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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 334, de 13/04/2018
cve: BOCG-12-D-334
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
13 de abril de 2018
Núm. 334
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000642 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a establecer un bono social digital de acceso a Internet en banda ancha ... (Página2)
162/000643 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la protección de las víctimas de violencia de género cuando esta se produce en el seno de la Guardia Civil
... (Página4)
162/000644 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la regulación de la publicidad de las empresas del sector energético ... (Página5)
162/000645 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la necesidad de adoptar medidas inmediatas para mejorar la situación del Instituto Español de Oceanografía
(IEO) ... (Página7)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión ... (Página10)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por este, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000642
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados presentar la siguiente Proposición no de Ley
para establecer un bono social digital de acceso a Internet en banda ancha, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Una de las brechas digitales que más desigualdad genera es la brecha económica, la imposibilidad de acceder a servicios de comunicación por voz o datos debida a la falta de recursos económicos. Esta es la realidad de muchas familias que
viven en una situación precaria, sin empleo o, incluso teniéndolo con salarios que hacen imposible cubrir los gastos básicos o esenciales. Y entre estos gastos se incluye el acceso a servicios de comunicación, tanto de telefonía como de acceso a
Internet.
Frente al triunfalista mensaje del Gobierno de Rajoy sobre el liderazgo de nuestro país en la extensión de redes de alta velocidad, gracias a la inversión de las operadoras privadas de telecomunicaciones, este mismo ejecutivo no parece
ocuparse ni preocuparse de trasladar esa óptima red de comunicaciones en gran parte del territorio para su uso particular o empresarial en condiciones asequibles. Según la Comisión Europea, nuestro país es el segundo Estado miembro de la Unión con
los precios más elevados en lo que a acceso a Internet se refiere. Así, la conexión más barata a Internet cuesta más del doble del coste medio europeo.
Este es uno de los principales motivos de la baja penetración del uso de Internet en España, el elevado precio de los costes básicos de acceso (sólo el 49 % de los hogares con conexión está suscrito a la red fija de banda ancha rápida).
Los socialistas consideramos que el conjunto de beneficios y de oportunidades que puede representar la economía y sociedad digital debe alcanzar al conjunto de la ciudadanía, evitando cualquier tipo de exclusión por razones de género,
territoriales, generacionales o de índole económico.
La Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones garantiza la prestación de un servicio universal de comunicaciones 'para todos los usuarios finales con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a
un precio asequible'. Este servicio universal incluye la 'conexión a la red pública de comunicaciones electrónicas de voz, fax y datos a velocidad suficiente para acceder de forma funcional a Internet' (solo 1 Mbps de bajada y descargas limitadas a
5 GB) desde una ubicación fija en cualquier parte del país, incluidas las zonas rurales más aisladas. También incluye guías telefónicas de abonados, cabinas telefónicas públicas y servicios adaptados para personas con discapacidad o con necesidades
sociales especiales.
El apartado 2 del artículo 25 explicita que 'podrán establecerse sistemas de ayuda directa a los consumidores que sean personas físicas con rentas bajas o con necesidades sociales especiales'.
El Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios (modificado por el Real
Decreto 726/2011, de 20 de mayo) establece [art. 35.2.a)] la obligación de ofertar un 'abono social' de telefonía fija 'destinado a jubilados y pensionistas cuya renta familiar no exceda del indicador que se determine, en cada momento, por la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, y consistirá en la aplicación de una bonificación en el importe de la cuota de alta y en la cuota fija de carácter periódico de la conexión a la red'.
Este 'abono social' de telefonía se ha quedado completamente obsoleto y año tras año, según datos de la CNMC, son menos las personas que lo solicitan. En diez años, el número de beneficiarios se ha reducido un 88 %. Este 'abono social'
consiste en una descuento del 95 % del importe de la cuota de abono mensual de una línea de teléfono fijo y un descuento del 70 % en el importe de la cuota de alta, bonificación a la que solo se pueden acoger jubilados y pensionistas con rentas
anuales inferiores a 8.946 euros. Además, no es aplicable si el usuario quiere contratar una línea móvil o el acceso a Internet.
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ha recomendado al Gobierno la modificación de este 'abono social' para incluir también los servicios de comunicaciones a través de móvil, datos e Internet y ampliar los colectivos
beneficiarios a otros grupos vulnerables con dificultades económicas.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos firmemente que en la sociedad actual el acceso a Internet es un derecho de cualquier persona y una condición indispensable para su pleno desarrollo individual y social. Se puede considerar que
quien es privado de esta herramienta es 'condenado' en cierto modo al ostracismo.
La Asamblea General de la ONU declaró en el año 2011 el acceso a Internet como un derecho humano por ser una herramienta que favorece el crecimiento y el progreso de la sociedad en su conjunto. Actualmente lo considera como uno de los más
poderosos instrumentos para facilitar la transparencia, recibir información y aumentar la participación activa de los ciudadanos en la construcción de sociedades democráticas. Y desde esta óptica insta a todos los gobiernos a que garanticen el
acceso a Internet a sus ciudadanos de la manera más accesible y asequible.
Por tanto, el Gobierno debería impulsar todas las acciones necesarias para facilitar este derecho y que cualquier persona pueda acceder a Internet en condiciones de igualdad, independientemente de su condición personal, social, económica o
geográfica. Además, se debe garantizar un acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio para toda la población.
Mediante esta iniciativa, el Grupo Socialista propone que el Gobierno garantice la existencia de un bono social de comunicaciones, que incluya acceso a Internet, teléfono fijo y/o móvil para colectivos vulnerables, de rentas bajas o con
necesidades sociales especiales.
Este bono social de comunicaciones modificaría el actual 'abono social' de telefonía, actualizando las categorías de beneficiarios para que tenga efectos redistributivos con el objetivo de garantizar un consumo básico a los hogares o
consumidores más vulnerables. También se actualizaría la 'velocidad suficiente para acceder de forma funcional a Internet' que debería ser como mínimo de 30 Mbps en sentido descendente, tal y como establece la caduca Agenda Digital para España
2013-2016 para antes de 2020.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar de forma urgente la existencia de un bono social digital de acceso a Internet para colectivos vulnerables, de rentas bajas o con necesidades sociales especiales, que incluya:
1. La posibilidad de incluir o combinar servicios de acceso a Internet de banda ancha, con telefonía fija y/o móvil.
2. La velocidad para acceder a Internet deberá ser como mínimo de 30 Mbps en sentido descendente, y se actualizaría en función de los avances tecnológicos.
3. La formación en competencias y habilidades digitales básicas a los beneficiarios que lo soliciten.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2018.-Óscar Galeano Gracia, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000643
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley relativa
a la protección de las víctimas de violencia de género cuando esta se produce en el seno de la Guardia Civil, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
La función legislativa en materia igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como de violencias machistas es absolutamente necesaria para garantizar el acceso a los derechos de todas las mujeres desde una óptica integral.
Teniendo en cuenta que determinados colectivos y profesiones se caracterizan por una alta prevalencia a la disciplina, la jerarquía y la subordinación, es atender la garantía de derechos para las mujeres en estos contextos a través de especial
seguimiento y singularización de las medidas recogidas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género.
El marco político para el tratamiento de las violencias machistas en nuestro país es el Dictamen emitido por la Subcomisión para un Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género, aprobado por el Congreso de los Diputados en el Pleno del
día 28 de septiembre de 2017. En dicho Dictamen, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presentó una batería de medidas y votos particulares con el objeto de acercar nuestra legislación y políticas públicas al
cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado tras la ratificación del Convenio de Estambul.
Situándonos en el contexto específico de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Observatorio de la Mujer en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en España se creó en 2007 con el objeto de analizar la situación de las
mujeres en la Policía Nacional y Guardia Civil. Por otra parte, la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, reconoce la obligación de promover aquellas medidas necesarias para
garantizar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres dentro del Cuerpo.
La Oficina Nacional para la Igualdad de Género en la Policía Nacional se creó recientemente con objeto de prevenir la violencia de género, en febrero de 2018. Sin embargo, la resolución por la que se crea dicho organismo no contempla ni el
presupuesto que se destinará a la oficina ni el personal que trabajará para el mismo, lo que hace dudar de su eficacia.
Por lo que consideramos que las diversas actuaciones llevadas a cabo por los poderes públicos en pos de la igualdad, la no discriminación y contra la violencia no han sido efectivas. A pesar de la obligación que tienen de promover las
medidas necesarias para garantizar la igualdad con una orientación transversal y evitar cualquier tipo de discriminación profesional teniendo en cuenta la vida familiar y profesional, siguen produciéndose casos de discriminación como el caso de la
sanción impuesta a una militar por no asistir a una celebración por tener que cuidar de su hija.
Por esto mismo, entendemos que es imprescindible dotar de recursos humanos y presupuesto a la Oficina de Igualdad de Oportunidades entre Hombre y Mujeres de la Guardia Civil para el desarrollo de su actividad. Así como establecer sistemas
de control externo de la aplicación de la ley.
Impulsar un protocolo de actuación para casos de violencia de género en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Facilitando a las funcionarias su derecho a la movilidad y en el caso de órdenes de alejamiento facilitar los
cambios en servicio y destino. Dicho protocolo debe incluir un régimen disciplinario y garantizar la independencia y preparación del organismo en el que se sustancien las denuncias, y contar con el asesoramiento de los organismos de igualdad así
como establecer las medidas de protección frente a represalias y garantizar un proceso adecuado que permita la sanción de los responsables y la efectiva reparación de las víctimas.
Impedir, así mismo, el acceso a VIOGEN por parte de aquellos miembros de las FCSE condenados como autores de delitos de violencia de género.
Así como incluir también la figura de 'asociaciones profesionales'. Conviene tener en cuenta que un número significativo de servidores públicos, como las mujeres que forman parte de la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas, no pueden
sindicarse y gestionan estos asuntos a través de asociaciones profesionales a las que no se debe excluir de las opciones planteadas en el pacto.
Reformar la legislación disciplinaria de la Guardia Civil para que las víctimas de violencia de género en este ámbito sean parte en los procesos disciplinarios que les afecten. Cuando el acusado es otro guardia civil, las víctimas de
violencia de género en la Guardia Civil actualmente no pueden ser parte en los procesos disciplinarios en los que se analizan los hechos que han producido la condición de víctima, quedando así absolutamente indefensas. Esta situación ha de
corregirse con las modificaciones legislativas propuestas.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dotar de recursos humanos y presupuesto a la Oficina de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres de la Guardia Civil para el desarrollo de su actividad. Así como establecer sistemas de control externo de la aplicación de la
ley.
2. Crear un protocolo de actuación en los casos de violencia de género que incluya un régimen disciplinario y garantice la independencia y preparación del organismo en el que se sustancien las denuncias, y que cuente con el asesoramiento de
los organismos de igualdad. Se facilitará también a las funcionarias su derecho a la movilidad y en el caso de órdenes de alejamiento se facilitarán los cambios en servicio y destino.
3. Establecer medidas de protección frente a represalias y garantizar un proceso adecuado que permita la sanción de los responsables y la efectiva reparación de las víctimas.
4. Inhabilitar a los responsables e impedir su acceso a VIOGEN.
5. Reformar la legislación disciplinaria de la Guardia Civil para que las víctimas de violencia de género en este ámbito sean parte en los procesos disciplinarios que les afecten.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2018.-Sofía Fernández Castañón y Alicia Ramos Jordán, Diputadas.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000644
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para la regulación de la publicidad de las empresas de sector
energético, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
La Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, en su artículo 3, considera que es ilícita la publicidad que vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución así como la publicidad engañosa, la publicidad desleal y la
publicidad agresiva, que tendrán el carácter de actos de competencia desleal en los términos contemplados en la Ley de Competencia Desleal. Más concretamente, el artículo 5 de la citada Ley establece que la publicidad de productos, bienes,
actividades y servicios susceptibles de generar riesgos para la salud o seguridad de las personas, podrá ser regulada por sus normas especiales y que dicho régimen podrá asimismo establecerse cuando la protección de los valores y derechos
constitucionalmente reconocidos así lo requieran.
A su vez, la Constitución española recoge como derecho fundamental, en su artículo 45, el 'derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona', para lo cual ordena que 'los poderes públicos velarán por la
utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva'. En esta línea, abunda la Constitución en
su artículo 51 en que 'los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos'.
Del mismo modo, la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, en su artículo 18, considera como comunicaciones comerciales prohibidas en cualquiera de sus formas 'la comunicación comercial que fomente comportamientos
nocivos para la salud' y que 'está prohibida la comunicación comercial que fomente comportamientos nocivos para el medio ambiente'.
En este contexto, siendo una evidencia científicamente constatada que determinadas fuentes de generación de energía suponen un riesgo para la salud de la ciudadanía y para el medio ambiente, es cuanto menos cuestionable considerar como
lícitas las campañas publicitarias millonarias que determinadas empresas energéticas impulsan, y que, lejos de recoger los citados riesgos, buscan trasladar a la sociedad una imagen de sostenibilidad engañosa tratando de mantener una buena imagen
social. Tanto es así que algunas de estas empresas pertenecen a iniciativas como el Código de Autorregulación Publicitaria, por el que se comprometen a 'realizar un uso responsable y veraz de los mensajes publicitarios que utilicen argumentos de
carácter ambiental', a pesar de ser de las más contaminantes de España y mostrar unos niveles de emisiones de CO2 que empeoran año tras año. Así, en aras de la transparencia y la promoción de valores saludables y consumos responsables, deberían
impulsarse cuantas normas fueran necesarias para regular la publicidad y los patrocinios de todas aquellas empresas de servicios de suministro energético que generen emisiones y/o residuos perjudiciales para la salud y el medio ambiente.
Sirva como ejemplo la reciente publicidad de la comercializadora Endesa Energía, S.A. Unipersonal. En ella se oferta la tarifa 'happy', o lo que es lo mismo, la posibilidad de disponer de electricidad gratuita durante un tiempo acotado, a
cambio de distintos precios del kWh en el resto de horas de la semana. La complejidad de este tipo de ofertas, unida a la escasa información de las personas consumidoras y el difícil acceso e interpretación de las datos de consumo, puede provocar
efectos contrarios al consumo responsable. Publicitar y promocionar el consumo a coste cero puede impulsar un uso irresponsable de la energía, así como aumentos de la potencia contratada para poder sostener la concentración de consumo en ciertos
periodos.
Una acción publicitaria no ajustada a derecho puede producir efectos indeseables en el cumplimiento de objetivos europeos de energía en materia de eficiencia energética. Fijados estos en alcanzar un 20 % de mejora en la eficiencia
energética para el año 2020. O también introducen inconvenientes para la concienciación de la ciudadanía al respecto de la cuota de generación de energías renovables, fijada en un 20 % para el año 2020. Del mismo modo, recordar que los objetivos
para 2030 suponen una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 %, respecto a los niveles de 1990.
Los objetivos de la Unión Europea, siguen avanzando sobre una línea estratégica clara, de la que constituye un pilar, la sostenibilidad. La Comisión Europea pretende que el suministro energético sea respetuoso con el clima. Toda la acción
legislativa europea en materia energética se configura sobre estos principios, siendo incoherente permitir campañas activas que alientes comportamientos contrarios a estos objetivos de país.
En este sentido, la propia Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, dispone la posibilidad de desarrollar a través de disposiciones reglamentarias que obligue a estas empresas a que en la publicidad de sus productos se recojan
los riesgos derivados, en su caso, de la utilización normal de los mismos.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Regular en los términos reglamentarios exigidos por la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, y con respeto a las competencias de las comunidades autónomas en esta materia, los mensajes publicitarios y los patrocinios de
las empresas del sector energético, con el objetivo que no incurran en prácticas de publicidad engañosa y los consumidores puedan conocer tanto el nivel de las emisiones de gases de efecto invernadero que emiten dichas entidades como los residuos
radiactivos que generan.
2. Impulsar campañas de publicidad institucionales a través del IDAE para dar a conocer información fidedigna y homogénea a los clientes finales acerca de la energía que consumen, proporcionándole un formato uniforme, con independencia de
la empresa que venda la energía, con información precisa sobre:
- El desglose de las fuentes de energía que se han utilizado para generar la electricidad que han consumido.
- El impacto ambiental que dicha producción ha originado.
3. Garantizar que toda empresa que venda productos energéticos a clientes finales indique en sus facturas, o en su caso en las facturas electrónicas, y en la documentación promocional puesta a disposición de los mismos, la referencia a las
fuentes en las que se encuentre publicada la información sobre el impacto en el medio ambiente, en cuanto a las emisiones totales de dióxido de carbono (CO2), y los residuos radiactivos de alta actividad habidos en su sector durante el año
anterior.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2018.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000645
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de la Diputada Alexandra Fernández Gómez, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley para su debate en Pleno sobre la necesidad de adoptar medidas inmediatas para mejorar la situación del Instituto Español de Oceanografía (IEO).
Exposición de motivos
El Instituto Español de Oceanografía (IEO) como Organismo Público de Investigación, cumple una función investigadora de enorme relevancia en el ámbito marítimo tal y como se detalla en su Plan Estratégico 2015-2020. Es uno de los organismos
de investigación más antiguos y que cuenta con un amplio reconocimiento internacional. Posee nueve centros en todo el Estado: A Coruña, Vigo, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Málaga, Murcia y Palma de Mallorca, y una sede central en
Madrid.
Tiene una infraestructura puntera como buques, plantas de cultivos marinos, laboratorios de referencia en contaminación y medio marino, que junto con una plantilla altamente cualificada le otorgan la capacidad de abordar proyectos
multidisciplinares.
Sin embargo su importancia en el campo de la investigación marina no está siendo objeto del interés del Gobierno cuya política de incumplimiento presupuestario así como de reducción de partidas económicas empieza a ser de grave preocupación.
Está afectando a numerosos proyectos de investigación así como a la situación de los trabajadores y trabajadoras del IEO.
Es conocido el desinterés del Gobierno por cambiar el modelo productivo basado en el ladrillo por un modelo propio de países avanzados, un modelo que priorice el I+D+I y que generaría trabajo de mayor calidad. La investigación está siendo
objeto de total abandono por parte del Ejecutivo.
Desde el año 2013, el IEO sufre una tendencia descendente continuada en la ejecución del presupuesto anual. Se pasó del 90 % en dicho ejercicio al 50 % en el año 2017. Los efectos están siendo muy perniciosos para el campo de la ciencia
marina y la investigación. Se traduce en la práctica imposibilidad de contratar personal adscrito a proyectos con financiación externa en tiempo y forma, puesto que se demora hasta dieciocho meses la contratación. La imposibilidad para adquirir
equipamiento y realizar su necesario mantenimiento, las dificultades para sostener un nivel continuo de formación del personal, entro otros muchos problemas.
La situación empeora si cabe con la decisión de prorrogar los Presupuestos Generales de 2017 para 2018, puesto que para el año en curso el dinero disponible para el funcionamiento del IEO será solo del 30 % del presupuesto.
Existe una enorme alarma entre las distintas plantillas del IEO, como la del Centro Oceanográfico de Vigo, por la drástica reducción presupuestaria que castra la actividad científica, y paraliza el desarrollo de la investigación así como la
capacidad de asesorar al Estado en materia de Pesca y Medio Ambiente Marino.
Ante tal situación, el personal del IEO propone la adopción de medidas como la descentralización y mayor autonomía a los laboratorios porque en la práctica se están manteniendo gracias al esfuerzo de los trabajadores y de las trabajadoras.
Se ve necesaria la realización de una auditoría de gestión para poner en evidencia las insuficiencias en recursos humanos y en medios materiales. Igualmente, creen necesaria la modificación del Consejo Rector que cuenta en su composición
con los siguientes representantes: un presidente, que es el titular de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación; un vicepresidente primero, que es el titular de la dirección del IEO; vicepresidente segundo, que es el
titular de la Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y vocales, que son:
- Dos representantes del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, con rango mínimo de director general, propuestos por el titular de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
- El titular de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
- Dos representantes de las comunidades autónomas con litoral, miembros de la Conferencia Sectorial de Pesca, propuestos por la Conferencia Sectorial de Pesca. La duración de su mandato es de cuatro años.
- Dos representantes del sector pesquero y acuicultor, propuestos por el titular de la presidencia del IEO entre las organizaciones más representativas de dicho sector. La duración de su mandato será de cuatro años.
- Un científico de reconocido prestigio en el ámbito oceanográfico-pesquero, propuesto por el titular de la dirección del IEO con mandato de cuatro años.
- Un representante del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Es decir, un organismo con sede en Madrid, a pesar de que se estudia el mar, y con muchos representantes ministeriales en lugar de los territorios con mar. Además, a diferencia de otros organismos públicos, el IEO no tiene reconocida
ninguna estructura de participación del personal adscrito al mismo a fin de mejorar su gestión, eficacia e inmediatez.
Es fundamental que se reviertan los Presupuestos de 2017 prorrogados para 2018 a fin de mejorar el sistema público de investigación, y en este caso, el IE.
Asimismo, consideran necesaria la implementación de un sistema de fiscalización previa ajustado a los fines y actividad que desempeña el IEO, tal como recoge el Acuerdo del Consejo de Ministro de 20 de diciembre de 2013 1, para el control de
los gastos por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) e implementación de fórmulas compatibles con la legislación vigente que permita dar cumplimiento a los compromisos en investigación y asesoría científico-técnica.
Consideran que se está haciendo una interpretación muy restrictiva de la Ley de Contratos del Sector Público, y que la intervención previa está siendo un corsé que bloquea los proyectos de investigación y asesoría. La lentitud
administrativa en la tramitación de los expedientes perjudica la eficiencia investigadora, con grave perjuicio en la competitividad y en el prestigio del IEO y con repercusión directa en el tejido social y económico del país. En definitiva, no se
trata de obviar los mecanismos de transparencia, si no de simplificar los trámites para que no sean un obstáculo.
No son pocas las funciones del IEO y su enumeración da una ligera idea del calibre de sus tareas como para que se practique la cicatería con este organismo:
- Elaborar, coordinar y gestionar los programas de investigación y desarrollo tecnológico sobre los recursos vivos marinos en los distintos mares y océanos, incluidos la investigación y el desarrollo tecnológico aplicados a los cultivos
marinos, con especial referencia a los que sean de interés para el sector pesquero español.
- Elaborar, coordinar y gestionar los programas de investigación de carácter oceanográfico multidisciplinar, con especial atención a su influencia en los recursos vivos, de acuerdo con las directrices de la Secretaría de Estado de
Investigación, y en coordinación con la Secretaría General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
- Representar al Estado en los foros científicos internacionales relacionados con la oceanografía y las pesquerías, en coordinación con los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y de
1 Resolución de 14 de enero de 2014, de la Intervención General de la Administración General del Estado. BOE n.o 229, de 3 de febrero de 2014.
Medioambiente, y Medio Rural y Marino. El IEO tendrá la consideración de organismo de referencia para la declaración de zonas de protección pesquera, áreas marinas protegidas y otros espacios.
- Informar sobre los proyectos de normas que se le sometan a consulta y que incidan en los recursos vivos marinos.
- Informar a los órganos administrativos competentes sobre las solicitudes de realización de campañas de investigación por parte de terceros países en aguas de soberanía española.
- Colaborar con organismos públicos y privados, tanto nacionales como internacionales, para la realización de proyectos de investigación y otras actividades de carácter científico y tecnológico, con atención prioritaria a los objetivos de
investigación oceanográfica-pesquera al servicio de la política pesquera del Estado.
- Coordinar y cooperar en los programas de investigación internacionales, a través de la Secretaría de Estado de Investigación, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
- Atender prioritariamente los objetivos de investigación oceanográfica-pesquera al servicio de la política pesquera del Estado.
El abandono por parte de la Administración de este ámbito de investigación está llevando a su colapso y sería deseable que se adoptasen medidas para evitarlo.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Agilizar los trámites administrativos de los expedientes (adquisición de equipos o contratación de personal o servicios) a fin de permitir la eficiencia investigadora y la asesoría científica óptima, sin demoras injustificadas que pongan
en riesgo los proyectos de investigación.
- Aprobar un cambio en el régimen actual de control económico-financiero que se aplica por parte la Intervención General de la Administración del Estado y creación de un sistema de control ajustado a los fines y actividades que desempeña el
IEO.
- Dotar del personal necesario además de cubrir las actuales vacantes, e impulsar una gestión ágil y eficaz, y modificar la Relación de Puestos de Trabajo para optimizar los recursos humanos del IEO, adaptada a la actividad y retos futuros
de investigación y asesoría científico-técnica del IEO.
- Aprobar un aumento presupuestario suficiente que corrija el drástico descenso económico de los Presupuestos Generales de 2017, prorrogados a 2018, destinado al Instituto Español de Oceanografía (IEO) a fin de que los distintos centros
pueden desarrollar su labor y sus múltiples funciones sin obstáculos.
- Comprometerse a ejecutar el 100 % de los presupuestos destinados en cada ejercicio en base a partidas suficientes que permitan la eficiencia investigadora.
- Otorgar una mayor autonomía a los distintos centros del IEO, procediendo a una descentralización de su gestión.
- Llevar a cabo una auditoría para detectar y evidenciar las insuficiencias y carencias tanto en recursos humanos como en medios materiales.
- Considerar la modificación del Estatuto del IEO, dotándolo de una nueva estructura participativa, moderna y eficaz.
- Estudiar una modificación del Consejo Rector del Instituto Español de Oceanografía de forma que se contemple una mayor presencia de las CC.AA. con mar, la inclusión de personal del IEO adscrito al mismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2018.-Alexandra Fernández Gómez, Diputada.-Miguel Anxo Fernández Bello, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de su autor, ha acordado tener por convertidas en preguntas con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Hacienda y Función Pública,
las preguntas al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relacionan, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Núm. expte.: 184/011023.
Núm. registro: 28342.
Autor iniciativa: De la Torre Díaz, Francisco (GCs).
Objeto iniciativa: Actuaciones que ha desarrollado el Gobierno en relación con el escándalo de los denominados 'papeles de Panamá'.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 149, de 9 de mayo de 2017.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000916.
Núm. expte.: 184/016789.
Núm. registro: 46110.
Autor iniciativa: De la Torre Díaz, Francisco (GCs).
Objeto iniciativa: Financiación del primer anuncio oficial del referéndum separatista en Cataluña.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000917.
Núm. expte.: 184/016802.
Núm. registro: 46135.
Autor iniciativa: De la Torre Díaz, Francisco (GCs).
Objeto iniciativa: Desviación de recursos por parte de la Generalitat para la celebración de un referéndum ilegal el 1 de octubre.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000918.
Núm. expte.: 184/018041.
Núm. registro: 50695.
Autor iniciativa: De la Torre Díaz, Francisco (GCs).
Objeto iniciativa: Actuación del Gobierno frente a la celebración de un referéndum ilegal el 1 de octubre en Cataluña.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000919.
Núm. expte.: 184/024128.
Núm. registro: 61245.
Autor iniciativa: De la Torre Díaz, Francisco (GCs).
Objeto iniciativa: Afirmaciones del Ministro de Hacienda y Función Pública en la defensa del Proyecto de Ley por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021, durante el Pleno del 23
de noviembre de 2017.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000920.
Núm. expte.: 184/026913.
Núm. registro: 71195.
Autor iniciativa: De la Torre Díaz, Francisco (GCs).
Objeto iniciativa: Actuaciones del Gobierno de España, en aplicación de las potestades del artículo 155 de la Constitución, para colaborar con la Justicia en la persecución de delitos cometidos con ocasión del referéndum ilegal del 1 de
octubre en Cataluña.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000921.
Núm. expte.: 184/029136.
Núm. registro: 75653.
Autor iniciativa: De la Torre Díaz, Francisco (GCs).
Objeto iniciativa: Situación y fiscalización de los fondos públicos realizados por la Interventora General de la Generalitat, Rosa Vidal Planelles, ahora bajo la responsabilidad directa del Gobierno de España en el marco del artículo 155.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000922.
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de sus autores, ha acordado tener por convertidas en preguntas con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a las Comisiones que se indican, las
preguntas al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relacionan, así como comunicarlo a las Comisiones correspondientes, al Gobierno y a los Sres. Diputados preguntantes y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Fomento
Núm. expte.: 184/025428.
Núm. registro: 68114.
Autor iniciativa: González Bayo, Josefa Inmaculada (GS); Díaz Trillo, José Juan (GS).
Objeto iniciativa: Previsiones acerca de la línea ferroviaria Huelva-Zafra.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000925.
Núm. expte.: 184/029754.
Núm. registro: 77656.
Autor iniciativa: Díaz Trillo, José Juan (GS); González Bayo, Josefa Inmaculada (GS).
Objeto iniciativa: Plazos de finalización de la construcción de la estación de Huelva.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 315, de 12 de marzo de 2018.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000928.
Núm. expte.: 184/029755.
Núm. registro: 77657.
Autor iniciativa: Díaz Trillo, José Juan (GS); González Bayo, Josefa Inmaculada (GS).
Objeto iniciativa: Previsiones acerca del derribo del muro que transcurre para separar las vías de la ciudad por la avenida de Italia y la calle Escultora Miss Whitney.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 315, de 12 de marzo de 2018.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000929.
Núm. expte.: 184/029921.
Núm. registro: 77885.
Autor iniciativa: Díaz Trillo, José Juan (GS).
Objeto iniciativa: Previsiones de plazos y financiación de las ayudas aprobadas con cargo al hasta ahora paralizado Programa 1,5 cultural, en la provincia de Huelva.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 315, de 12 de marzo de 2018.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000930.
Núm. expte.: 184/029922.
Núm. registro: 77886.
Autor iniciativa: Díaz Trillo, José Juan (GS).
Objeto iniciativa: Inversiones destinadas al 1,5 % cultural en la provincia de Huelva en los años 2011 a 2017.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 315, de 12 de marzo de 2018.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000931.
Núm. expte.: 184/029923.
Núm. registro: 77887.
Autor iniciativa: Díaz Trillo, José Juan (GS.)
Objeto iniciativa: Estaciones ferroviarias de la provincia de Huelva que no cumplen los criterios de accesibilidad requeridos.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 315, de 12 de marzo de 2018.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000932.
Núm. expte.: 184/029924.
Núm. registro: 77888.
Autor iniciativa: Díaz Trillo, José Juan (GS).
Objeto iniciativa: Inversión realizada para el mantenimiento, instalación y mejora de los 'quitamiedos' en la Red Estatal de Carreteras del Estado en la provincia de Huelva desde el año 2012.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 315, de 12 de marzo de 2018.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000933.
Núm. expte.: 184/029925.
Núm. registro: 77889.
Autor iniciativa: Díaz Trillo, José Juan (GS).
Objeto iniciativa: Puntos con niveles de ruido más altos en decibelios en las carreteras nacionales de Huelva.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 315, de 12 de marzo de 2018.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000934.
Núm. expte.: 184/029926.
Núm. registro: 77890.
Autor iniciativa: Díaz Trillo, José Juan (GS).
Objeto iniciativa: Kilómetros de firme reasfaltados en las carreteras onubenses desde el año 2011.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 315, de 12 de marzo de 2018.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000935.
Núm. expte.: 184/029919.
Núm. registro: 77883.
Autor iniciativa: Díaz Trillo, José Juan (GS).
Objeto iniciativa: Inversión realizada desde el año 2012 en actuaciones para eliminar contaminación acústicas en los núcleos de población onubenses próximos a carreteras nacionales.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 315, de 12 de marzo de 2018.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000936.
Núm. expte.: 184/029920.
Núm. registro: 77884.
Autor iniciativa: Díaz Trillo, José Juan (GS).
Objeto iniciativa: Inversión realizada para renovación de las señales verticales en las carreteras onubenses desde el año 2011.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 315, de 12 de marzo de 2018.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000937.
Núm. expte.: 184/029918.
Núm. registro: 77882.
Autor iniciativa: Díaz Trillo, José Juan (GS).
Objeto iniciativa: Viaductos existentes en las carreteras nacionales de la provincia de Huelva que no tienen ningún tipo de protección de valla o mampara a ambos lados.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 315, de 12 de marzo de 2018.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000938.
Núm. expte.: 184/029917.
Núm. registro: 77881.
Autor iniciativa: Díaz Trillo, José Juan (GS).
Objeto iniciativa: Evolución del número de kilómetros de nueva carretera puesta en servicio desde el año 2012 en la provincia de Huelva.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 315, de 12 de marzo de 2018.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000939.
Núm. expte.: 184/029916.
Núm. registro: 77880.
Autor iniciativa: Díaz Trillo, José Juan (GS).
Objeto iniciativa: Derribo del muro que transcurre para separar las vías de la ciudad de Huelva por la avenida de Italia y la calle Escultora Miss Whitney.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 315, de 12 de marzo de 2018.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000940.
Núm. expte.: 184/029915.
Núm. registro: 77879.
Autor iniciativa: Díaz Trillo, José Juan (GS).
Objeto iniciativa: Grado de ejecución de la cantidad aprobada en los Presupuestos Generales del Estado de 2016-2017 para actuaciones de conservación y explotación en carreteras (conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación mejoras
funcionales locales), en la provincia de Huelva.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 315, de 12 de marzo de 2018.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000941.
Núm. expte.: 184/029927.
Núm. registro: 77891.
Autor iniciativa: Díaz Trillo, José Juan (GS).
Objeto iniciativa: Previsiones acerca de comunicar a la sociedad onubense un calendario de inversiones sobre las infraestructuras imprescindibles de la provincia de Huelva.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 315, de 12 de marzo de 2018.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000942.
Núm. expte.: 184/029914.
Núm. registro: 77878.
Autor iniciativa: Díaz Trillo, José Juan (GS).
Objeto iniciativa: Convenios vigentes entre el Ministerio de Fomento y los ayuntamientos de la provincia de Huelva, así como situación de los mismos.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 315, de 12 de marzo de 2018.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000943.
Núm. expte.: 184/029913.
Núm. registro: 77877.
Autor iniciativa: Díaz Trillo, José Juan (GS).
Objeto iniciativa: Tramos de carreteras nacionales que no se encuentran en condiciones óptimas en la provincia de Huelva.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 315, de 12 de marzo de 2018.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000944.
Núm. expte.: 184/029910.
Núm. registro: 77874.
Autor iniciativa: Díaz Trillo, José Juan (GS).
Objeto iniciativa: Plazos de finalización para la construcción de la estación de Huelva.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 315, de 12 de marzo de 2018.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000945.
Núm. expte.: 184/029911.
Núm. registro: 77875.
Autor iniciativa: Díaz Trillo, José Juan (GS.)
Objeto iniciativa: Previsión presupuestaria para el año 2018 correspondiente a la línea ferroviaria Huelva-Zafra, línea ferroviaria Sevilla-Huelva y futura línea de Alta Velocidad y desdoble de la Nacional 435 (futura A-83) entre las
provincias de Huelva y Badajoz.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 315, de 12 de marzo de 2018.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000946.
Núm. expte.: 184/029912.
Núm. registro: 77876.
Autor iniciativa: Díaz Trillo, José Juan (GS.)
Objeto iniciativa: Solicitud de entrevistas por las autoridades locales y provinciales de Huelva con el Ministro para tratar asuntos relacionados con las infraestructuras imprescindibles para el desarrollo social y económico de dicha
provincia.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 315, de 12 de marzo de 2018.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000947.
Comisión de Educación y Deporte
Núm. expte.: 184/028330.
Núm. registro: 73308.
Autor iniciativa: Díaz Trillo, José Juan (GS); González Bayo, Josefa Inmaculada (GS).
Objeto iniciativa: Inversiones en el Museo Provincial de Huelva.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000927.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Núm. expte.: 184/028055.
Núm. registro: 72949.
Autor iniciativa: González Bayo, Josefa Inmaculada (GS); Díaz Trillo, José Juan (GS).
Objeto iniciativa: Puesta en marcha del estudio integral de la costa de Huelva, así como acciones previstas para evitar la degradación continua del litoral.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018. Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000926.