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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 178, de 30/03/2017
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 178
DEFENSA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MARÍA BARREDA FONTES
Sesión núm.6
celebrada el jueves,
30 de marzo de 2017
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de Estado de Defensa (Conde Bajén), para:
- Informar de la situación de los programas especiales de armamento y las previsiones para asumir los compromisos de gasto en 2016. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000020) ...
- Informar del grado de ejecución, a 31 de julio, del presupuesto de Defensa para el año 2016. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000021) ... (Página2)
Pregunta del diputado don Joan Tardà i Coma, en sustitución del diputado don Gabriel Rufián Romero, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre venta de material de defensa a Arabia Saudí (procedente de la pregunta al Gobierno con
respuesta escrita 184/001702). (Número de expediente 181/000065) ... (Página37)
Se abre la sesión a las cinco de la tarde.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (CONDE BAJÉN), PARA:
- INFORMAR DE LA SITUACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES DE ARMAMENTO Y LAS PREVISIONES PARA ASUMIR LOS COMPROMISOS DE GASTO EN 2016. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000020).
- INFORMAR DEL GRADO DE EJECUCIÓN, A 31 DE JULIO, DEL PRESUPUESTO DE DEFENSA PARA EL AÑO 2016. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000021).
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes.
Vamos a comenzar la reunión de la Comisión de Defensa. Muy bienvenidas todas sus señorías y muy bienvenido secretario de Estado de Defensa, don Agustín Conde, que, como todas sus señorías saben, ha sido no solamente diputado de esta casa
durante muchos años, sino también presidente de esta Comisión. Por tanto, estoy seguro de que se va a encontrar muy cómodo, como si siguiera siendo su casa, porque, en definitiva, lo es de todos y de cada uno de los españoles y del secretario de
Estado de Defensa también.
Vamos a unir los dos puntos del orden del día, de tal manera que el secretario de Estado informará de la situación de los programas especiales de armamento y las previsiones para asumir los compromisos de gasto de 2016 y también del grado de
ejecución, a 31 julio, del presupuesto de Defensa del año 2016.
Para todo ello, tiene la palabra el secretario de Estado de Defensa.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Conde Bajén): Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, para mí es un placer estar de nuevo en esta Cámara por las razones que ha expuesto el presidente. Ciertamente, siento de alguna manera este Congreso de los Diputados como si fuera mi casa y recuerdo perfectamente el trabajo
que durante la X Legislatura se hizo en la Comisión de Defensa, presidido por el buen talante y el trabajo leal y cooperativo. Con esa misma actitud me presento hoy ante ustedes para dar debida cuenta del mandato establecido en la Constitución
española y en el Reglamento del Congreso y con la convicción plena de la necesidad de trabajar lealmente con todos ustedes y el ofrecimiento de una cooperación efectiva que estoy seguro redundará en beneficio de todos.
En primer lugar, por seguir con el mismo orden que viene establecido por la Mesa de la Comisión, comenzaré mi exposición con la comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista para informar de la situación de los programas
especiales de armamento y las previsiones para asumir los compromisos de gasto en 2016. Para comenzar mi exposición me gustaría realizar una breve manifestación sobre el concepto de programa especial de defensa, cómo surge y para qué, y
posteriormente tratar de los programas finalizados con pagos pendientes y de los programas en curso de armamento y material, así como hablarles de las previsiones para asumir los compromisos de gasto de 2016.
Me gustaría detenerme un momento en un aspecto que considero clave y al que haré referencia a lo largo de esta intervención, el concepto de disuasión y su aplicación a los planes especiales de armamento. La disuasión se define como la
acción que lleva a inducir o mover a cambiar de opinión o a desistir de un propósito. Esta idea tiene su traslado al ámbito de la seguridad y la defensa, y es lógico deducir que las naciones que más eficientemente invierten en estas políticas son
las que presentan un factor más alto de disuasión ante posibles amenazas. Efectivamente, la capacidad de respuesta proporcional y rápida ante los riesgos y amenazas -ya sea en una fase de gestación, ya una vez desencadenados- es un fenómeno
fundamental sin el que los Estados modernos no pueden presentarse en la escena internacional. La disuasión aplicada a los PEA consta de una serie de elementos, como son: material, infraestructuras, recursos humanos, adiestramiento y doctrina.
Todos estos aspectos se encuentran interrelacionados y forman parte de -me van a permitir la licencia- una buena política de comunicación. Una nación que puede articular una enorme cantidad de recursos, de anticipar y planear con quince a treinta
años su política de defensa, de prever sistemas de armas modernos durante toda su vida útil, su sostenimiento, el reemplazo de los mismos, el personal que los va a operar, su calificación técnica, además de asegurar, comprometer y mantener los
recursos financieros que un esfuerzo así supone para un Estado, envía un claro mensaje a todos los actores de cualquier ámbito. Este mensaje es el siguiente: nuestra sociedad, sus ciudadanos han decidido que determinados valores, como son la
democracia, la libertad, la igualdad o la justicia, deben ser defendidos frente a quien quiera perturbarlos o amenazarlos.
La complejidad que supone ejecutar una política de este calado requiere, como señalaba anteriormente, una organización que trabaje para mantener a sus Fuerzas Armadas en los niveles operativos que aseguren el mandato constitucional. La
previsión de los recursos materiales, las implicaciones para la fuerza, la operatividad con otros sistemas propios y con los de los países aliados es una acción del Estado que no se puede improvisar, que no todos los Estados pueden realizar y que no
pasa desapercibida en cualquier escenario. Los sistemas de armas de las Fuerzas Armadas dotan a nuestro país, por tanto, de una gran capacidad de disuasión. Las fuerzas del Ejército de Tierra pueden conseguir la superioridad en el enfrentamiento
terrestre contra ejércitos modernos en escenarios de diferente intensidad al disponer de la potencia de fuego, la movilidad y la protección adecuados. Los carros de combate Leopardo, los vehículos Pizarro o los helicópteros de última generación
forman la columna vertebral de las fuerzas del Ejército de Tierra y son materiales de tecnología similar a la de nuestros aliados. Su puesta en servicio asegura que el Ejército de Tierra dispone de capacidades modernas y que su sola presencia, tal
y como se ha comprobado recientemente con los helicópteros Tigre en Afganistán, disuade a potenciales agresores de realizar acciones hostiles contra nuestros efectivos. Además, los sistemas terrestres son interoperables con muchos de nuestros
aliados, lo que facilita el empleo con unidades de esos países y favorece el sostenimiento de operaciones.
La Armada presenta un equilibrio de capacidades que van desde el combate de alta intensidad en la mar hasta las acciones en apoyo operaciones humanitarias. Las fragatas F-100 permiten la detección y neutralización de la mayor parte de las
amenazas que pueden acercarse a nuestras aguas, tanto en superficie como aéreas o submarinas. Su primera evolución, la fragata F-105 ya en servicio, representa una mejora en ciertas capacidades, y las futuras F-110 mejorarán aún más las
posibilidades en todos los perfiles de empleo en todo el espectro de operaciones. Los buques de acción marítima, los conocidos como BAM, son un ejemplo de polivalencia que los hace idóneos para una gran variedad de misiones, como las que cumplen en
diversos escenarios de baja intensidad. El mejor ejemplo de su actuación está en la piratería en el Océano Índico, por poner un ejemplo. Estos buques, junto a otros programas como el buque de proyección estratégica o los buques de
aprovisionamiento de combate, son muestra del compromiso español por su defensa y del resultado satisfactorio del diseño español de capacidades plenamente operativas que además están siendo exportadas a terceros países.
El Ejército del Aire tiene un conjunto de capacidades que le sitúan entre los de vanguardia de nuestro nivel. El avión Eurofighter, junto a los ya veteranos F-18, constituye el esqueleto de la defensa aérea de España y su actual despliegue
en los países bálticos evidencia nuestro compromiso con nuestros aliados y su gran capacidad operacional. A ello se unen los misiles aire-aire y aire-superficie, que dotan al Eurofighter de capacidades de primer nivel. Nuestra aviación de caza y
ataque determina suficiente disuasión para cualquier agresor potencial, debido a los elevados estados de alerta y disponibilidad de nuestras unidades aéreas. Las Fuerzas Armadas cuentan actualmente con unos medios de última generación, a fin de
equiparar sus prestaciones a las de otros países de la Unión Europea y de la OTAN.
El esfuerzo inversor de los últimos años ha tenido como consecuencia la transformación del tejido industrial de la defensa, que en la actualidad es más dinámico, innovador y competitivo. Los programas especiales de armamento, que son el
objeto de esta comparecencia, nacen en la década de los noventa para modernizar y dotar a las Fuerzas Armadas de los sistemas de armas que le eran necesarios para acometer las misiones que tiene encomendadas. Los PEA durante todo este tiempo han
sido un referente que, además de contribuir decisivamente a la modernización y profesionalización de las Fuerzas Armadas, han permitido generar capacidades industriales y tecnológicas de las que carecía nuestro país y han potenciado el sector de la
industria de la defensa nacional, actuando como potenciadores tecnológicos para la obtención de las capacidades necesarias para el desarrollo y sostenimiento de los sistemas, equipos y componentes de mayor valor estratégico.
Los PEA tienen como características específicas que les distinguen del resto de los programas de adquisición las siguientes. Se sufragan mediante un sistema de prefinanciación por otro departamento, inicialmente el Ministerio de Industria y
Energía, y actualmente el Ministerio de Industria, Turismo y Agenda Digital. Ello se debe a que sus implicaciones no solo tienen naturaleza militar, sino también industrial, de empleo y de cohesión regional. Poseen una gran complejidad y conllevan
un fuerte impacto tecnológico. La industria nacional participa en ellos de forma muy significativa. Para su desarrollo son necesarios largos periodos de definición y ejecución, y movilizan gran volumen de recursos financieros. El 21 de octubre de
1996 se celebró un acuerdo suscrito por el Ministerio de Defensa y el extinto Ministerio de Industria y Energía, en el que se contemplaba el desarrollo tecnológico e industrial de los programas
Eurofighter y fragatas F-100. Este acuerdo inicial se extendió mediante siete adendas que fueron suscritas en enero de 2000, noviembre de 2001, julio de 2003, noviembre de 2004 y julio de 2006 a los siguientes programas: carro de combate
Leopardo, avión de transporte militar A-400M, misil aire-aire IRIS-T, buque de proyección estratégica, helicóptero de combate Tigre, familia de vehículos Pizarro segunda fase, helicóptero de enseñanza Eco Charlie 135, submarinos S-80, buque de
aprovisionamiento en combate, misiles Taurus, obús 155/52, fragata F-105, helicópteros NH-90, buques de acción marítima, misiles Spike, helicóptero medio de la UME, avión apagafuegos de la UME y programa CIS de la UME. A estos programas se han
añadido el de la fragata F-110 y sus programas tecnológicos asociados, el del vehículo de combate sobre ruedas 8x8 y sus programas tecnológicos asociados, el de proyección estratégica de la fuerza, con dos nuevas adendas suscritas en mayo y
septiembre de 2015, y el RPAS Euromale 2025, con la última adenda suscrita en el año 2016. De estos cuatro últimos, solo están iniciados los programas tecnológicos de las fragatas F-110 y del vehículo de combate 8x8.
Los PEA son proyectos surgidos hace seis legislaturas y han sido debatidos a fondo en esta sede. Quiero destacar las comparecencias del entonces secretario de Estado de Defensa, don Constantino Méndez, explicando las obligaciones contraídas
por las adquisiciones de estos programas, que tuvo lugar el día 24 de junio de 2009, o la evaluación que hizo de su viabilidad el día 21 de septiembre del año 2011, proponiendo pautas de un nuevo modelo de adquisiciones y medidas a adoptar, alguna
de las cuales por cierto se han puesto en práctica. Así, para tratar de paliar los efectos de la crisis, las consiguientes reducciones del presupuesto de Defensa y finalmente los impagos de los PEA de los años 2010 y 2011, se articuló un proceso
para atender las obligaciones de pago contraídas relacionadas con los PEA. Se estudiaron los procedimientos posibles para la reprogramación de los compromisos con la finalidad de realizar un ajuste de gastos de las necesidades irrenunciables y
optimizar los recursos financieros disponibles ya comprometidos. Ello determinó la decisión de mi predecesor, don Pedro Argüelles, de renegociar y reprogramar los compromisos de gasto derivados de los grandes programas de armamento.
De esta manera, como explicó en esta sede el secretario de Estado Pedro Argüelles en su comparecencia ante esta Comisión del 23 de mayo de 2013, durante el primer semestre de ese año la Secretaría de Estado de Defensa, a través de la
Dirección General de Armamento y Material, renegoció con las empresas adjudicatarias una reconducción y reprogramación de los PEA. Para ello, se procedió a modificar el objeto y alcance de algunos de los contratos en curso, procurando minimizar su
impacto tanto operativo como industrial, planteando nuevos calendarios de entrega y de devolución de la prefinanciación del Ministerio de Industria. Como resultado de ese proceso, en agosto de 2013, por acuerdo del Consejo de Ministros, se autorizó
al Ministerio de Defensa a hacer modificaciones en los límites de los compromisos establecidos en el anterior acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 2009, con la finalidad de atender las reprogramaciones antes mencionadas. En virtud
de dicho acuerdo, se aprobó la reconducción de los programas Eurofighter 2000, A-400M, los helicópteros Tigre y NH-90 y el vehículo de combate Pizarro, estableciéndose que se asumiría en el coste de cada programa el correspondiente a su
sostenimiento durante los primeros años de su fase de servicio. Por este acuerdo se modificó también la financiación del submarino S-80, del misil Spike, de los nodos CIS y el helicóptero Eco Charlie 135, entre otros. La reconducción de programas
ha sido la medida empleada por el Ministerio de Defensa para afrontar la continuidad de los PEA de forma sostenible en el tiempo.
En resumen, desde el punto de vista financiero, la horquilla de techo de gasto de todos los programas especiales que en 2011 se encontraba entre 31.600 y 36.875 millones de euros, se ha rebajado con las medidas explicadas en 7.000 millones
de euros, quedando la cuantía total de los programas especiales en 29.500 millones de euros. Con la reprogramación, los compromisos de pago de los años 2013, 2014 y 2015 se rebajaron sustancialmente.
Otra de las peculiaridades de los PEA ha sido que su financiación fue satisfecha atendiendo a la figura del crédito extraordinario través de la figura del real decreto-ley. De este modo, por el Real Decreto-ley 26/2012 se aprobó un crédito
extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Defensa para atender el pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento por entregas ya realizadas de 1.782 millones de euros. Por Real Decreto 10/2013 se aprobó un
crédito extraordinario por importe de 877 millones de euros. Por Real Decreto-ley 10/2014 se aprobó un crédito extraordinario por importe de 883 millones de euros. Por Real Decreto 7/2015 se aprobó un crédito extraordinario de 846 millones de
euros. El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales y nulos los reales decretos-ley de créditos extraordinarios para los PEA de 2014 y 2015, aunque por haberse finalizado los citados ejercicios esa declaración no tendrá efecto
presupuestario alguno. Por
ello, entre otras razones, en el año 2016 no se aprobó otro real decreto similar al de los años anteriores. Hablaré de ello al finalizar esta comparecencia.
Los planes industriales vinculados a estos programas especiales y los acuerdos y compromisos internacionales adquiridos en los mismos durante los últimos veinticinco años han supuesto para España un salto cualitativo en lo que se refiere a
las técnicas, tecnologías y procesos de gestión aplicables en los distintos sectores industriales: terrestre, naval, aeroespacial y de comunicaciones, no solo en el campo de la industria de defensa y la seguridad, sino también en el de la industria
en general por el carácter dual de muchos de estos desarrollos. Actualmente están en curso once programas especiales de armamento, cuya situación paso a detallarles a continuación. No obstante, existen otros doce PEA ya finalizados que aún tienen
pagos pendientes, de los que hablaré más tarde.
A continuación, paso a pormenorizar los detalles de los programas especiales de armamento que clasificamos como sistemas terrestres. Vehículo de combate sobre cadenas Pizarro. El vehículo de combate Pizarro se ha desarrollado mediante un
programa nacional y está equipando a nuestras Fuerzas Armadas con el sistema que permite a las unidades de maniobra operar en cooperación con la formación de carros de combate. Es el complemento imprescindible al carro de combate Leopardo. Operan
juntos y de forma coordinada y su eficacia y supervivencia dependen de este trabajo en equipo. Las distintas configuraciones del Pizarro proporcionan a las unidades de nuestro Ejército de Tierra la potencia de fuego, protección y seguridad de su
personal que, llegada la hora de actuar, protegido con la cobertura que proporciona el cañón de 30 milímetros que le equipa, así actúa. Asimismo dispone de la tecnología que facilita el mando y control que requiere la actividad de las Fuerzas
Armadas hoy en día. La potencia de fuego y proyección del Pizarro proporciona mayor flexibilidad de empleo y velocidad a las unidades de infantería mecanizada, ingenieros o caballería, lo que las hace aumentar su capacidad de disuasión. Cabe
destacar la protección contra minas y artificios explosivos de los vehículos de zapadores, fundamentales para proveer a nuestras unidades de zapadores de las capacidades necesarias para cumplir sus cometidos con el grado de protección necesaria.
Los vehículos Pizarro suponen una adquisición de una familia de vehículos de combate de cadenas con cinco versiones diferentes en dos fases. Fase I -finalizada en 2003-: se entregaron 144 vehículos, con un coste de 269,92 millones de
euros; 123 vehículos de combate y 21 puestos de mando. Fase II: el contrato inicial se firmó en marzo de 2004 y contemplaba la adquisición de 212 vehículos, pero el número se redujo a 190 en 2009, ya que las necesidades operativas del Ejército de
Tierra habían cambiado. Posteriormente, en 2011, con motivo de la reconducción de los PEA, se redujo el alcance de suministro a 117 vehículos y 2 prototipos, en total 83 vehículos de combate de infantería-caballería y 36 vehículos de combate de
zapadores. Los vehículos de combate Pizarro de esta fase II incorporan mejoras e innovaciones tecnológicas respecto a la primera fase, como la transmisión de última generación desarrollada por SAPA y están siendo entregados a unidades de las
brigadas polivalentes del Ejército de Tierra, con objeto de cubrir las necesidades que quedaron pendientes en la fase I del programa. El 15 de marzo de 2017 se entregaron 52 vehículos y está previsto que antes de junio de 2017 se recepcionen otros
31. Los vehículos de combate de zapadores están en fase de diseño y serán entregados entre los años 2019 y 2021. Este programa ha permitido, señorías, que nuestra industria sea puntera en este punto.
Como ustedes sabrán, se ha capacitado al contratista principal -General Dynamics European Land Sistems/Santa Bárbara Sistemas- en la fabricación de vehículos acorazados de cadenas, lo que ha permitido ganar el contrato para el suministro de
las plataformas del programa Scout SV del Ejército del Reino Unido, que se fabrican en Trubia y componentes específicos del citado vehículo que se construyen en Sevilla. Además, la empresa SAPA ha logrado diseñar y fabricar una transmisión
automática para vehículos de ruedas y cadenas innovadora, puntera a nivel mundial, lo que le ha permitido estar en disposición de optar a un importantísimo contrato en Estados Unidos, donde podría adjudicarse la modernización de sistemas en
servicio, por un importe probable de miles de millones de dólares. El Pizarro y su versión internacional, el Ascod, representan un estándar de seguridad, potencia, movilidad y flexibilidad que genera gran interés en muchos de los ejércitos de
países vecinos y aliados. Al mismo tiempo, es una prueba palpable de las capacidades y competitividad de la industria española y de Santa Bárbara Sistemas, que lideró industrialmente el programa en el que participan empresas clave como SAPA -ya
citada- e Indra.
Paso a hablarles del vehículo de combate sobre ruedas 8x8. El objetivo de este programa nacional es la obtención de un vehículo de combate sobre ruedas 8x8 que sustituirá a los obsoletos blindados medios sobre ruedas conocidos como BMR. El
vehículo 8x8 va a cumplir, en las unidades no acorazadas, las
mismas funciones que el vehículo de combate Pizarro realiza en las unidades acorazadas o mecanizadas, pero con una mayor movilidad estratégica, ya que pueden ser proyectados por vía aérea con mayor facilidad debido a su peso y una mayor
movilidad operacional, motivado por su menor gasto de combustible y su facilidad para desplazarse utilizando vías de comunicación estándar. Este tipo de vehículo tiene un protagonismo especial en las operaciones que impliquen la proyección de la
fuerza con gran rapidez, como fuerzas de segunda entrada que apoyarán a los elementos ligeros desplegados en un primer momento. Este vehículo vendrá a potenciar las capacidades para operar en escenarios de conflicto híbrido, donde hay una
combinación de medios convencionales y asimétricos. El 8x8 proporcionará la necesaria protección a sus ocupantes, movilidad y potencia de fuego que el BMR, con casi cuarenta años de servicio y diseñado hace casi medio siglo, no puede proporcionar
debidamente. Todos los países de nuestro entorno tienen este tipo de vehículos desde hace décadas y les permiten afrontar las misiones presentes y futuras con la seguridad requerida para su personal. En cuanto a la protección del personal
embarcado -que son ocho combatientes- y la tripulación -tres componentes-, cabe señalar que la seguridad primará sobre cualquier otro requisito, proporcionando una alta protección balística y contra artefactos explosivos. Sin lugar a dudas,
nuestras tropas con este nuevo sistema estarán más seguras y protegidas.
El nuevo modelo incorporará las nuevas soluciones técnicas para hacer frente a la evolución de las amenazas, teniendo en cuenta la experiencia acumulada por otros países de nuestro entorno que disponen de este tipo de vehículos y serán la
solución adecuada para las unidades de la nueva estructura orgánica del Ejército de Tierra, basada en las brigadas orgánicas polivalentes. Los 8x8 servirán para los entornos actuales de amenaza híbrida o para la gran mayoría de los escenarios a los
que nos conduzcan los actuales desafíos de seguridad. Así, está especialmente indicado para las actuales operaciones de baja intensidad, especialmente en África. Es el vehículo que utilizan la mayor parte de nuestros aliados por su flexibilidad,
protección y versatilidad, al ser muy apto para realizar gran variedad de misiones. Para dar respuesta a las necesidades de las Fuerzas Armadas, la solución adoptada ha sido la de la adquisición de un producto existente en el mercado con
integración de sistemas en servicio que se desarrollará en dos fases. La primera fase, denominada fase de reducción de riesgos, es para el desarrollo e integración de aquellos esquemas procedentes de programas de I+D+i o que se encuentren en
servicio en las FAS que faciliten el cumplimiento de los requerimientos establecidos por los requisitos del Estado Mayor. Esta fase consistirá en el desarrollo, verificación y validación en banco de pruebas de cinco programas tecnológicos: el
PT-1, incremento de la seguridad; PT-2, conciencia situacional; PT-3, vehículo observador avanzado de artillería; PT-4, integración de sistemas electrónicos, comunicaciones e información, y PT-5, grupo moto propulsor. Y consistirá también en el
desarrollo de un sexto programa tecnológico denominado 'PT-0. Integración de sistemas en plataforma', que integrará los otros cinco programas tecnológicos en cinco demostradores para su verificación y validación en un entorno operativo.
En la segunda fase se hará la contratación del suministro de 348 vehículos para cuatro agrupaciones tácticas, previstos en los requisitos de Estado Mayor como primera etapa de la fase de producción en serie de un programa total aproximado de
mil vehículos. El importe estimado de este programa es de 3.836,29 millones de euros, de los que 1.587,60 son para adquisición y 2.248,68 para mantenimiento y modernización durante los treinta años de vida útil. Los contratistas principales son,
como he señalado anteriormente, la UTE formada por General Dynamics, Indra y SAPA, y los subcontratistas Navantia, GMV, Thapec y Tecnobit, entre otros. En lo referente a la financiación, el calendario de pagos contempla los siguientes hitos: el
MEIC, 89,30 millones de euros entre los años 2015 y 2008, y el Ministerio de Defensa, 89,30 millones de euros en el año 2018.
El Plan de gestión de ingeniería de sistemas fue aprobado tras una serie de revisiones el 13 de mayo de 2016, constituyendo la herramienta fundamental de la Administración para el seguimiento del expediente. En el mes de mayo se
seleccionaron las alternativas comerciales de los elementos cuyos plazos de adquisición, desarrollo, fabricación o integración eran más largos y condicionaban el calendario del expediente. En particular, se seleccionaron el motor, las dos torres de
accionamiento remoto y la torre tripulada que se integrarán en los demostradores. Asimismo se ha tomado la decisión sobre el calibre del arma principal de las dos torres. Actualmente, se ha completado la fase de análisis del sistema con la
aprobación del documento de revisión de requisitos y el análisis operacional del sistema de misión. Además, se están llevando a cabo trabajos en la fase de diseño conceptual y en la fase de diseño preliminar. El contrato permite el solapamiento de
las diferentes fases, si bien una fase no se da por terminada y aprobada hasta que no lo están las que le preceden. Por último, a partir del año 2018 está
previsto recepcionar los cinco demostradores tecnológicos, que permitirán certificar la viabilidad del proceso y saber si se cumplen los requisitos marcados para este tipo de vehículos.
Señorías, con la adquisición de estos vehículos de combate se dotará al Ejército de Tierra de un nuevo sistema de combate de alta movilidad, elevado nivel de protección y capacidad de enfrentamiento para responder a las amenazas actuales y
futuras, potenciando la industria nacional de defensa y mitigando los riesgos que conllevan los grandes programas de armamento. Como han señalado durante los últimos años los jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, generales de ejército
Domínguez Buj y su antecesor, Coll Bucher, los blindados de ruedas 8x8 son la primera prioridad del ejército.
Sistemas navales. A continuación, voy a señalarles los principales puntos de los programas de sistemas navales, que son el submarino S-80, el buque de acción marítima y las fragatas F-110. El programa S-80 prevé la construcción de cuatro
submarinos diésel-eléctricos con sistema de propulsión anaerobia, denominado AIP -air independent propulsión, por sus siglas en inglés-, para proporcionarle mayor autonomía y discreción, con capacidad de ataque a tierra. La orden de ejecución del
programa S-80 se firmó en el año 2004. Los submarinos están siendo construidos en España por Navantia como contratista principal y varias empresas nacionales e internacionales han sido subcontratadas: Indra, SAES, Técnicas Reunidas. Gamesa,
Exide, Bionet, Sainsel y Lockheed Martin. Se prevé que el primer submarino sea entregado a finales del año 2021. La entrega del resto de la serie está siendo analizada entre el Ministerio de Defensa y el astillero, y probablemente tenga lugar
entre los años 2023 y 2026.
El arma submarina es una parte esencial de la defensa y seguridad nacional. Sus misiones principales son la disuasión y defensa, pues operan de forma encubierta durante largos periodos de tiempo, y el control del mar, tanto para negar su
uso al adversario como para permitir libertad de maniobra al tráfico mercante y a las fuerzas propias. Entre sus misiones se encuentra también la proyección del poder naval sobre tierra mediante unidades de guerra naval especial, la protección de
una fuerza naval y la obtención de inteligencia. Operativamente, el programa S-80 proporciona a la Armada mayor capacidad de disuasión, libertad de acción y proyección, pudiendo disponer de dos submarinos en operaciones simultáneas en dos
escenarios distintos, ocupando el vacío producido por la baja de los submarinos de la clase S-60 y S-70. El coste estimado es de 2.135,54 millones de euros, según acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de agosto de 2013. El Minetur financia el cien
por cien del programa, habiéndose efectuado pagos hasta la fecha por importe de 1.774 millones de euros. Por parte del Ministerio de Defensa se iniciarán los pagos con la entrega del primer submarino a finales del año 2021. La entrada en servicio
de los nuevos submarinos implica la adecuación de infraestructuras -fosas de atraque de los submarinos, taller de torpedos, etcétera- y la instalación de dos simuladores para el adiestramiento de dotaciones, que, por cierto, se han recibido esta
misma mañana.
Industrial y tecnológicamente, este programa supone más de 6,4 millones de horas/hombre en ingeniería y 4,8 millones de horas/hombre por buque de producción, y hay involucradas más de 2.127 empresas, 854 de ellas españolas. El programa S-80
lleva asociados importantes programas de I+D y retos tecnológicos -el desarrollo de un prototipo de sistema AIP, el sistema de combate, el control de plataforma, el motor eléctrico principal, el sistema de armas, el sistema de guerra electrónica o
la antena contramedidas ESM en mástil optrónico-, pero, sin duda, el primer y mayor reto es que será la primera vez que una empresa española, Navantia, acometa en solitario el diseño y construcción de un submarino sin contar con el apoyo de un socio
tecnológico extranjero.
A lo largo del desarrollo del programa se han producido varios retrasos, lo que ha provocado una importante demora en la entrega del S-81 y, por consiguiente, en las del resto de la serie. El primer retraso se produjo en el mes de noviembre
del año 2005 y fue consecuencia de la revisión del proyecto preliminar, la RPP, celebrada en dicha fecha. El segundo retraso se produjo en octubre de 2008 como consecuencia del retraso en la consecución de determinados hitos, debido a dificultades
surgidas durante el proceso constructivo de las secciones resistentes del submarino. Se produce un nuevo cambio en la fecha de entrega de la primera unidad, el S-81, pasando de febrero de 2013 a diciembre de 2013. El tercer retraso se produce en
julio de 2010. Durante el desarrollo y la construcción de los submarinos se producen nuevos retrasos, que son puestos de manifiesto en la auditoría realizada para Navantia por la firma DNV en julio de 2010, lo que provoca una nueva planificación
detallada de las unidades S-80. El 25 de marzo de 2011 el almirante jefe del Apoyo Logístico de la Armada acuerda, mediante carta dirigida al presidente de Navantia, la modificación de la fecha de entrega de las unidades S-80, de acuerdo con la
propuesta realizada por Navantia, fijando la entrega del primer buque en marzo de 2015 y de la última unidad en mayor de 2019. El cuarto retraso es producto de la desviación de pesos y rediseño del submarino entre
los años 2013 y 2016. En diciembre de 2012 se detecta por parte de Navantia un desvío de pesos en el submarino de 125 toneladas, siendo necesario acometer un nuevo rediseño del mismo, con un incremento en la eslora de 10 metros. En la
actualidad está prevista la entrega de la unidad S-81+ para diciembre de 2021, mientras que la última se prevé para octubre de 2026 o junio de 2028, según los distintos escenarios posibles.
Las circunstancias anteriores han provocado la necesidad de un rediseño completo del submarino, lo que ha obligado a iniciar un nuevo proceso, revisión de cumplimiento de requisitos, la redefinición del S-80 y las nuevas revisiones del
proyecto. En julio de 2016 se celebró la revisión crítica del proyecto, CDR, con el apoyo técnico del mayor fabricante mundial de submarinos, Electric Boat, cuya aprobación supone la confirmación de que el programa es técnicamente viable y el
inicio de la fase de preparación para la construcción. La próxima revisión prevista es la revisión de integración de sistemas, programada para finales de 2017.
Como consecuencia del proceso de rediseño llevado a cabo y el retraso acumulado, es necesario adaptar la orden de ejecución a la situación real, incluyendo los hitos de financiación y el techo del programa. El techo actual está en 2.135
millones de euros, que, de acuerdo con la empresa, tan solo permitiría la entrega del primer submarino. Finalizar la construcción del resto de la serie exige aumentar el techo del programa en una cantidad aún no acordada entre la empresa y el
Ministerio de Defensa.
El programa de construcción del submarino S-80 supone un reto industrial de primera magnitud que colocará a España en el selecto grupo de las naciones capaces de construir un submarino proporcionando independencia tecnológica en una
capacidad esencial para la defensa nacional. La principal dificultad está siendo sin duda el hecho de que es la primera vez que Navantia acomete en solitario el diseño y construcción de una serie de submarinos, causa principal de los problemas
acaecidos en el programa, aunque no la única.
El sistema AIP constituye otro importante reto por tratarse de un nuevo desarrollo a nivel mundial. Concluir con éxito este desarrollo le dará unas capacidades muy superiores a otros submarinos de nuestro entorno y a nuestra industria un
papel de liderazgo en el sector. Una vez superadas las dificultades, el programa S-80 se considera viable desde un punto de vista técnico y, con la financiación adecuada, proporcionará una ingente carga de trabajo a las más de 800 empresas
españolas involucradas.
Buque de acción marítima. Este programa aborda la adquisición de dos buques de acción marítima tipo BAM como extensión a las cuatro unidades adquiridas anteriormente en la fase I. Diseñado sobre todo como una unidad muy polivalente, el BAM
es concebido como un buque que debía permitir una máxima eficiencia para llevar a cabo misiones de control del mar en escenarios de baja intensidad y con capacidad de disuasión y reacción ante amenazas convencionales de pequeño calado, todo ello en
escenarios oceánicos o alejados del territorio nacional. Las misiones principales de estos buques serán las de protección de los intereses marítimos nacionales y de control de los espacios marítimos de soberanía e interés nacional y llevarán a cabo
misiones de defensa contra amenazas asimétricas y convencionales de pequeña entidad, de policía marítima, apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y misiones de vigilancia, de salvamento marítimo y de lucha contra la contaminación
marina y apoyo en operaciones de buceo a poca profundidad. Los nuevos BAM, Audaz y Furor, cuya entrega está prevista para el año 2018, tendrán las mismas características que los buques anteriores de la serie salvo aquellas modificaciones derivadas
de los cambios propuestos por la Armada y validados por el Jemad y con las actualizaciones impuestas por los reglamentos aplicables.
La firma del contrato -la orden de ejecución con Navantia- tuvo lugar el 5 de diciembre de 2014 con un valor de 333,48 millones de euros. La construcción se inició con el corte de chapa de acero el 5 de diciembre de 2014 y la puesta de
quilla simultánea el pasado 29 de abril. Se han certificado todos los hitos de financiación hasta la fecha, alcanzándose un porcentaje del 80 % del total de la misma. El último hito constructivo está teniendo lugar esta misma tarde, ya que la
ministra de Defensa se encuentra en este preciso momento en la botadura del Audaz, en San Fernando.
La construcción de los dos buques BAM está suponiendo un alcance industrial que se estima en 2.200.000 horas de trabajo tanto propias como de la industria auxiliar, generando una ocupación para cerca de unos 300 empleados directos y otros
mil empleados indirectos en un plazo estimado de unos cuarenta y nueve o cincuenta meses. La producción está teniendo lugar en dos astilleros diferentes de Navantia, el de San Fernando, el BAM5, y el de Ferrol, el BAM6. En estos momentos el
programa se encuentra con un avance total superior al 40 %. El impacto real se extiende a más de 300 empresas participantes en el programa BAM. De ellas, el 84 % son de ámbito nacional, siendo entre otras: Navantia,
Indra, Tecnobit, Sainsel, Gabadi, Frizonia, Ferri, Detegasa, Fernández Jove, Novofri, Gauzon Ibérica, Servitec, Servoship, Fluidmecanica, Enor, Itur, Guivisa, Núcleo, Spica, CIC, Aeromarine, Pine, Supsonik, Asmain, etcétera, así hasta 800.
Fragatas F-110. El programa F-110 consiste en la sustitución de las seis fragatas antisubmarinas F-80 mediante el desarrollo y producción de cinco fragatas nuevas. Las nuevas fragatas serán buques de escolta oceánico multipropósito con
énfasis en guerra antisubmarina y optimizados para operar en el litoral, por lo que sus sensores y armas estarán especialmente diseñados para escenarios de alta intensidad y de gran densidad de amenazas asimétricas. Las fragatas F-110 están
diseñadas para disponer de una importante capacidad de combate en todas las áreas principales de la guerra, necesaria para desarrollar sus cometidos, especialmente en los perfiles de protección de la fuerza y en el de proyección del poder naval, así
como frente a amenazas convencionales y asimétricas cada vez más complejas. Las F-110 también deberán ser capaces de desempeñar sus cometidos relacionados con los perfiles de seguridad marítima y de apoyo a autoridades civiles, normalmente en
escenarios de baja intensidad.
Los buques serán construidos en España por Navantia con la participación de numerosas empresas nacionales, como Indra, Sener y Tecnobit. Se estima para Navantia una media de 3,3 millones de horas de trabajo por buque, con un impacto en el
empleo de 7.000 ocupados directos e indirectos, especialmente en la zona de la ría de Ferrol, a lo que habrá que añadir el empleo de muy alta cualificación intrínseco a la tecnología. Los sensores estarán basados en los programas tecnológicos de
I+D que comenzaron en paralelo a la definición del buque en 2015 y finalizarán en 2020. Los programas tecnológicos pretenden desarrollar sistemas de última generación con gran impacto industrial y tecnológico.
El 19 de junio de 2015 el Consejo de Ministros acordó modificar los límites establecidos en el acuerdo de 18 de julio de 2014, asignando a la fragata F-110 la cantidad de 174,36 millones de euros a pagar en el año 2021 por el Ministerio de
Defensa. Esa cantidad servirá para contratar, por una parte, la continuación de los trabajos de especificación detallada a partir del buque base del DDV y, por otra parte, los programas tecnológicos de I+D para el desarrollo de los prototipos de
mástil integrado y sistema de combate de las fragatas F-110.
El 23 de diciembre de 2015 se firma el contrato de desarrollo de programas tecnológicos con la UTE Navantia-Indra, haciéndose la primera entrega de documentación del programa el 28 de diciembre. El 29 de diciembre de 2015 se firma la orden
de ejecución con Navantia para la fase de definición de la fragata F-110. Actualmente el programa ha finalizado la etapa de determinación de alternativas de obtención con la edición del documento de viabilidad y se han efectuado los hitos
principales de los programas tecnológicos hasta la revisión de sistema y revisión preliminar de diseño, así como la definición del buque de referencia. Todo ello de acuerdo con el calendario previsto en los contratos, salvo pequeñas desviaciones
debido a la exigencia de los propios desarrollos tecnológicos.
La construcción de las fragatas F-110 permitirá a la Armada seguir cumpliendo con las misiones encomendadas de protección de los intereses marítimos nacionales y de control de los espacios marítimos de soberanía e interés nacional, así como
los compromisos adquiridos por España para la preservación de la paz y seguridad internacionales. Asimismo, el alto grado de nacionalización de los buques permitirá a la industria nacional desarrollar y consolidar las capacidades tecnológicas en
este sector.
Señorías, en conjunto, los compromisos de gasto con Navantia en los últimos años con el buque de aprovisionamiento de combate, el LHD, las F-100, los S-80 y los BAM han supuesto 7.200 millones a la Armada. Señorías, gracias a estos
programas Navantia ha sido capaz de conseguir contratos con terceros países como, por ejemplo, Australia, Noruega, Chile, Malasia, Venezuela y Turquía por un importe de 4.750 millones de euros, es decir, un 65 % respecto a lo contratado por España,
con un total de 36 millones de horas de trabajo, desarrollo de equipos de ingeniería y de nuevos programas de I+D, y eso sin tener en cuenta la ganancia de conocimiento de Navantia en todos estos procesos.
Sistemas aéreos de ala fija. Paso a comentar a continuación los aspectos más relevantes de este tipo de sistemas, empezando por el avión de combate Eurofighter EF-2000. El Eurofighter Typhoon es un caza polivalente, bimotor y de gran
maniobrabilidad. La combinación de agilidad, capacidades furtivas y sistemas de aviónica avanzados lo categorizan como uno de los mejores cazas en servicio actualmente. Siendo un avión de combate polivalente puede ser usado como caza y como avión
de ataque a tierra al mismo tiempo.
El proyecto Eurofighter se inició en 1977 con el objetivo de conseguir un avión de combate europeo de nueva generación. España se incorporó al programa en 1984. El primer avión se recibió en 2003 y se
prevé la entrega del último en el próximo año 2018. El objetivo del programa es la producción de 496 aviones -inicialmente eran 620 aviones, cuando se contaba con contratar la Tranche 3B-. Se trata de un proyecto europeo con participación
del Reino Unido en un 37 %, Alemania en un 29 %, Italia en un 20 % y España en un 14 %.
Hasta la fecha se han recepcionado por parte de España 61 aviones y faltan solo 9 que irán saliendo de la línea de producción hasta finales del 2018. En este momento, en el programa Eurofighter-2000 coexisten las fases de desarrollo, con
nuevas capacidades, de producción -Tranche 3- y en servicio -Tranche 1, Tranche 2 y primeras unidades de la Tranche 3-. En la actualidad los trabajos más importantes que se están realizando son: la implantación de los contratos de sostenimiento y
de ingeniería, la recepción de 5 aviones en 2017 y la generación de la capacidad inicial de ataque a superficie. También se está consolidando la madurez operativa del avión como un caza multipropósito o multirrol, con capacidad aire-aire y de
ataque a suelo para las tranches 2 y 3.
El techo de gasto actual aprobado en Consejo de Ministros es de 10.629,86 millones de euros; de estos, el Ministerio de Industria, Energía y Competitividad prefinancia hasta 4.398,6 millones de euros, que han sido abonados en su totalidad;
por parte del Ministerio de Defensa se ha efectuado ya el pago de 4.836,1 millones de euros. Los principales retos actuales se centran en el desarrollo y producción del futuro radar de barrido electrónico y en conseguir el éxito en alguna de las
distintas campañas de exportación que están abiertas. Industrialmente el programa del Eurofighter-2000 supone para España del orden de 120 millones de horas/hombre de trabajo, 3.000 empleos directos y más de 19.000 empleos indirectos o inducidos.
Participan más de 20 fabricantes y 300 empresas auxiliares y de servicios. ITP y Airbus participan respectivamente en los dos consorcios internacionales del programa, el Eurojet y el Eurofighter.
Avión de transporte A400M. El programa consiste en la obtención de 27 aviones de transporte mediante el desarrollo de un programa internacional en el que participan Alemania, Francia, España, Reino Unido, Turquía, Bélgica y Luxemburgo.
Paralelamente, se adquirirá el apoyo logístico a la flota: simuladores, mantenimiento, repuestos, documentación técnica, etcétera. Este importante programa dotará al Ejército del Aire de capacidad de transporte estratégico e incrementará la
capacidad de reabastecimiento en vuelo. La agencia OCCAR es la que gestiona y actúa en nombre de las naciones firmantes del contrato, frente a Airbus Military SL -AMSL por sus siglas en inglés-. Las siete naciones participantes obtendrán un total
de 170 unidades de un avión de transporte capaz de sustituir a las envejecidas flotas europeas de aviones Hércules y Transall. Adicionalmente se producirán otros cuatro A400M para Malasia.
En el caso de España, la flota del A400M sustituirá a los C-130 Hércules, que tienen más de 40 años y que estoy seguro de que sus señorías han visto durante estos años en multitud de conflictos, operaciones de mantenimiento de la paz,
evacuaciones médicas o envío de ayuda humanitaria. El número total de aviones a adquirir por cada nación en este programa internacional es el siguiente: Alemania, 53; Francia, 50; España, 27; Reino Unido, 22; Turquía, 10; y Bélgica, 8 (7+1
porque hay que contar los 7 belgas y el avión de Luxemburgo). Se prevé además un incremento de la producción como consecuencia de futuras exportaciones a terceros países. Esta aeronave incrementará sustancialmente la capacidad de carga y el radio
de alcance en comparación con aquellas a las que va a sustituir. La capacidad de carga se duplicará tanto en peso como en tamaño, operará en múltiples configuraciones incluyendo transporte de carga, transporte de tropas, evacuación médica y
reabastecimiento de combustible en vuelo.
El A400M es un avión basado en la experiencia acumulada por Airbus como fabricante de aviones civiles, pero adaptado a los requisitos militares para poder actuar en todo tipo de aeropuertos y en pistas no preparadas. Diseñado desde el
principio para ser un avión con doble función de transporte y cisterna, el A400M proporciona la capacidad de reabastecimiento en vuelo, además de una capacidad logística y de transporte táctico para poder actuar, como he mencionado, en pistas no
preparadas. Este avión de transporte está propulsado por cuatro motores turbohélice, con un peso máximo al despegue de 141 toneladas, capaz de transportar una carga de pago máxima de 32 toneladas a 1.780 millas, a una velocidad de 0,68 Mach. El
alcance del avión sin carga es de 4.700 millas.
Con una carga útil máxima de hasta 37 toneladas y un volumen de 340 m3, el A400M puede transportar numerosas cargas no estándar, incluyendo vehículos y helicópteros que son demasiado grandes o demasiado pesados para la generación anterior de
los aviones tácticos de transporte, por ejemplo un helicóptero NH 90 o un helicóptero Chinook CH -47 o un vehículo de combate de infantería pesada. También puede llevar vehículos civiles pesados como camiones, excavadoras o grúas móviles,
necesarios
para prestar ayuda en caso de desastres. El avión admite diferentes configuraciones de carga tales como el transporte y lanzamiento de hasta 116 paracaidistas -naturalmente, con su equipo completo-, el transporte de todo tipo de material,
como llevar cargas sobre pallets en distintas configuraciones. Puede llevar hasta 9 pallets de 88x108 pulgadas, o múltiples combinaciones de personal y carga simultáneamente. Además se puede configurar para realizar una evacuación médica de
personal. Como avión de reabastecimiento en vuelo, ahora conocidos como tanqueros, neologismo evolución de la palabra inglesa tanker, el avión A400M estándar tiene la mayor parte de las disposiciones -equipos y software- para operaciones de
respostaje en vuelo ya instaladas de serie, con una capacidad básica de combustible de 63.500 litros, que puede ser aumentada aún más con tanques adicionales en la bodega de carga.
Se trata, por tanto, de un avión que es necesario para renovar nuestras Fuerzas Armadas, que permite proyectar nuestra fuerza a escenarios donde con anterioridad no podíamos llegar con tanta carga y tan rápidamente y que nos permite una gran
capacidad estratégica en lo relativo al despliegue, repliegue y actuaciones humanitarias y de socorro a nuestros nacionales. El A400M es un avión de gran potencial al cubrir un vacío en aeronaves de su tamaño dentro del segmento de transporte
estratégico en el mercado internacional. Tiene el valor añadido para España de contar con la línea de montaje final en la factoría de Airbus de Sevilla, instalación de última generación que se erigió exprofeso para el proyecto.
El programa se encuentra en la fase de desarrollo en cuanto a las capacidades militares, en la fase de producción de aeronaves y hay ya más de 40 unidades en servicio. España ha recibido su primer avión A400M el 1 de diciembre del año 2016
y ya ha realizado sus primeras misiones operativas; y está previsto que reciba un total de 13 aviones entre los años 2017 y 2022, retrasando la recepción de las otras 13 unidades para el periodo 2025-2030. El 14 de septiembre de 2016 se formalizó
un convenio entre el Ministerio de Defensa y Airbus Military SL, para establecer las bases que posibiliten las oportunas enmiendas al contrato que OCCAR firmó con AMSL y adecuar su ejecución de forma que se optimice el destino final de la flota
declarada como no operable por el Ministerio de Defensa a la vez que se aseguraba la viabilidad industrial del programa A400M. La flota declarada como no operable es la que se ha pospuesto hasta 2025, con la intención de que pueda ser vendida a
terceros países.
En este convenio se establece una modificación del calendario de entregas de la flota de aviones A400M para el Ministerio de Defensa, un ajuste de los perfiles financieros del contrato OCCAR y, ante un eventual futuro escenario de
cancelación como parte del proceso, se fijan penalizaciones contractuales a abonar por el Ministerio de Defensa derivadas de la cancelación de los 13 aviones declarados como no operables en la cantidad de 243 millones de euros, congelándose a fecha
1 de enero de 2016 sin actualización ni variación de precios.
Sistemas aéreos de ala rotatoria. Helicóptero de combate Tigre. El helicóptero Tigre está enfocado sobre todo para responder a la amenaza que representan objetivos terrestres tales como infantería, vehículos blindados y edificios o
estructuras. Tiene dos cometidos principales: el primero, proporcionar apoyo aéreo cercano, directo y preciso a las unidades terrestres; y el segundo, destruir vehículos, acorazados o no. Entre diciembre de 2005 y enero de 2010 se entregaron 6
helicópteros de apoyo y protección, HAPE, al Ejército de Tierra; y entre diciembre de 2014 y septiembre de 2015 se han entregado 4 helicópteros de ataque y destrucción, HADE. En diciembre de 2016 se han entregado otros 4 helicópteros de ataque y
destrucción estando previsto entregar los 10 helicópteros de ataque y destrucción restantes entre 2017 y 2018. El programa se encuentra en fase de producción de las últimas unidades. No se ha variado el alcance del contrato ni el precio final
establecido, que es de 1.515 millones de euros, que se actualizó alargando los hitos de entrega de los helicópteros en un nuevo calendario y se disminuyó el importe a pagar de las anualidades alargando el pago final, que antes se realizaba en el año
2021 y ahora en el año 2017.
Si bien el techo de gasto aprobado por el acuerdo del Consejo de Ministros de agosto de 2013 -1.515 millones de euros- no ha sido superado, se estima que en la etapa final se pueden producir gastos sobrevenidos que aconsejan seguir contando
con un cierto margen de fondos y ser extremadamente cautos a la hora de emprender nuevos proyectos, considerando además que todavía quedan actividades pendientes de ejecutar en su totalidad en cumplimiento de la directiva del programa.
Entre las actividades pendientes figuran las adquisición de la dotación inicial de cohetes, la finalización del desarrollo del helicóptero de ataque y destrucción (certificación española, implementación de la última versión de software,
etcétera), finalización del desarrollo de sistemas auxiliares (la mejora del simulador del HAD y bancos automáticos de mantenimiento), y la gestión de obsolescencias hasta la entrega del último helicóptero al Ejército de Tierra. El Ministerio de
Industria, Energía y Competitividad prefinancia un
total de 675,82 millones de euros que han sido ya abonados. Por parte del Ministerio de Defensa se han efectuado pagos por importe de 748,9 millones de euros, extendiéndose el calendario de pagos hasta el año 2030.
Operativamente, el Programa Tigre dota al Ejército de Tierra con un helicóptero de ataque polivalente, con capacidad para desarrollar misiones de reconocimiento, combate aire-aire, apoyo de fuego, protección y lucha contracarro, con
capacidad de combate en todo tiempo, elevado índice de supervivencia y dotado de sistemas de información en tiempo real. Industrialmente, el Programa Tigre supone 1,5 millones de horas/hombre de trabajo y unos 450 puestos de trabajo. La línea de
producción de Tigre representa junto a la de los NH 90 la espina dorsal de la factoría de Albacete de Airbus Helicopters España. También Airbus Helicopters ha fabricado en Albacete los fuselajes traseros de todos los helicópteros Tigre del programa
en el mundo. Otras empresas participantes como subcontratistas a primer nivel son ITP, Indra, Tecnobit, CESA, MTRI, Safran, Thales, Santa Bárbara y muchas otras más.
Los principales problemas y dificultades que se están encontrando en el Programa Tigre están relacionados fundamentalmente con los retrasos en la certificación de la aeronavegabilidad del propio helicóptero y de la integración de su
armamento, que se está realizando en España por parte del INTA. Como principal proyecto de futuro y debido entre otros motivos a que el helicóptero Tigre de ataque y destrucción tiene un elevado número de obsolescencias, puesto que es un desarrollo
de los años noventa, y para incorporarle mejoras en la tecnología actual, se está analizando la posibilidad de participar en el desarrollo de una nueva evolución del citado helicóptero denominada Mk III, que podría entrar en servicio a partir del
año 2025.
Helicóptero NH 90. El NH 90 es un helicóptero militar polivalente, de tamaño medio, bimotor, que puede ser tripulado por un solo piloto, está diseñado para operar en condiciones meteorológicas adversas tanto de día como de noche, y su
condición de transporte moderno le permite llevar tanto tropas como carga de hasta 2.500 kilos, realizar operaciones helitransportadas de búsqueda y rescate, así como otras aplicaciones como la evacuación médica con hasta un total de doce camillas,
operaciones especiales, lucha electrónica, correo aéreo, paracaidismo y entrenamiento de vuelo.
Tras la aprobación del acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de agosto de 2013, se negoció y modificó el contrato de adquisición de helicópteros NH 90 con objeto de adaptarlo a lo dispuesto en este acuerdo. El contrato principal relativo a
la adquisición de los helicópteros se modificó el 10 de diciembre de 2014 para contemplar la reducción de 45 a 22 helicópteros en dos configuraciones: GSPA estándar 1 y GSPA estándar 2, modificación de las anualidades, que se amplían hasta 2030, y
ampliación del plazo de ejecución del suministro y resto de la prestación hasta el 30 de diciembre de 2025. Se estableció una partida denominada 'costes derivados de la reducción de helicópteros', cuyo valor se fijó en 85,71 millones de euros. Es
deseable que el Ministerio de Defensa contrate antes de marzo de 2018 el suministro de los 23 helicópteros reducidos en esta modificación, evitando de esta forma la interrupción de la cadena de montaje del NH 90. Esta partida incrementará el
importe de la partida de repuestos, el ILS, el ISS, equipos de misión u otros que el órgano de contratación apruebe mediante resolución. Se dota a las Fuerzas Armadas de simuladores de vuelo, banco SAME y AMPS, elevándose el coste total del
programa a 1.682,44 millones de euros.
El Ministerio de Industria, Energía y Competitividad prefinancia un total de 733,40 millones de euros, de los que han sido abonados ya 664,40 millones de euros. Por parte del Ministerio de Defensa se han efectuado pagos por un importe de
267,64 millones de euros, extendiéndose el calendario de pagos restantes hasta el año 2021. Operativamente, el Programa NH90 proporcionará a las Fuerzas Armadas en general capacidades de transporte táctico polivalente para desarrollar misiones de
apoyo logístico, de proyección, de búsqueda y salvamento, operaciones especiales en todo tiempo, con elevado índice de supervivencia en el campo de batalla actual.
El Programa especial NH 90 se encuentra en la siguiente situación: primero, un fuerte componente de la base industrial nacional con la creación de 500 puestos de trabajo directos de alta cualificación en el parque aeronáutico logístico de
Albacete. Segundo, hasta la fecha, 5 helicópteros de los 22 contratos entregados al Ejército de Tierra y previsión de entregar 3 más durante este año 2017. Tercero, el apoyo logístico al NH 90, que se ha creado bajo el concepto de sostenimiento
común, con lo cual los dos Ejércitos y la Armada tendrán el mismo concepto de apoyo logístico. En la actualidad se está en la fase de desarrollo del prototipo estándar 2 con el fin de mejorar las capacidades de misiones de operaciones especiales.
En el Ministerio de Defensa estamos pendientes de contar con los créditos necesarios en el programa para iniciar la contratación de segundo lote de helicópteros NH 90.
Misiles. Con el sistema de misiles contracarro Spike LR se están renovando y modernizando las secciones de defensa contracarro de las unidades ligeras y mecanizadas de infantería/caballería del Ejército de Tierra, así como de la infantería
de marina; es una versión de largo alcance usado por infantería y vehículos de combate ligeros. El Spike LR es un misil con capacidad para abatir los modernos carros de combate como objetivo primario y también vehículos blindados, helicópteros y
blancos terrestres de alto valor como objetivos secundarios. Los criterios de diseño han sido maximizar la probabilidad de destrucción, supervivencia y simplicidad y capacidad ante las contramedidas, logrando al mismo tiempo un mínimo coste y peso.
El programa se encuentra en su fase final, solo falta por cumplimentar el último hito, donde esencialmente se recepcionarán los medios de simulación y material de apoyo logístico. Ya han sido adquiridos 2.550 misiles contracarro de alcance medio
para sustituir al sistema Dragon de infantería de marina y el Milan del Ejército de Tierra, y 260 puestos de tiro, más medios de adiestramiento, apoyo logístico y repuestos. Es un programa de nacionalidad española exclusivamente con un coste total
de 324 millones de euros, y un techo financiero previsto de 364,69 millones de euros. El contratista principal es General Dynamics Santa Bárbara Sistemas, el socio tecnológico es Rafael de Israel, y como subcontratista nacional está Tecnobit. En
total se estima que se han generado 480.000 horas/hombre de trabajo.
Otros programas. Nodos CIS de la UME. El Programa CIS de la UME tiene como objetivo dotarse de los sistemas de información y telecomunicaciones que proporcionarán soporte de telecomunicaciones, mando y control, información y coordinación
de las actividades de la UME en la gestión de emergencias. El sistema de telecomunicaciones proporcionará el conjunto de materiales, software, métodos y procedimientos para realizar las funciones de transferencia o transmisión de información y
dispondrá para ello de una infraestructura de nodos fijos y tácticos desplegables. Además, el Sistema Integrado Militar de Gestión de Emergencias dispondrá de unas capacidades CIS que posibilitarán el cumplimiento de la misión de la UME mediante el
apoyo a las funciones operativas de vigilancia, planeamiento, preparación, seguimiento y conducción. El Programa CIS de la UME se inició en 2006 y tenía una duración prevista hasta 2016. Se fundamenta en el desarrollo de las capacidades CIS de sus
nodos permanentes y desplegables y del Sistema Integrado Militar de Gestión de Emergencias, el Simge, incluyendo su aportación a la Red Nacional de Emergencias como infraestructura común de las administraciones públicas para gestionar emergencias.
Las áreas de actuación del Programa de Nodos CIS de la UME son: Nodos CIS permanentes, las actuaciones que proporcionan las capacidades CIS en los emplazamientos fijos y permanentes donde se ubican las unidades UME; nodos CIS desplegables,
que permiten la extensión de los servicios CTS a las unidades operativas desplegadas en las zonas de emergencia en cualquier lugar del territorio, integrándolos en una sola red junto a los nodos fijos, y Sistema Integrado Militar de Gestión de
Emergencias, el Simge, que es un sistema de información propio para apoyo a las funciones operativas de la UME en gestión de emergencias.
El programa está dando lugar a varias innovaciones en tecnologías y desarrollos pioneros a nivel nacional tales como la implantación de una red todo IP multiservicio con calidad de servicio implantada, soportada por una red fija y red
satélite sobre nodos desplegables. Desarrollo de un sistema de satélite en movimiento todo terreno en la banda X de bajo perfil con antenas planas, que incorpora novedosos mecanismos de navegación, seguimiento y apuntamiento. Desarrollo de un
sistema terminal satélite portátil en banda X con antena plana, o implantación de una gestión de red satélite, terminales y hub satélite centralizada con soporte de red todo IP, permitiendo múltiples tipologías de red y optimizando el ancho de banda
satélite. Interoperabilidad de medios de telecomunicaciones civiles y militares. Desarrollo de la aplicación de gestión y visión integral de la arquitectura de telecomunicaciones de la UME y del estado de la misma, incorporando protocolos de
encaminamiento óptimo y mapas de calidad de servicio, utilizando el mejor medio de enlace para la calidad requerida y, en función del resto de criterios de coste que se aplican, permitiendo trabajar con una red con nodos cifrados y nodos no
cifrados, dependiendo de las exigencias de seguridad. Desarrollo de transmisión/recepción de RF y señales de control sobre fibra óptica para instalaciones HF desatendidas con requisitos de seguridad cripto.
Programas finalizados con pagos pendientes. Fruto de la reorganización que comentaba al principio de mi exposición, existen una serie de programas especiales de armamento finalizados pero con pagos pendientes. En este estado nos
encontramos los siguientes: Primero, buques de acción marítima que, con anterioridad a 2012, tuvieron una financiación por parte del Minetur y Minisdef, y cuyas reprogramaciones se extienden hasta el año 2025, para un coste total del programa de
509,92 millones de euros. Segundo,
buque de proyección estratégica, cuyas reprogramaciones se extienden hasta el año 2027, para un total de 462,35 millones de euros. Tercero, buque de aprovisionamiento de combate, que al igual que los BAM, tiene un espacio-calendario de
pagos que se extiende a 2025, para un coste total del programa de 255.031 millones de euros. Cuarto, fragatas F-100; este programa, uno de los más complejos hasta la fecha y que ha cosechado un importante éxito, tiene reprogramaciones hasta el año
2028 y un total de coste del programa de 1.997,5 millones de euros. Quinto, fragata F-105, con un coste de 827,12 millones de euros y reprogramación hasta el año 2025. Sexto, apagafuegos CL-415, está previsto el último desembolso en el año 2019
para un coste total de 40,54 millones de euros. Séptimo, helicóptero medio de la UME, con un coste total de 80 millones de euros y compromisos hasta el año 2022. Octavo, el programa Leopardo, con un coste total de 2.508,17 millones de euros, cuya
última anualidad se abonará en 2028 por un importe de 472 millones de euros. Noveno, obús 155/52 con cantidades menores, un total de 196 millones de euros hasta el año 2025. Décimo y último, una serie de programas de misiles, entre los que se
incluyen el Taurus, el ESSM -este con cantidades mínimas ya pagadas en 2015- y el IRIS-T, por un total conjunto de los tres programas de 391 millones de euros.
Concretando a sus señorías, sobre estos programas especiales de armamento, los pagos pendientes a cada uno son los siguientes: el BAM, 626 millones de euros hasta el año 2030. El buque de proyección estratégica, 340 millones de euros hasta
el año 2027. El BAC, buque de aprovisionamiento de combate, 223,75 millones de euros hasta el año 2025. La F-100, 1.510 millones de euros hasta 2028. F-105, 751 millones de euros hasta 2025. Apagafuegos, 30,54 millones de euros hasta 2019.
Helicóptero medio de la UME, 58,88 millones de euros hasta 2022. CIS UME, 47 millones de euros hasta 2024. Misil IRIS-T, 84 millones de euros hasta el año 2020. Taurus, 10 millones de euros hasta 2016. Leopardo, 1.588,27 millones de euros hasta
el año 2028, y el obús 155/52, 96,45 millones de euros hasta 2025.
Se pedía también en la comparecencia que el Gobierno expusiera las previsiones para asumir los compromisos de gasto en 2017. Tal y como la ministra de Defensa les expuso en esta misma Comisión, el pasado 20 de diciembre de 2016, existe un
firme compromiso del Ministerio de Defensa para atender en 2017 los pagos de los programas especiales de armamento que no pudieron satisfacerse en 2016, y cuyo importe asciende a 716,8 millones de euros, como consecuencia de la citada sentencia del
Tribunal Constitucional que decía al principio. Si fuese necesario, el ministerio atendería el pago de los intereses de demora correspondientes, aunque no se prevé que tal cosa suceda. El primer paso para poner en práctica una solución que permita
garantizar los pagos y las inversiones ya se dio el pasado 9 de diciembre, con la aprobación por el Consejo de Ministros del acuerdo por el que se eleva hasta 1.824 millones de euros el límite para adquirir compromisos de gasto con cargo a
ejercicios futuros.
Este paso es condición previa para que sea posible trasladar al año 2017 los importes no satisfechos de las anualidades correspondientes al ejercicio 2016 de aquellos PEA que se han visto afectados por el impago, naturalmente, que son
diecinueve de los veintidós; es decir, una reprogramación de las anualidades pendientes que permitirá hacer frente en 2017 a los pagos atrasados del año 2016, mediante la previsible inclusión en los Presupuestos Generales del Estado -de sus
señorías depende- de 1.824 millones de euros, lo que pone de manifiesto el compromiso del Gobierno con los contratistas afectados.
En cuanto a la forma idónea para financiar las anualidades de los PEA, y teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional, la postura que mantiene este departamento es que los créditos a tal efecto deberán consignarse en las
dotaciones que anualmente se fijen para el Ministerio de Defensa en las correspondientes leyes de Presupuestos Generales del Estado y en la sección 14 correspondiente. Esta medida estaría en consonancia con el compromiso asumido en la Cumbre de
Gales de 2014 por los jefes de Estado y de Gobierno de los veintiocho Estados aliados de la OTAN de incrementar nuestros presupuestos de Defensa hasta alcanzar, en el plazo de una década, una cifra equivalente al 2 % del producto interior bruto de
nuestras respectivas naciones.
Para que este objetivo sea viable es necesario promover una política presupuestaria en materia de Defensa con criterios estables y sostenibles, que permita garantizar la disponibilidad de los medios económicos suficientes a medio y largo
plazo, para hacer frente a las necesidades identificadas en el proceso de planeamiento de los recursos financieros y materiales de la Defensa. Un marco de estabilidad como el descrito no solo incentivaría nuestras empresas nacionales de armamento y
material para incrementar sus inversiones en I+D+i, sino que contribuiría a aumentar su nivel de compromiso con las Fuerzas Armadas al servicio de la seguridad y la defensa de nuestros ciudadanos y de los valores constitucionales. Solo con el
consenso de las fuerzas políticas representadas en esta Comisión será posible hacer realidad el propósito anunciado por el presidente del Gobierno, en la pasada Cumbre de la
OTAN de Cardiff, de iniciar una senda de recuperación presupuestaria en lo que al gasto de Defensa se refiere, condición sine qua non para estar en disposición de obtener las capacidades necesarias para dar un adecuado nivel de respuesta a
las amenazas que ponen en riesgo la seguridad de España y de los españoles, algo que sin duda nos agradecerán.
Con el ánimo de proporcionar un mayor nivel de detalle a los miembros de la Comisión, pasaré a continuación a detallar la distribución por cada uno de los PEA de la cifra, a la que me he referido antes, de 1.824 millones de euros, necesaria
para hacer frente en 2017 a los pagos de dichos programas. Concretamente, el importe total sería de 1.824.476.938,24 euros, en los que estarían comprendidos tanto los 716.763.259,39 euros que se arrastran desde el año 2016 en concepto de pagos no
atendidos, como los 1.107.713.678,85 euros, inicialmente previstos para el ejercicio 2017. En el caso de las fragatas F-100 estaba prevista una anualidad de 48.344.405 euros para el año 2016 y otra de 48.359.228 euros para el año 2017. Tras esta
nueva situación, la anualidad de 2017 será de 96.703.633 euros.
En cuanto al Eurofighter, tenía prevista una anualidad de 352.086.173 euros. Contaba con una ejecución de 4.940.000 euros, por lo que la anualidad total en el año 2017 será de 635.936.173 euros. Por lo que respecta al programa del carro de
combate Leopardo, estaba prevista una anualidad de 1.109.000 euros para el año 2016 y otra de 1.172.000 para el año 2017. Tras esta nueva situación, la anualidad de 2017 será de 2.281.000 euros. El programa A400M mantiene la previsión inicial para
el año 2017, debido a que se ejecutó en su totalidad en el año 2016, y lo que está previsto para el año en curso son 388.256.482 euros. El vehículo de combate Pizarro tenía prevista una anualidad en 2016 de 110.646.824 euros y de 90 millones de
euros para 2017. Fruto de la operación anteriormente comentada, la anualidad de 2017 será de 200.649.824 euros. El buque de proyección estratégica alcanza la cifra de 5.485.460 euros para el año 2017, suma de las anualidades correspondientes a
2016 y 2017 por importe cada una de ellas de 2.742.730 euros. El helicóptero Tigre tuvo una ejecución en el año 2016 de 736.830 euros, por lo que restarían todavía por pagar 40.156.443,20 euros, de forma que la anualidad del año 2017 será de
76.156.443 euros. El misil IRIS acumula dos anualidades de 1 millón de euros cada una, es decir, 2 millones de euros para el año 2017. En idéntica situación se encuentra el buque de aprovisionamiento de combate, también con una anualidad final de
2 millones de euros para el año 2017.
El obús REMA 155/52 igualmente acumula dos anualidades por importe de 10 millones cada una de ellas, por un total consecuentemente de 20 millones de euros para este ejercicio. En cuanto al misil Taurus, con una anualidad de 2016 de
10.057.143 euros, se procederá a su pago total en el año 2017. La fragata F-105 contaba con una previsión de 1.000.007 euros para el año 2016 y de 999.997 para el año 2017, para un total de la nueva situación de 2.000.004 euros. El buque BAM
acumula dos anualidades de 994.994 euros cada una, es decir, 1.999.988 euros para el año 2017. De la misma manera, el misil Spike acumula dos anualidades de 20 millones de euros cada una, lo que hace un total de 40 millones de euros para el año
2017. El helicóptero NH 90 contaba con una previsión de pagos en 2016 de 95.563.300,63 euros y de 187.487.048 euros para el año 2017. Teniendo en cuenta que en 2016 se efectuaron pagos por importe de 1.278.300 euros, la situación final para el año
2017 es de 281.772.049 euros. En cuanto al helicóptero UME, estaba previsto satisfacer en 2016 un importe de 4.316.000 euros y de 8.941.000 euros para el año 2017, de tal forma que el total de la nueva anualidad para el año 2017 es de 13.257.000
euros. El avión UME igualmente acumula dos anualidades de 10 millones cada una, 20 por tanto para el año 2017. El Nodo CIS UME suma dos anualidades de 5.965.200 euros cada una, lo que hace un total de 11.930.400 euros para el año 2017. Por
último, en el caso del helicóptero EC-135, quedaron pendientes de pago en el año 2016 7.991.340,26 euros, que unidos a los 6.000.000 de euros previstos para 2017 sumarán un total de 13.991.340 euros.
El señor PRESIDENTE: Puede respirar y tomar un trago de agua antes de pasar al segundo punto. (Risas).
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Conde Bajén): Con esto, señorías, terminamos la exposición sobre los PEA. He tratado de hacerla con todo lujo de detalles porque el Ministerio de Defensa entiende que la transparencia es un valor
esencial en democracia y que sus señorías tienen derecho a saber lo que preguntan. Por eso, comprendo que quizá haya podido ser un poco tedioso, pero prefiero pecar de dar detalles que de ocultar la información. Tienen toda la información a su
disposición, señorías, y estoy convencido de que podremos entablar un fructífero diálogo cuando llegue el turno de intervenciones de los grupos.
Pasamos a la segunda comparecencia solicitada, que es la de ejecución presupuestaria a 31 de julio de 2016. Me gustaría, señorías, hacer una exposición referente al grado de ejecución a 31 de diciembre del año 2016, tal y como se me
solicita en la petición de comparecencia registrada. Como ustedes bien saben, nuestro sistema constitucional prevé una serie de mecanismos para el control de los presupuestos, fundamentalmente el artículo 136, referente al Tribunal de Cuentas y su
labor como supremo órgano fiscalizador del Estado. El control sobre la ejecución presupuestaria, como ya saben, según el artículo 159 de la Ley General Presupuestaria, relativo al control de la gestión económico-financiera efectuado por la
Intervención General de la Administración del Estado, señala que corresponde a la Intervención General del Estado el control financiero permanente, que incluirá, entre otras, las siguientes actuaciones. Cito: seguimiento de la ejecución
presupuestaria y verificación del cumplimiento de los objetivos asignados a los programas de los centros gestores del gasto y verificación del balance de resultados e informes de gestión. Además, la Ley General Presupuestaria establece la
obligación de la Intervención General del Estado de publicar en el BOE un resumen de los principales estados y documentos que conformen la cuenta general del Estado, sin perjuicio de la posibilidad de publicar también en cualesquiera otros medios
con periodicidad mensual la información relativa a las operaciones de ejecución del presupuesto del Estado y de sus modificaciones, así como las operaciones de tesorería y las demás que se consideren de interés general en el artículo anteriormente
mencionado, como son el artículo 135 de la Ley General Presupuestaria y también el artículo 93 del mismo texto legal, referente a las operaciones financieras del Tesoro Público. Es decir, el Estado se dota de una serie de mecanismos de control que
permiten conocer en todo momento si los créditos autorizados por las Cortes Generales se están empleando conforme establecen las leyes. Lógicamente, si la competencia para aprobar el presupuesto corresponde a las Cortes Generales, estas deben tener
también facultades de control sobre su ejecución. Este control parlamentario de la ejecución presupuestaria puede ser, como sus señorías saben, de dos clases, atendiendo al momento en que se produce: concomitante, como en el que estamos hoy, y a
posteriori.
Una vez sentadas estas bases sobre el específico contenido de la convocatoria -grado de ejecución del presupuesto de Defensa a 31 de julio de 2016-, tengo que informar a esta Comisión de que antes de entrar a valorar los diferentes
capítulos, programas y órganos gestores, me gustaría transmitirles el efecto que ha tenido la orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio del año 2016. Como ustedes
saben, las consecuencias desfavorables que podrían haberse derivado de un incumplimiento de los compromisos adquiridos con Bruselas hicieron necesaria la adopción de medidas que permitieran satisfacer las recomendaciones europeas. Efectivamente,
dicha orden, relativa al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias, adelanta los plazos de tramitación de las operaciones anteriores ante la necesidad de hacer efectivos los compromisos adquiridos con la Comisión Europea para asegurar
el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Así, por ejemplo, entrando en vigor el 16 de julio, señala que los servicios gestores, respecto de los expedientes de gasto, tendrán como fecha límite para el envío a fiscalización
previa de los expedientes de aprobación del gasto a las intervenciones delegadas, regionales y territoriales el día 20 de julio. Siguiendo con otros ejemplos, los documentos A de autorización de gastos del ejercicio corriente y de ejercicios
posteriores tendrán como límite de entrada a las oficinas de contabilidad el día 28 de julio. Además, los servicios gestores tendrán como fecha límite para el envío a fiscalización previa de los expedientes de adquisición de compromisos de gasto a
las intervenciones delegadas, regionales y territoriales el 29 de julio. En cuanto a los expedientes de modificación de crédito y aquellos otros que se realicen en aplicación del artículo 47 de la Ley General Presupuestaria y que deben autorizarse
por Consejo de Ministros o por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, tendrán como fecha límite el 20 de julio.
La orden de cierre del presupuesto hizo que durante el segundo semestre tuvieran que elevarse al Consejo de Ministros varios acuerdos para exceptuar de su aplicación la tramitación de diversos contratos en el Ministerio de Defensa. El 16 de
septiembre de 2016 se autorizan excepciones para garantizar los servicios auxiliares de servicio y control en determinadas instalaciones del ministerio y sus organismos autónomos. Hay otro acuerdo esta misma fecha para garantizar la prestación de
servicio de restauración al Ejército de Tierra. El 7 de octubre de 2016 se aprueba el acuerdo para exceptuar suministros de productos alimenticios, 5.311.100 euros; suministro de combustible, 899.297 euros; servicios de mantenimiento de equipos
médicos y equipamiento del Hospital Gómez Ulla, 1.179.740 euros; servicios de limpieza y mantenimiento del ministerio en toda España, 2.651.522 euros. El 2 de diciembre se adoptó el acuerdo por el que se autorizan excepciones en los contratos para
el alistamiento del patrullero
Anormendi por 135.000 euros. El 28 de diciembre de 2016 se adoptó el acuerdo por el que se autoriza excepcionar los contratos para el alistamiento del Hespérides para la campaña Antártica, por 1.766.539 euros, y los servicios de
mantenimiento de sistemas TIC pertenecientes al sistema conjunto Santiago y Estado Mayor, por importe de 2.890.000 euros.
Señorías, pongo estos ejemplos para señalar una peculiaridad que ha afectado a la ejecución presupuestaria del año 2016 que paso en este momento a detallarles. Al objeto de ordenar la exposición, les anticipo que en primer lugar me referiré
a la ejecución presupuestaria por capítulos, atendiendo al porcentaje sobre el crédito autorizado en la fase de obligaciones reconocidas. En el presupuesto de Defensa, en todos sus servicios presupuestarios, el grado de ejecución a 31 de julio de
2016 fue del 47,80 %; insisto, a 31 de julio de 2016.
En cuanto a la desagregación por capítulos, encontramos los siguientes porcentajes: capítulo 1, 60,62; capítulo 2, 30,46; capítulo 4, 31,87; capítulo 6, 14,63; capítulo 7, 57,64. En cuanto a los servicios presupuestarios, siguiendo la
estructura de los mismos, comenzaré con la subsecretaría, que, como ustedes saben, es el servicio 01. Capítulo 1, 60,78; capítulo 2, 38,10; capítulo 4, 40,47; capítulo 6, 11,10; capítulo 7, 28,75. Naturalmente, estas cifras que estoy dando son
porcentajes. El servicio 02, el EMAD, presenta el siguiente estado de ejecución presupuestaria a 31 de julio de 2016: capítulo 2, 20,42; capítulo 6, 20,46. El servicio 03, la Secretaría de Estado de Defensa, presentaba el siguiente desglose del
estado de gastos en la misma fecha: capítulo 1, 52,25; capítulo 2, 24,30; capítulo 4, 31,04; capítulo 6, 12,61; capítulo 7, 58,33. Posteriormente, el resto de servicios presupuestarios, el 12, Ejército de Tierra; el 17, la Armada; y el 22,
el Ejército del Aire, presentan los siguiente datos de ejecución presupuestaria. Servicio 12: capítulo 2, 39,81; capítulo 6, 15,43. Servicio 17: capítulo 2, 28,57; capítulo 4, 57,77; capítulo 6, 19,52. Y servicio 22: capítulo 2, 34,29;
capítulo 6, 21,84.
El grado de ejecución, como ustedes pueden comprobar, varía de un capítulo a otro, porque la gestión es muy diferente. Me van a permitir que explique una serie de cuestiones, sin perjuicio de que si tienen alguna pregunta posterior con
gusto se la contestaré en este momento o posteriormente en caso de que no me sea posible hacerlo en el acto. Vaya por delante que la ejecución global alcanzada a 31 de julio, expresada en obligaciones reconocidas, ha alcanzado el 47,8 % del total
de los créditos, con lo que es satisfactoria, teniendo en cuenta la baja ejecución que se tiene en enero de cada año, y que ya en esa fecha se habían producido ampliaciones, generalizaciones y transferencias por importe de 1.162 millones de euros,
lo que ha elevado el crédito inicial en esa cuantía, alcanzando un crédito definitivo a la fecha de 6.950 millones de euros, frente a un crédito inicial de 5.787 millones de euros. Aun así, el porcentaje de ejecución ha rondado el 50 %, lo que,
señorías, permítannos que desde el ministerio califiquemos como un buen resultado.
Es de destacar la ampliación producida en esta fecha para financiar las operaciones de mantenimiento de la paz en 2016, como Afganistán, la operación de la ONU en el Líbano, Unifil; la operación Atalanta de la Unión Europea en Somalia; la
misión Baltic Air Policing; la lucha contra el Daesh en Irak; la defensa aérea de Turquía o la participación de las fuerzas navales permanentes de la OTAN, además de la continuidad de las operaciones que se encontraban en curso, como la VJTF, Very
High Readiness Joint Task Force, de 2016 de la OTAN, de la que España ha sido nación líder.
Es muy cierto que en el último semestre del año se acelera la ejecución, toda vez que se llevan a cabo muchas recepciones de las adquisiciones contratadas, y por ello el grado de ejecución del último periodo es superior al resto del año.
Quiero recordarles también que los porcentajes que les he facilitado se refieren a la fase de obligaciones reconocidas, es decir, al documento contable OK, y que para facilitar esa exposición no he hecho referencia a las dos fases anteriores del
procedimiento de gasto: la aprobación del gasto y el compromiso del gasto.
En cuanto al resto de capítulos, cuya cuantía es inferior a los gastos de personal, que supusieron en ese año un total en crédito inicial de 4.421 millones de euros, representan cuantías menores. Así, el capítulo 2 tenía consignados al
principio del ejercicio 748.498 millones de euros; el capítulo 4, 186.082 euros; el capítulo 6, 404 millones, y cantidades muy inferiores, 25 millones y 2,8 millones, para los capítulos 7 y 8 del presupuesto de defensa.
El grado de obligaciones reconocidas en esa fecha ha sido del 30,4 % en el capítulo 2 y del 14,63 % en el capítulo 6, lo que está en total sintonía respecto a la evolución de la ejecución histórica en el Ministerio de Defensa. Tengan en
cuenta que el reconocimiento de obligaciones es el último paso de la ejecución presupuestaria que activa la emisión de las propuestas de pago a los contratistas o proveedores,
una vez han sido recibidos y aceptados formalmente los bienes o servicios contratados por parte de los órganos de contratación.
Permítanme hacer un inciso y recordar que, a pesar de los esfuerzos realizados en la centralización de la contratación, especialmente en el capítulo 6, con el empleo de fórmulas contractuales como los acuerdos marco, el proceso de
contratación establece unos plazos muy amplios sobre los que quizás en algún momento convendrá reflexionar por su gran impacto en la contratación del ministerio, que además es tremendamente asimétrica y donde conviven contratos de gran cuantía y
duración con otros de cuantías mucho más modestas. La gestión del capítulo 2 es algo más ágil que la del capítulo 6, pues gran parte de ello atiende al pago de contratos de tracto sucesivo, como son la luz, el agua, etcétera, y están soportados por
contratos plurianuales, como son el combustible, la alimentación, etcétera.
Finalmente, en lo que se refiere al capítulo 1, su ejecución corresponde casi en exclusiva a la Subsecretaría de Defensa, ya que sirve para realizar los pagos al personal y/o la acción social del ministerio, entre otras cuestiones. Así, en
función de las solicitudes, de la plantilla existente, de las vacantes que se producen y otras cuestiones, la ejecución en este capítulo parece sufrir una serie de distorsiones ante un observador externo, que, como digo, tienen una explicación en la
gestión del día a día.
Las cifras de ejecución se explican, con carácter general, porque los servicios gestores tramitan a lo largo del año los diferentes documentos contables, procediendo a dar cumplimiento a las diferentes fases del proceso presupuestario de
gasto, así como a las conformidades con los servicios prestados a lo largo del ejercicio presupuestario -el documento OK- y remitiendo al Tesoro Público la propuesta de pago para que este, dentro del procedimiento de -ahora ya sí- pago, proceda a
ordenar la salida de fondos públicos para satisfacer la deuda de la Administración.
Para más información de sus señorías, en una comparativa con la ejecución presupuestaria de 2015, les comentaré muy brevemente las variaciones porcentuales respecto de las obligaciones reconocidas. Así, respecto de los gastos del capítulo
1, los gastos del personal, aumentaron un 1,62 %. Respecto a los gastos corrientes en bienes y servicios, aumentaron un 4,23 %. En cuanto a las transferencias corrientes, disminuyeron un 5,43 % en lo referente al capítulo 6, las inversiones
reales, sufriendo una caída respecto a 2015 del 7,85 %. En cuanto a las transferencias de capital, sufrieron una disminución del 0,89 %.
En total, el Ministerio de Defensa, teniendo en cuenta tanto la clasificación orgánica como la económica, encontramos un incremento en la ejecución presupuestaria en obligaciones reconocidas del 3,07 %. En cualquier caso, señorías, con
relación a cualquier duda que a este respecto pueda suscitarse, entiendo que la mejor forma de proceder es esperar hasta la aprobación de la cuenta general, en la que se podrá comprobar de manera efectiva y pormenorizada el gasto real de la
Administración en el ejercicio 2016.
Señorías, ha sido una extensa exposición, dada la enjundia de los temas a tratar. La importancia de los PEA tiene sus antecedentes en los años ochenta, cuando se llegó a la conclusión de que era absolutamente imprescindible una
profesionalización de las Fuerzas Armadas y la necesidad de dotar a las mismas de las capacidades más modernas. En este sentido, hay que recordar que ya entonces se desarrollaron programas para la adquisición de los F-18, el portaviones Príncipe de
Asturias, las fragatas F-80 y el carro de combate Leopardo. Los programas especiales de armamento, en su configuración actual, pretenden dar satisfacción a unas Fuerzas Armadas que han sufrido una importante reducción de efectivos militares, pero
que a la vez cuentan con personal técnicamente más cualificado. Es decir, la técnica nos ayuda a mantener unas capacidades militares que son imprescindibles para dotar de seguridad a nuestro país. España tiene una serie de necesidades estratégicas
de defensa que difieren de las de otros países de nuestro entorno. Ello no significa que sean mejores o peores, solo que son las que son. España tiene un litoral con una extensión de más de 8.000 kilómetros de costas, además de dos archipiélagos y
dos ciudades situadas en el norte de África. Siempre hay que tener en cuenta estos factores a la hora de analizar las necesidades de las Fuerzas Armadas y las capacidades que necesitan para llevar a cabo el mandato constitucional que contiene el
artículo 8 de la Constitución española, que dice: Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad
territorial y el ordenamiento constitucional.
Las Fuerzas Armadas y los militares a su servicio realizan un papel fundamental frente a los enemigos de las democracias modernas y ponen sus vidas al servicio de los intereses generales de nuestra nación y de todos los españoles. Las
nuevas amenazas a las que se enfrentan nuestras tropas en el desempeño
de sus misiones han aumentado tanto cuantitativa como cualitativamente. Desde un punto de vista de cantidad, España es un actor importante en la escena internacional, se encuentra destacado en los escenarios más complicados, como el Líbano,
Irak, Afganistán o Mali, en operaciones de mantenimiento de la paz, ayudando a incipientes democracias a consolidarse y a dar la oportunidad a estos países a desarrollarse, a dotar a sus ciudadanos de lo que no tienen, que es seguridad. El apoyo a
la consolidación es el factor fundamental para que estos países puedan avanzar en las estructuras de Estado necesarias para atender a sus ciudadanos, que incluyen educación, sanidad o servicios sociales, pero a posteriori, después de tener
seguridad. A medida que se consoliden los Gobiernos de estos países podrán participar en la escena internacional como actores responsables y comprometidos con la seguridad internacional.
Desde el punto de vista cualitativo el cambio en las situaciones a las que tienen que dar respuesta las Fuerzas Armadas es evidente. El concepto de defensa tradicional, pese a ser válido, ha tenido que adaptarse a una transformación de
nuevas amenazas: terrorismo, Estados fallidos, organizaciones criminales cada vez más avanzadas que utilizan material de última generación. Por esta razón, nuestros sistemas de armas deben ser constantemente renovados y actualizados, previendo
todos los escenarios posibles a los que eventualmente tengamos que hacer frente como Estado. Es la Constitución española la que establece los principios sobre los que se articula la defensa y la seguridad del Estado y es labor del Gobierno, y
concretamente del Ministerio de Defensa, asegurar que los más de 120.000 hombres y mujeres que integran los tres ejércitos cuenten con los medios más adecuados para cumplir con la labor que les encomienda nuestra Carta Magna. Esta labor no es otra
que la de proporcionarnos seguridad a todos. Para que nuestra democracia pueda ser realmente efectiva hemos de estar preparados para poder rechazar las interferencias a nuestra soberanía, a nuestra independencia y a la seguridad de nuestros
ciudadanos.
Señorías, muchas gracias por su atención. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, autor de las iniciativas, tiene la palabra la señora Botella por tiempo de diez minutos.
La señora BOTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, presidente.
Señor secretario de Estado, don Agustín Conde, en primer lugar muchas gracias por tan detallada explicación. Debo decirle que cumple gratamente las expectativas que teníamos cuando le invitamos a comparecer en esta Comisión; esperamos que
se repita y que mis compañeros de los distintos grupos parlamentarios también así lo consideren. Debo decir, sin embargo, que es complicado seguirlo a primera voz, podríamos decir, con lo cual le propondría que en futuras comparecencias pudiéramos
disponer de algún documento o informe que usted considere que nos permitiera seguir mejor el hilo de su intervención.
Coincidimos plenamente en que los PEA han supuesto un gran esfuerzo financiero que arranca, como usted muy bien ha dicho -y desde luego no me voy a entretener en ello-, en la década de los noventa y una contribución a la modernización y
profesionalización de las Fuerzas Armadas y al cumplimiento del fin último al que nos tenemos que dedicar todos: la defensa y la seguridad nacional con todos los riesgos y amenazas que, como se ha dicho, nos rodean. Sin embargo, no crea que porque
consideremos que es un instrumento que está cumpliendo esa función no tenemos una posición crítica al respecto. Y la crítica no va tanto hacia el propio sistema, con todas las carencias que puedan haberse manifestado en estos casi treinta años de
existencia, sino, en un ámbito político, a la gestión de por lo menos los últimos cinco años del Gobierno -y se lo transmitimos desde el punto de vista más constructivo- que ha tenido la responsabilidad de hacerlo.
La crítica va en dos grandes ámbitos, en la gestión presupuestaria y en la relación de transparencia y con este Parlamento. Quiero incidir, ya que hemos tenido ahora una sesión de cuestiones más técnicas y más militares, en las variables
más políticas. En relación con el Parlamento, en este periodo hemos echado de menos -digo hemos echado porque tendría carácter continuista en el tiempo- información. Hemos echado de menos información desde la última comparecencia en que este
Parlamento tuvo la bondad, la naturalidad y el nivel que usted ha comunicado aquí de toda la gestión que hace su departamento y las competencias que usted tiene como máximo responsable, como secretario de Estado de Defensa, un puesto de máxima
relevancia en esta cuestión. Desde 2013, en que prácticamente fue la última comparecencia que tuvimos en este Congreso de los PEA -independientemente de las que tangencialmente han salido con motivo de las discusiones o de los preparativos de los
Presupuestos Generales del Estado-, nos parece que ha pasado mucho tiempo. En todo este periodo hemos vivido ese
rechazo a las comparecencias del anterior ministro, del señor Morenés, que gracias a la gran disciplina del Grupo Parlamentario Popular consiguió no venir a comparecer aquí las veces que desde el Partido Socialista le pedimos que viniera
para podernos situar en todas estas materias. Ahora creo que se abre una nueva etapa, hay una nueva ministra -en este caso- al frente. Es verdad que el Gobierno es el mismo, del Partido Popular, y que sigue teniendo el mismo presidente, pero
nosotros aspiramos -y creo que este puede ser un buen paso- a que haya transparencia en esa relación.
Por otra parte, en la cuestión de la gestión presupuestaria discrepamos profundamente en cómo se han gestionado los PEA en cuanto a los mecanismos de gestión presupuestaria que han tenido. Nosotros lo dijimos desde el principio, dijimos que
dotar los pagos de los PEA mediante créditos extraordinarios no era la fórmula. El tiempo nos ha dado la razón, pero no solo; nos la ha dado el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado, el Tribunal Constitucional con dos sentencias -a las que
usted ha hecho mención- que han obligado a reconducir esa gestión presupuestaria por los cauces de la transparencia, de la normalidad presupuestaria. Creo que hay suficiente claridad tanto en las propias sentencias como en los informes del Tribunal
de Cuentas. Sin embargo, llama la atención que tan recientemente como en el año 2016 su predecesor, señor Argüelles, todavía siguiera afirmando que estaban en el camino correcto, que era un camino perfectamente legal, sólido y transparente desde el
punto de vista jurídico y democrático. Desde luego ni legal ni democrático ni siquiera constitucional. Esperamos que esa sea una lección aprendida y entendemos que a partir de ahora esa anualidad de 2016, como usted ha comentado, esos
aproximadamente 1.870 millones de euros -y usted me lo podrá confirmar- va a quedar subsumida con toda normalidad en los presupuestos de Defensa de este año 2017.
La gestión de los PEA ha adolecido de falta de transparencia porque no solamente es necesario que la información esté disponible, sino que lo importante es que esté disponible de una manera accesible. Hoy ha dado un primer paso con la
comunicación que ha hecho, dentro de toda la complejidad que tiene. Creo que aún debería ser complementada, porque somos parlamentarios, somos políticos, no somos técnicos en materia de armamento y, por tanto, cualquier soporte que pudieran
facilitarnos -como se ha hecho en otras ocasiones- podría ser de interés. Señor secretario de Estado, somos conscientes de la complejidad de explicar los PEA -y se ha visto ahora-, pero hay un desafío que tenemos que afrontar en esta legislatura,
que hablemos de cifras reconocidas. Comentábamos algunos de los diputados a la entrada de la Comisión de Defensa que lo más importante es que consolidemos unas cifras reconocidas a partir de las cuales sepamos dónde estamos, a dónde vamos y cuánto
falta con carácter general; es un esquema muy sencillo. Ha habido reprogramaciones y se lo comento porque todavía no tengo claro de dónde venimos. La reprogramación que ustedes hicieron dijeron que iba a suponer un ahorro de 7.000 millones de
euros, pero ese ahorro en realidad no sale. Salen esos 7.000 millones de euros si ustedes se van a una horquilla máxima que iba entre los 31.000 y los 37.000 millones, pero no nos hagamos trampas en el solitario. En el propio informe del Consejo
de Ministros de 2013 se decía a fecha de 31 de diciembre de 2012 cuál era el reconocimiento exacto y ustedes estaban ya reconociendo unos compromisos para toda la programación de los PEA de 33.000 millones de euros. Por tanto, sobre los 29.000
millones que han reprogramado, estaríamos hablando de un ahorro de 4.000 millones y no de 7.000 millones de euros. Pero si luego nos vamos a la comparativa de la siguiente columna, donde ustedes comparan la reprogramación que se realizó en la época
del Gobierno socialista, en 2009, con la última que ustedes realizaron en 2013, desde los 20.000 millones a los más de 22.000 millones que suman los nuevos compromisos o techos de gasto parece que hay un sobrecoste de aproximadamente 2.500 millones
de euros. Es decir, la complejidad es grande y, según se ponga el foco, según se fije la mirada en las diferentes columnas, pueden salir datos diferentes. Este es un tema de Estado en el que hay que ser rigurosos y todos debemos poder manejar y
consolidar unas ciertas cifras. A mí me quedan dudas, porque no veo los 7.000 millones que ustedes aducen -el anterior secretario de Estado también lo hacía- y creemos que esa cantidad es menor. Además, hay un cambio en este cuadro que ustedes
también tienen del acuerdo del Consejo de Ministros en el que se pasa de 20.000 a 22.000 millones de euros.
Usted también ha hablado de reducciones de material a adquirir y de ciertos cambios que se han ido incorporando. Ha dicho que algunas veces se reduce el número de efectivos que se van a entregar, que se retrasa la entrega de unidades. Es
decir, se hace una reprogramación no solo cuantitativa, sino también en la forma de gestionar, incorporando sostenimiento y equipamiento. Esto nos plantea algunas cuestiones que para finalizar, y con el ánimo de no extenderme más en esta primera
ronda, me gustaría plantearle. ¿Ha habido penalizaciones por los retrasos en las entregas? Si no las ha habido, ¿por qué no ha habido esas penalizaciones? ¿Cuál ha sido el coste de las mejoras negociadas en cada programa, si
las ha habido? En cuanto al estado actual y definitivo de cada programa, el número de unidades y los periodos de entrega con los que usted ha sido muy exhaustivo, nos gustaría, si es posible, que nos pudiera mandar información -a que usted
considere- para tener una tabla de seguimiento con la que podamos trabajar. Si no, tendremos que sacar el Diario de Sesiones y queda un poco más casero. Otra pregunta muy sencilla: ¿cuánto le queda por pagar al Ministerio de Defensa? ¿Cuánto
queda por financiar? ¿Se está procediendo por parte de la industria a la devolución de los créditos concedidos por el Ministerio de Industria para financiar los proyectos? Si es así, ¿cuál es el calendario de devoluciones de cada programa? ¿Están
pensando poner en marcha nuevos programas de adquisición de armamento? ¿Cómo se va a hacer frente a las nuevas necesidades que tienen nuestras Fuerzas Armadas? ¿Considera que el mecanismo actual de los PEA sigue siendo válido o piensa que habría
que cambiarlo? ¿Están trabajando en algún nuevo modelo o creen que va a sufrir alguna nueva reprogramación en el futuro? ¿Cómo van a afectar las medidas puestas en marcha por la Unión Europea en el marco de la política común de defensa a los
programas de armamento? ¿Corremos el riesgo de vernos obligados a adquirir capacidades que no se correspondan con nuestras necesidades? ¿Qué papel va a jugar la industria española y qué papel va a jugar el Gobierno a favor de la industria
española? De alguna manera ya lo dicho, pero nos gustaría poner el foco en la visión europea, incluyendo cómo va a afectar el brexit y la salida del Reino Unido a los programas en los cuales hay compromisos y en porcentajes muy elevados en algunos
proyectos en los que estamos cooperando. Tras hacerse público el informe de fiscalización de los PEA por el Tribunal de Cuentas -casualmente hemos tenido ocasión, en la Comisión para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas del Congreso, de
estudiarlos esta semana-, ¿van a atender a las dieciséis recomendaciones que realiza muy específicamente el Tribunal de Cuentas? Cuatro de las dieciséis recomendaciones hacen mención a la necesidad de incorporar una mayor dotación de recursos
humanos. A nuestro grupo le preocupa esta cuestión porque incide en la necesidad de incorporar más recursos humanos e incluso participación española en los programas internacionales para poder gestionar adecuadamente unos programas que grosso modo
son 30.000 millones de euros. Por último, ha esbozado usted la posibilidad, pero ¿van a traer al Parlamento un proyecto de ley de financiación y programación de los presupuestos de defensa, de las Fuerzas Armadas? ¿Van a traer próximamente una
nueva estrategia de seguridad nacional para 2017, que sería la estrategia paraguas en la cual se podrían desenvolver en los próximos años?
Muchas gracias por su atención. Le reitero la valoración positiva que hacemos del esfuerzo de desglose que ha hecho. La comparecencia la pidió el Grupo Parlamentario Socialista y ha estado a la altura de las expectativas que teníamos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Botella.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.
Señor secretario, después de una intervención tan prolija igual algún grupo duda si darle la bienvenida a esta su Comisión, pero no seré yo el que se queje de la información que nos ha dado y del ejercicio de transparencia que ha hecho. Es
verdad que, como gran parte de su intervención ha sido muy descriptiva, hubiéramos deseado recibir con carácter previo algunos de los datos para poder sacarle más jugo. Yo confieso mi incapacidad para poder hacer una valoración punto a punto o
programa a programa. Por lo tanto, me voy a subir a un helicóptero virtual y haré una serie de reflexiones en abstracto sobre lo que usted nos ha dicho.
En primer lugar, coincido con usted en que necesitamos llevar a cabo una política de disuasión eficaz; creo que es lo más importante. Si no compartimos esto, lo demás es superfluo. No deja de ser una necesidad y, en todo caso, es un
objetivo de todo lo que usted nos ha descrito. Si queremos el país que tenemos y le damos un valor, es lógico que lo protejamos y que eso nos cueste; y cuanto más lo queramos y más valor le demos, más nos costará. En principio coincido con usted
en eso y nosotros siempre lo hemos defendido en esta Comisión. Es verdad que entre el momento en el que alguien toma la decisión de qué es lo que hay que hacer para llegar a ese objetivo y el día en el que se bota un barco -como hoy- o podemos
subir a un helicóptero pasan muchísimos años. En el entorno en el que vivimos los potenciales enemigos pueden mudar la piel e incluso pueden mutar. Por tanto, imagino que todos somos conscientes de la extrema complejidad que esto conlleva, porque
puede ocurrir que aquella decisión que muy sesudamente fue tomada por profesionales en un momento determinado no sea eficaz quince o veinte años después. Por tanto, debemos de tener claro el esfuerzo que conlleva y la complejidad de esta
materia a la hora de valorar todos estos programas. La conclusión es que sería buena una estabilidad -presupuestaria, política-, una sintonía entre los grandes partidos que al final son los que tienen que gestionar estos programas y estos
compromisos porque no se trata ya de inversiones plurianuales, sino de inversiones que afectan a dos, tres o cuatro legislaturas. Por tanto, coincido con lo que usted dice. Otra cosa es cómo adaptamos esas decisiones o los programas a entornos
cambiantes y cómo revertimos decisiones, adaptamos esos programas o costeamos las obsolescencias cuando lleguemos al punto en que esos programas deban ser satisfechos.
En tercer lugar, usted ha hecho una descripción de todos los programas que afectan a la industria de defensa española, a la que quiero poner en valor. Es muy importante la industria de defensa española, su capacidad, su productividad, la
capacidad de innovación. Nosotros la apoyamos y esperamos que tenga éxito. Hoy por hoy es proveedora de nuestros ejércitos, pero su capacidad de innovación, su productividad, etcétera, la hacen también ser proveedora de otros clientes. Usted
hablaba de 4.700 millones de euros en contratos o compromisos con otros países. A nosotros nos parece que debemos apoyar esa industria.
Si tuviera que formular alguna pregunta, incidiendo en lo que he dicho, una de ellas sería si todos los programas que están en activo sirven para ese objetivo de la disuasión. ¿Hasta qué punto se han adaptado a circunstancias nuevas o a
enemigos diferentes? ¿Cómo se han adaptado? ¿Cómo se ha costeado esa obsolescencia? A su juicio, ¿podemos gestionar de manera correcta los programas que hoy tenemos en activo? En segundo lugar, como creo que ha hecho la diputada Botella,
quisiera preguntarle cómo ve usted el futuro de la industria de defensa española.
Respecto a la ejecución, da usted unas cifras que me parecen bien, pero la cuestión es si, desde su punto de vista, responden a una lógica presupuestaria, si es lo esperado por el departamento, si es lo normal o lo habitual con la
trayectoria que venimos teniendo.
Quedo a la espera de sus respuestas. Le agradezco especialmente toda la información que nos ha dado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador, y gracias también porque el vuelo de su helicóptero virtual ha durado apenas cinco minutos.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Legarda tiene la palabra.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente, y muchas gracias también al secretario de Estado que comparece para darnos los datos de los programas de armamento y ejecución presupuestaria.
Mi vuelo será todavía más corto, voy a tener menos autonomía de vuelo. Solo plantearé dos cuestiones al secretario de Estado. Si tuviese en este momento los datos agregados, ¿cuánto se debe, qué obligaciones reconocidas hay? ¿Cuántos
compromisos quedan con estos PEA y en qué plazos? Primer bloque de preguntas.
Segundo bloque de preguntas. Dadas las sentencias del Constitucional, que dictan que no caben créditos extraordinarios y que tiene que ir todo, con carácter general, al crédito inicial, ¿qué proyección en tantos por ciento va a tener desde
el último presupuesto que tenemos, que me parece que es de 2016? ¿Qué aumento presupuestario va a haber con lo que se debe y con los compromisos adquiridos en los presupuestos iniciales? ¿Qué tanto por ciento vamos a ver, un 15 %, un 20 %, un 30
%? Ahora todo tiene que ir al presupuesto inicial no a ampliaciones o a créditos extraordinarios. ¿Qué estimación tienen de impacto presupuestario respecto a un histórico de presupuestos iniciales y en cuántos años? Ya no me meto en nuevos
programas de armamentos, sino simplemente en cómo se va a gestionar lo presente y cómo lo vamos a visualizar presupuestariamente. Hemos tenido una serie de PNL en esta Comisión sobre ese impacto presupuestario y si es asumible o no, y hay algunos
grupos que han presentado sus objeciones.
Nada más y muchas gracias. Espero su contestación.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Legarda.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente. Buenas tardes.
En primer lugar, quisiera agradecer públicamente el trato gentil que siempre tuvo el señor Conde con nosotros, aun cuando él sabe, como sé yo, que estamos en las antípodas, pero en las antípodas más
antípodas. Pese a ello, usted siempre ha tenido un trato muy educado con nosotros, cosa que le agradecemos.
Queda claro que ni nosotros creemos que la unidad de España deba garantizarse mediante la fuerza de un ejército, como reza su Constitución, ni tan siquiera estamos de acuerdo, ni por asomo, en que el modelo de defensa sea un modelo no
preventivo, sino un modelo que esconde una opción desarrollista de la industria armamentística. Hay dos modelos teórico-prácticos, y es cierto que en el mundo actual predomina más el modelo español que el modelo de los ejércitos estrictamente
preventivos que no depositan su existencia en el fomento de la industria armamentística. Dichas estas dos ideas conceptuales que nos separan, somos conscientes de que estamos donde estamos y, tal como dicen aquí, en Madrid, hay que ir a las cosas.
Pues voy a las cosas.
Al parecer, el Tribunal de Cuentas les ha llamado un tanto la atención -si estoy equivocado, me corrige- porque pone en evidencia, para ser claros y dicho en términos populares, un cierto desbarajuste respecto a la gestión económica del
ministerio en relación con los PEA. De hecho, ya desde hace años -aun cuando no hemos destacado por ser un grupo parlamentario con grandes conocimientos del tema de defensa, lo reconozco, razón por la cual quizá a veces no hemos sido capaces de
dominar toda la información- hemos estado interesados en ganar la batalla de la transparencia y siempre nos ha parecido que las fórmulas de financiación a través de créditos extraordinarios o suplementarios o la utilización, yo creo que un tanto
perversa, de los fondos de contingencia venían a reconocer que no existía demasiada transparencia respecto a la financiación. Es decir, que la estructura que tenía que permitir la financiación de los PEA no era una estructura que hoy día pasara una
cierta ITV de control democrático, quizá porque nació en una época en la cual la ciudadanía no era tan exigente como ahora. Cuántas veces oí en la Comisión de Defensa quejarse a diputados, incluso mucho más preparados en el tema que este que les
habla, de lo laberíntica que era la problemática de la información, existiendo a veces una cierta dejación por lo complicado de todo ello. Esto se lo oí al Partido Popular cuando gobernaba el Partido Socialista, y al revés.
Creo que el Tribunal de Cuentas también les advierte de que las memorias económicas para justificar este modelo de financiación son demasiado breves y que apenas incorporan una somera referencia a las necesidades que han de atenderse con las
cuantías solicitadas para cada programa. Hoy usted ha sido muy explícito, y yo también me sumo a lo dicho por la compañera del Grupo Socialista y le agradezco la prolija información, que también tengo que reconocer que he sido incapaz de
metabolizar. (Risas). Yo creo que el problema no es de ineptitud del ministerio, sería injusto decirlo. Creo que el problema es que ustedes tienen la necesidad de enmascarar un excesivo gasto militar. Y como quiera que un excesivo gasto militar
hoy es políticamente difícil de justificar en el mundo en que vivimos -a no ser que se reconozca públicamente que sí, que tenemos una industria armamentística importante y que creemos que es una de las palancas para el crecimiento del producto
interior bruto-, creo que a veces lo que falta es una mayor claridad. Habría que ser más claros y, llegados ya al siglo XXI, habría que reconocer que hay Estados en este mundo que optan por desarrollar la industria armamentística -yo creo que esto
nos lleva al caos, pero quizás esta visión apocalíptica no es compartida por ustedes-, porque creen que es una de las palancas para el avance tecnológico e incluso para acelerar una nueva revolución industrial. Este es un discurso que no comparto,
pero puede ser muy legítimo. El discurso ideológicamente está un tanto acomplejado, es decir, lo hacen pero les duele hacerlo. Esta es mi opinión.
Le haré algunas preguntas. ¿He entendido bien, son 29.000 millones de euros? Fíjese cómo estamos de despistados, porque la pregunta que yo le quería hacer es cuánto queda por pagar, ¿19.300 o 24.000 millones de euros? Es lo que nosotros
hemos intentado descubrir, pero ¿he entendido bien, son 29.000? En otras ocasiones hemos oído que el Gobierno anterior pensó en un plan para reducir el valor de esta deuda y se habló, si la información no es errónea, de la necesidad de revender
productos a algún otro país. ¿Esto es verdad o es un bulo? Si es verdad, ¿a qué países se les ha vendido? Esto es importante porque, queramos o no, todo lo que tiene que ver con la industria del armamento y su funcionalidad es inherente también a
la calidad democrática de los Estados que fabrican estas armas, porque ser fabricante de armas te obliga a ser mucho más exigente, como democracia que las produce, con los destinos y los usos de estas armas. ¿Se han anulado contratos? Y si es así,
¿a qué unidades correspondían?
Existe un debate que ahora no toca, pero si no lo digo reviento. En el fondo tengo la impresión de que en este Congreso de los Diputados hace falta un debate muy profundo sobre las estrategias industriales en las cuales se basan sus
políticas de fabricación de armamento, porque de forma recurrente afirmamos ideas, como usted ha hecho hoy -por parte de unos reforzándolas y por parte de otros intentando
ponerlas en jaque-, pero tengo la impresión de que no hay conclusiones definitivas. Esto va unido a saber exactamente cuál es el rol militar que tiene previsto el Estado español para el futuro. Para nosotros sería interesante porque
sabríamos cuál es la diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular, ya que a veces ocurre que -y quizás ahora cometo un desliz, y lo digo con la honestidad intelectual a la cual estamos obligados-, cuando uno ve debates entre el
Partido Socialista y el Partido Popular respecto a estos temas parece como si la disfunción fuera estrictamente técnico-financiera o técnico-productiva, y no sé exactamente si hay una diferencia entre unos y otros. Si la hay, es posible que quede
tapada -no digo que no exista, es lógico que nos lo preguntemos porque es el partido mayoritario de la oposición- porque no existe un debate exactamente sobre el rol militar que tiene previsto para el Estado español o que el Estado español se
adjudica a sí mismo para el futuro, en un mundo que está cambiando a una velocidad vertiginosa y con problemas al acecho que creímos superados en el siglo XX pero que todo parece indicar que en el siglo XXI pueden llegar a ser incluso más
problemáticos que en el siglo XX. Nosotros no tenemos una visión hippie del mundo; sabemos lo que nos estamos jugando y lo que se juegan las democracias, pero creo que esto a veces se utiliza como un espantajo para justificar la importancia del
incremento de la industria del armamento.
Ya sé que he hecho pocas preguntas concretas. Quisiera que me refuerce lo de los 29.000 millones para que no me pierda más. Por otra parte, que nos indique si se han anulado contratos y si es así o si están programadas reventas, ¿a qué
países? Porque siempre -y termino- tenemos la sospecha de que como la industria del armamento tiene que funcionar con unos engranajes bien lubricados, aun cuando tenemos una Ley de comercio de armas francamente progresista, también sabemos que a
veces, hecha la ley, hecha la trampa, y que hay países que vulneran los derechos humanos de forma sistemática y están recibiendo armas de fabricación española; por ejemplo, Arabia saudí.
Muchas gracias, señor Conde.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardà.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Cano.
El señor CANO LEAL: Muchas gracias, presidente.
Gracias, secretario de Estado, por la comparecencia y por la cantidad abultada de datos que nos ha proporcionado. También yo me adhiero a que hubiera sido deseable haber contado con un dossier previamente para que esta comparecencia hubiera
sido mucho más provechosa. Estamos más interesados en conocer cosas como cómo se van a pagar, cuándo, si se va a aprobar una legislación de pago, como a veces anunciado la ministra de Defensa, el planeamiento a futuro también o incluso si un
posible ejército europeo, del que a veces se habla, podría alterar estos programas de armamento. También queremos señalar que, aunque la comparecencia está prevista y señalada para el grado de ejecución del presupuesto a 31 de julio, tampoco habría
sido descabellado haber hecho una valoración del grado de ejecución a 31 diciembre, habida cuenta que estamos tocando ya el mes de abril.
La exposición de las alegaciones se hará en cuatro apartados: distorsiones presupuestarias, sobrecoste de los programas de armamento, necesidad de actualizar las instrucciones y propuestas por donde nosotros creemos que debería caminar el
tema. En cuanto a distorsiones presupuestarias, ya sabemos que los programas de armamentos, como se ha destacado aquí, suponían inicialmente 20.000 millones de euros -14.000, que se ampliaron a 19.000-. La cifra por la que pregunta el señor Tardà
sobre lo que queda por pagar, creo que son 29.500 millones de euros. Las dos distorsiones fundamentales más importantes son, por una parte, el pago a través del Ministerio de Industria a las empresas, que luego lo restituirá el Tesoro. Entendemos
que eso es una anomalía en el mecanismo de pago. La segunda distorsión, ya se ha dicho también, el pago de los decretos-leyes que han sido anulados por el Tribunal Constitucional mediante dos sentencias. Se han dado cifras que no coinciden
exactamente con las que yo tenía, concretamente en 2012 yo tenía 1.700 y se ha hablado aquí de 1.722, y en 2015 tenía 856 y se habla de 846 millones. En definitiva, qué queda de esa cantidad. En tercer lugar, la estabilidad presupuestaria. Sería
interesante saber si el Gobierno tiene planeado proponer a Europa sacar el presupuesto de defensa fuera del contexto de esa estabilidad presupuestaria y del límite del déficit público al que estamos obligados.
En cuanto a los sobrecostes, los datos que manejamos son que los principales proyectos militares suman más de 3.300 millones de euros en sobrecostes, lo que supone un alza de 16 % sobre lo inicialmente previsto. Entre algunos ejemplos de
los programas que se han descrito aquí, en el Eurofighter, destacaría que a veces se ha utilizado la técnica de no recepcionar el material ya entregado. Hay que
destacar que no recepcionar no significa no pagar al programa, sino que implica no encargarse del mantenimiento.
Respecto del avión A400, que sustituye al Hércules, el coste inicial del proyecto para España se evaluó en 4.442 millones, pero, tras varias modificaciones, se elevó un 13 % del A400 hasta los 5.019 millones.
Respecto del helicóptero NH 90, el coste inicial se elevó de 422,4 millones hasta los 1.682 millones. Se ha hablado aquí de que los helicópteros NH habían previsto una modalidad para la Armada, y yo lo último que había leído es que se había
desechado esa versión naval de los NH y realmente la flotilla de aeronaves tiene un tope prácticamente, lo sabrá usted mejor que yo, de 2025, que tanto los harrier como los helicópteros habrá que sustituirlos, y quería preguntarle sobre ello porque
no sé si entraría dentro de esos NH en versión naval. También el helicóptero Tigre, a pesar de intentar delimitar el presupuesto sobre la base de incumplir los acuerdos iniciales, el coste final se elevó igualmente un 12 % respecto del inicial.
En cuanto al carro Leopardo, casi dos décadas después, el programa ha finalizado con un sobrecoste de casi 600 millones. Realmente se está haciendo un buen trabajo en Sevilla, en General Dynamics, tanto con el Leopardo como con una versión
mejorada que se está realizando para el Reino Unido.
Todas estas alteraciones, señor secretario, provocan un incremento de la inversión económica inicialmente prevista, una alteración del mecanismo de contratación y una complicación de la viabilidad y estabilidad del sistema industrial de
defensa que es tan importante para nuestra industria. Aprovecho para decir al señor Tardà que realmente hay aplicación y derivaciones del sistema de industria, los proyectos de industria de defensa a la vida civil como, por ejemplo, el GPS. Eso
nos lleva a la necesidad de realizar una planificación adecuada. Por tanto, entendemos que es necesaria una consolidación del tejido industrial para, en primer lugar, satisfacer las demandas de la defensa y seguridad nacional y también para
incrementar el nivel de exportación. En segundo lugar, potenciar la innovación tecnológica y, en tercer lugar, incrementar la mano de obra y la carga de trabajo. En este sentido me hago eco de sus palabras, que hoy se está botando realmente en San
Fernando en Navantia el BAM, pero a partir de ahí creo que en San Fernando no hay prevista mayor carga de trabajo y sería interesante ir buscando más carga de trabajo.
Sintéticamente diré que, de lo que yo he visto en la página web del ministerio, hay instrucciones del año 2011 y 2012. La instrucción 2/2011, de 27 de enero, que regula el proceso de planeamiento de los recursos financieros y materiales, la
instrucción 67/2011, que regula el proceso de obtención de recursos materiales y la instrucción 72/2012, que regula el proceso de obtención de armamento y material. Quería preguntarle si esas normas internas van a tener una actualización a día de
hoy.
Respecto a los presupuestos, creo que se barajan como cifras el reparto entre material y personal y en el presupuesto de Defensa el capítulo I de personal coge en torno al 60 y 70 %. Quería preguntarle si se va a mantener esta proporción,
se va a aumentar o se va a disminuir, sobre todo de cara al personal de tropa y marinería que está cumpliendo sus compromisos y que puede pasar a una situación de reserva de especial disponibilidad,y no sé si esa prestación o indemnización que
reciben estos militares que dejan de estar en servicio activo corre a cargo del Ministerio de Defensa o pasa a otro capítulo.
Señor secretario, le diré que lógicamente en Ciudadanos estamos interesados en garantizar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas mediante un horizonte de estabilidad presupuestaria que puede estar relacionado con esa legislación de la
que hemos hablado anteriormente. Queremos incorporar sistemas de control y auditoría de los programas de armamento dentro de los programas de armamento, dentro del sistema de presupuesto ordinario, descartando ese recurso a los créditos
extraordinarios del Ministerio de Industria. Nos gustaría incrementar el control que se haga desde esta Cámara a los planes de inversiones a largo plazo y somos partidarios, ya veremos si la ministra va por la línea de lo que ha anunciado, de una
ley de financiación de programa de defensa a nueve años, como decíamos nosotros en nuestro programa, o de ocho años, como decía la ministra, cuando ha hablado sobre este tema.
Finalmente, somos partidarios de una optimización y reorganización de las unidades militares que exige un acuerdo de gestión del patrimonio de Defensa. Volvemos a postular la posibilidad de establecer una dirección civil en el Invied, que
es el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa que se encarga de la gestión del patrimonio.
En definitiva, y ya termino, señor secretario, el Partido Popular, el Gobierno y la cartera de Defensa pueden contar, desde luego, con el apoyo de Ciudadanos, pero para hacer las cosas bien, no para hablar y continuar con estas distorsiones
que se han cometido hasta ahora.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cano.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señor Bustamante.
El señor BUSTAMANTE MARTÍN: Gracias, presidente, y gracias al secretario de Estado por la comparecencia y por la información que nos transmite.
Nos sorprende la transparencia en relación con los costes de los programas especiales de armamento y que choca con la impugnación que el mismo secretario ha hecho de la política del Partido Popular en estos cuatro años y de la política de
Morenés al frente del Ministerio de Defensa cuyos reales decretos fueron declarados inconstitucionales y nulos. Me choca, y quizá no sea una pregunta que deba responder el secretario de Estado, qué hace Morenés como embajador de España en Estados
Unidos después de estos cuatro años de opacidad y de falta de transparencia.
Nosotros compartimos un modelo de defensa y de ejército distinto al del Partido Popular e incluso al del Partido Socialista, el que se ha desarrollado en España en los últimos años. Una cuestión de índole política. En primer lugar, la
comparecencia ha sido larga, y se lo agradezco, porque ha estado usted hora y media hablando, pero echamos en falta que no haya dedicado un solo minuto a la situación laboral de los soldados de tropa y marinería. Consideramos que los soldados son
trabajadores y trabajadoras que necesitan unos derechos laborales, unas condiciones dignas de trabajo. Pensamos que es fundamental una ley integral de la carrera militar para acabar con la subjetividad de los IPEC y para acabar también con la
expulsión a los cuarenta y cinco años de los soldados de tropa y marinería.
Defendemos las libertades en el seno del ejército. Pensamos que es fundamental el asociacionismo, pensamos que es fundamental democratizar el ejército frente a la jerarquía, los modelos jerárquicos, y pensamos que es fundamental modificar
la jurisdicción militar, que haya unos tribunales especializados, pero que no sean militares los que juzguen a los soldados.
También, y más político, defendemos la soberanía. Frente al modelo actual de no soberanía, y esto tiene que ver con los presupuestos y con el aumento al 2 %, y de sumisión a lo que dicta la OTAN y a lo que dicta la Unión Europea por otro
lado, nosotros apostamos por la soberanía y el avance hacia la soberanía popular, un modelo de defensa en aras de los intereses de los trabajadores y trabajadoras, del pueblo y no de la industria armamentística ni de las grandes multinacionales.
Nos gustaría preguntarle qué coste económico tendrá la salida de miles de soldados en los próximos años, con cuarenta y cinco años y por 600 euros al mes, que son 7.200 euros al año, pero la suma de todo qué coste económico tendrá y cuántos
saldrán en los próximos años porque si hay algo que nos preocupa es la alta tasa de paro y las pocas posibilidades que hay en el mercado laboral y el incumplimiento del Estado de lo que en su día pactó, pues se comprometió a que habría protocolos
para facilitar la salida y la inserción en la vida laboral a través de empresas y de administraciones.
En relación con las infraestructuras, lamentamos también la existencia de malas instalaciones. Según el propio informe del Observatorio Militar, por ejemplo la unidad de apoyo logístico sanitario, la Ualsan, está en situación catastrófica,
ha habido falta de vacunas en misiones centroeuropeas por falta de presupuesto para el personal que se despliega, con el riesgo que supone la encefalitis centroeuropea por ejemplo en relación con Letonia. Falta de dotación de botiquines al personal
que sale a las misiones y una sanidad militar que se encuentra en una situación delicada como consecuencia de los recortes en la sanidad militar a cambio del gasto exuberante en armamento y en política que nos lleva a una nueva carrera
armamentística en el mundo y a la que el Gobierno de España parece que se suma. Me gustaría preguntarle sobre si el Gobierno es consciente de la importancia de la dotación de medios para la sanidad militar y si el Gobierno, asimismo, prevé la
dotación de instalaciones de locales para las asociaciones fuera de los cuarteles para que estas puedan desarrollar su labor de defensa de derechos de los trabajadores y trabajadoras.
En cuanto al presupuesto, nos encontramos con una subida del cien por cien, pasándose el 0,92 % actual al 2 % sobre el PIB. Nosotros defendemos la soberanía frente a las políticas de Rajoy porque pensamos que está de rodillas y no defiende
la soberanía del país. Por un lado, se plantean recortes en educación, sanidad, dependencia y en derechos sociales comprometidos con la Unión Europea y, por otro, se plantea una subida en gasto armamentístico, pero no en gastos de defensa, porque
al final esa subida no va a ir destinada a mejorar las condiciones de vida de la gente en los cuarteles o a mejorar las propias instalaciones, sino a los programas especiales de armamento. En definitiva, por un lado tenemos recortes en los
servicios públicos y en los derechos sociales de los ciudadanos y ciudadanas y, por otro, un
aumento del presupuesto militar para la compra de armamento. No sé si la subida del 2 % se debe a la llegada de Trump o a la llegada de De Cospedal y tampoco si maneja la información sobre la visita de la ministra a Estados Unidos, ya que
nos gustaría saber si la ministra ha preguntado a la Administración norteamericana sobre los trabajadores andaluces que están echando de la base de Rota.
Nos preocupa la existencia de un conflicto o malestar entre los suboficiales en el seno del Centro Nacional de Inteligencia -que pensamos que quizá se deba a una mala gestión de la anterior Administración del Partido Popular- por la
importancia que esto tiene. Le apremiamos a que solucione este conflicto, que es un conflicto interministerial por la falta de acuerdo entre Defensa y Vicepresidencia del Gobierno, por lo que consideramos que debería hacer el esfuerzo de intentar
sentar a la señora Sáenz de Santamaría con la señora De Cospedal y así arreglar el citado conflicto laboral que se vive en el seno del CNI. También querríamos saber si la partida presupuestaria contemplará esta necesidad.
Pensamos que es fundamental dignificar las condiciones de trabajo de tropa y marinería frente al gasto en política armamentística. Debo reconocerle que traía veinticuatro preguntas y que muchas me las ha tumbado como consecuencia de la
ponencia que ha expuesto, algo que le vuelvo a agradecer. No obstante, me gustaría saber a cuánto asciende la deuda global de los PEA, en qué medida va a contribuir al déficit público en esta legislatura y cómo se compagina la política de recortes
que se pide desde la Unión Europea con el techo de déficit que nos han impuesto con el gasto en estos programas de armamento. También me gustaría preguntarle sobre cuál ha sido el coste inicial y final de cada uno de los programas y a cuánto
ascienden los sobrecostes, cuánto se ha pagado de los PEA a los contratistas y cuánto queda por pagar. Querríamos saber también qué organismo ha financiado la obtención de los pagos del Plan Morenés-Argüelles, de 2013, qué impacto estiman para el
déficit público, y finalmente, en cuánto se cuantifican los intereses que debe asumir el Ministerio de Defensa por el aplazamiento del pago de los PEA de 2016, fruto de la sentencia del Tribunal Constitucional.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bustamante.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Tarno.
El señor TARNO BLANCO: Gracias, señor presidente.
Gracias, señor secretario de Estado por su prolija e interesante intervención. Si hubiera hablado poco se quejarían de que no ha contado usted nada y si habla mucho le piden que lo traiga en papel, así que uno nunca sabe cómo acertar. Lo
que es evidente es que usted ha explicado hoy aquí con claridad y de manera concisa, aunque sea un tema amplio, la información sobre unos programas especiales de armamento que son imprescindibles no solo para mantener la operatividad de nuestras
Fuerzas Armadas sino también para la industria española. Gracias al modelo de los planes especiales de armamento, la industria de defensa española hoy es un éxito. Da la casualidad de que la mayoría de los portavoces de esta Comisión tenemos la
suerte de haber nacido en el sur de España, en las provincias de Cádiz y de Sevilla -posiblemente el resto de diputados también hayan tenido la suerte de nacer en sus provincias-, donde se ve clarísimamente lo que han supuesto los PEA. Hoy, gracias
a este modelo de planes especiales de armamento, hay empleo de calidad en la industria de la defensa, en la industria aeronáutica, en Santa Bárbara o en Navantia en las provincias de Cádiz y Sevilla, que han sido muy azotadas por el desempleo. Esto
se ha consolidado después de muchísimos años y de un esfuerzo colectivo del ministerio, de las Fuerzas Armadas, de la industria y también de distintos partidos políticos. Por eso no entiendo que ahora queramos terminar con un proyecto que entiendo
de éxito.
Se ha hablado aquí también -y lo ha explicado usted perfectamente- sobre la transparencia. Los planes especiales son enormemente transparentes. El Tribunal Constitucional ha declarado ilegales los reales decretos, pero no los ha declarado
no transparentes. La tramitación de un real decreto exige, tras su aprobación por el Consejo de Ministros, su debate en sede parlamentaria y todos los reales decretos que se aprobaron fueron debatidos en este Parlamento y todos los miembros de la
Comisión de Defensa y del Pleno de este Congreso de los Diputados tuvieron la oportunidad de conocer todo lo que concernía a esos reales decretos y a esos planes especiales de armamento.
Se ha hablado de pocas comparecencias. El Gobierno anterior compareció diecisiete veces en la Comisión de Defensa del Congreso en las dos legislaturas anteriores, tanto en la corta como en la de duración normal. Por tanto, son cifras muy
similares o mayores que las de los anteriores ministros socialistas.
Usted también ha mencionado la necesidad de incorporar los planes especiales de armamento y los programas de adquisición de material por las Fuerzas Armadas para solucionar este problema del presupuesto. He creído entender del resto de los
grupos que este es un buen camino, pero ahora, en muy poco tiempo, cuando discutamos en esta Comisión y posteriormente en el Pleno la aprobación de unos presupuestos que van por el camino que ha dicho el secretario de Estado, vamos a tener todos la
oportunidad de afirmar si este es un buen camino o no. Por tanto, todos vamos a tener la oportunidad de decir que nos parece bien y después ser capaces de refrendarlo con el voto positivo a lo largo de los próximos meses de abril y mayo.
También se ha mencionado con frecuencia al Tribunal de Cuentas y su informe sobre los planes especiales de armamento. Yo tuve el honor de presidir la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas en la X Legislatura, en los años 2011 a 2015.
Entonces eran muchísimos los informes que traían alegaciones de la fiscalía pidiendo responsabilidad contable para los gestores, hablando de delitos, de infracciones y de apertura de diligencias por la fiscalía del Tribunal de Cuentas, y siendo como
es un programa complejísimo y de larga duración en el tiempo y con unas cuantiosas cantidades presupuestadas, al final todo lo que hace son algunas recomendaciones que seguramente, estoy convencido, el ministerio va a tener en cuenta para mejorar el
programa. Si tras los análisis del Tribunal de Cuentas, como ha hecho durante cuatro años, estos programas que, insisto, son programas cuantiosos, complejos, con relaciones internacionales en las que participan numerosos países, organismos de
carácter internacional e industrias de todo tipo, únicamente han merecido dieciséis recomendaciones, creo que el trabajo ha sido excelente por parte de los responsables ministeriales en ese tiempo.
Al señor Tardà le preocupaban las exportaciones de armas. Señor Tardà, le guste o no, la Constitución española también es su Constitución porque es la Constitución de todos los españoles y usted, señor Tardà, es tan español o más que yo.
Por tanto, debería estar enormemente orgulloso de que nuestras Fuerzas Armadas defiendan la integridad de nuestro país, España, y nos defiendan de los posibles riesgos que corre nuestro país. Es la Secretaría de Estado de Comercio la responsable de
las exportaciones. Está pendiente su presencia en esta Comisión para informar de las exportaciones de armas en los años 2015 y 2016, si no me equivoco, y estoy seguro de que dará todas las explicaciones necesarias para que esta Comisión conozca qué
hemos exportado, cómo lo hemos hecho y cómo hemos cumplido la ley, como no puede ser de ninguna otra manera.
Señor Delgado, usted debería dar algún seminario o curso a algunos compañeros suyos de formación política. La competencia sobre el personal en el Ministerio de Defensa es exclusiva de la subsecretaría. Por tanto, todo lo relativo a las
condiciones sociolaborales de la tropa y la marinería corresponde al subsecretario del Ministerio de Defensa. En estos momentos se encuentra funcionando en esta Cámara una subcomisión que está analizando la situación de la tropa y la marinería para
buscar soluciones a sus problemas, que los tienen como otros muchos trabajadores de este país. Las infraestructuras y la sanidad militar no son competencia del secretario de Estado. La política presupuestaria y la política de material para el
funcionamiento de las Fuerzas Armadas es competencia del secretario de Estado, que por cierto ha venido a comparecer para dos cuestiones claras: explicar los PEA y la ejecución presupuestaria. Si algunos dedicaran más tiempo al estudio y al
conocimiento de la realidad que a la pancarta, posiblemente les iría mucho mejor a ellos y a sus electores.
El presidente Rajoy, en la Cumbre de Cardiff, de manera clara y concisa aprobó, junto al resto de primeros ministros, el aumento hasta 2024 del 2 % del presupuesto de Defensa. No es una obligación de nadie, es la decisión y la voluntad del
Gobierno de la nación, expresada por su presidente, sustentada por las Cortes Generales del Estado, que representan a la soberanía nacional. No nos subordinamos a nadie, tenemos muy claro lo que es necesario y lo que es imprescindible para nuestro
país.
Le felicito. Estoy absolutamente convencido de que en los próximos años desde su Secretaría de Estado le van a marcar unas líneas de trabajo en las que espero que vamos a coincidir una mayoría importante de los miembros de este Parlamento y
de esta Comisión. Creo que el trabajo es difícil y complejo, pero es apasionante, y estoy convencido de que tanto usted como la ministra van a ser capaces de sacarlo adelante.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tarno.
Tiene la palabra el secretario de Estado de Defensa.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Conde Bajén): Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer a todos los portavoces sus intervenciones, que son sin duda muy interesantes, y trataré de dar cumplida respuesta a todas las cuestiones que se han planteado en la medida de lo posible. Comenzando por la
portavoz del Grupo Socialista, la señora Botella, sinceramente le agradezco mucho que haya dicho que he cumplido con las expectativas que habían depositado. Creo que lo más productivo para una democracia es ser transparente. Que el Gobierno acuda
al Parlamento periódicamente a dar explicaciones me parece un ejercicio muy saludable de transparencia que además puede contribuir de verdad a construir los consensos en cuestiones esenciales. Naturalmente habrá muchos asuntos en los que
discutiremos y tendremos distintos puntos de vista, pero la comparecencia que usted pedía era expositiva, de datos, tanto de la ejecución del presupuesto como de los programas especiales de armamento, y sin duda el Gobierno, en cuyo nombre hoy
comparezco, no tiene el más mínimo inconveniente en explicar todos los datos y todas las cifras, porque corresponde conocerlos al Congreso de los Diputados y al pueblo español, y haremos siempre todo lo que esté en nuestra mano para que esa
información sea completamente trasparente.
En cuanto a la posibilidad de contar con un documento de apoyo en otras ocasiones, sin duda lo estudiaré, porque ciertamente nos facilitará el trabajo a todos, a ustedes para seguirlo y a mí para no quedarme afónico y con la garganta seca
dando los datos. Les pido disculpas si he sido excesivamente prolijo en la exposición de los datos, pero, como señalaba el señor Tarno, a veces uno no sabe qué hacer. Si uno da los datos hasta el céntimo puede ser tachado de abrumador en cuanto la
exposición y, si no los da, puede ser tachado de ocultista en cuanto a ello. Yo he optado por la opción de la transparencia, que sin duda creo que nos agradecerán todos los españoles, porque, no se nos olvide, esto quedará en un Diario de Sesiones,
hoy en día accesible a través de Internet. Es decir, todos los españoles que estén interesados podrán, pinchando una pestaña en la página web del Congreso, conocer en qué se gasta su dinero y sobre todo por qué, que es algo que he querido hacer en
esta comparecencia, explicar que las armas no se compran para coleccionarlas y nuestros soldados no están para hacer desfiles, están para defender a España, y para ello necesitamos determinado tipo de capacidades que nos permitan ese poder de
disuasión y sobre todo tener la capacidad de ser utilizadas en caso necesario, que naturalmente no hay nadie más interesado que los militares en no tener que utilizarlas jamás.
Decía la señora Botella que tenía una posición crítica respecto a los programas especiales de armamento, no en cuanto al sistema, sino en cuanto a la gestión. Bien es cierto que habrá cuestiones que se solapen al haber sido planteadas por
distintos portavoces, y supongo que comprenderán que entienda subsumidas en algunas ocasiones las contestaciones. Dice que es una posición crítica no al sistema, sino a la gestión, a una gestión presupuestaria en cuanto a la trasparencia. En
cuanto a la falta de eficacia en la gestión presupuestaria, tengo que recordarle que cuando el Gobierno, en cuyo nombre hoy intervengo, empezó a gestionar esos programas de armamento, lo primero con que nos encontramos respecto de la gestión
presupuestaria fue que el anterior Gobierno había estado dos años sin pagar los PEA. Naturalmente eso dificulta mucho la gestión presupuestaria, porque cuando uno empieza a gestionar unos programas especiales de armamento con unos compromisos
financieros previamente establecidos y resulta que había dos años sin pagar, que además estábamos en una situación de crisis tan tremenda como la que teníamos en aquellos años de 2011, y además con unos requerimientos por parte de la Unión Europea
de ajustar el déficit y reducir en su consecuencia el gasto, eso se dificulta extraordinariamente.
Yo creo que la gestión presupuestaria que se ha hecho -ahora hablaremos del instrumento elegido para ello- por lo demás ha sido ejemplar en cuanto a la gestión presupuestaria. En cuanto a la presupuestación hablaremos ahora mismo sobre los
decretos-leyes, pero la gestión presupuestaria incluye no solo el momento inicial, que es dotar el crédito presupuestario, sino todo lo que implica después. Una vez que está el crédito presupuestario en el presupuesto hay que gestionarlo con todos
los distintos hitos hasta su pago efectivo. A ese respecto no hay queja ninguna, por lo menos ninguna que se haya expuesto en esta Comisión. Entraré también en el asunto del Tribunal de Cuentas.
En cuanto a lo de la trasparencia, hay un cierto mito sobre la falta de trasparencia de los programas especiales de armamento que a mí me gustaría tratar de disolver. Los programas especiales de armamento no se aprueban en secreto, no dejan
de publicarse, no son una cifra clasificada ni se refieren a materias ignotas por parte del ciudadano. Se aprueban exactamente igual que una carretera, que una autopista, que la contratación de los trenes de la Renfe, exactamente igual. El Consejo
de Ministros aprueba unos PEA. Los acuerdos del Consejo de Ministros se publican en el BOE. Cuando el Consejo de Ministros aprueba un PEA lo cuantifica y establece cuáles son los calendarios de pago. Sinceramente,
¿dónde está el secretismo en los planes especiales de armamento? Eso sí, no le vamos a contar a nadie cuál es la banda de radar que utiliza un determinado avión, naturalmente, pero cuánto cuesta ese radar, sí; eso sí lo contamos, eso sí se
cuenta. Hay especificaciones técnicas de los sistemas de armas que por su propia naturaleza son secretos, faltaría más, pero el programa especial de armamentos, como tal, se cuenta. Es más, yo lo he contado aquí. Estos datos que he dado hoy aquí
no son una revelación, son una recopilación, que no es lo mismo. Todos estos datos eran accesibles antes de que este secretario de Estado los expusiera en la Cámara. He hecho el ejercicio de recopilación, de lo cual me alegro, ya están aquí
recopilados y disponibles, pero eran datos perfectamente conocidos. Los programas especiales de armamento son transparentes.
Otro portavoz -creo recordar que el portavoz de Ciudadanos- ha hablado de las desviaciones presupuestarias de los programas especiales de armamento. Quisiera que ustedes comprendieran una cuestión esencial. Los programas especiales de
armamento, por su propia naturaleza, son proyectos de sistemas de armas cuando se aprueban. Lo que decide el Gobierno es: vamos a dotarnos de un avión de transporte táctico, y eso es lo que se encarga a la industria y se dota con dinero. La
industria tiene que desarrollar el avión de transporte táctico con una serie de capacidades como, por ejemplo, un avión que tenga una capacidad de transporte de 30 toneladas, que pueda alcanzar 2.500 millas, que sea capaz de tener una rampa de
lanzamiento de cargas, que tenga un sistema de detección de misiles, de lanzamiento de más de 100 paracaidistas, etcétera. Todo esto, cuando se define, luego hay que desarrollarlo. Naturalmente, desde la definición al desarrollo hay desvíos porque
son cosas que se tienen que construir. Uno piensa -como en su día pensó un Gobierno de su signo político- en el Eurofighter, y dice: queremos un avión de combate que tenga estas especificaciones, un avión de caza, pero luego eso hay que pensarlo,
la industria tiene que inventarlo y luego construirlo. En todo ese proceso naturalmente hay desvíos.
Les pido que hagan el ejercicio de comparar las desviaciones presupuestarias de los PEA con las de la obra pública, por ejemplo. Hemos hablado de desvíos del 10 %, son los que ha enunciado el portavoz de Ciudadanos. Compárenlos con los de
la obra pública, en la que no hay que inventar nada, insisto, sin hablar de la especial complejidad que tiene un sistema de armas como estos de los que estoy hablando. Existen esos desvíos, existen liquidaciones, proyectos modificados,
complementarios, etcétera, porque eso existe en toda contratación. Quiero que consideren que los proyectos especiales de armamento no experimentan desviaciones presupuestarias distintas de las de otro tipo de contrataciones, sobre todo teniendo en
cuenta la especial complejidad industrial y técnica que representan.
Me ha preguntado si se van a incluir en el presupuesto las dos anualidades de PEA. Sí, esperamos que sí. Mañana el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado y, naturalmente, esperamos que en el capítulo
6 esté la cifra mágica de los 1.824 millones de euros destinados a los programas especiales de armamento, que será ligeramente menor porque hay alguna cantidad que no va a ser ejecutada en previsiones presupuestarias en este ejercicio, pero rondará
esa cifra. ¿Cuál será el porcentaje que esto suponga en los presupuestos? Mañana lo veremos; mañana tras el acuerdo de Consejo de Ministros que apruebe los Presupuestos Generales del Estado veremos exactamente cuál es el incremento.
Me han preguntado varios portavoces cuál es la cifra de lo que se debe. Empiezo por decirles que lo que se debe está aprobado por un acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2016. Ejemplo de transparencia y publicidad en los
datos, insisto, esta no es una cifra que hoy revele aquí, esta cifra estaba en el Boletín Oficial del Estado desde el día siguiente al que se aprobó. La cifra es de 30.075 millones de euros en un espacio temporal que cubre desde entonces hasta el
año 2030. Esa es la cifra, sabida, yo se la doy con mucho gusto pero la cifra ya estaba en el BOE.
Penalizaciones. Las penalizaciones esenciales corresponden a Navantia, que es la que ha experimentado mayores retrasos. Han de considerar ustedes que Navantia es una empresa cien por cien pública. Si el Ministerio de Defensa le cobrase a
Navantia las penalizaciones nos vendría divinamente a nuestro presupuesto, francamente, pero entonces tendría que venir el Ministerio de Hacienda a entregárselo a Navantia para que se lo diese al Ministerio de Defensa. Al final el bolsillo es
único, el dueño del dinero es el ciudadano, me da exactamente igual de qué bolsillo lo saquemos y en qué bolsillo lo ingresemos, al final el resultado es único. ¿Tiene mucho sentido cobrar penalizaciones a Navantia? Puede tener alguno. Es, entre
otras cosas, hacer una disciplina empresarial a una empresa que actúa como empresa privada y debe acostumbrarse a tener mecanismos de gestión privados. Desde el punto de vista presupuestario, les pido que consideren que el resultado es de suma cero
porque lo que sale por un lado
entra por el otro. Respecto a cuánto queda por pagar creo que le he dado las cifras exactas programa por programa. Estoy convencido, señoría, de que cuando repase el Diario de Sesiones va a ver cifra por cifra cuánto queda por pagar.
Me ha hecho una pregunta muy interesante, ¿es válido el sistema de los PEA? Cuando uno habla de sus criaturas tiende a hablar bien pero los PEA no son un invento de este Gobierno, son anteriores, por lo que quizá puedo expresar mi punto de
vista con más objetividad. Creo que sí es un buen sistema. Los programas especiales de armamento se basan en la idea esencial -enlazando con otras preguntas expuestas por otros portavoces- de que cuando un país tiene que dotarse de sistemas de
armas para defenderse, tiene dos opciones: uno, ser un puro consumidor e ir al mercado y comprar y, dos, ser un fabricante. El resultado final para los dos casos es tener sistemas de armas adecuados a la defensa nacional. Si quiero comprar
aviones, carros de combate o helicópteros y tengo los aviones, los carros de combate y los helicópteros que me permiten defenderme, el resultado es el mismo. Pero desde el punto de vista del segundo criterio, el resultado no tiene nada que ver,
porque en el primer caso el dinero ha salido del Tesoro para ir a engrosar las ganancias de empresas extranjeras, y en el segundo ese dinero ha salido para entrar en empresas nacionales, que desarrollan capacidades industriales nacionales y que
permiten que una empresa como Navantia haya sido capaz, de toda la cantidad que ha recibido del Ministerio de Defensa por compra de buques, de exportar a terceros países ese mismo tipo de buques por un importe de un 65 %. Es decir, tenemos los
barcos pero, además, tenemos la empresa con la capacidad de construir barcos para terceros, que ingresa el 65 % de lo que gastamos. Si quiere se lo digo de otra manera: los sistemas navales que hemos adquirido nos han terminado costando como país
el 35 % de su valor, precisamente porque los construimos aquí. Ese es el sistema de los PEA.
Otros portavoces me han preguntado si tiene sentido el pago que hace previamente el Ministerio de Industria. Pues lo tiene porque lo que estamos haciendo es exactamente desarrollar capacidades industriales; es decir, hay un país que
desarrolla capacidades industriales y tecnológicas -y eso lo hace el Ministerio de Industria- y hay un país que adquiere los sistemas de armas producto de ese desarrollo tecnológico, y eso lo hace el Ministerio de Defensa. Como consecuencia, este
procedimiento financiero tiene toda su lógica. Primero es el Ministerio de Industria el que paga, y después es el Ministerio de Defensa el que compra el sistema. En realidad, lo que hace el Ministerio de Industria es adelantar fondos. Existe un
crédito que concede el Ministerio de Industria a las empresas que van a desarrollar tecnológicamente el sistema, que luego la empresa devuelve al Ministerio de Industria cuando ha vendido el sistema de armas al Ministerio de Defensa, que es el que
lo paga. Si pagamos cien porque nos han entregado un barco, la empresa con ese cien que recibe paga el anticipo que recibió del Ministerio de Industria. Tiene todo el sentido, es un fomento del desarrollo industrial de un país. Gracias a eso,
como decía el portavoz del Partido Popular, uno hoy puede pasearse por España y comprobar que hay un tejido industrial militar muy sólido, que exporta el 85 % de todo lo que produce, que factura casi 10.000 millones de euros y que da trabajo directo
e indirecto a 100.000 personas. Eso es producto, entre otras cosas, de este sistema de los PEA. Contestando concretamente a su pregunta de si es válido el sistema, en mi opinión, sí. Si alguien inventa otro mejor, sin duda en el Ministerio de
Defensa estaremos muy agradecidos de recibir ideas, pero mientras no se aporte ninguna mejor que la existente uno tiende a mantenerlas.
Me hacía una pregunta interesantísima sobre la nueva política de la Unión Europea y cómo puede afectar esto a la obtención de capacidades. Sinceramente, no puedo contestarle a esa pregunta y no creo que se la pueda contestar nadie, porque
en este momento no se sabe qué es lo que la Unión Europea va a decidir como futura política común. Se está debatiendo. Hay quien debate si la Unión Europea va a convertirse en una especie de central de compras de capacidades militares, cosa que
dudo, si va a ser una pura agencia que fomente el desarrollo industrial militar, cosa que es muy posible, o si va a incentivar determinado tipo de capacidades. Un modelo que puede parecer bastante razonable es que la Unión Europea defina
necesidades de capacidades militares comunes y establezca algún mecanismo de incentivo para que la industria desarrolle esas capacidades que luego puedan ser accesibles a todos los países, incluso a aquellos que carecen de tejido industrial
suficiente como para su desarrollo. Uno de los problemas que puede existir es que, efectivamente, haya países sin ese tejido industrial militar en su territorio, pero que tengan esa necesidad de capacidades y sea la Unión Europea la que actúe como
paraguas para proveer ese tipo de capacidades, pero sinceramente no lo sabemos. ¿Y cómo puede afectar el brexit? En realidad tampoco sabemos qué va a pasar con el brexit y qué consecuencias va a tener. Si hacemos caso a la carta enviada por la
primera ministra británica al presidente de la Comisión y al comunicado de prensa en el que se decía que si no se resolvía de una determinada manera el Reino
Unido podría suspender su cooperación en materia de seguridad y defensa, puede afectar mucho; si no, puede que nada, pues al fin y al cabo seguimos siendo socios -mejor dicho, aliados- en la OTAN y siendo aliados nuestros intereses comunes
pueden prevalecer.
El Tribunal de Cuentas. Naturalmente, el Ministerio de Defensa se toma muy en serio cualquier recomendación que le haga cualquier órgano del Estado y las del Tribunal de Cuentas las tenemos muy presentes. Eso sí, algunas de las
recomendaciones las hace en relación con los ejercicios del 2012, del 2013 y del 2014 y en realidad ya están asumidas por el propio Ministerio de Defensa como, por ejemplo, algunas de las centralizaciones en gestión de programa, algo que ya está
hecho. Es decir, algunas de las recomendaciones hoy están obsoletas y otras nos encantarían, como dotar de más personal o tener más dinero para el sostenimiento de los sistemas de armas. Estaríamos encantados pero, francamente, esas
recomendaciones no son para nosotros, sino para ustedes, que son los que nos tienen que proveer de los créditos presupuestarios que nos permitan contratar a esas personas que hacen el seguimiento de los PEA y dotar los créditos del capítulo 2 para
el sostenimiento de los sistemas de armas. Estaríamos encantados no de tenerlas en cuenta nosotros, sino de que las tuvieran en cuentas ustedes. Desde luego, para nosotros sería una gran noticia.
Por lo demás, coincido con las observaciones que hace el señor Tarno. Si uno repasa las observaciones que el Tribunal de Cuentas hace a la gestión de los presupuestos de Defensa, quizá le llame la atención y diga qué mal se está gestionando
esto, pero si mira las de otros ministerios la opinión puede cambiar. Esto es algo así como la célebre frase de San Agustín: Qué poco soy si me considero y cuánto si me comparo. Efectivamente, cuando uno examina las observaciones que el Tribunal
de Cuentas hace al Ministerio de Defensa y las pone en relación con otros órganos de gestión de la Administración General del Estado, o autonómica o local, no sale mal en la foto; francamente, no sale nada mal en la foto. No obstante -insisto-,
tendremos muy en cuenta todas las recomendaciones del Tribunal de Cuentas para el futuro.
En lo que se refiere a la Directiva de Defensa Nacional, efectivamente, sí. Estamos en un nuevo ciclo de planeamiento y, en este momento, se está trabajando en la redacción de una nueva Directiva de Defensa Nacional que en su momento
firmará el presidente del Gobierno cuando lo considere oportuno y conveniente y desencadenará todo un nuevo ciclo de planeamiento hasta llegar al final, que es el objetivo de capacidades militares y todo lo demás.
Agradezco al señor Salvador sus amables palabras. Me hacía una pregunta: ¿Todos los PEA sirven actualmente? Sí, los PEA en el fondo son distintos tipos de capacidades para distinto tipo de necesidades estratégicas del país. Algunos que
fueron PEA novedosísimos, hoy ya no lo son tanto. En su día, las fragatas F-80 fueron estupendas; hoy tienen treinta años y ya simplemente la plataforma naval tiene sus limitaciones, por no hablar de los sistemas de radar, etcétera. Fueron útiles
-son útiles-, dan un magnífico servicio en este momento pero hay que ir pensando en un futuro, este es el ciclo. Hay sistemas que rinden su servicio durante una serie de años y tienen que ser sustituidos por otros, cuando acaba su vida útil, por
más que se les quiera prolongar. Los submarinos Tramontana en su día fueron una cosa estupenda que nos dio a España unas capacidades enormes en construcción de submarinos. Hoy duran lo que duran, hay que andar haciéndoles grandes carenas incluso
por encima de lo que, teóricamente, era previsible. Pero yo creo que sí, naturalmente que sirven.
Me habla del futuro de la industria de defensa. Pues depende del futuro de los Presupuestos Generales del Estado para los próximos ejercicios. Es decir, si seguimos teniendo créditos presupuestarios en el Ministerio de Defensa que nos
permitan lanzar nuevos ciclos inversores que sustituyan a los sistemas de armas que se van quedando obsoletos, la industria española de defensa seguirá teniendo carga de trabajo y seguirá funcionando. Si no, alguno va a tener un problema. Y alguno
deberá aclararse algunas ideas, porque eso de pedir carga de trabajo para Navantia en Cádiz, y lo pedimos sí o no según el sitio de España donde uno está hablando, y si eres el alcalde de Cádiz te parece muy bien que se construyan corbetas para
vender a Arabia Saudita pero si estás en otras latitudes del mismo espectro ideológico entonces ya te parece fatal, pues alguien tendrá que aclararse. En general, el futuro de la industria de defensa dependerá, naturalmente, del futuro de los
Presupuestos Generales del Estado para los próximos ejercicios.
El señor Legarda me preguntaba cuánto se debe -creo que se lo he contestado-, cuánto queda por pagar -creo que también se lo he contestado- y el impacto presupuestario, que lo veremos mañana cuando se apruebe por los Presupuestos Generales
del Estado. En todo caso, agradezco mucho todas
sus intervenciones. Algunas de las preguntas que leeré en el Diario de Sesiones podré contestárselas con más detalle, probablemente, más adelante, incluso por escrito.
Señor Tardà, le agradezco, de verdad, su intervención. Siempre, cuando yo fui presidente de esta Comisión de Defensa, tuvimos un trato muy cordial en Mesa y Portavoces, y tuvimos algún debate cariñoso. Estamos, ciertamente, en las
antípodas ideológicas, lo cual no quita en absoluto que humana y personalmente podamos apreciarnos, como es lógico y normal. Pero sí es cierto que estamos en las antípodas ideológicas. Nosotros creemos, de verdad, en la necesidad de unas Fuerzas
Armadas que defiendan nuestro país de amenazas que existen en el mundo en este momento. Naturalmente nuestro ejército lo estamos pensando, como es obvio, para amenazas exteriores, no estamos pensando en ninguna otra cosa. Y en esas amenazas
exteriores nuestros ejércitos tienen que tener las capacidades precisas para tener un adecuado nivel de disuasión y de efectividad llegado el caso. Me llama la atención que usted hable de un excesivo gasto en defensa, de un desarrollo de la
industria armamentística, de incrementar el gasto presupuestario en defensa. A usted, por lo visto, le parece mucho que España gaste el 0,89 % del PIB en defensa. Es lo que usted me ha venido a decir. Pero, cuando uno lee que la Autoridad
Nacional catalana tiene previsto un gasto del 1,24 % del PIB de Cataluña en defensa, eso me lo tendrá usted que explicar. Si el 0,89 % le parece a usted mucho ¿por qué, sin embargo, están ustedes proponiendo el 1,24 %? Parece ser que algunos
quieren tener un país cuanto más débil mejor, pero los que creemos en este país naturalmente no lo queremos débil; lo queremos fuerte, sólido, seguro y con capacidad de disuasión. Ciertamente estamos en las antípodas, señor Tardà, pero qué le
vamos a hacer.
¿Cuál es el rol militar de España? Hace usted una pregunta muy interesante. El rol militar de España consiste en defender los derechos y libertades de nuestros ciudadanos frente a cualquier agresión externa, consiste en defender la
integridad territorial de nuestro país frente a cualquier agresión externa y consiste en contribuir al mantenimiento de la paz en nuestra área de influencia en el entorno de las organizaciones militares de las que formamos parte. Eso es lo que
queremos hacer, que no es poco y que no es poco importante. Los que creemos que tenemos un gran país que ha construido grandes cosas, que ha levantado una sociedad ejemplar en muchos aspectos y en el que se vive mucho mejor que en la mayoría de los
sitios del mundo, queremos tener la capacidad de defender todo lo que hemos construido para que nadie imponga a los españoles un modo de vida distinto de aquel en el que creemos. Para eso están las Fuerzas Armadas, para que a mi hija nadie le ponga
un burka, por ejemplo, o para que no destruya nadie el hospital que con tanto esfuerzo presupuestario se ha construido. Ese es el rol militar de España y me parece muy loable, como me parece muy loable que haya 120.000 hombres y mujeres dispuestos
incluso a dar su vida por defender esto. Y el resto de los ciudadanos -los más de 42 millones restantes- han de tratar de dotarles de los sistemas de armas que permitan, en primer lugar, su protección personal -una cosa es estar dispuesto a dar la
vida por tu país y otra cosa es hacerlo con las mejores condiciones de seguridad que tu país pueda pagar y se pueda permitir- y que, además, puedan ser efectivas. Ese es el rol que queremos jugar. Alguien ha mencionado las pateras. Las pateras
salen de conflictos irresueltos y de Estados fallidos; salieron de Libia en su día. Allí naturalmente que hay que actuar y ese es el rol que quiere jugar nuestro país.
¿Vendemos productos militares a algún país? Claro que sí. España es un gran país exportador de armas y lo hacemos bajo una de las legislaciones de venta de armas más restrictiva del mundo junto con la sueca. España exporta armas, pero
renuncia a exportar armas a aquellos países que puedan utilizarlas en contra de su propia población civil. Podría ser un buen negocio, pero no es moral; y, como no es moral, España no lo hace. Para asegurarse de que eso no suceda, como sabe
perfectamente, existe una comisión interministerial presidida por el secretario de Estado de Comercio que, con la participación de un montón de ministerios interesados en el asunto, hace un control del destinatario final de las armas, de la no
existencia de conflictos, de que no sean utilizadas en contra del ejercicio de derechos y libertades fundamentales, etcétera. Somos un país ejemplar en esto. Aunque nos gusta muchas veces a los españoles fustigarnos y decir que funcionamos mal,
España es modelo a seguir en el mundo en materia de legislación de exportación de armas junto con Suecia. Por cierto, tuve el honor de participar en la Asamblea parlamentaria del control de armas pequeñas y ligeras, en la que participaron muchos
países del tercer mundo y en vías de desarrollo y el modelo que querían llegar a tener era el español y agradecían que hubiera países como España que no exportan armas pequeñas y ligeras, que son las más dañinas. Una fragata no hace daño a la
población civil, pero un cargamento de revólveres o de subfusiles sí, estos sí hacen mucho daño a la población civil, destruyen poblaciones, economías y la seguridad ciudadana en
su conjunto. España no lo hace, así que creo que en eso no tenemos nada de lo que avergonzarnos, sino todo lo contrario.
Me decía el señor Tardà que todo esto sirve para el desarrollo de la industria armamentística; naturalmente. Como explicaba contestando a la intervención de la portavoz del Grupo Socialista, cuando un país quiere dotarse de armas o las
compra o las fabrica; si las fabrica, las tiene y además dispone de una industria y gente trabajando en la misma, que no es poca cosa, porque encima se trata de una industria de una altísima cualificación tecnológica. Todos los empleos son
bienvenidos, naturalmente, y más en un país que todavía tiene unas tasas de paro que no nos gustan, pero cuando se crean empleos de alto nivel tecnológico el país está mucho más desarrollado y permite muchas más oportunidades que empleos no
tecnológicos o de sectores bastante más primarios. Así que no, tampoco hay ningún inconveniente en decirlo, todo lo contrario, hay un orgullo de decir que hemos conseguido desarrollar una industria de defensa muy notable. No somos Estados Unidos,
no somos Francia, pero vamos bien; en términos de la ESO, digamos que progresamos adecuadamente.
El señor Cano me decía que ya que he hablado del estado de ejecución a 31 de julio podría haber hablado del estado de ejecución a 31 de diciembre. Hombre, pues habérmelo pedido, ha visto usted que yo no tengo inconveniente, a mí me piden
las cosas y yo las hago, solo tienen que preguntarme cómo está el estado de ejecución a 31 de diciembre. Creo que he dado datos, pero si me piden que lo haga a 31 de diciembre, lo hago encantado. En realidad lo voy a hacer dentro de muy poco,
porque cuando tengamos las comparecencias los distintos ministros, secretarios de Estado y subsecretarios para la elaboración de los presupuestos ese será uno de los datos que naturalmente daremos. En fin, esperamos poder hacerlo pronto. Como les
digo, mañana el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de Presupuesto Generales del Estado y, a partir de ahí, se desencadenarán todas las comparecencias sin prácticamente necesidad de que nadie las pida porque van de suyo. El señor Cano también
ha hablado de que el pago a Industria es una anomalía, que ese pago que se hace al Ministerio de Industria es una anomalía. Creo haberle explicado por qué no lo es. Lo que hace Industria es un anticipo a las empresas para que desarrollen
determinado tipo de capacidades tecnológicas, y la industria devuelve esos anticipos una vez que ha vendido el sistema de armas al Ministerio de Defensa, que se lo cobra. Insisto, creo que no es un mal sistema, pero, como ya he dicho, estamos
abiertos a escuchar propuestas mejores, si alguien tiene alguna mejor, nosotros estamos encantados de escucharla.
Me hacía luego una serie de consideraciones. Primero se ha referido a lo de no recepcionar determinados sistemas de armas. Efectivamente, fue una cosa que se hizo, no recepcionar determinados sistemas de armas para no incrementar el
déficit, cosa que desde luego no es del gusto de nadie -me refiero a nadie del Ministerio de Defensa- ni era lo mejor para hacer. Por cierto, es algo que se solventó en el mes de diciembre de este año. Usted se refiere a unos aviones Eurofighter
que -casi con toda seguridad- estaban en la base aérea de Los Llanos, en Albacete, y en diciembre se resolvió. Tome nota de las fechas, en diciembre quedó resuelto, se recepcionó todo. Luego me hablaba del NH versión naval como sustitutivo de los
Harrier, que están al final de su vida útil. Permítame que le diga que esto no tiene nada que ver, los NH 90 versión naval no tienen absolutamente nada que ver con los Harrier; son dos aeronaves que no tienen nada que ver, el Harrier es un avión
de ala fija, es un avión de despegue vertical, es un avión de caza, y el NH 90 es un helicóptero de transporte táctico, que no tiene nada que ver con un avión de caza. No consiste en dotar a la versión naval del NH 90 de otras capacidades militares
distintas del NH normal, consiste simplemente en el sistema de plegado de palas. El NH 90, como todos los helicópteros, tiene la posibilidad de que se plieguen las palas del rotor, lo que pasa es que para plegar la pala de un NH 90 hacen falta dos
individuos -literalmente- con una pértiga, uno que empuja por un lado y otro que empuja por el otro y mueve la pala para conseguir el plegado de las mismas y poder meterlo en hangares, etcétera. En el caso de la versión naval del NH 90, lo que se
pretende es que ese plegado de palas se haga automáticamente; es decir, no con dos marineros empujando la pértiga, porque los barcos se mueven y tienen la manga que tienen y el diámetro de giro del ala móvil es el que es, sino que se trata de que
eso se pueda hacer de un modo mecánico y se pueda cerrar. Sucede que en este momento Airbus no tiene esa capacitación técnica desarrollada. Esto estaba desarrollado por Filmecánica, por los italianos, pero no existe en Airbus para nuestro NH 90.
No obstante, eso no quiere decir que La Armada no tenga los helicópteros necesarios a este respecto. Precisamente, porque no tenemos la versión naval del NH 90, lo primero que yo firmé como secretario de Estado fue la compra de dos Sikorsky S60
para sustituir esas capacidades, de los cuales está previsto tener en servicio seis; en este momento tenemos cuatro y tenemos previsto tener otros dos en un futuro próximo, si los presupuestos nos lo permiten.
Me hacía unas preguntas sobre las instrucciones 2/2011 y 67/2011. Le puedo decir que, efectivamente, en este momento está constituido un grupo de trabajo para abordar la revisión de estas dos instrucciones y adaptarlas al nuevo ciclo de
planeamiento. Me hacía también una observación interesante sobre la dirección civil del Invied, y es que el Invied tenga un director civil. Recuerdo haberle escuchado esto mismo en la comparecencia que tuvo la ministra de Defensa en el mes de
diciembre en esta misma Comisión, donde usted sacó este asunto. Quiero recordarle que, desde que se creó, el Invied siempre ha tenido un director civil. En contra de lo que me parece que usted entiende, que probablemente sea un error, el Invied
nunca jamás había sido dirigido por un militar, siempre por un civil, y yo he decidido nombrar un director del Invied que es militar. Mi pregunta es: ¿Y por qué no? He nombrado un director militar porque es un coronel del cuerpo jurídico-militar
que me parece una persona extraordinariamente capacitada para el puesto y que sé que va a hacer una labor magnífica. Él tiene que gestionar la enajenación de los inmuebles desafectados para el uso de defensa del ministerio. Les voy a contar por
qué le nombré. Siendo yo alcalde de Toledo -las vueltas que da la vida- tuve que negociar con el Ministerio de Defensa la enajenación de los terrenos de la antigua fábrica de armas de Toledo. Habían sido desafectados para la defensa nacional,
estaban disponibles en la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa, o Invied, y tuve que pelearme con el secretario de Estado de Defensa de entonces, que era don Pedro Morenés. Había un joven capitán del cuerpo jurídico-militar en la delegación
de Defensa de Toledo que defendió los intereses del Ministerio de Defensa a capa y espada, a capa y espada. Yo estaba en un lado de la mesa queriendo conseguir esos terrenos en las condiciones menos onerosas posibles y había alguien que defendía
los intereses del Ministerio de Defensa desde ese otro lado, que era un joven capitán del cuerpo jurídico-militar, hoy coronel y hoy director del Invied porque me mostró la máxima confianza para cumplir la misión que tenía encomendada. Y ahora mi
pregunta es: ¿Y porque sea coronel no le puedo nombrar? ¿Ser militar es un demérito? Por favor, reflexione sobre esto. No creo que el mensaje que podemos dar sea que vestir un uniforme, haber servido con lealtad y estar capacitado
profesionalmente sea un demérito para ocupar un puesto de dirección en una institución del Ministerio de Defensa.
Entramos en la intervención del señor Bustamante, que se ha ido, pero que ha sido una miscelánea muy interesante y muy divertida, donde ha hablado de todo menos de los planes especiales de armamento. Ha hablado de cosas que son competencia
de esta Secretaría de Estado, de otras que no lo son, de cosas de actualidad... Esto, francamente, era más un café de tertulia de la facultad (Rumores) que una comparecencia parlamentaria. Yo, sinceramente, creo que aquí uno no viene a hablar de
lo que se le pasa por la cabeza, sea o no objeto del debate de la cuestión. Y hacer gracias hablando del CNI, de que si vamos a ser capaces de sentar juntas a Cospedal y a Soraya..., que por cierto se sientan juntas en la misma mesa del Consejo de
Ministros y se sientan juntas en la misma bancada azul, pues sí: claro que somos capaces de sentarlas juntas. Es mucho más fácil sentar juntas a Soraya Sáenz de Santamaría y a María Dolores de Cospedal que a Íñigo Errejón y a Pablo Iglesias (La
señora Sánchez Melero: Señor presidente, pido poder defender a mi grupo, por favor.-Rumores), ¡mucho más sencillo! ¡Muchísimo más sencillo, naturalmente! (Aplausos y risas).
Se da por aludida una diputada del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que estoy convencido de que tendrá su ocasión en su momento (Rumores) cuando este secretario de Estado termine su turno, como
amparará con toda certeza el señor presidente, como no puede ser de otra manera. Vamos a ver. El señor Bustamante nos dice que nos gastamos mucho dinero en defensa. Nos dice que hay que gastar más en gasto social y menos dinero en defensa. En
primer lugar, déjenme que les diga que el gasto social de España es del 70,5 % del Presupuesto General del Estado. Lo que España gasta en atenciones conocidas como sociales es el 70,5 % de su presupuesto. Y lo que gasta en defender los réditos de
ese gasto social es el 0,89 %. No está mal. Si me permiten, me gusta hacer una comparación: Cuando alguien decide qué porcentaje del dinero del Estado gasta en cada cosa, está haciendo algo así como el que hace un proyecto para una casa.
Generalmente uno trata de hacerse las casas, a la hora de distribuirlas, proporcionando las distintas habitaciones al conjunto y, lo lógico, es que sea cual sea la dimensión de la casa, 100 metros, 125 metros, 250 metros, lo razonable -pongamos por
caso en una casa de 150 metros cuadrados- es distribuir proporcionalmente esa superficie entre la cocina, el cuarto de estar, los dormitorios, los cuartos de baño. Lo absurdo sería que alguien, de los 150 metros de una casa, gastase 100 metros en
hacerse una cocina y 50 metros para el salón, los dormitorios, los cuartos de baño, etcétera. Eso no lo haría nadie, nadie. -La señora Sánchez, por lo visto, sí-. La mayoría de los ciudadanos no hace eso, lo que hace es proporcionarlo, y
distribuyen la superficie en función de las necesidades. Bueno, una de las necesidades, -salvo que alguien me diga
lo contrario- es la defensa nacional, y cuando alguien está gastando o quiere llegar a gastar el 2 % del presupuesto, pues no es precisamente la parte más grande del todo, y el gasto social -insisto- es el 70,5 %. Pero, claro, para el señor
Bustamante, gastamos mucho en defensa frente a los modelos que él defiende. Él defiende otro modelo político que se manifiesta en otros sitios, como en Venezuela, donde el gasto en defensa es del 1,2 %; o en Bolivia, donde es del 1,6 %; o en
Ecuador, donde es del 2,7 %; o en Grecia -recuerden que es donde van a dar mítines- donde es del 2,2 % del PIB. Y ahora me pregunto, ¿gastamos mucho? Gastamos menos proporcionalmente que los países que son puestos como modelo por el señor
Bustamante.
En fin, aquí alguno debería -insisto- reflexionar en las cosas que dice, porque la conclusión que algunos podemos sacar no es que algunos piensan que gastamos de más, sino que lo que quieren en realidad es que tengamos un país más débil,
menos protegido y que garantice menos la seguridad de nuestros ciudadanos. Porque si no, no se entiende. Y llama poderosamente la atención que el Grupo Podemos critique el gasto de defensa cuando, que yo recuerde, cuando ellos ofrecieron un pacto
de Gobierno al señor Sánchez, no pidieron el Ministerio de Asuntos Sociales, no pidieron el Ministerio de Sanidad, no pidieron el Ministerio de Educación, sino que pidieron el Ministerio de Defensa. ¡Hombre, por algo sería!
Agradezco al señor Tarno sus amables palabras, pero deseo hacer una última mención porque creo que es un asunto que no debo dejar de tocar, el de los reales decretos-leyes y su declaración de inconstitucionalidad. Cuando en el año 2013 hubo
de dotarse la cifra correspondiente a los planes especiales de armamento, el Gobierno consideró que era un buena idea hacerlo través de un real decreto-ley. Como ha explicado el señor Tarno, eso no implicaba la falta de participación del
Parlamento, puesto que los reales decretos-leyes primero, son transparentes y, segundo, se discuten en la Cámara. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha dicho que ese instrumento no es el adecuado, que es inconstitucional. ¿Qué es lo que tiene
que decir este secretario de Estado que comparece en nombre del Gobierno esta tarde para hablar de los planes de armamento? Que si lo dice el Tribunal Constitucional es así, porque nosotros, lo que dice el Tribunal Constitucional lo respetamos, lo
aceptamos, lo acatamos, y naturalmente en el año 2016 no se aprobó ningún real decreto-ley porque el Tribunal Constitucional había dicho que eso no se podía hacer. Sentimos mucho habernos equivocado utilizando un instrumento como el real
decreto-ley para aprobar un crédito extraordinario, que no era el adecuado conforme a las previsiones constitucionales. Lo más que podemos hacer es el dolor de los pecados, el propósito de la enmienda -que ya lo hemos hecho- y la penitencia será
pedir perdón, pero ya está. Nosotros acatamos las decisiones del Tribunal Constitucional en esto y en todo lo demás y, por cierto, nos gustaría que todo el mundo hiciera lo mismo.
Con esto, señor presidente, creo que he contestado las intervenciones de los portavoces. Les agradezco de nuevo sus palabras.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado. (La señora Sánchez Melero pide la palabra).
Señora Sánchez, muy brevemente y ateniéndose, además, a la alusión a la que ha hecho referencia antes y sin tratar de abrir ningún debate.
La señora SÁNCHEZ MELERO: Gracias, señor presidente.
Voy a procurar no abrir ningún debate, simplemente quiero recordar el señor secretario de Estado que, a pesar de su larga trayectoria, ya no es diputado de esta Cámara, ya no es alcalde de Toledo, ya no tiene un cortijo. Usted es miembro de
un Gobierno español que debe respetar a los diputados de esta Cámara. El señor Bustamante tiene derecho a expresar su opinión y a utilizar algo que en su partido se utiliza habitualmente, que es la ironía. Si no la ha comprendido y le ha ofendido,
no era la voluntad señor Bustamante. Creo que el conjunto de falta de respeto y de insinuaciones que ha realizado sobre el señor Bustamante y sobre mi partido están fuera de lugar y de su papel en esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Ya está. Es suficiente.
La señora SÁNCHEZ MELERO: Entiendo que el Partido Popular está en una campaña para hablar de nuestra mala educación, pero rogaría un poquito de respeto.
Gracias. (El señor Tarno Blanco pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Conde Bajén): Muchas gracias, señora Sánchez.
Por supuesto que los diputados tienen libertad de expresión, naturalmente. Yo no he negado en absoluto la capacidad del señor Bustamante a expresarse como considere conveniente. Tiene todo el derecho a expresarse con libertad, y yo
también. Yo no tengo menos derechos que usted, de momento, porque como todavía quién gobierna en este país garantiza el respeto de los derechos fundamentales y las libertades públicas, yo tengo tantos derechos como usted. (La señora Sánchez
Melero: Lecciones de derechos, nunca). Después de haber sido diputado, alcalde y haber debatido con usted en La Sexta -que de todo ha hecho uno en esta vida-, sigo teniendo los mismos derechos que tiene usted. (La señora Sánchez Melero: No me
sorprendo. Además con la misma mala educación). Ni usted es mejor ni tiene más de lo que tiene este secretario de Estado. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Bravo!).
El señor PRESIDENTE: Gracias, secretario de Estado.
- PREGUNTA DEL DIPUTADO DON JOAN TARDÀ I COMA, EN SUSTITUCIÓN DEL DIPUTADO DON GABRIEL RUFIÁN ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, SOBRE VENTA DE MATERIAL DE DEFENSA A ARABIA SAUDÍ (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO
CON RESPUESTA ESCRITA 184/001702). (Número de expediente 181/000065).
El señor PRESIDENTE: El último punto del orden del día corresponde a una pregunta sobre venta de material de defensa a Arabia Saudí, procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita. Para su formulación tiene la palabra el señor
Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Intervendré muy brevemente. Señor presidente, verá usted que me voy a sujetar a los términos de la pregunta e incluso un poco menos porque debo decirles que ya tengo la respuesta por
Solamente quiero hablar de dos cuestiones -la respuesta que me da, por cierto, es prolija también, cosa que agradezco-. Hay dos cuestiones como mínimo que quiero plantear -quizá ahora no es el momento de debatirlo, como no es momento de
debatir tampoco los modelos distintos que defiende el Gobierno y que defendemos nosotros-. Primera, se dice en la respuesta: Cada solicitud de exportación que ha sido autorizada a Arabia Saudí y a los países de la Liga Árabe ha estado acompañada
de garantías de uso final y de distintas cláusulas de no reexportación. Bien, y la otra idea importante que destacamos, y que agradecemos que sea clara, es: En cualquier caso, si se tuviese conocimiento o existiese riesgo de uso indebido de los
materiales exportados, el Gobierno español aplicaría el artículo 8, etcétera.
Por cierto, yo he dicho que el Estado español tiene una buena ley, lo he dicho. Es más, nosotros trabajamos en su momento en ella, pero también digo que a veces hecha la ley, hecha la trampa. Y cuando digo trampa no digo una gran trampa,
sino que precisamente porque el Estado español es un modelo de 'éxito' -entrecomillado- en la producción armamentística, es lógico que el éxito se base o se fundamente -es dialéctico- en la capacidad de la venta del producto, porque si el producto
es bueno, es susceptible de ser comprado, y como es un producto que es comprado, esto lo que hace es enriquecer la misma industria. Esto es así, ¿no?
Luego esto nos lleva a que el modelo es un modelo que se va consolidando y nos lleva a tener noticia -no hablo por boca de Esquerra Republicana-, por ejemplo, de que en el conflicto Arabia-Yemen, Amnistía Internacional está emitiendo de
forma permanente mensajes como mínimo preocupantes que dicen que se está utilizando material de Gran Bretaña, de Estados Unidos y de España que es utilizado o puede ser utilizado -hay visos de que se utiliza- para vulnerar derechos humanos en Yemen,
no solamente por Arabia Saudí. También es cierto -en esto sí estaremos de acuerdo- que excepto Egipto, a estos países no se les ha declarado ningún tipo de embargo por Naciones Unidas. Y también es cierto, y en esto sí que estaremos de acuerdo,
que a mayor madurez de una democracia, mayor responsabilidad que dicha democracia tiene de asumir en la salvaguarda de la paz en el mundo. Por cierto, no crea que vivimos en los mundos de Yupi, yo nunca he dicho que tengan que desaparecer los
ejércitos. Estamos hablando de otra cosa.
En definitiva, doy por respondida la pregunta. Pero déjeme decirle una cosa al compañero del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: No, no pero... perdone. Ha hecho...
El señor PRESIDENTE: Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Perdone. El secretario de Estado tiene todo el derecho de hacer referencia, pero yo no he hecho ninguna referencia a ningún compañero del PSOE ni de Ciudadanos ni del Partido Nacionalista Vasco ni de ningún partido.
Déjeme responderle.
El señor PRESIDENTE: Señor Tardà, conoce muy bien el Reglamento. Sabe que se trataba de formular una pregunta como consecuencia de una previamente solicitada por escrito, y no ha lugar.
El señor TARDÀ I COMA: Bueno, pues ya se lo diré personalmente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Tiene la palabra el secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Conde Bajén): Gracias, señor presidente.
Señor Tardà, usted, como es lógico, ha dado por reproducida la pregunta, que era muy extensa, y me va a permitir que yo dé por reproducida la respuesta porque está publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. También comprenderá
que para venir a responder una pregunta que ya ha sido respondida por el Gobierno por escrito, lo lógico es que yo me ajuste en la respuesta exactamente a lo dicho. Simplemente le diré que es intención del Gobierno velar para que los acuerdos de
autorización de exportación de material de defensa y de doble uso se cumplan en su literalidad, que no se utilicen en condiciones distintas de aquellas en las que se otorgó aquella autorización, y que naturalmente si tuviéramos conocimiento o
noticia de que se estuvieran incumpliendo esas condiciones, el Gobierno pondría en marcha los mecanismos legales oportunos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.
Concluido el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las ocho y treinta y cinco minutos de la noche.