor Pascual.


El señor PASCUAL PEÑA: Afectar a los plazos afecta, lo que pasa es que cambian los plazos redactando de nuevo el tramo y, lógicamente, eso involucra a este tramo también. Pero, repito, no empezar una obra es obvio que afecta a los plazos.

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En cualquier caso, hablan de 2023, pero para 2019 lo que se ha presupuestado no llegaría como para hacer un kilómetro de alta velocidad, y no sé si a ese ritmo seremos capaces de llegar a 2023; desde luego, no lo aparece. Por otro lado, no
sabemos nada ni lo ha comentado usted, sobre el lucro cesante que podría tener la rescisión de este contrato. Algunas fuentes están hablando de 1,4 millones de euros de un contrato que, por cierto, se adjudicó con un 53 % a la baja. Imagino que
los andaluces nunca recuperaremos la inversión tampoco en otro tramo del Murcia-Almería, en concreto el de los túneles, que se quedarán en doble vía cuando el resto de la vía parece que se planifica en vía simple.


Por cierto, sobre esta cuestión me quiero detener y extender un poco. Entiendo que lo que ustedes están trasladando a la ciudadanía andaluza es que el corredor mediterráneo va acabar en Almería básicamente, porque si trazan una línea simple
-y no hay ni un solo euro de inversión para la línea Almería-Granada-, no queda otra conclusión para cualquiera que conozca el mapa ferroviario de nuestra comunidad autónoma, Andalucía, que entender que ustedes quieren llevar el corredor
mediterráneo hasta Almería, pero no conectarlo con Granada y, a su vez, con el resto de las provincias occidentales de Andalucía. Quisiera que sobre esto nos diera algún dato porque hay empresas, particulares y familias que se organizan en función
de las infraestructuras que hay en un territorio. No parece de recibo que cuando el Mediterráneo acaba en Tarifa, en Algeciras, al hablar en términos de infraestructuras, en el caso de Andalucía el Mediterráneo vaya a acabar en Almería. Además,
esto va a afectar gravemente a desconectar esta provincia del resto de la comunidad. Insisto con esos dos datos: vía única cuando en realidad si ponemos vía única, teniendo en cuenta que de Almería salen casi 160 000 TEU al año, apenas daría para
dar abasto a la propia provincia de Almería en tráfico de mercancías, y muchísimo menos si en algún momento alguien hubiera planificado que algo del tráfico de Algeciras, Málaga y provincias occidentales pudiera salir por ahí. Esto significa que a
los andaluces se nos va a dejar fuera de un corredor que supondría el 63 % de las mercancías españolas, con el 45 % del PIB y el 50 % de la población y, según algunas estimaciones como la de Ferrmed, este corredor y estas infraestructuras podrían
doblar el tráfico en los puertos, que podría aumentar el 56 % del uso de las áreas logísticas y que, incluso, podrían aumentar 1 % el PIB de estas comunidades o un 0,5 % los empleos al año. En el caso Andalucía en diez años esto supondría 150 000
empleos, que comprenderá que son nuestra prioridad, y nos preocupa especialmente esta carencia si nos dejaban desconectados del corredor o solamente lo dejan en Almería.


Me preocupa también que la Comisión Europea venga mañana y nos diga: Oigan, el corredor mediterráneo lo habíamos planificado hasta Algeciras y ustedes lo han dejado en Almería, y luego nos lleven con un tramo sin electrificar hasta Granada
-si es que conseguimos que haya un tren hasta Granada- y serpenteando por Algeciras no sabemos cuándo. Es posible que la Comisión Europea empiece también a tirar de las orejas a los Gobiernos españoles, sea este o los que vengan, por lo que este es
un asunto que me preocupa especialmente. En definitiva, creo que esta es una de las razones por las cuales mañana a las 8:30 se va a manifestar la Mesa del ferrocarril en la que todos los partidos que están representados en esta Cámara van a
estar, en la puerta de Puerta de Purchena. Deberían dar respuestas nítidas y, desde luego, nuestra petición es que el corredor mediterráneo no acabe en Almería, sino que, muy al contrario, convierta a Almería en la bisagra entre el eje mediterráneo
de Andalucía y el eje mediterráneo del Levante.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pascual.


Responde don Manuel Niño.


El señor SECRETARIO GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.A., SEITTSA (Niño González): Muchas gracias.


Señoría, como creo que es una persona que se documenta mucho le manifestaré que el corredor mediterráneo, tal y como está definido por la Unión Europea, es uno de los corredores prioritarios de los nueve que hay en la Unión Europea. Tiene
dos ramas, una que es la rama costera y otra que es por el interior, por Madrid. La rama costera finaliza no en Almería, sino en Almería-Granada y Algeciras, por una parte, y Sevilla, por otra. El corredor mediterráneo como está definido hace que
parte de Andalucía también se beneficie del corredor atlántico porque la rama Bobadilla-Algeciras pertenece el corredor atlántico. Es una prioridad del ministerio, y uno de los elementos de la prioridad es este plan integral que ha elaborado el
Ministerio de Fomento y que, como le he indicado a su señoría ha sido presentado por el

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ministro de Fomento hace unas semanas. ¿Con ello, qué se pretende? Se pretende algo que es muy importante, y es que en esta planificación no existan tramos aislados. Como conoce su señoría porque lo ha mencionado en su intervención, se
han construido unos tramos en vía doble, en túnel, y están ahí abandonados en la mitad del itinerario. A lo mejor una lógica ferroviaria o racional hubiera planteado que habría que haber empezado por Pulpí, por la línea ferroviaria a Pulpí y hoy, a
lo mejor, Cuevas de la Almanzora o incluso la zona un poco más al sur tendría ya un servicio ferroviario.


Igualmente, se ha planteado que haya tramos de mayor longitud para conseguir ahorrar tiempo y, se va trabajar simultáneamente en todos los tramos. Quiero que conozca su señoría el esfuerzo presupuestario importante que se va hacer en los
Presupuestos Generales del Estado de 2017, en el que, como conocer su señoría, no se reflejan solo los presupuestos de 2017, sino también el periodo 2017-2020. Para este período hay 1090 millones, que creo que es una cantidad suficientemente
importante. Todo esto se ha hecho en base a un estudio funcional. ¿Por qué le menciono el estudio funcional? Pues porque en él se contempla la solución de vía doble y vía única en una parte del trazado. Lo que queremos es aprovechar, en aquellos
tramos que están construidos y que tienen la plataforma para vía doble, para poner vía doble, todo ello para garantizar una capacidad suficiente tanto para la prognosis que se ha hecho de demanda para viajeros como para ferrocarriles. Trabajamos
con la firme voluntad política y con un escenario presupuestario que está reflejado en los presupuestos, que constituyen la hoja de ruta que tiene ahora mismo ADIF.


En cuanto al calendario específico -yo creo que es muy importante fijarse también en el calendario-, todos los proyectos finalizarán este año o bien el primer trimestre del año 2018. Como conoce su señoría, ADIF Alta Velocidad publicó el
pasado 23 de mayo el anuncio de licitación de los contratos para la redacción de los proyectos de cuatro tramos de plataforma del corredor mediterráneo de alta velocidad Murcia-Almería. Para el quinto tramo, que sería entre Sangonera y Lorca, se ha
hecho una encomienda a Ineco. Con todo ello se prevé que la licitación de las obras se haga durante el año que viene y comenzar la ejecución a principios del año 2019. Es previsible que se haga durante cuatro años y en paralelo se avanzará en las
actuaciones de integración previstas tanto en Murcia, que actualmente están ya en construcción, como en Lorca como en Almería, en el que se está avanzando.


Ha hecho referencia a la manifestación que va a haber en la Mesa del Ferrocarril. Yo quería anunciar desde aquí que también estamos cumpliendo los compromisos que hemos establecido con la Mesa del Ferrocarril. Algunos, como conoce su
señoría, los adquirí yo con la misma, y uno de ellos, que creo es muy importante, es que a lo largo del próximo mes de julio se va a poner en servicio una nueva unidad de tren accesible de la Serie 6 Talgo, que era una reclamación, como conoce su
señoría, que existía en Almería. Yo creo que es una buena noticia. Que se manifiesten, que tienen que ejercer su derecho a manifestarse, que está reconocido, pero que sepan que estamos trabajando en una de sus reivindicaciones, que era la de
Murcia-Almería, pero también en un tema que no es menor, que era la accesibilidad para los tres que hoy llegan a Almería por la línea de Murcia.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Niño.


- DE LOS DIPUTADOS DON MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, DON JOSÉ ANDRÉS TORRES MORA, DON GREGORIO CÁMARA VILLAR Y DE LAS DIPUTADAS DOÑA VICTORIA BEGOÑA TUNDIDOR MORENO Y DOÑA ELVIRA RAMÓN UTRABO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE OPINIÓN
DEL GOBIERNO ACERCA DE SI DIEZ AÑOS ES UN PLAZO SUFICIENTE PARA TERMINAR LAS OBRAS DE LA LÍNEA DE AVE ANTEQUERA-GRANADA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/003995). (Número de expediente 181/000234).


- DE LOS DIPUTADOS DON MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, DON JOSÉ ANDRÉS TORRES MORA, DON GREGORIO CÁMARA VILLAR Y DE LAS DIPUTADAS DOÑA VICTORIA BEGOÑA TUNDIDOR MORENO Y DOÑA ELVIRA RAMÓN UTRABO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE OPINIÓN
DEL GOBIERNO ACERCA DEL HECHO DE QUE EN CONSTRUIR LA LÍNEA DE AVE ANTEQUERA-GRANADA SE VAYA A TARDAR MÁS DE LO QUE SE TARDÓ EN CONSTRUIR LA LÍNEA DE FERROCARRIL CONVENCIONAL QUE CUBRÍA EL MISMO TRAYECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON
RESPUESTA ESCRITA 184/003996). (Número de expediente 181/000235).

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- DE LOS DIPUTADOS DON MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, DON JOSÉ ANDRÉS TORRES MORA, DON GREGORIO CÁMARA VILLAR Y DE LAS DIPUTADAS DOÑA VICTORIA BEGOÑA TUNDIDOR MORENO Y DOÑA ELVIRA RAMÓN UTRABO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE FECHA
PREVISTA PARA LICITAR LA VARIANTE SUR DE LOJA CANCELANDO EL ACTUAL PROYECTO PROVISIONAL DE PASO DEL AVE POR LA VÍA CONVENCIONAL (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/003997). (Número de expediente 181/000236).


- DE LOS DIPUTADOS DON MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, DON JOSÉ ANDRÉS TORRES MORA, DON GREGORIO CÁMARA VILLAR Y DE LAS DIPUTADAS DOÑA VICTORIA BEGOÑA TUNDIDOR MORENO Y DOÑA ELVIRA RAMÓN UTRABO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
PREVISIONES ACERCA DE RECUPERAR EL PROTOCOLO FIRMADO EN 2008 POR EL AYUNTAMIENTO DE GRANADA, EL GOBIERNO DE ESPAÑA Y LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA EJECUTAR EL SOTERRAMIENTO DEL AVE A SU ENTRADA A LA CIUDAD DE GRANADA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL
GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/003998). (Número de expediente 181/000237).


- DE LOS DIPUTADOS DON MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, DON JOSÉ ANDRÉS TORRES MORA, DON GREGORIO CÁMARA VILLAR Y DE LAS DIPUTADAS DOÑA VICTORIA BEGOÑA TUNDIDOR MORENO Y DOÑA ELVIRA RAMÓN UTRABO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE PLAZOS
PARA INICIAR LOS TRABAJOS QUE PERMITAN LA ENTRADA SOTERRADA DEL AVE EN LA CIUDAD DE GRANADA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/003999). (Número de expediente 181/000238).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a las siguientes preguntas, que están agrupadas desde la 6 a la 10. Agradezco especialmente a los diputados que las habían formulado que tuviesen esta voluntad de agrupación, y doy la palabra para que las
formule a la diputada doña Elvira Ramón Utrabo.


La señora RAMÓN UTRABO: Buenas tardes como presidente. Muchas gracias.


En primer lugar, me gustaría plantear una cuestión como ruego y como sugerencia. El pasado día 29 de marzo esta diputada que les habla también acumuló seis preguntas al señor Niño, todas sobre el AVE y la conexión por alta velocidad
Antequera-Granada. Hoy, unos meses después, tenemos otras cinco preguntas sin contestar por parte del Gobierno. En otras ocasiones tenemos contestaciones, pero voy a requerir el amparo de la Cámara porque no creo que sea de recibo que no estén
contestando a lo que se pregunta o remitan a una supuesta reunión que hubo en Granada en la que no se dieron plazos concretos sobre la licitación de la variante de Loja. En primer lugar, como ruego, en alguna ocasión puntualmente puede ocurrir que
el Gobierno no conteste a una pregunta, pero creo que por sistema que no me conteste las preguntas acerca de la alta velocidad en la ciudad y en la provincia de Granada no es de recibo. La soberanía popular reside en el pueblo, como dice la propia
Constitución española, y yo, como diputada electa por mi provincia, me considero, porque lo soy, representante de esta soberanía popular. Quiero instar al Gobierno a que me dé las herramientas necesarias para que pueda ejercitar mi labor como
oposición.


Dicho esto, las cinco preguntas que aglutinamos en una sola, nuevamente, van sobre los retrasos en la ejecución de las obras de alta velocidad a su paso por Granada, y no solamente retrasos, sino que también quiero instar al Gobierno a que
me dé los plazos para la licitación de esa variante de Loja. Además pregunto acerca de las previsiones para recuperar el protocolo que en 2008 se firmó entre el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada. Cuando hablo
de recuperar me refiero a la intención real que tiene el Gobierno de conveniar ese soterramiento del AVE a la entrada de la ciudad de Granada con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada, porque me consta que estas dos instituciones están
volcadas en colaborar con el Gobierno para que el AVE entre soterrado a la ciudad de Granada. También pregunto por los plazos para iniciar esas obras. Todas versan sobre la misma cuestión.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ramón.


Señor Niño.

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El señor SECRETARIO GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.A., SEITTSA (Niño González): Muchas gracias.


Efectivamente, el pasado 29 de marzo tuve la oportunidad de comparecer en esta misma Comisión de Fomento para informarle de diversas cuestiones relacionadas con la llegada de la alta velocidad a Granada, concretamente sobre el calendario de
las obras de la alta velocidad, y también de la ejecución en ese caso de la partida presupuestaria del año 2015. En esa ocasión hice referencia a la reunión que yo había tenido el 14 de ese mismo mes en la Comisión de seguimiento del protocolo del
año 2008 y también de la llegada del AVE a Granada. Quiero indicar a su señoría que estamos en el año 2017, afortunadamente la aprobación de los presupuestos será inminente y, en el presupuesto de 2017, hay una dotación de 154,5 millones de euros
para la línea de alta velocidad Bobadilla-Granada. Adicionalmente, dado que lo ha preguntado su señoría, también hay una valoración para dos de las actuaciones por las que se interesa su señoría: por una parte, la integración en Granada y, por
otra parte, la variante de Loja. Existe una estimación, según los datos que figuran en el anexo de presupuesto del año 2017, y ahí lo puede consultar su señoría.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Niño.


Señora Ramón.


La señora RAMÓN UTRABO: Como primera cuestión, con respecto a una de las preguntas que formulo, que es si le parece de recibo que estas obras del AVE en Granada duren ya más que la construcción de la vía convencional, que se hizo hace
ciento cincuenta años, concretamente en 1865, me gustaría que el Gobierno valorara esa situación. Quiero recordar que las primeras obras se adjudicaron por parte del Gobierno socialista, presidido entonces por el señor Rodríguez Zapatero, en la
primera semana de noviembre del año 2006. Tanto que al Partido Popular le gusta hablar de la herencia recibida, yo quiero recordarles que ya llevan seis años en el Gobierno y que han sido un despropósito todas las actuaciones y gestiones que se han
llevado en torno a la construcción de la alta velocidad en la provincia de Granada. Quiero recordar una cosa que el propio señor Niño acaba de decir recientemente, y es que hablar del AVE a su paso por Granada significa hablar de un tramo del
corredor ferroviario que se aprobó como prioritario por la Unión Europea y que, mientras en otras comunidades autónomas, como Cataluña o Valencia, se le ha dado un fuerte impulso durante estos años, en la provincia de Granada ha entrado en una forma
de colapso total, miremos hacia Antequera o miremos hacia la provincia de Granada.


Hablar de la alta velocidad en nuestra provincia significa hablar solo y exclusivamente de 125 kilómetros, y quiero recordar nuevamente -ya lo hice en la anterior Comisión- que cien estaban en avanzado estado de ejecución cuando salimos del
Gobierno socialista, que ustedes llevan ya gobernando desde noviembre de 2011, que son ya más de seis años, que quedaban unas cuestiones pendientes hace seis años y que seis años después siguen estando pendientes las mismas cuestiones, que son los
18 kilómetros de la variante de Loja, los dos kilómetros y medio de integración a su entrada a la ciudad a Granada y la construcción de las dos estaciones, una en la ciudad de Loja y otra en la de Granada.


El día 7 de abril del año 2015 ustedes cortaron las conexiones ferroviarias desde Granada. No podemos salir. Cualquier viaje que se quiera iniciar en Granada se inicia en autobús hasta Antequera, salvo si vamos a ir hacia Almería, que es
la única conexión ferroviaria. Son ya veintiséis meses sin conexiones ferroviarias en la provincia de Granada. Ustedes cortaron este tráfico con un carácter provisional después de que dos años antes, en el año 2013, decidieran modificar el
proyecto originario que teníamos para la construcción de la alta velocidad en Granada. Es decir, en 2013 se cambia el proyecto porque iba a llegar el AVE de forma inmediata, y ya estamos en el año 2017. Cambian el proyecto en 2013, pero no podemos
hablar de una alta velocidad de verdad porque no tiene doble ancho ni electrificación. No es un AVE de verdad. Podrán hablar de alta velocidad, pero tiene sus carencias; es que ni siquiera ahí se llega, ni siquiera tenemos esas conexiones
ferroviarias que se construyeron hace 150 años, con lo cual tengo que ratificarme en mis declaraciones anteriores de que es un auténtico despropósito lo que están haciendo con la provincia de Granada. No vamos hacia delante, sino hacia atrás cada
vez más. Insisto en que llevamos veintiséis meses sin poder coger ni un tren convencional. No solo es que no llegue el AVE, que sufre retrasos, retrasos y retrasos, es que cada vez nos despachamos en la prensa con nuevos retrasos. Cuando le hago
la pregunta, que hoy se ha transformado en pregunta oral, de cuándo se va a licitar la variante de Loja, usted o el Gobierno responde que eso se contestó en la

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comisión de seguimiento, y yo tengo que decirle que, lamentablemente, no es verdad. Ustedes no dieron ningún plazo en esa comisión de seguimiento que se celebró en la subdelegación del Gobierno para la licitación de la variante de Loja, con
lo cual quiero que me conteste si realmente tienen intención de licitarla, si tienen intención de llegar a acuerdos y a compromisos, como han hecho con el Gobierno vasco. Yo quiero instar al Gobierno a que lo haga también con el Gobierno de
Andalucía y con el de la ciudad de Granada, porque insisto en que ambos han manifestado el compromiso de arrimar el hombro para que este proyecto se pueda ejecutar en la ciudad de Granada. ¿Les parece de recibo estos retrasos, esta incomunicación
ferroviaria en la ciudad de Granada? Dígannos de una vez por todas cuándo piensan finalizar esta obra para que por fin un AVE de verdad llegue a la ciudad de Granada, porque son ya muchos años retrasando este proyecto que tanta riqueza generaría a
una ciudad como Granada, que saben que tiene un potencial turístico importante. Ahora, cualquier celebración, congreso o evento se encuentra con el problema de cómo llegar a esta ciudad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ramón.


Tiene la palabra don Manuel Niño.


El señor SECRETARIO GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.A., SEIITSA (Niño González): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, con respecto a las preguntas que no contestamos, simplemente quiero dar un dato. En lo que va de legislatura, hemos respondido en el Congreso y en el Senado 5200, lo que supone un 85 % de las que hemos recibido, es decir, estamos
trabajando y nuestro interés, como no puede ser de otra forma, porque lo que en definitiva queremos es responder a las preguntas que nos hacen sus señorías, es ponernos al día. Pero reconocerá que es una labor ingente la que estamos haciendo.


En cuanto a la pregunta relativa al AVE, usted ha hecho referencia a los incumplimientos y pone como ejemplo la gestión en las dos legislaturas socialistas. Simplemente, le voy a dar un dato. A finales de 2011 quedaban por invertir 2000
millones, según la valoración que existía en ese momento del AVE entre Granada y Bobadilla, y hasta ese momento se habían invertido únicamente 728 millones de euros, un 26 % de la inversión total prevista en ese momento. Si se tiene en cuenta el
periodo de tiempo del Gobierno socialista, desde abril de 2004 hasta noviembre de 2011, sale una media de 95 millones de euros al año. A ese ritmo se hubiera acabado en el año 2033 y no a finales de 2017, que es cuando pensamos acabar la
infraestructura, como ya se ha indicado de manera reiterada. Existe un compromiso que personalmente ha adquirido el ministro de Fomento que vamos a cumplir. De hecho, estamos cumpliendo todos los compromisos, como le voy a demostrar. En cuanto a
las obras de la primera fase, la llegada de la alta velocidad a Granada, que de manera provisional utilizará la vía ferroviaria a su paso por Loja hasta que se llegue a un consenso sobre qué solución se va a dar al soterramiento, está previsto que
finalicen en noviembre; se realizarán las correspondientes pruebas, como conoce su señoría, y la Agencia de Seguridad Ferroviaria dará las autorizaciones, todo ello para que pueda ponerse en servicio en el año 2018 y que de esta forma circulen los
primeros servicios comerciales. Apareció en la prensa local, respecto a un cronograma que yo facilité sobre cómo se iban a desarrollar las obras, que algunas actividades se habían incumplido. Lo importante del cronograma no son los incumplimientos
parciales, sino el camino crítico. Si tiene el cronograma -supongo que dispondrá del mismo-, verá que el camino crítico todavía no lo hemos alcanzado y el compromiso adquirido de noviembre de 2017 sigue estando vigente.


En cuanto a la segunda fase, hay dos cuestiones a considerar. En primer lugar, como ya indiqué en la reunión de la comisión de seguimiento con respecto a la variante de Loja, se están actualizando los proyectos a la normativa vigente, y
hasta tanto no estén actualizados no podremos determinar la fecha de licitación. Insisto en que la programación económica de esas obras está en los Presupuestos Generales del Estado; ahí podrá ver exactamente de manera plurianual cómo se van a
llevar a cabo las actuaciones. En segundo lugar, por lo que se refiere a las obras de soterramiento, como sabe su señoría, había un protocolo en el que se estimaba el importe de las obras en 735 millones de euros, con una estimación, como conoce su
señoría también, de obtención de plusvalías que hoy son imposibles, con lo cual lo sensato -tanto el ayuntamiento como la Diputación de Granada y todas las personas que participaron en la mesa del ferrocarril, en la que yo estuve, estaban de
acuerdo- es intentar consensuar una solución que se pueda llevar a cabo desde el punto de vista presupuestario y que haya un acuerdo. Por cierto, no sé si hoy o en los próximos días, el alcalde va a hacer una presentación de esta actuación sin
conocimiento

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del Ministerio de Fomento, pero, bueno, la vida es así. En todo caso, reitero nuestro contacto con el ayuntamiento a través de los grupos que se han constituido. Estamos esperando la propuesta que el ayuntamiento se comprometió a
suministrarnos. He insistido en que sea una propuesta consensuada, técnica y económicamente viable y que resuelva los problemas de los andaluces, sobre todo en el barrio de la Chana.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Niño.


- DEL DIPUTADO DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE PROBLEMAS EN LAS OBRAS DE LA VARIANTE DE PAJARES (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/008243). (Número de expediente
181/000247).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a las siguientes preguntas, que formulará don Antonio Ramón Trevín Lombán, a quien agradezco la deferencia que ha tenido de retirar algunas de ellas, que tendría derecho a formular en esta sesión.


Don Antonio, tiene la palabra.


El señor TREVÍN LOMBÁN: Muchas gracias, señor presidente.


Pensé que no me tocaba ahora. Se lo digo para que me dé tiempo a organizarme.


El señor PRESIDENTE: Podemos esperar un minuto.


El señor TREVÍN LOMBÁN: No, no hay ningún tipo de problema.


Gracias, señor Niño, por venir a contestar nuestras preguntas. Hago la misma introducción que hacía mi compañera. Seguramente, hacen un esfuerzo desde el ministerio -lo entiendo-, pero tienen que reforzar un poco más, ya que no es
agradable para ustedes -siempre es mejor para el ministerio contestar por escrito- y es una sobrecarga de trabajo para todos; para el Gobierno y para la Comisión, que ya está bastante sobrecargada.


La primera pregunta hace referencia a algo conocido. En el top ten de los temas más debatidos en esta Comisión aparece en lugar destacado la variante ferroviaria de Pajares. ¿Por qué razón? Por tres razones, fundamentalmente: por el
volumen inversor; por la complejidad técnica, geológica y hasta operativa y también por el secreto de Estado que constituye cuándo el Gobierno va a decir que empieza a funcionar para los viajeros. Empiezo por la primera, volumen inversor. Es
cierto que estamos hablando de una de las mayores obras en inversión del ferrocarril y de cualquier obra pública que se haya planteado en España. La obra se vio afectada por la crisis pero más que otras obras. Como usted muy bien conoce, desde
2005 a 2011 anduvimos por los 2600 millones de euros invertidos, y desde el año 2012 al año 2017 fueron 600 millones. Esa sequía presupuestaria afectó al ritmo de la obra. Pero la pregunta de hoy se basa fundamentalmente en los otros dos puntos.
En cuanto a la complejidad técnica, geológica y operativa, la obra tiene algunos problemas en los últimos años que no se acaban de solucionar. Uno, que está en la recta final o prácticamente solucionado -se lo reconozco-, es el deslizamiento del
Argayo. En Asturias, el Argayo es una zona que se mueve y la zona del Argayón es la zona de Asturias que más se mueve y ahí va una playa de vías, con lo cual, fue complicado generar. Creo que la adjudicación de la obra, seguramente, no se tenía
que haber hecho por ahí. Pero al mismo tiempo que estaba pasando eso, el ministerio había adjudicado la colocación de vías desde la boca norte -la empresa creo que es Dragados- y llevamos años con un desencuentro entre la empresa y el ministerio
que hace que en este momento no sepamos cómo se encuentra ese contrato. No se pudo avanzar porque la empresa decía que mientras no se resolviera el problema de deslizamiento no podía empezar. Por las razones que fueran, hizo que la colocación de
vías se empantanara. Ahora, con la nueva planificación, seguramente será menor el roto, pero hizo que estuviera años parado. Para nosotros es un síntoma de falta de eficacia operativa de gestión del propio ministerio. ¿Cómo no se articularon
mejor estas dos obras, tanto el deslizamiento como la colocación de la vía? Y como en este momento sabemos que el problema con la empresa es muy agudo, me gustaría que me indicara si la Abogacía del Estado o los propios servicios jurídicos que
tiene Adif tienen ya un enfoque definitivo y cuándo se podrá solucionar este problema. Le decía que era un secreto de Estado la puesta en funcionamiento. Es verdad que el propio presidente del Gobierno, en el Parlamento, nos indicó que en 2014 se
iba a poder inaugurar, pero no fue así. La ministra

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Ana Pastor nos indicó que en 2015 podría ser inaugurada, tampoco fue así. Pero a partir de ahí hubo una indefinición; no fuimos capaces de que se concretara. No estamos en una discusión política, sabe usted que incluso hay una plataforma
del noroeste con todas las cámaras de comercio, con las entidades patronales y se necesita saber para una serie de planificación económica cuándo podremos conocer la fecha en la que un ciudadano de Oviedo o de Gijón podrá venir por alta velocidad a
Madrid, cuándo podrá estar acabada la obra. Sobre estos temas va la pregunta y es por lo que me dirijo a usted.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Trevín.


Responde don Manuel Niño.


El señor SECRETARIO GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.A, SEITTSA (Niño González): Muchas gracias, presidente.


Señoría, ha vuelto a insistir en las preguntas escritas que pasan a orales. En todo caso, también habíamos respondido por escrito de manera quizá un poco telegráfica y ahora le voy a dar más detalles, que supongo que serán bienvenidos por
su señoría. Desde el ministerio y desde Adif trabajamos para que la conexión ferroviaria de Asturias con la meseta -en concreto la variante de Pajares- sea una realidad en el plazo más breve posible. Es una planificación que viene de lejos;
concretamente, los primeros pasos se dieron con un Gobierno del PP, ya que se adjudicó en octubre de 1997 el estudio informativo de la variante de Pajares. Aquel estudio contemplaba la conexión ferroviaria de alta velocidad tal y como se definía en
las directivas comunitarias y así fue proyectada. Es cierto -lo ha indicado su señoría-, que durante la primera fase de construcción aparecieron muchas complicaciones técnicas. Estamos hablando quizá de la obra más compleja en túnel que conozco en
mi vida profesional porque reúne todos los requerimientos técnicos para que así sea. La ejecución se ha ralentizado en distintos momentos y la solución global que se había dado inicialmente ha ido variando hacia planteamientos distintos. Me estoy
refiriendo al tema -que supongo que su señoría conoce- del ancho de vía. Tras los avatares, desde el ministerio se ha intentado reconducir decisiones que posiblemente habían sido erróneas y que se habían ido tomando en el transcurso del tiempo. En
el año 2012 se hizo un planteamiento para realmente acabar la variante, resolviendo muchísimos problemas que aparecieron; su señoría ha hecho referencia al Argayón, en la parte norte de la variante de Pajares, pero ha habido también problemas de
filtraciones y dificultades técnicas importantes. En definitiva, el objetivo del Ministerio de Fomento es conseguir una obra que cumpla todos los requisitos de interoperabilidad, tal y como están definidos por la Unión Europea, y que desde el
primer momento en que se ponga en servicio cumpla con los requisitos de una línea de alta velocidad.


Su señoría ha hecho referencia al contrato que, efectivamente, es el relativo a las vías del tramo norte. Ha habido dificultades motivadas no solamente por la complejidad de la obra en sí sino también por los problemas que han surgido; la
existencia de los deslizamientos en la zona norte impedía entrar por ella y se estudió la zona sur. En conclusión, la decisión que ha tomado Adif es rescindir esa obra. Dicha rescisión es compatible con cumplir los plazos que se han dado por parte
de del Ministro de Fomento y estamos trabajando para que sea una realidad en el plazo más breve posible.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Niño.


Señor Trevín.


El señor TREVÍN LOMBÁN: Muchas gracias, señor Niño.


Quiero hacer una puntualización y una reflexión. Puntualización. Nos siguen preocupando los elementos técnicos. Sé que es usted una persona de la casa y que conoce muy bien este tema. ¿Qué nos preocupa en este momento? Con la nueva
planificación a la que usted aludía hay que colocar un intercambiador entre la boca norte y Pola de Lena y no sabemos dónde. ¿Por qué? Porque se sale de la boca norte, a continuación vienen 400 metros de viaducto y después viene la estación de
Pola de Lena. Andamos flojos de sitio. Si lo puede usted clarificar nos vendría bien. Además, le pediríamos que nos indique cuánto costaría -calculamos de 10 a 15 millones de euros- trasladar el intercambiador de León a la boca norte.


Desde el año 2012 hay tres fases con esta obra. La primera fase fue la de la perplejidad. El ministerio, en el año 2012, se encuentra con la obra y no sabe muy bien qué hacer con ella; la deja un poco a la inercia. Segunda fase, desde el
año 2013 hasta el 31 marzo de este año, fue la fase de Despacito. (Entona la melodía). La obra fue caminando por efectos de la falta de inversión, de hacer una inversión mucho menor,

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muy Despacito. (Entona la melodía). La tercera fase fue despacio, pero tengo que reconocerle dos cosas. Una, la ministra Ana Pastor hizo una nueva hoja de ruta para la obra -empezar con un solo túnel y crear el ancho ibérico en el propio
túnel- y convenció a las fuerzas sociales y políticas asturianas. Dijo: la situación de la obra es esta, estamos en una crisis económica, tenemos que ir más despacio y con esto podemos acabarla antes. Cuando llegó el ministro De la Serna siguió
despacito pero con esa hoja de ruta hasta el 31 de marzo. A partir del 31 de marzo empieza la tercera fase, que es la del general secretario. Llegó el general secretario, mandó parar, dio una patada al tablero y dijo que había que hacer una nueva
planificación por completo. ¿Por razones técnicas? No, lo dijo el propio ministro, por razones políticas, porque se necesitaba un voto para aprobar los presupuestos. Francisco Álvarez Cascos presionó a todo el Gobierno con un solo diputado y
cambió toda la planificación. ¿Y qué pasa con esta nueva planificación? Primero, tiene a la mayoría de las fuerzas sociales y políticas asturianas en contra; segundo, va a retrasar la conclusión de la obra varios años; tercero, va a encarecer
los trabajos y va a obligar a realizar inversiones complementarias para mantener operativo el trazado por Pajares del que después hablaremos; cuarto, impide el paso de las mercancías, fundamentalmente la conexión con los puertos -cuando la
plataforma del noroeste de empresarios, fuerzas sociales y políticas intenta que el corredor que acaba en Lisboa tenga otras llegadas a Galicia, Asturias y Cantabria semejantes para conectar con los puertos-; y, quinto, la reducción del tiempo de
viaje que se va a conseguir con esta planificación es insignificante -muy pocos minutos- en comparación con los daños sociales y económicos que le he citado. Le agradeceré muy mucho todo lo que me pueda aclarar en este sentido; no solo yo, sino
una gran parte de la sociedad asturiana.


Muchísimas gracias, señor Niño.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trevín.


Señor Niño.


El señor SECRETARIO GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.A., SEIITSA (Niño González): Este tema lo conozco. Estuve en la gestación del estudio informativo, en la
información pública, en la creación de los proyectos y también en la licitación como concurso de proyecto y obra de los proyectos correspondientes que, por cierto, luego fueron anulados por el Gobierno socialista. En una fase de este largo
recorrido quizá hay una cierta culpa de lo que ha ocurrido entremedias por determinadas actuaciones de ese Gobierno. Le he dicho claramente que el planteamiento definitivo en el que estamos trabajando ahora mismo en la variante es el que lleva el
ancho internacional, porque consideramos que es eficiente y competitivo para viajeros y mercancías. También es coherente con el diseño que tuvo en su origen y cumple todos los requisitos de la interoperabilidad. El diseño, tal y como está
planificado, va acompañado, como conoce su señoría, de una importante inversión en la línea convencional -en el túnel de la Perruca, como supongo que su señoría conocerá- y eso también va a permitir el paso de mercancías en ancho ibérico hasta que
estas puedan circular en ancho internacional por la vía convencional. Con esta hoja de ruta que se ha establecido -en la siguiente pregunta va a hablar de eso y le voy a dar fechas concretas para intentar satisfacer su interés y sus inquietudes-
quiero simplemente indicarle que sí está previsto que se construya un intercambiador entre el final de la variante y Pola de Lena. Se está estudiando y sí se puede ubicar; es complicado, pero es posible realizar la ubicación. No sé si le he
entendido mal, pero me ha parecido que su señoría piensa que el intercambiador que hay en León se va a trasladar allí. (El señor Trevín Lombán: Preguntaba). No le puedo responder, se está estudiando, pero ese intercambiador de León seguirá siendo
necesario para la explotación ferroviaria. Como conoce su señoría, aunque estamos trabajando en la eliminación del fondo de saco en León -también incidiré en la siguiente pregunta-, seguirá siendo necesario. La decisión la tiene que tomar ADIF,
pero creo que ese intercambiador se va a seguir manteniendo. En todo caso, esta planificación es coherente con lo que en su momento se planificó. Ese estudio informativo lo conozco, me tocó hacer la aprobación y los primeros proyectos y en su
momento se había planteado en ancho internacional. ¿Que durante este tiempo se han estudiado otras alternativas? Es cierto, pero también se ha avanzado en la ejecución de las obras, y teniendo en cuenta que la obra civil del segundo túnel
ferroviario está finalizada, tiene todo el sentido que se ponga en servicio ese túnel, porque si se tiene que poner en servicio mientras están circulando trenes por la otra vía y se tienen que acabar las obras que queden, siempre será más complejo
ya que, desde el punto de vista de la evacuación, la evacuación en uno de los tubos está asegurada a través del otro tubo. Si se está trabajando en un determinado momento y circula un tren, es un problema bastante complejo de resolver y la Agencia
Estatal de Seguridad Ferroviaria posiblemente no autorizaría esa circulación simultánea de los trenes por

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uno de los tubos y que se pueda estar trabajando en el otro. Si consideramos que tiene que haber solamente periodo de construcción de la obra durante el tiempo en que no circulen los trenes, estamos ralentizando muchísimo las obras. Por
eso, es una decisión acertada llevar a cabo la construcción simultánea en los dos tubos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Niño.


- DEL DIPUTADO DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE PREVISIONES ACERCA DE MANTENER LA FIABILIDAD DE LA COMUNICACIÓN FERROVIARIA ENTRE ASTURIAS Y LA MESETA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON
RESPUESTA ESCRITA 184/008244). (Número de expediente 181/000248).


El señor PRESIDENTE: Señor Trevín, formule la pregunta número 12, si le parece bien.


El señor TREVÍN LOMBÁN: Muchísimas gracias.


Es continuación y me alegro que haya entrado el señor Niño en ella. Usted está defendiendo el criterio a partir del 31 de marzo. Mi pregunta es, si estaba tan claro, ¿por qué no se planteó antes? En algunas de las respuestas que me dan,
usted dice muy bien que la Agencia Europea plantea que hay una reglamentación y que sería muy complicado. No podríamos tener en obras un túnel por efectos de la evacuación. ¿Sabe de cuándo es esa normativa? Usted lo sabe igual que yo: del año
2014. En el año 2014 se publicó y en ese año seguíamos con la planificación de Ana Pastor de un solo túnel de ancho ibérico. En el año 2015 se conocía y seguimos con un solo túnel de ancho ibérico. En el año 2016 se conocía y seguimos con un solo
túnel de ancho ibérico. No es hasta el 31 de marzo de este año, incluso contradiciendo lo que el actual ministro había dicho en diciembre en Asturias, cuando se cambia. Por tanto, quizá no sea cierto, pero la sensación que da es que es por efecto
de una decisión política impositiva; en concreto, más un capricho personal que una decisión política. Nos hubiera gustado más que hubiéramos tenido la constancia de esa decisión política. Esto es muy importante por lo que le voy a decir ahora.
El gran problema que tenemos con la rampa de Pajares, que es de lo que vamos a hablar, son las mercancías. Fíjese qué despilfarro. Una obra que va estar por encima de los 2600 millones de euros solo para viajeros y para Asturias tendría doce
trenes al día. Tendría muy poco sentido. Lo que necesitamos es que sea uno de los motores económicos importantes para dar salida a las mercancías de la industria asturiana y para la conexión con los puertos de Gijón y Avilés y el movimiento de
mercancías en Europa. Tal como está en este momento, sabe usted que es prácticamente imposible que las mercancías puedan pasar. Por eso se plantea la reforma de la rampa de Pajares. Para que sus señorías lo conozcan, la llamada rampa de Pajares
es la única comunicación ferroviaria que hay actualmente de Asturias con la meseta. Es una infraestructura decimonónica, con alto nivel de deterioro, muy baja calidad de servicio, manifiestamente insuficiente para atender en adecuadas condiciones
los tráficos que actualmente soporta, que superan el 11 % de todos los tráficos de mercancías que se mueven por España en ancho ibérico. Representa, en definitiva, más un problema que una solución para el transporte interregional de mercancías.
Pero no solo es eso, y usted lo sabe como yo. Mire lo que dice La nueva España, de diciembre del año pasado: Vuelve a descarrilar un tren en Pajares y corta cuatro horas el enlace con la meseta. El problema -usted lo sabe como yo- es que no era
nada nuevo ya que un Alvia con viajeros había descarrilado en esa misma rampa el 30 de septiembre, y tuvimos mucha suerte, porque solo hubo un herido. Fue saliendo de un túnel, para que nos entendamos, cuando el tren tumbó contra el lado del talud.
Hubiera sido una auténtica tragedia que no fuera así, pero estamos ante un desgaste claro de ese sistema ferroviario. Este es un tema serio. Ustedes plantean: Ahora, como a las mercancías no les damos salida -para nosotros, como ya le digo, es
exclusivamente una pataleta personal de un exministro de Fomento-, entonces vamos a plantear la reparación de la rampa de Pajares. Permítame preguntarle una cosa. Queda claro que desde el año 2014 había una normativa europea referida a seguridad
que parece que ponía muy en duda algo que se mantuvo hasta marzo de este año, y es que sirviera como un solo túnel. Y ahora volvemos a lo mismo, 145 millones para acondicionar la rampa de Pajares. Sabe usted que tiene sesenta y tres túneles, a
poco más de 2 millones de euros por túnel. Usted sabe, igual que yo, que esa misma normativa europea para una reforma integral de la rampa exige parámetros actuales tanto de gálibo como de alguno de los radios de las curvas.

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¿Qué significa esto, señorías? Significa que, primero, los 145 millones son completamente insuficientes. Para hacer la reforma que hay que hacer de túneles -usted sabe, además, que algunos de ellos tienen un notable deterioro, hubo hasta
incendios muy importantes de trenes en el interior de los mismos- y para la ampliación de los gábilos estamos hablando de entre 6 y 10 millones de euros de media, al menos; estamos ya en mucho más de 600 millones de euros. En segundo lugar, vuelvo
a decirle que no vale dilatarnos con el reglamento europeo, porque este nos indica que para una reforma de ese tipo esa rampa ya no puede tener las características de una red ferroviaria decimonónica, sino de una red ferroviaria con parámetros
europeos establecidos, y eso hace que los 145 millones de euros sean poco más que el chocolate del loro. Por eso, le hago esta pregunta. Es vital para nosotros mantener esa comunicación ferroviaria, y si hay que hacer esas reformas habría que
cerrar el paso de mercancías entre Asturias y la Meseta por tiempo indefinido, meses o el tiempo que sea, y es la única comunicación ferroviaria para mercancías que existe en Asturias. Y le vuelvo a repetir que es el 11 % de todas las mercancías
que se mueven en España por ancho ibérico.


Gracias, señor Niño.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Trevín.


Responde el señor Niño.


El señor SECRETARIO GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.A., SEITTSA (Niño González): Muchas gracias.


Señoría, quiero ampliar la contestación que le hecho en la anterior respuesta respecto a otras actuaciones que creo que son relevantes para que la variante de Pajares cobre todo su sentido. Sobre el cumplimiento de la normativa, se pensaba
cumplir también con las soluciones que se habían estado valorando en los últimos años, como la que finalmente vamos a hacer. Lo que sí es cierto es que si queremos, porque así es, que un túnel sirva para la evacuación de los viajeros ante un
posible incidente, lógicamente siempre supone un incremento del plazo. Ese incremento yo creo que es la reflexión nueva que ha habido en el Ministerio de Fomento para determinar definitivamente que la hoja de ruta estará constituida por estos dos
tubos en ancho internacional, acompañado también, como le he dicho a su señoría, de la renovación de la vía convencional por el puerto de Pajares, y hemos hecho una estimación que creemos que es la cifra necesaria para poner en su punto el actual
trazado o la denominada rampa de Pajares.


También hay que poner en valor que hay otras actuaciones que se están realizando en este momento, como es la eliminación del fondo de saco en la estación de León, que cuando se elimine va a suponer un ahorro de veinticinco minutos en el
tiempo de viaje entre Asturias y Madrid. También, con el objetivo de hacer compatible los dos anchos, en el tramo entre León y La Robla se va a implantar la doble vía con un ancho mixto. Ya le he indicado cuál es la solución para la variante de
Pajares, incluso desde el ministerio y desde ADIF se están también programando actuaciones entre Pola de Lena, Gijón y Avilés para seguir reduciendo los tiempos de viaje, fundamentalmente para el tráfico de viajeros. Para ello figuran en los
presupuestos las correspondientes dotaciones que queremos cumplir. En cuanto a los plazos, los proyectos del tramo entre León y La Robla, que, como le he dicho a su señoría, es de doble vía de ancho mixto, estarán finalizados este año; se
licitarán las obras, que terminarán a finales del año 2019. En cuanto a la variante de Pajares, el objetivo que tenemos ahora establecido es que esté finalizado a mediados del año 2020. A continuación, se llevarán a cabo las obras de
electrificación para que finalicen también a finales del año 2020. También para esta misma fecha, el cambiador de ancho entre Pola de Lena y Campomanes. A continuación, se llevarán a cabo las pruebas, que son necesarias y que durarán unos meses
-esperemos que pocos meses-, para que se culmine y se ponga en servicio esta importante relación ferroviaria.


En cuanto a la obra de soterramiento de León, que es una obra importante, como le he indicado anteriormente, va a suponer un ahorro de veinticinco minutos en el tiempo de viaje con Asturias. Los datos que ahora mismo está manejando ADIF, de
acuerdo con el programa de obras de la empresa adjudicataria, es que a finales de 2018 puedan finalizar las obras, lo cual creo que será algo importante, porque, aunque no se haya culminado para esa fecha la variante de Pajares, el tiempo de viaje
para los viajeros se reducirá media hora. A lo largo de los últimos años con la llegada del AVE a León ya se ha producido una reducción importante del tiempo de viaje y comunicación tanto con Oviedo como con Gijón, y esperamos seguir avanzando en
este sentido.

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Finalmente, por el túnel de la línea convencional podrán circular trenes en ancho ibérico y por el otro túnel podrán circular trenes sin ancho ibérico y también las mercancías en ancho internacional, en el momento en que haya el material
disponible para ello.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Niño.


Señor Trevín.


El señor TREVÍN LOMBÁN: Muy rápido.


Primero, un agradecimiento y, luego, una aclaración. Agradecimiento a la ministra Ana Pastor. Fue despacio, pero fue clara, y quiero dejar constancia del agradecimiento del Grupo Socialista a la presidenta del Congreso, que recibió
nuestras críticas pero en ese sentido le estamos agradecidos porque fue muy clara. El ruego. Que le ayude también su propio Gobierno y su propio ministerio, porque ahora lo que están haciendo es hacer una crítica a todo su trabajo, que creemos
sinceramente que no merece con este cambio radical.


Una aclaración. Es fundamental que de una manera clara el ministerio diga si la reforma de la rampa implica tener que suspender servicios, si va a haber épocas en las que las mercancías españolas, es decir, la salida de la industria
asturiana y de sus puertos, no van a poder ir por ferrocarril por la rampa de Pajares, porque eso no supondría un traspié para la industria asturiana y para sus puertos, sino un auténtico batacazo. Es absolutamente de ley que nuestro Gobierno, el
Gobierno de España, que es también el de Asturias, clarifique este tema, porque es de vital importancia.


Muchísimas gracias, señor Niño, por sus explicaciones.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señor Niño.


El señor SECRETARIO GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.A., SEITTSA (Niño González): De manera muy rápida, no comparto con su señoría que se esté haciendo una
crítica a la tarea de Ana Pastor como ministra de Fomento. He tenido la satisfacción de haber sido secretario general de Infraestructuras con ella y ahora mismo con el actual ministro. De lo que ha ocurrido entonces y de lo que ha ocurrido ahora
se han dado unas explicaciones, que a su señoría a lo mejor no le gustan, pero tengo el convencimiento de que las explicaciones son claras y no quiero volver a insistir en cuáles son las razones que han llevado a las decisiones que se han tomado.
En todo caso, la labor que ha hecho la ministra -aunque no me corresponde a mí hacer la valoración- es coherente con las decisiones que posteriormente se han tomado con otra serie de elementos nuevos que han aparecido, que es lo que yo he querido
poner en valor.


Sobre la actuación que se va a llevar a cabo en la rampa de Pajares en la línea convencional, se está trabajando para que el diseño de los proyectos y la posterior ejecución de las obras no impliquen la interrupción del servicio ferroviario
de trenes de mercancías, que coincido con su señoría en que es uno de los servicios más importantes tanto en volumen como en calidad de los servicios que se están prestando.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Niño.


- DEL DIPUTADO DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE PREVISIONES ACERCA DE RECONVERTIR EL TRAZADO FERROVIARIO DE VÍA ESTRECHA EN UN GRAN CORREDOR DE ALTAS PRESTACIONES PARA VIAJEROS Y MERCANCÍAS EN
EL CANTÁBRICO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/008245). (Número de expediente 181/000249).


- DEL DIPUTADO DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SERVICIOS DE TRENES DE MEDIA DISTANCIA QUE DAN SERVICIO A LOS ASTURIANOS QUE SE VAN A REVISAR (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON
RESPUESTA ESCRITA 184/008246). (Número de expediente 181/000250).

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- DEL DIPUTADO DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DEL PLAN DE VÍAS DE GIJÓN (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/008249). (Número de
expediente 181/000253).


- DEL DIPUTADO DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE OPINIÓN DEL GOBIERNO SOBRE SI ES POSIBLE LA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA VARIANTE DE PAJARES ANTES
DEL AÑO 2019 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/009278). (Número de expediente 181/000340).


- DEL DIPUTADO DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE ACTUACIONES DE ADIF PARA RESOLVER EL CONFLICTO CON LA CONSTRUCTORA DRAGADOS (ACS) EN RELACIÓN CON LA INSTALACIÓN DE VÍAS EN LA VARIANTE DE
PAJARES (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/009279). (Número de expediente 181/000341).


- DEL DIPUTADO DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE FECHA PREVISTA PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO FERROVIARIO LOS TÚNELES DE LA VARIANTE DE PAJARES (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON
RESPUESTA ESCRITA 184/009280). (Número de expediente 181/000342).


- DEL DIPUTADO DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS PARA EVITAR LAS CANCELACIONES DE TRENES EN LA RED DE ANCHO MÉTRICO EN ASTURIAS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA
ESCRITA 184/010037). (Número de expediente 181/000362).


- DEL DIPUTADO DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE CONSECUENCIAS DEL CAMBIO DEL ANCHO DE VÍA DE LA VARIANTE DE PAJARES (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/011387).
(Número de expediente 181/000420).


- DEL DIPUTADO DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MODIFICACIONES SOBRE EL PROYECTO INICIAL EN EL ENLACE DESDE LA LOCALIDAD DE CORELLANA AL TRAMO DORIGA-CORNELLANA DE LA AUTOVÍA OVIEDO-LA ESPINA
(A-63) (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/009277). (Número de expediente 181/000339).


El señor PRESIDENTE: Agradezco al señor Trevín que haya retirado estas preguntas.


- DE LOS DIPUTADOS DON CÉSAR JOAQUÍN RAMOS ESTEBAN, DON JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ AMOR Y DE LAS DIPUTADAS DOÑA MARÍA PILAR LUCIO CARRASCO Y DOÑA MARÍA SOLEDAD PÉREZ DOMÍNGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES
A LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/002348). (Número de expediente 181/000290).


- DE LOS DIPUTADOS DON CÉSAR JOAQUÍN RAMOS ESTEBAN, DON JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ AMOR Y DE LAS DIPUTADAS DOÑA MARÍA PILAR LUCIO CARRASCO Y DOÑA MARÍA SOLEDAD PÉREZ DOMÍNGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE PASOS A NIVEL EXISTENTES EN
LA RED FERROVIARIA DENTRO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/007599). (Número de expediente 181/000291).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta, que figura en el orden del día con el número 23. Es de varios diputados y la va a formular el diputado y portavoz del Grupo Socialista, don César Joaquín Ramos Esteban, que tiene la
palabra.

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El señor RAMOS ESTEBAN: Muchas gracias, presidente.


La pregunta es muy sencilla, como la formulamos por escrito incluso le dimos muchas vueltas para ver cuál era la fórmula adecuada para que la respuesta fuera la que queríamos, y voy a reconocer que la respuesta no ha sido la que esperábamos.
Además, voy a leer cómo era la pregunta, porque seguramente sirva al resto de diputados si algún día quieren formular una pregunta y obtener una respuesta correcta.


Hablábamos de la planificación del AVE extremeño y hacíamos tres preguntas muy concretas. Primera pregunta: ¿Cuáles son las actuaciones necesarias a ejecutar para que pueda circular la alta velocidad con todas las garantías? La segunda
decía: De las actuaciones necesarias, ¿cuáles se han ejecutado y se dan por finalizadas? La tercera pregunta decía: De las actuaciones necesarias, ¿cuáles son las que faltan por ejecutar? Y había una última, que decía: De las actuaciones que
faltan por ejecutar, ¿qué previsión en plazo existe para que se ejecuten y se den por finalizadas? Esto lo hacíamos así para que se pudiera responder detallando cada uno de los veintiséis tramos que forman parte del AVE extremeño en la zona que
recorre Extremadura. No hemos obtenido la respuesta adecuada, cuando creo que la respuesta es muy sencilla.


Tiene en su mano responder hoy aquí, y esta respuesta no la espero solo yo, sino la mayoría de ciudadanos extremeños, que están deseando conocer de una vez cuándo va a ser posible un tren razonable y un tren de alta velocidad en la Comunidad
autónoma extremeña.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramos.


Señor Niño.


El señor SECRETARIO GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.A., SEITTSA (Niño González): Muchas gracias, presidente.


Señoría, le voy a responder una a una las preguntas que me ha hecho. Primero, cuáles son las actuaciones necesarias a ejecutar para que pueda circular la alta velocidad con todas las garantías. Las actuaciones que nosotros consideramos
necesarias para poner en marcha una línea de alta velocidad, como conocen sus señorías, son: primero, las obras de construcción de la plataforma; a continuación, lo que llamamos la superestructura, que son la vía y las instalaciones, entendiendo
por instalaciones control, mando y señalización, telecomunicaciones fijas y móviles y protección civil en el caso de que existan túneles, y electrificación. Una vez que se finalizan las obras, ya he indicado anteriormente que hay que realizar las
pruebas con el material móvil para garantizar una fiabilidad en la prestación del servicio, y a continuación llega la autorización de la puesta en servicio, que es otorgada por la Agencia de Seguridad Ferroviaria, como trámite previo al inicio de
las circulaciones comerciales. (El señor vicepresidente, Bernabé Pérez, ocupa la Presidencia).


Con respecto a la segunda pregunta, cuáles se han ejecutado y cuáles se dan por finalizadas, de todos los tramos entre Plasencia y Badajoz actualmente han concluido Talayuela-Arroyo de Santa María, Casas de Millán-Cañaveral,
Garrovillas-Casar de Cáceres, Cáceres-Aldea del Cano, incluyendo el PAE de Aldea del Cano, Aldea del Cano-Mérida, que incluye el túnel de Puerto Viejo, Mérida-Montijo y Montijo-Badajoz.


Con respecto a las respuestas a las preguntas números tres y cuatro, que dicen que de las actuaciones necesarias cuáles son las que faltan por ejecutar, y de las que faltan por ejecutar cuáles son los plazos, actualmente estamos trabajando
en la finalización del resto de los tramos de plataforma, así como en las obras de superestructura, que, como he dicho a su señoría, es el montaje de vía, instalaciones de seguridad, comunicaciones, etcétera; de forma que la previsión de
finalización de todas las obras en el tramo Plasencia-Badajoz -tal y como ha sido anunciado por el propio ministro de Fomento- sea el año 2019. A partir de ese momento, se realizarán las circulaciones en prueba como trámite previo a la autorización
de puesta en servicio antes de las circulaciones comerciales. También, y de manera adicional, la electrificación de la línea está prevista para el año 2020.


El señor VICEPRESIDENTE (Bernabé Pérez): Muchas gracias.


Señor Ramos.

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El señor RAMOS ESTEBAN: Sabe que no me ha respondido a todo, sino solo a una parte de los tramos, que es Plasencia-Badajoz, información que ya teníamos. Nos gustaría saber qué va a pasar entre Plasencia-Navalmoral de la Mata y Navalmoral
de la Mata-Madrid, aunque esto no aparece en la pregunta.


Yo podría hacer aquí una intervención que sería muy típica y habitual en este Parlamento. Podría echar las culpas al Gobierno del Partido Popular de que Extremadura a día de hoy no cuente con un tren de alta velocidad, y de que además no
exista a la vista ninguna previsión de cuándo podamos los extremeños contar con ese tren de alta velocidad, pero creo que con esto los ciudadanos no se sentirían satisfechos, porque seguramente el responsable del Gobierno respondería de la misma
forma: echando la culpa a los Gobiernos del Partido Socialista de estos retrasos.


Como yo creo que de todo lo que tiene que ver con el tren de alta velocidad en Extremadura somos responsables todos los partidos que hemos gobernado, lo que los extremeños queremos saber de una vez es cuáles van a ser los plazos reales. Nos
gustaría conocer la previsión, pero no queremos saber la previsión que va a tener la finalización de la vía entre Plasencia y Badajoz, porque eso ya lo sabemos. Y además nos preocupa una cosa, y es que en estos presupuestos respecto a la
planificación del proyecto de línea de alta velocidad entre Madrid y Badajoz había una previsión que iba hasta 2025. Esto se ha cambiado en el presupuesto, porque se decía que la planificación había cambiado, y se ha puesto 2020.


¿Por qué nos preocupa esto? Porque el AVE extremeño es entre Madrid y Badajoz, y el tramo entre Madrid y Badajoz, como ha dicho muy bien el secretario general, no va a estar en 2020. ¿Eso quiere decir que de Plasencia a Madrid se renuncia
a que Extremadura cuente con un tren de alta velocidad? Yo creo que no. Por tanto, lo que nos gustaría saber a los extremeños es qué va a pasar con esos tramos y cuándo va a estar completa absolutamente toda la planificación, algo que creo que es
posible. Además, nosotros nunca haríamos un uso partidista -y aquí me comprometo a ello- de si el Gobierno hace una planificación, hace una previsión de finalización y esta no se cumple por determinados motivos, pero los extremeños necesitamos una
planificación.


El AVE extremeño, que además era el AVE que conectaba Madrid con Lisboa, fue un proyecto que se lanzó en la Cumbre hispano-lusa de Figueira da Foz en el año 2003 con un Gobierno del Partido Popular. Los extremeños ese día creíamos que
íbamos a contar con un tren de calidad en poco tiempo. Después, el Partido Socialista -que es mi partido- dijo que era previsible que el proyecto estuviera finalizado en 2010 -estamos en 2017 y seguimos sin AVE-, pero después llegó el Partido
Popular y la presidenta actual del Congreso y anterior ministra de Fomento dijo en 2013 que en 2015 Extremadura iba a contar en el tramo Plasencia-Badajoz con un tren de alta velocidad. Estamos en 2017 y seguimos sin un tren de calidad y además con
unos tiempos escandalosos para cualquier ciudadano que los conozca. Para recorrer los 400 kilómetros que hay entre Madrid y Badajoz se tardan seis horas, e incluso hay un tren que tarda nueve horas y veinte minutos. ¿Alguien cree que una región
española se puede desarrollar en esas condiciones? Evidentemente, no.


Los extremeños estamos muy preocupados por esta situación, porque además está hipotecando el desarrollo presente y futuro de nuestra región y de muchas generaciones. Por eso, lo único que pedimos es conocer los plazos; queremos saber
cuándo va a estar, queremos saber cuál es la previsión para poder hacer seguimiento de la misma y trabajar todos juntos para que este proyecto sea una realidad, tanto si gobierna el Partido Popular como si gobierna el Partido Socialista. Creo que
este es un compromiso que tiene que adquirir el Gobierno. Sabemos que las restricciones presupuestarias, y más en un Gobierno que ha recortado brutalmente en inversión en infraestructuras, son las que son, pero creo que ya está bien, que no nos
podemos hacer trampas y que es importante que los ciudadanos puedan conocer qué se va a hacer y cómo se va a hacer, y el secretario general sabe perfectamente cuáles son los plazos razonables para cada uno de los tramos que están pendientes. (El
señor presidente ocupa la Presidencia).


Señor secretario general, de Plasencia a Badajoz ya sabemos lo que hay, cuándo va a estar y nosotros incluso confiamos en que el Gobierno lo haga, pero le voy a pedir una cosa. Estarán redactando los presupuestos para el año que viene, así
que le voy a pedir que en los presupuestos del año que viene aparezcan las partidas necesarias para licitar todos los tramos cuyos proyectos están redactados entre Plasencia y Navalmoral de la Mata, y si puede ser entre Navalmoral de la Mata y
Madrid, porque a partir de que se licita un proyecto no se va a poner en servicio dicho trayecto como mínimo hasta cinco años después. Se presupuestaría en el ejercicio 2018 y nos llevaría como poco hasta 2023. Creemos que es de justicia, creemos
que es razonable y queremos que el Gobierno de una vez por todas nos presente una planificación de la que podamos hacer seguimiento y que entre todos podamos ayudar a que se cumpla.


Muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramos.


Señor Niño.


El señor SECRETARIO GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE, S.A., SEITTSA (Niño González): Muchas gracias, señoría.


No le voy a hablar del periodo 2003-2012. Tuve la suerte de estar en la Cumbre de Figueira da Foz en el año 2003 y, efectivamente, ese fue el compromiso, acabar en el 2010 el AVE a Lisboa.


Quiero darle un dato y es que entre 2012 y 2016 el Gobierno ha invertido casi el doble en el AVE a Extremadura de lo que se había invertido hasta ese momento. Voy a hablar de lo que figura en los presupuestos del 2017 y lo que queremos
ejecutar y realizar. En esta legislatura se le va a dar un impulso al AVE a Extremadura desde la conexión con la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla hasta Extremadura. Para ello, aparte de finalizar los trabajos actuales entre Plasencia y
Badajoz, vamos a continuar también con los trabajos para la ejecución del resto de los tramos que conforman esta conexión Madrid-Extremadura, entre los que se incluyen por supuesto los proyectos de conexión con la línea de alta velocidad
Madrid-Sevilla y también las actuaciones entre Talayuela, Navalmoral y Plasencia. En los presupuestos del año 2017 figuran 188,6 millones de euros. ¿Qué se va a hacer? En primer lugar, continuar con la ejecución de los proyectos de los tramos de
alta velocidad entre Talayuela-Cáceres, Cáceres-Badajoz y Badajoz-Mérida. Quiero incidir en el tramo Talayuela-Cáceres, en el que, como sabe su señoría, hay obras de plataforma y nuestro objetivo es continuar con esas obras e incorporarlas para que
los tiempos de viaje entre Madrid y Badajoz o con Extremadura en general vayan reduciéndose en los próximos años de manera progresiva. En este sentido, también en el presupuesto de ADIF alta velocidad para Castilla-La Mancha se incluye ya una
dotación para el tramo de la conexión con la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla con Talavera y Navalmoral. Estamos trabajando en este tramo para ver cuál es la mejor forma de conectar con la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y así poder
avanzar en los proyectos. De manera plurianualizada sí figura una cantidad importante y relevante, como conoce su señoría, y nosotros vamos a seguir desarrollando, primero, con la elaboración de proyectos o actualización de los mismos porque, como
sabe su señoría hay proyectos que están redactados. Nuestra intención es adecuarlos a los cambios normativos que ha habido, ya que han cambiado las ETI, las especificaciones técnicas de interoperabilidad, y tenemos que adaptarlos. Eso es en lo que
ahora mismo estamos trabajando y confiamos en que, efectivamente, en los presupuestos del año 2018 -que espero que su partido apoye- haya una partida relevante que refleje realmente el interés que tiene este Gobierno y el Ministerio de Fomento en
seguir trabajando en la línea de alta velocidad y reducir los tiempos de viaje. Desde luego, paso previo es finalizar las actuaciones y he puesto el horizonte para su finalización en el año 2019. Cuando estén finalizadas esas actuaciones entre
Plasencia y Badajoz, ya habrá una mejora en los tiempos de viaje a Extremadura.


También, aunque no tiene que ver con la alta velocidad, sí quería mencionar una obra que va a suponer una mejora en la fiabilidad del servicio, no tanto en los tiempos de viaje, sino en la fiabilidad del servicio que actualmente está en
ejecución por ADIF, que es la mejora de las instalaciones de seguridad, lo que se llama el bloqueo automático, entre Illescas y Navalmoral. Esta es una partida que no es relevante, pero que, en definitiva, contribuirá cuando se acabe el tramo entre
Plasencia y Badajoz a mejorar la fiabilidad del tiempo de viaje en esta vía.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Niño.


Señor Ramos, formule la siguiente pregunta, la de los pasos a nivel.


El señor RAMOS ESTEBAN: No, porque con el conjunto anterior no hace falta que nos la responda.


El señor PRESIDENTE: Muy bien, se agradece.


- DEL DIPUTADO DON JOSÉ JUAN DÍAZ TRILLO Y DE LA DIPUTADA DOÑA JOSEFA INMACULADA GONZÁLEZ BAYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE IMPULSO DEFINITIVO PREVISTO POR EL GOBIERNO PARA EL AÑO 2017 A LAS OBRAS DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD
SEVILLA-HUELVA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/006138). (Número de expediente 181/000321).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 24 de la que son autores dos diputados y la formula, en este caso, don José Juan Díaz Trillo. Tiene la palabra.

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El señor DÍAZ TRILLO: Muchas gracias, muy amable, presidente.


Señorías, señor Niño, volvemos a vernos y le agradezco de antemano las explicaciones pormenorizadas de la anterior comparecencia de febrero sobre una cuestión, la línea AVE Huelva-Sevilla o Sevilla-Huelva, como usted quiera plantearlo. Me
he tomado el trabajo de repasar todas y cada una de las iniciativas que se han sustanciado en esta Cámara desde el año 2000 aproximadamente, cuando se empieza a decir -y algunos incluso a anunciar a bombo y platillo- que el AVE llegaría a Huelva, y
son 88. Yo creo que ya es hora. Tengo que recriminarle que haya dicho usted, a propósito de un tema semejante en Extremadura a nuestro compañero portavoz, que si apoyamos los presupuestos esto puede convertirse en una realidad. No creo que
tengamos que entrar en una negociación, que a lo mejor estaríamos dispuestos Extremadura y Huelva a unirnos como en el siglo XIX hicieron algunos diputados de aquella zona y en comandita llegar a un acuerdo. Pongan ustedes esos millones sobre la
mesa para empezar a hablar.


Volviendo al tema en serio, creo que usted se lo toma en serio y tiene una ventaja añadida, que es la de conocer desde el principio todo este proceso al haber tenido responsabilidades en los dos Gobiernos, del Partido Popular y del Partido
Socialista. Por lo tanto, creo que está usted perfectamente capacitado para responder. Me he acordado, por mi formación profesional, de un soneto de Lorca de Los sonetos del amor oscuro, el de la carta: 'Amor de mis entrañas, viva muerte, / en
vano espero tu palabra escrita...' A ver si por costumbre nos contestan en tiempo y podemos tener una documentación que, por otra parte, responde a una inquietud que -como ha dicho muy bien nuestro portavoz socialista anterior- es una demanda de la
ciudadanía en esta provincia. Así tendremos, como bien se decía, un calendario cierto y una financiación suficiente, pero, sobre todo -ya lo hablamos la otra vez-, ese calendario y no solo por nosotros, sino también por los empresarios, por la
riqueza que va vinculada a una línea de transporte como esta, en una provincia que usted conoce bien con un fuerte desarrollo turístico y agrícola y que emerge también ante un mundo muy competitivo. Eso sería fundamental.


La verdad es que la paciencia se nos va acabando. Desde el último anuncio en el año 2015, por hablar del último hito de la ministra Pastor en su momento, en vísperas de las elecciones, de que ya estaba en información pública el estudio de
impacto ambiental y que ese mismo año se iniciarían obras, cuando ya sabe usted que había un estudio del año 2008 y que se habían licitado incluso obras en los últimos años del Gobierno socialista -estoy hablando del año 2011-, ha habido un frenazo,
ha entrado en un túnel del tiempo esta obra del AVE Sevilla-Huelva. Queremos aprovechar esta comparecencia para que nos dé -aunque también nos lo conteste por escrito, que siempre es bueno- plazos ciertos sobre las obras y también -otra cuestión
que preguntamos- nos diga en qué situación está ese estudio de impacto ambiental que vino a renovar al del año 2008. Qué podemos hacer para ir avanzando. Me parece que desde una posición de rigor, de comprensión hacia el Gobierno, es justo que
reclamemos esto. A bote pronto se me ocurre que en estos últimos años del Partido Popular en cinco años de Gobierno ha comprometido en torno a 1000 kilómetros de AVE en nuestro país, que las líneas AVE van a llegar a ocho capitales, ha llegado a
Gerona y a Barcelona -como usted bien sabe, porque para llegar a Gerona hay que pasar por Barcelona- pero es que el AVE llegó a Sevilla en el año 1992. Como dicen allí en mi tierra, parece que le pusieron el freno allí y se quedó. Creo que hay un
problema grave de desequilibrio territorial, la cohesión de este país es un asunto muy importante. Acabamos de hablar de Extremadura y Huelva es fronteriza con Extremadura. Hay un fortísimo desequilibrio en materia de infraestructuras en dos
comunidades que, como usted sabe, vienen de una posición de mucha desventaja histórica para avanzar y progresar. No me parece de recibo que en estos veinte años hayamos podido llegar en AVE a Gerona y no llegar a Huelva.


Por eso le agradecería mucho, desde esta posición de rigor, de seriedad, pero también de amabilidad hacia su trabajo y con una comprensión por las muchas tareas que tiene, que nos diga algo que pueda esperanzarnos también en la tarde de hoy.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Díaz Trillo.


Señor Niño.


El señor SECRETARIO GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.A., SEITTSA (Niño González): Muchas gracias.

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Señoría, me va a permitir que no me vuelva poético a las ocho de la tarde. Dejaremos la poesía para otro día. En el mes de febrero ya tuve ocasión de comparecer en esta Comisión, precisamente para dar respuesta a una pregunta de su señoría
en relación con la línea de alta velocidad Sevilla-Huelva. Reproduzco, porque están escritas, las palabras que en su momento le dije. Tan solo quería indicarle los avances que ha habido desde entonces o qué es lo que ha ocurrido desde entonces.
El estudio informativo que se sometió a información pública a finales del año 2015 tuvo un proceso de alegaciones. Una vez analizamos las alegaciones, nosotros lo enviamos al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Como
resultado de este envío y -no sé si es una desgracia, pero es lo que ocurre en la vida- como se ha modificado la legislación ambiental, hay nuevos requerimientos y el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente nos pidió ampliar
el contenido del estudio ambiental, que es lo que hoy estamos haciendo. Nosotros seguimos trabajando en esta línea. En los presupuestos para el año 2017 hay una dotación prevista. También hay una dotación plurianualizada para los años 2017-2020
que refleja lo que yo dije a su señoría, que era que en esta legislatura fuera una realidad el inicio de la construcción de la línea de alta velocidad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Niño.


Señor Díaz Trillo.


El señor DÍAZ TRILLO: Con mucha brevedad para comentar las palabras del señor Niño, que nos parecen mucho más desalentadoras que en febrero. Avances, prácticamente ninguno. Usted nos viene a decir que en esta legislatura -que pueden
quedar tres o cuatro años o no- va a iniciar las obras, cuando se prometieron hace dos años, después, como ya digo, de un parón de cinco años prácticamente. Resulta intolerable, más allá de la poesía. Seguramente con un poco de poesía les iría a
ustedes mucho mejor. Claro, que con esta poesía, por llamarla de alguna manera, del señor Rajoy de que es lo que pasa, es lo que ocurre en la vida, como acaba de decir usted, no vamos a ninguna parte. Les reitero que necesitamos un calendario
cierto, una financiación suficiente, porque no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie, y es de justicia.


Solo le adelanto que seguiré preguntando, me cansaré incluso de preguntar, porque contra el vicio de no responder está la virtud de preguntar.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Señor Niño.


El señor SECRETARIO GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE, S.A., SEITTSA (Niño González): Yo no estoy de acuerdo con su señoría. Sí ha habido avances. En todo caso, yo
me reitero en las palabras que le indiqué, y le indiqué que sería una realidad en esta legislatura. Nosotros estamos trabajando para los trámites administrativos previos. Hay que completar el estudio de impacto ambiental, porque sabe que hay una
primera variante que hay que construir, y luego está el tramo final que afecta a una serie de municipios, como son las variantes de Villarrasa, Niebla, El Palmar y San Juan del Puerto, donde sobre el trazado que nosotros hemos sometido a información
pública, que fue más o menos el trazado que se sometió varios años antes, ha habido una gran contestación. Nosotros hemos tenido que incluir estas alegaciones, y estamos trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente para ver cómo podemos continuar
y seguir avanzando en este proceso, que es fundamental. Si no tenemos declaración de impacto ambiental, no podemos continuar. Por mucho que existan proyectos que habían sido redactados, hay que acomodarlos a la nueva declaración de impacto
ambiental. Es en lo que ahora mismo estamos trabajando.


El calendario, como le vuelvo a indicar, lo tenemos determinado de manera precisa, todo a salvo de la tramitación ambiental. Una vez que tengamos la declaración de impacto ambiental, los proyectos se podrán realizar y, a continuación,
ejecutar las obras. Nuestro compromiso es que las obras comiencen en esta legislatura. De hecho, hay otro elemento que quiero poner en valor porque creo que es muy relevante, y es que en la petición que se hizo de ayudas europeas, tal como le
recordé en la respuesta oral que le di, existen fondos Feder para el periodo 2014-2020 por un importe de 117,6 millones de euros. ¿Qué quiero decir con esto? Que el problema de financiación o de presupuesto no existe, porque tiene una financiación
muy importante del Feder que nuestro objetivo es consumir. Por eso estamos trabajando para que así sea. Este es un elemento muy relevante y yo creo que es la garantía de que en esta legislatura va a haber

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obras. Estamos trabajando con ese objetivo. Es una cuestión que no tiene que ver con la voluntad política que existe, sino que hay que cumplir una serie de trámites técnicos que son absolutamente obligatorios. Esos trámites técnicos,
sobre todos los que se refieren a temas ambientales, son complejos, y su señoría los conoce perfectamente.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Niño.


- DEL DIPUTADO DON JOSÉ JUAN DÍAZ TRILLO Y DE LA DIPUTADA DOÑA JOSEFA INMACULADA GONZÁLEZ BAYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SITUACIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD HUELVA-SEVILLA
(PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/006136). (Número de expediente 181/000323).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última pregunta, que también va a formular el diputado don José Juan Díaz Trillo.


Tiene la palabra.


El señor DÍAZ TRILLO: Con mucha brevedad porque tenía que ver precisamente con la declaración de impacto ambiental. Por ese mismo motivo al que usted alude de que conozco esos procedimientos, ustedes tienen un problema enorme de
incapacidad. Esta puede ser la declaración de impacto ambiental más compleja de la historia, y permítame decirle que estamos hablando de uno de los terrenos por donde el AVE pasa con menos dificultades y, por cierto, con menos coste económico.
Todos hemos visto en España obras del AVE de una extraordinaria complejidad en el trazado y por supuesto en los impactos ambientales. No es de recibo, sinceramente. Permítame que me haga eco de ese malestar que hay en nuestra provincia para
decirle que no nos parece para nada satisfactorio dos años después de que la ministra dijera -claro, había una campaña electoral- que salía a información pública y que ese mismo año 2015 se empezaban las obras. Me parece que no es de recibo. Yo
les reclamo a ustedes -parece que no voy a tener ningún éxito después de lo que he escuchado hoy aquí- una atención no ya preferente, sino la que Huelva se merece.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Díaz Trillo.


Señor Niño.


El señor SECRETARIO GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE, S.A., SEITTSA (Niño González): Me reitero en lo que le he dicho anteriormente. En la tramitación ambiental, le
garantizo que la voluntad política existe, que es a la que usted apela en su pregunta oral. Le puedo asegurar que nosotros, cuando ya sacamos a información pública, no solamente a efectos de la Ley del Sector Ferroviario, sino también a efectos de
la normativa ambiental, teníamos el convencimiento de que el trámite iba a ser sencillo. Por una parte, ha habido un número de alegaciones en todas esas variantes que le he enumerado, que es lo que nos ha hecho reconsiderar y ver que hay aspectos
ambientales que se considera que son nuevos y que no habían sido tenidos en cuenta en el estudio de impacto ambiental. Alguien puede decir: es que ustedes lo habían hecho mal. Lo que nosotros habíamos hecho era actualizar la información pública,
que en su momento se había realizado en los aspectos ambientales que nosotros creíamos que eran relevantes. Una vez que se ha producido esta situación de contestación por parte de los municipios de las alegaciones es cuando, en contacto con el
Ministerio de Medio Ambiente, hemos visto que había que tener en cuenta nuevos aspectos ambientales, y es la situación en la que ahora mismo estamos. Por mi experiencia, a lo mejor hay sitios de una complejidad mayor. Antes hemos estado hablando
de Pajares, también podemos hablar del AVE a Galicia. Son sitios complejos, pero cuando hay temas ambientales que el Ministerio de Medio Ambiente nos dice que hay que tener en cuenta nosotros tenemos que tenerlos en cuenta, porque la declaración de
impacto ambiental no depende del Ministerio de Fomento. Nosotros tenemos que hacer las cosas bien y son situaciones nuevas que han aparecido a las que tenemos que dar una respuesta. Es así. Le he dado datos suficientemente precisos desde el punto
de vista presupuestario, aparte de la voluntad política que existe. Son los elementos necesarios para llevar a cabo esta

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infraestructura, pero habiendo cubierto con carácter previo las tramitaciones administrativas y, sobre todo, la tramitación ambiental.


El señor PRESIDENTE: Damos por finalizada esta sesión.


Gracias, señor Niño, por sus respuestas y a todos ustedes por la dedicación a la Comisión.


Pido a los portavoces dos minutos para precisar el orden del día de la próxima Comisión del día 28.


Se levanta la sesión.


Eran las ocho y quince minutos de la noche.


Corrección de error. En el Diario de Sesiones número 122, correspondiente a la Comisión de Fomento, sesión número 7, celebrada el miércoles 15 de febrero de 2017, en la página 62, en la votación de la proposición no de ley número 7 sobre
las ayudas de subsidiación de préstamos del Grupo Parlamentario Socialista, donde dice: 'El señor Presidente: Queda rechazada', debe decir: 'El señor Presidente: Queda aprobada'.