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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 364, de 07/06/2018
cve: BOCG-12-D-364 PDF



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


XII LEGISLATURA


Serie D: GENERAL


7 de junio de 2018


Núm. 364



ÍNDICE


Composición y organización de la Cámara


COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS


154/000005 Subcomisión para el estudio del régimen profesional de los militares de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas. Ampliación del plazo para finalizar sus trabajos ... (Página3)


158/000048 Solicitud de creación de una Subcomisión de Movilidad Sostenible, en el seno de la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, al objeto de elaborar un informe sobre la movilidad en nuestro país. Rechazo por el Pleno de
la Cámara ... (Página3)


Control de la acción del Gobierno


PROPOSICIONES NO DE LEY


Pleno


162/000594 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre un Programa específico para la mejora y promoción del Personal Docente e Investigador (PDI) universitario.


Enmiendas ... (Página3)


Aprobación con modificaciones ... (Página6)


162/000619 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el rescate integral de la Función Pública.


Enmiendas ... (Página6)


Aprobación con modificaciones ... (Página9)


INTERPELACIONES


Urgentes


172/000123 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a las condiciones de vida y trabajo de los temporeros y temporeras de las campañas agrícolas en España ... href='#(Página9)'>(Página9)


172/000124 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la necesidad de adoptar medidas para erradicar la prostitución y la trata con fines de explotación sexual. Retirada ... (Página10)


172/000125 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos al Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, sobre el Instituto Cervantes ... (Página10)



Página 2





MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES


Urgentes


173/000090 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la postura del Gobierno en relación a las transferencias pendientes en materia de Seguridad Social referentes al desarrollo
legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado y la de gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Texto de la moción y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página11)


173/000091 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las medidas a adoptar para paliar la preocupante situación consecuencia del incremento del número de MENAS (Menores
Extranjeros No Acompañados).


Texto de la moción así como enmiendas formuladas ... (Página13)


Aprobación con modificaciones ... (Página19)


173/000092 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la situación de bloqueo en la puesta en marcha de los acuerdos del informe de la
Subcomisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como en el desarrollo e implementación de políticas públicas de igualdad.


Texto de la moción ... (Página20)


Aprobación ... (Página23)


173/000093 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la posición española sobre el fortalecimiento de la Unión Económica y Monetaria y el nuevo marco financiero plurianual de la
UE 2021-2027. Texto de la moción, enmienda formulada y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página23)



Página 3





COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA


COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS


154/000005


El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el Punto Tercero.2 de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, en relación con
la solicitud de la Subcomisión para el estudio del régimen profesional de los militares de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas, creada en el seno de la Comisión de Defensa, de prórroga del plazo para la finalización de sus trabajos, ampliar
dicho plazo hasta el día 30 de septiembre de 2018.


Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


158/000048


El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, rechazó la propuesta de la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, de creación de una Subcomisión al objeto de elaborar un informe sobre la movilidad en
nuestro país, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 349, de 9 de mayo de 2018.


Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


PROPOSICIONES NO DE LEY


Pleno


162/000594


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre un Programa específico para la mejora y promoción del Personal Docente e Investigador (PDI) universitario, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 304, de 23 de febrero de 2018.


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.



Página 4





A la Mesa de la Comisión de Educación y Deporte


El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Socialista, a la Proposición
no de Ley sobre un Programa específico para la mejora y promoción del Personal Docente e Investigador (PDI) universitario, para su debate en Pleno.


Enmienda


De modificación.


Texto que se propone:


'1.a) La dotación y la oferta pública de plazas estructurales de personal docente e investigador contempladas en los Planes de Estabilidad de Plantilla del Profesorado de cada universidad, que respondan a la planificación objetiva de las
necesidades docentes e investigadoras de las respectivas áreas de conocimiento de los Departamentos.


De acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, las Universidades convocarán concursos para el acceso a plazas de los cuerpos docentes universitarios conforme al criterio anterior y, para garantizar la transparencia y la igualdad de
oportunidades entre todo el profesorado, la convocatoria del conjunto de las plazas estructurales sólo se podrá publicar en el mes de septiembre y en el mes de marzo de cada año.


A los concursos podrán presentarse quienes hayan sido acreditados de acuerdo con lo regulado, para cada caso, así como los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios de Profesores Titulares de Universidad y de Catedráticos de
Universidad, según corresponda.


Los estatutos de cada universidad regularán la composición de las comisiones de selección de las plazas convocadas y garantizarán, en todo caso, la necesaria aptitud científica y docente de sus componentes. Dicha composición deberá
ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, procurando una composición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo que no sea posible por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas. En cualquier caso, la
mayoría de los miembros se extraerán por insaculación de entre todos los integrantes de los cuerpos docentes universitarios del área a la que esté adscrita la plaza correspondiente, equivalente o superior al de la plaza objeto del concurso, que
cuenten, al menos, con dos sexenios de evaluación positiva de la actividad investigadora.'


Texto que se modifica:


'El aumento de la oferta de plazas de personal docente e investigador convocadas por las universidades para satisfacer las necesidades docentes actuales y futuras, tanto de las dirigidas a nuevo ingreso en la carrera docente e investigadora
como de las orientadas a la promoción, como vía para concluir con la inestabilidad, regenerar y promover el reequilibrio de las distintas figuras existentes y corregir los efectos de los recortes presupuestarios y las limitaciones de la contratación
establecidas en los últimos años, recuperando los principios esenciales para la calidad docente e investigadora del Sistema Universitario Español.'


Justificación.


Mejora técnica.


Enmienda


De modificación.


Texto que se propone:


'3. A establecer un diálogo con las Comunidades Autónomas, las Universidades y las Organizaciones Sindicales para definir, acordar y aprobar el Estatuto del Personal Docente e Investigador.'



Página 5





Texto que se modifica:


'3. Recuperar el diálogo con las Comunidades Autónomas, las Universidades y las Organizaciones Sindicales para definir, acordar y aprobar el Estatuto del Personal Docente e Investigador.'


Justificación.


Mejora técnica.


Enmienda


De modificación.


Texto que se propone:


'4. Evaluar, en un período de seis meses, la aplicación de los nuevos criterios de acreditación de la ANEGA y e iniciar un proceso de negociación y diálogo con el Consejo de Universidades, la Conferencia General de Política Universitaria y
la ANEGA para, en los casos en los que se presenten disfuncionalidades, alcanzar unos criterios de acreditación adecuados al sistema universitario español.'


Texto que se modifica:


'4. Suspender la aplicación de los nuevos criterios de acreditación de la ANEGA e iniciar un proceso de negociación y diálogo con el Consejo de Universidades, la Conferencia General de Política Universitaria y la ANEGA para alcanzar unos
criterios de acreditación adecuados al sistema universitario español.'


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2018.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


A la Mesa de la Comisión del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre un Programa especifico para la mejora y promoción del Personal Docente e Investigador (PDI) universitario.


Enmienda


De adición.


Se propone la adición del siguiente texto al punto 1:


'c) La creación de mecanismos específicos que, respetando el concurso de méritos, velen por la paridad entre hombres y mujeres en las plantillas de personal docente e investigador en los diferentes niveles, así corno en los cargos de
representación y responsabilidad.'


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2018.-Javier Sánchez Serna, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.



Página 6





162/000594


El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre un Programa específico para la mejora y promoción del Personal
Docente e Investigador (PDI) universitario, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 304, de 23 de febrero de 2018, en los siguientes términos:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Impulsar, previo acuerdo del Consejo de Universidades y de la Conferencia General de Política Universitaria, un Programa específico para la mejora y promoción del Personal Docente e Investigador (PDI) universitario que permita:


a) La dotación y la oferta pública de plazas estructurales de personal docente e investigador contempladas en los Planes de Estabilidad de Plantilla del Profesorado de cada universidad, que respondan a la planificación objetiva de las
necesidades docentes e investigadoras de las respectivas áreas de conocimiento de los Departamentos.


De acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, las Universidades convocarán concursos para el acceso a plazas de los cuerpos docentes universitarios conforme al criterio anterior y, para garantizar la transparencia y la igualdad de
oportunidades entre todo el profesorado, la convocatoria del conjunto de las plazas estructurales se hará pública en un registro único de todas las Universidades.


A los concursos podrán presentarse quienes hayan sido acreditados de acuerdo con lo regulado, para cada caso, así como los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios de Profesores Titulares de Universidad y de Catedráticos de
Universidad, según corresponda.


b) La creación de programas específicos que reconozcan en los procesos de acreditación y los concursos de acceso los méritos de los jóvenes profesores e investigadores que se encuentran en el extranjero para la atracción de su talento y
retomo, con el fin de incorporar el conocimiento y la experiencia adquiridos a nuestro sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación.


c) La creación de mecanismos específicos que, respetando el concurso de méritos, velen por la paridad entre hombres y mujeres en las plantillas de personal docente e investigador en los diferentes niveles, así como en los cargos de
representación y responsabilidad.


2. Acompañar este Programa de un plan de financiación estable que garantice el presupuesto suficiente para abordar el desarrollo de las medidas en él contempladas, incluyendo un programa de incentivos financieros para promover el retomo de
talento docente e investigador.


3. Recuperar el diálogo con las Comunidades Autónomas, las Universidades y las Organizaciones Sindicales para definir, acordar y aprobar el Estatuto del Personal Docente Investigador.


4. Iniciar un proceso de negociación y diálogo con el Consejo de Universidades, la Conferencia General de Política Universitaria y la ANECA para alcanzar unos criterios de acreditación adecuados al sistema universitario español, y suspender
la aplicación de los criterios actuales en aquellos casos que perjudiquen la adecuada y justa acreditación del profesorado universitario.'


Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


162/000619


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el rescate integral de la Función Pública, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 319, de 16 de marzo de 2018.


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.



Página 7





A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el rescate integral de la Función Pública.


Enmienda


De modificación.


Se propone suprimir los apartados Quinto y Sexto y añadir un apartado nuevo con el texto siguiente:


'Primero. (Igual).


Segundo. (Igual).


Tercero. (Igual).


Cuarto. (Igual).


Quinto. En caso de no conseguir lo establecido en el punto Primero, consignar en los próximos Presupuestos Generales del Estado una tasa de reposición del 100 por ciento para todas las Administraciones Públicas.


El porcentaje de tasa adicional será del 10 por ciento para las entidades locales que tuvieran amortizada su deuda financiera a 31 de diciembre del ejercicio anterior.


Así mismo, tendrán una tasa adicional del 50 por ciento los siguientes sectores y ámbitos de actuación:


A) Administraciones Públicas con competencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación con la determinación del número de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes.


B) Administraciones Públicas con competencias sanitarias respecto de las plazas de personal estatutario y equivalente de los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud.


C) Administraciones Públicas respecto del control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social, y de control de la asignación eficiente de los recursos públicos.


D) Plazas de los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia y de funcionarios al servicios de la Administración de Justicia.


E) Administraciones Públicas respecto de la cobertura de las plazas correspondientes al personal de los servicios de prevención y extinción de incendios.


F) Administraciones Públicas en relación con las plazas de personal investigador doctor de los Cuerpos y Escalas de los organismos públicos de investigación, definidos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación. Asimismo, se autorizan un total de 100 plazas en los Organismos Públicos de Investigación de la Administración del Estado, para la contratación de personal investigador doctor, con certificado I3, en la modalidad de Investigador
distinguido, como personal laboral fijo en dichos Organismos, previa acreditación de que la Oferta de Empleo Público de estas plazas no afecta a los límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. Igualmente se autoriza a los organismos de investigación de otras Administraciones Públicas para la contratación de personal investigador doctor que haya superado una evaluación equivalente al certificado I3, en la
modalidad de investigador distinguido, como personal laboral fijo en dichos organismos, previa acreditación de que la oferta de empleo público de estas plazas no afecta a los límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.


G) Administración Penitenciaria.


H) Plazas de personal que presta asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales.


I) Plazas de personal que realiza la gestión de prestaciones y políticas activas en materia de empleo.


J) Plazas de seguridad y emergencias.


K) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cuerpos de Policía Autonómica y Policías Locales.


Adicionalmente, las Administraciones Públicas comprendidas en las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K anteriores podrán ofertar un número de plazas equivalente al 5 por ciento del total de su tasa de reposición,



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que irán destinadas a aquellos sectores o ámbitos que consideren que requieren un refuerzo adicional de efectivos. Este porcentaje adicional se utilizará preferentemente cuando se dé, entre otras, alguna de las siguientes circunstancias:
establecimiento de nuevos servicios públicos, incremento de actividad estacional por la actividad turística o alto volumen de jubilaciones esperadas.'


Justificación.


En el proceso de reducción del déficit de las AA.PP. y de contención del gasto público llevado a cabo en los últimos años, las Administraciones Públicas han visto reducidos de manera importante sus efectivos.


Creemos necesario, por tanto, aumentar la oferta de Empleo Público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal.


Seguimos reclamando una tasa de reposición hasta un máximo del 150 % en aquellos servicios considerados 'prioritarios': educación; sanidad; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cuerpos de Policía Autónoma de aquellas Comunidades
Autónomas que cuenten con Cuerpos propios de dicha Policía en su territorio, instituciones penitenciarias, administración de justicia, cuerpos de emergencias y extinción de incendios, y, en el ámbito de la Administración Local, personal de la
Policía Local; Fuerzas Armadas, seguridad y emergencias; gestión de prestaciones y políticas activas en materia de empleo; o atención a los ciudadanos en los servicios públicos, entre otros.


En el resto de sectores la tasa de reposición se fijará en un máximo del 100 %.


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea en favor del rescate integral de la función pública, que se verá en la Sesión Plenaria de hoy.


Enmienda


Se propone el siguiente texto:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


Primero. (Igual).


Segundo. Posibilitar la negociación colectiva en las distintas administraciones públicas, conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en orden a acordar con la correspondiente representación
sindical el mantenimiento del poder adquisitivo en cada ejercicio presupuestario, por el personal de cada una de ellas, así como la recuperación del porcentaje perdido estos años anteriores, tanto en lo que respecta a las cuantías (con los límites
presupuestarios correspondientes) como a los calendarios de su aplicación.


Tercero. (Igual).


Cuarto. Restablecer la capacidad de negociación de la jornada laboral a cada Administración Pública, conforme a lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.


Quinto. Supresión.


Sexto. (Igual).


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2018.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).



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162/000619


El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el rescate integral de la
Función Pública, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 319, de 16 de marzo de 2018, en los siguientes términos:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


Primero. Eliminar la tasa de reposición, de manera que las diferentes Administraciones Públicas puedan atender sus necesidades de personal conforme a sus disponibilidades presupuestarias.


Segundo. Posibilitar la negociación colectiva en las distintas Administraciones Públicas, conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en orden a acordar con la correspondiente representación
sindical el mantenimiento del poder adquisitivo en cada ejercicio presupuestario, por el personal de cada una de ellas, así como la recuperación del porcentaje perdido estos años anteriores, tanto en lo que respecto a las cuantías como a los
calendarios de su aplicación.


Tercero. Recuperar la integridad de la prestación por incapacidad temporal.


Cuarto. Restablecer la capacidad de negociación de la jornada laboral a cada Administración Pública, conforme a lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, pudiendo establecerse jornadas de 35 horas.


Quinto. Aprobar una Oferta Pública de Empleo extraordinaria en el ámbito de la Administración General del Estado que reponga el empleo destruido desde el 2009 y haga frente al envejecimiento de la plantilla, prioritariamente en los ámbitos
de Seguridad Social, Investigación, Ministerio del Interior o Instituciones Penitenciarias.


En concreto también se llevarán a cabo en los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia y Funcionarios de la Administración de Justicia; Personal de los servicios de prevención y extinción de incendios; personal de servicios
sociales; seguridad y emergencias, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, autonómicos y locales; Personal de los servicios de empleo y personal de educación.'


Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


INTERPELACIONES


Urgentes


172/000123


El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a las condiciones de vida y trabajo de los temporeros
y temporeras de las campañas agrícolas en España, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en los artículos 180 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, solicita la presente interpelación urgente al
Gobierno relativa a las condiciones de vida y trabajo de los temporeros y temporeras de las campañas agrícolas en España, para su debate en el Pleno.


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2018.-Diego Cañamero Valle, Diputado.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.



Página 10





172/000124


El Grupo Parlamentario Socialista, mediante escrito presentado en el día de ayer, ha procedido a la retirada de su interpelación urgente sobre medidas para erradicar la prostitución y la trata con fines de explotación sexual, cuyo texto se
inserta a continuación.


Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente interpelación urgente al Gobierno sobre la necesidad
de adoptar medidas para erradicar la prostitución y la trata con fines de explotación sexual, para su debate en la próxima sesión del Pleno de la Cámara.


Exposición de motivos


La prostitución, la trata y el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual es una de las manifestaciones más crueles de desigualdad. Suponen la vulneración de los más elementales derechos humanos al atentar contra la
libertad, la integridad, la salud, la vida, la seguridad y la dignidad de las personas. La prostitución tiene un enorme impacto negativo en la igualdad de género. Naciones Unidas define la trata de seres humanos con fines de explotación sexual
como 'el fenómeno de esclavitud del siglo XXI'.


En España, la prostitución se caracteriza por su invisibilidad debido a la clandestinidad en la que se desarrolla, lo que da lugar a un profundo desconocimiento de la situación de las miles de víctimas existentes en nuestro país.


Es necesario y urgente erradicar la prostitución y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, favorecer la dignidad de las mujeres, garantizar alternativas, terminar con las redes; acabar con las mafias, con la esclavitud;
proteger y asistir a las víctimas; cooperar con los países de origen; y concienciar a la ciudadanía de que es un comercio ilícito.


La Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de mayo de 2016, sobre la aplicación de la Directiva 2011/36/UE, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas desde la
perspectiva de género, considera que la demanda de mujeres, niñas, hombres y niños en las industrias de la prostitución es un factor de atracción para la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, y que este tipo de trata ha disminuido
en los países que han tipificado la demanda, incluidos tanto el proxenetismo como la adquisición de servicios sexuales.


Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta interpelación urgente al Gobierno sobre la necesidad de adoptar medidas para erradicar la prostitución y la trata con fines de explotación sexual.


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


172/000125


El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos al Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, sobre el Instituto Cervantes, cuyo texto se inserta
a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.



Página 11





A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 180 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente interpelación urgente al Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación sobre el Instituto
Cervantes.


Exposición de motivos


En los acuerdos de investidura firmados primero con el PSOE y, luego, con el Partido Popular, Ciudadanos insistió en incluir un punto dedicado exclusivamente al Instituto Cervantes, reflejando la necesidad de diseñar un plan de acción
específico para su desarrollo en los próximos años. En estos acuerdos se exigía la apuesta decidida por su expansión y su consolidación como referente en la enseñanza y la acreditación del español, y la reivindicación del papel que debe jugar como
promotor en el mundo de la cultura hispanoamericana. Sin embargo, y a pesar de estos acuerdos, el gobierno de Mariano Rajoy, y más en particular el ministerio del que depende el Instituto Cervantes a cuyo frente se sitúa el señor Dastis, no dan
señales de una preocupación real por el futuro de esta institución.


Da la impresión de que el Instituto Cervantes se ha convertido en uno de esos asuntos menores que no merecen atención específica ni para el ministerio ni para el gobierno, lo cual es una sorpresa dado el peso que está alcanzando el español
en el mundo, y el reconocimiento de apostar por algo más que su crecimiento vegetativo: no se trata sólo de que un idioma crezca en número de hablantes, sino de trabajar también para desarrollar su pujanza en el ámbito de la Universidad, la
economía y la ciencia.


El Instituto Cervantes es la ventana al mundo de la lengua y cultura en español, y su puerta de entrada en Europa. Esta institución debería estar siempre al margen de los cambios políticos y ganar en independencia para operar como una
agencia de difusión del español, profesionalizarse al máximo, tener autonomía para adaptarse a cada país en el que se establezca, contar con mecanismos de gestión evaluables y una política de nombramientos basada únicamente en la capacidad y el
mérito. Hay que volver a analizar la política de expansión del Cervantes, y el esencial papel que debe jugar en nuestra relación con los países de América Latina.


Ha llegado el momento de colocar al Cervantes en el centro de nuestra agenda política y abrir el debate sobre qué queremos que sea. Es preciso aceptar el compromiso de diseñar para esta institución un proyecto que mire al futuro. Por eso
registramos esta interpelación dirigida a su máximo responsable, con la esperanza de que de este intercambio surja una clara voluntad de fijar las bases de este compromiso.


Por todo lo anterior el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente interpelación urgente al Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación sobre el Instituto Cervantes.


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2018.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES


Urgentes


173/000090


El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la postura del Gobierno en relación a las transferencias pendientes en
materia de Seguridad Social referentes al desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado y la de gestión del régimen económico de la Seguridad Social, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.



Página 12





A la Mesa del Congreso de los Diputados


Doña Marian Beitialarrangoitia Lizarralde, Diputada de EH Bildu, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la
política del Gobierno en relación a las transferencias pendientes en materia de seguridad social referentes al desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado y la de gestión del régimen económico de la Seguridad Social, a
fin de que este tema sea debatido en el Pleno de la Cámara.


Exposición de motivos


El acceso a una pensión que permita llevar una vida digna a las personas que deben percibirla, es un derecho que debe ser garantizado por los poderes públicos, algo que está lejos de ser una realidad a día de hoy y en serio riesgo de
empeorar a futuro si no se toman medidas correctoras de forma inmediata.


Desde la aprobación del Real Decreto 1/1994 que regula el Sistema General de la Seguridad Social y ampara de forma directa el sistema de pensiones y protección social, lejos de lograr este objetivo, las políticas aplicadas han llevado a
amplios sectores de la ciudadanía a no poder acceder a una pensión digna, realidad que se ha extendido a miles de personas más a consecuencia de las reformas realizadas en los últimos años. Y ello con el único propósito de cumplir con los objetivos
de déficit, cuando el principal debe ser garantizar a todas las personas pensionistas ingresos suficientes para hacer frente a sus necesidades vitales.


Si bien las pensiones de viudedad, las pensiones mínimas no garantizaban unos ingresos mínimos ya desde su origen, a estos colectivos se suman ahora otras muchas personas pensionistas que ven como la brecha entre salario y pensión va
aumentando, a la par que disminuye su capacidad de gasto. Todo ello sin olvidar que las diferentes reformas realizadas han supuesto que miles de personas cotizantes queden excluidas del derecho mismo a una pensión pública.


Para justificar los recortes aplicados por medio de estas reformas, el Gobierno utiliza como excusa, por un lado, la crisis económica que estamos padeciendo y, en segundo término, las repercusiones negativas que puede tener el incremento de
la esperanza de vida en el sistema de pensiones.


Sin embargo, la crisis económica no está determinando por sí misma el déficit que se está dando en el sistema de pensiones, sino que el principal factor es la política económica y social del Gobierno del PP Según esta, todo el gasto
presupuestario, incluido el social, debe subordinarse a cubrir los objetivos fijados en materia de disminución del déficit público y, en esta medida, se busca esencialmente en la reducción del gasto público la forma de cuadrar las cuentas
presupuestarias. Todo ello a pesar del evidente fracaso de esta política y de comprobarse que las políticas de austeridad y recorte social extremo no sirven para alcanzar los objetivos previstos sino para extender aún más la crisis social que se
padece: paro, pobreza, desigualdad social.


Es evidente, en esta medida, que la solución al déficit actual del régimen de pensiones debe buscarse en una dirección contraria a la apuntada por el Gobierno, para quien el objetivo de cuadrar las cuentas debe hacerse siempre por la vía del
recorte de las pensiones. Se trata, en definitiva, de impulsar una política opuesta que busque el incremento de los ingresos del sistema con el fin, no solo de solucionar los problemas de déficit y mantener los actuales estándares de cobertura y
cuantías de las pensiones, sino de mejorar las mismas ya que, no hay que olvidarlo, partimos de un gasto en pensiones que está cinco puntos por debajo del promedio existente en la Unión Europea.


A la hora de hablar de incrementar los ingresos de la Seguridad Social no podemos olvidar que a lo largo de las últimas décadas el reparto del pastel del PIB ha sido favorable a las rentas empresariales, que cada vez se han hecho con una
parte mayor del mismo, y desfavorable para las rentas del trabajo. Se trata por tanto de reequilibrar este desajuste impulsando una política clara de redistribución de rentas y revertir así esta evolución que no ha hecho más que disparar las
desigualdades sociales.


En definitiva, se trata de apostar por un modelo que permita incrementar los ingresos públicos, materializar una política favorable al impulso del empleo y, en consecuencia, aumentar los ingresos de la Seguridad Social (más cotizantes,
mayores aportaciones) y disminuir sus gastos por la vía de la reducción substancial del desempleo.


Esa es la única manera de garantizar las pensiones presentes y futuras, partiendo de una premisa clara, las personas pensionistas tienen derecho a percibir unos ingresos suficientes para hacer frente a sus necesidades vitales.



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Ello supone conseguir un sistema que garantice que la cuantía de las mismas no sea inferior al umbral de la pobreza, que la UE define debe calcularse sobre el equivalente al 60 % del salario medio de los trabajadores de su entorno.


En Euskal Herria existe una mayoría social, política y sindical contraria a las políticas aplicadas en esta materia en los últimos años, así como una demanda de instrumentos para hacer frente a las necesidades de las personas pensionistas.
Es una opinión cada vez más extendida que Lo que no es viable, lo que no asegura nuestras pensiones, es el sistema actual español, y que tenemos que transitar a un sistema propio, para el que tendremos que lograr mayores cotas de soberanía.


Aun así somos de la opinión de que las transferencias pendientes en materia de Seguridad Social nos permitirían avanzar en una mejor gestión del sistema actual y supondría además poner en práctica los mecanismos para la gestión del futuro
sistema propio. Todo ello sin olvidar que la mencionada transferencia es una capacidad reconocida por el Estatuto y el Amejoramiento, en una ley básica de obligado cumplimiento.


Por todo lo anterior, se propone a este Congreso la adopción de la presente


Moción


'Instando al Gobierno en los términos siguientes:


a) Proceder a la trasferencia inmediata a la Comunidad Autónoma Vasca y Foral de Navarra de todas las competencias pendientes relativas a la Seguridad Social, referentes al desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del
Estado y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2018.-Marian Beitialarrangoitia Lizarralde, Diputada.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


173/000091


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), sobre las medidas a adoptar para paliar la preocupante situación consecuencia del incremento del número de MENAS (Menores Extranjeros No Acompañados) y de las enmiendas presentadas a la misma.


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de acuerdo con lo establecido en el artículo 184.2 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente, sobre las medidas a adoptar para paliar
la preocupante situación consecuencia del incremento de menores no acompañados (MENA), así como las actuaciones que el Gobierno debiera abordar a fin de mitigar sus efectos.


Exposición de motivos


Mediante un Acuerdo aprobado en reunión del 22 de julio de 2014 por los Ministros de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Fiscal General del Estado, el Secretario de Estado de Seguridad y el
Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, se aprobó un Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los Menores Extranjeros No Acompañados.


Dicho Protocolo Marco daba cumplimiento a la previsión contenida en el artículo 190.2 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, en cuanto a la adopción de un Protocolo Marco de Menores Extranjeros No Acompañados, destinado a coordinar la intervención de todas las instituciones y administraciones afectadas, desde la localización del
menor o supuesto menor



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hasta su identificación, determinación de su edad, puesta a disposición del Servicio Público de protección de menores y documentación.


No obstante, la falta de eficacia normativa de aquel instrumento jurídico, así como la evolución exponencial del fenómeno de la migración de menores no acompañados durante estos años, unido tanto a situaciones de incumplimiento de aquel
procedimiento, como a la inexistencia de actuaciones de coordinación y de control de su eficacia en diferentes ámbitos ministeriales, han redundado no solo en una situación de descontrol de muchos de dichos MENA, sino sobre todo, y en lo que hace al
objeto de esta Moción, a su exposición a situaciones de riesgo, y por tanto a su desprotección.


Conviene destacar por ello que como principios rectores de cualquier actuación de los poderes públicos, el artículo 3.1 de la Convención de Derechos del Niño, estipula que 'en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño'; así como que entre las
Observaciones Generales n.o 6 y n.o 14 del Comité de Derechos del Niño, adoptadas respectivamente el 1 de septiembre de 2005 y el 1 de febrero de 2013, se pone 'de manifiesto la situación particularmente vulnerable de los menores no acompañados' y
se establece que 'el concepto de interés superior del menor es complejo y su contenido se debe determinar caso por caso'. Así como advertir sobre la caracterización de los MENA, que sitúan este fenómeno en un marco de inmigración y de búsqueda de
formación y mejora económica, tanto como en una problemática propia de protección a la infancia.


Es por ello que cabe cuestionar la eficacia de los procedimientos existentes, así como la adecuación de la actual regulación legal de su normativa de protección, que no se ajusta ni a la realidad de estos menores, ni a sus verdaderas
motivaciones y necesidades, siendo necesario analizar las posibilidades de su modificación legislativa para su adecuación a esta realidad.


En consecuencia, se presenta la siguiente


Moción


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


Primero. Impulsar una reflexión que culmine el en el plazo de tres meses, dirigida a la adaptación de la regulación legal de menores, a fin de integrar de forma adecuada la situación de los Menores no Acompañados (MENA) en dicho ámbito
jurídico y de protección, adecuando así la legislación a realidades que, hoy por hoy, son claramente diferenciadas de las previstas en el ordenamiento jurídico.


Segundo. Promover iniciativas dirigidas a dotar de carácter normativo y eficacia al Protocolo Marco sobre actuaciones en relación a los MENA.


Tercero. Adoptar, con carácter de urgencia, mecanismos de coordinación entre los diferentes Ministerios responsables en diferentes ámbitos de esta materia, en aras a la eficacia de los mecanismos del citado protocolo, y dado que su
incumplimiento redunda en la pérdida de eficacia de sus procedimientos, y que puede ser causante de vulneraciones de derechos básicos de los MENA, y de su desprotección.


Cuarto. Encauzar una solución al problema de los MENA en términos de equidad, también en el ámbito territorial, ponderando los criterios de aplicación para la asunción de responsabilidades entre las diferentes administraciones que se
encarguen de la protección de dichos menores.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2018.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís, Enric Bataller, y al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso, formula las siguientes enmiendas a la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada
por el Grupo Parlamentario Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) sobre las medidas a adoptar para paliar la preocupante situación consecuencia del incremento de menores no acompañados (MENA), así como las actuaciones que el Gobierno debiera abordar a fin de
mitigar sus efectos.



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Enmienda


Al punto Primero


De modificación.


'Crear una Comisión interautonómica específica, con la participación de los agentes sociales, sobre la infancia migrante no acompañada como órgano permanente de coordinación, cooperación, comunicación e información de los Servicios de
Infancia de las Comunidades Autónomas y la Administración del Estado, adecuando así la legislación a realidades, que hoy por hoy, son claramente diferenciadas de las previstas en el ordenamiento jurídico para garantizar la protección de los Menores
no Acompañados (MENA).'


Enmienda


Al punto Segundo


De modificación.


'Corregir el Protocolo Marco sobre actuaciones en relación a los MENA siguiendo las recomendaciones de la Comisión citada anteriormente.'


Enmienda


Al punto Tercero


De sustitución.


'Puesta en marcha de un plan que permita reubicar en otras Comunidades Autónomas a los menores para equilibrar y distribuir las cargas y recursos que se desprenden de la asunción de la integración de Menores no Acompañados para evitar la
saturación de los centros de protección para menores.'


Enmienda


Al punto Cuarto


De sustitución.


'Agilizar los trámites del proceso de acogida de los Menores no Acompañados y reformar la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, en concreto a lo que se refiere el procedimiento utilizado de determinación de la edad, para garantizar
que ningún menor de edad que tenga documentación acreditativa de su edad sea sometido a un procedimiento de estas características. Introducir indicadores que permitan la detección de indicios de trata de seres humanos o de otras situaciones de
vulnerabilidad.'


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2018.-Enric Bataller i Ruiz, Diputado.-Ignasi Candela Serna, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.



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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción sobre las medidas a adoptar para paliar la preocupante situación
consecuencia del incremento del número de MENAS (Menores Extranjeros No Acompañados), presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Enmienda


De modificación.


Texto definitivo:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Impulsar una reflexión que culmine en el plazo de tres meses, dirigida a la adaptación de la regulación legal de menores, a fin de integrar de forma adecuada la situación de los Menores no Acompañados (MENA) en dicho ámbito jurídico y de
protección, adecuando así la legislación a realidades que, hoy por hoy, son claramente diferenciadas de las previstas en el ordenamiento jurídico. Esta reflexión debe incluir:


a) Introducción e implementación de criterios específicos que activen automáticamente el protocolo de traslados entre comunidades autónomas cuya finalidad sea evitar la saturación de los centros de protección para menores migrantes solos.


b) Formulación de protocolos que guíen a los profesionales para tomar decisiones basadas en el interés superior del niño, esto es, solamente en las necesidades y el bienestar específico de cada menor, y en las de nadie más.


c) Reforma del Boletín Estadístico sobre Medidas de Protección a la Infancia (EBMPI) para que recoja información sobre la situación de las y los menores migrantes no acompañados en España. Esta información estará desglosada según su
nacionalidad de origen, tramo de edad, modalidad de entrada al territorio, autorización de residencia concedida, solicitud de asilo y medidas de protección de las que son objeto.


d) Adopción de un protocolo de intervención para mejorar la primera acogida y asistencia de los niños y niñas que llegan a las costas españolas, definiendo la coordinación de los distintos actores en las distintas fases: la ayuda
humanitaria inmediata, la detección de vulnerabilidades, la provisión de información sobre la protección internacional y la asistencia jurídica.


e) Reforma del Registro sobre Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) de la Policía Nacional y la Guardia Civil, para que incluya a todos los niños y niñas migrantes que accedan al territorio nacional independientemente de su
documentación o de la existencia o no de dudas sobre su edad. Se deberá además capacitar a todos los profesionales de las distintas administraciones involucrados para su consulta e inscripción.


f) Modificación del Reglamento de extranjería para garantizar que los y las menores son acompañados por un abogado durante los procesos de identificación o determinación de la edad que asegure que estén informados y que son vistos por el
Fiscal.


g) Reforma de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, la legislación de extranjería y el protocolo marco para Menores Extranjeros No Acompañados (protocolo marco) garantizando que: Las pruebas de determinación de la edad se
aplican únicamente de forma excepcional cuando haya que decidir si una persona extranjera ha de ser acogida en un centro de protección de menores.


2. Promover iniciativas dirigidas a dotar de carácter normativo y eficacia al Protocolo Marco sobre actuaciones en relación a los MENA.


3. Adoptar con carácter de urgencia, mecanismos de coordinación entre los diferentes Ministerios responsables en diferentes ámbitos de esta materia en aras a la eficacia de los mecanismos del citado protocolo, y dado que su incumplimiento
redunda en la pérdida de eficacia de sus procedimientos, y que puede ser causante de vulneraciones de derechos básicos de los MENA.



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4. Encauzar una solución al problema de los MENA en términos de equidad, también en el ámbito territorial, ponderando los criterios de aplicación para la asunción de responsabilidades entre las diferentes administraciones que se encarguen
de la protección de dichos menores.


5. Cumplir con las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño relativas a los menores no acompañados.'


Texto original:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Impulsar una reflexión que culmine en el plazo de tres meses, dirigida a la adaptación de la regulación legal de menores, a fin de integrar de forma adecuada la situación de los Menores No Acompañados (MENA) en dicho ámbito jurídico y de
protección, adecuando así la legislación a realidades que, hoy por hoy, son claramente diferenciadas de las previstas en el ordenamiento jurídico.


2. Promover iniciativas dirigidas a dotar de carácter normativo y eficacia al Protocolo Marco sobre actuaciones en relación a los MENA.


3. Adoptar con carácter de urgencia, mecanismos de coordinación entre los diferentes Ministerios responsables en diferentes ámbitos de esta materia en aras a la eficacia de los mecanismos del citado protocolo, y dado que su incumplimiento
redunda en la pérdida de eficacia de sus procedimientos, y que puede ser causante de vulneraciones de derechos básicos de los MENA.


4. Encauzar una solución al problema de los MENA en términos de equidad, también en el ámbito territorial, ponderando los criterios de aplicación para la asunción de responsabilidades entre las diferentes administraciones que se encarguen
de la protección de dichos menores.'


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2018.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas a la Moción sobre medidas a adoptar para paliar
la preocupante situación consecuencia del incremento del número de MENAS (Menores Extranjeros No Acompañados).


Enmienda


De adición.


Se añade al punto Primero el texto con la siguiente redacción:


'Incluyendo, entre otras, las reformas siguientes:


- A la Ley de Protección Jurídica del Menor (artículo 12.4) para garantizar que ningún niño, niña o adolescente que tenga documentación acreditativa de su edad sea sometido a un procedimiento de determinación de la edad, de acuerdo con la
Ley de Extranjería y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo.


- Al Reglamento de Extranjería (artículo 190) para garantizar la asistencia de un letrado con formación específica, a los y las menores no acompañados en el procedimiento de determinación de la edad, desde el momento que llegan a territorio
español.


- Establecer la garantía de que con independencia de la nacionalidad, las Administraciones asumen la tutela ex lege de todos los menores que se encuentren en situación de desamparo.


- A la Ley de Extranjería y el Reglamento de la Ley de Extranjería para otorgar la concesión automática de la autorización de residencia en el momento de la declaración de desamparo del menor de



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edad. Asegurar la autorización a los mayores de 16 años para acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones que los españoles.'


Enmienda


De adición.


Se añade al punto Segundo el texto con la siguiente redacción:


'Reformar el Protocolo Marco sobre Menores Extranjeros No Acompañados para asegurar que la aplicación del procedimiento de determinación de la edad no vulnera los derechos fundamentales de menores de edad.'


Enmienda


De adición.


Se añade al punto Tercero el texto con la siguiente redacción:


'Para ello se creará una Comisión Interautonómica específica sobre infancia migrante no acompañada como órgano de coordinación, cooperación, comunicación e información de los Servicios de Infancia de las Comunidades Autónomas y la
Administración del Estado.'


Enmienda


De adición.


Se añade al punto Cuarto el texto con la siguiente redacción:


'Promover los traslados de los niños y niñas no acompañados que se encuentran en las ciudades de Melilla y Ceuta a la Península, siempre que sea de acuerdo a su interés superior y tras ser escuchados, con la correspondiente asignación
económica a las CCAA para garantizar sus derechos y condiciones materiales de vida.'


Enmienda


De adición.


Se añade al punto Cuarto el texto con la siguiente redacción:


'Abordar con urgencia, en coordinación con las CCAA y los Ayuntamientos, la situación de los niños y niñas que viven en las calles a través de programas de intervención comunitaria, social y psicológica para evitar posibles situaciones de
desamparo.'


Enmienda


De adición.


Se añade un Quinto punto con la siguiente redacción:


'Promover programas de seguimiento y apoyo al desarrollo de estos menores una vez que alcanzan la mayoría de edad, que incluyan la garantía de acceso a la atención sanitaria, a los programas de garantía juvenil y formación para el empleo.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2018.-María del Mar García Puig, Diputada.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú-Podem-En Marea.



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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Vasco, sobre las medidas a adoptar para paliar la preocupante situación consecuencia del incremento del número de MENAS (Menores Extranjeros No Acompañados).


Enmienda


De modificación.


El texto que se propone quedará redactado como sigue:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. La creación de una Comisión de Seguimiento de Alto Nivel de la problemática asociada a los MENAS con representantes de los Ministerios de: Empleo y Seguridad Social; Interior; Justicia; Asuntos Exteriores; Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad; la Fiscalía General del Estado; las Comunidades y Ciudades Autónomas y cualquier otra entidad que se considere necesaria.


Esta Comisión servirá como cauce y canal de comunicación, análisis, decisión, evaluación y cooperación de todos los problemas que surjan en relación con los MENAS haciendo las correspondientes propuestas.


2. Establecer un foro de trabajo y debate en el seno de la Comisión Interautonómica de Infancia y Familia, en el que participan las Comunidades Autónomas, para estudiar y hacer propuestas sobre los asuntos que afectan a los menores no
acompañados.


3. Actualizar el Protocolo Marco de Intervención con Menores Extranjeros No Acompañados.'


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


173/000091


El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las medidas a adoptar para paliar la preocupante
situación consecuencia del incremento del número de MENAS (Menores Extranjeros No Acompañados), ha acordado lo siguiente:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


Primero. Impulsar una reflexión que culmine en el plazo de tres meses, dirigida a la adaptación de la regulación legal de menores, a fin de integrar de forma adecuada la situación de los Menores No Acompañados (MENA) en dicho ámbito
jurídico y de protección, adecuando así la legislación a realidades que, hoy por hoy, son claramente diferenciadas de las previstas en el ordenamiento jurídico.


Dicha reflexión deberá abordar, cuando menos y entre otras:


- La necesidad de promover protocolos relativos a su acogida y el momento de declaración de tutela; las medidas de protección y primera acogida.


- La Ley de Protección jurídica del menor (artículo 12.4) y el Reglamento de extranjería (artículo 190), respecto del procedimiento de determinación de la edad del menor y la necesidad de asistencia letrada.


- Necesidad de reforma de los protocolos de Registro sobre Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA).



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Segundo. Actualizar el Protocolo Marco de Intervención con Menores Extranjeros No Acompañados, y promover iniciativas dirigidas a reforzar su carácter normativo y eficacia.


Tercero. Adoptar, con carácter de urgencia, mecanismos de coordinación entre los diferentes Ministerios responsables en diferentes ámbitos de esta materia, en aras a impulsar la eficacia de los mecanismos del citado protocolo, dado que su
incumplimiento redunda en la pérdida de eficacia de sus procedimientos, que puede ser causante de vulneraciones de derechos básicos de los MENA, y de su desprotección.


Cuarto. Encauzar una solución al problema de los MENA en términos de equidad, también en el ámbito territorial, precisando los criterios de aplicación para la asunción de responsabilidades entre diferentes administraciones que se encarguen
de la protección de dichos menores.


Quinto. Cumplir con las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño relativas a los menores no acompañados.'


Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


173/000092


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la situación de bloqueo en la puesta en marcha de los acuerdos del informe de la Subcomisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como en el desarrollo e implementación de políticas
públicas de igualdad.


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta al amparo de lo establecido en el artículo 184 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Moción consecuencia de
interpelación urgente a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sobre la situación de bloqueo en la puesta en marcha de los acuerdos del informe de la Subcomisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como en el
desarrollo e implementación de políticas públicas de igualdad, para su debate en el Pleno.


Exposición de motivos


En los Estados democráticos, las necesidades sociales son la fuente de la que emanan las políticas públicas, situándose la voluntad política al servicio de dichas necesidades. Por ello, durante esta legislatura la ciudadanía ha
protagonizado diferentes movilizaciones multitudinarias con el objeto de trasladarnos la inmediata urgencia de satisfacer necesidades amparadas en los derechos fundamentales de nuestra Constitución, como son la Sanidad, los Servicios Sociales y la
Igualdad, de las que es máxima autoridad la Ministra, Dolors Montserrat.


Son muchos los problemas que encontramos en relación a la falta de buena gestión y de presupuestos destinados a las políticas públicas en materia de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad, como detallaremos más adelante; sin embargo hay dos
cuestiones recientes y fundamentales que justifican la reprobación de la Ministra Dolors Montserrat. El vencimiento del plazo de seis meses para la puesta en marcha de los acuerdos del informe de la subcomisión del Pacto de Estado contra la
Violencia de Género, así como el futuro nombramiento como Subdirectora General de Calidad del Medicamento del Ministerio de Sanidad, de la seis veces imputada por homicidio a causa de la gestión en la Xunta de Galicia de las vacunas de la Hepatitis
C, Carolina González-Criado.



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El 28 de septiembre de 2017 el Pleno del Congreso aprobó el Dictamen del Pacto de Estado en materia de violencia de género, compuesto por 214 medidas y 17 votos particulares. El Dictamen contempla, entre sus más de 200 medidas, la creación
de una Comisión de Seguimiento, así como una dotación económica específica complementaria a lo que ya se destina a la lucha contra las violencias machistas en las diferentes partidas de los PGE. En concreto, se ampliaba en 1000 millones de euros en
5 años, destinados a entidades locales y comunidades autónomas (200 millones para 2018).


Una vez aprobado el Dictamen, es el Gobierno quien debe poner en marcha las modificaciones legislativas necesarias y medidas acordadas, para llevar a cabo las medidas que se recogen en el texto. Y vencidos los seis meses comprobamos que no
han puesto en marcha ninguna de las medidas comprometidas.


La propia Ministra comparecía el 31 de enero a petición del Grupo Confederal y del Grupo Socialista para dar respuesta del cumplimiento del Dictamen del Pacto de Estado y por respuesta solo hubo vaguedades a futuro: ni un calendario de
ejecución ni una ubicación presupuestaria más allá del emplazamiento a los Presupuestos Generales del Estado. Esta negación silenciosa, invalida el compromiso del Gobierno con las 231 medidas aprobadas por la Cámara.


Invalida por ejemplo el compromiso con la prevención de violencias sexuales y acompañamiento integral a sus víctimas. La ampliación de recursos y horarios a las UFAM. Niega la necesidad de dotar de contenidos sobre la igualdad y violencias
machistas a RTVE. Niega el lenguaje inclusivo. Desarticula la igualdad entre mujeres y hombres como elemento estructural de la violencia de género. Desprotege a las mujeres que enfrentan la violencia machista porque no les garantiza ninguna
solución habitacional ni ningún apoyo económico que les permita vivir con dignidad. Justifica la brecha salarial, impide el establecimiento de permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles. Una praxis política y legisladora que
niega la garantía de derechos constitucionales a las mujeres en razón de su sexo, que niega a las mujeres incluso en el propio lenguaje, que invalida la ley de igualdad y normativiza que todo aquello que no es masculino (sin diversidad funcional, de
determinada clase social...) responde a asuntos específicos, no transversales, tan complejos como insignificantes.


Tras 180 días de Pacto de Estado, más de 35 feminicidios desde la fecha de su aprobación y ni una sola medida legislativa puesta en marcha, la inacción del Gobierno ante los acuerdos tomados por la Cámara es de una irresponsabilidad
gravísima.


En lo relativo a la Sanidad, el pasado 26 de marzo se dio a conocer que la actual Subdirectora Xeral de Farmacia de la Xunta de Galicia, Carolina González-Criado Mateo, va a ser nombrada Subdirectora General de Calidad del Medicamento del
Ministerio de Sanidad, en sustitución del actual titular, Carlos Lema.


Carolina González-Criado lleva dos años imputada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago por delitos de prevaricación y homicidio imprudente -junto con el ex-Director Xeral de Asistencia Sanitaria y actual Gerente del Hospital
Álvaro Cunqueiro de Vigo, Félix Ruibal-, por su papel en los procesos que retrasaron la prescripción de los tratamientos de la hepatitis C en Galicia, según el escrito inicial del Ministerio Público 'por razones presupuestarias', y que provocaron la
muerte de seis pacientes.


La alto cargo de la Xunta sigue imputada tras declarar en la causa, en la que figuran informes de médicos que alertaron a sus superiores de que varios hospitales gallegos estaban prescribiendo fármacos 'no adecuados' a pacientes con
hepatitis por no disponer del Sovaldi, un medicamento que entonces tenía un precio muy alto.


Estos hechos provocaron una enorme contestación en Galicia, donde la oposición reclamó insistentemente el cese de quien había ocupado la consejería de Sanidad, Rocío Mosquera, cuando se produjeron los hechos, y de los dos altos cargos
investigados. El presidente, Alberto Núñez Feijóo, siempre ha respaldado a esos mandos de su Gobierno e incluso llegó a decir que le parecía ilógico que 'por dos o tres pacientes' se vinculasen esas muertes a sus políticas de austeridad.


Según ha trascendido, el primer cometido de Carolina González-Criado en el Ministerio de Sanidad será realizar un estudio sobre el área farmacéutica pero su destino definitivo será el puesto de subdirectora general de Calidad del
Medicamento. Es inasumible que una persona que ha sido imputada por homicidio por su gestión sanitaria, vea su rango de responsabilidad premiado y elevado, cuando debería estar fuera de dicha gestión mientras la justicia no resuelva el
procedimiento.


Además de lo que concierne al Pacto de Estado en materia de violencia de género y a lo sucedido con Carolina González-Criado, entendemos que las políticas de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad son insuficientes e
ineficientes, en un sector tan delicado como es el de la sostenibilidad de la



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vida y la igualdad de las personas. Como bien señaló en su comparecencia en el Congreso ante la Comisión de Infancia del pasado 24 de enero de 2018, sus ámbitos de competencia y responsabilidad son muchos. Y pasamos a detallar cuáles son
las profundas carencias y negligencias de cada uno de ellos.


Seguimos hablando de Sanidad, al nombramiento de González-Criado hay que sumar que ya se le dio el cargo de Vicepresidente del Consejo Asesor a Francisco de Paula, director de estrategia de Medtronic, empresa que vende sus productos a la
sanidad pública. Además, la Ministra es la responsable la situación disfuncional actual del Consejo Interterritorial -órgano de cohesión de nuestro sistema sanitario público-, ya que no cumple con el mínimo de reuniones establecidas por reglamento
por la inacción de Montserrat.


Si nos referimos a la atención sobre la Dependencia, hay más de 310 000 personas en lista de espera. Esto se traduce en lo que se conoce como limbo de la dependencia: pese a tener reconocido por Ley un derecho, los recursos y servicios no
se ponen en práctica. De esa lista de espera 120 000 son personas con dependencia severa, muchas en situaciones dramáticas para sí mismas y para sus familiares o quienes les cuidan. Esta atención es asumida, por las Comunidades Autónomas y
Administraciones locales sin contar con financiación suficiente. Profundizando sobre esta vulneración de derechos sobre las personas dependientes, encontramos además que el 85 % de los trabajos de cuidados recaen sobre las mujeres en razón de su
sexo, pero sin disponer de los recursos y servicios que por Ley les corresponden. Finalmente, se calcula que 100 personas al día abandonan por fallecimiento la lista de espera sin haber recibido las prestaciones y servicios que les fueron
concedidas. No solo urge dotar financieramente el Plan Concertado de prestaciones básicas, para garantizar que los servicios sociales de base puedan desarrollar su labor, sino que es escandaloso que hayamos conocido que de nuevo en el último
ejercicio económico más de 40 millones de los presupuestos generales del Estado destinados a la dependencia han quedado sin ejecutar por la gestión del propio Ministerio.


En cuanto a la Infancia, seguimos teniendo el índice más alto de pobreza infantil después de Rumanía. Uno de cada tres niños y niñas en nuestro país, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión, de los cuales el 16 % sufre pobreza severa.
La prestación por hijo o hija a cargo es una medida fundamental y de sentido común que ya ha demostrado su eficacia en otros países como Irlanda. Aun así el Gobierno no solo no ha hecho nada al respecto sino que ha vetado nuestra propuesta de
prestación por hijo o hija a cargo que sacaría a cientos de miles de niños y niñas de esa situación. Un gobierno que no protege los derechos de la infancia es un gobierno irresponsable con el futuro de nuestro país.


En materia de Consumo, el 44 % de la población española no puede seguir una alimentación saludable debido a su coste, mientras que la alimentación no saludable está directamente relacionada con enfermedades como la diabetes, el cáncer y las
enfermedades asociadas a problemas cardiovasculares (todas ellas suponen el primer desajuste en salud en el Estado español). Ante esta situación, el Ministerio no ha dado respuesta a los planes en educación y lucha contra la obesidad y carecemos de
una política pública integral que garantice el derecho a una alimentación adecuada.


Con respecto a la diversidad funcional, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, incumplió su compromiso del plazo legal (4 de diciembre de 2017) para garantizar de manera efectiva y real las condiciones de accesibilidad y no
universal. Sin accesibilidad universal el resto de derechos recogidos en nuestra Constitución se quedan solo en palabras para las personas con diversidad funcional. Por tanto, entendemos que el Gobierno sigue considerando a esta parte de la
ciudadanía como ciudadanía de segunda.


Dado lo expuesto, entendemos que la dejación de funciones de la Ministra Montserrat ha sido constante en los últimos meses, pero no solamente eso, sino que su inacción y sus decisiones en algunos aspectos como lo relativo al Pacto de Estado
y al nombramiento de Carolina González-Criado, denotan una terrible irresponsabilidad, que agrava el incumplimiento en el ejercicio de sus funciones.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Reprobar la actuación de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, en virtud de lo dispuesto en el art. 29.1 y 29.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.


2. Proceder a su cese, previo acuerdo del Consejo de Ministros, por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones en virtud de lo dispuesto en el art. 1 del Real Decreto 895/2017, de 6 de octubre, por el



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que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y se modifica el Real Decreto 485/2017, de 12 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos
ministeriales.


3. Iniciar los trámites pertinentes para hacer efectiva su sustitución.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2018.-Sofía Fernández Castañón, Ángela Rodríguez Martínez, Ana Marcello Santos, Amparo Botejara Sanz, María Teresa Arévalo Caraballo, Ione Belarra Urteaga, María Asunción Jacoba Pía de la
Concha García-Mauriño y Rita Gertrudis Bosaho Gori, Diputadas.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú-Podem-En Marea.


173/000092


El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la situación de bloqueo en la
puesta en marcha de los acuerdos del informe de la Subcomisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como en el desarrollo e implementación de políticas públicas de igualdad, sin modificaciones con respecto al texto inicial que se
inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Reprobar la actuación de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, en virtud de lo dispuesto en el art. 29.1 y 29.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.


2. Proceder a su cese, previo acuerdo del Consejo de Ministros, por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones en virtud de lo dispuesto en el art. 1 del Real Decreto 895/2017, de 6 de octubre, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y se modifica el Real Decreto 485/2017, de 12 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.


3. Iniciar los trámites pertinentes para hacer efectiva su sustitución.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


173/000093


El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la posición española sobre el fortalecimiento de la Unión Económica y
Monetaria y el nuevo marco financiero plurianual de la UE 2021-2027, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo se inserta la enmienda formulada a la misma.


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Moción consecuencia de interpelación
urgente, relativa a la posición española sobre el fortalecimiento de la Unión Económica y Monetaria y el nuevo marco financiero plurianual de la UE 2021-2027.



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Exposición de motivos


Estamos en un momento decisivo para el futuro de la Unión Económica y Monetaria (UEM) y nuestro país se juega mucho, Por ello, es necesario tener un debate honesto y profundo en el Parlamento sobre la posición política española ante las
reformas del euro.


La profundidad de la crisis en la UEM tiene su explicación no sólo en la ausencia de un modelo institucional óptimo para la zona del euro, sino en la orientación de las políticas económicas adoptadas. La UE no tenía los instrumentos
necesarios para enfrentarse a la crisis económica y patrocinó una estrategia de política fiscal equivocada basada en la austeridad.


Es necesario que el Gobierno de España defienda, ante las instituciones comunitarias, reformas ambiciosas e inteligentes para fortalecer la arquitectura institucional de la UEM a través de una mayor integración fiscal, financiera y económica
para resistir mejor ante futuras crisis económicas y para luchar eficazmente contra la desigualdad y la inseguridad económica que perciben los ciudadanos, así como avanzar gradualmente hacia una mayor unión política que proporcione rendición de
cuentas y legitimidad democrática.


La clave para la estabilidad de la UEM reside en avanzar en la convergencia económica y social de los diferentes Estados miembros. Esto implica considerar a la UEM no simplemente como un conjunto de economías que compiten entre sí y con el
resto del mundo, si no como un área integrada cuya prosperidad y cohesión benefician a todos sus miembros. La disciplina fiscal y de mercado solo podrá ser completada si se ponen en marcha mecanismos de solidaridad y confianza mutua.


Para fortalecer la estabilidad y sostenibilidad a largo plazo del euro es necesario llevar a cabo una transferencia significativa de soberanía de los Estados miembros a las instituciones europeas.


Por todo ello, se presenta la siguiente


Moción


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a defender ante las instituciones europeas los siguientes elementos:


1. Avanzar gradualmente pero con determinación hacia la creación de una autoridad fiscal en la UEM (Fondo Monetario Europeo), integrada en el derecho comunitario, con sus propias fuentes de ingresos y capacidad para emitir deuda conjunta
(eurobonos), sometida a control parlamentario y basado en la estructura del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que servirá de prestamista de último recurso con el objetivo de:


- Facilitar los programas de asistencia financiera a los Estados miembros en dificultades.


- Proporcionar el mecanismo común de protección para la resolución ordenada de bancos en dificultades (Fondo Único de Resolución).


- Ser responsable del cumplimiento de las nuevas reglas fiscales, la reducción de los desequilibrios macroeconómicos y la convergencia económica entre los Estados miembros.


- Crear un instrumento presupuestario para la UEM que sirva, entre otras competencias, para estabilizar de manera automática las fluctuaciones cíclicas de la actividad económica en los Estados miembros a través de un seguro de desempleo
europeo o de planes de inversión pública en caso de shocks asimétricos, sin que conlleve transferencias permanentes entre Estados.


2. Completar la Unión Bancaria y la Unión de Mercados de Capitales como condición previa necesaria para impedir el posible contagio del sector bancario al soberano:


- Poner en marcha un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos y un mecanismo de respaldo fiscal de último recurso, indispensable para dotar de coherencia al mecanismo único de supervisión y resolución la Unión Bancaria.


- Evitar iniciativas que estimulen la actual fragmentación financiera y amenacen con crear mayor inestabilidad en el mercado de bonos soberanos. Rechazar cualquier iniciativa que cuestione la solvencia o nivel de riesgo de los bonos
soberanos, como un mecanismo automático de reestructuración de la deuda pública o el endurecimiento de las condiciones para su mantenimiento en los balances bancarios.



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3. El BCE, junto a la estabilidad de precios, debe tener un mandato explícito para promover el crecimiento y el empleo y debe poder actuar como prestamista de último recurso para los Estados miembros, como lo hace para el sector bancario.


4. Aumentar los recursos disponibles del marco financiero plurianual (MFP) de la Unión Europea posterior a 2020 que fija los límites de los presupuestos generales anuales de la UE, hasta alcanzar el 1,3 % de la RNB de la UE, rechazando, por
insuficiente, la actual propuesta de la Comisión Europea sobre el nuevo marco financiero plurianual (MFP).


5. Desarrollar el Pilar Social de la Unión Europea (EPSR), profundizar en la cohesión social y fortalecer el principio de la solidaridad recíproca:


- Construir un marco europeo para la regulación de los salarios mínimos en la UE que proporcionen un nivel de vida decente; satisfaga las necesidades del trabajador y su familia; y prevenga de la pobreza laboral, así como desarrollar un
marco para la regulación del sistema de seguro de desempleo común en los Estados miembros.


- Introducir mecanismos de seguimiento y evaluación de objetivos sociales en el Semestre Europeo en pie de igualdad con los objetivos económicos.


- Priorizar los fondos presupuestarios específicos para la convergencia social.


6. Revisar el marco institucional de reglas fiscales europeas con el objetivo de simplificarlo y hacerlo más transparente, adoptando políticas fiscales anticíclicas que generen márgenes de maniobra suficientes durante las fases de expansión
para utilizarlos en momentos de crisis (regla de gasto ligada a la deuda pública con posibilidad de aumentar el gasto incrementando los ingresos). Esta revisión debe simplificar los paquetes fiscales europeos con objetivos de medio plazo creíbles,
métricas más sencillas, flexibilidad a corto plazo y mayor transparencia.


7. Impulsar la armonización y la coordinación de la fiscalidad en el mercado interior de la UE con el objetivo de financiar el Estado del bienestar, evitar en la práctica la competencia fiscal a la baja entre Estados y liderar en las
organizaciones y foros mundiales la lucha contra los paraísos fiscales con una fiscalidad justa y efectiva, a través de:


- La aprobación definitiva de la propuesta por la que se establece una base imponible común y consolidada del impuesto sobre sociedades (BICIS y BICCIS), así como tipos mínimos en el impuesto sobre sociedades de los Estados miembros.


- Crear un Centro de Coordinación y Coherencia de Fiscalidad, en la estructura de la Comisión Europea, que pueda evaluar y hacer un seguimiento de la política tributaria de los Estados miembros, y convertirse en una auténtica Agencia de
Fiscalidad Europea.


- Incorporar indicadores de buen gobierno fiscal en el Semestre Europeo y en los Programas Nacionales de Reformas, que incluyan las medidas adoptadas por los Estados miembros para combatir la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.


8. Gobernanza económica, rendición de cuentas y legitimidad democrática:


- Adoptar la regla de la mayoría cualificada para decidir sobre el uso de los recursos de la futura autoridad fiscal, con sometimiento a un control y rendición de cuentas exhaustivas por parte del Parlamento Europeo.


- Fortalecer el papel del presidente del Eurogrupo y crear un ministro de Economía y Finanzas europeo (fusión del cargo del vicepresidente de la Comisión responsable de la Unión Económica y Monetaria y el de presidente del Eurogrupo) que
tendría una representación única del euro en los organismos financieros internacionales. El ministro presidirá la futura autoridad fiscal y ejercerá un papel neutral y equilibrado, teniendo la responsabilidad política, entre otras, de los programas
de asistencia financiera. El ministro rendirá cuentas ante el Parlamento europeo sobre todas las cuestiones relacionadas con sus funciones y estaría disponible para comparecer ante los Parlamentos nacionales.


- Mejorar la cooperación y la coordinación entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales en el Semestre Europeo. El ministro de Economía y Finanzas europeo podrá comparecer ante los Parlamentos nacionales para evaluar los
proyectos de planes presupuestarios de los Estados miembros de la zona del euro.


- Reforzar la rendición de cuentas y la capacidad de control del Parlamento Europeo sobre el Banco Central Europeo. Para ello, el Parlamento Europeo ratificará al Presidente del BCE y a los miembros de



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su Comité Ejecutivo. Publicar las actas completas de las reuniones de su Comité Ejecutivo, en línea con las prácticas de la Reserva Federal (Fed).


- Posibilidad de convocar consultas ciudadanas para involucrar a la sociedad civil en un debate sobre asuntos europeos que pueden resultar de interés para los diferentes sectores afectados por las políticas europeas, con la colaboración de
los Parlamentos nacionales y la estrecha cooperación de la Comisión Europea.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente relativa a la posición española sobre el
fortalecimiento de la Unión Económica y Monetaria y el nuevo marco financiero plurianual de la UE 2021-2027 del Grupo Parlamentario Socialista.


Enmienda


De modificación.


Texto que se propone:


Se modifica la sección propositiva de la Moción, que queda redactada en los siguientes términos:


'1. [...]


2. [...]


- [...]


- Evitar iniciativas que estimulen la actual fragmentación financiera y amenacen con crear mayor inestabilidad en el mercado de bonos soberanos. Rechazar cualquier iniciativa que cuestione la solvencia o nivel de riesgo de los bonos
soberanos, como un mecanismo automático de reestructuración de la deuda pública o el endurecimiento de las condiciones para su mantenimiento en los balances bancarios.


3. El BCE, junto a la estabilidad de precios, debe tener un mandato explícito para promover el crecimiento y el empleo y debe poder actuar como prestamista de último recurso para los Estados miembros, como lo hace para el sector bancario.


4. Aumentar los recursos disponibles del marco financiero plurianual (MFP) de la Unión Europea posterior a 2020 que fija los límites de los presupuestos generales anuales de la UE, hasta alcanzar el 1,3 % de la RNB de la UE rechazando, por
insuficiente, la actual propuesta de la Comisión Europea sobre el nuevo marco financiero plurianual (MFP).


5. [...]


- Estudiar la implantación de un marco europeo para la regulación de los salarios mínimos en la UE...


- [...]


- [...]


6. [...]


7. [...]


8. [...]


- [...]


- [...]


- [...]


- [...]



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- Posibilidad de convocar consultas ciudadanas a nivel europeo para involucrar a la sociedad civil en debates sobre políticas europeas que pueden resultar de interés para los diferentes sectores afectados, con la colaboración de los
Parlamentos nacionales y la estrecha cooperación de la Comisión Europea.'


Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2018.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.