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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 434, de 18/10/2018
cve: BOCG-12-D-434
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
18 de octubre de 2018
Núm. 434
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
152/000003 Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular. Ampliación del plazo para finalizar sus trabajos ... (Página3)
152/000007 Creación de la Comisión de Investigación relativa a las presuntas irregularidades cometidas por el Instituto de Derecho Público desde su creación en diciembre de 2001 por Acuerdo de la Comisión Gestora de la Universidad Rey Juan
Carlos el 12 de diciembre del citado año ... (Página3)
156/000030 Solicitud de creación de una Comisión de Investigación relativa a las presuntas irregularidades cometidas por el Instituto de Derecho Público desde su creación en diciembre de 2001 por Acuerdo de la Comisión Gestora de la
Universidad Rey Juan Carlos el 12 de diciembre del citado año, presentada por los Grupos Parlamentarios Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y de Esquerra Republicana ... (Página3)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000741 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promulgación de una ley de apoyo a las familias.
Enmiendas ... (Página6)
Aprobación con modificaciones ... (Página11)
162/000757 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la lucha contra la pobreza infantil.
Enmiendas ... (Página12)
Aprobación con modificaciones ... (Página16)
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000144 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política de inversiones que el Gobierno piensa impulsar en Cataluña ... (Página17)
172/000145 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al objeto de conocer cuál es el compromiso de la Vicepresidenta del Gobierno, Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad con la
defensa de la Constitución española y qué derechos y libertades pretende limitar ... (Página17)
172/000146 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del Gobierno encaminadas a prevenir y atajar la escalada de violencia en Cataluña ... (Página18)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000107 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las medidas que piensa llevar a cabo el Gobierno para despolitizar la Administración Pública y para garantizar la profesionalidad
y la imparcialidad de los nombramientos en el Sector Público. Texto de la moción, enmiendas formuladas y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página19)
173/000108 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a garantizar el derecho a un aborto seguro, libre y gratuito para todas las mujeres.
Texto de la moción así como enmiendas formuladas ... (Página24)
Aprobación con modificaciones ... (Página31)
173/000109 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al objeto de conocer cuándo va a dimitir la Ministra de Justicia y, en caso de no hacerlo, que se acuerde su cese de forma
inmediata.
Texto de la moción ... (Página33)
Aprobación ... (Página34)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
152/000003
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado ampliar el plazo para la conclusión de sus trabajos a la Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular, por cuatro
meses.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
152/000007 y 156/000030
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado la creación de una Comisión de Investigación relativa a las presuntas irregularidades cometidas por el Instituto de Derecho Público desde su creación en
diciembre de 2001 por Acuerdo de la Comisión Gestora de la Universidad Rey Juan Carlos el 12 de diciembre del citado año (núm. expte. 152/000007) en los siguientes términos:
'Reglas de organización y funcionamiento
A) Objeto de la Comisión.
La Comisión tendrá por objeto investigar y, en su caso, determinar la concurrencia de responsabilidades políticas por las presuntas irregularidades, tratos de favor de esta institución pública y una financiación opaca habiendo recibido
financiación pública y, en concreto, formulando adicionalmente, en su caso, las recomendaciones a que hubiera lugar para impedir la repetición de hechos similares.
B) Composición.
La Comisión estará compuesta por cinco representantes del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, cuatro representantes del Grupo Parlamentario Socialista, cuatro representantes del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea, tres representantes del Grupo Parlamentario Ciudadanos, dos representantes del Grupo Parlamentario Mixto, un representante del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y un representante del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana.
C) Adopción de acuerdos.
En los acuerdos que adopte la Comisión se aplicará el criterio del voto ponderado.
D) Plan de trabajo.
La Comisión se constituirá en el período de sesiones en el que se apruebe su creación por el Pleno de la Cámara, y desarrollará su actividad conforme a un Plan de trabajo aprobado por la propia Comisión, que incluirá las comparecencias que
se consideren oportunas, incluidas las de quienes puedan resultar, por las informaciones conocidas, política, penal, civil o administrativamente responsables de las prácticas cuya investigación constituye el objeto de la Comisión.
Los Grupos Parlamentarios podrán solicitar la documentación necesaria para la realización de los trabajos de la Comisión desde el momento de su constitución. En concreto, la Comisión podrá solicitar de los órganos jurisdiccionales
competentes la documentación obrante en las diferentes causas relacionadas con el objeto de la misma que no se encuentre afectada por el secreto de sus actuaciones.
E) Plazo para la realización de los trabajos y presentación de conclusiones.
En el plazo de seis meses, que podrá ser prorrogado por acuerdo del Pleno de la Cámara, la Comisión elevará al Pleno del Congreso de los Diputados para su aprobación el Dictamen en el que figuren sus conclusiones, así como los votos
particulares que los Grupos Parlamentarios presenten, pudiendo acordar, en su caso y conforme a lo previsto en el artículo 76.1 de la Constitución, que la Mesa del Congreso dé traslado al Ministerio Fiscal de las mismas para el ejercicio de las
acciones que sean procedentes.'
Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Asimismo, se ordena la publicación de la solicitud de los Grupos Parlamentarios Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y de Esquerra Republicana, de creación de una Comisión de Investigación relativa a las presuntas
irregularidades cometidas por el Instituto de Derecho Público desde su creación en diciembre de 2001 por Acuerdo de la Comisión Gestora de la Universidad Rey Juan Carlos el 12 de diciembre del citado año (núm. expte. 156/000030).
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios de UPE-CPEM y ERC, al amparo de lo dispuesto en el artículo 52 del vigente Reglamento del Congreso, proponen al Pleno que acuerde la creación de una Comisión de Investigación relativa a las presuntas irregularidades
cometidas por el Instituto de Derecho Público desde su creación en diciembre de 2001 por Acuerdo de la Comisión Gestora de la Universidad Rey Juan Carlos el 12 de diciembre del citado año.
Exposición de motivos
Mediante informaciones de prensa publicadas en primer lugar por eldiario.es y ampliadas posteriormente por diversos medios, la sociedad española ha tenido conocimiento de una extensa y presunta trama para expedir títulos como mínimo dudosos
a diversas personas, muchas de ellas con responsabilidades políticas y con trato de favor frente a otros alumnos matriculados que afectaba principalmente al Instituto de Derecho Público dependiente de la Universidad Rey Juan Carlos Primero. El
Instituto, según aparece en la propia página web de la Universidad, fue creado por Acuerdo de la Comisión Gestora de la Universidad Rey Juan Carlos de 12 de diciembre de 2001, y, desde entonces, ha desarrollado una importante actividad investigadora
y docente, reflejada en las Memorias que viene publicando. Como consecuencia de ello, y de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, el IDP fue definitivamente aprobado por el Consejo de Gobierno y el Consejo Social de la Universidad
Rey Juan Carlos. Posteriormente fue objeto de una evaluación positiva por parte de la ANEPA e, inicialmente, aprobado por Acuerdo de 29 de abril del 2005 (BOCAM de 13 de mayo del 2005) del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid,
convirtiéndose, de este modo, en un Instituto Universitario de Investigación de conformidad con la LOU bajo la dirección del profesor D. Enrique Álvarez Conde.
El escándalo por la actuación de este instituto comenzó salpicando en primer lugar a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Dña. Cristina Cifuentes, quien comenzó negando las informaciones publicadas, para al final acabar dimitiendo por
la presión manifestada por la opinión pública ante el escándalo producido por la alteración de notas, la falta de asistencia a clases y la no justificación de su trabajo de fin de máster. Posteriormente ha salpicado a otras personalidades
políticas, como el Diputado del Partido Popular D. Pablo Casado y en fechas muy recientes a la entonces Ministra de Sanidad Dña. Carmen Montón, provocando asimismo su dimisión. Ello ha desvelado una falta de control público de este Instituto, por
parte de la propia Universidad y de la inspección del Ministerio de Educación, que ha permitido prácticas irregulares que incluso han sido objeto de investigación penal, provocando que la Fiscalía del Área de Madrid haya remitido al Juzgado número
51 de la capital las diligencias de investigación practicadas, abriéndose diligencias previas. Incluso se ha elevado el tema al Tribunal Supremo para su investigación al haber personas aforadas. El escándalo en la sociedad española ha sido
mayúsculo, provocando una falta de prestigio de la Universidad Pública y de rebote desprestigiando la fe pública que se fundamenta en la obtención de títulos mediante el esfuerzo que supone la adquisición reglada de conocimientos, con el
consiguiente enfado de muchos y muchas estudiantes y de la opinión pública
general. El asunto también está contribuyendo de forma importante al desprestigio de la política, dado que no se puede transmitir a la sociedad que algunas personas, por el hecho de tener cargos públicos u orgánicos, puedan obtener un trato
de favor de instituciones públicas que les permitan acceder a puestos o lugares de relevancia social que de otro modo no tendrían.
Además, el Instituto Universitario de Derecho Público dirigido por don Enrique Álvarez Conde, adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y dedicado a la organización de seminarios, conferencias y masters, consta de un privilegio
poco común, como es el de tener unas cuentas libres de fiscalización (solo debe justificar ingresos y gastos a posteriori) y contar con un CIF propio.
Como puede consultarse en su página web, este instituto ha recibido subvenciones públicas a través de tres Administraciones: Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Gobierno estatal (Ministerio del Interior). En todos los casos, este
dinero ha sido gestionado de forma opaca y en su página web no se ha publicado prácticamente ninguna información al respecto.
Reglas de organización y funcionamiento
A) Objeto de la Comisión.
La Comisión tendrá por objeto investigar y, en su caso, determinar la concurrencia de responsabilidades políticas por las presuntas irregularidades, tratos de favor de esta institución pública y una financiación opaca habiendo recibido
financiación pública y, en concreto, formulando adicionalmente, en su caso, las recomendaciones a que hubiera lugar para impedir la repetición de hechos similares.
B) Composición.
La Comisión estará compuesta por cinco representantes del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, cuatro representantes del Grupo Parlamentario Socialista, cuatro representantes del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea, tres representantes del Grupo Parlamentario Ciudadanos, dos representantes del Grupo Parlamentario Mixto, un representante del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y un representante del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana.
C) Adopción de acuerdos.
En los acuerdos que adopte la Comisión se aplicará el criterio del voto ponderado.
D) Plan de trabajo.
La Comisión se constituirá en el período de sesiones en el que se apruebe su creación por el Pleno de la Cámara, y desarrollará su actividad conforme a un Plan de trabajo aprobado por la propia Comisión, que incluirá las comparecencias que
se consideren oportunas, incluidas las de quienes puedan resultar, por las informaciones conocidas, política, penal, civil o administrativamente responsables de las prácticas cuya investigación constituye el objeto de la Comisión.
Los Grupos Parlamentarios podrán solicitar la documentación necesaria para la realización de los trabajos de la Comisión desde el momento de su constitución. En concreto, la Comisión podrá solicitar de los órganos jurisdiccionales
competentes la documentación obrante en las diferentes causas relacionadas con el objeto de la misma que no se encuentre afectada por el secreto de sus actuaciones.
E) Plazo para la realización de los trabajos y presentación de conclusiones.
En el plazo de seis meses, que podrá ser prorrogado por acuerdo del Pleno de la Cámara, la Comisión elevará al Pleno del Congreso de los Diputados para su aprobación el Dictamen en el que figuren sus conclusiones, así como los votos
particulares que los Grupos Parlamentarios presenten, pudiendo acordar, en su caso y conforme a lo previsto en el artículo 76.1 de la Constitución, que la Mesa del Congreso dé traslado al Ministerio Fiscal de las mismas para el ejercicio de las
acciones que sean procedentes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2018.-lone Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000741
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promulgación de una ley de apoyo a las familias, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 407, de 7 de septiembre de 2018.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda a la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la promulgación de una ley de apoyo a las familias.
Enmienda
Apartado nuevo
De adición.
Redacción que se propone:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, entidades del Tercer Sector de Acción Social vinculadas con la atención de las familias y expertos en la materia, a remitir a las Cortes
Generales, y en plazo más breve posible, un Proyecto de Ley de apoyo a las familias, para ordenar, actualizar y ampliar los apoyos a las mismas. En dicho proyecto, se deberán contemplar, entre otras, medidas para conseguir los objetivos siguientes:
[...]
- Incrementar la prestación de la Seguridad Social por hijo a cargo de manera que su dotación sea, en una primera fase, de 100 euros mensuales por hijo a cargo para familias en pobreza severa, con el objetivo de avanzar hacia una prestación
de carácter universal para la crianza de los hijos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2018.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso, presenta las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley para la promulgación de una ley de apoyo a
las familias.
Enmienda
De modificación.
Al inicio de la parte dispositiva, que quedaría redactada en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, los entes locales, las entidades del Tercer Sector de Acción Social vinculadas con la atención de las familias y expertos en la materia, a
remitir a las Cortes Generales, y en plazo más breve posible, un Proyecto de Ley de apoyo a las familias, para ordenar, actualizar y ampliar los apoyos a las mismas.'
Justificación.
Los Ayuntamientos han de ser también consultados para la redacción de ese Proyecto de Ley.
Enmienda
De modificación.
Al apartado primero de la parte dispositiva, que quedaría redactada en los siguientes términos:
'Apoyar específicamente a las familias con hijos con discapacidad o enfermedades raras, para lo que resulta imprescindible garantizar una sanidad pública de calidad y eliminar el copago farmacéutico, así como recuperar y garantizar las
ayudas a la dependencia y aumentar las cuantías de las prestaciones por hijos/as o dependientes a cargo.'
Justificación.
La mejor manera de apoyar a las familias con hijos con discapacidad o enfermedades raras es una apuesta decidida por servicios públicos de calidad relacionados con la salud, la infancia y la conciliación familiar, con la filosofía de
garantizar derechos sociales, redistribuir la riqueza y luchar contra la pobreza.
Enmienda
De modificación.
Al apartado segundo de la parte dispositiva, que quedaría redactada en los siguientes términos:
'Reconocer en mayor grado a las familias numerosas, otorgando la condición de familia numerosa de categoría especial a partir del tercer hijo o hija, cuando se trate de familias con un nivel de ingresos bajo.'
Justificación.
Si el objetivo no es meramente ideológico y lo que se pretende es combatir mejor la pobreza infantil, la atribución del rango de familia numerosa especial debería tener en cuenta el nivel de ingresos y establecerse, no solo a partir de
cuatro, sino incluso a partir de tres hijas/hijos, cuando se trate de familias con un nivel de ingresos bajos.
Enmienda
De modificación.
Al apartado tercero de la parte dispositiva, que quedaría redactada en los siguientes términos:
'Dotar a las familias monoparentales de una legislación específica que las defina, dé respuesta a sus necesidades y les ofrezca cobertura social frente a las situaciones de desigualdad.'
Justificación.
La protección en caso de monoparentales no es susceptible de planteamientos generalistas y demagógicos (una certificación universal), es un fenómeno amplio variado que debe abordarse de forma panorámica y requiere de planteamientos
específicos para cada problemática concreta.
Enmienda
De modificación.
Al apartado cuarto de la parte dispositiva, que quedaría redactada en los siguientes términos:
'Apoyar la natalidad por medio de normas laborales respetuosas con los derechos a la conciliación y corresponsables desde el punto de vista empresarial, personal y social.'
Justificación.
El apoyo a la natalidad no puede realizarse por mecanismos que fomenten la perpetuación de roles de cuidado, porque la sociedad actual reclama medidas de reparto empresarial y social de las cargas familiares.
Enmienda
De modificación.
Al apartado quinto de la parte dispositiva, que quedaría redactada en los siguientes términos:
'Garantizar permisos de maternidad y paternidad en casos de nacimiento, adopción y acogimiento, iguales, intransferibles y 100 % remunerados.'
Justificación.
La igualación de permisos es una medida de igualdad fundamental para modificar la situación de discriminación de las mujeres en el ámbito del empleo y de los cuidados, así como para incidir en la consideración social de la paternidad.
Enmienda
De modificación.
Al apartado sexto de la parte dispositiva, que quedaría redactada en los siguientes términos:
'Luchar contra la pobreza, por medio de la aplicación de medidas de garantía social (pensiones dignas, salarios dignos) y garantías laborales (para evitar que existan trabajadores/as pobres).'
Justificación.
Que las pocas políticas de apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad realizadas hasta la fecha no han funcionado lo evidencia el hecho de que durante los últimos años las desigualdades no han hecho más que incrementarse. Es
necesario hacer más en el ámbito de las políticas generales.
Enmienda
De modificación.
Al apartado séptimo de la parte dispositiva, que quedaría redactada en los siguientes términos:
'Garantizar los derechos de conciliación de la vida laboral, personal y familiar y la corresponsabilidad.'
Justificación.
No basta con 'fomentar' la conciliación y la corresponsabilidad, es necesario adoptar medidas que la garanticen.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 octubre de 2018.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley para la promulgación de una ley de apoyo a las
familias, presentada por el Grupo Popular.
Enmienda
De modificación.
Texto definitivo:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, entidades del Tercer Sector de Acción Social vinculadas con la atención de las familias y expertos en la materia, a remitir a las Cortes
Generales, y en plazo más breve posible, un Proyecto de Ley de apoyo a las familias, para ordenar, actualizar y ampliar los apoyos a las mismas. En dicho proyecto, se deberán contemplar, entre otras, medidas para conseguir los objetivos siguientes:
1. Apoyar específicamente a las familias con hijos con discapacidad o enfermedades raras mediante:
a. La mejora de las condiciones de accesibilidad universal de todas aquellas localizaciones que debían presentar condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 4 de diciembre de 2017 según el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
b. La garantía, en colaboración con las Comunidades Autónomas, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de que los ciudadanos afectados por enfermedades raras tienen acceso en condiciones de igualdad efectiva a
los servicios y prestaciones precisos para su tratamiento.
c. La ampliación del catálogo de patologías que originan una prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
d. Designar CSUR suficientes para cubrir las 21 patologías designadas por la Unión Europea.
e. Favorecer la continuidad de tratamiento por los mismos especialistas en la transición de edad pediátrica a edad adulta a fin de no perder experiencia acumulada.
f. Poner en marcha y dotar de los recursos necesarios el Registro Estatal de Enfermedades Raras y al registro de enfermedades raras del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y potenciar la utilidad de los registros existentes a través del
desarrollo de estudios epidemiológicos concretos sobre la incidencia de las enfermedades raras en nuestro país a fin de poder desarrollar estrategias basadas en evidencia científica.
g. Facilitar la atención de las personas con enfermedades raras y agilizar ésta, especialmente en los casos que precisan de grandes desplazamientos, mediante la creación del gestor de casos en todos los CSUR con la función, entre otras, de
aglutinar las citas de los pacientes con enfermedades raras en un solo día y reducir así los tiempos que tienen que pasar estos pacientes y sus acompañantes en el hospital, con los consiguientes problemas que esto supone tanto a nivel personal como
laboral.
2. Reconocer en mayor grado a las familias numerosas, otorgando la condición de familia numerosa de categoría especial a partir del cuarto hijo.
3. Extender la consideración de familia numerosa a las parejas de hecho.
4. Proteger a las familias monoparentales, creando una certificación específica, con una definición homogénea en todas las administraciones, que permita un mínimo de protección, equiparando éstas a las familias numerosas cuando existan dos
menores o más a cargo del progenitor.
5. Promover medidas de apoyo a la natalidad, afrontando los retos sociodemográficos y apoyando decididamente la maternidad aumentado los recursos destinados a educación de 0-3 años.
6. Impulsar las acciones necesarias, e incluir la dotación precisa en los próximos Presupuestos Generales del Estado, para ir ampliando y equiparando los permisos de maternidad y paternidad por nacimiento, guarda con fines de adopción o
acogimiento, hasta alcanzar las 17 semanas de permiso para cada progenitor.
7. Seguir apoyando a las familias en situación de vulnerabilidad, manteniendo a estas personas como objetivo prioritario en las políticas activas de empleo.
8. Fomentar la conciliación de la vida familiar, laboral y personal y la corresponsabilidad.'
Texto original:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, entidades del Tercer Sector de Acción Social vinculadas con la atención de las familias y expertos en la materia, a remitir a las Cortes
Generales, y en plazo más breve posible, un Proyecto de Ley de apoyo a las familias, para ordenar, actualizar y ampliar los apoyos a las mismas. En dicho proyecto, se deberán contemplar, entre otras, medidas para conseguir los objetivos siguientes:
- Apoyar específicamente a las familias con hijos con discapacidad o enfermedades raras.
- Reconocer en mayor grado a las familias numerosas, otorgando la condición de familia numerosa de categoría especial a partir del cuarto hijo.
- Proteger a las familias monoparentales, creando una certificación específica, con una definición homogénea en todas las administraciones, que permita un mínimo de protección.
- Promover medidas de apoyo a la natalidad, afrontando los retos sociodemográficos y apoyando decididamente la maternidad.
- Impulsar las acciones necesarias con el objetivo de igualar los permisos de paternidad con los de maternidad en los próximos años.
- Seguir apoyando a las familias en situación de vulnerabilidad, manteniendo a estas personas como objetivo prioritario en las políticas activas de empleo.
- Fomentar la conciliación de la vida familiar, laboral y personal y la corresponsabilidad.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2018.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promulgación de una ley de apoyo a las familias.
Enmienda
De modificación.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, entidades del Tercer Sector de Acción Social vinculadas con la atención de las familias y expertos en la materia, a remitir a las Cortes
Generales, y en el plazo más breve posible, un Proyecto de Ley de apoyo a las familias, para ordenar, actualizar y ampliar los apoyos, atendiendo a la diversidad de familias y al respeto al marco competencial.
En dicho proyecto se deberán contemplar, entre otras, medidas para conseguir los objetivos siguientes:
- Apoyar específicamente a las familias con hijos con discapacidad o enfermedades raras y a las familias acogedoras.
- Reconocer en mayor grado a las familias numerosas, otorgando la condición de familia numerosa de categoría especial a partir del cuarto hijo, teniendo en cuenta criterios de renta per capita.
- Proteger a las familias monoparentales y monomarentales, creando una certificación específica, con una definición homogénea en todas las administraciones, que permita un mínimo de protección.
- Promover medidas de apoyo a las familias fruto de partos múltiples.
- Promover medidas de apoyo a la natalidad, afrontando los retos sociodemográficos y apoyando decididamente la maternidad.
- Fomentar las acciones necesarias con el objetivo de igualar los permisos de paternidad con los de maternidad, no transferibles, en los casos de nacimiento, la adopción y el acogimiento, introduciendo criterios de flexibilidad en el
disfrute de los mismos.
- Seguir apoyando a las familias en situación de vulnerabilidad, manteniendo a estas personas como objetivo prioritario en las políticas activas de empleo.
- Impulsar las medidas necesarias para lograr un modelo de conciliación y responsabilidad de la vida laboral, familiar y personal, a través de medidas que fomenten los usos del tiempo y la racionalización de horarios.
- Promover la universalización de la educación infantil de 0-3 años con una amplia dotación de escuelas infantiles públicas, apostando por la gratuidad progresiva.
- Promover campañas para la visibilización y normalización de los distintos modelos de convivencia familiar para avanzar en la superación de discriminaciones y prejuicios sociales.
- Mejorar la atención a la conflictividad familiar, así como al fenómeno de la violencia filioparental a través de recursos, servicios o programas específicos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000741
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promulgación de una ley de apoyo a las
familias, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 407, de 7 de septiembre de 2018, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, los Entes Locales, entidades del Tercer Sector de Acción Social vinculadas con la atención de las familias y expertos en la materia, a remitir a
las Cortes Generales, y en plazo más breve posible, un Proyecto de Ley de apoyo a las familias, para ordenar, actualizar y ampliar los apoyos, atendiendo a la diversidad de familias y al respeto al marco competencial.
En dicho proyecto se deberán contemplar, entre otras, medidas para conseguir los objetivos siguientes:
- Apoyar específicamente a las familias con hijos con discapacidad o enfermedades raras y las familias acogedoras.
- Promover medidas de apoyo a las familias fruto de partos múltiples.
- Reconocer en mayor grado a las familias numerosas, otorgando la condición de familia numerosa de categoría especial a partir del cuarto hijo.
- Proteger a las familias monoparentales y monomarentales, creando una certificación específica, con una definición homogénea en todas las administraciones, que permita un mínimo de protección.
- Promover medidas de apoyo a la natalidad, afrontando los retos sociodemográficos y apoyando decididamente la maternidad.
- Fomentar las acciones necesarias con el objetivo de igualar los permisos de paternidad con los de maternidad no transferibles, en los casos de nacimiento, la adopción y el acogimiento, introduciendo criterios de flexibilidad en el disfrute
de los mismos.
- Seguir apoyando a las familias en situación de vulnerabilidad, manteniendo a estas personas como objetivo prioritario en las políticas activas de empleo.
- Garantizar los derechos de conciliación de la vida laboral, personal y familiar y la corresponsabilidad a través de actuaciones que fomenten los usos del tiempo y la racionalización de horarios.
- Promover la universalización de la educación infantil de 0-3 años.
- Mejorar la atención a la conflictividad familiar, así como al fenómeno de la violencia filioparental a través de recursos, servicios o programas específicos.
- Incrementar la prestación por hijo a cargo de la Seguridad Social, con el objetivo de avanzar hacia una prestación de carácter universal para la crianza de los hijos.'
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000757
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a la lucha contra la pobreza infantil, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 407, de 7 de septiembre de 2018.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda a la Proposición
no de Ley consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la lucha contra la pobreza infantil.
Enmienda
Al apartado 1
De sustitución.
Redacción que se propone:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Luchar contra la pobreza infantil con medidas que reduzcan de forma eficaz las cifras de pobreza infantil mediante el aumento de la prestación de la Seguridad Social por hijo a cargo, de manera que su dotación sea, en una primera fase,
de 100 euros mensuales por hijo a cargo para familias en pobreza severa, con el objetivo de avanzar hacia una prestación de carácter universal para la crianza de los hijos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2018.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley relativa a la lucha contra la pobreza
infantil, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que se debatirá en el Pleno.
Enmienda
De adición.
Se añade el siguiente texto al final del primer punto:
'Se prestará especial atención a la situación en la que se encuentras las familias monoparentales.'
Motivación.
Las familias monoparentales padecen mayor riesgo de pobreza y exclusión, por lo que deben implementarse medidas específicas para ellas.
Enmienda
Se añade el siguiente texto al final del segundo punto:
'Además, se prestará especial atención a las niñas, los niños y niñas con discapacidad o los de comunidades minoritarias, entre otros, que sufren más profundamente la falta de oportunidades y desigualdad.'
Motivación.
Es importante ser conscientes y poner en relevancia la interseccionalidad de fenómenos que se produce, también en la infancia, cuando tratamos la pobreza y la desigualdad para poder dar una atención adecuada.
Enmienda
De adición.
Se añade un nuevo apartado al final del texto con el siguiente redactado:
'7 (nuevo). Garantizar el derecho de la infancia al esparcimiento, la vida cultura y las artes, en colaboración con instituciones públicas y privadas y como parte imprescindible de su bienestar y desarrollo, facilitando especialmente el
acceso a aquellos niños y niñas que viven en situación más desfavorecida.'
Motivación.
Es importante que nuestro país empiece a dar importancia y reconocer los derechos del artículo 31 de la Convención sobre Derechos del Niño para que la desigualdad no se perpetúe y se asegure una formación y desarrollo personal adecuados a
toda la infancia en aras de la equidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-María del Mar García Puig, Diputada.-Lucía Martín González, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada Carolina Telechea i Lozano, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
enmiendas a la Proposición no de Ley de Pleno del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la lucha contra la pobreza infantil.
Enmienda
De adición.
Se propone la adición de un nuevo punto:
'XX. Crear, de manera inmediata, un Fondo de lucha contra la pobreza infantil con una asignación inicial de 800 millones de euros que será distribuido entre las Comunidades Autónomas (a excepción de aquellas que cuentan con régimen foral)
según el porcentaje de pobreza infantil de cada una de ellas.'
Enmienda
De adición.
Se propone la adición de un nuevo punto:
'XX. Mantener esta cantidad, como mínimo, en los sucesivos Presupuestos Generales del Estado de la Legislatura y procurar incrementarlo para cumplir con eficiencia los objetivos del Fondo, garantizando que las Comunidades Autónomas puedan
realizar políticas propias para la erradicación de la pobreza infantil en el marco de sus competencias.'
Justificación.
El artículo 27 de la Convención de los Derechos del Niño establece el deber de los Estados a reconocer el derecho de los niños y niñas a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Aun así, 1 de
cada 3 niños y niñas en el Estado español ven limitado este derecho ya que viven en hogares que están por debajo del umbral de la pobreza. De hecho, 1 de cada 10 viven en la pobreza severa.
Datos publicados por UNICEF remarcan que el incremento de la pobreza en la infancia ha sido significativamente mayor que el del total de la población. Es decir, el impacto de la crisis ha sido más duro en los hogares con niños y niñas que
en el conjunto de los hogares. La situación de desempleo de los progenitores representa sin lugar a dudas uno de los factores relacionados directamente con la pobreza de las familias, pero no es el único.
Diferentes informes han evidenciado la incapacidad del Estado español para reducir la pobreza entre la población infantil. Esta debilidad en la protección de la infancia se ha visto agravada por la reducción del gasto público en ayudas a
las familias, en becas escolares de comedor o libros de texto. Medidas como la supresión de la prestación por nacimiento o adopción de hijos e hijas establecida en la Ley 35/2007, de 15 de noviembre, o la reducción de más de 300 euros de la
prestación por hijos e hijas a cargo de la Seguridad Social para menores de 3 años son un claro ejemplo de los recortes que afectan directamente a la infancia. Por otro lado, el ahogamiento presupuestario económico y financiero a las Comunidades
Autónomas, cuyos presupuestos están destinados en 3/4 partes a gasto social, también está teniendo un fuerte impacto directo e indirecto sobre la pobreza infantil, tanto por la reducción de ayudas a las familias como por los recortes en servicios
sociales, educativos y de salud.
Los índices de pobreza infantil en el Estado español representan la cifra más alta de la Unión Europea sólo por debajo de Rumanía, haciendo patente una vez más la incapacidad de la Administración para afrontar la pobreza estructural del
Estado ya constatada en las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño hizo en el examen CRC/C/ESP/CO/3-4, de 3 de noviembre de 2010. Es absolutamente vergonzoso que años más tarde de estas recomendaciones y de las advertencias de
diferentes organizaciones internacionales, así como de ONGs que trabajan por los derechos de la infancia, las tasas de pobreza infantil -lejos de reducirse- sigan incrementándose y que siga sin desarrollarse un plan de acción para atajarla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-Carolina Telechea i Lozano, Diputada.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
la lucha contra la pobreza infantil.
Enmienda
De modificación.
El texto que se propone quedará redactado como sigue:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar, de manera urgente, medidas para luchar contra la pobreza y la desigualdad y a aprobar, con la colaboración de las demás administraciones competentes y con la dotación presupuestaria necesaria, un Plan Integral de lucha contra la
pobreza que integre políticas económicas y sociales eficaces y sostenibles e incluya actuaciones específicas de lucha contra la pobreza y la exclusión social de la infancia, con medidas orientadas a romper el ciclo de las desventajas.
2. Atender las situaciones de privación, en particular aquellas que tienen un mayor impacto en el desarrollo de las capacidades y las oportunidades vitales de niños y niñas, arbitrando medidas encaminadas a romper el ciclo de reproducción
de las desventajas, combatiendo la cronificación de la pobreza, su transmisión intergeneracional y el bloqueo del ascensor social.
3. Reforzar los servicios públicos de sanidad como instrumento eficaz para combatir las desigualdades en salud; de educación de forma que asegure la igualdad de oportunidades educativas, combata el abandono escolar e impulse la educación
cero-tres, y los servicios sociales, fundamentales para la detección y atención a las situaciones de carencia que afectan a hogares con menores a cargo.
4. Establecer programas basados en la cooperación con las CCAA y las Corporaciones Locales destinados a atender situaciones de privación material y sus consecuencias en forma de exclusión social.
5. Continuar con las alianzas establecidas con el tercer Sector, como la Mesa del Diálogo del Tercer Sector y seguir fomentando la responsabilidad social corporativa de las empresas que permita aunar esfuerzos y combinar recursos destinados
a combatir las carencias y desventajas que sufren los niños y niñas que viven en hogares en situación de pobreza.
6. Velar por el cumplimiento efectivo en España de la Convención sobre Derechos del Niño ratificada por nuestro país.
7. Aprobar antes de finalizar 2018 el Proyecto de Ley de Protección Integral frente a la violencia contra la infancia.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Íñigo Alli Martínez y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente enmienda a la Proposición no de Ley relativa a la lucha contra la pobreza infantil, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Enmienda
De modificación.
Texto que se propone:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Luchar contra la pobreza infantil con medidas que reduzcan de forma eficaz las cifras de pobreza infantil mediante la puesta en marcha de un Ingreso Mínimo Vital que incremente las prestaciones por hijo a cargo y despliegue un programa
de garantía de rentas mínimas a las familias en situación de vulnerabilidad severa.
2. Atender las situaciones de privación, en particular aquellas que tienen un mayor impacto en el desarrollo de las capacidades y las oportunidades vitales de niños y niñas, arbitrando medidas
encaminadas a romper el ciclo de reproducción de las desventajas, combatiendo la cronificación de la pobreza, su transmisión intergeneracional y el bloqueo del ascensor social.
3. Reforzar los Servicios Públicos de sanidad como instrumento eficaz para combatir las desigualdades en salud; de educación de forma que asegure la igualdad de oportunidades educativas, combata el abandono escolar e impulse la educación
cero-tres, y los servicios sociales, fundamentales para la detección y atención a las situaciones de carencia que afectan a hogares con menores a cargo.
4. Establecer efectivos programas transversales en los diferentes ámbitos educativo, social y sanitario basados en la cooperación con las CCAA y las Corporaciones Locales destinados a atender situaciones de privación material y sus
consecuencias en forma de exclusión social. Dichos programas deberán ser evaluados anualmente en los órganos competentes, publicándose los resultados de los indicadores que se determinen.
5. Promover alianzas con el tercer Sector y la responsabilidad social corporativa de las empresas que permita aunar esfuerzos y combinar recursos destinados a combatir las carencias y desventajas que sufren los niños y niñas que viven en
hogares en situación de pobreza.
6. Velar por el cumplimiento efectivo en España de la Convención sobre Derechos del Niño ratificada por nuestro país.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-Íñigo Jesús Alli Martínez y Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, Diputados.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000757
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la lucha contra la pobreza infantil, publicada en el 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, núm. 407, de 7 de septiembre de 2018, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Luchar contra la pobreza infantil con medidas que reduzcan de forma eficaz las cifras de pobreza infantil mediante la puesta en marcha de un Ingreso Mínimo Vital que incremente las prestaciones por hijo/a a cargo y despliegue un programa
de garantía de rentas mínimas a las familias en situación de vulnerabilidad severa, con especial atención a las familias monoparentales en situación o riesgo de pobreza.
2. Duplicar en los presupuestos de 2019 los fondos para prestación de la Seguridad Social por hijo a cargo, destinados a combatir la pobreza infantil severa, incrementando de manera progresiva su cuantía y cobertura en los ejercicios
posteriores.
3. Atender las situaciones de privación, en particular aquellas que tienen un mayor impacto en el desarrollo de las capacidades y las oportunidades vitales de niños y niñas, arbitrando medidas encaminadas a romper el ciclo de reproducción
de las desventajas, combatiendo la cronificación de la pobreza, su transmisión intergeneracional y el bloqueo del ascensor social. Las políticas públicas orientadas a erradicar la pobreza infantil estarán diseñadas, implementadas y evaluadas desde
las perspectivas de género y teniendo en cuenta la diversidad de factores que pueden agravar las situaciones de pobreza, como la diversidad funcional o la pertenencia a comunidades minoritarias.
4. Reforzar los Servicios Públicos de sanidad como instrumento eficaz para combatir las desigualdades en salud; de educación de forma que asegure la igualdad de oportunidades educativas, combata el abandono escolar e impulse la educación
cero-tres, y los servicios sociales, fundamentales para la detección y atención a las situaciones de carencia que afectan a hogares con menores a cargo.
5. Establecer efectivos programas transversales en los diferentes ámbitos educativo, social y sanitario, basados en la cooperación con las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales
destinados a atender situaciones de privación material y sus consecuencias en forma de exclusión social. Estos programas deberán ser evaluados anualmente por los órganos competentes, publicándose los resultados de los indicadores que se
determinen.
6. Promover alianzas con el Tercer Sector y la responsabilidad social corporativa de las empresas que permita aunar esfuerzos y combinar recursos destinados a combatir las carencias y desventajas que sufren los niños y niñas que viven en
hogares en situación de pobreza.
7. Velar por el cumplimiento efectivo en España de la Convención sobre Derechos del Niño ratificada por nuestro país.
8. Garantizar el derecho de la infancia al esparcimiento, el acceso a la cultura y las artes, en colaboración con instituciones públicas y privadas, y como parte imprescindible de su bienestar y desarrollo, facilitando especialmente el
acceso a aquellas niñas y niños que viven en situación más desfavorecida.'
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000144
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política de inversiones que el Gobierno piensa impulsar en Cataluña, cuyo texto se inserta a
continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata, adscrito al Grupo Parlamentario Mixto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 180 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta una interpelación
urgente al Gobierno sobre la política de inversiones que el Gobierno piensa impulsar en Catalunya.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2018.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
172/000145
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al objeto de conocer cuál es el compromiso de la Vicepresidenta del Gobierno, Ministra de
la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad con la defensa de la Constitución española y qué derechos y libertades pretende limitar, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la
Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente interpelación urgente al Gobierno al objeto de conocer cuál
es el compromiso de la vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad con la defensa de la Constitución española y qué derechos y libertades pretende limitar.
Exposición de motivos
El pasado 1 de octubre, en el marco de la presentación de los cinco tomos que conforman la obra España constitucional (1978-2018), la vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen
Calvo, afirmó que 'tenemos por delante el reto de profundizar, mejorar y de poner al día' la Constitución y, así, adecuarla 'a todos los cambios rápidos que se producen en nuestro presente'.
Dado que una de las principales funciones del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad es la coordinación de los asuntos de relevancia constitucional parece de especial interés conocer cuáles son las intenciones de
la Sra. Calvo cuando afirma que hay que 'profundizar' y 'poner al día' la Constitución y cuáles son los objetivos y los apoyos con los que cuenta el Gobierno para adecuarla 'a todos los cambios rápidos'.
La Vicepresidenta del Gobierno ha acaparado la atención mediática y la preocupación de muchos españoles durante los últimos días al afirmar que 'la libertad de expresión no lo resiste todo' y proponer limitar la libertad de los medios de
comunicación. Estas palabras de la Sra. Calvo podrían apuntar a algunos de los principales retos del Gobierno con relevancia constitucional, ya que cabe recordar que el artículo 20 de la Constitución española garantiza como uno de los derechos
fundamentales de los españoles 'expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción'.
También se observa con preocupación la abdicación por parte del Gobierno socialista en la defensa de los derechos y las libertades en Cataluña durante las últimas semanas. Una parte sustancial de la población permanece atónita ante las
palabras del presidente de la Generalitat que amenaza con 'atacar al Estado' y anima a grupos radicales a 'apretar', mientras el Gobierno socialista lanza globos sondas sobre los indultos o la liberación de los políticos separatistas presos,
poniendo en duda la separación de poderes, otra cuestión de relevancia constitucional.
En definitiva, el Gobierno socialista señala como enemigos y objetivos para la limitación de derechos a medios de comunicación, al mismo tiempo que desoye los continuos ataques a la democracia y a la convivencia del Gobierno de la
Generalitat de Cataluña. Y, en todo caso, parece que el Gobierno socialista apuesta por limitar jurídicamente derechos y libertades y dejar actuar a aquellos que los limitan de facto en Cataluña.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente interpelación urgente al objeto de conocer cuál es el compromiso de la Vicepresidenta del Gobierno, Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad con la
defensa de la Constitución española y qué derechos y libertades pretende limitar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
172/000146
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del Gobierno encaminadas a prevenir y atajar la escalada de violencia en Cataluña,
cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en los artículos 180 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente interpelación urgente al Gobierno sobre sus políticas encaminadas a prevenir y atajar la
escalada de violencia en Cataluña.
Exposición de motivos
La grave situación provocada por los partidos separatistas y el Gobierno de la Generalidad es ya insostenible. El pasado año 2017, la coalición independentista cruzó de modo imperdonable una línea que conduciría a la más detestable
ilegalidad y, finalmente, en perjuicio de todos, a una situación de conflictividad social en la que, desde hace un año, Cataluña se encuentra atrapada, con tensión creciente y brotes de violencia que comienzan a preocupar a toda la ciudadanía
española.
El 1 de octubre de este año, los comandos separatistas (CDRs) procedieron a la realización, una vez más, de actuaciones violentas que terminaron por paralizar la Comunidad Autónoma, entre las que cabe destacar los diversos cortes en
carreteras de toda Cataluña, los cortes en las vías del tren de Gerona o el asedio al Parlamento de Cataluña y a las delegaciones del Gobierno de la Generalidad en Gerona.
La respuesta, del todo irresponsable, del Presidente de la Generalidad de Cataluña consistió en celebrar públicamente dichas actuaciones, alentando explícitamente a la desobediencia, a la ocupación ilegal del espacio público y a la
violencia: 'Apretad, hacéis bien en apretar', declaró.
Ante esta situación, la respuesta del Gobierno de España contra el separatismo dogmático y excluyente ha de ser firme, igual que su compromiso con los valores democráticos. Ha de estar, en definitiva, a la altura de una nación democrática,
protegiendo la legalidad y los derechos de todos los ciudadanos de Cataluña. Todos lo sabemos: el Estado lleva tiempo desaparecido en Cataluña, y sólo la imposición de la legalidad y el refuerzo del Estado de Derecho y de la democracia podrán
impedir que la ilegalidad y el caos se impongan, la convivencia peligre de manera irreparable y que la solución al conflicto catalán se dilate durante años.
La única manera, por tanto, de solucionar el conflicto catalán pasa por recuperar la presencia del Estado en Cataluña, retirar la ocupación partidista de las instituciones públicas catalanas y asegurar, de una vez por todas, que no se impone
el relato separatista por encima de todos los demás.
De conformidad con lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente interpelación urgente al Gobierno sobre sus políticas encaminadas a prevenir y atajar la escalada de violencia en Cataluña.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2018.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000107
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las medidas que piensa llevar a cabo el Gobierno para despolitizar la
Administración Pública y para garantizar la profesionalidad y la imparcialidad de los nombramientos en el Sector Público, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo
se insertan las enmiendas formuladas a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Moción consecuencia de la interpelación urgente a la Ministra de Política Territorial y Función Pública
sobre medidas para despolitizar la Administración Pública y para garantizar la profesionalidad y la imparcialidad de los nombramientos en el Sector Público.
Exposición de motivos
Según la OCDE, España es el país donde más cambios hay en altos cargos de la administración tras un cambio de gobierno junto a Turquía y Chile. Aunque un cambio de gobierno en cualquier país conlleva naturalmente nuevos nombramientos
(ministros, secretarios y subsecretarios de Estado), en España estos cambios se extienden a centenares de cargos de libre designación en escalafones inferiores en los distintos ministerios, organismos y entidades dependientes, incluidas las del
sector público empresarial.
La Federación de Cuerpos Superiores del Estado (FEDECA) calcula que en España cambian del 95 % al 100 % del personal asesor de confianza del ministro, los secretarios y subsecretarios de Estado, y hasta la mitad de los directores generales.
La Constitución Española en su artículo 103 exige la imparcialidad como garantía del régimen de la función pública, pero ésta, se ve comprometida por la disposición de los puestos directivos por parte del partido en el gobierno como si fuese
una agencia de colocación para afiliados vía los nombramientos de libre designación o en puestos de confianza.
El artículo 2 de la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, establece que 'El nombramiento de los altos cargos se hará entre personas idóneas y de acuerdo con lo dispuesto en su
legislación específica. Son idóneos quienes reúnen honorabilidad y la debida formación y experiencia en la materia, en función del cargo que vayan a desempeñar. La idoneidad será apreciada tanto por quien propone como por quien nombra al alto
cargo'. Parte del problema está precisamente en la última frase del citado artículo, ya que deja un amplio margen de discrecionalidad en la apreciación de esa idoneidad y no establece una pieza esencial: un control objetivo y adecuado,
independiente de los responsables políticos en el gobierno en cada momento.
Según FEDECA es 'precisamente el estrato que asume mayores responsabilidades directivas y que debería protegerse con garantías de imparcialidad y profesionalidad reforzadas', el que sufre mayormente la colonización política.
El más reciente cambio de gobierno, resultado de la moción de censura en junio de 2018, ha dado pruebas del relevo masivo de cargos públicos que acompaña un cambio de color en el Palacio de la Moncloa, poniendo las instituciones y empresas
públicas de todos al servicio del partido en el gobierno. La prensa ha recogido los nombramientos más llamativos de amigos personales y acólitos del partido a cargos en los que no tenían ninguna cualificación profesional, como por ejemplo: la
gestión de la empresa pública Paradores a su ex Secretario de Organización, la gestión del CIS a su compañero en la Ejecutiva y la de Correos a su ex jefe de gabinete. Otro caso llamativo ha sido el de la Empresa Nacional del Uranio (ENUSA), al
frente de la cual se ha puesto a un cargo del PSOE Valenciano, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación para sustituir a un ingeniero industrial que trabajaba en ENUSA desde 1975 y era presidente desde hace 20 años, sin que se haya
ofrecido ninguna razón que justifique esta decisión tan controvertida.
En Ciudadanos creemos que existe un amplio margen para impulsar reformas que permitan asegurar la separación entre las carreras profesionales de políticos y técnicos, evitando incentivos perversos que lleven a la connivencia o permisividad
de los segundos frente a los primeros como medio de progresar hasta los puestos superiores de la Administración, lo que en no pocas ocasiones se ha traducido en una falta de control que ha provocado la proliferación y mantenimiento de prácticas
irregulares, fraudulentas o corruptas en perjuicio del interés general. Frente a esta situación, desde Ciudadanos queremos adoptar todas las medidas que sean necesarias para garantizar la profesionalidad, independencia e imparcialidad de nuestros
empleados públicos y que éstos dispongan de una carrera profesional cuya promoción dependa única y exclusivamente de su mérito y capacidad, como condición indispensable unas Administraciones Públicas limpias, eficaces, eficientes, transparentes y al
servicio de todos los ciudadanos.
Moción
'1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para despolitizar las Administraciones Públicas y para garantizar la profesionalidad y la imparcialidad de los nombramientos en el sector público,
entre otras, las siguientes:
a) Aprobar un Estatuto de la Función Pública de la Administración General del Estado que garantice el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y formación continua, y que a su vez permita unificar definitivamente en un
único texto legal toda la legislación dispersa sobre la función pública del Estado en el ordenamiento jurídico, con el objetivo de responder a las mayores exigencias de calidad en los servicios públicos que demanda la sociedad y los retos que
plantea el nuevo paradigma de la administración electrónica.
b) Establecer el carácter general del procedimiento de concurso de méritos y suprima el sistema de libre designación de personal funcionario para acabar con los 'dedazos' en todas las Administraciones Públicas. La discrecionalidad en la
selección que caracteriza al sistema de libre designación contamina la naturaleza de las funciones y la responsabilidad de los titulares de los órganos técnicos y condiciona el ascenso de empleados públicos a los niveles más altos de su carrera
profesional a su afinidad y permisividad con el partido político que gobierne en cada momento, en lugar de exclusivamente a su desempeño y promoción profesional.
c) Elaborar un nuevo Estatuto de la Dirección Pública en el que regule y desarrolle la figura del directivo público profesional, que garantice la capacitación, imparcialidad e independencia en su actuación y en su carrera profesional frente
al poder político. A estos efectos, en este Estatuto se abordarán, entre otros, los siguientes aspectos:
1.o La delimitación precisa de los cargos de naturaleza política y técnica dentro de la Administración y del sector público, así como la identificación de los cargos cuyos titulares tendrán la consideración de directivos públicos, En todo
caso, tendrán la condición de directivos públicos los titulares de los órganos directivos de la Administración General del Estado y los máximos responsables de los órganos de dirección de los organismos autónomos, entidades públicas empresariales,
sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios públicos.
2.o Los criterios de elegibilidad para poder desempeñar un cargo como directivo público, que en todo caso excluirán a quienes se encontrasen encausados o condenados por delitos de corrupción en el momento de la convocatoria.
3.o La selección de los directivos públicos, que se realizará siempre mediante un procedimiento de concurso público, abierto y transparente, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad.
4.o La duración del desempeño del cargo de los directivos públicos, que en todo caso será superior a la del ciclo político, sin perjuicio de la posibilidad de continuar en el mismo tras superar un nuevo proceso.
5.o La previsión del cese exclusivamente por causas objetivas tasadas en la norma, para dotar a los directivos públicos de estabilidad e independencia.
6.o La evaluación continua del desempeño de los directivos públicos, vinculando una parte sustancial de sus retribuciones al cumplimiento de objetivos.
7.o El régimen de incompatibilidades de los directivos públicos, tanto durante el desempeño del cargo como tras el cese.
8.o La creación de una autoridad administrativa independiente encargada de gestionar el proceso de selección de los directivos públicos, evaluar la idoneidad de los candidatos y supervisar el cumplimiento del régimen de incompatibilidades,
con la finalidad de promover la transparencia y el buen gobierno en todo el sector público.
d) Reducir la presencia del personal eventual en las Administraciones Públicas y a fin de restringir la misma a los equipos de gabinete y de despacho de los altos cargos en los órganos administrativos superiores.
2. Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reformar el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para salvaguardar la imagen y el prestigio de la institución y garantizar su profesionalidad, independencia,
imparcialidad y transparencia. En particular, modifique el procedimiento para la selección del Presidente del CIS para que su elección se produzca por concurso público y transparente, siguiendo el
modelo recientemente aprobado para la elección de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE. Asimismo, se garantizará la publicación en formato accesible y reutilizable de todos los datos y de la metodología del CIS
para asegurar la transparencia de la institución.
3. Igualmente, el Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de culminar a la mayor brevedad el proceso de concurso público para la elección de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación de Radio y Televisión
Española (RTVE), con la finalidad de poder disponer de una radio y televisión públicas y de calidad objetivas, plurales, imparciales e independientes del poder político y acabar cuanto antes con la inseguridad generada por la actual situación de
transitoriedad que ha provocado el actual Gobierno.
4. Del mismo modo, el Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de impulsar de manera decidida la tramitación de la Proposición de Ley para garantizar la independencia de los nombramientos en los organismos reguladores (122/000053)
a los efectos de su más pronta aprobación para que los máximos responsables de las autoridades administrativas independientes deban ser seleccionados entre personas independientes y con formación y experiencia acreditadas en el desempeño de las
funciones del cargo a través de un procedimiento de concurso público con la participación del Congreso de los Diputados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2018.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Moción
consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las medidas que piensa llevar a cabo el Gobierno para despolitizar la Administración Pública y para garantizar la profesionalidad y la imparcialidad de los nombramientos
en el Sector Público.
Enmienda
De modificación.
'1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar adoptando todas las medidas necesarias para garantizar la profesionalidad y la imparcialidad de los nombramientos en la Administración General del Estado y en el sector público
estatal, entre otras, las siguientes:
a) Aprobar un Estatuto de la Función Pública de la Administración General del Estado que garantice el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y formación continua, de acuerdo con las previsiones del vigente Estatuto
Básico del Empleado Público, con el objetivo de responder a las mayores exigencias de calidad en los servicios públicos que demanda la sociedad y los retos que plantea el nuevo paradigma de la administración electrónica.
b) Incluir en el Estatuto de la Función Pública de la Administración General del Estado el estatuto profesional del directivo público en el ámbito estatal, en desarrollo del artículo 13 del Estatuto básico del empleado público:
1.° La selección de los directivos públicos, que se realizará siempre mediante un procedimiento público, abierto y transparente, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito, idoneidad y capacidad.
2.° La previsión del cese por causas tasadas en la norma, para dotar a los directivos públicos de estabilidad e independencia y, en particular, teniendo en cuenta la evaluación continua del desempeño de los directivos públicos, por la que
también se vinculará una parte de sus retribuciones al cumplimiento de objetivos.
c) Mantener la actual presencia del personal eventual en las Administraciones Públicas restringida a los equipos de gabinete y de despacho de los altos cargos en los órganos administrativos superiores.
2. (Supresión)
3. Igualmente, el Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de culminar a la mayor brevedad el proceso de concurso público para la elección de los miembros del Consejo de Administración
de la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE), para continuar avanzando en la consecución de una radio y televisión públicas de calidad, objetivas, plurales, imparciales e independientes.
4. Del mismo modo, el Congreso de los Diputados reitera su voluntad de tramitar la Proposición de Ley para garantizar la independencia de los nombramientos en los organismos reguladores (122/000053).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción, consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre las medidas que piensa llevar a cabo el Gobierno para despolitizar la Administración Pública y para garantizar la profesionalidad y la imparcialidad de los nombramientos en el Sector Público.
Enmienda
De modificación.
El texto que se propone quedará redactado como sigue:
'1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para mejorar las Administraciones Públicas y apoyar a los empleados públicos en el ejercicio de sus funciones con profesionalidad e imparcialidad.
Y para ello, entre otras, contribuya al desarrollo de las siguientes medidas:
a) Avanzar, en coordinación con los representantes sindicales de los empleados públicos, en el Estatuto Básico del Empleado Público con el fin de garantizar el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y formación
continua. Continuar con el proceso de modernización de las administraciones públicas, con el objetivo de responder a las mayores exigencias de calidad en los servicios públicos que demanda la sociedad y los retos que plantea la administración
electrónica.
b) Desarrollar la figura del directivo público profesional, garantizando la capacitación, imparcialidad e independencia en su actuación y en su carrera profesional.
c) Definir, de forma objetiva, qué puestos pueden ser cubiertos por el procedimiento de libre designación, a fin de no condicionar el ascenso de los empleados públicos a los niveles más altos de la carrera profesional y, al mismo tiempo,
poder tener en puestos de decisión política a personas cualificadas de máxima confianza.
d) Reducir la presencia del personal eventual en las Administraciones Públicas, a fin de limitarlo al número estrictamente necesario.
2. El Congreso de los Diputados insta a reformar el proceso de selección del presidente del CIS de forma que se garantice la cualificación y experiencia profesional de la persona que desempeñe ese cargo, como garantía de la veracidad de los
resultados de los estudios realizados y publicados por el CIS. Comprometer al CIS en el concepto de Open Data con la publicación en formato accesible y reutilizable de todos los datos de forma que los ciudadanos y la comunidad científica puedan
participar y controlar la calidad de los análisis llevados a cabo por el centro, evitando así la manipulación y falta de rigor científico de la última encuesta publicada.
3. Igualmente, el Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de culminar a la mayor brevedad el proceso de concurso público para la elección de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación de Radio y Televisión
Española (RTVE), con la finalidad de poder disponer de una radio y televisión públicas y de calidad objetivas, plurales, imparciales e independientes del poder político y acabar cuanto antes con la inseguridad generada por la actual situación de
transitoriedad que ha provocado el actual Gobierno y con la gestión de la administradora única, gestión que se ha caracterizado por la manipulación informativa y el cese injustificado de personal.
4. Del mismo modo, el Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de establecer mecanismos de control en los nombramientos y en el mantenimiento de los miembros de los organismos reguladores de forma que se garantice que no existen
incompatibilidades entre éstos y los miembros del Gobierno.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
173/000108
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a garantizar el derecho a un aborto seguro, libre y gratuito para todas las mujeres y de las enmiendas presentadas a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el artículo 184 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación
urgente sobre el establecimiento de un aborto seguro, gratuito y libre para todas las mujeres.
Moción
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Iniciar todos los trámites necesarios para derogar la Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo y
modificar la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia
de información y documentación clínica para extender la capacidad de otorgar el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo (I.V.E.) a las mujeres de 16 y 17 años, equiparándolas al régimen general aplicable a las mujeres mayores de
edad establecido en el Código Civil y, por tanto, dejando también en sus manos la decisión de comunicarlo o no a sus progenitores.
2. Garantizar el derecho a la I.V.E. para las mujeres migrantes en situación administrativa irregular independientemente del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema
Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
3. Incluir dentro de los Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud una batería de indicadores sobre la interrupción voluntaria del embarazo que faciliten la comparación entre Comunidades Autónomas y se dirijan a detectar tendencias en
la accesibilidad, calidad y seguridad de las interrupciones voluntarias del embarazo practicadas dentro del Sistema Nacional de Salud.
4. Introducir mejoras en materia de información y transparencia en el 'Informe Anual sobre Interrupciones Voluntarias del Embarazo' publicado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para la inclusión de indicadores sobre
interrupciones voluntarias del embarazo en situaciones de violencia machista en el ámbito de la pareja, situaciones de violencia sexual, mujeres con diversidad funcional.
5. Crear un equipo de trabajo en el Seno del Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud que defina un procedimiento estandarizado de internalización de la prestación donde se recojan los
estándares mínimo e ideales a cumplir para la introducción de la prestación de los I.V.E.s en los proveedores públicos. Este procedimiento deberá contemplar, entre otros, los siguientes aspectos:
5.1 Elaboración de una memoria económica con los costes de internalizar la prestación de las I.V.E.s en cada Comunidad Autónoma.
5.2 Establecer los estándares de calidad y auditorías periódicas que permitan asegurar la calidad de la prestación en el Sistema Nacional de Salud.
5.3 Establecer las necesidades formativas obligatorias que deberán acreditar todos las y los profesionales que vayan a estar implicados en la realización de las I.V.E.s en centros sanitarios públicos.
5.4 Establecer un procedimiento de acreditación de esa formación y de las competencias que deberían derivarse de la misma.
6. Implantar un programa de formación obligatoria para todos los y las profesionales que vayan a estar implicados en la realización de I.V.E.s en centros sanitarios públicos de acuerdo con las necesidades establecidas por el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
7. Introducir las herramientas de apoyo a la toma de decisiones en el proceso de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo, que queden registradas en la Historia Clínica de la Paciente y que sirvan para asegurar que la paciente puede, de
forma bien informada, ejercer su principio de autonomía en la toma de decisiones en el ámbito de la práctica de la I.V.E.
8. Revisar y suprimir el período de reflexión de 3 días.
9. Iniciar los procedimientos necesarios para asegurar que la práctica de la objeción de conciencia transcurra dentro del marco legislativo actual y no disponga, en ningún caso, una barrera para la prestación pública de las I.V.E.s, ni para
el correcto acceso de las mujeres a dicha prestación.
10. Dotar presupuestariamente todas las medidas recogidas en la actual Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo.
11. Realizar los cambios legislativos necesarios para la garantizar la protección de las mujeres y profesionales de la salud frente al acoso en las inmediaciones de las clínicas. Reincorporar en el supuesto de violación dentro de los
motivos de interrupción del embarazo, tal y como constaba en la recogida de datos previa a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2010.
12. Incluir según lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2010 información sobre la ayuda y las medidas disponibles para la atención a las víctimas de Violencia Machista, inspirándose en lo recogido en el artículo 15 de la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.
13. Facilitar que las mujeres sean escuchadas en los Comités Clínicos en todos los casos, también en aquellos en los que hay malformaciones fetales graves tras la semana.
14. Dotar de la formación necesaria a los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para la correcta protección de las mujeres y profesionales que sufren acoso y coacción en los centros médicos.
15. Realizar un estudio para comprobar y mejorar la correcta aplicación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo para mujeres con diversidad funcional.
16. Formar al personal sanitario implicado en las I.V.E.s tanto en género, como en distintos procedimientos y necesidades que contribuyan a la realización de las interrupciones de manera segura y con los mayores estándares de calidad.
17. Poner en marcha diversas campañas que recojan el espíritu de los derechos recogidos en la Ley Orgánica 2/2010.
18. Garantizar el acompañamiento y la información de todas las mujeres durante los procesos de interrupciones voluntarias del embarazo.
19. Realizar un estudio focalizado en las adolescentes que arroje luz sobre las causas del descenso de I.V.E.s.
20. Liderar y apoyar acuerdos en los organismos internacionales de los que nuestro Estado forma parte para trabajar por la despenalización jurídica, sanitaria y social del aborto en aquellos Estados donde el acceso de las mujeres al libre
ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos sea vulnerado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2018.-Sofía Fernández Castañón, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente sobre el establecimiento de un aborto seguro,
gratuito y libre para todas las mujeres presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para su debate en Pleno.
Enmienda
De modificación.
Texto que se propone:
'El Congreso de los Diputados insta el Gobierno a:
1. Realizar los cambios normativos necesarios para extender la capacidad de otorgar el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) a las mujeres de 16 y 17 años, previa puesta en conocimiento de al menos uno de los
representantes legales, padre o madre, personas con patria potestad o tutores de las mujeres comprendidas en esas edades. Se prescindirá de esta información cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado
en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo.
2. Mejorar la información y el acceso a los medios anticonceptivos y a la píldora del día después mediante campañas específicas de educación sexual, en el marco de una nueva Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
3. Estudiar cómo mejorar la comprensibilidad y accesibilidad de la información suministrada previa al consentimiento de la interrupción voluntaria del embarazo, de acuerdo al artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud
sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
4. Garantizar el derecho a la IVE para las mujeres migrantes según lo recogido en el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud.
5. Incluir dentro de los Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud una batería de indicadores sobre la interrupción voluntaria del embarazo que faciliten la comparación entre Comunidades Autónomas y se dirijan a detectar tendencias en
la accesibilidad, calidad y seguridad de las interrupciones voluntarias del embarazo practicadas dentro del Sistema Nacional de Salud.
6. Introducir mejoras en materia de información y transparencia en el 'Informe Anual sobre Interrupciones Voluntarias del Embarazo' publicado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para la inclusión de indicadores sobre
interrupciones voluntarias del embarazo en situaciones de violencia machista en el ámbito de la pareja, situaciones de violencia sexual y mujeres con diversidad funcional.
7. Crear un equipo de trabajo en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que defina un procedimiento estandarizado de internalización de la prestación donde se recojan los estándares mínimos e ideales a cumplir
para la introducción de la prestación de los IVEs en los proveedores públicos. Este procedimiento deberá contemplar, entre otros, los siguientes aspectos:
7.1 Elaboración de una memoria económica con los costes de internalizar la prestación de las IVEs en cada Comunidad Autónoma.
7.2 Establecer los estándares de calidad y auditorías periódicas que permitan asegurar la calidad de la prestación en el Sistema Nacional de Salud.
7.3 Establecer las necesidades formativas obligatorias que deberían acreditar todos los profesionales que vayan a estar implicados en la realización de las IVEs en centros sanitarios públicos.
7.4 Establecer un procedimiento de acreditación de esa formación y de las competencias que deberían derivarse de la misma.
8. Implantar un programa de formación obligatoria para todos los profesionales que vayan a estar implicados en la realización de IVEs en centros sanitarios públicos de acuerdo con las necesidades establecidas por el Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud.
9. Introducir las herramientas de apoyo a la toma de decisiones en el proceso de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo, que queden registradas en la Historia Clínica del Paciente y que sirvan para asegurar que la paciente puede, de
forma bien informada, ejercer su principio de autonomía en la toma de decisiones en el ámbito de la práctica de la IVE.
10. Supervisar que la práctica de la objeción de conciencia transcurra dentro del marco legislativo actual.
11. Dotar presupuestariamente todas las medidas recogidas en la actual Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo.
12. Garantizar la libertad en la toma de decisiones de las mujeres y profesionales de la salud en el ámbito de la práctica de la IVE. Reincorporar el supuesto de violación dentro de los motivos de interrupción del embarazo, tal y como
constaba en la recogida de datos previa a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2010.
13. Incluir, según lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2010, información sobre la ayuda y las medidas disponibles para atención a las víctimas de Violencia Machista, inspirándose en lo recogido en el artículo 15 de la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, cuando hubiere indicios de violencia machista.
14. Facilitar que las mujeres sean escuchadas en los Comités Clínicos en todos los casos, también en aquellos en los que hay malformaciones fetales graves tras la semana.
15. Dotar de la formación necesaria a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para la correcta protección de las mujeres y profesionales en aquellos casos en que sufran acoso y coacción en los centros médicos.
16. Realizar un estudio para comprobar y mejorar la correcta aplicación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo para mujeres con diversidad funcional.
17. Formar al personal sanitario implicado en las IVEs tanto en género, como en distintos procedimientos y necesidades que contribuyan a la realización de las interrupciones de manera segura y con los mayores estándares de calidad.
18. Poner en marcha diversas campañas que pongan en conocimiento de la ciudadanía el contenido de la Ley Orgánica 2/2010.
19. Garantizar el acompañamiento y la información de todas las mujeres durante los procesos de interrupciones voluntarias del embarazo.
20. Realizar un estudio focalizado en las adolescentes que arroje luz sobre las causas del descenso de IVEs.
21. Liderar y apoyar acuerdos en los organismos internacionales de los que nuestro Estado forma parte para trabajar por la despenalización jurídica, sanitaria y social del aborto en aquellos Estados donde el acceso de las mujeres al libre
ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos sea vulnerado.'
Texto que se modifica:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Iniciar todos los trámites necesarios para derogar la Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo y
modificar la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia
de información y documentación clínica para extender la capacidad de otorgar el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) a las mujeres de 16 y 17 años, equiparándolas al régimen general aplicable a las mujeres mayores de
edad establecido en el Código Civil y, por tanto, dejando también en sus manos la decisión de comunicarlo o no a sus progenitores.
2. Garantizar el derecho a la IVE para las mujeres migrantes en situación administrativa irregular independientemente del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional
de salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
3. Incluir dentro de los Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud una batería de indicadores sobre la interrupción voluntaria del embarazo que faciliten la comparación entre Comunidades Autónomas
y se dirijan a detectar tendencias en la accesibilidad, calidad y seguridad de las interrupciones voluntarias del embarazo practicadas dentro del Sistema Nacional de Salud.
4. Introducir mejoras en materia de información y transparencia en el 'Informe Anual sobre Interrupciones Voluntarias del Embarazo' publicado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para la inclusión de indicadores sobre
interrupciones voluntarias del embarazo en situaciones de violencia machista en el ámbito de la pareja, situaciones de violencia sexual y mujeres con diversidad funcional.
5. Crear un equipo de trabajo en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que defina un procedimiento estandarizado de internalización de la prestación donde se recojan los estándares mínimos e ideales a cumplir
para la introducción de la prestación de los IVEs en los proveedores públicos. Este procedimiento deberá contemplar, entre otros, los siguientes aspectos:
5.1 Elaboración de una memoria económica con los costes de internalizar la prestación de las IVEs en cada Comunidad Autónoma.
5.2 Establecer los estándares de calidad y auditorías periódicas que permitan asegurar la calidad de la prestación en el Sistema Nacional de Salud.
5.3 Establecer las necesidades formativas obligatorias que deberían acreditar todos los profesionales que vayan a estar implicados en la realización de las IVEs en centros sanitarios públicos.
5.4 Establecer un procedimiento de acreditación de esa formación y de las competencias que deberían derivarse de la misma.
6. Implantar un programa de formación obligatoria para todos los profesionales que vayan a estar implicados en la realización de IVEs en centros sanitarios públicos de acuerdo con las necesidades establecidas por el Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud.
7. Introducir las herramientas de apoyo a la toma de decisiones en el proceso de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo, que queden registradas en la Historia Clínica del Paciente y que sirvan para asegurar que la paciente puede, de
forma bien informada, ejercer su principio de autonomía en la toma de decisiones en el ámbito de la práctica de la IVE.
8. Revisar y suprimir el periodo de reflexión de 3 días.
9. Iniciar los procedimientos necesarios para asegurar que la práctica de la objeción de conciencia transcurra dentro del marco legislativo actual y no disponga, en ningún caso, una barrera para la prestación pública de las IVEs ni para el
correcto acceso de las mujeres a dicha prestación.
10. Dotar presupuestariamente todas las medidas recogidas en la actual Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo.
11. Realizar los cambios legislativos necesarios para garantizar la protección de las mujeres y profesionales de la salud frente al acoso en las inmediaciones de las clínicas. Reincorporar en el supuesto de violación dentro de los motivos
de interrupción del embarazo, tal y como constaba en la recogida de datos previa a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2010.
12. Incluir según lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2010 información sobre la ayuda y las medidas disponibles para atención a las víctimas de Violencia Machista, inspirándose en lo recogido en el artículo 15 de la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.
13. Facilitar que las mujeres sean escuchadas en los Comités Clínicos en todos los casos, también en aquellos en los que hay malformaciones fetales graves tras la semana.
14. Dotar de la formación necesaria a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para la correcta protección de las mujeres y profesionales que sufren acoso y coacción en los centros médicos.
15. Realizar un estudio para comprobar y mejorar la correcta aplicación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo para mujeres con diversidad funcional.
16. Formar al personal sanitario implicado en las IVEs tanto en género, como en distintos procedimientos y necesidades que contribuyan a la realización de las interrupciones de manera segura y con los mayores estándares de calidad.
17. Poner en marcha diversas campañas que recojan el espíritu de los derechos recogidos en la Ley Orgánica 2/2010.
18. Garantizar el acompañamiento y la información de todas las mujeres durante los procesos de interrupciones voluntarias del embarazo.
19. Realizar un estudio focalizado en las adolescentes que arroje luz sobre las causas del descenso de IVEs.
20. Liderar y apoyar acuerdos en los organismos internacionales de los que nuestro Estado forma parte para trabajar por la despenalización jurídica, sanitaria y social del aborto en aquellos Estados donde el acceso de las mujeres al libre
ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos sea vulnerado.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de sustitución a
la Moción consecuencia de interpelación urgente sobre el establecimiento de un aborto seguro, gratuito y libre para todas las mujeres.
Enmienda
De sustitución.
Redacción que se propone:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar un Proyecto de Ley de derogación de la Ley 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la
interrupción voluntaria del embarazo con el objeto de recuperar el texto original de la Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Moción
consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a garantizar el derecho a un aborto seguro, libre y gratuito para todas las mujeres.
Enmienda
De modificación.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Iniciar todos los trámites necesarios para derogar la Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo y
modificar la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia
de información y documentación clínica para extender la capacidad de otorgar el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo (I.V.E.) a las mujeres de 16 y 17 años, equiparándolas al régimen general
aplicable a las mujeres mayores de edad establecido en el Código Civil y, por tanto, dejando también en sus manos la decisión de comunicarlo o no a sus representantes legales.
2. Asegurar conforme a lo previsto en el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud el derecho a la I.V.E. para las mujeres migrantes en situación administrativa irregular.
3. Incluir dentro de los Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud una batería de indicadores sobre la interrupción voluntaria del embarazo que faciliten la comparación entre Comunidades Autónomas y se dirijan a detectar tendencias en
la accesibilidad, calidad y seguridad de las interrupciones voluntarias del embarazo practicadas dentro del Sistema Nacional de Salud.
4. Introducir mejoras en materia de información y transparencia en el 'Informe Anual sobre Interrupciones Voluntarias del Embarazo' publicado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para la inclusión de indicadores sobre
interrupciones voluntarias del embarazo en situaciones de violencia machista en el ámbito de la pareja, situaciones de violencia sexual, mujeres con diversidad funcional.
5. Crear un equipo de trabajo en el Seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que defina un procedimiento estandarizado de internalización de la prestación donde se recojan los estándares mínimo e ideales a cumplir
para la introducción de la prestación de los I.V.E.s en los proveedores públicos. Este procedimiento deberá contemplar, entre otros, los siguientes aspectos:
5.1 Elaboración de una memoria económica con los costes de internalizar la prestación de las I.V.E.s en cada Comunidad Autónoma.
5.2 Establecer los estándares de calidad y auditorías periódicas que permitan asegurar la calidad de la prestación en el Sistema Nacional de Salud.
5.3 Establecer las necesidades formativas obligatorias que deberán acreditar todos las y los profesionales que vayan a estar implicados en la realización de las I.V.E.s en centros sanitarios públicos.
5.4 Establecer un procedimiento de acreditación de esa formación y de las competencias que deberían derivarse de la misma.
6. Implantar un programa de formación obligatoria para todos los y las profesionales que vayan a estar implicados en la realización de I.V.E.s en centros sanitarios públicos de acuerdo con las necesidades establecidas por el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
7. Supresión.
8. Garantizar que la entrega de información y el periodo de reflexión no pueda ser utilizado para hacer transmisión de elementos ideológicos no vinculados de manera directa con el proceso y toma de decisión de la afectada.
9. Iniciar los procedimientos necesarios para asegurar que la práctica de la objeción de conciencia transcurra dentro del marco legislativo actual y no disponga, en ningún caso, una barrera para la prestación pública de las I.V.E.s, ni para
el correcto acceso de las mujeres a dicha prestación.
10. Dotar presupuestariamente todas las medidas recogidas en la actual Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo.
11. Desarrollar de manera efectiva el denominado Interlocutor Policial Territorial Sanitario, para garantizar la protección de las mujeres y profesionales de la salud frente al acoso en y en las inmediaciones de las clínicas.
12. Incluir según lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2010 información sobre la ayuda y las medidas disponibles para la atención a las víctimas de Violencia Machista, inspirándose en lo recogido en el artículo 15 de la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.
13. Facilitar que las mujeres sean escuchadas en los Comités Clínicos en todos los casos, también en aquellos en los que hay malformaciones fetales graves tras la semana.
14. Dotar de la formación necesaria a las Fuerzas y Cuerpos y de Seguridad del Estado para la correcta protección de las mujeres y profesionales que sufren acoso y coacción en los centros médicos.
15. Realizar un estudio para comprobar y mejorar la correcta aplicación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo para mujeres con diversidad funcional.
16. Formar al personal sanitario implicado en las I.V.E.s tanto en género, como en distintos procedimientos y necesidades que contribuyan a la realización de las interrupciones de manera segura y con los mayores estándares de calidad.
17. Poner en marcha diversas campañas que recojan el espíritu de los derechos recogidos en la Ley Orgánica 2/2010.
18. Garantizar el acompañamiento y la información de todas las mujeres durante los procesos de interrupciones voluntarias del embarazo.
19. Realizar un estudio focalizado en las adolescentes que arroje luz sobre las causas del descenso de I.V.E.s
20. Liderar y apoyar acuerdos en los organismos internacionales de los que nuestro Estado forma parte para trabajar por la despenalización jurídica, sanitaria y social del aborto en aquellos Estados donde el acceso de las mujeres al libre
ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos sea vulnerado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
173/000108
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podern-En Marea, relativa a garantizar
el derecho a un aborto seguro, libre y gratuito para todas las mujeres, ha acordado lo siguiente:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Iniciar todos los trámites necesarios para derogar la Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo y
modificar la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia
de información y documentación clínica para extender la capacidad de otorgar el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo (I.V.E.) a las mujeres de 16 y 17 años, equiparándolas al régimen general aplicable a las mujeres mayores de
edad establecido en el Código Civil y, por tanto, dejando también en sus manos la decisión de comunicarlo o no a sus representantes legales.
2. Mejorar la información y el acceso a los medios anticonceptivos y a la píldora del día después mediante campañas específicas de educación sexual, en el marco de una nueva Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
3. Garantizar el derecho a la I.V.E. para las mujeres migrantes en situación administrativa irregular independientemente del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema
Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
4. Incluir dentro de los Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud una batería de indicadores sobre la interrupción voluntaria del embarazo que faciliten la comparación entre Comunidades Autónomas y se dirijan a detectar tendencias en
la accesibilidad, calidad y seguridad de las interrupciones voluntarias del embarazo practicadas dentro del Sistema Nacional de Salud.
5. Introducir mejoras en materia de información y transparencia en el 'Informe Anual sobre Interrupciones Voluntarias del Embarazo' publicado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la inclusión de indicadores sobre
interrupciones voluntarias del embarazo en situaciones de violencia machista en el ámbito de la pareja, situaciones de violencia sexual, mujeres con diversidad funcional.
6. Crear un equipo de trabajo en el Seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que defina un procedimiento estandarizado de internalización de la prestación donde se recojan los estándares mínimos e ideales a cumplir
para la introducción de la prestación de los I.V.E.s en los proveedores públicos. Este procedimiento deberá contemplar, entre otros, los siguientes aspectos:
6.1 Elaboración de una memoria económica con los costes de internalizar la prestación de las I.V.E.s en cada Comunidad Autónoma.
6.2 Establecer los estándares de calidad y auditorías periódicas que permitan asegurar la calidad de la prestación en el Sistema Nacional de Salud.
6.3 Establecer las necesidades formativas obligatorias que deberán acreditar todos las y los profesionales que vayan a estar implicados en la realización de las I.V.E.s en centros sanitarios públicos.
6.4 Establecer un procedimiento de acreditación de esa formación y de las competencias que deberían derivarse de la misma.
7. Implantar un programa de formación obligatoria para todos los y las profesionales que vayan a estar implicados en la realización de I.V.E.s en centros sanitarios públicos de acuerdo con las necesidades establecidas por el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
8. Introducir las herramientas de apoyo a la toma de decisiones en el proceso de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo, que queden registradas en la Historia Clínica de la Paciente y que sirvan para asegurar que la paciente puede, de
forma bien informada, ejercer su principio de autonomía en la toma de decisiones en el ámbito de la práctica de la I.V.E.
9. Revisar y suprimir el período de reflexión de 3 días.
10. Iniciar los procedimientos necesarios para asegurar que la práctica de la objeción de conciencia transcurra dentro del marco legislativo actual y no disponga, en ningún caso, una barrera para la prestación pública de las I.V.E.s, ni
para el correcto acceso de las mujeres a dicha prestación.
11. Dotar presupuestariamente todas las medidas recogidas en la actual Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo.
12. Realizar los cambios legislativos necesarios para garantizar la protección de las mujeres y profesionales de la salud frente al acoso en las inmediaciones de las clínicas. Mejorar la detección precoz de la violencia de género en los
centros sanitarios, en colaboración y con respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas, a través de una mayor formación especializada de los y las profesionales sanitarios difundiendo los protocolos de actuación.
13. Incluir según lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2010 información sobre la ayuda y las medidas disponibles para la atención a las víctimas de Violencia Machista, inspirándose en lo recogido en el artículo 15 de la Ley
Orgánica 1/2004.
14. Facilitar que las mujeres sean escuchadas en los Comités Clínicos en todos los casos, también en aquellos en los que hay malformaciones fetales graves.
15. Dotar de la formación necesaria a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para la correcta protección de las mujeres y profesionales que sufren acoso y coacción en los centros médicos.
16. Realizar un estudio para comprobar y mejorar la correcta aplicación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo para mujeres con diversidad funcional.
17. Formar al personal sanitario implicado en las I.V.E.s tanto en género, como en distintos procedimientos y necesidades que contribuyan a la realización de las interrupciones de manera segura y con los mayores estándares de calidad.
18. Poner en marcha diversas campañas que recojan el espíritu de los derechos recogidos en la Ley Orgánica 2/2010.
19. Garantizar el acompañamiento y la información de todas las mujeres durante los procesos de interrupciones voluntarias del embarazo.
20. Realizar un estudio focalizado en las adolescentes que arroje luz sobre las causas del descenso de I.V.E.s.
21. Liderar y apoyar acuerdos en los organismos internacionales de los que nuestro Estado forma parte para trabajar por la despenalización jurídica, sanitaria y social del aborto en aquellos Estados donde el acceso de las mujeres al libre
ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos sea vulnerado.'
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
173/000109
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al objeto de conocer cuándo va a dimitir la Ministra de Justicia y, en caso de no hacerlo, que se acuerde su cese de forma inmediata.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente al objeto de conocer
cuándo va a dimitir la Ministra de Justicia, y en caso de no hacerlo, que se acuerde su cese de forma inmediata.
Exposición de motivos
Han pasado 112 días desde que la Ministra Delgado prometió cumplir fielmente sus obligaciones como Ministra de Justicia, desempeñando además en función de su cargo la responsabilidad de Notaria Mayor del Reino.
Una designación realizada por el primer Presidente del Gobierno elegido mediante una moción de censura y que ha proclamado hasta la saciedad que la ejemplaridad en la vida pública es uno de sus principales fines.
La breve trayectoria de la Ministra de Justicia ha sido suficiente para comprobar que el ejemplo que ofrece es inverso al que se espera de la alta responsabilidad que le ha sido confiada, hasta llegar a la reprobación por el Senado.
Pero no solo no ha sido ejemplar en las semanas que lleva al frente del Ministerio de Justicia, debilitando la posición de nuestros jueces en el ejercicio de su jurisdicción ante tribunales extranjeros y triquiñuelas de presuntos
delincuentes fugados de España, sino que, gracias a las informaciones reveladas por la prensa, algunos hechos y opiniones proferidas siendo fiscal en activo, y hoy conocidas, la inhabilitan para seguir al frente de sus cometidos en el Gobierno de
España:
Ha realizado afirmaciones que suponen un grave daño a la reputación de algunos compañeros, jueces y fiscales, así como a la institución a la que representan. Ha dicho que prefiere tribunales 'de tíos a otros de tías', ella que propugna la
visión de género de la justicia. Ha insultado gravemente y con desprecio a dos magistrados (llamándoles 'nenaza y maricón'). Ha confesado presenciar presuntas actividades delictivas con menores hasta crear un conflicto institucional con otro país,
sin que conozcamos que reaccionara como hubiera hecho cualquier funcionario diligente, a lo que la Ley le obliga, más si cabe en el caso de una fiscal. O que recibiera información de actividades delictivas como la creación de una red de
prostitución para el chantaje, sin que se conozca que adoptara ninguna actuación de oficio.
Por ello, es insostenible que una Ministra a la que no le importa la Justicia, que ha mentido una y otra vez, pueda seguir al frente del Ministerio 'denigrando' a la justicia española, como ya denuncian los jueces. Y, tras un periodo tan
estéril en el desempeño de su cargo, el único servicio que puede prestar a España es presentar su dimisión.
Si la Ministra no está a la altura, es el Presidente que la designó quien tiene que darse por aludido ante esta petición del Congreso.
La triste hoja de servicios prestada hasta el momento contiene entre sus dudosos méritos la nula voluntad de defender firmemente a la Justicia española ante las injerencias procedentes de las actuaciones de un juzgado de Bélgica.
En una clara dejación de funciones, hizo caso omiso a los comunicados en defensa del Magistrado Llarena de las asociaciones de jueces y fiscales. No tuvo en cuenta el criterio de los informes técnicos. Tuvo que ser la Comisión Permanente
del Consejo General del Poder Judicial quien pidiera al Ministerio de Justicia -así como al de Asuntos Exteriores- que adoptaran 'las medidas necesarias para asegurar
la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica'. Solo tras estas exigencias y una larga serie de bandazos, el Ministerio asumió la defensa del magistrado español.
La injerencia en competencias del Poder Judicial por acción u omisión es clamorosa: No ha desautorizado a la Delegada del Gobierno en Cataluña que defendió el indulto de unas personas investigadas por la presunta comisión de delitos
gravísimos. Tampoco a la Vicepresidenta del Gobierno cuando puso en duda o criticó la prisión preventiva dictada por el instructor.
Su gravísima actuación, faltando a la verdad de manera reiterada, tanto en sede parlamentaria como a los medios de comunicación, sus continuas rectificaciones sobre las escandalosas conversaciones conocidas a través de los medios de
comunicación, así como su falta de responsabilidad en el desempeño de sus funciones como titular del Ministerio de Justicia la inhabilitan para seguir al frente del mismo.
Moción
Por todo ello, el Congreso de los Diputados exige la inmediata dimisión de la Ministra de Justicia e insta al Gobierno, en el caso de que no lo haga, a que el Presidente del Gobierno proceda a su cese.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
173/000109
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al objeto de conocer cuándo va a dimitir la Ministra de Justicia
y, en caso de no hacerlo, que se acuerde su cese de forma inmediata, sin modificaciones con respecto al texto inicial que se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara:
'El Congreso de los Diputados exige la inmediata dimisión de la Ministra de Justicia e insta al Gobierno, en el caso de que no lo haga, a que el Presidente del Gobierno proceda a su cese.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.