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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 370, de 15/06/2018
cve: BOCG-12-D-370
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
15 de junio de 2018
Núm. 370
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000674 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la privatización del Sistema Sanitario Público ... (Página3)
162/000675 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a destinar ayuda humanitaria de emergencia a los y las afectadas por la erupción del volcán de Fuego en
Guatemala ... (Página5)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003346 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la liberación de Ahed Tamimi y del resto de menores palestinos encarcelados en prisiones israelíes y para
la ratificación e implementación de los convenios de Derecho Internacional por parte de Israel ... (Página7)
Comisión de Educación y Deporte
161/003343 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a mantener la Comisión Bilateral previa a la vía constitucional sobre la Ley 4/2018, de 21 de febrero, de la Generalitat, por la que se regula y
promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano ... (Página9)
161/003347 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre un Plan Nacional para el Fomento de la Formación Profesional ... (Página10)
161/003348 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la adaptación de la legislación relativa a la Formación Profesional para su adecuación a la Formación Profesional Dual ...
161/003350 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la educación inclusiva de las personas con discapacidad en España ... (Página13)
161/003356 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la armonización de contenidos y tasas a pagar en las pruebas EBAU ... (Página14)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/003352 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la necesidad de realizar actuaciones de mejora en la Casa del Mar en Cambados y cesión al Ayuntamiento del
local bajo para uso de personas pensionistas y jubiladas ... (Página16)
161/003353 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la cesión gratuita al Ayuntamiento de Vigo del edificio del antiguo centro de salud ubicado en el barrio
vigués de Teis para destinarlo a una biblioteca ... (Página17)
161/003354 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la cesión del edificio de la Casa del Mar en Marín (Pontevedra) al Ayuntamiento para destinarlo a usos
sociales ... (Página18)
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
161/003345 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la adopción de medidas de reforma del Mercado Eléctrico ... (Página19)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/003349 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la necesidad de una depuradora en Xixón este ... (Página21)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/003355 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a destinar ayuda humanitaria de emergencia a los y las afectadas por la erupción del volcán de Fuego en
Guatemala ... (Página23)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/003344 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la accesibilidad universal de los teléfonos de emergencia ... (Página24)
161/003351 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la educación inclusiva de las personas con discapacidad en España ... (Página25)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
233/000047 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 5907/2017, planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha, en relación con el artículo 9.a) de la Ley 9/2008, de 4 de diciembre, de Castilla-La Mancha, de medidas en materia de tributos cedidos, por posible vulneración de los artículos 14 y 31.1 de la Constitución española ...
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000674
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Proposición no de Ley relativa a la privatización del Sistema Sanitario Público.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la subsanación de la omisión del título de su Proposición no de Ley registrada con el número 92014, y considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley
conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea, presenta al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley relativa
a la privatización del Sistema Sanitario Público, para su debate y aprobación en el Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
En el marco de la Ley General de Sanidad del año 1986 se regula, en el artículo 90, como las administraciones públicas sanitarias podrán establecer conciertos para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos a ellas. Esta
legislación dejaba las puertas abiertas para la privatización. Pero se necesitaban nuevas opciones que dieran más seguridad en sanidad a la corriente neoliberal europea de esta época liderada por la primera ministra del Reino Unido, Margaret
Thatcher.
En 1991 se encargó a Fernando Abril Martorell una comisión para analizar el Sistema Sanitario Público, con la idea ya prefijada de que el camino de la privatización era el más adecuado. Como consecuencia del rechazo que provocó entre la
población las conclusiones de la comisión, el informe quedó aparcado de forma momentánea. Pero cinco años más tarde sus recomendaciones se fueron imponiendo.
En la VI Legislatura iniciada en marzo de 1996, el Gobierno del Partido Popular de José María Aznar aprobó como una de sus primeras medidas el Real Decreto-ley 10/1996 de 17 junio, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Instituto
Nacional de la Salud -INSALUD-. Con él, se introdujeron nuevas formas de gestión como consorcios y fundaciones. Pero un año más tarde este Real Decreto-ley gestión de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o
de atención sociosanitaria.
Con anterioridad a esta legislación, las Comunidades Autónomas ya habían iniciado y desarrollado algunas leyes, dando lugar a experimentos diversos. Un ejemplo de este momento fue el Hospital Ribera Salud: su inicio, su rescate y la
inversión sin el control de dinero público.
Para coronar este proceso privatizador y bajo el pretexto de la crisis económica, el primer Gobierno de Mariano Rajoy en la X Legislatura adoptó como una de sus primeras medidas la aprobación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Este nuevo revés al sistema sanitario provocó la exclusión del servicio sanitario público, el fin de la
universalidad de nuestra sanidad e introdujo la fragmentación de servicios y copagos.
Con el argumento de la crisis económica, se recortaron plantillas de todas las especialidades sanitarias, lo que causó una acumulación de tareas y de más carga de trabajo para las y los profesionales sanitarios; se produjo una devaluación
de la calidad del empleo por la alta temporalidad de los contratos; se dejó de invertir y se recortó el presupuesto para el mantenimiento de las estructuras y materiales sanitarios. Como consecuencia se ocasionaron, deliberadamente, unas listas de
esperas prolongadas y, en definitiva, una disminución de la calidad del Sistema Sanitario Público.
Esta crisis, como luego se ha podido evidenciar, ha sido el pretexto utilizado para deteriorar nuestro sistema sanitario público. Los respectivos gobiernos del PP han tenido claro que el sistema sanitario era un nicho importante de negocio
y había que facilitar el camino a los mercados. La sanidad privada mueve más de 30. 000 millones de euros al año en España y actualmente sigue su crecimiento.
El sector se refuerza con el negocio de los hospitales privados. Los distintos grupos, Quirón Salud, Vithas, Ribera Salud, HM Hospitales, Hospitales HLA, Grupo Canario Hospiten, Sanitas, Grupo HCM H. Católicos de Madrid, Grupo Pascual,
Clínica Universitaria de Navarra y Fundación Altahia, siguen su crecimiento económico y siguen siendo una oportunidad de negocio. Los lobbies sanitarios han ido escalando posiciones para acceder a parte del pastel del dinero público.
El operador privado más potente de España, Quirón Salud, fue adquirido por el gigante alemán Fresenius, entre diciembre de 2016 y enero de 2017. Esta compra se realizó con el pago de 5.760 millones de euros. Con esta adquisición, Fresenius
se puso a la cabeza de Europa, como el mayor grupo sanitario, con más de 100.000 empleados y 155 centros sanitarios. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dio el visto bueno a esta operación de compra sin poner condiciones.
Fresenius, es una multinacional alemana que hace diez años cambió su estatus legal y actualmente está bajo la jurisdicción de la Unión Europea. En España tiene tres filiales: Fresenius Medical Care (NEPROCARE), que son clínicas de diálisis
y productos de esta especialidad. Fresenius Kabi que fabrica productos para tratamiento enteral y parenteral y Fresenius Helios que se dedica a la gestión de hospitales. Su principal accionista es una fundación sin ánimo de lucro, llamada Else
Kröner Fresenius. En el año 2016 sus ventas ascendieron a 27 000 millones. Actualmente en España posee 43 hospitales, 39 centros de días, 300 centros de prevención de riesgos laborales y cotiza en el DAX 35.
Como plantea la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que aglutina al sector sanitario privado, 'la tendencia natural para buscar la eficacia, es la concentración en menos empresas', lo que nos lleva a
oligopolios sanitarios. Según sus datos, la sanidad privada cuenta con el 57 % del total de los hospitales y con el 33 % de las camas existentes en España. El 43 % de los hospitales privados (193), tienen concierto con la sanidad pública.
Los conciertos con las aseguradoras aportan a los hospitales privados el 55 % de los ingresos y un 25 % viene de la sanidad pública. El valor del mercado hospitalario privado ronda los 10 000 millones de euros: 6.000 millones de centros no
benéficos y 4.000 millones de centros benéficos.
España presenta un gasto sanitario privado sobre el gasto sanitario total, bastante elevado, de un 29 %, situándose por encima de la media de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos) que es del 27 % y de países de
nuestro entorno como Francia (21,1 %) o Alemania (15,5 %).
A estos datos cabe sumar que las aseguradoras han captado medio millón más de clientes durante el año 2017, la mayoría de ellas contratando un seguro privado como consecuencia de las deficiencias ocasionadas en la sanidad pública por falta
de presupuesto. Según IDIS, ello contribuye a descargar de forma importante el sistema sanitario público, en un rango de 4369-9860 millones. Con este planteamiento vamos camino de tener una población que puede financiarse un doble aseguramiento y
otra parte de la población hacia una atención de beneficencia.
Por todo ello, la estrategia neoliberal seguida por los distintos gobiernos del Partido Popular ha estado y está encaminada a deteriorar la sanidad pública lo más posible y a desplanificar todo lo que se pueda a
fin de retroceder hacia un modelo hospitalario público con pocos recursos, con una empobrecida Atención Primaria para consumir servicios hospitalarios de alta rentabilidad. Todo ello nos lleva a un aumento de las listas de espera que
pretenden solucionar con diversos conciertos con la sanidad privada, como ejemplo, las concesiones administrativas. Unas concesiones por las cuales la Administración Pública paga un canon anual que se incrementa cada año, aunque no aumente el
presupuesto público. A modo de conclusión se desprende:
- Que el aumento del presupuesto privado se está produciendo a costa de la disminución del presupuesto público.
- Que la sanidad privada se está conformando como un oligopolio, pudiendo condicionar el coste de nuestra sanidad.
- Que fomentando el doble aseguramiento tendremos, dentro de poco, una atención sanitaria de beneficencia.
- Que la rentabilidad económica de la empresa sanitaria privada se está logrando a costa de la disminución de puestos de trabajos, de la selección adversa de pacientes y de la disminución de la calidad en innovaciones terapéuticas.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha, en el plazo de seis meses desde la aprobación de esta Proposición no de Ley, las actuaciones y medidas necesarias para:
1. Derogar la toda la legislación sanitaria que permite privatizar y externalizar servicios públicos sanitarios. De forma explícita el artículo 90 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y la Ley 15/1997, de 25 de abril, de
habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.
2. Emplazar a las Comunidades Autónomas, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para alcanzar un acuerdo dirigido a la elaboración de un protocolo de actuación que establezca un procedimiento para la reversión paulatina y
progresiva de todas las privatizaciones realizadas hasta el momento en nuestro sistema sanitario público.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2018.-Amparo Botejara Sanz y Txema Guijarro García, Diputados.-Ione Belarra Urteaga e Irene María Montero Gil, Portavoces del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú-Podem-En Marea.
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, la siguiente Proposición no de Ley y considerando que solicitan el debate de la iniciativa ante el Pleno de la Cámara,
disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000675
A la Mesa del Congreso de los Diputados
AI amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente Proposición no de Ley para destinar ayuda humanitaria de emergencia a los y las
afectadas por la erupción del volcán de Fuego en Guatemala, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
La erupción del volcán de Fuego en Guatemala el pasado domingo -la más fuerte del cráter desde 1974- es una tragedia cuyo alcance todavía se desconoce. La cifra oficial de fallecidos asciende ya a 109 personas, pero aún quedan muchas zonas
por revisar y el número de desaparecidos es incalculable. Solo en las inmediaciones de la aldea El Rodeo (Escuintía, en el sur de Guatemala, la zona más afectada) los equipos de rescate han localizado 29 cadáveres, la mayoría de los cuales no
pudieron ser evacuados debido a nuevos ríos de lava y flujos piroclásticos. La erupción ha afectado a 1,7 millones de personas y ha obligado a desalojar de sus casas a otras 3000. La ceniza que lanzó el volcán llegó hasta los 10 000 metros de
altura.
La tragedia se produjo cuando una avalancha de lava volcánica, piedras y lodo se precipitó sobre varias comunidades ubicadas en las faldas del cráter. No todos lograron escapar. Familias completas quedaron atrapadas en sus humildes
viviendas. Otras en una iglesia evangélica, donde asistían a la misa dominical.
De momento se desconoce el número de desaparecidos/as y el de refugiados/as. Al menos tres aldeas desaparecieron bajo toneladas de ceniza. Los albergues están saturados, aunque tampoco se sabe a ciencia cierta el número de personas
refugiadas, entre otras razones porque muchos lo han hecho en casas de amistades y familiares. No obstante, la CONRED (Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres) reportó 653 personas atendidas en refugios de Escuintía y Sacatepéquez.
Si humanamente las víctimas no han sido cuantificadas, el aspecto material ni siquiera ha sido atendido. Expertos del Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología calculan que las cosechas, particularmente de maíz y
café, habrían quedado reducidas a cenizas en un radio de cinco kilómetros alrededor del volcán.
Por otra parte, la lluvia de ceniza afectó a por lo menos cinco departamentos (provincias), circunstancia que conlleva el riesgo de contaminación del agua potable, a la vez que pone en riesgo el sistema de drenaje, que puede saturarse. El
presidente de Guatemala, Jimmy Morales, declaró el estado de calamidad en todo el territorio guatemalteco y tres días de luto nacional en el país.
Si bien la fase crítica de la erupción ha remitido, ello no significa que no pueda reactivarse en cualquier momento pues existe el riesgo de que se produzcan nuevas erupciones. Sumado a ello, la altura del volcán, 3700 metros sobre el nivel
del mar, más el peso de la lava, puede provocar que los deslaves puedan alcanzar hasta los 60 kilómetros por hora.
Desde las principales carreteras de Guatemala, la ruta Panamericana, que comunica a la capital del país con México, y la que conduce al Pacífico presentan problemas para la circulación porque la arena, más el agua de la lluvia, las tornan
resbaladizas, mientras se temen inundaciones porque mucha de la lava y el Iodo caen directamente a las corrientes de los ríos vecinos. La erupción volcánica arrojó un río de lava candente y produjo espesas nubes de humo de casi 9,6 kilómetros en el
aire, según la agencia gubernamental para la reducción de desastres.
Ante tales circunstancias es imprescindible que el Estado español se ponga a disposición de las autoridades de Guatemala y tomar cuantas medidas urgentes sean necesarias para prestar ayuda humanitaria de emergencia a la ciudadanía
guatemalteca afectada por esta tragedia, aún más si cabe considerando los lazos históricos y económicos entre ambos países, pues no es baladí la intensa actividad económica de empresas transnacionales españolas y sus consecuencias sociales y
medioambientales en el territorio guatemalteco.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la acción humanitaria de emergencia en Guatemala y llevar a cabo cuantas acciones sean necesarias para ayudar en la protección y asistencia en favor de los y las ciudadanas afectadas
por el desastre natural provocado por el volcán de Fuego en Guatemala.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2018.-Aina Vidal Sáez y Jaume Moya Matas, Diputados.-Lucía Martín González, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú-Podem-En Marea.
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003346
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la liberación de Ahed Tamimi y del resto de menores
palestinos encarcelados en prisiones israelíes y para la ratificación e implementación de los convenios de Derecho Internacional por parte de Israel, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La ocupación de Palestina es uno de los conflictos más graves a nivel mundial y que más derechos humanos y del menor vulnera. Sin ir más lejos, Ahed Tamimi, una menor de dieciséis años de edad, fue detenida durante la madrugada del pasado
18 de mayo en Nabi Saleh. Su detención se debe a una imagen en un vídeo que se ha hecho viral en el que totalmente desarmada e indefensa se encaraba en el patio de su casa a manotazos con dos soldados que pretendían ocupar (a casa de su familia, en
los territorios ocupados. La ocupación de territorios palestinos y la destrucción de casas de palestinos por parte de los colonos israelíes y del ejército es un hecho desgraciadamente habitual en Cisjordania, incluyendo Jerusalén. La obstrucción a
esta ocupación o destrucción por parte de los habitantes puede conllevar la cárcel o la muerte.
Ahed fue detenida junto a su prima Nour de veintiún años, con quien aparece en el citado vídeo frente a los soldados, y su madre, Nariman, que grabó las imágenes. Las dos primas están acusadas de agresión a los militares y la madre de
incitación a la violencia. A las tres las mantienen en cárceles separadas.
Los niños y las niñas palestinos sufren de manera especial la ocupación israelí de Jerusalén, Cisjordania y Gaza puesto que son el 46,2 % de la población palestina. Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios,
casi la mitad de la población palestina tiene menos de dieciocho años. Las niñas y los niños en Palestina se enfrentan a violaciones de sus derechos sufriendo detenciones militares arbitrarias, justicia juvenil militar diferenciada de los menores
israelíes, violencia, muerte por abatimiento a tiros y otros daños.
La Convención sobre los Derechos del Niño es el principal instrumento en materia de Derecho Internacional para la protección de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, con rango de Tratado Internacional de Derechos Humanos desde 1989.
El artículo 37 de la Convención prohíbe que los niños sean sometidos a torturas y tratos crueles o degradantes, prohíbe penas capitales y la prisión perpetua a menores de dieciocho años y, sobre todo, prohíbe que los niños sean privados de libertad
de forma ilegal o arbitraria. La prisión de un menor debe llevarse a cabo de conformidad con una ley que respete las normas internacionales y debe utilizarse tan sólo como medida de último recurso y durante el periodo más breve posible. Israel,
una potencia ocupante que vulnera las Convenciones de Ginebra y las leyes internacionales, también viola sistemáticamente dicho artículo con total impunidad frente a la pasividad de la comunidad internacional, a pesar de las numerosas denuncias de
las organizaciones internacionales y distintas ONG.
Israel ratificó la Convención en 1991 pero su aplicación ha sido objeto de fuertes críticas por parte de diversos estamentos pertenecientes a Naciones Unidas, como UNICEF, puesto que Israel sigue situando sólo para los niños palestinos la
mayoría de edad por encima de los dieciséis años. De hecho, en el informe de UNICEF de febrero de 2013 se constata 'el maltrato de niños y niñas palestinos en el sistema militar de detenciones israelíes como algo sistematizado e institucionalizado'
con ejemplos prácticos. El sistema legal y judicial israelí forma parte del engranaje de la ocupación con normas que desprecian los derechos humanos universales o la igualdad, favoreciendo un supremacismo equivalente al apartheid.
En el caso de Ahed Tannimi, la joven que se ha convertido en un hito de la resistencia popular palestina, su detención se produjo durante la noche y sin posibilidad de ser acompañada por sus progenitores. Su padre, Bassem Tamimi, ha sido
testigo de cómo la están esposando diariamente por las manos y también con grilletes en los pies, del trato vejatorio que se le propicia y de cómo se vulneran a diario sus derechos.
Según la Asociación de Derechos Humanos y Apoyo al Prisionero Achdameer, a fecha de julio de 2017, estaban encarcelados en prisiones y centros de seguridad 300 niños y niñas palestinos, 75 de ellos en Jerusalén Este, ciudad en la que se
encuentran especialmente desprotegidos por el auge de la colonización y la violencia. Muchos de ellos han sido detenidos bajo 'detenciones administrativas' que equivalen a encarcelamientos sin cargos ni juicio previo, una figura ilegal desde el
punto de vista del Derecho Internacional y que vulnera la Convención de Ginebra.
Así, el lanzamiento de piedras es punible con hasta 20 años de cárcel y el tratamiento que reciben los niños una vez arrestados es el mismo que el de las personas adultas. Varias ONG israelíes, como B´tselem y HaMoked, han documentado en
octubre de 2017 la violación de los derechos de los menores detenidos a permanecer en silencio, recibir consejo y estar en compañía de sus familiares durante los interrogatorios, abusando de esta forma de los arrestos, restricciones físicas,
arrestos nocturnos y condiciones de detención.
En 2012, el Comité de los Derechos del Niño denunció recurrentemente la destrucción de casas, escuelas e infraestructuras que vulnera los derechos del niño. Así mismo, durante los bombardeos de Gaza en 2014 murieron más de 500 niños y niñas
y 3374 fueron heridos, algunos de ellos de mucha gravedad y de los cuales un tercio sufre discapacidades desde entonces. Quedaron en situación de orfandad 1500 menores. Desgraciadamente, las muertes de niños no se limitan solo a los bombardeos
sino que también son abatidos a tiros en manifestaciones por parte del ejército y por los propios colonos israelíes. Desde 2015 han muerto asesinados 77 niños y niñas en estas circunstancias, aparte de los acaecidos en las últimas semanas.
Ante tal brutalidad es urgente que Israel cumpla estrictamente la Convención del Niño, los distintos tratados de Derecho Internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas que insiste en vulnerar sistemáticamente.
Por todo lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el marco de las relaciones bilaterales y multilaterales, a tomar las medidas necesarias para:
1. Exigir a las autoridades israelíes la liberación inmediata de Ahed Tamimi junto con los demás menores palestinos y palestinas que a día de hoy se encuentran en prisiones israelíes vulnerando la Convención de los Derechos del Niño y la
Convención de Ginebra, y asegurarles tras su liberación la opción a un juicio justo, recibir consejo y estar acompañados de sus familiares durante los interrogatorios.
2. Requerir de las autoridades israelíes el cumplimiento estricto de la Convención de los Derechos del Niño para acabar con los malos tratos y el sistema institucionalizado y discriminatorio de justicia para los niños y niñas palestinos.
3. Reclamar a las autoridades israelíes la ratificación del Tercer Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, la Convención Internacional para la protección de todas las
personas contra las desapariciones forzadas, los Protocolos Facultativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura, fa Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad, y del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, para acercar la legislación israelí a parámetros de países democráticos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2018.-Miguel Ángel Bustamante Martín, Diputado.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Educación y Deporte
161/003343
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Roldán Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos y doña Marta Martín, Diputada del mismo grupo, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente Proposición no de Ley para mantener la Comisión Bilateral previa a la vía constitucional sobre la Ley 4/2018, de 21 de febrero, de la Generalitat, por la que se regula y promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano,
para su discusión en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
A fecha 6 de febrero de 2017, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Estado de Formación Profesional y Universidades y de su Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, recibió de la Alta
Inspección Educativa del Estado un Informe sobre el Decreto 9/2017, de 27 de enero, del Consell, por el que se establece el modelo lingüístico educativo valenciano y se regula su aplicación en las enseñanzas no universitarias de la Comunitat
Valenciana.
En sus conclusiones el informe afirma que 'dada la reserva competencial que el legislador establece en lo relativo al deber de todos los españoles de 'conocer el castellano' (artículo 3 de la Constitución española) y a la necesidad de que el
conocimiento de otras lenguas, dentro del territorio nacional, 'no sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación', el Decreto 'podría no ajustarse al orden constitucional de distribución de competencias entre el Estado y la
Comunidad Valenciana y constituir fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación para el alumnado y las familias''.
Dada la evidente segregación de la iniciativa, en mayo 2017 el Tribunal Superior de Justicia Valenciano (TSJCV) suspendió cautelarmente la aplicación del decreto impulsado por la Generalitat. Y, posteriormente, en julio de 2017, el mismo
Tribunal decidió anular parcialmente el Decreto.
A pesar de este sentencia, el pasado 1 de Septiembre el Consell de la Comunidad Valenciana aprobó el Decreto-ley 3/2017 por el que se adoptan medidas urgentes para la aplicación, durante el curso 2017- 2018, de los proyectos lingüísticos de
centro. Este Decreto-ley, como se aprecia en su exposición de motivos, pretende evitar la anulación que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana impuso sobre el Decreto 9/2017, de 24 de enero, por el que se establece el modelo
lingüístico valenciano, vulnerando así el derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva (artículo 24 de la Constitución Española). Por su parte, el Tribunal Constitucional, en su sentencia del Tribunal Constitucional 129/2013,
de 4 de junio de 2013, ha entendido que es contrario a la Constitución que un poder público (incluso, un Parlamento) apruebe una Ley o un Decreto Ley con el objetivo de privar a un ciudadano de su derecho a la tutela judicial.
Por último, el 21 de febrero de 2018, les Corts aprobó la Ley 4/2018, de 21 de febrero, de la Generalitat, por la que se regula y promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano, cuyo objeto 'es regular la enseñanza y el uso
vehicular de las lenguas curriculares, asegurar el dominio de las competencias plurilingües e interculturales del alumnado valenciano y promover la presencia en el itinerario educativo de lenguas no curriculares existentes en los centros
educativos'.
Esta Ley deroga el Real Decreto-ley 3/2017 pero, en su fondo, pretende regular la política lingüística educativa de la Comunidad Valenciana bajo los mismos principios segregadores que ya fueron puestos
en tela de juicio en el pasado por parte de la Alta Inspección educativa, el Defensor del Pueblo y el Tribunal Superior de Justicia de Valencia en las iniciativas legislativas previamente registradas mencionadas en este texto.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Mantener la Comisión Bilateral entre el Gobierno central y la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana para tratar la Ley 4/2018, de 21 de febrero, de la Generalitat, por la que se regula y promueve el plurilingüismo en el
sistema educativo valenciano, como antesala de la vía constitucional, por posibles 'signos de inconstitucionalidad' en el conjunto de la Ley y, con especial hincapié, en el artículo 11 de la misma.
2. En caso de no alcanzarse ningún acuerdo que garantice la igualdad de todo el alumnado valenciano en relación a sus derechos lingüísticos, presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 4/2018, de 21 de febrero, de la
Generalitat, por la que se regula y promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2018.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003347
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Roldán, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y doña Marta Martín, Diputada del mismo grupo, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre un Plan Nacional para el Fomento de la Formación Profesional.
Exposición de motivos
Las cifras de desempleo juvenil en nuestro país han llegado a alcanzar tasas cercanas al 55 %. Las causas que provocan esta situación son múltiples, pero hay dos datos que destacan dentro de todo el proceso.
Por un lado, y a pesar de la reciente reducción (como consecuencia, en gran parte, de la crisis económica), la tasa de abandono escolar temprano es de casi el 20 %, lo que implica que un quinto de los estudiantes apenas puede llegar a tener
una educación mínima que le dé acceso a un empleo.
Por otro lado, el desfase y las brechas existentes dentro del mercado laboral, entre las cuales destaca el hecho de que España tenga el segundo peor equilibrio a nivel competencial entre oferta y demanda de la UE-27, con solo un 50 % de
personas que encajan perfectamente con la cualificación del trabajo exigido (el 50 % restante está, por tanto, sobrecualificado o infracualificado). Dentro de esta brecha, destaca que el mayor desajuste entre oferta de trabajo y personas realmente
contratadas se dé en los puestos que requieren competencias intermedias, segmento en el que un 10 % del total de plazas no se cubren.
Estos datos nos indican claramente que nuestro país necesita urgentemente más perfiles de Formación Profesional (tanto media como superior) que desarrollen competencias intermedias y que cubran esos puestos que actualmente se están quedando
vacíos (o son ocupados por otros titulados).
Los intentos del anterior Gobierno por cambiar este sistema, creando una etapa previa como ha sido la FP Básica, se han demostrado inútiles, en tanto que la tasa de fracaso ha sido, de manera sistemática, superior al 40 %.
A pesar del rápido crecimiento que se produjo tras el estallido de la crisis económica en la matriculación de Formación Profesional, de un 22,4 % entre 2007 y 2015, la realidad es que solamente un 3 % del total de plazas actuales corresponde
a la modalidad de FP Dual, la más exitosa tanto para alumnos como para empresas, con una tasa de éxito tras las prácticas cercana al 70 %.
No solo faltan plazas de FP Dual, sino también faltan empresas que participen: empresas a las que se les facilite el acceso sin barreras legales innecesarias y que internalicen el beneficio a largo plazo de esta política, para que no quede
en una mera forma de sustitución de personal y de creación de precariedad.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Desarrollar una Ley de Formación Profesional (FP) que establezca un marco regulatorio efectivo para todas y cada una de las modalidades de FP.
2. Desarrollar un Plan Nacional para el fomento de la Formación Profesional, poniendo especial énfasis en el desarrollo de la FP Dual.
3. Definir itinerarios y un sistema de obtención de título de ESO más flexible que permita hacer una valoración de las competencias y aprendizajes de los alumnos y crear un itinerario personalizado de acceso a la Formación Profesional.
4. Aumentar el número de orientadores hasta un número cercano a la media europea, especialmente en los cursos de 3.º y 4.º ESO, y desarrollar un protocolo de diagnóstico y acompañamiento a lo largo de esos cursos para definir un itinerario
académico y profesional, Crear una plataforma digital de orientación.
5. Desarrollar incentivos para las empresas para la adhesión a los programas de Formación Profesional, previendo cuidadosamente una posible sustitución de personal fijo por estudiantes.
6. Integrar la FP en Cluster Industriales a nivel regional, vinculando su desarrollo en la medida de lo posible no solo a las fases del ciclo productivo más automatizables, sino también a las de mayor valor añadido.
7. Modernizar la oferta de títulos y actualizarla a las necesidades de las empresas y de la sociedad.
8. Realizar una campaña mediática de revalorización y atracción de jóvenes hacia la FP Dual.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2018.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003348
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Roldán, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y doña Marta Martín, Diputada del mismo grupo, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente Proposición no de Ley en Comisión sobre adaptación de la legislación relativa a Formación Profesional para su adecuación a la FP Dual.
Exposición de motivos
La situación actual de los jóvenes españoles, con casi un 55 % de desempleo juvenil y una tasa de abandono escolar del 21 %, muestra la dificultad para muchos de seguir formándose y ampliar su nivel educativo y las limitadas posibilidades de
acceso al mercado laboral. Este hecho es realmente preocupante.
Una medida que claramente podría contribuir a la mejora de ambos indicadores sería la creación de un sistema de Formación Profesional moderno y de valor añadido que posibilite una transición a un entorno formativo práctico.
A pesar de que el número de alumnos de Formación Profesional ha evolucionado muy positivamente entre el año 2007 y el 2014, que de acuerdo con datos del MECD ha pasado 462 000 a más de 793 000, lo que supone un crecimiento del 22,44 %,
ciertos índices muestran que este crecimiento no ha sido acompañado de las reformas necesarias. Entre ellos, destaca que España tenga uno de los índices más altos tanto de sobre cualificación como de infracualificación de toda la UE, o lo que es lo
mismo, el segundo peor equilibrio a nivel competencial entre oferta y demanda de empleo. Con un 23 % de trabajadores sobrecualificados y un 26 % de trabajadores infracualificados, el 49 % de los trabajadores no ven ajustadas sus conocimientos y
habilidades a su trabajo.
Dentro de este desequilibrio, la mayor brecha se encuentra en las personas de nivel educativo medio y medio-alto, en las que la diferencia entre puestos de trabajo y el número de empleos reales es del 10 %, mientras que para los trabajos de
nivel educativo bajo el número de trabajadores supera en un 9 % el número de trabajos y en los que exigen nivel educativo alto están prácticamente en equilibrio,
Por último, la desaparición de los Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) y sus sustitución por la Formación Profesional Básica también se han mostrado como una medida poco eficaz, por no decir que inútil. La tasa de fracaso
en FP Básica se estima entre el 40 y el 50 %.
Todos estos datos resaltan la necesidad de no solo luchar contra el fracaso escolar sino también desarrollar sistemas que permitan a cientos de miles de alumnos proseguir su formación y realizar una transición al siguiente nivel educativo en
un marco claramente enfocado hacia la práctica y hacia la cobertura de ese 10 % de puestos que no están siendo cubiertos. En especial destaca la ausencia de perfiles con este nivel educativo medio-alto de alto componente práctico en sectores
industriales y científicos.
De acuerdo con datos proporcionados por la Fundación Bertelsmann, la implantación de la FP Dual muestra ciertas necesidades que creemos deben ser reconocidas en la legislación. Según estos datos el 53,35 de los profesores de FP Dual no han
visto reducida su carga lectiva para atender a la Dual y el 68 % no ha participado en formación específica de la FP Dual. Además, el informe resalta las dificultades que tienen pymes y micropymes para acceder a la modalidad Dual.
Dado que, actualmente la legislación que regula el acceso a la Formación Profesional Dual es el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, presenta numerosas lagunas, especialmente en el establecimiento de un marco normativo específico dentro de la Formación Profesional para la modalidad formación Dual, consideramos necesario realizar
modificaciones legislativas que reconozcan las particularidades de esta modalidad.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Introducir en la normativa reguladora una definición de 'Formación Profesional Dual' que contemple sus singularidades y permita especificar un marco legal específico para esta modalidad dentro de la Formación Profesional.
2. Introducir en la expedición del título de Formación Profesional una especificación que deje constancia de la modalidad cursada, sea 'dual' o 'no dual'.
3. Especificar en la normativa el régimen de corresponsabilidad formativa entre centros y empresas, especificando los requisitos y obligaciones de ambas partes.
4. Determinar en la normativa un rango de horas mínimo para el conjunto de la formación en su modalidad dual. Las horas finales, que podrán exceder los límites mínimos expuestos, no podrán concentrarse en un curso único y podrán extenderse
hasta los tres años.
5. Definir el 'puesto de aprendizaje' como el conjunto de aprendizajes, funciones, competencias y tareas que garanticen la formación integral del alumno. El 'puesto' no será necesario que se desarrolle en un único centro de trabajo o
empresa.
6. Diferenciar entre la figura del tutor de empresa y la figura del instructor en el centro de formación, definiendo las funciones, los derechos y las obligaciones de cada responsable.
7. Desarrollar, mediante regulación, los contenidos y la acreditación de la formación del tutor de empresa y las condiciones y los requisitos para la obtención de una certificación como tutor de empresa.
8. Reconocer en la legislación la obligación de una dotación horaria específica para el tutor del centro dentro de su jornada laboral, con el fin de realizar el seguimiento del alumnado dual, reuniones con el tutor de empresa y/o el propio
alumno. En este sentido, también deberá regularse esta dotación horaria en las partidas de financiación.
9. Revisar la normativa aplicable a los contratos de trabajo de quienes cursen Formación Profesional Dual, para garantizar el desarrollo de las actividades formativas en un régimen de alternancia real con la prestación laboral en las
empresas.
10. Articular mecanismos para la incorporación a la FP Dual de pymes y micropymes, posibilitando el establecimiento de programas formativos interempresa y con recursos compartidos entre las mismas.
11. Crear la figura de la 'empresa colaboradora FP Dual' y crear un registro de las mismas interesadas en ofrecer puestos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2018.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003350
A la Mesa de la Comisión de Educación y Deporte
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Íñigo Allí Martínez y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputados de Unión del Pueblo Navarro/UPN, al amparo de lo dispuesto en el articulo 193 y siguientes del Reglamento, presentan la
siguiente Proposición no de Ley relativa a la educación inclusiva de las personas con discapacidad en España, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El Comité de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ha desarrollado recientemente una investigación en España para dilucidar si en nuestro país se incumple el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad en relación al derecho a la educación.
'En septiembre de 2014, el Comité recibió información que alegaba violaciones graves y sistemáticas del artículo 24 de la Convención y que solicitaba al Comité llevar a cabo una investigación sobre el tema. En enero de 2015, el grupo de
trabajo sobre comunicaciones e investigaciones del Comité consideró que la información recibida era fiable e indicativa de posibles violaciones graves o sistemáticas del derecho a la educación y decidió registrar la solicitud. De conformidad con el
artículo 6, párrafo 1, del Protocolo Facultativo y el artículo 83,párrafo 1, de su Reglamento, el pleno del Comité en su 14.º período de sesiones (17 de agosto a 4 de septiembre de 2015), decidió transmitir la información recibida al Estado parte e
invitarlo a cooperar en el examen de la misma y, con tal fin, a presentar sus observaciones antes del 1 de noviembre de 2015. El Estado parte presentó sus observaciones el 13 de noviembre de 2015' describe el Informe de la Investigación relacionada
con España bajo el artículo 6 del Protocolo Facultativo elaborado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad publicado en Ginebra el 29 de mayo pasado. (Epígrafe 3.)
'Durante su 15.o período de sesiones (29 de marzo a 21 de abril de 2016), el Comité, de conformidad con el artículo 6, párrafo 2, del Protocolo Facultativo y el artículo 84, párrafo 1, del Reglamento, examinó las observaciones formuladas por
el Estado parte, además de información complementaria de otras fuentes, decidió establecer una investigación sobre las presuntas violaciones y designó a tres de sus miembros para desarrollarla. El 24 de mayo de 2016, el Comité recibió una solicitud
de uno de los órganos del mecanismo de vigilancia independiente designado conforme al artículo 33, párrafo 2, de la Convención, solicitando se estableciera una investigación sobre presuntas violaciones al derecho a la educación de personas con
discapacidad. Al tratarse de información que ya había sido previamente analizada por el Comité, y dada la fiabilidad de la fuente, el Comité decidió acumular esta solicitud a la investigación en curso. El Comité comunicó las decisiones previamente
citadas al Estado parte el 30 de junio de 2016.' (Epígrafe 4.)
Las conclusiones derivadas de la investigación son demoledoras: la exclusión de España de los estudiantes con discapacidades de la educación general, por su discapacidad, equivale a violaciones graves o sistemáticas del derecho a la
educación de esos estudiantes, según el artículo 6 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tal y como consta en las conclusiones del referido Informe.
'El sistema educativo paralelo establecido para aquellos estudiantes con discapacidades que no encajan en las escuelas generales se convierte en trayectorias paralelas de la vida escolar, el empleo y más tarde la residencia, lo que lleva a
resultados de vida muy diferentes', decía la Sra. Theresia Degener, Presidenta del Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad con motivo de la presentación en Ginebra.
Para la realización de la investigación confidencial y la elaboración del Informe posterior, los expertos viajaron a España en 2017. En enero y febrero de ese año, el Sr. Coomaravel Pyaneandee, Vicepresidente del Comité y el Sr. Carlos
Parra Dussan, miembro del Comité, visitaron. Madrid, León, Valladolid, Barcelona, Sevilla y Málaga donde se reunieron con más de 165 personas. Estas incluyeron a funcionarios del Gobierno central y de las 17 Comunidades Autónomas (gobiernos
regionales), así como representantes de organizaciones de personas con discapacidad y otras organizaciones de la sociedad civil, investigadores, académicos, jueces y abogados.
Su investigación fue en respuesta a informes recibidos de una organización representativa de personas con discapacidad (SOLCOM) y de una de las entidades del mecanismo nacional independiente de seguimiento (el CERMI), alegando que, a pesar
de las reformas legales a la educación a nivel nacional, las leyes y políticas educativas de España perpetuaban el modelo médico de la discapacidad.
Los expertos descubrieron que España ha contribuido a un sistema discriminatorio que, de hecho, utiliza disposiciones legales vigentes para mantener dos sistemas educativos y desviar a los estudiantes con discapacidades fuera de la educación
general. Además, descubrieron que la falta de salvaguardias para los mecanismos de monitoreo independientes significa que una vez que los estudiantes abandona el sistema educativo general, ellos permanecerán fuera.
'Dos modalidades separadas de educación no pueden coexistir en un sistema de educación inclusiva basado en el derecho a la no discriminación y la igualdad de oportunidades. El sistema debe consistir en una modalidad para todos los
estudiantes y debe basarse en la calidad de la educación, proporcionando a cada alumno el apoyo que requieran', apuntaba el Sr. Parra.
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad trabaja para asegurar que los países que han ratificado la Convención, como España, cumplan con sus compromisos en materia de derechos humanos. Esto incluye el compromiso de
garantizar que 'las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la educación primaria gratuita y obligatoria ni de la
educación secundaria por motivos de discapacidad'. (Artículo 24 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.)
Entre otras recomendaciones, el Comité instó a España a establecer un plan de acción nacional elaborado que también cuente con la colaboración con las organizaciones representativas de personas con discapacidad.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad insta al Gobierno de España a:
Desarrollar un Plan Nacional Educativo Inclusivo de las Personas con Discapacidad en coordinación con las Comunidades Autónomas y la Comunidad Foral de Navarra y con la colaboración de personas e instituciones concernidas al amparo del
reciente Informe de investigación del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2018.-Íñigo Jesús Alli Martínez y Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, Diputados.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003356
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Roldán Monés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, doña Marta Martín Llaguno y don Francisco Igea Arisqueta, Diputados del mismo grupo, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para su discusión en la Comisión de Educación y Deporte, sobre la armonización de contenidos y tasas a pagar en las pruebas EBAU, para su discusión en la Comisión
de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
Ante los eventos ocurridos en Extremadura ayer en las pruebas Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad (EBAU), en la que más de 3000 alumnos van a tener que repetir parte de la prueba ante una posible filtración parcial de los
exámenes, Cs reclama una vez más la integración de la EBAU entre las distintas CC.AA.
Este hecho representa el último de varios problemas que se han generado en torno a las existencia de diecisiete pruebas con contenidos, niveles de exigencia y de personal corrector distinto en cada una de ellas. Por mucho que se intente
resaltar las particularidades de cada territorio, la realidad de los datos de algunas CC.AA. muestra que esta diferencias no parecen ser coherentes con los resultados de los estudiantes en esa comunidad a lo largo de su vida académica, sea en las
evaluaciones continuas sea en pruebas externas estandarizadas. Tampoco con los resultados universitarios posteriores.
Uno de los ejemplos más claros es el caso de la Comunidad de Castilla y León (CyL), líder en rendimiento competencial en pruebas como PISA (520 puntos de media) y a la vez con una media de 6,2 en la EBAU, una de las notas más bajas. Para
poner estos resultados en contexto, en España existen al menos siete CC.AA. que, de acuerdo con PISA, tienen un rendimiento significativamente más bajo en lectura, matemáticas y ciencia, un mayor porcentaje de alumnos con bajo rendimiento, peores
índices de equidad y que, sin embargo, presentan medias en la EBAU superiores. Tanto es así que, a pesar de que CyL tiene con diferencia los mejores resultados PISA (ilustración más abajo, según fuentes de la propia OCDE), la media en el EBAU del
conjunto del territorio es significativamente más alta que de CyL.
Aún más sorprendente es el hecho de que, siendo CyL una de las comunidades con mayor porcentaje de alumnos excelentes en PISA, solo un 9,5 % de alumnos obtiene un sobresaliente en la EBAU, por debajo de al menos catorce CC.AA. Como puede
observarse en el siguiente gráfico, en competencia lectora la diferencia con el conjunto del territorio es muy significativa.
Otro factor que genera desigualdades en el acceso son las tasas de pago por acceder a las pruebas. Según el desglose por comunidades recogido en el Observatorio del Sistema Universitario, La Rioja copa el primer puesto con 193 euros de
desembolso, seguida de Aragón con 186 y de CyL con 183 euros. Por contra, se encuentran los 53 euros de Castilla-La Mancha, los 63,7 de Galicia o los 78,3 de Extremadura. En el resto de comunidades los precios varían dentro de este rango.
Estas diferencias tanto de resultados como de procedimientos y de tasas para el acceso a la prueba suponen un perjuicio para miles de estudiantes y señalan una vez más las enormes diferencias territoriales
existentes como uno de los mayores condicionantes a la hora de acceder a la universidad y en las posibilidades de movilidad de los estudiantes.
No solo supone una profunda injusticia la aparente inequidad en la evaluación, sino que además los resultados adolecen de transparencia al no ser estos publicados por centro educativo en un gran número de CC.AA. como Baleares, Cataluña o
Andalucía. Los estudiantes y familias no pueden conocer con anterioridad a la elección de centro cuál ha sido el histórico de resultados y del porcentaje de aprobados en cada centro educativo de esa comunidad.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Abrir un proceso de negociación, en el seno de la Conferencia Sectorial, para desarrollar un sistema de Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad homogéneo que garantice la igualdad tanto en los contenidos como en los
criterios de evaluación y corrija los desajustes territoriales que existen tanto en los resultados como en el consecuente acceso a la universidad.
2. Instar a las Comunidades Autónomas a que desarrollen mecanismos de publicidad para las notas medias agregada por centro educativo de la Evaluación del Bachillerato para Acceso a la Universidad en los boletines oficiales de cada Comunidad
Autónoma y a habilitar un portal web donde esta información se encuentre disponible para que estudiantes y familias puedan consultar los datos.
3. Abrir el debate en el seno de la Mesa Sectorial para armonizar las tasas de pago por acceder a las pruebas de Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad (EBAU) por CC.AA., estableciendo unas horquillas en base al coste
operativo de las mismas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2018.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/003352
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de la Diputada Alexandra Fernández Gómez, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social relativa a la necesidad de realizar actuaciones de mejora en la Casa del Mar en Cambados y cesión al ayuntamiento del local bajo para uso de personas
pensionistas y jubiladas.
Exposición de motivos
En la villa pontevedresa de Cambados, personas jubiladas y pensionistas llevan tiempo apremiando a las Administraciones competentes para que lleven a cabo reformas en el local-bajo de la Casa del Mar situada en dicha localidad.
Su mal estado es objeto de preocupación debido a las filtraciones de agua que se producen por el pésimo aislamiento de las ventanas, así como las humedades presentes en las paredes. La falta de las mínimas actuaciones en mantenimiento
provoca que también se detecten desprendimientos del techo, y una iluminación deficiente por el deterioro del cableado. Los aseos no están acondicionados para su uso por parte de personas con movilidad reducida.
Acompañan estas deficiencias un mobiliario muy antiguo, en estado ruinoso. Así como otro tipo de equipamientos y dotaciones que se encuentran en mal estado debido al desgaste.
Aunque existe un plano competencial correspondiente a la Xunta de Galicia en las cuestiones de servicios sociales, debemos poner de manifiesto que este edificio, la Casa del Mar, es de titularidad del
Instituto Social de la Marina, del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Las dependencias que ocupa el Hogar de Jubilados y Pensionistas, en el bajo del edificio, pertenece al ISM.
En una interlocución producida con el anterior Director del Instituto Social de la Marina de Vilagarcía de Arousa en el mes de diciembre pasado con el colectivo de personas pensionistas, les aseguró que se iban a efectuar actuaciones de
mejora en todo el edificio en los primeros meses del año. Sin embargo, no solo no constan las obras prometidas si no que tenemos conocimiento de que ni siquiera se ha tramitado la correspondiente petición de licencia al ayuntamiento de Cambados
para ejecutar las obras.
La Casa del Mar de Cambados se construyó en los años 70, y desde entonces no fue objeto de ninguna actuación integral de reforma o mejora. Es evidente que el paso de los años provoca un deterioro y un desgaste que deben ser paliados con
inversiones en mantenimiento. Sin olvidar el factor de antigüedad, es decir, un tipo de construcción caduca y obsoleta que se observa en la cubierta del inmueble, en la carpintería exterior y en los conductos del agua que actualmente están
provocando las filtraciones del agua.
El local que sirve de lugar de reunión de personas jubiladas y pensionistas sufre de múltiples deficiencias que deberían subsanarse. Es de uso diario pero no reúne las condiciones adecuadas para el encuentro y la organización de la agenda
de las personas pensionistas.
Sería conveniente que el Instituto Social de la Marina procediese a realizar las necesarias actuaciones de mejora, mantenimiento y rehabilitación del local-bajo utilizado por el colectivo de pensionistas y jubilados, además de estudiar la
posibilidad de ceder la titularidad de dichas dependencias al ayuntamiento con el fin de destinarlo a las actividades socio-culturales que desarrollan las asociaciones de pensionistas.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- En primer lugar, aprobar y ejecutar en este año 2018, actuaciones de mejora, de reforma y de rehabilitación de la Casa del Mar situada en Cambados (Pontevedra).
- Adaptar el local bajo de la Casa del Mar a las necesidades del colectivo de personas pensionistas y jubiladas a fin de contar con unas dependencias habilitadas adecuadamente.
- En segundo término, proceder a la cesión de dichas dependencias al ayuntamiento con el objetivo de destinarlo al impulso de las actividades socioculturales dedicadas a las personas pensionistas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2018.-Alexandra Fernández Gómez, Diputada.-Miguel Anxo Fernández Bello, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003353
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-Comú Podem-En Marea, a instancias de la Diputada doña Alexandra Fernández Gómez, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social para la cesión gratuita al ayuntamiento de Vigo del edificio del antiguo centro de salud ubicado en el barrio vigués de Teis para destinarlo a una
biblioteca.
Exposición de motivos
En el año 2002 cerró toda actividad el antiguo centro de salud situado en el barrio de Teis (Vigo), en la calle Enrique Lorenzo, y de propiedad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Desde entonces, son reiteradas las demandas de los
vecinos y de las vecinas, del ayuntamiento de Vigo y de organizaciones políticas para que el Ministerio ceda gratuitamente el edificio y poder dedicarlo a actividades sociales o culturales. En concreto, se plantea la ubicación de una biblioteca,
una ludoteca y un local juvenil.
Además de las diversas gestiones y solicitudes procedentes del ámbito político, destacan las demandas procedentes de la Asociación de Vecinos del barrio de Teis que en el pasado mes de enero se
dirigió al anterior Subdirector General de Gestión del Patrimonio y Contratación de la Seguridad Social para pedir la cesión del antiguo ambulatorio.
Teis es uno de los barrios más poblados de Vigo, donde se ubican cinco centros escolares públicos, tres privados concertados, un centro escuela cooperativa y cuatro institutos. A pesar de ello carece de una biblioteca pública donde
desarrollar actividades destinadas al ámbito infantil y juvenil. En este sentido, existen incluso estudios que ponen de manifiesto las carencias de Vigo en cuanto a dotaciones bibliotecarias. Recordemos que es la única ciudad de sus dimensiones
que no tiene Biblioteca del Estado.
Las reticencias por parte de la Tesorería de la Seguridad Social del anterior Gobierno del PP han sido constantes. Han utilizado excusas de mal pagador como la alusión a la existencia de un proyecto para una propiedad que lleva años
abandonado. En el reverso de las falsas argumentaciones, creemos que se encontraba el propósito del Ministerio de hacer negocio con un bien público, puesto que no era partidario de una cesión gratuita.
Esperamos que esa no sea la línea a seguir por el actual Gobierno.
El anterior Ministerio ya intentó subastar este edificio en tres o cuatro ocasiones sin éxito. Llegó a valorarlo en 700 000 euros. Consideramos desde En Marea que no es la dirección adecuada con propiedades, bienes o inmuebles que
pertenecen a la Administración pública, especialmente cuando existen otras administraciones más pequeñas y más cercanas a los ciudadanos interesadas en otorgarle una funcionalidad. La cesión a una administración local debería ser gratuita.
El antiguo ambulatorio es un edificio de 1950 que cuenta con 1.063 metros cuadrados. Preocupa su estado de abandono y desuso, su deterioro. Por eso sería idóneo que el Ministerio contribuyese a impulsar un destino socio-cultural a esta
propiedad y cooperase para que el ayuntamiento pueda disponer de este bien inmueble de forma gratuita.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social a:
Ceder gratuitamente al ayuntamiento de Vigo el antiguo edificio del centro de salud situado en el barrio vigués de Teis para destinarlo a un uso socio-cultural, para ubicar en dicha propiedad una biblioteca, una ludoteca y un local juvenil.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2018.-Alexandra Fernández Gómez, Diputada.-Miguel Anxo Fernández Bello, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003354
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de la Diputada doña Alexandra Fernández Gómez, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, para la cesión del edificio de la Casa del Mar en Marín (Pontevedra) al ayuntamiento para destinarlo a usos sociales.
Exposición de motivos
La Casa del Mar de Marín dejó de utilizarse a finales del año 2016. Desde entonces permanece en estado de abandono, en desuso casi en su integridad, exceptuando un pequeño jardín de infancia que se ubica en uno de sus bajos.
Este edificio pertenece al Instituto Social de la Marina de competencia del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
A pesar de que el anterior Gobierno del PP hizo numerosos anuncios de que el ISM iba a transferir la Casa del Mar al ayuntamiento, la realidad es que continúa en el mismo estado de abandono y sin que se haya llevado a cabo ningún tipo de
gestión.
Sería idóneo que el Ministerio colaborase con esta situación y procediese a transferir estas instalaciones al consistorio con el objetivo de ubicar en ella un Centro de Día. Es decir, destinarlo a un uso social, un tipo de dotación
necesaria. Además, desde que se consolidó el traslado del Centro de Salud al nuevo edificio, fusionando ambos servicios de atención primaria a inicios del pasado año 2017, el ayuntamiento hizo saber su interés en la Casa del Mar para dotarla de un
uso social.
En julio de 2017, la Xunta acordó la autorización para la retrocesión del bien por haberlo dejado de utilizar desde el Servicio Galego de Saúde, con lo cual, las dependencias volvieron a la titularidad de la Tesorería General de la Seguridad
Social.
La primera planta tiene una superficie de 643 metros cuadrados, de fácil acceso y un espacio adecuado para habilitarlo para los usos sociales reseñados y de gran utilidad para Marín. Se trata de una reivindicación que comparten todos los
grupos municipales.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a:
Ceder de forma gratuita al ayuntamiento de Marín (Pontevedra) el edificio y dependencias de la Casa del Mar (ISM) para destinarlo a usos sociales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2018.-Alexandra Fernández Gómez, Diputada.-Miguel Anxo Fernández Bello, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
161/003345
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, y a través de su Portavoz Miguel Anxo Fernández Bello, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del
Reglamento, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, relativa a la adopción de medidas de reforma del Mercado Eléctrico.
Exposición de motivos
El mes de mayo de 2018 finalizó con la mayor subida mensual de la factura eléctrica desde enero de 2017. El recibo del usuario medio con las tarifas semirreguladas PVPC se incrementó en un 7,7 %, nada menos que 5,40 euros.
Así, la factura para un usuario con un consumo de 366 kWh mensuales y 4,4 kW de potencia contratada se situó en 75,34 euros (impuestos indirectos incluidos), frente a los 69,94 euros de abril (mes en el que subió un 0,7 %). En marzo, el
mismo recibo se situó en 69,46 euros (bajó un 9,0 %), en febrero en 76,32 euros (subió un 2,0 %) y en enero en 74,81 euros (bajó un 6,1 %).
Para encontrar una subida mensual más alta que la que se dio en mayo hay que remontarse a enero del año pasado, cuando el recibo del usuario medio se encareció en un 9,4 %. Durante todo 2017, la factura eléctrica aumentó en un 10,8 %: se
elevó a 75,59 euros mensuales, frente a los 68,20 euros de 2016 (7,39 euros más).
El Grupo Parlamentario Confederal de UP-ECP-EM suscribió, junto a otras fuerzas políticas, así como a una amplia representación de la sociedad civil, el manifiesto 'No Más Cortes de Luz', en el que se planteaba la adopción de medidas
urgentes para finalizar con este encarecimiento progresivo de la factura eléctrica al pequeño consumidor, ya que estas subidas son un síntoma más de la enfermedad grave que aqueja, desde hace tiempo, al sistema eléctrico español.
Esta 'volatilidad' de los precios no es ningún fenómeno natural, tiene beneficiarios y causas concretas, resultado de acciones del Gobierno, también de la inacción del ejecutivo anterior, que pueden y deben revertirse.
La primera, es el poder de mercado de un grupo de tres empresas. Una situación que ya denunciaba en 2005 el Profesor José Ignacio Pérez Arriaga en el Libro Blanco sobre la reforma del marco regulatorio de la generación eléctrica en España,
preparado a instancias del gobierno del Partido Socialista.
Un poder de mercado que continúa hoy y se traduce en que, según el informe anual de las agencias de reguladores europeos ACER/CEER, las tres comercializadoras más grandes controlan el 90 % del mercado doméstico.
Estas tres comercializadoras, además, pertenecen a los mismos grupos de empresa que las tres productoras que controlan el 60 % de la generación, según el Informe Anual de 2016 del Mercado Mayorista de la CNMC.
La segunda, es el diseño del mercado mayorista de electricidad como un mercado marginalista obligatorio de facto, en el deben participar todos los días los productores y comercializadores para vender o adquirir respectivamente su energía.
Un diseño que permite, a un reducido número de empresas, ejercer su poder de mercado para fijar el precio marginal de forma que tecnologías inframarginales como la nuclear y la hidráulica obtengan beneficios caídos del cielo e incluso
rentabilizar las centrales de carbón que todavía representan el 14 % de la energía consumida. Y esto a pesar de su impacto medioambiental y dependencia energética al utilizar, básicamente, carbón importado. No es de extrañar que Endesa haya
anunciado la modernización y ampliación de la Central Térmica de Puentes de García Rodríguez (A Coruña).
La participación obligatoria de los Comercializadores en el Mercado Diario para adquirir toda la energía para sus clientes, convierte este mercado en un mero trámite y así el 70 % de la demanda de energía, es decir, el consumo base, se
oferta todos los días al precio máximo instrumental de 180 /MWh solo para asegurar que resulta asignada.
Un trámite en el que empresas comercializadoras y productoras del mismo grupo empresarial intercambian números en sus hojas de cálculo, con el único objetivo de maximizar su beneficio.
Mientras que el porcentaje de energía gestionada en el Mercado Diario en Francia es solo el 20 %, en Reino Unido del 14 %, en Alemania del 52 % y en Italia el 70 % en España el Mercado Diario gestiona más del 80 % de la energía.
Una característica peculiar de nuestro mercado, que, unida al poder de mercado de un reducido número de empresas, origina la volatilidad de los precios y situaciones absurdas como que la producción hidráulica marque el precio marginal.
Una volatilidad que en cualquier caso pagan los consumidores, bien directamente en el precio o en la cobertura de riesgo de precio de los contratos con tarifa plana.
La tercera causa es el efecto conjunto del acoplamiento, en 2014, del mercado Ibérico con el resto de Europa, en cumplimiento de diversos Reglamentos de la Unión Europea, y la duplicación en 2015 de la capacidad de la interconexión con
Francia.
El resultado son mayores intercambios de energía con el resto de la UE y menor control sobre sobre el flujo de energía con Francia y por ende con el resto de la UE. Un flujo que, ahora, dentro de las limitaciones físicas de la
interconexión, depende exclusivamente de la diferencia de precio entre el mercado francés y el mercado Ibérico.
Las interconexiones suponen ventajas para el sistema eléctrico español, como la posibilidad de importar energía más barata o exportar el exceso de producción eléctrica de origen renovable. Pero también riesgos, cuando se expone, a través de
la interconexión, más del 80 % del mercado español a la volatilidad de precios de los mercados europeos interconectados.
Los Reglamentos de la Unión Europea regulan el Mercado Diario y la gestión de las interconexiones, pero no cuanta energía se debe de gestionar en ese Mercado. Cada país puede y debe adoptar la estructura de mercado que mejor le convenga
para disfrutar de las ventajas de las interconexiones protegiendo a sus consumidores de la volatilidad de los mercados.
Un Mercado Diario e Intradiario obligatorio de facto, con un algoritmo de asignación de precios marginalista, común para toda la UE y un acoplamiento mayor y más estrecho con el resto de la Unión Europea es una combinación que garantiza
volatilidad de los precios, y grandes beneficios para los Productores de electricidad.
Es pues imprescindible y urgente adoptar medidas de reforma del Mercado Eléctrico para:
a) Reducir el poder de mercado de los grupos empresariales más importantes.
b) Eliminar la obligación de los Comercializadores de participar en el Mercado Diario, para adquirir la totalidad de la energía de sus clientes, poniendo a su disposición la posibilidad de contratar a plazo a precios regulados la energía de
las centrales nucleares, y un porcentaje de la hidráulica y las centrales de carbón. Esta contratación a plazo tendría la forma de ventas virtuales de energía, en el modelo del Accés de Régulé a l'Electricité Nucléaire Historique (ARENH) de
Francia, a través de una entidad gestora que actuaría de interimediario entre Productores y Comercializadores, para romper los vínculos entre ambos.
c) Centralizar en el Operador del Sistema la gestión de toda la producción hidráulica y el bombeo. Dos recursos escasos pero críticos, para la integración de las energías de origen renovable de producción variable como la eólica y la solar
y la seguridad del sistema. Unos recursos, que usan un patrimonio público como es el agua, y que deben utilizarse para funciones que incrementen el bienestar social y no para la obtención de beneficios caídos del cielo.
La centralización de la gestión, en la forma de ventas virtuales de energía sería, así, un primer paso en la recuperación de la explotación de las centrales hidráulicas a medida que vayan expirando sus concesiones.
Con estas medidas, además de limitar el poder de mercado, se reduce el volumen de producción y la demanda, expuesto a los mercados de la Unión Europea y, por tanto, el impacto en los consumidores españoles de la volatilidad de estos
mercados.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar reglamentariamente los artículos 24.4 y 24.5 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, creando las modalidades de contratación y sociedades gestoras que permitan la gestión de la producción de origen nuclear, hidráulico y
carbón y su puesta a disposición de los Comercializadores en los términos indicados en la parte expositiva de esta propuesta.
2. Derogar el artículo 9.3 del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica, y todas aquellas disposiciones reglamentarias que obstaculizan la Contratación
Bilateral física, instando al Operador del Sistema Red Eléctrica de España S.A.U. y al Operador del Mercado Ibérico de Electricidad OMIE a presentar propuestas de modificación de Procedimientos de Operación y Reglas de Funcionamiento del Mercado
que faciliten la participación de la Contratación Bilateral física.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Miguel Anxo Fernández Bello, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/003349
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de una depuradora en Xixón este, para
su debate en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Alimentación.
Exposición de motivos
El tratamiento y gestión de aguas residuales es un tema de máxima actualidad y de una alta prioridad no sólo en Asturies, sino en el conjunto del Estado y en la Unión Europea.
El agua es un bien esencial para la vida, así como un recurso indispensable para la economía: su protección y gestión trascienden la delimitación de fronteras. La legislación sobre aguas de la UE cambió a partir de la adopción en el año
2000 de la Directiva Marco sobre el Agua (DMA), que introdujo un enfoque global para la gestión y la protección de las aguas superficiales y subterráneas basado en las cuencas hidrográficas. Implicó acuerdos internacionales y actos legislativos
relacionados con la contaminación, la calidad y la cantidad de las aguas.
En noviembre de 2016, la Comisión Europea anunciaba que elevaría al Tribunal de Justicia de la UE un expediente sancionador por incumplir las normas en materia de recogida y tratamiento de aguas residuales en diecisiete aglomeraciones
urbanas del país, pese a tener una sanción anterior. La multa ascendería, como mínimo, a 46,5 millones de euros más 19 000 euros diarios por cada día transcurrido sin dar una solución al problema.
Una de esas aglomeraciones urbanas a las que se hace referencia es Xixón, donde la construcción de la nueva planta depuradora del este de la ciudad no se hizo de acuerdo a la legislación vigente, lo que ha supuesto que dicha planta se
encuentre ilegalizada por sentencia firme a instancias de los vecinos y vecinas de la zona, que impugnaron el procedimiento ante los tribunales.
Actualmente toda la zona este de Xixón vierte sus aguas directamente al mar, sin ningún tipo de tratamiento previo. Por ello, se ha propuesto la recuperación de los equipos de desarenado y desengrasado para intentar paliar los daños al
Medio Ambiente, que se producen cada día que la situación sigue sin resolverse. Tras un primer momento en el que las diferentes autoridades políticas negaron el problema y desecharon la propuesta, finalmente ésta ha sido aceptada por las
administraciones responsables y avalada por la Audiencia Nacional que en septiembre de 2017 emitía un auto por el que autorizaba a poner en funcionamiento estos equipos en la nueva planta depuradora hasta resolver la situación de la planta,
pendiente de la evaluación ambiental.
Pese a la decisión judicial, lo cierto es que los equipos siguen sin estar en funcionamiento. Por contra, las lluvias de finales de primavera han vuelto a poner de manifiesto la realidad que se da a unos kilómetros de la costa gijonesa:
las lluvias producían un vertido sobre la bahía de San Lorenzo que, junto con una deficiente actuación municipal, provocaba que hasta dos decenas de usuarios de la misma tuvieran irritaciones dérmicas y trastornos gastrointestinales provocados por
el vertido. No en vano, las muestras tomadas el día siguiente del vertido todavía duplicaban los valores máximos permitidos de Escherichia coli en el agua.
El vertido y los problemas generados en tan sólo un día ofrecen una idea de la magnitud del problema lejos de la costa, donde la liberación de aguas residuales es continua. Y por si el problema medioambientaI no fuera suficiente, nos
encontramos a las puertas de una nueva temporada estival, que sería la tercera con esta situación, por lo que el daño a la imagen turística de Xixón sigue creciendo y va camino de asentarse por la inoperancia política demostrada a la hora de dar una
solución ágil a este problema.
Los daños para el ecosistema marino y para la salud están cifrados en 3 millones de euros anuales por el Ministerio de Medio Ambiente gracias a un informe en el que se detallaba que la ciudad vierte cada año a través del emisario submarino
de Peñarrubia 3200 toneladas de materia orgánica y otros contaminantes disueltos, como metales pesados. También se libera una inmensa masa de bacterias fecales (16 100 billones de coliformes por segundo) y cantidades similares de otros
microorganismos patógenos (virus, bacterias...). Los sólidos en suspensión contaminados se cifran en 4100 toneladas al año y la insuficiencia de la instalación del pretratamiento actual la sufren los ríos Piles y Peñafrancia.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados y Diputadas insta al Gobierno a:
1. Poner en funcionamiento a la mayor brevedad posible los equipos de desarenado y desengrasado de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Xixón este.
2. Establecer como una prioridad de primer orden el aportar una solución definitiva para la gestión de aguas residuales de la zona este de Xixón, ejecutando la misma con los plazos más cortos posibles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2018.-Sofía Fernández Castañón, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/003355
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para destinar ayuda humanitaria de emergencia a los y a las
afectadas por la erupción del volcán de Fuego en Guatemala, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para Desarrollo.
Exposición de motivos
La erupción del volcán de Fuego en Guatemala el pasado domingo -la más fuerte del cráter desde 1974- es una tragedia cuyo alcance todavía se desconoce. La cifra oficial de fallecidos asciende ya a 109 personas, pero aún quedan muchas zonas
por revisar y el número de desaparecidos es incalculable. Sólo en las inmediaciones de la aldea El Rodeo (Escuintla, en el sur de Guatemala, la zona más afectada) los equipos de rescate han localizado 29 cadáveres, la mayoría de los cuales no
pudieron ser evacuados debido a nuevos ríos de lava y flujos piroclásticos. La erupción ha afectado a 1,7 millones de personas y ha obligado a desalojar de sus casas a otras 3000. La ceniza que lanzó el volcán llegó hasta los 10 000 metros de
altura.
La tragedia se produjo cuando una avalancha de lava volcánica, piedras y lodo se precipitó sobre varias comunidades ubicadas en las faldas del cráter. No todos lograron escapar. Familias completas quedaron atrapadas en sus humildes
viviendas. Otras en una iglesia evangélica, donde asistían a la misa dominical.
De momento se desconoce el número de desaparecidos/as y el de refugiados/as. Al menos tres aldeas desaparecieron bajo toneladas de ceniza. Los albergues están saturados, aunque tampoco se sabe a ciencia cierta el número de personas
refugiadas, entre otras razones porque muchos lo han hecho en casas de amistades y familiares. No obstante, la CONRED (Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres) reportó 653 personas atendidas en refugios de Escuintla y Sacatepéquez.
Si humanamente las víctimas no han sido cuantificadas, el aspecto material ni siquiera ha sido atendido. Expertos del Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología calculan que las cosechas, particularmente de maíz y
café, habrían quedado reducidas a cenizas en un radio de 5 kilómetros alrededor del volcán.
Por otra parte, la lluvia de ceniza afectó a por lo menos cinco departamentos (provincias), circunstancia que conlleva el riesgo de contaminación del agua potable, a la vez que pone en riesgo el sistema de drenaje, que puede saturarse. El
presidente de Guatemala, Jimmy Morales, declaró el estado de calamidad en todo el territorio guatemalteco y tres días de luto nacional en el país.
Si bien la fase crítica de la erupción ha remitido, ello no significa que no pueda reactivarse en cualquier momento pues existe el riesgo de que se produzcan, nuevas erupciones. Sumado a ello, la altura del volcán, 3700 metros sobre el
nivel del mar, más el peso de la lava, puede provocar que los deslaves puedan alcanzar hasta los 60 kilómetros por hora.
Desde las principales carreteras de Guatemala, la ruta Panamericana, que comunica a la capital del país con México, y la que conduce al Pacífico presentan problemas para la circulación porque la arena, más el agua de la lluvia, las tornan
resbaladizas, mientras se temen inundaciones porque mucha de la lava y el lodo caen directamente a las corrientes de los ríos vecinos. La erupción volcánica arrojó un río de lava candente y produjo espesas nubes de humo de casi 9,6 kilómetros en el
aire, según la agencia gubernamental para la reducción de desastres.
Ante tales circunstancias es imprescindible que el Estado español se ponga a disposición de las autoridades de Guatemala y tomar cuantas medidas urgentes sean necesarias para prestar ayuda humanitaria de emergencia a la ciudadanía
guatemalteca afectada por esta tragedia, aún más si cabe considerando los lazos históricos y económicos entre ambos países, pues no es baladí la intensa actividad económica de empresas transnacionales españolas y sus consecuencias sociales y
medioambientales en el territorio guatemalteco.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la acción humanitaria de emergencia en Guatemala y llevar a cabo cuantas acciones sean necesarias para ayudar en la protección y asistencia en favor de los y las ciudadanas afectadas
por el desastre natural provocado por el volcán de Fuego en Guatemala.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2018.-Aina Vidal Sáez y Jaume Moya Matas, Diputados.-Lucía Martín González, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/003344
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la accesibilidad universal de los teléfonos de
emergencia, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
El ejercicio de los derechos de ciudadanía de las personas con discapacidad exige la posibilidad de acceso, uso y disfrute del conjunto de los entornos, bienes, productos y servicios que ofrece la sociedad en todos sus ámbitos, sin
discriminaciones ni exclusiones por razones de un funcionamiento corporal, mental, comunicacional o cognitivo diverso. Esto es lo que se conoce como accesibilidad universal.
Así, la accesibilidad universal es un presupuesto necesario para el ejercicio pleno de derechos humanos, lo cual tiene como correlato lógico la consideración de la falta de accesibilidad de los entornos, productos, bienes y servicios a
disposición del público como una discriminación contra las personas con discapacidad. La accesibilidad universal es por tanto un bien social básico que debe ser promovido y estar amparado y protegido por los poderes públicos, y respetado y
desplegado por todos los operadores, agentes y particulares de la vida en comunidad.
A nivel internacional, la accesibilidad universal viene consagrada por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada por España, y la legislación española también proclama, declara y
regula la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas, si bien las organizaciones que representan a las personas con discapacidad denuncian que lo hace de un modo imperfecto, incompleto y poco efectivo.
De manera particular, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado al Gobierno que España lidere en el seno de la Unión Europea (UE) la exigencia legal de accesibilidad universal de todos los
teléfonos de emergencia, como el 112, con el objetivo de que ninguna persona con discapacidad quede fuera de poder acceder a un servicio tan importante para la población. Se trataría de que el Acta Europea de Accesibilidad, directiva comunitaria
que está en tramitación, recoja la obligatoriedad de que todos los teléfonos de emergencia sean plenamente accesibles, una cuestión que ya se incluía en el texto tras su paso por la Comisión Europea y el Parlamento Europeo pero que el Consejo
Europeo excluyó en su posición común.
Actualmente, los servicios de emergencia siguen siendo inaccesibles para muchas personas con discapacidad. No garantizar la accesibilidad de este servicio implica dejar fuera de la protección y en situación de emergencia permanente a un
sector amplio de las personas con discapacidad. Y la accesibilidad universal pasa por que todas las personas con discapacidad, incluidas las personas sordas o sordociegas, puedan acceder en condiciones de igualdad a este servicio. El CERMI
entiende que, además de la llamada tradicional, ha de permitirse la comunicación mediante texto, vídeo o la combinación de diferentes formas.
A su vez, la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) solicita que la normativa incluya la comunicación en lengua de signos y textos escritos en tiempo real, y denuncia que en España los servicios de emergencia carecen de un sistema
de acceso y un protocolo de atención común y estandarizado para todas las personas sordas independientemente del lugar donde residan o de si son o no de otros países, destacando la importancia de que estos servicios estén disponibles e
interoperables en toda Europa.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover en las instituciones europeas que el Acta Europea de Accesibilidad recoja la obligatoriedad de que todos los teléfonos de servicios de emergencia sean plenamente accesibles, de tal
forma que cualquier persona con discapacidad pueda acceder en igualdad de condiciones a dichos servicios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2018.-María Isabel Salud Areste, Diputada.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003351
A la Mesa de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Íñigo Alli Martínez y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputados de Unión del Pueblo Navarro/UPN, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento, presentan la
siguiente Proposición no de Ley relativa a la educación inclusiva de las personas con discapacidad en España, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El Comité de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ha desarrollado recientemente una investigación en España para dilucidar si en nuestro país se incumple el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad en relación al derecho a la educación.
'En septiembre de 2014 el Comité recibió información que alegaba violaciones graves y sistemáticas del artículo 24 de la Convención y que solicitaba al Comité llevar a cabo una investigación sobre el tema. En enero de 2015, el grupo de
trabajo sobre comunicaciones e investigaciones del Comité consideró que la información recibida era fiable e indicativa de posibles violaciones graves o sistemáticas del derecho a la educación y decidió registrar la solicitud. De conformidad con el
artículo 6, párrafo 1, del Protocolo Facultativo y el artículo 83, párrafo 1, de su Reglamento, el pleno del Comité en su 14.º período de sesiones (17 de agosto a 4 de septiembre de 2015), decidió transmitir la información recibida al Estado parte e
invitarlo a cooperar en el examen de la misma y, con tal fin, a presentar sus observaciones antes del 1 de noviembre de 2015. El Estado parte presentó sus observaciones el 13 de noviembre de 2015' describe el Informe de la Investigación relacionada
con España bajo el artículo 6 del Protocolo Facultativo elaborado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad publicado en Ginebra el 29 de mayo pasado. (Epígrafe 3.)
'Durante su 15.o período de sesiones (29 de marzo a 21 de abril de 2016), el Comité, de conformidad con el artículo 6, párrafo 2, del Protocolo Facultativo y el artículo 84, párrafo 1, del Reglamento, examinó las observaciones formuladas por
el Estado parte, además de información complementaria de otras fuentes, decidió establecer una investigación sobre las presuntas violaciones y designó a tres de sus miembros para desarrollarla. El 24 de mayo de 2016, el Comité recibió una solicitud
de uno de los órganos del mecanismo de vigilancia independiente designado conforme al artículo 33, párrafo 2, de la Convención, solicitando se estableciera una investigación sobre presuntas violaciones al derecho a la educación de personas con
discapacidad. Al tratarse de información, que ya había sido previamente analizada por el Comité, y dada la fiabilidad de la fuente, el Comité decidió acumular esta solicitud a la investigación en curso. El Comité comunicó las decisiones
previamente citadas al Estado parte el 30 de junio de 2016'. (Epígrafe 4.)
Las conclusiones derivadas de la investigación son demoledoras: la exclusión de España de los estudiantes con discapacidades de la educación general, por su discapacidad, equivale a violaciones graves o sistemáticas del derecho a la
educación de esos estudiantes, según el artículo 6 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tal y como consta en las conclusiones del referido Informe.
'El sistema educativo paralelo establecido para aquellos estudiantes con discapacidades que no encajan en las escuelas generales se convierte en trayectorias paralelas de la vida escolar, el empleo y más tarde la residencia, lo que lleva a
resultados de vida muy diferentes', decía la Sra. Theresia Degener, Presidenta del Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad con motivo de la presentación en Ginebra.
Para la realización de la investigación confidencial y la elaboración del Informe posterior, los expertos viajaron a España en 2017. En enero y febrero de ese ario, el Sr. Coomaravel Pyaneandee, Vicepresidente del Comité y el Sr. Carlos
Parra Dussan, miembro del Comité, visitaron Madrid, León, Valladolid, Barcelona, Sevilla y Málaga donde se reunieron con más de 165 personas. Estas incluyeron a funcionarios del Gobierno central y de las diecisiete Comunidades Autónomas (Gobiernos
regionales), así como representantes de organizaciones de personas con discapacidad y otras organizaciones de la sociedad civil, investigadores, académicos, jueces y abogados.
Su investigación fue en respuesta a informes recibidos de una organización representativa de personas con discapacidad (SOLCOM) y de una de las entidades del mecanismo nacional independiente de seguimiento (el CERMI), alegando que, a pesar
de las reformas legales a la educación a nivel nacional, las leyes y políticas educativas de España perpetuaban el modelo médico de la discapacidad.
Los expertos descubrieron que España ha contribuido a un sistema discriminatorio que, de hecho, utiliza disposiciones legales vigentes para mantener dos sistemas educativos y desviar a los estudiantes con discapacidades fuera de la educación
general. Además, descubrieron que la falta de salvaguardias para los mecanismos de monitoreo independientes significa que una vez que los estudiantes abandona el sistema educativo general, ellos permanecerán fuera.
'Dos modalidades separadas de educación no pueden coexistir en un sistema de educación inclusiva basado en el derecho a la no discriminación y la igualdad de oportunidades. El sistema debe consistir en una modalidad para todos los
estudiantes y debe basarse en la calidad de la educación, proporcionando a cada alumno el apoyo que requieran', apuntaba el Sr. Parra.
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad trabaja para asegurar que los países que han ratificado la Convención, como España, cumplan con sus compromisos en materia de derechos humanos. Esto incluye el compromiso de
garantizar que 'las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la educación primaria gratuita y obligatoria ni de la
educación secundaria por motivos de discapacidad'. (Artículo 24 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.)
Entre otras recomendaciones, el Comité instó a España a establecer un plan de acción nacional elaborado que también cuente con la colaboración con las organizaciones representativas de personas con discapacidad.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad insta al Gobierno de España a:
Desarrollar un Plan Nacional Educativo Inclusivo de las Personas con Discapacidad en coordinación con las Comunidades Autónomas y la Comunidad Foral de Navarra y con la colaboración de personas e instituciones concernidas al amparo del
reciente Informe de investigación del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2018.-Íñigo Jesús Alli Martínez y Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, Diputados.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
233/000047
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(233) Cuestión de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 5907/2017, planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en
relación con el artículo 9.a) de la Ley 9/2008, de 4 de diciembre, de Castilla-La Mancha, de medidas en materia de tributos cedidos, por posible vulneración de los artículos 14 y 31.1 de la Constitución española.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Juan José González Rivas, Presidente, don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Cándido Conde-Pumpido Tourón, Magistrados, y doña María Luisa Balaguer
Callejón, Magistrada, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 5907-2017, planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación con el artículo 9.a) de la Ley 9/2008,
de 4 de diciembre, de Castilla-La Mancha, de medidas en materia de tributos cedidos. Han comparecido el Abogado del Estado, el Fiscal General del Estado, la Junta de Comunidades y las Cortes de Castilla-La Mancha. Ha sido Ponente la Magistrada
doña María Luisa Balaguer Callejón, quien expresa el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido:
Declarar la pérdida sobrevenida del objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad núm. 5907-2017, planteada sobre el inciso '[e]l sujeto pasivo deberá tener su residencia habitual en Castilla-La Mancha' del artículo 9.a) de la Ley
9/2008, de 4 de diciembre, de Castilla-La Mancha, de medidas en materia de tributos cedidos.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 4 de junio de 2018.