CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 254

JUSTICIA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ

Sesión núm. 19

celebrada el miércoles,

7 de junio de 2017

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias. Por acuerdo de la Comisión de Justicia:


- De la señora Ortega Benito, presidenta del Consejo General de la Abogacía de España, para informar sobre temas relacionados con el estudio y definición de una estrategia nacional de justicia. (Número de expediente 219/000652) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- Del señor Estévez Fernández-Novoa, presidente del Consejo General de Procuradores de España, para informar sobre temas relacionados con el estudio y definición de una estrategia nacional de justicia. (Número de expediente 219/000653) ...
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Se abre la sesión a las diez de la mañana.


COMPARECENCIAS. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA:


- DE LA SEÑORA ORTEGA BENITO, PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA DE ESPAÑA, PARA INFORMAR SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL ESTUDIO Y DEFINICIÓN DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE JUSTICIA. (Número de expediente 219/000652).


La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías.


Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy de la subcomisión de Justicia con la celebración de las comparecencias señaladas para este día, para informar sobre tema relacionados con el estudio y definición de una estrategia nacional de
justicia.


En primer lugar, tenemos como compareciente a doña Victoria Ortega Benito, presidenta del Consejo General de la Abogacía de España, a la que damos una calurosa bienvenida. Es un honor para nosotros que pueda estar aquí, por lo que
representa y en lo personal también.


Tiene la palabra.


La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA DE ESPAÑA (Ortega Benito): Señora presidenta, miembros de la subcomisión, buenos días a todos y a todas.


En primer lugar, quiero agradecer muy especialmente la invitación a comparecer ante esta Comisión, dado su objeto. La justicia es una cuestión de Estado y, por tanto, todos, de una u otra forma, debemos contribuir a diseñar, a ejecutar una
estrategia nacional de justicia. Tengan la seguridad, señorías, de que la abogacía española va a colaborar leal y activamente, tanto con el Ministerio de Justicia como con los grupos políticos aquí representados y con el resto de instituciones
implicadas en esta tarea.


Comenzaré mi intervención tranquilizándoles, porque no vengo a hablar de la abogacía. No intervengo aquí en representación de nuestros propios intereses profesionales ni me detendré en cuestiones corporativas, sino en aquellas ideas que
puedan sumar con el objetivo común, largamente ansiado, de una justicia independiente, ágil, eficaz y cercana a la ciudadanía. Tenemos muy claro que la abogacía es un actor imprescindible para la existencia de una tutela judicial efectiva en el
ejercicio de derechos e intereses legítimos. Por eso, el Consejo General de la Abogacía Española se encuentra firmemente implicado en el fortalecimiento, en la modernización de la justicia, en la mejora de este servicio público que es continuamente
instrumentalizado desde el debate político. Muestra de este compromiso es la propuesta de un pacto de Estado para el futuro de la justicia, que presentamos el 16 de diciembre de 2016, que es reflejo del compromiso constante de abogados y abogadas
por mejorar este servicio público.


Creo que ya les han entregado este documento que presentamos en su día, que tiene 34 ideas fuerza, que se ha acompañado de un mapa sobre los cinco puntos que voy a desarrollar en esta comparecencia. Estoy convencida de que la propuesta que
les presento puede inspirar la elaboración de una futura estrategia nacional de justicia, y es el reflejo del consenso de todos los colegios de abogados de España, de los 83 colegios de abogados que integran el Consejo General de la Abogacía de
España. Aun tratándose de un documento base, cuenta con la virtualidad de la legitimación que acabo de exponer. Debo recordar, asimismo, que en el pasado han sido muchos y muy frecuentes los intentos de lograr un pacto de Estado -todos tenemos en
mente el alcanzado en el año 2001-, pero también son muchas las ocasiones en las que los pactos se han incumplido, y demasiadas las veces que han sido fruto de una lucha partidista, con importantes y nocivas consecuencias, tanto en su credibilidad
como en la falta de confianza de la ciudadanía. Quizá debiéramos aprender de estos intentos fallidos que transformar la justicia no debe ser una función fruto de un pacto estrictamente político, sino que precisa del liderazgo, del apoyo, del
convencimiento de sus usuarios. Un pacto de transformación de la justicia no puede sino diseñarse desde la perspectiva del ciudadano que acude a la justicia para lograr la solución de sus conflictos personales. Solo así la justicia puede llegar a
ser percibida como un factor de pacificación social y no de instrumentación de la vida política. Insisto en que quienes trabajamos en y dentro de la Administración de Justicia no debemos distraernos con estereotipos que pretenden ocultar los
grandes déficits de nuestra justicia, que deben ser los que nos ocupen.


Como les decía, para esta exposición he formulado un mapa de ideas, con cinco grandes áreas de actuación: consolidar la arquitectura institucional de garantías y derechos; equiparar la justicia a la excelencia y eficiencia del resto de
servicios públicos; promover la eficiencia operativa del servicio público

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de la justicia; alinear las políticas públicas y buenas en materia de justicia a los estándares europeos; impulsar las disciplinas profesionales más exigentes. Como ven, he intentado aproximarme a las categorías que ustedes han definido
para estos trabajos.


Paso a la primera área, que es consolidar la arquitectura institucional de garantías y derechos. Para ello, parto de una serie de ideas. La primera idea es promover la precisión técnica de las resoluciones judiciales. A tal efecto, la
imprescindible apuesta por la agilidad en la tramitación de los procedimientos para que el ciudadano reciba una respuesta en un tiempo adecuado no debe hacer olvidar, en ningún caso, que el objetivo fundamental es que esa respuesta sea justa. Esto
exige que todas las medidas que puedan adoptarse vayan encaminadas a una mejora permanente en la calidad de las resoluciones judiciales. La deseable especialización, de la que hablaré más tarde, ha de hacerse de modo que favorezca realmente una
respuesta judicial de mayor calidad, cercanía y prontitud.


La segunda idea, dentro de este apartado, es desarrollar de modo efectivo la garantía constitucional de defensa. Debe revisarse la reciente implantación de unos plazos máximos de instrucción, garantizando, en todo caso, los derechos de las
partes, sin perjuicio de que la instrucción deba realizarse, efectivamente, en un tiempo razonable. Igualmente, el derecho constitucional a la defensa, contemplado en el artículo 24 de la Constitución, hace necesaria una ley orgánica que regule
este derecho en los procedimientos judiciales. En su día, el Consejo General de la Abogacía de España presentó una propuesta de ley orgánica de la defensa.


La tercera idea es promover un sistema de acceso universal a la justicia homogéneo y especializado. La experiencia acumulada evidencia que el actual sistema de justicia gratuita se ha mostrado como válido y adecuado para dar cumplimiento al
mandato constitucional de garantizar el acceso a la justicia a quienes carecen de recursos económicos, por lo que procede mantener su estructura básica y su organización. No obstante, la experiencia ha demostrado igualmente la necesidad de una
revisión del marco legal, de forma que, en todo caso, se garantice al ciudadano un servicio de calidad, con profesionales debidamente formados, debiendo mantenerse la proximidad territorial y tender a la especialización por áreas. La concesión de
la justicia gratuita debe atender a criterios estrictamente económicos del propio beneficiario e incluirá servicios especializados mínimos, como el de mujeres víctimas de violencia machista, menores, extranjeros y población reclusa. Quiero
recordarles que, conforme al último estudio de Cepej, España se encontraba entre los países que habían realizado unos esfuerzos significativos en lo que se refiere a la asistencia jurídica gratuita durante los ejercicios 2010 y 2012. Pero esta
tendencia desaparece en los presupuestos del último periodo analizado, el correspondiente a los años 2012-2014, en el que España, al igual que otros países -también es justo decirlo-, Bélgica, Finlandia, Francia, Georgia, Luxemburgo, Dinamarca,
Noruega y Portugal, redujo considerablemente la partida en materia de asistencia de asistencia jurídica gratuita. No deja de ser paradójico que ante un escenario de crisis como el vivido en ese periodo, en el que algunas de las personas más
afectadas fueron las económicamente más desfavorecidas, precisamente la inversión en justicia gratuita fuera la gran perjudicada.


La última idea de este apartado es redefinir el sistema de recursos para garantizar la función casacional. A este respecto, no podemos sino reconocer el esfuerzo relativo a la generalización de la segunda instancia en materia penal y a la
reformulación de la casación en materia contencioso-administrativa. Pero estas reformas todavía están inconclusas y distan mucho de la racionalización y armonización de nuestro sistema de recursos.


Paso a la segunda área, relativa a equiparar la justicia a la excelencia y eficiencia del resto de servicios públicos. Una primera idea nos habla de asegurar la accesibilidad, claridad y calidad de la información legal. Una justicia
moderna y confiable es una justicia que la ciudadanía sea capaz de comprender, pues no debemos perder de vista que el ciudadano no es sino el destinatario último de este servicio público. Por ello, debemos seguir trabajando para avanzar en las
directrices señaladas en el informe de la comisión sobre modernización del lenguaje jurídico. Recordemos que conforme al último barómetro de opinión, encargado por el Consejo General de la Abogacía de España a Metroscopia, las opiniones de la
sociedad española sobre la Administración de Justicia nos indican que las más extendidas empezaban por la letra i: hablan de ineficacia y de que es ininteligible. En ese mismo barómetro se describe que un 82% de los ciudadanos considera que el
lenguaje jurídico es excesivamente complicado y difícil de entender. Parece que ello merece una reflexión.


Una segunda idea se refiere a impulsar la coordinación y coherencia de las políticas y de la gestión dentro del sector justicia. La concurrencia de actores con competencia en el sector justicia precisa, sin duda alguna, una actuación
necesariamente coordinada. Me estoy refiriendo, lógicamente, a la actuación

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entre Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas. La OCDE ha señalado que España podría incrementar notablemente la eficacia de sus órganos judiciales reformando algunos elementos de su modelo
de gestión y coordinación dentro de los órganos intervinientes.


Una tercera idea habla de promover la capacitación y la especialización para afrontar la creciente complejidad legal. A tal efecto, se debe modificar el estatuto de jueces y magistrados, consolidando la idea de carrera con criterios de
mérito, formación, especialización, rendimiento y calidad de trabajo, además de la antigüedad, aplicables a la promoción, a la adjudicación de destinos y a la mejora de niveles retributivos; igualmente se debe revisar el sistema de acceso a la
carrera judicial, de tal forma que a los órganos especializados solo se pueda acceder con la debida especialización. En este sentido solo les diré una cosa, y es que, desde el punto de vista de la estructura organizativa, los datos de Cepej
indicarían que en la actualidad el grado de especialización judicial en España es relativamente elevado. El 38,3% de los órganos jurisdiccionales españoles de primera instancia está especializado, lo que permite ofrecer una respuesta de mayor
calidad en este servicio público. Ahora bien, la especialización debe lograrse mediante la formación y la capacitación, lo que sin duda exige inversión y programación. No podemos engañarnos pensando que simplemente con el cambio del nomen iuris de
un órgano judicial se produce su especialización por arte de magia. En este momento, claramente estoy hablando de los juzgados especializados en cláusulas suelo.


Una nueva idea en este apartado sería crear una arquitectura para cumplir el mandato constitucional de hacer ejecutar lo juzgado. La ejecución es, sin duda, uno de los aspectos más descuidados de nuestro sistema procesal. Solo comentaré un
dato. El Observatorio de la Actividad de la Justicia de 2016 calcula que un 38,61% de las sentencias firmes no son ejecutadas. Creemos imprescindible promover la equiparación de medios, sistemas informáticos y procedimientos de cooperación entre
administraciones para alcanzar la máxima eficacia y eficiencia en la ejecución de los pronunciamientos judiciales, igual que sucede, en definitiva, en otras administraciones.


Paso a la tercera área, relativa a promover la eficiencia operativa del servicio público de la justicia. Aquí señalo varias ideas. Primera, transformar la estructura, planta y demarcación. Desde hace años se habla de que el sistema de
justicia se ha visto sometido a los cambios de una sociedad que ha sufrido una transformación verdaderamente singular, tanto cuantitativa, un incremento del 15% de la población, como cualitativamente, un incremento de litigiosidad del 100% en los
últimos veinte años. Es preciso actuar sobre la estructura y la organización territorial de nuestros tribunales. Apostamos por la creación de tribunales colegiados no provinciales y de tribunales de base o primer grado que se dediquen, en todos
los órdenes jurisdiccionales, a asuntos de menor complejidad o entidad, ya que, sin embargo, son los más numerosos y, fundamentalmente, los más importantes para el ciudadano día a día.


La segunda idea es la implantación completa y definitiva del proyecto de Oficina Judicial. La modernización de la Administración de Justicia exige apostar de forma decidida por la, vieja ya, nueva Oficina Judicial, con las correcciones y
ajustes necesarios para garantizar una atención de calidad a los ciudadanos. Para ello es necesario simplificar la actual compleja estructura de cuerpos de funcionarios, diseñando una verdadera carrera administrativa que estimule la promoción
profesional. Esta actuación, avalada igualmente por los resultados de OCDE, apunta que los países que ponen a disposición de sus órganos jurisdiccionales un mayor número de asistentes de perfil investigador, pero también de buenos gestores y
redactores, tienen procedimientos judiciales que duran mucho menos tiempo.


La tercera idea es promover la flexibilidad y el no formalismo de los procedimientos. Nadie imagina una administración judicial sin expedientes, sin un procedimiento reglado desde su inicio hasta su conclusión. Sin embargo, este es el
paradigma que hay que superar. Las transformaciones culturales suelen ser lo más difícil de lograr dentro de las organizaciones, pero es precisa la desformalización de los procedimientos, estructurar el proceso, pensando primero en las medidas
alternativas, y diseñar procedimientos para dotarlos de la máxima agilidad y utilidad. En consecuencia, se ha de proceder a la revisión de los procedimientos con tendencia a la uniformidad, simplificación, flexibilidad y antiformalismo, con
posibilidad de actos procesales en los que el debate entre las partes sea abierto y libre para facilitar la obtención del conocimiento del asunto y la convicción del juzgador.


La cuarta idea pasaría por consolidar un proyecto de expediente judicial que sea seguro y accesible, e integrar las plataformas de gestión procesal para preservar la igualdad. Son muchos los esfuerzos que se han realizado en los últimos
tiempos en esta materia. Ya nadie puede discutir la necesaria inmersión que debe hacerse para la transformación digital de la justicia, pero hay trabajo e inversión que hacer a

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largo plazo. España cuenta con una puntuación de 2,7 sobre 6 en la calificación de la OCDE. Estamos muy lejos del objetivo deseable.


La quinta idea sería racionalizar los métodos de trabajo para la eficiencia operativa. El cambio de organización ha de venir por el camino de la racionalización de los métodos, que no han de diferir de los de cualquier otra administración.
Debe tenderse a una estructura gerencial, a la que me referiré posteriormente -por falta de tiempo-, si así lo solicitan.


La cuarta área -me limitaré a ir enumerando los puntos, porque me indica la presidenta que se me ha acabado el tiempo- sería alinear las políticas públicas y buenas en materia de justicia a los estándares europeos. Anteriormente a la
entrada en vigor del Tratado de Lisboa, estamos hablando, aproximadamente, de unas 1500 disposiciones normativas, y a día de hoy de unas 40 000 en el ámbito de la Unión, con la importancia que ello tiene. A este respecto, las ideas pasarían por
actualizar las formas de investigación y enjuiciamiento penal en aras de asegurar las garantías y derechos de las partes. Lógicamente se hablaría de una justicia penal diferente y del enjuiciamiento criminal.


La segunda idea sería reequilibrar la posición de los consumidores en la contratación en general que se va imponiendo en la legislación europea, si bien a golpes de sentencias del Tribunal de Justicia. Hay que afrontar este tema. La
tercera idea trata de desarrollar infraestructuras y políticas para la gestión integral de los conflictos. Aquí me estoy refiriendo al impulso necesario a las fórmulas alternativas de resolución de conflictos.


En la última área hablábamos de equiparar la justicia a la excelencia y eficiencia del resto de los servicios públicos. Para ello, las ideas pasarían por rediseñar un sistema de acceso, promoción e incentivo basado en el mérito y la
capacidad -este es un tema fundamental a tratar-; evitar que el Consejo General del Poder Judicial sea un órgano de representación privativo de jueces y de magistrados; también está la lectura que se viene dando en cuanto a la falta de
credibilidad por parte de la ciudadanía -insisto en que me limito a señalar exclusivamente los puntos que podré desarrollar posteriormente-; mejorar progresivamente la disciplina profesional; consolidar un sistema judicial creíble y confiable.


Estas son, en síntesis, las ideas fuerza en torno a las cuales la abogacía española ha tratado de construir una propuesta. Como indicaba al principio, lejos de intereses corporativos, la abogacía tiene encomendado por la Constitución el
ejercicio de una función que consideramos clave para garantizar la paz social. Somos los primeros intérpretes de las normas e intentamos canalizar los conflictos a través del derecho. Asesoramos para prevenir problemas, mediamos cuando ello es
posible y, en última instancia, garantizamos la defensa en juicio. Nada de lo que sucede en la sociedad nos es ajeno, nada escapa al ámbito del derecho y nada debe escapar a nuestro compromiso.


Por ello, desde nuestra posición, he comparecido hoy en representación de la abogacía española para mostrar nuestra visión experta -que sí lo es- sobre el diseño de políticas públicas en nombre del interés común y, fundamentalmente, para
ponerme a disposición de esta Comisión para colaborar en el diseño de la estrategia nacional.


Muchas gracias por su atención. Quedo a su disposición para responder cualquier pregunta que quieran hacer.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ortega, por su exposición.


Daremos ahora la palabra a los representantes de los distintos grupos parlamentarios y después tendrá una intervención final para contestar a las preguntas o hacer las aclaraciones que le puedan solicitar.


Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Ciuró.


La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señora presidenta.


Señora Ortega, muchas gracias por su comparecencia y por su explicación. Aprovechando que la tenemos hoy aquí, me gustaría conocer la opinión del Consejo General de la Abogacía Española en relación con diferentes temas que usted ha ido
apuntando y que me han gustado, porque ha habido una sintonía con lo que esta diputada consideraba que podría ser interesante. Por ejemplo, en la cuestión que ha comentado de la estructura gerencial de juzgados y tribunales, quiero preguntarle si
considera interesante implementar un sistema de incentivos que pudiese premiar a aquel juzgado que optimiza las sentencias y que resuelve en tiempo, porque sabe que para nosotros los abogados es preceptivo el plazo, pero para los jueces no, a pesar
de que la ley lo indica. Somos conscientes de la falta de medios, por lo que quizá sería bueno implementar ese sistema de incentivos que coadyuve a que los agentes judiciales tengan ese incentivo para poder resolver más y mejor.

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También nos gustaría conocer cómo valoran la homogeneización de las retribuciones de los jueces sin tener en cuenta las diferentes cargas de trabajo que existen en los distintos juzgados. Hay juzgados con muchísima litigiosidad y, sin
embargo, en la retribución no tienen la consideración que esta sobrecarga y este esfuerzo requieren. Sé que es una reivindicación del colectivo de jueces de determinadas plazas y quisiera saber qué opinión tiene la abogacía sobre esto.


Conocemos la postura de los procuradores, pero en el tema de ejecución de las sentencias, nos interesa conocer cómo valoraría la abogacía lo de que los procuradores fueran agentes ejecutantes -si se me permite decirlo así- de las
resoluciones judiciales o cooperadores de la justicia, como son en esta materia.


Es conocida la posición -usted lo ha mencionado- sobre los juzgados especializados en cláusulas suelo. En esta cuestión, la abogacía se muestra descontenta, por decirlo suavemente. ¿Qué sugieren? ¿Qué promocionan? Si bien es cierto que
estamos a favor de la especialización -puedo tener mi opinión, que comparto con la suya-, me gustaría que constase en esta Comisión cuál es la alternativa que plantea la abogacía y por qué no está funcionando el sistema que se ha arbitrado de
mediación con las entidades bancarias.


Actualmente, los abogados actuamos cuando el conflicto ha surgido. No existe una cultura de la prevención. No tenemos costumbre de recurrir al abogado para prevenir ciertas circunstancias, por ejemplo, al comprarnos un piso, o si me caso
con un rico o con una rica, o con un pobre o con una pobre, saber qué pasará el día que nos separemos. Qué hay que hacer para que arraigue la cultura del uso del abogado como figura preventiva del conflicto. Pienso que sería un buen sistema para
evitar litigios futuros.


Hablaré ahora de las lenguas cooficiales. Es obligado por mi parte preguntarle cómo valora el poco esfuerzo presupuestario que se está haciendo para que las lenguas cooficiales puedan tener su implementación y para garantizar el derecho del
ciudadano a poder expresarse en su lengua materna cuando defiende los intereses que le son propios, ya que la única herramienta que tiene es la lengua. Hablando en su propia lengua, uno puede transmitir mejor lo que siente y padece. En cambio, en
catalán, el amparo en la justicia no está garantizado. Quisiera saber cómo valora el hecho de que se apostase por esta promoción de las lenguas cooficiales.


Finalmente, está el tema de la independencia judicial, que usted ha apuntado un poco. Es cierto que la justicia española está en franca crisis. ¿Qué propone la abogacía para conseguir no solo que haya independencia judicial, sino que
además se perciba?


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ciuró.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Prendes.


El señor PRENDES PRENDES: Muchas gracias, señora presidenta.


Doña Victoria, muchas gracias por su comparecencia, por sus explicaciones y por la buena estructuración del mensaje que nos ha traído aquí. Usted pedía claridad en las resoluciones judiciales y es de agradecer la misma claridad en la
aportación de sus ideas.


Mi grupo coincide en gran medida con lo que ustedes han planteado. Es evidente que la visión de los abogados sobre la situación de la justicia está muy próxima a la realidad, al día a día de los juzgados y tribunales, por lo que nos parecen
muy prácticas sus aportaciones en esta comparecencia. Me gustaría hacer hincapié en cuatro aspectos que usted ha mencionado y en los que, evidentemente por la premura del tiempo, no ha abundado. Ha hecho referencia a la necesidad de una ley de
garantía del derecho de defensa que vaya más allá de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que tenemos ahora mismo. Nosotros también somos partidarios de esa ley, porque creemos que el texto de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita ha quedado
desbordado por la realidad, por la necesidad de garantizar ese derecho de defensa en un mundo cada vez más complejo y por las necesidades de una atención especializada que ahora mismo no se da en muchos casos. Quisiera que concretase un poco más
cuáles son esos obstáculos que entiende que hay ahora mismo en el derecho de defensa y que de alguna manera podría remover esa ley de garantías.


Por lo que se refiere a la justicia gratuita, sabe que hemos aprobado en esta Cámara y que se está tramitando una modificación muy puntual para corregir lo que nosotros entendimos que fue un auténtico error y una vuelta atrás, que era lo de
sujetar a tributación por IVA al turno de oficio. Hay que ir más allá. Usted ha mencionado la disparidad que existe en el conjunto del país en el tratamiento de la justicia gratuita; por ejemplo, hay gran disparidad de baremos entre las
comunidades autónomas y también una

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congelación en el baremo de retribuciones de la justicia gratuita, incluso, como usted ha citado, es sorprendente que en el momento en el que aumenta la litigiosidad se invierta menos dinero en este elemento fundamental para garantizar el
derecho de defensa. Me gustaría que ampliase un poco más cuál cree que debería ser el contenido de esa ley de derecho de defensa y cómo afectaría a la situación actual del turno de oficio, de la justicia gratuita.


Sabe que se están creando los juzgados especializados en materia de cláusula suelo. No sé que visión tiene el consejo sobre esto, si les parece una buena solución en su conjunto y tal y como se está haciendo o les parece que este previsible
aumento de la litigiosidad tendría que ser abordado de otra manera.


Nos preocupa lo que usted ha mencionado del expediente judicial, de la interoperabilidad de los sistemas de gestión procesal, que ahora mismo no existe en nuestro país. ¿Qué balance hace usted de todo el proceso de aplicación de las nuevas
tecnologías en el ámbito de la justicia? ¿Le parece que el proceso que se ha desarrollado hasta ahora es suficiente o habría que abordarlo desde otra óptica?


Nos interesa también, porque afecta y creo que de manera muy directa al derecho de defensa, y es de máxima preocupación para su colectivo, el asunto relativo a las tasas judiciales, que todavía permanece sin esa ley que se adapte a la
sentencia del Tribunal Constitucional y que seguimos esperando. ¿Cuál es la opinión de su colectivo, que se ha visto muy afectado por esta situación?


Finalmente, me gustaría preguntarle por otra cuestión. Usted ha hecho referencia a la necesaria reforma integral del proceso penal y estoy seguro de que no desconoce la cuestión que está siendo discutida en relación con la atribución de la
exclusividad en la investigación criminal a la fiscalía y qué relación tiene con el ejercicio de la acción popular. Creo que ello afecta también de forma muy directa a la intervención de los abogados en el proceso penal y me gustaría que nos
explicase cuál es la posición que tiene el colectivo al que usted representa con respecto a esta cuestión, que, evidentemente, se encuentra en el centro del debate y va a ocupar la discusión, no tengo ninguna duda, a lo largo de esta legislatura.


Me gustaría preguntarle muchas más temas, pero, realmente, están en el documento por escrito y seguramente que nos van a ser de mucha utilidad. Le agradezco nuevamente su presencia y la claridad de su exposición.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Prendes.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Carreño.


La señora CARREÑO VALERO: Buenos días. Muchas gracias por su comparecencia. Ya han hecho varias preguntas, así que intentaré no repetirme y ser breve.


Es evidente que la justicia necesita, en general, más medios, y, para que funcione como un verdadero servicio público, hace falta dotarla con muchos más medios de los que tiene actualmente, pero desde nuestro grupo creemos indispensable
hacer, antes de esa dotación, una auditoría pública independiente que evalúe dónde están las faltas en el sistema de justicia y a dónde deberían designarse más medios, y en este sentido querría preguntarle su opinión, así como en referencia a la
falta de equipos psicosociales y, en concreto, de intérpretes; una compañera se ha referido a las lenguas del Estado, pero yo me refiero, sobre todo, a los intérpretes de lenguas extranjeras, porque nos llegan muchas quejas desde diferentes
operadores jurídicos acerca de la falta de estos.


Por otro lado, también me gustaría preguntarle sobre la alternativa que propondrían ustedes para el tema de las cláusulas suelo.


Ha dicho usted que necesitaríamos articular sistemas de mediación. Querría preguntarle cómo articularía y potenciaría sistemas de mediación civil y penal. Y, en concreto, quisiera saber qué opinión tiene sobre la justicia restaurativa.


Por último, aunque ya la han formulado desde Ciudadanos, es una pregunta que todos queremos hacerle: ¿Qué opinan ustedes de pasar la investigación a la fiscalía, sobre todo, en las condiciones actuales? Nosotros creemos que en este
momento, cuando se pone en tela de juicio su autonomía, habría que hacer reformas previas. En este sentido, ¿qué reformas creen ustedes que habría que hacer sobre el estatuto fiscal y, en concreto, sobre la designación del fiscal general del
Estado?


Muchas gracias.

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Carreño.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Campo.


El señor CAMPO MORENO: Gracias, señora presidenta. Muy buenos días.


Señora presidenta del Consejo de la Abogacía, bienvenida a esta Comisión y muchas gracias por su información. Reconozco que -y me van a permitir el desahogo personal en tiempos de tribulaciones-, oyéndola, uno rejuvenece, quizás porque
compartimos demasiadas horas de trabajo en otras vidas. Lo que veo es que eran ideas perdurables y es eso lo que quiero transmitir, porque es verdad que, escuchándola, resulta muy fácil ese diagnóstico que tanto se echa de menos, porque está hecho
desde la abogacía, y creo que son estos los caminos, los caminos que se asientan en la historia -como todo, porque nada nuevo nace que no sea de lo antiguo-. Cuando hablaba usted, estaba recordando todas las horas de trabajo y ese documento tan
importante que se encargó por el Consejo de Ministros a la comisión de expertos sobre la Ley de Demarcación y Planta Judicial. A partir de ahí se pueden entender muchas cosas, y creo que el valor de aquello fue poner en modernidad, poner en la
actualidad algo que era muy claro. Es verdad que había que tener valentía para decirlo, que el partido judicial estaba superado, pero la realidad era tozuda y veíamos que la creación de nuevos órganos superaba esa estructura de partido judicial,
con la excepción de los juzgados de violencia. Y lo mismo sobre la comisión de modernización del lenguaje jurídico, otro encargo en el que la presidenta que nos ha dirigido la palabra tuvo un papel muy protagonista y donde, efectivamente, vimos que
el lenguaje que se utilizaba en los textos legales, en las sentencias, en los debates, en la oralidad, en el mundo periodístico necesitaba una atención y una línea de actuación, que no era otra que la relativa a ese derecho a comprender que tenemos
los ciudadanos. Quería hacer esta pequeña reflexión, pero no más, en el sentido de que hay una adhesión completa a lo que usted ha expresado.


Sin embargo, no podemos permitirnos el lujo de tener aquí a la presidenta del Consejo General de la Abogacía y no exprimirla, en términos de afecto y cariño, que sabe que le tengo. Por ejemplo, en el punto 26 -y algo se ha dicho ya también
por parte de mis compañeros- se dice que es urgente una nueva ley de enjuiciamiento criminal que recoja un modelo, un sistema de instrucción y un enjuiciamiento adaptado a las exigencias jurídicas constitucionales e internacionales, homologables a
los países de nuestro entorno. No sé si es una fórmula tan al uso ahora de la deliberada oscuridad o si realmente lo que se está diciendo es que en esos países de nuestro entorno la instrucción la llevan los fiscales, pero es verdad que la
contundencia y el escándalo al que nos vemos sometidos casi a diario cuestionan las ideas. Sinceramente, creo que lo que hay que hacer es tomar precauciones al respecto y reformar nuevamente el estatuto orgánico -quizás la reforma de 2007 fue buena
pero no suficiente- y que la investigación, la instrucción la debe llevar aquel que promueve la acción de la justicia, y ese en nuestra Constitución no es otro que el Ministerio Fiscal.


Y por seguir con este punto, porque está íntimamente relacionado -esta sí que no es una deliberada oscuridad, sino que, evidentemente, un documento marco no puede entrar en los detalles-, quisiera conocer la opinión de la abogacía española
en orden a algo tan importante como es el ejercicio de la acción popular, sus límites subjetivos y objetivos y si debe quedar sometido únicamente a la discrecionalidad judicial.


Leo -sobre todo, con cierta ignorancia o preocupación- el punto 30, en materia de costas, donde se aboga por una no rigidez del criterio del vencimiento -aunque creo que tan poco es tan rígido- y me da miedo -aunque igual se disipa
enseguida- que la no imposición de ese criterio, y basándonos solo en la temeridad o mala fe, pueda provocar un efecto alcista de la litigiosidad. Lo dejo como reflexión y desde la ignorancia, insisto.


Quisiera conocer su opinión -sinceramente, creo que es un tema importantísimo, no se vaya a entender mal mi observación, porque no me preocupa tanto desde el trabajo de esta subcomisión- acerca de la fijación de una estrategia de justicia.
No me preocupa tanto el aspecto puntual, por ejemplo, el tema de las cláusulas suelo, sobre el que podríamos abrir un debate enorme y riquísimo, aunque no creo que sea el objeto de esta Comisión. Me preocupa, por ejemplo, el papel del Consejo, qué
quiere la abogacía del Consejo General del Poder Judicial, qué quiere la abogacía en relación con los juristas de reconocida competencia, que, con suerte, algunos a veces son llamados letrados ejercientes, qué quiere la abogacía en relación con la
casación, de la que todos tenemos una idea muy somera desde que se implantó con el juego de la división de poderes pero realmente no encontramos el tono justo para limitarla;

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quizás, con la apelación o la segunda instancia penal, la casación penal pueda ir, de verdad, derivándose hacia esos caminos.


Incluso, un ilustre ejerciente como es don Ignacio Prendes veo que hace esa similitud entre justicia gratuita y derecho de defensa, o lo viene a camuflar. Yo nunca lo he entendido así, me parece que el derecho de defensa no es la regulación
de una población excluida y que, desde luego, necesita acceder a la tutela judicial efectiva, sino un derecho completo del ciudadano. No hay tutela judicial efectiva sin derecho de defensa y en ese sentido creo que deberíamos ir, porque, además,
hemos tenido oportunidad de debatir en no pocos foros acerca de lo que debe ser la ley orgánica del derecho de defensa.


Nada más, antes de que la presidenta me quite la palabra. Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Efectivamente, a ello iba.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor De Barrionuevo.


El señor DE BARRIONUEVO GENER: Muchas gracias, señora presidenta. Voy a poner el cronómetro para no pasarme ni en exceso ni en defecto.


Doña Victoria, muchísimas gracias por su presencia ante esta Comisión en nombre de mi grupo y muchas gracias también por las explicaciones a través de esos cinco bloques que ha expuesto sobre el contexto general de la justicia. Voy a
intentar pasar bloque por bloque y hacer unas determinadas preguntas.


Con respecto a la ley orgánica del derecho a la defensa, que desde el Consejo General de la Abogacía son ustedes valedores e impulsadores, quisiera preguntarle qué mejora para la prestación del servicio de la abogacía aportaría esta medida,
la ley orgánica del derecho a la defensa.


Usted también se ha referido -discúlpeme que hable tan rápido, pero tengo muchas cosas que decirle- a la asistencia jurídica gratuita. Hay muchos colectivos que querrían modificar el artículo 24 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita,
por los problemas que han tenido los colegios profesionales con la Comisión Nacional de la Competencia. Usted no lo ha traído a colación, pero sí sé, porque me lo han trasladado muchos colegios profesionales, de la pretensión de esa modificación
del precepto. ¿Cuáles cree usted que deben ser las vías de desarrollo del futuro derecho de la asistencia jurídica gratuita? ¿Considera necesario simplificar el procedimiento de la gestión del pago de la asistencia jurídica gratuita? Me consta
que recientemente el ministerio ha aprobado un real decreto por el que se dan al Consejo General de la Abogacía 33,8 millones de euros y al Consejo de Procuradores 2,7 millones para agilizar los pagos por el turno de oficio. Es cierto que en los
turnos de oficio las comunidades autónomas tienen competencias en la asistencia jurídica gratuita y que mucha discrepancia en los módulos se debe, como bien se ha apuntado, a que en comunidades como Andalucía se produjo una reducción del 12% de las
prestaciones que percibían los abogados y procuradores, mientras que en la Administración central no se subió; se congeló, pero no se bajó. Entonces, es verdad que, dependiendo de donde se ejerza el turno de oficio, hay diferencias.


Con respecto a la formación, estoy totalmente de acuerdo. Pero en cuanto a la Ley 34/2006, que lleva diez años en vigor, ¿cree que es conveniente modificar la ley de formación, de acceso a la abogacía, y en ese caso, dar un enfoque
muchísimo más práctico que el que actualmente se viene dando?


En cuanto al plazo de instrucciones, hemos hablado de la modificación del artículo 324. Estoy de acuerdo con que a lo mejor los plazos pueden ser breves, pero ¿usted cree lógico, como sucede en Málaga, en el caso Astapa, que sean hasta doce
los años de instrucción por un asunto penal? Creo que habría que consensuar unos plazos que no fueran ni cortos ni tan largos como doce años para una instrucción.


Con respecto al bloque tercero, la planta judicial, es verdad que estamos, prácticamente, en la época de Antonio Burgos, con 422 partidos judiciales.


Usted habla de los tribunales de instancia, que no tienen que ser provincializados, que pueden estar en cabecera de comarca, etcétera. ¿Considera que tiene que irse al caso concreto? Me consta, porque soy de Málaga, que hay un estudio del
Colegio de Abogados de Málaga, provincia con once partidos judiciales, que dice que habría que ir al caso concreto, a fin de que si, por ejemplo, hay un juicio a las nueve de la mañana, no haya que pasar la noche anterior en esa provincia o comarca,
con el gasto que ello supone. Habría que ir al caso concreto y ver las cercanías y la reagrupación de partidos judiciales.


Con respecto a la exención del IVA en materia de asistencia gratuita, ¿qué valoración les merece a ustedes esta reforma? Y le voy a hacer otra pregunta, porque después vamos a tener una reunión. Aparte de que ya ha quedado manifiestamente
claro que es un servicio público y obligatorio, la gestión la siguen

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realizando los colegios y habrá profesionales que estén exentos de esa prestación de servicio, y esto es lo que yo quiero que ustedes recalquen en este tema.


En cuanto a las cláusulas suelo, ahí está el Real Decreto 1/2017, de 20 de enero, -voy terminando, señora presidenta-, y es verdad que no ha tenido gran aceptación, pero estoy convencido de que son intereses espurios de la banca por esos
posibles gastos, y, por tanto, están echando balones fuera.


Pero en el tema de las costas creo que el decreto sí es bueno, porque para quien se haya sometido a mediación, si después obliga a ir a pleito, le van a condenar a costas, aunque no sea una estimación total. Y en cuanto a la medición como
resolución de conflictos, si para la mediación intrajudicial hay que ir a entidades mediadoras, ¿qué opinión le merece la agilización de la justicia mediante la utilización de la mediación?


Por último, en cuanto al Lexnet y que solo haya un programa de gestión procesal -no está aquí mi compañero y amigo Miquel Legarda, del PNV-, sé que hay determinadas comunidades autónomas que no quieren perder la potestad que tienen sobre los
programas de gestión, pero creo que eso hace que sea ineficaz, y muchas veces los problemas son por la interconectividad.


Muchísimas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Barrionuevo, por el esfuerzo de síntesis.


Señora Ortega, han surgido muchas cuestiones, pero solo tiene quince minutos; serían diez, pero vamos a darla hasta quince minutos, por todas las cuestiones que han salido.


La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA DE ESPAÑA (Ortega Benito): Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a todos por sus observaciones. Efectivamente, me gustaría disponer de mucho más tiempo para extenderme un
poco en dar la opinión de la abogacía sobre todos los temas de extraordinario interés que me han planteado. Por un lado, voy a intentar decir algo de cada uno de ellos, aunque no me pueda extender, y pongo a su disposición los distintos trabajos
que tenemos ya hechos sobre gran parte de las materias por las que me han preguntado. Hemos hecho informes sobre ellas y claro está que quedan a su disposición, para una exposición más amplia.


En cuanto a las preguntas hechas, efectivamente, en cuanto a los ámbitos de gestión, somos absolutamente partidarios de un cambio hacia una carrera profesional y una serie de incentivos en función de un conjunto de criterios que se
determinen. Es perfectamente comprensible la ilusión del funcionario, una ilusión compartida por el resto de los que desempeñamos nuestra actividad en unos y otros ámbitos por tener ese incentivo en función del trabajo que se está desempeñando, y
es verdad que es muy distinta en unos órganos y en otros la situación que se ha creado.


En cuanto a la ejecución, cuestión por la que han preguntado varios de ustedes, la abogacía piensa que, igual que la declaración, debe permanecer en todo caso en el ámbito público, en el ámbito de la Administración de Justicia como servicio
público, y debe ser igual para la totalidad de los ciudadanos, con independencia de su disposición económica. Dicho esto, que se pueda colaborar con sus medios, por su especialización por parte de una serie de profesionales -en este caso me
preguntaban por los procuradores, por ejemplo, con un sistema de aplicación que tienen ahora para las ejecuciones-, nos parece perfecto, pero, en todo caso, en el ámbito del servicio público -insisto-, con los letrados de la Administración de
Justicia, fundamentalmente.


En cuanto a cláusulas suelo, cuestión por la que también se ha preguntado, por parte del Consejo de la Abogacía de España se manifestó el día 19 de mayo en el pleno celebrado su oposición a la regulación que se pretendía; posteriormente, el
acuerdo se adoptó con fecha 25 de mayo -creo recordar-, y esta semana pasada, el día 2 de junio, el pleno ha acordado unánimemente proceder a la impugnación de dicho acuerdo, fundamentalmente, entre las causas a considerar, porque es contrario al
derecho al juez legal pretedeterminado por la ley en la forma en que se ha establecido, y se va a proceder -insisto- a su impugnación ante el Tribunal Supremo. Eso no quita, y por el mismo pleno se me ha facultado, para que intente la negociación
sobre una serie de aspectos que podrían salvar esta situación. ¿Qué se ha hecho? Se ha creado un órgano provincial que va a absorber la totalidad de los procedimientos, pero, en principio, por la previsión que se tiene del número de asuntos, según
el resultado que ha habido con respecto a la mediación práctica, se va al colapso absoluto de ese órgano. Es verdad que se prevé la revisión con un carácter más o menos periódico para el aumento del personal en esos juzgados. Entendemos que la
solución podría pasar por mantener la competencia y que hubiera una distribución entre la totalidad de los órganos de primera instancia de cada uno de los lugares, pero, en todo caso, si

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se crean órganos centralizados, que lo fueran, efectivamente, especializados en la materia y que no arrastrasen competencia de otros lugares. En todo caso, lo desarrollaremos en el recurso.


Las fórmulas alternativas de resolución de conflicto por la abogacía se han venido apoyando en todo caso. Por su promoción, hemos trabajado en estas materias en la formación y en los últimos tiempos enormemente en mediación, aunque plantea
mucha dificultad, lo que sería para tratar más extensamente. Parece que es eminentemente una cuestión cultural, el convencimiento de la ventaja de la solución de los propios conflictos por parte de uno mismo, pero quizás nos exija más tiempo.
Tampoco hay que olvidar lo que está costando introducir en la mediación una visión que pudiera ser positiva, y es pensar que el ciudadano, en el fondo, sí confía en su administración de justicia y que llega un momento en que lo que quiere es que sea
una sentencia y un juez los que resuelvan su conflicto. Esta sería también una cuestión a analizar, frente a lo que estamos hablando sobre una falta de confianza del ciudadano en la Administración.


Y esto me lleva a enlazar con otro de los puntos sobre los que me han preguntado, la situación en cuanto a la independencia de la Administración de Justicia, su visión, su mayor o menor credibilidad por parte de la ciudadanía. Creo que esta
falta de confianza, esta falta de credibilidad que existe, esta cuestión sobre su independencia está muy centralizada en determinados órganos y en la forma de nombramientos de determinados puestos, pero no en el trabajo cotidiano de un número
elevadísimo de juzgados que solucionan miles de conflictos diarios. Y me preguntaban por las fórmulas que daríamos. Parece que llevar a cabo los nombramientos desde criterios de méritos y capacidad y de forma motivada, frente a otras alternativas,
podría salvar bastante esta situación.


En cuanto a si en esa parte que habla de los abogados -y me indicaban también, como dice la Constitución, la existencia de estos y demás juristas de reconocido prestigio- reclamaríamos tener una cierta audiencia, al igual que creemos que en
el bloque correspondiente a jueces y magistrados deben ser oídos los propios jueces, y esa designación motivada parece igualmente importante.


Sí se es partidario por parte de la abogacía de la promoción de las lenguas maternas.


En cuanto a la ley orgánica de derecho de defensa y la justicia gratuita, la abogacía está regida por una serie de principios. Efectivamente, determinar el alcance de estos en una ley orgánica que determine el ejercicio de la defensa es
importante. Les pongo como ejemplo el secreto profesional, porque la confidencialidad se encuentra en la base misma del ejercicio de nuestra profesión; esa regulación es importante. Y les pongo un segundo ejemplo sobre la importancia en este
momento de esa ley orgánica: nos encontramos con una modificación futura en Alecrín -de la que voy a hablar a continuación-, en la que es previsible esta atribución de la investigación al Ministerio Fiscal. Regular en este momento la posición de
la defensa y la acusación en esas circunstancias en que el Ministerio Fiscal determina la investigación es fundamental, salvaguardar la igualdad de las partes en el proceso. Estos son los aspectos que, a nuestro criterio, debería regular esta ley
de derecho de defensa, pero me ofrezco igualmente para facilitarles a ustedes el proyecto que señalamos en su momento.


En cuanto a la justicia gratuita, obviamente, el tema del IVA nos parecía fuera de este mundo, era el inicio del fin de la justicia gratuita, la consideración de la justicia gratuita como una actividad de mercado, es decir, perdía su
consideración como servicio público. Efectivamente, como indicaba alguno de ustedes, el carácter obligatorio para la abogacía ya venía reflejado en el texto anterior y los colegios a día de hoy siguen funcionando exactamente igual. Para la
abogacía es obligatorio prestar la justicia gratuita y los colegios se organizan con el número de compañeros de los que disponen. Por tanto, ahí ni ha habido ni tiene por qué haber ningún tipo de problema.


En cuanto a los baremos y retribuciones, qué les voy a decir. Hay dos tipos de problemas: uno en cuanto a su cuantía y otro en cuanto a la prontitud en el pago. Sobre este último parece que ya entramos en una solución. En cuanto al otro,
no me gusta hablar de igualar entre unos y otros, porque siempre queda la tentación de igualar a la baja. Por eso, prefiero hablar de conseguir siempre una retribución digna.


Muy importante es el tema de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, donde tenemos un problema serio en cuanto a la cuestión territorial, sobre la que he pasado un poco por encima. ¿Qué hay regulado en la actualidad y dónde
tenemos conflicto con la Comisión? En el tema territorial, nosotros lo que pedimos es que el letrado que preste la justicia gratuita sea del lugar donde el beneficiario de la justicia gratuita lo demande, porque, no nos engañemos, si no es así, va
a acabar siendo el beneficiario de la justicia gratuita el que se tenga que desplazar, y eso consideramos que no es admisible.

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En cuanto al proceso tecnológico, ¿qué pensamos? Inicialmente, lo que planteó la abogacía es que hasta que no hubiera un servicio seguro por parte de Lexnet, en este caso en territorio común, se pudiera compatibilizar con la presentación en
papel o se suspendiera su aplicación, pero en ese momento no se aceptó. Ahora lo que exigimos es llegar al final, que exista la dotación económica y la formación que sean necesarias, pero que, efectivamente, lleguemos al final, que lleguemos al
expediente digital y al papel cero. Quiero pensar que hemos pasado el peor tiempo en esta transformación, porque así ha sido comunicado, y sí, ha sido muy duro, pero ahora, con la inversión que se ha hecho, hay que llegar al final y, además, hay
que llegar bien.


Se nos ha preguntado también por el enjuiciamiento criminal y la acción popular. Primero habrá que analizar qué es exactamente lo que se quiere modificar, es decir, si pasamos a un sistema acusatorio puro, si seguimos en un sistema mixto,
si en los procesos penales queremos mantener la necesidad de una investigación más o memos dilatada en todos los ámbitos o qué podemos hacer con los rápidos, pero, fundamentalmente, parece que hay dos temas estrella: uno es la atribución al
Ministerio Fiscal de la investigación y, además, la consecuente configuración del juez de garantías y su alcance. En principio, la abogacía es partidaria, parece buena esta atribución de la investigación para equipararnos a Europa, pero, con
carácter previo, absolutamente imprescindible -y creo que a día de hoy todos podemos estar de acuerdo en ello-, hay que dotarla de la autonomía y de la independencia necesarias para garantizar la objetividad de esta instrucción que se le encomienda.
Esto puede pasar por muchos ámbitos, lógicamente por el nombramiento del fiscal general del Estado, cómo se puede hacer su nombramiento, cómo se puede hacer su separación, así como por el refuerzo de los mecanismos que limitan la dependencia
jerárquica de los miembros del ministerio fiscal respecto al fiscal general del Estado y a los fiscales jefes, la unificación de la carrera judicial y fiscal, que también así se ha examinado, la creación de auténticas unidades de apoyo a la
fiscalía, la revisión de las funciones encomendadas a la fiscalía en otros órdenes jurisdiccionales de menor presencia en asuntos penales. Todos estos ámbitos, como también alguno de ustedes ha dicho, no solo tienen que mantener efectivamente esta
independencia y esta autonomía, aunque se mantenga una unidad de acción, sino que además tienen que parecer independientes frente a la ciudadanía, para que esta lo sienta efectivamente así. Respecto a esta reforma previa, lógicamente del Estatuto
del Ministerio Fiscal, pero también de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la creación del juez de garantías, sí que seríamos partidarios.


En cuanto a la acusación popular nos iríamos al artículo 125, que ahí está, y además pensamos que así debe continuar. Si vamos a los dos anteproyectos de la Ley de Enjuiciamiento, como se vio en su momento en los años 2011 y en 2013, las
directrices se fueron dando tanto en el ámbito subjetivo como en el ámbito objetivo, en el quiénes y en qué figuras. El tema aparece fundamentalmente por las personas jurídicas y por el tipo de delitos. Este estudio en 2013 se hizo bien aunque
creo que fue más breve, ya que solo era una declaración a la exposición de motivos, que la reforma de 2011 que se hizo con carácter con mucho más detallado. Dicho eso, esa limitación subjetiva y esa limitación objetiva, entendemos que no hay duda
de que la acción popular también ha colaborado en muchas ocasiones, que no son necesarias mencionar, al tratamiento de actuaciones delictivas ya que era importante que así se hiciera.


En cuanto al tema de costas y la temeridad, por el que se me ha preguntado, obviamente el supuesto de temeridad tiene que existir. Me estoy refiriendo ahora a las actuaciones de la banca en los últimos temas que hemos conocido de las
preferentes. Ahora vemos con la negativa a una mediación que nos vamos a encontrar con un gran número de procedimientos judiciales, que se van a intentar solventar justo en horas anteriores a la celebración del juicio. Este es un supuesto
clarísimo de temeridad. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esa limitación de costes? Hay otros casos, como por ejemplo en el orden contencioso administrativo. En este ámbito se ha llegado a un auténtico blindaje de la actuación de la
Administración, porque ya no hay quien recurra con el tema de las costas en el contencioso. A eso nos referimos, no a otras situaciones que hoy todos conocemos.


Respecto al límite de los plazos de la instrucción, hay situaciones como las que señalaba que son absolutamente inadmisibles. Ahí tenemos que encontrar el equilibrio necesario entre unos plazos, que se ve que no se pueden cumplir, y unas
situaciones que son absolutamente inadmisibles en un Estado de derecho.


En cuanto a la formación y el acceso, ya tenemos la perspectiva de un tiempo en que ha funcionado. Nosotros somos partidarios de su modificación en las dos facetas, tanto en la correspondiente al máster como en la correspondiente a la
prueba que se realiza. ¿Por qué? Porque se está pretendiendo que efectivamente se acredite que se dispone de las capacidades y de las habilidades necesarias para el

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ejercicio de la abogacía. Los conocimientos teóricos del grado se supone que han sido ya impartidos previamente por la universidad, no hay que volver a ellos; en lo que hay que formar es precisamente en el ejercicio de la abogacía. El
examen tipo test es claro, pero no nos engañemos porque está hecho por motivos económicos ya que la corrección es inmediata con este tipo de examen. Sin embargo, podemos buscar otra fórmula. La abogacía propone la fórmula de entregarle a la
persona que se va a someter al examen un supuesto práctico para que se lo lleve a su casa, lo prepare, lo estudie y después pueda defenderlo durante un cuarto de hora o veinte minutos ante un tribunal, para que este le pueda preguntar sobre ese
supuesto: cómo lo llevaría, cómo no lo llevaría, por qué sí, por qué no, cómo trataría las cuestiones deontológicas. Es verdad que eso llevaría un coste mayor en personas para el tribunal, pero la abogacía pone todos sus medios a disposición
porque creemos que eso es lo que vale. Con lo demás estamos haciendo ocupar un tiempo y gastar un coste a los alumnos, pero no tenemos el convencimiento de que esté siendo de utilidad para la finalidad pretendida.


Creo que he recorrido un poco las preguntas que me hacían. Insisto en que me hubiera gustado haberlas podido desarrollar más ampliamente. En cualquier caso, quedo a su disposición para facilitarles todos los informes que tenemos al
respecto.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ortega, por la claridad de su exposición. Además, ha concitado el aplauso casi unánime de todos los grupos parlamentarios, lo cual algo querrá decir. Enhorabuena.


Suspendemos la sesión durante unos minutos. A las once y media continuaremos con la comparecencia del presidente del Consejo General de Procuradores. (Pausa).


- DEL SEÑOR ESTÉVEZ FERNÁNDEZ-NOVOA, PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES DE ESPAÑA, PARA INFORMAR SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL ESTUDIO Y DEFINICIÓN DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE JUSTICIA. (Número de expediente 219/000653).


La señora PRESIDENTA: Vamos a dar comienzo a la segunda de las comparecencias en el día de hoy con don Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, presidente del Consejo General de Procuradores de España, a quien agradecemos que esté hoy aquí. Le
damos la bienvenida a esta, que es su casa. Cuando quiera tiene el turno de palabra durante quince minutos.


El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES DE ESPAÑA (Estévez Fernández-Novoa): Muchas gracias, presidenta.


Si hablabas de agradecimiento, el agradecimiento es el mío por traer aquí la voz de los procuradores y la mía propia. Tengo que decir que me siento cómodo y honrado de estar en esta casa, en este momento y en este lugar; cómodo porque esta
es la casa -entiendo- de todos los españoles y sus representantes, y honrado, por poder compartir algunas reflexiones de la justicia con tan eminentes juristas. Al mismo tiempo, estoy cómodo porque me encuentro acompañado de muchos amigos. A
muchos de todos ustedes les conozco hace mucho tiempo y gozo de su amistad.


En la nota que me han mandado sugerían que hablara de una serie de cuestiones. Yo voy a tratar de responder rapidísimamente porque me ha dicho la presidenta que va a ser implacable con el tiempo, así que voy a tratar de ir todo lo deprisa
que pueda. Voy a intentar responder a todas las cuestiones que me han planteado. En primer lugar, creo que esta es una casa adecuada para introducir una nueva terminología en cuanto a diferenciar macrojusticia de microjusticia. Verán que derivo
términos muy clásicos en economía a la justicia. ¿Qué entiendo por macrojusticia? Todo aquello que nos preocupa en general mucho a todos nosotros, a quienes vivimos o estamos implicados en este mundo, al mismo tiempo que son cuestiones que suelen
tener una carga ideológica y política. Por otra parte, llamo microjusticia a aquello que le interesa a los ciudadanos sobre la labor diaria del proceso de los juzgados, es decir, ¿qué hay de lo mío?, ¿cómo va mi pleito?


Empiezo con el tema de la macrojusticia. La primera cuestión que se me ocurre es un tema muy manido, pero que no deja de ser preocupante. La sensación que tiene la ciudadanía, transmitida por los medios de comunicación y por el lenguaje
diario, es que la justicia está politizada. Yo pienso personalmente que la justicia no está politizada; lo creo sinceramente. Además, creo en la independencia judicial y que los jueces y fiscales cuando actúan son independientes, pero eso no es
lo que siente la gente y la

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ciudadanía. Eso debe preocuparnos a todos. ¿Por qué tiene esa percepción la ciudadanía? Pues si tuviera tiempo les explicaría a ustedes con mucho gusto las causas que han originado estas conclusiones. A lo mejor luego cuando conteste a
las preguntas puedo hacerlo, pero voy a enunciarlas muy brevemente. Seguramente nace del asociacionismo judicial de los jueces, al crearse una serie de asociaciones que cada una en principio está tildada por un color político. Esto se viene
complicando con nombramientos que se hacen desde esta Cámara o desde el Senado, así como con los medios de comunicación cuando inciden en estas cuestiones y nos ponen en la portada de un periódico la composición del Tribunal Constitucional o del
Consejo General del Poder Judicial, con cabecitas y nombres y apellidos, diciendo lo que van a votar al día siguiente sobre una cuestión cada uno de ellos. Lo malo, o lo duro o lo triste, es que casi siempre aciertan. Esa es la sensación que tiene
la ciudadanía. Es muy difícil distinguir o deslindar este tema de macrojusticia, desde mi punto de vista, con la microjusticia de un juez sentado en su juzgado o en su casa dictando una sentencia. ¿Cómo se puede arreglar esto? Pues no es fácil.
Para empezar, se necesitaría un gran consenso y los únicos capaces de alcanzar ese consenso son ustedes, señorías. Son los llamados a hacer un esfuerzo y tratar de conseguir poner remedio a todo ello.


Respecto al Consejo General del Poder Judicial, me han preguntado sobre los vocales de extracción judicial. Se han probado ya los dos modelos: primero, el modelo de nombramiento o elección por los jueces, y después, el modelo de elección
por las Cámaras. Sinceramente, durante muchos años yo he sido ferviente creyente y defensor de la elección de los jueces por los jueces y el paso del tiempo ha ido haciendo que cambie bastante de opinión. Ya no tengo tanta seguridad de que esta
sea la solución. ¿Se le puede quitar el tinte político al consejo con eso? Mientras sigan mandando las asociaciones y sean las que promocionan o patrocinan el nombramiento de esos jueces, creo que no resolveríamos el problema.


Hay otra cuestión que se refiere a los ocho vocales de reconocido prestigio. Este tema sí que creo que tiene un arreglo mucho más fácil. Ahí deberían estar representadas todas las profesiones jurídicas, menos los jueces porque ya están
representados con los doce vocales de extracción judicial. Cuando digo todas las profesiones, me refiero a todas: fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados, procuradores, representantes de la universidad, etcétera. Como son
ocho vocales a lo mejor no caben en todos los consejos todas las profesiones, pero se podría buscar una manera para que fueran rotando y siempre hubiera un representante de cada profesión. Creo que sería una solución muy fácil que llevaría a
nombrar profesionales y a despolitizar el consejo, o al menos a paliar esa sensación de politización del consejo. Se le podría pedir incluso a cada una de esas profesiones que nombraran a diez o a tres candidatos y que fuera esta casa más el Senado
quienes los eligiera. Ahí queda la propuesta.


Me voy a referir otra cuestión -voy muy deprisa, así que perdónenme si mezclo y salto de un terreno a otro, pero lo hago para que me dé tiempo a decir todo- que son los billetes de ida y vuelta o, como está de moda llamarles, las puertas
giratorias. Este es un problema que hay que solucionar. Siempre va a ser injusto aplicar una norma general porque cada caso es cada caso. Hay casos concretos en los que el resultado ha sido beneficioso, aunque en otros ha sido muy lamentable. Yo
no voy a decir aquí nombres ni apellidos, ni voy a recordar a cada uno de las personas que han estado en estas circunstancias. Sin embargo, a la ciudadanía le cuesta comprender que un señor o una señora, que haya estado defendiendo una ideología en
esta casa, en el Senado o en una comunidad autónoma con un determinado partido político, al día siguiente se siente en el juzgado a poner una sentencia. A la ciudadanía le cuesta tener una percepción de que esa persona es independiente. Aquí están
ustedes para resolverlo como mejor sepan y puedan, pero desde luego habría que buscarle una solución.


En cuanto a los aforamientos, estamos en el tiempo de los mantras. La desaparición o limitación de los aforamientos es un mantra de la actualidad, parece que todo el mundo está en contra de los aforamientos. Pues yo tengo que decirles que
yo no lo estoy. Estoy a favor de reconsiderar y limitar los aforamientos, pero en ningún caso de eliminarlos. Los aforamientos tienen su razón de ser clarísima y tienen una explicación tanto histórica como real en cada momento, que es la libertad
de cada diputado o de cada persona; es decir, el poder decir lo que quiera, siempre y cuando esté interviniendo como un diputado. Además, hay otro tema que está íntimamente relacionado con los aforamientos: la acción popular. Mientras exista la
acción popular, tienen que existir los aforamientos. Porque la acción popular se ha convertido en una herramienta al servicio de los partidos políticos para acusar al de enfrente de algo. Eso es constante, en una dirección y en otra. Si además de
mantener la acción popular, eliminamos los aforamientos, mal servicio le estamos haciendo porque va a ser una vida política insoportable.


Soy más partidario de eliminar la acción popular -por cierto, no existe en casi ningún país civilizado o existe muy limitadamente, no como existe en España-, porque las experiencias no han sido muy

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afortunadas. No solo en la dirección que hablaba de que la ejercen o la utilizan los partidos políticos, sino que tenemos unas experiencias notorias de asociaciones que no han sido precisamente muy ejemplares, y todos ustedes saben de lo
que estoy hablando.


Cambiando de tema, voy a referirme a la cooperación jurídica internacional. En este asunto la justicia española en algunos extremos está a la cabeza, y en otros está muy limitada. Voy a poner un ejemplo en cuanto a la limitación. Donde
estamos bien, aplaudo, y nada tengo que decir, pero donde estamos muy mal es en un tema como la realización de actos de comunicación y ejecución con respecto a los países de nuestro entorno. Si yo como procurador tengo que citar en un pleito
español a un testigo en Francia, puedo citarla de aquí a pasado mañana. El juez no tiene más que expedirme la cédula de citación, yo la mando a un hussier francés, este me la hace al día siguiente y a los dos días está en el juzgado con todos los
requisitos. Y cuando digo Francia, me refiero a cualquier país de nuestro entorno. A la recíproca no es así, si un juez francés pide la citación de un ciudadano en España para un juicio en Francia, lo lleva claro. El trámite tiene que pasar por
la oficina siniestra -como yo la llamo- del Ministerio de Justicia, que a su vez hace el reparto al juzgado que corresponda de la geografía española. Mientras el juzgado hace la citación y la devuelve al ministerio y el ministerio la devuelve al
juzgado de origen puede pasar un tiempo indeterminado muy largo. Hay una solución: a los procuradores nos han dado capacidad de realizar actos de comunicación y de certificación. En esos actos de comunicación somos los homólogos de los hussiers
franceses y de las demás profesiones de agentes de ejecución en los demás países, luego tendría que ser exactamente igual. No tendría que mandarse ni al Ministerio de Justicia, sino simplemente a un procurador para realizar el acto de comunicación,
tal como se hace en todos los países civilizados y un procurador del lugar donde hubiera que realizarlo lo haría en veinticuatro horas como mucho.


Hay un tema espinoso: planta y demarcación. Todos los que estamos aquí sabemos -me imagino que también ustedes porque les considero inteligentes, que viven en la actualidad y conocen la realidad de nuestra justicia- que la planta y
demarcación en España no son las adecuadas, ya que datan del siglo XIX. Ha habido algunos parches, pero que no se atienen a la realidad de hoy en día, ni a las necesidades de la justicia actual. Ya ha habido intentos de solucionarlo. Recuerdo
perfectamente que bajo el Gobierno del presidente Zapatero, el ministro Francisco Caamaño, hizo un intento; posteriormente, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, el ministro Gallardón hizo otro intento, todos ellos fracasados.


Todos estos intentos han fracasado porque se han encontrado con una oposición frontal, no solo del partido de la oposición sino incluso de gente de su propio partido, del proponente, porque son los alcaldes de aquellos ayuntamientos en donde
reside el partido judicial los primeros que se oponen. Esto se merece un debate serio y profundo y los únicos que pueden resolver la cuestión son ustedes. Ningún Gobierno por muy fuerte que sea va a ser capaz de tomar esta determinación y llevarla
adelante. Sin embargo, un acuerdo del Parlamento y de esta Comisión podría impulsar que se llevaran a cabo todas aquellas operaciones que sean necesarias para llegar a una planta y demarcación adecuadas. Hay que dejar de utilizar esta cuestión
como arma política y hay que hacer un debate serio para analizar todas estas cuestiones. La realidad es que en España ahora mismo tenemos una justicia de primera y de segunda. Y eso no podemos consentirlo, ni mucho menos puede consentirlo la
ciudadanía. Depende de dónde resida uno, puede tener un juzgado especializado, rápido y seguro, con un juez especializado, a que no tenga nada de eso; es totalmente injusto. Yo creo que es una cuestión que merece una respuesta, y ya empieza a ser
perentorio.


He decirles que soy partidario de la instrucción por el fiscal, por supuesto. Además, no estamos inventando nuevo, es lo que existe en la mayor parte de los países. ¿Qué ocurre? Que eso no se hace de la noche a la mañana. Para empezar
hay que variar la plantilla de los fiscales, ya que no se van a necesitar más jueces, pero sí se van a necesitar más fiscales. Además, se va a necesitar dotar de presupuesto y las modificaciones legislativas que sean necesarias. Sin embargo, creo
que hay que hacerlo.


Respecto a las macrocausas, soy un ferviente opositor a las macrocausas. Creo que hay que llegar a algún tipo de conclusión en el ámbito de la jurisdicción penal para tratar de evitar esas macrocausas de miles y miles de folios y cientos y
cientos de imputados porque son indigeribles para el juez, para la ciudadanía y también para la justicia. También hay fórmulas y en otros países lo tienen resuelto hace mucho tiempo.


Como voy mal de tiempo, dejo las macrocausas y entro en la macrojusticia, que es lo que realmente le interesa a la ciudadanía. Lo que voy a decir ahora no vende, los medios de comunicación venden todo aquello a lo que acabo de referirme.
Como decía al principio, al ciudadano le interesa saber qué hay de lo

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suyo, cómo va su pleito. Eso es lo que quiere el ciudadano y creo que no se le da la respuesta que estamos todos obligados a darle. En primer lugar, está la mediación. Son múltiples los intentos en la historia reciente de implantar la
mediación en España, pero siempre han fracasado. No hay cultura de mediación en España, esa es la realidad, por muy duro que sea decirlo, pero esa es la verdad. Como el legislador no impulse de alguna manera este tema, poniendo algunas trabas o
algunos requisitos cuando se inicia un proceso judicial, bien sea castigando la no mediación inicial o bien sea premiando al que haya ido a mediación inicialmente, estoy convencido de que no va a prosperar nunca la mediación como método de
resolución de conflictos, o se va a quedar en algo anecdótico. Estos deberes son en los que tienen ustedes que pensar, discutir y llevar adelante.


Por otra parte, están las tecnologías. Esa herramienta tan de moda, tan importante y donde la justicia siempre históricamente ha sido un poco la hermana pobre. Parece que hoy en día hemos mejorado bastante, a través de lo que va de este
siglo hemos ido avanzando poco a poco con los distintos Gobiernos y ministerios de Justicia que han ido sucediéndose, pero todavía faltan deberes por hacer. Hemos mejorado en cuanto a la compatibilidad de los sistemas de las distintas comunidades
autónomas, pero todavía no está resuelto ese problema. Yo he sido testigo de excepción en muchos casos con distintos consejeros de Justicia de distintas comunidades autónomas. Me he cansado de advertírselo, pero con poco éxito. Ha habido una
época en que algunas empresas tecnológicas han ganado muchísimo dinero con el timo de los sistemas informáticos en justicia para cada una de las comunidades autónomas. Siempre había un nuevo consejero de Justicia de una comunidad autónoma que
llegaba y decía: Voy a implantar el mejor sistema tecnológico de esta comunidad para la justicia. Eso era lo que le vendían, y lo implantaban. Sin embargo, era el mismo sistema tecnológico, que la misma empresa había implantado en la anterior
comunidad, cambiándole el nombre y con dos retoques, y costándole una fortuna. Esto nos ha llevado a esa torre de Babel que en cierto momento ha sido de imposible comunicación y diálogo entre unos y otros.


Afortunadamente, hoy en día empieza a paliarse, pero estamos lejos de resolverlo. En este sentido, los procuradores tenemos muchos que decir. Hemos sido siempre pioneros en las tecnologías, tenemos una organización nacional unida con una
única tecnología y nos entendemos bien con la justicia, y siempre hemos sido promotores de esto. Hoy en día incluso hemos invertido mucho dinero en nuevos productos, como la certificación de envíos -está a disposición de todos ustedes-, que ya ha
estado utilizando mucha gente. Este correo electrónico certificado garantiza no solo la hora, la fecha y la persona a quien se le envía, sino también el contenido del envío. Asimismo, está la agilización de las actuaciones judiciales a través de
nuestro portal de subastas en nuestros almacenes de depósitos.


Los procuradores no olvidamos tampoco a las víctimas del delito. El consejo general y algunos colegios de procuradores en España han constituido comisiones ad hoc específicas sobre violencia de género, violencia doméstica, discapacidad o
inmigración, todas aquellas personas que de alguna manera u otra se ven afectadas. Todas ellas son víctimas, bien sea del delito, de la inmigración, de la discapacidad o de cualquier tipo de violencia. Sé que este tema está en la mente de todos
ustedes, pero es un asunto en el que hay que seguir avanzando y progresando y que cuenta con nuestra colaboración para todo ello.


Termino ya, señora presidenta, con la cuestión que yo considero que es y debe ser en estos momentos la estrella, al menos para mi profesión: ¿cuál es el principal problema de la justicia en España, especialmente dentro de la jurisdicción
civil? La ejecución. Si bien en la jurisdicción civil el proceso declarativo en España no tiene nada que envidiar al mejor de los países avanzados de nuestro entorno, incluso de los Estados Unidos de América, porque es de mucha calidad, tenemos
muy buenos jueces y es de una celeridad razonable; sin embargo, en el ámbito de la ejecución sacamos muy mala nota. ¿Por qué? Porque en casi todos los países hay agentes de ejecución que son profesionales especializados en llevar a efecto esa
ejecución, en España no. Siempre he oído comentar que tenemos el artículo 117.3 de la Constitución, pues no señor, dicho artículo establece que los juzgados y tribunales juzgarán y harán ejecutar lo juzgado. Y no es lo mismo en primera persona
'juzgarán' que 'hacer ejecutar lo juzgado', que obviamente significa que puede delegarse en alguien. Creo que es el momento de atribuir la ejecución a una profesión como la mía, puesto que llevamos solicitándolo mucho tiempo y no es una medida
corporativista -aunque tampoco nos viene mal-, sino una medida para solucionar el problema al modo y manera que otros países de nuestro entorno, es decir, con una profesión que se encargue de la ejecución, siempre bajo la dependencia y tutela
judicial del letrado de la Administración de Justicia. Creo que ha llegado ese momento.

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Me gustaría extenderme más, pero luego en los diez minutos que me dará la señora presidenta les diré algo más. Finalmente, señorías, por favor, en lo que yo llamo microjusticia no hay ideología. Yo he tenido la oportunidad durante toda mi
vida de hablar con casi todos ustedes personalmente, bis a bis, y pensamos todos lo mismo. ¿Por qué no se ponen ustedes de acuerdo? Yo no hablo de pacto de Estado de la justicia, lo que hay que hacer es conseguir un acuerdo sobre todo lo que
interesa a la ciudadanía. En los otros temas que tienen carga ideológica comprendo que puede ser más complicado, pero en la microjusticia y en que esta funcione creo que todos estamos en la misma nave y pensamos lo mismo. Esa es mi petición,
acuerden ustedes, que por intereses partidistas, de oportunidad o puntuales no dejen de hacer la reforma que la justicia española necesita. Pónganse ustedes de acuerdo y háganla.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Estévez.


A continuación, damos la palabra a los distintos portavoces parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Ciuró.


La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señora presidenta.


Gracias, señor Estévez, por su comparecencia y por su explicación, que ha sido muy clara y nos ha apuntado una serie de ideas que me han parecido especialmente interesantes. Voy a destacar un par de ellas, es interesante su propuesta de
conformación del Consejo General del Poder Judicial. Usted ha dicho que ha asistido a nombramientos de jueces por jueces, a nombramientos de jueces por estas Cámaras, y que ninguno le satisface. Entonces, un sistema mixto de nombramientos y,
además, combinado con la presencia de distintas profesiones quizás podría ser una fórmula, no digo para aprobar pero sí estudiar, con el fin de mejorar en el problema en el que coincidimos de la politización de la justicia. Es un tema que
deberíamos abordar más pronto que tarde y este pacto debería servir para ello, porque coincido con usted en que el asociacionismo judicial sorprende y, también, las puertas giratorias en esta cuestión y en otras tantas, pues esto no ayuda a la
independencia de los electos en esta Cámara. Por tanto, es un asunto que nos parece especialmente importante y anotamos su propuesta sobre la configuración del consejo como una idea a trabajar.


Después coincido con usted y está bien visto que acción popular y aforamientos son un binomio. También es cierto que la acusación popular ha hecho un trabajo de investigación y de denuncia en determinados casos que han sido importantes, y
si no hubiese sido por la acusación popular quizás no hubiesen prosperado. En este sentido le pregunto si estaría de acuerdo en poder aplicar criterios de transparencia y trazabilidad a las asociaciones que se erigen en acusación popular, desde su
origen a su financiación, personas integrantes, etcétera. Es decir, la misma transparencia que se va exigiendo en todos los ámbitos de la vida pública también hay que predicarla de aquellos que pueden ser agentes de la denuncia, para que no se
denuncie por denunciar y, en todo caso, si se hace saber cuál es el origen de esta asociación que actúa como acusación popular en la cuestión de que se trate.


Otro asunto sobre el que quería preguntar es el de los juzgados especializados en cláusulas suelo. He formulado la misma pregunta a la anterior compareciente. ¿Cómo ve la procura la especialización de estos juzgados teniendo en cuenta que
no está funcionando la mediación en materia de cláusulas suelo? Y si no están de acuerdo en la creación de estos cincuenta y cuatro nuevos juzgados especializados, ¿cuál sería la alternativa que propondría la procura en esta cuestión?


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ciuró.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Reyes.


La señora REYES RIVERA: Muchas gracias, señora presidenta.


Muchas gracias, señor Estévez, por su exposición. Hablaba usted, y yo lo comparto, de su preocupación por esa sensación que tienen los ciudadanos de que la justicia está politizada. Ha comentado también que era más una sensación que una
realidad, y también puedo compartirlo porque es cierto y la mayoría de los jueces y fiscales quieren ser independientes, pero desde el Poder Legislativo tenemos que entonar nuestro mea culpa porque todos sabemos que existen informes como el del
Greco, que nos tira de las orejas y pone el foco en la elección de los jueces del Consejo General del Poder Judicial, en cómo se aborda y en que no hemos cambiado la legislación. Me gustaría saber qué opina usted, si considera que se debe cambiar
el sistema y qué debemos hacer. Ha dicho también que habría que limitar los

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aforamientos y no eliminarlos. En Ciudadanos podemos estar de acuerdo con usted, pero querría saber en concreto qué opina de limitar los aforamientos para los diputados.


Centrándonos en el ámbito que usted denominaba de la microjusticia le haré algunas preguntas concretas. Quisiera saber qué solución propone para solventar la inseguridad jurídica que creó la Ley de acceso a las profesiones de abogado y
procurador de los tribunales. Consideramos que es un problema que no se ha solucionado aún y depende mucho del colegio en el esté colegiado -valga la redundancia- cada uno. Siguiendo con la microjusticia, los problemas de Lexnet afectan en
especial a los procuradores. ¿Usted cree que con este sistema se puede conseguir la implantación del tan ansiado expediente judicial? Lo digo porque hasta ahora eso no se ha conseguido. Por otra parte, decía que usted era partidario de la
instrucción por parte de los fiscales y que para ello hacían falta más medios, más fiscales. Y no ha dicho nada sobre la independencia de la fiscalía. Sabiendo que es un órgano jerárquico, me gustaría saber qué opina usted sobre la elección del
fiscal general del Estado. Y también su opinión sobre la limitación de los plazos de instrucción del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.


Hay una pregunta muy concreta que me gustaría que usted respondiera. Yo estoy en la subcomisión para conseguir un pacto contra la violencia de género y se ha planteado la posibilidad de añadir en la Ley contra la violencia de género un
artículo muy concreto, con el fin de designar de manera urgente al abogado y que este pueda asumir la representación procesal de la víctima hasta que se nombre procurador. Me gustaría saber qué opina usted, si considera que es una medida que se
puede implantar o bien que el procurador se designe de manera urgente como se hace con el abogado.


Eso es todo. Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Reyes.


Por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Carreño.


La señora CARREÑO VALERO: En primer lugar, muchas gracias por su comparecencia que ha sido muy clara y concisa. Tengo que decirle que en nuestro grupo discrepamos de lo que usted ha dicho sobre la politización de la justicia. Es decir, no
creemos que sea solamente una percepción de los Ciudadanos, sino que efectivamente hay una clara politización de la justicia y no solo en el sistema de nombramientos, sino también en las presiones ejercidas en concreto desde el Gobierno hacia la
fiscalía, como vienen denunciando no solo los medios de comunicación, sino muchos operadores jurídicos que han pasado por esta Cámara y esta subcomisión que así lo han confirmado. Por ejemplo, el informe Greco también pone de manifiesto esta
circunstancia. Creemos que, más allá de la necesidad de reformar el sistema de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, habría que reformular el sistema de nombramiento del fiscal general del Estado. Le pregunto si desde el Consejo
General de Procuradores tienen alguna propuesta al respecto o similar a la que usted ha mencionado para el nombramiento de los ocho vocales de reconocido prestigio del Consejo General del Poder Judicial. También podría ser que desde las
asociaciones se proponga una terna de fiscales, el fiscal sea propuesto por el Congreso y nombrado después por el Gobierno. De todos modos, su propuesta respecto a estos ocho vocales es bienvenida y la estudiaremos.


Por otra parte, usted ha dicho que la acción popular se debería eliminar. Nosotros consideramos que sí se puede limitar para que no sea utilizada con fines espurios, pero no debería eliminarse; en primer lugar, porque es una figura
constitucional y, en segundo lugar, porque ha sido una figura clave en muchos de los recientes casos de corrupción. En cuanto a la instrucción por parte del fiscal, es uno de los asuntos más debatidos a lo largo de esta subcomisión y el problema
que nosotros vemos son las condiciones actuales respecto al estatuto fiscal y al nombramiento del fiscal general del Estado. ¿No creen ustedes que deberían hacerse algunas reformas en estos aspectos de forma previa a transferir la instrucción a la
fiscalía? También me gustaría preguntarle si tiene propuestas concretas sobre planta y demarcación judicial. Todos coincidimos en que el sistema está obsoleto, pero en qué se pueden concretar las propuestas de reforma. En último lugar le
preguntaré sobre su profesión porque ha dicho que podrían encargarse de la ejecución de sentencias, pero me gustaría saber si tiene alguna propuesta más respecto a las funciones de los procuradores y el sistema de acceso a la profesión.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Carreño.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Campo.

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El señor CAMPO MORENO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor presidente, muchas gracias por compartir con esta subcomisión, que tiene como objetivo buscar una posible estrategia en materia de justicia, el parecer de su colectivo, un importante colectivo. Siempre he puesto de manifiesto -y el
presidente me lo ha oído decir en no pocas ocasiones- ese papel fundamental de intermediación entre la ciudadanía y la justicia y el verdadero nexo de unión se produce a través de la procura. Esa visión es tremendamente importante para plantear un
modelo de justicia porque en el fondo es de lo que se trata. Somos conscientes de que la Ley de Demarcación y Planta Judicial cumplió su función, pero desde el año 1988 ha llovido mucho y esa vertebración de la justicia hoy no nos sirve. Y no nos
sirve porque la realidad se ha impuesto, si nos fijamos en la creación de cualquier órgano, ya sea del ámbito social, contencioso o penal, vemos que la idea de partido judicial está superada. Aquí es fundamental saber cómo se puede articular esa
conexión de una eficaz organización judicial con la ciudadanía. Todos sabemos que bajo la tutela judicial efectiva hay dos patas: una es la cercanía de la justicia a la fuente de resolución, es decir, al enjuiciamiento, pero hay otra que, como ha
dicho el Tribunal Constitucional por activa y por pasiva, no es desatendible que es una organización judicial eficaz. Y en esa organización eficaz es donde, sin duda, su colectivo puede arrojar mucha luz a un tema oscuro. ¿Cómo se vertebra, cómo
se articula? ¿Cómo se agiliza la justicia a través -usted nos lo ha puesto como ejemplo- del impulso dentro de la ejecución? Sobre todo en la ejecución civil y no veo por qué no puede tener ciertas áreas del ámbito penal en todo el componente
civil que conlleva, pero lo dejo a su consideración.


Los tiempos son los que son y no hemos podido desplegar todo, pero sí me hubiera gustado oír una crítica como valoración de la nueva Oficina Judicial en aquellos sitios donde existe. Pues lo mismo que los procuradores han sido un referente
en toda la modernización tecnológica, por ejemplo, con Lexnet, me gustaría saber cuál es la orientación para el despliegue definitivo, si alguna vez se lleva a cabo, de aquello que se llamó la nueva Oficina Judicial en 2002. Además, qué se está
haciendo desde su colectivo para la modernización del lenguaje jurídico. Si hemos dicho que la clave es el derecho a comprender de los ciudadanos y ustedes son el nexo entre los ciudadanos y el sistema judicial del que forman parte, me gustaría
saber cómo se va avanzando en ese punto. Y termino antes de que la señora presidenta me retire el uso de la palabra, ya tendremos oportunidad de seguir hablando en distintos foros. Gracias, señor presidente.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campo.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De Barrionuevo.


El señor DE BARRIONUEVO GENER: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor presidente, bienvenido a esta tu casa. Yo voy a empezar por el final, por esa microjusticia de la que has estado hablando ahora. Te voy a preguntar por las nuevas tecnologías y, sin ánimo de ser corporativista, me gustaría que
constara en el Diario de Sesiones el esfuerzo que han hecho los más de 10 000 procuradores que hay en España para la modernización de la justicia, con la adaptación de sus despachos a las nuevas tecnologías, su esfuerzo económico y aprendizaje.
Quería preguntarte qué opinión te merece que exista un único sistema de gestión procesal, que muchas veces ha dado tantos problemas de conectividad, y qué medidas legislativas consideras adecuadas para mejorar el régimen jurídico de las
notificaciones electrónicas. En esta Cámara hemos presentado una proposición no de ley de modificación de los artículos 273 y 276.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que a partir del 1 de enero de 2016 son obligatorias las comunicaciones
electrónicas entre profesionales, y a partir del 1 de enero de 2017 el denominado correo electrónico o dirección electrónica habilitada para la comunicación con personas jurídicas. Por tanto, hay muchos preceptos de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil, que todavía chocan con esa modernización y que hace que todavía no tendamos al papel cero. ¿Crees que hace falta una modificación de algunos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que, efectivamente, sea de una vez palpable ese
papel cero al que debemos tender? La valoración de Lexnet es que se han introducido más colectivos y el aumento de su capacidad.


Respecto a la ejecución estoy totalmente de acuerdo en que hay un problema porque hay un 30% de las sentencias que no se están ejecutando, y creo que ahí los procuradores pueden jugar un papel. Me gustaría que concretaras más qué papel
pueden realizar en la ejecución. También quisiera saber si hace falta modificar las pruebas de acceso a la profesión de procurador, de modo que sean mucho más prácticas de lo que son ahora.

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Presidente, otro punto que no has mencionado -pero me consta porque Lourdes y tú nos lo trasladasteis a todos- es la reforma del artículo 24 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Nos comentabas que quien preste el servicio será el
adscrito al colegio porque este punto ha dado muchos problemas con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Me gustaría que incidieras más en este punto. Por otra parte, ¿cómo valoras la reforma de la exención del IVA? Es decir,
sabemos que el derecho de asistencia jurídica es gratuito para el ciudadano que lo demande, es un servicio público obligatorio y se recibe una indemnización. ¿Esta reforma ha cambiado en algo la tramitación anterior? ¿Los colegios siguen
tramitando la asistencia jurídica gratuita? Habrá profesionales que presten este servicio porque es obligatorio, pero ¿vosotros vais a canalizar y organizar el servicio? Es una obligación del colegiado su prestación, pero vosotros manejáis los
tiempos y se designan las personas siempre y cuando se cubra la obligatoriedad del servicio.


Siempre he considerado la existencia del binomio abogado y procurador, como hay letrados de la Administración de Justicia y jueces. Se ha hablado aquí de la Ley sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador y de la ley de
servicios y colegios profesionales. ¿Crees que se debe elaborar una nueva ley de colegios profesionales -la regulación existente es anterior a la Constitución- para darles mayor transparencia y en donde las asociaciones de consumidores estén
representadas para evitar ese corporativismo que muchas veces se achaca a los colegios? En cuanto a la representación de las víctimas de violencia de género, yo tengo entendido que en la fase de instrucción la representación la puede asumir el
letrado, y solo con el auto de apertura de juicio oral es cuando te dan tres días para nombrar procurador, con lo cual ahí no creo que haya cambiado nada.


Por otra parte, mi compañera del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha manifestado que aquí se ha escuchado que ha habido presiones a operadores jurídicos. Sinceramente, tendré que ir al otorrino, pero esto
yo no lo he oído en esta Cámara. Para terminar, estoy totalmente de acuerdo en que entre esos ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial tienen que estar representados todos los operadores jurídicos. Yo siempre he dicho que el procurador
representa al justiciable ante la Administración de Justicia y los políticos a los ciudadanos a través de las Cortes Generales. Y nadie mejor que un procurador que está todos los días en un juzgado para saber la problemática. Por tanto, creo que,
efectivamente, dentro de esos ocho vocales tendrían que estar representados todos los operadores jurídicos. Respecto a las puertas giratorias, es verdad que se habla de ello, pero como usted dice, no hay que generalizar. Yo puedo entender que no
se pueda ir al orden penal o al orden contencioso, que se vaya a órganos colegiados pero no a un órgano individual. Y en cuanto a los aforamientos y la acción popular, la gente se confunde porque aforamiento no es inmunidad.


Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Barrionuevo.


Señor Estévez, han surgido muchos temas y le pediría un esfuerzo de síntesis.


El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES DE ESPAÑA (Estévez Fernández-Novoa): Gracias, señor presidenta. Dígame usted cómo contesto yo a todas estas preguntas en diez minutos. Voy a intentarlo, pero es francamente complejo.


La señora PRESIDENTA: Le diré que todos los comparecientes en esta subcomisión hacen la misma queja, pero son las normas que nos hemos dado.


El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES DE ESPAÑA (Estévez Fernández-Novoa): Vamos allá. Voy a tratar de contestar conjuntamente en algunos temas por los que me han preguntado porque son comunes, para no ir contestando
exactamente a cada uno de los portavoces porque, si no, tendría que repetirme en cada contestación. Varios de ustedes han comentado la composición del Consejo General del Poder Judicial y su elección. Lourdes Ciuró, la portavoz del PDeCAT y del
Grupo Parlamentario Mixto, preguntaba si para los doce vocales de procedencia judicial se podría hacer un nombramiento mixto. Me parece que sí podría ser una solución, todo es a tratar. Creo que esto sería cuestión de una gran mesa de negociación
y de llegar a puntos de acuerdo. Desde luego insisto en que es necesario que sean profesionales y eso es mucho más fácil de resolver.


También me han preguntado varios portavoces por la acción popular. Les decía que la acción popular existe en muy pocos países. ¿Que la acción popular ha traído algún beneficio en España? Sí, pero creo que ha traído muchos más
inconvenientes que beneficios. ¿Que se podría mantener para determinados

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supuestos? Sí, pero habría que tasar esos supuestos. Alguien ha hablado, no recuerdo quién, de que debería haber más transparencia y una comisión de control de esa acción popular y de las asociaciones, pero yo me pregunto quién haría ese
control, a quién corresponde. La cuestión es compleja. Mi opinión es como mínimo reducir las posibilidades de acción popular y, desde luego, yo eliminaría a los partidos políticos para ejercitarla.


Me preguntan también por los juzgados para las cláusulas suelo, y tengo que decir que el Consejo General de Procuradores no tiene opinión formal sobre esto. No lo hemos debatido en Pleno, nadie de nuestros decanos lo ha suscitado, se ha
tratado por muchos colegios a título individual y en su zona o localidad. Y así como la abogacía ha adoptado una postura en esta cuestión, la procura no tiene postura y yo, por tanto, trato de huir de pronunciarme sin tener el respaldo del voto o
saber lo que piensan mis compañeros. Desde luego lo que a unos beneficia a otros perjudica. Creo que el sistema que ha elegido el Consejo General del Poder Judicial de los juzgados bis en cada localidad, siempre y cuando sea de verdad como me lo
han explicado en el consejo -que de momento parece que no- no es malo. Este es un punto de vista personal, no institucional, y no es malo si se dota a esos juzgados de los medios suficientes. Es decir, que si en un juzgado hacen falta siete
jueces, siete jueces, si en otro hace falta uno, uno, pero todo eso parece que de momento no está dispuesto, y ahí es donde comienza el fallo. En cuanto a los aforamientos, yo siempre he hablado de que se pueden limitar, pero hay que ver a quién y
cómo. Estoy de acuerdo en esta ocasión con el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el sentido de que el aforamiento, en contra de lo que piensa la gente, no es un privilegio, a veces es incluso una carga para aquel que es titular de
ese aforamiento. Desde luego para los diputados nacionales, o sea, en esta casa, jamás quitaría el aforamiento. Si alguien me ha preguntado por esa idea, creo que los primeros aforados tienen que ser los diputados. No me da tiempo a explicar por
qué, pero lo dejo ahí.


Dos portavoces me han preguntado por la Ley de acceso a la profesión y la inseguridad jurídica que ha generado. Creo que esa inseguridad jurídica a día de hoy está solventada. Como ha habido varias reformas, luego se ha publicado el
reglamento y todo ha sido muy deprisa, ha habido momentos de mucha incertidumbre. Hoy en día, tanto en la abogacía como en la procura esa incertidumbre se va despejando y la inseguridad jurídica cada vez está más limitada. También me han
preguntado por las tecnologías y Lexnet. Este sistema no es el paradigma de todos los beneficios y bienes, no es el nirvana del justiciable ni de los profesionales, pero es una herramienta y es la única que tenemos. Yo siempre digo que para
aprender a nadar hay que tirarse al agua. Mucha gente cree que no se puede implantar una nueva tecnología hasta que no esté perfeccionada porque tiene defectos. Yo no estoy de acuerdo porque, si no, no se va a implantar nunca pues nunca va a ser
perfecta. Además, con la evolución en progresión geométrica y la velocidad sideral de las tecnologías, hay que empezar con lo que tenemos y luego ir mejorando y adaptándolo a la realidad, a las necesidades de cada día y a las nuevas modas.


Respecto a la instrucción por el fiscal y la independencia de los fiscales y del fiscal general del Estado, tengo que decir que el Estatuto del Ministerio Fiscal ha sufrido una reforma reciente, cuando era fiscal general del Estado don
Cándido Conde Pumpido, no hace tanto tiempo. Fue una reforma profunda y, según la opinión de todos a los que yo escucho, los técnicos y los propios fiscales, fue una reforma afortunada, no sé si hay que reformar más. Permítanme que les diga que
muchas de las opiniones que vierto aquí son personales y no institucionales, otras sí. En el pleno del Consejo General de Procuradores nunca hemos tratado ni discutido la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal porque no es de nuestra
competencia. Yo puedo dar mi opinión como jurista y como ciudadano, pero no la opinión institucional. ¿Que el fiscal general del Estado no es independiente? Pues yo diría que entre los países avanzados, España es uno de los sitios donde es más
independiente, en otros países es mucho menos independiente. No sé si eso es un consuelo, pero esa es la realidad.


Por otro lado, me han preguntado por la posibilidad de una reforma legislativa para que los abogados asuman la representación procesal en los casos de violencia de género por la urgencia del caso. Señorías, hemos recomendado no hace mucho
tiempo a todos nuestros colegios que monten un servicio de guardia exclusivo para violencia de género, de modo que cuando cualquier tribunal necesite un procurador se nombre de inmediato, a cualquier hora del día o de la noche, sea laborable o
festivo. La mayor parte de los colegios están respondiendo muy bien y han montando su servicio, con lo cual no creo que sea necesaria para nada la representación. Ello no quiere decir que el procurador de guardia, como le llamamos, sea un señor
que está sentado en una silla a la puerta del juzgado esperando a ver si tiene que intervenir, sino que el juez o tribunal que necesita un procurador de guardia se dirige al colegio y este

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tendrá un listado para poder nombrar un procurador a cualquier hora del día o de la noche, y ese procurador queda nombrado inmediatamente. El problema quedaría resuelto con esto.


Respecto a la Ley de Planta y Demarcación Judicial, todos estamos de acuerdo en que necesita una reforma, y me han preguntado por dónde pasa dicha reforma. Creo que pasa por la necesidad de grandes unidades judiciales, sin grandes unidades
judiciales no se puede actuar hoy en día -el juzgado pequeño unipersonal de pueblo debe pasar a la historia-, si tienen que ser provinciales, comarcales o insulares -que es otro problema del que nunca se trata porque la insularidad complica todo
esto-, no lo sé, pero que tiene que haber grandes unidades por lo menos comarcales, si no son provinciales, sí que lo tengo clarísimo. ¿Cuáles son los beneficios? Puede haber juzgados especializados, puede haber tribunales que puedan concordar más
la jurisprudencia, los criterios del tribunal, sustituciones entre fiscales, proximidad del médico forense, son todo ventajas. Eso de que me dicen que la justicia es próxima al ciudadano. Miren ustedes, en España en cada portal no puede haber un
juzgado. En España lo que hay afortunadamente para los españoles es un bar en cada portal. Eso está muy bien, pero no puede haber un juzgado en cada portal. Eso no es la proximidad de la justicia. Estoy seguro que si le preguntan a la
ciudadanía, usted ciudadano qué prefiere un juzgado al lado de su casa que le resuelva el asunto sin un juez especializado y le tarde un año o un juzgado a 50 kilómetros de autopista generalmente con un juez especializado, un tribunal, y que
resuelva su problema en un mes. Diría que los ciudadanos se decantarían por lo segundo. Eso es como hay que explicarlo y venderlo. No decirle que al pueblo de no sé dónde le van a quitar la capitalidad del partido judicial. No. Señores
ciudadanos, a ustedes les vamos a dar una justicia acorde con sus necesidades, más profesional y más próxima, que no quiere decir en kilómetros, sino en cercanía y en servicio. Eso es como yo entiendo la cuestión de la planta.


Modernización del lenguaje jurídico, alguien ha hablado de esto, hemos estado en todas las comisiones a las que nos han llamado a los procuradores, tanto en el nuevo diccionario que ha sacado la Academia de Jurisprudencia y Legislación, como
en el lenguaje jurídico que ha habido en todas partes. Desde luego, los procuradores estamos ocupados y preocupados en esto y siempre que nos llamen hemos colaborado y vamos a seguir colaborando en estas cuestiones.


Respecto a las tecnologías, los procuradores hemos hecho un esfuerzo, no ahora, llevamos haciendo esfuerzo ya varias décadas, gastando mucho dinero y mucho esfuerzo y hemos sido los conejillos de indias, con nosotros ha experimentado la
Administración de Justicia las nuevas tecnologías. Para lo que para otras profesiones hoy en día o desde hace un año es un sarampión difícil de superar, para nosotros es más fácil de superar porque estamos vacunados hace muchos años y esas
dificultades las pasamos en su día. Hemos invertido esfuerzo y seguimos haciéndolo, esfuerzo y dinero, como decía, para mejorar las tecnologías y colaborar con la Administración de Justicia.


Hablaba antes de la certificación de envíos entre las notificaciones electrónicas. Creo que modificar la ley, no sé si es necesario. También se me hablaba de la modificación de la Ley de acceso, posiblemente haya que hacer alguna reforma
puntual, pero no creo que sea lo más perentorio. Sí creo que es perentorio, por parte del legislador, que son ustedes, dicho sea de paso, la creación de una ley de defensa y representación. La vienen pidiendo los abogados hace mucho tiempo y
nosotros también pedimos que se defina, de una vez por todas, la representación procesal, igual que la defensa, y eso tiene que ser a través de una ley.


El papel del procurador en la ejecución, nosotros ambicionamos ser agentes de ejecución y eso existe en todos los países que son profesionales liberales la mayor parte de ellos. Como decía al principio en mi intervención, siempre sujetos a
la tutela judicial y a las directrices del letrado de la Administración de Justicia.


Si hay que reformar la asistencia jurídica gratuita, decía el representante del Grupo Parlamentario Popular, a todos los grupos he tenido la oportunidad, con motivo de la reforma del IVA, de presentarles una petición de reforma de la Ley de
Asistencia Jurídica Gratuita en un tema en el que estoy convencido, y ustedes sé que también, de que el Ministerio de Economía y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no están de acuerdo con nosotros, con los juristas. Pero creo que
es una cosa tan elemental y tan sencilla de razonar. ¿Cómo puede un abogado de Santander pedir al Colegio de Abogados de Málaga llevar la asistencia jurídica gratuita en Málaga? ¿Quién le paga los desplazamientos? La distancia en kilómetros ahí
sí que es insuperable. Cuando hablo de un abogado, hablo exactamente de un procurador. Si un procurador de Barcelona pide llevar los procedimientos de justicia gratuita en Huelva, los puede llevar, pero es una cosa totalmente irracional. Con lo
cual sí se necesitaría una modificación para que volvamos a como era hasta ahora, a que haya abogados suficientes en todos los colegios de

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abogados, en todas las capitales españolas y procuradores para dar un servicio eficiente y efectivo sobradamente.


Valoro muy positivamente la excepción del IVA. Me parece que era una barbaridad lo del IVA. Además se ha confundido la sentencia famosa de los abogados belgas, que no tenían absolutamente nada que ver con la justicia gratuita española.
Los abogados belgas cobran honorarios, porque cobran honorarios por su intervención y es voluntaria. Los procuradores y los abogados españoles no es voluntaria es obligatoria para ellos y para nosotros y no cobramos honorarios. Cobramos una
gratificación que es una compensación, que no es un honorario. Porque si fuera un honorario, a los abogados deberían pagárseles unos honorarios y a nosotros por arancel. La realidad, créanme, está lejísimos de todo ello.


Reforma de Ley de Colegios Profesionales, yo personalmente y la institución que presido la lleva pidiendo desde mi antecesor, Pepe Granados, el anterior presidente, al Ejecutivo y al Legislativo décadas. No olvidemos que la Ley de Colegios
Profesionales vigente es preconstitucional, con sus parchecillos, pero es preconstitucional. ¿Qué ocurre? Que el Ministerio de Economía en la ante anterior legislatura, que fue la décima si mal no recuerdo, promovió la famosa Ley de servicios y
colegios profesionales y entiendo que todo parecido de aquello con lo que entendemos que tiene que ser una ley de colegios profesionales es pura coincidencia.


Tengo que decir, y en este caso no hablo solo como presidente de los procuradores, sino también como secretario general de Unión Profesional, que el esfuerzo de todas las profesiones liberales en España en los últimos años ha sido muy muy
apreciable. Todas las profesiones nos hemos esforzado en adaptarnos a los nuevos parámetros, a los nuevos tiempos y a las exigencias de la sociedad actual. No sé si hemos conseguido llegar donde teníamos que llegar, pero crean ustedes que hemos
hecho un esfuerzo, los procuradores los primeros también.


Creo que con esto, no sé si he agotado los diez minutos, me he pasado. Pido perdón. He contestado más o menos en general a todo lo que he podido. Muchas gracias por su atención y les exhorto una vez más a que se pongan de acuerdo y saquen
adelante nuestra justicia. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Estévez.


Se levanta la sesión.


Eran las doce y veinticinco minutos del mediodía.