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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
26 de enero de 2018
Núm. 288
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000569 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, por la que se insta al Gobierno a celebrar un debate de estado de la Nación.
La Mesa de la Cámara ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a celebrar un debate de estado de la Nación.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, y entendiendo que la convocatoria del Pleno monográfico al que se alude en el punto 2 de la iniciativa se tramitaría, en su caso, conforme al procedimiento
reglamentariamente previsto, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate en Pleno la siguiente Proposición no de Ley para instar al
Gobierno a celebrar un debate de estado de la Nación.
Exposición de motivos
El Debate sobre el estado de la Nación (DEN) es una herramienta parlamentaria consolidada que juega un papel esencial en el control legislativo de la acción de Gobierno. Constituye además un instrumento democrático al servicio de la
ciudadanía que, además de controlar a través de sus representantes en el Poder Legislativo la acción del Poder Ejecutivo, puede valorar y ponderar de forma directa la labor de Gobierno a través de un debate abierto al conjunto del país.
Desde que tuvo lugar por primera vez en el año 1983, durante la II Legislatura, su celebración se ha convertido en una costumbre parlamentaria consolidada que, salvo contadas excepciones (fundamentalmente motivadas por la celebración de
elecciones generales), se celebra anualmente en el Congreso de los Diputados.
Como no existe una previsión específica sobre esta práctica ni en la Constitución ni en el Reglamento del Congreso, los Debates sobre el estado de la Nación se desarrollan según lo dispuesto por los artículos 195 y 197 de este último, que
regulan las comunicaciones que el Gobierno remite al Congreso para su debate en Pleno o Comisión. Se ha articulado además como una práctica parlamentaria con un diseño propio: la solicitud por parte del Gobierno de su convocatoria y celebración,
las intervenciones del Gobierno y de los grupos parlamentarios, y la presentación de resoluciones concretas que se someten a votación y son aprobadas durante la celebración del debate.
Estamos, por tanto, ante una costumbre parlamentaria plenamente arraigada. Tanto la jurisprudencia constitucional 1 como la normativa reglamentaria y las resoluciones de la Cámara admiten la capacidad de estas costumbres para operar como
normas de desarrollo del derecho fundamental a la participación ciudadana en los asuntos públicos consagrado en el artículo 23 de la Constitución. También el artículo 1 del Código Civil reconoce la costumbre como fuente del ordenamiento jurídico
español junto con la ley y los principios generales del Derecho.
Se trata, además, de una práctica parlamentaria que se reproduce igualmente en el ámbito de la Unión Europea, que anualmente celebra en el Parlamento Europeo un debate sobre el estado de la Unión.
Sin embargo, en España no se realiza un debate sobre el estado de la Nación desde febrero de 2015, y por tanto no ha habido ningún debate de este tipo en toda la XII Legislatura. De esta forma el Gobierno del Presidente M. Rajoy lleva casi
tres años negando al Poder Legislativo esta importante herramienta de control democrático del Poder Ejecutivo, y con ello negando a la ciudadanía la posibilidad de evaluar a través de ella su labor.
El Gobierno obvia con ello la esencia de la democracia parlamentaria, que implica el binomio representación-control; y el control del Gobierno por parte de los y las ciudadanas exige garantizar el acceso a la información, la transparencia
en la gestión y debates amplios, abiertos y democráticos sobre las decisiones que afectan de manera directa a sus vidas. De hecho, en nuestro sistema democrático la elección del Gobierno no es un cheque en blanco; exige mantener la confianza del
parlamento y, evidentemente, de la propia ciudadanía. Una ciudadanía que además tiene el derecho constitucional, consagrado en el artículo 23 de la Constitución española, a participar en los asuntos públicos.
Esta necesidad de control legislativo del Poder Ejecutivo, así como el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos, adquieren especial relevancia cuando nos encontramos ante un Gobierno que utiliza de forma abusiva e
ilegítima su facultad de veto presupuestario. Un uso que, a juicio del Congreso de los Diputados, 'tiene un efecto impeditivo absoluto de la iniciativa legislativa de autoría parlamentaria (artículo 87.1 de la Constitución) y de la potestad
legislativa de las Cortes Generales (artículo 66.2) vinculada a esa iniciativa propia'. Este asunto ha llegado a suponer un conflicto sin precedentes entre poderes del Estado que está en estos momentos en manos del Tribunal Constitucional.
A mayor abundamiento, las crisis que atraviesa nuestro país, que impactan día a día en la vida de millones de ciudadanos y ciudadanas y que hacen necesaria una reconstrucción de los consensos que articulan nuestra convivencia, exigen de
forma evidente un estricto compromiso del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo con la realización de este Debate sobre el estado de la Nación para evaluar y controlar la acción del Gobierno.
En primer lugar, los españoles siguen viviendo día a día los efectos de una crisis económica que sitúa a 13 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social y a la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras en una profunda
precariedad laboral que dobla los niveles europeos y que se ensaña especialmente con las mujeres. Esta situación implica no solo un presente de enormes dificultades para la mayoría de los ciudadanos, sino que también pone en riesgo el sistema de
pensiones de nuestro país, todo ello agravado por una irresponsable gestión del Gobierno de M. Rajoy vaciando la conocida como
1 'A lo expuesto, ha de añadirse que los usos parlamentarios ''han constituido tradicionalmente, y siguen constituyendo, un importante instrumento normativo dentro del ámbito de organización y funcionamiento de las Cámaras. Así ha venido a
reconocerlo este Tribunal, al afirmar que estos usos parlamentarios siempre han sido consustanciales al régimen parlamentario y, por ende, al Estado de Derecho'' (SSTC 206/1992, de 21 de noviembre, FJ 3, y 57/2011, de 25 de mayo, FJ 7), siempre que
sean favorables al ejercicio de las facultades parlamentarias ''los usos parlamentarios son eficaces para la regulación del modo de ejercicio de las prerrogativas parlamentarias, pero no pueden restringir su contenido reconocido en la norma
reglamentaria'' (STC 57/2011, FJ 7)'. STC 76/2017, de 19 de junio, FJ 5.
'hucha de las pensiones' y por la actual existencia de pensiones que en muchos casos no superan el valor del Salario Mínimo Interprofesional y que no permiten a nuestros mayores llegar a fin de mes. A ello se suman las escandalosas cifras
de violencias machistas y la necesidad de implementar políticas que las combatan de forma efectiva, así como los recortes en servicios públicos y ayudas sociales, que se siguen consolidando en los sucesivos Presupuestos Generales del Estado a pesar
de anunciar el Gobierno tiempos de crecimiento económico.
En segundo lugar, los escandalosos casos de corrupción que golpean al conjunto del país, y que en muchos casos tienen como protagonista al partido de gobierno, ponen en jaque nuestro sistema político al evidenciar la existencia de una trama
que vincula a sectores del poder político, económico, judicial y mediático y que ha saqueado las arcas públicas de nuestro país para beneficio propio. El Gobierno todavía no ha aclarado a la ciudadanía que la anotación 'M. Rajoy' de los conocidos
como 'papeles de Bárcenas' (donde encontramos a numerosos e importantes dirigentes del Partido Popular como receptores de sobresueldos ilegales) no se corresponde con el actual Presidente de Gobierno, señor M. Rajoy.
En tercer lugar, la crisis territorial que atravesamos y que ha tenido su máxima expresión en Cataluña exige repensar nuestro modelo territorial para poder articular un presente de convivencia en nuestro país.
En consecuencia, dado que el Debate sobre el Estado de la Nación es ya una práctica consolidada que en el ámbito de sus competencias el Poder Legislativo puede exigir del Ejecutivo, constituyendo así una herramienta democrática fundamental
de control al Gobierno, y que España atraviesa un momento político complejo, en el que conviven cuestiones aún no resueltas y de importancia vital para el futuro del país,
Se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Insta al Gobierno a solicitar la convocatoria y celebración de un debate de política general sobre el estado de la Nación, que deberá tener lugar durante el cuarto periodo de sesiones de la presente Legislatura.
2. En caso de que el Gobierno no comunique la celebración de dicho debate para el periodo señalado en el punto anterior, manifiesta su voluntad de convocar un Pleno monográfico sobre la política general del Ejecutivo en torno al estado de
la Nación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2018.-Pablo Iglesias Turrión, Diputado.- Irene María Montero Gil, Josep Vendrell Gardeñes, Alberto Garzón Espinosa y Miguel Anxo Fernández Bello, Portavoces del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.