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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 316, de 13/03/2018
cve: BOCG-12-D-316
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
13 de marzo de 2018
Núm. 316
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003041 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por la que se insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para proceder a la apertura de una nueva sede del Instituto Cervantes en Washington DC ...
Comisión de Justicia
161/003017 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la necesidad de que el Gobierno participe en los órganos creados para la recuperación del Pazo de Meirás
(Sada, A Coruña) al patrimonio público y colabore en ejercitar las acciones administrativas y jurídicas correspondientes ... (Página7)
Comisión de Interior
161/003008 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a elaborar un Plan Nacional para dar respuesta adecuada al incremento del flujo migratorio a las costas españolas ...
Comisión de Defensa
161/003026 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la Fábrica de Armas de A Coruña ... (Página11)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/003001 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la discriminación fiscal que sufre el colectivo de emigrantes retornados ... (Página13)
161/003010 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la adopción de medidas destinadas a dejar de considerar que las personas que perciben una pensión de viudedad y una prestación del SOVI las perciben de
un doble pagador, ya que son ambas prestaciones de Seguridad Social y se perciban como un solo pagador ... (Página14)
161/003016 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el presupuesto de beneficios fiscales ... (Página16)
Comisión de Fomento
161/003004 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la recuperación efectiva de la zona ocupada por el antiguo muelle carbonero de Ferrol ...
161/003006 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la realización de los trámites precisos para la declaración como Obligación de Servicio Público (OSP) de las rutas aéreas entre el aeropuerto
Tenerife Sur y las islas de El Hierro, La Gomera, Fuerteventura, La Palma y Lanzarote ... (Página19)
161/003007 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al incremento de la plantilla de controladores aéreos en los aeropuertos españoles ... (Página20)
161/003013 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre mejora de los servicios ofrecidos para la nueva estación ferroviaria de Alta Velocidad de
Medina del Campo ... (Página22)
161/003019 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para la mejora de la seguridad en el uso de drones ... (Página23)
161/003032 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impulso a las rutas de transporte dinámico basadas en la demanda ... (Página26)
161/003033 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impulso del plan para promover la innovación en el transporte y las infraestructuras presentado por el Ministerio de Fomento ...
161/003034 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la aprobación y publicación del Nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 ... (Página28)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/003000 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a elaborar un Plan Nacional, para dar respuesta adecuada al incremento del flujo migratorio a las costas españolas ...
161/003002 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la creación de un centro comarcal de la Seguridad Social para la comarca cordobesa de los Pedroches ... (Página32)
161/003009 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la adopción de las medidas necesarias para impulsar el empleo en la empresa ordinaria de las personas con enfermedades mentales ...
161/003020 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar la puesta en marcha de la Tarjeta Social Universal ... (Página34)
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
161/003018 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la ampliación de recursos y destinos por Comunidades Autónomas a señalizar conforme al Sistema de Señalización Turística Homologada (SISTHO) ...
161/003025 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la información de los servicios de comunicaciones electrónicas que ofertan los operadores de telecomunicaciones ...
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002999 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a facilitar la mejora de la calidad de los datos a los que tiene acceso el Servicio Meteorológico de Cataluña, procedentes de
organismos internacionales ... (Página38)
161/003005 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al incremento de la plantilla de AEMET en general y, especialmente, en las oficinas de los aeropuertos y las bases aéreas ...
161/003011 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la ejecución del aumento de capacidad del Túnel de San Silvestre (Huelva) ... (Página42)
161/003012 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la negociación con la UE para revisar y simplificar los procedimientos que eliminen las trabas burocráticas relacionadas con la ejecución del FEMP ...
(Página44)
161/003014 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la mejora del control y transparencia de todas las actuaciones y episodios de contaminación en el cauce del río Segura, en su tramo del municipio
de Murcia ... (Página45)
161/003015 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a finalizar el plan de defensa contra avenidas y minimizar el riesgo de riada e inundación sobre la población y el sistema productivo en la subcuenca
Nogalte-Béjar-Biznaga (Cuenca del Guadalentín), en los municipios de Lorca y Puerto Lumbreras, tras la riada de San Wenceslao de 2012 ... (Página46)
161/003024 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre daños ocasionados por las heladas en la Región de Murcia ... (Página48)
161/003028 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al derecho de utilización de semilla por parte de los agricultores y agricultoras, y la limitación a los
derechos de los obtentores vegetales ... (Página49)
161/003035 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los daños producidos por el temporal que azota la provincia de Huelva ... (Página53)
161/003036 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la ampliación de la estación depuradora de aguas residuales Murcia Este en el municipio de Murcia, Región de Murcia ...
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/003023 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a reducir el precio de los medicamentos que en 2012 se dejaron de financiar por el Sistema Nacional de Salud ...
Comisión de Cultura
161/003030 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la conmemoración del Centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós ... (Página56)
161/003040 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por la que se insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para proceder a la apertura de una nueva sede del Instituto Cervantes en Washington DC ...
161/003042 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a líneas de actuación de apoyo a la cultura en el medio rural ... (Página58)
Comisión de Igualdad
161/003022 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la aprobación del II Plan de Acción para Mujeres con Discapacidad ... (Página59)
161/003029 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre juguetes por la igualdad ... (Página60)
161/003031 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a fomentar un uso igualitario del lenguaje ... (Página61)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/003021 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la aprobación del II Plan de Acción para Mujeres con Discapacidad ... (Página63)
161/003027 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre medidas relacionadas con el trastorno de la tartamudez ... (Página64)
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/003037 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a acometer mejoras de seguridad vial en la N-550 a su paso por el término municipal de Pontecesures ... (Página65)
161/003038 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la constante actualización de la aplicación de la DGT para teléfonos móviles y tabletas digitales ... (Página66)
161/003039 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la reparación del sistema de dispositivos para la seguridad vial en la Comunitat Valenciana ... (Página67)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Asuntos Exteriores
181/000785 Pregunta formulada por el Diputado don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS), sobre causas por las que se están produciendo colas en la Verja de La Línea de la Concepción con Gibraltar, así como medidas previstas para
evitarlas ya que producen situaciones inaceptables en un paso fronterizo de esta importancia ... (Página68)
181/000786 Pregunta formulada por el Diputado don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS), sobre causas por las que aún no se ha celebrado la Comisión Interministerial para el Brexit prevista para el mes de enero de 2018 que iba a adoptar
medidas que singularizaran la atención al Campo de Gibraltar ... (Página68)
Comisión de Defensa
181/000788 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Bustamante Martín (GCUP-EC-EM), sobre motivos por los que el Ministerio de Defensa rechaza la cesión al Ayuntamiento de Palma de la casa de Emili Darder para convertirla en un
espacio que rinda homenaje a las víctimas de la represión franquista ... (Página69)
Comisión de Fomento
181/000787 Pregunta formulada por el Diputado don Gonzalo Palacín Guarné (GS), sobre previsiones acerca de las obras de ejecución del proyecto actualizado de ampliación y mejora del puente de la N-260 A sobre el río Ara en el municipio de
Broto ... (Página69)
181/000790 Pregunta formulada por el Diputado don Eduardo Javier Maura Zorita (GCUP-EC-EM), sobre retorno, dinamización y mantenimiento de empleo derivado de las actuaciones financiadas en el periodo del VI Acuerdo de Colaboración entre el
Ministerio de Fomento y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la actuación conjunta en el Patrimonio Histórico Español a través del 1,5 % cultural ... (Página70)
Comisión de Cultura
181/000789 Pregunta formulada por el Diputado don Eduardo Javier Maura Zorita (GCUP-EC-EM), sobre retorno, dinamización y mantenimiento de empleo derivado de las actuaciones financiadas en el periodo del VI Acuerdo de Colaboración entre el
Ministerio de Fomento y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la actuación conjunta en el Patrimonio Histórico Español a través del 1,5 % cultural ... (Página70)
Comisión para el Estudio del Cambio Climático
181/000781 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Antonio López de Uralde Garmendia (GCUP-EC-EM), sobre motivo por el que no se ha aprobado aún el Real Decreto de transposición de la Directiva 2015/720/UE y, por tanto, para no empezar a
cobrar desde el 01/03/2018 las bolsas de plástico de un solo uso ... (Página71)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/028972 Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Necesidad de incrementar la plantilla en el Centro de Atención a Personas con Discapacidades Físicas de Ferrol. Retirada ... (Página71)
184/029146 Autor: Garzón Espinosa, Alberto
Proliferación de noticias falsas o manipuladas en medios de comunicación y redes sociales (fake news) ... (Página72)
184/030011 Autor: Agirretxea Urresti, Joseba Andoni
Repatriación de los restos mortales de varios miembros de la División Azul ... (Página73)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003041
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la Proposición no de Ley
instando al Gobierno a tomar las medidas necesarias para proceder a la apertura de una nueva sede del Instituto Cervantes en Washington DC, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Hace algo más de un año proponíamos al Gobierno el desarrollo de un proyecto de expansión del Instituto Cervantes por Estados Unidos para lograr una mejor difusión, proyección y protección de la cultura en español. Dicho proyecto se basaría
en promover un nuevo concepto del Instituto Cervantes -más allá de su papel en la enseñanza del idioma- como embajada de la cultura hispanoamericana y tendría como ejes el aumento del número de sedes y Aulas Cervantes (entre ellas ya destacábamos la
necesidad de establecer una sede en Washington DC), la colaboración con las principales instituciones educativas del país en el diseño de cursos y formación de profesorado y la necesidad de convertir al Cervantes en el agente principal de la
certificación del español a través de los certificados DELE y SIELE.
Más de doce meses después, nada ha cambiado: no hay plan de expansión o refuerzo del Instituto Cervantes. Ni en los Estados Unidos ni en ningún otro lugar.
Pero tampoco han cambiado las circunstancias que motivaron nuestra Proposición no de Ley del año pasado: el español sigue siendo el segundo idioma más hablado en los Estados Unidos (con más de 55 millones de hablantes, supera a la
combinación de quienes hablan francés, alemán, italiano, hawaiano, chino y todos los lenguajes originales nativo-americanos), la comunidad hispanohablante de los Estados Unidos es la segunda del mundo (sólo por detrás de México y por delante de
Colombia y España), el peso numérico de la comunidad hispanohablante en el mundo sigue aumentando (superando ya los 570 millones) y el Instituto Cervantes sigue manteniendo la misma presencia en el país.
Paradójicamente, aunque el número de hispanohablantes en los Estados Unidos continúa aumentando, todos los estudios indican que el nivel de fluidez y corrección se ha ido deteriorando, acrecentando la importancia y la necesidad de las clases
regladas, así como de los programas de certificación de nivel y formación y certificación del profesorado. Ya no estamos sólo ante una oportunidad para las instituciones dedicadas a la promoción o la enseñanza de nuestra lengua, sino ante la
obligación moral de contribuir a que el conocimiento del español mantenga su calidad mientras incrementa su importancia numérica.
Como ya hemos dicho en múltiples ocasiones, es necesario hacer un esfuerzo y reforzar significativamente la presencia del Instituto Cervantes en los Estados Unidos.
Washington DC no es sólo la capital de los Estados Unidos, es también la sede del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de casi 200 embajadas, de la Organización de Estados Americanos,
en ella se encuentran las sedes centrales de centenares de organizaciones, sindicatos y empresas. Es, indudablemente, uno de los centros neurálgicos del mundo occidental. La influencia de Washington DC sobre el resto de los Estados Unidos
y la relevancia de lo que allí sucede es incuestionable.
Nos consta que el Ministerio dispone en propiedad de un edificio, pendiente de una reforma. Un lugar a todas luces idóneo y que facilita enormemente el proceso, además de reducir considerablemente la inversión necesaria para la apertura de
una sede del Instituto Cervantes.
Necesitamos un Cervantes en Washington DC. Posicionar al Instituto Cervantes como la institución de referencia en la enseñanza del español y, sobre todo, en su certificación en la capital de los Estados Unidos debe ser una prioridad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias, incluida si es necesario una partida presupuestaria extraordinaria, para abrir cuanto antes una nueva sede del Instituto Cervantes en Washington DC.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2018.-Marta María Rivera de la Cruz, Félix Álvarez Palleiro, Guillermo Díaz Gómez, Melisa Rodríguez Hernández y Fernando Maura Barandiarán, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas,
Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Justicia
161/003017
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias del Diputado Miguel Anxo Fernández Vello, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Justicia relativa a la necesidad de que el Gobierno participe en los órganos creados para la recuperación del Pazo de Meirás (Sada, A Coruña) al patrimonio público y colabore en
ejercitar acciones administrativas y jurídicas correspondientes.
Exposición de motivos
Ilegítimamente, la familia del dictador Franco ha puesto a la venta el Pazo de Meirás situado en el municipio de Sada por una cifra de 8 millones de euros y en un portal inmobiliario de propiedades de lujo, acompañándolo de un vídeo
lamentable, que incurre en apología del franquismo al incluir escenas de la vida del dictador en sus temporadas de visita al inmueble que fue propiedad de Emilia Pardo Bazán. Un vídeo que tendría que haber sido objeto de retirada.
La posible venta colisionaría absolutamente con todos los acuerdos parlamentarios alcanzados, tanto en el Parlamento gallego como en el Congreso de los Diputados, donde se aprobó un acuerdo el pasado 13 de diciembre en la sesión de la
Comisión de Cultura.
Un acuerdo que, entre otros puntos, instaba al Gobierno a 'adherirse a la Junta pro Devolución del Pazo de Meirás para el Patrimonio Público, entidad en la que participan la Diputación de A Coruña y Ayuntamientos, asociaciones de la Memoria
Histórica y organizaciones políticas, sociales, culturales y sindicales'.
También se emplazaba al Ejecutivo a 'constituir una Comisión especial que, además de la presencia de representantes designados por el propio Gobierno, cuente con la incorporación de miembros designados por la Xunta, la Diputación de A
Coruña, el Ayuntamiento de Sada y de A Coruña, así como otras instituciones que consideren los integrantes de dicha Comisión, y que cuente con la colaboración de las Universidades de Galicia y personas expertas en la materia de Memoria Histórica.
El objetivo será el de analizar a fondo el expediente original de donación de la propiedad del Pazo de Meirás a Franco y cualquier
otro bien expoliado por el dictador, y encontrar y presentar los procedimientos necesarios para recuperar la titularidad pública del inmueble'.
Lo descrito es parte del acuerdo alcanzado en sede parlamentaria que consideramos debiera estar poniéndose en práctica.
A pesar de la gravedad de la situación, es de destacar la inacción de la Xunta de Galicia, su posición titubeante y pasiva, que contrasta con la rotunda oposición social, política, cultural, histórica, de las organizaciones de la Memoria
Histórica u otras asociaciones que se han activado y movilizado para evitar la segunda parte del latrocinio por parte de la familia Franco.
Recordemos brevemente que el Pazo de Meirás fue producto del expolio realizado por la 'Junta pro Pazo del Caudillo' en el año 1938 que lo entregó al dictador y familia. Se anunció como un 'un regalo del pueblo de A Coruña' cuando fue un
robo al pueblo gallego.
Se llevaron a cabo expropiaciones forzosas, donativos forzosos, y el denominado proceso de compra de este inmueble se hizo al más estilo dictatorial: la 'Junta' descontó incluso de las nóminas de funcionarios del ayuntamiento de A Coruña y
de la Diputación provincial, un porcentaje de sus remuneraciones.
La Comisión de Expertos, constituida el pasado mes de noviembre para dar cumplimento a un acuerdo del Parlamento de Galicia, acordó en reunión celebrada este 26 de febrero, estudiar la propuesta del concello de Sada para el ejercicio de
recuperación posesoria del Pazo y la acción de nulidad del fraudulento título de adquisitivo de la propiedad del Pazo por parte del dictador Franco, al constar probado documentalmente la nulidad radical de dicho título. En dicha reunión también se
acordó solicitar la incorporación a dicha Comisión de la abogacía del Estado.
Del mismo modo, un informe jurídico, coordinado por el profesor D. Xabier Ferreira, emitido a petición de la Xunta Pro-Devolución del Pazo (constituida por la Diputación de A Coruña, concellos de Sada y A Coruña, así como otras entidades y
asociaciones), y dado a conocer el día 27 de febrero, coincide con lo antes señalado respecto de la nulidad del título de propiedad y la viabilidad de la recuperación posesoria y acción civil de nulidad.
En línea con lo manifestado por En Marea en la sesión de la Comisión de Cultura del pasado 13 de diciembre, consideramos que el Gobierno debería participar activamente en el proceso de recuperación del Pazo para el patrimonio público. Lo
explicamos en base a dos vertientes que reiteramos: por un lado, terminar con el latrocinio por el cual Franco y familia se adueñaron del inmueble, y por otro lado, en base a cuestiones relacionadas con la Memoria Histórica. No se trata de una
simple cuestión patrimonial hurtada al pueblo, forma parte de la represión y de las décadas de dictadura.
De ahí que desde En Marea consideramos que la Administración del Estado debe entrar a formar parte tanto de la Comisión de Expertos para la Devolución del Pazo de Meirás como de la Xunta Pro-devolución do Pazo (en línea con lo aprobado en
las Cortes). Y debe hacerlo cuanto antes, a fin de participar y colaborar en los procesos a emprender.
Desde las instancias del estado se pueden y deben ejercitar acciones administrativas y judiciales para que tenga éxito, también judicial, el objetivo de la reversión e incorporación del Pazo de Meirás al patrimonio público.
Recordamos en este sentido que la legislación estatal, Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Púbicas, contempla en su artículo 41.1.c) y en el 55, la facultad de recuperación posesoria de oficio de los
bienes, indebidamente perdida, como es el caso aludido.
El Ministerio de Justicia a través de los servicios de la Abogacía General del estado, puede sumarse a los servicios de asistencia jurídica en función de sus competencias y funciones de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
Precisamente es lo que pedimos en esta Proposición no de Ley, que se incorpore la Abogacía General del Estado tanto a la Comisión de Expertos como a la Junta Pro-Devolución del Pazo de Meirás a fin de ejercitar todas las acciones administrativas y
judiciales destinadas a la incorporación del inmueble robado al patrimonio público con el objeto de darle un cometido dotacional público.
A tal efecto, es importante que exista una coordinación máxima de las estrategias jurídicas entre las distintas administraciones, y que se efectúe con agilidad, puesto que una transmisión de dicho inmueble a terceros supondría una dificultad
añadida al firme propósito de reversión e incorporación del Pazo al patrimonio público.
Apelamos a la implicación del Gobierno porque consideramos que no puede limitarse a ser un mero observador. Se trata de un bien expoliado por quien gobernó el estado español bajo el régimen de la
dictadura. Relegar este tema a algo técnico-administrativo, técnico-competencial o patrimonial sería verdaderamente reduccionista desde un punto de vista de la Memoria Histórica. Es hora de poner fin a las políticas del punto final cuando
los tentáculos del franquismo siguen extendiéndose en plena democracia.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Ordenar a la Abogacía del Estado a incorporarse a la Comisión de Expertos para la devolución del Pazo de Meirás (Sada, A Coruña) así como a la Xunta Pro-Devolución de dicho inmueble para colaborar en las acciones administrativas y
judiciales que pudieran emprenderse bajo una estrategia jurídica de máxima coordinación entre las distintas administraciones legitimadas para su ejercicio o incorporación al proceso judicial que se derive.
2. En su caso, y de resultas de las conclusiones jurídicas de los informes emitidos en el seno de dicha Comisión y Xunta, a la vista de la prueba documental existente, y de conformidad con la estrategia jurídica coordinada antes señalada
entre las distintas administraciones (estatal, autonómica y local), incoar expediente de recuperación posesoria del Pazo de Meirás y la interposición de las acciones civiles que procedan al efecto de anular o extinguir los efectos del título de
propiedad detentado por la familia heredera del dictador Franco, con el objetivo de su reversión e incorporación al Patrimonio público y su posterior destino mediante Convenio a uso dotacional público.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2018.-Miguel Anxo Fernández Bello, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Interior
161/003008
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley instando al
Gobierno a elaborar un Plan Nacional, para dar respuesta adecuada al incremento del flujo migratorio a las costas españolas, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Históricamente, la inmigración no desaparece, tanto su evolución como el lugar de llegada tiene carácter cíclico y responde a motivos diversos. Por ejemplo, el cierre de una ruta marítima a Europa, intensifica el tráfico en otra.
Y así, en 2005-2006, en las llegadas a España, la ruta cambió del Estrecho a Canarias, incrementándose allí en más del doble ese año, con la llamada crisis de los cayucos. La actuación decidida del Gobierno español en la adopción de medidas
de diverso orden, entre ellas el I Plan África, ayudaron a taponar esa ruta migratoria, que fue sustituida por otras, y con un repunte en las entradas a Ceuta y Melilla.
Desde 2016, el refuerzo de los controles fronterizos en Ceuta y Melilla, dio lugar a un pequeño descenso, pero se produjo un incremento del número de llegadas en pateras por el Estrecho y especialmente por la zona del mar de Alborán.
En 2017, como consecuencia de los acuerdos UE/Turquía y Libia/Italia, los conflictos y hambrunas de los países de origen y tránsito coadyuvaron a que se triplicara el flujo migratorio en nuestras costas, hasta alcanzar la cifra de más de
23.000 inmigrantes. Es decir, las arribadas a España se multiplicaron, al mismo tiempo que bajaron un 34 por ciento las de Italia y en un 83 por ciento las de Grecia. Esto supone casi el 13 por ciento de las llegadas por mar a Europa, frente al 2
por ciento del año anterior.
Así las cosas, la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha alertado de una posible llegada masiva de pateras en los próximos meses, hacia Europa, principalmente a través de las costas andaluzas. Un
movimiento migratorio de Libia a Marruecos, a través de Argelia, de nada menos que de medio millón de personas, la mayoría inmigrantes subsaharianos.
Ante esta preocupante situación, el Gobierno, -a sabiendas de la misma desde 2014 según se desprende del Informe de Seguridad Nacional-, improvisa y actúa arbitrariamente; con ello está vaciando de contenido palabras como 'derechos
humanos', 'dignidad' y 'protección', con el fin de esconder, tras ellas, el pensamiento único de la seguridad en detrimento del derecho y de la humanidad, seguridad que vemos tampoco satisface.
Los hechos mencionados se basan en realidades tales como los siguientes:
1. Los migrantes, en su primera llegada, son recibidos en instalaciones que no reúnen condiciones adecuadas y en demasiadas ocasiones son sometidos a medidas de detención sin haber tenido en cuenta circunstancias, como las de tratarse de
personas en situación de vulnerabilidad o potenciales solicitantes de asilo.
2. Las personas con necesidades especiales no son identificadas. (Existen cálculos que estiman que un 8 % de las 23.000 personas llegadas en pateras podrían ser mujeres tratadas).
3. Los lugares en donde permanecen detenidos, no reúnen condiciones mínimas de tipo alguno (léase el antro infame del Centro de 1 a Acogida de Motril donde, salvo las mujeres, los recién llegados duermen en el suelo o también léanse las
mazmorras sin luz de la Comisaría Provincial de Málaga donde conviven migrantes con detenidos). En ambos centros, en no pocas ocasiones, también se ha tenido noticia de ingresos de menores de edad, con adultos.
4. El criterio de solicitud de ingreso o no en un CIE adolece de justificaciones muy alejadas de los criterios legalmente establecidos. Depende por ejemplo, del lugar de llegada, de si hay plazas o no en el centro y del sexo de la persona.
Y el acuerdo de ingreso depende también de que el juez competente examine de forma pormenorizada el asunto que se le presenta o no.
5. La llegada incontrolada de inmigrantes y la falta de plazas en Centros de Internamiento da lugar a puesta en libertad. Y, dada la insuficiencia de plazas de acogimiento, el que tengan que deambular por nuestras ciudades, sin medios de
vida y sin control alguno de nuestras autoridades.
6. Los CIE, en general, y fundamentalmente los de Algeciras y Tarifa, están saturados siendo muy deficientes sus condiciones materiales y de servicios. Es conveniente recordar que el internamiento debe ser una medida excepcional.
7. El derecho efectivo a tener asistencia jurídica y a la de un intérprete, depende del lugar de llegada y del criterio de la Policía Nacional que los reciba.
8. Continúan realizándose devoluciones en caliente, a pesar de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
9. Muchos de los migrantes que llegan a nuestro territorio no tienen acceso a una i información adecuada sobre su situación jurídica, ni se les brinda la oportunidad de conocer los procedimientos de protección internacional.
10. Los procedimientos se aplican de forma asistemática. Así, en Málaga las solicitudes de asilo se tramitan por procedimiento de territorio y no en frontera; en el resto no se garantiza el acceso al mismo.
11. Hay 34.000 solicitudes de asilo pendientes de resolver, lo que pone de manifiesto el colapso del sistema de asilo.
12. El sistema de protección e identificación de no acompañados es ineficaz y se ha vulnerado en ocasiones la presunción de su minoría de edad, lo que provoca, entre otros perjuicios, su ingreso en los mencionados centros de Motril y
Málaga.
13. Los niñ@s no acompañados (según UNICEF, el 10 por ciento de los que llegan) son considerados,en demasiadas ocasiones, inmigrantes sin derechos y no menores con todos los derechos y protección que su situación de minoría de edad debe
atribuirles, fundamentalmente a los que se encuentran en la calle, a los que se les criminaliza.
14. El sistema de identificación y protección de las víctimas de trata en costas es ineficaz y el número de las mismas se incrementa de forma paulatina.
Es nuestro deber como oposición, además de criticar duramente al Gobierno por lo que está sucediendo, hacer propuestas de actuación que permitan preservar la política de inmigración de demagogias, partidismos y xenofobias. Lo hacemos,
además, con el bagaje y buenos resultados obtenidos por el Gobierno Socialista con medidas como el Plan África I y II.
Varias son las propuestas del Grupo Socialista respecto a la primera acogida, como las contenidas en la Proposición no de Ley de noviembre de 2017, sobre la adopción urgente de medidas que abordan el incremento del flujo migratorio a las
costas españolas.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, en su Informe 2017 'Los muros invisibles tras la frontera sur', propone una serie de medidas que complementan las que se instaron en la PNL antes mencionada.
El Gobierno está obligado a tomar medidas urgentes para prever y hacer frente al constante aumento del flujo migratorio, que lleva camino de consolidarse y convertirse en emergencia nacional. Emergencia que amenaza no solo a la integridad y
derechos de los que llegan sino también a la seguridad y al buen funcionamiento de los servicios públicos de nuestro país.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Elaborar un Plan de Acción Nacional, para dar respuesta adecuada al incremento de llegadas a las costas españolas, en el que se ha de incluir:
Un protocolo unificado de actuación que sirva para mejorar la gestión de la llegada de personas migrantes por vía marítima, asegurar la identificación de necesidades de protección y derivar a los canales de protección adecuados.
Una dotación presupuestaria que permita incrementar los medios materiales y humanos existentes.
Asegurar el acceso a asistencia letrada e interpretación desde el momento de la llegada.
Garantías de acceso a la información y al procedimiento de protección internacional de forma adecuada e individualizada en los principales puntos de llegada.
Medidas de formación adecuada y continua en materia de protección internacional a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
- Garantizar una adecuada identificación temprana de personas con necesidades especiales antes de su puesta a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el fin de garantizar un tratamiento adecuado de las mismas.
- Adoptar medidas de identificación y protección efectiva de víctimas de trata con la participación y asistencia de equipos multidisciplinares, así como la aplicación de un enfoque centrado en la protección de las víctimas.
- Garantizar una adecuada protección de los menores evitando que sean detenidos y asegurando una apropiada identificación de los niños y niñas no acompañados y la aplicación de pruebas de determinación de la edad adecuadas.
- Suprimir las restricciones a la libertad de circulación de solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla y los criterios discrecionales y discriminatorios para realizar traslados a la Península.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2018.-María Dolores Galovart Carrera, Meritxell Batet Lamaña, Pere Joan Pons Sampietro, María del Rocío de Frutos Madrazo, Sonia Ferrer Tesoro, David Serrada Pariente, Esther Peña
Camarero, Carlota Merchán Mesón, María del Mar Rominguera Salazar, José Ignacio Sánchez Amor y Pilar Cancela Rodríguez, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Defensa
161/003026
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la Fábrica de Armas de A Coruña, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Hace algo más de ocho años General Dynamics afirmaba que su fábrica de Pedralonga en A Coruña tenía un buen futuro y contribuía a que España fuese uno de los países importantes en Europa para esta multinacional. En 2013 cerró las
instalaciones con el despido de sus trabajadores.
En 2014 la fábrica de armas de A Coruña fue adjudicada por el Ministerio de Defensa a la empresa Hércules de Armamento, en concurso público, participando activamente en su reapertura tanto la Xunta de Galicia como el Ayuntamiento de A
Coruña.
De conformidad con el correspondiente pliego de condiciones, el adjudicatario asumió compromisos en la creación de empleo y de producción, con el abono de un canon anual de 250 000 euros y recibiendo 127 943 metros cuadrados de fábrica,
equipada con maquinaria de alta precisión. Hércules de Armamento se comprometía en su plan de negocio a una inversión total inicial de dos millones de euros y de cinco millones a tres años.
El nuevo concesionario preveía facturar veinte millones de euros anuales, especializándose en líneas de armamento y de aeronáutica, con la incorporación de 155 trabajadores en el primer año y de 200 en el segundo, pretendiendo convertirse en
el 'corazón de la I+D+i e Galicia'. Actualmente no más de treinta trabajadores están presentes en la fábrica.
Extrabajadores de la fábrica de armas vienen denunciando reiteradamente ante el Ministerio de Defensa, la Delegación del Gobierno en Galicia y a la Xunta de Galicia, que la adjudicación a Hércules de Armamento era un 'bluff industrial'.
Después de las desavenencias iniciales entre los socios, la concesionaria viene incumpliendo de forma flagrante las condiciones concesionarias, en términos de actividad industrial, pago de canon, creación de empleo, impago de salarios o deudas con
la Seguridad Social y con la Agencia Tributaria, sin que hasta el momento se conozcan actuaciones del Ministerio para exigir el cumplimiento de las cláusulas de la concesión o, si procediera, su inmediata rescisión. Las deudas de Hércules de
Armamento podrían estar cerca de los siete millones de euros.
Tras solicitar los trabajadores de Hércules de Armamento a distintas instancias del Gobierno reuniones para búsqueda de soluciones desde 2015, hasta la actualidad no se ha dado respuesta alguna. La empresa Mecanizados Escribano anunció hace
tiempo también estar en contacto con miembros del Gobierno para entrar como un nuevo socio inversor antes del verano de 2017.
La crítica situación de la fábrica de armas que se viene denunciando desde el momento mismo de la licitación de su concesión por parte del Ministerio de Defensa exige tomar las medidas necesarias para retomar los compromisos asumidos por la
Administración General del Estado, la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de A Coruña.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la viabilidad industrial de la Fábrica de Armas de A Coruña.
2. Poner en marcha un Plan específico que permita implementar programas con medidas de apoyo el desarrollo social y económico, así como el crecimiento y la recuperación de empleo en esta infraestructura industrial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2018.-Ricardo Antonio García Mira y Pilar Cancela Rodríguez, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/003001
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la discriminación fiscal que sufren el colectivo de emigrantes retornados, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
El colectivo de emigrantes retornados sigue sufriendo una enorme discriminación fiscal en este país. En 2013, decenas de miles de inmigrantes retornados comenzaron a recibir una comunicación, por parte de la Agencia Tributaria, en la que se
les informaba de la apertura de un expediente relacionado con las pensiones que venían percibiendo del extranjero, fruto del cual se les reclamaba diversa información y se les notificaba una posible sanción derivada de no haber declarado, en su día,
la renta percibida. Las notificaciones llegaron incluso a los familiares de emigrantes fallecidos. Todos los afectados eran personas mayores que emigraron al extranjero durante las décadas de los años 50, 60 y 70. A veces, personas con escasos
conocimientos fiscales, pero muchos de ellos se preocuparon por aclarar su situación ante la Administración. Los emigrantes retornados no comprendieron el enorme perjuicio que les provocaba tener que regularizar los años no prescritos, puesto que
nunca había habido por su parte voluntad de defraudar. No existió culpa, ni siquiera mera negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales por cuanto que, hasta entonces, la Administración Tributaria nunca les había exigido que
tributasen por esas pensiones. Además, mientras los beneficiarios de la amnistía fiscal pudieron recibir un continuo asesoramiento del Gobierno, que les permitió regularizar su fiscalidad con un gravamen muy bajo, sin sanciones y sin intereses de
demora, los emigrantes retornados, que no quisieron defraudar, recibían poca o ninguna información y se veían obligados a pagar el gravamen que les correspondía, más intereses de demora, sanciones y recargos. Al principio, el Ministerio de Hacienda
hizo caso omiso e ignoró al numeroso colectivo afectado, negándose en todo momento a buscar un acuerdo, anular las sanciones y conceder un plazo de tiempo razonable a los emigrantes retornados para actualizar sus declaraciones, sin aplicarles multas
ni intereses de demora. Finalmente, y tras un gran esfuerzo reivindicativo por parte del numeroso colectivo de afectados, la Administración Tributaria accedió a corregir su forma de proceder, anulando las sanciones y dejando de aplicar intereses de
demora. A pesar de esta rectificación, y de la apertura de un plazo de regularización de seis meses, durante la primera mitad de 2015, no ha acabado de solventarse el problema, pues la Agencia Tributaria continúa exigiéndoles que tributen con
carácter retroactivo, por los ejercicios no prescritos cuando se iniciaron los procedimientos (2008 a 2012). En este contexto la regularización de la situación tributaria de las personas retornadas se tendría que hacer de oficio y no a instancias
de ellas, puesto que podía suceder que muchas no accedieran a este trámite por sus propias dificultades de movilidad, recursos, etc.
Los resultados de esta regularización ha sido que de los 850.000 pensionistas retornados afectados, solo 160.000 emigrantes se acogieron a la regularización (20 %), y la AEAT recaudó 309 millones de euros de las sanciones e intereses de
demora que impusieron a los emigrantes retornados con anterioridad y que debían ser devueltos. Se han reintegrado sólo 13 millones de los 20 millones que habían recaudado.
En estos momentos está volviendo a surgir el problema de años atrás y el Gobierno está volviendo al acoso fiscal a los emigrantes retornados con pensiones del extranjero. La AEAT está llevando a cabo una nueva oleada de requerimientos a los
emigrantes retornados para que declaren sus pensiones del extranjero. En estos nuevos requerimientos no se tiene en consideración las posibles pensiones públicas del extranjero que pueden y deben ser homologadas con la pensiones de incapacidad
permanente absoluta o gran invalidez que es una renta exenta del IRPF, conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, que regula el IRPF.
La mayor parte de las personas afectadas no tienen reconocidas en España sus incapacidades, lo que perjudica gravemente su situación comparativa ante la Hacienda Pública, por las exenciones de las que no disfrutan. Los emigrantes retornados
que perciben pensiones públicas del extranjero no pueden aplicarse directamente la exención en su declaración del IRPF y se ven obligados a tributar y a presentar
con posterioridad una solicitud de rectificación de su autoliquidación alegando el carácter de invalidez total de su pensión. En el escrito de rectificación deben solicitar la consideración de la pensión que cobran del extranjero como de
invalidez absoluta, por lo que estaría exenta de tributar y no debería haberse incluido en la declaración, solicitando por tanto la rectificación de su liquidación. Para resolver estas solicitudes, la Agencia Tributaria requiere al INSS un informe
pericial sobre la correspondencia del grado de incapacidad laboral causa de la prestación económica, para ver si es una invalidez total con derecho a exención. En caso positivo, se resuelve la rectificación de la declaración con la devolución y
pago de intereses de demora. Sin embargo, este trámite viene desarrollándose de forma especialmente lenta, con el consiguiente perjuicio para los emigrantes retornados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
- Cumpla en todos sus términos con el acuerdo del Congreso de los Diputados, en la Comisión de Hacienda y Función Pública, en sesión celebrada en junio de 2017, sobre medidas que afectan a los emigrantes retornados que son perceptores de
pensiones públicas del extranjero.
- Paralice los requerimientos que se están haciendo a los emigrantes retornados con pensiones públicas del extranjero hasta que no se cumpla con el citado acuerdo parlamentario.
- Establezca con carácter de urgencia un procedimiento de homologación de las pensiones del extranjero con las pensiones de la Seguridad Social para que las que sean por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez que están exentas del
IRPF, se excluyan de cualquier requerimiento que se hiciese a efectos fiscales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2018.-Antonio Hurtado Zurera, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003010
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
adoptar medidas destinadas a dejar de considerar que las personas que perciben una pensión de viudedad y una prestación del SOVI, las perciben de un doble pagador, ya que son ambas prestaciones de Seguridad Social, se perciban como un solo pagador,
para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
Las prestaciones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) son aquellas que perciben trabajadores y sus derechohabientes que, reuniendo los requisitos exigidos por la legislación del extinguido régimen, no tengan derecho a pensión
del actual Sistema de la Seguridad Social, o compatibilizando hasta una cuantía con las pensiones de viudedad de las que puedan ser beneficiarios, derecho adquirido tras la publicación de la Ley 9/2005, de 6 de junio, para compatibilizar las
pensiones del SOVI con las pensiones de viudedad del Sistema de la Seguridad Social (BOE 07/06), que permitió flexibilizar el estricto régimen de incompatibilidades al que estaban sometidas las pensiones de dicho régimen.
Centrándonos en la posible compatibilidad de la prestación SOVI por vejez con la percepción de pensión de viudedad de la Seguridad Social se da la siguiente situación en relación a sus cuantías:
- Si no existe concurrencia con otras pensiones, el importe está constituido por la pensión básica más las mejoras. A partir de 1-1-2018, dicho importe es de 409,20 euros mensuales. (No se consideran pensiones concurrentes las prestaciones
económicas reconocidas al amparo de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la guerra civil, ni las pensiones percibidas por los mutilados útiles o
incapacitados de
primer grado por causa de la pasada guerra civil española, cualquiera que fuese la legislación aplicable, las pensiones extraordinarias derivadas de actos de terrorismo, ni el subsidio de ayuda por tercera persona.).
- Si existe concurrencia con otras pensiones, el importe es de 397,20 euros mensuales, a partir de 01-01-2018. No obstante, cuando la suma de todas las pensiones concurrentes y las del citado SOVI, una vez revalorizadas aquellas, sea
inferior a la cuantía fijada en 2016 para la pensión de tal seguro concurrente, calculadas unas y otras en cómputo anual, la pensión del SOVI se revalorizará en un importe igual a la diferencia resultante. Esta diferencia no tiene carácter
consolidable, siendo absorbible con cualquier incremento que puedan experimentar las percepciones del interesado, ya sea en concepto de revalorizaciones o por reconocimiento de nuevas prestaciones de carácter periódico.
Si existe concurrencia con una pensión de viudedad, la suma de la pensión o pensiones de viudedad y la del SOVI no podrá ser superior al doble de la pensión mínima de viudedad correspondiente a beneficiarios con 65 o más años vigente en cada
momento, en cómputo anual. De superarse el límite indicado, se minorará la cuantía de la pensión SOVI en el importe necesario.
Así mismo y en relación con el tratamiento fiscal de estas pensiones la Agencia Estatal de Administración Tributaria considera que están obligados a presentar la declaración por el IRPF los siguientes contribuyentes cuyas rentas procedan
exclusivamente de las siguientes fuentes, siempre que no superen ninguno de los límites que en cada caso se señalan, en tributación individual o conjunta:
- Rendimientos íntegros del trabajo (incluidas, entre otras, las pensiones y haberes pasivos, comprendidos los procedentes del extranjero, así como las pensiones compensatorias y las anualidades por alimentos no exentas) cuyo importe no
supere la cantidad de:
22.000 euros anuales, con carácter general.
12.000 euros anuales en los siguientes supuestos:
Cuando los rendimientos del trabajo procedan de más de un pagador. No obstante, el límite será de 22.000 euros anuales en los siguientes supuestos: 1.º Cuando, procediendo de más de un pagador, la suma de las cantidades percibidas del
segundo y restantes pagadores, por orden de cuantía, no superen en su conjunto la cantidad de 1.500 euros anuales. Y ello con independencia de que las cantidades satisfechas por el segundo y ulteriores pagadores estén sometidas al procedimiento
general de retención, sean pensiones compensatorias u otros rendimientos no sometidos a retención o estén sometidas a tipo fijo de retención.
Cuando se trate de pensionistas cuyos únicos rendimientos del trabajo consistan en las prestaciones pasivas a que se refiere el artículo 17.2.a) de la Ley de los IRPF procedentes de dos o más pagadores, siempre que el importe de las
retenciones practicadas por estos haya sido determinado por la Agencia Tributaria, previa solicitud del contribuyente al efecto, a través del modelo 146 (3) y, además, se cumplan una serie de requisitos.
A la vista de la situación la agencia tributaria considera como pagadores distintos las entidades que sufragan estas pensiones, dándose paradojas como que personas con esta complementariedad de pensiones una SOVI de 397,20 y una viudedad
de 300,00 , o lo que es lo mismo una pensión total de 697,20 , en términos generales todos estos casos son de personas de edad avanzada no olvidemos que para cobrar SOVI, se ha debido cotizar 1.800 días al Régimen del Seguro Obligatorio de Vejez e
Invalidez antes de 1-1-67, y al estar obligado a declarar sin poder deducir hijos menores o viviendas la declaración suele salir positiva y por un importe elevado dados los ingresos de los que estamos hablando.
Así mismo un pensionista que con una pensión de 1450 euros al mes no esté obligado a declarar pese a tener el doble de ingresos del caso anterior, el régimen de tributación de las pensiones mediante la consideración de la existencia de dos
pagadores y las consecuencias fiscales que ello conlleva, supone un trato distinto e injustificado de estos pensionistas, que les ponen en muchos casos en situación de vulnerabilidad y es evidente que esta situación injusta tiene una fácil solución,
simplemente no considerando las rentas procedentes de SOVI como ingresos de un pagador distinto.
De hecho la pensión de viudedad es una prestación del Sistema de la Seguridad Social y la pensión del SOVI es una prestación derivado de un régimen de protección anterior al actual Sistema y que se tramitan en el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, siendo la Tesorería General de la Seguridad Social el organismo encargado de su pago. Es decir la Seguridad Social es la responsable de todas las
pensiones, por lo que no parece ajustado a derecho que se considere que en caso de que se perciba una pensión de viudedad y una del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez haya dos pagadores, pues se elabora una ficción jurídica que no se
ajusta a la realidad en perjuicio del ciudadano, y poniéndole en una situación de discriminación.
Siendo además una cuestión importante a la hora de declarar al IRPF y determinar quién está exento de hacer la declaración, tal como ha quedado puesto de manifiesto en esta iniciativa y según establece el artículo 61 del Real Decreto
439/2007 por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto de las Personas Físicas que vincula la obligación o no de declarar a un límite de ingresos y a la existencia de uno o más pagadores.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista considera que aquellas personas que tenga como complementariedad de pensiones una SOVI de 397,20 y una viudedad de 300,00 , o lo que es lo mismo una pensión total de 697,20 , no
deben ser obligados a tributar por considerar que existen dos pagadores, cuando ambas emanan de la Tesorería General de la Seguridad Social y son prestaciones del sistema dando la sensación de que este tipo de medidas tienen más un mero fin
recaudatorio por parte de Hacienda hacia las personas más débiles de la sociedad, que una medida tomada con rigor jurídico.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Adoptar las medidas necesarias para dejar claro en el Reglamento del Impuesto de la Renta de las personas Físicas que las personas que perciben rentas procedentes del SOVI y de la percepción de una pensión de viudedad, no tiene dos
pagadores.
- Dar instrucciones a la Agencia Estatal Tributaria para que esas percepciones como así es, ya que ambas son a cargo de la TSS se consideren que provienen de un solo pagador.
- Devolver de oficio los importes pagados en las declaraciones de renta como consecuencia de haber considerado como pagador independiente las rentas procedentes de SOVI de los 5 últimos años.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2018.-Josefa Inmaculada González Bayo y María del Rocío de Frutos Madrazo, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003016
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el presupuesto de Beneficios Fiscales, para su debate en la
Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
El 17 de enero de 2018 el pleno del Tribunal de Cuentas aprobaba un informe de fiscalización sobre la información del Presupuesto de Beneficios Fiscales (PBF), así como una evaluación de los efectos de los beneficios fiscales.
En 2015, los beneficios fiscales estimados supusieron una pérdida de ingresos tributarios previstos del Estado del 26,35 %. Sólo tenemos estimaciones porque por sorprendente que parezca sobre esos más de 40.000 millones presupuestados no
hay seguimiento ni datos reales.
Un primer problema de enorme trascendencia que detecta el TCU es la ausencia de un concepto legal de beneficios fiscales da lugar a un elevado grado de inseguridad jurídica y descontrol.
En el ejercicio fiscalizado el número de incentivos fiscales del sistema tributario español ascendía a 631, de los cuales 353 eran considerados como beneficios fiscales; sin embargo, de estos, solo 219 fueron cuantificados en el Presupuesto
de Beneficios Fiscales de 2015.
Esto tiene por consecuencia que los Presupuestos no contienen, ni cuantifican, todas las figuras que reducen los ingresos tributarios, por lo que el Tribunal concluye que no cumplen su finalidad de reflejar,
dentro de los Presupuestos Generales del Estado, la disminución de la capacidad recaudatoria que se produce como consecuencia de la existencia de tales beneficios fiscales, a pesar de que esta figura viene reflejada en nuestra Carta Magna en
su artículo 134.2:
'Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del Sector Público Estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.'
En el ejercicio 2015 el importe estimado en el PBF de los BFs relativos a los tributos estatales ascendió a un total de 40.719 millones de euros, de los cuales 20.783 millones de euros correspondían a tributos directos y 19.844 millones de
euros a tributos indirectos. El resto, 92 millones de euros, eran beneficios en tasas estatales.
La situación retratada por el informe del Tribunal de Cuentas es la de un enorme agujero negro. La creación de beneficios fiscales no se encuentra justificada debidamente. No hay estudios sobre los objetivos concretos de política económica
y social, que permitan saber si las actuaciones públicas de gasto fiscal, a través de los mismos, son la forma más eficiente de conseguir los objetivos de política social o económica que persiguen.
Por supuesto tampoco se establecen indicadores para evaluar el grado de cumplimiento de esos objetivos a través de dichos incentivos. Y tampoco se analiza el grado de cumplimiento de las estimaciones de beneficios fiscales, incorporados en
los PBF, para el seguimiento de su ejecución, o para conocer las desviaciones que existen entre las cantidades presupuestadas y la reales. Desviaciones, que al menos en la muestra seleccionada, fueron relevantes.
Además como tampoco se establece una duración temporal de los beneficios fiscales, porque no hay objetivos que se persiguen, la concesión graciosa de un beneficio fiscal supone un agujero sin fondo en los PGE.
La AEAT realiza dos tipos de actuaciones para el control de los beneficios fiscales: control extensivo, mediante la activación de alertas informáticas en las declaraciones de los contribuyentes que los aplicaron (se trata de filtros, que se
debieron resolver por el Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT); y control intensivo, mediante la inspección sobre estos contribuyentes (por el Departamento de Inspección Tributaria).
En grandes cifras, que únicamente se resuelven mediante su comprobación efectiva uno de cada cuatro filtros que se activan para el control de los beneficios fiscales.
Respecto a la deducción por inversiones en I+D+i, su regulación preveía la posibilidad de aportar un informe, emitido por el Ministerio de Economía y Competitividad o por un organismo adscrito al mismo, para acreditar la naturaleza de los
gastos que sirven de base a la deducción. Esta posibilidad solo fue utilizada por el 5 % de los contribuyentes que aplicaron la deducción de I+D y por el 0,24 %, para la innovación tecnológica, por lo que el Informe señala que la relevancia de
dichos informes es muy reducida para la acreditación de la naturaleza de los gastos.
Ante este descontrol nos preocupa que podamos estar ante enormes agujeros en el sistema utilizados para evadir y defraudar impuestos. Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar un concepto legal de beneficio fiscal con suficiente grado de certeza jurídica y revisar la cuantificación correcta del conjunto de beneficios fiscales.
2. Mejorar la técnica presupuestaria relacionada con los beneficios fiscales, de manera que se establezca la necesidad de presentar estudios económicos que delimiten los objetivos de política socioeconómica perseguidos, acrediten que la
introducción los beneficios está justificada y establezca controles sobre su ejecución, duración e impacto.
3. Desarrollar sistemas de evaluación que permitan análisis y estudios sobre la eficacia y eficiencia de las actuaciones públicas de gasto realizadas a través de los beneficios fiscales.
4. Elaborar anualmente un documento de ejecución del PBF que cuantifique el conjunto de BF que minoran los ingresos tributarios del Estado, muestre las cantidades presupuestadas y reales de los diferentes conceptos y que analice las
desviaciones producidas y sus causas.
5. Dotar de un número suficiente de funcionarios de los grupos A1 y A2 a las tareas de control de las declaraciones, especialmente en lo relativo a las comprobaciones del IRPF, IS e IVA sobre Beneficios Fiscales.
6. Mejorar el control realizado a las entidades que disfrutan del régimen fiscal especial previsto en la Ley 49/2002; y, en relación a la exención en el IRPF por premios literarios, artísticos o científicos relevantes, que mejore los
procedimientos de control interno sobre las comunicaciones a las que están obligados los convocantes de los mismos.
7. Establecer, comprobar y hacer el seguimiento de filtros que recojan la indebida aplicación de beneficios fiscales de los contribuyentes en sus declaraciones que tengan resultado a favor de estos, habilitando procedimentalmente la opción
de rectificación al perjudicado para poder acogerse a estas medidas, dado que el objeto de su inclusión en el sistema tributario es que se beneficie fiscalmente de una conducta para incentivar determinados comportamientos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2018.-Vicente Ten Oliver y Francisco de la Torre Díaz, Diputados.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Fomento
161/003004
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez y a través de su Portavoz, Miguel Anxo Fernández Vello, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Fomento, relativa a la recuperación efectiva de la zona ocupada por el antiguo muelle carbonero de Ferrol.
Exposición de motivos
La desindustrialización de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, generó un gran impacto entre la población. En este contexto, se construyó en la pasada década el denominado 'puerto carbonero' de la Ría de Ferrol. Su actividad, como
ilustra su denominación coloquial, fue sustentada por la descarga de carbón no nacional con destino a las centrales térmicas de carbón.
El puerto ha sido noticia en los últimos tiempos, al hacerse eco numerosos medios de comunicación de que la Autoridad Portuaria ha llevado a cabo trabajos relativos a la pavimentación, sin que conste que la Autoridad Portuaria haya
confirmado un interés específico por parte de ninguna empresa. La superficie del muelle se cifra en alrededor de 45.000 metros cuadrados. En concreto, la gran extensión del muelle y sus 14 metros de calado han tenido y tienen un impacto enorme
sobre la Ría de Ferrol. No en vano, su construcción supuso una gran ocupación de la Ría, con una superficie de relleno muy importante, afectando de forma determinante a toda la zona. La utilización del puerto interior con otros fines para los que
no fue diseñado, supondría un duro golpe para la regeneración de la Ría, ya que es este el momento idóneo para tomar decisiones que faciliten la regeneración ulterior de esta ensenada.
La afectación en su momento, abarcó a los bancos marisqueros de la Ría y a la dinámica de corrientes propia de la misma. Además de ello, la contaminación aumentó en la zona y amplias zonas naturales quedaron devastadas, incluidas las
playas. El puerto interior causa a su vez un enorme impacto ambiental, paisajístico y debe ser recuperado y repuesto a la situación anterior, retirando el relleno de la ría y el impacto de navegabílidad en la ensenada.
Es importante resaltar que con posterioridad a la construcción del puerto interior, se proyectó y ejecutó el denominado puerto exterior de Ferrol, hacia el cual se trasladó la actividad carbonera existente en el puerto, el cese de la
actividad en el antiguo 'puerto carbonero' decayó. Una de las principales motivaciones para la construcción del mismo fue precisamente poder eliminar el puerto interior. Es incuestionable, por tanto, que la permanencia del puerto interior ha
dejado una hipoteca a la ciudadanía de las comarcas
circundantes y para la biodiversidad de la Ría, puesto que la actividad carbonera cesó en el puerto interior, pero no así el impacto ambiental y el destrozo producido por el mismo.
Por todo ello, es necesario impulsar la recuperación efectiva de la zona ocupada por el antiguo muelle carbonero de Ferrol. Restituir las condiciones prexistentes de la Ría debiera ser una prioridad política tanto para la Autoridad
Portuaria de Ferrol-San Cibrao, como para la Xunta de Galicia y el Gobierno del Estado.
La recuperación del espacio ocupado por el puerto carbonero generaría un círculo virtuoso para la economía de la zona, según el cual se generaría empleo en tres polos principales. En primer lugar, en lo que al número de mariscadores se
refiere, al aumentar el área de marisqueo; en segundo lugar, al aumento de la navegabilidad y mantenimiento de la Ría; y, finalmente en las actividades propias del levantamiento del relleno que ocupa actualmente el muelle.
Es importante resaltar que la restricción a la navegabilidad y el saneamiento de la Ría afecta también a la salud pública, en tanto en cuanto la calidad de sus aguas impacta directamente sobre el marisco de la zona. Sin duda, normalizar el
tránsito de corrientes en la zona haría disminuir la contaminación.
De lo expuesto, se concluye que el puerto interior de Ferrol debe ser suprimido para que se vuelva a permitir que la ría de Ferrol constituya un espacio público marítimo, que se convierta en un lugar de ocio para los ciudadanos, para
dinamizar la economía de la zona y para dejar la Ría en una situación semejante a la que se encontraba antes de la construcción del referido puerto.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en colaboración con la Xunta de Galicia y la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, inicie los trámites necesarios para el levantamiento del Puerto Interior de Ferrol, también
conocido como 'muelle carbonero', cumpliendo con los siguientes requisitos:
1. Restituir el espacio que ahora ocupa a su situación anterior.
2. Normalizar el tránsito de corrientes, reduciendo la contaminación de la Ría de Ferrol.
3. Devolver a la ciudadanía el espacio de dominio público como lugar de ocio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Miguel Anxo Fernández Bello, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003006
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
relativa a la realización de los trámites precisos para la declaración, como Obligación de Servicio Público (OSP) de las rutas aéreas entre el Aeropuerto Tenerife Sur y las islas de El Hierro, La Gomera, Fuerteventura, La Palma y Lanzarote, para su
debate y votación en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Los desplazamientos aéreos entre islas son cada vez más frecuentes. El número de viajeros que llegan a Tenerife o Gran Canaria y que deciden, posteriormente, trasladarse a otras islas es cada vez más elevado.
Este crecimiento en particular ha sido más acusado desde que el pasado 27 de julio de 2017 entró en vigor la reducción para residentes del 75 % en el precio del transporte aéreo interinsular.
No cabe duda que el incremento en la bonificación al transporte interinsular para los residentes canarios está suponiendo un revulsivo a la movilidad, tan necesaria en un territorio fragmentado como el nuestro.
Por tanto, varios son los factores que están motivando que cada vez haya más desplazamientos: incremento del número de turistas, aparente mejoría de la economía, aumento de los profesionales y pequeños empresarios que deben y ven una
oportunidad al desplazamiento entre islas al albur de nuevos yacimientos de empleo y nuevas formas de concebir la empleabilidad, entre otros, a lo que sin duda es necesario incorporar las bonificaciones en las tarifas aéreas.
Según datos oficiales el incremento de los desplazamientos interinsulares ronda el 30 % y los beneficios de las líneas aéreas es de un 20 % más. Esta nueva situación está animando a otras compañías aéreas a reforzar su presencia en el
Archipiélago como es el caso de Air Europa que aumentado en 25 vuelos diarios entre islas.
Sin embargo, esta medida de apoyo a las familias canarias requiere un complemento en actuaciones de movilidad si queremos contribuir de manera decidida a la sostenibilidad, cohesión y equilibrio territorial de nuestra región.
El sur de Tenerife es un enclave estratégico para la economía canaria, que en la actualidad alberga más de un cuarto de la población de la isla. A este lugar se desplazan tanto por transporte rodado como por vía aérea un importante número
de personas a trabajar al que hay que sumar la población que se traslada a trabajar fuera, tanto a otros municipios como a otras islas. A este trasiego de desplazamientos es necesario unir el cada vez más importante número de turistas que requieren
trasladarse al Aeropuerto Tenerife Norte, recorriendo más de 60 kilómetros, bien porque llegan al Aeropuerto Tenerife Sur con destino a otra isla no capitalina o bien porque desean visitar cualquier otra isla canaria.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la realización de los trámites precisos para la declaración, como Obligación de Servicio Público (OSP) de las rutas aéreas entre el Aeropuerto Tenerife Sur y las islas de El Hierro, La
Gomera, Fuerteventura, La Palma y Lanzarote, con frecuencias y horarios que se determinen suficientes, mejorando con ello la conexión aérea de los residentes del Sur de Tenerife con las demás islas, así como las posibilidades de transbordo de
pasajeros nacionales e internacionales hacia los diferentes destinos insulares. Igualmente para que la ruta ya contemplada como OSP, Tenerife Sur-Gran Canaria, incremente sus frecuencias acorde al paulatino crecimiento de la demanda experimentado y
a su potencial crecimiento por unir las dos aéreas turísticas más importantes de Canarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2018.-María Tamara Raya Rodríguez, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003007
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa al incremento de la plantilla de controladores aéreos en los aeropuertos españoles, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La empresa pública ENAIRE, dependiente del Ministerio de Fomento, ha recortado la plantilla de controladores aéreos en los principales aeropuertos españoles, según se reconoce en una reciente respuesta parlamentaria del Gobierno.
Esta reducción coincide con un aumento significativo del tráfico aéreo en 2017. De hecho, el pasado año creció a un ritmo del 8 % por segundo año consecutivo.
Esto ha provocado un incremento de la carga de trabajo y un recorte de los descansos en el colectivo, del que cuya intervención resulta clave para garantizar la seguridad de los aterrizajes.
Los principales recortes se concentran en Madrid, con la baja de 42 controladores en la torre de Barajas en seis años y otros 61 en menos de cuatro en el centro de control de la Comunidad, mientras que en El Prat la reducción ha sido de
tres.
Estamos hablando de los dos principales aeropuertos de nuestro país, tanto por operaciones (387.566 y 323.539 al año, casi un tercio de las de todo el país), como por pasajeros (acaparan más de cien millones de los 249 anuales de toda
España) y por mercancías (626 millones de toneladas de un total de 918 por ejercicio).
Otros recortes destacables son los de Tenerife Norte, por el que pasan 4,7 millones de pasajeros al año y que es con más de trece millones de toneladas el séptimo del país por carga, y de Bilbao, que ofrece cifras similares de viajeros, así
como los catalanes de Girona y Reus, que se encuentran entre las principales plazas de aerolíneas de bajo coste y que suman más de 35.000 operaciones al cabo del año.
Pese a los refuerzos de otras sedes como las de Palma (tercero del país en viajeros y operaciones, con casi 28 millones y más de 200.000 vuelos) y de los centros de control de Barcelona y de Canarias, Fomento reconoce que la plantilla de
controladores aéreos se ha reducido en más de un 8 % (181 plazas) en seis años.
El recorte se ha producido a pesar de que entre 2012 y 2014 el servicio de las 23 torres y siete servicios territoriales (incluidos los centrales) que mantenía Enaire fue reforzado con 189 destinados hasta entonces en los doce aeropuertos
que Enaire dejó de operar (trece, con el cerrado en Ciudad Real) y procedentes, también, de reestructuraciones en Barajas y El Prat que, según su versión, redujeron 'la plantilla de controladores necesarios'.
El Ministerio argumenta en la respuesta parlamentaria los ajustes como 'pasos tan importantes desde el punto de vista de la eficiencia'. Sin embargo, sus decisiones ponen de manifiesto la escasez de la plantilla.
Así, en 2016 fueron convocadas 106 plazas, cuando el recorte rondaba los 300, y los Presupuestos Generales del Estado del año pasado autorizaron la creación de otras 130, setenta de ellas por encima de la llamada 'tasa de reposición' con la
que Hacienda ha exprimido las plantillas públicas. Esta última, no obstante, sigue sin ser convocada.
Nadie entiende que si crece el número de vuelos y de pasajeros en nuestros aeropuertos, lo que representa mayores beneficios para el Estado, al mismo tiempo se reduzca el número de controladores aéreos sobre todo en los grandes aeropuertos,
lo que puede afectar a la seguridad.
De hecho los sindicatos consideran que hay más riesgos si el controlador tiene que estar más tiempo pendiente de la pantalla y soporta mayor carga de trabajo, y eso está ocurriendo.
En definitiva la oferta de empleo sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades de personal y que eso se refleja en un aumento del trabajo.
De hecho, los principales problemas que arrastra la plantilla son el envejecimiento, con una edad media de 52 años y más de un tercio por encima de los 57 (la edad habitual de retirada en los países de la UE, tres posterior a la de EEUU), y
la carga de trabajo, con una jornada oficial de 1.500 horas anuales que se amplía hasta las 1.600 y las 1.680 mediante turnos extra y que, simultáneamente, transforma la cadencia oficial de cinco días de trabajo y tres de descanso en una de seis con
48 horas de reposo, normalmente tras salir de un turno de noche para reincorporarse en uno de mañana.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que con la mayor brevedad, se incremente la plantilla de controladores aéreos en nuestro país, recuperando al menos la plantilla que había en 2011 y priorizando los aeropuertos con mayor
volumen de tráfico aéreo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2018.-Miguel Ángel Heredia Díaz y César Joaquín Ramos Esteban, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003013
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre de los Grupos Parlamentarios abajo firmantes tenemos el honor de dirigirnos a esa Mesa para formular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente
Proposición no de Ley sobre mejora de los servicios ofrecidos para la nueva estación ferroviaria de Alta Velocidad de Medina del Campo, para su debate y aprobación en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La historia y simbiosis de Medina del Campo y el ferrocarril ha sido larga y duradera en más de un siglo y medio de andadura. Las primeras obras ferroviarias en Medina comenzaron el 15 de abril de 1857 en un solar antes ocupado por la
parroquia de San Pedro, cuyas piedras fueron reaprovechadas para esta estación inaugurada el 3 de septiembre de 1860 con la puesta en marcha del tramo Medina del Campo-Valladolid de la línea radial Madrid-Hendaya. Su explotación inicial quedó a
cargo de la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, que construyó un edificio para viajeros (estación vieja), dos muelles para mercancías y un depósito para locomotoras. Sin embargo, la llegada de nuevas líneas férreas, como la
Medina del Campo-Zamora (1861-1863), la unión definitiva con Madrid por Ávila (obras inauguradas en 1863), luego la vía de Salamanca (1874-1877) y, finalmente, la que nos unía con la ciudad hermana de Segovia (1881-1884), supusieron un aumento
creciente del tráfico que convirtió rápidamente las instalaciones existentes en pequeñas. Por ello, en 1896, la Compañía del Norte, decidió encargar a Vicente Sala, uno de sus mejores ingenieros, la construcción de una nueva estación de tipo
monumental y estilo francés dotada de una marquesina metálica de grandes proporciones, que se inauguró oficialmente en 1902 y que acogía el trazado de las siguientes líneas férreas:
- Línea férrea de ancho convencional Madrid-Hendaya.
- Línea férrea de ancho convencional Medina del Campo-Vilar Formoso y Portugal.
- Línea férrea de ancho convencional Medina del Campo-Zamora y Galicia.
- Línea férrea de ancho convencional Medina del Campo-Segovia-Villalba.
En 1941, la nacionalización del ferrocarril en España supuso el final de la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España y el nacimiento de RENFE, que gestionaría la estación hasta el 31 de diciembre de 2004, cuando fue dividida en
Renfe Operadora y Adif, siendo esta última la titular de estas instalaciones ferroviarias.
Dentro de los planes de alta velocidad y tras la apertura en diciembre de 2007 de la línea de alta velocidad Madrid-Segovia-Valladolid, estaba previsto construir un ramal hasta Medina, que se prolongaría después hacia Zamora y Salamanca. La
nueva estación, en cuya construcción el Ministerio invertirá aproximadamente 12 millones de euros, dispondría de local multitienda destinado a cafetería y venta de prensa, aseos con una superficie de 40 metros cuadrados, accesibles a personas con
discapacidad, dos dependencias internas de personal de Adif, centro de control y vigilancia de instalaciones de seguridad, prevención de incendios, 'punto limpio' para tratamiento de residuos reutilizables producidos en la propia estación,
vestuarios y aseos de personal, oficinas, almacenes e instalaciones complementarias.
En diciembre de 2013, se supo que el Ministerio de Fomento había decidido redimensionar a la baja el proyecto aprobado en julio de 2012. Según los nuevos planes el tamaño del edificio debe ser prácticamente la 'mitad de lo previsto', con un
edificio de viajeros de 350 metros cuadrados en una sola planta y con un aparcamiento para 50 vehículos.
Durante la construcción de esta nueva estación, se detecta en los terrenos afectados, la aparición de restos de mercurio y asbesto que paralizaron las obras. El 9 de diciembre de 2015, en la reunión mantenida con el Secretario de Estado de
Infraestructuras del Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Medina del Campo y ante la consulta-propuesta del Ministerio y una vez consensuada la respuesta con la totalidad de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Medina
del Campo, se acepta entre otros puntos:
- La alternativa de instalar una estación provisional, mientras se llevan a cabo las actuaciones tendentes a corregir esta eventualidad y se ejecuta la estación definitiva.
- Se garantice por parte de Adif del traslado de los viajeros de la estación actual a la provisional y de la provisional a la actual.
- Se estudie el mantenimiento de estos traslados en el futuro una vez esté construida la estación definitiva, al objeto de facilitar a los viajeros la posibilidad de combinar los desplazamientos de los viajeros que lleguen en tren a la
actual estación de Medina del Campo con la utilización de la línea de alta velocidad.
La estación provisional se inauguró el 1 de febrero de 2016 con un servicio Alvia entre Madrid-Chamartín y Galicia. La inauguración tuvo lugar con la estación sin terminar, y al no haber edificio de viajeros, la venta de billetes y el
control de acceso se realizan en la estación convencional de Medina del Campo, desde donde los viajeros son trasladados mediante un autobús a la de alta velocidad una media hora antes de la salida del tren.
El día 7 de diciembre de 2017, el Ministro de Fomento, D. Íñigo de la Serna inauguró la terminal definitiva, entrando en servicio íntegro el día 18 de diciembre. Esta nueva estación se ubica a casi cuatro kilómetros de la estación
convencional de Medina del Campo, en la Línea de alta velocidad Madrid-Zamora-Galicia, y en la nueva línea de enlace hacia la línea Medina del Campo-Vilar Formoso. La inversión realizada por Adif Alta Velocidad en esta infraestructura ha sido de
3,5 millones de euros, que se han destinado a la construcción del nuevo edificio de viajeros -de unos 350 metros cuadrados, en planta única-, de la plataforma ferroviaria y los andenes, así como de la urbanización del entorno.
La frustración de los medinenses ha sido mayúscula, manifestada en las Mociones aprobadas por el Pleno Municipal de abril y diciembre de 2017 y expresadas en:
- La reducción abismal de esta nueva infraestructura, pasando de 12 millones a 3,5 millones la inversión prevista.
- La falta total del personal necesario para la información y venta de billetes.
- El número de paradas existentes en la actualidad, pues de los 20 servicios actuales que circulan por ella, solamente tienen parada comercial 10 trenes, el 50%.
- La falta de conexión para los viajeros que procedentes de líneas de la estación convencional tienen que enlazar para viajar a Galicia y viceversa, separadas ambas por una distancia de 4 kilómetros.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Mejorar los servicios ferroviarios de Medina del Campo, a través de un acuerdo entre Renfe y el Ayuntamiento de Medina del Campo que incremente los servicios ferroviarios con parada en Medina del Campo. Contemplando que todos los trenes
con destino o procedencia a Salamanca, además de los que hacen el servicio Madrid-Zamora-Galicia y sentido inverso, realicen parada con cabotaje de personas viajeras en Medina del Campo.
2. Mantener el servicio de autobús-lanzadera que existía para que comunique la estación convencional con la nueva estación de Alta Velocidad para el traslado de viajeros.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2018.-María Soraya Rodríguez Ramos, y César Joaquín Ramos Esteban, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Alberto Garzón Espinosa, María
Isabel Salud Areste, Félix Alonso Cantorné y Juan Manuel del Olmo Ibáñez, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003019
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas para la mejora de la seguridad en el uso de drones,
para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La reciente y muy esperada publicación del Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto, ha supuesto una sustancial mejora de la situación para los
operadores de Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) españoles, que se encontraban excesivamente limitados por lo dispuesto en la escueta y provisional normativa sectorial que se incluía en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, ya que esta fue redactada de una forma en exceso precipitada y sin prácticamente haber consultado al sector, con las consecuencias devastadoras que para los operadores de
drones comerciales tuvo, con casi cuatro años de 'travesía por el desierto' a la espera de un marco normativo definitivo.
Este nuevo marco normativo que recientemente hemos estrenado, si bien todos los actores entienden que no será el definitivo (ya que una normativa sectorial a nivel europeo está en tramitación), resulta más adecuado para el desarrollo
comercial de las actividades que los drones permiten, aunque también plantea aristas que deben ser limadas y, sobre todo, líneas de actuación que deberán ser alineadas, antes mejor que después, con la normativa en tramitación de la Unión Europea que
se deberá trasponer en el horizonte del año 2020.
Desde abril del pasado año, se ha venido solicitando al sector colaboración para implementar el nuevo marco normativo, muy rígido pero hasta cierto punto interpretable, por medio de medidas aceptables de cumplimiento más flexibles y
dinámicas por su facilidad de actualización que, en buena medida, están siendo redactadas escuchando a los propios afectados.
Esta colaboración a que se presta la administración aeronáutica abierta a las propuestas del sector (que, a fin de cuentas es quien mejor conoce sus necesidades y vela por la sostenibilidad de su actividad) hace que el futuro de las
operaciones con drones en España sea actualmente muy dinámico, prometedor y se esté constituyendo en la punta de lanza hacia la que otros países están mirando como referencia en cuanto a las soluciones innovadoras propuestas y forma de gestionar un
sector novedoso. Prueba de lo anterior ha sido el reciente reconocimiento de esta exitosa gestión del sector de los drones que la Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha recibido, de la organización UVS internacional, con el
premio Catherine Fargeon.
Dicho lo anterior no podemos conformarnos y deberemos ser conscientes de que el sector de los drones sigue avanzando a gran velocidad, y solo el mantenimiento esta colaboración entre la administración pública y el resto de los actores
implicados, representados en la Comisión Asesora de RPAS de la AESA, permitirá seguir manteniendo unos altos estándares en la seguridad operacional compatibles con un alto ritmo de innovación, debiéndose para ello adecuar casi en tiempo real la
normativa y sus medidas aceptables de cumplimiento a un estado del arte que evoluciona como solo las nuevas tecnologías saben hacerlo.
Por ello, consideramos que, tras la preceptiva consulta con expertos y representantes de la sociedad civil, la norma debe ser modificada y actualizada, con el fin de incluir, entre otros aspectos, medidas de fomento de la cultura de la
seguridad, una adecuación del régimen sancionador, la necesaria proporcionalidad ante la protección de la seguridad pública, y una supervisión efectiva del intrusismo profesional.
En primer lugar, al igual que en el siglo pasado la aparición del utilitario o vehículo de tipo turismo democratizó el acceso a las carreteras de la sociedad española, la tecnología dron está facilitando el acceso de todos los ciudadanos al
bien público que supone el espacio aéreo, convirtiéndolo en una nueva red viaria para el siglo XXI. Nuestra sociedad no puede permitirse que, al igual que ocurrió en los años 60 del pasado siglo, el acceso de operadores con un bajo nivel de
concienciación en términos de seguridad a un medio novedoso, como lo es el aéreo, suponga un incremento del riesgo o, peor aún, de la accidentalidad en términos similares al sufrido en las carreteras hasta la generalización de las campañas de
seguridad vial y su asimilación por la sociedad española.
Por ello se propone que, siguiendo el modelo puesto en práctica por la Dirección General de Tráfico en sus campañas contra la siniestralidad en carretera, se promuevan contenidos que difundan la cultura de la seguridad (ya no vial, sino
aérea), principalmente entre aquellos colectivos de mayor riesgo potencial, como es el caso de los operadores de drones no profesionales en el ámbito recreativo, sin obviar la
necesidad de campañas de concienciación destinadas a colectivos profesionales de reciente incorporación a la comunidad aeronáutica, como es el de los operadores de RPAS.
Dicha tarea es transversal a otras administraciones públicas, como es el caso del Ministerio de Educación, que llegará a plantearse la incorporación de contenidos educativos sobre la seguridad aérea en los diseños curriculares de la
educación obligatoria en términos similares a los que ya se incorporan en lo referente a la seguridad vial.
Por otra parte, el marco sancionador que se aplica a los operadores profesionales de drones es el dispuesto por la Ley 21/2003, de Seguridad Aérea, una normativa cuyo régimen sancionador fue planteado para su aplicación principalmente a
grandes operadores aéreos, como las compañías de transporte de pasajeros. Así, una infracción leve (como, por ejemplo, una vulneración administrativa sin mayor repercusión para la seguridad aérea) tiene, a la luz de dicha norma, una sanción mínima
de 4.500 euros para un operador de RPAS por el mero hecho de ser un profesional del sector, pudiendo alcanzar hasta los 70.000 euros, lo que resulta de una absoluta desproporción si se compara con los regímenes sancionadores de otros profesionales
con normativas más adecuadas a su ámbito, como puede ser el Código de Tráfico y Seguridad Vial.
En este sentido, la propuesta que se hace es que sea modificada la Ley 21/2003 para adecuar sus baremos sancionadores a los pequeños operadores aéreos (como es el caso de los operadores de RPAS) y, en tanto esto se hace, se cursen
instrucciones claras al órgano supervisor (la AESA) para que aplique con proporcionalidad el baremo sancionador vigente (por ejemplo, utilizando preferentemente el apercibimiento como medida disciplinaria cuando se trate de infracciones no
reincidentes y de escaso impacto en la seguridad).
También se percibe, como no puede ser de otra manera, gran preocupación desde los Ministerios de Defensa e Interior por el uso delictivo que pueda hacerse de los drones, habiendo sido esta una de las principales razones de la demora
acumulada en la publicación del Real Decreto 1036/2017 desde que, a primeros de 2016, se contara ya con un borrador consensuado. Igualmente, esta es una de las preocupaciones del sector, que aprecia que, en un afán por minimizar la amenaza que
representa el mal uso de esta nueva tecnología, se pueden promover limitaciones excesivas que, en la práctica, terminarían perjudicando la operatividad de los usuarios de buena fe, que pueden ver desproporcionadamente restringidas, complicadas o
inviabilizadas sus operativas, incluso las totalmente inocuas para la seguridad pública.
Por ello se debe requerir a los organismos responsables que velan por la seguridad pública que valoren previamente (y para ello disponen de foros como la anteriormente mencionada Comisión Asesora de la AESA y otros similares) el impacto que
en las actividades inocuas puedan tener las medidas de caución que se propongan, partiendo del principio de que no todo endurecimiento de los requisitos supondrá necesariamente una mejora en términos de aumento de la seguridad pública.
Por último, la facilidad de acceso y uso de los drones por la sociedad civil ha propiciado, desde la primera regulación del sector en 2014, un crecimiento del intrusismo profesional en el sector que, paradójicamente, se incrementa incluso a
mayor ritmo que el crecimiento del propio colectivo profesional, dado que un operador profesional debe cumplir requisitos de los que un operador de drones no habilitado está exento.
Esta falta de supervisión, ya que la AESA no posee medios para ello y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSS) no han recibido instrucciones claras en lo que se refiere a la persecución de estas actividades, produce perjuicios
evidentes, tales como el incremento de la economía sumergida, el fomento de la competencia desleal, el fracaso del emprendimiento y, lo que puede ser más grave, el aumento de los riesgos para la seguridad aérea, ya que los operadores ilegales,
ocultan sus operaciones, resultando invisibles para el resto de operadores aéreos con los que comparten medio y con terceros susceptibles de ser perjudicados, en general.
Por ello, se propone que se cursen, a través del Ministerio del Interior, instrucciones claras a las FFCCSS del Estado para discriminar las actividades ilícitas de las legales e impongan, en su caso, las oportunas denuncias que disuadan a
los potenciales infractores que, actualmente, realizan su actividad incluso allá donde a los operadores legalmente habilitados les resulta más complejo llegar, por los requisitos de seguridad que deben cumplir y, evidentemente, por los costes de
mantenimiento y operación en los que no incurre el intruso que utiliza medios y procedimientos no profesionales.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Modificar y actualizar, tras la preceptiva consulta con expertos y representantes de la sociedad civil, el Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control
remoto, y se modifican el Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, por el que se desarrolla el Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea y el Real Decreto 57/2002, de 18 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea.
2. Llevar a cabo acciones de difusión de la cultura de la seguridad aérea, principalmente entre aquellos colectivos de mayor riesgo, como es el caso de los operadores de drones no profesionales en el ámbito recreativo, así como a los
colectivos profesionales de reciente incorporación a la comunidad aeronáutica (operadores de RPAS).
3. Modificar la Ley 21/2003, de Seguridad Aérea, con el fin de adecuar sus baremos sancionadores a los pequeños operadores aéreos, como es el caso de los operadores de RPAS y, en tanto no se modifique la Ley, a instar a la Agencia Estatal
de Seguridad Aérea para que aplique con proporcionalidad el baremo sancionador vigente.
4. Llevar a cabo medidas que minimicen la amenaza que representa el potencial mal uso de esta nueva tecnología, e incluso su uso delictivo, sin para ello promover limitaciones desproporcionadas que perjudiquen la operatividad de los
usuarios de buena fe, buscando la ponderación entre ambos objetivos.
5. A través del Ministerio del Interior, cursar instrucciones claras a las FFCCSS del Estado de discriminar de forma proporcional las actividades ilícitas llevadas a cabo con RPAS de aquellas que son legales, así como a llevar a cabo
acciones que disuadan a los potenciales infractores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2018.-Diego Clemente Giménez y Fernando Navarro Fernández-Rodríguez, Diputados.-Melisa Rodríguez Hernández y Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoces del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003032
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso a las rutas de
transporte dinámico basadas en la demanda, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La importancia de la innovación en el sector de las infraestructuras y el transporte como fuente de competitividad y progreso en nuestro país es, en estos momentos, incuestionable. Tenemos ante nosotros una nueva realidad, diseñada por la
intensidad y velocidad con la que el sector está absorbiendo la incorporación de las nuevas tecnologías.
Los nuevos retos surgidos con la globalización y el comienzo del siglo XXI, han supuesto en todo el mundo una fractura del modelo tradicional de gestión de los territorios, llevando a reflexionar sobre las estrategias de desarrollo.
Datos de Naciones Unidas ponen de manifiesto que el 58 % de la población mundial se concentra en las ciudades (en Europa un 75 %), produciéndose una alta demanda de recursos por parte de sus habitantes. A la alta demanda de las grandes
ciudades se unen las dificultades inherentes en otros territorios, en los medios rurales y en las islas, debido a la dispersión demográfica, a la carencia de infraestructuras tecnológicas y la falta de prestación de servicios básicos.
Para hacer frente a esta situación, surgen nuevas estrategias que promueven un desarrollo integrado de los territorios, lo que se ha venido a denominar Territorios Inteligentes, cuyo objetivo es atender a los
problemas de su población con independencia de la organización territorial de aquellos, mediante una gestión conjunta y eficiente.
En este contexto y considerando el factor de la movilidad y el transporte, el Plan de Innovación para el Transporte y las Infraestructuras 2017-2020, presentado recientemente por el Gobierno, contiene el desarrollo de iniciativas innovadoras
de planificación dinámica de servicios en el entorno rural y en el entorno urbano.
Así, el tercer Eje del citado Plan referido a las Rutas Inteligentes, contempla tanto la digitalización de la carretera y el ferrocarril, como la posibilidad de generar territorios inteligentes que se adapten a la demanda de viajeros a
través de sistemas de predicción y modelización, utilizando tecnologías habilitadoras de la industria 4.0.
Uno de los proyectos de este tercer eje consiste en implantar un sistema de transporte urbano con rutas dinámicas, cuyos objetivos serían, por un lado, que su recorrido y paradas se adapten a la demanda y a las preferencias de los usuarios
de la línea, y por otro, incrementar la accesibilidad en entornos periurbanos con una baja densidad de población y baja accesibilidad al transporte público. Todo ello tendría como beneficios una reducción en los tiempos de acceso y dispersión para
los viajeros, así como nuevas oportunidades relacionadas con el trasporte público y un estímulo a una mayor utilización de sus servicios.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Estudiar medidas que faciliten el establecimiento de líneas dinámicas de transporte a la demanda.
2. Desarrollar un proyecto piloto para la estimación de la demanda a corto plazo basada en procedimientos de aprendizaje automático.
3. Trasladar los resultados obtenidos a las Comunidades Autónomas para facilitar la implantación de estas medidas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003033
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso del Plan para
promover la innovación en el transporte y las infraestructuras presentado por el Ministerio de Fomento, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La innovación está considerada como uno de los factores más importantes para el crecimiento económico de un país y ocupa un lugar clave en las políticas nacionales y europeas. Este término está asociado también a la creación de empleo, la
productividad, el crecimiento a medio plazo y la mejora de la competitividad. En definitiva, una herramienta imprescindible para dar respuesta a los retos y necesidades actuales que demanda la sociedad.
Nuestro país ha realizado un enorme esfuerzo para salir de la profunda crisis económica, se ha convertido en el país que más crece de la Unión Europea y el que más empleo crea, gracias a un amplio programa de reformas que incluye, entre
otras, la apuesta por la transformación digital.
Así pues, el Gobierno ha presentado recientemente el Plan de Innovación para el transporte y las infraestructuras 2017-2020, que contará con una inversión de 50 millones de euros. Este Plan, enmarcado en la Estrategia Europa 2020 y en el
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, nace con el objetivo de integrar y coordinar las actividades de innovación del Grupo Fomento, suponiendo una apuesta clara por la digitalización, la eficiencia energética y la
sostenibilidad.
Del mismo modo, se pretende incentivar la innovación abierta y la colaboración con el sector privado y universidades a través del incremento de la efectividad de la inversión pública y privada con el fin de elevar la rentabilidad económica y
social de las inversiones.
Son cuatro los ejes estratégicos que se identifican en el Plan y que marcarán el futuro del sector del transporte y las infraestructuras: la experiencia del usuario, las plataformas inteligentes, las rutas inteligentes y la eficiencia
energética y sostenibilidad. Estos ejes engloban las principales tendencias del sector y se estructuran en 21 líneas estratégicas que, a su vez, se concretan en 67 iniciativas que serán lanzadas en el periodo 2017-2020.
Dentro del primer eje 'Experiencias de Usuario', pueden destacarse las siguientes iniciativas: la Definición del Modelo nacional de Movilidad como Servicio, que contempla la generación de plataformas digitales que permitan integrar datos de
los distintos operadores; la creación de nuevos sistemas de accesibilidad y pago; un plan de Accesibilidad Universal al Sistema de Transporte; y un Portal de Participación Ciudadana, además de un Marketplace.
El segundo eje está basado en un ecosistema de plataformas inteligentes en el área ferroviaria, aeroportuaria y portuaria para integrarse con las plataformas de las ciudades y ofrecer información a los usuarios. Se trata de una plataforma
inteligente de mercancías que aplica la metodología BIM (Building Information Modeling) y el llamado Cielo Único, cuyo objetivo es aumentar la eficiencia de la gestión del tránsito aéreo y los servicios de navegación aérea.
El tercer eje, 'Rutas Inteligentes', contempla la digitalización de la carretera y el ferrocarril, el desarrollo de sistemas de modelización y predicción que generen territorios inteligentes y el vehículo conectado. Asimismo, el Ministerio
de Fomento desarrollará un Modelo Nacional de Transporte Multimodal para viajeros y mercancías.
El cuarto y último eje, 'Eficacia Energética y Sostenible', persigue potenciar el uso de sistemas de generación de energía renovable, sistemas de almacenamiento y sistemas de distribución de la energía excedente para su autoconsumo o su
reinversión. Para ello, se desarrollará el Plan Nacional de Infraestructura para el vehículo eléctrico (y otros vehículos con energías alternativas) en el que se concretarán los estándares y normativa para la regulación del vehículo autónomo.
En definitiva, este Plan pretende favorecer una red innovadora que integre y conecte a todos los sectores de la sociedad. Para ello, y para disponer tecnologías avanzadas, es preciso favorecer un ecosistema de inversión en innovación por
las empresas, implicando en el proceso a centros tecnológicos, universidades y emprendedores
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar conjuntamente con las comunidades autónomas la posible colaboración público-privada en proyectos de innovación para determinadas infraestructuras.
2. Realizar un seguimiento de los proyectos desarrollados para localizar ejemplos de buenas prácticas que permitan ser compartidos con el resto de comunidades autónomas.
Estos trabajos podrán ser ejecutados a través del marco de encomiendas que tramita el Ministerio de Fomento con los organismos correspondientes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003034
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para la
aprobación y publicación del Nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, que regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, argumenta que la crisis económico-financiera que afectó a nuestro país había puesto de manifiesto la necesidad de reorientar las
políticas en materia de vivienda y que estas se inspirarían en tres principios básicos: la cohesión social y territorial, la competitividad económica y la sostenibilidad.
El Gobierno Valenciano, a través de la Consejería de Vivienda, Obras Públicas e Infraestructuras durante el año 2017 aprobó el Plan Renhata, que consistía en una iniciativa que permite reformar elementos privativos de las viviendas para
mejorar su sostenibilidad, accesibilidad y habitabilidad. Concretamente, permite a los propietarios, usufructuarios e inquilinos de las viviendas intervenir en la accesibilidad, en las cocinas o en los baños, por lo que podríamos decir que casi un
millón y medio de viviendas podrían optar a estas reformas.
Esta iniciativa pionera impulsada por el Gobierno Valenciano cumple estrictamente con todos los principios por el que se justifica la aprobación del Plan: cohesión social y territorial, sostenibilidad y fomento de la economía. Hay que
tener en cuenta la importancia de esta iniciativa en la Comunidad Valenciana pues la afección a la economía no se limita tan solo al sector de la construcción, sino que también y de forma muy significativa al sector de la producción de materiales de
la construcción que había entrado en crisis en los últimos años.
Como hemos podido conocer, la primera convocatoria del plan Renhata ha sido un éxito, superándose todas las expectativas. Ayudó a mejorar la calidad de 863 viviendas y la inversión Autonómica de 3 millones de euros supuso un impacto
económico global de 12 millones de euros que ha beneficiado a todo el conjunto del sector.
Debido al éxito de la iniciativa en el 2017, y con la firme voluntad de incidir en la línea de la rehabilitación, la Consejería de Vivienda ha redoblado los esfuerzos económicos y duplicado en 2018 la partida presupuestaría destinada el año
anterior. Por otra parte ha mejorado las condiciones de acceso y agilizado los trámites administrativos.
Así pues, teniendo en cuenta que dicha iniciativa ha sido bien acogida por la sociedad y los sectores empresariales vinculados a la construcción, que fomenta el empleo y aporta mejoras en la conservación, sostenibilidad, accesibilidad y
habitabilidad de las viviendas, estando elaborando el Ministerio de Fomento el nuevo plan 2018-2021, consideramos conveniente e imprescindible que con la finalidad de garantizar el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada,
el nuevo plan de vivienda incluya un programa de reforma de interior.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar y publicar a la mayor brevedad el Nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y, sin demora, firmar los correspondientes convenios con las Comunidades Autónomas.
2. Introducir en el nuevo Plan una nueva línea de subvención para la reforma de interiores de viviendas que tenga en cuenta la antigüedad de las mismas y la capacidad económica y circunstancias personales de los usuarios -entre ellas,
encontrarse en algún grado de discapacidad-.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2018.-Artemi Rallo Lombarte, Patricia Blanquer Alcaraz, Herick Manuel Campos Arteseros, Ana María Botella Gómez, José Luis Ábalos Meco y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.-Rafael
Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/003000
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley instando al
Gobierno a elaborar un Plan Nacional, para dar respuesta adecuada al incremento del flujo migratorio a las costas españolas, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
Históricamente, la inmigración no desaparece, tanto su evolución como el lugar de llegada tiene carácter cíclico y responde a motivos diversos. Por ejemplo, el cierre de una ruta marítima a Europa, intensifica el tráfico en otra.
Y así, en 2005-2006, en las llegadas a España, la ruta cambió del Estrecho a Canarias, incrementándose allí en más del doble ese año, con la llamada crisis de los cayucos. La actuación decidida del Gobierno español en la adopción de medidas
de diverso orden, entre ellas el I Plan África, ayudaron a taponar esa ruta migratoria, que fue sustituida por otras, y con un repunte en las entradas a Ceuta y Melilla.
Desde 2016, el refuerzo de los controles fronterizos en Ceuta y Melilla, dio lugar a un pequeño descenso, pero se produjo un incremento del número de llegadas en pateras por el Estrecho y especialmente por la zona del mar de Alborán.
En 2017, como consecuencia de los acuerdos UE/Turquía y Libia/Italia, los conflictos y hambrunas de los países de origen y tránsito coadyuvaron a que se triplicara el flujo migratorio en nuestras costas, hasta alcanzar la cifra de más de
23.000 inmigrantes. Es decir, las arribadas a España se multiplicaron, al mismo tiempo que bajaron un 34 por ciento las de Italia y en un 83 por ciento las de Grecia. Esto supone casi el 13 por ciento de las llegadas por mar a Europa, frente al 2
por ciento del año anterior.
Así las cosas, la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha alertado de una posible llegada masiva de pateras en los próximos meses, hacia Europa, principalmente a través de las costas andaluzas. Un movimiento migratorio de Libia a
Marruecos, a través de Argelia, de nada menos que de medio millón de personas, la mayoría inmigrantes subsaharianos.
Ante esta preocupante situación, el Gobierno -a sabiendas de la misma desde 2014 según se desprende del Informe de Seguridad Nacional-, improvisa y actúa arbitrariamente; con ello está vaciando de contenido palabras como 'derechos humanos',
'dignidad' y 'protección', con el fin de esconder, tras ellas, el pensamiento único de la seguridad en detrimento del derecho y de la humanidad, seguridad que vemos tampoco satisface.
Los hechos mencionados se basan en realidades tales como los siguientes:
1. Los migrantes, en su primera llegada, son recibidos en instalaciones que no reúnen condiciones adecuadas y en demasiadas ocasiones son sometidos a medidas de detención sin haber tenido en cuenta circunstancias, como las de tratarse de
personas en situación de vulnerabilidad o potenciales solicitantes de asilo.
2. Las personas con necesidades especiales no son identificadas. (Existen cálculos que estiman que un 8 % de las 23.000 personas llegadas en pateras podrían ser mujeres tratadas).
3. Los lugares en donde permanecen detenidos, no reúnen condiciones mínimas de tipo alguno (léase el antro infame del Centro de la Acogida de Motril donde, salvo las mujeres, los recién llegados duermen en el suelo o también léanse las
mazmorras sin luz de la Comisaría Provincial de Málaga donde conviven migrantes con detenidos). En ambos centros, en no pocas ocasiones, también se ha tenido noticia de ingresos de menores de edad, con adultos.
4. El criterio de solicitud de ingreso o no en un CIE adolece de justificaciones muy alejadas de los criterios legalmente establecidos. Depende por ejemplo, del lugar de llegada, de si hay plazas o no en el centro y del sexo de la persona.
Y el acuerdo de ingreso depende también de que el juez competente examine de forma pormenorizada el asunto que se le presenta o no.
5. La llegada incontrolada de inmigrantes y la falta de plazas en Centros de Internamiento da lugar a puesta en libertad. Y, dada la insuficiencia de plazas de acogimiento, el que tengan que deambular por nuestras ciudades, sin medios de
vida y sin control alguno de nuestras autoridades.
6. Los CIE, en general, y fundamentalmente los de Algeciras y Tarifa, están saturados siendo muy deficientes sus condiciones materiales y de servicios. Es conveniente recordar que el internamiento debe ser una medida excepcional.
7. El derecho efectivo a tener asistencia jurídica y a la de un intérprete, depende del lugar de llegada y del criterio de la Policía Nacional que los reciba.
8. Continúan realizándose devoluciones en caliente, a pesar de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
9. Muchos de los migrantes que llegan a nuestro territorio no tienen acceso a una información adecuada sobre su situación jurídica, ni se les brinda la oportunidad de conocer los procedimientos de protección internacional.
10. Los procedimientos se aplican de forma asistemática. Así, en Málaga las solicitudes de asilo se tramitan por procedimiento de territorio y no en frontera; en el resto no se garantiza el acceso al mismo.
11. Hay 34.000 solicitudes de asilo pendientes de resolver, lo que pone de manifiesto el colapso del sistema de asilo.
12. El sistema de protección e identificación de no acompañados es ineficaz y se ha vulnerado en ocasiones la presunción de su minoría de edad, lo que provoca, entre otros perjuicios, su ingreso en los mencionados centros de Motril y
Málaga.
13. Los niñ@s no acompañados (según UNICEF, el 10 por ciento de los que llegan), son considerados, en demasiadas ocasiones, inmigrantes sin derechos y no menores con todos los derechos y protección que su situación de minoría de edad debe
atribuirles, fundamentalmente a los que se encuentran en la calle, a los que se les criminaliza.
14. El sistema de identificación y protección de las víctimas de trata en costas es ineficaz y el número de las mismas se incrementa de forma paulatina.
Es nuestro deber como oposición, además de criticar duramente al Gobierno por lo que está sucediendo, hacer propuestas de actuación que permitan preservar la política de inmigración de demagogias, partidismos y xenofobias. Lo hacemos,
además, con el bagaje y buenos resultados obtenidos por el Gobierno Socialista con medidas como el Plan África I y II.
Varias son las propuestas del Grupo Socialista respecto a la primera acogida, como las contenidas en la Proposición no de Ley de noviembre de 2017, sobre la adopción urgente de medidas que abordan el incremento del flujo migratorio a las
costas españolas.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, en su Informe 2017 'Los muros invisibles tras la frontera sur', propone una serie de medidas que complementan las que se instaron en la PNL antes mencionada.
El Gobierno está obligado a tomar medidas urgentes para prever y hacer frente al constante aumento del flujo migratorio, que lleva camino de consolidarse y convertirse, en emergencia nacional. Emergencia que amenaza no solo a la integridad
y derechos de los que llegan sino también a la seguridad y al buen funcionamiento de los servicios públicos de nuestro país.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Elaborar un Plan de Acción Nacional, para dar respuesta adecuada al incremento de llegadas a las costas españolas, en el que se ha de incluir:
Un protocolo unificado de actuación que sirva para mejorar la gestión de la llegada de personas migrantes por vía marítima, asegurar la identificación de necesidades de protección y derivar a los canales de protección adecuados.
Una dotación presupuestaria que permita incrementar los medios materiales y humanos existentes.
Asegurar el acceso a asistencia letrada e interpretación desde el momento de la llegada.
Garantías de acceso a la información y al procedimiento de protección internacional de forma adecuada e individualizada en los principales puntos de llegada.
Medidas de formación adecuada y continua en materia de protección internacional a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
- Garantizar una adecuada identificación temprana de personas con necesidades especiales antes de su puesta a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el fin de garantizar un tratamiento adecuado de las mismas.
- Adoptar medidas de identificación y protección efectiva de víctimas de trata con la participación y asistencia de equipos multidisciplinares, así como la aplicación de un enfoque centrado en la protección de las víctimas.
- Garantizar una adecuada protección de los menores evitando que sean detenidos y asegurando una apropiada identificación de los niños y niñas no acompañados y la aplicación de pruebas de determinación de la edad adecuadas.
- Suprimir las restricciones a la libertad de circulación de solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla y los criterios discrecionales y discriminatorios para realizar traslados a la Península.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2018.-María Dolores Galovart Carrera, Meritxell Batet Lamaña, Pere Joan Pons Sampietro, María del Rocío de Frutos Madrazo, Sonia Ferrer Tesoro, David Serrada Pariente, Esther Peña
Camarero, Carlota Merchán Mesón, María del Mar Rominguera Salazar, José Ignacio Sánchez Amor y Pilar Cancela Rodríguez, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003002
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para la creación de un centro comarcal de la Seguridad Social para la comarca cordobesa de los Pedroches, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
La comarca de los Pedroches está situada en el Norte de la Provincia de Córdoba con una extensión de 3.612 km2. La población total de la Comarca es de 55.238 habitantes y está comprendida en 17 municipios: Alcaracejos, Añora, Belalcázar,
Cardeña, Conquista, Dos Torres, Fuente la Lancha, El Guijo, Hinojosa del Duque, Pedroche, Pozoblanco, Santa Eufemia, Torrecampo, Villanueva del Duque, Villaralto, Villanueva de Córdoba y el Viso.
Su principal sector económico es el ganadero y el agrícola cerealista. Los pueblos suelen ser pequeños, debido principalmente a la emigración hacia ciudades o hacia la capital. Una empresa emblemática de la comarca es la COVAP, nombre
comercial de 'Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches', con sede en Pozoblanco. Tiene cinco líneas de negocio: lácteos, derivados del cerdo ibérico curado, carnes, alimentación animal y seguros para el mundo rural.
Esta Comarca dispone de una parada del AVE en la estación de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches. Pero el envejecimiento de la población exige que se mantenga los servicios públicos y se creen algunos de los que en estos momentos no tiene.
En concreto, la Comarca dispone de una Administración de la AEAT en Pozoblanco y sin embargo no cuenta con oficina de la Seguridad Social. En estos momentos los habitantes y las empresas para hacer alguna gestión con la Seguridad Social se
tienen que desplazar a la más próxima que se encuentra en la Comarca del Guadiato, en concreto en Peñarroya Pueblonuevo.
Los municipios de esta Comarca y sus respectivos Alcaldes y Alcaldesas llevan tiempo reivindicando este servicio público, con la creación de un Centro Comarcal de la Seguridad Social, al igual que existe en el resto de Comarcas Cordobesas,
en concreto en Palma del Río, Rute, Puente Genil, Priego de Córdoba, Peñarroya Pueblonuevo, Baena, Cabra, Lucena, Montilla y Montoro.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear un centro comarcal de la Seguridad Social para la comarca cordobesa de los Pedroches.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2018.-Antonio Hurtado Zurera y María Jesús Serrano Jiménez, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003009
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a la Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la
adopción de las medidas necesarias para impulsar el empleo en la empresa ordinaria de las personas con enfermedades mentales, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
Tan solo el 15,8 % de las personas con enfermedad mental tienen trabajo en nuestro país, y de estos menos del 5 % corresponde a personas con Trastornos Mentales Graves, estas cifras ponen de manifiesto niveles de empleo más bajos que los
correspondientes a la tasa de desempleo de personas con discapacidad intelectual. La tasa de desempleo de las personas con enfermedades mentales se sitúa en torno al 80 %.
Las personas con trastornos mentales graves presentan importantes dificultades de cara a su integración laboral, dificultades que se relacionan con aspectos que tienen que ver, por un lado, con la propia enfermedad, pero también con barreras
generadas por la discriminación y el estigma social que estas personas y sus familias sufren injustamente.
A ello se unen las dificultades del mercado laboral, la desregulación del mercado de trabajo, la precariedad laboral reflejada en la temporalidad en el empleo, en la imposibilidad de decidir sobre las condiciones de trabajo, en la
vulnerabilidad ante los abusos, en los bajos salarios, no solo no crea un contexto favorable a la integración de las personas que padecen una enfermedad mental, sino que constituyen auténticas causas de agravamiento, origen y de enfermedades
mentales, convirtiéndose en auténticos riesgos psicosociales.
Algunos aspectos sobre la relevancia de las enfermedades mentales en España según varias fuentes son:
- El 9 % de la población española padece en la actualidad una enfermedad mental (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2006).
- En España, se estima que entre un 19 % y un 26 % de la población padecerá un trastorno mental a lo largo de su vida, cifra que se incrementará considerablemente en el futuro (OMS, 2013).
- Más de la mitad de las personas que necesitan tratamiento no lo reciben y de las que están en tratamiento, un porcentaje significativo no recibe el adecuado (OMS, 2013).
- Se estima que la repercusión económica de las enfermedades mentales en España tuvo un coste total, en 1998, de 3.005 millones de euros (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2006).
- Un 1 % de la población desarrollará alguna forma de esquizofrenia a lo largo de su vida. En España la padecen 400.000 personas y se cree que muchas otras están sin diagnosticar (Agrupación Mundial de Psiquiatría, 2007).
La enfermedad mental incluye a personas con diagnóstico grave de esquizofrenia, psicosis, trastorno bipolar, depresiones graves. Personas que, en su mayoría, con el tratamiento psiquiátrico y seguimiento adecuado, pueden tener una vida de
calidad, integrada en la sociedad y en el mercado laboral y lleva a
que, los mayores obstáculos con los que se encuentran estas personas al acceder al empleo, no son sus propias limitaciones, sino el estigma con el que se les prejuzga.
Son tres las modalidades que nuestra legislación contempla, y el mercado de trabajo ofrece, para garantizar el empleo de las personas con enfermedades mentales: el empleo ordinario, el empleo en la empresa ordinaria con apoyo y el empleo en
un centro especial de empleo; sin embargo siendo esta última una de las alternativas de inserción laboral para las personas con discapacidad por enfermedad mental a la que se recurre con más asiduidad, creemos que ha de limitarse a los casos con
especiales dificultades de inserción en los que resulta imprescindible el empleo protegido, y fomentar el empleo en la empresa ordinaria.
En el ámbito de la empresa ordinaria a las dificultades que ya de por sí tiene un trabajador con discapacidad, por las limitaciones que en su aplicación tiene el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, donde establece la obligación de contratar para las empresas de 50 o más trabajadores, lo que deja al margen de esta obligación
parte del tejido empresarial y además es fácil sustituir la contratación por alguna medida alternativa, tal como ya ha puesto nuestro grupo de manifiesto en una Proposición aprobada en esta Comisión, se une la reticencia empresarial a contratar, que
suele relacionarse con el miedo a la conflictividad, que puedan generar en el centro de trabajo, la incapacidad para el desarrollo del puesto de trabajo, así corno el miedo a las faltas de asistencia a la empresa a causa de la enfermedad.
Garantizar el derecho al trabajo de las personas con enfermedades mentales, sobre todo en el ámbito de la empresa ordinaria y con ello su inclusión social y desarrollo personal, hace necesario diseñar medidas específicas que impliquen al
empresario y le hagan abandonar estos prejuicios a la hora de contratar, incidiendo además en la necesidad de crear un ambiente de trabajo adecuado que no añada elementos que agraven la dolencia de las personas trabajadoras.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Favorecer la inserción laboral en la empresa ordinaria de las personas con enfermedades mentales mediante Servicios específicos de Orientación y Apoyo al Empleo, con el objetivo de avanzar en el desarrollo de itinerarios personalizados de
inserción laboral de cada persona.
- Recuperar líneas en políticas activas dirigidas a personas con enfermedades mentales teniendo en cuenta su baja empleabilidad.
- Desarrollar una campaña de información y sensibilización, que cambie el rol del enfermo mental.
- Desarrollar campañas de la Inspección de Trabajo en coordinación con las CCAA para vigilar el cumplimiento por parte de la empresa de evaluar los riesgos psicosociales, planificando y adoptando las medidas preventivas necesarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2018.-María del Rocío de Frutos Madrazo y María Aurora Flórez Rodríguez, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003020
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar la puesta en
marcha de la Tarjeta Social Universal, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
En la Conferencia de Presidentes Autonómicos celebrada el pasado 17 de enero de 2017, el Presidente del Gobierno y los Presidentes de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía acordaron impulsar una tarjeta social.
Para ello, en abril del mismo año, se constituyó un grupo de trabajo con la participación de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española de Municipios y
Provincias, que sería el encargado de diseñar y poner en marcha esta Tarjeta Social.
La Tarjeta Social Universal es un sistema de información que permitirá conocer, en tiempo real, gracias a su actualización permanente, las prestaciones sociales de contenido económico que bajo distintas fórmulas gestionan la Administración
General del Estado, las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía y las entidades locales.
Nace como herramienta de información y transparencia, que permite al ciudadano conocer la información que la Administración dispone sobre él en materia de prestaciones sociales, siendo al mismo tiempo un mecanismo de acreditación para los
ciudadanos
Es un sistema puesto a disposición de las administraciones públicas que contribuye a una mayor simplificación administrativa y a la reducción de cargas para el ciudadano en el acceso a la protección social.
Es un sistema de información de prestaciones públicas y situaciones relevantes para el diseño, desarrollo y control de políticas públicas.
Los objetivos de la implantación de la Tarjeta Social Universal son los siguientes:
- Proporcionar a los ciudadanos la información completa sobre sus prestaciones y situaciones subjetiva. La Tarjeta Social es UNIVERSAL porque todos los ciudadanos pueden llegar a formar parte del sistema de información y servicios, bien
porque puedan ser perceptores de las prestaciones del sistema TSU o porque tengan una de las situaciones subjetivas.
- Dar una mayor transparencia a los programas sociales gestionados por las distintas administraciones públicas.
- Mejorar su eficiencia y coordinación. La mejora en la coordinación de las distintas Administraciones Públicas permitirá detectar con toda precisión las situaciones de mayor vulnerabilidad evitando así situaciones de desprotección.
El Grupo de Trabajo se ha reunido en diversas ocasiones y ha puesto de manifiesto la buena evolución de los trabajos; ha anunciado que la tarjeta social será universal, ha identificado más de 500 prestaciones públicas y situaciones
subjetivas que formarán parte del proyecto, y ha determinado que servirá como mecanismo de acreditación simplificando trámites administrativos.
En definitiva, la Tarjeta Social Universal es un instrumento necesario destinado fundamentalmente a seguir avanzando en la mejora del sistema de protección a los ciudadanos, ya que con la TSU cualquier ciudadano podrá tener acceso e
información completa y actualizada sobre las prestaciones económicas que recibe de cualquier administración así como de las situaciones subjetivas que tiene reconocidas por estas para mejorar la eficacia de las ayudas a las que tienen derecho las
familias y personas más vulnerables, a fin de que nadie se quede atrás, para que nadie, teniendo derecho, se quede sin percibir una prestación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la puesta en marcha de la Tarjeta Social Universal, en la que participan todos los niveles de la Administración estatal, autonómica y local, a fin de que los ciudadanos puedan
beneficiarse a la mayor brevedad de las ventajas inherentes a la misma.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
161/003018
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre la
ampliación de recursos y destinos por Comunidades Autónomas a señalizar conforme al Sistema de Señalización Turística Homologada (SISTHO), para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Exposición de motivos
En noviembre de 1998, el Secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes del Ministerio de Fomento y la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo, y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía y Hacienda firmaron un
acuerdo para la implantación de un sistema de señalización turística Homologada en las carreteras estatales (SISTHO). Se estableció un manual que ha sufrido desde entonces varias modificaciones.
Según el Manual del Sistema de Señalización Turística Homologada en las carreteras estatales, 'la Secretaría de Estado de Turismo seleccionará, de entre todas las propuestas recibidas de las Comunidades Autónomas, las que cumplan los
requisitos que se mencionan en el punto 7 del manual, que regula los criterios de selección de los destinos y recursos turísticos, y respetando los cupos previamente establecidos, transmitirá a la Dirección General de Carreteras los nuevos destinos
y recursos a incluir en el catálogo'.
En el citado punto 7 establece que 'los criterios de selección de destinos y/o recursos turísticos para que puedan ser incluidos en el Catálogo (del SISTHO) serán los propuestos por la Mesa de Directores Generales de Turismo, en el Marco de
la Conferencia Sectorial de Turismo'. Asimismo, determina que 'los criterios se refieren a las características y productos propios de los recursos o destinos, servicios que ofrecen, referencias en canales de información, número de visitantes y
periodos de apertura'.
Varios responsables de turismo de gobiernos de Comunidades Autónomas han solicitado la convocatoria de la Mesa de Directores Generales de Turismo para tratar la ampliación de recursos y destinos por Comunidades Autónomas a señalizar conforme
al Sistema de Señalización Turística Homologada (SISTHO), al haberse agotado el cupo asignado en la gran mayoría de Comunidades Autónomas. Sin que hasta la fecha de presentación de esta iniciativa se haya respondido a dicha petición.
Y es que el incremento significativo de la oferta turística por la mejora del patrimonio cultural y medioambiental hace que sea necesario revisar los cupos asignados, siempre bajo los principios establecidos por el manual en el punto 8 de
requisitos a cumplir por los destinos o recursos seleccionados para ser incluidos en el catálogo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Convocar a la Mesa de Directores Generales de Turismo para aprobar la ampliación de recursos y destinos por Comunidades Autónomas que se pueden incorporar al Catálogo del Sistema de Señalización Turística Homologada (SISTHO).
2. Permitir esa ampliación con las únicas limitaciones establecidas en el punto 8 del Manual del Sistema de Señalización Turística Homologada en las carreteras estatales, o aquellas que se pudieran acordar en la Mesa de Directores Generales
de Turismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2018.-Herick Manuel Campos Arteseros, Patricia Blanquer Alcaraz y Sebastián Franquis Vera, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003025
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre la información de los servicios de comunicaciones electrónicas que ofertan los Operadores de telecomunicaciones, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Exposición de motivos
A pesar de los avances de las diferentes tecnologías disponibles para ofrecer telefonía móvil o acceso a internet de banda ancha, en nuestro país seguimos sufriendo una importante y preocupante brecha digital geográfica en relación a la
cobertura de móvil o de acceso a internet.
La denominada 'brecha digital geográfica' que se observa en muchas áreas de nuestro territorio nacional, principalmente rurales o de montaña, está provocando situaciones de desigualdad de oportunidades entre estos territorios y los urbanos
incluso dentro de una misma provincia o de una Comunidad Autónoma.
Estos problemas de conexión y la falta de servicios en las zonas rurales y aisladas, hacen muy difícil el arraigo de las personas en sus áreas de residencia y producción del mismo modo que constituyen un fuerte desincentivo a la atracción de
empresas generando, entre otras consecuencias, graves problemas de despoblación.
Actualmente no existe, con alcance a todo el territorio, la necesaria información oficial y en tiempo real sobre los niveles de cobertura de las diferentes tecnologías para el acceso a internet o para la comunicación por móvil de las
diferentes redes y los diferentes operadores. Ni el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, ni la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), ofrece esta información completa y en tiempo real o actualizada.
La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y Agenda Digital solo ofrece en su web un mapa con la posición de cada una de las antenas de telefonía móvil de los operadores desplegadas por el territorio, pero no de la cobertura
del servicio.
Por otra parte el Ministerio recopila anualmente información detallada de la cobertura de la banda ancha proporcionada por los distintos operadores existentes en España. El último informe publicado es de abril de 2017 y señala que hay cerca
de cinco millones de personas censadas en las Entidades Singulares de Población calificadas como 'zonas blancas NGA', es decir, aquellas que no disponen de cobertura de redes de banda ancha de nueva generación, ni previsiones para su dotación por
algún operador en el plazo de 3 años.
La regulación de las condiciones relativas a la calidad de servicio en la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas, se establece en la Orden ministerial IET/1090/2014, de 16 de junio. Esta Orden ministerial obliga tanto a
Operadores como al Ministerio a publicar informes sobre la calidad de servicio en base a un conjunto de parámetros definidos por el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI).
A su vez, el Ministerio publica trimestralmente dos informes con un resumen de los niveles de calidad de servicio obtenidos por los operadores con mayor volumen de facturación. Uno de los informes recoge los niveles medidos por los
operadores de los parámetros generales relativos a los tiempos de suministro, averías y reclamaciones, y el otro recoge los niveles medidos por los operadores para el parámetro velocidad de datos conseguida para los principales servicios de acceso a
Internet.
En base a esta Orden ministerial, los principales operadores de telecomunicaciones están obligados a publicar en sus páginas webs los informes sobre los niveles de calidad de servicio relativos a los servicios de comunicaciones electrónicas.
Además, la mayoría de ellos también ofrecen mapas interactivos con datos de cobertura.
Esta información que ofrecen algunos operadores de forma individual y aislada sería de gran utilidad para los consumidores y usuarios de estos servicios así como para mejorar la competencia del mercado si la publicara el Gobierno o la CNMC,
agrupando los datos de calidad y servicio de todos los operadores y la ofreciera en tiempo real y en mapas interactivos que abarcaran todo el territorio.
Hay ejemplos muy interesantes de este tipo de información en algunos gobiernos autonómicos, como el servicio de información sobre cobertura de móvil que ofrece el Departamento de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, o algunas
aplicaciones para móviles de iniciativa privada. Los reguladores y Gobiernos de países de nuestro entorno, como Francia, Italia o Reino Unido, han puesto en marcha aplicaciones que ofrecen mapas en tiempo real de la cobertura móvil de cada una de
las redes disponibles (2G, 3G, 4G) de cada uno de los operadores, o de la calidad de conexión de Internet, en todo el territorio que facilita al consumidor comprobar incumplimientos en relación a la velocidad o cobertura contratada.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos firmemente en la necesidad de mejorar tanto la información que se publica sobre la calidad y cobertura de los servicios de comunicaciones electrónicas que ofertan los Operadores de
telecomunicaciones, como el canal y la periodicidad de la misma, en aras de facilitar las decisiones de compra de los consumidores y como medida de incremento de la competencia que facilite ampliar las coberturas en todo el territorio y ayude a
reducir la desigualdad que provoca la brecha digital geográfica.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar de forma urgente, y previo informe de la Comisión para el Seguimiento de la Calidad en la Prestación de los Servicios de Telecomunicaciones, las acciones oportunas para poder
recopilar y publicar en la web del Ministerio y a través de aplicaciones móviles, información actualizada sobre la calidad, velocidad, rendimiento y cobertura de los diferentes servicios de comunicaciones electrónicas que ofertan los Operadores de
telecomunicaciones en todo el territorio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2018.-Óscar Galeano Gracia y Javier Antón Cacho, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002999
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a facilitar la mejora de la calidad de los datos a los que tiene acceso el Servicio Meteorológico de Cataluña, procedentes de organismos internacionales.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta el contenido del escrito registrado con el número 77234 y, considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y
disponer su conocimiento por la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de Antoni Postius i Terrado, Diputado del Partit Demòcrata, y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a facilitar la mejora de la calidad de los datos a los que tiene acceso el Servei Meteorològic de Catalunya, procedentes de organismos
internacionales.
Antecedentes
El Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo (ECMWF), con sede en Reading, en el oeste de Londres, es una organización intergubernamental independiente, financiada por los 22 Estados miembros y 12 cooperantes que la conforman, entre ellos
España. Mantiene acuerdos de cooperación con otros países y colabora también con organizaciones internacionales tales como la Organización Meteorológica Mundial (WMO), la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos
(EUMETSAT) o la Agencia Espacial Europea (ESA), entre otras.
Entre sus numerosas misiones, la principal es la elaboración de previsiones meteorológicas a medio plazo (entre dos días y dos semanas) a escala mundial. La mayoría de los Servicios Meteorológicos Nacionales (SMN) europeos basan sus
predicciones en el modelo del ECMWF. Esta información es, también, básica para el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), ya que sirve para inicializar sus modelos meteorológicos de mesoescala de afta resolución.
En 2002 el Departament de Medí Ambient de la Generalitat de Catalunya, a través del SMC firmó un Convenio de Colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente a través del entonces Instituto Nacional de Meteorología (INM). En este Convenio
se estableció que el SMC recibiría los productos del ECMWF y los datos de observación procedentes del Sistema Mundial de Telecomunicaciones que se acordaran en la Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio,
Datos de predicción.
Desde 2005 AEMET envía al SMC un paquete limitado de variables y niveles del modelo determinista del ECMWF, y en una resolución mucho más baja que la versión operativa actual. Si en este momento el ECMWF dispone de una malla de 0.1 grados
(unos 9 km), los datos que recibe el SMC tienen una resolución de 0.5 grados (unos 55 km). Cabe destacar que desde octubre de 2007, hace diez años, no se actualizan los productos para el SMC. Además no recibe algunas de las variables que
necesitaría, y tampoco es satisfactorio el retraso temporal de una hora con el que llega toda la información. En otras palabras, el SMC recibe los datos previa minoración de la calidad de los mismos.
El acceso a los datos completos de máxima resolución y recibirlos a tiempo, mejoraría notablemente la operativa de modelización del SMC, a la vez que aumentaría su calidad y, como consecuencia, desembocaría en una mejora de la predicción.
Ello se traduciría, también, en una mejora de los avisos de Situación Meteorológica de Peligro que emite el SMC para Catalunya y que son usados, operativamente, por Protección Civil para activar los planes de emergencia asociados a situaciones
meteorológicas peligrosas y así poder realizar una adecuada tarea de prevención en las zonas previsiblemente afectadas.
Cabe tener en cuenta que el Estado español, a través de AEMET, aportó en 2016 cerca de 5 M al ECMWF, de los cuales, cerca de 1 M, procedía de los impuestos correspondientes a Catalunya. Catalunya, pues, paga su cuota de acceso al ECMWF a
través de España, y no tiene ningún sentido que, disponiendo la AEMET de una determinada calidad de datos, los transmita al Servei Metereològic de Catalunya con una calidad inferior, especialmente teniendo en cuenta que este último debe dar
cumplimiento a lo que dicta la Ley 15/2001, de Meteorología. Esta Ley, aprobada por el Parlamento de Catalunya, incluye, en su artículo 4 (Funciones), algunas tales como:
a) Asistir a las administraciones y las instituciones que necesitan información meteorológica y climática y colaborar con ellas.
b) Establecer colaboraciones, en su caso, con la autoridad meteorológica del Estado y con las demás instituciones autonómicas, estatales, europeas o internacionales que cumplan funciones meteorológicas, con el fin de lograr una información
meteorológica de calidad en el ámbito de Catalunya, y firmar con estas instituciones, para el ejercicio de competencias concurrentes, convenios de colaboración que eviten la duplicidad de servicios.
i) Pronosticar, vigilar y realizar el seguimiento de las situaciones meteorológicas de riesgo, en coordinación con el Centro de Emergencias de Catalunya (Cecat), a fin de mejorar la eficacia de las actuaciones pertinentes y asegurar su
comunicación a los usuarios que pueden resultar afectados, mediante el sistema de avisos que se determine por vía reglamentaria.
j) Prestar permanentemente, cuando se prevean situaciones meteorológicas de peligro, asesoramiento meteorológico oficial a las diferentes administraciones e instituciones competentes en materia de protección civil en Catalunya y colaborar en
estos casos, si es conveniente, con la autoridad meteorológica del Estado.
Datos de observación.
Por otro lado, el SMC también necesita datos de observación del Sistema Mundial de Telecomunicaciones para poder inicializar sus modelos de mesoescala. Actualmente solo puede acceder a ellos a través de Internet, sin ninguna seguridad ni
garantía de un nivel de servicio adecuado. Ello, a pesar de lo que se dice en la cláusula segunda del Convenio de Colaboración de 2002: 'El INM facilitará en tiempo real al SMC los datos de la Red Internacional del SMT (Sistema Mundial de
Telecomunicaciones) de la OMM, que se determinen en la Comisión Mixta establecida en la cláusula novena'.
Atendiendo a todo ello, para que el Servei Metereològic de Catalunya pueda acometer sus obligaciones con garantías en el futuro, el Partit Demòcrata presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar:
1. Que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), como entidad por presentante de un Estado miembro del European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), dé el visto bueno a dicho consorcio para que el Servei Metereològic de
Catalunya SMC disponga de:
- Un usuario de acceso directo a los productos deterministas y probabilísticos a tiempo real disponibles en el repositorio de datos meteorológicos del ECMWF -Meteorological Archival and Retrieval System (MARS) y ECMWF's File Storage system
(ECFS)- con el fin de poder inicializar los modelos meteorológicos a corto plazo a mayor resolución.
- Un usuario web que permita la consulta de los productos gráficos del ECMWF necesarios para que los predictores del SMC dispongan de una información más completa y detallada.
- Acceso a las prestaciones de cálculo que facilita el ECMWF a científicos de servicios meteorológicos nacionales y de organismos de investigación de los Estados miembros, para el desarrollo de proyectos científicos dirigidos a la mejora de
la predicción meteorológica.
2. Que AEMET, como representante de un Estado miembro de la Organización Meteorológica Mundial (WMO), facilite el acceso directo a los datos de observación del Sistema Mundial de Telecomunicaciones (SMT) -o en su defecto, de forma
indirecta- para que el SMC pueda asimilarlos al inicializar sus modelos de mesoescala y mejorar así la calidad de los mismos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2018.-Antoni Postius Terrado, Diputado.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003005
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa al incremento de la plantilla de AEMET en general y especialmente en las oficinas de los aeropuertos y las bases aéreas, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El Real Decreto 186/2008, de 8 de febrero, por el que se aprobaba el Estatuto de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), establece que los servicios meteorológicos nacionales son un elemento clave de las infraestructuras que satisfacen
las necesidades vitales de los Estados en un entorno definitivamente globalizado y sin fronteras.
Asimismo, refleja la consideración de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de AEMET, como el instrumento para cumplir los compromisos gubernamentales en materia de intercambio de datos y productos esenciales con otros países que
coadyuve, entre otras finalidades, a la seguridad y eficacia del transporte marítimo y aéreo, y reconoce su intensa implicación e integración en el contexto internacional, desarrollando su misión en estrecha colaboración con los servicios
meteorológicos de otros países en un amplio entramado de organizaciones internacionales e intergubernamentales.
El propio estatuto de la Agencia, establece desde su artículo 1 que es un organismo público creado para la mejora de los servicios públicos, y cuyo objeto, desde su adscripción al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a
través de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, es el desarrollo, implantación, y prestación de los servicios meteorológicos de competencia del Estado y el apoyo al ejercicio de otras políticas públicas y actividades privadas, contribuyendo a
la seguridad de personas y bienes, y al bienestar y desarrollo sostenible de la sociedad española.
Los artículos 3.2 y 3.3, establecen que AEMET ostenta la condición de autoridad meteorológica del Estado y las competencias correspondientes a la gestión de la tasa por prestación de servicios meteorológicos, y la condición de autoridad
meteorológica aeronáutica en aplicación del Convenio de Chicago de Aviación Civil Internacional suscrito el 7 de diciembre de 1944, respectivamente.
El artículo 8, establece las competencias y funciones de AEMET, que determinan sus funciones de interés general para los ciudadanos en todo el ámbito nacional en lo que pueda afectar a la seguridad de las personas y a los bienes materiales;
la provisión de servicios meteorológicos de apoyo a la navegación aérea y marítima necesarios para contribuir a la seguridad, regularidad y eficiencia del tránsito aéreo y a la seguridad del tráfico marítimo; el suministro de la información
meteorológica necesaria para las Fuerzas Armadas, la defensa nacional y para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como la prestación del apoyo meteorológico adecuado para el cumplimiento de sus misiones, y en resumen, cualquier
competencia que le fuera atribuida dentro de su objeto y ámbito de actuación.
Los beneficios socioeconómicos generados por un Servicio Meteorológico Nacional como AEMET suponen de media aproximadamente, sin contar los daños producidos por los fenómenos adversos, entre 5 y 7 veces su presupuesto, según estudios
llevados a cabo con el patrocinio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), de lo que se deduce que la degradación del servicio, provocaría una disminución de esos beneficios.
Aunque sobre el papel queda demostrada la enorme importancia del organismo, los hechos desmienten esta realidad: La creciente disminución de plantilla, alarmante sobre todo en los últimos años y especialmente cebada en el caso de las
oficinas meteorológicas de los aeropuertos (OMA) y de las bases aéreas (OMD), las más afectadas por esta escasez de personal. La falta de reposición de efectivos y la cada vez mayor cantidad de jubilaciones, en una plantilla envejecida con una edad
media superior a los 50 años.
La plantilla de la Agencia Española de Meteorología se ha reducido sustancialmente, de hecho solo desde abril de 2012 hasta octubre de 2014 se redujo en 120 personas, pasando de 1.375 a 1.255 efectivos, lo que supone una disminución de
personal de casi un 10 % en dos años y medio.
La plantilla de meteorólogos del Estado era en 2012 de 200 efectivos, los diplomados en meteorología suman 262 y el Cuerpo de Observadores de Meteorología alcanza los 408 efectivos. Las tres categorías han perdido efectivos de forma
significativa.
En 2017 AEMET en su página web habla de que tiene más de 1.200 efectivos, pero sin concretar la cifra, lo que hace suponer que se ha seguido recortando los 1.255 que había en octubre de 2014. La sobrecarga de trabajo está generando casos de
estrés y bajas laborales.
En enero de 2015 el sindicato CSIF sacó a la luz un informe donde la Agencia Española de Meteorología (AEMET) 'no garantiza que gestione adecuadamente la seguridad de los servicios de navegación aérea que presta'. Esta es la principal
conclusión del informe de auditoría externa que ha encargado la Agencia Española de Seguridad Aérea sobre la labor de predicción que presta la AEMET en los aeropuertos españoles.
Entre las competencias de la AEMET, aparte del suministro y la difusión de los partes del tiempo, figura 'la provisión de servicios meteorológicos de apoyo a la navegación aérea y marítima necesarios para contribuir a la seguridad,
regularidad y eficiencia del tránsito aéreo y a la seguridad del tráfico marítimo. Parte del personal de la AEMET desarrolla su labor en los aeropuertos españoles -en todos-, además de en las bases aéreas de Defensa.
El sindicato denunció en su día, por ejemplo, que solo hay cinco trabajadores para la predicción y la vigilancia de todos los aeropuertos en Madrid, Las Palmas, Santander, Sevilla y Valencia.
Y no queda aquí la cosa, puesto que para ayudar a la flota pesquera y al tráfico marítimo, las oficinas de meteorología se han reducido a dos, situadas en A Coruña y Mallorca, que se deben distribuir el trabajo de las 80 zonas costeras y de
alta mar.
Además, en toda España, solo hay un Grupo de Predicción y Vigilancia (GPV) en Zaragoza para realizar todas las predicciones de montaña y nieve, 'y encima la plantilla no está completa'.
Sin olvidar que la AEMET también presta su servicio a otros operativos de Emergencia como los Servicios de Protección Civil y Centros Coordinadores de Emergencia.
Las 700 estaciones meteorológicas distribuidas en toda España están viejas y desfasadas, y se ha reducido también sustancialmente la plantilla de técnicos que las mantienen.
El Centro Nacional de Predicción para la Defensa (CNPD), que gestiona 22 Oficinas Meteorológicas, sufre falta de personal en dos niveles, meteorólogos y analistas predictores.
Por último, hay que señalar que hay 4 centros regionales de AEMET en España y que se eliminaron 2 técnicos por centro que cubrían la noche, lo cual ha provocado que desde las 23 horas a las 7 horas todas las predicciones se hacen desde
Madrid con lo que la fiabilidad baja sustancialmente y puede generar un riesgo en caso de su situación meteorológica compleja.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Poner en marcha con la mayor brevedad un Plan de incremento de la plantilla de AEMET en general y especialmente en las oficinas de los aeropuertos y las bases aéreas.
2. Incrementar el número de oficinas de meteorología existentes para ayudar a la flota pesquera y al tráfico marítimo.
3. Aumentar el número de Grupos de Predicción y Vigilancia para realizar las predicciones de montaña y nieve.
4. Cubrir de forma inmediata los 2 técnicos por centro regional de AEMET que cubrían la noche desde las 23 horas a las 7 horas para ganar fiabilidad en las predicciones sobre todo en situaciones meteorológicas complejas.
5. Incrementar la inversión para ampliar, actualizar y modernizar las estaciones meteorológicas de toda España, así como la plantilla de técnicos que las mantienen.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2018.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003011
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa
a la ejecución del aumento de capacidad del Túnel de San Silvestre (Huelva), para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Las fuentes de suministro de agua para abastecimiento a la población, uso industrial y agrícola de Huelva provienen de los recursos contemplados en la planificación hidrológica de la Demarcación
Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras. No obstante esto, una parte importante de sus recursos de esta demarcación son recursos asignados en la planificación provenientes de las cuencas del Guadiana y Chanza, que formaban parte de
la misma unidad de cuenca antes de las transferencias de las competencias a la Comunidad Autónoma de Andalucía de las demarcaciones internas andaluzas.
Estas cuencas se sitúan en la zona occidental de la provincia y el transporte hasta los puntos de consumo se realiza a través de canales (Canal del Granado y Canal de Piedras) de unos 60 km de longitud. El paso de la divisoria entre la
cuenca del Guadiana y la del Piedras se realiza a través del tramo final del Canal del Granado, con sección en túnel (túnel 4 o Túnel de San Silvestre, de 7,6 km de longitud).
El Canal del Granado forma parte una infraestructura general formada por:
- Canal sección trapecial: de unos 19 km de longitud, mediante un bombeo en cabecera, conduce el agua desde el embalse de Chanza al Azud de Matavacas.
- Azud de Matavacas: ejerce de regulación y de transición del canal al túnel.
- Túnel de San Silvestre: conduce el agua de la cuenca del Chanza a la del Piedras, en particular al Arroyo del Cuco, el cual desemboca en el Embalse del Piedras.
El Túnel de San Silvestre, como tramo final del Canal del Granado, responde a la planificación general realizada durante los años 60, recogida en el Anteproyecto General de Abastecimiento aprobado por la OM de 25/10/1965. Las obras de este
plan se ejecutaron en distintas fases:
- Durante el período 1965-1968 se ejecutaron las obras que permitían llevar el agua a Huelva desde el Embalse del Piedras: Presa del Piedras, Canal del Piedras, Conducciones en sifón desde la presa del Piedras hasta los depósitos del
Huelva, Puente Sifón sobre el Río Odiel, etc.
- A partir de 1968 y hasta los primeros años de la década de los 70 se ejecutó la captación de Bocachanza, el Canal del Granado, comprendiendo este la sección en canal trapecial, el Azud de Matavacas y el Túnel de San Silvestre como tramo
final.
- En 1978 se comenzó la ejecución de la presa de Chanza, la cual se finalizó en 1985.
Con posterioridad, con objeto de atender el incremento de la demanda, se recogieron determinadas actuaciones en la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional como obras declaradas de interés general del Estado, tal como prevé
el artículo 56.5 respecto de las actuaciones recogidas en el Listado de Inversiones del Anexo II; ejecutándose algunas de las obras contempladas para la ampliación de capacidad de regulación y de las infraestructuras de transporte. Así se ha
aumentado los recursos hidráulicos con la presa del Andévalo (presa del Andévalo. Anexo II LPHN), aguas arriba de la presa del Chanza; la capacidad de transporte se ha aumentado con los canales del Piedras (Recrecimiento del canal de Piedras.
Anexo II LPHN) y del Granado, con su recrecimiento (Ampliación de la conducción entre la presa del Chanza y el Túnel de San Silvestre. Anexo II LPHN).
Siendo una obra de interés general del Estado esta última obra no se culminó para dar toda la capacidad de transporte y solo se ejecutó el 'Proyecto Modificado N.° 1 de la ampliación de la conducción entre la presa del Chanza y el Túnel de
San Silvestre (Huelva)', de marzo de 2003. De esta manera, aunque el canal del Granado está dimensionado para transportar un caudal teórico de 20 m3/s, su capacidad de transporte está limitada hasta un caudal inferior a 10 m3/s, por el Túnel de San
Silvestre, cuyo desdoble no se completó de forma paralela a las obras de recrecimiento del canal de El Granado, como tramo final del mismo.
La actuación íntegra de 'ampliación de la conducción entre la presa del Chanza y el Túnel de San Silvestre' no se finalizó con un modificado N.º 2, antes del traspaso de competencias a la Comunidad Autónoma de Andalucía en virtud del Real
Decreto 1560/2005, de 23 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos correspondientes a las cuencas andaluzas vertientes al litoral
atlántico (Confederaciones Hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana) y aún al día de hoy no se ha ejecutado. No obstante, este traspaso de competencias no desvirtúa el carácter de interés general del Estado de la actuación y sigue estando
dentro de la esfera de competencias del Estado, como actuación recogida en el Anexo II de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, pendiente de finalizar en cuanto a la ejecución de su última fase.
El propio Real Decreto 560/2005, de 23 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos
correspondientes a las cuencas andaluzas vertientes al litoral atlántico, recoge en el apartado C) del Anexo: Funciones y servicios que se reserva la Administración del Estado, subapartado e), que el Estado se reserva la programación,
aprobación y ejecución de obras hidráulicas que sean de interés general del Estado o cuya realización afecte a alguna otra comunidad autónoma.
La finalización de esta actuación no solo es absolutamente imprescindible para atender las demandas de la Demarcación del Tinto Odiel y Piedras, sino que es esencial para transferir 15 hm3 adicionales a la Demarcación del Guadalquivir, y
atender el déficit estructural del acuífero de Doñana. Hay que recordar que se autorizó por Consejo de Ministros de 15 de febrero de 2008 una transferencia de 4,99 hm3 para la comarca de Doñana y que actualmente se está tramitando una Proposición
de Ley en el Parlamento de la Nación a iniciativa del Parlamento de Andalucía.
En este sentido, la futura Ley del Trasvase de los 15 hm3 adicionales desde el Tinto, Odiel y Piedras al Guadalquivir no haría sino redundar en el carácter de obra de interés general del Estado de esta actuación, pues así lo requiere el
propio artículo 46.4 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
Por las razones expuestas, no se puede sino reafirmarnos en la necesidad de la finalización de la obra y del carácter estatal de la misma, por cuanto que es una infraestructura inacabada de interés general de Estado, además es una actuación
imprescindible para un trasvase, de la legislación de aguas requiere su previa declaración de obra de interés general del Estado a través de una norma legal que apruebe o modifique el Plan Hidrológico Nacional.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que ejecute el aumento de capacidad del Túnel de San Silvestre como parte integrante de la obra de interés general del Estado 'Ampliación de la conducción entre la presa del Chanza y el túnel
de San Silvestre' del Listado de inversiones previstas en el Anexo II de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional para permitir el mayor caudal de transporte de agua desde el canal del Granado proyectado de 20 m3/s, atendiendo
así a las demandas de recursos hídricos de la provincia de Huelva, además de permitir la transferencia adicional de 15 hm3 a la Demarcación del Guadalquivir para la recuperación del Acuífero de Doñana y contribuir al equilibrio hídrico del entorno
del Parque Natural y Nacional de Doñana.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2018.-Josefa Inmaculada González Bayo y José Juan Díaz Trillo, Diputados.-Rafael Simanca Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003012
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para negociar con la UE para revisar y simplificar los procedimientos que eliminen las trabas burocráticas relacionadas con la ejecución del FEMP, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
España según el último informe de CEPESCA de 2017, es el primer productor industrial de la Unión Europea en pesca con el 20 % de la producción -en 2016 capturó más de 898.335 toneladas de pescados y mariscos y ocupa el primer lugar tanto en
volumen como en valor, ya que la práctica totalidad de nuestras capturas se destinan al consumo humano y no a harinas.
Nuestro país ocupa el puesto 18 de producción del mundo, con el 1,10 % de las capturas marinas mundiales, que ascendieron a 81,5 millones de toneladas en 2014. Lejos de China, que capturó 14,8 millones de Tm; Indonesia, con 6,1 millones de
Tm, y Estados Unidos, con 4,9 millones de Tm.
Posee la flota más importante de la UE en términos de capacidad (GT), con el 23,6 % del total, y, según el Registro Europeo de Buques, ocupa el tercer lugar de la flota comunitaria en número de barcos, tras Grecia e Italia, con el 11 % del
total -9.299 buques de los 83.780 europeos en 2016-, y representa el 0,39 % de la flota mundial, que cuenta con 4,6 millones de buques.
Genera el 22 % del empleo pesquero de la UE, con 33.288 tripulantes de los 151.000 que hay en total. Cuatro países: España, Italia, Grecia y Portugal, concentran el 70 % del empleo del sector de la pesca en Europa. Respecto a los empleos
mundiales, 56,6 millones de personas, nuestro país representa el 0,06 %.
Tenemos reconocidas más de 1.000 especies pesqueras de interés comercial, ocupando así el primer puesto en variedad de pescado en la UE y en el mundo. Somos los segundos consumidores de la Unión Europea, por detrás de Portugal, y los
quintos del mundo, tras Japón, Islandia, Noruega y Portugal.
El consumo de pescados y mariscos en los hogares españoles volvió a caer en 2016 con un descenso del 1,6 %. El consumo per cápita ha pasado de 25,9 kilos en 2015 a 25,49 kilos en 2016.
Dada la importancia socioeconómica de la actividad pesquera en nuestro país, es necesario mantener un fondo de pesca específico y accesible para aplicar la política pesquera común (PPC), con el fin de garantizar la sostenibilidad de la
acuicultura y la pesca en nuestro país, establecer un plan de selectividad a fin de evitar los descartes, reducir la carga financiera de la obligación de desembarque y facilitar su cumplimiento, y lograr el objetivo del rendimiento máximo
sostenible.
La PPC es competencia exclusiva de la Unión Europa, y por tanto, los fondos financieros que se pongan a disposición para esta política han de ser suficientes para poder alcanzar los ambiciosos objetivos establecidos en el Reglamento de base.
Actualmente el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) solo representa el 0,6 % del MFP 2014-2020 total.
El Brexit no puede utilizarse como excusa para reducir la financiación futura, por ello es fundamental que los fondos financieros se mantengan, al menos, al mismo nivel, algo fundamental para nuestro país teniendo en cuenta la importancia
socioeconómica de nuestra pesca.
Se necesita dotar de mayor claridad el FEMP en la tramitación de las ayudas que el fondo recibe, sería necesario una mayor concreción y simplificación al respecto, mayor flexibilidad en la asignación de los créditos.
Además, se hace necesario medidas para garantizar que el Fondo Europeo de Pesca posterior a 2020 se ejecute de una manera más rápida, flexible y menos burocrática, sin retrasos que sigan perjudicando al FEMP 2014-2020. Y con mayor dotación
financiera.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Negociar con la UE para que se revisen y simplifique los procedimientos que eliminen las trabas burocráticas relacionadas con la ejecución del FEMP.
2. Dada la importancia socioeconómica de la actividad pesquera en nuestro país, plantear ante la UE que se garantice un nuevo Fondo Europeo de Pesca para después de 2020 y dotarlo de más recursos económicos, adoptando asimismo medidas para
que pueda ejecutarse de una manera más rápida flexible y menos burocrática.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2018.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003014
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
relativa a la mejora del control y transparencia de todas las actuaciones y episodios de contaminación en el cauce del río Segura, en su tramo del municipio de Murcia, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
A lo largo de los últimos meses, el río Segura en su tramo del municipio de Murcia ha sufrido múltiples episodios de contaminación y daño ambiental que están provocando serias preocupaciones entre los murcianos y murcianas.
Cabe recordar que solo desde este verano pasado hasta estos momentos, se han dado episodios de capas de algas verdes en su superficie, peces muertos, informe de aguas no aptas para el baño, determinación de ausencia de oxígeno o repetidos
casos de espumas y detergentes en el caudal.
En todos estos sucesos ha habido además un elemento común: la ausencia de exigencia de responsabilidades y de información de la Confederación Hidrográfica del Segura. Solo después de denuncias públicas, reportajes periodísticos, notas de
prensa de asociaciones ambientalistas o de los propios grupos políticos de la oposición en el ayuntamiento de Murcia se ha escuchado alguna tibia preocupación por parte de los responsables institucionales.
El último episodio que ha generado alarma social ha sido, la actuación desde hace unas semanas en el cauce del río Segura a cargo de una máquina tanque, para supuestamente desbrozar el exceso de vegetación de cañas en los márgenes, y que
está causando daños en el fondo del cauce y la ribera y produciendo un gran impacto ambiental.
Sin embargo, los murcianos y murcianas no han tenido información seria y rigurosa, por parte de los máximos responsables ni municipales ni regionales, de lo que ha ocurrido en cada uno de estos casos, ni explicaciones convincentes de las
causas, ni por supuesto, propuestas de medidas correctoras.
Una situación que no podemos tolerar y que adolece de la falta de exigencia de explicaciones, información y transparencia del principal organismo responsable de la gestión y calidad de las aguas de la cuenca de nuestro río, la Confederación
Hidrográfica del Segura.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno al estudio y toma en consideración de las siguientes actuaciones:
- Exigir información puntual, periódica y exhaustiva a la Confederación Hidrográfica del Segura del estado del agua, episodios de contaminación y actuaciones en el cauce y la ribera del río Segura.
- Publicar en la web www.murcianatural.carm.es la información periódica sobre los principales parámetros del estado del agua del río Segura y de todas las actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Segura en la cuenca dentro de nuestra
Región, así como de los informes ambientales necesarios para cada una de estas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2018.-María González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003015
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
para finalizar el plan de defensa contra avenidas y minimizar el riesgo de riada e inundación sobre la población y el sistema productivo en la subcuenca Nogalte-Béjar-Biznaga (Cuenca del Guadalentín), en los municipios de Lorca y Puerto Lumbreras,
tras la riada de San Wenceslao de 2012, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El pasado 28 de septiembre se cumplieron cinco años de la catastrófica 'Riada de San Wenceslao', que asoló una parte importante de los municipios de Lorca y Puerto Lumbreras, en la Región de Murcia,
dejando a su paso la pérdida de siete vidas humanas así como daños materiales millonarios: 6.000 hectáreas de cultivo anegadas e inservibles, miles de cabezas de ganado perdidas, infraestructuras destrozadas, cientos de viviendas inundadas,
pérdida de enseres, daños en el mobiliario urbano, etc. Los destrozos ocasionados por la riada pusieron en evidencia la necesidad de finalizar el Plan de Defensa Contra Avenidas en la subcuenca formada por las ramblas de Nogalte, Béjar y Torrecilla
y en el colector natural de dicha área drenada por la rambla de Biznaga, en los términos municipales de Lorca y Puerto Lumbreras, en la Región de Murcia. También se hace necesario llevar a cabo desde la Administración competente un exhaustivo
control de las obras privadas que se han ejecutado, se ejecutan o se van a ejecutar en el área (cercas, muros de contención, muros de cierre, cambios de pendiente y nivelación, nuevas roturaciones, construcción de edificios, naves industriales,
granjas...) y el necesario mantenimiento de las obras públicas que atraviesan el territorio: autovía Lorca-Águilas (RM11), antigua carretera de Águilas (MU-621), colectores y redes de saneamiento, línea de ferrocarril Lorca-Águilas, carreteras y
caminos rurales, canales de riego y de drenaje, etc. Es decir, se tiene que proceder a una adecuada ordenación y gestión del territorio para evitar la generación de barreras artificiales que dificulten el paso de las aguas de escorrentía o que
estas sean redirigirlas a zonas habitadas desde los cauces históricos.
Transcurridos más de cinco años desde la tragedia, la inquietud de los vecinos de las diputaciones de El Esparragal, Almendricos, Purias, Torrecilla, Campillo y Cazalla que se vieron afectados, no hace más que crecer cada vez que hay amenaza
de lluvias torrenciales en la Región de Murcia, pues se sienten vulnerables y desprotegidos frente al riesgo de inundación que padece el área donde viven día a día. Son conscientes que aquella catástrofe puede volver a repetirse. Los vecinos se
sienten totalmente decepcionados y abandonados por parte de las administraciones públicas ante la falta de adopción de medidas definitivas que reduzcan al mínimo el riesgo de riada e inundación en la subcuenca que forman las ramblas de Nogalte,
Béjar, Torrecilla y su colector, la rambla de Biznaga, área densamente poblada y de las más productivas desde el punto de vista agropecuario de la comarca.
Resulta evidente que el riesgo de inundación en la zona no quedará resuelto hasta que se ejecute lo que resta del Plan de Defensa Contra Avenidas aprobado en 1977 (ampliado en 1987) y que conllevaba en esta zona de la cuenca la construcción
de varias presas de laminación de avenidas en las ramblas que drenan sus aguas hacia la rambla de Biznaga y una red de drenaje, con lo que se pretende gestionar las aguas de avenida y su evacuación controlada a su paso por lugares habitados. Esto
supone en definitiva, la planificación y desarrollo de un plan integral de actuaciones a ejecutar en varias anualidades, priorizando las actuaciones necesarias, para hacer de esta zona densamente poblada de los municipios de Lorca y Puerto
Lumbreras, en la Región de Murcia, un espacio habitable seguro y eliminar el perjuicio económico que las lluvias torrenciales acarrean para la economía lorquina y lumbrerense con demasiada periodicidad. En estos momentos y ante la falta de
actuaciones, una gota fría similar puede volver a generar el caos y la tragedia vivida el 28 de septiembre de 2012, por lo que entendemos que esta debe ser una prioridad para los gobiernos de Murcia y Madrid.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que solicite a la Confederación Hidrográfica del Segura:
1. Estudiar la posibilidad de creación de zonas de influencia, de manera provisional en tanto no esté ejecutado el plan, con el objetivo de restar velocidad y capacidad destructiva al agua, a través de bandas transversales de hormigón en
puntos estratégicos.
2. Acometer la elaboración, en el transcurso del presente año y con el fin de dar una solución integral y definitiva al problema del riesgo de inundación en la subcuenca de las ramblas de Nogalte, Béjar, Torrecilla y su desagüe por la
rambla de Biznaga (Cuenca del Guadalentín) en los municipios de Lorca y Puerto Lumbreras, de un Plan Integral de Defensa Contra Avenidas, que incluya una memoria y la calendarización de actuaciones en base a su preferencia atendiendo a la protección
primaria de la población residente y su sistema productivo, resultando esencial la construcción de presas de laminación de avenidas en la parte alta de las cuencas de las ramblas más problemáticas por los desaforados
caudales que pueden llegar a generar (Nogalte, Béjar y Torrecilla), la restitución de los cauces históricos y la creación de una red de drenaje natural que finalice en la rambla de Biznaga.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2018.-María González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003024
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
daños ocasionados por las heladas en la Región de Murcia, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Durante las madrugadas del 23 y 24 de febrero de este año se sufrieron dos heladas, con picos de hasta 6 grados bajo cero, que afectaron principalmente a las variedades extratempranas de nectarinas y melocotones en los municipios de Cieza,
Calasparra, Abarán y Blanca en la Región de Murcia. Las primeras valoraciones son preocupantes y, aún a la espera de que los peritos realicen su trabajo y determinen el daño real provocado por las heladas, ya ha afirmado la Consejería de
Agricultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que los daños ascienden a 25 millones de euros, 12 de ellos tan solo en Cieza.
Es urgente la respuesta de las diferentes administraciones para asegurar ayudas que palien las pérdidas de los productores y que, al mismo tiempo, alivien la destrucción de miles de jornales en la recolección de la fruta que estaba prevista
cosechar entre finales de abril y la primera quincena de mayo. A lo que habría que sumar los puestos de manipulación en las cooperativas, que también se verán afectados.
La riqueza y variedad de la agricultura de la Región de Murcia, con rendimientos muy altos, requiere unas condiciones de aseguramiento especiales para que el sector agrario continúe siendo potente, competitivo y un gran yacimiento de empleo.
Los/as productores de fruta de la Región de Murcia cuentan con una tradición aseguradora elevada a través del sistema de seguros agrarios, pero esta tendencia se ha quebrado en los últimos años debido a las limitaciones existentes a la hora de
contratar las opciones de helada y falta de cuajado, problemática que ha afectado a la hora de realizar la contratación del seguro de frutales.
Teniendo claro que 'lo que es asegurable no es indemnizable vía Decreto' sí cabría considerar que en este caso, con las coberturas actuales y el sistema de limitación de rendimientos, los/as productores/as de fruta de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia no pueden asegurar el 100 %, suponiendo esto un infraseguro de su cosecha, por lo que la parte que no es posible asegurar sería susceptible de ser cubierta a través de un Decreto de medidas excepcionales.
Es pertinente mencionar que los equipos de gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Cieza, como el de Calasparra han estado a pie de campo desde el primer minuto apoyando y mostrando el compromiso del ayuntamiento con sus vecinos afectados. Y
han reclamado ya ayudas a las distintas administraciones para minimizar los efectos de las heladas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, ante los daños materiales producidos por las heladas recientemente sufridas en las poblaciones de la Región de Murcia, en Cieza, Calasparra, Blanca y Abarán insta al Gobierno a:
1. Tomar medidas que ayuden a paliar los daños sufridos por los agricultores murcianos que no han podido asegurar sus producciones debido a las limitaciones a la hora de contratar en el seguro de frutales las opciones de heladas y falta de
cuajo.
2. Procurar junto con la Entidad Estatal de Seguros Agrarios y AGROSEGURO, la inclusión de mejoras en las condiciones en la contratación del seguro agrario para los/as agricultores de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, tales
como:
a) El seguro por falta de cuajado sea opcional e independiente de la helada.
b) El riesgo de pedrisco, heladas y excepcionales tengan un rendimiento libre próximo a la producción esperada.
c) Dar cobertura a las pérdidas de cosecha de frutales extratempranos y otras variedades.
d) Aplicar un sistema de zonificación en función de los riesgos y de los grupos varietales que puedan existir según campañas anteriores.
e) Recuperar los techos de subvención en el seguro agrario, por parte de ENESA.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2018.-María González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003028
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a iniciativa de la Diputada Eva García Sempere presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, relativa al derecho de utilización de semilla por parte de los agricultores y agricultoras, y la limitación a los
derechos de los obtentores vegetales.
Exposición de motivos
La FAO, a través de su división de Recursos Fitogenético, nos recuerda de forma permanente que cada año desaparece el 2 % de la biodiversidad agrícola en el mundo. En apenas un siglo, se han perdido el 72 % de las variedades existentes.
Este hecho marca un indicador de vulnerabilidad en un contexto en el que la resiliencia y capacidad de adaptación al cambio climático es esencial para garantizar nuestros sistemas agrarios. Todos los centros e instituciones de investigación
reconocen que una agricultura basada en bajos niveles de variabilidad genética es una agricultura menos resiliente a futuro. El control de las multinacionales sobre los recursos fitogenéticos y su esfuerzo por extender ciertas variedades de
semillas determina la evolución de la agricultura hacia los monocultivos. La gran riqueza varietal de nuestro país, tanto en cultivos hortícolas y frutales, como en cultivos más continentales, cereales, leguminosas y proteaginosas, debe suponer una
ventaja para nuestra agricultura. Nuestro sistema de protección, conservación y uso de los recursos fitogenéticos debe garantizar la biodiversidad disponible, así como los derechos de los agricultores y agricultoras garantes de la biodiversidad
cultivada. El paquete legislativo en la materia debe pues desarrollar un proyecto ambicioso de conservación y desarrollo de esa riqueza, que no es sino la conclusión del trabajo de generaciones de hombres y mujeres en el campo.
En coherencia con lo anterior, el artículo 9.1 del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación (TRRFFAA) contempla los derechos del agricultor. Por su parte el Protocolo de Nagoya, como parte
del Convenio para la Diversidad Biológica, reconoce el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización. Posteriormente, el artículo 51 de la Ley 30/2006, de 26 de julio, de
semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos lo integra en nuestro ordenamiento. Sin embargo la Ley estatal deja fuera un elemento esencial. En concreto, nuestro legislador dejó fuera 'el derecho a participar equitativamente en la
distribución de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos fitogenéticos' [art. 9.1 b) del TRRFFAA].
Paradójicamente, frente al reconocimiento del interés general y de los derechos de los y las agricultoras, el sector de las empresas dedicadas a la investigación y producción de semillas está cada vez más concentrado: 5 empresas controlan
el 75 % del mercado mundial y el proceso continúa avanzando. Con la
creación en 1961 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) y las dos actas posteriores de 1978 y 1991, se otorga mayor protección a los obtentores. Con la entrada en vigor de la normativa comunitaria,
recogida en el Reglamento 2100/94, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, se creó un 'instrumento de protección', que si bien no excluye a las pequeñas empresas o los centros de investigación, en
la práctica ha beneficiado a las grandes empresas reproductoras de semillas, que les brindó la oportunidad de cobrar unas remuneraciones a las y los agricultores por la utilización de unas semillas que durante siglos estos y estas han ido mejorando.
En España se ha seguido la estela de protección de 'las empresas y obtentores vegetales'. Primero se promulgó el Real Decreto 1709/1997, de 14 de noviembre, por el que se regula el acondicionamiento de granos destinados a la siembra, que
condiciona el derecho de los agricultores y agricultoras a emplear en la siguiente siembra 'grano de variedades protegidas' de especies incluidas dentro del alcance del privilegio del agricultor (trigo, cebada, centeno, maíz y leguminosas) a cambio
de una compensación económica o canon pagado a la empresa, y prohíbe en todo caso utilizarlas sin el permiso de la empresa obtentora y sin pagarle un canon para compensar los gastos de investigación para lograr esas variedades mejoradas. La
legislación otorga la responsabilidad exclusiva de vigilancia a los titulares del derecho de obtención en cuanto al control de la aplicación de las condiciones del 'privilegio del agricultor', teniendo en cuenta que se deben proteger los intereses
legítimos del obtentor y del agricultor o agricultora.
De esta manera, en los diez años siguientes a la aprobación de la ley, apenas se establecieron controles y seguimiento. La principal causa de que se siguiera utilizando, no sin problemas, grano de variedades protegidas sin el pago del canon
correspondiente fue la dificultad de verificarlo por los obtentores. En este contexto se aprueba la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales, que fue modificada por la Ley 3/2002, de 12 de marzo,
de modificación de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales para introducir las cuestiones de inconstitucionalidad referidas al reparto competencial. El Real Decreto 1261/2005, de 21 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de protección de obtenciones vegetales desarrolló determinados preceptos de la Ley y terminó de consolidar el predominio de los derechos de los obtentores vegetales frente a los derechos de los
agricultores y agricultoras.
El artículo 3.1 de la Ley 3/2000 define obtentor como 'la persona o entidad que haya creado o descubierto y desarrollado una variedad, o sus causahabientes'. Siguiendo con esta lógica, el artículo 12 de la misma Ley establece el alcance de
los derechos del obtentor de forma muy amplia, para luego extender la autorización de este obtentor en el artículo 13 a otra serie de supuestos fuera del alcance de los derechos, pero que obligan siempre a informar y pedir permiso a los o las
agricultoras. De esta forma, lo único que establece la Ley en el artículo 14 es una excepción en beneficio de las o los pequeños agricultores. Es cierto que la categorización de lo que la Ley y el Reglamento entienden por 'pequeño agricultor'
permite incluir a muchos profesionales; sin embargo, entendemos que no es este el enfoque que debería haberse mantenido en la Ley. La cuestión central es compatibilizar los derechos de los agricultores y agricultoras con los de los obtentores.
Ni la Ley 3/2000, como el RD 1261/2005 que desarrolla el Reglamento, establecen límites a los derechos de los obtentores, como corresponde a la materia de la que hablamos. El artículo 15 de la Ley establece como limitaciones los actos
realizados en el ámbito privado, los actos realizados con carácter experimental y los realizados para obtener otras variedades.
Por otra parte, las organizaciones agrarias y las redes de producción y conservación de semillas llevan años reclamando, tanto el reconocimiento y desarrollo de los Programas de Conservación y Experimentación in sito (en las fincas de los
agricultores), como el desarrollo de un Registro de Variedades de Conservación -al margen, y en una lógica diferente- al Registro de Variedades comerciales con caracterización morfológica, agronómica y etnobotánica, memoria agraria y cultural y
territorio asociado. El desarrollo de este Registro contribuiría a evitar la piratería y la apropiación indebida de variedades por parte de la industria y los grandes obtentores facilitando la posibilidad de hacer efectivo el derecho conculcado por
la Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos a participar equitativamente en la distribución de beneficios.
En este contexto, recientemente se ha dado otro paso más en perjuicio de las y los agricultores. El artículo 18 de la Ley 3/2000 estableció que la protección del derecho del obtentor se extiende durante 25 años desde su reconocimiento en el
caso de cultivos de ciclo corto, y 30 años para los cultivos permanentes,
períodos superiores en cinco años a los establecidos por el Convenio de la UPOV. Al mismo tiempo, el artículo 10 del RD 1261/2005 que desarrolla el Reglamento, se refiere al 'nivel de remuneración' que deben pagar los agricultores a los
obtentores, y establece que será norma de aplicación prioritaria los acuerdos y convenios establecidos entre las partes.
En el tiempo transcurrido desde la promulgación de la Ley, se ha consolidado la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (ANOVE) y ha generado la entidad de interés económico conocida como GESLIVE (Gestión de Licencias Vegetales) que
apunta la tendencia de las empresas de semillas hacia un mayor control, no ya solo de los mercados de semillas mejoradas y consideradas comerciales, sino de la propia semilla producida por el o la agricultora para su autoconsumo, producción, y su
intercambio y/o comercialización. En la base está una circunstancia muy importante y es que, en España, el 75 % de la superficie de cereal y leguminosa -y en algunos lugares como Castilla y León, el 85 %- se siembra con semilla que reutilizan los
propios agricultores o agricultoras.
La semilla certificada comercial para la venta al agricultor o agricultora se clasifica en dos categorías R1 y R2. Las dos primeras son producidas por agricultores-multiplicadores que han contratado con la industria la obtención de semillas
para las campañas siguientes. Por su parte, la R2 se adquiere, pero se destina fundamentalmente a la producción de grano aunque también se utiliza para la producción de semilla. Toda la semilla comercial debe de ser certificada, en caso contrario,
no puede entrar en el circuito comercial. Sin embargo, no puede obviarse que el destino de la R2 es el mismo que el de la no certificada, pero su precio es casi el doble. A partir de la tercera reproducción (R3, R4...) no es necesaria la
certificación de la Administración, y supone un ahorro para las y los agricultores, llegando a ser su precio inferior a 200 /tonelada.
Un estudio realizado constata que el coste por la utilización de variedades protegidas o su reutilización no resulta rentable para todos los agricultores o agricultoras. Tanto es así, que en las comarcas agrarias con un Índice de
Rendimiento Comarcal (IRC) por debajo de 3Tn/ha, el beneficio derivado del incremento de la productividad no compensa. Así, una comarca con un IRC de 2.500 kg/ha, tendrá unos ingresos de 445C/ha, sobre unos costes de producción de 471 /ha, y por
lo tanto, unas pérdidas de -26 /ha. Sin embargo, se empiezan a observar ligeros beneficios cuando el IRC es de 3.000 kg/ha o superior.
En este contexto, en julio de 2017, se firmó un Convenio Marco sobre el reempleo de granos para siembra suscrito entre la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (ANOVE) y varias organizaciones del sector, y que fue avalado o auspiciado
por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Con base en el artículo 10 del RD 1261/2005 se establece un canon permanente durante 25 años que las y los agricultores deberán pagar por el uso constante de grano de
variedades protegidas de cereales y leguminosas de la cosecha del propio agricultor, utilizado en su propia explotación más allá de R2. El acuerdo se ha comenzado a aplicar en la campaña de invierno de 2017-2018.
Esta forma de regular el canon es absolutamente atípica, injusta y abusiva. Los agricultores ya pagan un alto coste por la compra de semillas certificadas (en el que van implementados los royalties derivados de la investigación), con un
precio que triplica el precio del grano y que supone un beneficio que va desde 2,7 /Qm a 6,04 /Qm dependiendo de la variedad parietal de la semilla utilizada. ANOVE está ejerciendo un abuso de posición dominante, respaldada por una normativa
injusta puesta a su servicio.
Como el acuerdo alcanzado tiene como único objetivo compensar al sector de las semillas, se ha simplificado la cantidad a pagar, de forma que, si antes la contribución era diferente según la variedad que se utilizaba, ahora se ha unificado
en una sola tarifa. El sistema de pago, además, confirma el objetivo estableciendo dos opciones; o bien el agricultor puede pagar directamente en el operador que le limpia la semilla (si lo hace así paga por la cantidad de semilla que limpie y el
pago es de 12 euros/por tonelada o 1,2 euros por quintal, independientemente de la variedad que sea), o si lo prefiere puede hacer el pago en el momento de hacer la PAC, y en función del número de hectáreas sembradas. En este caso el pago está
modulado en función del rendimiento comarcal del plan de regionalización, lo que ajusta levemente las cantidades.
Estamos hablando de que el coste para un agricultor de 30 has de cereal sería aproximadamente de 50 euros al año. La cantidad individual puede parecer reducida, pero debemos contrastar el dato con los ingresos medios de un agricultor o
agricultora y con el volumen total de lo que supone en el estado como beneficio añadido para las empresas.
La aplicación de las cantidades recaudadas (equivalentes al 50 % del royalty comercial de la variedad) será para los siguientes conceptos: el 50 % como retribución directa a las empresas obtentoras de semillas; el 15 % a las cooperativas y
acondicionadores por gastos de gestión; el 5 % a las asociaciones firmantes
para actividades de formación; el 30 % para medidas de apoyo a la investigación y la calidad de la semilla, divididas en un 15 % con destino a un fondo de investigación y desarrollo de variedades en España, cogestionado por Cooperativas y
GESLIVE y el 15 % con destino a ayudas para la compra de semilla certificada.
Es vital, por lo tanto, que se introduzcan ciertos cambios normativos que equilibren la relación entre los derechos de los agricultores y agricultoras y los derechos que puedan tener los obtentores vegetales.
Por todo ello presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Modificar el artículo 51 de la Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos para incluir el derecho de los agricultores y agricultoras a participar equitativamente en la distribución de los
beneficios que se deriven de la utilización de los recursos fitogenéticos.
2. Modificar la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales para desarrollar las limitaciones a los derechos de los obtentores vegetales, incluyendo los derechos de las y los agricultores
ampliando la actual regulación de forma que se equilibren de manera adecuada.
3. Introducir en la legislación de obtenciones vegetales medidas concretas para evitar la piratería o la apropiación de variedades tradicionales incluidas en los registros correspondientes.
4. Modificar el artículo 10 del Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de protección de obtenciones vegetales que establece las normas de remuneración para que esta cuestión sea regulada mediante
instrumento legal, articulando las condiciones del 'privilegio del agricultor' y de los obtentores de manera justa. Esto implicaría anular el Convenio Marco de reemplazo de semillas para siembra.
5. Restablecer los derechos de los agricultores y agricultoras prescindiendo del pago de royalties a partir de la R2, ya que durante años son quienes han cuidado y conservado las semillas que actualmente pertenecen a los obtentores.
6. Introducir cambios en el RD 1261/2005 para establecer la reducción temporal del derecho de obtención vegetal a 20 años, tal y como establece el Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV).
7. Establecer una baremación pública en el pago de royalties de las semillas en función de los rendimientos comarcales ofreciendo un tratamiento diferenciado dependiendo de la comarca agraria a la que se pertenezca, y estableciendo un
porcentaje de pago diferente en función del Índice de Rendimiento Comarcal (IRC) que disminuya progresivamente.
8. Regular el intercambio de material vegetal entre agricultores o agricultoras y la venta a pequeña escala para facilitarlo y despenalizarlo.
9. Imponer restricciones a la biopiratería, exigiendo una declaración pormenorizada del origen del material vegetal utilizado en el proceso de mejora de aquellas variedades para las que se soliciten derechos privados de obtención.
10. Establecer líneas de ayudas para fomentar la creación de cooperativas y pequeñas empresas para la producción y comercialización de semillas de variedades locales.
11. Modificar el artículo 273.4 del Código Civil para eliminar el delito y despenalizar a los agricultores que actuando en virtud del 'privilegio del agricultor' produzcan o reproduzcan o acondicionen material vegetal de reproducción o
multiplicación de una variedad vegetal protegida para utilizarlo en su propia explotación sin consentimiento del titular de un título de obtención vegetal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2018.-Eva García Sempere, Diputada.-Alberto Garzón Espinosa y Txema Guijarro García, Portavoces del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003035
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre los
daños producidos por el temporal que azota la provincia de Huelva, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El temporal de viento y lluvia que desde el pasado 28 de febrero azota la provincia de Huelva ha provocado serios destrozos en varios municipios, sobre todo en la zona de la costa. Una situación que se repite todos los inviernos y que cada
año va a más y produce más destrozos.
Además, hay que tener en cuenta que las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología son que las lluvias continuarán durante varios días.
El temporal de viento y lluvia que durante desde este miércoles azota la provincia de Huelva, desgrana sus consecuencias en la franja litoral, así como en la capital, donde los bomberos atienden desde primera hora de la mañana, constantes
avisos de inundaciones en locales comerciales y garajes.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar un Real Decreto-ley que arbitre las ayudas necesarias para paliar los daños personales y materiales producidos por el temporal de viento y lluvia que desde el pasado 28 de febrero
azota la provincia de Huelva, especialmente su litoral, que contemple al menos las ayudas, subvenciones, beneficios y demás medidas previstas en la Ley 14/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños
producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias Comunidades Autónomas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2018.-José Juan Díaz Trillo y Josefa Inmaculada González Bayo, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003036
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre ampliación de la estación depuradora de aguas residuales Murcia Este en el municipio de Murcia, Región de Murcia, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
En el actual Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrológica del Segura 2015/21, establece que los recursos hídricos totales disponibles en esta demarcación (estimados en 1350 hm3/año), están constituidos por los recursos propios,
convencionales y no convencionales, así como por los recursos hídricos externos. Dentro de los recursos hídricos no convencionales se incluye la reutilización de aguas depuradas, que el citado Plan alcanza un total de 136 hm3/año (un 10 % de los
recursos totales disponibles).
Dentro de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de la Cuenca del Segura, es la EDAR Murcia Este la que más agua trata unos 100.000 metros cúbicos diarios, lo que supone, según algunos estudios, un 25 % por encima de su capacidad.
Además, el propio Plan comentado exige un aumento en los próximos años del volumen total depurado por todas las EDAR de la demarcación del Segura, pasando de los 145 millones de metros cúbicos actuales a cerca de 160 millones de metros
cúbicos en 2021.
En estas circunstancias, en la EDAR Murcia Este nos encontramos ante, al menos, dos problemas que debemos resolver de forma urgente. En primer lugar, adaptar la EDAR Murcia Este al volumen de agua que dé respuesta al aumento de la demanda
esperada y llegue hasta los 175.000 metros cúbicos día que los expertos han exigido. Por otro, la adaptación tecnológica necesaria que permita un tratamiento terciario para incrementar los usos del agua depurada, como puede ser el riego.
Hace varios años, el director general del Agua de la Región de Murcia, hoy presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, anunció la licitación por 23 millones de euros de la ampliación de la EDAR. Además, hace más de dos años, el
ministerio de Medio Ambiente aprobó el anteproyecto para la ampliación de la EDAR Murcia Este y su estudio de impacto ambiental. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido y la enorme necesidad de agua depurada útil para riego que tiene nuestra
Región, no se sabe en qué situación se encuentra el proyecto, ni cuando se pondrá fecha a la licitación de las obras de ampliación de la estación depuradora prevista; a pesar de la importante dotación de fondos europeos que podía tener asignados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Agilizar los trámites administrativos necesarios para la ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Murcia Este.
2. Realizar las inversiones necesarias para la construcción de la ampliación de la EDAR Murcia Este, para que esta realice la depuración de mayor cantidad de agua y además dé un tratamiento terciario a las aguas residuales que recibe.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2018.-María González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/003023
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a reducir el precio de los medicamentos que en 2012 se dejaron de financiar por el Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
El Gobierno del PP excluyó 417 medicamentos de la financiación del Sistema Nacional de Salud en 2012 (Resolución de 2 de agosto de 2012 de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la
que se procede a la actualización de la lista de medicamentos que quedan excluidos de la prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud; BOE 197, 17/872012), prácticamente de forma simultánea a la aprobación del RDL 16/2012, de 20 de
abril, que incrementó el copago de los medicamentos, tanto para la población de activos como para pensionistas, hasta entonces exentos de copago, y que son precisamente los principales consumidores y necesitados de una mayor atención sanitaria en
general y farmacéutica en particular.
Los pensionistas consumen cerca del 80 % del total del gasto farmacéutico ambulatorio. A falta de cifras precisas, de las que dispone el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) pero que no hace públicas, desde esa
lamentable decisión los pensionistas aportan, según cálculos de diferentes expertos, entre 500 y 550 M anuales de la factura farmacéutica pública a través de las oficinas de farmacia como consecuencia del copago. Es decir 3.000 M en estos cinco
años hasta julio de 2017.
El Gobierno, además, ha venido incrementando los topes de aportación por tramo de edad cada año según el IPC, siendo este incremento siempre superior a la subida de las pensiones, que ha sido del 1-2 % en 2013 y 0,25 % a partir de 2014.
La desfinanciación de medicamentos, o 'medicamentazo', se sumó ese mismo año al incremento del copago farmacéutico. En septiembre de ese mismo año 2012 se dejaron de financiar públicamente 417 medicamentos con la excusa de estar indicados
para síntomas menores. Se trata de medicamentos de prescripción médica, seguros, de eficacia variable, pero probada en diversos casos, indicaciones frecuentes y un precio generalmente bajo. Muchos de estos medicamentos son tratamientos
coadyuvantes en enfermedades o condiciones frecuentes (antidiarreicos, mucolíticos, antitusígenos) que, aun siendo sintomáticos, siguen prescribiéndose con frecuencia.
Esta desfinanciación de medicamentos supuso otra nueva transferencia de gasto farmacéutico desde los presupuestos a los bolsillos de los ciudadanos, sobre todo de los pensionistas, por un valor que entonces se calculó en 400 M anuales.
Mientras el Ministerio sigue sin realizar ningún tipo de evaluación sobre el efecto sanitario y económico que han tenido estas medidas, sí existen diferentes estudios que alertan sobre sus efectos negativos, especialmente en pacientes
mayores, crónicos y muchas veces polimedicados, sobre la continuidad y adherencia a los tratamientos.
Puede adelantarse ya que más de 2 millones de españoles no tienen dinero suficiente para pagar sus medicinas, tanto activos como pensionistas, y que un 20 por ciento de nuestros mayores tuvieron que abandonar sus tratamientos durante los
años más duros de la crisis y en parte, además, para ayudar a sus hijos y nietos, aún en peor situación que la suya.
Pero más aún, la desfinanciación en 2012 de estos medicamentos, junto con la dejadez posterior del Gobierno, ha tenido como efecto el incremento desorbitado de los precios de estos medicamentos. La desfinanciación de estos medicamentos hace
que cuando el laboratorio fabricante pretende una modificación de su precio deba notificarlo al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el cual debe aprobarlo o desestimarlo en el plazo de un mes.
Según el propio Ministerio, un número importante de estos medicamentos han visto incrementado su precio con su autorización. Seguramente, el laboratorio ha buscado con ello compensar el menor consumo en unidades, derivado del disuasorio e
indeseable terapéuticamente abandono, con incrementos de precios.
Concretamente y según reconoce el Gobierno a través de una respuesta parlamentaria a los Diputados firmantes, cinco años después de la aprobación de la medida el precio de 175 de los 320 fármacos de cuyo precio ha informado el Gobierno ha
aumentado, en 65 casos hasta duplicarse e incluso triplicarse. Por el contrario, un solo medicamento ha bajado su precio, y el resto lo ha mantenido. En conjunto, el precio medio por envase ha pasado de 4,92 a 8,61 , un incremento medio del 75 %,
mientras las pensiones han 'crecido' un 3 % en todo el periodo.
El resultado de todo este conjunto de medidas sobre los medicamentos ha significado para el Sistema Nacional de Salud una reducción total de 8.900 M en el gasto farmacéutico por receta a lo largo de los seis últimos años (2012-2017). Por
el contrario, los hogares han aportado a lo largo de los últimos cinco años (2012-2016) 4.300 M más, según la encuesta de presupuestos familiares. Del total de 1.044 M , aportados de más por los hogares españoles en 2015 respecto a 2011, la
mitad, 547 M , han correspondido a jubilados con rentas inferiores a 18.000 . Así se entiende que el mercado total farmacéutico en oficina de farmacia se ha mantenido de manera estable a lo largo de este periodo, compensando la reducción del
gasto farmacéutico público con mayores aportaciones por copago y pago completo de medicamentos desfinanciados, siendo la cifra global de ventas en 2017 ya superior a la de 2012 (medicamentos con o sin prescripción).
En definitiva, el copago y la desfinanciación han representado una merma muy significativa sobre el poder adquisitivo de las personas, especialmente pensionistas, como mayores consumidores. La Asociación Acceso Justo al Medicamento ha
estimado que mientras una pensión media se incrementa en los últimos años 35 al año (0,25 %), el mayor pago de medicamentos significa para cada pensionista una media de 120 al año. Así se explica el efecto que ha tenido sobre el abandono de la
continuidad de los tratamientos.
Con esta iniciativa se trata de paliar al menos parcialmente esta situación, poniendo límites al crecimiento del precio de los fármacos desfinanciados, algo que resulta anómalo teniendo en cuenta la evolución de los precios del resto de
medicamentos financiados, cuyo precio ha tenido una tendencia a la baja.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar las medidas pertinentes para bajar el precio de los medicamentos que en 2012 se retiraron de la financiación del Sistema Nacional de Salud y que desde esa fecha han sufrido un incremento del mismo.
2. Realizar un estudio sobre el efecto que la exclusión de estos medicamentos tiene en el cuidado de enfermedades crónicas, incluyendo sus indicaciones actuales, su posible sustitución por otras moléculas con mejor relación coste-eficacia,
y el efecto desplazamiento indeseable que se haya podido producir hacia medicamentos de igual indicación, eficacia pero mayor precio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2018.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Jesús María Fernández Díaz, María Guadalupe Martín González, Miriam Alconchel Gonzaga y Pere Joan Pons Sampietro, Diputados.-Rafael Simancas Simancas,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cultura
161/003030
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la Conmemoración del
Centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Benito Pérez Galdós, natural de Las Palmas de Gran Canaria, falleció en la capital de España la madrugada del 3 de enero de 1920. Se trata de uno de los mayores escritores de la literatura universal y uno de los personajes más influyentes
de la sociedad de su época, por lo que merece un reconocimiento nacional e internacional con ocasión del primer centenario de su muerte en 2020.
El escritor grancanario que dedicó casi sesenta años a sus lectores, tiene nombre universal por su constante dedicación a la novela y a la creación de aquellos inolvidables personajes como doña Perfecta, Fortunata, Marianela, Tristana,
Gloria o Manso, entre otros, que reflejaban la sociedad de su tiempo. Galdós reconstruyó los grandes acontecimientos históricos junto a la intrahistoria de la sociedad española, dignificó la novela española y educó el gusto del público; pero
también se ocupó de la educación e instrucción de la mujer. Novela, teatro, artículos en prensa, música, dibujos, ediciones, crítica musical, etcétera, son algunas de las distintas facetas en las que triunfó.
A día de hoy sus lectores siguen en aumento, y la investigación galdosiana ha traspasado las fronteras de los distintos continentes. Su investigación y su bibliografía promueven periódicamente el encuentro de estudiosos nacionales y
extranjeros en los diferentes congresos que celebra la Casa Museo Pérez Galdós, abierta al público en 1964 en su ciudad natal, y en torno a revistas especializadas. La revista Anales Galdosianos, voz de la Asociación Internacional de Galdosistas en
Norteamérica, a la que se suman otros reconocimientos como la cátedra Pérez Galdós en Gran Canaria, o los que tributan las dos ciudades galdosianas, Madrid y Santander, son prueba de su actualidad.
Gracias a este gran escritor conocemos la historia de España y sus entresijos. Más allá de todo este rico patrimonio, Galdós removió conciencias, puso en boca de sus personajes lo que en las tertulias y salones era tema de conversación, se
reveló ante el anacrónico sistema social desde su perspectiva de hombre liberal o reaccionario, haciendo un análisis profundo de la sociedad.
La vigencia de Benito Pérez Galdós es indiscutible, por ello las distintas administraciones públicas promoverán las actuaciones para la conmemoración de este primer centenario de su fallecimiento.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a apoyar los actos de conmemoración del primer centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós que se lleven a cabo por las diferentes administraciones e instituciones para la difusión
de su obra y del autor, que ponga en valor su figura en el mundo de las letras y la cultura española.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003040
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la Proposición no de Ley instando
al Gobierno a tomar las medidas necesarias para proceder a la apertura de una nueva sede del Instituto Cervantes en Washington DC, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Hace algo más de un año proponíamos al Gobierno el desarrollo de un proyecto de expansión del Instituto Cervantes por Estados Unidos para lograr una mejor difusión, proyección y protección de la cultura en español. Dicho proyecto se basaría
en promover un nuevo concepto del Instituto Cervantes -más allá de su papel en la enseñanza del idioma- como embajada de la cultura hispanoamericana y tendría como ejes el aumento del número de sedes y Aulas Cervantes (entre ellas ya destacábamos la
necesidad de establecer una sede en Washington DC), la colaboración con las principales instituciones educativas del país en el diseño de cursos y formación de profesorado y la necesidad de convertir al Cervantes en el agente principal de la
certificación del español a través de los certificados DELE y SIELE.
Más de doce meses después, nada ha cambiado: no hay plan de expansión o refuerzo del Instituto Cervantes. Ni en los Estados Unidos ni en ningún otro lugar.
Pero tampoco han cambiado las circunstancias que motivaron nuestra Proposición no de Ley del año pasado: el español sigue siendo el segundo idioma más hablado en los Estados Unidos (con más de 55 millones de hablantes, supera a la
combinación de quienes hablan francés, alemán, italiano, hawaiano, chino y todos los lenguajes originales nativo-americanos), la comunidad hispanohablante de los Estados Unidos es la segunda del mundo (solo por detrás de México y por delante de
Colombia y España), el peso numérico de la comunidad hispanohablante en el mundo sigue aumentando (superando ya los 570 millones) y el Instituto Cervantes sigue manteniendo la misma presencia en el país.
Paradójicamente, aunque el número de hispanohablantes en los Estados Unidos continúa aumentando, todos los estudios indican que el nivel de fluidez y corrección se ha ido deteriorando, acrecentando la importancia y la necesidad de las clases
regladas, así como de los programas de certificación de nivel y formación y certificación del profesorado. Ya no estamos solo ante una oportunidad para las instituciones dedicadas a la promoción o la enseñanza de nuestra lengua, sino ante la
obligación moral de contribuir a que el conocimiento del español mantenga su calidad mientras incrementa su importancia numérica.
Como ya hemos dicho en múltiples ocasiones, es necesario hacer un esfuerzo y reforzar significativamente la presencia del Instituto Cervantes en los Estados Unidos.
Washington DC no es solo la capital de los Estados Unidos, es también la sede del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de casi 200 embajadas, de la Organización de Estados Americanos, en ella se encuentran las sedes centrales de
centenares de organizaciones, sindicatos y empresas. Es,
indudablemente, uno de los centros neurálgicos del mundo occidental. La influencia de Washington DC sobre el resto de los Estados Unidos y la relevancia de lo que allí sucede es incuestionable.
Nos consta que el Ministerio dispone en propiedad de un edificio, pendiente de una reforma. Un lugar a todas luces idóneo y que facilita enormemente el proceso, además de reducir considerablemente la inversión necesaria para la apertura de
una sede del Instituto Cervantes.
Necesitamos un Cervantes en Washington DC. Posicionar al Instituto Cervantes como la institución de referencia en la enseñanza del español y, sobre todo, en su certificación en la capital de los Estados Unidos debe ser una prioridad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias, incluida si es necesario una partida presupuestaria extraordinaria, para abrir cuanto antes una nueva sede del Instituto Cervantes en Washington DC.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2018.-Marta María Rivera de la Cruz, Félix Álvarez Palleiro, Guillermo Díaz Gómez, Melisa Rodríguez Hernández y Fernando Maura Barandarián, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas,
Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003042
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a líneas de actuación de
apoyo a la cultura en el medio rural, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La declaración de Cork 2.0 'Una vida mejor en el medio rural', ha reconocido la importancia de las zonas rurales para la conservación de la gran variedad de paisajes naturales y culturales que forman parte del patrimonio europeo; atendiendo
a la diversidad económica, medioambiental y social que caracteriza a la Europa rural, que alberga a más de la mitad de la población de la UF y que cubre más de las tres cuartas partes de su territorio.
La cultura es un pilar fundamental en el mundo rural como estrategia de desarrollo local sostenible. Constituye un importante elemento de transformación social y económica, de desarrollo personal y colectivo, de mejora de la calidad de vida
de las poblaciones rurales y, por ende, de las estrategias de desarrollo demográfico y de equilibrio territorial.
Uno de los objetivos del Plan Cultura 2020 es promover una alianza social por la cultura, de apoyo a la circulación de proyectos y agentes culturales, con el objetivo específico de multiplicar el impacto de las buenas prácticas culturales,
favorecer su recepción y desarrollo en otros territorios, y facilitar la comunicación cultural entre los diferentes territorios y propiciar el conocimiento de la pluralidad y riqueza de sus respectivos patrimonios culturales mediante el apoyo a la
circulación de proyectos y agentes culturales.
Las actuaciones en este ámbito se llevan a cabo a través de la participación en órganos de cooperación con los gobiernos autonómicos y mediante el trabajo directo con operadores culturales, públicos y privados, de todo el territorio.
El Gobierno viene además atendiendo al valor estratégico de las industrias culturales y creativas para territorios socialmente desfavorecidos o en riesgo de despoblación, a través de diversas líneas de actuación proyectos en el ámbito de las
industrias culturales y creativas, en los grandes centros urbanos pero también en muchas otras partes de la geografía española.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en el seno de la Conferencia Sectorial de Cultura y en colaboración con la FEMP, iniciativas culturales en territorio rural que permitan el establecimiento y el fortalecimiento del
tejido cultural local y diseñar líneas de actuación específicas entre la cultura y el mundo rural.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Igualdad
161/003022
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
aprobación del II Plan de Acción para Mujeres con Discapacidad, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La doble discriminación que sufren las mujeres y niñas con discapacidad sigue estando presente de manera constante, en nuestra sociedad. Esta discriminación se hace manifiesta de diferentes formas, siendo debida principalmente a las
barreras, tanto sociales como técnicas, las cuales provocan la falta de accesibilidad a distintos ámbitos como educación, empleo, sanidad, participación política o de toma de decisiones.
Esto vulnera varios artículos de nuestra Carta Magna, como el 14 con su principio de igualdad y no discriminación: 'los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, sexo, raza o
religión, opinión o cualquier otra opinión o circunstancia personal o social'. Por su parte, el artículo 39, hace especial mención a las personas con discapacidad, afirmando que son los poderes públicos los que deben establecer medidas para su
integración, así como una atención especializada para que puedan gozar de los mismos derechos de toda la ciudadanía. De forma complementaria, se puede hacer alusión a su artículo 10 (dignidad de la persona) y al 9 (principio de libertad e igualdad
reales y efectivas).
Con respecto a la discriminación sufrida hacia las niñas con discapacidad, en concreto, se vulnera el derecho de la primacía del interés superior de la y el menor establecido en diversas normas internacionales como lo son la Declaración
Universal de Derechos Humanos, así como la Convención sobre los Derechos del niño, entre otras.
La suma de diversos factores como el hecho de ser mujeres, pertenecer al colectivo de personas con discapacidad, la etnia, el riesgo de exclusión social, orientación e identidad sexual, etc., las coloca en una posición de especial
vulnerabilidad a la hora de sufrir distintos tipos de violencia y agresiones por parte tanto de las instituciones, como de la sociedad en general.
La feminización de la pobreza es una realidad presente en la estructura social, la cual se incrementa notablemente en el caso de las mujeres con discapacidad, lo que provoca la imposibilidad en el acceso a los recursos de salud, educación y
servicios de apoyo, traduciéndose en situaciones de desempleo y de violencia a niveles muy severos, llevándolas a una situación de exclusión social extrema.
En nuestro país existe una brecha salarial manifiesta en función del género, así como techo de cristal y desigualdad, tanto horizontal como vertical, en las relaciones laborales. Según un estudio elaborado por UGT, a partir de datos
oficiales, la brecha salarial en España se sitúa en el 22,86 %, por lo que más de 7 millones de mujeres cobran casi 6.000 euros de media menos al año. Esta desigualdad se incrementa notablemente en la población con discapacidad.
Los problemas de accesibilidad y adaptación siguen presentes desde numerosos ámbitos y servicios. El plazo que se estableció para que espacios, productos y servicios cumplieran las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en
su acceso y utilización finalizó el 4 de diciembre de 2017.
A ello hay que añadir la falta de formación de profesionales que atienden a las mujeres desde diversos servicios e instituciones, que provoca que se las trate con un equivocado paternalismo, infantilización e incluso falta de veracidad.
Esto provoca que sufran agresiones tan graves como la violencia institucional, médica, sanitaria u obstétrica, donde se aprecia una total falta de adaptabilidad en las consultas ginecológicas y en programas de prevención como es el caso del de
cáncer de mama, lo que conlleva la imposibilidad de disfrute de sus derechos sexuales y reproductivos con plena libertad.
Es destacable la importancia del papel que juegan las asociaciones de mujeres con discapacidad, aportando herramientas a las propias mujeres para su empoderamiento, motivación, autoestima; y a sus familias, así como a todas las personas
profesionales de diversos ámbitos e instituciones de nuestra sociedad, sanitario, educación, empleo, prestaciones sociales, ocio, servicios sociales; por lo que deben ser apoyadas desde los poderes públicos.
En 2007 el Gobierno Socialista aprobó el Plan de Acción para Mujeres con Discapacidad, un plan que disponía de los medios necesarios para invertir la tendencia en lo que se refiere al ejercicio de derechos (civiles, sociales, y políticos) y
disfrute de recursos, fomentando su participación y modificando normas sociales y estereotipos discriminatorios. Transcurridos más de 10 años, este Plan debe ser actualizado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, a aprobar el II Plan de Acción para Mujeres con Discapacidad que recoja las acciones necesarias para que este
colectivo pueda lograr vivir una vida digna, plena, autónoma, libre, integral y en igualdad de condiciones y derechos, con la participación del propio colectivo. Un plan que:
1. Establezca medidas necesarias para la eliminación de barreras físicas y sociales existentes en una sociedad altamente 'discapacitante', siguiendo las directrices de la Estrategia Europea de Discapacidad 2010-2020.
2. Permita reforzar y dotar al tejido asociativo como forma de empoderar, crear redes y aunar esfuerzos en pos de la accesibilidad universal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2018.-Carmen Rocío Cuello Pérez, Ángeles Álvarez Álvarez y Victoria Begoña Tundidor Moreno, Diputadas.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003029
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada de Compromís Marta Sorlí, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 93 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre juguetes por
la igualdad, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
A través del juego y los juguetes, las nuevas generaciones aprenden y reproducen patrones de conducta aprehendidos en el entorno familiar, educativo, recreativo, social y particularmente en los medios masivos de comunicación. Los juegos
ejercen un papel fundamental en el desarrollo infantil ya que operan en un contexto de socialización primaria, momento en el que adquieren los primeros valores que con el tiempo reproducirán en la vida adulta y que influirán en la toma sus
decisiones.
El número de actores que conforma la industria juguetera es heterogénea y muy amplia. Esta se desarrolla a partir de los creadores y artesanos jugueteros, pasa por las empresas de distribución e importación y acaba por las empresas de
publicidad y medios de comunicación relacionados con el mundo audiovisual.
Los juguetes constituyen además un instrumento educativo sumamente relevante que vehiculiza una serie de valores socioculturales. Hasta el punto que sus usos fomenten estereotipos de género. La construcción de sentido y los imaginarios
sobre los roles de hombres y mujeres se producen en buena medida a través de actividades lúdicas, las cuales no deberían ser limitadas dependiendo del sexo si se apuesta a educar en igualdad a hombres y mujeres. Por todo ello resulta necesario que
la sociedad piense y estudie el tipo de juguetes con los que los más pequeños pasan su tiempo, así como la manera en los que estos son presentados y la publicidad utilizada para darlos a conocer.
Nuestro ordenamiento jurídico, a través de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece que los mensajes publicitarios destinados a menores han de transmitir una imagen igualitaria, plural
y no estereotipada de mujeres y hombres. Sin embargo, recientemente, hemos conocido que la cantidad de anuncios sexistas dirigidos al público infantil está en aumento. Así lo advierte el Consell de l'Audiovisual de Catalunya que ha señalado como
la tendencia de los anuncios sexistas dirigidos a un público infantil ha aumentado. Dicho organismo alerta de por primera vez desde el 2012 ha repuntado la publicidad dirigida a niñas en la que se promocionan juguetes donde se insta a las niñas a
preocuparse por su aspecto físico, con acciones como pintarse las uñas, hacerse reflejos de color en el pelo o aplicarse tatuajes y cosméticos. En concreto, este porcentaje llega a los once puntos, duplicándose a la campaña de Navidad del año
pasado que fue del 4,2 %.
Además, cabe señalar que el Pacto de Estado contra la violencia de género aprobado en julio de 2017 contempla el compromiso de impedir la publicidad sexista que atenta contra la igualdad entre hombres y mujeres.
Por tanto, resulta necesario contar con el ámbito familiar y escolar para que la educación de los más pequeños está basado en valores igualitarios pero también resulta preciso que el empaque, la publicidad y el marketing de los juguetes
estén alejados de cualquier tipo de discriminación sexista para que así sean los niños y niñas los que decidan con qué juguete quieren pasar su tiempo libre sin restricciones estereotipadas y retrógradas del pasado.
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Garantizar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, entidades del Tercer Sector Social y demás agentes implicados, una adecuada protección a la infancia, evitando la distribución de anuncios en los que haya estereotipos sexistas,
imágenes homófobas, representaciones degradantes y ofensivas de hombres y mujeres, discriminación por motivo de etnia, religión y edad, y contenidos que atenten contra la dignidad humana.
2. Que las instituciones europeas modifiquen su normativa para evitar la publicidad sexista en el sector del juguete.
3. Realizar estudios territorializados del sexismo en la publicidad especialmente dirigida a los niños y niñas señalando los avances y retrocesos en esta materia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2018.-Marta Sorlí Fresquet, Diputada.-Ignasi Candela Serna, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003031
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para fomentar un uso igualitario del
lenguaje, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
El incremento de la presencia de mujeres en la vida pública, en los puestos directivos de las empresas, así como los nuevos roles sociales de las mujeres en las últimas décadas, han traído consigo grandes cambios en el ámbito social,
político, administrativo y legislativo, que han permitido avanzar en la
implantación real y efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación, recogido en el artículo 9 de la Constitución Española.
Estas transformaciones también requieren una evolución del lenguaje, para que nuestros hábitos lingüísticos puedan responder a esta nueva realidad, ya que a través del lenguaje se refleja el contexto en que vivimos. Es necesario utilizarlo
correctamente para expresarnos con rigor, para argumentar, defender nuestros pensamientos, apoyar nuestras ideas, luchar por nuestros derechos y desarrollarnos como personas en igualdad de condiciones.
El lenguaje, que en sí mismo no es sexista, puede serlo en su utilización. Sin embargo, aplicado correctamente, también puede contribuir en gran medida a la igualdad entre los sexos y a una mayor visibilización de las mujeres. A ello hay
que añadir que el sistema lingüístico del castellano es extraordinariamente rico en vocablos y acepciones, ofreciendo enormes posibilidades para que no se produzca discriminación sexual en su uso. Por ello, el problema del sexismo en el lenguaje no
es tanto de carácter lingüístico sino, más bien, un problema sociocultural que podemos y debemos ir modificando para lograr la igualdad real entre mujeres y hombres. Además, a menudo la forma en que utilizamos el lenguaje es asimétrica, es decir,
se refiere de forma no equitativa a hombres y mujeres.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en su artículo 14 recoge los Criterios generales de actuación de los Poderes Públicos, estableciendo en el apartado 11 la implantación de un lenguaje no
sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas.
La Real Academia de la Lengua Española, que es, según el artículo primero del Real Decreto 1109/1993, de 9 de julio, por el que se aprueban los Estatutos de la Real Academia Española: 'Una institución con personalidad jurídica propia que
tiene como misión principal velar por que los cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico', recogía hasta su 23.ª
edición (2014) como una de las acepciones de femenino, 'débil y endeble'.
Como esta, aún existen definiciones que fomentan la desigualdad. Una de las acepciones del término 'fácil' recoge: 'Dicho especialmente de una mujer: que se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales'; padre es el 'cabeza de una
descendencia, familia o pueblo'; hombre público es 'el que tiene presencia e influjo en la vida social, mientras la definición de mujer pública es 'prostituta'. Estos son solo algunos ejemplos de cómo a día de hoy, el uso que hacemos de nuestro
lenguaje no es objetivo para ambos sexos, fomentando la desigualdad.
En los últimos años, la Real Academia ha mostrado sensibilidad en relación a determinadas acepciones arcaicas de algunos términos, incluyendo notas que hacen referencia al significado discriminatorio u ofensivo de estos y añadiendo que se
trata de usos antiguos.
Si el lenguaje es una construcción social y defendemos como derecho fundamental recogido en nuestra Carta Magna la igualdad de derechos sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo, no hay razón para continuar haciendo un
uso sexista del lenguaje.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las acciones pertinentes con el fin de favorecer un uso igualitario del lenguaje y fomentar, de este modo, una imagen equitativa y no estereotipada de las personas a las que se
dirige o refiere.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/003021
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
aprobación del II Plan de Acción para Mujeres con Discapacidad, para su debate en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La doble discriminación que sufren las mujeres y niñas con discapacidad sigue estando presente de manera constante, en nuestra sociedad. Esta discriminación se hace manifiesta de diferentes formas, siendo debida principalmente a las
barreras, tanto sociales como técnicas, las cuales provocan la falta de accesibilidad a distintos ámbitos como educación, empleo, sanidad, participación política o de toma de decisiones.
Esto vulnera varios artículos de nuestra Carta Magna, como el 14 con su principio de igualdad y no discriminación: 'los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, sexo, raza o
religión, opinión o cualquier otra opinión o circunstancia personal o social'. Por su parte, el artículo 39, hace especial mención a las personas con discapacidad, afirmando que son los poderes públicos los que deben establecer medidas para su
integración, así como una atención especializada para que puedan gozar de los mismos derechos de toda la ciudadanía. De forma complementaria, se puede hacer alusión a su artículo 10 (dignidad de la persona) y al 9 (principio de libertad e igualdad
reales y efectivas).
Con respecto a la discriminación sufrida hacia las niñas con discapacidad, en concreto, se vulnera el derecho de la primacía del interés superior de la y el menor establecido en diversas normas internacionales como lo son la Declaración
Universal de Derechos Humanos, así como la Convención sobre los Derechos del niño, entre otras.
La suma de diversos factores como el hecho de ser mujeres, pertenecer al colectivo de personas con discapacidad, la etnia, el riesgo de exclusión social, orientación e identidad sexual, etc., las coloca en una posición de especial
vulnerabilidad a la hora de sufrir distintos tipos de violencia y agresiones por parte tanto de las instituciones, como de la sociedad en general.
La feminización de la pobreza es una realidad presente en la estructura social, la cual se incrementa notablemente en el caso de las mujeres con discapacidad, lo que provoca la imposibilidad en el acceso a los recursos de salud, educación y
servicios de apoyo, traduciéndose en situaciones de desempleo y de violencia a niveles muy severos, llevándolas a una situación de exclusión social extrema.
En nuestro país existe una brecha salarial manifiesta en función del género, así como techo de cristal y desigualdad, tanto horizontal como vertical, en las relaciones laborales. Según un estudio elaborado por UGT, a partir de datos
oficiales, la brecha salarial en España se sitúa en el 22,86 %, por lo que más de 7 millones de mujeres cobran casi 6.000 euros de media menos al año. Esta desigualdad se incrementa notablemente en la población con discapacidad.
Los problemas de accesibilidad y adaptación siguen presentes desde numerosos ámbitos y servicios. El plazo que se estableció para que espacios, productos y servicios cumplieran las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en
su acceso y utilización finalizó el 4 de diciembre de 2017.
A ello hay que añadir la falta de formación de profesionales que atienden a las mujeres desde diversos servicios e instituciones, que provoca que se las trate con un equivocado paternalismo, infantilización e incluso falta de veracidad.
Esto provoca que sufran agresiones tan graves como la violencia institucional, médica, sanitaria u obstétrica, donde se aprecia una total falta de adaptabilidad en las consultas ginecológicas y en programas de prevención como es el caso del de
cáncer de mama, lo que conlleva la imposibilidad de disfrute de sus derechos sexuales y reproductivos con plena libertad.
Es destacable la importancia del papel que juegan las asociaciones de mujeres con discapacidad, aportando herramientas a las propias mujeres para su empoderamiento, motivación, autoestima; y a sus familias, así como a todas las personas
profesionales de diversos ámbitos e instituciones de nuestra
sociedad, sanitario, educación, empleo, prestaciones sociales, ocio, servicios sociales; por lo que deben ser apoyadas desde los poderes públicos.
En 2007 el Gobierno Socialista aprobó el Plan de Acción para Mujeres con Discapacidad, un plan que disponía de los medios necesarios para invertir la tendencia en lo que se refiere al ejercicio de derechos (civiles, sociales, y políticos) y
disfrute de recursos, fomentando su participación y modificando normas sociales y estereotipos discriminatorios. Transcurridos más de 10 años, este Plan debe ser actualizado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, a aprobar el II Plan de Acción para Mujeres con Discapacidad que recoja las acciones necesarias para que este
colectivo pueda lograr vivir una vida digna, plena, autónoma, libre, integral y en igualdad de condiciones y derechos, con la participación del propio colectivo. Un plan que:
1. Establezca medidas necesarias para la eliminación de barreras físicas y sociales existentes en una sociedad altamente 'discapacitante', siguiendo las directrices de la Estrategia Europea de Discapacidad 2010-2020.
2. Permita reforzar y dotar al tejido asociativo como forma de empoderar, crear redes y aunar esfuerzos en pos de la accesibilidad universal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2018.-Carmen Rocío Cuello Pérez, Ángeles Álvarez Álvarez y Victoria Begoña Tundidor Moreno, Diputadas.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003027
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas relacionadas con el trastorno de la tartamudez,
para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La tartamudez es un trastorno de comunicación que afecta a la fluidez del habla, tiene sus comienzos en la niñez y puede llegar a durar toda la vida. Está acompañada de tensión muscular en cara y cuello, miedo y estrés, y su causa es
multifactorial: existen factores fisiológicos, genéticos y sociales. Puede afectar a algunas actividades cotidianas, pero en la mayoría de los casos los problemas de comunicación perjudican a casi todos los quehaceres y ello conlleva limitaciones
y exclusiones en la participación social.
Este trastorno de comunicación no está asociado a la ansiedad ni es un efecto de ella, sino más bien al contrario. La tartamudez genera ansiedad en las personas que la sufren y puede llegar a convertirse en fobia social.
Es un trastorno muy estigmatizado que se asocia a la falta de inteligencia y habilidades. Los efectos psicológicos de la tartamudez pueden ser severos, afectando al estado de ánimo de las personas que la sufren de forma continua y llegando
a ser la causa de un importante aislamiento social. Se inicia entre los dos y los cuatro años de edad y por ello se suele confundir con las dificultades del habla propias de la edad. Se estima que un niño o una niña de cada veinte acaban
tartamudeando y muchos lo superarán en la adolescencia. Sin embargo, es motivo de acoso escolar y de burla, y de ahí la importancia del diagnóstico y el tratamiento precoz, ya que con ello se puede superar el problema hasta en el 80 % de los casos.
La tartamudez afecta, según estimaciones de la Fundación Española de la Tartamudez, a unas 800.000 personas en España y el colectivo sufre una tasa de paro superior a la media. Ocho de cada diez casos de personas con tartamudez no superan
las entrevistas de selección para un empleo.
Efectivamente, el ámbito laboral es el entorno en el que las personas con tartamudez experimentan más discriminación. El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, garantiza un 2 % de los puestos de trabajo en las empresas para quien tiene reconocida una discapacidad de al menos un 33 %, pero es muy difícil que se reconozca este mínimo a las
personas con tartamudez. En este sentido, los expertos coinciden en denunciar que la Seguridad Social no reconoce a estas personas una discapacidad y no cubre sus tratamientos, de tal forma que las familias que empiezan a luchar contra este
trastorno tienen que hacer frente a una cantidad de gastos considerable.
En cuanto al diagnóstico, es necesario que se haga por parte de una persona logopeda que determinará si existe o no el trastorno. La terapia a tiempo puede impedir que los niños y las niñas pequeñas continúen con el trastorno toda su vida.
Por tanto, la terapia del lenguaje es el tratamiento fundamental, pero también se necesita apoyo psicológico para superar los problemas de inseguridad, timidez y falta de autoestima.
Para la Fundación Española de la Tartamudez, es importantísimo visibilizar este problema y favorecer una toma de conciencia con respecto a los prejuicios todavía frecuentes. Y es importante también la implicación de los poderes públicos en
la atención de las personas que sufren este trastorno de comunicación.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que desarrolle las siguientes medidas, en coordinación con las administraciones públicas competentes:
1. La mejora de la formación de los y las médicos pediatras para la introducción de terapias tempranas en el tratamiento de la tartamudez.
2. La introducción de los y las profesionales logopedas, psicólogos y maestros de audición y Lenguaje necesarios en los ciclos educativos para ayudar a los niños y niñas con tartamudez y a sus familias.
3. La inclusión de la tartamudez en la cartera de servicios sociales de la Seguridad Social y la revisión del baremo sobre la tartamudez para la obtención de la discapacidad.
4. El desarrollo de planes específicos a favor de la inserción laboral de las personas con tartamudez.
5. La elaboración de un censo de personas con tartamudez.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2018.-María Isabel Salud Areste, Diputada.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/003037
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
acometer mejoras de Seguridad Vial en la N-550 a su paso por el término municipal de Pontecesures, para su debate en la Comisión ce Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
En la N-550 a su paso por el término municipal de Pontecesures, concretamente en el punto kilométrico 84,300 se encuentra un paso de peatones que atraviesa este vial de alta intensidad de tráfico. Un paso de peatones que es usado con mucha
frecuencia por los vecinos de la zona y que reviste cierto riesgo en su uso, en virtud del elevado número de vehículos que transitan por dicho vial. Una situación que se agrava por la noche y en horas de escasa luz, por lo cual las usuarios
entienden que sería razonable dotarlo de iluminación para, de este modo, incrementar la seguridad vial de quienes deben cruzarlo.
Asimismo, en la misma zona, concretamente en el punto kilométrico 84,400, se encuentra un paso elevado de peatones que acumula un alto nivel de deterioro, razón por la cual los usuarios vienen manifestando repetidamente la necesidad de
proceder, de forma urgente, a realizar obras de mantenimiento integral en el mismo. El elevado tráfico que soporta este tramo viario hace, si cabe, más necesario acometer dichas obras.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acometer en la N-550 a su paso por el término municipal de Pontecesures, durante el presente año 2018, las siguientes actuaciones:
1. Dotar de iluminación el paso de peatones situado en el punto kilométrico 84,300.
2. Realizar obras de mantenimiento integral del paso elevado de peatones situado en el punto kilométrico 84,400.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2018.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y María Dolores Galovart Carrera, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003038
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre la
constante actualización de la aplicación de la DGT para teléfonos móviles y tabletas digitales, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La Dirección General de Tráfico tiene que adaptar sus instrumentos de comunicación con los usuarios de la red de carreteras del Estado, más allá de la señalítica estática y luminosa y activa que se pudiera instalar en las propias carreteras,
de tal forma que le permita interactuar con los conductores y sus acompañantes, pudiéndoles advertir de incidencias de forma instantánea.
Actualmente el medio más usado para obtener información son los terminales de teléfonos móviles smartphone. Estos pueden ser usados por los conductores antes de iniciar un trayecto con su vehículo, o durante el mismo por los acompañantes.
De esta forma pueden recibir información inmediata que, en el caso de la circulación por carreteras, les garantiza evitar incidencias y sus efectos en el tráfico, y por tanto, incrementa la seguridad vial.
La Dirección General de Tráfico cuenta con una aplicación para smartphone, pero esta no está siendo actualizada, de tal forma que cuando un usuario actualiza su smartphone, no puede utilizar la aplicación, por lo que tiene que remitirse a
los teléfonos de información.
No existe una aplicación para tablets, pese a ser un instrumento de comunicación muy usual y que permite al acompañante del conductor obtener una mejor visión de la información instantánea que puede transmitir la DGT.
Este hubiera sido un buen instrumento en las recientes inclemencias meteorológicas y las sucesivas restricciones al tráfico que se produjeron por el mismo, pero ya no estaba operativa para los que habían actualizado su sistema operativo iOS
o Android.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar actualizaciones de la aplicación de la DGT que permita que pueda ser usada por teléfonos móviles que hayan actualizado su sistema operativo.
2. Crear una aplicación para tablets, tanto de sistema operativo Android, como iOS.
3. Que en esas aplicaciones se vuelque de forma inmediata toda la información que pudiera ser de interés para la DGT y los usuarios de la Red de Carreteras del Estado.
4. Que se llegue a un acuerdo con las Comunidades Autónomas y demás administraciones con competencias en la explotación y mantenimiento de carreteras para que haya un intercambio de información instantánea que también pudiera recoger la
aplicación de la DGT.
5. La DGT ofrecerá a esas administraciones un sistema operativo y de gestión de una aplicación, que pudiera incluir la imagen corporativa de la administración correspondiente, y permitiera compartir la información que se vuelca en la misma
de forma instantánea.
6. Incluir en su aplicación información instantánea sobre, como mínimo:
a) Estado de la Red de Carreteras del Estado.
b) Posibilidad de notificaciones de incidencias en el área próxima al punto que hubiera seleccionado el usuario.
c) Radares fijos y móviles.
d) La mejor ruta para llegar a un destino.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2018.-Herick Manuel Campos Arteseros y Pablo Bellido Acevedo, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003039
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
reparación del sistema de dispositivos para la seguridad vial en la Comunidad Valenciana, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La seguridad en las carreteras españolas, que debe ser una prioridad para la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior, se ve seriamente comprometida en el caso de la Comunidad Valenciana, ante los numerosos fallos e
inoperatividad de los dispositivos de Seguridad Vial en la red de carreteras del Estado en esta Comunidad Autónoma.
Cámaras, radares, paneles de mensajes variables y estaciones de toma de datos, que son una pieza clave para la seguridad vial en las carreteras valencianas, permanecen inoperativos desde hace meses.
En los medios de comunicación se alude a problemas derivados de la finalización del contrato de mantenimiento en el mes de abril de 2017 y la elaboración de uno nuevo con una nueva empresa adjudicataria que corresponde al ámbito de actuación
del Centro de Gestión de Tráfico de Levante.
La situación es de tal gravedad que provoca que no se puedan señalizar en los paneles ni los accidentes de tráfico que se producen, ni los embotellamientos propios de la circulación, ni tampoco las posibles inclemencias del meteorológicas
que pueden dar lugar al colapso de una carretera, como ya ocurrió el año 2017 con la nevada caída en la autovía A-3.
En una Proposición no de Ley registrada en las Cortes Valencianas por el Grupo Socialista con motivo de esta problemática, se hace constar la preocupación que este estado de cosas supone por su directa afección a la seguridad vial en la
Comunidad Valenciana y por el elevado porcentaje de los dispositivos -cámaras de TV, radares y paneles de señalización- afectados y que no están en funcionamiento.
Todo ello incrementado por la intensidad de vehículos en circulación en la Comunidad Valenciana y el incremento que los festivos y puentes suponen en una Comunidad de naturaleza turística como la valenciana.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Proceder a la inmediata y urgente puesta en marcha de todo el sistema de cámaras de TV, radares, paneles de mensajes variables y estaciones de toma de datos (ETD) con plenas garantías de servicio y seguridad en la totalidad de carreteras
de la red estatal en la Comunidad Valenciana.
2. Tomar las medidas que garanticen que esta situación no pueda volver a producirse, abriendo los expedientes informativos pertinentes en la Dirección General de Tráfico y exigiendo las responsabilidades que correspondan tanto en el ámbito
ministerial, como en el empresarial.
3. Informar a la Comisión de Seguridad vial del Congreso de los Diputados de las medidas tomadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2018.-Ana María Botella Gómez y Pablo Bellido Acevedo, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
181/000785
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Diputado don Salvador Antonio de la Encina Ortega.
Texto:
¿Cuáles son las causas por las que, de nuevo, se están produciendo colas en la Verja de La Línea de la Concepción con Gibraltar y cuáles son las medidas previstas para evitarlas ya que producen situaciones inaceptables en un paso fronterizo
de esta importancia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2018.-Salvador Antonio de la Encina Ortega, Diputado.
181/000786
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Diputado don Salvador Antonio de la Encina Ortega.
Texto:
¿Cuáles son las causas por las que aún no se ha celebrado la Comisión Interministerial para el Brexit, previstas para el pasado mes de enero, y que iba a adoptar medidas que singularizaran la atención al
Campo de Gibraltar, consciente de las especiales repercusiones económicas y sociales de la salida británica de la UE en la región?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2018.-Salvador Antonio de la Encina Ortega, Diputado.
Comisión de Defensa
181/000788
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa.
Diputado don Miguel Ángel Bustamante Martín.
Texto:
¿Cuáles son los motivos por los que el Ministerio de Defensa rechaza la cesión al Ajuntament de Palma de la casa de Emili Darder para convertirla en un espacio que rinda homenaje a las víctimas de la represión franquista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2018.-Miguel Ángel Bustamante Martín, Diputado.
Comisión de Fomento
181/000787
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento.
Diputado don Gonzalo Palacín Guarné.
Texto:
Existe preocupación en el Sobrarbe por los graves problemas derivados del tránsito que soporta el puente sobre el río Ara por el que discurre la N-260 A a su paso por el municipio de Broto.
Desde la apertura del tramo de la N-260 de Yebra de Basa a Fiscal, el acceso y también la salida al Parque Nacional de Ordesa se hace desde y hacia dicha dirección, debiendo pasar todo el tráfico por el mencionado puente.
El principal problema radica en que el puente no dispone de aceras y es, a su vez, el único modo de unión peatonal entre los barrios históricos de Broto ubicados a ambas orillas del río Ara. La consecuencia es que la densidad de tránsito
rodado se une a la del tránsito peatonal y esta se realiza sin la adecuada seguridad vial dado que peatones y vehículos comparten la calzada simultáneamente, sobre todo en los periodos vacacionales ocasionando varios percances en los últimos meses.
El Ministerio de Fomento cuenta desde el año 2008 con un proyecto técnico de ampliación y mejora del puente, proyecto que se encontraba en fase de actualización para adaptarlo a las necesidades actuales. Según conoce nuestro grupo, a fecha
de hoy la actualización del proyecto de construcción del citado puente ya obra en manos del Ministerio de Fomento.
Dado que la ejecución de estas obras permitiría solucionar definitivamente el problema y tratándose de una necesidad urgente tanto para Broto como para el Alto Aragón:
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Fomento iniciar las obras de ejecución del proyecto actualizado de ampliación y mejora del puente de la N-260 A sobre el río Ara en el municipio de Broto?
¿Qué plazo de ejecución tendrán las obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2018.-Gonzalo Palacín Guarné, Diputado.
181/000790
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento.
Diputado don Eduardo Javier Maura Zorita.
Dirigida al Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y Presidente de ENAIRE.
Texto:
¿Cuál ha sido el retorno, en materia creación, dinamización y mantenimiento de empleo derivado de las actuaciones financiadas, según tipo de finalidad*, en el periodo del VI Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio de Fomento y el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la Actuación conjunta en el Patrimonio Histórico Español a través del 1,5 % Cultural?
* Por tipo de finalidad se entiende lo establecido en el punto segundo del VI acuerdo que considera que las actuaciones financiables serán:
a) Trabajos de conservación, restauración, rehabilitación y consolidación de bienes inmuebles relacionados con las obras públicas o con los Planes Nacionales de Patrimonio.
b) Trabajos de enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español, esto es, adquisición de bienes culturales, exposiciones, publicaciones.
c) Proyectos y actuaciones de I+D+i directamente relacionados o aplicables al conocimiento, la conservación o el enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español.
d) Proyectos de fomento de la creatividad artística y de difusión de la arquitectura y el Patrimonio Histórico Español.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2018.-Eduardo Javier Maura Zorita, Diputado.
Comisión de Cultura
181/000789
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura.
Diputado don Eduardo Javier Maura Zorita.
Dirigida al Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y Presidente de ENAIRE.
Texto:
¿Cuál ha sido el retorno, en materia creación, dinamización y mantenimiento de empleo derivado de las actuaciones financiadas, según tipo de finalidad*, en el periodo del VI Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio de Fomento y el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la Actuación conjunta en el Patrimonio Histórico Español a través del 1,5 % Cultural?
* Por tipo de finalidad se entiende lo establecido en el punto segundo del VI acuerdo que considera que las actuaciones financiables serán:
a) Trabajos de conservación, restauración, rehabilitación y consolidación de bienes inmuebles relacionados con las obras públicas o con los Planes Nacionales de Patrimonio.
b) Trabajos de enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español, esto es, adquisición de bienes culturales, exposiciones, publicaciones.
c) Proyectos y actuaciones de I+D+i directamente relacionados o aplicables al conocimiento, la conservación o el enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español.
d) Proyectos de fomento de la creatividad artística y de difusión de la arquitectura y el Patrimonio Histórico Español.
Palacio del Congreso de los Diputados,1 de marzo de 2018.-Eduardo Javier Maura Zorita, Diputado.
Comisión para el Estudio del Cambio Climático
181/000781
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático.
Diputado don Juan Antonio López de Uralde Garmendia.
Dirigida a la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Texto:
¿Existe algún motivo justificado y de interés general por el que no se haya aprobado aún el Real Decreto de transposición de la Directiva 2015/720/U E y, por tanto, para no empezar a cobrar desde el 1 de marzo las bolsas de plástico de un
solo uso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2018.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/028972
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM).
Retirada de su pregunta sobre necesidad de incrementar la plantilla en el Centro de Atención a Personas con Discapacidades Físicas de Ferrol.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/029146
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Garzón Espinosa, Alberto (GCUP-EC-EM).
Reformulación de su pregunta sobre proliferación de noticias falsas o manipuladas en medios de comunicación y redes sociales (fake news).
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite la pregunta de referencia, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el diputado que suscribe formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
El Gobierno ha manifestado en los últimos meses su preocupación por la proliferación de noticias falsas o manipuladas en medios de comunicación y redes sociales, un fenómeno recientemente conocido por su expresión en inglés fake news.
Sin duda, tener acceso a una información veraz y rigurosa es una precondición para el buen debate político. La ausencia de este tipo de información deteriora dramáticamente la calidad de la democracia y amenaza no solo la seguridad del
país, como afirma el Gobierno, sino también el bienestar de las familias trabajadoras.
Al fin y al cabo estas pueden quedar privadas de información básica que afecta a sus vidas, especialmente en materia de servicios y bienes de primera necesidad. En muchos casos en los medios de comunicación se producen conflictos de interés
entre el interés de informar verazmente por parte de la redacción y los intereses de las empresas privadas que financian a esos medios de comunicación a través de la publicidad. Dada la asimétrica relación que existe en esos casos, es probable que
mucha información esencial para el buen debate político quede ausente, manipulada o directamente inventada.
- ¿Ha elaborado el Gobierno algún informe sobre el conflicto de interés existente en los medios de comunicación en España en relación a las grandes empresas que financian esos mismos medios? ¿Tiene alguna estimación de la cantidad de dinero
que se mueve en el negocio de la publicidad privada en los medios de comunicación? ¿Cuánta de esa cantidad proviene de empresas privadas que operan en sectores como la Sanidad, la Educación o la Energía?
- En caso contrario, ¿piensa el Gobierno elaborar ese informe y comunicarlo a la sociedad en aras de la transparencia?
- ¿Entiende el Gobierno que sería necesario abordar la regulación de estos conflictos de interés que se dan en los medios de comunicación privados pero que afectan radicalmente al debate democrático en nuestro país?
- ¿Cuál es la cantidad, detallada, que el Gobierno destina a publicidad institucional en medios de comunicación privados en España? ¿Considera que existe un conflicto de interés también aquí cuando el Gobierno es responsable de una parte
notable de los ingresos de los medios de comunicación privados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2018.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado.
184/030011
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Agirretxea Urresti, Joseba Andoni (GV-EAJ-PNV).
Repatriación de los restos mortales de varios miembros de la División Azul.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la corrección de error contenida en el escrito número de registro 78296, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Joseba Agirretxea Urresti, Diputado por Gipuzkoa, adscrito al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
Según han publicado distintos medios de comunicación, citando como fuente al Ministerio de Defensa, el Gobierno español ha destinado 23 mil euros a repatriar los restos mortales de varios miembros de la División Azul.
¿Desde cuándo se vienen produciendo estas repatriaciones? ¿Cuántas más están previstas? ¿Por qué motivo las realiza? ¿Quién las ha solicitado?
¿Considera el Gobierno que estas repatriaciones son compatibles con la Ley de Memoria Histórica?
¿Va el Gobierno a solicitar y costear la repatriación de soldados republicanos que combatieron contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial y que murieron en la Unión Soviética?
¿Va el Gobierno a realizar el mismo esfuerzo presupuestario en relación a los programas de recuperación establecidos en la Ley de Memoria Histórica para exhumar los restos de los soldados y civiles republicanos que siguen en fosas comunes y
cunetas desde la Guerra Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2018.-Joseba Agirretxea Urresti, Diputado.