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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 139, de 06/03/2017
cve: DSCD-12-CO-139
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 139
EDUCACIÓN Y DEPORTE
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª TEÓFILA MARTÍNEZ SAIZ
Sesión núm. 8
celebrada el lunes,
6 de marzo de 2017
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencias. Por acuerdo de la Comisión de Educación y Deporte:
- Del señor secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, FSIE, miembro del Consejo Escolar del Estado (Pueyo Val), para informar en relación con la elaboración de un gran pacto de Estado social y político
por la educación. (Número de expediente 219/000287) ... (Página2)
- Del señor secretario general de la Unión Sindical Obrera-Federación de Enseñanza, FEUSO, miembro del Consejo Escolar del Estado (Amate Cruz), para informar en relación con la elaboración de un gran pacto de Estado social y político por la
educación. (Número de expediente 219/000288) ... (Página16)
- Del señor secretario general de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Titulares de Centros Católicos, FERE-CECA, miembro del Consejo Escolar del Estado (Alvira Duplá), para informar en relación con la elaboración de un gran
pacto de Estado social y político por la educación. (Número de expediente 219/000289) ... (Página28)
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
COMPARECENCIAS. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y DEPORTE:
- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA, FSIE, MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (PUEYO VAL), PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN DE UN GRAN PACTO DE ESTADO SOCIAL Y POLÍTICO
POR LA EDUCACIÓN. (Número de expediente 219/000287).
La señora PRESIDENTA: Buenas tardes.
Va a comenzar la sesión para la que estamos convocados hoy, día 6 de marzo. Como ustedes saben, hay tres comparecencias. La primera de ellas va a correr a cargo de don Jesús Pueyo Val, secretario general de la Federación de Sindicatos
Independientes de la Enseñanza. Dispone de un tiempo máximo de treinta minutos; después, los representantes de los distintos grupos parlamentarios tendrán cinco minutos para plantearle las cuestiones que crean convenientes; y finalmente, tendrá
usted diez minutos para contestar. Si en alguna de las preguntas o cuestiones cree que debería haberse extendido más, estaríamos encantados de que lo hiciera por escrito y nos lo remitiera para poder distribuirlo luego a los distintos
representantes de los grupos, porque según la experiencia de las cuatro primeras sesiones de comparecencia algunas preguntas se quedan sin contestar por falta de tiempo y queremos ir cambiando un poco las fórmulas para que ninguna cuestión se quede
sin contestar.
Muchísimas gracias por su presencia y muchísimas gracias de antemano por acudir a la convocatoria de esta Comisión.
Tiene la palabra don Jesús Pueyo Val.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA, FSIE (Pueyo Val): Señorías, buenas tardes.
Me van a permitir que lea la intervención para ceñirme al tiempo y así tratar de evitar que la presidenta me tenga que llamar la atención por extralimitarme.
En nombre de FSIE, como secretario general de la organización sindical que representa a más del 40% de los profesionales de la enseñanza concertada, con más de 4.000 delegados sindicales en el conjunto del Estado, quiero agradecerles su
amable invitación a comparecer hoy ante ustedes para que podamos aportar nuestra visión sobre un asunto tan importante como es el pacto en materia de educación. Aunque FSIE centra su acción sindical en el ámbito de la enseñanza concertada y
privada, también abarca desde el año 2013 el sector de la atención a las personas con discapacidad, que mucho tiene que ver con el sistema educativo. Por eso quiero que entiendan que aunque durante mi intervención haga especial hincapié en aspectos
concretos relacionados especialmente con lo que se refiere a la educación o a la enseñanza concertada, nuestra implicación es global y total en lo que se refiere a la educación con mayúsculas, porque no podemos ni queremos olvidar que un país, una
sociedad, están muy marcados y condicionados en su futuro por la educación y formación que reciben sus ciudadanos.
Hablar de pacto educativo no es nuevo para FSIE. En 1990 la organización presentaba ante el entonces ya Ministerio de Educación su primera petición solicitando dicho pacto. Han pasado veintisiete años y seguimos con el mismo empeño y con
la misma ilusión, intentando lograr algo que no es imprescindible para el funcionamiento del sistema, pero que sí creemos que es absolutamente necesario para que este funcione mejor. Si les hablo de empeño y de ilusión es para que hagan lo
imposible por mantener su compromiso de alcanzar ese pacto aun si no consiguen acordar sus bases en los seis meses que se han dado de plazo, para que sigan trabajando, para que no abandonen, para que piensen en lo importante y para que recuerden que
hemos depositado nuestra confianza en ustedes. Ya es muy positivo que se haya constituido esta Comisión, pero no se puede quedar aquí, hay que seguir dando pasos para alcanzar un gran número de objetivos y compromisos con el mayor grado de consenso
posible. En FSIE queremos que se alcance el pacto, estamos comprometidos con esta tarea, les animamos a ello y reconocemos su esfuerzo, pero también sabemos que no será fácil, porque requiere de la sintonía y de la búsqueda del engranaje perfecto
entre Estado y comunidades autónomas. Si no partimos de una verdadera implicación de todas las administraciones competentes en la materia educativa el pacto no será viable. Es indudable el protagonismo de los agentes políticos, tal y como expongo,
pero el pacto no puede quedarse en el ámbito político; si se llama de Educación, con mayúsculas, debe contar con la participación y el respaldo de la comunidad educativa y los agentes sociales del sector y, desde el punto de vista de los
profesionales a los que FSIE representa, no puede haber pacto ni reforma educativa que no cuente con su respaldo, compromiso e implicación si buscamos su éxito.
Quiero hablarles de las bases que desde FSIE creemos que debe tener este pacto. Hay un pilar fundamental que debe respetarse y sobre el que debe construirse el mismo, la Constitución, y más en concreto el artículo 27, en el que se establece
el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. La experiencia acumulada, la abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre este artículo es un bagaje que no podemos despreciar, y a propósito del mismo,
tenemos que volver a afrontar para superarla definitivamente la controversia entre enseñanza pública y enseñanza concertada. El pacto debe servir para consolidar definitivamente la asistencia de las redes pública, concertada y privada, y además las
dos primeras, pública y concertada, como integrantes del servicio de interés público que es la educación, han de ser consideradas como complementarias a todos los efectos. La enseñanza concertada no es un problema para el sistema educativo, es una
realidad muy positiva, que emana de un derecho constitucional y que ha aportado durante décadas una excelente formación a millones de ciudadanos de este país, contribuyendo al progreso y mejora de nuestra sociedad. Por eso, de ustedes depende -y
ahora tienen la oportunidad- zanjar este recurrente debate de confrontación que no tiene fundamento objetivo en los hechos y que sirve de cortina de humo en muchos momentos para ocultar los serios problemas que sí lastran nuestro sistema educativo.
Tal y como ratifica el derecho constitucional -y recientemente y de forma muy contundente una sentencia del Tribunal Supremo-, los centros de enseñanza pública y los de enseñanza concertada -en los que, en ambos casos, trabajan excelentes
profesionales- pertenecen a dos redes complementarias, y en ningún caso la segunda es subsidiaria de la primera. El principio de subsidiariedad que algunos han querido aplicar a la enseñanza concertada ha sido declarado ilegal por los tribunales.
Tampoco se respetan los derechos y libertades constitucionales imponiendo una escuela única, eliminando así la pluralidad de centros y la libre elección por parte de los padres de la educación que desean para sus hijos. Por eso, señorías, el pacto,
si realmente quiere serlo, no puede excluir a un sector tan importante y amplio de la sociedad. En este punto, a pesar de tener características distintas, no quisiera olvidar a los centros de enseñanza privada y a los profesionales que trabajan en
ellos, que, sin duda, también realizan una positiva e incuestionable aportación a la mejora de nuestro país.
El pacto debe servir para definir y regular un sistema educativo que permanezca inalterable en sus aspectos fundamentales durante al menos quince años y cuyo funcionamiento pueda ser revisado por los profesionales, que son los que realmente
saben de primera mano lo que se debe cambiar y lo que se debe potenciar. Además, calidad, equidad, igualdad de oportunidades, inclusión o excelencia no pueden ser solo palabras, no pueden convertirse en objetivos incompatibles y excluyentes entre
sí. Es el momento de que se tengan presentes y de trabajar para que se complementen como conceptos esenciales en beneficio de todos.
Señorías, serán ustedes quienes trabajen para definir unas propuestas que deriven en una ley de bases que posteriormente se desarrolle en una nueva ley de educación. Desde FSIE queremos humildemente contribuir a esta empresa resaltando
algunos de los aspectos que consideramos que deberían tenerse en cuenta y que paso a describirles de forma rápida. Habrá que establecer el currículum que afecta a la enseñanza básica y obligatoria, entendiendo por básico aquello que es considerado
lo más importante o de importancia fundamental, y por obligatorio, lo que obliga a su cumplimiento o ejecución. Habrá que determinar claramente las competencias de las distintas administraciones públicas para evitar la excesiva judicialización de
la educación por cuestiones de competencia. Tendremos que establecer mecanismos de evaluación y revisión que permitan diagnosticar la situación y poner solución a los problemas detectados. Solo así podremos saber, por ejemplo, por qué hay
diferencias tan importantes entre comunidades autónomas y podremos adoptar de forma urgente las medidas necesarias para atajarlas, ya sean estas de naturaleza económica, pedagógica o académica.
Es hora de trabajar paralelamente en la ley de la función docente para regular la profesión y la carrera profesional de todos los docentes. Sobre este punto les detallaré algo más nuestra postura a continuación. No podemos olvidar la
financiación para garantizar que la ley y las medidas a implementar puedan ser aplicadas sin problemas. La propia estructura del sistema educativo debe debatirse, y FSIE propone a este respecto establecer la obligatoriedad de la formación -y
fíjense que hablo de formación y no de educación- desde los seis a los dieciocho años, permitiendo, sobre la base de determinadas condiciones establecidas mediante normativa aprobada al efecto, el acceso al mercado laboral a partir de los dieciséis
años compatible con una formación específica. Además, la gratuidad debería abarcar desde los cero a los dieciocho años. Sobre este punto también me extenderé un poquito más a continuación.
El fracaso y el abandono escolar exigen medidas concretas e inmediatas. Se debe actuar en educación infantil y en educación primaria para detectar cuanto antes los problemas y poner remedio a los mismos, evitando que lleguen a secundaria,
cuando ya es muy difícil poner solución. La orientación educativa en estas primeras etapas, así como las figuras de especialistas en psicología o pedagogía en apoyo a la acción de los maestros, ayudaría a reconocer problemas de aprendizaje o
adaptación y permitiría tomar cuanto antes decisiones tempranas para paliarlas. Se debe garantizar la misma dotación de recursos humanos y económicos para todos los alumnos de centros sostenidos con fondos públicos, procurando así que todos tengan
las mismas posibilidades y atenciones en el aprendizaje con independencia del centro que hayan escogido.
En lo que a los profesionales se refiere, les solicitamos que piensen en ellos a la hora de legislar, evitando que los cambios que se introduzcan les ocasionen perjuicios. Señorías, cada reforma, cada nueva ley, cada modificación curricular
se ha traducido en estos años en el sector de la enseñanza concertada y privada en reducciones de jornada laboral, de salarios y, en el peor de los casos, en despidos, y esto hay que evitarlo.
Dado que el tiempo es limitado, les reseño otras cuestiones también importantes a tener en cuenta, como podrían ser la convivencia y el acoso escolar, un problema que hay que abordar sin tardar; la atención a la diversidad y la plena
inclusión, una cuestión que debería comenzar a ser una realidad en los próximos años y para la que el sistema no está preparado en estos momentos; la autonomía de los centros, de la que tanto se habla, pero cuyo concepto nadie define con claridad,
porque nadie define sus objetivos, responsabilidades, funciones, medios, ámbitos sobre los que se aplicará o medidas que se podrían adoptar en función de esa autonomía; la escolarización y el equilibrio entre la programación de la oferta educativa
por parte de las administraciones y el derecho a elegir de los padres. En este punto, la asignación de becas y ayudas a todo el alumnado, en función de sus circunstancias particulares y no teniendo en cuenta la naturaleza del centro de matrícula,
facilitaría una mejor distribución de la población escolar. En cuanto al problema de la natalidad y las ratios, las administraciones deben gestionar este asunto sin que sea excusa para reducir en estos momentos el número de aulas, centros o
profesores. En lo que se refiere a las repeticiones de curso, hay estudios que cuestionan su eficacia y el elevado coste de las mismas. Por lo tanto, urge analizar este asunto y proponer otras medidas que puedan servir al mismo objetivo siendo más
eficaces.
Como les comentaba hace unos momentos, quiero hablarles más extensamente sobre la ley de la función docente. En las reformas del sistema nunca se ha prestado mucha atención a la formación inicial del docente y se ha dedicado poco a analizar
la formación permanente. Aunque la profesionalidad de los docentes, su compromiso, esfuerzo e iniciativa personal han servido para que la situación no sea más difícil, ya es hora de regular la profesión y la carrera profesional. ¿Por qué es
necesaria una ley de la función docente? Nadie discute a estas alturas la necesidad de atraer a los mejores estudiantes universitarios a la profesión; para ello, habrá que hacerla muy atractiva. Se debe elaborar una ley de la función docente que
ha de partir de una premisa muy clara: ser una ley que regule la profesión docente contemplando a todos los profesionales que imparten docencia con independencia del tipo de centro en el que desarrollen su trabajo. El primer borrador de la Lomce
contemplaba la aprobación del estatuto de la función pública docente, y FSIE recogió en poco menos de dos meses -no llegaba a dos- treinta mil firmas solicitando una ley de la función docente para todos los profesionales de la educación.
Finalmente, la Lomce recogió esta demanda que ahora hay que hacer realidad. Aprovechamos esta oportunidad para trasladarles esta solicitud y, entre otras cuestiones, proponemos que en esta ley de la función docente se recojan los siguientes
aspectos. Los requisitos de acceso a la formación inicial, definiendo quiénes y cómo accederán a la formación universitaria, esa formación inicial universitaria que tiene que responder a cómo queremos que sea el profesorado actual y el del futuro,
profundizando sobre todo en los profesores de ESO, Bachillerato y FP. No es lo mismo estudiar para ser químico que estudiar para ser profesor de Química, y esto es una realidad que tendremos que abordar desde la universidad. Hay que hablar de una
formación y preparación previa al ejercicio profesional. Sería importante que existieran al menos dos años de práctica profesional en los centros, retribuidos y tutorizados por docentes especializados y formados específicamente para ello. Tras
esta etapa de prácticas, el docente podría acceder, por las vías establecidas, a un puesto de trabajo en la función pública o en centros privados o concertados. La formación permanente del profesorado debería ser programada y financiada para todos
los profesionales, posibilitando e incentivando la dedicación del profesorado a la innovación e investigación educativa, algo que ahora es harto difícil hacer. La carrera profesional debe establecerse y desarrollarse con independencia del tipo de
centro en el que se trabaje y, por eso, hay que definir los requisitos necesarios para desempeñar las distintas funciones y cargos, así como el sistema de promoción y reconocimientos correspondientes. La profesión necesita el reconocimiento
de la autoridad y la dignificación del docente y esto se extiende a todo docente. Sobre la evaluación del profesorado, quiero decir que es necesaria pero también objetiva, rigurosa, universal y con una finalidad muy clara: la mejora profesional.
Además, creemos que la ley -en el caso de que sea una realidad en algún momento- debería definir también los derechos y deberes de todos los profesionales de la docencia. Finalmente, quiero aclarar que esta ley podría contener el estatuto de la
función pública docente o ser la norma de la que emane este estatuto; un estatuto largamente reivindicado por los compañeros de la función pública y al que, sin duda, tienen derecho como instrumento de mejora de sus condiciones laborales.
Antes también les decía que en FSIE proponemos extender la obligatoriedad de la formación desde los seis a los dieciocho años, permitiendo, sobre la base de determinadas condiciones establecidas mediante normativa aprobada al efecto, el
acceso al mercado laboral a partir de los dieciséis años, compatible con una formación específica que habría que determinar, y además la gratuidad debería abarcar de los cero a los dieciocho años. La extensión de la obligatoriedad de la enseñanza
hasta los dieciséis años introducida por la Logse ha sido beneficiosa, y estamos convencidos de que ampliar la formación hasta los dieciocho años lo sería también. El Parlamento Europeo aprobó no hace mucho una propuesta para atajar el abandono
escolar y planteó crear lo que se denominó desde allí escuelas de segunda oportunidad, así como alargar la educación obligatoria de los dieciséis a los dieciocho años. Estas escuelas darían respuesta a aquellos alumnos que no quieren desarrollar
ninguna formación académica ni laboral y, simplemente, están fuera del sistema. En esta línea, el Consejo Escolar del Estado, en su informe 2015 sobre el curso escolar 2013-14, también propone extender la obligatoriedad de la educación hasta los
dieciocho años, recomendando compatibilizar el carácter obligatorio de las enseñanzas con la actual posibilidad de incorporación al mundo laboral a los dieciséis años, articulando sistemas flexibles que faciliten a partir de esa edad conciliar
empleo y formación. Se potenciarían modelos existentes actualmente, como la FP dual, los contratos para la formación, las enseñanzas a distancia o semipresenciales, además de ofrecer soluciones novedosas, como horarios y calendarios adaptados o
sistemas modulares de contenidos. Para ello, el Consejo Escolar del Estado pedía en este informe una política de Estado y un consenso básico entre las diferentes fuerzas políticas que facilitasen medidas encaminadas a que las próximas generaciones
tengan un futuro mejor.
FSIE, de acuerdo con estos planteamientos, tanto del Parlamento Europeo como del Consejo Escolar del Estado, propone extender la obligatoriedad de la formación hasta los dieciocho años, y hablamos de formación y no de educación en el sentido
académico y reglado de la misma, porque para aquellos alumnos que deciden no seguir estudiando y abandonar el sistema es necesario ofertar y posibilitar su acceso al mercado laboral, pero sin que dejen de formarse como ciudadanos. Una sociedad
responsable como la nuestra no puede desentenderse de aquellos que no quieren seguir dentro del sistema reglado y académico. Debemos trabajar, en primer lugar, para que sean una minoría, pero también para buscarles una alternativa para su formación
personal.
No puedo acabar esta intervención -lo tendrán que entender- sin hacer mención a tres cuestiones esenciales relacionadas y que afectan a la enseñanza concertada. En primer lugar, quiero referirme a los conciertos educativos. Estos se siguen
rigiendo por el Real Decreto 2377/1985. Su modificación, tras veinticinco años de aplicación, se tramitó por vía de urgencia en el Consejo Escolar del Estado en 2010, y a día de hoy desconocemos qué ha pasado con aquel texto. Esta norma debería
ser mejorada y actualizada partiendo de una premisa muy clara, y es que el concierto, por lo menos para nosotros, es el sistema más transparente y completo de control de los fondos públicos asignados a centros privados concertados y ha permitido
además la mejora de las condiciones laborales del profesorado. El concierto -conviene recordarlo nuevamente- no tiene por objeto solo la gratuidad, sino que responde a un derecho constitucional que posibilita la libre elección de centro en igualdad
de condiciones.
En segundo lugar, me gustaría mencionar a la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada y a la Comisión para el análisis del módulo económico del concierto. La mesa, considerada por la LOE como instrumento del sistema educativo y foro de
negociación con el sector, funcionaba con regularidad hasta el año 2011. Desde entonces no ha sido convocada ni una vez y es vital su recuperación para alcanzar acuerdos. Que no se tenga diálogo, debate y negociación en un ámbito como la educación
es muy preocupante. Por otro lado, la Comisión del análisis del módulo del concierto, establecida en la disposición vigesimonovena de la LOE y que estaba constituida por el Ministerio de Educación, las organizaciones
sindicales y patronales del sector de la enseñanza concertada y representantes de las comunidades autónomas designados por la Conferencia Sectorial de Educación, debería acabar sus trabajos, interrumpidos a finales del año 2010, y establecer
definitivamente el coste real del puesto escolar en centros concertados. La comisión tenía previsto, a la vista de los resultados de su análisis, proponer al Ministerio de Educación y a la conferencia sectorial un plan plurianual para alcanzar la
adecuada financiación de los centros concertados en los Presupuestos Generales del Estado y en los presupuestos de las comunidades autónomas. Urge retomar este asunto. El déficit económico de las partidas presupuestarias que componen el módulo del
concierto educativo es histórico y palmario. La financiación actualmente asignada no cubre el coste real del puesto escolar, además de dificultar la gratuidad de la enseñanza y las mejoras laborales de los profesionales.
Por último, es necesario hablar de la recuperación de los recortes sufridos desde 2010, así como de la situación de los docentes y del personal de administración y servicios de los centros concertados. Los profesionales que trabajamos en
los centros concertados hemos sufrido los mismos recortes que los compañeros de la Función pública desde el año 2010. Sin embargo, la recuperación de estas medidas tan perjudiciales no se está haciendo con la misma rapidez y eficacia con la que se
aplicaron en muchas comunidades autónomas. Al profesorado de la enseñanza concertada o no se le están devolviendo las retribuciones recortadas o se le están devolviendo mucho más tarde que a los funcionarios públicos. Para recortar y quitarnos,
estando ya en peores condiciones, somos iguales; para devolver o reconocer nuestros derechos, no. Esto para nosotros es una desconsideración incompatible con el discurso de querer prestigiar y reconocer la profesión docente, porque no hay
profesionales de primera y de segunda.
Además, tal como dije en este mismo foro hace unos años, este Parlamento tiene una deuda con los docentes de la enseñanza concertada desde hace treinta y dos años. Desde 1985, el profesorado en pago delegado tiene reconocido su derecho a la
equiparación salarial con sus homólogos de la Función Pública, y desde entonces este Congreso no ha cumplido con ese compromiso y ha perpetuado, incluso aumentado, las diferencias en las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado. Treinta
y dos años igual les parece a ustedes poco; a nosotros les aseguro que no. La insuficiencia de financiación de los módulos de los conciertos supone un número de profesores por aula sustancialmente inferior al de los centros públicos, un
profesorado que trabaja más horas lectivas percibiendo menos salario, un personal de administración y servicios con salarios bajos porque no hay suficiente partida presupuestaria dedicada en el módulo de concierto o que no podamos tomar medidas en
favor de la jubilación anticipada y la renovación de los profesionales del sector. Que la enseñanza concertada sea barata no es para nosotros la razón que justifica su necesaria existencia; que sea barata es una discriminación y una injusticia.
El FSIE solo pide que se cumpla la ley, que se garantice la gratuidad real del puesto escolar y que se mejoren las condiciones laborales de docentes y no docentes que prestan servicio en estos centros.
Como han podido escuchar, les he puesto encima de la mesa y de forma muy rápida las cuestiones que he intentado transmitirles en esta breve intervención. Para facilitar su conocimiento y reflexión les haré llegar por escrito una
documentación mucho más amplia. Estaré encantado de explicárselo si así me lo requieren. Tengan ustedes claro que FSIE les tiende la mano para trabajar juntos y colaborar en la consecución de un objetivo tan fundamental para todos como es el que
hoy nos ocupa.
Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pueyo, pero como le han sobrado seis minutos, se los añadiremos a los diez minutos de contestación de las cuestiones y así podrá tener más tiempo.
Comenzamos en este momento el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios, que tienen la palabra por cinco minutos. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Olòriz.
El señor OLÒRIZ SERRA: Gracias, señora presidenta.
Nos encontramos con un trabajo inmenso. Si no se ha cumplido en estos últimos treinta años, no creo que haya sido por mala voluntad de los legisladores, sino por la complejidad de hacer un pacto que ha de ser un pacto político -puede que
aquí esté la mayor dificultad-, un pacto territorial, -que no es poco- y un pacto social, al que además tenemos que unir un gran acuerdo con las familias -que, no nos engañemos, son las responsables de la educación de sus hijos- y un acuerdo -en el
que usted ha hecho hincapié hoy y en el que vale la pena profundizar- sobre los centros financiados con fondos públicos. En ese sentido, hay una clara diferencia con lo que el otro día nos ponía encima de la mesa la patronal privada, que también se
quería financiar con fondos públicos por otras vías. Esta es una realidad hoy inexistente. No se financian con fondos públicos.
La LODE fue una ley que intentó suplir las enormes deficiencias que tenía la educación española. Los índices de analfabetismo eran reales y persistentes al empezar los años ochenta -aunque ahora no nos acordemos de ello- y había una
enseñanza pública deficiente y mal repartida, como resultado de una época autoritaria en la cual la enseñanza pública era subsidiaria. Yo, que fui muy crítico con la LODE -serían cosas de juventud-, también entiendo con el paso de los años -no es
que me haya convertido en más conservador o a lo mejor sí en las cosas que hay que conservar y son interesantes de conservar-, que en muchas ocasiones es difícil crear un sistema con vencedores y vencidos, muy difícil sobre todo si perjudicaba al
objetivo principal que era la educación de los niños y las niñas en los años ochenta. En ese sentido se creó una doble red. Parecía un tema provisional que los tribunales han ido convirtiendo -en este país los tribunales son como una tercera
Cámara- en elementos más o menos consolidados. Para un pacto es difícil partir solamente de lo consolidado porque si partimos de lo consolidado ya no hace falta pacto, es decir, si las cosas las dejamos como están, no haría falta pacto. ¿Sería
posible un nuevo gran acuerdo entendiendo que los centros financiados con fondos públicos tendrían que construir un único servicio público de educación, dejando a la privada no financiada como otro sistema? Lo que se financia con fondos públicos es
público, no puede ser de otra manera. En mi opinión, un servicio público lo podría dar un colegio privado concertado, porque en las localidades donde he gobernado como concejal conozco algunos colegios privados concertados que funcionan como
verdaderos servicios públicos pero otros no, también concertados y en la misma ciudad. ¿Podemos llegar a este pacto, con unos requisitos compartidos, que ha de ser la gratuidad? Es decir, no entiendo que pueda haber una escuela pública gratuita y
una escuela de servicio público que se tenga que pagar. Esto rompería el modelo de servicio público de educación. Y pregunto, ¿usted estaría por esta vía?, ¿tiene algunos elementos de discrepancia con ella?
Me ha parecido que diferenciaba gratuidad de libre elección. Le recuerdo que en la escuela pública no hay libre elección, es decir, la libre elección pasa si quieres ir a un concertado. Según qué ciudades puede haber zonificación. Si hay
libre elección del servicio público debe ser para todos, porque en el pueblo donde nací solo hay una escuela pública, luego no pueden escoger, y en la ciudad donde vivo se puede escoger entre muchas escuelas. Además, si se puede escoger entre
muchas, ¿qué criterios de entrada tendría aquella escuela que tiene dos veces más demanda que oferta de plazas? Entraríamos también en un problema grave. Por tanto, pacto para que haya un servicio público de educación, que se pueda implementar con
escuelas públicas o con escuelas concertadas, pero con unos mismos criterios de admisión; por ejemplo, esto está claro cuando hay mucha diversidad, los mismos criterios para unas escuelas y para otras. ¿Por aquí podemos llegar al pacto? Porque si
no, habrá algún perdedor y si hay algún perdedor el pacto no se hará.
Segundo elemento, y con esto termino, la Ley de la Función Docente, me parece bien. Se ha de formar un profesor, este profesor puede ir a la escuela pública, concertada o privada pero ha de ser bueno en cualquier sitio. Por tanto, ha de
partir de unos mismos criterios y conceptos. Me parece bien también la idea de los dos años. Aquí hay una cierta confusión sobre mir o habilitación. Me explico, el mir te reserva por examen unas plazas determinadas en hospitales públicos que tú
puedes pedir. En el caso que nos ocupa serían dos años de prácticas después de tener la capacitación suficiente para hacerlas y, después, la habilitación. A partir de aquí, el Estatuto docente de la enseñanza pública tendrá oposiciones o tendrá
otro tipo de sistema para acceder a otras escuelas pero la habilitación te la darían estas prácticas hechas por profesores adecuados. ¿Prácticas dónde? ¿Solo en institutos públicos? Este es otro elemento, discutámoslo. ¿Qué tipo de tribunales
darían los resultados para asegurar igualdad, mérito y capacidad?
Me quedo aquí porque luego con los diez minutos e incluso la prórroga de seis más no creo que usted pueda contestar a todo lo que mis compañeros y compañeras le preguntarán.
Muchas gracias por su presencia y por ser conciso en un tema tan complejo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Olòriz.
Usted ha consumido tres de esos minutos. (Risas).
El señor OLÒRIZ SERRA: Soy insaciable. (Risas).
Esto de ser profesor es un desastre porque los alumnos como no te cortan... Es un problema.
La señora PRESIDENTA: No pasa nada.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Martín.
La señora MARTÍN LLAGUNO: Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Pueyo, por esta intervención que me ha parecido brillante y muy clarificadora en muchos de los puntos que creo que al final se van a convertir en los ejes de la subcomisión porque ha dado las pistas clave de cuáles son
las cuestiones nucleares que debemos resolver o por lo menos tratar de resolver en este pacto social y político por la educación.
Sin que sirva de precedente, coincidimos en algunos de los puntos que ha expuesto mi compañero de Esquerra Republicana (El señor Olòriz Serra: No pasa nada) porque es cierto que nosotros... (El señor secretario general de la Federación de
Sindicatos Independientes de Enseñanza, FSIE, miembro del Consejo Escolar del Estado, Pueyo Val: Me voy a ir muy contento de aquí si siguen coincidiendo) sí entendemos que la educación es un servicio de interés público que se puede ofertar desde
una red pública, una red concertada y una red privada. También es cierto que tanto la red pública como la red concertada son, al fin y al cabo, servicios públicos que se tienen que ofertar a la educación. Por tanto, para nosotros es importante que
clarifiquemos algunos criterios que usted ha puesto sobre la mesa, entre otros, el coste por puesto escolar porque aclararía muchas cuestiones sobre la financiación. No es posible hablar de una nueva financiación de la red concertada y de la red
pública si no tenemos claro cuál es el coste que cada puesto escolar supone para el Estado. Esto nos daría pistas de qué criterios debemos utilizar para poner encima de la mesa a nivel nacional y autonómico el compromiso para la financiación.
¿Debemos seguir hablando de un porcentaje del PIB o debemos hablar de una inversión relacionada con el coste que supone la educación en sí? Es una pregunta que lanzo y que usted, más o menos, ha indicado al hablar de la necesidad de poner en marcha
otra vez esa mesa sectorial y esa mesa de estudio en la que coincidimos en que es urgente trabajar en ello. Por eso me gustaría que hiciera una valoración sobre la financiación, si cree que estas soflamas que lanzamos constantemente sobre el
porcentaje del PIB son la vía adecuada para garantizar la sostenibilidad del sistema.
Ha hablado usted de la Ley de la Función Docente y por las pistas que ha dado creo que coincide bastante con el planteamiento de mi grupo político en torno al mir educativo. Nosotros planteamos algo semejante: unos requisitos específicos
de acceso para la formación inicial -que tendremos que revalorar en estos momentos con relación al acceso a la universidad-, unos años de práctica una vez hecho un acceso que nosotros consideramos que debe ser común al conjunto del Estado e
identificados centros formativos de excelencia acreditados tanto por el Estado como por las comunidades autónomas para que la gente pueda hacer las prácticas (que deben ser remuneradas), y luego, un sistema de acreditación que tendríamos que
discutir cómo lo hacemos, si como se ha hecho para la universidad o de otra manera diferente, que permitiera a la gente que está formada en enseñanza en cualquiera de los niveles, el acceso bien a la función pública bien a la privada para dar clase.
Por tanto quisiera saber si a ustedes les parecería correcta esta acreditación previa también para tener acceso a los centros concertados, si creen que sería una alternativa válida para la escuela concertada.
También me ha gustado mucho el planteamiento que ha hecho de las escuelas de segunda oportunidad y de la obligatoriedad de la formación hasta los 18 años. Quisiera que profundizara un poco más, si puede, en este planteamiento y en cómo
deberíamos articular esta alternativa tanto en connivencia con la educación formal como con otro tipo de educación no tan formal, y estoy pensando en alternativas que ya se están poniendo en marcha en la universidad como los MOOC, la educación a
distancia, etcétera. Sé que ustedes tienen hecho un planteamiento más desarrollado y me gustaría que si puede nos explicara un poco más cómo plantean esta opción con la que nosotros también coincidimos.
También le agradezco todo el diagnóstico que ha hecho, y esperemos que seamos capaces de llegar a un acuerdo. Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos el compromiso está al cien por cien.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martín.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Sánchez Serna.
El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, señora presidenta.
Quiero agradecer también, como el resto de mis compañeros, al señor Pueyo su intervención, que ha sido escueta pero muy interesante y clarificadora de las posiciones que desde la concertada se aportan para este debate del pacto educativo.
En esta intervención, espero que breve, me gustaría entrar un poco en el fondo político y también ideológico de la llamada libertad de enseñanza, la de los padres a elegir centro. Es verdad que el artículo 27
de la Constitución se redactó en su día diciendo que todos tienen derecho a la educación. Y después de un punto, no de una conjunción ni de una coma, se decía que se reconoce la libertad de enseñanza, pero en ningún sitio se dice que esta
libertad de enseñanza signifique o sea lo mismo que la libertad de elección de centro, ni mucho menos que sea necesaria la existencia de tres redes de enseñanza: la pública, la concertada y la privada. Yo creo que esta ha sido la disputa política
que hemos tenido en torno a la educación, como toda disputa política va a permanecer abierta y entendemos que no la puede cerrar esta subcomisión. En cualquier caso, creo que no le descubro nada si le digo que nuestra apuesta es por una escuela
pública y que creemos que es la red pública la que ha de garantizar la enseñanza universal, gratuita, de calidad y en condiciones de equidad. Ese es nuestro modelo; no obstante, sabemos que la libertad de elección de centro es una cuestión
controvertida y de permanente actualidad desde hace algunas décadas y que este es uno de los ámbitos en donde se manifiesta de manera crucial el debate político que siempre se da entre la igualdad y la libertad y las diferencias políticas implicadas
en este debate, que son al fin y al cabo las distintas maneras de entender las relaciones sociales o las formas de organizar una determinada comunidad política.
Por supuesto que la existencia de tres tipos de redes de escolarización ya responde a una manera determinada de entender qué es la libertad de enseñanza. No hay que olvidar que la red concertada surgió en los años ochenta como una red
subsidiaria pública para responder a las demandas específicas de ese momento y que nació por tanto con un carácter transitorio. Sin embargo, el mapa de los centros escolares y de su titularidad con que nos encontramos a día de hoy es bien
diferente, y esto es así en parte porque el debate acerca de la libertad de elección es un debate de naturaleza ideológica por mucho que se intente olvidar o desplazar y porque desde algunos sectores, tomando como consideración el mercado, se
confunde la libertad de elección con una libertad más de consumidor. Pero, además, es que no es lo mismo la libertad de elección que la libertad de oferta. Es decir puede haber una amplia oferta distinta entre sí y que la posibilidad de elegir un
centro u otro no sea igual para todas las familias. Para que haya libertad de elección tendría que haber también igual probabilidad de elección y creemos que no la hay, si no, ¿cómo se explica que el 78% del alumnado migrante esté escolarizado en
la red pública y no, por ejemplo, en la concertada?
No es que nosotros no queramos que la gente elija, es que nos preocupan la cohesión y la justicia social. Una cosa es reconocer una libertad y otra muy distinta las condiciones en las que esa libertad puede ser ejercida, porque ahora mismo
la libertad de elección real no es de las familias, es más bien de los centros concertados. Y a nuestro juicio la libertad de elección no puede ni debe ser solo de los centros, algo que está ocurriendo cuando los centros privados y concertados
seleccionan a sus alumnos y cuando la gran mayoría de los estudiantes con necesidades educativas están escolarizados en centros públicos. Eso, por no mencionar -sé que no es el ámbito- que los colegios privados de élite invitan a algunas familias a
cambiar a sus hijos de centro porque bajan el rendimiento escolar general del centro. Estas son las cuestiones reales de cómo se entiende y cómo se ejerce la libertad de elección en nuestro país a día de hoy.
Por otro lado, en lo que se refiere a la existencia de tres tipos de redes (pública, privada y concertada), nos gustaría saber cuál creen desde su sindicato que debería ser el modelo de financiación y si estos tres modelos son compatibles
con el artículo 27 de la Constitución, que dice también que la educación ha de ser obligatoria en sus niveles fundamentales. Nos venimos encontrando con que en algunas comunidades autónomas, como es el caso de la Comunidad de Madrid, en la etapa de
0 a 3 años en que no es obligatoria y no está subvencionada por el Estado, las familias reciben lo que se llama 'cheque guardería' para que puedan hacerse cargo de los gastos que supone escolarizar a sus hijos. ¿Es esto compatible con el modelo de
financiación que proponen ustedes?
Por otra parte, decía usted en su intervención que el concierto debe garantizar la gratuidad de los estudios. En este sentido le preguntamos qué le parecen noticias como ésta (Muestra a la Mesa una página de periódico) publicada en EL PAÍS,
que dice que más del 90% de las escuelas concertadas obligan a las familias al pago de cuotas. Y otra cuestión muy relacionada es el tema de la religión católica. Gran parte de los colegios concertados y privados son de titularidad religiosa.
Cuál cree que debe ser el papel de la religión en la escuela en los diferentes tipos de redes: pública, privada y concertada, y si cree que debería tener el mismo lugar en los concertados y privados que en los públicos o, incluso, en los
concertados, relacionándolos no solo con la confesionalidad o no de la educación sino también con la financiación de la misma.
Y acabo con una última cuestión. Quisiera saber qué opinión le merecería que la elección y acceso del profesorado en los centros concertados estuviera regulada por pruebas de acceso como son los concursos-oposición para el resto de los
docentes, o por un posible mir educativo que asegurara también la adecuada formación del profesorado en los centros concertados.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sánchez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Cruz.
El señor CRUZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, presidenta.
Muchas gracias, señor Pueyo, por su intervención. La verdad es que los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, como suele ocurrir, han ido planteando las cosas que yo quería preguntar, especialmente mi compañero Javier
Sánchez Serna, al apuntar la cuestión del concierto y del sentido de los conciertos. En todo caso intentaré no repetir y así podré ser más breve.
Yo celebro el acuerdo en el acuerdo. O sea, celebro su planteamiento, su énfasis en la necesidad del pacto educativo; celebro cómo lo ha planteado, que es como últimamente también aquí lo planteamos: un pacto político, social y
territorial -me parece que este triple énfasis es particularmente importante-, y celebro la idea de una ley de bases que ponga orden, por así decirlo, en los distintos estratos legislativos que todavía hoy coexisten en nuestro país.
Hay un asunto que me parece importante resaltar, y que usted ha comentado de pasada, porque en muchas ocasiones cuando se habla de la concertada se hace de una manera un poco sumaria y homogeneizando algo que es heterogéneo, y lo es no
solamente porque, como usted sabe, el peso de la concertada es desigual -incluso muy desigual- en diferentes comunidades autónomas, sino también porque la naturaleza de las concertadas es muy distinta. Usted ha hecho referencia -y me ha parecido
muy oportuno- a los centros que trabajan en discapacidad y también podía haber hecho referencia perfectamente a las cooperativas. Son centros muy heterogéneos y a veces puede haber una tendencia a hablar de la concertada como una especie de privada
bis, si me permite la simplificación, que creo que no ayuda a plantear bien el debate. En todo caso, es cierto que hay un problema al que usted ha hecho referencia: ha insistido mucho en la idea de que la red pública y la red concertada han de ser
redes complementarias y que ninguna sea subsidiaria de la otra. Efectivamente, aquí está la clave del asunto, aquí está el debate político, porque hay comunidades autónomas en las que se está convirtiendo, de facto, a la pública en subsidiaria de
la concertada. Cuando en alguna comunidad se proporciona a centros suelo público para que ahí se edifiquen colegios concertados, se está convirtiendo a la concertada en subsidiaria de la pública.
Usted ha mencionado -creo que ha hecho bien en hacerlo- los conciertos que arrancan del año 1985. Es verdad, pero no es menos cierto que en aquel momento se hizo un diseño de la relación entre pública y concertada que tampoco es el caso.
Como se ha recordado aquí, los conciertos surgen precisamente con la idea de complementar aquello que la pública no podía cubrir en aquel momento. Una cosa que le pregunto es si tiene sentido mantener exactamente ese diseño si la pública,
afortunadamente, en muchas comunidades autónomas, en muchos territorios ya tiene mucha más presencia y, por tanto, quizá podría variar. En todo caso, hay algo que me parece importante. Usted ha insistido mucho -me parece absolutamente correcto- en
que el sentido de la existencia de la concertada nace, por así decirlo, de un derecho constitucional que es la libertad de los centros y le quería preguntar en qué medida esa libertad de los centros da lugar, genera o potencia un cierto tipo de
diseño de propuesta educativa y en qué medida esa propuesta educativa va a tener unos problemas distintos a los que tiene la propuesta educativa de un centro público. Me explico: la libertad de los centros, de alguna manera -es cierto lo que se ha
dicho de que la libertad de los centros, perdón por la obviedad, no es para todo el mundo libertad porque el que no está en condiciones de ir a la concertada no tiene libertad, la libertad la tiene el que dispone de los medios, aunque es una
obviedad en la que no quiero insistir-, se basa en la idea de ofrecer un producto educativo diferenciado no solamente de la pública sino de otras concertadas, de las privadas, etcétera. Entonces, para la idea de la libertad de los centros es
fundamental la cuestión de la autonomía; es absolutamente fundamental que un colegio o una escuela concertada puedan ofrecer algo que no ofrecen otras escuelas, concertadas, públicas o privadas. Ahí entran dos cuestiones: una, cómo plantean
ustedes la evaluación de esa autonomía, cómo la piensan, qué instancias y de qué manera se ha de llevar a cabo esa evaluación de la autonomía que, insisto, entiendo que es condición de posibilidad de la libertad y, por otro lado, la libertad de
elección por parte de las familias concede desde el mismo
planteamiento un enorme protagonismo a las familias y a los padres, ¿en qué medida condiciona eso los proyectos docentes? Por ejemplo, puede darse el caso de que las familias puedan ser reticentes hacia determinadas propuestas de innovación
y ahí hay un conflicto entre lo que los profesionales entienden que es la innovación necesaria y aquello que las familias, con la mejor buena fe, por supuesto, consideran que es lo más necesario. Quiero decir que no hay nada más atractivo para una
familia normal y corriente que un centro que ofrezca mucha tecnología y muchos idiomas, pero para un profesional de la enseñanza eso no es la panacea y, en todo caso, no hace pasar por ahí ni la innovación ni la excelencia educativa. Se puede
producir un conflicto y quería preguntarle, cuando se da, cómo creen que se puede resolver.
Por último, abundo en la pregunta que le ha hecho la portavoz de Ciudadanos respecto a mi interés en esa idea de la formación, no educación, para aquellos que a los dieciséis abandonaran el sistema reglado y siguieran con algún tipo de
formación. Me ha parecido oír por ahí la expresión educación para la ciudadanía en medio del argumento y me gustaría saber exactamente en qué consistirían esos dos años de formación, no necesariamente educación.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Cruz.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Alonso Díaz-Guerra.
El señor ALONSO DÍAZ-GUERRA: Gracias, presidenta.
En primer lugar, quisiera agradecer su presencia, señor Pueyo, y especialmente su intervención, basada en un profundo conocimiento del sistema educativo, donde ha analizado fortalezas, debilidades y retos a conseguir. Sobre todo quisiera
enfatizar -lo han hecho algunos de los portavoces en su intervención anterior- en el talante conciliador y constructivo de sus propuestas; es de agradecer. Con su intervención continuamos completando el análisis de nuestra realidad educativa,
sumándose usted al resto de comparecencias, todas de gran utilidad pues la mayoría nos han mostrado el camino que debemos recorrer juntos para la consecución del tan necesario pacto educativo. También hemos tenido algunas manifestaciones o
intervenciones vamos a dejarlo en poco afortunadas pero que también sin duda nos han alertado de los miedos, dificultades y perjuicios que debemos superar al recorrer ese camino, ese difícil y apasionante camino.
De su intervención me gustaría destacar lo acertado, y además preceptivo, de que el pacto emane del artículo 27 de nuestra Carta Magna. Igualmente, coincidimos con usted en la trascendencia de la libertad de enseñanza, una libertad -no me
gustaría poner freno a la palabra libertad- lo más amplia posible, libertad real para todos que conlleve una libertad de cátedra, una libertad a la hora de elaborar proyectos educativos y una libertad, por supuesto, a la hora de elección de centro.
Como bien sabe usted, el debate principal parece que se ha centrado en que el sistema educativo español contempla una educación sostenida con fondos privados y otro tipo de educación, el sistema educativo, la red de centros que garantiza el servicio
público educativo principalmente, que son los centros sostenidos con fondos públicos y que pueden ser de titularidad privada -y serían concertados- y de titularidad pública. Al final, entre ambos están garantizando una red educativa suficiente y,
algo que creo que es importante también, plural. Yo vengo de una comunidad autónoma donde esa pluralidad es menor que en otras. ¿Nos gustaría llegar a cuantos sitios mejo? Seguramente, pues creo que cuanta más pluralidad más se enriquece al
sistema educativo.
Desde el Partido Popular apostamos por ese servicio educativo de calidad, sin apellidos, que por supuesto tenga en cuenta la opinión de los docentes, de los alumnos y de sus familias. Por tanto, me gustaría que nos contestara si son verdad
ciertas afirmaciones o si usted tiene la percepción, como se ha trasladado aquí, de que con la Lomce o sin ella es cierto que actualmente la enseñanza pública es subsidiaria de la enseñanza concertada. Yo no tengo ese concepto. Como bien ha dicho
el portavoz de Esquerra Republicana, no me gustaría el término subsidiario para ponerlo por encima ni por debajo de nadie. La palabra que usted ha utilizado de 'complementarias', que trabajen juntas en un bien común, en el mismo fin, me parece
mucho más acertada.
Quiero hacer una reflexión en relación con la libertad de elección de centro. No existe esa libertad, ya que en muchas localidades pequeñas -yo soy docente en una de ellas- solamente hay un centro educativo. El sistema educativo no tiene
los recursos necesarios. Mis alumnos, por ejemplo, cuando tienen que dar el salto al instituto no pueden elegir ninguno porque a los alumnos se les adscribe directamente a un instituto público, aunque también existe un centro concertado que imparte
la enseñanza secundaria obligatoria, pero las familias no pueden sufragar el transporte. También es cierto que hay familias de bajos recursos que determinan la escolaridad de sus hijos teniendo en cuenta que si van a un centro público pueden
obtener una beca de comedor escolar y si van a uno concertado no. Por tanto, lo
que se ha apuntado aquí es verdad, tenemos que caminar para que esa libertad de elección sea real en el amplio sentido de la palabra.
Quiero poner énfasis en los docentes. Sinceramente, ¿considera que los docentes de la enseñanza concertada tienen la posibilidad de contar con más recursos materiales y humanos? ¿Tienen una ratio más baja que el resto? ¿Tienen mejores
condiciones laborales para que se les puedan atribuir ciertas afirmaciones que se han hecho aquí? Coincido con su planteamiento de que entre todos tenemos que conseguir un servicio y una educación de calidad en todos los centros, que podamos
disponer de los medios materiales y que todos los centros tengan las mismas posibilidades.
Para finalizar -se me agota el tiempo-, como representante de la organización mayoritaria del profesorado de la enseñanza privada concertada, quiero manifestar que la enseñanza concertada cuenta con más de doscientos mil docentes, uno de
cada tres del sistema educativo nacional, y me gustaría conocer su opinión sobre lo siguiente. Si no se tiene en cuenta a uno de cada tres docentes -no estoy hablando de familias, sino de docentes- para conseguir un pacto educativo, si queremos
realmente ese pacto social, ¿se les puede dejar fuera del planteamiento, que me parece muy interesante, de este pacto educativo o de la Ley de la función docente?
Por último, quisiera saber dos cosas. En primer lugar, cómo podemos conseguir al docente mejor formado y sobre todo al más motivado para alcanzar esa premisa de la excelencia educativa. Y en segundo lugar, ¿considera positivo el
reconocimiento de la autoridad del profesorado, como hizo el Gobierno de Castilla-La Mancha en el año 2012, para mejorar la convivencia escolar en las aulas?
Tengo muchísimas más cosas que comentarle. Muchas gracias por su intervención.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alonso Díaz-Guerra.
Para contestar a las cuestiones planteadas, tiene la palabra el señor Pueyo Val.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA, FSIE, MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (Pueyo Val): Les agradezco sus intervenciones. Me han planteado muchas cuestiones y voy a intentar
contestar a todas; en cualquier caso, me comprometo a quedar con ustedes en otro momento para que podamos seguir dialogando sobre este tema tan apasionante.
Al señor Olòriz, de Esquerra, quiero decirle en relación con la manifestación de que la doble red fue provisional y que los tribunales lo han ido convirtiendo en un elemento consolidado que si los tribunales han hecho eso es porque estaba
consolidado desde el principio, porque los tribunales no se lo inventan. Puedo reconocerle que durante un tiempo ha habido una interpretación, pero se ha aclarado definitivamente por los tribunales, por lo que cuando nace la red concertada no lo
hace con la intención de ser subsidiaria ni de completar allá donde no llega la enseñanza pública. Arranca del artículo 27, que es un mandato constitucional a los poderes públicos para que garanticen que los padres puedan elegir el tipo de
educación que quieren para sus hijos y además deben garantizar que pueden acceder a otro tipo de centros que no sean de titularidad pública. Este es, en síntesis, el mandato del artículo 27 de la Constitución.
Ha planteado un tema muy interesante: un único servicio público de educación. El servicio de la educación es de interés público -en eso coincidimos plenamente-, pero la existencia de centros públicos puede ser perfectamente compatible con
centros de iniciativa social privada que estén financiados con fondos públicos, porque permítame que le diga que todo lo que se financia con fondos públicos no es público. Hay muchas cosas que se financian, que se subvencionan con fondos públicos,
pero son de carácter privado o de iniciativa social en muchos casos.
Coincidimos -me parece bien y además lo he dicho yo- en lo siguiente. La norma por la que se rigen los conciertos educativos data de 1985 y la experiencia que hemos acumulado por los problemas que han ido surgiendo durante estos años exige
una actualización y una reforma de esa norma. Se pueden volver a retomar los requisitos que tienen que tener los centros para acceder a esos conciertos y se pueden debatir muchas cosas que contiene esa norma. Nosotros estamos dispuestos; de
hecho, lo hicimos. Ya le digo que en 2010, con el ministro Gabilondo, esa norma se informó con carácter de urgencia en el Consejo Escolar del Estado y se hizo un informe y un dictamen tanto en el Consejo Escolar del Estado como en el Consejo de
Estado, pero nunca salió publicada en el boletín. Ya es hora de que volvamos a retomarlo y debatamos a quién se le debe exigir y cuáles son los derechos y las obligaciones de unos y de otros, de la Administración que financia y de los centros que
imparten esa educación. Estamos abiertos a ese debate; de hecho, lo hemos pedido en muchas ocasiones porque la norma se puede mejorar. Con la experiencia que hemos ido acumulando durante más de veinticinco años se puede mejorar.
En cuanto a los criterios de escolarización y admisión de los alumnos, una cuestión que también ha planteado usted, los procesos de admisión en los centros concertados son exactamente los mismos que en los centros públicos, exactamente los
mismos, y están controlados por la Inspección Educativa de la Administración educativa. Si no se cumplen, se denuncia, pero se aplican exactamente los mismos baremos, las mismas normas en todos los centros sostenidos con fondos públicos.
Ha salido un tema recurrente para nosotros: los inmigrantes. Pues bien, yo le voy a hablar desde el punto de vista de los profesionales de la enseñanza concertada porque es una cuestión que nos duele. Nos duele porque parece que se acusa
a los profesionales de la enseñanza concertada de no querer alumnos inmigrantes en nuestras aulas y no es cierto. No es cierto. Nosotros trabajamos con los alumnos que eligen nuestros centros. Es verdad que puede haber familias que tengan
dificultades para elegir los centros concertados. Efectivamente, claro que tienen dificultades y le voy a dar una razón: no les llegan las becas, no les llegan las ayudas ni para el comedor ni para el transporte ni para las actividades
extraescolares ni para la compra de libros, y ese es un hándicap muy importante para muchas familias, no poder elegir. Incluso la zonificación de la escolarización, fíjese lo que le digo. Pero ya no es un problema solo de la concertada, sino de la
concertada y de la pública. La zonificación en algunos sitios provoca lo que se denominan -permítame que entrecomille la expresión porque no es muy afortunada- guetos, porque al zonificar y estrechar tanto las zonas de escolarización estamos
consiguiendo lo siguiente. Usted sabe que cuando los inmigrantes llegan a una ciudad tienden a agruparse en una zona, lógicamente. Entonces, si en la escolarización les obligamos a no salirse de esa zona, evidentemente, no puede haber una
distribución y ese es un problema que afecta a la pública y a la concertada. Le puedo asegurar que hay muchas familias que si tuvieran esas ayudas y esas becas optarían por escoger un centro concertado y nosotros estaríamos encantados. Cuanta más
demanda tengamos más encantados estaremos.
En cuanto a la Ley de la función docente, se habrá dado cuenta de que yo no he hablado exactamente del MIR, como plantea doña Marta, de Ciudadanos. Hablamos de prácticas tutorizadas y retribuidas, fundamentalmente tutorizadas por
profesionales formados específicamente para esa labor. Muchas veces en el sistema educativo tendemos a introducir innovaciones sin tener al profesorado formado; hemos introducido las TIC o el bilingüismo pero nos hemos dado cuenta de que no
teníamos profesorado en condiciones como para poder hacerlo con calidad. Si coincidimos ahora en que habrá que tutorizar a estos futuros profesionales, primero habrá que pensar que tendremos que formar profesionales en activo que tutoricen a estos
nuevos profesionales. Hagamos primero la formación y luego empecemos a escogerlo. ¿Qué tipo de centros? Todos aquellos que la Administración quiera autorizar. En estos momentos las prácticas se realizan con normalidad en centros públicos y
centros concertados; eso sí, con la voluntad del profesorado, que acepta voluntariamente tener un alumno en prácticas, lo acoge en su aula y, buenamente y como puede, lo acompaña en ese proceso de prácticas con la mejor de las voluntades. Si
queremos profesionalizar ese sistema, habrá que cambiarlo pero, repito, que si hay profesorado preparado para ello, yo entiendo que cualquier centro puede optar a formar a este tipo de profesionales.
Paso a referirme a doña Marta. A nosotros tampoco nos parece que fijar un porcentaje del PIB sea una solución. Cuando decimos que vamos a invertir el 6% del PIB, este es un valor cambiante; el 6% del PIB puede ser una cantidad este año y
dentro de tres haber bajado o haber subido. A nosotros nos parece mucho más real decir: vamos a implantar estas medidas, dígase cuánto van a costar; finánciese, plantéese, apruébese una ley de financiación para esas medidas que además las proteja
de cualquier circunstancia adversa que pudiera venir. Es decir, que no se puedan hacer recortes en un momento determinado por muy mal dadas que nos puedan venir. Nos parece mucho más interesante decir que vamos a aplicar esto y nos va a costar
tanto. Unas veces será más y otras veces será menos, lo del PIB es un valor relativo que no nos dice mucho más allá. En cuanto a la Ley de la función docente -llamándolo MIR o llamándolo prácticas tutorizadas-, yo creo que coincidimos en la
finalidad de ese proceso, es decir, unas prácticas que al final de ese proceso permitirán que ese docente, si ha superado esas prácticas, tenga su acceso a la función pública o a la enseñanza privada y concertada en función de los mecanismos que se
hayan establecido. Obviamente, estamos de acuerdo en que esa acreditación tiene que ser igual para todos los docentes, que ese paso lo tienen que hacer todos los docentes igual. Me gustaría darle más detalle en el tema de la formación a los
dieciocho años, pero nosotros no hemos entrado mucho al detalle en el desarrollo de esta idea porque queremos saber primero si interesa o no interesa, así de claro se lo digo. Nosotros creemos que es interesante. Hay resoluciones del Parlamento
Europeo y del Consejo Escolar del Estado que avalan que sería bueno extender la formación hasta los dieciocho años. Lo que sí sabemos es que en estos últimos años hemos tenido en este país una experiencia que a nosotros nos ha generado
esta reflexión. Hace unos años tuvimos alumnos que con dieciséis años -cuando había empleo y había ofertas tentadoras para estos jóvenes- abandonaban el sistema y se ponían a trabajar. ¿Qué ha ocurrido con estos jóvenes cuando ha llegado
la crisis? Que con veinte o veintiún años han tenido que volver a las aulas de formación profesional desde el desempleo. Ha llegado la crisis, se les ha despedido de los sitios en donde estaban y se han encontrado sin formación, sin preparación y
han tenido que volver a aulas generalmente de formación profesional para intentar adquirir esa formación que les permita otra vez reengancharse en el mercado laboral. No podemos dejar que estos jóvenes de dieciséis años se desenganchen
completamente del sistema y que no tengan esas aspiraciones o esas posibilidades de, cuando ya tienen veinte o veintiún años, poderse reenganchar, mejorar su cualificación y poder aspirar a una mejora laboral. Todos ustedes saben que las
previsiones son que en pocos años solo el 15% de los puestos de trabajo serán de personal no cualificado, al resto se le va a exigir una cualificación. No podemos dejar que la gente se vaya a los dieciséis años sin más.
Si realmente pensamos que a los dieciséis años uno está formado como ciudadano -de ahí venía la Educación para la Ciudadanía-, habrá que darle los derechos de adulto. Si realmente pensamos que a los dieciséis años se les puede dejar y
desentendernos de la formación de esos jóvenes, habrá que darles esos derechos. Nosotros no compartimos esa visión, evidentemente. Por eso nos gusta la idea de extender ese tipo de formación que les ayude a afrontar una vida en sociedad, sin más,
que la puedan compatibilizar con su trabajo laboral y que puedan desarrollarse como personas.
Señor Sánchez, evidentemente no coincidimos en muchas cosas, pero estamos abiertos al diálogo y seguro que en alguna ocasión podremos encontrar puntos de acuerdo en alguna de las cuestiones que nos plantean. Habla de la libertad de elección
de centro. Yo le vuelvo a insistir que es un mandato constitucional. Es decir, los padres tienen derecho a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, y les puede gustar un centro publico, uno concertado -dentro de los públicos y de
los concertados hay diferentes ofertas educativas- o uno privado, que siempre estará ahí. En cuanto al hecho de que desde las administraciones públicas se apueste por la enseñanza pública, lo único que nosotros planteamos ahí es que no queremos que
se haga en confrontación con la enseñanza concertada. Es decir, usted nunca nos oirá a nosotros ninguna idea que vaya en confrontación con la enseñanza pública, en absoluto. Estamos absolutamente interesados en que este país tenga una enseñanza
pública fuerte y de calidad, porque a todos nos interesa tener una enseñanza pública fuerte y de calidad, pero no a costa de la enseñanza concertada. Es decir, que desde las administraciones se tomen todas las medidas que consideren necesarias para
mejorar la enseñanza pública, pero que cumplan con las obligaciones que tienen contraías con la enseñanza concertada; eso es lo que estamos pidiendo. Desde nuestro punto de vista, se ha mejorado mucho la enseñanza pública en estos últimos años,
pero no se ha cumplido con la concertada. Ahí tenemos una visión completamente distinta a la de algunos intervinientes, que han considerado que la enseñanza pública incluso ha podido ser considerada subsidiaria de la enseñanza concertada;
evidentemente, yo no comparto ese análisis.
En cuanto al tema de los inmigrantes, ya le he explicado que este tipo de familias, con estas dificultades socioeconómicas, podrían acceder más a una enseñanza concertada si tuvieran esas ayudas que les permitieran superar esos retos
económicos. Los centros concertados no son los que seleccionan el alumnado, ya le he dicho que el proceso de escolarización es exactamente el mismo en la enseñanza pública y en la concertada, y en el caso de que hubiera irregularidades, la
Inspección Educativa es la que interviene y atiende las posibles denuncias o irregularidades que se pudieran cometer. Por tanto, no seleccionan los centros concertados el tipo de alumnado. El modelo de financiación por el que nosotros nos
decantamos es el concierto. Ya he dicho que a nosotros nos parece el modelo más transparente, el más controlable por parte de la Administración educativa para que los fondos públicos asignados lleguen al fin que deben. Sería un modelo aplicable
desde los tres a los dieciocho años. En el caso de los cero a tres, nos parece suficiente lo que ya está previsto en la propia ley y que ahora se pudieran firmar convenios o conciertos en este tramo.
Ha hablado usted de las cuotas voluntarias y obligatorias. No hay cuotas obligatorias porque son ilegales; si las hay, se deben denunciar y, por tanto, en ese momento la Administración educativa tiene que intervenir y, si verdaderamente se
ha incumplido el concierto educativo, proponer la sanción que le corresponda a ese centro. Sí que existen cuotas voluntarias, eso es innegable, no creo que a estas alturas nadie niegue que en los centros se les pide de forma voluntaria a las
familias que colaboren con esa cuota voluntaria. ¿Nos gusta? No. ¿Cuándo se acabaría? Cuando la Administración ponga la financiación adecuada para que el coste del puesto escolar sea completamente gratuito. En ese momento sería tan
sencillo como que también quedaría prohibido el tema de las cuotas voluntarias que, repito, son legales; las cuotas voluntarias son legales por sentencia del tribunal. De esta forma se acabaría el problema y de verdad que nosotros
apostamos por ello; no nos parece razonable que las familias tengan que abonar en los tramos de enseñaza obligatoria, que debe ser gratuita. Si lo hacen, es por la insuficiencia del módulo económico. Nadie que ha gestionado la educación, sea del
partido que sea, ha dicho que en el modelo económico sobra dinero o que es suficiente. Repito, cualquier partido que ha gestionado en su ámbito territorial la educación sabe perfectamente que el módulo del concierto es insuficiente. Ni más ni
menos, habrá que poner lo que justamente le corresponda para que la enseñanza sea gratuita.
En cuanto al tema de la religión, el artículo 27 de la Constitución establece que los poderes públicos tienen que garantizar que los padres puedan elegir el tipo de formación religiosa y moral que consideren más adecuada para sus hijos.
Evidentemente, la religión para nosotros no es uno de los graves problemas del sistema educativo, no tiene nada que ver con el fracaso y el abandono escolar. Nosotros pensamos que la religión no tiene nada que ver con esos temas, pero sí se debe
respetar el derecho que tienen los padres a elegir ese tipo de formación. La fórmula establecida de que sea de oferta obligatoria en los centros y de libre aceptación por las familias que quieran, a nosotros nos parece la válida y la correcta y,
por lo tanto, estaríamos a favor de que se mantuviera en esos términos. El acceso del profesorado a los centros concertados está regulado en el artículo 60 de la LOE, y hay un proceso de una comisión de selección en cada centro educativo, e incluso
se ha mejorado en los últimos años porque hasta se comunican las vacantes que hay a la Administración pública, y se publican oficialmente esas vacantes para que pueda concursar todo el mundo. Esa resolución es pública y, en el caso de que no se
hiciera correctamente conforme a los criterios establecidos, la inspección también puede tomar cartas en el asunto.
La señora PRESIDENTA: Señor Pueyo, tenemos cinco minutos para terminar.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA, FSIE (Pueyo Val): Señor Cruz, en cuanto a lo de complementario y no subsidiario, creo que he dejado bastante claro cuál es nuestra visión.
Evidentemente, la pluralidad de centros se basa en que hay que ofrecer un producto diferenciado en cada centro, pero dentro de los propios centros públicos cada uno puede ser diferente, los centros concertados cada uno puede ser diferente y esto
tiene que ver mucho con la autonomía de los centros. Usted plantea que a quién vamos a rendir cuentas todos, pues aquí tendrán que rendir cuentas todos, sea público, concertado o incluso privado; habrá que rendir cuentas de qué es lo que se está
haciendo con la educación. Sinceramente, le reconozco que no lo hemos pensado. Estamos absolutamente convencidos de que de todo aquello que se haga en educación, y más si es con fondos públicos, hay que rendir cuentas y alguien tiene que evaluar
si eso se está haciendo bien o no.
Le hablaba del tema de la autonomía de centros y creo que lo hemos expuesto con toda la franqueza. Es un tema tremendamente interesante, de enorme importancia, pero no conseguimos a nadie que nos lo concrete. Ante la pregunta: ¿qué
entienden ustedes por autonomía de centros? Empiezan a disparar y seguimos todavía sin saber qué se pretende con la autonomía de centros, hasta dónde va a llegar, quién va a tener esas responsabilidades, qué funciones son las que le van a competer
dentro de esa autonomía de centros. Habrá que regularlo, porque, desde luego, una autonomía de centros no puede significar que cada uno haga lo que quiera. Habrá que poner un marco, unas reglas del juego en las que todos estemos cómodos y nos
podamos entender. ¿En qué medida las familias condicionan los proyectos educativos o las ofertas de los centros? Le reconozco que hay problemas. Hay centros que han implantado medidas de innovación educativa potentes e importantes y han tenido
que hacer una gran labor de información y convencimiento a las familias. Estos centros que han derribado los muros de las clases, que han quitado los libros de texto o que han suprimido los exámenes, en algunos casos, han supuesto un impacto en la
comunidad educativa, sobre todo en las familias, y una enorme preocupación. Pero el equipo docente, cuando cree en ello, le aseguro que ha sido capaz de convencer y de explicar muy bien a esas familias qué es lo que se pretende, de mantenerles
constantemente informados de cuáles son esas innovaciones educativas que están aplicando, y está siendo un éxito. Evidentemente, todos los cambios son problemáticos y generan inquietud en las familias, pero si uno está convencido y sabe lo que
hace, al final, las familias siguen confiando en ese profesorado que quiere llevar adelante ese proceso. En cuanto a la formación a los dieciséis años, le vuelvo a decir que nos preocupa esa gente que a los dieciséis años abandona el sistema y no
quiere estudiar más. Nosotros creemos que todavía necesitan una formación complementaria. No se la puedo detallar, pero la necesitan; no podemos dejarles a los dieciséis años en esas circunstancias.
Termino, señor Alonso, diciéndole que estoy completamente de acuerdo en que nuestro objetivo tiene que ser un servicio educativo de calidad, sin confrontación entre el sistema público y el concertado. Desde luego, no tenemos la conciencia,
en ningún caso, de que la enseñanza concertada esté por encima de la enseñanza pública, y nos gustaría que no fuera al revés. No buscamos en ningún caso ninguna confrontación, ni que unos estemos por encima del otro; nos reafirmamos en la idea de
complementariedad. En cuanto al tema de los docentes, les tengo que transmitir que tenemos plantillas inferiores, sustancialmente inferiores, en los centros. Si en un centro público se considera que, por calidad de la educación, se ha de tener un
número determinado de profesores por aula, si estamos pensando en los alumnos, ese mismo número de profesores tendría que haber en los centros concertados. Por lo tanto, tendríamos que tener las mismas posibilidades de dedicación, horas, recursos,
etcétera, y hoy por hoy no los tenemos.
Creo que lo he dicho al principio, si se intenta alcanzar un pacto sin tener en cuenta al profesorado de la enseñanza concertada y privada, no habrá pacto; habrá un pacto de una parte. Pues muy bien, pónganse de acuerdo con la parte, pero
no habrá un acuerdo entre partes. Eso para nosotros es evidente. Y sobre cuál es el mejor docente y el más motivado sería complicado ahora decirlo, pero lo que está claro es que cuando la gente considere que esto es una profesión de prestigio y
que está reconocida y apoyada por administraciones, organizaciones empresariales, la sociedad y los padres, general, yo le aseguro que los profesores estarán muy motivados. Lo están ya, pero lo estarán mucho más, porque necesitan ese
reconocimiento.
Finalmente, en el tema de la autoridad ha habido un avance; reconocer como autoridad pública al profesorado puede ser un avance; la presunción de la verdad es un avance, evidentemente, en todos estos procesos, pero ahora nos queda que cale
ese mensaje de autoridad que, a veces, se la tiene que ganar el profesional y, a veces, hay que fomentar que pueda ser así desde todos los ámbitos.
Muchas gracias por la atención y quedo a su disposición.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Pueyo.
Hemos llegado justo a tiempo de no ser descorteses con el próximo compareciente. Muchísimas gracias por su intervención, y si hay alguna cuestión que necesitemos ampliar, incluso su intervención, si nos la hiciera llegar nos sería de mucha
utilidad.
Muchas gracias. (Pausa).
- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN SINDICAL OBRERA-FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA, FEUSO, MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (AMATE CRUZ), PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN DE UN GRAN PACTO DE ESTADO SOCIAL Y POLÍTICO POR LA
EDUCACIÓN. (Número de expediente 219/000288).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con la sesión, señorías. Don Antonio Amate es el segundo compareciente en el día de hoy, en esta sesión de la Comisión de Educación y Deportes. Don Antonio Amate Cruz es secretario general de la Unión
Sindical Obrera, a quien damos la bienvenida.
Su primera intervención, como todos ustedes saben, va a ser como máximo de treinta minutos. Luego para su información le diré que los representantes de los distintos grupos parlamentarios tendrán una intervención de cinco minutos cada uno
para plantearle aquellas cuestiones que sean de su interés. Y finalmente, señor Amate, volverá a tener usted una intervención de diez minutos para contestar a las cuestiones que le hayan formulado. Si alguna de esas cuestiones que le planteen no
la puede contestar en ese tiempo, nos puede enviar por escrito su contestación para luego remitírsela a los distintos portavoces de los grupos. Muchas gracias, repito, por aceptar comparecer en esta Comisión, y tiene la palabra, señor Amate, por
treinta minutos.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN SINDICAL OBRERA-FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA, FEUSO (Amate Cruz): Buenas tardes. Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoras y señores diputados, yo quiero agradecerles en nombre de la Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera la invitación que nos han cursado para comparecer esta tarde ante esta Subcomisión de Educación y Deporte, y participar
en el debate abierto con el objetivo de intentar alcanzar -digo intentar alcanzar, porque creo que es un poco la pretensión fundamental- un acuerdo en materia educativa que supere o gestione los conflictos actuales. A esto le estamos llamando un
pacto de Estado sobre educación.
Lo primero que quiero transmitirles -lo digo de corazón- es el respeto de mi organización hacia ustedes, hacia sus organizaciones y hacia el trabajo que hace la Comisión. Lo digo porque el respeto, la educación y las buenas maneras son un
fruto maravilloso que han concedido la civilización y la democracia a los pueblos, y no debemos prescindir de ellos en ningún caso, nunca, porque de lo que se trata fundamentalmente es de construir juntos, de convivir juntos, de estar juntos, y
hacerlo estando todos a gusto. Por eso quería iniciar mi intervención con esta mínima declaración, y lo digo de verdad, de corazón y sinceramente: respeto su trabajo, les deseo mucha suerte, y espero que todos juntos consigan lo que hasta hoy,
después de casi cuarenta años de democracia, no fue posible.
Después de esta pequeña introducción, como he dicho, yo quería comentar con ustedes varios temas con relación al pacto educativo. Yo no he venido a hablarles de mi libro, no voy a contarles lo que la Unión Sindical Obrera pretende o desea,
sus planteamientos o nuestras reivindicaciones, porque para eso les he pasado por correo electrónico la última resolución de nuestro congreso. Tenemos una espléndida página web donde está todo, y además, dado que somos miembros del Consejo Escolar
del Estado y una organización con una tradición larga, tenemos una trazabilidad muy fácil de seguir. ¿Qué quiere decir eso? Que no voy a perder el tiempo con el debate identitario, no voy a hablar de mí mismo, sino que voy a intentar hablar de lo
que podría ser posible, es decir, intentar localizar un espacio en el que podamos caber muchos, no todos; lamentablemente no todos. Ojalá hubiera un gran consenso, pero España es un país donde está saliendo muy rentable radicalizarse, donde los
extremos son rentables, y donde lamentablemente, a pesar de que tenemos casi noventa universidades en el mapa de la geografía -noventa universidades son muchas universidades-, sin embargo a fecha de hoy seguimos defendiendo las cosas en base a la
opinión informada, pero hay un déficit muy fuerte y muy grande de conocimiento de las cosas. El conocimiento surge de la experiencia -y os llamo amigos-, no surge de devanarse el coco durante muchas horas de profunda y sesuda reflexión. El espacio
común en el que podemos caber la mayoría, o muchos, es un espacio que tiene que surgir de la experiencia. ¿Por qué digo de la experiencia? Porque cuando hablamos de educación hablamos de una cosa peculiar. Creo que nadie que esté en esta sala,
nadie que tenga hijos o los haya tenido, ha tenido ni siquiera por asomo la duda ante lo fundamental, y es el deseo de que sus hijos tengan una buena educación. Me da igual que sea de derechas, de izquierdas, de centro, de al lado o de enfrente.
Yo creo que es un sentimiento común compartido, un sentimiento humano, es normal, lo ves en todos los padres y en todas las madres. Y yo confío en que todos ustedes aquí tengan presente esto, que una buena educación es un deseo natural, legítimo,
el mejor deseo que tienen los padres para sus hijos, y es de esto de lo que estamos hablando, de cómo hacer posible ese deseo, de cómo hacer que las personas que están responsabilizándose del espacio público hagan posible el deseo de que los niños,
nuestros niños y niñas, tengan una buena educación. Para todos los padres, me da igual que sean de Cataluña, de Galicia, de Andalucía, Extremadura, de derechas o de izquierdas, esta es la clave del asunto.
Decía que no he venido a vender mi libro. Efectivamente. Lo que sí quiero decir es que estamos en el año 2017 y me sorprende mucho una cosa que es demasiado abundante, y es que tenemos a muchas personas muy jóvenes incorporándose al mundo
de la educación que reproducen con una facilidad enorme y con una pasión desaforada los tópicos de hace más de cuarenta años. ¡Qué sorpresa encontrar a personas tan jóvenes, después de hablar de un país donde hay ochenta y nueve universidades, que
replican y reproducen de una forma absolutamente sorprendente los viejos tópicos que tienen la friolera de cuarenta años en España! El pensamiento central de mi intervención es de un señor que se llamaba Albert Einstein. Él dijo -pensando en ese
espacio común donde podamos caber muchos, no todos lamentablemente, pero sí muchos-: se requieren nuevas formas de pensar para resolver los problemas creados por las viejas formas de pensar. Se requieren nuevas formas de pensar para resolver los
problemas que crearon las viejas formas de pensar. Estamos en 2017. La iglesia, la religión del año 2017 no se parecen en nada a las del año 2000 ni a las del año 1999 ni a las del año 1960; ni el socialismo, ni los partidos de centroderecha.
Las cosas cambian, el mundo cambia y no somos iguales, y sorprendentemente aplicamos las mismas categorías y las mismas explicaciones para cosas que son obsoletas. Lo sorprendente no es que haya personas con setenta años o algunos que hemos
recorrido muchas carreteras que te digan: yo sé lo que tengo que decir. ¿Por qué? Porque yo en los años setenta... ¡Por Dios santo! Que desde los años setenta ya han pasado muchos años, demasiados. El mundo ha cambiado, el mundo cambia a gran
velocidad y nosotros no cambiamos. Me sorprende mucho.
Voy a poner un ejemplo: el caso de los conciertos educativos -una de las antorchas que más fácilmente se incendian y dan una luz maravillosa-. En los programas de los partidos políticos, de las
organizaciones sociales hay gente en un extremo que dice que esto tiene que reducirse, hacerlo desaparecer sin contemplaciones, suprimirlo. En medio hay quien los considera subsidiarios de la escuela pública o los define como
complementarios atendiendo a la demanda social. Pero luego hay otro extremo, los que apuestan simplemente por la supresión sobre la base de la fórmula del cheque escolar, con financiación directa a las familias o este tipo de cosas. Este es un
panorama, por poner un ejemplo, en el que tenemos un discurso en los extremos, que suena mucho, que hace mucho ruido, que mola mucho a determinadas tribus de la celtiberia, y luego hay un espacio muy grande en el que conviven posiciones más
razonables, donde se habla de unos equilibrios -de una manera o de otra- que son muy interesantes.
Si observamos la información que se genera, la información que circula en torno a la educación será muy fácil detectar cuáles son los problemas más mediáticos; los más mediáticos no son los problemas importantes en la educación, pero son
los más mediáticos, los que ocupan más prensa, los que les encantan -perdón- a los políticos declamar delante de las alcachofas y delante de una cámara. ¡Qué le vamos a hacer, así somos! Son estos: la convivencia de la red pública con la red
concertada -ese es uno de los temas estrella, de todos los follones y los líos que hay en educación-, con una derivada que ha surgido en los últimos años -esta es nueva- que es el concierto de los colegios de enseñanza diferenciada, la mal
denominada segregación por sexos. Luego está la distribución territorial de las competencias, que es un asunto complejo, difícil y que abarca muchas áreas que no se refieren solamente a la educación, con el debate estrella por supuesto de la
cuestión lingüística. El asunto de la laicidad, la presencia de la asignatura de Religión en el currículo; la comprensividad del sistema escolar; la llamada clasificación o selección temprana del alumnado; el encaje, tan controvertido siempre,
entre la vía formativa académica y la profesional, y por último -pero no por ser el último el menos importante-, el problema de la financiación pública de la educación, la madre de todos los follones.
La filosofía de nuestro sindicato es: vamos a intentar reducir los follones, por lo menos el número, y vamos a apostar por las soluciones. Tenemos un artículo 27 de la Constitución -ya lo conocéis, todo el mundo lo conoce-, pero todo el
desarrollo o la aplicación ha sido conflictiva. Desde la Loece de Otero Novas, en el año 1980, hasta la Lomce, del otro día, no ha habido una ley en España que no haya sido contestada, donde no haya habido follón, bronca y lío; todas, de un lado o
de otro, siempre. ¿Qué pretendo decir con todo este panorama? Una cosa muy sencilla. En un momento social y político, como he dicho, donde es fácil y rentable radicalizarse, es en el espacio de la moderación, de la continencia ideológica y
verbal, de la prudencia y de la sensatez donde podríamos caber muchos. Estas son las coordenadas más realistas para apostar por un acuerdo y renunciar a la beligerancia. Voy a deciros tres razones fundamentales para trabajar y apostar realmente
por ese espacio de no beligerancia y de buscar por tanto lo que es de común acuerdo para todos. Primero, por responsabilidad. Es una vergüenza que después de cuarenta años el objeto fundamental de un sistema educativo que es el éxito del alumnado,
sacar y dar lo mejor posible a nuestros alumnos, esté permanentemente distorsionado por la bronca y por el lío. En un lugar donde las personas que han estudiado y tienen una carrera, se supone que son el top de la civilización occidental, y por
tanto se les presupone también en las formas, en las maneras, en los objetivos, una tendencia al acuerdo y no a usar la cachiporra celtibérica que es tan tribal, tan nuestra, tan antigua que es lo que fundamentalmente impide llegar a acuerdos.
Tenemos la sangre caliente, nos va la marcha lamentablemente. Pero quien padece la bronca son los alumnos, se les está haciendo un perjuicio; sí, siempre se les perjudica. Esa es la primera razón.
Segunda razón. Estoy convencido -y no he venido a decir otra cosa- de que es más positiva la convivencia colaborativa que la bronca y el lío, que el debate identitario y cavar y cavar trincheras. Es más positiva y más productiva. El otro
día asistí en el Senado a una mesa redonda en la que Ramón Jáuregui mencionó un libro de Habermas que se titula La inclusión del otro. Qué curioso. Decía Ramón Jáuregui: En España nos cuesta muchísimo llegar a acuerdos, porque la cultura del
acuerdo no ha echado raíces. Pero es clave, porque de lo que estamos hablando cuando hablamos de un pacto escolar es de convivencia, es de convivir. Después de tantos años de ese continuo vaivén en el que hay dos grandes familias o grupos -por
decirlo fácilmente- que son tradicionalmente la perspectiva socialista y progresista y la visión liberal conservadora, después de verlos permanentemente en esa trifulca, es el momento de decir que no se puede ganar en educación, hay que convivir.
Solo se puede convivir aceptando lo que decía Haberlas: hay que aceptar al otro como un bien. Porque la visión socialista de la educación parte de elementos que son legítimos y verdaderos, no todos, pero tienen un poso de verdad, igual que la
visión que tradicionalmente ha defendido el sector liberal, conservador o como lo queramos llamar, que también es legítima. Hay muchas personas que cuando piensan en sus hijos piensan lealmente en ellos, de una
manera o de otra. Por eso digo, ¿cómo acaba esto? Esta es la pregunta. ¿Esto cómo acaba? ¿Qué solución tiene? ¿Ganar votaciones? No. ¿Una nueva ley por mayoría? Pues no, porque no tiene solución. Antes les deseaba suerte, les dije
que respetaba su trabajo. He estado escuchando a todos los comparecientes que han venido antes que yo, y con los ingredientes que hay encima de la mesa es imposible hacer gazpacho. Lo siento, no se puede hacer gazpacho, no sale ni en Masterchef.
Todo junto, malos maestros, no se puede. ¿Por qué? Porque son absolutamente antitéticos, contradictorios y se olvidan de lo fundamental, y es que esas dos visiones parten de una raíz legítima que es la clave para encontrar un espacio común que
acoja a todos. Esa es la segunda gran razón. Hay que aceptar al otro como un bien, y por tanto suprimir ese método tesis-antítesis-síntesis que aquí no funciona, y suavizar las posiciones tampoco funciona. Aquí hay que aceptar sí o sí la
convivencia, hay que convivir, hay que aceptarla por principio, ya partir de ahí empezar a construir.
Tercera razón. Por realismo. Hay mucho hecho. Somos un país proclive a la queja, somos muy quejicas, pero España creo que tiene un sistema educativo muy potente, con defectos, claro que sí. Nos gustaría tener muchos más niños que
terminasen titulados, sí, y ahí está el famoso porcentaje del fracaso o abandono escolar. Pero tenemos un sistema muy potente. Hemos conseguido una escolarización plena. Hay problemas, pero también hay que reconocer que se han conseguido unos
logros en la España de estos últimos cuarenta años que son muy evidentes. Hubo diálogo en el año 1997 con la Fundación Encuentro y un documento que firmaron dieciocho organizaciones, que es la Declaración conjunta a favor de la educación. Se lo
recomiendo. Es un texto que acordaron dieciocho organizaciones, que contiene elementos que apuntan a donde estoy diciendo: a ese espacio en el que podemos acoger a muchos si somos capaces de mirar al otro como un bien. Nada más. El texto final
del año 2010, en la época de Gabilondo, no era un mal texto, contiene cosas muy bien redactadas, y globalmente estuvo a punto de tener una firma. Voy a decir más, algunas cuestiones de las últimas leyes educativas, como la LOE y la Lomce, no son
controvertidas entre ellas, no lo son. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un consenso implícito porque las cosas funcionan; al margen de la bronca, del ruido o del follón, las cosas funcionan. Ese consenso implícito que funciona debe ser la raíz que
hay que coger -y esta es la clave de este asunto-, hay que coger el rábano por las hojas y decir: sí, apuesto con por la convivencia, no por el mensaje identitario. Por tanto esa razón de realismo me parece fundamental.
Tras este marco general que he desarrollado hoy, ¿qué actuaciones proponemos como Unión Sindical Obrera? En primer lugar, cuando se trabaja en un pacto hay que pedir un cese de hostilidades. Es evidentísimo; si hay un conflicto lo normal
para poder hablar es cesar las hostilidades. Si, por ejemplo, hay convocada una huelga general de la enseñanza el 9 de marzo -que me parece legítima, fantástica, porque cada uno con sus cosas hace lo que le da la gana-, no tiene sentido tener un
proceso de negociación abierto, porque tiene que haber un cese de hostilidades. Todos quietecitos, vamos a intentar que no haya actuaciones hostiles para favorecer el diálogo, para favorecer un espacio colaborativo o un proyecto compartido de
educación, no el mío, si no es imposible.
Asimismo tenemos que aceptar una norma básica: lo que funciona bien es mejor dejarlo como está. No podemos estar reescribiéndonos continuamente de la a a la zeta, eso es absurdo. Estoy diciendo que España funciona en buena medida y el
sistema educativo está funcionando. Lo que funciona bien hay que dejarlo como está. Hay modelos que funcionan. Podemos ver iniciativas incluso exitosas; por ejemplo, estamos viendo cómo muchos colegios han sido reconocidos con premios a la
acción magistral, de protagonismo para el periódico Magisterio, en los de plataformas para Mejora tu Escuela. Hay muchas experiencias y una realidad muy positiva. Por tanto hemos de aceptar que lo mejor es dejar lo que funciona bien, no enredarlo,
no tocarlo, no reescribirlo. Hay que dividir las cuestiones en función de la temática dominante, porque en educación hay cuestiones que son académicas y otras pedagógicas, pero hay también cuestiones que son más de contenido político y legislativo,
y otras que son de tipo profesional y laboral, y todas estas cuestiones hay que tratarlas en los foros adecuados con los interlocutores adecuados. Sería novedoso que en España no fuésemos los sindicatos los únicos interlocutores del profesorado en
un pacto educativo. Fijaos en lo que os voy a decir. Si el Gobierno se propusiera gastar algo de dinero en sacar a cien profesores en activo de los distintos niveles educativos de colegios públicos y concertados, con una excedencia forzosa -hablo
de profesores que están trabajando, no de los que estamos en la superestructura de la educación-, y les diéramos seis meses para que se organizaran en grupos de trabajo y redactaran y escribieran lo que es académico y lo que es pedagógico, les
aseguro que sale un documento estupendo. Hablo de ellos, no de nosotros, de los profesores de verdad, de los que están en las aulas, a los que les damos esa excedencia de seis meses, para que en un espacio tranquilo lo elaboren
y lo redacten, no los políticos, ni los sindicalistas, ni los pedagogos. Las cuestiones pedagógicas y académicas las han de elaborar ellos, que seguro que lo harán muchísimo mejor que nosotros, porque saben, porque están todos los días en
el aula y lo están viendo, mientras que nosotros lamentablemente, por muy buena voluntad que tengamos, no estamos.
En cuanto a la situación ahora mismo de la red pública y la concertada, ¿cuál es la mejor solución? Para mí la mejor solución es la regla del estatu quo. ¿Qué significa esto? Respetar lo que hay. Se acabó. Lo que funciona bien no volver
a reescribirlo, si bien hay que mejorar lo que es mejorable, pero no volver a empezar desde el principio, que es un aburrimiento mortal. Otro tema que va a debatirse mucho es el de la laicidad. Hablaba Habermas de la secularización de las
sociedades modernas, y ya estamos en una sociedad de 2017, no estamos en 1900 ni en 1960, estamos en 2017. ¿Qué supone la secularización? La ruptura del monopolio de la interpretación, que la tenían unos señores que decían lo que era bueno, lo que
era malo, si ibas para arriba y para abajo. Ese monopolio ya está roto. ¿Vamos a crear nosotros otro monopolio? ¿Ahora el monopolio cientifista? Las cosas son como las dice no sé quién. No a los monopolios. El tema de la laicidad no es un
problema en España, la Constitución lo dejó clarísimo. No debe ser ningún problema, y yo estoy seguro, y se lo digo a todos ustedes, de que en relación a la asignatura de Religión en la escuela se pueden estudiar configuraciones que podrían ser
aceptadas por todos, y que actualizarían su presencia dentro del actual contexto social. Seguro; sin ningún problema.
Creo que hay que seguir reforzando el itinerario de la FP, porque creo que se está haciendo un buen trabajo y hay que darle más impulso. Ampliar la gratuidad de 0 a 18 años. Y otra cuestión importante: revisar el currículo, porque tenemos
un currículo que es el horror. Es mastodóntico, es un dinosaurio inmenso, tanto en infantil, en enseñanza secundaria como también en el bachillerato. A esto hay que darle una vuelta, es una cuestión muy académica, y ya he dicho y ya he recomendado
-y lo digo en público- que si se lo dejáramos a un grupo de profesores en activo a los que diéramos la oportunidad de hacer ese trabajo, lo harían fenomenal.
Voy terminando. El profesorado es el éxito de cualquier reforma educativa, de cualquier ley educativa; de todo. En España tenemos dos problemas básicos, que son la selección del profesorado y la carrera docente. No hay nada más
deprimente que la carrera docente -y me ha salido en pareado-, pero deprimente. Significa que entras, apruebas una oposición, te contratan en un colegio y ya está, ya llegaste al tope, allí no hay más recorrido, a ver si me puedo jubilar y a ver si
por el camino me dejan trabajar. No hay nada más deprimente que la carrera docente. Es muy duro y muy difícil progresar. Es muy difícil tener promociones hacia arriba o hacia abajo. No las hay. Hay profesores que entraron y terminaron
exactamente igual que entraron. Por lo tanto esa promoción dentro de la carrera docente es muy importante, ya habrán hablado muchos comparecientes del tema del estatuto -que me parece fantástico-, que va dentro de la carrera docente, y donde
deberían distinguirse y premiarse las mejores prácticas docentes. Sí, porque los sindicatos nos hemos acostumbrado a decir que todo el mundo mundial es malo, y que la culpa de las cosas que ocurren en los centros es de los de fuera. Pero también
hay razones para entender que los que estamos dentro tenemos alguna responsabilidad, porque no todos los profesores son iguales. La carrera docente es deprimente, ya les digo, porque todo va igual, todo vale lo mismo, y por donde se puede crecer es
por ningún lado, o con dificultades, con muchas dificultades.
La aplicación de cualquier ley tendrá siempre consecuencias laborales. Cuando se trabaja en educación se trabaja sobre tejido vivo. ¿Qué significa tejido vivo? Significa que modificar el plan de estudios va a suponer para mucha gente
perder horas docentes, por ejemplo; o perder puestos de trabajo, por ejemplo; o cuando se habla de suprimir un concierto significa que no sé cuántas personas se van a la calle. Trabajamos sobre tejido vivo y por tanto el tejido vivo duele. Todas
las reivindicaciones laborales son legítimas; muchas de ellas son totalmente ciertas. ¿Sabéis cuánto trabaja habitualmente un profesor en un colegio concertado? Pues normalmente están dando entre 28 y 30 clases semanales. En uno privado
fácilmente 34, muy fácilmente. Además de todo lo que conlleva corregir toneladas de exámenes en casa, fines de semana de formación y cincuenta mil cosas más. En la radiografía de la escuela y del profesorado hay una ley que es como la de la
gravedad: no conozco a nadie que haya aprobado una oposición y que sea profesor docente de la escuela pública que se pase a la escuela concertada. Algunos hay, pero raros. O al revés, que de la escuela concertada se hayan ido a un colegio privado
en España. Sin embargo la fuerza de la gravedad opera en la otra dirección facilísimamente: todo el que puede pasar de un colegio privado pasa a uno concertado; y todo el que puede pasar de uno concertado pasa a uno público. ¿Qué quiere decir
eso? Que si hemos creado -y la Constitución creó- la red de centros sostenidos con fondos públicos lo normal es que los niños escolarizados en estos centros sostenidos con fondos públicos tuvieran
un estándar de calidad y de equidad equivalentes. ¿Es posible esa equivalencia si hay jornadas de treinta horas de docencia semanales? ¿Es posible que los profesores acepten de buen grado un nuevo plan de estudios que podría venir de la
mano de una nueva ley de educación si esa nueva ley de educación le deja sin trabajo o cuestiona su jornada y, por tanto, sus ingresos mensuales? Pues no; un elemento que siempre se tuvo que considerar y se debería considerar en cualquier reforma
educativa es un plan de formación sólido y potente que permita la habilitación y que permita, por tanto, la especialización para los profesores que están en activo, que les permita reciclarse en directo y que no haga sangre sobre las jornadas
laborales o los puestos de trabajo. No puede haber una reforma educativa sin contemplar un plan de formación muy potente para el profesorado en activo que permita realmente que esas modificaciones en el plan de estudio no le cuesten a la gente el
salario, la jornada o todo del tirón.
El principal caballo de batalla es la financiación. Tenemos un sistema inmenso: ocho millones de alumnos, 682.000 profesores y casi 28.000 centros; algo muy complicado de gestionar. Mis profesores me decían de pequeño que las necesidades
son infinitas pero los recursos limitados, y si encima hay una crisis, mucho más. Las políticas se hacen eligiendo y para elegir hay que priorizar. Hay que abordar el tema de la financiación pública con profundidad; hay que hablar realmente de
que poder elegir un centro, con independencia de los recursos económicos, es una posibilidad que se abre en España a partir del momento en que se inician los conciertos educativos. La gente que tiene una renta económica alta nunca ha tenido mucho
interés ni por las leyes educativas ni por los pactos educativos. ¿Por qué? Porque escolarizan a sus hijos en los colegios privados, aquí o fuera de España. ¿Dónde está la controversia y el conflicto? Entre las familias que necesitan la
gratuidad de la enseñanza con fondos públicos para poder acceder al colegio de su preferencia. El concierto educativo hace que la educación privada sea accesible para todos, para quien quiera elegirla. La escuela es el gran instrumento para la
igualdad de oportunidades, y el sistema educativo debe facilitar a todos los alumnos, cualquiera que sea su situación familiar o socioeconómica, unos medios formativos sustancialmente iguales, en función de sus méritos y su capacidad. No se puede
discriminar por razones ideológicas, pedagógicas o por el tipo de centro que elijan las familias. Los recursos del Estado son de todos, proceden de los contribuyentes y no se deberían utilizar para financiar el sistema que le guste a un Gobierno o
grupo castigando con la privación de esas ayuda a los que no coincidan con los gustos de los gobernantes, porque no se trata de eso; yo creo que no.
¿Creemos que es necesario que se cumpla la ley? Sí, parece una obviedad pero no se cumple la ley. Desde el año 1985 se habla de la homologación del profesorado de la escuela concertada y no se da, aunque estamos ya en 2017. Es imposible
poner a trabajar una Comisión que dictamine el coste real del puesto escolar en la enseñanza concertada, no hay manera, yo no sé cómo hacerlo; es imposible. Por tanto, como no se sabe, la financiación procede de criterios que son decimonónicos,
pero ahí van funcionando. Hay que igualar la oferta de los servicios educativos; en definitiva, facilitar a todos los centros sostenidos con fondos públicos los mismos medios humanos y materiales para atender a su alumnado sin discriminar a nadie.
Gracias por su paciencia. Finalizo como empecé, declarando nuestra voluntad de contribuir donde podamos contribuir y haciendo las aportaciones y propuestas que entendamos necesarias. Esperamos para ello contar con su apoyo y su respaldo.
Muchísimas gracias por su atención.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Amate Cruz.
Ahora vamos a dar comienzo al turno de intervenciones de los distintos grupos parlamentarios por tiempo de cinco minutos cada uno. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Olòriz.
El señor OLÒRIZ SERRA: Le cedo el turno.
La señora PRESIDENTA: Entonces tiene la palabra la señora Martín.
La señora MARTÍN LLAGUNO: Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Olòriz, porque me tengo que ir a otra Comisión.
Me gustaría agradecer al compareciente la intervención, que creo que ha sido muy provocadora, aunque certera en el diagnóstico en muchas de las cuestiones que se han planteado, a pesar de que podamos discrepar en algunos puntos. Me ha
gustado mucho la división y la propuesta que ha hecho en los ejes de tratamiento de temas en cuestiones académico-pedagógicas, cuestiones políticas y
cuestiones laborales. Creo que es un buen diagnóstico de la mezcla de elementos que se ven en los comparecientes cuando nos hablan del pacto por la educación. En este sentido, le quería hacer dos preguntas muy concretas: una, relacionada
con el tema de la financiación, que tiene que ver con cuestiones políticas pero también laborales. Usted ha hecho mención al tema del coste por puesto escolar y ha dicho que considera imposible volver a abordar esta cuestión. Nosotros lo
consideramos necesario y urgente porque, en caso contrario, no podemos hacer un diagnóstico de financiación fidedigno. En este sentido, me gustaría saber si usted cree que en este diagnóstico del coste por puesto escolar es pertinente retomar la
mesa que puso en marcha el señor Gabilondo o algo parecido o si considera que debería abordarse de otra manera, porque la verdad es que sin evidencias es difícil hacer planteamiento de leyes.
En relación con el tema de la evaluación del sistema, de los profesores y de la deprimente carrera docente de la que nos ha hablado, me gustaría saber su valoración sobre los mecanismos de medición y de evaluación que se están haciendo no
solamente del profesorado sino también de la Administración, así como de los alumnos. Hablamos siempre de PISA y se valoran los centros a través de indicadores, pero me gustaría saber qué indicadores podríamos utilizar para poder plantear un
estatuto y una carrera docente que permita el desarrollo profesional de profesores y maestros y también la mejora de la calidad educativa y la evaluación de las administraciones, que a veces son el origen de esta desestructuración.
Nada más y muchas gracias. Supongo que va a ser una intervención muy controvertida y tendré que leerla después en las transcripciones. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Señor Olòriz, tiene la palabra.
El señor OLÒRIZ SERRA: Gracias, presidenta.
Gracias por su intervención. Pienso que ha puesto por delante los problemas, que no está mal: tenemos todos estos problemas y uno es de una evidencia empírica: que no se ha llegado a un pacto por la educación en cuarenta años. No será
por malas voluntades, será también por una serie de variables, algunas de las cuales ha puesto usted encima de la mesa. Cierto que a nivel de Estado lo más cerca que hemos estado ha sido con el modelo Gabilondo -usted lo ha dicho- y, por tanto, no
estaría mal -ya intervino Gabilondo en esta Comisión- explorar la metodología a la luz de 2017. Otra nos la explicó Josep Bargalló. En Cataluña, en 2006, el Consejo Escolar de Cataluña, después de meses de trabajo, dirigió un pacto por la
educación en Cataluña: veintiuna organizaciones -entre ellas la suya- aprobaron este pacto que dio pie a la LEC, que es la ley actualmente vigente. ¿Qué nos hemos encontrado con la LEC? Cambios legales a nivel del Estado y problemas de
financiación pública y concertada, y por eso buena parte de los problemas los tenemos hoy. Ejemplo: la LEC marcó el 6 del PIB catalán y estamos en el 2,9, lo dijo el otro día Joan Mena, pero el 2,9 es superior al 4,4 de Andalucía, teniendo en
cuanta su PIB. Así que a veces el problema es qué PIB escojamos y qué capacidad tengamos de poder planificar, sobre todo de planificar. Uno de los problemas de los conciertos es la capacidad de planificación.
Me quedo con algunos puntos que forman parte de mi tradición sindical y política: por el mismo trabajo, el mismo sueldo y las mismas condiciones. Este es un elemento a tener en cuenta. Atención, ¿el peligro cuál es? Aplicar las
condiciones de la pública a las treinta horas de la concertada, esto sería lo más sencillo: todos igual. Más o menos la crisis ha ido por aquí, aumentando las horas de clase de la pública y a veces algunos responsables políticos han ridiculizado
el trabajo de los profesores pensando que solo se trabaja cuando das clase, no al prepararlas, no al corregir, no al hacer las reuniones oportunas del equipo docente, etcétera. Esto ha llevado también a una opinión pública que a veces no ha sido
favorable al papel del profesorado en un sentido y en otro, y en esto tenemos que volver atrás. Por tanto, me quedo con lo que usted ha dicho pero me preocupa un elemento: la palabra statu quo, porque si estamos en el statu quo, seguiremos como
estamos y, como usted reconoce, no estamos bien.
Usted ha dicho algo que es cierto, que podemos estar peor, y a veces pasa en este país, se puede estar peor; pero la intención de esta Comisión es que estemos mejor. Por tanto, ¿qué escuela queremos?, ¿queremos una buena escuela?, ¿la
política está dispuesta a hacer las inversiones y las concesiones políticas para hacerla posible? Si este es el camino, el pacto será posible; si no, como usted ha dicho, estaremos mareando la perdiz un tiempo sin hacer nada.
Otro elemento que me gustaría plantear: cuando habla de condiciones de trabajo aceptables, ¿que elementos pondría dentro de estas condiciones de trabajo? Segundo, el tema de formación del profesorado, ¿ha de haber una mejor formación del
profesorado? ¿Esta ha de constar de unas prácticas sustanciales
en los centros? ¿Ha de haber una habilitación del profesorado para que luego se presente a oposiciones o se presente a los concursos en las escuelas concertadas? ¿Qué modelo de profesorado proponen ustedes?
Muchas gracias otra vez por su intervención.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Olòriz.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor Sánchez tiene la palabra.
El señor SÁNCHEZ SERNA: Muchas gracias, presidenta.
Gracias al señor ponente por una intervención polémica y sugerente, tengo que reconocer que a mí también me gusta la polémica y voy intentar responder a la polémica asimismo con algún toque polémico. Nos ha advertido -y nos ha advertido
bien- de que vivimos una época de riesgos, una época en la que se pueden identificar algunos extremismos, pero yo he identificado en su discurso un extremismo que yo llamaría de extremo centro, que también es muy preocupante, y ese extremo centro es
el que dice que hay que aplicar la regla del statu quo en un país que tiene una financiación muy deficiente respecto de los países de la OCDE, un país que tiene unas tasas de abandono escolar también fuertes. Por tanto, quería que nos explicara un
poco hasta qué punto se puede seguir manteniendo ese statu quo cuando tenemos una educación que no está sirviendo para que nuestros chicos encuentren un lugar en el mercado laboral, también por la propia configuración del mercado laboral, que les
ayude a salir del pozo al que nos arrojó la crisis.
Nosotros pensamos que tenemos que hacer un pacto educativo y que ese pacto educativo tiene que abordar cuestiones polémicas, cuestiones políticas que son las que se tienen que tomar en sede parlamentaria. Es verdad que hay diferencias entre
los partidos, pero no podemos conseguir un pacto educativo si no delimitamos qué tiene que ser la red pública respecto a la concertada, y si finalmente se abandona el carácter subsidiario que en un momento dado el legislador dio a la red concertada
y se plantea que red pública y concertada son complementarias, que son prácticamente lo mismo, dos redes paralelas; es algo que hemos escuchado esta tarde aquí, pero es algo que creo que tiene que tener un debate político y social.
Quiero preguntarle por su valoración de los conciertos. ¿Tienen que seguir avanzando? ¿Son ya todos los que tienen que ser? Porque se puede aplicar una regla que para nosotros es muy sencilla: que donde se estén cerrando centros públicos
por falta de financiación no se puedan abrir redes concertadas, porque entonces estaríamos sustituyendo la red pública por la concertada y haciendo que la pública sea subsidiaria respecto de la privada subvencionada, que es realmente lo que es la
pública.
Decía usted que quizá el mundo de 2017 no es el de hace cuarenta años y mencionaba la religión. Pues bien, este también es un tema político y se tiene que legislar en esta casa, porque sabe usted que en otros países europeos no está tratado
como aquí. Usted ha dicho que le parece bien que los padres tengan libertad para elegir la formación religiosa de los hijos y yo le quiero preguntar por el carácter evaluable o no de la religión.
También quiero hablarle de un tema polémico, por el que ha pasado de puntillas. No ha explicado muy bien la postura de su sindicato ni su valoración personal. ¿Cree usted que las escuelas que segregan por sexos tienen que ser financiadas
con fondos públicos o no? Ha dicho que los padres tienen que tener libertad para elegir la educación de sus hijos, pero la educación no es solamente una cuestión privada. Los sistemas de instrucción general que surgen con la modernidad, con la
Revolución francesa, tenían que ver con la transmisión de unos valores culturales y morales que las sociedades se dan a sí mismas para poder reproducirse en el sentido que entienden. Si nosotros entendemos que la igualdad de los sexos es un derecho
constitucional, parece contradictorio financiar centros públicos que enseñan lo contrario. Me gustaría conocer su opinión al respecto.
Por último, quiero comentarle una cuestión que está en boga y que tiene que ver con la formación del profesorado. Normalmente hablamos del acceso a la función pública docente, pero en este caso quiero preguntarle por el acceso a la función
docente en la concertada. Se lo preguntaba al ponente anterior. ¿Cree que los mecanismos para seleccionar personal en la concertada son suficientes o algunas veces se extralimitan? Se lo digo por una anécdota personal que me contaba hace poco un
compañero que fue a buscar trabajo a la concertada. En un colegio católico le preguntaron por su situación personal e incluso por la frecuencia de sus relaciones sexuales. ¿Está esto regulado por una inspección que da fondos públicos a estos
centros?
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sánchez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díaz Trillo.
El señor DÍAZ TRILLO: Gracias, presidenta.
Señor compareciente, ha empezado con la palabra respeto y yo le agradezco su comparecencia, como no puede ser de otra manera. (Rumores). Esta es una hora muy apropiada para el sexo; cuando se puede, claro.(Risas). En principio nos ha
mostrado respeto, pero a renglón seguido me ha parecido que hemos sido objeto de una reprimenda general y quería aclararle algo. Me va a llevar al menos un minuto defender la utilidad de este pacto e incluso creer en él. Usted es el noveno
compareciente y nos quedan aproximadamente setenta, por lo que necesariamente tenemos que creer en ello. Ha pronunciado las palabras lío y trifulca y ha terminado con un gazpacho que parece que creamos nosotros. Pues bien, en este momento hay una
firme voluntad en esta Cámara por parte de los grupos políticos de ir avanzando en un pacto que tendría, como ha dicho el portavoz de mi grupo, tres vertientes. Una es la política, la que nos ocupa y seguramente la más polémica. Soy profesor desde
hace treinta y tres años, funcionario público, y no me cabe mayor honor que representar a la circunscripción de Huelva. Es bueno el papel que tenemos los políticos en los asuntos que incumben a la comunidad. Además, la gran mayoría de los miembros
de esta Comisión pertenecemos al gremio, por lo que la misma es bastante sensata y está fundamentada para acudir a ese pacto político. Las otras dos vertientes son la social y la territorial. Respecto a la vertiente social y territorial, también
aprovecho para agradecerle su trabajo desde el sindicato a usted y a los representantes de los sindicatos de la educación, clave en este momento por esa visión transversal y panorámica de las distintas expresiones de la propia normativa en materia
educativa en las distintas comunidades autónomas, que puede ser muy enriquecedor.
Haré alguna puntualización -voy a ir muy al grano pues casi nos roban el guion los demás intervinientes y con mucho gusto por nuestra parte- y es que usted ha dicho algo así como que cesen las hostilidades. Quiero puntualizarle que las
hostilidades las abre aquí un Gobierno en el año 2011 con la ley que usted conoce bien, la Lomce, un Gobierno que, por cierto, no ha querido derogarla, y podía haber sido un buen momento para cesar hostilidades. Por tanto, esto de que en política
todos tenemos la culpa, los de un lado y los de otro, hay que ir por partes, como Jack el Destripador. Cada uno tendrá su responsabilidad, pero está claro que este conflicto educativo, este gazpacho y este lío de estos últimos cinco años viene de
la mano de un Gobierno con una clara intención política ideológica. Y, como a la fuerza ahorcan, es un Gobierno que ya está dando marcha atrás, por ejemplo, en la reválida. Ojalá derogara la Lomce y, como dice aquél también, mejor nos quedamos
como estábamos, nos vamos a la ley anterior, que sería incluso un buen punto de partida.
Dicho esto, haremos de la necesidad virtud y trabajaremos en esa dirección, pero me gusta, ya digo, hablar con propiedad y en ese sentido, y más allá de una cierta panorámica que usted nos ha ofrecido, recuerdo una frase de Unamuno cuando
dijo aquello de que inventar en España es llorar. En algún momento me ha dado la impresión de que usted venía a decir que educar en España es llorar. No creo que sea así y tampoco, desde luego, una inmensa satisfacción para los docentes, pero en
un momento de su intervención usted ha dicho que conocía el consenso implícito que podía ser también de alguna manera el punto de partida de este pacto por la educación desde el punto de vista político, social y territorial.
Me gustaría que usted pudiera concretar algunas líneas que fueran de utilidad para esta Comisión -lo ha dicho también el compañero que habló en nombre del Grupo Podemos- sobre la segregación por sexos. Hemos tenido ya una iniciativa en esta
propia Comisión aprobada por mayoría y yo vengo de una comunidad autónoma donde, usted lo sabe bien, el Gobierno, porque además acudía a la Constitución, no sufraga los conciertos con colegios que discriminan por razón de sexo. En este sentido era
una puntualización, porque ya se le ha hecho la pregunta.
Para terminar, y ajustarme al tiempo, me gustaría que concretara esas dos o tres líneas básicas de ese consenso implícito que usted dice que existe y sería de mucha utilidad.
De nuevo, muchas gracias por su intervención.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz Trillo.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Pérez López.
El señor PÉREZ LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
En nombre del Grupo Popular le agradezco al señor Amate su intervención, especialmente por esa claridad e incluso ese pragmatismo del cual ha hecho gala a lo largo de su exposición y también porque creo que esta tarde estamos hablando de
educación y es importante que en esta subcomisión se hable de educación y no de aspectos aleatorios de la educación.
Usted habla de un pacto educativo que de verdad que va a ser complicado, pero no le quepa la menor duda de que por parte de nuestro grupo hay voluntad para el acuerdo, creemos que es una necesidad, y es un clamor social, especialmente en la
comunidad educativa, que alcancemos ese pacto. Todos tenemos que ceder en algo, pero, si al final cediendo alcanzamos un acuerdo, creo que va a ser bueno y beneficioso para todos. Usted habla desde el conocimiento de muchos años ligado a tareas
docentes y también a tareas de sindicato y ha hecho énfasis en qué les preocupa a los padres y qué le preocupa a la comunidad educativa. Si a cualquier padre le preguntamos qué le interesa de verdad en la educación de su hijo, le preocupa primero
elegir un buen colegio, un buen centro educativo. Le preocupa la calidad, la equidad, la libertad y una formación que le lleve a la promoción y a una carrera de éxito. Quiere unas buenas infraestructuras, unas buenas becas, una buena formación
profesional y, desde luego, un centro donde la convivencia sea normal. Eso es lo que le preocupa a un padre. La laicidad, la religión y todas estas historias les preocupan a unos pocos, a una minoría, pero no a la mayoría de los padres.
El sistema educativo ha mejorado en las últimas décadas, aunque tiene también sombras que estamos obligados a ir abordando. En esa mejora hay que reconocer la labor docente tanto en los centros públicos como en los concertados. El profesor
en España creo que se gana el sueldo y lo hace muy bien. Muchas veces se habla de la educación concertada con cierto desconocimiento. Por ejemplo, se dice que se segrega o que hay más alumnos inmigrantes en los centros públicos que en los
concertados. He estado viendo la orden de escolarización por comunidades autónomas a través de la Dirección General de Planificación y Centros y me cuesta creer que un centro educativo pueda escolarizar a quien quiera; yo creo que escolariza a
quien legalmente le corresponde. Por tanto, hay que disipar esa duda, porque parece que algunos centros concertados escolarizan a los que quieren y a los que no, no. Además, hay datos muy interesantes, por ejemplo, respecto al porcentaje de
alumnos con necesidades educativas especiales. En el curso 20142015 -el último del que hay datos fehacientes- en los centros públicos el porcentaje fue de 2,3 % y en los centros concertados, de 2,2 %. Hay algo todavía más evidente, como los
informes del Defensor del Pueblo en Andalucía que dicen que cuatro de cada diez niños con discapacidad son atendidos en centros públicos y el resto lo son en instalaciones privadoconcertadas; de las ocho provincias de Andalucía, solo Almería se
sale de esa tendencia. Esto quiere decir que los centros concertados también están haciendo una gran labor en esos centros específicos de educación especial, allí donde la escuela pública no está llegando. Es bueno también decirlo, porque son
parte del sistema educativo que tenemos en la actualidad.
Al margen de esto, me gustaría preguntarle por algunos aspectos concretos. En primer lugar, ha hablado usted de la carrera docente. Es verdad que para un docente, cuando tiene la suerte de entrar en una profesión vocacional en un centro
educativo aprobando su oposición o siendo contratado, sus perspectivas de futuro no están despejadas; creo que le falta algo más para verse realizado. ¿Cómo podríamos enfocar eso? En segundo lugar, ¿ustedes saben cuál es el coste de una unidad de
enseñanza concertada? En la enseñanza concertada los centros tienen que pagar la calefacción, la luz, el agua, el mantenimiento en general, la consejería, etcétera; muchas veces parece que eso cae del cielo. Habría que ver cuánto cuesta la unidad
de enseñanza concertada. El perfil de la carrera docente sería bueno diseñarlo respecto a lo que anteriormente le he comentado.
Hay dos aspectos más que nos interesan. ¿Qué le parece el bachillerato tal cual está hoy establecido? ¿Le parece corto? ¿Le parece adecuado? ¿Habría que ampliarlo? Otra cuestión es cómo involucrar al profesorado en las reformas. Es
fundamental que tengamos la visión de implicar al profesorado, porque todos sabemos que poner en marcha reformas sin el profesorado es muy complicado y difícil. Por último, los profesores se quejan de la burocracia. Usted ha hablado -y lo comparto
completamente- no solo de las horas que se dedican a la docencia, sino a preparar clases, reuniones, etcétera. ¿Cómo podemos abordar la burocratización que invade muchas veces los claustros, donde es más importante justificar por qué un alumno ha
aprobado o ha suspendido que dar una buena clase? ¿Cómo podemos tratar de implicar al alumno en algo tan bonito y provechoso como su propia educación? Son aspectos sobre los que queremos que, si es posible, usted nos dé algo de luz.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pérez.
Una vez terminadas las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios, el señor Amate tiene diez minutos o un poquito más. También le digo que, si no le llega el tiempo y alguna de las preguntas quiere contestarla por correo, nos la
puede enviar y nosotros la remitimos.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN SINDICAL OBRERA-FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA, FEUSO (Amate Cruz): Muchísimas gracias.
Muchas gracias por vuestra atención y por vuestras preguntas.
Señor Díaz Trillo, de verdad, mi declaración de respeto no era retórica, yo espero y deseo que su trabajo fructifique y vaya muy bien. Cuando hablo de lío o de follones no me refiero a que ustedes son los que atizan ni son la mano que mece
la cuna, pero es verdad que existe el lío, y es que en educación no se mueve un palillo sin que se monte un follón. No digo que sea aquí, que sean ustedes o los que están en el Congreso, pero lo hay, y es raro que se abra un debate educativo y no
empiece rápidamente todo el mundo a ponerse nervioso, a medir cada una de las comas, etcétera; en fin, que somos así y lo aceptamos. Por tanto, yo hablaba del lío lamentablemente en general, no aquí en particular, y en esta sala menos con los que
están haciendo el trabajo de tratar de llegar a la solución del lío, por supuesto.
Son muchas cuestiones. Creo que no me he explicado bien al hablar de la regla del statu quo. El statu quo no significa vamos a quedarnos quitecitos como estamos porque para el lío que hay montado... No, no quiero decir eso. Yo he dicho
tres cosas, y las tres son sumativas. En primer lugar, he dicho que lo que funciona bien no hay que reescribirlo, y hay muchas cosas que están bien hechas y están funcionando. Esa es la primera regla. ¿Habéis leído la novela de Yo, Robot, de
Isaac Asimov? Es fantástica. Pues te introduce en tres leyes de la robótica, que son las que en el software de los robots va a permitirles funcionar con todas las instrucciones complejas que puede tener un cerebro positrónico -a mí es que me
encanta la ciencia ficción-. Yo he dado tres reglas que son complementarias o sumativas para entendernos. La primera es para qué vamos a estar reescribiendo lo que funciona, que se quede como está, que está bien. Segundo, lo que es mejorable
habrá que mejorarlo, o sea, que hay que determinar cuáles son los aspectos de mejora, pero no todo. Ahora mismo hay personas que dicen que hay que suprimir los conciertos educativos, pero, por favor, si eso ya está en la Constitución, no vamos a
escribir otra vez la Constitución. El artículo 27 habla de que todos tienen el derecho a la educación y, punto y seguido, se reconoce la libertad de enseñanza. Ahora bien, algunos leen todos tienen derecho a la educación, pero se reconoce... No,
pero no, pone un punto. No hay que cambiar lo que está bien, está escrito, está hecho y está funcionando. Esa primera regla, el statu quo, es lo que yo quería transmitirle.
Luego también he dicho que lo que haya que mejorar habrá que mejorarlo. ¿Por qué? Porque hay aspectos de mejora. La gente se queja, es que los centros concertados... Pero vamos a ver, si no somos capaces de cumplir la ley que decía yo
antes, la disposición adicional vigésima novena de la ley, que dice hay que sentarse un rato en la Conferencia Sectorial de Educación para determinar cuánto cuesta realmente una unidad concertada. ¿Para qué? Para evitar el fraude y el follón.
Señores, denle ustedes la financiación suficiente a los centros y exijan la gratuidad con puño de hierro. Lo que no vale es hacer trampas desde hace ya cuarenta años, que digan que no se llega con el módulo para sobrevivir. Entonces ocurre lo de
toda la vida, cuando las cosas no son como el agua clara empieza el subterfugio -lo ha dicho el señor Olòriz, que lo conoce muy bien-; el mismo trabajo, el mismo salario, las mismas condiciones. Pues no, y pasa un año, pasan dos, pasan veinticinco
y aquí no pasa nada. Pues ese es el follón, este es el problema. No se cumple la ley; pues, a partir de aquí, fíjate cómo estamos. Hay que cumplir la ley, simplemente decimos eso. ¿Por qué no se ha reunido esa comisión? Alguien ha dicho que
hubo una comisión en tiempo de Gabilondo, y es verdad, se llegó hasta el punto de que se iba a contratar una entidad externa que hiciera un trabajo riguroso y, entrecomillas, objetivo para que no hubiera sesgo político. Ahí se quedó todo parado, y
estamos en el año 2017. Lo ha dicho muy bien, a igual trabajo, igual salario.
En cuanto al tema de la religión, nosotros somos un sindicato en el que un tercio de los afiliados son de la escuela pública, somos un caso peculiar. Somos mayoritarios dentro del colectivo de los profesores de religión -para que nos
conozcáis un poco-. Tenemos muchísima gente en la concertada y en la privada. Somos una cosa rara, somos un híbrido increíble, pero nosotros hemos apostado por ser el sindicato de todos y en el seno de la organización no hay conflicto. Somos
mayoritarios en la escuela diferenciada, la que segrega por sexos, según dicen. Somos mayoritarios, tenemos un montón de delegados de personal allí. Esos somos nosotros. Por tanto, lo normal es que yo defienda a mis afiliados.
Os voy a decir una cosa. Los psicólogos dicen, cuando hablan de la depresión: No estás deprimido, estás distraído. A mí me pasa. Pienso mucho, pero me fijo poco. Ya lo decía Alexis Carrel, premio Nobel de Medicina. Hay que observar más
y pensar menos, porque al final domina la mente, el pensamiento, y hay que abrazar la realidad. Os invito a venir conmigo durante una semana a conocer esos colegios que segregan por sexos y a conocer a las personas que están allí, con nombres y
apellidos, a hablar con ellos, a tomar café, a estar con ellos a la salida del colegio, a hablar con la familia. Os vais a dar cuenta de que no hay monstruos, de que no hay gente rara, de que no hay cosas extrañas, de que son personas como
vosotros, como nosotros. La sensación es que no nos conocemos lo suficiente. Hay gente que habla perrerías de la escuela pública, que dicen que es un lugar donde se adoctrina a la gente. Es mentira. Tengo muchísimos amigos en la escuela pública,
en colegios rurales de Extremadura, y son encantadores. Vente conmigo a esos del cheque escolar, vente conmigo a Extremadura, que te llevo a varios colegios públicos y vas a ver trabajar allí a la gente. Conoce a las personas, habla con ellas,
tómate un café con ellas. No pienses tanto, toca la realidad. Os invito a tocar la realidad. En la clase de Religión está ya superado, lo dice la ley, pero yo os digo que se puede llegar a una configuración. Lo que no tiene sentido es decir: En
la escuela se enseña que Jesucristo resucitó al tercer día. No. Estamos ya en 2017. El otro día estuvimos reunidos con los obispos y esa configuración de la asignatura tiene que tener unos contenidos que sean horizontales, válidos para todos. En
las áreas de historia, de arte, de filosofía, de ética, hay contenidos que se pueden compendiar y, a la italiana, que los den los profesores de los institutos, y los que quieran la visión confesional de esos contenidos, que es legítimo, que lo den.
Si se quiere de verdad, hay margen, hay cancha para jugar en la escuela diferenciada. Os invito a venir conmigo cuando queráis. Me paso una semana con vosotros conociendo a las personas. Hay quien tiene prejuicios, pero muchas veces esos
prejuicios están en la cabeza, porque no existe el problema en la realidad. La gente no está sufriendo por las calles por que haya colegios concertados que segregan por sexos. No ocurre. Ocurre en nuestra cabeza y ocurre en la lucha política,
pero no ocurre en la calle. ¿Y por qué los llevan allí? ¿Porque son monstruos? De verdad, conocedlos. A lo mejor, te sorprende y te das cuenta que son muchísimo más parecidos a ti de lo que te imaginas. Os invito a superar la opinión y a crecer
en el conocimiento. Yo lo intento todos los días, me esfuerzo. La política tiene que ser para ayudar a las personas de carne y hueso, a las de verdad, no a las que imaginamos. Tenemos que conocer a las personas. No lo digo con acritud, lo digo
de verdad. Hay margen para trabajar.
Respecto a los profesores, el bachillerato y la burocracia, un profesor tiene que hacer aquello que mejor sabe. ¿Sabéis qué sabe hacer un profesor? No sabe rellenar unos boletines y unos formularios en unas hojas de Excel, que necesita
diecisiete horas para entender cuándo empieza y cuándo acaba, y unas programaciones horribles, amenazados por el inspector con que si te falta no sé qué cosa. Un profesor lo que sabe hacer es enseñar, lo que sabe hacer es mirar a los alumnos,
conocer a los alumnos y estar con ellos. Un profesor es, sobre todo, un testigo. Si no te gusta la historia -yo soy profesor de Historia- no puedes enseñar historia. Si no te gusta la filosofía, no vales para enseñar filosofía. Un profesor es un
tío que le gusta enseñar. Eso es lo que tiene que hacer un profesor. Y lo que tiene que hacer una ley, lo que tiene que hacer un estatuto es ayudar a que el profesor pueda estar en su clase y hacer bien su trabajo. Están hasta el gorro los
profesores, de verdad, de un montón de cosas que les quitan tiempo y energía para lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? El hecho educativo, estar con los niños, con las niñas, enseñar. Si tú ves la torre de exámenes de mi mujer, que es
profesora, comprenderás que se acueste a la una. Es horroroso. Y llega el inspector diciendo: Hay que hacer una programación. Sesenta folios. ¿Pero qué tendrá que ver eso con lo otro? Algo tendrá que ver, vale. Y luego llega la formación;
sí, sí tiene que ver, sí, pero todo en papel y escrito de tal manera; y te tiras veintinueve horas de tu vida... La vida es tiempo y energía, amigo. Fíjate si te lo he resumido, a lo bestia. Y si gastas la pila del móvil en llamar a no sé quién,
no tendrás para mandar datos porque ya no hay pila.
El profesor tiene que concentrarse en enseñar, y todos tienen que ayudarle a concentrarse en eso. Lo han dicho antes perfectamente, cuando tienes que corregir, hay que preparar clases. ¿Tú sabes lo que cuesta preparar una clase decente
para un grupo de veinticinco, más veinticinco, más veinticinco? Cuesta un montón de trabajo. Y evaluar eso cuesta un montón de trabajo y de tiempo, pero, claro... Esto tiene que contemplarlo un estatuto docente: la verdad, la realidad del
trabajo en las aulas. Por eso dije: por favor, tened la valentía de coger a profesores de verdad, de los que están en activo, de los que los centros no quieren que dejen de dar clase porque son los mejores, y ponedlos juntos a resolver las
cuestiones académicas. Cogedlos y os vais a sorprender de lo que esa gente es capaz de hacer; la potencia que tiene la experiencia; no la ideología, que está bien, sobre todo con un café por delante.
De verdad, no quiero ser pesado. No sé si me habré pasado de tiempo, me queda un minuto y no quiero aburrirles, pero tenía por aquí una idea que quería comentar, que es la formación del profesorado. Habrá una nueva ley de educación,
seguro. Después de la Lomce vendrá la 'domce', seguro; eso lo tengo más claro que el agua. Llevo veinte años aquí y después de la Lomce vendrá la 'domce'. Si es una ley de la sociedad española, tendrá que venir. Vendrá, por lo tanto, una ley, y
vendrán, por lo tanto, cambios. La formación del profesorado se descuidó horriblemente en la Lomce; pasaron olímpicamente. Lo dije antes y lo repito: se trabaja sobre tejido vivo; sobre tejido vivo significa sobre personas que tienen su
salario, su familia, su hipoteca, y no puede coger de repente un señor y decir: pues la filosofía se reduce a veinticinco minutos. ¡Pero, bueno, hombre, por Dios! O el latín ya ha desaparecido, o la filología; usted pasa a la biblioteca. ¡Son
vidas! ¡Son gente que ama la filología! ¡Pues, ya no hay filología en España y los filósofos no sé ni qué explican! Tienen una horilla por ahí suelta.
Y ahora todo el mundo tiene que aprender inglés. Ahora nos ha dado a todos por el inglés y el que no sea bilingüe... ¿Cómo puede haber en la escuela pública gente buenísima en matemáticas o en historia y estar marginados porque no son
bilingües? ¡Los mejores profesores marginados! Perdonad que me ponga así, pero es que yo esto lo vivo en primera persona. ¡Marginados porque no saben inglés! ¡Y la formación se la tienen que pagar de su bolsillo y la gente se está gastando una
pasta! Hay colegios concertados en los que una señora monja le ha dicho a una profesora: sácate un C1 en seis meses. ¡Un C1 en seis meses! ¡Por Dios santo! ¿Y quién lo paga, la Virgen María? No, tú. (Risas). (El señor Meijón Couselo: Pues que
lo deje a deber). (Risas). Que lo deje a deber; a la cuenta; para el purgatorio, si hay. (El señor Olòriz Serra: Las monjas no lo tienen ¿no?). No, eso seguro. Pero pongo un ejemplo, la formación del profesorado, no solo la inicial, se hizo
bien con la Logse, con la ley de especialización en 1996, y se consiguió aplicar con esas especializaciones una adaptación de muchísimos profesionales que se quedaban colgados como una breva sin árbol. Sin embargo, si se llega a una 'domce', que
llegará, les pido que en el pacto educativo no descuiden un capítulo esencial, que es la formación del profesorado que está en activo, para que tengan la mayor flexibilidad posible a la hora de impartir otras asignaturas con una formación que sea
equivalente a la que tuvo en el año 1996.
Me parece importantísimo que no se pierdan horas y que no se llegue a los dramas personales que hemos visto ahora. La gente está asustada. La gente en los centros, cuando oye hablar de un pacto o de una ley, se asusta, porque dice: bueno,
la que nos viene por aquí; a ver quién pierde la jornada, si me echan; si son de la pública me tendré que ir a otro instituto... Estamos trabajando sobre tejido vivo, operando sobre tejido vivo y sin anestesia. Cuando a la gente le llega el
castañazo en septiembre y le dicen que se vaya a la calle -¡y anda que no ha habido gente que se ha ido a la calle!-, eso laboralmente es una aberración; humanamente peor, pero ha ocurrido y sigue ocurriendo. Tenemos que trabajar para que tanto
los profesores de la pública como los de la concertada, los que sean, por lo menos que puedan hacer su trabajo con dignidad, nada más. Se me ocurre así. Bueno, lo he dicho al final todo del tirón y podría entrar en más cosas, pero os prometo, de
verdad, y gracias por la paciencia, que repasaré las notas y os mandaré un pequeño correo que no sea aburrido y podáis leerlo en diez minutos, ligeramente y con alegría, y responderé aquellas cuestiones que me habéis planteado.
Muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestra paciencia. Mucho ánimo.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Amate, por su intervención.
Le agradeceremos que nos envíe la documentación o las contestaciones relativas a las cuestiones planteadas que no le haya dado tiempo a contestar, porque indudablemente a la hora de hacer los trabajos -cuando hayan terminado las
comparecencias- nos van a ser de utilidad.
Muchas gracias.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN SINDICAL OBRERA-FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA, FEUSO (Amate Cruz): Gracias a usted, señora presidenta. (Pausa).
- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS DE ENSEÑANZA-TITULARES DE CENTROS CATÓLICOS, FERE-CECA, MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (ALVIRA DUPLÁ) PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN DE UN GRAN
PACTO DE ESTADO SOCIAL Y POLÍTICO POR LA EDUCACIÓN. (Número de expediente 219/000289).
La señora PRESIDENTA: Vamos a continuar con las comparecencias para las que hemos sido convocados esta tarde.
En esta tercera comparecencia está con nosotros don José María Alvira Duplá, secretario general de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Titulares de Centros Católicos. Señor Alvira, para su intervención tiene, en principio,
treinta minutos como máximo. A continuación, los representantes de los distintos grupos parlamentarios tendrán cinco minutos cada uno para plantearle aquellas cuestiones que crean de interés para hacer luego sus trabajos y, por último, tendrá usted
diez minutos para contestar a sus preguntas. Si no le da tiempo a responder a alguna de las cuestiones planteadas, porque tiene diez minutos, nos puede enviar la respuesta por correo y nosotros, desde la Comisión, se la haremos llegar a los
representantes de los distintos grupos.
Señor Alvira, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS DE ENSEÑANZA-TITULARES DE CENTROS CATÓLICOS, FERE-CECA (Alvira Duplá): Buenas tardes, señorías.
Espero que no estén demasiado cansados a estas alturas, después de varias comparecencias, porque entiendo que una tras otra pueden llegar a cansar. Empiezo por agradecer la oportunidad de presentar en esta subcomisión el presente informe
acerca del pacto social y político por la educación. Lo hago en representación de Escuelas Católicas, Fere-Ceca, como se ha dicho, y Educación y Gestión, las dos entidades que la configuran. Afiliamos a 2.000 centros integrados, es decir, con
varias etapas educativas, que tienen algún nivel concertado, con más de 1.200.000 alumnos y 100.000 personas contratadas, de las que 80.000 son profesores. Estos números hacen de Escuelas Católicas la entidad más representativa de la educación
privada concertada en España. A estos datos habría que añadir los de Cataluña, cuya escuela católica tiene su propia organización, con la cual mantenemos, salvo en las cuestiones competenciales y lingüísticas, una unidad de criterios.
A modo de diagnóstico de la situación actual, me referiré, en primer lugar, al propio pacto educativo, sobre el que haré unas consideraciones generales, y en segundo lugar, al principio de libertad de enseñanza y los conciertos. A
continuación, de una manera breve, me referiré también a la presencia de la religión en la escuela y, finalmente, a modo de conclusión, señalaré los criterios que desde nuestro punto de vista deben salvaguardarse en el futuro pacto de Estado por la
educación.
Diagnóstico de la situación. Primero, pacto educativo. En estos últimos tiempos se está hablando con insistencia de la necesidad de un gran pacto nacional sobre la educación que dé estabilidad al sistema educativo. Hablar de pacto escolar
se está convirtiendo en una cuestión recurrente. Algunos venimos pidiéndolo desde hace mucho tiempo y, afortunadamente, se está convirtiendo en un clamor de gran parte de la sociedad que esperemos empuje a los diversos actores sociales y políticos
a trabajar para conseguirlo. Por eso, me alegro de que se haya constituido esta subcomisión y de que se estén dando los pasos para alcanzarlo. La primera condición para un pacto es la voluntad de querer llegar a él. Me gustaría pensar que esta
disposición existe realmente en todos, incluso en quienes parecen dispuestos a pactar solo con personas y grupos afines. No se podría decir, por ejemplo, que se quiere un pacto educativo para acabar con la escuela concertada, como he oído en alguna
ocasión. Esto no sería un verdadero pacto de Estado, pues no tendría en cuenta a un sector importante de la sociedad. Por eso me atrevo a pedir a todos los implicados -y en especial a los grupos políticos que ustedes representan- las suficientes
dosis de buena voluntad y de altura de miras para alcanzar ese gran acuerdo.
Hace casi cuarenta años los españoles conseguimos sentar las bases de un pacto educativo. El artículo 27 de nuestra Constitución fue el resultado de un esfuerzo responsable de todos, a pesar de que se trataba de un asunto espinoso que
suscitaba polémicas encendidas y despertaba actitudes encontradas. Como es sabido, la cuestión educativa fue una de las más controvertidas y en la que resultó más difícil llegar al consenso constitucional. Sin embargo, gracias al buen sentido y a
la generosidad de todos fue posible alcanzar el acuerdo. Era un compromiso suficiente para permitir el normal funcionamiento en el campo educativo y sentar las bases de un acuerdo posterior más amplio. De alguna manera, recogía el máximo al que se
podía llegar en las cuestiones de fondo y, a la vez, un mínimo del que partir para construir un pacto escolar más desarrollado y con garantías de futuro. Junto a las sentencias del Tribunal Constitucional, que sirvieron para precisar algunas
cuestiones, y a los acuerdos internacionales suscritos por el Estado español, ese artículo 27 de la Constitución debe seguir siendo la base para el pacto que ahora se persigue y que es absolutamente necesario para la paz social y el bien de la
educación en
nuestro país. Sin embargo, parece que en los últimos tiempos hay quien quiere volver atrás y seguir escenificando enfrentamientos históricos entorno a estos asuntos. Permanece latente y en ocasiones explícito un debate que ya creíamos
superado sobre cuestiones de fondo que no pueden ser abordadas con miras estrechas o en términos de rendimiento político a corto plazo. En las cuestiones que afectan a la educación en nuestro país se impone un debate sereno y equilibrado, alejado
de clichés, de descalificaciones apriorísticas y resentimientos históricos, porque la sociedad española se juega mucho en este terreno. Debemos seguir empeñados en resolver de manera constructiva, a partir de lo ya conseguido, la polémica sobre
cuestiones como la igualdad y la libertad de enseñanza, la escuela pública y la escuela privada, la educación confesional y la escuela laica, etcétera. Tenemos ahora ante nosotros una nueva oportunidad. Este gran acuerdo no puede limitarse a
cuestiones del ámbito de la pedagogía, a la necesidad de que los jóvenes lleguen a dominar un idioma extranjero, a la utilización de las nuevas tecnologías o a la conveniencia de que haya o no pruebas externas. Todos estos asuntos son importantes,
pero no son los que provocan los grandes desacuerdos. Hay otras cuestiones de fondo que hay que abordar. Dejarlas al margen en aras de un supuesto realismo -como sugieren algunos- es tratar de engañarse. Si el pacto solo contempla las cuestiones
de índole pedagógica, organizativa o curricular, con ya ser mucho, no se habría llegado al verdadero pacto y, antes o después, volverían a surgir los problemas y las faltas de entendimiento. Entre estas grandes cuestiones de fondo que hay que
abordar hay una fundamental que está en la raíz de muchos desencuentros, y es el papel de la sociedad civil y el papel del Estado en el ámbito educativo. Hasta aquí algunas consideraciones sobre el propio pacto.
En segundo lugar, hablaré de la libertad de enseñanza y los conciertos. Los legisladores que elaboraron la Constitución tuvieron mucho interés en situar juntos en el primer punto del artículo 27 el derecho de todos a la educación y el
derecho a la libertad de enseñanza. 'Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza'. Así empieza el artículo 27. Esa libertad de enseñanza lleva aparejado el derecho de creación y dirección de centros con un carácter
propio. Se trataba de superar dos posturas históricas excluyentes: la de quienes atribuyen al Estado el derecho exclusivo sobre la educación y la de aquellos que le discuten su potestad para ser garante de que esta llegue a todos en condiciones de
igualdad. En este artículo 27 queda claro el carácter civil, secular de la institución escolar, ajena a imposiciones y tutelas de otros poderes, pero se excluye el monopolio educativo del Estado y se da cabida a otros agentes para hacer posible la
libre elección de los padres o tutores. Se armoniza así la libertad con la igualdad en la educación. Nunca se alcanzará la perfección en el ejercicio complementario de estos dos derechos, como, por otra parte, sucede con otros, pero se deben poner
los medios razonables para tratar de acercarse a ese ideal.
En el tratamiento que la Constitución da a la libertad de enseñanza no solo se contempla su aspecto formal, sino que los poderes públicos se comprometen a que sea una realidad efectiva, ayudando a eliminar o disminuir los obstáculos,
fundamentalmente económicos, que la hagan inviable en la práctica; es el artículo 27.9, y también se recoge en el artículo 9.2 de nuestra Constitución al referirse a otros derechos y libertades. Es lo mismo que se hace, por ejemplo, para asegurar
de forma efectiva la libertad de expresión, el derecho de afiliación sindical, de participación política a través de los partidos, etcétera, que reciben subvenciones del Estado para que esos derechos sean una realidad.
En el ámbito de la educación, el instrumento vigente, ya bastante consolidado, para llevar a efecto esta intención es el régimen de conciertos educativos, que, a pesar de sus indudables limitaciones actuales, hace viable la complementariedad
de las redes pública y concertada. Pero es aquí donde están resurgiendo las divergencias, como si la libertad y la igualdad en el ámbito educativo fueran dos valores incompatibles. Para algunos, la defensa de la escuela pública supone el empeño en
desterrar la enseñanza concertada; sin embargo, los males que puedan existir en la escuela pública no son atribuibles a la existencia de centros concertados, y si se yerra en el diagnóstico, difícilmente se aplicarán las terapias adecuadas.
Todos estamos a favor de que nuestro país cuente con una escuela pública de calidad, con los recursos personales y materiales necesarios, todos, pero la red de escuela pública, necesaria para el país y que todos deseamos que funcione bien,
debe ser complementada con otra red, la de centros privados y, en particular, concertados, para atender a la pluralidad de una sociedad en la que se dan diversas concepciones de la realidad, distintas visiones antropológicas e ideas no siempre
coincidentes sobre el futuro mismo de la sociedad. Esa variedad es lo propio de unas sociedades que han alcanzado una madurez democrática. En todos los países democráticos se da por descontado que corresponde a los poderes públicos el derecho y el
deber de asegurar un sistema educativo que alcance a todos sus ciudadanos, pero no de
monopolizarlo. Mientras unos defendemos una complementariedad que responda a la pluralidad de nuestra sociedad, otros, como decía ahora, pretenden excluir dicha alternativa. No se trata de posiciones simétricas, no se trata de que unos
defiendan una escuela pública y otros una escuela concertada, sino que algunos defendemos la existencia de una variedad que dé espacio a todos para que los padres puedan elegir en libertad, mientras que los otros, la segunda opción, adoptan una
postura impositiva de exclusión, que me atrevería a calificar de dictatorial. Lo ideal, y posible, es que todos los centros, con unas condiciones básicas iguales para todos y garantizadas por el Estado, trabajen por procurar una educación de
calidad a todos los alumnos en el respeto a diversos proyectos educativos.
En definitiva, la enseñanza concertada no existe como fórmula extravagante, necesaria en un momento histórico ante la imposibilidad de que los centros públicos pudieran atender todas las necesidades de escolarización, y tampoco existe por
gracia de los Gobiernos democráticos de turno, como una concesión graciosa, ni porque resulte económicamente rentable al Estado en un momento de crisis y recortes; la escuela concertada existe como figura necesaria para hacer posibles las
libertades consagradas en la Constitución. Tampoco se trata de una fórmula ligada a regímenes anteriores -el régimen de conciertos empezó en el año 1985- y tampoco a acuerdos con la Iglesia, a la que, como habrán notado, no he hecho referencia en
ningún momento; nos estamos moviendo en el terreno de los derechos civiles de todos los españoles. Nada más lejos de nuestra intención que enfrentar a la escuela concertada con la pública, como pretenden los autoproclamados defensores de la
escuela pública y que no son sino defensores de la escuela única. Por ello -o para ello- se recurre a la criminalización discursiva de toda actividad y gestión concertada-privada. Todo lo que no es público es sospechoso. Lo son incluso las
congregaciones y otras instituciones religiosas o las fundaciones u otras entidades que no buscan ganar dinero, sino tan solo prestar un servicio de interés público desde su propia autonomía, derivada de haber puesto al servicio de la sociedad su
propio patrimonio. De la misma manera, se atribuyen apriorística y dogmáticamente a la escuela pública todos los valores de la escuela: equidad, inclusividad, calidad, etcétera, negándoselos a otro tipo de escuelas o colegios a los que se les
atribuyen casi todos los males.
Y es aquí, al llegar a este punto, donde conviene -para hacer un diagnóstico correcto; estamos en el punto del diagnóstico- hacer una referencia a las afirmaciones que se repiten a modo de mantras acerca de la escuela concertada, tratando
de desacreditarla a los ojos de los ciudadanos y que no por repetirlas mucho se convierten en verdades. En primer lugar, se dice en ocasiones que los conciertos solo existen en España, lo cual manifiesta un claro desconocimiento de la realidad
internacional que nos circunda. Nada más lejos de la realidad. Numerosos países europeos tienen un sistema parecido al nuestro, empezando por Francia, la laica Francia, y siguiendo por Bélgica, Holanda, Alemania, Austria, Escocia, Suecia, Irlanda
y otros muchos más. En todos esos países la fórmula seguida ha sido la participación desacomplejada del sector privado y concertado en los servicios de interés general. Les importa la calidad del servicio, no quién lo presta.
Se hace alusión también -otro de los mantras- de modo recurrente a las aportaciones voluntarias de los padres. Si son voluntarias -y me consta que lo son en nuestros centros, a los que yo represento-, no hay nada que objetar. Ojalá no
hicieran falta. Pero para hacerlas innecesarias bastaría con que el módulo de concierto cubriera el coste real de la enseñanza, algo que como todos saben no se da ahora. La partida de 'otros gastos' asignada a los centros concertados para su
funcionamiento era ya insuficiente en su origen y ha disminuido en términos reales un 30% a lo largo de los últimos años.
Otra afirmación que se repite. En ocasiones se trata de transmitir a la opinión pública la idea de que la asignación de recursos a la escuela concertada resta efectivos a la pública. Pero, ¿qué pasaría si desapareciera la escuela
concertada y sus alumnos pasaran a la pública?, porque eliminando unidades concertadas no se elimina a los alumnos. Evidentemente, los recursos de los que dispondría la escuela pública por cada alumno serían menores que los actuales. Pueden
imaginar además lo que supondría para las arcas del Estado la construcción o adquisición de más de 2.500 escuelas o institutos. Recuerdo aquí que la escuela concertada -no hay que olvidarlo- supone un ahorro para las arcas públicas de unos 7.000
millones de euros al año.
Se habla con frecuencia de los alumnos inmigrantes en la escuela pública y en la concertada, resaltando el hecho de que en la pública está el 82% de los inmigrantes, pero se olvida decir que la escuela concertada solo representa el 20% del
total del sistema educativo español, es decir, que la proporción de inmigrantes en una y otra red son casi iguales. Además de esto, los inmigrantes, desde mi punto de vista, no son un mal a repartir sino todo lo contrario. En los colegios
católicos a los que represento y que son mayoritarios en el sector concertado, el 6,7% de sus alumnos son hijos de padres inmigrantes,
mientras que en la escuela pública esta proporción es parecida, 7,1%, un poco más en la pública; pero hay algo más, los centros públicos cuentan, y no así los concertados, con servicios subvencionados por la Administración, como comedor,
transporte y otros, y este hecho puede inclinar la balanza en la elección que hacen algunas familias necesitadas.
También se afirma que los centros concertados eligen o seleccionan a sus alumnos. No acabo de entender cómo se puede hacer eso, porque los criterios de admisión de alumnos son los mismos para todos y vienen dictados por la autoridad
competente; dictados y vigilados. En cambio, no se suele destacar que el 44% de los alumnos con necesidades educativas especiales están atendidos en centros concertados, a pesar de que la presencia de estos en el ámbito educativo español es
proporcionalmente mucho menor. La escuela concertada lo hace desde siempre con muchos menos recursos humanos y económicos que la escuela pública.
También afirman algunos que en los años de la crisis se ha beneficiado económicamente a la escuela concertada en perjuicio de la pública, pero los datos son los que son. Basta con ver las cifras y los boletines oficiales de las distintas
comunidades autónomas. El módulo de conciertos ha sufrido un descenso del 8% en los años de la crisis y nuevamente se olvida el punto de partida. El gasto de la Administración pública por alumno de la escuela concertada, aunque varía de una
comunidad a otra, es, por término medio, la mitad de lo que gasta en un alumno de la pública. No se dice tampoco que los salarios de los profesores de la escuela concertada han sufrido los mismos recortes que los de los funcionarios y que la
partida de otros gastos, como decía antes, también se ha visto recortada. En fin, no se puede estar manipulando datos para demostrar lo indemostrable, como parecen hacer algunos para desterrar a la escuela concertada. Esa parece ser la insistencia
de quienes no creen en la libertad de enseñanza. Lo ideal -lo decía antes- y lo posible es que todos los centros, con unas condiciones básicas iguales para todos y garantizadas por el Estado, trabajen por procurar una educación de calidad para
todos en el respeto a los diversos proyectos educativos. Los conciertos y la colaboración público-privada son pilares fundamentales de una sociedad moderna y una Administración eficaz.
Dentro de esta visión sobre la complementariedad de las dos redes en nuestro país, es donde se plantea la presencia de la escuela confesional, y ahora sí me voy a referir a los centros católicos. La institución escolar pertenece al ámbito
de la sociedad civil. No se trata de una parcela que la Iglesia deba disputar ni quiera disputar al Estado, como lo hizo en otros tiempos, sino de una institución en la que puede, con todo derecho, insertarse, respetando el carácter civil de la
escuela. Así es como se sitúan los colegios católicos, respetando las reglas del juego democrático. No se trata de reclamar un privilegio afortunadamente superado, y aquí no está de más recordar algo elemental y que interesadamente se olvida
muchas veces: los colegios católicos no reciben ayuda económica de las arcas públicas por ser católicos, sino por ser colegios. No son los únicos centros que se pueden acoger al régimen de conciertos. No se trata, como decía, de un privilegio ya
superado, sino de ser consecuentes con el principio de libertad de enseñanza reconocido en todos los países democráticos. Se trata de atender a la pluralidad de la sociedad y a las opciones de los padres, tal y como establecen el artículo 27.3 de
la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza de la Unesco, del año 1960, o la Resolución Luster, del Parlamento Europeo, del año 1984. Una
obra católica de educación debe actuar siendo plenamente respetuosa con el carácter civil y las finalidades comunes de toda institución educativa, sin pretender instrumentalizarla y con el máximo respeto a las opciones personales. Nada más lejos de
una verdadera escuela cristiana que la coacción ideológica o la imposición de unas creencias; argumentos con los que se trata en ocasiones de descalificarla. Los establecimientos escolares católicos, por otra parte, desempeñan un papel fundamental
en la educación española, no solo por sus proyectos educativos coherentes y por hacer posible el principio de libertad de enseñanza, sino también por su calidad y por sus aportaciones a la innovación pedagógica. La demanda existente es un reflejo
de que muchas familias conocen sus proyectos educativos, valoran esta educación y por eso la eligen. La programación de puestos escolares para hacer posible el derecho de todos a la educación debe, por tanto, contar con la demanda social. Un
reciente estudio llevado a cabo por la Universidad de Comillas pone de manifiesto que los centros católicos reflejan la pluralidad de la sociedad actual. La realidad sociológica de las familias que acuden a ellos es plural y cuenta con todo tipo de
familias, tanto desde el punto de vista de su posición ideológica y política, como desde la perspectiva de sus condiciones socioeconómicas y laborales, nivel cultural, activismo asociativo o identificación con movimientos sociales. Los datos
demuestran que la escuela católica concertada es fiel reflejo de una sociedad plural y diversa, que valora la libertad de enseñanza y la concertación con el Estado.
Terminado este punto sobre la libertad de enseñanza y los conciertos, como anunciaba al principio, me voy a referir brevemente a la religión en la escuela. La presencia y el tratamiento de la asignatura de religión es otro de los aspectos
controvertidos a la hora de llegar a un pacto. No me voy a detener mucho en esta cuestión, pero sí el suficiente para señalar que nos parece adecuado que se le otorgue la seriedad académica que requiere basándose no ya en acuerdos internacionales,
que hay que respetar, sino en su propia relevancia para la formación de los alumnos. Efectivamente, los centros educativos, del tipo que sean, tratan de transmitir la cultura de forma sistemática y crítica; no solo enseñan una serie de
disciplinas, sino que deben ayudar a los alumnos a llegar a su pleno desarrollo, como señala nuestra propia Constitución, todas nuestras leyes orgánicas o, por ejemplo, el informe Delors y otros documentos internacionales. Esto supone plantear las
cuestiones sobre el sentido mismo de la persona, de la sociedad, del mundo y, al hacerlo, ninguna educación es neutra. Teniendo en cuenta que se trata de una materia optativa, elegida por los padres que desean que sus hijos reciban una educación
conforme a sus convicciones, no parece que haya que excluirla por principio del sistema educativo. La laicidad del Estado no excluye esta posibilidad. Por otra parte, el estudio del hecho religioso -y del cristianismo en particular- nos parece
indispensable para el conocimiento y la comprensión de nuestra cultura, nuestra historia y nuestra realidad presente, con independencia de las opciones personales de cada uno.
La segunda parte son conclusiones a modo de propuestas. No quiero cansarles. En realidad es un resumen de lo que he dicho hasta aquí, escrito en diferentes apartados y, como he traído por escrito esta exposición, lo podrán recoger al final
y así no les canso. Aquí me quedo, si les parece.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Alvira.
Vamos a comenzar ahora con las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Olòriz.
El señor OLÒRIZ SERRA: Muchas gracias, presidenta.
Su intervención ha sido clara y una declaración de principios, de metodología y de objetivos. Usted ha dicho muy bien que para llegar a un pacto todos tendrán que ceder. Entiendo su intervención como una afirmación de principios previa al
pacto, pero no imprescindible para el pacto. Lo digo porque soy un firme defensor de la escuela pública, pero sobre todo de la escuela; es decir, para mí el centro de la educación es la escuela, no puede ser otra cosa, y quiero la mejor escuela
para todos los niños, niñas y jóvenes de este Estado. Es en este marco donde tenemos algún precedente -antes lo hablábamos-: el non nato pacto de Gabilondo, en el que se llegó, pienso yo -al menos por lo que he leído y por lo que sabía ya en su
momento-, a acercamientos importantes, y el pacto que en el 2006 se llevó a Cataluña por el Consell Escolar y que las cuatro organizaciones de enseñanza, privadas y concertadas, firmaron. Fue la base de la LEC y esto nos permitió encontrar un punto
común, que luego ha quedado desvirtuado por la crisis, por las leyes que ha habido y por las discusiones eternas que se dan en este marco, por tanto, querría profundizar en este aspecto de la escuela concertada. La escuela privada con fondos
públicos, ¿tendría que conformar con la escuela pública un servicio público de educación, es decir, manteniendo el hecho de escuela pública-pública -por así decirlo- y escuela concertada con objetivos, vocación y elementos públicos? Porque lo
cierto es que hemos de encontrar el justo medio a dos niveles: que los objetivos sean los comunes y que, por tanto, la escuela pública y la escuela pública concertada sean evaluadas en función de los resultados que han de obtener para sacar la
mejor educación posible, no solo en los aspectos de las disciplinas académicas sino también en valores, en los valores conjuntos que nos ponemos como sociedad.
Segundo elemento. Si esto es así, también hemos de llegar a un acuerdo sobre la financiación y lo que comporta esta financiación, es decir, que si es gratuita ha de ser gratuita a todos los niveles. Es cierto que hay fundaciones y
fundaciones; el problema en algunas fundaciones no es el que paga, es el que no paga, porque en toda comunidad el que es diferente del otro acaba siendo discriminado a lo mejor no por la propia dirección de la escuela, sino por la misma asociación
de padres. Este es un elemento, la existencia de un dinero que se ha de pagar, que crea tensiones, a mi modo de ver innecesarias, y que llevaría a su supresión si nos ponemos de acuerdo en lo que vale un alumno y lo que pagaría el Estado por este
alumno en unas circunstancias determinadas.
Para acabar, la cuestión de la religión. Usted ha dicho una cosa con la que yo estoy de acuerdo: tenemos una fotografía que es del año 1968, y una fotografía que es también un concordato. En 2017 la realidad en este país es muy diferente,
se vive la religión de forma muy diferente a hace cuarenta o cincuenta años. ¿No tendríamos que adaptar el concepto de religión a este modelo y, por tanto, esta voluntad que a veces no sale de la escuela cristiana -a veces sale de otras estructuras
de la Iglesia
católica- de esta idea de que se ha de evaluar y que las escuelas públicas -todas- han de ofertar la religión y ha de ser evaluable? Yo pienso que tenemos que dar a esto un cambio importante, porque esta idea de que cada Gobierno -ahora sí
que acabo-, el más cercano a una posición o a otra, elabore una ley cercana a determinadas posiciones y excluyente respecto a otras se ha demostrado que es un caos para la educación y un camino sin salida.
Si vamos al pacto, tendremos que recuperar la idea de que nadie abandona sus principios, pero en el pacto sí podrá llegar a acuerdos que en su proyecto inicial no tiene. Si somos capaces de hacer esto, tendremos pacto, si no, no. Y para mí
es importante el papel del pacto social, es decir, el pacto político tiene que ser consecuencia de un pacto social por la educación fuerte y de un pacto territorial fuerte que no lleve, como siempre, a la lucha sobre competencias y a arrojarse las
competencias unos a otros llegando a situaciones de tensión insuperables. Me gustaría que avanzásemos en este sentido y, sobre todo, en la idea de lo que usted ha dicho, porque yo no digo que sea negociable todo, pero se tendrá que llegar a
acuerdos equidistantes.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Olòriz.
Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra la señora Millán.
La señora MILLÁN SALMERÓN: Muchísimas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero agradecer su asistencia; su presencia es muy importante para nosotros por el correcto desarrollo, como bien ha dicho, de un verdadero pacto y el proceder para conseguir un verdadero pacto nacional por la educación.
De hecho, la historia nos ha enseñado que aquello que se ha acordado mediante consenso ha perdurado y lo que se ha impuesto ha sido un impedimento, un impedimento para la sociedad. Por eso en Ciudadanos queremos tener presente a todos los sectores
implicados en la educación y no excluir a nadie, por lo que me gustaría saber -voy a ser directa y concreta- cómo ha influido la Lomce en el colectivo al que usted representa, qué impactos negativos ha supuesto de cara al futuro -esperamos- pacto
nacional por la educación.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Millán.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor Mena tiene la palabra.
El señor MENA ARCA: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero agradecer al señor Alvira su comparecencia y las explicaciones que nos ha dado. Si le digo la verdad, le he escuchado un poco preocupado, pues nos ha planteado un escenario en el que se persigue a las escuelas
concertadas, y especialmente a las que son propiedad de una orden religiosa, cuando supongo que usted compartirá conmigo que la única que ha perseguido históricamente al diferente en el Estado español ha sido precisamente la jerarquía de la Iglesia
católica. (La señora Moneo Díez: ¿Y el comunismo?) Estoy convencido de que ir contra ese modelo de sociedad es por lo que tanto usted como todos los diputados y diputadas, que formamos esta Comisión, estamos dispuestos a elaborar leyes que
favorezcan una sociedad diferente a la que históricamente hemos tenido.
Dicho esto, voy a ser sincero. Partimos de una base que seguramente no compartimos. En estos momentos el Estado español ya no es católico -lo dice nuestro ordenamiento jurídico-, pero sí somos una sociedad plural en creencias -no solamente
existe una creencia, sino diferentes y eso enriquece multiculturalmente a nuestra sociedad- y meramente secularizada. Ese es el elemento objetivo que seguramente tenemos hoy encima de la mesa.
En relación con las escuelas que usted representa, hay tres elementos que quiero poner en clave y sobre los que me gustaría hacerle una serie de preguntas. Me da la sensación -ya lo hemos escuchado- de que están haciendo una relectura
histórica del artículo 27 de la Constitución, porque que haya libertad de elección de enseñanza no quiere decir que se tenga que subvencionar con dinero público a las escuelas privadas. Significa que usted puede elegir entre un centro público y uno
privado, y no que tenga que haber una red que es anómala en el conjunto de Europa, por lo menos en los países de nuestro entorno, y usted tenía razón: se da precisamente en aquellas sociedades en las que la Iglesia católica, especialmente, continúa
teniendo un peso fundamental, con lo cual esa relectura histórica del artículo 27 de la Constitución no tiene cabida.
Debemos promocionar una escuela igualitaria. Usted preguntaba: ¿De qué manera las escuelas privadas o concertadas pueden seleccionar al alumnado? Le voy a dar un elemento sobre el que me
gustaría que hiciese una reflexión. Supongo que sabe que existe un estudio de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios, del año 2012 que dice que el 91% de las escuelas concertadas obliga al pago de cuotas, es decir, esconden a
las familias que el pago de cuotas es una cosa voluntaria, contraviniendo el principio de gratuidad de nuestra escuela pública. Qué manera tan fácil, señor Alvira, de discriminar al alumnado. Si la media que dice el estudio que tienen que pagar
las familias por cada hijo o hija escolarizado en una escuela concertada es de 501 euros, imagínese si tienen una economía vulnerable, como la mayoría de los ciudadanos en esta situación de crisis económica, y hay dos o tres hijos. Esto en cuanto a
la media. Lleida, por ejemplo, es la provincia en la que más se está pagando por ese tipo de escolarización, disparándose la cifra hasta los 1.025 euros. Señor Alvira, ¿no es esa una manera de discriminar al alumnado en función de la procedencia,
el origen social y las posibilidades económicas de las familias? Estoy convencido de que tanto usted como nosotros estamos dispuestos a llegar a un acuerdo para acabar con ese tipo de segregación que se da en determinados ámbitos escolares.
El segundo elemento es el de los conciertos. La manera en la que se abren vías de financiación a las fundaciones de determinadas órdenes religiosas, se utiliza como vía indirecta para financiar determinados intereses de ciertas órdenes
religiosas. Lo que no puede ser -estoy convencido, señor Alvira, de que lo comparte conmigo- es que se utilice el dinero público que se debe invertir en la educación para financiar fundaciones de órdenes religiosas.
Un tercer elemento, que usted no ha abordado en su intervención y que me parece caudal, es el de la selección del profesorado. Hemos hablado de cómo se selecciona el profesorado en las escuelas públicas, pero me gustaría que hiciese una
reflexión sobre el profesorado de religión y que sea la jerarquía eclesiástica, la iglesia, la Conferencia Episcopal quien decida quiénes son los profesores. ¿Usted se imagina, señor Alvira, que los profesores de literatura fueran escogidos por las
editoriales o que los profesores de ciencias los escogieran las industrias farmacéuticas? Nos echaríamos las manos a la cabeza, con lo cual es un elemento que seguramente tendremos que rectificar. Pasan cosas como la que pasó en el año 2014 en
Canarias que la iglesia expulsó de su puesto de trabajo a un profesor por ser homosexual y por haberse casado con su marido, cosa que reconoce nuestro ordenamiento jurídico. Contra esas cosas, señor Alvira, yo estoy convencido de que tanto usted
como nosotros estamos dispuestos a llegar a un pacto para que no sigan ocurriendo estas cosas en el Estado español. Intento acabar, señora presidenta.
Hacía referencia además a qué vamos a hacer si las escuelas concertadas que hay en el Estado español acaban en la red pública. Esa es una experiencia que ya se ha dado en otros momentos históricos y yo lo he recordado varias veces en esta
Comisión. Si usted no lo sabe, en Cataluña las escuelas del Spec a través de una iniciativa que presentó precisamente al Partit dels Socialistes de Catalunya que voluntariamente lo solicitaron, se incorporaron a la red de escuelas públicas. Los
más interesados, señor Alvira, son el profesorado, porque mejora sus condiciones laborales -lo hemos visto-, el alumnado porque tiene un entorno de cohesión social que es fundamental, las familias porque se evitan tener que pagar de forma indirecta
determinados conceptos y seguramente -en eso sí que estoy de acuerdo- los menos interesados son aquellos que pretenden hacer el negocio con la educación. Con lo cual, yo le querría plantear cómo valoraría usted la posibilidad de que todas aquellas
escuelas concertadas que voluntariamente lo solicitasen, se pudieran incorporar paulatinamente a la red pública de nuestro sistema educativo. Porque yo comparto una cosa que usted decía y que seguramente no debemos esconder: la cultura religiosa
tiene que estar presente de una manera u otra en el aula. Ponía un ejemplo también el otro día. Soy profesor de literatura y no se me ocurriría explicar según qué periodo histórico de la literatura sin explicar qué pasaba religiosamente y qué
movimientos religiosos había en esa época, pero usted está de acuerdo conmigo en que una cosa es la cultura religiosa que debe ser transversal, que debemos explicar en literatura, en historia y en diferentes asignaturas, y otra es la promoción de
una única religión y mucho menos la liturgia religiosa como se está dando en algunas escuelas.
Acabo con dos preguntas concretas, porque si no la presidenta me retirará la palabra. ¿Qué opina usted de las escuelas casi todas religiosas, casi todas pertenecientes a órdenes como el Opus Dei o los Legionarios de Cristo, que segregan
alumnos en función del sexo y que continúan recibiendo dinero público? ¿Usted cree que tenemos que acabar con ese comportamiento contrario a los principios de la Constitución?
Segundo elemento, que usted de alguna manera planteaba y que, a mi entender, es la base y la raíz del conflicto, ¿nos creemos o no que España es un Estado laico? Si usted decía que lo que se tiene que hacer con los acuerdos internacionales
es cumplirlos, yo le doy otra alternativa y es que se pueden derogar.
La señora PRESIDENTA: Señor Mena, tiene que terminar.
El señor MENA ARCA: Los acuerdos internacionales como el Concordato con el Vaticano se pueden derogar.
Gracias, señor presidenta.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Meijón.
El señor MEIJÓN COUSELO: Moitas grazas, señora presidenta.
Señor Alvira Duplá, en primer lugar, quiero agradecerle su presencia en esta subcomisión y, además, el rigor de su exposición, y sobre todo, la valentía de entrar en asuntos que usted mismo defendía como cuestiones de fondo, y que
necesariamente nos conmina usted a que podamos arreglar en esta subcomisión y no quedarnos únicamente en otros aspectos a lo mejor más fáciles para un pacto definitivo sobre educación.
Partía usted del artículo 27, de ese primer consenso que ha habido en este país, y comentaba que ha sido consolidado en distintas sentencias judiciales e interpretaciones realizadas por el Supremo, pero también es verdad que el artículo 27
tiene unos grados de interpretación con unos importantes márgenes de variabilidad y, de hecho, muchas de esas sentencias apoyaban no tanto un artículo 27 como la legislación que desarrollaba ese artículo 27 o las lagunas que esa legislación
mantenía. Un ejemplo claro lo tenemos precisamente -lo comentaban los compañeros- en los colegios que segregan por sexos en cuanto a que las sentencias no estaban tanto basadas en el artículo 27, sino en las leyes posteriores que no lo impedían.
De hecho, hubo una rectificación de un artículo de la Lomce para que estas subvenciones no quedaran dentro de la ilegalidad, en el más suave de los casos en la legalidad o, por ejemplo, aquellas que permitían ceder suelo público para colegios
privados. En consecuencia, pensamos que el artículo 27 necesita un segundo consenso. Ese es realmente el trabajo de esta subcomisión y el trabajo de este pacto educativo, social, político y territorial.
Repito que le agradezco que entrara directamente en cuestiones de fondo, aunque lamento particularmente que no haya tenido tiempo para entrar en otras cuestiones que me interesarían mucho por la experiencia pedagógica de los centros y por el
número de profesores y alumnos que están bajo su cargo: problemas pedagógicos, organizativos, curriculares, etcétera. ¿Qué opinan ustedes de la arquitectura del sistema educativo? ¿Creen que está bien hecha o no? ¿Creen que el bachillerato está
cumpliendo con las funciones que tenía? ¿Ustedes entienden que debemos seguir con la enseñanza comprensiva? ¿Es preciso realizar elecciones forzadas que a veces evitan la reversibilidad de estas decisiones en los alumnos? ¿Cuándo debieran
iniciarse estos caminos, en caso de haberlos? ¿Deberían ser siempre reversibles? ¿Le parece que habría que revisar los diseños curriculares? Yo lo estoy resumiendo en una frase: enseñar menos para que los alumnos puedan aprender más. ¿Qué les
parecen a ustedes las revalidas? ¿Qué les parecen las evaluaciones externas cuando sirven además para quitar títulos al alumnado, volviendo a épocas anteriores al año 1970, cuando ya Villar Palasí recriminaba el uso de estas pruebas para que de
cada cien alumnos solo veintisiete llegaran con diez años al bachillerato y solo tres acabaran la universidad?
Vuelvo al artículo 27 que nos habla del derecho fundamental a la educación. Es verdad que nosotros reconocemos que también está en el artículo 27 la facultad de los padres a elegir el centro. Pero entendemos que esa facultad se agota con
la solicitud que cubren cuando solicitan los centros, y en esa solicitud ponen qué colegios tienen como preferencia. Sería un absurdo pensar que, si todos los padres ponen el mismo centro, todos puedan llevar a sus hijos a ese centro. Como lo
absurdo no puede darse, estas facultades obviamente están cubiertas con las solicitudes que los padres hacen. No es que tengan derecho a recibir una plaza en un centro concreto que ellos piden, sino a que las solicitudes que hagan sean tratadas con
criterios razonables y objetivos -en esto coincidimos-, sea tanto en un centro concertado como en un centro público; es decir, en todos los centros sostenidos con fondos públicos.
Usted decía que se dicen cosas de los centros concertados, pero a veces son ciertas. El consejero de Educación de Galicia siempre dice que las ratios en Galicia de número de alumnos por profesor son muy bajas. Es así, porque entran todas
las escuelas rurales y se rebajan las medias, pero en los grandes centros urbanos las ratios de alumnos por profesor son irreconciliables con una educación de calidad. En cuanto a las estadísticas que usted manejaba respecto al número de
inmigrantes y de alumnos con necesidades especiales, le puedo decir que estudios rigurosos -no hay que buscar mucho- dicen que los porcentajes son mucho más elevados en la red de centros públicos que en la red de centros concertados. Ustedes saben
que, igual que se habla de un currículum oculto en la enseñanza, también hay criterios ocultos -aunque decíamos que los criterios para conceder una plaza a un alumno deberían ser razonables y objetivos- que son tan reales como la vida misma.
Por ejemplo, como antes le decía, si pueden o no pagar las cantidades que les piden, porque, si no las pagan, quizá quedan mal con el resto de los padres o sus hijos pueden quedar marcados. A lo mejor esa selección que no se hace viene dada porque
en la concertada no existen los profesores de pedagogía terapéutica pagados por el Estado o, como usted comentaba antes, por las ayudas de comedor, etcétera. Estos son elementos que al final creemos que están sirviendo para hacer una segregación
socioeconómica del alumnado, por no decir que la mayoría de los centros concertados están en las grandes urbes, donde hay posibilidad de alumnado, y nunca en otros sitios. Repito que hay que hacer todas las excepciones del mundo y salvar a centros
concertados que me consta que están haciendo una labor magnífica en sitios donde son necesarios y donde a veces no llega ni siquiera la enseñanza pública.
En concreto, por seguir con sus cuestiones de fondo, le preguntaría si estaría usted de acuerdo con que hubiera controles efectivos, así como soluciones efectivas, para que esos criterios ocultos de selección no se dieran y pudiéramos tener
una homogeneización del alumnado en la red conjunta de centros sostenidos con fondos públicos.
Por lo que se refiere a la religión, usted y yo hemos hablado más de una vez ya, cuando estábamos aquí debatiendo la Lomce. Usted conoce tan bien como yo el informe que en su día hizo el filósofo francés Régis Debray sobre la cuestión del
hecho religioso. Como antes decía el compañero Joan Mena, en ningún caso vamos a negar la enseñanza del hecho religioso. Yo quiero la enseñanza de religiones en la escuela y mi grupo desea que esté ahí, porque sería imposible una formación
completa si el hecho religioso no está bien ponderado en los currículos escolares y en las diversas materias. Es verdad que luego podríamos decidir si esto debería darse transversalmente en todo momento o si debe haber una materia propia optativa
en algún curso, por ejemplo historia de las religiones, pero esa decisión sería un elemento más accesorio. Yo le preguntaría si usted, que conoce además otros países -me consta que ha estado en centros de Francia-, cree que un sistema como el
francés rechinaría demasiado en la sociedad española actual. Es decir, si cree usted que un sistema en el que la enseñanza confesional -no la enseñanza de las religiones, sino la enseñanza confesional- queda fuera del currículum del horario escolar
-como en Francia, que se da los miércoles por la tarde- rechinaría demasiado en nuestra sociedad o sería un elemento de pacto, de tal forma que pudiéramos cerrar un poco esta discusión que existe sobre algo que no tiene demasiado que ver con el
fracaso y el abandono escolar pero es un elemento de fondo en el debate educativo de este país.
Veo que me estoy excediendo en el tiempo. Simplemente le agradezco a usted su intervención. Será un placer volver a leer con más calma el discurso que usted nos ha ofrecido esta tarde y, si es posible, esperemos que tenga tiempo para
contestar a nuestras preguntas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Meijón.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moneo.
La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor Alvira, quiero darle la bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario Popular a esta Comisión y agradecerle sus palabras, su completa intervención, que arroja luz sobre una de las cuestiones que tendremos que abordar en este pacto de
Estado social y político por la educación. Creo que una de las cuestiones de la que hemos sido testigos los miembros de esta Comisión, a lo largo de toda la tarde, con las anteriores intervinientes se refiere precisamente al pacto, a la voluntad de
pacto. Yo puedo decirle en nombre del Grupo Parlamentario Popular que la voluntad de pacto y de acuerdo es inequívoca. Vamos a trabajar hasta el último día para limar las posibles asperezas y para limar los puntos de conflicto que puedan existir
entre las diferentes formaciones políticas, y que lógicamente también existen dentro de las entidades, asociaciones y supongo que entre los expertos que comparezcan en el futuro en esta Comisión. Lo que para nosotros no es viable en el pacto es
revisar derechos adquiridos y acuerdos ya consolidados y, desde nuestro punto de vista, el artículo 27 resulta absolutamente fundamental, porque es un consenso marcado en el texto constitucional y, además, es un consenso que el legislador quiso
incluir dentro de un capítulo fundamental de la Constitución: De los derechos fundamentales y de las libertades públicas -Título I-. No en cualquier título, sino en el Título I, capítulo: De los derechos fundamentales y libertades públicas.
Luego, no estamos hablando de cualquier precepto, luego, tenemos que partir del respeto a ese precepto si queremos consolidar un pacto a futuro.
Usted ha hecho referencia a la jurisprudencia y, efectivamente, la jurisprudencia es cuantiosa porque a lo largo de estos años las sucesivas leyes educativas -la propia Loece, la LODE, etcétera- han visto diferentes recursos ante el Tribunal
Constitucional, que además ha permitido aclarar determinados aspectos que emanan del artículo 27, entre ellos el artículo 4 de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, que es muy claro a este respecto: los padres o tutores legales tienen derecho
a escoger centro docente distinto de los creados por los poderes públicos. Por tanto, a nuestro juicio, replantearnos no solo el marco constitucional, sino las diferentes sentencias en relación con la propia existencia de la libertad de enseñanza
es un absoluto error. Si lo que queremos es replantearnos cuarenta años de democracia y de derechos ya adquiridos en relación con la educación, creo que partimos de un planteamiento erróneo para llegar al acuerdo. Nosotros no lo escondemos,
creemos en la libertad, creemos profundamente en la libertad de enseñanza. Somos conscientes de que la libertad a día de hoy en determinadas cuestiones presenta dificultades. Aquí se hablaba en otra sesión de si la libertad era plena, por ejemplo,
en aquellos centros que se instalan en zonas rurales, donde los padres tienen un margen limitado de elegir, si no es ínfimo o imposible. Es una realidad que existe, que tenemos que abordar, y superar y trabajar para que esa libertad llegue a ellos.
No tenemos que tener miedo a la libertad. Tenemos que romper determinados tópicos que envuelven a la escuela concertada. Usted ha hecho referencia a algunos de ellos.
Respecto al alumnado inmigrante, en esta sala decía esta misma tarde el secretario general de FSIE, Jesús Pueyo, que la zonificación de la escolarización provoca guetos, y nosotros estamos de acuerdo. La zonificación es un mal recurso para
la libertad, pero también es un mal recurso a la hora de integrar. Esa es la realidad. No hay más que vivir en una gran ciudad para saber a qué colegios acuden los alumnos inmigrantes. Le puedo garantizar -por propia experiencia, y usted lo sabe-
que, en determinados distritos de Madrid -supongo que ocurrirá igual en Barcelona- hay centros concertados que tienen más de un 50 % de alumnado inmigrante, quizá algunos más del 60 %, y por una sencilla razón, porque son los centros más próximos a
su casa y porque, tradicionalmente, y hasta que se rompió la zonificación, junto con otra serie de barreras referidas, efectivamente, a las becas de comedor, a las becas de transporte y a otra serie de cuestiones que no afectan a la enseñanza
concertada, están limitando. Ese discurso en relación con que el alumnado inmigrante no acude a los centros concertados se mantiene, por tanto, con cierta hipocresía. Igual habría que romper barreras para que ese alumnado pudiese elegir en
igualdad de oportunidades, y en primer lugar la barrera económica. Está claramente demostrado que las posibilidades de integración y de acceso de esos alumnos se producen día a día. Para nosotros, la libertad, además, es un derecho subjetivo; es
decir, no es un derecho de prestación. El hecho a que se reconozca también la libertad de creación de centro deriva necesariamente del derecho que asiste a los padres a optar por un centro y no por otro. Por eso se pueden crear centros y por eso
la propia Constitución garantiza ese derecho de los padres y de las familias.
Respecto a la integración de los niños con necesidades educativas especiales, vamos a hablar de libertad con mayúsculas. Tendremos que hablar de financiación, y me gustaría que en eso expresase su opinión. Si creemos en la libertad de
todas las familias, con independencia de donde residan, el lugar donde vivan, el lugar donde trabajen o el nivel de renta, tendremos que financiar correctamente toda la educación. Y ahí también está la escuela concertada, que tendrá que tener los
apoyos necesarios. Hay centros concertados que acogen y atienden mayoritariamente y de forma extraordinaria a niños con necesidades educativas especiales. La cuestión es si son suficientes, porque a nuestro juicio no lo son. Tendríamos que
extender esa posibilidad a otros centros para que las familias puedan elegir. También hay centros concertados de educación especial. ¿Qué hacemos con esos centros? ¿Acabamos con ellos, simplemente por los prejuicios con relación a la escuela
concertada? Creo que tenemos que romper ese discurso absolutamente hipócrita. Me gustaría que usted nos diese su opinión al respecto.
¿Cómo tendríamos que avanzar hacia una correcta financiación de la escuela concertada? ¿Los criterios actuales son suficientes? ¿Las ayudas que reciben los padres que optan por este tipo de colegios son suficientes? ¿Cómo ha evolucionado
la demanda? Usted ha hecho una pregunta: ¿Qué pasaría si se eliminase la escuela concertada y sus alumnos pasasen a la pública?
La señora PRESIDENTA: Señora Moneo.
La señora MONEO DÍEZ: Voy acabando, señora presidenta.
¿Seríamos capaces de sostener económicamente esa situación, más allá, por supuesto, del principio de libertad, al propio profesorado? También me gustaría preguntarle, respecto al tema de calidad, cómo podemos conjugar el carácter propio del
centro con el derecho a la libertad y el derecho que asiste a los
padres a elegir el centro que quieren para sus hijos. Nosotros pensamos que se puede conjugar perfectamente, pero nos gustaría conocer su opinión.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Moneo.
Para contestar a las muchas cuestiones, el señor Alvira Duplá tiene la palabra por diez minutos.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS DE ENSEÑANZA-TITULARES DE CENTROS CATÓLICOS, FERE-CECA (Alvira Duplá): Les agradezco que hayan planteado todas estas cuestiones, aunque es una pena que no tengamos mucho
más tiempo para hablar tranquilamente, porque esto da para hablar mucho. Por lo tanto, pido perdón desde el principio si no respondo a todas las cuestiones o me detengo más en unas que en otras.
Antes de responder a alguna pregunta en particular, querría recordar o dibujar el programa en el que yo sitúo la escuela y la educación en España. Soy consciente de que la España de hoy no es la de 1978. Soy consciente del grado de
secularización de nuestra sociedad. Lo sé, ¿cómo no iba a saberlo? Me temo que a veces los que tienen que cambiar el discurso son ustedes, porque da la impresión de que les gustaría hacer un discurso como si estuvieran en 1978 o antes. ¡Ya sé que
ha pasado el tiempo! Sabemos el terreno en el que nos movemos. Y luego hay otra cuestión y es que yo he planteado todo mi discurso en el terreno de los derechos civiles. Por lo tanto, cuando me preguntan sobre el concordato, en primer lugar, el
concordato no existe; existen acuerdos. He pretendido hacer todo mi discurso -quizá me he explicado mal o no ha quedado claro- en el terreno de los derechos civiles y no he hecho alusión a la Iglesia nada más que en unos momentos determinados, y
ya dije que iba a hablar un momento de la religión en la escuela. De manera que situemos bien las cosas, a ver en qué terreno nos estamos moviendo. No he invocado para nada ningún privilegio, no he invocado el concordato o los acuerdos con la
Santa Sede en ningún momento. Sí voy a responder a una cosa que me chirría y es que a estas alturas todavía estemos hablando de que algunas congregaciones religiosas están en la educación para hacer negocio; me chirría. Usted sabe, aunque finja
no saberlo, que estamos por otros motivos, que no estamos ahí para hacer negocio. (El señor Mena Arca pronuncia palabras que no se perciben). Otra cosa es que finjan no saberlo y ese discurso les interese. Pero ya está bien, ese discurso ya esta
muy superado. Pónganse al día. Estamos en 2017 -que es lo que me recordaba usted, y yo se lo recuerdo también, estamos en 2017-, vamos a dejar ya discursos de otras épocas. A estas alturas decir que la escuela concertada, la escuela católica,
está para hacer negocio, no sé si a uno le dan ganas de reír o llorar, pero desde luego es un discurso muy poco serio.
En cuanto a las preguntas del señor Olòriz, quería decir que en muchas cuestiones, tal y como las ha planteado, estaríamos de acuerdo. Por ejemplo, ha dicho que le importa la escuela. A mí también. Ha hablado de formación y educación en
valores, no solamente en las disciplinas académicas. Por supuesto, ahí estamos y me parece que en eso estaríamos de acuerdo. ¿A la escuela concertada se le puede llamar pública, en el sentido de que presta un servicio de interés público? Estamos
en el terreno de lo público, que es la formación en el terreno -como decía- de la sociedad civil y, en este sentido, podría serlo. No se podría decir que son centros públicos porque hay una cierta autonomía y, al final, yo creo que las decisiones,
a la hora de dirigir la escuela, pertenecen a la entidad titular. En cuanto a que ejerce un servicio de cara a la sociedad, podríamos estar de acuerdo.
La última de las preguntas que hacía se refería a la religión. Insisto, y lo he dicho expresamente, en que he sido muy breve al tratar este tema porque entiendo que no me corresponde exactamente a mí; yo voy a apoyar esa presencia de la
religión, pero no me corresponde a mí porque yo estoy hablando en nombre de las escuelas católicas, y cuando se habla de la presencia de la religión en la escuela pública puedo dar mi opinión, pero no es el terreno en el que me muevo; quizá sean
otros los que puedan darlo. La argumentación fundamental para que la religión pueda tener su puesto en la escuela me parece a mí que está en la relevancia que pueda tener, como decía, para la formación; no en un acuerdo internacional, que eso está
ahí y hay que respetarlo. Se puede derogar, como todos los acuerdos internacionales, pero mientras esté en vigor hay que cumplirlo. Pero no me baso en ese acuerdo; me baso, sobre todo, en la relevancia académica y formativa que puede tener la
religión.
También ha dicho el señor Olòriz que debería haber un acuerdo en muchos temas, que si hay un pacto debemos estar todos dispuestos a confrontar nuestras posiciones, y yo creo que así debe ser. A nosotros nos parece que habría una forma de
salir de dudas para tener el panorama despejado sobre la cuestión de la financiación, y es estudiar lo que realmente cuesta un alumno de la escuela. Esto varía de unas
zonas a otras, pero se puede hacer un estudio. Es más, las leyes lo piden desde hace mucho tiempo y nosotros somos los primeros que hemos pedido insistentemente que se haga y se publique dicho estudio. Esto es algo que nos gustaría, y de
paso respondo también a la pregunta que me han hecho por parte de otro grupo sobre qué pasos se podrían dar. Primero, hacer un estudio serio sobre lo que realmente cuesta el puesto escolar y que la financiación sea la que corresponde a dicho coste.
Así nos evitaríamos después otros problemas de aportaciones voluntarias, etcétera.
Efectivamente, un pacto educativo no es un pacto solo político sino también social. Es más, pienso que en realidad debería partir más de la sociedad -debería ser un pacto social- y que después los partidos políticos acojan, refrenden,
etcétera, recogiendo el sentir de la sociedad. En eso estaría totalmente de acuerdo. Por tanto, los grupos sociales interesados en la educación debemos colaborar a que ese pacto sea posible y aportar nuestro punto de vista. Sé que me dejo algunas
de las preguntas que me ha hecho.
La señora Millán, del Grupo Ciudadanos, ha expresado el deseo de consenso por parte de su grupo y en eso me parece que estamos totalmente de acuerdo. Su pregunta concreta era cómo ha influido la Lomce en los centros que yo represento. Yo
diría que ha pasado muy poco tiempo de aplicación de la Lomce como para sacar consecuencias definitivas. En realidad, de implantación de la Lomce llevamos apenas dos cursos -en algunos casos, ni eso-, por tanto, para mí sería precipitado hablar de
esto. Sí me gustaría desmentir algo sobre la Lomce que se repitió como otro mantra, y es que la Lomce es la ley de la concertada. Yo pensaba: que me digan de dónde sacan eso. Me parece que era uno de esos mantras que se repiten y repiten.
Alguno de los asuntos más conflictivos de la Lomce se refería a las reválidas, cuestión por la que también me ha preguntado el señor Meijón. Pues bien, las reválidas en realidad no se han puesto en marcha. ¿Qué pienso yo sobre las
reválidas? Yo creo que el hecho de que la educación se someta a pruebas de evaluación externa, como cualquier otro sector de la sociedad, es bueno siempre y cuando sea para mejorar. Yo creo que la evaluación es buena para que cualquier grupo,
entidad, sector, pueda mejorar. Lo que efectivamente sería discutible es que eso sea condición para obtener los títulos, pero si una evaluación externa se hace para conocer los resultados, analizarlos y que se puedan mejorar, yo no tendría ningún
inconveniente. Creo que es bien sabido de todos que la educación es uno de los sectores más refractarios a las evaluaciones externas. Muchos otros sectores sociales están más abiertos a que se hagan evaluaciones externas, por tanto, yo no me
opondría a unas pruebas externas que sirvieran para diagnosticar y mejorar. En este sentido, me parece que eso sería posible. Creo que la Lomce no ha influido muchísimo más en la situación actual de la enseñanza porque, como digo, lleva muy poco
tiempo de implantación; en algunos cursos escasamente un año.
Me parece que he contestado a algunas de las cuestiones que ha planteado el señor Mena, pero creo que no se puede decir que la única entidad -estamos hablando de cosas muy serias- que en la historia ha perseguido haya sido la Iglesia. ¿Que
la Iglesia ha perseguido en algunos momentos? Sí. ¿Que la Iglesia en el campo educativo -lo he dicho en mi intervención- ha pretendido controlar y que eso hoy es inadmisible? También. Pero decir que la única entidad que ha perseguido en este
país ha sido la Iglesia -que es lo que ha dicho- es demasiado fuerte como para admitirlo o como para que yo lo deje pasar, y no voy a entrar en más discusiones porque me parece que de lo que se trata es de que miremos adelante, de que pasemos página
respecto a muchas cosas y de que estemos dispuestos a buscar un consenso y un pacto, pero estas afirmaciones no son admisibles. (El señor Mena Arca: Señora presidenta, pido la palabra por alusiones y para aclarar la cuestión).
La señora PRESIDENTA: Después.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS DE ENSEÑANZA-TITULARES DE CENTROS CATÓLICOS, FERE-CECA (Alvira Duplá): Insisto -creo que le he respondido al principio- en que el Estado español no es católico. Por
supuesto, ya lo sabemos. La laicidad de un Estado no consiste en que tome opción por una postura antirreligiosa, vamos a ver si nos aclaramos y además vamos a tener clara la terminología. El Estado español es un Estado aconfesional, como lo puede
ser cualquier Estado moderno actual. Que la sociedad sea más o menos secularizada o laicizada es algo que tendrán que determinar los sociólogos. Tendrían que hacer una foto, al cabo de unos años otra, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que el
Estado es aconfesional, y debe serlo, me parece muy bien. Ser aconfesional quiere decir que no toma opciones en el terreno de la religión, pero reconoce que lo religioso es un hecho presente en la sociedad, no puede ignorarlo, y debe favorecer esa
libertad religiosa
como cualquier otra libertad, no solamente reconocer que está ahí, sino favorecerla como todas las otras libertades fundamentales. Favorecerla quiere decir poner los medios para que eso sea posible, también en el ámbito de la escuela, por
qué no.
El artículo 27. Yo he citado varios países. Decía que estos acuerdos, conciertos o algo parecido se dan en países de clara presencia religiosa todavía. ¡No me dirá usted eso de Francia, que es un país que hace de la laicidad un valor
republicano a defender y que toda la sociedad defiende en cualquier momento! No es así, no se puede decir que esto se dé en todos los países o solo en países que tienen una tradición cristiana. Ahora bien, si todos los países europeos tienen una
tradición cristiana, que la tienen en la base cultural e histórica, reconozcamos ese hecho también como un hecho relevante. No solamente lo digo para sacar ventaja, sino porque la sociedad, su formación, su cultura, sus tradiciones, etcétera,
vienen influidas por una tradición cristiana. Eso es cierto en todos los países europeos, es innegable. No se puede decir que en este momento son países donde la Iglesia tiene un papel preponderante porque esto no es así. En Suecia no es así, en
Francia no es así y se puede decir lo mismo de muchos otros países.
La selección de los alumnos. Me ha dado unas cifras. Lo siento, pero mis cifras y mis estudios serios -no los míos, los que yo he encargado y los que conozco- no dicen eso. ¿Cómo se puede decir que el 92% obliga a las cuotas? Lo siento,
pero no. En los centros que yo represento, el 92% no obliga a las cuotas. Si usted conoce alguno que obligue, denúncielo, y probablemente yo seré el primero que le acompañe si es algún centro que pertenece a mi asociación. Pueden decir lo que
quieran, pero seamos serios sobre los datos que manejamos. Sobre las cantidades, hay regiones españolas en donde prácticamente en ningún colegio se solicita esta cuota voluntaria, y ahí la media sería bajísima. No tengo los datos de la media, no
tengo hecho ese estudio, pero esas cantidades que ha citado no son las que yo manejo ni las que corresponden a los centros de mi organización. No me puedo entretener más, no le puedo sacar aquí un estudio, porque no lo he traído.
La señora PRESIDENTA: Todavía le quedan tres minutos porque en su primera intervención no ha consumido los treinta.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS DE ENSEÑANZA-TITULARES DE CENTROS CATÓLICOS, FERE-CECA (Alvira Duplá): Se me ha preguntado sobre las escuelas diferenciadas. Vamos a ver si nos aclaramos. En nuestra
organización no tenemos escuelas diferenciadas. Punto. Podría pasar a otro punto y se acabó. Cuando habla de órdenes religiosas, Opus, etcétera, no mezclemos. Vamos a ver si nos aclaramos y utilizamos un lenguaje correcto. Primero, el Opus no
es una orden religiosa, pero aparte de eso los centros del Opus que usted ha citado no están en nuestra organización. Por tanto, la pregunta no debe ir dirigida a mí. ¿Qué opino sobre la escuela diferenciada? Yo opino que, en virtud de la
libertad de enseñanza, no habría inconveniente en que existieran esos centros para que los padres que quieran los elijan en virtud de esa libertad de elección, pero nuestra opción, la de los centros católicos que represento, no es esa. Como digo,
prácticamente todos -quizá hay dos centros de los dos mil y pico, que además son centros pequeñitos- están en régimen de coeducación. Por tanto, está clara cuál es nuestra opción. Entiendo que la pregunta no va dirigida a mí.
Me preguntaba el señor Meijón sobre el sistema educativo. Requeriría mucho tiempo hablar de qué opino sobre todas estas cosas. En cuanto a la escuela comprensiva, por decirlo en pocas palabras, hasta una cierta edad -en este momento en
España es hasta los dieciséis en principio, hasta lo que es cuarto de la ESO- está bien, pero me parece que en los últimos años de esa etapa no está mal que empiece a haber ciertas diferenciaciones, no muchas, pero que haya caminos e itinerarios
diversos para dar opción a alumnos que prefieren unos itinerarios a otros, sin que sean itinerarios irreversibles, que no ocupen la mayor parte del tiempo del currículum, etcétera. Sobre las reválidas ya he contestado. Son muchas preguntas.
Hablaba de controles efectivos sobre la admisión de alumnos. Sí, por supuesto, debe haberlos -yo creo que los hay-. ¿Estaría dispuesto a que los haya en los centros? Por supuesto, que haya controles; yo creo que los hay, efectivamente. No
habría ninguna oposición por nuestra parte a que existan.
Hago una referencia a algo que ha mencionado también la representante del Partido Popular, y creo que también el señor Meijón, sobre la presencia en zonas rurales. Es cierto que en estos momentos los centros concertados -y católicos, en
particular- no están mayoritariamente en zonas rurales. A pesar nuestro, muy a nuestro pesar. Nos hemos marchado de muchos sitios sintiéndolo mucho, pero cuando en una zona rural va habiendo menos población, que es lo que sucede en muchas zonas
rurales de España, y hay dos centros -imaginemos-, uno concertado y otro público y no hay alumnado para todos, ¿qué es
lo que suele hacer la administración educativa? No conceder el concierto, suspender el concierto con lo cual nos tenemos que ir. Esto es lo que ha pasado en muchas zonas rurales. Ya nos gustaría estar en muchas zonas rurales en donde
hemos estado presentes -y de qué manera- durante muchos años. No hemos abandonado por nuestro gusto las zonas rurales, unas zonas en las que hemos estado, históricamente, muy presentes.
Respecto a lo que ha dicho la señora Moneo, hay varias cuestiones. Habría que hablar de financiación, efectivamente, y para hablar de ello lo primero que habría que hacer -como decía al principio- es ese estudio, lo que realmente cuesta el
puesto escolar y ser consecuente con eso para garantizar la educación gratuita. (El señor Meijón Couselo: ¿El modelo francés?). De hecho, me he olvidado de contestar a muchas preguntas, ojalá pudiéramos tener tiempo para hablar de más cosas. El
modelo francés creo que es el modelo en el que, básicamente, se inspiró el modelo de los conciertos españoles (El señor Meijón Couselo: Me refiero a la enseñanza religiosa). Sí, la cuestión de la religión. En Francia, efectivamente, la religión
no entra en el currículo. Es decir, por una parte el modelo francés de conciertos me parece que es absolutamente válido e interesante y, como digo, es un país totalmente laico que financia la escuela privada que quiere acogerse al régimen de
contratos -como se llama allí-. Esa ha sido una opción de Francia, eliminar la religión del currículo y su presencia en la escuela, como está eliminada de cualquier ámbito público en ese país. De hecho, hay ciertos signos religiosos que no se
pueden exhibir. Aquí es donde vienen las cuestiones polémicas ahora cuando esos signos vienen de otra religión. Es un modelo en el que yo no estaría muy de acuerdo; a mí me gustaría más un modelo en el cual pudiera estar presente la religión en
la escuela para el que la elija, para el que quiera.
Por aclarar esto, yo no estoy en la escuela pública. Me he referido a la religión en general y he sido breve porque cuando se habla de qué se piensa de los profesores de religión, quien los nombra, etcétera habrá que preguntar a quien
corresponda. A mí no me toca, yo estoy representando a centros privados concertados católicos, no a los profesores de religión de la escuela pública. ¿Me explico?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alvira Duplá por sus contestaciones. Le reitero que si alguna de las preguntas de las que usted ha tomado nota cree que es interesante e importante para cuando vayamos a trabajar, una vez
terminadas las comparecencias, estamos a su disposición para recibirlas con mucho gusto.
Señor Mena, usted ha pedido la palabra. Pero les voy a poner en conocimiento de que en esta Comisión y en estas comparecencias por alusiones no se debe de dar.
El señor MENA ARCA: No, por aclaraciones, no es por alusiones.
La señora PRESIDENTA: Tiene un minuto.
El señor MENA ARCA: Menos de un minuto.
Lo decía porque creo que no he dicho que la Iglesia católica ha sido la única entidad que ha perseguido porque estaría diciendo una barbaridad histórica, pues precisamente en este país en el que hemos vivido una dictadura que ha perseguido y
que ha asesinado personas, decir eso sería una barbaridad. Yo lo que he dicho es que la Iglesia católica ha perseguido en este país, ha hecho una persecución. Simplemente, no es la única entidad, por desgracia, porque hemos vivido históricamente
muchos procesos. Y si lo he dicho, si he dicho la única entidad quiero rectificarlo también porque quiero que conste que, por desgracia, no ha sido la única entidad que lo ha hecho.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS DE ENSEÑANZA-TITULARES DE CENTROS CATÓLICOS, FERE-CECA (Alvira Duplá): Gracias por la rectificación. Yo creo que lo que ha dicho -y he tomado nota literalmente porque me
ha chirriado mucho- es que es la única que ha perseguido. Y no. La persecución no ha sido solamente en los últimos años. Tenemos siglos de historia en los cuales ha habido persecución y personas próximas a mí -no digo por motivos de parentesco
sino por motivos de creencias y de pertenencia a grupos- también han sufrido persecución y de qué manera.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias de nuevo, señor Alvira Duplá.
Una vez terminadas las comparecencias, se levanta la sesión.
Eran las ocho y veinte minutos de la noche.