CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES DE INVESTIGACIÓN

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 9

SOBRE LA CRISIS FINANCIERA DE ESPAÑA Y EL PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA ORAMAS GONZÁLEZ-MORO

Sesión núm. 3 (extraordinaria)

celebrada el miércoles,

12 de julio de 2017

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del gobernador del Banco de España, para la presentación del Informe elaborado por dicha Institución sobre 'La crisis financiera y bancaria en España 2008-2014'. Por acuerdo de la Comisión de Investigación sobre la crisis
financiera de España y el programa de asistencia financiera. (Número de expediente 212/000897)... (Página2)

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Se abre la sesión a las cinco de la tarde.


La señora PRESIDENTA: Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la comparecencia del señor Linde de Castro, a quien agradezco su disponibilidad. Al tratarse de una comparecencia sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1984, se ha
trasladado al compareciente la posibilidad de poder comparecer acompañado de la persona que designe para asistir. Asimismo esta Presidencia manifiesta expresamente su voluntad de salvaguardar los derechos del compareciente reconocidos por el
artículo 1.2 de la citada ley orgánica. Le recuerdo igualmente la obligación contenida en el artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su testimonio.


Señor gobernador, tiene la palabra para su exposición inicial.


El señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Linde de Castro): Muchas gracias, señora presidenta y señorías.


Comparezco ante esta Comisión de acuerdo con el requerimiento recibido de la presidenta del Congreso de los Diputados en relación con el informe sobre la crisis financiera y bancaria de España 2008-2014 que ha elaborado el Banco de España, y
que se publicó el pasado 16 de junio. El proyecto de elaborar un informe sobre la crisis económica y financiera, que empieza a desarrollarse en España en 2007-2008, se planteó en el Banco de España hace tiempo. Algo bien justificado si se tiene en
cuenta que esta crisis ha sido la más grave sufrida por la economía y el sistema financiero español en las últimas décadas. La decisión del Congreso de los Diputados el pasado mes de febrero de constituir esta Comisión nos confirmó la conveniencia
de elaborar este informe, entendiendo que esta podría ser una adecuada contribución del Banco de España a sus trabajos.


Aunque algunos de los efectos de la crisis llegan hasta hoy esta pudo darse por concluida o controlada en términos generales en 2015, cuando se habían normalizado en medida significativa las condiciones financieras para empresas y familias,
nuestra economía recuperó tasas de crecimiento por encima del 3 %, empezó a registrar aumentos significativos en el empleo, la recapitalización y reestructuración de nuestras entidades de crédito dejó de tener nuevos impactos significativos en el
incremento del déficit y la deuda pública, y se puso en marcha el Mecanismo Único de Supervisión incardinado en el BCE.


El informe, en cuya elaboración han participado varias direcciones generales del banco y que ha sido coordinado por el consejero don Fernando Eguidazu, cubre los años de la crisis en los ámbitos macroeconómico, financiero, regulatorio y
supervisor, incluyendo reformas nacionales y europeas. Voy a abordar, primero, los objetivos que han orientado la elaboración del informe; segundo, el entorno macroeconómico en el que se desarrolló la crisis, con la acumulación de fuertes
desequilibrios ligados al endeudamiento del sector privado; tercero, la estrategia de reestructuración y recapitalización de una serie de entidades de crédito -básicamente cajas de ahorros-, y finalmente me referiré al balance de este proceso, tal
y como hoy podemos estimarlo.


En primer lugar, el objetivo del informe. Quería precisar los objetivos que nos hemos marcado en la redacción de este informe. El pasado 21 de febrero la comisión ejecutiva del Banco de España adoptó el acuerdo de elaborar -y cito
textualmente- un informe detallado sobre la crisis financiera y bancaria que se produjo en España a partir de 2008, sus causas, desarrollo y resolución, con especial atención a la actuación del Banco de España en ella. La redacción del informe ha
tenido en cuenta varias restricciones, de las que querría mencionar dos. Por un lado, la obligación de mantener la confidencialidad de los datos de las entidades individuales. El informe contiene abundante información sobre las entidades de
crédito, incluyendo los procesos de intervención y las ayudas públicas otorgadas, pero no puede entrar en aspectos ligados a la supervisión de entidades individuales -cuya confidencialidad está protegida legalmente- o en valorar aquellas cuestiones
que están siendo actualmente objeto de procedimientos abiertos en diferentes ámbitos e instancias de la Administración de Justicia. En cuanto al periodo estudiado, si bien 2008 es el año de inicio de la crisis, el análisis se realiza desde 2000 en
el entendimiento de que resulta imposible explicar la crisis sin repasar sus orígenes y causas, que se remontan a la década previa. Por otra parte, 2014 se ha elegido como fecha para acotar el periodo considerado, teniendo en cuenta que a finales
de ese año comienza a operar el Mecanismo Único de Supervisión y pueden darse por realizadas las actuaciones previstas en el Memorándum de Entendimiento acordado con la Comisión Europea en julio de 2012. En suma, los siete años del periodo
2008-2014 corresponden con bastante exactitud a los de aparición y desarrollo de la crisis, su tratamiento y comienzo de la recuperación.

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El informe explica las actuaciones llevadas a cabo que deben ser consideradas en su entorno macroeconómico y financiero, que fue variando a lo largo del periodo considerado. De hecho entre 2008 y 2014 el Banco de España elaboró un número
considerable de notas, artículos e informes sobre la crisis y las medidas adoptadas, que estuvieron disponibles en versión impresa y en nuestras páginas de Internet casi siempre desde su elaboración. Es decir, el banco ya había elaborado y
publicado amplia información y diferentes análisis sobre la crisis, pero faltaba una explicación de conjunto ordenada, tanto en sentido cronológico como temático, en sus aspectos más relevantes -macroeconómico, financiero, regulatorio y supervisor-.


Me voy a referir ahora a los desequilibrios acumulados en nuestra economía en la expansión anterior a 2008. Quiero referirme a la acumulación de estos desequilibrios durante los años de expansión previos a la crisis, ligados en medida muy
importante al endeudamiento del sector privado. El informe señala en su primer capítulo que a partir de 2001 y hasta 2007 se desarrolló en España un intenso proceso de endeudamiento, que se refleja en el cuadro 1.1 de la página 66. Las cifras de
ese periodo 2001-2007 son las siguientes. Frente a un crecimiento del PIB nominal del 67 %, el crédito al sector privado aumentó en un 221 %, concentrado especialmente en el sector inmobiliario, que registró un crecimiento del 250 % en el crédito
para adquisición de vivienda y del 513 % en el caso del crédito a las empresas de construcción y de servicios inmobiliarios.


El mayor crecimiento del crédito se alcanzó en los años 2005 y 2006. En estos dos años el crédito al sector privado creció un 60 %, destinando a adquisición de vivienda un 65 % y el crédito a empresas de construcción y servicios
inmobiliarios en un 100 %; es decir, casi se dobló en dos años. Durante el período 2001-2007 se construyeron en España de media 570 000 nuevas viviendas al año. El precio de la vivienda se multiplicó por 2 en términos reales y por 2,5 en términos
nominales. Como señala el informe este proceso se ajustó a una dinámica consistente en lo que puede considerarse una burbuja especulativa en el sector inmobiliario, de forma que sus precios se situaron muy por encima del valor que habrían
justificado determinantes en los respectivos mercados, y desde luego en el de la vivienda. El aumento del crédito y su concentración en el sector inmobiliario se produjo en un momento en el que la economía española estaba experimentando profundos
cambios, especialmente en dos frentes: la adopción del euro y el rápido crecimiento demográfico, que dificultaban valorar la magnitud de estos desequilibrios.


La adopción del euro, a partir de 1999, implicó para nuestra economía la desaparición del mecanismo de ajuste de los tipos de cambio frente al resto de países de la zona euro, y la adopción de la política monetaria común, que durante
aquellos años mantuvo un tono expansivo con una sensible reducción de los tipos de interés vigentes para la economía española. El tono de la política monetaria resultaba apropiado para el conjunto de la zona, pero fue sin duda demasiado expansivo
para España. La acumulación de desequilibrios se produjo también en otros países de la zona euro, en un entorno en el que diferentes instituciones, analistas y responsables económicos confiaron excesivamente en el efecto estabilizador del euro, de
forma que, por ejemplo, desaparecieron las diferencias en las primas de riesgo aplicadas a los distintos emisores de deuda pública. Se consideraba -y era un punto de vista extendido- que la pertenencia a la unión monetaria reducía el riesgo
vinculado a los déficits por cuenta corriente, porque podían financiarse en el seno de la Unión dada la libertad de movimiento de capitales. Esta aproximación que se demostraría errónea con la crisis llevó entre otras cosas a no estimar
adecuadamente el riesgo asociado al creciente endeudamiento exterior de nuestra economía.


Con respecto al crecimiento demográfico entre los años 2000 y 2007 se produjo un aumento de la población de alrededor de cinco millones de personas, algo sin precedentes en un periodo tan corto desde que existen en España series de
población; es decir, desde mediados del siglo XVIII. Este aumento de población se debió en casi un 90 % a las entradas netas de inmigrantes, en su mayoría de edad adulta, lo que alimentó el crecimiento del sector inmobiliario, tanto por la vía de
un aumento permanente de la demanda de vivienda como por el lado de la oferta, aportando la mano de obra que facilitó la expansión del sector de la construcción.


Durante aquellos años, en sus análisis sobre la economía española y en su labor supervisora, el Banco de España identificó los principales problemas que se estaban acumulando, y apuntó a aspectos como la creciente vulnerabilidad de la
situación patrimonial de las familias y empresas no financieras, asociada a su creciente y elevado endeudamiento, el gran aumento del precio de la vivienda, la excesiva concentración del crédito en el sector inmobiliario, el exceso de dependencia de
la financiación exterior o la acumulación de pérdidas de competitividad en la economía española. Ahora bien, como se señala en el informe, se consideraron riesgos a la baja, en un escenario que preveía una tendencia hacia menores

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tasas de crecimiento y una corrección gradual de los desequilibrios. El banco no anticipó una fase recesiva tan intensa como la acaecida a partir de finales de 2008, que revelaría la magnitud y la gravedad de los desequilibrios acumulados
en nuestra economía. El banco adoptó medidas regulatorias y de supervisión, que con el tiempo han sido reconocidas en el ámbito internacional como avanzadas e innovadoras, a pesar de que entonces fueron cuestionadas por diferentes instituciones
nacionales e internacionales, así como por el sector bancario español, por entender este que colocaba a nuestros bancos en situación de desventaja competitiva. Estos dos instrumentos fueron las provisiones contracíclicas, que se establecieron
dotando a las ya existentes provisiones genéricas de un componente vinculado no a la morosidad, sino al aumento de crédito, y la exigencia de que los vehículos de inversión estructurados se incluyeran en el perímetro de consolidación de las
entidades de crédito que los creaban, evitando así que proliferase la operativa de transformación y titulización de créditos de mala calidad, que fue sin duda uno de los orígenes de la crisis bancaria internacional. Las provisiones contracíclicas
habían acumulado en 2008 un volumen de fondos importante, superior a los 26 000 millones de euros. El tratamiento contable más severo en otros países de los vehículos de inversión especiales desanimó al uso por nuestra banca de este mecanismo
artificial de reducción de riesgos, lo que contribuyó a que el impacto de la primera crisis en nuestras entidades fuese relativamente menor. La principal lección de este proceso ha sido la importancia de los instrumentos que llamamos
macroprudenciales, que entonces no existían y que hoy se han implantado en todos los países desarrollados a partir de los trabajos del Consejo de Estabilidad Financiera, creado por el G-20 en 2009, y el Consejo Europeo de Riesgo Sistémico ligado al
sistema europeo de bancos centrales, que se creó en 2011.


Como se señala en el informe, en las páginas 64 y 65, aunque entonces no existían las apropiadas normas de obligado cumplimiento para las entidades, el banco podría haber impulsado la aplicación de límites a la expansión del crédito en tres
sentidos distintos: contener o limitar la concentración de riesgos en el sector de promoción y construcción; controlar o limitar el nivel de apalancamiento, es decir, la relación entre activos y pasivos, entre riesgos y su financiación, y
controlar o limitar la proporción del importe de los préstamos hipotecarios, relación a valor de las garantías. Pero estos instrumentos no se encontraban entonces entre los utilizados habitualmente por la supervisión, dado que se seguía un enfoque
microprudencial, centrado básicamente en asegurar la solvencia de las entidades individuales.


Paso ahora a hacer algunas reflexiones sobre la estrategia que se siguió para la reestructuración y recapitalización de los bancos. Voy a detenerme ahora en la estrategia adoptada a finales de 2008, que se analiza con detalle en los
capítulos 2 y 3 del informe. Voy a repasar los principales desarrollos siguiendo -como hace el informe- una aproximación cronológica que permite explicar mejor las medidas adoptadas en su contexto temporal. Más adelante me referiré también a
algunos de los interrogantes más frecuentes o relevantes que se plantean sobre esa estrategia. Desde finales de 2008, en un momento de grave deterioro de los mercados financieros internacionales, tras la caída de Lehman Brothers en septiembre de
aquel año, se establecieron mecanismos de apoyo a la liquidez del sistema financiero a través del establecimiento del Fondo para la adquisición de activos financieros de alta calidad, y el desarrollo de un sistema para el otorgamiento de avales del
Estado para ciertas emisiones. Además se decidió, en línea con las reformas que se estaban impulsando en otros países europeos, la ampliación de la cobertura de la garantía de depósitos desde 20 000 euros hasta 100 000 euros.


A partir de 2009 se intensificaron las dificultades en el sistema financiero. En marzo de ese año el caso de Caja Castilla-La Mancha fue un punto de inflexión, porque puso de manifiesto que era necesario disponer de un nuevo esquema para
afrontar la reestructuración de las entidades con problemas. Teniendo en cuenta las limitaciones que afectaban a las cajas, y que se detallan en el informe, se adoptó entre 2009 y 2011 una estrategia que giró en torno a dos pilares: favorecer la
reestructuración del sistema a través de procesos de fusión voluntarios y de la resolución de las entidades menos viables, y el reforzamiento de la solvencia a través del saneamiento de los balances y el reforzamiento de capital de las entidades.
En relación con el primero de estos pilares caben destacar dos medidas: la creación del FROB, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, y la reforma del Sistema Institucional de Protección, los denominados SIP. El FROB fue creado en julio de
2009 para dar apoyo a los procesos de reestructuración y de integración voluntarios, incluyendo apoyo financiero, principalmente por la vía de adquisición de participaciones preferentes, o en su caso gestionando la intervención de las entidades.
Más adelante, en febrero de 2011, se reformó, tras el agravamiento de la crisis de la deuda soberana en Europa, que dificultó cada vez más el acceso de las entidades de diversos países, entre ellas las españolas, a los

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mercados financieros mayoristas, y que había llevado a los problemas de Grecia e Irlanda en mayo y diciembre de 2010. El papel del FROB se adaptó, permitiéndole la adquisición de acciones ordinarias de manera temporal, hasta cinco años, lo
que se conoció como FROB 2.


El FROB cubría un vacío del esquema preexistente en dos frentes principales: la insuficiencia de recursos de los fondos de garantía de depósitos -cuya capacidad no estaba calculada para abordar crisis sistémicas, pudiendo generarse
contagios en caso de que se exigieran contribuciones extraordinarias a sus miembros-, y facilitar aportaciones de capital rápidas a las entidades en dificultades, salvando los problemas que planteaba la normativa mercantil, y en particular la
necesidad de obtener la aprobación de la junta general de accionistas de las entidades. Como se detalla en el cuadro 2.8 del informe las aportaciones del FROB 1 y del FROB 2 alcanzaron 15 617 millones de euros, todas ellas destinadas a cajas de
ahorros y condicionadas a procesos de reestructuración y de mejora de la eficiencia y la gobernanza de las entidades receptoras.


En abril de 2010 se modificó la normativa de los SIP, que databa de 2007, para darles mayor estabilidad, reforzando el compromiso de permanencia de las entidades, exigiendo que la entidad central tuviera naturaleza de sociedad anónima y que
estuviera participada por las cajas en al menos un 50 %. Los SIP ofrecían una fórmula flexible de integración análoga a las fusiones, en términos de productos prácticos, pero manteniendo la personalidad jurídica individual de las entidades, lo que
facilitaba los procesos de integración, principalmente entre cajas de ahorros que por su naturaleza no disponían de la misma flexibilidad que los bancos para concluir acuerdos de fusión.


Respecto al reforzamiento de la solvencia de las entidades se podría destacar la reforma de las cajas, de julio de 2010, que entre otras medidas pretendía facilitar su acceso a los mercados de capitales a través de la emisión de cuotas
participativas con derecho a voto, o el desarrollo de la actividad a través de un banco, separando la actividad bancaria de las fundaciones que podían controlar las cajas, y el Real Decreto-ley de Reforzamiento del Sistema Financiero, de febrero de
2011, que incluía nuevos requisitos de solvencia en línea con los estándares del acuerdo revisado de Basilea II, anticipándose a la directiva europea. Entre otros aspectos se introdujeron mayores requerimientos de capital y definiciones más
exigentes para sus distintos componentes, así como definiciones más estrictas para los activos ponderados por riesgo. Por otro lado, en junio de 2010 el Banco de España reforzó los requerimientos contables con el objeto de aumentar más rápidamente
la cobertura mediante provisiones de activos en mora. Como resultado de estas medidas, entre diciembre de 2007 y diciembre de 2011, el coeficiente de solvencia global de las entidades de depósito pasó del 10,6 al 12,02 %. A finales de 2011 el
volumen de provisiones constituidas por el conjunto de nuestro sistema bancario y cajas superó los 138 000 millones de euros, es decir, el 13 % del PIB.


Esta estrategia se vio muy afectada -en realidad truncada- en 2012 con la crisis del área del euro, que pasó por distintos momentos de tensión como consecuencia de la interacción entre los riesgos soberano, bancario y macroeconómico. En el
primer semestre de 2012 se intensificó el riesgo llamado de redenominación, que era un eufemismo para designar las dudas sobre la permanencia de algunos países, entre ellos España, en el área del euro, incluso sobre la supervivencia de la moneda
única. En marzo se aprobó un segundo rescate para Grecia, y en mayo, tras unas elecciones en ese país que no resolvieron nada, se volvieron a desatar los temores sobre su salida de la unión monetaria. En paralelo se produjo un nuevo episodio de
tensión centrado en España y en Italia, donde las primas de riesgo a dos años con respecto al bono alemán llegaron a situarse por encima de los 700 y 500 puntos básicos respectivamente. En España se acentuaron los temores sobre el impacto de la
nueva recesión en la situación de las entidades de crédito y sobre la realimentación entre riesgo soberano y bancario. Las condiciones de financiación en los mercados mayoristas se endurecieron nuevamente y se intensificaron las salidas netas de
fondos hacia el exterior, que en el acumulado de doce meses llegaron a alcanzar 320 000 millones de euros, casi un 30 % del PIB. España se enfrentaba, a mediados de 2012, a algo cercano, o casi, a un colapso de financiación exterior, que pudo
compensarse con un incremento sustancial de la financiación del eurosistema, que llegó a alcanzar 412 000 millones de euros en agosto de 2012, un 34 % de la liquidez total inyectada por el eurosistema a los bancos de la zona euro.


En respuesta al agravamiento de la crisis en febrero y mayo de 2012 el Gobierno aprobó dos decretos-leyes sobre el saneamiento de los riesgos inmobiliarios en los balances de las entidades de crédito, y en julio de 2012 se adoptó una
estrategia reforzada de saneamiento y reforzamiento de capital, a través del Memorándum de Entendimiento, el MOU, con la Comisión Europea, que incluyó una inyección de recursos aportados a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad por valor
superior a los 41 000 millones de

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euros. Ese verano la Unión Europea dio nuevos pasos en la reforma de la arquitectura institucional de la zona euro, que fueron cruciales para disipar el riesgo de redenominación, incluyendo la aprobación del proyecto de la unión bancaria y
la decisión de septiembre de 2012 del Banco Central Europeo sobre posibles compras directas en el mercado secundario de valores emitidos por países sometidos a programas de ajuste económico o programas precautorios.


En el capítulo 3 del informe se explica la estrategia que se acordó en el Memorándum de Entendimiento. Las actuaciones tuvieron entre sus principales elementos un nuevo proceso de recapitalización y reestructuración con ayudas públicas a
través del FROB, incluyendo una evaluación externa del sistema financiero español -todo ello se detalla en los esquemas 3.1 y 4.3.3 del informe-, la segregación de un volumen importante de activos dañados de los bancos que recibieron apoyo público
fueron transferidos a la Sareb como se detalla en el cuadro 3.5 del informe, y el cumplimiento por todas estas entidades de un nivel de capital de máxima calidad del 9 %. En ese capítulo 3 también se describen las medidas que se adoptaron para
apoyar a los accionistas y tenedores minoristas de instrumentos híbridos afectados por los ejercicios de reestructuración de las entidades que pasaron a la órbita del FROB. Las dos medidas adoptadas fueron: una, permitir que el Fondo de Garantía
de Depósitos comprase las acciones que los titulares minoristas de preferentes y deuda subordinada habían recibido a cambio de sus títulos, cuando las acciones no cotizaban, es el caso de Novacaixagalicia y de Caixa Catalunya, y segundo, crear una
comisión para establecer los criterios que regirían los arbitrajes a ofrecer por las entidades participantes en el FROB a los titulares minoristas de esos instrumentos, para resolver los casos de mala comercialización. Más adelante, en el cuadro
4.3.4 de la página 194 se recoge el importe de los instrumentos emitidos por Bankia, Caixa Catalunya y Novacaixagalicia, las solicitudes de arbitraje recibidas y los laudos favorables a los clientes; en total obtuvieron un laudo positivo arbitrajes
por valor de 3125 millones de euros, que correspondían a casi 300 000 clientes. Teniendo en cuenta las dudas sobre la viabilidad del euro y sobre la permanencia de España en la moneda única, así como la grave crisis en que se encontraba nuestro
sistema financiero, creo que la estrategia de reestructuración y su financiación articulada en el MOU, el Memorándum de Entendimiento de 2012, fue proporcionada y ha permitido lograr la normalización de nuestro sistema financiero, tal como se recoge
en el capítulo 4 del informe.


Querría ahora detenerme en dos cuestiones: las opciones diferentes de la estrategia que se adoptó, y por qué tuvo que reforzarse a través del Memorándum de Entendimiento de 2012 el proceso de reforma que estaba iniciado desde 2009. Con
respecto a las opciones posibles creo que el debate se centra sobre todo en los primeros años de la crisis 2009-2011. Los dos escenarios que suelen mencionarse son, por un lado, no haber rescatado a las entidades no solventes, facilitando su
liquidación, y por otro, frente a la estrategia gradual que se impulsó, no haber realizado una actuación más agresiva desde el inicio, con una inyección de fondos públicos en forma de capital, y separación de activos dañados en sociedades creadas al
efecto, sociedades del tipo de la Sareb que se creó finalmente.


En cuanto al primer escenario, y con independencia de consideraciones políticas, dejar quebrar a las entidades en dificultades no era una opción razonable en términos económicos. La liquidación sin más habría supuesto la paralización de los
servicios bancarios y pérdidas para los depositantes de las entidades afectadas, en la parte que no fuera cubierta por el Fondo de Garantía de Depósitos, que podía ser muy alta, acentuando el riesgo de contagio a otras entidades. Este tipo de
estrategia habría tenido un impacto demoledor sobre la confianza y la estabilidad del sistema financiero, sobre la economía real, sobre el empleo, y habría supuesto muy probablemente un coste mayor para los contribuyentes, en la medida en que casi
con seguridad el Fondo de Garantía de Depósitos no habría podido hacer frente a la cobertura de depósitos sin nuevas ayudas públicas. De hecho, dejando aparte el caso de Lehman Brothers, que no era un banco comercial, sino un banco de inversión sin
depositantes minoristas, y el caso muy particular de Chipre en 2013, no conozco ningún caso durante la crisis que se inicia en 2008 en el que las autoridades de un país hayan adoptado una solución de liquidación de bancos que haya implicado pérdidas
para sus depositantes. La estrategia elegida sostuvo la viabilidad de las entidades que recibieron ayudas, manteniendo su capital regulatorio y la continuidad de sus funciones esenciales, protegiendo de este modo a sus depositantes. Como se
refleja en el cuadro 2.8 del informe, a finales de 2011 las ayudas destinadas a la banca ya habían alcanzado 25 000 millones de euros, de los cuales 15 600 fueron ayudas

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públicas a través del FROB y el resto fondos privados a través del Fondo de Garantía de Depósitos. Estas ayudas permitieron sostener los depósitos de las entidades que los recibieron, que se cifraban en torno a 487 000 millones de euros,
alrededor de un tercio de los depósitos totales del sistema, de los cuales unos 250 000 eran depósitos garantizados.


En cuanto al segundo escenario, la estrategia de un rescate público temprano por una parte significativa del sistema de entidades de crédito, lo que se denominó entonces de modo coloquial 'manguerazo', fue una vía por la que optaron entre
2008 y 2009 algunos países, como Alemania, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos. Sin embargo en aquellos años primaron en España las soluciones privadas, con medidas de apoyo a la liquidez en 2008 y desde 2009 con inyecciones del FROB,
principalmente a través de participaciones preferentes, es decir, instrumentos híbridos de deuda y no de capital. No sería hasta 2011 cuando con la reforma del FROB se dio paso a aportaciones de capital con fondos públicos, y ya en 2012 con el MOU
a nuevas inyecciones de fondos públicos y a la creación de la Sareb.


Desde un punto de vista fiscal la opción de una inyección de capital masiva y temprana con fondos públicos pudo quizá ser viable en España hasta 2007, mientras se registraron superávits en las cuentas públicas y el crecimiento del PIB se
situó por encima del 3,5 %. Y existía aún cierto margen en 2008, a pesar de la desaceleración del crecimiento y del aumento del déficit fiscal, que alcanzó ese año el 4,4 % del PIB. Sin embargo a partir de 2009 se hizo muy difícil, por no decir
imposible, en un contexto de recesión, con una caída del PIB del 3,6 % y un rápido deterioro de las cuentas públicas. Hay que recordar que en 2009 el déficit público ascendió al 11 % del PIB, y que la deuda pública aumentó en solo dos años casi a
20 puntos del PIB, pasando del 35,6 % en 2007 al 52,8 % en 2009. Además hay que tener en cuenta que las entidades de crédito españolas contaban en general en aquellos años iniciales de la crisis con altos niveles de provisiones y de rentabilidad,
lo que contribuyó probablemente a generar un exceso de confianza en su capacidad para financiar por medios exclusivamente privados su saneamiento y reforzamiento de capital. La preferencia por buscar soluciones privadas estaba determinada desde
luego por el objetivo de minimizar el impacto sobre el contribuyente, pero también por el de acometer la necesaria reforma de las cajas de ahorros, que arrastraban bien conocidos problemas de gobernanza, considerándose que quizá una estrategia de
ayudas públicas generalizadas podía aplazar o hacer más difícil esa reforma.


La pregunta que queda abierta es si la alternativa de un fuerte apoyo público a las entidades de crédito en las fases iniciales de la crisis hubiera tenido finalmente un coste fiscal menor que el enfoque gradual que se adoptó, pero esta
pregunta se refiere, como dicen los economistas, a un contrafactual, aunque esta palabra no se recoge en nuestro diccionario: intentar imaginar las consecuencias -las deseadas y las no deseadas- de lo que no ocurrió. Cualquiera que sea el interés
que esta cuestión pueda tener desde luego el informe no entra en ella, y no creo que corresponda al Banco de España responderla.


Un segundo interrogante se refiere a por qué algunos de los SIP de las cajas no resistieron la segunda recesión, y tuvo que procederse a una nueva reestructuración a partir de 2012. Visto con la perspectiva que dan los años transcurridos,
es claro que en la mayoría de los casos los SIP no fueron sino un paso previo a las necesarias verdaderas fusiones, y que varias de estas agrupaciones resultaron insuficientes ante la segunda recesión. Conviene recordar no obstante que los SIP
constituían un instrumento que facilitaba la integración entre cajas de ahorros y cooperativas, que tenían menos flexibilidad para acometer verdaderas fusiones. Los procesos de integración exigían el acuerdo voluntario entre las partes. En mitad
de la crisis estos acuerdos no eran fáciles y requerían adicionalmente la aprobación de las correspondientes autoridades autonómicas. Además hay que recordar que en 2011 nadie o casi nadie previó la segunda recesión, y menos aún la violencia con la
que iba a afectar a nuestra economía.


En abril de 2011 la mayoría de los organismos -incluidos el Fondo Monetario, la OCDE, la Comisión Europea y el Banco de España- preveían un crecimiento de nuestra economía en torno al 0,8 %, que a final de año resultó ser una caída del 1 %,
el mayor error de previsión del que se tiene constancia en tiempos recientes para estas instituciones. El Banco Central Europeo manejaba un escenario de recuperación en la zona euro, como lo prueba el hecho de que elevase en dos ocasiones -abril y
julio de 2011- en 25 puntos básicos su principal tipo de interés de referencia, para revertir estas alzas en noviembre ante el recrudecimiento de la crisis de la deuda soberana. El error de previsión también fue muy significativo en 2012. En las
previsiones de primavera de 2012 la mayoría de los organismos internacionales estimaban una caída del PIB en torno al 1,6 % y finalmente fue del 2,9 %.

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Quería ahora hacer un balance de la crisis tal y como se recoge en el último capítulo de nuestro informe. En relación a la arquitectura de regulación y supervisión del sistema financiero, contamos hoy con un nuevo esquema que se sustenta en
el sistema europeo de supervisión financiera y en la unión bancaria de la zona euro y que cuenta con nuevos y más potentes instrumentos de regulación y supervisión, incluyendo mayores requerimientos de capital, aumentados en el caso de las entidades
de importancia sistémica, y con el nuevo instrumental que proporciona la política macroprudencial, así como con la política de resolución, también en el marco europeo. Este esquema tiene aún tareas pendientes, principalmente el desarrollo del
tercer pilar de la unión bancaria, constituido por un esquema de garantía de depósitos común, y la mutualización de recursos en el Mecanismo Único de Resolución.


Respecto al sistema financiero español, se ha producido una muy significativa reestructuración, que se refleja en la reducción del número de entidades -principalmente en el sector de las cajas de ahorros, que pasaron de cuarenta y cinco a
diez entidades, de las cuales ocho son bancos- y la reforma del sector bancario que entre 2008 y 2015 ha reducido su número de oficinas en una tercera parte y el de empleados en más de una cuarta parte. Los bancos españoles están hoy mejor
capitalizados. El coeficiente de solvencia global de las entidades de depósito pasó en términos de capital, respecto a activos ponderados por riesgo, del 10,6 % a finales de 2007 al 14,5 % a finales de 2015. El sector llevó a cabo entre 2008 y
2015 un importante saneamiento de sus balances a través de dotación de provisiones por valor de casi 300 000 millones de euros, cerca del 20 % del total de crédito a residentes en el momento del estallido de la crisis y el 28 % del PIB en 2015. En
este punto debo indicar como un inciso que no me olvido del caso del Banco Popular. El informe da cuenta de los resultados para este banco de la evaluación que se hizo en el marco del Memorándum de Entendimiento, en julio de 2012, respecto a las
necesidades de capital de nuestra banca. Este examen, como es bien sabido, realizado por el consultor Oliver Wyman, dio como resultado que el Banco Popular mostraba necesidades de capital superiores a 3200 millones de euros, pero en octubre de 2012
se concluyó que tanto el Banco Popular como la otra entidad para la que se habían identificado necesidades de capital, Ibercaja, podían cubrir estas necesidades por sus propios medios sin recurso a fondos públicos y, por consiguiente, sin traspaso
de activos a la Sareb. Creo que la resolución del Banco Popular llevada a cabo a comienzos del pasado mes de junio de acuerdo con lo previsto en la directiva europea de 2014 se plantea en un contexto distinto al análisis de la crisis de 2008 a
2014, incluso si se considera que el origen aún lejano de los problemas de esa entidad puede encontrarse en el periodo que es objeto del informe, pero estoy, naturalmente, a lo que disponga esta Comisión.


En el apartado de ayudas públicas, el informe detalla a lo largo de los diferentes capítulos las que se han ido inyectando en el sistema financiero durante la crisis. Todo ello se resume en los cuadros 5.5 y 5.6. El balance al cierre del
ejercicio 2015 contabiliza un total de recursos netos destinados al apoyo del sistema financiero español de 60 613 millones de euros, de los cuales 39 542 son fondos públicos aportados por el FROB y 21 071 millones proceden de fondos privados
aportados por el Fondo de Garantía de Depósitos. Naturalmente, estas cifras variarán en función del valor de recuperación de los activos actualmente en propiedad del FROB y del Fondo de Garantía de Depósitos. En términos comparativos con otros
países desarrollados, existen diferentes métricas para valorar el coste fiscal de las ayudas públicas. El más general es el saldo de deuda pública acumulada. En términos brutos, el endeudamiento público en España como consecuencia de la asistencia
al sector financiero era en 2015 del 4,7 % del PIB y del 4,6 % en 2016, en línea con la media de la zona euro. Ahora bien, en términos de endeudamiento neto asumido por el sector público, es decir, pasivos acumulados menos el valor de los activos
de titularidad pública, la media de la zona euro se situaba a finales de 2015 en el 1,8 % del PIB y en el 1,9 % en 2016. Grecia e Irlanda son los países que más deuda pública neta han asumido, en torno al 20 % del PIB, seguidos de Eslovenia y
Portugal, con el 7 % y el 8 % del PIB. En el caso de España, en 2015 esa cifra asciende al 3,7 % del PIB y ha subido al 3,8 % en 2016.


Para terminar, quiero hacer algunas conclusiones sobre las apreciaciones que contiene el informe y sobre la acción del Banco de España. En primer lugar, nuestro informe señala que el Banco de España no adoptó medidas que quizás hubieran
podido frenar el gran aumento del crédito al sector privado registrado entre 2001 y 2007, en especial en los sectores de construcción, promoción inmobiliaria y crédito hipotecario para la compra de viviendas, pero hay que señalar que no existían
entonces las normas legales que habrían podido facilitar esa actuación y que otras medidas adoptadas en aquellos años, las provisiones contracíclicas y el tratamiento severo de los llamados vehículos especiales, tuvieron eficacia para ayudar a
resistir la primera crisis, aunque no fueron suficientes para proteger a nuestras entidades de la segunda

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recesión. En segundo lugar, el tratamiento de los problemas más característicos de las cajas de ahorros a través de los esquemas de mutualización de riesgos contenidos en los sistemas de protección llamados SIP no fueron suficientes para
resolver los problemas de solvencia y gobernaza de la mayoría de las cajas. Tampoco dieron buen resultado algunas innovaciones, como las cuotas participativas con derecho a voto, con las que se intentó resolver, o al menos paliar, las dificultades
de las cajas para obtener recursos equiparables de capital. En tercer lugar, parece claro que el Banco de España estimó que la recesión de 2009 iba a tener lo que los economistas llaman forma de uve y no forma de uve doble, sin anticipar el fuerte
impacto de la segunda recesión sobre la solvencia de muchas entidades de crédito. En este punto, debo recalcar -como hace el informe en diferentes ocasiones- que reconocer el impacto de la segunda recesión es crucial, porque existe una tendencia a
ignorarla como si fuera una incidencia sin importancia cuando fue realmente fundamental en el desarrollo de los acontecimientos y en su impacto sobre nuestras entidades de crédito. En cuarto lugar, hubo errores de apreciación en cuanto a cómo se
podrían corregir los desequilibrios acumulados con la burbuja inmobiliaria, entre otros, los desequilibrios y los balances bancarios. Se pensó que se podrían corregir de forma suave, de forma gradual. La realidad mostró que esta expectativa era
demasiado optimista porque la corrección fue rápida, brutal, con consecuencias que aún no hemos superado enteramente.


Una reflexión adicional, aunque aquí debo decir que el juicio no puede ser contundente o muy seguro, es que el intento de minimizar a corto plazo el coste de la resolución de la crisis bancaria para los presupuestos públicos mediante un
enfoque gradual, enfrentando los problemas según iban apareciendo, podría, en definitiva, haber comprometido un mayor volumen de recursos públicos que un enfoque más agresivo, más ambicioso desde el comienzo de la crisis. Pero, insisto, esta es una
cuestión, un interrogante que no tiene respuesta exenta de objeciones y argumentos en sentido contrario. En todo caso, es obvio que el Banco de España no podía actuar con independencia de la evolución de nuestras finanzas públicas en general y de
su marco, y de las decisiones de otras autoridades.


Ya termino. Nuestro informe ha tratado de explicar lo ocurrido, aportar los datos fundamentales, dar cuenta de las decisiones adoptadas, de sus consecuencias y de sus costes, evitando prejuicios y conclusiones poco fundadas, pero no ha
ocultado los fallos o insuficiencias que existieron situándolos en su contexto. En una palabra, nuestro informe se ha redactado tratando de servir lo más y mejor posible al interés general.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor gobernador.


Antes de empezar a dar la palabra, quiero decirles que he podido hablar con algunos portavoces antes de comenzar la Comisión y dado que se trata de la presentación del informe y solo hay un compareciente, hemos decidido que habrá una primera
intervención de siete minutos y una segunda de tres minutos. En el caso de la primera intervención, no de la segunda, voy a tener cierta flexibilidad en caso de que algún portavoz necesitara llegar a los diez minutos; yo avisaré a los siete
minutos pero no habrá inconveniente en que se alarguen en la primera intervención. Sí les pediría que en la segunda se ajustaran al tiempo que hemos quedado. Como hemos acordado, las intervenciones serán de mayor a menor, cerrando el Grupo
Parlamentario Popular, ya que esta comparecencia se celebra por unanimidad de todos los portavoces.


En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Saura.


El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señora presidenta.


Señor Linde, le doy la bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Quiero agradecerle a usted y al Banco de España la consideración que han tenido con el Congreso de los Diputados al elaborar un informe que tiene como uno de
los principales destinatarios precisamente esta Comisión de investigación, y quiero agradecérselo porque creo que es una muestra de respeto hacia el Congreso. Es un informe bien ordenado y bien escrito, pero, a nuestro juicio, ¿cuáles son las
deficiencias de ese informe? Encontramos tres, aunque hoy usted ha ido un poco más allá del informe, tengo que reconocerlo. En primer lugar, el informe da por sobrevenida la crisis económica, de tal forma que ni el sistema financiero ni el
supervisor ni el regulador tuvieron influencia alguna en la burbuja y en el boom económico posterior. Esto sencillamente no es creíble. El comportamiento del sistema financiero impacta en la economía de las empresas y de las familias. En segundo
lugar, se echa en falta una evaluación sobre las decisiones tomadas por el Banco de España. Insisto, usted hoy ha ido un poco más allá de lo que dice el informe. En tercer lugar, falta en el informe una evaluación sobre la gobernanza y la toma de
decisiones dentro del

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propio Banco de España. Por eso, a nuestro juicio, se debería haber hecho un informe complementario externo al Banco de España de lo que ha sucedido estos años de la crisis del sistema financiero y del rescate del sistema financiero
español.


Ya conoce nuestra opinión sobre que el verdadero problema de nuestro sistema financiero fue lo ocurrido en el periodo ya conocido del milagro económico español o del 'España va bien'. Fue ese modelo especulativo que tanto daño ha hecho a la
economía española y a los españoles. Por ello necesitamos diseñar un sistema de alertas tempranas de carácter macroprudencial para que esto no vuelva a ocurrir, y este debe ser uno de los objetivos de esta Comisión de investigación. Sin embargo,
hoy sabemos que las actuaciones de supervisión y de regulación del Banco de España -páginas 58 a la 65 del informe- no se corresponden adecuadamente con el momento extraordinario vivido por la expansión crediticia. El cuadro 1.1, al que usted ha
hecho referencia, que está en la página 66, habla por sí solo. No solamente el crédito a la promoción y a la construcción en 2008 era casi ocho veces el crédito del año 2000, no es solo ese problema, algo que no sucedió en ningún otro país del
mundo, sino que incluso en algunos trimestres del año 2006 el crédito crecía a tasas del 10 %. Cuando el enfermo entra en la UCI, las posibilidades de actuación son bastante limitadas, el objetivo es en ese momento tratar de que no muera, de que no
colapse, y el periodo 2007-2011 es, como se pone de manifiesto, el periodo de mayores reformas y de mayor calado que se ha producido en nuestro sistema financiero español, sin tener un marco normativo e institucional europeo e internacional ni un
Banco Central Europeo proactivo en la toma de decisiones. La creación del FROB fue fundamental y clave. La reforma en profundidad de la gobernanza de las cajas, la creación de los SIP, etcétera, fueron reformas importantes de reestructuración del
sistema financiero, un periodo de intensa producción normativa con la colaboración del Banco de España.


Lo que se pone de manifiesto en todo el periodo que estamos analizando, a pesar de que hay una parte de la derecha económica y política de nuestro país que no lo quiere reconocer, es que no todo el problema estuvo en las cajas ni fueron solo
las cajas. Podemos encontrar problemas de gobernanza y de estructura de propiedad de las cajas que dieron como consecuencia una lamentable gestión en algunas de ellas. Bankia es uno de los paradigmas. En otras hubo una buena gestión, pero también
hay que recordar que nueve bancos, el último el Banco Popular, desaparecieron durante la crisis. Es más, el cuadro 2.4 de la página 111 del informe dice que el conjunto de ayudas -avales incluidos- para todas las entidades del sistema en España fue
de cerca de 190 000 millones de euros. Después vino el rescate provocado, a nuestro juicio, por la gestión económica y también política de Bankia. La producción normativa que se produce a partir de ese momento en nuestro país se deriva del MOU y
de lo que dice la troika.


Paso, señor gobernador, a las preguntas que me gustaría hacer. Una década después no es suficiente con decir que la ausencia de una regulación europea internacional de identificación temprana de los riesgos sistémicos limitó la prevención
de la crisis financiera a nivel nacional. Hay todo un conjunto de aspectos, de responsabilidad del banco que podían haberse analizado de cara a haber evitado el problema y sacar conclusiones. Señor gobernador, ¿se debió hacer más por parte de la
supervisión en el periodo del falso milagro español? ¿Y en qué sentido? ¿Por qué cree usted que no se hizo? ¿Hubo algún tipo de presión política para no tomar las medidas en su momento? ¿Considera necesario, en periodos de crecimiento, aumentar
los colchones de capital?


La señora PRESIDENTA: Señor Saura, lleva usted ya siete minutos.


La señora SAURA GARCÍA: Gracias, señora presidenta. Atendiendo a lo que ha dicho al principio, creo que puedo terminar en tiempo.


Dado que la supervisión en el periodo analizado también afecta al Banco Popular, y por la enorme trascendencia y la alarma social, quería preguntarle sobre el Banco Popular y la gestión del Banco de España en el Banco Popular. Porque,
además -lo ha dicho la presidenta y también usted-, esta Comisión va a analizar lo que ha sucedido con el Banco Popular; estamos hablando de la sexta entidad del país, que puede afectar a cuatrocientas mil familias. Además, ha sido iniciativa
-está por escrito- del Grupo Parlamentario Socialista, con el apoyo de la mayoría de los grupos, que se estudie el Banco Popular.


En ese sentido, usted ha hablado de las necesidades de capital; en junio de 2012, 3200 millones de euros. Ya en ese momento otras entidades también mostraron debilidad, pero, por ejemplo, ya tenía participaciones del FROB. ¿Qué opinión
tiene sobre la supervisión al Banco Popular hasta ese momento? En segundo lugar, ¿en aquel momento el Banco de España debería haber planteado cambios en la

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gestión y en la gobernanza del Banco Popular? En tercer lugar, ¿no cree usted que hubo interés político y económico en limitar el problema en las cajas para no dañar los intereses de la banca privada? En cuarto lugar, a la vista de los
problemas que ha tenido al final el Banco Popular y que, según el Banco de España, han afectado a su activo porque tenía problemas de colateral, ¿no cree que el plan de reestructuración que el Banco de España planteó en el Popular en el año 2012
tendría que haber sido más exigente en aquel momento? Señor gobernador, ¿las autoridades españolas han hecho lo suficiente? ¿Se podría haber hecho más en el caso del Banco Popular? ¿Han hecho alguna autocrítica de lo que ha sucedido? ¿La entidad
tenía suficiente colateral para abordar la liquidez necesaria? ¿No cree que se debería haber hecho algo más para conseguir colateral? ¿Es verdad que otros bancos centrales del entorno europeo han admitido activos sin titulizar como colateral y el
Banco de España no los ha admitido?


La señora PRESIDENTA: Don Pedro, tiene que terminar.


El señor SAURA GARCÍA: Voy a terminar inmediatamente.


¿Se han puesto encima de la mesa todos los mecanismos de emergencia para dotar de liquidez al banco? Si era un banco solvente, ¿no cree que la supervisión no fue lo suficientemente previsora sobre los problemas de liquidez? ¿Debería el
Banco de España haber actuado antes en la discordia que se produce en el consejo de administración del banco, sobre todo a partir del verano de 2016? Si era un banco solvente, ¿qué han hecho las autoridades españolas para reforzar la confianza del
banco? ¿Fueron suficientemente expresivas en los momentos clave?


Termino ya, señora presidenta. Se lo digo con respeto a la institución que usted representa, pero no es de recibo que diga que el Banco de España no es responsable de lo que ha sucedido; con estas expresiones el Banco de España pierde
credibilidad. Los ciudadanos no entienden que todo el mundo se lave las manos cuando ha caído la sexta entidad financiera de nuestro país y cuando, además, el Banco de España participa, usted lo sabe, en la toma de decisiones. Por último, ¿puede
asegurar, como lo hace el ministro de Economía, que la resolución del Popular no le va a costar dinero a los contribuyentes españoles, además de los DTA?


Gracias, señor gobernador. Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Saura.


Antes de dar la palabra al señor gobernador, sí tengo que matizar, porque me siento absolutamente responsable, la comunicación que tuve con el gobernador y que trasladé a todos los portavoces en el sentido de que el gobernador asistiría hoy
para presentar el informe sobre la crisis financiera y bancaria en España 2008-2014. Sobre esta base, hablé con los portavoces y parecía procedente que, con independencia de que tuviéramos un punto sobre las cajas de ahorro en su momento y sobre el
Banco Popular, se pudieran formular preguntas concretas sobre determinados asuntos dentro de este informe. Tengo que señalar que manifesté al gobernador que los temas actuales del Banco Popular se tratarían en otro bloque de la Comisión, donde
seguramente el señor gobernador -lo doy por hecho- tendría que volver a comparecer. Me siento absolutamente responsable de haberle dicho al gobernador que sí iba a tener, y era procedente, preguntas sobre entidades financieras, Banco Popular
incluido, dentro del periodo del que estamos hablando, pero no respecto de los últimos acontecimientos del tema del Banco Popular.


En ese sentido voy a dar la palabra al señor gobernador, que claramente comparecerá para abordar el tema específico del Banco Popular, y sobre el que el portavoz señor Saura ha formulado preguntas procedentes que nos hacemos todos nosotros,
los ciudadanos y todas las fuerzas políticas. Si a usted le parece bien, señor Saura, el señor gobernador podrá responder a algunas de ellas en el momento que corresponda porque hoy a lo que hemos venido es a esto, y así se lo manifesté a todos los
portavoces. Si le parece, voy a dar la palabra al gobernador, que tendrá a bien contestar a lo que considere procedente en el día de hoy.


Muchas gracias.


El señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Linde de Castro): Muchas gracias, presidenta.


Muchas gracias al diputado señor Saura por su intervención y sus preguntas, que voy a intentar responder lo mejor posible. Como he dicho, creo que el informe que ha elaborado y publicado el Banco de España es bastante claro en la
identificación de los principales problemas que están en el origen de la crisis. El diputado Saura dice que he ido más allá de lo que dice el informe, yo creo que muy poco más

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allá; quizá haya sido así en el sentido verbal, pero en el fondo de la cuestión hay algunos párrafos del informe que dicen prácticamente lo que yo he manifestado en mis conclusiones. Yo he señalado dos o tres puntos fundamentales. Un
punto es que, como usted ha dicho, el cuadro 1.1 del informe habla por sí solo. Los datos de ese cuadro son indiscutibles. Estos datos no eran secretos, obviamente, estaban publicados hace tiempo, pero quizá nunca en ese formato conjunto tan claro
y tan explícito en el periodo 2001-2008. Por tanto, es evidente que en esos años se produce un aumento insostenible del crédito total, del crédito para promoción y construcción y del crédito hipotecario. Los porcentajes que yo he mencionado y que
están muy claros en el cuadro 1.1 del informe que todos ustedes tienen lo dice bien a las claras y yo no puedo añadir más que lo que dice el cuadro, que era un crecimiento insostenible y que parece que, efectivamente, en el banco no se tomaron
medidas para frenarlo. Se tomaron otras medidas, por supuesto, y yo no tengo constancia ni registros de las conversaciones mantenidas durante esos años entre la inspección y los bancos. No tengo esos datos, por supuesto, no puedo tenerlos. Y
estoy seguro de que fueron temas tratados en las supervisiones y en los contactos entre el banco y las entidades; eso seguro que fue así, pero yo no puedo aportarlo porque no lo tengo. No creo que esas intervenciones o esas conversaciones se
grabasen de ningún modo. De lo que sí estoy seguro es de que esa evolución del crédito no pasó desapercibida en el banco y seguro que fue objeto de comentarios, discusiones e iniciativas. Pero el hecho es que, efectivamente, las cifras son las que
son y el crecimiento fue el que fue. Entonces, efectivamente, está justificado decir que no se frenó ni la concentración de crédito en el sector inmobiliario o de construcción, ni la evolución del apalancamiento o la relación entre activos y
pasivos, ni la evolución de crédito claramente insostenible. Estos son hechos que están claros en el cuadro 1.1 y, por consiguiente, ese es un problema que se señala en el informe con toda claridad.


Se señala con toda nitidez también otro problema, el problema de los llamados SIP, la idea de enfrentar los problemas de las cajas y los problemas de su gobernanza. Las cajas no eran el único problema de España, pero, evidentemente, eran un
problema en algunos de sus aspectos de gobernanza, y ese intento de resolver los problemas de las cajas a través de los SIP no dio resultado. ¿Por qué? La respuesta ya es más complicada, pero no dio resultado. Este es un hecho indiscutible y
también se señala con toda claridad. Aunque quizás de forma menos clara, en el informe es también bastante evidente que, por así decir, la supervisión y el Banco de España fueron por detrás de los acontecimientos, en el sentido de que no hubo eso
que se llamaba manguerazo, que es enfocar el problema de un modo global y muy enérgico, como se hizo, por ejemplo, en Alemania, pero las circunstancias eran muy distintas. Ahora se ve más fácil, pero realmente, para decirlo con mucha rapidez, ese
enfoque más enérgico, más amplio cuando podía hacerse en el sentido fiscal, no hacía falta, y cuando hacía falta, no se podía hacer. Eso fue lo que pasó en España exactamente. Se podría hacer en 2007 y 2008, pero entonces en España no había crisis
que lo justificase. Se tenía que hacer en 2011, pero ya no había capacidad fiscal. Eso fue lo que pasó exactamente, en mi opinión. Aun así, como se insinúa en el texto -y yo he dicho con toda claridad en mis conclusiones-, efectivamente, un
enfoque más enérgico, si hubiese sido posible, quizá habría ahorrado recursos públicos. Es posible, pero esa cuestión es muy difícil de discutir y de debatir.


Hay un punto que ha mencionado el señor diputado sobre el que tengo alguna duda. Creo que el rescate que al final se formalizó en el préstamo del Mecanismo Europeo de Estabilidad a través del Memorándum de Entendimiento hubiera sido muy
parecido aunque Bankia no se hubiera creado. Esa es mi opinión. Esta es una cuestión técnicamente complicada de explicar y quizá no es este el momento más adecuado, pero no creo realmente que la creación de Bankia como tal, como forma jurídica de
agrupar a esas cajas de ahorros, fuese la causa de la necesidad de pedir ese préstamo a las autoridades europeas. Puedo estar equivocado pero no creo que fuese así. Creo que la necesidad de rescate a través del Memorándum de Entendimiento o del
Mecanismo de estabilidad hubiera sido la misma con o sin Bankia, pienso eso. Es un tema técnico de contabilidad financiera. Creo que hubiera sido lo mismo o muy parecido.


Sobre el Popular... No sé cómo voy de tiempo.


La señora PRESIDENTA: Usted tiene el tiempo que considere procedente. No hay problema de tiempo.


El señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Linde de Castro): Estupendo.


Para seguir con las preguntas, dejaré para el final el Popular, lo que creo que puedo aportar del Popular en este contexto.


En cuanto a la pregunta general de si se debió hacer más, de mi respuesta seguro que se deduce que pienso que sí, en algunos temas sí, evidentemente. Me parece claro, es evidente que, básicamente, en

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todo lo que afecta a la evolución de la burbuja y la evolución del incremento de crédito al final se registró un crecimiento del crédito no sostenible. Y esto está en gran parte en el origen -no es lo único- del problema español en esos
años. Porque nosotros estamos en el contexto europeo y en el contexto europeo hubo problemas que no tenían nada que ver con nosotros. El problema de Grecia o el problema de Irlanda, obviamente, no tenían nada que ver con nosotros. El problema de
la explosión internacional a través de la quiebra de Lehman Brothers o de la crisis norteamericana, de la crisis del Northern Rock o del Royal Bank of Scotland no tiene nada que ver con nosotros. Estábamos en un contexto de dudas sobre el euro,
sobre su continuidad y sobre la supervivencia de la unión monetaria, de la cual España no era culpable. En determinado momento contribuimos a esas dudas pero no estábamos en el origen del problema, evidentemente. Es decir, en cierto sentido
pagamos pecados nuestros y pecados ajenos, creo que se puede decir de este modo coloquial. Se pudo hacer más, hubiera sido adecuado intentar hacer más. No había instrumentos legales para hacerlo, seguramente era difícil plantearlo. Se hicieron
algunas cosas muy importantes, insisto. Las provisiones anticíclicas o el tratamiento contable severo de los vehículos especiales fueron ideas originales del Banco de España. Solo las aplicó el Banco de España, nada más, y fueron muy útiles en la
primera recesión, salvaron a nuestra banca en gran parte de las consecuencias de la primera recesión, y eso hay que reconocerlo porque son hechos. De hecho, las previsiones anticíclicas que se pusieron en marcha en el año 2000 han sido la base del
colchón anticíclico que ya es norma del marco prudencial común adoptada en todos los países desarrollados asociados al Consejo de Estabilidad Financiera. Nadie deja de reconocer que el origen de esa medida del marco prudencial está en la provisión
inventada por el Banco de España en el año 2000, y esto es reconocido por todo el mundo. Y el tratamiento de los vehículos especiales, más severo que el que se aplicaba en Europa y en Estados Unidos, también fue muy importante. Se hicieron cosas
importantes y cosas valiosas pero no suficientes ante la violencia de la segunda recesión. Por eso, también he señalado en mis conclusiones que a veces se tiende a apartar a un lado el impacto de la segunda recesión como algo no importante, como
algo menor. Y no fue algo menor, fue algo muy importante y muy relevante para lo que nos pasó.


Estoy totalmente de acuerdo en algo que ha dicho usted, en el sentido de que ver o describir el periodo 2008-2011 como un periodo en el que no se tomaron medidas no resiste la verificación de la realidad. En esos años se tomaron muchas
medidas; unas tuvieron más eficacia, otras menos, pero no fueron años vacíos de iniciativas. Eso no es verdad; fueron años en los que se tomaron muchas medidas, entre ellas la creación del FROB, y otras muchas orientadas, como se veía en aquel
momento, a reforzar el sistema financiero, a mejorar la gobernanza de las cajas, a mejorarlas desde las cajas, y enfrentar los problemas que iban estallando. Yo estoy totalmente de acuerdo en que no puede verse el período 2008-2011 como un período
vacío de iniciativas. No estuvo vacío, se hicieron muchas cosas; unas mejores, otras peores, unas con más éxito, otras con menos éxito, pero hubo muchas iniciativas y algunas de ellas valiosas. La prueba es que el FROB sigue existiendo y ha sido
un instrumento adecuado para muchas actuaciones necesarias que se han hecho en España en los últimos años en el sistema financiero.


Para terminar, en relación con el Popular, tengo que decirle que el único solape que hay entre el tema del Popular y este informe es cuando se da cuenta de lo que ocurrió en el informe de Oliver Wyman, del año 2012, como consecuencia del
MOU. Como recordaban los señores diputados, una de las piezas fundamentales del Memorándum de Entendimiento era la obligación de hacer una evaluación de las necesidades de capital de la banca española, de las entidades de crédito españolas, de
todas en realidad, que hizo un consultor, Oliver Wyman, por encargo de la Comisión Europea y con el acuerdo de la Comisión Europea y, por supuesto, del Gobierno español y del Banco de España. Fue un informe, como ustedes saben, que hizo la
consultora; el Banco de España ayudó lo que pudo, pero no tuvo responsabilidad ni en su diseño ni en sus conclusiones; fueron conclusiones de ese evaluador independiente. Ese evaluador encontró, efectivamente, que había dos entidades privadas,
una de ellas Banco Popular, que, como se recoge en un cuadro de este informe -se cuenta con toda claridad-, tenía necesidades de capital en torno a los 3200 millones de euros.


Lo que ocurrió es muy sencillo, y es que el Banco Popular en ese momento, en el año 2012, expresó su convencimiento de que podía resolver el problema por sus medios, medios privados, y ese fue el caso. Hizo una ampliación, tomó una serie de
medidas para tener más provisiones -que también se detallan y se explican en los cuadros del informe- y, por consiguiente, no tuvo que hacer ningún traspaso a la Sareb. Entonces, la pregunta es: ¿No hubiera sido mejor haber obligado al Banco
Popular a recibir ayuda pública y traspasar activos a Sareb? Esa pregunta yo no la puedo responder porque no lo sé. Eso es algo

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que ocurrió hace cinco años, y en aquel momento -debo decir, porque es la verdad-, cuando el Banco Popular explicó que podía perfectamente resolver el problema por sus medios con una ampliación de capital y una serie de provisiones a través
de la liquidación de una serie de activos, el Banco de España dio su conformidad, efectivamente, igual que el Gobierno, igual que Oliver Wyman, igual que la Comisión Europea. Todos dimos la conformidad porque nos pareció bien; si el problema se
resolvía por medios privados y sin necesidad de aplicar recursos públicos, nos parecía bien, nos pareció una solución razonable. Visto hoy, ¿hay dudas sobre si fue una decisión acertada o no? Es posible, lo reconozco, pero hay que situarse hace
cinco años cuando un banco dice que no quiere de ninguna forma acudir a recursos públicos y que lo que quiere es resolver el tema por sus medios privados; y, efectivamente, lo resuelve. Entonces, esto es lo que puedo responder a esta pregunta. Es
el único punto en el cual este informe se refiere al Popular. Luego hay una referencia, pero no expresa, al final del informe, cuando se va a poner en marcha el MUS, el Mecanismo Único de Supervisión, a cómo quedan los sistemas bancarios en los
diferentes países y, dentro del cuadrito de España, está el Popular; es uno de ellos, naturalmente, pero no hay una referencia expresa al Popular en esa parte final del informe; está incluido en el rectángulo de España, del sistema bancario
español, pero no hay nada expreso sobre él de modo separado.


Yo me quedaría aquí, pero, por supuesto, estoy dispuesto a responder a sus preguntas.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor gobernador.


Señor Saura, tiene usted la palabra por tres minutos; esta vez sí por tres minutos.


Gracias.


El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señora presidenta.


Mire, señor gobernador, el Banco Popular está, lógicamente, en el periodo del informe; y, en segundo lugar, hay una preocupación en el país por lo que ha sucedido con la sexta entidad bancaria, y porque a usted, como gobernador, y al
ministro de Economía se les ha caído el sexto banco del país. Usted habla aquí y analiza lo que han hecho otros gobernadores, pero no lo que le corresponde a usted como gobernador en una Comisión como esta, insisto, cuando el Banco Popular está en
el periodo de análisis y cuando hay una preocupación de los españoles por esta entidad, porque los españoles no entienden, en primer lugar, que todo el mundo se lave las manos en nuestro país y, en segundo lugar, que el gobernador del Banco de
España no analice y no hable sobre esta cuestión. Me puede decir usted: de esto vamos hablar en noviembre o diciembre. Sí, pero es que estamos aquí, el Banco Popular está en el período, los españoles están preocupados y, por lo tanto, ¿por qué no
vamos a hablar de esta cuestión?


Yo le decía a usted, señor gobernador, que no es bueno para el Banco de España decir que el Banco de España no tiene competencias en esta cuestión, y le voy a dar tres argumentos. En primer lugar, la mayoría de los inspectores en la
supervisión que realiza el Banco Central Europeo son españoles, son del Banco de España. En segundo lugar, el Banco de España tiene una silla en el MUS, y lo que querríamos saber es si han mostrado alguna discrepancia, si el Banco de España ha
mostrado o no, ha dicho algo o no, en esa silla, cuando se ha hablado del Banco Popular. Pero, además, en tercer lugar, el Banco de España tiene una silla en la Junta Única de Resolución, tiene una participación. Por tanto, si tiene una
participación, queremos saber si ha mostrado o no una discrepancia en relación a la resolución. En definitiva, lo que le queremos decir es que, primero, el Banco de España ha tenido que ver en esta cuestión, ha tenido una participación, y la ha
tenido desde hace muchos años, muchísimos años. Si las cosas no han terminado bien es porque, probablemente, ni la supervisión ni la reestructuración ni en un momento de enorme liquidez... En un momento de enorme liquidez, si el Banco de España
dice que es solvente, no se entiende que no haya liquidez. No es bueno para las instituciones, no es bueno para el Banco de España, pero, además, es que no es verdad que el Banco de España no tenga que ver en lo que ha sucedido con el Banco
Popular.


La señora PRESIDENTA: Señor Saura, se ha acabado ampliamente su tiempo.


El señor SAURA GARCÍA: Termino ya, señora presidenta.


Yo le rogaría, por favor, que hablara de estas cuestiones aquí, en esta Comisión.

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Termino ya, señora presidenta. Uno de los problemas es que las provisiones anticíclicas de los años 2000 a 2006 o 2007, por razones que no conocemos y tendremos que saber en esta Comisión, se relajaron; y eso es lo que queremos saber en
esta Comisión, por qué se relajaron aquellas provisiones anticíclicas.


Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Saura.


Con toda cortesía, quiero aclararle que el señor gobernador no va a venir ni en noviembre ni en diciembre ni cuando él quiera. El señor gobernador vendrá a hablar del Banco Popular y de lo que proceda en esta Comisión, del papel de los
órganos supervisores, cuando ustedes, en esta Comisión, decidan cuándo ha de comparecer. El Partido Socialista podía haber tomado la decisión y haber propuesto a Mesa y portavoces en la Comisión del otro día que el primer asunto fuera el del Banco
Popular. Yo tengo que defender en este momento al señor gobernador, que ha manifestado -y, además, lo ha leído incluso antes- que va a venir a explicar esos temas. No es que no quiera hablar de esos temas ni que no tenga sensibilidad con este país
ni con el resto de portavoces ni con esta presidenta; es que por unanimidad se decidió que el señor gobernador viniera a hablar del informe hasta el año 2014. Entonces, si se quiere que venga en el mes de julio, se puede solicitar a la Diputación
Permanente; después vamos a tener una reunión a puerta cerrada para ordenar los trabajos. Si se quiere adelantar a septiembre porque lo considere el Partido Socialista o el resto de los miembros, esta presidenta no tiene inconveniente en hablarlo
después, tenemos las comparecencias y se puede decidir el orden de los temas que se van a tratar. Pero yo tengo que aclarar, reiteradamente, que el señor gobernador no es que no quiera ni tenga sensibilidad. Él ha venido, siguiendo el mandato de
la notificación de la presidenta, a presentar el informe hasta el 2014, y todo lo que afecta al 2014, sea lo que sea. Eso es cuanto tiene que decir esta presidenta y ahora va a contestar el señor gobernador. (El señor Saura García pide la
palabra). Señor Saura, espere a que le conteste el señor gobernador.


El señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Linde de Castro): Una pregunta técnica: ¿tengo el tiempo limitado o no?


La señora PRESIDENTA: Usted tiene todo el tiempo que quiera.


El señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Linde de Castro): Muchísimas gracias.


Por supuesto, yo debo obedecer -me parece obvio- a la señora presidenta, pero el señor Saura ha dicho algunas cosas a las que querría responder para que quede constancia de cuál ha sido mi respuesta. Primero, ¿cuáles son las competencias
del Banco de España desde noviembre de 2014 sobre el Banco Popular? Lo hemos dicho de varias formas, pero parece que hay que repetirlo: el Banco de España no es el supervisor prudencial del Popular ni de ninguna entidad española significativa. No
lo somos, igual que el Banco de Francia no es el supervisor de los bancos franceses significativos o BaFin, de Alemania, de los alemanes, etcétera. Es decir, las funciones de supervisión prudencial de los bancos significativos, que ahora son ciento
treinta y tantos, han pasado al Mecanismo Único de Supervisión. Esto es así según la ley europea, lo cual no quiere decir, por supuesto -yo no lo he dicho nunca-, que el Banco de España no tenga nada que ver en la supervisión de las entidades
españolas significativas. Eso no lo he dicho ni lo diré nunca porque no sería verdad. ¿Qué tenemos que ver? Sin ser la autoridad de supervisión, es decir, sin tomar decisiones de supervisión sobre las entidades significativas porque se toman en
Frankfurt por el Mecanismo Único de Supervisión, sin embargo, es cierto, como usted ha dicho, que tenemos un representante en el consejo del Mecanismo de supervisión, por supuesto, que es nuestro subgobernador -ese es nuestro representante-, su
segundo es el director general de supervisión -ese es el orden establecido- y, por supuesto, participamos en todas las decisiones, como uno más, de ese consejo de supervisión, naturalmente. Es verdad también que tenemos participación en los equipos
de supervisión que trabajan con las entidades españolas significativas -del Popular- y en ese sentido estamos presentes, pero como puede estarlo un inspector alemán, uno francés o un italiano. Claro que estamos enterados, claro que participamos
pero, por supuesto, no somos los responsables, no tenemos la responsabilidad, no somos los supervisores legalmente.


Aclarado esto, por supuesto que en el consejo de supervisión se ha hablado del Popular, naturalmente que sí, y por supuesto que nuestro representante ha tenido interés en participar en esas discusiones y ha dado su opinión y naturalmente
nuestros inspectores han participado dentro de los equipos conjuntos en

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la supervisión del Popular; obviamente, como todo el mundo puede percibir, pero eso no quiere decir que seamos la autoridad supervisora, que podamos tomar decisiones. No lo somos. Esto es un hecho que comprendo que no es fácil quizá de
asimilar pero que es así. Tengo que corregirle, señor Saura, perdóneme, pero es que no somos miembros de la Junta Única de Resolución, no somos miembros de esa junta, no tenemos nada que ver con esa junta. Tenemos una persona que asiste a las
reuniones de esa junta como observador, sin voz ni voto, como observador, y no tenemos ninguna otra función en la resolución, cero. Eso es así, según la ley vigente. También comprendo que puede sorprender, pero es así. El Banco de España no tiene
ninguna función en materia de resolución, cero. Por eso dije en una ocasión -y aquí lo repito otra vez, porque esta es la ley vigente- que el Banco de España no tuvo ninguna participación en la resolución del Banco Popular, ninguna, cero. Más
claro no lo puedo decir, porque es la ley vigente. Entonces, ¿quiere eso decir que el Banco de España no tenga ideas sobre el tema? No, claro, tenemos ideas sobre el tema, tenemos opiniones, lo hemos estudiado pero, naturalmente, no somos la
autoridad de resolución en ningún sentido, ni somos ni participamos, no tenemos ni siquiera voz en esas reuniones, tenemos un observador sin voz ni voto. Más claro no lo puedo decir.


Ahora, hablando de liquidez, me interesa mucho aclarar este punto porque es un punto muy importante, efectivamente, en este caso. Yo dije en mi anterior comparecencia que el Banco Popular había sido solvente técnicamente hasta el último
momento y esto es así. También dije una expresión, que no sé si fue muy afortunada, que la solvencia no se estimaba de modo poético, no se estimaba de modo opinático, se estimaba por una fracción, que es una ratio: en el numerador hay capital, en
estos momentos considerados de capital, y en el denominador hay activos de riesgo. Cuando da más de una cantidad es solvente, cuando da menos no es solvente. Pues bien, el Banco Popular cumplía esa ratio hasta el día 5 de junio, esto es así, lo
cual es enteramente compatible con un problema de liquidez insoluble, enteramente compatible, porque así es la banca.


¿Cuál fue el problema de liquidez del Popular? Sencillamente que estuvo perdiendo liquidez una serie de meses y llegó un momento en que no tuvo liquidez. Entonces hay un momento en el cual el Popular solicita una liquidez de emergencia.
La liquidez de emergencia solo se concede si el banco la pide, si el banco no lo pide, no se puede conceder. A un banco no se le puede dar liquidez de emergencia a la fuerza, de modo obligatorio. Llegó un momento en que el Banco Popular pidió esa
liquidez de emergencia y se le concedió de acuerdo estrictamente con las normas en vigor del eurosistema, estrictamente; esto es así. Nosotros estamos ahora en relación -y esto lo puedo contar porque no es ningún secreto- con el Banco Central
Europeo para ver cómo de común acuerdo se da cuenta con toda transparencia de estos datos y de estos procedimientos, que por otra parte se conocen, porque estos procedimientos existen desde hace muchos años, aunque hubo una revisión con fecha 19 de
mayo pasado donde se revisan y se actualizan. Pero el sistema de liquidez de emergencia está en vigor desde hace algo así como dieciocho años, no es nada nuevo.


Para resumir, el Banco de España no es desde noviembre de 2014 el supervisor prudencial, como decía, del Banco Popular ni de ningún otro banco español significativo, como no lo es el Banco de Francia o los demás supervisores nacionales de
sus bancos significativos, no lo somos; esa función ha pasado al Mecanismo de supervisión del BCE, eso en primer lugar. Y, en segundo lugar, no tenemos ninguna función en resolución, cero, ninguna; cero, insisto, esta es la ley vigente. Nuestra
participación es que tenemos un observador que va a las reuniones sin voz ni voto. Y, finalmente, en cuanto a liquidez hay unas normas en vigor desde hace años, que insisto en que por casualidad, porque no fue debido al tema del Popular, se
actualizaron hace un mes y pico o dos meses; se publicó esa actualización, es público, no es ningún secreto, y en ese asunto se procedió de acuerdo estrictamente con la normativa vigente, y nos gustaría en el Banco de España poder explicar con todo
detalle cómo fue esta cuestión. Estamos en contacto con el BCE y creo que dentro de poco podremos llegar a un acuerdo con ellos -de acuerdo con su acuerdo, porque sin su acuerdo no podemos hacerlo- para explicar esto con todo detalle.


Esta sería mi respuesta pero, por supuesto, naturalmente, si en otra comparecencia hay más tiempo, podré dar más detalles con mucho gusto. (El señor Saura García pide la palabra).


La señora PRESIDENTA: ¿A efectos de que, señor Saura?


El señor SAURA GARCÍA: A efectos, señora presidenta -y yo se lo agradezco al gobernador-, de que en la segunda intervención no me ha contestado pero luego sí me ha contestado a algo y, por tanto, en relación a lo que me ha contestado porque
no lo ha hecho en la primera intervención, me gustaría intervenir.

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La señora PRESIDENTA: No, no, no. He sido muy generosa con sus tiempos, señor Saura, incluso por encima de la flexibilidad que habíamos pactado. Llevamos hora y media de Comisión, hemos buscado una fórmula que parecía interesante para
mantener el hilo pero que supone que lleva hora y media el señor gobernador y todavía quedan uno, dos, tres, cuatro y cinco portavoces. Entonces yo no le voy a dar la palabra, sino que se la voy a dar al resto de los portavoces, señor Saura.
Muchas gracias.


Tiene en este momento la palabra por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor Garzón.


El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señora presidenta.


Buenas tardes, señor gobernador. La verdad es que nuestro grupo esperaba ansioso en cierta medida este informe por dos razones: en primer lugar, por un hecho objetivo muy fácil de comprender, que es que entendíamos que había fallado la
supervisión preventiva del Banco de España, y eso prácticamente es una constatación, ni siquiera entraría dentro del campo de la opinión. Y, en segundo lugar, porque usted no estaba en las fechas más calientes de aquellas decisiones y por tanto
teníamos la esperanza de encontrarnos con un informe que fuera ciertamente crítico con las palabras, con la envergadura de lo que significa. La decepción que hemos tenido ha sido al encontrarnos con un informe que hace una suerte de supervisión
forense, pues hace una descripción de los hechos fundamentalmente para diagnosticar por qué murió el paciente, sin ningún atisbo de autocrítica ni de asunción de responsabilidades. Lógicamente, hablo a efectos institucionales, recordando que usted
no estaba en los momentos más álgidos. Por eso nos extraña doblemente, porque incluso el tono es autocomplaciente, verdaderamente casi publicitario de las funciones del Banco de España.


Nos basamos en una hipótesis de trabajo del informe, que es que al final esto vino de fuera. Sufrió un riesgo sistémico, una crisis sistémica, se abalanzó sobre la economía española y no hubo nada que hacer. Claro que existen los riesgos
sistémicos, no lo podemos negar, es evidente; de hecho, en nuestro país al menos ha habido dos: una crisis financiera internacional desde el año 2007 en adelante y otro que no ha citado que son las políticas de austeridad, que recortaban la
capacidad adquisitiva de la gente y de las unidades económicas y dificultaba la recuperación de la solvencia de las entidades financieras. Ese canal existe y usted no ha dicho ni una sola palabra sobre él, y también es sistémico porque afecta al
conjunto de la economía y por tanto al conjunto de las entidades financieras. De modo que la primera pregunta es por qué ese riesgo sistémico, interno en este caso, no aparece por ninguna parte. Riesgos sistémicos siempre hay; lo que tenemos que
tener presente es que el Banco de España está preparado o debería estarlo para asumirlos, porque si al final la función del Banco de España es esperar a que ocurra un riesgo sistémico, ningún tipo de remuneración a la alta dirección del Banco de
España está justificada. Si hay que esperar a que una losa nos caiga en la cabeza, cualquiera puede esperar y sale más barato.


En la página 35 del informe se reconoce la existencia de una burbuja inmobiliaria. Es evidente, no creo que en este país se pueda hacer otra cosa diferente. Se reconoce que esa burbuja inmobiliaria a partir del año 2004 se manifestó en
forma de sobrevaloración de los inmuebles y algo muy significativo -lo ha dicho porque, entre otras cosas, no lo puede negar-, que es que el crédito a promotores y al sector de la construcción crecía muy por encima de las tasas de crecimiento
nominal. Sabe usted también -cuando digo usted me refiero al Banco de España- que muchas entidades financieras no podían tirar más de los depósitos y tenían que recurrir a instrumentos de financiación bastante exóticos en algunos casos. Se produjo
una avalancha de titulizaciones, de productos negociados, de productos de todo tipo y naturaleza que ahora, desgraciadamente, estamos viendo en muchos juicios como verdaderas estafas, pero todo eso era parte de la forma en que las entidades
financieras recibían el dinero para seguir jugando en el casino. Todo esto sucedió incrementando el riesgo no solo de las entidades, sino también de los clientes y sin que el Banco de España dijera absolutamente nada. Eso llama la atención porque
en el informe también se sigue esa lógica de no decir prácticamente nada.


Otra cosa que no ha mencionado, y que tampoco aparece en el informe, es que hay un testimonio documental muy claro, una carta de la Asociación de Inspectores del Banco de España, con fecha de mayo de 2006, en la que se ponen de relieve
cuatro cosas: la complaciente lectura del gobernador de entonces sobre los datos que proporcionaban los inspectores -los inspectores proporcionan unos datos y el gobernador los interpreta en ese momento de una manera muy complaciente a ojos y a
oídos de los inspectores-, unos discursos del gobernador que no tenían un hilo directo con esas informaciones micro,

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la ausencia de medidas, algo que usted ha reconocido en cierta medida y haré una valoración muy rápida, y -esto es interesante- que los inspectores decían que había medidas suficientes para adoptar y hacen referencia a la Ley 13/1994, de
Autonomía del Banco de España.


Es decir, los inspectores del Banco de España dicen en 2006 que la situación es grave, que el Banco de España no hace nada y que existen medidas para actuar. Eso es una contradicción no solo con lo que decía el Banco de España entonces,
sino con lo que usted ha dicho hoy aquí. Usted ha dicho hoy aquí que no había medidas suficientes, porque la regulación macroprudencial internacional todavía no era adecuada como lo es hoy a tenor de la experiencia. Yo tengo una duda. Usted ha
dicho exactamente eso, que no había mecidas suficientes para aplicar, pero al mismo tiempo ha elogiado las provisiones dinámicas o contracíclicas, que tampoco estaban en la regulación prudencial internacional; es más, usted lo ha dicho como elogio.
Usted ha dicho que, a pesar de que ningún otro país lo tenía, nosotros lo teníamos y lo aplicábamos. Si se podían aplicar las provisiones dinámicas o contracíclicas, ¿por qué no se podían aplicar otras cosas que no estuvieran tampoco en esas
medidas macroprudenciales? Evidentemente hay una contradicción ahí, porque esas medidas se podrían haber tomado.


El Banco de España debería haber actuado antes del 2004, que es el momento que podríamos definir como de no retorno. Eso se podría discutir, pero en este momento es accesorio. Creo que es evidente que la supervisión preventiva del Banco de
España fracasó y sobre eso habría que haber tejido un documento autocrítico. Esta Comisión tiene un último bloque que habla de los retos del sistema financiero y habla de forma prospectiva de cómo deberíamos pensar en el futuro y no nos vendría
nada mal ese informe verdaderamente crítico de lo que se hizo mal; no un informe descriptivo de lo que sucedió, sino de lo que se puede y se debe modificar. Creo que el gobernador y el Banco de España de entonces tenían instrumentos para detener
la burbuja inmobiliaria, para detener el sobreendeudamiento familiar y para detener en última instancia las que finalmente fueron las causas de la crisis. Si no hubiera tenido instrumentos estaríamos diciendo que el Banco de España no servía para
nada, porque su función era esa.


La señora PRESIDENTA: Señor Garzón, lleva usted ya siete minutos.


El señor GARZÓN ESPINOSA: Sí, tengo un cronómetro aquí también.


Como tenía instrumentos suficientes, es evidente que había un dilema, el dilema que asume cualquier gobernador, porque hay riesgos. La de ustedes es una figura difícil. Son gobernadores del Banco de España y tienen que decidir si hacen
cosas deteniendo la economía, llevándose determinados perjuicios y un coste político importante y, además, sin que nadie les pueda reconocer lo que usted ha llamado un hecho contrafáctico, -es decir, que hubiera pasado si lo hubiera dejado-, u optar
por no hacer nada y confiar en que todo se vaya resolviendo poco a poco. Entonces aquellos gobernadores decidieron no hacer nada. Tenían ese dilema y cedieron probablemente ante las presiones políticas. Todos somos conscientes de lo que hubiera
significado pinchar la burbuja inmobiliaria a efectos de política parlamentaria y de otras muchas cosas, pero es evidente que hoy sabemos que se debería haber hecho. Ese es un riesgo que recae encima del gobernador del Banco de España, pero también
es verdad que para eso se les paga, para eso tienen una remuneración de casi 200 000 euros al año y se han ido algunos con indemnizaciones de 300 000 euros. Creo que eso justifica en cierta medida tener esa responsabilidad. En el caso concreto que
estamos viendo de gobernadores anteriores a usted han fracasado. Tomaron las decisiones incorrectas. No fueron útiles, porque no corrigieron una deriva cuando su función era corregirla.


Esto es un problema de gestores y de cúpulas, igual que ocurre en las cajas de ahorros y en los bancos. No había nada macroeconómico que obligara a las cajas de ahorros a tomar decisiones erróneas que las llevaran a la quiebra. Algunas
entidades han quebrado -Caja CastillaLa Mancha y otras muchas-, pero también hay entidades que no se vieron afectadas porque tomaron mejores decisiones, como la Caixa o las cajas vascas. Hay bancos que tenían un negocio diversificado
internacionalmente y pudieron detener esa hemorragia y hay otros bancos, como el Banco Popular, que tomaron las mismas decisiones incorrectas y también cayeron. Pues en el Banco de España ha habido decisiones incorrectas y esto no es una opinión,
sino que, insisto, es sencillamente la constatación de los hechos. Es importante que tengamos eso presente, porque, cuando se tomaron decisiones como la de crear Bankia juntando dos cajas verdaderamente destrozadas, recordemos que había
alternativas. Se escuchaban rumores de que hubiera sido más inteligente juntar Caja Madrid con la Caixa, una destrozada y otra que aguantaba. ¿Qué hubiera significado eso? Juntar a dos gigantes y tener un banco que sería más grande que el Banco
Santander y que el BBVA. Tengo la sensación de que si no se optó por eso fue por razones políticas y no

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técnicas, y el Banco de España no dijo nada. Validó una operación -llevo diez minutos y termino enseguida- que iba encaminada al desastre. Usted sabe que cuando se fusiona, incluso aunque las dos estén bien, conlleva problemas: problemas
de adaptación cultural, problemas de adaptación informática, problemas de adaptación de cualquier naturaleza, y en este caso si sumas dos zombis, lo que definitivamente tienes es un desastre, por mucho que se intente disimular.


Por lo tanto -y termino-, la verdadera función del Banco de España está en estudiar los expedientes que son conflictivos uno a uno, se detectan de esa forma, y tiene medidas para imponerla, no solo requerimientos sino medidas suficientes.
En el Banco Popular -yo no me voy a meter a hacer mención a una diversificación de la Comisión, que toque en su momento- ciertamente al final hemos encontrado que han ido cincuenta personas de una auditoría a examinar los expedientes uno a uno. Eso
es lo que tendría que haber hecho el Banco de España sistemáticamente con todas las entidades.


En definitiva, creo que hay muchas cosas que han fallado, un supervisor que decía ser supervisor y que no ha supervisado bien, un supervisor que decía que iba a ser responsable y no hacía caso a sus inspectores, un Banco de España que decía
ser independiente y finalmente en esos dilemas decidió que la burbuja inmobiliaria reconocida tenía que continuar.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Garzón.


Señor gobernador.


El señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Linde de Castro): Muchas gracias.


Aunque le sorprenda al señor Garzón, yo estoy de acuerdo en algunas cosas que ha dicho (El señor Garzón Espinosa: Es un avance), al menos en el fondo del tema, quizás no en la forma de expresarlas pero sí en el fondo. Que hubo una burbuja
inmobiliaria y que efectivamente incluso en ausencia -y ahora me referiré a esta ausencia- de base legal para actuar seguramente -como dice el informe- se podría haber intentado, al menos por moral suasion -que la moral suasion tiene su peso, ha
tenido su peso en algunos momentos muy importantes-, frenar esa evolución se dice ya en el informe y yo lo he dicho aquí claramente, no lo voy a repetir. Por consiguiente, en ese punto yo creo que no tengo ninguna diferencia con el señor diputado.
Efectivamente, hay una evolución crediticia insostenible que se recoge en el cuadro 1.1 con total claridad -ese cuadro no necesita más comentarios-, esto es cierto.


En cuanto a si la Ley de Autonomía del Banco de España, la Ley de 1994, permitía o no permitía esas medidas y la comparación con las provisiones, yo no estoy de acuerdo con la apreciación del señor diputado, tenemos apreciaciones distintas,
y entre otras cosas también las tienen nuestros servicios jurídicos. Las provisiones anticíclicas, que efectivamente no están previstas con ese nombre y con esa technicality -en la normativa en ese momento hubo que inventar esa provisión-, tenían
dos características. En primer lugar, aprovechar la figura de las provisiones genéricas, que ya existían, eran legales, para calibrarlas no en función de morosidad sino de aumento del crédito. Esa es la gran innovación de esas provisiones, es
decir, en el sentido de aplicar técnica actuarial a las provisiones en vez de la técnica normal que usa la banca. Eso se podía hacer porque era en realidad una variación de las genéricas. Sin embargo, el hecho de impedir de forma legal la
concentración de riesgos, por ejemplo en el sector inmobiliario, probablemente se podía hacer con moral suasion, pero no había un instrumento legal claro que lo permitiera, que lo justificase o que lo amparase. Claro, en las normas legales se puede
interpretar de modo muy amplio o de modo más estrecho. Es una cuestión sobre la que quizás se pueda debatir, pero no se entendió en el Banco de España en ese momento que había base legal clara e indiscutible para permitir ese tipo de actuaciones.
Insisto, los bancos centrales o los supervisores a veces actúan con medidas de moral suasion, de persuasión moral o persuasión -digamos que no moral-, que evidentemente también funcionan, esto en la supervisión bancaria es algo muy corriente y muy
conocido. El hecho es que efectivamente eso no se hizo o no se hizo lo suficiente.


Insisto en que en ese momento, para ser equilibrado y para no tener una visión maniquea del problema, había que tener en cuenta que la economía de la época era muy distinta a la actual, teníamos una enorme expansión económica, un contexto
monetario completamente distinto al que teníamos antes: la unión monetaria, la pérdida de tipo de cambio como instrumento de política económica y la sujeción a tipos de interés que nos venían dados por la media del crecimiento europeo. Está claro
que los tipos de interés que aplicó el BCE en esos años quizá eran adecuados para la economía europea, pero no lo eran para la nuestra, esto es algo que está bastante claro, pero era nuestro contexto económico. Además había una situación muy
especial. Yo he dicho algo que veo que no ha llamado mucho la atención y por eso lo

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voy a recalcar. La expansión demográfica que tiene España entre los años 2002 y 2007 es la mayor expansión demográfica en un periodo de cinco o seis años desde que hay registros de población, es decir, desde mediados del siglo XVIII. Esto
es un dato bastante espectacular, me parece. Es decir, que tuvimos unos años de una situación muy especial en el sentido económico, de una enorme expansión en todos los sentidos. Eso algo contribuyó a dificultar la percepción de la burbuja y la
estimación de lo que podía hacerse y contribuyó quizá a confundir a los gestores de la economía y de la supervisión. Hay que tener en cuenta esos factores para situar las cosas en su contexto y no ir más allá de lo que los datos pueden justificar.


Respecto a la carta de los inspectores de mayo de 2006 es verdad, decía lo que decía, está publicada en muchos sitios, es una carta que ya ha cumplido once años y, efectivamente, señalaba riesgos, algunos de los cuales luego se hicieron
materiales. Esto es cierto y yo no lo voy a discutir porque es un hecho cierto. Otra cosa es entrar en las technicalities del asunto y en el contexto en el cual esa carta se produjo y qué es lo que de verdad decía entonces la inspección. Eso es
un tema distinto. Yo me tengo que quedar aquí por razones que creo que todos entenderán.


Finalmente, en relación con la crítica general al Banco de España, yo no voy a discutir su estimación de un enorme fallo. No voy a discutirlo. Que hubo fallos yo soy el primero en reconocerlo, y el informe lo reconoce claramente en varios
pasajes. Lo que sí quiero es hacer una defensa del tono del informe y de su orientación. Yo sé que hay muchos, no solo diputados, sino analistas, periodistas y políticos, que han considerado que el informe no es lo bastante crítico o lo bastante
expreso en sus críticas, en sus condenas o en sus alabanzas. Yo admito perfectamente que el informe se podría haber hecho de otro modo, eso es cierto, pero el Banco de España decidió no hacerlo de otro modo, decidió hacerlo como se hizo. ¿Por qué?
Porque nos parecía que había que hacer un informe que se debiera al interés general y que pudiera ser útil a esta Comisión y a todos los interesados en el tema, insisto, analistas, políticos, periodistas, bancarios, el Banco Central Europeo,
analistas extranjeros, bancos extranjeros, las muchas personas interesadas en entender de verdad. No solo hemos hecho un informe que está ya, por cierto, traducido y repartido en inglés para España, se ha hecho para todo el contexto europeo e
internacional, y puedo decir que ha despertado enorme interés y que somos el único supervisor que ha sufrido una grave crisis que ha hecho algo parecido, el único. El informe del Banco de Irlanda no tiene nada que ver, es un informe muy pequeño,
muy reducido y muy centrado en temas relativos a esa crisis, no tiene nada que ver con nuestro informe, no hay más que comparar los tamaños de uno y otro para darse cuenta de que son temas distintos. Insisto, somos el único banco central supervisor
que ha hecho algo parecido.


Dicho esto, vuelvo a la defensa del tono del informe. El informe podría haber sido distinto, más acusador o más defensor, pero nos ha parecido que el modo de defender al interés general era un informe fáctico, objetivo, lo más frío posible,
lo más descriptivo posible, de forma que todo el mundo pueda encontrar allí lo que quiere encontrar y lo que entiende mejor y que pueda servir tanto para una defensa como para un ataque serio de lo que ha hecho el Banco de España. Me parecía que
era el modo de servir al interés general. Es por eso por lo que lo hemos hecho así.


Insisto, yo con esto no estoy haciendo una defensa de lo que hizo o no el Banco de España; estoy haciendo una defensa de cómo hemos hecho este informe.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor gobernador.


Para réplica, señor Garzón, tiene tres minutos; pero ahora sí son tres minutos.


El señor GARZÓN ESPINOSA: No pongo el cronómetro, me avisa usted, presidenta.


Yo no creo que sea una cosa de estilo, de verdad; yo creo que el informe está bien, se puede acceder a la información que está ahí pero también es verdad que el informe no incluye determinada información y, como no la incluye, hay cosas a
las que se no se puede acceder. Eso es respecto a lo que le hacemos la crítica. Es un informe poco útil para el futuro y, además, poco útil para esclarecer la función del Banco de España y qué es lo que se hizo mal.


Creo que hay dos formas de verlo. Si constatamos y estamos de acuerdo, por pensar analíticamente, que ha habido un fallo en la previsión y la supervisión preventiva del Banco de España, hay dos opciones que lo podrían explicar: que el
Banco de España vio los errores, vio los problemas y no actuó -esto es una posibilidad-, o bien que creyó que no existía ningún riesgo verdaderamente grande y por lo tanto, lógicamente, no hizo nada. Creo que su argumento de la demografía entra en
esta segunda categoría. Veíamos las variables macroeconómicas y creíamos que este estado de las cosas no era realmente una

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burbuja inmobiliaria que fuera a estallar ni que tuviera un detonante. Creo que pueden ser las dos cosas. Usted es un buen conocedor del Banco de España, no es nuevo tampoco; usted no era el gobernador entonces pero lleva por lo menos
desde 2001, desde que yo tenga constancia.


Pero lo relevante aquí es lo que queremos hacer desde nuestro grupo, reivindicar la figura del Banco de España pero la figura en abstracto, no la figura históricamente existente sino la de que el Banco de España debería servir para algo.
¿Para qué debería servir? Para entrar en cada entidad, examinar expediente a expediente y decir: usted tiene que provisionar más aquí, usted tiene aquí un problema. Y si no tiene medidas suficientes, como usted ha sugerido, al menos ha de
advertirlas: circulares, requerimientos e incluso exposición pública, en la medida de las posibilidades, para decir que nuestro sistema necesita más provisiones. No sé si se le puede llamar a eso moral o no, pero hay que hacerlo. Porque es
evidente que había una sobreexposición del riesgo en el sector de la construcción y que sabía usted -como cualquiera lo puede saber- que estaban compitiendo ya al límite; ya no competían por la vía de los depósitos, ya empezaban a competir por
cualquier tipo de financiación verdaderamente exótica. Si todo eso no se ha hecho, lo que tenemos es un gran fracaso del Banco de España. Y, si uno hace un informe de estas características en el que no entra en el meollo del asunto, daría la
sensación de que en realidad todo debe seguir como estaba, que se podrían cambiar pequeños matices. Pero nosotros decimos: No, no, aquí lo que ha fallado es el pilar fundamental del Banco de España porque debería diagnosticar eso.


Y, claro, cuando encontramos -termino ya- la carta de la asociación de inspectores, decimos: Resulta que en el Banco de España hay profesionales que sí que habían visto esto, independientemente de quiénes sean, de dónde procedan y si
estaban o no en lo correcto. Lo cierto es que había una carta que dice que se había visto. Y es una asociación, no era un señor lúcido individual; es una asociación que dice: aquí hay problemas, el Banco de España tiene que actuar. Y no se
hizo. Todo eso no está recogido en el informe, señor gobernador, y es un informe bien largo, muy bonito, muy elegante, creo que de él se pueden sacar muchos datos para todo tipo de argumentarios, pero eso que yo estoy describiendo no está. Por
tanto, creo que eso hace bastante...


La señora PRESIDENTA: Señor Garzón, tiene que terminar.


El señor GARZÓN ESPINOSA: ... incapaz al informe, al menos para los propósitos que yo creo que esta Comisión se ha encaminado para el bloque sexto, más allá de las responsabilidades políticas.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Garzón.


Señor gobernador.


El señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Linde de Castro): Yo creo que el informe -no me quiero repetir- es muy útil en muchos sentidos. Me parece que recoge con mucha claridad dos de los errores a los que me he referido en mis
conclusiones: El Banco de España no previó la dureza del impacto de la segunda recesión en nuestra banca ni en nuestra economía -eso no se previó- y se pensó que era posible salir de la burbuja de modo gradual y suave. Fueron dos errores
importantes y eso se reconoce en el informe y yo lo he reconocido en las conclusiones, porque me parecen que son hechos muy claros. De forma que en eso no vamos a perder tiempo de discusión porque no hay nada que discutir, son hechos que están ahí
y que todos podemos ver.


No puedo estar de acuerdo, por supuesto, no ya en la descalificación sino en la crítica total, como si en lo que hizo el Banco de España en esos años no hubiese más que fracaso tras fracaso. No, eso es una exageración, evidentemente.
Dentro de nuestro sistema bancario -que incluía a bancos y cajas-, muchos bancos salieron adelante en una situación muy difícil y sin necesidad de ninguna ayuda pública haciendo un volumen enorme de provisiones y salvando el sistema bancario. Algo
se haría bien si de todo el sistema bancario español, del sistema español de entidades de crédito, la parte de entidades privadas -con la duda, lo admito, de lo que se decidió sobre el Banco Popular, porque el caso de Ibercaja que se ha mencionado
es muy pequeño, es un caso menor en el conjunto del sistema- salió adelante sin necesidad de ayudas públicas de ningún tipo. Es decir, la crisis de nuestro sistema de entidades de crédito fue la crisis de las cajas de ahorro que, que yo sepa, no
eran privadas sino entidades públicas.


El diputado señor Garzón puede estar seguro de que el Banco de España en esa época, como también después, ha utilizado todos sus recursos, ha hecho muchos requerimientos, ha obligado a hacer provisiones. Por tanto, ¿cómo, señor Garzón, es
posible constatar que en un espacio de diez años nuestra

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banca hizo provisiones por 300 000 millones de euros? ¿Cómo es posible sin una autoridad de supervisión que está encima de las cosas y que actúa en muchos sentidos adecuadamente? Esto no quiere decir que no cometiera fallos, pero,
honradamente -usted ha dicho que yo no estaba allí, no me gusta decirlo, lo ha dicho usted-, no creo que sea justo para el Banco de España, como entidad e institución importante del Estado español, decir que no hizo nada, que todo fue un fracaso,
que todo fueron fallos. No, eso no es justo y no lo puedo aceptar de ningún modo, por supuesto. Además, creo que usted tampoco lo piensa y me parece que lo dice porque es un argumento retórico, pero no creo que usted piense de verdad que el banco
lo hizo tan mal, tan mal que no hizo nada bien. Eso no lo puedo creer realmente. Esto no quiere decir que no se hiciesen cosas mal, claro que sí, se hicieron algunas cosas mal, cosas equívocas, hubo juicios erróneos. El juicio sobre la salida de
la crisis fue erróneo, sencillamente, y eso se reconoce en el informe y hay que reconocerlo porque es así. ¿Fue demasiado optimista? Seguramente.


Dicho esto, no quiero comentar las razones del fracaso al que usted se ha referido, fracaso o no terminación de la negociación que existió -eso es público y notorio- entre Bankia y la Caixa. Pero le puedo decir que dudo mucho de que ahí
hubiera razones políticas.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Linde.


Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor De la Torre.


El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.


Buenas tardes, señor Linde. Bienvenido en nombre del Grupo Ciudadanos a esta Comisión de investigación. En primer término, me alegro de que acabe de reconocer con bastante más claridad de lo que se ha recogido literalmente en el informe
que este era un problema fundamentalmente de cajas. El informe que ustedes han hecho, en nuestra opinión, tiene una utilidad limitada. Es decir, sí es un buen informe, está bien argumentado, pero no es la respuesta que necesita la sociedad
española, no es suficiente cuando se trata de una crisis enorme, básicamente de cajas de ahorros que, por una parte, se ha llevado por delante toda la obra social de las cajas de ahorro, tema que no se suele destacar pero que es un punto importante.
En segundo lugar, ha costado, de momento y según estimación, 60 000 millones de euros, llámelo todo recursos públicos o una parte del Fondo de Garantías de Depósitos. Esto, si usted quiere, es un recurso privado, pero como usted sabe, en la
práctica, el Fondo de Garantía de Depósitos consolida y ahora mismo el Fondo de Garantía de Depósitos no cubre el riesgo de los 100 000 euros que garantiza el Estado. Por otra parte, hay temas que no están contemplados aquí -y esto es un primer
motivo de crítica-, por ejemplo, que habría que estimar cuánto nos van a costar los esquemas de protección de activos. De momento es una cuestión que queda pendiente, como también otro tema que ya comenté el otro día en la Comisión de Economía, los
activos fiscales diferidos. Esto al final va a suponer menor recaudación en el impuesto de sociedades por mucho tiempo. Es una de las razones por las cuales no se pueden exigir tantísimos impuestos a la banca, porque ha perdido muchísimo dinero.
Usted ha hecho referencia a las provisiones, pero también está la cuestión de los activos fiscales diferidos, que es una cuestión que, en mi opinión, se debería completar.


Lo más importante, a nuestro parecer, de lo que ocurrió entre 2008 y 2014 es una restricción brutal de la liquidez en la economía española. En nuestra opinión, parte de esto proviene de una política monetaria equivocada del Banco Central
Europeo, a la que luego, afortunadamente, Draghi le dio la vuelta. Pero, independientemente de eso, nos quedamos sin canales que llevasen la liquidez a los negocios, y ese es el problema más grave. Hay muchísimas empresas que han tenido que
cerrar, lo que ha agravado la situación económica. De alguna forma es una pescadilla que se muerde la cola porque esto genera menos recaudación fiscal, con lo que no se pueden recapitalizar los bancos. Por tanto, este tema debería estar más claro
porque al final ha supuesto un coste tremendo para todos los ciudadanos.


Con independencia de lo que usted ha dicho respecto del Banco Popular, que si uno hace las mismas cosas que hicieron la mayoría de las cajas acaba obteniendo los mismos resultados -de lo que seguramente hablaremos otro día con el foco más
centrado ahí-, esencialmente todo esto ha sido un problema de cajas porque al final se han perdido todos los recursos públicos por culpa de las cajas, con independencia de los avales, y en esto discrepo de los anteriores intervinientes porque esos
avales se han devuelto, afortunadamente. Nos hubiese gustado que en el informe hubiese una conexión más clara en dos cuestiones: en la naturaleza jurídica de las cajas y los problemas que conllevaba y en el gobierno corporativo. Respecto a la
naturaleza de las cajas, no podían ampliar capital y, sin embargo, durante muchos años lo que se hizo fue permitirles una expansión para la que no tenían recursos suficientes. ¿En qué derivó esto? Derivó, por ejemplo, en la cuestión de las
preferentes, que emitían recursos híbridos que

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fueron comercializados masivamente por el público, y todos sabemos cómo ha acabado esto. También nos gustaría que se hiciera una reflexión sobre si es compatible o no -nosotros estamos promoviendo legislativamente que esto no debe ser así-
que el mismo instituto supervisor busque, por una parte, la solvencia de las entidades y, por otra parte, proteja al consumidor, porque a veces, como se demostró en la cuestión de las preferentes, ahí tenemos un problema, es decir, lo que era bueno
para las entidades no lo era para el consumidor. De alguna forma esto se reprodujo mientras el Banco de España tuvo hasta 2014 -como bien decía usted- el derecho de oposición a las ampliaciones de capital. En las ampliaciones de capital que se
hicieron en 2011, según dice la Sala primera del Tribunal Supremo -no lo decimos nosotros-, las cuentas no se ajustaban a la realidad. Para una entidad tan enorme como era Bankia era bueno para su solvencia, pero se trasladó masivamente un problema
a los compradores de estas acciones. Por tanto, esta es otra cuestión que nos parece relevante.


Sí nos gustaría insistir en algo importante de lo que usted ha hablado aquí, de una estrategia ordenada para ir paulatinamente tapando agujeros. ¿Esto era una estrategia paulatina -y esta es quizá la pregunta más relevante- o simplemente se
ocultaron los problemas de diversas cajas por razones políticas? El gobierno corporativo de las cajas hasta el final estuvo en manos de expolíticos y en algún caso, como en el caso de Caja Navarra, de políticos en activo, léase el presidente de
Navarra. Usted habla de las cuotas participativas. Que yo sepa, nadie consiguió colocar prácticamente ninguna, por tanto, no es un instrumento útil. El tema de las participaciones preferentes todos sabemos cómo acabó. La cuestión de los
instrumentos híbridos que utilizó el FROB, los bonos contingentes convertibles; colocar un pasivo al 8 % como forma de solucionar los problemas a una entidad que tiene problemas de solvencia es colocar una bomba de relojería. En el momento en que
van cayendo estos intereses al 8 % la cuenta de resultados se cae y al final acabas teniendo que convertirlos en capital. La forma seria de abordar los problemas seguramente era ampliar capital desde el principio.


La señora PRESIDENTA: Lleva siete minutos ya.


El señor DE LA TORRE DÍAZ: Hago una breve conclusión y en seguida paso a formularle las preguntas.


Nosotros creemos que hubo fallos de supervisión también y creemos que se tenían que haber adoptado en su momento medidas. También es cierto que hubo fallos regulatorios y fallos legislativos evidentes, porque esto es un problema de cajas de
ahorros generado en buena parte por el legislador español. La Ley de órganos rectores de las cajas de ahorro la puso en vigor el Partido Socialista y es cierto que el secretario de Estado de entonces luego fue gobernador del Banco de España. Pero
en esta cuestión nos gustaría que nos pudiese responder, si es posible, a alguna cuestión. En la supervisión ha hecho referencia a la carta del Banco de España pero las quejas de los inspectores han sido continuas. La primera pregunta es si se
trasladaba entonces correctamente la información desde la inspección a la supervisión, que era la que tenía que tomar las decisiones. En este sentido, tengo una declaración que hizo el anterior gobernador que decía que los detalles de Bankia
felizmente no le llegaron nunca. ¿Eso era una situación coyuntural? Y si no lo era, ¿se ha ido corrigiendo?


Por otra parte, usted ha hecho referencia a la segunda recesión, al deterioro entre 2011 y 2012. Es evidente que esta segunda recesión existió, otra cuestión es que fuese tan absolutamente imprevisible. En cualquier caso, ¿influyó
deteriorando sustancialmente el balance de las entidades de tal forma que obligó al rescate y a toda la actuación que ha explicado usted de los decretos-leyes de De Guindos?


Una última consideración. Ustedes decían que no tenían instrumentos suficientes, además de esta cuestión de los instrumentos normativos regulatorios suficientes. Supongo que ahora consideran que los tienen, lo cual sería una buena noticia,
pero el Banco de España como supervisor es de los pocos que puede realizar alteraciones en la contabilidad de las entidades, y eso, teniendo en cuenta que muchas de estas contabilidades luego no estaban bien, no deja de ser un instrumento de primer
nivel.


Le agradezco mucho su comparecencia y solamente añado un detalle. Estamos muy de acuerdo en que efectivamente había que haber sido más agresivos. Usted lo plantea como duda pero nosotros creemos que quizás en alguna medida, por lo menos
desde el punto de vista político, no se hizo lo suficiente por reconocer los problemas de las cajas de ahorro precisamente por esta participación política. Y ha hecho referencia antes a que no se puede dejar caer las entidades y que no conoce
ningún caso aparte de Lehman Brothers y los bancos chipriotas. Creo que hay una excepción con el Banco de Madrid. (El señor gobernador del Banco de España, Linde de Castro: No tiene nada que ver). Bueno, no tiene nada que ver pero es una
excepción de liquidación de un banco.

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Muchas gracias, señor Linde.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor De la Torre.


Señor gobernador.


El señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Linde de Castro): Muchas gracias.


El día que quiera el señor diputado hablamos del Banco de Madrid pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, es un tema totalmente distinto.


Yendo a las preguntas, a los temas importantes, tengo muchas dudas -pero son personales porque no tengo información que pueda exhibir para demostrar la razón o la contundencia de mis dudas- de que las razones políticas jugasen un gran papel
en algunos casos, en otros seguramente sí. Para decirlo con toda claridad, es evidente que las cajas tenían una conexión con las autoridades autonómicas en diversos territorios, y esa conexión y esas competencias financieras de diversos gobiernos
autonómicos jugaron un papel en estas discusiones y en estos problemas. Esto es algo que todo el mundo sabe y que no es ningún secreto. Lo que ocurre es que esta descripción general es poco útil, pero que existió un problema debido a la
interferencia, a la conexión, al solapamiento o al cruce de competencias estatales y autonómicas en materia financiera en varios territorios es una cosa que creo que es evidente, se sabe hace mucho tiempo y no es ningún secreto; y que jugaron un
papel, eso sin duda.


Creo que no se exagera la importancia de la segunda recesión, y eso también merece un análisis separado. Quizá nuestro informe no incide suficientemente en eso. No diré que es un fallo, pero se podía haber sido más explícito y más claro en
ese impacto grave de la segunda recesión en los balances bancarios; se menciona, pero no se es lo bastante claro, en mi opinión. Es cierto que el Banco de España es una excepción en materia de competencias contables. Efectivamente, somos el único
gran supervisor que tiene competencias contables bancarias, eso es un hecho, y eso le da al Banco de España una responsabilidad que otros bancos centrales no tienen, porque simplemente no tienen competencias contables, y ahí estoy completamente de
acuerdo con el señor diputado.


Sin embargo, no estoy de acuerdo con sus observaciones sobre los activos fiscales diferidos, los DTA, salvo en el sentido de que una fase que implica graves pérdidas para el sistema bancario genera DTA de modo automático, pero eso no es
consecuencia del rescate ni consecuencia de la forma en que se enfrenta el problema de la crisis; es consecuencia de la normativa fiscal española que, como otras normativas fiscales europeas, dado que es más severo el reconocimiento de algunos
costes fiscales, como sabe el señor De la Torre mucho mejor que yo, naturalmente genera más DTA que otros países, porque en primera instancia es más severa en el tratamiento de esos costes fiscales. Pero ese coste fiscal se genera por nuestra
normativa fiscal que, insisto, usted conoce mejor que yo, y no me podrá negar que es un poco irrelevante el contexto en el que se produce después el coste. Con rescate o sin rescate, con una forma de enfocar el rescate u otra, el hecho de tener
pérdidas en el sistema genera los DTA. Y eso es lo mismo; yo creo que es igual; no sé si se me escapa alguna technicality del asunto, que es un tema complejo, pero yo creo que el modo como se hizo el rescate o como se enfrentó la supervisión
impone la mayor, y la mayor es decir: no, es que tenía que haberse frenado la burbuja en el año 2002. Pero, claro, entonces ya estamos en un mundo distinto. Yo no creo que la forma como se enfrentó el rescate, como se enfrentó la crisis a partir
de 2008, añada nada al coste fiscal que implica los DTA, los activos fiscales diferidos.


Sobre lo que vieron unos y vieron otros en los años de la expansión de la burbuja, en especial -como he señalado- en los años 2005 y 2006, que fueron los años en los que el crecimiento del crédito fue verdaderamente muy fuerte, no voy a
negar que la famosa carta de la Asociación de Inspectores del año 2006 dice lo que dice, está publicada y no se puede negar porque dice lo que dice, y efectivamente señala riesgos que luego se hicieron materiales. Eso es cierto y yo nunca lo he
negado ni nadie del Banco de España lo ha negado porque son hechos que están ahí. Una cosa es entender -y cualquier persona conectada con la supervisión y con este mundo se da cuenta de lo que quiero decir- y tener esa apreciación global y otra
cosa es qué se hizo los años 2003, 2004, 2005 y 2006 por las personas encargadas de esa supervisión. Es un tema distinto. Sin negar la mayor, que esa famosa carta decía lo que decía y está publicada, se necesita ver en el contexto en el que eso se
dice y los antecedentes de ese juicio global. Y me quedaría aquí.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor gobernador.

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Para réplica, el señor De la Torre tiene tres minutos.


El señor DE LA TORRE DÍAZ: Intentaré intervenir brevemente.


Lo que decía de los activos fiscales diferidos es que al final suponen un coste y que, de hecho, buena parte del proceso de reestructuración bancaria entre 2008 y 2012 se hace intentando que siempre las entidades de cabecera de los diversos
grupos hereden todas las pérdidas fiscales y el derecho a cobrar y que luego, cuando en 2013 se cambia la normativa fiscal, se garantizan unos activos fiscales diferidos que decían ustedes en su momento en un documento oficial que no les parecía muy
probable que esto se materializase, pero parece que vamos a tener el primer caso. Pero de alguna forma, como ha habido tantas pérdidas en las entidades bancarias, ahora tenemos y en el futuro tendremos menos recaudación en el impuesto de
sociedades. Esto había que tenerlo en cuenta; sin más, era descriptivo.


Con independencia de la carta, lo que le quería preguntar específicamente -parece ser que no me he explicado bien- no es tanto el tema de si acertaron o no acertaron en 2006 los inspectores sino, puesto que ha habido quejas, especialmente en
la cuestión de Bankia, si los informes de supervisión se trasladan a la cúpula del supervisor, que obviamente tiene que tener la última palabra, para que tome las decisiones oportunas. Ellos se han quejado de que no es así y sencillamente quería
saber si esto existió o pudo existir, si el caso de Bankia es un caso concreto, si pudo tener influencia y si después esto se ha modificado. Simplemente eso.


Muchas gracias, señor gobernador.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor De la Torre.


Señor gobernador.


El señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Linde de Castro): Muchas gracias.


Pido perdón porque efectivamente este último es un tema importante y se me había olvidado. En cuanto a los DTA, estamos de acuerdo. Mi única observación es que efectivamente la normativa española trata de compensar para ponernos en un plan
de igualdad con otras normativas fiscales que son menos severas que la española, como sabe el señor De la Torre perfectamente. Por consiguiente, es verdad que eso va a ser un coste, es cierto, pero ese coste tiene poco que ver con la forma con la
que se ha enfrentado la crisis. Es normativa fiscal española que se ha adaptado para poner a nuestros bancos en posición de igualdad con otros bancos extranjeros; así de simple es el asunto. Está afectado por la Comisión Europea, visado por la
Comisión Europea y aceptado por las autoridades nacionales y extranjeras, de forma que es un tema que creo que está cerrado. Pero, efectivamente, es un coste para el sector público y es parte importante de las operaciones de compra, de adquisición
y fusión porque es un activo que puede ser muy importante. En fin, es parte de la normativa bancaria ordinaria y hay que tenerlo en cuenta.


Paso al segundo punto, que es interesante. Efectivamente -voy a ir al grano directamente, grano que seguro que el señor De la Torre conoce perfectamente-, existía en la Inspección del Banco de España históricamente la queja de que las
opiniones discrepantes, digamos, o distintas de los llamados inspectores de base, de los equipos de inspección, no llegaban a la comisión ejecutiva del banco cuando esas opiniones eran discrepantes de la opinión del jefe de grupo, del inspector jefe
que elevaba el informe a la comisión ejecutiva, de acuerdo naturalmente con el director general de Inspección. Efectivamente, esto era así, pero eso se corrigió en 2013, como consecuencia del informe que se elaboró en el Banco de España que dirigió
el consejero López Roa, que se hizo público ya en el año 2013. En ese análisis de nuestra supervisión que hizo un equipo -en el que hubo, por cierto, un inspector holandés y un inspector francés, fue un equipo internacional el que hizo ese estudio-
se acordó cambiar ese punto y desde el año 2013, cuando el equipo base -por así decirlo- tiene una discrepancia con el informe que se eleva a la comisión ejecutiva por el director general y el jefe de grupo, la opinión discrepante se eleva también a
la comisión ejecutiva. De forma que esa discrepancia, ese problema que existía quedó corregido hace nada menos que cuatro años ya. Y creo que no violo ningún secreto si digo que desde que se aprobó esa nueva norma ha habido un caso en cuatro años
nada más.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor gobernador.


Pasamos al Grupo de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella.


LA señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidenta, senyores i senyors diputats.

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Señor gobernador del Banco de España, en el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana agradecemos su comparecencia hoy aquí en esta Comisión. No obstante, le voy a recriminar el hecho de que usted rechazase comparecer ante una comisión
similar en el Parlament de Catalunya. No ofendió al Parlament de Catalunya, en todo caso usted ofendió a miles de personas que se han visto afectadas por la ineficiencia del Banco de España, por cómo ha gestionado el tema de la burbuja inmobiliaria
y financiera, las preferentes, la venta generalizada de productos tóxicos o la quiebra de las entidades bancarias, etcétera. Si yo fuese usted, señor Linde, como gobernador del Banco de España pediría perdón por lo mal que lo han hecho, porque
usted ha dicho que han hecho cosas bien pero han hecho muchísimas mal. Porque oyéndole a usted, aunque va un poco más allá del informe que han elaborado, una termina pensando que aquí no ha pasado nada y, pasar, han pasado unas cuantas cosas. Por
ello, incluso le diría que el informe que nos han presentado debería tener otro título, por ejemplo, las excusas del Banco de España para no asumir su responsabilidad en la crisis financiera y bancaria española. Usted lo ha dicho de una forma muy
velada o quizá de una forma más directa cuando ha señalado que se pudo hacer más pero no tenían instrumentos para hacerlo. En todo caso, el Banco de España como institución, por acción o por omisión, es parte responsable de lo que ha pasado
también, y nos hubiese gustado a Esquerra Republicana y a esta diputada que el informe hubiese apuntado a las causas de la crisis haciendo además una revisión crítica de la actuación del Banco de España, proponiendo medidas para reconvertir el Banco
de España -todo ello conforme a la legislación europea, etcétera- en una institución verdaderamente útil de control, previsión y reducción de las posibles crisis.


El informe final resulta ser un relato de los hechos de forma descriptiva, lleno de datos que pretenden desde un punto de vista sesgado -a criterio también de esta diputada y de Esquerra Republicana- exculpar al Banco de España del auténtico
desastre que ha sucedido y cuyas consecuencias aún están ahí presentes. Asimismo, en el análisis que hacen ustedes -que es interesante- acusan de toda la crisis bancaria siempre a agentes externos, mecanismos automáticos del crecimiento de la
financiación al sector privado, concentrado especialmente en el sector inmobiliario, el recurso a la financiación mayorista, etcétera, y excusas del tipo de que nadie supo ver, no se anticiparon a la crisis, para concluir que el Banco de España,
como decía usted, no pudo hacer más de lo que hizo en realidad.


Por todo ello le hago las siguientes preguntas: ¿de verdad que el Banco de España no tiene ninguna responsabilidad? A criterio de Esquerra y de esta diputada, el Banco de España tiene instrumentos, información, responsabilidad de actuar.
¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué ha fallado? ¿Por qué no previó al menos una parte de la crisis o algunas de las crisis? Y he intuido de algunas de las cosas que decía usted que en España acaecieron dos crisis de forma simultánea: la global, la que
afectó globalmente, y una crisis concreta española más allá de la crisis internacional. ¿Comparte usted este criterio, esta visión que tenemos en Esquerra Republicana?


Seguramente la crisis española tiene su causa. Esquerra Republicana y esta diputada creen que esta crisis vino en parte provocada por políticas muy determinadas, políticas neoliberales muy claras que se concentran básicamente en la época de
Gobierno del señor Aznar, con el señor Rato como vicepresidente, que se circunscriben a la liberalización de las cajas y del suelo, pero también por aquellas burbujas de endeudamiento financiadas con dinero prestado por la banca y las cajas a las
que el Estado español tampoco puso freno: escalada militar, deuda energética, proyectos faraónicos, etcétera. De hecho, el informe del Banco de España que nos ha presentado hoy lo reconoce de forma indirecta cuando afirma que las causas que
llevaron al desastre tienen su origen en los años de expansión económica, en el año 2000 -lo ha vuelto a repetir esta tarde-, pero apuntan que aquello simplemente sucedió sin causa aparente. Con un claro sesgo ideológico -entendemos nosotros- del
informe, utilizan toda una serie de eufemismos para no denunciar la existencia de la liberalización de las cajas y la liberalización del suelo. En un breve párrafo vienen a decir que la holgura en las condiciones de acceso al crédito por parte de
los sectores de la promoción inmobiliaria y construcción, así como la disponibilidad de suelo urbanizable, se vio impulsada por varios cambios normativos introducidos a partir de finales de la última década del siglo pasado. Y ahí queda todo.
Cuando el informe del Banco de España hace esto, minimiza las verdaderas causas. Además, al no apuntar a una de las causas o a una de las verdaderas causas, deja el pecado original escondido o en la impunidad. En definitiva, el origen de la
tentación, liberalizar el suelo para soñar con hacer grandes negocios, convenciendo a políticos y a constructores, era un pastel inmenso, pero, lejos de impedir la especulación, lo que ha sucedido es que seguramente gran parte de la corrupción en el
Estado español tiene su origen en estas cuestiones.

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Ahora iré directamente a formularle preguntas concretas. ¿Para usted cuál fue el papel que jugó en la crisis económica española la legislación sobre la liberalización del suelo en la época del señor Aznar y del señor Rato? ¿Por qué el
Banco de España no advirtió de la burbuja inmobiliaria y del coste que ello tenía para la ciudadanía? Recordemos que el precio de las viviendas se duplicó en un periodo de tiempo muy corto, no llegó a una década. ¿Por qué el Banco de España no
hizo nada ante el aluvión de créditos hipotecarios con nulas garantías de devolución, que en muchas ocasiones significaban más del cien por cien del valor del inmueble hipotecado? ¿Por qué el Banco de España no actuó en relación con las
preferentes, con los créditos subordinados y con todas las cláusulas abusivas que proliferaron: IRPH, cláusulas suelo, etcétera? ¿Por qué el Banco de España permitió la titulización de los créditos hipotecarios? ¿Ustedes no sabían que se trataba
mayoritariamente de fondos adquiridos en muchos casos por fondos buitre radicados en paraísos fiscales? ¿O sí lo sabían? ¿Por qué el Banco de España no actuó...?


La señora PRESIDENTA: Señora Capella, ya lleva un poquito más de siete minutos, casi ocho.


La señora CAPELLA I FARRÉ: No se preocupe, que terminaré puntualmente, seguramente antes de los diez minutos.


¿Por qué el Banco de España no actuó respecto a la escandalosa política retributiva de los directivos: sueldos millonarios con pensiones de jubilación también millonarias? Señor gobernador del Banco de España, ¿cree usted que el concepto
de ética bancaria es una utopía en el Estado español?


Terminaré con las cajas. Para Esquerra Republicana, la fusión de cajas es la tormenta perfecta porque ha representado un nuevo oligopolio no competitivo y sobre todo endogámico. ¿Cree que el resultado final de la concentración bancaria y
fusión de cajas es positivo? Acabo ya con aquello de que los errores del Banco de España no solo estuvieron en no saber prever la crisis, sino también en no saber gestionarla.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Capella.


Señor gobernador.


El señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Linde de Castro): Muchas gracias, presidenta.


En primer lugar, quiero aclarar que la no comparecencia ante la petición del Parlamento de Cataluña respondió a que hicimos caso al dictamen del Consejo de Estado relativo a esa materia. Eso es lo que puedo decir con toda claridad y
sencillez.


Yo creo que no es cierto que el informe del Banco de España diga que aquí no ha pasado nada y que sea un informe lleno de excusas; realmente creo que no es cierto o que es una lectura muy ladeada del mismo. El informe reconoce fallos,
actuaciones que podrían haberse acometido y no se acometieron y medidas que se adoptaron y no dieron buen resultado o un resultado peor del previsto. El informe está lleno de explicaciones objetivas, pero no se cargan las tintas en la retórica ni
en los adjetivos. Como ya he dicho varias veces, es un informe que trata de ser frío, objetivo y fáctico para que todo el mundo lo pueda leer sin sentirse molesto o sin exagerar el tono de los juicios o de las descripciones. Debo decir que estoy
muy contento por el tono que tiene el informe que, como he dicho, creo que es el que mejor responde al interés general, pero acepto que otras personas puedan tener un juicio distinto y sobre eso no tengo nada que objetar. Es cierto que el informe
se podría haber hecho de un modo distinto, pero se hizo como estimó oportuno el consejo de gobierno y la comisión ejecutiva del Banco de España. Insisto en que se pretendía tener un informe de este tipo: frío, objetivo, fáctico y que pudiera ser
leído con tranquilidad incluso desde posiciones ideológicas distintas, porque eso también tiene su importancia.


Cuando se habla de las causas de la crisis, no es verdad que se disculpe al Banco de España, pero evidentemente el Banco de España no fue responsable, por ejemplo, de la caída de Lehman Brothers. Hay muchas cosas que ocurrieron en aquellos
años en las que ni el Banco de España ni España ni su Gobierno ni su sociedad tuvieron ninguna responsabilidad, y eso hay que decirlo. No es cierto que el informe diga que la crisis vino de fuera. La crisis explotó fuera, pero nosotros teníamos
una acumulación de desequilibrios. Eso se dice en el informe varias veces, yo lo he dicho muchas veces en mi intervención y ahora lo estoy diciendo una vez más. Acumulamos una enorme cantidad de desequilibrios, todos ellos ligados al enorme
aumento de nuestro endeudamiento interno frente al exterior. No es una apreciación objetiva ni ajustada a lo que dice el informe sostener que el informe dice que todo vino de fuera. No, no, el informe no dice eso en absoluto. Si usted lo lee con
tranquilidad, con atención y sin mucha hostilidad de entrada, verá que expresa con toda claridad que hubo una contribución interna muy importante a la crisis, básicamente por la

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acumulación de dobles desequilibrios que se concentraron en un aumento insostenible del endeudamiento y una pérdida insostenible de capacidad de competencia frente al exterior. Esas son las piezas que resumen todo lo que ocurrió en España y
esa fue nuestra contribución a la crisis. Decir que pagamos por nuestros pecados y por los ajenos quiere decir que pagamos por los ajenos pero también por los propios, naturalmente. Eso quiere decir que en España hubo un aumento fuerte de los
desequilibrios, una pérdida de la capacidad de competencia y, en suma, una evolución insostenible del conjunto de la economía española. El informe ni lo oculta ni lo niega en modo alguno, solo señala que la explosión de la crisis se produce fuera y
no dentro. A la pregunta de que si en todo caso, incluso sin Lehman Brothers y sin aquellos eventos en la economía americana, nuestra economía no hubiera tenido una crisis, la respuesta apunta a lo que usted señala. Estoy de acuerdo con usted en
que seguramente, incluso sin explosión fuera, nuestra evolución económica no era sostenible y al final hubiera habido una crisis en nuestra economía. Pero el hecho objetivo es que nuestra crisis se produjo a partir de la crisis del subprime en
Estados Unidos y de la crisis de Lehman Brothers, que luego se extendió al resto de la Unión Europea y a otros países del mundo desarrollado. Yo creo que esto aclara un poco nuestra posición. Tampoco es cierto que el informe diga que el Banco de
España no pudo hacer nada. Justamente dice que pudo hacer cosas que no se hicieron. ¿Hubiera tenido éxito en ese intento? No lo sabemos, no sabemos lo que habría ocurrido, pero es indiscutible que hubo cosas que se podrían haber intentado y no se
intentaron, o al menos no hay constancia de que se intentasen y, si se intentaron, fracasaron. En definitiva, estamos totalmente de acuerdo en que la crisis fue global y española, no solo global, no solo externa, fue de todo a la vez,
evidentemente.


Cuando estalla la crisis en el año 2008 llevábamos catorce años de expansión consecutiva o continuada. Esto es muy importante señalarlo porque una economía que lleva una expansión tan larga y tan fuerte, naturalmente está sometida a riesgos
y es evidente que esos riesgos se hicieron materiales con la crisis. ¿Cuánto contribuyeron a la burbuja y a la crisis las medidas tomadas para liberalizar suelo edificable? Yo no soy experto en materia del suelo ni en casi ninguna materia, pero no
me acuerdo muy bien de si se tomó a finales de los años noventa la medida que implicó esa liberalización de suelo, no lo sé, por tanto, no le puedo responder a esto. Todo influye en todo y esa medida fue sin duda importante y contribuyó a generar
más suelo edificable, más suelo urbanizable, eso es lo que yo recuerdo de aquellas medidas, pero si eso contribuyó mucho o poco a la burbuja inmobiliaria creo que es muy difícil de precisar y de discutir. Algo contribuiría, obviamente algo pudo
contribuir, pero me parece muy difícil calibrarlo; me siento totalmente incapaz de responderle a esa pregunta.


Usted ha mencionado la evolución del crédito hipotecario, la generación de preferentes, las cláusulas suelo. Efectivamente, en aquellos años hubo muchas decisiones relativas a la financiación bancaria; unas fracasaron y otras fueron
objetadas desde el punto de vista de la protección al consumidor, todo eso es verdad y por supuesto no discrepo con su observación de que muchas de esas medidas tenían problemas -como luego se ha visto- de un tipo o de otro, problemas legales, es
cierto. Es verdad que el informe describe esos instrumentos y sí que entra -le corrijo- en todo el tema posterior. Hay un cuadro donde se recoge todo el tema de los arbitrajes para preferentes y decisiones sobre cláusulas suelo y preferentes. Eso
se cuenta y se explica. Yo he contado en mi intervención que esos arbitrajes han dado laudos positivos a los clientes por más de 3000 millones de euros y han afectado a varios cientos de miles de consumidores financieros. No es verdad que el
informe no lo trate; lo cuenta, sin mucha extensión pero lo cuenta y a mi parecer da cifras bastante contundentes. El informe no oculta ese problema, no lo silencia, da los datos necesarios.


Me ha preguntado si al final lo que se ha hecho con las cajas ha sido bueno o malo. Había más de cuarenta cajas y, como sabe la señora diputada, ahora cajas quedan dos, las demás se han convertido en bancos. Yo admito que en este punto
pueda haber opiniones distintas, pero mi opinión personal es que al final esta evolución ha sido buena para nuestra economía, buena para el sistema financiero y para todo lo que está conectado con el desarrollo económico. Me parece que la figura de
las cajas es muy problemática, lo cual no quiere decir que yo no aprecie y apreciase en su momento la función social de las cajas, su obra social, que era muy importante y lo sigue siendo; una cosa no quita la otra en absoluto. Hay fundaciones en
este momento que tienen una obra social importantísima en España. Haber separado la función bancaria de las fundaciones que dirigen la obra social en modo alguno ha perjudicado, por lo que veo; no sé si ha habido algún caso en que sí, pero, en
conjunto, la obra social sigue existiendo en volúmenes muy importantes; en Cataluña no tengo que decir a qué me refiero. Eso es una cosa positiva. Me parece que, en conjunto, esa evolución ha sido positiva para el país.


Muchas gracias.

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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor gobernador.


Para la réplica de tres minutos tiene la palabra la señora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor gobernador.


Siempre existe un informe del Consejo de Estado que convierte al Parlament de Catalunya en un parlament de segunda, qué le vamos a hacer. En todo caso, seguramente lo que le voy a decir ahora le va a gustar un poco más, a pesar de que va
una crítica también expresa en el propio informe. Es un informe técnico solvente sobre los valores que interesan a los responsables del sector financiero. Por ejemplo, ¿cuál es el valor real de un banco o una caja? ¿Qué es aquello que hace mover
el valor de la Bolsa o del Ibex 35, si lo prefiere? Un informe que expone si, gracias a las políticas desarrolladas desde los organismos supervisores y contralores, han conseguido que suban o bajen las acciones, sus títulos de propiedad y el valor
del sistema en general, pero -siempre hay un pero en esta vida- no hay ningún dato que nos diga cuál ha sido el valor real del impacto de las políticas y por tanto de la acción o no acción -en este caso omisión- del Banco de España, el valor real de
los ahorros que tantos ciudadanos han perdido confiando en el sistema bancario español. No hay ningún dato que diga cuál es el valor real del impacto de las actuaciones o no del Banco de España en el parque de viviendas de cada ayuntamiento,
cuántas familias fueron y continúan siendo desahuciadas. No hay ningún dato que nos diga el valor de los préstamos que las pequeñas y medianas empresas han tenido que ir a buscar fuera del sistema financiero y cuál es el impacto real en el sistema
judicial por el aumento de litigios, etcétera. Le haré llegar el cuadro de actuaciones relacionadas con los desahucios y lanzamientos. Por ejemplo, en Madrid, la Policía Judicial y el Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, desde junio de 2015, en
siete meses, han actuado en 1897; en 2017, durante los cuatro primeros meses, llevamos ya 1610, es decir, a más de diez desahucios diarios. Nos gustaría que desde el Banco de España se elaborase un informe -haremos lo posible para que sea así- en
el que se defina y analice el impacto que ha tenido esta manera de actuar sobre las personas, en este caso qué acción y por tanto qué impacto han tenido las políticas desarrolladas por el propio Banco de España y el conjunto de los organismos
regulatorios.


Sin hostilidad -no hay ninguna hostilidad en ello, todo lo contrario-, he de decirle que gracias a su informe podemos afirmar que de momento el rescate bancario nos ha costado un mínimo de 76 000 millones de euros, de los cuales 60 000
millones no son recuperables, 8 de cada 10 euros invertidos en el rescate se perderán. Aquí vendría la última pregunta. ¿Cómo es que en otros países -Reino Unido, Estados Unidos, etcétera- los fondos destinados al rescate han podido ser rescatados
y en cambio en el Estado español estamos como estamos?


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora diputada.


Señor gobernador.


El señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Linde de Castro): Si me permite, yo empezaría por esta última pregunta porque es un tema muy interesante. Lo que de verdad va a costar al final en recursos públicos el llamado rescate, para
entendernos, no lo sabemos. Todos sabemos de qué depende; depende de cómo va a vender el Estado sus propiedades bancarias -Bankia y BMN evidentemente en primer lugar-; a qué precios se van a vender esas propiedades no lo sabemos todavía, pero se
van a vender y eso será un ingreso para el Estado; cómo se van a liquidar al final las EPA que existen -no sabemos tampoco cuál va a ser el coste final- y otros flecos menores. En este momento no sabemos cuál va a ser el coste final neto.


En términos de deuda pública -lo he señalado en mi intervención-, en relación con el PIB que ha supuesto el rescate en España y en el conjunto de la media de la Unión Europea, estamos igual. Al hablar de la media -quiero expresar esto para
que quede claro- me refiero a la parte de la deuda pública total que se puede atribuir al llamado rescate. Estamos en el 4,6, que es una proporción muy parecida, casi igual, a la que existe en la media del conjunto de la Unión Europea. Sin
embargo, si vamos al importe neto, es decir, pasivos menos activos -pasivos públicos debidos al rescate menos activos propiedades del sector público con los que se puede recuperar o compensar parte del pasivo-, entonces estamos unos 2 puntos de PIB
por encima de la media de la Unión Europea, eso es cierto. ¿A qué se debe? A que la crisis bancaria europea y norteamericana se inició antes que en España, como todos sabemos; se inició en realidad en 2007-2008 y aquí en el año 2009, dos años
después. Esa diferencia se explica porque el conjunto de activos que compensan pasivos en la media de Europa es mayor que en España. Eso es así,

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son cifras, no se puede discutir. Tiene que ver mucho con el momento en que se produce una crisis y otra, con el tipo de crisis en un país y en otro; cada país tiene su crisis y el nuestro tuvo la suya, pero insisto mucho en que la
discusión sobre cuál va a ser el coste final no se puede cerrar porque no lo sabemos.


Dicho esto, quiero señalar que nunca se menciona cuál era la alternativa; la alternativa a no tener coste el rescate era no rescatar. ¿Qué significa no rescatar? Para nuestra economía, para nuestro sistema bancario y para nuestro empleo
hubiera significado un total desastre. El coste en términos de pérdida de PIB, pérdida para los depositantes y pérdidas de empleo hubiera sido muchísimo mayor, de forma que cuando se habla del coste -es lógico que se hable del coste, se trate de
identificar y se precise- y de sus connotaciones negativas hay que tener en cuenta qué habría pasado si España toma la decisión de no hacer ningún tipo de rescate bancario; es decir, la liquidación de las entidades que caen; la que cae, cae y el
que no cae, no cae. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera sido para España un desastre absoluto, una hecatombe económica. Comparado el coste de 7000 millones -aunque no se recupere nada más, que se va a recuperar más- con lo que hubiera costado para el
país en términos de PIB, de empleo, de renta, de bienestar, el no rescate hubiera sido incomparable. A mí me parece muy bien la discusión sobre precisar el coste público, es algo lógico y creo que hay que hacerlo. No es que sea un derecho de los
grupos políticos, es un derecho de todos los españoles saber qué ha costado el rescate, pero eso no se puede poner en comparación con cero porque no sería cero, sería una situación negativa enorme. Creo que esto hay que tenerlo en cuenta, señora
diputada.


En cuanto a los desahucios, es verdad que en España ha habido un problema muy importante. De hecho, el Banco de España, ante la ausencia de estadísticas adecuadas, como sabrá la señora diputada, tomamos la iniciativa en el año 2013 -no sé
si fuimos los primeros- de hacer una especie de encuesta con los bancos, publicando unas estadísticas de desahucios durante varios años. Todas ellas están disponibles en nuestra página web. No lo recuerdo bien, pero en el año 2015 o en el 2016, el
INE, el Instituto Nacional de Estadística, inició este tipo de estadísticas, realizó ese tipo de análisis y nos pareció -lo anunciamos en varias notas de prensa- que dado que el Instituto Nacional de Estadística hacía este tipo de estadísticas, al
Banco de España no le correspondía competir con el Instituto Nacional de Estadística en esta clase de cosas; por consiguiente, después de un año dejamos de hacer estadística de desahucios porque lo hace, y muy bien, el Instituto Nacional de
Estadística. Es decir, el Banco de España no se ha desentendido en absoluto de esa cuestión, al revés, fuimos los primeros en publicar estadísticas sobre la materia, solo que cuando lo asumió el INE, lo dejamos, como era lógico y natural. Pero
somos totalmente conscientes de que ese es un problema muy importante.


Esto nos lleva al tema del consumidor financiero. Nosotros tenemos un servicio de reclamaciones y ahora, como es público -porque se ha publicado en muchos periódicos y se ha recogido en muchas noticias-, el Gobierno está dándole vueltas,
está pensando en la posibilidad de crear un nuevo órgano regulador o agencia del consumidor financiero. Nos parece una buena iniciativa. Mientras que ese órgano no se cree, el Banco de España seguirá con sus funciones de servicio de reclamaciones
-usted conocerá nuestro informe anual, que es un tocho bastante notable-; el Banco de España hace una tarea realmente muy importante desde hace muchos años que últimamente ha aumentado mucho ya que el número de reclamaciones atendidas es cada vez
mayor; ha tenido un alza muy grande, después ha tenido una baja y ahora otra vez está subiendo. Por tanto, en modo alguno, puede acusarse al Banco de España de indiferencia o frialdad ante esa cuestión porque nos ha ocupado, y mucho, durante los
últimos años.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor gobernador.


Por el Grupo Vasco, tiene la palabra la señora Sagastizabal.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.


En primer lugar, quiero agradecerle su comparecencia y también la elaboración de este informe sobre la crisis del sistema financiero y bancario de España. Un informe que está bien estructurado pero, al igual que mis compañeros, tengo que
decirle que hace un relato sobre la crisis que nos llevó al rescate con la Unión Europea en 2012 limitándose a hacer una descripción genérica. No vemos autocrítica, tampoco entra a fondo en las causas, no hay apenas conclusiones y no sabemos lo que
pudo hacer y no realizó el supervisor, y tampoco se analizan responsabilidades.


El Banco de España ha sido una institución muy respetada, pero creo que en los últimos tiempos esto ha ido cambiando por todo lo que ha sucedido. Además, hay otras instituciones, como el Tribunal de Cuentas, que se han dado cuenta de fallos
pasados, como demuestran los informes de fiscalización.

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Usted nos ha dicho que es un informe que se ha elaborado para el interés general, y puede ser así, lo que pasa es que la gente o la ciudadanía quizá no entienda este tipo de informe porque esperaba más a la vista de lo que ha caído y porque
es la ciudadanía la que está pagando un poco las consecuencias de todo esto.


En España, el periodo de 1994 a 2008 se caracterizó por ser un periodo con quince años de crecimiento ininterrumpido del PIB, con tasas anuales incluso por encima de la media de la Unión Europea, pero es verdad, como usted bien ha dicho, que
se fueron acumulando una serie de desequilibrios y se gestaron las causas que desencadenaron la crisis del año 2007. Me gustaría saber por qué se ha escogido este periodo de 2008 a 2014 cuando entendemos que la burbuja comenzó anteriormente. En el
informe se habla del excesivo crecimiento del crédito y la elevada exposición al riesgo inmobiliario, algo que ya sabíamos, si bien, como ha dicho mi compañera Ester Capella, tampoco se hace mucha alusión a la Ley del Suelo de 1998 como un factor
determinante ya que a través de esa ley se puso en el mercado suelo urbanizable, que fue una de las causas de la burbuja inmobiliaria. Una ley que abarataba la vivienda en España y que quizá pudo tener un efecto perverso porque se produjo un
endeudamiento muy grande en las familias y se concentraron los riesgos en los bancos y cajas. No hay más que decir que la inversión en el sector de la construcción y promoción inmobiliaria alcanzó el 22 % del PIB en el año 2006 y que el nivel de
endeudamiento de empresas y familias superó a partir de 2006 el 200 % del PIB. Me gustaría saber si el Banco de España podría haber hecho algo en este sentido, por qué no se reguló el crédito destinado al sector inmobiliario o por qué las entidades
prestaban más allá del 60 % del valor de un inmueble. Es verdad que las cajas de ahorro y los bancos llevaron a cabo una pésima gestión del riesgo del crédito, independientemente del tipo de gobernanza bajo la que funcionaban. En el País Vasco fue
muy distinto porque las cajas -para muestra un botón- están bien. Pero, según el informe, ante los riesgos latentes observados en la actividad crediticia de la banca española, trasladó a las entidades una serie de recomendaciones y reflexiones
relacionadas con la financiación hipotecaria, inmobiliaria y además con la gobernanza. También me gustaría saber qué recomendaciones fueron estas, si se aplicaron y si se realizaron nuevas inspecciones para ver si se aplicaban. Las crisis
financieras nos muestran muchas veces que los sujetos y mecanismos que están implicados no cumplen las funciones que tienen encomendadas -estoy hablando un poco del supervisor- porque no se detectan ni corrigen algunos signos evidentes de
inestabilidad de los bancos. ¿Por qué tardó tanto el regulador en actuar cuando ya hubo algún que otro toque de atención en el año 2006, como ha dicho algún otro compañero, sobre la delicada situación de algunas cajas y cuando actuó el Banco de
España parece que no lo hizo de forma contundente? Me gustaría saber cómo valora este hecho. Hablamos del supervisor porque en esa época el Banco de España era el órgano de supervisión, ya que el Mecanismo Único de Supervisión dirigido por el
Banco Central Europeo entró a regular todo esto en el año 2014.


En el capítulo 5 del informe se constata la insuficiencia de los instrumentos de supervisión, como ya se ha dicho aquí también. De dicho informe se desprende que no pudieron atajar problemas por la falta de frutos para actuar. ¿Fue incapaz
realmente el supervisor de evitar esta crisis y manejarla? El señor Garzón ha hablado de una ley, pero es que en su propio informe, en la página 56, dice que el supervisor tenía la posibilidad de llevar a cabo las siguientes actuaciones amparadas
en la Ley 26 de 1988: Formular recomendaciones y requerimientos a las entidades; en los casos en que las entidades tuvieran una situación de déficit de recursos propios, evaluar y aprobar un plan de retorno al cumplimiento de los niveles exigidos
que había de presentar la entidad; ante el incumplimiento de normativa aplicable, iniciar la incoación de expedientes disciplinarios e imponer el establecimiento de sanciones; en instituciones de excepcional gravedad, acordar la intervención y la
sustitución de los administradores de la entidad en cuestión. Me gustaría saber si se hizo algo de esto, si cree usted que el supervisor ha cumplido su papel y también me gustaría saber por qué dicen en su informe que no se pudieron promover
cambios legales para hacer frente a lo que venía, porque me resulta un poco increíble. Al final parece que estamos diciendo que nos quedamos a verlas venir, y esto me resulta poco chocante.


Por otro lado, también el informe valora bien la prohibición de desagregar los vehículos estructurados de los balances o las llamadas provisiones dinámicas o anticíclicas. Estas decisiones también retrasaron abordar la recapitalización y el
saneamiento de las entidades de manera paralela al resto de bancos europeos. ¿Qué efecto pudo tener esto? Ha hablado de que esto se debió inventar; me pregunto si no se pudo inventar alguna otra cosa. Se constata, asimismo, en el informe la
insuficiencia de las soluciones iniciales privadas mediante los SIP. Las cajas de ahorro se lanzaron a un fuerte proceso de expansión por el crecimiento del negocio inmobiliario. Tenían una fácil financiación exterior y pasaron de ser prestamistas

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habituales a estar sobreinvertidas. Tras un primer intento de agrupación de las cajas de ahorro entre los SIP, me gustaría saber por qué fallaron, a qué se debió y si cree usted que pudieran obedecer esas agregaciones más a intereses
políticos que a económicos, porque de ahí ya pasamos a lo que era la estructuración nueva en tres líneas. También se constata la necesidad de ayudas públicas para la reestructuración y la necesidad de fondos públicos. El informe también da cuenta
de las ayudas públicas prestadas a las cajas de ahorros y a los bancos. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). En definitiva, como han dicho mis compañeros, un 79 % aproximadamente de las ayudas públicas aportadas a este proceso no es
previsible que se recupere. Me gustaría saber quién debería soportar el coste de estos rescates bancarios.


También justifican en el informe la decisión de rescatar las cajas en vez de dejarlas caer, y dice: La liquidación de las entidades con dificultades a través de procedimientos concursales habría supuesto la asunción de gran parte de las
pérdidas por parte de los depositantes. Además, lo acaba de comentar usted.


La señora PRESIDENTA: Señora Sagastizabal, ya lleva más de siete minutos.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Bien. Dicen que eso habría tenido un efecto demoledor sobre la estabilidad del resto del sistema financiero. Me gustaría saber si hay un informe en este sentido, en qué se basa para hacer esas
afirmaciones o si simplemente son cálculos teóricos sobre lo que costaría liquidar cada entidad nacionalizada. Por otro lado, se hace un somero pase sobre el tema Bankia porque apenas se habla de esos problemas contables. Entiendo que también se
va a abordar esta cuestión en otro bloque más concreto.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Señor gobernador.


El señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Linde de Castro): Muchas gracias.


Voy a empezar también en esta ocasión por la última observación porque en realidad engloba otras muchas cosas y me parece que es importante dejarlo muy aclarado. ¿Por qué decimos que la liquidación concursal mercantil de las cajas que
hubieran ido cayendo no era una opción -con independencia de temas políticos- sensata en el sentido económico, que era una opción insensata en el sentido económico? Realmente es muy sencillo porque dejar caer primero una caja y luego otra y otra,
aparte de que al dejar caer cajas y que vayan a liquidación concursal tiene un efecto desestabilizador sobre otras -y es una cadena llena de eslabones que se van contagiando unos a otros, esto es bien conocido-, implica que la entidad deja de
funcionar y naturalmente los depósitos no se pueden recuperar. Los depositantes pierden sus depósitos en todo o en parte. Entonces, una economía en la que los depositantes de sucesivas cajas en liquidación pierden sus depósitos no tengo que
explicar lo que significa. Significa un caos financiero y un caos económico sin control. Eso es lo que explica que ningún país que conozca en los últimos no sé cuántos años en una crisis bancaria -el caso que aquí se ha mencionado no es una
crisis, no tiene nada que ver, es un caso aislado debido a temas totalmente específicos de esa entidad- ha aceptado que los bancos se liquidasen, los depositantes perdiesen sus depósitos y santas pascuas -para decirlo de un modo coloquial-. Eso no
ha ocurrido en ningún sitio porque eso es el caos económico. Por eso digo que el coste de no salvar esas entidades, que sigan funcionando y no puedan devolver sus depósitos es muchísimo mayor que el coste de rescatarlas. Esto es una cosa evidente
y el hecho es que ningún país europeo -el caso de Chipre fue un caso muy especial con depósitos mayoristas muy especiales, es un caso distinto- ha adoptado esta solución. Es posible que en Estados Unidos -es que no lo sé muy bien- alguna entidad
muy pequeña muy pequeña haya tenido un tratamiento de ese tipo. No lo sé muy bien, la verdad. Pero no hay ningún caso en Europa que pueda mencionarse de dejar caer simplemente a las entidades y que los depositantes pierdan sus depósitos. Eso no
ha ocurrido nunca porque hubiera sido un desastre total. Era algo insensato en sentido económico, con independencia de los temas políticos que hubiese planteado, obviamente, temas políticos muy graves como es evidente.


Ha hecho la señora diputada muchas preguntas. Debo aclarar que no creo que en ningún momento el informe diga que el Banco de España no podía iniciar o promover una legislación para resolver problemas. No creo que lo diga porque si lo dice
es un error. El Banco de España ha promovido en los últimos años normativas continuamente en los últimos treinta años. El Banco de España ha tenido muchas iniciativas legales. Lo que sí decimos es que cuando se plantea la expansión acelerada,
enorme y sostenible del

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crédito privado -en especial promotor y constructor y crédito hipotecario- en ese momento no había normas de obligado cumplimiento que permitieran al Banco de España imponer una norma, por eso antes hablaba de la moral suasion, que es
distinto. Naturalmente, el Banco de España tiene normativa que le permite hablar con los bancos y pedirles o estimularles para que tomen una orientación u otra.


Cuando en el informe se habla de la inexistencia de instrumentos legales, o de una base legal adecuada que permitiera imponer este tipo de restricciones, a lo que se está refiriendo el informe es a la existencia de normas legales de obligado
cumplimiento. Eso es una cosa; otra cosa es que el Banco de España podría, por supuesto, y lo ha hecho muchas veces, llamar a una entidad y recomendarle de modo amistoso, en la medida en la que un banco central pueda ser amistoso, que se haga algo
o no se haga algo, pero en ningún momento el informe dice que el banco no pudiera tomar una iniciativa legal. Podría, por supuesto, pero lo que se dice es que cuando explota la crisis en torno a 2007-2008, en los años anteriores no había unas
normas que permitieran implantar esas órdenes, insisto, de obligado cumplimiento, eso no existía. Lo cual no quiere decir, insisto una vez más, se dice el informe y yo lo dicho en mi intervención, que no se podrían haber utilizado otros
procedimientos de moral suasion o de persuasión o de indicación, que es un tema distinto.


Volvemos a ese punto tan difícil para mí de cuál fue el impacto de la ley del año 1998 sobre la burbuja inmobiliaria. Insisto, no soy un experto en la materia; ni siquiera recordaba que esa ley era del año 1998 y que con ella se amplió el
suelo urbanizable. Es evidente que si se amplía el suelo urbanizable, la capacidad para construir es mayor, esto es de cajón, pero calcular qué parte de la burbuja puede imputarse a ese aumento del suelo urbanizable a través de la ley de 1998,
insisto, me es imposible calcularlo. Eso no sé hacerlo. Supongo que es imposible negar que tuvo alguna influencia, pero calcular cuál fue esa influencia, no. Yo creo que la burbuja y el aumento insostenible del crédito de promoción, de
construcción, de compra de terrenos y de hipotecario de vivienda tuvo mucho más que ver con los tipos de interés y con la expansión económica, enorme de esos años, que con ese cambio de la normativa del suelo. Yo creo que tuvo mucho más que ver lo
segundo que lo primero, pero tampoco lo puedo demostrar.


Finalmente, quería decir que es cierto -como ha dicho la señora diputada- que nuestra expansión del año 2008-2014 se basa en algo que venía de atrás y que es un continuo temporal. ¿Por qué fijamos entonces como límite el 2008 y el 2014? Lo
explicamos en el informe; el 2008 es el año en el que, efectivamente, explota la crisis de Lehman Brothers, que se toma en general en estos medios como el punto que marca el comienzo de esa crisis, aunque no es el comienzo auténtico porque la
crisis ya venía incubándose desde antes, pero es el momento en que explota la crisis para todo el mundo y también para los mercados financieros; Y el 2014, ¿por qué? Pues porque, efectivamente, los efectos más negativos de la crisis se están
superando en España y porque entra en vigor el Mecanismo Único de Supervisión, que es un momento fundacional no solamente para el Banco de España, sino para todos los supervisores nacionales europeos, que también son socios del BCE. Por eso
elegimos esos dos años. Se podrían haber elegido otros años, pero nos pareció que esos eran suficientemente adecuados.


Por último, quiero decir que, efectivamente, el Banco de España ha sido una institución siempre muy respetada en España; que efectivamente los eventos de los últimos años han afectado a ese prestigio, y lo único que puedo decir es que el
Banco de España hace todo lo posible para recuperarlo.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor gobernador.


Señora Sagastizabal.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Voy a ser muy breve.


Cuando le he dicho que justifica la decisión de rescatar a las cajas en vez de dejarlas caer, entiendo evidentemente que esto generaría una crisis en los depositantes que ya ni te cuento. Pero lo que quería era preguntarle si había un
informe económico al respecto en ese sentido, nada más.


Todo lo demás creo que ya nos lo ha dejado contestado. De todas formas, quiero darle las gracias nuevamente y decirle que, aunque a lo mejor no era el informe esperado, nuestro grupo sí valora positivamente, desde luego, que haya un informe
sobre la crisis financiera y bancaria en España en estos momentos, porque tampoco creíamos que esto iba a ser posible. En ese sentido, le quiero agradecer también que haya venido aquí y el informe.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sagastizabal.


Señor gobernador.

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El señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Linde de Castro): Muchas gracias.


Muy brevemente. No conozco -si se ha elaborado, no lo conozco- un informe sobre lo que habría sido -es casi un estudio de economía ficción- dejar caer todas las cajas. Creo que ese informe no existe porque es algo así como si hacemos un
informe sobre qué pasa si caen los marcianos sobre España. No se ha hecho. Pido perdón por la broma. En fin, es algo muy disparatado. Lo que sí existe seguro -aunque yo ahora no los puedo aportar- son informes sobre los impactos de dejar caer
esta caja o esta otra, sobre su volumen de depósitos, cuáles están garantizados, cuáles no y qué pasaría. Evidentemente, dejar caer una caja muy pequeñita con pocos depósitos es menos grave que dejar caer una caja o un banco con muchos más
depósitos. Análisis sobre consecuencias de una liquidación concursal en bancos concretos pequeños creo que deben existir; no recuerdo ninguno ahora, pero seguro que eso se ha estudiado.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor gobernador.


Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Candela.


El señor CANDELA SERNA: Muchas gracias, señora presidenta.


Gracias, señor gobernador por estar aquí. En primer lugar, creo que deberíamos ya superar el mantra de que la crisis solo ha afectado a las cajas, porque tenemos el Banco Popular, el Banco de Valencia, el Banco Gallego y, si a eso le
sumamos los créditos fiscales y todas las ayudas del BCE en forma de liquidez o de compra de deuda corporativa, creo que ese mantra empieza a caer. Quiero reconocerle que su primera intervención me ha gustado mucho -la que tiene que ver con las
causas de la crisis y su relación con el sistema financiero- por ser un enfoque más o menos estructurado, hablando de la implicación o de los diferenciales de tipos de interés y la inflación y cómo eso tuvo un efecto en la entrada máxima de
capitales, y también del patrón de crecimiento de la economía española. Pero, dicho eso, creo que luego -aquí vendrá mi primera pregunta- existen dos planos en función de si analizamos los bancos o si analizamos las cajas. Lo digo porque parece
que cuando analizamos las cajas siempre estamos hablando del comportamiento o de las decisiones de los directores de las cajas, y yo soy el primero que dice que fueron nefastas. Pero, quisiera preguntar si considera el gobernador del Banco de
España que hay algo más o más motivos que expliquen que en el sector financiero español las cajas tuvieran -esto sí que es cierto- un papel más relevante en la cuestión de la crisis, porque creo que eso ayudaría en todo el debate.


En segundo lugar, hay una cuestión que me preocupa -en parte lo expresaba el señor Garzón- y es que creo que se está poniendo el foco supervisor en lo relativo a reforzar el capital o a reforzar las medidas de resolución en una posible
crisis de alguna entidad financiera, pero creo que la prevención se está dejando de lado. Entonces, en un caso hipotético, podríamos llegar a que, por muchas provisiones que hubiese, si la prevención no se ha hecho adecuadamente, no fueran
suficientes y, además, en un resultado del sistema financiero, después de todo el proceso de reestructuración, de una concentración sin parangón; hemos pasado del to be to fail al to be to safe. Creo que eso es importante.


Paso ya a las preguntas. Usted ha comentado que se tuvo la capacidad de limitar la concentración de riesgos, se tuvo la capacidad de controlar más o menos el apalancamiento e incluso los colaterales y la pregunta que le hago ya no es por
qué se hizo sino si considera que actuaron de manera errónea los gobernadores que le precedieron a usted.


Una cuestión relativa al Mecanismo Único de Supervisión es si usted considera que puede haber problemas de coordinación entre el Mecanismo Único de Supervisión y el Banco de España como ya están diciendo algunos inspectores y avisando de su
peligrosidad en ese sentido. Por otro lado, los inspectores del Banco de España llevan desde el año 2000 denunciando que la comisión ejecutiva suaviza lo detectado por ellos en las supervisiones. La pregunta que le haría es si eso sigue siendo así
y si es así, por qué.


El 19 de noviembre de 2014 presentaba usted los resultados de la evaluación global del sistema bancario de la zona euro para España y en aquella rueda de prensa afirmaba que todas las entidades menos Liberbank aprobaron el ejercicio en todos
los tramos, y vista la evolución posterior de nuestro sistema financiero, le quería hacer dos preguntas: si considera que los asset quality rewiew y los stress test realizados en aquella evaluación cumplieron su cometido y si considera que las
exigencias mínimas requeridas por la evaluación fueron suficientes.

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Otra pregunta más: tras la reciente caída del Popular, la Asociación de Inspectores y Auditores Informáticos del Banco de España ha criticado la rigidez del modelo de supervisión financiera europeo así como la futilidad de los stress test y
la poca eficiencia de los instrumentos de supervisión del Mecanismo único. La pregunta es si coincide con esa visión.


Después hay otra cuestión que me parece muy importante y es que los inspectores del Banco de España están ya denunciando la falta de medios para su cometido, creo que esa es una cuestión, si la ponemos en relación con la prevención, de una
importancia capital.


Le hago la última pregunta porque creo que ya es tarde pero me parece muy importante. Usted ha comentado que no había ninguna alternativa a lo que se hizo con el proceso de reestructuración y con el salvamento del sistema financiero. ¿No
le parece que el resultado de todo esto es un aumento de la concentración del riesgo que, ante una eventual crisis financiera, que no es descartable, pudiera hacer que los recursos públicos fueron insuficientes para tal tamaño? Luego comentamos más
cosas.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Señor gobernador.


El señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Linde de Castro): Muchas gracias.


Voy a empezar por el principio esta vez. Es cierto que en todos los análisis que se han hecho, no solo en nuestro informe sino en otros, la crisis a que se refiere el informe afectó a cajas y a bancos, esto no es discutible, si no fuera así
no se explicaría el enorme volumen de provisiones hechas por los bancos privados, que fue un volumen enorme -los bancos provisionan cuando lo necesitan, no cargan a resultados y contra dividendos y provisiones porque sí, porque les divierte, es
porque lo necesitan-, eso indica que hubo una crisis muy importante también en los bancos evidentemente, solo que los bancos la pudieron enfrentar con sus medios; sin embargo, el tratamiento se centró en las cajas porque en las cajas fue
relativamente más importante la crisis, mucho más importante y al final los recursos públicos se dedicaron a cajas y no a bancos; hay una parte que fue a bancos pero eran bancos que venían de cajas, como todos sabemos. Esa es la única diferencia.
Efectivamente la crisis afectó a todos, pero mientras los bancos no tuvieron que recurrir a fondos públicos en ningún caso en el año 2012, y los bancos afectados por la crisis según el informe no del Banco de España sino de Oliver Wyman en 2012
fueron muy pocos, sin embargo había muchas cajas muy afectadas, y las cajas consumieron el grueso de los fondos públicos. Esa es la razón por la cual se hace esta distinción aunque es enteramente verdad, y este es un punto que mencionaba la
diputada Sagastizabal, que hubo cajas que no tuvieron necesidad de ningún apoyo. En fin, no tenemos que dar nombres pero todos conocemos que hubo cajas que funcionaron muy bien, que fueron muy eficientes, que vigilaron muy bien su riesgo
inmobiliario, no entraron en una burbuja y salieron adelante sin ningún tipo de ayuda pública. Luego efectivamente hay que hacer distinciones, no todas las cajas son iguales, no todas cometieron los mismos errores y algunas funcionaron muy bien y
siguen funcionando muy bien. Por consiguiente, esa diferencia hay que hacerla. Aun así, las cajas fueron el grueso del problema al que se enfrentó el Gobierno español, el Banco de España y la Comisión Europea con el Memorando de Entendimiento.


Segunda observación. Coincido por completo con el diputado señor Candela en que muchas provisiones sin prevención pueden resultar inútiles. Un volumen alto de provisiones significa que no ha habido una buena prevención o que ha habido una
crisis incontrolable que ha venido de fuera, que a veces obliga a hacer provisiones aunque uno haya sido muy prudente, pero en principio la provisión significa que ha fallado la prevención. Si hay mucha buena prevención, no hay que hacer mucha
provisión. Aquí hay unos vasos comunicantes muy claros. Por consiguiente, estoy totalmente de acuerdo con que una buena política de supervisión prudencial exige por supuesto, cuando hace falta, imponer la necesidad de provisiones, pero antes que
eso hay que mantener una buena prevención.


En cuanto a cómo se podía haber controlado la explosión de la burbuja inmobiliaria y el aumento insostenible del crédito entre 2001 y 2002 y 2007 y 2008, ya lo he repetido varias veces. Existía la posibilidad, aunque no hubiera instrumentos
legales, de obligado cumplimiento, que podrían haberse esgrimido o aducido para imponer esas decisiones, de ir por vía de recomendación o por vía de persuasión moral o si no moral, sí bancaria, en el sentido de incrementar los colaterales en los
créditos hipotecarios y de controlar el apalancamiento de las entidades y la concentración de riesgo en el sector inmobiliario. Eso se podría haber intentado.

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He dicho que en esa época no es que no hubiera medidas, sino que hubo medidas muy importantes, como el invento -fue un invento del Banco de España- de las provisiones anticíclicas. Es una iniciativa muy importante que se reconoce en todas
partes y ha sido la base de una de las medidas anticíclicas o contracíclicas del Consejo de Estabilidad Financiera, el buffer de capital contracíclico, que tiene su origen en nuestras provisiones del año 2000. El buffer es el nieto o el hijo de
nuestras provisiones en el sentido más literal posible -eso nadie lo niega entre los profesionales de este oficio-, pero esa medida no fue suficiente, como no fue suficiente para enfrentar la crisis el tratamiento severo contable de los vehículos
especiales. La iniciativa del Banco de España fue original; eso no lo hacía nadie más que el Banco de España. Así, pues, no es que el Banco de España no hiciese nada; hizo cosas muy importantes, pero la segunda crisis las convirtió en
insuficientes. Esa es la verdad.


Además, sin duda alguna, hubo una visión optimista de cómo podía absorberse esa burbuja. Se pensó que se iría resolviendo solo, lentamente, conforme fuera decayendo la actividad económica, conforme la actividad económica fuera yendo a
menos. Esa visión tampoco era disparatada porque no todas las burbujas acaban en explosión. Ha habido burbujas inmobiliarias, incluso en España, que no han acabado en explosión. Esta acabó así quizá por la violencia del movimiento que había
habido en pasados años, por su mismo volumen, que fue enorme, y por el tema de la influencia exterior, pero insisto en que no todas las burbujas acaban siempre en explosión. Algunas no lo hacen, no acaban mal. El Banco de España quizá fue
demasiado optimista en cuanto a cómo iba a resolverse esa burbuja y en cuanto a que cuando se consideró la posibilidad de una segunda recesión, como ya he dicho, aunque era grave, nadie anticipó la tremenda gravedad de la misma para nuestra banca y
para nuestra economía. Y, por supuesto, nadie anticipó -era imposible hacerlo- cómo interfirió el problema europeo con el problema español. Lo que yo he llamado casi colapso de financiación exterior que padece nuestra banca y nuestra economía en
el año 2012 no tiene precedentes. Fue un colapso de extrema gravedad que pudimos resolver gracias al apoyo de la liquidez que proporcionaba el Banco Central Europeo, como es bien conocido.


Hay que señalar que efectivamente hubo ese incremento insostenible del crédito privado inmobiliario, de construcción e hipotecario, pero hay que situar eso en su contexto. El contexto en que eso ocurrió no es el de hoy ni la comprensión de
los problemas que hoy tenemos era la de entonces. Evidentemente entonces se comprendía peor el problema. España estaba en una enorme dispersión económica. Tampoco se le ha dado mucha importancia, pero el incremento de población que tuvimos en
esos cinco años no tiene precedentes en la historia de España desde el siglo XVIII, desde que hay registros de población. Por tanto, sin quitarle gravedad al tema y sin que esto haga ilegítimas las críticas, hay que entender que eso se produjo en
un contexto que no es el actual. Es bueno a todos los efectos entender las cosas en el contexto en el que se producen, sin usar este sesgo retrospectivo que es tan fácil de utilizar y que se utiliza con frecuencia.


Yendo ya a la supervisión respeto por supuesto las opiniones de la asociación a la que usted se refiere, pero no estoy de acuerdo con esas apreciaciones. Claro que hay diferencias -y no siempre son fáciles de resolver- entre cómo se hace la
supervisión en el marco del Mecanismo único, que es como se hace ahora bajo el control del Consejo y del Mecanismo único y cómo se hacía en el Banco de España. No es un sistema idéntico, pero el Banco de España está obligado a defender sus
posiciones lo mejor posible y a adaptarse al contexto en el que está. Tenemos que trabajar en nuestro contexto defendiendo nuestras posiciones y tratando de convencer siempre que se puede a los colegas europeos si alguna solución nuestra entendemos
que es mejor que la suya, cosa que puede ocurrir; no siempre ocurre, pero puede ocurrir. Por consiguiente en nuestro contexto el Banco de España está obligado, como un supervisor nacional más -y no de los menos importantes- en ese Mecanismo único,
a colaborar con ellos, a convencerles de nuestras posiciones cuando podamos convencerles, y cuando no, pues no. Así es la vida, incluso la vida del supervisor. Creo que es lo que hacemos y lo que tenemos que seguir haciendo.


Tampoco estoy de acuerdo -y las cifras de inspectores y de personal del Banco de España lo demuestran- con que ahora exista falta de medios en el Banco de España. Justamente en los últimos dos años ha habido un incremento de medios muy
considerable. Siempre puede haber aún más medios, pero en los últimos años la supervisión no solo no ha padecido insuficiencia de medios, sino que ha tenido cada vez medios más numerosos y voluminosos. Por tanto en conjunto no estoy de acuerdo con
esas críticas y esas quejas. Todo es mejorable y perfeccionable en la vida, pero no creo que esté justificado decir que hay falta de medios -aunque insisto en que siempre puede haber más- y tampoco hay falta de coordinación con el Mecanismo único.
Naturalmente no tenemos una posición idéntica en todo -eso no es posible-, pero tenemos una relación de trabajo totalmente fructífera, viable y cordial. La prueba es

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que el Banco de España, como supongo que todos ustedes saben, fue el supervisor nacional que envió más inspectores y personal de alto nivel al MUS cuando se inauguró en el año 2014. Fuimos con bastante diferencia el supervisor nacional que
aportó más personal de alto nivel al MUS. Esas personas trabajan muy bien y han cumplido en el Mecanismo único una gran función, y en ese sentido estamos muy satisfechos.


Finalmente, ¿qué alternativas había? No creo que hubiese muchas alternativas. Evidentemente siempre hay formas distintas de hacer las cosas, siempre hay alternativas, siempre hay modos distintos de afrontar los problemas, pero en conjunto
yo no veo un curso muy distinto de los hechos, salvo en los puntos que he mencionado; me refiero a cómo se enfoca todo el rescate, cómo se enfoca toda la problemática de nuestra crisis. Está la duda de si efectivamente -como he señalado también
varias veces- un enfoque más drástico, más ambicioso al principio, del estilo de lo que hizo Alemania, no habría sido al final mejor, no habría sido preferible. Esta pregunta no tiene respuesta fácil, a lo mejor no tiene ninguna respuesta, pero lo
que a mí me parece es que sí puede decirse que en el sentido fiscal no era fácil, porque -antes lo resumía así- cuando se podía no hacía falta y cuando hacía falta no se podía, porque tuvimos un empeoramiento dramático de la situación fiscal
española en dos años. Es decir, lo que en sentido fiscal era posible en el año 2007 en el año 2009 ya no era posible. Yo creo que eso responde a la pregunta.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor gobernador.


Para un turno de réplica de tres minutos, tiene la palabra el señor Candela.


El señor CANDELA SERNA: Seré breve.


Una pregunta que creo que no me ha contestado es si usted cree que la mayor concentración bancaria, después del proceso de reestructuración bancaria, supone un aumento del riesgo o de la concentración del riesgo; creo que debería dar su
opinión al respecto. Luego le quería comentar o citar tres hechos para saber cuál es su opinión. De marzo de 2016 a marzo de 2017 la caída de depósitos solo fue del 3,1 %. En marzo de 2017 la ratio de cobertura de liquidez era del 140, y en junio
de 2017 se solicitó liquidez por 3600 millones que no fueron aceptados, porque sobrepasó los 3500 millones, aunque se presentaron garantías de 40 000. Obviamente estoy hablando del Popular. La cuestión es, ¿no le parece extraño todo esto?


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Candela.


Señor gobernador.


El señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPALA (Linde de Castro): Tiene usted razón, me he olvidado de esa pregunta. Yo creo que no, yo creo que esta concentración hace un sistema bancario más sólido, con más capacidad de resistencia, con más
beneficios, porque esa es la finalidad de la concentración: los bancos no se concentrarían pensando que van a tener menos beneficios, van a ser menos sólidos y más débiles, obviamente los bancos se concentran porque creen que van a estar mejor
posicionados para dar beneficios, para tener una vida empresarial brillante y para mantener el negocio lo mejor posible y crecer. En ese sentido a mí me parece que la concentración no solo no debilita nuestro sistema bancario, sino que seguramente
lo hace más fuerte, lo hace más resistente a riesgos. Más tamaño quizá implica más riesgos en un sentido, pero a mí me parece que en ese álgebra de más y menos gana el más. Yo creo que el Banco de España ha dicho esto muchas veces en los últimos
años -y hablo de lo que decíamos antes del Popular evidentemente-; aún lo decimos, pero antes del Popular se decía con más peso, había lugar para una consolidación adicional bancaria positiva para el país.


Y ya pasando al Popular debo decirle, señor Candela, que sus cifras están equivocadas, ninguna de esas cifras es correcta. Yo entiendo lo que usted me ha querido decir, pero si me lo permite la señora presidenta yo le digo muy rápidamente
que esa cifra de 40 000 millones no es la cifra de garantías, es la cifra de activos identificados en el balance del Banco Popular como susceptibles de ser usados como garantías, en caso de que cumplieran todos los requisitos legales y se
presentasen. Esa aclaración es muy importante, porque los 40 000 millones no eran las garantías presentadas, no, eran activos identificados en el balance del Popular, que debía cumplir los requisitos legales y presentarse a efectos de ser usado
como colateral en el suministro de liquidez de emergencia. Esta aclaración es la que yo le puedo hacer, y le puedo decir que las demás cifras que usted ha mencionado no son correctas. Repito lo

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que dije antes, que el Banco de España está en contacto con el Banco Central Europeo para poder dar cuenta, con toda transparencia, porque no tenemos nada que ocultar en esta materia, lo antes posible. Estamos esperando llegar a un acuerdo
con el BCE para poder dar esta información.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor gobernador.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Aguirre.


El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Muchas gracias, presidenta.


Buenas tardes, señor gobernador. Muchas gracias por su comparecencia y sobre todo por su esfuerzo didáctico en la tarde de hoy. Es verdad que ha parecido que la mayoría de los portavoces consideran decepcionante el informe porque no cumple
expectativas. Yo no voy a decir que el lenguaje neutro que se utiliza en el informe o que la falta de valoraciones críticas vayan a ser un elemento para nuestra intervención, pero sí tengo que señalarle que me habría gustado que hubiera habido una
parte propositiva. Yo echo en falta que, aparte de no identificar responsabilidades, no podamos sacar lecciones de los errores que se hayan cometido en este proceso, y que el informe no contenga un capítulo con esas características. Pero no quiero
perderme en las cuestiones de forma. Quiero entrar en la cuestión.


Para el Grupo Popular la cuestión fundamental es el periodo 2008-2011, el que ustedes llaman inicio de la crisis. Yo creo que es un periodo en el que el Banco de España se pone de perfil, y de alguna manera adopta una serie de decisiones
que no responden a las tensiones latentes que había de solvencia, y que de alguna manera lo único que pretenden es ganar tiempo. En ese sentido yo creo que el informe podría no haber olvidado los tres grandes hitos que suceden en ese momento. Como
se ha dicho, la burbuja inmobiliaria en aquellos tiempos en España era tremenda. En España se daban tantas hipotecas como en el conjunto de Alemania, Francia, Bélgica, Italia y Reino Unido todos ellos juntos, con lo cual algo tendríamos que haber
hecho en ese sentido. Pero clamorosamente en España perdimos el tiempo diciendo que el sector financiero español era el mejor sector financiero de Europa, para luego dejar en paralelo que los países competidores -Alemania, Francia, Holanda-
estuvieran inyectando recursos públicos para el saneamiento de sus sectores financieros, y nosotros nos limitábamos a decir que el nuestro era el mejor sistema financiero de Europa, para que luego, como usted bien ha reconocido, cuando estalló la
crisis del euro y se cerraron los mercados de capitales, sí tuviéramos que reconocer en ese momento que necesitábamos recapitalizar y que teníamos que pedir una ayuda a Europa. Por eso no comparto la afirmación del informe en la que se dice que
esto es una crisis sobrevenida, imprevista y por el arrastre de las condiciones mundiales, pero como le decía lo importante es hacer un análisis crítico del periodo 2008-2011.


Se dice en el informe que no se pudo responder a ese periodo del inicio de la crisis porque había una escasez de herramientas para hacer frente a la crisis. Yo quiero recordarle, señor gobernador, que con esos mismos instrumentos, con esas
mismas herramientas se hizo frente a la crisis de Banesto, a la de Eurobank y a la propia crisis de CCM. Por tanto yo sigo interrogándome sobre cosas tan sencillas como por qué no se aplicó el control de tasaciones inmobiliarias. ¿Por qué no se
aplicó la limitación del valor de las hipotecas en función del valor del piso? ¿Por qué no se aplicaron las limitaciones a los pagos mensuales en función de las rentas disponibles del deudor? En conclusión, señor gobernador, creo que en aquella
época, en ese periodo 2008-2011, había herramientas. Como usted conoce el Banco de España tenía la competencia en regulación de solvencia, en regulación contable; la Ley de Disciplina de las Entidades de Crédito y el Fondo de Garantía de Depósito
y -por qué no decirlo- las propias inspecciones in situ habrían sido suficientes para hacer frente a nuestro juicio a ese periodo. Creo que el Banco de España en ese periodo era el responsable último de toda la supervisión. Estamos hablando del
periodo 2008-2011, en el que usted no era gobernador, había otro gobernador, y tenía competencias sobre la composición de sus órganos de gobierno, sobre la expansión territorial de las cajas de ahorros, sobre la política crediticia en cuanto a la
exposición, a la concentración, a la sectorialización. Por todas estas razones, señor gobernador, tengo que señalarle que no compartimos que no se tuvieran herramientas para hacer frente a la crisis de las cajas, como se redacta, se afirma y se
defiende en la página número 60. Es verdad que después la hoja de ruta de la crisis del sector financiero puso en marcha las fusiones frías, llamadas SIP, a mi juicio un clamoroso fracaso que solo benefició a los despachos consultores y a los
despachos privados; un clamoroso fracaso. Pero alguna razón habría para poner en marcha y en pie ese instrumento. Se promovieron las fusiones con la sola intención de ganar tamaño, pero es cierto que aquello evitó que se produjeran daños a los
depositantes, que se paralizaran los servicios bancarios, que

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se pudiera producir pérdida de confianza e inclusive un riesgo de contagio. Después, como dice el informe, se entra en la normalización que nace a raíz de los 'decretos Guindos' en el año 2012 y la historia es tan reciente que está muy viva
entre nosotros.


Quisiera, antes de completar esta intervención, señalar algunas cuestiones ligadas al informe, pero que el informe liga de una manera anticipada a la crisis del Banco Popular. Ha hablado usted del informe López Roa. Si no conozco mal, ese
informe dio causa a una circular interna del Banco de España. Mi pregunta es: ¿esa circular se ha cumplido en el caso del Banco Popular? Lo digo porque es importante saber si hemos realizado el cumplimiento de esa circular, porque está muy por
encima de cualesquiera otras políticas de supervisión que se hayan tenido que hacer. Pero hay otra pregunta importante, sobre todo cuando lo que se ha puesto en riesgo son empleos, depósitos y accionistas, y aquí el Banco de España tiene una
competencia absoluta. Cuando se autorizó la ampliación del año 2016 del Banco Popular, ¿estaban validadas las cuentas del Banco Popular? Quisiera preguntarle: ¿han hecho algún seguimiento del control de las refinanciaciones? Me dice la memoria
que hubo una inspección monográfica en el año 2016 sobre las refinanciaciones masivas que se estaban produciendo en el Banco Popular, y que ustedes también trabajan con un estado trimestral de esas refinanciaciones. ¿Qué dicen esos informes del
Banco de España en relación con las refinanciaciones? Y por último, en su momento el Banco de España tenía competencias para hacer seguimientos de las salidas de depósitos en los bancos. Creo además que ese seguimiento era diario. Mi pregunta es:
¿se sigue haciendo ese seguimiento? ¿Detectaron ustedes las salidas masivas de depositantes en el Banco Popular? Todo esto tiene mucha importancia, como también la tendría si le preguntara su opinión sobre qué le pareció el hecho de que no se
suspendieran las operaciones a corto en el Banco Popular y sí se suspendieran en Liberbank, respecto del que hoy por cierto ya se ha ampliado el plazo para esa suspensión. Creo que son datos importantes y dado que usted se ha puesto a disposición
de esta Cámara y de esta Comisión para poder hablar del Banco Popular, lo haremos con mayor detalle en el momento en que recibamos la documentación que vamos a solicitar.


Señora presidenta, yo quisiera si no le importa hacer una aportación a la Mesa para que los periodistas...


La señora PRESIDENTA: Lleva nueve minutos y medio, señor Aguirre.


El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Muy bien, pues hasta los diez voy a terminar perfectamente. Quería hacer una aportación a la presidenta para que, si es tan amable, facilite a todos los medios de comunicación la famosa carta de los inspectores
de la que aquí se ha hablado tanto. Aquí la tengo. Pero nadie ha dicho que esta carta no iba dirigida al gobernador del Banco de España, sino que iba dirigida al vicepresidente segundo del Gobierno de aquella época, del año 2006, que si no
recuerdo mal se llamaba don Pedro Solbes. Si es tan amable, a través de los servicios de la Cámara, haré llegar esta carta a la presidenta, de la que si quiere puede hacer fotocopia para los medios de comunicación.


No tengo mucho más que añadir, simplemente quiero agradecerle al señor gobernador su disposición no solo para estar en esta Comisión, sino para facilitarnos todas las documentaciones que nos está haciendo llegar para el propio trabajo de
esta Comisión.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aguirre.


Empezaré por el final. Esta presidenta no reparte documentos que le entreguen los portavoces; eso es función de los portavoces políticos. Esta presidenta se limita a comunicar a los medios de comunicación los acuerdos que se toman en esta
Comisión; incluso, como usted sabe, hay cierta reserva sobre los documentos que maneja la Comisión. Por tanto eso le corresponde a usted y estoy segura de que lo hará encantado.


Como segunda cuestión reitero lo que dije en la intervención de don Pedro Saura, y le digo al señor gobernador que puede responder lo que quiera, yo no le voy a limitar sus respuestas, pero su obligación se ciñe a lo sucedido hasta el 2014,
y en todo lo que exceda a esa fecha es libre de responder si lo tiene a bien en este momento o puede hacerlo cuando comparezca para abordar el tema del Banco Popular.


Tiene usted la palabra, señor gobernador.


El señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Linde de Castro): Muchas gracias, presidenta.

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No quiero reiterarme sobre el tono o el contenido del informe ni repetir otra vez lo que ya he dicho varias veces, pero no sé muy bien en lo que hubiera consistido el aspecto propositivo, la verdad. Es posible que falte algo en ese sentido,
pero nunca ha sido intención del banco hacer un informe con medidas a futuro o una especie de libro blanco sobre nuevos enfoques de la supervisión española o europea. No, no fue nunca esa la intención; la intención fue describir la situación del
modo más objetivo, fáctico, completo y ordenado posible, porque ordenar los diferentes episodios y medidas no ha sido fácil, ha sido una tarea complicada, como podrá ver cualquiera que ojee el informe. Eso ha sido lo que se ha intentado y lo que
creo que se ha conseguido, al menos en parte. Ese es mi comentario sobre la falta de un capítulo propositivo, que entiendo lo que quiere decir, pero no era intención del informe hacer esto.


Es verdad que no hay un capitulo destinado a reconocimiento de errores, ni una lista de errores; no, eso no existe efectivamente, pero cualquiera que lea el informe se da cuenta de en qué momentos se considera que algo salió mal o algo no
se hizo bien o hubo un juicio demasiado optimista. Creo que es evidente en muy diversos pasajes del informe.


No estoy de acuerdo en absoluto con la afirmación de que el informe viene a decir que la crisis nos sorprendió, que vino de fuera y que nos cayó encima como un chaparrón, como una tormenta de repente. No, el informe no dice eso en absoluto;
el informe claramente expresa -y ese es el componente tan crucial de la parte macroeconómica en cada capítulo- que en el banco se habían acumulado, como hoy también se ha dicho varias veces, grandes desequilibrios respecto de la burbuja
inmobiliaria, pero ese aumento enorme del endeudamiento no fue solo inmobiliario, fue de toda la economía y también frente al exterior. Una cosa que ocurrió en esos años muy clara fue que cuando estalla la crisis, en los años 2008 y 2009, tenemos
una posición de deuda frente al exterior altísima -mucho más alta que otros países importantes de la Unión Europea- y tenemos un porcentaje de endeudamiento privado frente al PIB también muy alto. Es decir, ese aumento del endeudamiento no solo fue
en el sector inmobiliario, fue realmente en toda la economía. Eso creó una situación insostenible. Una consecuencia de esa expansión insostenible fue la pérdida de competitividad, es decir, España se sitúa en el año 2008, en plena crisis, con una
pérdida de competitividad frente a la media europea, medida en costes laborales unitarios, muy, muy significativa -ahora no recuerdo la cifra exacta-, que se recuperó solo en el año 2014, tardamos en recuperarla seis años. En ese sentido el informe
no cierra los ojos a la realidad. La realidad es que la crisis estalla fuera -con la crisis de las subprime en Estados Unidos y con la crisis del euro; en esos dos sentidos estalla fuera-, pero encuentra en nuestra economía un terreno abonado y
una situación muy difícil, porque aquí tenemos acumulados unos desequilibrios gravísimos. Eso lo dice el informe muy claramente y no lo oculta en absoluto.


Cuando se afirma que no había normas legales de obligado cumplimiento que hubiesen permitido limitar el crecimiento del crédito en ciertos sectores, que hubiesen permitido establecer límites al colateral en las hipotecas, y que hubieran
permitido poner límites al apalancamiento, no digo que eso no hubiera podido hacerse; podría haberse hecho, pero por procedimientos que no era la aplicación de normas directas de obligado cumplimiento, porque esas normas no existían. Yo admito por
supuesto que, aun así, se podía haber intentado algo. Yo he dicho eso el primero en mi intervención, y también se dice en el informe. Pero una cosa no quita la otra. Puede afirmarse -porque es una realidad- que no había normas legales vigentes
que permitieran por un procedimiento de obligado cumplimiento imponer ese tipo de restricciones, de límites y de condiciones a los bancos, y otras cosa es que no hubiera podido intentarse por otros procedimientos. Son cosas distintas y compatibles.


Las razones por las que los SIP fracasaron son diversas, pero la idea del SIP era razonable; se basaba en que entidades que tenían mucha dificultad para hacer una fusión de verdad, para unirse y hacer fusiones auténticas, por razones de su
naturaleza jurídica, de la legislación mercantil ordinaria y por razones también de su conexión con autoridades autonómicas -porque todo hay que decirlo; todo eso dificultaba ese tipo de fusiones-, los SIP permitían cierta mutualización de riesgos
y otras ventajas que eliminaban el riesgo de un modo más suave, más simple en el sentido mercantil y en el sentido legal. Lo que ocurrió es que no funcionaron por muchas razones, entre otras por cómo se agravó la crisis de modo dramático a finales
del año 2011 y durante 2012. Sobre el papel el intento de mutualizar riesgos y otras condiciones que los SIP imponían no estaba mal, en el sentido de que era una idea para consolidar un sector tan difícil como ese, con tantos problemas y tantas
dificultades. No dio resultado, eso es indiscutible, no dio resultado probablemente porque el problema era ya tan grave que no podía abordarse de esa forma. Tenía que abordarse de una forma más drástica y dramática, y los inputs no dieron
resultado. Eso es enteramente verdad, pero no porque la idea de los SIP en principio no tuviese algún sentido. No; tenía

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sentido en aquel contexto para algunos casos, y quizá si no hubiera habido una crisis tan grave hubieran dado resultado, pero eso no lo sabemos. El asunto es que no dieron resultado, efectivamente. Después del informe de López Roa hubo
alguna circular y estoy seguro de que tuvo otras consecuencias como las que antes he explicado en relación con cómo se transmitían a la comisión ejecutiva las opiniones discrepantes de los grupos de inspección en algunos casos. Estoy seguro de que
la circular se aplicó al Banco Popular como a todos los demás bancos.


En relación con las refinanciaciones masivas, supongo que el diputado, señor Aguirre, se refiere a la noticia de Vozpópuli sobre no sé qué cosas que se denunciaron por un empleado de la entidad en Chiclana entre los años 2010 y 2012. No sé
a qué se refiere. Si es eso, puedo decir que todas estas informaciones se transmitieron del modo adecuado, por el cauce adecuado y los procesos adecuados y que tuvieron el tratamiento adecuado. Es lo que puedo contar sobre esas llamadas
refinanciaciones masivas.


Sobre la salida de depósitos del Banco Popular, tengo que decir que mientras estuvo bajo la supervisión del Banco de España, hasta noviembre de 2014, fue objeto de una supervisión igual que los demás bancos. Que yo sepa, no hubo ninguna
diferencia especial entre el momento en el que se completa el MOU, en septiembre del año 2012, y noviembre de 2014, cuando pasa a la supervisión del MUS. El Banco Popular se estudió en el AQR y el stress test previo al MUS como los demás bancos, y
eso es lo que le puedo comentar. Nada más.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor gobernador.


Señor Aguirre, tiene tres minutos.


El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor gobernador.


Me refería, en el caso del Banco Popular y las refinanciaciones, a si el control que ustedes tenían en tiempos anteriores a que se cedieran las competencias de supervisión se mantenía sobre las refinanciaciones. No he leído la noticia a la
que usted hace referencia. En cualquier caso, mi pregunta sobre las SIP y su clamoroso fracaso, que usted fundamenta -como ha dicho en varias ocasiones- en que no se supo ver el impacto de la segunda recesión, va dirigida a que considero que las
SIP fueron un híbrido para evitar que las cajas de ahorros desaparecieran y que, por lo tanto, generaran tensiones en la política y en los territorios. Precisamente porque fueron un híbrido ideado no sé por quién -ya me gustaría saber si usted sabe
si fueron los despachos privados o fue el propio Banco de España quien proyectó este instrumento-, las SIP fracasan por tensiones políticas, no porque se agudice la crisis. Esa es mi opinión personal. En este momento los digitales ya titulan que
el Banco de España no supo anticipar la crisis ni supo pinchar la burbuja. Mi opinión a este respecto se basa fundamentalmente en que considero que en el periodo 2008-2011 no se supo reaccionar con las herramientas que se tenían al alcance de la
mano en el Banco de España para hacer frente a la crisis de las cajas de ahorros, fundamentalmente, que fue lo que afectó en ese periodo. Y le insisto, usted no era el gobernador.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aguirre.


Señor gobernador.


El señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Linde de Castro): Tengo aquí algunos datos sobre lo que se hizo con el Banco Popular en el tiempo que transcurrió entre el informe de Oliver Wyman y el paso al MUS, en esos dos años, en 2013 y 2014.
Efectivamente, como consecuencia de la acción de la inspección, hubo un incremento muy importante de provisiones durante esos dos años. Es decir, la actuación en esos dos años previos al paso a la competencia del Mecanismo Único de Supervisión se
ejerció como siempre, más o menos. No tengo mucho detalle, pero lo que tengo es que el aumento de provisiones que hubo en esos dos años indica claramente que la acción de la supervisión se ejecutó como siempre. En fin, sobre esto, si soy convocado
en otra ocasión para hablar del Banco Popular, podremos tratar con mucha más extensión sin duda alguna.


Sobre la observación final, yo creo que en el año 2008 el Banco de España no pudo resolver la crisis, que explotó por una acumulación de circunstancias externas e internas; el Banco de España y el Gobierno español, porque el Banco de España
no estaba solo en ese mundo; el Banco de España era muy importante en esa materia, pero vivía en un contexto financiero y fiscal que iba más allá de sus límites de competencia, obviamente. Efectivamente, que la crisis se complicó hasta llegar a la
crisis del año 2012 es indiscutible. Pero yo insisto en que, sin querer atenuar la seriedad del problema o la gravedad de lo

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ocurrido y sin querer echar balones fuera, cualquier enfoque racional y equilibrado del asunto nos obliga a señalar la importancia de la segunda recesión. En mi intervención he dicho que el Banco de España cometió un error de previsión, sin
duda alguna, cuando pensó que la crisis era una uve en vez de una uve doble. Es decir, en una palabra, no se previó la segunda recesión; nunca se previó. Y esa segunda recesión fue para nosotros mucho más grave que la primera y, realmente, tuvo
un impacto en los balances bancarios terrible. Decir esto no es excusar nada ni es esconder nada, es solamente decir la verdad, y la verdad es que la segunda recesión en parte es tan grave por nuestros problemas de desequilibrios acumulados, pero
en parte también nos viene desde fuera, desde la explosión de las subprime en Estados Unidos, pero sobre todo, ya en los años 2011 y 2012, por la crisis del euro, que se origina sin que el Banco de España estuviese en el origen de esa crisis. Me
parece que es justo decirlo porque, simplemente, ayuda a entender mejor la realidad. La realidad de lo que ocurrió se entiende mejor cuando se contextualiza esa crisis en la segunda recesión que cuando esa segunda recesión se olvida por completo.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor gobernador.


Esperamos que cuando tenga la autorización para dar la información a esta Comisión de investigación pueda venir para responder a las preguntas tan interesantes que le han hecho el señor Saura y el señor Aguirre y para que podamos tener todos
los portavoces y todos los ciudadanos una información real sobre el tema del Banco Popular.


También quiero decirle, porque lo acaba de decir usted, que este informe no incluía las partes propositivas de cuál debe ser el papel del órgano regulador y de futuro del Banco de España. En ese sentido, estamos convencidos de que el Banco
de España empezará a preparar un informe que pueda presentar en la comparecencia que habrá aquí sobre dos puntos importantes: el papel de los órganos supervisores y las fortalezas y debilidades del sistema actual. Por lo tanto, esperamos tenerle
en esta Comisión, la cual no solo tiene que analizar el pasado, sino también el futuro. Le estamos muy agradecidos a usted, a su equipo y a todas las personas que han trabajado en este informe. Muchísimas gracias.


Quiero decirles a los miembros de la Comisión que vamos a tener una reunión muy rápida, de cinco minutos. Como hay que desalojar, porque es a puerta cerrada, despedimos al gobernador y volvemos en tres minutos, si les parece.


Se levanta la sesión 1.


Eran las nueve y cinco minutos de la noche.