CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 141

INTERIOR

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. RAFAEL MERINO LÓPEZ

Sesión núm. 7

celebrada el martes,

7 de marzo de 2017

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor secretario de Estado de Seguridad (Nieto Ballesteros), para:


- Informar sobre los análisis pormenorizados que le han sido remitidos de los procedimientos de valoración del riesgo y la puesta en práctica de las medidas de protección, en aquellos casos en que se han producido disfunciones y en todos los
casos de violencia de género con resultado de muerte. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000001) ... (Página2)


- Dar cuenta de la implementación y desarrollo del acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de agosto de 2016, relativo a la contratación del servicio de apoyo a la seguridad en centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior.
A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000079) ... (Página2)


- Informar de la situación en las vallas fronterizas entre España y Marruecos y, en concreto, de los sucesos ocurridos en la mañana del día 31 de octubre en la valla de Ceuta, que ha tenido como consecuencia un número elevado de inmigrantes
lesionados en su intento de asalto a la valla y la posterior entrada masiva a la Ciudad Autónoma. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000091) ... (Página2)


- Informar de las medidas que está adoptando la Secretaría de Estado de Seguridad, entre cuyas funciones está el ejercicio del mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la coordinación y la supervisión de los servicios y
misiones que les corresponden, para hacer frente al grave deterioro de la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros y las condiciones de vida en los mismos, así como de la seguridad. A petición del Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 212/000118) ... (Página2)

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- Informar de las líneas generales de actuación que va a seguir al frente de la Secretaría de Estado de Seguridad. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000119) ... (Página2)


- Informar de las denuncias de descoordinación en materia de terrorismo por parte del CICO, así como de las actuaciones del Cuerpo de Policía Nacional que han dado lugar, entre otras incapacidades, a una detención supuestamente vinculada con
el terrorismo yihadista que la Audiencia Nacional ha puesto en evidencia por la ausencia real de material probatorio que justificara dicha operación y la posterior operación mediática de los responsables políticos del Ministerio del Interior. A
petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000186) ... (Página2)


- Informar de las circunstancias en que se produjo el asalto masivo que ha permitido la entrada de más de 500 personas a la valla de Ceuta en la noche y madrugada del 17 de febrero de 2017, así como de las medidas que está adoptando el
Gobierno para evitar las reiteradas violaciones de la frontera española en las que además se pone en riesgo la vida y la integridad de las personas que intentan cruzar y la de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargados de su
vigilancia. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000233) ... (Página2)


Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión con la comparecencia del secretario de Estado de Seguridad. Como saben ustedes, Mesa y Portavoces acordamos que la intervención de cada grupo
sería de quince minutos con una segunda réplica muy breve. Sé que por parte de algunos grupos van a intervenir varios portavoces, por lo que les pediría, por favor, que se ciñan al tiempo porque saben que hay Pleno a las tres de la tarde y tenemos
que terminar la Comisión en hora. Procuraremos ser lo más benévolos posible, como siempre, desde la Mesa.


En nombre de toda la Comisión quiero dar la bienvenida al secretario de Estado de Seguridad, que ha sido miembro de esta Cámara. Permítanme que especialmente le dé una bienvenida muy cordial ya que es compañero, amigo y mi jefe provincial
del partido, por lo que le tengo devoción, respeto y admiración. Espero que mis compañeras del grupo parlamentario se porten hoy bien conmigo. Señor secretario de Estado, tiene la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Nieto Ballesteros): Muchas gracias, presidente, querido Rafa.


Muchas gracias, señorías, por permitirme comparecer en esta Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, al que he pertenecido, con el que me siento en deuda y con el que espero poder seguir trabajando en el día a día de mis
responsabilidades y de las suyas, que al final son las mismas y las que nos deben interesar a todos.


Me gustaría iniciar esta intervención diciéndoles algo que es obvio. Como saben, tomé posesión de mi cargo el pasado 21 de noviembre, tres días después de que se aprobase en el Consejo de Ministros dicho nombramiento y, por tanto, el tiempo
transcurrido es relativamente breve. Si a eso añadimos que a lo largo de este tiempo se han producido dos comparecencias en el Congreso de los Diputados en esta misma Comisión y en la Comisión hermana en el Senado del ministro del Interior
estableciendo y marcando las líneas generales de esta legislatura, comprenderán que en la mayoría de los asuntos que se han planteado la reiteración de esas líneas generales será la norma. No esperen originalidades o datos excesivamente novedosos
que no serían procedentes y que, por otra parte, no corresponderían con la práctica normal tanto parlamentaria como de gestión en el Gobierno. Dado que ese tiempo que ha transcurrido es todavía breve, permítanme que insista en dejar clara la
coincidencia, como no puede ser de otra forma, en esas líneas generales que marcó el ministro en su última intervención el pasado día 1 de marzo y que creo que son oportunas por cuanto en muchas de ellas hemos podido constatar el consenso que puede
existir, sin entrar en detalles concretos por parte de los distintos grupos. Al final coincidimos en que uno de los objetivos que nos debemos marcar desde el Ministerio del Interior es lograr que la sociedad española sea más fuerte, más libre y que
de esa forma la democracia española

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también sea más fuerte y más libre. En ese contexto es en el que se deben interpretar mis palabras y esas son también las limitaciones que les ruego disculpen en las manifestaciones que voy a realizar a lo largo de esta mañana.


Comienzo mi intervención reiterándoles los puntos cardinales que van a guiar al Ministerio del Interior y por lo tanto a este secretario de Estado a lo largo de la legislatura. Insisto en la idea inicial, son puntos cardinales de acuerdo y
de consenso dentro del Ministerio del Interior, pero de acuerdo y de consenso también con muchos de los grupos que aquí están representados. Por eso el primer punto cardinal, el norte que nos va a guiar a lo largo de estos cuatro años, va a ser el
diálogo, va a ser la mano tendida, va a ser la búsqueda del consenso con todos y cada uno de los grupos, más allá de las diferencias ideológicas o de las posiciones estratégicas que cada uno de los grupos tenga. Esa seguridad nacional de la
concordia, como la ha bautizado el ministro Zoido, me gustaría que fuese compartida y que fuese parte también de la labor de sus señorías. El segundo punto es la necesidad de que las amenazas que nuestra seguridad tiene, cada vez más patentes, más
fuertes y más diversas, no nos debe hacer caer en el miedo o la resignación. La sociedad española tiene muchas herramientas también fuertes y eficaces para defenderse, y la unidad frente a esas amenazas debe ser una de las que más prevalezcan y la
que más destaquemos y protejamos desde la labor del ministerio y de cada una de las Cámaras. El tercer punto es insistir en que la seguridad que debemos generar es una seguridad para las personas, no para las instituciones. De nada serviría tejer
y fortalecer la seguridad del Estado si eso fuese a costa de la libertad de las personas y creo que es perfectamente compatible una cosa y la otra. Por último, la garantía para poder cumplir esos objetivos anteriores es anticiparse, y en muchas de
las medidas que les voy a trasladar, la anticipación, actuar antes de que se produzca el delito, actuar antes de que se produzca un resultado lesivo para la seguridad de los españoles será una línea general que vamos a tratar de defender y de
mantener en nuestra agenda.


Además de esas líneas generales, además de esos puntos cardinales, existe una serie de prioridades que creo que son compartidas. La primera -me van a permitir que la cite por su actualidad y por su importancia- es la necesidad de dar más
seguridad a las mujeres víctimas de la violencia de género, una tragedia a la que debemos poner fin desde la unidad de todos, y no va a ser fácil. Ustedes lo saben y yo también, tenemos un reto importante para lograr ese objetivo. La segunda es
otorgar más seguridad, más derechos, más memoria, más dignidad, más justicia y más verdad para las víctimas del terrorismo. Es clave para la necesidad de dar paz a quienes ya son víctimas, pero también por su valor para concienciar y prevenir el
efecto dañino de los radicalismos y reconocer y honrar a los mártires de la democracia para que su sufrimiento y dignidad no caigan en el olvido y eviten nuevas víctimas. Más seguridad para todos los ciudadanos, para lo que hay que combatir con
firmeza las amenazas a las que nos enfrentamos, principalmente el crimen organizado, cada vez más fuerte y más global, y el terrorismo, en una vertiente, la yihadista, que ya sabemos cuáles son sus resultados y lo difícil que es de prevenir. Y más
seguridad y más libertad en las calles, en los lugares de trabajo, en los espacios físicos; pero no podemos olvidarnos del necesario incremento en la seguridad para nuevos delitos que aparecen o se apoyan en redes sociales o en Internet. Por
último, también más seguridad en sus derechos para quienes desean vivir en España después de procesos migratorios legales o como asilados. Personas que buscan en nuestro país la seguridad que no tienen en el suyo y que merecen el apoyo y el trato
adecuado por parte de nuestras autoridades.


En esa línea y con esos criterios me gustaría abordar esta comparecencia y poder trasladarles cuáles son las líneas en las que queremos trabajar desde el Ministerio del Interior y desde esta Secretaría de Estado. En primer lugar, en
relación con la violencia de género, insisto en algo que es obvio porque todos ustedes saben que uno de nuestros principales compromisos y una de las principales responsabilidades que tenemos es acabar con esa lacra de la violencia que sufren las
mujeres. Para ello y en esa dirección se ha propuesto desde el Gobierno o por el propio presidente y ha sido reiterado por el ministro y por otros ministros, la necesidad de un pacto de Estado contra la violencia de género. El inicio de este año
es un ejemplo de cómo no podemos confiarnos nunca en la lucha contra la violencia de género. Después de un año en el que se redujo considerablemente el número de víctimas mortales, 44 a lo largo del año 2016, muy inferior al dato de los años
anteriores, hemos iniciado el año 2017 con una cifra trágica que a día de hoy es una de las más altas de la última década a estas alturas del año.


Creemos que se ha avanzado mucho y que no debemos resignarnos a pensar que es imposible acabar con la lacra de la violencia de género, pero sabemos que es necesario actuar más, con más contundencia, con más herramientas pero sobre todo con
más unidad frente a quienes maltratan a las

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personas que dicen querer. Creo que podemos decir que somos un ejemplo en todo el mundo en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Tenemos herramientas potentísimas que están dando buenos resultados y sobre todo tenemos un grado de
sensibilización contra esta lacra en la sociedad española de la que debemos sentirnos orgullosos. La sociedad es quien repele fundamentalmente esos ataques, esa violencia contra las mujeres. Nada de lo que hagamos debe ir en contra de ese gran
activo. Muy al contrario, toda nuestra acción debe ir en la línea de incrementar más aún esa complicidad de la sociedad en defensa de las víctimas y en el arrinconamiento de los agresores. Y aunque somos conscientes de que la exigencia debe ser
máxima también es justo reconocer que han sido ya varios gobiernos de distinto signo político los que han ido trabajando en la buena dirección. Hace diez años nació el sistema VioGén y desde entonces no ha dejado de crecer y mejorar convirtiéndose
en un referente en la estrategia de lucha contra la violencia de género. Hoy la prioridad, además de seguir incrementando la educación y la prevención de las actitudes violentas, es aflorar la violencia que ya existe pero que no está siendo
detectada porque no se denuncia. Debemos transformar el iceberg de la violencia de género, donde solo el 20 % está visible, en un corcho en el que seamos capaces de identificar el cien por cien de las agresiones que se producen.


Dimensionar adecuadamente esas herramientas, ofrecer alternativas, dar seguridad a las víctimas y dar seguridad a los agresores de que pagarán su delito es una de las líneas en la que tenemos que trabajar, y además debemos hacerlo desde el
consenso. Ya está en marcha la subcomisión del Congreso que debe sentar las bases para la firma de ese pacto de Estado. Los ministerios implicados acordamos la semana pasada crear un órgano permanente de valoración, prevención y lucha contra la
violencia de género que va a analizar semanalmente la situación. Además, se va a proponer por la ministra de Sanidad ante la Comisión general de comunidades autónomas del Senado la creación de una comisión ejecutiva para la participación de todas
las administraciones públicas responsables; los propios ministerios a los que antes me refería, los portavoces de los grupos parlamentarios, la Federación Española de Municipios y Provincias y dos comunidades autónomas en representación del resto
que de forma rotatoria irán trasladando la opinión de una de las administraciones que tiene más que decir, la autonómica, en esta materia. En definitiva, no podemos bajar ni un ápice nuestro nivel de exigencia; debemos reforzar la concienciación,
reiterar la gravedad del problema y mejorar la formación y especialización de los agentes implicados desde muchos puntos de vista: sanitarios, jueces, docentes, fiscales, asistentes sociales y, por supuesto, también agentes de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado. Debemos evaluar las medidas vigentes para analizar la eficacia de las órdenes de protección y alejamiento y realizar una valoración del riesgo, así como impulsar las medidas de protección a los niños, que durante demasiado
tiempo han sido víctimas invisibles de la violencia de género. Todo eso, sin embargo, no nos debe impedir buscar nuevas soluciones y propiciar acuerdos que abran nuevas vías para atacar esta lacra que nuestra sociedad quiere erradicar.


Quiero referirme también al trabajo que queremos hacer en relación con las víctimas del terrorismo, y aunque saben que la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo depende jerárquicamente del subsecretario del Ministerio del
Interior, quiero reafirmar desde aquí que la tarea de mantener y potenciar el compromiso continuo, permanente y generoso con las víctimas del terrorismo es de todos los que formamos parte de este ministerio y creo que del conjunto de la sociedad
española. Es una obligación de todos honrar a las víctimas defendiendo la memoria, la dignidad, la justicia y la verdad. En este proceso, el trabajo de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad será clave; lo fue en la lucha contra el
terrorismo, lo fue en la protección de las potenciales víctimas y ahora lo debe seguir siendo para lograr la desaparición definitiva de ETA y para defender a la sociedad española de los efectos de las nuevas formas de terrorismo, especialmente el
yihadista, al que se persigue y combate con enorme profesionalidad.


Queremos también ocuparnos de la protección de los más vulnerables. En esta materia, la tendencia, afortunadamente, es positiva, sin embargo, tampoco nos podemos conformar con ello. Entendemos que es necesario intensificar las acciones
desarrolladas y la renovación de los planes y programas de actuación que buscan educar, concienciar y prevenir para desterrar las agresiones, insultos o acosos a grupos minoritarios o especialmente vulnerables. Así, el Plan director para la
convivencia y mejora de la seguridad de los centros educativos y sus entornos aborda charlas y actividades en los centros escolares con alumnos y con el conjunto de la comunidad educativa acerca de la problemática de la intolerancia y la
discriminación por razón de sexo u orientación sexual, y creo que en esa materia también España está consiguiendo unos resultados altamente satisfactorios.

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El paso siguiente sería ocuparnos de los delitos de odio. Si digo que España se ha convertido en un referente internacional en la lucha contra los delitos de odio, todos podemos estar de acuerdo y, además, legítimamente orgullosos porque
seguro que de alguna forma todos hemos contribuido a ese éxito. El informe anual de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales deja constancia del esfuerzo realizado y de los éxitos conseguidos, pero todos sabemos el trabajo que se debe realizar
y que la situación en la que se encuentran muchas personas que sufren este tipo de delitos merece que sigamos trabajando. Por una parte, se ha avanzado muchísimo en su identificación y, por otra, el protocolo de actuación, mediante el cual las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden dotar a fiscales y jueces de los suficientes indicios racionales de criminalidad, está permitiendo formular cargos de imputación y, en su caso, condenas ante los delitos de odio que antes resultaba
casi imposible por falta de pruebas. Pero, insisto, no nos conformamos, de ahí que el Ministerio del Interior anunciara recientemente la puesta en marcha de la oficina nacional de lucha contra los delitos de odio, que actuará como enlace permanente
entre los colectivos de víctimas y las fuerzas de seguridad y, además, coordinará la formación continua de todos los actores implicados en el combate de este tipo de delitos.


Hay otra parte de la prevención y de la mejora de la seguridad que también reclamaba nuevas iniciativas y es la que tiene que ver con las personas desaparecidas. Hoy mismo, casi a esta hora, se está dando a conocer por el ministro del
Interior la iniciativa de creación del centro nacional de desaparecidos. Entendemos que aún estamos detrás de las necesidades y de las reclamaciones que las familias de personas desaparecidas y el conjunto de la sociedad española nos exigían, por
ello, hemos trabajado duro en estos primeros meses de legislatura para conseguir que el propio ministro del Interior, junto a ONG especializadas, a los representantes de las familias y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estén avanzando
en lo que será ese cometido diario del centro nacional de desaparecidos, que va a tener varias líneas de trabajo; en primer lugar, crear una estrategia nacional de apoyo a las personas desaparecidas, a sus familiares y a sus amigos; fijar
criterio, formar y entrenar a gente especializada en la búsqueda de personas; recoger estadísticas nacionales para identificar tendencias y patrones y unir esfuerzos a las organizaciones internacionales para responder a los asuntos globales
relacionados con la desaparición de personas.


Podría ampliar, y mucho, la parte destinada a responder a preguntas que nos realizan sobre líneas generales de actuación de la Secretaría de Estado de Seguridad, pero he querido ceñirme a aquellas que suelen tener menos protagonismo, que
suelen aparecer menos en los medios de comunicación y que suelen destacarse menos en comparecencias como esta. A ellas me he referido y sobre ellas podremos intercambiar opiniones, si quieren, en el turno de intervención de cada uno de los grupos,
pero creo que como existe una concreción de varias iniciativas y, además, un trabajo ya marcado que tenemos que desarrollar, tanto desde el Ministerio del Interior como desde cada uno de los grupos parlamentarios, voy a intentar centrarme en ello;
por una parte, en aquello que será en algún momento un trámite que se verá en el Congreso de los Diputados, normas que tenemos que intentar consensuar y aprobar juntos. Quiero iniciar esa parte con la Ley de Seguridad Ciudadana, que es un requisito
para conjugar con unas mínimas garantías de éxito ese binomio al que antes me refería de seguridad y libertad, que exige contar con una ley de protección de la seguridad ciudadana que sea eficaz frente al delito y garantista con los derechos y
libertades de todos los ciudadanos; una ley que dé respuesta a las demandas de la sociedad y seguridad a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, además, que recoja los cambios legales acaecidos en los últimos años, especialmente la
destipificación de delitos que se ha producido con la reforma del Código Penal. En este sentido, saben que es nuestra voluntad abrir un periodo de diálogo para mejorar en todo lo que se pueda la ley y además reforzarla con el acuerdo parlamentario
más amplio que sea posible. Los primeros contactos con algunos grupos nos permiten ser optimistas sobre la posibilidad de mejorar conjuntamente la ley y, sobre todo, nos tranquilizan al desterrar la posibilidad de derogación de la misma, que
sinceramente creo que sería un desastre de magnitudes difícilmente calculables. Saben que en el diálogo nos van a encontrar y espero que cuanto antes seamos capaces de concretarlo y darles a los españoles la mejor ley posible. Pero no nos vamos a
quedar en esa norma, existen muchas otras que se tienen que tramitar en la Cámara, como la actualización de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que en el plazo de dos meses tendrá creados los seis grupos de trabajo que abordarán la reforma que
tienen que afrontar todos los sectores de la misma: los derechos, los deberes, el régimen disciplinario, el trabajo penitenciario, la jurisdicción de vigilancia de los funcionarios y el tratamiento penitenciario. Tenemos que poner en marcha la
transferencia de la sanidad penitenciaria al Sistema Nacional de Salud y les anuncio que en este mes de marzo se va a volver a contactar con todas las comunidades autónomas. A todas las

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que todavía no tienen la transferencia y que hasta ahora no han respondido a las propuestas que se realizaron desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias les reiteraremos el ofrecimiento para que cuanto antes se puedan
producir esas transferencias.


Tendremos que abordar también la trasposición de la directiva del Parlamento y del Consejo Europeo relativa a la utilización de datos del registro de nombres de pasajeros, conocida como PNR. Se ha constituido un grupo de trabajo, integrado
por representantes de la Secretaría de Estado de Seguridad y de la Secretaría General Técnica, que elaborará un primer borrador del anteproyecto de ley orgánica y posteriormente se abrirá el debate y el diálogo con todos los grupos parlamentarios.
Tendremos que poner en marcha también el reglamento de seguridad privada que, si bien no tiene trámite parlamentario, es un deseo del ministro del Interior, que haremos posible desde la secretaría de Estado, que se pueda abordar un diálogo sereno
con los grupos parlamentarios y que se puedan recibir aportaciones de los mismos que mejoren el texto, igual que ocurrirá con las empresas del sector, con los sindicatos, con los usuarios de los servicios de seguridad o con las comunidades
autónomas, que también tienen mucho que decir en esta materia. Abordaremos también la trasposición de la directiva europea relativa a la protección de las personas físicas. Se ha constituido un grupo de trabajo interdisciplinar que bajo la
dirección del Ministerio del Interior mantiene la colaboración de representantes de diversos órganos del propio departamento del Ministerio de Justicia y de la Agencia Española de Protección de Datos. En los próximos meses se presentará un primer
texto del anteproyecto de ley orgánica que posteriormente se debatirá en el Congreso y en el Senado. Tendrá que abordarse también la Ley de régimen de personal de Policía Nacional y la Ley de régimen de personal de la Guardia Civil. En los dos
casos se está trabajando en el desarrollo normativo respecto a materias como la carrera profesional, la promoción interna, la provisión de puestos de trabajo, el ingreso y formación, los honores y recompensa o las incompatibilidades, entre otros.


Como ven, señorías, no nos va a faltar trabajo en los próximos meses, y créanme que para mí y para el resto del equipo del Ministerio del Interior resulta tremendamente ilusionante abordar este camino en el que, con el esfuerzo que sea
necesario, aspiramos a construir desde el consenso el andamiaje legal de la estrategia nacional de seguridad de los próximos años.


Una vez analizadas las líneas generales, las básicas, de las que menos se habla, como les decía anteriormente, y aquellas iniciativas que van a requerir un trámite parlamentario importante, me voy a centrar en las propuestas que se
incorporan y la solicitud de esta comparecencia en nombre del Grupo Socialista. La primera de ellas es la seguridad en los centros penitenciarios y la integración de la seguridad privada como parte de esa seguridad. En esta materia quiero
decirles, señorías, que, como dijo el ministro del Interior en su comparecencia ante el Congreso y el Senado, uno de los principales objetivos de esta legislatura es conseguir más seguridad para todos los ciudadanos, para lo que hay que combatir con
firmeza las amenazas derivadas del crimen organizado y el terrorismo yihadista entre otras muchas. Este objetivo solamente se puede conseguir optimizando y reforzando los recursos humanos y materiales de las unidades de prevención y de
investigación de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, dedicada a hacer frente a esta amenaza; unas amenazas que exigen un importante grado de dedicación, profesionalidad y tecnificación. En consecuencia, enmarcando el contexto en los duros
años de crisis económica que ha sufrido nuestro país, con oferta de empleo público muy reducida para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, desde el Ministerio del Interior se ha considerado conveniente que determinadas y muy específicas
labores de seguridad estática en los centros penitenciarios, las que no requieren una especial capacitación, sean asumidas por profesionales de seguridad privada, que están perfectamente formados y dotados de medios para ejercer estas labores. De
esta manera se han podido recuperar efectivos tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil para el desarrollo de funciones que exclusivamente pueden hacer ellos, lo cual redunda en más seguridad para todos los ciudadanos y más libertad en
las calles. Por este motivo, en el año 2012, desde la Secretaría de Estado de Seguridad se consideró conveniente que el sector de la seguridad privada colaborara con la seguridad exterior de los centros penitenciarios, para lo cual se determinó y
estableció dentro de los centros penitenciarios un reparto de funciones según la competencia, preparación y cualificación del personal perteneciente a dicho sector.


Debe tenerse en cuenta que a día de hoy la seguridad privada es un sector con un peso específico relevante en la economía de nuestro país, puntero a nivel europeo y que aglutina profesionales muy cualificados. Además, la colaboración, la
complementariedad y la capacidad de entendimiento entre la seguridad pública y la seguridad privada han sido los principios inspiradores de la actual ley de seguridad privada y marcan el camino del nuevo reglamento en el que el ministerio está
trabajando y del que antes les he hablado. Con esta decisión respondimos al principio de optimización de los recursos humanos y

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materiales asignados a la seguridad de las instalaciones públicas, así como a la conveniencia estratégica de concentrar el servicio prestado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en aquellas funciones para las que resulta más
apropiada su alta cualificación y especialización. Concretamente, en un periodo en el que la significativa reducción de la oferta pública de empleo, como ya les he citado, obligaba a la Administración a un esfuerzo añadido de racionalización en el
uso eficiente de sus recursos; todo ello, por supuesto, manteniendo un nivel óptimo en la seguridad de los centros de terciarios. Ese también debía ser nuestro objetivo.


En este contexto, desde la Secretaría de Estado de Seguridad se elaboró un plan de coordinación con las direcciones generales de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, así como con la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias que contemplaba la incorporación de vigilante de seguridad privada a las funciones de vigilancia exterior de los establecimientos penitenciarios.


Este plan se ha materializado finalmente en tres fases, con las que hemos conseguido recuperar y destinar un mayor número de policías y guardias civiles a funciones específicas que solo ellos pueden realizar. En concreto, han sido 842 los
efectivos que se han recuperado para esas labores. Por otra parte, la puesta en marcha de dicho plan permitió la posibilidad de que las empresas de seguridad privada adjudicatarias ofrecieran puestos de trabajo a los escoltas privados que habían
prestado sus servicios en el País Vasco y Navarra y que se habían visto afectados por las reducciones y supresiones de servicios llevados a cabo con motivo del final de la actividad terrorista de ETA, si bien es cierto que por razones de movilidad y
por las considerables diferencias entre las dos actividades -diferencias funcionales y retributivas- esta oferta fue rechazada por una gran mayoría de los afectados.


En la primera fase, que se consideró experiencia piloto, en diciembre del año 2012 se acordó autorizar el inicio del expediente de contratación correspondiente a la prestación de los servicios de apoyo a la seguridad exterior de los centros
penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior. Dicho contrato entró en vigor el 22 abril de 2013 y se consideró como una experiencia piloto, implantándose en 21 de las 67 prisiones que dependen del ministerio cuya vigilancia exterior es
responsabilidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En total se contrataron 57 puestos de trabajo, empleando para ello a 234 vigilantes de seguridad. Debemos destacar que los vigilantes contratados han desarrollado sus funciones
desde el comienzo de esta primera fase, siempre bajo la dirección y supervisión del cuerpo policial correspondiente. Es decir, en cada centro penitenciario existe una unidad de seguridad de la Guardia Civil o de la Policía Nacional con un
responsable de ese mismo cuerpo que dirige todo el dispositivo de seguridad y de ese responsable dependen ahora los vigilantes de seguridad privada, que asumen las funciones menos exigentes del dispositivo y se integra en ese desarrollo de la
seguridad en cada centro penitenciario.


Esta fase ha tenido una duración de diecisiete meses. La segunda se puso en marcha después de analizar y hacer una prospección sobre esa experiencia piloto nuevamente con los responsables tanto de la Policía como de la Guardia Civil y se
llegó a la conclusión de que el proyecto inicial había resultado altamente eficaz y eficiente, contribuyendo a la optimización prevista de los recursos humanos y materiales, por lo que se decidió hacerlo extensible al conjunto de los centros
penitenciarios. Esta fase ha tenido una duración de veintisiete meses, desde el 1 de octubre de 2014 al 31 de diciembre de 2016, suponiendo 203 puestos de trabajo y el empleo de 908 vigilantes de seguridad. De esta forma, la segunda fase permitió
recuperar un mayor número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a funciones propias de seguridad ciudadana e investigación. Y como saben ustedes, con fecha de 19 agosto del pasado año, el Consejo de Ministros autorizó una nueva
contratación del servicio de apoyo de seguridad en centros penitenciarios. Este nuevo contrato entró en vigor el pasado día 1 de enero, con una duración de un año prorrogable por otra anualidad y ha sido adjudicado a diferentes empresas, suponiendo
la continuidad de 906 vigilantes de seguridad para 203 puestos de trabajo en el total de los 67 centros penitenciarios. Es decir, se ha conservado en esta última fase el mismo número de puestos de trabajo y prácticamente el mismo número de
vigilantes. Por esa razón, desde la Secretaría de Estado de Seguridad hemos apostado por la continuidad del proyecto, dado que la implantación de este modelo de seguridad compartida en el ámbito de la vigilancia exterior de los establecimientos
penitenciarios ha cubierto todas las expectativas, demostrando una vez más que la colaboración entre el sector público y privado redunda en beneficio de todos los ciudadanos y de su bienestar.


Otra de las demandas de información que se incorporan a esta solicitud de comparecencia es la que se refiere a la política de inmigración, fronteras y centros de internamiento de extranjeros. En concreto, se nos pide información respecto a
los dos incidentes en la frontera de Ceuta el pasado 31 de octubre

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de 2016 y el 17 de febrero del presente año. En relación con esos casos, quiero comentarles que esos días, al igual que otros muchos, se produjo un asalto masivo a la valla de Ceuta, por lo que las fechas, desde mi punto de vista, no son lo
más relevante. Hemos constatado que desde que en el mes de septiembre las autoridades marroquíes realizaran obras en el espigón de Benzú, los asaltos se han producido en reiteradas ocasiones y con un nuevo modus operandi. Podemos decir que los
intentos de vulnerar la frontera han evolucionado hacia una modalidad más peligrosa y, con total seguridad, más violenta, en la que los asaltantes exploran zonas donde la orografía dificulta la vigilancia necesaria y actúan con mayor contundencia
contra los medios físicos de protección y también contra los propios agentes que la defienden. El pasado 31 de octubre, 232 inmigrantes subsaharianos, según informó la delegación del Gobierno, accedieron al territorio nacional sin detenerse en
ningún momento, desencajado varias puertas del vallado exterior e interior, haciendo ostentación de una actitud violenta -incluso una vez que se produjo su entrada en el territorio nacional- y empleando palos, piedras y otros objetos contundentes
con los que agredieron a los efectivos policiales. Por otra parte, respecto a los sucesos del día 17 de febrero, quiero decirles que un grupo de unos 700 inmigrantes subsaharianos intentaron acceder a nuestro territorio con gran violencia, cortando
con cizallas los elementos del vallado del perímetro fronterizo y desarmando de forma violenta algunas de las puertas del perímetro exterior e interior. El resultado fue la entrada en nuestro territorio de 496 inmigrantes, 2 de los cuales fueron
evacuados al hospital por distintas lesiones, 11 guardias civiles recibieron asistencia sanitaria y 6 de ellos tuvieron que causar baja por culpa de esas lesiones.


En ambos asaltos a la frontera de Ceuta debe destacarse la férrea organización a la hora de realizar los asaltos y la intensa agresividad y violencia desarrollada por los asaltantes, tanto contra los medios materiales de la frontera como
contra los efectivos policiales que la custodian. Debo reiterar esto porque esa sí es una situación diferente a la que se venía produciendo en años anteriores. Al uso tradicional de piedras y estacas, se unen, en un nuevo escenario, largas barras
de hierro, mazas y cizallas que generan situaciones de alto riesgo para las fuerzas que custodian la frontera, que en ocasiones se ven abocadas al enfrentamiento cuerpo a cuerpo con la consiguiente peligrosidad para ambas partes. Consecuentemente,
el modo de reaccionar ante estos intentos de asaltos masivos y violentos pasa una vez más por la imprescindible colaboración con las fuerzas marroquíes y hace necesario adaptar los elementos de contención físicos, fundamentalmente la mejora en la
visibilidad de los puntos débiles de la frontera o donde la orografía dificulta la posibilidad de antelación en la respuesta que tienen que ofrecer quienes custodian la frontera.


En esa línea, señorías, la política migratoria de nuestro país ha sido la misma desde hace más de diez años. No admite dobles juegos y no han existido dudas ni giros. Esa protección de la frontera hace mucho tiempo que se puso en marcha,
han sido gobiernos de distintos partidos políticos los que la han defendido y tengo que decir que la decisión del Ministerio del Interior es conservar y preservar esa línea de trabajo. Debe ser una política de Estado en la que los grandes partidos
vayan de la mano y, repito, este Gobierno tiene la intención de mantener el mismo criterio en el futuro.


Recordarán ustedes la crisis de los cayucos del año 2006, cuando más de 30.000 inmigrantes llegaron a las costas de Canarias. Ante esta situación excepcional el Gobierno socialista de entonces actuó eficazmente -es justo reconocerlo- y
adoptó las medidas que eran necesarias. Nosotros las compartimos y las hemos continuado. Es un auténtico drama que estas personas tengan que abandonar sus países en busca de un futuro mejor y, por ello, desde todas las administraciones y desde la
Unión Europea se debe trabajar para que nadie se vea en esta situación y para potenciar las oportunidades en sus países de origen con inversiones y con actuaciones de colaboración que probablemente a día de hoy sean insuficientes. En muchos casos
las personas que huyen son las más preparadas y eso ahonda aún más la descapitalización humana de sus países. Los mejores se van buscando oportunidades y esa huida hace que cada vez sea más difícil que dichas oportunidades puedan existir en sus
países.


Pero ante este drama existe otra realidad, que es la obligación de defensa de nuestras fronteras, en especial de la frontera de Ceuta y Melilla, que -recordémoslo- son las únicas que la Unión Europea tiene en suelo africano. Como no puede
ser de otra forma, España, como Estado soberano e integrante de la Unión Europea, tiene la obligación de vigilar y proteger sus fronteras. Esta obligación viene impuesta por el derecho comunitario, el código de fronteras Schengen, y por el derecho
nacional, con el objetivo de impedir el cruce de la frontera por puntos no habilitados para ello. En las actuaciones de control y vigilancia fronteriza las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas actúan bajo el mandato de la ley, bajo los
principios de proporcionalidad, congruencia y oportunidad y con pleno respeto a los derechos

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fundamentales. Dicha actuación se desarrolla velando por la seguridad de las personas y el respeto de los derechos humanos, así como garantizando el acceso a la protección internacional.


El derecho de asilo en Ceuta y Melilla se encuentra garantizado de igual manera que en el resto del territorio nacional y el procedimiento que se sigue en las ciudades autónomas con las personas que manifiestan su deseo de presentar una
solicitud de asilo es el mismo que en el resto de nuestro país. Además, para ayudar a que eso sea posible, se crearon las oficinas de asilo y refugio en Ceuta y Melilla, lo que ha facilitado la gestión de esas solicitudes en los puestos
fronterizos. En muchos de estos ataques contra las fronteras las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se enfrentan a situaciones en las que los inmigrantes, en el transcurso del asalto ilegal a la frontera, presentan actitudes agresivas y
violentas. Por eso, creo que es necesaria la comprensión y el apoyo a quienes defienden esas fronteras en nombre de todos los españoles.


El fenómeno migratorio es una de las prioridades en la agenda de este ministerio por la creciente relevancia que ha ido adquiriendo y por la importancia que también tiene en la política de la Unión Europea. La presión migratoria hacia
Europa no solo no ha remitido, sino que a ella se ha sumado la enorme ola de refugiados que huyen de los conflictos bélicos y socioeconómicos. La apuesta de este Gobierno se centra en favorecer una inmigración legal y ordenada que redunde en
beneficio de todos, para quienes emigran y para quienes les recibimos. España ha demostrado con creces su solidaridad, pero es necesario cumplir con la legislación internacional y con la lógica para poder acoger a inmigrantes con racionalidad y que
puedan disponer de educación, sanidad y el resto de servicios básicos a los que tienen derecho todos los residentes en nuestro país. A 1 de marzo, han sido 1.584 inmigrantes los que han entrado de manera irregular en España por vía marítima y 1.560
a través de Ceuta y Melilla, lo que hace un total de 3.144 personas. Con ese objetivo de mejorar las condiciones de vida de quienes vienen de forma regular a España, de defender nuestras fronteras y de realizar una política migratoria racional,
abordamos estas medidas y tratamos de integrarnos en el resto de iniciativas que a nivel europeo se están poniendo en marcha. Esa política se articula sobre una serie de pilares. El primero es la cooperación bilateral con los países de origen y
tránsito. Especialmente queremos destacar el papel de Marruecos, primer país que visitó nuestro ministro del Interior para agradecer e intensificar nuestras ya fructíferas relaciones bilaterales. Es una cooperación que ha quedado patente en su
actuación durante los recientes asaltos y las tentativas a las vallas de Ceuta y Melilla. El segundo es la prevención en origen mediante proyectos operativos específicos. Ahora se va a poner uno en marcha en todo el ámbito del Sahel. El tercero
es el adecuado control de las fronteras, como les decía anteriormente. El cuarto pilar es la lucha contra las redes de tráfico de personas, que también son una lacra para la sociedad y que utilizan la desesperación de los inmigrantes en beneficio
propio. El último es el retorno, que es lo que también nos marca nuestra forma de actuar en política migratoria a lo largo de los últimos diez años en nuestro país y la que exige la política europea.


Por otra parte, y como adelantaba anteriormente, debemos seguir articulando herramientas con nuestros socios africanos que contribuyan al fortalecimiento del Estado de derecho y a la seguridad, ya sea mediante instrumentos financieros, a
través de colaboración técnica o formativa o mediante respuestas innovadoras, como el proyecto de retorno voluntario desde Marruecos y Mauritania que estamos impulsando. Este ministerio defiende la necesidad de una verdadera política migratoria
común en todo el conjunto de la Unión Europea. Trabajamos de manera continua con las instituciones europeas y los Estados miembros para abordar el fenómeno migratorio, y creo que esa política común debe favorecer políticas dirigidas al desarrollo
de una cooperación de carácter estratégico basada en un equilibrio entre los principios de responsabilidad y solidaridad de forma efectiva y real. Para que la protección internacional sea efectiva hay que instalar, y así se viene defendiendo desde
el seno de la Unión Europea de forma reiterada, una política de retorno igual de efectiva para aquellos inmigrantes económicos a los que, aun siendo totalmente humanas y entendibles sus razones de huida, no se les puede aplicar los supuestos de
protección internacional. La Comisión Europea pidió el pasado jueves a los países de la Unión Europea que hagan uso del máximo legal de dieciocho meses que les permite la normativa comunitaria para mantener detenidos a inmigrantes irregulares
mientras se resuelve su expediente de expulsión. En concreto, la recomendación de Bruselas aboga por ajustar las legislaciones nacionales al periodo inicial máximo de seis meses de intercambio que puede autorizar un juez en caso de expulsión, de
acuerdo a las normas de la Unión Europea, y que podría extenderse hasta los dieciocho meses bajo determinadas circunstancias. Ante eso, les diré que el ordenamiento propio de nuestro país recoge que el tiempo máximo de internamiento es de sesenta
días, uno de los más bajos de toda la Unión Europea, y creo que eso dice mucho de la forma en la que entendemos que se tiene que tratar a las personas que llegan a nuestro país de esta manera.

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En lo que a los centros de internamiento de extranjeros se refiere, el ministro ya anunció en su comparecencia ante esta misma Comisión el pasado mes de diciembre que la Dirección General de la Policía está elaborando un plan de mejora de
los centros de internamiento de extranjeros, un documento que le ha solicitado la Secretaría de Estado de Seguridad y que estamos analizando para mejorar esa realidad. Debemos tener centros adecuados, en los que se atienda de forma adecuada a sus
internos y en los que se garantice también la función para la que nacieron. Pero no queremos que sea una acción puntual, aislada y alejada del debate. Ya hemos solicitado a los grupos parlamentarios un representante de cada uno de estos grupos
para constituir una mesa de trabajo que establezca la mejor fórmula posible para mejorar los CIE, sin improvisaciones y sin atajos, una política migratoria que tiene que apoyarse a futuro en este tipo de centros con el mayor consenso posible. En
los veintiocho Estados miembros de la Unión Europea, menos Reino Unido e Irlanda, y también en los que no son miembros de la Unión Europea, como Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, en los que se aplica la Directiva de retorno, es una práctica
habitual el internamiento o detención de los extranjeros que han sido objeto de una orden de expulsión en distintos centros de distinto tipo. Nadie tiene resuelta de una forma adecuada esa situación. Son establecimientos públicos de carácter no
penitenciario donde se interna de manera cautelar y preventiva a personas extranjeras sometidas a expedientes de expulsión del territorio nacional porque su situación en España no es legal y van a ser expulsados o porque se les sustituye una pena de
prisión, cuando es como máximo de seis años, por una medida de expulsión. En otros países ese internamiento se produce en centros penitenciarios, como es el caso, por ejemplo, de Francia. La existencia de centros de internamiento de extranjeros
es, por tanto, legal, responde a un imperativo del derecho de la Unión Europea y del ordenamiento jurídico español, que lo desarrolla y que lo impulsa desde el año 2000, cuando la Ley de Extranjería creó esa figura de los CIE, y a partir del año
2004, cuando se pusieron en marcha la mayoría de los que hoy tenemos abiertos. Queremos contar con todos para analizarlos, para ver en qué están fallando y para ver cómo se puede mejorar esa asistencia que se presta y ese uso que deben prestar los
CIE. Espero que seamos capaces de alcanzar un consenso también en esta materia.


Por último, nos solicitan información sobre las funciones del Citco y sobre las denuncias de descoordinación en materia de terrorismo; intuyo que se refieren a un caso concreto, el de las detenciones que se produjeron el 28 de diciembre del
año pasado. Señorías, quisiera empezar esta parte explicando brevemente qué es el Citco y en qué consiste su labor, porque creo que muchos de los aquí presentes no son conocedores de su importancia y de sus cometidos esenciales para la seguridad de
todos y para la coordinación principalmente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El Centro de inteligencia contra el terrorismo y el crimen organizado, Citco, se crea en el año 2014 con la integración en un solo organismo del anterior
Centro de inteligencia contra el crimen organizado, CICO, y del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, CNCA, adscribiéndose, asimismo, la unidad judicial para delitos de terrorismo, Tepol. Esa fusión se produce al comprobarse que cada vez
se daban más casos, que figuraban en las bases de datos del CICO, que tenían una relación directa con información que manejaba el CNCA en materia antiterrorista. El tiempo ha demostrado que hicimos bien, que esa fusión tenía una razón de ser y que
cada vez había más países que se interesaban por nuestro modelo. La semana pasada -o la anterior- estuvo en España el comisario de Interior, señor King, precisamente interesándose por el trabajo y la forma de proceder del Citco. La relación entre
el crimen organizado y el terrorismo es cada vez más estrecha, y podríamos decir que en muchos casos el crimen organizado es el alimento que necesita el terrorismo para poder operar. Se estructura, fundamentalmente, en dos divisiones, la
antiterrorista y la de crimen organizado, una oficina nacional de información de pasajeros, PNR, la unidad de Policía Judicial para delitos de terrorismo, Tepol, de la que forman parte miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, CNI,
Instituciones Penitenciarias y Vigilancia Aduanera. Las actividades del Citco se centran, fundamentalmente, en la coordinación operativa policial, que constituye uno de los pilares básicos del centro, y se desarrolla a través de un sistema mediante
el cual cada uno de los cuerpos policiales del Estado, además de Vigilancia Aduanera, reportan sus investigaciones a una base de datos común, SCI en crimen organizado y Sicoa en terrorismo, donde se detectan las coincidencias y se activan los
protocolos necesarios para evitar que existan duplicidades en la investigación o interacciones inadecuadas. La Policía Foral de Navarra participa en el sistema, mientas que las policías autonómicas del País Vasco y Cataluña se encuentran en una
fase próxima a su incorporación.


En materia operativa, sin constituir una unidad de este tipo en sentido estricto, desarrolla funciones con una incidencia directa y muy diversa, como puede ser el punto focal en materia de combatientes terroristas extranjeros, los foreign
fighters, la coordinación en materia de destrucción de droga o la Oficina

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Nacional de Información de Pasajeros. En materia de inteligencia, el Citco elabora multitud de informes, entre los que habría que destacar la valoración de la amenaza terrorista, tanto en su vertiente doméstica como internacional,
participando en la mesa de valoración de la amenaza. En materia de cooperación internacional, el Citco participa en multitud de foros internacionales, fundamentalmente en los que tienen que ver con intercambio de información en la lucha contra el
terrorismo.


Señorías, les voy a dar unas cifras para que ustedes puedan comprobar la magnitud y la operativa diaria del Citco en cuanto a la coordinación de investigaciones sobre terrorismo y crimen organizado. En el año 2016 se incorporaron 248
investigaciones de terrorismo, de las cuales 144 fueron coordinadas por el Citco. Respecto al crimen organizado, la cifra asciende a 9.203 incorporaciones, de las cuales 3.907 fueron coordinadas por el Citco. Cuando se habla de coordinación por el
Citco es porque existe más de un cuerpo que ha realizado iniciativas referentes a esa investigación.


Con respecto a la operación concreta ocurrida en medio de las pasadas Navidades, a la que se hace referencia en la solicitud de comparecencia, me gustaría recalcar, en primer lugar, el buen trabajo desempeñado por la Policía Nacional. Se
han analizado los datos, se han comprobado las razones que llevaron a esa actuación, se ha visto la documentación que se aportó a su señoría y que motivó que el juez de la Audiencia Nacional decretara la prisión para las personas que fueron
investigadas, y se ha comprobado que en una situación como esa la práctica razonable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no podía ser diferente a la que se realizó. Hemos pedido autorización para que se pudieran ver en esta Comisión
algunas de las imágenes que llevaron a la toma de esas decisiones. No ha sido posible, espero que lo sea en el futuro, porque estoy convencido de que cualquiera de ustedes que vea esas imágenes entenderá que en un 28 de diciembre, en plenas
Navidades, a tres días de Nochevieja y a poco más de una semana de la cabalgata de Reyes, pocas decisiones diferentes se podrían haber tomado. Es más, probablemente, si con esa investigación, con los datos que existían, no se hubiesen tomado esas
medidas y hubiese ocurrido algún desenlace desgraciado, en ese caso sí se hubiese solicitado no ya mi comparecencia, que probablemente no estaría en el cargo, sino de quien me hubiese sustituido para que aclarara por qué, ante esas evidencias, no se
produjo la detención.


Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son personas y por tanto no son infalibles. Les he dicho al principio de mi intervención que en España uno de los criterios que se adoptaron hace ya mucho tiempo, que creo que
han sido un verdadero acierto y que hoy están siguiendo multitud de países, es la de actuar en la fase más embrionaria posible. Uno de los criterios es anticiparse al hecho delictivo, especialmente cuando se trata de terrorismo; no esperar a que
haya víctimas, sino prevenirlas. Eso obliga a que en determinados momentos se asuman riesgos y que los indicios que existen en un momento determinado y que animan a que se produzca la investigación y la posterior detención bajo supervisión judicial
acaben no concretándose en una detención permanente. Pero sinceramente creo que no podemos realizar ningún reproche a la actuación que se hizo.


Se pedía también en ese punto de la solicitud de comparecencia que se diera cuenta del espectáculo mediático que se realizó, y créanme que en esa materia no tengo margen para poder decir nada que tenga que ver con la manera en la que los
distintos medios de comunicación trataron esa noticia. Sí le puedo decir que tengo un amplio dossier de toda la información aparecida en medios nacionales, autonómicos y locales donde podrán observar que ni por parte del ministro, ni por parte del
secretario de Estado, ni por parte del director general de la Policía se realizó la más mínima manifestación que no fuera el respeto a la decisión judicial y que el asunto se encontraba bajo secreto de sumario. En esa línea es en la que hemos
querido actuar y esa línea de respeto a las decisiones del juez y a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es la que nos gustaría seguir manteniendo.


Señorías, espero haber respondido a sus preguntas. Espero haber despertado también su curiosidad sobre las líneas en las que queremos trabajar a lo largo de esta legislatura. Espero haberles animado también a buscar el consenso y a que
intentemos acercar posiciones sobre los aspectos más importantes que se tienen que llevar a cabo a lo largo de esta legislatura en un ministerio complejo como es el Ministerio del Interior. Confío en que tengamos la oportunidad de debatir durante
muchas ocasiones y, si es necesario, espero que dentro de unos meses, cuando se puedan concretar las líneas generales que ya ha expuesto el ministro y que yo he reiterado en algunos de sus aspectos, podamos también dar cuenta de esas medidas
concretas. Pero, sobre todo, les quiero transmitir que para nosotros ustedes son parte fundamental de la solución a la mayoría de los problemas de seguridad que tiene este país. Que seamos capaces de abordarlo desde la unidad es una fortaleza más
de nuestro sistema, y que seamos capaces de explorar permanentemente el consenso es una obligación que nos debemos imponer todos. En algunos

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casos llegaremos al acuerdo y en otras ocasiones ese acuerdo no será posible, pero creo que todos nos podremos sentir satisfechos de haberlo intentado. En esa línea es en la que he tratado de plantear mi intervención y por esas razones les
quiero dar las gracias a todos.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.


Vamos a dar comienzo al turno de intervenciones. Empezará el Grupo Socialista, que ha sido el proponente de las peticiones de comparecencia, y luego intervendrán de mayor a menor el resto de los grupos, cerrando el Grupo Popular. Les
recuerdo que el tiempo que tienen es de quince minutos aproximadamente.


El señor TREVÍN LOMBÁN: Muchas gracias, señor presidente.


Señor secretario de Estado, comparece hoy usted en esta Comisión para informarnos de las líneas generales de actuación que va a seguir al frente de la Secretaría de Estado de Seguridad y por cinco asuntos importantes de su competencia a
petición del Grupo Socialista, al que represento.


Lamento decirle que, agradeciéndole su esfuerzo por la información que ha aportado, me siento decepcionado por la ausencia de iniciativas para solucionar el más gravoso de los problemas que han heredado y que deben erradicar de inmediato y
con contundencia: aquellas prácticas policiales sospechosas de carecer de base legal, de obstrucción a la justicia y de estar guiadas exclusivamente por intereses partidarios. Me estoy refiriendo a las de la policía política, la camarilla policial
organizada por el anterior equipo ministerial del señor Fernández Díaz y a sus andanzas y tejemanejes. A estas alturas, nadie en su sano juicio pone en duda la existencia de la misma, de que fue organizada por responsables políticos, de que no dudó
en actuar al margen de la ortodoxia policial y de que muchos de sus componentes fueron generosamente recompensados por ello. Hace más de cuatro años que el Grupo Socialista viene denunciándolo en esta Cámara. Insistimos en ello a pesar de las
presiones que sufrimos, nosotros y personas que con nosotros colaboraron. Nos mantuvimos firmes a pesar de la displicencia y hasta de los insultos con que en esta misma Cámara fuimos obsequiados. Sabíamos de su existencia y no nos callamos. Su
origen fue anterior incluso a la elecciones generales de 2011. Inició su actividad a modo de caballo de Troya con el último Gobierno socialista. Continuó su trayectoria envuelta en falso patriotismo cuando actuaba en Cataluña. Espió y fustigó a
todo tipo de adversarios políticos del PP con interesadas filtraciones periodísticas y fabricando presuntas pruebas que, al llegar a sedes judiciales, se quedaban en nada.


El anterior director general de la Policía la puso en marcha. Así lo reveló al diario El Mundo, el pasado mes de noviembre, un comisario de policía al denunciar que el señor Cosidó, con el inspector jefe Pedro Ramón Agudo Novo y otros
miembros de la camarilla, montaron un falso caso de espionaje a la sede central de Génova del PP y de adjudicación irregular de contratos por el ministro del Interior socialista a la empresa Interligare. También se intentó involucrar a miembros
relevantes de la policía, algunos ya fuera del cuerpo, en aquel momento.


La denuncia, archivada desde mayo de 2016, fue judicializada utilizando a Manos Limpias, es decir, siguiendo el modus operandi habitual del equipo anterior de su ministerio: uso espurio de asociaciones ad hoc y filtraciones interesadas a
medios de comunicación. Pocos meses después, el señor Cosidó tomaba posesión como director general de la Policía, nombraba jefe de su gabinete al inspector jefe Agudo Novo y se afianzaba definitivamente la policía política.


Uno de los peores defectos del anterior equipo de Interior fue su manera de entender las relaciones con las instituciones. Confundieron partido con Gobierno e instituciones con Gobierno. No quisieron aceptar que la policía no estaba a su
servicio sino al servicio de toda la ciudadanía y que debe actuar en todo momento dentro del imperio de la ley sin que valga atajo alguno, ni tan siquiera para ejercer como policía patriótica.


El fiscal general del Estado protestó a finales de 2012 porque dos altos cargos policiales, los comisarios Martín Blas y Olivera, fueron enviados por el Ministerio del Interior a Cataluña para solicitar a los fiscales del caso Millet el
registro de la sede de Convergència; ninguno tenía competencia para ello. Pero hubo mucho más, mucho más. En 2014 el periódico La Razón publicó las fotografías de treinta y tres jueces catalanes favorables al derecho a decidir. Un juez abrió una
investigación al constatar una presunta entrada irregular en ficheros de bases de datos para divulgar datos al margen de la normativa establecida. La mayoría de las imágenes habían sido extraídas de los DNI de los magistrados. Dos inspectores de
la Brigada de Información de la Policía Nacional de Barcelona admitieron haber accedido a la base de dichos datos para adjuntar las fotos a un informe solicitado por su superior, el comisario Pedro Esteban Cobreros.

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Pocos meses después, dos semanas antes de la consulta independentista del 9-N, el diario El Mundo publicó: Investigan una cuenta de 12,9 millones de euros de Xavier Trias en Andorra, dando a conocer posteriormente el número de la misma.
Tres días después, el entonces alcalde de Barcelona consiguió un certificado del banco correspondiente asegurando que no había tenido cuentas en dicha entidad. Dos meses después, la Fiscalía Anticorrupción archivó la denuncia interpuesta por la
policía al considerar que no había indicios que avalaran la existencia del dinero de Trias en el extranjero. Pero la camarilla político-social de Cosidó y Fernández Díaz no recibió únicamente órdenes para actuaciones patrióticas. La dedicaron a
investigar y perseguir a todos sus adversarios políticos, a miembros de la policía que solo servían a la ley y a obstaculizar la investigación de casos de corrupción que afectaban al partido del Gobierno.


En junio de 2015, el diario La Razón publicó en primera página una fotografía en la que se me veía en un local cercano a este Congreso tomando café con dos comisarios de policía. Tres días después fueron cesados en sus destinos. Los
tribunales anularon recientemente el cese de uno de ellos, ya que consideraron que no tuvo justificación alguna y que lo único acreditado es que fue apartado de sus responsabilidades en el área de recursos humanos después de hacerse público su
encuentro conmigo.


El pasado años 2016, Podemos y varios de sus dirigentes fueron acusados de financiación irregular por países como Venezuela o Irán, utilizando como presunta prueba el informe PISA, un documento apócrifo, supuestamente elaborado por
Inteligencia Policial, dependiente de Pino, repleto de juicios de valor y conjeturas. Enviado a la UDEF para proceder a su afinado y adecentamiento, fue posteriormente filtrado a un medio de comunicación y después presentado al Tribunal Supremo
también, qué curiosidad, por el sindicato Manos Limpias. El alto tribunal despreció su contenido a pesar de ofrecerse el propio responsable de la UDEF, Manuel Vázquez López, a quien se premió con la Jefatura Superior de Policía en Galicia, a
explicárselo en detalle a los magistrados. Distintos casos, distintos adversarios políticos, pero los mismos procedimientos.


La policía política fue dejando huellas perfectamente reconocibles en su modus operandi. Su oficina principal ya no ocupaba los espacios de la brigada político-social en los sótanos del edificio más emblemático de la Puerta del Sol. Estaba
mucho más cerca de los anteriores responsables policiales del ministerio. En un despacho cercano al del DAO, director adjunto operativo, tres policías a las órdenes de Eugenio Pino la dirigían, según publicó recientemente eldiario.es. El inspector
Ángel Fuentes Gago, jefe de gabinete del DAO, Pino, buen conocedor de cómo llegó a Interior la falsa cuenta del exalcalde Trías, su adjunto, Bonifacio Díaz, y otro policía la compartían.


Y para completar su labor, el equipo de Fernández Díaz, con Cosidó en la Policía, crea una nueva unidad policial, la Brigada de Análisis y Revisión de Casos, por -según contestación textual a una de mis preguntas sobre la misma- la necesidad
de que la Dirección Adjunta Operativa implante un sistema de calidad similar al resto de los policías civiles del ámbito de la Unión Europea para el seguimiento y apoyo del conjunto de determinadas investigaciones y actuaciones que afectan a
diversas unidades policiales. No sé si sus señorías habrán entendido con esta explicación a qué querían dedicarla. Yo les confieso que no lo entendí hasta que hace pocas semanas leí la entrevista del DAO Eugenio Pino en El Mundo. Se trataba de
enredar con hechos juzgados, pero con sentencias muy poco del gusto de los anteriores responsables policiales, a lo que parece, y de impulsar investigaciones de gran impacto social y especialmente dolorosas para las familias afectadas, de las que no
hay forma de encontrar expediente alguno; una brigada de punto final para desenterrar hechos juzgados y sentenciados. ¿En qué manos estuvo la Policía española cuatro largos años? Una policía política en la que solo encontraron protección altos
responsables populares investigados por casos de corrupción. Tres responsables declararon en sede judicial que fueron presionados o recibieron órdenes para paralizar u ocultar la investigación sobre el ático de Ignacio González, entonces presidente
de la Comunidad de Madrid. Al comisario de Marbella, Agapito Hermes, Eugenio Pino le ordenó que no continuará con ella y a Enrique Rodríguez Ulla, comisario de Policía Judicial, le exigió cerrarla, y el comisario Villarejo confesó en los tribunales
que el director general Cosidó le ordenó paralizarla.


¿Qué le estoy pidiendo con este resumen de la herencia que ustedes recibieron? Que erradiquen del Ministerio del Interior cualquier proceder que no se ajuste a los mandatos constitucionales, que revisen actuaciones anteriores poco
escrupulosas con los mismos, que instruyan los expedientes disciplinarios que procedan y que revisen si se ajustaron estrictamente a la normativa vigente las recompensas recibidas por componentes de esta camarilla político-policial. Le reconozco
que han dado algún paso en esa línea. La disolución de la Brigada de Revisión de Casos o el nombramiento de un

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nuevo director adjunto operativo son alguno de ellos, pero deben avanzar con mucha más decisión en el camino de regeneración del ministerio. El nivel de deterioro exige una limpieza urgente y a fondo de la sentina policial.


A la anterior junta de gobierno pertenecía el actual DAO, y ustedes solo han nombrado al comisario general de Seguridad Ciudadana. El resto es prácticamente la misma que convivió con las andanzas de la policía política, cuando no participó
directamente en ellas. En el consejo de la policía tienen a comisarios con protagonismo especial en las mismas y en el circo del que nos ha hablado sigue el mismo responsable, el que fue a Cataluña.


Con medallas rojas pensionadas, es decir, de las que con cada una se aumenta un 10 % de por vida el salario o pensión, se ha premiado una o varias veces a prácticamente todos los involucrados en dicha camarilla policial, negándolas en
ocasiones a policías que arriesgaron sus vidas en actos heroicos, incluido el primer jefe de gabinete de Cosidó -¿se acuerdan?-, Agudo Novo, el que empezó con él, cesado después por ser el propietario de una academia de preparación para acceder a
la Policía Nacional. Se le concedió la de plata, que conlleva un 15 % más de pensión, al DAO Pino, se nombró a varios de ellos para los destinos más demandados y mejor retribuidos en el exterior, con emolumentos superiores a los 10.000 euros
mensuales: a Gago, a su mujer y a su adjunto en el gabinete del DAO, Bonifacio Díaz Sevillano, a la responsable de la Brigada de Revisión de Casos, Nuria Mazo, y a su marido, Agorreta. Para otros se buscaron colocaciones privilegiadas en la
empresa privada, después de previas llamadas desde el ministerio: en el grupo La Caixa se colocó en Madrid al comisario Pedro Esteban Cobreros -¿se acuerdan?-, el responsable de documentación de Barcelona cuando se filtraron a La Razón las fotos
del DNI de varios jueces, y en Prosegur al comisario Sánchez Aparicio, responsable de la investigación con resultado desconocido sobre la grabación del ministro en su despacho con Daniel de Alfonso, responsable de la Agencia Antifraude de Cataluña,
que demostró definitivamente la existencia de la policía política.


Renovar todos los responsables policiales que tuvieron que ver con la camarilla policial que actuó como policía política, investigar destinos, honores y distinciones de quienes participaron en la misma e instruir expedientes disciplinarios
en los casos en que se haya actuado al margen de la ley, eso es lo que les pido que aborden urgentemente. Lo otro, las responsabilidades judiciales, en el ámbito judicial se resolverán y algunos están dando pasos. Las responsabilidades políticas
de quienes fueron responsables de algo tan sensible, poderoso y exclusivo como son las facultades que emanan del Ministerio del Interior y que no dudaron en utilizarlas para fundamentalmente fortificar sus posiciones partidistas y disparar a
discreción contra la población desafecta deberán rendirlas en la comisión de investigación que esta Cámara constituirá esta misma semana. Es para nosotros el elemento fundamental que en este momento deben abordar desde el punto de vista de la
policía, una de las responsabilidades que usted tiene como secretario de Estado de Seguridad.


Acabo con los otros cinco puntos que les habíamos planteado de forma muy somera. Les pedimos cosas concretas porque sé que compartimos los objetivos. En el ámbito de la protección para las mujeres que presuntamente puede ser víctimas de
violencia de género han anunciado la creación de una mesa de trabajo que se encargará de la valoración y prevención. En esa mesa el ministerio va a estar representado por el director adjunto operativo. ¿Qué funciones exactas va a tener ese
organismo? Quisiera que nos las explicara. Usted sabe que venimos pidiendo ya desde la X Legislatura informaciones sobre las valoraciones del ministerio de los casos con resultado de muerte. Han iniciado esos trabajos con años de retraso y ahora
han anunciado que se hallan inmersos en la revisión de doscientos crímenes de este tipo. El comandante de la Guardia Civil José Luis González, destinado en la Secretaría de Estado de Seguridad, en las primeras jornadas de perfilación criminal de la
Universidad a Distancia de Madrid, ha avanzado resultados sobre el estudio que está realizando el Equipo de Previsión Pormenorizada de Homicidios de Pareja en el Ámbito de la Violencia de Género. ¿Quiénes componen ese Equipo de Previsión
Pormenorizada de Homicidios de Pareja en el Ámbito de la Violencia de Género? ¿Qué avances de resultados puede aportar el ministerio a esta Comisión? El retraso en iniciar estos trabajos que les venimos demandando nos ha hecho perder años en el
avance contra la violencia de género. Ahora que los han iniciado la pregunta es: ¿estarán a tiempo para incorporar las conclusiones a la subcomisión que trabaja para la elaboración de propuestas para un pacto contra la violencia de género que
todos apoyamos? ¿Cómo ha repercutido el descenso de la dotación humana en la protección de las víctimas de violencia de género? Pontevedra cuenta con un solo policía para las treinta y siete víctimas de violencia de género y la protección de
ochenta y dos mujeres de Badajoz con orden judicial de protección depende de un solo policía. Durante los últimos cuatro años les hemos pedido la integración al sistema de Valoración Policial de Riesgo de los servicios sanitarios y de asistencia
social. ¿Qué beneficios ha supuesto la información de las comunidades al sistema?

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En el ámbito terrorista voy a recordarle algo y volver a comprometerme con otra cosa. Mi partido siempre ha antepuesto la necesaria unidad contra el terrorismo a cualquier otra consideración partidista y así vamos a seguir. Hemos dado
siempre prioridad al acuerdo de los demócratas para responder con eficacia a quienes se valen del terror. Esa es la razón por la que tomamos la iniciativa para hacer realidad el acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y la
lucha contra el terrorismo que firmamos el 2 de febrero de 2015, un acuerdo que no hicimos, sin embargo, para perseguir a titiriteros o tuiteros o para que se haga un uso indebido de la libertad de expresión. Queremos eficacia en la lucha
antiterrorista y la misma se daña si se presume de unos resultados que luego no se ven contrastados con condenas. Mantenemos nuestro compromiso y sabemos que al ministerio -así lo reconocemos- le corresponde el liderazgo en esta lucha, pero les
exhortamos a que sean cuidadosos con el uso que se hace de los mecanismos legislativos que hemos puesto a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que los resultados que se vendan sean reales. Huyan de la sobreactuación y de
la sobreexposición mediática en este tema porque nunca es buena para el fin que todos perseguimos.


Le creo perfectamente cuando hace una apuesta clara por la tolerancia y contra los delitos de odio. Por eso mismo, porque de verdad lo creo, le pido que tome medidas para que HazteOír no siga siendo una asociación de utilidad pública. De
ustedes depende que siga siendo o no así.


Les felicito a usted, al ministerio y especialmente al ministro. Creo que la apuesta que hacen por el Centro Nacional de Desaparecidos es una iniciativa importante que debe resaltarse y no tenemos ningún empacho en reconocerlo. Cuenten con
nuestra colaboración en todos los ámbitos en que esto sea necesario y planteen -ya lo dije en alguna Comisión con el ministro- que cualquier tipo de desaparición, de las actuales o de las históricas, de cualquier bando de la guerra civil o del
franquismo también, si llega a dicha Comisión, pueda ser investigada.


Respecto a la Ley de Seguridad Ciudadana, le recordaré exclusivamente algo. Hay una proposición de ley socialista presentada y pretendemos -y vamos a tratar de que así sea- que se debata en el Pleno y, por tanto, que sea el germen de una
nueva ley de seguridad ciudadana.


Me alegro por toda la información que nos ha dado sobre la seguridad en centros penitenciarios, pero permítame que le dé alguna que pueda servirle de contraste. Primero, la seguridad privada en centros penitenciarios nos cuesta 58 millones
de euros, según la última adjudicación que han hecho. ¿Para cualquier empresa? No; es un concurso restringido, señorías, no pudieron ir todas las empresas privadas a ese concurso, solamente las que habían tenido escoltas en el País Vasco. ¿Por
qué? Porque se trataba de que fueran recolocados para no quedarse en el paro. Hoy ya prácticamente no es necesario, porque el que no se ha jubilado está desesperado y ha abandonado la búsqueda de empleo, y en ningún caso, como se ha dicho, se ha
recolocado a todos los que lo solicitaban. Prácticamente no ha habido nadie que haya rechazado el puesto -si lo ha habido es un número muy pequeño- y, sin embargo, ha habido cientos de personas que se quedaron en la calle y a las que no se les ha
ofrecido puesto alguno. Ni el 10 % de los efectivos que están en las cárceles fueron escoltas; en cambio, las empresas pudieron acceder a ese jugoso contrato porque habían tenido escoltas en el País Vasco. Le doy otra información que sé que a
usted le va a interesar. Nos ha dicho que ese contrato nos ha permitido recuperar 842 efectivos para la calle. Sus antecesores en esta misma Comisión nos dijeron no hace muchos meses lo contrario. Nos dijeron: en ningún caso este contrato va a
suponer que ni un solo guardia civil de los que están en el recinto exterior de prisiones vaya a ser movido de su puesto. Siempre nos extrañó, porque, entonces, ¿para qué gastábamos 58 millones de euros? Pero ha sido así hasta ahora. Por tanto,
indique al informante del ministerio que nos saque de esta duda: ¿quién mintió? Sé que usted nos ha dado la información que tiene, pero alguien está mintiendo en este asunto. Como le he dicho, ahí están los diarios de sesiones para comprobarlo.


Hay una parte de su exposición -y con esto acabo- que hace referencia a la frontera, por una parte, y al tratamiento de la inmigración, por otra. Hay algunas cosas en las que coincidimos y no tengo ningún empacho en decírselo públicamente.
Coincidimos en que es necesaria una inmigración legal y ordenada. También coincidimos en que sería bueno tener para toda Europa una política europea en materia de inmigración. Empezamos a no coincidir cuando nos dice que no hay nada que cambiar,
que todo debe seguir igual. Señor secretario de Estado, el mundo cambia en diez años lo que usted no se imagina y la situación actual nada tiene que ver con la anterior.


El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Trevín, por favor.


El señor TREVÍN LOMBÁN: Acabo, señor presidente, en medio minuto.

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Por tanto, hay que tomar nuevas iniciativas. Le diré tres muy sencillas: necesitamos más efectivos; necesitamos más medios y más seguridad jurídica para los hombres y las mujeres de la Guardia Civil y de la Policía que están en la
frontera y necesitamos que iniciativas que en este Congreso no se aprobaron por la oposición del Grupo Parlamentario Popular se retomen, por ejemplo la que planteaba la necesidad de nuevas tecnologías y drones para la vigilancia de esos puntos
ciegos que nos ha comentado usted en la frontera. Hace cuatro años la presentamos en el Congreso y se debatió en esta Comisión y no se imagina cómo fue la rechifla del Grupo Parlamentario Popular por los drones. Hoy, cuatro años después, se han
caído del caballo -me alegro por ello-, aunque un poco tarde para algunos de los últimos problemas que hemos tenido.


Muchísimas gracias, por todas sus explicaciones.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Trevín.


A continuación intervendrá el Grupo Podemos, que va a tener tres portavoces. Les pido, por favor, que procuren ceñirse a los tiempos.


Comienza el señor Santos.


El señor SANTOS ITOIZ: Trataré de ceñirme a los tiempos como mi antecesor.


Quiero dar las gracias al señor secretario por las explicaciones que nos ha dado. La primera duda que tengo en este planteamiento es cuál es su concepto de seguridad, porque no nos ha quedado nada claro, y, basándonos en ese concepto,
cuáles son los objetivos y cuál es la política contra la criminalidad que persiguen con su actuación. Me voy a ir a conceptos generales, porque creo que es lo que la ciudadanía básicamente quiere saber y, además, lo quiere saber sobre la base de
los datos que tenemos. Hace muy poco, en febrero, el Ministerio del Interior habló de las tasas de criminalidad y anunció un portal estadístico de la criminalidad. Nos congratulábamos de ello, porque, como ya le dije en su momento, había una gran
discusión en la doctrina y entre las personas que se dedicaban a la criminología, con una crítica esencial, y es que no había manera de saber de una manera científica, metodológica y estadística cuál era la incidencia real de la criminalidad. En
los últimos tiempos las tasas de criminalidad han ido subiendo o bajando al albur del Gobierno de turno, en función de si interesaba plantearlas al alza o a la baja. Esto es fundamental, porque la base de toda crítica y de todo planteamiento que se
puede hacer es conocer cuál es la realidad. Desde el momento en que desconocemos la realidad, podemos poner en duda incluso la eficacia y la eficiencia de todas las medidas que vayamos a adoptar. Pero tenemos algunos datos, que son básicamente
quiénes están en las prisiones y por qué. El 75 % de los delitos cometidos son o bien delitos patrimoniales, robos y hurtos en su mayoría y sin violencia casi todos ellos, o bien tráfico de drogas, menudeo. El 60 % de las personas que están en
prisión lo están por estos delitos. Tenemos una tasa de encarcelamiento un 34 % por encima de la de Europa; somos el tercer país de Europa con mayor tasa de encarcelamiento. En los últimos cuarenta años hemos multiplicado por ocho las personas
que están en prisión; en las dos últimas décadas el número ha aumentado en 20.000 personas más. Es cierto que últimamente ha bajado por cambios en el Código Penal como reducir la pena y, por tanto, permitir la suspensión en casos de menudeo,
drogodependencia y alguna otra cuestión relacionada con la libertad provisional. Por cierto, dentro de esto hay que decir que la pobreza, la exclusión y, sobre todo, el delito tienen nombre de mujer. Si cogemos las 4.106 mujeres que ahora están en
las cárceles españolas y quitamos los delitos graves y violentos, nos encontramos con que solo habría 556 mujeres encarceladas, sin atender a otras circunstancias personales. Esta es la realidad sobre la que debemos operar. Dirán ustedes que el
éxito de toda política contra la criminalidad es que como hemos encarcelado a todo el mundo ha bajado la tasa de delitos, pero eso tampoco es cierto por lo que le acabo de decir. Hay un montón de personas excarceladas en esta última época y, sin
embargo, la tasa de criminalidad -por lo menos tal y como ustedes la estudian- ha seguido bajando, por lo que no hay una relación directa.


Está claro. Básicamente, tenemos un problema de delitos patrimoniales asociados a situaciones de pobreza, exclusión y drogodependencia, y sobre eso tenemos que incidir. Ese sería el nudo gordiano de la seguridad en España, que, por otra
parte -tal y como se reconoce-, es un país muy seguro. En lugar de esto, a veces hablamos de otras cosas. Usted ha hablado de la seguridad, del diálogo, de la concordia. El diálogo es un medio, pero no garantiza por sí mismo esa seguridad. Por
tanto, podemos intentar hablar de visiones compartidas. Pero, ¿cuál ha sido la visión del grupo -aunque usted sea recién llegado- que sustenta al Gobierno? La visión ha sido totalmente diferente. Con las reformas del Código Penal, nos hemos ido a
una criminalización cada vez mayor y a un concepto de seguridad que intenta básicamente proteger a los ciudadanos de sí mismos. Usted ha hablado del binomio seguridad-libertad. Cada vez que

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oigo eso, pienso que la libertad, al final, es un valor superior del ordenamiento jurídico y la seguridad es simplemente un medio. Si no entendemos que es un medio para garantizar la libertad, no hemos entendido absolutamente nada, porque
no las podemos poner al mismo nivel. Por eso, cuando ponemos a ese nivel la Ley de Seguridad Ciudadana, estamos atacando directamente la libertad y destruyendo sus fundamentos. Eso ni siquiera sería constitucionalmente admisible. Por tanto, si
usted habla -y ese es el tercer principio rector que ha planteado para evitar el miedo y la resignación- de seguridad para las personas, posiblemente tengamos que cambiar todas esas políticas que han ido a restringir los derechos ciudadanos y sobre
todo a criminalizar la disidencia, en una situación de crisis social que para todos es conocida y que no voy a reiterar aquí. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la solución, si usted quiere pactar con nosotros, es reforzar los servicios
sociales de justicia, reforzar el Estado del bienestar -en esa anticipación que usted ha dicho para prevenir cualquier tipo de conducta que sea criminógena- y recuperar todos los programas de reinserción para evitar la reincidencia de todas estas
personas que se han podido encontrar en un momento determinado en prisión. (El señor vicepresidente, Mateu Istúriz, ocupa la Presidencia).


A partir de aquí, me gustaría plantear algunas de las cuestiones que usted ha ido desgranando. Coincidimos en una política de reparación a las víctimas del terrorismo. Usted ha utilizado elementos de derecho internacional -justicia,
verdad, reparación- y también hablaríamos de garantía de no repetición, pero en esto se ha sido contradictorio. En muchas ocasiones tampoco se ha atendido a todas las reivindicaciones de las víctimas, incluso de aquellas que no tenían nada que ver
con un concepto de seguridad tal como usted lo entiende, instando a la convivencia, a la reparación del daño, a la conciliación, al diálogo, etcétera -hablo, por ejemplo, de los encuentros restaurativos-, pero ya hablaremos más tranquilamente de
todo esto. Usted nos habla del terrorismo como uno de los elementos que más pueden desestabilizar la sociedad, y estoy de acuerdo. El problema es tomar la excepción por la regla; es un problema gravísimo y sus repercusiones son gravísimas, pero
no es el principal problema que afecta en el día a día a todos los ciudadanos. Además, aun estando de acuerdo en que hay que prevenir y dedicar recursos a todo esto -sobre todo por la vía de la inteligencia-, no se puede convertir un problema
terrorista en un problema de opinión, que es la idea que estamos teniendo de la observación de la realidad y de lo que pasa. Usted mismo lo dice cuando desplaza el concepto de terrorismo hacia los delitos de opinión y habla usted de los espacios
físicos y virtuales...


El señor VICEPRESIDENTE (Mateu Istúriz): Señor Santos, disculpe, ha consumido ya once minutos del tiempo que corresponde a los portavoces restantes.


El señor SANTOS ITOIZ: Acabo enseguida.


Habla también de los delitos de odio, que suponen una extensión de esos delitos de opinión. Nos congratulamos por el Centro Nacional de Desaparecidos, porque hasta ahora España, que es un país con muchos desaparecidos porque es un país de
paso, no contaba con ninguna acción efectiva, incluso se estaban manejando las estadísticas para ocultar determinadas realidades. Nos apuntamos también a que en ese centro de desaparecidos se investiguen todas las desapariciones forzadas y no se
las califique como históricas indebidamente. Sobre el tema de la seguridad ciudadana es conocida nuestra opinión y ya iremos viendo.


En cuanto a la actualización de la Ley Orgánica General Penitenciaria, me he quedado sorprendido, porque cuando vino aquí el ministro estableció que se iba a actualizar por dos razones, por la sanción y por la adaptación al Código Penal de
la libertad condicional, pero usted ahora ha hablado de la libertad condicional, de la sanción y de todo el resto de capítulos de la Ley Orgánica General Penitenciaria y no nos ha explicado los fundamentos de ese cambio en relación con lo que a
usted le compete, que sería la seguridad, cuando muchos de esos elementos son de tratamiento. Sobre la seguridad perimetral, le haría muchas referencias, pero no las voy a repetir.


Dejo paso a mi compañera Ione, para que le haga alguna referencia respecto a migración.


La señora BELARRA URTEAGA: Gracias. Me va a disculpar, pero el señor Trevín ha hablado más de veinticinco minutos...


El señor VICEPRESIDENTE (Mateu Istúriz): No adivine mi pensamiento. Esta Presidencia va a ser generosa con el tiempo, pero le recuerdo que solo restan tres minutos. Gracias.


La señora BELARRA URTEAGA: Como decía mi compañero Eduardo, me voy a centrar en todo lo relacionado con la frontera sur española y con la situación de los centros de internamiento de extranjeros.

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Hay un tema que ustedes siempre obvian, y creo que no debe ser por desconocimiento sino a propósito. Es un hecho que tiene que ver con las muertes en las fronteras. Recientemente, hemos conocido el informe que ha sacado la Asociación pro
derechos humanos de Andalucía. En este informe se recoge que el número de personas fallecidas en la frontera sur se ha duplicado en apenas dos años. Al menos 295 personas han muerto intentando llegar a nuestro país, y este drama no es una
casualidad, no se debe a un hecho atmosférico, sino que se trata de la consecuencia directa de las políticas migratorias que ustedes están implantando en nuestras fronteras. Se lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Esto tiene que ver con
la imposibilidad de obtener un visado de eso que ustedes llaman la migración regular. Me gustaría que explicara qué entienden ustedes por migración regular, porque, como sabrá, conseguir un visado en los países africanos y en muchos otros países es
prácticamente imposible. Al cerrar la vía legal de acceso a muchas personas solo se les deja la vía irregular, que es en la que ponen en riesgo sus vidas. Hay otros mecanismos aparte de los visados, como la reagrupación familiar, pero al cerrar
completamente esa vía están obligando a las personas migrantes a que tomen rutas cada vez más peligrosas. Como dicen siempre nuestras compañeras de CEAR, cada visado denegado es una víctima potencial para las mafias, es un potencial cliente y,
diría más, una persona que potencialmente puede morir en una ruta migratoria.


No sé si conoce un libro que ha escrito el periodista Nicolás Castellanos que habla sobre Adu. Adu es muy conocido en nuestro país por ser el niño de la maleta. Adu tenía un padre en situación regular, que ganaba 1.200 euros al mes, que ya
había reagrupado a su mujer y a su hija mediana y al que por no cumplir el requisito de 56 euros al día en términos de salario le fue denegada la reagrupación familiar de Adu. Creo que se podría decir que quien metió a Adu en una maleta no fue su
padre sino la política migratoria que ustedes han puesto en marcha. El otro ejemplo que tenemos de que el cierre de fronteras genera muertes y mucho dolor es el acuerdo entre la UE y Turquía. Imagino que usted no va a hablar únicamente de la
frontera sur, porque en un mundo en la era de la movilidad global tenemos que hablar de todas las fronteras en su conjunto. Una vez más ustedes se vanaglorian de que han disminuido mucho las llegadas a través de Grecia y, sin embargo, obvian que en
el Mediterráneo central las muertes se han duplicado en el año 2016, que ha conseguido un triste record histórico: ser el año más mortífero en el Mediterráneo.


En cuanto a la frontera sur concretamente, ha hablando usted de la situación en Ceuta y Melilla y me gustaría que hablara de los CETI, porque estamos recibiendo informaciones de los activistas y de los colectivos sociales que trabajan en
Ceuta y Melilla con noticias muy preocupantes, entre ellas que con esta figura que ustedes inventaron, la del rechazo en frontera, se están devolviendo a Marruecos personas heridas o visiblemente enfermas, menores de edad e incluso personas que
están pidiendo a gritos protección internacional. Me gustaría saber qué piensa usted de la actual política del Gobierno de cierre de vías legales y seguras; si son conscientes de que esta política está provocando muertes en las fronteras. Me
gustaría también saber qué piensa de esa figura ficticia del rechazo en frontera, que no sé si usted es consciente de que incumple varios tratados internacionales de derechos humanos, como seguramente así dirá pronto el Tribunal de Derechos Humanos
de la Unión Europea. Incumple, entre otros, el protocolo 4 del Convenio de derechos humanos, porque supone en muchos casos expulsiones colectivas. Me gustaría saber exactamente cuántas personas han sido rechazadas bajo esta figura desde la entrada
en vigor de la disposición adicional, cuántas de estas personas eran menores, posibles solicitantes de asilo, eran personas heridas o estaban enfermas. Me gustaría que me contestara a esto. ¿Cuál es exactamente el protocolo que tiene la Guardia
Civil en estas situaciones? ¿Quién ha elaborado dicho protocolo? ¿Quién es el último responsable de que este protocolo se aplique? Me gustaría saber también si piensa usted como su colega, el secretario de Estado para la Unión Europea, que las
personas migrantes y las personas refugiadas se están tirando al mar, que es algo que nos parece inaudito. Respecto al CETI, usted dice que se garantiza el derecho al asilo en Ceuta y Melilla. Me gustaría saber cuántas personas africanas negras
han pedido asilo en las oficinas de asilo de Ceuta y Melilla. Le contestaré yo: ninguna. No sé si usted piensa que eso es garantizar el derecho de asilo. ¿Cuál es el criterio que se está utilizando para que las personas que residen en el CETI
sean desplazadas finalmente a la península?, porque tenemos conocimiento de que se está restringiendo la libertad de movimiento a los solicitantes de asilo ya con tarjeta roja.


He oído distintas declaraciones suyas en esta Cámara relacionando seguridad, terrorismo yihadista y migraciones en un totum revolutum. Me gustaría saber si no cree usted que la mejor manera de asegurar quién viene y de saber quién viene
sería que la gente pudiera venir de forma regular con un visado a

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través de los aeropuertos y de los barcos, de tal manera que las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado pudieran comprobar quién está viniendo. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Tiene que acabar, señoría.


La señora BELARRA URTEAGA: Termino ya.


Respecto a los centros de internamiento de extranjeros, querría saber qué están haciendo para cumplir con los distintos autos de los jueces de control. Nos decía la jueza de control del CIE de Algeciras y de su anexo en Tarifa que los
centros tienen mamparas de cristal y hierro, rejas, letrinas, patios claustrofóbicos, absoluta masificación, inexistencia de luz natural o habitaciones cerradas desde fuera.


El señor VICEPRESIDENTE (Mateu Istúriz): Señora Belarra, vaya terminando, por favor, porque llevamos ya dieciséis minutos y, para equiparar los veinte del Grupo Parlamentario Socialista, su compañero no va a tener tiempo.


La señora BELARRA URTEAGA: Muy bien, termino ya.


Y me gustaría saber qué piensan ustedes de la propuesta del Grupo Parlamentario Ciudadanos de privatización de la gestión de los centros de internamiento de extranjeros, si cree que esto va a ayudar a acabar con la impunidad y los malos
tratos que se producen en los CIE. También me gustaría saber qué piensa de la noticia de Bruselas, que dice que tenemos que agilizar la expulsión de personas en situación administrativa irregular, incluso si son menores de edad, y que tiene que
aumentar el tiempo de detención en países como el nuestro en el que la detención es de sesenta días. Me gustaría saber si vamos a cumplir antes la cuota de refugiados o esta indicación de Bruselas.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Mateu Istúriz): Tiene la palabra la señora Fernández Castañón.


La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Buenos días.


Voy a ir todo lo rápida que pueda. Usted dice 'lacra' en su intervención y me gustaría saber qué opinión le merece que para muchas expertas epidemiológicas se hable de la violencia machista, dada su incidencia, como de un problema de salud
pública.


Nos ha venido a hablar de planes y yo le quiero preguntar por recursos. Tenemos que tener en cuenta la ruralidad, es decir que un alto porcentaje de los asesinatos machistas tienen lugar en poblaciones de menos de 100.000 habitantes, según
algunos apuntes que nos llegan desde la unificada de la Guardia Civil, que es uno de los entornos que más tienen que decir al respecto. Nos habla de VioGen; de VioGen se encargarían tanto las Emumes como los puestos principales y los puestos
normales. Al final, en la mayor parte de los sitios toda la responsabilidad y todos los planes recaen en los puestos principales. Lo que hacen es crear unos equipos que, de una manera más bien autónoma, llevan los casos de violencia de género y de
violencia doméstica, pero además se encargan del plan director y del plan mayor de seguridad, llevan la relación con los centros educativos y con los centros de mayores, llevan la vigilancia de otros asuntos, como puede ser el menudeo de drogas, y
están absolutamente desbordados. También tienen que cubrir a veces los puestos normales por cuestiones de vacaciones, bajas, etcétera. Nos gustaría saber cuál es la opinión que le merece la situación de desborde de quienes llevan esta
responsabilidad. Porque lo que ocurre con los puestos normales, cuando llegan a poner denuncias, es que muchas veces no tienen una formación mínima para llevar estos atestados, que en muchas ocasiones son bastante complejos, y, viéndose superados,
dejan a la mujer que va a denunciar esperando, convirtiéndola de nuevo en víctima, esta vez por el sistema administrativo, incluso la dejan hasta un punto que la disuade de poner esa denuncia. Luego nos preguntamos por qué las mujeres no denuncian,
cuando quizás muchos trabajadores de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado nos están dando las claves de lo que ocurre en la mayor parte de las ocasiones.


Vuelvo a preguntarle -como lo hice al ministro del Interior sin obtener respuesta; por eso le vuelvo a preguntar a usted- qué ocurre con las pulseras electrónicas antimaltrato, que dada su eficacia...


El señor VICEPRESIDENTE (Mateu Istúriz): Perdón, señora Fernández Castañón.


La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Eran dos minutos y medio y es imposible que los haya consumido.

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El señor VICEPRESIDENTE (Mateu Istúriz): No; han transcurrido ya más de veinte minutos. Por favor, no hagamos los turnos cada vez más largos respecto del tiempo acordado en la Junta de Portavoces. Vaya terminando, por favor, señoría.


La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Dada su eficacia, le pregunto qué ocurre con el 70 % de las pulseras antimaltrato que no están siendo utilizadas.


Hago una pregunta más. ¿Qué pasa con las Ufam? ¿De verdad creemos que las denuncias en situaciones de violencia machista se ponen de lunes a viernes en horario laboral?


Por último, me gustaría que las respuestas no fueran problemas presupuestarios, porque estamos a 7 de marzo y llevamos 21 asesinadas.


Muchísimas gracias. Lamento no haber podido extenderme más.


El señor VICEPRESIDENTE (Mateu Istúriz): Gracias, señora Fernández Castañón.


Tiene ahora su turno de intervención, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el señor Ramírez.


El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, señor presidente.


Primero, quiero agradecer al secretario de Estado su comparecencia en el día de hoy para clarificarnos en la medida de lo posible todas las dudas que podamos tener respecto de estos asuntos que tratamos hoy en la Comisión. Me alegra sobre
todo oírle decir que no se resigna al número de víctimas de violencia de género que tenemos a día de hoy en nuestra sociedad. Mi primera pregunta es qué va a hacer el Gobierno para reducir o eliminar de una vez por todas esta lacra, no solo los 21
asesinatos que comentaba la interviniente anterior, sino las 405.694 mujeres que, según datos del Ministerio del Interior, son víctimas de violencia de género. Es verdad que siempre nos quedamos con las víctimas mortales, pero la violencia de
género es mucho más amplia que los actos que tienen resultado de muerte.


Es cierto que tenemos, según noticias, un 70 % de las pulseras sin utilizar, y es curioso, porque es un medio que ha demostrado claramente que sirve de mecanismo de identificación y prevención en esta cuestión tan necesaria. Ese 70 % sin
utilizar es un detalle muy relevante. También quiero preguntarle, señor secretario de Estado, si va a haber una dotación presupuestaria amplia sobre todo para las soluciones habitacionales. Está claro que no podemos pedirles a las mujeres que
denuncien a sus parejas cuando han sido víctimas de violencia de género y luego devolverlas a su casa para que sigan sufriendo ese maltrato o esas vejaciones. Desde luego, las administraciones tenemos que dar una solución global, una solución
holística. Es curioso ver que las tres provincias con mayor número de afectadas son Madrid, Valencia y Alicante -la verdad es que no las veo demasiado de entorno rural- y esto demuestra que hay una ineficacia total de las políticas que se están
implantando hasta ahora. Si bien es cierto que el número de muertes ha podido reducirse de manera muy leve, también es verdad que el número total de víctimas de violencia sigue aumentando y por lo tanto no podemos congratularnos con lo que se está
produciendo actualmente.


También quería poner el foco en el cuerpo de la Guardia Civil. Según las encuestas y, desde luego, según lo que nosotros podemos percibir en el día a día en nuestra sociedad, uno de los cuerpos con mayor prestigio es el de la Guardia Civil.
Sin embargo, el pasado 20 de febrero se produjo un nuevo suicidio dentro del cuerpo; seguramente este dato se habrá quedado atrasado, porque teniendo en cuenta que se produce un suicidio cada diez días, según datos del ministerio, desde el 20 de
febrero, por desgracia, habrá habido alguno más. Este es un drama que no cesa y la pregunta que le hago al secretario de Estado es si hay alguna medida más aparte del segundo Plan de prevención de suicidios, que se estableció en el 2005 y que ha
demostrado ser a todas luces ineficaz. Desde nuestro punto de vista, estudiando los informes que nos han hecho llegar distintos expertos desde la asociación unificada y otras asociaciones así como expertos independientes, está claro que el clima
laboral en el que están actualmente desarrollando su labor los miembros del cuerpo de la Guardia Civil no es óptimo y es uno de los causantes de que la prevalencia del suicidio en este colectivo multiplique por cinco la media de la sociedad normal.
Desde luego, no nos podemos quedar parados ante esta situación y tenemos que darle solución desde los poderes públicos. Espero que el secretario de Estado me pueda decir si va a haber un plan específico, aparte de este segundo plan, o si se ha
hecho una evaluación clara de cuáles han sido los resultados, porque habiendo un suicidio cada 26 días, no podemos decir que sea una solución ni que se esté produciendo resultados óptimos.


En cuanto al salto de la valla de Ceuta, nos levantamos día sí y día también con avalanchas masivas de inmigrantes. Esa presión que se está produciendo en nuestra frontera sur lleva como resultado, como

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no puede ser de otra forma, que cientos, miles de inmigrantes salten la valla. Lógicamente, no se puede decir que las soluciones que se están estableciendo en origen sean las óptimas. Yo estuve el otro día en un debate, donde estaba
precisamente la portavoz de Podemos que ha hablado de inmigración, y estuvimos hablando de que la situación debía recibir respuesta a nivel europeo, no solo a nivel nacional, pero también es cierto que nosotros tenemos una responsabilidad como
responsables públicos nacionales y tenemos que establecer soluciones, si no pueden ser globales, al menos temporales.


Quería preguntarle al secretario de Estado si existe, en su opinión, un número suficiente de guardias civiles para enfrentarse a estas avalanchas de cientos de inmigrantes, sobre todo teniendo en cuenta que la casuística y las formas de
actuar a día de hoy son muchísimo más violentas, como se ha informado, con barras de acero y una actitud muchísimo más violenta. También me gustaría saber cuál es el número de guardias civiles que han sufrido heridas tras cada asalto masivo que ha
producido en las vallas de Ceuta y Melilla. Asimismo, quisiera saber qué medios tienen nuestras Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, en este caso la Guardia Civil, para evitar asaltos como los que se están produciendo estos últimos días y
para poder defenderse de ellos, y cuál es el coste que estamos invirtiendo en el mantenimiento de vallado para que sea eficaz, porque, viendo el resultado, está claro a todas luces que muy eficaces no están siendo estas medidas preventivas. También
me gustaría saber si se prevé alguna inversión en este sentido por parte del conjunto del Estado.


Y hablando de la falta de efectivos, ha dicho usted que es verdad que en los últimos años las ofertas públicas de empleo para cubrir las vacantes no han llegado ni siquiera a la tasa de reposición. Hay una falta clara y un aumento de los
índices de criminalidad sustentados en un nivel bajo de efectivos, tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de la Guardia Civil y de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Cada vez tenemos menos efectivos en las calles y eso,
lógicamente, lleva consigo un relajo a la hora de la vigilancia y el cumplimiento de la ley. Decía un portavoz anterior a mí que un ejemplo de esta situación es que en Galicia haya, como ratio, un solo agente de policía por cada trescientos
habitantes. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Esperamos que se pueda dar una solución y en este sentido le quería preguntar si tiene previsto el Gobierno aumentar la plantilla -he entendido por sus palabras que así va a ser, que va a
haber una oferta pública de empleo para aumentar la plantilla de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado-, cuándo y en qué términos y si considera el secretario de Estado que el aumento del índice de criminalidad se debe a esa falta de
efectivos, que entendemos que sí. Siempre pongo como ejemplo la ciudad de Nueva York. Hace veinticinco años, los índices de criminalidad que tenía eran elevadísimos y, curiosamente, después de una labor de introducción de nuevos agentes por parte
del alcalde Giuliani, se produjo una reducción de esos índices de criminalidad. Esto deja claro que hay una relación directa entre un nivel óptimo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y un bajo índice de criminalidad.


En el caso de las prisiones, tenemos claro que la situación de nuestros funcionarios de prisiones no es la óptima. No voy a entrar a valorar la vigilancia que se está haciendo por parte de empresas privadas. Nuestro grupo entiende que,
aunque de forma temporal, por necesidades operativas o por un nivel de efectivos ineficiente se puedan utilizar las empresas privadas como un instrumento ad hoc, nuestras prisiones tienen que estar vigiladas por funcionarios públicos. Sin embargo,
quiero preguntarle cómo va el cumplimiento de la propuesta no legislativa que se aprobó en esta Comisión en octubre en la que se instaba al Gobierno a mejorar las condiciones de seguridad de los funcionarios de prisiones en su lugar de trabajo,
incorporando además un protocolo específico de actuación que reforzaba la labor del delegado de prevención y hacía un seguimiento de esas denuncias. Tenemos claro que nuestros funcionarios de prisiones son de los mejores del mundo, pero los tenemos
que tratar como tales y darles seguridad en el ejercicio de sus funciones.


En el caso de los CIE, la semana pasada se hacía público el informe de la defensora del Pueblo, en el que se dedicaba un apartado previo a la precariedad de la situación en la que se encontraban. He visitado el CIE de Las Palmas -estoy
seguro de que todos los miembros de esta Comisión hemos visitado en algún momento alguno de los CIE- y he podido hablar directamente con los internos. Es verdad que la situación de la que habla la portavoz de Podemos no es tan dantesca. Yo hablé
con los internos y en ningún caso se refirieron a malos tratos sufridos; es más, estuve con la exdiputada del Grupo Podemos, actualmente juez de vigilancia del CIE, la señora Rosell -estaba conmigo, hicimos una visita conjunta y pudimos hablar con
los internos-, y ninguno refirió malos tratos ni mala situación ni malas condiciones. Es cierto que todos los CIE requieren una inversión de infraestructuras; el que yo conozco es una antigua prisión y está bastante avejentada. A este respecto,
me gustaría preguntarle si va a tomar en

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consideración el informe de la defensora del Pueblo en el que se refiere a la precaria situación en la que se encuentran los CIE en el conjunto del Estado y si cree suficiente el número de agentes que conforman la plantilla destinada a los
mismos. A este respecto, le debo decir que en el CIE de Las Palmas había escasamente tres agentes; es cierto que la situación era de bastante calma y también es verdad que se producía una situación en la que había un número de internos menor que
la media habitual, pero si hubiese un motín en el CIE de Las Palmas considero totalmente inadecuado el número de agentes actuales. Me gustaría saber si piensa usted que con la plantilla actual es suficiente para desarrollar su labor. También
quisiera preguntarle si considera que los agentes que trabajan en estos centros disponen del equipamiento y la formación adecuados, sobre todo para hacer frente a situaciones límite, como pueden ser los motines, tal y como hemos visto, por ejemplo,
en el CIE de Carabanchel en anteriores fechas, y si está garantizada la seguridad de los trabajadores internos, no solo de los del Cuerpo Nacional de Policía, porque también hay personal médico, como bien sabe, o en algún momento psicólogos u otras
personas que actúan allí.


En el caso del terrorismo, todos estamos de acuerdo en que España es uno de los países con mayor número de detenciones de terroristas en los últimos años. Este dato implica, primero, que tenemos unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado que hacen una labor encomiable, una labor que hay que poner de relieve y que hay que aplaudir, como no puede ser de otra forma, una labor efectiva y una labor rápida. Pero también es alarmante, desde luego, el dato de que este país parece
que tiene un polo de atracción especial hacia este tipo de terrorismo yihadista. Solo le quiero recordar que, dentro de nuestro acuerdo de investidura, en el punto 149, asegurábamos el compromiso firme y la unión de los demócratas en la defensa de
nuestras libertades y contra el terrorismo sobre la base de los pactos políticos ya alcanzados, la cooperación internacional en este ámbito, la eficacia del Estado de derecho y la memoria de las víctimas del terrorismo. También manteníamos una
estrategia integral contra el terrorismo, persiguiendo a los terroristas donde se encuentren, denunciando y persiguiendo cualquier acto de enaltecimiento y homenaje a los terroristas e impidiendo con todos los medios posibles la propagación y
difusión de su ideario, como un ejemplo de la defensa de la libertad y la democracia. Por supuesto, compartimos la necesidad de impulsar el pleno desarrollo del Plan estratégico nacional de lucha contra la radicalización violenta, con el objetivo
de actuar con determinación contra el yihadismo reforzando la cooperación policial y judicial. Tendrán a Ciudadanos siempre de la mano para el cumplimiento completo de estos elementos.


Para terminar, insistiremos en la necesidad de un nuevo modelo policial. Entiendo que muchas veces parece que esto es la cuadratura del círculo, pero nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no deben tener un tratamiento
diferenciado en función de si son miembros de un cuerpo civil o de un cuerpo militar. Es una de las necesidades prioritarias de esta legislatura hablar de un nuevo modelo policial en el que se reorganice el actual despliegue territorial de cada uno
de los cuerpos policiales, en el que se cree un procedimiento de coordinación de seguridad nacional permanente que defina los canales operativos de coordinación, garantizando una cooperación eficaz, y en el que se promueva un acuerdo marco que
iguale los niveles salariales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque no se entiende que, haciendo las mismas funciones, dependiendo de si uno es guardia civil o policía nacional, haya casi un 30 % de menor salario en el caso de los
guardias civiles. (El señor secretario de Estado de Seguridad, Nieto Ballesteros, hace signos negativos). Secretario, le aseguro que es así. Lo hablamos con el ministro; le aseguro que es así.


Entendemos que también se tienen que racionalizar las compras del Ministerio del Interior en un órgano central de adquisiciones y de material de equipamiento. Hay que ser eficientes en la gestión. No entendemos que se vayan haciendo
compras descentralizadas y que al final haya modificaciones en cada uno de los elementos que se compran. Fomentemos los criterios de mérito y capacidad en todos los procesos de ingreso y ascenso en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con
criterios de transparencia y de participación. Promovamos las mejores prácticas de transparencia en los órganos de dirección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Mejoremos los mecanismos de participación y representación en los
consejos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en aras de una mayor transparencia. Promovamos, como no puede ser de otra forma, la creación de un centro nacional de alta especialización tecnológica que unifique la formación del colectivo,
porque es verdad que cada vez nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado afrontan los riesgos con mayor nivel tecnológico, con mayor nivel de formación y de especialización y, por tanto, tienen que estar cada vez mejor formados. Promovamos
la homologación de los estudios policiales y carrera profesional civil dotándoles de una

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mayor conexión con las universidades y con las empresas precisamente para eso, para que tengan un mayor conocimiento tecnológico y que estemos a la vanguardia.


En referencia a lo que comentaba la portavoz de Podemos sobre nuestra PNL para la modernización -según ella la privatización- de los CIE, tengo que decir que nosotros en ningún momento queremos una privatización de los CIE, lo que queremos
es que se pueda ver si una gestión privada -que no titularidad privada- puede ser desde algún punto de vista más eficiente y si esos recursos ahorrados pueden ir dedicados precisamente a la mejora de las infraestructuras y de las dotaciones
materiales.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.


Por el Grupo del PNV, señor Legarda.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente, y muchas gracias, secretario de Estado, por las explicaciones y la comparecencia.


No voy a repetir todos los ítems que se han ido tocando para no alargar la intervención. Me ceñiré a tres cuestiones, porque al resto de ellas, que ya han sido tratadas, entiendo que el secretario de Estado nos contestará luego. La primera
se refiere -ya se ha hablado por algún compareciente- al binomio derechos-libertades y seguridad, es decir, la Ley de Seguridad Ciudadana. Sabe el señor secretario de Estado que nuestro grupo ha presentado una proposición de ley -he oído algún
comentario que en estos días refleja la prensa y hoy mismo usted- y conoce los ejes sobre los que hemos presentado nuestra iniciativa. Es un debate sobre el equilibrio de la seguridad y los derechos concretado en cuatro o cinco ejes que, si me
permiten, voy a explicitar de una manera muy esquemática. Primero, derecho de información, manifestación y reunión, derecho de huelga y derecho de extranjería, que ya hemos tocado aquí en una modificación a la adicional en relación con el no
cribado de las devoluciones en caliente. Sobre esto, como sabe, hay una reclamación constante de Amnistía Internacional, porque falta un procedimiento de desarrollo de esa cláusula a fin de que los solicitantes de asilo, que son refugiados, puedan
tener el amparo que en esas devoluciones colectivas masivas al parecer no tienen. También la relación entre el principio de subsidiariedad y proporcionalidad en una cuestión que entendemos capital, las relaciones que debe haber entre lo penal y el
derecho administrativo sancionador. El derecho administrativo sancionador no puede ser, en familias de ilícitos -digamos- que caen a ambos lados, más gravoso para el ciudadano que el derecho penal. No podemos estimular -entre comillas estimular-
que sea más barato en términos reales y de vivencia un ilícito penal que un ilícito administrativo. Las multas administrativas son manifiestamente más altas que las multas penales y en ese sentido tenemos una cláusula que entendemos que es clave en
el proyecto. Es decir, un ilícito administrativo no puede ser superior a la inferior sanción de un ilícito penal dentro de la misma familia de ilícitos. Un tercer punto sería el principio de proporcionalidad. Entendemos que las circunstancias
modificativas de la culpabilidad y la responsabilidad no están suficientemente recogidas ni tampoco las circunstancias económicas del infractor, y eso nos debiera llevar también a una modulación de las sanciones con la suspensión, fraccionamiento
etcétera. Un cuarto punto, como usted ya conoce, sería el principio de intervención mínima, que afecta sobre todo a los tipos. Hay determinadas conductas cuyo contenido es única y exclusivamente penal, que entendemos que no tienen que tener un
desescalamiento administrativo, y hay otras conductas que ya tienen un reflejo suficiente penal, es decir, que no hay una gran diferencia en el tipo. Por último, el principio de legalidad en todas sus manifestaciones desde la taxatividad hasta el
último de sus elementos, que también afecta a todas las manifestaciones punitivas, es decir, a los tipos. Esto en cuanto a la Ley de Seguridad Ciudadana. No hemos tenido ocasión todavía de dialogar, pero estamos dispuestos a entablar un debate con
todas las fuerzas políticas a fin de encontrar una solución más equilibrada de la que hoy en día, a nuestro juicio, se encuentra el ordenamiento jurídico.


El segundo eje que quería comentarle es el relativo a las políticas penitenciarias. Usted ha citado, y me da pie a ello, la reforma de la legislación penitenciaria. Como ha comentado nuestro compañero y portavoz de Podemos, señor Santos,
parece que no ha establecido un límite, sino que ha abierto todos los títulos y todos los capítulos de la ley. Lo veremos en su momento. Me quería centrar en cuatro cuestiones. Una primera que no es propiamente legislación penitenciaria, pero que
forma parte de las políticas penitenciarias, que es la prisión permanente revisable. Propiamente es una pena que está en el Código Penal, pero forma parte del corazón de las políticas penitenciarias. La segunda cuestión en la que estamos muy
interesados es en abrir un debate sobre la progresión en los grados para todos los condenados sin exclusión en relación con el delito cometido. Creemos que el principio de reinserción social no debe verse

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modulado en función del ilícito, sino en función del comportamiento y de la actividad del condenado, del recluso, y no por el delito concreto cometido. Hay una serie de limitaciones que impiden la progresión en los grados y no lo
compartimos. Así lo manifestamos en su día y hoy mismo lo reitero aquí. Una tercera cuestión de la política penitenciaria se refiere al derecho de arraigo de todos los condenados. Entendemos que el alejamiento en el cumplimiento de las condenas
de ciertos condenados en relación con los delitos cometidos, en este momento no tiene justificación, desde nuestro punto de vista, ni legal ni, lo que consideramos más importante, humanitariamente, tanto para los familiares como para los allegados
como para el mismo recluso, al que se le dificulta su reinserción social en cierta medida al desarraigarle. Una cuarta cuestión en política penitenciaria es que es obligado reclamar el traspaso al País Vasco de la ejecución de las políticas
penitenciarias y de la misma gestión de los centros penitenciarios. Es una competencia recogida en el Estatuto de Autonomía hace treinta y cinco años y que se encuentra incumplida sin ningún rubor. Entendemos que es bastante disléxico reclamar en
algunas partes del Estado el incumplimiento de la legalidad porque forma parte de los principios de la convivencia y que luego haya otras leyes también orgánicas, en este caso como es el Estatuto vasco, que se incumple, como he dicho, sin ningún
rubor e incluso sin ninguna explicación.


El tercer eje en el que quisiera centrar mi intervención y reclamar su atención se refiere propiamente a las políticas públicas de seguridad en un Estado compuesto, en concreto en las relaciones entre el departamento y, en nuestro caso, el
Ministerio del Interior. Tenemos tres cuestiones pendientes, todas emanan de un entendimiento insuficiente, a nuestro modo de ver, de que la Policía vasca o Ertzaintza es una policía integral y que es la policía del territorio que tiene unas
funciones constitucional y estatutariamente determinantes, y digo constitucional porque dimanan no del 149, sino de la disposición adicional primera, como usted conoce, y que están actualizadas en el Estatuto de Autonomía por mandato constitucional.
Entendemos que ahí tenemos varias cuestiones pendientes: la primera -y le sonará porque es reiterada- es el desbloqueo de la regeneración de las plantillas de la Ertzaintza. Afecta a la seguridad de los ciudadanos, al cumplimiento de la normativa
y a los acuerdos allegados en Junta de Seguridad. A su vez, un correlato de esta adecuación de las plantillas requiere un debate honesto, transparente y sincero en el momento presente, la adecuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en función de sus cometidos constitucionales en el País Vasco. Creemos que se debe abordar esta cuestión de una manera honesta y discreta también -no es un tema con el que podamos estar permanentemente de cara a la galería-, poniendo todos nuestras
opiniones encima de la mesa.


El último punto en cuanto a estas relaciones en las políticas de seguridad en un Estado compuesto, se refiere también al adecuado tratamiento de la Ertzaintza como policía integral y su adecuada coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, pero también con otras fuerzas y cuerpos de seguridad que no son del Estado, pero que trabajan en el Estado, y me refiero a otras policías integrales como pueden ser los Mossos d'Esquadra o, en una medida no tan intensa pero sí
relevante, la Policía foral navarra. Entendemos que no hay una plena incorporación de la Ertzaintza a la red de seguridad, nos enfrentamos a retos globales. La seguridad en Europa no se está configurando de una manera piramidal, sino con una
configuración en red. Nosotros somos un nudo de esa red y entendemos que dentro del Estado español no se está, entre comillas, trasponiendo este modelo europeo de seguridad dentro del Estado. Por eso, reclamamos la convocatoria de la Junta de
Seguridad y que se aborde la plena incorporación de la Ertzaintza a todos los mecanismos de coordinación en una relación obviamente bilateral, tanto para dar como para recibir. En este mismo contexto, creemos que la no incorporación de la
Ertzaintza como una policía integral Schegen no encuentra ninguna justificación en la estructura de seguridad europea. Los países que tienen varios cuerpos de seguridad de base territorial -como Alemania y otros países también- incorporan a las
policías integrales territoriales como policías Schegen. Entendemos que es una cuestión pendiente de resolución y reclamamos la disposición del ministerio a participar en una Junta de Seguridad con el País Vasco para abordar de una manera honesta y
también discreta todas estas cuestiones que están pendientes de resolución.


Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, secretario.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Legarda.


Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, señor Miquel.


El señor MIQUEL I VALENTÍ: Buenos días.


Señor secretario, en primer lugar, como han hecho en las anteriores intervenciones, quiero agradecerle su comparecencia y sus explicaciones. Como muchos de los temas que hemos abordado hoy los abordó

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el ministro cuando compareció o los hemos podido abordar con usted en otros momentos, por razones de tiempo, de prioridad y urgencia, déjeme que centre mi intervención -sigo la intervención del señor Legarda en ese sentido- en dos puntos
sobre todo y que tienen que ver con una de las comparecencias que hoy se desarrollan y que usted ha expuesto muy detalladamente. Recojo sus palabras cuando ha hablado de que su primer punto cardinal era el diálogo y la mano tendida. Le voy a
recordar los hechos que han sucedido esta semana y que me permitieran explicar y justificar lo que después le preguntaré. Usted sabe que esta semana se ha conocido que, aunque la colaboración entre la Policía Nacional, los Mossos d'Esquadra y la
Guardia Civil es buena, a veces pasan descuidos que no son fruto de otra cosa que de la descoordinación entre grupos, que siempre es mejorable. Usted sabe que los Mossos d'Esquadra detectaron un proceso de captación, del que informaron a la
Audiencia Nacional y luego se conoció que la Policía Nacional ya tenía conocimiento de ese captador y lo estaba siguiendo. Casi por azar se conoció y se resolvió este problema; imagínese cómo se podría haber resuelto si hubiéramos generado
espacios de coordinación previos sin tener que haber llegado al punto que llegamos. En un nivel de alerta antiterrorista de 4 sobre 5 y, aunque el ministro diga que es difícil que pase en España lo que ha pasado en otros países y en otras capitales
europeas gracias a la coordinación de los cuerpos y fuerzas policiales, le pido tres cosas, señor secretario. En primer lugar, quiero saber si tienen más información sobre la convocatoria de la Junta de Seguridad. Sabemos que se trabaja en ese
sentido y que el ministro tiene conversaciones con el conseller Jané, pero justamente en el tema de la coordinación entre fuerzas policiales para abordar la lucha antiterrorista, creemos que es necesaria la convocatoria de esta Junta de Seguridad.
En segundo lugar, y lo reivindicaba el señor Legarda también respecto a la policía integral del País Vasco, la participación total e integral de los Mossos d'Esquadra en el CICO. Es una reivindicación histórica que permitiría mejorar la
coordinación y evitar casos como el que me permitió introducir esta intervención. Por último -es un poco más reciente-, hoy nos hemos despertado con una noticia de un medio, que no es precisamente cercano al Gobierno catalán ni al proceso que
vivimos en Cataluña, que lleva por títular: Madrid se opone a la incorporación de los Mossos d'Esquadra en la lucha antiterrorista europea. Esta es una noticia que salió publicada esta mañana y dice: El Gobierno de Rajoy continúa con el veto de
la presencia de los Mossos d'Esquadra en la coordinación de la lucha antiterrorista europea, mientras que la Europol no les pone ningún impedimento. Le quería preguntar si usted tiene más información sobre eso, porque la presidenta de la Eurocop,
que sabe que es una agrupación de treinta y cinco sindicatos de policía europeos con más de medio millón de policías sindicados, dice que solo tiene información del último funcionario del ministerio. Añade -y de ahí mi interés- que para conseguir
una mayor eficacia policial es imprescindible que los Mossos d'Esquadra se coordinen en la lucha antiterrorista europea y tengan acceso al intercambio de información. Por eso, señor secretario, me gustaría conocer, en primer lugar, si está prevista
la convocatoria de la Junta de Seguridad; en segundo lugar, si está prevista la incorporación integral de los Mossos d'Esquadra en el CICO; y, en tercer lugar, si me puede aclarar esta información que le detallaba.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Miquel.


En el mismo turno de intervención, también por parte del Grupo Parlamentario Mixto, señora Beitialarrangoitia.


La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias al secretario de Estado por las explicaciones que ha dado.


Me voy a hacer referir, en primer lugar, a la violencia machista y a cuestiones sobre las que mi grupo -y creo que todos- considera que todavía queda mucho por hacer. Le quiero plantear una serie de preguntas a modo de reflexión, porque
todos y todas tenemos mucho que reflexionar sobre el tema. Ya ha habido un compañero que ha mencionado la primera cuestión que quiero poner encima de la mesa. Siempre coincidimos en la importancia de que se denuncie, pero son cientos las mujeres
que se sitúan en la tesitura de denunciar a quienes las maltratan para luego tener que volver al espacio que comparten con esa persona. Las preguntas que le voy a hacer debieran llevarnos a todos a reflexionar sobre esa materia. ¿Cómo pretendemos
que las mujeres maltratadas denuncien si no hay un sistema que previa y posteriormente las ampare y las proteja y si deben volver a ese espacio donde se genera dicha violencia? La denuncia es lo que les permite a las mujeres poder acceder a los
servicios, cuando los momentos más peligrosos para su integridad física son precisamente los que acompañan a esa decisión de salir de esa espiral y dar el paso para ir a denunciar. Por tanto, nos gustaría saber qué plantea el Ministerio del
Interior

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para proteger a las mujeres tras realizar la denuncia del agresor que seguirá en la vivienda. ¿Cómo actuamos y cómo impedimos que la denuncia las lleve a situaciones todavía peores? Son decenas las mujeres que teniendo una orden de
alejamiento han sido asesinadas. Sabemos que de las solicitudes presentadas, no llegan al 30 % las que son concedidas; es decir, el 70 % de las mujeres que solicitan una orden de alejamiento quedan desprotegidas. El 30 % de las mujeres que la
obtienen tampoco con esto tienen asegurada su seguridad, como desgraciadamente las estadísticas nos vienen recordando. Por eso, queríamos preguntarle si podía concretar más qué tipo de medidas va a tomar el ministerio para todas estas mujeres y,
más concretamente, para las que ya tienen una orden de alejamiento. Tenemos que reflexionar sobre esto, porque las medidas coercitivas se les aplican a las mujeres en forma de pulseras o alarmas y no se piensa en aplicar un seguimiento exhaustivo a
los maltratadores en forma de seguimiento veinticuatro horas, porque al final, las mujeres que son víctimas de violencia machista se sienten doblemente perseguidas. Son muchas también las mujeres que consideran que las tablas para valorar el nivel
de riesgo están obsoletas; nos lo dicen las propias mujeres afectadas. Por eso, me gustaría saber qué labor de renovación de esas tablas tiene pensado hacer el ministerio. ¿Por qué estas no se elaboran -o si se van a elaborar- conjuntamente con
las asociaciones de la sociedad civil que trabajan estrechamente con las mujeres maltratadas? Son también cientos las mujeres inmigrantes que sufren la violencia machista por parte de sus parejas en el ámbito laboral, incluso en CIE o en
comisarías, y así lo manifiestan. Son mujeres que no tienen espacios para ser amparadas, dado que la Ley de Extranjería supone un impedimento fundamental para poder recurrir a espacios y servicios que las protejan. También son cientos las mujeres
que son explotadas sexualmente y maltratadas hasta lo inimaginable pero, cuando las fuerzas policiales desmantelan una red de trata, ellas en muchos casos son expulsadas a sus lugares de procedencia sin derecho a reparación alguna. Por tanto, nos
gustaría saber si va a actuar el ministerio sobre estas cuestiones.


Hay otro tema que también es fundamental. El artículo 31 de la Ley orgánica 1/2004, de protección integral contra la violencia de género no se ha desarrollado. Nos gustaría saber qué piensa hacer el departamento al que usted pertenece para
su desarrollo integral en el ámbito de su completa competencia, tanto en lo que se refiere a unidades especializadas en la prevención de la violencia como en el control de la ejecución de las medidas adoptadas. ¿De cuántas unidades se dispone en
este momento y con qué presupuesto cuentan? En cuanto a la promoción de las actuaciones necesarias para que las policías locales cooperen para asegurar el cumplimiento de las medidas acordadas por los órganos judiciales, ¿qué marco se ha creado?
¿Qué planes de actuación interinstitucional se han activado? ¿Qué valoración se hace de las mismas? En lo referente a las comunidades autónomas con policías y leyes propias, nos gustaría saber qué ocurre con aquellas que no encuentran acomodo en
la articulación de este apartado, y en esos casos si no se contemplan los protocolos y la coordinación con los poderes judiciales.


He mencionado los CIE y sobre ellos también quisiera plantearle algunas cuestiones, además de todas las que ya se han dicho hoy aquí. En primer lugar, el ministerio conoce que los informes de colectivos y abogados que dan asistencia a
personas que pasan por los CIE son muy críticos hoy en día con su funcionamiento. Llegan a catalogarlos como centros de sufrimiento y de impunidad, en los que las condiciones de estancia son tan duras o más que en las cárceles, aunque estas
personas insisten en que no han cometido ningún delito, y eso se debería tener en cuenta. Hay sentencias judiciales que vienen a dar la razón a este tipo de denuncias y que incluso van más allá y piden el cierre de estos centros. Queríamos saber
qué va a hacer al respecto el Gobierno. El Servicio Jesuita a Migrantes refiere en sus informes, además del trato que reciben, el hecho de que prácticamente la mitad de los migrantes que pasan por estos centros son liberados sin ser expulsados,
porque prácticamente es imposible que así lo sean. Las carencias de los procedimientos para determinar la edad también se destacan en estos informes, así como las escasas solicitudes de protección internacional que son admitidas a trámite. Este
servicio, que tiene contacto directo con los migrantes, ha constatado, además, agresiones, que personas víctimas de trata no están siendo debidamente tratadas, personas enfermas. Nos describen una realidad bastante alejada de la que los
responsables de Interior intentan hacernos ver. Una simple visita a uno de estos centros nos permitió comprobar las condiciones en las que estos se encuentran. Me gustaría saber qué va a hacer el ministerio ante todos estos llamamientos y todas
estas críticas que estos centros están recibiendo. Es más, podemos situar estos centros como dispositivos de control fronterizo. Por tanto, cerrar los CIE debería conllevar una reforma en profundidad de todo el sistema de control fronterizo y
cambiar el enfoque para hacer frente a esa movilidad de personas que estamos viviendo, que en muchos casos escapan de la guerra, de la miseria, y cuya única alternativa para labrarse un futuro diferente en Europa es poner en riesgo sus propias
vidas.

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Me quiero referir también brevemente a las vallas de Ceuta y Melilla. La pregunta es clara: queremos saber qué va a hacer el ministerio ante las denuncias que se vienen produciendo, incluso por la propia defensora del Pueblo, en el sentido
de que los subsaharianos no pueden pedir asilo, no tienen acceso al procedimiento de asilo en los puestos fronterizos, y ante la petición para que puedan pedir asilo en embajadas y consulados. En torno a esta cuestión, también me gustaría
preguntarles qué van a hacer en relación con las denuncias sobre devoluciones en caliente, habida cuenta de que estas son ilegales, hecho por el que el Consejo de Europa ya abroncó en su momento a España y por el que también lo hizo el comisario de
Derechos Humanos después de ver videos que demostraban, a su entender, la existencia de esta práctica prohibida por el derecho internacional. Ya sé que es un tema más de Exteriores que de Interior, pero implica a ambos departamentos: ¿qué va a
hacer el Gobierno para cumplir con sus compromisos de reasentamiento y reubicación?, porque no han llegado más que a un millar, cuando el compromiso era de diecisiete mil personas.


Aprovecho que usted ha citado -con esto acabo- la Ley Orgánica General Penitenciaria y ha dicho que uno de los pilares de la actuación del departamento quiere ser el diálogo -si va a ser así, lo aplaudo; espero que las palabras vengan
acompañados de hechos, porque será bueno para todos y todas, no tengo ninguna duda-, para explicarle cuál es el sentir de la población que tanto el señor Legarda como yo en parte representamos, toda la población que vive en la Comunidad Autónoma
vasca y en Navarra. Esta población vive estos tiempos como tiempos de cambio y con la frustración de ver que tiene enfrente a un Gobierno español que actúa como si las cosas no hubieran cambiado en cinco años. Es una sociedad que quiere tener en
cuenta el pasado, que quiere tener en la memoria y recordar a todas las víctimas, pero que quiere, además de superar todo lo que ha vivido en largas décadas de drama, algo que decía anteriormente otro de los representantes de los grupos políticos
que me ha precedido en el uso de la palabra, garantías de que no se va a repetir, tan importantes como el reconocimiento y la reparación de absolutamente todas las víctimas. Para ese discurrir hacia un futuro de convivencia diferente y con bases
sólidas, piden cambios también en la política penitenciaria. Por tanto, le haría un llamamiento, aprovechando esa reforma de las Ley Orgánica General Penitenciaria, para que, por una parte, se cumpla con los preceptos que recoge y, por otra parte,
se tengan en cuenta esas ansias futuras de la ciudadanía, mayoritarias, que no entienden una política penitenciaria basada en la venganza y que tiene el alejamiento como pilar principal y que creen que se debería preservar el derecho a arraigo de
las personas que están en la cárcel y, sobre todo, de sus familiares y amigos.


No voy a entrar en el tema de la transferencia, porque ya lo ha mencionado el PNV anteriormente, con el que coincido plenamente en que este es otro tema pendiente. Tampoco voy a hablar de la llamada Ley mordaza, porque todos los que me han
precedido en el uso de la palabra han dicho todo lo que hay que decir sobre esta cuestión, ampliamente contestada y cuestionada por todos los grupos, a excepción del Partido Popular, que creo que debería escuchar a la mayoría del Congreso. Pero sí
le quisiera hacer una última pregunta, y con esta sí acabo -creo que estoy en el tiempo~_. Se ha producido, y usted lo ha mencionado, una disminución del número de agentes de la Guardia Civil y de la Policía en la Comunidad Autónoma vasca y en
Nafarroa, pero sigue siendo el territorio de Europa occidental que más policías tiene por habitante, aún hoy en día. Le pregunto si no considera que sigue siendo un número excesivo, más aún cuando se ha mencionado anteriormente que tanto Navarra
como la Comunidad Autónoma vasca cuentan con policías integrales que pueden cumplimentar las funciones que hoy en día realizan tanto la Guardia Civil como la Policía, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Vamos a suspender durante cinco minutos la Comisión. (Pausa).


Reanudamos la sesión.


Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor Martín-Toledano.


El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero agradecer al secretario de Estado su presencia hoy aquí y sobre todo el espíritu de diálogo, la mano tendida, la oferta de consenso que ha vuelto a realizar desde el Ministerio del Interior; lo hizo el ministro y
ahora lo hace el secretario de Estado. Además, me consta que es una oferta sincera que está dando sus frutos -ya se están formando equipos de diálogo- y que nos puede llevar a un buen resultado en materias muy delicadas y muy necesarias a la hora
de transformar esas medidas en verdadera política de Estado: la política de seguridad, la política del Ministerio del Interior. También quiero

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agradecerle que la prioridad la haya marcado sobre una preocupación que afecta al conjunto de los ciudadanos, como es la violencia de género. El repunte de asesinatos que se está produciendo como consecuencia de la violencia machista nos
preocupa a todos. Por tanto, tomar medidas, realizar coordinación y buscar un pacto de Estado contra la violencia de género debe ser la prioridad del Gobierno y de todos los grupos políticos de esta Cámara; tratar de que, de verdad, no nos separe
el intento de utilización partidista o política de esta tragedia; buscar resultados efectivos para salvar vidas y proteger a muchas mujeres que no son asesinadas pero que viven bajo el terror y a las que hay que dar soluciones. Cualquiera de las
propuestas que se ha realizado hoy por parte de todos los grupos o por el secretario de Estado deben ser estudiadas como una posibilidad de luchar contra esta tragedia, contra esta realidad, sin olvidar la educación, la formación, porque al Grupo
Popular también le preocupan los datos de la violencia machista entre los más jóvenes. Esto supone una gran preocupación, porque ellos son los adultos del futuro y si entre los jóvenes hay esa disposición al control, a la manipulación y a
considerar a la mujer como algo propio, estamos ante un gran problema.


Asimismo, quiero agradecer al secretario de Estado su visión sobre la política de víctimas del terrorismo. Discrepamos de algunos grupos en su visión parcial de este problema al no intentar reconocer lo que han sufrido las víctimas del
terrorismo. Creemos necesario que se busque la memoria y la verdad, que haya un relato de las víctimas de terrorismo, lo que han sufrido, cómo se les ha atacado y el rechazo que ha habido a implicarse en la derrota del terrorismo, fundamentalmente
de ETA. También tenemos que trabajar mucho en la resolución de aquellos crímenes sin resolver en los que todavía sea posible buscar a los autores de determinados atentados, de determinadas muertes, y pedirles responsabilidad. El terrorismo
yihadista es una preocupación global en Europa y en todo el mundo. Es algo que debe llevarnos de la mano en la unidad y en el sentido de que no podemos utilizar cualquier problema o error para crear dudas sobre el funcionamiento de los Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, que están realizando una tarea ejemplar en la lucha contraterrorista. Se podrá solucionar -hay una supervisión judicial de toda la lucha contraterrorista- respetando lo que habrá que respetar las resoluciones
judiciales que se puedan producir.


También consideramos que el acoso escolar es una materia que tenemos que afrontar y que supone una preocupación. El hecho de que algunos de nuestros jóvenes, e incluso algunos de nuestros niños, piensen que se puede vejar al que es
diferente nos demuestra que puede haber algo insano en la formación, por lo que hay que educar en el sentido de que el acoso no deja de ser una política de superioridad y de odio frente al que se considera inferior. Lo mismo digo respecto a los
delitos de odio. No se pueden hacer diferencias partidistas respecto a lo que consideramos delito de odio, que es el delito contra el que es diferente, contra el que piensa diferente. No se puede, en función de la ideología del que produce el
delito de odio, ser más o menos tolerante. Lo digo porque ha habido alguna actuación partidista en este sentido. Asimismo, le quiero felicitar por la creación del centro de desaparecidos. Hay muchas familias y padres afectados por la desaparición
de sus familiares, de sus hijos, y darles una respuesta relativa a lo que ha sucedido con ellos nos parece esencial.


La Ley de Seguridad Ciudadana no está generando tantos problemas como se nos quiere hacer creer. Puede ser reformada, puede ser modificada, podemos llegar a un mayor consenso, podemos alcanzar soluciones a la problemática que se considere
más llamativa, pero hay que estudiar la aplicación de la ley, y esta no está generando tantos problemas como se dice. Se le pone un mote a la ley -Ley mordaza-, se lanza el espantajo y luego creemos que ahí hay un verdadero problema. Vayamos a los
problemas que ha creado la ley y, si los ha creado, solucionémoslos, pero buscar la diferencia cuando hay una oferta de diálogo por parte del ministerio hacia los grupos políticos no nos parece efectivo. Y, por supuesto, no compartimos en absoluto
la derogación, ya que nos colocaría en una situación muy peligrosa en materia de seguridad.


Quería incidir en las materias a las que se refiere la petición de comparecencia por parte del Grupo Socialista. Parece ser que al Grupo Socialista no le han importado mucho porque de los veinte minutos que ha intervenido creo que
escasamente los ha dedicado cinco. El resto del tiempo, lo que debería haber sido el tiempo reglamentario, se ha utilizado para la obsesión, yo diría que enfermiza y personal, del señor Trevín. Señor Trevín, ¡cuántas veces hemos escuchado este
discurso! Mire usted ya al futuro, no mire al pasado con el retrovisor. Aquí nos tiene con la policía política, el caballo de Troya y no sé qué de la camarilla un poco cansados. Vamos a solucionar problemas que afectan a los ciudadanos. No
fomentemos la división que existe -lo reconocemos, o por lo menos yo lo reconozco- entre comisarios de la Policía Nacional. Fomentando ese enfrentamiento es como salen actuaciones que pueden ser censurables.

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Todos los términos que usted ha utilizado son verdaderamente llamativos y exagerados y lo que tenemos que ir es a solucionar problemas concretos. No se obsesione usted con el pasado, con el anterior equipo del ministerio. Vamos a trabajar
por mejorar todo lo que haya que mejorar, de la mano si puede ser y acordando.


Ha hecho un montón de acusaciones; eso de la brigada del punto final es una terminología impropia de un parlamentario de un Estado democrático. ¿Cómo se puede llamar a la policía brigada del punto final? No hagamos política del
chismorreo, de recorte de prensa, de palabras que no se deben pronunciar por un político con rigor. A la violencia de género le ha dedicado minuto y medio; al terrorismo, minuto y medio; a los delitos de odio, diez segundos; a la Ley de
Seguridad Ciudadana, cinco segundos; a la seguridad privada en los centros penitenciarios, dos o tres minutos, y a su obsesión con el anterior equipo del ministerio y los problemas en la Policía Nacional, quince minutos. Esa parece ser la política
del PSOE.


Nos preocupa también mucho la inmigración, la presión migratoria sobre el conjunto de la Unión Europea. Esto es una política que afecta el conjunto de la Unión. El Gobierno de España tiene la obligación, por legislación nacional y por
obligación europea, de proteger las fronteras y de trabajar para que haya una migración reglada y ordenada. Lo que está sucediendo en Ceuta y Melilla -lo ha dicho el secretario de Estado- es una conducta cada vez más violenta y agresiva de las
personas que intentan entrar en España de forma irregular saltando la frontera, saltando la valla. Ahí se está produciendo un delito contra la seguridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en concreto de la Guardia Civil, porque están
siendo agredidos, están siendo lesionadas personas que son los garantes de la frontera y que tienen que cumplir con su obligación de impedir la entrada irregular de inmigrantes. Es su obligación y están siendo agredidos. ¿Nadie se preocupa de que
hay un delito y de que hay unos funcionarios públicos que son agredidos, que sufren lesiones y que tienen que ir al hospital? Nos tiene que preocupar la situación de los inmigrantes, su situación de origen, por qué emigran, por qué vienen
desesperados y por qué se juegan la vida, pero también el cumplimiento de la ley y la seguridad de los funcionarios públicos. Yo creo que es importante trabajar de forma conjunta con las instituciones europeas, intentando compaginar y distinguir
claramente -es un tema importante- lo que es la inmigración por temas económicos de lo que son las solicitudes de asilo, porque están reglamentadas. El asilo tiene que ser solicitado, tiene que hacerse por unas causas determinadas, hay una
normativa internacional y una normativa europea sobre la materia y tenemos que cumplirlas.


En cuanto a la situación en los CIE, hay un compromiso del Gobierno, que respaldamos, de mejorar la situación en los CIE, pero no es bueno exagerar y decir que hay maltrato generalizado. La Cruz Roja está en los CIE, hay profesionales de la
sanidad en los CIE, hemos visitado los CIE y no se nos ha expuesto esa situación caótica que se nos quiere hacer creer. ¿Que puede haber algún caso aislado? Posiblemente pueda existir, pero una denuncia generalizada no nos parece correcta ni
respetuosa con los funcionarios públicos que están trabajando allí; son muy graves esas acusaciones de que sistemáticamente se está maltratando a los internos de los CIE. Eso no es verdad. Decirlo una y otra vez no lo va a convertir en verdad.
No es verdad y hay que ser respetuosos con los trabajadores públicos de la seguridad que están realizando su trabajo. ¿Qué se cree, que los funcionarios de policía están agrediendo a los internos, que cuando hacemos las visitas no nos lo van a
comunicar y que la Cruz Roja no nos va a decir que eso está sucediendo? Puede haber casos en que la situación de los internos pueda mejorarse y además debemos trabajar en ello, pero no crear un problema que no existe.


Por último, ha habido algunas peticiones de partidos nacionalistas en cuanto a la coordinación. Claro que habrá que coordinarse y mejorar la confianza entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y entre los Gobiernos dentro de un
parámetro europeo. Nos parece adecuado, pero no nos parece tan bien hacer creer que el modelo no funciona. Yo creo que funciona bastante correctamente entre las policías autonómicas y las policías dependientes del Estado; creo que está
funcionando. ¿Que pueda mejorarse? Bien, pero también he escuchado que está funcionando y con eso quiero quedarme, con un trabajo de entendimiento, de que funciona y de que puede mejorarse.


Termino como empecé. Si tenemos un secretario de Estado y un ministro del Interior que están ofreciendo diálogo y consenso, pongámonos a trabajar en qué se puede mejorar en materia de seguridad, en qué problemática tenemos y solucionemos
los problemas reales que afectan a los ciudadanos. No inventemos otros. Esta es una materia muy sensible y debe ser una política de Estado.


Muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martín-Toledano.


Tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Nieto Ballesteros): Muchas gracias, señor presidente.


Agradezco a todos los portavoces el tono y el contenido de su intervención. Con algunos voy a estar más de acuerdo que con otros, evidentemente, pero quiero manifestar la preocupación y el trabajo en común para que seamos capaces de avanzar
y que en la siguiente comparecencia o la siguiente vez que tengamos la oportunidad de saludarnos y de poder compartir conversación en torno a los temas que hoy nos traen veamos que avanzamos en esa dirección de servir a nuestro país y de mejorar las
condiciones en materia de seguridad de todos los españoles.


Comienzo este segundo turno respondiendo a la intervención realizada por el señor Trevín, en nombre del Grupo Socialista. Él ha empezado diciendo que no he dicho nada sobre este tema pero es que, señor Trevín, no he dicho nada porque no se
me ha preguntado sobre la policía política ni sobre prácticas policiales corruptas ni sobre camarillas policiales. No aparecía en ningún punto de la comparecencia ni es un eje de nuestra política para la legislatura y, sinceramente, creo que
tampoco debe ser para usted ni para su grupo. Intuyo que su valoración de la gestión de la policía en los últimos años no ha sido buena. Le pido que confíe en que la que se va a realizar en el futuro tendrá un criterio puramente profesional.
Además, creemos que es necesario que el Cuerpo Nacional de Policía asuma la dirección de su propio destino, que sean criterios y razones profesionales las que muevan las decisiones que se tengan que adoptar para que todos seamos capaces de hablar
con orgullo del Cuerpo Nacional de Policía y no en el tono y con el contenido que usted hacía en su intervención anterior. Sinceramente, si eso no se produce o si usted dentro de unos meses entiende que sigue teniendo razones para abordar la visión
del Cuerpo Nacional de Policía en esos términos, tendremos que charlar y analizar cuáles son esas razones. Creo que no vale la pena permanecer en el pasado o tener una visión tan pesimista de la situación como la que usted ha expresado en su
intervención. Se están tomando decisiones, se están haciendo cambios y se tendrán que seguir haciendo. Eso sí, tenemos que buscar el equilibrio en esas decisiones que se adoptan y fijar ese equilibrio en la valoración de la toma de esas
decisiones. Usted me ha animado, pedido y casi exigido que se cesara a la cúpula actual y que se nombrara otra nueva. Por hacer algo parecido, su compañero Antonio Hernando ha dicho que se estaba haciendo una fiscalía política al ministro de
Justicia. Pongámonos de acuerdo. Tenemos que intentar hacer los cambios que se tengan que hacer, pero prevaleciendo el interés de la sociedad y los criterios profesionales. En estos momentos tenemos una gran suerte con el director adjunto
operativo del Cuerpo Nacional de Policía, un hombre honesto y un buen policía, que cree en su cuerpo, que cree que tiene conseguir que arraigue en la sociedad española la mejor valoración posible del mismo y que preste el servicio que la sociedad
requiere, que es mucho.


En relación con la violencia de género me ha planteado que le trasladáramos los criterios sobre los que se establece la valoración de riesgo. En este sentido, la señora Beitialarrangoitia ha manifestado -y puede tener razón- que algunas
mujeres le decían que estaban anticuados los formularios de valoración. Probablemente tuviesen razón pero tal vez esa conversación se produjo antes del 13 de septiembre de 2016, cuando se pusieron en marcha los nuevos formularios de valoración de
riesgo y los nuevos formularios de valoración de evolución del riesgo. Se aprobó, después de más de un año y medio de trabajo, lo que podríamos denominar la versión 4.0 de estos formularios y están aportando unos datos muy positivos. Además, esos
datos y esos criterios que están aflorando nos van a permitir atajar y abordar mejor el problema de la violencia de género. Como ve coincido en la necesidad de actualizarlos y se han actualizado recientemente. Espero que se dé el mejor uso posible
en el menor tiempo porque en la lucha contra la violencia de género no se puede perder ni un minuto.


Ha preguntado también el señor Trevín quiénes componen el equipo nacional de revisión pormenorizada de homicidios de parejas en el contexto de la violencia de género. Se trata de un equipo multidisciplinar de expertos en el que hay miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, fiscalía, judicatura, Delegación del Gobierno para la violencia de género, universidades, colegios profesionales e instituciones penitenciarias. Se ha liderado desde la Secretaría de Estado de
Seguridad y se está encargando de coordinar e impulsar la revisión de los homicidios por violencia de género. Los primeros datos que tenemos después de realizar una revisión pormenorizada de más de treinta casos nos permiten ver ciertos patrones
que nos deben ayudar en la prevención del resultado más fatal de la violencia de género pero, evidentemente, no nos vamos a quedar ahí. Para tener una muestra adecuada, según los criterios dados

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por los profesionales que componen este grupo, se debería llegar a los doscientos casos. Esto nos va a exigir una cierta paciencia porque la revisión pormenorizada de tantos casos requiere tiempo. El trabajo que se está realizando, aun
siendo útiles los datos ya aportados, no podrá ser completo hasta que lleguemos a esa cifra de unos doscientos casos. No obstante, daremos cuenta a esta Comisión y a los miembros que lo pidan de los trabajos que se vayan culminando en fases
intermedias. No le quepa duda de que se va a trabajar y que se está trabajando con tolerancia cero hacia la violencia de odio. Muchas de las herramientas han permitido que se puedan evitar situaciones como la que usted describía en su intervención
y en esa dirección tenemos que seguir. Además, hay una firme voluntad del ministerio, con su ministro a la cabeza, para que, igual que la sociedad española ha asumido como lucha propia acabar con la violencia de género, también se plantee la lucha
contra los delitos de odio. Respecto al centro nacional de desaparecidos, creo que también es un éxito del conjunto de la sociedad española pero debe usarse bien y debe funcionar de forma adecuada. Seguro que dentro de unos meses habrá algunas
mejoras que ustedes propondrán y que tendremos que introducir. Espero que sea una herramienta que podamos compartir todos y de la que se pueda sentir orgullosa la sociedad española.


Ha habido varias intervenciones que han aludido a la Ley de Seguridad Ciudadana. Cometeríamos un error si en este momento nos preocupáramos de si el huevo o el fuero. Sinceramente, me da igual si se tiene que tramitar con la iniciativa que
plantea el Grupo Socialista, con la del Grupo Vasco, con la que proponga el Gobierno si es que la propone o con la de cualquier otro grupo. Lo que es fundamental es que podamos sentarnos y ponernos de acuerdo en torno a qué dirección debe seguir la
ley marco que dé seguridad a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y garantías a los ciudadanos que ejerzan cualquier tipo de derecho que, evidentemente, tienen que sentirse protegidos. ¿Cuál debe ser la forma? Al
ministerio y a mí nos da igual; que sea pronto, rápido y que no sea en ningún caso la derogación de la actual ley porque -como comparte algún grupo parlamentario- entendemos que sería un auténtico desastre para los que se encargan de la seguridad
del Estado.


En cuanto a los centros penitenciarios y la seguridad, usted ha planteado sus dudas sobre qué empresas han podido acudir a ese concurso y el coste. Tengo que hacerle alguna aclaración al respecto. No son 58 millones de euros el presupuesto
de la contratación en la tercera fase a la que yo me he referido, son 30 millones. En esa fase ya han podido presentar iniciativas otras empresas, además de las que lo hicieron inicialmente. Existía la voluntad, que tenía un amplio acuerdo de esta
Cámara, de que había que dar una salida a quienes habían ejercido funciones de seguridad en un entorno tan complejo y difícil como era el País Vasco en la época más dura del terrorismo de ETA. Cuando se hicieron esas propuestas a las personas que
trabajaron en esas funciones, unos aceptaron -una minoría- y otros no, pero se les realizó a todos. Otra cosa es que salarialmente no era igual y que la función que desarrollaban no era similar a la de su actividad anterior.


Sobre frontera e inmigración quiero agradecerle, señor Trevín, el planteamiento que hace. Creo que la coherencia en esta materia es básica y tenemos que continuar en esa dirección. No conozco esas intervenciones a las que usted se ha
referido -no estaba ni en esta función ni en el Congreso de los Diputados-, pero sí le digo que desde el ministerio estamos estudiando el uso de drones para la protección de la frontera. Creemos que es fundamental que se pueda garantizar la
reacción con el tiempo suficiente en todo el perímetro de la valla fronteriza de Ceuta y Melilla. En este momento hay una tecnología -por cierto, española- bastante adecuada y creemos que puede ser útil para prestar ese servicio en la valla de
Ceuta. También estamos estudiando el incremento de efectivos en cuanto a medios y personas en la protección de las vallas de Ceuta y Melilla, que, si no me equivoco -y corro el error de equivocarme pero creo que no-, son los territorios de un país
de Europa occidental con más número de efectivos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por metro cuadrado. Si no me equivoco, es ahí donde se concentra el mayor número de personas con esa función.


El señor Santos, en nombre de Podemos, nos pedía que definiéramos el concepto de seguridad sobre el que estamos trabajando. Creo que es ir muy a lo básico, que es empezar por el a, e, i, o, u. Pero, si es necesario, lo hacemos. Llevamos
mucho tiempo en este país desarrollando un concepto de seguridad que, como le digo, ha tenido una base de entendimiento y de acuerdo importantes, que tiene como objetivo ser la principal herramienta para que los ciudadanos se sientan libres y para
que la democracia española sea más fuerte. Esa es la vía sobre la que se ha trabajado durante mucho tiempo en este país y creo que ha sido una vía eficaz que hoy coloca a España como una referencia en materia de seguridad en Europa y en el mundo.
Es difícil encontrar un país donde haya más equilibrio que en el nuestro entre la seguridad objetiva y subjetiva que perciben sus ciudadanos y el ejercicio de sus libertades.

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Ha dicho -o al menos eso le he entendido- que los datos sobre la tasa de criminalidad se desconocían y se manipulaban. Y tengo que decir que ni una cosa ni la otra, porque los datos de criminalidad se publican con una periodicidad que no
existe en otros países de la Unión Europea. Tenemos una periodicidad prácticamente trimestral en la que se vuelcan todos los datos en materia de criminalidad, datos que no se manipulan. Además, se ha anunciado recientemente la puesta en marcha del
portal de la criminalidad para que esos datos estén de forma permanente al alcance de cualquier ciudadano y se puedan utilizar de la forma que se considere oportuno, para analizarlos, para estudiarlos, para hacer una crítica, una valoración o para
aquello que se considere oportuno. En su intervención deslizaba dos datos que no son correctos. No sé si es que yo los he entendido mal -seguramente- o si usted no los tiene actualizados. Uno dice -también lo manifestaba el señor Martín, en
nombre de Ciudadanos- que se estaba produciendo un incremento en la tasa de criminalidad, cosa que no es cierta. Hemos tenido una evolución bastante positiva en los últimos años que rompe un dato que, objetivamente, cualquiera podría entender que
tiene una correlación: a mayor número de efectivos en materia de seguridad, mejores datos de criminalidad, y a peores datos en número de efectivos de seguridad, peores datos en criminalidad. Eso no ha ocurrido en nuestro país, hemos tenido una
evolución positiva desde el año 2010 -en el que la tasa de criminalidad por cada mil habitantes era de 48,8 delitos- al año 2016 -el último cerrado, en el que la tasa es de 43,2 delitos por cada mil habitantes-. Ese dato está muy por debajo de la
media de la Unión Europea. Ustedes me pueden decir que esos datos se manipulan y que el que emite los datos hace lo que quiera. En la Unión Europea existe ese debate, hay un debate sobre si se están aportando correctamente los datos o no. Le voy
a trasladar el análisis que se hacía desde la Unión Europea para que puedan comprobar si esos datos eran o no ciertos. España es el tercer país con mejores datos de criminalidad de los Veintiocho. Por detrás de España solamente están Portugal y
Grecia. España, como ya le he dicho, en el último dato armonizado de 2014 -porque no todos los países de la Unión Europea sacan los datos sobre criminalidad al tiempo que lo hace el Gobierno de España- tenía 44,7 delitos por cada mil habitantes;
el siguiente era Portugal, con 38,2 y el siguiente era Grecia, con 17,8. A algún Estado europeo y a algún responsable europeo les sorprendieron estos datos y se fueron a contrastarlos con el dato más seguro y cierto que se puede tener en materia de
criminalidad, que es el número de homicidios. Resulta que en ese dato de número de homicidios la que era la última en datos de criminalidad, Grecia, es la tercera en mayor número de homicidios por cada mil habitantes y la que era la penúltima,
Portugal, es la quinta en homicidios por cada mil habitantes. España era la tercera con mejores datos en criminalidad general y es la tercera en mejores datos en homicidios por cada mil habitantes. Eso es bastante indicativo de la línea en la que
se está trabajando y de la veracidad de los datos que se aportan en el portal de criminalidad.


Hablaba también de un dato que he debido tomar mal. Me decía que en los últimos años se ha incrementado en veinte mil personas el número de internos en los centros penitenciarios. (El señor Santos Itoiz hace gestos afirmativos). Veinte
mil personas. No tengo los datos de los últimos veinte años pero lo buscaré, pero le tengo que decir que desde el año 2011 -en el que había 59.975 internos- a enero 2017 ha habido un descenso de 8.789 internos en los centros penitenciarios. Una
rebaja muy importante. Si el dato que usted tiene es cierto quiere decir que si no se hubiera producido esta bajada, estaríamos en treinta mil internos más en centros penitenciarios, lo que hubiese saturado nuestra posibilidad de dar atención a los
internos en prisión y tendríamos un problema muy serio. Afortunadamente, hoy no lo tenemos. No solo no lo tenemos, sino que estamos muy cerca de ser el primer país de la Unión Europea en cumplir el objetivo de tener en los centros penitenciarios
un espacio por cada interno. Aún no lo tenemos pero cuando se produzca la apertura de los centros que están en construcción -algunos ya terminados- y de los que está previsto que inicien obras estaremos muy cerca de lograr ese objetivo que,
insisto, no está al alcance prácticamente de ningún país.


Hablaba también de la criminalización cada vez mayor que se recoge en el Código Penal y en eso también tengo que discrepar. En la reforma reciente del Código Penal se produce una tremenda destipificación de delitos que han pasado a ser
faltas. Por tanto, reduce esa penalización de la acción cotidiana de los españoles que existía en el anterior Código Penal. Ese fue el objetivo, por eso se puso en marcha y tiene mucho que ver con la bajada del número de internos en los centros
penitenciarios. En cuanto a la restricción de derechos ciudadanos y persecución de los disidentes con la Ley de Seguridad Ciudadana tampoco puedo estar de acuerdo. La Ley de Seguridad Ciudadana lleva bastante tiempo en vigor. Le pediría que me
trasladara cuáles son esas restricciones de derechos de forma concreta en hechos concretos que se han aplicado por culpa de la Ley de Seguridad Ciudadana y esa persecución a los disidentes que se ha producido por aplicación de la Ley de Seguridad
Ciudadana. Le agradecería que

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lo hiciera porque, sinceramente, no lo encuentro. He estado repasando algunos datos mientras usted intervenía y no le puedo argumentar en ningún caso que eso esté ocurriendo en nuestro país.


Le agradezco su compromiso también en el apoyo a las víctimas del terrorismo. Créame que es necesario que todos sumemos esfuerzos en esa materia. Usted sostenía que podemos divergir en el concepto de terrorismo que cada uno tenga, pero, en
general, es positivo que coincidamos en la necesidad de proteger y dignificar a las víctimas del terrorismo. En cuanto a la Ley General Penitenciaria, usted manifestaba que no sabía por qué se había abordado una reforma tan integral cuando no era
competencia de la Secretaría de Estado de Seguridad -si lo he entendido bien- y quiero decirle que la reforma tiene que ser integral. La Ley General Penitenciaria 1/1979 fue la primera ley de la democracia, fue la primera ley que se aprobó tras la
aprobación de la Constitución, y respondía a una realidad social que hoy ha cambiado e igualmente respondía o trasladaba una serie de medidas que se recogían en el Código Penal -que ya no existen, porque también ha cambiado-. Era y es una ley que
tenía unas posibilidades de desarrollo que hoy son mucho mayores y que queremos que se incorporen también al texto de esa nueva Ley General Penitencia que se tiene que desarrollar. Como usted sabe este proceso se impulsa desde la Secretaría General
de Instituciones Penitencias, que a su vez depende de la Secretaría de Estado de Seguridad, por tanto se tiene que abordar desde ahí su reforma de la manera más amplia posible o de la forma que seamos capaces de consensuar con cada uno de los
grupos.


Señora Belarra, que ha intervenido en nombre de Podemos -no sé si voy a tener capacidad de responder de forma tan rápida como ustedes han preguntado, lo que puede hacer que se alargue mi intervención-, si hay algún dato al que no pueda
contestar y que usted considera importante, le pediría que me lo hiciera llegar o que lo solicitara por escrito para que se lo podamos trasladar de la mejor forma posible. Usted me pregunta sobre qué entiendo yo como migración regular, y yo le voy
a responder de una forma muy gráfica: yo soy parte del Gobierno y en este Gobierno entendemos por migración regular lo que establecen las leyes como migración regular, y a su vez entendemos como migración irregular lo que las leyes, tanto españolas
como europeas, definen como migración irregular, tan sencillo como eso, incluso las mundiales. Es más, le diría que en casi todas las legislaciones internacionales respecto de este tema hay muy pocas diferencias entre las normas de los distintos
países o de los distintos territorios que agrupan a más de un país.


Usted ha hecho un planteamiento en el que no sé si nos pedía que dinamitáramos la valla de Ceuta y de Melilla o que la protegiéramos. No sé exactamente cuál es su planteamiento, pero sí le digo que no lo podemos hacer, aunque quisiéramos,
pero es que tampoco lo podrían hacer ustedes aunque gobernaran. Ya pasó en Grecia, donde un partido político, Syriza, decía algo muy similar a lo que ustedes dicen y hoy están protegiendo con más fuerza que España sus fronteras. En el último
Consejo de Ministros, JAI, en Malta tuvimos una conversación bastante provechosa con el ministro griego, que ya me gustaría que tuviese la misma moderación que yo he expresado en materia migratoria hoy aquí, porque su planteamiento era mucho más
duro, mucho más restrictivo y mucho más exigente con la Unión Europea para que estableciera medidas de protección real y contundente en la frontera de Grecia.


Me dice que no he dicho nada de los CETI, pero es que no puedo decir nada porque no es de mi competencia. (La señora Belarra Urteaga: Pero los criterios sí). No, la gestión de los CETI en toda su amplitud, desde su normativa, su gestión y
su desarrollo, corresponde al Ministerio de Empleo, no sé si es adecuado o no, pero es donde está radicada la competencia. Lo que hacemos es colaborar en el mejor funcionamiento posible.


Usted me preguntaba sobre el número de peticiones de asilo en Ceuta y Melilla, a lo que le tengo que responder que en 2016 han sido 2.660 -que creo que no son pocas-, lo que acredita que se puede tener derecho a esa solicitud. Asimismo me
plantea sus dudas sobre la expulsión en caliente, pero yo no comparto la expulsión en caliente. Lo que usted llama expulsión en caliente yo lo considero -y es como se ha considerado en España por todos los Gobiernos desde hace más de quince años-
el rechazo en frontera, que es una medida de compulsión para hacer frente a quienes ilegalmente pretenden vulnerar la frontera de un Estado. Se reconoce así en la normativa y en la doctrina a nivel internacional; no es un procedimiento
administrativo, sino fáctico. Y lo que plantea no es echar a quien ha entrado en territorio nacional, sino impedir que se pueda entrar porque no hay otra forma de poder hacerlo cuando se revienta una puerta o se corta una valla. La única
posibilidad es la actuación sin ningún otro medio, porque también se ha preguntado aquí con qué medios cuenta la Guardia Civil para repeler los ataques: prácticamente con su cuerpo y con la capacidad que tienen de repeler. Es una decisión
complicada en la que también buscaremos consensos, señor Ramírez, y tendremos que ver qué nivel de compromiso queremos tener.

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¡Claro que hay más medios para repeler ese tipo de ataques, claro que los hay! Y créame que no es un problema presupuestario el que no lo tengan los guardias civiles que están en la protección de la valla: no es un problema presupuestario.
Es un problema de otro tipo. Hay medios para poder defenderse mejor y defender mejor la frontera, pero tenemos que estar dispuestos a asumir esas decisiones en el caso de que se pusieran encima de la mesa y se pudieran abordar.


Planteaba la señora Fernández Castañón la insuficiencia de medios especializados en materia de violencia de género, y lo comparto. Yo creo que siempre van a ser insuficientes, siempre lo son casi en todas las materias, pero en la de
violencia de género lo comparto. Ojalá tuviéramos más efectivos, más agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y más agentes de Policía local y más agentes de Policía autonómica con la formación adecuada, con el espacio necesario y
con las herramientas pertinentes para poder atender la violencia de género. Los vamos a incrementar y espero que se sumen a esa medida también muchos municipios y policías locales que todavía no lo han hecho. Me preguntaba también por las pulseras
antimaltrato. En este caso le tengo que responder igual que en el tema de los CETI: no es competencia del Ministerio del Interior, no es competencia de la Secretaría de Estado de Seguridad, es competencia del Ministerio de Sanidad su desarrollo y
aplicación, y no tengo esos datos en este momento. Desde luego vamos a poner los cinco sentidos y todos los medios de que dispongamos en la lucha contra la violencia de género, pero claro que tenemos problemas presupuestarios, y claro que tenemos
problemas económicos. En este momento tenemos uno añadido, y es que no tenemos presupuesto para el año 2017, y en muchas de las propuestas que ustedes han hecho -luego me referiré también al número de efectivos y la oferta pública de empleo-, si no
hay presupuesto, nuestras posibilidades son mucho menores que si lo tuviéramos. En este tema pediría también responsabilidad a los grupos, pues si pedimos una cosa, ser consecuentes y hacer posible que lo podamos tener.


En concreto, señor Ramírez, además de agradecerle el tono con que ha intervenido, quiero decirle que en materia de violencia de género la mejor solución habitacional es que la solución habitacional se la busque el agresor. Porque, como
decía antes la portavoz de Bildu, creo que lo que no podemos hacer es penalizar a la víctima. Durante mucho tiempo se ha tenido casi que convertir en clandestina a la víctima de violencia de género llevándola a pisos tutelados, desconocidos, donde
no se daban los datos de su ubicación y casi escondiéndola. Creo que afortunadamente se ha superado esa fase, y lo que tenemos que hacer es que en el menor tiempo posible todo el proceso se desarrolle adecuadamente, y que sea el agresor quien tenga
un problema habitacional y no la víctima. En esa línea comparto el objetivo, pero creo que tenemos que cambiar el método para hacer eficaz ese problema. La mujer no puede ver nunca en riesgo su vivienda cuando se produce una denuncia por violencia
de género. Decía que aunque el número total de muertes había bajado, el número total de víctimas había subido y que eso era preocupante. Yo le digo, señor Ramírez, que no es preocupante, es lo que queremos, porque como le decía anteriormente tiene
que aflorar el 80 % que no aparece en los datos estadísticos. Acostúmbrese -acostumbrémonos todos- a que se incremente paulatinamente el número de denuncias, porque es necesario que sea así. Sabemos perfectamente que hay un porcentaje altísimo de
violencia de género que no aflora, que está oculto, y el primer elemento para que aflore es la denuncia, el elemento útil para que aflore es la denuncia; vamos a buscar otros, vamos a integrar en el sistema VioGén datos que nos lleguen de servicios
sociales, datos que nos lleguen de servicios sanitarios, datos que nos lleguen de ámbitos diferentes al policial cuando la mujer no se atreve a poner la denuncia. Pero no es un mal dato que se incremente el número de denuncias, es necesario que se
incremente. Hasta que no tengamos la certeza de que hemos hecho emerger el iceberg, de que hemos puesto un corcho al iceberg no podremos estar satisfechos, y eso exige que se multiplique por mucho el número de denuncias que se están produciendo.
Luego vendrá la época en que tendrán que reducirse, porque la presión social haga que el agresor se sienta en unas condiciones en las que no pueda agredir a su víctima, y vayan bajando, pero todavía nos queda un recorrido importante para
conseguirlo.


Preguntaba si nos preocupan los suicidios en la Guardia Civil. Evidentemente nos preocupan los suicidios en la Guardia Civil, nos preocupan los suicidios en la Policía, nos preocupan los suicidios en los auxiliares administrativos; nos
preocupa que cualquier persona se vea en una situación que le lleve a suicidarse. En estos momentos, según los datos que nosotros conocemos, el índice de suicidios en la Guardia Civil está en torno al 15,5 % y el índice de suicidios en la sociedad
española en general está en el 13,8 %. ¿Hay una diferencia? Sí, pero, ¿hay una diferencia que nos pueda resultar escandalosa y que tengamos que destacar sobre otros cuerpos u otros tipos de actividades? Ahí sí tendría más dudas. En cualquier
caso si hay una persona que se ve impelida a suicidarse en cualquier circunstancia evidentemente

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tenemos la obligación de prestarle atención, y se está haciendo. En la Guardia Civil se van a poner en marcha dentro de poco una serie de medidas en prevención de riesgos laborales, y una de las prevenciones que se van a tener especialmente
en cuenta es precisamente la del suicidio.


En relación con el asalto a la valla nos planteaba que tenemos que ocuparnos de los problemas en los países de origen de las personas que realizan luego la presión a la valla, y estoy totalmente de acuerdo con usted. En esa línea es en la
que nosotros estamos presionando a nivel europeo y pidiendo a la Unión Europea que haga esfuerzos en desarrollar esos países, para que no se obligue a las personas a jugarse la vida haciendo ese tipo de viaje y de entrada irregular a distintos
países para luego tampoco resolver sus problemas, porque si tenían una tragedia en su país, no llegan al paraíso cuando entran en la Unión Europea. Desgraciadamente no se consigue eso. A diario vemos en cualquier semáforo o en cualquier sitio
personas que querían encontrar el paraíso y que lamentablemente lo que encuentran es una cosa muy diferente. Por lo tanto no podemos permitir ni que las mafias jueguen con ellos ni que ese tipo de expectativas les lleve a actuar de esa manera.


En cuanto a falta de efectivos coincido con usted. De todos los que estamos en esta Comisión puede haber pocas personas que quieran más que yo que se incremente el número de efectivos de Guardia Civil o de Policía. Lo podrán querer igual,
pero más es difícil. Vamos a hacer un esfuerzo este año, que tiene dos límites: uno, el presupuestario; dos, el espacio donde se tiene que hacer la formación, y en ese doble espacio tenemos que jugar. Pero creo que si todo va bien -que espero
que sí-, no va a haber ni un solo agente menos que el año anterior -ya es bueno después de la experiencia que tenemos-, y si somos capaces de llegar a algún tipo de acuerdo, espero que se pueda incrementar en un número importante el número de
agentes, tanto de la Policía como de la Guardia Civil, para ir resolviendo la grieta que se ha abierto en el número de efectivos en los últimos años.


En relación con la seguridad en los centros penitenciarios planteaba usted que le gustaría que fuesen funcionarios públicos quienes defendieran las prisiones. Si no recuerdo mal en algunos acuerdos firmados este verano ustedes iban en la
dirección de hacer eficiente la gestión de los recursos y de fomentar la colaboración público-privada. Créame que hay pocas facetas en las que sea más fácil establecer esta colaboración público-privado que en esta, porque tenemos un sector de la
seguridad privada importante y muy reconocido en nuestro país, y porque las labores que se desarrollan en el aseguramiento de un perímetro de un centro penitenciario no tienen la exigencia que pudieran plantear otras actividades en materia de
seguridad, que evidentemente tienen que desarrollar los policías y los guardias civiles.


En cuanto a su preocupación por los planes de seguridad para funcionarios de prisiones, que comparto, quiero decir que, para su tranquilidad, antes del mes de abril ya existirá ese documento del que van a disponer, al igual que los
funcionarios de prisiones. Tenemos -usted lo ha dicho- magníficos profesionales que están haciendo una labor encomiable, desconocida y a veces criticada por sistema, pero encomiable. Muchos de los éxitos que se han producido en materia de lucha
antiterrorista, en materia de prevención de delitos, en materia de reinserción o en materia de atención a personas que no han sido atendidas como personas desgraciadamente hasta que no han ingresado en un centro penitenciario, se deben a la labor
que están haciendo los funcionarios de prisiones y hay que destacarlo.


En relación con los CIE les digo a todos -lo ha planteado el ministro y he insistido yo y lo reitero ahora- que más que hacer el trabajo habitual que hacemos de criticar lo que hay, les animo a que construyamos lo que queremos, a que
definamos qué tipo de centros de internamiento de extranjeros es necesario, cuántas plazas harían falta, quiénes son las personas que los pueden atender mejor, cuáles son los objetivos que tienen que cumplir; hagámoslo juntos, luego veremos las
dificultades que haya para que se pueda llevar a la práctica, pero hagámoslo juntos. Yo no voy a defender algo que difícilmente sería defendible: los CIE se han construido en centros antiguos, en antiguas prisiones, en antiguos hospitales
penitenciarios o en los lugares que había; quien tuvo que impulsarlo en su momento se tuvo que apoyar en los espacios que existían, lo tuvo que hacer a la carrera, se tuvieron que organizar de la manera en que se pudieron organizar y financiarse de
la manera en que se pudieron financiar. ¿Hay fallos? Evidentemente que los hay. ¿Tenemos que corregirlos? Pues hagámoslo con el mayor consenso posible e intentemos además que sea con el mayor interés para la sociedad española y para los internos
que se ven en la obligación de estar en esos centros, aunque sea en un máximo de dos meses; por cierto la estancia media en los CIE apenas llega a un mes, con lo cual se han contado muchas cosas sobre malos tratos, pero es difícil que en tan poco
tiempo se sufra tanto. Creo que tenemos que defender entre todos que España sea el primer país de la Unión Europea que resuelva, desde el consenso y con un proyecto bien analizado y

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estudiado, el tema del internamiento de extranjeros en su país; hasta ahora ningún país de la Unión Europea lo tiene resuelto.


Hablaba del terrorismo yihadista y decía que le preocupaba que España fuera un polo de atracción. Nuestro pasado y nuestra historia nos convierten en uno de los polos de atracción de ese tipo de obsesión terrorista que tienen algunos. Sí
le digo -y creo que además cualquier día es posible que se pueda producir un atentado terrorista desgraciadamente, porque es absolutamente imprevisible- que se está haciendo todo lo que está en manos de la seguridad nacional para que eso no ocurra,
y creo que se está consiguiendo un cierto éxito. Estamos en un nivel 4 de alerta, con una presión importante, con un riesgo cierto, pero los españoles no tienen ahora miedo al terrorismo yihadista -tienen respeto, evidentemente, como lo tenemos
todos-, hemos conseguido que el terror no llegue a la sociedad española, y por el contrario hemos conseguido que a los terroristas se les detenga en momentos previos a la comisión de cualquier tipo -no de delito, que lo cometen- de delito con
resultado de muerte o de lesiones, que es lo que se trata de evitar. En lo que no puedo estar de acuerdo con usted -en todo lo demás de una forma o de otra lo he estado- es en lo de la diferencia de un 30 % entre el salario de un guardia civil y de
un policía. No hay una diferencia de un 30 %. Depende de la escala que me compare, pero a igualdad de puestos no existe diferencia de un 30 %. Se está haciendo no obstante un análisis retributivo de los dos cuerpos, intentando tener una visión
objetiva de las retribuciones que perciben, y en esa dirección vamos a ir trabajando para que no exista ningún problema ni ningún tipo de discriminación hacia ninguno de los dos cuerpos por esa materia retributiva.


Respecto a la centralización de compras también estoy de acuerdo, se ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años, en los que se han centralizado todas las compras administrativas: se ha centralizado la compra de combustible, se han
centralizado los contratos de electricidad, y ahora, si todo va bien, que espero que todo vaya bien, vamos a conseguir lo que nadie creía que se podía conseguir, que es unificar el contrato de telecomunicaciones de Guardia Civil y de Policía, lo que
no solo va a suponer una mejora considerable en los servicios que se reciben y que van a poder utilizar los agentes de los dos cuerpos, sino evidentemente también un ahorro en el coste que tenían esas facturas.


El señor Legarda ha hecho una exposición que yo le agradezco especialmente por la claridad, técnicamente perfecta en relación con dos temas que son importantes: en primer lugar, cómo abordar la reforma que ustedes consideran necesaria de la
Ley de Seguridad Ciudadana, a través de una serie de ejes que creo que son razonables, que me parece una buena vía para abordar el diálogo que usted plantea. Yo solo le pido una cosa en esa dirección para que funcione, le acepto la metodología
porque me parece que es correcta, pero considero que tenemos que ser flexibles en el diagnóstico, y que igual que yo y cualquiera de los portavoces tenemos que respetar su criterio, que hagamos un esfuerzo por respetar el de los demás y buscar un
punto de encuentro, porque seguramente sea en ese punto de encuentro donde resida el equilibrio y el mejor funcionamiento de esa Ley de Seguridad Ciudadana. Entiendo además sus razones a la hora de plantearlo, me parece que son más de índole
técnica y de garantía que de índole ideológica, creo que es una buena forma de abordar la cuestión, y recojo su guante -si usted me permite la expresión- para empezar a trabajar en esa dirección e intentar que se integren todos los grupos políticos
en la materia. En segundo lugar, en relación con la Ley General Penitenciaria explicaba antes que tenemos que hacer una revisión integral. La Ley Orgánica General Penitenciaria ha sido una gran ley de este país, muchas de las cosas que se le
atribuyen en negativo no están en la ley, sino que han sido interpretaciones o decisiones que se han tomado desde otro ámbito, pero necesita no ya un lifting, sino un cambio completo, y ese cambio completo se tiene que abordar desde una perspectiva
integral. Algunos de los temas que usted plantea se pueden incorporar a la Ley General Penitenciaria y otros no corresponden a esta ley, porque el contenido que usted propone tenemos que verlo en otros ámbitos que están recogidos en otras normas,
pero considero que lo ha hecho en unos términos absolutamente aceptables para abrir un debate franco en relación con la materia.


La gestión de los centros penitenciarios, que efectivamente está en el estatuto y que es una materia transferible a las comunidades autónomas, se tiene que abordar y se tiene que intentar encontrar el clima adecuado para que se pueda
realizar ese análisis y ese debate. Creo que afortunadamente estamos todos más cerca de encontrar ese clima que hace unos años, y creo que es una buena vía para que se pueda, al hilo de la negociación de la Ley General Penitenciaria, abordar
también esa posible integración conforme al estatuto de transferencia de la gestión de centros penitenciarios, pero insisto en que también tenemos que contribuir todos a que ese clima sea el propicio para poder abordarla.

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En relación con lo que plantea nosotros percibimos a la Ertzaintza como una policía de referencia, que además está haciendo muy bien su trabajo, que está prestando un gran servicio a la sociedad vasca y está colaborando muy bien con el
conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El nivel de colaboración es alto, aunque todo es mejorable; la relación entre los agentes de los distintos cuerpos es muy buena y lo que tenemos que intentar es rematar aquellos temas que
todavía no estén funcionando de la forma que nos gustaría. Tenemos que hacer un esfuerzo por definir adecuadamente el concepto integral, porque no en toda Europa está igualmente definido. Hay una idea que luego se tiene que poner en común cuando
distintos cuerpos tienen que trabajar en un mismo espacio. Una cosa es integral y otra es exclusiva, y creo que eso lo tenemos claro. Si no es exclusivo, tiene que definirse bien el concepto integral, tiene que definirse qué materias son
susceptibles de desarrollar y de proteger por la Ertzaintza y cuáles otras tienen que realizarse por el Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil. Habrá que valorar qué presencia tienen que tener en cualquier territorio de España. Ahora mismo
además estamos abordando ese debate: ver qué necesidades hay. En la mayoría de los sitios el problema es que falta policía o falta guardia civil. En el caso del País Vasco el debate más frecuente es el contrario, que sobra. Creo que no es la
manera correcta de abordar este tema, y usted lo ha apuntado en su intervención. Tenemos que hablar de todo, pero tenemos que ser lo suficientemente discretos como para no ofender a nadie. Si usted habla aquí de la necesidad o de la exigencia de
que se repliegue la Guardia Civil y la Policía, como se oía hace pocos días en el Parlamento vasco, yo no puedo estar de acuerdo. Si ustedes lo que quieren y lo que plantean es la necesidad de que abordemos cuáles son las necesidades reales del
País Vasco hoy, y cómo se pueden cubrir de la forma más eficiente y más eficaz posible, cuando quiera. En esa línea estamos hablando además de hecho con un tono y con un fondo muy adecuado, en mi caso con el viceconsejero de Interior del País Vasco
y con su jefe de gabinete, con quienes estamos cerrando el orden del día de la Junta de Seguridad, que espero que se celebre pronto, igual que se está haciendo con el secretario general de Seguridad en el caso de Cataluña.


No está el señor Miquel, pero le voy a responder igualmente respecto a lo que nos planteaba. Él citaba un caso en el que hay una información que reciben los Mossos y que al mismo tiempo se estaba siguiendo por la Guardia Civil y que eso ha
provocado una colisión. Eso no solo ocurre entre los Mossos y la Guardia Civil, eso ocurre entre la Guardia Civil y la Policía Nacional con bastante frecuencia, y por eso existe el Cisco y la base de datos Sicoa, donde se integran los datos de las
investigaciones de cada uno y se evitan ese tipo de colisiones. Una de las peticiones que nos han hecho, tanto el Gobierno vasco como el Gobierno catalán, es la incorporación de la Ertzaintza y de los Mossos d'Esquadra al Cisco. Nosotros estamos
ahora mismo perfilando -porque estamos de acuerdo en su incorporación- el modo en el que se incorporan, porque en los dos casos lo que nos plantean exigiría una modificación del estatuto del Cisco, y eso es lo que resulta más complejo de poder
establecer en este momento. Pero insisto en que espero que pronto se pueda resolver.


En relación con la presencia -se hablaba de los Mossos d'Esquadra, pero podría ocurrir exactamente igual con la Ertzaintza- sí tengo que decir que hemos avanzado más en el diálogo con el Gobierno vasco que con el Gobierno catalán. ¿Es
necesaria la coordinación? Es absolutamente imprescindible, y la fijación de la posición internacional de la seguridad española es fundamental. Pero la coordinación no se consigue estando muchos en las reuniones en Bruselas, sino porque el que
vaya hable por todos, y porque se consiga un nivel de coordinación previo muy alto. Con las vías que se están planteando creo que se entiende bastante bien desde la Ertzaintza y todavía tenemos que afinarlo un poco con los Mossos. Sin embargo,
tenemos la voluntad de que su sensibilidad y su aportación se refleje en la representación que se tenga en Interpol o en cualquier otro organismo internacional. Suelen ser organismos en los que se representan y participan los Estados y, en ese
sentido, el artículo 149 de la Constitución establece quién tiene esa función, pero no queremos que sea excluyente, sino que la seguridad en su conjunto esté representada. De hecho, en este momento se está tratando de evitar que a esas reuniones
tengan que asistir por sistema -ocurre cada vez menos- un guardia civil y un policía nacional, pues es como si representaran cosas diferentes. Lo que estamos haciendo es celebrar reuniones previas de coordinación para que una persona represente al
conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Es algo que estamos mejorando y en lo que estamos avanzando todos.


La señora Beitialarrangoitia ha planteado distintos asuntos y a algunos ya le he respondido. Quiero llamar la atención a todos -también a usted- por el tono en el que se puede discrepar. Tenemos que aprender a que se puede discrepar, pero
no tenemos que ofendernos por la discrepancia. Eso es tremendamente positivo para todos.

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En cuanto a la cuestión de las pulseras, es a otra persona a quien tiene que hacerle la pregunta, pues yo puedo facilitarle datos erróneos en lugar de aclarárselos. Estoy completamente de acuerdo con usted -antes lo he dicho- en que la
clave es facilitar la denuncia. Ninguna mujer puede tener miedo a denunciar a quien le maltrata, ninguna; ninguna mujer puede encontrarse con un hándicap por poner una denuncia; ninguna mujer puede ver que pierde algo, sino que gana libertad,
seguridad, que se quita de encima lo peor que se puede tener: el miedo. Estoy completamente de acuerdo en que tenemos que facilitar eso. La semana pasada firmamos un convenio con veinticinco municipios, de las ocho provincias de Andalucía, y
vamos a trabajar con más policías locales que se van a integrar y a colaborar en esta tarea. Cuantos más seamos mejor, porque uno de los temas a los que usted aludía es que no hay una simetría en la situación de la violencia de género en las
grandes ciudades y en los municipios pequeños. No la hay. Es más difícil denunciar en un municipio pequeño, entre otras razones, porque hay menos personal especializado que en las grandes ciudades y porque el rechazo social no es igual en todas
las poblaciones. Se ha avanzado muchísimo en esta materia y tenemos la obligación de insistir en ello y de abordarlo con más ahínco.


Estoy completamente de acuerdo con usted en la necesidad de abordar un tratamiento conjunto de malos tratos-trata de blancas. Es un maltrato como cualquier otro y se tiene que establecer un vínculo urgente entre esas dos materias. La
ministra de Sanidad ya se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior para establecer vínculos entre estas dos situaciones, y estamos absolutamente de acuerdo con el enfoque del problema.


Seguimos con el desarrollo integral de la ley. De hecho, con la propuesta del Pacto de Estado sobre la violencia de género se quiere intentar que sea el último desarrollo de toda la normativa en materia de violencia de género y a todos los
niveles administrativos: Administración Central del Estado, comunidades autónomas, provincias y municipios. Si hacemos bien nuestro trabajo, habremos dado un paso decisivo en la lucha contra la violencia de género. La cooperación con las policías
locales, como he dicho, es fundamental y la colaboración con la policía autonómica ya es muy buena. Ahora estamos terminando de integrar los sistemas de Mossos d'Esquadra y Ertzaintza en Biogen y estamos intercambiando datos con mucha frecuencia.
La verdad es que es difícil mejorar la coordinación en esta materia, pues en este ámbito estamos haciendo un trabajo muy bueno y muy serio.


En relación con los CIE, es cierto que hay organizaciones que hacen una valoración muy crítica de los CIE; no solo de su estado o de su situación, sino del concepto de los CIE. Es legítimo, pero yo no lo comparto. Casi el 50 % de las
personas que entran en un CIE salen después porque no se consigue el retorno. Es cierto y tiene usted razón, pero no tenemos más remedio. Hay un periodo máximo de estancia de dos meses por decisión judicial y por decisión del Legislativo. Fue el
Congreso de los Diputados el que estableció un tiempo máximo de estancia en los CIE de dos meses. Si en ese tiempo no se consigue gestionar su retorno, se tiene que buscar un trámite de inserción y, desde luego, la persona tiene que salir del CIE
de manera inmediata porque la autoridad judicial obliga a que eso se haga. Como le decía anteriormente, la Unión Europea replantea ese asunto y pide a los Estados que se alargue al máximo, hasta los dieciocho meses, la estancia en los CIE. En
España optamos por otra dirección y seguimos trabajando en ella.


En cuanto a reasentamiento y reubicación, estamos haciendo un gran esfuerzo desde el ministerio. Corresponde al subsecretario la gestión de esta materia, pero evidentemente estoy al corriente. Aquí tenemos un problema que no es exclusivo
de España, aunque es lógico que pongamos el foco en la realidad que conocemos. Prácticamente todos los países de la Unión Europea, cualquiera que sea el ánimo que tengan, están teniendo problemas para cumplir sus objetivos de reasentamiento y
reubicación, porque en origen -fundamentalmente en Grecia- se está trabajando con mucha lentitud, y eso está dificultando culminar el proceso en los tiempos que nos gustaría. Hay voluntad de España de cumplir nuestro compromiso, hay una buena
colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos en esta materia, pero tenemos un problema de gestión del proceso en la parte que no corresponde a nuestro país, en la parte que decide quiénes son las personas que vienen a nuestro país. Como
ya he contestado al portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), puedo dar por respondidas las preguntas referidas al asunto penitenciario. Creo que sus planteamientos eran muy similares y las respuestas evidentemente tienen que ir en la misma
dirección.


Por último, quiero dar las gracias al Grupo Parlamentario Popular por el trabajo más importante que puede hacer, que es tener una actitud de apoyo crítico a la labor que realiza el Gobierno. Si alguien cree que el Gobierno en el ejercicio
de sus funciones tiene un apoyo absoluto y no analítico del grupo que lo sustenta está en un error. Tenemos multitud de conversaciones y de reuniones y nos llegan multitud de

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sugerencias desde el Grupo Parlamentario Popular que nos ayudan a mejorar nuestra política y nos obligan a corregir asuntos que se plantean en el ministerio. Tengo que agradecer eso porque en la mayoría de esas sugerencias se acierta. El
grupo parlamentario nos ayuda también a otra cosa fundamental, que es abrir espacios de consenso con el resto de los grupos políticos. Por eso, es importante también abrir el diálogo al Grupo Parlamentario Popular y sumar esfuerzos para conseguir
los objetivos que tenemos ante nosotros, que créanme que son tremendamente importantes.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.


Antes de darles la palabra para una réplica de dos minutos, quiero recordar a sus señorías que el acuerdo de la Mesa y portavoces ha sido celebrar sesión de la Comisión el próximo día 22 de marzo a las cuatro de la tarde con la comparecencia
del director general de la Policía y a las seis de la tarde con la comparecencia del director general de la Guardia Civil.


Hacemos un turno de réplica de dos minutos tasados, porque la hora se nos echa encima. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Trevín.


El señor TREVÍN LOMBÁN: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero dar lar gracias al señor secretario de Estado por sus contestaciones y, al señor Martín-Toledano, porque es la primera vez que el Grupo Popular no me insulta hablando de la Policía política, por tanto le agradezco su
tono. En segundo lugar, quiero plantear una cuestión sobre la primera parte de mi intervención. Es curioso que un partido político que lleva cinco años justificando gran parte de sus actuaciones en la herencia recibida ahora no quiera hablar del
pasado. Señor secretario de Estado, no se trata de lo que ustedes nos plantean, olvido y perdón; ante la gravedad de los hechos políticos que acaecieron necesitamos justicia y responsabilidad, que es lo que le estoy pidiendo exclusivamente, algo
bastante lógico en un Estado de derecho. Sobre todo para una cosa, para no crear agravios serios en nuestra Policía. Tenemos un cuerpo profesional, de excelentes profesionales que no debe tener ni una mácula por la actuación de una camarilla, pero
que ha creado graves agravios por las recompensas recibidas, que no tiene nada que ver con el conjunto de recompensas en destinos, en dietas y en medallas que ha recibido el resto de la Policía.


Hay una cuestión sobre la que también ha informado mal. No es verdad que a todos los escoltas que quisieron trabajar en las cárceles con la privatización que hicieron ustedes del recinto exterior se les dio trabajo, no es cierto. Aquí
tuvimos a lo largo de la pasada legislatura varias delegaciones y está perfectamente contrastado, luego debe revisar quién le pasa la información. Ahora bien, si ustedes renuncian a eso nos parece muy bien, entonces nosotros solicitaremos que
vuelva a ser público. Para nosotros el recinto exterior de las cárceles está mejor en manos del Estado, de la Policía y de la Guardia Civil -es nuestro planteamiento político- que en manos privadas. Solamente por esa justificación habíamos
aceptado un periodo transitorio.


Acabo con la frontera. Hay algunas cuestiones que creo que debemos tener en cuenta. Coincidimos en lo que son los grandes titulares, pero en la letra pequeña tenemos graves discrepancias. Primero, necesitamos más medios. Me dice usted en
su respuesta que es el mayor número de policías que hay por metro cuadrado en cualquier parte europea. No nos haga trampas en el solitario, ¿qué ciudades frontera? Las únicas fronteras que existen de la Unión Europea con África son Ceuta y
Melilla; las circunstancias son absolutamente excepcionales. Tenemos menos efectivos de los que había y necesitamos reforzar efectivos. Fíjese bien, hasta algo tan puntual como son chalecos que se adapten a las mujeres guardias civiles y policías
deben tener un tratamiento singular en Ceuta y Melilla, y en todo aquello que sea posible reforzar. Necesitan seguridad jurídica, no tienen instrucciones de cómo actuar en muchos de los momentos complicados. Necesitamos reforzar este asunto, y
además necesitamos que haya medios tecnológicos apoyándolos. Necesitamos que incluso, desde el punto de vista económico, haya un mayor reconocimiento a su trabajo.


En ese sentido, sí le quería plantear, por último, que nos parece muy bien lo que han hecho de abordar el problema de suicidios en Guardia Civil y en Policía. Acepto que estamos pendientes de los estudios que nos hagan. Dice que están
dispuestos a hablar del reglamento en esta cuestión, y nosotros no compartimos en la Ley de Seguridad Privada. Nosotros no compartimos la Ley de Seguridad Privada. Curiosamente, mientras que en Cataluña pasaba aquello con la Policía política,
Convergència i Unió y el Partido Popular negociaron la Ley de Seguridad Privada, con la que estamos radicalmente en desacuerdo. Dicho eso, sí les hemos aportado en alguna PNL ideas para ese reglamento. En esta cuestión, en la Ley de Seguridad
Ciudadana, estamos abiertos a hablar no

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solamente con el Gobierno, sino con todos los grupos políticos de forma permanente, porque hay algunos temas urgentes que resolver.


Le vuelvo a agradecer tanto su tono como las informaciones que hoy hemos dado, las cuestiones en las que hemos coincidido y en las que hemos discrepado.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Trevín; se aprovecha usted de mí. (Risas).


Grupo de Podemos.


El señor SANTOS ITOIZ: Gracias, señor presidente.


Agradezco su tono didáctico, que sin duda ampliará mis conocimientos sobre el concepto de seguridad ciudadana. Decía el profesor Alfonso Serrano que las estadísticas del Ministerio del Interior sobre criminalidad son deficientes,
incompletas y de dudosa fiabilidad. El escaso valor científico no permite hacer trabajos criminológicos fundamentados. España no puede ofrecer a nivel nacional e internacional unas estadísticas con tan escaso contenido. No se incluyen Cataluña,
Navarra y Euskadi, porque no estaban en el territorio 'MIR'. Si a eso le añadimos las discrepancias que hay con los informes policiales y las memorias de la fiscalía, esto se convierte en un totum revolutum del que a veces es difícil sacar
conclusiones.


Solo me refería a eso y aceptando, como acepta usted, que tenemos una de las menores tasas de criminalidad y una de las mayores de encarcelamiento, mi pregunta sigue vigente, y creo que no la ha contestado: ¿Qué política seguimos en
seguridad? Si en los últimos años se han producido excarcelaciones y hemos bajado el número de presos y, sin embargo, no ha aumentado la tasa de criminalidad, no sabemos a dónde vamos. Estamos actuando de una manera bastante más dura de lo que
exigiría un país tan seguro como el que usted está diciendo. En cierta manera me ha sorprendido algún planteamiento, porque cuando yo le decía que el Código Penal se ha endurecido y usted me ha dicho -creo interpretarlo literalmente- que se han
despenalizado delitos que ahora son faltas, para justificar, efectivamente, esa falta de endurecimiento. El Libro III, de las faltas, ha desaparecido con el nuevo Código Penal y se han convertido en su inmensa mayoría en delitos leves, con lo cual
ha habido un endurecimiento; excepto en un caso, el de homicidio por imprudencia leve, que se está discutiendo en esta Cámara porque lo que hace es dejar desprotegidas a todas aquellas personas que han sido víctimas de tráfico en relación con la
posibilidad de tener una indemnización. Por tanto, sigue vigente la pregunta: ¿Qué concepto de seguridad tenemos y hacia dónde vamos? Usted habla de la modificación de la Ley Orgánica General Penitenciaria y lo ha justificado en el cambio social
y posibilidades de desarrollo. Me parecen muy bien las generalidades, pero la Ley Orgánica General Penitenciaria es una buena ley, está avanzada, e incluso va en otra dirección.


Por último, dos cuestiones muy sencillas. Usted ha hablado de una celda por interno. El problema no es un celda por interno -el ladrillazo urbanístico ya se ha dado-, el problema es la falta de funcionarios, pues cada vez se están
perdiendo más. Si no se invierte ni se gasta dinero en seguridad perimetral, ese objetivo tampoco se va a conseguir. Y, para finalizar, le quería decir que los CETI sí son de su competencia, los criterios de traslado a la Península y, en ese
sentido, también habría que tener una respuesta.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Santos.


Por el Grupo Ciudadanos, señor Ramírez.


El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, señor presidente.


Quisiera agradecer al secretario de Estado el tono de su réplica. Me congratula, desde luego, que hayan afrontado el problema de los suicidios. Las estadísticas como todo, dependen de quien las ponga, si son psicólogos externos o los
psicólogos de la Guardia Civil, pero como mínimo, duplican el nivel de suicidios de la sociedad, lo que nos parece siempre preocupante, aunque sea solo un suicidio el que se produzca en nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.


La verdad es que me ha sorprendido que me diga que no tiene restricciones presupuestarias de medios materiales y humanos para afrontar los asaltos de la valla de Ceuta y Melilla. Si eso es así, no entendemos por qué no existen mecanismos de
vigilancia mecánicos, a los que ha hecho mención y que están pensando poner, como drones, sensores o cámaras y otros medios tecnológicos que podrían ayudar a paliar la situación a la que se ven abocados nuestros guardias civiles cuando se produce un
asalto a la valla de más de 100 personas.

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Comparto, y tengo que decírselo claramente, que el que tiene que buscarse una solución habitacional es el agresor y no la víctima, pero mientras tanto, mientras cambiamos las formas en nuestra sociedad para que eso se produzca, nos gustaría
que hubiese una dotación mayor para la solución habitacional temporal, teniendo claro que cualquier problema de esta magnitud tiene que tener medidas a corto, medio y largo plazo.


Para concluir, como comentaba usted que tienen restricciones presupuestarias para aumentar las plazas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aparte de restricciones de espacio a la hora de formarlos, y comentaba también como
motivo la falta de presupuesto para 2017, le pediría que dijera a sus compañeros, ya que usted es miembro del Gobierno, que nos traigan los presupuestos para que podamos estudiar esta cuestión entre todos de manera detallada.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.


Por el Grupo Vasco, PNV, señor Legarda.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.


Dada la hora que es y que tenemos Pleno en breve, simplemente quiero agradecer las explicaciones del señor secretario de Estado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Legarda.


Por el Grupo Mixto, señora Beitialarrangoitia.


La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Muchas gracias.


Junto con mi agradecimiento, la mano tendida al diálogo, pues también soy de la opinión de que la discrepancia no tiene por qué llevar aparejada la ofensa ni el insulto, y mi empeño estará en que así sean mis intervenciones.


Desde la discrepancia y entendiendo que, aunque no se comparta, el debate sobre el repliegue como mínimo debería de ser legítimo, sí me gustaría dejar unos datos para que los tengan en cuenta cuando hagan esa valoración que tienen que hacer
sobre la presencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra. Hace cinco años era de 7,3 policías por cada 1000 habitantes y ahora es de 6,5. Si lo comparamos, por ejemplo, con Alemania es de 3,9. No
sé si Ceuta y Melilla tienen más por metro cuadrado. Yo sé los que hay en las cuatro provincias vascas por cada 1000 habitantes, y es un dato que hay que tener en cuenta que no se corresponde con la menor tasa de criminalidad que usted menciona,
aunque otro dato que hace contradictoria esta realidad es que, como se ha mencionado, haya una mayor tasa de población reclusa. Desde la discrepancia también, en torno a la Ley de Seguridad Ciudadana dice usted que la reforma será pronto. En eso
coincido con usted, sobre todo para que no haya casos como los que está denunciando la propia defensora del Pueblo de aplicación de sanciones a periodistas por publicar fotos de una detención en Twitter. Por cierto, hoy hemos sabido que un
periodista vasco que había sido sancionado había solicitado a la defensora del Pueblo que esa sanción fuera anulada. Por parte del Gobierno no se había dado esa anulación, se iba a llegar a juicio, y hoy hemos sabido que el Gobierno desiste de
llegar a juicio y de esa sanción, cosa que nos alegra, aunque creemos que se debe, más que a una reflexión sobre la materia, a la soledad con la que se está encontrando en esta cuestión.


En el ámbito de la coincidencia, ha mencionado usted que es verdad que la denuncia es lo importante en la violencia machista y que debería de ser el maltratador el que tenga un problema de vivienda. Mi pregunta es esta: ¿qué vamos a hacer
para que, desde que se da ese paso de la denuncia y se da esa solución, en ese menor tiempo posible que mencionaba el secretario, no ocurra nada irreparable, que puede ocurrir por muy poco tiempo que sea?


Finalmente, en el tema de la migración es verdad que no encuentran el paraíso, pero cuando menos lo que no pueden encontrar es una situación que ponga todavía en mayor riesgo su vida y su integridad. Y esa es la realidad con la que se están
encontrando cuando intentan acceder a Europa.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Popular, señor Martín-Toledano.

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El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Gracias, señor presidente.


Quiero agradecer el secretario de Estado sus explicaciones y la opinión de que el Grupo Popular le presenta peticiones y reclamaciones de nuestros encuentros con los agentes que trabajan en materia de seguridad. Son asociaciones
profesionales de todo tipo y le trasladamos sus peticiones y, además, estamos recibiendo una respuesta bastante efectiva en el diálogo para solucionar problemas.


Al portavoz del Grupo Socialista le diré que no voy a entrar en el pasado. Yo no me quiero ir más atrás ni a comandos ni a plantillas. Yo me olvido de ello y quiero trabajar por que el futuro del Cuerpo Nacional de Policía funcione bien.
En cuanto a la seguridad privada, hemos llegado a acuerdos, incluso, con el señor Trevín en algunas PNL de seguridad privada alrededor de las prisiones, y hemos llegado a un acuerdo.


En cuanto a las plantillas, sé el esfuerzo y la intención que tienen el Ministerio del Interior y el Gobierno de aumentar las plantillas. De hecho, presentamos una enmienda a la moción presentada por Ciudadanos, y en el punto tercero de
nuestra enmienda decía: aumento de las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Al final no se aceptó ese punto tercero no porque no estuvieran de acuerdo, sino por otras cuestiones, pero el Grupo Popular está decidido a que
aumenten las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En el asunto de los chalecos, le tengo que decir que jamás se han comprado más chalecos que con el Gobierno del Partido Popular, jamás. Hay que continuar y hay que ver la
materia de la adaptación al cuerpo de la mujer, a la fisiología de los agentes; hay que ir por ese camino.


El representante de Podemos ha dicho: España es un país seguro. Estoy de acuerdo. A lo mejor en muchas otras cosas no, pero España es un país seguro.


En cuanto a los suicidios, está muy bien que se trate de solucionar este problema. Están preocupadas las asociaciones de la Guardia Civil, pero ellos mismos me han planteado que no están seguros de por qué sucede y que hay que estudiar bien
las causas de por qué pasa para trabajar en ello. En cuanto a la mejora de los medios de protección de las fronteras, estamos totalmente de acuerdo, porque además de proteger nuestras fronteras se protege también el trabajo de los agentes que
prestan servicio en las mismas. En relación con el compromiso con la lucha contra la violencia de género, tenemos que felicitar al Gobierno porque es una de sus principales prioridades.


Por último, Ley de Seguridad Ciudadana. Quiero decir que es buena la negociación, pero también quiero recordar que yo me he reunido con todas las asociaciones de la Guardia Civil y con todos los sindicatos de policía y ninguno me ha pedido
la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, sino realizar pequeños cambios en la misma. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Para terminar el debate, tiene la palabra el señor secretario de Estado, al cual le solicito la máxima brevedad posible.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Nieto Ballesteros): Responderé con la máxima brevedad.


Quiero insistir en mi agradecimiento de corazón -no es una pose- hacia todos los portavoces de los grupos parlamentarios. Creo que no es lo más divertido que podíamos hacer, pero sí es tremendamente útil mantener debates como el que hemos
tenido hoy en la Comisión. Vale la pena destacar aquello que compartimos y no solo lo que nos separa, porque probablemente en lo que compartimos es en lo que somos más útiles al conjunto de la sociedad y, más allá de las legítimas visiones que cada
uno tiene sobre los distintos problemas de la sociedad, en pocas cosas podemos ser más objetivos que en lo que se refiere a la protección, a la seguridad, a atender las demandas más básicas de las personas, que al final son las que se requieren para
tener la libertad que define a un Estado de derecho y tener la solidez para que una democracia sea y se pueda definir como tal.


No quiero entrar en más detalles que los que ya se han dicho, pero sí quiero decirles, en la línea de lo que decía el portavoz del Grupo Popular, que entre 2012 y 2016 se han adquirido 39.500 chalecos tanto para Guardia Civil como para
Policía. Entre 2017 y 2019 se adquirirán cerca de 40.000 chalecos más. En la última década se adquirieron 30.000. ¿Son suficientes? Seguramente no. Cuanto más contribuyamos a que puedan desarrollar su trabajo en mejores condiciones y con más
seguridad los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, mejor, pero se está haciendo -lo estamos haciendo juntos- un gran esfuerzo para conseguir que este país siga siendo un país seguro y, por tanto, libre, una democracia de la Unión Europea
sólida.

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Espero que podamos continuar nuestro contacto en otros foros y de otra manera. Valdrá la pena, y espero que además de diálogo seamos capaces de alcanzar consensos, porque nos van a hacer falta, ya que tenemos una amplia agenda de asuntos
que requieren un acuerdo amplio, positivo y necesario que aquí hoy he tratado de reclamarles y que ustedes han tenido la amabilidad de aceptar.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Quiero dar las gracias al secretario de Estado por su comparecencia y, tanto a él como a todos los portavoces, les agradezco el tono que se ha mantenido en la Comisión.


Levantamos la sesión.


Eran las dos y diez minutos de la tarde.