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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 465, de 14/12/2018
cve: BOCG-12-D-465
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
14 de diciembre de 2018
Núm. 465
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
DIPUTACIÓN PERMANENTE
061/000008 Composición de la Diputación Permanente. Altas y bajas... (Página5)
JUNTA DE PORTAVOCES
031/000011 Composición de la Junta de Portavoces... (Página5)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000546
161/004066;Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la reforma de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Pasa a tramitarse en la Comisión sobre Seguridad
Vial y Movilidad Sostenible. ;6
162/000873 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al desarrollo de un marco regulador para los procesos de automatización y robotización...
162/000874 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la apertura de representaciones de los gobiernos autonómicos en el exterior... (Página8)
162/000875 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la reprobación de la Ministra de Hacienda... (Página10)
162/000876 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la inclusión del cambio climático y la pérdida de biodiversidad en la memoria de impacto normativo...
162/000877 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la realización de un estudio de impacto económico y recaudatorio de una posible regulación integral del
cannabis... (Página13)
162/000878 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Esquerra Republicana, y Mixto, por la que se insta al Gobierno a que ordene a la Sociedad de Gestión de Activos
procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) la rescisión de su contrato privado con Eurofund Parc Lleida, S.L... (Página15)
162/000879 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre inclusión de preguntas de valoración sobre la confianza en las instituciones del Estado en los cuestionarios
del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)... (Página16)
162/000880 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre modificación del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto 1/2010, de 2
de julio... (Página17)
162/000881 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la implementación de un Plan Integral de Regeneración Socioeconómica Sostenible para el Campo de
Gibraltar... (Página18)
162/000882 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la situación de colapso del sistema de asilo y, en concreto, de los trabajadores interinos de la Oficina de
Asilo y Refugio del Ministerio del Interior... (Página21)
162/000883 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la grave situación política en la República del Ecuador... (Página23)
162/000884 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al nuevo reglamento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud... (Página25)
162/000885 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora de la financiación del Sistema Nacional de Salud... (Página26)
162/000886 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la prevención y erradicación de todas las formas de violencia contra la infancia a través de las redes...
162/000887 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a proteger a los cuerpos de funcionarios nacionales de Justicia en Cataluña y fomentar su permanencia y
estabilidad... (Página29)
162/000888 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a condenar el auge de la violencia neofascista, neocomunista y cualquier manifestación de violencia, odio, xenofobia o intolerancia...
(Página30)
162/000889 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a la elaboración de una Estrategia especial para ciudades transfronterizas sobre la ley de horarios comerciales...
(Página31)
162/000890 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre declaración de Parque Nacional de la Sierra de las Nieves... (Página32)
162/000891 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la candidatura española al acelerador de partículas IFMIF-DONES (International Fusion Materials Irradiation Facility-DEMO-Oriented Neutron Source)...
(Página33)
162/000892 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre cooperación entre la Administración General del Estado y la Generalitat de Cataluña en materia competencial...
(Página34)
162/000893 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la mejora y el refuerzo del papel de los municipios en el sistema de acogida de personas migrantes y
refugiadas... (Página36)
162/000894 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la situación de los trabajadores y extrabajadores expuestos al amianto...
162/000895 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al desarrollo reglamentario e implementación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público... (Página41)
162/000896 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el refuerzo de la Agencia de Asilo de la Unión Europea... (Página43)
162/000897 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se reprueba al Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y se le insta a dimitir... (Página44)
162/000898 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la prórroga de la solicitud de Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de 'Nueva EDAR en Santiago de
Compostela' y a la modificación del proyecto actual... (Página44)
162/000899 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a la protección integral de las víctimas de delitos de especial gravedad... (Página47)
162/000900 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa del criterio de despoblación en la asignación de Fondos Europeos en el próximo Marco Financiero Plurianual...
162/000901 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a la modificación del apartado 1 c) 2.º del artículo 35 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre
Sociedades, para incluir el concepto de innovación ecoeficiente... (Página49)
162/000902 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la evaluación de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del
Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad... (Página51)
162/000904 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a erradicar la prostitución y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual... (Página53)
162/000905 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al incremento de los coeficientes reductores de las personas que trabajan en el sector del marisqueo en
Galicia, así como al reconocimiento de sus enfermedades profesionales... (Página54)
162/000906 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a acabar con la infrafinanciación de la educación concertada y evitar la eliminación de las deducciones en el impuesto de la renta de las familias
con hijos en colegios concertados... (Página56)
162/000907 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a los principios que han de prevalecer en las relaciones bilaterales entre España y México...
162/000908 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la implantación de medidas de apoyo a la producción de arroz y control de las importaciones de arroz procedente
de Camboya y Myanmar... (Página60)
162/000909 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la mejora en las infraestructuras viales de la provincia de Toledo y su conexión con Madrid...
162/000910 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre un tren de calidad en la zona de la Sagra, Toledo... (Página63)
162/000911 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la garantía de acceso a formularios y textos administrativos en cualquiera de las lenguas cooficiales del
Estado... (Página64)
162/000912 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promulgación de una ley de inclusión laboral para personas con discapacidad... (Página66)
162/000913 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la ordenación, la gestión y la planificación de las plantillas de médicos en el Sistema Nacional de Salud...
162/000914 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a mejorar las condiciones laborales de los funcionarios adscritos a los cuerpos penitenciarios...
162/000915 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la conmemoración de la Constitución Española y la Transición Democrática... (Página70)
162/000916 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a reconocer e impulsar la caza como actividad económica, social y medioambiental de interés estratégico en España que contribuye al
desarrollo rural... (Página71)
162/000917 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a defender, preservar y reconocer a la Tauromaquia... (Página73)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
230/000001 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el Conflicto entre órganos constitucionales número 3102/2016, promovido por el Congreso de los Diputados frente al Gobierno en funciones, en relación con el no sometimiento del
mismo a iniciativas de control por el Congreso de los Diputados... (Página75)
233/000056 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 2860/2018, planteada por Sección 1.ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
con sede en Albacete, en relación con el artículo 86.3, párrafos segundo y tercero, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, por posible vulneración de los artículos 9.3, 14, 24 y 122.1 de la
Constitución española... (Página76)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
DIPUTACIÓN PERMANENTE
061/000008
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (061/000006)
Titulares:
Alta:
ECHÁNIZ SALGADO, José Ignacio 4-12-2018
Suplentes:
Alta:
GONZÁLEZ TEROL, Antonio 4-12-2018
Baja:
ECHÁNIZ SALGADO, José Ignacio 4-12-2018
JUNTA DE PORTAVOCES
031/000011
Grupo Parlamentario Mixto (031/000004)
Mes;Portavoz;Portavoz adjunto
Enero 2019;BALDOVÍ RODA, Joan
(COMPROMÍS);CAMPUZANO I CANADÉS, Carles
(PDECAT)
Febrero 2019;BALDOVÍ RODA, Joan
(COMPROMÍS);CAMPUZANO I CANADÉS, Carles
(PDECAT)
Marzo 2019;BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE, Marian
(EH BILDU);CAMPUZANO I CANADÉS, Carles
(PDECAT)
Abril 2019;MATUTE GARCÍA DE JALÓN, Oskar
(EH BILDU);CAMPUZANO I CANADÉS, Carles
(PDECAT)
Mayo 2019;ALLI MARTÍNEZ, Íñigo Jesús
(UPN);CAMPUZANO I CANADÉS, Carles
(PDECAT)
Junio 2019;SALVADOR ARMENDÁRIZ, Carlos Casimiro
(UPN);CAMPUZANO I CANADÉS, Carles
(PDECAT)
Mes;Portavoz;Portavoz adjunto
Julio 2019;MARTÍNEZ OBLANCA, Isidro Manuel
(FORO);CAMPUZANO I CANADÉS, Carles
(PDECAT)
Agosto 2019;ORAMAS GONZÁLEZ-MORO, Ana María
(CC);CAMPUZANO I CANADÉS, Carles
(PDECAT)
Septiembre 2019;QUEVEDO ITURBE, Pedro
(NC);BATALLER I RUIZ, Enrick
(COMPROMÍS)
Octubre 2019;CAMPUZANO I CANADÉS, Carles
(PDECAT);CANDELA SERNA, Ignasi
(COMPROMÍS)
Noviembre 2019;CAMPUZANO I CANADÉS, Carles
(PDECAT);BATALLER I RUIZ, Enric
(COMPROMÍS)
Diciembre 2019;CAMPUZANO I CANADÉS, Carles
(PDECAT);CANDELA SERNA, Ignasi
(COMPROMÍS)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000546
161/004066
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Solicitud de que su Proposición no de Ley relativa a la reforma de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, pase a debatirse en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad y, considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, disponer su conocimiento por la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al
Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (nuevo núm. expte. 161/004066).
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 273, de 22 de diciembre de 2017.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por este, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000873
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a iniciativa del Diputado Javier Sánchez Serna, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los
Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en Pleno, relativa al desarrollo de un marco regulador para los procesos de automatización y robotización.
Exposición de motivos
La denominada cuarta revolución industrial enfrentará nuestro sistema productivo a múltiples retos, el más importante sin duda, el derivado de la automatización y robotización derivadas de la inteligencia artificial. La digitalización es el
resultado del abaratamiento y mejora en las tecnologías que obtienen y procesan información, y da lugar a dos grandes efectos complementarios. Por un lado, la automatización de la producción que permite generar sistemas capaces de trabajar de forma
autónoma y organizarse a sí mismos, reduciendo errores, actuando con más rapidez y recortando costes operativos. Por otro lado, la computerización permite gestionar grandes volúmenes de datos, gracias a la mejora en la captura, tratamiento y
análisis de la información digital a través de herramientas como la nube y el 'Big Data'.
Aunque inicialmente parece que este tipo de procesos serían relevantes sobre todo para las manufacturas, su importancia radica precisamente en que pueden tener implicaciones en muchos sectores productivos. Por eso, se plantea en ocasiones
que, como antes lo fueron la máquina de vapor y la electricidad, se trata de una nueva tecnología de uso generalizado.
La OCDE ha situado a España como uno de los Estados que se verán afectados en mayor medida por la cuarta revolución industrial, ya que cuenta con una alta proporción de trabajos con un fuerte componente rutinario y de baja cualificación en
cuanto a las tareas que les afectan. Todo parece indicar a que nos enfrentamos a un fenómeno que provocará que muchas profesiones desaparezcan, pudiendo aparecer otras nuevas. En todo caso el proceso resulta irreversible por cuanto supondrá una
reducción de los costes de producción de las empresas aumentando su competitividad en el mercado.
Que la digitalización no suponga necesariamente un aumento de la tasa de desempleo no significa que no haya grupos concretos de personas que hoy tienen un empleo, y que sí se verán afectadas negativamente. Es muy posible que este fenómeno
haga desaparecer determinadas ocupaciones. Sin embargo, es difícil anticipar exactamente cuáles.
El trabajo más citado en este sentido es el de C. Frey y M. Osborne, en el que se señala que el 47 % de las ocupaciones están en riesgo de ser sustituidas por un proceso de automatización. Según este trabajo, los empleos relacionados con el
transporte, la logística y la administración tienen mayor riesgo de ser sustituidos. Sin embargo, otros trabajos como el de M. Arnzt, T. Gregory y U. Zierahnet, ofrecen estimaciones mucho más bajas del volumen de empleo en riesgo: un 9 % para el
conjunto de la OCDE, un 12 % para España.
En cualquiera de los casos, e independientemente de cómo se cristalice el impacto en el empleo, lo que parece más relevante es asegurar un reparto equitativo del incremento de productividad derivado de las nuevas tecnologías. Este punto
parece esencial no solo para reducir el impacto en el empleo, sino sobre todo para mantener un reparto equitativo del incremento derivado en la renta nacional entre los diferentes factores productivos.
Los desafíos a los que nos enfrenta la automatización y robotización son básicamente su impacto en las cuentas públicas, el cambio de modelo educativo, la adopción de una política industrial adecuada, la
adecuación del marco legal, el impacto psicosociológico y el impacto político, que se producirá si los gobiernos y los principales partidos políticos se mostrasen incapaces de manejar los desafíos mencionados.
La automatización y robotización ofrece retos que pueden ser superados con planificación, formación y aunamiento de esfuerzos entre los agentes económicos. No es verdad que la innovación tecnológica produzca inevitablemente precarización y
la destrucción de empleo, siempre que tengamos la capacidad de adoptar las medidas preventivas necesarias.
Por ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. Elaborar un plan específico de formación en materia de automatización y robotización de procesos desde los más sencillos hasta la automatización inteligente y global, para los diferentes sectores productivos.
2. Crear una Mesa sectorial sobre automatización y robotización en la que estén presentes los agentes sociales, partidos políticos, expertos universitarios y representantes de los Centros Tecnológicos.
3. Elaborar un estudio específico sobre el impacto de los procesos de automatización y robotización de los sectores primario, secundario y terciario en los próximos veinticinco años.
4. Dotar de incentivos a todos los actores económicos para implementar fórmulas de participación y colaboración de los trabajadores en los procesos de implementación de automatización y robotización en los procesos productivos.
5. Impulsar procesos de automatización colaborativos (robots o robótica colaborativa), hombre-máquina, para afectar lo menos posible a la fuerza de trabajo.
6. Generar las condiciones propicias a nivel educativo y de formación profesional Incentivar a las empresas a que sean ellas mismas las que generen la tecnología de automatización y en general la tecnología del ecosistema de producción que
demanda la cadena productiva nacional y global.
7. Establecer mecanismos que permitan un reparto del incremento de la productividad asociada a la paulatina introducción de nuevas tecnologías tanto en el marco laboral (por ejemplo, reducciones de jornada laboral) como en el marco fiscal
(por ejemplo, programas de renta garantizada).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2018.-Javier Sánchez Serna, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000874
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la apertura de representaciones de los gobiernos
autonómicos en el exterior, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
En marzo de 2014 se aprobó la Ley 2/2014 de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, un instrumento legal que pretendía regular la forma en la que se llevaba a cabo la acción exterior del Estado, definir sus principios y proporcionar
una base legal a los actores involucrados en dicha acción exterior. Según la definición incluida en la Ley, la Acción Exterior del Estado se define como 'el conjunto ordenado de las actuaciones que los órganos constitucionales, las Administraciones
públicas y los organismos, entidades e instituciones de ellas dependientes llevan a cabo en el exterior, en el ejercicio de sus respectivas competencias, desarrolladas de acuerdo con los principios establecidos en esta ley y con observancia y
adecuación a las directrices, fines y objetivos establecidos por el Gobierno en el ejercicio de su competencia de dirección de la Política Exterior'.
La Constitución de 1978 creó el marco jurídico necesario para el reconocimiento a diversos sujetos, entre ellos las Comunidades Autónomas a través de sus respectivos Estatutos de Autonomía, de competencias en materia de Acción Exterior,
tanto en el ámbito de la Unión Europea como en el de la Acción Exterior en sentido propio. Esto ha comportado un gran enriquecimiento interior y exterior para
España, pero conlleva, a su vez, la necesidad de coordinación y de lealtad institucional para garantizar una armoniosa convivencia entre la Acción Exterior y la dirección de la Política Exterior por parte del Gobierno.
En este sentido, la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado contempla en su artículo 11.1 que 'las actividades que las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local puedan
realizar en el exterior en el marco de las competencias que les sean atribuidas por la Constitución, por los Estatutos de Autonomía y las leyes, respetarán los principios que se establecen en esta ley y se adecuarán a las directrices, fines y
objetivos de la Política Exterior fijados por el Gobierno'. También, en su Artículo 11.2 estipula que 'las actuaciones que se lleven a cabo en el ejercicio de la Acción Exterior no podrán [...] incidir o perjudicar lo Política Exterior que dirige
el Gobierno. Corresponde en cualquier caso al Gobierno establecer las medidas y directrices que regulen y coordinen las actividades en el exterior de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas con el objeto de garantizar el cumplimiento de lo
dispuesto en esta ley'.
Es decir, que cualquier acción exterior que lleven a cabo las Comunidades Autónomas deberá estar en línea tanto con el interés general de España como con las directrices que fije el Gobierno de España para la misma. Además, cualquier acción
exterior que lleven a cabo las Comunidades Autónomas no podrá perjudicar ni influir la política exterior que fije el Gobierno de España.
Uno de los principales instrumentos de los que disponen las Comunidades Autónomas para llevar a cabo su acción exterior son las delegaciones en el exterior, comúnmente conocidas como 'embajadas autonómicas', pese a no contar con las
competencias propias de una Embajada al uso. Entre 2011 y 2014, las Comunidades Autónomas habían abierto 50 delegaciones en el exterior, 25 de las cuales pertenecían a Cataluña, siete de ellas al País Vasco, tres a Canarias, tres a Galicia y una a
las demás comunidades, principalmente localizadas en Bruselas. El coste de estas delegaciones era, en este período, en torno a unos 2.000 millones de euros, con la notable excepción de las delegaciones del País Vasco (que rondaba los 12.000
millones) y de Cataluña (que ascendía hasta casi 19.000 millones).
La Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado recoge, en su Artículo 12.1, que 'las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas informarán al Gobierno del establecimiento de oficinas para su promoción exterior, con carácter
previo a su apertura. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación informará la propuesta, de acuerdo con las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior, la Estrategia de Acción Exterior y, en particular, con el principio de
unidad de acción en el exterior'. Además, se estipula que el Ministerio encargado de la Administración Pública informará dicha propuesta de acuerdo con el principio de eficiencia en la gestión de los recursos públicos así como desde la perspectiva
de su adecuación al orden competencia] y que, si se trata de una oficina de promoción comercial, también el Ministerio a cargo de las competencias de comercio proporcionará un informe.
El Gobierno no puede, sin embargo, impedir que un gobierno autonómico amplíe su red de delegaciones en el exterior. Los informes que, según la ley de la Acción y del Servicio Exterior, deben realizar los ministerios de Exteriores, Hacienda
y Política Territorial y Función Pública son preceptivos, pero no vinculantes. Por eso, aunque Exteriores ha desaconsejado la apertura de seis nuevas delegaciones de la Generalidad de Cataluña en Viena (Austria), Tallin (Estonia), Zagreb (Croacia),
Lisboa (Portugal), Estocolmo (Suecia) y Beirut (Líbano), el Gobierno encabezado por Quim Torra ha seguido adelante con sus planes, como declaró el consejero de Acción Exterior, Ernest Maragall.
Sin embargo, algunas representaciones han extralimitado sus competencias, como falló el Tribunal Constitucional en 2017. El Tribunal se pronunció sobre la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2014, de 4 de diciembre, de acción exterior y de
relaciones con la UE, que pretendía regular la acción exterior de la Generalidad de Cataluña. Sin embargo, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales y nulos aquellos preceptos que atribuían a Cataluña competencias reservadas en
exclusiva al Estado; entre ellos, los dirigidos a promover el establecimiento de relaciones 'bilaterales' de Cataluña con otros países o los que configuraban la llamada 'diplomacia pública' de la Generalidad, aunque reconocía que las Comunidades
Autónomas pueden llevar a cabo actividades con proyección exterior, como se recogía en la Ley de la Acción y el Servicio Exterior del Estado, pero recordaba que, en todo caso, deben respetar la competencia exclusiva del Estado en materia de
relaciones internacionales, tal y como prevé el art. 149.1.3 de la Constitución y también dicha Ley.
El Gobierno de España ya tendría indicios de que as representaciones de la Generalidad de Cataluña que han sido reabiertas tras levantarse la aplicación del artículo 155 (París, Roma, Berlín, Londres, Ginebra y Nueva York), más la de
Bruselas, que nunca llegó a clausurarse, están siendo utilizadas para recabar apoyos internacionales al proyecto independentista y dañar la imagen de España en vez de promocionar os intereses de Cataluña en el exterior. El informe que ha servido de
base a Exteriores para
oponerse a la apertura de as seis nuevas delegaciones de la Generalitat enumera actividades realizadas por las que ya están en funcionamiento y constata que se apartan de su objetivo legal.
El Gobierno recurrió ante el Tribunal Superior de justicia de Cataluña la reapertura de las delegaciones cerradas con el 155, pero su argumento fue solo formal: la Generalidad no pidió el informe previo, corno es preceptivo. La única forma
de cerrarlas sería denunciar sus actividades presuntamente ilegales que están llevando a cabo ante la justicia. Es necesario, sin embargo, que se actúe de forma acorde y en cumplimiento de la competencia exclusiva del Estado en materia de
relaciones internacionales, recogido en la Constitución Española y en la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado. Esta actuación debería realizarse a través de un procedimiento gradual, que incluiría la posibilidad de cierre de las
oficinas que no cumplan con los requerimientos planteados.
Teniendo esto en cuenta, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que impulse una reforma de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, con los siguientes objetivos:
1. Reforzar el control que puede ejercer el Gobierno sobre la acción exterior de los gobiernos autonómicos para dar cumplimiento a la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales.
2. Asegurar el cumplimiento con las sentencias del Tribunal Constitucional que permiten al Gobierno establecer medidas para regular y coordinar la acción exterior que realicen los gobiernos autonómicos para garantizar el principio de unidad
de la acción exterior del Estado.
3. Garantizar que las representaciones de gobiernos autonómicos en el exterior informan al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de las actividades en las que participen como organizadoras y de las que tengan lugar
en sus dependencias, para que éste pueda estimar si cumplen o no con el principio de la unidad de la acción exterior del Estado y permitir o no su celebración.
4. En caso de que una representación de un gobierno autonómico en el exterior organice sistemáticamente actividades que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación considere que ponen en cuestión el principio de unidad
de la acción exterior del Estado, establecer un procedimiento reglado mediante el cual el Ministerio pueda proceder al cierre de dicha representación de un gobierno autonómico en el exterior en cumplimiento con la competencia exclusiva del Estado en
materia de relaciones internacionales.
5. Establecer un procedimiento sancionador para los representantes públicos a cargo de la organización de dichas actividades que el Ministerio haya considerado como contrarias al principio de unidad de la acción exterior del Estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2018.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000875
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la reprobación de la ministra de Hacienda, para su debate en
Pleno.
Exposición de motivos
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 la Constitución Española, España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, cuyos poderes del Estado emanan del pueblo español.
El Poder Legislativo (que representa al pueblo español, según el artículo 66 de la Constitución), el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, de manera conjunta con el resto de nuestras instituciones, ostentan la función principal de ejercer los
poderes del Estado.
A los efectos de representar debidamente el interés general del conjunto de los ciudadanos y para evitar que uno de ellos abuse de su poder, deviene fundamental que se produzca un equilibrio entre los tres poderes del Estado, de manera que
se controlen el uno al otro en su gestión.
En lo que respecta a las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, el control del primero por parte del segundo se configura sin duda como una de las claves de la democracia representativa. Que el Gobierno se someta sin
titubeos al control del Congreso y del Senado es la forma más evidente de evitar que el primero abuse de su poder y la calidad democrática de nuestro Estado se resienta.
El Título V de la Constitución precisamente regula las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. En concreto, el artículo 108 establece que el 'Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los
Diputados' y el artículo 110 permite a las Cámaras y sus Comisiones 'reclamar la presencia de los miembros del Gobierno', sin establecer ninguna excepción a este supuesto. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 29 de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno, cuando dispone que 'todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control político de las Cortes Generales'.
Por su parte, el artículo 44 del Reglamento del Congreso de los Diputados dispone que las Comisiones, por conducto del Presidente del Congreso, podrán recabar la presencia ante ellas de los miembros de Gobierno, para que informen sobre
asuntos relacionados con sus respectivos Departamentos.
Pese a lo expuesto, el pasado 15 de noviembre 2018 la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados solicitó la comparecencia de la ministra de Hacienda para que explicara los planes del Gobierno en relación con la elaboración de
los Presupuestos Generales del Estado y, sin embargo, la ministra rehusó comparecer, excusándose en la imposibilidad de encontrar tiempo para ello en su agenda.
El cumplimiento de la obligación de una ministra de comparecer ante las Cámaras para rendir cuentas por su gestión es un asunto prioritario. Se trata de una obligación constitucional que de ningún modo puede eludirse por razones de agenda
institucional, por muy atareada que se encuentre esta, circunstancia que, por otra parte, es previsible en un cargo público de relevancia, pese a lo cual el constituyente decidió de todas maneras exigir esta obligación para los miembros del
Gobierno.
Con razón de más el incumplimiento de este deber resulta inaceptable cuando la solicitud de comparecencia pretendía nada menos que recabar información respecto de la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de que se está
encargando su departamento. Dicha elaboración es función del Gobierno, pero debe recordarse que, de conformidad con los artículos 66 y 134 de la Constitución, corresponde a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación.
Se trata, además, de una cuestión de la máxima actualidad e importancia, ya que de la negociación presupuestaria, como recientemente advirtió el propio Presidente del Gobierno, podía depender la duración de esta legislatura. Lo anterior se
ve agravado al tener en consideración la mentira destapada tras la publicación por parte de la Comisión Europea de la carta remitida desde el Ministerio de Economía y Empresa el pasado 19 de octubre, en la que se aseguraba contar con el aval de la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de los planes presupuestarios, cuando esto no era así.
Por tanto, no existe modo alguno de justificar la negativa de la ministra de Hacienda a comparecer en el Congreso de los Diputados, cuando -en primer lugar- la Constitución le obliga incuestionablemente a ello, y menos aún si la solicitud de
comparecencia tiene por fin someter a la ministra a las dudas y preguntas de los parlamentarios respecto de la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, los mismos que son de aplicación a todos los ciudadanos a los que ambos, el Congreso
y el Gobierno, tienen el deber de representar.
El respeto de la división de poderes es una de las garantías más elementales para preservar la democracia representativa, del mismo modo que el sometimiento pleno a la Constitución y a las leyes, especialmente en el caso de los cargos
públicos, lo es para preservar el Estado de Derecho.
Al no comparecer en la Comisión de Presupuestos, cuando había sido citada el miércoles 21 de noviembre de 2018, la actitud de la ministra de Hacienda resulta inaceptable, por lo que el Congreso de los Diputados tiene la obligación de
reprobar su actuación, en defensa de su función constitucional, la separación de poderes y la calidad democrática de nuestras instituciones, con el fin último tanto de condenar el desprecio que aquella ha mostrado hacia el Poder Legislativo como de
dar ejemplo al resto de miembros del Gobierno.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta ante el Pleno la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Acuerda la reprobación de la ministra de Hacienda, por negarse a comparecer en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados a la que había sido citada el 21 de noviembre de 2018,
eludiendo sus responsabilidades constitucionales y manifestando un inaceptable desprecio hacia el Congreso de los Diputados y el principio de separación de poderes.
2. Insta a todos los miembros del Gobierno a respetar escrupulosamente el principio de separación de poderes y, en su virtud y de ahora en adelante, a someterse de manera irrenunciable al control parlamentario de su gestión.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2018.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000876
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en el Pleno, relativa a la inclusión del cambio climático y la pérdida de biodiversidad en la memoria de impacto normativo.
Exposición de motivos
El 'Informe Planeta Vivo 2018: Apuntando más alto' de WWF afirma que mientras que el cambio climático es una amenaza cada vez mayor, los principales motores de la disminución de la biodiversidad siguen siendo la sobreexplotación de
especies, la agricultura y la conversión del suelo. De hecho, una evaluación reciente encontró que solo una cuarta parte de la superficie de la Tierra está sustancialmente libre del impacto de las actividades antrópicas. Las proyecciones indican
que para 2050 habrá disminuido a solo una décima parte del Planeta. La degradación del suelo incluye la pérdida de bosques; mientras que a nivel mundial esta pérdida se ha desacelerado debido a la reforestación y las plantaciones, se ha acelerado
en los bosques tropicales, los cuales albergan algunos de los niveles más altos de biodiversidad de la Tierra. La degradación en curso tiene muchos impactos sobre las especies, la calidad de los hábitats y el funcionamiento de los ecosistemas.
Si no se revierte esta tendencia es muy dudoso que se logren los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, que incluyen mitigar el cambio climático, adaptarse a los impactos del clima, mantener la calidad del suelo, aire y
agua, y apoyar una base resiliente para la producción de los alimentos, combustibles y fibras que necesitarán las futuras generaciones humanas.
Además, el Panel Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas presentó recientemente un nuevo informe en el que ha instado a poner en marcha 'cambios de gran alcance y sin precedentes en todos los
aspectos de la sociedad' para limitar el calentamiento global a 1,5 ºC y evitar así 'daños irreparables'.
En este informe:
- se examinan vías para limitar el calentamiento hasta 1,5 en vez de 2 grados, tal y como se estableció en el Acuerdo del Clima de París, y
- se advierte de que los efectos para ecosistemas y la vida en el planeta serán mucho menos catastróficos si se logra mantener esta barrera más ambiciosa.
Según el texto del panel de expertos de la ONU, está previsto que las temperaturas aumenten hasta 1,5 ºC entre los años 2030 y 2052 si el calentamiento global continúa avanzando a su ritmo actual y no se ponen en marcha una serie de medidas
a nivel internacional. Superar el límite de 1,5 grados depararía un mayor incremento del calor extremo, las lluvias torrenciales y la probabilidad de sequías, algo que tendrá un efecto directo sobre la producción de alimentos, sobre todo en zonas
sensibles como el Mediterráneo o Latinoamérica.
Por ello, y para acelerar y asegurar el cumplimiento de la Agenda 2030, es preciso que el cambio climático y la pérdida de biodiversidad sean evaluados antes de aprobar cualquier norma.
Teniendo en cuenta todo esto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Modificar el Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, para añadir un apartado especifico, que incluya el cambio climático y la pérdida de biodiversidad en la memoria de
impacto normativo, para evaluar de manera transversal y vinculante, en el mismo sentido que el impacto económico y la igualdad de género, con el objetivo de cumplir con sus compromisos internacionales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2018.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000877
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Proposición no de Ley relativa a la realización de un estudio de impacto económico y recaudatorio de una posible regulación integral del cannabis.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 3 relativa a la presentación por el Gobierno en el Congreso de los Diputados de las conclusiones del estudio de impacto
acerca del posible marco regulatorio integral de cannabis se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el
Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en Pleno, relativa a la realización de un estudio de impacto económico y recaudatorio de una posible regulación integral del cannabis.
Exposición de motivos
El pasado 17 de octubre se aprobó la regulación del Cannabis en Canadá. De esta forma el país norteamericano se convirtió en el primer país del G7 que regula de forma integral este mercado. En Estados Unidos, además de los 30 estados donde
el Cannabis medicinal es legal, hasta 9 estados tienen regulado el mercado lúdico, habiéndose añadido recientemente a esta lista el estado de California, uno de los mayores en términos de población y PIB de EEUU. Anteriormente, países como Uruguay
también habían pasado a engrosar la lista de países que implementaban una regulación de esta sustancia.
El impacto económico no ha sido en ninguno de los casos la razón fundamental para su regulación, sino que han sido los enfoques de derechos y de salud pública los que han primado a la hora de la regulación.
No obstante no cabe duda de que la regulación de un mercado tan importante tiene efectos económicos que han de ser tenidos en cuenta por el legislador. En términos impositivos, merece la pena señalar que las previsiones en términos de
impacto recaudatorio han sido superadas en todos los casos por la realidad.
Los diferentes países que han ido legislado al respecto se han ido basando en la experiencia del país en torno a la utilización de la sustancia. En función de la regulación que se adopte, el mercado que emerge tiene unas características
determinadas. En términos impositivos hay una variabilidad de modelos que han ido emergiendo, cada uno con sus ventajas e inconvenientes.
El estado de Colorado es probablemente el lugar donde más y mejores datos se pueden obtener en términos de regulación del Cannabis. En dicho estado norteamericano, hay un impuesto al consumo a nivel del estado de Colorado del 2,9 %, al que
se ha añadido otro impuesto sobre las ventas del 10 %. Sobre la producción (la venta del cultivador a empresas retail), hay un impuesto del 15 %.
Recaudación Cannabis Colorado
Fuente: Departamento de ingresos del Gobierno de Colorado.
La recaudación en Colorado (5,4 millones de habitantes) ha sido en 2017 de casi 250 millones de dólares, cifra probablemente superada en 2018, aunque no se podrá confirmar hasta tener la liquidación completa de dicho año. Las estimaciones
preliminares sugieren que la industria legal del Cannabis en EEUU emplea entre 165.000 y 230.000 trabajadores a tiempo completo y parcial en todo el país. En la medida en que diferentes estados regulen el uso, esta cifra podría seguir aumentando.
El impacto en California (40 millones de habitantes) puede ser mucho mayor.
Aunque no podemos tener datos todavía de Canadá, sí sabemos que la imposición será similar a la de Colorado en algunos aspectos. Por ejemplo, la venta de los cultivadores al resto de operadores estará sujeta a un impuesto específico. Por
otro lado, los consumidores pagarán un impuesto indirecto al comprar los productos que estarán certificados con el sello del estado, garantizando que dicho producto ha pasado tanto los controles de salud (trazabilidad, calidad, etc.), y cumple con
las obligaciones fiscales respectivas.
Sobre el gasto que ha permitido financiar estos nuevos ingresos, podemos adelantar algunas de las experiencias de los EEUU donde se ha regulado. Por ejemplo, Colorado distribuyó 230 millones de dólares al Departamento de Educación de
Colorado entre 2015 y 2017 para la financiación de escuelas, alfabetización temprana, la prevención del acoso y la salud conductual. Oregón destina el 40 % de los ingresos por impuestos al Cannabis para su fondo escolar estatal, y el 20 % para el
tratamiento de alcohol y drogas. Washington dedica el 25 % de los ingresos derivados del Cannabis al tratamiento, educación y prevención del trastorno por el uso de drogas.
Dado que la dinámica en el contexto internacional camina hacia una regulación de dicho mercado, merece la pena realizar un estudio de impacto recaudatorio con el fin de atisbar los efectos impositivos si una medida de este tipo se
implementara en España. Parece evidente que las razones por las que un país debe poner en marcha estos procesos van más allá del impacto recaudatorio, y se derivan de un enfoque de derechos y salud, pero no es menos cierto que su regulación tiene
un impacto económico que merece la pena estudiar.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. Instar al Gobierno a la realización un estudio de impacto acerca del posible marco regulatorio integral del Cannabis.
2. Estimar el impacto recaudatorio de diferentes tipos de tributación, en línea con las experiencias internacionales de EEUU y Canadá.
3. Presentar las conclusiones de dicho impacto en el Congreso de los Diputados en un plazo máximo de 6 meses.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2018.-Miguel Vila Gómez, Segundo González García y María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal
de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000878
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputado Jaume Moya i Matas, el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana, a iniciativa de su Diputado Xavier Eritja Ciuró y el Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa del Diputado Antoni Postius Terrado (PDeCAT), presentan la siguiente Proposición no de Ley para su debate en Pleno,
que ordene a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) la rescisión de su contrato privado con Eurofund Parc Lleida. S.L.
Exposición de motivos
En la ciudad de Lleida se encuentra en marcha el llamado proyecto 'Torre Salses', que supone la reparcelación de unos extensos terrenos en las afueras de la ciudad, así como la modificación de su aprovechamiento para usos residenciales y
comerciales, con la correspondiente modificación del plan parcial de la zona.
Los terrenos afectados, de una extensión aproximada de 55 ha correspondientes al sector SUR 42, que inicialmente eran titularidad de Catalunya Caixa, más tarde fueron traspasados a titularidad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes
de la Reestructuración Bancaria (SAREB). Finalmente en el expediente municipal de modificación del plan parcial de Torre Salses SUR-42 consta un contrato de opción de compra firmado entre la SAREB i Eurofund Parc Lleida, S.L. siendo esta última la
promotora de la modificación y reparcelación urbanística.
Dicha empresa promotora, Eurofund Parc Lleida, S.L., tiene su domicilio social en Madrid desde el año 2.016, con un capital social de 3.000 euros, y según consta en el Registro Mercantil, es propiedad de Eurofund Investmens Luxembourg, SARL,
sociedad radicada en Luxemburgo, y participada principalmente por la mercantil Pallister Holdings Limited, cuya actividad principal es la consultoría financiera, especializada en inversiones en paraísos fiscales, domiciliada en las Islas Vírgenes
Británicas y administrada por Ian Andrew SandFord, a su vez administrador de Eurofund Parc Lleida.
Eurofund Investsments Luxembourg SARL tiene su domicilio en el número 58 de la Rue Charles Martel, de Luxemburgo, el mismo domicilio de Maitland Luxembourg, empresa de asesoría y administración especializada en la ingeniería fiscal para
evadir impuestos y lavar dinero, con oficinas en las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Irlanda, la Isla de Man, Mauritania, Mónaco o Miami, reconocidos paraísos fiscales, y vinculada a la trama Mossack Fonseca (relacionada con el bufete
Nummaria, desarticulado en el 2.016 por la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF) y referida en los célebres 'papeles de Panamá'. De hecho, el director del departamento de clientes privados de Maitland es el Sr. Troskie Hermanus, el otro administrador
de Eurofund Investsments Luxembourg SARL (la principal accionista, de Eurofund Parc Lleida).
Todo ello, parece proyectar un entramado de posible corrupción y conflicto de intereses, destinada a la evasión de impuestos, vinculado a una operación especulativa con el suelo, beneficiada además por el
acuerdo de la Paeria de Lleida destinado a cambiar el uso residencial de la zona, que ahora es suelo urbano consolidado y urbanizado (con poca demanda de mercado en el contexto actual), por uso comercial.
Según el Código de Conducta de Sareb, entre las conductas no permitidas y las pautas de comportamiento de empleados en su actuación profesional, se establece (apartado 45) el evitar, en todo caso, 'la utilización de estructuras de carácter
opaco con finalidades tributarias, entendiéndose por tales aquellas en las que, mediante la interposición de sociedades instrumentales a través de paraísos fiscales o territorios no cooperantes con las autoridades fiscales, estén diseñadas con el
propósito de impedir el conocimiento por parte de las autoridades del responsable final de las actividades o el titular último de los bienes o derechos implicados' y (apartado 46) que 'no se deben crear ni adquirir participaciones en entidades de
propósito especial o entidades domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, sin autorización específica del Comité de Dirección, previo informe del Órgano de Control Interno, y siempre tras un análisis de
las circunstancias concretas de la misma y de la justificación de su oportunidad'.
Por ello, dicha investigación es susceptible de ser investigada por el SEPBLAC (Servicio de Protección contra el Blanqueo de Capitales), que podría dilucidar si se han llevado a cabo actos ilícitos o fraudulentos en relación a esta,
vinculados, en su caso, al blanqueo de capitales o a la evasión fiscal.
El conjunto de estas medidas deberían contribuir a poner en marcha un nuevo modelo de responsabilidad y buenas prácticas en el que la administración pública obstaculice e incluso persiga toda actividad económica que sea sospechosa de no
satisfacer todas sus obligaciones tributarias a través de actividades en paraísos fiscales.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar las actuaciones necesarias para que la SAREB rescinda su contrato con Eurofund Parc Lleida S.L. de gestión y opción de compraventa de propiedades inmobiliarias en el sector sur 42, Torre Salses de Lleida, por contravenir este
los principios de la SAREB de no utilización de estructuras de carácter opaco con finalidades de evasión de impuestos.
2. Solicitar al SEPBLAC (Servicio de Protección contra el Blanqueo de Capitales), que investigue tal operación, para así dilucidar si se han llevado a cabo actos ilícitos o fraudulentos en relación a ésta.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2018.-Jaume Moya Matas, Diputado.-Lucía Martín González, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.-Francesc Xavier Eritja Ciuró,
Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.-Antoni Postius Terrado, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000879
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para la inclusión de preguntas de valoración sobre la confianza
en las instituciones del Estado en los cuestionarios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Como viene siendo habitual desde hace tres años, el cuestionario confeccionado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para sus barómetros de opinión no incluye ninguna pregunta de valoración sobre la monarquía y otras
instituciones del Estado. La última vez que la institución demoscópica incluyó un apartado para que los ciudadanos dijeran qué confianza les merecían determinadas instituciones, entre ellas la Jefatura del Estado, fue en abril de 2015.
La monarquía obtuvo entonces una nota de 4,34 sobre 10. La nota era ligeramente superior a la de un año antes, pero seguía siendo un suspenso a pesar de que se había producido el relevo al frente de la jefatura del Estado.
La pregunta sobre la confianza en las instituciones ha desaparecido desde abril de 2015 y desde el CIS no se ha comunicado cuándo volverá a incluirse. Según informaciones publicadas por medios de comunicación, el Gobierno se limita a
atribuir a criterios 'técnicos' la desaparición de esa pregunta y, en el caso concreto de la monarquía, se escuda en que el termómetro social ya aparece reflejado en la respuesta que dan los encuestados cuando la sitúan como uno de los problemas que
tiene el país.
El CIS sí viene incluyendo a otras instituciones, como los bancos, el Parlamento, el Poder Judicial, los medios de comunicación o las ONG en las encuestas postelectorales. Sin embargo, deja fuera al resto de instituciones por las que
preguntaba el 'grado de confianza' de los ciudadanos, entre las que se encontraban además de la monarquía y la iglesia, el Tribunal Constitucional, los sindicatos. la Policía, el Defensor del Pueblo, o las Fuerzas Armadas, entre otras.
Es una situación absolutamente anómala que da la espalda al evidente interés sociológico que suscitan en la actualidad las actitudes de la opinión pública respecto a tales instituciones.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que impulse las medidas necesarias para que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) vuelva a incluir en sus cuestionarios preguntas de valoración sobre la confianza en las
instituciones y, en concreto, sobre la monarquía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2018.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000880
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de, lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la modificación del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto 1/2010, de 2 de julio, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La aprobación del Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional tuvo como objetivo estimular el cambio de domicilio social de sociedades
residenciadas en Catalunya hacia otros territorios del Estado.
La utilización por el Gobierno del instrumento legal del Real Decreto Ley, sin que concurran las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española, tenía por único objetivo facilitar a
los órganos ejecutivos de dirección de las empresas la adopción de la decisión de trasladar el domicilio social de las mismas fuera de Catalunya, a pesar de que sus estatutos sociales estableciesen que esa decisión correspondía a la Junta General de
accionistas.
Por ello, el Gobierno, a través del Real Decreto Ley 15/2017, de 6 de octubre, trasladó al Consejo de Administración u otros órganos de administración la capacidad para decidir el cambio pasando por encima del derecho de sus socios a tomar
esa decisión. Un cambio que en ningún caso atendía a un criterio económico ni jurídico, sino a uno político y ligado a una coyuntura política determinada marcada por la presión del Gobierno a las empresas y por una coetánea demanda empresarial
realizada en el sentido de que debían eliminarse los obstáculos legales establecidos en los Estatutos sociales que impedían adoptar esa decisión de cambio de domicilio social.
Una medida que obedecía más a una utilización de los mercados como medida de presión ante la situación política en Catalunya que a una necesidad de las empresas.
En definitiva, una regulación que en lugar de buscar la profundización de la democracia económica y la capacidad de los diferentes sectores de una sociedad en la toma de decisiones de las propias empresas, retrocede y concede un poder
especial a los administradores sobre los socios o accionistas minoritarios.
La modificación del artículo 285.2. del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la derogación del Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre comporta la
restitución de una regulación legal respetuosa con el principio constitucional de libertad de empresa y expulsa del ordenamiento jurídico una norma que se caracteriza por una grave injerencia del Gobierno en la organización y funcionamiento de las
empresas, que sólo ellas deben establecer a través de sus estatutos.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar un Proyecto de Ley de modificación del artículo 285.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto 1/2010, de 2 de julio, al efecto que, salvo disposición contraria de los estatutos, el
órgano de administración sea competente para cambiar el domicilio social de una sociedad dentro del territorio nacional, y, en consecuencia, proceder a la derogación del Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de
movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional.
2. Establecer un periodo transitorio de tres meses desde la aprobación de la modificación del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto 1/2010, de 2 de julio, hasta su entrada en vigor, al efecto que
los órganos de administración de las sociedades que durante la vigencia del Real Decreto-ley, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos del territorio nacional, adoptaron la decisión de cambiar el
domicilio social para ubicarlo fuera de Catalunya, mantengan la facultad de adoptar la decisión de cambiarlo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2018.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000881
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Proposición no de Ley relativa a la implementación de un Plan Integral de Regeneración Socioeconómica Sostenible para el Campo de Gibraltar.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la subsanación de la omisión de la firma del Portavoz contenida en el escrito número de registro 114826, y considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,admitirla a trámite como Proposición no de Ley
conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la
iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en Pleno, relativa a la implementación de un Plan Integral de Regeneración Socioeconómica Sostenible para el Campo de Gibraltar.
Exposición de motivos
El resultado del referéndum para la salida del Reino Unido de la UE ha provocado una gran incertidumbre sobre el impacto que tal decisión tendrá para la economía local del Campo de Gibraltar, una economía que ya está debilitada por el
abandono histórico por parte de las administraciones estatal y autonómica. Los efectos negativos de esa decisión no se han hecho esperar: desde que se conocieran los resultados de la votación, por ejemplo, la libra se ha depreciado hasta un 16 %
con respecto al euro, lo que implica que solo en un municipio de la zona, La Línea de la Concepción, dejen de circular en un período de un año 15,6 millones de euros a causa de la pérdida de valor de la moneda británica.
Claro que se trata solo de uno de los aspectos más aparentes del impacto que el Brexit puede tener para una comarca que presenta altísimos índices de desempleo crónico (29 %), que llegan a ser del 70 % de desempleo juvenil en algunos
municipios como la Línea de la Concepción. El desempleo y el trabajo precario, temporal y mal remunerado, provocan que las y los jóvenes de la comarca emigren a otros países y comunidades autónomas, alimentan la economía sumergida y el recurso a
actividades ilegales como fuente de ingresos económicos, y refuerzan la dependencia económica respecto a Gibraltar para los trabajadores y trabajadoras de la zona, lo que agrava aún más el riesgo que el Brexit supone para sus vidas. Existe además
en la comarca un índice de abandono escolar que es seis veces superior al del resto de Cádiz.
A día de hoy, se estima de hecho que el número de empleos que dependen de la economía de Gibraltar representa el 24 % del total de los puestos de trabajo, y más de 13.000 trabajadoras y trabajadores transfronterizos atraviesan la verja
diariamente. De hecho, un informe elaborado por una consultora italiana para el Comité Europeo de las Regiones titulado Valoración del impacto de la salida del Reino Unido de la Unión Europea en regiones y ciudades en la UE de los 27 incluye a uno
de los municipios de la comarca (La Línea de la Concepción) como uno de los cinco territorios en los que la salida del Reino Unido de la Unión Europea tendrá mayor repercusión. Ante ello, el informe propone que la UE actúe en estos enclaves para
minimizar el impacto. Estamos por tanto ante una situación que exige una reacción inmediata por parte de los poderes públicos. Además, las personas trabajadoras transfronterizas se enfrentan a una serie de obstáculos específicos a diario, tales
como las diferencias en las prácticas nacionales, los sistemas de seguridad social, las normas fiscales y los sistemas jurídicos en general.
En este escenario, el 16 de noviembre de 2018 el Gobierno presentaba el Plan Integral para el Campo de Gibraltar, que incluye medidas para luchar contra la criminalidad derivada del narcotráfico y el blanqueo de capitales, fomentar el empleo
y reforzar las infraestructuras de la comarca. Sin embargo, el predominio de la óptica securitaria -sin abordar las raíces de fondo de las problemáticas sociales de la comarca-, y la falta de participación y consulta con los municipios, los agentes
sociales y la ciudadanía de la comarca, hacen que este Plan resulte insuficiente y deba ser complementado con un enfoque de derechos, inclusión social y equidad de género, pues el desempleo y la precariedad afectan de manera agravada a las mujeres.
Resulta inconcebible que el referido Plan no contenga ninguna mención expresa a la Línea de la Concepción, y que ninguna de las medidas que plantea se refieran específicamente a dicha localidad, a pesar de la contrastada singularidad de su situación
y del calado de los problemas que padece.
De igual manera, es necesario tener en cuenta los Planes ya existentes, y no implementados, de mejoras de las condiciones socioeconómicas y de seguridad, que han sido propuestos y realizados por plataformas comarcales, con el fin de que la
inversión en seguridad e infraestructuras vaya de la mano y sea coherente con un plan de vertebración social y territorial sostenible, participado por los agentes sociales y mantenido en el tiempo. Es necesario, finalmente, abordar un plan de
transición económica mucho más ambicioso, con el objetivo de transformar el modelo productivo de la comarca -centrado en un tejido industrial de industrias pesadas muy contaminantes- y fomentar el desarrollo sostenible de otros sectores como son la
logística, energías limpias, agricultura, la ganadería, el turismo, la pesca y la acuicultura.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno de España a:
1. Coordinar la elaboración y la financiación de un Plan Integral de Regeneración socioeconómica sostenible para el Campo de Gibraltar, consensuado por los Grupos Parlamentarios, consultado con la población, el tejido asociativo, los
agentes económicos y sociales y los municipios de la comarca y basado en los planes ya elaborados por los colectivos afectados.
2. Solicitar recursos en el siguiente presupuesto de la UE, habilitando los techos en el próximo Marco Financiero Plurianual para hacerlo posible, con el objeto de reforzar el Fondo de Desarrollo Regional Europeo como vehículo para
financiar el Plan Integral de Regeneración socioeconómica sostenible para el Campo de Gibraltar, o cuanto menos contemplar en dicho Fondo una línea específica al efecto. Proponer asimismo, sea de manera complementaria o alternativa, que el
Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea incluyan en los presupuestos anuales próximos un Proyecto Piloto mediante una nueva línea en el paquete presupuestario global para establecer una línea específica, susceptible de prolongación a través de
Acciones Preparatorias en años venideros.
3. Respaldar la constitución de la Agrupación Europea de Cooperación Transfronteriza entre Andalucía y Gibraltar, normalizando jurídicamente el espacio de diálogo, cooperación socioeconómica y trabajo compartido por las instituciones y
agentes económicos y sociales de ambos lados de la Verja.
4. Poner en marcha de forma transversal y en coordinación con los distintos Ministerios, Consejerías y delegaciones territoriales un plan de acción específico para los colectivos con mayores necesidades sociales (personas migrantes,
personas excluidas socialmente, mujeres supervivientes de violencia machista, personas paradas de larga duración, jóvenes no escolarizados/as....) tras el diagnóstico colectivo y consensuado de los mismos.
5. Realizar evaluaciones de impacto de género y de derechos humanos en la comarca de las actuales políticas económicas, sociales y de empleo, para tenerlas en cuenta en la realización del Plan integral de Regeneración socioeconómica
sostenible para el Campo de Gibraltar. Desagregar los datos referentes a empleo transfronterizo también por sexo, edad y procedencia étnica para elaborar políticas que tengan en cuenta el impacto diferenciado en poblaciones diversas.
6. Coordinar, desde los Ministerios de Industria, Comercio y Turismo, y de Transición Ecológica, con las Administraciones Públicas afectadas, los planes de reindustrialización de la comarca con el fin de que se pongan los medios necesarios
para sustituir progresivamente las industrias contaminantes y reemplazarlas por empresas tecnológicas sostenibles, desarrollar planes de formación en nuevas tecnologías para los jóvenes de la comarca e incentivar el aprovechamiento de los recursos
de la zona para abrir el abanico de la economía local.
7. Adoptar planes y programas de mejora de la calidad del aire y adoptar las medidas de control e inspección necesarias para el cumplimiento de los límites legales establecidos y las legislaciones comunitarias, nacionales y autonómicas, así
como elaborar un sistema de control y garantía de calidad que asegure la exhaustividad, la coherencia, transparencia, comparabilidad y confianza en todo el proceso comprendido desde las mediciones o estimaciones de los contaminantes hasta la
elaboración de los informes relativos a esos contaminantes.
8. Que la Dirección General de la Marina Mercante (Ministerio de Fomento), en coordinación con el Ministerio de Transición Ecológica y el gobierno del Reino Unido, tome las medidas necesarias para impedir los vertidos y la contaminación con
hidrocarburos causados por el trasvase de combustible, fondeo de buques o navegación pre-bunkering, así como proteger la zona y sus riquezas biológicas -con especies tanto mediterráneas como atlánticas y uno de los más importantes corredores
migratorio para numerosas especies de interés- de futuros impactos ambientales severos.
9. Realizar inversiones en infraestructuras necesarias para el desarrollo socioeconómico de la comarca, siendo especialmente urgente las relativas a la conexión del Puerto de Algeciras, cuyo hinterland podría alcanzar la mitad norte de la
península. El desarrollo de políticas para la instalación de nodos logísticos de las multinacionales que hacen operaciones de tránsito en Algeciras en sus circuitos Asia-Europa, África-Europa y América del Sur-Europa. La conexión ferroviaria
Algeciras-Bobadilla destruida por los recientes temporales debe ser una prioridad ineludible, así como la ejecución del proyecto integral de conexión del Puerto de Algeciras con Madrid, una obra que debe ser afrontada en cumplimiento de la normativa
europea, incorporando la electrificación de la vía entre Algeciras y Bobadilla, al tiempo que garantizando los plazos y estándares previstos por la UE para su red de corredores básicos de los que dicho proyecto forma parte. Otras prioridades
ineludibles de esta inversión en infraestructuras debe ser: crear un ferrocarril/tranvía que una las diferentes áreas poblacionales e industriales alrededor del arco de la bahía que una a la ciudadanía desde Algeciras hasta La Línea y el
transporte público eficaz y mejorar de calidad con Málaga y con Cádiz.
10. Poner en marcha medidas de empleo e inversiones en el Campo de Gibraltar orientados a la regeneración del bosque mediterráneo, la lucha contra la seca o decaimiento del alcornoque, la recuperación del litoral de la Bahía de Algeciras,
la eficiencia energética en edificios públicos, la intervención social en el entorno urbano y el uso público de espacios naturales del Campo de Gibraltar en colaboración con los colectivos sociales de la comarca que demandan estas iniciativas para
la creación de empleo estable y de calidad.
11. Defender la situación actual de los y las trabajadoras de la comarca del Campo de Gibraltar tanto ante el Reino Unido como ante Gibraltar, incluyendo los mecanismos legales necesarios para que la nueva situación no suponga una
modificación negativa en la forma de prestación de su actividad, especialmente en sus permisos de trabajo, retribuciones, pensiones, atención sanitaria y seguridad social.
12. Desarrollar el sistema de transporte público transfronterizo para que permita la movilidad laboral y solicitar a la Unión Europea la inclusión de esta zona en el marco del EaSI, el programa de la UE para el empleo y la innovación social
y del EURES ayuda a los trabajadores transfronterizos a superar estos obstáculos proporcionando apoyo financiero a las asociaciones transfronterizas.
13. Arbitrar mecanismos suficientes para que, una vez producida la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el paso diario de las personas trabajadoras a Gibraltar y viceversa no se vea dificultado por los controles de documentación.
14. Desarrollar políticas para la promoción de polos de investigación en energías eólicas en la región, privilegiada para estas fuentes renovables.
15. Negociar la modificación del Principio de Estabilidad Relativa al quedar, tras la salida del Reino Unido, tan solo Irlanda entre los países que justificaron su adopción. Defender en las negociaciones el principio de acceso recíproco a
los caladeros, y que se impongan las mismas reglas de sostenibilidad.
16. Impulsar y reforzar los sistemas judiciales y policiales en la comarca, incluido el dispositivo SIVE (Sistema Integral de Vigilancia del Estrecho de la UE) para combatir el narcotráfico y los delitos de blanqueo de capitales. Impulsar
un mecanismo de coordinación en estas materias entre el Ministerio de Justicia, de Interior y las instancias autonómicas pertinentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2018.-Sònia Farrè Fidalgo, Pablo Bustinduy Amador, Noelia Vera Ruíz-Herrera, Juan Antonio Delgado Ramos, Isabel Franco Carmona, Sergio Pascual Peña, Eva García Sempere, Miguel Ángel
Bustamante Martín, María Auxiliadora Honorato Chulián, Manuel Monereo Pérez, Ana Belén Terrón Berbel y Alberto Montero Soler, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000882
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en el Pleno sobre la
situación de colapso del sistema de asilo y, en concreto, de los trabajadores interinos de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio de Interior.
Exposición de motivos
Asistimos actualmente a una importante ruptura en el sistema de asilo y refugio del Ministerio de Interior. Si bien partíamos de un sistema de asilo ineficiente e ineficaz, tendente al colapso, en los últimos meses el acceso a la protección
internacional se ha convertido en un verdadero caos que está vulnerando los derechos fundamentales de las personas susceptibles de solicitar protección internacional. Desde que el pasado mes de mayo se bloqueara la posibilidad de solicitar cita
para iniciar los trámites para solicitar protección internacional, las solicitudes de cita se han ido complejizando hasta el punto de que las citas para la solicitud de asilo se están expidiendo en estos momentos para otoño del año 2020. En el caso
concreto de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid el número de citas que se expiden diariamente
oscila entre las 80 y las 99 provocando largas colas durante las pasadas semanas de gente esperando desde la madrugada para poder coger un número. Esta situación se repite en otras ciudades como Barcelona o Valencia. Con ello, el
Ministerio de Interior está incumpliendo la Directiva 2013/32/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional en la que se establece que el
registro de las solicitudes se realizará en el plazo de tres días o diez en caso de imposibilidad de cumplimiento de ese plazo por aumento de las solicitudes. Sin embargo, actualmente el Ministerio de Interior está expidiendo las citas con
aproximadamente un año y medio de retraso. Además, el Defensor del Pueblo, en su informe de 2016 sobre el Asilo en España, ponía en relieve que las resoluciones de las solicitudes de asilo se estaban demorando hasta 2 años. Esta situación resulta
una vulneración de la misma Directiva 2013/92/UE, que establece que el plazo de examen de las solicitudes sea un máximo de seis meses (ampliables hasta 9 meses más) desde la fecha de la solicitud, así como el derecho a que la persona solicitante sea
notificada en 'un plazo razonable' de la decisión sobre su solicitud. Es evidente el tiempo excesivamente dilatado para expedición de las citas más los dos años que se está demorando la resolución, no se corresponde con el 'plazo razonable', que
dispone la Directiva.
Además, la Ley 12/2009 de Asilo establece en su artículo 19.7, que se informará a la persona interesada del motivo de la demora en caso que el plazo de seis meses para la tramitación sea ampliado
Uno de los motivos de este colapso tanto en la obtención de las citas como, posteriormente en el estudio de las solicitudes tiene que ver con la situación en la que se encuentra la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio de Interior.
En 2015, el Ministerio del Interior aprobó la creación de 94 plazas con carácter de temporalidad para dar respuesta a la elevada carga de trabajo de la OAR. En concreto, el 9 de diciembre de ese año ingresaban los primeros trabajadores y
trabajadoras en condiciones de interinidad a la OAR con las categorías A1, A2 y C2, con lo que el ministerio del interior quedaría compuesto de un total de 128 trabajadores y trabajadoras (94 funcionarios y funcionarias interinas y 34 de carrera)
adscritas a los mismos programas. Estos funcionarios y funcionarias interinas fueron reclutadas mediante una apertura de plazas de un plan temporal ante la situación de emergencia humanitaria y colapso del sistema debido a la guerra de Siria y las
consecuentes migraciones surgidas a causa de la misma. La problemática de emergencia social, de crisis humanitaria y de colapso del sistema, no es coyuntural ahora, ni lo era en 2015, por lo que estas plazas deberían haber sido convocadas con
carácter estructural en vez de temporal desde el primer momento. Sin embargo, estas plazas fueron convocadas con carácter de interinidad. Afortunadamente y, habida cuenta de la necesidad imperante y la situación de colapso que actualmente se vive
en el sistema de protección internacional del Ministerio del interior, el pasado mes de julio se publicó el Real Decreto-ley 6/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de
medios en la atención a asilados y refugiado, con el que tanto estas plazas como las análogas en la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, pasarían a ser estructurales.
Estos funcionarios y funcionarias interinas superaron un proceso selectivo muy específico en el que se valoraron la experiencia profesional previa en el ámbito de las migraciones, en gestión financiera de programas públicos así como un nivel
alto de inglés. Además, han adquirido en estos años una experiencia profesional que se ha traducido en una mejora de nuestro Sistema de Asilo y Refugio.
Sin embargo, los interinos e interinas que en 2015 ocuparon estas plazas están a punto de ser cesados por cumplir los tres años de tope máximo de contratación en condiciones de interinidad, tiempo tras el cual pasarían a ser funcionarios y
funcionarias indefinidas no fijos. Como consecuencia, serán sustituidos por personal interino de una bolsa de empleo general de función pública sin que sea necesario ningún conocimiento en el ámbito de las migraciones. Todo ello, hasta que se
convoquen las plazas de oposición a las que hace referencia el Real Decreto-ley 6/2018, y estas plazas estructurales pasen a ser ocupadas por funcionarios y funcionarias de carrera para las cuales actualmente no hay fecha de inicio del proceso
selectivo.
La situación del sistema de atención a personas solicitantes de asilo y refugio es ya insuficiente, por las carencias existentes en dotación de medios humanos y técnicos, como reconocía el propio Gobierno en el Real Decreto-Ley 6/2018. El
próximo 8 de diciembre los trabajadores y trabajadoras interinas de la OAR cumplirán los tres años, desde las primeras incorporaciones en el 9 de diciembre de 2015, por lo que cesarán de sus puestos de trabajo. Esta situación hará que la OAR pueda
ver reducido el personal en un aproximadamente un 70 %, o bien que sean sustituidos por otros funcionarios y funcionarias interinas sin formación específica en la materia, con los retrasos y disfunciones que pueden surgir en un sistema que
actualmente está colapsado, lo cual agravará todavía más la situación.
Todo supone una situación de vulnerabilidad e indefensión extremas para las personas solicitantes de asilo en nuestro país urgente de solucionar.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar un Real Decreto-ley para la ampliación en doce meses de la situación de interinidad de los funcionarios y funcionarias que actualmente ocupan las funciones de asilo y refugio en el Ministerio de Interior, en virtud de lo
establecido en el artículo 10.1c) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
2. Modificar el procedimiento de petición de cita para la solicitud de protección internacional que recupere la posibilidad de hacerse a través de medios telemáticos, agilizar la tramitación y dotar de los medios necesarios la Oficina de
Asilo y Refugio para garantizar los derechos fundamentales de las personas solicitantes de protección internacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2018.-Isabel Franco Carmona y Marcelo Expósito Prieto, Diputados.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000883
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en Pleno sobre la grave situación política en la República del Ecuador.
Exposición de motivos
Desde la elección, el 24 de mayo de 2017, del nuevo Presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno Garcés, y sobre todo durante los últimos meses ha habido un claro proceso de involución democrática en el país. Esta degeneración
sistemática no solo ha ido violentando paulatinamente los preceptos constitucionales más básicos, sino que también se ha socavado el Estado de Derecho, habiendo sido este reemplazado por una concepción meramente patrimonialista del mismo.
El 30 de noviembre de 2017 el Presidente del Ecuador convocó un referéndum constitucional y consulta popular. Esta consulta, que como señaló la Misión de Observadores Electorales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se llevó a
cabo sin que la Corte Constitucional emitiese dictamen de constitucionalidad, proponía la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un ente encargado de realizar los concursos de mérito y oposición para
designar a las más altas autoridades judiciales y de control del Ecuador. Con el resultado de la consulta, se procedió a cesar de manera cuando menos irregular a los entonces miembros del CPCCS.
Paralelamente, en diciembre de 2017, el entonces Vicepresidente electo del Ecuador, Jorge Glas Espinel, se convertía en el primer preso político del Gobierno ecuatoriano al ser condenado por un supuesto delito de asociación ilícita
exclusivamente en base al testimonio de un corrupto confeso de Odebrecht. A Jorge Glas lo sentenciaron con un código derogado, para así poder presuntamente aumentar la pena, evitar que saliese libre y pudiera seguir en su cargo de Vicepresidente de
la República.
Unos meses después, el 6 de febrero de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) una solicitud de medidas provisionales a favor de Edwin Leonardo Jarrín
Jarrín, Tania Elizabeth Pauker Cueva y Sonia Gabriela Vera García, con la finalidad de que ordenase al Estado que se abstuviera de destituir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Ecuador. También se solicitó
abstenerse de crear un CPCCS Transitorio que pudiera generar riesgos en la efectividad del Estado democrático de derecho, incluyendo los principios de separación de poderes y de independencia judicial, fundamentales para el
cumplimiento efectivo de los derechos humanos. Lamentablemente, la solicitud llegó a la Corte dos días después del referéndum y consulta popular.
El 6 de marzo de 2018, a partir de ternas propuestas por el Presidente Moreno, entró en funciones un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio que desde entonces se ha excedido en sus atribuciones. Este CPCCS
Transitorio ha destituido funcionarios que son sometidos a control de la Asamblea Nacional (entre ellos al Defensor del Pueblo, al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Contencioso Electoral, a Superintendentes de Bancos, al Superintendente de
Compañías, al Superintendente de Comunicación, y al Consejo Nacional de la Judicatura) y ha suspendido el concurso de jueces y fiscales. No solo cesó a los citados altos funcionarios del Estado, sino que posteriormente nombró a sus sustitutos a
través de un concurso carente de las más mínimas garantías de transparencia, y ordenó la toma de posesión de las actuales autoridades.
Este desmantelamiento de las instituciones fijadas por la Constitución ecuatoriana continuó en agosto de 2018, cuando este CPCCS Transitorio cesó a los magistrados de la Corte Constitucional, que actualmente se encuentra vacante en su
totalidad, suponiendo una falta de garantías constitucionales para la ciudadanía y un grave atentado contra el Estado de Derecho.
El 21 de octubre de 2018, después de que el exsecretario de comunicación del gobierno del Presidente Rafael Correa informara a las autoridades de que, por falta de garantías al debido proceso, había salido del país en busca de asilo
político, se trasladó de manera expedita al exvicepresidente Jorge Gas al Centro de Detención de Latacunga, una cárcel de alta seguridad situada a unos 100 kilómetros de la capital, Quito, poniendo en altísimo riesgo su integridad física. A raíz de
este hecho, Jorge gas se declaró en huelga de hambre y señaló a través de una carta que su vida corría peligro y que su traslado a la cárcel de Latacunga buscaba humillarlo y vengarse de él.
Ese mismo día, el actual secretario de comunicación, Andrés Micheiena, informó de que el Gobierno había exhortado a las autoridades de la administración de Justicia para que emitiesen la prohibición de salida del país a exfuncionarios -altos
y medios- del Gobierno del expresidente Rafael Correa.
El 31 de octubre de 2018 la Corte Nacional de Justicia acogió el pedido de Fiscalía y vinculó al proceso de presunto peculado (malversación de fondos públicos) a ocho personas, dictando prisión para siete de ellas: cinco exfuncionarios de
la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM) y dos exproveedores. Entre los detenidos figuran 3 periodistas: Marco Bravo, Javier ternos y Carlos Bravo. En este caso, también se está investigado el exsecretario de comunicación, Fernando
Alvarado.
Asimismo, el propio expresidente Rafael Correa tiene abiertos una serie de procesos en su contra. En uno de ellos, se dictó prisión preventiva y el gobierno ecuatoriano llegó a solicitar a la Interpol la emisión de una alerta roja de busca
y captura. El pedido formulado a la interpol está todavía pendiente de respuesta. Ante esta situación, Rafael Correa ha pedido recientemente asilo político en Bélgica, país donde reside junto a su familia desde 2017.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Convocar al Embajador de la República del Ecuador en España, y solicitar información relativa a la situación en la que se encuentra el exvicepresidente Jorge Glas, así como son las condiciones de su encarcelamiento.
2. Expresar su rechazo ante la persecución política a la que están sometidos los miembros del gobierno anterior y a la vulneración del principio de separación de poderes y del Estado de Derecho en Ecuador.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2018.-Miguel Ángel Bustamante Martín, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000884
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al nuevo reglamento del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) es el órgano permanente de coordinación, cooperación, comunicación e información de los servicios de salud (entre ellos y con la Administración del Estado) que tiene como
finalidad promover la cohesión del propio SNS mediante la garantía efectiva y equitativa de los derechos de los ciudadanos en todo el territorio estatal.
Creado por la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y constituido el 7 de abril de 1987, el Consejo Interterritorial cuenta con un reglamento interno de organización y funcionamiento regulado mediante el artículo 73 de la Ley
16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del SNS.
El reglamento vigente fue aprobado en la sesión plenaria del Consejo Interterritorial celebrada el 23 de julio de 2003. Dicho reglamento sustituyó al validado el 20 de diciembre de 1993 (incluidas las modificaciones realizadas el 15 de
julio de 1996) y está conformado por 17 artículos, una disposición derogatoria y una disposición final en los que se concretan cuestiones como el régimen jurídico del Consejo, su composición, sus miembros, sus funciones, su sede, la periodicidad de
las convocatorias, el alcance de los acuerdos que se promuevan, la elaboración de actas y memorias sobre su actividad y, entre otras cuestiones, su funcionamiento en pleno, en comisiones y en grupos de trabajo.
Teniendo presente que en lo no previsto en el reglamento vigente, el Consejo Interterritorial se rige por lo dispuesto en materia de órganos colegiados por el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, es la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la que le otorga al propio Consejo la naturaleza de conferencia sectorial (y así se
contempla en el listado de conferencias sectoriales del Ministerio de Política territorial y Función Pública actualizado en marzo de 2018).
La propia Ley 40/2015 precisa en el punto uno de su artículo 147 que una conferencia sectorial es aquella que, como órgano de cooperación, 'tiene una composición multilateral y un ámbito sectorial determinado', y 'que reúne, como Presidente,
al miembro del Gobierno que, en representación de la Administración General del Estado, resulte competente por razón de la materia', así como 'a los correspondientes miembros de los Consejos de Gobierno, en representación de las Comunidades
Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla'.
Además, la Ley 40/2015 establece en sus artículos 148, 149, 150 y 151 las funciones, las convocatorias de reuniones, la estructura y labores de la secretaría, y las clases de decisiones que pueden adoptarse en las conferencias sectoriales,
lo que supone una evolución con respecto a lo contemplado en el reglamento vigente del Consejo Interterritorial.
Sobre esta realidad, por seguridad jurídica y teniendo en cuenta el artículo 147.3 de la Ley 40/2015, según el cual 'cada conferencia sectorial dispondrá de un reglamento de organización y funcionamiento interno aprobado por sus miembros',
el reglamento del Consejo Interterritorial ha de ser renovado para adaptarse, por ejemplo, y entre otras cuestiones, a los cambios formalizados en la adopción de acuerdos (antes de la Ley 40/2015 se sustentaba en el consenso pero ahora pueden
prosperar con el voto en contra de parte de las Comunidades Autónomas).
En consecuencia, el Ministerio de Sanidad inició en el seno del propio Consejo interterritorial los trabajos para elaborar y consensuar con las Comunidades Autónomas el nuevo reglamento. Esta labor se realizó, en esencia, durante el año
2017, tanto en las sesiones plenarias del Consejo acontecidas el 21 de junio y el 8 de noviembre, como en diversas comisiones delegadas, incluida una monográfica, la celebrada el 6 de julio.
El trabajo en cuestión se prorrogó al comienzo del presente año 2018, cuanto menos hasta el pasado mes de junio, cuando la moción de censura al Gobierno prosperó y se produjo el cambio en el Ejecutivo.
No obstante, desde entonces, poco ha trascendido a las Comunidades Autónomas, al sector sanitario y a la opinión pública en general sobre la voluntad del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
por avanzar en la consecución del nuevo reglamento más allá de declaraciones como las realizadas a comienzos de septiembre por la ya exministra Carmen Montón, según la cual 'cambiar el reglamento es una magnífica oportunidad para cambiar no
solo el fondo, sino también las formas'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar, desde el respeto al reparto competencial vigente y en coordinación con las Comunidades Autónomas, un nuevo reglamento interno de organización y funcionamiento del Consejo
interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que posibilite su adaptación a la regulación sobre las conferencias sectoriales que establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2018.-María Teresa Angulo Romero, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000885
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora de la
financiación del Sistema Nacional de Salud, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, registró el pasado 21 de junio una interpelación urgente al Gobierno para conocer los planes del propio Ejecutivo en relación con la reforma del modelo de financiación de las Comunidades
Autónomas.
La citada interpelación se sustentó, como punto de partida, sobre varias premisas. La primera, que el modelo aprobado por el Gobierno socialista en el año 2009 no contó con el consenso necesario. La segunda, que el riesgo de quiebra en
varias Comunidades Autónomas y el crítico desequilibrio fiscal existente en 2011 impidió que entonces pudiera acometerse la reforma del modelo: Y la tercera, que en 2017, una vez que saneó las cuentas, el Gobierno del Partido Popular convocó la
Conferencia de Presidentes Autonómicos, constituyó la Comisión de Expertos para la Revisión del Modelo de Financiación Autonómica, remitió el informe elaborado por las Comunidades Autónomas y conformó el Comité Técnico Permanente de Evaluación con
el objetivo de proponer las modificaciones sobre el modelo que se considerasen pertinentes.
Fruto de esta iniciativa, debatida en la sesión plenaria celebrada el 11 de septiembre, el Congreso de los Diputados acordó instar al Gobierno a presentar, coincidiendo con el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2019, una revisión del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y haciendas locales que se base en el informe de los expertos mencionados y garantice la igualdad de los ciudadanos en el acceso efectivo a los
servicios públicos esenciales, la equidad en el reparto de recursos entre las Comunidades Autónomas, la transparencia en el mecanismo de distribución y la corresponsabilidad fiscal para delimitar los servicios comunes garantizados por la
financiación del sistema de otros servicios adicionales que deban ser financiados por las Comunidades Autónomas.
Sobre este acuerdo, y el consecuente nivel de cumplimiento que supone para el Gobierno, cabe plantear la necesidad y la relevancia de que el propio Ejecutivo preste especial atención y concrete los pormenores de ese nuevo modelo de
financiación para los pilares que conforman el Estado del Bienestar, especialmente de uno de sus elementos vertebradores: la Sanidad.
Partiendo de que, al amparo de las previsiones constitucionales y de los respectivos estatutos de autonomía, todas las Comunidades Autónomas son titulares de las competencias en materia de sanidad (proceso completado mediante la Ley 21/2001,
de 27 de diciembre), cabe destacar que, de acuerdo con los datos del 'Informe Anual del Sistema Nacional de Salud' que elabora el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social, las propias Comunidades Autónomas invierten cada año una media superior al 45 por ciento de sus presupuestos a consolidar y desarrollar sus servicios de salud.
Dada esta elevada proporción, elementos sociales, demográficos y epidemiológicos como el progresivo envejecimiento de la población, la creciente prevalencia de las enfermedades crónicas, la pluripatología, la polimedicación o la
incorporación de los avances tecnológicos y las innovaciones terapéuticas con los que mejorar la prevención y el tratamiento de las patologías, entre otros fenómenos, hacen necesaria una actualización de los recursos asignados a las Comunidades
Autónomas para que cuenten con un presupuesto adecuado con el que garantizar la prestación de una asistencia sanitaria segura y de calidad capaz de responder a las necesidades reales de los ciudadanos.
Precisamente con el objetivo de incrementar los fondos disponibles para los gobiernos autonómicos, el anterior Gobierno, del Partido Popular, incrementó con 5.300 millones de euros adicionales la financiación de las Comunidades Autónomas en
los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, hizo lo propio con más de 4.200 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado vigentes e impulsó, además, diversas medidas con las que favorecer la optimización de los recursos
existentes, caso, por ejemplo, de la compra centralizada de medicamentos, de productos sanitarios y de vacunas, que hicieron posible la consecución de ahorros por valor de 200 millones de euros en los últimos cinco años.
A pesar de ello, las Comunidades Autónomas reiteran desde hace años la necesidad de actualizar el modelo de financiación, esgrimiendo como uno de los argumentos principales el gasto en Sanidad (un ejemplo reciente es la 'Declaración
Institucional conjunta de los gobiernos de Galicia, Asturias, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León sobre la reforma del sistema de financiación autonómica y de los fondos de la Política de Cohesión Europea' del pasado 10 de
septiembre).
En respuesta a esta solicitud, el anterior Gobierno se comprometió a convocar un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud monográfico sobre la cuestión. Este compromiso fue adquirido por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad en la sesión plenaria del propio Consejo celebrada el pasado 24 de abril. No obstante, una vez que prosperó la moción de censura al Gobierno, el citado pleno no llegó a celebrarse y, transcurridos más de cien días desde el
comienzo de su mandato, el actual Ejecutivo no ha retomado la convocatoria ni ha precisado cómo tiene previsto mejorar la financiación del Sistema Nacional de Salud.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Abordar de forma monográfica en el Consejo Interterritorial las necesidades de financiación del Sistema Nacional de Salud.
Como resultado de dicho pleno, y de los trabajos que se decidan emprender de forma consensuada y en total coordinación y cooperación con las Comunidades Autónomas, el Gobierno elaborará un documento que precise las necesidades existentes.
Posteriormente elevará dicho informe al Consejo de Política Fiscal y Financiera y tomará las medidas oportunas para que la financiación autonómica contemple una dotación económica adecuada con la que dar cobertura a las necesidades reales y
dinámicas del sistema sanitario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2018.-María Teresa Angulo Romero, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000886
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la prevención y erradicación de
todas las formas de violencia contra la infancia a través de las redes, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La violencia y el acoso escolar deben entenderse como situaciones que van mucho más allá del aula, el recreo, el comedor o el pasillo del centro educativo. Nuestros menores, cada vez a una edad más temprana, utilizan una diversidad de
canales de interacción asociados con internet y las redes sociales, que los exponen. De hecho, un estudio desarrollado por Microsoft, 'Online Bullying Survey', constata que el ciberacoso afecta a cerca de uno de cada cuatro jóvenes de ocho a
diecisiete años en una muestra de 25 países de todo el mundo.
Insultos, amenazas, difusión de imágenes y vídeos comprometidos, divulgación de información de la víctima o incluso el pirateo de sus cuentas personales de Internet, además de su no inclusión o aceptación en las redes sociales, son algunos
de las actuaciones que los acosadores utilizan y que producen el afloramiento de sentimientos como el aislamiento y la soledad en la víctima. Sensaciones que, sin lugar a dudas, afectarán a esos menores en el desarrollo de su personalidad y a su
identidad social.
En nuestro país, según pone de manifiesto la Fundación ANAR, a través de su 'II Estudio sobre Acoso Escolar y Ciberbullying', elaborado en 2016, las niñas son más vulnerables de sufrir acoso que los niños (un 66,7 % frente a un 33,3 %) y la
edad media de las víctimas es de tan solo 13,5 años, aunque también es cierto que se comienzan a detectar casos a partir de los nueve años. Si prestamos atención a la información ofrecida sobre el perfil de los acosadores, se da la circunstancia de
que también es más elevado en el caso de las mujeres y que la edad de los acosadores está comprendida entre los doce y dieciséis años. Además, si hablamos sobre periodicidad de este problema, el informe indica que la frecuencia es diaria en un 63,2
% de las ocasiones y semanal en el 13,8 %.
Y aunque las cifras son inaceptables, también es cierto que el mismo informe señala que en el año 2016 se produce un avance en la denuncia, concienciación, y visibilidad del problema, puesto que tanto las víctimas, como los testigos se
rebelan más. Parece ser que la sociedad española ha tomado consciencia de un problema que hasta ahora no tenía la suficiente repercusión mediática.
Tras la exposición de los datos anteriores, es importante señalar que la convivencia es un elemento fundamental en el proceso de aprendizaje. En primer lugar, porque debemos ayudar a relacionarnos en el entorno social, cultural y afectivo
en el que vivimos y en segundo lugar, porque aprender a convivir es vital para el desarrollo individual y social de cada persona.
En este sentido, los expertos nacionales e internacionales coinciden que la mejora de la convivencia escolar empieza por la responsabilidad compartida de todos los miembros de la comunidad educativa, pero no tan solo de los profesionales,
sino también de los alumnos, las familias y otros agentes socializadores. De hecho, los centros educativos que introducen una perspectiva comunitaria, rechazando cualquier tipo de violencia, rompiendo la ley del silencio, apoyando a las víctimas y
potenciando la intervención de los testigos, están logrando transformarse en escuelas seguras, solidarias, libres, democráticas e inclusivas.
Lo que quieren los niños y las niñas, las familias y el profesorado es un ambiente seguro para todos porque así se trabaja mejor y se aprende más.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a diseñar un Plan de actuación a nivel estatal orientado a responder a las necesidades concretas que se hayan detectado, en temas de ciberacoso y demás formas de violencia a través de las
redes. Un plan que, además, pueda abarcar los siguientes aspectos:
1. La coordinación entre la Administración General, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, para asegurar la cooperación y flujo recíproco de información, con el objetivo de emprender acciones que ayuden a eliminar este tipo de
fenómenos, pudiendo incluso crearse una plataforma digital a través de la cual se produzca la necesaria colaboración interinstitucional.
2. La incorporación de políticas educativas que promocionen la inclusión de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad.
3. La formación adecuada del profesorado, alumnado, padres y madres y demás miembros parte de la vida socioeducativa de los centros para ser capaces de afrontar los problemas y situaciones y proporcionar una formación adecuada en el dominio
de las competencias de las TIC.
4. La visibilización del trabajo de los centros educativos que consigan objetivos y resultados positivos.
5. La difusión de información de la prevención, detección e impacto de los incidentes de ciberacoso, a fin de sensibilizar a la comunidad educativa.
6. La formación del alumnado alrededor de su identidad digital, para que conozca sus derechos en internet pero también sus deberes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2018.-Loreto Cascales Martínez, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000887
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a proteger a
los cuerpos de funcionarios nacionales de Justicia en Cataluña y fomentar su permanencia y estabilidad, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Los funcionarios de cuerpos de Justicia que pertenecen a la Administración General del Estado y desempeñan sus funciones en partidos judiciales en Cataluña o en la administración periférica de esta Comunidad Autónoma están siendo sometidos,
por su participación en distintos procedimientos relacionados con el desafío independentista y las tensiones que este provoca en la población, a una fuerte presión y a situaciones en su ámbito profesional que dificultan la permanencia de los mismos
en tales destinos.
Recientemente, el Grupo Popular en el Senado, preguntó al secretario de Estado de Justicia, Manuel Dolz, expresamente por la fuga de jueces y fiscales de Cataluña a causa de las diversas formas de acoso y presión que estos sufren, que se
extiende a colectivos afines que participan del funcionamiento de la Justicia y la defensa del Estado como Letrados de la Administración de Justicia y Abogados del Estado.
La excusa del Gobierno, basada en que no existe un cuerpo de opositores jurídico en dicha región y por tanto, los destinados a Cataluña piden cambio de destino con rapidez, choca frontalmente con la realidad de que la Universidad Pompeo
Fabra y la Universidad Ramón Llul se encuentran entre las más prestigiosas en los ránkings de oferta de los estudios de Derecho, así como la Universidad Autónoma de Barcelona ofrece diversos grados del mundo jurídico (lo cual implica que la demanda
existe).
Sin olvidar la existencia de juristas de reconocido prestigio de origen catalán que han dedicado de una u otra forma su vida al servicio de lo público y al conocimiento de las ciencias jurídicas, cuya existencia desmiente claramente la
afirmación del Secretario de Estado, juristas como el ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, Eugeni Gay; el expresidente de la Audiencia de Barcelona, Javier Béjar; o el ex rector y actual catedrático del Departamento de Derecho de la
Universitat Pompeu Fabra, Josep Joan Moreso.
La presión alcanza su máximo exponente en el magistrado del Tribunal Supremo, don Pablo Llarena, pero se comunica igualmente al resto de compañeros, que han visto cómo los CDR depositaban excrementos en la puerta de juzgados catalanes, entre
otras acciones que alteran su normal funcionamiento y el desempeño de la labor de quienes, desde la función pública, representan al poder judicial, a la administración de Justicia y al propio Ministerio, es decir, al Estado, en la Comunidad.
Las personas que ocupan estos puestos hacen una labor fundamental, velando por la convivencia diaria dentro de la sociedad catalana y siendo exponentes de la unión de los catalanes entre sí y de estos con el resto de españoles. La huida de
profesionales, funcionarios que se caracterizan por su estabilidad y permanencia, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, es una mala noticia para el Estado de Derecho pero sobre todo, para la convivencia cívica. Es por ello que conviene adoptar las
medidas tendentes a favorecer la decisión de tales funcionarios de permanecer en sus puestos en el territorio de la Comunidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar las medidas de refuerzo de la seguridad que sean necesarias para proteger los juzgados y los funcionarios de los cuerpos nacionales de Justicia que en los mismos desempeñan su labor, tales como Jueces, Magistrados, Fiscales,
Letrados de la Administración de Justicia o Abogados del Estado.
2. Analizar la posible adopción de medidas e incentivos que favorezcan la decisión de estos funcionarios nacionales de trasladarse a destinos dentro de la Comunidad Autónoma de Cataluña y en caso de encontrarse ya destinados en un puesto
dentro de la misma, a permanecer.
3. En especial, implementar medidas que resulten oportunas en relación al cómputo del tiempo de la estancia en un puesto de destino de la Comunidad Autónoma de Cataluña en la carrera profesional, considerando este de mayor relevancia a los
efectos de ascensos y mejoras profesionales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2018.-María Jesús Bonilla Domínguez, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000888
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a condenar el auge de la
violencia neofascista, neocomunista y cualquier manifestación de violencia, odio, xenofobia o intolerancia, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El pasado 25 de octubre, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre el auge de la violencia neofascista en Europa y contó con el apoyo de 355 votos a favor, frente a 90 en contra y 39 abstenciones.
La delegación española del Partido Popular Europeo también condenó y lamentó enérgicamente los atentados terroristas, asesinatos, actos de violencia psicológica, ataques físicos violentos y marchas de organizaciones neofascistas y neonazis
que se han producido en varios Estados miembros de la Unión Europea; así como expresó su honda preocupación ante la creciente normalización del fascismo, el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia en la Unión y mostró su especial
preocupación ante la violencia neofascista, que afecta a la sociedad en su conjunto y va dirigida hacia minorías concretas, como los europeos negros y las personas de ascendencia africana, los judíos, los musulmanes, la población romaní, los
nacionales de terceros países, las personas LGBTI o las personas con discapacidad.
A lo largo de la historia ha habido totalitarismos de derecha y de izquierda. El nazismo y el comunismo han sido las ideologías más excluyentes, aberrantes e inhumanas que ha alumbrado el Siglo XX.
Desde la Revolución Rusa de 1917 y hasta la caída del muro de Berlín en 1989 y de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en 1991, se dividió el mundo entre países comunistas -que acogieron las ideas del Manifiesto del
Partido Comunista redactado por Karl Marx y Friedrich Engels publicado en 1848- y los capitalistas. A partir de entonces, el comunismo se ha ido reformulando y ha ido evolucionando hacia una nueva forma de comunismo, el denominado 'neocomunismo'.
En el Siglo XX, el comunismo también provocó miles de asesinatos, una gran violencia, la restricción de la libertad, el empobrecimiento generalizado, la falta de respeto de los Derechos Humanos y la persecución de la disidencia. Hoy, los
comunistas del Siglo XXI que reivindican la ideología estrictamente comunista son países como Corea del Norte y Cuba y también hay regímenes mixtos con una economía capitalista y de mercado con tintes comunistas con un sistema político totalitario
de partido único con ausencia absoluta de libertades individuales como China.
En la versión moderna del comunismo, en principio se renuncia a la revolución, transformándola por una pretendida legitimación del poder a través de las urnas. El neocomunismo impone una falsa corrección política que no es más que una
censura ante quienes defienden valores contrarios a los del régimen, es
decir, es considerado como la perversión de la democracia. Ejemplo de comunismo fue la URSS, ejemplo de neocomunismo lo representa el chavismo venezolano, encarnado hoy en el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, o en Nicaragua de Daniel
Ortega.
Sin embargo, la citada resolución del Parlamento Europeo no hace referencia al auge de la violencia neocomunista, ni tampoco condena cualquier manifestación de violencia, odio, xenofobia o intolerancia como el terrorismo yihadista; los
asesinatos y heridos de ETA; las agresiones del independentismo más radical de Cataluña que escrachea a jueces, ridiculiza a los hijos de la policía en el colegio o envía balas en sobres a las casas de los políticos opositores; el odio del
nacionalismo radical de izquierdas surgido de ETA -la izquierda abertzale- contra el apoyo a la Guardia Civil como en el caso de Alsasua; o la persecución de cristianos.
Según el artículo 1 de nuestra Carta Magna: 'España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo
político'. En este sentido, el Partido Popular es un partido que ha defendido a lo largo de su historia la libertad, la democracia, los Derechos Humanos y ha combatido el odio y la violencia en todas sus formas en España y en todos los países del
mundo.
El Partido Popular está en contra del totalitarismo como ideología destinada a demonizar y justificar la violencia y el odio contra el adversario, ya sea neofascista o neocomunista. En contra de la violencia, pero de todo tipo de violencia.
En contra del odio, pero de todo tipo de odio.
Siguiendo el mandato de la Constitución Española consideramos que esa debe ser la posición del Congreso de los Diputados, como representante de la soberanía nacional y, por su puesto, del Gobierno de España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a condenar el auge de la violencia neofascista, neocomunista y cualquier manifestación de violencia, odio, xenofobia o intolerancia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2018.-José Ignacio Echániz Salgado, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000889
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al gobierno a la
elaboración de una Estrategia especial para ciudades transfronterizas sobre la ley de horarios comerciales, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La Ley 1/2004 de 21 de diciembre de Horarios Comerciales deja en manos de las Comunidades Autónomas, dentro de unos márgenes, las diferentes opciones de aplicaciones de horarios en función de su propia legislación autonómica y de las
decisiones que adopten las mismas.
Pero hay casos especiales, como son las ciudades transfronterizas, que compiten contra ciudades que están al otro lado de la frontera pero a muy poca distancia y que se rigen por otra legislación diferente; como es el caso de la portuguesa,
absolutamente liberal en este sentido y que imposibilita una competencia en condiciones de igualdad.
Esta situación es la que se vive a lo largo de nuestras fronteras en numerosas ciudades españolas, acumulando problemas de competitividad y empleo derivados de esta competencia que sufren de los países vecinos y que llevan a problemas como:
- Deslocalización de inversiones: los nuevos inversores se plantean establecerse en aquellos territorios en los que más horas pueden tener su activo en funcionamiento, esto es, en aquellos territorios
que -a igualdad de otro tipo de características- mayor amplitud horario lo ofrezca. Esto hace que en estas ciudades transfronterizas haya inversiones que prefieran deslocalizarse hacia los países vecinos.
- Pérdida de competitividad: el tener al otro lado de la frontera superficies comerciales que pueden abrir durante más días supone una pérdida de clientes y por tanto de competitividad de las superficies asentadas en la ciudad española.
- Pérdida de empleo: La apertura de menos festivos no provoca un incremento de empleo, sino una disminución del mismo y sobre todo un alto coste de oportunidad de personas que podrían estar trabajando y no lo hacen.
- Pérdida de turismo: El turismo comercial desaparece cuando por arrastre de una competencia en desigualdad de condiciones los compradores optan por el país vecino en lugar de por España. Esto ocasiona graves perjuicios en las ciudades
españolas afectas por esta problemática.
Es fundamental, para estas ciudades transfronterizas de más de 50.000 habitantes, tener la posibilidad de disfrutar de un régimen alternativo dada su condición de transfronterizas, y darles un carácter diferencial en la ley 1/2004 dotándolas
tanto de un régimen diferente que les permita ser competitivas en el entorno internacional en el que se mueven, como de recursos para poder compatibilizar este régimen con el apoyo al pequeño y mediano comercio local que, sin duda, tiene que seguir
siendo la prioridad dado el empleo y emprendimiento que generan.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar el posible establecimiento de un régimen especial para las ciudades transfronterizas españolas de más de 50.000 habitantes en la ley estatal 1/2004 de Horarios Comerciales de cara a
solucionar los problemas de competitividad, deslocalización y empleo que le generan los diferentes marcos normativos en esos países vecinos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2018.-Víctor Valentín Píriz Maya, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000890
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la declaración de Parque Nacional de la Sierra de las
Nieves, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El Parque Natural Sierra de las Nieves, ubicado en la provincia de Málaga, constituye uno de los enclaves más singulares de Andalucía. Situado entre la Costa del Sol y la Serranía de Ronda, es un espacio de media y alta montaña situado en
el extremo occidental de las cordilleras béticas. Se trata un espacio privilegiado, con una superficie de 20.163 hectáreas, que atesora una enorme cantidad de valores naturales.
Acoge el 65 % de superficie de pinsapar español, con el abeto pinsapo (especie emblemática del pa rque y que constituye el mayor testimonio vivo de los abetos meridionales que desaparecieron tras las glaciaciones del cuaternario) y el abeto
blanco como únicos representantes del género Abies en la Península Ibérica. Alberga, además, una importante representación de encinares, alcornocales, quejigares, pinares de pino negraf, sabinares y bosques de ribera, y cuenta con grandes
formaciones rocosas que surgieron hace cientos de millones de años, que actúan como relleno de los fondos de valle. Su peculiar geología y su excepcional riqueza botánica, características que fueron determinantes en su día para que esta área fuera
declarada parque natural (es Parque Natural desde 1989 y Reserva de la Biosfera desde 1995), lo convierten en un espacio natural único y exclusivo.
La variedad de alturas provoca también una importante diversidad climática entre las distintas zonas del parque. Junto con la intensa presencia del agua, esto influye directamente no solo sobre el paisaje
sino también sobre la fauna y la flora. Su amplia diversidad de hábitats permite, asimismo, albergar una variada comunidad faunística como el águila real, el águila perdicera, el águila culebrera, el águila calzada, el halcón peregrino, el
búho real, el azor, el gavilán, el cárabo, el autillo y el cuco, entre otros. Además, sus riberas acogen especies de aves como el martín pescador, el mirlo acuático o la oropéndola; y en sus ríos hay una buena representación de cangrejo autóctono
y entre los mamíferos están la cabra montés y el corzo.
La promesa de que la Sierra de las Nieves será el decimosexto parque nacional del país ha sido una constante a lo largo de los últimos años. Lo han anunciado los sucesivos Gobiernos, sin que se haya convertido en realidad. En Andalucía
solo los espacios naturales de Doñana y Sierra Nevada cuentan con este nivel de protección, el máximo a nivel estatal. Por tanto, es imprescindible que el Gobierno presente, a la mayor brevedad, un Proyecto de Ley para la declaración de Parque
Nacional de la Sierra de las Nieves que dote del máximo nivel de protección a uno de los parajes naturales más emblemáticos de Málaga y de toda Andalucía, con el aval que supone haber recibido categoría de Parque Natural y Reserva de la Biosfera.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar, a la mayor brevedad, un Proyecto de Ley para la declaración de Parque Nacional de la Sierra de las Nieves que dote del máximo nivel de protección a uno de los parajes naturales más
emblemáticos de Málaga y de toda Andalucía, con el aval que supone haber recibido categoría de Parque Natural y Reserva de la Biosfera.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2018.-Irene Rivera Andrés y Guillermo Díaz Gómez, Diputados.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000891
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la candidatura española al acelerador de partículas
IFMIF-DONES (International Fusion Materials Irradiation Facility - DEMO-Oriented Neutron Source), para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Impulsados por los acuerdos internacionales de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible celebrada en 2002, y en virtud del acuerdo de 16/12/2006 entre la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom), China, Corea del Sur, Japón,
EEUU, Rusia e India, estos países se comprometieron al desarrollo de la energía de fusión como una fuente alternativa de energía prácticamente ilimitada, aceptable ambientalmente y competitiva económicamente.
En una primera fase, se inició la construcción del Proyecto ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), bajo los auspicios de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, instalación destinada a demostrar la viabilidad de la
fusión como fuente de energía, en la ciudad francesa de Cadarache, con un coste actualizado superior a los 20.000 millones de euros a los que España está contribuyendo activamente.
En una segunda fase, la unión Europea, a través de Fusion for Energy (F4E), asociada con Japón, decidió impulsar la construcción del acelerador de partículas IFMIF-DONES (International Fusion Mataríais Irradiation Facility-DEMO-Oriented
Neutron Source), un acelerador lineal de neutrones que permita conocer el comportamiento de materiales requeridos para la construcción de ITER y del futuro reactor de fusión DEMO. En este contexto, durante 2015, y siguiendo las directrices
europeas, España postula a Granada para albergar el Proyecto IFMIF-DONES, y se informa al Ministro de Economía, Industria y Competitividad, así como a la Secretaría de Estado del mismo Ministerio, de la intención de presentar formalmente dicha
candidatura oficial.
IEMEF-DONES es un acelerador de partículas de tamaño medio (el doble de Alba, el mayor de España, que está en Barcelona) y que pretende probar materiales para fabricar futuros reactores de fusión de forma comercial. IFMIE-DONES tiene
importantes aplicaciones adicionales, ya que los aceleradores se usan para la generación de nuevos materiales, de radioisótopos para terapia oncológica y en operaciones de cáncer cerebral, ya que son capaces de depositar (quemar) en una región muy
localizada. La fusión es energía limpia que se genera usando el agua del mar como combustible y permitiría el fin de los combustibles fósiles. La contaminación que produce es ínfima comparada con otras tecnologías (como los reactores de fisión o
centrales térmicas).
La candidatura española ha propuesto a Granada, más concretamente a Escúzar, como sede para albergar el IFMIF-DONES (2015-2022) y su posible ampliación futura con IFMIF (2030-2050). Ya en el mes de septiembre 2015, tuvo lugar en Daejeon,
Corea del Sur, el International Symposium on Fusion Nuclear Technology. En este simposio se colgó en la red el programa cerrado del mismo con toda la información relevante del mismo, en el que en la página 46, se podía leer un fact sheet del ICEX
en el que se indica que España es uno de los mayores contribuyentes del ITER, así como el tercer proveedor privado que desarrolla tecnología para el mismo. Pero lo más importante es que señala que España está lista para acoger el IFMIF-DONES en
Granada.
Por primera vez, España es el país con más ingenieros, científicos y empresas trabajando en IFMIF de los países que han presentado candidatura, lo que la hace la candidatura técnicamente más fuerte. Y más allá de los determinantes aspectos
científicos, no es de menor importancia tener en cuenta que también están en juego, en caso de que la candidatura española resultase ganadora, la creación estimada de más de 1.000 empleos al año en una región con altas tasas de paro como Andalucía.
Los cálculos en tecnologías como esta determinan que, por cada euro invertido, se produce un retorno de tres euros, y en regiones deprimidas, hasta cuatro euros. En cada proyecto similar se crea un cinturón de industria altamente cualificada y con
un gran potencial de exportación. Son trabajos de alta cualificación, bien remunerados y que darían prestigio y un gran retorno industrial a España, además de fomentar el retorno de nuestros jóvenes que durante esta crisis han tenido que salir
fuera de nuestras fronteras. Económicamente hablando, el valor añadido es si cabe tan importante como el propio valor científico del proyecto.
El acelerador de partículas IFMIF-DONES constituye un proyecto científico mundial de primera magnitud que posicionaría a España en la carrera de la fusión nuclear, con un enorme impacto social, tecnológico, científico y económico a nivel
local, autonómico y nacional.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Solicite la implicación de los Ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en la defensa de la candidatura española de IFMIFDONES mediante el establecimiento de contactos
diplomáticos dirigidos a comprometer los votos necesarios para su éxito.
2. Estructure la oferta económica, estimada en 400 millones de euros, que garantice la competitividad y el éxito de la candidatura española de IFMIF-DONES frente al resto de candidaturas europeas competidoras, mediante un acuerdo entre el
Gobierno de España y la Junta de Andalucía, con el consiguiente compromiso de financiación a través de sus respectivos Fondos FEDER.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2018.-Luis Miguel Salvador García, Diputado.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000892
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
cooperación necesaria entre la Administración General del Estado y la Generalitat de Catalunya en materia competencial para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
El conflicto político derivado de las difíciles relaciones que en los últimos años han venido manteniendo la Administración General del Estado y la Generalitat de Catalunya ha afectado doblemente a la ciudadanía de Catalunya. Por un lado,
la confrontación ha tensado la convivencia, y por otro, la actitud de sendas administraciones, y en especial la del anterior Gobierno central, ha provocado un retroceso en el autogobierno en una comunidad con una histórica e inequívoca voluntad de
ejercer el autogobierno.
En la situación actual es imprescindible ofrecer una solución democrática al conflicto político y preservar la convivencia, pero también ser capaces de resolver la ineficacia e ineficiencia que en este momento impiden el buen funcionamiento
del Estado autonómico en Catalunya. No hay duda que para conseguirlo es necesario establecer un diálogo efectivo que favorezca un nuevo clima político entre ambas administraciones que, desde la mutua cooperación, permita debatir sus legítimos
objetivos.
Un diálogo que no debe pasar únicamente por reanudar la comunicación y la buena voluntad sino que debe verse acompañado de medidas concretas que favorezcan el desarrollo del autogobierno. El Gobierno tiene en este momento en su mano actuar
en diversos ámbitos, por ejemplo retirando los recursos competenciales contra leyes aprobadas por el Parlament de Catalunya, con especial atención a aquellas normas que tienen una especial afectación en las políticas sociales o que tienen un impacto
en la capacidad fiscal de la Generalitat de Catalunya.
También debe ponerse fin a las políticas y a la adopción de normas legales recentralizadoras practicada por el anterior Gobierno, revisando y, en su caso derogando o modificado, aquella normativa que ha supuesto una reducción de la capacidad
de decisión y de gestión de la Generalitat en el ámbito social.
En tercer lugar, el Gobierno debe hacer del respeto de las competencias de la Generalitat una máxima de su actuación. Así, debe respetar escrupulosamente las competencias de la Generalitat con una política normativa que no invada la
capacidad legislativa y las políticas propias de la Generalitat, y de las Comunidades Autónomas en general, en los ámbitos que son propios de sus competencias. En este sentido, el Estado debe eliminar de sus políticas el uso abusivo de los Reales
Decretos para laminar las competencias de las Comunidades Autónomas y, en algunos casos, para incumplir con las sentencias del Tribunal Constitucional. Así mismo, debe reducir al máximo la utilización expansiva de la legislación con carácter de
básica, respetando las competencias de las Comunidades Autónomas cuando se aprueben Leyes de bases y la posterior potestad legislativa del Gobierno, así como 'territorializar' los recursos económicos vinculados a las competencias de las Comunidades
Autónomas, evitando las políticas que a través de la financiación de programas y/o actividades invadan los ámbitos de actuación de las CCAA.
Otra de las acciones que debería llevarse a cabo por parte del Gobierno es iniciar, en el marco de la Comisión Bilateral y de la Comisión Mixta de Traspasos, la negociación sobre funciones y servicios a traspasar a la Generalitat en
cumplimiento del Estatut d'Autonomia, con un calendario concreto y acordado por las partes. Según informes del Govern de la Generalitat, los traspasos pendientes afectan a 20 materias, entre ellas, las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, la gestión de las becas universitarias, la ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional, la gestión descentralizada del Fondo de Garantía Salarial, el salvamento marítimo, así como
la ampliación del traspaso en materia de cercanías (rodalies) ferroviarias.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar las negociaciones con el Govern de la Generalitat para la retirada de recursos competenciales presentados en el Tribunal Constitucional contra leyes aprobadas por el Parlament de Catalunya, con especial atención a aquellas
normas que tengan un especial afectación en las políticas sociales o que tengan un impacto en la capacidad fiscal de la Generalitat de Catalunya.
2. Poner fin a la adopción de normas legales recentralizadoras practicada por el anterior Gobierno, revisando y, en su caso derogando o modificado, aquella normativa que ha supuesto una reducción de la capacidad de decisión y de gestión de
la Generalitat en particular y del conjunto de las. CCAA en general.
3. 'Territorializar' los recursos económicos vinculados a las competencias de las Comunidades Autónomas, evitando las políticas que, a través de la financiación de programas y/o actividades, invadan los ámbitos de actuación de las CCAA.
4. Abandonar el uso abusivo de los Reales Decretos para laminar las competencias de las Comunidades Autónomas y, en algunos casos, para incumplir con las sentencias del Tribunal Constitucional.
5. Reducir al máximo la utilización expansiva de la legislación con carácter de básica, respetando las competencias de las Comunidades Autónomas cuando se aprueben Leyes de bases y la posterior potestad legislativa del Gobierno.
6. Iniciar, en el marco de la Comisión Bilateral y de la Comisión Mixta de Traspasos, la negociación sobre funciones y servicios a traspasar a la Generalitat en cumplimiento del Estatut d'Autonomia, con un calendario concreto y acordado por
las partes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2018.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000893
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para la mejora y refuerzo del papel de los municipios en el
sistema de acogida de personas migrantes y refugiadas, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
El aumento de los flujos migratorios en todo el mundo es, sin duda alguna, uno de los resultados más vertiginosos surgidos de la globalización, tratándose de un fenómeno que ha experimentado además una gran intensificación a lo largo de la
última década. Este crecimiento de los flujos de personas migrantes y refugiadas se constata en documentos y declaraciones de los últimos años que constituyen guías fundamentales para conducir el equilibrio internacional, la relación armoniosa
entre los Estados y los pueblos, y el respeto universal a los derechos humanos. Es el caso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Naciones Unidas (2015), donde se reconoce la 'contribución positiva' de las personas migrantes al
crecimiento inclusivo y al desarrollo sostenible de las naciones, o la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, también de las Naciones Unidas (2016), donde se recuerda que 'aunque el trato que se les dispensa se rige por
marcos jurídicos separados, los refugiados y migrantes tienen los mismos derechos humanos universales y libertades fundamentales'. Con todo, resultaría inocente ignorar que los desplazamientos masivos de población conllevan también retos muy
exigentes para las políticas nacionales, europeas y globales.
Un documento que constituye una de las mejores guías de orientación internacional para afrontar estos retos, es el más citado recientemente por gobernantes y políticos de todos los países del mundo: se trata del Pacto Mundial para la
Migración Segura, Ordenada y Regular, a ratificar en Marrakech en diciembre de 2018. El significado que debamos dar a estos conceptos: segura, ordenada y regular, constituye sin duda un terreno de discusión ética y política. Pero más allá de las
diferencias de enfoque sobre estos términos, diferencias inevitables que existirían entre diferentes fuerzas partidarias y proyectos de sociedad, una buena base para el consenso consistiría en asumir, más allá de nuestras diferencias, los 23
objetivos del Pacto, de entre los cuales nos interesa resaltar ahora, para el propósito de esta Proposición no de Ley, el Objetivo 16: empoderar a las personas migrantes, y dotar a las sociedades de los recursos necesarios para que se pueda llevar
a cabo su completa inclusión, de una manera tal que, al mismo tiempo, se garantice la cohesión social.
A nadie se le escapa que este objetivo resulta muy difícil de cumplir si los sistemas de acogida y asilo de un Estado se encuentran infradotados, no incorporan los mecanismos de coordinación imprescindibles entre las administraciones
públicas o no existen suficientes vías de colaboración entre el sistema de acogida estatal y las organizaciones especializadas de la sociedad civil. En este orden de cosas, una de
las deficiencias más señaladas del sistema de acogida español, estriba precisamente en el impacto que las necesidades de acogida están teniendo en los ayuntamientos, cuyas políticas se están implementando -sin que les correspondiese
competencialmente hacerlo, siendo una tarea que asumen por responsabilidad social y humanitaria- sin la aportación económica del Gobierno central y sin que existan protocolos de coordinación estables que garanticen una gestión multinivel de las
políticas de acogida y asilo entre el Gobierno central, las Comunidades Autónomas y los municipios.
De hecho, la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (conocida como Ley de extranjería), en su artículo 2 relativo a la integración de las personas migrantes,
apartado cuarto, se refiere expresamente a que los programas de acción de Gobierno y Comunidades Autónomas 'serán financiados con cargo a un fondo estatal para la integración de los inmigrantes, que se dotará anualmente, y que podrá incluir fórmulas
de cofinanciación por parte de las Administraciones receptoras de las partidas del fondo'. Sin embargo, este previsión se ha dejado sin efecto por la Ley 6/2018 de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2018 (véase la
disposición adicional 105, apartado 4); lo que significa que esta partida ha sido vaciada en los PGE vigentes. Si no queremos que esta contradicción entre las declaraciones y pactos de buenas prácticas internacionales sobre la acogida de personas
migrantes y refugiadas, la propia legislación española, y la realidad de la desfinanciación de los fondos de acogida, se transforme en una peligrosísima regresión en la garantía de los derechos humanos y la cohesión social, resulta urgente
plantearse de nuevo destinar la financiación suficiente a las políticas de acogida por parte del Estado. Lo contrario es algo que, como Estado democrático, social y de derecho, que respeta además los marcos internacionales de reconocimiento
universal de los derechos humanos, no podemos permitirnos.
De hecho, una demanda como el restablecimiento del Fondo de Acogida e Integración de la Inmigración forma parte desde hace tiempo de la agenda de reclamaciones de los municipios, nuestras ciudades de acogida, al Gobierno central. Recuperar
el Fondo de Acogida e Integración es capital para que las administraciones municipales y autonómicas puedan hacer frente a las necesidades que plantea la llegada de inmigrantes, en condiciones respetuosas con los derechos humanos y de acuerdo con
las recomendaciones internacionales. Este fondo servía, antes de su desfinanciación, para cubrir las actuaciones de las Comunidades Autónomas y municipios en materia de políticas de acogida de personas migrantes, servicios sociales, sanidad,
educación, etc.
Recuperar este Fondo de Acogida e Integración significaría dotar de recursos económicos a quienes han venido gestionando el impacto en última instancia de las políticas de acogida. Por poner solo un ejemplo, el Ajuntament de Barcelona
atendió el pasado año 2017 a 16.936 personas inmigradas, 4.405 potenciales solicitantes de asilo, 500 de ellas menores, triplicando el número de 2015. Pues bien: en lo que se lleva recorrido de año 2018, lleva destinados más de 6M de recursos
propios a la acogida de personas refugiadas. Y se trata de un ejemplo que se multiplica en numerosos municipios de todo el Estado. Nos encontramos en una situación en la que los municipios tienen escasas competencias y no perciben recursos del
Gobierno central para ejecutar la acogida de personas migrantes, siendo no obstante nuestras ciudades las que acusan en última instancia el impacto del desplazamiento de personas migrantes. Los ayuntamientos han de realizar además malabarismos para
garantizar la convivencia, asistir a personas en situación de máxima vulnerabilidad y no saturar los servicios básicos de acceso generalizado (guarderías, educación, sanidad, centros de día, etc.) en los puntos más calientes de destino. Estas
tensiones no son fruto de la inmigración, sino de las deficiencias en nuestros sistemas de acogida.
Es necesario crear un nuevo clima de cooperación entre Gobierno central, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, que incluya también a organizaciones especializadas de la sociedad civil, para repartir responsabilidades de manera ordenada,
coordinar políticas y compartir recursos.
Esta reclamación de fondos para las administraciones locales, en los últimos meses, no tiene un único color político. El Grupo Parlamentario Popular promovió debatir en la Comisión de Entidades Locales del Senado, hace pocas semanas, una
Moción que afirmaba: 'Los Ayuntamientos son los que están afrontando, casi en solitario, estas llegadas, y para ellos está siendo muy difícil organizar la acogida en buenas condiciones. El gran aumento de llegada de inmigrantes ha puesto al límite
los recursos de muchos Ayuntamientos, que son los que en primera instancia se hacen cargo de ellos y tienen que sufragar los gastos que conlleva', instando finalmente al Gobierno 'a poner en marcha un plan de apoyo económico a los [Ayuntamientos]
que les permita hacer frente a esta situación', así como también 'a elaborar, en colaboración con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, un protocolo de intervención para la acogida y asistencia de las personas que llegan a España en
condiciones de
irregularidad, que contemple infraestructuras adecuadas, medios humanos especializados y medidas de coordinación entre las distintas administraciones, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil'. También hace pocas semanas,
el Grupo Parlamentario Popular elevó al Pleno del Congreso una Moción que incluía en su punto 4: 'Incrementar el fondo especial que ha abierto el Gobierno para ayudar económicamente a los municipios receptores de inmigración irregular'.
Efectivamente, durante el verano pasado, también la actual Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, doña Magdalena Valerio, se comprometió a recuperar el Fondo de apoyo a la acogida e integración de personas migrantes, que había
sido creado en 2004 por el Gabinete socialista con una dotación inicial de 7 millones de euros. En el año 2009, se alcanzaron los 200 millones de dotación, que fueron gestionados mediante acuerdos con ONG, Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. En
2011, este Fondo sufrió un serio recorte, y su asignación se fijó en 67 millones de euros, siendo definitivamente eliminado en el año 2012. Con todo, como recogían los medios, 'la ministra de Trabajo y Migraciones ha anunciado en el Congreso que
prevé recuperar el fondo para la acogida y la integración de migrantes... aunque no ha detallado el importe que se le asignará' (eldiario.es, 12/7/2018).
Según han venido planteando las redes de ciudades que se vienen coordinando de forma estable durante los últimos dos años en sus demandas hacia el Gobierno central en materia de acogida, un mínimo de los 200 millones de euros de los que el
Fondo estaba dotado en 2009, servirían actualmente para aliviar el gasto asumido unilateralmente por los municipios, y su reparto permitiría que las ciudades siguieran acogiendo en condiciones dignas. Así lo transmitió a diversos representantes de
los Grupos Parlamentarios del Congreso, el pasado 7/11/2018, la red de ciudades que incluye, entre otras, a Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Granada, Valladolid, Girona, San Sebastián, A Coruña, Cádiz y Terrassa: 'Entre las peticiones
específicas de los ayuntamientos para abordar la cuestión en el corto plazo están la recuperación del fondo de integración y acogida para las comunidades autónomas y los municipios, incrementar la transparencia en la gestión de los fondos europeos,
y mejorar la comunicación y la coordinación entre el Ejecutivo central y las ciudades' (Público, 7/11/2018).
Hay que dejar constancia también, en esta Exposición de motivos, de otro dato que vienen señalando nuestros municipios de acogida. Los Fondos de Asilo, Migración e Integración (FAMI), por los cuales el Estado español recibe de la Unión
Europea un total de 330M para la acogida de refugiados, se destinan en una parte importante al control fronterizo, al mantenimiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y a realizar a expulsiones de personas migrantes en situación
de irregularidad. Ello nos parece que contradice de manera flagrante el espíritu con el que estos Fondos europeos están concebidos y destinados a los Estados miembros de la Unión.
Para paliar de una vez estas insuficiencias, es preciso finalmente, como ya hemos señalado, que las administraciones públicas trabajen en un tipo de gestión multinivel de las políticas de acogida, desarrollando conjuntamente una estrategia
de integración de personas migrantes, solicitantes de asilo y beneficiarios de protección internacional, así como en un protocolo de coordinación para responder mejor, por ejemplo, a la llegada de autobuses con personas migrantes a nuestras
ciudades.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Restablecer el Fondo de Acogida e Integración, destinando una dotación adecuada a los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, para poder atender con dignidad y recursos suficientes a las personas migrantes que llegan a nuestras ciudades.
2. Reconsiderar los usos actuales de los Fondos de Asilo, Migración e Integración, los fondos FAMI europeos, para reorientarlos hacia políticas de acogida reales y efectivas, descentralizando dichos fondos para los municipios que ponen en
práctica políticas concretas de acogida.
3. Crear un protocolo de comunicación entre el Estado y las principales ciudades de acogida, para conocer con antelación las llegadas de flujos de personas migrantes y solicitantes de asilo. Sus objetivos serían, principalmente: poder
planificar conjuntamente los recursos adecuados para su recepción y primera acogida; informar de la disponibilidad de plazas; y dotarse de un sistema transparente de información sobre el destino de las personas llegadas por nuestras costas.
4. Articular, en términos generales, una coordinación multinivel de las políticas de acogida, entre el Gobierno central, las Comunidades Autónomas, los principales Ayuntamientos, con la colaboración de las organizaciones especializadas de
la sociedad civil.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2018.-Marcelo Expósito Prieto, Diputado.-Lucía Martín González y Ione Belarra Urteaga, Portavoces del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000894
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a iniciativa del Diputado Javier Sánchez Serna, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los
Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en el Pleno de la Cámara, relativa a la situación de los trabajadores y extrabajadores expuestos al amianto.
Exposición de motivos
El amianto (o asbesto) es uno de los más potentes cancerígenos, y afecta principalmente a los pulmones y a la pleura (que es la membrana que los envuelve}. El amianto genera enfermedades mediante la inhalación de sus fibras, que son de un
tamaño microscópico y que tienen acción inflamatoria, fibrótica y carcinogénica. Dichas propiedades son las que ocasionan el mesotelioma, el cáncer de pulmón y la asbestosis (o fibrosis pulmonar), que son las tres enfermedades principales asociadas
directamente con la exposición a dicho material y que la literatura científica ha certificado de manera contundente.
Las diversas patologías ocasionadas por el amianto no tienen cura, pero que se pueden atender convenientemente si se detectan a tiempo (extirpando rápidamente el tumor o por medio de radioterapia de la zona afectada).
En el año 2002 España prohibió definitivamente el uso, la producción y la comercialización del amianto. Sucede que es notoriamente largo el período de latencia entre la exposición al amianto (inhalación) y las enfermedades que este produce:
en algunos casos puede superar los 40 años. Esta particularidad ha ocasionado dos cosas distintas, aunque ambas sumamente alarmantes:
1. Que sea muy dificultoso probar que la causa de las muertes se debe a la exposición al amianto. Por eso para discernir dichas causas se realizan pruebas específicas durante las autopsias, en las que se toman muestras que se envían
posteriormente al Hospital Valle de Hebrón en Barcelona, ya que en la actualidad es el único centro capacitado para hacerlas.
Dichas pruebas consisten en la búsqueda y análisis de cuerpos de amianto en el tejido pulmonar, y se realizan a personas cuyo fallecimiento se está atribuyendo, sin ningún tipo de evidencias, a tumores o infecciones achacadas al tabaco. Por
tanto, por medio de ella, se puede emitir un diagnóstico certero sobre las causas del fallecimiento, descartando o confirmando que la muerte se ha producido por asbestosis, y constituyendo una prueba fundamental ante el INSS o los Tribunales de
Justicia.
2. La segunda consecuencia nefasta del largo período de latencia de las enfermedades producidas por el amianto es que las cifras más altas de defunciones las tendremos en el futuro, concretamente a partir de 2020-2025.
La Región de Murcia y el municipio de Cartagena es un territorio especialmente afectado por esta problemática. Se cuentan por miles los trabajadores expuestos en décadas pasadas al asbesto, aunque los listados oficiales reflejan un número
sensiblemente menor, ya que muchas empresas no han facilitado la información. En otras palabras, en España en general, y en la Región de Murcia en particular, las enfermedades profesionales por exposición al amianto están sumamente infravaloradas,
ya que faltan los datos adecuados que permiten computarlas, cuestión que, obviamente, impide diagnosticarlas, tratarlas adecuadamente y, cosa no menor, reconocerlas como tales por el INSS.
Esta infravaloración sobre el asbesto la han puesto de relieve no solo las asociaciones de afectados (como APENA) o los representantes de salud laboral de los sindicatos, sino las propias autoridades sanitarias, desde las europeas hasta las
nacionales.
Como los cánceres aparecen generalmente después de que los trabajadores se han jubilado, y como aún se conservan numerosas instalaciones que contienen amianto, usualmente se distingue entre
trabajadores expuestos y post expuestos al amianto. No hace falta insistir demasiado en que, como las enfermedades se manifiestan muy tarde, resulta vital la vigilancia preventiva, el establecimiento de poblaciones de riesgo, los exámenes
de salud post-ocupaciones y, en general, todas las actuaciones que establece el Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores Expuestos al Amianto (PIVISTEA). Entre dichas actuaciones se contempla también que se favorezca el reconocimiento
médico legal de las enfermedades derivadas de la exposición al amianto.
Una problemática tan desgarradora como esta ha motivado que, ya desde el año 1995, existan leyes que obliguen a las empresas a entregar los listados de los trabajadores post expuestos al amianto a la Sanidad Pública, para que de esa manera
se pasen los controles preventivos necesarios. Concretamente, hay tres leyes que obligan a que las empresas vigilen la salud de sus trabajadores durante y después de la relación laboral:
1) La Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.
2) El Real Decreto 39/1997 de Reglamento de Servicios de Prevención.
3) El Real Decreto 396/2006 sobre Vigilancia de la Salud de los Trabajadores.
Este último decreto especifica con total claridad que los trabajadores que han estado sometidos al contacto con amianto deben ser objeto de atención y de control de los efectos que este haya tenido sobre su salud, aun cuando hayan
transcurrido años desde la finalización de la actividad laboral que realizaban en sus empresas.
El inciso 3 del artículo 16 del Real Decreto en cuestión establece lo siguiente: 'Habida cuenta del largo período de latencia de las manifestaciones patológicas por amianto, todo trabajador con antecedentes de exposición al amianto que cese
en la relación de trabajo en la empresa en que se produjo la situación de exposición, ya sea por jubilación, cambio de empresa o cualquier otra causa, seguirá sometido a control médico preventivo, mediante reconocimientos periódicos realizados, a
través del Sistema Nacional de Salud, en servicios de neumología que dispongan de medios adecuados de exploración funcional respiratoria u otros servicios relacionados con la patología por amianto'.
En marzo de 2014 se aprobó por unanimidad una Moción en la Asamblea de la Región de Murcia instando al Ejecutivo a elaborar el censo de trabajadores post expuestos al amianto. Pero lamentablemente dicha propuesta se ha aplicado
parcialmente: aunque grandes empresas como Navantia han presentado el listado de sus trabajadores y ex trabajadores, Repsol sigue negándose a darlo, incumpliendo la legislación citada que le obliga a facilitarlo.
Para justificar la inacción, en una carta de junio de 2014, del Director de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad de Repsol a la Consejería de Sanidad y Consumo de la Región de Murcia, Repsol Cartagena arguye que el complejo industrial sito en
nuestro municipio no debe incluirse dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 396/2006; que en la refinería no hay riesgo alguno de contacto con el amianto; y que todas las tareas de desmantelamiento, reparación o mantenimiento de equipos o
instalaciones que pueden contener fibras de amianto se realiza, no con personal de Repsol, sino a través de empresas especializadas que cuentan con la debida autorización.
La respuesta de la empresa es insatisfactoria a todas luces, ya que alude únicamente a los trabajadores expuestos pero omite mencionar que, tanto la legislación como los registros solicitados, tienen como uno de sus principales objetivos la
consecución de los listados de los trabajadores y ex trabajadores post expuestos, vale decir, la relación de todas aquellas personas que en el pasado (los últimos 50 años) han estado expuestas a las fibras de asbesto, incluso antes de que se
legislara por primera vez en la materia (1995), que entrara en vigor el PIVISTEA (2003) o que se sancionara el Real Decreto de 396/2006.
En sintonía con las recomendaciones de especialistas médicos nacionales e internacionales, del protocolo marcado por el PIVISTEA, y del más elemental sentido común en materia sanitaria, desde asociaciones de afectados como APENA se considera
este conocimiento de los listados de trabajadores sometidos al contacto con amianto como primordial para la detección temprana, ya que las propias asociaciones están viendo cómo todos los meses acuden a ella jubilados con diferentes tipos de cáncer
en estadio IV prácticamente incurables. Enfermos cuya situación médica sería mucho más favorable de haberse conocido con la necesaria antelación su situación. Es justamente esto lo que motiva la insistencia de que dichos listados se entreguen a la
mayor brevedad posible.
Por otro lado, la respuesta de Repsol es insuficiente habida cuenta de que en agosto de 2015 el TSJ de la Región de Murcia condenó a Repsol al abono de prestaciones económicas adicionales a la viuda de un trabajador de la refinería que murió
(en 2010) a causa de la exposición al amianto, y se considera probado que la empresa no cumplió con las distintas medidas de seguridad que exigen las distintas legislaciones.
Ni las instalaciones deben permanecer pasivas, ni los grupos parlamentarios podemos ser indiferentes ante una causa de suma justicia que reclaman desde hace tiempo los afectados y sus familias. No se puede menospreciar o permanecer
impasibles ante todas aquellas personas que, estando enfermas, no tienen conocimiento de su situación, lo cual les impide comenzar urgentemente con los tratamientos médicos que objetivamente requieren.
No solo los trabajadores y ex trabajadores afectados por el amianto han removido cielo y tierra para hacer visible esta problemática y poner en marcha soluciones.
Por otro lado, más allá de la problemática de los trabajadores post expuestos, hay otra cuestión que debemos abordar urgentemente: la exposición al amianto que hoy día sigue padeciendo la población. En especial, o primeramente, la que
sufren nuestros niños y niñas en los colegios del municipio debido a la techumbre de fibrocemento (uralita) de los edificios a los que asisten a diario.
Los expuestos de ayer son los enfermos de hoy. Si no hacemos nada, los expuestos de hoy serán los enfermos de mañana. Por ello, desde el Grupo Confederal creemos que ay que actuar en beneficio de ambos colectivos.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Exigir a Repsol que entregue urgentemente a las autoridades sanitarias correspondientes el listado (censo) de sus ex trabajadores post expuestos al amianto.
2. Establecer protocolos para que, en los casos de ex trabajadores fallecidos que hayan sido fumadores y que estuvieron expuestos al amianto, se realicen las autopsias y tomas de muestras de tejido pulmonar para enviar al Hospital Valle de
Hebrón; a fin de que puedan realizarse las pruebas pertinentes que permitan certificar si la causa de la muerte está relacionada con la exposición al amianto.
3. En colaboración con las CC.AA. se procederá al desamiantado de todos los centros educativos, independientemente del estado de los componentes de fibrocemento (uralita). Para ello, y con carácter previo, se procederá a elaborar un mapa
de colegios e institutos con presencia de amianto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2018.-Javier Sánchez Serna y Yolanda Díaz Pérez, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000895
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de la diputada Auxiliadora Honorato Chuflan presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, la presente Proposición no de Ley relativa al desarrollo reglamentario e implementación de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, para su debate y aprobación en el Pleno del Congreso de los Diputados.
Exposición de motivos
El pasado 9 de marzo de 2018 entró en vigor la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP. La nueva norma, transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas comunitarias 24/2014 y 23/2014, de 26 de febrero de 2014,
sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE y relativa a la adjudicación de contratos de concesión, respectivamente.
El texto resultante de la transposición ha resultado ser enormemente complejo, de difícil manejo para la ciudadanía, para las administraciones públicas (especialmente para las pequeñas corporaciones locales) y para los operadores económicos,
y necesita sin duda de la puesta en marcha de una serie de herramientas normativas (legislativas, reglamentarias o de otro rango), para que pueda funcionar con los menores obstáculos posibles y permita la aplicación de todas las herramientas que
pueden convertir la contratación pública en una herramienta de transformación social y El-e-generadora de un nuevo modelo económico.
En primer lugar, y este es quizá el elemento más importante por cuanto al retraso que acumula, urge la aprobación de un reglamento de desarrollo que permita la aplicación de las numerosas disposiciones de la normativa que a él se refieren.
El reglamento actual (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) tiene más de 16 años y se aprobó en base a una legislación de contratos que hace demasiado tiempo que ya no está en vigor. No solo eso, sino que desde su aprobación han pasado hasta 3
normas diferentes de contratos del sector público y otros tantos textos refundidos sin que dicho Reglamento haya sido puesto al día. Ello genera actualmente que muchas de las disposiciones incluidas en la norma no puedan aplicarse o estén vacías de
contenido a la espera de la aprobación de dicho texto. De hecho, la propia Ley 9/2017 establece en su disposición final octava la posibilidad de que el gobierno dicte aquellas normas de desarrollo necesarias para la aplicación de la ley, pero sin
fijar un plazo concreto. Sin embargo, la acreditación de la solvencia de los licitadores o sus posibles exenciones (artículos 97 y 92), la relación de componentes básicos de costes a incluir en las fórmulas tipo para el cálculo en las variaciones
de precios (artículo 103), la determinación de las ofertas anormalmente bajas (artículo 146), la regulación de prácticas colusorias (artículo 150), la caracterización del procedimiento de asociación para la innovación (artículo 177) o las sanciones
correspondiente al incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución (artículo 202.3) son algunas de las muchas cuestiones que la propia Ley 9/2017 deja al albur de una posterior regulación reglamentaria y que por tanto dificulta la puesta
en marcha de muchos de sus preceptos.
Por otra parte, y como una de las novedades más importantes que recogía la ley desde su artículo 1.3, la aplicación transversal y preceptiva de criterios sociales y medioambientales, se precisa también de guías o documentos para que los
distintos poderes adjudicadores puedan aprovechar al máximo su potencial. Con fechas de 12 de enero y 2 de marzo de 2018, mediante el Real Decreto 6/2018 y el Real Decreto 94/2018 respectivamente, se crearon sendas Comisiones Interministeriales
para la incorporación de criterios ecológicos y sociales en la contratación pública pero se desconocen hasta el momento sus resultados. Más allá de los problemas que dichos reales decretos recogen en las estructuras y funcionamiento de dichas
Comisiones (no incluyen la participación de la sociedad civil, de organizaciones que luchan por la equidad de género...) los distintos poderes adjudicadores y las funcionarias y funcionarios de las distintas administraciones podrían aplicar los
artículos 145 y 202 de la Ley 9/2017 si contasen con algún documento que les ofreciese las garantías jurídicas y técnicas suficientes para poder aprovechar el verdadero potencial transformador que ofrece esta nueva ley.
Asimismo, el artículo 329 establece como una de las funciones principales del Comité de Cooperación la elaboración de una propuesta de Estrategia estatal de contratación, que será aprobada por la Oficina Independiente de Regulación y
Supervisión de Contratación. El artículo 334 de la Ley 9/2017 regula dicha Estrategia, que tendrá una duración de 4 años, un contenido determinado, unos objetivos marcados y que debía ser remitida a la Comisión Europea, debería haberse aprobado a
los 9 meses de la publicación de la Ley en el Boletín Oficial del Estado. Dicho plazo hace ya varios meses que ha transcurrido sin que se tenga ninguna información siquiera del procedimiento de elaboración de la misma ni de la conformación del
órgano que se debe dedicar a la elaboración de la propuesta.
Teniendo en cuenta todos estos motivos, nuestro Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que en el plazo de tres meses se apruebe un Reglamento de aplicación de la norma de contratación pública, que implemente las distintas cuestiones que en la Ley 9/2017 quedaron sujetas a desarrollo reglamentario y que permita además
aclarar muchas de las cuestiones que dejaron demasiado margen a la interpretación en el texto legal.
2. Que se pongan en marchas medidas para facilitar la aplicación de la ley a las entidades locales que se han visto especialmente perjudicadas por su complejidad y la cantidad de nuevas obligaciones que se imponen a los poderes
adjudicadores que no cuentan con los medios suficientes para llevarlas a cabo.
3. Que se publique a la mayor brevedad posible una Guía de Cláusulas sociales y medioambientales en la contratación a nivel estatal y que pueda servir de inspiración a otras Administraciones Públicas para poder aprovechar todo el potencial
transformador que poseen muchas de las disposiciones de la norma legal.
4. Que se apruebe urgentemente la Estrategia Nacional de Contratación Pública, de forma participativa teniendo en cuenta a los distintos actores que se verán afectados por la misma (Entidades Locales, sociedad civil, organizaciones
empresariales y sindicales, tercer sector...) donde se recojan con precisión y ambición los objetivos de combatir la corrupción, profesionalizar a los agentes públicos, generalizar el uso de la contratación electrónica, utilizar las posibilidades de
la contratación pública para apoyar políticas ambientales, sociales y de innovación y promover la participación de las Pymes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2018.-María Auxiliadora Honorato Chulián, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000896
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el refuerzo de la Agencia de
Asilo de la Unión Europea, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
La Unión Europea pretende abordar el desafío de inmigración desde una perspectiva responsable e integral, abriendo las puertas a aquellas personas que lo necesitan, cumpliendo así con sus deberes internacionales. Por ello, es preciso que se
refuerce la capacidad operativa de la Agencia de Asilo de la Unión Europea, dotándola de personal, herramientas y recursos financieros necesarios para prestar ayuda a los Estados miembros durante el procedimiento de tramitación de las solicitudes de
asilo.
Las funciones de la Agencia de Asilo de la Unión Europea tienen que ser: 1. Identificación y registro de solicitantes de asilo; 2. Asistencia o realización de entrevistas sobre la admisibilidad y el fondo; 3. Preparación de las
decisiones administrativas sobre solicitudes de protección internacional para las autoridades nacionales competentes; 4. Prestación de apoyo logístico y de otra índole a las instancias de recurso independientes; 5. Prestación de servicios de
interpretación y de traducción; 6. Despliegue de los equipos de apoyo al asilo y 7. Asistencia con el procedimiento para determinar el Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo y otros procedimientos relacionados; y
asistencia para realizar o coordinar la transferencia o asignación de solicitantes de asilo entre Estados miembros.
El Presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, en su discurso sobre el Estado de la Unión 2018 (SOTEU, por sus siglas en inglés) presentó una propuesta para la ampliación de la Agencia de Asilo de la Unión Europea. El Presidente
Juncker dijo textualmente que 'los Estados miembros necesitan mayor apoyo europeo en la tramitación de solicitudes de asilo, tramitación que ha de respetar lo establecido en la Convención de Ginebra'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que sea pionero dentro de la Unión Europea en el refuerzo y ampliación de la Agencia de Asilo de la Unión Europea para que preste asistencia operativa y técnica durante el procedimiento de
tramitación de las solicitudes de asilo, así como durante el procedimiento en el marco del Reglamento de Dublín.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2018.-Carlos Rojas García, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000897
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado del Partit Demòcrata Europeu Català don Jordi Xuclà i Costa, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante el
Pleno, una Proposición no de Ley sobre la que se reprueba al Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y se le insta a dimitir.
Exposición de motivos
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tras una larga investigación abierta con un expediente en 2017, ha sancionado, por infracción muy grave, con 30,000 euros al Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
Josep Borrell, por el uso de información privilegiada en la venta de acciones de Abengoa, empresa en la que era consejero.
Según la información, los hechos ocurrieron en noviembre de 2015, momento en que la compañía pasaba por un momento crítico hasta que el 25 de ese mismo mes presentó concurso de acreedores y las acciones cayeron un 65 %. El ministro de
Exteriores usó la información privilegiada que tenía y, por este motivo, realizó una operación valiéndose del conocimiento que tenía y ordenó la venta de un paquete de acciones a nombre de su exesposa, Carolina Mayeur, que de esa forma pudo vender a
un precio mejor teniendo en cuenta lo que podía pasar.
La Ley del Mercado de Valores, en el artículo 227, prohíbe a quien disponga de información privilegiada preparar o realizar cualquier tipo de operación sobre los valores negociables, comunicar dicha información a terceros, o recomendar a un
tercero que adquiera o ceda valores negociables o instrumentos financieros que haga que otro los adquiera o ceda basándose en dicha información. Este hecho muestra como el ministro de Exteriores incumplió dicha ley, es un ejemplo de
incompatibilidad ética entre el ejercicio del cargo de Ministro y haber utilizado información privilegiada en la venta de acciones de Abengoa.
Una vez ha sido sancionado por la CNMV, por el uso de información privilegiada en la venta de acciones de Abengoa, el ministro de Exteriores admitió los hechos considera que fue un error, pero no asume consecuencias. Solo por ello ya le
correspondería dimitir.
Sin embargo, más allá de su ética personal en esta cuestión, el balance de gestión de los escasos meses transcurridos desde el nombramiento del Ministro Borrell es nefasto en múltiples ámbitos.
Por todo ello, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados reprueba al Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y le insta a dimitir. En el caso que no lo haga, solicita al Presidente del Gobierno a que proceda a cesar al Ministro de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación Sr. Josep Borrell.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2018.-Jordi Xuclà i Costa, Diputado.-Joan Baldovi Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000898
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de sus Diputados Yolanda Díaz Pérez y Antón Gómez-Reino Varela, y a través de su portavoz Antón Gómez-Reino Varela, conforme recoge el artículo 193 del
Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en Pleno, relativa a la prórroga de la solicitud de Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de 'Nueva EDAR en Santiago de Compostela' y a la modificación del
proyecto actual.
Exposición de motivos
El Ayuntamiento de Santiago de Compostela depura sus aguas residuales mediante una Estación de Depuración de Aguas Residuales (MAR) ubicada en el lugar de A Silvouta. La actual EDAR resulta insuficiente para cubrir las obligacionnes de
depuración existes y, por ello, tras la aprobación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, el antiguo Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente impulsó, en el año 2014, un 'Proyecto de adecuación del vertido de
la EDAR de A Silvouta', al que exime de evaluación de impacto ambiental el 13 de marzo de 2014. A pesar de que ampliaba la capacidad de tratamiento en un 40 % y abarcaba una población equivalente de 33.700, el Ministerio consideró que no entraba en
el ámbito de aplicación de la Ley. Así, en este mismo año impulsa la Evaluación de Impacto Ambiental de una nueva EDAR con una ubicación distinta (0 Souto) que recibe informe favorable por Resolución del 18 de junio de 2014 (publicada en el BOE 27
de junio de 2014), de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Esta DIA ha caducado el pasado 27 de junio de 2018, tal y como establece el artículo 43 de la Ley, toda vez que han transcurrido 4 años sin se que haya iniciado la ejecución del
proyecto. La empresa promotora de la obra, ACUAES, ha solicitado una prórroga, de dos años adicionales de la vigencia de la citada declaración, aduciendo que no se han producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para
realizar la evaluación de impacto ambiental.
Sin embargo, la realidad es bien distinta y colectivos y gobiernos municipales de los Ayuntamientos de Santiago de Compostela y Ames han iniciado ya acciones para solicitar la modificación del actual proyecto, ya que si existen cambios
sustanciales y estos afectan a elementos esenciales (normativo y tecnológico) que requerirían que un eventual proyecto en O Souto sea sometido a una nueva Evaluación de Impacto Ambiental.
Además, uno de los pilares sobre los que se asienta la legislación ambiental, en general, y la normativa de evaluación de impacto ambiental, en particular, es la participación del público y la búsqueda del mayor consenso social e
institucional sobre las mejores soluciones ambientales. El documento de prórroga obvia cualquier consideración sobre como evolucionó y como incide en la eventual acometida del proyecto de la EDAR la apreciación del público e instituciones
afectadas.
De hecho, la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Santiago de Compostela rechazó en pleno, ya el pasado 15 de marzo de 2018, el texto del convenio propuesto por ACUAES y Aguas de Galicia para la instalación de una EDAR en el lugar de O
Souto. Las razones de este rechazo estuvieron fundamentadas en el reparto económico propuesto al Ayuntamiento, en la inseguridad jurídica después de los recursos de la plataforma en defensa do río Sar y del Ayuntamiento de Ames y en la propuesta de
fase cero que pudiese generar, con un movimiento de 500.000 metros cúbicos de tierra, un daño medio ambiental irreparable en el lugar de O Souto. También pesó en la decisión el hecho de que las mejoras tecnológicas propuestas durante este último
año por un equipo de expertos de la Universidad de Santiago de Compostela, no hubiesen sido incorporadas más que en un pequeño porcentaje por la negativa del antiguo Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio ambiente, a pesar de la
buena disposición de ACUAES de incorporarlas, expresada incluso por escrito.
La alternativa presentada por el Ayuntamiento de Santiago de Compostela pasa por la ampliación de la capacidad de la actual EDAR de SiIvouta mediante la utilización de tecnología granular aerobia, alternativa que tiene una alta potencialidad
para el tratamiento de aguas residuales urbanas y requiere instalaciones de dimensiones mucho más reducidas a las de otras tecnologías de depuración. Con esta propuesta sería posible construir la nueva depuradora en A Silvouta sin interrumpir el
funcionamiento de la actual infraestructura.
Las ventajas de esta propuesta son importantes. Un ahorro del orden el del 40 % en consumo energético, una ocupación del terreno hasta cuatro veces menor, una mayor rapidez constructiva y un importante ahorro económico (entre el 30 % y el
50 % frente a la propuesta de O Souto).
Además, y contrariamente a lo que ha manifestado la empresa promotora en su solicitud de prórroga de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto 'Nueva EDAR de Santiago de Compostela (A Coruña)' desde la formulación de la DIA por
Resolución de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente, de 18 de junio de 2014, se ha constatado la existencia de cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para realizar la evaluación de impacto ambiental; la existencia de
errores e inexactitudes en los documentos que han servido de base para la formulación de la DIA; y como
consecuencia de lo anterior, la insuficiencia e ineficacia de las medidas preventivas, correctoras o compensatorias previstas en la DIA.
En relación a los cambios sustanciales hay que remarcar que en la DIA se afirmaba que no existían árboles singulares en la zona, y se ha reconocido después la existencia de dos ejemplares que se han incluido en el Catálogo Gallego de Árboles
Singulares. También se ha constatado la existencia de especies catalogadas en peligro de extinción, fauna a la que no se hace alusión en la evaluación ambiental.
Asimismo, existen errores y omisiones relevantes e insuficiencias importantes detectadas en la Memoria técnica de prospección arqueológica intensiva realizada tras la localización en diciembre de 2016 en el entorno próximo al área de
implantación de la EDAR de un grabado rupestre inédito identificado como Petroglifo do Souto y bajo medidas de protección BIC. La elaboración de esta nueva Memoria permitió localizar 17 elementos pertenecientes al patrimonio cultural y reconocer,
con posterioridad, que seis de estos elementos sufrirían un impacto crítico y otros tres sufrirían un impacto severo por la realización de las obras previstas en el proyecto.
También se observan en la DIA omisiones de especial relevancia que invalidan por sí mismas el resultado final de la valoración de alternativas, como que existen casas a menos de 300 metros de esta ubicación o que existe una autovía que pasa
a 159 metros de la misma, y sorprendentemente el tramo de la AG-56 que transcurre paralela a la zona es el de mayor intensidad de tráfico de toda Galicia.
Sería preocupante esta obra también debido a la gran cantidad de movimientos de tierras a realizar para la ejecución de la obra, ya que se prevé el depósito de 865.982 metros cúbicos de tierras, cuando en la provincia de A Coruña los
vertederos existentes tienen capacidad para menos de 250.000 metros cúbicos; o de la ocupación definitiva de suelo para el emplazamiento de la EDAR, que asciende a 103.726 metros cuadrados tras sumar las superficies de terreno rústico, camino
público y terrenos afectados, frente a los 57.000 metros cuadrados que ya están ocupados si se elige la alternativa de A Silvouta, donde está ubicada actualmente la depuradora.
El gobierno municipal de Santiago de Compostela mantuvo reuniones en el mes de agosto del presente aho con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Sr. Hugo Morán y en septiembre con el Director General de Aguas, Sr, Manuel Melendez en
donde se acordó descartar definitivamente el proyecto de EDAR en el lugar de O Souto e iniciar el procedimiento para la renovación de la actual EDAR en Silvouta.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea considera, tras lo expuesto anteriormente, que el Gobierno no debe conceder prórroga a la DÍA del proyecto de la 'Nueva EDAR en Santiago de Compostela (A Coruña)'
Consideramos, asimismo, que la propuesta planteada por el Ayuntamiento de Santiago de Compostela es la solución más viable y la que permite que esta infraestructura se financie dentro del programa operativo de fondos europeos 2014-2020, disminuya
los plazos de ejecución y solucione de manera definitiva el grave problema estructural de depuración de aguas que tiene la ciudad de Santiago de Compostela desde hace décadas.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Desestimar la solicitud de prórroga presentada por la promotora del proyecto Nueva EDAR de O Souto (Santiago de Compostela) al no concurrir los requisitos previstos en la normativa medioambiental vigente, y en su lugar se proceda a incoar
el procedimiento de modificación de la Declaración de Impacto Ambiental publicada en el BOE núm. 156, de 27 de junio de 2014, al concurrir los supuestos previstos legalmente a tal efecto.
- Proceder a dar inicio, de oficio, a un procedimiento de modificación de las condiciones de la Declaración de Impacto Ambiental aprobada en junio de 2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental.
- Proceder a modificar, de forma negociada con empresa y otras administraciones implicadas, el actual proyecto incluyendo la propuesta elaborada por la Universidad de Santiago de Compostela, basada
en la utilización de la tecnología granular aerobia para la construcción de la EDAR, en tres fases diferenciadas y sin interrumpir el correcto funcionamiento de las [...]'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000899
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para Instar al Gobierno a la
protección integral de las víctimas de delitos de especial gravedad, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El Partido Popular siempre ha estado del lado de las víctimas de los delitos y sus familias. Es por ello por lo que en 2015, el Gobierno del Partido Popular introdujo la prisión permanente revisable, precisamente para prevenir y castigar
los delitos más deleznables y que, por ello, conmueven especialmente a la sociedad. Se trata de una pena pensada para delitos de excepcional gravedad, para aquellos que remueven los pilares fundamentales de la convivencia y la humanidad por ser los
más atroces, aquellos que generan el mayor rechazo social y que merecen el mayor reproche penal con una pena justa, proporcionada, constitucional, revisable por los tribunales a partir de veinticinco años de condena y, por tanto, compatible con la
reinserción. No cabe obviar que se trata de una pena avalada por el derecho comparado, por el Estatuto de la Corte Penal Internacional y por el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, muy similar a la que existe en la inmensa mayoría de los
ordenamientos penales de los países de nuestro entorno.
En España, desde la entrada en vigor de la reforma del Código Penal en 2015, por la que se introdujo la figura de la prisión permanente revisable, se ha aplicado esta pena en cuatro ocasiones, en todos los casos en procesos por delitos
especialmente execrables: la primera, a un padre por degollar a sus dos hijas menores con una sierra eléctrica y un cuchillo de cocina; la segunda, a un reo que asestó más de treinta puñaladas a un anciano, abuelo de su ex pareja; la tercera, a
un individuo por arrojar a un bebé de 17 meses por la ventana e intentar asesinar a su ex pareja y madre de la menor, la cuarta, a un padre que asesinó a palazos a su hijo, de once años.
Conviene conocer en toda su crudeza la realidad, los hechos y el tipo de delitos a los que se aplica, antes de posicionarse a favor o en contra de la pena de prisión permanente revisable. Como se deduce de los casos expuestos, se trata de
sucesos excepcionales, los que más repugnan a la sociedad y que, por ello, merecen el máximo reproche penal.
Recientemente, se han conocido algunos otros crímenes similares a los descritos, cuyos autores podrían ser condenados a esta pena y que, de seguir adelante la propuesta de derogación de la misma, los encausados podrían eludir, por la
aplicación de la norma más favorable, principio básico del derecho penal (siendo posible la retroactividad in bonus). Sin olvidar que también entraría en juego este principio de la norma más favorable para aquellos que ya están cumpliendo esta
pena, quienes podrían pedir su revisión para que se les aplique, y que, por tanto, se verían beneficiados en la duración de sus condenas.
Ha de insistirse en que esta pena opera ante situaciones y hechos de excepcional gravedad y tiene por finalidad la condena al caso concreto, el efecto disuasorio y la impartición de justicia, redundando todo ello en el incremento de la
confianza de la sociedad en la seguridad, la justicia y el funcionamiento del sistema penal, pensado para proteger a las víctimas frente a la comisión de delitos tan execrables, puesto que impide que los delincuentes más peligrosos, y que no han
demostrado capacidad de reinserción, se reincorporen a la sociedad sin las garantías suficientes de que no van a reincidir en ese tipo de conductas, y volviendo a poner en riesgo poniendo la seguridad de las personas. Sin embargo, la aplicación de
esta pena no obsta para que en su cumplimiento, se observen todos los principios penitenciarios y se busque la reinserción, una vez confirmada la rehabilitación del delincuente.
Es decir, no supone una condena perpetua ni una pena sin posibilidad de reinserción social, si bien esto último depende del propio delincuente condenado, pues las oportunidades del sistema penitenciario se le ofrecen, exactamente igual que a
cualquier otro reo. Si el condenado se rehabilita y el tribunal considera que concurren las condiciones suficientes, se producirá esa revisión y esa reinserción social. En otro caso, devolver la libertad a un individuo cuya reinserción no se ha
producido y cuyas inclinaciones y aptitudes suponen un peligro social, supondría una grave irresponsabilidad por parte de las autoridades competentes y del sistema en general.
Los representantes de los ciudadanos tenemos el deber y la responsabilidad de dar respuesta y legislar en pos del interés general y ello se manifiesta en la protección frente a los delitos más graves y más atroces; mediante la prevención y
la protección de las posibles víctimas más inocentes, adoptando todas las medidas constitucionales a nuestro alcance para garantizar que aquellos individuos más peligrosos, que aún no reúnan las condiciones para reinsertarse, des nunca más puedan
reincidir en hechos delictivos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta su apoyo a las víctimas y familiares de toda clase de delitos, y, especialmente, de aquellos en los que, por su naturaleza de extraordinaria gravedad, sus autores han sido condenados a la pena de
prisión permanente revisable, así como su decidido compromiso de que se garantice la protección de las víctimas y la prevención de la comisión de los mismos delitos por los delincuentes más peligrosos y que no se encuentren en condiciones de ser
reinsertados en nuestra sociedad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2018.-María Jesús Bonilla Domínguez, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000900
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa del criterio de
despoblación en la asignación de Fondos Europeos en el próximo Marco Financiero Plurianual, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El cambio demográfico es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea en los últimos tiempos, como consecuencia de un cambio en la dinámica de la fertilidad, la esperanza de vida y las migraciones. Este cambio afecta
con diferente intensidad a los distintos territorios, y se ve influido por factores como su grado de envejecimiento, la ruralidad, la insularidad o la extraterritorialidad entre otros.
En el caso de España se observa un descenso ininterrumpido de la población que hace que las estimaciones apunten a una pérdida de más de medio millón de habitantes en 2031. Una transformación que está relacionada con la natalidad, la
disminución del número de jóvenes y un acusado proceso de envejecimiento, lo que provoca además un descenso de la ratio activos/dependientes.
Es evidente la incidencia que este efecto tiene sobre la sostenibilidad del Estado del Bienestar, al generar una importante presión sobre los sistemas de pensiones, salud y servicios sociales de atención a las personas mayores y
dependientes. Pero además tendrá un efecto sobre el desarrollo de las regiones, a través de la concentración de la población en núcleos urbanos que incide en el mantenimiento de los ecosistemas tradicionales y de la propia red de infraestructuras.
La UE atiende estas cuestiones de manera cada vez más intensa. El pasado mes de noviembre, a propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias, el Parlamento Europeo incorporaba la despoblación como asunto prioritario en la
agenda continental, para que se contemple en el reparto de ayudas económicas de la Unión.
Algunas zonas desfavorecidas como las zonas remotas, montañosas o poco pobladas, junto con las zonas ultra periféricas ya se benefician de un tratamiento especial y cuentan con una ayuda específica del FEDER para solucionar los posibles
inconvenientes debidos a su lejanía en el caso de las segundas. Por ello, es necesario atender también fenómenos relevantes como la despoblación, que tienen cada vez más impacto en la competitividad económica de la Unión y por tanto en su futuro.
El debate actual del Marco Financiero Plurianual, y en concreto de los reglamentos que regulan los fondos europeos, como son el Reglamento de Disposiciones Comunes y el Reglamento relativo al FEDER y al Fondo de cohesión es la mejor
oportunidad para hacer efectiva una regulación que dé respuesta a esta realidad, dotándola del protagonismo que merece.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a hacer frente al reto demográfico a través de la defensa de las siguientes medidas en el marco del debate comunitario sobre fondos europeos:
1. Defender la importancia de prestar especial atención a las zonas rurales, montañosas, de difícil acceso, con desventajas naturales o demográficas graves y permanentes.
2. Incluir el reto demográfico como objetivo específico en el marco del reglamento de disposiciones comunes de fondos europeos así como del reglamento de FEDER y Fondos de Cohesión, para que las regiones afectadas puedan beneficiarse de
estos fondos.
3. Desarrollar un criterio distinto a NUTS para asignar fondos a estas áreas, de manera que éste pueda recoger la realidad de la dispersión y la pérdida de población. En particular se podrá desarrollar un criterio NUTS 3 o agrupaciones de
entidades locales (LA U) con una densidad de población inferior a 12,5 hab/km2 para zonas escasamente pobladas o 8 hab/km2 para zonas muy escasamente pobladas o con una disminución anual promedio de la población superior al -1 % entre 2007 y 2017.
Estas regiones podrán beneficiarse de programas específicos para aumentar el atractivo de la población, la inversión empresarial, la inclusión social digital de mujeres, jóvenes y adultos, así como la accesibilidad digital y de servicios públicos,
4. Establecer una asignación de beneficios específica para las zonas despobladas, en línea con lo que ya ocurre con otras zonas con características específicas como pueden ser las Regiones Ultra periféricas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2018.-María de la Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000901
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a la
modificación del apartado 1 c) 2.º del artículo 35 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, para incluir el concepto de innovación ecoeficiente, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Dentro del plan de acción de la estrategia Europa 2020, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y como respuesta a las situaciones macroeconómicas de riesgo sufridas en los últimos años, se impone la economía circular
como el nuevo modelo económico eficiente.
En diciembre de 2015, la Comisión Europea adoptó un nuevo paquete de medidas sobre Economía Circular, para ayudar en la transición a una economía circular, donde se utilicen los recursos de modo más sostenible.
Se pretende extraer el máximo valor y uso de todas las materias primas y recursos naturales, productos y residuos, fomentando el ahorro energético y reduciendo las emisiones de gases de efecto
invernadero. Las propuestas abarcan la totalidad del ciclo de vida: de la producción y el consumo, a la gestión de residuos y el mercado de materias primas secundarias.
Entre las medidas clave definidas, destacan las siguientes:
- Medidas en el plan de trabajo sobre diseño ecológico para 2015-2017 tendentes a promover la reparabilidad, durabilidad y reciclabilidad de los productos, además de la eficiencia energética.
- Una estrategia para el plástico en la economía circular, que aborde los problemas de la reciclabilidad, la biodegradabilidad, la presencia de sustancias peligrosas en los plásticos y el objetivo de desarrollo sostenible de reducir
significativamente los desechos marinos.
- Una serie de acciones sobre la reutilización del agua, incluida una propuesta legislativa relativa a los requisitos mínimos para la reutilización de las aguas residuales,
- En cuanto a la generación de residuos, se incluyen propuestas de modificación para las Directivas sobre Residuos, Residuos de Envases, Vertederos y RAEEs.
Estas medidas tienen por objeto impulsar el cambio de una economía lineal a una circular.
La transición hacia un modelo de Economía Circular es objeto de atención creciente, siendo ahora una prioridad en las políticas de la Unión Europea para generar crecimiento y empleo, siendo la innovación el elemento clave en esa
transformación, que hará necesarias nuevas tecnologías, procesos, servicios y modelos empresariales.
De aquí a 2030, se establece como meta el modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficiencia, promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales
limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades.
Este objetivo será realizable si se mejora la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, fomentando la innovación e incrementando el gasto de los sectores público y privado en investigación y desarrollo.
Para lograr este reto se debe iniciar un camino que fomente de forma decisiva las actividades que intervengan en cada una de las etapas de la cadena de valor, incentivando la innovación e inversiones vinculadas, como elemento clave en este
proceso de cambio que requerirán nuevas tecnologías, inversiones productivas, procesos y modelos de negocio, que conformarán una industria más competitiva en España y determinarán el futuro de nuestra economía y sociedad.
En este contexto, consideramos relevante la introducción de un incentivo fiscal que premie a aquellas empresas que apuestan por inversiones inherentes al desarrollo y posterior implementación de tecnologías innovadoras, que permitan prevenir
o actuar sobre la contaminación generada por la actividad industrial, para tratar de minimizar el impacto de su actividad sobre el medio ambiente. Dado que este tipo de comportamientos se traducen en una externalidad positiva para la sociedad, por
los beneficios ambientales globales que generan para la sociedad (menos emisiones de carbono, reducción de contaminación atmosférica, menores y/o valorización de residuos,...), consideramos que este tipo actuaciones deben recibir una compensación
como la que proponemos en el presente documento.
Los incentivos fiscales se muestran como una de las herramientas más importantes para la promoción de las inversiones asociadas al concepto de 'Ecoinnovación o Innovación ecoeficiente' (I+D+i sostenible y eficiente), siendo necesario adaptar
los incentivos a la I+D+i a la evolución de las necesidades de las empresas y de la economía en su conjunto, como puede ser la nueva realidad que implica la 'economía circular' y la implementación de soluciones innovadoras tecnológicamente, así como
sostenibles y eficientes.
En lo relativo a esta necesidad de fomentar el empleo de estas tecnologías limpias, en el sector productivo, para ir abordando el gran reto de la economía circular, podemos destacar el ejemplo de Bélgica, quien contempla deducciones para
inversiones en 'green RD', considerándolas como aquellas inversiones que no tienen impacto negativo en el medioambiente, así como las que van dirigidas a mitigar el posible impacto.
Es importante mencionar que varios estados miembros están poniendo en marcha estrategias, hoja de rutas nacionales para acelerar la transición hacia una Economía Circular, anticipándose así a las acciones por parte de la Comisión Europea.
Una de la principal motivación es la relacionada con la gestión del riesgo asociada al suministro de materias primas críticas y el uso eficiente de recursos, pero de tal manera que garantice las externalidades económicas, sociales y ambientales
positivas.
Entre estos países se encuentran Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Finlandia o Portugal, donde el pasado noviembre se aprobó el Plan de Actuación de Economía Circular (PAEC), entre las diferentes
acciones, se recogen medidas fiscales encaminadas a estimular el mercado, la producción, uso y consumo responsable, circular.
Así, de acuerdo a lo indicado en el Plan estratégico de I+D+i 2017-2020, en los próximos años, la Estrategia de Economía Circular, actualmente en proceso de elaboración, contribuirá a la identificación de las principales líneas de actuación
en materia de complementarias a las incluidas en el plan estratégico, permitiendo avanzar en la transición desde un modelo productivo lineal hacia otro circular.
El fondo de la modificación propuesta se encuentra en 'premiar' a aquellas empresas que asuman inversiones en sus sistemas productivos con el objetivo de responder a los retos de la economía circular, desde la perspectiva de minoración y/o
valorización de residuos, mejora de la eficiencia energética y en el uso de los recursos naturales y/o impacto medioambiental. Estas inversiones deberán ser consecuencia de la implementación de soluciones innovadoras desde la perspectiva
tecnológica, siendo a su vez sostenibles y eficientes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Modificar el artículo 35.1 c) de la Ley 27/2014, concretamente en el apartado 2.º, para incluir el concepto de 'inversiones en innovación ecoeficiente' en elementos de inmovilizado material e inmaterial, excluidos los inmuebles y terrenos,
siempre que estén afectos a las actividades de investigación, desarrollo e innovación necesarias para adaptar a estas nuevas tecnologías eficientes y sostenibles, los sistemas productivos, procesos y modelos de negocio, para responder al reto de la
economía circular.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2018.-Celia Alberto Pérez, María Luz Bajo Prieto, María Teresa de Lara Carbó y Juan Bravo Baena, Diputados.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
162/000902
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la evaluación de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre,
de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue prontamente ratificada por España y entró en vigor el 3 de mayo de 2008, reconoce en su artículo 28 el derecho de las personas con discapacidad a un
nivel de vida adecuado para ellas y sus familias y a la mejora continua de sus condiciones de vida.
En la satisfacción de este derecho inciden, sin embargo, una serie de problemas que se derivan, paradójicamente, de la espectacular evolución científica y técnica y de la mayor calidad de vida que disfrutamos.
Los accidentes de tráfico han generado nuevas discapacidades. El progresivo envejecimiento de la población hace crecer el número de personas dependientes y la incidencia de enfermedades que pueden generar una discapacidad, como el Alzheimer
o el Parkinson. Sin olvidar que la mejora de los servicios sanitarios y el imparable avance de la investigación contribuyen también a alargar la vida de las personas con discapacidad.
El crecimiento de la esperanza de vida, que merece sin duda una valoración muy positiva, lleva sin embargo aparejadas también consecuencias problemáticas: cuando a la discapacidad se le suman factores como el deterioro físico y mental
vinculado al envejecimiento, aumentan las necesidades y el
grado de dependencia de estas personas. Por otra parte, esta mayor supervivencia determina que, en muchas ocasiones, las personas con discapacidad sobrevivan a sus padres o a sus familiares cuidadores.
Lógicamente, la conjugación de todas estas variables genera una gran preocupación acerca del futuro de las personas con discapacidad, tanto en el aspecto material o económico, como en el relativo a la asistencia y cuidados que van a serles
imprescindibles.
Aunque sin duda persisten deficiencias que deben ser corregidas, España se encuentra entre los países que han adoptado medidas legislativas más avanzadas para la protección de los derechos de las personas con discapacidad, entre las que se
encuentra la Ley 41/2003, de 18 de diciembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Normativa Tributaria con esta finalidad, que tiene por objeto regular
nuevos mecanismos de protección de las personas con discapacidad, centrados en un aspecto esencial como es el patrimonio, dado que uno de los elementos que más repercuten en el bienestar de las personas con discapacidad es la existencia de medios
económicos a su disposición, suficientes para atender sus necesidades vitales.
El objeto inmediato de la ley es la regulación de una masa patrimonial, la cual queda inmediatamente y directamente vinculada a la satisfacción de las necesidades vitales de una persona con discapacidad.
La ley incorpora, además, distintas modificaciones de la legislación vigente que tratan de mejorar la protección patrimonial de las personas. Entre estas modificaciones destaca en primer lugar la regulación de la autotutela.
Asimismo, se introducen distintas modificaciones del derecho de sucesiones, así como en relación con el mandato y el contrato de alimentos.
Por último, la ley contempla modificaciones de la normativa tributaria, mediante las que se adoptan una serie de medidas para favorecer las aportaciones a título gratuito a los patrimonios protegidos, afectando a diversos preceptos de la Ley
40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras normas tributarias, la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades y el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos Documentados.
Posteriormente la Ley 1/2009, de 25 de marzo, y la Ley 15/2015, de 2 de julio, modificaron diferentes preceptos de la Ley 41/2003 con el fin de facilitar la efectiva puesta en práctica de la figura de patrimonio protegido, resolver ciertas
dudas en su aplicación y adaptar sus disposiciones a las previsiones contenidas en la Ley de Jurisdicción Voluntaria.
Casi catorce años después de la entrada en vigor de la Ley 41/2003, se hace necesario proceder a evaluar la efectividad de dicha norma ante la casuística surgida durante su vigencia, y estudiar si se han cumplido los objetivos previstos, y
si es necesario proceder a abordar alguna modificación de la norma para la adaptación a la nueva realidad social. Todo ello con el fin de que las personas con discapacidad no tengan impedimentos para el disfrute de los derechos que a todos los
ciudadanos se nos reconocen en la Constitución y en las leyes, logrando así que la igualdad sea real y efectiva, tal y como exige el artículo 9.2 de la Constitución.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Evaluar en coordinación con todos los sectores y profesionales afectados, en particular con las organizaciones más representativas de las personas con discapacidad y sus familias, la efectividad de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre,
sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaría con esta finalidad.
2. En base a la evaluación y en el plazo de seis meses desde la aprobación de la presente proposición no de ley, remitir al Congreso de los Diputados un informe sobre la propia evaluación que incluya propuestas de nuevas medidas a adoptar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2018.-Isabel María Borrego Cortés, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000904
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
erradicar la prostitución y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El pasado 25 de noviembre, las calles de España fueron un nuevo clamor contra la violencia de género. El movimiento feminista ha vuelto a exigir en las calles que la lucha contra la violencia de género, en todas sus manifestaciones y desde
todos los ámbitos, debe ser un objetivo prioritario de toda la sociedad. El movimiento feminista está reclamando que la lucha contra la explotación sexual y la prostitución deben de estar en la agenda como una de las formas más brutales de la
violencia patriarcal.
La prostitución y la trata para la explotación sexual de mujeres son las manifestaciones más crueles y violentas de la desigualdad. Ambas son parte de la misma estructura de dominación y violencia que tiene su origen en la desigualdad
estructural entre mujeres y hombres: el racismo, la feminización de la pobreza y el aumento de la demanda de mujeres y niñas para ser prostituidas.
El abordaje de la trata con fines de explotación sexual, por tanto, no puede desligarse del fenómeno de la prostitución, porque es la demanda de prostitución la principal causa del aumento de la trata de mujeres y niñas. La trata de mujeres
y niñas para la explotación sexual existe porque hay hombres que demandan prostitución.
La trata de seres humanos con fines de explotación sexual es una de las principales formas de esclavitud contemporánea y una flagrante violación de los Derechos Humanos. La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual es también
uno de los negocios más lucrativos, después del tráfico de armas y el tráfico de estupefacientes.
La Convención Internacional contra la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena de Naciones Unidas es el instrumento legal que expresa la voluntad política de combatir la explotación sexual que sufren las mujeres y las
distintas formas, en que esta se presenta. En su preámbulo considera que 'la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana...'
El Convenio de Varsovia, de 16 de mayo de 2005, firmado por España en julio de 2008, señala que el principal valor añadido de dicho Convenio en relación con otros instrumentos internacionales, es su perspectiva de derechos humanos y su
enfoque basado en la protección de las víctimas. El Convenio de Varsovia señala entre sus objetivos: a) prevenir y combatir la trata de seres humanos, garantizando la igualdad entre las mujeres y los hombres; b) proteger los derechos de la
persona víctima de la trata, crear un marco completo de protección y de asistencia a las víctimas y los testigos, garantizando la igualdad entre las mujeres y los hombres, así como garantizar una investigación y unas acciones judiciales eficaces, c)
promover la cooperación internacional en el campo de la lucha contra la trata de seres humanos.
La Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género, indica que la prostitución, ya sea forzada o no, representa formas de esclavitud incompatibles con
la dignidad de la persona y con sus derechos fundamentales. La prostitución y la explotación sexual de las mujeres y niñas son formas de violencia y, como tales, suponen un obstáculo a la igualdad entre mujeres y hombres. La explotación en la
industria del sexo es causa y consecuencia de la desigualdad de género y perpetúa la idea de que el cuerpo de las mujeres y las niñas está en venta.
Partiendo de las recomendaciones de las Cortes Generales, de diversas instituciones europeas y de la demanda del movimiento feminista, en 2010 el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el primer Pian integral de Lucha
contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual. Las políticas públicas iniciadas en este sentido han tenido continuación con el Plan integral de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de explotación sexual (2015-2018),
en vigencia actualmente.
La mayoría de los informes e investigaciones sobre prostitución y explotación sexual coinciden en señalar la dificultad de encontrar datos fiables. Se calcula que la prostitución alcanza a unos 40 millones de personas en el mundo; el 80 %
son niñas y mujeres y la gran mayoría menores de 25 años, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
En España, el Informe de la ponencia sobre la prostitución, realizado por Las Cortes Generales en 2007, estimó que en España podría haber 400.000 mujeres prostituidas. El informe 'Prostitution: Exploitation, Persecution, Repression' de la
Fundación SCELLES calcula que en España podría haber entre 300,000 y 400,000 personas prostituidas, estando más del 90 % en situación de trata. Según este informe, España se ha convertido en el tercer gran consumidor de prostitución del mundo, solo
por detrás de Tailandia y Puerto Rico. En relación a la demanda de prostitución en España, la Encuesta Nacional de Salud Sexual elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas en 2009 mostró que el 32,1 % de los hombres habría consumido
prostitución frente a un 0,1 % de las mujeres, lo que significa que uno de cada tres hombres en España ha consumido prostitución al menos una vez.
Es urgente erradicar la prostitución y el tráfico de mujeres y niñas para la explotación sexual. Para ello, España necesita garantizar alternativas a las mujeres que están siendo prostituidas y explotadas. Es urgente mejorar y garantizar
alternativas a las mujeres que han sido o están siendo prostituidas y explotadas, asegurando su dignidad, protección y asistencia. Asimismo, es necesario sensibilizar a la ciudadanía sobre la violación de derechos humanos que supone prostituir
mujeres y niñas.
El actual Gobierno ya ha manifestado en diversas ocasiones su compromiso para abordar esta cuestión. Como prueba de ello, el pasado viernes día 23 de noviembre, el Consejo de Ministros analizó un informe sobre la situación de la trata con
fines de explotación sexual en nuestro país, con carácter previo a la elaboración de un Anteproyecto de Ley.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir luchando decididamente contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, y a promover en este sentido la abolición
de la prostitución. Con este fin:
1. Impulsar la aprobación de una ley de lucha integral y multidisciplinar contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Esta ley contemplará medidas de prevención y persecución de estos delitos, así como medidas de
protección y atención integral a sus víctimas, desde un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género. En este sentido, la ley ofrecerá una especial atención a las y los menores.
2. Proceder a la evaluación del Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual 2015-2018. Una vez analizado, impulsar la aprobación de un nuevo Plan que refuerce las medidas de prevención y
persecución de la trata con fines de explotación sexual así como los medios asignados para la consecución de sus objetivos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000905
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, y a través de su Portavoz Antón Gómez-Reino Varela, conforme recoge el artículo 193 del reglamento del Congreso,
presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en Pleno relativa al incremento de los coeficientes reductores de las personas que trabajan en el sector del marisqueo en Galicia, así como el reconocimiento de sus enfermedades
profesionales.
Exposición de motivos
El sector de marisqueo es, en la actualidad, una de las principales fuentes de ingresos para las familias gallegas de toda la costa de la Comunidad Autónoma. Esta actividad ha pasado de ser una actividad individual y meramente extractiva, a
convertirse en un sector organizado, en el que se realizan, además de la extracción de marisco, otros trabajos complementarios como el traslado de semilla, la limpieza de bancos marisqueros, las actividades de semicultivo necesarias para la mejora
de la producción y las actividades de cuidado, control, seguimiento, protección y vigilancia de los bancos marisqueros.
Las artes de extracción de los productos del marisqueo, sobre todo las que se realizan a pie, siguen siendo las utilizadas por las mujeres desde tiempos ancestrales, es decir, totalmente artesanales, lo que supone que estas trabajadoras han
sabido incorporarse a la cadena de comercialización y consumo sin perjudicar al medio natural.
En la actualidad trabajan directamente en el sector del marisqueo a pie alrededor de 4.000 personas en Galicia, una actividad encuadrada en el Régimen Especial del Mar por cuenta propia y por lo tanto son personas trabajadoras autónomas, la
gran mayoría de ellas mujeres. En cuanto a la edad del colectivo de mariscadoras a pie, el 66 % tiene más de 41 años.
Las condiciones trabajo en las que las personas mariscadoras desarrollan su actividad diaria son adversas, difíciles y penosas, trabajan bajo condiciones de humedad, viento, temperaturas extremas y bajo los riesgos de la radiación solar. Se
ven expuestas a caídas y golpes, a sobreesfuerzos y enfermedades en relación a la carga física asociada al trabajo, a adopción de posturas forzadas, ciclos de trabajo repetitivos o manipulación de cargas con dimensiones inadecuadas y pesos
excesivos.
Sin embargo, y a pesar de estas condiciones penosas de trabajo, la normativa vigente en materia de jubilación, el Real Decreto 1311/2007, de 5 de octubre, por el que se establecen nuevos criterios para determinar la pensión de jubilación del
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, tan solo les reconoce unos coeficientes reductores en la edad de jubilación del 0,10 %. Una de las principales demandas de este numeroso colectivo sigue siendo el aumento de estos
coeficientes reductores, una demanda social imprescindible si se pretende defender al sector del marisqueo y a sus trabajadoras, y desde el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea demandamos que este porcentaje se
incremente hasta el 0,30 %, equiparándolo a otras personas trabajadoras del sector del mar, ya que el principal motivo por el que se reduce la edad mínima para causar la pensión de jubilación en el sector es debido a que es una actividad profesional
de naturaleza excepcionalmente penosa y peligrosa en la que se acusan elevados índices de morbilidad o siniestralidad.
Asimismo, las personas que trabajan en el sector del marisqueo en Galicia demandan el reconocimiento y la regulación como enfermedades profesionales las lesiones en las articulaciones, la columna vertebral y las dolencias reumáticas
provocadas por las duras condiciones metereológicas en las que trabajan, así como aquellas enfermedades derivadas del levantamiento de pesos excesivos.
Además, las administraciones deben ofrecer y garantizar el acceso de las mujeres a la formación específica y ofrecer bolsas para la formación en materia de seguridad, para garantizar la mejora en las condiciones laborales y el relevo
generacional en el sector del marisqueo. Finalmente, otro de los logros todavía por conseguir es el de la implantación de un salario social que cubra las necesidades básicas de las mariscadoras durante el tiempo de inactividad laboral, ya que las
duras condiciones de trabajo y su actividad no les garantiza los ingresos durante todo el año.
En Galicia, el papel de las mujeres en el sector del mar juega un papel socioeconómico determinante y es fundamental para el desarrollo de muchas de las actividades del sector, por lo que desde las administraciones debemos garantizar y
mejorar sus condiciones laborales y profesionales.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Iniciar los trámites oportunos para modificar el artículo 1 del Real Decreto 1311/2007, de 5 de octubre, por el que se establecen nuevos criterios para determinar la pensión de jubilación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar, para incrementar al 0,30 % el coeficiente
reductor en la edad de jubilación aplicable a los colectivos de mariscadores, percebeiros y recogedores de algas.
- Reconocer y regular como enfermedades profesionales aquellas lesiones y enfermedades causadas por el desarrollo de la actividad del marisqueo.
- Aprobar, en coordinación y cooperación con la Xunta de Galicia, programas de formación en materia de seguridad y específicos para las personas trabajadoras del sector del marisqueo en Galicia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000906
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para acabar con la infrafinanciación de la educación concertada y
evitar la eliminación de las deducciones en el impuesto de la renta de las familias con hijos en colegios concertados, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
En el curso escolar 2017-2018 hubo 8.158.605 estudiantes de enseñanzas de régimen general no universitarias repartidos en 28.211 centros por todo el país. España es uno de los países de la UE donde tiene mayor peso los colegios concertados,
que suman el 28 % de la oferta educativa estatal, tanto en Primaria como en Secundaria, esto es más de 2,2 millones de alumnos.
Ciudadanos lleva reclamando meses la urgente necesidad de convocatoria de la Mesa de la Concertada y la necesidad de revisión de los módulos para equiparar la financiación del puesto escolar en toda la red financiada con fondos públicos de
forma que no se tengan que hacer aportaciones privadas por parte de las familias que optan por llevar a sus hijos a colegios concertados.
Actualmente, el coste de un alumno en la escuela concertada cuesta a la Administración la mitad que uno en la escuela pública según datos del Ministerio de Educación. Un cambio en el coste de la educación concertada de la envergadura del
planteado por el Gobierno tiene la capacidad de alterar el equilibrio actual del gasto en educación en nuestro país con consecuencias imprevisibles de cara al inicio del curso escolar que viene.
Por desgracia el Gobierno de Pedro Sánchez se ha caracterizado lanzar cada día una propuesta para subir un impuesto diferente a las familias: los conductores de diesel a todo aquel que tenga una cuenta en un banco mientras se dedica a decir
que estas subidas solo afectan a las rentas altas y más recientemente a todos aquellos padres que tienen hijos estudiando en un colegio concertado.
Según parece la Agencia Tributaria ultima un cambio de interpretación por el cual las cuotas pagadas por los padres con hijos en los colegios concertados no podrían considerarse en ningún caso como donaciones, como si venía ocurriendo en
algunos casos hasta la fecha.
Actualmente el pago de donativos permite una deducción fiscal de hasta el 75 % para los primeros 150 euros abonados y un 30 % para el resto, que es precisamente de lo que hasta ahora se beneficiaban los contribuyentes con hijos en centros
concertados. Para un pago de anual de unos 1.000 euros, el aumento a pagar en la declaración del IRPF serían de 367 euros por hijo, a causa de la pérdida de la deducción más las cantidades que Hacienda podría reclamar por los cuatro años no
prescritos.
Adicionalmente, si estas cuotas dejan de ser consideradas donaciones, los centros concertados deberán declarar por estos ingresos en el Impuesto de Sociedades. Esto haría aumentar la recaudación fiscal del Estado pero pondría en riesgo las
cuentas del colegio que podrían verse obligadas a subir las cuotas a las familias. El cambio de criterio interpretativo por parte de Hacienda introduce una importante incertidumbre sobre sus efectos y consecuencias, ya que su impacto sobre finanzas
de las familias y los colegios concertados es potencialmente muy relevante.
El artículo 108 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en el punto número 4 que '4. La prestación del servicio público de la educación se realizará, a través de los centros
públicos y privados concertados', reconociendo que la enseñanza concertada es una pieza clave para garantizar tanto el derecho a la educación como la libertad de enseñanza.
Entre las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Ley Educativa (LOMCE) en su artículo 22 bis, punto 3, letra c, recoge expresamente la Mesa Sectorial de Negociación de la Enseñanza
Concertada como 'instrumento del sistema educativo español para la consecución de sus fines' que debe ser el foro en el que el Gobierno plantea cualquier cambio y mejora de la financiación de la escuela concertada de manera dialogada y evitando la
incertidumbre y la inseguridad jurídica.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Convocar la Mesa Sectorial de Negociación de la Enseñanza Concertada a la mayor brevedad posible para revisar la cuantía de los módulos de concierto para equiparar la financiación del puesto escolar en toda la red financiada con fondos
públicos de forma que no se tengan que hacer aportaciones privadas por parte de las familias que optan por llevar a sus hijos a colegios concertados.
2. En tanto en cuanto no se trate esta cuestión en dicha Mesa, garantizar la seguridad jurídica y evitar cambios de criterios interpretativos de la normativa fiscal, en particular en lo relativo a las deducciones por donaciones a colegios
concertados, que puedan suponer una subida de impuestos a las familias y un aumento del coste de la educación concertada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2018.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000907
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en Pleno, relativa a los principios que han de prevalecer en las relaciones bilaterales entre España y México.
Exposición de motivos
El día 1 de diciembre de 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador toma posesión de su cargo al frente del Gobierno mexicano durante los próximos cinco años y diez meses. Tras décadas de gobierno del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), partido creado en 2014 para apoyar su candidatura, ganó las elecciones del 1 de julio por una mayoría del 52.96 % de los votos
totales. Además, la coalición liderada por MORENA logró la mayoría en ambas cámaras del Parlamento, así como la gobernación de 5 de los 9 estados en disputa. Estos resultados lo convierten en el presidente que mayor respaldo electoral ha obtenido
hasta la fecha. Su victoria inaugura un nuevo capítulo en la política nacional e internacional mexicana, y abre una oportunidad para refundar los principios que rigen las relaciones bilaterales con nuestro país.
España y México son naciones hermanas que comparten profundas raíces culturales e importantes lazos históricos. Desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en marzo de 1977, estas no han hecho sino intensificarse y extenderse a
múltiples ámbitos en los que España y México comparten intereses, tanto a nivel nacional como en los espacios multilaterales. El marco en el que se desarrollan dichas relaciones viene establecido por la Comisión Mixta Intergubernamental
España-México (o Comisión Binacional), que desde 1990 celebra reuniones bianuales alternativamente en cada uno de los dos Estados.
El volumen de los intercambios comerciales es un claro reflejo de la intensidad de las relaciones entre ambos países. El comercio bilateral se sitúa cerca de los 8.000 millones de euros anuales, con un
considerable potencial de crecimiento. España es el sexto socio comercial de México a nivel mundial y el segundo entre los países de la Unión Europea. Por su parte, México es el primer destino para las exportaciones españolas en América
Latina (muy por delante de Brasil, Chile y Argentina), y el quinto fuera de Europa.
La inversión española es importante en múltiples sectores de la economía mexicana, siendo España el segundo país de origen de la IED recibida por México. Por su parte, México es el sexto inversor internacional en España por stock -el
segundo fuera de la UE, detrás de EEUU-. Según datos de la Secretaría de Economía mexicana, a finales de septiembre de 2017 en México estaban registradas 5.945 sociedades con capital español, y las perspectivas apuntan a un importante progreso y
consolidación de la inversión española en los próximos años.
En 1997 México y la Unión Europea firmaron el llamado 'Acuerdo Global', el primer acuerdo de libre comercio entre la UE y un país americano, que permitió, entre otras cosas, un aumento de los intercambios económicos entre las dos regiones en
más del 148 % entre 2000 y 2017. Sin embargo, como establece el informe elaborado por el European Parliamentary Research Service (EPRS) sobre la inclusión de los servicios financieros en los acuerdos de asociación y de libre comercio de la UE, este
tipo de acuerdos contribuyen a un incremento del lavado de dinero y de los flujos financieros ilícitos hacia la UE. Actualmente el acuerdo se está actualizando para adaptarlo al nuevo contexto internacional, lo cual supone una oportunidad de
reforzar las medidas efectivas contra estos delitos internacionales.
En relación a la Cooperación Internacional para el Desarrollo, España es uno de los principales donantes de Ayuda Oficial al Desarrollo a México y tiene un importante papel en el fortalecimiento de las políticas públicas del Estado mexicano.
En el último Marco de Asociación País se concentró la AOD española en México en los ámbitos de la gobernabilidad democrática, cultura y desarrollo y crecimiento económico para la reducción de la pobreza. Sin embargo, además de la drástica reducción
de la ayuda en los últimos años, esta es sobre todo 'ayuda reembolsable' que no responde necesariamente a los objetivos de la política de desarrollo ni a las necesidades concretas del país. Además, ha habido casos en los que las infraestructuras
financiadas o cofinanciadas han ocasionado problemas con comunidades locales.
En materia cultural, educativa, técnica y científica ambos países viven una etapa muy activa de intercambios, programas y acuerdos destinados a afianzar los vínculos históricos y diseñar el futuro en común. Durante la Subcomisión Educativa,
Cultural, Técnica y Científica celebrada en el marco de la XII Edición de la Comisión Binacional México-España en abril de 2017, la Secretaría de Cultura mexicana, María Cristina García Cepeda, celebró, entre otros, el Programa de Movilidad con el
intercambio entre 58 instituciones mexicanas y 38 españolas, así como la apertura de la Casa de México en Madrid y la conversión de la Casa Buñuel en la sede de la Federación Iberoamericana de Academias de las Ciencias y las Artes Cinematográficas y
de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.
Un hecho destacable es que México constituye el séptimo país con mayor proporción de residentes con nacionalidad española, contando actualmente con cerca de 135.955. Esta cifra ha aumentado exponencialmente desde el comienzo de la crisis
económica, llegando prácticamente a duplicarse con respecto a las que vivían en el país en 2009 (69.571). Por su lado, España cuenta con una población de cerca de 24.146 mexicanos y mexicanas residentes en nuestro país.
No obstante, México es un país con grandes desafíos internos, especialmente los relacionados con la corrupción en instituciones y órganos estatales, la violencia organizada y la impunidad por violaciones de derechos humanos. En particular,
los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reflejan que el país está sufriendo las consecuencias de un periodo marcado por elevados índices de violencia, con 32,079 homicidios registrados en todo el país en 2017. De ellos,
3.430 fueron perpetrados contra mujeres, pero solo 760 fueron investigados como feminicidio. Esto se debe en gran medida a que en algunos Estados no está tipificado este delito o a que, pese a estarlo, se incluyen en el cómputo general de los
homicidios. Además, según el Observatorio Nacional Contra el Feminicidio, cerca del 60 % de los casos quedan impunes. Esto, sumado a la elevadísima incidencia de los delitos de violencia sexual, situaba a México en 2016 como uno de los 25 países
más peligrosos para las mujeres. Por otro lado, México es también uno de los países más peligrosos para ser periodista, siendo el segundo con la cifra más alta de asesinatos a periodistas y personal de prensa en lo que va de año -8, por detrás de
Afganistán-.
La gestión de los flujos migratorios representa un particular desafío para México, a la vez territorio de origen, tránsito y destino de numerosas personas migrantes con necesidades de protección internacional
y/o asistencia humanitaria. Concretamente, desde mediados del mes de octubre, muchos grupos organizados -caravanas- de personas procedentes de Centroamérica, sobre todo de Honduras, han puesto rumbo al norte con la esperanza de llegar a
Estados Unidos. Hoy en México hay entre 7.000 y 9.000 personas en esta situación. Además de los problemas humanitarios, la inseguridad y las dificultades sufridas por la acción de las mafias que se lucran con el tráfico de personas, se han
encontrado con cerca de 5.200 militares estadounidenses desplegados en diversos puntos de la frontera. Recientemente, el presidente de EE.UU. ha autorizado el uso de la 'fuerza letal' en la frontera para frenar a quienes intentan cruzarla y ha
amenazado con cerrar los pasos fronterizos por completo. El pasado domingo 25 de noviembre el gobierno de EE.UU. reprimía a un grupo de migrantes que trataban de saltar la valla fronteriza con gas lacrimógeno y pelotas de goma.
A pesar de los enormes desafíos, México es un país con grandes potencialidades. Como nación emergente con una importante posición geoestratégica, se ha desarrollado rápidamente a lo largo de la última década. Hoy es la segunda economía de
Latinoamérica y su proyección apunta a un incremento de su peso en la economía y los foros internacionales como las Naciones Unidas. México aspira a convertirse en un actor activo y comprometido en el ámbito multilateral, hecho que se concreta, por
ejemplo, en su decisión de participar en las operaciones de mantenimiento de la paz o en la presentación de su candidatura al Consejo de Seguridad de NNUU para el periodo 2021-2022. Además, es miembro -junto a España- del Consejo de Derechos
humanos hasta 2020.
México es un socio estratégico de particular importancia para nuestro país, con el cual debemos colaborar con el doble objetivo de afrontar los desafíos globales y afianzar el papel de España como interlocutor con América Latina.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reconocer el carácter estratégico de las relaciones bilaterales con base en los principios de la Acción Exterior y el rol de México en la promoción de Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, como agente clave
tanto a nivel regional como global.
2. Reconocer el papel de Lázaro Cárdenas y su gobierno en la acogida de decenas de miles de refugiados y refugiadas españolas represaliadas por el franquismo, y expresar de forma pública ese reconocimiento en el marco de la próxima cumbre
bilateral con México.
3. Reforzar la atención a los ciudadanos y ciudadanas españolas residentes en México y elaborar un estudio exhaustivo sobre sus necesidades con el fin de que los poderes públicos puedan atenderlas de manera efectiva.
4. Reforzar los programas de intercambio universitario bajo el paraguas de la AECID y fomentar la creación de un marco de colaboración más amplio entre las principales universidades de ambos países que promueva la movilidad tanto de
estudiantes como del personal docente en aras del fomento de la investigación conjunta y el acercamiento entre las realidades académicas de los dos países.
5. Crear un programa para la dinamización de PYMEs en el marco del pilar comercial del Acuerdo Global UE-México que salvaguarde las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de los productos de ambos territorios.
6. Establecer líneas de acción concertadas en los organismos multilaterales, dirigidas particularmente a la promoción del cumplimiento del Convenio de Estambul sobre violencia contra las mujeres y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático.
7. Respaldar la petición de la ONU a México para que el feminicidio esté tipificado en todo el país y trabajar conjuntamente para reforzar los mecanismos de protección de las mujeres y las acciones para combatir la violencia de género,
especialmente los feminicidios y los delitos de violencia sexual.
8. Apoyar la lucha contra el crimen internacional, especialmente en materia de narcotráfico, lavado de dinero y fraude fiscal, asegurando la inclusión de cláusulas efectivas en esta materia en la actualización del Acuerdo Global Unión
Europea-México que se encuentra en fase de negociación.
9. Aumentar la Ayuda Oficial al Desarrollo que se destina a México y trabajar para que la UE incremente su esfuerzo financiero hacia el país en el próximo marco financiero plurianual.
10. Reforzar los marcos de trabajo conjunto de la cooperación bilateral para fomentar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en el sector de la Gobernabilidad Democrática
y el apoyo a las áreas de justicia para garantizar su acceso por parte de las víctimas, la reparación y el fin de la impunidad por violaciones de derechos humanos.
11. Mostrar apoyo firme y decidido frente a las reiteradas declaraciones xenófobas y la política migratoria del Presidente de los Estados Unidos, expresando el rechazo de España a las sanciones sobre los países centroamericanos, la
militarización de la frontera, el uso de la fuerza y la amenaza de cierre de la misma garantizando, a su vez, la protección plena y efectiva de los derechos de las personas migrantes.
12. Promover la cooperación triangular entre la España, México y los países de Centroamérica para atajar las causas raíz de la migración forzosa y auspiciar programas que faciliten la inversión social de las remesas de los migrantes de esos
países.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2018.-Pablo Bustinduy Amador, Ana Belén Terrón Berbel y Antonio Gómez-Reino Varela, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea.
162/000908
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podernos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley sobre
la implantación de medidas de apoyo a la producción de arroz y control de las importaciones de arroz procedente de Camboya y Myanmar, para su debate y aprobación en Pleno.
Exposición de motivos
Los alimentos representan los símbolos más populares de la identidad de los pueblos, y entre ellos, en nuestro caso el arroz, concentra no solo identidad, sino cultura, y paisaje de territorios muy especiales. En nuestro país se producen
aproximadamente 720.000 toneladas de arroz al año y consumimos 247.000 toneladas. España mantiene una balanza comercial positiva importando unas 70.000 toneladas al año -principalmente de Italia y Grecia- mientras que exporta alrededor de 240.000
toneladas, fundamentalmente al resto de la UE, Portugal, Bélgica, Holanda, Francia y Alemania.
Las cerca de 4.000 explotaciones se reparten principalmente en cuatro zonas productoras. Las Marismas del Guadalquivir, con el 37 % de la producción, destacando el municipio de Isla Mayor, cuyos 6.000 habitantes son capaces de alumbrar más
de un 15 % de la producción nacional. Su especialidad es la variedad 'marisma', un tipo de arroz de alta calidad y que presenta muchas similitudes con el clásico bomba valenciano. En segundo lugar, tenemos Extremadura que acumula el 23 % de la
producción nacional, erigiéndose como la segunda región productora en el cultivo del arroz localizado en las Vegas Bajas del Guadiana. En tercer lugar, el Delta del Ebro con un 15 % de la producción destacando la variedad 'bahía', un arroz de grano
medio, muy demandado en toda la Península Ibérica gracias a sus espectaculares facultades para la absorción, lo que lo convierte en ideal para todo tipo de guisos, y que ha justificado el reconocimiento de la Denominación de Origen Protegida Delta
l'Ebre. Por último, se encuentra la Comunidad Valenciana. En los territorios del Parque Natural de la Albufera se cultiva las variedades de Senia, Bahía y Bomba, dentro de la Denominación de Origen Protegida Arroz de Valencia, con otro 14 % de la
producción española total.
Toda esta riqueza ligada a los paisajes y ecosistemas singulares enfrenta dos retos a futuro: Por un lado, un mercado muy tensionado por las importaciones masivas procedentes de los grandes productores asiáticos como Camboya o Myanmar. Por
otro lado, su necesaria transición a un modelo productivo sostenible acorde con el cambio climático lo que sin duda trae consigo exigencias necesarias, pero aportará valor comercial a sus producciones.
Camboya y Myanmar son países beneficiarios del acuerdo 'Todo menos armas' (EBA, en sus siglas en inglés) que permite el acceso de los países menos desarrollados en el mundo al Mercado Único Europeo sin aranceles ni cuotas en todos los
productos, excepto armas. Este esquema comercial conocido como Sistema de Preferencias Generalizado (SGP) revisa su funcionamiento a través de una Comisión creada al efecto. Si bien el acuerdo 'Todo menos armas' es valorado de manera positiva,
como toda iniciativa, debe revisarse progresivamente para evitar importantes elementos que la distorsionan. En concreto, el sistema no prevé una cuota máxima de exportación, ni un índice corrector para el caso de que se produzcan aumentos en el
flujo comercial que sean inasumibles, lo que ha traído como consecuencia
que, en los últimos cinco años, las exportaciones de arroz a la Unión Europea (UF) hayan crecido 40 veces, pasando de 9.000 toneladas en 2012 a 360.000 en el año 2017. La segunda, aunque el acuerdo comercial prevé como requisito el
cumplimiento de los derechos humanos en el territorio de los países de origen, no existen mecanismos claros de control y ello provoca que el arroz se cultive con la explotación de la mano de obra en Camboya, y sobre la base de las violaciones de los
derechos humanos del pueblo rohinyá, que constituye la mano de obra fundamental en las plantaciones de Myanmar.
El resultado de todo ello es que las importaciones de arroz procedentes de estos dos países han aumentado en un 822 %, mientras que el consumo de arroz solo se ha incrementado en un 5 % y el precio del arroz pagado al productor se ha
desmoronado un 32 % en el último año.
Por otra parte, el cultivo del arroz genera problemas ambientales que es necesario abordar cambiando las prácticas agrarias. Uno de ellos es el uso del agua. Siendo necesario el regadío en el cultivo de arroz, es imprescindible el diseño e
implantación de proyectos de modernización sostenible del regadío que supongan un ahorro real, y que al mismo tiempo controlen los problemas de salinidad. Otro de los retos en el manejo ambiental de los arrozales está en la prohibición de la quema
de paja de arroz que provoca la descomposición de unas 55.000 toneladas de paja al año en las aguas de la albufera valenciana, provocando la muerte de peces y el consecuente cambio en la composición del agua y su calidad. Por último, los
productores y productoras de arroz deben hacer frente a la reducción progresiva en el uso de pesticidas y fertilizantes al encontrarse en muchas ocasiones en zonas calificadas como sensibles al uso de nitratos. Por todo ello, la producción de arroz
está sometida a fuertes exigencias que se van implantando de forma progresiva y que exigen un acompañamiento y apoyo. En este tránsito y a pesar de las dificultades técnicas, cada vez son más las experiencias y proyectos que optan por la producción
ecológica o cuanto menos integrada.
La Comisión Europea, a instancia de 4 Estados miembros, decidió iniciar formalmente en el mes de marzo de 2017 el mecanismo de investigación del acuerdo comercial al reconocer que hay indicios de violaciones significativas de los derechos
humanos en Camboya, en relación con el acaparamiento de tierras y expulsión violenta de los campesinos de ellas, y la vinculación de la situación de los rohinyá en las plantaciones de arroz de Myanmar. La Comisión considera que hay razones que
justifican la activación de la cláusula de salvaguardia y el cese de las importaciones subvencionadas. Esta cláusula es una medida de protección que contemplan todos los acuerdos comerciales ante el caso de que se hayan alterado de forma
significativa las condiciones en las que se pactaron los acuerdos y que impidan su cumplimento a alguna de las partes por ser extremadamente lesivos para sus intereses. Las medidas de vigilancia pueden ser adoptadas cuando la evolución de las
importaciones de un producto originario de un país tercero, amenace con provocar un perjuicio a los productores comunitarios. Entre los elementos que debe valorar la Comisión están el volumen de las importaciones, su precio y su repercusión para
los productos comunitarios; y para ello, se valorarán factores económicos tales como: producción, capacidad, existencias, ventas, cuotas de mercado, precios, beneficios y empleo.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Modifique el marco normativo que actualmente regula la norma de calidad para el arroz envasado con destino al consumo del mercado interior, para que en el etiquetado se establezca como obligatorio la identificación del país de origen, y
en el caso de que su procedencia sea España, la Comunidad Autónoma, la Comarca y su variedad.
2. Defender ante la Comisión Europea la aplicación de la cláusula de salvaguarda para las importaciones de arroz de Camboya y Myanmar, acogiéndose a la situación de vulneración de los derechos humanos y al perjuicio actual para la
producción de nuestro país.
3. Defender ante la futura reforma de la PAC, el mantenimiento de las ayudas asociadas al cultivo de arroz, pero siempre incluyendo condiciones ambientales estrictas que permitan orientar la transición hacia un modelo de producción
sostenible con indicadores claros en los aspectos críticos que son esenciales al cultivo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2018.-Rosana Pastor Muñoz, Eva García Sempere, Diego Cañamero Valle y Jaume Moya Matas, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000909
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley por la
mejora en las infraestructuras viales de la provincia de Toledo y conexión con Madrid, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
El Mapa Estratégico de Ruido de las Carreteras de la Red del Estado, en concreto el mapa referido a la A-42, es el documento que debe encargarse de, entre otras circunstancias, reconocer los problemas de ruido que generan esas carreteras en
los núcleos urbanos que atraviesan o pasan cerca, o carreteras que causan molestias a los vecinos que viven en viviendas demasiado cercanas a estas carteras de competencia estatal.
El tramo de autovía A-42 de estudio afecta a dos Comunidades Autónomas: Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, atravesando o discurriendo en las proximidades de los municipios de Madrid, Leganés, Getafe, Fuenlabrada, Pinto, Parla,
Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Cubas de la Sagra y Casarrubuelos en la primera, y de Illescas, Veles, Numancia de la Sagra, Yuncos, Yuncler, Cedilla del Condado, Villaluenga de la Sagra, Cabañas de la Sagra, Yunclillos, Magan, Olías
del Rey, Bargas y Toledo en la segunda.
Ya en la provincia de Toledo, el trazado pasa junto a Illescas, aunque la sección en trinchera protege los usos urbanos de la afección acústica. Entre Illescas y Olías del Rey el trazado coincide con zonas de relieve suavemente ondulado,
generalmente con cultivos de cereal de secano, existiendo solamente algunas urbanizaciones dispersas cercanas a la autovía, de vivienda unifamiliar aislada. El núcleo urbano de Olías del Rey se encuentra completamente adosado a la carretera.
Las soluciones a adoptar son variadas y podrían pasar desde la instalación de barreras acústicas en la misma carretera A-42 a su paso por Olías del Rey, hasta la instalación de sistemas de aislamiento acústico en las mismas viviendas más
cercanas a la carretera y que más afectadas se encuentran por ruido, en función del citado Mapa Estratégico de Ruido de las Carreteras de la Red del Estado.
Las necesidades de inversión vial en la provincia de Toledo también se extienden a los diferentes accesos de la Autovía A-5 en su paso por Madrid y hasta la ciudad de Talavera de la Reina. Los accesos a Talavera de la Reina cuentan con una
serie de deficiencias por la tipología de las vías que se extienden hasta el núcleo urbano de la ciudad. Ninguno de ellos está desdoblado y en su mayoría se trata de carreteras secundarias de comunicación tradicional con localidades limítrofes, con
un elevado tránsito de maquinaria agrícola, así como con una alta peligrosidad, ya que existen cruces de caminos muy transitados por ubicarse en una zona agraria de los regadíos públicos del Canal Bajo del Alberche.
En concreto, el acceso Este desde la A-5 a Talavera de la Reina, el más usado y frecuentado para la comunicación con Madrid y Toledo, se corresponde con el antiguo trazado de la N-V. Un trazado de 6 km de longitud, incluyendo los 330 m del
puente que cruza el Alberche en las inmediaciones de su desembocadura en el Tajo, que sería preciso acondicionar su traza actual y/o proceder a construir uno nuevo adecuado a los cuatro carriles de la solución propuesta, puesto que en la actualidad
la anchura del firme se ha estrechado considerablemente, obligando a limitar a 50 km/h la velocidad del cruce.
El riesgo, la lentitud del tránsito, las continuas retenciones, y sobre todo el cuello de botella que supone el puente sobre río Alberche, han sido y son objeto unánime de petición reiterada de subsanación por parte de la sociedad de
Talavera de la Reina y de los grupos políticos representados en el Consistorio.
Resulta urgente tomar medidas para la mejora de las conexiones viles de la provincia de Toledo y su conexión con Madrid, y por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar los trabajos necesarios para la puesta en marcha de un programa de protección acústica viviendas cercanas A-42 en su paso por provincia de Toledo.
2. La puesta en marcha de un programa de ampliación y mejora del acceso a Talavera de la Reina por la antigua N-V.
3. Impulsar los trabajos de desdoblamiento del acceso Este a la ciudad de Talavera de la Reina con un nuevo puente sobre el río Alberche.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2018.-María Gloria Elizo Serrano, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000910
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley por un
tren de calidad en la zona de la Sagra, Toledo, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Las infraestructuras ferroviarias de la zona de la Sagra de la provincia de Toledo han sido paulatinamente abandonadas, hasta el punto de cierre de varias estaciones de tren. Esto ha provocado la marginalización y la merma de posibilidades
de desarrollo económicas y sociales para el grueso de la población en esta zona.
La reapertura de la estación Villaluenga-Yuncler en Toledo, es un reclamo social latente desde hace más de veinte años, respaldado por una amplia mayoría social en la zona. El edificio de la estación Villaluenga-Yuncler está en buen estado
(y protegido por la ley autonómica de patrimonio histórico), próximo a una zona industrial y a urbanizaciones y dotado de andenes, aparcamiento, un jefe de estación permanente, que da paso a los trenes, acceso directo desde dos autovías (A-42
Madrid-Toledo y AP-41 Madrid-Toledo) y tres carreteras provinciales (TO-2422, TO-4512 y TO-2323), autobuses que la comunican con los núcleos de Villaluenga y de Yuncler, pero también con Toledo, Olías, Cabañas, Yuncos o Illescas.
Debido al fuerte crecimiento de la población en la comarca toledana de La Sagra, los ciudadanos de esta zona, que se desplazan mayoritariamente hacía Madrid, se ven obligados a desplazarse por unas carreteras cada vez más congestionadas, lo
que hace muy necesario desde hace años el establecimiento de transporte ferroviario en esta zona, y así lo vienen reivindicando sus ciudadanos desde hace veinte años, siendo reconocida esta necesidad por las administraciones públicas autonómica y
locales, que a través de mociones se han dirigido al Ministerio de Fomento reclamando el Tren de Cercanías para La Sagra toledana, pues aunque hasta Illescas llega la línea de Tren Convencional, el servicio de trenes regionales es muy escaso y
totalmente insuficiente. Para dar respuesta a esta fuerte demanda, ya en noviembre de 2007 el Ministerio de Fomento adjudicó la redacción del Estudio Informativo para la prolongación de la línea de Cercanías C-5 desde Humanes (Madrid) hasta
Illescas (Toledo), total 13,5 kms.
Dentro del Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías para Madrid 2009-2015, presentado por el Ministerio de Fomento en mayo de 2.009, se contempló la prolongación de la línea de Cercanías C-5 desde Humanes a Griñón (Madrid) e
Illescas (Toledo), con una inversión estimada de 160 millones de euros. Aunque el Ministerio no cumplió ni desarrolló el plan, sin embargo sigue vigente.
En septiembre de 2010 el Ministerio de Fomento adjudicó a Prorail Ingenieros Civiles S.L.N.E. la redacción del proyecto constructivo de las infraestructuras necesarias para la prolongación del Servicio de Cercanías, línea C-5 entre Humanes
(Madrid) e Illescas (Toledo). Sin embargo, ni en 2012, ni en 2013, ni en 2014, ni en 2015, ni en 2016, ni en 2017 se ha contemplado partida presupuestaria alguna en los PGE, y lo contemplado para 2018 es una partida testimonial totalmente
insuficiente para realizar algún tipo de actuación.
Por otro lado, desde hace varios años se está reivindicando desde el Ayuntamiento de Seseña y por los usuarios del transporte ferroviario de cercanías la necesidad de que paren los trenes que transitan entre las estaciones de Atocha y
Aranjuez de la línea C-3.
Tras varios estudios y alternativas, en diciembre de 2009 todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Seseña aprobaron, entre las alternativas planteadas en el Estudio Funcional y de alternativas para el estudio
informativo del proyecto de ampliación 3a y 4a vía entre Pinto y Aranjuez de la línea C-3 de Cercanías de Madrid, la alternativa 5B por considerarla la más adecuada por la ubicación de la futura estación en el centro del municipio, entre Seseña y
Seseña Nuevo, junto a la carretera CM-4010. Así se trasladó por escrito a la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias el 13 de enero de 2010, exponiendo además que al prever el soterramiento de las vías a su paso por la urbanización El
Quiñón, se debían adoptar las medidas oportunas para evitar ruidos y vibraciones.
El Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, elaboró el correspondiente informe de alegaciones que, junto con el resto del expediente, se remitió al Ministerio de Medio Ambiente.
En los Presupuestos Generales del Estado de los últimos años se han contemplado partidas económicas destinadas a dar servicio a la estación de Seseña sin que se haya ejecutado el presupuesto y se haya realizado inversión alguna utilizando el
crédito dispuesto para ese fin. Sin embargo en los PGE 2018 no se ha presupuestado nada, si bien ha estado presupuestado en el 2016 y no se ha ejecutado.
El municipio de Seseña actualmente tiene una población de 22.000 habitantes y se proyecta a ser el tercer municipio en población de Castilla-La Mancha, por lo que consideramos debe contar con una estación de cercanías que le una con la
capital de provincia y con Madrid.
Resulta urgente tomar medidas para la mejora de las conexiones ferroviarias de la provincia de Toledo con Madrid, y por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. La reapertura de la estación de Seseña en la línea C-3 entre las estaciones de Atocha y Aranjuez.
2. Prolongar el servicio de Cercanías Renfe de la línea C-5 entre Humanes (Madrid) e Illescas (Toledo).
3. Reapertura de la estación de tren Villaluenga-Yuncler.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2018.-María Gloria Elizo Serrano, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000911
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para la garantía de acceso a formularios y textos
administrativos en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
En 2017 la Agencia Tributaria hizo saber a un ciudadano residente en Tarragona, en un documento con número de remesa 70560020, que las versiones en catalán de los modelos del IVA 303 y 390 habían sido suprimidas en 2014 por 'razones de
economía y oportunidad'.
También en 2017, la Dirección General de Tributos, el único órgano que puede ofrecer respuestas vinculantes sobre cuestiones tributarias, en un documento con número de referencia 2017-CONSULTAS-001934-17-REQS, exigió a un ciudadano residente
en Barcelona que tradujese al castellano la consulta que había dirigido en catalán al citado órgano porqué se trataba 'de un árgano de la Administración General del Estado que tiene su sede en Madrid'. Después que el susodicho ciudadano respondiera
en catalán que el artículo 10.1 de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias amparaba su derecho a usar el catalán, la Dirección General de Tributos le envió una segunda misiva, con número de
referencia 2017_CON_001934-17, donde le informaba que procedía a archivar el expediente por que no había enviado la traducción al castellano de la carta original en el plazo que le había ofrecido.
Teniendo presente lo siguiente:
1. La Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias dice en su artículo 10.1, letra b, que los estados firmantes se comprometen 'a poner al alcance de la población formularios y textos administrativos de uso frecuente en sus
lenguas regionales o minoritarias, o en versiones bilingües'. El Reino de España ratificó en 2001 este tratado internacional promovido por el Consejo de Europa y para la lengua catalana (como para la vasca y la gallega) se comprometió a aplicarlo
en su versión más ambiciosa. El artículo en cuestión ha sido ratificado para la lengua catalana.
2. El reporte de evaluación del cumplimiento de la Carta Europea por parte de España correspondiente al periodo 2013-2015 elaborado por el Comité de Expertos apunta en su punto 223 que el Reino de España solo ha cumplido parcialmente su
compromiso de poner al alcance de la población formularios y textos administrativos en catalán y que la proporción es todavía inadecuada.
3. El artículo 5 del Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el cual se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado, establece que
'los impresos normalizados que se pongan a disposición de los ciudadanos en las dependencias situadas en el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma con lengua cooficial serán bilingües en castellano y en la lengua cooficial'.
4. El 'Defensor del Pueblo', el señor Francisco Fernández Marugán, ha expresado en un documento con número de expediente 18016378 que 'esta institución tiene en curso una investigación de oficio ante la Administración Tributaria, por la
persistencia en la inobservancia de la cooficialidad lingüística', que 'la cooficialidad lingüística no es una opción administrativa, sino una sujeción para la Administración y no debe aceptarse la persistencia durante años de situaciones que
muestran como el uso de las lenguas cooficiales no es normal, habitual, fluido y sin dificultades mayores', que 'el uso de las lenguas cooficiales alcanza a la dignidad de las personas', que 'la elección por un contribuyente de una lengua cooficial
tiene relación directa con sus derechos fundamentales y el libre desarrollo de la personalidad', y que no es 'perceptible que la AEAT se haya hecho resueltamente a las nuevas exigencias'. En este documento, el Defensor del Pueblo también hace
referencia explícita al citado artículo 10 de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias para argumentar que el respeto al uso del catalán, como derecho fundamental, es también un fundamento del orden político y la paz social; y hace
referencia también al artículo 3.3 de la Constitución española, que establece el deber del sector público de dar a las diferentes lenguas del Estado un respeto y protección 'especial'.
5. El artículo 15 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, apunta que 'los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una
Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella'.
Por todo ello se presenta la siguiente.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Emprender cuantas medidas legales sean necesarias para asegurar que los modelos 303 y 390, así como otros documentos en situaciones similares, estén plenamente disponibles en todas las lenguas cooficiales del Estado.
2. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 10 de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, ratificada por el Reino de España en 2001, y asegurar que la población que lo requiera pueda acceder a todos los formularios y
textos administrativos en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2018.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000912
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la promulgación de una ley
de inclusión laboral para personas con discapacidad, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Promover las condiciones necesarias para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de
todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, son obligaciones ineludibles para los poderes públicos, tal y como establece la Constitución Española.
Uno de los grupos sociales con especiales dificultades de inclusión en todos los ámbitos, aunque especialmente en el laboral, es el de las personas con discapacidad.
Por ese motivo, además de lo dispuesto en la Constitución, el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de
su inclusión social, establece que las administraciones públicas deben fomentar las oportunidades de empleo y promoción profesional en el mercado laboral de estas personas, además de promover los apoyos necesarios para la búsqueda, obtención y
mantenimiento del empleo.
En este sentido, durante los últimos siete años se ha puesto en marcha una serie de actuaciones orientadas a la promoción de la contratación de las personas con discapacidad. Entre ellas, cabe destacar el Pian de Acción sobre la Estrategia
de Discapacidad 2014-2016, en el que el empleo concentraba el 95 por ciento de los recursos; la reforma del mercado laboral, que recuperaba las medidas estatales de fomento de empleo para personas con discapacidad; la reserva de un mínimo de
contratos públicos en favor de centros especiales de empleo y la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, que incorporaba medidas de acción positiva para personas con discapacidad.
Sin embargo, a pesar de que todas estas actuaciones han dado como respuesta que el empleo entre personas con discapacidad aumentase el triple que entre la media nacional y la afiliación creciese a un ritmo del 9 %; es necesario seguir
profundizado en la adopción de medidas en favor de la inclusión laboral de las personas con discapacidad a fin de garantizar una verdadera sociedad para todos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las administraciones competentes, los agentes sociales y con las entidades de la discapacidad, a remitir a las Cortes Generales, y en plazo más breve posible, un Proyecto
de Ley de inclusión laboral para personas con discapacidad, abarcando entre otras medidas la formación e incentivos fiscales a empresas para la contratación de personas con discapacidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2018.-Ignacio Tremiño Gómez y María Dolores Alba Mullor, Diputados.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000913
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la ordenación, la gestión y
la planificación de las plantillas de médicos en el Sistema Nacional de Salud, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Los profesionales sanitarios son el principal valor del Sistema Nacional de Salud; un activo cardinal de nuestro modelo asistencial que se encuentra entre las profesiones mejor valoradas en nuestro país según el Centro de Investigaciones
Sociológicas y que obtiene calificaciones muy positivas año tras año en el 'Barómetro Sanitario' que elabora el Ministerio de Sanidad.
La formación y la capacitación de nuestros profesionales sanitarios son reconocidas en todo el mundo y suponen un valor esencial no solo de nuestro sistema sanitario, sino también de la 'Marca España'.
Es más, si nuestro modelo sanitario es destacado y tornado como un referente en el ámbito internacional es, en gran medida, por el buen hacer diario y el 'expertise' de nuestros profesionales, tanto en el ámbito asistencial (especialmente
relevante en zonas rurales) como desde el punto de vista de la docencia, la investigación, el desarrollo y la innovación.
Ante esta realidad, los Gobiernos del Partido Popular han dado prioridad al desarrollo de leyes y de iniciativas con las que se ha mejorado tanto la situación formativa y laboral de nuestros profesionales, como la gestión y la planificación
de los recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud.
En el ámbito legislativo, destacan normas vertebradoras como la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que reguló los aspectos básicos de las profesiones sanitarias tituladas en lo que se refiere a su
ejercicio, así como la estructura general de su formación, su desarrollo profesional y su participación en la planificación y en la ordenación de las profesiones sanitarias, y la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, de Estatuto Marco del Personal
Estatutario de los servicios de salud, que estableció las bases reguladoras de la relación funcionarial especial del personal estatutario de los servicios de salud que conforman el Sistema Nacional de Salud.
Por otra parte, en lo que respecta a las iniciativas, procede hacer mención especial al Registro Estatal de Profesionales Sanitarios, que fue creado en 2012 y regulado por el Real Decreto 64012014 y por la Orden SSI/890/2017 para facilitar
la planificación de las necesidades de profesionales sanitarios del Estado, coordinar las políticas de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud y mejorar la seguridad del paciente.
Además, en 2013 se suscribieron acuerdos marco con los consejos de colegios y los sindicatos de médicos, enfermeros y farmacéuticos para avanzar en ámbitos tan relevantes como el desarrollo profesional (formación, competencias...), se
encargaron análisis de situación como el 'Libro Blanco de los Recursos Humanos' (que el Consejo Asesor de Sanidad elaboró en 2013 en coordinación con los consejos de colegios profesionales), en 2015 se puso en marcha el 'Foro Profesional', y en 2017
y 2018 se lideraron y alcanzaron acuerdos con Comisiones Obreras, la Unión General de Trabajadores y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, tanto para reducir la temporalidad de los contratos y estabilizar el empleo, como para mejorar
las retribuciones de los profesionales de forma progresiva hasta el ario 2020.
Lejos de ser una actividad aislada, este trabajo fue totalmente convergente y complementario con el liderazgo ejercido en la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud en materia de planificación y adecuación de plantillas,
especialmente en ámbito de la profesión médica y concretamente con iniciativas como el grupo de trabajo creado y puesto en marcha a iniciativa del Ministerio de Sanidad en la sesión plenaria del Consejo Interterritorial celebrada el 8 de noviembre
de 2017.
Este grupo de trabajo, que fue abalado por todas las Comunidades Autónomas con independencia del signo político de sus gobiernos, se reunió en cinco ocasiones hasta que en febrero de este año se consensuaron una serie de recomendaciones que
fueron validadas por unanimidad en un nuevo pleno del Consejo Interterritorial, concretamente el celebrado el pasado 24 de abril.
No obstante, desde el pasado mes de junio, una vez que prosperó la moción de censura al Gobierno, poco ha trascendido a la opinión pública en general, y al sector sanitario en particular, acerca de las citadas recomendaciones, así como de la
labor desarrollada por el actual Gobierno en materia de ordenación profesional y de gestión y planificación de las plantillas de médicos en el Sistema Nacional de Salud.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a avanzar en el desarrollo de las medidas consensuadas con las Comunidades Autónomas en el seno del Consejo Interierritorial del Sistema
Nacional de Salud comprendidas en el Documento de síntesis del grupo de trabajo de necesidades para paliar déficits de especialistas médicos' con el objetivo de:
- Identificar las plazas y las especialidades deficitarias, así como los puestos que más cuesta cubrir en cada Comunidad Autónoma.
- lncentivar a los especialistas que trabajen en plazas de difícil cobertura, especialmente en zonas rurales, o en especialidades deficitarias para estabilizar esos puestos de trabajo.
- Motivar la mejora de la información que las Comunidades Autónomas hacen llegar al Ministerio sobre el número de contratos y plazas que realizan en cada especialidad.
- Facilitar la realización en los centros asistenciales de las Comunidades Autónomas de las prácticas necesarias para que los títulos de especialistas extracomunitarios puedan terminar el proceso de reconocimiento de la obtención de la
homologación.
- Actualizar los datos de todas las Comunidades Autónomas para desarrollar la oferta pública de empleo extraordinaria de estabilización.
- Coordinar las diferentes categorías de profesionales para mejorar la coordinación de la citada oferta pública extraordinaria de empleo.
- Realizar un nuevo estudio de necesidades de especialistas que actualice los datos contemplados en el más reciente, realizado en 2012.
- Motivar la flexibilización y la agilización de la acreditación de unidades docentes para la formación sanitaria especializada.
- Valorar la situación de las incompatibilidades del personal médico en el Sistema Nacional de Salud.
- Estudiar la flexibilización de la vinculación del profesional a su centro, para que puedan atender necesidades de diversos dispositivos.
- Restablecer el modelo de formación sanitaria especializada troncal.
- Valorar una ampliación moderada de la oferta anual de formación sanitaria especializada.
- Activar la revisión de los Planes de ordenación de Recursos Humanos de las Comunidades Autónomas en lo relativo a la permanencia en el servicio activo de/personal médico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2018.-María Teresa Angulo Romero, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000914
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a mejorar las
condiciones laborales de los funcionarios adscritos a los cuerpos penitenciarios, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
En 2011, según datos del Ministerio del Interior, se contabilizaron 421 agresiones, suponiendo entonces un notable repunte sobre la media habitual. La cifra no sube notablemente desde entonces, pero lo que debe preocuparnos es que no
disminuya a un ritmo mayor del que lo hace. Más si se tiene en cuenta la reducción de la población reclusa desde 2011: ha pasado de unas 60.000 personas ese año, a las poco más de 51.000 actuales. Los funcionarios de Instituciones Penitenciarias
que entran en contacto cotidiano con reclusos peligrosos se exponen evidentemente a actos violentos de todo tipo. Recientemente, en Navalcarnero, un preso atacó a tres funcionarios y a uno de ellos le arrancó la oreja de un mordisco.
En la última década, la institución penitenciaria ha sufrido cambios de gran impacto en cuanto a la composición de la población reclusa, producto de la evolución propia de nuestra sociedad. Esos cambios han llegado a producir una nueva
población más agresiva y peligrosa. Se pueden constatar nuevas formas de organización criminal: bandas armadas paramilitares compuestas por miembros de distintas
nacionalidades, mafias del narcotráfico, terrorismo yihadista, etc. Y todo ello en un contexto global de internacionalización del fenómeno criminal del terrorismo y la violencia organizada.
Muchas de estas expresiones violentas más o menos organizadas cuentan con capacidad operativa fuera de las cárceles, y es especialmente preocupante la posibilidad de que puedan llegar a cometer actos contra la integridad del trabajador
penitenciario, valiéndose de la infraestructura de la banda, en el exterior de los Centros. Este tipo de amenazas y agresiones, cuando se producen, no suelen ser denunciadas por miedo.
Estas novedades, unidas a males endémicos que el sistema arrastra desde hace tiempo (vacantes sin cubrir, envejecimiento de las plantillas, consumo de nuevos tipos de estupefacientes de tipología peligrosa por los reclusos, contacto con
enfermos mentales por la escasez de psiquiátricos, contacto con internos pacientes de enfermedades infecto-contagiosas, etc.), favorecen el aumento de las agresiones entre internos y de internos hacia los funcionarios, y accidentes laborales.
En medio de todas estas dificultades, la tarea de los funcionarios de las cárceles españolas sigue siendo esencial para la democracia y debe ser reconocida. Son ellos los directamente encargados de que el sistema penitenciario sirva para
cumplir una de las finalidades principales de la pena privativa de libertad: la reinserción y la resocialización exitosa del recluso. El Grupo Parlamentario Popular ha tenido siempre presente la extraordinaria importancia del trabajo de este
colectivo y, desde esa consideración, ha impulsado una Proposición de Ley orgánica para modificar la Ley General Penitenciaria y reconocer el carácter de Agentes de la Autoridad a los funcionarios de cuerpos penitenciarios en el ejercicio de sus
funciones.
La retribución que reciben, sin embargo, no parece estar en consonancia con la importancia de esta tarea. Las diferencias salariales por trabajos similares son notables. Las que se pueden contabilizar respecto del sistema penitenciario
catalán, transferido en su día, son especialmente abultadas_ Oscilan desde los 1.600 euros anuales en un puesto de oficinas hasta los 25.000 de un jurista o un director de prisión. La media del montante total, dejando a un lado las numerosas
categorías, evidencia que un funcionario destinado en Cataluña gana 750 euros más al mes que uno destinado en otra comunidad.
Otro punto que debe atenderse es la necesidad de cubrir las plazas vacantes. Hacerlo redundaría en mayor seguridad en el trabajo, menos agresiones y mejores prestaciones. En suma, haría el sistema penitenciario mucho más funcional.
Otros aspectos que pueden parecer menores son, sin embargo, importantes. La renovación del sistema penitenciario debe llegar también a los uniformes. Porque la protección de los funcionarios cuando deben intervenir en la reducción de un
recluso violento no es una cuestión menor. La policía cuenta con pertrechos cuando tiene que detener a criminales peligrosos. Debe dotarse de recursos a los funcionarios de prisiones cuando se enfrentan a situaciones análogamente peligrosas.
Existen unos recursos para casos de intervención especial ('medios coercitivos') que se han mejorado recientemente, pero a veces no son compatibles con una intervención rápida.
Por último, la falta de formación continua imposibilita la adaptación a los nuevos tiempos del personal penitenciario, dificultando enormemente la labor encomendada por el mandato constitucional: la reeducación y la reinserción social de
los internos e internas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo, con carácter de urgencia, una mejora global de las condiciones laborales de los funcionarios adscritos a los cuerpos penitenciarios, concretando dicha mejora en las siguientes
acciones:
1. Acometer de cara al ejercicio de 2019 un incremento del complemento específico de cada funcionario, eliminando las diferencias retributivas que existen en la actualidad.
2. Realizar una Oferta de Empleo Público en el ejercicio de 2019 con una tasa de reposición extraordinaria que permita cubrir las plazas vacantes en Instituciones Penitenciarias, creando, paralelamente, con los aspirantes aprobados sin
plaza en esa Oferta de Empleo Público, una bolsa de interinos para sustituciones.
3. Fijar para el ejercicio de 2019 y años sucesivos la obligación de convocar concursos de traslado de carácter anual.
4. Establecer tras la negociación pertinente una carrera profesional dentro de Instituciones Penitenciarias.
5. Abrir un proceso de negociación para diseñar programas específicos de formación más ambiciosos que los actuales.
6. Iniciar un proceso de negociación para abordar y dar solución a la problemática específica del personal adscrito al Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria.
7. Negociar un cambio de la nomenclatura del cuerpo más acorde con las funciones que desarrolla, con el fin de mejorar el prestigio social de su trabajo.
8. Establecer un nuevo uniforme y equipo adaptado al medio penitenciario y acorde con las situaciones de peligrosidad que se vienen registrando.
9. Abordar la regulación de la segunda actividad del colectivo de forma más acorde con las necesidades del servicio.
10. Acometer todas estas medidas para hacerlas efectivas en el ejercicio de 2019, con independencia de la aprobación o no de los Presupuestos Generales del Estado para ese año y, si fuera necesario, mediante un Real Decreto Ley especifico
para Instituciones Penitenciarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2018.-José Alberto Martín Toledano y Susana López Ares, Diputados.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000915
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la conmemoración de la
Constitución Española y la Transición Democrática, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Se cumplen cuarenta años desde el 6 de diciembre de 1978, día en el que, con un 88 % de los votos, los españoles votaron mayoritariamente el proyecto de Constitución que había sido aprobado por las Cortes Generales, las primeras elegidas
democráticamente el 15 junio de 1977.
El pueblo español demostró una madurez, una capacidad de sanar las heridas, perdonar y mirar al futuro sin precedentes en nuestra historia, de tal manera que, con la Constitución como punto álgido de la Transición Democrática, se logró
instaurar la Concordia en nuestro país.
El texto constitucional fue fruto de un amplio consenso de fuerzas políticas muy dispares que supieron comprender que de sus pactos, se forjaría el futuro de España y por tanto, antepusieron el sentido de Estado y la necesidad de concordia a
los intereses partidistas o las diferencias ideológicas. Durante la Transición Democrática se trató de cerrar heridas, perdonar y caminar juntos hacia la mejora en todos los ámbitos: económico, social y político.
La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, norma fundante y fundamentadora del mismo. Es el pórtico de la justicia, la base de la libertad y la igualdad y la fuente de pluralismo político. En su texto se consagraron el
Estado social y democrático de Derecho, la monarquía parlamentaria y el Estado de las Autonomías. Estos valores y estos principios, después de cuarenta años de democracia y bienestar, nos han convertido en la sociedad moderna española que
conocemos.
En estos cuarenta años, en efecto, España se ha transformado en una economía moderna, en un estado miembro de la Unión Europea, formando parte de las principales alianzas internacionales de los países democráticos. En este tiempo, han
nacido generaciones que, afortunadamente, solo conocen la democracia y no han tenido que sufrir los horrores de una contienda bélica en nuestro territorio.
La madurez democrática constatada en cuatro décadas merece el reconocimiento de las instituciones y la celebración de los ciudadanos. La celebración, además, no solo sirve de recordatorio, sino que ensalza para los más jóvenes los valores
de consenso político y diálogo que la hicieron posible.
Desde el Congreso de los Diputados, en el que reside la soberanía nacional y cuya existencia y funciones serían imposibles sin la Constitución misma, se está homenajeando la Carta Magna y celebrando aquella fecha histórica de 6 de diciembre
de 1978, divulgando su contenido para las generaciones presentes y reconociendo a quienes participaron de este hito y nos legaron la piedra fundamental de la convivencia de los españoles.
Los valores y principios que presidieron e inspiraron nuestra transición y que fueron la base de nuestra Constitución de 1978, son valores que hemos de reivindicar hoy más que nunca como esenciales para afrontar los problemas y grandes retos
a los que nos enfrentamos.
La vigencia de nuestra Constitución representa hoy la máxima garantía frente al radicalismo, el populismo y el nacionalismo, por ello es una responsabilidad de todos la defensa firme, clara y rotunda de la misma.
La Constitución del 78 es sin ningún género de dudas el marco más idóneo para seguir creciendo como país, como sociedad, así como para seguir construyendo entre todos el futuro de España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados celebra los 40 años de la Constitución Española y reconoce y homenajea a todos los españoles que participaron en la Transición Democrática e insta al Gobierno a unirse a este reconocimiento esencial de la
Democracia Española, así como a continuar defendiendo hoy y en el futuro, los principios, valores, derechos y libertades contenidos en la Constitución de 1978.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2018.-María Jesús Bonilla Domínguez, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000916
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para reconocer e impulsar la caza
como actividad económica, social y medioambiental de interés estratégico en España que contribuye al desarrollo rural, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La caza, como también ocurre con la pesca, se reconoce como una actividad económica legítima, necesaria para el interés general ya que, además de mantener un alto compromiso con la conservación de la biodiversidad, genera renta y empleo,
representa una oferta turística singular para el mundo rural con demanda internacional y se desarrolla en zonas de interior de nuestro país, contribuyendo a disminuir el preocupante fenómeno de la despoblación.
Según la Fundación para el Estudio y la Defensa de la Naturaleza y la Caza así como la Real Federación Española de Caza, en España existen aproximadamente unos 332.000 cazadores federados y se expiden unas 800.000 licencias anuales. Según
la consultora Deloitte, la actividad cinegética representa el 0'3 % del PIB español, un gasto de más de 6.475 millones de euros y genera 187.000 empleos.
Pero, además del aspecto económico a través de la contribución de la caza al producto interior bruto y generación de retornos fiscales y mantenimiento de empleo, la actividad cinegética contribuye a un desarrollo social asociado a la
sensibilización, la educación y la cultura así como a la sostenibilidad medioambiental, ya que sin la caza no se entendería la protección y conservación de especies tanto animales como vegetales y la conservación del patrimonio natural, forestal, o
histórico.
Es de especial interés en este momento la contribución que desde el sector cinegético se está ofreciendo a las medidas de control y prevención de episodios de riesgo sanitario como los derivados de enfermedades como mixomatosis, tuberculosis
o la temida peste porcina africana, presente ya en varios países europeos y que podría causas daños con incalculables consecuencias sobre la cabaña porcina española.
En definitiva, la caza equilibra aspectos económicos, de desarrollo del medio rural y de conservación de la naturaleza. En el caso de especies de caza mayor, hoy la caza es probablemente el único instrumento real disponible para controlar
poblaciones ante la usencia de predadores naturales necesarios para mantener un equilibrio con la capacidad de los ecosistemas. Este hecho queda demostrado en diferentes especies como es en la gestión poblacional del jabalí en la Región del
Pirineo.
Aunque la regulación de la caza corresponde a las Comunidades Autónomas y casi todas éstas han aprobado sus propias Leyes de Caza, es necesario un claro y firme compromiso de los diferentes ministerios que conforman el Gobierno de España,
compromiso que debería quedar materializado en la elaboración de una estrategia común y una apuesta decidida. Además, en virtud de la Disposición Adicional cuarta de la Ley 21/2015 de 20 de julio, de modificación de la Ley 43/2003 de Montes, de 21
de noviembre, el ministerio responsable debe elaborar una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, con la participación de las Comunidades Autónomas y cuyos trabajos comenzaron la pasada legislatura.
Sin embargo, y a pesar de la importancia y reconocimiento que tiene el sector cinegético, acabamos de asistir a manifestaciones de la Ministra de Transición Ecológica que a la pregunta de ¿prohibiría la caza y los toros?, su respuesta ha
sido de 'efectivamente'. Estas manifestaciones se suman a una creciente corriente defendida por asociaciones animalistas y determinados colectivos que pone en peligro a un sector de indudable interés en nuestro país.
Las manifestaciones de la Ministra Ribera han creado una gran preocupación en el sector cinegético que mantiene el empleo de miles de familias, al tiempo que contribuye a la conservación y gestión faunística, forestal o del patrimonio, entre
otros, como una verdadera función social.
Es más, para la Real Federación Española de Caza, es inaceptable que una Ministra utilice su cargo para, desde un medio de comunicación nacional, posicionarse contra la actividad cinegética, reflejando con su actitud prohibicionista un total
desprecio hacia la libertad individual y de elección de más de un millón de cazadores españoles que practican una actividad totalmente legal.
Ante esta situación urge que se tomen medidas inmediatas en defensa del sector cinegético y se aceleren los trabajos encaminados a disipar dudas y consolidar una actividad tan importante para la economía de nuestro país que implica a
sectores muy diversos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, formula la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados reconoce el valor estratégico del sector de la caza y de quienes la practican, por su contribución a la creación y mantenimiento de empleo, a frenar el despoblamiento rural y al crecimiento económico, así
como por su compromiso con la conservación de la biodiversidad, en su más amplio sentido.
2. El Congreso de los Diputados entiende necesaria la urgente publicación de la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética como marco orientativo y de coordinación para la ordenación a escala nacional del aprovechamiento cinegético,
convocando a las Comunidades Autónomas y a todos los sectores afectados, a los efectos de impulsar y defender la práctica de la caza por su contribución al interés general.
3. El Congreso de los Diputados propone establecer un plan de investigación científica y de innovación aplicado a la actividad cinegética en su conjunto, dotado presupuestariamente y que contemple líneas estratégicas relacionadas con la
sostenibilidad económica, social y medioambiental de esta actividad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de diciembre de 2018.-Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000917
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a defender, preservar y reconocer a la Tauromaquia.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la corrección de error contenida en el escrito registrado con el número 116006, y considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194
del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para defender, preservar y reconocer
a la Tauromaquia, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La Tauromaquia es una actividad profesional y económica legítima que contribuye indiscutiblemente a la subsistencia de la dehesa, de la marisma y de su biodiversidad, al mantenimiento de una raza singular como es el toro bravo, aportando de
un modo significativo al producto interior bruto, al impuesto sobre el valor añadido y, sobre todo, a la creación y mantenimiento del empleo.
Pero la tauromaquia es más que un conjunto de actividades económicas, medioambientales o zootécnicas. La tauromaquia se constituye como parte esencial del patrimonio histórico y cultural de los españoles.
La tauromaquia constituye un sector económico de primera magnitud, con una incidencia tangible en ámbitos diversos como son el agroalimentario, el medioambiental, el cultural, el industrial o incluso el turístico. Según la Asociación
Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos y la economía del toro, el impacto en euros de la tauromaquia en la economía española es de 3.560 millones de euros y, solo en concepto de IVA de las plazas de toros, los ingresos del estado
ascienden a 139 millones de euros. Los empleos que genera el sector son de 199.000, siendo 57.000 los empleos directos y 142.000 los indirectos. Solo en entradas durante el año 2015, se vendieron más de 6 millones de entradas para acceder a plazas
de toros, siendo el segundo espectáculo de masas en España.
Es de especial interés la contribución que desde el sector del toro bravo se está ofreciendo a la conservación de un ecosistema tan singular a la par que frágil en la Península Ibérica como es la dehesa. La cría del toro de lidia se
extiende por más de 500.000 hectáreas de dehesa entre España y Portugal, una dehesa considerada por la Unión Europea como espacio de Alto Valor Natural, al ser reserva natural de biodiversidad. Además, debido a la característica de la cría, el toro
bravo es el animal que más tiempo vive en semi libertad por lo que el número de empleos dedicados a esta etapa en la vida del toro es muy elevado, contribuyendo por tanto a evitar la despoblación de las zonas rurales.
Finalmente, el mundo del toro es el único responsable del mantenimiento de una raza tan singular como admirada: el toro bravo. Con más de 3 siglos de historia, en la actualidad son más de 1.200 explotaciones que reúnen a 30 ganaderías en
todo nuestro país.
Pero es más, la tauromaquia no es solo una raza, un valor económico, empleos o una actividad que contribuye a la sostenibilidad medioambiental, por si solos ya muy valiosos. La tauromaquia es una cultura en sí misma, una seña de identidad
que presenta la tradición española.
La Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural declara que el carácter cultural de la Tauromaquia es indiscutible y merece ser preservado como un tesoro propio de nuestro país, rico en
culturas distintas.
Y frente a la heterogeneidad de la sociedad respecto a sus sentimientos ante el mundo de la tauromaquia, se debe admitir que existe un amplio consenso en la aceptación mayoritaria del carácter cultural, histórico y tradicional de la
tauromaquia como parte esencial del patrimonio histórico, artístico, cultural y etnográfico de España. Y como recoge la Ley 18/2013, es responsabilidad de los poderes públicos asegurar la libertad del creador y, en este caso, del desarrollo de
cualquier expresión artística, como es la tauromaquia, y el respeto hacia ella. La tauromaquia es un conjunto de actividades que se conecta directamente con el ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas amparados por nuestra
Constitución, como son las de pensamiento y expresión, de producción y creación literaria, artística, científica y técnica. Y resulta evidente que la tauromaquia, como actividad cultural y artística, requiere de protección y fomento por parte del
Estado y las Comunidades Autónomas. Sin embargo, acabamos de asistir a manifestaciones de la Ministra de Transición Ecológica que a la pregunta de ¿prohibiría la caza y los toros?, su respuesta ha sido de 'efectivamente'.
Las manifestaciones de la Ministra Ribera han creado una gran preocupación en el sector de la tauromaquia y desde la Fundación del Toro de Lidia se ha alertado que ocurrencias de este tipo no son propias de altos representantes del gobierno,
afectando no solo al mundo del toro sino al mundo rural en su totalidad.
En nuestra sociedad, hacer del prohibicionismo una bandera atenta con lo que el ciudadano puede esperar de su gobierno, como garante de tolerancia y libertades. Oír de una alta representante prohibir una tradición, implica retroceder en el
concepto de libertad y concebir una acción de Gobierno como restrictiva e intervencionista, especialmente en un tema tan singular como son los relacionados con los toros de lidia y que se asienta en la interpretación de un sentimiento tan diverso
como individual.
Porque el sector del toro de lidia es un modelo de sostenibilidad económica, social y medioambiental; porque el sector del toro de lidia es la máxima expresión popular de arte tradicional y, sobre todo, porque en el sector del toro de lidia
se representa la esencia de la libertad del individuo en la elección personal asentada en los sentimientos,
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, formula la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados reconoce el valor estratégico de la Tauromaquia, por su contribución a la creación y mantenimiento de empleo, a frenar el despoblamiento rural y al crecimiento económico, así como por su compromiso con la
conservación de la biodiversidad, en su más amplio sentido, y al mantenimiento genético de una raza, el toro de lidia, singular y mundialmente reconocida.
2. El Congreso de los Diputados reconoce a la Tauromaquia como manifestación artística imbricada en la cultura tradicional y seña de identidad propia de España que requiere del respeto con aquellos que, desde su libre elección, la defienden
y la sustentan, bien directamente o como espectador.
3. El Congreso de los Diputados entiende necesario impulsar el Plan Nacional de Tauromaquia que recoge medidas de fomento y protección relacionados con la sostenibilidad económica, social y medioambiental y que impulse la investigación y la
innovación en este sector.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de diciembre de 2018.-Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
230/000001
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(230) Conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el Conflicto entre órganos constitucionales número 3102/2016, promovido por el Congreso de los Diputados frente al Gobierno en funciones, en relación con el no sometimiento del mismo a iniciativas
de control por el Congreso de los Diputados.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Juan José González Rivas, Presidente, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés DalRé, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos,
don Pedro González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer Callejón, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el conflicto entre órganos constitucionales del Estado núm. 3102-2016, interpuesto por la Letrada de las Cortes Generales en representación del Congreso de los Diputados contra el Gobierno, en relación con el no sometimiento del mismo a
iniciativas de control por el Congreso de los Diputados. Han intervenido el Gobierno y el Senado. Ha sido Ponente el Magistrado don Santiago Martínez-Vares García, quien expresa el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido:
Estimar el presente conflicto entre órganos constitucionales del Estado y, en consecuencia, declarar que el criterio del Gobierno expresado en el oficio del Ministerio de la Presidencia de 10 de marzo de 2016, vulneró la atribución que al
Congreso de los Diputados confiere el art. 66.2 CE.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 14 de noviembre de 2018.
233/000056
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(233) Cuestión de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 2860/2018,planteada por Sección 1.ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha con sede en
Albacete, en relación con el artículo 86.3, párrafos segundo y tercero, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, por posible vulneración de los artículos 9.3, 14, 24 y 122.1 de la Constitución
española, así como votos particulares formulados a la misma.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Juan José González Rivas, Presidente, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos,
don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer Callejón, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 2860-2018 promovida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha respecto del art. 86.3, párrafos segundo y tercero,
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Ha comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha intervenido el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Cándido
Conde-Pumpido Tourón, quien expresa el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido:
Desestimar la presente cuestión de inconstitucionalidad.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 29 de noviembre de 2018.