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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 407, de 07/09/2018
cve: BOCG-12-D-407
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
7 de septiembre de 2018
Núm. 407
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000049 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Economía y Empresa, para el estudio sobre la regulación de las criptomonedas y el uso de la tecnología de blockchain, presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ... (Página5)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000729 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la necesidad de disponer de un informe exhaustivo sobre la necesidad y la viabilidad económica del
proyecto de interconexión submarina Gatika-Cubnezais ... (Página6)
162/000730 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al proceso de paz y la defensa de los y las defensoras de derechos humanos en Colombia ...
162/000731 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la lucha contra el fraude fiscal y la promoción de la transparencia en cuanto a la amnistía fiscal ...
162/000732 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al reconocimiento de la comunidad africana y afrodescendiente con perspectiva interseccional en el marco del
Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024) ... (Página13)
162/000733 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a una reforma de la Euroorden que proteja la integridad del espacio Schengen ... (Página17)
162/000734 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la consideración de los estudios de Filosofía en la Enseñanza Secundaria y el Bachillerato ...
162/000735 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la paralización y reconversión de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Valencia ...
162/000736 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el impulso en la agenda internacional de la relevancia y memoria de las víctimas de accidentes aéreos y sus
familias ... (Página22)
162/000737 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la regulación normativa sobre la identificación en el etiquetado del origen de la leche y los productos
lácteos ... (Página24)
162/000738 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la investigación y valorización diferenciada de la leche procedente de pastos del Cantábrico ...
162/000739 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a garantizar el mantenimiento de la caja única de la Seguridad Social ... (Página28)
162/000740 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la instalación de varios proyectos mineros de zinc en la zona central y occidental de Cantabria ...
162/000741 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promulgación de una ley de apoyo a las familias ... (Página32)
162/000742 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a los asesinatos por motivos medioambientales en Colombia ... (Página33)
162/000743 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la evaluación y supresión del Alto Comisionado para la Marca España ...
162/000744 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la expedición del Suplemento Europeo al Título en las enseñanzas artísticas superiores ... (Página37)
162/000745 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la conmemoración del 150 aniversario de la nacionalización del Museo Nacional del Prado ...
162/000746 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la creación de un grupo de trabajo para elaborar un plan de renovación del Sistema Español de Archivos ...
(Página40)
162/000747 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la protección de las colonias de coral rojo y la declaración de las Illes Formigues como Área Marina Protegida
... (Página41)
162/000748 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la descarbonización del transporte en España ... (Página43)
162/000749 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a levantar las barreras existentes al servicio ferroviario entre España y Francia ...
162/000750 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la mejora de la respuesta institucional contra la trata de personas ... (Página46)
162/000751 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al reconocimiento de la labor y carácter público de Salvamento Marítimo y a la adopción de medidas para su
estabilidad en el empleo y dotación de medios materiales y personales suficientes ... (Página47)
162/000752 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica, así como a la creación de un programa de
reducción de la deuda de las Comunidades Autónomas ... (Página51)
162/000753 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la ampliación y diversificación de la programación musical en las televisiones públicas ...
162/000754 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al diseño de una Transición Energética en el que se fije la participación equilibrada del carbón como fuente propia de recursos energéticos, así como la
dotación en los Presupuestos Generales del Estado de recursos para la reducción de emisiones contaminantes en las centrales térmicas de generación eléctrica ... (Página54)
162/000755 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la defensa de la jurisdicción española y condena del acoso separatista contra jueces y fiscales ... (Página55)
162/000756 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la cesión de los terrenos e instalaciones de la antigua Fábrica de Armas de La Vega (Oviedo-Asturias) al
Ayuntamiento de Oviedo ... (Página57)
162/000757 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la lucha contra la pobreza infantil ... (Página60)
162/000758 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a que adopte medidas integrales de defensa de la inmunidad y la independencia de la jurisdicción española y la
asistencia legal y protección a los jueces, magistrados, fiscales y otros cuerpos de la Administración de Justicia que sufren la persecución y el acoso independentista, en garantía del principio de seguridad jurídica ...
162/000759 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias que garanticen el ejercicio de los derechos de los ciudadanos que están siendo
acosados por grupos radicales con fines independentistas en Cataluña por su defensa de la Constitución y el Estado de Derecho ... (Página63)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000080 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 2311/2017, promovido por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, contra
las disposiciones adicional cuarta, transitoria única y final tercera, apartado 5, de la Ley del Parlamento de Galicia 2/2017, de 8 de febrero, de medidas fiscales, administrativas y de ordenación, todas ellas referidas al régimen del personal
letrado al servicio del Consello Consultivo de Galicia ... (Página65)
232/000176 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada al recurso de inconstitucionalidad número 37/2016, promovido por el Presidente del Gobierno, contra la Ley Foral 16/2015, de 10 de abril, de reconocimiento y reparación de las
víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos ... (Página66)
233/000040 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 3649/2017, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Santander, en relación con los párrafos 2.º y 3.º del
artículo 17.2 de la Ley de Cantabria 1/2001, de 16 de marzo, de Colegios Profesionales de Cantabria, en la redacción dada por la Ley 5/2011, de 29 de diciembre, por posible vulneración del artículo 149.1 18.ª en relación a los artículos 36 y 149.1
1.ª de la Constitución española ... (Página67)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000049
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias.
Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Economía y Empresa, para el estudio sobre la regulación de las criptomonedas y el uso de la tecnología de blockchain.
Acuerdo:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión de Economía y Empresa, a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996, advirtiendo que no cabe predeterminar en este momento el conocimiento por el Pleno
del informe final que se elabore, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Asimismo, comunicar este acuerdo al Grupo Parlamentario solicitante.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, sobre el procedimiento de creación y reglas de
funcionamiento de las Subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara, presenta la propuesta de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Economía y Empresa, para el estudio sobre la regulación de las criptomonedas y el uso
de la tecnología de blockchain.
REGLAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
A) Composición.
La Subcomisión estará integrada por tres representantes de cada uno de los Grupos Parlamentarios con más de cincuenta Diputados/as en la Cámara y dos representantes de cada uno de los Grupos restantes.
B) Adopción de Acuerdos.
En los acuerdos que adopte la Subcomisión se aplicará el criterio del voto ponderado.
C) Objeto de la Subcomisión.
La Subcomisión estudiará, por un lado la tecnología de Blockchain (cadena de bloques) y sus implicaciones que pueden contribuir a reducir costes, una tecnología que encierra un enorme potencial para hacer más seguras las transacciones
sociales y económicas en línea, al prevenir ataques y eliminar la necesidad de intermediarios. Por otro lado, la regulación de las criptomonedas, como Bitcoin, LiteCoin, Etereum o Ripple, que actualmente su uso se sitúa en una zona gris de la
regulación.
Para la realización del mencionado estudio, la Subcomisión:
- Partiremos de las conclusiones del observatorio y foro de la cadena de bloques de la UE impulsado por la Comisión Europea.
- Recabará la información y documentación que precise de las Administraciones Públicas competentes.
- Contará con la comparecencia de miembros de las Administraciones Públicas ante la misma, así como de las autoridades, funcionarios públicos, y la de todos los agentes del sector, expertos/as, etc.
- Evaluará globalmente las posibles medidas a platear en el informe final.
D) Plazo para la realización de los trabajos de la Subcomisión.
La Subcomisión deberá realizar el estudio global objeto de la misma, en un plazo máximo de 8 meses desde su constitución. El mencionado estudio una vez aprobado por la Comisión junto con las conclusiones finales de los trabajos de la
Subcomisión se remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación.
Los Grupos Parlamentarios podrán solicitar la documentación necesaria para la realización de los trabajos de la Subcomisión desde el momento de su constitución.
Las comparecencias deberán substanciarse en los seis primeros meses desde la constitución de la Subcomisión.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2018.-Alberto Montero Soler, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000729
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de la diputada Rosa Martínez Rodríguez, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate en Pleno, relativa a la necesidad de disponer de un informe exhaustivo sobre la necesidad y la viabilidad económica del proyecto de interconexión submarina Gatika-Cubnezais.
Exposición de motivos
La Unión de la Energía puesta en marcha por parte de la Comisión Europea sustenta sus bases en el ideal de garantizar que la Unión Europea, y en consecuencia sus empresas y ciudadanos, disponga de un suministro energético seguro, asequible y
respetuoso con el clima.
Con el fin de eliminar sistemas aislados, facilitar el apoyo mutuo y promover el mercado único de electricidad, la Unión Europea recomendó a los Estados Miembros una ratio mínima de interconexión de
un 10% en 2020, que se convirtió posteriormente en un 15 %. Sin embargo, si el objetivo de las interconexiones es la seguridad del suministro, el objetivo de interconexión debería estar ligado con la cobertura sobre la demanda de potencia.
En el caso de España, el parque de generación está sobredimensionado, por lo que hay una gran diferencia entre hablar de un 15% de potencia instalada o del consumo incluyendo márgenes de seguridad. Es decir, a España se le piden 10 GW de
interconexiones para una punta de demanda de 40,5 GW, lo que genera una distorsión respecto a la capacidad de interconexión de otros países en relación a su consumo: por ejemplo a Francia se le exigen 13 GW de interconexiones para una punta de
demanda de 89 GW.
Desde la Declaración de Madrid de 2015, se viene vinculando la seguridad energética española, a las interconexiones, ya que se considera que la diversificación, reduciría la dependencia de suministros de zonas con alta inestabilidad
geopolítica. En esta estrategia para lograr avanzar en la mencionada Unión de la Energía sobre cuatro puntos principales. En primer lugar, lograr reducir la dependencia de proveedores únicos. En segundo lugar, la libre circulación de energía a
través de las fronteras incorporando en mayor medida las energías renovables. En tercer lugar, la puesta en valor de la eficiencia energética como una prioridad. Finalmente, la transición hacia una sociedad hipocarbónica, impulsando el desarrollo
de la próxima generación de tecnologías de energía renovable.
Por ello, se estudiaba la financiación de estas a través de fondos europeos; más específicamente el denominado Plan Juncker de Inversiones, estableciendo los denominados 'proyectos de interés común'. En la lista de proyectos prioritarios
para completar la Unión de la Energía, aprobada en- primavera de 2018 está incluida la interconexión submarina España-Francia, este proyecto conectaría Euskadi con la zona sur de Francia, más concretamente por el Golfo de Bizkaia, de 370 km de
longitud, de los cuáles 230 km serán de cable submarino.
La interconexión proyectada entre la subestación de Gatika y la subestación de Cubnezais, dispondría de un doble enlace submarino y subterráneo con una capacidad de transporte de 2 x 1.000 MW. Sería una línea de corriente continua por lo
que serán necesarias estaciones conversaras en cada extremo de la línea para enlazar con las líneas de corriente alterna de la red española. Esta estación conversora de la parte española estará radicada en Gatika a más de cinco kilómetros de la
línea de costa, atravesando igualmente los términos municipales de Lemoiz y Maruri-Jatabe.
La afectación de la superficie marina del proyecto corresponderá como poco al Golfo de Bizkaia en su conjunto. Esto es, desde el cabo de Matxitxako a lo largo de toda la costa vasca hasta la mediana marítima francesa. La entrada de la
interconexión afectaría de especial manera desde el frente costero de Armintza hasta el de Baldo. La mayor afectación y complejidad del proyecto estará según las personas expertas en el tramo que requerirá cruzar el Cañón de Capbretón por una zona
de profundidad máxima de 1.500 m.
La megainfraestructura que se pretende construir ha suscitado la oposición de parte de la sociedad vasca que observa con preocupación la posibilidad de que un proyecto de esta envergadura dañe de forma irreversible su territorio e incremente
la factura de la electricidad por el alto coste de ejecución. La movilización ciudadana de los municipios afectados es ya una realidad y se han presentado más de 6.800 alegaciones al proyecto de Red Eléctrica Española en las que se cuestiona la
necesidad de aumentar las interconexiones.
Por otra parte, asociada a la construcción de la interconexión submarina, el proyecto de construcción de una línea de alta tensión, conocida como la Gliefies-Itxaso existe y que cuenta con una gran oposición social y ciudadana por el impacto
ambiental, social y paisajístico que tiene en los 17 municipios vascos que atraviesa. La justificación de construcción de la línea de alta tensión está vinculada a dar apoyo a la red solo si estuviera en funcionamiento la interconexión.
Más allá de las afirmaciones y de los beneficios generales de las interconexiones, repetidos como un mantra por la Unión Europea y el anterior gobierno, las características del mercado eléctrico español, así como el coste y diseño del
proyecto arrojan ciertas dudas y suscitan muchas preguntas que a día de hoy están sin responder.
En primer lugar, y a pesar de las reiteradas solicitudes de información tanto al Ministerio de Energía como a Red Eléctrica no se ha hecho público ningún informe o estudio que demuestre con evidencias y cálculos rigurosos la contribución del
proyecto a la seguridad energética, a la bajada de los precios de la electricidad ni tampoco en lo relativo a la penetración de las energías renovables.
El reciente informe del Comité de Expertos sobre la Transición Energética revela muchas dudas sobre las interconexiones eléctricas en cuanto a su contribución a la reducción de emisiones, penetración de renovables, dejando incluso abierta la
posibilidad de que supongan un aumento del precio de la
electricidad. Bien es cierto, que estos cálculos parten del escenario base de 5.000 MW de interconexión con Francia (actualmente existen 2.500 MW, por lo que los cálculos se realizan teniendo en cuenta la futura la interconexión del Golfo
de Bizkaia) para ¡medir el impacto sobre el sistema energético de un incremento de las interconexiones hasta 8.000 MW.
Sin embargo, hay datos que señalan la necesidad de que se hagan el mismo tipo de cálculos para conocer los impactos del aumento de 2.500 a 5.000 MW de interconexión que supondrá la línea de Gatika-Cubnezais el sistema eléctrico:
1) En lo que se refiere a la seguridad de suministro, esta depende mucho más del desarrollo de la red eléctrica interior, que de las interconexiones con los países del entorno. De hecho, el análisis del 'Plan de desarrollo de la red de
transporte de energía eléctrica 2015-2020' se destaca por un lado la gran calidad del suministro eléctrico, y se comenta que los desarrollos previstos están más relacionados con la resolución de restricciones locales en zonas concretas muy
saturadas, que con problemas de falta de suministro generales. Si además tenemos en cuenta que España posee una gran capacidad de generación, más del doble de lo que consume, y está por encima de la media en kilómetros de red por habitante, habría
que argumentar muy bien su necesidad para mejorar la calidad de la red. Y la Decisión Conjunta de las Autoridades Reguladoras Nacionales sobre la asignación transfronteriza de costes de citado proyecto señala precisamente que la metodología
utilizada en los proyectos de inversión de REE y RTE respecto a la seguridad de suministro es inadecuada. Por último, cabe recordar que los análisis de seguridad de suministro (por ejemplo, la estimación de la necesidad de potencia de respaldo en
eventos críticos) asumen que las interconexiones no aporta potencia firme (véase, por ejemplo, los análisis en el informe de la Comisión de Expertos). Esto se traduce en que mayores niveles de interconexión no reducen en absoluto la necesidad de
potencia de respaldo, desde el punto de vista de la seguridad de suministro.
2) La bajada del precio de la electricidad es de otro de los argumentos esgrimiendo que esto contribuirá a reducir la diferencia de precios entre el mercado eléctrico español y el francés. Si analizamos los precios de ambos mercados en los
últimos años, la entrada en funcionamiento de la interconexión por Cataluña, que supuso duplicar la capacidad de intercambio, apenas supuso una mejora real en la diferencia de precios. Ni siquiera si analizamos los precios de Francia y Alemania,
que tienen un grado de interconexión mayor, se aprecia una equiparación de precios del nivel que se anuncia. Esto puede explicarse por el escaso peso que tiene cada una de estas interconexiones sobre el total de energía que se usa, no llegando ni
al 5%.
3) Si atendemos al sentido de la electricidad en los últimos años ha sido importador desde Francia, es decir, la interconexión está sirviendo para traer electricidad de origen nuclear de Francia, y no para exportar renovables desde España.
Es decir, existen dudas de que la interconexión vaya a servir para una mayor penetración de las renovables. De hecho, con la entrada de la interconexión por Cataluña en 2016, se multiplicaron por 6 las restricciones a los parques eólicos.
La necesidad de probar con evidencias los impactos de la interconexión submarina para el sistema eléctrico, es aún más perentoria dado el coste del proyecto (1.870 millones de euros) y los riesgos tecnológicos que entraña su ejecución
(supone la perforación marina subterránea en el cañón de Cap Breton sin precedentes en el mundo).
Además de las dudas sobre la metodología de cálculo de la seguridad, la CNMC y la Commission Nationale de l'Energie, en su decisión conjunta anteriormente señalada, señala dos cuestiones de importancia tras valorar los proyectos de inversión
presentados por Red Eléctrica Española y Réseau du Transport d'Electricité:
- Por un lado advierte del alto riesgo de sobrecostes debido al desafío técnico y el acuerdo de reparto de costes establece que los potenciales sobrecostes serán soportados por REE hasta 875 millones de euros, y a partir de ahí por 62,5 %
por REE y 37,5 % por RTE. Es decir, serán las personas y empresas consumidoras de electricidad las que soporten mayoritariamente los sobrecostes del proyecto.
- Y por otro, que los resultados de análisis de costes y beneficios del proyecto son muy dependientes del desarrollo de la generación de fuentes de energía renovables, siendo el proyecto muy positivo en el escenario V4 conocido como
'Revolución Verde Europea' (algo absolutamente lejano en el horizonte en vista de los objetivos de descarbonización y renovables que se están pactando en la Unión Europea en estos momentos).
Es decir, existe una alta posibilidad de que el proyecto sea fallido, lo que dejaría un agujero económico, que sumaría el cable submarino de Bizkaia a la lista de infraestructuras energéticas innecesarias y en desuso, junto al proyecto
Castor o la regasificadora de El Musel, sufragados en su totalidad -por los consumidores de electricidad en España.
Ante este estado de la cuestión, parece razonable en aras del principio de precaución suspender el proyecto de interconexión submarina Gatika-Cubnezais y la línea de alta tensión Güeñes-Itxaso, hasta que haya estudios que demuestren su
necesidad para el sistema energético, su contribución a los objetivos climáticos y de renovables adoptados por España, así como su viabilidad económica en términos de relación costes-beneficios para el sistema eléctrico español y la factura de la
electricidad.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Disponer de un informe independiente sobre el impacto de la interconexión submarina con Francia a través del Golfo de Bizkaia, que incorpore un estudio detallado en lo tocante a contribución a la seguridad energética, reducción de
emisiones, penetración de energías renovables e impacto en el precio de la electricidad; así como una valoración económica de los mismos en relación a los costes y riesgos del proyecto.
2. A suspender el proyecto Gatika-Cubnezais de interconexión eléctrica submarina con Francia y la línea de alta tensión Güehes-itxaso hasta que esté acreditada la necesidad de la misma para la transición energética, sus beneficios para el
sistema eléctrico y su viabilidad económica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2018.-Rosa Martínez Rodríguez, Diputada.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000730
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de las Diputadas Noelia Vera y Ana Terrón, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en el Pleno de la Cámara, relativa al proceso de Paz y la defensa de los y las defensoras de derechos humanos en Colombia.
Exposición de motivos
El Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron un acuerdo de paz en noviembre de 2016; un acuerdo histórico que tenía como objetivo poner fin a décadas de violencia e impunidad. Sin embargo, y pese
a los esfuerzos de los diversos actores de 'post-conflicto' la información que llega sobre el desarrollo del Proceso de Paz en Colombia resulta preocupante. La violencia continua el país de una forma alarmante y representando riesgos para la
población civil, líderes y lideresas sociales, sindicalistas y defensores/as de derechos humanos. Tanto es así que Colombia registra el asesinato de un/a líder/esa social cada tres días desde la firma de la paz con las FARC.
La ausencia del Estado en las zonas de las que se ha retirado la guerrilla, está dando lugar a una presencia cada vez más acusada y peligrosa de grupos armados, y del narcotráfico, que están cometiendo asesinatos de líderes/as locales y
defensores/as de derechos humanos; algo que ocurre no solo en zonas que anteriormente controlaba las FARC sino también en territorios fronterizos de los países vecinos, siendo la frontera norte de Ecuador uno de los puntos en donde más se ha
incrementado. La ausencia de estado lleva a una reconfiguración de diferentes actores, entre los que destacan disidentes de las FARC o nuevas narco-guerrillas relacionadas con el narcotráfico internacional, por el control de los recursos naturales,
incluido la producción y transito de drogas, que amenazan a la paz, especialmente en las áreas rurales. Además, hoy, en al menos un tercio de la geografía nacional, hay personas que siguen teniendo grandes necesidades humanitarias.
Las FARC estén cumpliendo con lo acordado, han abandonado definitivamente las armas y se han convertido en un partido político que busca participar plenamente del proceso democrático. Tal como ha certificado la Misión de Monitoreo y
Verificación de las Naciones Unidas el pasado mes de septiembre, las armas y los depósitos de explosivos se han entregado y Naciones Unidas está inhabilitando las primeras y el gobierno colombiano está destruyendo los segundos. Los ex guerrilleros
están avanzando en su proceso de re-integración a la vida civil.
Pese a que el sistema legal y constitucional de Colombia esté acogiendo las reformas precisas para que los compromisos del Acuerdo se implementen y el futuro del país se construya sobre ellos, existen importantes retrasos en la puesta en
marcha de la implementación legislativa y las modificaciones introducidas en el ámbito jurídico acordado, incluida la Jurisdicción Especial para La Paz. En este sentido, como ya manifestó el Secretario General de las Naciones Unidas en su informe
al Consejo de Seguridad del pasado día 10 de enero de 2018, la lentitud en la elaboración del nuevo marco que permita la plena participación política, y en general en la puesta en marcha de la totalidad de medidas de reincorporación es preocupante.
Igualmente, es preocupante la falta de recursos económicos para la compensación y reparación a las víctimas del conflicto. Por ello, hay un numero creciente de comunidades que se sienten frustradas por la falta de garantía para que sus derechos
sean respetados y es urgente que los complejos mecanismos de justicia transicional funcionen a plenitud y no dejen lugar a dudas en su implementación.
A su vez, Colombia ocupa un puesto importante en la acción española en materia de cooperación internacional. La cooperación española hacia Colombia cuenta con dos frentes principales. Por un lado, España es uno de los más importantes
contribuyentes al fondo fiduciario de la Unión Europea para Colombia con el fin respaldar el proceso de paz que tiene por objeto, entre otros, el Fondo presta asistencia técnica en materia de derechos humanos. Por otro lado, y en el plano
bilateral, desde la IX Comisión Mixta Hispano-Colombiana de Cooperación, España está comprometida a contribuir con el fortalecimiento del Estado Social de Derecho para la construcción de una paz estable y duradera y la prevención de conflictos en
Colombia, dando especial importancia a la consolidación de los procesos democráticos y del Estado Social de Derecho dónde una de sus principales líneas de acción era la 'Cultura de paz y Derechos Humanos'. Además, Colombia cuenta con un acuerdo de
libre comercio con la UE a través del cual operan diferentes empresas transnacionales de origen europeo. Todo ello, hace que la responsabilidad de España para con el proceso de paz de Colombia sea un asunto de primer orden.
En este contexto, y teniendo en cuenta la situación actual de Colombia, es necesario que el Gobierno de España refuerce su contribución a que los actores colombianos continúe con su compromiso de construcción de una paz estable y duradera,
fruto de la negociación y la concertación, pues de no atenderse de manera apropiada y urgente la situación de los asesinatos de líderes y lideresas y las amenazas a organizaciones sociales, será imposible que podamos hablar de paz en Colombia.
Por ello y porque el apoyo de la comunidad internacional es fundamental para que la paz se consolide y no se vea comprometida, desde el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, proponemos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Seguir el ejemplo de NNUU y de los Gobiernos de Noruega y Holanda, y reforzar el apoyo de España al Proceso de Paz abierto en Colombia, con el cumplimiento de los Acuerdos de la Habana, así como respaldar las negociaciones que tienen
lugar en La Habana entre el ELN y el Gobierno Colombiano.
2. Promover que la Unión Europea renueve y refuerce igualmente su apoyo al proceso de Paz, atentando el cumplimiento de los acuerdos de la Habana y respaldando las negociaciones, así como contribuir a asegurar que el fondo fiduciario de la
UE para la paz en Colombia se convierta en un elemento efectivo para respaldar este objetivo.
3. Condenar públicamente los asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos y del medioambiente, lideres y lideresas sociales, reclamantes de tierras y excombatientes, alentando al Gobierno de Colombia a poner en marcha planes de
prevención y protección, con un enfoque diferencial y concertado con las comunidades, así como a promover investigaciones rápidas e imparciales que permitan identificar y sancionar a tos autores materiales e intelectuales.
4. Reforzar el compromiso de España con el Proceso de Paz, mediante la financiación, desde AECID, de proyectos que se vinculen, por un lado, con Los acuerdos firmados en la Habana y con los que
se puedan firmar en un futuro, y por otro lado, con la protección de las comunidades, líderes y lideresas sociales y personas defensoras de DDHH, especialmente en los territorios más amenazados.
5. Que en la atribución de España al Fondo Fiduciario de la UE para Colombia, que es ayuda oficial al desarrollo, se financien actividades de desarrollo local y estén alineadas con los objetivos de la política de cooperación española
recogidos en la Ley 23/1998 del 7 de julio y que en su implementación se observen los principios de eficacia del desarrollo internacionalmente acordados.
6. Que en el seno de la UE, promueva la adopción de cláusulas vinculantes en materia de derechos humanos que cuenten con mecanismos sancionadores que aseguren que ninguna empresa transnacional que opera bajo el paraguas del acuerdo
comercial Unión Europea-Colombia se aprovecha de la situación de impunidad para incrementar su lucro a costa de cometer abusos de derechos humanos en el territorio colombiano.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2018.-Noelia Vera Ruíz-Herrera, Ana Belén Terrón Berbel y Aina Vidal Sáez, Diputadas.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea.
162/000731
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley sobre la
lucha contra el fraude fiscal y promoción de la transparencia en cuanto a la amnistía fiscal, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
La amnistía fiscal aprobada por el Partido Popular mediante el Real Decreto-ley 12/2012 ha sido la medida por la cual los mayores defraudadores de impuestos de España han regularizado su situación, impidiendo investigar la procedencia de
dichas rentas, o su origen, que potencialmente podría estar derivada de bienes no declarados, financiación ilegal, comisiones por adjudicación de contratos públicos, dinero negro y otras irregularidades.
El Partido Socialista, actualmente en el Gobierno, presentó el 15 de junio de 2014 un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno popular de Mariano Rajoy, en la cual se declaraba que 'la
fórmula de regularización fiscal prevista en los preceptos que ahora se recurren es subjetivamente selectiva y manifiestamente desproporcionada, hasta el punto de contravenir abiertamente los más elementales principios de un sistema tributario justo
sin cuya observancia no puede hablarse, en puridad, de la existencia de un Estado social y democrático de Derecho, tal y como declara el artículo 1 de nuestra Constitución'.
La sentencia STC 73/2017, de 8 de junio de 2017, del Tribunal Constitucional sobre dicho recurso presentado por el PSOE admite que el Real Decreto-ley 12/2012 afecta a principios constitucionales esenciales. Concretamente, permite la
regularización a un tipo reducido de rentas que han sido ocultadas al fisco, excluye la posibilidad de imponer intereses de demora y sanciones y, por tanto, convierte dichas rentas en rentas declaradas. Esto significa, siempre según la sentencia
del Tribunal, que no solo se permiten regularizaciones a tipos reducidos, sino que se afecta a la posibilidad sancionadora del Estado tanto por el incumplimiento en el plazo como por la comisión de potenciales 'infracciones administrativas o
penales'. Todo ello hace concluir al Tribunal que con el Real Decreto-ley 12/2012 el Gobierno ha 'afectado a la esencia misma del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el art. 31.1 CE, al haberse alterado el modo
de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes, en unos términos que resultan prohibidos por el art. 86.1 CE'. A juicio del Tribunal, lo que resulta todavía más grave es que se utilicen medios que deberían
estar al servicio de la lucha contra el fraude precisamente para justificar y blanquear el mismo, hasta el punto que la sentencia afirma que esta medida 'supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de
concurrir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 CE)'.
Desde entonces, el Partido Socialista ha manifestado en numerosas ocasiones su voluntad de conocer los nombres de los beneficiados por la amnistía fiscal:
- El 22 de abril de 2015, el portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, instó al Gobierno del Partido Popular a que 'entreguen la lista de defraudadores a una Comisión de Investigación y mientras, no vuelvan a hablar de transparencia
sin que se les caiga la cara de vergüenza'. En junio de ese mismo año, el Partido Socialista presentó en el Congreso una propuesta de modificación de la ley para conocer la lista de todos los amnistiados.
- En las elecciones de diciembre de 2015, el PSOE presentó en su programa electoral la propuesta de 'Introducir cambios del artículo 95 de la Ley General Tributaria, dentro de los límites constitucionales, que permitan conocer el nombre de
los defraudadores acogidos a la amnistía fiscal'. En las elecciones de junio de 2016, el PSOE volvió a presentar la misma propuesta en su programa electoral.
- En noviembre de 2016, el PSOE presentó una enmienda a la interpelación urgente presentada por el Grupo Ciudadanos ('sobre la política del Ejecutivo en materia de lucha contra el fraude y la evasión fiscal'), en la cual instaba a modificar
el artículo 95 de la Ley General Tributaria para conocer los nombres de los beneficiados por la amnistía fiscal.
- El 28 de junio de 2017, el PSOE registra en el Congreso una Proposición de Ley relativa a la publicación de la identidad de las personas, sociedades y demás entidades con personalidad jurídica acogidas al proceso de regularización de
bienes o derechos previsto en el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo. En la misma, proponía la adición de una nueva disposición adicional vigesimotercera a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con el siguiente artículo:
'Disposición adicional vigesimotercera. Publicación de la identidad de las personas, sociedades y demás entidades con personalidad jurídica acogidas al proceso de regularización de bienes o derechos previsto en el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de
marzo'. El PSOE, mediante esta fórmula, afirmaba la posibilidad de conocer los nombres de personas físicas y jurídicas que se hubieran acogido a la amnistía fiscal.
Además de las iniciativas del Partido Socialista, el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado en numerosas ocasiones su voluntad de dar a conocer esta lista; especialmente tras la publicación de informaciones que
apuntaban a cargos del PP salpicados por casos de corrupción que pudieron haberse beneficiado de la amnistía fiscal, como Rodrigo Rato o Luis Bárcenas.
El interés público de esta lista no solo recae en su dimensión cuantitativa (más de 30.000 amnistiados que se acogieron a la Declaración Tributaria Especial), sino también en su dimensión cualitativa, ya que contiene a su vez una lista
reducida de 715 casos compuesta por altos cargos públicos y funcionarios (los 'public exposed person', PEP). Dentro de esta lista, según fuentes publicadas, existirían 400 casos de cargos públicos cuyos casos estarían siendo investigados por
repatriar dinero procedente de actividades criminales. Dicha lista reducida de cargos relevantes afecta e interesa al conjunto de la sociedad, en lo que se refiere a la sospecha de fraude fiscal, y a la posibilidad de estar ocultando información
que pondría en cuestión la integridad de personajes públicos. No conocer los integrantes de dicha lista podría suponer acentuar la ya agravada desconfianza de la ciudadanía frente a las instituciones.
La necesidad de conocer la lista de amnistiados se acentúa tras la publicación de conversaciones que señalan la posibilidad de que el ex Jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón, se hubiera acogido a dicha amnistía fiscal, pudiendo repatriar
fondos de origen desconocido. Este caso se sumaría a los indicios de otros miembros de la Casa Real que pudieron acogerse a esta amnistía, como Iñaki Urdangarín, junto a su socio Diego Torres. Información que no se ha podido confirmar o desmentir,
ya que se desconoce la lista de sujetos beneficiados.
Tras la publicación de casos que afectan a las más altas instancias del Estado se pone en cuestión el artículo 14 de la CE, que declara que 'los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social'.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Publicar la lista completa de amnistiados fiscales acogidos al Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, detallando naturaleza (Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, Impuesto de Sociedades o Impuesto sobre la Renta de los No Residentes) y cantidad de la deuda tributaria amnistiada.
2. Investigar posibles relaciones entre la lista de amnistiados, tanto personas jurídicas como físicas, y los casos de corrupción conocidos como Lezo, Púnica, Villa, Defex, César, Rato, Pujol, Emperador, Nóos, Tándem, Gürtel y otros
posibles casos que podrían tener relación directa con los amnistiados.
3. Utilizar las vías administrativas y penales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico para establecer las sanciones correspondientes en caso de que se encuentren relaciones entre casos de corrupción y deudas tributarias amnistiadas.
4. Hacer públicos los informes de auditoría de cuentas de las empresas que se han acogido al régimen de amnistía fiscal declarado inconstitucional.
5. Impulsar medidas para luchar contra el fraude fiscal y esclarecer la situación de los amnistiados, con especial atención a los casos considerados de 'Alta Protección' o 'public exposed person' (PEP).
6. Hacer efectiva las reiteradas denuncias por parte del actual Presidente de Gobierno durante su etapa como líder de la oposición, correspondientes a la publicación de la lista de aquellos que se hayan acogido a la amnistía fiscal.
7. Posibilitar la publicidad de las infracciones tributarias y la identidad de sus autores en casos de delito fiscal.
8. Iniciar una investigación sobre las posibles infracciones derivadas de las declaraciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, ya que podrían ser consideradas como delito de fraude fiscal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio de 2018.-María Gloria Elizo Serrano, Josep Vendrell Gardeñes, Alberto Garzón Espinosa, Rafael Mayoral Perales y Yolanda Díaz Pérez, Diputados.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000732
A la Mesa del congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en el Pleno relativa al reconocimiento de la comunidad africana y afrodescendiente con perspectiva interseccional en el marco del Decenio Internacional para los afrodescendientes (2015- 2024).
Exposición de motivos
En cumplimiento de las obligaciones jurídicas del Estado español y del marco internacional de Derechos Humanos desde una óptica integral e interseccional, el Grupo Confederal de Unidos-Podemos-En Comú-En Marea ve la necesidad de señalar que
la erradicación y denuncia del racismo, la xenofobia, el sexismo y las formas conexas de intolerancia es tarea de todas y todos, especialmente de las autoridades públicas y políticas a todos los niveles.
Creemos firmemente que la libertad, justicia, igualdad y pluralismo político son los cimientos de un Estado social y democrático, tal y como señala la Constitución Española. Por tanto, compete a los poderes públicos la responsabilidad de
garantizarlas de manera efectiva tanto a nivel individual como colectivo. Para ello, entendemos fundamental fomentar la participación de todas las personas en la vida política, económica, cultural y social. Esto sería imposible sin la garantía de
que todas las personas somos iguales ante la ley y, por consiguiente, todas debemos tener el derecho a igual protección contra las discriminaciones que vulneren los derechos adquiridos tras la ratificación de la Declaración Universal de Derechos
Humanos (art. 7) y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (art. 26).
Tanto el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR) compromete a cada uno de los Estados Parte a garantizar los derechos reconocidos en ambos marcos internacionales sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social (ICCPR art. 2 y ICESCR art. 2.1). El reconocimiento de estos
derechos garantiza la
participación de todas las personas en los asuntos públicos, el derecho a votar y ser elegido y el acceso en igualdad de condiciones a las funciones públicas del Estado (ICCPR art. 2). En el Pacto de Derechos Civiles y Políticos también
encontramos la obligación del Estado de no negar a las personas que pertenezcan a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas el derecho a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma (ICCPR
art. 27). Por otra parte, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales nos señala que el sentido de la dignidad y el desarrollo pleno de la personalidad humana son dos de los ejes principales por los cuales se debe proteger el derecho de
toda persona a la educación con el fin último de fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales (ICESCR art. 13).
La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el Programa de Acción de Durban y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer subrayan la fundamental
tarea de luchar contra el racismo y todo tipo de discriminación en aras de defender el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todas las personas. En este sentido, las normas internacionales
señaladas son complementadas por la Directiva 200/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas, estableciéndose una serie de obligaciones concretas y específicas para
respetar, proteger y garantizar los derechos de todas las personas en igualdad de condiciones independientemente de su sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, diversidad funcional, edad u orientación sexual.
Por otra parte, las Naciones Unidas, a través de la Resolución 68/237, establecieron el Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015- 2024) bajo el lema 'Reconocimiento, Justicia y Desarrollo'. El objetivo fundamental de este marco
es que los Estados implementen medidas en beneficio de las comunidades afrodescendientes.
De esta forma, reconoce las contribuciones que han realizado a nuestras sociedades y asume que la implementación del Decenio es un punto fundamental en la consolidación de la promoción de la igualdad y la lucha contra todo tipo de
discriminación. La puesta en marcha de este programa forma parte integral de la aplicación plena y efectiva de la Declaración y el Programa de Acción de Durban y se atiene a las disposiciones de la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial. En referencia a España, la Recomendación n.º 38 del último informe para España del CERD recomienda que se preparen e implementen medidas y políticas públicas enmarcadas en el Decenio y se lleve a cabo un
documento que informe sobre las medidas concretas adoptadas en este marco.
Así mismo, consideramos que toda política pública debe realizarse desde la perspectiva interseccional para entender y responder a las maneras en las que el racismo utiliza el género en relación con la 'raza', cultura, etnia, edad,
orientación sexual, identidad de género o la clase social entre otras categorías, como justificación del acceso desigual de las mujeres a sus derechos, desde un enfoque integral.
En este sentido, la Declaración de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (2001) señala en su punto 69 lo siguiente:
'Estamos convencidos de que el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia se manifiestan en forma diferenciada para las mujeres y las niñas, y pueden ser factores que llevan al deterioro de sus
condiciones de vida, a la pobreza, la violencia, las formas múltiples de discriminación y la limitación o denegación de sus derechos humanos.'
Por su parte, también el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU, en su Recomendación General XXV Dimensiones de la Discriminación Racial Relacionadas con el Género (2000), señala en el punto 1:
'El Comité observa que la discriminación racial no siempre afecta por igual a las mujeres y a los hombres, ni de la misma forma. Hay circunstancias en que la discriminación racial afecta única o principalmente a las mujeres, o las puede
afectar de manera diferente, o en un grado distinto, que a los hombres. Estos tipos de discriminación racial pueden pasar desapercibidos si no se reconocen y reivindican explícitamente las diversas experiencias de la vida de mujeres y de hombres,
en los ámbitos público y privado de la vida colectiva.'
Por ello, el análisis interseccional de nuestra Proposición no de Ley nos permite comprender el complejo entramado que opera en las violencias contra las mujeres de la comunidad africana y afrodescendiente. Un sistema donde diferentes ejes
de opresión se entrelazan y retroalimentan entre sí
para dar lugar a vulneraciones de derechos que son enfrentadas sistemáticamente por las mujeres africanas y afrodescendientes. De manera concreta, los derechos de las mujeres africanas y afrodescendientes colisionan con la Ley de
extranjería, los mecanismos de control migratorio, la restricción de derechos, el (no) acceso a la ciudadanía, la heteronormatividad, la falta o insuficiencia de redes sociales de apoyo, la percepción de los recursos públicos más como amenaza que
como fuente de protección, la negación de su agencia, sus saberes y capacidades, generando o reproduciendo distintas formas de violencia que trascienden el ámbito de la pareja o la expareja.
Por otra parte, la lucha contra la discriminación racial en base al reconocimiento de la diversidad social y cultural es algo que señala la recomendación n.º 6 del último informe para España del CERD:
'Teniendo en cuenta su recomendación general n.º 8 (1990) relativa a la interpretación y la aplicación del artículo 1 de la Convención, reflexione sobre cómo perfeccionar herramientas para poder recabar y publicar datos demográficos sobre la
composición de la población desglosados por comunidades territoriales y adoptar, con ese fin, métodos adecuados, garantizando la autoadscripción identitaria y el anonimato.'
La población africana y afrodescendiente de España está fuertemente invisibilizada por siglos de políticas que promueven un proyecto de país eurocéntrico y ajeno a su verdadera diversidad cultural y poblacional. A pesar de las iniciativas
parlamentarias previas, siguen sin implementarse leyes específicas de reconocimiento y reparación por los crímenes esclavistas y coloniales con perspectiva interseccional en los que España ha sido parte activa. El concepto de memoria histórica
relevante en lo social, cultural y económico no se aplica, aunque continúa siendo determinante en la historia del país. Por ello, entendemos que reflejar la diversidad social y cultural a través de estudios es una de las tareas imprescindibles para
acabar con la invisibilización derivada de asumir falazmente que las comunidades diversas son muy minoritarias en España. Entendemos que este es un relato que contradice la historia de la Península Ibérica, que ha mantenido una relación constante,
intensa y profunda durante milenios con África, Abya Yala (hoy América) y Asia.
El relato histórico oficial que se traduce en los programas educativos, así como las políticas culturales y científicas, insiste en negar la importancia de las comunidades no europeas en la historia de España, generando un estereotipo de
comunidades ajenas y 'recién llegadas'. De esta manera, se construyen esquemas interpretativos rígidos que impiden romper lógicas de invisibilización e impiden el reconocimiento de la comunidad africana y afrodescendiente cuyas contribuciones
culturales, económicas, políticas y científicas son constitutivas de nuestra sociedad.
Así mismo, consideramos que la recogida de datos demográficos sobre la composición de la población de las comunidades africanas y afrodescendientes es una herramienta para la justicia social utilizada ya en Abya Yala o Reino Unido, pero que
España se niega a implementar por una interpretación errónea del concepto de datos de carácter sensible. Como resultado no es posible hacer un diagnóstico adecuado del tipo de discriminaciones, directas e indirectas, que afrontan las personas en
atención a la diversidad social y cultural con perspectiva interseccional.
Lamentablemente, pese a los esfuerzos jurídicos señalados, el racismo, la xenofobia y el sexismo siguen manteniendo una relación directa con la desigualdad y las desventajas políticas, sociales y económicas que sufren las comunidades
afrodescendientes. Tanto las personas descendientes de las víctimas del crimen de la trata atlántica de personas esclavizadas como las personas con experiencias migratorias más recientes, motivadas por las relaciones Norte-Sur asimétricas,
patriarcales y neocoloniales, constituyen algunos de los grupos sociales más desempoderados.
Diferentes estudios realizados por organismos internacionales y nacionales demuestran que las comunidades afrodescendientes, desde una óptica interseccional, todavía tienen un acceso limitado a servicios de educación y salud de calidad, a la
vivienda y a la Seguridad Social. Con frecuencia son objeto de discriminación en la administración de justicia y se enfrentan a tasas alarmantes de violencia policial, estereotipos sobre la maternidad, retiradas de custodias, así como a la
aplicación de perfiles delictivos en función del género, la 'raza' y la edad. Además, es fundamental señalar los bajos niveles de participación política, tanto a la hora de ejercer el voto como en el ejercicio de cargos políticos.
Por otra parte, se hace imprescindible reconocer las iniciativas de las comunidades afrodescendientes, que han luchado contra la esclavitud, contra el colonialismo en el pasado y que en la actualidad siguen
combatiendo las vulneraciones de derechos y el desempoderamiento social, económico y político. Fruto de su trabajo incansable son las siguientes iniciativas:
- Proposición no de Ley relativa al reconocimiento de la comunidad negra española y sobre memoria de la esclavitud, reconocimiento (2010).
- Proposición no de Ley relativa al apoyo a la comunidad negra, africana, afrodescendiente en España (2010).
- Proposición no de Ley relativa a la mejora de la convivencia y promoción del desarrollo, justicia y reconocimiento de una sociedad diversa, con especial apoyo a la población afrodescendiente (2014).
- Modificaciones a la Proposición no de Ley relativa a la memoria de la esclavitud, reconocimiento y apoyo a la comunidad negra, africana y afrodescendientes en España (2014).
- Celebración de Afromadrid 2015, conferencia que dio lugar a la Carta y la Declaración de Afromadrid.
- Declaración DIÁSPORAS de la I Semana internacional de la Afrodescendencia del año 2011 en el marco del Año internacional de los Afrodescendientes proclamado por la ONU.
- La Declaración de la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (Cádiz, 2012, comunicación especial sobre los afrodescendientes).
- Declaración Institucional del Ayuntamiento de Madrid, aprobada por unanimidad, en la cual se asumió apoyar el Decenio Internacional para los Afrodescendientes y el desarrollo de medidas en favor de la comunidad africana y afrodescendiente.
Además de la comunidad afrodescendiente, cabe mencionar a las comunidades originarias del norte de África y países árabes y las comunidades con origen en Abya Yala (América). Son estos grupos, desempoderados mediante categorías
discriminatorias ficticias y socialmente construidas, quienes han liderado las exigencias a diferentes gobiernos, instituciones y entes sociales en referencia al reconocimiento de la diversidad existente en nuestra sociedad y quienes han llevado los
conceptos de justicia social y equidad hasta sus últimas consecuencias.
Derivado de lo anteriormente expuesto, entendemos que el Gobierno de España debe abordar la lucha contra el racismo desde un enfoque interseccional que incluya el reconocimiento de la diversidad social y cultural existente en nuestro país.
Así mismo, sabemos que el diálogo con las organizaciones y personas expertas en la materia pertenecientes a la comunidad africana y afrodescendiente debe ser directo. Por supuesto, somos conscientes de la necesidad de incluir a las organizaciones y
expertas feministas de manera paritaria para elaborar e implementar políticas públicas efectivas que aborden las discriminaciones múltiples.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Impulsar por parte de la Secretaría de Estado de Igualdad:
- La elaboración de una Estrategia que asuma el contenido íntegro del programa de acción contenido en el Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024).
- La realización de estudios demográficos, a partir de datos desagregados, sobre la situación económica, política y social de la comunidad africana y afrodescendiente desglosados por comunidades territoriales.
- La elaboración e implementación de un plan que aborde la discriminación racial contra las mujeres de la comunidad africana y afrodescendiente, así como las desventajas, obstáculos y dificultades que no permiten el pleno ejercicio y
disfrute de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales como consecuencia del racismo y las formas conexas de intolerancia.
2. Crear, en el seno de la Secretaría de Estado de Igualdad, un grupo de seguimiento, formado por asociaciones africanas y afrodescendientes y personas africanas y afrodescendientes con formación en diferentes ámbitos, para proponer y
analizar políticas públicas dirigidas a la comunidad africana y afrodescendiente.
3. Erigir un monumento a las víctimas de la esclavitud hispánica y otro a las víctimas del colonialismo en Guinea Ecuatorial.
4. Implementar un sistema exprés de cambio de nombre y apellidos como medida reparatoria y de memoria histórica que permita a las personas de ascendencia africana renunciar, si así lo desean, a los nombres impuestos en contexto esclavista,
colonial o neocolonial, y adoptar unos nuevos de su elección.
5. Crear un Instituto de Cultura Afrodescendiente en España que deberá estar regido por personalidades e instituciones africanas y afrodescendientes no tuteladas en el seno del Ministerio de Cultura y Deporte en el plazo de dos años.
6. Impulsar, por parte de la Secretaría de Igualdad y la Secretaría de Estado de Migraciones, medidas que desarrollen todas las observaciones finales sobre el informe vigésimo primero, vigésimo segundo y vigésimo tercero, realizadas por el
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU en su último examen a España.
7. Poner en marcha los mecanismos de control adecuados para evitar que se produzcan situaciones de discriminación por motivos raciales o de origen ante los diferentes operadores jurídicos y ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
con el fin de erradicar los controles de identidad en los que se tenga en cuenta el perfil étnico.
8. Impulsar, por parte de la Secretaría de Estado de Igualdad, una nueva Estrategia Integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, estableciendo un plazo para ello y garantizando
la participación de la ciudadanía, organizaciones sociales no tuteladas y el Parlamento.
9. Impulsar un Plan Estatal Integral de Convivencia en el que se otorgue la máxima prioridad a medidas comunitarias, educativas y sociales que prevengan el racismo, la xenofobia y cualquier forma de discriminación. Este plan debe promover
la recuperación de la memoria, la reparación de las víctimas de las fronteras y el avance en el proceso de descolonización simbólica y material, contemplándose en dicho proceso:
- Realización de un acto oficial de reconocimiento de la participación española en los crímenes esclavistas y colonialistas y una petición de perdón por parte de las instituciones del Estado a las víctimas y sus descendientes.
- Redacción, por parte de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, de contenidos educativos específicos sobre la relación histórica de España, con África, América y Asia para ser incluidos en los currículos de las
asignaturas de la educación pública primaria y secundaria en el plazo de doce meses.
- La eliminación de símbolos esclavistas y coloniales de las calles, así como los nombres de calles, plazas, avenidas e instituciones relativos a personas implicadas en crímenes coloniales y esclavistas en las ciudades españolas,
sustituyendo esta simbología esclavista y colonial por nombres de personajes y momentos históricos ligados a las diferentes resistencias que se dieron contra la esclavitud, el colonialismo y el racismo.
10. Monitorear, por parte de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, la diversidad en las grandes empresas para implementar políticas de acción afirmativa.
11. Redactar, en el plazo de 6 meses, un informe que se remitirá a la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados en el cual se presenten los avances realizados en la implementación del contenido de esta Proposición no de Ley.
12. Todas las medidas anteriormente propuestas deberán contemplar una perspectiva interseccional y contarán con la participación directa de la sociedad civil africana y afrodescendiente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2018.-Rita Gertrudis Bosaho Gori, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000733
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Proposición no de Ley relativa a una reforma de la Euroorden que proteja la integridad del espacio Schengen.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la corrección de error registrada con el número 95495, y considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer
su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley para una reforma de la Euroorden que proteja la integridad del espacio Schengen, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Desde mediados de los años 90, las instituciones de la Unión Europea intentaron poner en marcha medidas para avanzar en la armonización de las reglas de extradición entre Estados miembros. En 1999, el Consejo Europeo emitió directrices para
abolir los procedimientos formales de extradición, pero no fue hasta después del 11 de septiembre de 2001 que se pusieron sobre la mesa propuestas más ambiciosas. La Orden Europea de Detención y Entrega -comúnmente conocida como Euroorden- se ideó
como una medida antiterrorista, pero pronto se amplió a otra serie de delitos comunes. En diciembre de 2001 el Consejo Europeo dio la orden formal de adoptar la Euroorden y el texto final se acordó en junio de 2002.
En enero de 2004, la Decisión Marco de la Euroorden entró en vigor en ocho Estados miembros -Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Portugal, España, Suecia y el Reino Unido-. Hacia finales de 2004, todos los Estados miembros habían
implementado la legislación, salvo Italia, que lo hizo en 2005. Así pues, una Orden de Detención Europea o Euroorden es una solicitud de detención que una autoridad judicial de un Estado miembro de la Unión Europea presenta a otro país para que
detenga y entregue a una persona para su enjuiciamiento o para el cumplimiento de una condena. La Decisión Marco 2002/584/JAI que regula a la orden de detención europea contempla básicamente tres escenarios para no aplicar esta orden internacional:
- Que el delito en cuestión esté salvaguardado por una amnistía en el país donde se encuentra el acusado.
- Que otro país miembro ya está juzgando a la persona acusada.
- Que el requerido sea menor de edad según la legislación del país donde se encuentre.
La Euroorden contempla una lista de 32 delitos homologables en todos los Estados miembros para los que la entrega se hará de forma prácticamente automática. Por otro lado, para delitos que no se recojan en esa lista se deberá comprobar la
doble criminalidad: que el delito por el que se requiere la Euroorden esté tipificado como tal tanto en el Estado miembro que la emite como en el que la recibe.
El procedimiento es, por tanto, judicial y el Gobierno del país que recibe la petición de la Euroorden solo podrá dar su apoyo técnico y, en su caso, ejercer acciones a través de la Fiscalía para defender las posiciones del Estado miembro
emisor de la Euroorden. Sobre el plazo máximo de ejecución de la Euroorden, si el reclamado consiente en ser entregado, la decisión la ha de adoptar el Juez Central de Instrucción en un plazo de 10 días desde la celebración de la audiencia
preliminar, sin posibilidad de recurso. Si no consiente, el plazo máximo será de 60 días, pudiendo prorrogarse hasta 30 días más.
El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha procesado al expresidente de la Generalitat de Cataluña y a otros 22 altos cargos de esa institución por cargos de rebelión debido a las acciones contrarias al marco legal español y al
Estado de Derecho que perpetraron entre septiembre de 2017 y octubre de 2017. Sin embargo, mientras que algunos de los procesados se personaron en el juzgado para que su procesamiento siguiera su curso, algunos de los procesados decidieron
aprovechar el espacio Schengen para huir a otros Estados miembros de la Unión Europea, principalmente Bélgica.
Esto provocó que el magistrado Pablo Llarena emitiera sendas órdenes europeas de detención para que se hiciera efectiva la entrega de estos procesados. Mientras que los tribunales belgas siguen dirimiendo sobre dicha petición, los
tribunales alemanes, que debían resolver la Euroorden contra el expresidente Puigdemont, han denegado la entrega por el delito de rebelión. Así, ha quedado claro que la materialización de la institución de la orden de detención europea, basada en
los principios de mutuo reconocimiento y lealtad entre los Estados Miembros y hacia la UE, pese a constituir un indudable avance, se puede ver dificultada por decisiones judiciales que limitan la efectividad de su cumplimiento.
Más allá de si la aplicación de la Euroorden por parte del tribunal que resolvía la petición en Alemania ha sido ajustada a Derecho, las reacciones a esta decisión no se han hecho esperar, con figuras de la primera línea política señalando
al espacio Schengen como el culpable de este fallo e instando al Gobierno de España a su suspensión. Es más, el espacio Schengen contempla el cierre de fronteras con otro Estado Schengen por un tiempo limitado y solo cuando existe una amenaza grave
a la seguridad interna del Estado que lo pone en marcha, o cuando el control de fronteras exteriores no está asegurado por circunstancias excepcionales. Es difícil argumentar ninguno de estos supuestos en el caso referido anteriormente.
Como partido netamente europeísta, Ciudadanos considera que los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos europeos son la pieza clave de la construcción europea, así como uno de los elementos fundamentales de la comunidad de
derecho que es la Unión Europea. La jurisdicción internacional única del espacio Schengen, que permite la libertad de movimiento de los ciudadanos por la Unión Europea sin controles fronterizos, forma parte de esos derechos y libertades que deben
protegerse. Por tanto, no es el espacio Schengen lo que no permite un funcionamiento correcto de la orden europea de detención, sino el propio diseño de la misma que acordaron los Estados miembros, así como su aplicación por parte de los tribunales
de los diferentes Estados miembros que las emiten y ejecutan.
Por tanto, es necesario avanzar en una reforma de la Euroorden que refuerce la cooperación judicial y policial entre Estados miembros y que mejore su efectividad, pero que a su vez esto no comprometa la necesidad de que las personas buscadas
deban responder ante sus obligaciones penales, la independencia judicial de los tribunales de los Estados miembros, ni la libertad de los ciudadanos europeos de moverse libremente por la Unión Europea. El problema del funcionamiento de la orden
europea de detención es un problema europeo que requiere soluciones comunes y acordadas a nivel de la Unión Europea, no soluciones nacionales unilaterales.
Por todo esto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a plantear, en el seno de las instituciones de la Unión Europea, una reforma de la Euroorden que:
1. Amplíe la lista recogida en el Artículo 2(2) de la Decisión Marco del Consejo 2002/584/JAI sobre la Euroorden sobre los delitos que no requieren el control de doble tipificación por parte del Estado miembro de ejecución para incluir
delitos de sedición, rebelión, traición, alta traición y los equivalentes de delitos contra el Estado en las diferentes jurisdicciones nacionales de los Estados miembros.
2. Considere como homologables los sistemas judiciales de todos los Estados miembros y, por tanto, que las peticiones de entrega de personas que deben responder ante los tribunales del Estado miembro emisor al Estado miembro de ejecución se
resuelvan de forma automática en un plazo no mayor a veinte días.
3. Incluya un mecanismo de 'freno de emergencia', mediante el que se requerirá un proceso más minucioso de examen de la Euroorden para aquellos Estados miembros emisores en los que la Comisión Europea considere que la independencia judicial
está en peligro según las evaluaciones periódicas que realiza sobre los sistemas judiciales de los Estados miembros como parte del proceso de Semestre Europeo.
4. Respete la integridad del espacio Schengen y no comprometa la libertad de movimiento de los ciudadanos europeos.
5. Refuerce la cooperación policial, judicial y de servicios de inteligencia de los diferentes Estados miembros para la puesta en marcha de forma efectiva y eficaz de los objetivos de la Euroorden.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2018.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000734
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en Pleno, relativa a la consideración de los estudios de Filosofía en la Enseñanza Secundaria y el Bachillerato.
Exposición de motivos
La Filosofía ha sido unas de las grandes damnificadas por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). En concreto, la LOMCE mantenía como troncal la materia de Filosofía de primero de Bachillerato, pero eliminaba el
carácter troncal de la Historia de la Filosofía de segundo de Bachillerato y el carácter obligatorio de la Ética de cuarto de la ESO. Esta modificación significaba, por tanto, el mayor recorte de la materia en la historia de la educación no
universitaria de España.
En este sentido, la Filosofía es la única materia de Bachillerato que se encuentra en una situación anómala, ya que es troncal en primero de Bachillerato y obligatoria para la prueba final de etapa, pero el alumnado puede no volver a verla
en segundo de Bachillerato. En algunas Administraciones autonómicas se ha tenido en cuenta este problema y se ha intentado ofrecer una solución para que los estudiantes no tengan dificultades en la prueba final; pero, en otras, no. El resultado
es una gran disparidad entre las distintas comunidades autónomas: al finalizar los dos cursos de Bachillerato habrá estudiantes que estarán mejor preparados, porque en su comunidad se habrá incorporado Historia de la Filosofía como materia
obligatoria en segundo.
Sin embargo, existe un consenso internacional sobre las ventajas de una formación en Filosofía. Así, la UNESCO ha declarado la necesidad de la enseñanza de la Filosofía en su Declaración de París de 1995 y ha reiterado este apoyo en
numerosas ocasiones, como en la publicación 'La filosofía. Una escuela de la libertad (2005)' estableciendo que la enseñanza de la Filosofía debe mantenerse o ampliarse donde ya existe, implantarse donde aún no existe y ser denominada
explícitamente con la palabra filosofía.
En el campo de la pedagogía, numerosos estudios apuntan que la Filosofía en general, y la Historia de la Filosofía en particular, ayudan al desarrollo intelectual del alumno en el ejercicio del pensamiento abstracto y en el desarrollo de la
función ejecutiva del cerebro. Su enseñanza permite al adolescente desarrollar cierto distanciamiento crítico con la realidad que le rodea para tomar una decisión argumentada sobre esta. De este modo, la enseñanza de la Filosofía y su historia
hacen comprender al alumno que la realidad no se presenta de forma sencilla y evidente, sino que hay que desentrañarla a través de la utilización de la racionalidad y la argumentación.
Por otro lado, limitar los estudios en Filosofía pone en riesgo la gran riqueza cultural que supone la transmisión y conocimiento de esta materia, ya que una parte fundamental de la cultura occidental se desarrolla desde y por la Filosofía.
Finalmente, si entendemos que uno de los fines prioritarios de la educación consiste en formar a ciudadanos libres, la Filosofía es imprescindible para desarrollar el pensamiento autónomo y crítico en que se funda la democracia, ya que la
Historia de la Filosofía nos enseña a pensar de una manera crítica y autónoma. Crítica, porque el pensamiento se cuestiona permanentemente, y autónoma, porque el individuo toma el mando de su propia razón para exigirse a sí mismo el valor de usar
su propio entendimiento. Así, la democracia es la forma social propia de la Filosofía y, por ello, reducir esta implica necesariamente reducir aquella, favoreciendo la desafección política y el estrechamiento de una ciudadanía crítica y reflexiva.
A raíz de ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Diseñar un currículum básico para todo el sistema educativo no universitario, que sea al mismo tiempo estable y flexible en los contenidos.
2. Incluir, dentro de ese currículum básico, un ciclo formativo en Filosofía secuenciado durante los tres últimos cursos de la Enseñanza Secundaria -cuarto de Educación Secundaria Obligatoria (ESO),
primero y segundo de Bachillerato-, de forma análoga a lo que sucede en otras materias, como Lengua, Matemáticas e Historia.
3. Por consiguiente, el nuevo currículo de 4.º de la ESO incorporará la materia de Filosofía como materia común y obligatoria, reforzando sus contenidos éticos.
4. Asimismo, se reorganizará el currículo de 2.º de Bachillerato para incorporar la materia de Filosofía como materia común y obligatoria, y continuación de las materias filosóficas de 4.º de la ESO y 1.º de Bachiller.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio de 2018.-Javier Sánchez Serna, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000735
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de la Diputada Rosana Pastor Muñoz, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no
de Ley, para su debate y aprobación en Pleno, relativa a la paralización y reconversión de la ZAL de Valencia.
Exposición de motivos
Las expropiaciones y actuaciones para la creación de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia, en la pedanía de La Punta, realizadas hace unos quince años en circunstancias cuestionables, causaron daños irreparables
sobre la huerta y condujeron a una expulsión traumática de vecinas y vecinos de La Punta. Ubicado sobre suelo declarado no urbanizable de especial protección, este proyecto ha supuesto, amén de la expulsión violenta de sus vecinos, arrasar casas,
tierra extremadamente fértil, patrimonio histórico-cultural, un empeoramiento de la calidad ambiental y social del territorio, muy especialmente del entorno de la ciudad de Valencia. Por todo ello se torna necesario estudiar alternativas que
contribuyan a paliar el daño causado y apuesten por un futuro que incluya la sostenibilidad, el respeto al territorio y una ciudad más habitable al servicio de la gran mayoría social.
Desde su creación, la ZAL tiene una superficie extremadamente reducida, lo que implica que su óptimo funcionamiento exigirá nuevas ampliaciones sobre la huerta adyacente y nuevas infraestructuras, incremento de la circulación viaria,
deterioro de la calidad de vida de los vecinos de los poblados del Sur, perpetuando un modelo de ciudad que destruye playas y huertas, desoyendo los consejos y preceptos de la propia legislación valenciana, perdiendo así la posibilidad de adaptarse
a los efectos del cambio climático, que sin duda llegará.
El balance de esta ZAL a día de hoy es negativo, en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Además conviene recordar que existe una sentencia del Tribunal Supremo del año 2015, que confirma otra del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana que declara el Plan Especial de La Punta nulo radical, que tiene efectos 'ex tunc', lo que significa que la administración debe iniciar de cero el nuevo planeamiento, como si nada de lo hecho lo hubiese sido, eximiendo a la
autoridad competente de seguir con el planeamiento anterior. Igualmente, otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, esta de 2017, anula la subestación eléctrica que debería proporcionar el suministro de energía
eléctrica a la ZAL. También ha introducido cambios legales la recién aprobada Ley de la Huerta, que entre otros objetivos tiene el de velar por la protección del patrimonio medioambiental y paisajístico de este espacio singular que es L'Horta de
Valéncia, de la que La Punta forma parte indeleble.
Esta ZAL no es la mejor alternativa desde el punto de vista logístico según muchas personas expertas y según ha manifestado en más de una ocasión la propia autoridad portuaria. El espacio que ocupa la ZAL forma parte de un ecosistema tan
valioso como frágil, que actúa como único eje natural entre el Parque Natural de la Albufera y el Parque Fluvial del Turia.
La realidad del cambio climático hace necesario repensar proyectos que han permanecido varados desde hace más de 20 años como la ZAL y orientar las políticas públicas hacia planes estratégicos que puedan contribuir a mitigar los efectos del
cambio climático.
Una alternativa a considerar sería promover una infraestructura verde, que apueste por la regeneración de una zona altamente degradada, proporcione a la ciudad un espacio de drenaje natural ante el riesgo de lluvias tempestuosas, capaz de
amortiguar el efecto 'isla de calor' de la ciudad, que ahorre energía, fije carbono para mejorar la calidad del aire y que aporte beneficios a toda la ciudad y a toda su área metropolitana.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Declarar la ZAL de Valencia como inviable, atendiendo a las sentencias judiciales, a las demandas vecinales y a una correcta sensibilidad por el cuidado de nuestro patrimonio cultural, social y ecológico.
2. Impulsar la creación de un corredor verde en los terrenos de la ZAL de Valencia, que permita la conexión entre el Parque Fluvial del Turia con el Parque Natural de la Albufera. Incorporando este corredor al sistema de infraestructura
verde protegida del Pla d'Acció Territorial de l'Horta de València.
3. Desarrollar, en coordinación con las administraciones, entes y agentes implicados, incluyendo a vecinos, vecinas y organizaciones sociales, un plan de participación que diseñe y permita la reconversión a infraestructura verde (huertas,
bosques, parques...) esta zona de conexión.
4. Establecer un plan temporalizado que permita conocer al resto de la ciudadanía los abusos y las violaciones de derechos humanos cometidas con los legítimos y originarios habitantes de la zona y que incluya algún tipo de reparación para
éstos.
5. Realizar y poner en marcha de forma inmediata una auditoría pública e independiente de cara a depurar responsabilidades políticas sobre las actuaciones llevadas a cabo y la legitimidad de todo coste.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2018.-Rosana Pastor Muñoz, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000736
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de las Diputadas Carmen Valido y María del Carmen Pita, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en Pleno, sobre el impulso en la agenda internacional de la relevancia y memoria de las víctimas de accidentes aéreos y sus familias.
Exposición de motivos
A partir de la tragedia del vuelo JK5022 de Spanair el 20-8-2008, la Asociación de Afectados de dicho Vuelo (AVJK5022), promovió mejoras y cambios en la normativa internacional de asistencia a víctimas y sus familias de accidentes aéreos,
ante organismos europeos e internacionales como la OACI (Organización Internacional de Aviación Civil-Agencia de la ONU encargada de la normativa de aviación civil a nivel mundial) logrando, en unión de otros Estados pertenecientes a la OACI y
Asociaciones de Víctimas de Accidentes Aéreos de diversos países, que la revisión de la Circular 285 se convirtiera en el Documento 9978 de Política de OACI en Asistencia a Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias y en el Documento 9973, que
contiene la Guía de dicha Asistencia.
En 2015 la AVJK5022 fundó en Madrid, junto con las Asociaciones de Alemania -HIOP-447-Accidente Rio París y Pakistán- Ablue-2010, la Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias (FIVAAF-ACVFFI), que en febrero de
2016 fue reconocida por el Consejo de la OACI como Organización Internacional invitada a todos sus eventos.
La FIVAAF llevó a la pasada 39 Asamblea General de la OACI, celebrada en septiembre de 2016, la elaboración de 3 Notas de Estudio, que se aprobaron por mayoría de los países que los votaron durante las sesiones de la Asamblea, que se
referían a:
- Nota Estudio-WP-N.º 270: Inclusión Doc. 9978 en el Anexo 9 de la OACI. Política de la OACI de asistencia a víctimas y sus familiares.
- Nota Estudio-WP-N.º 271: Comisiones de Investigación: Aseguramiento de su Independencia.
- Nota Estudio-WP-N.º 272: Base de Datos en OACI con Recomendaciones de Seguridad dirigidas o no a la OACI de Accidentes Aéreos.
Por otra parte, el Ministerio de Fomento, durante la etapa de Ana M. Pastor Julián como Ministra, apoyó -incluso con su presencia en la 38 Asamblea General de la OACI en septiembre de 2013- las actividades, primero de la AVJK5022 a nivel
internacional como miembro de ACVFI (Asociación de Víctimas USA) y luego de la FIVAAF, respaldando el trabajo que a nivel internacional se venía realizando en los organismos internacionales desde el año 2010, convirtiendo a España, a través de la
AVJK5022, en un referente internacional por la lucha en la asistencia a víctimas de accidentes aéreos y sus familias.
En el Real Decreto 632/2013, de 3 de agosto de 2013, se recogieron algunos de los objetivos de ese Documento 9978, siguiendo además el Reglamento Europeo 996/2010, que por primera vez recogía 3 cuestiones fundamentales a petición de las
Asociaciones de Víctimas de España -AVJK5022- y Francia-FENVAC:
1) Que se entregara la lista de pasajeros a las familias 2 horas como máximo después del accidente aéreo y antes de hacerla pública.
2) Que todos los miembros de la UE tuvieran un Plan de Asistencia a Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias, motivo por el que se creó el RD 632/2013 citado.
3) Que la información oficial de las causas del accidente aéreo se diera primero a las familias afectadas antes de hacerlo público.
La AVJK5022, creadora y fundadora de la FIVAAF, sentó un precedente con su constitución en Madrid en la historia de la aviación comercial mundial, al conseguir que el Consejo de la OACI la reconociera como Organización Internacional por
primera vez en su historia desde que se fundó en Chicago en 1944, siendo así que los 191 países que la forman cuentan con las víctimas de las catástrofes aéreas a través de la Federación para mejorar sus asistencias, la seguridad, las
investigaciones oficiales, los derechos de los pasajeros, etc.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Apoyar la agenda internacional de FIVAAF en la que se incluye su próxima asistencia a la Conferencia Mundial de Seguridad Aérea que se celebrará en la sede de la OACI en Montreal del próximo 9 al 19 de octubre de 2018, y en concreto a la
Jornada de Asistencia a Víctimas que se celebrará dentro de la misma el día 16 de octubre.
2. Promover en el seno de la UE la aprobación de la Carta Europea de Derechos de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias y a impulsar por nuestro país que se armonicen los protocolos a seguir en los distintos países, asegurando que
todos los afectados por una tragedia/catástrofe aérea tengan y se vean amparados por los mismos derechos.
3. Trabajar en otros Organismos Internacionales para impulsar un Estatuto Internacional de Derechos de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias, con apoyo de los intervinientes en el transporte aéreo.
4. Impulsar una mayor relevancia a la voz de las víctimas de accidentes aéreos a través de la Federación Internacional y/o de la creación de una Fundación de Seguridad en Vuelo en España como existen en otros Países del entorno, que vele
por los derechos de las víctimas de accidentes aéreos y sus familias.
5. Apoyar la asistencia de FIVAAF a la 40 Asamblea General de la OACI que se celebrará en septiembre de 2019, a la que ya está invitada, a través de las iniciativas que se presenten conjuntamente por ambos Organismos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2018.-Carmen Valido Pérez y María del Carmen Pita Cárdenes, Diputadas.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000737
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, relativa
a la regulación normativa sobre la identificación en el etiquetado del origen de la leche y los productos lácteos, para su debate y aprobación en Pleno.
Exposición de motivos
El Paquete Lácteo aprobado en el año 2015 para tratar de reaccionar a la grave situación que atraviesa el sector lácteo tras la desaparición del Régimen de cuotas, mantendrá su vigencia hasta el año 2020. El Plan, además de las ayudas
directas al sector, prevé una serie de medidas ligadas a la mejora de la posición en el mercado de las producciones ganaderas de leche. En concreto, potenciar medidas enfocadas al apoyo a explotaciones en zonas con limitaciones geográficas, al
manejo sostenible de explotaciones, y al desarrollo de productos de calidad. Estas medidas serán financiadas con cargo a los Programas de Desarrollo Rural (PDR) de las CCAA y en su caso al Nacional, cuando las estrategias afecten a más de una
Comunidad Autónoma. Además, introduce otras medidas dirigidas a fomentar el consumo de productos lácteos entre la ciudadanía, a fortalecer el programa de leche escolar, y a impulsar la cooperativización en el sector.
El Paquete lácteo de 23 de septiembre 2015 incluye entre sus compromisos 'Promover la identificación del origen de !a leche y los productos lácteos, con objeto de mejorar la información que se facilita al consumidor sobre el país de origen
de los productos lácteos, mediante la inclusión, por parte de las empresas, de forma claramente visible, de la información de dicho origen en folletos promocionales, publicidad, cartelería, así como en los propios lineales'.
Esta medida es coherente con la normativa europea sobre información a las y los consumidores, y, en concreto, el Reglamento (UE) 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria
facilitada al consumidor, que en su artículo 9 establece que entre las indicaciones obligatorias que deben figurar, ya sea en el mismo envase o en su etiqueta, se incluya la información sobre el país de origen o lugar de procedencia. Sin embargo,
para hacerlo efectivo en cada caso o producto concreto, la Comisión debe presentar un informe al Parlamento Europeo y al Consejo que, en este caso, se envió en el año 2015. No obstante, la propia Comisión recomendaba en su informe que, en este
caso, la información fuera de carácter voluntaria y suministrada por los propios operadores lácteos. Este informe, a todas luces incomprensible dado el momento en el que se emitió, dejaba a las y los productores indefensos; sin embargo, el propio
Reglamento 1169/2011 ofrecía una alternativa contemplada en el artículo 39. Habilitaba a que fueran los propios Estados miembros quienes adoptaran medidas nacionales sobre indicación obligatoria del país de origen e incluso del lugar (región) de
procedencia, siempre que se cumplieran unos requisitos concretos: mostrarse la relación entre la cualidad del alimento y su origen o procedencia, debiendo existir pruebas que demuestren que la mayoría de los consumidores consideran importante que
se les facilite dicha información (artículo 39.2). En segundo lugar, el proyecto de medidas nacionales en cuestión debe ser notificado a la Comisión Europea de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 45 del mismo Reglamento.
A esto se le une el hecho que las encuestas disponibles dirigidas a las y los consumidores revelan en un 80 % su interés por disponer de información acerca del origen de la leche, vinculando su decisión tanto a la calidad, como a la propia
conciencia de la dificultad que atraviesa el sector.
En este contexto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación elaboró un proyecto de Real Decreto sobre este asunto, que fue remitido a las autoridades comunitarias para su información con arreglo a derecho. Al mismo tiempo, la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) conoció del proyecto y emitió un informe el pasado 3 de mayo de 2018. Sin embargo, se produce una situación paradójica, y mientras que la Comisión Europea emite un informe positivo con
arreglo a la normativa en vigor, la CNMC dictamina en su informe que: Desde el punto de vista de promoción de la competencia y regulación económica eficiente, debe tenerse en cuenta que la información sobre la procedencia geográfica de los
productos puede constituir una restricción adicional a la libre circulación de mercancías y, por ende, a la competencia efectiva. Este tipo de medidas conllevan un coste y pueden tener un efecto proteccionista sobre la industria nacional,
contribuyendo a compartimentar el mercado geográficamente. Además, señala que el interés de los consumidores y consumidoras, al que el reglamento comunitario se refiere, no están avalados por análisis e indicadores que garanticen la calidad
efectiva y la objetividad de la decisión. Por lo tanto, resuelve negativamente.
En el fondo de la resolución subyace el tratamiento que tradicionalmente ha dado la CNMC al sector agroalimentario, eludiendo el principio de que el 'sector agrario es un sector excepcionado del derecho de competencia', tal y como recoge y
valida el principio de preferencia comunitario de la propia Política Agraria Común (PAC). En concreto, el artículo 42 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) concede un estatuto especial al sector agrícola en lo relativo a la
aplicación del Derecho de la competencia.
En este sentido, el informe de 12 de enero de 2017, sobre política de competencia de la Unión Europea 216/2100 (INI), reconocía que la última reforma de la PAC pretendía reforzar la posición de los agricultores en la cadena agroalimentaria
disponiendo una serie de excepciones y exenciones del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y que el Parlamento Europeo presentó propuestas innovadoras y ambiciosas para la reforma de la PAC que adaptaran mejor la
legislación en materia de competencia a los mercados agrícolas.
El informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios destaca que la política de competencia defiende los intereses de las y los consumidores, y dice literalmente: ... pero no tiene en cuenta los de los productores agrícolas..., y
destaca que la política de competencia debe conceder a la defensa de los intereses de las y los productores agrícolas la misma importancia que otorga a la defensa de los intereses de las y los consumidores, garantizando unas condiciones equitativas
de competencia y acceso al mercado interior para fomentar la inversión, el empleo y la innovación, la viabilidad de las empresas agrícolas y un desarrollo equilibrado de las zonas rurales en la Unión Europea.
Por todo lo anterior, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Continuar con la tramitación del Proyecto de Real Decreto relativo al etiquetado del origen de la leche como materia prima de la leche y los productos lácteos, fortaleciendo la posición de los productores y productoras en la cadena
alimentaria.
2. Vincular la información del etiquetado respecto al origen, a otras figuras que fortalezcan los criterios de información a las y los consumidores, posibilitando la inclusión del origen regional y comarcal y la referencia a cuestiones
relativas a modos de producción como 'ganadería extensiva' o 'leche de pastos del Cantábrico'.
3. Instar a la Comisión Europea a que presente al Parlamento y al Consejo un registro del uso de las exenciones vigentes al derecho de competencia por agricultoras y agricultores de distintos Estados miembros, en aplicación del artículo 225
del Reglamento único para las OCM, y que aclare debidamente el alcance de estas exenciones y de las exenciones individuales de las normas de competencia conforme al artículo 101.3 del TFUE.
4. Instar a la Comisión Europea a que aclare en particular si los acuerdos de sostenibilidad establecidos en la cadena agroalimentaria para atender demandas sociales, como sería el etiquetado del origen y cuyas medidas rebasan las
obligaciones legales, pueden quedar exentos de la legislación sobre competencia en caso de que contribuyan a mejorar la producción y a promover la innovación, beneficiando al mismo tiempo a las y los consumidores.
5. Instar a la Comisión Europea y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a que, de acuerdo con el principio de que el sector agrario es un sector excepcionado del derecho de competencia, adopte un enfoque más amplio para
definir 'posición dominante' y el 'abuso de una posición dominante'
por parte de una o varias explotaciones agrícolas vinculadas por un acuerdo de carácter horizontal, tomando en consideración el grado de concentración y las restricciones derivadas del poder de negociación de los sectores de producción,
transformación y comercialización.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio de 2018.-Antonio Gómez-Reino Varela, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000738
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, relativa
a la investigación y valorización diferenciada de la leche procedente de pastos del Cantábrico, para su debate y aprobación en Pleno.
Exposición de motivos
Tras la desaparición del régimen de cuotas lácteas el 31 de marzo de 2015, el sector lácteo ha entrado en una crisis profunda derivada fundamentalmente de la caída de los precios del producto pagado a los ganaderos y ganaderas. A pesar de
las medidas del conocido como 'Paquete lácteo', aprobadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en el año 2015, no se ha logrado paralizar la destrucción del sector. Los informes mensuales elaborados por el
Ministerio y el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) sobre declaraciones obligatorias del sector del vacuno de leche, son el mejor referente para conocer mes a mes su evolución. Los datos nos indican de forma alarmante la necesidad de
intervenir.
En enero de 2017 eran 15.330 los ganaderos y ganaderas de leche que declaraban entregas, de los cuales, 8.476 se encontraban en Galicia, 1.970 en Asturias, y 1.324 en Cantabria. En noviembre de 2017 se ha descendido a 14.585 ganaderos y
ganaderas con entregas de leche. Es decir, a lo largo del año 2017 han desaparecido 745 explotaciones lecheras, de las cuales, 424 son de Galicia, 90 son de Asturias y 48 de Cantabria.
Los precios de la leche están por debajo de los costes de producción y la oscilación es tremendamente brusca y muy dependiente de factores externos. Aunque los informes mensuales muestran cómo el precio medio de la leche a lo largo de todo
el año se ha recuperado en 0,02 /l en todo el Estado. En Galicia o Cantabria mantienen un precio, sigue estando por debajo de la media nacional. La alta variabilidad climática y el aumento de los precios del petróleo determinan que el coste de
producción de la leche ya no esté en 0,31 /l, sino que está en 0,35 /l. En este contexto, el MAPAMA tiene identificadas 7.028 explotaciones que tienen muy comprometida su viabilidad al estar recibiendo precios anómalamente bajos. De estas
explotaciones, 4.020 se sitúan en la Cornisa Cantábrica.
Mientras perduró el régimen de las cuotas lecheras institucionales, el reparto de la producción mantuvo un cierto equilibrio territorial, que permitió a las pequeñas ganaderías del norte su persistencia a costa de un tremendo endeudamiento.
La apertura que supone el fin de las cuotas lácteas, y la estructura de la propia cadena de la leche permiten a las industrias lácteas traer leche más fácilmente de otros países, e influir en la estructura de producción dentro del territorio del
propio Estado. En este momento, más del 70 % de la leche consumida en España procede de otros países. Además, al comprar mayores volúmenes en regiones como la Comunidad Valenciana y Baleares, donde las producciones son más grandes e intensivas y
los precios muy bajos, se fuerza la bajada de los precios en la Cornisa Cantábrica. El problema llega con el fin de las cuotas lecheras, que no significa el verdadero fin de éstas, sino el fin del control público de las mismas, ya que ahora la
industria láctea de la que dependen se ha convertido en la administradora de un nuevo sistema de cuotas encubiertas. Así, se ha pasado de un sistema público a uno privado, de un sistema de reparto territorial y controlado de la producción a un
sistema que única y exclusivamente busca beneficio económico a la industria láctea.
Una de las razones que influye en la variabilidad en el precio de la leche que cobran los y las ganaderas, depende de si la ganadería pertenece a una cooperativa de transformación o no. El precio
fuera del paraguas de las industrias que transforman el producto de sus socios está en 0,28 sobre la producción referente de un mes elegido por la industria compradora. Todos los litros que se pasen de ese referente de producción se pagan
a 0,17 . El 80 % de la leche consumida es UHT, es decir, el producto que menos valor deja al ganadero o ganadera. Por otra parte, sabemos que, en toda la Cornisa Cantábrica, las marcas de leche que venden su producto como leche gallega, asturiana
o cántabra, no cuentan con ningún tipo de certificación que lo corrobore.
En este sentido, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha preparado un texto borrador de un Real Decreto (RD) que trata de establecer como obligatoria la indicación geográfica del origen de la leche y que, sin embargo, la
Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha rechazado por considerar que atenta contra la libre circulación de mercancías, y, por ende, contra la competencia efectiva al generar de manera encubierta un mercado protegido. Al margen de
la opinión sobre el informe, la CNMC recomienda enfocar el proyecto de RD justificando mejor la relación entre el origen de la leche y de los productos lácteos, y sus cualidades, en beneficio de las y los consumidores.
El Paquete Lácteo aprobado en el año 2015, y cuya vigencia se prorrogará probablemente hasta el año 2020, introduce una serie de medidas ligadas a la mejora de la posición en el mercado de las producciones ganaderas de leche. En concreto,
potenciar las medidas enfocadas al apoyo a explotaciones en zonas con limitaciones geográficas, al manejo sostenible de explotaciones y al desarrollo de productos de calidad. Estas medidas serán financiadas con cargo a los Programas de Desarrollo
Rural (PDR) de las CCAA, y, en su caso, al Nacional, cuando las estrategias afecten a más de una Comunidad Autónoma. Además, introduce otras medidas dirigidas a fomentar el consumo de productos lácteos entre la ciudadanía, a fortalecer el programa
de leche escolar y a impulsar la cooperativización en el sector.
En la Cornisa Cantábrica y Galicia, por el clima de altísima pluviosidad y temperaturas suaves, tenemos lo que se llaman 'pastos permanentes de alto valor agrológico'. Esto posibilita que muchos ganaderos alimenten a sus vacas a partir de
estos pastos y de los forrajes que se producen con ellos. Con la iniciativa que presentamos pretendemos revalorizar esta producción. Desde hace ya varios años el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), con
fondos que provienen del Ministerio de Economía y Competitividad, impulsa un proyecto que se coordina desde el Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA) de Cantabria; pero en él participan también el Servicio Regional de Investigación y
Desarrollo Agroalimentario de Asturias (SERIDA) y el Centro de Investigaciones Agrarias de Galicia (CIAM). Este estudio sigue la línea abierta por otras investigaciones, que apuntan que las vacas que pastan en las zonas cantábricas producen una
leche de mejor calidad nutricional en varios compuestos determinantes que las que se alimentan con pienso o están estabuladas. Para ello se rastrearán marcadores y se testarán más de 40 moléculas distintas, ácidos grasos, como el Omega 3, o el
Omega 6, el CLA (ácidos linoleicos conjugados, con efectos beneficiosos para la salud), y antioxidantes y marcadores genéticos -micro-ARN-. El proyecto examina una gran diversidad de explotaciones ganaderas con distintos sistemas de manejo y
alimentación para comprobar el perfil de esos ácidos grasos, antioxidantes y micro-ARN de la leche. La financiación de este proyecto estratégico es escasa, y apenas cuenta con un aporte a través del INIA y procedente del Ministerio de Industria,
sin que exista un compromiso estratégico del MAPAMA, que le permitiría avanzar más rápidamente. La finalidad de esta investigación es doble: tipificar esa leche de vacas que comen pastos pero, ante todo, revalorizar ese producto genuino de la
Cornisa Cantábrica.
Esta vía de explotación y de innovación aplicada se ha seguido ya en otros países de la Unión Europea. Así, por ejemplo, Holanda cuenta con un Label 'leche producida en base a pasto' y Alemania ha introducido otro con la denominación de
'Leche en base a pasto'.
La identificación de marcadores servirá para autentificar esa leche y poder ofrecer a las y los consumidores información que dé valor añadido al producto. La promoción del consumo debe estar ligada a cuestiones sociales y ambientales. La
leche procedente de pastos podría venderse de una forma diferenciada, con una indicación clara de '100 % en base a pastos', que deberían corroborar con independencia de la marca comercial.
Sin embargo, y de forma paralela, algunas industrias lácteas de Galicia, Cantabria y País Vasco están promoviendo sellos propios que reconocen 'leche de pasto', con indicadores y requisitos de producción similares. Si bien estas iniciativas
pueden ser positivas, su desarrollo vincula cada sello a una marca comercial concreta, generando más confusión entre las y los consumidores, y provocando exclusión y división entre las y los productores que suministran leche a estas empresas, y los
que produciendo de la
misma forma no son sus clientes. Además, rompe la unidad que está en la base del proyecto, que es el reconocimiento de la calidad excepcional de la leche de pasto del Cantábrico producida de acuerdo con ciertos estándares.
Por todo lo anterior, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Apoyar desde el MAPAMA, y con una partida presupuestaria específica, la investigación de la línea abierta con el estudio de 'Leche procedente de pastos del Cantábrico' dentro de la actuación presupuestaria destinada a 'Mejora de la
alimentación del ganado', y que se oriente a garantizar el trabajo continuado de los 3 Centros de Investigación Regionales involucrados.
2. Crear una marca protegida que certifique el origen de 'Leche procedente de pastos del Cantábrico' y promover una figura de calidad general y accesible a todos los ganaderos y ganaderas de la Cornisa Cantábrica que produzcan leche con
arreglo a los estándares definidos, y que permita identificar el origen concreto de la leche tanto a nivel nacional, regional e incluso comarcal.
3. Desarrollar la flexibilización en la normativa del paquete higiénico-sanitario, de manera que sea posible vender leche cruda directamente en finca, tal y como ya se permite en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en otros países de
Europa.
4. Recuperar el 'Programa del fomento del consumo de leche en las escuelas' previsto en la subsección 2 del Capítulo II del Reglamento 1308/2013, de 17 de diciembre de 2013, de Organización Común de Mercados, orientándolo al consumo de
leche de proximidad y origen identificado como de pastos.
5. Instaurar el doble precio en el etiquetado de los productos lácteos, donde se indica por una parte el precio pagado al productor y por otro el precio vendido a las y los consumidores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2018.-Antonio Gómez-Reino Varela, Sofía Fernández Castañón y Rosa Ana Alonso Clusa, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea.
162/000739
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a garantizar
el mantenimiento de la caja única de la Seguridad Social, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La Seguridad Social es el gran proyecto común de todos los españoles, el principal sistema de protección social del Estado. La red territorial de la Seguridad Social cuenta con más de 1.000 centros de trabajo en las 52 provincias españolas,
que permiten que la solidaridad del modelo de protección social llegue a todos los rincones de nuestro país.
Tiene por objetivo garantizar unas prestaciones sociales concretas e individualizadas para hacer frente a determinadas contingencias que puedan situar a una persona, y a quienes dependan de ella, en situación de necesidad y especial
vulnerabilidad.
Esta garantía se sustenta principalmente a través de los ingresos que, por cotizaciones sociales, abonan los trabajadores y empresarios. La Tesorería General de la Seguridad Social, como caja única del Sistema, es la encargada de recaudar
mes a mes las cotizaciones sociales de los sujetos obligados a cotizar, independientemente de que el régimen de cotización sea el de un asalariado, un autónomo o un agricultor y al margen de en qué Comunidad Autónoma estén domiciliados tanto los
trabajadores como las empresas.
La fuente básica y principal de financiación del sistema público de pensiones es la cotización. De esa caja única sale el dinero que se utiliza para pagar las pensiones en virtud de un criterio de reparto común a todos los territorios y a
todos los trabajadores. Nuestro sistema de pensiones se caracteriza por ser público, de reparto y solidario, se basa en el pacto intergeneracional. Es un mecanismo de asignación de transferencias de recursos entre generaciones, pero sobre la base
siempre de la equidad intergeneracional. La idea de un pacto intergeneracional implica la necesidad de atender a las generaciones futuras que heredan el legado que las anteriores les transmiten, y a las que hay que garantizar un horizonte realista
y viable para su propio desarrollo a largo plazo.
La caja única de la Seguridad Social es una garantía para la igualdad de todos los españoles y para la viabilidad de un sistema de bienestar que lleva implícita la solidaridad interterritorial, además de entre generaciones. Es el corazón
del Sistema que garantiza que todos los pensionistas, vivan donde vivan, cobren su pensión, incluso en territorios donde haya déficit.
El debate sobre la ruptura de la caja única de la Seguridad Social es recurrente, si bien debemos recordar que el Tribunal Constitucional se ha manifestado en numerosas sentencias (124/1989, 195/1996, 16/2013, entre otras) ratificando que el
sistema español de Seguridad Social es de caja única, a fin de garantizar la solidaridad del Sistema. La doctrina sentada por el Tribunal Constitucional no deja lugar a dudas sobre la imposibilidad de romper la caja única.
La caja única de la Seguridad Social no puede ser objeto de negociación ni repartirse entre territorios. El Estado es el único titular de todos los recursos, obligaciones y prestaciones de la Seguridad Social. El principio de caja única
garantiza la solidaridad e igualdad de trato entre los españoles, con independencia de su lugar de residencia.
Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos fundamental y prioritario garantizar la caja única de la Seguridad Social, a fin de preservar la unidad del sistema español de Seguridad Social y el mantenimiento de un régimen público, único y
unitario de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes en materia de Seguridad Social. La caja de la Seguridad Social es única e intransferible y esto no
puede ni debe cambiar.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar el mantenimiento de la caja única de la Seguridad Social y, por tanto, a no realizar ninguna negociación que implique su transferencia, todo ello, a fin de salvaguardar la
solidaridad e igualdad de trato entre los españoles, con independencia de su lugar de residencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000740
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su
debate y aprobación en el Pleno de Cámara, relativa a la instalación de varios proyectos mineros de zinc en la zona central y occidental de Cantabria.
Exposición de motivos
Con fecha 5 de diciembre ('BOE' n.º 295, págs. 8912312 y siguientes) y 11 de diciembre ('BOE' n.º 300, págs. 89874 a 89875) ambos de 2017, se publican los anuncios CVE-2017-10a1a y CVE-20217-10820, de la Dirección General de Industria,
Comercio y Consumo de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria, con la admisión definitiva de la solicitud de 'Permiso de Investigación' en la zona central y occidental de Cantabria de los dos primeros
permisos de investigación
conocidos como BUENAHORA y SALIA, que afectan a una decena de municipios, con el fin de investigar la presencia de zinc y plomo, para su posterior explotación.
El permiso conocido como 'BUENAHORA' de la empresa australiana Slipstream Resources Spain, S.L., que ocupa 188 cuadrículas mineras de los ayuntamientos de Comillas, Ruiloba, Udías, Cabezón de la Sal y Alfoz de Lloredo, y el permiso conocido
como 'SALIA' de la empresa canadiense Cantábrica del Zinc, S.L., que ocupa 120 cuadrículas mineras de los ayuntamientos de Reocín, Mazcuerras, Cartes, Torrelavega, Santillana del Mar y Suances.
El permiso SALIA tiene previsto realizar 145 sondeos, la mayoría de los cuales superan los 500 metros de profundidad, y el permiso BUENAHORA tiene prevista en una primera fase 40 sondeos de una profundidad aproximada de 200 metros y en una
segunda fase los sondeos con mayor riqueza minera, más allá de 500 metros. Todas estas actuaciones tramitadas como permiso de investigación constituyen la Fase I del proyecto.
A estas actuaciones, en ambos casos les seguiría una Fase II, en la que las empresas plantean la elaboración de un estudio de impacto ambiental completo para evaluar entonces las actuaciones más invasivas que no define, pero sí señala en
este momento. Entre ellas, por ejemplo, se indica la realización de 15 sondeos que representan 'unos' 2.000 m. de perforación y posteriormente 25 sondeos con un total de 5.000 m. de los que al menos 5 quedarán sin sellarse y otros 7.000 m. en la
fase III del proyecto.
Ambos proyectos mineros han iniciado su tramitación como permisos de investigación, adolecen de información sobre la localización y el emplazamiento de los sondeos para los que se necesitan construir accesos y, por lo tanto, no se puede
realizar una evaluación de las afecciones al medio de los sondeos si no se describe y valora previamente el territorio sobre el que se van a realizar. Al desconocer los puntos donde se realizarán los 185 sondeos que definen la parte de la
investigación más invasiva, no se ha podido analizar el medio en el que se van a desarrollan para determinar con qué medidas correctoras el impacto que se genere será nulo o mínimo.
Además de la ausencia de localización de los ensayos y de la ejecución de accesos para su realización, el promotor tampoco señala los lugares en los que se va a realizar investigación por prospección geofísica, por lo que se desconoce si
será necesario articular accesos para su ejecución, por lo que no existe información de los impactos que ésta pudiera generar en la zona y por lo tanto no puede evaluarse si afectarán o no a la zona del permiso dependiendo del lugar en el que se
realicen Dentro de la zona de investigación se hallan los hábitats de interés comunitario (6243, 7970, 7384, 7809, 8781, 10847, 10974, 11008, 10969, 12480, 12569, 12834, 13157, 13488, 13588) constatados en el Atlas de los Hábitats naturales y
seminaturales de España del año 2005. Recuérdese que la Directiva 92/43/CEE y la Directiva 2009/147/CE establecen un sistema de protección global y estricta de especies y hábitats, incluso cuando estos se encuentran fuera de los lugares de la Red
Natura 2000. Conviene señalar que el área más karstificada de Alfoz de Lloredo, Udías y Ruiloba -donde presumiblemente se efectúen los sondeos- es abundante en la presencia de quirópteros cavernícolas, siendo una de las zonas clave para su
conservación en Cantabria.
Además, dentro del perímetro del Permiso de Investigación SALIA, se encuentra una zona amplia del entorno preventivo de la Cueva de Altamira, y los límites del permiso de Investigación SALIA, se encuentran a pocos metros de la zona de
protección de las propias Cuevas de Altamira, declaradas Patrimonio de la Humanidad. Los valores excepcionales y universales reconocidos por la UNESCO en 1985 para la cueva de Altamira se extienden a otros 17 sitios con arte rupestre paleolítico de
la región cantábrica, que fueron inscritos en la lista de Patrimonio Mundial en 2008 como ampliación de Altamira.
La apuesta económica en el territorio, debe ser de forma prevalente la conservación del patrimonio natural y cultural que existe, evitando el impacto en el territorio, la acumulación y gestión de residuos derivados de una potencial actividad
extractiva. Poniendo en valor el mantenimiento de los puestos de trabajo de la población de la zona y el fomento de la actividad cooperativa y empresarial ligada al territorio.
Las empresas promotoras sostienen que los lodos de perforación que se utilizarán para los sondeos son inocuos y biodegradables, pero a la vista de la falta de especificaciones, tanto en el caso del permiso BUENAHORA como de SALIA, del tipo
de sustancias que van a emplear en la composición de los lodos, sobre todo del tipo de polímeros sintéticos de alto peso molecular que entrarían a formar parte de su composición, nos generan muchas dudas acerca de su inocuidad y no afección a los
acuíferos.
Las zonas afectadas por los permisos de investigación ocupan amplias zonas con un subsuelo kárstico, con cavidades internas. La presencia de metales pesados en las áreas de investigación puede generar su arrastre y comunicación con el
sistema de acuíferos de la zona Santillana-San Vicente de la
Barquera, por lo tanto, las afecciones se pueden producir tanto al medio natural como a los recursos de consumo de agua en localidades como Queveda, Santillana del Mar, Novales o Comillas.
La norma comunitaria establece que los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que, antes de concederse la autorización, los proyectos que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas,
de su naturaleza, dimensiones o localización, se sometan al requisito de autorización de su desarrollo y a una evaluación con respecto a sus efectos en el medio ambiente (Artículo 2.1 de la Directiva 2011/92/UE). La aplicación de los criterios para
determinar la sujeción de un proyecto a evaluación de impacto ambiental (Anexo III de la Directiva 2011/92/UE y de la Ley 21/2013) evidencian en este caso la necesidad someterlo a un informe de impacto ambiental que abarque la totalidad de ambos
proyectos.
Por un lado, los dos proyectos están claramente vinculados entre sí y se extiende a una porción de territorio extraordinariamente amplia, al ser los dos contiguos en el territorio. Pretende una extracción masiva de recursos naturales (Anexo
Ill.i.c), comporta una importante generación de residuos (Anexo III.1.d), produce importantísimas perturbaciones y contaminación potencial. En las condiciones de la ubicación destaca que los recursos que se pretenden extraer no son renovables, por
lo que se agotaría su disponibilidad y transformaría definitivamente el entorno (Anexo III.2.a y b); afecta hábitats de interés comunitario, masas de aguas subterráneas y superficiales, paisajes y lugares patrimonialmente relevantes, lugares de
indudable interés turístico (Anexo III.2.c).
Cantabria accedió a la Autonomía a través de la vía establecida en el artículo 143 de la Constitución y en su Estatuto de Autonomía no se recogió en su versión original la competencia en materia de minas (artículo 22 de Ley Orgánica 8/1981).
Sería en la segunda modificación de su Estatuto de Autonomía producida por la Ley Orgánica 2/1994 cuando se introduciría dicha competencia en el proceso de la ampliación competencial de las Comunidades constituidas por la vía del artículo 143 de la
Constitución conforme a los Acuerdos Autonómicos de 28 de febrero de 1992. La transferencia de dicha competencia producida por la modificación estatuaria dio lugar a que se realizara el traspaso de funciones y servicios en materia de industria,
energía y minas (Real Decreto 1903/1996).
Asumida la competencia y producido el traspaso de funciones y servicios, la Comunidad Autónoma podía desarrollar las obsoletas bases del régimen minero estatal, pero no lo hizo, por lo que resulta de aplicación la Ley 22/1973, de 21 de
julio, de Minas.
La ley establece que 'El Ministerio de industria realizará, con la colaboración, en su caso, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, los estudios necesarios para adecuar a las previsiones de los Planes de Desarrollo Económico y
Social el Programa Nacional de Investigación Minera y el de Revalorización de la Minería, al objeto de lograr su permanente actualización, ajustándose a dichos programas la acción estatal en cuanto al aprovechamiento de los recursos objeto de esta
Ley' (artículo 5.1 de la Ley 22/1973). Pero las normas y, especialmente las preconstitucionales, han de ser interpretadas conforme a nuestro acervo constitucional y el derecho de la Unión Europea, lo que determina un cambio radical de dicha
planificación.
En el marco del Estado de las Autonomías, se ha de hablar del Programa de investigación Minera de Cantabria, que es el ámbito territorial al que debe reconducirse la planificación minera. Pero, además, el objetivo de este Programa de
Investigación Minera de Cantabria debería ser el encomendado constitucionalmente conforme a lo que establece el artículo 45.2 de la Constitución. 'Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin
de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva'.
La Comunidad Autónoma de Cantabria mantiene actualmente un conjunto de derechos mineros caducados y que se extienden a amplios ámbitos territoriales. En este contexto, y de acuerdo a lo establecido en el apartado anterior, la Administración
autonómica tiene que decidir y optar sobre si procede continuar investigando los recursos mineros en todo o en parte de dicho territorio, o, por el contrario, procede establecer reservas en orden a los distintos intereses públicos a considerar (art.
7 de la Ley 22/1973, de Minas).
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Suspender, a través de la Delegación Provincial de Industria, de forma provisional, los trabajos, al peligrar la protección del medio ambiente, de conformidad con el artículo 116.2 de la Ley de Minas 22/1973, de 21 de julio.
2. Garantizar, para su adecuada tramitación y de acuerdo a derecho, la existencia de sendos estudios de impacto ambiental del ciclo completo de los proyectos presentados, empezando por una adecuada y correcta identificación de los puntos de
sondeo previstos en la fase 1, que permitan la correcta evaluación del impacto ambiental en esta fase.
3. Bajo el alcance que tengan sus competencias, proteger activamente los intereses medioambientales y los intereses de los vecinos de los ayuntamientos de Comillas, Ruiloba, Udías, Cabezón de la Sal, Alfoz de Lloredo, Reocín, Mazcuerras,
Cartes, Torrelavega, Santillana del Mar y Suances, y que a través del Ministerio de Transición Ecológica se realice un Plan Especial para la puesta en valor del patrimonio natural de la zona, apostando por su desarrollo y sostenibilidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2018.-Rosa Ana Alonso Clusa, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000741
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la promulgación de una ley de
apoyo a las familias, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
La familia es el núcleo de la sociedad y el ámbito natural de crecimiento de todos sus miembros, en particular de los menores de edad. Por ese motivo, los agentes sociales deben prestar especial atención a esta institución y su protección
ha de estar presente de manera transversal en todas las políticas públicas.
En este sentido, la Constitución Española reconoce la obligación de salvaguardar a la familia y establece, en su artículo 39.1, que los poderes públicos deben asegurar la protección social, económica y jurídica de la misma. En cumplimiento
de este compromiso, en el año 2001 se puso en marcha el primer Plan Integral de Apoyo a la Familia, una herramienta que marcaba las líneas estratégicas de la acción del Gobierno en materia familiar para responder de manera homogénea a las demandas
sociales.
A pesar de los avances logrados en políticas de apoyo a la familia, el periodo 2007-2011 fue especialmente duro para los hogares españoles. Durante esos años se desmantelaron más de 3,5 millones de puestos de trabajo; el 65 % del empleo
que se destruía en Europa se perdía en España; fuimos el país de la OCDE en el que más creció la desigualdad; más rápido aumentó el riesgo de pobreza y exclusión social, con especial incidencia en la infancia, y los programas y servicios de apoyo
a familias y atención de menores sufrieron recortes de hasta el 92,8 %.
Ante el contexto descrito, durante la X Legislatura, el Gobierno desarrolló multitud de medidas orientadas a consolidar el Estado del Bienestar, a crecer, a crear empleo y a reconocer el papel que la familia desempeña en nuestra sociedad.
En torno a este último propósito, cabe destacar el impulso de acciones como la reforma fiscal; el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016; el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016, y el Plan Integral de
Apoyo a la Familia 2015-2017 (con 7 líneas estratégicas, 227 medidas y 16.335 millones de euros), todas ellas dispuestas a mejorar el bienestar socioeconómico de las familias.
Además, a través de este último Plan se define una política familiar explícita, no solo como una suma de políticas sectoriales, ni como mero agregado de acciones concretas sobre situaciones específicas de
sus miembros que vienen recibiendo tratamiento especial, sino como un conjunto coherente de acciones homogéneas de apoyo a las familias que toma en cuenta los cambios que se están produciendo en su composición, estructura y funcionamiento y
la necesidad de compatibilizar la política familiar con los objetivos de la política social y económica del Estado y con la viabilidad financiera de las distintas políticas de bienestar.
Sin embargo, ante la nueva situación política, el Gobierno y el Parlamento deben seguir impulsando medidas a favor de las mismas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, entidades del Tercer Sector de Acción Social vinculadas con la atención de las familias y expertos en la materia, a remitir a las Cortes
Generales, y en plazo más breve posible, un Proyecto de Ley de apoyo a las familias, para ordenar, actualizar y ampliar los apoyos a las mismas.
En dicho proyecto, se deberán contemplar, entre otras, medidas para conseguir los objetivos siguientes:
- Apoyar específicamente a las familias con hijos con discapacidad o enfermedades raras.
- Reconocer en mayor grado a las familias numerosas, otorgando la condición de familia numerosa de categoría especial a partir del cuarto hijo.
- Proteger a las familias monoparentales, creando una certificación específica, con una definición homogénea en todas las administraciones, que permita un mínimo de protección.
- Promover medidas de apoyo a la natalidad, afrontando los retos sociodemográficos y apoyando decididamente la maternidad.
- Impulsar las acciones necesarias con el objetivo de igualar los permisos de paternidad con los de maternidad en los próximos años.
- Seguir apoyando a las familias en situación de vulnerabilidad, manteniendo a estas personas como objetivo prioritario en las políticas activas de empleo.
- Fomentar la conciliación de la vida familiar, laboral y personal y la corresponsabilidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000742
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa del Diputado Juan López de Uralde, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los
Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en el Pleno de la Cámara, relativa a los asesinatos por motivos medioambientales en Colombia.
Exposición de motivos
En los últimos meses se está produciendo una sucesión muy grave de asesinatos de líderes y lideresas sociales en Colombia. En muchos casos se trata de personas que lideran a sus comunidades para evitar la devastación ambiental que suponen
proyectos de deforestación, mineros o hidráulicos, en el territorio.
La organización no gubernamental Amnistía Internacional ha manifestado recientemente su preocupación frente a la ola de violencia contra los defensores y defensoras de Derechos Humanos en Colombia registrada desde la firma del Acuerdo de Paz
entre el Gobierno colombiano y las FARC.
La Defensoría del Pueblo colombiana contabilizó entre el primero de enero de 2016 y el 30 de junio de este año el asesinato de 311 líderes y lideresas en el país. Solo en los últimos días fueron víctimas de
homicidios Luis Barrios, en Atlántico, Santa Felicinda Santamaría, en Chocó, Margarita Estupiñán, en Nariño, Ana María Cortés, en Antioquia y se presumen José Fernando Jaramillo, en Ituango, y Ancízar Cifuentes, en Tolima.
Ante el panorama, la organización advirtió que 'Colombia enfrenta una grave crisis de Derechos Humanos' y que 'el conflicto armado recrudece ante los ojos inertes del gobierno saliente y el silencio cómplice del gobierno electo'.
Amnistía Internacional asegura que 'la violencia selectiva contra personas defensoras de derechos colectivos alcanza ya un carácter generalizado y se constituye en una vulneración masiva de los derechos. Es altamente preocupante la poca
información y respuesta de las autoridades colombianas de todos los niveles para condenar estos hechos y tomar medidas urgentes de prevención y protección'.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de la ONG, expresó que 'el silencio cómplice de las autoridades colombianas no puede continuar. Con el asesinato de quienes defienden los derechos humanos se va destruyendo el tejido social
de comunidades que históricamente han enfrentado cruelmente las consecuencias del conflicto armado, y ahora se encuentran en mayor riesgo por la reorganización de grupos paramilitares que se reciclan y reemergen con fuerza, reviviendo el sufrimiento
causado en el país'.
Guevara enfatizó en lo que se vive en algunas localidades de los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó y Nariño, donde, según ha sido detallado por otras organizaciones sociales, 'los principales afectados son personas que ejercen
liderazgos comunales, indígenas, afrodescendientes y quienes defienden los derechos de las víctimas del conflicto armado'.
Muchos de los casos por los que matan o amenazan a líderes y lideresas comunales tienen causas de fondo ecológicas. Les asesinan por promover la sustitución de cultivos ilícitos; por oponerse a que sigan devastando la Naturaleza con la
minería ilegal; por pretender recuperar fincas que arrebataron a la fuerza a sus legítimos propietarios y propietarias; por denunciar corrupción de un político local que permite devastación ecológica.
Para Amnistía Internacional, la situación se ha recrudecido debido a 'la lenta implementación del Acuerdo de Paz en aquellas zonas más afectadas por el conflicto armado y el abandono del Estado'. Esto sería, según el movimiento de Amnistía,
'la fórmula para que actores armados coopten territorios y continúen asesinando con impunidad'.
La ONG viene pidiendo a las autoridades colombianas investigar los homicidios de líderes y lideresas comunitarios y tomar medidas urgentes para su protección desde meses atrás.
El viernes 13 de julio, la misma ciudadanía colombiana alzó su voz en muchas ciudades e inundó de velas y mensajes las plazas públicas del país exigiendo justicia para quienes han sido asesinados y por la vida de quienes, a pesar de las
amenazas e intimidaciones, se resisten a callar y aún luchan por defender los derechos de sus comunidades.
'Por todo ello el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incluir en las relaciones bilaterales con el Gobierno de Colombia la protección y garantía de los derechos de líderes y lideresas sociales, indígenas, feministas y ecologistas en Colombia.
2. Apoyar la implementación de los Acuerdos de La Habana, así como la continuidad de las conversaciones de paz con el ELN, instando al Gobierno colombiano recién elegido para que siga con las mismas.
3. Trabajar junto con las organizaciones ecologistas, feministas y de derechos humanos, tanto españolas como colombianas, para que se garanticen los plenos derechos políticos de todas las personas que defienden el medio ambiente en
Colombia.
4. Evaluar la actividad de las empresas españolas que operan en Colombia (ie. mediante informes de impacto de medio ambiente y de género) para asegurar que no son partícipes mediante acción u omisión y de manera directa o indirecta en la
violación de los derechos humanos de defensores y defensoras del medio ambiente en el país.
5. Trabajar para garantizar que en todos los proyectos de desarrollo que se lleven a cabo en Colombia, y especialmente en los que participen empresas españolas o hayan sido financiados con fondos públicos o privados españoles, se cumple con
los estándares internacionales sobre impacto ambiental, especialmente con el derecho a consulta recogido en el Convenio 169 de la OIT.
6. Promover la evaluación de los acuerdos comerciales establecidos entre España (ya sean bilaterales o a través de la Unión Europea) y Colombia, con el objetivo de asegurar que promueven un
modelo de desarrollo justo, equitativo y sostenible y que no contribuyen a generar situaciones de impunidad en la violación de los derechos humanos de los y las defensoras del medioambiente y las comunidades indígenas.
7. Llevar a cabo acciones de cooperación para el desarrollo en, entre otros, los siguientes ámbitos: 1) el fortalecimiento de la sociedad civil colombiana, especialmente de las organizaciones ecologistas, feministas y defensoras de los
derechos humanos; 2) las políticas de desarrollo rural, especialmente las propuestas de reforma agraria, de acceso a la tierra y de recuperación de tierras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2018.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia y Pablo Bustinduy Amador, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea.
162/000743
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su
debate y aprobación en Pleno, relativa a la evaluación y supresión del Alto Comisionado para la Marca España.
Exposición de motivos
El 28 de junio de 2012 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 998/2012, mediante el cual se creaba el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España. Los fines de este instrumento, tal y como recoge el decreto, son
los siguientes:
a) Promover medidas para mejorar la imagen exterior de España y, a tal efecto, recibir, elaborar y transmitir cuantos datos e información resulten necesarios o convenientes.
b) Desarrollar una herramienta de información periódica para conocer y medir la percepción sobre España, y construir un sistema de indicadores objetivos, por datos de medición externa, que permitan su seguimiento.
c) Impulsar la planificación de la acción exterior de los órganos de las Administraciones Públicas y organismos de ellas dependientes, a través de los planes anuales de actuación exterior, y coordinar y hacer el seguimiento de su ejecución.
d) Promover la participación en la planificación y ejecución de la acción exterior de cuantos organismos públicos y entidades públicas y privadas gestionen actividades de promoción internacional, valorar y, en su caso, apoyar, sus
iniciativas, e impulsar acciones conjuntas de colaboración público-privada en dicho ámbito.
e) Impulsar y coordinar las iniciativas de promoción del valor de la lengua española como lengua global y su puesta en valor como activo en cualquier ámbito y, especialmente, en los ámbitos económico, político, social, cultural o digital.
La justificación de la creación de este organismo residía en la implementación para España del modelo de política exterior 'Marca-País', cuyos fundamentos plantean la necesidad de incorporar la lógica del 'marketing' a la acción exterior del
Estado, con el objetivo de aumentar el atractivo cultural y económico de un determinado país. La razón última que justificaba la creación de este organismo era el aumento de la competitividad de nuestra economía, basada en la premisa según la cual
al aumentar el atractivo 'intangible' de nuestro país aumentaban también las posibilidades de internacionalización de sus empresas y la atracción de capital internacional a España.
Este objetivo se enmarca en el estrecho paradigma que ha guiado la política exterior española en los últimos años, caracterizada por la subordinación general del amplio rango de opciones políticas disponibles al interés económico, comercial
y empresarial de un número reducido de actores privados. El fomento de la actividad de las empresas españolas en el extranjero se ha asumido así como una de las primeras prioridades de la acción exterior del Estado, sin prestar atención a la
dimensión ecológica de esa misma
actividad, ni a la rentabilidad social o el impacto socioeconómico de sus resultados ni en el extranjero ni en nuestro propio país.
Tras seis años de evolución del trabajo del Alto Comisionado, queda claro que nos encontramos ante un modelo cuanto menos discutible para orientar la acción exterior del Estado, que justifica la necesaria evaluación y supresión de esta
figura. Por un lado, desde el punto de vista conceptual y político este modelo ha implicado una focalización excesiva en las cuestiones empresariales y la consecuente mercantilización de aspectos como la cultura o la lengua española, reduciéndolos
a la consideración de activos económicos para competir internacionalmente con el resto de países. Esa focalización ha implicado también el oscurecimiento o la relegación de otros objetivos y valores que deben regir nuestra acción exterior, como la
cooperación para el desarrollo, la promoción de los derechos humanos, la paz o la sostenibilidad en el planeta.
Además, existen serias dudas de que el Alto Comisionado haya funcionado de manera correcta, incluso ateniéndonos a sus propios fines. Según el Informe de Fiscalización sobre el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España (núm. exp.
251/259) del Tribunal de Cuentas, la situación general del funcionamiento de Marca España ha sido, cuanto menos, manifiestamente mejorable, tanto en lo económico como en los aspectos jurídicos, políticos y administrativos de su gestión.
Según recoge el citado informe, Marca España es un ente sin precedentes comparables en el entorno de la Administración General del Estado. Su responsable, el Alto Comisionado, tampoco tiene figuras equivalentes en la Administración. Se
produce así un vacío legal sobre sus funciones y el correcto cumplimiento de las mismas: por un lado algunas de sus funciones ya son asumidas por otros órganos de la Administración; por el otro, no existen documentos ni forma objetiva de evaluar
los resultados de los programas o acciones puestas en marcha por este organismo, que no están recogidos en ninguna normativa.
Además, según señala el Tribunal de Cuentas, el Alto Comisionado no cumple con los requisitos básicos de la Ley de Transparencia: no se recoge listado de puestos de trabajo propio, ni los criterios de selección de la persona responsable del
mismo, más allá de la publicación de su CV en la página web; tampoco existe constancia documental de parte las actividades realizadas por el mismo, ni la posibilidad de realizar un correcto seguimiento de los gastos e ingresos del organismo.
El informe vuelve a señalar la opacidad que rige las actividades relacionadas con las alianzas público-privadas, uno de los mecanismos con los que cuenta el Alto Comisionado para llevar a cabo su labor. Se ha comprobado que algunos de estos
convenios se han realizado sin soporte documental y exclusivamente de forma verbal, sin que consten reuniones de las Comisiones de Seguimiento y sin facturas ni contratos que permitan evaluar el sentido y desarrollo de los mismos.
El informe dota de especial relevancia a uno de estos convenios celebrado entre el ex-Alto Comisionado, Carlos Espinosa de los Monteros, y una empresa textil, de la que es consejero, cuyo objeto era el 'mantenimiento, desarrollo y mejora de
la web', y cuyo coste recae en la empresa textil, por un aporte máximo de 100.000 euros y siguiendo un procedimiento de pago contrario a la normativa presupuestaria.
El 19 de junio, el Ministro de Asuntos Exteriores cesó al Sr. Espinosa de los Monteros de sus funciones, que en este momento están desiertas.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión de Asuntos Exteriores insta al Gobierno a:
1. Suprimir el Alto Comisionado de la Marca España mediante Real Decreto y paralizar las actividades acordadas mediante los convenios de colaboración público-privada que el mismo haya establecido hasta el momento.
2. Realizar una evaluación de las actividades realizadas y los acuerdos económicos suscritos por el Alto Comisionado, incluyendo una investigación de las posibles irregularidades administrativas que cada uno de estos acuerdos pueda haber
implicado, de acuerdo con lo señalado por el Tribunal de Cuentas.
3. Realizar una investigación específica sobre el acuerdo establecido entre el Alto Comisionado de la Marca España y la empresa textil de la que él mismo es consejero, con el objeto de analizar las posibles irregularidades e
incompatibilidades en que pueda haber incurrido el Alto Comisionado, incluyendo el análisis de posibles consecuencias penales.
4. Establecer un mecanismo adecuado de participación y coordinación de la acción exterior del Estado que permita a los diferentes agentes económicos, culturales y sociales españoles que realizan actividades en el exterior mejorar su
coordinación y su coherencia con los principios de la acción exterior establecidos por el Gobierno de España.
5. Incluir entre las funciones del citado mecanismo la elaboración de indicadores de la percepción política, cultural, económica y social de España en el mundo, a través de la participación en el mismo de departamentos y grupos de
investigación especializados de universidades e instituciones públicas españolas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2018.-Pablo Bustinduy Amador y Eva García Sempere, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000744
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Marta Martín Llaguno, Diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la expedición del Suplemento Europeo al Título en las enseñanzas artísticas superiores, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El SET, o Suplemento Europeo al título, es un documento actualmente imprescindible en la vida de cualquier estudiante de Enseñanzas Artísticas Superiores. Este suplemento abre las puertas a que la formación que han recibido en España sea
validada de la misma manera en cualquier otro país de Europa. De esta forma, cualquier estudiante que tuviera acceso a este documento tendría más facilidades a la hora obtener una beca ERASMUS +, a la hora de realizar las inscripciones para
cualquier Máster o programa de Bachelor europeo, y por supuesto para conseguir trabajo.
Según dicta el artículo 8 del R.D. 197/2015: 'Una vez superados los estudios conducentes a los títulos superiores de enseñanzas artísticas y los títulos de máster en enseñanzas artísticas, la Administración educativa expedirá el Suplemento
Europeo al Título, de acuerdo con el modelo establecido en el Anexo IV de este real decreto. [...] El Suplemento Europeo al Título se expedirá en la lengua cooficial, en su caso, y además en lengua inglesa. La expedición de dicho documento tendrá
carácter gratuito'. En el Real Decreto 197/2015 se modifican los anteriores Real Decreto 1614/2009 y Real Decreto 1850/2009, añadiendo el artículo 8, en el cual se habla de la expedición del Suplemento Europeo al Título realizada por parte de las
Administraciones educativas. Este cambio surgió tras una premisa que el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas 'sugirió' allá en el año 2010, y así, después de 5 años, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte decidió emitir este Real
Decreto 197/2015, en el que no solo se ofrecía la posibilidad, si no que se establecía la obligación de expedir este título.
Tras la emisión del Real Decreto 197/2015, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte redactó dos guías diferenciadas para los títulos de Grado y Máster, en las que se reflejaban detalladamente las instrucciones que deben seguir las
Administraciones Educativas para la expedición de los títulos, incluyendo, además, de forma específica, el caso de las Enseñanzas Artísticas Superiores. En estas dos guías facilitaba a las administraciones y universidades dos formas de expedición y
solicitud del título, de forma electrónica (creando el llamado e-SET) y en papel. Lo único que debían hacer era darse de alta en una de las plataformas indicadas en las guías y ofrecer al alumnado la posibilidad de solicitud.
A pesar de encontrarse dentro de la ley, este precepto no se está cumpliendo: todavía no ha sido expedido ningún SET de Enseñanzas Artísticas Superiores dentro de España. Mientras en la Universidad, los estudiantes tienen derecho a que su
título sea expedido sin ningún coste junto al título oficial de graduado cuando terminan su titulación, los estudiantes están recurriendo a los gabinetes de traducción jurada, en los que se gastan cifras impensables para conseguir que los documentos
que acreditan sus estudios sean traducidos de forma oficial y válida en toda la Unión Europea.
A diferencia de las titulaciones universitarias de grado, en las cuales las encargadas de expedir los títulos son las universidades, en las Enseñanzas Artísticas Superiores esta tarea es competencia autonómica. De hecho, en prácticamente
todos los boletines oficiales autonómicos aparece un número u orden que refleja la obligación de expedir el SET: BOJA n.º 216, de 05/11/2012 (Andalucía); Orden ECD/1779/2016 (Aragón); BOIB, Decreto 4/2017 (Islas Baleares); BOC, 2017/036
(Canarias); DOCM 2012/2230, Decreto 280/2011 (Castilla-La Mancha); BOCYL 2006/2017, Orden EDU/466/2017 (Castilla y León); CVE-DOGC-B-14161145-2014, Decreto 85/2014 (Catalunya); DOG núm. 235, Decreto 171/2016 (Galicia); Boletín n.º 91, 15 de
mayo de 2013 (Navarra); DOCV n.º 7805/2016, Orden 23/2016 (Comunidad Valenciana).
La gravedad real de este problema es el evidente incumplimiento de la ley. Para los estudiantes de las enseñanzas artísticas superiores es de vital importancia la expedición de dicho documento para favorecer y facilitar el derecho de las
personas a circular y residir libremente dentro de la Unión Europea.
Por todo ello, el Grupo Ciudadanos insta al Gobierno a en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Exigir a las Comunidades Autónomas que expidan este suplemento, dando así cumplimento de la ley.
2. Solicitar que las Comunidades Autónomas, en el marco de sus competencias, promuevan una campaña informativa sobre el valor del Suplemento Europeo al Título en los centros de formación de Enseñanzas Artísticas Superiores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 julio de 2018.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.
162/000745
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en Pleno, relativa a la conmemoración del 150 aniversario de la nacionalización del Museo Nacional del Prado.
Exposición de motivos
El Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía son los dos museos de ámbito estatal más relevantes. Su importancia, por tanto, va más allá de Madrid, la ciudad donde tienen sede: todo lo que atañe a estas dos
grandes instituciones tiene la escala de política de Estado. En lo que al Prado se refiere, se puede afirmar que su importancia no solo arraiga en la extraordinaria riqueza de sus colecciones. También radica en que su imagen está fuertemente
instalada en la identidad colectiva de nuestro país.
A grandes rasgos, el patrimonio actual el Museo del Prado se basa en la integración progresiva de la Colección Real, los fondos del Museo de la Trinidad, desaparecido en 1872, procedentes de instituciones religiosas desamortizadas y,
finalmente, obras del siglo XIX segregadas del también desaparecido Museo de Arte Moderno, cuyas colecciones fueron divididas en 1971: los fondos del siglo XIX pasaron al Prado, mientras que los del siglo XX fueron destinados, en un primer momento,
al Museo Español de Arte Contemporáneo (MEAC), y años después al Museo Reina Sofía.
El Museo Real de Pinturas, que abrió sus puertas por vez primera el 19 de noviembre de 1819, bajo la fundación de Fernando VII, es la institución embrionaria del Museo del Prado. El museo seguía el ejemplo revolucionario de la apertura
pública de las grandes colecciones históricas europeas y, para su instalación, Fernando VII decidió ubicarlo en un edificio inacabado del Paseo del Prado, inicialmente pensado para cumplir las funciones de Real Museo de Ciencias Naturales y con la
finalidad de formar un
conjunto científico junto con el Jardín Botánico. La Guerra de la Independencia impidió que ese proyecto fuera completado, de tal manera que, tras la contienda, el arquitecto Antonio López Aguado se encargó de rehabilitar el edificio para
convertirlo en el lugar donde el Museo del Prado tiene su sede a día de hoy.
La nacionalización de la colección ubicada en este edificio coincide con la Revolución Gloriosa de 1868, que destronó y provocó el exilio de la reina Isabel II, iniciando así el llamado Sexenio Democrático. Habiendo sido abolido el
patrimonio de la corona, el nuevo Gobierno avanzó en la modificación de la titularidad de la colección del Museo, que pasó a formar parte de los entonces llamados 'bienes de la Nación' (actualmente 'bienes del Estado'). En ese momento se produce un
punto de inflexión que transforma la naturaleza del Prado, que a partir de entonces podemos considerar patrimonio del conjunto de los pueblos de España.
La historia del Museo del Prado a lo largo de estos 150 años no está exenta de vaivenes y conflictos. De entre todos los momentos críticos que ha atravesado, hay un periodo en el que se constata de la manera más profunda la identificación
popular con el Prado: la Guerra Civil Española. Las obras pictóricas que contiene son desde entonces indisociables de las imágenes y testimonios de los esfuerzos invertidos en la defensa del Museo del Prado, para protegerlo de los fuertes
bombardeos que asolaron la ciudad de Madrid. En ese contexto bélico, el papel que desempeñó la ciudadanía en la protección del Prado fue extraordinario.
Esta defensa ciudadana del Museo del Prado indica que la nacionalización produjo una importante identificación social con el patrimonio artístico de esta institución. Se construyó con ello un consenso alrededor de la importancia de proteger
el edificio y sus colecciones como bienes públicos. De hecho, para conmemorar esta participación existe una placa honorífica que fue colocada en 2003, retirada en 2007 por motivo de las obras de restauración del Museo y repuesta recientemente.
En la historia de la identificación entre el patrimonio del Museo del Prado y los pueblos de España no constituyen un elemento menor las imágenes de las reproducciones a tamaño natural de muchos de sus cuadros más importantes, difundidas por
las escuelas públicas de todo el país de la mano de las Misiones Pedagógicas; tampoco la evacuación del Museo en 1939, siendo este 'salvamento del Prado' una decisión de Estado que, no exenta de tropiezos en los últimos compases de la Guerra Civil,
podemos considerar una contribución decisiva nada menos que a la supervivencia de una parte importantísima de su colección.
En las últimas décadas se ha avanzado de manera decidida en el reconocimiento de la cultura y del patrimonio cultural como un elemento fundamental de nuestras identidades colectivas. De igual manera, resulta fundamental resaltar también
aquellos momentos en los que bienes culturales antes remotos para la mayoría, en este caso por su origen monárquico y aristocrático, han sido resignificados mediante su reivindicación ciudadana. Se trata, precisamente, de que la cultura, en su
conjunto y en su diversidad, sea reivindicada como parte de un bien común. El Estado, las administraciones y las políticas públicas deben desempeñar un papel fundamental en el fomento de este tipo de identificaciones colectivas y protección de los
bienes culturales como bienes comunes del conjunto de la ciudadanía.
En consecuencia, nuestra iniciativa tiene la intención de conmemorar el 150 aniversario de la nacionalización del Museo del Prado como un éxito de toda la ciudadanía y como un caso histórico de política cultural exitosa, de acuerdo con
criterios de accesibilidad y de garantía institucional del derecho al acceso colectivo a la cultura como un bien común.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a difundir la celebración del 150 aniversario de la nacionalización del Museo del Prado y a contribuir con políticas públicas a la divulgación de la importancia de su accesibilidad y disfrute
por parte de la ciudadanía, durante y después de dicha celebración.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2018.-Eva García Sempere, Marcelo Expósito Prieto y Eduardo Javier Maura Zorita, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea.
162/000746
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, relativa
a la creación de un grupo de trabajo para elaborar un plan de renovación del Sistema Español de Archivos, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Actualmente, según el Real Decreto 817/2018, de 6 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Cultura y Deporte y se modifica el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural integra como una de sus funciones 'la gestión de los archivos de titularidad y gestión estatal, adscritos al Departamento, y el
asesoramiento respecto de los archivos de titularidad estatal dependientes de otros Ministerios'.
Esta estructura organizativa implica que todos los archivos de la Administración General del Estado, tanto los ministeriales como el Archivo General de la Administración (AGA) y el Histórico Nacional (AHN), realizan su gestión desde el
Ministerio de Cultura. Sin embargo, en los últimos años, el Ministerio ha gestionado uno de los presupuestos más bajos en la materia, lo cual ha puesto de manifiesto algunos déficits y desarreglos estructurales. Sería interesante plantearse si la
estructura de gestión archivística podría organizarse de otra manera, a saber, centralizándose en Función Pública la documentación ministerial del AGA, que después del periodo de tiempo correspondiente pasaría al AHN, gestionado desde el Ministerio
de Cultura.
La gestión documental tanto física como digital de los documentos que forman parte del patrimonio público desde hace siglos, hasta el día de hoy, requiere de importantes recursos tanto humanos como en materia de infraestructuras. La purga,
expedientado y depósito de la documentación son partes imprescindibles del buen funcionamiento del Sistema Español de Archivos y garantía de la permanencia de la documentación de toda la ciudadanía. La suficiencia de estos recursos está en
entredicho si tenemos en cuenta el estado en el que se encuentran tanto los edificios como los protocolos y puestos de trabajo asociados.
En España existen dos grandes archivos: el AHN que custodia unos 40 kilómetros de documentación, y el AGA, el tercero más grande del mundo, que acumula unos 160 kilómetros lineales de documentos. La delicadeza y el conocimiento que
requiere el tratamiento documental a distintos niveles (tanto en el tratamiento adecuado de un documento antiguo, que requiere del archivero la familiaridad con idiomas como el latín y de disciplinas como la paleografía, al mismo tiempo que con
herramientas digitales para establecer protocolos de almacenamiento y gestión de documentos digitales) es muy notable. Estas características exigen ser atendidas por personal debidamente cualificado y la Administración debe proporcionar las
herramientas de actualización del personal contratado para optimizar todo el proceso, independientemente del soporte documental que vaya a ser gestionado.
Otro de los grandes problemas es la falta de espacio de almacenaje documental, físico y digital. Tanto el AHN como el AGA se encuentran colapsados. Los documentos que llegan desde los distintos ministerios hasta el AGA pierden su validez
administrativa después de 25 años. En ese momento deben ser depositados en el AHN. Sin embargo, estando ambos colapsados, esta transferencia de documentos no se está realizando convenientemente. Se está externalizando el servicio de
almacenamiento, lo cual supone un coste público adicional.
Asimismo, el 15 de octubre de 2010, por orden ministerial, el entonces ministro Miguel Ángel Moratinos declaró 'secreto' el grueso de los fondos de los archivos pertenecientes a su ministerio, en un caso sin precedentes de conflicto entre
secreto estatal y transparencia, que afecta muy especialmente a la información sobre la política exterior, de seguridad y de defensa. Todos estos documentos sin clasificar fueron depositados en el AGA, suponiendo el colapso del espacio. Ni los
propios archiveros podían acceder a esta documentación, al estar clasificada. Esto generó muchos problemas con la comunidad científica, que vio paralizadas sus investigaciones. Ya en 2014, la situación empezó a desbloquearse y ya está disponible
alguna documentación para investigadores. Sin embargo, sigue sin ser accesible para la ciudadanía. Por esta razón se hace urgente buscar una solución competente para ampliar los espacios de depósito y reactivar la transacción normalizada de
documentación pública.
A estas situaciones se suma un problema general y de fondo: no existe la titulación específica de 'archivero'. Normalmente son personas procedentes de titulaciones humanísticas las que se dedican a la gestión documental.
Independientemente de sus méritos, que son muchos, esto repercute en la buena regulación de la profesión. Por ejemplo, el funcionariado de archivos obtiene una de las remuneraciones más bajas del ente público profesional. Esto significa que muchas
personas dejen sus puestos de trabajo cuando surgen oportunidades de promoción en otros lugares de la Administración.
Por otro lado, la escasez de convocatorias para Archivos hace que muchas personas ni siquiera se planteen presentarse y desarrollar sus carreras en este ámbito. Por ello, en los últimos años han quedado vacantes numerosas plazas. La
paradoja es que, al mismo tiempo, los Archivos Estatales han perdido hasta el 40 % de la plantilla en los últimos diez años, por lo que es urgente también estudiar cómo crear una solución a este problema.
Sin embargo, los archiveros desempeñan una función primordial. Deben realizar un estudio de valoración para determinar si se elimina o se conserva la documentación. Deben supervisar, organizar, conservar, analizar y difundir la información
pública, garantizando que el papel llegue desde las oficinas hasta el archivo histórico. La tipificación de puestos de trabajo y de los cuerpos facultativos no ha sido revisada desde la década de los noventa, algo que revierte directamente en la
aplicación de protocolos de gestión de documentos online y que puede provocar situaciones de vacío documental por falta de regulación.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear un grupo de trabajo, compuesto por todos los agentes implicados en el trabajo archivístico, para realizar una reforma integral del Sistema Español de Archivos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2018.-Eva García Sempere, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000747
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la protección de las colonias de coral rojo y la
declaración de las Illes Formigues como Área Marina Protegida, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
En el año 2017, un informe elaborado por 14 científicos del CSIC alertó de la degradación de las colonias de coral rojo (Corallium rubrum) en la costa catalana. Este informe destacaba la dificultad para mitigar el grave peligro de su
supervivencia y la presión a la que están expuestas. Aunque la actividad extractiva del coral podría ser compatible con los objetivos de preservación si se desarrollara dentro de los límites de la sostenibilidad y de acuerdo a las evidencias
científicas existentes en cada momento, los permisos continúan concediéndose sin una evaluación, delimitación y control adecuados y en un contexto de recesión de las colonias, por lo que cada vez será más difícil también su aprovechamiento
sostenible. Dicho informe de expertos del CSIC determina que, en este momento, la actividad de aprovechamiento está fragmentando todavía más las colonias por lo que en algunas zonas empieza a atisbarse el 'riesgo de extinción local'.
La publicación del informe no supuso la paralización de la extracción de coral rojo y el anterior Gobierno del PP concedió 12 licencias para la extracción entre Arenys de Mar y Begur en aguas exteriores bajo la jurisdicción de la
administración central. Sin embargo, los propios pescadores que habitualmente
se dedican de manera habitual a la actividad y a los que se les han concedido los permisos han denunciado la presencia constante de furtivos a los que nadie controla y que actúan en las mismas zonas de concesión.
Según datos científicos, solo entre un 4 % y un 10 % de las poblaciones situadas entre los 0 y los 50 metros de profundidad presentan un buen estado de conservación. La especie se encuentra ya incorporada en la lista roja de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), organización internacional que califica esa disminución de 'especialmente dramática', teniendo en cuenta la pérdida de colonias grandes y centenarias, que son las que tienen el mayor
potencial reproductivo y sobre las cuales debería apoyarse una estrategia de reversión. La recuperación del coral rojo es lenta, pero posible a medio plazo.
Las artes utilizadas en la pesca de coral han ido cambiando a lo largo de los siglos. Las artes insostenibles como las mallas o la barra italiana fueron prohibidas en todo el mediterráneo a mediados del siglo XX. Desde el año 1950 la pesca
se desarrolla con escafandra autónoma. Esta pesca mediante buceo extrae las colonias más grandes y valiosas comercialmente, especialmente en hábitats de aguas profundas de 50 a 120 metros de profundidad. Y quedan las colonias más pequeñas e
inaccesibles, menos capaces de garantizar la persistencia de las poblaciones. Pero además la última vuelta de tuerca se ha dado con el uso de pequeños robots submarinos que permiten explorar la existencia de coral en aguas profundas por debajo de
los 120 metros.
Actualmente, las colonias mejor conservadas se encuentran en áreas marinas protegidas donde las actividades humanas están prohibidas, aunque estas reservas representan menos del 0,1 % del Mediterráneo. En las áreas con niveles bajos de
buceo o donde esta actividad está vetada (Scandola, al oeste de Córcega; o en Banyuls y Carry-le-Rouet, en Francia), los diámetros de las colonias en las bases son mucho más grandes que en las islas Medes. En esta zona catalana, una de las que
sufre mayor presión del buceo (60.000 inmersiones por año en un área pequeña de 10 hectáreas), el insuficiente nivel de recuperación de las poblaciones parece deberse al elevado número de inmersiones recreativas.
Actualmente la Generalitat de Catalunya ha presentado un recurso de alzada contra la referida decisión del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de conceder licencias para la extracción de coral en aguas exteriores situadas frente al
litoral de Catalunya, en concreto en la zona comprendida entre Arenys de Mar y el cabo de Begur, y al mismo tiempo ha resuelto establecer una moratoria y suspender las licencias de extracción en aguas interiores hasta el 2027. Esta veda se extiende
desde el Cap de Begur hasta el Cap de Creus. En la misma línea, el Fiscal de Medio Ambiente de Barcelona, Antoni Pelegrín, en un reciente auto de archivo de diligencias procesales y tras constatar que el 90 % de estas poblaciones presentan un
estado de conservación 'deficiente' y que su talla es inferior a la reglamentaria, ha urgido al Ministerio de Medio Ambiente que prohíba extraer coral rojo en la costa catalana durante un periodo de 20 años renovables. Este propio grupo
parlamentario, el pasado 11 de julio recibió la respuesta escrita a unas preguntas realizadas al Gobierno sobre el particular en la que se reiteraba la intención de mantener la concesión de las licencias para la extracción y venta de coral rojo.
Frente a ello, nuestra preocupación y la del territorio sigue creciendo, puesto que el argumento esgrimido de la compatibilización de la sostenibilidad del recurso con el legítimo derecho de los pescadores a ejercer su actividad deviene insuficiente
para la preservación y la recuperación efectiva de las colonias de coral rojo. De esta manera, numerosos colectivos del territorio y representantes de la comunidad científica, convocados por la asociación Amics de les Illes Formigues se han
manifestado por segundo año consecutivo y han publicado un manifiesto con el objetivo de hacer evidente la necesidad de preservar les llles Formigues, un espacio de gran interés natural, paisajístico y para la biodiversidad, amenazado por una fuerte
presión humana y un manifiesto desorden e incluso desinterés entre las administraciones competentes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Suspender las 12 licencias de extracción de coral rojo que ha autorizado el Ministerio de Agricultura para 2018 en la costa catalana.
2. Aprobar el protocolo de inspección y control de la pesca del coral, incorporando la prohibición de hacerlo en aguas de menos de 50 metros, tal y como se recomienda por FAO y se establece por parte de
la Comisión General de Pesca para el Mediterráneo, y estableciendo un censo de embarcaciones, lista de puertos autorizados para su desembarque y refuerzo del control de los libros de registro y capturas.
3. Desarrollar planes y destinar recursos para el control y reforestación con el objetivo de acelerar la recuperación del coral rojo en aguas exteriores.
4. Impulsar la declaración de las Illes Formigues como Área Marina Protegida de forma urgente.
5. Impulsar un Plan de protección de las colonias de coral rojo en colaboración con la Generalitat de Catalunya, los municipios de la costa catalana y las entidades de conservación del litoral y el medio marino, situando la
compatibilización de la sostenibilidad de la recuperación del coral rojo y la protección de la biodiversidad marina como un bien común del conjunto de la población.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2018.-Jaume Moya Matas y Josep Vendrell Gardeñes, Diputados.-Lucía Martín González, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000748
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la descarbonización del transporte en España, para su debate en
Pleno.
Exposición de motivos
Las emisiones del transporte son responsables en España de 95 Millones de Toneladas de CO2 anuales, el 28 % de todas las emisiones. En 2017 las emisiones alcanzaron las 338,8 millones de toneladas de CO2 equivalente, lo que supone un
aumento de un 4,4 % respecto al año 2016. Se trata del mayor aumento interanual desde 2002.
Según los últimos datos de la DGT, en España hay 32 millones de vehículos a motor (23 de turismos, cinco de camiones y furgonetas, tres de motocicletas y uno de otros). En 2017 se han recuperado los niveles de matriculación precrisis, en
torno a 1,6 millones al año, de ellos 1,2 de turismos. Del 1,4 millones de turismos, furgonetas y motos matriculados, apenas 10.000 han sido eléctricos en 2017. Al mismo tiempo salen del parque automovilístico hacia el desguace algo menos de un
millón de unidades.
Esto significa que si hoy mismo todos los coches nuevos que se vendiesen fuesen eléctricos aún tardaríamos 30 años en sustituir todo nuestro parque automovilístico. Solo en un escenario así de radical e irrealista llegaríamos a cumplir con
el objetivo de la UE para 2050: reducción de emisiones del 80-95 %.
Además, un cambio tan radical tendría efectos directos sobre la industria de producción del automóvil en España. España es la 89 productora de vehículos del mundo con 2,8 millones de unidades producidas en 2017. El sector de la automoción
da trabajo a unas 330.000 personas de forma directa y hasta casi dos millones de personas de forma indirecta. En la actualidad, en España se fabrican cinco modelos de vehículos eléctricos, cuatro de ellos furgonetas, que suponen unas 10.000
unidades.
Al margen de esto, tenemos el transporte de mercancías que podría reducir sus emisiones si se impulsase el ferrocarril eléctrico para el transporte pesado y los camiones eléctricos para el transporte ligero. Pero la situación actual de
partida no es muy favorable ya que en España el 95 % del transporte de mercancías se realiza por carretera y que el coste del transporte por ferrocarril puede ser entre un 20 % y un 50 % más caro.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Se insta al Gobierno a:
Presentar, en un plazo no superior a seis meses, una Estrategia Nacional para la Descarbonización del Transporte en España y su respectiva memoria económica que dé una respuesta coherente a los retos: medioambiental, de salud, de movilidad
e industrial que tenemos por delante para cumplir con los objetivos de emisiones cero en 2050.
Esta Estrategia Nacional se regirá por los siguientes principios:
1. Liderazgo, el sector público debe contar con todos, escuchar a todos, y dar ejemplo.
2. Rigor científico y neutralidad tecnológica para lograr los objetivos fijados mediante indicadores, transparencia, evaluación y seguimiento de políticas por técnicos independientes.
3. Planificación y previsibilidad, hay que evitar la improvisación y ofrecer claridad y seguridad jurídica a los ciudadanos y a las empresas.
4. Simplificación legislativa y fiscal, garantizando la coordinación entre administraciones.
5. Compensación entre ganadores y perdedores para lograr una transición lo más suave, colaborativa y eficiente posible.
La Estrategia Nacional incluirá las siguientes acciones:
1. Eliminar el impuesto de matriculación para favorecer la renovación del parque móvil y revisar el impuesto de circulación y de hidrocarburos con criterios medioambientales más rigurosos.
2. Eliminar toda subvención e incentivo a la compra de vehículos de combustión interna y establecer un calendario de implantación de niveles de emisión máximos cada vez más ambiciosos para los vehículos nuevos y en circulación.
3. Aumentar los incentivos -sobre todo fiscales- a la producción y compra de vehículos de cero emisiones e industrias auxiliares (eg. baterías).
4. Impulsar la renovación de la flota automovilística, en el que el parque móvil público de todas las administraciones debe liderar con el ejemplo.
5. Establecer zonas urbanas de bajas emisiones en todas las ciudades españolas en función de su densidad de población a través de medidas que compatibilicen el cierre gradual de los centros de las ciudades a la circulación de vehículos
convencionales con el refuerzo del transporte público, ''parkings'' disuasorios, carriles bici, car pooling, etc.
6. Desarrollar una red de puntos de recarga con facilidades para las instalaciones privadas de particulares, puntos suficientes en vía pública y electrolineras rápidas y semirrápidas (en centros de trabajo, centros de ocio, estaciones de
servicio, garajes públicos y autopistas).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2018.-Francisco de la Torre Díaz, Diputado.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000749
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en el Pleno de
la Cámara, relativa a levantar las inaceptables barreras existentes al servicio ferroviario entre España y Francia.
Exposición de motivos
Recientemente SNCF acaba de publicar los horarios de la línea de ferrocarril (servicio TER) 2287/5000 Narbona-Perpiñán-Cerbère/Portbou. Los nuevos horarios que ha establecido la SNCF desde el 7 de julio son peores que los anteriores en
cuanto a coordinación.
Si antes, en días laborables, sobre un total de 14 servicios que llegan a Portbou desde el lado español, había la posibilidad de coordinar el viaje desde Cerbère hacia Perpiñán en siete ocasiones y de cinco sobre 12 en días festivos, en la
actualidad las posibilidades de correspondencia se han reducido debido a este cambio de horarios efectuado por SNCF.
En los horarios publicados por la SNCF y Renfe no se hace referencia a la posibilidad de correspondencia, ni viniendo de Portbou al llegar a Cerbère, donde los trenes españoles finalizan su recorrido, para cambiar a un tren francés, ni,
recíprocamente, lo mismo, pero en dirección contraria, hacia Portbou, para trenes franceses que enlazan con servicios Renfe. Tampoco se hace mención de la posibilidad de consultar horarios del otro operador ferroviario a través de sistemas
electrónicos.
Aunque cueste creer, los actuales enlaces ferroviarios entre Cerbère y Portbou aún se rigen por acuerdos tomados entre las administraciones española y francesa en el siglo XIX, hace por tanto más de 130 años, por lo cuales, en este punto de
la frontera franco-española, los trenes franceses que llegan a Portbou no están autorizados a tomar pasaje en su viaje de vuelta hacia el norte y, recíprocamente, los trenes españoles que alcanzar Cerbére tampoco lo pueden hacer en su viaje de
vuelta hacia el sur.
Por más rechazo que esta decimonónica norma genera, no hay forma que este inverosímil esquema de funcionamiento ferroviario sea derogado, que atenta contra el principio de integración europea y de promoción del transporte sostenible. Veinte
años más tarde del acuerdo de Schengen, los ciudadanos del norte y del sur de los Pirineos aún tienen dificultades para cruzar las fronteras sin un vehículo propio, en el transporte sostenible.
Lamentamos que los intentos por parte de las asociaciones de usuarios y usuarias de uno y otro lado de la frontera, en el sentido de conseguir la derogación de esta abominable regulación, no hayan dado aún sus frutos debido a la negligencia
de las administraciones nacionales ferroviarias.
Analizados todos los enlaces ferroviarios entre los numerosos países miembros de la Unión Europea, en ninguno de ellos se dan las exclusiones de servicio que se dan en el enlace ferroviario Portbou-Cerbère.
La Alianza Transfronteriza, constituida por las asociaciones pro transporte público y movilidad sostenible de ambos lados de los Pirineos, propuso en 2014 las medidas siguientes:
'A) A corto plazo:
- El incremento de los servicios de proximidad (regional y TER) y aplicación de una cadencia de una o dos horas que haga posible la utilización del transporte público ferroviario por los diversos motivos de desplazamiento dentro del
Eurodistrito (Catalunya-Occitania).
- La optimización de las conexiones internacionales a Cervera/Portbou y La Tour de Carol/Puigcerdà;
- Programación de los horarios SNCF-Renfe en todo el Eurodistrito para facilitar el enlace de las líneas Vilafranca de Conflent-Perpiñán y Toulouse-Narbona-Montpellier con el Corredor Mediterráneo.
- La incorporación del tren amarillo de vía estrecha (métrica), entre Vilafranca de Conflent y La Tor de Querol, el proyecto de mejora de las comunicaciones transfronterizas, haciendo las inversiones necesarias, y contemplando la posibilidad
de un cambio de operador (actualmente en manos de la SNCF) que tenga de verdad interés en potenciar este medio de transporte.
B) A medio plazo:
- La entrada en servicio de una red regional ferroviaria de Alta Velocidad (TERGV) entre Nimes y Barcelona, con el material existente (trenes AVE y TGV Sur-Este), para fomentar una dinámica euro-regional.
- La entrada en servicio de un tren Transfronterizo Perpiñán-Girona, con extensiones a Montpelier y Barcelona, utilizando los trenes Talgo que dejan de prestar servicio de ancho variable, que circularían por la línea convencional para
satisfacer las necesidades de las poblaciones litorales y hacer posible un modelo turístico más sostenible y menos estacional.
C) A largo plazo:
- La construcción de la conexión Perpiñán-Montpellier polivalente en alta velocidad, para superar la fragilidad y saturación del corredor actual, constituyendo un corredor fiable y para completar las relaciones de largo recorrido del
Corredor Mediterráneo y de la línea Madrid-Barcelona-París íntegramente en líneas de altas prestaciones, ofreciendo al mismo tiempo por los trenes de mercancías un salto significativo en la oferta y unas ganancias de tiempo que atraerán a los
cargadores y permitirán una transferencia de carga real de la carretera hacia el ferrocarril. Esto asegurará una mejor optimización de las nuevas líneas y por tanto un coste financiero menor para la colectividad y contribuiría, asimismo, a la
disminución de las emisiones de gases invernadero imputable al transporte por carretera.
- La instalación de un tercer carril desde Cervére hasta Girona para facilitar y asegurar el tráfico internacional viajeros y mercancías.'
Por todo ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Acordar con el Estado francés la inmediata derogación de la norma vigente desde el siglo XIX por la que los trenes españoles y franceses no pueden recoger pasaje en su viaje de vuelta después de alcanzar el extremo de la línea situado en
el otro país.
2. Acordar con el Gobierno francés un sistema horario coordinado de servicio ferroviario en la frontera pirenaica, sobre los ejes Irún-Hendaya, Puigcerdà-La Tor de Querol y Portbou-Cerbère, con el objetivo de maximizar el número de
correspondencias entre los servicios de Renfe y SNCF, y aumentar la calidad de esta correspondencia para, en un plazo de cuatro años, acabar constituyendo un único servicio regional transfronterizo en las regiones de ambos lados de los Pirineos.
3. Acordar con el Gobierno francés la creación de un servicio regional integrado en el área de Catalunya-Occitania, con ramales hacia Aragón y Comunidad Valenciana aprovechando los ejes ferroviarios de alta velocidad y el convencional
Portbou-Cerbère por la costa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2018.-Félix Alonso Cantorné, Diputado.-Lucía Martín González, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000750
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley sobre la mejora de la respuesta institucional contra la Trata de Personas, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
En el Día Mundial contra la Trata de Personas, el Grupo Parlamentario Ciudadanos quiere mostrar su firme compromiso en la lucha contra esta lacra que supone un gravísimo atentado a la dignidad de miles de personas que son captadas en sus
lugares de origen con fines de explotación sexual.
Entre las más de 600.000 personas que, se calcula, cruzan las fronteras internacionales víctimas de la trata, aproximadamente el 80 % son mujeres y la mitad son menores. Por desgracia, España es uno de los principales destinos de esas
personas víctimas de explotación sexual. La mayoría son mujeres jóvenes de entre 18 y 25 años que provienen de Nigeria, Rumania, China, Brasil y Bolivia.
Aunque no hay datos exactos, la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado identificó a 386 mujeres víctimas de trata en 2016 (33 menores de edad): 365 captadas para fines de explotación sexual, 15 para explotación laboral,
tres para matrimonios forzados, dos para mendicidad y una relacionada con actividades delictivas. La trata de personas, como cada una de las formas de violencia machista, ha de ser objeto de un tratamiento integral que dé respuesta adaptada a las
características especiales de esta criminalidad en lo relativo al ámbito penal, así como apoyo especializado a las víctimas.
Se trata, por tanto, de un problema que requiere de medidas urgentes y eficaces: no podemos esperar más.
Por ello, nuestro grupo parlamentario impulsó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en octubre de 2017, que requirió al Legislativo a presentar una Ley que dé respuesta integral a esta problemática y recogía una serie de
disposiciones lamentando '[...] el auge de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, la esclavitud de nuestro tiempo y una realidad en Europa y en nuestro país. La misma supone una profunda violación de los derechos humanos, de la
dignidad y de la libertad de la persona, y constituye una forma de delincuencia grave, que en la mayoría de las ocasiones implica a organizaciones delictivas a las que proporciona importantes beneficios, basados en la utilización de las personas con
distintos fines de explotación.'
Asimismo, en el Pacto se afirmaba que 'La lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual ha pasado a ser prioritaria en el marco de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, por ser un crimen que no es neutral
en términos de género' y quedó evidenciado a lo largo de las comparecencias de la Subcomisión la necesidad de avanzar en una respuesta integral y transnacional, con compromisos de cooperación con los países de origen que ya quedan recogidos en el
presente Pacto.
Concretamente, se incluyeron las siguientes medidas:
31. Promover que en el marco de la cooperación internacional se destinen recursos para medidas específicas contra la violencia machista dentro de los protocolos de actuación en campos de refugiados y refugiadas (trata, agresiones
sexuales...).
196. Realizar un estudio sobre las nuevas realidades de la Trata y las respuestas operativas que deben implementarse para que las actuaciones policiales tengan mayor facilidad a la hora de intervenir en espacios de alto nivel de control por
parte de los proxenetas, incluidas las viviendas.
194. Reforzar la persecución de oficio del delito de trata, y poner en marcha servicios y programas de protección social y recuperación integral de las personas que han sido explotadas.
195. Evaluar el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, para que se protejan los derechos humanos
básicos de las víctimas de trata a pesar de la estancia irregular.
196. Realizar un estudio sobre las nuevas realidades de la Trata y las respuestas operativas que deben implementarse para que las actuaciones policiales tengan mayor facilidad a la hora de intervenir en espacios de alto nivel de control por
parte de los proxenetas, incluidas las viviendas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dar cumplimiento, en el plazo de seis meses, a los acuerdos recogidos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género relativos a la lucha contra la Trata de Personas, involucrando al conjunto de las administraciones públicas y
tejido asociativo y, en particular, a presentar una Ley que dé una respuesta integral a esta problemática.
2. Dotar de los medios necesarios a las Unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dedicadas a la lucha contra la Trata de Personas, para que puedan seguir realizando su extraordinaria labor en la erradicación de esta
práctica criminal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio de 2018.-Patricia Reyes Rivera, Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, María Virginia Millán Salmerón y Marta Martín Llaguno, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Ciudadanos.
162/000751
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en el Pleno de la Cámara, relativa al reconocimiento de la labor y carácter público de Salvamento Marítimo y la adopción de medidas para su estabilidad en el empleo y dotación de medios materiales y personales suficientes.
Exposición de motivos
La misión principal de Salvamento Marítimo es velar por la seguridad de la vida humana en la mar, y para ello, Salvamento Marítimo atiende una media de 5.000 emergencias al año, lo que significa que cada año más de 3.000 buques y 15.000
personas utilizan los servicios de Salvamento Marítimo.
A raíz de la firma de España del convenio internacional de búsqueda y salvamento SAR 79, que entró en vigor en el año 1985, fue creada tal y como recogía el citado convenio una red de centros encargados de la coordinación de los distintos
recursos humanos y materiales para la realización de misiones de salvamento, consistentes hasta ese momento en la Armada Española, la empresa estatal Remolques Marítimos, S.A. para rescates en alta mar y la Cruz Roja.
Como resultado de la aplicación de este convenio nace SASEMAR en el año 1993 con la promulgación de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de Marina Mercante.
Los tipos de emergencias a los que se enfrenta son de diversa índole, siendo los más frecuentes: buques a la deriva, accidentes por actividad recreativa, caída de personas al agua desde tierra, accidentes durante la realización de
actividades subacuáticas y, de forma creciente, llegadas de personas migrantes con embarcaciones de muy diversa índole, etc.
Obviamente, el grado de participación de Salvamento Marítimo depende del tipo de incidente que ocurra. Así, hay casos que se limitan a la intervención del Centro de Coordinación de Salvamento, otros en los que adicionalmente se movilizan
aviones, helicópteros, remolcadores, etc.; u otras que requieren personal y equipos especializados.
Este número y variedad de emergencias pueden atenderse gracias al esfuerzo inversor acometido en los últimos años, que ha permitido que España cuente con un servicio público dotado de medios materiales y humanos de primer nivel.
En la actualidad hay 20 Centros de Coordinación de Salvamento Marítimo (CCS) en la costa y el Centro Nacional de Coordinación de Salvamento Marítimo (CNCS) en Madrid; seis Bases Estratégicas de Salvamento y Lucha contra la Contaminación
Marina; y dos bases subacuáticas. Contamos con 15 buques; 55 embarcaciones de intervención rápida, denominadas 'Salvamares'; cuatro patrulleras de salvamento 'Guardamares'; 11 helicópteros y tres aviones. En cuanto al personal, cuentan con más
de 1.500 profesionales que están alerta las 24 horas del día, durante los 365 días del año para velar por la seguridad de la gente del mar.
Salvamento Marítimo atiende a todo tipo de embarcaciones que requieran su asistencia en la mar, si bien son las embarcaciones de recreo las que más servicios requieren (más de un 50 % del total) seguidos en menor medida por pesqueros (en
torno al 17 %) y mercantes (14 %).
Los meses de mayor actividad para Salvamento Marítimo son los meses de julio y agosto, básicamente por el aumento de la náutica de recreo.
Pero sin duda en lo que viene destacando en los últimos años es la labor que viene realizando Salvamento Marítimo respecto a las llegadas marítimas de personas migrantes en nuestra Frontera Sur. La compleja y dura realidad de la inmigración
ha desplazado la ruta del Mediterráneo Central a nuestro país. Solo en Andalucía, Salvamento Marítimo ha asistido en el primer semestre de 2018 a 791 pateras con 16.359 personas atendidas, de las cuales 13.394 han sido personas rescatadas por
Salvamento Marítimo, 144 fallecidos o desaparecidos y 2.821 Personas rescatadas en operaciones coordinadas por Salvamento Marítimo y rescatados por las autoridades marroquíes.
En total, desde principios de este año ya han arribado a las costas españolas 14.953 migrantes y se han contabilizado 292 fallecidos; más del doble de los llegados en el mismo periodo de tiempo en 2017, cuando fueron auxiliadas 6.513
personas y murieron 69 en el viaje.
En total, desde principios de este año ya han llegado a las costas españolas 14.953 migrantes, frente a las 6.513 personas rescatadas en 2017, sin embargo lo que se ha multiplicado exponencialmente es el número de fallecidos alcanzando la
cifra de los 292 fallecidos, frente a las 69 fallecidos en el mismo periodo de 2017, y que dolorosamente van engrosando las vergonzosas cifras de ahogados o desaparecidos en la frontera más mortífera del mundo y que ha ido convirtiendo el mare
nostrum en el mare mortum.
Las imágenes que cada día aparecen en los medios de comunicación donde se aprecia la entrega, sacrificio y solidaridad en el de los trabajadores y trabajadoras de un servicio público como el de Salvamento Marítimo que salva tantas y tantas
vidas nos llenan de orgullo.
Pero ello no es óbice para que obviemos la realidad, que apunta a la clara infradotación de las estructuras de salvamento. En los buques y guardamares, de la flota de Salvamento Marítimo, cuentan con las tripulaciones mínimas exigidas por
ley 'Tripulaciones Mínimas de Seguridad' según la Dirección General de Marina Mercante. Esta situación viene dada por la crisis iniciada en el 2007. Hasta la fecha estas unidades sí estuvieron con la dotación completa, las cuales permitían a las
unidades navegar,
cubriendo las guardias de mar de las 24 horas (a turnos de cuatro horas y ocho horas de descanso) del día los 365 días del año.
Llegada la crisis y con argumentos de ahorro, se produjo en SASEMAR una reducción de estas tripulaciones eliminando al 2.º oficial de puente y parte de la marinería, con lo cual a día de hoy estas unidades están limitadas a un máximo de 16
horas en navegación, no pudiendo prestar el servicio integral de 24 horas durante los 365 días del año.
Aun así los servicios se están realizando incumpliendo la normativa y con el perjuicio de los trabajadoras y trabajadores del servicio, teniendo que cubrir horas de los tripulantes que faltan, en perjuicio de su descanso, mermando la
seguridad del buque.
En otras unidades más pequeñas (Salvamares) pasa algo similar, también están dotadas con tripulación mínima y además están dotadas de neumática auxiliar, su tripulación mínima de seguridad es de tres tripulantes, patrón, mecánico y marinero,
teniendo que realizar numerosos servicios con la neumática con lo cual se incumpliría el concepto de tripulación mínima tanto en la embarcación de Salvamento como en la neumática.
Además, estas unidades ubicadas en la Frontera Sur (entre Cartagena y Barbate y Canarias), haciendo frente a la recogida masiva de inmigrantes (situación que ha ido aumentando en estos últimos años y que este año pasado 2017 ha casi
triplicado al año 2016) que llegan desde Marruecos en precarias embarcaciones sufren una carga de trabajo muy importante, con lo cual estas unidades también necesitan refuerzo en su tripulación, para aumentar su seguridad, estos refuerzos serían
dotar permanentemente a todas las unidades más pequeñas 'salvamares' de 21 metros de al menos un cuarto tripulante, además dar refuerzos a las zonas con unos retenes de tripulaciones, que pudieran sustituir a las tripulaciones agotadas tras
servicios prolongados de más de 12 horas de navegación, para darles descanso.
Las tripulaciones de salvamento marítimo y los y las controladores de la red componen un cuerpo de enorme capacitación que asume una tarea que exige enorme especialización. Es imprescindible dotar de estabilidad al cuerpo. Es inadmisible
que las tripulaciones estén calificadas laboralmente como cuerpo 'a extinguir', es inasumible que se aborden las exigentes tareas de salvamento de decenas de miles de vidas humanas con personal incorporado ad hoc para las jornadas estivales,
personal que por más voluntad que pudiera tener no cuenta con la suficiente experiencia para una tarea del nivel de exigencia de esta.
Es imperativo contar además con bolsas de empleo suficientes, elaboradas conforme al mérito y la capacidad que exige el sector público y con las garantías de estabilidad para los trabajadores y trabajadoras de un sector en el que cada
persona cualificada y experimentada se torna imprescindible para salvar vidas.
Por otro lado hay que apuntar a las necesidades de reposición de material. Además de las unidades Salvamares de 21 metros tenemos otras de 15 con más de 20 años, que por tamaño no son apropiadas para las operaciones de rescate de personas
migrantes, puesto que su capacidad de estiba y autonomía las limita en las operaciones, poniendo en peligro a la propia unidad como a los migrantes, siendo necesario su sustitución por otras de 21 metros y de esta manera conseguiríamos seguridad y
se podría repartir la carga de trabajo de los rescates, con ellas en la zona Sur de España, estas unidades están situadas en Melilla, Caleta de Vélez y Estepona.
También en los buques, es necesario dotarlos de las tripulaciones completas para poder llevar acabo navegaciones superiores a 24 horas cumpliendo la legislación vigente en Marina Mercante.
Las situaciones vividas este verano son dantescas. El hacinamiento de personas migrantes, náufragos extenuados, sin acceso a letrinas, bajo el sol inclemente por horas esperando su desembarco en puerto, la imposibilidad de distinguir en el
trato a menores o personas con especial necesidad de atención configuran un cuadro degradante para nuestro país, un país que debiera ser un ejemplo de acogida y trato diferencial a quienes se juegan la vida intentando llegar a Europa.
Reconocemos que la situación ha mejorado en las últimas fechas, habiéndose acordado en el seno de la empresa mantener y dotar los cuartos tripulantes a todas las unidades situadas en zona migratoria desde Cartagena a Barbate y una unidad al
Sur de Gran Canaria, y considerando que a las unidades de Almería, Motril, Málaga y Tarifa se les dotará de una tercera tripulación, para aumentar su tiempo de descanso y en buque Luz de Mar se incorporará un segundo oficial de máquina para poder
cubrir las guardias de mar.
No obstante, aun habiendo tomado medidas de urgencia que celebramos, esta situación es una medida provisional con una duración de cuatro meses y con personal exiguamente formado.
Queremos resaltar además que esta mejoría se ha visto enturbiada, no obstante, por la demanda de desplazamiento de los buques a puertos distantes del lugar de salvamento -en concreto, a Algeciras-, lo que complejiza las operaciones y obliga
a transbordos en el mar de los náufragos, además de aumentar las jornadas de trabajo por mor de las largas travesías.
Esto sin contar con la precariedad en las contrataciones de nuevos empleados de la flota, con contratos de interinidad hasta cobertura de plaza definitiva, un 10 % de la plantilla de Salvamento Marítimo, con un aumento anual de entre quince
y veinte contrataciones nuevas. Es preciso regularizar las plantillas con procesos de concurso estabilizados y recurrentes.
Se requiere en definitiva un mayor análisis de las realidades y necesidades tanto humanas como materiales de cada centro o embarcación a los efectos de dotar de mayor estabilidad y capacidad a Salvamento Marítimo, a los efectos de abordar
las nuevas y difíciles realidades que enfrenta y seguir siendo un ejemplo internacional de salvamento de vidas y asistencia a personas en una enorme realidad de vulnerabilidad.
Por todo lo anterior, manifestando nuestro más absoluto reconocimiento a la enorme labor del Servicio de Salvamento Marítimo, así como nuestro agradecimiento y orgullo, proponemos la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar todas las medidas necesarias para erradicar la precariedad e inestabilidad en el empleo de la plantilla de SASEMAR de manera acorde con los principios de contratación para el sector
público y reconociendo la experiencia de la actual plantilla. En particular, demandamos:
a) La elaboración, en el plazo de seis meses, de un plan de regularización que permita estabilizar toda la plantilla en situación de 'fijo a extinguir'.
b) La elaboración, en el plazo de seis meses, de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que permita celebrar un concurso público, en el que se reconozca la labor del personal interino y permita la constitución de una bolsa de empleo con
todas las garantías de respeto del acceso al empleo público en igualdad de mérito y capacidad.
c) El aumento de las plantillas de tierra y mar para garantizar una operación 24h×7 de todos los buques de la flota en condiciones de operatividad máxima durante todo el año. En particular, no se permitirá la navegación de las salvamares
con una tripulación de menos de cuatro efectivos.
2. El aumento de las plantillas de tierra y mar para garantizar una operación 24h×7 de todos los buques de la flota en condiciones de operatividad máxima durante todo el año. En particular, no se permitirá la navegación de las salvamares
con una tripulación de menos de cuatro efectivos. Con carácter inmediato se adoptarán las medidas necesarias para hacer permanentes las ampliaciones de plantilla decididas con carácter temporal.
3. Se renovará la flota con más de 20 años de antigüedad y se ampliarán los medios de manera permanente para enfrentar las nuevas realidades que enfrenta Salvamento Marítimo.
4. Se elaborará un plan de coordinación de salvamento marítimo que garantice el dimensionamiento suficiente de la plantilla e infraestructura de SASEMAR, al objeto de poder seguir ofreciendo este servicio de carácter público, con la
profesionalidad y capacidad que requiere una labor de estas características, evitando especialmente escenarios como a los que desgraciadamente nos han acostumbrado las imágenes de otros lugares del Mediterráneo en los que la sociedad civil a través
de organizaciones sociales, con enormes esfuerzos, dificultades, riesgos e incluso persecución penal, se ha visto forzada a intervenir con medidas paliativas para sustituir a Estados incapaces de gestionar las emergencias en materia de salvamento
marítimo.
5. Se cumplirá con el VII Convenio (2010) en lo que se refiere a las plantillas de los controladores en los centros de coordinación. Para ello, con carácter inmediato se cubrirán las plazas de los centros que tienen sus plantillas
incompletas como es el caso del CNCS (18), Almería (16), Las Palmas (18) y Tenerife (18).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de julio de 2018.-Sergio Pascual Peña, Aina Vidal Sáez y Alberto Rodríguez Rodríguez, Diputados.-lone Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea.
162/000752
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para la aprobación de un nuevo modelo de financiación
autonómica, así como la creación de un programa de reducción de la deuda de las Comunidades Autónomas, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
En la actualidad siguen siendo muy evidentes los déficits y la insuficiencia que padecen en términos de financiación tanto los entes locales, los ayuntamientos como las comunidades autónomas. Durante los últimos años, la política del
anterior gobierno con respecto a las comunidades autónomas se centró en la vulneración sistemática de la autonomía, en la invasión permanente de competencias y en el intento de limitación y control con el objetivo de convertir a los gobiernos de las
comunidades autónomas y de las entidades locales en una especie de gobiernos administrativos sin capacidad de maniobra económica y sin autogobierno real. En lugar de contribuir al desarrollo de los autogobiernos de las comunidades autónomas y al
desarrollo de los mecanismos de cooperación y colaboración, lo que ha venido aplicándose ha sido un proceso de infrafinanciación y consecuente recentralización.
El actual sistema de financiación, que debería haberse revisado hace ya cuatro años y que por tanto está caducado, es un modelo que no garantiza adecuadamente la equidad, la suficiencia financiera, la autonomía y la corresponsabilidad fiscal
necesarias. A pesar del avance que supuso en su momento su aprobación, en este momento carece de eficacia y es por ello imprescindible impulsar la negociación de un nuevo modelo de financiación en el que las comunidades autónomas puedan participar
de forma bilateral con el Gobierno del Estado.
Por otra parte, en estos años de políticas de austeridad, el reparto de los objetivos del déficit ha perjudicado a las Comunidades Autónomas y a los ayuntamientos, así como a los servicios públicos fundamentales que prestan. En este
sentido, es necesario corregir esa erosión para volver a alcanzar los niveles de gasto en proporción al Producto Interior Bruto que teníamos en 2009 y, por tanto, flexibilizar los objetivos de reducción del déficit de las comunidades autónomas, en
general, y de Catalunya, en particular, para garantizar las inversiones sociales.
Según el Programa de Estabilidad presentado en su momento por el Gobierno del Partido Popular, el déficit del conjunto de las administraciones públicas debería ser en 2019 del 1,3 %; el del Estado del 0,3 %, el de las comunidades autónomas
del 0,1 % y el de las corporaciones locales del 0,0 %. Más recientemente, el nuevo Gobierno ha anunciado que los objetivos de déficit planteados en el Programa de Estabilidad no son realistas y deben revisarse, estableciendo nuevas cifras: 2,7 %
del PIB en 2018 (medio punto por encima del 2,2 % pactado) y del 1,8 % en 2019, igualmente cinco décimas más que el 1,3 % fijado hasta la fecha).
Durante estos años de políticas de austeridad el reparto de la reducción del déficit entre administraciones públicas ha perjudicado a las comunidades autónomas en beneficio de la administración central. Los objetivos para 2019 de déficit
deberían permitir el incremento del gasto público e iniciar una senda de recuperación de derechos y prestaciones sociales.
En paralelo a la reforma del sistema de financiación, que debe resolver los problemas de infrafinanciación, el Ministerio de Hacienda y Función Pública y el Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya deberían acordar un
programa de reducción de la deuda de la Generalitat, mediante quitas de la deuda contraída a través de los mecanismos de liquidez extraordinarios. Actualmente, la deuda con el Estado supone la mayor parte de la deuda de la Generalitat, más de
67.000 millones de euros. Del mismo modo, el resto de comunidades autónomas que lo estimen oportuno también podrán acordar sendos programas de reducción de la deuda con el Estado.
La implementación del programa de reducción de la deuda de la Generalitat podría darse durante un periodo de tres años, en el que la Administración General del Estado tendría la posibilidad de refinanciar progresivamente la deuda de las
comunidades autónomas adquirida a través de los mecanismos extraordinarios de liquidez a un plazo de 75 años a tipo de interés cero. Estas refinanciaciones podrían continuar bajo las condiciones del Fondo de Liquidación Autonómica (FLA) durante
este periodo de tres años, relajándose paulatinamente y desapareciendo una vez acabado el programa. Las refinanciaciones
deben servir de señales para garantizar el retorno a los mercados financieros de las administraciones autonómicas, por lo que este retorno debería hacerse de forma paulatina y sincronizada con las refinanciaciones. El objetivo de este
programa debe ser el de que en 2021 finalicen las condiciones de control de las finanzas ejercidas a través del FLA y, por tanto, del autogobierno de la Generalitat de Catalunya.
Los mecanismos de liquidez extraordinarios de las comunidades autónomas han servido en los últimos años para mantener el funcionamiento de sus finanzas, sustituyendo el recurso al endeudamiento bancario y procedente de los mercados de
capitales del que disponían hasta 2012. Pero también han servido para aplicar una serie de condiciones que han limitado el margen de maniobra de las comunidades autónomas.
Es por ello que derogar toda regulación que limite la autonomía financiera de las comunidades autónomas debería ser un objetivo prioritario. Así, y en paralelo al proceso de refinanciación de la deuda de las CCAA, debería procederse a la
derogación inmediata de la Orden PRE/2454/2015, de 20 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos sobre medidas para garantizar en la Comunidad Autónoma de Catalunya la prestación de
los servicios públicos en defensa del interés general.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar de forma inmediata la negociación de un nuevo modelo de financiación de las CCAA.
2. En el marco de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat y de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales negociar la reforma del sistema de financiación con la Generalitat de Catalunya.
3. Acordar, en cooperación con el Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, un programa de reducción de la deuda de la Generalitat que posibilite la refinanciación progresiva de la deuda adquirida a través de los
mecanismos de liquidez extraordinarios y permita acabar con las condiciones de control de las finanzas ejercidas a través del Fondo de Liquidez Autonómica. La posibilidad de acordar un programa para la reducción de la deuda se hará extensiva a
aquellas comunidades autónomas que lo deseen o estimen oportuno.
4. Derogar la Orden FRE/2454/2015, de 20 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 20 de noviembre de 2015, sobre medidas para garantizar en la Comunidad Autónoma de
Catalunya la prestación de los servicios públicos en defensa del interés general.
5. Impulsar un acuerdo sobre la deuda del Estado con la Generalitat por incumplimiento en la liquidación de la disposición adicional tercera del Estatut de Catalunya sobre inversiones del Estado en infraestructuras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de julio de 2018.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000753
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario ConfederaI de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la ampliación y
diversificación de la programación musical en las televisiones públicas, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La accesibilidad y la diversidad son dos principios fundamentales de cualquier política cultural, motivo por el cual las políticas culturales y las de comunicación guardan una estrecha relación. En virtud de ambos, es necesario apoyar
proyectos diversos no solo aquellos que parten de una posición ventajosa
porque cuentan por el apoyo financiero de grandes empresas y grupos mediáticos, y que visibilicen la diversidad de lenguas y manifestaciones sociales y culturales que se dan en España.
En las condiciones actuales, la existencia de una política de ayudas, inversiones y programación cultural que promueva la diversidad y la igualdad de oportunidades es estratégica en todos los campos culturales, con particular énfasis en el
ámbito de la música.
A lo largo de las décadas de los ochenta y noventa, la música fue protagonista de la programación cultural en medios públicos estatales, autonómicos y locales. Tanto en radio como en televisión, la ciudadanía encontró un espacio donde
conocer las propuestas más actuales en todos los géneros y manifestaciones sociales y culturales, con consecuencias muy positivas para la generación de nuevos públicos y para nuestra diversidad cultural.
Los medios públicos fueron capaces de proponer y hacer accesibles proyectos musicales muy diversos y algunos todavía lo hacen. Sin embargo, en los últimos años el papel de la música en la televisión, particularmente en Televisión Española,
ha ido decreciendo o escorándose hacia formatos mixtos que, pese a su carácter en ocasiones masivo, prescinden de la programación activa por parte de los medios públicos implicados. Todos los formatos son aprovechables desde el punto de vista del
interés público y de los principios de accesibilidad y diversidad, pero la pérdida de centralidad de la música es cada vez más evidente en cantidad, diversidad e intensidad.
En ese sentido, para garantizar la igualdad de oportunidades, y hacerlo en clave de diversidad y accesibilidad, es necesario implementar un sistema de cuotas análogo al de países avanzados en materia de políticas culturales cuyas
experiencias pueden ser muy provechosas (Portugal, Canadá, México, Australia, Argentina, Francia, etc.). Todos ellos han puesto en marcha políticas de promoción del tejido cultural local y de visibilización y fortalecimiento de la diversidad de sus
manifestaciones culturales, tanto en el nivel sectorial (haciéndose eco de proyectos interdisciplinares que rara vez encajan en los cajones de las ayudas públicas) como en el lingüístico (con las políticas de diversidad canadienses como principal
modelo).
Este sistema, cuando se aplica a la música en general, 'consiste en un porcentaje obligatorio de música nacional dentro de la programación de las radioemisoras. En algunos casos las cuotas se establecen mediante leyes y en otros se trata de
metas voluntarias determinadas por el Estado en acuerdo con las radios', de acuerdo con el Informe sobre sistemas de cuotas de música nacional en radios, OPC, 2015.
Los tipos de cuota más habituales y contrastados son, según el Informe:
- Idioma, sin considerar el origen: pueden usarse como criterio la música, la letra o ambas. Por ejemplo, existen posibilidades de música en euskera hecha en el sur de Francia; en catalán, en Andorra, o en gallego, en Portugal.
- Música de origen nacional: considera la autoría y el lugar de procedencia de las y los autores.
- Contenidos locales: puesta en marcha de normativas más amplias que se aplican no solo a la producción musical, sino también a los programas y a la producción audiovisual.
Valgan algunos ejemplos concretos, de acuerdo con el mencionado Informe, en Portugal, 'el 60 % de la música en lengua portuguesa debe estar compuesta o interpretada por ciudadanos de la Unión Europea. El 35 % de la música portuguesa debe
ser nueva'. Por su parte, en Canadá 'existen varias excepciones según el estilo musical y la antigüedad de las composiciones, y para las radios universitarias y comunitarias. Sistema flexible. Algunos estilos tienen horarios definidos'. En
Sudáfrica, 'el 25 % de la música emitida entre las 5 a.m. y las 11 p.m. debe ser de Sudáfrica'.
A partir de estos referentes, y por los motivos señalados, presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, a tomar las medidas necesarias para:
1. Recuperar la programación musical activa para el ''prime time'' de Televisión Española.
2. Establecer cuotas de música total o parcialmente producida, escrita, interpretada o con contribución por parte de personas con origen o residencia en España en la programación de todas las televisiones públicas (RTVE, FORTA), de acuerdo
con el modelo canadiense conocido como MAPL u otro análogo.
3. Garantizar que todos los programas en televisiones públicas, específicamente musicales o no, usen al menos un 40 % de música total o parcialmente producida, escrita, interpretada o con contribución por parte de personas con origen o
residencia en España para sus entradas, sintonías, transiciones entre bloques, etc.
4. Establecer para Televisión Española cuotas de programación cultural en las diferentes lenguas del Estado. La tendencia social siempre es a privilegiar la lengua más hablada, el castellano. Las políticas públicas deben garantizar que
todas las lenguas cooficiales, y aquellas que, no siéndolo, son vehículo de expresión cultural dentro de nuestras fronteras, tienen presencia en la programación cultural de TVE.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de julio de 2018.-Eduardo Javier Maura Zorita, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000754
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Martínez Oblanca, Diputado de FORO, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al diseño de una
Transición Energética en el que se fije la participación equilibrada del carbón como fuente propia de recursos energéticos, así como la dotación en los PGE de recursos para la reducción de emisiones contaminantes en las centrales térmicas de
generación eléctrica, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Bajo el rótulo aparentemente inocuo de un proyecto para la transición energética en España, abanderado por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y avalado por el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se esconden tres
amenazas:
- Una renuncia a la reindustrialización de España por falta de objetivos y medidas de apoyo.
- Un precipitado proceso de cierre de centrales térmicas alentado por el Gobierno.
- Una previsión de encarecimiento de los precios de la electricidad en el país europeo que ya se encuentra entre los tres con los precios más altos de la Unión Europea (UE).
De prosperar el proyecto del Gobierno, el futuro económico, social e industrial del Principado de Asturias entraría aún más aceleradamente en un nuevo proceso de desertización industrial, de empobrecimiento económico y de pérdida muy
relevante de empleo estable y cualificado. El pretexto simplista del cumplimiento de los Acuerdos de París pretende ocultar que existen sendas diferentes que siguen otros países europeos, como Alemania o Polonia, en el marco de los compromisos
adquiridos por todos esos países, que atemperan las consecuencias negativas de unas decisiones que se adopten sobre el asunto, y que permiten al Gobierno de España anteponer, en cualquier decisión, el interés general de los ciudadanos españoles y,
en concreto, de los asturianos, medido en términos de crecimiento, empleo, bienestar y preservación de la soberanía energética nacional.
Como prueba de la existencia de alternativas positivas y no destructivas de la riqueza y el empleo, hace dos meses, gracias a las enmiendas incorporadas a la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2018 (PGE 2018), se dotaron importantes
recursos económicos para avanzar en el control y la investigación de emisiones medioambientales, así como para reforzar el futuro de la industria electro-intensiva, medidas ambas que asegurarían el mantenimiento de miles de puestos de trabajo
estables y cualificados. Concretamente, los PGE 2018 contemplan 20 millones de euros destinados a la reducción de emisiones medioambientales en las centrales térmicas de carbón, así como la convocatoria y ejecución de 150 millones de euros en
ayudas a las industrias de consumo electro-intensivo a nivel nacional para costes indirectos del CO2. De aquí la importancia de la ejecución presupuestaria en los meses que el Gobierno tiene para en lo que resta de 2018, que formaría parte de un
instrumento presupuestario para
llevar a término una política industrial que dé continuidad a la creación de empleo -la principal prioridad de los españoles- y que fomente la competitividad.
Por todo ello, el Diputado de FORO, Isidro Martínez Oblanca, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, presenta para su debate y, en su caso, aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados la siguiente
Proposición no de Ley
'El Pleno del Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.º Tener como referencia primera, dentro del desarrollo del proceso de transición que impulsa el Gobierno, la salvaguarda de los intereses generales de España, concretados en la preservación de su soberanía energética y en las garantías de
suministro de calidad para todos los ciudadanos.
2.º Estudiar, en el marco de la normativa europea y en línea con otros países europeos de recursos energéticos fósiles semejantes a España, el diseño de un Plan a medio y largo plazo para la Transición Energética, que someterá al trámite de
presentación, debate y aprobación del Congreso de los Diputados, en el que se fije la participación equilibrada del papel del carbón como fuente propia de recursos energéticos.
3.º Dotar anualmente en los Presupuestos Generales del Estado en cuantía suficiente y en el marco de la política industrial de innovación las inversiones en l+D+i que favorezcan la reducción de emisiones contaminantes en las centrales
térmicas.
4.º Promover, en el marco de la legislación del sector eléctrico, las modificaciones legislativas oportunas que le permitan, en casos extremos, autorizar el cierre de instalaciones de generación térmica, siempre que haya quedado garantizada
la seguridad del suministro eléctrico de calidad, la incidencia a la baja en el precio de la electricidad, la repercusión positiva en el empleo, la mejora de la competitividad de las empresas y el bienestar de las familias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de agosto de 2018.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000755
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la defensa de la jurisdicción española y condena del acoso
separatista contra jueces y fiscales, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Como resulta conocido se ha presentado una demanda civil contra el Excmo. Sr. Magistrado del Tribunal Supremo don Pablo Llarena, promovida ante los tribunales belgas por el Ex President de la Generalitat, prófugo de la justicia española,
don Carlos Puigdemont Casamajó, y otros cinco miembros de su gobierno, también prófugos.
En esa demanda pretenden la declaración de que han sido vulnerados sus derechos a la intimidad y a la personalidad y que, en concepto de reparación por daño moral, sean indemnizados cada uno de los demandantes en la cantidad de un euro, así
como la condena al pago de costas.
En cuanto al fundamento de esa pretensión, se alega la vulneración de derechos de los demandantes en el curso de las resoluciones dictadas por el demandado en el curso de la instrucción del procedimiento penal (Causa Especial 20907/2017 que
se sigue ante el Tribunal Supremo). Resoluciones que han sido dictadas por el demandado en su calidad de Magistrado Instructor de la citada causa especial.
Esta ilegítima actuación ante la justicia belga, de los que ni siquiera han tenido el coraje cívico de presentarse ante la justicia española para asumir sus responsabilidades, ha provocado el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial concediendo el amparo al Magistrado Sr. Llarena ante esta actuación que compromete gravemente su independencia, solicitando que por parte
del Estado español se asuma de forma inmediata la representación y defensa del citado Magistrado ante los tribunales belgas.
En tal sentido, son relevantes las consideraciones del acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ, al indicar que:
'... una simple y somera lectura de la demanda formulada y de la citación ponen de manifiesto que los procesados, demandantes en Bélgica, han urdido una actuación dirigida a defraudar las garantías de independencia del Magistrado del
Tribunal Supremo Pablo Llarena, intentando, sin disimulo alguno, someter las actuaciones soberanas del Estado español a la jurisdicción de un Estado extranjero'. [...]
'La demanda cuestiona toda la instrucción llevada a cabo, tachándola de parcial y de arbitraria, pretendiendo que un tribunal belga considere que se ha vulnerado la presunción de inocencia y otros derechos fundamentales de los demandantes.
En este estado de la cuestión, se nos antoja difícil considerar que pueda existir una actuación que vulnere de forma más flagrante y burda la independencia de un magistrado español'.
Añadiendo la Comisión Permanente que: 'cuando se cuestionan de tal modo los actos llevados a cabo por el magistrado, se cuestiona también la esencia misma de nuestro estado de Derecho, atacándose la independencia judicial como pilar
fundamental de un estado democrático'.
No podemos más que estar de acuerdo con estas manifestaciones del órgano de gobierno del Poder Judicial.
Continúa el citado acuerdo señalando que:
'Por otra parte, la demanda también invoca unas declaraciones públicas formuladas por el demandado ante los medios de comunicación, que se consideran ajenos al ejercicio por el demandado de sus funciones jurisdiccionales como Magistrado del
Tribunal Supremo. Ahora bien, es relevante advertir que la demanda ha omitido la frase inicial de esas declaraciones. En ella se comenzaba afirmando que ''Yo no voy a referirme a ningún asunto que no esté bajo mi jurisdicción''. Esto confirma que
esas declaraciones las realizaba en su calidad de instructor de la causa especial; y que, al igual que los otros hechos invocados, se vinculan directamente con su condición de persona que representa uno de los órganos del poder judicial español.
Por lo tanto, no puede afirmarse que tales declaraciones públicas sean ajenas al legítimo desempeño de su función como Magistrado del Tribunal Supremo.'
La petición formulada por el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial es coincidente en cuanto a sus presupuestos con el Informe de la Abogacía General del Estado de 31 de julio de 2018, y con el Informe del
Subdirector General de los Servicios Contenciosos de fecha 17 de agosto de 2018. En el sentido de que resulta necesario proceder a la contratación de un abogado local en Bélgica a fin de llevar a debido efecto la representación y defensa en derecho
ante esos Tribunales del Excmo. Sr. Magistrado de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo de España don Pablo Llarena Conde. Y que concurría la situación de urgencia para que la designación se realice por el embajador de España en
Bélgica a la mayor brevedad posible.
En todo caso, para la defensa de la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los Tribunales del Reino de Bélgica también se estima necesario proceder a la contratación de un abogado local en Bélgica a fin de llevar a debido
efecto la representación y defensa del Estado Español conforme a las normas que regulan el proceso belga a los efectos de invocar la inmunidad de jurisdicción.
A pesar de la urgencia, de la gravedad del asunto, y de la claridad de todos los informes expuestos, por parte del Ministerio de Justicia y de la Vicepresidenta del Gobierno se ha actuado con una gran ambigüedad, cuestionando la procedencia
de que el Estado asuma la defensa del Magistrado Sr. Llarena, al menos en esta fase inicial del procedimiento, y ello a pesar de la urgencia conocida dada la citación para comparecer el próximo 4 de septiembre, ya notificada.
Esta irresponsabilidad y abandono de las funciones más esenciales que a todo gobierno de un Estado democrático le corresponden, que comprometen los principios de independencia del Poder Judicial, de integridad e inmunidad de jurisdicción, y
en definitiva del principio de soberanía, ha provocado la enérgica protesta del conjunto de la Carrera Judicial y Fiscal que en un comunicado conjunto firmado por la inmensa mayoría de las asociaciones profesionales manifiestan:
'Ante la decisión del Ministerio de Justicia, las asociaciones judiciales y fiscales mencionadas quieren expresar, en primer lugar, su sorpresa ante lo que solo puede calificarse -en este caso- como una clara dejación de funciones por parte
del Gobierno de España.'
'El Estado, a través de sus órganos constitucionales, primero el Ejecutivo, pero también el Consejo General del Poder Judicial -que ya ha concedido amparo al Magistrado- tiene la obligación de adoptar todas las medidas jurídicas necesarias
para garantizar la defensa del Magistrado don Pablo Llanera por actuaciones desarrolladas en el ejercicio de la función jurisdiccional, como presupuesto para salvaguardar su independencia y la de todo el Poder Judicial.
Defender a la Justicia española no es otra cosa que defender la propia soberanía del Estado, como pilar esencial de nuestra propia configuración política.
Escudarse en matices como los anunciados por la Sra. Ministra de Justicia para rechazar la defensa de un Magistrado que viene siendo objeto de ataques intolerables precisamente por su actuación ajustada a cuanto nos impone la Constitución,
implica una incomprensible dejación de la propia defensa del Estado.'
Teniendo presente todo lo anterior y ante la urgencia y gravedad del asunto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta ante el Pleno la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que de forma inmediata articule una clara y abierta defensa de la jurisdicción española, de sus principios de integridad e inmunidad jurisdiccional frente a la demanda presentada por
parte del prófugo Ex President de la Generalitat y cinco prófugos más contra el Magistrado del Tribunal Supremo Sr. Llarena ante la jurisdicción belga, y que dé cumplimiento a las medidas que se la han solicitado desde el Consejo General del Poder
Judicial, acordando la urgente e inmediata personación en el procedimiento, exigiendo que se asuma por el Estado la representación y defensa del Magistrado Sr. Llarena, que no es otra cosa que defender a la Justicia española en su conjunto y a la
soberanía del Estado español.
2. El Congreso de los Diputados expresa su reconocimiento y apoyo a los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal, que siendo el pilar fundamental del Estado de Derecho y la última garantía de los derechos de todos los ciudadanos, llevan
sufriendo en los últimos tiempos, especialmente en Cataluña, distintas situaciones de acoso y presión totalmente inaceptables e incompatibles con el principio de independencia judicial reconocido constitucionalmente.
3. El Congreso de los Diputados condena el acoso, señalamiento y persecución sufridos por el Magistrado Sr. don Pablo Llarena y su familia derivados del cumplimiento de sus funciones como instructor de la Causa Especial 20907/2017,
actuaciones absolutamente inaceptables en una Democracia regida por el imperio de la ley.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de agosto de 2018.-Juan Carlos Girauta Vidal, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000756
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en Pleno, relativa a la cesión de los terrenos e instalaciones de la antigua Fábrica de Armas de La Vega (Oviedo-Asturias) al Excmo. Ayuntamiento de Oviedo.
Exposición de motivos
En enero de 2013, y después de 160 años de actividad industrial ininterrumpida, la Fábrica de Armas de La Vega -también conocida como Fábrica de armas de Oviedo- cesó definitivamente sus labores productivas. Desde entonces sus
instalaciones, terrenos y talleres permanecen vacíos, sin utilidad práctica alguna ni para el Ministerio de Defensa ni para la ciudad en la que están ubicadas, y en evidente riesgo de deterioro.
Para entender como se ha llegado a esta situación es preciso hacer un breve recorrido por la centenaria historia de esta factoría:
En septiembre de 1854, el entonces Gobierno Provincial hizo entrega al Ayuntamiento de Oviedo del Convento de La Vega. Su cesión definitiva, en virtud de Real Orden, se registró el 10 de diciembre de 1855 añadiendo veinticinco mil reales
para expropiaciones.
En 1855, el Ayuntamiento ofrece al entonces denominado Ministerio de Guerra el antiguo Convento Benedictino de la Vega junto con 552 áreas, trasladándose las religiosas al Convento de San Pelayo.
El 1 de marzo de 1856 se formalizó la escritura pública de cesión por parte del Ayuntamiento de Oviedo a favor del Estado para establecer una Fábrica de Armas. En la escritura dice literalmente: '[...] pero entendiéndose con la precisa
condición de que esta cesión y traspaso sea para el establecimiento definitivo en él de la fábrica de fusiles y otras armas de la misma clase con todas las piezas de que se compone, y en tal concepto y no en otro alguno el Ayuntamiento se aparte y
desiste por sí propio y por los demás que le sucedan en el mismo cargo y atribuciones de todo derecho o acción que pueda corresponderle en virtud de la adjudicación que definitivamente se le ha hecho del edificio por la Real Orden de 10 de diciembre
de 1855'.
El 21 de abril de 1856 el Ayuntamiento de Oviedo tramita un expediente expropiatorio de los terrenos contiguos al convento al objeto de dar ensanche a la fábrica de armas: 9.708 varas cuadradas con un valor total de 29.198,53 reales,
importe satisfecho por el Ayuntamiento.
Entre 1856-58 se instala la fábrica de fusiles en La Vega bajo la dirección del General Elorza, se centralizan los talleres, y ya en 1857 la fábrica da empleo a 700 armeros y 250 obreros.
A lo largo de todo el siglo XX La Vega desarrolló su actividad ininterrumpidamente siguiendo diversos modelos de gestión y produciendo distintas clases de material militar e, incluso, componentes de aviación.
En 1960 se incorpora a la Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, S.A., empresa que posteriormente se integra en la SEPI hasta que, en abril de 2000, la SEPI aprueba las adquisición de Santa Bárbara por General Dynamics
Corporation, operación que el 30 de marzo de 2001 es ratificada por el Consejo de Ministros, convirtiéndose la primera en una filial de la empresa americana con el nuevo nombre de Santa Bárbara Sistemas y estructurada en tres divisiones: vehículos,
artillería y componentes, incorporándose la Fábrica de La Vega como centro de excelencia para mecanización.
En abril de 2012 Santa Bárbara Sistemas comunica el cierre de la fábrica de armas de La Vega y el traslado de la plantilla y la maquinaria a la fábrica de Trubia, proceso de integración que culminó con el cierre definitivo de la fábrica de
La Vega.
Este proceso tuvo como lamentable consecuencia, en Febrero de 2012, la presentación de un plan de reestructuración que significó una reducción del 40 % de la plantilla conjunta de las Fábricas de La Vega-Trubia a través de un conflictivo ERE
con 55 despidos directos de unos trabajadores que llevaban, en muchos casos, más de 30 años en la empresa, complementado con un ERTE que afectaba cada mes a más de 213 empleados hasta, al menos, diciembre de 2015.
Es necesario destacar la lucha de los trabajadores despedidos de la Fábrica de Armas, conocidos como 'Los 55 de Trubia', contra una decisión empresarial injusta cuyo resultado es el cierre de un centro industrial que disponía de
instalaciones únicas en Europa, la perdida de la capacidad de fabricar diversos tipos de productos y un evidente desmantelamiento de la industria de defensa en Asturias, que hace apenas unos años suponía unos 2.500 empleos directos, y que ahora
apenas llega a los 400.
Durante más de siglo y medio La Vega ha sido una parte relevante de la modernización de Oviedo y de toda Asturias. La fábrica contribuyó poderosamente a la creación de empleo, y a principios de los noventa esta tenía una plantilla de más de
4.000 trabajadores.
Con el cese definitivo de su actividad industrial los terrenos de La Vega han dejado de cumplir -en contra de la voluntad del Ayuntamiento de Oviedo- la finalidad para la cual fueron cedidos al Estado, Por ello entendemos que ha llegado el
momento de que se cumpla la condición expresamente incluida en la escritura de cesión y se devuelva al Ayuntamiento de Oviedo el inmueble cedido y, con este objetivo, se presenta esta Proposición no de Ley.
Es preciso entender que el emplazamiento y la extensión de la parcela convierten La Vega en una pieza fundamental para el futuro desarrollo de la ciudad de Oviedo.
En este sentido se puede afirmar que la puesta en marcha inminente del proyecto 'Conectando Oviedo' con una financiación global de casi 20 millones -el 50 % aportados por la UE a través del programa EDUSI- para regenerar toda el área de La
Vega, y el inicio del proceso de revisión del Plan
General de Ordenación Urbana de Oviedo, suponen la ocasión idónea para que el municipio recupere la titularidad legal de los terrenos de la fábrica, incluyéndolos en la nueva ordenación y planeamiento de la zona.
Al margen de la oportunidad social, urbana, cultural y económica que representa la reversión de los terrenos al Ayuntamiento de Oviedo, no es posible olvidar ni menospreciar el estrecho vinculo sentimental que la ciudadanía ovetense siente
hacia la Fábrica. La Vega formó parte imprescindible del corazón de Oviedo durante más de 150 años y a la sombra de la fábrica creció una nueva ciudad industrial que moldeó lo que hoy es el Oviedo actual.
Durante más de siglo y medio Oviedo ha respetado el acuerdo alcanzado con el Estado para la cesión gratuita del uso de esos terrenos. Una vez extinguida la condición esencial de ese acuerdo la ciudad, y este Grupo Parlamentario, entienden
que ha llegado el momento de que el Estado devuelva a Oviedo lo que, en realidad, nunca ha dejado de ser suyo.
El Ayuntamiento de Oviedo ya ha iniciado una negociación con el Ministerio de Defensa con el objetivo de defender los derechos de la ciudad a través de un diálogo entre instituciones que evite procesos judiciales interminables con el
convencimiento de que, a ambas Administraciones, les une el mismo interés público.
Este proceso comenzó con una administración regida bajo el signo político de un Partido Popular que había mostrado poca sensibilidad hacia las necesidades y anhelos de los y las ovetenses. Con el nuevo equipo ministerial creemos que se
debería de abrir una nueva etapa en el Gobierno de la nación, que ahora hay un nuevo gobierno que debiera ser mucho más receptivo a las reivindicaciones sociales y que ello debe necesariamente reflejarse en una mejor acogida de las legítimas
aspiraciones municipales de recuperar este espacio emblemático para la ciudad de Oviedo, y en una mayor y completa sintonía con los planteamientos de su Ayuntamiento.
En estas negociaciones Oviedo solicitará, en cumplimiento de las condiciones establecidas en la escritura de cesión, la reversión de la propiedad de esos terrenos al Ayuntamiento. Que la anterior titular del Ministerio de Defensa haya
planteado para acceder a iniciar las negociaciones que otra administración pública, en este caso el Ayuntamiento de Oviedo, asuma el pagar los terrenos en cuestión a precio de mercado no parece lo más razonable y no observa el principio de
colaboración entre administraciones públicas. Dicho principio debería presidir las relaciones entre las distintas administraciones de nuestro Estado y estamos convencidos que la nueva Ministra de Defensa debiera compartir nuestro punto de vista.
Existen antecedentes de casos similares al descrito. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa en 1990 renunció a vender comercialmente el antiguo cuartel de Viriato de Zamora, cedido en su momento con una cláusula que condicionaba la cesión al
uso como cuartel idéntica a la expuesta al inicio de este escrito, y que actualmente es un centro universitario, o la cesión -también realizada por el Ministerio de Defensa- del edificio de la Real Fábrica de Artillería al Ayuntamiento de Sevilla,
quien lo destinará a espacio cultural.
Finalmente el Ministerio de Defensa debe entender que ni el Ayuntamiento ni la ciudadanía de Oviedo están dispuestos a permitir que se realicen operaciones con el único ánimo de hacer caja con un patrimonio que pertenece, en primera
instancia, al pueblo de Oviedo.
Esta Proposición no de Ley pretende impulsar un acuerdo entre ambas administraciones que permita eludir lo que probablemente sería un largo proceso legal, evitando no solo los costes económicos que conllevaría, sino también que las
instalaciones y terrenos de la antigua Fábrica de armas de Oviedo siguieran sin ningún uso ni la adecuada conservación, lo que conllevaría el deterioro consiguiente durante la duración del litigio.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que el Ministerio de Defensa acuerde y firme un acuerdo de devolución y cesión de los terrenos e instalaciones de la antigua Fábrica de Armas de Oviedo a favor del Ayuntamiento de esta ciudad, por haberse extinguido la condición recogida
en la escritura pública de cesión otorgada el 1 de marzo de 1856, y al haber finalizado el uso industrial de los mismos.
2. Dicha cesión no comportará el abono de contraprestación económica alguna por parte del Ayuntamiento de Oviedo, ni la permuta por otros terrenos de propiedad municipal, y comprenderá la totalidad de los terrenos e instalaciones ocupados
actualmente por la Antigua Fábrica de Armas de Oviedo.
3. El acuerdo entre ambas administraciones deberá ser firmado en un plazo máximo de 6 meses, a contar desde la aprobación de la presente Proposición no de Ley, con el doble objetivo de evitar un mayor deterioro de las instalaciones y
recuperarlas para el uso del consistorio, y por ende de la ciudadanía, lo antes posible.
4. Mientras se hace efectivo el acuerdo mencionado en los puntos anteriores de esta Proposición no de Ley solicitamos que el Ministerio de Defensa proceda a poner inmediatamente a disposición de la ciudadanía las instalaciones de la Fábrica
de La Vega mediante una cesión temporal de usos en favor del Ayuntamiento de Oviedo que permita dar utilidad social real a un patrimonio que actualmente carece totalmente de actividad y se ésta deteriorando con el paso del tiempo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2018.-Segundo González García, Sofía Castañón Fernández y José David Carracedo Verde, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea.
162/000757
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a la lucha contra la pobreza infantil, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
España es uno de los países con tasas de riesgo de pobreza infantil más altas de Europa. En 2016, último año para el que tenemos cifras completas de toda Europa, España tenía una tasa de riesgo de pobreza de menores de 18 años del 29,7 %,
9,7 puntos superior a la media europea. Solo Rumania y Bulgaria la tenían superior a nosotros. Aunque en 2017 la cifra bajó al 28,3 % seguimos en cifras muy altas, que no nos permitirán subir escalones en este indigno escalafón.
Además los hogares con incidencia más alta de pobreza son hogares donde hay niños, especialmente cuando están a cargo de un adulto, como ocurre en las familias monomarentales, y en hogares de familias numerosas.
Desde hace años, los niños encabezan dramáticamente los 'ránkings' de tasa de riesgo pobreza moderada, alta y severa, que se definen en función de los umbrales monetarios por debajo de los cuales se considera a un hogar en riesgo (60 % de la
mediana de ingresos, 40 % y 25 %).
Aunque la tasa de riesgo de pobreza no es el único indicador con el que se puede medir la vulnerabilidad, se elija el indicador que se elija, encontraremos a los niños como el grupo de edad de mayor vulnerabilidad.
Encabezan otros indicadores de privación económica. A lo largo de los últimos años, niños menores de dieciséis y jóvenes entre dieciséis y veintinueve han presentado los valores más altos en indicadores de carencia severa (privación de
cuatro bienes considerados básicos), y de carencia alta (tres bienes básicos).
Los hogares con niños encabezan también un indicador de pobreza absoluta que identifica a hogares que tienen ingresos equivalentes a lo que gasta una familia de clase media en alimentación, calefacción y vivienda.
Por si esto fuera poco, los niños sufren las experiencias de pobreza de forma particularmente prolongada. En el período 2012-2015 el riesgo de pobreza persistente entre menores de dieciocho años fue de 22,3 %, cifra muy superior a la que se
observa en otros grupos de edad.
Las implicaciones y consecuencias de este fenómeno son muy importantes. Por consiguiente existen muchas razones para convertir la lucha contra la pobreza y la exclusión infantil en una prioridad política y en adoptar decisiones para
combatirla. Es una inversión social con importantes retornos, necesaria para
apuntalar un país más justo, que respeta los acuerdos internacionales que suscribe, que favorece la igualdad de oportunidades en la vida, que fomenta la cohesión y mejora la convivencia, y que sienta sobre bases sólidas la competitividad de
nuestra economía.
Reducir desigualdades y fracturas sociales que se manifiestan ya en edades tempranas, es, en este sentido, una buena manera de mejorar la calidad de nuestro entorno social, y consecuentemente, la calidad de nuestra experiencia colectiva como
miembros de la sociedad.
Se trata de potentes razones que justifican que invertir en infancia, y en particular en la lucha contra la pobreza infantil, se convierta en compromiso de país con la ambición de construir una sociedad inclusiva donde la prosperidad
económica vaya de la mano de la justicia social.
Por estas razones el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Luchar contra la pobreza infantil con medidas que reduzcan de forma eficaz las cifras de pobreza infantil mediante la puesta en marcha de un Ingreso Mínimo Vital que incremente las prestaciones por hijo a cargo y despliegue un programa
de garantía de rentas mínimas a las familias en situación de vulnerabilidad severa.
2. Atender las situaciones de privación, en particular aquellas que tienen un mayor impacto en el desarrollo de las capacidades y las oportunidades vitales de niños y niñas, arbitrando medidas encaminadas a romper el ciclo de reproducción
de las desventajas, combatiendo la cronificación de la pobreza, su transmisión intergeneracional y el bloqueo del ascensor social.
3. Reforzar los Servicios Públicos de sanidad como instrumento eficaz para combatir las desigualdades en salud; de educación de forma que asegure la igualdad de oportunidades educativas, combata el abandono escolar e impulse la educación
cero-tres, y los servicios sociales, fundamentales para la detección y atención a las situaciones de carencia que afectan a hogares con menores a cargo.
4. Establecer programas basados en la cooperación con las CCAA y las Corporaciones Locales destinados a atender situaciones de privación material y sus consecuencias en forma de exclusión social.
5. Promover alianzas con el tercer Sector y la responsabilidad social corporativa de las empresas que permita aunar esfuerzos y combinar recursos destinados a combatir las carencias y desventajas que sufren los niños y niñas que viven en
hogares en situación de pobreza.
6. Velar por el cumplimiento efectivo en España de la Convención sobre Derechos del Niño ratificada por nuestro país.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de agosto de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000758
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a que
adopte medidas integrales de defensa de la inmunidad y la independencia de la jurisdicción española y la asistencia legal y protección a los jueces, magistrados, fiscales y otros cuerpos de la Administración de Justicia que sufren la persecución y
el acoso independentista, en garantía del principio de seguridad jurídica, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El pasado junio de 2018, los prófugos de la justicia española, Carles Puigdemont, Meritxell Serret, Antoni Comín, Clara Ponsatí y Lluis Puig presentaron ante órganos judiciales belgas demanda civil contra el magistrado del Tribunal Supremo
don Pablo Llarena, instructor del proceso penal español que se sigue contra los mismos por, entre otros, los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos. Fruto de la interposición de dicha demanda, la justicia belga cita al juez español a
comparecer el 4 de septiembre.
El Consejo General del Poder Judicial, con fecha 10 de agosto de 2018, amparó al magistrado frente al ataque y la flagrante vulneración de la independencia judicial del mismo y requiere de manera inmediata al Ministerio de Justicia para que
adopte las medidas necesarias para asegurar la inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales de Bélgica.
Mediante dictamen de la Abogacía del Estado de fecha 17 de agosto, se emite informe favorable al amparo solicitado por el órgano de gobierno de los jueces y magistrados para proveer a la defensa de los principios de inmunidad, independencia
y seguridad jurídica. En el mismo, se pone de manifiesto la necesidad de proceder a la contratación de un abogado local en Bélgica a fin de llevar a debido efecto la representación y defensa en derecho ante esos tribunales de la jurisdicción
española e igualmente se destaca que concurren las condiciones de urgencia para proceder a la mayor brevedad posible a la designación del letrado puesto que la citación de los tribunales belgas cita al juez español para el 4 de septiembre.
En los primeros días, desde que la opinión pública tuvo conocimiento del fraude procesal perpetrado por los fugados de la justicia española, mediante la interposición de la demanda civil en Bélgica contra el juez instructor de su causa en
España, el Gobierno hizo una absoluta dejación de funciones, al no proveer a la defensa del juez demandado ante los tribunales belgas en los términos solicitados expresamente por el CGPJ y por ende, al no proceder a defender, tal y como informa la
Abogacía del Estado, la inmunidad, independencia y seguridad jurídica de la jurisdicción nacional.
Tras numerosos pronunciamientos de expertos y de las asociaciones de jueces y magistrados, la exigencia pública del Grupo Parlamentario Popular y las presiones de la opinión pública, el Gobierno ha cambiado de postura y ha publicado la
intención de asistir jurídicamente al juez instructor y actuar en el procedimiento ante la jurisdicción extranjera, como debiera haber acordado desde el primer momento. No obstante, a la vista de la incomprensible inhibición inicial del Ejecutivo,
su falta de contundencia y su incapacidad de actuar con la celeridad y eficacia que requiere la defensa de los intereses de España, se hace necesario plantear esta Proposición no de Ley para instar al mismo a que ejerza todas las funciones que le
competen de manera diligente y acorde con los órganos informantes en la materia. La inseguridad que conlleva la falta de rigor del Gobierno se cierne sobre los jueces y magistrados y se extiende a otros colectivos de la función pública que trabajan
en ámbitos del Derecho y que pueden verse afectados igualmente por el acoso nacionalista. La debilidad y sumisión que muestra el Ejecutivo es un acicate para las vías de presión independentista contra quienes defienden la legalidad y la justicia.
Pero no solo se producen consecuencias negativas respecto de los funcionarios afectados por los ataques independentistas, sino que además, la interposición de la demanda civil ante la jurisdicción extranjera se trata de un intento
fraudulento de provocar una recusación -no admisible, puesto que la demanda civil es posterior al inicio de la instrucción del proceso penal contra los prófugos de la justicia española- y perjudicar gravemente ante la opinión pública española e
internacional el principio de independencia de la jurisdicción española, desacreditando el proceso que se sigue contra los presuntos autores de delitos tan graves como son el de rebelión y malversación de fondos públicos.
Este uso fraudulento y torticero de los medios procesales para desvirtuar los procesos y menoscabar la independencia y la reputación de las instituciones españolas ha de ser abordado y combatido con contundencia desde una perspectiva global
que abarca acciones diplomáticas de primer nivel, mayor implicación en las relaciones europeas e internacionales relativas a la defensa de la independencia e inmunidad jurisdiccional y revisión de las normas que puedan amparar a los profesionales de
la justicia que se vean inquietados en el ejercicio de sus funciones, y con las que se consiga disuadir en adelante las actuaciones procesales con fines fraudulentos.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso propone, por tanto, una acción integral, instando a la reacción inmediata del gobierno, para que abandone su actitud pasiva e irresponsable; promoviendo la acción diplomática y la participación
a nivel UE e internacional para evitar el daño reputacional de nuestra justicia; extendiendo la protección de Llarena a todos los cuerpos jurídicos que se vean inquietados (bajo la máxima 'todos somos Llarena'); y promoviendo las reformas legales
que contemplen los nuevos retos y ataques a nuestras instituciones.
La continua irresponsabilidad con la que actúa el Gobierno en todo lo referente a sus socios independentistas debe encontrar una reacción del Congreso de los Diputados, en ejercicio de la soberanía nacional que se encuentra depositada en
éste junto con el Senado, con la finalidad de defender los poderes del Estado que de ella emanan y en particular, el poder judicial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar todas las medidas procesales necesarias para proceder a la defensa y representación en la causa civil abierta en Bélgica contra el magistrado del Tribuna! Supremo, don Pablo Llarena, de manera inmediata y urgente.
2. Intervenir en el proceso civil tramitado ante el juez belga con la diligencia que exige la defensa de la inmunidad y la independencia de la jurisdicción española y en garantía de la seguridad jurídica.
3. Denunciar públicamente y condenar el acoso sufrido por el magistrado, don Pablo Llarena mediante la interposición de una demanda civil fraudulenta contra el mismo ante un juez extranjero y el resto de actuaciones dirigidas contra su
persona.
4. Abstenerse de cualquier pronunciamiento, declaraciones o actuaciones públicas que menoscaben la independencia y legitimidad del poder judicial por parte de cualquier miembro del Gobierno.
5. Instar a la Fiscalía General del Estado a promover las acciones pertinentes en defensa de la independencia judicial de nuestros jueces y tribunales, en aplicación de los artículos 13 y 14 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial.
6. Adoptar las acciones diplomáticas precisas con la finalidad de evitar el cuestionamiento o el desprestigio de la independencia del juez instructor del caso que se sigue por los delitos de malversación de fondos públicos y rebelión contra
los prófugos de la justicia española por el proceso independentista y por tanto, el menoscabo de la legitimidad e independencia del poder judicial español en su conjunto.
7. Defender y participar activamente en los instrumentos internacionales de protección de la independencia y la inmunidad judicial, como la Convención de las Naciones Unidas, de 2 de diciembre de 2004, sobre las inmunidades jurisdiccionales
de los Estados y de sus bienes, abierta a la firma en Nueva York el 17 de enero de 2005, de la que España es parte, para su entrada en vigor y su aplicación, la Convención Europea sobre Inmunidad del Estado o cualesquiera otros que procedan.
8. Revisar los convenios entre la Abogacía del Estado y el CGPJ para evitar cualquier tipo de dilación o indeterminación en la defensa de jueces y magistrados ante ataques a su inmunidad e independencia por parte de los independentistas.
9. Analizar e informar a esta Cámara de la extensión de cualquier tipo de protección necesaria al Cuerpo de Fiscales y cualesquiera otros colectivos, tales como Letrados de la Administración de Justicia, que puedan verse afectados por el
acoso y ataque independentista.
10. Analizar e informar a esta Cámara sobre la posible reforma de los artículos 398 a 400 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial para la introducción de una mayor protección de la inmunidad judicial con especial
referencia a la perturbación que se produzca desde autoridades o tribunales extranjeros.
11. Analizar e informar a esta Cámara sobre la posible reforma del artículo 456 del Código Penal y los artículos 463 a 467 del mismo texto legal, para incluir en el ámbito de la acusación y denuncia falsa, las acciones no penales dirigidas
en fraude de ley contra un juez y para contemplar situaciones de fraude de ley para la obstrucción de la justicia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de agosto de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000759
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a adoptar las
medidas necesarias que garanticen el ejercicio de los derechos de los ciudadanos que están siendo acosados por grupos radicales con fines independentistas en Cataluña por su defensa de la Constitución y el Estado de Derecho, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Desde que el Gobierno socialista de Sánchez tomó posesión, la escalada de tensión en la sociedad catalana, con motivo del proceso separatista, se está recrudeciendo día a día. Desde la Generalitat de Cataluña se está alentado la fractura
entre catalanes y se pone en riesgo la libertad de los constitucionalistas alimentando un asfixiante clima de exclusión ante la permisividad del Gobierno socialista.
La colocación y retirada de esteladas ilegales y de lazos amarillos pidiendo la libertad de los políticos presos en edificios oficiales o lugares públicos con la anuencia de las autoridades locales; los continuos ataques y amenazas a la
figura de Su Majestad El Rey; o las incendiarias declaraciones del presidente de la Generalitat amenazando abiertamente con el uso de la fuerza para atacar al Estado, son sólo algunos ejemplos de la tensión que está sufriendo la sociedad catalana y
que, tal y como era de esperar, ha ido in crescendo. Ya se están produciendo no sólo enfrentamientos verbales, sino agresiones físicas contra aquellos que mantienen su lealtad a la Constitución y defienden España sin perder su condición de
catalanes (ejemplo de ello es la salvaje agresión sufrida recientemente por una mujer por parte de un individuo que le recriminaba quitar lazos amarillos ilegales en un lugar público de Barcelona).
Paradójicamente, las autoridades catalanas protegen a quienes cometen las agresiones e ilegalidades y persiguen y sancionan a quienes, valientemente, defienden la Constitución y la vigencia de la ley. Así pues, en Cataluña, las
instituciones públicas se han convertido en estrechos aliados de los enemigos de la libertad, poniendo edificios oficiales y recursos públicos a favor de propaganda partidista y de exclusión.
Ante este deterioro de la convivencia, el gobierno de Sánchez mira para otro lado, no se da por enterado, y mantiene una posición permisiva hacia quienes quieren romper España y desprecian y atacan a sus instituciones en una flagrante
dejación de funciones. Esta pasividad obedece al pacto secreto, escondido bajo la noción de 'diálogo' y al pago evidente por el voto en su investidura.
Ante esta gravísima e irresponsable inacción por parte de quienes tienen como primera obligación defender a España y a todos sus ciudadanos y preservar los derechos constitucionales de todos, el Partido Popular, a diferencia de quien debería
ejercer esa función, no se mantiene impasible en la defensa y salvaguarda de los derechos de los ciudadanos. Por ello, y entre otras actuaciones, ha abierto en Barcelona una oficina de asesoramiento y apoyo para aquellas personas que están siendo
denunciadas, sancionadas o agredidas por retirar lazos amarillos de la vía pública, y para apoyar y respaldar a quienes son perseguidos por el único hecho de sentirse catalanes y españoles y defender la Constitución.
En definitiva, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, como garante de los derechos de todos los españoles, espera que el Gobierno abandone su indolencia y responda de la misma manera a las persecuciones, acosos y agresiones ejercidas
contra ciudadanos catalanes por grupos radicales con fines independentistas. Lejos de defenderles, el Gobierno ha dejado a los catalanes en una situación manifiesta de indefensión ante las tropelías de quienes se han situado al margen del Estado de
Derecho y buscan romper la convivencia y la unidad de España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados condena de manera rotunda las agresiones y los acosos que reciben los catalanes que manifiestan su posición en defensa de la Constitución, el Estado de Derecho y la convivencia pacífica.
El Congreso de los Diputados rechaza y condena las palabras del presidente de la Generalitat de Cataluña don Joaquim Torra en su llamamiento a 'atacar al Estado', en sus incitaciones al odio y en sus continuas amenazas de atentar contra el
interés general de todos los españoles.
El Congreso de los Diputados manifiesta el acompañamiento y la cercanía a todas las personas que viven en Cataluña y desean un modo de vida pacífico y que hoy viven asustados y amedrentados por la actitud de imponer un modo de vida, llegando
para ello a la violencia y al acoso, por parte de grupos radicales que se sienten amparados por las autoridades autonómicas.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que ejerza sus obligaciones en aras de defender y salvaguardar la libertad y los derechos de los catalanes perseguidos, acosados y agredidos por parte de grupos radicales.
En concreto pide:
1. Iniciar las acciones legales oportunas por los numerosos hechos y actuaciones de odio y acoso contra ciudadanos en Cataluña que defienden la Constitución y la unidad de España y que están sufriendo por ello persecución y ataques, tanto
de particulares como de los máximos responsables de las instituciones catalanas, que con total impunidad, se han situado al margen del Estado de Derecho.
2. Mandatar a la Fiscalía General del Estado que ordene a las distintas fiscalías en Cataluña que inicien las acciones judiciales oportunas contra los responsables de la organización de actos, 'escraches' y ataques individualizados que,
claramente, pueden ser calificados de delitos de odio por razones ideológicas y que están sufriendo familias, establecimientos comerciales y ciudadanos en general por mantenerse en la defensa de la unidad de España y la Constitución.
3. Iniciar las acciones judiciales oportunas contra aquellos miembros del cuerpo de seguridad autonómico catalán, los Mossos d'Esquadra, que actuando en contra de su obligación de defender a quienes son atacados en sus derechos e incluso su
integridad física, se inhiben frente a las abusos de los violentos.
4. Iniciar las acciones judiciales oportunas en defensa de aquellos Mossos d'Esquadra u otros trabajadores públicos discriminados por razones partidistas o ideológicas por parte de sus superiores o cargos políticos.
5. Exigir e las autoridades locales y autonómicas catalanas que no permitan a los trabajadores públicos exhibir símbolos partidistas, como lazos amarillos, durante el ejercicio de sus funciones y que cumplan la legalidad vigente en lo
relativo a la colocación en edificios y lugares públicos de objetos y símbolos inconstitucionales tales como esteladas, lazos amarillos y otros; procedan a su inmediata retirada, reiterándoles su obligación, como poderes públicos, de 'mantener
estrictamente la neutralidad política', tal y como han resuelto el Tribunal Supremo en Sentencia n.º 933/2096 y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en su Sentencia n.º 579/2018'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de agosto de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000080
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 2311/2017, promovido por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, contra las disposiciones
adicional cuarta, transitoria única y final tercera, apartado 5, de la Ley del Parlamento de Galicia 2/2017, de 8 de febrero, de medidas fiscales, administrativas y de ordenación, todas ellas referidas al régimen del personal letrado al servicio del
Consello Consultivo de Galicia.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Juan José González Rivas, Presidente, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos,
don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer Callejón, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 2311-2017, interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, contra las disposiciones adicional cuarta, transitoria única y final
tercera, apartado 5, de la Ley del Parlamento de Galicia 2/2017, de 8 de febrero, de medidas fiscales, administrativas y de ordenación. Han comparecido el Gobierno de la Nación, el Congreso de los Diputados y el Senado. Han formulado alegaciones
el Parlamento de Galicia y la Xunta de Galicia. Ha sido Ponente el Magistrado don Ricardo Enríquez Sancho, quien expresa el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la nación española.
Ha decidido:
Desestimar el presente recurso de inconstitucionalidad.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 19 de julio de 2018.
232/000176
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal al recurso de inconstitucionalidad número 37/2016, promovido por el Presidente del Gobierno, contra la Ley Foral 16/2015, de 10 de abril, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de
motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, así como votos particulares formulados a la misma.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Juan José González Rivas, Presidente, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos,
don Pedro González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer Callejón, Magistrados, ha pronunciado.
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad 37-2016 interpuesto por el Presidente del Gobierno contra la Ley Foral 16/2015, de 10 de abril, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de
extrema derecha o funcionarios públicos. Han comparecido y formulado alegaciones el Parlamento y el Gobierno de Navarra. Ha sido Ponente la Magistrada doña Encarnación Roca Trías, quien expresa el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la nación española.
Ha decidido:
1) Estimar parcialmente el presente recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar que los artículos 1.2, apartados a, c y d; 2; 3; 4; 5; 6, disposiciones adicionales segunda, tercera y cuarta y disposición transitoria
única de la Ley Foral 16/2015, de 10 de abril, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, son inconstitucionales y nulos.
2) Desestimar el recurso en todo lo demás.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 19 de julio de 2018.
233/000040
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(233) Cuestión de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 3649/2017, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Santander, en relación con los párrafos 2.º y 3.º del artículo 17.2 de la
Ley de Cantabria 1/2001, de 16 de marzo, de Colegios
Profesionales de Cantabria, en la redacción dada por la Ley 5/2011, de 29 de diciembre, por posible vulneración del artículo 149.1 18.ª en relación a los artículos 36 y 149.1 1.ª de la Constitución española.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2018.-P.D., El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Encarnación Roca Trías, Presidenta, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, y don
Ricardo Enríquez Sancho, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 3649-2017, promovida por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Santander respecto a los párrafos segundo y tercero del art. 17.2 de la Ley 1/2001, de 16 de marzo, de colegios
profesionales de Cantabria, en la redacción dada por la Ley 5/2011, de 29 de diciembre, por posible vulneración del art. 149.1.18 CE en relación con los arts. 36 y 149.1.1 CE. Han comparecido y presentado alegaciones el Abogado del Estado, el
Letrado de los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria, y el Letrado-Secretario General del Parlamento de Cantabria, todos ellos en la representación que ostentan, así como el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Juan
Antonio Xiol Ríos, quien expresa el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la nación española.
Ha decidido:
Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 3649-2017, y declarar que los párrafos segundo y tercero del art. 17.2 de la Ley 1/2001, de 16 de marzo, de colegios profesionales de Cantabria, en la redacción dada por la Ley 5/2011, de 29
de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, son inconstitucionales y nulos.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 16 de julio de 2018.