CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 194

DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CELIA VILLALOBOS TALERO

Sesión núm. 24

celebrada el miércoles,

5 de abril de 2017

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia. Por acuerdo de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo:


— Del señor Secretario de Estado de la Seguridad Social (Burgos Gallego), para informar sobre temas relacionados con el objeto de la Comisión, así como específicamente sobre la ejecución del Presupuesto de la Seguridad Social en 2016 y la
situación del Fondo de Reserva al que se refiere el artículo 127 de la Ley de la Seguridad Social. (Número de expediente 212/000308) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


La señora PRESIDENTA: Vamos a iniciar la comparecencia del secretario de Estado de Seguridad Social, don Tomás Burgos, al que le damos la bienvenida a esta Comisión, para informar —como saben y consta en la documentación que recibieron
ustedes a tiempo— sobre diferentes aspectos relacionados con la liquidación del presupuesto de 2016 y la situación del Fondo de reserva y la utilización que se ha hecho del mismo a lo largo del año 2016. Va a ser una comparecencia larga y compleja,
por lo que vamos a dar un mayor tiempo a los portavoces para que puedan hacer las preguntas y las observaciones que cada uno considere oportuno.


Dando de nuevo las gracias al secretario de Estado por su presencia, suya es la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Burgos Gallego): Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, es para mí un motivo gran satisfacción tener la oportunidad de volver a comparecer en esta Comisión permanente del Pacto de Toledo, y hacerlo además cerrando un ciclo de comparecencias que constituyen la base fundamental sobre la
que ha de construirse el debate y el acuerdo, si es posible, entre todos los grupos para contribuir a la sostenibilidad futura y a la mejora de nuestro sistema de protección social. De acuerdo, precisamente, con los principios contenidos en nuestra
Constitución, le compete al poder al poder político la responsabilidad de garantizar hoy, y también en el futuro, un sistema público de pensiones justo, equilibrado y solidario. El mandato constitucional, concretado en los artículos 41 y 50 de la
Constitución, compromete al Estado al establecimiento de un sistema de protección pública y a la articulación de los recursos económicos que hagan viable la protección social de forma suficiente. Para hacer realidad ese principio constitucional,
nuestro sistema de Seguridad Social requiere de una acción protectora de carácter público que garantice una protección suficiente ante situaciones de necesidad y unos recursos económicos estables.


A lo largo de su trayectoria, el sistema de Seguridad Social ha hecho posible la configuración y el perfeccionamiento de un conjunto de derechos desarrollados en un abanico muy amplio de prestaciones sociales que disfrutan millones de
ciudadanos, especialmente aquellos en situación de mayor vulnerabilidad. Llega a más de 14 millones de personas, de hogares en sus diferentes y muy diversas prestaciones. Como hemos señalado en más de una ocasión, nuestro sistema de Seguridad
Social ofrece más de cuarenta prestaciones en la actualidad. Su relevancia social y económica, por tanto, es inmensa y su pervivencia en el tiempo una garantía de estabilidad que ha de ser puesta en valor. Contribuye decisivamente al crecimiento
económico y a la competitividad de nuestras empresas. El valor económico de la cohesión social y de la estabilidad es enorme y, en todo caso, muy difícil de cuantificar. ¿Seríamos capaces de imaginar qué efecto económico y social tendría la
ausencia de nuestro sistema de Seguridad Social y sus coberturas?


Por ello, la Seguridad Social ha sido una permanente prioridad durante todos estos años de Gobierno. Hemos dado respuestas muy diversas y adecuadas a los diferentes desafíos con los que nos enfrentábamos, en la convicción de que una
política económica que activa recursos, que aumenta los cotizantes y que lucha contra el fraude es la política que genera confianza. Hemos culminado el proceso de separación de fuentes de financiación del sistema, hemos mejorado todos los
procedimientos de recaudación y de gestión, hemos ampliado los conceptos objeto de cotización y hemos protegido al sistema frente a pérdidas de recursos económicos o patrimoniales. Hemos asumido la facturación de las cotizaciones pasando a
liquidarlas directamente por la propia tesorería. Hasta hoy, el nuevo sistema ha notificado la obligatoriedad a más de 2 millones de empresas en nuestro país —2.100.000—, con más de 12.600.000 trabajadores gestionados por más de 98.500
autorizaciones en el sistema RED. Y esa gran transformación se ha hecho con un nivel de eficiencia máximo. Hemos impedido que la financiación de algunos se siguiera haciendo a costa de las cuotas a la Seguridad Social. Hemos desarrollado
políticas de envejecimiento activo, de apoyo y reconocimiento de la maternidad, de información al ciudadano, de actualización de las fórmulas de jubilación anticipada y parcial, y de integración y de mejora de diferentes regímenes de la Seguridad
Social. Nos hemos dotado de fórmulas de vinculación de las pensiones a las posibilidades reales del sistema. Nos hemos dotado de un régimen jurídico para los instrumentos de colaboración público-privados, las empresas colaboradoras y las mutuas.
Hemos mejorado los mecanismos de seguimiento de la eficacia de las prestaciones con nuevos procedimientos para una gestión más eficiente e integrada, o más ágil y simplificada. Por primera vez en España, pueden solicitarse y pueden resolverse
electrónicamente prestaciones del sistema de Seguridad Social con plena garantía

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jurídica. El sistema de Seguridad Social y las reformas incorporadas a él han contribuido de una manera decisiva a la credibilidad de nuestro país en la escena internacional y a la propia estabilidad y cohesión de nuestra sociedad en
momentos delicados. Además, ha tenido un papel muy relevante en la adopción de medidas de estímulo económico y de contratación, que han permitido que España haya recuperado más de la mitad del empleo destruido por la crisis. La diferencia entre
julio de 2007 y marzo de 2017 fue de 1.583.303 afiliados; es decir, se perdieron más de un 17% de los cotizantes totales de los que disponía el sistema. En estos momentos, hemos recuperado más de la mitad, 1.759.260 afiliados de los perdidos
durante la crisis.


Aún nos queda, por tanto, un enorme trecho por recorrer en recuperación de empleo, como para que algunos pretendan irresponsablemente emitir acta de defunción del sistema. ¿Cómo es posible imaginar siquiera que el sistema puede ver
recuperada su plena estabilidad sin haber recuperado esa cifra de afiliación perdida y sin considerar siquiera el efecto de la incorporación de tantos nuevos beneficiarios al mismo que mientras tanto se ha producido? Sorprende la urgencia por ver
el sistema en equilibrio cuando, pese a los datos importantes que podemos ofrecer, todavía queda mucho camino por recorrer. Durante la crisis económica, España destruyó más empleo, y lo hizo más intensamente que los países de nuestro entorno. Casi
uno de cada cinco trabajadores perdió su puesto de trabajo durante la crisis y casi el 70% del deterioro neto de la salud financiera del sistema durante la etapa 2009-2013 se debió exclusivamente a la reducción de ingresos por cotizaciones derivada
de esa destrucción de empleo.


Conviene tener esto muy presente cuando hablamos de números, cuando hablamos de déficit, de desequilibrios financieros. El principal problema, el mayor obstáculo a superar y el desafío fundamental de un sistema de reparto contributivo y de
solidaridad intergeneracional es el nivel de empleo. Y mientras tanto, el sistema de Seguridad Social ha incorporado nuevos pensionistas, ha mejorado ampliamente sus pensiones, ha incorporado derechos y prestaciones nuevos, ha modernizado sus
estructuras, ha mejorado la legislación y la normativa para aumentar la cobertura de los ciudadanos, ha dado entrada a nuevos colectivos y ha extendido los mecanismos de protección social a más personas. Creo que hay, por tanto, razones sobradas
para estar enormemente orgullosos de nuestro sistema de Seguridad Social, de lo que sigue representando en este momento, de lo que es capaz de asegurar, de lo que es capaz de cohesionar y de lo que es capaz de proteger. Lo sorprendente es que el
sistema haya transitado por una crisis de tan enormes consecuencias ampliando incluso su cobertura. No debería llamar, por tanto, nuestra atención tanto el que necesite recursos adicionales como el que España haya sido capaz de mantener un sistema
de pensiones y de Seguridad Social a lo largo de una crisis que ha llegado a suponer un desempleo cercano al 26% . Y que, tras estos años, ahora recurra al Estado, no es muestra de una debilidad insuperable sino algo a valorar como prueba de
resistencia, puesto que los objetivos que asume son de gran relevancia social y un claro exponente de un concepto amplio de solidaridad.


Coyunturalmente, el sistema puede y debe ser respaldado por el conjunto de las capacidades del Estado, que es a quien constitucionalmente, en realidad a todos los poderes públicos, tiene atribuida la responsabilidad de mantener y extender el
sistema de Seguridad Social en nuestro país. Este ha cumplido fielmente con sus misiones y con sus objetivos, y ha protegido a los pensionistas, a los jubilados, a los mayores de sesenta y cinco años, en general, de forma especialmente relevante a
lo largo de esa crisis. Conviene también tener claro que el sistema de Seguridad Social siempre ha estado concebido, y desde luego lo está especialmente en el caso español, en estrecha relación con el mercado de trabajo, en el sentido de que su
función es suplir este último o compensar sus insuficiencias cara a garantizar una efectiva protección de los ciudadanos ante previsibles —como es el caso de la jubilación— o imprevisibles —como podría ser el caso de la incapacidad o la viudedad—
contingencias personales y familiares.


Entiendo que hay un acuerdo generalizado en que la principal función del sistema de Seguridad Social es asegurar esa cobertura de rentas, de necesidades y de atención en situaciones que pueden surgir en la vida de los ciudadanos. El déficit
actual del sistema es expresión de esa doble circunstancia, es una prueba palpable del enorme esfuerzo que ha tenido que hacer la sociedad española para empezar a superar esta crisis sin merma de cobertura social; es más, ampliando, como he dicho
antes, sus niveles de protección. Cuando se habla de déficit del sistema y se critica su existencia, se está poniendo en cuestión que el esfuerzo de reducción de déficit público que está haciendo este país ha tenido una vertiente cuantitativa
importante, pero también cualitativa, en la medida en que esa reducción global ha venido acompañada de un compromiso firme para que a la Seguridad Social no le falten recursos para atender sus obligaciones. Y eso es porque estamos convencidos de
que los ciudadanos quieren más Seguridad Social y no menos, y que todos estamos aquí convocados para que eso sea posible.

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La Seguridad Social va a seguir siendo la apuesta de las cuentas públicas también en el proyecto de presupuestos de 2017. No me voy a extender porque tendremos ocasión de debatir en las comisiones destinadas a la presentación de los
presupuestos, pero quiero decir que, una vez más, más de 4 de cada 10 euros, casi 41 de cada 100, del total del gasto del Presupuesto General del Estado consolidado para el año 2017 se va a destinar al sistema de Seguridad Social. Las pensiones
contributivas alcanzarán 122.777 millones, el 10,6% de nuestro producto interior bruto, manteniendo el porcentaje del año anterior. La contención del crecimiento del gasto en pensiones, en torno al 3 o 3,1% , con un incremento del porcentaje de
nuevos pensionistas similar al del año precedente, el 1,1% , permite que el sistema mantenga el porcentaje de PIB que representa, lo cual es para nosotros un indicador relevante de sostenibilidad. El presupuesto de 2017 incorpora aportaciones
totales del Estado que crecen sobre el año anterior y que alcanzan los 13.096 millones de euros. Atendiendo a la evolución de algunas de las magnitudes más representativas del sistema, cabe señalar que este presupuesto tiene que hacer frente a
cifras de la siguiente condición. El importe mensual de la nómina de pensiones, que ha estado creciendo durante meses en torno al 3% interanual —dato históricamente bajo, ya que alcanzaba, recuerden, el 8,5 interanual, por ejemplo, en el año 2008—,
está en marzo de 2017 en el 3,04% y alcanza los 8.684,50 millones de euros. Si consideramos el dato anual acumulado de nóminas de enero a marzo de este año, los importes abonados ascienden ya a más de 25.993 millones, un 3,07% más que en el mismo
periodo del año anterior. El número de pensiones de nuestro sistema se mueve en torno al 1% interanual, también porcentajes históricamente contenidos. Hay que recordar que se movía en torno al 1,65% de crecimiento en el año 2009 y que ha tenido
incrementos muy sustanciales a lo largo de los últimos años, hasta estabilizarse desde hace tres o cuatro años en torno, como digo, a ese 1% . Estos datos de crecimiento de nómina y de crecimiento del número de pensiones se consideran indicadores
relevantes sobre la sostenibilidad del sistema. Es importante que el crecimiento del gasto en pensiones contributivas siga una senda moderada, en torno a ese 3% , frente a incrementos mucho más acusados de años anteriores y que el gasto anual en
pensiones también se mantenga en sendas del 3,03% , como ha ocurrido en febrero, o el 3,04% , como ha ocurrido en marzo.


España cuenta, además, con un sistema de pensiones mínimas que existe solo en once Estados miembros y cuenta también con un sistema de complementos a mínimos de pensión para aquellas que no alcanzan una determinada cuantía, que solo existe
en cuatro países de nuestro entorno. En España lo reciben en estos momentos 2.441.576 personas. La solidaridad de todos, mediante la financiación vía impuestos de este complemento a mínimos, aporta una media de 206,15 euros al mes por cada
complemento a mínimos, algo que habla bien a las claras del esfuerzo de solidaridad que la imposición general hace también en relación con el sistema de Seguridad Social.


El impacto negativo de la crisis en la actividad económica española tuvo su traslación al conjunto de las cuentas públicas y también, por supuesto, al sistema de Seguridad Social. Este no es un compartimento estanco, no pudo quedar al
margen de una dinámica complicada para nuestra economía y asistió a un rápido y profundo deterioro de su situación financiera. Se deslizó por una pendiente que, desde una cifra de superávit del 1,4% del PIB, desembocó rápidamente en un déficit que
ha sido creciente en los últimos años. Pero es necesario señalar que el sistema no tiene un problema de financiación hoy, que lo tiene, al menos, desde el año 2009 de forma claramente manifiesta, y que tuvo su expresión en la caída de más del 1,44%
del PIB en el deterioro de los ingresos que se generaron. El sistema ha venido afrontando ese deterioro de los ingresos de muy diversas maneras —con aportaciones del Estado, con mejoras en la recaudación de cuotas, con avances en la gestión, en la
lucha contra el fraude—, pero nadie se pregunta cuántos recursos hubiera sido necesario utilizar del Fondo de reserva sin todas estas reformas. Desde el año 2010, el sistema contributivo ya tenía un déficit y, pese a la rápida caída de sus
resultados, no se hizo reforma alguna hasta tiempo después.


El análisis temporal de la evolución de este déficit también muestra que su intensidad fue muy superior en la etapa entre 2008 y 2011, alcanzando medio punto del PIB por año, mucho más que la producida en el siguiente periodo delimitado por
el 2012 y el 2016, en el que la caída ha sido del 0,3% del PIB al año. Ello pone de manifiesto que la principal razón de ese deterioro fue, obviamente, la intensa destrucción de empleo y la caída de ingresos del sistema como consecuencia de esa
pérdida de cotizaciones de activos. Y que si eso no ha sido expresado aún con mayor contundencia a lo largo de años pasados fue por el deslizamiento del déficit que ha venido a incidir en años posteriores, primero, porque la destrucción de empleo,
y bien lo saben sus señorías, se extendió hasta el año 2013 y, segundo, por el importante efecto anticíclico que las prestaciones de desempleo, que se acompañaban de cotizaciones del Estado por esas prestaciones,

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produjeron, y que implicó que se siguieran aportando ingresos al sistema durante la primera fase de la crisis, hasta el agotamiento de esas prestaciones. La mejor política posible, por tanto, para la sostenibilidad y para pervivencia del
sistema es la que crea las condiciones para que haya más y mejor empleo, y no puede ser de otro modo en un sistema contributivo, en un sistema de reparto, en un sistema de solidaridad intergeneracional.


Concluido 2016, los datos de afiliación a la Seguridad Social nos muestran claramente que estamos en un contexto muy diferente al de años anteriores. El ejercicio cerró con 540.655 afiliados más al sistema de Seguridad Social, un 3,12% .
Sin embargo, en lo que llevamos de 2017, lejos de haberse retardado este crecimiento, se ha visto acelerado, y en marzo de este año, hace tan solo dos días, hemos constatado que el sistema ha obtenido un nuevo récord de afiliados respecto al año
pasado, ganando 604.209 afiliados, una cifra que no veíamos desde hace una década. En relación con el año anterior, la tasa de afiliación está creciendo en estos momentos al 3,49% , cifra récord en la última década. Hay que remontarse al año 2007
para ver un resultado mejor.


Señorías, el régimen general propiamente dicho, que es el auténtico corazón de nuestro sistema de afiliación y de recaudación, está creciendo en estos momentos al 4,34% . El dato desestacionalizado también apoya este cambio de signo en la
evolución de los ingresos y en la de los afiliados, en la medida en que ese cambio de signo está teniendo un impacto muy positivo en la recaudación del sistema. El sistema está evolucionando bien en un contexto en el que las incertidumbres han sido
grandes, pero tanto en los informes de la evolución de la recaudación líquida del sistema en sus diferentes que elabora la Tesorería General de la Seguridad Social como en los de ejecución presupuestaria que elabora la Intervención General, estamos
ante una realidad contrastable. Los informes de recaudación líquida del sistema, que hemos conocido en el día de ayer, hablan de crecimientos de la tasa provisional de recaudación de más del 5,26% . Y el importe provisional recaudado hasta abril
—como saben, hacemos un avance del mes de abril y por ello estamos en condiciones de saber cuál va a ser esa recaudación— suma un incremento que supera los 2.077 millones respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto a la recaudación neta
de cuotas que nos traslada mes a mes la Intervención General, estamos creciendo casi al doble que el año pasado en tasa de recaudación. Si atendemos a los derechos reconocidos, la cotización de ocupados crece al 3,67% .


En todo caso, no nos perdamos en cifras concretas o discrepancias metodológicas, lo relevante es el importante impulso a los ingresos que se está observando en función de los diferentes indicadores que analicemos. Pero con una constante,
crecen más que la propia afiliación, y esta más que el crecimiento económico. La recaudación de ingresos del sistema de Seguridad Social alcanzó en 2016 los 123.253 millones, un resultado afectado por diferentes variables. La recaudación por
cuotas de trabajadores ocupados se redujo abrupta y profundamente entre los años 2008 y 2013, llegando a caer en más de 10.650 millones de euros. Hemos recuperado ya, aproximadamente, el 80% de esa pérdida de ingresos en el periodo 2014-2016.
Hemos incrementado esos ingresos en más de 8.382 millones. La evolución anticíclica de las cuotas de los beneficiarios de prestaciones contributivas por desempleo aumentó entre el año 2007 y 2013 en más de 3.865 millones. Sin embargo, al irse
produciendo el incremento del empleo y la recuperación de la actividad, esas cuotas, consecuencia de las prestaciones contributivas, han descendido de forma muy importante en la etapa 2014-2016 y han supuesto, llamativamente, un efecto negativo para
el sistema, que ha perdido por esa condición más de 3.224 millones. Han evolucionado también las bonificaciones a la contratación, los intereses al Fondo de reserva, pese a su eficaz gestión, que luego comentaré, y desde luego ha sido significativo
el aumento de la aportación del Estado para financiar completamente los complementos a mínimos, que a lo largo de estos años han supuesto un importante esfuerzo por parte del Estado. La evolución de la recaudación por cuotas de contingencias
comunes, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los ocupados se ha recuperado significativamente desde el año 2014, teniendo en estos momentos una tendencia creciente. En 2016, la tasa de crecimiento estuvo en torno al 3,7 % y en el
año 2017 superará ampliamente el 6% como consecuencia de la actividad económica, de la elevación de las bases mínimas y de las bases máximas de cotización.


Respecto a las cuotas de los trabajadores ocupados, hay que decir que mantienen una tendencia bastante estable en el tiempo, aunque es factible esperar una importante recuperación acorde con esa consolidación del crecimiento de la actividad
económica y de las consecuencias de una negociación colectiva algo más dinámica. En todo caso, conviene señalar que esta evolución es claramente en positivo y tenemos muchos datos que avalan que esa recuperación será sostenida en el tiempo. La
evolución de

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los intereses del Fondo de reserva dependerá, obviamente, de cuál sea la opción elegida respecto a su empleo para pagar el déficit de caja en el sistema de pensiones. En todo caso, su rentabilidad acumulada anualizada ha sido muy importante
en el último año, el 4,55% , superior claramente a cualquier fondo privado de naturaleza similar.


Quiero trasladarles que la opción elegida e incorporada al proyecto de presupuestos por el Gobierno para atender las necesidades financieras del sistema de Seguridad Social en este año, 2017, y en 2018, conjuga dos decisiones que están
relacionadas: una, la elevación del umbral de disposición del Fondo de reserva, establecido legalmente en el 3% ; y dos, un préstamo a la Seguridad Social por parte del Estado, por un valor de 10.192 millones de euros. Ambas medidas, combinadas y
utilizadas de la manera más eficiente posible para los intereses de nuestro sistema y del conjunto de nuestra economía nacional, aseguran el pleno cumplimiento de las obligaciones de pago por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social en
tiempo y forma. Y se deja constancia de que la adopción de esta medida se realiza, además, sin perjuicio de lo que en un futuro próximo pueda resultar de las directrices o líneas de actuación que se contengan en el informe que elabore esta Comisión
del Pacto de Toledo o el propio diálogo social. El Gobierno, por tanto, adopta medidas para tener cubierta toda contingencia y no dejar espacio alguno a la incertidumbre respecto al cumplimiento de sus obligaciones con los pensionistas españoles.


Se ha presentado a las Cortes Generales hace apenas unas horas el informe anual sobre la evolución y actuaciones del año 2016 y situación del Fondo de reserva a 31 de diciembre de 2016. No me voy a extender mucho porque disponen ustedes del
informe, remitido a sus señorías por la secretaría de Estado, y aunque habitualmente hacíamos unas proyecciones del mismo, para evitar un alargamiento excesivo de la comparecencia, me voy a limitar a decirles que el Fondo de reserva se elevó, a 31
de diciembre de 2016, a 15.020 millones de euros, a precio total de adquisición, lo que representaría el 1,35% del PIB para 2016, y a precio de mercado ese Fondo de reserva alcanzaría los 15.200 millones, representando el 1,36% del PIB para el 2016.
Señorías, en el ejercicio 2016 se ha producido una situación en los mercados de rentabilidades en mínimos históricos, incluso en negativo. No obstante, aun en este contexto, la gestión financiera del Fondo de reserva ha permitido situar su
rentabilidad acumulada, en términos anualizados, en un 4,55% , una cifra muy significativa que aún resulta más favorable si se compara con la rentabilidad media obtenida en el año 2016 por el total de planes de pensiones del sistema individual en
España, que ha alcanzado tan solo el 1,71% para el plazo de quince años. La rentabilidad interanual del Fondo de reserva ha alcanzado el 0,90% , superior al 0,27 que alcanza la rentabilidad interanual de los fondos de pensiones de renta fija a
corto plazo. Esta gestión financiera ha dado lugar a rendimientos netos totales por un valor de 28.759 millones desde la primera dotación al Fondo de reserva en el año 2000, correspondiendo 2.664 millones de rendimientos en el año 2016. En el
citado ejercicio se ha continuado, como en los últimos años, con una política de inversión en deuda española y centrada en la reinversión de flujos a corto plazo, con el fin de poder disponer de la liquidez suficiente en caso de utilización del
Fondo de reserva.


Como viene sucediendo desde el año 2012, al producirse también en 2016 excedentes negativos a efectos del Fondo de reserva, se ha recurrido al mismo para hacer frente a las obligaciones de pago, en una cuantía que ascendió a 20.136 millones
de euros. Las disposiciones se han realizado en los momentos precisos y por los importes imprescindibles, manteniendo una gestión financiera eficiente de los recursos que integran el Fondo de reserva, que ha requerido una continuada labor de ajuste
entre las posibilidades de inversión en activos financieros y las necesidades de liquidez derivadas de las disposiciones efectuadas. Como saben, la disposición del fondo tiene como fin garantizar el pago de los nueve millones y medio de pensiones
contributivas y atenuar los efectos de los ciclos económicos. Por lo que se refiere al año 2017, se han obtenido, a 31 de marzo, más de 128 millones de euros en rendimientos netos, por lo que el valor del Fondo de reserva a 31 de marzo, a precio
total de adquisición, se estima en 15.148 millones de euros, el 1,36% del PIB, y el valor de mercado en esa misma fecha alcanzaría los 15.194 millones.


Señorías, hoy estamos escuchando opiniones diversas sobre la evolución del sistema desde su óptica financiera. Es llamativo que la preocupación se plantee precisamente ahora que estamos creciendo, creando empleo y evolucionando en cifras
récord de recaudación. Hoy tenemos crecimiento de empleo y crecimiento económico, que son condiciones básicas. El sistema no era más sostenible cuando se perdían millones de afiliados que ahora, que se han creado 604.209 afiliados en el último
año, ni cuando el paro se incrementaba al 7,86% que hoy, que se reduce al 9,58% . Tampoco estaba mejor el sistema cuando España aportaba uno de cada dos nuevos parados a la zona euro que ahora, que es responsable de la reducción del 47,5% del
desempleo de esa eurozona. Es importante establecer que los indicadores

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adelantados de nuestro sistema nos hablan claramente de recuperación, de incremento de ingresos y de mejora en sus parámetros fundamentales; parámetros de empleo y de estabilidad en la ratio entre afiliados y pensionistas, que asciende a
2,6 en el mes de marzo. Conviene señalar que esta ratio, que se utiliza a menudo en el debate público, con ser un indicador demográfico muy importante y de gran influencia no determina por sí sola la sostenibilidad. Así, a título de ejemplo, les
diré que la Seguridad Social tuvo superávit en el periodo 2000 y 2010, fechas en las que esa ratio tomó valores muy inferiores, incluso del 2,22. Y de hecho con valores entre el 2,22 y el 2,46 también hubo ocasiones en las que el sistema tuvo
importantes déficits. En todo caso la ratio de afiliados y pensionistas más baja de la historia se produjo en el año 1996, con un 2,06, muy alejada de la que hoy ofrece el sistema.


El déficit actual por tanto trae claramente causa del empleo destruido y del número de pensiones y de pensionistas incorporados; y desde luego de la superior cuantía de las pensiones que entran en el sistema. El déficit se ha venido
incrementando porque el crecimiento de las cotizaciones, pese a ser ya importante, se hace sobre una base menor, poco más de 100.000 millones al año; menor que el crecimiento de los gastos en pensiones contributivas que, aunque en un porcentaje
menor, se hace sobre una base mucho más alta, al menos 118.000 millones al año. Por eso el déficit aún no se ha reducido, no basta con ingresos por encima de los gastos en porcentaje, eso ya está ocurriendo, tienen que crecer además por encima en
cifras absolutas, y eso va a ocurrir en el año 2017. Necesitamos más empleo y más aportaciones en cotizaciones.


Obviamente, aunque se quiera centrar el debate sobre los ingresos, lo cierto es que ese déficit también trae causa del incremento de los gastos del sistema. El gasto en pensiones contributivas —lo he citado antes— aumenta ahora a razón del
3,04 % anual en el mes de marzo. Y esto, de acuerdo con los determinantes anteriores, responde en proporciones similares a una presión demográfica más alta, a una mayor tasa de dependencia y a un incremento de la tasa de sustitución. Es una cifra
más moderada, pero aplicada sobre una base mayor de gasto que la que se produce en los ingresos hace que, aun creciendo en porcentaje más los ingresos que los gastos, pueda seguir incrementándose el déficit —y de hecho así ocurre—. Pero esa base de
gasto mucho mayor se ha producido básicamente por años de gasto anual acumulativo que llegó a superar el 8 e incluso el 9% anual, del todo insostenible a medio y a largo plazo, puesto que no conllevaba financiación adicional que asegurara esa
sostenibilidad. Ese desajuste se gestó por la adopción de medidas de incremento de gasto sin análisis de las repercusiones en contextos posibles —como al final se produjeron— de caídas de ingresos.


El déficit también se produce en esta dimensión porque ha habido mejoras en el poder adquisitivo de las pensiones. Si de precios hablamos y queremos hacer una evaluación de lo acontecido en los años anteriores, el referente más lógico es
tomar la variación anual media del IPC a lo largo de años en los que hemos tenido hasta tres sistemas de revalorización distintos. La única manera de poder establecer una comparación fiable de estos años es tener en cuenta esa tasa media anual del
IPC, con la que las pensiones han ganado en el periodo 2012-2016 la cifra de 1.015,74 millones de euros. Y si se toman los años de vigencia del índice de revalorización, los años 2014 y 2016, la ganancia de poder adquisitivo por encima del IPC es
mayor y alcanzó los 1.905 millones de euros. En definitiva el déficit de nuestro sistema también tiene que ver con decisiones que han incrementado el poder adquisitivo de las pensiones, con mejoras en la protección de personas y colectivos y con un
importante incremento del número y de la pensión media en nuestro país. El déficit también se crea porque cuando hablamos de la afiliación a la Seguridad Social nos estamos refiriendo habitualmente a la afiliación de personas con empleo. La
evolución de los ingresos por cotizaciones sociales incluye sin embargo aportaciones de trabajadores y autónomos, pero también de desempleados con prestación contributiva. Y sucede que el número de desempleados afiliados a la Seguridad Social es
inferior hoy, a finales del año 2016, a la cifra que hubo en 2009, en 2010 y en 2011. Por tanto se produce el hecho de que, valorando los ingresos por cotizaciones sociales correspondientes a los afiliados con empleo, la Seguridad Social ya ingresa
más que en año 2009, 2010 y 2011. Sin embargo como afiliados totales aún estamos por detrás de lo que el sistema ingresaba en esos años.


Hasta 2016 hemos conseguido que haya más afiliados con empleo y también más ingresos derivados de cotizaciones de trabajadores ocupados. Pero a veces un incremento en el número de afiliados activos no supone, como ocurre en estos momentos,
un automático y proporcional incremento de los ingresos por cotizaciones sociales. Además, señorías, en los últimos años se ha producido una variable, la inflación baja o incluso negativa, que ha afectado de forma importante a la evolución de las
bases de cotización del sistema. Esta inflación provoca que, a pesar de que las cotizaciones de ocupados han venido

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evolucionando favorablemente, se ha contenido la evolución de la recaudación total de cotizaciones. Conviene dejar esto claro para no caer en la absurda conclusión de que cuantas más personas se queden en paro cotizando, mejor para el
sistema de Seguridad Social. O la idea de que, si no se traduce el crecimiento de afiliación ocupada en incrementos inmediatos de recaudación por cuotas, puede ser signo de un empeoramiento de la calidad en el empleo.


Señorías, la fuerza del crecimiento de los ingresos por cotizaciones sociales es llamativamente superior a la tasa de crecimiento de la afiliación, siendo esta a su vez muy alta, ya de casi el 3,5% . Otra de las variables que se tienen en
cuenta a la hora de hablar sobre la incidencia del déficit es el efecto de las bonificaciones o las reducciones sobre el sistema de Seguridad Social. Hay que decir que el importe total de reducciones y de bonificaciones en el año 2015 y en el año
2016 ha sido similar al que existía en el sistema en el año 2008, en el año 2009 o en 2010. El valor de las reducciones refleja una cierta evolución al alza, pero el efecto combinado de bonificaciones y reducciones ha supuesto en estos últimos años
un efecto muy positivo en cifras de empleo. En el año 2009 se dedicaron 3.092 millones en bonificaciones y reducciones, con el resultado de una destrucción de 1.132.726 afiliados; en el año 2010 se dedicaron 3.146 millones con el resultado de una
pérdida de más de 540.000 afiliados; en el año 2011 se dedicaron 3.204 millones de euros, con el resultado de una pérdida de 225.000 afiliados. Sin embargo en el año 2015 se aportaron 3.371 millones, con el resultado de 459.000 afiliados más. Y
en el año 2016 se han destinado 3.486 millones de euros, con el resultado de 540.655 afiliados más. Pero lo que realmente supone menores ingresos es el conjunto de medidas implantadas en el sistema desde hace mucho tiempo, y que sí suponen una
minoración directa de esos ingresos; medidas que si bien no son reducciones en sentido estricto sí pueden considerarse como menores cotizaciones, por valor de más de 1.064 millones de euros, en su mayor parte ubicadas en el sistema especial
agrario. Por tanto, sumando reducciones en el sistema y menores cotizaciones, fundamentalmente en estos sistemas específicos, la cantidad destinada a este objetivo en 2016 ascendería a 3.035 millones. Nuestro compromiso, y hemos solicitado que sea
discutido y compartido en el Pacto de Toledo, es que estas reducciones sean ahora sustituidas progresivamente por bonificaciones para conseguir, cuando ya hay consolidación de esa creación de empleo, que el sistema de Seguridad Social obtenga el
máximo de ingresos posibles por esa vía.


También hemos dedicado importantes esfuerzos a la puesta en marcha de figuras de contratación como las tarifas planas. De ellas permanece en vigor la tarifa plana de 50 euros para autónomos, que queremos ampliar. Es importante señalar que
el número de autónomos que se han beneficiado de esta tarifa ha sido realmente muy importante, y en estos momentos está en vigor para 358.176 autónomos. Con la reforma fiscal y las medidas de cotizaciones, lo que perseguimos es reducir la cuña
fiscal de la tributación directa, importante y diferencial en España, atendiendo así una de las recomendaciones específicas formuladas por la Comisión Europea a España en años anteriores.


Ya hemos señalado que el déficit es reflejo del importante esfuerzo social que hace el sistema, cuyo retorno en términos de estabilidad y de cohesión social es inmenso, y ha permitido que entre diciembre de 2011 y marzo de 2017, en la etapa
de Gobierno popular, se haya incrementado el número de pensiones en el sistema en 603.121, casi un 7% . Desde que gobernamos se pagan ya 600.000 pensiones más que cuando llegamos. El incremento de la nómina mensual de pensiones contributivas
también ha tenido un incremento del 20,79% , hasta alcanzar los 8.684,50 millones de euros. El incremento de la pensión media del sistema ha crecido en un 13,4% en este periodo. La pensión media de jubilación ha crecido en un 14,68. La pensión
media de las nuevas altas de jubilación ha crecido el 11,08. La pensión media de las jubilaciones anticipadas alcanza los 1.565,55 euros. El incremento cualitativo también se valora en el número de pensiones con complemento de mínimos, que en el
año 2011 eran el 27,6 del total y hoy son el 25,8; es decir, unos 2,44 millones de personas.


El esfuerzo también se ha producido en el incremento de la protección social de muchos colectivos, becarios, empleo del hogar, tiempo parcial o trabajadores del mar, con acuerdos sociales y con leyes con gran respaldo social y político. Con
el incremento de prestaciones, por ejemplo, con el convenio especial de discapacidad o la implantación del complemento de maternidad, un complemento que hoy llega a 198.806 mujeres, de las 350.956 altas iniciales de pensión reconocidas a las mujeres
desde el 1 de enero de 2016. El importe medio de ese complemento es de 56,50 euros al mes. Resulta llamativo a veces la escasa atención que se da a un incremento de pensión de hasta el 15% , probablemente el mayor incremento de pensión porcentual
de la historia a ningún colectivo que, insisto, llega hoy a casi 200.000 mujeres en nuestro país.

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Los recursos del sistema, señorías, provienen básicamente de las cotizaciones sociales, esa contribución de empresas y de trabajadores debe ser justa, equitativa, y debe ser respetada y atendida. Las prácticas destinadas a evitarla, a
minorarla o a desatenderla son incompatibles con la sostenibilidad, y esta debe preservarse y garantizarse. Creo que hay margen para trabajar en ello, en la lucha contra el fraude, en el Pacto de Toledo. También hemos ofrecido un acuerdo en el
ámbito del diálogo social, por supuesto en el ámbito de la Comisión del Pacto de Toledo, para desarrollar un calendario de adecuación de las bases de cotización en el sistema de Seguridad Social, porque son, además de un instrumento sólido y básico
de contributividad, un mecanismo de clarificación del elemento de solidaridad que queremos aplicar en el sistema. Delimitar qué espacio de solidaridad queremos que tenga nuestro modelo de pensiones contributivo debe ser una convención adoptada por
todos, qué esfuerzo contributivo debemos hacer y qué relación ha de existir entre la contributividad y la solidaridad. En nuestro sistema de Seguridad Social la relación entre la base máxima y la base mínima es de 4,5. La relación entre la pensión
máxima y la mínima es de 4,3; y la pensión máxima es en estos momentos el 80% de la base máxima de cotización. El 92% de los asalariados tiene una remuneración inferior al tope máximo, solo el 8% la tiene superior. Esa relación que ha de existir
entre la contributividad y la solidaridad también ha de definir básicamente en qué medida la pensión máxima ha de ver reflejada esa relación. Es importante destacar que tenemos un número de cotizantes por base máxima que a 31 de diciembre era de
1.149.365 personas. La evolución del número de personas con pensión máxima ha pasado a 267.616, que son el 2,82% del conjunto de pensiones en nuestro país. Pero es un número que ha crecido el último año al 13,8% . En todo caso esa relación entre
la evolución de las bases de cotización y la posible evolución también de la pensión máxima como mecanismo de contributividad debe ser acordada, si es posible, en el marco del Pacto de Toledo, en el marco del diálogo social y con la colaboración de
todos.


Señorías, hoy gastamos en pensiones 44.000 millones más de lo que gastábamos a finales del año 2007. En la última década hemos pasado de los 91.458 millones previstos en esas cuentas de 2007 a los que se estimaron para 2016 y a los
liquidados, que han ascendido a 134.166 millones de euros. Es un gasto importante, significativo, es un gran esfuerzo social que hace nuestro país para proteger más y mejor a los pensionistas de toda condición que protege el sistema. Las reformas
que se han realizado buscan hacer posible esa extensión de la cobertura, garantizar la sostenibilidad, y la suficiencia de las pensiones tiene que ser compatible con los intereses del resto de la población. Para repartir es necesario, primero,
crear riqueza, empleo retribuido de la mejor manera posible y una transferencia de renta bien diseñada, que no desincentive el crecimiento ni la creación de empleo. El Gobierno desea un acuerdo amplio sobre esta materia, y tenemos un mandato legal
para ello, e insisto en que no solo se basa en la conveniencia de allegar más recursos al sistema, sino también de acordar los espacios de contributividad y de solidaridad que han de definirlo en los próximos tiempos, porque ante cualquier
estrategia de reforma es importante establecer cómo hacemos recaer sobre cada generación el ajuste de prestaciones o el aumento de la imposición necesarios para equilibrar la situación financiera del sistema de pensiones en cada momento, cuántas
generaciones tienen que enfrentar ese ajuste y hasta qué punto queremos utilizar las pensiones como instrumento para actuar sobre la desigualdad intrageneracional.


Hemos señalado el compromiso de ir avanzando de forma progresiva en la conversión de las reducciones, en la cotización y en bonificaciones a la contratación, con el consiguiente reequilibrio de esfuerzos en ambos ámbitos, una vez que el
empleo va consolidando el crecimiento. Podemos ir definiendo esa conversión e ir allegando así recursos adicionales a la Seguridad Social por la vía de mantener los tipos de cotización, pero al mismo tiempo incrementar la cotización efectiva
recaudada. Tenemos espacios para ir acordando esos avances y creo que estamos convocados a conseguir un acuerdo global en esta cuestión. Hemos hecho ya la conversión de esas reducciones, por ejemplo, en materia de garantía juvenil, con la
conversión a bonificaciones de las reducciones aplicadas en ese ámbito. En este proyecto de presupuestos incorporamos también la conversión en bonificaciones de esa reducción del 50% de la aportación empresarial por contingencias comunes durante el
periodo en que la trabajadora, normalmente, permanece en el puesto de trabajo al que es destinada para evitar el riesgo durante el embarazo o la lactancia natural, así como en los supuestos de enfermedad profesional. Somos partidarios de hacer más
explícito el tipo que sería necesario aplicar para garantizar cada una de las prestaciones. Saben que el tipo medio actual de aplicación en el sistema de Seguridad Social es el 28,30, pero seríamos partidarios de estudiar con todos los grupos una
delimitación de cuáles serían los tipos para cada una de las prestaciones, lo que haría más transparente el sistema y permitiría conocer con más eficacia cuál es el esfuerzo requerido para conseguir el equilibrio en la jubilación, en la incapacidad,
en la viudedad, en la orfandad o en el favor familiar.

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Hay espacios para avanzar en la equiparación de regímenes. Por eso es necesario avanzar con prudencia en algunos de los debates que se están realizando de forma paralela al propio Pacto de Toledo en sede parlamentaria. Hemos puesto en
común con los agentes sociales los desequilibrios que se producen en los diferentes regímenes del sistema de Seguridad Social; la dirección correcta es tomar decisiones para irlos equilibrando y no para profundizar en desajustes que provienen sin
duda de decisiones justificadas históricamente, pero que no dejan de ser un cierto resabio de inequidad. La relación entre el saldo anual, ingresos contributivos y gastos contributivos, de cada uno de los regímenes respecto al total del sistema, en
relación con lo que suponen los afiliados de cada uno ellos, en relación con el total de los afiliados, expone a veces de forma muy clara los instrumentos, muchas veces inadecuados, usados para resolver problemas o superar determinadas
circunstancias en diferentes sectores de actividad. Creemos por tanto que hay elementos para avanzar significativamente en acuerdos de mejora que permitan allegar nuevos ingresos al sistema de Seguridad Social. Es importante destacar el respaldo
enorme que el sistema de reparto tiene entre nuestra ciudadanía. Es inequívoco el respaldo de los españoles a una Seguridad Social de reparto y pública, la única capaz de garantizar una cobertura amplísima, una garantía frente a las muy diversas
contingencias, y un nivel de retorno y de seguridad imposibles de igualar por otros procedimientos. Además su modelo institucional goza de aprecio y reconocimiento generalizado, y la crisis ha puesto de manifiesto el relevante papel de esta red de
seguridad para muchos millones de personas. Necesitamos por tanto un nuevo acuerdo en el Pacto de Toledo que atienda a las diferentes necesidades del sistema, que permita trabajar en la definición de un modelo institucional para el futuro, en los
instrumentos que aseguren su adecuada financiación, en los procesos de convergencia de regímenes superando diferencias no justificadas, en la adaptación del sistema a nuevas realidades laborales y sociales, en la adecuada determinación de los
espacios de contributividad y de solidaridad que deben determinarse socialmente, en la puesta al día de los recursos protectores, de las prestaciones y de sus potenciales beneficiarios, en la revisión de los mecanismos de la lucha contra el fraude,
en el impulso a la coordinación con otros sistemas protectores, sociales y sanitarios, en el análisis de la evolución de los propios sistemas de Seguridad Social en la Unión Europea y en el mundo, en la profundización de la superación de la brecha
de género, en la mayor permeabilidad entre la condición de activos y pasivos, con nuevos incentivos a la prolongación de la vida laboral y en la promoción del envejecimiento activo, en la determinación del esfuerzo contributivo necesario para cada
prestación y en la revisión de la vulnerabilidad, de la infraprotección y de la inequidad, y por supuesto en avances en transparencia, en información y en seguimiento del sistema.


Señorías, ahora es tiempo para debatir, para aproximar y para acordar. El Pacto de Toledo tiene, como ha tenido siempre a lo largo de su existencia, una alta misión; el Gobierno y esta secretaría de Estado en particular se pone a su
disposición para respaldar en lo posible, para ayudar técnicamente en sus análisis y para facilitar cuantos instrumentos sean precisos a ese servicio.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Vamos a iniciar la participación de los diferentes grupos parlamentarios.


En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Perea por quince minutos.


La señora PEREA I CONILLAS: Gracias, presidenta.


Una consideración previa antes de comenzar. Usted ha manifestado que se ha llegado a un acuerdo en sede del Pacto de Toledo en cuanto a temas de bases de cotización. Nos ha parecido entenderlo así. (El señor Secretario de Estado de
Seguridad Social, Burgos Gallego: Lo proponemos). ¡Ah! Que proponen.


La señora PRESIDENTA: El señor secretario de Estado está dando ideas; a partir de ahí nosotros haremos lo que consideremos oportuno.


La señora PEREA I CONILLAS: Me parece bien. Lo digo porque lo he comentado con la portavoz de Podemos y lo habíamos entendido como que se había llegado a un acuerdo, más que nada porque nosotros no estábamos.


La señora PRESIDENTA: Era complicado, porque no nos hemos reunido ni una sola vez, y todavía el Espíritu Santo no nos ilumina.

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La señora PEREA I CONILLAS: Señora presidenta, usted sabe que a veces el Espíritu Santo y las Vírgenes vienen, no en el caso de los socialistas que no creemos en el tema.


La información que se ha manejado, en el caso de este grupo, se ha obtenido considerando el nivel contributivo y las partidas presupuestarias en términos de derechos y obligaciones reconocidos. En concreto, en el estudio que hemos
realizado, hemos hecho un balance de los resultados de la ejecución presupuestaria de los ingresos que financian las prestaciones de carácter contributivo, así como el nivel contributivo en el supuesto de los gastos. Del análisis de derechos
reconocidos por las operaciones corrientes resulta que estas ascendieron a 109.322 millones de euros. Estamos hablando de un incremento en cotizaciones de un 2,93% , en tasas e ingresos hay una disminución de un 12,17% , en las transferencias
corrientes hay un incremento de un 8,8% y los ingresos patrimoniales tienen una disminución del 24,15% . Los derechos reconocidos por cotizaciones en 2016, al sumar la cifra de 102.491.000, supusieron el cumplimiento de las previsiones
presupuestarias de un 88,29% de aquello que presupuestaron ustedes. Resulta que el cumplimiento es, en la versión de los ingresos, de un 88,29% .


En el nivel contributivo las obligaciones reconocidas son de 123.945 millones de euros. El grado de cumplimiento en el caso de las obligaciones sería de alrededor de un 99,9% , como no puede ser de otra manera. Esto nos lleva a un déficit
que no es el que ustedes declaran de 18.000 millones, sino que resulta, según los datos —y hablo de contributividad—, de 19.161 millones, superior en 1.917 millones respecto al año 2015, que cerró con una cifra de 17.244 millones. Si esto es así
los números que usted nos está facilitando demuestran que en cuanto a contributividad —a pesar de que usted ha dejado deslizar que no solo sirven las prestaciones contributivas, ingresos y gastos, sino que hay que valorar todo el sistema— hay un
desfase de casi 20.000 millones de euros. Estamos hablando de un déficit en el sistema, y no quiero alarmar a nadie, pero es que son los números que se nos han facilitado y que podemos corroborar cuando usted quiera. Se ha incrementado este año
2016 en un 11,1% .


La evolución de los ingresos por cotizaciones sociales no guarda la relación que debería tener con el crecimiento de los afiliados cotizantes a la Seguridad Social. En diciembre de 2016, por comparación con diciembre de 2011, había del
orden de 619.133 cotizantes más. Es decir, a pesar de haber más cotizantes que en el año 2011, lo cierto es que se ha recaudado menos. Decíamos que la recaudación estaba en 103.516 por cotizaciones sociales correspondientes a 2016. Si quiere le
repito las cifras, no tengo inconveniente, pero estamos hablando de que estas cifras —y así usted lo ha reconocido, creo haber entendido— aún están por debajo de las obtenidas en el año 2011, periodo en el que se registraron 105.311 millones de
euros.


Aquí me gustaría hacer un apunte, porque el día 9 de enero tuvimos la sorpresa de que la ministra anunció una recaudación récord en la Seguridad Social de 117.250 millones de euros. Claro, en ese momento hicimos una nota de prensa, incluso
una pregunta a la ministra, porque no nos cuadraban los números, y ahora confirmamos que aquellos 117.000 millones de euros, que eran por cotizaciones, no son ciertos y que el resultado ha acabado siendo de 103.516. No sé si la ministra nos podrá
aclarar esto o incluso usted, no sé de dónde puede haber deducido este importe, ya que de la liquidación no se desprende que fueran 117.000. En el caso de que los datos fueran falsos o erróneos estaría por ver quién se los facilitó a la ministra,
no creo que fuera usted, ya que le considero un profesional de solvencia.


La brecha entre la evolución de los ingresos y los gastos en el transcurso del año 2016 fue evidente, ya que si bien el incremento interanual de los ingresos fue de 2.501 millones, los gastos se incrementaron en 4.580 millones. Con estos
datos se comprueba que, equiparando los dos resultados, el crecimiento anual del gasto en prestaciones contributivas casi duplica el incremento que tiene lugar por ingresos.


Señor secretario de Estado, no dejan de decir —usted y la ministra— que ahora se pagan más y mejores pensiones, y yo le digo que estoy segura de que usted hace el seguimiento de las comparecencias que se realizan en el Pacto de Toledo, y
cuando vino el representante de Cáritas dijo que en este momento había 4,5 millones de pensionistas por debajo del umbral de la pobreza. Lo digo porque a la hora de hacer estas afirmaciones tan contundentes y tan flamantes se olvidan de decir cuál
es el número, y estamos hablando de 4,5 millones de pensionistas que viven por debajo del umbral de la pobreza.


Efectivamente llevamos denunciando este empeoramiento de la recaudación desde el año 2012. Lo dijimos ya con la reforma laboral que se llevó a cabo y que ha precarizado el empleo y evidentemente las cotizaciones, ya que el aumento de estas
cotizaciones no ha dado lugar, como sería lo lógico, en una correlativa mejoría de la recaudación de las cotizaciones, pudiendo calificarse este hecho de una grave anomalía que solo puede explicarse por la concurrencia de varios factores como la
negativa evolución

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salarial de los últimos años o el uso de recaudación de naturaleza contributiva para financiar actuaciones ajenas a la Seguridad Social, como son, por ejemplo, los estímulos a la contratación bajo la fórmula de reducciones a las cuotas.


Aquí quiero hacer un paréntesis, porque usted ha hecho una manifestación que raya con la falsedad. Usted ha dicho que se pagan las mismas reducciones y bonificaciones que en el año 2011, y yo eso se lo niego. Ustedes están pagando mayores
reducciones que bonificaciones a lo largo de estos años, porque las reducciones son las que se imputan contra la Seguridad Social, a diferencia de las bonificaciones. Y cuando quiera lo comprobamos. Son mayores las reducciones, han supuesto
mayores gastos para la Seguridad Social que las bonificaciones. Estoy segura de que usted conoce un informe del ministerio del año 2009 que dice que, en tasas tan elevadas de paro, las bonificaciones son inocuas; es decir, no tienen ninguna
traslación. De ahí que cuando usted manifiesta que se ha creado empleo por esas bonificaciones o reducciones lo pongamos en cuestión.


Señor Burgos, hablamos un año más de un déficit de estabilidad presupuestaria que llega casi a los 20.000 millones de euros, con un Fondo de Reserva que usted recordará que estaba en 68.000 millones de euros, y que en este momento quedan
poco más de 15.000 millones. A ello debemos añadirle, que creo que no lo ha dicho, el fondo de contingencias profesionales de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, con una disposición de 8.621 millones de euros, hecho que agrava la
situación financiera del sistema. Ante la situación planteada creemos que urge por parte del Gobierno la adopción de medidas urgentes, no esperando a las recomendaciones del Pacto de Toledo, que ya llegarán. Hoy hemos estado en un debate donde
hemos puesto en común los puntos de acuerdo y son la gran mayoría, incluso hasta con su representante del Partido Popular, que ha manifestado que la suficiencia de las pensiones era en términos similares a sagrada. Urge que este Gobierno adopte ya
medidas, considerando que el Fondo de Reserva, que le ha servido de colchón a lo largo de estos años, ha desaparecido. Por tanto, estamos aquí con 20.000 millones de euros de déficit de 2016, ¿y ahora qué, si no tenemos el Fondo de Reserva?


Les acabo de demostrar que el déficit ya no es de 18.096 millones, sino que es superior. No quiero ser alarmista, sencillamente son los datos. Nosotros los socialistas tenemos claro —y el resto de grupos supongo que también— que los
artículos 40 y 51 de la Constitución garantizan el pago de pensiones; no hablamos de eso; eso está garantizado; ese no es el tema. El asunto es qué sistema de protección social vamos a dejar a los que vengan en el futuro. Si continuamos con su
reforma del 2013 que va a llevar a una depauperación del sistema, me gustaría saber si usted cree que hemos de mantener ese factor de sostenibilidad que va a suponer una pérdida de poder adquisitivo y una reducción de las pensiones en 2019; si
hemos de mantener ese IRP que, con inflación negativa, no ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo, pero que ahora que tenemos inflación positiva ya sí lo va a suponer, junto con el copago farmacéutico, que llevamos cinco años de pérdida de 5
puntos poder adquisitivo desde que lo pusieron ustedes. Me gustaría conocer si ustedes continúan en esa tesitura o están en que hay que recuperar el poder adquisitivo de los pensionistas.


La diversidad de medidas —usted lo ha mencionado— en enero y febrero demuestran un incremento de la recaudación, y creemos que un punto de esa recaudación proviene del salario mínimo interprofesional, que se subió un 8% , aunque me dicen los
técnicos que puede ser que un punto proceda de esa mejora de recaudación al 8% del salario mínimo y el incremento de las bases de cotización del 3% . A pesar de eso, continuamos con el desfase; es decir, el gasto es superior al ingreso. El
problema del sistema es de ingresos, por mucho que el Gobierno no lo quiera reconocer, y de imputar gastos que no le corresponden como son los del capítulo de personal o el de gastos corrientes, o como ya hemos dicho, el de políticas activas. Nos
gustaría saber dónde han acabado imputando las políticas activas de empleo, porque la ministra reconoció que acabarían siendo a cargo de los Presupuestos del Estado, pero no hemos tenido tiempo de averiguar dónde están imputadas.


En cuanto al informe del Fondo de reserva, poco más queda que decir que quedan 15.000 millones. ¿Piensan disponer de ese Fondo de reserva? Porque por lo que nos llega, parece que hay voces discrepantes dentro del propio Gobierno, donde
unos dicen que sí y otros que no. En cualquier caso, me gustaría saber a qué van a destinar ese préstamo de 10.000 millones de euros del que usted ha hablado, ¿al déficit de 2017? Porque si es así, están pagando también gastos de personal y gastos
corrientes como agua, luz o suministros como la limpieza de los equipamientos. Nos gustaría saber si ustedes están pagando con el préstamo nóminas de los trabajadores. Si, como ya hemos dicho, el Estado es el responsable de pagar estas
prestaciones, no entendemos por qué no hay transferencias directamente desde el Presupuesto General del Estado al sistema, en lugar de crear un préstamo. Nos gustaría saber

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técnicamente el porqué del préstamo. ¿Es porque quizá no computa como déficit y de esa manera los números salen mejor para Europa? ¿Nos estamos haciendo trampas en el solitario? Me gustaría saberlo porque es lo que parece.


Voy acabando. Lo cierto es que la situación del déficit —lo neguemos o no, pasemos de puntillas o no o creemos alarma social o no— está creando un estado de opinión, y hoy los medios de comunicación recogían este planteamiento. Los
titulares son: Las pensiones se disparan en 4.200 millones de euros hasta un 40% del gasto. Pensiones, deuda y paro absorben el 55% de las cuentas públicas. La mayor recaudación se fía al crecimiento. Hay un préstamo para las pensiones... Le
podría decir todos los titulares de cada uno de los medios de comunicación. El de ABC es mejor, pues dice: Un préstamo de 10.192 millones salvará la hucha. Mire, esto no va así. El Grupo Socialista tiene muy claro que las medidas que se han de
adoptar en ningún caso pueden acaban redundando en mayor coste en la Seguridad Social, y si tenemos un préstamo me gustaría saber quién va a pagarlo, ¿los cotizantes?, ¿los trabajadores? Esto nos preocupa.


Usted ha planteado que, desde el ámbito del Pacto de Toledo, tenemos que adoptar unas medidas a medio y largo plazo. Como usted es del Partido Popular y está en el Gobierno, nos gustaría saber si se va a crear mayor déficit, teniendo en
cuenta las tasas de ingresos y gastos que todavía no cubren en enero y febrero. Si estamos hablando de eso, señor Burgos, ¿cómo va a cubrir el déficit del año 2017? Porque en tasas de crecimiento que no redundan en cotizaciones a la Seguridad
Social se va a volver a generar un déficit en el año 2017.


La señora PRESIDENTA: Señora Perea...


La señora PEREA I CONILLAS: Voy acabando no se preocupe.


La señora PRESIDENTA: Señora Perea, le recuerdo dos cosas: una, que se está acabando su tiempo, si es que no se ha acabado; y dos, que las preguntas sobre los Presupuestos de 2017.


La señora PEREA I CONILLAS: Disculpe, presidenta. No, perdone.


La señora PRESIDENTA: ¿Me deja usted hablar, por favor?


La señora PEREA I CONILLAS: Sí.


La señora PRESIDENTA: En cuanto a las preguntas sobre los Presupuestos de 2017, él déficit o el superávit de 2017, o cualquier tipo de pregunta que quiera usted hacer respecto al año 2017, le recuerdo que después de Semana Santa tendrá
lugar la comparecencia del propio secretario de Estado para hablar concretamente de eso. Por lo tanto, vamos a hablar de 2016 y, se lo digo, además porque su tiempo ya ha finalizado.


La señora PEREA I CONILLAS: Quien ha sacado los datos de 2017 ha sido el secretario de Estado, que ha dicho que, en enero, febrero y marzo la recaudación había incrementado. (La señora presidenta hace gestos negativos). Vamos a la
transcripción, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Eso sí.


La señora PEREA I CONILLAS: Lo que quiero saber es si las tasas de crecimiento continúan sin superar los ingresos...


La señora PRESIDENTA: Señora Perea, está usted preguntado por los 10.000 millones de préstamo...


La señora PEREA I CONILLAS: Presidenta, por favor, le estoy preguntado por todo.


La señora PRESIDENTA: Pero es que ha acabado su tiempo, y le sugiero que hable del asunto en el que estamos y no de 2017 y de los presupuestos de 2017.


La señora PEREA I CONILLAS: Presidenta, estamos en el Pacto de Toledo. En aras de la transparencia, le pediría al señor secretario de Estado que me conteste.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Si va a tener tiempo de transparencia dentro de muy poco.

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Muchas gracias.


El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea va a dividir su tiempo en dos portavoces. En primer lugar, tiene la palabra la señora Vidal. Tienen un tiempo de siete minutos y medio cada uno.


La señora VIDAL SÁEZ: Es curioso, señor Burgos, porque viene usted aquí sacando pecho, nos habla de recuperación, de mejora e incluso de éxito de sus medidas, pero lo que demuestran, a nuestro entender, es una cierta falta de sensibilidad y
su desconexión en lo social. Dice el refranero que cuando el sabio apunta al cielo, el tonto mira al dedo. Pues ustedes hacen largas a ver si así nos deslumbramos y nos distraen un poco de las consecuencias de sus políticas, como que sus reformas
han disparado al corazón de la Seguridad Social, que no han hecho nada para evitar que la Seguridad Social vuelva otra vez a cerrar con déficit, y que, por séptimo año consecutivo, los presupuestos vuelvan a tener una previsión de déficit. Unos
presupuestos, por cierto, que ahondan en la pérdida de poder adquisitivo, que fomentan la inseguridad entre los pensionistas, que consolidan el racionamiento del Fondo de reserva y que olvidan, de nuevo, la suficiencia.


Hoy vienen sacando pecho porque los resultados que han obtenido no son tan malos como ustedes mismos esperaban. El cierre es un 0,08% superior a la previsión, todo un lujo, todo hay que decirlo. Escuchándole, si una no pone bien la oreja,
podría perderse el hecho de que no solo no estamos bien, sino que en cifras absolutas vamos a cerrar con 18.700 millones de déficit. Si tuvieran un poco de decoro no se les ocurriría poner al lado de tal situación la palabra mejora, y se centrarían
más bien en solucionar qué está causando tal agujero en lugar de emplearse en maquillarlo. La Seguridad Social cierra el ejercicio de 2016 con un saldo negativo del 1,67% del producto interior bruto. Sin embargo, señor Bruto (Risas y rumores).
Perdóneme, señor Burgos —a tanto no quería llegar, perdóneme; me reconocerá que tiene su gracia—, detrás de los números hay personas y, más allá de cifras, hablamos del bienestar y del malvivir de muchísimas personas, y puede que si tuvieran
ustedes más presente el factor humano no harían hoy expresiones tan triunfalistas. La evolución del número medio de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social llegará a niveles de 2010, pues son 17.200 afiliados y afiliadas, lo que es una lenta
recuperación, si me permite decirlo así; lenta y con unas diferencias por grupos de edad tremendas, cuanto más mayores son nuestros pensionistas, más pobres y vulnerables son. Además, las nuevas pensiones crecen poco y eso es consecuencia también
de la crisis, de los bajos salarios, pero también, cómo no, de sus reformas.


Es imprescindible que se revaloricen las pensiones, de no hacerlo estas pueden perder en muy pocos años un porcentaje de poder adquisitivo totalmente insostenible. Y alerta con la brecha de género, pues la diferencia entre las pensiones de
hombres y mujeres es absolutamente demencial, unos 300 euros menos al mes hasta los 70 años, y a partir de esa edad la brecha crece aún más y llega a ser de unos 400 euros al mes menos que sus compañeros.


Señor Burgos, evalúan ustedes la ejecución presupuestaria de la Seguridad Social como si dieran cuentas a la troika por el artículo 135, y se olvidan de un artículo que nosotros entendemos especialmente importante, que es el 41, aunque usted
lo haya mencionado hoy. Es un artículo donde no solo exhorta a los poderes públicos, en este caso, a mantener un régimen público de Seguridad Social, sino que les genera una responsabilidad para garantizar la asistencia y las prestaciones
suficientes. Y de nuevo le recuerdo —porque para nosotros es imprescindible— la palabra suficiencia, esa gran olvidada también en las últimas reformas, que solo se han centrado en el equilibrio presupuestario, como si esto fuera un librillo de
cuentas y que lo único que les preocupa es que el resultado sea cero. Y no, también importa que nuestros pensionistas tengan una pensión que les llegue para pagar la luz, el alquiler o para llenar la nevera. Con ustedes en el Gobierno la situación
de los trabajadores y las trabajadoras, y la de los que están sin trabajo también, ha empeorado paulatinamente; dicen que ha descendido el gasto en materia de desempleo, pero se olvidan de que las causas de ese descenso son: la reducción de las
cuantías de las prestaciones y el hecho de que cada día que pasa haya más personas desempleadas que ya no perciben ningún tipo de presentación, y cada día hay más personas en esta situación.


Ustedes se han dedicado a recortar prestaciones y ayudas en el momento en el que más se necesitaban, han recortado en protección y en derechos. A ustedes no les importa en absoluto que crezca la pobreza entre los ciudadanos, lo único que
les preocupa es el déficit. De los cerca de 9,5 millones de pensionistas que tenemos en España, 6.391.000 cobran menos de 1.000 euros, el 67,52% , según sus datos; y, de estos, más de 4 millones son mujeres, el 82% , una auténtica barbaridad.
Nuestros pensionistas son mayoritariamente pobres, o muy pobres, y como no teníamos suficiente, sus reformas

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nos condenan a perder poder adquisitivo de por vida. Supongo que para ustedes nuestros abuelos y abuelas son personas cien por cien activas, de hecho, usted lo describía —y me encanta ese término— como envejecimiento activo. Entienden
ustedes que están a punto para volver a trabajar y por eso quieren compatibilizar al cien por cien pensión y trabajo.


Su Gobierno no solo ha apartado la vista del problema de la suficiencia de nuestras pensiones, sino que lo ha agravado con una agresiva reforma laboral que compromete las pensiones de los actuales trabajadores y trabajadoras. La supresión
de los subsidios para mayores de 52 años, por ejemplo, y el recorte de los subsidios de mayores de 55, provocan una disminución drástica de la cuantía de las pensiones de jubilación de estos trabajadores y trabajadoras, y esto solo es un ejemplo.


Señor Burgos, no hay sostenibilidad del sistema público de pensiones sin un cambio radical en el modelo del mercado de trabajo; con precariedad y competitividad basadas en bajos salarios no hay futuro alguno. ¿Qué pensiones podremos tener
con los actuales salarios? Porque lo cierto es que desde que ustedes están en el Gobierno, la nueva contratación, la indefinida, no ha llegado a suponer ni un 6% , y la temporal supera el 90% , ¿qué pensiones cree que nos van a quedar a los
actuales trabajadores y trabajadoras gracias a su maravillosa reforma laboral? No es suficiente con que crezca la recaudación por cuotas porque, pese a que el préstamo del Estado a la Seguridad Social este año es importante, es imprescindible
abordar nuevas formas de financiación porque lo que hoy es un parche para cuadrar sus presupuestos, mañana puede ser la gran coartada para justificar un nuevo hachazo a las pensiones, porque ya les conocemos. Y los ingresos deben ser analizados
desde la perspectiva de la calidad de la ocupación, del nivel de cobertura, y, cómo no, de la tasa de reposición. De no hacerlo así, lo que hacemos es falsear las cuentas y la realidad, que es lo que interpreto que intentan hacer ustedes.


Hablaba usted del efecto de las bonificaciones, y discrepamos tanto de los efectos como de sus bondades, y no solo nosotros, no estamos solos en eso. Algunos de los comparecientes que han pasado por esta Comisión las han llegado a tildar de
versos muertos. Y usted hoy ha dicho que las queremos ampliar, a mí me sorprende esta declaración y le quiero preguntar: ¿de dónde van a sacar el dinero para esta ampliación?, ¿lo van a seguir manteniendo de las cuotas de los trabajadores y
trabajadoras o van a hacer una captación vía Presupuestos Generales? Me interesaría saberlo, la verdad.


Dicen que miremos al dedo, pero si una levanta la vista y mira al cielo, lo que vemos es que la vida de un trabajador o de una trabajadora en este país, tenga o no empleo, es bastante peor y mucho más difícil gracias a ustedes. Adopten
medidas urgentes ya de mejora de los ingresos para garantizar el equilibrio financiero, la suficiencia de las pensiones y una reorganización que mantenga su poder adquisitivo, y deroguen, por favor, su maldita reforma laboral, que, a día de hoy, ya
ha hecho suficiente daño. Lo cierto es que el sistema de Seguridad Social es fuerte y, buena prueba de ello, es que les ha sobrevivido hasta a ustedes.


Le paso la palabra a mi compañero.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: La palabra se la paso yo. Señor Montero, tiene usted la palabra.


El señor MONTERO SOLER: Muchas gracias, presidenta.


Bienvenido, señor Burgos, y agradecido por su presentación prolífica y de la que ha dado tiempo a tomar pocas notas. Yo no voy a entrar en el detalle de los datos, me sorprende el desfase al que aludía la señora portavoz del Grupo
Socialista, porque es difícil y de tontos hacer trampas con los números por delante, por lo que me sorprende eso y luego trataré de ver por dónde van los tiros.


Sobre los elementos que se plantean en términos genéricos, se aprecian distintas cuestiones: una, que se sigue profundizando en el déficit, a pesar de que se viene recuperando el empleo, y no todo es atribuible al incremento en el gasto de
las pensiones. Otra, sorprendente también, es que ustedes no terminan nunca de corregir sus errores en las previsiones de ingresos por cotizaciones; nuevamente hay 12 puntos de diferencia entre lo recaudado y lo presupuestado. Sorprende,
lamentablemente, pero no a la vista de cómo está el mercado, el descenso de las cotizaciones de los desempleados, síntoma de la pérdida de coberturas.


Me engancho a alguna de las afirmaciones que ha hecho usted, donde señalaba algo que me parece esencial: es evidente que, en un sistema contributivo donde los ingresos van a depender esencialmente de cómo se encuentre el mercado de trabajo,
es necesario mirar ese mercado de trabajo para ver qué está ocurriendo y, a partir de ahí, hacer un análisis.

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Ya sé que durante los últimos años de su Gobierno se ha recuperado el empleo, pero lo ha hecho en términos cuantitativos. Y mi preocupación no es la cuestión cuantitativa sino la cualitativa, ¿qué tipo de empleo se está creando? Y no me
vale la respuesta de que para tener empleo de calidad lo primero es tener un empleo, porque el paso de lo cuantitativo a lo cualitativo, si vemos las tendencias de por dónde se está creando empleo, no indican que el empleo vaya a mejorar en su
naturaleza simplemente porque se genere. Por ejemplo, en el último año, el 48% del incremento de la afiliación al régimen de la Seguridad Social se ha producido en el comercio, en la hostelería, en los servicios administrativos y en la
construcción; si esas son las perspectivas de que desde ahí se puede producir una mejora en las condiciones del empleo, tengo mis dudas, sobre todo, si se ve que solo el 15% del incremento de la afiliación —siendo generosos— se ha centrado en
industria manufacturera, donde hay mayores posibilidades por la vía de los incrementos de la productividad, y en actividades profesionales, científicas y técnicas. Es decir, seguimos en un modelo productivo de la misma naturaleza del que veníamos
antes de la crisis, pero con un cambio estructural en el mercado de trabajo marcado por una mayor precariedad.


¿Y por qué le digo esto? Porque menos de la mitad de los afiliados en 2016 al régimen general contaban con un contrato indefinido a jornada completa, el 48% . El 51,6% restante contaba con algún elemento de precariedad, que en algunos
casos puede estar justificado, desde el punto de vista de la producción, actividad temporal que necesita trabajadores temporales, pero que en el resto está marcado por tiempos parciales, por contratos temporales o, lo que es peor, contratos
temporales a tiempo parcial.


Los datos de la EPA nos dicen exactamente lo mismo; es decir, desde el primer trimestre de 2013, cuando nos encontramos en el máximo nivel de paro, al tercer trimestre de 2016, se han creado 1.420.000 empleos asalariados, el 76% de ellos de
naturaleza temporal. Ya sé que el discurso y el argumentario es que más del 70% del trabajo de este país es indefinido, ya lo sé, pero la tendencia indica que se va produciendo una profundización en la temporalidad en nuestro mercado de trabajo de
una forma llamativa. De hecho, la temporalidad ha pasado del 11,1% en 2007 al 15,8% en 2016.


Señor Burgos, me preocupa la precariedad en la contratación. Sé que no es el secretario de Estado de Empleo, pero esto se traduce en impacto sobre las cotizaciones a la Seguridad Social. En 2016 se firmaron 20 millones de empleos, el 91%
de ellos de naturaleza temporal, y solo el 59% de trabajo a tiempo completo. Solo el 9% fue indefinido y, de esos, solo el 5% fue a tiempo completo, el resto fue a tiempo parcial. Es decir, que casi el 95% de los contratos que se firmaron tenían
naturaleza precaria, insisto, en algunos casos justificada y en otros no. Hay una elevada rotación laboral de los asalariados temporales, cada vez más es necesario firmar más contratos para consolidar un empleo, incluso en el ámbito temporal.


Concluyo para no agotar la paciencia y generosidad de la presidenta, cuya tarea es difícil porque la comparto. Cuestiones muy concretas a las que me gustaría respuestas también concretas: ¿Cuál es la lógica del préstamo?, ¿es una solución
coyuntural al déficit estructural de nuestra Seguridad Social en los últimos años y con perspectivas de mantenimiento? Si la lógica es coyuntural, ¿cómo se piensa resolver de cara a futuro? Dos, estará usted de acuerdo conmigo, porque lo ha dicho
y yo lo comparto, como comparto otras cosas, en que los españoles quieren más y no menos Seguridad Social, y que en la Seguridad Social hay dos elementos que son significativos, la sostenibilidad financiera y la suficiencia.


Mi compañera ha hablado esencialmente de suficiencia y yo lo he hecho de sostenibilidad de una forma indirecta. Lo que pasa es que muchas de las reformas que se han producido ponen en cuestión la suficiencia para garantizar la
sostenibilidad, y eso se traduce en menos Seguridad Social y no en más. Por lo tanto, deberemos empezar a pensar cuáles son las reformas necesarias para que suficiencia y sostenibilidad vayan de la mano, porque si no nuestros deseos compartidos de
más y no menos Seguridad Social se verán en tela de juicio.


Por último, el impacto estructural del mercado de trabajo en los últimos años es producto de una tendencia que parece que se va consolidando, ¿cómo valora el impacto sobre la Seguridad Social?, y si cree que las reformas que deberían
plantearse a partir de ahora serán simplemente paramétricas o deberíamos pensar en reformas más profundas para tener más y mejor seguridad, que significa mayor sostenibilidad y mayor suficiencia.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Del Campo.


El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Muchas gracias, señora presidenta.

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En primer lugar, quiero dar las gracias al secretario de Estado por su comparecencia, y felicitar al director de marketing que tenga porque los informes que nos han pasado son maravillosos en verde, hasta cuando hablamos de disposición de
fondos son flechas hacia arriba verdes.


Sin perjuicio de hacer determinadas preguntas sobre las cuentas, quería empezar con una reflexión-pregunta, porque usted cierra las comparecencias del Pacto de Toledo. Hemos visto a muchos expertos, venimos de muchos debates y, el último,
lo hemos tenido hoy a la hora de comer. Hay un debate que es la suficiencia y la sostenibilidad, del que también han hablado los demás compañeros. Nosotros no tenemos ningún problema en decirlo, creo que ustedes hicieron una reforma en 2013 que
iba en la buena dirección, a través del establecimiento de un factor de sostenibilidad que tenía en cuenta la esperanza de vida. Es lógico, estamos en un sistema de Seguridad Social hecho en el siglo pasado que se tiene que adaptar a los cambios
del siglo XXI, la sociedad está cambiando, la demografía también y tenemos que tener en cuenta, a la hora de cobrar la pensión de jubilación, la esperanza de vida. También estamos de acuerdo en que, a la hora de revalorizar las pensiones, hay que
tener en cuenta un índice de revalorización que tenga presentes los equilibrios del sistema, y, por lo tanto, que a la hora de tener en cuenta esa revalorización, contemos con un sistema de Seguridad Social saneado. No obstante, todas esas reformas
que ustedes han hecho como continuación de las que en su momento hizo el Partido Socialista, con la Ley de 2011, que también iba en la dirección de la contención del gasto a largo plazo, chocan con el principio de suficiencia.


Si tenemos en cuenta el actual índice de revalorización de pensiones, y que el sistema está totalmente desequilibrado con un déficit de unos 18.500 ó 19.000 millones de euros, y a eso le sumamos un escenario inflacionista —que es cierto que
hasta ahora no lo hemos tenido, pero todo parece indicar que en el futuro vamos a tener un incremento de la inflación y, por lo tanto, las pensiones de nuestros mayores van a quedarse casi congeladas o con un incremento del 0,25% , que es una cuasi
congelación—, pensamos que ustedes que tomaron la decisión en el año 2013 de establecer este índice de revalorización de pensiones, son —no tienen que descargar en el Pacto de Toledo las decisiones para ver cómo podemos hacer que esas pensiones no
pierdan poder adquisitivo— quienes se tienen que mojar y quienes tienen que tomar decisiones, pues los actuales pensionistas y la gente que está accediendo ahora a las pensiones no tienen margen de maniobra. Lo decía esta mañana en el debate, yo
tengo 35 años, y aquí hay más gente de mi generación. A nosotros sí nos pueden decir que, en el futuro, con unas proyecciones de aquí a 30-35 años, no se nos pague una pensión como en la actualidad se conoce. A mí me lo pueden decir y yo puedo
tomar decisiones de ahorro de cara al futuro, tengo por delante 30-40 años para tomar esa decisión. Pero creo que el mensaje que no podemos mandar a los pensionistas hoy en día, a esa persona que no tiene capacidad de reacción, es que, con este
actual índice de revalorización de pensiones, en el plazo de 15 o 20 años, su pensión se va a ver reducida, su capacidad adquisitiva se va a ver reducida en un 30% .


Por eso le pregunto qué medidas tienen pensadas porque esto les corresponde a ustedes. Y, por otro lado, pienso que ustedes no van a dejar que sea el Pacto de Toledo o que se alargue esto en el tiempo, y seguramente este año tengan que
tomar una decisión al respecto. Me gustaría saber cuáles son las decisiones que tienen pensadas en esa vía.


Para nuestro grupo parlamentario es fundamental equilibrar ingresos y gastos. Se han tomado medidas a través de los gastos, pero creo que se deben llevar a cabo medidas en materia de ingresos. Aquí se ha hablado mucho del mercado de
trabajo, por eso yo intentaré ceñirme solo a medidas en materia de Seguridad Social, porque creo que a usted tampoco le corresponde.


En ese sentido, le quería hacer alguna pregunta. La primera, usted ha hablado de reducciones y bonificaciones, y es verdad que aprobaron un real decreto-ley en el que se trasladaban las reducciones a bonificaciones; es decir, que el pago
de esos beneficios a la cotización se hace a través de impuestos. Pero nosotros pensamos que no solo el pago se tenga que hacer por presupuestos, sino que tenemos que hacer una evaluación, tenemos que ver realmente si esas bonificaciones y
reducciones surten los efectos deseados. Sabemos que, a veces, las reducciones y las bonificaciones que se establecen indiscriminadamente tienen un alto peso muerto, e incluso pueden afectar a colectivos que sí necesiten esas bonificaciones. Por
ejemplo, tarifa plana de autónomos, ya sabe que nosotros tenemos un especial interés por los autónomos. ¿Tenemos informes o alguna evaluación sobre esa tarifa plana de autónomos hasta ahora?, ¿cuántos autónomos continúan con ella?, ¿sabemos qué
se ha ingresado?, ¿qué cotizaciones se han podido ingresar a través de la gente que se ha beneficiado de la tarifa plana? Es una reflexión sobre si tenemos esas políticas de evaluación al respecto.

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En materia de Seguridad Social le quería hacer una reflexión, que también es una de las recomendaciones del Pacto de Toledo, sobre la lucha contra el fraude. En este punto creo que quedan muchas cosas por hacer, y me gustaría que nos dijera
qué medidas tiene previstas su Gobierno al respecto en lo que queda de legislatura. Hemos leído el informe que nos pasaron en la legislatura anterior sobre lo que se ha hecho; es verdad que se han aprobado una nueva Ley de inspección y más cosas,
pero la verdad es que vemos que, por un lado, el número de funcionarios en activo de la Inspección de Trabajo, inspectores y subinspectores, que son los encargados de vigilar el fraude a la Seguridad Social, se ha mantenido constante en los últimos
años, desde el año 2009 —que son las cifras a que se refiere el último informe de la inspección del año 2015— hasta el año 2016. Lo cual no quiere decir que no se hayan incrementado las plazas, que es lo que me va a decir, pero la cuestión es que
en el año 2009 teníamos 1.598 funcionarios en activo y ahora tenemos 1.600. Yo no digo que haya que poner —se lo he dicho alguna vez— un inspector detrás de cada empresa o detrás de cada incumplidor. Sin embargo, si queremos avanzar en la lucha
contra el fraude, algo más tendremos que hacer, y más cuando tenemos informes de la Inspección de Trabajo que dicen que el que mayor incumplimiento y el que mayor trascendencia social tiene de todos es el fraude en materia de Seguridad Social. Por
lo tanto, nosotros pensamos que podemos hablar de muchos tipos de política, pero también estaría bien saber qué cantidad de dinero se nos está yendo por la alcantarilla.


Me gustaría además hacer unas preguntas muy concretas respecto a las cuentas y a los informes que nos han presentado. Usted ha hablado del incremento de las tasas de cotización, etcétera, pero echo de menos algunas cifras: ¿Cuál es la tasa
de recuperación de esas deudas con la Seguridad Social?, es decir, de esos embargos, de esas deudas por cuotas, de esos créditos concursales; ¿qué capacidad tiene nuestro sistema de Seguridad Social de recuperar esas deudas que se generan? Y no
está en esos informes. También nos gustaría saber, y no hemos visto en los informes, qué porcentaje de toda la deuda de Seguridad Social prescribe y no somos capaces de recaudar con los organismos de Seguridad Social. Y, sobre todo, estaríamos
interesados en saber quiénes son esos deudores. Nosotros hemos propuesto en una ley de autónomos volver a unos recargos escalonados anteriores al año 2012, por ejemplo, 5, 10, 15, 20 y el Grupo Parlamentario Popular nos está proponiendo ir hacia un
modelo de recargos del 10, 20 para todo el mundo igual. Quizá el tratamiento no deba ser el mismo para los grandes incumplidores como para los pequeños, y yo no tengo datos, pero sospecho que los mayores incumplidores son las Administraciones
Públicas, y creo que no hay penalizar igual a unos que a otros. No obstante, le digo que me aventuro en algo que no sé porque no tenemos los datos, pero me gustaría tenerlos.


Por otro lado, nos gustaría saber cuál es el montante en la actualidad de lo que no se consigue cobrar en los aplazamientos, también va en relación con la deuda y que tampoco lo hemos visto en sus cuentas.


En relación con las mutuas de gestión de la Seguridad Social —nuevo nombre— nos gustaría saber de dónde vienen y a qué se destinan los excedentes, con un mayor desglose que el que vemos en la actualidad en las cuentas que nos han pasado.
Vimos en la anterior y corta legislatura que la Airef nos hablaba que en la prestación por cese de actividad había un excedente de unos 600 millones de euros, y teniendo en cuenta que estamos hablando del régimen de autónomos con 7.000 millones de
déficit, que en una prestación como esta haya un excedente de 600 millones de euros —por ejemplo, riesgo durante el embarazo y otras—, nos gustaría saber a dónde van esos excedentes.


Por último, hay dos datos que me han sorprendido, y no son de las cuentas que nos pasó usted, sino del libro amarillo que se publicaba ayer, en el que hemos visto que, en la previsión del año 2017, en la partida de gestión y administración
de la Seguridad Social, los recursos presupuestados caen en un 31% en relación con el año anterior.


La señora PRESIDENTA: Señor Del Campo, se lo he dicho antes a la señora Perea, para los temas relacionados con los presupuestos de 2017 en una semana va a tener al propio secretario de Estado para hablar de ellos, del libro amarillo y de lo
que usted quiera. Ahora, a lo que estamos.


El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Perfecto, pero es que me llamaba la atención la caída de un 31% en gestión y administración de la Seguridad Social y quería simplemente que me dijera de dónde viene.


Lo dicho, muchas gracias por su comparecencia y espero que me responda a lo que le he preguntado.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Catalunya tiene la palabra el señor Salvador.

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El señor SALVADOR I DUCH: Gracias, presidenta, por darme la palabra. Gracias al señor Burgos Gallego por haber comparecido y por su exposición.


Yo quiero comentar cuatro ideas o reflexiones que me han impactado. Por un lado, vemos que los datos de ejecución del sistema de la Seguridad Social demuestran una desviación cada vez mayor. En 2012, previsión de ingresos: 106.000;
derechos reconocidos o recaudación, real: 101.000. La diferencia o desviación es de 5.263 millones. En 2013, 7.000; en 2014, 3.600; en 2015, 9.264 millones; y en 2016 hay una previsión de 117.242 millones de euros, y en cambio los derechos
reconocidos o la recaudación real es de 103.516; es decir, una desviación de 13.725 millones de euros. ¿Cómo es que fallan tanto? Porque claro, la diferencia es de 5.000, luego de 7.000, luego de 9.000 y luego de 13.000; cada año que pasa
aumenta la diferencia entre la previsión de ingresos y la recaudación real. Me gustaría saber qué pasa. Pienso que es porque cuando hacían la previsión de ingresos querían maquillar un poco los presupuestos, o quizás porque la precariedad es mayor
de la que pensaban. Sea como sea, me parece una variación muy grande.


Sigo pensando en el mercado de trabajo. Ustedes vienen aquí muy eufóricos, la ministra viene siempre con unos datos fantásticos y los secretarios de Estado también, pero, en cambio, yo he estado mirando la EPA y relacionándola con los
números que antes decía. La EPA de 2013, en la franja de edad de 45 a 60 años, un 12% de temporales, en la de 45 a 60, ya un 15% . De 35 a 45 años, en el 2013 había un 19% de temporales en hombres y pasamos al 22% , y del 22% pasamos al 35% . De
16 a 29 años, teníamos en el 2013 una temporalidad del 53,8% y pasamos al 58% . En mujeres aún es más escandaloso, pues en el grupo de 16 a 29 años se pasa de una temporalidad en 2013 de 55,5% al 62% en el 2016. Yo creo que estos datos tienen un
impacto brutal en la Seguridad Social y hacen que el mercado trabajo sea tremendamente precario. Respecto a la idea repetida tantas veces de que primero hay que tener un empleo y después vendrá la calidad del empleo, yo siempre digo lo mismo, puede
ser que sí, pero puede ser que no, porque si ya tengo beneficios pagando poco, no sé por qué tengo que mejorarlos. ¿No hacen ninguna autocrítica en este tema? Y la segunda pregunta respecto a esto era cómo explica que haya tanta desviación o
diferencia.


Una segunda idea es que el déficit de la Seguridad Social en 2012, fue de 5.000 millones; después 8.000; en 2014, 13.000; en 2015, 16.530; y en 2016 el déficit ya es de 18.701 millones. Es decir, la curva va subiendo. Con esta
velocidad económica de crucero que tenemos, ¿cuándo cree que se va a invertir la curva? De momento va hacia arriba.


Sí que tenemos más afiliados a la Seguridad Social, pero le voy a dar unos datos que me parecen ilustrativos. En el año 2012, las cotizaciones eran de 101.059, las prestaciones económicas a familias e instituciones de 114.000; es decir,
que las cotizaciones suponían un 88% en 2012; en 2013, un 81% ; en 2014, un 80% ; en 2015, un 79% ; y en 2016 estamos en un 78% . La curva aquí va en descenso, y eso también es una tendencia muy ilustrativa para no ser tan eufóricos, para hacer
un poco más de autocrítica y para que nos diga si realmente creen que el rumbo es correcto y cuándo va a cambiar esta tendencia.


Más cosas que me sorprenden. Voy a dar unos datos para que vean cómo la precariedad afecta a las pensiones y cómo es importante el tema de la reforma laboral, del que a veces no quieren que se hable. De pensiones no contributivas, esto es
un índice para saber cómo vamos hacia la pobreza, hacia la precariedad. En 2012 tenemos de pensiones no contributivas 1.995 millones; en 2013, 2.524 millones; en 2014, 9.000 millones; en 2015, 9.559 millones y en 2016, 9.372 millones. De 2012 a
2016 las pensiones no contributivas han aumentado exponencialmente, lo que quiere decir que vamos hacia una sociedad mucho más pobre. En prestaciones familiares, en 2012, 991 millones; en 2013, 1.358 millones; en 2014, 1.742 millones; en 2015,
1.457 millones; y en 2016, 1.493 millones. También las pensiones no contributivas de prestaciones familiares van en aumento. Lo que demuestra, una vez más, la precariedad hacia la que nos dirigimos.


En el tema de la revalorización de las pensiones, cómo le explico yo a un jubilado que está por encima del poder adquisitivo, que hemos mejorado en las pensiones. En el año 2014 subieron un 0,25% , casi congeladas; en 2015, un 0,25% , casi
congeladas; en 2016, 0,25% , casi congeladas; y en 2017, lo mismo. Es decir, en estos tres o cuatro años, un jubilado ha ganado 4 o 5 euros más al mes, y solamente el recibo de la luz ha subido 6 u 8 euros. ¿Cómo le explico esto del IPC, del
índice de revalorización si en cuatro o cinco años he ganado cuatro o cinco euros más y solo en un mes ha perdido ese dinero? ¿Cómo se lo explicaría usted a este jubilado?


En cuanto al tema de las bonificaciones y excepciones, le pido lo mismo que mi compañero y amigo Sergio del Campo; si con este dinero de los cotizantes, es decir, de los trabajadores y trabajadoras,

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estamos bonificando a los empresarios, qué retorno tiene. En cualquier caso, pienso que no debería ser con nuestro dinero, con el que hemos ido cotizando, con el que vayamos impulsando a las empresas. Háganlo a partir de Presupuestos
Generales del Estado si realmente creen que ese es el sistema correcto, pero no a partir de mi dinero, porque yo creo que con mi dinero no se puede jugar, y encima con déficit.


Por último, quería decir al amigo Sergio del Campo que aunque él dice que tiene 35 años y un futuro muy grande para poder ahorrar, no todo el mundo está en su situación. Hay mucha gente a la que le cuesta más ahorrar porque tiene contratos
temporales o a tiempo parcial, etcétera, y le va a ser muy difícil poder hacer un complemento de pensiones o poder ir más allá de las pensiones asistenciales. Daré un dato, en 2016, de los indefinidos, solo el 78,3% son a tiempo completo; y de los
temporales, a tiempo completo, solo un 60,5% . Es muy difícil que podamos ahorrar o pensar en complementar el sistema de pensiones con este tipo de empleo que tenemos.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Pasamos al Grupo Parlamentario Vasco. Tiene la palabra el señor Barandiarán.


El señor BARANDIARÁN BENITO: Señor Burgos, gracias por su intervención, por los datos y por el trabajo que ha efectuado.


Quiero empezar diciendo, a diferencia de mi predecesor, que no me ha parecido que la exposición haya sido optimista, sino que más bien da lugar a determinado grado de preocupación de la que hace falta ser consciente para, en su caso,
reflexionar y aplicar consecuencias. Le quería hacer tres o cuatro consideraciones previas y luego cinco aclaraciones, porque la mayor parte de las cuestiones están ya planteadas.


De los datos que ha dado usted y de los que cabe deducir de su informe, hay una cuestión preocupante, que es la de la cuantía de las altas nuevas de pensiones, que son muy superiores a las bajas, lo que implica que haya 2.200 millones
anuales más de gasto. Es decir, se hace subir el gasto en 5.000 millones, pero las cotizaciones sociales han aumentado solamente en 3.000 millones. Dígame, qué tendencia prevé usted que pueda tener esta situación en concreto. Resulta preocupante
en especial la situación del colectivo de mujeres. De las 4.800.000 pensiones de mujeres, el 45% son de viudedad, con pensiones que normalmente son las más bajas, lo que contrasta con la situación de las nuevas altas, que tienen ya un tipo medio de
1.130 euros aproximadamente. ¿Esta situación va a poder ser corregida? ¿Se piensan aplicar medidas sobre esta cuestión?


No afecta negativamente a la financiación del sistema, pero socialmente creemos que es destacable el aumento de jubilaciones anticipadas a los 61 años. Es un dato que me ha llamado mucho la atención. Creemos que puede ser producto del
desempleo de larga duración lo que haya tenido influencia en la necesidad de que haya habido a quienes hayan tenido que prejubilar anticipadamente y que, por tanto, la jubilación del hombre ha caído en un 1,45% en 2016. Pensamos que esos parámetros
van a continuar, pero ¿durante cuánto tiempo?


Respecto a las solicitudes de aclaración. Cuando se habla del déficit y de la existencia de un préstamo por parte del Gobierno, ¿por qué se utiliza la palabra préstamo y no emisión de déficit propio? Y si, en su caso, ese va a ser el
recurso constante en los próximos años. Quería también hablarle del Fondo de Reserva. Si antes hemos aludido a la forma de cubrir el déficit a través de un préstamo y usted me dice que tiene un 4,54% de rentabilidad del Fondo de Reserva, ¿no
hubiera sido más conveniente, en lugar de haber acudido al Fondo de Reserva, haber emitido esa deuda a tipos negativos como se está emitiendo en estos momentos? Confírmeme la ratio de 2,6 cotizantes por pensionista, que es lo que le he entendido
que hay en estos momentos. Me parece muy positivo; es un dato que sí me parece optimista. No sé si es una constante o una excepción en esta situación.


No voy a hablar del presupuesto porque si no la señora presidenta me va a reñir, pero tanto en los presupuestos como en los datos que ha presentado de liquidación, el coste de los capítulos I y II son de aproximadamente 3.600 millones. ¿Se
podría pensar en otra fuente de financiación para este gasto corriente? La cuestión del excedente de mutuas ya se lo ha planteado Sergio del Campo, por tanto, no me queda nada más por plantearle.


La señora PRESIDENTA: Yo no riño, yo aplico el Reglamento, que es mi obligación, me guste o no me guste. (El señor Barandiarán Benito: Yo lo interpreto también).


Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Campuzano.

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El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.


Quiero agradecer la intervención del señor Burgos, que la ha hecho sin concesiones, como es propio de él. Hubiese sido de agradecer una cierta autocrítica, porque pudiendo poner el acento en aquellas cuestiones que van bien, también es
bueno reconocer aquellas otras que nos preocupan, que le preocupan, y que deben ser objeto de rectificación. A nuestro modesto entender, un planteamiento de estas características reforzaría el énfasis que usted, necesariamente, debe poner en los
elementos de buena gestión de la política que, sin lugar a dudas, mi grupo le reconoce y no le niega. Lo que no podemos rehuir es que hay un hecho que es preocupante y que forma parte de las portadas de todos los medios de comunicación, y es que el
sistema está en déficit desde hace unos cuantos años y que tenemos un escenario en el que el sistema continuará en déficit en los próximos años. Ese es un elemento de grave preocupación, que estoy seguro que preocupa al secretario de Estado. Es
evidente que no debemos trasladar a los pensionistas preocupación por si van o no a cobrar la pensión el próximo mes o la paga extra, pero debemos reconocer que hay una situación de alarmante déficit del sistema de la Seguridad Social.


Señor Burgos, hay un debate que en las comparecencias que se han producido en el Pacto de Toledo hemos intentado aclarar, y que su intervención de hoy no nos termina de aclarar. ¿Estamos ante una situación de déficit estructural del sistema
de la Seguridad Social? Por mucho que crezca el empleo, por mucho que nos situemos en los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social en lo que resta de legislatura, por mucho que mejoremos el tipo de empleo que se crea, que las bases medias de
cotización sean superiores, etcétera, ¿estamos en una situación en la que vayamos a resolver el déficit o estamos instalados en un déficit estructural del sistema que obliga a plantear otro tipo de respuestas? Creo que ese es el debate fundamental
que tenemos planteado en relación con la cuestión del déficit, porque eso nos situaría en una discusión en la que la respuesta no tan solo está en el empleo, sino en otras fuentes de financiación de la Seguridad Social de manera estructural. Este
es un debate importante que, a nuestro entender, debe marcar la discusión en la Comisión del Pacto de Toledo en los próximos meses.


Segunda cuestión. Preocupación sobre el empleo. Compartimos que se está creando empleo; de nuevo España —no es la primera vez que ocurre— es líder en creación de empleo en el contexto europeo, pero, de nuevo, aparecen los nubarrones que
afectan siempre a esa creación de empleo, que es nuestra tasa de temporalidad, la segunda más alta de la Unión Europea después de Polonia, y con el riesgo de que sea un empleo volátil; es decir, un empleo muy débil frente al riesgo de una recesión
económica. Señor secretario de Estado, en esta materia de empleo, junto con el debate de la calidad del empleo, de la lucha contra la temporalidad, sobre el incremento del salario mínimo interprofesional, sobre la lucha contra la pobreza laboral,
que forman parte de las cuestiones que los grupos planteamos, nosotros echamos en falta en el discurso del Gobierno un elemento fundamental, que es una estrategia de mantenimiento del empleo de los trabajadores de más edad. Nuestra tasa de empleo
en el colectivo de mayores de 55 años —corríjame si me equivoco— las cifras están en un 45% . El 45% de los trabajadores de más de 55 años están ocupados. En los entornos europeos a los que nos gustaría parecernos están en porcentajes del 70% de
trabajadores de más edad activos en el mercado de trabajo. En la anterior legislatura, la larga, la estrategia para trabajadores de más edad del Gobierno del PSOE no llegó a implementarse y algunas medidas que existían para el mantenimiento del
empleo de esos trabajadores más maduros desaparecieron en el contexto de la política de revisión de bonificaciones que se hizo a principios de aquella legislatura. Es imprescindible tener una estrategia sólida para el mantenimiento de esos
trabajadores de más de 50 años que, cuando pierden el empleo, es muy difícil que lo vuelvan a recuperar y que están condenados a terminar recibiendo pensiones bajas después de larguísimas carreras de cotización. Todo ello, señor Burgos, en un
concepto que se utilizó en la Comisión del Pacto de Toledo, que compartió el señor Esteve, el director del Centro de Estudios Demográficos, y a mi grupo le gustó; una visión optimista sobre nuestra demografía, en la que nos dice que tenemos un
dividendo demográfico de cerca de 20 años que es la capacidad de empleo de los baby boomers. Los baby boomers aún podemos aportar mucho al mercado de trabajo, y eso tiene que ver con políticas orientadas a que esos baby boomers, a medida que vayan
siendo maduros, se mantengan en el mercado de trabajo, en el empleo. Hacemos un esfuerzo de mover la edad legal de jubilación, pero nuestras edades medias de jubilación continúan estando por debajo de los 65 años, y necesitamos una estrategia muy
sólida para que los hombre y mujeres de más de 55 años mantengan el empleo o, si lo pierden, lo puedan recuperar. Y ahí, señor Burgos, yo noto una ausencia de política del Gobierno.


Tercera cuestión. Fondo de Reserva. Mi grupo se ha mostrado crítico con la utilización del Fondo de Reserva durante estos años, aunque es verdad que no existían mejores alternativas, pero no compartimos

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que para 2017 vuelva a modificarse la ley para permitir mayor aportación del Fondo de Reserva. Puestos a pedir un préstamo para financiar el déficit, hubiese sido más razonable optar por un préstamo por el conjunto de los gastos que el
sistema no puede hacer frente y permitir que el fondo, con más recursos, pudiese tener unas mayores rentabilidades de las que va a tener durante el año 2017. No compartimos la opción del Gobierno de utilizar el Fondo de Reserva. Puestos a
endeudarnos, hubiese sido mejor optar por un préstamo global.


Cuarta cuestión. Política de bonificaciones al empleo. He de recordar —el señor Burgos era portavoz del Grupo Popular en la Comisión del Pacto de Toledo— que trabajamos en un documento en el que llegamos a la conclusión de que la política
de bonificaciones de manera generalizada, como se estaba efectuando entre principios de los años 2000 y la crisis, era una política equivocada, porque estábamos subvencionando un empleo que igualmente se iba a crear con independencia de esa
subvención. Hoy usted nos hace una defensa de la política de bonificaciones, pero sin que haya ningún dato que nos pueda permitir afirmar que son las bonificaciones lo que permiten la creación del empleo. Porque, aquello que seguramente genera
empleo no es la política de bonificaciones, sino el propio crecimiento económico. Lo que no tiene sentido es volver a gastar buena parte de nuestras políticas de empleo en bonificaciones, sin invertir en recolocación, orientación o reciclaje
profesional, y, al mismo tiempo, utilizar la política de bonificaciones para retraer recursos al sistema de la Seguridad Social. Esta política es un error. Lo es desde el Pacto de Toledo de 1995, cuando se establece que las políticas activas de
empleo no pueden financiarse con cotizaciones. Hoy, en 2017, continuamos incumpliendo una de las primeras recomendaciones del Pacto de Toledo, y no lo terminamos de corregir.


Otra cosa, señor Burgos, que forma parte de la primera discusión es si en el debate sobre la financiación del sistema de la Seguridad Social toca abordar el debate de fondo, que es un debate difícil que no se puede resolver rápidamente, y es
sobre si este sistema debe continuar financiándose con cotizaciones o debemos evolucionar hacia un sistema que se financie sobre la base de impuestos. Las economías más abiertas y competitivas de nuestro entorno, con estados del bienestar más
poderosos, han evolucionado en esa dirección, financiando las pensiones no básicamente a cotizaciones, sino básicamente a impuestos. ¿Ahí tiene posición el Gobierno? ¿Tiene un plan en relación con esta cuestión en lo que nos queda de esta
legislatura? Nos parece fundamental en la discusión; quizá toca menos bonificar menos y toca más revisar la fiscalidad sobre el empleo. Tiene razón nuestro colega, el señor Salvador, cuando afirma que la pensión es salario diferido, pero también
es cierto lo que otros afirman, que, a efectos prácticos, la cotización es un impuesto sobre el trabajo.


Quinta cuestión. Preocupación, como el resto de los portavoces, por la pérdida de poder adquisitivo de la fórmula de revalorización anual de las pensiones. En escenarios de inflaciones normales esa fórmula va a ser equivocada. Usted puede
insistir en que en estos años eso no se ha producido, puede hablar de esos 1.000 millones que los pensionistas habrán recuperado respecto al conjunto del sistema, pero difícilmente en la calle ningún pensionista puede creerse ese discurso. Entre
otras cosas, porque en la vida cotidiana de los ciudadanos, especialmente de los más modestos, han visto cómo en el mercado los precios son más caros, los suministros energéticos son más elevados, etcétera. No insistamos en mantener una ficción que
la sociedad no percibe como tal. Estamos en un camino de pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, y, además, para los territorios como el nuestro, el catalán —somos cinco los diputados por Cataluña portavoces en esta Comisión—, donde la
inflación es más alta que en el conjunto del Estado, este sistema nos empobrece, porque nuestros precios son más altos que en el conjunto del Estado. Por lo tanto, es imprescindible que esto lo revisemos.


Finalmente, señor Burgos, también en su reflexión he notado a faltar un compromiso fuerte del Gobierno, en ese escenario global de esta política, en las cuestiones vinculadas a la natalidad. En un contexto de unas tasas de fecundidad muy
bajas, del 1,3, hay un dato que el señor Esteve compartió en esta Comisión del Pacto de Toledo y que es muy relevante, que cerca de un 25% de las mujeres nacidas en los años sesenta y setenta son infecundas, no van a tener ningún hijo. Una tasa,
que, en el caso de España, no se produce desde los tiempos de la Guerra Civil y que expresa un enorme fracaso de nuestro sistema de Estado del bienestar en relación con las políticas de apoyo a la familia, a la conciliación, al hecho de tener hijos.
Frente al reto de una tasa de fecundidad del 1,3, de una tasa de infecundidad del 25% , de un enorme problema de pobreza infantil, no hay posición del Gobierno, cuando sabemos que, en cualquier política a medio y largo plazo en relación con el
sistema de pensiones, las políticas vinculadas a la fecundidad son imprescindibles. No hay una política del Gobierno en relación con esta materia. Ese es el principal riesgo para nuestro

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sistema de pensiones, la ausencia de una política de apoyo decidido a la opción libre de las familias y de las mujeres de querer tener los hijos que quieran tener, es la gran debilidad de nuestro sistema de pensiones en el medio y largo
plazo. Ahí, señor Burgos, yo lamento esa ausencia de compromiso.


Nada más, espero que en el debate que aún nos queda esta tarde podamos aclarar alguna de estas cuestiones.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora España.


La señora ESPAÑA REINA: En primer lugar, quiero agradecer al compareciente, señor Burgos, su presencia. Como le decía la antigua compañera del Grupo Socialista, la señora López i Chamosa, viene usted a su casa, agradeciéndole que cumpla
siempre con su obligación. También hay diputados que no somos catalanes en esta Comisión, señor Campuzano, algunos, como yo, somos malagueñas, andaluzas.


Entrando ya en materia, si hay una comparecencia para ver el balance del Fondo de Reserva es porque existe, y existe porque se creó por una ley del Partido Popular. Yo creo que se está utilizando bien, para lo que se creó, que era para que
en momentos de dificultad económica no hubiera ni que subir las cotizaciones sociales ni que bajar las pensiones. Por lo tanto, es un fondo de los pensionistas que se les está devolviendo cuando más lo necesitan porque sabemos que han sido el
colchón de muchas familias durante la crisis. Y seguramente este Fondo de Reserva tendría más recursos, casi 15.000 millones de euros más, si se hubiesen aportado los excedentes de la Seguridad Social del año 2008 y 2009. Pero esto es lo que hay y
creo que está cumpliendo su papel. Quiero aclarar que cuando en este país no había Fondo de Reserva y había dificultades económicas en otros momentos, con otros Gobiernos, también se pagaron las pensiones con préstamos. Por lo tanto, creo que no
hay que alarmarse si se pagan las prestaciones con préstamos hasta que se normalice la situación de la Seguridad Social. Y cómo no, quiero felicitar también al equipo de la Seguridad Social por esa brillante gestión que realizan en torno al Fondo
de Reserva, que creo que es de justicia reconocer y poner en valor.


Con respecto al cierre del año 2016, creo que es importante resaltar, en primer lugar, que España cumple holgadamente el objetivo de déficit para 2016; es decir, estaba fijado en el 4,6 y finalmente el déficit conjunto se reduce hasta el
4,33% , en un esfuerzo importante de toda la Administración, muy por debajo del 5% que se registró en el año 2015. Pero la situación de déficit de la Seguridad Social no viene de ahora, lo ha dicho antes el secretario de Estado. En el año 2008
hubo excedente en la Seguridad Social, un superávit de más de 10.000 millones de euros. En el año 2011, según la Intervención General a efectos de la dotación del Fondo de Reserva, hubo un déficit de más de 6.000 millones de euros. Por lo tanto,
en tres años se perdieron más de 15.000 millones de euros; a más de 5.000 millones de euros al año. Es decir, el déficit ya existía cuando el Partido Popular llegó al Gobierno.


Cuando analizamos la situación de la Seguridad Social, siempre escucho desde otras filas que si hay un problema de ingresos, que si la culpa del déficit es la reforma laboral, las tarifas planas, los salarios, el empleo precario Yo creo que
el verdadero problema de ingresos lo ha tenido la Seguridad Social cuando hemos perdido 3.500.000 puestos de trabajo. Eso es lo que de verdad ha dado en la línea de flotación de la Seguridad Social. Esto crea un problema y es la causa del 70% del
déficit de la Seguridad Social. Ningún país ha destruido tanto empleo. Aquí se destruyó más empleo que en otros países con una situación del producto interior bruto similar; del año 2008 al 2011 se destruyó once veces más empleo que en Italia y
veinte veces más empleo que en Francia. No es la reforma laboral. La reforma laboral es la que ha permitido, precisamente, que se pueda crear empleo con unas tasas de crecimiento inferiores al 2% , lo que antes era impensable en nuestro país. Es
precisamente la reforma laboral la que ha propiciado que el año 2016 cierre con la reducción de paro más alta de toda la serie histórica y con la mayor subida de la afiliación de la década.


Señorías, yo creo que es una realidad, como aquí ha quedado claro, a mi entender, que estamos creciendo en afiliación y en recaudación. Me han gustado los datos que ha dado el secretario de Estado con respecto a que la recaudación de abril
de 2017 es de 2.000 millones de euros más que la del año 2016, y que en los primeros meses de 2017 se está incrementando a un ritmo superior al 5% . Creo que eso es importante; los ingresos por cotizaciones crecen por encima de la filiación y la
filiación crece, a su vez, por encima de la tasa de crecimiento del producto interior bruto. Yo creo que, de alguna forma, eso desacredita a los que apelan que el empleo que se crea no genera recursos para la Seguridad Social. Ya lo dijo la
ministra en su comparecencia de enero, el régimen general está creciendo casi al 4% .


Señorías, yo creo que el sistema es ahora mucho más sostenible cuando se está creando empleo, que antes, cuando se destruía. Lo hemos dicho siempre y creo que ustedes tienen que estar de acuerdo

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conmigo, la mejor garantía para pagar las pensiones es que se cree empleo y que alcancemos ese objetivo de llegar a los 20 millones de empleados. Los datos de empleo de marzo son espectaculares, el mejor marzo de toda la historia con más de
162.000 cotizantes, más de 600.000 afiliados respecto a marzo del año pasado, una reducción muy importante del paro, más del 10% en el último año. Es decir, estamos caminando a buen ritmo. Lo que lamento, como andaluza, es que no baje el paro
igual en todos los sitios, en Andalucía el paro ha bajado un 0,97% frente al 1,29% de media; es decir, allí ha bajado menos que en el resto del país.


Con respecto al empleo precario, señorías, se ha recuperado el 65% del empleo indefinido destruido y el 38% del empleo temporal. Lo decía esta mañana la ministra, es mejor el empleo que llega que el empleo que se perdió. El empleo que se
recupera, en su mayoría, es a tiempo completo, el 94,4% . También escuchaba antes que se había creado empleo pero que las horas trabajadas son menores. No. Se han aumentando en tres años las horas trabajadas al 2,17% . Claro que hay desigualdad
y pobreza, pero por la destrucción de empleo. Según la Organización Internacional del Trabajo, el 80% del aumento de la desigualdad se debe a la destrucción de empleo. También lo decía esta mañana la ministra; se ha incrementado la desigualdad
2,7 puntos en la crisis, de los cuales solo el 0,6 después del año 2011. El desempleo es la principal causa de aumento de la pobreza, pero según Eurostat están empezando a revertirse los índices de desigualdad y de pobreza gracias al aumento del
empleo desde el año 2014. Decía el representante de Podemos que no le diga que el empleo precario es el que no existe y que la calidad empieza por tener un empleo. Yo no le voy a decir eso, pero la realidad es que tres de cada cuatro españoles
tienen un contrato indefinido. En marzo, el número de contratos indefinidos subió un 18% y los indefinidos a tiempo completo más de un 20% , cuando los temporales se han incrementado un 14% , y cuando gobernaban otros partidos la contratación
indefinida bajaba un 30% . Hay siete puntos más de contratación indefinida que antes de la crisis, ahora un 75% y en el año 2007, un 68% . Y en marzo, señoría, llevamos 38 meses consecutivos de aumento de la contratación indefinida, récord
histórico porque el mejor periodo anterior fue de 28 meses, entre 2005 y 2007. Hablando de ingresos, la recaudación del año 2016 es igual que la de 2007 con 1.300.000 afiliados menos, es decir, vamos por el buen camino creando empleo y aumentando
la recaudación.


Se ha hablado aquí también de las tarifas planas, creo que ya se ha dicho por parte de este grupo del Gobierno que estamos de acuerdo en que las reducciones y las tarifas planas se conviertan en bonificaciones y no las pague la Seguridad
Social, sino los Presupuestos Generales del Estado, pero creo que hay que hacer algunas matizaciones. El mínimo exento de 500 euros y la tarifa plana de 100 euros ha permitido crear 700.000 contratos indefinidos firmados, y la tarifa plana de los
autónomos ha permitido que se den de alta casi un millón de autónomos con esta tarifa plana. Yo le pregunto al señor Campuzano, ¿usted cree realmente que si no hubiese habido esta tarifa plana, por ejemplo, un millón de autónomos se hubiese dado de
alta? ¿O se hubiese creado el empleo fijo que se ha creado con el mínimo exento y la tarifa plana? Yo creo que no, y en todas las comparecencias que ha habido la mayoría de los empresarios, y también algunos catedráticos, han insistido en la
necesidad de estas tarifas.


Señoría, yo creo que lo que no da lugar a ingreso es cuando se gastan miles de millones de euros en reducciones y en bonificaciones y no se crea empleo, y es que aquí se ha creado empleo. Me explico, entre los años 2008 y 2011 se emplearon
más de 9.000 millones de euros en reducciones y bonificaciones, y el resultado fue de 2 millones de afiliados menos a la Seguridad Social. Eso no da ingresos al sistema. Y hablando de ingresos les voy a recordar que en los últimos años se han
adoptado multitud de medidas para aumentar los ingresos del sistema. Luego les preguntaré, pero no sé cuáles son sus propuestas para aumentar ingresos. Nosotros hemos hecho propuestas y las hemos llevado a cabo, ahí está la separación de las
fuentes de financiación, eso es inyectar 13.000 millones de euros este año, 15.000 millones en el año 2013 al sistema. Nosotros nos encontramos en la separación de las fuentes de financiación al 37% y la hemos culminado al cien por cien en los
peores años de la crisis, precisamente para que con las cotizaciones sociales no se pague la parte no contributiva. La recomendación primera del Pacto de Toledo es justo lo contrario de lo que se hacía antes, que era que el Estado se financiaba con
la Seguridad Social.


Señorías, se han aumentado las bases de cotización para que aporten más los que más reciben. Les recuerdo que cuando había otros gobiernos se congelaron las bases máximas de cotización y esto al final es favorecer a las rentas más altas.
Se han integrado las retribuciones en especie en las bases de cotizaciones y se ha implantado el sistema de liquidación directa. En la lucha contra el fraude, que también se ha mencionado aquí, 430.000 empleos aflorados, más de 6.000 empresas
ficticias detectadas. Se han transformado 250.000 contratos temporales en indefinidos con un impacto económico superior a los 18.000

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millones de euros. Señorías, estas son medidas para generar ingresos sostenibles y adecuados. Yo les pregunto, ¿qué plantean ustedes para aumentar los ingresos? Porque aumentar los gastos es muy fácil, pero eso no soluciona el déficit,
eso lo aumenta.


Hemos puesto en marcha la compatibilidad entre trabajo y pensión, que también son ingresos para el sistema. Y algo muy importante que decía el señor Campuzano, hemos restringido las jubilaciones anticipadas y parciales. Antes más del 50%
se jubilaba antes de los sesenta y cinco años, y no serán muy malas reformas cuando no ha habido recomendaciones en el los años 2014, 2015 ni 2016. Por lo tanto, señorías, hemos salido de la crisis fortaleciendo y haciendo un sistema de protección
social más amplio para los españoles, y sin reducir las prestaciones. Aquí se ha hablado del poder adquisitivo. Señorías, los pensionistas han tenido ganancias de poder adquisitivo desde que gobierna el Partido Popular. Si vemos desde el año
2014, que es cuando se aplica el Índice de Revalorización de Pensiones (IRP), 1.905 millones de euros. Vamos a ver qué pasa en el año 2017; la única vez que han perdido poder adquisitivo fue cuando se congelaron las pensiones, que perdieron 2.700
millones de euros, y había otro Gobierno en España.


Según Eurostat la tasa de pobreza se ha reducido a la mitad, del 23,2% en 2007 al 11,4% . Según el Banco de España los mayores de sesenta y cinco años han aumentado su renta y su patrimonio durante la crisis. Me habla usted del copago,
pero yo llevo cinco años escuchando el mantra de que ha habido pérdida de poder adquisitivo, pero claro, cuando es una realidad tangible que eso no ha sido así, el mantra ahora es que la pérdida es con el copago farmacéutico. Tengo que recordarles
que nos encontramos 16.000 millones de euros de déficit en la sanidad que hubo que compensar parcialmente, que nos encontramos el déficit en el sector eléctrico de 24.000 millones, los 40.000 millones de facturas sin pagar en los cajones para los
que tuvimos que hacer un Plan de pagos a proveedores. A veces hay que recordar las cosas para que no se olviden. Pero como les decía creo que hemos salido de la crisis con un sistema de protección más amplio. Hay otros países que se han
enfrentado a la crisis bajando directamente las pensiones. Ahí está Grecia, que ha reducido un 30% , ahí está Irlanda que ha reducido un 15 %, o Portugal que ha tenido que eliminar algunas pagas extra. Aquí no, aquí ha habido aumento de poder
adquisitivo, aquí la pensión media de jubilación se ha incrementado cerca de un 14% , lo ha dicho el secretario de Estado, y supera los 1.000 euros; las nuevas altas superan los 1.300 euros. Es decir, yo he escuchado a sus señorías hablar de
pobreza, imagino que habría más antes cuando las pensiones eran más bajas. Hay nuevos derechos, los convenios con discapacidad, el complemento de maternidad, se ha aumentado la protección social de los colectivos como los becarios, empleadas de
hogar, el tiempo parcial o los trabajadores del mar.


Yo creo que lo que tenemos que hacer es olvidarnos de los intereses partidistas y llegar a un acuerdo en el Pacto de Toledo. Es verdad que queda mucho por hacer, porque tenemos más pensionistas que nunca que cobran más pensiones que nunca y
que viven más años que nunca, pero por eso estamos trabajando en el Pacto de Toledo. Y yo creo que hay muchos puntos de acuerdo, hay que seguir creando empleo, hay que profundizar en la separación de las fuentes de financiación, pasar las
reducciones a bonificaciones, aumentar la lucha contra el fraude. Realmente tenemos mucho camino por delante, y los españoles lo han dicho muy claro en las urnas, quieren que hablemos y que lleguemos a un consenso. Y todos somos responsables, el
Gobierno, el partido que apoya al Gobierno, los agentes económicos y sociales y la oposición; por lo tanto tendremos que arrimar el hombro y alcanzar ese pacto nacional por las pensiones. Y habrá que mirar al futuro, lo hecho en el pasado es
posible que sea mejorable, pero tenemos que mirar al futuro porque, como se ha dicho aquí, se lo debemos a nuestros mayores y también se lo debemos ya a nuestros jóvenes.


Le agradecemos de nuevo su comparecencia.


La señora PRESIDENTA: Vamos a pasar a la respuesta que va a dar a cada uno de los portavoces el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Burgos Gallego): Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias también a todos y cada uno de los portavoces que, más allá de que me hayan llamado brutal y embustero, el resto de las
afirmaciones creo que son objeto de la máxima consideración por mi parte, y creo que es el tono que hay que mantener en esta Comisión, en la que todos compartimos el objetivo fundamental que es ofrecer soluciones —no tanto generar diatribas que no
llevan a ningún lado— a un elemento tan importante para la cohesión social y económica como es nuestro sistema de Seguridad Social. No en vano vamos a dedicar 41 de cada 100 euros del próximo presupuesto

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a Seguridad Social, aunque solo fuera por eso, en este año y en todos los demás, merece la pena que todos participemos en la elaboración de sus líneas fundamentales de progreso, y que podamos acertar en tantas y tantas dimensiones como tiene
este problema —y alguna de ellas se ha puesto de manifiesto aquí—, tantos y tantos desafíos como tenemos por delante.


Voy a intentar dar respuesta, no sé si a todas, pero a la mayoría de las preguntas u observaciones que han realizado, y voy a intentar hacerlo con el mayor orden posible, aunque entenderán que, por la diversidad de cuestiones planteadas, en
algún momento pueda resultar reiterativo o pueda dejarme alguna, sin ánimo de eludir por supuesto ninguna cuestión.


La señora Perea me pregunta si hemos hecho un estudio sobre la ejecución presupuestaria. La ejecución presupuestaria es pública y notoria, se ha puesto de manifiesto hace tan solo unas semanas, es conocida por todos, y evidentemente está en
sintonía con lo que son otros indicadores que hemos venido utilizando en los últimos meses y que yo he citado aquí, como es la recaudación líquida o los derechos reconocidos. Yo sé que esto es a veces complicado técnicamente, por eso no he querido
centrarme tanto en los datos como en las tendencias. Al final esto es como las cuestiones que tienen que ver con la filiación, el paro o la EPA, lo importante no es tanto el dato como que las tres coincidan en las tendencias; y en esto coinciden
con las tendencias sin ningún tipo de duda, y manifiestan claramente que no solamente a lo largo del año 2016, sino especialmente en los meses que llevamos de 2017 —me gustaría recalcarlo— el salto cualitativo en ingresos está siendo enormemente
importante. Quiero destacar esto porque es el contenido fundamental de los ingresos del sistema, la recaudación de las cotizaciones sociales. No el único, hace mucho tiempo que el Estado realiza aportaciones al sistema, pero, como lo es en el
resto de países de nuestro entorno, las cotizaciones sociales son la fuente fundamental de recursos. Y cuando la fuente se seca el aljibe no se puede llenar, y eso es lo que ha ocurrido a lo largo de todos estos años de crisis, que la fuente se ha
secado y el aljibe de las prestaciones que teníamos no disponía de los recursos suficientes.


Es tan sencillo como ver este gráfico (Muestra un documento) que señala cuál ha sido el decurso de los acontecimientos en relación con la afiliación, y por tanto con la recaudación del sistema. La progresión de esta caída es de tal magnitud
que, incluso aunque la estemos recuperando con mucha rapidez, todavía nos queda un importante camino para llegar al principio, para llegar a los datos que teníamos en el año 2007. Por tanto cuando se habla de optimismo o de euforia, cómo vamos a
ser optimistas si estamos al 50% del camino que tenemos que recorrer para llegar al principio de la crisis. Pero es que mientras tanto se nos han incorporado 1.200.000 pensiones al sistema, que alguien tendría que pagar, y ni siquiera con el
equilibrio presupuestario del 2007 hubiéramos podido hacer frente a 1.200.000 pensiones más en el sistema, salvo que recurriéramos como es evidente al Fondo de Reserva. Es que no ha habido otra alternativa en este país dada la dimensión de la
crisis que la utilización del Fondo de Reserva. Y si no lo hubiéramos hecho nosotros en el 2012, cuando llegamos al Gobierno, lo hubiera hecho cualquier otro gobierno, porque era la solución lógica, la alternativa más adecuada, la que respondía al
diseño inicial del Fondo de Reserva, y solo cabía tomar una decisión: o ese fondo se utilizaba con plena racionalidad y acomodo a sus objetivos o desviábamos los recursos para otras cosas que también eran necesarias en esos años. Y tomamos la
decisión que legalmente estaba impuesta, y era que solo se dedicaban los recursos del fondo a financiar las pensiones contributivas y los gastos asociados a su gestión. Porque el mandato legal de la ley que constituyó el Fondo de Reserva, y que
establece dónde tienen que invertirse los excedentes y a qué deben ir dirigidos los recursos de ese fondo, lo establece con toda claridad: al pago de pensiones contributivas y al gasto asociado a su gestión. No nos lo hemos inventado nosotros,
está ahí desde el principio de la regulación del Fondo de Reserva. Quiero que seamos conscientes de que nosotros nos encontramos una situación en el año 2011, que ya venía con un problema de incorporación adicional de prácticamente medio millón de
pensiones más al sistema en los años de crisis, y en estos años se han incorporado otros 600.000, hasta prácticamente tener en estos momentos 1.200.000 pensiones más en el sistema.


Eso es lo que ha tensionado el sistema, lo que ha obligado a disponer de recursos muy importantes, y eso es lo que ha llevado al déficit. Yo he tratado de explicar las razones por las que ese déficit es hoy más grande que hace dos o tres
años. ¿Y por qué no fue ese déficit tan importante hace tres o cuatro años? He citado el deslizamiento, el efecto anticíclico de las prestaciones por desempleo; es que mientras había años de pérdida de empleo, quienes perdían el empleo seguían
cotizando, el problema se ha generado cuando se agotan las prestaciones por desempleo por el consumo de los dos años como máximo que está establecido y el sistema empieza a tener un problema de ingresos por la parte de las

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prestaciones por desempleo. Hasta el punto —y lo he citado— de que ahora tenemos muchos más cotizantes activos y muchos más ingresos de activos que en los años anteriores, pero seguimos sin tener el mismo volumen de ingresos porque nos
falta la recuperación de las cotizaciones procedentes de las prestaciones por desempleo. A las prestaciones por desempleo, antes y ahora, tienen derecho quienes cumplen los requisitos para acceder a esas prestaciones, en los tiempos que están
establecidos y con las cotizaciones que el Estado financia. Por cierto, el Estado debía financiar varias cosas, por ejemplo, los cuidadores no profesionales, pero el Estado decidió no financiar la parte que le correspondía de cotizaciones por
cuidadores no profesionales. Más de 1.000 millones de euros. Si eso lo hace un empresario en este país tiene una responsabilidad penal. Pero alguien decidió que esos 1.000 millones no debían ingresarse como cotizaciones de activos, porque los
cuidadores no profesionales eran activos. Y tuvimos, en ese ámbito de separación de fuentes y de clarificación de la financiación, que ocuparnos de un agujero de 1.000 millones por falta de cuotas efectivas de cuidadores no profesionales.


Lo que quiero trasladarles es que no es cierto que los ingresos no estén claramente por encima de los gastos, lo están claramente en porcentaje, porque en Valladolid, que es mi ciudad, aquí y en Cataluña, 5 es más que 3, y si los ingresos
están creciendo al 5 y los gastos están creciendo al 3, los ingresos están creciendo por encima de los gastos, porcentualmente. ¿Qué ocurre? Que como provienen de una base diferente, los gastos provienen de una base de 118.000 millones y los
ingresos de una de 100.000 millones, hasta que ese crecimiento no sea capaz de superar esa diferencia no podremos contener el déficit. Yo he citado que lo empezaremos a revertir este año, porque este año es cuando el crecimiento de los ingresos no
solo supera a los gastos, sino que además lo hace de forma suficiente como para compensar esa diferencia que ya no es porcentual, que es de ingresos y gastos efectivos. Estamos en ese momento, por eso cuando alguno de los portavoces planteaba
cuándo puede volver a invertirse esa tendencia, les digo que ahora. Por eso nuestras previsiones son que el año próximo haya una reducción significativa del déficit, y podamos progresar en esa línea, si seguimos obviamente apostando por las
políticas que lo han hecho posible. Yo no creo en que la casualidad haya concertado que en este país, cuando se han tomado decisiones en reformas laborales y en otras reformas, haya sido cuando ha empezado a crecer el empleo. Es que ha empezado a
crecer el empleo cuando se han tomado decisiones en reformas estructurales y cuando se han aplicado políticas de contratación determinadas, entre ellas las llamadas tarifas planas, unas de autónomos y otras de otra naturaleza. Usted dice que ha
sido casualidad, que hubiera ocurrido lo mismo en ausencia de esas ayudas a la contratación, en ausencia de esas bonificaciones, reducciones, etcétera. Pues yo francamente creo que no.


Por supuesto que hace falta un análisis pormenorizado, esas tarifas están en plena evolución, pero Ciudadanos y el Grupo Popular coinciden en que no habrá funcionado mal la tarifa plana de autónomos si la queremos extender y hacerla todavía
de mayor relevancia a la hora de captar y de retener emprendedores y autónomos. Somos conscientes, porque lo hemos debatido con los agentes sociales, y especialmente con las organizaciones del sector, que esa tarifa plana ha sido muy importante
para incorporar los autónomos que yo he citado en mi primera intervención. Y es muy importante que diseñemos bien esa tarifa. Las demás han finalizado su aplicación, finalizó inicialmente la tarifa plana de 100 euros para la contratación
indefinida, que tuvo su eficacia, la evaluó el Gobierno, porque es lo que hicimos, analizar los resultados, como comentaban antes, por eso convertimos la tarifa inicial de contratación indefinida de 100 euros en un umbral mínimo exento de 500 euros.
Porque entendimos que había que centrar el foco en aquellos trabajos de jóvenes o de trabajadores de menor cualificación, que eran lo que tenían más dificultades para incorporarse al mercado de trabajo. Coincido con los que plantean que tenemos que
hacer una política de bonificaciones adecuadas. Respondiendo a lo que dice el Pacto de Toledo, que es que nos centremos en aquellos colectivos de necesario respaldo que tienen especiales dificultades, los trabajadores con poca cualificación en este
país, que son los que cobran en este país sueldos de 700 y 800 euros, son los que más dificultades tienen para reincorporarse al mercado laboral. Por eso esa tarifa funcionó, y por eso creo que ha sido un error que no se respaldara su continuidad
hace pocas fechas en el Pleno del Congreso. Pero los ingresos están claramente creciendo porcentualmente por encima de los gastos. Y eso no puede ser una mala noticia para ninguno de los que estamos aquí, y si me apura a usted le gustará más la
ejecución presupuestaria, a mí la recaudación líquida, a otros la contabilidad nacional, pero los ingresos crecen por encima de los gastos afortunadamente, y además en una cuantía importante y creciente, porque lo que estamos viendo además es una
aceleración importante.


Cuatro millones y medio de pensiones por debajo del umbral de la pobreza. En este país hay dos millones y medio de pensiones mínimos, dos millones y medio de pensiones con complemento. Es difícil

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que se entienda que una pensión por encima de la pensión mínima es una pensión de pobreza, en todo caso sería por debajo, pero si tenemos un complemento a mínimos, ese complemento la convierte en pensión mínima automáticamente. Cada uno de
los comparecientes tiene el derecho a explicar las cosas como quiera, pero en este país hay dos millones y medio de pensiones mínimas complementadas, y he citado incluso la cantidad que cada uno de nosotros, como contribuyentes, aportamos a cada uno
de esos complementos a mínimos, 206 euros, que son los que la imposición general pone encima de la mesa en la caja de la Seguridad Social para que esas pensiones, que no alcanzarían el mínimo por sí mismas, lo hagan con el complemento. Y creo que
ese es un hecho diferencial de nuestro país, porque aparte de que tenemos un sistema de complementos a mínimos que no tiene prácticamente nadie en nuestro entorno, solo cuatro países, el número de pensiones que necesitan el complemento a mínimos va
descendiendo, porque cada vez son menos necesarias, porque cada vez los ciudadanos generan pensiones por encima de la mínima, y no necesitan el complemento. El complemento es automático y está evolucionando en gasto prácticamente de forma estable,
porque hay menos pensiones porcentualmente que hace cuatro, cinco o seis años. Y ojalá sigamos por este camino porque es el adecuado. Realmente, y así lo indican todas las estadísticas y encuestas que manejan, tanto el Gobierno como ustedes, el
sector de población que mejor —entre comillas— ha resistido la crisis ha sido el de la población mayor de sesenta y cinco años, jubilados y pensionistas. Lo dice la encuesta de condiciones laborales, solo un 6,3% de las personas en esa edad está
por debajo del umbral de la pobreza frente al 19,5% del resto de la población. Es verdad que ese 6% merece toda nuestra consideración, pero globalmente considerado es un sector que ha sido protegido de forma muy importante por el sistema de
Seguridad Social, protegido en sus pensiones, y más allá de una congelación, ha tenido un poder adquisitivo protegido en momentos en los que sueldos y salarios en este país estaban sometidos a restricciones importantes, los despidos eran masivos y
la recesión económica se cebaba en todos y cada uno de los ciudadanos.


Pongamos en valor ese esfuerzo de protección, no desmerezcamos que ha habido nueve millones y medio de pensionistas que han estado protegidos en esta crisis, porque eso es lo que ha dado carta de naturaleza a este sistema, y lo que al final
justifica todo lo que podamos hacer por mejorarlo. Muchos millones de hogares han tenido en las rentas procedentes de las pensiones un sustento fundamental afortunadamente. Y eso es lo que justifica que con déficit o sin él apostemos por que a
este sistema no le falte ni un euro para mantener sus capacidades.


Reducciones o bonificaciones. Les he trasladado con toda claridad cuál es mi planteamiento; reducciones más bonificaciones han venido a suponer a lo largo de los años la misma cuantía, han superado todos los años los 3.000 millones de
euros. Han ido modificándose en su distribución interna, unas veces había más bonificaciones y otras había más reducciones. Si es que da lo mismo para este país que el coste se asuma por la Seguridad Social o que se asuma por el SEPE, si son
recursos públicos. Incluso en contabilidad nacional se integran como parte de los fondos de Seguridad Social. El déficit sería el mismo si en lugar de reducciones fueran bonificaciones, se imputarían a otro lugar distinto. La cuestión es si esos
3.000 millones anuales han sido eficaces o no, y yo les he trasladado que, si era tan innecesaria la política de bonificaciones y de reducciones, por qué se hizo en años en que además había una destrucción masiva de empleo. Se hizo porque alguien
entendería que eran positivas, solo que sus resultados no lo traducen así. En estos años sí que se traducen. Usted me dice que no será solo por las reducciones y bonificaciones por lo que se ha creado empleo. Hombre, pues no. Pero evidentemente
en una parte muy significativa sí, porque esas son las personas que se han dado de alta, esas son las personas que al día siguiente estaban cotizando. Reducir cotizaciones supone minorar ingresos. No. Lo que supone minorar ingresos es que la
gente no tenga un puesto de trabajo, pero si lo tiene con una reducción, esa persona ya está en activo, ya está en el sistema, ya está aportando. Y progresivamente volverá a cotizar por el tipo correspondiente más allá de reducciones o
bonificaciones, porque las reducciones y las bonificaciones no se prolongan sine die, tienen un plazo de caducidad y a partir de ese momento la persona que está en activo empieza a cotizar por lo que le corresponde.


Se nos critica por utilizar el Fondo de Reserva, pero, insisto, ¿cuál hubiera sido la alternativa en el año 2012 con el sistema en déficit, el país en recesión, una caída de ingresos abismal de carácter fiscal y por cotizaciones sociales, y
68.000 millones de euros depositados en una cuenta? Pues obviamente si la voluntad política era proteger a los pensionistas no había otro camino que utilizar el Fondo de Reserva. Solo había dos opciones alternativas al Fondo de Reserva: o reducir
las pensiones drásticamente o haber incrementado las cotizaciones o la fiscalidad de forma absolutamente inaceptable. ¿Qué habrían hecho ustedes en lugar de recurrir al Fondo de Reserva? ¿Congelar? Si lo hicieron en el 2011. Con el Fondo de
Reserva lleno ustedes congelaron las pensiones en 2011. (La señora Perea i Conillas: Y ustedes

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en 2012). Y ustedes dicen en alguno de sus documentos que en el 2012 y en el 2013 hubieran hecho lo mismo si fuera necesario, porque para ustedes era más importante asumir el coste de congelar las pensiones que utilizar el Fondo el Reserva;
pues es una opción, pero la nuestra fue utilizarlo, entendíamos que era bastante más lógico.


Y pusimos en marcha varias reformas, es verdad que parece que la única reforma que se ha hecho es la del 2013 en materia de factor de sostenibilidad e índice de revalorización, pero la primera gran reforma fue separar las fuentes de
financiación. De entrada en un país que estaba en recesión económica el Estado puso 6.000 millones más de financiación del sistema y cubrió todo el ámbito no contributivo, algo que no se había producido en varias décadas anteriores, con mandato
explícito del Pacto de Toledo para hacerlo. Y lo hicimos porque era muy importante para el sistema clarificar su financiación. Y lo seguimos haciendo, porque afortunadamente el ámbito no contributivo se financia ya exclusivamente con la imposición
general. Pero atendamos a ese proceso, que ha sido muy importante para el sistema de Seguridad Social, y llamativamente siempre ha sido el mismo partido el que ha gobernado cuando se ha financiado exclusivamente la sanidad pública por la imposición
general; cuando se han financiado los servicios sociales que antes se financiaban con cotizaciones con la imposición general; cuando las prestaciones familiares que antes se financiaban con cotizaciones se pagan con la imposición general; cuando
las pensiones no contributivas, que antes se financiaban con cotizaciones, se pagan con la imposición general, y los complementos a mínimos. No lo habremos hecho tan mal cuando si no hubiera sido así, imagínense los recursos que habría sido
necesario utilizar del Fondo de reserva para cubrir todo ese desfase, que acumularía más de 30.000 millones en los últimos años de la crisis, que hubieran sido necesarios de financiación vía cotizaciones que no teníamos. Hicimos muchas reformas,
empezando por esa y acabando por otras de gestión, de recaudación, que han permitido que el sistema tenga hoy más capacidad recaudatoria que nunca. Por eso, tenemos una tasa de morosidad del 1,71, la más baja de la historia en el sistema de
Seguridad Social, que llegó a tener el 4,5 cuando nosotros llegamos al Gobierno. ¿Qué ocurría entonces? que el sistema era poco eficaz para recaudar y poco eficaz para evitar la morosidad. Haber desarrollado muchas iniciativas en materia de
gestión y de recaudación hace que hoy tengamos la tasa de morosidad más baja de la historia de la Seguridad Social. Y ese es un dato que tienen que apuntarse los gestores de esta institución y las personas que todos los días, en todas las
provincias, desarrollan su labor. Me parece un dato importante.


Gasto en cosas que no deberían imputarse a Seguridad Social, sino al Estado. Fíjese, le he citado todas esas que nosotros hemos hecho posible que no se financien con cotizaciones, que lo hagan con aportaciones del Estado. Usted me dice que
ahora hay otras muchas que podemos financiar con la imposición general, bien, pues ese es el debate que está abierto. Vamos a ver qué otros ámbitos, si es necesario y hay acuerdo, podemos financiar con imposición general. Gastos de personal,
gastos de bienes y servicios, inversiones, hay muchos elementos en los que podemos coincidir. En las propias políticas de contratación, que yo he citado expresamente como un motivo de posible acuerdo. El sistema dedica 2.369 millones de euros a
gastos de personal, y 1.483 millones a bienes y servicios. Se han financiado siempre con cotizaciones sociales porque la financiación de las cotizaciones no es solo para las pensiones, es también para los gastos asociados a su gestión. Por lo
tanto, si ustedes quieren, como diputados, modificar esto y avanzar en otra dirección, se modificará la norma y se podrá realizar sin mayores inconvenientes. Por nuestra parte, no hay ninguna razón que lo convierta en imposible. Lo hemos hecho con
la sanidad, con los servicios sociales, prestaciones, PNC, complementos a mínimos...puede seguir haciéndose con otros elementos, y quizás es bueno que se haga.


En relación con que las pensiones se disparan, usted ha citado varios titulares de prensa que yo no comparto y he tratado de explicarlo. Las pensiones están creciendo a ritmos históricamente bajos. ¿Cómo se titulaba cuando las pensiones
crecían al 9 % interanual? Es que un gasto del 3% , con el envejecimiento de población que nosotros tenemos, es un gasto asumible. Pero que yo no hago los titulares de los periódicos. Le estoy diciendo que, para mí, el hecho de que el sistema
evolucione con tasas de incremento de los gastos históricamente bajas es algo positivo, porque es senda de moderación que nos ayuda a sostener el sistema. Lo que tenemos que conseguir es que los ingresos crezcan por encima de ese 3% , que no es
fácil, y que ahora es cuando empezamos a conseguirlo activamente. Pero, ¿qué ocurriría si en lugar del 3% , los gastos crecieran al 4% o al 5% ? Sería mucho más complicado, y no solo reducir el déficit sino además impedir que no se incrementara.
Cuidado, por tanto, con las bienintencionadas

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políticas de aumento de los gastos. Porque es verdad que los ingresos son importantes y los gastos están contenidos, pero no lo han estado siempre, y podrían no volver a estarlo si no somos prudentes con las decisiones que tomamos.


Los 10.192 millones de euros es un préstamo que hace el Estado, precisamente porque es consciente de las necesidades financieras que tiene el sistema. Se emite deuda y se vehicula a través de un préstamo a la Seguridad Social. Podía
buscarse otra fórmula, quizá la transferencia tenga más que ver con una finalidad concreta, con asumir el coste de una parte del sistema —hay una transferencia para las PNC, para prestaciones familiares, para los complementos a mínimos, etcétera hay
una transferencia para muchas cosas—, pero para algo más coyuntural, o menos condicionado por una finalidad puntual, el préstamo es el instrumento que se ha venido utilizando en este país desde el año 1992 en que se hizo el primer préstamo, en 1993,
en 1994 se hicieron dos, en 1995, en 1996, 1997, 1998, 1999... Es decir, se han hecho préstamos del Estado a la Seguridad Social con diferentes motivos, la mayoría de ellos con motivo de conseguir el equilibrio del sistema por valor, en su momento,
de 17.200 millones de euros. Imagínense el valor actual de esos préstamos, superarían con creces el préstamo que se va a realizar este año. Por lo tanto, es lo que se ha hecho habitualmente, es una figura que permite incorporar recursos para
cubrir ese déficit. Y como he dicho en mi intervención, eso se hará combinadamente con el Fondo de reserva porque, al final, la imputación a déficit es exactamente la misma, se utilice un sistema u otro. Pero puede ser más eficaz para la economía
nacional, podemos generar más rendimientos o mejores desinversiones, porque, a veces, vender también ha sido un instrumento para generar recursos, si se hacía en el momento adecuado y con las rentabilidades adecuadas. Lo haremos de la mejor manera
posible, como se ha gestionado siempre, para conseguir los mayores recursos para el sistema de Seguridad Social, y por supuesto para la economía nacional. Porque en esto no somos un compartimento estanco, y la emisión de deuda, aunque sea por
10.000 millones, es un esfuerzo significativo, y tenemos que ayudar a que se realice en las mejores condiciones posibles.


Lo importante no es tanto si es un préstamo de una cuantía o de otra, si se produce en un determinado momento o se produce de forma más o menos combinada con otras medidas, sino lo que expresa es la absoluta voluntad del Gobierno de que
estas cuestiones queden completamente al margen de cualquier incertidumbre. Las pensiones se pagan con el Fondo de reserva, con los préstamos, o con cualquier instrumento del que dispongamos. Solo que una economía en crecimiento y con creación de
empleo lo puede hacer, probablemente, con un poco más de comodidad que otras.


En relación con las cuestiones que ha planteado la señora Vidal, yo creo que las consecuencias de nuestras políticas nos llevan a que hoy esté creciendo el empleo y la economía española como ningún otro país de nuestro entorno. Si nos
fijamos en los dos indicadores, crecimiento económico y creación de empleo, creo que las políticas, que al final se tienen que medir por resultados, en términos de empleo y de crecimiento no se puede decir que sean negativas. Anda que no hay
políticas aplicadas en estos momentos en los países de nuestro entorno y no están consiguiendo, ni de lejos, estos resultados.


Antes que nada, ingresos. Claro, es que antes que ninguna otra cuestión, antes incluso que cualquier debate que podamos tener sobre dónde dedicar los ingresos, hay que generarlos. Es un debate un tanto improcedente esto de oponer la
sostenibilidad y la suficiencia, si son las dos caras de la misma moneda. Tenemos que hacer el sistema sostenible para garantizar pensiones adecuadas y dignas. No hay otra forma. ¿Es que puede generarse un sistema capaz de ofrecer pensiones
dignas si no es sostenible en el tiempo? No se trata de pagar las pensiones en el año 2016 o en el año 2017, es que tenemos que ser capaces de trasladar este escenario y este modelo a las generaciones futuras. Y por eso, cualquier decisión que
tomemos tiene que garantizar, en primer lugar, la sostenibilidad, pero eso no niega que todos tengamos el compromiso con la suficiencia. ¡Pero si este país ha apostado por la suficiencia de sus pensiones en todo momento, a lo largo de su historia,
de forma muy importante! No obstante, cuando se ha olvidado de la sostenibilidad, cuando se ha pensado que los ingresos iban a venir siempre es cuando ha tenido problemas. Cuando hemos hecho crecer el sistema al 9% , pensando que los ingresos iban
a crecer siempre al 9% , cuando los ingresos se deprimieron, nos encontramos con un problema muy serio de sostenibilidad. ¡Y es el déficit que tenemos! Haber tomado medidas como si siempre fuéramos a tener los mismos ingresos no va a ocurrir
siempre, y por eso tenemos que ser muy cautelosos. Sin embargo, el debate de la sostenibilidad no se puede oponer a la suficiencia, es que son condiciones necesarias e imprescindibles para conseguir que nuestras pensiones sean eficaces, justas y
dignas. Por eso no se puede desacreditar el esfuerzo social que hace este país diciendo que es un país donde la gente malvive, donde la gente no tiene pensiones adecuadas y suficientes. Este es un país que dispone de uno de los

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más potentes sistemas de Seguridad Social del mundo, en cuantías económicas y en diversidad de capacidades y de prestaciones. Y eso significa que tenemos que hacer un esfuerzo conjunto muy notable, y conviene que lo pongamos siempre en
valor.


Este es un sistema que se apoya, como no puede ser de otra manera siendo un sistema de reparto y contributivo, en la creación de empleo, por lo tanto, mirar para otro lado mientras en este país había un problema muy serio de destrucción
masiva de empleo, no me parece útil para la Seguridad Social. Si hemos puesto toda la carne en el asador con medidas de apoyo a la contratación, que podían suponer una minoración de ingresos inicial o que podían ayudar a alguien a que se pudiera
establecer, lo hemos hecho convencidos de que era lo mejor. ¿Que ahora que ya el crecimiento y el empleo empiezan a ser vigorosos y estables podemos reconducir la situación? Podemos y debemos. La cuestión está en qué hacer cuando un país está en
una de las peores crisis de su historia, destruye tres millones y medio de empleos y tarde o temprano eso va a devastar el sistema de Seguridad Social.


El señor Montero hablaba del argumentario, yo también le acepto el suyo sobre la calidad del empleo y los problemas que puede tener la sociedad española. Se lo ha trasladado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular; todo es mejorable,
pero el número de contratos totales en este mes de marzo se ha acelerado notablemente, casi al 15% . Pero la contratación indefinida, que es la que parece que a usted y a mí nos preocupa y nos debe preocupar crece al 18,38% . En la medida en que
la contratación indefinida pueda seguir creciendo a esta velocidad y con estas ratios, acabaremos resolviendo una parte de ese problema que a usted le acucia —y a mí—, porque todos deseamos que haya más contratos indefinidos y a tiempo completo,
pero tenemos la economía que tenemos y partimos de la situación que lo hacemos. Lo que no creo que sea adecuado en un país como el nuestro, y se produce con demasiada frecuencia, sea asociar permanentemente el tiempo parcial y los contratos
temporales con la precariedad. Una cosa es la precariedad y otra es que este país, si tiene que recoger la fresa este mes en Hueva, no pueda hacerlo con contratos indefinidos. Necesita un contrato temporal. Ahora, si usted me dice que ese
contrato temporal tiene que tener todos los derechos sociales, la máxima protección, no puede tener discriminaciones respecto a otros tipos de contratos en los derechos futuros, pues yo le digo que eso es exactamente lo que estamos haciendo. La
tasa de temporalidad en este país es importante, pero el 75% de los empleos son indefinidos.


El stock. Claro, usted puede computar diez contratos temporales frente a uno indefinido, pero el stock sigue siendo notablemente más alto, y lo va a ser en el futuro, que en los años incluso previos a la crisis. Tengamos esto muy presente.


Los ingresos crecen por encima de la filiación. Le he dado el dato, si la filiación está creciendo al 3,49 y los ingresos están creciendo por encima, no se puede deducir de eso que existe una especie de precariedad generalizada. Entonces,
¿de dónde salen los ingresos? Porque salen de todos y cada uno de los contratos, y si los contratos aportan un plus a la afiliación de sus bases de cotización y de sus ingresos, cómo explica usted —que es economista— que estemos creciendo en
ingresos por encima de la afiliación y, por tanto, que la media de crecimiento de ingresos por afiliado esté creciendo, si todos los contratos son de una calidad pésima. Pues no. Seguramente habrá, y los hay, muchos contratos de calidad pésima o
mejorable, pero estoy convencido de que también estamos avanzando. La contratación indefinida, entre otras cosas, nos está aportando esa mejora de ingresos. Si no tuviéramos un crecimiento de la contratación indefinida de más del 18% , no
tendríamos ingresos que crecen por encima de la afiliación.


¿La lógica del préstamo? Ya lo he comentado. Lo hemos aplicado en este país en los últimos doce préstamos anteriores, que son los que han contribuido a equilibrar el sistema cuando este tenía o problemas para financiar la asistencia
sanitaria; o problemas para equilibrar el sistema; o desfases de tesorería, que fueron los que tuvimos en los últimos años, especialmente en 1997 y 1998.


¿Suficiencia y sostenibilidad mejorables? Por supuesto, pero tenemos un sistema de complementos a mínimos que protege mucho a nuestros pensionistas, y protege a los pensionistas de mayor vulnerabilidad. Por cierto, es un mecanismo que
evita, por ejemplo, que una supuesta reducción, que todos anuncian, del factor de sostenibilidad se aplique sobre las pensiones mínimas; es que no tendría ningún efecto sobre las pensiones mínimas. Hay que analizar las reformas no solo en los
grandes rasgos sino también en la letra pequeña.


El índice de revalorización de pensiones ni sube ni baja pensiones; no es una especie de losa que establece que hay que subir el 0,25% . Lo que señala con toda claridad es cuáles son las necesidades financieras del sistema para que se
revaloricen las pensiones lo que decida el Gobierno y el Parlamento en cada momento que, al final, es lo que puede hacer el país. Yo creo que, si el país puede subir las

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pensiones, las sube. No creo que haya ningún Gobierno que, pudiendo subir las pensiones más del 0,25% , más del 1% o más del 3% , no lo haga, salvo que no atienda a los requerimientos de la lógica natural.


El IRP establece el mecanismo para visualizar qué le falta al sistema de ingresos para garantizar un mínimo de revalorización. El 0,25% ha sido eficaz. Decía el portavoz de Esquerra Republicana que él no le puede explicar a un pensionista
que el 0,25 sea algo que pueda ser defendido como revalorización. ¿Y cómo le explicaría usted a un pensionista que le hubieran disminuido su pensión en aplicación del IPC? Porque cuando el IPC ha sido negativo habría que haber reducido la pensión,
salvo que usted me diga que no le valía el IPC si es negativo, con lo cual tampoco nos valdría el modelo anterior. El IPC en momentos como los que se han producido en este país, con inflación negativa o con inflación cero, hubiera supuesto una
reducción de todas las pensiones. Ese hubiera sido el comportamiento lógico y coherente de quienes defendían la pervivencia del modelo IPC, salvo que lo que me digan es que cuando las pensiones tienen que subir mucho no apliquemos el IPC o cuando
la inflación es negativa tampoco lo hagamos. Entonces, ¿para qué nos vale el IPC si no lo podemos aplicar ni en unos momentos ni en otros? Tenemos la explicación de que con un modelo IPC se congelaron las pensiones. Con un modelo IPC, ¿qué
hubiéramos hecho cuando la inflación ha sido negativa? ¿Usted hubiera defendido que bajáramos las pensiones en aplicación del IPC? Estoy convencido de que no lo hubiera hecho. Vayamos a un modelo que trasciende este debate del IPC y que traslada
un mensaje claro de que podemos revalorizar en cada momento lo que el sistema sea capaz. Será una decisión política y tendrá que ver con la elección pública que haga cada Gobierno o, mejor dicho, en cada momento la sociedad española.


Al señor Del Campo quiero decirle que el color verde es porque se nos habían agotado ya todos los colores, pues llevamos seis años presentando este informe y ya no sabíamos qué color usar; íbamos a usar el morado, pero tampoco se trataba de
provocar a nadie (Risas), y el rojo ya lo usamos. Le agradezco su aproximación a las reformas del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización, porque creo que son reformas positivas. No son reformas talladas en piedra, como las tablas
de Moisés, son reformas que se hicieron en un momento para trasladar tranquilidad, estabilidad y ofrecer credibilidad, incluso fuera de nuestras fronteras, ante una situación muy comprometida. En un escenario, usted dice inflacionista, ¿eso puede
provocar pérdidas de poder adquisitivo? Yo he comparecido aquí desde hace varios años, y todos los años, incluso cuando ha habido inflaciones negativas se nos decía que se iban a generar pérdidas de poder adquisitivo muy notables. Con
independencia de que es imposible saber en el mes de febrero o marzo cómo va a evolucionar el año, y cuando se toman decisiones no podemos hacerlo porque en un mes haya habido una subida de los precios del 3% , porque eso claramente va a
reconducirse, si hablamos de variación media, veremos cómo va evolucionando el año, y veremos —insisto— si el Gobierno y el Parlamento tienen en su mano la posibilidad de incorporar ingresos al sistema que hagan que la revalorización sea superior.
Insisto, el IRP no establece que haya que subir las pensiones el 0,25% . Lo que dice es: con estos ingresos y estos gastos, con este déficit, no se puede subir más de tanto, y como a eso hay que aplicarle un suelo, lo convertimos en el 0,25, pero
no establece que eso tenga que ser irrebatible e irrefutable. En consecuencia, hablemos de ingresos; si al final los ingresos son el debate que tiene que extraerse, no solo de todas las comparecencias, sino del análisis de ellas. ¿Cómo mejoramos
los ingresos? Porque mejorándolos ganaremos en estabilidad, cerraremos el déficit y permitiremos revalorizaciones de pensiones que sean más acordes con nuestras posibilidades. Y ahí el Gobierno no tiene ninguna posición contraria, sino todo lo
contrario. Apelamos a un acuerdo para mejorar los ingresos de este sistema, si es posible de forma sostenible, de forma equilibrada y de la manera más prudente que sea, pero ahí es donde está la clave del acuerdo del Pacto de Toledo.


En relación con las políticas de lucha contra el fraude. Todo es mejorable, usted es inspector de Trabajo y entiendo que apunte a ese colectivo. Yo quiero trasladarle que la lucha contra el fraude la hacen todos los cuerpos de la Seguridad
Social, la hacen los letrados, defendiendo el uso indebido de determinadas prestaciones en los tribunales a favor del sistema de Seguridad Social; lo hacen los interventores, controlando gastos indebidos; lo hacen los técnicos, que hacen
revisiones y campañas de evaluación de las prestaciones; lo hace todo el sistema de Seguridad Social, y es importante que así se lo reconozcamos. Y creo que hemos obtenido resultados muy importantes en el empleo aflorado, en las prestaciones por
desempleo que han sido objeto de control por haber sido obtenidas, en muchos casos, de forma fraudulenta por las empresas ficticias. Usted conoce el grave problema con el que nos encontramos al principio de estas legislaturas con el impacto que
tenía en nuestro mercado laboral la aparición de miles de empresas que no tenían otro objetivo en el mercado laboral que defraudar al sistema de Seguridad Social, que no

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tenían actividad ninguna; no es que tuvieran un comportamiento más o menos irregular, eran trampantojos montados para defraudar al sistema de Seguridad Social. Son más de 6.000 empresas las que se han detectado, eliminado y perseguido
judicialmente en los tribunales. Creo que es muy importante recordar que incluso modificamos el Código Penal para que el delito de estafa a la Seguridad Social estuviera tipificado como tal por primera vez, que no estaba en nuestro Código Penal.
Nadie parecía conceder ninguna importancia en términos de persecución penal a quien se dedicara sistemáticamente a defraudar, en algunos casos por cientos de millones de euros, al sistema de Seguridad Social.


Yo le puedo facilitar, con gusto, todos los datos que usted pueda solicitar en relación con las tasas de recuperación de deudas. Creo que, por ejemplo, en la política de aplazamientos hemos hecho un enorme esfuerzo en el sistema de
Seguridad Social. Lo hemos hecho en el 99% de los casos a favor del sector privado, al ayudar a mantener las empresas o a los autónomos, que también son objeto de un número importante de aplazamientos del sistema, y en un 1% a las administraciones
públicas, pero con un coste económico notablemente importante. Se han concedido aplazamientos a corporaciones locales y a comunidades autónomas que tenían situaciones extraordinariamente delicadas en relación con las deudas acumuladas durante
décadas con el sistema de Seguridad Social. Todo eso, como bien saben, fue objeto de normas específicas por este Gobierno, planes de pagos, de renegociación de esas deudas, y todo eso ha conllevado a que, en volumen y en número de aplazamientos,
hoy estemos en cifras notablemente más bajas que al comienzo de la crisis, en torno a los años 2007 y 2008. Creo que la evolución de los aplazamientos es un indicador muy importante de recuperación económica, y me gustaría trasladarles que el
esfuerzo que hace el sistema de Seguridad Social para evitar recargos o incumplimientos, se realiza con notable agilidad. Los aplazamientos se resuelven en el sistema de Seguridad Social en una media de cuatro días; con lo cual, cualquier persona
o empresa que pueda atravesar un momento puntual de dificultades en el pago de sus obligaciones con la Seguridad Social debe solicitar esos aplazamientos y le son concedidos con una agilidad notable.


No quiero extenderme demasiado en la réplica, pero en el tema de los excedentes de mutuas, los excedentes que generan van a un sistema de reservas de estabilización, que son varias, una de ella es la que hace referencia al cese de actividad.
Eso mantiene en reservas los recursos para momentos en los que haya necesidad de atender los pagos. Como es evidente, un mecanismo como es el cese de actividad, que se inicia ex novo, genera ingresos y no tanto pagos, porque hasta que no se ha
cumplido una serie de meses no se tiene derecho. Por lo tanto, se va generando dinero en las reservas, pero ese dinero tarde o temprano repercute en las prestaciones. Esos recursos permanecen en esas reservas o en el fondo de contingencias
profesionales, que es donde van los excedentes del sistema de mutuas derivado después de cubrir esas reservas. Así, una parte va al Fondo de reserva y otra parte a su Fondo de contingencia profesional, que se destina, entre otras cosas, a financiar
políticas de prevención de riesgos laborales o el sistema de incentivos o bonus que usted conoce perfectamente.


Al señor Salvador i Duch le he contestado a algunas cuestiones. En relación con esa curva de déficit, estoy convencido de que ya la hemos empezado a superar en estos momentos. Que las cotizaciones financian el 78% de las prestaciones
contributivas, es cierto, y es exponente del desajuste que ha habido a lo largo de estos años entre los ingresos y los gastos del sistema. Cuando el empleo equivalente a tiempo completo, que es el que necesitamos valorar, va creciendo como el año
pasado a tasas cercanas al 3% , eso va generando, como estamos viendo, importantes ingresos por cotizaciones. Pero le digo sustancialmente lo mismo, los ingresos por cotizaciones, incluso en los peores años de la crisis, permanecieron bastante
estables, si los estimamos en relación con el PIB. Lo que ocurre es que los gastos crecieron sustancialmente, y si los ingresos no acompañaron a los gastos, aunque tampoco se deprimieron del todo, pero se mantuvieron estables, la cuestión es que
ahí es donde se ha producido el gap. ¿Cómo se explica la revalorización si se ha subido el 0,25% ? ¿Cómo se explica si se hubiera bajado el 1% ? Pues explicando que el sistema está diseñado para atender en cada momento las propias capacidades y
que no podemos prometer lo que no podemos cumplir, por lo que, al final, cualquier mecanismo asociado a la revalorización está vinculado a los ingresos que seamos capaces de obtener.


Señor Barandiaran, no he tratado de hacer una exposición optimista, ni mucho menos; con 18.000 millones de déficit no se puede ser optimista. Ahora, tampoco se puede ser derrotista o, sobre todo, no ser consciente de por qué se produce
esta situación. Se hubiera producido en menor medida si no hubiéramos ayudado al empleo; si no hubiéramos mantenido las pensiones protegidas en la crisis; si hubiéramos reducido nuestro nivel de cobertura; si no hubiéramos dado entrada a nuevas
prestaciones, a complementos de maternidad, a convenios de discapacidad; si no hubiéramos regulado mejor el sector

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marítimo pesquero, que usted conoce muy bien. Es decir, si no hubiéramos tomado muchas decisiones de mejora, probablemente el déficit sería más bajo, pero creo que no hubiéramos respondido a la confianza que la sociedad ha puesto en
nosotros.


¿Qué tendencia va a tener la actual relación de ingresos y gastos? En el momento en que ya hemos conseguido que los ingresos sigan una evolución sustancialmente por encima, debemos intentar mantenerla a toda costa y, por lo tanto, que esa
relación no se vea alterada con decisiones o políticas que deshagan lo que de bueno han tenido algunas de las decisiones que se han desarrollado estos años y que han permitido que esos ingresos puedan seguir incorporándose.


Hay un tema que a usted le preocupa, que es el de las jubilaciones anticipadas; y a nosotros también. Una de las decisiones que se tomaron en su momento, en un país que tenía un 50% de jubilaciones anticipadas y un 50% de desempleo juvenil
—lo que acredita que unos empleos y otros no compiten entre sí, porque si no, hubiera sido imposible que expulsando al 50% de los trabajadores, no hubiéramos dado acomodo al 50% de nuestros jóvenes—, fue aplicar una normativa con un periodo
transitorio que acabará en 2019, por lo que esas jubilaciones anticipadas siguen siendo altas, sigue habiendo un porcentaje excesivo, a nuestro juicio. Tenemos que reservar las jubilaciones anticipadas, como dice el Pacto de Toledo, para sectores
de especial penosidad o toxicidad y para largas carreras de cotización. Hacia ahí es hacia donde tenemos que dirigir nuestras actuaciones y, probablemente, cuando entren en vigor las normas aprobadas al final de este periodo transitorio, cuando las
personas no puedan acogerse a una normativa anterior que les resultaba más beneficiosa pero que el país no se puede permitir, acomodaremos ese porcentaje. Mientras tanto, las jubilaciones anticipadas presentan pensiones sustancialmente más altas
que las del régimen ordinario. Esto significa que quienes se ven abocados a esas jubilaciones no son precisamente los que tienen peor situación en el mercado laboral, más bien lo contrario. Por eso, su pensión media, y especialmente las pensiones
medias de las nuevas altas de jubilaciones anticipadas, son altísimas, del orden de un 50% más altas que las del régimen ordinario. Si la pensión media de jubilación está en algo más de 1.000 euros, las nuevas altas de jubilación anticipada están
en más de 1.500. (El señor Barandiaran Benito: ¿Por qué bajan?) No están bajando. Circunstancialmente, en un año puede haber ese efecto, pero la tendencia de los últimos años es que se mantienen más o menos estables en número, y en cuantía
tienen algún repunte a la baja muy puntual, pero mantienen también una progresión hacia arriba. Pese a la altísima incidencia de jubilaciones anticipadas, la edad real de jubilación sí ha progresado y en este mes de marzo está en 64,15 años. Es
mejor que la que nos encontramos cuando llegamos, que era de 63,9, pero todavía no recoge el efecto real del desincentivo a la jubilación anticipada masiva, porque cuando un 42% recurre a la jubilación anticipada, estamos hablando de un recurso
masivo y no reservado precisamente a quienes más lo necesitan.


Le he trasladado lo que pueden suponer los capítulos 1 y 2, y estamos abiertos a cualquier consideración. Históricamente, el gasto en pensiones siempre ha sido gasto en pensiones y gastos asociados a su gestión. También tengo que decirle
que el sistema se gestiona con un nivel de eficiencia óptimo, porque mover 144.000 millones de euros con gastos de personal y de bienes y servicios, tener una red de más de 800 centros en toda España que cubre hasta la última comarca del país, con
unos gastos que, en total, capítulo 1 y capítulo 2, no llegan ni al 2,5% , es algo que merece la pena resaltar en cuanto a valoración del esfuerzo de eficiencia que hace el sistema.


Respecto a la relación afiliado-pensionista, le he trasladado que la peor del sistema se produjo en el año 1996 y que esta relación se está manteniendo de forma muy estable, y lo natural es que, si sigue creciendo el número de afiliados,
vuelva a progresar a cifras superiores. Ofrecemos esa relación todos los meses, cuando damos los datos de afiliación. Insisto, aunque no es un indicador determinante porque, dependiendo de esa relación, a veces ha habido déficit y a veces ha
habido superávit, sin duda es mucho mejor que el sistema tenga esa relación que no otra peor. También tengo que decirle que, en lo que va de año, la relación entre afiliado y nueva pensión es de 25 a 1. Imagínense lo que sería para este sistema si
pudiéramos mantener una relación de nuevos afiliados por cada nueva pensión del orden de 25 a 1. Obviamente, no va a seguir así todo el año, pero es muy importante que hayamos empezado así.


Señor Campuzano, yo hago todas las concesiones, sobre todo las que vienen de usted, que siempre están guiadas por el sentido común, por el conocimiento y por la experiencia, y sabe que comparto en gran medida muchas de las cuestiones que
plantea usted aquí.


La relevancia de las políticas de natalidad. No son competencia directa del sistema de Seguridad Social, salvo que nuestras prestaciones ayuden, acompañen en los periodos en los que se produce el abandono del mercado laboral, porque no
puede ser que apoyemos la natalidad a costa de un perjuicio para la carrera laboral de la mujer. Por eso, entre otras cosas, hemos implantado ese complemento de

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maternidad que, al final del proceso, intenta corregir la brecha, que no procede del sistema de Seguridad Social sino del ámbito laboral, mediante ese mecanismo que, además, es de interés para otros países, que están considerando su
implantación.


La edad de jubilación real son 64,15 años. Ha progresado algo, todavía no lo suficiente, pero la combinación de la reforma del 2011 y la entrada en vigor de la nueva normativa de jubilaciones anticipadas tendrá un efecto importante.
Llegaremos a esa edad legal, que está en 67 años, de una manera progresiva.


La defensa de las bonificaciones. Creo que he tratado de justificarlo. Las bonificaciones no son ni buenas ni malas, depende de cómo estén diseñadas y depende de la evaluación que se pueda extraer de su aplicación. Hubo bonificaciones que
no dieron resultado, muchas de ellas se revisaron y se eliminaron —en el año 2012 muchas de ellas—, y las que hemos implantado han tratado de responder a esos criterios que marcaba el Pacto de Toledo, ir dirigidas a colectivos o a elementos de la
actividad que necesitaban un apoyo especial y tener la dimensión suficiente como para que fueran positivas para el sistema. Y para mí hay algo muy importante, y es que aquí no se ha bonificado ni se ha reducido ninguna cotización en el empleo
temporal. Aquí todo se ha diseñado para apoyar la contratación indefinida. No ha ocurrido lo mismo en otros momentos y nosotros, si algo hemos tenido claro con las nuevas reducciones implantadas, es que tenían que ir dirigidas única y
exclusivamente a la contratación indefinida y a garantizar el mantenimiento del nivel de empleo. En ningún caso podían ser mecanismos de sustitución de unos trabajadores por otros, sino que tenían que mantener incrementos del nivel de empleo y,
además, dirigirse claramente a la contratación indefinida. Por lo tanto, todo es mejorable, los instrumentos pueden mejorar, pero creo que esas dos condiciones se han respetado siempre. Los bloques de financiación que he ido citando pueden tener,
perfectamente, su continuidad en estas políticas y las bonificaciones también pueden ser objeto —siempre han de serlo— de evaluación.


Respecto a la pérdida de poder adquisitivo que se pueda producir, creo que ya he respondido a alguna de sus preguntas. Comparto que, una vez que tengamos la economía plenamente en marcha, tenemos que dirigir medidas a los trabajadores de
más edad, entendiendo como trabajadores de más edad a los mayores de 50 años, porque ahí sí que tenemos el problema en algunos casos para establecer ese puente entre la actividad y la jubilación sin una interrupción por despido anticipado. Algunas
de las decisiones que tomamos al principio de la legislatura del 2012 tenían que ver con eso. La eliminación de cláusulas en los convenios para favorecer la continuidad laboral, impidiendo que por acuerdo de empresa y sindicato se pudiera expulsar
a un trabajador en contra de su voluntad al llegar a su edad ordinaria, tiene que ver con ese impulso a la prolongación de la vida laboral. Entiendo su posición, pero también tengo que decir que el desempleo en este país afectó a todos los estratos
de edad y ahora también está creciendo en todos los sectores de edad, incluso en el que cita. Pero nuestra tasa de actividad en los mayores de 55 años sigue siendo menor que la de los países de nuestro entorno. Y si hablamos de prolongación de la
vida laboral, evidentemente, para prolongarla primero hay que llegar a la edad en la que esa prolongación ha de producirse, por lo que habrá que estudiar cómo podemos apoyar esos instrumentos.


Coincido con la portavoz del Grupo Popular en que el empleo es la base, no solamente de los problemas financieros del sistema, sino también de la mejoría que ya se está produciendo y de la mejoría futura, a la que estoy convencido que vamos
a asistir. Se han tomado decisiones muy importantes que han mejorado los recursos y la eficiencia, que han permitido deslindar la financiación, que han avanzado propuestas y líneas de actuación en la Seguridad Social que nunca se habían tomado
antes. Al final, el sistema no solo ha aguantado el tirón de una crisis económica, es que lo ha hecho avanzando claramente en derechos, en prestaciones, en recursos económicos, y si, circunstancialmente, necesita del Estado para apoyar esa
diferencia entre ingresos y gastos, también hay que recordar que la Seguridad Social ha hecho muchos favores al Estado español financiando objetivos y políticas que eran importantes para la sociedad española. Cuando la Seguridad Social tenía
superávit, dedicaba recursos a otros elementos que luego se han revelado como improcedentes.


Vamos a ayudarnos del Estado —como no puede ser de otra manera porque es a él al que compete, en última instancia, asegurar el mandato constitucional de un sistema público como el que tenemos— el tiempo que sea necesario, pero vamos a
trabajar para que sea el menor tiempo posible. Para eso, queremos convocar también a todos los grupos, porque el déficit en Seguridad Social debe ser superado cuanto antes, simplemente para trasladar estabilidad de futuro y confianza en las
próximas generaciones.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor secretario de Estado.

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¿Algún grupo quiere utilizar un turno de dos minutos? (Pausa). Señora Perea.


La señora PEREA I CONILLAS: Volveré a revisar la intervención, pero creo que no me ha contestado a cuestiones trascendentales, como el hecho del préstamo de 10.000 millones de euros, cuando estamos hablando de que hace frente a gasto
corriente, entiendo yo. No me ha contestado, no me ha dicho a qué se va a destinar. Me ha dicho que se va a destinar a pensiones. En cualquier caso, un préstamo que se pide para gasto corriente genera mayor endeudamiento. Ojalá tenga razón y que
las cifras, esa tendencia creciente de la recaudación va a ir a mejor, porque nos alegraremos todos; el problema es que dudamos mucho que ese déficit no sea al doble a finales de año.


Si considera que a los gastos del capítulo 1 y del capítulo 2 se puede hacer frente a través de transferencias, háganlo ya, no esperen a las recomendaciones del Pacto de Toledo. Yo creo que de la lectura y del seguimiento de las
comparecencias ya ha visto el posicionamiento del resto de grupos.


Y hable de la revalorización de las pensiones, pero no haciendo trampas. No diciendo: si pago el préstamo no habrá déficit y entonces ya podremos revalorizar en base al IPC. No. Recupere, sanee el déficit y entonces hablemos a la vez del
equilibrio financiero y, por supuesto, de la recuperación del poder adquisitivo de los pensionistas, que hoy ya tienen pérdida de poder adquisitivo.


Hablemos de género y de la situación de las mujeres. Cobran pensiones que tienen una brecha del 30% . No sé si con su reforma laboral vamos a ser capaces de revertir esa situación. Dudo mucho que sea así, igual que dudo mucho que, como no
adoptemos ya medidas con los mayores de 50, tengan algún tipo de pensión que percibir cuando lleguen a su edad de jubilación.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Señor Salvador.


El señor SALVADOR I DUCH: Voy a ser muy breve.


Una de las preguntas que más me interesaba, no me la ha contestado, que es la relativa a los datos de ejecución del sistema de la Seguridad Social, que en 2016 hay una desviación de nada más y nada menos que 13.725 millones de euros. En
2012 la desviación entre la previsión de gastos y los derechos reconocidos, es decir, la recaudación real, era de 5.000 millones; en 2013, de 7.000; en 2015, de 9.000, y en 2016 hay una desviación de 13.725 millones de euros. Le pregunto si esta
desviación es porque querían maquillarlo en los presupuestos o simplemente —y es lo que yo pienso— porque hay más precariedad de la que ustedes pensaban y que el sistema laboral no es tan boyante como nos parece. O igual hay una tercera explicación
a esta diferencia entre la previsión de ingresos y los derechos reconocidos o la recaudación real.


¿Por qué hacía falta hacer un préstamo? ¿No se podía utilizar la deuda histórica de la Seguridad Social? El representante de Comisiones Obreras, en su comparecencia del 28 de noviembre, en la página 2, establecía en 519.000 millones de
euros el superávit de la Seguridad Social utilizado, antes de que existiera el Fondo de reserva, para otras partidas distintas de la Seguridad Social. Para mí no sería lo mismo que fuera una inyección de dinero por parte de los Presupuestos
Generales del Estado a coger mi dinero. No sé si me explico. Esas dos preguntas para mí son importantes.


La señora PRESIDENTA: Señora España.


La señora ESPAÑA REINA: Voy a ser muy breve.


Yo creo que el Pacto de Toledo está precisamente para llegar a acuerdos y para revisar las recomendaciones. Lo que ha dicho la representante del Grupo Socialista de que —háganlo ya ustedes—, no es así. Cuando el Gobierno ha hecho algo y no
ha contado con el Pacto de Toledo, aquí nos hemos enfadado mucho. Por lo tanto, vamos a ir paso a paso, vamos a hacer las recomendaciones, vamos a ponernos de acuerdo y digámosle al Gobierno qué es lo que nosotros creemos, como Pacto de Toledo, que
tienen que hacer. No le quite usted la importancia que tiene al Pacto de Toledo. (La señora Perea i Conillas: ¡Qué fuerte!).


Sobre lo de la brecha salarial, me extraña oír sus comentarios, porque sabe usted que hemos puesto un complemento de maternidad con el que hay mujeres que cobran hasta el 15% de incremento en la pensión por haber tenido hijos. Casi 200.000
mujeres están recibiendo un complemento de maternidad.


Por último, respecto a aquello de que los mayores de 50 no tendrán pensión, creo que no es el momento de meter miedo en el cuerpo a nadie, ni a los pensionistas ni a los que no lo son. En el año 1995 —lo decía hoy la ministra en una
pregunta parlamentaria—, cuando se firmó el Pacto de Toledo, había

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quien estaba afirmando que en cinco años estaría en quiebra el sistema de Seguridad Social. Nada más lejos de la realidad. Por lo tanto, no sea usted tan agorera y confíe en los datos que le ha dado el secretario de Estado.


La señora PRESIDENTA: Señor secretario de Estado, para finalizar.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Burgos Gallego): Muchas gracias, presidenta.


Señora Perea, el préstamo es un recurso del Estado que se transfiere para financiar las pensiones contributivas. Y de la misma manera que las disposiciones del Fondo de reserva, esas pensiones contributivas constituyen un todo, las
prestaciones y los gastos asociados a su gestión. Ese es el criterio contable por el que se ha venido imputando siempre el gasto en pensiones contributivas, las disposiciones del fondo, que también van destinadas solo a pensiones contributivas y a
gastos asociados a su gestión. Siempre ha sido así. Cuando ustedes tuvieron la posibilidad de gobernar, podían haber tomado esa decisión, porque no es un problema de coyuntura sino de principios. Si los gastos de personal nunca debieron
financiarse con cargo a las cotizaciones, podían haberlo hecho incluso en momentos en que había superávit, porque era un tema de principios, igual que los bienes y servicios, igual que las inversiones. (La señora Perea i Conillas: Pues, hágalo).
¿Por qué hay que construir un edificio con cotizaciones sociales? Pues porque es un subsector económico diferenciado del presupuesto del Estado, porque tiene mecanismos en su gestión de personal que son autónomos y porque responde a criterios
diferentes del resto de la Administración General del Estado. Es un modelo institucional que nos hemos dado, que obviamente puede estar sujeto a revisión, pero el modelo que nos hemos dado todos, y especialmente ustedes que han tenido tantos años
de responsabilidades de Gobierno, respondía a ese criterio: los gastos de personal y los gastos de bienes y servicios estaban diferenciados claramente del resto de gastos de la Administración del Estado y responden a criterios de organización
internos decididos por los propios organismos de la Seguridad Social, no son Administración General del Estado a esos efectos. Usted sabe que en los presupuestos hay dos subsectores económicos bien diferenciados y en todos ellos sus gastos son
diferentes; no se consolidan más que al final para establecer las cuentas generales del país. Todo tiene su lado positivo y su lado negativo. No es tan sencillo como coger y que ahora el Estado financie los gastos de personal y los gastos de
bienes y servicios. Usted sabe perfectamente que eso puede tener mucha repercusión en el trabajo de los propios profesionales de la Seguridad Social y usted sabe, además, que no todas las fuerzas sindicales están convencidas de esa opción. En todo
caso, lo que no va a hacer el Gobierno ni este secretario de Estado es anticiparse en las grandes líneas a algo que no solo no ha sido objeto de negociación y acuerdo aquí, sino que no ha figurado nunca en ninguna de las recomendaciones del Pacto de
Toledo. (La señora Perea i Conillas: Son transferencias). Jamás ha aparecido como tal en ninguna recomendación. Sí el tema de las políticas activas, en mayor o menor medida, su financiación por la imposición general, pero estos gastos no
aparecen en ninguna de las recomendaciones de las sucesivas renovaciones del Pacto. Pero, insisto, si ese es el acuerdo de los grupos, el Gobierno y los responsables de la Seguridad Social expondrán los pros y los contras de esa medida, porque
todas las medidas los tienen, y esta también.


A efectos de lo que nos interesa, que es que los pensionistas cobren sus pagas puntual y completamente, el préstamo es un instrumento absolutamente adecuado; yo diría que es un instrumento útil, perfectamente adecuado a los fines y
objetivos, y he tratado de explicar por qué. He tratado de explicar que como no se trata de la financiación para siempre de una partida presupuestaria, tiene más sentido el préstamo que no una transferencia, que en el sistema de Seguridad Social
siempre está asociada a la financiación per saecula saeculorum de una prestación o de un servicio determinado. Así se han ido produciendo todas las transferencias, incluida la última de los complementos a mínimos, como mecanismo para absorber, por
la imposición general, un determinado objetivo del sistema.


En cuanto a las políticas de género, usted imputa la brecha salarial a la reforma laboral, cuando si algo ha hecho este Gobierno es disminuir las brechas salariales, y en el caso de la brecha de pensiones, claramente, desde que entró en
vigor el complemento de maternidad. Entiendo que la reforma laboral es la causante de todos los males de este país, pero la diferencia que tiene una señora que hoy cobra una pensión no se la habrá producido la reforma laboral, se la produjeron, en
todo caso, políticas de hace diez, veinte o treinta años, que no estaban tan alejadas de sus responsabilidades. En todo caso, hoy tenemos que trabajar para que haya actuaciones decididas en materia de brecha salarial. Algunas de las cuestiones

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sobre las que hemos trabajado y que hemos decidido entre todos tienen que ver con esto. Por ejemplo, el nuevo mecanismo de cotización a tiempo parcial, que tiene mucho que ver con el empleo femenino y que tuvimos que modificar después de
una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró ilegal el sistema que había existido en nuestro país en los últimos años. Esa cotización hace de igual condición al trabajador/trabajadora a tiempo parcial que al de tiempo completo, y, por lo
tanto, asegura que el trabajo femenino, que es fundamentalmente el que se asocia al tiempo parcial, no conlleve discriminaciones. En el resto de prestaciones, exactamente lo mismo; estamos avanzando en corregir disfunciones que se van produciendo,
pero el sistema de Seguridad Social no puede compensar por sí mismo las injusticias o las discriminaciones que se producen en el ámbito laboral. Cada uno tiene que asumir sus competencias en esta cuestión. Nosotros tenemos que avanzar en un
sistema de pensiones en el que el criterio de género no introduzca ninguna discriminación adicional y, si es posible, como estamos haciendo, contribuir en nuestra medida a corregir algunas de las que se generan en otros ámbitos.


Señor Salvador i Duch, si repasamos la evolución de los ingresos y de los gastos previstos en los presupuestos a lo largo de los últimos quince años, las desviaciones siempre han sido prácticamente nulas en los gastos y siempre han sido muy
importantes en los ingresos. Es relativamente sencillo establecer técnicamente casi con absoluta seguridad los criterios de gasto, pero es muy complicado establecer con precisión un tema como el de los ingresos, que está sujeto a variaciones muy
importantes, y en algunos casos a imprevistos no considerados. He citado que, para las bases de cotización, que son la fuente de los ingresos, la inflación negativa de todos estos años era algo imprevisto; de hecho, los presupuestos se elaboraban
con previsiones de inflación que eran notablemente positivas y que tienen que ver con las que fija el Banco Central Europeo. La realidad es que nos fuimos a inflaciones cero o negativas. Y eso, a efecto de los ingresos, es determinante, porque
cualquier desvío en la inflación tiene, para bien o para mal, un efecto inmediato en las bases de cotización. Por lo tanto, una evolución de la inflación estable es una evolución que ayuda a establecer con más precisión los ingresos. También le
tengo que reconocer que en algún caso habremos sido optimistas respecto a las previsiones de ingresos fruto de algunas decisiones. Creo, por ejemplo, que el sistema de liquidación directa ha transformado completamente la recaudación de nuestro
sistema, y probablemente esperábamos de él más recuperación de ingresos, con más rapidez. No ha sido así, pero la realidad es que su plena implantación sí nos va a favorecer, lo está haciendo ya de hecho cuando hemos adquirido determinada dinámica,
cuando hemos llegado prácticamente a tener todo el empleo privado y nos faltan solo las comunidades autónomas para su incorporación y algún que otro ámbito de la Administración del Estado. Cuando esté plenamente operativo va a ser un mecanismo que
va a impedir la elusión de cotización, que va a seguir puntualmente la evolución de las cotizaciones, que nos va a permitir reclamar la deuda desde el momento que se genera si no introducimos un sistema de recargos que nos obligue a esperar tres o
cuatro meses a ver qué deuda es la que genera realmente una persona. Es decir, nos permite una dinámica que quizá anticipamos en alguna medida con unos ingresos mayores, pero que, si no fue el año pasado será este, nos permitirá dotarnos de
instrumentos muy importantes.


Sobre el préstamo, todo lo que se hizo de pagos a otros ámbitos de la Administración para cubrir otras necesidades tenía soporte legal, no se hizo contra la ley. No podemos exigirle al Estado que le devuelva a la Seguridad Social todo lo
que la Seguridad Social dedicó de cotizaciones a financiar otras políticas, porque tenían soporte legal para ello. Sí podemos hacer el análisis teórico de cuánto de los recursos que podía tener el sistema, y que elevaría nuestro resultado en saldo
final a un superávit muy notable, podríamos tener en el fondo. Incluso cuánto podríamos tener en el fondo si se hubieran metido todos los excedentes que se generaron en algunos años como 2008 o 2009. Pues probablemente no tendríamos préstamo y
probablemente podríamos mantener el fondo dos o tres años más, pero la realidad es la que es: los complementos a mínimos tenían que haber sido absorbidos por el Estado mucho antes, se forzó al máximo, y nosotros tuvimos que pasar del 33% al cien
por cien en año y medio, con lo que eso suponía en un momento de recesión. Nos hubiera encantado encontrarnos el Imserso sin los problemas de los cuidadores no profesionales, los complementos a mínimos absorbidos por el Estado, la financiación de
las PNC, de las prestaciones familiares. Si todo eso hubiera estado resuelto antes, ahora no estaríamos hablando de este déficit, pero se ha resuelto cuando se ha resuelto. Ahora lo importante es que los ingresos nos ayuden a recuperar el
equilibrio lo antes posible, que el Estado establezca, con el acuerdo de todos, qué parcelas del gasto tiene sentido que pueda asumir ante el futuro. Pero yo creo que el reto es que eso, en ningún caso, pueda suponer una pérdida del nivel

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de cobertura y de la calidad de las prestaciones que, insisto, aunque a algunos les parezcan siempre insuficientes, y sin duda lo son, son un sistema integrado, potente como pocos y visto con asombro fuera de nuestras fronteras. Creo,
además, que gran parte del trabajo que ha hecho el Pacto de Toledo ha contribuido a ello y espero que así siga siendo, con la colaboración de todos, en el futuro.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias por su comparecencia.


Se levanta la sesión.


Eran las ocho y diez minutos de la noche.