CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 112

DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CELIA VILLALOBOS TALERO

Sesión núm. 16

celebrada el miércoles,

8 de febrero de 2017

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias:


- Del señor catedrático de Hacienda Pública en la Universidad de Alcalá de Henares (Lagares Calvo), para informar sobre temas relacionados con el objeto de la Comisión. Por acuerdo de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos
del Pacto de Toledo. (Número de expediente 219/000200) ... (Página2)


- Del señor presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Airef (Escrivá Belmonte), para informar sobre temas relacionados con el objeto de la Comisión. Por acuerdo de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los
Acuerdos del Pacto de Toledo. (Número de expediente 212/000203) ... (Página19)

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Se abre la sesión a las diez de la mañana.


COMPARECENCIAS:


- DEL SEÑOR CATEDRÁTICO DE HACIENDA PÚBLICA EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES (LAGARES CALVO), PARA INFORMAR SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA COMISIÓN. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS
DEL PACTO DE TOLEDO. (Número de expediente 219/000200).


La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.


Damos la bienvenida a esta Comisión a don Manuel Jesús Lagares Calvo, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Alcalá de Henares, para que haga su primera intervención. Después le harán las preguntas correspondientes los
portavoces y, para terminar, contestará usted lo que considere oportuno. Suya es la palabra.


El señor CATEDRÁTICO DE HACIENDA PÚBLICA EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES (Lagares Calvo): Muchas gracias.


Quiero empezar mi intervención agradeciendo muy sinceramente la invitación que me han hecho. Es la tercera vez que concurro a esta Comisión. La primera vez fue allá por el año 1995, cuando se estaba gestando el Pacto de Toledo. Me
preguntaron sus antecesores sobre mis ideas acerca de las pensiones. La segunda vez que he concurrido a esta Comisión fue en el año 2013, cuando se terminó la Comisión para la reforma y la actualización de las pensiones, de la que formé parte. Y
finalmente, hoy. Tres veces. Mis ideas no han cambiado excesivamente desde entonces pero sí se han ido perfilando porque los acontecimientos se han acelerado notablemente en los últimos tiempos. Digamos que los problemas actuales del sistema de
pensiones se centran en torno a dos grandes núcleos, al menos a mí me gusta señalarlo así. Primer núcleo, problemas demográficos: envejecimiento y esperanza de vida. Segundo núcleo, problemas económicos: gastos, ingresos y déficit del sistema.
Con esa sistemática voy a intentar exponerles a ustedes cuáles son -y ya los conocen de sobra- los problemas demográficos, que tienen unas cifras realmente tremendas. Dentro de veinticinco años, que parece un periodo muy largo pero que no lo es -se
lo digo por experiencia propia, tengo la suficiente edad como para haber visto pasar muchos periodos de veinticinco años-, vamos a tener nada menos que 4 millones de personas menos entre los dieciocho y los sesenta y siete años, y 4.950.000 personas
más de más de sesenta y siete años. Si no cambian las tendencias demográficas del país, tendremos menos cotizantes -4 millones- y más pensionistas -casi cinco millones-, y esos cambios no van a ser intrínsecos al propio sistema porque las tasas de
natalidad son las que son, las tasas de mortalidad son las que son y los cambios en materia de demografía se producen con muchísima lentitud y a lo largo de un plazo muy largo. Pueden cambiar, obviamente, por la inmigración, pero estoy hablando de
cifras muy considerables -4 millones- sobre una población que va a disminuir, según dice el Instituto Nacional de Estadística, hasta las proximidades de los 40 millones. Casi un 10 % de inmigración parece una cifra elevada aunque no descartable en
absoluto, tal y como están las cosas en el mundo en el que nos movemos.


El segundo problema demográfico -y ustedes lo conocen de sobra- es el aumento considerable de la esperanza de vida. Cuando en 1970, por ejemplo, se jubilaban las personas solían durar diez o quizá doce años más después de la edad de
jubilación. Ahora ya se jubilan con un promedio de esperanza de vida en el momento de la jubilación de veintiún años. Y, dentro de poco, se jubilarán con una esperanza de vida de veinticuatro años. Un aumento de tres años en la esperanza de vida
parece pequeño pero no lo es, es muy grande porque implica el pago de pensiones durante treinta y seis meses más y eso, obviamente, implica un aumento considerable del gasto.


Los problemas de las pensiones no son solo problemas derivados de la demografía, hay problemas económicos importantes. En primer lugar, los gastos en pensiones están creciendo, digamos, desconsideradamente a lo largo de todos estos años,
hasta el punto de que es muy posible que si no se cambiara nada llegaran a situarse en el entorno del 50 % del gasto público total en algún momento. Esto es tremendo porque es pensar que los pensionistas -yo soy pensionista- absorberíamos casi la
mitad del gasto público. ¿Qué vamos a dedicar entonces a la sanidad, a la educación, qué vamos a dedicar al resto de gastos públicos que son absolutamente necesarios para el funcionamiento del país? Esto está suponiendo una presión importante
sobre los gastos públicos. Todavía no tengo las cifras del año 2016 porque a mí me gusta trabajar con las cifras de contabilidad nacional, no con las cifras no integradas de

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los distintos sectores, pero según la contabilidad de las administraciones públicas el gasto en pensiones en el año 2005 era un 19 % de los gastos públicos totales, en 2010 ya había pasado al 19,4 % del gasto público total y en 2015 era el
24,5 % del gasto total. Espero que este año se aproxime bastante al 30 %. A ese ritmo, realmente el problema con el que se enfrenta la sociedad española -y ustedes que, obviamente, son sus representantes- es muy serio.


El segundo problema que tiene, desde el punto de vista económico, la Seguridad Social -y me van a permitir que aquí acentúe un poco el tema por mi profesión de hacendista- es el de los ingresos. Las cotizaciones de la Seguridad Social son
un impuesto antiguo sobre el uso del factor trabajo, que es un factor abundante en nuestra economía y nosotros deberíamos propugnar un aumento del empleo. Difícilmente se puede conseguir un aumento del empleo cuando las cotizaciones sociales están,
precisamente, gravando el empleo. Es un impuesto antiguo porque tiene características técnicas ya sobrepasadas. En primer lugar, es un impuesto por clases. Los hacendistas llamamos impuestos por clases a aquellos que distinguen la base de
cotización según su categoría. Si usted es oficial primero, tiene una base de cotización; si es jefe de primera, tiene otra base de cotización; si es auxiliar, otra base de cotización. ¿Por qué? Los impuestos hoy se exigen sobre el ingreso de
las personas no sobre su categoría profesional. Este es un primer problema que plantean las cotizaciones sociales: un impuesto por clases. En segundo lugar, existen cuotas fijas mínimas por categorías y tampoco eso es presentable en un sistema
impositivo moderno. En tercer lugar, los tipos de gravámenes son muy elevados; son superiores al 30 % si se suman las cotizaciones de empleados y de empleadores. Un impuesto del 30 % sobre el uso del factor trabajo es absolutamente
desproporcionado. Y no por eso es un impuesto eficiente; es decir, no es un impuesto que recaude lo que debería recaudar en un sistema mucho más racional de cotizaciones. Es, además, un impuesto con administración separada porque la
administración de las cotizaciones sociales corre a cargo de otros instrumentos de gestión distintos de los que concurren en la Hacienda pública; es decir, es un impuesto que se separa del ámbito de la Hacienda pública tradicional y general. Tiene
escasa flexibilidad en sus recaudaciones; casi todos los años hay que ir cambiando las bases de cotización y en ocasiones hasta los tipos. Y tiene efectos muy negativos sobre el empleo. Esto es evidente, un impuesto sobre el empleo no puede
fomentar el empleo, sino al contrario, disminuirlo. Las consecuencias son muy claras: se ha producido una caída en la recaudación de las cotizaciones. En el año 2005 las cotizaciones eran el 33 % de los gastos públicos totales; en 2010, el 35,9
%, y en 2015, el 31,9 %. Se dice que el desempleo está afectando a las cotizaciones sociales y que también hay otros factores, como las exenciones que se han establecido precisamente para fomentar el empleo, que de alguna forma minan o reducen la
capacidad recaudatoria. Pero, no nos olvidemos, es un impuesto antiguo y los impuestos antiguos no son buenos para una recaudación ágil y ajustada a la situación del ciclo. Los impuestos antiguos no se mueven hacia abajo cuando los salarios caen y
no se mueven hacia arriba con la suficiente velocidad cuando los salarios aumentan. La conclusión inevitable de esta situación no puede ser otra que el déficit creciente de la Seguridad Social. Les voy a dar las cifras del año 2015, aunque ustedes
las tiene. El porcentaje de déficit de la Seguridad Social ha sido importante, un déficit de 13.150 millones de euros. Este año probablemente superemos los 18.000 millones de euros. Estoy hablando del 2015 al 2016. No tengo las cifras del año
2016 porque ya he dicho que no me gusta utilizar las cifras que no son de contabilidad nacional porque no están suficientemente homogeneizadas, pero todo el mundo espera que ese déficit esté en torno a 18.000 millones de euros. Lo veremos dentro de
unos días, cuando tengamos las cifras del último trimestre del sistema de contabilidad pública. Esto conduce a unas consecuencias evidentes. Si no cambiamos la financiación, o reducimos a futuro las pensiones o reducimos los restantes gatos
públicos para financiarlas. Es decir, tenemos un problema de financiación y, ojo, no vale decir -y se han hecho muchos análisis- que cuando se consiga el pleno empleo ya lo habremos resuelto todo. No; se conseguirá el pleno empleo pero seguiremos
teniendo déficits serios en la Seguridad Social y el número de pensionistas seguirá creciendo y la esperanza de vida seguirá aumentando -gracias a Dios, tengo que añadir, porque yo soy uno de los posibles beneficiarios y todos ustedes también-;
todo eso seguirá aumentando y el déficit continuará creciendo pese a los cambios que se produzcan en el nivel de empleo.


En relación con los cambios necesarios en el sistema de pensiones, yo he meditado algo sobre ello y sobre todo he visto experiencias internacionales en este tema. Este es un problema general en toda Europa, como ustedes bien conocen. Es un
problema que nos afecta a todos los países europeos porque todos estamos envejeciendo, todos tenemos una población con esperanza de vida creciente; en definitiva, todos tenemos casi los mismos problemas. Pero otros países ya han tomado decisiones
importantes, que son las que, en mi opinión, se deberían tomar aquí. Las decisiones que creo que deberían tomarse aquí

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afectan a distintos ambientes. En primer lugar, hay que cambiar el sistema de gasto público en pensiones. En segundo lugar, hay que introducir cambios en la financiación de las pensiones públicas. En tercer lugar, hay que lanzarse a
articular nuevas pensiones complementarias en el ámbito de la empresa. Lo han hecho otros países y me parece que tendríamos que pensarlo seriamente. Esto no significa que aumentemos la carga sobre la empresa. Un sistema de financiación eficiente
reduciría las cotizaciones de los empresarios y permitiría que estos pudieran dedicar alguna parte de esa reducción -una parte, no toda- a complementar sistema de pensiones en el seno de las empresas. Esto está teniendo excelentes resultados en
todos los países, y las empresas que han seguido ese camino en España han resuelto el problema de sus pensionistas. Y quizá también habría que cambiar las pensiones privadas voluntarias de los particulares; algunos cambios se tendrían que
introducir en mi opinión.


¿Cuáles son esos cambios? Primero, cambios en los gastos públicos por pensiones. Habría que hacer cambios en la fijación inicial de las pensiones. En primer lugar, debería aumentar selectivamente la edad de jubilación. No digo que se
aumente a todo el mundo la edad de jubilación, pero hay profesiones en las que los empleados pueden estar trabajando perfectamente a los setenta años. Hay núcleos de trabajo que podrían seguir. Los funcionarios públicos tienen la oportunidad de
quedarse hasta los setenta años, y algunos con más de setenta años seguimos aconsejando o haciendo algunas cosas de las que nos permite el sistema de la Seguridad Social, y no pasa nada; es decir, hay capacidad intelectual o capacidad de trabajo
suficiente hoy en día con la mejora inevitable y deseable de la salud de las personas. Segundo, la base de cálculo de las pensiones, al final del proceso de cambio -no digo el primer día-, debería ir a las cuentas nocionales. Usted participa en
una pensión en función de lo que usted haya aportado a esa pensión, sin ninguna otra historia por medio, salvo el complemento a mínimos que se pudiera dar en las pensiones más reducidas; el complemento a mínimos tiene que mantenerse en todo caso.
Pero cabría la posibilidad de mejorar el sistema de retribución y olvidarse ya de revalorizaciones y otras historias. A usted, en función de lo que haya aportado y de lo que tenga apuntado en una cuenta nocional, le dan una pensión y con esa
pensión sabe que tiene que estar el resto de sus días, salvo alguna revalorización gratuita que se quisiera hacer de alguna forma con cargo a los presupuestos del Estado. Las pensiones tienen que estar ajustadas a la esperanza de vida en la
jubilación, que es el sistema que se dijo que se iba a implantar en la Ley 23/2013 pero que quedó en suspenso hasta el año 2019. Además, tenemos una relación con el último salario muy elevada a nivel europeo. En la pensión pública estamos en
niveles de más del 70 % del salario de sustitución. Esto es muy elevado. La pensión pública en sí misma no debería pasar del 40 o 50 % del salario de inicio, pero, claro está, con eso no se podrían mantener los pensionistas, habría que buscar una
pensión complementaria; es decir, estamos pensando en un sistema en el que haya una pensión pública y una pensión complementaria de naturaleza empresarial y obligatoria para la empresa.


En cuanto a la revalorización anual de las pensiones, tendríamos que aplicar el procedimiento previsto en la Ley 23/2013. Ese procedimiento permitiría mejoras graduales en la revalorización de pensiones a medida que aumentaran los ingresos
de la Seguridad Social y se redujera su déficit, porque ustedes saben que el procedimiento establecido en la Ley 23/2013 es un procedimiento en el que se toma en consideración el aumento de los ingresos de la Seguridad Social y el saldo
presupuestario de la Seguridad Social para fijar la revalorización. También, cambios en la financiación de las pensiones públicas, en una doble vertiente. Primero, cambios sustanciales en las actuales cotizaciones sociales. Permítanme que, como
profesor de Hacienda Pública y en mi lejanísima juventud inspector de Hacienda del Estado, recomiende que se unifique el sistema de recaudación del impuesto que quede sobre el uso del trabajo y que eso implique primeramente una reducción fortísima
de los tipos de gravamen de las cotizaciones. Yo propondría cotizaciones de no más allá del 10 % sumando las de empresas y trabajadores. Esa disminución se compensaría parcialmente mediante un recargo solidario para pensiones en el IVA. Esta idea
la pueden encontrar ustedes perfectamente en el capítulo correspondiente del informe de la comisión que yo presidí para la reforma fiscal. Fue una idea que no se aceptó en aquel momento, pero que venía fuertemente recomendada por el Fondo Monetario
Internacional, por la Comisión Europea y por la experiencia de algunos países de Europa. En Dinamarca tenían un sistema parecido al nuestro, con cotizaciones sociales en torno al 31, 32 o 33 %, y lo cambiaron. De la noche a la mañana decidieron
que las cotizaciones no iban a pasar del entorno del 8 o el 10 % y lo suplementaron con un aumento del tipo de gravamen en el IVA. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene esto? En primer lugar, impulsaría fuertemente el empleo. Las cotizaciones
son un impuesto sobre el empleo, de manera que si reducimos las cotizaciones impulsaremos el empleo. En segundo lugar, la compensación parcial a través del recargo solidario para

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pensiones conllevaría efectos positivos muy importantes. El recargo sobre el IVA no afectaría de forma directa al empleo al recaer sobre el consumo. En ocasiones nos planteamos temas que se están produciendo en la sociedad actual. Se está
cambiando el empleo por el uso de máquinas y entonces a algunos se les ocurre la idea de que deberíamos hacer tributar por cotizaciones sociales a las máquinas, cosa que me parece difícil; pero, en lugar de gravar a las máquinas, ustedes podrían
cambiar un trozo de las cotizaciones sociales por IVA. ¿Qué grava el IVA? Grava la producción que se consume dentro del país, y esa producción implica el uso del factor trabajo y del factor capital-máquinas. Luego, con este sistema estaríamos
gravando a las máquinas, pero no por el sistema de cotizaciones sociales. Esto lo han hecho en otros países con unos efectos demoledores sobre el desempleo. Dinamarca superó el desempleo en parte por este cambio en el sistema de reducir las
cotizaciones y pasarlas al IVA.


Pero yo propongo otro cambio fundamental en las cotizaciones. Nosotros tenemos un sistema de cotizaciones con bases anquilosadas, por categorías profesionales, topadas, que hay que cambiar de cuando en cuando. Señorías, ¿por qué no hacemos
tributar, con el porcentaje que proceda -mucho más reducido que el actual-, por los auténticos ingresos de las personas? ¿Cuáles son los auténticos ingresos de las personas? La retención por rendimiento del trabajo personal en el impuesto sobre la
renta de las personas físicas. Por tanto, en vez de utilizar la retención, la columna de ingresos brutos sobre la que se gira luego el mínimo de exención personal y familiar y después el tipo de gravamen para determinar la retención por el trabajo
personal, tomen la columna de ingresos brutos y pónganle el porcentaje que quieran para que esa sea la base de las cotizaciones sociales. Entonces cada cual cotizaría por la cantidad auténticamente ingresada, no por su categoría profesional ni por
otras historias que se puedan introducir dentro del sistema de cotizaciones. A mí, como profesor de Hacienda Pública, me parece que este sería un sistema limpio a la hora de establecer unas cotizaciones sociales modernas, que no estarían
anquilosadas como lo están las de las bases tarifadas, sino que fluctuarían con los salarios. Cuando los salarios aumentaran, aumentaría la recaudación y cuando los salarios disminuyeran, disminuiría la recaudación. Sería mucho más flexible, y esa
es una condición esencial en un sistema de ingresos públicos.


Habría que plantearse también el cambio del reparto de las cotizaciones entre trabajadores y empresas, pero ese es un problema a discutir sindicalmente -yo no me metería en ese ámbito- y, en segundo lugar, hay que reducir el coste de las
cotizaciones. Las cotizaciones no pueden estar al 30 %, tienen que estar a tipos mucho más reducidos.


Un segundo punto es el recargo de solidaridad para pensiones en el IVA. ¿Cuánto exigiría esto? Exigiría un recargo de entre el 2 y el 4 %; no sé cuánto porque depende de la eficiencia con la que se utilizara, pero tendríamos que pensar en
subir o en recargar el tipo del IVA, olvidándonos, salvo para los tipos superreducidos, de exenciones, bonificaciones y demás historias que existen hoy en el impuesto. La comisión que yo presidí se mostró unánimemente favorable a que se quitaran
exenciones en el IVA. El IVA es un impuesto neutral solo si grava de la misma forma a todos los productos. En tanto en cuanto introduzcamos variaciones en el gravamen de los diferentes productos estaremos rompiendo la neutralidad del impuesto. Y
ustedes me preguntarán por qué importa la neutralidad. Pues importa, y mucho. La relación de precios en una economía antes de los impuestos no debería variar sustancialmente de la relación de precios de una economía después de los impuestos. En
la relación de precios es donde funciona el mercado, y si cambiamos o alteramos la relación de precios estaremos alterando la asignación de mercado y estaremos limitando sustancialmente el crecimiento del producto interior bruto. No piensen ustedes
que el crecimiento del producto interior bruto se produce solo por la acumulación de factores; se produce también por la eficiencia con la que se utilizan esos factores. Al menos es lo que creemos los economistas que pensamos en un mercado de
libre concurrencia y no estrictamente en las alteraciones de precios. Cuando digo esto respecto al IVA, por supuesto quito siempre de esa unificación de tipos en el IVA los productos de absoluta y necesaria utilización por parte de la población;
creo que esos deben ser respetados al tipo actual o al tipo que se piense, pero el resto deberían ser mucho más homogéneos de lo que son. Eso, la situación actual, explica por qué un impuesto del 21 %, tipo de gravamen similar al de otros países de
Europa, recauda mucho menos que un IVA del 21 % en otros países de Europa. Quizá porque tengamos un sistema de exenciones, bonificaciones y reducciones exagerado dentro de nuestro esquema de IVA. En esa idea se mueve el recargo de solidaridad para
las pensiones. ¿Por qué de solidaridad? Porque el problema de las pensiones es tan serio, tan grave, que debemos comprometer a toda la sociedad española. No podemos pensar que ese problema lo vayan a resolver solo los empresarios o los
pensionistas; tenemos que ser todos, y además hay razones importantes, como la que les he dicho

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del gravamen de los bienes producidos por las máquinas, que de otra forma se nos escapa de las manos. El IVA permitiría ese gravamen de una forma racional y sensata. Y el IVA así establecido también mejoraría nuestras exportaciones, porque
saben que las exportaciones no están sujetas al IVA y las importaciones sí, lo cual introduce una asimetría que sería muy beneficiosa para la economía española. No voy a insistir más en este tema.


Mantenimiento del sistema de reparto para las pensiones públicas. Es decir, unas pensiones públicas financiadas en primer término con cotizaciones sociales mucho más modernas y más reducidas en el tipo nominal de gravamen y unas pensiones
públicas financiadas con un recargo solidario sobre el IVA serían unas pensiones públicas que permitirían atender razonablemente al esquema general de pensiones. Con el tiempo, las pensiones públicas podrían reducir su tasa de sustitución y pasarla
al entorno del 40 o el 50 %. Digo el 40 por poner una cifra, pero podría ser entre el 40 o el 50 %. ¿Y el 20 o el 30 % restante? Pensiones complementarias en el seno de las empresas. Los empresarios se iban a encontrar con una reducción
sustancial de las cotizaciones sociales, pero con la obligación de tener que dotar unos fondos de pensiones en el interior de la empresa que además fueran de naturaleza obligatoria. Ese sería el esquema que han seguido otros países -en el Reino
Unido se ha seguido un sistema de pensiones complementarias-, sistema que podría añadir mucha fuerza al sistema actual de pensiones. Es decir, podríamos hacer recaer sobre el sistema complementario el 10 o el 15 % del salario de sustitución que
hubiera que reducir en las pensiones públicas para no hacer angustiosa la situación del gasto público. Creo que con ese esquema podríamos funcionar. Y en cuanto a las pensiones complementarias obligatorias en las empresas, en el documento he
puesto algunas de las características que a mi entender deberían tener; por ejemplo, que las aportaciones totales deberían ser equivalentes a un porcentaje de la nómina próximo al 10 %. Fíjense, si las cotizaciones las pasamos del 30 al 10,
podríamos aumentar hasta el 10 % el recargo, pero ese 10 % no debería ser a cargo de los empresarios, sino que una parte debería ser a cargo de los empresarios y otra parte a cargo de los trabajadores. Los trabajadores, que están pagando ahora
entre el 7 y el 9 % de las cotizaciones, pasarían a pagar el 5 % de las cotizaciones y podrían aumentar otro 5 % para el pago de pensiones complementarias y voluntarias, es decir, equilibraríamos de alguna forma, y la sociedad en general pagaría el
4 % de recargo del IVA, que tampoco está mal. Con la conjunción de todos esos factores podríamos armar un sistema que permitiera afrontar el futuro de las pensiones perfectamente, sin ningún problema. Es lo que se está haciendo en otros países de
Europa.


Pensiones privadas voluntarias para los particulares. Me parece que hay dos cambios que habría que realizar. En primer lugar, quiero señalar que hoy existen unos límites para la aportación en la reducción del impuesto sobre la renta de las
personas físicas, y eso hay que mantenerlo porque si no habría quien pudiera aportar toda su renta a pensiones y quien no pudiera aportar más que una parte pequeña. El primer cambio es fundamental. Eso de cobrar la pensión en capital a mí no me ha
gustado nunca. La pensión es una pensión y una pensión es un pago periódico que se hace al perceptor mientras viva, es una renta vitalicia, por así decirlo. Cobrar el capital a mí me parece que es un mal sistema, porque es posible que por
desconocimiento, por mala formación o por lo que sea ese capital se gaste rápidamente y al final sea el Estado el que tenga que apoyar a esas personas que se han quedado sin capital pese a haber cobrado la indemnización correspondiente a la
jubilación. Creo que tanto las pensiones complementarias como las pensiones voluntarias tendrían que ser exclusivamente pensiones que se cobraran mediante sistemas de renta periódica vitalicia y no mediante el sistema de aportación de capital.


El segundo cambio se refiere a otro hecho importante. Actualmente, como ustedes conocen, en las pensiones privadas y en este caso también en las pensiones complementarias una cosa es la aportación y otra cosa es la acumulación de intereses
que se produce en el fondo a lo largo del tiempo. ¿Por qué la acumulación de intereses seguimos pagándola como si fueran rendimientos de trabajo y no como rendimientos de capital mobiliario? Creo que eso, introducido en el sistema de pensiones
complementarias obligatorias de las empresas y en el sistema de pensiones voluntarias, daría un buen resultado desde el punto de vista fiscal. No sería tanto el coste de esa medida y sin embargo añadiría interés tanto en las pensiones
complementarias como en las voluntarias.


Hay un último esquema que he puesto aquí, que está relacionado con la necesidad de plazos dilatados para el desarrollo de los cambios. Es decir, este no es un cambio que se pueda introducir en diez minutos, quizá habría que hacer una
especie de ley programa en la que se fueran perfilando los cambios a lo largo del tiempo y dar tiempo al tiempo. Hay que dar tiempo, en primer término, porque aunque las pensiones complementarias se iniciaran mañana, no podrían pagar cantidades
importantes porque necesitan capitalizarse y eso exige un tiempo de aportación, y ese tiempo de aportación tiene que estar dentro del

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esquema de cambio en el sistema legislativo de las pensiones; en segundo término, tampoco se pueden cambiar los plazos de una forma drástica porque hay personas que están en el umbral de su jubilación y tienen expectativas que no les
podemos coartar. Se necesita tiempo y gradualidad en esta reforma. ¿Cuánto? Mucho, veinte o veinticinco años. Este es un sistema que habría que proyectar con veinte o veinticinco años para ver qué va pasando y también porque las circunstancias
demográficas podrían cambiar dramáticamente a lo largo de ese tiempo. Por ello tiene que concederse plazo suficiente para poder acelerar o retrasar los cambios que se vayan introduciendo en el sistema. Teniendo clara la idea de los cambios que hay
que introducir, el espacio de tiempo es una decisión que irá tomando cada Gobierno o cada Parlamento en cada legislatura.


Esto era lo que yo quería contarles sobre pensiones. Son ideas que he venido contando aquí hace muchos años ya, como han podido ustedes comprobar. Son ideas que me circulan desde el año 1995, que he expuesto en algún artículo que he
distribuido por ahí, en La Tribuna del Mundo, y que ahora he venido a contarles con algún detalle más. Pero estoy a su disposición para responder a todas las preguntas que me quieran formular sobre estos temas o sobre los que se les ocurran y yo
pueda contestar sensatamente.


Muchas gracias, por su atención.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, profesor.


Vamos a iniciar las intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios. Comenzamos con el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Perea.


La señora PEREA I CONILLAS: Gracias, presidenta.


Bienvenido, señor Lagares. Ha sido instructiva su comparecencia.


Le voy a ir haciendo una serie de preguntas e intentaré ser lenta para que pueda tomar nota. ¿Cómo valora usted el impacto de la reforma del año 2013, implantada a través de la Ley 23/2013, en cuanto a la pérdida de poder adquisitivo de los
pensionistas? Sobre todo quiero saber si se preveía ya en aquel momento esa pérdida de poder adquisitivo, porque se nos decía que no la habría y que las pensiones no iban a ser inferiores. Teniendo en cuenta la situación de déficit, según
proyecciones que se han estado realizando a 31 de diciembre de 2016, y la reducción de las dotaciones del Fondo de reserva -que quedará para hacer frente a un pago de la paga extra de los pensionistas-, ¿cómo valora usted esa reforma de 2013? En su
comparecencia de junio de 2013 usted dijo que la reforma preveía una reducción del déficit, que en 2011 había sido de setecientos y pico millones de euros y en 2012 se había incrementado. ¿Cómo valora que en vez de reducirse ese déficit, a pesar de
la implantación de la reforma de 2013, haya ido en aumento, sobre todo a efectos de la pérdida de poder adquisitivo?


Estoy de acuerdo con usted en que la sostenibilidad del sistema de pensiones tiene que protegerse y parto de la base de que las pensiones se van a pagar, por supuesto. Como diría Martínez Noval, en el sistema de pensiones subyace una
relación contractual -le recuerdo a él especialmente porque si alguien creyó en el sistema fue él- y por tanto se van a pagar sí o sí, y tenemos que trasladar esa tranquilidad a los pensionistas. Sin embargo, es cierto que se deben tomar medidas.
¿Estaba previsto que el factor de sostenibilidad tuviera una reducción a partir de 2019? ¿Se informó adecuadamente? Usted en su comparecencia pidió sobre todo transparencia e información. ¿Considera que se ha producido esta información de forma
suficiente? Teniendo por primera vez desde el año 2013 -si no recuerdo mal- la tasa de inflación positiva, la pérdida de poder adquisitivo está asegurada. Me gustaría que me diera su opinión en ese sentido.


Según los expertos que han comparecido en esta Comisión en la presente legislatura, en 2019 se producirá una reducción de las pensiones iniciales. De hecho, su intervención va en este sentido. Nos ha dicho: ¡Ojo!, porque, si no, no va a
ser sostenible este sistema. Entiendo que a partir de 2019 los pensionistas que entren en situación de jubilación verán reducida la expectativa que tenían de percibir su pensión. Estábamos hablando de una tasa del 70 % y me gustaría saber si cree
que verán reducida su pensión.


En cuanto al índice de revalorización de las pensiones, el hecho de desvincularlo de los precios supone una pérdida de poder adquisitivo, y enlazo esta idea con la primera pregunta que le he hecho. A lo largo de estos cinco años el déficit
en vez de reducirse -a pesar de que la Ley 23/2013 preveía su reducción- ha aumentado, con lo cual si en aquellos momentos hablábamos de que había unos diez años de reducción de ese déficit, entendemos que ahora la previsión debería ser mayor. Esto
quiere decir que el IRP -el índice de revalorización de las pensiones- continuará siendo de 0,25 aproximadamente de quince a veinte años. Por ello consideramos que hemos de hacer una previsión de pérdida de poder

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adquisitivo a lo largo de estos veinte años. La OCDE hace una previsión de un 2 % de inflación cada año, ¿me explico? (El señor catedrático de Hacienda Pública en la Universidad de Alcalá de Henares, Lagares Calvo: Se explica usted
perfectamente). Quiero que me confirme si ello es así y qué pérdida de poder adquisitivo va a suponer para los pensionistas si continuamos teniendo vinculado el IRP a la revalorización de las pensiones.


En 2013, usted manifestó en su comparecencia que se tenían que tomar medidas urgentes. ¿Usted cree que la Ley 23/2013 ha producido los efectos que se preveían teniendo en cuenta que en vez de reducirse el déficit se ha incrementado? Es
decir, ¿qué efectividad ha tenido esta reforma de 2013? Usted ha comentado ahora que las reformas han de hacerse a largo plazo, es decir, no se pueden implementar de hoy para mañana y pretender que tengan efectos, y es cierto. ¿Por qué motivo no
se dejó que se desplegaran los efectos de la reforma de 2011 y se implantó una reforma en 2013? ¿Qué cambio se había producido para tener que adoptar una reforma sin diálogo social, de una forma un poco diferente a como se había producido la de
2011, si el déficit en vez de reducirse se había incrementado?


Le haré una última pregunta, si bien esta comparecencia daría para bastantes horas. Evidentemente, usted plantea un cambio ideológico y no se esconde, cosa que le agradecemos, porque me parece que es lo que tenemos que poner sobre la mesa
en esta Comisión. (El señor catedrático de Hacienda Pública en la Universidad de Alcalá de Henares, Lagares Calvo: ¿Usted cree que es ideológico?).


La señora PRESIDENTA: Profesor, después le contesta.


La señora PEREA I CONILLAS: Sí, después me contesta. Pero bueno, yo dejo que sea espontáneo, que me gusta. Yo también lo soy.


La señora PRESIDENTA: Pero no es usted quien tiene que decirlo.


La señora PEREA I CONILLAS: Le estoy diciendo lo que a mí me parece, presidenta, y me parece que no he dicho nada que esté fuera de lugar.


¿Qué sentido tenía, por tanto, una reforma tan precipitada en 2013, una reforma en la que se ha negado que fuera a haber pérdida de poder adquisitivo, cuando la reforma de 2011 aún no había producido sus efectos? Y le hago un comentario
final. La reforma de 2011 se basó en unas proyecciones demográficas, en unas proyecciones sobre el mercado laboral, y la de 2013 se supone que también, a pesar de que el profesor Herce, cuando compareció aquí, vino a decir que él ya no se fiaba de
las proyecciones y que se basaba en otras cuestiones. Teniendo en cuenta que tenemos una tasa de paro de casi el 19 %, que no nos podemos comparar en cuanto a renta a Dinamarca, porque estamos con un salario medio de 22.000 euros -es lo que dicen
los datos del ministerio, no me lo invento yo-, y que la pensión actual es de 900 euros aproximadamente, ¿por qué no se plantea, por ejemplo, llegar al estadio que tienen el resto de los países europeos que tanto nombramos, con un gasto social
superior en 5 puntos o incluso una recaudación tributaria 5 puntos superior? Es decir, aquí hay un margen por parte de España; estamos bastante por debajo de los ítems que marcan a nivel económico el resto de los países de nuestro entorno. ¿Por
qué no se plantea esa posibilidad?


Por otra parte, dígame qué medidas adoptaría, si hiciéramos una reforma ahora de las pensiones, a corto y a medio plazo. Usted lo dicho muy claro, aquí, o cambiamos el sistema tributario o esto no se aguanta en cuanto a sostenibilidad, pero
mientras tanto tendremos que hacer algo para mantener esas pensiones.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Señor Montero, por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


El señor MONTERO SOLER: Muchas gracias, señora presidenta.


Bienvenido, señor Lagares. Yo soy de los que tienen el placer de escucharle por primera vez; soy sucesor de los que me antecedieron como padres y madres de la patria.


Para mí es muy difícil poder llegar a un encuentro con usted -aunque luego lo podemos hablar- porque partimos de posiciones epistemológicas distintas en la consideración de elementos importantes. Para usted, las cotizaciones a la Seguridad
Social son un impuesto, y para mí, las cotizaciones a la Seguridad Social son salario social diferido. Eso hace que su línea de reforma vaya en una determinada dirección y hace que mi línea de reforma vaya en otra determinada dirección.

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Hay otro punto de desencuentro que tengo con usted y que me hace no poder compartir gran parte de las cosas que me plantea. Para usted el empleo es una función del salario más el gravamen y para mí el empleo es una función de la demanda.
Además, usted, asumiendo que la cotización a la Seguridad Social es un impuesto, realiza un tratamiento absolutamente asimétrico entre la imposición sobre el capital y la imposición sobre el trabajo. Entonces, como partimos de orillas tan
enfrentadas, es difícil que podamos llegar a algún punto en el que digamos: esto sí y a partir de ahora.


Ha dicho usted cosas que empíricamente no se sostienen. En un determinado momento ha dicho que aunque llegáramos al pleno empleo eso no tendría repercusiones sobre el déficit de la Seguridad Social, pero precisamente venimos de un período,
no este inmediato sino el anterior, en el que la Seguridad Social no solo no se ha visto con déficit, sino que ha tenido un superávit tan elevado como para poder articular un mecanismo, el popularmente conocido como hucha de las pensiones o Fondo de
reserva, que ha permitido que cuando se ha destruido empleo se haya podido seguir atendiendo el pago de las pensiones sin tener que recurrir a la financiación vía imposición o a la emisión de deuda o de cualquier otro activo financiero que
complementara las aportaciones previas a la cotizaciones a la Seguridad Social. Por tanto, el empleo importa, y mucho, no solo en la cantidad sino en la calidad y en la remuneración. De hecho, cuando la ministra de Trabajo viene a hablarnos a esta
Comisión, la línea fundamental sobre la que habla es esencialmente la recuperación del empleo como base para recuperar el ingreso de la Seguridad Social, y ni en su presentación ni en su discurso ese elemento aparece, y eso condiciona que lo vea
débil por ese lado, permítame la expresión.


Luego hay otra cosa que tampoco puedo compartir, que es lo que llama usted el recargo solidario para las pensiones en el IVA. Si yo parto de la base de que las cotizaciones a la Seguridad Social son salario social diferido y sustituyo un
punto de reducción en las cotizaciones a la Seguridad Social por un punto de recaudación en el IVA, fíjese con lo que me encuentro: me reducen el salario social diferido, me incrementan la imposición y, además, en la medida en que mi nivel de renta
determine que mi propensión marginal a consumir sea más alta, hace que el IVA repercuta más de forma proporcional en mi renta que en la de una persona con mayores recursos, es decir, me repercute negativamente por ambos lados. Yo no puedo compartir
que el IVA sea un impuesto neutral; es un impuesto regresivo que repercute, como bien sabe, en mayor medida sobre la renta de quienes tienen unos niveles mayores de consumo.


Hay más cuestiones. Yo estoy dispuesto a comprarle la reforma de Dinamarca si me hace toda la reforma de Dinamarca. No vale comparar Dinamarca y su sistema de pensiones, con los regímenes de bienestar, los niveles de empleo y el cambio en
el modelo productivo que se ha producido en esos países simultáneamente a todo esto, y decir que la repercusión en el empleo ha sido producto de la reforma de las pensiones. Usted es catedrático y sabe que las correlaciones no son tan directas.


Hasta ahora solo le he mencionado diferencias, pero hay una cosa sobre la que me gustaría hacerle una pregunta. Usted plantea un cambio del sistema, que es reducir la pata pública y complementarla con una pata privada. No lo valoro
ideológicamente, porque me parece que es una opción como otra cualquiera, que en otros países, en función de sus estructuras productivas y de sus regímenes de bienestar, es la solución más eficiente socialmente, y no tiene por qué ser patrimonio ni
de la derecha ni de la izquierda. Lo plantea explícitamente cuando dice que se disminuye la tasa de sustitución vía pensiones públicas y la complementamos con fondos de empresa o directamente con fondos de pensiones privados para aquellos que
puedan mantenerlos. La pregunta que le hago es si ve viable esa opción -me va a decir que sí, evidentemente, pero si me lo puede explicar, mejor- en un país donde la vida del 50 % de las pequeñas y medianas empresas que se crean dura menos de cinco
años o donde la vida media de una empresa -tengo por ahí el dato- no llega a los doce años. Es decir, ¿no situamos el terreno de las pensiones y reforzamos esa pata en un espacio -ya termino- en el que hay excesivo flujo de entrada y salida, por
decirlo de una forma amable, en ese ámbito? ¿No le parecen excesivamente arriesgados los fondos de pensiones de empresa o las aportaciones a los mismos con los que los fondos juegan, como ha ocurrido en Estados Unidos, donde ha habido casos en los
que los pensionistas se han quedado sin su pensión una vez que la empresa ha quebrado, salvo una pequeña parte que aseguraban las instituciones federales?


Muchísimas gracias por su exposición y ojalá me pueda contestar.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Pasamos al Grupo Parlamentario Ciudadanos. Señor Del Campo.

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El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Buenos días.


Muchas gracias por su comparecencia, señor Lagares. Voy a completar las preguntas que le han hecho. Ha mencionado usted La Tribuna del Mundo -la tengo delante-, donde habla de la compatibilidad del trabajo y de la pensión y de la
dificultad de entrada de los jóvenes en el mercado laboral. Comienza así su artículo, proponiendo que para evitarlo se debería proceder a la ruptura obligada de la relación laboral anterior, entiendo que del jubilado. Como de ello no se ha hablado
aquí y le han preguntado mucho por otros temas, me gustaría que profundizase en esta medida.


Tampoco le han preguntado -nos interesa mucho- por la crítica que hace a las cotizaciones sociales, abogando por que se calculen sobre los ingresos brutos del trabajador, es decir, a través del IRPF. No voy a entrar a valorar si las
cotizaciones sociales son impuestos o salario diferido -podemos tener nuestra opinión-, pero me interesa lo que ha dicho de cara a la eficacia, pues ha manifestado que se podrían ahorrar costes indirectos. Entiendo que se refiere -nosotros en
nuestro programa llevábamos una idea parecida- a fusionar administraciones, a que la Administración de la Seguridad Social y la Administración tributaria sean prácticamente lo mismo para así ahorrar costes. ¿Tiene datos o estimaciones sobre los
costes que nos podríamos ahorrar? En principio, como le digo, es una idea que llevamos en nuestro programa, comenzando por fusionar los sistemas de inspección de Trabajo y de Hacienda, aunque es verdad que en la práctica -quizá usted lo sepa mejor
que nosotros- hay muchas dificultades. Yo vengo de la Inspección de Trabajo, y a veces es muy complicado simplemente cruzar bases de datos, así que si usted tiene una idea de cómo hacerlo será bienvenida.


Supongo que contestará qué le parecen las últimas medidas relativas al índice de revalorización de pensiones, etcétera, pero también ha hablado -coincidimos con usted- de las cuentas nocionales y de compatibilizar el sistema público con el
sistema de previsión social complementaria. Me gustaría que nos hablase del funcionamiento y del tipo de cuentas nocionales que se deberían implantar en España, pero además ha manifestado algo que quisiera que aclarase. Ha dicho que sin
revalorización de las pensiones, algo así como que se puede hacer algún tipo de revalorización voluntaria, y eso ha hecho que se me cruce el chip. Me gustaría que explicase cómo funcionarían las cuentas nocionales. Y también entiendo que apuesta
por dotar de más transparencia al sistema, etcétera.


Por último, ha hablado de eliminar bonificaciones, exenciones, reducciones, etcétera, a la Seguridad Social. Es verdad que hay que reducirlas o eliminarlas, pues, si no recuerdo mal, han supuesto un gasto de aproximadamente 2.000 millones
de euros, pero no pensamos que todas las bonificaciones, exenciones o reducciones no hayan funcionado. Le pongo como ejemplo la tarifa plana de autónomos que impuso el Partido Popular y que nosotros en la nueva ley proponemos extender más allá. Se
acogieron a ella en torno a un millón de autónomos y tras dos años aproximadamente se mantiene el 60 %. ¿No cree que quizás lo que falta en este país es evaluar las políticas públicas que se han hecho, en este caso las de bonificaciones y
exenciones, y las diferentes reformas que se van haciendo? En este país a veces falta hacer una evaluación de las diferentes políticas que se llevan a cabo, una evaluación realizada por la Airef -luego vendrán- o por algún otro organismo, para
conocer realmente su impacto y decidir cuáles se van a eliminar y cuáles no.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Pasamos al Grupo Mixto. Señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.


Agradezco al señor Lagares su intervención, la cual ha introducido conceptos revolucionarios. He de decirle que en esta materia soy un punto más conservador. Algunas de las experiencias que están en marcha en Europa son interesantes, pero
es cierto que están en fase de implementación y el tiempo dirá si han sido reformas útiles o no. En este sentido, quiero recordarle una cuestión que no ha figurado en su reflexión y que en este debate es fundamental. El principal objetivo de
cualquier sistema público de pensiones, de cualquier sistema de protección social es garantizar ingresos suficientes a personas mayores que ya no pueden vivir de su trabajo. Cualquier reforma que impulsemos, junto con los criterios de
sostenibilidad financiera y de impacto en las cuentas públicas, debería incorporar ese objetivo. Si tuviésemos un sistema equilibrado financieramente, sostenible con un gasto público razonable, pero que no cumpliese el objetivo de evitar el riesgo
de pobreza entre las personas mayores no funcionaría, sería un sistema fracasado en toda su expresión. La experiencia que hemos tenido durante todos estos años de durísima crisis nos demuestra la importancia de un sistema público de pensiones,
porque el segmento de la población más protegida durante estos años ha sido el de los pensionistas por la existencia del

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sistema público de pensiones. Con un sistema menos garantista, como hemos tenido, difícilmente muchos de los hogares que hoy se sustentan mediante las pensiones hubiesen podido vivir con una cierta dignidad durante estos años de crisis.
Desde este punto de vista, nosotros somos críticos con la reforma del año 2013 por el factor de la revaloración anual de las pensiones, pues no protege a los pensionistas del principal riesgo financiero que tienen, que es que su pensión disminuya su
poder de compra y lentamente tiendan a empobrecerse. Un sistema que no garantiza la capacidad de gasto del pensionista a largo plazo, en sus quince, veinte o treinta años de vida, y que tiende a empobrecerle es un mal sistema para el pensionista y
para el conjunto de la economía. Por tanto, en las reformas que podamos formular, que son necesarias para adaptarnos a los cambios que se producen en nuestra economía, en nuestro estilo de vida, en nuestro entorno, etcétera, no hemos de perder de
vista nunca la aspiración a la suficiencia de las pensiones.


Dicho esto, en su intervención ha tratado cuestiones a las que deberíamos prestar una atención especial, puesto que tienen significado, como las que nos exigen una menor dependencia de la recaudación, del ingreso para sustentar las pensiones
con un impuesto que afecta al trabajo. A este respecto, las reformas que se han hecho en otros países de Europa nos parecen interesantes. Nos parece sugerente la idea de un único organismo recaudador, pues en el fondo la cotización no deja de ser
un impuesto y por tanto las técnicas de recaudación del mismo no son especialmente distintas. Ahí existe un recorrido.


Finalmente, si en el contexto de las reformas que se han impulsado, de las que se pueden impulsar y en las que sabemos -ahí la discusión sería otra- que la tasa de sustitución de la pensión pública va a tender a disminuir -en los informes
que el Gobierno traslada a la Unión Europea sitúa en 2050 o 2060 la tasa de sustitución alrededor del 50 %- podemos aspirar a una mejor tasa de sustitución; lo que es cierto es que, en cualquier caso, va a necesitarse algún sistema complementario
que coadyuve al mantenimiento de los ingresos del pensionista. Ahí aparece una cuestión -ayer lo pudimos debatir con los representantes de Unespa y de Inverco- que a algunos grupos nos preocupa, que es la calidad de nuestro sistema complementario
de pensiones en términos de costes de gestión, en términos de comisiones que cobran los planes de pensiones, de rentabilidad de estos planes de pensiones, de transparencia y funcionamiento de los planes de pensiones, porque si en el escenario en el
que trabajamos la previsión social complementaria gana peso, necesitamos una mejor oferta del sector privado, y la regulación que hagamos del sector público debe tener una capacidad de influencia determinante. Me gustaría conocer, sobre las dos
reformas que aparecen en esta materia como paradigmáticas -la reforma británica, con ese sistema cuasi obligatorio, o el modelo existente en Suecia, en el que una parte de la cotización obligatoria puede ser gestionada en forma de sistema de
capitalización y el ciudadano elige entre la oferta pública o las otras ofertas privadas-, si usted tiene algún tipo de consideración que permita valorar los inconvenientes de una y de otra.


Por último, quiero recordar que la cuestión de las pensiones y de la protección social cuando nos hacemos mayores no es estrictamente un asunto privado, no depende de la suerte de nuestra vida. En Chile se hizo un experimento, que ha
fracasado, en el que la protección social no formaba parte de una obligación del conjunto de la sociedad, sino que se dejó en manos de la libertad de elección de los ciudadanos. Las consecuencias han sido unas pensiones bajísimas, una tasa de
sustitución de las pensiones privadas en Chile del 30 % y un incremento de la pobreza entre los mayores. Y un dato que no es menor: los que impusieron la reforma chilena, que fueron los militares, decidieron mantenerse en un sistema de reparto.
Curioso, ¿no? (Rumores). Por tanto, yo creo que reformas sí, pero con prudencia y sin perder el objetivo, que es que cuando nos hagamos mayores, cuando no tengamos capacidad de vivir de nuestro trabajo, tengamos hasta el día que nos muramos un
ingreso suficiente que nos permita vivir con dignidad. Ese es el objetivo de esta política pública.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Por último, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Cotelo.


La señora COTELO BALMASEDA: Gracias, presidenta, y gracias a mi grupo por dejarme participar de una forma más activa que solo en la Mesa de la Comisión. Como dice la palabra, somos un grupo.


Gracias, señor catedrático Lagares. En primer lugar, me gustaría decirle que es la primera vez que le escucho en persona. Le he escuchado en la radio, incluso en un programa que creo que fue de Carlos Herrera, cuando le preguntó si quería
ser contertuliano definitivo (El señor catedrático de Hacienda Pública en la Universidad de Alcalá de Henares, Lagares Calvo: Le dije que no) y contestó que no. También he leído algunos artículos suyos sobre pensiones, y por supuesto de la reforma
fiscal. Como

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podemos comprobar, usted ha analizado perfectamente el diagnóstico de la situación de las pensiones. Nos ha dicho cómo está, nos ha dicho la evolución, las necesidades de reformas que tenemos, pero lo más importante para esta Comisión y lo
más interesante es que nos ha dicho qué reformas nos propone y el porqué de las mismas. Otra cosa es que podamos estar de acuerdo o no, pero no venimos a amenazarle, ni mucho menos, sino a debatir entre nosotros para luego enriquecernos y que el
debate sea entre los grupos. Eso lo quería dejar claro.


Me alegra -lo decimos muchas veces en el Grupo Popular- que, aunque con reformas -ya lo ha dicho-, el sistema de pensiones público sea un sistema sostenible. Lo que tendremos que hacer es llevar a cabo algunas reformas. Es importante que
lo digamos todos no solamente los diputados, sino también los comparecientes. Durante muchos momentos ha habido una sensación, que todavía existe, de intranquilidad en el colectivo de los pensionistas. Esta situación es injustificada e interesada
políticamente. Por cierto, ya que tanto se hace alusión aquí ahora mismo a la reforma de 2013 en cuanto al déficit, me gustaría aclarar que el que se venía produciendo y la reforma que había que hacer en 2013 se deben a que la utilización del Fondo
de reserva, según se decía, se iba a hacer en 2018 o 2020, y nos vimos abocados a tener que utilizarlo ya en 2012, a la salida del Gobierno anterior socialista en 2011. Dejando claro el desconocimiento que existe -ayer hablábamos también en las
comparecencias sobre la educación fiscal, es otro asunto y ahora no es el momento de incidir en ello-, despejadas las dudas sobre la sostenibilidad del sistema, coincidimos con usted en que necesitamos unas reformas a corto, a medio y, como usted ha
dicho, a largo plazo.


A corto plazo tenemos que aumentar los ingresos, y también a corto plazo tenemos un problema con el déficit, déficit que viene derivado de la pérdida de más de tres millones de empleos; es evidente. Nuestro grupo tiene muy claro -somos muy
cautelosos- que cuando planteamos las medidas queremos que no afecten a la recuperación económica, porque todavía estamos en una fase de salida de la recuperación económica y entendemos que no podemos desandar lo que se ha hecho, el sacrificio y el
esfuerzo que todos hemos llevado a cabo. De su artículo, que todos tenemos y que hemos tenido la oportunidad de leer con anterioridad, y de su exposición, que va correlacionada, se deduce que tenemos dos tipos de problemas: en primer lugar, los
demográficos, la reducción de la población, el envejecimiento, el aumento de la esperanza... El resumen que creo que hace en su artículo es que tendremos menos población, más mayor y que vivirá más años, afortunadamente.


En cuanto a las circunstancias económicas -creo que es literal de su artículo-, nos sitúa en dos circunstancias económica negativas. Por un lado, nos dice que las pensiones iniciales de los jubilados no guardan relación con la cotización
que sus empleadores y ellos mismos han efectuado a la Seguridad Social. Esas pensiones en ocasiones son superiores al valor actual de lo aportado y en otras, claramente inferiores, porque solo se tiene en cuenta una parte de las cotizaciones.
Además pone en valor la actualización anual de las pensiones, que ya no está ligada al índice de precios, sino que ahora vamos a tener el factor de revalorización, que indica que las cotizaciones sobre los ingresos más elevados son poco flexibles, y
que esta falta de flexibilidad recaudatoria constituye un obstáculo para el equilibrio de los presupuestos. En relación con la propia naturaleza de las cotizaciones, como afirma, son impuestos anticuados sobre el uso del trabajo establecido por
categorías profesionales, con altos tipos de gravamen, aplicados sobre bases tarifadas y con topes máximos en lugar de sobre las auténticas retribuciones salariales. En su caso, y teniendo presente que se posiciona a favor de la reducción de las
cotizaciones, una de las preguntas que le lanzamos es: ¿cuáles cree que deberían reducirse, las cotizaciones empresariales o las de los trabajadores?


En este punto, ya que ha comentado el sistema de Dinamarca, me gustaría que nos aclarase cómo se llevó a cabo y qué posición adoptaron los sindicatos en ese caso. Voy a hacer un ejercicio que es totalmente opuesto al suyo: hay teorías,
como usted bien sabe, que opinan que deberían aumentarse las cotizaciones porque dicen que no está demostrado que el aumento de las cotizaciones vaya a traer consigo la destrucción de empleo. Si tenemos en cuenta que en el caso de España las
cotizaciones sociales de los empresarios están a un nivel equiparado con Europa, incluso en la parte alta de la tabla, pero las cotizaciones de los trabajadores no lo están, es evidente que las cotizaciones de la empresa tienen que ser superiores a
las de los trabajadores. En esta hipótesis, que es contraria a la suya, ¿qué subida de cotizaciones debería hacerse principalmente?, ¿la de los trabajadores para equipararla a la media del entorno europeo o deberían ser equiparadas las subidas de
las cotizaciones empresariales y de los trabajadores?

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Otra pregunta. Usted nos comenta que entiende que arruinan la recaudación, probablemente con escaso efecto sobre el empleo, las bonificaciones, las reducciones y las exenciones. Usted plantea una reforma que las hiciera recaer como tipos
de gravamen mucho más reducidos que los actuales y sin exenciones, reducciones y bonificaciones. En ese caso, como ya comentaba el portavoz de Ciudadanos, le recuerdo que la tarifa plana de los 100 euros de la contratación indefinida y el mínimo
exento llevó a cabo que se pudieran firmar más de 665.000 contratos y, como ha dicho también el compañero de Ciudadanos, la tarifa plana ha llegado a un millón de autónomos. Dicho esto -también lo planteaban-, yo creo que deben existir las
bonificaciones, que no reducciones, para que no se afecte a los ingresos del presupuesto. ¿No cree que deberían hacerse en determinados casos, es decir, que deberían respetarse para víctimas de violencia de género, para los autónomos que tienen
dificultad en algunos sectores o para el caso de la discapacidad? Dicho esto -también lo comentaban antes-, quiero aclarar que el Grupo Popular entiende que las bonificaciones dirigidas sí tienen sentido. En el año 2011 se hicieron unas
bonificaciones en las que se gastaron 3.204 millones de euros y el resultado fue la pérdida de 225.000 afiliados a la Seguridad Social. En cuanto a los topes de las cotizaciones en relación con la contributividad para mantener la relación entre
cotizaciones y las pensiones máximas, usted plantea en el futuro una transición larga y que las pensiones iniciales deberían fijarse atendiendo al saldo de cada trabajador, una cuenta nacional que todos conocemos. La pregunta es, ¿cree usted que
podría afectar al sistema de reparto de solidaridad intergeneracional en el que se fundamentan nuestras pensiones en algún sentido?


Voy acabando, señora presidenta. En relación con los impuestos, usted también afirma en su artículo que la presión de los factores demográficos y económicos exige aún mayores ingresos para financiar las crecientes pensiones, y habla del
recargo de solidaridad. En este sentido, como usted ya ha dicho, en Europa ya se viene haciendo sobre el IVA, que, como ha afirmado, tiene posibilidades imponibles muy extensas, generales, neutrales, flexibles, etcétera. Es evidente que hace falta
una figura tributaria para financiar el impuesto de las pensiones. La pregunta es si lo vería sobre el IRPF o sobre el impuesto sobre sociedades. Junto con esta pregunta, ¿cree que debería ser dirigido única y exactamente a unas prestaciones
determinadas? Y aquí abrimos ya el debate de la contributividad y la no contributividad. Lo digo porque cuando Fernández Toxo estuvo aquí, en sede parlamentaria, comentó que determinados impuestos, como las prestaciones de muerte y supervivencia,
deberían ir financiadas vía impuesto, dejando claro -eso sí- que son prestaciones de naturaleza contributiva.


Por último -y ya acabo-, como decían los compañeros, ayer tuvimos a responsables de las instituciones de inversión colectiva. Yo no le quiero preguntar sobre los fondos de pensiones, sino sobre los planes de pensiones de empleo, de los que
también ha hablado. Ayer se nos dio un dato y se nos dijo que su desarrollo, su aumento de patrimonio ha sido solo de un 12 % en diez años, es decir, ha tenido una evolución de un 1 % al año. ¿A qué cree usted que se debe este poco impulso de los
instrumentos de ahorro por parte de la empresa y de los responsables sindicales en este caso, ya que en el año 2015 se firmó un acuerdo entre los interlocutores sociales para fomentar la conveniencia y el desarrollo de su marco de negociación
colectiva?


Lo dejo aquí, pero luego tengo otras muchas más preguntas.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Señora diputada, me parece que por ahora se le van a quedar todas ellas en el alero. (Risas).


Adelante, señor Lagares.


El señor CATEDRÁTICO DE HACIENDA PÚBLICA EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES (Lagares Calvo): Gracias, señora presidenta.


Me van a permitir aclarar algunos puntos que me da la impresión que no han quedado suficientemente claros en mi intervención.


Primero me referiré a la señora Perea, representante del Grupo Parlamentario Socialista. Pérdida del poder adquisitivo, según la Ley 23/2013, porque no se utiliza el IPC, o me ha parecido entender que decía usted que el IPC no funcionaba
dentro del sistema de pensiones. Efectivamente, la ley de 2013 establece un sistema de revalorización en el que aparentemente se elimina el IPC, pero no se elimina. Mire, se toma la tasa anual de crecimiento de los ingresos de la Seguridad Social
y si los ingresos fueran adecuadamente flexibles, esa tasa de crecimiento de los ingresos debería estar unida al crecimiento de la masa monetaria de salarios, y de alguna forma ese crecimiento de la masa monetaria de salarios está ligado al IPC. Es
decir, el IPC se mueve en función de los salarios que se pagan y de la masa salarial, y no hay desconexión.

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Respecto a esa aplicación del procedimiento previsto en la ley de 2013 -que todavía no se ha aplicado-, está relacionada con la tasa anual de crecimiento de los ingresos de la Seguridad Social -que debería funcionar si fueran flexibles-, de
acuerdo con el IPC; e incluso más rápida o aceleradamente que el IPC menos la tasa de crecimiento del número de pensionistas y menos la tasa de crecimiento de la pensión media, más o menos el saldo presupuestario de la Seguridad Social, según fuera
positivo o negativo. -Ese es el plan previsto-. Cuando nosotros planteamos en la Comisión de las pensiones del año 2013 esta reforma, lo hicimos para que entrara de inmediato en funcionamiento; sin embargo, se consideró que no debería efectuarse
a fondo esa reforma hasta el año 2019. Esto todavía no ha pasado; estamos esperando todavía los efectos de esa reforma, y personalmente creo que ese retraso no era lo más adecuado para la sostenibilidad de la Seguridad Social. La prueba es que
los déficits de la Seguridad Social han seguido creciendo de forma extraordinariamente rápida. Nadie podría imaginar en el año 2013 que los déficit de la Seguridad Social pudieran llegar hasta los 18.000 millones largos en que se van a situar a
finales del año 2016. No planteamos mínimos ni máximos; la ley sí planteó mínimos del 0,25 % y máximos del 1,25 %, pero nosotros planteamos un sistema distinto que no fue el adaptado en la ley. Yo me estoy refiriendo a las propuestas de la
Comisión de la que formé parte.


En cuanto a la reducción del déficit 2019, yo creo que en el año 2019, cuando entre plenamente en funcionamiento el sistema de pensiones previsto en la ley de 2013, quizás se reduzca el déficit. De todas formas, tengo la impresión de que va
a llegar un poco tarde, es decir, esa ley estaba pensada inicialmente para ponerse en marcha en el mismo año 2013 y, el retraso hasta el año 2019, me parece que va a hacer que la ley o esa entrada en vigor tenga menos efectividad que la que pudo
tener en su momento. En referencia a que las pensiones se van a pagar sí o sí, estoy absolutamente de acuerdo con usted, las pensiones hay que pagarlas; lo que pasa es que hay que establecer un sistema que haga posible el pago sin arrasar con el
resto de los gastos públicos, si consideramos que el resto de los gastos públicos también son necesarios, es decir, si la enseñanza, la sanidad o incluso el mantenimiento de la Administración General del Estado son gastos necesarios. Por tanto, no
podemos dedicar todo el presupuesto a pensiones. Si hiciéramos eso, probablemente en el filo del año 2040-2050 estaríamos en un presupuesto de pensiones que absorbería el 50 % del gasto público del conjunto de las administraciones públicas, no del
gasto público del Estado. Es decir, el sistema de pensiones es un sistema desbocado por la naturaleza demográfica de nuestra población, por lo que de alguna forma hay que manejar eso para que no acabe con el resto del gato público, permita las
otras funciones del Estado, que también son importantes, y no cargue al país con una carga que no pueda soportar.


Forma de cambio sin diálogo social en 2013. A mí también me habría gustado el diálogo social; siempre he sido partidario del diálogo social, pero las cosas fueron así. No nos podemos comparar con Dinamarca. Yo estoy de acuerdo, Dinamarca
y Alemania tienen otra situación distinta a la nuestra, pero el camino elegido por Dinamarca y por Alemania nos debe hacer reflexionar, porque quizás sea el camino que tengamos que transitar nosotros con un poco de retraso. Es decir, no podemos
inventar otros caminos si queremos resolver esto, y desde luego el sistema puro y duro de reparto haciendo sustentar las pensiones exclusivamente en las cotizaciones de la Seguridad Social nos lleva a unos déficits tremendos, como se ha podido
demostrar desde el año 2013 hasta hoy, con un déficit previsible por encima de los 18.000 millones en la Seguridad Social. Esta cifra no es en absoluto oficial -yo no tengo cifras oficiales-; es lo que se prevé que va a ocurrir cuando tengamos las
cuentas de administraciones públicas del último trimestre. Esto plantea un problema serio en cuanto a la reforma de las pensiones y en cuanto a la manera de reformar esas pensiones. En primer término, nos tenemos que plantear muy seriamente si las
pensiones públicas, tal y como las entendemos hoy, son el único instrumento que debemos utilizar o si debemos pensar además en algunas pensiones complementarias establecidas por las empresas con colaboración de los trabajadores, y que de alguna
forma permitan compensar la reducción de las cotizaciones sociales que hay que plantearse.


Las cotizaciones sociales siguen siendo un impuesto sobre el trabajo, y un impuesto muy importante sobre el trabajo, que induce a sustituir trabajo por máquinas no gravadas, y esto está ocurriendo en todos los países. Tendríamos que atenuar
ese efecto que se está produciendo como consecuencia del avance tecnológico que se produce en nuestro mundo en la situación actual. La forma de atenuarla quizá sea descargar una parte del peso que está recayendo sobre los pagos por salarios a otros
pagos. La idea de sustituir no el impuesto sobre sociedades, no el impuesto sobre la renta, sino sustituir cotizaciones sociales por imposición sobre el valor añadido, no es una idea mala; a mí me parece una idea bastante buena, desde el punto de
vista de los efectos sobre la economía y sobre el bienestar de los ciudadanos. Esta es

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una idea que está funcionando en otros países de Europa, no digo una sustitución total, pero sí una sustitución parcial; es decir, reducir la carga sobre el uso del factor trabajo al uso de otros elementos que integran el precio final de
los productos; y, para eso, el impuesto sobre el valor añadido es el que refleja mejor el coste final de los productos.


Me decía usted: no nos podemos comparar con Dinamarca. Tiene razón, por ahora no. En los próximos años, probablemente, con la situación de Dinamarca del año 2010, quizá sí. Estamos avanzando y poco a poco, no quiero decir que seamos como
Dinamarca, pero nos iremos aproximando económicamente a una situación como la danesa y, también, como la alemana, no se olviden. Alemania está mucho más avanzada que nosotros, pero el camino que ha recorrido Alemania es un camino para pensar;
quizá sea bueno también para España, pienso yo. El cambio tiene que ser gradual, lo dicho desde el primer momento, y hay que ir adaptando la situación al largo plazo. Pero el largo plazo es como es, y no pensemos que va a ser distinto; no va a
ser muy distinto.


Sobre las cifras de población, si no hay una apertura absoluta de fronteras y una admisión indiscriminada de inmigrantes, las cifras de población van a evolucionar como prevé el Instituto Nacional de Estadística que van a evolucionar: con
un aumento de los pensionistas en torno a los 5 millones de personas más, y una caída de la población que trabaja y que cotiza en torno de los 4 millones de personas en los próximos veinticinco años Esta es una situación que llevaría a la Seguridad
Social a una posición insoportable.


Me dicen ustedes: en el año 2013, ustedes no pensaban así. Sí pensábamos así. Distingan ustedes entre lo que pensaba la Comisión de reforma del sistema de pensiones y lo que salió en la Ley 13/2013. Es natural, entraron por medio Las
Cortes, entró el pueblo español representado en Las Cortes y hubo cambios en los planteamientos. Hubo tantos cambios en los planteamientos como que se pusieron unos límites a las revalorizaciones que no habíamos previsto y que no habíamos
propugnado. Poner una revalorización mínima del 0,25 % fue una imposición de la ley, pero no estaba en el informe de la Comisión de reformas. Nosotros no preveíamos el 0,25 %; preveíamos que no bajaran las pensiones, es decir, el 0 %, pero no que
tuvieran que subir necesariamente el 0,25 %. Y no preveíamos el 1,25 de IPC, no; preveíamos el mecanismo que establecimos: tasa anual de crecimiento de los ingresos de la Seguridad Social, menos tasa de crecimiento del número de pensionistas,
menos tasa de crecimiento de la pensión media, más o menos el saldo presupuestario de la Seguridad Social positivo o negativo. Eso fue lo que dijimos en la Comisión. Luego, la ley dijo otra cosa, porque para eso el Parlamento es soberano y las
comisiones de estudios no son soberanas, como es natural. A mí me parece que las reformas que, de algún modo, he venido a comentar aquí es una reforma posible, que recoge la experiencia de otros muchos países por un camino que nosotros tendremos
que transitar inevitablemente, si nuestras circunstancias demográficas no cambian. Y me temo que las circunstancias demográficas no cambian de golpe, cambian lentamente, y esa lentitud en el movimiento hacen mucho más imparables los resultados de
lo que podrían ser movimientos naturales en un momento determinado.


En cuanto al señor Montero, él parte -lo ha dicho usted- de posiciones epistemológicas diferentes de las mías. Sí, rotundamente, sí. Usted parte de unas posiciones etimológicas más próximas al marxismo, no marxistas, marxianas -perdón-, y
las mías son posiciones ideológicas un poco más liberales, entonces, quizá sí. (El señor Montero Soler: Nunca he sido marxista; si acaso un socialdemócrata keynesiano de medio pelo.-Rumores). Bueno, pues me parece muy bien. En las posiciones
socialdemócratas se encuentra un amplio espectro del pensamiento español. A lo que me quiero referir es a que no sé si las cotizaciones sociales son un salario diferido. Las cotizaciones no; las pensiones sí son un salario diferido, pero se
financian mediante un sistema que no es más que un impuesto. No veamos otra cosa; no es una prima de seguros. Bismarck, cuando implantó el sistema de cotizaciones sociales -por cierto, Bismarck no era socialdemócrata- pensó en una prima de
seguros, y esa fue la primera idea de cotizaciones sociales. Pero el tiempo condujo a que las cotizaciones sociales acabaran transformándose en un auténtico impuesto, aunque con una condición: un impuesto antiguo. Es decir, yo, como hacendista,
veo las cotizaciones sociales y me recuerda poco menos que al impuesto de puertas y ventanas de la Revolución Francesa de mil setecientos noventa y tantos; es decir, una situación ya pasada. No se puede mantener un sistema de financiación sobre
bases tarifadas, categorías profesionales y demás historias, como tiene el sistema de cotizaciones sociales actuales. Hay que ir a una imposición sobre los ingresos, no por categorías profesionales, sino sobre los ingresos auténticamente percibidos
por cada trabajador; y eso conduce, inevitablemente, al impuesto sobre la renta. No quiero decir con esto que sea un recargo del impuesto sobre la renta, pero la base sobre la que se fundamenta el impuesto sobre la renta debería ser la base sobre
la que se fundamentaran las cotizaciones sociales modernas.

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¿Se podrían mantener entonces cotizaciones sociales en torno al 31 %, 32 % o 33 % o tendríamos que bajar los tipos de gravamen? Tendríamos que bajar los tipos de gravamen. Estoy pensando en cotizaciones sociales en torno al 10 %, no en
cotizaciones sociales en torno al 24 % a cargo de la empresa, como están hoy, más o menos. Entonces, ahí hay un cambio sustancial; se cambia la base, se cambia la filosofía del impuesto y se cambia la filosofía de la financiación. Esa filosofía
de financiación, para no crear efectos negativos sobre el empleo, tendría que girar además sobre otra base imponible, y esa base imponible se me ocurre que tiene que ser la del IVA. Algún analista me ha dicho: ¿Y por qué no un impuesto especial
sobre el patrimonio, sobre la riqueza? Pero, ¿dónde existe ese impuesto especial sobre la riqueza con resultados recaudatorios mínimamente presentables? Usted sabe que en Francia no. En Francia, que utilizó ese sistema, no. Y nuestro impuesto
sobre el patrimonio es un impuesto que viene a recaudar en torno a 1.300 o 1.400 millones de euros al año. Esa no es base suficiente para recaudar algo que tenga que ver y que compensar la reducción de las cotizaciones. ¿Por qué reducir las
cotizaciones e ir a otra fuente de financiación? Porque las cotizaciones recaen sobre el uso del factor trabajo, y resulta que lo que tenemos abundante en este país, yo diría que gracias a Dios, es el factor trabajo. Entonces, lo que le quitemos
de presión al factor trabajo mejorará el empleo. Usted decía: el empleo en función de la demanda. Esta idea es vieja y buena, pero también del coste del factor. Esto es, la demanda es una parte, la oferta es otra. (El señor Montero Soler:
Porque la presidenta no me deja que si no...-Risas).


La señora PRESIDENTA: No, no, es el Reglamento de esta santísima casa que, por cierto, no comparto, pero tengo que aplicarlo. Después tendrá usted la palabra.


El señor CATEDRÁTICO DE HACIENDA PÚBLICA EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES (Lagares Calvo): El empleo es función tanto de la demanda como de la oferta, del coste del factor. Eso ocurre en todos los factores; el capital también
depende de la demanda para su empleo, pero también del coste de uso del capital, no se olvide. Por tanto, hay que ver las dos caras de la moneda. Por cierto, Tomás de Mercado, un fraile sevillano, ya lo vio clarísimo en 1565. Si contemplamos las
dos caras de la moneda, la oferta y la demanda, podremos estar más de acuerdo que si solo contemplamos la demanda.


Decía usted que si hay pleno empleo no habría déficit en la Seguridad Social. No, lamentablemente no es así. Si hay pleno empleo no habría déficit en la Seguridad Social si la población no cambiara, pero es que la población está cambiando,
no para dar más empleo sino para quitarlo porque la población en edad de trabajar va a ser cada vez más reducida y, por el contrario, aumentará el número de pensionistas porque la población en edad de disfrutar de la pensión va a ser cada vez más
alta, según indica el Instituto Nacional de Estadística; estas cifras no me las he inventado yo. Si es así, no basta con sostener el empleo o lograr el pleno empleo; me temo que vamos a tener que hacer algo más que lograr el pleno empleo para
resolver el problema a largo plazo de las pensiones. Esa es la propuesta en la que yo me fundamentaba, mantener un sistema de reparto fundamentado en dos impuestos, que serían las cotizaciones sociales por una parte, que hay que descargarlas un
poco y sustituirlas por el IVA, y a continuación complementar esas pensiones con otras pensiones empresariales obligatorias. No crea usted que yo pienso que tengan que ser necesariamente privadas; las privadas son las voluntarias, el otro grupo.
Las obligatorias empresariales pueden tener algún componente público tanto de realización obligatoria -que es un componente público, no privado- como de utilización de esos fondos. Para que no ocurra lo que sucedió en Chile estoy pensando en una
deuda pública especial con una retribución por un porcentaje superior al índice de precios al consumo. Esto resolvería el uso de la pensión complementaria y garantizaría que la pensión complementaria se pudiera cobrar en el futuro. Estas son ideas
más avanzadas de las que he expuesto en el esquema y que todavía no tengo totalmente desarrolladas. Esto es un trabajo permanente y como tengo tiempo gracias a que soy jubilado, me dedico a estas cosas en mis ratos libres y a pensar en la Hacienda
pública y en las reformas impositivas.


Dice usted que si hay pleno empleo no habrá problema, pero creo que a eso ya le he contestado. El crecimiento de la población y el crecimiento de la esperanza de vida conducen a mayores masas de jubilados y menores masas de empleados,
incluso con pleno empleo. También me habla usted de las pymes. Siempre me he sorprendido, y me sorprendí en la Comisión de reforma fiscal, que en España hubiera proporcionalmente más pymes que en ningún otro país del mundo, especialmente de
Europa; no sé en otros países del mundo, pero la comparación hay que hacerla con Europa. ¿Por qué tantas pymes? ¿No será porque estamos fomentándolas y no estamos dejando crecer a las empresas? Usted sabe que las pymes tienen un tipo especial en
el impuesto sobre sociedades, más reducido que el de las empresas

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grandes. Magnífico, protegemos a la pymes y hacemos que sean pymes durante toda su vida porque, en lugar de hacerlas crecer, lo que se hace es multiplicarlas. Es decir, se crea una pequeña empresa al lado precisamente para disfrutar de un
tipo impositivo más reducido en lugar de hacer crecer la pyme. Este es el primer punto, si bien hay algún otro adicional, no solamente desde el punto de vista impositivo. Hay otros factores que conducen a que en nuestro país la pyme esté tan
sobreprotegida -no quiero decir con esto que haya que quitar protección a la pyme- que le impida su crecimiento, es decir, que la gente está cómoda en algunas pymes. La multiplicación de pymes es algo que cualquiera que se acerque al parque
empresarial español lo verá con absoluta claridad; en lugar de crecer, de hacer de una pyme una gran empresa, se multiplica la pyme, se fragmenta la empresa, algo que por otra parte es facilísimo en nuestro sistema. No sé si con eso he respondido
a la mayor parte de sus observaciones.


Ciudadanos ha aludido al trabajo de pensionistas, al trabajo de jóvenes y yo había planteado algo así en mi artículo. A mí me parece que el trabajo de pensionistas no debería estar mal visto ni perseguido. Hoy está limitado, como usted
bien sabe, a un solo núcleo: o se es consejero de algo o no se puede ser nada. Es decir, se tiene que quedar uno de pensionista toda la vida. Algunos pensionistas hemos elegido el camino de los consejos, aunque sean tan gratuitos como los que yo
he impartido en la Comisión de pensiones y en la Comisión de reforma fiscal; quede claro que mis ingresos no han venido en ningún caso por esos caminos. Quizá tengamos que pensar en la posibilidad de utilizar a algunas de las personas que quedan a
los sesenta y cinco o sesenta y siete años absolutamente desconectadas del sistema laboral y que pueden aportar cosas; quizá no con la intensidad de las ocho horas diarias de trabajo pero sí en otras tareas que pueden ser complementarias y de
valor. En cuanto a la estimación de costes de la fusión de la gestión me ha parecido entender que usted coincide conmigo en que la gestión conjunta de las retenciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de las cotizaciones
sociales ahorraría en costes. Absolutamente de acuerdo; quitaría costes a la Administración pero también a la empresa. La empresa hoy tiene que mantener dos sistemas diferentes; un sistema para las retenciones y otro sistema para la Seguridad
Social. Si los ingresos brutos fueran los mismos, se podría unificar el sistema de inspección, de gestión, en definitiva, de los dos sistemas. Yo he mantenido algún coloquio con inspectores de trabajo que son amigos personales y me han preguntado
qué iban a hacer los inspectores de trabajo; pues integrarlos en la inspección de la Hacienda pública, no es tan difícil, se puede hacer un curso de transformación. Una inspección única. Pensemos en el coste que ahorraríamos a las empresas si en
un solo impreso en dos columnas se pudiera recaudar la Seguridad Social por una parte y las retenciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas por otra. A mí me parece que ahí había un coste importante. ¿Cuánto se podría ahorrar? Lo
siento, no lo tengo calculado, pero pienso que debe ser bastante. Piensen ustedes que yo soy un jubilado independiente en el sentido de que mis trabajos son personales, no tengo un equipo que pueda analizar con detenimiento estas cosas; antes lo
tenía, pero ahora ya ni el de la universidad porque en la facultad también estoy jubilado. Por tanto, me es difícil responder a su pregunta. Intuyo que puede ser una cifra considerable de ahorro y que sobre todo en los costes indirectos a las
empresas el ahorro puede ser considerable. Dice usted que no está de acuerdo en eliminar las exenciones, bonificaciones, reducciones y que las tarifas planas son buenas. (El señor Del Campo Estaún: No he dicho exactamente eso). Reducir. (El
señor Del Campo Estaún: Devaluar). Devaluar, sí. Yo pienso que para que los impuestos sean simples deben ser simples, es decir, no tener muchas exenciones, reducciones o bonificaciones porque complican innecesariamente el impuesto, no lo hacen
inteligible para quienes lo pagan, que no lo soportan, y tampoco son buenos para la Administración porque la complican extraordinariamente la vida. Se podrían reducir mucho los regímenes especiales porque la mejor tarifa plana es la tarifa
reducida. Es decir, en lugar de poner tarifa plana en determinados casos, ponga usted una tarifa del 10 % para todos los casos. Todo el mundo se aprovecha de la tarifa del 10 % y tiene unos efectos mayores y mejores que los de específicas
reducciones para partes concretas del empleo. Esa idea no es mía, ni mucho menos, pero se ha plasmado en la comisión de reforma del sistema tributario, que yo presidí, y nos lo han recomendado y nos insisten sobre ello tanto la OCDE como la
Comisión Europea o el Fondo Monetario Internacional, es decir, todos los organismos internacionales, porque, si no, los impuestos se quedan en cajas vacías o en cajas con muchos agujeros, lo que no es bueno en ningún caso. No sé si con esto he
respondido a la parte sustancial de sus observaciones pero, si después hay otra intervención, usted podrá insistir en algún otro punto.


Respecto a lo que ha dicho el señor Campuzano, del Grupo Mixto, sobre garantizar las pensiones en el futuro, me parece que cualquier reforma que se implante debe garantizar las pensiones en el futuro y lo que yo propongo es para
garantizarlas; es decir, no se trata de reducir las pensiones sino de reducir la

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carga de las pensiones públicas y aumentar la carga de las pensiones obligatorias de naturaleza empresarial, aunque, al final, el mix entre pensión complementaria obligatoria empresarial y pensión pública derivada de cotizaciones sociales
modificadas y de IVA es el mismo que el actual. ¿Qué hemos hecho? Cambiar el acento de una parte a otra con unos efectos mejores sobre el empleo, en mi opinión. La existencia de un sistema público de pensiones es absolutamente esencial en
cualquier Estado que pretenda mantener una situación de Estado del bienestar; eso no es discutible. Las pensiones son un logro, una cosa importante y se tienen que mantener en el futuro, pero para mantenerlas no podemos esperar a que se coman el
50 % o el 60 % del gasto público, porque el Estado tiene que hacer otras cosas, no solo mantener a ancianos como yo o a pensionistas, tiene también que pensar en la juventud, en los gastos de enseñanza, en los gastos de sanidad, en la Administración
General o en la defensa -casi nadie piensa en la defensa pero, según el señor Trump, cada vez puede ser más importante- y en otras muchas cosas que tiene que atender el Estado en sentido amplio. Respecto a los sistemas complementarios, en Chile han
tenido un fracaso importante, pero no han tenido un fracaso importante en Reino Unido o en otros países que los tienen implantados. ¿Qué diferencia hay? En primer lugar, deben ser, en mi opinión, obligatorios; en segundo lugar, administrados
prudentemente con una supervisión estatal muy importante y, en tercer lugar, invertidos en valores que garanticen la continuidad en el futuro. Estoy pensando -aunque no lo he puesto ahí- en alguna deuda pública especial que garantice una
rentabilidad por encima del índice de precios al consumo -no muy por encima, modestamente por encima- y que garanticen en consecuencia el pago de la pensión complementaria. No se trata de dejar la pensión complementaria en manos empresariales, sino
con una supervisión muy seria de organismos públicos; son pensiones semipúblicas, en definitiva. Reino Unido y Suecia lo han hecho y, según parece, les va bien. Nosotros tenemos menor poder adquisitivo que Suecia, es obvio, y un poder adquisitivo
también menor pero muy próximo ya al de Reino Unido. Vamos a recorrer ese trayecto. Con el tiempo, creo que nuestro país, España, acabará siendo un país tan bueno al menos como lo es hoy Suecia y quizá mejor. Ese camino lo tenemos que recorrer
con instrumentos apropiados, que son los que están aplicando esos otros países. No sé si con eso respondo a una parte sustancial de lo que usted me ha comentado.


La señora Cotelo me dice que el sistema público es necesario. Estoy absolutamente de acuerdo. No concibo un sistema de pensiones fundamentado exclusivamente en pensiones privadas. El que quiera utilizar las pensiones privadas -no
obligatorias- que las utilice, no deberíamos cerrar esa puerta, pero no debe ser, ni mucho menos, la columna vertebral de un sistema de protección a la vejez. El sistema de protección a la vejez tiene que ser el sistema público de pensiones, pero
lo que yo propongo es cambiar el acento en financiar ese sistema público de pensiones solo con cotizaciones sociales o hacerlo en parte con cotizaciones sociales y en parte con otras cosas, porque la dinámica de los acontecimientos nos va a llevar a
esas otras cosas. Por ejemplo, ¿estamos seguros de que no va a incrementarse el uso de máquinas -en sentido amplio lo de máquinas, como computadoras, etcétera- en la producción en el futuro? Ese será el esquema de producción futura; ya lo está
siendo hoy. ¿Cómo gravamos el uso de las máquinas? ¿Sometiéndolas a cuotas de la Seguridad Social? No tendría sentido. Quizá con un impuesto sobre el valor añadido que grava la producción que se consume, cualquiera que sea su fuente de
procedencia, sea capital o sea trabajo, podríamos también atender a esa finalidad y a ese objetivo. Pero, insisto, el sistema público de pensiones fundamentado en el criterio de reparto me parece absolutamente fundamental, lo que pretendo es que se
financie con cotizaciones sociales nuevas y con IVA -en parte o con un recargo solidario sobre el IVA- también nuevo. Tiene que ser un sistema de reparto, no un sistema de otra naturaleza. El sistema de cuentas nocionales no es un sistema distinto
del sistema de reparto, lo que pasa es que se hace para financiarlo en un sistema de reparto y, sin embargo, la pensión que se paga se hace en función de lo que usted haya ido aportando a lo largo de toda su vida. Esa es la cuenta nocional. La
cuenta nocional no es más que el valor actualizado en cada momento de las sucesivas aportaciones a su sistema de pensiones.


Respecto a la reducción de cotizaciones a empresarios y trabajadores, sí; yo no concibo hoy un impuesto al treinta y tantos por ciento, salvo el impuesto sobre la renta de las personas físicas que, por cierto, las tarifas están bajando y ya
están todas en torno al 40. Mantener un impuesto sobre el uso de mano de obra al nivel del treinta y tantos por ciento me parece out of season, como dicen los ingleses, fuera de estación, fuera de los momentos en que nos encontramos. Me parece que
eso debería cambiarse. En cuanto al incremento de las cotizaciones sociales, si fuéramos por ese camino destruiríamos empleo. Tenemos que complementar una reducción de las cotizaciones sociales con otras fuentes de ingresos. Eso es lo que he
venido propugnando. ¿Qué cotizaciones deben cambiarse, las de las empresas o las de

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los trabajadores? Es una buena pregunta. Los trabajadores están cotizando hoy al 7 o al 8 %, según los regímenes, aunque cuando uno entra en ese mundo se encuentra en una jungla de disposiciones en la que es difícil saber si es el 7, el
7,5, el 8 o el 8,25. Es muy complicado porque hay muchos regímenes y muchos recargos que coinciden. Creo que hay que cambiar la estructura. Los empresarios no pueden estar pagando en torno al 24 % y los trabajadores en torno al 7 %. Tampoco me
parecería sensato que los dos tributaran igual, pero algún cambio pequeño habría que introducir. En el esquema que yo tengo en la cabeza y que intento cuantificar en la medida limitada en que puedo hacer esos trabajos por mí mismo, tengo la idea de
que no estaría mal que los empresarios tributaran en cotización en torno al 10 %, que los trabajadores en cotizaciones tributaran en torno al 5 %, pero que en las complementarias se situaran en torno al 10 % -5 % empresarios y 5 % trabajadores-, con
lo cual los empresarios pasarían a tributar en total en torno al 15 % y los trabajadores en torno al 10 %. Sería una pequeña subida para trabajadores y una importante reducción para empresarios si queremos fomentar el empleo. El empleo está
funcionando bien con las tarifas planas porque hemos reducido las cotizaciones sociales, ni más ni menos. Creo que ese es un camino que debería explorarse, analizarse, valorarse, cuantificarse y promulgarse, que sería el final de la historia.
¿Tienen sentido las cotizaciones reducidas? Sí, todo tiene sentido, pero tendría mejor sentido una tarifa plana para todos, es decir, una tarifa del 10 % para todos. A mí las especialidades no me hacen ilusión, porque los incentivos por la vía de
especialidades acaban agotándose rápidamente, tienen efecto el primer y segundo año y después se amortizan en la mente del empresario. Mi tesis doctoral -de la que ya no me acuerdo porque hace muchos años que la hice- fue sobre incentivos privados
a la inversión pública y en ella trataba de demostrar con un modelo matemático econométrico que todo incentivo que se establece acaba amortizándose al cabo de dos o tres años, todo, inevitablemente; las tarifas planas también. En mi opinión, los
planes de pensiones de empleo deberían ser obligatorios, semicontrolados por el sector público fuera del ámbito de la empresa -es decir, la empresa lo hace y los lleva fuera- y de mochila para el trabajador, es decir, si el trabajador cambia de
empresa, el plan acumulado se lo lleva con él. Estas son las características más sustanciales.


Creo que con esto he respondido a todo lo que ustedes me han querido preguntar.


La señora PRESIDENTA: Gracias, profesor.


Tenemos un problema, y es que faltan cuatro minutos para la siguiente comparecencia por lo que, lo siento mucho, pero no voy a dar la palabra.


Muchas gracias.


La señora PEREA I CONILLAS: Pues muy mal, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Como siempre.


La señora PEREA I CONILLAS: No, como siempre, no. Muy mal y usted sabe por qué muy mal.


La señora PRESIDENTA: Ningún problema.


La señora PEREA I CONILLAS: Creo que tendría que reflexionar.


El señor CATEDRÁTICO DE HACIENDA PÚBLICA EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES (Lagares Calvo): Estoy dispuesto a venir en otra ocasión a responder.


La señora PEREA I CONILLAS: Cuente con ello. Gracias, profesor.


- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL, AIREF (ESCRIVÁ BELMONTE), PARA INFORMAR SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA COMISIÓN. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS
ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO. (Número de expediente 212/000203).


La señora PRESIDENTA: Vamos a iniciar la comparecencia de don José Luis Escrivá Belmonte, presidente de la AIReF, a quien damos la bienvenida a esta Comisión del Pacto de Toledo. Como sabe, estamos en la elaboración de nuevas
recomendaciones para el mantenimiento del sistema y, entre otras personas, ha sido usted requerido para comparecer. Aunque usted tiene experiencia parlamentaria, el procedimiento será primero su intervención, después la de los diferentes grupos
políticos y, por último, su intervención final.

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Señor Escrivá, tiene usted la palabra.


El señor PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL, AIREF (Escrivá Belmonte): Muchas gracias, presidenta.


Señorías, es un honor para mí comparecer ante esta Comisión. En la presentación de power point que hemos preparado al efecto nos ha parecido bueno recordar al principio las responsabilidades que tiene la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal en el ámbito de las pensiones. En otras comisiones, como la de Presupuestos y Hacienda, ya tenemos una cierta interacción con sus señorías, pero es la primera vez que estoy en la del Pacto de Toledo, por lo que nos ha
parecido bueno enmarcar la presentación en esas responsabilidades antes de que les proporcione la información de lo que sabemos -y también de lo que no sabemos- sobre la situación y evolución de las pensiones y de la Seguridad Social.


Empezando por las responsabilidades de la Airef, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal tiene responsabilidades en materia de pensiones en tres áreas distintas que se referencian a tres horizontes distintos. La primera
responsabilidad tiene que ver con la evaluación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad: hacemos un seguimiento regular del ciclo presupuestario de la Seguridad Social, evaluamos los presupuestos iniciales de la Seguridad Social y
evaluamos la ejecución. Por lo tanto, el horizonte temporal de este análisis y los instrumentos cuantitativos que utilizamos para evaluar a la Seguridad Social son de corto plazo, es decir, dentro del año o un año hacia adelante. En los últimos
dos años, en los que la Airef existe, hemos estado haciendo recomendaciones a la Seguridad Social, que básicamente han tenido dos focos. Uno es insistir en que las previsiones de ingresos sean más realistas; la Seguridad Social ha tendido a hacer
previsiones de gasto muy aquilatadas y precisas en sus presupuestos, pero las previsiones de ingresos han sido sistemáticamente muy optimistas y sobrepasadas a la baja ampliamente por la realidad. Esto era detectable ex ante y, por tanto, nuestras
recomendaciones han insistido en esa dirección. Como parte del problema de esas proyecciones tan optimistas es que los objetivos de estabilidad que se fijaban para la Seguridad Social eran extraordinariamente exigentes y la Seguridad Social tiene
palancas limitadas para modificar sus estructuras de ingresos y gastos, otras recomendaciones nuestras han ido en la dirección de que, a la hora de fijar lo que se llama la distribución vertical de objetivos a partir del objetivo del conjunto de
administraciones públicas, lo que es el objetivo específico para la Seguridad Social, fueran objetivos más realistas en función de su propia situación presupuestaria.


En cuanto a las contestaciones que hemos recibido, convendría aclarar cómo funciona en este punto la Airef. La Airef realiza recomendaciones a las administraciones, en este caso a la Seguridad Social o al Ministerio de Trabajo, y esas
recomendaciones están sometidas al principio de cumplir o explicar. Eso quiere decir que no son recomendaciones que simplemente pueden dejarse ahí, en el olvido, sino que la Administración a la que nosotros enviamos una recomendación tiene que
seguirla y comprometerse a hacerla o, si no -lo que es perfectamente legítimo e incluso a veces deseable-, tiene que explicar por qué nuestra recomendación no le parece apropiada. Nosotros estamos trabajando e insistiendo para que este diálogo que
mantenemos con las administraciones y también con la Seguridad Social sea público y no una correspondencia interna, porque así lo exigen las directivas comunitarias que fijan la actividad de la Airef. En ese contexto, las contestaciones que hemos
recibido de la Seguridad Social se plasmaron posteriormente en la disposición adicional ochenta y cinco de los Presupuestos Generales del Estado que habilitaba a la Seguridad Social para obtener mayores ingresos de origen presupuestario para poder
equilibrar sus cuentas, y también hemos visto cómo los objetivos presupuestarios -los que se han fijado recientemente para 2016 y en parte para 2017- son objetivos de estabilidad más realistas.


La segunda área donde la Airef tiene responsabilidades surge de la Ley del factor de sostenibilidad y el IRP. La Airef tiene que ser una especie de auditor económico de las previsiones de ingresos y gastos que, como saben, la Seguridad
Social tiene que hacer cada año con un horizonte de hasta cinco o seis años para determinar la evolución de las pensiones, la explicación del índice de revalorización de las pensiones. Nosotros, por tanto, vemos lo que la Seguridad Social está
haciendo y de nuevo hacemos previsiones. Aquí, por tanto, el horizonte de lo que miramos es más bien de medio plazo y nuestros instrumentos cuantitativos van hasta un horizonte de cinco o seis años, que son los años en los que la Seguridad Social
hace esas previsiones de ingresos y gastos y que tiene que hacer cada año. Nosotros tenemos, por lo tanto, que validar -y así lo hemos hecho en los últimos dos años- la aplicación del IRP en función de esos ingresos y gastos, pero en nuestras
recomendaciones a la Seguridad Social, en esos informes de evaluación del IRP, también le hemos sugerido a la Seguridad Social que sea más transparente

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y que, por ejemplo, esas proyecciones de ingresos y gastos que solo vemos y evaluamos nosotros, también estuvieran disponibles con carácter general porque serían de interés. La Seguridad Social se ha comprometido y esperamos que en el
próximo ejercicio, que está pendiente, esa información no solamente la veamos nosotros, sino que la pueda ver todo el mundo.


La tercera área donde la Airef tiene responsabilidades deriva justo del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Airef, que establece que si la Airef detectara que hay un problema de déficit estructural en la Seguridad Social tendría que elevar
ese problema al Gobierno y hacer las recomendaciones. Está cuestión está desarrollada después en el artículo 22 de nuestro estatuto orgánico. Aquí el horizonte lo entendemos de largo plazo. Por lo tanto, corto plazo, hasta un año y medio; medio
plazo, hasta seis años, y este es un tema de largo plazo. Aquí nosotros todavía no hemos elaborado ningún informe habilitando ese artículo porque cuando hemos empezado a estudiar el tema, que es complejo, hemos llegado a la conclusión de que no
tenemos las herramientas suficientes, de que las herramientas disponibles no proporcionan suficiente precisión para poder concluir la naturaleza de los problemas que puede tener la Seguridad Social a largo plazo. Dicho esto, como tenemos la
obligación legal de hacerlo, estamos trabajando en ese asunto. Yo creo que en los próximos meses sacaremos una primera opinión donde haremos una primera valoración. Yo les voy a anticipar hoy, porque creo que es el momento adecuado, algunos
resultados del trabajo en curso, aunque son todavía resultados provisionales, sobre la naturaleza de los problemas a medio y largo plazo. Por lo tanto, todavía no hay recomendaciones y todavía no hay contestación en esta presentación que estoy
haciendo.


Voy a explicarles lo que sabemos y lo que no sabemos en esos tres horizontes: a corto, medio y largo plazo. Esta imagen que tienen en pantalla es para que ustedes vean exactamente cuándo hemos hecho las recomendaciones. Es una
presentación gráfica para que vean cuándo hemos ido haciendo recomendaciones a la Seguridad Social, al Ministerio de Trabajo, en cada momento del tiempo y lo que les hemos ido planteando de una forma gráfica y con una línea de tiempo. Pero si nos
centramos ya y miramos hacia delante, nos enfrentamos fundamentalmente al presupuesto del año 2017. Todavía no hay presupuesto de la Seguridad Social del año 2017, pero sí hay un objetivo, que es el 1,4, que se ha fijado a partir del objetivo
agregado por parte del Consejo de Ministros y validado posteriormente por las Cortes Generales. A nosotros nos parece que alcanzar el objetivo del 1,4 % de déficit, desde el 1,7 en que pensamos que va a cerrar -en esto estamos de acuerdo con el
Gobierno-, y si se ajusta finalmente al último objetivo que se fijó para 2016, ese 1,7 de déficit de los fondos de la Seguridad Social, no es posible. Este gráfico, que es como nosotros presentamos los resultados -ustedes están menos
familiarizados, pero es lo que se conoce como un fan chart-, refleja a partir del año 2016, que es este punto blanco, la incertidumbre que nosotros creemos que tiene la proyección. Como ven, la parte central, que es la más oscura, apunta a que para
el año 2017 tengamos un resultado similar al de 2016. En escenarios más favorables de ingresos y gastos, podríamos acercarnos al 1,4, pero, como ven, en ninguno de nuestros escenarios con probabilidad significativa llegaríamos a ese 1,4. Lo más
probable -pero esto tiene su incertidumbre- es que el déficit de los fondos de la Seguridad Social en 2017 se sitúe en el entorno de la cifra con la que va a cerrar 2016, que pensamos que está en torno al 1,7. Esto, en ausencia de medidas. Cuando
nosotros hacemos proyecciones antes de presupuestos, no evaluamos nuevas medidas; si hubiera nuevas medidas que modificaran la trayectoria de ingresos y gastos más probable, ese diagnóstico se podría modificar. Cuando una Administración nos
presenta medidas en sus presupuestos, nosotros las discutimos con ellos e intentamos hacer una estimación o ver si la cuantificación que esa Administración nos ha dado de ese efecto nos parece plausible o no. Ese es fundamentalmente nuestro
trabajo.


Este otro gráfico da una línea muy larga desde el año 1995, casi veintitantos años, de los ingresos y gastos de la Seguridad Social y lo hemos puesto aquí para que refleje cómo hemos llegado a esta situación. Si nos fijamos en la línea
oscura, que son los ingresos, básicamente las cotizaciones sociales en relación con el PIB, en los últimos veintitantos años han oscilado entre el 9 y el 10 %. Han sido muy estables y tienen muy poca sensibilidad cíclica. El problema no ha venido
por los ingresos, sino por el gasto que, como resultado de la crisis y el hundimiento de la actividad económica y del empleo, se dispara enormemente desde el año 2007 y se instala en torno al 11 % y se consolida hasta el momento actual, de tal forma
que este 1,7 % de déficit es el resultado de ese desbordamiento del gasto que hemos visto a lo largo de la crisis y que se ha estabilizado ahí. El problema lo hemos tenido no tanto por el lado de los ingresos, que han tenido una evolución
históricamente muy estable, sino por un cambio claro y un salto considerable en el gasto. Esto es lo que les puedo decir a corto plazo de 2016 y 2017.

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Vamos a ver a medio plazo y, por tanto, voy a descansar ahora en los instrumentos que utilizamos para evaluar y hacer proyecciones a un horizonte de seis, siete años. Es decir, voy a hablar de previsiones hasta el año 2022, que es hasta
cuando la Seguridad Social calcula la evolución de sus ingresos y gastos. Este gráfico no es ya de fondos de la Seguridad Social, sino del sistema de la Seguridad Social. Hemos excluido al SEPE y al Fogasa y, con datos de la Seguridad Social, a
partir de un cierre que estimamos para 2006 del 1,8 o 1,9 %, vemos cómo proyectamos escenarios plausibles hacia adelante. El escenario central nuestro -esta parte más oscura que es donde está la mayor masa de probabilidad- nos dice que, en ausencia
de medidas y con lo que tenemos encima de la mesa, el déficit de la Seguridad Social va a mejorar ligeramente en los próximos cinco o seis años, hasta el año 2022, pero muy ligeramente. Solamente en escenarios extraordinariamente favorables podría
llegar a cerrarse. Lo más probable, incluso en un escenario de un crecimiento medio del PIB del 2 % en los próximos seis o siete años -un crecimiento promedio a partir de los datos actuales bastante razonable y con un IPC en torno al objetivo del
Banco Central Europeo, del 1,8 %-, lo más probable es que se cierre muy poco ese déficit en ausencia de medidas.


¿Qué implicaciones tiene esto? Básicamente que el IRP, cuando se aplique esto en los próximos seis y siete años, en ausencia de nuevas medidas, con la legislación actual, va a tener que aplicarse en el mínimo, el 0,25 %, en todo el
horizonte que estamos discutiendo. Esto es lo que resulta de este análisis empírico.


¿Qué otras implicaciones tiene esto? En este primer gráfico hemos hecho un ejercicio en términos de poder adquisitivo; depende de lo que ocurra con la inflación, pero suponiendo que partir del año 2018 -pensamos que para el año 2017 la
inflación va a ser del 1,3 %- ya convergiéramos al 1,8 % y nos quedaremos ahí, que es el objetivo del Banco Central Europeo y es una hipótesis razonable, en ausencia de medidas y por aplicación del IRP según la legislación vigente se iría
produciendo una cierta pérdida de poder adquisitivo. Es decir, la ganancia de poder adquisitivo que han tenido las pensiones desde el año 2013 hasta el año 2016 -esta línea oscura-, a partir de ese momento, si la inflación es la que yo digo, la que
dice el Banco Central Europeo, ya no seguiría, sino que se iría produciendo una cierta pérdida de poder adquisitivo acumuladamente y para el año 2022 las pensiones, con la normativa actual, perderían en torno a un 7 % del poder adquisitivo; en diez
años, entre el año 2013 y el año 2022,


Otro dato interesante que yo quiero compartir con ustedes. ¿Qué ocurre con la tasa de sustitución, la relación entre salario medio y pensión media? Pues básicamente se estabiliza; es decir, se estabiliza por aplicación del IRP
fundamentalmente porque las nuevas pensiones están creciendo a tasas mucho más altas y además tendríamos la revalorización de las pensiones y más o menos compensaría la evolución del IPC y la evolución esperada de salarios. Con lo cual, ven aquí
que la tasa de sustitución, la relación entre salarios y pensión media más o menos en el horizonte de previsión se nos estabiliza; en la métrica que estamos utilizando, está en torno al 40 %.


¿Qué otra implicación tiene? Es importante hacer una reflexión en términos del conjunto del déficit de las administraciones públicas. Este gráfico es una proyección para el conjunto del déficit de las administraciones públicas que hacemos
en la Airef. Tenemos ingresos y gastos, una serie larga, y la proyección hasta el año 2019. Nos fijamos en el año 2019 porque pensamos que entonces la economía va a entrar en una situación acíclica y a partir de ese momento lo que ocurra, en
ausencia de nuevas medidas, en el conjunto de administraciones públicas de ingresos o de gastos nos estabiliza el déficit público en torno a 2,5 puntos. Es decir, que de los niveles de cierre de este año, en torno al 4,6 %, vamos a ir bajando hasta
el 2,5 sin nuevas medidas, pero ya no va a haber más impulso cíclico. En ese momento, en que el déficit se nos estabilizaría en el 2,5 % del PIB, por tanto, lejos de la convergencia hacia la estabilidad presupuestaria que exige la normativa
europea, la Seguridad Social aportaría a ese déficit en torno al 60 %. Es decir, cuando descomponemos nosotros ese déficit de 2,5 puntos, la Seguridad Social sería ese 1,5 del 1,7 que se nos va a estabilizar en los próximos años en ausencia de
medidas. Por tanto, el 60 % del déficit público estructural que la Airef estima, se debe a la Seguridad Social. El resto, el 0,5 % es el Estado y el otro 0,5 % son las comunidades autónomas. Eso es lo que tendríamos, en ausencia de nuevas
medidas, en los presupuestos de los próximos años. Es bueno tener esa cifra en la cabeza.


Con la estructura actual de ingresos y gastos y con la normativa actual, nosotros pensamos que el IRP tendría que aplicarse en los próximos años en el 0,25 %. Eso implica un equilibrio del sistema a medio plazo, una contención del gasto en
pensiones que se estabilizaría en torno al 10,5 % del PIB en este horizonte y una cierta pérdida de poder adquisitivo de las pensiones. Eso es lo que implica aplicar el IRP en los próximos años con la normativa actual. Para equilibrar el sistema
de la Seguridad Social en los

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próximos años es necesario aportar -esto puede cambiar de un año para otro en nuestra opinión y tiene márgenes de incertidumbre, pero es nuestra mejor estimación en este momento- en torno a 1,5 puntos del PIB sistemáticamente, es decir, de
forma permanente, en los próximos seis o siete años y de esta forma se equilibraría el sistema. Esto se puede hacer bien con transferencias del Estado o bien con un aumento de cotizaciones o una reducción del gasto.


Tengo que decir en este caso que nosotros en todo lo que hacemos en la Airef obviamos introducir elementos de juicio y elementos normativos sobre cómo se pueden alcanzar las cosas. Nuestras responsabilidades según la ley orgánica nos exigen
darles a ustedes o al Gobierno nuestras mejores e independientes estimaciones de lo que creemos que puede pasar bajo determinados supuestos, pero corresponde obviamente al ámbito democrático de decisión ver cómo se pueden abordar los problemas y ahí
nosotros, como Airef, no tenemos opinión. Hay distintas combinaciones y todas factibles para abordar este tipo de problemas y bien por transferencias del Estado o bien por cualquier otra fórmula, el aumento de los ingresos de la Seguridad Social
reequilibraría el sistema y entonces el IRP ya no tendría que fijarse por el mínimo y tendríamos un cierto equilibrio del sistema. Esto es lo que podemos decir a medio plazo y yo diría que con los instrumentos que tenemos hay márgenes de
incertidumbre, pero están relativamente acotados. Sobre todo por el lado del gasto, a cinco o seis años, con los instrumentos que tenemos, que son bastante coincidentes con los que utiliza la Seguridad Social, nos podemos equivocar, pero el margen
de error está relativamente acotado. Los ingresos son más complicados porque dependen de más factores de la evolución económica. Diría que esta cifra que les estoy dejando aquí es una cifra con la que yo me siento razonablemente cómodo; de hecho,
en los últimos dos o tres años hemos podido comprobar que las previsiones que hemos hecho han estado bastante ajustadas en relación con lo que ha pasado.


Eso no es así cuando vamos a horizontes de largo plazo, porque todo empieza a ser mucho más complicado y los instrumentos utilizados en muchos de los estudios que probablemente hayan compartido con ustedes los comparecientes o ustedes hayan
podido ver tienen una enorme incertidumbre que conviene acotar. Para entender esto hemos preparado este diagrama que descompone el gasto en pensiones en cinco elementos; esto es algebraico, es aritmético, es multiplicativo. Hay unos factores
demográficos que fundamentalmente los reflejamos en la tasa de dependencia definida como la relación entre la población en edad de estar jubilada y la que está en edad de trabajar. Para cada uno de estos indicadores les he puesto cómo ha
evolucionado esta variable en los últimos veinte años en España. Hay después un segundo bloque de factores institucionales que básicamente tienen que ver con la parametrización del sistema de Seguridad Social. Por un lado, tenemos la ratio de
elegibilidad, es decir, el número de pensionistas sobre la población en edad de jubilarse; su representación en el tiempo en términos de número de pensiones. Por otro lado, tenemos la tasa de sustitución, que es la relación entre el salario medio
y la pensión media, y vemos también su evolución en el tiempo. Finalmente, tenemos factores relacionados con el mercado de trabajo. Por una parte, tenemos la tasa de ocupación -que es fundamental y con efecto inverso-, es decir, el número de
trabajadores en relación con la población en edad de trabajar; ahí tenemos su evolución en el tiempo, aunque volveré sobre esto después. Por otra parte, tenemos la participación de la masa salarial del trabajo en el PIB, y ahí tenemos también su
evolución. Al final podemos descomponer la evolución del gasto en pensiones y su evolución en el tiempo hacia atrás o proyectarla hacia delante en función de la evolución de estos cinco elementos. Sobre eso se da vueltas cuando hablamos del futuro
y muchas de estas cosas al proyectarlas son muy inciertas, como vamos a ver después.


Pero antes de ver el futuro, es bueno ver con esta métrica qué ha pasado hasta ahora. Hemos agrupado esos tres factores. Se los recuerdo: el factor demográfico, el factor institucional -lo que implica la parametrización del sistema- y el
factor económico o de mercado de trabajo, que fundamentalmente se refleja en la tasa de ocupación. En este gráfico hemos descompuesto la evolución del gasto en pensiones entre distintos periodos de tiempo en función de lo que explica cada uno de
esos factores. Vamos a ver lo que ha pasado entre 1994 y 1999. La barra que aparece ahí nos dice que la demografía en esos cinco años supuso un aumento de más de medio punto del gasto en pensiones. Después entra en marcha -es la siguiente barra
que aparece de líneas oblicuas- el efecto que tienen los factores institucionales, es decir, la generosidad entre comillas que puede tener el sistema y la parametrización de todos los elementos que determinan la pensión que cada individuo termina
cobrando. Este aportó al gasto en pensiones respecto al PIB medio punto más, por lo que ya estábamos por encima de un punto. Finalmente, respecto al factor del mercado de trabajo, el aumento del empleo y de la tasa de ocupación en el periodo
19941999 compensó completamente esos dos efectos en la otra dirección -el efecto de la

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parametrización del sistema y el efecto demográfico-, de tal forma que el gasto en pensiones prácticamente no cambió y fue del 8 % del PIB. Si vamos al periodo 20002008, el periodo del bum, vemos que la parametrización del sistema siguió
jugando hacia mayores pensiones en relación con el PIB, pero el funcionamiento del mercado de trabajo y la enorme actividad económica de ese periodo lo compensó. Aquí es interesante ver que el factor demográfico prácticamente desapareció, porque
tuvimos el gran bum migratorio y un gran crecimiento de la población que compensó otras dinámicas de envejecimiento. De hecho, entre el año 2000 y el año 2008 el gasto en pensiones descompuesto entre esos tres factores incluso bajó un poco con
respecto al PIB, situándose en el 7,8 %. Ahora vamos a intentar entender por qué hemos saltado desde 2008 a 2015 de ese 8 % de gasto con respecto al PIB al 11 %. Primero, se para el flujo migratorio, la población se estabiliza por la crisis y todo
lo que ella implica y ello impacta negativamente en más de un punto. La parte institucional del sistema tiende a ser bastante constante en su aportación en más de un punto y, finalmente, la aportación del mercado de trabajo -como consecuencia
fundamentalmente de una sensible reducción de la tasa de ocupación- también es negativa. La suma de esos tres factores hace que hayamos pasado al 11 % del PIB. Esto es lo que ha pasado. Aquí no hay ninguna proyección, simplemente se describe la
realidad.


Hay muchas formas de proyectar esto. Vamos a proyectar esto viendo qué puede ocurrir con esos tres elementos a largo plazo. El año 2050 es una fecha que se suele elegir porque es un momento en que algunos elementos se estabilizan desde el
punto de vista demográfico. Vamos a ver qué puede pasar con esto en 2050. Muchos de los estudios que les habrán comentado aquí o del Grupo de envejecimiento hacen este tipo de proyecciones. Lo primero que quiero constatar es la enorme
incertidumbre a la que nos enfrentamos a la hora de ver estas variables. Voy a demostrarles a continuación lo difícil que es proyectar los factores demográficos y la evolución de los saldos migratorios y de la población. En cuanto a los factores
institucionales, creo que con las medidas actuales se puede mejorar mucho. Les voy a presentar aquí los resultados de la Airef sobre la evaluación que hemos estado haciendo de las reformas paramétricas del año 2011 y del factor de sostenibilidad
que entrará en 2019. Con lo que ha ocurrido en 2012, 2013 y 2014 y lo que estamos viendo actualmente les voy a hacer una previsión de cómo van a evolucionar en el futuro los factores institucionales con las reformas que se han hecho ya, aunque
siguen teniendo algún elemento de incertidumbre. Como verán en mis recomendaciones, el estudio que nosotros hemos hecho con una información rica, como es la información de las vidas laborales -una muestra grande-, debería hacerse con el conjunto de
la población de pensionistas que tiene la Seguridad Social. Una de las recomendaciones que haremos cuando presentemos este estudio a la Seguridad Social es que a ella le correspondería hacer estos cálculos con mucha mayor precisión con los datos de
todos los pensionistas que tiene la Seguridad Social. Por tanto, es un elemento de incertidumbre pero de menor magnitud. Otra cosa es que haya nuevas medidas, pero con las medidas existentes podemos ver lo que pasará y se lo voy a contar. Por
último, con respecto al mercado de trabajo, nos metemos en la evolución de la productividad, de la tasa de empleo, el cambio tecnológico. Los economistas proyectamos mal estas cosas; hay cambios en el tiempo que nos sorprenden enormemente y que
tienen impactos enormes en los cálculos. Cuento todo esto porque sorprendentemente en los estudios, empezando por los estudios a nivel de la Comisión Europea del Grupo de envejecimiento y muchos otros que se han hecho en España -prácticamente
todos-, no hay incertidumbre. Nos dan una cifra para el año 2050 cerrada o casi cerrada que nos produce cierta perplejidad por lo difícil que es afrontar estas variables. Como economista profesional hacer una proyección de esta naturaleza para el
año 2050 me parece muy sorprendente. Dado que nosotros tenemos responsabilidades, por nuestra ley orgánica, sobre este tema, nuestro enfoque va a ser completamente distinto. Intentaremos ver primero cuál es la incertidumbre y acotarla y después
intentaremos reducir los elementos de incertidumbre.


Lo que les voy a enseñar es ilustrativo de hasta dónde nos podemos equivocar a la hora de hacer proyecciones demográficas. Hemos elegido los estudios más relevantes que se hicieron a finales de los noventa y a principios del año 2000. Hubo
cuatro o cinco estudios muy rigurosos y básicamente todos ellos tomaban de una forma crítica las proyecciones demográficas del INE sin escenarios alternativos, con alguna variante. ¿Qué es lo que se ve aquí? Esta es la proyección que estos
estudios hacían a cinco, diez y quince años hacia delante a finales de los noventas y principio del año 2000 para 2005, 2010 y 2015 de la población en España. La barra gris es su proyección y la barra roja es lo que ha ocurrido. En 2015 todos
estos estudios proyectaban 5 millones menos de personas en España que los que realmente ha habido. El impacto que tiene esto sobre el sistema es enorme. Incluso se equivocaron mucho -y esto es inevitable- para determinar la población mayor de
sesenta y cinco años. Estos estudios pensaban que a

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día de hoy iba a haber 700.000 mayores de sesenta y cinco años menos de los que hay realmente. Incluso cuando vemos los afiliados a la Seguridad Social -desde luego no anticipaban la enorme recesión que hubo en España, de una profundidad
enorme de 2007 en adelante- proyectaban ya en el año 2015 -cinco años antes- 3 millones menos de afiliados a la Seguridad Social y a día de hoy hay un millón más de lo que ellos decían sin contar la recesión. Esto en 2015. Si contamos toda la
creación de empleo que ha habido en 2016 y que va a haber en 2017, a finales de 2017 la desviación va a ser de unos 2 millones menos de lo que preveían. Los resultados son muy distintos. Con esto simplemente queremos ilustrar la enorme
incertidumbre que tienen las proyecciones demográficas, que son absolutamente centrales y que en todos los estudios que hemos visto y que les hayan contado aquí las toman como dadas al año 2050.


Vamos a una segunda fuente de incertidumbre: el factor institucional. Aquí nosotros hemos trabajado sobre la muestra continua de vidas laborales; es un trabajo en curso, pero les podemos decir cuál es el resultado. Me voy al gráfico de
arriba. La línea oscura es lo que hubiera ocurrido con la evolución de la pensión de entrada en euros constantes -en euros del año 2013, desde que empiezan a aplicarse estas medidas-, en términos reales si no hubiera habido medidas. Es una
simulación nuestra. Y la línea de abajo nos da lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo de hecho ya, como resultado de las medidas paramétricas de 2011. Hemos incluido con un efecto muy pequeño, porque es mucho menos importante, a partir de
2019, el factor de sostenibilidad. Aquí el IRP no juega, estamos suponiendo que las pensiones se revalúan al IPC, no estamos aplicando ningún IRP particular. Como ven, si nos vamos a 2030, partíamos de una pensión media de unos 1.300 en el año de
entrada de las nuevas pensiones, en el año 2013, y la pensión hubiera sido de 1.550 si no hubiera habido reforma. Con las reformas -en esta estimación nuestra que está sometida a incertidumbre y que convendría revisar con datos mucho más amplios de
la Seguridad Social- estaríamos hablando prácticamente de los niveles del año 2013. La reforma estabiliza la pensión de entrada en términos reales. Esto tiene muchísimo impacto, como voy a señalarles a continuación, y muchos de los estudios que
están viendo no incorporan el impacto que tienen estas estimaciones porque no estaban hechas; las hemos hecho nosotros, pero no hemos visto que nadie las hubiera hecho hasta ahora. El gráfico de abajo refleja el impacto progresivo que tienen en el
tiempo. Es básicamente presentar esta flecha en términos porcentuales. Aquí lo presentamos en otra métrica que es en tasa de reemplazo medido como primera pensión sobre último salario. De nuevo, la línea discontinua es lo que hubiera pasado sin
reforma y la línea continua, en una proyección hasta 2030, es lo que ha pasado. Como vemos, las reformas paramétricas lo que han hecho ha sido básicamente parar la tendencia creciente que tenía el sistema a pensiones sobre salario cada vez más
altas, tasas de reemplazo más altas. Lo tienden a estabilizar, que es un poco el resultado que nos sale a nosotros.


Lo que les voy a enseñar a continuación proyecta al año 2050; este ya es un ejercicio más tentativo. Con estos datos, esto contiene el gasto en pensiones en 5 puntos del PIB. Eso es lo que les quería enseñar ahora. Volvemos al gráfico en
el cual vamos descomponiendo los tres efectos. La primera barra refleja -y aquí voy a empezar-, acumulado entre 1994 y 2005, el efecto del factor demografía, esos casi 2 puntos de aumento del gasto que ha habido en los últimos veinte años como
resultado de la demografía, como resultado del aumento de la tasa de dependencia. Esto es lo que surgiría aplicando lo que nosotros llamamos un escenario pesimista. Este escenario pesimista recoge las proyecciones del INE -las actuales, porque
cambian mucho en el tiempo-, las últimas que hay, que son las que utilizan prácticamente todos los estudios disponibles, incluidos los europeos. Si coges esto y nada más, te da que el gasto en pensiones desde los niveles del 11 % actuales
aumentaría casi 8 puntos más, nos iríamos a 19 puntos.


En este gráfico de aquí les he querido presentar la hipótesis de población que hay en este ejercicio. Como ven, la población en España -son datos desde el año 1980, esta línea que estoy enseñando aquí- ha crecido más o menos todos los años,
con alguna variación, en torno a algo más de medio punto -0,6 de promedio-, de forma que hemos pasado de 37 millones en los ochenta a los 46 millones que podemos ser ahora. Lo que suponen las proyecciones del INE que se utilizan en estos ejercicios
es que la población española va a empezar a decrecer, va a decrecer hasta quedarnos en 44 millones en 2050 y va a romper completamente esta tendencia. Tiene este impacto que vemos aquí de 9 puntos. Nosotros hemos llamado a esto escenario
pesimista. Me han permitido la licencia de introducir por primera vez un juicio, porque lo que supone básicamente creerse este escenario es creer que este país va a ser japonés, por así decir, que va a renunciar a crecer, que va a permitir que su
población decrezca sistemáticamente y que, consecuentemente, decrezcan la actividad económica y la riqueza, y no va a hacer nada; no va a cambiar la tasa de natalidad, no van a cambiar los flujos migratorios, que aquí ya son prácticamente
negativos, y no va a hacer nada, se va a resignar a ir en esta dirección. Eso es lo que hay detrás de la

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mayoría de los estudios que están encima de la mesa. Son las proyecciones oficiales del INE y son las que se utilizan; no tendrían por qué utilizarse, pero están ahí.


Vamos a ver el segundo factor. Este factor es el institucional. Como vemos, el factor institucional, tal como estaba parametrizado antes de 2013, aportaba más de 2 puntos de PIB al crecimiento de gasto entre 1994 y 2005; ahora, con todo
lo que se ha hecho entre 2011 y 2013, son esos 5 puntos hacia abajo que hemos estimado nosotros. Esta es la mejor estimación que tenemos en este momento y neutraliza una parte muy importante de este efecto que podría tener potencialmente una
evolución tan negativa de la población según nos están contando.


Vamos con el tercer factor, el del mercado de trabajo. Esto es lo que ha aportado el mercado de trabajo entre 1994 y 2015. Fundamentalmente, lo que tenemos aquí es el aumento sistemático -hasta la crisis, después baja- de la tasa de
ocupación, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y otros factores que han hecho que cada vez trabajen más personas en España más allá de las fluctuaciones cíclicas que tenemos. Eso ha neutralizado, como vemos, 2 puntos, de tal forma
que el aumento en el gasto entre 1994 y 2015 -que es el acumulado en las tres barras del otro gráfico que les hice- son 2 puntos del PIB. Cuando mezclamos estos tres factores en 2015 -y tengo que añadir que es lo que normalmente está en los
estudios respecto al mercado de trabajo-, vemos que son nuevamente previsiones muy pesimistas. Aquí varía de unos estudios a otros, pero en general son muy pesimistas. Lo he intentado reflejar así. Este gráfico de aquí, hasta aquí, hasta 2015,
indica cómo ha evolucionado la tasa de ocupación en España. Tuvo un máximo del 67 %, es decir, trabajaban un 67 % de los que tenían posibilidad de trabajar en el año 2008, y después, con la crisis, ha empezado a bajar. Los estudios más favorables
nos están diciendo que volveremos a esa tasa -es la hipótesis que he cogido aquí- en el año 2050. De nuevo hay una enorme falta de ambición implícita en esta proyección. España volverá en el año 2050 a la tasa de ocupación del año 2008, no mucho
más. Pero cuando se combinan estos dos factores, el efecto mitigador que tiene el mercado de trabajo es menor del que había sido en el pasado, con lo cual el neto de estos tres factores nos da un aumento del gasto de alrededor de 3 puntos, depende
de los estudios. Esta cifra de en torno al 14 % del gasto, que les habrá sonado, es de los que dicen que son más optimistas.


Ahora yo les voy a presentar un escenario alternativo. Imaginémonos por un momento que la población en España sigue creciendo, a lo mejor no a tasas tan altas como las del pasado, pero sí en una tasa de medio punto del PIB. Aquí habría una
línea que nos llevaría a un crecimiento significativo de la población. Básicamente supone que cuando empieza a caer la fuerza de trabajo en España volvemos a aceptar inmigrantes, vuelven los inmigrantes a España. Si suponemos un escenario de este
tipo, con crecimientos sistemáticos de medio punto de la población en los próximos años, nos vamos a una población por encima de 50 millones en el año 2050, que no es muy distinto de lo que ha sucedido en el pasado, y este tema se corregiría
dramáticamente; es decir, casi corregiríamos la mitad de esta brecha de 14 puntos. Y si suponemos que la tasa de ocupación en lugar de ir al 67, que ya la hemos tenido en el pasado, se fuera al 76 % en 2050 -el 76 %, es la tasa de ocupación que
hay en Alemania a día de hoy-, el gasto se estabilizaría en el nivel del 11 %. Tampoco es tan ambicioso, simplemente supone seguir con la tendencia de mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo, donde todavía hay cierto recorrido, y
con algunas tendencias básicas del mercado de trabajo. Por tanto, estamos hablando de rangos que van desde 8 puntos más a ninguno, y todos son escenarios plausibles. Unos son pesimistas -es una opción vital de esta sociedad convertirse en
japonesa- y en otros se opta por utilizar palancas y, básicamente, por recuperar algunas de las cosas que hemos visto en el pasado.


Esto no está en ningún estudio, y cuando nos hemos enfrentado a este tema hemos llegado a la conclusión de que tenemos que trabajar mucho más en esto. Todo esto lo estoy contando sin vincular, pero los distintos elementos demográficos,
institucionales y del mercado de trabajo están vinculados entre sí y esto hay que hacerlo en un contexto de equilibrio general, como lo llamamos los economistas, viendo las posibles reacciones de comportamiento de unos y de otros en estos modelos.
En general, todo esto está muy poco desarrollado. Hay que invertir mucho más en intentar ir acotando la incertidumbre hacia delante en estos escenarios tan amplios. Es un deber dedicar muchos más recursos a este tema, porque es muy importante y
ayudaría a tener un diagnóstico mucho más fino de lo que hacemos. Lo que tenemos encima de la mesa, sobre todo a horizontes largos, no nos permite hacer diagnósticos suficientemente aquilatados sobre la naturaleza de los problemas que tenemos hacia
delante para poner después medidas. Al menos esa es la obligación de la Autoridad Independiente a la hora de evaluar esto y poner a su disposición esa valoración. Nosotros valoramos datos y nos parece que los

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datos tienen este rango potencial de variación. Esta era una ilustración. No digo que estos sean mis escenarios. He elegido estos dos escenarios, pero hay muchos otros; podríamos jugar con salarios o con varias cosas para ver que pueden
salir cosas muy distintas y todas plausibles y defendibles en principio.


Factores institucionales. Las reformas paramétricas que se han hecho tienen un impacto claramente mayor de lo que se esperaba, al menos con nuestros resultados. Hemos discutido esto con algunas personas que estuvieron en ello y, en su
momento, les sorprendió que salieran impactos mayores en términos de estabilización de la tasa de sustitución. Evidentemente, en la demografía, el envejecimiento va a generar una presión, no lo discute nadie, incluso la tasa de natalidad tiene unos
impactos enormes. Por tanto, no podemos tomar como dadas proyecciones que básicamente replican lo que pasó en los últimos dos años, en una situación cíclicamente muy particular y que no es extrapolable hacia delante, que es lo que se hace. Hay
grandes errores en el pasado, como he dicho.


Finalmente, en el mercado laboral, la evolución de la tasa de ocupación es clave en el medio plazo. ¿Hacia dónde vamos? Estamos en tasas de ocupación muy bajas en este momento. Llegamos a estar en el 67 y ahora estamos por debajo del 60.
Tenemos recorrido para llegar incluso a los estándares más elevados en Europa y, si recorremos ese camino, conseguiremos un efecto estabilizador enorme sobre el sistema de pensiones.


Conclusiones. Creo que ya las he ido desgranando y no quisiera repetirme, pero les recuerdo que la revalorización de las pensiones en ausencia de medidas -estoy en el corto plazo- se mantendrá en ese 0,25, lo que supone una cierta pérdida
de poder adquisitivo si no se hace nada, pero un mantenimiento de la relación entre salario medio y pensión media. A largo plazo, se necesita actuar con prudencia y hacen falta estudios mucho más profundos, en los que hay que involucrar muchos
elementos y a la propia Seguridad Social. Ya les he mencionado que las reformas tienen efectos importantes.


Líneas de recomendación. Los informes de la AIReF, incluido el que saldrá en los próximos meses, tienen recomendaciones que van dirigidas a las administraciones correspondientes, como establece nuestra ley. Nosotros vamos a insistir en una
recomendación que ya hemos hecho a la Seguridad Social. Hace dos años -quizá esto pasó un poco desapercibido- le pedimos a la Seguridad Social que garantizara el equilibrio financiero en el marco de esta Comisión del Pacto de Toledo, y así lo hemos
estado diciendo en los últimos dos años en nuestra correspondencia con la Seguridad Social, porque veíamos que el problema no se iba a corregir en un horizonte razonable. Hay que profundizar en los análisis de las reformas paramétricas. Estos
estudios que hemos presentado hay que hacerlos no con la muestra de vidas laborales, sino con todos los datos de los pensionistas, y ver si los resultados que salen aquí se confirman bajo determinados modelos de microsimulación. Esto es fundamental
y es algo que tiene que hacer el país. También hay que profundizar en los distintos factores que he ido indicando y en cómo pueden interaccionar entre ellos. Creo que la Seguridad Social, como he dicho, debe involucrarse en todo esto de una forma
más decidida. Hay que perder miedo a poner los datos encima de la mesa. Los datos plantean realidades que hay que afrontar, pero también hay que presentarlos con incertidumbre. Cuando uno es consciente de las incertidumbres que tienen estos datos
en horizontes largos puede relajarse mucho más. Por tanto, presentemos datos en forma probabilística, acotando rangos de plausibilidad. No debemos tener miedo a discutir más en la sociedad, con muchos más datos y métricas encima de la mesa. Eso
es lo que nosotros pensamos.


No quiero dejar de decir una cosa. Cuando uno ve toda esta incertidumbre, tiene dos tipos de posicionamientos -y con esto ya termino-. Podría decir que la incertidumbre es grande y que todo es sobrevenido. No; no todo es sobrevenido, ni
mucho menos. De la manera en que nos situemos en esos escenarios de largo plazo, que son tan abiertos, dependerán en una parte significativa el comportamiento de los agentes económicos, el comportamiento de los responsables de política económica y
las normas que se establezcan en el ámbito democrático de decisión, esto es, las normas que se establezcan por ustedes aquí.


Señora presidenta, termino aquí.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias. Ha sido una intervención muy amplia y a una velocidad de vértigo.


Es ahora el turno de los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Perea.

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La señora PEREA I CONILLAS: Gracias, presidenta.


El Grupo Socialista le da la bienvenida a la sede del Pacto de Toledo. Después de escuchar su planteamiento, expuesto a lo largo de casi una hora, podemos sacar unas conclusiones que están en la dinámica que planteaba el Grupo Socialista en
el mes de octubre, cuando se constituyó la Comisión del Pacto de Toledo, y que se basaba, en primer lugar, en atacar el desequilibrio económico financiero del sistema de forma inmediata y, en segundo lugar, en buscar soluciones a corto plazo para
las situaciones de pobreza que están viviendo una parte importante de nuestros pensionistas; hablamos de pensionistas aquí porque estamos en el Pacto de Toledo, pero podríamos hablar de un 13 % de trabajadores pobres. En cualquier caso, nuestro
planteamiento inicial era hablar del equilibrio financiero y, luego, hablar ya de la sostenibilidad, y creo que ese es claramente el planteamiento de la AIReF. Ha dicho que a corto plazo, si no tomamos medidas, la situación es preocupante, que
existe la emisión de deuda, que es una alternativa, y que se pueden adoptar medidas a corto plazo, según he entendido. Le pregunto: ¿Qué medidas propondría la AIReF dentro de estas recomendaciones, con la máxima prudencia y dentro de lo que nos ha
dicho en su relato? Creo que vale la pena que en la Comisión podamos valorar qué planteamientos haríamos a corto. A corto, la emisión de deuda supone incrementar la deuda y eso debería tener un límite, como dicen los analistas. Por tanto, de
alguna manera deberíamos actuar. A medio, también hay alternativas a plantear sobre los datos -le toca evidentemente al Gobierno- y esto ya lo ha pedido este grupo insistentemente. Los datos son básicos y no nos tenemos que esconder de nada,
porque la realidad acaba mostrando las cosas tal y como son. En el largo plazo, valoro de forma insistente la prudencia que ha querido marcarnos, porque tomar ahora decisiones a largo en términos de sostenibilidad -como nos decía el profesor
Lagares con anterioridad a su intervención de hoy- plantea un escenario totalmente diferente a lo que tenemos ahora. Ahora tenemos el camino, la reducción de las pensiones sí o sí. Creo que el profesor Lagares ha reconocido que la pérdida de poder
adquisitivo es una realidad, pero es una cuestión a valorar, porque a largo nos puede cambiar el dibujo de la sociedad que queremos tener. En esta legislatura, tenemos el reto, como Comisión, de diseñar qué futuro queremos. Usted ha planteado a
corto que para las medidas que se pueden adoptar hay más o menos margen. Le plantearía aquí si la reforma de 2013, que tenía la urgencia de resolver el déficit -por lo que ha comentado aquí, los efectos de 2013 no han sido positivos, lo ha dicho
también el profesor Lagares, desde el momento en que el déficit en vez de reducirse se ha incrementado-, ha obtenido los efectos esperados. ¿Realmente la reforma de 2013 ha solucionado el déficit que ya sabíamos que se iba a crear en el mismo 2013?


Por otra parte, quiero hablar del poder adquisitivo. Somos conscientes de que los pensionistas cuya entrada se produce en este momento son los que mayor poder adquisitivo tienen, es decir, están en una situación económica -entre comillas-
estable, pero lo cierto es que son los que han tenido que soportar la vuelta de la familia y hacerse cargo de los miembros de su familia que se han quedado en el paro. Con lo cual, creo que es el momento de plantear a corto y a medio plazo que hay
que dar una salida a esa pérdida del poder adquisitivo para que se pueda recuperar. Usted ha dicho que a medio plazo. Es cierto que a medio plazo no hay tantos efectos de las reformas paramétricas, pero sí a largo plazo. Ha hablado de las dos
reformas paramétricas por igual. Yo no voy a entrar en el debate de si una es mejor que otra, pero lo cierto es que el factor de sostenibilidad que plantea en 2011 la reforma acordada con los agentes sociales no define totalmente el factor de
sostenibilidad; lo define en 2013. Se difirió a más largo plazo tal y como se estableció en el voto particular del comité de expertos de 2013, que planteó diferir la definición de ese factor de sostenibilidad, no fuera a ser que se pasaran de
frenada -lo digo de forma burda, pero el planteamiento era así-. Me gustaría que me dijera qué medidas adoptaría a corto plazo -si lo cree prudente- para estabilizar ese gasto con ingresos y mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, qué
haría a medio plazo y si adoptaría medidas ahora ya a largo plazo teniendo en cuenta esta base de prudencia que usted nos ha puesto encima de la mesa y que creo que marca un antes y un después en esta Comisión.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Montero.


El señor MONTERO SOLER: Muchas gracias, señora presidenta.


Bienvenido, señor Escrivá. Llega usted tarde. (Risas). Explico lo que quiero decirle. Llega usted tarde porque si hubiera hecho esta presentación el primer día, en el primer momento, nos habríamos ahorrado una gran cantidad de
intervenciones en las que se nos ha venido diciendo que el mundo se va a hundir en 2050, porque la natalidad en este país se va a hundir y la tasa de ocupación va a ser desastrosa, y que

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lo que hay que hacer son una serie de reformas aceleradas en el corto plazo pensando en un largo plazo que nadie ha dibujado en estos términos. La Comisión hubiera sido mucho más divertida a partir de ese momento. Llega tarde, pero es muy
bienvenido. (La señora presidenta: La culpa la tenemos nosotros). No; yo no atribuyo culpa, presidenta, solo me regodeo en la situación. Usted ha planteado algo muy evidente. Por aquí han pasado personas que vienen fallando en sus cálculos
sobre el hundimiento de la Seguridad Social desde hace años y que reiteradamente siguen haciendo el mismo planteamiento de que la Seguridad Social se va a hundir en los próximos años. Es decir, hicieron predicciones a finales de los noventa, han
llegado a 2017 y siguen haciendo el mismo ejercicio metodológico para 2050, el mismo, sin tener en cuenta los resultados de sus errores hasta ahora. La verdad es que cansa.


Esta información que usted nos presenta es maravillosa, en primer lugar, porque permite poner de manifiesto algo que es fundamental. Dice, en la lámina 10, que la pensión corriente reducirá su poder adquisitivo en torno a un 7 %. Pues ya
está. Se han producido reformas en este país que dan como resultado una reducción, como poco, del 7 % de las pensiones en términos de poder adquisitivo en los próximos años. En segundo lugar, ha presentado una gráfica -página 18- que nos debería
permitir dejar de escuchar permanentemente la obsesión por la reforma de 2013 y el olvido de la reforma de 2011. En esa gráfica, si uno va al efecto de la reducción de la pensión de entrada, verá que desde el año 2013 hasta el año 2030 casi el 13 %
obedece a la reforma de 2011. Puede que haya sido consensuada, puede que haya sido aceptada, pero el grueso del impacto sobre la pensión de entrada está en el año 2011 y no en el año 2013. ¿Ayuda? Sí, ayuda, pero hagamos un ejercicio de
autocrítica y no focalicemos las cosas donde no debemos.


No le voy a hacer ni siquiera preguntas, porque estoy tan contento porque no doy para preguntarle. (Risas). Sí le voy a hacer una pregunta general. ¿Usted cree que con estos datos que nos presenta aquí nos deberíamos preocupar más por el
equilibrio y la sostenibilidad de las condiciones de vida de los pensionistas -de forma simultánea- en el corto y en el medio plazo y tener mucha más prudencia con reformas estructurales del sistema que pudieran tener consecuencias no deseadas
cuando se presente un escenario que no sea el que la mayor parte de los analistas presentan? Es decir, ¿debemos centrarnos en el corto y medio y ser mucho más prudentes con el largo? Básicamente esa es la pregunta.


Muchas gracias y bienvenido aunque sea tarde.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Montero.


Nos va a revolucionar la Comisión a partir de hoy el presidente de la AIReF. (Risas.-El señor Montero Soler: Sí, porque va a ser muy divertido. El que venga a partir de ahora...). Yo creo que esto es positivo, muy positivo.


Bien, vamos ahora con la intervención del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Señor Del Campo.


El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Muchas gracias por la comparecencia.


Nosotros estamos igual o más felices que los compañeros de Podemos, porque la verdad es que ha sido una ponencia desde nuestro punto de vista espectacular. Han sido muchos datos en muy poco tiempo y los trataremos de analizar, pero creo que
ha sido una ponencia espectacular. También quiero felicitarle por el trabajo que están realizando. Me parece que la AIReF está realizando un trabajo magnífico.


Solo le voy a hacer una pregunta relacionada con el sistema de Seguridad Social, porque viendo la cara que le ponía a la portavoz del Grupo Socialista me da la sensación de que se va a mojar poco. Quizás tampoco usted se tiene que mojar,
sino dar datos económicos y hablar desde el punto de vista económico. Simplemente, quiero preguntarle por las cuentas nocionales. ¿Qué le parece el sistema de cuentas nocionales del que últimamente se está hablando tanto? ¿Le parece un sistema
transparente y quizás más justo? En relación con la transparencia, hemos hablado mucho en las últimas sesiones de la Comisión sobre que el sistema de ser más transparente, usted también lo ha dicho. Yo creo que no solo desde el punto de vista de
los futuros pensionistas como nosotros, para que podamos saber qué pensión nos va a quedar para que podamos tomar decisiones de ahorro, etcétera, sino que también debe ser más transparente de cara a organismos como el suyo, y aquí es por donde van a
ir mis preguntas que van a ser muy claras. Tampoco sé si se va a mojar, pero nosotros somos partidarios de las evaluaciones y del análisis. Ayer lo hablábamos con el señor Campuzano en un debate sobre servicios de asistencia, en el que Francia
había hecho una experiencia de evaluación y de análisis sobre la ley Borloo. Nosotros somos partidarios de las evaluaciones y del análisis. Usted ha dicho que hay que profundizar en el análisis y la evaluación de la reforma. Nosotros somos
partidarios de eso, de tener los datos encima de la mesa para saber qué decisión hay que tomar. Aquí la pregunta que le hago es, ¿ustedes tienen problemas de acceso

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a los datos públicos para fiscalizar en relación con el impacto de las medidas económicas? En este caso podríamos generalizarlo a otros sectores, pero como la señora presidenta me echará la bronca...


La señora PRESIDENTA: Chiquillo, lo mío es terrible, ¿me entiendes? (Risas).


El señor DEL CAMPO ESTAÚN: ... me voy a referir solo al sistema de Seguridad Social, es decir, ¿ustedes tienen dificultades de acceso a los datos para hacer estos análisis y reformas? Quizás pongo el dedo en la llaga. Posteriormente
vendrán a comparecer representantes de las mutuas de accidente de trabajo y de las mutualidades de previsión social. A mí me gusta leer y, aunque no me creo todo lo que leo, en algunos artículos he visto que se hablaba de una cierta falta de
transparencia respecto a la gestión de algunas de esas prestaciones, por ejemplo, en referencia al RETA. He leído algunos de sus informes respecto al cese de actividad o prestaciones como el riesgo durante el embarazo o el riesgo durante la
lactancia natural, que no sé si son transparentes o no, porque cuando hablo con ellos me dicen que sí, pero luego no parece que sean todo lo transparente que sería deseable. Ahí es donde quería que profundizase, y estamos interesados en saber si
ustedes cuentan con los mecanismos de transparencia para realizar esos análisis y reformas, y si no cuentan con ellos, ahora que estamos en un periodo en el que no hay mayorías absolutas y las decisiones son más consensuadas, que ponga encima de la
mesa qué instrumentos necesitarían para debatirlos.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Vamos a continuar. Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Barandiaran.


El señor BARANDIARAN BENITO: Buenos días.


No voy a repetirme en los términos que ya se han pronunciado. Me pasa lo mismo, después de escucharle a usted, creo que las cosas tienen otra perspectiva. Primero, se ha ganado mi crédito absoluto. Creo que su trabajo es excepcional y
además, tal y como se define su entidad, es autoría independiente, y creo que su independencia también ha quedado acreditada en esta exposición. Segundo, a partir de aquí me gustaría hacer otra reflexión diferente, no ya sobre el contenido de lo
que usted ha expuesto, sino porque ver que su exposición nos mueve también a otros terrenos diferentes me hace pensar que quizá las funciones de esta Comisión del Pacto de Toledo están ligadas también a la necesidad de contar con este tipo de datos
y, por lo tanto, una pregunta que le quiero hacer es si estas cosas solo las pueden hacer si se lo pide el Gobierno o también la Comisión del Pacto de Toledo podría pedirles que participen en algunas de sus reflexiones o en la evaluación de las
ponencias que se han efectuado o de algunas de sus conclusiones. (El señor Montero Soler hace gestos afirmativos). Estar hablando de opiniones que, siendo muy diferentes y muy ricas todas ellas, nos ponen en escenarios a los que no sabemos si
llegaremos, me ha puesto hoy más nervioso que otra cosa, por decirlo de alguna manera.


Esto también lo he comentado hace un momento con el señor Campuzano, que es también el padre de esta idea conmigo. Se lo planteo a usted y a la señora presidenta de la Comisión, señora Villalobos: ¿habría alguna posibilidad de contar de
una forma más continuada con un organismo como la Airef para que hiciera una evaluación de algunas de las proyecciones que se podrían plantear en esta Comisión? Porque de verdad que a la hora de hacer las recomendaciones nos hacen falta criterios
como este. No tengo nada más que decir, solo volver a felicitarle por su intervención.


La señora PRESIDENTA: Ya se lo he pedido. (Risas).


Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.


Agradezco también la intervención de señor Escrivá. Era importante su comparecencia por lo que representa el organismo que usted preside y lo es más después de haberlo escuchado. Su intervención al menos pone tres cuestiones encima de la
mesa que no son menores en el debate público sobre el sistema de pensiones. Una, que no es verdad que no haya habido reformas y que las reformas que haya habido hayan sido superficiales. España ha vivido en los últimos veinte años y, especialmente
desde 2011, un proceso muy intenso de reformas de su sistema público de pensiones. Ha habido afirmaciones interesadas que hoy presionan a esta Comisión sobre la necesidad de más reformas, compartiendo la leyenda urbana de que el sistema político
español ha sido incapaz de abordar reformas. Se han abordado reformas evidentes que tienen consecuencias sobre la evolución del gasto en pensiones en el corto, en el medio y en el largo plazo. Segundo elemento, que forma parte de las discusiones
de este Pacto de Toledo, la

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reforma de 2013, con el nuevo índice de revalorización de las pensiones, implica la pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas y, por tanto, el empobrecimiento de los pensionistas. Tercera consideración, que es la más relevante en
términos políticos, ustedes, que toman o ayudan a conformar las decisiones en materia institucional, que conforman el sistema público de pensiones, necesitan operar con datos que superen las incertidumbres que hoy se tienen. Y ahí, en sus líneas de
recomendaciones finales, reclama que la Seguridad Social debe involucrarse más en la proyección de las previsiones de evolución del gasto, y reclama que haya una mayor transparencia en el funcionamiento de la Seguridad Social, y que debe
profundizarse en cómo los distintos factores que entran en juego influyen en la evolución del gasto de las pensiones.


Lo que usted nos está reclamando es que el debate público y la toma de decisiones políticas en esta materia sean más informadas, más argumentadas, más razonadas, y que reduzcamos los niveles de incertidumbre los. Esto es relevante porque
pone de manifiesto tres límites de la política pública en España: un límite son las capacidades de trabajar de este Parlamento. Lo decía ahora el señor Barandiaran y lo compartimos, sería bueno asociar más los trabajos de la autoridad con los
trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo. En la fase de recomendaciones del Pacto de Toledo, en las anteriores ocasiones que he podido participar -el señor Gutiérrez, letrado de la Cámara, y la señora Villalobos lo comparten- hemos tenido la
implicación de técnicos de la Seguridad Social, especialmente en las proyecciones actuariales del sistema. Eso habrá que reforzarlo, y probablemente la Autoridad fiscal pueda ayudar al Congreso a tener más capacidades de inteligencia para analizar
las políticas públicas. Dos, la Seguridad Social debería tener mayor capacidad también de ofrecer estos datos. Seguramente quien conoce mejor el sistema es la Seguridad Social y, por tanto, debería reforzarse la capacidad de proyectar inteligencia
en la actuación. Seguramente esta sea una recomendación muy evidente de este Pacto de Toledo.


Finalmente, una intervención como la suya de hoy nos indica que todos debemos -es un déficit de este Estado- saber discutir mejor las cosas. Usted hace una intervención muy poco cargada de tinte ideológico -siempre en todo hay un punto de
ideología, pero la suya ha tenido muy poco- y eso es lo que nos ayuda a que en la discusión que podamos tener cada uno desde nuestras posiciones políticas sepamos de qué estamos discutiendo y que el debate sirva para avanzar.


Como decían mis colegas, su comparecencia nos ha satisfecho. No sé si tiene que ser antes o después, pero en cualquier caso estoy seguro de que es una comparecencia que marcará en buena parte la evolución del debate en los próximos meses y
semanas en el Congreso de los Diputados.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Campuzano.


Por último, la representante del Grupo Popular, señora España.


La señora ESPAÑA REINA: Muchas gracias.


Quiero agradecerle al compareciente -cómo no- toda la información que nos ha proporcionado. Su intervención me ha parecido interesantísima, y quisiera hacer algunas reflexiones al respecto.


Ha hablado de que el déficit para el año 2017 no se cumplirá en ausencia de medidas adicionales, y se ha guardado mucho de decir esa expresión usted a lo largo de su intervención en muchas ocasiones: en ausencia de medidas adicionales. Lo
lógico es que, si estamos hablando de que las reducciones y las exenciones pasen a ser financiadas con impuestos, esta ya es una medida importante que puede hacer que se cumpla el déficit, y si seguimos creando empleo como en el año 2016, que ha
contado con 540.000 afiliados más a la Seguridad Social, es una medida también importante.


Decía usted que el déficit solo mejorará ligeramente hasta 2020 o 2022 en ausencia de medidas. Efectivamente, decía el otro día la ministra que la recaudación del año 2007 fue similar a la del año 2016 pero con 1.300.000 afiliados menos,
por lo que tenemos que seguir recuperando empleo. Por otra parte, me ha alegrado muchísimo oírle decir que desde el año 2013 a 2016 ha habido ganancia de poder adquisitivo, porque un mantra que escuchamos aquí permanentemente es que en esa época se
perdió poder adquisitivo. Es verdad que usted ha dicho que hasta el año 2022 se perderá un 7 % en diez años.


DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL, AIREF (Escrivá Belmonte): En ausencia de medidas.


La señora ESPAÑA REINA: En ausencia de medidas, porque -eso sí- siempre se sube el 0,25 %. La fórmula nos dice lo que el sistema puede pagar, pero la fórmula no dice que se tenga que aplicar

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siempre; se puede aplicar hasta el IPC más el 0,50 si se le inyectan recursos al sistema, y hay algunas teorías al respecto. Por ejemplo, Comisiones Obreras es de los que ha puesto encima de la mesa la posibilidad de que determinadas
prestaciones, como la de orfandad y la de viudedad, se financien con impuestos. Es decir, siempre -quiero dejarlo claro; por lo menos yo lo he entendido así- en ausencia de medidas.


Hablaba también de algo que me ha parecido interesante, porque llevamos ya varios días hablando sobre la tasa de sustitución, que es de más de un 80 % y una de las más elevadas de Europa, por lo que parece normal que se vaya ajustando a lo
que está ocurriendo en nuestro entorno europeo. Hay que recordar que en Alemania la tasa de sustitución es del 37 %. Hablaba además del déficit, que ocupará probablemente el 60 % del déficit total del Estado en ausencia de medidas. Yo creo que
por eso estamos todos aquí, trabajando en el Pacto de Toledo, porque creemos que se tienen que adoptar medidas. Se refería usted también al gasto en pensiones, de cómo pasó del 7,8 al 11 %, y le agradezco que lo haya hecho porque siempre se nos
critica que el gasto en pensiones ha bajado cuando ha gobernado nuestro partido, y hoy se ha visto en la gráfica que no ha sido así.


Quiero insistirle en algo que ha dicho el compañero de Podemos sobre la que le quiero preguntar. Usted ha hablado de que una pensión media de 1.300 euros sin reformas pasaría a 1.550 en 2030 y que con la reforma se quedaría en 1.300, pero
ha dicho que sin IRP -es decir, sin aplicar el IRP- y que los efectos del factor de sostenibilidad eran muy pequeños. Por tanto, esa pérdida de poder adquisitivo o esa bajada en la pensión se debe fundamentalmente a la reforma del año 2011. Eso es
lo que me ha parecido entender. Lo digo porque aquí hay alguien obsesionado con la reforma del año 2013 y la realidad es que se han hecho dos reformas: la de 2011 y la de 2013. La de 2011, consensuada, pero con efectos.


Hablaba usted de que las reformas paramétricas tenían un impacto relevante, y me imagino que se estaba refiriendo fundamentalmente a la reforma de 2011. Coincido plenamente con usted en que es importantísimo mejorar la tasa de ocupación -en
ello estamos, en ello estamos- y aumentar la productividad.


Sobre la pobreza de los pensionistas, cuestión que se ha dejado caer -y ya termino-, según Eurostat se ha reducido 7 puntos desde el año 2011, y según el informe de España es el colectivo que ha aumentado su renta y su patrimonio un 11 %
durante la crisis. En las recomendaciones que usted hacía hablaba de garantizar el equilibrio financiero -creo que obviamente por eso estamos aquí- y de profundizar en el análisis de las reformas paramétricas. Me gustaría que profundizase si puede
-valga la redundancia- en ese tema. ¿A qué se refiere con profundizar en el análisis de las reformas paramétricas? Porque todo es si no cambia nada, y todos estamos convencidos de que hay que cambiar, ¿pero qué es lo que hay que cambiar? ¿Hay que
aumentar las cotizaciones, como proponer los sindicatos?, ¿hay que bajar cotizaciones, como proponía el señor Lagares, y subir el IVA como carga para poder pagar las pensiones?, ¿hay que revisar el factor de sostenibilidad, que es de la reforma de
2013 pero todavía no ha entrado en vigor, aunque ya venía reconocido en la reforma de 2011, artículo 8 de la Ley 27/2011?, ¿hay que volver al IPC como índice de revalorización?, ¿creamos un impuesto específico, como propone el Partido Socialista?,
¿profundizamos en la separación de las fuentes de financiación para inyectar más recursos al sistema?


En cualquier caso, me ha parecido bastante interesante su intervención y se la agradezco profundamente.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Adelante, señor Escrivá.


DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL, AIREF (Escrivá Belmonte): Muchas gracias, presidenta.


Me gustaría hacer dos observaciones de arranque. La primera es que desde que el grupo de personas que formamos la Airef empezamos a trabajar nos dimos cuenta de que para ser útiles a la sociedad y para que una institución como la nuestra se
sustanciara, nuestros análisis tenían que ser absolutamente objetivos e independientes. Cada uno tiene su ideología, pero a la hora de aproximarse a los análisis lo que hacemos en la Airef -está permanentemente presente en nuestra forma de actuar-
es que los datos hablen por sí mismos, que las metodologías sean explícitas, que los estudios sean lo más precisos posibles y que no haya ningún elemento de subjetividad o normativo en lo que hacemos. Eso está garantizado y creo que así es como
nosotros les somos útiles a ustedes y a las administraciones.


Hay una segunda razón, que nosotros somos independientes y no tenemos ningún interés particular en nada, y muchos de los estudios a veces no tienen esa característica. Es decir, la Airef hace análisis

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objetivos y absolutamente independientes de todos, y eso le aporta un valor añadido a lo que ponemos encima de la mesa. En parte por eso tenemos que evitar cualquier valoración que tenga ese carácter normativo, y tiene que ver con cuando
habla uno de qué soluciones pueden abordarse.


Voy a intentar sugerirles cómo podríamos llegar a entrar nosotros en esto. La dificultad de las soluciones para resolver el problema de la Seguridad Social es que no son neutrales, desde el punto de vista redistributivo, por lo que una
solución puede parecer más factible o no pero impacta de forma distinta sobre la renta de los distintos ciudadanos. En la medida que eso es así, tenemos que ser enormemente cuidadosos a la hora de pronunciarnos al respecto. Lo que sí podríamos
hacer en algún momento es decirles a ustedes cuáles son los impactos redistributivos que tienen las distintas soluciones y ponerlos encima de la mesa para que su análisis sea más informado. Esto me lleva a la pregunta que me están planteando de
cómo podemos colaborar con ustedes. La Ley Orgánica de la Airef es muy precisa sobre qué podemos y no podemos hacer y ante qué podemos o no podemos informar o evaluar, y lo tenemos que hacer siempre en interacción con las administraciones públicas.
Es decir, no está previsto en la Ley de la Airef recibir peticiones directas del Parlamento -no obstante les voy a hacer una sugerencia-, lo que está previsto es que nosotros tenemos que hacer un conjunto de informes. Les pongo el ejemplo del IRP:
es preceptivo que antes de que el Ministerio de Trabajo cierre el asunto, tenemos que haber visto las proyecciones de ingresos y gastos que hace la Seguridad Social, haberlas evaluado y hacer un dictamen sobre si esas son predicciones o no
insesgadas y permiten ese cálculo del IRP. Es un trabajo absolutamente objetivo que está totalmente reglado en la ley cómo lo tenemos que hacer. Por ejemplo, si tenemos que evaluar el presupuesto de la Seguridad Social viene establecido hasta el
día que lo tenemos que hacer y el que tenemos que hacer el informe. Es decir, tenemos una rigidez considerable en la mayoría de lo que hacemos. No obstante, la ley abre una puerta a que se nos encarguen estudios y cuando se nos encarga un estudio
ya nos salimos de todo lo demás. La Airef puede hacer un estudio, ¿a petición de quién? También nuestra ley orgánica lo regla mucho: a petición del Gobierno, del Consejo de Política Fiscal y Financiera -del que yo soy miembro-, de la Comisión
Nacional de Administración Local -de la que también lo soy- o de una comunidad autónoma en su ámbito de competencias. Luego el Gobierno nos puede pedir un estudio y, en ese estudio, podríamos separarnos, nos podría pedir evaluar alguna medida, que
evaluáramos alternativas, y dentro del ámbito estricto de ese estudio y con la petición concreta, nosotros nos podríamos salir...


La señora PRESIDENTA: La Constitución dice que se lo podemos pedir (Mostrándosela), así que se lo pediremos. (Risas).


El señor PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL, AIREF (Escrivá Belmonte): Pues ya está, seguro que no tenemos ningún problema con nuestro abogado del Estado. Perfecto. Está establecido que yo tengo que venir
al Parlamento a rendir cuentas o cuando me llamen ustedes, por supuesto. Además rindo cuentas en el Parlamento una vez al año, en la Comisión de Hacienda del Congreso y en la del Senado. Pero para estudios concretos nuestra ley -no la
Constitución- establece que el Gobierno las puede pedir; el Gobierno y, en este caso, el Ministerio de Trabajo nos pueden hacer peticiones concretas -todavía no nos ha hecho ninguna, pero podría hacerlo-. Si nos hiciera una petición, de acuerdo
con ustedes, podríamos llegar a hacerlo sin tener que recurrir a la Constitución, que a lo mejor es otra opción, por lo que estoy viendo. Pero, como decía, existe la posibilidad de que se nos encarguen cosas y que al encargársenos nosotros las
evaluemos.


Como reflexión de carácter más general, creemos que en España hay que invertir mucho más en la evaluación de las políticas públicas, en la evaluación ex ante de las medidas y en la evaluación ex post de los resultados. Hay que hacerlo y eso
mejoraría mucho más la calidad del gasto público y su impacto sobre los ciudadanos. Cuando comparamos esto con otros países la verdad es que estamos muy por debajo. Me preguntaban antes que cuántos somos. En la Airef somos 35 personas. En una
institución similar a la nuestra en Holanda -con mucha mayor tradición- son más de 250 personas. Nosotros somos muy poquitos, somos 35 personas incluidos el que hace las nóminas y el que recauda la tasa con la que nos financiamos; es decir, que
trabajando profesionalmente somos un grupo relativamente limitado de personas. Por ejemplo, en Estados Unidos, estuve viendo cómo funciona el Congressional Budget Office y ellos sí reportan al Congreso de los Estados Unidos, no están dentro del
ámbito del Ejecutivo. Es una institución muy grande y muy potente, que tiene enormes capacidades de analizar medidas legislativas con mucho detalle. En Holanda, se evalúa cada medida de política. El CPB, que es el equivalente a nosotros, evalúa
no solamente el impacto sobre crecimiento, sobre empleo y el impacto en déficit público,

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sino que evalúa también el impacto medioambiental y redistributivo. Cada ley que se hace en Holanda tiene que llevar el análisis independiente.


En España tenemos, desgraciadamente, una tradición de hacer memorias por la propia Administración y nosotros somos usuarios de esas memorias porque a veces tenemos que evaluar medidas que están en esas memorias. Y muchas veces le decimos al
Gobierno que no nos sirve lo que has puesto en la memoria y tienes que contárnoslo con mucho más detalle porque si no somos incapaces de valorar si eso tiene defectos. Por lo tanto, es muy importante que la evaluación de políticas no la haga el que
está proponiendo la política, porque hay un sesgo natural aquí y en todas partes del mundo. Por eso existen instancias independientes, con el estatus que tenemos nosotros, para poner encima de la mesa números que hablen por sí solos y ayuden a
tener decisiones más informadas.


Por tanto, recorrido para profundizar en este tema en España hay mucho. Referencias internacionales, existen. En la Ley de la Airef nosotros no tenemos esas funciones que se conocen en la literatura como de costing, de evaluación del coste
de las medidas o de los impactos, que pueden ser también modelos positivos. Es una función que cuando se creó la Airef no se nos otorgó y no la tenemos. No obstante, aunque no tenemos establecido de iure que tengamos que evaluar reglamentariamente
todas las medidas que se hacen, tenemos que hacer cosas como les acabo de demostrar, porque en la medida en que tenemos que pronunciarnos sobre la sostenibilidad pública de las finanzas públicas a medio y largo plazo cuando el Gobierno adopta una
medida impositiva o cuando el Gobierno adopta una medida como la que estamos viendo, del año 2011 o del año 2013, que puede impactar hacia delante sobre los ingresos y gastos de las administraciones públicas, nosotros tenemos que intentar ver qué
impacto tiene. Por ahí entramos. Nosotros entramos en la medida en que tenemos responsabilidades muy claras y muy tasadas sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas, pero no tenemos en nuestra Ley de la Airef responsabilidades micro o
sectoriales sobre cada cosa que se va haciendo. Es a nuestra iniciativa, como han visto ustedes en este caso, que nos hemos puesto a mirar esto con detalle porque teníamos que hacer un diagnóstico sobre la Seguridad Social sostenible o no a medio
plazo porque nos lo dice nuestra ley. En la medida en que tenemos ese mandato, nosotros hemos tenido que mirar esto con mucho detalle. Efectivamente, nuestra disponibilidad es máxima para que encontremos la fórmula para que podamos compartir con
ustedes no solo ex post sino de una forma un poquito más dinámica al respecto. Eso lo digo como reflexión general.


Muchas de las cuestiones que me han planteado no las puedo contestar, porque las medidas que están encima de la mesa las podría contestar si nos pide alguien un estudio concreto para esa medida y nosotros la tuviéramos que contemplar porque
alguien está poniéndola encima de la mesa, puesto que en la medida en que yo me pronuncie -y tenemos opinión- sobre alguna otra alternativa, eso tiene efectos redistributivos distintos, es que va a impactar de forma distinta sobre los ciudadanos y,
por cierto -a voy entrando los detalles-, sobre la deuda pública la Seguridad Social se ha estado financiando con deuda pública no ahora o a futuro, sino desde que empezó el déficit. Porque en términos de deuda neta es equivalente a lo que ha
estado pasando hasta ahora porque ¿qué hacía la Seguridad Social cuando deshacía el Fondo de Reserva? Vendía deuda pública que tenía, pero de la deuda pública de la que ella es acreedora el deudor es el Estado, que es lo mismo. Vemos que lo que
hemos estado haciendo en los últimos años es simplemente aumentar nuestra deuda neta; lo hacíamos por la pérdida de activos de la Seguridad Social y lo haremos en el futuro por el aumento de los pasivos del Estado, pero es absolutamente
equivalente; no ha cambiado nada ni va a cambiar casi nada, desde el punto de vista financiero.


A partir de ahí, emitir deuda pública tiene un carácter muy genérico sobre el impacto que tiene. Si hablamos de impuestos concretos, estaríamos introduciendo algunos elementos de redistribución en el sistema desde aquellos que se ven más
impactados por el impuesto. Esto es evidente y obvio, no hace falta que lo diga yo pero es así. Y si hablamos de cuentas nacionales, que es una opción, va en la línea de hacer el sistema más contributivo y menos redistributivo, y es una opción de
política absolutamente legítima. Pero lo que yo diría es que todas estas cosas de las que hablamos no están suficientemente bien estudiadas. Es decir, los impactos redistributivos y los impactos sobre el déficit o los impactos que pueda tener
indirectamente sobre la actividad económica requieren instrumentos y análisis de políticas que no están disponibles.


Creo que es verdad que la Seguridad Social puede tener un papel, obviamente. Cuando yo me estaba refiriendo al asunto de las reformas paramétricas, me estaba refiriendo más bien a las ya existentes. Nosotros hemos hecho una estimación, que
es la que he compartido con ustedes basada en la muestra continua de vidas laborales, que es una información pública, que me parece que es de 10.000 personas;

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es una muestra de todos los pensionistas, pero puede tener un sesgo muestral y nos podemos haber equivocado. Este ejercicio que hemos hecho se puede hacer con las técnicas que nosotros hemos desarrollado, las técnicas econométricas y las
técnicas de microsimulación, y se puede hacer con todos los pensionistas, y tendría un grado de precisión mayor y de incertidumbre mucho menor. Nosotros le vamos a sugerir al respecto a la Seguridad Social que este estudio que nosotros hemos hecho
sobre 10.000 personas se haga sobre todos los pensionistas, se proyecte en el tiempo y sea una referencia; a eso me estaba refiriendo. Creo que este es un ejercicio necesario y nosotros ya se lo hemos dicho a la Seguridad Social; lo saben porque
lo hemos hablado con ellos y nos ponemos a su disposición para colaborar en este tema en lo que ellos quieran; por supuesto, no podía ser de otra forma. A eso me estaba refiriendo yo con esa observación.


Sin embargo, además quiero decir que cualquier medida futura que se ponga encima de la mesa, y hay varias flotando por ahí, tiene que ser evaluada de una forma mucho más rigurosa y mucho más precisa de lo que se ha hecho hasta ahora. Si les
puedo sugerir algo, esto es algo que ustedes deben exigir en cualquier caso a las administraciones que tomen finalmente la iniciativa. Debe de haber estudios ex ante mucho más detallados, con mucha mayor transparencia. Insisto, cuando las cosas se
hacen con cuidado y se aportan los márgenes de error adecuados, no hay que tener miedo a poner datos encima de la mesa.


Cada uno de ustedes han cogido datos distintos de mi presentación y todos son verdad. Es verdad que entre el año 2013 y el año 2016 las pensiones han ganado poder adquisitivo, eso no es discutible, es así, pero también es verdad que a
partir de ahora van a perder poder adquisitivo si se aplica el IRP y en poco tiempo van a más que perder poder adquisitivo si no se hace nada, si no hay medidas. Ambas cosas son ciertas, no tienen mucho error y son bastante estimables. De lo que
he dicho yo, hay cosas que son más dudosas, sobre todo si nos vamos hacia delante, pero hay algunas cosas que no lo son. Por ejemplo, en cuanto a las previsiones -y esto tiene que ver a la hora de evaluar medidas de la Seguridad Social-, hay cosas
que son fáciles de estimar y otras que no lo son. Cuando la Seguridad Social presente medidas en el presupuesto de 2017, si lo hace, para acercarse al 1,4 %, nosotros le vamos a decir -esto lo he anticipado aquí- que una vez más lo tiene muy
difícil, nosotros sí que vamos a intentar discutir con la Seguridad Social, como hemos hecho en el pasado, si esas medidas tienen el impacto recaudatorio o la reducción de gasto que se pretende. Ahí es donde nos veremos, en los números y en los
datos.


Ha habido veces que la Seguridad Social nos ha planteado cosas en el pasado que han tenido el efecto que ellos veían y nosotros anticipábamos y ha habido veces que no ha sido así. Por ejemplo, cuando empezamos nosotros había un proyecto, el
proyecto Creta, que iba a producir unos ahorros en el sistema de la Seguridad Social por la vía de ganancias, de eficiencia recaudatoria; los estudios de la Seguridad Social pintaban un impacto potencial de mejora recaudatoria por la introducción
del proyecto Creta que nosotros veíamos, pero la realidad es que ese proyecto ha tenido un impacto mucho menor del esperado. ¿Qué es lo sano y lo moderno? La Seguridad Social ha hecho un estudio que ha tenido mucho menos impacto; hagamos una
evaluación ex post, y no tengamos miedo de presentarla, de por qué el impacto recaudatorio del proyecto Creta ha sido mucho menor del esperado. Eso es lo que tienen que hacer las administraciones. Es decir, cuando presentan una medida y esa medida
después no ha tenido éxito, no pasa nada por reconocerlo. Es bueno porque se puede aprender de ello y eso es algo que nosotros pedimos normalmente a todas las administraciones, no solamente la central sino también las autonómicas, con las que
tenemos una interacción muy estrecha.


No puedo ir mucho más allá de lo que he dicho en muchas de las cosas que me han planteado. En cuanto a la pregunta general que planteaba, creo que no debo ir mucho más allá, sinceramente. (Risas).


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


Quiero decir a todos los miembros de la Comisión que la intervención del señor Escrivá la van a recibir esta misma tarde. Habrá algún fallo de palabras, pero entiendan que está cogido directamente de lo que él ha pronunciado en esta
Comisión. Es verdad que tendrá mucho más que avanzar la AIReF, pero es de muy reciente creación. Usted ha puesto el ejemplo norteamericano -no sé si el señor Trump se lo va a cargar- y lo que está claro es que el centro independiente del
Parlamento norteamericano tiene cinco premios Nobel, los cargos se ostentan mientras se viva y no dependen de los colores políticos de nadie. He estado en aquel departamento y es como un ministerio, pero ojalá le dieran a usted un Premio Nobel y
tuviéramos cinco premios Nobel en ese departamento en el futuro. Teniendo en cuenta que su organización empieza a funcionar en 2014, creo que se ha avanzado bastante. Estoy convencida de que

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en esta Comisión le vamos a ayudar a que esto evolucione favorablemente. En la Constitución española hay un artículo muy claro que dice que esta casa, el Congreso de los Diputados, representante de la soberanía popular, puede pedir a las
administraciones y a cualquier organismo dependiente de ellas o que esté en ellas, tanto comunidades autónomas como Administración central, los informes que considere pertinentes. Así que se los pediremos. No se ha librado usted de nosotros.


Se levanta la sesión.


Era la una y treinta y cinco minutos de la tarde.