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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 202, de 26/04/2017
cve: DSCD-12-CO-202
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 202
PRESUPUESTOS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO DE LA TORRE DÍAZ
Sesión núm. 6
celebrada el miércoles,
26 de abril de 2017
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. (Número de expediente 121/000006):
- Del señor presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF (Escrivá Belmonte). A petición de los grupos parlamentarios Mixto (número de expediente 212/000698); Ciudadanos (número de expediente 212/000525);
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (número de expediente 212/000686) y Socialista (número de expediente 212/000456) ... (Página2)
- Del señor secretario de Estado para las Administraciones Territoriales (Bermúdez de Castro Mur). A petición de los grupos parlamentarios Mixto (números de expediente 212/000702, 212/000346 y 212/000347); Ciudadanos (número de expediente
212/000560); Socialista (número de expediente 212/000496) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/000426) ... (Página24)
- Del señor presidente del Instituto de Crédito Oficial, ICO (Zalba Bidegain). A petición de los grupos parlamentarios Socialista (número de expediente 212/000507) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/000387) ...
- Del señor presidente de la Agencia EFE (Vera Gil). A petición de los grupos parlamentarios Socialista (número de expediente 212/000458) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/000415) ... (Página48)
- Del señor presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS (Torres Albero). A petición de los grupos parlamentarios Socialista (número de expediente 212/000498) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/000428) ...
- Del señor subsecretario de Hacienda y Función Pública (Martínez Rico). A petición de los grupos parlamentarios Ciudadanos (número de expediente 212/000541) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/000412) ...
- Del señor presidente de la Corporación RTVE (Sánchez Domínguez). A petición de los grupos parlamentarios Ciudadanos (número de expediente 212/000528); Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (número de expediente 212/000647);
Socialista (número de expediente 212/000457) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/000414) ... (Página75)
- Del señor presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB (Ponce Huerta). A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 212/000524) ... (Página85)
Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2017. (Número de expediente 121/000006):
- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL, AIREF (ESCRIVÁ BELMONTE). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO (número de expediente 212/000698); CIUDADANOS (número de expediente 212/000525);
CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA (número de expediente 212/000686) Y SOCIALISTA (número de expediente 212/000456).
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Se abre la sesión.
Retomamos las comparecencias de presupuestos, en este caso con la comparecencia de don José Luís Escrivá, presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. El formato que hemos decidido en la Mesa para la comparecencia es
que primero expondrá el compareciente durante media hora, y después intervendrán, por un tiempo máximo de diez minutos, los representantes de los grupos parlamentarios, y posteriormente intervendrá para responderles el señor Escrivá, sin derecho a
réplica, y lo anuncio para dejar claras las cosas desde el principio. Por otra parte, también les informo de que hemos reservado una hora más para la comparecencia en vista del interés suscitado, con lo cual, como se les informó ayer y como se les
ha comunicado por correo electrónico, se van a ir retrasando las comparecencias de esta mañana una media hora.
Quiero decir, en primer lugar, que afortunadamente empieza a ser algo habitual tener al señor presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal aquí en la Comisión de Presupuestos, porque en estas dos últimas legislaturas ha
sido la autoridad que más veces ha comparecido ante esta Comisión de Presupuestos. En segundo lugar, quiero decir también que es un honor, porque es la primera vez que comparece para dar su opinión en el proceso presupuestario sobre el proyecto de
Presupuestos Generales del Estado, desde que en 2014 -corríjame si me equivoco, señor presidente- se funda la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Dicho esto, tiene la palabra, por un tiempo máximo de media hora, don José Luís
Escrivá, agradeciéndole una vez más que esté a disposición de esta Comisión.
El señor PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL, AIREF (Escrivá Belmonte): Muchas gracias, presidente.
Señorías, a raíz de la petición de comparecencia en esta Comisión la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha ajustado el calendario de nuestros informes para que pudiésemos publicarlos justamente hoy, y lo que les voy a
presentar es el resumen o la esencia de esos informes, unos informes preceptivos que establece nuestra ley sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado y sus artículos correspondientes, y sobre los presupuestos iniciales de las comunidades
autónomas y de las corporaciones locales. Al haber integrado todos estos informes eso nos posibilita hacer una evaluación
-y por ahí voy a empezar- del cumplimiento de las reglas fiscales, y singularmente del objetivo de estabilidad, del conjunto de las administraciones públicas, que es el objetivo vinculante a nivel del marco europeo de disciplina fiscal.
Voy a empezar por esta imagen, y el primer hito es evaluar el cuadro macroeconómico. (Apoya su intervención con un power point). Como saben la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal además tiene que evaluar los cuadros
macroeconómicos que el Gobierno va realizando, tanto para el programa de estabilidad, que conoceremos en unos días y que también vamos a evaluar, como para los procesos presupuestarios. Aquí lo que tienen ustedes es un resumen de nuestra
evaluación, que es más extensa, pero aquí en este resumen les traemos a colación el producto interior bruto del cuadro macroeconómico -que aparece en ese punto negro de la transparencia-, el empleo, y después la proyección del Gobierno sobre el IPC
y sobre la remuneración de asalariados.
Como ven ustedes, hay una barra que indica la banda de referencia que la Airef utiliza para evaluar las proyecciones económicas del Gobierno. Nosotros sinceramente pensamos que esa es la forma de hacerlo. Los economistas no podemos
aportarles a ustedes grandes certezas, y por eso lo máximo que podemos dar son rangos. Aunque hay que poner puntos centrales en las proyecciones, la incertidumbre es considerable. Nosotros hemos calificado las proyecciones del Gobierno como
conservadoras. La proyección de crecimiento está en el límite -en la parte baja de la banda-, la de empleo más o menos está en el centro de nuestra banda, y después también son conservadoras las proyecciones sobre los precios y los salarios, sobre
todo respecto a los precios. Nosotros pensamos que la dinámica de precios es algo más fuerte de la que aparece en los presupuestos, de tal forma que está en el límite inferior de nuestro rango, y en remuneración de asalariados está más tendente al
centro. Eso nos ha llevado a aportar el aval preceptivo. Saben ustedes que a partir del European Fiscal Compact las proyecciones macroeconómicas que hace un Gobierno tienen que llevar el aval de la autoridad independiente antes de ser enviadas a
las autoridades europeas.
El segundo elemento que nos parece importante, y que está también vinculado a la situación macro, es la orientación agregada de la política fiscal. De nuevo nosotros lo calculamos en rango, porque es difícil estimar la posición estructural
de una economía en términos puntuales, y lo mejor que podemos hacer es aportar rangos de incertidumbre sobre dónde puede moverse la evaluación de lo que llamaríamos la orientación de la política fiscal. ¿Qué podemos decir sobre esto? Yo creo que
esto ya lo presenté en la anterior ocasión hasta 2016, y aquí añadimos nuestra estimación sobre 2017. Si miramos los últimos cuatro años vemos que el rango que nosotros estimamos sobre la orientación de la política fiscal -es decir, si es
expansiva, neutral o contractiva desde el punto de vista de su aportación al desenvolvimiento económico- en casi todos los cuatro últimos años está tocando el cero, por tanto es compatible con considerar la política neutral. Si quisiéramos sacarle
un poquito más de punta -esto no lo haría muy seguro, sino con contención- y miráramos dónde están situados los rangos diríamos que en el año 2016 la política fiscal ha sido ligeramente expansiva, y el presupuesto y las proyecciones fiscales y
económicas contenidas en todos los presupuestos del conjunto de administraciones públicas para el año 2017 nos llevarían a una política neutral o quizá ligeramente expansiva, pero con matices. Es decir, también se podría decir que la política está
siendo globalmente neutral en todo este periodo. Así es como creo que hay que entender estos indicadores.
A partir de aquí la primera valoración que queríamos hacer es sobre el saldo del conjunto de administraciones públicas. Esto lo hacemos por agregación de los análisis que realizamos de los cuatro subsectores, y a su vez en cada subsector
con mayor nivel de desagregación. Por ejemplo, en la Seguridad Social miramos el sistema, pero también otros fondos de la Seguridad Social, en el caso de las comunidades evaluamos las diecisiete comunidades, y en el caso de los ayuntamientos
estamos mirando diecisiete ayuntamientos y cuatro diputaciones con más detalle. Más recientemente lo estamos haciendo así. Quien esté interesado podrá mirar los informes que se publican hoy con un nivel de detalle muy grande a nivel de cada
Administración, pero con ese análisis la conclusión general es que el objetivo del 3,1 % es factible, pero ambicioso. ¿Y cómo evaluamos nosotros esto? De nuevo, y como no puede ser de otra forma, esto hay que hacerlo en términos probabilísticos.
Si me permiten voy a dedicar un minuto a este gráfico, porque lo vamos a ver varias veces durante la presentación y no es evidente. En el gráfico de la parte derecha de arriba se presenta la evolución del saldo de las necesidades o
capacidades de financiación, en este caso del déficit de las administraciones públicas con relación al PIB evaluado trimestralmente, siempre arrastrando cuatro trimestres hacia atrás. Si ustedes miran informaciones que presenta, por ejemplo, el
ministerio, esta es una forma no estándar
de verlo, pero nosotros pensamos que es la forma de ver bien la evolución en el tiempo dentro del año. A partir de ahí, y respecto al año 2017, ese punto blanco sería una trimestralización del objetivo del 3,1 -cómo tiene que ir
alcanzándose con un perfil estacional para el conjunto del año 2017-, y el gráfico de abanico -como se conoce en la literatura- nos da la masa de probabilidad basada en todos los instrumentos que utilizamos en la Airef para ver cuál es esa
probabilidad. Verán que estamos dentro de la parte más oscura, que es donde hay una masa de probabilidad más grande, por tanto para nosotros -con nuestra métrica- el objetivo del 3,1 es factible. Dicho esto también decimos que es exigente, porque
si se fijan está en la parte un poquito más alta. Si uno le quiere sacar un poco de punta, se fijaría en que está casi en el límite del rango intercuartil que aparece aquí entre 40 y 60. A partir de aquí nosotros todos los trimestres -e incluso
con algunos instrumentos, todos los meses- vamos a hacer un seguimiento de la ejecución presupuestaria con esta métrica, viendo cómo se mueven dentro de esta banda, tanto ingresos como gastos. Aquí abajo tenemos exactamente la misma métrica, pero
para los recursos y para los empleos del conjunto de administraciones públicas. Al final la banda de déficit es la agregación de las dos con un ajuste de covarianzas. Si se fijan en los recursos -es decir, en los ingresos- también estamos dentro
de la banda. Los ingresos con relación al PIB que sustentan el objetivo del 3,1, según el plan presupuestario que se presentó a finales de año, están dentro del rango intercuartil, pero un poco en el límite. Es decir, yo los calificaría como
objetivos de ingresos factibles, pero ambiciosos.
El gasto, como ven ustedes, tiene mucha menos incertidumbre, porque la verdad es que en España la fuente fundamental de incertidumbre está en los ingresos, asociados a la volatilidad macroeconómica y a la valoración de impactos normativos de
distinta naturaleza. Como ven en el gasto la incertidumbre es pequeña, y esto habla bien de la ejecución de los presupuestos por el lado del gasto de las distintas administraciones públicas, porque esto refleja los errores pasados y la evaluación
que hemos hecho del comportamiento del gasto en el pasado. Repito que la incertidumbre del gasto es pequeña, está dentro de bandas, aunque un poquito en la parte de abajo de la banda de proyección. Si hubieran visto el informe de hace justo un
año, y que hicimos con esta métrica por primera vez, verían que la conclusión era diametralmente opuesta. Les recuerdo que el año pasado el objetivo era del 2,8, el primero que se evaluó por estas fechas, y entonces hubieran visto estos puntos
completamente fuera de la banda, y lo mismo respecto a la parte de recursos, de ingresos. Este año nos hemos encontrado con un conjunto de presupuestos que tienen un grado de verosimilitud mucho mayor de lo que hemos visto en los últimos años, y
esto es lo que sale utilizando exactamente la misma métrica y la misma metodología de años anteriores.
¿Dónde están algunos de los problemas? Como saben, la labor de la Airef es sacar problemas. Dicho esto, y profundizando en lo que hay detrás, vamos a ver algunos problemas. El primer problema está en cómo se distribuye esto entre los
distintos subsectores. Lo que tienen en ese gráfico es exactamente lo mismo que hemos visto antes, pero para cada uno de los cuatro niveles o subsectores de la Administración: la Administración central, la Seguridad Social, las comunidades
autónomas y el agregado de corporaciones locales. La verdad es que cuando uno mira de nuevo esos gráficos y ve la senda de puntitos se da cuenta de que el cumplimiento agregado no se traslada en términos de cumplimientos claros o de las distintas
administraciones. ¿Por qué? Básicamente verán que en el caso de la Administración central el objetivo del 1,1 está muy en el límite de la distribución de probabilidad; el de la Seguridad Social, el 1,4, está prácticamente fuera; las comunidades
autónomas en cambio tienen un objetivo que nosotros pensamos que se va a cumplir. Después de ver todos los presupuestos que se analizan hoy -quien esté interesado puede ver incluso una ficha de cada comunidad autónoma en nuestra web y en nuestros
informes, analizando exactamente el presupuesto de cada comunidad autónoma- vemos que agregadamente están en el centro de la banda de nuestra distribución de probabilidad, y aquí -lo cual es muy importante- respecto a las corporaciones locales, cuyo
objetivo de estabilidad es el cero, nuestra banda de proyección nos lleva a un resultado muy similar al 0,6 o 0,7 de superávit que se ha tenido este año.
¿Qué es lo que ocurre? Que una vez que tienes el objetivo del menos 3,1 %, cuando lo declinas a nivel de cada una de las administraciones, la consistencia con los presupuestos y con los esfuerzos relativos que tiene que hacer cada
subsector, y la capacidad de financiación y sus necesidades de gasto por las competencias, este se desajusta. Nosotros insistimos mucho en la importancia de que esta fijación de objetivos sea realista y creíble. Permítanme recordarles que esta
distribución de objetivos que estamos viendo aquí entre los cuatro subsectores fue aprobada por ustedes recientemente. Yo creo que sería conveniente que esta discusión se hiciera de una forma más sustantiva. ¿Por qué insisto en esto? Porque en
principio esto son reglas para cada uno de los subsectores, y si lo declináramos para cada comunidad
autónoma o para cada ayuntamiento son reglas de obligado cumplimiento que en principio la Ley de Estabilidad establece que si no se cumplen puede haber sanciones, y hay toda una batería de requerimientos y exigencias coercitivas.
Como algunos de estos objetivos no son realistas en su planteamiento original, ¿qué ocurre? Que después la ley se termina no cumpliendo o se aplica de una forma laxa. La autoridad independiente por ley tiene la obligación, cuando vemos un
riesgo de incumplimiento, de pedir medidas correctivas o coercitivas. Cuando partimos de unos objetivos que no son realistas esto complica todo. Si además agregadamente esto se cumple, es innecesario. ¿Dónde está el problema aquí?
Fundamentalmente está en fijar un objetivo de estabilidad para las corporaciones locales cuando sabemos que consistentemente tienen grandes superávits. Para cuadrar todo esto hay que ser muy exigente con los objetivos de otros subsectores. En el
pasado, en los últimos años, lo era más con las comunidades autónomas. Ahora están siendo objetivos muy exigentes, como vemos aquí, para la Administración central y para la Seguridad Social. ¿Qué ocurre? Que el marco que nos hemos dado de
disciplina, precisamente por esta fijación de objetivos que no es realista, plantea problemas que pensamos que serían subsanables, y todo el proceso presupuestario tendría mayor credibilidad, internacional incluso, si a las corporaciones locales se
les fijara un objetivo acorde con lo que sale de su regla de gasto, que es una regla que tienen que cumplir y que están cumpliendo todos los ayuntamientos. Hagamos consistente el objetivo de estabilidad con los objetivos que se deducen de las otras
reglas, que son igualmente vinculantes y con la misma jerarquía según la Ley de Estabilidad. Para nosotros este es el principal problema que hay, con unos objetivos que este año son factibles, exigentes pero factibles, cuando lo declinamos a nivel
de cada Administración.
Vamos ahora a ver la Administración central por el lado del gasto. Vamos a mirar el Estado por el lado de los ingresos con un poco más de detalle; los ingresos y los gastos. Aunque agregadamente las proyecciones de ingresos que aparecen
en los presupuestos de la Administración central son factibles, cuando miramos la composición por instrumentos o por modalidades de ingresos hay algunos desajustes. Es el mismo tipo de gráfico, pero es información de caja, no de contabilidad
nacional -aquí hay problemas que ya les he transmitido en alguna ocasión sobre los ajustes de contabilidad nacional- y después son datos mensuales, con lo cual ya estamos incorporando el arranque del año 2017. Empecemos por el IRPF. Como ven
llevamos estabilizados en torno al 6,5 % del PIB, es decir, el IRPF se está recaudando más o menos en rima con el crecimiento nominal de la economía, que puede estar en este momento en torno al 4,5 % o el 5 %, según los trimestres; básicamente está
creciendo a ese ritmo. La proyección en el presupuesto supone una aceleración de ese ritmo de recaudación con el IRPF que como ven sale fuera de nuestras bandas. Nuestras bandas permiten alguna aceleración, pero no tanta. De hecho nosotros
pensamos que en nuestra parte central, lo que sale de nuestros modelos y de los análisis que compartía el otro día con ustedes con algún detalle, precisamente por el entorno de baja inflación, que es altamente deseable para la economía, en cambio
-esto es conocido en los estudios comparados- la recaudación por el IRPF no va a tener esas ganancias cíclicas que en el pasado tuvo. Así estamos viéndolo con los datos de los primeros meses del año. Por tanto la proyección del IRPF como ven es
algo optimista en el presupuesto.
En cambio la proyección del IVA es muy realista, incluso algo prudente -son los puntitos blancos del punto central de nuestra banda-. Este año nos parece que la proyección del impuesto de sociedades, con todas las dificultades de proyección
que tiene este impuesto, porque aquí hay muchos más comportamientos de los agentes que tributan que se ajustan al entorno normativo, es prudente. Agregadamente, aunque la proyección del IRPF es optimista, cuando miramos al conjunto de todos los
impuestos esto se neutraliza un poco y nos permite concluir que este año por el lado de los recursos deberíamos estar en línea con lo presupuestado o ligeramente por debajo, pero no de una forma tan destacada como hemos tenido en ejercicios
anteriores.
Por el lado del gasto aquí tenemos el mismo gráfico para la Administración central, en el cual vamos viendo la evolución del gasto en relación al PIB. La línea sólida es la parte conocida, después tenemos la banda en cuestión y después los
puntos. Estos puntos blancos son una proyección de la Airef, porque en los presupuestos de este año no vienen los ajustes de contabilidad nacional para enlazar estos datos de contabilidad nacional con contabilidad presupuestaria. Algunos flashes
sobre gastos. La proyección de intereses que está en el presupuesto es conservadora. Este es un patrón habitual. No ocurre con otras partidas, pero normalmente hay proyecciones conservadoras en el coste de intereses de la deuda para el escenario
central de tipos de interés que está en el cuadro macroeconómico, y que nosotros pensamos que es razonable y que está en la expectativa de mercado. Probablemente ahí haya un poco de margen.
Probablemente -eso ya ha ocurrido en los últimos años- el gasto de intereses termine estando un poco por debajo de lo que realmente está en presupuestos.
En cuanto a un tema que se ha destacado del gasto en defensa tengo que decir que estos créditos no tienen un impacto presupuestario. Nosotros ya recomendamos hace dos años mayor transparencia en el tratamiento de los créditos asociados al
gasto en defensa. Esto se ha incorporado este año. Es un tema más contable, por así decirlo, que sustantivo. Por tanto no vemos un impacto significativo.
Inversiones. La verdad es que se están ejecutando bien los presupuestos de inversiones en todas las administraciones que son declinantes, pero me gustaría llamar la atención sobre todo cuando uno mira para los próximos años. Como saben
ustedes la Airef no se pronuncia normativamente sobre lo que ustedes deciden en este Parlamento y en los parlamentos regionales sobre la estructura de ingresos y gastos, pero cuando se hacen proyecciones a medio plazo nos da la sensación de que el
ajuste se ha hecho mucho en el lado de la inversión, y estamos tocando ya límites que probablemente no puedan ir mucho más allá en términos de ratio respecto al PIB en inversión pública. Estamos en los niveles prácticamente más bajos de la Unión
Europea en este momento. Además -esto es importante recordarlo- como España ha invertido muy por encima del resto de los países europeos en inversión durante los últimos veinte o veinticinco años -esto ha sido sistemático en todas las legislaturas,
hasta que llegó la crisis-, tiene un stock de capital muy alto. Recuerden que esta inversión es inversión bruta, no inversión neta. Por tanto aquí está todo lo que es el mantenimiento de las infraestructuras ya existentes. Cuando miramos
estimaciones internacionales, por ejemplo, de depreciación de capital fijo, probablemente estemos ya cerca de los límites en los cuales la inversión bruta se tiene que destinar a esto, y el espacio para nueva inversión es muy limitado. Dicho esto,
España tiene un stock de capital muy alto, pero sí nos parece complicado desde el punto de vista de la factibilidad de seguir reduciendo la ratio de inversión. De hecho, ya se está estabilizando este año, pero a efecto de proyección hacia delante.
Finalmente, nos parece que las partidas más importantes -por ejemplo, de remuneración de asalariados, clases pasivas, etcétera- son consistentes. Es decir, las proyecciones de gastos que hay en el presupuesto son consistentes con las estimaciones
internas de la Airef, por eso verán que la proyección de gasto está dentro de nuestra banda, aunque, precisamente por lo que he dicho sobre la inversión, va a resultar muy ajustado. Es decir, el presupuesto de gastos es un presupuesto muy ajustado.
En el caso de la Seguridad Social, el objetivo del menos 1,4 ya está mucho más cerca de la realidad, pero por el problema que decía de los ayuntamientos sigue siendo un objetivo que pensamos que tampoco se va a cumplir este año. No se va a
cumplir. La Seguridad Social se enfrenta a un problema imposible y es que tienen que hacer un presupuesto por ley consistente con el objetivo del menos 1,4, los gastos, como ven aquí, son muy determinísticos y hay muy poco margen y tienen que
plantearse para cuadrar un objetivo de ingresos que es muy difícil de cumplir. Uno tiene la obligación de hacer un presupuesto de ingresos para cumplir pero es muy difícil porque eso depende de forma muy determinante de la evolución básicamente de
la masa salarial. Como ven, pensamos -y esto es relevante- que la reducción sistemática que se ha ido produciendo en los ingresos de la Seguridad Social respecto al PIB se va estabilizando -esta es nuestra banda de proyección- pero es muy difícil
que consigamos esta recuperación que aparece en el presupuesto de la Seguridad Social, está fuera de bandas. Aquí el problema está en que el objetivo de la Seguridad Social es excesivamente exigente, el menos 1,4 %.
Pasamos a las comunidades autónomas. Aquí tienen el mapa de cumplimiento. Agregadamente, los recursos del sistema de financiación de las comunidades autónomas van a subir casi un 6 % en el año 2017. Por el lado de los recursos hay que
tener en cuenta que en muchas de ellas, no en todas pero sí en toda la costa claramente, con el impulso turístico y la recuperación del sector inmobiliario, no solamente es que los recursos del sistema de financiación estén yendo bien -crecen un 6 %
en el año 2017-, es que además sus propios ingresos también están yendo muy bien. Con nuestra evaluación de crecimiento del PIB en torno al 4 % -y, por tanto, la ratio de gasto respecto a PIB en el caso de las comunidades puede estar básicamente
estabilizado en el año 2017-, eso quiere decir que agregadamente nuestra proyección está en línea con el objetivo para las comunidades autónomas del menos 0,6 %. Dicho esto, hay diferencias significativas entre comunidades autónomas. En este mapa
que ven ustedes aquí está en distintas gradaciones de color la probabilidad de cumplimiento. Todavía hay tres comunidades -las que están en color más intenso- en las que, según nuestra valoración, es de cumplimiento muy improbable. Para
entendernos, no van a cumplir. Todavía hay algunas cuyo cumplimiento es improbable -la trama más intensa que hay a continuación y así sucesivamente-. Lo que está ocurriendo para que agregadamente esto sea consistente con el cumplimiento del
objetivo de todas las administraciones es
que algunas de las comunidades más grandes que pesan más en el objetivo agregado y que tenían mayores problemas de desviación están acercándose al cumplimiento del objetivo. Singularmente, comunidades que en el pasado se desviaban bastante
e impactaban mucho en el agregado, como Cataluña, donde vemos que, según nuestra valoración, el objetivo es factible de cumplimiento en el año 2017, o Valencia, que ya no es muy improbable, solo improbable, hacen que el agregado se pueda cumplir.
Después hay muchísimos detalles para cada comunidad autónoma, hay heterogeneidad de comportamientos y, para quien tenga curiosidad, nosotros interaccionamos con cada una de las comunidades autónomas, mandamos recomendaciones a cada una de ellas y
tenemos una relación con ellas que trasciende a lo que aquí se pueda discutir. Quien esté interesado, lo tiene en nuestros informes.
Con los ayuntamientos estamos mirando los diecisiete que aparecen en esta tabla más las tres diputaciones, el Cabildo de Tenerife y el Consejo Insular de Mallorca. Esta es la fotografía de cómo han terminado el año 2016 respecto al objetivo
de estabilidad y aquí estamos mirando también la regla de gasto. Como saben, en el caso de los ayuntamientos, la regla verdaderamente vinculante, la que condiciona la evolución presupuestaria, tiende a ser la regla de gasto. Estos cruces indican
nuestra valoración de si los presupuestos de cada ayuntamiento están orientados o no a cumplir las distintas reglas. Agregadamente, sobre todo cuando miramos los ayuntamientos más pequeños que son los que están teniendo un gasto por debajo del que
viene marcado por la regla de gasto, terminan teniendo superávits y pensamos que para el año 2017 estamos en línea con lo que ocurrió en el año 2016.
La deuda pública del año 2017. Nos parece que objetivos anuales de deuda pública no son muy relevantes, pero hay un objetivo y pensamos que se puede cumplir. Lo importante es mirar, como siempre que miramos la deuda pública, el anclaje a
largo plazo. Recordemos que el objetivo es el 60 % a largo plazo. Esta es la proyección que nosotros hacemos si llegara la estabilidad presupuestaria en los horizontes que están previstos en los compromisos que tiene España con Europa, pero llamo
la atención de que si siguiéramos con un déficit primario como el que tenemos en este momento y si no avanzáramos hacia la estabilidad presupuestaria la deuda se nos iría yendo porque el PIB no va a crecer a tasas tan altas como está creciendo en
este momento indefinidamente. España no tiene un crecimiento potencial del 3 %, esto no hay forma de sustentarlo. Puede tener crecimientos potenciales mayores de los que dicen muchos organismos internacionales, pero desde luego no el 3 %. Esto
hace que la deuda se nos pueda ir un poco. Después también tenemos un escenario de tipos de interés que podría ser peligroso a medio plazo con ese nivel de deuda, que es el que tenemos aquí. Por tanto, cada vez que hablamos de deuda creo que es
importante, aunque haya un objetivo anual del 99 %, hacer dos reflexiones. Una, lo importante que es mirar las trayectorias de sostenibilidad a largo plazo, y dos -y esto es algo que tiene que ver con ustedes, señorías-, tenemos el objetivo de
alcanzar en la Ley de estabilidad el 60 % en el año 2020 que, como comprenderán, no se va a cumplir y no es bueno tener leyes vigentes con objetivos imposibles. Es una recomendación que llevamos haciendo un tiempo. Mantener cosas que no sirven
para la disciplina no es una buena práctica ni ayuda a la credibilidad general del marco de reglas fiscales.
Como saben, la labor de la Airef es hacer recomendaciones a las distintas administraciones públicas para que mejoren el proceso presupuestario para que el marco fiscal que tengamos sea cada vez más creíble, más sólido y redunde, por lo
tanto, en la confianza que los inversores internacionales tienen en la economía española. Por eso, aquí vamos a seguir insistiendo en los distintos frentes en los cuales el marco presupuestario puede mejorarse. En los informes que publicamos hoy
hay muchas recomendaciones, cada recomendación después la dirijo por carta a cada uno de los responsables de cada Administración con un nivel mayor de detalle -hay un carteo bilateral- que en sustancia refleja lo que aparece en nuestros informes.
La primera recomendación -como no puede ser de otra forma, la distribución vertical de objetivos tiene que aprobarse por el Parlamento nacional- es la distribución de objetivos. Los objetivos tienen que ser realistas y tienen que estar bien
fundados a nivel de cada uno de los cuatro subsectores. Tienen que tener en cuenta las necesidades efectivas de gasto. Si la Seguridad Social tiene que pagar las pensiones que tiene que pagar y tiene los ingresos que tiene, con la capacidad que
tiene de hacer cosas en un horizonte dado, fijemos el objetivo basándonos en eso y en la regla de gasto, que también está presente en nuestro modelo de disciplina. Por todo ello, volvemos a recomendar que se eviten inconsistencias en la fijación de
objetivos de los distintos subsectores con el agregado que se acuerde con las autoridades europeas. Este año es un caso bastante paradigmático en ese sentido porque además el objetivo agregado es alcanzable, es un objetivo que, a diferencia de
otros años, este año es factible, dado el fuerte crecimiento de la economía y la recuperación de las variables nominales. A la Administración central le estamos diciendo que tiene que mejorar la información para que permita a
la Airef, pero también a todos los que quieran evaluar los presupuestos, hacerlo de una forma adecuada. Es crucial que los Presupuestos Generales del Estado incorporen información sobre los ajustes de contabilidad nacional, que no viene
recogida este año. Es importante incluir información sobre aquellas entidades que no son parte de la Administración central pero que entran en lo que entendemos en términos de contabilidad nacional. Por ejemplo, el Fondo de garantía de depósitos.
Este fondo consolida dentro de lo que es el perímetro y no tenemos información de este fondo. Hay que pedir y exigir que cuando se analiza esta información también esté la del Fondo de garantía de depósitos. Tenemos que seguir insistiendo en que
todo esto sería mucho más sencillo si los presupuestos se realizaran en términos de contabilidad nacional.
Medidas preventivas. Como vemos, el presupuesto del Estado es exigente, va muy justo tanto en ingresos como en gastos y, por lo tanto, hay que hacer un seguimiento muy continuado -sobre todo con lo que ha pasado otros años-, hay que evaluar
de una forma muy estrecha la recaudación mes a mes con técnicas adecuadas y nosotros lo vamos a hacer. Es decir, la Airef va a hacer este año una evaluación mensual de la evolución tributaria para ver si va en línea con nuestros instrumentos y
nuestros modelos y vamos a ir ajustándolo mensualmente a un objetivo de final de año. Esta es una reflexión que tiene que ver con un cambio en la Ley de estabilidad. Esta ley tiene una exigencia muy grande de rendición de cuentas por parte de las
comunidades autónomas y de los ayuntamientos que creo que está permitiendo una corrección -a veces no tanto como uno desearía- de determinadas desviaciones. Nos parece que la Ley de estabilidad debería llevar al Estado a un parangón similar, es
decir, que la rendición de cuentas por parte de la Administración central debería estar en la Ley de estabilidad equiparada con la que tienen otras administraciones; dicho de otra forma, habría que dar ejemplo en rendición de cuentas por parte de
la Administración central. Eso es algo que llevamos planteando hace tiempo y en lo que volvemos a insistir en este momento.
Con respecto a la Seguridad Social, estamos a lo que diga el Pacto de Toledo, estamos esperando. Desde que la Airef existe nuestra primera recomendación fue -y creo que todavía no estaba en el foco- la de buscar un equilibrio financiero de
la Seguridad Social dentro del marco del Pacto de Toledo y hacerlo con urgencia.
Comunidades autónomas y corporaciones locales. La casuística es muy grande, por lo que me voy a centrar en aquellas comunidades que tienen más problemas. Cantabria, Extremadura y Murcia pensamos que no van a cumplir, que es muy improbable
que cumplan el objetivo. Nos parece que lo más razonable -a pesar de que podríamos tirar de la Ley de estabilidad y sacar medidas correctivas- sería hacer sendas realistas plurianuales para que estas comunidades, de una forma factible, puedan
volver al objetivo que se ha planteado. Nos parece que deberíamos olvidarnos de estos objetivos iguales para todas las comunidades autónomas todos los años, que se acuerdan en el Consejo de Política Fiscal y Financiera por parte de todas las
comunidades autónomas y del Estado y que no son factibles. Concretamente para estas tres, en la fijación de objetivos sería conveniente fijar sendas realistas con esfuerzos aceptables. Valencia y Cantabria tienen una situación más particular.
Aragón todavía no tiene presupuesto inicial, está en una etapa más temprana y le estamos diciendo que, de acuerdo con la información que hemos visto, tiene hacer algunas cosas más.
En cuanto a la regla de gasto y la deuda, seguimos insistiendo en que los presupuestos tienen que tener más información para que nosotros y ustedes podamos evaluar el cumplimiento no solamente de la regla de estabilidad sino de la deuda
vista con horizonte suficiente y de la regla de gasto. También -aunque no lo tenemos aquí- solemos insistir en lo que no está en el presupuesto, en los pasivos contingentes, en las posibles nuevas deudas que puedan surgir en el futuro la tendencia
internacional. Las recomendaciones de los organismos internacionales son claras y hay países que se están moviendo: ya no tenemos que quedarnos solo en mirar el presupuesto anual, tenemos que hacer una evaluación de los riesgos fiscales a medio
plazo, ver de dónde nos pueden venir los sustos y las ventajas -aunque normalmente son sustos- y tenerlos bien aquilatados. Esto es algo donde hay mucho margen de mejora.
Muchas gracias, señor presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Escrivá.
Hace dos semanas, cuando compareció, les pedí a sus señorías que no hablasen de presupuestos. Hoy, afortunadamente, ya es el momento para hacerlo. Me ha pedido el Grupo Socialista -que es por donde tradicionalmente empezamos- que
intervenga en primer lugar el señor Lasarte, por un tiempo máximo de cinco minutos, y en segundo lugar la señora Perea, que tendrá otros cinco.
El señor LASARTE IRIBARREN: Gracias, señor presidente. La distribución del tiempo la haremos nosotros, gracias. Tenemos diez minutos pero yo igual acabo en tres minutos. (Risas). Le agradezco esa distribución ecuánime que nos hace.
Quiero dar la bienvenida al presidente de la Airef una vez más a esta Comisión de Presupuestos. En el Grupo Socialista estamos muy contentos con su presencia porque por primera vez viene a esta Comisión de trámite presupuestario, a pesar de
las dificultades que le puso en su día el Gobierno del Partido Popular. Además, este formato nos parece el adecuado, o sea, que tenga un tiempo de opinión para hacer sus recomendaciones, igual que lo tiene la otra autoridad independiente en España,
el Banco de España. Insisto en que nos parece bien este formato e incluso le pediría a la Presidencia que para el próximo ejercicio intente que comparezca al comienzo de las comparecencias para que nos ilustre -igual que hace el gobernador del
Banco de España- con su opinión sobre el presupuesto, porque es genérica. Creo que el hecho de que esté usted aquí en representación de la Airef ya es una buena noticia para este Parlamento, es un triunfo del parlamentarismo frente a la obcecación
del Gobierno.
Voy a hacerle algunas preguntas muy concretas. Usted ha hecho una intervención magnífica y muy detallada según la cual considera que el objetivo de déficit del 3,1 para 2017 es factible pero ambicioso y exigente. Me parece que compartimos
la reflexión porque hasta ahora todos los intervinientes y comparecientes nos han transmitido esa idea. También entiende que los ingresos, que es donde tenemos más dificultades de cumplimiento, son factibles pero ambiciosos y reconoce que la fuente
de incertidumbre está en los ingresos, cosa que compartimos en el Grupo Socialista. Y cuando habla de los objetivos menos realistas dice que hay diferencias entre los diferentes subsectores de las administraciones públicas, donde parece que no es
igual de factible el cumplimiento global del objetivo de déficit ya que existen unos objetivos muy exigentes a nivel del Estado -la Administración central- y la Seguridad Social, que es responsabilidad del Gobierno del PP, que nos tiene mal
acostumbrados a incumplir los objetivos de déficit año tras año y luego tiene que renegociar con Bruselas.
Usted mencionó en su intervención en la última comparecencia que entendía que existía una práctica de sobrevaloración o sobreestimación de ingresos de alguna manera y además que había una tendencia a un optimismo casi estructural por parte
del Gobierno del PP a la hora de elaborar los ingresos del Estado y la Seguridad Social. El Banco de España ayer, en la comparecencia del gobernador, nos alertó de lo mismo. Entiendo que tanto el gobernador, como usted y el Gobierno, al hacer una
estimación de ingresos en una situación de entorno económico favorable, esperan que sean muchos. Pero el gobernador también nos advirtió de que hay un riesgo de que no se cumplan los ingresos y sugirió un seguimiento muy exhaustivo de los mismos
para evitar lo que ocurrió en el año 2016, año en que hubo una advertencia de Bruselas porque había un riesgo de incumplimiento de déficit y, como todos sabemos, en lugar del 2,8 hemos acabado con el 4,5. Para evitar el riesgo de que se incumpla el
déficit, el Banco de España sugirió un seguimiento muy exhaustivo y que, en caso de que hubiera desviaciones, habría que hacer correcciones por el lado de los gastos o de los ingresos. Usted nos dijo que había cambiado el grado de comportamiento y
la sensibilidad de los ingresos en etapas de fuerte crecimiento económico como la actual y hoy lo ha vuelto a recordar. La figura tributaria que tiene más riesgos de incumplimiento sería el IRPF e incluso ha mencionado que una previsión de menor
inflación de la que hay actualmente pondría también en riesgo el cumplimiento en ese impuesto. Le pregunto: ¿sigue pensando que hay un riesgo de sobreestimación de los ingresos de las cuentas del año 2017, tanto del Estado como de la Seguridad
Social? En caso de que exista un riesgo de desviación del déficit, conocemos las políticas de no disponibilidad de gastos que hace el PP. ¿Considera que puede haber actuaciones para incrementar los ingresos? Para evitar ese riesgo de
incumplimiento de déficit en el caso de que no se cumplan los ingresos, ¿cuáles recomendaría? Estamos acostumbrados a las políticas de recorte de gasto o de no disponibilidad de gasto del PP, pero nos gustaría que usted nos pudiera dar alguna idea
diferente desde el punto de vista de los ingresos.
Hay un aspecto que también me gustaría comentar referente a la transparencia de las cuentas públicas. Todos sabemos que hay diferentes elementos que influyen en el rating, en la prima de riesgo de un país: el prestigio, la estabilidad
política, las cuentas públicas, la credibilidad del país, los niveles de corrupción existentes o el nivel de transparencia. Usted mencionó en su última comparecencia que el nivel de transparencia era un elemento muy importante y que también tenía
costes en términos económicos. ¿Cómo calificaría el nivel de transparencia de las cuentas públicas de este país? Creo que en su última comparecencia manifestó algo al respecto y dijo que no era el más adecuado. Me gustaría conocer su opinión
sobre el nivel de transparencia del Gobierno del PP en las cuentas públicas y en su actividad pública. Una cuestión más prosaica: ¿cuál es su opinión sobre el incremento de 20.000 euros que el
Gobierno del PP se ha dignado concederle en el presupuesto del año 2017? ¿Considera que con un incremento del presupuesto de 20.000 euros la Airef tiene suficiente para cumplir todas las exigencias y compromisos que tiene que llevar a cabo?
Haré dos preguntas más muy breves y le dejo paso a mi compañera Mercè. No sé cuánto tiempo llevo, presidente.
El señor PRESIDENTE: Lleva ya siete minutos.
El señor LASARTE IRIBARREN: Entonces, acabo enseguida. (Risas). Esto es lo que tiene empezar.
Productividad. Nos parece fundamental trabajar por un cambio de modelo productivo. ¿Le parece que el proyecto de presupuestos colabora a incrementar la productividad del sistema económico de este país? ¿Ayuda a cambiar el modelo
productivo hacia uno que no base su capacidad de competir en la devaluación salarial, sino que sea un modelo de generación de valor basado en la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación y conduzca hacia una economía del conocimiento
que genere empleos de calidad y dignos?
Finalizo ahora para que tenga tiempo mi compañera. Gracias, presidente.
La señora PEREA I CONILLAS: Casi no le doy la bienvenida, sino que empiezo a correr. (Risas).
Las recomendaciones a la Seguridad Social son claras y usted nos remite al Pacto de Toledo. Los Presupuestos Generales del Estado del año 2017 hacen una previsión de 110.000 millones de euros. En los de 2016 fue de 117.000, pero la
liquidación de 2016 fue de 103.000. De esto saco dos conclusiones. En primer lugar, está claro que las previsiones de 2016 estaban sobreestimadas, lo que genera una falta de confianza en los organismos europeos, básicamente en Bruselas, porque
hacer una mala previsión genera desconfianza. La segunda conclusión que preocupa más al Grupo Parlamentario Socialista es que con esta bajada de la previsión entre 2017 y 2016 parece que el Gobierno se contenta con el mercado laboral paupérrimo que
no está aportando suficiente a las arcas de la Seguridad Social. Quiero dejar constancia que en 2011, después de tres duros años de crisis, los ingresos por cotizaciones eran de 105.000 millones de euros y los gastos eran de 101.000, es decir,
estaban equilibrados. Hoy las previsiones de ingresos que hace el Gobierno aún están por debajo de las de 2011. La pregunta es qué reformas deberían emprenderse para recuperar como mínimo el equilibrio entre cotizaciones sociales y prestaciones
contributivas, siendo conscientes de que el déficit que se ha generado de 20.000 millones de euros -a criterio del Partido Socialista, por dejadez del Gobierno y porque ya le iba bien el colchón de los 68.000 millones de euros- no se resuelve de hoy
para mañana. ¿Qué medidas deberíamos haber adoptado o cuáles se pueden ir adoptando a medio o a largo plazo incluso?
Respecto a las rentas salariales, a pesar de ser conscientes de no son suficientes para sanear el déficit de 20.000 millones de euros, ¿estaríamos de acuerdo en que el mercado laboral es la pieza clave si queremos recuperar la estabilidad
económicofinanciera del sistema? Eso por no hablar de justicia social. Usted ha dicho que una parte importante del equilibrio dependía evidentemente de la masa salarial. Visto el funcionamiento de la reforma laboral de 2012, cuando se comprueba
un trasvase de rentas salariales al excedente empresarial de casi un 5,9 %, si tenemos en cuenta las subvenciones al empresariado, ¿no procede, según su criterio, una reforma del mercado laboral que garantice y que permita recuperar ese trasvase de
rentas del excedente empresarial al salarial o sencillamente apostar por ese mercado laboral? ¿Qué reformas considera que debería emprender el Gobierno? Ya sé que seguramente esto trasciende su cometido, pero me gustaría conocer su criterio
técnico.
En cuanto al préstamo de 10.092 millones de euros, aunque entendemos que es un instrumento al que contablemente no puede objetarse -¡solo faltaría!-, ¿qué ocurre cuando hablamos en términos de justicia social? Me gustaría saber su criterio
si puede dárnoslo. ¿Cómo va a afectar este préstamo a los ciudadanos? ¿Puede afectar a las pensiones que se deberían cobrar en el futuro? Me explico. ¿Están contando con que este préstamo se irá amortizando gracias a la reforma que hubo del
Partido Popular en pensiones en 2013 a expensas del poder adquisitivo de los actuales y futuros pensionistas? ¿El coste del préstamo supondrá un nuevo gasto para el sistema? Esto lo pregunto a título informativo. ¿Conoce usted las condiciones del
futuro préstamo? ¿Podríamos pensar en otras alternativas como, por ejemplo, una transferencia del Estado? Siendo conscientes de que no es un objetivo alcanzable de hoy para mañana, podría ser factible que se pudiera plantear incluso en el seno del
Pacto de Toledo cómo hacer frente a este déficit a medio y largo plazo acompasándolo con el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas actuales y futuros. ¿Habría medidas alternativas factibles? Hoy usted nos ha dicho que el Pacto de
Toledo
ha de recomendar opciones para el saneamiento del déficit. ¿Podría hoy el Gobierno adoptar medidas, por ejemplo, imputar los capítulos 1 o 2 a cuenta de transferencias del Estado, aunque sea progresivamente, o incluso las políticas activas
de empleo como acordó el decreto de diciembre de 2016 con una planificación progresiva? ¿Sería factible?
El Fondo de reserva de 68.000 millones de euros que dejó el Partido Socialista junto con el equilibrio en ingresos y gastos en términos contributivos era un activo y generaba credibilidad en el mercado. El hecho de haber dispuesto del fondo
ha generado que en este momento la credibilidad no sea tan solvente como lo era en 2012, malgrat -que diríem els catalans- la situación económica. En este momento vamos a pedir un préstamo de 10.092 millones de euros. Se va a levantar el veto del
3 % del Fondo de reserva; así lo contemplan los Presupuestos Generales del Estado si se aprueban. ¿Esto puede ser de forma indefinida? Ya sé lo que me va a contestar, pero ¿podemos tirar de préstamo indefinidamente si no se adoptan medidas?
Pongo una pregunta encima de la mesa. Si ahora hubiera elecciones -lo que es facultad del presidente del Gobierno- y el Pacto de Toledo no tuviera tiempo para resolver este equilibrio económicofinanciero, ¿el Gobierno tiene que hacer algo? ¿Tiene
medidas que adoptar para ir saneando este déficit que hay en la Seguridad Social?
El señor PRESIDENTE: Señora Perea, vaya concluyendo, por favor.
La señora PEREA I CONILLAS: Ya acabo, la última.
Las previsiones de los organismos internacionales dicen que la inflación rondará el 1,5 o el 2 %. Está claro que la pérdida del poder adquisitivo a diez años puede ser de un 10 % con la actual reforma en pensiones, sobre la base del IRPF y
también del factor de sostenibilidad que supondrá, más el copago farmacéutico. ¿Podría decirme de qué porcentaje estaríamos hablando de aquí a diez o quince años en caso de que se mantuviera en términos del 1,5 % o el 2 % del IPC?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lasarte y señora Perea.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Escrivá, por su comparecencia. Como siempre digo, pese a las diferencias que podamos tener en el planteamiento con la Airef por su dogmamatización del cumplimiento de los objetivos de déficit marcados por Bruselas,
siempre agradecemos mucho la comparecencia del señor Escrivá, especialmente en estas sesiones de comparecencias sobre presupuestos, en las que hasta ahora solo hemos escuchado el tono monótono y monocorde del Gobierno debido al veto por parte del
resto de partidos de las comparecencias de miembros de la sociedad civil y de otros representantes de las instituciones que hemos solicitado nosotros. En este caso la Airef no forma parte del Gobierno, por lo que agradecemos que se haya aceptado su
comparecencia. Ahora bien, no entendemos el criterio que se nos explicó el otro día de que esto no sea aplicable al resto de comparecencias solicitadas.
Me ha parecido especialmente interesante el análisis del problema fiscal de los últimos años como déficit de los ingresos. También el planteamiento de la posible desviación de los efectos recaudatorios, la desviación sobre la previsión en
los efectos recaudatorios de los cambios normativos que plantea el Gobierno -esto siempre lo recuerda la Airef-. En materia de gastos, estos presupuestos suponen un recorte de 5.000 millones de euros respecto a los presupuestos del año 2016 y
normalizan los recortes llevados a cabo durante estos últimos diez años en el Estado del bienestar; es decir, algo que en su momento se nos vendió o se nos comunicó como una excepcionalidad, ahora parece que se ha normalizado y consolidan una
pérdida de derechos que en su momento se presentó como transitoria. El señor Escrivá acaba de comentar que el Estado del bienestar y las inversiones están ya tocando hueso y que lo lógico sería plantear la corrección del déficit público por el lado
de los ingresos, cosa que nosotros compartimos pese a plantear una flexibilidad en la corrección del déficit público. Los miembros del PP y del Gobierno que han venido aquí durante estos días han presumido, prácticamente se han vanagloriado de
tener menos ingresos y menos gastos, es decir, tener menos Estado y menos Estado del bienestar. Esta es una opción política e ideológica que quizás dentro del Partido Popular podemos entender, porque dada la cantidad de casos de corrupción que
tienen entre los miembros de su Gobierno que se han dedicado a capturar rentas por parte del Estado para beneficio propio, entendemos que no se fíen de lo
público. En todo caso, me gustaría conocer la valoración por parte del señor Escrivá sobre cómo puede afectar la reducción del gasto público que se plantea en estos presupuestos en las perspectivas macroeconómicas que tiene el Gobierno,
teniendo en cuenta el multiplicador que existe en los gastos del Estado sobre el crecimiento y a su vez sobre la recaudación.
De nuevo en relación con los ingresos, como nos comentó en la anterior comparecencia, no se ha producido una recuperación de los ingresos a pesar del crecimiento producido en estos dos años. Vimos que tampoco las previsiones de Seguridad
Social y Hacienda se cumplieron durante los últimos años y que no se incluyó ninguna medida fiscal adicional por el Gobierno aparte de los anticipos a cuenta del impuesto sobre sociedades que se aprobaron en diciembre del año pasado que, como
sabemos, suponen migas para hoy y hambre para mañana. Sin embargo, vemos que en el informe de las previsiones macroeconómicas que viene a presentar hoy aquí no se manifiestan especiales salvedades, aunque sí se establece que está en la franja
límite de las previsiones de ingresos en relación con las que hacen ustedes, pero no se manifiestan salvedades en cuanto a la previsión de ingresos. Nos gustaría conocer cuál es el motivo de confianza por parte de la Airef en el actual ejercicio
teniendo en cuenta las chapuzas recaudatorias pasadas del señor Montoro.
Por otro lado, el informe del proyecto de 2017 señala que la materialización del crecimiento poco incluyente aumenta la desigualdad no solo entre países sino también dentro de los mismos países, y eso se considera un riesgo tanto para los
países desarrollados como para los emergentes. Como ya hemos venido comentando en esta Comisión, en este proyecto de presupuestos no se incluye ninguna medida significativa en partidas sociales que sirvan para revertir todos los recortes producidos
en los últimos años y tampoco se incluye alguna política fiscal que precisamente corrija esta distribución regresiva de la renta y del patrimonio que se ha producido en los últimos años. Nos gustaría conocer la valoración de la Airef respecto al
impacto que puede tener esta poca inclusividad, lo que se materializa en que se dispare la desigualdad y en que ayer en el informe que publicó el INE conociéramos que el 22 % de la población está en riesgo de pobreza. Queríamos saber cómo cree que
puede influir eso en el crecimiento económico y en la estabilidad económica en el medio plazo, porque hay que tener en cuenta que probablemente esa desigualdad se incremente por estos presupuestos, no solamente por los recortes de 5.000 millones,
sino también por el descenso en el poder adquisitivo de los pensionistas que se va a producir por esa congelación de las pensiones con respecto al incremento del IPC pues, como señalaba el señor Escrivá, ese 1,5 % que prevé el Gobierno está en la
franja inferior de las posibilidades que se plantean y, por tanto, lo más probable es que la pérdida de poder adquisitivo no sea del 1,25 % sino que incluso llegue al 2 %.
Respecto a la Seguridad Social, las cotizaciones siguen sin ser suficientes para satisfacer las prestaciones y se ha tenido que establecer un crédito por parte del Estado de 10.000 millones de euros. Nosotros somos conscientes de que el
modelo de empleo que impulsa el Gobierno ha venido para quedarse, al menos hasta que haya un cambio de Gobierno en este país, y que las medidas laborales del Gobierno fomentan que haya un modelo de bajas cotizaciones, lo que se suma al retroceso que
se ha producido en los últimos años en I+D+i y en inversión en infraestructuras, lo que consolida un modelo económico basado en los bajos salarios y el bajo valor añadido. Quería saber si la Airef ha hecho un cálculo de cómo se puede incrementar,
cuánto puede costar esta estabilización de las bajas cotizaciones sobre la base del modelo de bajos salarios que se ha consolidado en España.
Por último, vemos que en estos presupuestos se incrementa la partida destinada a la Airef. Queríamos preguntarle si considera que esta dotación es suficiente para cumplir con su trabajo y si han mejorado las relaciones con el Ministerio de
Hacienda a la hora de obtener la información que necesitan para desarrollar su función, que es algo que también nos tiene preocupados.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
En nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten.
El señor TEN OLIVER: Muchas gracias, presidente.
Señor Escrivá, de nuevo bienvenido a esta Comisión. La Airef es un organismo que cumple con creces los aspectos esenciales de independencia, autonomía, profesionalidad, eficacia y eficiencia, que además nosotros recogemos en el punto 12 del
acuerdo con el Partido Popular. La Airef es un organismo que se financia cobrando una tasa de supervisión, análisis, asesoramiento y seguimiento de la política fiscal de las administraciones públicas y, evidentemente, tiene esa autonomía
financiera. Yo creo que es fundamental esa independencia económica y funcional del ministerio, que además ha ganado respeto y
autoridad en asuntos presupuestarios. Evidentemente, hay independencia del Ministerio de Hacienda pero, señor Escrivá, ¿hay colaboración con el Ministerio de Hacienda con respecto a los datos que necesitan? Aunque en el día de ayer el
gobernador del Banco de España, el señor Luis María Linde, puso un poco en duda las previsiones del Gobierno sobre el tema de ingresos tributarios y las cotizaciones sociales, en opinión de nuestro equipo económico, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, la verdad es que este presupuesto no tiene nada que ver con los de 2015 y 2016, desde luego son mucho más realistas, más honestos, incluyen planes estratégicos de actuación y reducen y priorizan las inversiones. Señor Escrivá, ¿cree
usted que estos presupuestos son más creíbles que los anteriores? Usted mismo nos ha reconocido que en 2016 se salía de la banda, nos ha enseñado en el gráfico número 2 cómo ese objetivo de déficit desde luego no era creíble. Nos ha hablado además
de que las corporaciones locales se desajustan. Quizás hay una pequeña trampa, es decir, están utilizando ese desajuste, ese superávit de las corporaciones locales para llegar a ese ajuste global. Hemos hablado de esa desviación en los ingresos
del impuesto sobre sociedades, sobre todo en el IRPF, y nos ha hablado de esos ajustes que se han hecho sobre todo en el lado de la inversión, esa indisponibilidad de crédito durante estos años que ha utilizado normalmente el Partido Popular, que lo
que ha provocado son esos bajos niveles de inversión; además, estamos bajo mínimos y en el ranquin de la Unión Europea estamos a la cola. Desde luego, la Airef ve que no es probable esa inflexión de la curva de ingresos en la Seguridad Social
respecto al PIB, es algo que nos lo ha comentado, y desde luego hay que dar unas sendas mucho más realistas a las comunidades autónomas, unas sendas diferenciadas, porque hay que preparar o proyectar objetivos de déficit realizables y reales.
Bienvenidas sean esas recomendaciones, señor Escrivá; la verdad es que le agradecemos todo el trabajo que está haciendo. Me gustaría saber su opinión sobre el crecimiento potencial de nuestra economía, según todos estos estudios.
Ciudadanos ha llegado aquí, a la política, y ha negociado con el Partido Popular unos presupuestos mucho más realistas. Esto implica una reducción del 2,6 % de los ingresos consolidados no financieros. Le pongo el ejemplo de los ingresos
de la Seguridad Social: con mayoría absoluta crecían teóricamente al 7 % y ahora estamos en un 5,7 % menos de lo presupuestado inicialmente en 2016. Señor Escrivá, tenemos un gran problema de competitividad. Según el Foro Económico Mundial,
estamos en el puesto treinta y dos. En los últimos veinte años España tan solo ha crecido 1,5 puntos en competitividad; comparado con la Unión Europea, 13 puntos, o comparado con Estados Unidos, 18 puntos. Me gustaría saber cuál es su valoración
sobre ese bajo crecimiento en la productividad. Después de veinte meses, volvemos a tener proyecto de presupuestos y, desde el punto de vista del gasto, tener presupuestos es mucho más importante de lo que habitualmente se piensa. Efectivamente,
se podría seguir funcionando con un presupuesto prorrogado, pero me gustaría saber su opinión sobre qué pasaría si no tuviéramos Presupuestos Generales del Estado, señor Escrivá. Como los presupuestos además partían de la estimación -y lo hemos
comentado con usted en su comparecencia el 5 de abril- de que estos ingresos eran un poco fantasiosos o no se ajustaban a la realidad, evidentemente ha habido que producir recortes, además desordenados, especialmente en la ejecución de inversiones y
sobre todo en mi Comunidad Valenciana, y me duele decirlo porque tan solo se ejecutó un 44 % de las inversiones, así que estamos bajo mínimos. Deberíamos aprender la lección con estos presupuestos: tienen que ser más realistas, mas solidarios,
estar mejor preparados y basados en un nuevo modelo de crecimiento que luche contra todos esos indicadores que nos dan Fedea, la OCDE e incluso el INE. Ayer mismo salía el dato de que uno de cada cinco españoles continúa en riesgo de pobreza y vive
con menos de 8.209 euros, y para hacer frente a esto necesitamos un complemento salarial garantizado que hemos negociado con el Partido Popular. Hay mucho margen -y nuestro grupo parlamentario lo ha explicado muchas veces- para conseguir más
ingresos públicos y gestionar mejor los gastos, y le pongo unos ejemplos sencillos. El señor secretario de Estado de Hacienda, el señor Fernández de Moya, esta misma semana nos hacía un anuncio de que iba a combatir las resoluciones de los
tribunales económico-administrativos. Hay casi 50.000 millones de euros de deuda pendiente, y esto lo han peleado todos mis compañeros, pero tampoco quiero enseñarle los artículos de prensa. Este diputado que les habla, el día 29 de septiembre del
año pasado, presentaba al Gobierno una pregunta para respuesta escrita, en la que manifestaba que el famoso artículo 95 bis de la Ley General Tributaria se podía mejorar, y preguntaba qué efectividad había tenido. Tuve la contestación hace poco
tiempo, el 24 de febrero, pero me complace que en la actualización del plan presupuestario de 2017 que se llevó a Bruselas se mandara esa medida de ampliar a los administradores en ese listado de los deudores de más de un millón de euros, algo que
se ha presupuestado en el plan presupuestario como una mejora de 150 millones de euros. Hay muchas cosas que se pueden hacer -por supuesto no
quiero hablar de ingresos que hemos perdido con la amnistía fiscal y con los agujeros en los impuestos sobre sociedades-, pero lo cierto es que decir sí a estos presupuestos significa mejorar con 100 millones más la lucha contra el fraude,
como así recoge este proyecto.
En el lado del gasto me gustaría preguntarle cómo está el tema de reducir duplicidades, la revisión del gasto, el famoso spending review de la Airef. Aprobar estos nuevos presupuestos no solo es una cuestión de racionalidad económica, que
también, sino dar a España un mínimo de estabilidad política, y así mejoraron las ratios cuando las entidades supieron que Ciudadanos podría apoyar estos Presupuestos Generales del Estado, porque además dependemos de esa financiación exterior, señor
Escrivá. Tener confianza en esos inversores extranjeros desde luego haría reducir nuestros intereses de la deuda. Estos presupuestos no traen recortes, tampoco subidas de impuestos; de hecho, en la previsión de ingresos de los presupuestos, como
habíamos exigido desde Ciudadanos, desaparece cualquier nuevo impuesto sobre bebidas azucaradas, incluso los impuestos conocidos como medioambientales. Desde Ciudadanos también hemos conseguido que se destinen 4.087 millones de euros a dos grandes
objetivos para recuperar la clase media y trabajadora e invertir en la economía del conocimiento. Termino. La única novedad relevante en estas cuestiones fiscales es el cumplimiento de nuestro punto 89 en el acuerdo de investidura con el Partido
Popular, con el que establecimos esa rebaja del IVA cultural.
En resumen, los nuevos presupuestos traen reformas limitadas, pero en la dirección correcta, y las previsiones de ingresos son mucho más reales. Por encima de todo, las nuevas cuentas traen racionalidad de gasto y estabilidad normativa y
fiscal, que es algo imprescindible en unos presupuestos que llegan con tanto retraso. Queda la parte más difícil: aprobarlos en las Cortes Generales. Esperamos que los grupos de la oposición tomen nota porque ya hemos dicho que no aprobar estos
presupuestos puede traer grandes consecuencias negativas para los ciudadanos. Desde luego, Ciudadanos ha venido aquí a negociar, a trabajar, pero sobre todo a ser útiles.
Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ten.
Por el Grupo de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Escrivá, por su comparecencia y por sus informes. Creo que es usted uno de los pocos comparecientes que está en camino de conseguir una sincera unanimidad de agradecimiento por sus informes. Veremos posteriores
intervenciones, pero creo que no me equivoco en el vaticinio.
Nos arroja mucha luz y al mismo tiempo nos imponen deberes severos tanto a la oposición como al Gobierno y a los partidos que le dan apoyo. La lectura de sus informes me ha llevado a una serie de afirmaciones que agradecería que me
valorara. La sostenibilidad de las finanzas públicas es una de las anclas de la política económica; por eso, hace falta una revisión continua de los objetivos. Los incumplimientos reiterados tienen un impacto sobre la credibilidad de los países.
Por eso, al leer sus informes se nos plantean cuatro líneas de actuación principales: uno, necesidad de un plan presupuestario creíble a medio término; dos, objetivos y previsiones más realistas; tres, mayor transparencia; cuatro, refuerzo del
marco institucional fiscal. En cuanto al primer punto, si no se toman medidas, las estimaciones de la Airef consideran que en 2019 todavía persistirá un desequilibrio estructural de alrededor de 2,5 puntos del PIB y, en caso de que no se reduzca
este déficit estructural, el cumplimiento del nivel de deuda del 60 % marcado por Bruselas debería posponerse sine die. En cuanto a objetivos y previsiones, es muy importante definir un escenario más realista, identificando claramente el punto de
partida, garantizar la coherencia entre objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto, evitar la fijación de objetivos no asumibles, como ha dicho usted, que desincentiven un comportamiento fiscal responsable; entendemos que es muy
importante fijar objetivos de estabilidad diferenciados por comunidades autónomas, de forma que tengan en cuenta su situación particular, de cada comunidad, en términos de factibilidad y de equidad, al mismo tiempo que se garantice su coherencia con
el cumplimiento de la regla de gasto, naturalmente. En cuanto a la mayor transparencia, se entiende y casi se explica sola que facilita el seguimiento de las reglas fiscales y la identificación de riesgos y posibles desviaciones.
Respecto al refuerzo del marco institucional fiscal, hay una falta de aplicación de la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que plantea un marco de actuación dirigido principalmente a las administraciones
territoriales que, además, no se aplica con rigor. Entre las deficiencias detectadas hay una falta de coherencia en la fijación de objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto, no hay presentación de planes económicos y financieros en
los casos de incumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria, hay una regulación de la advertencia del riesgo de incumplimiento exclusivamente para las administraciones territoriales, hay una falta de efectividad en la alerta temprana y no hay aplicación de medidas
coercitivas. El objetivo debería ser aplicar una reforma que estuviese en línea con las tendencias internacionales y con la normativa europea, que pide una simplificación y una adecuada jerarquización de las reglas fiscales. El déficit público del
conjunto de las administraciones públicas españolas se cerró el año 2016 en un 4,54 %, incluyendo las ayudas a entidades financieras. Esta cifra se sitúa cerca del objetivo de la consolidación fiscal, después de pactar con Bruselas un nuevo
objetivo del 4,6 %, y muy lejos de los objetivos previstos en ejercicios anteriores. El Estado español sigue centrifugando las políticas de estabilidad y traslada a las comunidades autónomas -y hoy hemos descubierto que también a las corporaciones
locales- los objetivos de déficit más contundentes, cuando son las administraciones que realmente sustentan el Estado del bienestar. La autoridad independiente que usted preside ha publicado diversos informes en los que recomienda objetivos
diferenciados de déficit público por comunidades autónomas. El establecimiento de déficits homogéneos supone un riesgo de desviación para las comunidades autónomas más alejadas del objetivo y para el conjunto del subsector, hecho que comporta un
coste de credibilidad. Cada vez son más las comunidades autónomas que coinciden con este posicionamiento técnico y de lógica acaparadora, desde nuestro punto de vista. En este sentido, el Gobierno de Cataluña ha manifestado en diversas ocasiones
que, de acuerdo con la Ley de estabilidad presupuestaria, le corresponden otros objetivos. Aunque haya consenso en relación con la aplicación de unos objetivos de déficit de acuerdo con la Ley de estabilidad, la Administración central aplica unos
criterios políticos que perjudican el objetivo en sí mismo, el de conseguir los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Para terminar quiero añadir dos afirmaciones más. Si me permiten un lenguaje un poco más asequible, como para que lo entienda un veterinario de pueblo (Risas), el pato que han venido pagando las comunidades autónomas, poco a poco se va
cargando sobre las corporaciones locales y, por tanto, vamos acercando a la ciudadanía el pago del pato, en una suerte de principio inverso de subsidiariedad. Por otro lado, tengo la sensación de que estamos cuadrando a martillazos el presupuesto a
base de inventar ingresos. Quizás el paradigma de esto ha sido la diapositiva que ha mostrado de la Seguridad Social. Por último, le haré dos preguntas. La primera si quiere puede no responderla porque entiendo que quizás es pedirle demasiado
incluso a su inteligencia, que es mucha: si puede aportar algo de luz sobre su previsión del cumplimiento de los presupuestos del Estado para el año 2017, teniendo presente el calendario en el que se aplicarán, en caso de ser aprobados
naturalmente. En segundo lugar, en un probable escenario de remodelación de otras entidades supervisoras y reguladoras, usted que forma parte de un organismo independiente -seguramente el único de este país-, ¿cómo entiende que se garantiza la
independencia de las organizaciones reguladoras supervisoras? ¿Mejora a medida que aumenta su dotación presupuestaria? ¿20.000 euros es una buena inyección?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Capdevila.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra por el Partit Demòcrata, el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.
Agradezco de nuevo en nombre del Partit Demòcrata la presencia del presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, señor Escrivá.
Efectivamente, esta vez sí está usted compareciendo para aportar luz y su opinión respecto a los presupuestos de 2017 que vamos a votar dentro de pocos días en esta Cámara. Quiero recordar que estos presupuestos son esencialmente los
presupuestos de la Administración central y del subsector Seguridad Social. Digo esto porque no es baladí después de las reflexiones que se han dejado encima de la mesa esta mañana. El presidente de la Airef ha dicho que el objetivo del 3,1 % es
factible, ambicioso pero factible. Efectivamente, pero como aquí no vamos a votar los presupuestos de las corporaciones locales ni los presupuestos de las comunidades autónomas, sino que vamos a votar el presupuesto de la Administración central y
de la Seguridad Social me voy a centrar esencialmente en la opinión que me ha parecido entender del presidente de la Airef respecto de estos dos subsectores, que son sobre los que vamos a tener responsabilidad con nuestro voto. Después de oír esta
mañana al presidente de la Airef y vista la presentación que nos ha ofrecido, si nos fijamos, casualmente los dos subsectores que presentan riesgo de incumplimiento del objetivo de déficit son precisamente la Administración central y la Seguridad
Social, de los que son responsables el Gobierno del Partido Popular en minoría simple con mayoría
reforzada y que son los que vamos a votar aquí. Por tanto, todos los diputados y diputadas tendremos que ser conscientes de que cuando votemos el presupuesto estamos votando un presupuesto del que la Airef dice que hay un riesgo
significativo de incumplimiento del objetivo de déficit de la Seguridad Social y un riesgo -no vamos a cuantificarlo, está en las transparencias- de incumplimiento del objetivo de la Administración central. Es más, con razón nos instaba a todos los
diputados a que seamos más cuidadosos cuando aprobemos estos objetivos de déficit, porque una cosa es la globalidad y otra es cada uno de los subsectores. Evidentemente, a nadie se le escapa en esta Cámara ni en el conjunto del Estado español que
cuando se aprueban los objetivos de déficit se cuenta que, como se va a restringir la capacidad de gasto a través de una regla de gasto muy restrictiva para las corporaciones locales, estas ya van a generar 5 o 6 décimas de superávit que, de
entrada, las va a aprovechar la Seguridad Social y el sobrante -si lo hay- lo aprovechará la Administración central. Esto es lo que estamos hoy debatiendo y lo que vamos a votar a lo largo de los próximos días.
De hecho, entrando en una mayor concreción, de los dos subsectores sobre los cuales vamos a tener responsabilidad con nuestro voto -la Administración central y la Seguridad Social- podemos llegar a algunas conclusiones, conclusiones que ayer
el gobernador del Banco de España también apuntó y nos dejó encima de la mesa. En cuanto a la Administración central, es evidente que se va a confirmar una situación que se ha ido produciendo a lo largo de los últimos años y en la cual hay una
sobreestimación de los ingresos. Algún portavoz decía que esta vez los presupuestos son más realistas porque no hay tanta sobreestimación. Que no haya tanta sobreestimación no significa que no haya sobreestimación en relación a los ingresos, como
queda también patente en la presentación de hoy. El IRPF supera todas las estimaciones razonables, hay una sobreestimación. No sucede así con lo que presentan en relación al impuesto sobre sociedades y al IVA. Aquí sí puede haber alguna
diferencia significativa respecto a ejercicios anteriores. También nos gustaría profundizar en la idea que nos dejó en su comparecencia anterior en cuanto a la falta de sensibilidad cíclica respecto a la evolución de la economía de los ingresos
públicos y concretamente de los ingresos directos. ¿Ha habido algún cambio o alguna novedad que pueda aportarnos respecto a que esta falta de sensibilidad que se detectaba en el ejercicio anterior no se vaya a continuar produciendo este año, más
allá de los pequeños cambios -que creo que pueden ser significativos- en cuanto a la evolución de la inflación?
Respecto a la Seguridad Social, creo que lo ha descrito con claridad meridiana. Los gastos son los que son, el objetivo de déficit es el que es y, por tanto, la única variable que hay que fijar aquí son los ingresos que, efectivamente,
tampoco se van a cumplir y el gráfico que usted presenta fija claramente la inconsistencia de estas previsiones de ingresos de la Seguridad Social. Por lo tanto, primera conclusión: los ingresos de la Administración central y los ingresos de la
Seguridad Social están sobrevalorados. Esto genera una probabilidad, si me permiten la expresión, elevada de incumplimiento de los objetivos de déficit de los dos subsectores cuyo presupuesto se nos presenta ahora a aprobación. Dado que esto se va
a constatar a medida que va evolucionando el ejercicio presupuestario, habrá que pensar que también se tendrán que tomar medidas correctoras para no permitir esta situación. Las medidas correctoras, como todos sabemos, solo pueden ser dos: o subir
impuestos, incrementar ingresos; o bajar gastos, recortar gastos. Por lo tanto, yo pediría a los que van a votar el presupuesto que nos alumbren en el caso de que se produzca esta circunstancia probable que apunta el presidente de la Airef sobre
cuáles van a ser las medidas que se van a tomar en el hipotético caso de que se tengan que tomar. Hay que recordar -aunque hay diputados que insisten en que este presupuesto no sube los impuestos- que este es un presupuesto que goza de la subida de
impuestos que se aprobó un mes antes de la finalización del ejercicio y que no se ha renunciado a estos ingresos; estos ingresos, por lo tanto, están aquí y en este ámbito sería bueno poder clarificarlo. Respecto de los gastos, tampoco hay más
comentarios que realizar. Ayer se decía que seguramente la estimación del capítulo 3, de los intereses, es un tanto conservadora y que también podía sufrir alguna desviación. Pero yo en eso no voy a entrar.
Sí me voy a centrar en algunas de las recomendaciones. Una primera, no por el orden que ha seguido el presidente de la Airef pero sí como yo lo entiendo...
El señor PRESIDENTE: Puede ir concluyendo, señor Bel, por favor.
El señor BEL ACCENSI: Yo creo que llevo ocho minutos cuarenta y cinco segundos. (Risas). Lo estoy cuantificando, señor presidente. (Un señor diputado: Pues ya son cincuenta segundos). ¡Ya me ha hecho consumir veinte segundos! (Risas).
Bromas aparte, la Administración central, efectivamente, tendría que dar ejemplo. Si quiere ser estricta en la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria con las corporaciones locales y las comunidades autónomas, estaría bien que
fuera estricta con ella misma, y quizás sí se tiene que revisar en este ámbito la Ley de Estabilidad Presupuestaria y quizá en algún otro ámbito adicional, como yo apunto.
Respecto al tema de la Seguridad Social, todos coincidimos y nuestro grupo está comprometido con el resultado de la Comisión del Pacto de Toledo y, por lo tanto, no hay nada que decir. Y en cuanto a la distribución de los objetivos de
déficit, yo puedo decirle que vamos a intentar tenerlo en cuenta. Como yo intuyo que lo que vamos a hacer en esta Cámara es aprobar el presupuesto y a las pocas semanas aprobar los objetivos de déficit y el techo de gasto para el ejercicio 2018,
habrá que recordar estas palabras dentro de pocas semanas.
En todo caso, quiero agradecerle su comparecencia y sus aportaciones, señor presidente de la Airef.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.
Ahora, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Paniagua.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días de nuevo, señor Escrivá, por su comparecencia y sus aportaciones y deseo que lo traslade, como siempre le digo, a toda su agencia.
Yo creo que usted no es dogmático o que la idea no es dogmática, señor González. La Airef hace su función, su función es esa y yo creo que no tiene nada que ver con dogmatismos. También quería recordarles a todos ustedes que la Airef fue
creada por una mayoría absoluta del Partido Popular y que en la Ley de 1 de octubre del 2015 se crearon por parte del Partido Popular, con mayoría absoluta, las autoridades administrativas independientes. O sea, que el Partido Popular está por la
labor de mejorar e incrementar el control a las administraciones públicas.
Esta Comisión es como el Día de la Marmota, la podíamos llamar la comisión de la marmota; a pesar de lo que trasladen los comparecientes, aquí se viene con un mensaje predefinido y da exactamente igual lo que se traslade. Quería hablar un
poco sobre las previsiones macro que nos ha trasladado. La Airef avala las previsiones del escenario macroeconómico del Gobierno para 2017. Este fue el titular de la nota de prensa enviada por ustedes y creo que poco más hay que decir, el titular
lo resume perfectamente; lo califica de prudente, también califica de prudente la valoración de los riesgos del entorno exterior, la composición del crecimiento es verosímil y termina diciendo que los indicadores más recientes de coyuntura, así
como la información sobre el cierre presupuestario de 2016 han suavizado las consideraciones relativas tanto a los riesgos como a las incertidumbre relevantes para las previsiones de 2017. Aunque podría recrearme, no lo voy a hacer, pero
seguramente el crecimiento, la formación bruta de capital, la demanda interna y el sector exterior mejoren las previsiones. Y también parece posible que algunos riesgos exteriores mejoren; los geopolíticos y la evolución de la economía mundial,
por ejemplo, ya están dando síntomas de mejora. Me gustaría que el señor Escrivá nos lo confirme, si tiene datos sobre este tema.
Y no solo la Airef, sino ayer el Banco de España y multitud de organismos internacionales, así como servicios de estudios nacionales y casas de analistas, han realizado previsiones más optimistas sobre la evolución de la economía española
que las realizadas por el Gobierno, y a medida que va pasando el año las van mejorando. Pero no solo realizan previsiones favorecedoras, sino que analizan lo hecho en los últimos años de una manera muy positiva; un aval total a nuestro programa de
reformas que nos debería alegrar a todos, pero algunos parecen estar cegados o demasiado interesados en desgastar al Gobierno del Partido Popular. Un Gobierno que ha recuperado el PIB diez años después con un 25 % más de exportaciones. Esto tiene
dos ventajas: por un lado, que le queda recorrido a la demanda interna y nos aportará un extra de crecimiento en los próximos años y, por otro lado, que la internacionalización de la economía española ha venido para quedarse, lo que supone un
cambio importante en nuestro modelo productivo, ya que competir en el exterior se debe hacer a base de innovación en los sistemas de producción, en los métodos comerciales y en los sistemas de gerencia. A precio normalmente compiten los países
emergentes, no los países desarrollados. Ya exportamos un tercio del PIB. Los 10 puntos de reducción de la demanda interna se han compensado con 10 puntos del crecimiento del sector exterior; llevamos cinco años de superávit por cuenta corriente
y la previsión es el mantenimiento en los próximos años. Esta situación ahora puede convertirse en estructural.
Por cierto, quiero resaltar la importancia del capital disponible para financiar el crecimiento y las inversiones en I+D+i, otra pata que va a asentar nuestra economía en el futuro. Necesitamos todo el capital público y privado disponible y
por eso necesitamos que la izquierda deje de demonizar a las entidades financieras y a los mercados de capitales y busquemos su apoyo para este proceso fundamental para nuestro futuro. Si continuamos en esta senda, la inversión pública también
puede volver a crecer y situarse en niveles más adecuados, como usted mismo nos ha recomendado, y esto también será otra pata de apoyo al crecimiento.
En cuanto a la deuda pública, se confirma por segundo año consecutivo y esperamos cerrar 2017 de nuevo por debajo del año anterior. El repunte de la inflación creo que va a ayudar a este proceso de reducción de la deuda pública. Pero ha
habido una reducción mayor de la deuda de nuestro país, la deuda privada ha disminuido estos años 50 puntos sobre PIB y ya estamos en niveles cercanos a la media europea. ¿Considera la Airef que la deuda de nuestro país es una deuda sostenible? Yo
creo que el mercado así lo cree y pienso que se irá reduciendo poco a poco con crecimiento y reducción del déficit.
Respecto a los vientos de cola que repetidamente ha mencionado la oposición durante estos meses, he de volver a repetir que el resto de países también los han tenido y el diferencial del comportamiento español con el resto de países dice a
las claras qué países han aprovechado estos vientos de cola y cuáles no. Los vientos de cola se agradecen pero hay que ponerse de espaldas para que te impulsen y no ponerte de cara como han hecho otros Gobiernos y como seguramente se hubieran
puesto algunos grupos de esta Cámara si hubieran gobernado en estos años. Nosotros también hemos tenido vientos de cara, como bien ha reconocido la Airef, el superávit exterior genera menos ingresos tributarios, así como una inflación cero o
negativa, como hemos vivido en estos últimos años. Pero estos vientos de cara se están convirtiendo en vientos de cola y si aprovechamos la inflación y el crecimiento de la demanda interna, habremos recuperado definitivamente la estabilidad
económica y esta recuperación llegará a todos los españoles, el empleo será mayor que antes de la crisis y seguiremos recuperando los salarios para conseguir volver a los niveles precrisis.
El crecimiento está siendo sano y equilibrado. Nosotros consideramos que el crecimiento más sano es fiscalmente peor a corto plazo, pero mucho mejor a largo plazo. ¿Es usted de la misma opinión? Hemos conseguido subir el gasto social sin
incrementar el gasto público y sin subir los impuestos, este es nuestro modelo actual: que el crecimiento y el empleo financien los gastos sociales, la cohesión social y la reducción de las desigualdades, y así no necesitaremos ampliar el gasto
público ni el déficit ni el nivel de deuda pública para conseguir los objetivos de cohesión. También quería preguntarle si considera positiva la Ley de Desindexación aprobada a principios de este año 2017, que desvincula los precios públicos del
IPC, y también si considera que ha desaparecido definitivamente el gasto superfluo en las administraciones públicas o queda recorrido relevante en este aspecto. Asimismo, me gustaría preguntarle cómo cree que afectaría al proceso de consolidación
fiscal la reversión de todas las reformas realizadas por este Gobierno en los últimos años.
Estos presupuestos que se presentan van a ayudar a este proceso que acabo de describir, a superar la población ocupada previa, a superar el PIB, a superar los ingresos tributarios y a reducir las desigualdades que nos encontramos cuando
accedimos al Gobierno, y todo con un crecimiento sano de nuestra economía y con un cambio del modelo productivo que van a ayudar a que desaparezcan los riesgos y las futuras incertidumbres. Si estos presupuestos no son aprobados, no se podrán
renovar los programas que vencieron en 2016 y que son necesarios para extender los beneficios del crecimiento y la creación de empleo a todos los ciudadanos. Son presupuestos que mantienen el foco en el gasto social -yo le diría, señor González,
que se revise los presupuestos, que la educación, la sanidad, los gastos sociales son mayores ahora que en el año 2007; con el mismo PIB y los mismos ingresos tributarios tenemos un gasto social bastante mayor-, que además permiten modernizar y
racionalizar el funcionamiento de las administraciones públicas, que darán cumplimiento a lo acordado con los agentes sociales en la mesa de la Función pública, reduciendo la interinidad desde niveles del 30 % en sanidad, del 25 % en justicia y del
20 % en enseñanza no universitaria, hasta el 8 % en un plan a tres años. Son unos presupuestos que permitirán dotar a las comunidades autónomas con 5.387 millones de euros de financiación extra. ¿Es esto lo que algunos de ustedes pretenden evitar?
Sobre el análisis que nos ha detallado en su presentación, vemos que se considera factible el cumplimiento del déficit. En el caso de los ingresos tributarios, que sería la partida que puede estar un poco más en discusión, el secretario de
Estado de Hacienda en su comparecencia de anteayer nos trasladó que ya están creciendo al 11 % en el primer trimestre los ingresos tributarios y seguramente este
es un porcentaje mayor que la previsión. Creo que durante el año vamos a ver cambios positivos en las previsiones macroeconómicas que van a asegurar el cumplimiento de este déficit y sobre todo de los ingresos tributarios. Hay un grado de
verosimilitud mucho mayor que en los últimos años, pero también hay que recordar a todos ustedes que la situación política es muy diferente a lo que ocurrió el año pasado.
En cuanto a los subsectores, me gustaría preguntarle cómo cree que afectarán las mejoras de las previsiones macro a la evolución de los subsectores Administración central y Seguridad Social.
Sobre los gastos, ya nos ha trasladado que las previsiones son muy conservadoras en todos los casos, y en el caso de las inversiones ya lo he comentado antes, creo que es la partida que debemos empezar a hacer crecer en estos años, una vez
que consigamos superar ese 3 % de déficit sobre el PIB y podamos manejar los presupuestos sin seguir reduciendo de forma tan drástica, como se ha hecho en estos últimos años.
En el caso de la Seguridad Social, lo que hemos comentado siempre, que al final tiene que actuar el Pacto de Toledo y allí esperamos ver si el PSOE se decide un poco, porque creo que están esperando a ver qué pasa con su futuro de partido y
necesitamos impulsarlo un poco. (La señora Perea i Conillas: Vosotros; nosotros, no). Nosotros no. Estamos deseando llegar a un acuerdo porque yo creo que es muy importante para España.
Quería preguntarle también cómo afectaría la no aprobación de los presupuestos y el importe adicional de fondos que no recibirían las comunidades autónomas al cumplimiento de déficit por parte de todas estas instituciones.
Asimismo quiero preguntarle si tienen algunos datos sobre el diferencial de la prima de riesgo que pueda estimar la Airef a final de 2017 para la economía española con respecto a Italia, Portugal o Grecia, por ejemplo, países del sur de
Europa como nosotros; algunos han vivido situaciones de rescate como nosotros y por tanto es con quienes debemos compararnos. Hay que recordar que la española está en 126 puntos; Italia en 183, más de 60 puntos de diferencia; Portugal en 321,
casi 200 puntos de diferencia, y Grecia en 609, sin comentarios en este caso. El caso de Italia lo presento porque es uno de los grandes de la Unión Europea y un país mediterráneo como España y porque el Grupo Socialista lo mencionaba en todas sus
intervenciones y creo que se les debe haber olvidado mencionarlo en este caso.
El señor PRESIDENTE: Señor Paniagua, ¿puede ir concluyendo?
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Voy acabando, presidente.
Hemos comentado suficientemente la importancia de aprobar los presupuestos y la diferencia de que sean aprobados o no, pero me gustaría preguntarle qué diferencias positivas o negativas ve usted entre aprobar los presupuestos o que no sean
aprobados.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Paniagua.
Tiene la palabra, señor Escrivá. No tenemos ya mucho tiempo y agradecería su capacidad de síntesis, si es posible.
El señor PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL, AIREF (Escrivá Belmonte): Sí, de hecho voy a agrupar temas que se han repetido. No sé si en diez minutos voy a poder abordar todos los temas pero intentaré
contestar el mayor número posible.
Voy a empezar por la Airef, porque ha habido una serie de preguntas sobre nosotros mismos; voy a empezar por ahí porque además me ayuda a plantear otras cuestiones. En cuanto al presupuesto de la Airef, en este momento la Airef está
discutiendo con el Gobierno cómo diseñar -como han planteado ustedes- una auditoría del gasto, una spending review; es decir, una evaluación de la eficiencia del gasto público para el conjunto de las administraciones públicas. Este es un elemento
transformador en las funciones de la Airef, realmente cambia el ámbito de lo que hacemos, y por la experiencia internacional respecto a cómo se aborda este asunto, vemos que se requiere un cambio de dimensión y de objetivos de la Airef. Cuando
acotemos el ejercicio, será el momento de plantear cómo hay que dotar a la Airef en el futuro. Por eso, espero que los datos que aparecen en este presupuesto no estén muy en relación con el tipo de Airef al que se apunta, en la medida en que el
Gobierno se ha comprometido con las autoridades europeas en el plan presupuestario, y de hecho estamos hablando con el Gobierno para que asumamos esta función. La vamos a asumir inmediatamente, lo deseable sería que la Ley Orgánica de la Airef la
incorporara para que esto tuviera visos de permanencia. Eso me lleva a otro tema.
Ha habido muchas preguntas en las que me piden que me pronuncie acerca de los impactos redistributivos sobre el crecimiento económico de las medidas adoptadas en los presupuestos y las políticas públicas acompañadas. Desgraciadamente, no
puedo pronunciarme porque la ley no me habilita a hacerlo y tampoco tengo recursos para hacer una estimación con la misma precisión y calidad con la que me pronuncio sobre otras cosas. Esto hay que hacerlo con muchísimo rigor y con una habilitación
legal normativa que yo no tengo. Dicho esto, pongo la pelota sobre su tejado. En otros países hay instituciones independientes y otras Airef que tienen estas funciones en su ley orgánica, de tal forma que pueden suministrar información
independiente, con las características por las cuales una institución de este tipo funciona, que ayuda a las autoridades y a los parlamentos a tomar decisiones más informadas. España -lo comenté el otro día- tiene mucho recorrido en ese sentido.
Si ustedes quieren que alguien les dé información independiente sobre impacto redistributivo de políticas o sobre impacto en el crecimiento a medio plazo, se requiere que esto se haga bien, que haya una habilitación legal y que se tengan
instrumentos de análisis. En cuanto al crecimiento a medio plazo de las políticas públicas y de las medidas, veo por otras Airef que estas cosas cuesta aquilatarlas. No hay unas metodologías tan fijadas, por lo que, probablemente, lo que yo les
diga tendrá rangos amplios. Creo que sin los impactos redistributivos de las políticas públicas y de las medidas normalmente es más fácil concluir, pero hay que hacerlo con microdatos, hay que hacerlo bien, y yo no tengo esos instrumentos. Lo que
les contase no tendría el nivel de rigor ni de formación subyacente que tienen otras cosas que digo. Además, tienen que entender que estoy en el límite de mis competencias legales. Ahora bien, si me preguntan si más análisis sesgados por parte de
instituciones de este tipo sobre estos temas sería deseable, les digo que sí. En otros países se hace y es calidad institucional, pero hay que cambiar las leyes.
En relación con nuestro acceso a la información, algo por lo que también me han preguntado, la ley orgánica en principio nos proporciona unas capacidades conceptualmente amplias para acceder a la información de todas las administraciones
públicas. Después una orden ministerial limitó ese acceso, pero fue revocada por el Ministerio de Hacienda y ahora estamos discutiendo con el mismo qué va a venir a continuación. Nosotros pretendemos que se firme un convenio con las
administraciones -es lo que se suele hacer en otros países-, en el que se regle a qué tipo de información podemos acceder, en qué condiciones, para qué, con qué frecuencia, etcétera. Llevamos tiempo planteándolo y tengo expectativas de que por una
vía o por otra reglemos en legislación secundaria lo que hay en una ley orgánica, que es que tenemos que tener un acceso muy amplio a la información presupuestaria y fiscal para poder cumplir nuestras funciones. Se han dado pasos en esta dirección,
pero las concreciones están por llegar.
Me gustaría decir algo sobre nuestro presupuesto. La realidad es que por el lado de los ingresos tenemos una tasa de supervisión, que no fijamos nosotros. Ahora mismo dicha tasa nos permite recaudar unos 4 millones de euros, tal como está
fijada, y nuestro presupuesto es de 4,5 millones. La Airef tiene una infrafinanciación estructural en torno a medio millón de euros, algo más incluso. No es grande y en algunos momentos tiramos del remanente del primer año, en el que prácticamente
no tuvimos gastos. La Airef -permítanme que se lo diga- tiene un problema de infrafinanciación estructural de medio millón de euros. Ahora bien, aunque tuviéramos más ingresos, los gastos nos vienen condicionados por los presupuestos del Estado.
Aunque la Airef los tramita a través del ministerio, a veces están sometidos a modificaciones fuera de nuestro control. Por ejemplo, hemos tenido gastos del capítulo 1 que no hemos podido ejecutar porque después nos limitan el número de personas
que se pueden contratar; ahí tampoco tenemos autonomía. Tratándose de una institución que es supervisor del Ministerio de Hacienda, lo deseable sería que el supervisado, en este caso el Ministerio de Hacienda, tuviera unos protocolos de
funcionamiento sobre lo que tiene que ver con nuestros recursos que fuera pactado y no impuesto. Es lo que estoy intentando y podría estar sometido a cambio normativo. Esto es lo que les puedo decir sobre nosotros.
Sobre el spending review, es un paso que me parece positivo porque, como se ha dicho, en España no tenemos en ningún nivel de la Administración una cultura adecuada de evaluación de gasto público en términos de eficiencia, de cumplir los
objetivos para los que se ha planteado cada programa, cada política de gasto. Igual se está haciendo bien, pero no hay una metodología, unos procedimientos para poder comprobar si los objetivos que acompañan a cada programa de gasto público se
están materializando o no. La preparación de este ejercicio se hace mejor en otros países y al final termina dando espacio para hacer otras cosas. El gasto público tiene muchísima inercia y esa inercia a veces conviene reconsiderarla para dar
espacio para que otros programas ocupen su lugar. Que en este ejercicio el spending review se haga bien es importante, así como que se dote de recursos humanos suficientes. A lo mejor solo se trata de reajustar recursos. Esto por lo que tiene que
ver con nosotros.
Se han hecho muchas preguntas relacionadas con los ingresos presupuestarios. Hay un cambio respecto a años anteriores en la forma en que se han fijado los ingresos: están mucho más dentro de bandas agregadamente. Hay un efecto composición
y nosotros hemos hecho preguntas y estamos pendientes de respuestas. Vemos una proyección de los gastos del IVA asumible. En cuanto al impuesto sobre sociedades, después de lo que vimos el año pasado, realmente son proyecciones con la complejidad
que tienen y están perfectamente dentro de nuestras bandas, así como otros impuestos menores, pero tenemos un problema con el impuesto sobre la renta. Teniendo en cuenta lo que está pasando en esta primera parte del año, que está sometida a algunos
efectos irregulares que probablemente no se consolidan hacia delante, es difícil que tengamos los resultados que se están planteando de recaudación del impuesto sobre la renta. Aquí hay un cambio estructural que es importante que tengamos en cuenta
y, como es un tema relevante, he traído una transparencia adicional. (Muestra una transparencia). La cuestión es la siguiente y es importante tenerlo en cuenta. La línea más clara son los ingresos desde el año 2001 en relación con el PIB; ha
habido un crecimiento durante este periodo, es decir, el ciclo económico ha sido muy alcista en los años dos mil. La línea más clara son los ingresos ajustados de gastos cíclicos en relación con el PIB y ajustados a los cambios normativos.
Realmente, en los años 2007 y 2008 teníamos 2 puntos más de ingresos por encima del crecimiento del PIB, y eso es mucho dinero. Cuando se estaba recuperando la economía, todavía estaba en negativo, es decir, la economía está en una situación
cíclica no neutral, un poquito baja, pero estamos cerrando ya el output gap. Esto es discutible, pero si no lo cerramos el año que viene lo haremos el otro. Pues bien, la recuperación de ingresos se rompe en los últimos años.
Después de analizarlo mucho, llegamos a la conclusión de que se debe a buenas razones, al hecho de que este crecimiento económico es mucho más equilibrado que el que había. Se lo voy a explicar porque es importante. Esto, que desde el
punto de vista fiscal, por prudencia, hay que tenerlo en cuenta y probablemente nos lleve a unos ingresos que no van a crecer como lo hacían en los periodos de fuerte crecimiento económico, es porque la composición del crecimiento es más sana. La
primera razón está en la ausencia de inflación. En la descomposición del impuesto sobre la renta de las personas físicas por periodos el efecto inflacionista de salarios es mucho menor que en otros modelos. Esta es la primera razón. La segunda
razón es el asunto de la cuenta corriente que expliqué el otro día. Ahí tienen, la evolución del IVA -esta es la recaudación del IVA respecto al PIB, la línea oscura- y la ratio exportaciones e importaciones. Lo que está ocurriendo es que, como
resultado de que crecemos con más componente de producción externa que interna, el IVA asociado a este tipo de producción es más bajo, y lo que es algo sano, un crecimiento más sostenible, un crecimiento con superávit, fiscalmente nos genera un
problema. Y la tercera razón tiene que ver fundamentalmente con el impuesto sobre sociedades y el hecho de que se ha producido el desacoplamiento que comenté el otro día y que vuelve a salir ahí con datos de 2016, un desacoplamiento entre la
evolución de la base imponible del impuesto y la evolución del resultado contable, de la cuenta de resultados de las empresas.
Estas tres razones, que siguen ocurriendo y que según nuestro análisis nos llevan a pensar que no va a haber cambios en 2017, hace que las proyecciones de ingresos no vayan a tener crecimientos muy por encima del PIB, como los que tuvimos a
partir del año 2000 con crecimientos económicos, primero, porque tenemos menos inflación. Tengan en cuenta que en los años 2000 y siguientes la inflación era del 5 o el 6 % año tras año, muy por encima del objetivo europeo. Teníamos un déficit por
cuenta corriente hasta del 10 % del PIB, además de una estructura del impuesto sobre sociedades, sin tantas bases imponibles negativas acumuladas y otro tipo de deducciones, que permitía que el resultado contable estuviera mucho más acompasado con
las bases imponibles. Me gustaría equivocarme; en cualquier caso, lo que tenemos que hacer -lo vamos a hacer nosotros y creo que lo tenemos que hacer todos- es una evaluación mensual y rigurosa, con instrumentos de este tipo, limpiando defectos
irregulares, para ver cómo va la recaudación. Tenemos que ir siguiendo la recaudación, porque, si nos equivocamos, todo va mucho más holgado, pero, si no, todo va un poco más justo, y la prudencia en la proyección presupuestaria nos tiene que
llevar en esa dirección.
En el caso de la Seguridad Social pasa un poco lo mismo. Es decir, nosotros pensamos que con la evolución esperada de salarios y la estructura de formación de salarios que tenemos en España en este momento, la recuperación del empleo, que
es extraordinariamente dinámica y que probablemente incluso sea superior a la del cuadro del Gobierno, el efecto en masa salarial no va a permitir crecimientos muy por encima del crecimiento nominal de la economía en el año 2017.
Aprovecho que estoy hablando de la macro para decir que el arranque de este año es extraordinariamente positivo. Estamos teniendo crecimientos que están sorprendiendo a todos los analistas internacionales. La Airef, que no hace
proyecciones anuales -aunque las tenemos, porque evaluamos las del Gobierno y tenemos una banda-, tiene proyecciones en este trimestre del año que sí divulgamos y que apuntan a un crecimiento en torno al 3 % este año si esto sigue al mismo ritmo de
crecimiento, aunque con algo más de inflación que la que aparece en el cuadro macro. Por tanto, tenemos un crecimiento muy alto. Este es un tema más difícil de aquilatar con los instrumentos cuantitativos que tenemos los economistas, pero me da la
sensación de que este crecimiento algo más dinámico de lo esperado que se está produciendo tiene que ver con la recuperación del crédito. España ha crecido en los últimos años prácticamente sin crédito, como resultado de la crisis bancaria, de las
enormes distorsiones que se han producido en el mercado de crédito, la ausencia de liquidez de los bancos y la necesidad de saneamiento. En la medida en que los bancos están volviendo al mercado de crédito, esto está haciendo que la recuperación
sobre todo de la demanda interna y de la inversión tenga una situación de financiación algo mayor. Creo que esto ayuda a entender por qué la demanda interna está teniendo una pujanza considerable en un entorno internacional que por su incertidumbre
probablemente no es el más favorable.
Ahora bien, en este punto hago un llamamiento a los economistas. Si se fijan ustedes, en los informes de los servicios de estudio o en los de los organismos incluso públicos hay una cierta tendencia a repetir una serie de mensajes de juicio
y normativos sobre lo que debería ser, sobre la razón de lo que está pasando. Yo creo que los economistas tenemos que ser mucho más humildes de lo que somos habitualmente, y lo primero que tenemos que hacer cuando las cosas no ocurren como nosotros
pensamos es intentar profundizar en las causas de por qué, por ejemplo, se está creciendo mucho más ahora. Si ustedes recuerdan, en los últimos años ha habido muchas estimaciones respecto a que la incertidumbre política y la ausencia de Gobierno
iban a impactar de una forma negativa en la economía, cosa que no ha ocurrido. Por tanto, primero analicemos el porqué. Sinceramente, yo veo pocos análisis por parte de la profesión intentando explicar por qué yo me estoy equivocando. La realidad
es que cuando hablamos de la macro tenemos que preguntarnos por qué la economía crece más a pesar de que ha habido mucha incertidumbre al principio y que había estimaciones de que esto iba a tener un impacto considerable, a pesar de que el entorno
exterior en algún momento no ha sido el más favorable, y la realidad es que la economía sigue creciendo y creciendo a tasas muy elevadas. Hacen falta más análisis profundizando en lo que está pasando ahora y menos juicios sobre el futuro, donde los
economistas tendemos a equivocarnos mucho.
Ligando esto al riesgo de una ausencia de presupuestos, el principal impacto se produciría sobre las comunidades autónomas, y en menor medida sobre los ayuntamientos -dado que la financiación está ligada a la aprobación de los presupuestos
del Estado-, en los crecimientos significativos de ingresos que tienen que obtener por los recursos del sistema y por las transferencias a las administraciones locales, porque el presupuesto del Estado no es tan grande. A medida que las
competencias se han ido transfiriendo, sobre todo a las comunidades autónomas, y también como resultado de la crisis, el Estado tiene un presupuesto bastante ajustado. Luego, sinceramente, su impacto en la economía -aunque esto tendría que
estimarse con más cuidado- cada vez es más limitado, pero sí es verdad que las transferencias a la Seguridad Social, las transferencias que hace a otros ámbitos de la Administración, dependen de los presupuestos del Estado. Por eso, el
mantenimiento de presupuestos de años anteriores tendría un impacto significativo sobre el sistema de financiación.
Hay una pregunta del señor Ten relativa a los ingresos, y desgraciadamente le tengo que decir que no hemos comprado los 150 millones, y le voy a explicar por qué. Había 2.000 millones de medidas contra el fraude en los Presupuestos
Generales del Estado. En las proyecciones que tenemos aquí hemos comprado 1.500 millones, que son sobre todo los asociados al límite de aplazamientos, donde, además, como hemos visto en los primeros meses del año, se está recaudando incluso más de
lo esperado. ¿Por qué no hemos comprado todavía los 150 millones o los 300 millones de mejoras? Porque nuestro criterio es -y esto lo hacemos con la Administración central y con cada comunidad autónoma- que hasta que no exista la norma última que
la desarrolla no lo compramos y, como usted sabe, todavía falta la legislación secundaria que permita su publicación, legislación secundaria que tiene que llegar. La verdad es que en ocasiones se retrasa mucho y, por tanto, su impacto
presupuestario en el año 2017 está en riesgo. Creo que hay que insistir en que se apruebe ya la orden ministerial de desarrollo del artículo 95.2, que todavía no está disponible. Perdonen que salte de temas tan generales a temas concretos, pero en
nuestras proyecciones hay muchas cosas concretas, como la que ha planteado el señor Ten, que miramos con
mucho cuidado y evaluamos con el máximo rigor para que los datos estén bien. Por tanto, respondiendo a su pregunta concreta sobre ingresos, tendríamos en cuenta la estimación de 150 millones cuando la normativa esté completamente cerrada y
se ponga en marcha, que no es el caso en este momento.
Ha habido varias preguntas sobre la Seguridad Social. Señorías, obviamente hay distintos canales por los cuales se pueden equilibrar las cuentas de la Seguridad Social. Eso es algo que corresponde establecer al ámbito democrático de
decisión, pero si me preguntan, como técnico, yo diría que hay distintas fórmulas por las cuales la Seguridad Social soporta gastos que en principio podría no soportar, y evidentemente hay unos 4.000 millones de gastos que son de la Administración
de la Seguridad Social, cuya financiación con contribuciones es dudosa. Creo que es algo que tienen que decidir ustedes, pero en principio es un candidato a salir. Asimismo, hay subsidios cruzados dentro del sistema de Seguridad Social a
determinados sectores, absolutamente legítimos, que perfectamente se podrían sufragar con presupuestos del Estado. También hay prestaciones que podrían no tener la categoría de contributivas genuinamente. Si uno mira la estructura de la Seguridad
Social, hay de sobra elementos suficientes para poder tener unas cuentas equilibradas de la Seguridad Social recomponiendo lo que financia el Estado en sus políticas de lo que financia la Seguridad Social con sus ingresos. Son ingresos que me
gustaría apuntar que todavía en 2017 se ven debilitados por el hecho de que el Fondo de reserva generaba unos intereses que a medida que se ha ido vendiendo dejan de existir. Los ingresos financieros de la Seguridad Social han impactado
negativamente en la tasa de crecimiento de los ingresos hasta que se agote o cuasi se agote el Fondo de reserva en 2017 y eso ha afectado negativamente a la tasa de la Seguridad Social. Respecto a la parte financiera, sinceramente creo que el Fondo
de reserva desde el momento en que desde hace ya muchos años está financiado completamente en deuda pública cuando esto lo evalúa uno en términos de deuda neta su efecto es neutral. Es decir, en la medida en que lo que hace la Seguridad Social es
vender deuda pública para financiarse, es acreedora del Estado, por así decirlo, y vende deuda pública. Cuando consolidas el Estado con la Seguridad Social el efecto es neutro, hay que quitarle hierro a este asunto porque lo que hay son déficits
agregados por subsectores que cuando lo consolidas tienen que financiarse, la cuestión es cómo se financia. Nuestro criterio es que lo ideal es que cada administración tenga unos ingresos ajustados a los gastos. Cuanto más determinísticos son los
gastos y los ingresos de una administración, más debe estar todo muy bien aquilatado, ya sea en un ayuntamiento, en una comunidad autónoma, en la Seguridad Social. Lo lógico es que el Estado por arriba, que es el que tiene mayor capacidad para
endeudarse y para ajustar ingresos, sea el equilibrador final de todo. Esto es lo que está detrás de nuestro planteamiento de que los objetivos tienen que estar muy adecuados a las necesidades de gasto resultado de las competencias y a la capacidad
de generar ingresos y aquí es donde hay mucha mejora técnica en la forma en que se diseñan los objetivos que ustedes aprueban aquí en el Parlamento en segundo nivel y después en cómo se despliegan entre las diecisiete comunidades autónomas.
Ha habido una pregunta sobre este asunto, y salto ya a comunidades autónomas. Ha habido una pregunta sobre los objetivos asimétricos, yo espero que este año se fijen. El problema aquí está en las propias comunidades autónomas, no es
estrictamente así que la mayoría de las comunidades autónomas quieran objetivos asimétricos. Esto se ha votado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no tengo ahora en la cabeza los votos a favor de la propuesta de la Airef, pero fueron
escasísimos, muy pocos, claramente minoría. No es fácil encontrar un patrón de color político en los votos, no lo hubo claramente. Realmente aquí hay que pedir responsabilidades a las comunidades autónomas. El Consejo de Política Fiscal y
Financiera fija sus objetivos y tienen que ser realistas y razonables. Todas las comunidades autónomas tienen que ser copartícipes de la decisión y aquí tienen capacidad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
No sé qué hacemos. ¿Lo dejamos aquí?
El señor PRESIDENTE: Si pudiese concluir, se lo agradecería, señor Escrivá.
El señor PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL, AIREF (Escrivá Belmonte): Me quedan unas cuantas cosas pendientes, pero si les parece estoy a su disposición para discutir bilateralmente alguna de las cuestiones
que no he contestado. Llámennos y las aclaramos porque el tiempo es el que hay.
El señor PRESIDENTE: Así es. Además, como todos ustedes saben, cada cierto tiempo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal tiene la cortesía de invitar a los parlamentarios a su sede para
explicar este tipo de cuestiones. Si no hay inconveniente, pasaremos a la siguiente comparecencia. Agradezco muchísimo el tiempo, la dedicación y los datos del señor Escrivá y del resto de miembros de su equipo.
Muchas gracias. (Pausa).
- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (BERMÚDEZ DE CASTRO MUR). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO (números de expediente 212/000702, 212/000346 Y 212/000347); CIUDADANOS (Número de expediente
212/000560); SOCIALISTA (número de expediente 212/000496) Y POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/000426).
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, continuamos con las comparecencias de la Comisión de Presupuestos, en este caso con la comparecencia del señor secretario de Estado para las Administraciones Territoriales. Una vez más,
reitero las disculpas porque tenía que haber venido ayer, pero por razones de fuerza mayor -una operación quirúrgica- ha tenido que venir hoy. Como todos ustedes saben, ayer compareció el señor subsecretario.
Dicho esto, para explicar el presupuesto de su departamento, tiene la palabra el señor secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, don Roberto Bermúdez de Castro.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Bermúdez de Castro Mur): Gracias, presidente. Buenos días a todos.
En primer lugar, quisiera también reiterar mis disculpas por lo que sucedió ayer. Estaba convencido de que todo el mundo sabía que venía hoy. Cuando vi desde fuera que había habido un error, y como he sido portavoz de la oposición en
algunos sitios, entendí que algunos de ustedes se sintieran mal, porque habían hecho un trabajo, llegaron aquí con las preguntas preparadas y vino otra persona. Esto no es del agrado de nadie y, por tanto, les pido disculpas e intentaré que desde
mi secretaría de Estado haya la mayor coordinación posible con ustedes para que esto no vuelva a suceder.
Esta es mi primera comparecencia en esta Comisión y también mi primera comparecencia en el Congreso para defender un proyecto de presupuestos del Ejecutivo al que pertenezco. Lo hice ya en cuatro ocasiones anteriores cuando en las Cortes de
Aragón comparecí en mi condición de consejero de Presidencia y Justicia en los años más duros de la crisis en los que tuvimos que sortear muchas dificultades para elaborar un presupuesto que cumpliera con las exigencias de estabilidad y, a la vez,
garantizase los servicios básicos de todos los ciudadanos. (El señor vicepresidente, Hurtado Zurera, ocupa la Presidencia). Visto desde la perspectiva actual, resulta alentador comprobar que los sacrificios de entonces, en los que colaboramos
todas las administraciones pero sobre todo los ciudadanos, nos han permitido superar los desequilibrios que lastraban nuestro crecimiento y las amenazas que se cernían y volver a la senda de recuperación económica y de empleo anterior. Todo ello
nos permite presentar ahora en el Parlamento unos presupuestos acordes con la situación actual en la que se encuentra nuestro país. Las cuentas públicas que el Gobierno de la nación presenta para 2017 consolidan el avance económico y la creación de
empleo en el marco de la estabilidad presupuestaria comprometida con la Unión Europea. No me voy a extender en explicar unas cifras que ustedes tienen la oportunidad de conocer de forma más pormenorizada en otras comparecencias; en todo caso, sí
quisiera destacar el punto de partida que tenemos. En lo que se refiere al proyecto de presupuestos de la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales, voy a exponer en esta primera intervención las líneas generales de las
actuaciones previstas para este ejercicio y las grandes cifras presupuestarias para después responder a todas aquellas preguntas que ustedes me hagan en mi segunda intervención.
Como ustedes bien saben, la secretaria de Estado ha asumido parte de las competencias que en la pasada legislatura ejercía la Secretaría de Estado de Hacienda y Administraciones Públicas, en concreto, las referidas a organización
territorial, al desarrollo de sus sistemas de colaboración, a la Administración periférica del Estado y a las relaciones con las comunidades autónomas y los entes locales. Pero, antes de entrar en las cifras, me van a permitir que me refiera a la
acción política que conlleva el desarrollo de estas competencias y repase de forma breve los pasos que hemos dado hasta ahora para cumplir el objetivo principal que se ha encomendado a esta secretaría de Estado, que es favorecer el entendimiento y
la colaboración entre la Administración General del Estado y el resto de administraciones.
Los ciudadanos españoles expresaron en las urnas su voluntad de seguir avanzando por la senda emprendida en el año 2012 para consolidar el crecimiento al que antes me refería y también marcaron la
forma en que sus representantes debían hacerlo, colocando el diálogo y el acuerdo como eje de la acción política. A ello se ha aplicado el Gobierno desde el momento de su toma de posesión, proponiendo y buscando consensos en este Parlamento
con el resto de las fuerzas políticas y con las administraciones periféricas, tanto autonómicas como locales. Todos los departamentos ministeriales trabajan en esa dirección y desde el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones
Territoriales lo hacemos con un ánimo absolutamente colaborativo, buscando el acuerdo y el entendimiento que debería inspirar absolutamente esta legislatura. La secretaria de Estado de la que yo soy titular trabaja, por tanto, para canalizar los
acuerdos con las administraciones territoriales. Debo destacar que no partimos de cero y que, gracias a la colaboración y a la responsabilidad de todos, hemos logrado superar los momentos más difíciles de la crisis, embridar las cuentas públicas y
afrontar reformas para el crecimiento. Juntos, entre todas las administraciones, hemos sido capaces de hacer fácil lo que era muy difícil. Más aún, esa responsabilidad compartida nos ha permitido que un país con una alta descentralización haya
desarrollado unos resortes de coordinación administrativa e institucional que redundan en los altos niveles de prestaciones públicas. En esa línea vamos a avanzar para aunar lo mejor de nuestro modelo territorial en cuanto a la cercanía de las
administraciones al ciudadano con la eficiencia y la eficacia que distinguen a los Estados más avanzados. Se trata, pues, de rentabilizar esfuerzos, evitar duplicidades, eliminar trabas, conseguir ahorros y trabajar de manera coordinada para
impulsar el crecimiento, crear empleo, fortalecer el Estado del bienestar y, en definitiva, dar mayores y mejores oportunidades de prosperidad a todos los españoles.
Estamos potenciando -y vamos a seguir haciéndolo- las comisiones bilaterales y los grupos de trabajo. Es necesario sin ninguna duda aprovechar este mecanismo de cooperación para establecer diálogos leales y fructíferos con todas las
comunidades autónomas y para reducir la litigiosidad entre las administraciones. Los mecanismos bilaterales se complementan con los foros multilaterales, entre los que destaca, como ustedes supondrán, la Conferencia de Presidentes. La última
reunión celebrada el pasado 17 de enero, con un altísimo índice de consenso, supuso un punto de inflexión en el carácter colaborativo de este órgano creado en el año 2004. Los acuerdos alcanzados son la forma de trabajar y gestionar que nos piden
los ciudadanos y los asuntos abordados son los que les importan y les preocupan, porque afectan al bienestar de esta generación y garantizan el futuro de las siguientes generaciones de españoles. El empleo, el reto demográfico, la sostenibilidad
del sistema del bienestar, la dependencia, la tarjeta social, la protección civil, la educación, la financiación autonómica y local y la violencia de género fueron temas que suscribieron todas las comunidades autónomas gobernadas por diferentes
partidos con acuerdo y con mucha participación. Además de la relevancia de estos compromisos, otro factor que se debe destacar de la reunión fue que por primera vez todos nos fijamos plazos, calendarios y seguimiento de los acuerdos.
En los meses transcurridos desde esta conferencia se ha avanzado a buen ritmo y cito algunos de los hitos más importantes, como son las comisiones de expertos para estudiar la financiación autonómica y local, algunas reuniones que hemos
mantenido ya en la Comisión Nacional de Protección Civil o la mesa de trabajo para impulsar la tarjeta social. Otro hito de relevancia es la creación del Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico y les puedo anunciar que esta misma tarde
se reúne el grupo de trabajo creado en el Consejo de Ministros del pasado 7 de abril y que debe diseñar esta estrategia nacional para dar soluciones a este gravísimo problema al que se enfrenta gran parte de nuestro país y que de una vez por todas
forma parte de la agenda del Gobierno de la nación y de la de prácticamente todos los gobiernos autonómicos. La Conferencia de Presidentes también puso de manifiesto la voluntad del Gobierno de impulsar de nuevo y reforzar la actividad desarrollada
por las diversas conferencias sectoriales. Ya se hicieron avances con la aprobación del nuevo marco legislativo de las administraciones públicas y nuestra voluntad es dotar de la máxima relevancia y efectividad a estos órganos de colaboración.
Por otra parte, ya se han celebrado dos reuniones del Consejo para la Unidad de Mercado. La unidad de mercado y los principios de buena regulación son esenciales para el desarrollo económico de las comunidades autónomas y para el impulso
del empleo y la competitividad. Esta no es únicamente una visión mía o del Gobierno, sino que es el convencimiento que compartimos con las comunidades autónomas, tal y como se puso de manifiesto tanto en la Conferencia de Presidentes como en las
dos reuniones del Consejo para la Unidad de Mercado.
Pretendemos también reforzar la dimensión europea de las diferentes conferencias sectoriales, por lo que se han retomado las reuniones de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea, Carue, y estamos intentando mejorar su
funcionamiento. Ya se ha producido una primera reunión y, tal y como anunció la vicepresidenta en los pasados días, se va a convocar una reunión monográfica sobre el
brexit a fin de defender los intereses de todos los españoles y los intereses de las diferentes comunidades autónomas que tienen importantes lazos con el Reino Unido.
Pasando ya al presupuesto, quiero decirles que el presupuesto de la secretaría de Estado se integra en la sección 25 del ministerio para la que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado prevé en este año unos 428 millones de euros.
El 70 % de este presupuesto se integra en los tres programas que gestionamos desde la secretaria de Estado, que son el 922.M., el 921.P y el 942.A, que suponen un montante global de aproximadamente 300 millones de euros. Antes de empezar a
desgranar las cifras y los proyectos más relevantes, debo advertir que la división producida en la anterior secretaría de Estado provoca que tengamos dificultades para poder comparar algunos epígrafes, como el capítulo 1 y el capítulo 2. Las
competencias que han quedado adscritas a la secretaria de Estado de la que soy titular y las acciones que se desarrollan, como ven ustedes, son en su mayoría políticas y de carácter administrativo, lo que consecuentemente se refleja en que el
presupuesto no es muy elevado. Todo esto se traduce en que el capítulo 1 es el capítulo más elevado del presupuesto y aglutina el 71,9 % del presupuesto total. Hablando de los programas, les diré que el programa 922.M es el de organización
territorial del Estado y desarrollo de sus sistemas de colaboración y está dotado con 4 millones de euros. La actividad vinculada con este programa persigue impulsar y desarrollar la colaboración interadministrativa entre los tres niveles, central,
autonómico y local, con el fin de organizar territorialmente el Estado para dotar al sistema de coherencia interna y lograr la adecuada coordinación de las funciones atribuidas a cada nivel y el mayor grado de cohesión, eficacia y eficiencia en el
funcionamiento del sistema administrativo español. Como elemento más significativo están los fondos destinados a la Fundación Manuel Giménez Abad. Antes estaba integrada en el programa 922.N, del Ministerio de Hacienda. Como todos ustedes saben,
esta fundación, con un clarísimo carácter plural, se creó en memoria de Manolo Giménez Abad, parlamentario, senador, profesor universitario y político aragonés asesinado por ETA en el año 2001. La labor de esta fundación es la investigación,
conocimiento y difusión de la institución parlamentaria y del modelo de distribución territorial del poder que representa el Estado autonómico. Nuestra voluntad es seguir colaborando con las tareas e ir respaldando su trabajo que, como digo, es un
ejemplo de trabajo plural y por el beneficio de todos los ciudadanos.
El programa 942.A, de cooperación económica local del Estado, se inspira en los principios constitucionales de solidaridad y de coordinación entre las distintas administraciones públicas, incidiendo mediante su contribución a las inversiones
locales en la constitución de una mejor calidad de vida y de un mayor grado de cohesión económica y social de los municipios, en especial de los menos favorecidos. En este caso, gestiona aproximadamente 36 millones de euros. Una de las partidas
importantes, aunque yo entiendo que debería ser mayor -en los próximos años intentaremos que vaya a los niveles que tenía en años anteriores-, es la transferencia a la Federación Española de Municipios y Provincias, que son 2 millones de euros. La
Federación Española de Municipios y Provincias representa en la actualidad a más de 7.000 entidades locales. Con ellos tenemos una fantástica relación; estamos en constantes negociaciones y en constante diálogo. Por eso les decía que esta
subvención es para reforzar la organización técnica y la gestión de la FEMP y espero que en los próximos años pueda llegar a los niveles anteriores al año 2011, que si no recuerdo mal era aproximadamente de 3 millones de euros.
En transferencia de capital hay dos partidas muy importantes, una es de 30 millones de euros, referida al Fondo de inversiones de Teruel, al llamado FITE, creado a principios de los años noventa para compensar la exclusión de la provincia de
Teruel del Objetivo 1 de fondos europeos. Está dotado con 60 millones de euros, ya que otros 30 millones los aporta el Gobierno de Aragón, y tienen como finalidad impulsar proyectos de desarrollo e infraestructuras en una zona de España muy
castigada por la despoblación, el envejecimiento y la dispersión de su población. Es un fondo que en Teruel tiene una gran repercusión social y un amplísimo consenso político. Por otra parte, también aquí tenemos los más de 600.000 euros que
corresponden al importe final del 15 % de la subvención del Real Decreto-ley 2/2014, de medidas urgentes para reparar los daños causados por temporales en las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, que, a diferencia de
las otras catástrofes naturales, están en este presupuesto y habitualmente los tenemos en el Fondo de contingencia. Lo aclaro por si ustedes me preguntan dónde está el resto de partidas para las catástrofes naturales.
La Dirección General de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales gestiona también parte de los recursos del Fondo europeo de desarrollo regional, el Feder, así como el Fondo social europeo, asignados a la Administración
General del Estado en el periodo de programación 2014-2020, destinados a financiar actuaciones en el ámbito de las entidades locales. Estos fondos, por ser exclusivamente de la Unión
Europea, no están consignados en los Presupuestos Generales del Estado. La dirección general actúa como organismo intermedio del Programa operativo plurirregional de crecimiento sostenible 2014-2020 y le corresponde la gestión de las
acciones dirigidas a los municipios de menos de 100.000 habitantes, excepto capitales de provincia, en relación con las acciones programadas por la Administración General del Estado en áreas urbanas dentro del capítulo de desarrollo urbano
sostenible e integrado. Estos son los famosos DUSI. Se han realizado hasta ahora dos convocatorias de ayudas, una por un importe de 730 millones de euros, en la que nosotros gestionamos 335 millones de euros y el resto lo gestiona la Dirección
General de Fondos Comunitarios y la Secretaría General de Cooperación Territorial Europea y Desarrollo Urbano; y otra, que ahora mismo está en valoración, por un importe de 301 millones de euros. También esta dirección general participa como
organismo intermedio en dos nuevos programas operativos, el POEJ, que es el Programa operativo de empleo juvenil, y el Poefe, que es el Programa operativo de empleo, formación y educación. El primero se destina a apoyar la reducción de la tasa de
desempleo juvenil en España a través de la mejora de las cualificaciones y el fomento de la contratación y del autoempleo, todo ello orientado al cumplimiento de los objetivos y prioridades de la estrategia Unión Europea 2020. La dirección general,
con una dotación de 100 millones de euros, interviene en el Eje 5 de este programa operativo, destinado a la integración sostenible en el mercado de trabajo de las personas jóvenes menores de treinta años que no se encuentran empleadas ni participan
en los sistemas de educación y formación en el contexto de la garantía juvenil. Se ha realizado una convocatoria de ayudas, cuyo plazo de presentación de solicitudes finalizó el 7 de abril. Les informo de que no se ha cubierto completamente la
convocatoria de estos 100 millones y que, lógicamente, veremos qué ha fallado en el pliego. Les invito a hacer aportaciones, por el hecho de que no hayamos logrado asumir unas ayudas tan importantes. Como les decía, este Programa operativo de
empleo, formación y educación está orientado a la estrategia de la Unión Europea para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y a la cohesión económica, social y territorial. También la dirección general, con una dotación de 245
millones de euros, financiará proyectos que traten de mejorar la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, a través de la activación de itinerarios integrados personalizados de inserción y por medio de las
estrategias de desarrollo local a cargo de las comunidades locales.
Finalmente, el tercer programa en el que se articula el presupuesto de la secretaría de Estado es el 921.P, de la Administración periférica del Estado. Se destina a dotar a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y a las direcciones
insulares de los medios personales y materiales necesarios para garantizar la calidad de los servicios públicos prestados a todos los ciudadanos. Este programa aglutina la mayor parte del presupuesto, en concreto 260 millones de euros, que suponen
el 86 % del presupuesto de esta secretaría de Estado. De ellos, 210 van a personal. Actualmente, tenemos 6.298 efectivos, de los cuales 5.319 son funcionarios y 979 son personal laboral; este personal supone el 5,5 del total de los efectivos
empleados de los servicios periféricos de la Administración General del Estado, que a su vez suponen el 60,58 del total de empleados públicos. También quisiera decirles que hay 299 inmuebles de edificios no muy modernos, de los años cuarenta,
cincuenta y sesenta. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante de modernización de los edificios, aunque hay que hacer un esfuerzo mucho más importante. Tenemos 36 millones en capítulo 2 y ya tenemos 11 millones en capítulo 6 para llevar a cabo
inversiones reales. Si quieren en la siguiente intervención les puedo dar una relación de todas las obras importantes que tenemos previsto hacer en este ejercicio, como puede ser la de acabar el Palacio del Temple en Valencia, o iniciar las obras
del Palacio de la Aduana en Barcelona, o llevar a cabo obras importantes, como en la Delegación del Gobierno en Aragón.
Acabo ya, presidente. Lamento si me he extendido demasiado en mis explicaciones. No solo quería informar de los números, sino también dar algunas pinceladas políticas, ya que todavía no había comparecido para poderlas explicar. Me pongo a
su disposición para todas aquellas dudas o temas que haya dejado sin aclarar.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera); Gracias, señor secretario de Estado.
Pasamos, a continuación, al turno de portavoces, de mayor a menor, concluyendo el Grupo Popular. Tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Socialista, doña María Jesús Serrano.
La señora SERRANO JIMÉNEZ: Gracias, presidente.
Quiero agradecer al señor Bermúdez de Castro su presencia hoy aquí, después de la intervención que tuvo ayer y del malentendido. Le agradecemos que ya esté aquí en esta Comisión y que nos haya dado las oportunas explicaciones de su área
sobre el proyecto de presupuestos que se está debatiendo.
Señor Bermúdez de Castro, lamento decirle que el presupuesto que presentan en el ámbito de sus competencias es decepcionante, básicamente porque no atienden económicamente de forma suficiente las expectativas creadas para las
administraciones territoriales con la celebración de la Conferencia de Presidentes, el inicio de la reforma de la financiación autonómica y local y la oferta del señor Rajoy de tener espíritu constructivo, mano tendida al diálogo y los acuerdos por
el interés general. Mucho espíritu constructivo, mucho diálogo, pero poco dinero. Así no se pueden hacer muchísimas de las cuestiones que necesitan las administraciones territoriales. En este sentido, valoramos negativamente la baja que
experimenta el apartado de organización territorial del Estado y el desarrollo de su sistema de colaboración. Este programa sufre una baja del 50,65 % respecto al año 2011, más de la mitad de los recursos. Esta previsión no trasluce, precisamente,
mucha preocupación del Gobierno por mejorar las relaciones intergubernamentales de colaboración, imprescindibles para el buen funcionamiento de un Estado tan intensamente descentralizado como el nuestro. De la misma forma, todos los programas de
gasto experimentan recortes, a excepción del capítulo de cobertura informativa, que presenta un ligero aumento, que se suma al fortísimo incremento del pasado año, pasando de los 18,4 millones de euros del año 2011 a los 55,1 millones del año 2016,
lo cual supuso un incremento del 199,71 %. Es significativo que el Gobierno mantenga un aumento tan notable del gasto en cobertura informativa en un contexto político de fragmentación de esta Cámara y de mantenimiento de importantes conflictos
sociales y políticos, entre los que destaca el conflicto territorial y, en especial, la situación de Cataluña. Seguramente es una prueba de que el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno del señor Rajoy, el Gobierno al que usted representa,
necesita dedicar más recursos a presentar una imagen aseada y mejorada, intentando poner velo a tantos despropósitos y escándalos de corrupción.
Si pasamos al capítulo de la financiación autonómica, la defensa del Estado del bienestar y la garantía de estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera son elementos claves a tener en cuenta para determinar la financiación de
las administraciones públicas. Ya lo dije ayer, muchas de las comunidades autónomas incumplieron de forma generalizada su objetivo de déficit en los años de la crisis, pero la causa fundamental de dicho incumplimiento no fue un comportamiento
irresponsable de sus gastos. Las comunidades incurrieron en déficits elevados debido a la fuerte caída de sus ingresos, muy por debajo de lo que preveía el modelo y a pesar de haber realizado importantes y dolorosos ajustes en sus gastos, incluidos
los servicios básicos del Estado del bienestar que tienen encomendados, es decir, la sanidad, la educación, los servicios sociales. En este sentido, existe un consenso muy amplio respecto a que el modelo de financiación de las comunidades autónomas
de régimen común padece una insuficiencia generalizada de recursos para sostener el gasto en bienestar social. Los ajustes llevados a cabo a partir del año 2012 se han debido también a que a las comunidades autónomas se les vienen asignando
objetivos de déficit relativamente más exigentes que los de la Administración central, teniendo en cuenta la distribución de competencias entre administraciones y los recursos disponibles para su financiación. En el actual contexto de recuperación
económica, y dejando al margen el posible cuestionamiento de las muy optimistas previsiones de ingresos fiscales que soportan las entregas a cuenta del año 2017, la previsión de ingresos sujetos a la liquidación del modelo de financiación de las
comunidades autónomas de régimen común sigue cuestionando su capacidad de garantizar las coberturas de los servicios de sanidad, educación y protección social, y eso a pesar del esfuerzo y a pesar de que en el año 2016 la mayoría de las comunidades
autónomas sí cumplieron los objetivos de déficit impuestos por el Estado.
El pasado 23 de febrero se inició el proceso de reforma del modelo de financiación autonómica con la constitución del comité de expertos, pero es previsible que el proceso no culmine hasta finales de este ejercicio 2017. Por ello, resulta
necesario que el Gobierno de España articule un fondo transitorio de financiación autonómica que garantice a las comunidades autónomas disponer de los recursos adicionales derivados del nuevo modelo de financiación lo antes posible, con efectos de 1
de enero de 2017. Se lo preguntaba ayer al subsecretario de Estado y se lo pregunto a usted hoy: ¿qué previsión tiene el Gobierno para abordar la financiación autonómica? ¿Tiene previsto el Gobierno impulsar la puesta en marcha de los acuerdos
sobre financiación autonómica alcanzados en la Conferencia de Presidentes y negociar con todas las comunidades autónomas de régimen común un nuevo sistema de financiación que garantice la igualdad y la suficiencia financiera, que corrija los
déficits de financiación y garantice los principios de autonomía, coordinación, solidaridad, recogidos en la Constitución española? ¿Tiene previsto el Gobierno crear un fondo transitorio de financiación autonómico que pueda garantizar que las
comunidades autónomas dispongan de los recursos adicionales del nuevo modelo de financiación con efectos desde
el 1 de enero de 2017? Coordinación necesitamos mucha, señor Bermúdez de Casto, pero dinero y recursos también.
Si pasamos al capítulo de la financiación local, la participación de las entidades locales en los tributos del Estado para el año 2017, sin incluir la cuantía correspondiente a la cesión de los impuestos estatales, asciende a un total de
16,1 millones de euros, un 1,6 % menos respecto al año 2016. Por lógica, y en línea con las reivindicaciones municipalistas de aplicar un incremento en la participación de los ingresos del Estado de los entes locales conforme a la estimación de
crecimiento del IPC para 2017 situado en un 2,2 y sumado a la reducción establecida del 1,6, estaríamos hablando de un incremento final de esta partida presupuestaria de en torno al 3,8 %, equivalente a 614 millones de euros. Por eso le vuelvo a
preguntar a usted también, señor Bermúdez de Castro, ¿por qué razón el Gobierno ha disminuido la participación en los ingresos del Estado de los entes locales en un 1,6 % con respecto al año 2016? Tengo que volver a hablar de superávit y el Grupo
Parlamentario Socialista no se cansará de reivindicar lo que es necesario para las entidades locales. Es prioritario que en estos presupuestos se consigne que los entes locales puedan reinvertir los más de 7.000 millones de euros de superávit que
alcanzaron en el año 2016, una inversión que debe ser gestionada en los ejercicios presupuestarios del año 2017 y del año 2018, dado que previsiblemente los presupuestos no estarán aprobados hasta junio y en los seis meses restantes no dará tiempo a
ejecutar ese superávit. La Federación Española de Municipios y Provincias plantea que, aunque la ejecución del superávit del año 2016 se realice entre 2017 y 2018, el cómputo de la misma se debe asignar al ejercicio del año 2017, porque el próximo
año los entes locales probablemente generarán un superávit que volverá a ser de entre 6.000 y 7.000 millones de euros. La imposibilidad de reinvertir el superávit se ha convertido para el municipalismo en un casus belli. Por tanto, es necesario
apoyar a las entidades locales para que puedan reinvertir sus superávits sin tener que generar nuevos ingresos por su misma cuantía en cualquier iniciativa que consideren oportuna para mejorar la calidad de vida de sus vecinos y con el único límite
de la estabilidad presupuestaria.
Usted ha hablado de fondos y de programas europeos y las entidades locales están también desesperadas esperando que se resuelvan las convocatorias de la estrategia de desarrollo sostenible, cuya segunda convocatoria no está resuelta. En la
primera convocatoria dejó a la mayoría de los ayuntamientos y municipios sin poder obtener esa subvención, por no hablar de que quitaron la posibilidad de que las diputaciones participaran también en esa convocatoria. Por eso, les anuncio que el
Grupo Parlamentario Socialista presentará una enmienda para que las entidades locales puedan disponer de ese superávit. Se lo preguntaba ayer al subsecretario de Estado y se lo pregunto a usted hoy otra vez: ¿por qué razón el Gobierno continúa con
la estrategia de priorizar el austericidio en las entidades locales? ¿No es consciente el Gobierno de que desde el año 2011 los entes locales son las únicas administraciones que han cerrado sus cuentas con superávit? (El señor presidente ocupa la
Presidencia).
Tengo también que hablar del Fondo de cooperación local y del Fondo local para los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes. Se pone de manifiesto en este proyecto de presupuestos, igual que en las anteriores cuentas públicas del Gobierno
de Rajoy, la dejación del Estado a la hora de financiar el programa de cooperación de economía local. Este programa, de gran importancia para los Gobiernos de Rodríguez Zapatero, mantuvo una partida en 2011 por encima de 83 millones de euros y el
Gobierno del Partido Popular, sin embargo, desactiva e impide la continuación de los planes de obra y servicio para desarrollar planes provinciales e insulares de cooperación. Por otra parte, desde el año 2012 ha desaparecido también el Fondo local
para los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, que estuvo dotado en el año 2011 con 45 millones de euros. No entendemos por qué el Gobierno del Partido Popular ha eliminado estos programas municipales de los presupuestos y no sabemos por qué
los lleva eliminando desde el año 2012. Aún menos entendemos por qué no los ha recuperado ahora, cuando parece asentarse la recuperación económica. Ya lo dije ayer, tampoco se mantienen las ayudas al transporte colectivo o se mantienen en una
cantidad ínfima con respecto a las ayudas que había en el año 2011; por qué se congela esta dotación con respecto al año 2016 cuando el Banco de España avanza que el IPC subirá un 2,2 % para el año 2017.
Por último, la subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias recogida en su proyecto de presupuestos es de 2 millones de euros, la misma cantidad que en el año 2016. En el año 2011 la aportación del Gobierno socialista a la
Federación Española de Municipios y Provincias fue de más de 3 millones de euros -3,3 millones-. Por tanto, le pregunto cómo es posible que la subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias sea un 40 % menor en el año 2017 que en el
año 2011. Se lo pregunté ayer al subsecretario de Estado pero se lo tengo que volver a preguntar a usted: ¿a qué se
debe esa actitud hostil por parte del Gobierno de no apoyar adecuadamente el funcionamiento de la Federación Española de Municipios y Provincias, entidad que representa a la amplia mayoría de las entidades locales de España?
Señor Bermúdez de Castro, termino como empecé. Está muy bien que Rajoy haya mostrado a comunidades autónomas y ayuntamientos su mano tendida al diálogo, pero esta oferta sería más creíble si esa mano tendida además de diálogo tuviera
recursos económicos suficientes para que las comunidades autónomas y los entes locales pudieran atender sus obligaciones.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Serrano.
A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Vendrell.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidente.
Quiero dar la bienvenida al secretario de Estado. Usted empezaba su intervención dando una visión general del momento en el que nos encontramos y de estos presupuestos. Evidentemente, nuestra visión es completamente la contraria. Creemos
que estos presupuestos vienen a cronificar sus políticas para hacer frente a la crisis, que se caracterizan, además de por la devaluación salarial y por los recortes, por menos Estado social y más Estado centralizado, porque una cosa tiene mucho que
ver con la otra. Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera o la LRSAL han sido leyes que han recortado la capacidad de los autogobiernos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, que son sobre los que recaen
en mayor medida las políticas sociales. Pero no solo en estas leyes, sino que en prácticamente toda la legislación que el Gobierno del Partido Popular impulsó durante la legislatura con mayoría absoluta, se han producido sistemáticamente recortes
de las competencias y de las atribuciones de las comunidades autónomas. Por tanto, estamos yendo a un Estado mucho más centralizado y recentralizado. Entiendo que, como usted decía, su departamento, su área no es precisamente de gestión económica
directa, a pesar de que tiene algunos elementos en este sentido, sino que es muy política y, por tanto, yo también quisiera hacer mi intervención en este sentido.
Dentro de este marco general también hay que recordar que estamos en plena crisis del Estado de las autonomías, porque no se ha resuelto el objetivo fundamental que le dio origen, que era la articulación de las comunidades autónomas,
especialmente de Euskadi, Cataluña y Galicia, con el Estado. Pero creemos que esa crisis se traduce en que tampoco es un Estado eficiente desde el punto de vista de la descentralización y de lo que podríamos denominar la calidad de los
autogobiernos. Evidentemente, en el centro de esa crisis del Estado autonómico está la cuestión catalana, que refleja que el 70 u 80 % de la ciudadanía de Cataluña reiteradamente ha expresado su voluntad de decidir su futuro político a través de un
referéndum porque no se siente reconocida en el actual marco constitucional y estatutario vigente. Esa es la cuestión fundamental, que esta mayoría de la población, con diferentes visiones -por ejemplo, una buena parte aspira a la independencia o
hacia otras fórmulas de Estado-, no se reconoce en ese marco constitucional y estatutario y ustedes no dan una solución política a este tema, todas sus soluciones son de carácter autoritario que pasan por la judicialización de la política. Cuando
hablan de operación de diálogo, en realidad nos parece más una vana operación de relaciones públicas que un proceso serio de diálogo para afrontar la cuestión fundamental que es esa: que hay una mayoría de la sociedad catalana que no se siente
reconocida en el actual Estado de las autonomías, en el Estatuto de Autonomía y en la actual Constitución. Por tanto, la primera pregunta, sería, dado que usted está en el departamento de la Presidencia, en la Secretaría de Estado de
Administraciones Territoriales, en qué consiste esa operación diálogo, en qué se traduce políticamente esa operación diálogo de la que ustedes hablan. Usted ha dicho que la línea política de su área consiste en favorecer el entendimiento y la
colaboración con las comunidades autónomas y esto no lo vemos en el Gobierno del Partido Popular por ningún lado.
Asimismo, querría plantearle diferentes elementos concretos de su área de gestión. Creemos que hay una enorme dificultad por parte de las comunidades autónomas para desarrollar políticas propias en ámbitos competenciales significativos
relevantes por ese recorte competencial que se ha producido con la legislación recentralizadora que ustedes han ido aprobando. Querría preguntarle también por el elevado grado de conflictividad competencial que tenemos -en la anterior legislatura,
con mayoría absoluta, muy elevada; en la actual se legisla menos y, por tanto, también hay menos conflictividad- y sobre cuáles son los números en este momento. Creo que hay más de 26 leyes recurridas, por ejemplo, en el caso de la Generalitat
contra leyes del Estado y en el caso del Estado, 16 por parte de la Generalitat, pero
seguramente estas cifras se han quedado antiguas y la cifra es superior. En definitiva, nos preocupa ese grado de conflictividad y la vulneración sistemática de competencias que a nuestro entender ha realizado el Gobierno del Estado. La
segunda cuestión es la relativa a la escasa o nula actividad de los mecanismos de cooperación y colaboración, más allá de las negociaciones, para afrontar la resolución de conflictos competenciales. Por ejemplo, en el caso de la Comisión Bilateral
Estado-Generalitat, no se reúne desde 2011. ¿Qué piensan ustedes hacer en este sentido? ¿Cómo van a impulsar esos espacios de cooperación y colaboración con Cataluña y con el resto de comunidades autónomas que tienen redefinida esa Comisión
bilateral en los estatutos de segunda generación? Otra cuestión es el bloqueo de traspasos de funciones y servicios, porque desde 2014 no se ha producido ningún traspaso de funciones y servicios. Los últimos traspasos se produjeron en el año 2014
y fueron ocho, siendo esta otra de las responsabilidades que tiene su secretaría de Estado. En el caso catalán, quedan pendientes de traspaso del estatuto nueve materias que están previstas en dicho estatuto. ¿Qué piensan hacer ustedes respecto de
esta cuestión? ¿O qué piensan hacer sobre la tan largamente reivindicada transferencia de la gestión de becas universitarias, en cumplimiento de sentencias del Tribunal Constitucional o la descentralización en la gestión de la distribución del 0,7
del IRPF por las comunidades autónomas competentes en materia de servicios y en políticas sociales? ¿Qué me puede decir sobre la lealtad institucional? Ustedes vienen incumpliendo sistemáticamente preceptos que están en los estatutos de autonomía
no solo de Cataluña sino de otras comunidades autónomas, por ejemplo, en inversiones en infraestructuras, recogidas tanto en el Estatuto de Cataluña como en otros, y lo vienen incumpliendo de forma sistemática. Me estoy refiriendo al ámbito de la
financiación autonómica, pero también hay una reivindicación de los ayuntamientos absolutamente transversal que denuncia el injusto reparto de los objetivos de déficit que ha beneficiado sistemáticamente al Estado. Podríamos también discutir
extensamente sobre el techo de gasto, pero es absurdo, especialmente cuando hablamos de entes locales. En cuanto a las limitaciones en la gestión de superávit -y vamos a presentar una enmienda en este sentido-, ayuntamientos de diferentes colores
han planteado de forma transversal que no tiene ningún sentido, que es absurdo, que los superávits de ayuntamientos que están saneados no puedan dedicarse, por ejemplo, a políticas sociales y no solo a amortizar deuda o a las muy limitadas
inversiones financieramente sostenibles. También está el tema de la financiación autonómica. Han iniciado el trabajo dos comisiones y sería bueno saber qué piensa el Gobierno sobre cuál es el objetivo que tendría que cumplir ese modelo de
financiación. Nos parece que es absolutamente imprescindible que se aceleren esos trabajos porque el nuevo modelo de financiación tendría que haberse puesto en marcha el 1 de enero de 2014.
Para finalizar, querría aludir a dos cuestiones concretas, que no son estrictamente de su ámbito de competencia, a pesar de que creo que afectan mucho a los ayuntamientos, especialmente a algunos. Hay un par de disposiciones en el texto
articulado de los Presupuestos Generales del Estado; me refiero a las disposiciones adicionales vigésima séptima y trigésima quinta, que son claramente antirremunicipalizadoras y esto nos preocupa, por lo que vamos a presentar enmiendas en ese
sentido porque estas disposiciones impiden que los trabajadores empleados por contratistas de concesiones de obras o servicios públicos cuando se extinguen estos contratos por resolución, rescate, etcétera, no pueden incorporarse al ámbito de la
Administración. Nos parece grave, nos parece peligroso y nos parece que está pensado específicamente para municipios que han iniciado procesos de remunicipalización.
La última pregunta que querría formularle es sobre un aspecto al que creo que usted no se ha referido y es que en su ámbito de gestión está la oficina para las lenguas oficiales del Estado y me gustaría saber qué hace exactamente esa oficina
de lenguas. En ocasiones nos encontramos con situaciones -por ejemplo, en el caso de la Administración tributaria- en que los formularios no están en las diferentes lenguas del Estado, cuestión que ya ha sido denunciada. Consideramos que usted
debería preocuparse de este tipo de cuestiones.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vendrell.
A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ramírez.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Muchas gracias, señor presidente.
Deseo darle la bienvenida al secretario de Estado, señor Bermúdez de Castro. Supongo, por su comparecencia en el día de hoy, que la intervención quirúrgica salió todo lo bien que era deseable. Esperamos que así sea. Además, ha sido
profuso en sus explicaciones, con lo cual no ha dejado ninguna secuela, al menos digna de reseñar.
Me voy a ceñir básicamente al motivo de la comparecencia del día de hoy del secretario de Estado, que es explicar, dentro de sus responsabilidades y de sus competencias, los Presupuestos Generales del Estado. Su secretaría de Estado es
fundamental, habida cuenta de la conflictividad que se ha producido y se sigue produciendo en nuestro país entre las comunidades autónomas, los entes locales y la Administración General del Estado. Es curioso oír hablar a algunos portavoces de
lealtad institucional refiriéndose a Cataluña, sobre todo cuando uno debería saber que el máximo representante en la comunidad catalana es precisamente el presidente de la Generalitat, que es quien está de forma sistemática incumpliendo la
normativa, incumpliendo la legalidad y echando un pulso al Estado que nos representa a todos, a la soberanía nacional. Pero de eso ya hablaremos en otro momento, cuando sea el motivo de la comparecencia.
La secretaría de Estado que usted dirige se estructura básicamente en tres programas, en tres planes principales. Voy a hacer un resumen rápido de ellos. El primero, el 921.P, que es el de la Administración periférica del Estado, está
dotado con aproximadamente 260,4 millones de euros. En esa cifra se incluyen todas las delegaciones, subdelegaciones del Gobierno y personal que está a cargo de ellas. El capítulo 1 se lleva básicamente 210 millones de euros. Hay importantes
objetivos dentro de este programa; uno de ellos es la modernización de las estructuras e infraestructuras dependientes de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Como bien nos ha dicho hoy, tienen un stock de inmuebles que está bastante
envejecido y ahí hay que hacer una inversión importante. Mi primera pregunta va en ese sentido, si cree que con las dotaciones presupuestarias adquiridas en este programa -y teniendo en cuenta que la gran partida de 210 millones de euros se los
lleva el capítulo 1- va a poder llevar a cabo esas modernizaciones y esas reformas tan necesarias en los inmuebles. Además de los inmuebles, uno de los objetivos de este programa es la modernización del cableado y la electrónica de red, es decir,
poner en el siglo XXI nuestras organizaciones, que son fundamentales. En este sentido, vuelvo a insistir en si cree usted que con esa dotación presupuestaria se podrá llevar a cabo de la mejor forma posible.
En el caso de los indicadores de cumplimiento, sobre todo en el punto 4 -evaluación del funcionamiento de los servicios públicos-, me gustaría que nos hablara del grado de cumplimiento que se dio en 2016 y cómo se va a realizar en 2017 esta
evaluación. También quiero pedirle el detalle de cómo se desarrollarán en los objetivos de 2017 la coordinación de la actuación de la Administración periférica, potenciando la relación con los distintos departamentos ministeriales y con la
delegación del Gobierno, porque no he visto en la memoria los indicadores que se pueden utilizar para valorar el grado de cumplimiento de este elemento.
El segundo programa que tiene dentro de sus responsabilidades es el 922.M. Estamos hablando de la organización territorial del Estado, del desarrollo de sistemas de colaboración. Este es uno de los programas más importantes. Tiene usted
tres programas muy importantes, pero, viendo cómo está la actualidad política, social y económica de nuestro país, este programa debería ser de especial importancia, y la dotación presupuestaria que tiene de 4 millones de euros se me antoja un poco
escasa. Es verdad que hemos negociado los presupuestos con ustedes y sabemos de la complejidad que hay al cuadrar las cuentas. Por lo tanto, intentaremos que en los próximos presupuestos podamos ampliarlo, porque si bien es cierto -como decía el
portavoz de Podemos- que se ha producido una alta conflictividad por la vulneración de competencias entre Estado y comunidades autónomas, creemos que desde este programa se puede realizar un esfuerzo mayor para negociar de forma extrajudicial para
llegar a ese diálogo y a ese consenso. Nosotros consideramos que es fundamental. Todo lo que sea evitar la judicialización de la conflictividad entre las administraciones es tender el camino indicado para evitar de una vez por todas las
problemática que vivimos.
El último de los programas que tiene es el 942.A, el de cooperación económica local. Es cierto -y en esto estaremos todos de acuerdo- que la Administración local ha sido una de las grandes castigadas por ese plan de estabilidad
presupuestaria, es cierto que tienen un superávit, pero también es cierto que estamos hablando de la solidaridad entre las distintas administraciones del Estado. Por tanto, cuando uno habla de que se quiere incurrir en más gastos, de que se quiere
utilizar el superávit no para amortizar deuda que ya tienes, sino para incurrir en otros servicios que si fuesen tan necesarios y urgentes estarían presupuestados en cada uno de los entes locales, no sé si lo que pretenden es seguir subiendo
impuestos como han hecho en otros momentos o si es otra la justificación a la hora de utilizar ese superávit.
En este tercer programa hay cuatro líneas especiales. Una es la aportación a la Federación Española de Municipios y Provincias, con una dotación de 2 millones de euros. También están los seguimientos a los programas operativos
comunitarios, y aquí estaba la partida famosa de los 30 millones de euros que
estaba especialmente dedicada a la Comunidad Autónoma de Aragón, en concreto a Teruel, que creo que todas las formaciones políticas aquí representadas estamos de acuerdo en que es muy necesaria. Recuerdo todavía la campaña 'Teruel existe';
puedo dar fe de que existe, he estado allí y es una población muy bonita, pero es verdad que tiene unas carencias a nivel de estructuras y a nivel de desarrollo económico y social que hacen necesario que se contemple una partida como esta que creo
que aplaudiremos todos.
Hay otros objetivos que son las subvenciones por daños producidos en catástrofes naturales. He visto el presupuesto que tiene la memoria y en la memoria se contemplan, aparte de esos 638.000 euros, otros 6 millones de euros repartidos en
dos programas: el de las inundaciones y otros efectos de los temporales de enero, que está dotado con 4 millones de euros, y el de las tormentas de la fachada atlántica y costa cantábrica, que tiene poco más de 2 millones de euros. Usted ha dicho
que esos 6 millones de euros estaban dentro del Fondo de contingencia; supongo que se refiere al Fondo de contingencia que se creó en virtud del artículo 15 de la Ley general de estabilidad. Es que ese Fondo de contingencia -perdóneme que se lo
tenga que afear un poco- está contemplado para elementos no previstos. Me dice que no está en el Fondo de contingencia. Bien, entonces reitero la pregunta de otra forma: ¿exactamente dónde están consignados estos más de 6 millones de euros que
tienen que dar respuesta a subvenciones por las tormentas de viento y mar en la costa cantábrica, en virtud del Real Decreto-ley 2/2014, y los más de 4,4 millones de euros que tienen que dar respuesta a las inundaciones y otros efectos de los
temporales de enero, febrero y marzo de 2015, en virtud del Real decreto 2/2015?
Para terminar, teniendo claro que su competencia a nivel de las distintas administraciones es fundamental y que nosotros hemos puesto encima de la mesa que es muy importante tener un estudio detallado de cuáles son las competencias distintas
y los solapamientos que se pueden producir para evitar precisamente esos gastos superfluos y que hemos encargado -y lo hemos acordado con ustedes- que se haga un spending review por parte de la Airef para evitar duplicidades, apoyaremos estos
presupuestos. Viendo cómo está la restricción presupuestaria a nivel de ingresos y no queriendo subir los impuestos -como nunca hemos querido-, son los mejores presupuestos que se podían tener. Esperemos que en 2018 podamos mejorarlos aún más.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.
Ahora, en nombre del Grupo Mixto, el diputado del Partit Demòcrata, señor Bel, tiene la palabra.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente. Agradezco también al señor Bermúdez de Castro su comparecencia en el día de hoy.
Tengo que referirme a una cuestión previa. Yo vengo con la intención de hablar estrictamente de los Presupuestos Generales del Estado, pero, por alusiones del portavoz de Ciudadanos, le diré que si el presidente de la Generalitat incumple
la normativa, en todo caso tendrán que exigir responsabilidades políticas en el Parlament de Catalunya. Es allí donde tendrán que determinar su responsabilidad, y si es a nivel jurídico, en otro ámbito. Hoy por hoy el presidente de la
Generalitat... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Por favor, ¿podríamos ir a la cuestión?
El señor BEL ACCENSI: Sí, claro, señor presidente, yo me ciño a la cuestión, pero quien ha dicho que el presidente de la Generalitat incumple la normativa -y no es baladí- ha sido el portavoz de Ciudadanos. Por tanto, responsabilidades en
relación con el presidente de la Generalitat, en el Parlament de Catalunya, que es donde le eligen democráticamente.
Dicho esto, volvamos a la cuestión. Más allá de los programas concretos que nos presenta el secretario de Estado, quisiera hacer algunas reflexiones en el ámbito de su responsabilidad. Efectivamente, a raíz de la Conferencia de Presidentes
se crean unas comisiones de expertos que inician unos trabajos para la reforma de la financiación de las corporaciones locales y las comunidades autónomas. Lo de las corporaciones locales ya es histórico, pues hace no sé cuántas décadas que está
pendiente una reforma del sistema de financiación de las corporaciones locales. Después haré algunas reflexiones sobre ello, porque hay algunas cuestiones me preocupan respecto a las comunidades autónomas. Simplemente quiero constatar que, de
acuerdo con los presupuestos que ustedes presentan aquí, ya dan por hecho que estos nuevos sistemas de financiación tampoco se van a aplicar en el ejercicio 2018, con lo cual vamos a acumular retrasos adicionales, porque no vemos ningún comentario
al respecto ni en las memorias ni en la parte de consignación presupuestaria. Simplemente quería constatar este hecho.
Segunda cuestión. Evidentemente, es de otro ministerio, pero el Gobierno es el mismo. El ministro Montoro se comprometió con la FEMP a trabajar una nueva visión e interpretación dentro del marco legal, que es el concepto de la regla de
gasto en las corporaciones locales. Nos gustaría saber si desde su área de responsabilidad están trabajando en este aspecto porque, de hecho, para las corporaciones locales es muy importante este planteamiento en relación con las reglas del gasto,
igual que la aplicación del superávit. Aquí también quisiera dejar constancia de mi discrepancia con algunas de las afirmaciones que he oído a lo largo de intervenciones anteriores, cuando se hablado de que no se tienen que quejar tanto las
corporaciones locales porque esto forma parte de la solidaridad entre diferentes niveles de administración. Queremos mostrar nuestra absoluta disconformidad porque por esta línea se está intentando abonar, y hace tiempo que lo estamos detectando,
que las corporaciones locales están sobrefinanciadas, que las corporaciones locales ya tienen una financiación suficiente y que si generan superávit no es por su buena gestión, sino porque seguramente tienen demasiada financiación en relación con
las competencias. Esto es la antesala de una pésima y perversa revisión -que no digo que se vaya a producir, pero que se podría producir- de la financiación de las haciendas locales. Lo que quieren las corporaciones locales, lo que está reclamando
la FEMP y lo están reclamando los alcaldes de diferentes colores políticos -también los alcaldes de los colores políticos que van a aprobar estos presupuestos- es que los recursos que pagan mayoritariamente sus ciudadanos los puedan emplear en
aplicaciones en sus municipios y en beneficio de sus ciudadanos, no generando déficit, sino generando un equilibrio presupuestario, que es posible y compatible con los objetivos de estabilidad, porque, si no, no tiene ningún sentido que cuando
hagamos el reparto de objetivos de déficit en esta Cámara se les asigne constantemente un objetivo de déficit cero, cuando sabemos que no va a ser cero, sino un superávit importante. Los alcaldes, los concejales y las corporaciones locales están
reclamando una diferente interpretación de la regla del gasto, yo diría más, casi se conformarían con una interpretación similar a la que tiene la Administración General del Estado o la que tiene la Seguridad Social. Si aplicamos en porcentaje de
gasto el número de excepciones que tiene la Administración General del Estado a la regla de gasto, seguramente el 80 % de los alcaldes le firmarían en estos momentos. Por tanto, quisiéramos saber si evoluciona correctamente en este sentido.
Nos unimos -y vamos a presentar también enmiendas- a lo que han comentado otros portavoces en cuanto a la aplicación, por estas mismas razones, del superávit municipal. Hay un acuerdo unánime de la FEMP y un posicionamiento claro de su
presidente en relación con la necesidad de modificar, tal como han entrado los presupuestos, la permisividad de aplicar el superávit no solo en actuaciones que se deban finalizar a lo largo del presupuesto de 2017, cuando esto se va a aprobar
prácticamente consumido el 50 % del ejercicio presupuestario, sino posteriormente. Desgraciadamente -lo constataba hace un momento el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal- no se van a modificar sustancialmente las
condiciones para las corporaciones locales y las comunidades autónomas y con eso van a generar un superávit adicional forzado -si me permiten la expresión, y tómenla con todo el respeto del mundo- a las corporaciones locales que simplemente va a
servir para compensar el incumplimiento ya anticipado y pronosticado de la Administración central y de la Seguridad Social. En todo caso, esperemos que esta reforma del sistema de financiación se pueda aplicar lo más inmediatamente posible, y
cuando tengamos unos nuevos presupuestos dentro de pocos meses en esta Cámara, ya no exista esta excusa.
En todo caso, agradezco muchísimo su presencia hoy, después de las explicaciones que nos dieron en el día de ayer, y le deseo suerte en su trabajo del día a día.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bel.
Para finalizar las intervenciones de los grupos parlamentarios, tiene la palabra la señora Cortés en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
La señora CORTÉS BURETA: Muchísimas gracias, señor presidente.
Señor secretario de Estado de Administraciones Territoriales, señor Bermúdez de Castro, bienvenido a esta Comisión, bienvenido a esta casa y además me alegra que lo haga en perfecto estado de salud, como se ve.
Nos consta, y usted se ha referido también a ello, su experiencia parlamentaria y ejecutiva además en el Gobierno de Aragón, donde, por cierto, dicho sea de paso, realiza una magnífica labor, pero la verdad
es que una comparecencia en el Congreso de los Diputados, y siendo su primera comparecencia y encima para presupuestos, también tiene su aquel.
Muchísimas gracias por su intervención, que ha sido clara y exhaustiva, sobre los presupuestos de su secretaría, así como de las líneas de actuación que tiene asignadas. Es una secretaría nueva, y a todos nos va a venir bien recordar su
ámbito de actuación para no perdernos en competencias y en actuaciones que se le pueden exigir y que, desde luego, rebasan sus límites.
Señorías, los presupuestos que presenta el Gobierno -y el secretario de Estado también se refería a ello- consolidan la recuperación, la creación de empleo e intensifican la protección de aquellos que todavía no la perciben, siendo clara la
apuesta por el mantenimiento, consolidación y mejora de nuestro Estado del bienestar.
Me gustaría dejar sobre la mesa una llamada a la responsabilidad del resto de grupos para que valoren lo que supone apoyar o no unos presupuestos, que valoren la cantidad de políticas cuya puesta en marcha depende de su aprobación. Son
presupuestos que a esos grupos les gustaría mejorar, por lo que aquí se han anunciado algunas enmiendas. Ese es el camino. Hay que aprovechar la fase de enmiendas para mejorar lo que sea necesario, pero no dejar a los ciudadanos sin el instrumento
fundamental para conseguir que se lleven a cabo unas políticas y programas que están pensadas única y exclusivamente para el interés general.
El presupuesto de Presidencia, donde se incluye el presupuesto de su secretaría, no es una de las grandes partidas del presupuesto general. Seguramente a este secretario de Estado le gustaría poder disponer de unas partidas mucho mayores,
pero imagino que, en un ejercicio de responsabilidad, también es consciente de la situación, de la capacidad que tiene el Estado para gastar dinero y de que los recursos son limitados.
Para aquellos que piden siempre un incremento en todas las partidas y en todas las comparecencias, les diría que solo hay dos maneras de conseguir más dinero para poder invertir y poder gastar: o bien subimos impuestos, cosa que algunos
grupos no estamos dispuestos a hacer, o hipotecamos los ahorros de los ciudadanos y, teniendo en cuenta la concepción que tienen de esas hipotecas de los ahorros algunos de los grupos parlamentarios que luego no reconocen esas deudas, tampoco es
fácil ir por ese camino. Con lo cual, el dinero es el que es y la Secretaría de Estado de Administraciones Territoriales tiene un presupuesto, que yo creo que, tal y como ha explicado el secretario de Estado, está bien dividido y seccionado en los
programas que tiene.
En cuanto al programa de Administración periférica del Estado, el 901.P, efectivamente coincido con el secretario de Estado, porque la mejora en la organización y funcionamiento de esa Administración periférica del Estado, de las sedes de
delegaciones y subdelegaciones, va a redundar en una mejor prestación de los servicios a los ciudadanos.
En cuanto al programa de organización territorial del Estado y desarrollo de sus temas de colaboración, el 922.M, partiendo de la división o del reparto de competencias, tanto si tenemos en cuenta la Constitución como los estatutos de
autonomía, que hay entre los distintos niveles territoriales en los que se organiza el Estado -estatal, central, autonómico o local-, sí que es conveniente hacer un seguimiento de ese reparto, de cómo se está llevando a cabo ese ejercicio de las
funciones, cómo se ejercen las funciones administrativas, los efectos sobre cada uno de los niveles administrativos en ese ejercicio de competencias o las relaciones interadministrativas que se generan, teniendo en cuenta o asumiendo cada uno sus
responsabilidades. Avanzar en la consolidación de técnicas de cooperación o auxilio mutuo, coordinación y cooperación de administraciones públicas, velando por el adecuado marco constitucional de los actos y disposiciones del Estado y de las
comunidades autónomas, y garantizar el respeto a la autonomía local y su posición institucional como administración más cercana a los ciudadanos y prestataria de importantes servicios públicos es importante.
Me llama la atención, porque siempre, cuando se habla de conflictividad competencial, algunos grupos políticos solamente se refieren a la invasión de competencias por parte del Estado central o a la recentralización, sin poner en el otro
punto de la balanza aquella invasión de competencias o aquella extralimitación en el ejercicio de las competencias que algunas comunidades autónomas se están planteando desde hace tiempo. Esa conflictividad surge cuando una de las dos partes excede
su plano competencial. Sinceramente, el Grupo Parlamentario Popular entiende que en algunos casos es la propia comunidad autónoma la que se está excediendo en ese ejercicio de competencias. Felicito al secretario de Estado por el uso de ese canal
que tiene de utilizar esa bilateralidad con las comunidades autónomas y, como aquí también se le han pedido cifras, me gustaría saber si realmente están llegando a acuerdos
con las comunidades autónomas, acuerdos en normativa y en otras cuestiones para poder evitar esa conflictividad competencial y no tener que judicializar la política, porque a veces el término de judicializar la política se utiliza para
esconder algo que simplemente es un incumplimiento de ley o un incumplimiento de los preceptos legales.
Me ha llamado la atención también otra cosa cuando se hablaba del presupuesto de su secretaría. Se hace referencia a que el Gobierno está hablando mucho de colaboración y de diálogo pero poco de dinero. Desde el Grupo Parlamentario
Popular, me gustaría decirle al secretario de Estado que esa colaboración y ese consenso no siempre tienen un precio y no siempre son cuestión de dinero. Lo primero que hace falta es voluntad para llegar a acuerdos, voluntad de consenso y, sobre
todo, respeto; respeto de unos a otros y respeto a la ley. Por lo cual, no todos los consensos y toda la colaboración son cuestión de dinero. Se puede colaborar, dialogar y llegar a acuerdos sin tener que poner la balanza a un lado o a otro.
Su programa de cooperación económica y local del Estado, el programa 942.A, sí que me parece importante, porque hace referencia especialmente a los ayuntamientos y a las entidades locales menos favorecidas, las de menos habitantes. En ese
sentido, yo, que provengo de Aragón, de Zaragoza, celebro la inclusión de nuevo del FITE, el Plan para Teruel, que es una provincia que lo necesita. Que ese programa recoja actuaciones dirigidas básicamente a mejorar el sistema de financiación para
las infraestructuras y equipamientos de las corporaciones locales y destinadas también a mejorar los servicios públicos locales en todas esas poblaciones pequeñas es para todos una buena noticia. La finalidad de ese sistema ha sido y sigue siendo
-como el propio secretario de Estado pone de manifiesto-, con carácter general, dotar a los diferentes núcleos y entidades de población de los servicios necesarios y de las infraestructuras y equipamientos básicos de carácter colectivo y de
competencia local, facilitando a los habitantes el acceso a determinados servicios y prioritariamente a los establecidos, como todos ustedes saben, que tiene un carácter obligatorio en el artículo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local. Comparto
las cuatro líneas de actuación que ha puesto de manifiesto el secretario de Estado en su intervención, dónde van dirigidas esas inversiones o esas partidas. Celebro también la inclusión de la partida destinada a la Fundación Giménez Abad, que tiene
su sede en Zaragoza, en Aragón, con lo cual, le agradezco mucho esa partida y ese presupuesto.
Solamente hay una cuestión a la que se ha hecho referencia, que es el Instituto de Lenguas Oficiales, reclamándole al secretario de Estado que vigilase y que tuviese en cuenta que todavía aparecen formularios que no están en todas las
lenguas oficiales. Yo le animo a ello. Usted vigile que esa normativa se cumpla, pero igualmente cuando una de esas lenguas oficiales sea el castellano. Que el instituto y su secretaría pongan todo su interés en que también el castellano aparezca
en donde tiene que aparecer y, sobre todo, que no se les -no sé si decir la palabra, la voy a poner entre comillas- 'multe' o no se les perjudique por que no aparece una de esas lenguas. Sinceramente, le animo a que todas las lenguas oficiales,
pero todas sin exclusión, aparezcan en cualquier formulario donde la ley exija que tengan que estar.
Termino, señor secretario de Estado. Le felicito y le animo a seguir con su trabajo y con esa actuación bilateral. Le animo a seguir -aunque esa bilateralidad no se mantenga en Cataluña y no se haya reunido desde 2011- con esos grupos de
trabajo que sí que se están reuniendo, que están trabajando y que, además, están funcionando bien. Ojalá se pueda reunir esa Comisión bilateral. Le animo también a seguir con los trabajos de la Conferencia de Presidentes, porque creo que han sido
todo un éxito. Le animo a que impulse, dentro de la capacidad que tenga, esos acuerdos que se están tomando en esa Conferencia de Presidentes pero que no corresponden a su Secretaría, como pueden ser el pacto para la violencia de género o el pacto
para la educación. Le animo igualmente a que impulse ese acuerdo para la financiación autonómica, que a usted se le reclama, pero en la que no tiene competencia, y le deseo toda la suerte en su tarea.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cortés.
Para contestar a los intervinientes, tiene la palabra el señor secretario de Estado, don Roberto Bermúdez de Castro.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Bermúdez de Castro Mur): Muchas gracias, señor presidente.
Antes de nada, quisiera agradecer el tono de los intervinientes. Creo que han visto que venía medio operado y todos han estado muy light, por decirlo de alguna manera.
Voy a empezar por la señora Serrano. Usted, como yo, ha sido consejera del Gobierno, yo de Aragón y usted de Medio Ambiente en la Junta Andalucía -ser consejera de Medio Ambiente no es poco, es uno de los ámbitos más curiosos y más
apasionante para un consejero-, y sabe bien que cuando uno hace unos presupuestos tiene una cuantía presupuestaria para llevar a cabo sus programas. Cómo no, a mí me gustaría que mis programas fueran mucho más amplios y poder invertir mucho más,
pero tengo el techo de gasto que tengo y tengo la capacidad de gasto que tengo. Usted, que ha sido consejera y ha tenido capacidad de gasto -imagino que en su Consejería de Medio Ambiente tendría una amplia capacidad de gasto-, sabe que le hubiera
gustado hacer muchas más cosas que probablemente no pudo hacer porque no tenía más dinero. Todo el que gobierna sabe hasta dónde puede llegar y hasta dónde no puede llegar. Yo este año llego hasta aquí y espero que, si tengo otros presupuestos,
pueda ir dos o tres pasos más allá.
También le pediría, aunque no creo que haya sido su intención, que no desdeñe lo que sucedió en la última Conferencia de Presidentes. Mire, yo, que había participado en una Conferencia de Presidentes en el otro lado como consejero de
Presidencia de Aragón -en la Comisión preparatoria de la Conferencia de Presidentes del año 2012, creo que fue en octubre-, le puedo decir que en esta Conferencia de Presidentes las ganas de todos los gobiernos para que esto funcionase -de los que
vinieron- fueron muy grandes. Le puedo decir que yo me sentí gratamente apoyado, por decirlo de alguna manera, por los Gobiernos de Extremadura y de Aragón, que estuvieron redactando ellos mismos los acuerdos. El Gobierno de la Comunidad
Valenciana, por ejemplo, redactó los acuerdos a la Carue, es decir, fue participativo al cien por cien, y creo sinceramente que eso es muy positivo.
Sobre financiación autonómica -y con esto contesto a todos los grupos- me gustaría hacer alguna reflexión. El procedimiento para la reforma de la financiación es muy sencillo. En primer lugar, lo más importante es el respeto. El Gobierno
no tiene intención de meterse en el dictamen que se haga en el grupo de expertos de financiación autonómica, y una vez que tengamos -esperemos que a final de año- el informe del grupo de expertos más el informe de evaluación que ya tiene el
Ministerio de Hacienda podremos llevarlo al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que mandará un acuerdo que luego se tendrá que ratificar esta Cámara. Esto no va a depender de un acuerdo entre las comunidades y el Gobierno, va a depender de un
acuerdo que tiene que salir de este Congreso, y esa es una diferencia importante en relación con otros años.
A mí no me tienen que explicar que el sistema de financiación actual no ha funcionado, y no me lo tienen que explicar porque lo he vivido. Yo he vivido unos presupuestos de 5,5 millones de euros en el año 2011 y unos presupuestos en el año
2015 de 4.300 millones de euros, con más gasto sanitario, con más intereses e intentando mantener el mismo nivel sanitario, el mismo nivel educativo y el mismo nivel de servicios sociales. Eso es muy complicado y fue así para todas las comunidades
autónomas. Por eso yo creo que deberíamos avanzar una reflexión. Cuando uno ha criticado -no digo hoy aquí- de una manera desgarrada el sistema de financiación, yo creo que el sistema de financiación actual no ha funcionado como debía funcionar, y
que los mecanismos dinámicos en teoría para que en los sistemas de ciclo el sistema de financiación no cayese tanto no han funcionado, pues la caída de ingresos fue brutal. También todos deberíamos ser honestos y decir que en los años 2013, 2014 y
2015 no se daban las circunstancias económicas para llevar a cabo una reforma. Se puede pensar qué habría sucedido en este país si hubiéramos hecho una reforma del sistema de financiación en los años 2013, 2014 y 2015 con la caída de ingresos que
había.
Hay otra crítica en la que me incluyo. Yo creo que todos los Gobiernos autonómicos, en los momentos de máxima crisis y máximos ajustes, echamos la culpa al sistema de financiación, yo el primero. Yo era portavoz del Gobierno y todos los
martes le echaba la culpa de todo lo de la financiación. Estamos creando en los ciudadanos unas expectativas que puede suceder que con el nuevo sistema no se puedan cubrir. Eso es un problema muy grave. Luego hay un tema que entiendo que es
necesario, y lo digo con claridad: si España es un gran país es porque hay mecanismos claros de solidaridad y debe haber transferencias de renta entre las regiones más ricas y las más pobres. Yo he escuchado alguna vez a algunos presidentes de
comunidades autónomas cuando hablan del próximo sistema de financiación, y algunos dan la impresión de que pretenden que el próximo sistema de financiación sea: tantos millones tengo para repartir, divido por el número de habitantes y tanto dinero
tengo. Eso no es así. Si estamos en un país ha de haber mecanismos de solidaridad que deben ser fundamentales. Y luego no es lo mismo prestar un servicio en algunas comunidades, como Teruel por ejemplo, donde hay múltiples colegios de tres niños,
donde hay una despoblación brutal, donde prestar servicios sanitarios es muy complicado. España es muy diferente de unas comunidades a otras, y como no tengamos claro eso tenemos un
problema. Yo creo que casi todos -ustedes lo van a hacer seguro- vamos a hacer un ejercicio de responsabilidad para conseguir que el nuevo sistema de financiación sea lo más óptimo y lo mejor para todos los ciudadanos.
Le decía antes que el pilar básico de los servicios sociales son las comunidades autónomas, toda la educación, toda la sanidad y todos los servicios sociales, con un apoyo inestimable de los ayuntamientos -no nos olvidemos- que hacen una
aportación inestimable. Por esa razón, como le decía al principio, los mecanismos de cooperación local y los fondos que había antiguamente para los ayuntamientos a día de hoy es complicado recuperarlos porque no tenemos capacidad económica. Si
usted me hace una enmienda de algún sitio y saca los millones, seguro que lo miro con buenos ojos.
Hay que hacer un análisis claro de cómo se gastaron el dinero -eso lo decía el portavoz de Ciudadanos- en los años de bonanza todas las diputaciones provinciales de todos los colores. Seamos claros. Yo soy de una provincia que tiene 202
municipios, de una comunidad que tiene 731 municipios. ¿Cuántos frontones hay entre un municipio y otro en 10 kilómetros de diferencia? ¿Cuántas piscinas? ¿Cuánto de todo? Tenemos que tener claro que la época de gastarse el dinero de una manera
desaforada se ha terminado. Yo soy partidario de recuperar estos fondos, pero teniendo claro que entre todos tenemos que buscar la manera más eficiente de gastarlos.
Cuando habla de los ayuntamientos, yo he sido concejal del Ayuntamiento de Huesca unos cuantos años y sé perfectamente la labor que hacen los ayuntamientos. En esta época de crisis -el portavoz del PDeCat como alcalde lo conoce muy bien y
lo ha explicado bien- también han hecho esa primera tarea de dar servicios sociales básicos iniciales y eso es muy importante. Yo estoy seguro, porque yo estaba en la reunión del ministro con la Federación Española de Municipios y Provincias, de
que en el momento en que salgamos del procedimiento de déficit excesivo se va a intentar modificar, dentro de lo que nos permita la Unión Europea, la regla de gasto. Yo estoy seguro de que a corto o medio plazo se va a buscar una solución.
En cuanto a los DUSI, cuando yo no estaba aquí y estaba de portavoz en las Cortes de Aragón, hasta hace seis meses, yo me quejé del reparto de los DUSI. Seguro que cuando salga la próxima, que está cuantificada y a punto de salir ya, se van
a quejar todos los que se queden fuera, porque repartimos algo más de 300 millones y creo que hay 10.000 millones de euros de peticiones. Podemos abarcar lo que podemos abarcar. Tenemos un problema, porque les tengo que decir que estamos
negociando que los fondos para eficiencia energética para los municipios de menos de 10.000 habitantes también los gestionemos nosotros dentro del ámbito de la explotación. Son fondos para eficiencia energética para municipios de menos de 10.000
habitantes. ¿Qué problema hay aquí? La cofinanciación. Si a un municipio de 5.000 habitantes yo le doy una cofinanciación del 50 %, muchos ayuntamientos, por la regla de gasto, no tienen capacidad de cofinanciar ese 50 %. ¿Qué vamos a hacer?
Hablar con las diputaciones provinciales, porque muchas de ellas están sacando convocatorias de eficiencia energética, para que entre unos y otros logremos que estas convocatorias puedan salir adelante.
Al señor Vendrell le contestaría algunas cosas. Yo no comparto con usted que el Estado autonómico español esté en crisis. Yo creo que en estos seis o siete años de crisis gravísima quien ha aguantado en muchas ocasiones, como decía antes a
la portavoz del PSOE, los servicios sociales y la sanidad ha sido el Estado autonómico. Cuando en Europa se ponía en duda que las comunidades autónomas no podían aguantar su gasto, se ha demostrado que sí. En las comunidades autónomas, como en
todos los sitios, hay gente que gasta mejor y gente que gasta peor, pero hay comunidades autónomas de todos los colores que gastan de una manera eficiente y dan muchísima calidad de servicios. En nuestro país tenemos una sanidad que ya les gustaría
a muchos países europeos tener el nivel de sanidad gratuita que tenemos en España.
Cuando usted me dice que ha habido un proceso -lo escuchaba ayer desde Huesca- recentralizador, tengo que decirle que aquí se ha legislado para lograr que las comunidades autónomas tuvieran capacidad de captar fondos o liquidez. Yo le
compro que el hecho de que una comunidad entre en el FLA le supone tener que llevar a cabo algunas acciones que igual no haría si no estuviese, pero si no estuviese en el FLA alguna comunidad autónoma, en vez de financiarse al 1 %, se financiaría al
9 %. Donde repercuten esos 8 puntos de diferencia en los millones de financiación es en los servicios del ciudadano. El dinero da para lo que da. Yo le diría sinceramente que no ha habido un proceso de recentralización. Ha habido un
procedimiento, sobre todo en el ámbito de Hacienda, que ha favorecido la financiación de las comunidades autónomas y que miles de autónomos y de pequeñas empresas hayan conseguido que sus facturas se paguen en mucho menos plazo de tiempo. Ahora
mismo estamos en unos plazos de pago a proveedores
que creo sinceramente que son muy positivos. El otro día leía que Andalucía estaba en tres días de pago a proveedores. Creo que es un dato muy positivo, ni soñado hace unos años.
Habla de la situación política catalana y de la operación diálogo. Cuando yo llegué al Gobierno -me nombraron el 18 de noviembre y vine aquí el día 21 de noviembre- el primer papel que recibí fue un documento que el presidente Puigdemont le
había dado al presidente Rajoy, donde pedía cuarenta y seis puntos de negociación. Me pasé un mes y medio buscando soluciones a cuarenta y cinco puntos. Por otra parte, esos cuarenta y cinco puntos son problemas que tienen la mayor parte de las
comunidades de España. Cuando uno lee ese documento se da cuenta de que no tienen problemas tan diferentes a los que tiene, por ejemplo, Aragón, que yo los conozco bien y son muy parecidos. Tenemos un documento perfectamente acabado. ¿Sabe
cuántas veces se ha preocupado la Generalitat en preguntar por el documento? Cero. No les importa nada. Es más, en ese documento hay asuntos ya solucionados, o judicialmente, lo que luego le explicaré de la solución del pago de las ayudas del 0,7
%. El otro día escuchaba a la portavoz de la Generalitat, la señora Munté, diciendo que no hay ninguno solucionado, y yo digo que ni se preocupan en mirárselos.
Nosotros tenemos dos patas bien claras: una, el cumplimiento estricto de la ley, que es nuestra obligación y la de los funcionarios, y apoyar a los funcionarios para que puedan cumplir la ley; y dos, como cualquier otra comunidad, intentar
solucionar los problemas que tenga Cataluña en el ámbito del medio ambiente, de la educación... Pero yo le digo una cosa: el tema más importante, y seguro que usted lo comparte conmigo, en los próximos años es la financiación autonómica. ¿Usted
comparte que Cataluña no ponga un experto en el grupo de financiación? Todas las comunidades ponen un experto, menos País Vasco y Navarra, que no están. ¿No es normal que Cataluña ponga un experto? Es todo, si me permiten la expresión, postureo,
porque luego en la Comisión de Dependencia ahí están; en la Carue ahí están; en la Comisión Sectorial de Educación ahí están, pero como financiación significa algo más, no vienen. Yo pienso que deberían estar, no solamente por ellos, sino porque
se juegan su financiación para prestar unos buenos servicios al ciudadano. El fin último de los que nos dedicamos a la política debería ser lograr unas administraciones más eficientes, más eficaces y más útiles al ciudadano. Nosotros vamos a estar
ahí, intentando por todos los medios tener una relación normal, si se dejan.
Usted habla de diálogo y de litigios y quiero decirle que solamente se recurren aproximadamente el 6 % de las leyes que nos llegan, solo el 6 %. Le comentaba al compañero que en los últimos días con Andalucía hemos llegado -se abría el
procedimiento de negociación 33.2- a un acuerdo con la Ley del Deporte, en un tema de desahucios; en Valencia hemos llegado a acuerdos con la Ley de senadores. Es decir, lo hacemos constantemente y le puedo pasar los datos si me hace la pregunta
de todos los acuerdos a los que estamos llegando, muchísimos. Las dos partes, los servicios jurídicos de un sitio y la abogacía del otro intentan constantemente llegar a buenos acuerdos. Le voy a contar una anécdota: nosotros, cuando llegamos a
un acuerdo, siempre lo hacemos público y, hace dos meses llegamos a un acuerdo con Cataluña. La Vanguardia publicó: Romeva llega a un acuerdo con vicepresidencia para pactar una ley de vivienda. -No estoy seguro pero creo que era de vivienda-.
Sin embargo, salía Romeva negando el acuerdo que estaba firmado por él. Nosotros estamos dispuestos a llegar a todos los acuerdos. Además, cuando una ley tiene visos de inconstitucionalidad llegas a un acuerdo de interpretación de la ley y se
hacen esfuerzos. Con la Ley vasca de entidades locales se ha hecho un esfuerzo muy importante por ambas partes. No hemos recurrido la Ley vasca de consultas populares, por ejemplo, en cambio, sí hemos recurrido la Ley de adición. Nosotros
llegamos a todos los acuerdos que podemos, sin ningún tipo de duda.
Comisiones bilaterales. Sí las vamos a hacer y próximamente haremos la de Aragón y la de Castilla y León. Comisiones bilaterales que sirvan para solucionar problemas, haremos todas las que haga falta. Comprenderá que una comisión
bilateral para no llegar a ningún acuerdo, no tiene ningún sentido, pero ya le digo que próximamente, espero que antes de final de junio, celebremos la comisión bilateral de Aragón y la de Castilla y León. En cuanto a los traspasos, igual. Estamos
abiertos a traspasos aunque tampoco es que hayamos recibido muchas peticiones. Llevo cinco meses y peticiones hemos recibido pocas, pero no hay ningún en abrir los grupos de trabajo y empezar a cuantificar el coste de los traspasos. En relación
con el tema del 0,7 % por el que me preguntaba -que hay una sentencia del Constitucional-, se está buscando una solución para cumplir la sentencia en toda su amplitud y que, por tanto, el porcentaje justo sea gestionado por las comunidades
autónomas.
Sobre la comisión de lenguas, quiero decirle que nos vamos a reunir, pues está convocada para dentro de quince o veinte días. En la comisión de lenguas, dentro de la Administración, vamos a velar por lo que decía la portavoz del Partido
Popular: para que la Administración cumpla sus obligaciones y para
que en el conjunto de España se cumplan. Pero no se reúne desde el año 2011 y nuestra intención es reunirla antes de final del mes de mayo.
Seré muy rápido ya. Al señor Ramírez, de Ciudadanos, que ha preguntado por el plan de modernización, he de decirle que lo que pretendemos hacer es presentar antes de final de año un plan de modernización de la estructura periférica del
Estado, que sea a cuatro o seis años y que incluya todo, desde edificios, personal, recursos humanos, cuestiones digitales, es decir, todo lo relativo a atención al ciudadano. Tenemos, como usted decía, 11 millones de euros y hay mucho plurianual,
pero nuestras principales obras son la obra del Palacio del Temple, en Valencia; la delegación del Gobierno, en Barcelona; obras en Aragón; la subdelegación del Gobierno, en Huelva; la delegación en Canarias, es decir, tenemos muchos edificios
sin pasar la ITE, y es un problema, pero poco a poco estamos regularizando todos los edificios.
En cuanto a la conectividad, le he contestado ya a su compañero, solamente el 6 %. Y respecto a las catástrofes naturales -tengo aquí todo el listado y si quiere luego le doy el documento entero-, muchos de ellos son incorporaciones de
crédito del año anterior y los que no, son vía contingencia. Como le digo, luego le doy el papel para que tenga la información.
Para acabar, contestaré al portavoz del PDeCat, el señor Bel, que se nota que es alcalde porque ha hecho una clara exposición de las necesidades de un Ayuntamiento. Ha dicho que se ha sentido aludido a lo largo de toda mi intervención en
dos ámbitos. Primero, por la regla de gasto de ayuntamientos. Existe el compromiso del ministro de Hacienda de llevar a cabo una modificación en el momento que salgamos del procedimiento de déficit excesivo. Se comprometió en la FEMP y se
cumplirá. Yo le pediría que en la medida de la capacidad que tenga de llevar a cabo cosas, usted que es una persona moderada dentro de su partido, que modere todo lo que pueda y consiga que su comunidad autónoma vuelva a los foros multilaterales a
los que nunca debió de dejar ir. Le pido que interceda y que su presidente -en lo que le queda de mandato, yo espero que en la próxima Conferencia de Presidentes aún llegue como presidente- vaya y defienda los intereses de su comunidad porque es su
obligación. A él le han elegido para defender los intereses de su comunidad dentro de la legalidad.
Eso es todo, presidente. Si algún portavoz tiene alguna duda más, estoy a su disposición para mandarle algún documento, como haré con el portavoz de Ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Bermúdez de Castro.
Pasamos a continuación a la comparecencia del señor presidente del Instituto de Crédito Oficial, don Pablo Zalba. (Pausa).
- DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, ICO (ZALBA BIDEGAIN). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA (número de expediente 212/000507) Y POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/000387).
El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión para celebrar la comparecencia del señor presidente del Instituto de Crédito Oficial, don Pablo Zalba. En primer término y siguiendo las reglas habituales, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Socialista, que creo que es don Antonio Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.
Gracias al presidente del ICO por estar hoy aquí compareciendo. Le deseo suerte y es posible que le tenga tanto cariño como a Irene; no se ponga celoso por eso. Estoy seguro de que podemos mantener buenas relaciones y contactos para tener
información pormenorizada y ejercer la labor de oposición que nos corresponde como Grupo Parlamentario Socialista.
Analizando los datos que figuran en el proyecto de presupuestos que estamos debatiendo, tengo que hacer una afirmación y es que parece que el ICO va a menos por los datos que figuran en los presupuestos. Me gustaría conocer las estimaciones
de las distintas líneas de mediación que están ustedes llevando a cabo, que evidentemente son datos que no figuran en el presupuesto, pero que hasta cierto punto nos pueden dar un poco de luz del reflejo que esta merma sustancial de recursos
presupuestarios puede tener en la actividad del propio Instituto de Crédito Oficial, una entidad pública empresarial y también agencia financiera del Estado que ha venido teniendo un papel importante de financiación cuando las entidades bancarias
estaban en pleno proceso de saneamiento financiero. La función que se estaba desempeñando por parte de la agencia financiera, por parte del ICO, era un poco de labor de sustitución. Se produjo una merma importante en cuanto a las líneas de
mediación, independientemente de la agregación que se
produjo en su día con relación a algunos tipos de programas que se desarrollaban. Nosotros seguimos echando de menos, como banca pública que es, el ICO Directo. Creíamos y considerábamos que era una línea imprescindible, pero el Gobierno
del Partido Popular fue lo primero que eliminó. Siempre hemos insistido en que era una línea fundamental, sobre todo en esos duros momentos de crisis financiera donde las necesidades eran apabullantes y donde el crédito a las familias y a las
empresas estaba completamente bloqueado por parte de las entidades financieras.
Me gustaría conocer los datos que se arrojan sobre las líneas de financiación, las líneas de mediación que tienen en estos momentos, principalmente las de empresarios emprendedores y la de internacionalización, y me gustaría además conocer
cuál es la relación del ICO -porque el marco ha cambiado sustancialmente- no solamente con las entidades financieras que colocan estas líneas o estos productos de las líneas de mediación, sino también con las dos entidades nacionalizadas, con Bankia
y con BMN. No sé si desde el ICO hay algún tipo de convenio de colaboración, si hay algún tipo de impulso por parte de estas entidades nacionalizadas con relación a las propias líneas del ICO o, sin embargo, se está optando por otras alternativas
que son líneas propias de estas entidades. Creo que sería conveniente conocerlo, porque desde luego el marco ha cambiado sustancialmente. En estos momentos tenemos banca pública, no solamente el ICO, se unen las dos grandes entidades
nacionalizadas y me gustaría saber los efectos que está teniendo este nuevo contexto en el sistema bancario público con relación al ICO.
Como he dicho, los datos que figuran en el presupuesto sufren una merma sustancial y me gustaría saber su opinión. La aportación de recursos patrimoniales en este año es de cero, no existe ningún tipo de recurso o aportación patrimonial.
El último dato de 2016 fue de 175 millones; se trataba un poco de fortalecer los recursos propios de la agencia financiera. En ese sentido, me gustaría saber la razón por la cual se prescinde de esta aportación patrimonial. En segundo lugar,
estaba la aportación a subsidios de intereses de línea de mediación y de quebrantos, que también ha tenido una merma importantísima, de los 14,9 millones -prácticamente los 15 millones de euros- en el año 2016 pasamos a 9 millones en el proyecto de
presupuestos de 2017. Esto obedece a una reducción sustancial de la colocación de estos productos financieros, de las líneas de mediación; me gustaría saber su opinión al respecto. Otra evidencia que pone de manifiesto la merma sustancial o la
pérdida de protagonismo del ICO en lo que es el sistema bancario global es el límite de endeudamiento que figura en los presupuestos, el límite de endeudamiento del año 2016, que ya venía a la baja, pues era de 9.500 millones de euros, y en el
proyecto de presupuestos de 2017 se queda en 5.900, es decir, prácticamente se ha reducido a la mitad este límite de endeudamiento. Me gustaría conocer las razones y los efectos que se pudiesen derivar de esta merma sustancial en este límite de
endeudamiento.
Los resultados de explotación que usted plasma en el proyecto de presupuestos, 48 millones de euros, prácticamente son los mismos que en el año 2016, pero hay dos cuestiones que sí me gustaría que me aclarase porque creo que llaman mucho la
atención. En primer término, el margen de intereses que, según figura en el presupuesto, se reduce sustancialmente, pues pasa de 29 millones a 2 millones de euros. Y, en segundo, el margen bruto, que de los 59 millones del año 2016 ha quedado
cifrado en 42 millones. Me gustaría que me respondiese a estas preguntas. Espero que en esta etapa que se inicia -es la primera vez que comparece- le vaya lo mejor posible, porque sería símbolo de que va bien la cosa y es mi deseo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hurtado.
En nombre de Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Montero.
El señor MONTERO SOLER: Buenos días, señor Zalba, bienvenido a la Comisión y enhorabuena por su nombramiento relativamente reciente.
Algunas de mis preguntas van a ir muy en la línea de las que le ha planteado el portavoz del Grupo Socialista y otras serán diferentes. Lo que percibimos es lo que le ha trasladado el portavoz socialista, una pérdida de relevancia en un
contexto en el que la financiación a la pequeña y la mediana empresa sigue sin ser lo fluida que el contexto económico requeriría para impulsar el crecimiento y la recuperación, pues vemos cómo se produce una reducción de los activos totales del
ICO, que pierden casi 8 millones de euros entre los presupuestos de 2016 y 2017. Me gustaría que nos diera una explicación de esa disminución. También hemos detectado que ese límite de endeudamiento para partidas o para programas
que no se iniciaran y se cerraran en el mismo año se reduce de 9.500 millones a 5.900 millones; en fin, hago mía la pregunta del portavoz del Grupo Socialista. Asimismo, me gustaría que nos explicase por qué el beneficio esperado del año
2017 es casi siete veces menor que el del año 2016, es decir, que hemos pasado de unos beneficios o unos resultados previstos para el año 2016 de 315 millones a 48 millones. Esto es un salto suficientemente significativo y estoy seguro de que usted
tendrá respuestas que puedan arrojar luz sobre esa caída de los beneficios esperados.
Quiero plantearle una cuestión interna. Ustedes tienen un programa especialmente para el personal administrativo y técnico -no para los cuadros directivos- que se llama de desarrollo profesional, que en los dos últimos años no se viene
aplicando como consecuencia de que hay una restricción por parte de la comisión ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones. Ese programa, que es de promoción y de remuneración del esfuerzo del personal administrativo y técnico del
ICO se financiaba con cargo al 1,2 % de la masa salarial y a la diferencia generada entre los trabajadores que se jubilaban y los que se incorporaban al sistema. ¿No cree usted que ese programa, que me parece que es relevante de cara a remunerar
los esfuerzos de los trabajadores en términos de productividad, debería reanudarse? Con estas preguntas concretas termino. Espero sus respuestas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Montero.
Ahora, por cortesía parlamentaria, le concedemos la palabra al señor Salvador, del Grupo Parlamentario Mixto, Unión del Pueblo Navarro.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías, y buenos días, señor presidente del ICO, bienvenido. En primer lugar, quiero felicitarle en persona, aunque ya lo he hecho vía teléfono pero creo que también va de suyo hacerlo aquí. Es un placer tenerte aquí, Pablo,
en esta Comisión, y la verdad es que como navarro y como amigo es un orgullo y una gran responsabilidad que hoy estés presidiendo esa entidad, el Instituto de Crédito Oficial. Yo no sé si podría preguntar hasta qué punto la labor prestigiosa de esa
institución genera empleos con su actividad, directos e indirectos. Como decía, señorías, es una alta responsabilidad. No sé hasta qué punto calificar al instituto como marca España porque es verdad que es una institución de alto nivel como
entidad pública empresarial y, por tanto, el listón está muy alto, pero ejerce una labor importante y que además la hace bien, así que es un orgullo que pueda, señor presidente, estar en esa responsabilidad.
En esta semana de presupuestos tenemos muchas comisiones y comparecientes y lo que he hecho como diputado navarro ha sido poner en valor un acuerdo que hemos alcanzado entre Unión del Pueblo Navarro, mi partido, y el Partido Popular. Es un
acuerdo que nosotros calificamos como importante, trascendente y muy relevante, que tiene mucha ambición sobre nuestra tierra, Navarra; un acuerdo que habla de futuro, de progreso; un acuerdo ambicioso, con el que queremos contribuir, con los
Presupuestos Generales del Estado, a modernizar nuestra comunidad, invirtiendo en infraestructuras estratégicas que al final suponen futuro, hacer economía y progreso. Ayer hablaba en la Comisión de Fomento de las infraestructuras ferroviarias y de
la integración y la vertebración de nuestra comunidad, de Navarra, en la red de alta velocidad, y mañana en la Comisión de Agricultura lo haré sobre otra de las inversiones importantes, que es el impulso de la segunda fase del canal. Enlazando con
esta Comisión y su participación aquí -también felicitándole, como le digo, por ese nombramiento-, le quería hacer una pregunta. Sé que en el pasado esta infraestructura, que usted muy bien conoce -los navarros la conocemos mucho porque ha sido una
apuesta estratégica-, aunque ciertos partidos, incluso algunos de los que están aquí representados, no han querido que existiera. Muchos de los parlamentarios no sabrán que el canal de Navarra forma parte de un binomio, junto con el embalse de
Itoiz, que ha sido atacado, y algunos grupos políticos han querido impedir a toda costa que fuera una realidad pero que en el fondo supone una garantía de agua que hoy es un tesoro, una garantía de futuro. Y en lo que a su responsabilidad atañe,
quería saber si en el futuro tendrá algún problema de financiación por parte del instituto, como la tuvo en el pasado, porque, como digo, es una inversión estratégica, y va a haber muchas instituciones, afectados e implicados y va a generar mucha
economía.
Reitero mi agradecimiento y mi felicitación por su nombramiento y quedo a la espera de sus palabras.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Para concluir las intervenciones de los grupos parlamentarios, tiene la palabra la señora Borrego en nombre del Grupo Popular.
La señora BORREGO CORTÉS: Gracias, presidente.
Bienvenido, señor Zalba, presidente del ICO. Le agradezco que esté aquí en su primera comparecencia ante esta Cámara desde su nombramiento. Usted tiene experiencia parlamentaria, no en esta Cámara pero sí en otra y, por lo tanto, conoce
muy bien los procedimientos y lo que le vamos a exigir y preguntar.
Durante la crisis económica, el ICO ha tenido un papel relevante y positivo. Cuando las empresas no tenían capacidad de financiación de los bancos, el ICO, a través de su línea de intermediación, ayudó a la pymes a que pudieran acceder a
una financiación positiva, haciendo lo que se tenía que hacer: buscar dinero en los mercados con la garantía del Estado y haciéndolo llegar a las pymes a través de los que tenían conocimiento para hacerlo, los bancos. Se ha dicho que es una pena
que el ICO no esté trabajando en el ICO Directo. Yo digo que hemos sido afortunados porque el ICO Directo ha desaparecido. El ICO Directo estaba pensado y reservado solo para algunas operaciones especiales. Haber seguido por este sendero nos
habría llevado al desastre. El ICO no tiene que ser una entidad financiera como el resto, no tiene que captar ahorro ni analizar riesgos de pyme; esa no es su función y seguro que el presidente lo va a explicar mejor que yo.
Como todo el mundo sabe, el ICO se financia solo marginalmente desde el presupuesto del Estado; fundamentalmente el ICO se financia a través de los mercados, de las emisiones que realiza o de los préstamos recibidos de instituciones
financieras internacionales. Creo que no estaría de más, presidente, si le parece, que nos hablase de la capacidad de financiación de la economía española. El ICO lo conoce muy bien porque tiene que acudir a los mercados y sabe perfectamente cuál
puede ser el comportamiento ortodoxo de la economía española para tener una buena financiación, y ello redunda en beneficio del tejido empresarial y de los consumidores españoles. Por eso, la primera cuestión que le planteo es si nos puede hacer
esa reflexión de cómo ve la economía y los mercados.
En segundo lugar, querría referirme a un tema de enorme trascendencia para el futuro y en el que el ICO ha hecho una estupenda labor y debe seguir haciéndola, que es la financiación empresarial no bancaria. El presidente del ICO sabe, por
su experiencia en Bruselas, que España es un país que ha estado excesivamente bancarizado en su financiación empresarial y que hay que buscar alternativas. El ICO ha estado muy activo y creo que el trabajo que se ha hecho es extraordinario con el
Fond-ICO Global. Por eso, me gustaría que el presidente nos hiciese una exposición sobre qué va a hacer a lo largo del próximo año en este tema y que realizase un pequeño balance de cuáles han sido las empresas de los fondos de capital riesgo que
se han desarrollado gracias a la ayuda del ICO; si no lo tiene aquí, por favor, háganoslo llegar.
En tercer lugar, quisiera preguntarle por la labor del ICO en la captación de fondos europeos. Cuando la anterior presidenta del ICO, la señora Garrido, compareció en esta Cámara para explicar el presupuesto de 2016, el señor Hurtado, el
portavoz socialista, le preguntaba por la labor que había estado haciendo el ICO para la captación de fondos europeos. En mi opinión el ICO lo ha hecho bien, pero la experiencia europea del presidente actual puede intensificar todavía más la
presencia española en la captación de fondos europeos. No sé cuál va a ser el grado de éxito del Plan Juncker, lo que sí sé es que España tiene que poner todos los medios para conseguir mayor cantidad de fondos europeos y convertirlos en un
elemento dinamizador del empleo y del bienestar de la sociedad española.
En cuarto lugar, le quiero preguntar por las ayudas a la internacionalización. Actualmente, las entidades financieras necesitan y utilizan muy poco el ICO Intermediación. Por ello, el ICO debe especializarse y la línea de intermediación
puede ser un buen camino para ello. ¿Qué está haciendo el ICO? ¿Cómo está ayudando a estas empresas y qué líneas de trabajo se mantienen con los bancos multilaterales internacionales en este aspecto?
Por último -y espero no haber sido muy exigente, presidente-, ¿nos puede explicar qué está haciendo el ICO en el campo energético y qué líneas estratégicas está siguiendo?
Muchísimas gracias por su presencia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Borrego.
Para contestar a los intervinientes tiene la palabra el señor presidente del ICO, don Pablo Zalba Bidegain.
El señor PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, ICO (Zalba Bidegain): Muchas gracias, presidente.
Señorías, lo primero que quiero hacer es agradecer sus comentarios y sus palabras hoy. Como pueden imaginar, para mí es un honor comparecer por primera vez hoy para responder a todas sus preguntas. Agradezco ese reconocimiento que han
hecho del ICO y del papel que ha jugado en la pasada crisis económica y el que puede seguir jugando, que es lo más importante y lo que seguramente más nos atañe a todos, en un contexto en el que todos tenemos la voluntad de consolidar la
recuperación económica y la creación de empleo, de empleo de calidad.
Antes de nada, me gustaría recordar que el ICO es una entidad de crédito, es un banco, y por ello sigue la operativa bancaria de mercados, las normativas internacionales de información financiera de la Unión Europea. El ICO, como todos
ustedes seguramente saben, está sujeto a Basilea, a las circulares del Banco de España y a la normativa española de entidades de crédito. Como ha dicho el señor Hurtado, el ICO es una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Economía a
través de su Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. El ICO además es un banco público que se rige por los principios de equilibrio financiero, y esto se refleja en sus estatutos; además, cuenta con la garantía directa, explícita,
irrevocable e incondicional de las emisiones que hace. Por lo tanto, el ICO, como bien ha dicho la señora Borrego, se financia en los mercados internacionales y no recibe financiación por parte de los Presupuestos Generales del Estado. Así pues,
su balance, de acuerdo con la normativa europea, no consolida dentro de la deuda del Estado.
Me van a permitir hacer un análisis del contexto en el que nos encontramos, del contexto del que venimos y la contribución que ha tenido el ICO en la profunda crisis económica y en la actual consolidación de la recuperación económica. El
ICO, como banco público, tiene un papel anticíclico clave y, por tanto, debe adaptarse a esta nueva realidad que, gracias a Dios, estamos viviendo los españoles. Al señor Hurtado le preocupa el papel del ICO porque usted dice que es menos
relevante. Seguramente desde un punto de vista cuantitativo podemos estar de acuerdo con usted en ello viendo el ICO como banco público, no como agencia financiera del Estado, pero en absoluto desde un punto de vista cualitativo. El ICO se está
adaptando a una nueva realidad en la que debemos especializarnos y basarnos en el principio de subsidiariedad para, insisto, una vez normalizado el crédito por parte de las entidades financieras, contribuir a la consolidación del crecimiento
económico y a la creación de empleo, insisto, empleo de calidad. Permítanme, como decía, hacer un análisis de lo que ha hecho el ICO en los últimos años. Desde el año 2012 hasta el año 2016, a través de sus líneas de mediación, el ICO inyectó
61.400 millones de euros a la economía. En respuesta a la portavoz del Grupo Popular, en el año 2014 se alcanzó la cifra récord de mediación de 21.000 millones de euros. Por tanto, en los años en los que el Partido Popular ha estado en el Gobierno
el ICO ha jugado un papel fundamental, alcanzando niveles récord de inyección, a través de sus líneas de mediación a la economía, lo que demuestra de alguna manera que el Gobierno del Partido Popular cree en esta institución, que el Gobierno del
Partido Popular cree en el ICO.
El señor Hurtado ha preguntado por operaciones concretas. El año pasado el ICO concedió 4.681 millones de euros a través de las líneas de mediación, menos que los años récords porque, insisto, el papel del ICO debe ser diferente al que ha
jugado durante la crisis económica. Con estos 4.681 millones de euros se financiaron 81.000 operaciones y, lo que es más importante -esto es para responder al señor Salvador de Unión del Pueblo Navarro-, gracias a esos 4.681 millones se logró crear
o mantener 338.000 puestos de trabajo. Esto es lo que de verdad nos debería importar, el empleo, y si, además, podemos buscar fórmulas para que sea empleo de calidad es lo que todos deberíamos ambicionar. Otro dato importante es que el grueso de
la financiación del ICO se dirige a pequeñas y medianas empresas o microempresas, el 66 % de las líneas de mediación van dirigidas a este tipo de empresas que, sin duda alguna, pueden y deben tener un papel protagonista en la recuperación económica.
En cuanto a la parte de agencia financiera del Estado, la labor del ICO como gestor de fondos ha sido fundamental. El Fondo de pago a proveedores, el Fondo de liquidez autonómica y sus versiones posteriores para apoyar la liquidez de
comunidades autónomas y ayuntamientos ha llevado a la gestión de un saldo en 2016 de 156.000 millones de euros, repito, 156.000 millones de euros. Estas son unas cifras relevantes que demuestran que el ICO no está en decadencia sino todo lo
contrario.
A través de estas líneas más a través de otras de financiación directa el ICO ha inyectado a la economía casi 92.000 millones de euros, el 8 % del PIB. Gracias al papel de la agencia financiera del Estado se han abonado casi 12 millones de
facturas impagadas a más de 300.000 empresas españolas. Además, se ha podido atender la deuda financiera de las administraciones territoriales por un valor
de 72.000 millones de euros. Insisto, dada la naturaleza contracíclica del Instituto de Crédito Oficial hemos pasado de un modelo extensivo durante el periodo de crisis a otro propio de una economía en crecimiento, con el objetivo de
consolidar la recuperación económica, basado en la especialización y en los principios de subsidiariedad. El objetivo del ICO -me gustaría dejar claro esto- no es competir con otras entidades financieras, sino complementar la acción que otras
entidades financieras realizan, es decir, en aquella acción que las entidades financieras comerciales no pueden llevar a cabo por diferentes motivos -luego entraré en profundidad en esta cuestión- es el ICO el que puede y debe jugar un papel clave.
Por tanto, el objetivo, insisto respondiendo al señor Hurtado, no es maximizar el volumen sino focalizarse en operaciones en las que el ICO pueda tener un valor añadido.
El señor Hurtado también ha hablado de ICO Directo. ICO Directo fue una experiencia que fue lanzada con muy buena fe pero los resultados, en mi opinión, no fueron convenientes. La señora Borrego ha hablado de desastre pero lo que yo sé es
que el ICO Directo tenía una tasa de morosidad del 40 % y no hay entidad financiera en el país que se pueda permitir tener una tasa de morosidad del 40 %. Por eso, como bien ha dicho usted, señor Hurtado, el Gobierno del Partido Popular en esta
nueva etapa decidió prescindir de esa línea y buscar otras alternativas que pudieran alcanzar el objetivo que se deseó con el ICO Directo. Todas las opiniones que todos los grupos políticos realizan en esta Cámara sobre el ICO no solo las sigo sino
que en mi casa las analizamos, las tenemos en cuenta y estaremos encantados de si son razonables buscar la posibilidad de implementarlas. En este sentido, doña Nuria Alonso, economista del colectivo econoNuestra, y cercana a Podemos, en unas
jornadas organizadas por el Grupo Podemos este lunes aquí sobre el ICO y sobre la banca pública dijo literalmente: El ICO no tiene capacidad, no tiene masa crítica, no puede hacer nada directamente sin recurrir a la banca comercial. Estoy de
acuerdo con esta afirmación, el ICO no puede impulsar la financiación directa como se hizo a través del programa ICO Directo. Es verdad que tenemos unos programas de financiación directa que luego detallaré pero, desde luego, experiencias que no
han resultado positivas no merece la pena reaplicarlas. Insisto, no seré yo sospechoso de ser cercano desde un punto de vista político a Podemos, como se pueden imaginar, pero si hay cosas sensatas puedo llegar a estar de acuerdo con ellas y
respecto a esta afirmación no puedo más que estar de acuerdo con ella. Si bien es verdad que estoy seguro de que en cuanto a lo que el Grupo Podemos aspira a convertir el ICO tendremos muchas divergencias, como no puede ser de otra manera.
Insisto, reconocer que puedo estar de acuerdo con algunas cuestiones es legítimo. Por eso le digo, en cuanto al ICO Directo hemos pasado una etapa y sí estoy dispuesto a hablar con usted, señor Hurtado, para analizar cuáles son los objetivos que se
pretendían con el ICO Directo y buscar fórmulas alternativas que no tengan esa morosidad del 40 % que para una entidad financiera es muy difícil de soportar.
Ha preguntado usted también sobre nuestra relación con Bankia y BMN. Como usted sabe, las líneas de mediación se hacen en colaboración con la mayoría de las entidades financieras españolas, incluidas Bankia y BMN y, obviamente, ambas
entidades tienen un papel muy importante a la hora de canalizar nuestras líneas de mediación. Podríamos decir que el ICO es el banco público que tiene el mayor número de sucursales de toda la banca española porque casi todas las sucursales de toda
la banca española son sucursales del ICO porque casi todas comercializan las líneas de mediación.
La diputada del Grupo Popular ha preguntado por la internacionalización. Van a permitir que me centre en las líneas estratégicas del ICO, he dicho que hemos pasado de un modelo extensivo, en el que la cantidad era importante, a un modelo en
el que la calidad es importante. Sin duda alguna, la internacionalización y el apoyo a la internacionalización de la empresa española y, sobre todo, de la pyme española es uno de los ejes centrales de la actividad del ICO. ¿Por qué apoyar la
internacionalización? Según la Comisión Europea, cada vez que nuestras exportaciones aumentan 1.000 millones se crean 14.000 nuevos puestos de trabajo. Estos datos, sin lugar a dudas, confirman por qué la economía española tiene este crecimiento
tan rotundo y tan contundente que hace solo algunos años hubiera sido impensable. Como recordó la secretaria de Estado de Economía en su comparecencia en el Congreso las exportaciones españolas han pasado de un 25 % a un 33 %. Eso explica por qué
el año pasado se pudo crear esa cantidad de puestos de trabajo, porque tenemos esta tendencia de creación de empleo, sin duda alguna estamos a la cabeza del conjunto de la eurozona y sin duda alguna que las empresas españolas que exportan aumentan
en un 28 % está en parte detrás de esta afirmación. Por lo tanto, insisto, uno de los ejes centrales del ICO va a ser apoyar la internacionalización. Apoyar la internacionalización es apoyar la creación de empleo e incluso me atrevería a decir que
es la creación de empleo de calidad porque habitualmente las empresas que exportan son las empresas industriales y todos sabemos que en general las empresas industriales, la industria, tiene una calidad en el empleo
superior a la del sector servicios. Y el ICO, insisto, no está al margen de esta realidad, al contrario, en los últimos años la actividad del ICO para apoyar la internacionalización ha pasado del 2% al 36 %. Pero no nos conformamos con
esos datos, sin duda alguna ambicionamos a que cada vez más la internacionalización juegue un papel fundamental. Por eso estamos firmando acuerdos con diferentes instituciones multilaterales internacionales. Esto también va en respuesta a la
señora Borrego. Por ejemplo es el caso de la Corporación Andina de Fomento, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Banco Centroamericano de Integración Económica, con los que hemos firmado diferentes acuerdos. ¿Con qué objetivo? Con el
objetivo de ofrecer ese producto de mediación que ofrecemos a las pequeñas y medianas empresas y que tan importante ha sido para éstas puedan sobrevivir a lo largo de esta profunda crisis y puedan seguir impulsando la creación de empleo. Por lo
tanto ofrecer ese mismo servicio en diferentes países.
En respuesta a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular sobre el Plan Junker, este es otro de los ejes fundamentales del ICO en esta nueva etapa: ayudar a canalizar el mayor número de fondos de este ambicioso plan de crecimiento, el
conocido como Plan Junker, del cual ya se ha implementado una primera fase y ahora está en plena tramitación legislativa la segunda fase del Plan Junker. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo sin duda alguna es que España sea uno de los países -si no
el país- que más fondos capte a través del Plan Junker; fondos que sin duda alguna tienen un único destino: impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo.
A este respecto una de las prioridades de la segunda parte del Plan Junker va a ser fomentar los proyectos de eficiencia energética. La portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha mencionado qué vamos a hacer respecto a la eficiencia
energética. Sin duda alguna va a ser una de las prioridades. Ya hemos diseñado con el IDAE un fondo nacional de eficiencia energética que en los Presupuestos Generales del Estado que si tienen ustedes a bien aprobar tiene un importe máximo de 100
millones de euros que esperamos sea un germen para un plan mucho más ambicioso junto con el Banco Europeo de Inversiones en el marco del Plan Junker con el objetivo fundamental para la economía española de impulsar proyectos de eficiencia
energética. ¿Con qué objetivo? En primer lugar con el objetivo de reducir nuestra dependencia energética del exterior. España, desgraciadamente, no tiene o tiene pocos recursos energéticos a pesar del impulso a las energías renovables que sin
duda alguna es importante y hemos hecho en los últimos años un esfuerzo de todos los Gobiernos aunque nos parece que no es suficiente. La eficiencia energética tiene que ser algo fundamental para todos los que tenemos responsabilidades ejecutivas
en este Gobierno. Sin duda a través de estas plataformas que queremos impulsar también tiene el objetivo de dar apoyo a un sector como el de la construcción, que ha sufrido durante la última crisis económica y a través de estas plataformas
podríamos darle un impulso que sería vital para el mantenimiento y la creación de empleo en un sector que ha sido francamentre castigado. Nos gustaría un reto que sería convertir el sector de la construcción, me atrevería a decir, casi hasta en
sector exportador. No tanto porque vaya a exportar sino porque gracias a la mejora de la eficiencia energética de los edificios españoles podríamos impedir o evitar muchas importaciones energéticas que contribuyen a esos desequilibrios comerciales
que gracias al aumento de las exportaciones de los últimos años se están -gracias a Dios- reequilibrando.
Respecto al capital privado, por el que también se interesaba la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, uno de los objetivos prioritarios de las instituciones europeas y de la Comisión Europea es impulsar el mercado único de capitales.
¿Con qué objetivo? Con el objetivo prioritario de diversificar las fuentes de financiación de nuestras empresas, en especial de las pequeñas y medianas empresas, que son excesivamente dependientes del crédito bancario. Esta excesiva dependencia
del crédito bancario provocó que durante la crisis económica las pequeñas y medianas empresas sufrieran en muchas ocasiones esa falta de liquidez que en muchos casos incluso provocó cierres y no nos podemos permitir que una futura crisis, sin duda
alguna todos trabajamos para que se dilate lo más posible en el tiempo, que esa dependencia bancaria cree la sangría del empleo que creó durante la pasada crisis económica. Y con ese objetivo la Unión Europea está impulsando el mercado único de
capitales para diversificar las fuentes de financiación de nuestras empresas. En ese contexto el ICO tiene una filial, AXIS, para impulsar el capital privado para que nuestras empresas no descarten la posibilidad de financiarse a través del capital
privado. En ese contexto se creó en la pasada legislatura el primer fondo público de capital privado en España con un tamaño de 1.500 millones de euros; y creo recordar, señor Hurtado, que no le parecía suficiente, pero yo creo que está teniendo
un efecto catalizador del cual no tenemos perspectiva suficiente para ser conscientes de la magnitud. Yo diría que es una iniciativa pionera en España pero que está
siendo analizada por parte de las instituciones europeas como un ejemplo para conseguir ese ansiado objetivo que es diversificar las fuentes de financiación. Se han invertido más de 1.000 millones de euros a través de la aportación de la
filial AXIS en más de 200 compañías españolas. Y lo que es más importante -y en respuesta al señor Salvador-: han creado 50.000 puestos de trabajo.
El señor Montero ha lamentado que el crédito o las líneas de mediación del ICO se han mermado y que por tanto el crédito está mermando. Si ustedes analizan el crédito que hoy dan las entidades privadas, las entidades comerciales, más el
crédito que da el ICO, vemos que la curva es perfectamente ascendente. El año 2014, cuando todavía las entidades financieras tenían problemas de inyectar liquidez y por lo tanto nuestras pymes y nuestras empresas tenían dificultades de acceso al
crédito es cuando el ICO tuvo su punto álgido en cuanto a líneas de mediación alcanzando más de 21.000 millones de euros. Pero a medida que el crédito está fluyendo, gracias en parte por la política monetaria del Banco Central Europeo, pero también
gracias al saneamiento que gracias a la reforma, a la importante y ambiciosa reforma del sector financiero que emprendió el Gobierno de España en la legislatura pasada, hoy el crédito fluye y hoy, insisto, si sumamos las inyecciones de liquidez por
parte del ICO a través de las líneas de mediación, más el crédito que las entidades financieras dan a las empresas españolas, sin duda alguna la curva es ascendente.
Respecto al señor Hurtado y su preocupación porque ha desaparecido la aportación patrimonial, mire usted, hoy el ICO ha alcanzado niveles altos de solvencia regulatoria. Hoy el ICO tiene que pasar de una política expansiva a una política
especializada y por lo tanto con el capital que hoy tiene el ICO gracias, insisto, a esa gran labor que han hecho mis predecesores y a esos niveles de solvencia, hoy no es necesario sin duda alguna esa aportación patrimonial.
Respecto a la capacidad de endeudamiento por la que también ha preguntado el señor Hurtado, con el límite de endeudamiento propuesto de 5.900 millones de euros que ustedes -Dios mediante- aprobarán, el ICO sin duda va a poder hacer frente a
los compromisos que exijan los desembolsos a los que nos hemos comprometido y a conceder las nuevas operaciones comprometidas por un valor de 23.812 millones. Es decir con esos 5.900 millones podríamos desembolsar 23.812 millones, cantidad que está
muy por encima de la previsión de nuestra actividad para el año 2017.
Respecto a la caída de beneficios que preocupa al señor Montero, bien es verdad que los beneficios de este año como usted ha dicho han superado los 315 millones de euros, muy por encima de los 48 estimados para este año, este notable
descenso se explica por el carácter extraordinario que han tenido los beneficios este año. ¿Y a qué se debe ese carácter extraordinario de los beneficios del presente ejercicio? Ha sido especialmente alto por el importante volumen de provisiones
que se han recuperado por los cobros de operaciones que estaban provisionadas y por la liberación de deterioros como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva circular 4 del Banco de España. Este es un hecho totalmente excepcional y no hay
previsión de que se repita en los próximos años. Esa liberación de provisiones como consecuencia de la entrada en vigor de la circular 4 del Banco de España ha provocado ese aumento de beneficios que sin duda alguna es positivo recordar que va a
contribuir a la reducción del déficit público.
Respecto al sistema de gestión al que el señor Hurtado ha hecho mención, el conocido como SDP, desde luego estoy de acuerdo con usted en que es muy relevante para la casa; es verdad que está congelado porque Hacienda, debido al contexto
económico en el que nos encontramos, no autoriza su dotación económica, pero sin duda alguna estamos en continuo contacto con los sindicatos en el marco del ICO y con ellos vamos a mantener una reunión para buscar de alguna manera alternativas entre
todos a una posible solución a esta cuestión, pero agradezco que haga esta pregunta porque sin duda alguna para nosotros y para la dirección del ICO también es una preocupación.
Por último, respecto a las preguntas del señor Salvador, no puedo estar más de acuerdo con usted en que el acuerdo que ha alcanzado el Grupo Parlamentario Popular y Unión del Pueblo Navarro, así como con otros grupos políticos -pero usted ha
hecho mención a ese acuerdo y a él me referiré- es importante para el futuro de la comunidad foral y para el futuro de España. Yo desde luego agradezco al Grupo Parlamentario de UPN ese apoyo. Respecto al Canal de Navarra, estoy de acuerdo con
usted en que es una importante obra de infraestructura clave para el futuro desarrollo de Navarra y sin duda alguna el ICO, que ya financió la primera fase, está disponible cuando el Gobierno de Navarro tenga a bien, junto con el Gobierno de España,
en el marco de Canasa, para diseñar o redactar ese proyecto e impulsar la construcción de esta importante obra, la segunda fase. Desde luego el ICO está dispuesto a estudiar la financiación de esta importante obra para la comunidad foral.
Creo que he respondido a todas sus cuestiones. Les agradezco sus comentarios que, sin duda alguna, serán tenidos en cuenta. Quiero decirles que el ICO está a su disposición para cualquier iniciativa o sugerencia que puedan tener para
mejorarlo y, sobre todo, para que el ICO siga jugando un papel clave en la consolidación de la recuperación económica e impulsando la creación de empleo, y empleo de calidad, así que muchísimas gracias a todos. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias por la comparecencia, señor Zalba. (Pausa).
- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (VERA GIL). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA (número de expediente 212/000458) Y POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/000415).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la comparecencia del señor presidente de la Agencia EFE, don José Antonio Vera. Siguiendo el orden habitual y pidiendo disculpas por el retraso que llevamos, para realizar las preguntas en nombre de los
grupos parlamentarios, en primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Camacho.
El señor CAMACHO SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente. Yo espero que recuperemos ese tiempo. (Risas).
Señor Vera, bienvenido a esta Comisión de Presupuestos. Después de llevar muchos años en la vida parlamentaria, le puedo asegurar que esta es una de las comparecencias más complicadas que he tenido a la hora de prepararla por el problema de
la documentación fundamentalmente, porque estamos analizando los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año y después de muchos tomos, de muchos libros de colores distintos, lo único que aparece es una cuantía de 39 millones de euros para
cumplir un compromiso con la Agencia EFE en función del servicio que debe prestar. No tenemos ningún dato más para poder analizar los presupuestos de la Agencia EFE y, por tanto, es muy complicado entrar a valorar si esos presupuestos son acordes o
no lo son. Pero algo de documentación hemos podido recabar y algunas preguntas le querría hacer al respecto sobre algunas cuestiones que me preocupan personalmente.
No entendemos cómo después de cuatro años de llevar adelante un ERE en la Agencia EFE seguimos con un déficit de 9.800.000 euros, que parece ser que la inmensa mayoría provienen de los gastos de personal, porque he tenido la oportunidad de
ver su comparecencia del año 2015 relacionada con los presupuestos del año 2016 y, si no recuerdo mal, decía usted que el gasto de personal de la Agencia EFE era en torno a un 72 % del coste total del servicio. Ahora, después de cuatro años de
aplicación del ERE, que parece ser que era la solución a los problemas económicos de la agencia, que nos encontremos en este próximo ejercicio con un déficit del año anterior de 9.800.000 euros, parece un poco excesivo, y yo espero que en su
intervención nos lo pueda aclarar.
He podido comprobar también en una reunión del consejo de administración que se celebró parece ser el día 12 de abril, donde analizaron las cuentas del año 2016, la valoración que hacen y todo lo que se refiere al reconocimiento por parte de
la Comisión Europea del Servicio de Interés Económico General. Quiero preguntarle por este tema porque es muy importante. ¿Considera que esta es la solución económica a los problemas que tiene la Agencia EFE? Hay un párrafo en esta nota -creo que
es una nota de prensa, aunque no lo dice muy claramente- que me preocupa y me llama la atención. Dice: las mayores bajas incentivadas producidas sobre las previstas a la finalización del ERTE y para las prejubilaciones fueron acordadas condiciones
económicas superiores a las inicialmente previstas. ¿Cómo es posible que esto se hiciera así? No termino de entenderlo. Seguro que hay alguna explicación y me gustaría que nos la diese. Y poco más, porque ya le digo, poca información tenemos
respecto a los presupuestos del próximo año y poco podemos entrar a analizar. Hay una cuestión que no tiene nada que ver con los presupuestos, pero que de alguna manera incide en el funcionamiento de la Agencia EFE. ¿Hay alguna explicación para
que desde el año 2014 no se renueve el consejo de redacción de la Agencia EFE?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Camacho.
Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, tiene la palabra el señor Vila.
El señor VILA GÓMEZ: Gracias, señor presidente.
Señor Vera, coincidiendo un poco con la intervención del portavoz del Grupo Socialista, es cierto que la Agencia EFE, siendo una agencia de comunicación pública, dependiente de un organismo cien por cien
público, tiene un funcionamiento un tanto anómalo por lo que se refiere a la opacidad que rodea su gestión, con lo cual es difícil preparar una intervención de cara a los Presupuestos Generales del Estado. Es más fácil hacer un balance de
su gestión al frente de la agencia durante los últimos cuatro años. Como decía también el portavoz del Grupo Socialista, usted comenzó su mandato en 2012, año en que había unas pérdidas de 10,8 millones de euros que justificaban una política de
cuatro años de recortes de plantilla, recortes salariales, recortes de gasto, privatizaciones y externalizaciones en pos del saneamiento de las cuentas. En 2016 nos encontramos con un saldo negativo de 9,8 millones de euros, es decir, casi lo mismo
que en 2012, cuando justificaban por esas pérdidas los recortes para sanear las cuentas. A esto hay que añadir que durante los cuatro años de su mandato, de 2012 a 2016, las pérdidas año a año han sido consecutivas. No ha habido un solo año en que
el saldo haya sido positivo. Esto arroja, pues, un balance bastante negativo de su gestión y pone de manifiesto que la política de gestión de lo público implementada por el Partido Popular, de privatización, externalización y recortes, además de
ser injusta y hacer recaer el peso de la crisis o de los recortes sobre los trabajadores y las trabajadoras de la Agencia EFE, no sirve en absoluto para sanear las cuentas y gestionar mejor los recursos públicos. Quiero preguntarle si está de
acuerdo conmigo en esto, si después de cuatro años de gestión la política de recortes, externalizaciones, privatizaciones y demás sirve para sanear las cuentas de un ente público.
He tenido acceso al documento que ha citado el portavoz del Grupo Socialista y la justificación que hacen de los 9 millones y pico de euros de pérdidas es un tanto sorprendente. Desde mi punto de vista, es una manera de echar balones fuera
para no asumir responsabilidades en la mala gestión económica que han hecho de la agencia pública. Ustedes dicen que no habían previsto que se volviera a las tablas salariales de 2009 a partir del año 2015, que es cuando finalizaba el ERE. Si el
ERE viene de 2012, ¿cómo es que no tenían previsto que a partir de 2015 o 2016 los trabajadores y las trabajadoras iban a volver a las tablas salariales de 2009? Es una falta de previsión importante porque además ustedes mismos hicieron el ERE y
fijaron una fecha de finalización concreta, por lo que no haberlo previsto es una consecuencia de la mala gestión también.
Han hablado de una sentencia del Tribunal Supremo que dice que a los trabajadores que han pasado a la categoría sénior tienen que pagarles unas cantidades que, a nuestro juicio -es muy difícil hacer un cálculo exacto porque no tenemos el
desglose de los gastos de la agencia-, son desorbitadas. Ustedes hablan de 800.000 euros y, según un cálculo hecho a bote pronto, a nosotros nos salen 53.800 euros. Es verdad que ahí faltarán cotizaciones a la Seguridad Social y algunos gastos más
que no tenemos capacidad para poner de manifiesto porque no los tenemos, pero de 56.000 a 800.000 euros hay una diferencia demasiado abultada. Creemos que esos 800.000 euros son un tanto exagerados. También hacen referencia a que otra sentencia de
otro tribunal les condena a pagar a unos trabajadores las pagas extraordinarias, que, como dice el tribunal, les habían retenido indebidamente. Esta sentencia es de 2014; si la sentencia es de 2014, ¿por qué no habían previsto que iban a tener que
efectuar ese gasto de más? También echan la culpa al tipo de cambio de la moneda extranjera y sitúan esa pérdida en más de un millón de euros. Sin tener datos, también creo que es una cifra un poco abultada, que excede lo que realmente es.
Mientras en estos cuatro años se ha producido esta política de ERE, de recortes de plantilla, de salarios y de gastos, se ha producido también un incremento en los bonus a los directivos. Concretamente, en 2016 ganó usted 157.713 euros. (El señor
Presidente de la Agencia EFE, Vera Gil, hace signos negativos). Es un dato que está publicado y que he sacado de la Agencia EFE-, su sueldo más una bonificación del año 2015. En total, 157.713 euros. ¿No cree usted que pagar estos bonus a la alta
dirección mientras había un ERE que recortaba salarios, plantilla y gasto habrá tenido algún impacto en las cuentas para que salgan negativas?
Por otro lado, ¿cuánto va a tener que aportar la SEPI para sanear o paliar el saldo negativo que arroja el año 2016? Dicho de otra manera, ¿cuánto va a costar a los españoles y a las españolas las consecuencias de una mala gestión durante
su mandato? ¿Tampoco tienen efecto en las cuentas negativas el incremento de gasto en las contrataciones en el exterior para la producción audiovisual con empresas privadas? Porque esto también se está produciendo con empresas como Secuoya, en
Colombia, y no hacen referencia en la carta pública que han sacado cuánto ha costado eso. Supongo que tendrá un impacto en las cuentas, así que si puede detallármelo se lo agradecería. En aras de la transparencia de la agencia, quiero pedirle una
relación -no sé si la tiene aquí, pero si no me gustaría que la remitiera por escrito a la Cámara o a mí personalmente- de las empresas de servicios y proveedores de EFE durante su mandato y con una especificación del resultado económico.
Por otro lado, aducen que han tenido que pagar unas cuantas prejubilaciones en unas condiciones más altas de las que figuraban en el ERE, pero no lo especifican. ¿A cuántos han tenido que pagar más de lo que habían pactado inicialmente y
por qué? Asimismo, quisiera tener un listado del personal contratado en el exterior y de sus salarios, porque los trabajadores y los sindicatos de la agencia han denunciado en varias ocasiones que ustedes están contratando en el exterior abundando
en la precariedad laboral de estos trabajadores. Durante el ERE también se produjeron ascensos. Me gustaría conocer cuántos ascensos, por qué se produjeron, a qué categoría ascendieron y cuánto incremento salarial tuvieron. Y también me gustaría
que se comprometiera en sede parlamentaria a aportar todos los años el presupuesto anual operativo; no he sido capaz de encontrarlo y creo que no existe.
En la carta hace referencia al SIEG, que viene a ser la declaración de la Unión Europea de la Agencia EFE como Servicio de Interés Económico General. En esa carta que mencionaba el portavoz del Grupo Socialista dicen que va a ser la
salvación de los malos resultados de las cuentas. Es algo paradójico, puesto que ustedes son quienes defienden el modelo de privatizaciones y externalizaciones como independencia del Estado y en la carta pública dicen que la aportación del SIEG va
a ser la salvación. Nos parece bien, pero quiero llamar su atención y la de los grupos parlamentarios, del Grupo Socialista y del Grupo Popular, porque podemos aprovechar esta consideración de Servicio de Interés Público General para abrir un
debate con los grupos parlamentarios que dé como resultado un marco legislativo adecuado a la categorización de SIEG y un estatuto público para la Agencia EFE. Es una reclamación histórica de los trabajadores. Hace cuarenta años que se aprobó la
Constitución española, que en su artículo 20.3 establece que toda empresa pública se debe regir por un estatuto público, y a día de hoy seguimos sin estatuto público. Además, nos preocupa que el Partido Popular y el Partido Socialista tengan
tentaciones de cerrar el marco legislativo vía enmienda de la Ley de Contratos del Sector Público en vez de abrir un debate parlamentario que dé lugar a un estatuto público para la agencia y a una normativa que garantice el funcionamiento de
independencia, transparencia y pluralidad de la agencia pública.
Por último, quiero preguntarle por el consejo de redacción, al que también se ha referido el compañero del Grupo Socialista, que creo que también afecta a su gestión. Lleva bloqueado desde 2014 por un conflicto con el censo de EFEAgro. Son
bastante dudosos los argumentos que utiliza la dirección de la Agencia EFE para decir que EFEAgro no figura como filial de la Agencia EFE. Para nosotros es bastante dudoso en tanto que en el pliego de condiciones técnicas para el concurso público,
que ustedes sacaron para contratar con EFE New, reconocen como asegurados adicionales a los de la matriz a las sociedades filiales siguientes: EFEAgro, EFEAgro Producción Vertical y Noticias y Gestión Turística, que estas dos son a su vez filiales
de EFEAgro, por tanto están reconociendo que tienen una relación de filial con ustedes. Por otro lado, es verdad que se dice que una filial es aquella dependiente de otra, dueña en su acción de más del 50 % de su capital, pero también se considera
esta categoría a la empresa que carece de autonomía de gestión, como es el caso de EFEAgro. Por tanto, su argumento es cuando menos dudoso...
El señor PRESIDENTE: Señor Vila, vaya concluyendo, por favor.
El señor VILA GÓMEZ: Acabo enseguida.
Nosotros le queremos instar a que ponga los medios, que nos diga qué ha hecho hasta ahora, si hay constituida una mesa de negociación con los sindicatos, si piensa usted recurrir a un sistema de arbitraje o no, si lo ha hecho ya, que nos
diga qué medidas ha tomado para desbloquear esta situación que deja a los periodistas de la Agencia EFE sin protección frente a las presiones externas, incluso de la propia dirección, para dar las noticias, cosa que nos parece especialmente
preocupante en una agencia de servicio público. Para concluir, me gustaría preguntarle, presidente, si hecho este balance de gestión de su mandato, se considera usted el mejor candidato para repetir al frente de la Agencia EFE.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vila.
Se ha hecho referencia aquí a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, y en este sentido quiero informar al compareciente y a sus señorías de que la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales comparecerá en
esta Comisión mañana.
Para cerrar las intervenciones de los grupos parlamentarios, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Moreno.
El señor MORENO BUSTOS: Gracias, señor presidente.
Señor Vera, voy a intentar ser un poco más positivo en mi exposición. Después de escuchar la intervención del portavoz de Podemos, con esa negatividad a la que acostumbran y el discurso al que nos tienen acostumbrados también, voy a
intentar ir en la línea del positivismo. Señor presidente, vaya por delante en mis primeras palabras el reconocimiento de este grupo parlamentario al considerar a la Agencia EFE como ejemplo de servicio público y sobre todo de profesionalidad, algo
que me gustaría dejar muy claro. La trayectoria llevada a cabo durante los últimos cinco años han conseguido poner en valor y recuperar una sociedad que, tras unos cuantos años de desorientación, de mala gestión y de dudas, han sabido restablecer
desde la honestidad y el trabajo conjunto entre la dirección y los trabajadores. Por ello, como le decía, tiene toda mi consideración, señor Vera.
De sobra es conocida la situación de crisis económica por la que ha atravesado este país y, como no podía ser de otra forma, también la Agencia EFE. Desde el primer momento, como sabemos, se intentó concentrar los esfuerzos en mejorar los
ingresos y los gastos de la agencia, aumentando ventas en el mercado exterior, especialmente en el continente americano, y aquí quiero empezar con mis preguntas, que estoy seguro de que con sus respuestas pondrán más en valor la realidad de la
situación actual de la propia agencia. Señor Vera, América ha sido siempre un mercado estrella para la Agencia EFE. En este sentido, me gustaría saber cuál es la situación de EFE en América y si ganamos o perdemos posiciones. Yo sé -como creo que
todos- que durante estos últimos años se ha trabajado y se han conseguido abrir nuevas líneas de negocio, como producción bajo demanda o licitaciones, y ya conocemos que no ha sido fácil. Por otra parte, se han consolidado los portales verticales y
se ha logrado que, por ejemplo, EFEAgro obtuviera beneficios. Por ello, quisiera conocer cuáles han sido los resultados de las sociedades del Grupo EFE, tanto de sus filiales como de las empresas participadas: EFEAgro, EPA y Fundéu. En ese mismo
sentido, quisiéramos saber también qué aportaciones presupuestarias está teniendo que hacer EFE a dichas sociedades.
En cuanto a costes, hay que poner también en valor el hecho de que, aunque ha habido significativas reducciones en estos años, también hay que destacar que la calidad del servicio en ningún momento, según nuestro criterio, desmejoró o se vio
debilitado, y más cuando todos conocemos el dato de los costes de personal, que representaban prácticamente el 70 % de los de la empresa. Aprovechando esta afirmación, quisiera preguntarle cuál ha sido la evolución de las cuentas de EFE en los
últimos ejercicios y qué perspectivas hay sobre las mismas, con la consideración de EFE como un servicio de interés económico general. Dicho todo esto, conocemos que usted ha estado trabajando durante estos últimos años para conseguir una
financiación estable, tanto para la actividad informativa diaria como para sus necesidades de actualización tecnológica, intentando que la propia agencia acabe siendo la primera agencia de noticias del mundo en español. Por eso, quiero que en la
medida de lo posible me responda a la siguiente pregunta. Sabemos que la Comisión Europea ha trasladado al Reino de España una resolución que considera que el servicio informativo que presta EFE debe tener la consideración de Servicio de Interés
Económico General. Nos gustaría saber, por tanto, qué alcance tiene esa resolución para la propia agencia y cómo se va a materializar desde el punto de vista formal.
En otro orden de cosas, como decía con anterioridad, es muy importante para España -y fundamentalmente para la agencia- nuestra presencia, nuestra inclusión, nuestra penetración en el mercado americano, pero estará conmigo en que no lo es
menos en otros continentes emergentes, por ejemplo, el asiático, como así quiero recordar de su última comparecencia, en la que nos hablaba de un plan de acción para Asia y de incidir en el complemento de servicio de video. Pasado cierto tiempo,
quisiéramos conocer si esos planes han seguido adelante y, de ser así, cuál ha sido su evolución. Sin abandonar el continente asiático, usted -como decía anteriormente- ya nos avanzó en su momento la intención de ampliar la participación de EFE en
EPA, la European Pressphoto Agency, y recientemente hemos tenido conocimiento del lanzamiento conjunto de un nuevo servicio multimedia en inglés, con lo que ustedes como primera agencia de noticias en español pretenden conseguir alcanzar por primera
vez el mercado global. Dicho esto, ¿podría avanzarnos algo más sobre este importante hecho que, estamos seguros, posibilitará una presencia más amplia en los medios de habla inglesa?
Otra de las cuestiones que se han convertido en referencia obligada es su magnífico museo. Inaugurado en marzo de 2016 bajo el epígrafe Museo EFE, la Casa de las Noticias, recoge el legado informativo de la agencia desde su nacimiento,
pasando por un recorrido histórico de los hitos más importantes de la historia de España desde el punto de vista de la noticia, del periodismo y de la crónica. Fotografías y audiovisuales, entre otros instrumentos, nos plasman la contribución del
periodismo español,
ese que algunos desde la amenaza quieren silenciar y que son denunciados por las propias asociaciones de prensa. Porque nosotros, los demócratas, estamos por la libertad de prensa e información, y porque queremos que museos como el que
estoy mencionando continúen siendo marca de identidad de la sociedad española, me gustaría conocer cuál ha sido el nivel de actividad desde su puesta en funcionamiento y cuál es el coste que tiene para la Agencia EFE.
Señor Vera, no haría falta recordar que la Agencia EFE se ha convertido en la primera agencia en español del mundo, con más de setenta y cinco años de historia y la cuarta del mundo tras APE, Reuters y AFP, y todo esto no es casualidad.
Detrás de todo ello hay un trabajo bien hecho que, pese a la austeridad presupuestaria, ha conseguido poner en valor el servicio público que EFE presta a la sociedad y al Estado español. Esa puesta en valor -y le felicito por ello a usted y a su
equipo- ha hecho posible un magnífico nivel de informaciones, ha hecho posible exclusivas que se han apuntado ustedes, como las entrevistas llevadas a cabo a líderes internacionales, como las recientemente hechas a los presidentes de Brasil, Rusia o
Siria, y han hecho posible que su servicio fotográfico ocupe con frecuencia las portadas de prensa tanto nacional como internacional. En definitiva, con su trabajo consiguen dar prestigio no solo a la prensa nacional sino que nos sintamos
orgullosos todos los españoles de la Agencia EFE.
Acabo, señor presidente. Nuestra preocupación por el futuro de la Agencia EFE a día de hoy está totalmente superada. Sabemos que aún quedan cosas por hacer. Sabemos que el saldo en estos momentos es muy favorable en rigurosidad, en
responsabilidad y en esfuerzo. Sabemos que cada día la aportación de la Agencia EFE hacia España es más importante. Sabemos y entendemos lo difícil que resulta competir en el exterior con otras agencias internacionales y más cuando todas no
cuentan con las mismas armas económicas. Sabemos que los momentos atravesados han sido difíciles, complicados y peliagudos, pero sabiendo todo eso también sabemos que esa es su fortaleza y por eso, señor Vera, le animamos y le apoyamos para que
continúe en esa senda que le da protagonismo como ejemplo de servicio público, como le decía al principio de mi intervención, desde su atalaya al periodismo español y a España.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moreno.
Para responder a los grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor presidente de la Agencia EFE, don José Antonio Vera.
El señor PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (Vera Gil): Muchísimas gracias, señor presidente, y muchísimas gracias a los señores portavoces, señor Moreno, señor Vila, señor Camacho, por el tono, por sus preguntas. Quiero agradecerles la
oportunidad de comparecer nuevamente en esta Comisión para explicarles la realidad de esta empresa que tengo el honor de presidir desde el año 2012, como se ha puesto de manifiesto aquí. Y permítanme, señorías, tal y como he dicho en anteriores
comparecencias y como no puede ser de otra manera, agradecer y reconocer el importante esfuerzo de la plantilla de la Agencia EFE a lo largo de estos años, que ha contribuido sin duda a mantener nuestra agencia como una empresa puntera en su sector.
Desgraciadamente no estamos donde nos hubiera gustado estar porque la crisis no ha acabado ni muestra signos suficientes de mejora en el ámbito de los medios de comunicación, como se ve en las cuentas resultados de nuestros principales clientes, que
son los medios de comunicación. Pero seguimos compitiendo entre los grandes del sector, que es lo realmente importante.
Me han preguntado ustedes muchas cosas y voy a intentar, si les parece, tratar de agrupar todas las preguntas y a ser posible responder a cada una de ellas, si tenemos tiempo. Me han preguntado todos por el SIEG y voy a intentar
responderles. Intuía, como es lógico y debido a la actualidad de este tema, que se iban a interesar ustedes por el asunto y he preparado un texto que prefiero leerles, dada la dificultad técnica que en ocasiones conlleva este asunto. Recordarán,
sus señorías, que en todas mis comparecencias en esta Comisión -y creo que esta es la sexta-, y en otras ocasiones, he manifestado que la Agencia EFE estaba recibiendo a través del contrato de servicios con el Estado unas cantidades inferiores a las
que le correspondían. Cantidades que no son un poco menores sino que están muy por debajo del servicio público que presta EFE y de su contribución a la imagen de España en el mundo. Pues bien, el SIEG, el Servicio de Interés Económico General,
debe proporcionar una forma adecuada a nuestra relación con el Estado, ya que, como en el caso francés, otorga una consideración de su actividad como servicio público y por tanto define claramente su relación jurídica. Además, permite también una
fórmula de financiación de esa actividad, que entendemos que debe ser, y es, justa y equitativa -por lo menos así es en el caso francés y por tanto debería serlo también en el español- y que acaba o debe acabar
con los déficits del pasado de una forma estable, otorgando con ello a la empresa un horizonte de estabilidad a largo plazo.
El Estado tiene que abonar -conforme a unos términos que ha fijado la Comisión Europea en dos resoluciones diferentes- adecuadamente y conforme a unos parámetros perfectamente definidos, y que tienen que ser anualmente auditados, una
cantidad superior a la abonada hasta ahora, la cual ha sufrido cuantiosos recortes en los últimos años, como acabo de referir. Me preguntaba el señor Vila que si estaba de acuerdo con los recortes. De ninguna manera puedo estar de acuerdo con los
recortes porque han lastrado el funcionamiento de esta agencia durante todos estos años y además es algo que he dicho una y otra vez durante todas mis comparecencias durante este tiempo. No estoy nada de acuerdo con los recortes, otra cosa es que
seamos solidarios y que si ha habido recortes para todo el mundo pues qué vamos a hacer. Hemos tenido que entender que también son para nosotros los recortes porque, francamente, yo no puedo hacer nada desde el punto de vista de la consignación del
presupuesto.
Ahora bien, quiero remarcar a sus señorías dos cosas importantes en este sentido. El importe que hemos calculado conforme a la fórmula que establece la Comisión Europea, el denominado coste neto evitado, al que ahora me referiré con un
poquito más de extensión, para el año 2016 es prácticamente la misma cantidad que tenía EFE asignada por el contrato de servicios en 2009, antes del inicio de los recortes. En aquel entonces el presupuesto que EFE percibía del Estado era de 50,9
millones de euros. El pasado año fueron 39 y en años anteriores apenas 38 millones de euros, una cantidad que, por cierto y como he dicho también en más de una ocasión, es menor que la que percibe del Estado la televisión autonómica más pequeña del
Estado español, la más pequeña recibe más dinero que EFE y EFE está en 120 países representando de una forma -entiendo- adecuada al Estado español, a la lengua española y a los medios de comunicación españoles. En ese sentido, podríamos decir de
forma coloquial si se quiere que se nos vuelve a poner al día con el SIEG o al menos así lo establece en sus resoluciones la Comisión Europea. Por otro lado, tienen que tener en cuenta sus señorías que no le vamos a costar ni un euro más al Estado
que antes sino exactamente lo mismo, bien es verdad que a través de un sistema más directo y más transparente. Quiero decir que el dinero que nos consignaba el Estado a través del contrato de servicios, por ser insuficiente, producía un déficit
todos los años, estructural, respecto al coste del servicio que el propio Estado nos demandaba, lo que a su vez producía unas pérdidas contables -como se ha referido el señor Camacho y como ser ha referido el señor Vila- en las cuentas de EFE. La
SEPI, nuestro accionista único, al final tenía obligatoriamente que hacer aportaciones a fondos propios para cubrir esas pérdidas, por lo que el resultado final era el mismo para las cuentas del Estado. No nos lo daban por el contrato de servicios
con el Estado pero nos lo tenía que dar la SEPI, al final la misma cantidad. De hecho, las aportaciones que ha tenido que realizar la SEPI a fondos propios durante los últimos años han sido aceptadas por la Comisión Europea como ayudas compatibles,
ya que son parte de las infracompensaciones que se han generado por el servicio público durante todos estos años -no solamente durante los años que yo llevo al frente de EFE-, particularmente desde el año 2009. No vamos a costarle más dinero al
Estado, como acabo de decir, pero ahora nos tendríamos que mover -con el SIEG- en un marco estable que evitará las tensiones financieras y patrimoniales que hemos sufrido históricamente. La referida solución legislativa, como ustedes saben, se
encuentra actualmente en trámite por lo que solo me cabe pedirles, señorías, que apoyen la iniciativa, que por otro lado es una obligación del Estado conforme a la resolución comunitaria, y que concedan a esta empresa con su voto la calificación
histórica que se merece.
Se ha dicho que nosotros hemos defendido la privatización de la agencia o de servicios de la agencia. Me gustaría saber qué hemos privatizado nosotros. No hemos privatizado absolutamente nada. Es verdad, hemos entrado en empresas que
tienen consideración de privadas, entre otras cosas porque como no teníamos el presupuesto adecuado del Estado, si tenemos que competir, por ejemplo, con France-Presse, que tiene un presupuesto muchísimo mayor que nosotros, en América, o con ANSA o
con DPA o con Reuters o con AP, dado que no teníamos presupuesto, teníamos que hacer algún tipo de alianza con empresas que tenían experiencia en ese ámbito y que, por supuesto, no ha supuesto ni un solo euro de inversión para la Agencia EFE. EFE
no ha invertido nada, ha invertido cero en Secuoya. Cero, porque la inversión la ha puesto Secuoya; nosotros hemos puesto el conocimiento del mercado, la marca y algunos profesionales que, por cierto, han pasado a esa empresa. Pero lo hemos hecho
porque no hemos tenido la consignación que deberíamos tener del Estado, como estoy diciendo en este momento. La referida solución legislativa, por tanto, les pido a ustedes que la apoyen cuando llegue el momento. La situación actual del trámite
legal del SIEG es la siguiente. La enmienda está preparada, ha sido revisada por la
Abogacía del Estado, se va a presentar en el Senado para incorporarla a la Ley de Contratos que, como saben, tiene por objeto homologar la legislación comunitaria con la española en esta materia, como es igualmente el caso del SIEG en
relación con la Agencia EFE.
Les cuento ahora someramente cómo ha sido el procedimiento del SIEG. Es un tema en el que venimos trabajando en EFE desde hace tiempo. Tras un largo proceso iniciado hace exactamente cinco años, en el mes de julio del pasado año 2016, la
Comisión Europea remitió a nuestro país una resolución provisional donde se establecían las bases de su propuesta para el reconocimiento y calificación del SIEG para la actividad de la Agencia EFE. En el mes de septiembre el Reino de España aceptó
íntegramente esa resolución, emitiendo la Comisión Europea la resolución definitiva a comienzos de diciembre de 2016, como he referido. En esencia, estas resoluciones vienen a determinar que el servicio público que EFE viene prestando al Estado, al
menos desde el momento de la entrada de España en la Unión Europea, tiene la consideración de SIEG y que todas las cantidades recibidas en el pasado, tanto a nivel del tradicional contrato de servicios del Estado como las aportaciones de su
accionista único, la SEPI, tienen la condición de cantidades o ayudas existentes y, por tanto, también compatibles. Por tanto, no son ayudas del Estado no compatibles o ilegales ni vulneran las normas de la competencia y no son unas cantidades que
el Gobierno de España o la Agencia EFE deba devolver, como debería hacerse en caso de ser consideradas ayudas de Estado no compatibles o ilegales, y que afectarían tanto a decisiones tomadas por el Gobierno del Partido Popular ahora y en anteriores
ocasiones como a decisiones tomadas por el Partido Socialista durante los gobiernos de Felipe González y Rodríguez Zapatero y, por supuesto, durante los gobiernos de UCD. El SIEG establece un sistema de financiación del servicio público de forma
que garantiza una compensación adecuada al coste real del servicio requerido evitando infra o sobrecompensaciones y le otorga un marco de estabilidad económica y jurídica que no había tenido hasta ahora. Como he tenido ocasión de mencionar antes,
el sistema es el del coste neto evitado, que establece la diferencia entre el coste neto total de EFE y el que tendría si no tuviera las obligaciones de servicio público en todo el mundo. Además, contempla que hay que pagar el precio de la
suscripción del Estado a los servicios informativos de EFE. En este sentido, señorías, como ya he referido, debe remarcarse que EFE ha venido defendiendo y demostrando históricamente a través de diferentes formulas que la causa de sus pérdidas
estructurales era la insuficiente dotación económica del Estado a través del contrato de servicios. La calificación de SIEG debe solventar esta situación de forma estructural y sostenida y otorga un marco jurídico y financiero para llevar a cabo su
actividad con la estabilidad necesaria a largo plazo. En este sentido, la Comisión Europea otorga un plazo de diez años para actualizar esa calificación, pudiendo prorrogarse, y concede un periodo que finaliza en julio de 2017 para que el Estado
español atribuya formalmente y vincule a EFE con los objetivos y obligaciones del servicio público; repito, julio de 2017, dentro de unos meses.
Se ha mencionado el estatuto, que siempre es un tema que se menciona aquí. Yo estoy perfectamente de acuerdo con ese asunto, pero no es algo que sea de mi competencia, es de competencia de todos ustedes, del Gobierno y de todos ustedes.
Ahora bien, francamente les digo que sería un error que lo hiciéramos todo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no va a dar tiempo. La Comisión Europea nos obliga a aprobar el SIEG de aquí a julio y estarán conmigo en que una discusión de ese calado
va a durar más tiempo y es lógico que así sea. Por supuesto, si se aprueba un estatuto, estaremos a lo que diga el estatuto. Me preguntaba el señor Vila si yo sería el candidato. Yo no soy candidato a nada. Yo haré lo que me digan ustedes; lo
que me diga el Gobierno y lo que me digan ustedes. Ustedes me pusieron -me puso el Gobierno- y cuando decidan que me tengo que ir, me iré. Pero yo no soy candidato a nada. Yo estoy aquí tratando de hacerlo lo mejor posible y créanme que no todo
lo que hacemos es malo. Algunas cosas incluso, y le agradezco al señor Moreno que lo haya dicho, a veces las hacemos bien.
Gracias a la expansión internacional que ha desarrollado y completado EFE en este año pasado y a su posición actual como agencia global con productos internacionales en todos los formatos y en las lenguas más importantes del mundo, con el
foco en los intereses culturales y económicos de nuestro país y con difusión y presencia en prácticamente todos los medios de comunicación más relevantes del planeta, se han afianzado las bases para continuar la prestación del servicio público al
Estado español con las mayores garantías. No obstante, el resultado de 2016 ha sido todavía negativo en el ejercicio, porque por prudencia, y mientras no se obtengan elementos incontestablemente sólidos en cuanto a la aplicación jurídica y
económica del SIEG en 2016, no se ha recogido en las cuentas de este ejercicio la infracompensación. Ahora hablaremos de ese asunto porque también se me ha preguntado, y perdónenme por la extensión sobre este asunto, pero el tema merece la pena.
Quiero decirles que el reconocimiento
de SIEG para España ha sido posible por el hecho evidente de que ese mismo SIEG se le reconoció hace unos cuantos años a la Agencia FrancePresse. Créanme que merece la pena comentar someramente la comparación con FrancePresse. El montante
del SIEG aprobado para FrancePresse en 2017 asciende a 127,9 millones de euros, mientras que el aprobado para el año anterior era de 127,6. Les recuerdo a ustedes que el presupuesto que EFE percibe del Estado, como acabo de decir, es de 39 millones
y fue de 38 en los ejercicios anteriores. Pues bien, en 2016 FrancePresse recibió una aportación adicional de 1,6 millones de euros y en 2017 de 4,6 millones de euros para cubrir las subcompensaciones de años anteriores producidas por el deterioro
de su posicionamiento comercial y para subsanar las contingencias laborales y fiscales de su personal expatriado. Tengo que recordarles, señorías, que el porcentaje de francófonos en el mundo es muy inferior al de hispanohablantes, puesto que el
francés es lengua oficial en quince países frente a los veintidós países que tienen como lengua oficial el español. El francés lo hablan diariamente 212 millones de personas frente a los 528 millones de personas que hablan español, y el francés se
encuentra en la novena posición del ranquin por número de habitantes, mientras que el español está en la tercera posición. Con un ámbito de servicio público menor, la mitad que el de EFE, FrancePresse recibe una asignación presupuestaria del Estado
francés de casi el triple que la Agencia EFE. Ahí lo dejo para la consideración de todos ustedes.
Me preguntaban también por las cuentas y es lógico, porque esta es la Comisión de Presupuestos y es lógico que todos ustedes pregunten por las cuentas de la agencia. Como acabo de comentar, el resultado de 2016 ha sido todavía negativo en
el ejercicio porque, como he dicho, por prudencia y mientras no se obtengan elementos sólidos en cuanto a la aplicación jurídica del SIEG -es decir, hasta que no esté aprobado en las Cortes Generales- no se ha recogido en las cuentas de este
ejercicio. El cálculo del SIEG para 2016 asciende a 51,2 millones de euros, más o menos la cantidad que recibía EFE en el año 2009. Y como el contrato de servicios con el Estado fue de 39 millones, se genera una subcompensación de 12,2 millones
que el Estado tendrá que ver cómo repercute en nuestra agencia, si por una vía o por la otra, pero tendrá que hacerlo porque así lo dice el servicio de interés económico general. Eso quiere decir que de momento nuestras cuentas se cierran en este
ejercicio con un saldo negativo de 9,8 millones de euros, como se ha dicho. No sería así en caso de haberse contabilizado ya la subcompensación a la que tenemos derecho por el SIEG y que hubiera permitido tener un presupuesto equilibrado al cierre
de 2016. Les digo que en 2016 además hay factores importantes de naturaleza extraordinaria que han influido en el signo negativo del resultado del año. La finalización del ERTE. ¿Cómo no vamos a tener consignada y preparada la finalización del
ERTE? Estaba prevista desde el primer momento, pero evidentemente es un elemento que se añade a las cuentas. ¿Cuánto nos ha supuesto este año? Pues 1,5 millones de euros. ¿Cuánto nos va a suponer el año que viene? Pues 6 millones de euros.
Pero todo eso estaba previsto. Nadie puede decir que no estuviera previsto; otra cosa es que sea una realidad. Como es una realidad, hay que decir que es algo que se produce este año y que no se producía el año anterior. Bajas voluntarias. Ha
habido en total veintiuna bajas voluntarias producidas en la finalización del ERTE. No teníamos previsto que hubiera ninguna baja en ese momento, pero ha habido veintiún bajas voluntarias al final porque ha habido personas que han considerado que
les interesaba irse. Por tanto, eso nos ha supuesto un desembolso extraordinario de 1,5 millones de euros extra. Y en total en el periodo del ERTE esa cantidad asciende a 19 millones de euros, 5 más de lo previsto porque se ha ido más personal y,
nos decían, en mejores condiciones. Las mejores condiciones han sido las pactadas con la parte social, no es que nuestros equipos, los equipos de EFE, hayan decidido que tenían que darle más dinero a todo el mundo; no, han sido las condiciones que
puntualmente se han ido pactando en cada momento.
Las fuertes devaluaciones. Decían que no tienen importancia las devaluaciones, pero sí la tienen. Para una agencia como EFE, que está en 120 países de todo el mundo, tienen una gran importancia. En Venezuela, por ejemplo, EFE ha ganado
siempre dinero hasta este año y además de manera importante; otra cosa es que no se pudiera repatriar por las condiciones de allí. En Venezuela, la moneda se ha devaluado en un 3.842 % y hemos pasado de tener beneficios un año tras otro -era uno
de nuestros mejores mercados- a tener pérdidas y, por cierto, no pequeñas. En Brasil, por las circunstancias del país, la moneda ha caído un 21,1 % y en Argentina, un 58 %. Son tres países muy importantes para la Agencia EFE y que, en total, nos
llevan a una pérdida de 1,63 millones de euros. Y también nos han afectado negativamente las dotaciones que hemos tenido que hacer este año 2016 por litigios; en este caso, litigios antiguos, de la anterior Administración, pero que se están viendo
ahora en los tribunales en
Argentina, cinco casos en Argentina, conflictos heredados de la anterior Administración, para los cuales hemos tenido que provisionar una cantidad de 622.000 euros.
Además de todo lo anterior, señorías, tenemos la sentencia del senior. La sentencia del senior le cuesta a la Agencia EFE exactamente 725.000 euros; ni 50.000 ni 800.000, 725.000 euros que hemos tenido que provisionar en 2016, porque
sabíamos que podíamos peder; se podía ganar, pero se podía perder y había que provisionarla. Ya está metido en el resultado de las cuentas del año 2016. Y también la paga extra. La paga extra hay que pagarla. Estamos encantados de que todos
nuestros trabajadores -no, por cierto, este presidente ni la alta dirección, que no tenemos derecho a esa paga extra- puedan cobrarla porque lo que yo quiero es que todos los empleados de EFE estén bien pagados, mientras más mejor, pero cuando se
negoció el ERTE la paga extra no estaba, ha sido un hecho posterior, ha sido una sentencia de los tribunales. Eso nos ha obligado este año a pagar 1,1 millones de euros, y el efecto acumulado durante todos estos años son 6 millones de euros. ¿Que
si estoy a favor de la paga extra? Sí, estoy a favor, me encanta que mis compañeros reciban más dinero todos los años y ojalá tuviéramos más dinero para hacerlo, pero si nos ponemos a analizar las cuentas este es un hecho objetivo que no estaba
previsto antes y que sí lo está en este momento. En total, 6,5 millones de euros. De no haber sufrido esas contingencias, el resultado negativo hubiera sido de 3,3 millones de euros, no de 9,8. Y de haber podido contar con la subcompensación a
que tenemos derecho por el SIEG estaríamos hablando, como acabo de mencionar, de un resultado equilibrado, que creo que es lo justo, como ocurre en el caso de France-Presse.
En definitiva, señorías, no solo venimos acusando año tras año el impacto de la depresión mediática, que ha sido y sigue siendo muy fuerte porque han desaparecido medios, se han fusionado, porque nos han obligado a hacer recortes que en
buena lógica teníamos que hacer porque los medios estaban muy mal -hemos perdido el 25 % de nuestros ingresos en el mercado en España solo por esa cuestión-, sino además otras circunstancias, como las indemnizaciones del ERTE -que había que hacerlo
pero hay que pagarlas-, la paga extra, a la que me he referido, la sentencia del senior y el mal comportamiento de las monedas en algunos países, pese a que tenemos un seguro de cambio, pero que no podía prever que la inflación en Venezuela iba a
subir a los niveles que ha subido. Recuerdo que en 2009 EFE recibió 50,9 millones del presupuesto del Estado, y esa cantidad bajó hasta los 38 millones de euros. Yo no estoy nada de acuerdo con los recortes, es lógico, ni yo ni ninguno de mis
compañeros, pero esta es la realidad de España, es lo que ha pasado aquí. Eso significa que EFE, desde que estoy al frente de la agencia, ha perdido solo por este concepto -por la disminución del contrato de servicios- un total de 59,4 millones de
euros. Pese a todo, señorías, pese a haber dejado de percibir 59,4 millones de euros en cinco años, nuestra deuda total es de 41 millones de euros, que pasarán, por cierto, a ser 31 millones de euros tras la minoración que vamos a hacer en mayo
gracias a la conversión de un crédito participativo de SEPI en capital. El 70 % de ese endeudamiento es con la SEPI, con nuestra matriz, y solo el 30 % restante es con los bancos. Nos hemos endeudado mucho menos de lo que hemos dejado de ingresar,
que ha sido bastante y fundamentalmente por el contrato de servicio con el Estado, y hemos ahorrado mucho gracias a ese expediente de regulación temporal de empleo; no ERE, sino ERTE, porque no hemos echado a nadie, que es una de las cuestiones que
quisimos desde el primer momento y, afortunadamente, pudimos pactar con los sindicatos, a los que tengo en la mayor consideración porque se han portado siempre con una gran responsabilidad y han sabido estar en los momentos buenos y en los malos;
les tengo una gran consideración. Todo eso se ha hecho gracias al esfuerzo de la plantilla, al ahorro que ha permitido la plantilla durante ese tiempo, porque es muy difícil de otra manera poder llegar a ningún puerto definitivo cuando la bajada
que tenemos en el contrato de servicios con el Estado pasa de 50,9 millones de euros a 39 o 38, como he dicho. Pese a todo, señorías, no hemos tenido que despedir a nadie, que era nuestro objetivo, y tampoco hemos tenido que cerrar ninguna
delegación en el mundo. Cuando llegué a EFE me dijeron que iba a tener que cerrar la mitad de las delegaciones porque estaba todo mal y por todos los recortes que nos iban a hacer, pero no hemos tenido que cerrar ninguna delegación. Por cierto,
hemos abierto una pequeña, pequeñísima, en Grecia, y alguna corresponsalía, pero, repito, no hemos tenido que cerrar ninguna pese a estas dificultades económicas.
Hablaban del sueldo del presidente. El sueldo del presidente es público y está, efectivamente, colgado. Por tanto, aquí no hay ninguna ocultación. El sueldo del presidente de EFE no ha subido nada; al revés, ha bajado. ¿Sabe usted
cuánto cobraba el presidente de EFE en la anterior etapa? Cobraba 181.000 euros de salario fijo más un 30 % por variables. Yo empecé, cuando entré, con el mismo salario del anterior presidente y esa cantidad me la bajaron por decisión del
Gobierno, de
Hacienda, de la SEPI, hasta 80.000 euros de retribución fija y un complemento variable que puede llegar hasta 150.000. Además no percibo -muchas veces se dice que las percibo- ninguna retribución por ninguna de las filiales -filiales solo
tenemos dos, EFE News y ACAN-EFE- ni por las participadas, que son todas las que no son filiales, que son EFEAgro, Fundéu, EPA y, efectivamente, la empresa de Colombia y la que tenemos compartimentada y en la que no hemos invertido de Brasil. EFE
no ha puesto ni un solo euro ni en Colombia ni en Brasil. Por tanto, la retribución del presidente de EFE es de 30.511,66 euros inferior a la que cobraba su antecesor en el cargo. No me quejo ni digo nada porque es la realidad y sabía a lo que
venía cuando llegué.
Me han preguntado ustedes -señor presidente, cuando usted vea que me estoy excediendo me lo dice, de verdad, pero han sido muchas preguntas- por las participadas, etcétera. Insisto, filiales solo tenemos dos, que son EFE News y ACAN-EFE, y
participadas tenemos Fundéu, EFEAgro, EPA, MCA y Procobade; Fundéu con un 49 %; EFEAgro con un 50 %; EPA con un 49,9 %; MCA con 50 % y Procobade con un 50 %. Tenemos cinco participadas. Curiosamente, cuando se plantea el tema del consejo de
redacción solo se hace hincapié en una participada, que no es filial, y es EFEAgro. ¿Por qué no se hace hincapié en Fundéu, en EPA, en Procobade? Solamente en EFEAgro. El problema de esto es que no es una decisión mía la del consejo de redacción.
Yo no convoco el consejo de redacción, ni la dirección de EFE. El consejo de redacción lo convoca la mesa electoral, así lo dice el estatuto de redacción. Yo no he intervenido. Yo lo que quiero es que haya un consejo de redacción; lo he dicho
por activa y por pasiva durante un montón de tiempo, desde hace casi tres años que llevamos ya sin consejo de redacción. Cuando alguien se empeña en que una empresa que es participada pero que no es filial participe en las votaciones, al final, hay
problemas. Se constituye la mesa y resulta que al final las mesas se tienen que disolver porque hay personal de EFEAgro que no quiere participar en esas votaciones ni quiere que se utilicen sus nombres ni sus identidades, y usted no puede obligar a
nadie a votar en una empresa que no es suya. Esto es muy fácil. Mañana se convoca la mesa, vota toda la gente de las plantillas de EFE y de sus filiales, es decir, de ACAN-EFE y de EFE News, y ya tenemos consejo de redacción. Yo, encantado de la
vida. Y las participadas que tengan sus consejos de redacción, si quieren. Cada una de las participadas tiene consejo de administración propio y comité de empresa propio. Todo diferente. ¿Por qué? Porque son empresas diferentes, entre otras
cosas, señorías, no son empresas públicas. Tienen la consideración de privadas porque a partir del 51 % son públicas pero hasta el 50 % son privadas. Por tanto, ese es el problema por el que no tenemos consejo de redacción.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, si es tan amable.
El señor PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (Vera Gil): De acuerdo.
Con relación a los resultados de las participadas, le digo con mucha rapidez que EFEAgro siempre perdía dinero cuando llegamos aquí. Afortunadamente lleva tres ejercicios ganando dinero: en 2014, 47.000 euros; en 2015, 27.000; en 2016,
25.000. EPA gana dinero todos los años: 50.000 en 2014; 848.000 en 2015; 856.000 en 2016. Fundeu ha ganado este año, aunque perdió en el anterior, por cierto, 10.000 euros. Es una fundación magnífica de la que estamos muy orgullosos. Las dos
filiales que se han citado aquí de EFEAgro son, una que se llama EPV que se dedica a la actividad comercial y se ha creado justamente para no mezclar la información con la actividad comercial -ha ganado 21.000 euros- y Nogestur que se dedica al
turismo, porque es otra actividad que no tiene nada que ver con la alimentaría, y que ha ganado 9.000 euros. Las otras sociedades, señor presidente -para hacerle un poco de caso me lo ahorro-, van bien pero acaban de empezar. Le podía dar mucha
información más al respecto, pero no quiero agotarles. Hay más cosas, señor presidente, pero si usted me obliga yo lo dejo tal como está.
Sí que quiero agradecer dos cosas al señor Moreno: la mención que ha hecho al museo de EFE. Nos ha costado mucho trabajo. En EFE pasaba una cosa. Es una empresa anónima, nuestros periodistas no firman las informaciones y los fotógrafos
casi nunca; es una empresa anónima, es así y todos lo tenemos absolutamente asumido. Cuando teníamos visitas -que teníamos bastantes- había pocas cosas que enseñar, solo un mapa -por cierto, estaré encantado de mostrárselo cuando ustedes quieran
verlo- de dónde estamos en el mundo, en 120 países y en 200 ciudades. Eso era lo que había que mostrar. Y luego personas trabajando en una redacción con sus ordenadores, igual que en cualquier otro sitio. Gracias al museo ahora tenemos bastantes
cosas que enseñar, y estoy agradecido a que haga esta mención, porque estamos teniendo muchísimas visitas. Hemos tenido 76 visitas escolares; no está abierto al público en general, sino puntualmente a las visitas de escolares, tanto en el ámbito
de la formación profesional como de la universidad, la primaria, la secundaria, el bachillerato. Además también tenemos un espacio temático
en donde estamos haciendo exposiciones diferentes en cada momento, que nos permiten por cierto financiar el museo. El museo no nos costó nada, porque el equipo comercial de EFE, que es un gran equipo, que trabaja muy bien, consiguió dinero
para financiarlo desde el principio al final. No nos costó nada y es un museo al que invito a quien no haya estado para que vayan a verlo. No es un museo fantástico, porque es un museo de empresa, somos la empresa que somos; es un museo razonable
que se puede ir a ver y les invito a que lo vean. Por cierto, por allí ya han pasado Mariano Rajoy, Pablo Iglesias, la señora Bescansa -aquí hoy con nosotros-, Soraya Sáez de Santamaría, César Luena, Patxi López, Miguel Arias Cañete, Rita Maestre,
Ramón Jáuregui. Muchísimos políticos, personalidades del deporte que no les voy a citar, pero muchas, de la cultura -Albert Boadella, Camilo José Cela Conde-, cantantes. En fin, muchas personas han pasado y solamente trabajan allí dos personas de
EFE; no externalizamos nada, lo hace todo la Agencia EFE, en nuestro edificio y con nuestros medios.
También quiero agradecer al señor Moreno que haya dicho que EFE es una agencia estupenda. Sus profesionales son magníficos, hay de todo como en todas partes, pero en general son magníficos. Nuestras fotografías ocupan con frecuencia las
portadas de los periódicos más importantes de España y de Latinoamérica. Pero no solo eso, porque gracias a EPA -a lo que usted se ha referido y que no he podido desarrollar- tenemos posibilidad de meter portadas en el Berliner Zaitung; estamos
haciendo portadas en la revista Stern, en Alemania; en Estados unidos, en el New York Times que hace poco nos publicaron una portada con una foto magnífica, buenísima, de Cuba; El País nos publicó el otro día una portada con una foto de Venezuela,
una estupenda foto. Por cierto, en un momento en el que dos de nuestros fotógrafos han sido agredidos de una forma lamentable, porque les han disparado con balas de goma directamente. No hemos querido organizar ningún lío con este asunto, nos
hemos quejado, hemos transmitido nuestra queja al Gobierno de allí, nos hemos reunido con el ministro correspondiente, pero también les digo que queremos seguir en Venezuela informando a España, a Latinoamérica y al mundo de lo que pasa allí.
Sabemos que si nos metemos en demasiados conflictos al final nos pueden obligar a salir del país, y es más interesante para España que EFE siga en Venezuela que no que salga.
Efectivamente hemos hecho entrevistas importantes: hemos entrevistado a Putin, a Bashar al Assad, al presidente de Brasil el otro día, con gran repercusión en los medios, con una repercusión mediática de entre 300 y 600 impactos. Creo que
están a la altura del nivel de una agencia como la Agencia EFE, que efectivamente debería ser un poco mejor tratada, no ahora, sino siempre. El problema de la Agencia EFE no es de ahora, ha sido un problema de siempre. Ya me encantaría a mí -y
seguro que a ustedes también les gustaría- que el tratamiento que recibe la Agencia EFE fuera el de France-Presse. Estaríamos hablando de otra cosa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor presidente de la Agencia EFE, don José Antonio Vera.
Ahora seguiremos, en unos minutos, con el siguiente compareciente, el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas. (Pausa).
- DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, CIS (TORRES ALBERO). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA (número de expediente 212/000498) Y POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/000428).
El señor PRESIDENTE: Continuamos con las comparecencias de hoy, y para concluir la mañana tendremos la comparecencia del presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, don Cristóbal Torres. Como en las ocasiones anteriores pasamos
directamente a las intervenciones de los grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
El señor TORRES MORA: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del CIS, querría iniciar mi intervención dándole la bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario Socialista y felicitarle por su nombramiento. Apenas lleva usted ciento y pico días como presidente del CIS y hay un aspecto
que tiene que ver con la vida de la ciudad universitaria de Madrid que no sería correcto que dejara de mencionar, y que es el siguiente. Con su antecesor, don Félix Requena, estuvimos cerca. Un colegial del Santa María de Europa, del 'Negro',
presidente del CIS. Ahora la vicepresidenta del Gobierno ha acertado de lleno: uno del San Juan Evangelista, del 'Johnny', presidente del CIS. Tete Montoliu y Camarón aplaudirán desde el cielo de los músicos esta decisión -creo que el
presidente también- y Alejandro Reyes, supongo que desde Almería -que es mejor que el cielo de los músicos- seguro que también se alegra. Aparte de colegial del 'Johnny', del San Juan Evangelista, creo que usted tiene una magnífica
competencia profesional para desempeñar la dirección del CIS, como así lo demuestra, por ejemplo, el informe sobre España 2015 que publicó el CIS, que usted editó y que es un excelente trabajo.
El CIS es una importante institución de nuestra democracia. Decía Durkheim en sus lecciones de sociología que la democracia es la forma política mediante la cual la sociedad alcanza la más pura conciencia de sí misma; un pueblo es más
democrático cuanto más considerable es el papel de la deliberación, la reflexión y el espíritu crítico en la marcha de los asuntos públicos. Yo habitualmente viajo en metro, y a pesar de lo que circula por ahí, para enterarse de la situación de
nuestro país y de nuestra sociedad, si uno quiere conocerla en profundidad es mucho mejor leerse los informes del CIS, estudiar las encuestas, también las del Instituto Nacional de Estadística. Por eso creo que es muy importante para entender
nuestra sociedad y para nuestra democracia que exista una institución como la que usted tiene el honor de presidir en estos momentos. Por esa razón nosotros, el Grupo Socialista, pedimos tradicionalmente la comparecencia del presidente del CIS,
porque nos parece una comparecencia importante, más allá de que, como en esta ocasión, los presupuestos del CIS tengan pocas novedades, porque realmente y como dicen en mi tierra son habas contadas, y creo que están bastante contadas. Es decir, son
unos presupuestos que hemos fiscalizado, que hemos controlado a lo largo de muchos años, y nos consta que realmente están bastante ajustados, por lo que poco podemos decir.
En este caso del CIS los presupuestos para 2017 se reducen aproximadamente unos 300.000 euros, y sobre eso me gustaría preguntarle si cree usted que esta reducción, que en términos porcentuales es casi del 4 %, de alguna forma perjudica o
puede perjudicar el desempeño de las funciones que tiene encomendadas el CIS. En todo caso evitar esto y mantener la independencia de la institución deben de ser sus dos misiones más importantes. Aprovechando que todavía no ha comparecido en la
Comisión Constitucional, que acaba de llegar, y que esta comparecencia en Presupuestos ha precedido a la citada comparecencia que tendrá en la Comisión Constitucional, me gustaría preguntarle sobre los proyectos que tiene previstos para su gestión
como presidente y qué novedades puede aportarnos.
Por lo demás quiero desearle, de verdad, mucho éxito. Proteja usted esa institución, que es una institución importante, y manténgala funcionando de la mejor manera posible para que nos provea a los ciudadanos, a los periodistas y sobre todo
a los politólogos y sociólogos de buenos datos, que ya nosotros nos encargaremos de sacar conclusiones.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Torres Mora. Aprovecho la ocasión para agradecer que tenga en tan buena estima a los antiguos colegiales del San Juan Evangelista, entre los que también me cuento. (Risas).
Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Bescansa.
La señora BESCANSA HERNÁNDEZ: Buenas tardes, señor presidente.
Señor presidente, felicidades por su reciente nombramiento, comparto al menos la admiración por la institución. Creo que está usted en una difícil situación, la de tener que adelantar explicaciones sobre una gestión que no le corresponde en
el pasado, y por eso vamos a plantear una intervención desde mi grupo más centrada en los proyectos de futuro que usted plantea para esta institución que no haya realizado, aunque entendemos que las pocas medidas que ha tomado desde su llegada, por
cuestiones temporales, mantienen una continuidad importante con la gestión llevada a cabo por el señor Requena; me refiero al nombramiento de Luis Ayuso como jefe de investigación y otro tipo de iniciativas y contenidos al respecto.
El CIS es una institucional de referencia, es un tesoro para todos. Es una institucional a la que queremos, a la que admiramos. Es un faro en la investigación en España. Es el objeto de envidia de los investigadores de los países de
nuestro entorno; cuando tenemos estancias de investigación en otras universidades y explicamos que existe en España una cosa que se llama el CIS la mayor parte de nuestras y nuestros colegas en el extranjero nos miran con envidia y nos dicen: qué
gran idea, ojalá existiera eso en mi país. Sin embargo creo que eso fue durante mucho tiempo el CIS, pero lamentablemente el CIS ha dejado de ser eso, y es algo de lo que se resiente en muchos niveles. Creo que la mejor forma de defender lo
público y de defender la mejor tradición de la investigación sociológica en nuestro país y de la investigación en ciencias sociales -y el CIS conserva altos parámetros de calidad en algunos de esos
aspectos, pero no en todos- es defender la excelencia de lo público, la excelencia de la institución. Creo que hay varios puntos, elementos o formas de hacerlo. Desde nuestro punto de vista la mejor forma de defender lo público, de
defender la excelencia del CIS es defender la relevancia de su investigación. Los objetos de investigación del CIS deben ser relevantes para el mejor conocimiento de la sociedad española, y este es a nuestro juicio una de las pérdidas más graves
que se han producido en los últimos cinco años en el CIS: la pérdida de relevancia de los objetos de investigación.
Somos conscientes de que la mayor parte de las investigaciones que se llevan a cabo en el CIS tienen que ver con el mantenimiento de series históricas, por lo cual no cabe acceder al banco de datos y pedirle explicaciones por todo lo que
hay, porque buena parte de lo que se hace tiene que ver con el mantenimiento de lo que ya se hizo. Seguramente sea necesario revisar hasta qué punto vale la pena mantener tantas series y hasta qué punto no; sobre todo porque cuesta mucho dinero
hacer eso, pero eso es un tema aparte. Voy a hacer un pequeño repaso de a qué temas se ha dedicado el CIS en los últimos dos o tres años y cuáles eran los temas que ocupaban la agenda de la vida política y de la vida social de este país.
En los últimos dos años los estudios libres del CIS, por decirlo de alguna manera, hay que decir los que no estaban orientados a mantener una serie, se han ocupado del estudio de las redes sociales de manera muy exhaustiva: febrero de 2017,
marzo de 2016, febrero de 2016: de manera coincidente con los intereses del anterior presidente del CIS. Pero creo que tres encuestas en dos años sobre eso no se compadece bien con la trascendencia de la cuestión. Conocimiento de idiomas de la
población española, compra y lectura de libros, carné de conducir por puntos, espíritu emprendedor, encuentros personales y vida cotidiana, medio ambiente y reciclaje. Estos son todos los temas que se investigaban en el CIS mientras los temas -y
aquí recurro a la Agencia EFE o a cualquier otro diario o fuente de información mediática en nuestro país- básicos de nuestro país en 2015 y 2016 eran fundamentalmente el caso Nóos, el caso Gürtel, las tarjetas black, el señor Bárcenas, la señora
Rita Barberà. Por no hablar de los temas que desde el punto de vista social han azotado a las familias españolas: las dificultades económicas de las familias españolas, los tipos de desempleo y precariedad, la pobreza energética, las expectativas
laborales de los jóvenes y la emigración de las generaciones mejor formadas. Ninguno de estos temas ha sido abordado por el CIS en los últimos dos años.
Me van a permitir que les diga que cuando yo era adolescente era muy rebelde, y mi padre, que tenía mucho sentido del humor, me decía: no te pregunto nada, no vaya a ser que me contestes. Creo que el CIS ha seguido la misma lógica en los
últimos cinco años que la que seguía mi padre: no preguntarle nada a la sociedad española, no vaya a ser que le conteste. Mi pregunta es, señor Torres, cuál es su plan de investigación para este año, por qué no ha sido presentado todavía dentro de
la institución. ¿Podría mencionar al menos tres de los temas que no formen parte de ninguna de las series históricas y que aspire a convertir en un tema central del barómetro o de investigación específica en este año?
La segunda forma a mi juicio de defender la excelencia es apoyando a los cuerpos técnicos y a los profesionales que integran la institución. Seguramente el CIS cuenta con buena parte del elenco de los mejores profesionales de la
investigación sociológica de este país -muchos de ellos están hoy aquí-, y sin embargo de manera sistemática se les ha excluido de los procesos de debate y toma de decisiones en relación con la planificación de la investigación dentro de la
institución; además de mantener unas condiciones laborales de incertidumbre que afectan no solamente a los técnicos superiores, sino también a los trabajadores de campo. No es posible realizar investigación de calidad sin seguir los códigos de
buenas prácticas que plantean en Europa y que también afectan a las condiciones laborales de los encuestadores. Siempre he creído que la sociología es muy generosa, porque cuando haces una encuesta te permite equivocarte en muchas cosas y que
finalmente la ley de los grandes números arregle muchos desaguisados, pero hay cosas que la sociología, por más generosa que sea, no es capaz de resolver. Cuando la precariedad es la pauta generalizada y la externalización de los servicios es el
rasgo que caracteriza a los encuestadores y encuestadoras del servicio, es imposible que se garantice la calidad de la recogida de datos, entre otras cosas porque está fuera del control de la institución, y eso hace que sea realmente muy difícil.
Esta es una situación que se viene manteniendo durante años y que creo que correspondería resolver. La pregunta es fácil: ¿que medidas específicas va a tomar para mejorar las condiciones laborales de los técnicos superiores en el CIS y si tiene
previsto tomar alguna iniciativa para incorporar en la plantilla del CIS a los encuestadores y encuestadoras que llevan a cabo los trabajos de campo?
Otra de las formas de defender la excelencia es garantizar la unidad del proceso de investigación. Algo que yo creo especialmente negativo es la fragmentación o el troceo de las fases de la investigación. En los últimos años se ha llevado
a cabo la externalización de la codificación de las encuestas. Creo que
eso es como mínimo generar una zona de sombra que deja de estar bajo control de los técnicos del CIS, lo que además es una vía muerta para la exploración y la investigación dentro de las respuestas más abiertas, de los espacios de
incertidumbre, que son también parámetros de la calidad o falta de calidad de las preguntas que se hacen. La pregunta también es sencilla: ¿tiene previsto tomar alguna iniciativa destinada a revertir este proceso de externalización de la
codificación de los datos? Y si es así, ¿qué medida en concreto se va a tomar?
Por último, hay una última partida en los presupuestos que efectivamente son habas contadas y no hay grandes variaciones, que son 175.000 euros que se especifican como pagos al exterior. Nos gustaría que concretara usted a qué se va a
dedicar esa nueva partida. En el caso de que algunas de las preguntas no pueda contestarlas ahora, le agradecería mucho que nos remitiera por escrito la respuesta a todas ellas.
Muchas gracias, señor presidente, y de nuevo felicidades por la presidencia de esa institución tan espectacular que es el CIS.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Bescansa.
Para concluir las intervenciones de los grupos parlamentarios, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fole.
El señor FOLE DÍAZ: Gracias, presidente.
Buenas tardes ya también al presidente del CIS, señor Torres. Quisiera agradecerle su comparecencia, que si no me equivoco es la primera, como bien decían quienes me han precedido en el uso de la palabra, ante esta Comisión para aclarar las
actividades y objetivos del CIS y cómo se reflejan estas actividades y objetivos en este presupuesto del año 2017. Nos satisface, sin hacer con esto una minusvaloración de los perfiles y experiencias de los anteriores presidentes, que una persona
con su trayectoria profesional esté al frente de este organismo con objetivos tan importantes para la sociedad española, lo que proporciona al mismo, a estos objetivos y a estas actividades una mayor credibilidad y confianza, y le transmito todo el
apoyo del Grupo Popular para ayudarle en este difícil cometido.
La finalidad del CIS -según pone en su propio régimen estatutario- es el estudio científico de la sociedad española. Si esto no es relevante, señora Descansa, creo que bastante es solo esta frase; ahí es nada, señor presidente. Dicho así
incluso, estudio científico de la sociedad española, no habría presupuesto que llegase para tal fin. Sin embargo año tras año desde su creación el CIS lleva analizando nuestra sociedad en aquellos puntos y momentos de especial interés con total
profesionalidad e independencia, lo que lleva a que la sociedad española crea en los resultados que surgen de los estudios y análisis de este centro. También diré a modo de anécdota que se ven durante las épocas electorales multitud de análisis,
sondeos, presondeos, cuestiones, valoraciones, pero parece que la sociedad está esperando a ver qué dice el CIS, y eso evidentemente es una muestra de la confianza, de la credibilidad y de la trayectoria de este organismo, y también de la gestión de
los diferentes presidentes y equipos que lo llevaron.
Los presupuestos de 2017 reflejan una pequeña reducción: 8.047,62 euros respecto a los del año 2016: 8.361, pero superior a la del año 2015, año en que fueron 7.880,99 euros; año con muchos procesos electorales, con muchas encuestas, con
muchos sondeos, con muchos análisis, lo que lleva a pensar efectivamente en el apoyo del grupo del Gobierno a esta institución, que mantiene un presupuesto, en un año en principio no electoral, con esas cantidades, lo que supone también un
incremento, según vemos, en la divulgación de los trabajos que se van a hacer este año de más o menos unos 1.100 euros. Mantiene sus obligaciones y fines estatutarios, estudios para el Plan nacional estadístico, el índice de confianza al
consumidor, barómetros. Aparecen estudios sobre la percepción de las encuestas, lo que nos parece muy significativo al hilo de lo que acabo de decir como ejemplo de la fiabilidad y credibilidad de este organismo. También hay una encuesta sobre
estructura social española. Y le hago una primera pregunta, señor presidente: ¿incluiría este estudio sobre la percepción de las encuestas un sondeo y análisis de la opinión de los resultados finales respecto a sus previsiones iniciales? Porque,
¿cree que estas situaciones de otros medios pueden restar credibilidad al trabajo que está realizando el centro?
Nos agrada por otra parte que mantenga también las cantidades en formación e investigación, lo que nos lleva a hacerle una segunda pregunta: ¿contempla una mayor aplicación de las nuevas tecnologías en la elaboración y análisis de los
estudios y encuestas de futuro?
Y por último, señor presidente, vista la hora que es, quiero ser breve ya que somos la última intervención en la última comparecencia, este presupuesto refleja, así como los de los años anteriores, una buena gestión económica; reflejaban en
los ejercicios anteriores casi un tercio de la financiación, eso
es autofinanciación aproximadamente, lo cual parece que hay a quien no le gusta, hay quien parece que lo lleva en su ADN que realmente se puedan autofinanciar y que puedan llevar una buena gestión económica estos organismos también, teniendo
en cuenta que casi otro tercio es de contrataciones externas, con lo cual hay que tener en consideración lo que lleva a cabo este centro, lo que quizá nos ayude más a consolidar la apuesta por la formación y la investigación que antes mencioné, que
son aspectos tan importantes en centros como este.
Acabo con una tercera pregunta, señor presidente: ¿cree que en este presupuesto y en concreto las partidas que aparecen para nuevas inversiones podrán incorporar nuevas actividades o mejorar las que están realizando?
Muchísimas gracias y me sumo a la felicitación, señor presidente, uno que también lleva más o menos los mismos días que usted en este ejercicio.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fole.
Tiene la palabra para contestar a los intervinientes el presidente del CIS, don Cristóbal Torres.
El señor PRESIDENTE DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, CIS (Torres Albero): En primer lugar, muchas gracias a los tres intervinientes. En primer lugar, a mi viejo amigo José Andrés Torres Mora; somos compañeros desde los
dieciocho años en la escuela del 'Johnny', y sin duda el haber pasado tantos días juntos, noches de Reyes que pasábamos en colegios donde estudiaban 400 personas, y donde solamente en ese momento quedábamos cuatro o cinco, permite tener ese vínculo
tan fluido; estudiábamos juntos y bajábamos todas las mañanas andando desde el 'Johnny' hasta la Facultad de Políticas. Muchas gracias a doña Carolina Bescansa. Hemos sido colegas de facultad y compartimos maestros como el profesor Julián
Santamaría. Efectivamente, aunque somos de generaciones distintas, razón por la que creo que no hemos tenido ocasión de conocernos, me constan vínculos y también amigos comunes. Por último, quiero mostrar mi agradecimiento a don Tomás Fole porque,
en definitiva, compartimos esa bisoñez o, digamos, este acto de perder la virginidad en una comisión parlamentaria. En todo caso, son palabras que agradezco enormemente. Voy a pasar a responderles y a explicar algunas cosas del presupuesto y el
funcionamiento del CIS y, si me permiten, lo haré en el mismo orden de las intervenciones.
Efectivamente yo creo que una de las buenas cosas que tuvo la transición política, porque hay que valorar todo en su justa medida, desde luego fue una idea heredada -puesto que había un Instituto de la Opinión Pública previamente-, una idea
impulsada por el profesor Juan Díez Nicolás, otro compañero de la Facultad de Políticas y Sociología, de buscar una referencia, un centro que permitiera estudiar la sociedad desde un punto de vista científico-académico, por tanto, que no estuviera
sujeto a los avatares de la contienda o del día a día político. Esto se produce en un momento de trascendencia política, sin duda, y claramente se convierte en un elemento de reforzamiento de todos los procesos de cambio institucional que en ese
momento eran necesarios en la Administración pública española y en el sistema de Gobierno, como ha señalado doña Carolina Bescansa, y se ha traducido cuarenta años después en un referente internacional prácticamente inconmesurable. He tenido
visitas de expertos internacionales con ocasión del desarrollo de la encuesta social europea y realmente se congratulaban y se sorprendían al conocer la verdadera dimensión del CIS, de su actividad, de su rutinización, de la existencia de un
presupuesto estable, de que no dependiera de fondos europeos, etcétera. Eso abunda en lo que los tres representantes de los distintos grupos parlamentarios han señalado.
Con respecto a lo que indica don José Andrés Torres Mora de mantener la independencia del CIS, usted me conoce bien y por eso sabe que no le estoy diciendo algo que no es verdad: entre el árbol de la vida, el árbol de la ciencia y el árbol
de la política, que diría Pío Baroja, siempre he estado en el árbol de la ciencia. Realmente, cuando me llama la vicepresidenta casi un día de Navidad para que me haga cargo de la Presidencia del CIS, hay personas a las que no puedes decirles que
no, por naturaleza uno no sabe decir que no o, al menos es difícil decirlo. Pero mi mundo era otro. Yo era director del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid y mi mundo eran treinta años de enseñanza en la Universidad
Autónoma de Madrid, incluso siendo colegial del San Juan Evangelista desde el año 1987-1988. Realmente, no sé si se trata de aquella broma de 'independientes de estricta obediencia o no' que hacíamos, pero mi mundo es el académico y es ahí donde
espero volver. El atractivo fundamental para aceptar ese puesto estaba ligado al prestigio del CIS. Yo acababa de editar el libro España 2015, al que usted se ha referido. Y no vengo aquí a hablar de mi libro, pero fue
el mejor libro de ciencias sociales de la Unión de Editoriales Universitarias en 2015, en la modalidad de ciencias sociales y jurídicas, y eran argumentos que estaban ahí.
Hay una cuestión general respecto a los objetivos principales y aprovecharé para contestar también a doña Carolina Bescansa sobre cuál es mi planteamiento general, así como a don Tomás Fole. Al final de esta primera intervención dirigida a
don José Andrés Torres Mora me referiré también a lo señalado por Carolina y Tomás. Me decía que hemos perdido 300.000 euros, aproximadamente. Efectivamente, esa es la cantidad, puesto que la reducción del capítulo 2, de gastos corrientes y bienes
y servicios, de 472.880 euros es menor realmente pues hay que restar el incremento de 175.180 del epígrafe de transferencias corrientes -el punto 4-, y eso tiene que ver también con una de las cuestiones que ha señalado doña Carolina, que está
referida a la explicación de esa partida. Esa partida tiene que ver con el pago de la cuota del consorcio de infraestructuras científicas, el ERIC, que es el consorcio internacional que se encarga de realizar la encuesta social europea. Estamos
haciendo en este momento la octava oleada de la encuesta social europea y, desde la primera oleada, España ha participado prácticamente a título casi de esfuerzo de los profesores universitarios que se han encargado de recoger fondos de los sitios
más peregrinos y diversos, del plan nacional, etcétera, para poder sufragar todos los gastos del trabajo de campo. Desde la séptima oleada, aunque el CIS no es el titular de esas competencias puesto que en parte tienen que ver con el Ministerio de
Economía y Competitividad a través de la Secretaría de Estado de Investigación, sin embargo hay un convenio entre el Ministerio de Economía y el CIS para que todos los costes de realización de la encuesta en España se lleven a cabo. Uno de esos
costes implica el pago de esos 175.180 euros que aparecen de más, puesto que desde la intervención económica se nos notificó -analizando el presupuesto anterior, el de 2015-, que la asignación que se le había introducido en gastos corrientes era
incorrecta. Hay un epígrafe, el 490, de transferencias corrientes del capítulo 4, donde esos pagos al exterior tendrían que realizarse puesto que es una infraestructura radicada en la Universidad de Londres. Esa es la explicación. Y eso nos
genera otro problema que usted no ha señalado pero que yo sí quería poner de manifiesto que me tiene bastante preocupado, y es que es el último año que nosotros podemos mantener ese estatus de España en la encuesta social europea, puesto que pagamos
la cuota como país invitado, no somos socios de la infraestructura. Le corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Secretaría de Estado, llevar a cabo esa relación, y nosotros estamos, efectivamente, en conversaciones con
la secretaría de Estado para materializar ese convenio y que España pueda ser incluida como socio de pleno derecho en esa infraestructura económica. Si no, no podríamos hacer la novena ola, y es un tema que a mí me preocupa. Aprovechando su
pregunta, quería ponerlo aquí de manifiesto.
Volviendo al planteamiento inicial de don José Andrés Torres Mora, realmente esa disminución de 300.000 euros, que es aproximadamente un 3,75 %, me preocupa relativamente porque no siendo este un año, en principio, electoral -y, desde luego,
si es electoral, no se referiría a elecciones autonómicas ni municipales, sino que estaría reducido estrictamente a algunas regionales o, eventualmente, a una nacional-, tendríamos suficiente margen para acometer las elecciones que se produjeran.
Siempre tenemos ese colchón que es el remanente de Tesorería. Ese colchón ha llegado a estar en picos de 9 millones de euros y desde 2011, desde que empezó la reducción presupuestaria, se ha estado tirando de ese remanente y a 31 de diciembre de
2016 nos quedaban como unos 3.011.935 euros. Tenemos una pequeña partida de 2.154.000 imputada en el presupuesto de este año. Por tanto, tenemos todavía un colchón y además los ingresos que tenemos, como señalaba don Tomás Fole, por la realización
de convenios y encomiendas se ingresan también en ese remanente de Tesorería. Con lo cual, ese remanente de Tesorería nos viene muy bien porque es lo que nos permite hacer frente a estas contingencias. Nosotros podemos llevar a cabo un plan de
actuación ligado al Plan estadístico nacional de los once barómetros, de los doce índices de confianza del consumidor, etcétera, pero con las contingencias electorales tenemos que echar mano de ese remanente de Tesorería, antes de meternos en
vericuetos de petición de presupuestos mucho más complejos desde un punto de vista de su tramitación económico-administrativa. Por tanto, me preocupa en el sentido de que es hacer prácticamente lo mismo. El año pasado se hicieron 41 estudios y en
estos momentos tenemos programados unos 38. Hay distintas encomiendas y convenios que pueden salir o no y llevarnos prácticamente a igualar, pero teniendo en cuenta que el año pasado, de esos 41 estudios, se computa el preelectoral y el
poselectoral de las elecciones generales y también se computa el preelectoral y poselectoral de las elecciones de Galicia y del País Vasco. En total son 6 estudios. Con ese mismo presupuesto nos estamos apañando, porque los costes de los
cuestionarios, los costes muestrales, etcétera, nos permiten tener ese juego. Por ese lado
estoy relativamente tranquilo aunque, desde luego, hubiese estado mucho más a gusto sin ninguna reducción de presupuesto, pero evidentemente uno, como es disciplinado, acepta las circunstancias económicas.
Con eso paso ya a la consideración que usted señalaba con respecto a los objetivos de mi mandato señalando varias cosas. Apenas sí llevo 120 días en el cargo, pero es tiempo suficiente para haber diagnosticado algunos problemas importantes
y los déficits que yo creo que podrían contribuir a mejorar. Buena parte de ellos están vinculados - y a lo mejor es un problema de deformación académico-profesional o intelectual- a mi competencia. Como saben, soy un experto fundamentalmente en
temas de sociología de la ciencia, tecnología del conocimiento, sociedad de la información y sociedad del conocimiento. Una de las cosas que quiero señalar es que en el CIS todavía se siguen haciendo son las encuestas en papel, los cuestionarios y
las entrevistas personales, que creo que es un buen método de recogida de información. Desde el año 2006 existe ya un proyecto de pasar del sistema CAPI a utilizar las tabletas. Entonces eran pequeños portátiles que ahora nos parecerían
superpesados. Eso se ha avanzado durante el mandato de mi predecesor, el profesor Félix Requena, pero todavía es un reto que tengo pendiente encima de la mesa y, por tanto, es una cuestión a abordar. Hemos hecho ya un desembolso importante en el
capítulo de gastos, de inversiones reales, una parte de esos 300.000 euros tienen que ver con dos compras de tabletas; ya se había realizado una y hemos hecho otras dos más. Pero no se trata solo de un problema tecnológico, como podría parecer al
principio; es también un problema relacional, un problema de estructura de flujos de trabajo, de estructura de recursos humanos, y es una cuestión no baladí puesto que estamos hablando de la Administración pública, donde -todos hemos leído a Weber-
las inercias y todo lo que son las dinámicas organizativas hay que modelarlas bajo un presupuesto tecnológico distinto. Es decir, esto no es el fordismo. No podemos hacer los barómetros con CAPI porque seguramente nos podríamos caer en la
formación de entrevistadores, de coordinadores, del propio personal del CIS, etcétera. Esto requiere un flujo de comunicación entre investigación, banco de datos, codificación, etcétera, muy importante; pero si la legislatura o la confianza
política que han depositado en mí lo permiten, estaría muy satisfecho de terminar mi presidencia habiendo implantado el CAPI en el CIS.
Al hilo de este elemento, otro aspecto relevante es explorar las encuestas por Internet. Una parte del índice de confianza del consumidor se hace a través de encuestas telefónicas con el sistema CATI, Computer Assisted Telephone Interview.
Nosotros no tenemos una estructura, ni espacio físico, ni contamos con recursos humanos para llevar a cabo esto, por tanto, forma parte de los pocos estudios que no realiza operativamente la red de campo del CIS. Por supuesto, llevamos a cabo el
diseño, la supervisión técnica, la depuración, la validación, la explotación y la tabulación, aunque no esa parte, pero el futuro -y esto es por lo que yo quiero apostar- está en las encuestas por Internet. Efectivamente en este ámbito la
iniciativa privada ha tomado bastante ventaja, y la idea es impulsar esta cuestión. En 2015 se elaboró un convenio de estudio con el IESA de Córdoba, el Instituto de Estudios Sociales Avanzados -que, como saben, pertenece al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas-, y con la Universidad de Stanford para avanzar en esta línea, y yo también quisiera reforzar esa dimensión e incrementarla.
El tercer gran elemento que quiero mencionar es la introducción del big data, del análisis de minería, como otro de los referentes al hilo de alguna de las posibilidades que en este momento ofrece el banco de datos, como es el repositorio
Arces, donde están los proyectos de investigación financiados con dinero público, donde está el propio banco de datos y donde están todos los estudios del CIS. La idea sería introducir una propia unidad de análisis en la que se pusiera a
disposición de investigadores esta idea de los big data. No les quiero cansar, pero también quiero mencionar que hay que cambiar la página web para hacerla mucho más amigable y un poquito menos académica. La página tiene el perfil académico que
les digo, y aunque nuestra audiencia de página web -que recibe muchísimas visitas- tiene que ver con investigadores, también tiene que ver con medios de comunicación y con ciudadanía. Hemos realizado, por ejemplo, una reforma muy importante en el
edificio del CIS de la sala de conferencias, que llevó mucho tiempo y evidentes molestias a las personas que en ese momento trabajaban allí. Tenemos un continente muy bueno y vamos a intentar dotarle de un buen contenido favoreciendo la impartición
de cursos, conferencias, seminarios, etcétera, y una cosa importante, y que tiene que ver con lo que doña Carolina Bescansa señalaba, es la estructura de recursos humanos. Efectivamente, creo que hay un déficit importante en este sentido, no tanto
en el área de investigación, que para la media de estudios que se realizan por año tiene una dotación razonable, como en el ámbito -usted lo ha señalado muy claramente y creo que ha puesto el dedo en la llaga- de la red de campo y en el ámbito de la
codificación. Si me permite saltar a su intervención, le diré que en cuanto a la codificación el histórico era de siete
personas dedicadas. En este momento hay cuatro, más una persona que está haciendo una suplencia en comisión. El contrato de esta persona vence a final de abril, por lo que va a ser reemplazada a través de un concurso interno de méritos por
otro trabajador del CIS, siempre de una manera provisional hasta que esa plaza pueda salir a concurso. El proceso está en marcha y la idea que yo tengo es reforzar esa unidad de campo -en estos momentos una persona de investigación va a pasar a la
red de campo-, debido al volumen de encuestas que el CIS maneja. Tenemos que tener en cuenta que este año, sin estudios electorales, podremos realizar entre unas 85.000 y 90.000 entrevistas; el año pasado tuvimos más de 120.000 entrevistas, y
solamente a efectos electorales y poselectorales hicimos unas 40.000. Por tanto, creo que efectivamente hay que reforzar esa estructura de campo, al menos la de empleados de la casa.
Esto me lleva a la segunda cuestión que doña Carolina Bescansa planteaba, y que es la red de los entrevistadores. Estoy seguro de que no soy el presidente más sagaz que ha pasado por la presidencia del CIS, pero créanme, se lo digo de todo
corazón, que puedo ser tan bien intencionado como el mejor de todos ellos. Lo primero -están aquí mi secretaria general y mi director de Investigación- que planteé a la secretaría general cuando me reuní con los sindicatos fue cómo podíamos abordar
el tema de la red de campo del CIS. No tenemos músculo económico-financiero para hacerlo. Esta es una estructura que se viene arrastrando incluso desde antes del Centro de Investigaciones Sociológicas, desde el Instituto de la Opinión Pública, que
se crea en el año 1962, es decir, hace cincuenta y cinco años. La red de campo no es toda una red full time, sino que es una red formada en un 80 % o algo así por personas que tienen una dedicación parcial, es decir, que por las mañanas tienen otro
tipo de empleo, profesores de instituto, amas de casa, otro tipo de trabajos... Me he reunido con la red, con las 160 personas, se lo he explicado, en estos cien días me ha dado tiempo a hacer todo eso, y la mayor parte de ellos están en ese
estatus. Podríamos buscar alguna solución de tipo legal. Mis recursos y mis posibilidades llegan hasta donde llegan. Yo no tengo posibilidad con mis presupuestos, con una plantilla de unas 95 o 96 personas, de dar ese cobijo a una red de unas 160
o 180 personas.
El señor PRESIDENTE: Señor presidente, vaya concluyendo, por favor.
El señor PRESIDENTE DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, CIS (Torres Albero): Sí. Vamos rápido.
Paso, una vez contestadas las preguntas del profesor Torres Mora, a doña Carolina Bescansa. Por supuesto le agradezco sus buenas palabras, sus buenos deseos. Yo también comparto esa idea de excelencia, creo que me he esforzado en mi vida
profesional y académica por hacerlo así. Me pide tres temas del listado de cuestiones que he abordado. Nada más empezar, en febrero, tuvimos la cuestión de la protección de los derechos ciudadanos ante las nuevas tecnologías, que quizá por un tema
de relevancia personal me parece importante. Como sabe, de los once barómetros cuatro son políticos. En este mes de mayo tenemos un tema de vida familiar, parejas y conciliación doméstico-familiar. Tenemos prevista la idea de confianza social
para septiembre, confianza social a nivel micro y a nivel macro, en instituciones y en personas, en relaciones sociales, etcétera. Su señoría está en todo su derecho, le asiste toda su representación ciudadana, pero yo no quisiera convertir, se lo
digo de todo corazón, el CIS en un elemento de la contienda política. Creo que esa excelencia tiene que estar vinculada a parámetros estandarizados y protocolizados, pero en cuanto a estar pendientes de cuestiones muy relevantes en el ámbito
político, en la discusión político mediática, pero que en definitiva pueden no serlo tanto desde un punto de vista científico-académico, podemos coincidir en algunos temas y me imagino que en otros no.
En cuanto a las palabras de Robert Merton, que señalaba en su estudio que los sociólogos americanos suelen ser muy precisos y los europeos muy relevantes, yo quisiera combinar -es un desiderato, no es fácil- relevancia con precisión.
Con respecto a las cuestiones de la red de campo, ya se las he señalado, así como la cuestión de la codificación. Seguramente, lo que se externaliza de la codificación -y esta es una cuestión a la que no me he referido antes porque estaba
al hilo de los recursos humanos- es precisamente por ese exceso de trabajo en cuanto a los convenios. Como sabe, nosotros somos instrumento también al servicio de la Administración General del Estado. Cuando son estudios que son convenios o
encomiendas y la carga de trabajo ya está completa lo que se hace es externalizarlos a algunas empresas especializadas en este tipo de cuestión y también la grabación, porque nosotros no tenemos ni salas especiales adicionales ni equipos para llevar
a cabo ese proceso de grabación de los datos. Pero de la codificación estrictamente hablando, solamente cuando son estudios externos para la Administración General del Estado o Administración
autonómica o local y cuando la carga de trabajo está completa. Como en estos momentos hay dos personas menos, solamente se hace con las encomiendas y convenios.
No sé si me he dejado alguna otra cuestión porque el señor presidente me apremia. Creo que ese plan lo estoy haciendo, pues aunque llevo cuatro meses mi directora de investigación solo lleva un mes y medio y está trabajando directamente en
ese plan. Me había pedido tres temas y efectivamente, aparte de este barómetro que salió a primeros de abril, tenemos el tema de protección de derechos, hay otro previsto para junio de turismo, que es un tema clásico y relevante que hace bastante
tiempo que no se aborda, por lo menos en estos últimos años; el tema de conciliación y el tema de confianza social.
Para finalizar mi intervención, paso a responder a don Tomás Fole. Efectivamente, creo que alguna de las cuestiones respecto a la aplicación de nuevas tecnologías ya las he respondido. ¿Nuevas actividades? No hay nuevas actividades, con
el presupuesto del que disponemos, más allá de las que he señalado de incorporar el big data, de incorporar CAPI, de intentar mejorar la estructura de recursos humanos. En definitiva, en esos estamos y hay encomendación con las distintas comisiones
que tiene el Ministerio de Presidencia para conseguir más recursos humanos. Todo lo que pudiéramos conseguir, por supuesto, será bienvenido. Creo que si conseguimos nuestros propósitos en cuestiones de big data y de encuestas por Internet, me
daría por muy satisfecho.
Con respecto a las previsiones electorales, sin duda. Hay un equipo en el que se lleva a cabo la estimación de voto en las preelectorales y las poselectorales, que es claramente la prueba del algodón puesto que luego tenemos unos datos
reales. En ese sentido, nosotros somos los primeros afectados cuando esas estimaciones no coinciden con la realidad. Como sociólogo de la cultura, como sociólogo del conocimiento, casi diría que a veces hasta en parte me alegro. Había una
película, Magic town, Ciudad mágica, de la serie b de los años cincuenta, que era una ciudad de Filadelfia que podía reproducir los resultados electorales -el otro día venía en la prensa respecto de Francia- año tras año. El protagonista, que es un
periodista -no sé si es Clark Gable-, se entera de eso, llega a la ciudad y en esa elección los resultados cambian. Forma parte de la reflexividad, no es que seamos malos en el CIS porque fallemos. Ha pasado en el brexit, ha pasado en la elección
del presidente de Estados Unidos y seguirá pasando. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Esta misma pregunta me la hizo el dentista que tuvo que hacerme un empaste hace cosa de seis meses. Y le dije que si mi muela estuviera leyendo los libros de
estomatología que él leía, la muela ya hubiera hecho saltar a esa bacteria. Si las jirafas hubiesen podido leer a Darwin, si los humanos hubiésemos podido leer El capital de Marx, El manifiesto comunista, realmente la historia hubiera cambiado.
Para bien y para mal, yo creo que para bien porque forma parte de la mejora de la opinión pública, de la opinión pública informada, pero esas predicciones se incorporan como un elemento más dentro del proceso de debate y de reflexión pública.
Claro, se producen efectos de atracción, de rechazo, predicciones que se autocumplen o que se autofalsean. Sobre eso, si está interesado, uno de los cursos de doctorado que imparto es de problemas metodológicos en ciencias sociales y todo lo que es
la epistemología, la metodología, incluyendo la cita de Durkheim, Las reglas del método sociológico, del profesor Torres Mora. Me tiene a su disposición cuando quiera y estaré encantado de compartirlas personalmente con usted, con doña Carolina y
con don José Andrés.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Cristóbal.
Se suspende la sesión y nos reincorporaremos a las cuatro de la tarde con la comparecencia del subsecretario de Hacienda y Función Publica.
Eran las tres y treinta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
- DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (MARTÍNEZ RICO). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CIUDADANOS (número de expediente 212/000541) Y POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/000412).
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes.
Reanudamos la sesión de la Comisión de Presupuestos, con la comparecencia del señor subsecretario de Hacienda y Función Pública, don Felipe Martínez Rico. Siguiendo el sistema tradicional, intervendrán en primer lugar los grupos
parlamentarios, comenzando por el Grupo Parlamentario Socialista, para realizar las preguntas que consideren convenientes al señor subsecretario.
La señora MERCHÁN MESÓN: Buenas tardes. Gracias por estar aquí y esperemos que sea una sesión fructífera.
El presupuesto es el documento de la verdad para un Gobierno porque es donde se concretan la voluntad y el compromiso político de quien lo presenta. Los recursos lo aguantan casi todo, pero es en el momento en que se ponen las cifras cuando
los ciudadanos comprueban si las prioridades anunciadas lo son de verdad.
Me voy a centrar en tres cuestiones, dado lo ajustado de los tiempos. Comienzo con el programa de incentivos regionales a la localización industrial, que registra un descenso de más de un 20 % por la consiguiente disminución de las
subvenciones a empresas localizadas en las zonas de promoción económica. Estas subvenciones que se abonan entre dos y cuatro años tras su concesión llevan disminuyendo en los últimos años. Analizando la evolución, confirmamos que durante los
Gobiernos del Partido Popular estas subvenciones no han hecho más que descender. Nos gustaría que el subsecretario nos explicara a qué se debe este acuciado descenso, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de unas subvenciones destinadas a
generar empleo, que es una prioridad de su Gobierno y que compartimos desde el Grupo Parlamentario Socialista. También quería hacer una breve mención a una cuestión que, a pesar de su escaso peso en el presupuesto, nos parece sumamente relevante.
La dotación es baja, insuficiente podríamos decir, teniendo en cuenta la importancia de la temática. Me refiero a la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios Públicos. Nos alegra ver que se mantiene en el
presupuesto porque la evaluación y la transparencia de la gestión pública es una cuestión clave y llamamos la atención en este sentido. Seguimos a la espera de conocer el futuro de la agencia, de cómo se va a desarrollar en el marco de la
aplicación de la Ley 40/2015, y le adelanto que para nuestro grupo cualquier opción que supusiera la pérdida de identidad propia de la evaluación de políticas públicas sería una mala noticia. La buena gestión y la gobernanza de las políticas
públicas y de los servicios públicos exigen un sistema tributario justo y dotado de los recursos adecuados.
Hace dos días hablaba aquí el secretario de Estado de Hacienda de la importancia de la transparencia y de la lucha contra la elusión fiscal, mencionando también las directivas europeas que debemos trasponer próximamente. Venimos escuchando
cómo el Gobierno y el partido que lo apoya tiene un compromiso elevado con el fraude fiscal; sin embargo -vuelvo al inicio de mi intervención-, el presupuesto nos muestra cuán real y ambicioso es este compromiso. Como bien saben, nuestro país
ostenta un triste récord, y es que tenemos un fraude fiscal muy por encima de la media de los países de nuestro entorno, superior al 20 %; sin embargo, los dispositivos disponibles para luchar contra el fraude fiscal están por debajo de la media,
lo que ha sido objeto de llamadas de atención por organismos como la OCDE. Ustedes se comprometieron con su socio de investidura a incrementar el presupuesto de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en 100 millones, que se han quedado en
algo más de 60. Obviamente, damos la bienvenida al incremento, pero cuidado con dejarnos obnubilar, porque ustedes, al igual que nosotros, saben que ese aumento no solo llega tarde sino que es insuficiente. Le voy a decir por qué. Cuando la
Agencia Estatal de Administración Tributaria se constituyó en 1991 disponía de un total de 25.669 funcionarios, con una media de edad de treinta y cinco años; en 2017, la agencia apenas registra un incremento de 800 funcionarios respecto a 1991 y
la media de edad es de cincuenta y tres años. El PIB de nuestro país en 1991 era de 461.000 millones de euros; actualmente es 2,5 veces superior y el número de obligados tributarios el doble. Las líneas estratégicas fundamentales de la agencia
requieren importantes dotaciones de personal. Es cierto que se ha avanzado de una manera casi inimaginable hace unos años en temas de desarrollo informático que ha supuesto un avance increíble y muy meritorio en la gestión de la agencia, pero
sabemos que es necesaria una importante dotación de personal y que estos servicios informáticos no van a sustituir a los funcionarios. Cualquier operación medianamente compleja requiere hasta cien personas; son necesarios efectivos que elaboren
informes, analicen la información, localicen y analicen pruebas, realicen las tareas de investigación, pateen la calle, y eso solo lo pueden hacer las personas. Además, también están las tareas y las acciones en auxilio de los juzgados y tribunales
de justicia que también tiene encomendada la agencia, que en 2010 requirieron 902 funcionarios y 1483 en 2015, con la afectación de otras actuaciones.
Hay también concentración de trabajo en acciones que no repercuten en la lucha fiscal. Necesitamos reforzar el control tributario de los grandes defraudadores para aumentar la recaudación tributaria. El ritmo de reposición es insuficiente
y no garantiza que en el medio plazo dispongamos del cuerpo de funcionarios necesarios para mejorar los indicadores de fraude fiscal, para incrementar la recaudación por la existencia de una mayor capacidad de control. Tampoco es suficiente para
que quienes se vayan incorporando
vayan adquiriendo el acervo que solo da la experiencia y también el trabajo con los compañeros y compañeras que tienen tanta trayectoria en la agencia. Las limitaciones de personal afectan a la lucha contra el fraude, a la inspección, a la
vigilancia aduanera y a la auditoría informática. Hable con los excelentes funcionarios de la agencia porque tenemos unos funcionarios extraordinarios. Nosotros hemos hablado con ellos y nos han transmitido la frustración que llegan a sentir
cuando saben a todo lo que tenían que llegar y no pueden, y con las dotaciones que se les han dado no llegarán. Escuchamos que estamos recuperando la senda del crecimiento, pero tenemos que hacer una creación de empleo no solo privado sino también
del sector público.
Muchas gracias y quedamos a la espera de su respuesta.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Merchán.
Como en ocasiones anteriores, informo al señor compareciente y a sus señorías que el director general de la Agencia Tributaria comparece mañana a las dos de la tarde.
A continuación, en representación del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Mena Arca.
El señor MENA ARCA: Muchas gracias, presidente, y gracias por su comparecencia, señor subsecretario.
Parece ser que este año 2017 va a ser otro año más perdido para abordar uno de los principales problemas que tiene el Estado español, la profunda crisis de empleo que padece la economía, y estos presupuestos que ustedes nos presentan,
continuistas y a tiempo parcial, no van a ayudar en absoluto. Los presupuestos podrían favorecer la necesaria transformación del patrón productivo, apostando por el incremento de la productividad, por la sostenibilidad energética y también por la
calidad del empleo, pero ustedes los utilizan para devaluar más la calidad del empleo y también la del empleo público. El objetivo principal de estos presupuestos -ya lo han dicho- es la reducción del déficit público, que se consigue por la mejora
cíclica de la recaudación, por el aumento de la inflación y también por la pérdida de poder adquisitivo de salarios públicos y de prestaciones sociales. Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea lamenta que no podamos escuchar en estas comparecencias
-especialmente en el tema que hoy tratamos- las voces de las organizaciones sindicales, tal y como solicitó nuestro grupo, y eso porque, al menos en esta materia, la tramitación de la Ley de Presupuestos ha estado marcada por el acuerdo alcanzado
entre los sindicatos y el ministerio con ocasión de la consolidación del empleo temporal; por cierto, un acuerdo que saluda el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque, eso sí, prevemos que será insuficiente.
Empezamos por la tasa de reposición. Es una intromisión desproporcionada en la autonomía municipal y autonómica en lo que se refiere a las políticas de gasto. Esta tasa no supone un ahorro, sino una conducción interesada por parte del
Gobierno central para decir a los gobiernos locales y autonómicos cómo gastar su dinero. ¿Para cuándo, señor subsecretario, tienen ustedes previsto eliminar el límite de la tasa de reposición para todos los supuestos? Además, hace falta una orden
de empleo público extraordinaria que reponga el empleo destruido desde 2009. Debe ser prioritaria e inmediata en los ámbitos administrativos más urgentes. Fíjese, la pérdida de empleo solo en la Administración Central en el periodo 2008-2016 se
sitúa en los 41.426 efectivos perdidos. La carencia de personal es abrumadora en la Administración Pública. La pérdida de efectivos se da en puntos tan estratégicos como los centros de atención al ciudadano y los centros de gestión de la Seguridad
Social; en seguridad aérea o marítima; en los diferentes organismos de investigación dependientes de la Administración General del Estado, desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el que a la falta de plantilla se suma un nivel
de precarización del empleo insufrible, al Instituto nacional de técnica aeroespacial, pasando por el Ciemat, el INIA, el IEO o el Instituto de Salud Carlos III; en los museos estatales, el Reina Sofía; la Filmoteca nacional; el Inaem; los
archivos estatales; las administraciones penitenciarias; el Imserso; la Dirección General de la Policía o incluso la sorprendente noticia de hace un par de semanas donde la Unidad Policial de Sevilla, de respuesta inmediata, alertaba de que se
encontraba sin efectivos para poder denunciar casos de violencia de género. Por supuesto, la calidad de nuestros servicios públicos también tiene mucho que ver con estas afectaciones. ¿Qué solución va a dar el Gobierno a todos estos supuestos de
colapso actual, que no se solucionarían ni con la reposición del cien por cien? ¿Hay algún plan o seguirá el colapso, con los riesgos que esto conllevará para el conjunto de los ciudadanos? Además, señor subsecretario, hace falta recuperar los
derechos económicos de los trabajadores públicos. De la pérdida acumulada de poder adquisitivo, el Gobierno solo incorpora un incremento de un 1 % en estos
presupuestos, que está por debajo de la inflación, con lo que seguimos acumulando pérdida de poder adquisitivo. ¿Hay alguna previsión de trabajar en un calendario para evitar esto?
Hay también tres temas que preocupan al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. En primer lugar, el convenio colectivo para el personal laboral de la Administración General del Estado está pendiente de
negociación desde diciembre de 2015. ¿De qué dotaciones espera disponer para poder negociar este convenio? En segundo lugar, ¿qué previsión de concurso de méritos hay en la Administración General del Estado? ¿Está presupuestado? Hay ministerios
donde desde hace años no hay convocatorias. En tercer lugar, usted sabe que la disposición adicional 27 o la disposición adicional 35 no dejan de ser una extralimitación de la Ley de Presupuestos que atentan contra la seguridad jurídica, porque lo
que ustedes recogen en esta disposición está suficientemente regulado en normas como el EBEP, la Ley de Contratos, el Estatuto de los Trabajadores, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, la Ley de Bases de Régimen Local, además de la
jurisprudencia del Constitucional en cuanto al contenido de la Ley de Presupuestos. Estas disposiciones adicionales no tienen otro sentido que perseguir y dificultar los procesos de remunicipalización que han iniciado los ayuntamientos del cambio
para evitar que algunas empresas hagan negocio con nuestros derechos.
Finalmente, si tengo tiempo, presidente, aludiré a la política fiscal. Nos encontramos con estimaciones presupuestarias de aumentos del 7,7 % en el IRPF; del 12,6 % en el impuesto sobre sociedades; del 7,3 en el IVA y del 4,6 en impuestos
especiales. Lo que ocurre es que, aun considerando la rebaja de impuestos de años anteriores y el crecimiento nominal del 4,1 % previsto, esta recaudación parece poco creíble. El optimismo de Hacienda, que a principios de marzo comunicó que la
recaudación tributaria en 2017 alcanzaría máximos históricos, nos parece bastante aventurado, sobre todo porque, con los datos que conocemos, es difícil pensar que las rentas de los hogares y su principal componente, las rentas del trabajo, vayan a
crecer, como estima el Gobierno, cerca del 5%. Por ello, el crecimiento previsto del gasto final sujeto a IVA por encima del 5 % -y ya acabo- también es difícil de creer. Pero lo más importante es que no contamos con una reforma fiscal integral
que consiga un sistema tributario más equitativo, más progresivo y que logre recursos suficientes de forma estable. ¿Para cuándo la prevén ustedes? Tampoco avanzamos, como se decía anteriormente, en la lucha contra el fraude fiscal. Es necesario
lograr recursos suficientes y de forma estable porque solo con más recursos, señor subsecretario, se combate el fraude, que es un saqueo a las arcas públicas. ¿Cuándo van a hacer de este combate, el combate contra el fraude, un elemento prioritario
de su Gobierno?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mena.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten Oliver.
El señor TEN OLIVER: Muchas gracias, presidente.
Bienvenido señor Martínez Rico, subsecretario de Hacienda y Función Pública. El Grupo Parlamentario Ciudadanos le agradece no solo que esté usted aquí sino también su larga experiencia y dedicación en la Administración pública.
Ayer mismo tuvimos la comparecencia de la secretaria de Estado de la Función Pública, doña Elena Collado, que nos trasladó que había llegado el momento de mejorar las condiciones de los empleados públicos porque desde que se inició la crisis
hemos sufrido tanto los recortes del Partido Socialista como del Partido Popular. Por un lado, el Partido Socialista se empeñó en negar la crisis y terminaron con recortes y subidas de impuestos -no quiero entrar en detalle-, al tiempo que
congelaba las pensiones contributivas y recortaba los salarios de los funcionarios un 5 %, que posteriormente congeló; además, redujo la tasa de reposición y recortó el empleo público en 30.000 funcionarios. La incapacidad del PSOE y su ausencia
de brotes verdes, como se decía entonces, aupó al Partido Popular al poder con mayoría absoluta, que hizo un poco de lo mismo; se abrazó a la austeridad y lo que hemos conseguido de nuevo son recortes en pensiones -en este caso las congeló-, en
salarios y subida de impuestos. El resto de la historia ya la conocen y no quiero ahondar en ello, pero esta misma mañana el presidente del Airef, el señor Escrivá, nos aportaba un cambio de técnica presupuestaria. Tanto nosotros como él
incidíamos en que los ingresos públicos estaban mal calculados. En este caso, el problema de no calcular bien los ingresos públicos es que al final acabamos en indisponibilidad de crédito y, por tanto, en una falta de ejecución del gasto público.
Yo quería inferir de aquí unos efectos negativos y hacer unas preguntas en relación con lo que nos comentaba el presidente de la Airef, porque se aprecia una cierta desviación en cuanto a los ingresos por el impuesto sobre sociedades y sobre todo
por el IRPF. Nos trasladaba que
serían convenientes unas sendas más realistas de convergencia con los objetivos de déficit de las comunidades autónomas. Querría preguntarle qué efectos negativos podría tener, sobre todo en su secretaría, no aprobar estos Presupuestos
Generales del Estado. El Gobierno se ha comprometido con Ciudadanos -así lo contemplaba en la actualización del plan presupuestario que se presentó en diciembre de 2016- y con Bruselas que en 2017 se llevaría a cabo un proceso de revisión del gasto
-un spending review- para mejorar esa eficacia y para lo cual se encargaría a la Airef la realización de dicho análisis. Yo quisiera preguntarle, señor subsecretario, cómo tiene prevista la financiación de este nuevo cometido y cuándo se van a
acometer las reformas de la Ley orgánica para dar cobertura a estos nuevos cometidos de la Airef. Por otro lado, ha sucedido un hito importante, y es que las administraciones públicas convocan al menos 250.000 plazas de funcionarios durante los
próximos tres años. Es una decisión correcta pero forzada por las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y está en línea con nuestro ADN, con nuestro contrato único de Ciudadanos. Le quería preguntar, si no hay presupuesto, ¿qué
pasará con esos casi 300.000 interinos, señor subsecretario? ¿Les interesa realmente a los interinos que haya Presupuestos Generales del Estado?
Hay mucho margen para incrementar los ingresos públicos y para gestionar muchísimo mejor los gastos y no repercutir en nuevas subidas de impuestos, que sería lo fácil. Hace falta solo voluntad y también acuerdo, y en eso nuestro grupo
parlamentario está dando muestras de un buen hacer. Le voy a poner dos o tres ejemplos. El pasado 16 de abril, el Ministerio de Hacienda y Función Pública que usted representa aquí contestaba a los diputados una pregunta que le hacíamos sobre el
volumen pendiente de deuda en los tribunales económicos-administrativos. La respuesta era que había más de 318.000 expedientes a punto de prescribir. Estamos hablando de casi 50.000 millones de euros de deuda pendiente en la cual año tras año se
van acumulando estos. El propio Alberto Nadal así nos lo reconocía en su comparecencia y el secretario de Estado, Fernández de Moya, nos indicaba que iba a hacer un plan especial para recuperar todo esto. Teniendo además la certeza de que muchos
de ellos están garantizados y avalados, si es cierto que el 60 % de ellos se desestiman, cómo se traduce este plan y cómo se van a incentivar esas plantillas, porque nos comentó que haría un nuevo estudio sobre las plantillas. Este diputado que les
habla presentaba el pasado 29 de septiembre una pregunta por escrito relativa a modificar el artículo 95 bis de la Ley General Tributaria, la Ley 58/2003. Es importante porque ustedes mismos lo plantearon en esa actualización del plan
presupuestario en diciembre de 2016, de forma que pudieran incluir los administradores en esa lista de morosos de más de un millón de euros. Hoy mismo el presidente de la Airef nos ha dicho que podían repercutir 150 millones de euros; no está
incluido en los presupuestos y estamos muy interesados desde Ciudadanos en saber si esta medida se va a hacer efectiva, cuándo se va a hacer efectiva y cuándo se va a hacer esa modificación de la normativa de la Ley General Tributaria.
No hablaré mucho más en cuanto a los ingresos públicos y tampoco de la amnistía fiscal, cuando perdimos 2.800 millones con la ley Montoro, pero lo cierto es que decir sí hoy a los Presupuestos Generales del Estado de 2017 significa decir sí
a 100 millones más en la lucha contra el fraude fiscal. Yo creo que es importante y me gustaría que pudiera concretar algo más sobre dónde se van a destinar esos 100 millones. Por último, quería preguntarle cuándo se va a activar el acuerdo de
carrera, por ejemplo el de 2007. Sé que va a venir el presidente de la Agencia Tributaria, pero quisiera saber si tiene información de cuándo se va a activar el acuerdo de carrera de 2007 que se firmó por los sindicatos para la Agencia Tributaria y
para cuándo un estatuto para la Agencia Tributaria, porque eso beneficiaría mucho la lucha contra el fraude y la función que realizan los grandes técnicos y los grandes profesionales que hoy en día están en la Agencia Tributaria.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ten.
Para concluir, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora López Ares.
La señora LÓPEZ ARES: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida al subsecretario de Hacienda y Función Pública a esta Comisión de Presupuestos.
Antes de iniciar mi intervención, querría destacar que es una pena que algunos de los portavoces que han intervenido hoy no hayan participado en otras comparecencias que ha habido durante esta semana porque si no imagino que muchas preguntas
no se habrían hecho, ya que se hicieron el lunes y el martes a los secretarios de Estado correspondientes. Me estoy refiriendo a Presupuestos, Hacienda y Función
Pública. Nosotros, desde el Grupo Parlamentario Popular, vamos a plantear una serie de cuestiones y de argumentos al subsecretario de Hacienda relacionados con lo que desde mi grupo consideramos que es lo que tiene que ser esta
comparecencia.
El Grupo Parlamentario Popular ya dijo en anteriores intervenciones que creemos firmemente, y así ha sido ratificado por autoridades independientes, que este presupuesto es un presupuesto de crecimiento económico, un presupuesto de creación
de empleo, de mejora de la calidad del empleo, pero siempre dentro de dos principios, que son los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera, porque si no cumpliéramos con estos principios, todo lo demás dejaría de
existir. Prueba de ello lo tenemos en los Gobiernos que no cumplieron esta estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y que tampoco lo están cumpliendo ahora en algunas entidades locales, y también lo hemos visto en otros países. En mi
grupo parlamentario entendemos que para conseguir esta estabilidad presupuestaria y esta sostenibilidad financiera juegan un papel fundamental la eficacia y la eficiencia en la utilización de los recursos públicos, en la utilización de los ingresos
públicos que se obtienen a partir del pago de impuestos, tasas o demás por parte de los ciudadanos. Como nosotros lo entendemos así, desde que tomó posesión el Gobierno de Mariano Rajoy hubo una profunda trasformación en la Administración pública
para intentar buscar una Administración pública que fuese mucho más moderna, con una mayor eficacia y eficiencia en el uso de sus recursos. También entendemos, relacionándolo con esto, que las tecnologías de la información y la comunicación, así
como las inversiones que se pueden realizar en esas tecnologías de la información y la comunicación, permiten facilitar esa mayor eficacia y esa mayor eficiencia. Las políticas se financian precisamente con los presupuestos, y nosotros, estudiando
el presupuesto, vemos que muchos de los créditos previstos para inversiones en su ministerio tienen que ver con la Administración digital -nosotros analizamos los programas de gastos, en concreto el programa 467.G, de investigación y desarrollo de
la sociedad de la información-, por eso queremos preguntarle al señor subsecretario si esto significa que el ministerio continúa apostando por la utilización de las nuevas tecnologías y en concreto de las TIC, las tecnologías de la información y la
comunicación, en esa búsqueda de la eficacia y la eficiencia.
Quiero recordar la intervención de ayer del secretario de Estado de Seguridad Social, quien puso de manifiesto la poca utilización de gasto corriente para el manejo de un importante número de recursos por parte de su secretaría de Estado, y
eso solamente se puede hacer con funcionarios bien formados y con funcionarios que tienen esas tecnologías de la información y de la comunicación.
Aquí se han planteado hoy preguntas en relación con la Agencia Tributaria, pero mañana vendrá el director de la Agencia con Tributaria y entiendo que esas preguntas tendrán que ser trasladadas al mismo, en tanto en cuanto es un organismo
autónomo, aunque dependa del Ministerio de Hacienda. Sé que hay grupos parlamentarios y partidos políticos que no saben lo que significa la autonomía; creen que la diferencia funcional significa que el que está en el ministerio decide todo lo que
ocurre en un organismo autónomo. Nosotros, en el Partido Popular, defendemos y creemos en la independencia de los organismos autónomos. En ese sentido, teniendo en cuenta el papel que desempeña la Agencia Tributaria en la gestión, inspección y
recaudación de tributos, teniendo en cuenta que hay esa dependencia orgánica del ministerio, quisiéramos saber, como medida de ese compromiso en la lucha contra el fraude y en la mejora de la recaudación para que después pueda ser utilizada en lo
que es el gasto público, cuál ha sido la evolución de la transferencia corriente del ministerio a la Agencia Tributaria. Nuestro grupo entiende que esa es una forma de mostrar ese apoyo y esa coherencia con el papel que creemos que juega la Agencia
Tributaria. También quiero destacar que esa transferencia es un compromiso en la lucha contra el fraude y he de recalcar -porque he oído comentarlo a algunos portavoces parlamentarios- que si ha habido un Gobierno que ha luchado contra el fraude ha
sido el Gobierno del Partido Popular, y encima lo ha hecho en una época con recursos escasos. Desde nuestro grupo queremos agradecer el trabajo que hacen miles de funcionarios, los funcionarios de la Agencia Tributaria y también de la Inspección de
Trabajo, porque siempre nos olvidamos del fraude laboral, y no solamente existe fraude fiscal sino también un fraude laboral. Pues bien, en esa lucha contra el fraude quiero destacar los datos, porque estamos hablando de 10.950 millones en 2013, de
12.318 millones en 2014, de 13.000 millones en el año 2015, si quitamos dos operaciones especiales que pueden distorsionar la serie de datos, y de 14.883 millones el año 2016. El compromiso con la transferencia a la Agencia Tributaria también es un
compromiso en la lucha contra el fraude. Por eso vuelvo a repetir la pregunta de cuál ha sido la evolución de esa transferencia, porque nosotros entendemos esa evolución como el compromiso con la recaudación y con la lucha contra el fraude.
En nombre del Partido Popular, vuelvo a poner de manifiesto la importancia de que existan presupuestos, porque lo que está claro es que si no existen presupuestos no habrá 67.000 empleos públicos que pasarán de interinos a funcionarios, no
se crearán 47.000 puestos de trabajo vinculados a las tasas de reposición y no veremos tampoco otra serie de medidas que permitirán mejorar la vida de los españoles. Quienes están en el no tendrán que seguir justificando por qué están en el no.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora López Ares.
Para contestar a los grupos, tiene la palabra el señor Martínez Rico.
El señor SUBSECRETARIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Martínez Rico): Gracias, presidente.
Señorías, es para mí un honor comparecer por primera vez en esta Cámara. Me enorgullece el grado de detalle que muestran en las preguntas sobre la sección 15 y voy a intentar dar respuesta a las diferentes cuestiones que han ido planteando.
Empiezo por el Grupo Parlamentario Socialista. Preguntaban por el crédito para las subvenciones de promoción económica. El crédito para las subvenciones a empresas en zonas de promoción económica es un capítulo 7 en el artículo 77 y en el
presupuesto para 2017 tiene un crédito previsto de 62.100.000 euros; en comparación con el presupuesto inicial ajustado es exactamente la misma cifra. Digo presupuesto inicial ajustado porque las cifras las ajustamos al reparto de competencias de
los ministerios; ya saben ustedes que ha habido un reparto de unidades entre el actual Ministerio de Hacienda y Función Pública y el Ministerio de la Presidencia y porque se le aplica la no disponibilidad de créditos aprobada por el Gobierno en
diciembre del año pasado. Si lo comparamos con el crédito inicial del presupuesto 2016, que entonces eran 79.500.000 euros, la bajada es de un 20 %. La subvención a empresas de promoción económica es un crédito que viene reduciéndose ya varios
años debido a varios factores. Arrastra una situación de agotamiento de grandes proyectos -las empresas tradicionalmente consumidoras de toda la regulación de subvenciones de promoción económica-, arrastra también un cambio en la definición de
regiones que pueden recibir este tipo de subvenciones y un agotamiento de determinados proyectos. Todo esto hace que no sea tanto un problema de oferta de crédito presupuestario para dar este tipo de subvenciones como de falta de proyectos. En
general, esta partida suele quedar con un alto grado de inejecución en presupuestos anteriores.
Preguntaban también por Aeval. Aeval es uno de los nueve organismos dependientes del ministerio, y aunque tenga independencia funcional del ministerio sí que es cierto que bebe de la sección 15. No tiene tasas ni instrumentos tributarios
para financiarse, sino que se financia con las transferencias corrientes y transferencias de capital que se le otorgan a través de la sección 15. La transferencia a Aeval, que dota la Secretaría de Estado de la Función Pública, asciende en el
presupuesto de 2017 a 3.188.000 euros, con una minoración del 1,7 % respecto al presupuesto inicial y del 1,5 % en relación con el presupuesto ajustado, es decir, el presupuesto inicial menos el importe traspasado a la sección 31. Esto quiere decir
que, en términos de transferencia corriente a la Aeval, se mantiene el mismo crédito que en el año anterior, solo que hay una transferencia a la sección 31 que se deriva de la puesta en marcha de uno de los programas que se han lanzado en el
ministerio con éxito ya desde 2013, que es la compra centralizada, a través de contratos centralizados y de acuerdos marco, que lleva a que determinados servicios, incluidos los de este tipo de organismos, se presten y se contraten de forma
centralizada, solo que entonces el crédito que hay en el capítulo correspondiente para gasto corriente en el capítulo II se transfiere a la sección 31 para financiar a través de ella el volumen total de la compra centralizada.
La última de sus preguntas hacía referencia al crédito disponible para la Agencia Tributaria, al igual que la del representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos y la correspondiente al Grupo Parlamentario Popular. Si les parece, agrupo
las tres en esta parte de la exposición.
Respecto a la Agencia Tributaria, hago la misma referencia que en el caso de Aeval. Además, como bien exponían ustedes, van a tener aquí al director de la Agencia Tributaria compareciendo, que les dará mucho más detalle del que les doy yo.
Me voy a limitar a leer las cifras que hay previstas en la sección 15 para la Agencia Tributaria. En el artículo 43, transferencias corrientes internas, hay previsto un incremento de 100 millones de euros, un 11 % respecto al presupuesto inicial
ajustado de 2016. Es decir, el crédito final previsto es de 964.588.000 euros y el crédito del presupuesto inicial ajustado de 2016 era de 864.588.000 euros. También recibe la Agencia Tributaria financiación a través de gasto de capital del
capítulo VII. En este caso, el proyecto de presupuestos de 2017 tiene un crédito previsto de 31.963.000
euros, exactamente igual que el presupuesto de 2016 ajustado y exactamente igual que el crédito inicial de 2016. Es necesario destacar que la Agencia Tributaria tiene la particularidad, por la ley de la que le han dotado las Cortes, de
tener generación propia de créditos, con lo cual, esta exposición que se hace a la sección 15 es de crédito inicial y durante el ejercicio se incrementa con la propia generación de crédito de la Agencia Tributaria.
Han hecho una reflexión también sobre el incremento de personal de la agencia, sobre la dotación. Les informo de que, a cierre de 2016, el total de efectivos de la Agencia Tributaria era de 24.839 funcionarios y que en el presupuesto de
2017 hay previstas incorporaciones y variaciones de personal por las cuantías siguientes: por incremento de personal adicional por oferta de empleo público, 675 nuevos funcionarios; por jubilaciones, la pérdida de 658 funcionarios, y otras
variaciones de 13 empleados públicos, lo cual hace un incremento neto de 30 efectivos en la Agencia Tributaria previsto para 2017. Perdónenme que no me extienda más, porque, como les comentaba, será el director de la agencia el que asuma la
explicación de la directriz política de su organismo.
Su señoría de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha hecho un planteamiento general sobre el empleo en los Presupuestos Generales del Estado. Los Presupuestos Generales del Estado, igual que todo documento de planificación fiscal -así
será en el programa de estabilidad que presentará el Gobierno en Consejo de Ministros el próximo viernes, pero así fue también en el plan presupuestario presentado a finales del año pasado-, van acompañados siempre de un cuadro macroeconómico de
evolución de perspectivas. Aquí me limito a leer simplemente los datos macroeconómicos que acompañan a los diferentes instrumentos de programación. En toda esta programación, en los datos que han acompañado al presupuesto, la tasa de paro prevista
para 2017 es del 17,5 %. La tasa de paro en el peor momento de funcionamiento del mercado de trabajo, justo antes de la crisis, año 2011, era de 21,4 %, y en los años de en medio, hasta que se reactivó el ciclo económico, se llegó a una tasa de
paro que rozaba el 25 % y que incluso llegó al 26 %. Con esto planteo, desde el punto de vista de evolución cíclica de los últimos años, que el presupuesto si ha hecho algo ha sido contribuir a la generación de empleo y contener cada vez más una
dotación por gasto social que ha ido incrementando año a año. Es posible que existiese algún otro tipo de política económica que fomentase más el empleo y el crecimiento económico, pero, de hecho, los últimos presupuestos que se han presentado en
esta Cámara y que han ido aprobándose han contribuido a la generación de empleo y a la disminución de la tasa de paro.
Me hablaba también de la tasa de reposición. Con respecto a la tasa de reposición y, en general, con respecto a las retribuciones de los funcionarios, saben bien que hay dos instrumentos normativos en marcha: por un lado, un real
decreto-ley aprobado por el Gobierno respecto a la oferta de empleo público, todavía pendiente de convalidación por estas Cortes y, por otro lado, la Ley de Presupuestos Generales del Estado, con su tradicional articulado en materia de retribución
de empleados públicos y oferta de empleo público.
Con respecto a las retribuciones, los presupuestos de 2017 incorporan un incremento global del 1 % respecto a la situación del año anterior, exactamente igual a la previsión del incremento de masa salarial que había en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2016, y en cuanto a la tasa de reposición de efectivos, se ha ido incorporando un máximo del 100 % en tasa de reposición de efectivos para aquellos colectivos prioritarios. Como novedad, en esta Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2017 se incorporan, en la propuesta que ha mandado el Gobierno a las Cortes, colectivos adicionales que se van a beneficiar de una tasa de reposición de efectivos más amplia, llegando al máximo del 100 %. Así, se
incorporan colectivos como, por ejemplo, seguridad y emergencias, servicio de transporte público y atención a los ciudadanos. En el resto de sectores se mantiene la tasa de reposición de efectivos que había hasta este momento. La novedad
importante para este año son las medidas de reducción del empleo temporal en la tasa adicional para estabilización del empleo en el periodo 2017-2019, que permitirá la reducción de interinos hasta un máximo de 90 %, con el objetivo de cobertura
temporal en estos sectores por debajo del 8 % en 2019.
Me preguntaba también por las dotaciones previstas en el ministerio que estuviesen relacionadas con la negociación del convenio colectivo. Pues bien, en el capítulo 4, en el artículo 48, hay una partida de apoyo a la negociación colectiva
del Estatuto del Empleado Público, que se mantiene en 618.650 euros en el proyecto de presupuestos 2017. Esta cuantía es la misma que la del presupuesto de 2016 ajustado y es la misma que el crédito inicial previsto en el presupuesto de 2016. Es
decir, no ha habido ningún tipo de variación en esta partida respecto al crédito inicial del presupuesto 2016.
También planteaba una reflexión general sobre la evolución de la recaudación prevista en los Presupuestos Generales del Estado. A modo de recordatorio, les expongo las cifras de evolución de crecimiento de los diferentes tributos. Según la
previsión de caja de la Agencia Tributaria, está previsto un incremento de los ingresos tributarios totales del 7,9 %, que incorpora un incremento de 7,7 % en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, del 12,6 % en el impuesto sobre
sociedades, del 7,3 % en el impuesto sobre el valor añadido y del 4,6 % en los impuestos especiales. A juicio del Gobierno, esta previsión al final hace una media ponderada de incremento de los ingresos tributarios totales del 7,9 %, que es
compatible con el cuadro macro que acompaña a los presupuestos. Además, y lo más importante, destaco la comparecencia de un alto cargo del ministerio al que yo también represento, el secretario de Estado de Hacienda, en la que puso de manifiesto
los buenos datos de recaudación tributaria, incluso durante los primeros meses de este año, que harían que el cuadro macroeconómico no fuese una previsión, sino que ya estuviese apuntalado por los primeros datos ciertos de caja de la Agencia
Tributaria ingresados hasta febrero.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha preguntado también por la nómina de los funcionarios, y ha hecho una reflexión sobre el Tribunal Económico-administrativo Central, los TEAR y los TEAL. Sobre esto puedo informarles, tal y como ya
comunicó el secretario de Estado de Hacienda en su comparecencia, que se ha previsto un plan para tribunales económico-administrativos con un número de resoluciones totales a desarrollar en un máximo de diecisiete trimestres, que alcanzaría los
884.000 expedientes, 208.000 anuales. Esto da continuidad al plan de incentivos que tiene el tribunal económico-administrativo, plan de incentivos que tiene reflejo en el capítulo 1 de la sección 15 del ministerio, en la retribución de todos los
funcionarios y en la parte que se asigna a lo largo del ejercicio de cumplimiento de objetivos. Es una práctica habitual que se repartan las bolsas de incentivos en los diferentes centros a los funcionarios según se va verificando a lo largo del
año el cumplimiento o no de determinados objetivos. Los objetivos se fijan al inicio del año, como hizo el secretario de Estado de Hacienda, pero su ejecución en la asignación del capítulo 1 se ve ya a lo largo de la implementación presupuestaria
anual.
También ha hecho una consideración sobre la evolución del gasto social en general. Quería remarcar que en el caso de las pensiones -me ha parecido entender que hacía un comentario sobre su evolución- no ha habido ningún tipo de recorte en
los últimos años. Lo que ha habido ha sido un incremento constante del gasto social en los presupuestos de los últimos años en la pasada legislatura. Mencionaba también el coste de no aprobar los presupuestos, que ustedes mismos enunciaban. Una
de las partidas que sirve de ejemplo a su afirmación es la comparación, dentro de la sección 15 que les estoy explicando, del crédito a la agencia, el final ajustado en 2016 en el capítulo 4 y el crédito inicial con el que parte la Agencia
Tributaria en 2017, que experimenta un incremento de 100 millones de euros.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular, su señoría hacía también un comentario general acerca de la eficiencia y eficacia con la que se gestionan los recursos públicos. Desde ese punto de vista, tengo que decirles que tanto este
ministerio, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, como el resto de departamentos ministeriales hacen un importante esfuerzo de modernización. A modo de comentario, les diré que si la sección 15 del Ministerio de Hacienda y Función Pública
supera ligeramente, dentro de los gastos no financieros, los 2.000 millones de euros, más de 1.400 millones de euros son transferencias corrientes. Queda el resto, hasta los 2.000 millones de euros, para financiar otro tipo de partidas. Dentro de
ese otro tipo de partidas, un pequeño esfuerzo se hace con créditos dirigidos a la digitalización de todos los servicios que presta el ministerio y los organismos que reciben transferencias de la sección 15. Para que se hagan una idea, por ejemplo,
a efectos de inversión y modernización, en el capítulo 6 del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017, por lo que se refiere a las inversiones del ministerio, existe una dedicación de recursos de 45.600.000 euros -ligeramente superior
a esta cifra- destinados a cubrir todas las actuaciones necesarias para instrumentar la Administración digital.
Esta agrupación de créditos, que está en el capítulo 6 de la sección 15 y también de la sección 31, está vinculada con el desarrollo digital, sobre todo con la implementación de la Ley 39, del Procedimiento Administrativo Común, y la ley 40,
del Régimen Jurídico. La puesta en marcha de estas leyes se aprobó en 2015 -entraron en vigor durante el último trimestre del año pasado- y ha supuesto un verdadero esfuerzo no solo para el representante de este ministerio que les habla, que al
final coordina la implementación de toda esta Administración digital en el ministerio con el resto de altos cargos, sino para toda la Administración General del Estado y en general para todo el sector público, al tener las leyes que he mencionado
carácter básico. Estas leyes hacen un esfuerzo por la digitalización de todos los procedimientos y por la equiparación a los mejores estándares existentes, en muchos casos elegidos a
similitud de todos los procedimientos de la Agencia Tributaria, que exigen el desembolso de determinados créditos de inversión que se recogen en el capítulo 6.
Paso a detallarles algunas de las actuaciones dentro de la sección 15 -la Agencia Tributaria les podrá comentar las suyas- de la Secretaría General de Administración Digital y también de la Dirección General de Patrimonio del Estado. Como
decía, este importe, que es superior a los 45.600.000 euros, recoge tanto la inversión en equipos informáticos, que asciende a 27 millones de euros, como la que se prevé dedicar a aplicaciones informáticas y software, la cual supone un total de
18.500.000 euros. Dentro de estas previsiones, destaca la partida que gestiona la Secretaría General de Administración Digital por un importe de 15.300.000 euros y que incorpora programas que ya empiezan a ser conocidos en todas las
administraciones públicas para el desarrollo de la administración digital, que incorporan los propios programas de nóminas, la red integral de atención al ciudadano -como puede ser la red 060-, la ventanilla única de la directiva de servicios, el
portal EUGO para empresarios emprendedores o la red Sara. Además, existe contra esta partida financiación para proyectos que son considerados estratégicos y que incorporan algunos como la oficina de registro virtual, el sistema de interconexión de
registros, la plataforma de unidad de mercado o el punto general de acceso a las facturas electrónicas.
Existen otro tipo de proyectos que siguen vivos, que son los vinculados con los proyectos de reforma de la Administración, lo que se viene a denominar como los proyectos Cora, que incorporan iniciativas que son, por ejemplo, la central de
contratación del Estado, el servicio de atención telefónica y por correo electrónico a usuarios de la nueva aplicación de la Central de Contratación del Estado, las aplicaciones de seguimiento de contratos centralizados o cualquier tipo de trabajos
técnicos de carácter informático vinculados con la aplicación de Cora.
Voy acabando ya. Paso a detallarles, dentro de este esfuerzo inversor en capítulo 6, los créditos disponibles en la sección 31, que son los que ejecuta la Dirección de Patrimonio del Estado, a los que destina 2,5 millones de euros. Aquí se
incorporan la plataforma de contratación electrónica, unificada en el sector público con el portal de contratación del sector público, licitación electrónica y la plataforma propia de contratación del sector público, y los trabajos de desarrollo del
esquema XML para contratación electrónica pública. Aunque el crédito son 2,5 millones de euros, no quiero dejar de destacarlo, porque es el que va a permitir la puesta en marcha de los requisitos de contratación electrónica vinculados a la
trasposición de las directivas de contratación del sector público planteadas en el ámbito de la Unión Europea y que precisamente están actualmente en trámite en estas Cámaras.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su exposición y por su comparecencia. (La señora Merchán Mesón pide la palabra). Señora Merchán.
La señora MERCHÁN MESÓN: Presidente, por una cuestión de orden, quisiera entregar luego una pregunta al compareciente, porque no me he sentido totalmente respondida con la intervención, por si puedo entregarlo al final de la sesión.
El señor PRESIDENTE: Por supuesto.
Le agradezco la comparecencia al señor subsecretario, don Felipe Martínez Rico, y hacemos un receso de cinco minutos y a las cinco en punto retomamos con la comparecencia del señor presidente de Radiotelevisión Española. (Pausa).
- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN RTVE (SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CIUDADANOS (número de expediente 212/000528); CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA (número de expediente 212/000647);
SOCIALISTA (número de expediente 212/000457) Y POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/000414).
El señor PRESIDENTE: Señorías, retomamos la sesión con la comparecencia del señor presidente de Radiotelevisión Española, don José Antonio Sánchez. Siguiendo el orden habitual de estas comparecencias, tiene la palabra el portavoz del
Partido Socialista, señor Camacho.
El señor CAMACHO SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente de la corporación, buenas tardes.
Señorías, el presupuesto de la Corporación RTVE para este año confirma una vez más la política del Gobierno del Partido Popular en relación con los servicios públicos esenciales, porque esencial -así lo
dice la ley- es el servicio público de radio y de televisión. Esta política ha consistido, y consiste, en recortar brutalmente su financiación amparados en la crisis económica hasta asfixiarlos, deteriorarlos o suprimirlos. Cuando las
cosas mejoran, como está pregonando de forma insistente el Partido Popular, no se recupera lo perdido o lo recortado; en el mejor de los casos solo se revierte una mínima parte. En ese viaje los servicios públicos sufren un deterioro a veces
irreversible. El Gobierno del señor Rajoy cogió RTVE en 2012, modificó la ley vía decreto e hizo un brusco recorte de más de 250 millones de euros en sus presupuestos anuales. Ahora, pasados cinco años, apenas han recuperado 25 millones. En 2011
el presupuesto de Radio y Televisión Española era de 1.200 millones de euros y hoy apenas supera los 975 millones. En el camino, el servicio público de Radio y Televisión Española ha perdido casi un 20 %, le han quitado un 20 %, pero ese 20 % es
una cifra engañosa. De hecho, sus recortes sobre Radio y Televisión Española han sido mucho más fuertes.
La financiación de Radio y Televisión Española tiene dos pilares fundamentales: la aportación directa del Estado, vía presupuestos generales, como compensación por la prestación de servicio público y las aportaciones de las operadoras de
televisión y telecomunicaciones en función de sus ingresos netos y una participación en la recaudación de la tasa radioeléctrica. Pues bien, lo que depende del Gobierno, o de la mayoría absoluta que hasta ahora tenía en el Parlamento, la aportación
directa del Estado es lo que se redujo, y no en un 20 % sino casi en un 50 %. Con su recuperación del año pasado de 25 millones, que no llegó más que para pagar la mitad de los gastos extra que supusieron las Olimpiadas, no compensan en absoluto lo
arrebatado, lo recortado. La repetición matemática de la aportación del Estado para este año no hace más que confirmar el gran recorte; en definitiva, el abandono al que someten a este servicio público. Lo lógico hubiera sido aumentar el
presupuesto de gasto para este ejercicio y aumentar la aportación del Estado para recuperar poco a poco los niveles de 2011, porque además los ingresos netos de las operadoras están subiendo en porcentajes entre un 4 % y un 8 %, como se demuestra en
la publicación trimestral de sus cuentas. Esto debería reflejarse en las cuentas de RTVE pero no se ve. Y esto no se ve porque el Gobierno del Partido Popular, cuando le conviene, presupuesta de una manera ultraconservadora, como casi en todo.
Presupuestar unos ingresos a la baja es mantener un redimensionamiento a la baja de la Corporación de Radio y Televisión Española. Porque el Gobierno del PP no presupuesta, como exige la Comisión Europea, en función del coste real del servicio
público, sino en función de lo que pretende gastarse, independientemente de cuáles sean las obligaciones que según la ley debe prestar la Corporación de Radio y Televisión Española. Calcular los ingresos a la baja sospecho que no se hace por
precaución, sino para evitar la aplicación del artículo 2.2 de la Ley de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, que obliga al Estado a pagar la diferencia entre lo presupuestado y lo ingresado en concepto de aportación de las
operadoras de televisión y telecomunicaciones, siempre y cuando la corporación se ajuste al presupuesto de gasto. Este artículo se hizo para garantizar unos ingresos mínimos que permitieran prestar en condiciones el servicio público encomendado;
el Gobierno del PP lo hace para recortar el servicio público. Dos visiones muy distintas; dos consecuencias muy diferentes. La situación económica permitiría subir la aportación directa del Estado vía Presupuestos Generales y, además, que los
ingresos procedentes de las operadoras sean superiores. Lo lógico, si las obligaciones de servicio público no cambian -que no han cambiado-, es subir ese presupuesto en términos similares. Estos presupuestos se hacen con el ejercicio avanzado y
con las primeras declaraciones trimestrales de las empresas sobre ingresos, por lo que ya se sabe cómo se presentan sus cuentas.
Este año, además, no se incluye una partida para ingresos especiales, así llamaban en años anteriores a los supuestos ingresos que iban a recibirse por pagos pendientes de años anteriores. No me puedo explicar cómo hace dos años incluían
100 millones por esta partida -excesiva para nosotros pero posible, parece ser, para ustedes- y, de repente, esa partida pasa a cero. Eso, ¿qué quiere decir? ¿Que se renuncia a cobrar lo debido? ¿Que durante estos años se han inventado que la
corporación era acreedora de algo que no existía? ¿Que ya se ha cobrado todo lo pendiente? ¿Que ya han fallado todos los tribunales las cuestiones pendientes? Ustedes saben que no es así, simplemente se cuadraban -y se cuadran- a ojo las cuentas;
eso sí, siempre a la baja en perjuicio del servicio público. El problema es que en unos servicios públicos el deterioro se ve casi de manera inmediata, aunque haya efectos que sean a medio o corto plazo. En el caso de Televisión Española se nota
más con el paso del tiempo. Las consecuencias de sus políticas -no solo de los recortes, sino también de una gestión opaca e ineficiente de recursos- se van a notar mucho más -ya se notan- a medio y largo plazo. El Gobierno asfixia a la
Corporación de Radio y Televisión Española con el presupuesto y, para colmo, en la corporación los recursos se
despilfarran, se tira el dinero o se traslada a productoras amigas, dejando los recursos internos técnicos y humanos sin utilizar de forma integral. En los dos últimos años se han ajustado las cuentas de RTVE con inyecciones especiales:
devolución del IVA, 50 millones más de recaudación de la tasa radioeléctrica y, eso sí, 25 millones de euros más de aportación directa del Estado, decisiones destinadas a maquillar las cuentas en periodo electoral. Con este sistema hay que esperar
cada año para ver qué correcciones incluyen. A nadie se le escapa que esta situación de indefinición e incertidumbre es el mejor caldo de cultivo para aumentar aún más el control político de la corporación vía financiación. Hacen de los
presupuestos un instrumento, una plataforma de propaganda política. ¿Qué mejor presión que tener cogido por el cuello -o por el presupuesto- a un presidente de la Corporación de Radio y Televisión Española? Presidente, como usted, señor Sánchez,
que ya controlan, por supuesto. Fue lo primero que hizo el PP cuando llegó al poder en 2011, modificar la ley anticonstitucionalmente, por decreto, para nombrarle a usted. A esto yo lo llamaría control reforzado. Afortunadamente, va a cambiar.
Su paso por RTVE, el paso del PP al que usted reconoció que votaba, ha empequeñecido el servicio público, ha deteriorado el servicio público, ha desprestigiado el servicio público; señorías, han abandonado el servicio público y estos presupuestos
redundan en ese abandono.
Para finalizar, señor Sánchez, la próxima semana tendremos Comisión de Control de RTVE y ya le adelanto cuál será la primera pregunta que realice mi grupo parlamentario, tendrá que ver, como usted se puede imaginar, con el caso Lezo. Hay un
auto del juez que dice muy claramente que en RTVE se contrató a una periodista por orden del señor Ignacio González. Yo le pido que de aquí a esa reunión de la próxima semana averigüe usted quién hizo esa contratación, qué periodista es, y que de
aquí al próximo jueves, que parece ser que es cuando tendremos esa sesión de la Comisión, tome las medidas oportunas para que cuando se celebre esté el solucionado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camacho.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Vera Ruiz-Herrera.
La señora VERA RUIZ-HERRERA: Gracias, señor presidente, y gracias, señor Sánchez, por comparecer esta tarde en esta Comisión, pesar de que, como decía el compañero del Partido Socialista, tendremos ocasión de preguntarle la semana que
viene.
En esta ocasión estamos aquí para hablar de las finanzas de RTVE, pero nosotros, más que preguntas, querríamos hacer una valoración, quizá un poco genérica, de los Presupuestos Generales del Estado asignados a la corporación, que, por lo que
vemos, se mantienen más o menos congelados en 343 millones de euros. Esta dentro de lo previsible y, a priori, puede parecer una buena noticia si lo comparamos con las tendencias temerarias que se han ido aplicando en las últimas legislaturas y
sobre todo en la de Mariano Rajoy, que se estrenó por la puerta grande con un tijeretazo de 200 millones de euros al año, provocando que RTVE perdiera o dejara de ingresar más de mil millones de euros en los últimos tiempos. Obviamente con esta y
con otra serie de posturas que tomó el Partido Popular dejó claro que el derecho a la información desde luego no iba a ser una de las prioridades del Gobierno. Y esto lo hemos visto no solamente por los recortes que se han hecho en los
presupuestos, sino a través de otras iniciativas como, por ejemplo, la venta de los emblemáticos Estudios Buñuel a precio de saldo y dejando sin garantizar la producción interna. También lo hemos visto con la falta de pluralismo y de independencia,
como ya hemos tenido ocasión de debatir con usted aunque no nos pongamos de acuerdo en este aspecto; con la falta de transparencia en las cuentas; con la falta de mecanismos de participación ciudadana en una televisión que la gente ha dejado de
sentir, evidentemente y con razón, como suya, y dejando campar a sus anchas sospechosos casos relacionados con la corrupción, aunque sea a través de terceros. Desde luego, RTVE nunca ha sido una de las prioridades del Partido Popular ni de Mariano
Rajoy, como se ha demostrado abiertamente. De hecho, los sindicatos internos vienen denunciando reiteradamente la ineficaz gestión económica del ente, incluyendo numerosos casos de contabilidad opaca, venta de patrimonio en condiciones
desfavorables, como decía anteriormente, ausencia de concursos públicos o subastas, externalizaciones a terceros implicados en tramas de corrupción, y le pongo sobre la mesa un tema que también nos gustaría que valorara, como es la adjudicación de
programas a José Luis Moreno, cuyo nombre figura en los papeles de Bárcenas. Existe también desproporción en el número de directivos internos y externos, y opacidad en los criterios de contratación, en los sueldos. Como ha dicho el compañero que
me ha precedido, le pedimos también una valoración de
esta supuesta contratación a dedo por parte de Ignacio González en RTVE, además de otros agravios que tienen que ver con las finanzas. A día de hoy, una gran parte de los recursos contra el Consejo de Transparencia los ha presentado RTVE
para negarse a dar cuenta públicamente de su contabilidad a los contribuyentes que lo han demandado. Y de prolongarse esta situación, es evidente que podremos hablar eternamente de Presupuestos Generales del Estado, pero la propia sostenibilidad de
la corporación está en cuestión.
Las dificultades del modelo actual no se limitan a la permisividad del sesgo informativo que he mencionado anteriormente y a la falta de transparencia en la gestión, sino que implican también -creo que es relevante- un fuerte déficit de
inversión en herramientas de participación y de acceso de la ciudadanía y la sociedad civil que permitan al contribuyente, como decíamos, valorar la utilidad general del servicio público, ver si merece la pena estar pagando con dinero de sus
bolsillos algo como el servicio de la radio y la televisión públicas. Y todas estas cosas han hecho que las audiencias se desplomen y que la calidad del contenido se vea en peligro. Si no me equivoco, el mes pasado cerró con una cuota de pantalla
del 16,1 % frente al 29,2 de Mediaset y el 27,1 de Atresmedia. Desde luego, queda muy por detrás.
Y decía que a priori y en comparación con los tijeretazos que ha dado Mariano Rajoy en los últimos tiempos los presupuestos pueden parecer positivos y se pueden agarrar a ese discurso triunfalista de que las cosas están mejorando y las
cuentas van a acabar bien este año, lo malo es que racionalizar el gasto y optimizar la inversión es sencillamente imposible si no hay un proyecto y RTVE, muy a nuestro pesar, no tiene un proyecto. Tuvimos ocasión de debatirlo cuando presentó usted
la memoria de los últimos años en la Comisión de control. No hay argumentos, y no vamos a encontrarlos por mucho que busquemos debajo de las piedras, que justifiquen la irresponsabilidad de los Gobiernos de los últimos nueve años al no desarrollar
lo que es una obligación legal: aplicar el contrato-programa. Esto ha provocado que la empresa pública RTVE viva una situación de inseguridad financiera permanente. Se han provocado enormes desequilibrios en el presupuesto de RTVE. Se ha
incumplido la obligación de que la financiación de RTVE sea estable y sea suficiente. Se ha impedido también el desarrollo estratégico de la corporación al recortar su capacidad de inversión estratégica, que es lo que tiene que ver con el cambio
tecnológico y con la adecuación al nuevo entorno audiovisual, y no me refiero a comprar ordenadores de nuevo formato o últimas tecnologías, sino a utilizarlas para lo que tienen que servir realmente, que es que participe la gente en los contenidos
de RTVE. Por tanto, para acabar, nuestra valoración es que de nada sirve lo que se presupueste por parte del Gobierno desde el Congreso para la corporación si no cumplimos inmediatamente con la obligación legal de dotarla, como se especifica en el
mandato marco, de un contrato-programa que al mismo tiempo permita evaluar las necesidades financieras de RTVE y las obligaciones del Estado para con la corporación, y de poco sirve también si no se modifica el sistema de financiación para que
aporte estabilidad y suficiencia económica a la empresa pública. Y aprovechando la ocasión, y dirigiéndome al resto de grupos parlamentarios, tampoco todo esto tendría validez si no va de la mano de un paquete de medidas parlamentarias que aborde
urgentemente la protección del pluralismo, de la neutralidad informativa de RTVE, que defina la existencia de un organismo externo independiente de regulación y control, que establezca criterios de transparencia muy, pero que muy superiores a los
actuales, y que ponga en marcha los mecanismos oportunos para permitir una adecuación estratégica al nuevo entorno tecnológico que, como decía, no se basa en comprar los mejores aparatos del mercado, sino en propiciar que la gente, que es la dueña
de RTVE, pueda participar de ella.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz Gómez.
El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidente.
Buenas tardes, señor Sánchez. No me había enterado bien de que se podía preguntar, pero estoy emocionado por poder preguntarle de manera más sorpresiva de lo que suele pasar en las comisiones, en las que alguna vez se me ha sido un poco
esquivo en las preguntas, y he apuntado muy emocionado un par de ellas.
Voy a empezar hablando de los presupuestos. Está bien que estemos hablando aquí de los presupuestos de RTVE porque abre las puertas a hablar de filosofía. Y digo esto porque, como saben, el planteamiento presupuestario de la corporación
RTVE debe regularse en una norma que prevé la ley. Esta norma, PSOE y PP mediantes, no existe. Es decir, que cuando los órganos directivos de RTVE quieren
acudir a algún documento en el que poder regir el funcionamiento y la política presupuestaria de esta casa, se encuentran con el vacío, con la nada. Se trata de un ente que en materia presupuestaria es nihilista y eso nos explica muchas de
las actitudes que encontramos en algunas de las sesiones de control.
El término nihilista, que fue creado por el novelista ruso Iván Turguénev, dice que es la persona que no se inclina ante ninguna autoridad, que no acepta ningún principio como artículo de fe. Y eso explica muchos de los males que atañen a
nuestra radio y televisión públicas. Por tanto, vamos a intentar que este sea el último presupuesto que hacemos en RTVE sin un contrato-programa para que los órganos que rigen RTVE, con el señor Sánchez a la cabeza, puedan pasar del nihilismo al
positivismo.
Pero ya que no hay norma, al menos apliquemos las reglas de la buena fe y de la eficiencia. Voy a poner algunos ejemplos de ineficiencia con el dinero de RTVE, por ejemplo, con las ayudas al cine. Es algo que hemos estado estudiando en el
Grupo Parlamentario Ciudadanos en los últimos tiempos y nos hemos llevado más de una sorpresa. Las ayudas al cine de RTVE son adelantos en derechos de emisión, puesto que la corporación no va a entrar como productora en las películas españolas que
se quieren promocionar desde la entidad. Se pagan derechos para poder exhibir las películas a cuya producción se ha ayudado y así poder emitirlas después en los diversos canales de RTVE. Pues bien, estos derechos, como toda relación jurídica,
caducan. Según la auditoría de Hacienda, informe por el que yo le pregunté en una sesión de control y nos dijo que no existía -quizá poseído por ese nihilismo al que he hecho referencia, a pesar de que un tribunal ha condenado a la entidad a que un
trabajador pueda ver esas auditorías y que ese mismo documento está en poder de varias personas y yo, afortunadamente, ya he podido leerlo-, se han perdido derechos de emisión por valor de 2 millones de euros. Se adquirieron derechos de emisión, se
ayudó a la producción de películas que nunca se emitieron en la entidad y la auditoría de Hacienda, de la Intervención del Estado, considera que se perdieron aproximadamente 2 millones en derechos de emisión. Es algo que podría atribuirse en el
mundo de la exhibición cinematográfica o de los derechos a una mala inversión o una película que ha ido mal. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos: vamos a ver si esto es un suceso anecdótico o si realmente hay una política nefasta en las ayudas al
cine. Y vimos algunos títulos a los que se había ayudado desde Televisión Española. Con los datos que proporciona el Ministerio de Cultura, que son recabados con mucho rigor por el ICAA por medio de los sistemas de taquillaje que operan en los
diversos cines de España, hemos podido ver cómo han funcionado algunos de los títulos en los que Televisión Española invirtió cantidades muy importantes de dinero. Les voy a decir dos casos, pero hay muchos más. Está el caso de A un metro de ti,
que obtuvo una aportación de 174.000 euros y recaudó en cines 928 euros. (El señor Moreno Bustos: ¿Qué año?). Esto es de 2005. No, no, de 2015. También está el caso de Condón express, que recibió 726.000 euros y recaudó 24,8 euros, es decir
fueron cuatro personas a verla en las salas de cine. Y podría seguir gran parte de la tarde dando ejemplos con toda la información del Ministerio de Cultura y las inversiones que ha hecho Televisión Española en cine. Igual que hemos pedido la
bajada del IVA cultural y será una realidad para los espectáculos en directo ya, y en breve para el cine, pedimos que RTVE oriente bien sus esfuerzos en las ayudas para el cine, que respondan a criterios de calidad y no a extrañas extorsiones que
hacen que las ayudas se otorguen obedeciendo a otras premisas.
Por otra parte -para alejarnos ya de la materia del cine-, una buena gestión del presupuesto se puede orientar a la transformación digital del ente. Ahora mismo el panorama de las televisiones ha cambiado absolutamente, la televisión a la
carta, la televisión bajo demanda, los productos bajo demanda tienen que protagonizar gran parte de la inversión que haga la entidad. No debe quedar nuestra televisión obsoleta por no estar al día en materia tecnológica y de los nuevos canales de
distribución y de exhibición.
Por otro lado, la opacidad en la gestión de los recursos económicos es alarmante. La mala venta del patrimonio necesario se puede atribuir a las gestiones de ambos partidos, tanto del PSOE como del PP. Han vendido ustedes cosas que no se
debían haber vendido y cosas que eran necesarias, y posteriormente se han tenido que ir realizando alquileres posteriores; por cierto, equipando muchas de las naves con medios propios de la televisión porque no estaban equipadas como nuestros
profesionales necesitan, es decir, hemos tenido que ir supliendo las deficiencias de los inmuebles alquilados. También ha habido una nefasta política de contratación, con mucha redacción paralela y poco personal técnico. En estas redacciones
paralelas se puede encuadrar -lo que ha surgido en la operación Lezo- el caso denunciado por parte de una serie de periodistas o un periodista amable con según qué político. Pobre Blas de Lezo además, que anda que jugársela en Cartagena de Indias y
que ahora por culpa del PP su nombre se vea salpicado con cosas de estas.
Una excesiva externalización es también una tónica habitual de esta entidad. La gala del 60.º aniversario de la TV tuvo que ser externalizada, una televisión que no es capaz de celebrar con medios propios su sesenta cumpleaños no está bien
gestionada, no se me ocurre una ocasión más importante para tirar de recursos propios. En este caso pido que el presupuesto se oriente también a cumplir el mandato marco y que dirijan su gestión presupuestaria aunque sea por esta caduca norma, pero
que es la única que opera ahora mismo en la jerarquía normativa por debajo de la ley que rige a la entidad.
Aprovecho para terminar mi intervención con una serie de preguntas, quizá alguna no la podrá responder con mucha especificidad dado que es sobre cuestiones sobrevenidas, pero tampoco son muy concretas. En primer lugar, ¿piensan cambiar la
política de ayuda al cine español y abrirla para que no haya en prensa nacional artículos de directores importantes y bastante galardonados pidiendo que se abra el espectro de las ayudas de Radiotelevisión Española? Hablo de gente premiada en
Cannes por dos veces que no ha podido acceder con proyectos que sí cumplían los requisitos previos para esas ayudas. ¿Le han informado desde el Gobierno si existe la intención de elaborar un contrato-programa? ¿Y no se encuentra usted con un vacío
tremendo a la hora de gestionar esta entidad sin una norma que oriente la política presupuestaria? Dos cuestiones más. ¿No cree que podrían ser más transparentes con las cuentas y con las auditorías de la entidad y ponerlas a disposición de todos
los ciudadanos? Y por último, ¿qué porcentaje aproximado del presupuesto va a ir destinado a la modernización de la entidad? Con esto he terminado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Díaz.
Para concluir las intervenciones de los grupos parlamentarios, por el Grupo Parlamentario Popular, señor Moreno.
El señor MORENO BUSTOS: Gracias, señor presidente.
Señor Sánchez, muy buenas tardes y bienvenido a esta Comisión de Presupuestos. Lo decía esta mañana y lo vuelvo a reiterar tras escuchar esos discursos en positivo que acabamos de oír con interés que no conocen posiblemente la realidad que
ellos mismos imaginan, con la defensa posiblemente también de lo imposible, que ofrecen con tal de quedar bien independientemente de si se puede o no se puede, y, fíjense, lo hacen quienes en su día dejaron este país en quiebra o quienes no han
gobernado ni la comunidad de vecinos de su casa o quienes donde gobiernan están más en el espectáculo y la fanfarria que en el trabajo y los presupuestos.
Dicho esto, y bajando al motivo de la comparecencia y no a cómo relleno intervención, que es más lo que hemos oído esta tarde aquí, con otros asuntos para dar algún argumento no sea que nos demos cuenta de que el presupuesto de Radio y
Televisión Española nos da igual, vamos al motivo de su presencia esta tarde en esta Comisión, señor Sánchez. Pero no quiero dejar pasar un comentario que acabo de escuchar. Solo porque quede constancia, don Guillermo Díaz se refería a una
película que se llama Condón Express, y eso es lo que tiene tirar de noticia de prensa sin luego confirmar. Es una película del año 2005, es una película que tuvo una baja audiencia, pero le quiero recordar que en aquel entonces quien presidía la
corporación no era el señor que está aquí sentado, era la señora Caffarel, que puso el Partido Socialista al frente de la corporación de la radio y la televisión pública, que entonces sí era ente, ahora ya no es ente, independientemente de que usted
siga hablando de ente para arriba y para abajo.
Volviendo al tema, el presupuesto de la Corporación de Radiotelevisión Española para el año 2017 -que, como digo, es el motivo de que nos encontremos esta tarde aquí y de la presencia del presidente de la corporación- se define a grandes
rasgos por el rigor, la austeridad, la eficiencia y el control del gasto, caracteres comunes que todo el sector público se vio obligado a adoptar y a asumir de forma inaplazable e inapelable como consecuencia de la grave crisis económica que
atravesaba este país, una crisis que vamos dejando atrás en 2017, como todo el mundo reconoce, al situarse hoy España a la cabeza del crecimiento económico, de la creación de empleo en Europa, y una crisis económica que combate España este año con
el presupuesto más social de su historia.
Del presupuesto de Radiotelevisión Española nos interesa conocer -esta es la primera cuestión que planteamos esta tarde al presidente de la corporación, que para eso estamos aquí, para hacerle preguntas y no para hacer discursos- si el
equilibrio presupuestario que se aspira a obtener y si los ingresos previstos cubrirán suficientemente los gastos de explotación y el resultado financiero. Sabemos que en el ejercicio pasado, y por primera vez desde la aprobación de la Ley de
financiación de Radiotelevisión
Española en 2009, la corporación no incurrió en déficit -quiero recordar que el superávit fue de 800.000 euros-, redujo la deuda y cumplió todos sus objetivos de gasto, como nos informó el presidente en su comparecencia parlamentaria el
pasado mes de marzo. Por eso nos gustaría que la primera y rotunda conclusión fuera que ese va a ser de nuevo el camino a recorrer en 2017 desde el punto de vista de las cuentas de Radiotelevisión Española y de la prestación de su amplio catálogo
de servicios, de contenidos, de actividades con la misma aspiración a la calidad y a la relevancia actual. La compensación por el servicio público en 2017 asciende a 343,6 millones de euros y se desglosa de la siguiente manera: 331 corresponden al
Ministerio de Hacienda, algo más de 11 son para financiar la Orquesta y Coro y 0,7 son para el Ministerio de Educación, para programas educativos. Es una cantidad idéntica a la del pasado año y con un peso igual, de un 0,4 %, en el volumen total de
los Presupuestos Generales del Estado.
Otros ingresos, fundamentalmente los derivados de las aportaciones de los operadores de telecomunicaciones y de televisión, que constituyen un auténtico quebradero de cabeza para Radiotelevisión Española, como ya hemos dicho muchas veces,
por la incertidumbre y el retraso con el que se liquidan gracias a esa magnífica ley que llevó adelante el Partido Socialista, se presupuestan para 2017 con prudencia, prácticamente en la misma cantidad que el año pasado. Sobre este asunto
quisiéramos saber, señor Sánchez, si considera que los mayores beneficios declarados por todos los operadores y televisiones en 2016 y en los primeros meses del año 2017 podrían justificar o avalar que Radiotelevisión Española hiciese una previsión
superior de ingresos por ese concepto o bien la experiencia de la endiablada recaudación de estas aportaciones impide ser más optimista ni siquiera en un escenario de mayor bonanza económica.
Dicho esto, los ingresos comerciales y patrocinios son ligeramente inferiores a los presupuestados en 2016, en torno a 45 millones de euros. ¿Por qué se establece el mismo objetivo si hay iniciativas propias que apuntan a una mayor
actividad de ventas comerciales y en consecuencia y previsiblemente a obtener una mayor rentabilidad durante el año 2017? En este orden de cosas, ¿cree el presidente de la corporación que el concepto de patrocinio, al que puede acogerse actualmente
Radiotelevisión Española, debiera ser más amplio, garantizando una mayor fuente de ingresos?
En materia de gastos, llama la atención el descenso en las partidas de aprovisionamientos y servicios exteriores: de 523 a 514 millones, cuya razón de ser estriba en las medidas de ahorro asociadas al Plan de mejora para la sostenibilidad y
eficacia, aprobado en Radiotelevisión Española a finales del año 2014, sobre cuyos positivos resultados y nuevos objetivos tuvimos ocasión de tratar en la Comisión de control parlamentario de Radiotelevisión Española recientemente. En todo caso,
señor presidente, quisiéramos que nos confirmara este extremo y que no hay ninguna merma operativa en la adquisición y producción de programas por ese descenso.
La partida de personal es de las pocas que suben, un 2,1 %, hasta los 388,9 millones de euros. Parece claro, por tanto, que no hay ninguna previsión de que la plantilla disminuya en 2017, como no lo ha hecho desde el año 2011. Esperamos en
todo caso que nos lo confirme también para evitar cualquier versión distorsionada o infundada sobre los planes de Radiotelevisión Española en esta materia. Ya saben que hay algunas voces muy inquietas y proclives a anunciar todo tipo de calamidades
en Radiotelevisión Española y ni siquiera la diaria, diáfana y dura realidad ablanda su estrategia. Por eso todas las oportunidades son buenas para desmentirlos y reafirmar el compromiso cotidiano con el más brillante porvenir de Radiotelevisión
Española.
Ahora queremos detenernos en un capítulo especialmente importante del presupuesto, en la medida en que describe muy bien, sin tapujos ni falsas interpretaciones, la apuesta por el futuro y el esfuerzo objetivo e ingente de Radiotelevisión
Española para garantizar su actividad y viabilidad con los recursos más innovadores y adecuados. Me refiero al Plan de inversiones previsto en Radiotelevisión Española para el año 2017, que se eleva a 60,6 millones de euros, con un incremento del
6,55 % respecto al ejercicio anterior. Le pedimos que nos informe, a grandes rasgos, de las actuaciones en inversión más importantes que se van a ejecutar este año en Radiotelevisión Española.
En resumen, señorías -acabo ya, señor presidente-, Radiotelevisión Española mantiene intacta toda su capacidad y fortaleza como servicio público audiovisual de referencia. Radiotelevisión Española se halla en una senda ejemplar y muy
recomendable para cualquier economía, máxime si es pública, la de administrar sin gastar más de lo que se ingresa. Radiotelevisión Española dispondrá, a su vez, este año de los recursos necesarios y razonablemente posibles para cumplir su tarea.
Todos los que se pudieran añadir serían, naturalmente, siempre muy bienvenidos, y eso ya lo sabemos. Además, en Radiotelevisión Española hay cuentas transparentes, hay controles eficaces, hay un seguimiento exigente
y minucioso de la gestión, hay objetivos muy importantes, realistas y necesarios para mantenerse en la vanguardia audiovisual, y hay un reconocimiento social que comparte que el 0,4 % de los Presupuestos Generales del Estado se dedique a una
oferta tan amplia, justificada y diversa como la que presenta Radiotelevisión Española. Y, desde luego, para hablar bien de Radiotelevisión Española siempre tendrá al Grupo Popular.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.
Para responder a los grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor presidente de Radiotelevisión Española, el señor Sánchez.
El señor PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN RTVE (Sánchez Domínguez): Muchísimas gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías. Voy a intentar ser lo más explícito posible y contestar a todos utilizando el orden de intervención, aunque como algunas de las cuestiones han sido repetitivas, con una contestación sería suficiente.
El señor Camacho -como él es consciente, además- ha hecho una intervención -yo diría- parlamentaria, no en el sentido de la sede en la que estamos, sino una intervención más propia de un debate entre Gobierno y oposición. Es decir, yo no
puedo asumir aquí el papel del Gobierno, desgraciadamente no tengo esa función, por lo que, cuando habla de la aportación del Estado y de los recortes brutales del Gobierno, yo en eso no puedo pronunciarme, porque es una intervención que está
dirigida al Gobierno y no a este funcionario coyuntural que en este momento tiene la misión de dirigir modestamente una empresa y, por lo tanto, mis capacidades no llegan a esto.
Señor Camacho, hay una cosa que me ha sorprendido mucho -se lo digo de verdad- y, sobre todo, me ha sorprendido mucho en usted. Yo creía que era una anécdota periodística, pero yo pensaba que, con la Constitución en la mano, no se mermaba
la capacidad de nadie por no ser discriminado por razones de ideología o de religión. Yo ya no me atrevo aquí a decir que soy católico o que voy a misa los domingos y fiestas de guardar, porque puedo ser acusado de no estar llevando bien la
gestión. No sé por qué votar a un partido político determinado -no me acuerdo del contexto- supone eso. Por lo tanto, desde aquí quiero hacer una defensa de aquellos antecesores míos, socialistas incluidos, que han pasado del escaño del PSOE a
dirigir esta televisión, y jamás se me ocurriría a mí cuestionar su independencia porque fuera socialista. (El señor Camacho Sánchez: Yo no lo cuestiono). Ahora, si no lo dijo... Yo sé que si pasa de un escaño del PSOE a la presidencia de
Radiotelevisión Española tampoco hace falta decir que vota al PSOE. En fin, sacar eso de un contexto y cuestionarlo... Por otro lado, me halaga, porque todas las críticas que estoy recibiendo es que voto al PP. Bueno, pues si eso es todo lo
negativo que puede decirse de mí, me siento muy orgulloso y muy satisfecho, porque parece que entonces pocas críticas se están haciendo a mi gestión. Se lo digo con el cariño con el que sabe que nos tratamos. Yo creo que eso no debería ser una
crítica, pienso yo; como tampoco decir que soy católico, apostólico, romano, musulmán o budista. Tenemos una Constitución y unas libertades que nos amparan, pero, en fin, es mi opinión y, por supuesto, está usted en su derecho. Aquí no se ha
renunciado a nada. No sé a qué partidas se refería. Hay algunas reclamaciones hechas en los tribunales económico-administrativos y estamos a la espera de que nos lo digan.
En cuanto al presupuesto en general y a la brutalidad de la que usted hablaba, ya le he dicho que ese debate va más encaminado hacia el Gobierno que hacia mí, pero, si somos objetivos, el último presupuesto que tuvo Radiotelevisión Española
cuando gobernaba el Partido Socialista fue de 1.170 millones de euros. Ahora está en 970, más los 80 de IVA; si tenemos en cuenta que no hay inflación, tampoco creo que merezca que lo califique como brutalmente (El señor Camacho Sánchez pronuncia
palabras que no se perciben). Será menos, pero brutalmente... Si sumamos 970, más 80 y tenemos en cuenta el tema de la inflación, yo creo que no es tanto.
Después me ha planteado usted una cuestión que le agradezco mucho que me haya anunciado que me la va a preguntar el jueves. Digo que se lo agradezco porque ahora no le podría contestar, puesto que yo tengo la misma información que usted.
No tengo ni idea; espero que de aquí al jueves -si hay algo que me ilumine- se lo pueda decir. No tengo ni idea de ese asunto, por eso le agradezco mucho que no me lo haya preguntado ahora. A lo mejor el jueves le puedo contestar, o a lo mejor
tampoco; depende de lo que vayamos a ver.
Me preguntaba por el gasto en los presupuestos, cuestión fundamental, como sabe, por el sistema que tenemos de que, si no nos pasamos, nos compensaría si fallasen los ingresos. El gasto de explotación para este año asciende -y contesto
también al representante de Podemos y a otros portavoces- a 972,8 millones de euros. Esto supone un límite de gasto suficiente, a nuestro juicio, para atender las necesidades de las actividades previstas por Radiotelevisión para este ejercicio. Se
trata de un presupuesto de gasto que es un 0,11 inferior al del pasado año, si bien en el ejercicio de 2017 -todo hay que reconocerlo- no tenemos que hacer frente a los gastos derivados de la emisión de los Juegos Olímpicos de verano, como ocurrió
el año pasado con Río de Janeiro y que nos supuso un gasto de 55 millones de euros. Este año, aunque el presupuesto sea igual, tenemos 55 millones para otras actividades que no sean los Juegos Olímpicos.
El importe presupuestado en aprovisionamiento y servicios exteriores, es decir, para compras de la corporación, es de 514 millones de euros, una cantidad inferior a la del pasado año, que fue de 523 millones. Todo ello es como consecuencia
fundamentalmente de las medidas de ahorro incluidas en el plan de sostenibilidad que puse en marcha y propicié cuando llegué a la presidencia de la televisión. Esto nos conduce a un menor gasto de costes indirectos. Es relevante señalar que se
contemplan 9,7 millones de euros como variación de existencias, lo cual refleja el efecto combinado de la emisión de programas y las adquisiciones previstas.
En cuanto al presupuesto para programas de televisión, este asciende a 340 millones de euros, lo que supone un incremento de 1,62 respecto al presupuesto del año pasado. Para el programa de radio contamos con la cantidad de 5.200.000, lo
que supone un aumento del 22,8 respecto al presupuesto de 2016, un 4 % superior a la ejecución de 2016. Pretendemos con esto que televisión y radio se afiancen en una programación de mayor calidad y mejor orientada a todas estas cuestiones.
En cuanto a los ingresos, en líneas generales, como bien saben sus señorías, el mayor volumen -como prevé nuestro modelo de financiación- corresponde a las partidas de subvenciones de explotación, que asciende a 920 millones de euros. Esta
partida incluye los ingresos asociados a la tasa sobre reserva de dominio público radioeléctrico, las aportaciones de operadores de telecomunicación y televisión y la compensación por servicio público. Por compensación por servicio público se
presupuestan 343,60 millones de euros, de los cuales 331 corresponden a la que realiza el Ministerio de Hacienda para la corporación, 11 millones para financiación de la actividad de Orquesta y Coro, y 700.000 euros del Ministerio de Educación para
producción de programas educativos. La tasa sobre reserva de dominio público radioeléctrico se presupuesta en 380 millones de euros, idéntica cantidad a la que fue presupuestada el pasado año, lo que supuso en ese momento un incremento del límite
de ingreso en este concepto, ya que se incorporó -como bien ha notificado su señoría- la modificación de la Ley de Financiación por parte de los Presupuestos Generales de 2016. Después están las aportaciones de los operadores, que se han
presupuestado en 195 millones, lo que supone una leve disminución del 0,28 respecto al presupuesto de 2016. Prevemos que la mejora en la coyuntura económica continúe y que esto nos pueda beneficiar.
Respeto mucho la opinión de la representante de Podemos, pero yo creo que otra mucha gente no la comparte. Creo que ha dicho que la gente ha dejado de preferir Televisión Española. Seguimos siendo líderes de audiencia, nuestros
informativos son los que más se ven, con lo cual difícilmente se compagina su parecer con el de otras muchas personas.
Dice que los sindicatos denuncian gestión opaca, etcétera, pero eso no quiere decir que sea así; ya le digo yo que no. Ahora bien, entiendo que usted crea más a la otra parte que a mí. (Risas). Eso lo entiendo y hasta ahí llego, pero
nadie tiene la posesión de la verdad. Será la verdad de los que hablan de esto.
Dice usted que las audiencias se desploman y yo le he dicho que seguimos siendo líderes. Me parece que hay falta de rigor. Usted no puede hablar de las audiencias comparándolas con las de otras televisiones si paralelamente no comparamos
también los presupuestos. Es como si yo me pongo a fardar, valga la expresión del román paladino, porque tengo más audiencia que la 13. Hasta ahí podíamos llegar, con casi 1.000 millones de euros... Eso es lo que hay. Atresmedia tiene un
presupuesto superior a nosotros, de 1.021 millones, pero nosotros tenemos 6.290 empleados y ellos tienen 1.900. Si no comparamos esto, es muy difícil, fíjese la diferencia. Mediaset tiene un presupuesto también superior a nosotros, de 992
millones, y tiene 1.200 empleados. Nosotros, con un presupuesto de 973 millones tenemos 6.200 empleados. Si no comparamos cantidades homogéneas y lo sacamos de contexto es como si yo le contesto y comparo las audiencias de Televisión Española con
otras televisiones. Eso sería hacernos trampa en el solitario porque no es así, como su señoría bien sabe.
Me dice que faltan inversiones en tecnología, en informática y tal. ¿Sabe cuánto invertimos el año pasado en este capítulo? (La señora Vera Ruiz-Herrera: En participación). En este capítulo de digitalización, equipos informáticos y todo
eso invertimos 60 millones de euros. Dada la afición que tiene su señoría por comparar la competencia, ¿sabe cuánto invirtió Atresmedia? Invirtió 2 millones. Nosotros 60. (La señora Vera Ruiz-Herrera: En participación). Algún mérito debemos
tener. De eso debemos sentirnos orgullosos todos, no es una cuestión mía, sino de Radiotelevisión Española.
En cuanto a lo que me hablaba su señoría de la opacidad, que no lo comparto, no sé si era el señor Camacho o el portavoz de Ciudadanos el que me preguntaba también si se podía ser más transparente y que no hubiera tanta opacidad. No lo sé,
a lo mejor sí, pero es difícil. La Corporación Radiotelevisión Española tiene el control parlamentario, en el que su señoría participa muy activamente, todos los meses; el realizado por la autoridad audiovisual independiente, según la ley, que le
atribuye este cometido a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que nos hace un control y un seguimiento estupendos, y el de la Ley de Transparencia, que también nos afecta y que tenemos que cumplir. Y en cuanto al control
económico-financiero tenemos la Intervención General del Estado, que dispone de una intervención permanente en la casa, no es que lo haga cada mes, sino a diario, cada momento, está trabajando allí ocho horas diarias el equipo del Ministerio de
Hacienda de la Intervención General del Estado y hace un control continuo sobre las operaciones de carácter económico-financiero y elabora todos los años con todo eso un informe; el Tribunal de Cuentas, del que desde la corporación se atienden
todos los requerimientos que nos hacen; tenemos un auditor externo y un auditor interno. ¿Se puede hacer más? No lo sé. Si se puede hacer más, yo encantado. Por mí, que se hagan todos los controles habidos y por haber. Cuanta más transparencia
en ese sentido, para mí personalmente, me parece que sería mucho mejor.
Señor Díaz Gómez, el contrato programa para pasar del lirismo... Todo eso está muy bien. Si nos dieran el presupuesto que tienen otras televisiones europeas análogas a nosotros seríamos mucho más felices y tendríamos una programación
muchísimo mejor. Le veo poco informado en el tema del cine. Nos dice que si vamos a cambiarlo. ¿Cómo voy a cambiar la Ley del Cine, si está aprobada por las Cortes Españolas? Yo no puedo. Yo tengo que destinar un 6 % de mi presupuesto a
financiar la producción de cine español, pero eso no lo decido yo, es una ley que me imponen. En cuanto a las películas que ha dicho usted, no corresponden a mi época, pero voy a defenderlo. Cuando habla de que tal película ha recaudado 24 euros,
será en el último año, después de haber estado muchos años recaudando mucho más. Claro, cuando ya la ha visto todo el mundo ya no la va a ver nadie. ¿Quién va al cine ahora a ver una película antigua? No van porque ya se ha visto, pero si usted
consulta, en vez de esos 24 euros, lo que recaudó esa película el año anterior, sería distinto. Ya le digo que no la hice yo y seguramente fue mal y tuvo mala recaudación, eso pasa con la mayoría de las películas. Si mira la recaudación, verá que
cada año que más se aproxima al estreno más recaudaría. Y si la siguieran poniendo ya no iría nadie, sería cero. Eso no vale. En cualquier caso, le digo que creo que eso funciona así, la ley está así y Televisión Española tiene obligación de
destinar 20 millones o 18, el 6 % -como hacemos todos los años-, a cine español porque así nos obliga la ley y además me parece bien que a un patrimonio cultural como es el cine podamos ayudar. Ese cálculo que ha hecho le vuelvo a recordar que no
es así, pero no es mío. Pasará el día de mañana -porque no hay mañana que no tenga su ayer- que una película a la que hayamos ayudado nosotros tampoco funcionará, pero de eso hay ejemplos por todos los sitios. Le vuelvo a decir que hay que mirar
el acumulado de la película que ha citado y no el último año.
El mandato marco se cumple. El mandato marco especifica qué tanto por ciento en función del tipo de programas hay que hacerlos con producción interna. Está la ley ahí, son leyes de esta Cámara. Sobre los programas informativos, de
carácter institucional, etcétera, el objetivo del mandato es el cien por cien. En 2015, alcanzamos el 96,1, es verdad que no llegamos pero estamos ahí, lo estamos intentando. El pasado año fue el 95,6. En programas de actualidad, infantil,
juvenil, educativos, medioambiental, religioso el mandado marco dice que tienen que ser un 60 %. En 2015 llegamos al 75,2 y el pasado año al 76,9: En programas divulgativos, deportivos, ficción, series, magazín, concurso, humor, etcétera, el
mandato marco habla del 55 % e hicimos el 56,7 en 2015 y el 52,3 en 2016. Por producción interna en cuanto a la emisión, quiero decirle que el mandato marco en la generalista nos obliga a un 60 %. En 2015 hicimos un 63,4 y en 2016, un 63,6. En
temática, el objetivo del mandato marco es un 20 %, hicimos un 46 en 2015 y un 42 en 2016. Por lo tanto, creo que honestamente no podemos decir que no estemos cumpliendo el mandato marco.
No es que no piense cambiar la ley del cine español, es que no puedo. Esa pregunta se la tendría que hacer yo a su señoría. Usted sí puede, pero yo no puedo cambiar la ley. No se me ha informado sobre si se va a hacer un contrato
programa, sobre el que me preguntaba también. Ya le he hablado antes a la representante de Podemos sobre la transparencia en las cuentas y le vuelvo a decir que no sé si se podrá ser más, a lo mejor sí. Estoy abierto a cualquier iniciativa en ese
sentido. Me ha preguntado sobre la modernización. El consejo aprobó en enero a propuesta mía un proyecto de más de 100 millones de euros para la estrategia tecnológica y de la innovación digital. Estamos invirtiendo en eso, es la fuente de una
empresa como esta. Nosotros no somos una fábrica de maderas, somos la tecnología personificada.
Me pregunta el señor Moreno sobre el equilibrio presupuestario. Efectivamente, estamos convencidos, lo hemos demostrado este año. No solamente hemos logrado equilibrio, sino también un pequeño superávit y así vamos a poder atender todo a
lo que la ley nos obliga como servicio público en cuestiones de cultura, de programación, de cine y de todas las cuestiones culturales que plantea una corporación pública como es Radiotelevisión Española. La compensación del Estado ya se la he
especificado antes contestando al señor Camacho, las partidas que corresponden a cada una de estas materias. No va a haber merma en la adquisición de programas con este presupuesto, no la ha habido el pasado año y, por lo tanto, tampoco la va a
haber en este.
Me alegro. Me ha extrañado que haya sido el único interviniente que ha hablado del personal, pues muchas veces preocupan la estabilidad laboral y los puestos de trabajo. Que haya sido usted el único que ha preguntado sobre el personal de
Radiotelevisión Española me permite por lo menos contestarle, porque es un capítulo muy importante dado el volumen de miles de personas que como profesionales todos los días hacen posible que Radiotelevisión Española funcione y esté ahí. La partida
de personal es de las poquitas en este presupuesto que suben, un 2,1, hasta los 388,99 millones de euros. No hay ninguna previsión de que la plantilla disminuya en 2017, como no lo ha hecho desde 2011; no hay previsión ninguna. El aumento de la
cifra del gasto de personal respecto a la de 2016 es consecuencia del previsible incremento de las bases de cotización de la Seguridad Social que acostumbra a tener lugar cada año -se estima un incremento de la base de un 3 %, similar a la del año
2015; los deslizamientos por el crecimiento vegetativo sobre la antigüedad -se va cumpliendo antigüedad y hay que pagar estos pluses- y el efecto de la reclasificación contable del gasto de personal de las corresponsalías de Televisión Española,
que hasta el año 2015 se trataba como servicio exterior y ahora va como gasto de personal. En Radiotelevisión Española -se lo aclaro, señoría, por el interés que ha mostrado por el personal- no hay ninguna intención de realizar ningún expediente de
regulación de empleo; es más, creo que deberíamos crecer con algunos efectivos para cubrir algunas de las necesidades más acuciantes que tenemos. Le vuelvo a agradecer que haya hablado del tema de la plantilla, que se va a mantener, no va a haber
reducción y además sería necesario -pero no está en mis manos- incrementarla en algunas áreas.
Creo haber contestado dentro de mis posibilidades, señor presidente, de la forma más clara que he podido y agradezco muchísimo su paciencia.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias por su intervención, señor presidente de Radiotelevisión Española.
Suspendemos unos minutos la sesión hasta el siguiente compareciente, que en este caso es el presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. (Pausa.-El señor vicepresidente, Hurtado Zurera, ocupa la Presidencia).
- DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA, FROB (PONCE HUERTA). A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 212/000524).
El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera): Buenas tardes, señorías.
Reanudamos la sesión agradeciendo la comparecencia del presidente del FROB, don Jaime Ponce. El procedimiento es, en primer lugar, intervención de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios y, en segundo lugar, la del
compareciente, que responderá a las preguntas que se le formulen.
Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señor Ponce, quiero darle la bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario Socialista por estar aquí esta tarde en la Comisión de Presupuestos, por la que están pasando los altos cargos de los distintos
ministerios y también de autoridades independientes y de organismos de la Administración para evaluar y analizar en profundidad los presupuestos para este año. Sobre las competencias que tienen que ver con el FROB, señor Ponce, hay dos
cuestiones generales que están en el debate económico, financiero y político que a nosotros nos gustaría poner encima de la mesa y sobre las que nos gustaría hacerle algunas preguntas. La primera es sobre los pasivos contingentes del sistema
financiero y su repercusión en los contribuyentes españoles y, más concretamente, en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. El segundo es más de carácter europeo y es la marcha, la evolución y la eficacia de la agenda de resolución
europea que, evidentemente, también tiene que ver con los contribuyentes españoles y con las finanzas públicas españolas.
Sobre el primer debate económico, financiero y también político querría hacerle algunas preguntas. Algunas de ellas ya se las hice ayer al gobernador del Banco de España. Por ejemplo, ¿en cuánto estima usted como presidente del FROB que
van a repercutir las ayudas financieras en el presupuesto de 2017 y, más concretamente, en el déficit público de nuestro país en este año? En el año 2016 tuvimos la sorpresa de que los contribuyentes hicieron frente a 2.400 millones de euros de
déficit públicos. La segunda consideración es cómo va a afectar al erario público el acuerdo de reparto de compensaciones a los inversores minoristas de Bankia, es decir, cuál es la repercusión para los contribuyentes españoles. Tercera, el año
pasado no se utilizó, pero cuánto cree que se va a utilizar -si es que se va a utilizar- del crédito que se autoriza al FROB, si se aprueban los presupuestos, por valor de 18.500 millones de euros. La cuarta pregunta tiene que ver con el compromiso
de reponer el Fondo de garantía de depósitos. El compromiso es reponer el 1,8 % de los depósitos cubiertos a diez años -sus señorías lo conocen bien y usted mejor que nosotros-, el 0,8 % lo pone la industria y el 1 % restante lo pone el FROB. ¿Hay
algún plan? ¿El FROB va a adelantar el dinero que tiene que poner la industria, van a ir a la par el dinero que pone la industria y el dinero que ponen los contribuyentes españoles? La quinta pregunta que tiene que ver con este gran apartado, los
pasivos contingentes y sus efectos en los Presupuestos Generales del Estado, tiene que ver con la fusión Bankia-BMN. El proceso de fusión está en marcha, ya ha dicho aquí el Grupo Parlamentario Socialista -y usted lo sabe, señor Ponce- que valora
positivamente ese proceso de fusión pero quería preguntarle qué garantías va a introducir el FROB -si es que piensa introducirlas-, dado que es socio mayoritario, para que la ecuación de canje no implique pleitos y conflictos en el presente y en el
futuro. ¿Piensa introducir algún tipo de garantía como socio mayoritario de las dos entidades y de la entidad resultante? Estas serían las cinco consideraciones o cinco preguntas sobre ese primer gran apartado que he abierto sobre los pasivos
contingentes del sistema financiero y su efecto sobre el presupuesto.
El segundo gran debate que nos preocupa como legisladores, como ciudadanos y como contribuyentes -y que también debería preocupar a los contribuyentes- es cómo está evolucionando la agenda de resolución europea. Desde nuestro punto de
vista, los avances son muy lentos. Primera pregunta: ¿Cómo lo ve usted? Porque usted es un actor principal de España. La Directiva de Resolución no se ha aplicado hasta el momento con ningún banco que haya tenido problemas. ¿Cuál es su opinión
al respecto? Porque de continuar así, serían los contribuyentes españoles los que al final tendrían que pagar nuevamente el pato. Es decir, que el rescate se haría nuevamente por parte de los contribuyentes y no por parte de los accionistas de las
entidades financieras.
La segunda consideración es la relativa al Fondo de garantía de depósitos, que está paralizado, y queríamos saber también su opinión porque nos parece muy preocupante. Por último, aludiré a la evolución del Fondo europeo de resolución,
porque hay un compromiso de cubrir ese fondo en los próximos ocho años y nos gustaría conocer esta evolución y su opinión.
Gracias, señor presidente. Gracias, señor Ponce.
El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera): Gracias, señor Saura.
A continuación, tiene la palabra el representante de Unidos Podemos.
El señor MONTERO SOLER: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Ponce, bienvenido. Seré concreto en mis preguntas y no me extenderé mucho. En primer lugar, en la memoria que se refleja en el presupuesto aparecen dos elementos sobre los que querríamos una explicación. El primero es la reducción
del flujo de efectivos al FROB y, el segundo, el deterioro del patrimonio neto. ¿Qué repercusiones cree usted que va a tener -especialmente el segundo, el deterioro del patrimonio neto- sobre las cuentas públicas y sobre el coste del rescate
bancario que, como usted sabe, ha sido especialmente elevado en nuestro país?
En segundo lugar, querría que nos arrojara algo de luz sobre la fusión Bankia-BMN en todas sus posibles dimensiones, especialmente en la relativa a los ajustes en términos de personal, de sucursales, si lo han calculado y si tienen ya los
informes porque sabemos que han encargado auditorías o están realizando consultas al respecto.
En tercer lugar, hemos sabido recientemente que, mire usted por dónde, el banco malo va a seguir siendo malo y la Sareb ha anunciado a principios de mes que los accionistas van a perder un 30 % de la inversión. Eso repercute en cerca de 650
millones de pérdidas concretamente para la institución que usted preside. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo las vamos a pagar? ¿Cuánto nos va costar? Son esas cosillas que ya sabe que nos gusta saber a quienes lo pagamos.
Por último, el Tribunal de Cuentas cuestionó la forma en la que ustedes habían contabilizado el impacto financiero del rescate en términos de unos tipos de interés que no se correspondían con lo que ellos estimaban, exigiéndoles que
presentaran una memoria corrigiendo este punto y recalculando el coste del rescate financiero en los términos en los que ellos consideraban que debía hacerse. ¿Lo han hecho? ¿No lo han hecho? En caso de que lo hayan hecho, ¿nos puede arrojar luz
sobre esto?
El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera): Gracias.
A continuación, tiene la palabra el representante y portavoz de Ciudadanos.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
En primer término le quería gradecer, señor Ponce, la comparecencia por primera vez en esta Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados. Nuestra intervención desde Ciudadanos, y por eso hemos solicitado su comparecencia, es para
aclarar algunos puntos relativos al coste para el erario público de los rescates bancarios, es decir de los procesos de resolución y reorganización de entidades de crédito.
Como preámbulo, la Comisión Europea últimamente está cuestionando el carácter de wan-off, es decir de acontecimientos no recurrentes, de las ayudas financieras. Bueno, en el caso de España, como usted bien sabe, esto se debe a que todos los
años desde 2011, en términos de contabilidad nacional, se aportan recursos públicos que se dan por perdidos porque de hecho en algunos casos se han perdido y esto es lo que se denomina el impacto presupuestario del rescate bancario. De acuerdo con
la Intervención General de la Administración del Estado, desde 2011 hasta 31 de diciembre de 2016, el impacto es de 47.899 millones de euros, de los cuales 2.389 millones de euros son déficit del año pasado. Ayer el gobernador del Banco de España
dijo que esto no iba a ser muy significativo y lo estimó en una décima de PIB -el conjunto de ayudas bancarias-, cosa que no habíamos visto que nadie hubiese evaluado respecto a 2017. Pero esto son 1.200 millones de euros y es evidente que las
cuentas van bastante ajustadas.
Nosotros le queríamos preguntar en primer lugar por una reflexión obvia, y es si considera usted -ya le adelantamos que nosotros consideramos que no deberían incluirse las ayudas financieras porque no miden adecuadamente el esfuerzo de las
administraciones públicas para conseguir la consolidación fiscal- que deberían incluirse o no en el cómputo de déficit a efectos del protocolo de déficit excesivo. En cualquier caso, estas ayudas financieras al final suponen más deuda que genera
mayores intereses y lo tenemos al final que acabar pagando los contribuyentes españoles. Por esta razón nos parece esencial la supervisión de los procesos de resolución bancaria.
En primer lugar, como a anteriores portavoces, quisiera preguntarle por sus participadas, Bankia y BMN, de las que el FROB tiene aproximadamente dos tercios del capital social. Mi grupo solicitó hace varias semanas la comparecencia del
ministro De Guindos para que explicase este proceso de fusión que ustedes han decidido como accionista mayoritario. Y además supimos hace unos días que usted había solicitado comparecer voluntariamente ante la Comisión de Economía. Lo lógico
seguramente será esperar pero, aprovechando la ocasión, si usted pudiese hacer una valoración sobre este proceso de fusión, se lo agradeceríamos porque creo que interesa mucho a los españoles.
Otra cuestión que sí tiene un impacto presupuesto ahora o más adelante, y bastante directo, es el riesgo de recuperación de la inversión del FROB, es decir de todos los contribuyentes, en la Sociedad Anónima de Reestructuración de Entidades
Bancarias -la Sareb, el banco malo-. En su comparecencia del 19 de octubre del pasado año, cuando le pregunté sobre el riesgo de recuperabilidad y sobre el plan de negocio, usted dijo, y le cito literalmente: Sobre Sareb, algún portavoz hacía
referencia a la credibilidad del plan de negocio, creo que era el señor La Torre -soy yo, De la Torre- Nuestra estimación es que Sareb va a devolver la inversión íntegra del FROB, que son 2.100 millones de euros adicionales. ¿Por qué
lo estimamos hoy? Porque su plan de negocio hasta 2027 considera retornos suficientes para retribuir el capital y la deuda subordinada. El plan de negocio es un plan requerido legalmente y aprobado por el consejo, etcétera.
Bueno, en este sentido, como ya he citado anteriormente, la Sareb comunicó el pasado 7 de abril que todos sus socios, incluyendo el FROB, van a experimentar una pérdida, como mínimo, del 30 % de su inversión, de acuerdo con su nuevo plan de
negocio. La pregunta es obvia, no solamente sobre cuándo impactará presupuestariamente este ya más que previsible -podemos darlo por prácticamente cierto- quebranto de 650 millones de euros. Y al hilo de esto, parte del problema viene del coste de
financiación de la Sareb proveniente de un derivado que está en el origen de estas pérdidas elevando el coste de financiación. ¿Sigue pensando que fue una buena idea, como defendió en su anterior comparecencia?
Ya sé que usted puede pensar razonablemente que a algunas de estas preguntas podría contestar mejor el presidente de Sareb, pero no hemos pedido su comparecencia porque Sareb no forma parte en estos momentos del sector público y no queremos
dar ningún motivo para que pase a considerarse dentro del perímetro del sector público porque esto incrementaría el déficit y la deuda en España.
Una entidad que, pese a tener capital íntegramente privado sí forma parte del sector público, como también se ha dicho antes, es el Fondo de garantía de depósitos. En estos momentos tiene, según nos manifestó ayer el gobernador del Banco de
España y el señor Saura, portavoz socialista, poco más de 1.100 millones de euros y garantiza 100.000 euros por depositante. Garantiza mucho más que antes de la crisis y tiene muchos menos recursos. Sin embargo, en estos momentos los bancos están
contribuyendo al mínimo al Fondo de garantía de depósitos. Eso significa que, ante cualquier mínimo problema, de nuevo aparece el FROB, es decir aparecemos los contribuyentes, y estas ayudas financieras tienen un impacto directo en presupuestos.
En consecuencia, nos gustaría saber su opinión sobre el hecho de que los bancos estén cotizando al mínimo al Fondo de garantía de depósitos. Por último, en cuanto a riesgos contingentes, me gustaría conocer su opinión sobre la evolución del esquema
de protección de activos que ustedes tienen suscrito y sobre si cree que las medidas de supervisión sobre el mismo están siendo las más adecuadas para evitar perjuicios al contribuyente.
Le agradezco de antemano las respuestas a unas preguntas que no son fáciles y a las cuales, para concluir esta intervención, me gustaría añadir una más: desde el punto de vista de los mercados, de la situación financiera global de España y
de la situación de las entidades en las que el FROB tiene participación, ¿cuál sería, a su juicio, el efecto en la estabilidad financiera que tendría para España que los presupuestos no se aprobasen, estabilidad de la que ustedes tienen encargada
una parte, aunque solo sea a efectos de minimizar el coste para los contribuyentes?
Le agradezco una vez más su comparecencia en esta Comisión de Presupuestos por primera vez. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías. Prácticamente todas las preguntas que teníamos pensado hacer las han adelantado ya otros portavoces. Me gustaría añadir alguna más, por ejemplo, si nos puede comentar los últimos datos sobre recuperación de todas
las aportaciones hechas por el FROB tanto en forma de capital como en otros instrumentos financieros. También quería preguntarle por todas aquellas reflexiones que han enviado desde el FROB a la fiscalía, a ver si nos puede hacer un resumen de
todas las que se han enviado y cómo han evolucionado, si hay alguna cerrada o cuántas están vivas, pero sobre todo saber cuántas se han enviado porque una de las labores importantes que ha realizado el organismo que usted preside durante estos años
ha sido destapar operaciones problemáticas e incluso delictivas de algunas entidades financieras. Lo han comentado ya otros portavoces, pero me gustaría que nos aclarara con detalle cómo está el tema del Fondo de garantía de depósitos, el Mecanismo
único de resolución europeo y la integración bancaria, teniendo en cuenta, además, su participación en los organismos europeos, con lo cual creo que nos puede aclarar bastante cómo está la situación.
No sé si dentro del FROB han hecho alguna vez un análisis sobre cuáles habían sido los resultados del rescate bancario si se hubiera realizado en otro momento, por ejemplo, unos años antes. No sé si eso lo han valorado en algún momento; si
es así, me gustaría que nos lo contara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el presidente del FROB.
El señor PRESIDENTE DEL FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA, FROB (Ponce Huerta): Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías. Buenas tardes a todos.
En primer lugar, deseo agradecer las intervenciones de los portavoces y las preguntas que me han trasladado. Antes de abordarlas, quisiera comenzar con la referencia que me hacía el señor De la Torre a una solicitud que formulé el 28 de
marzo al presidente de la Comisión de Economía y Competitividad trasladándole mi disposición para comparecer, de acuerdo con el artículo 56 de la Ley 11/2015 que regula la actividad del FROB, para reflejar el conjunto de actuaciones ordinarias del
organismo, que incluiría no solo las que ustedes hoy extraen por tener una naturaleza más presupuestaria, sino algunas otras actividades relacionadas con la actuación económica y financiera del FROB, la gestión de nuestros mecanismos de
financiación, la evolución de las participadas, etcétera. Estoy seguro de que próximamente tendré ocasión de abordar esa comparecencia y probablemente tengamos tiempo y circunstancias más favorables para entrar en profundidad en buena parte de los
asuntos del día a día de nuestra institución. La eficacia y la cortesía -porque creo que llevan ustedes una acumulación de altos cargos hablando de cuestiones de naturaleza presupuestaria- me llevan a tener la gentileza de centrarme específicamente
en todas las cuestiones de naturaleza presupuestaria que ustedes mismos han planteado, pero desde esa perspectiva más de impacto de nuestra actividad en cuentas públicas, que es el objeto fundamental de sus preocupaciones y de mi comparecencia esta
tarde aquí.
Por seguir un poco un orden que va acumulando alguna de las materias que me planteaban ustedes, me preguntaba el señor De la Torre por una cuestión de naturaleza estrictamente conceptual presupuestaria, que es la inclusión o no de las ayudas
públicas al sector financiero en el cómputo de déficit excesivo; empezaré por esa cuestión que es de naturaleza conceptual. Como usted mismo decía, este es el criterio que se ha seguido en España, también en el resto de Estados miembros, en
relación con el conjunto de ayudas inyectadas para recuperar o mantener la estabilidad financiera. Es un criterio que se asienta en la consideración de que estas ayudas tienen un carácter o naturaleza puntual, transitoria, excepcional, que
justifican su exclusión del cómputo del déficit excesivo. He de comenzar diciendo que esta cuestión no es responsabilidad del FROB, nosotros somos en ese caso una autoridad que moviliza recursos públicos pero que no tiene capacidad decisoria en
este sentido, le corresponde a las autoridades presupuestarias españolas de contabilidad pública y por supuesto a las autoridades europeas. Desde nuestro criterio, compartido en ese caso con usted, no hay elementos para alterar este carácter
excepcional, si bien ha habido una cierta acumulación de impactos en déficit anuales, a la que ahora me referiré porque han sido varios los portavoces que me preguntaban por este asunto. Aunque a nosotros no nos constan alteraciones en ese
criterio, no somos tampoco responsables de adoptar esa decisión, y por el momento no tenemos mucho más que decir que nuestra preocupación sigue siendo la que ha sido siempre, que es uno de los principios de resolución, que independientemente del
impacto y del cómputo en debe en un programa de déficit excesivo o no, nuestra obligación es trabajar intensamente por reducir al mínimo las ayudas públicas finalmente inyectadas en el sector.
Siguiendo esta línea, el señor Saura y creo que algunos otros portavoces preguntaban o mostraban su interés por que clarifiquemos, por decirlo de algún modo, cuál es el potencial impacto en déficit de nuestras actuaciones. Esto de nuevo es
algo en lo que nosotros actuamos o ejecutamos conforme al marco legal que tenemos en vigor y que nos afecta, después son de nuevo las autoridades de contabilidad nacional las que lo deciden, pero trataré de hacer una especie de síntesis de cómo lo
interpretamos nosotros. Creo que se podrían sintetizar de una manera más o menos clara esencialmente dos líneas de impacto de nuestra actuación en el déficit: en primer lugar, las cuestiones más relacionadas con nuestras participadas, de ahí
probablemente el interés que mostraban en algunos elementos de nuestra gestión de participadas. En este ámbito, el principal impacto es el que se derivó en su momento de las inyecciones a las entidades lógicamente, ese es el gran volumen de impacto
que llega a afectar al déficit público entre los años 2011 y 2013. No obstante, ha habido cuestiones puntuales posteriores a ese ejercicio de inyección que han pasado a tener un efecto sobre el déficit, por ejemplo, el mismo año pasado la
conversión de deuda en capital de Sareb afectaba también al déficit. Saben que Sareb-FROB -ahora haré referencia más a fondo sobre Sareb- tenía en torno a 1.600 millones de deuda subordinada, en torno a 1.000 millones de esa deuda subordinada
fueron convertidos en capital por el ejercicio que hubo que hacer de reducción de capital para compensación de pérdidas y posterior transformación y conversión
de la deuda subordinada, pues en torno a esos 1.000 millones de conversión de deuda subordinada en el actual capital Sareb tuvo un impacto en déficit, fuera lógicamente del programa de déficit excesivo. Por ejemplo, también tiene un efecto
en déficit la evolución de otra de nuestras participadas, en este caso al cien por cien, que es BFA; la entidad matriz de Bankia tiene un efecto negativo y positivo. Los dividendos que percibimos de Bankia, este año en torno a 200 millones de
euros, tienen un impacto positivo en términos de ingresos públicos, pero a su vez -me ha hecho alguna pregunta el señor Saura- tiene un impacto negativo el coste atribuido a BFA de las contingencias de indemnización a clientes minoristas por las
contingencias legales, que son fundamentalmente dos: todo el sistema de devolución a los clientes por la mala comercialización de productos híbridos, fundamentalmente preferentes, pero también el impacto que ha tenido la necesidad de indemnizar por
la salida a Bolsa de Bankia y la acumulación de sentencias civiles que exigían esta responsabilidad al Grupo BFA-Bankia. En este caso, en años anteriores se acordó un esquema de reparto en virtud del cual le corresponde el 60 % de esos costes a
BFA. Esa parte de costes tiene un impacto en el déficit, según nos trasladan las autoridades responsables,
La segunda materia que también impacta en déficit es la evolución de pagos en las garantías que hemos concedido en los procesos de desinversión; no la pura concesión, que viene del momento de la desinversión y de la adquisición por los
bancos que han comprado entidades al FROB, sino por el propio pago progresivo que se va generando, ejecución de esas garantías. Eso, bajo determinadas circunstancias que analiza fundamentalmente la Intervención General del Estado, puede terminar
por tener un efecto en el déficit. En esta línea, por el caso más particular de las estimaciones de 2017, que ya digo que son estimaciones que me solicitan -hacía una referencia explícita a ello el señor Saura-, los principales impactos previstos
serían, en la misma línea de lo que planteaba, las provisiones que generan un pago derivado de garantías concedidas en los procesos de desinversión, cuya estimación actualizada ronda los 200 millones de euros, pero ya digo que son estimaciones
internas del FROB. Y por la parte correspondiente a BFA, esos saldos positivos y negativos de los dividendos que hemos recibido este año más el impacto que puede tener el conjunto de contingencias, de híbridos y OPS a lo largo de este año,
rondarían -efecto neto entre ingresos y gastos- unos 700 millones adicionales. Es una cifra similar a esa décima de impacto en déficit a la que hacía referencia ayer el Gobernador del Banco de España. Ya digo que son estimaciones que hacemos
tratando de llevar esos parámetros que extraemos a su vez de los criterios que nos dan las autoridades presupuestarias españolas.
Como decía, independientemente de si el volumen de impacto en déficit es mayor o menor, algo sobre lo que tenemos muy poca capacidad de decisión, y de si esto entra en el protocolo de déficit excesivo o no, el foco fundamental de actividad
del FROB es trabajar intensamente por la reducción y la minimización de las ayudas públicas inyectadas. Aunque en la comparecencia oportuna en la Comisión de Economía tenga más ocasión de actualizar los datos sobre los costes del proceso de
reestructuración financiera y las actuaciones que estamos llevando a cabo, al hilo de las preguntas que me planteaban puedo adelantar algunas consideraciones. En relación con la fusión de Bankia con BMN, aunque el señor De la Torre amablemente
derivaba una respuesta a la comparecencia general, al menos los señores Montero, Saura y Paniagua han manifestado su interés sobre esto, y, como digo, podré aclarar más cosas en profundidad en esa comparecencia, pero puedo actualizar algunas
cuestiones. Como ustedes saben, el pasado 15 de marzo el FROB comunicó públicamente su decisión: después de un conjunto de análisis, consideraba que la estrategia más favorable para maximizar el valor de recuperación de ayudas públicas pasa por el
proceso de fusión, de integración, entre sus dos participadas. A partir de ahí se lo comunicaba a las entidades, a fin de que estas iniciasen las actuaciones que corresponden. Desde entonces hasta hoy las entidades están llevando a cabo los
trabajos necesarios para analizar esta operación, con la contratación de asesores financieros, legales, y tecnológicos, que son los habituales en este tipo de operaciones mercantiles. Ambas entidades también han acordado la creación de sendas
comisiones de consejeros independientes, cuya función esencial será velar por el mejor interés social del conjunto de los accionistas derivado de una potencial operación de fusión y su objetivo, evidentemente, será garantizar el cumplimiento de
todos los requerimientos legales. Desde la perspectiva del FROB, podemos trasladar que hemos hecho un máximo esfuerzo en dos líneas en relación con esta operación de fusión. El primero es un esfuerzo de análisis riguroso, profesional y neutral de
cuál era la mejor estrategia para maximizar la capacidad de recuperación. Eso comenzó alrededor de septiembre, cuando hicimos pública nuestra voluntad de contratar asesores con un objeto muy determinado, y culminó el 15 de marzo, cuando hicimos
públicos los resultados de esa labor de asesoramiento. En ese momento, acumulamos todos los elementos de juicio necesarios para determinar si una venta individual de nuestras participadas era mejor o peor
alternativa que una venta de la combinada posterior a la integración. El resultado de esos análisis fue -y este es el segundo foco de lo que creo que hemos tratado de hacer- comunicar públicamente con la máxima transparencia el resultado de
esos estudios. Eso es lo que hicimos el 15 de marzo, trasladar al mercado, trasladar a la opinión pública cuáles eran las consideraciones y los elementos de juicio en los que fundamentábamos la consideración de que esa es la estrategia óptima para
la recuperación de ayudas públicas. Desde ese momento, consideramos que es el tiempo de los gestores; es el tiempo de los administradores de las dos compañías; es el tiempo de que ellos adopten cuantas actuaciones sean necesarias, con el fin de
asegurar que el proceso se rija por los mejores estándares profesionales y los mejores estándares de gobierno corporativo, que para nosotros es mantener el mismo nivel de exigencia y rigor, que es el que ha tratado de mantener hasta este punto el
FROB. En este momento, los gestores se encuentran desarrollando esas funciones, y la verdad es que tenemos una confianza plena en su capacidad de hacerlo con el mayor rigor y el mayor cuidado y esmero.
Varios portavoces también han hecho referencias a la evolución de Sareb. En particular, el señor De la Torre hacía referencia a apreciaciones mías en relación con la recuperabilidad que, al hilo de esta Comisión, tiene una derivada de
potencial impacto en déficit porque, como acabo de reconocer, en 2016 ya la tuvo, en la medida en que esa conversión de deuda subordinada tuvo un impacto en déficit. Posteriormente, para que entiendan cuál es nuestro punto de partida, el año
pasado, 2016, se reduce capital, se convierte la deuda subordinada, FROB pasa a amortizar completamente su capital inicial y a tener como nuevo capital los 1.000 millones de deuda subordinada transformados más los 650 millones, que es una cifra a la
que ustedes han hecho referencia y que entiendo que puede estar relacionada con la potencial nueva conversión que pudiera tener un nuevo impacto en déficit. Así, tenemos 996 millones -creo que es la cifra exacta- en capital y 656 millones en deuda
subordinada.
A partir de aquí, ¿cómo va evolucionar Sareb? ¿Qué deterioros adicionales podemos prever? Me temo -y no es por un afán de cabezonería o de mantener la misma posición sin fundamento- que me tengo que repetir un poco. Creo y sigo creyendo
que, como señalé hace unos meses, el elemento más prudente, el único elemento objetivo y cauto que tenemos para determinar cómo va a ser la evolución de Sareb sigue siendo su plan de negocio. No hay otro elemento objetivo al que nos podamos atener
para estimar cuál puede ser la evolución de una sociedad tan extraordinariamente singular como esta. Sobre esta sociedad que, finalmente, es un instrumento de resolución, que tiene un objetivo determinado por ley, que tiene un plazo de liquidación
hasta 2027, podríamos hacer muchas disquisiciones y probablemente encontraríamos expertos que nos dirían casi cualquier cosa, pero lo que consideramos más prudente es que, en la medida en que todos esos trabajos y análisis los ha realizado la propia
Sareb en su plan de negocio, nos atengamos a las variables de ese plan de negocio que les paso a concretar. Adicionalmente, y siguiendo con ese espíritu de cautela, ese plan de negocio es un plan de negocio a diez años, al que le afectan
fundamentalmente dos variables, que son: la evolución del mercado inmobiliario, fundamental para Sareb; y, adicionalmente, la evolución del coste financiero. Son dos variables que, proyectadas diez años a futuro, hay que ser humilde y entender
que pueden tener una variación muy profunda. En sentido contrario, pensemos diez años hacia atrás, dónde estaban esas dos variables en 2007 en lugar de en 2027, y veremos fácilmente que las sorpresas son factibles o pueden suceder y, por lo tanto,
hay que ser prudentes en nuestras estimaciones. Es un plazo muy largo y las hipótesis y las variables a las que está sometido son relevantes. Concretando, ¿habrá más quebrantos según el citado plan de negocio? Sareb está cerrando los últimos
ajustes de este plan de negocio, de conformidad con las cuentas anuales que aprobará próximamente la junta general de accionistas. Según el conocimiento que nosotros tenemos de ese plan, no exigiría necesariamente una nueva conversión de deuda
subordinada. Por tanto, esos 656 millones de euros, conforme al plan de negocio con el que Sareb trabaja hoy, no requerirían su conversión, y la compañía en estos términos, en los términos en los que se plantea ahora el plan de negocio, tendría
capacidad para liquidar en el plazo que va de aquí a 2027 los activos cumpliendo con el objetivo legal previsto sin exigencias de nuevas inyecciones de capital. Vuelvo a insistir en la prudencia, esto es lo que dice hoy, pero lo honesto y lo
técnicamente responsable es ser prudente. Las compañías suelen hacer planes de negocio a tres años, proyectan como mucho cinco años, y aquí estamos hablando de una proyección a diez años. Por tanto, reitero una vez más ese ejercicio de prudencia,
pero es lo que nos dice hoy el plan de negocio.
En relación con Sareb, había otra cuestión, que era la cobertura de tipos de interés. No sé exactamente cuál fue la literalidad de mis palabras en esta cuestión -porque también creo que es técnicamente razonable-, pero tengo capacidad para
entender cuál fue la lógica en 2013 de esa operación, que
fundamentalmente pretendió cubrir una parte muy significativa del riesgo financiero de una compañía que había heredado un conjunto de activos inmobiliarios ingente y que veía cómo la evolución de la curva del tipo de interés podría
determinar una volatilidad en términos absolutos a la propia viabilidad del proyecto. En ese momento la compañía decide hacer una operación de cobertura muy importante, y es cierto que ha tenido una parte de cobertura que es la que yo entiendo. Es
decir, si la senda de tipos de interés hubiera sido la contraria, ese swap, esa cobertura, hubiera tenido un efecto muy positivo, pero la realidad -también para ser honestos- es que ha sido diferente. La realidad es que la curva de tipos de interés
ha sido negativa. ¿Qué ha sucedido? Que Sareb no ha podido beneficiarse íntegramente de esa evolución sostenida a la baja de los tipos de interés desde la suscripción del swap. Por tanto, la evolución de la cobertura contratada ha supuesto un
obstáculo y un coste añadido a las dificultades que por su propia naturaleza tiene la compañía. Es una cobertura de tipo de interés que creo que se extingue en torno a 2023, y esa es la realidad de cómo lo veo y del impacto que ha tenido esta
cobertura de tipos.
Quisiera, en relación con Sareb, hacer una manifestación más general, una opinión global. Desde la institución de la que les hablo, que es una autoridad de resolución, me gustaría subrayar lo que es Sareb desde una perspectiva local, que es
un instrumento de resolución, uno de los instrumentos que esa normativa internacional de resolución a la que ahora haré referencia pone encima de la mesa de las autoridades como nosotros. Es un instrumento que creo que se mostró muy eficaz para
atajar los enormes problemas generados por el conjunto de activos inmobiliarios no rentables en las nueve entidades cedentes entre los años 2012 y 2013, lo cual no ha de olvidarse; porque creo que la contribución para la recuperación de la
estabilidad financiera, de la confianza en la economía española, es indudable. Recuérdese la complejidad de las circunstancias en las que Sareb recibe los activos: son 200.000 activos por valor de 50.700 millones de euros, de los que el 80 % son
créditos y el 20 % son inmuebles. Es cierto que desde entonces acumula pérdidas por valor de 700 millones, que son los recursos propios, que han mermado, pero al mismo tiempo en este periodo ha generado ingresos por valor de 17.000 millones; ha
reducido su balance y ha repagado deuda en un porcentaje del 20 %; ha vendido alrededor de 50.000 inmuebles; tiene puestas a disposición de comunidades autónomas y de ayuntamientos en torno a 4.000 viviendas para una utilización social. Creo que
desde la perspectiva pública determinada por la ley, desde el análisis de Sareb como instrumento de resolución, hay que considerar que buena parte de sus objetivos se cumplieron desde el momento de su conformación y siguen cumpliéndose. Tiene un
sentido estabilizador del sector financiero, como lo tenía en 2012 y 2013, y desde esa perspectiva sigue siendo desde mi punto de vista un instrumento que ha operado positivamente. Tiene que hacer frente a las circunstancias del mercado
inmobiliario fundamentalmente, pero sobre esto también me gustaría recalcar que parece indubitado que el momento actual del mercado inmobiliario es bastante más favorable que hace algún tiempo. La inercia actual del mercado parece moverse en tasas
de crecimiento interanual del 4,5 %. A finales de 2016, junto con las tendencias macroeconómicas positivas en empleo y en PIB, se refleja la capacidad de Sareb para aprovechar en estos momentos la oportunidad y poder poner en marcha proactivamente
estrategias y operaciones que permitan avanzar en el cumplimiento de su objetivo, que no es otro que liquidar adecuadamente los activos en el periodo que la ley le ha determinado.
Me preguntaban también por otra cuestión, pasando de las participadas a las garantías que, como les decía, es otro de los elementos que pueden impactar en déficit de nuestra actividad. La más importante de nuestras garantías -creo que
también era referida por el señor de la Torre- es el EPA, el esquema de protección de activos. Hemos tenido dos, uno a CajaSur, que ya se cerró, y otro concedido a Caixa y referido a la venta del Banco de Valencia. Los números grandes de este
esquema de protección de activos son que ahora mismo la cobertura es de en torno a 2.200 millones, de los cuales la pérdida máxima de esa cartera sería en torno a 1.500 millones de euros. FROB solo cubre el 70 % y hay un umbral de primera pérdida
que no cubre FROB, en torno a 200 millones adicionales. Todo esto hace que nuestra estimación de pérdida esperada, que está habitualmente en la información que hacemos pública, esté en torno a 500 millones de euros. Esas son las estimaciones en
nuestras cuentas de pérdida de aquí hasta 2022, momento en que expira ese esquema de protección de activos. Llevamos -es nuestra responsabilidad- un sistema de seguimiento y control exhaustivo de esa cartera de activos a través de un protocolo que
se suscribió en el momento de activación del EPA, un protocolo que recoge -no les aburriré con los detalles- la salvaguarda de que el FROB autoriza determinadas operaciones de carácter más significativo, hay un seguimiento trimestral muy detallado y
un traslado de información relevante sobre esa cartera. Además, existe una auditoría externa de la actividad del EPA, y específicamente de las pérdidas incurridas por los activos cubiertos.
Había varias referencias al Fondo de garantía de depósitos, recursos públicos inyectados, y de sus intervenciones entiendo que la preocupación es: si el Fondo de garantía de depósitos tiene hoy una dotación en torno a 1.000 millones de
euros, que probablemente crezca con las nuevas contribuciones de este año -pero 1.000 millones de euros hoy es lo disponible-, con un nivel de cotizaciones mínimas exigidas a las entidades, ¿qué riesgo supone esto para que el FROB tenga que activar
dinero del contribuyente en caso de que nos encontráramos con alguna dificultad? También había menciones y preocupaciones en relación con el Fondo único de resolución, su dotación, preocupación sobre la Agenda Europea de Resolución... Permítanme
hacer una foto global con todas estas cuestiones que me planteaban. El Fondo de garantía de depósitos cubre, como saben, los depósitos por debajo de 100.000 euros de personas físicas cuando se produce un evento, que es la liquidación de la entidad.
Es la inviabilidad acompañada de la ausencia de interés público. Es decir, se activa solo en casos de liquidaciones y normalmente de entidades de tamaño menos significativo, porque, si no, es razonable que nos encontremos ante el interés público
que exija la entrada del FROB, de las autoridades de resolución ejecutiva o de la Junta Única de Resolución para tratar de estabilizar la situación y adoptar de una forma ágil y dando continuidad y protección a los depositantes. Esto se integra en
un marco institucional y operativo mucho mayor, que es como yo creo que hay que ver la foto en su conjunto. En primer lugar, un marco institucional que se ha complicado, en el que el FROB es uno de los agentes pero hay muchas otras autoridades.
Como saben, a estos efectos las autoridades nacionales compartimos competencias con las autoridades europeas, y aquí integro las preguntas que me hacía el señor Saura sobre la Agenda Europea de Resolución.
Desde enero de 2015, la Junta Única de Resolución Europea, que es el paralelo del Banco Central Europeo en lo que llamamos el Mecanismo Único de Resolución, en la que yo mismo represento a las autoridades españolas en su sesión plenaria, es
la responsable de ejercer las competencias de resolución de los grandes grupos españoles, los catorce grupos bancarios españoles más importantes, que se juntan en el ámbito directo de competencia de la Junta Única de Resolución con otras ciento
dieciséis grandes entidades de la zona euro. Por otra parte, en el nivel nacional, fuera del paraguas de la Junta Única de Resolución, lo que tenemos es fundamentalmente cincuenta y cuatro bancos, casi todos ellos cooperativas de crédito, treinta y
ocho cooperativas de crédito, que son de carácter menos significativo y que quedan dentro del ámbito de competencias de resolución del Banco de España y del propio FROB. Adicionalmente -vamos de más a menos relevancia-, empresas de servicios de
inversión, en lo que compartimos competencias con la CNMV. Estas empresas de servicios de inversión son cuarenta, pero la realidad es que veintinueve de ellas son de un tamaño verdaderamente pequeño, en torno a menos de 100 millones de euros de
activos totales. Este es el marco institucional europeo y nacional en el que tenemos que operar el conjunto de autoridades. ¿Cuál es el marco objetivo y material que tenemos que aplicar? Y esto son lecciones aprendidas desde 2008, desde el inicio
de la crisis; lecciones que desgraciadamente hemos aprendido directamente en España y que dieron lugar a un consenso internacional que se empieza a formar en el foro que cuelga del G-20, que es Financial Stability Board. He regresado esta mañana
de Sudáfrica de una reunión del Financial Stability Board que tuvimos ayer mismo. Ese es el foro donde se crean unos principios básicos aplicables a nivel mundial, que son exactamente los que el FROB está aplicando en España.
¿En qué se basan esos criterios y cómo podemos explicarlos de una forma razonable desde la perspectiva de protección del interés del contribuyente, que es lo que está al final del todo y que es seguramente el mandato que le da sentido al
FROB? ¿Cómo reducir al mínimo las garantías públicas implícitas que puede haber dentro del sector financiero? ¿Cómo reducir al mínimo o anular el potencial impacto en el contribuyente ante el escenario de la inviabilidad de un banco? Por
organizarlo de una forma sintética y sistemática diría que hay al menos tres capas de protección hasta llegar al contribuyente. Una primera capa se refiere al marco preventivo y está muy cerca de los supervisores tradicionales, y ahí destacaría dos
cosas. Primero, el importante incremento de los requerimientos de capital de la banca internacional derivado de Basilea III fundamentalmente y de otra normativa europea de requerimientos de capital. No hay que olvidar que los requisitos de capital
de los bancos internacionales son muy superiores a los que existían antes de la crisis, pero eso queda fuera, queda dentro del perímetro tradicional de supervisión. Adicionalmente, los supervisores ordinarios -Banco de España, Banco Central
Europeo- tienen instrumentos también preventivos para activar una actuación temprana en caso de que determinaran la existencia de potenciales riesgos en la evolución de una compañía. En este sentido, las entidades, los propios bancos tienen que
aprobar, con la autorización de los supervisores, lo que llamamos los planes
de recuperación, que incluyen medidas a adoptar en caso de que comiencen las dificultades de evolución de una compañía antes de la inviabilidad. Por otro lado, en esta fase preventiva y previa las autoridades de resolución como el FROB -y
aquí compartimos la competencia con el Banco de España, que es la autoridad preventiva y el Mecanismo Único de Resolución- tenemos también una nueva responsabilidad, que es la de poner en la agenda de los bancos un concepto que suena un poco mal,
pero es el concepto técnico que empleamos, que es su preocupación por la resolubilidad, la capacidad de la propia entidad de tomar decisiones para detectar qué obstáculos a la resolubilidad existirían en caso de inviabilidad, removerlos, suprimirlos
y planificar en todos los elementos necesarios el escenario de inviabilidad para garantizar la estabilidad financiera, la continuidad de las operaciones que llamamos críticas, la protección de los depositantes y, por tanto, la minimización de
cualquier uso de recursos públicos. Esos planes están hoy en la mesa de todos los bancos europeos y de todos los bancos españoles.
Una segunda capa de protección sería lo que se denomina -y creo que algún portavoz ha hecho mención a ello- la recapitalización interna, así lo llamamos en la norma española, conocida por el término británico del bail in frente al bail out
del rescate con recursos financieros. Este bail in, este recapitalización interna prevé que ha de dotarse a las autoridades de resolución, como el FROB, de un instrumento que permita garantizar uno de los principios de resolución que es que los
accionistas -los propietarios del banco- y sus acreedores más subordinados son los primeros y los que fundamentalmente deben absorber pérdidas en caso de inviabilidad de una entidad. Esto es importante también recalcarlo, porque iba en relación con
el Fondo de garantía de depósitos. Esto no obsta para que la protección de los depositantes sea hoy mucho mejor que la de hace años, porque los depósitos por debajo de 100.000 euros de personas físicas están excluidos de estas normas y están
absolutamente garantizados por un fondo que tiene una utilidad exclusiva, que es el Fondo de garantía de depósitos. El Fondo de garantía de depósitos español hace unos años tenía una doble utilidad, de cobertura de los depositantes y también como
fondo de resolución. Hoy solo tiene una finalidad, que es la de proteger a los depositantes minoristas en caso de liquidación de un banco y están excluidos de este sistema de recapitalización interna. Este sistema de recapitalización interna
debería permitir que en caso de inviabilidad la propia compañía, sus propietarios, sus acreedores fundamentales pudieran reflotar la entidad sin ocasionar ningún problema a la estabilidad. Para ello, además las autoridades -y hay un debate muy
intenso de carácter técnico a estos efectos- tenemos que incluir, en sus planes de resolución, una cifra muy relevante, que es el llamado requerimiento mínimo de pasivos de fácil recapitalización interna. Es un concepto largo y complejo, en el
nivel británico -que es como se utiliza en el argot- hablan del MREL, que es este mínimo de pasivos que fácilmente tiene que absorber pérdidas dentro de un banco en el caso de que las autoridades de resolución necesitemos poner a trabajar esos
activos para proteger la viabilidad y por tanto al contribuyente. El debate en torno a cuál es la cifra exacta en el balance de los bancos en el sistema de financiación y de pasivos de los bancos es un debate muy relevante a nivel internacional,
sobre el que ahora hay propuestas de modificación normativa en Europa y sobre el que en el foro en el que represento que España, que es la Junta Única de Resolución, hay debates muy intensos.
Finalmente, la última capa de protección a los contribuyentes es el Fondo de resolución, que se suma -entiendo que por ahí va alguna de las preguntas- a ese objetivo del 0,8 % del total de depósitos que tiene que tener el Fondo de garantía
de depósitos. Sobre eso hay un 1 % dedicado exclusivamente a funciones de resolución que estará en lo que llamamos el Fondo de resolución, que está a disposición de las autoridades de resolución. Ese Fondo de resolución lo activamos las
autoridades de resolución sin necesidad de que el banco haya entrado en liquidación, y no para proteger a los depositantes, que quedarían muy protegidos porque estaríamos en fases anteriores.
Desde el 1 de enero de 2016, en que se creó el Fondo único de resolución europeo, entramos a compartir las aportaciones de las entidades españolas con el resto de las entidades de la zona euro. Este fondo cuenta hoy con un saldo de 10.700
millones de euros -hablo del fondo europeo en el que se integran todas las entidades de crédito españolas-, con contribuciones de en torno a 3.700 entidades europeas; de esos 10.000 millones de euros, 1.400 millones corresponden a las aportaciones
de entidades españolas. En los próximos meses -justo estos días estamos trabajando en la recaudación de las nuevas contribuciones- está previsto que se realice la contribución de 2017, que para las entidades españolas supondrá un desembolso
adicional de 700 millones de euros y que, junto con las contribuciones del resto de países de la zona euro, elevará el saldo del Fondo único de resolución en torno a 17.300 millones de euros. Esto es lo que, a día de hoy, tenemos mutualizado con
nuestros socios de la zona euro y gestionado por el Fondo único de resolución, que a su vez dispararía o activaría la Junta Única de Resolución
europea. Este es el resultado de la unión bancaria, de la cesión de soberanía, que acompaña la incorporación de nuestras entidades a un esquema, a una red que siempre puede dar un nivel de cobertura mayor porque tiene una mayor capacidad de
recaudación. A lo largo de este año dispondrá de 17.300 millones de euros. El objetivo de ese 1 % del total de depósitos de la zona euro alcanza los 55.000 millones de euros. No es una cifra que se pueda alterar en función de la base de cálculo.
Me preguntaban qué ocurre si estas cifras -entiendo que se refieren más bien a las del Fondo de resolución- no son suficientes. El esquema de cómo lo activaríamos, con carácter muy teórico, es el siguiente: en caso de que una entidad
tuviera dificultades, lo que dice la norma es que habría que activar la absorción interna de pérdidas hasta un 8 % del total de los pasivos. Solo a partir de ese 8 % se podría utilizar este Fondo único de resolución por un 5 % adicional y, si
hubiera más pérdidas, habría que seguir atribuyéndoselas a los accionistas y acreedores. En caso de que ante una necesidad el Fondo de resolución no tuviera contribuciones ex ante suficientes, hay un sistema de contribuciones ex post que permitiría
la solicitud inmediata a las entidades de hasta tres anualidades que podría dotar adicionalmente este fondo. Tenemos confianza en que las cosas están claramente mejor que hace unos años. Evidentemente, no estamos en disposición de plantear el
riesgo cero, pero desde luego hay una obviedad, y es que el conjunto de los instrumentos, de la arquitectura institucional, de las dotaciones financieras en el que se mueve hoy una autoridad de resolución española ante la potencial dificultad de un
banco, es mejor.
En relación con la posible crítica por la no aplicación de este sistema que planteaba el señor Saura y que les acabo de contar, pero que puede tener un carácter aparentemente teórico, hay que reconocer que la norma aprobada por los órganos
correspondientes europeos de resolución -Parlamento y Consejo- también preveía otro instrumento, que se llama la recapitalización preventiva, que es el que, por ejemplo, están promoviendo las entidades y el Gobierno italiano. Es un instrumento que
opera ante otro escenario. No es un escenario de inviabilidad sino un escenario en el que una entidad solvente tiene dificultades en un momento determinado para acceder al mercado bajo unas circunstancias excepcionales y el Estado puede tener
capacidad de movilizar recursos públicos. Pero esa es una situación que a las autoridades de resolución como el FROB no les llega a alcanzar, ni siquiera al mecanismo único de resolución; queda en el perímetro de la supervisión, queda en el
perímetro de la previsión específica que hace la Directiva de resolución para estas circunstancias y que, en todo caso, lleva aparejado el sistema de ayudas de Estado. En caso de movilización de recursos públicos sería necesario acometer las
medidas previstas por las autoridades de competencia europeas en lo que se refiere al régimen de ayudas de Estado. Pero, en cualquier caso, el régimen es claro, el régimen está operativo y las instituciones estamos en marcha para configurarlo de la
forma más eficaz posible.
En relación con las ayudas públicas inyectadas, no hay grandes novedades. En su caso, como digo, en la comparecencia ordinaria puedo actualizar cifras pero el total de recursos públicos que ha inyectado el FROB se mantiene en la cifra que
hemos venido haciendo pública: son 59.000 millones de euros que incluyen inyecciones de capital, garantías a las que me refería antes, híbridos y la propia inversión de Sareb.
Las novedades más recientes en relación con nuestra capacidad de recuperación -creo que el señor Paniagua hacía una pregunta en esa línea- son dos. Por un lado, ya se ha producido la recuperación, la amortización por parte de Ibercaja
-donde se había integrado el Grupo Caja3- de los 387 millones restantes de unas obligaciones convertibles emitidas y suscritas por el FROB. Por tanto, en esa cifra se ha hecho efectiva la recuperación que consideramos probable. Y por otro lado,
como ya he mencionado antes, el FROB ha hecho pública su consideración de que la fusión de Bankia y BMN es la mejor estrategia y, por tanto, a partir de ahí se debían activar futuras desinversiones con el objetivo de maximizar la capacidad de
recuperación.
Había una pregunta en relación con la capacidad de endeudamiento, creo que también era del señor Saura. El FROB tiene una capacidad de endeudamiento global de en torno a 18 millones de euros. Eso es lo que verán en nuestros presupuestos.
De esos 18 millones -por clarificar- hay 13 millones que corresponden a la parte que nosotros tenemos del préstamo. Nuestra contraparte es el Tesoro, pero finalmente aquellos 40.000 millones están dentro del programa de asistencia financiera. Eso
se hizo a través del un sistema de tres partes en las que el dinero era, en primer lugar, recibido por el Tesoro, que hacía un préstamo -que llamábamos espejo en ese momento- y finalmente era el FROB el que lo inyectaba. El remanente de ese
préstamo para nosotros son 13.000 millones, por eso es el endeudamiento que tenemos vivo, por la naturaleza del propio préstamo del Mecanismo europeo de estabilidad.
Adicionalmente, se suman -probablemente tenga más relevancia para ustedes- 5.000 millones de posible endeudamiento del FROB. Ese endeudamiento es simplemente una capacidad del FROB para hipotéticas contingencias que, la verdad, no prevemos
en el corto plazo. Lo que ocurre es que el criterio de prudencia que venimos aplicando desde ejercicios anteriores hace que, al fijar las respectivas leyes de presupuesto un límite máximo al endeudamiento, aunque finalmente superior al que cada año
ejecutamos, sigamos considerando prudente tener una capacidad de endeudamiento. Dado que no tenemos capacidad de dotación presupuestaria ni otra vía de financiación, nos parece prudente mantener esa capacidad. No obstante, esta cifra de 18.000
millones de conjunto resulta inferior si la comparamos con los 22.000 millones, que era la cifra de endeudamiento autorizado al FROB tanto en el ejercicio 2015 como en el 2016. No es más que un ejercicio de prudencia tener una capacidad financiera
de acudir a los mercados si fuera necesario, pero detrás de ella no hay ninguna previsión de emisiones en el corto plazo.
Hay una pregunta del señor Montero, que podremos analizar de forma bilateral más concretamente, relacionada con el Tribunal de Cuentas y una mención a la reformulación de tipos de interés. La verdad es que no llego a averiguar exactamente a
qué se refiere el señor Montero, pero estaré encantado de concretarlo, de analizarlo y responderle como deba. El Tribunal de Cuentas nos hacía dos recomendaciones, fundamentalmente. Una recomendación respecto a poner en marcha una contabilidad
analítica, que ya teníamos antes de que el Tribunal de Cuentas acabara sus trabajos, y otra recomendación en relación con los criterios que utilizamos en el proceso de desinversión, la creación de un marco general de criterios que también nos hemos
comprometido a adoptar. De todos modos, si el señor Montero no tiene inconveniente, esta es una de las cuestiones a las que me gustaría referirme a fondo en la próxima comparecencia ordinaria, porque el Tribunal de Cuentas hizo manifestaciones
importantes que nos gustaría compartir con ustedes.
También se refería a una cuestión relacionada con el patrimonio neto. Tenemos un patrimonio neto, según las cuentas del último año, de 77 millones de euros positivos. Es claramente probable que los resultados de las cuentas de este año,
que están en fase de elaboración y auditoría y que se harán públicas alrededor de junio, culminen con un patrimonio neto negativo del FROB. Esto no tiene ninguna causa mercantil, evidentemente somos una entidad pública pero puede analizarse lo que
ya se hizo en 2013 y que prevé la ley, y que es la posibilidad de que el préstamo al que me refería antes con Tesoro sea capitalizado, es decir, sea transformado en recursos propios, de manera que se volviera a recuperar nuestro equilibrio
patrimonial. Esas son las circunstancias. Ya se produjo en 2013 y se podría volver a producir. Esto no tiene ningún impacto -a veces es difícil separar cuestiones de contabilidad pública y de contabilidad nacional- en términos de déficit; esto
está dentro del conjunto del perímetro público y, por tanto, sería transformar una posición que tenemos en Tesoro en préstamo por una posición en capital que aliviaría nuestra situación patrimonial, pero sin mayores consecuencias que las de la
imagen patrimonial del FROB.
El señor De la Torre me ha preguntado si habría algún impacto, de no aprobarse los Presupuestos Generales del Estado, en términos de actuación del FROB. Nosotros nos movemos en el sector financiero por diferentes vías, por la vía de ser
gestores de participaciones públicas en el sector financiero y también por la vía de la estabilidad financiera en su sentido más estricto. Cualquier variable macroeconómica tiene un impacto. La estabilidad política, la estabilidad presupuestaria
tienen un impacto; es obvio. En ese sentido, somos muy permeables a todas las noticias macroeconómicas relevantes. No hay más que ver el comportamiento del sector bancario y de la participada cotizada del FROB, Bankia, esta semana, derivada de
una noticia de carácter puramente político, como son las elecciones en Francia. Hay una cierta permeabilidad, pero cuantificarla se escapa de mi capacidad de concreción.
Creo haber atendido a todas sus cuestiones. Agradezco mucho su interés y en la comparecencia ordinaria ampliaré lo que necesiten.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera): Gracias, señor presidente del FROB.
Mañana, a las diez de la mañana, continuaremos la sesión con la comparecencia del secretario de Estado de Turismo.
Se levanta la sesión.
Eran las siete y quince minutos de la tarde.