I. Iniciativas legislativas

Proyecto de Ley por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021.
Propuestas de veto
621/000007
(Congreso de los Diputados, Serie A, Num.11,
Núm.exp. 121/000011)

El Senador Carles Mulet García (GPMX) y el Senador Jordi Navarrete Pla (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021.

Palacio del Senado, 4 de diciembre
de 2017.—Carles Mulet García y Jordi Navarrete Pla.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 1

De don Carles Mulet García (GPMX) y de don Jordi Navarrete Pla (GPMX)

El Senador Carles Mulet García (GPMX) y el Senador Jordi Navarrete Pla
(GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 129 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

El sistema de concierto económico de la Comunidad Autónoma Vasca y el llamado cupo del País Vasco, está recogido en
nuestra carta magna, pero también lo está el artículo 156,

«1. Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda
estatal y de solidaridad entre todos los españoles.»

El Gobierno está incumpliendo este artículo, pues el País Valencià desde hace mucho tiempo no goza de esta autonomía financiera; no puede ejecutar sus competencias si no es endeudándose e
hipotecándose vía Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Nuestro veto es acerca de la tramitación por la vía de urgencia, no por el fondo del asunto sobre el Cupo vasco.

La pregunta es si es más urgente apañar el CUPO de una comunidad
bien financiada, que no la financiación injusta que sufrimos otras, a las que nos han empobrecido.

País Vasco y Navarra mantienen un sistema foral por privilegios legítimos blindados desde el siglo XIX. El País Valencià tenía desde 1261 sus
fueros, el primer texto constitucional en España, hasta que fueron suprimidos por los borbones con el Decreto de Nueva planta a partir de 1707, mientras se respetan los del reino de Navarra. Por lo tanto, tenemos como mínimo, el mismo derecho como
nacionalidad histórica que otras, a tener un trato digno.

El problema, es que el PP-PSOE nos tratan a los valencianos como nos trataron y tratan los borbones; como ciudadanos no de segunda, puede que de tercera o de cuarta, mientras que a
otras comunidades les tratan como de primera.

No queremos que traten a vascos y navarros como ciudadanos de cuarta, sino a los valencianos, y al resto, como ciudadanos de primera.

1. Las Comunidades Autónomas gozarán de
autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.

Mientras el País Valencià acumula una deuda ilegítima
de 20.000 millones de euros, una infrafinanciación que ahoga a la Generalitat, ¿lo tratan con urgencia?

Uno de cada cuatro euros de los valencianos se destinan a pagar intereses porque nos quitan el dinero y no nos lo devuelven en la medida
que necesitamos.

Arreglan el cupo de una comunidad rica, con muchas prisas mientras nos pisotean a otros.

Lo presentan con el formato de lectura única, para bloquear el debate y para sacar adelante los PGE de 2018. Venden al resto del
Estado por un plato de lentejas.

País Vasco y Navarra cuentan con un buen sistema de financiación que le permite financiar la educación, la sanidad, los servicios sociales. El País Valencià no.

Además, al País Valencià nos han robado
lo que no está escrito. Para poder pagar el gasto ordinario, el gobierno valenciano se ha de endeudar. El FLA es una estafa; dinero nuestro, prestado, insuficiente, tarde y a devolver con intereses.

Como decíamos en el Congreso, no quieren
aprobar el Cupo vasco vía urgencia, sino aprobar en diferido los PGE 2018, con el apoyo del PSOE.

¿Qué es esto?, ¿extorsión presupuestaria? ¿chantaje presupuestario?

El CUPO se calcula de acuerdo al peso del Producto Interior Bruto
(PIB) del País Vasco en el del conjunto del Estado, que se sitúa en torno al 6,24 por ciento.

La financiación de los valencianos no se calcula de acuerdo al PIB (el 12 %), ni de acuerdo a la población (el 11 %), ni con lo que aportamos ni
necesitamos, ya que solamente el Estado nos retorna como si fuéramos el 3,5 %.

¿Es urgente hoy aprobar un Cupo vasco que está pendiente de actualizar desde hace años? ¿Es más urgente que solucionar la asfixia económica del PV?

¿Puede
el País Vasco pagar la educación, sanidad o servicios sociales si no se aprueba el CUPO de urgencia?, respuesta sí.

¿Puede el PV pagar la educación, sanidad o servicios sociales a fecha de hoy con el actual sistema de educación? Respuesta,
no.

¿Qué es más urgente?

Para el PP-PSOE aprobar el CUPO y aprobar en diferido los PGE. Para los valencianos, poner en primer plano la infrafinanciación de nuestros ciudadanos.

No estamos en contra del concierto económico de
los vascos y navarros, pero estamos en contra de que sean, de nuevo, tratados de manera urgente, mientras nos ignoran, menosprecian y maltratan a los valencianos.

No queremos ser más que vascos, navarros, ni que ninguna nacionalidad
histórica, pero tampoco queremos ser menos y los pactos del régimen del 78 nos relegan a ser los últimos.

La Constitución también habla de la solidaridad entre territorios, de la redistribución de la riqueza, o de la igualdad de todos los
ciudadanos. Con este sistema actual, que blinda los derechos de unos pero menosprecia los de otros, ahondamos en la brecha entre comunidades autónomas. Un ciudadano valenciano no tiene los mismos derechos en educación, sanidad o servicios
sociales, simplemente porque se deja a su gobierno sin capacidad económica.

Nuestro posicionamiento no parte de la envidia, ni de riña entre comunidades, sino que es un posicionamiento firme de colmo de la paciencia; de hasta aquí hemos
llegado; de estar hartos de que se nos maltrate continuamente y nos empobrezcan. O el debate sobre el sistema de financiación se aborda como toca, o no podemos ser cómplices del mercadeo partidista. Nada hay más urgente para los valencianos que
remediar su sistema de financiación injusto.

Por ello, presentamos este veto.

El Senador Francisco Javier Alegre Buxeda (GPMX), el Senador Luis Crisol Lafront (GPMX) y el Senador Tomás Marcos Arias (GPMX), al amparo de lo previsto en
el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021.

Palacio del Senado, 4 de diciembre
de 2017.—Francisco Javier Alegre Buxeda, Luis Crisol Lafront y Tomás Marcos Arias.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 2

De don Francisco Javier Alegre Buxeda (GPMX), de don Luis Crisol Lafront (GPMX) y de don Tomás Marcos Arias (GPMX)

El Senador Francisco Javier Alegre Buxeda (GPMX), el Senador Luis Crisol Lafront (GPMX) y el Senador Tomás Marcos Arias (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 129 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

Mediante el proyecto de Ley por el que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo vasco para el quinquenio 2017-2021, se establecen las reglas fundamentales para las relaciones financieras y fiscales entre las Administraciones forales
vascas y el Estado. Los senadores de Ciudadanos consideramos que dicho proyecto contiene graves defectos de forma y fondo, por lo que solicita su devolución al Congreso de los Diputados.

En primer término, tanto en este proyecto como en el
proyecto paralelo que se va a debatir conjuntamente de modificación del concierto económico, hay una evidente opacidad, y un exceso de complejidad, que dificultan la gestión y el control de los fondos públicos. Esto no es una excepción, sino que
sigue en la norma de las sucesivas actualizaciones de la metodología del cálculo del cupo, y también de la normativa del concierto económico. Por esa razón, se han producido innumerables conflictos entre las Diputaciones forales vascas y el Estado,
así como entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Estado.

Adicionalmente, en la medida en que la Mesa de esta Cámara ha propuesto que se tramiten en lectura única y en trámite de urgencia ambos proyectos, los evidentes fallos y la
opacidad del texto no pueden corregirse en la tramitación parlamentaria, lo que hace imprescindible su devolución al Congreso de los Diputados.

Conviene recordar aquí que las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados y el Senado,
representan al pueblo español y ejercen la potestad legislativa del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 de la Constitución. En este sentido, la capacidad de debatir y acordar o rechazar enmiendas resultan consustancial al carácter
de órgano legislativo, donde reside la Soberanía Nacional, que tienen las Cortes Generales. Por esa razón, la elección del procedimiento de lectura única no se justifica en una Ley Estatal, que eso y no otra cosa son tanto La Ley de Cupo como la
Ley del Concierto Económico, de la importancia y el detalle de la norma sobre la que ahora presentamos esta propuesta de veto.

¿Por qué tenemos que pronunciarnos por urgencia, en general y sin poder enmendar, sobre los proyectos de ley del
concierto y el cupo vasco? El art. 129 del Reglamento del Senado reserva el procedimiento en lectura única a «cuando la naturaleza del proyecto o proposición de ley tomada en consideración lo aconsejen o su simplicidad de formulación lo permita».
Dado que no es un proyecto de ley simple la explicación es que se desea presentar esto como un acuerdo bilateral entre dos Gobiernos en el que las Cortes Generales no tienen nada más que decir, solo si lo toma o lo deja. Pero la realidad es que no
lo es y es una anomalía democrática tratarlo como si lo fuera. Del mismo modo que sería una anomalía tramitar por la vía de urgencia y lectura única la próxima reforma del sistema de financiación autonómica de régimen general.

El régimen de
Concierto Económico, y la consecuente fijación del Cupo, es decir el importe de las cargas no asumidas por las Administraciones Forales y el Gobierno Vasco, tiene un anclaje constitucional en la Disposición Adicional 1.ª de la Constitución que se
limita a señalar que:

«La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales.

La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los
Estatutos de Autonomía.»

Ahora bien, lo que no establece de ningún modo la Constitución es que la metodología del señalamiento del Cupo deba dar lugar a una sobrefinanciación de las Administraciones Vascas, a costa de las demás Comunidades
Autónomas, y en general de los contribuyentes españoles residentes en los demás territorios del Estado.

Lo que sí establece la Constitución en su artículo 138.2 es que «2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades
Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales». Por consiguiente, la actualización del régimen foral, que debe llevarse a cabo en el marco de la Constitución y del Estatuto de Autonomía del País Vasco, no puede
implicar dichos privilegios. Sin embargo, a través de este proceso opaco y sin enmiendas de actualización del Concierto Económico y de la fijación y metodología del Cupo, se está profundizando en la sobrefinanciación de las Administraciones Vascas.
Esto, en mundo de recursos limitados, tiene como consecuencia ineludible la subfinanciación de otras Administraciones, y el pago de mayores impuestos de los ciudadanos de otros territorios.

Por otra parte, y antes de entrar en el fondo de
esta cuestión, conviene tener muy presente la absoluta inoportunidad política, al menos a juicio de los senadores de Ciudadanos, de la aprobación de la actualización de este régimen de concierto económico, con prioridad absoluta respecto de la
reforma de la financiación autonómica de quince Comunidades Autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Recordemos que aún tenemos por delante la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común,
que se ha puesto de manifiesto que es injusto, complejo y opaco. De hecho, la actualización del régimen foral que nos trae el Gobierno ya ha tenido daños colaterales en la imprescindible y urgente reforma de la financiación autonómica. De hecho,
el comité de expertos para la reforma de la financiación autonómica recomendó incrementar, y no reducir como ahora propone el Gobierno, aportación (negativa) de las comunidades forales a la solidaridad interregional.

Así, el experto Carlos
Monasterio, catedrático de Economía Aplicada por la Universidad de Oviedo, elegido por el Gobierno asturiano para formar parte de la Comisión de Expertos para la reforma de la Financiación Autonómica de Régimen Común, dimitió como protesta de que el
Gobierno cerrase un acuerdo de financiación con el País Vasco sin consultar a este comité de expertos, «lo que es una prueba de que el órgano le parece irrelevante».

Entrando ya en el fondo de la cuestión, la financiación regional (a
competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal) del País Vasco en 2014, según el más reciente informe sobre la dimensión territorial de la actuación de las Administraciones Públicas, correspondiente al ejercicio 2014 de más del doble que en las CC.
AA. de régimen común: 4.654 euros por habitante en el País Vasco por los 1.883 euros de Madrid o los 2.016 euros por habitante de media de la financiación del régimen común.

¿Qué consecuencias prácticas tiene esto?

En primer lugar,
esto permite al País Vasco tener impuestos más bajos que en el resto del país. La presión fiscal es significativamente más baja en las comunidades forales que en las CC. AA. de régimen común, como demuestra un «sobreesfuerzo fiscal» negativo y
muy considerable.

En segundo lugar, permite al País Vasco, como evidencian múltiples estudios, mantener consistentemente un gasto social en sanidad, educación y protección social muy superior a la media del resto de España, con un nivel de
deuda muy inferior a la media.

Según el estudio de 2015 realizado por la fundación BBVA y el Instituto Valenciano de investigaciones económicas (Ivie) lo que invierte por habitante el País Vasco en educación prácticamente dobla lo que el
Estado destina en la ciudad autónoma de Melilla: 1.223 euros frente a 624 euros y es un 34 % superior a la media del resto de CC. AA. El Informe 2016 sobre el estado del sistema educativo del Ministerio de Educación y el Consejo Escolar del
Estado confirma que el gasto público por alumno de centros públicos y privados concertados en el País Vasco se sitúa un 40 % por encima de la media nacional.

En salud, el gasto más alto por habitante es el del País Vasco con más de 1.620
euros por habitante, un 20 % más que el gasto medio del resto de CC. AA.

En políticas sociales de protección, como dependencia o rentas mínimas, de nuevo el gasto por habitante del País Vasco es casi un 40 % más que el gasto medio del resto
de CC. AA.

Estos datos, que tienen una incidencia social muy notable, como se puede observar, se refieren a una comparación evidente, y con datos definitivos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, con el sistema vigente. O mejor
dicho, con el sistema vigente, sin liquidar definitivamente las relaciones financieras y tributarias entre el Estado y las Instituciones Vascas.

Por otra parte, el acuerdo establece el Cupo líquido para 2017, su año base, en 1.304 millones de
euros frente a 1.648 millones de euros pactado en 2007. Esta cuantía dobla el supuesto coste de las transferencias asumidas por el País Vasco en 2011. Es decir, que si un pago teórico de 1.648 millones —que en la práctica no son tales por
el efecto de los ajustes— genera una sobrefinanciación de las Haciendas Vascas, ahora se profundiza en la sobrefinanciación, al «disminuir» la aportación vasca, o más bien aumentar la financiación del Estado a la Instituciones Vascas, es
decir a la Comunidad Autónoma con la segunda renta per cápita más elevada de España.

Un ejemplo de que la metodología y el cálculo del Cupo suponen en la práctica financiación, por parte del Estado, a las instituciones forales vascas es el
cálculo del cupo 2015. En este caso, del cupo líquido base de 1.648 millones actualizado, en realidad, tras diversos ajustes, salía a ingresar a la Administración Central 1.139,4 millones de euros. En principio, después de que las Diputaciones
Forales Vascas cobren la totalidad de los impuestos en el País Vasco, parece que el importe de la totalidad de los servicios prestados por la Administración del Estado en el País Vasco, además de la contribución a servicios comunes como la Corona,
el Ejército o el Servicio Exterior, entre otras asciende a 1.139,4 millones de euros.

Sin embargo, esto no es el final de la historia porque no tiene en cuenta el ajuste IVA que luego se produce a favor de las Administraciones Vascas. De
acuerdo con el informe mensual de recaudación de la Agencia Tributaria de diciembre de 2015, el Estado pagó a las Haciendas Vascas por este concepto de 1.421 millones de euros, lo que genera un flujo de financiación netamente favorable al País
Vasco. En 2016 ese saldo pudiera ser todavía mayor ya que el ajuste por IVA aumenta a 1.536 millones de euros.

El artículo 14.uno de este Proyecto de Ley, mantiene este disparatado ajuste en el impuesto del valor añadido. Según el esquema
del concierto económico, cada Institución cobra el IVA de las empresas. Esto no supone que el consumo se realice en el territorio. Evidentemente, las empresas del territorio más industrializado, y el segundo más rico de España, venderán más fuera
del País Vasco, que lo que las empresas de fuera del País Vasco venderán en ese territorio. En consecuencia, al ser el consumo en el País Vasco menor que su producción, el ajuste debería ir en sentido inverso. El presente proyecto mantiene que
siempre se complemente lo que recauda en IVA el País Vasco con una parte de lo que recauda la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el resto de España (excluida Navarra). Esto, por ser suaves, no tiene sentido, y además supone que las
demás Comunidades Autónomas, acreedoras del 50 % de la recaudación del IVA, vean disminuida injustificadamente su recaudación.

La consecuencia de ambos ajustes es que el cupo real sale negativo. Así, si de 1.139 millones de euros
restamos 1.421 millones de IVA, el resultado son 282 millones a favor de las Instituciones Vascas, sin tener en cuenta que, encima, el ajuste debería ir al revés. Aquí, estamos omitiendo el detalle y la evolución de múltiples ajustes, que casi
todos ellos, y en conjunto por supuesto, son favorables a las arcas Vascas, por lo que el cupo al final resulta aún más negativo. Quizás el más relevante de ellos sea la deducción por el convenio de construcción de la Y vasca, que supone la
financiación casi al 100 % por el Estado de estas obras.

El País Vasco actualmente contribuye con 27 millones, el 6,24 %, al Fondo de Compensación Interterritorial, que en 2017 fue dotado con 432 millones de euros. En cambio el País Vasco no
contribuye nada al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, principal instrumento de solidaridad interterritorial. En 2014 este Fondo tuvo una dotación de 8.229 millones. La contribución de la Comunidad de Madrid a dicho fondo
fue 2.909 millones de euros. La contribución del País Vasco a este fondo debería haber sido de al menos 513 millones de euros.

Cualquiera podría pensar que, siendo la Comunidad Autónoma del País Vasco, la segunda comunidad autónoma en renta
per cápita, y estando claramente financiada muy por encima de la media, la liquidación definitiva del sistema sería a favor del Estado. No obstante, los informes sobre las cuentas públicas territorializadas que calculan los flujos redistributivos
entre las regiones, evidencian que el País Vasco es receptora neta del financiación con 3.387 millones de euros en 2014. A pesar de todo esto, todavía tenemos que pagar 1.400 millones de euros a las Instituciones Forales Vascas porque han aportado
de más durante los últimos seis años. Por supuesto, el detalle de todo esto no se explica en absoluto, quizás porque es simplemente inexplicable.

Después de todo esto, este proyecto de ley pretende reducir el cupo base, y por tanto, tras los
ajustes, que en algunos casos está previsto que se incrementen, aumentar el cupo negativo. Este proyecto de ley supone aumentar las transferencias del resto de los españoles a la Comunidad Autónoma más sobrefinanciada y con la segunda mayor renta
per cápita de España. Todo esto es simplemente inaceptable tanto en las formas como en el fondo.

Para los Senadores de Ciudadanos es inoportuno e injusto también que no se haya procedido a la reforma del sistema general de financiación de
las CC. AA. que además estos proyectos dificultan de forma grave como se ha expuesto.

Por eso se presenta esta propuesta de veto a este proyecto de Ley.