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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 217, de 27/09/2017
cve: BOCG-12-D-217
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
27 de septiembre de 2017
Núm. 217
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000370 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre alquileres abusivos, garantías para personas arrendatarias y pequeños propietarios y parque público de
alquiler.
Enmiendas... (Página2)
Aprobación con modificaciones... (Página3)
162/000459 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el apoyo institucional en la defensa del Estado de Derecho en Cataluña. Rechazo por el Pleno de la Cámara así como enmienda formulada...
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000061 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el balance de la política educativa y las perspectivas para el inicio del presente curso (2017-2018)... (Página5)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000042 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para impulsar una recuperación salarial que suponga un reparto más justo de la renta.
Texto de la moción así como enmienda formulada... (Página6)
Aprobación... (Página10)
173/000043 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del Ministerio de Fomento encaminadas a prevenir y atajar el fenómeno de la 'okupación'.
Texto de la moción así como enmiendas formuladas... (Página12)
Aprobación con modificaciones... (Página16)
173/000044 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la garantía de independencia informativa en RTVE.
Texto de la moción... (Página17)
Aprobación... (Página19)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000370
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre alquileres abusivos, garantías para personas arrendatarias y pequeños propietarios y parque público de alquiler, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D,
núm. 125, de 17 de marzo de 2017.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre alquileres abusivos, garantías para personas arrendatarias y pequeños propietarios y parque público de alquiler.
Enmienda
De sustitución.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incrementar la dotación presupuestaria destinada al programa de fomento del parque público de vivienda en alquiler, con el objetivo de duplicar el número de actuaciones previstas durante la vigencia del próximo Plan de Vivienda, en
comparación con el anterior.
2. Impulsar programas para la reducción del número de viviendas deshabitadas fomentando su destino al mercado del alquiler.
3. Promover los acuerdos con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria S.A. (SAREB) y las entidades bancarias, para la cesión de sus viviendas vacías a las Administraciones autonómicas y locales, con el
objeto de destinarlas al alquiler social.
4. Dentro del Instituto de Crédito Oficial (ICO) establecer una línea de crédito destinada a financiar la construcción o rehabilitación de viviendas con destino al alquiler.
5. Aprobar ayudas directas destinadas al pago de la renta del alquiler que faciliten el acceso a la vivienda o la permanencia en la misma a familias con ingresos no superiores a 3 veces el IPREM que cubran, como mínimo, el 40 % del
alquiler.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2017.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata Europeu Català integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de
modificación a la Proposición no de Ley sobre alquileres abusivos, garantías para personas arrendatarias y pequeños propietarios y parque público de alquiler.
Enmienda
De modificación.
Redacción que se propone:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
[...]
2. Modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para revertir la situación de vulnerabilidad a la que actualmente están expuestas las personas arrendatarias, incluyendo las siguientes medidas de mínimos:
b) Ampliar el límite legal para prorrogar tácitamente el contrato de alquiler, de 3 a 5 años, como mínimo.
c) Reinstaurar la obligación de referenciar la variación anual del precio del alquiler al índice de precios de consumo (IPC).
[...]'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2017.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000370
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre alquileres abusivos,
garantías para personas arrendatarias y pequeños propietarios y parque público de alquiler, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 125, de 17 de marzo de 2017, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo las medidas oportunas para posibilitar que los municipios que acrediten fuertes incrementos de precios de alquiler puedan, en coordinación con sus Comunidades Autónomas, regular estos alquileres abusivos.
2. Modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para revertir la situación de vulnerabilidad a la que actualmente están expuestas las personas arrendatarias, incluyendo las siguientes medidas de mínimos:
a) Mejorar las garantías judiciales de las personas arrendatarias de buena fe con el fin de que puedan presentar oposición al desahucio y regular un procedimiento de mediación previo a la demanda.
b) Ampliar el límite legal para prorrogar la duración del contrato de alquiler, de tres a cinco años.
c) Reinstaurar la obligación de referenciar la variación anual del precio del alquiler al índice de precios de consumo (IPC).
3. Incluir en el próximo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que en estos momentos está elaborando el Ministerio de Fomento y Vivienda, ayudas al alquiler en función de la renta (para sectores amplios de la población, no únicamente para
jóvenes), así como ayudas para incentivar que pequeños propietarios pongan sus viviendas en alquiler asequible (fianza, rehabilitación, cuotas impagadas, etc.).
4. Sin perjuicio de las competencias forales, revisar la fiscalidad y condiciones legales de las SOCIMIS con el objetivo de vincularlos a la promoción de vivienda de alquiler asequible, para garantizar el retorno social de este tipo de
sociedades, preservando la función social de la vivienda.
5. Impulsar la creación de un parque público de alquiler utilizando las viviendas vacías de grandes tenedores, prioritariamente, la SAREB y las entidades financieras, que no estén cumpliendo su función social, de manera que se incorporen
mecanismos legales que obliguen a que los inmuebles residenciales desocupados propiedad de estas grandes tenedoras pasen a formar parte del parque público de alquiler.
6. Incrementar la dotación presupuestaria destinada al programa de fomento del parque público de vivienda en alquiler, con el objetivo de duplicar el número de actuaciones previstas durante la vigencia del próximo Plan de Vivienda, en
comparación con el anterior.
7. Dentro del Instituto de Crédito Oficial (ICO) establecer una línea de crédito destinada a financiar la construcción o rehabilitación de viviendas con destino al alquiler a precios asequibles. La financiación deberá ir destinada a
entidades públicas o público-privadas de lucro limitado.'
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000459
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, rechazó la Proposición no de Ley presentada por del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el apoyo institucional en la defensa del Estado de Derecho en Cataluña, publicada
en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 209, de 15 de septiembre de 2017.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Asimismo se publica la enmienda presentada a dicha Proposición no de Ley.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el apoyo institucional en la defensa del Estado de Derecho en Cataluña.
Enmienda
De modificación.
En el apartado 1, donde dice:
'... impedir la organización del referéndum de secesión de Cataluña, convocado por la Generalitat y declarado inconstitucional por la resolución del Tribunal Constitucional, número 4332/2017, de fecha 8 de septiembre de 2017.'
Debe decir:
'... impedir la organización del referéndum de secesión de Cataluña, convocado por la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, suspendida por resolución del Tribunal Constitucional de 7 de septiembre de 2017.'
Y se añaden los siguientes nuevos apartados:
'5. Muestra el apoyo y amparo de esta Cámara a todos los Alcaldes y Alcaldesas que mantienen con firmeza la defensa de la legalidad constitucional.
6. Hace un llamamiento a los responsables institucionales que desafían las normas más elementales del Estado de Derecho y del sistema democrático para que vuelvan a la legalidad constitucional y estatutaria, que es la única garantía de la
libertad ciudadana y de la existencia de la propia democracia.
7. Insta a todos los representantes de la pluralidad y la diversidad de la sociedad catalana y del conjunto de la ciudadanía española a abrir un espacio de diálogo y a buscar una salida pactada y legal que permita desterrar la división y
reforzar la convivencia de todas las sensibilidades de nuestro país.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2017.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000061
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el balance de la política educativa y las perspectivas para el inicio del presente curso
(2017-2018), cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 180 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente interpelación urgente sobre el balance
de la política educativa y las perspectivas para el inicio del presente curso (2017-2018), para su debate en la próxima sesión plenaria.
Motivación
En este mes de septiembre comienza un nuevo curso en el que ya se empiezan a sentir los efectos más negativos del proceso de implantación de la LOMCE. Una ley que ha sido rechazada por la Comunidad educativa y la mayor parte de los grupos
parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados, como se pudo constatar en la XI y en esta Legislatura con la aprobación de una Proposición de Ley para paralizar el calendario de implantación.
Meses después y a punto de comenzar el nuevo curso, el Gobierno no ha dado ningún paso para corregir y evitar algunos de los desastres que esta ley produce en el futuro académico y formación de nuestros jóvenes.
El sistema educativo universitario y no universitario consolida las políticas de desigualdad del Gobierno. Siguen los recortes y el ataque constante a la escuela pública; continua el apoyo a los centros que segregan por sexos; se apuesta
por la discriminación temprana de los alumnos a través de los itinerarios y una FP segregadora y se niega la participación de la comunidad educativa en la gestión de los centros.
Los efectos de la LOMCE se han visto agravados por la política de recortes que han reducido significativamente los recursos económicos en los centros educativos, el número de profesores en nuestro país y dañando además sus condiciones
laborales.
La titulación en 4.º de ESO y las pruebas de acceso a la Universidad han estado cargadas de polémica por la falta de criterio de este Gobierno, generando una gran incertidumbre en las Comunidades Autónomas y más aun en los afectados, el
alumnado, que ha padecido la incertidumbre sobre las pruebas a realizar hasta el último minuto.
El Gobierno ha impuesto un modelo educativo que supone un ataque a la igualdad de oportunidades y un retroceso en la equidad y en la calidad de la educación, apostando claramente por la desigualdad, desigualdad manifiesta en la escuela rural
y entre los alumnos que se escolarizan en ese medio y sigue imponiendo unas tasas universitarias desproporcionalmente elevadas. Esta política pone de manifiesto
una ruptura clara y patente de la igualdad de oportunidades que impide a muchos estudiantes continuar sus estudios debido a que las familias no pueden afrontar su elevado coste.
Un capítulo especial merece la política de becas y ayudas al estudio, objeto de una gran polémica, desacuerdo y rechazo por grupos políticos, comunidad educativa y especialmente por los estudiantes y sus familias, más aun después de la
última convocatoria, publicada en el mes de julio.
La convivencia escolar es otro de los ejes que requieren una atención especial en la política de este gobierno, que debe reactivar las políticas bien encaminadas por el Observatorio Estatal de la Convivencia pero inoperativo desde hace 5
años.
A todas estas políticas, hay que añadir las del gasto en educación, cuya previsión del PIB este gobierno rebaja al 2020 al 3,67 %, cuando la media de la OCDE está por encima del 5,4 %. Es obvio que el sistema educativo que está implantando
el PP busca elevar las desigualdades que existen en la sociedad.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente interpelación urgente al Gobierno sobre el balance de la política educativa y las perspectivas para el inicio del presente curso (2017-2018).
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2017.-Margarita Robles Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000042
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre medidas para impulsar una recuperación salarial que suponga un reparto más justo de la renta y de la enmienda presentada a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Moción consecuencia de interpelación
urgente sobre medidas para impulsar una recuperación salarial que suponga un reparto más justo de la renta.
Moción
'El Congreso de los Diputados, consciente de la necesidad de promover un Pacto de Rentas, que consiga la recuperación salarial y un reparto más justo de la renta, dignifique los salarios, invierta la injusta y desigual dinámica salarial y de
distribución de beneficios y acabe con la pobreza laboral y el incremento de la precariedad, insta al Gobierno a impulsar las siguientes medidas:
1. Derogación de la reforma laboral de 2012, adoptada al margen del diálogo social, que ha supuesto la quiebra de las relaciones laborales y la ruptura de la negociación colectiva, potenciando el poder unilateral del empresario, y que ha
incidido en un mercado de trabajo caracterizado por la precariedad y la devaluación salarial, y marcado por un exceso de temporalidad y trabajo a tiempo parcial no deseado.
2. Emprender, en el marco del diálogo social, la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que fortalezca la negociación colectiva, como instrumento de redistribución de los beneficios de la actividad económica y, por ello, de
reducción de las desigualdades sociales, y que instaure un modelo de empleo y
de relaciones laborales digno, equilibrado, con garantía efectiva de los derechos de las personas trabajadoras, y acorde con los retos del siglo XXI.
3. Reforzar el principio de causalidad como única justificación en la contratación temporal, para evitar que sea realmente el instrumento de entrada en el mercado de trabajo, aumentando las sanciones por fraude con el fin de disuadir su
incumplimiento generalizado.
4. Combatir la desregulación que se viene produciendo del tiempo de trabajo, con jornadas a tiempo parcial que encubren trabajos de jornada completa mediante la realización de horas extraordinarias no pagadas. A tal efecto, se debe derogar
el Real Decreto-ley 16/2013, de regulación del trabajo a tiempo parcial, negociar con los agentes sociales normas sobre tiempo de trabajo homologables con las del resto de países de la Unión Europea y aumentar las actuaciones de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social de vigilancia y control, para evitar la transgresión de los límites legales o pactados en materia de jornada y horas extraordinarias.
5. Favorecer, en el marco del diálogo social y de la negociación colectiva, incrementos salariales de entre un 2 % y un 3 % en 2018, y entre un 2,5 % y un 3,5 % en los años sucesivos, para lograr que en 2021 los salarios hayan recuperado el
peso que tenían en el reparto de la renta nacional en el período previo a la crisis.
6. Fijar, de acuerdo con los interlocutores sociales un incremento gradual del SMI hasta alcanzar los 1.000 euros en 2020, dando cumplimiento al objetivo de la Carta Social Europea.
7. Equiparar la subida salarial de los empleados públicos para 2018 con el aumento de la inflación, incorporando complementos adicionales que permitan ir recuperando el poder adquisitivo perdido, así como generalizar la implantación de la
jornada de 35 horas semanales en el sector público, sin disminución de las retribuciones económicas.
8. Incentivar la inversión en innovación, el aumento de la cualificación de trabajadores y empleados, y poner en pie una autentica y eficaz política industrial, colocando así la productividad en el centro de la actividad económica,
aumentando el potencial de crecimiento de la economía y consolidando una nueva época de salarios decentes en nuestro país.
9. Garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso, formación, promoción y permanencia en el mercado de trabajo, lastradas por la asunción casi en exclusiva por las mujeres de las responsabilidades familiares, adoptando medidas
de reincorporación, así como la erradicación de la brecha salarial de género, que sitúa a las mujeres en mayores niveles de pobreza e incide directamente en sus futuras pensiones.
Para ello, deberá impulsar en el marco del diálogo social un Proyecto de Ley de Igualdad Laboral que incluya, entre otras medidas, la obligatoriedad de que los sueldos y salarios de todas las personas trabajadoras, junto con la modalidad de
contratos a los que se corresponden, sean de conocimiento público.
10. Impulsar la creación de empleo, recuperando e incrementado las políticas activas de empleo más eficaces, cuya dotación presupuestaria se situará al menos en la alcanzada en los Presupuestos Generales del Estado para 2011, al objeto de
mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas, especialmente de los parados de larga duración que no tienen prestación.
11. Elaborar, en el marco del diálogo social, y poner en marcha un Plan de Choque para el Empleo de las Personas Jóvenes, que, desde la articulación de un itinerario personal de inserción, con garantía de, seguimiento y evaluación de
actuaciones, y con una dotación económica suficiente, tenga por objeto mejorar su empleabilidad, en atención a su cualificación. Este Plan revisará y promoverá el contrato de relevo y el contrato en prácticas, con el fin de conseguir una mayor
eficiencia en su utilización, y contendrá una nueva regulación de las prácticas no laborales y los programas de becarios, con revisión de las prácticas extracurriculares. Sus previsiones y evaluación deberán servir de base para la articulación del
Estatuto del Becario.
12. Adoptar medidas que permitan eliminar otras formas de precarización, como los falsos autónomos o falsos becarios, así como otras fórmulas de explotación laboral.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2017.-Margarita Robles Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre medidas
para impulsar una recuperación salarial que suponga un reparto más justo de la renta.
Enmienda
De modificación.
Texto que se propone:
Se modifica la sección propositiva de la Moción, que queda redactada en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las siguientes medidas:
1. Reformar el mercado laboral, con tres grandes objetivos, dirigidos a acabar con los principales problemas que afectan a nuestro mercado de trabajo: reducir el desempleo, especialmente el de larga duración; acabar con la precariedad,
fomentando la creación de empleo estable y de calidad; y potenciar el capital humano con unas políticas activas de empleo y formación verdaderamente eficaces. Para ello, se introducirán mecanismos que permitan reducir la dualidad de nuestro
mercado laboral y desincentivos para las empresas que utilicen de manera abusiva un exceso de despidos por contratos de duración determinada, a la vez que se establece un nuevo incentivo en las cotizaciones de aquellas empresas que despidan menos
por esta causa y que incrementen su porcentaje de contratos indefinidos, comparadas con otras de su mismo sector (el diserto de esta medida se realizará de forma que no perjudique la creación de nuevas empresas y el desarrollo de nuevos sectores
productivos).
2. Refuerce la cartera común de los servicios públicos de empleo de manera que se garantice en todo el Estado el acceso en condiciones de igualdad a los servicios prestados por los mismos. En particular, se potenciarán los servicios de
orientación laboral y formativa con el fin de garantizar una atención personalizada de las personas desempleadas, se profundizará en la vinculación de las diferentes acciones en materia de políticas activas de empleo y su financiación a los
resultados obtenidos en términos de inserción formativa y laboral de las personas desempleadas, y se informará públicamente del impacto de las acciones de políticas activas para favorecer su fiscalización pública.
3. Promover la adopción por las Comunidades Autónomas del nuevo sistema de cheques de formación, de los que podrán beneficiarse todos los trabajadores desempleados, de modo que estos puedan elegir directamente, con la asistencia en su caso
de los servicios de orientación laboral de los servicios públicos de empleo, los cursos de formación que más se adapten a su perfil de empleabilidad y a sus necesidades de colocación.
4. Poner a disposición inmediata de los servicios públicos de empleo un programa de perfilado estadístico basado en los datos personales y competencias profesionales de las personas desempleadas, para su puesta a disposición de los
servicios públicos de empleo. Esta nueva herramienta contará con toda la información disponible en los registros del Sistema Nacional de Empleo y con la que sea aportada por los portales de empleo privados, de modo que los orientadores laborales
dispongan de datos actualizados sobre la evolución del mercado de trabajo, las competencias demandadas en diferentes ocupaciones y los indicadores de eficacia esperados de cada una de las políticas activas de empleo disponibles, a partir de los
cuales, entre otras acciones, puedan formular propuestas de itinerarios formativos y laborales individualizados para cada demandante de empleo atendiendo a su probabilidad estimada de colocación.
5. Poner en marcha el Complemento Salarial para Jóvenes, dotado con 500 millones de euros en la partida presupuestaria 19.101.251M.48803 de los PGE 2017, que podrán recibir todos los trabajadores menores de 30 años inscritos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil que accedan a un empleo, con una duración que será ampliable hasta los 18 meses en caso de que el trabajador se matricule en centros educativos o se inscriba en procesos oficiales con el fin de obtener una titulación
educativa reglada, promoviendo con ello el reenganche de aquellos jóvenes que abandonaron el sistema educativo de manera temprana. En paralelo se reformará la actual bonificación para la contratación de personas
beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil para extender su aplicación a todos los trabajadores jóvenes hasta los 30 años y a los que sean beneficiarios del Complemento Salarial antes referido.
6. Constituir una Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Activas de Empleo, como organismo independiente con competencias suficientes para evaluar de forma continua los efectos de las políticas activas de empleo implementadas por
todas las Administraciones Públicas, con la finalidad de mejorar la coordinación interterritorial entre las mismas y entre los servicios públicos de empleo que las promuevan y fomentar un aumento de su eficacia y eficiencia en términos de inserción
formativa, laboral y social.
7. Garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso, formación, promoción y permanencia en el mercado de trabajo, lastradas por la asunción casi en exclusiva por las mujeres de las responsabilidades familiares, adoptando medidas
de reincorporación, así como la erradicación de la brecha salarial de género, que sitúa a las mujeres en mayores niveles de pobreza e incide directamente en sus futuras pensiones.
8. Promover un Estatuto del Becario que prevea una nueva regulación de las prácticas no laborales y los programas de becarios, con revisión de las prácticas extracurriculares, garantizando unas condiciones dignas y previniendo posibles
casos de falsos becarios.
9. Aprobar una nueva Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que refuerce las sanciones existentes a fin de asegurar su efectividad a la hora de desincentivar el fraude laboral; dotar de más medios técnicos y humanos a la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y establecer mecanismos de coordinación e intercambio de información permanentes con la Inspección de Hacienda, para reforzar la eficacia de sus respectivas actuaciones inspectoras; así como adoptar las
demás medidas que procedan para eliminar otras formas de precarización y fraude laboral, como los falsos autónomos.'
Texto que se sustituye:
'El Congreso de los Diputados, consciente de la necesidad de promover un Pacto de Rentas, que consiga la recuperación salarial y un reparto más justo de la renta, dignifique los salarios, invierta la injusta y desigual dinámica salarial y de
distribución de beneficios y acabe con la pobreza laboral y el incremento de la precariedad, insta al Gobierno a impulsar las siguientes medidas:
1. Derogación de la reforma laboral de 2012, adoptada al margen del diálogo social, que ha supuesto la quiebra de las relaciones laborales y la ruptura de la negociación colectiva, potenciando el poder unilateral del empresario, y que ha
incidido en un mercado de trabajo caracterizado por la precariedad y la devaluación salarial, y marcado por un exceso de temporalidad y trabajo a tiempo parcial no deseado.
2. Emprender, en el marco del diálogo social, la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que fortalezca la negociación colectiva, como instrumento de redistribución de los beneficios de la actividad económica y, por ello, de
reducción de las desigualdades sociales, y que instaure un modelo de empleo y de relaciones laborales digno, equilibrado, con garantía efectiva de los derechos de las personas trabajadoras, y acorde con los retos del siglo XXI.
3. Reforzar el principio de causalidad como única justificación en la contratación temporal, para evitar que sea realmente el instrumento de entrada en el mercado de trabajo, aumentando las sanciones por fraude con el fin de disuadir su
incumplimiento generalizado.
4. Combatir la desregulación que se viene produciendo del tiempo de trabajo, con jornadas a tiempo parcial que encubren trabajos de jornada completa mediante la realización de horas extraordinarias no pagadas. A tal efecto, se debe derogar
el Real Decreto-ley 16/2013, de regulación del trabajo a tiempo parcial, negociar con los agentes sociales normas sobre tiempo de trabajo homologables con las del resto de países de la Unión Europea y aumentar las actuaciones de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social de vigilancia y control, para evitar la transgresión de los límites legales o pactados en materia de jornada y horas extraordinarias.
5. Favorecer, en el marco del diálogo social y de la negociación colectiva, incrementos salariales de entre un 2 % y un 3 % en 2018, y entre un 2,5 % y un 3,5 % en los años sucesivos, para lograr que en 2021 los salarios hayan recuperado el
peso que tenían en el reparto de la renta nacional en el periodo previo a la crisis.
6. Fijar, de acuerdo con los interlocutores sociales un incremento gradual del SMI hasta alcanzar los 1.000 euros en 2020, dando cumplimiento al objetivo de la Carta Social Europea.
7. Equiparar la subida salarial de los empleados públicos para 2018 con el aumento de la inflación, incorporando complementos adicionales que permitan ir recuperando el poder adquisitivo perdido, así
como generalizar la implantación de la jornada de 35 horas semanales en el sector público, sin disminución de las retribuciones económicas.
8. Incentivar la inversión en innovación, el aumento de la cualificación de trabajadores y empleados, y poner en pie una auténtica y eficaz política industrial, colocando así la productividad en el centro de la actividad económica,
aumentando el potencial de crecimiento de la economía y consolidando una nueva época de salarios decentes en nuestro país.
9. Garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso, formación, promoción y permanencia en el mercado de trabajo, lastradas por la asunción casi en exclusiva por las mujeres de las responsabilidades familiares, adoptando medidas
de reincorporación, así como la erradicación de la brecha salarial de género, que sitúa a las mujeres en mayores niveles de pobreza e incide directamente en sus futuras pensiones.
Para ello, deberá impulsar en el marco del diálogo social un Proyecto de Ley de Igualdad Laboral que incluya, entre otras medidas, la obligatoriedad de que los sueldos y salarios de todas las personas trabajadoras, junto con la modalidad de
contratos a los que se corresponden, sean de conocimiento público.
10. Impulsar la creación de empleo, recuperando e incrementando las políticas activas de empleo más eficaces, cuya dotación presupuestaria se situará al menos en la alcanzada en los Presupuestos Generales del Estado para 2011, al objeto de
mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas, especialmente de los parados de larga duración que no tienen prestación.
11. Elaborar, en el marco del diálogo social, y poner en marcha un Plan de Choque para el Empleo de las Personas Jóvenes, que, desde la articulación de un itinerario personal de inserción, con garantía de seguimiento y evaluación de
actuaciones, y con una dotación económica suficiente, tenga por objeto mejorar su empleabilidad, en atención a su cualificación. Este Plan revisará y promoverá el contrato de relevo y el contrato en prácticas, con el fin de conseguir una mayor
eficiencia en su utilización, y contendrá una nueva regulación de las prácticas no laborales y los programas de becarios, con revisión de las prácticas extracurriculares. Sus previsiones y evaluación deberán servir de base para la articulación del
Estatuto del Becario.
12. Adoptar medidas que permitan eliminar otras formas de precarización, como los falsos autónomos o falsos becarios, así como otras fórmulas de explotación laboral.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2017.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
173/000042
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para impulsar una recuperación salarial que suponga un reparto
más justo de la renta, sin modificaciones con respecto al texto inicial que se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara:
'El Congreso de los Diputados, consciente de la necesidad de promover un Pacto de Rentas, que consiga la recuperación salarial y un reparto más justo de la renta, dignifique los salarios, invierta la injusta y desigual dinámica salarial y de
distribución de beneficios y acabe con la pobreza laboral y el incremento de la precariedad, insta al Gobierno a impulsar las siguientes medidas:
1. Derogación de la reforma laboral de 2012, adoptada al margen del diálogo social, que ha supuesto la quiebra de las relaciones laborales y la ruptura de la negociación colectiva, potenciando el poder unilateral del empresario, y que ha
incidido en un mercado de trabajo caracterizado por la precariedad y la devaluación salarial, y marcado por un exceso de temporalidad y trabajo a tiempo parcial no deseado.
2. Emprender, en el marco del diálogo social, la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que fortalezca la negociación colectiva, como instrumento de redistribución de los beneficios de la actividad económica y, por ello, de
reducción de las desigualdades sociales, y que instaure un modelo de empleo y de relaciones laborales digno, equilibrado, con garantía efectiva de los derechos de las personas trabajadoras, y acorde con los retos del siglo XXI.
3. Reforzar el principio de causalidad como única justificación en la contratación temporal, para evitar que sea realmente el instrumento de entrada en el mercado de trabajo, aumentando las sanciones por fraude con el fin de disuadir su
incumplimiento generalizado.
4. Combatir la desregulación que se viene produciendo del tiempo de trabajo, con jornadas a tiempo parcial que encubren trabajos de jornada completa mediante la realización de horas extraordinarias no pagadas. A tal efecto, se debe derogar
el Real Decreto-ley 16/2013, de regulación del trabajo a tiempo parcial, negociar con los agentes sociales normas sobre tiempo de trabajo homologables con las del resto de países de la Unión Europea y aumentar las actuaciones de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social de vigilancia y control, para evitar la transgresión de los límites legales o pactados en materia de jornada y horas extraordinarias.
5. Favorecer, en el marco del diálogo social y de la negociación colectiva, incrementos salariales de entre un 2 % y un 3 % en 2018, y entre un 2,5 % y un 3,5 % en los años sucesivos, para lograr que en 2021 los salarios hayan recuperado el
peso que tenían en el reparto de la renta nacional en el período previo a la crisis.
6. Fijar, de acuerdo con los interlocutores sociales un incremento gradual del SMI hasta alcanzar los 1.000 euros en 2020, dando cumplimiento al objetivo de la Carta Social Europea.
7. Equiparar la subida salarial de los empleados públicos para 2018 con el aumento de la inflación, incorporando complementos adicionales que permitan ir recuperando el poder adquisitivo perdido, así como generalizar la implantación de la
jornada de 35 horas semanales en el sector público, sin disminución de las retribuciones económicas.
8. Incentivar la inversión en innovación, el aumento de la cualificación de trabajadores y empleados, y poner en pie una auténtica y eficaz política industrial, colocando así la productividad en el centro de la actividad económica,
aumentando el potencial de crecimiento de la economía y consolidando una nueva época de salarios decentes en nuestro país.
9. Garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso, formación, promoción y permanencia en el mercado de trabajo, lastradas por la asunción casi en exclusiva por las mujeres de las responsabilidades familiares, adoptando medidas
de reincorporación, así como la erradicación de la brecha salarial de género, que sitúa a las mujeres en mayores niveles de pobreza e incide directamente en sus futuras pensiones.
Para ello, deberá impulsar en el marco del diálogo social un Proyecto de Ley de Igualdad Laboral que incluya, entre otras medidas, la obligatoriedad de que los sueldos y salarios de todas las personas trabajadoras, junto con la modalidad de
contratos a los que se corresponden, sean de conocimiento público.
10. Impulsar la creación de empleo, recuperando e incrementando las políticas activas de empleo más eficaces, cuya dotación presupuestaria se situará al menos en la alcanzada en los Presupuestos Generales del Estado para 2011, al objeto de
mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas, especialmente de los parados de larga duración que no tienen prestación.
11. Elaborar, en el marco del diálogo social, y poner en marcha un Plan de Choque para el Empleo de las Personas Jóvenes, que, desde la articulación de un itinerario personal de inserción, con garantía de seguimiento y evaluación de
actuaciones, y con una dotación económica suficiente, tenga por objeto mejorar su empleabilidad, en atención a su cualificación. Este Plan revisará y promoverá el contrato de relevo y el contrato en prácticas, con el fin de conseguir una mayor
eficiencia en su utilización, y contendrá una nueva regulación de las prácticas no laborales y los programas de becarios, con revisión de las prácticas extracurriculares. Sus previsiones y evaluación deberán servir de base para la articulación del
Estatuto del Becario.
12. Adoptar medidas que permitan eliminar otras formas de precarización, como los falsos autónomos o falsos becarios, así como otras fórmulas de explotación laboral.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
173/000043
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Ciudadanos,
sobre las políticas del Ministerio de Fomento encaminadas a prevenir y atajar el fenómeno de la 'okupación' y de las enmiendas presentadas a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Moción consecuencia de la interpelación urgente al Ministro de Fomento sobre sus políticas encaminadas a
prevenir y atajar el fenómeno de la 'okupación'.
Exposición de motivos
Los delitos de ocupación de edificios y viviendas, calificados como 'usurpación', y tipificados en el Código Penal como utilización de inmuebles ajenos sin autorización (art. 245.2) o de forma violenta (art. 245.1), han experimentado un
elevado crecimiento durante los últimos años, pasando de 622 en 2008 a 836 en 2011, 1.071 en 2012, 1.669 en 2013, 2.402 en 2014 y 3.278 en 2015, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que supone un incremento de casi el 300
% desde el año 2011. Por otra parte, las condenas por este tipo de ataques a la propiedad privada se han multiplicado por siete, pasando de ser 488 los condenados en 2008 a ser 3.278 en 2015. El número de usurpaciones totales se incrementó un 92 %
con respecto a 2014, llegando a 22.461 en el año 2015.
Si bien una manifestación de este fenómeno es la ocupación por parte de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, se debe poner el foco, en primer lugar, en los casos de 'okupación' llevada a cabo por individuos o grupos de
delincuencia organizada, que lo hacen de forma premeditada y con una finalidad lucrativa, aprovechándose de esas mismas personas en situación de vulnerabilidad, hasta el punto de emplear el engaño y la extorsión, y, en segundo lugar, la 'okupación'
llevada a cabo por grupos o movimientos antisistema.
Según la información recogida en diversos medios, el año pasado, el Ministerio del Interior contabilizó 9.998 casos de 'okupación'. Si bien estas cifras suponen un 3,6 % menos que la cifra récord de 10.376 de 2015 y de 2014, cuando se
registraron 10.084, sigue por encima de los delitos y faltas por 'okupaciones' de 2013 (7.739) y de 2012 (6.233).
Tanto los vecinos como los propietarios son víctimas de estas 'okupaciones': las comunidades de vecinos sufren del deterioro de la convivencia, siendo, por ejemplo, el tráfico de drogas de los llamados narcopisos el caso más extremo. Los
propietarios e inquilinos se pueden llegar a encontrar con que es imposible entrar en su propia casa al volver de vacaciones o de una corta ausencia. La escasa protección de la propiedad privada y la lentitud de los procesos judiciales suponen un
grave problema para los propietarios y para los vecinos.
El Defensor del Pueblo inició en diciembre de 2016 una actuación de oficio ante la Secretaría de Estado de Seguridad y la Fiscalía General del Estado por las quejas de ciudadanos que ponen de relieve el aumento de la ocupación ilegal de
inmuebles en España, y recomendaba prever los cauces adecuados para la adopción de medidas de carácter cautelar que restituyan, de manera inmediata, al titular del inmueble la posesión y disfrute del mismo, mediante la tramitación de un
procedimiento judicial rápido. Sin embargo, esta recomendación no ha sido atendida.
Se hace necesario, por tanto, introducir diversas modificaciones en nuestro ordenamiento jurídico que afronten, en su integridad, el fenómeno de la 'okupación'. Por un lado, la vertiente de la defensa del derecho de la propiedad y de los
legítimos usufructuarios, mediante la modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con el objeto de establecer un procedimiento sumario de recuperación de la posesión. El objetivo es reformar este tipo de procedimientos
para lograr una resolución más ágil y rápida, que permita la recuperación de la propiedad o de la posesión ilegítimamente usurpadas.
Por otro lado, la vertiente de seguridad ciudadana: la 'okupación' oculta, en algunos casos, la utilización de la vivienda ocupada para la realización de delitos, en particular, aquellos de singular
relevancia por su transcendencia social y los bienes afectados. Nos referimos al terrorismo, tráfico de drogas y la trata de seres humanos. Resulta necesario, por consiguiente, prever mecanismos que permitan a los cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado actuar en caso de indicios de comisión de delito. La modificación del artículo 25.2 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana pudiera muy bien servir a estos fines. Se trataría de una
medida de prevención que concurriría, junto con otras, a combatir que la 'okupación' sirva para la comisión de delitos singularmente graves, como la experiencia demuestra.
La reforma propuesta tiene sentido con dos precisiones. La primera, que las viviendas u otras edificaciones ocupadas ilegítimamente no revisten la condición jurídica de domicilio que, en tal caso, se beneficiaría de la garantía
constitucional de la inviolabilidad del domicilio (artículo 18). Y, la segunda, que la actuación estará sometida, en todo caso, a las garantías previstas en los artículos 545 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en particular, que
habrá de ser decretada por Juez o Tribunal conforme a lo dispuesto en el artículo 546 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La reforma del delito de la usurpación, previsto en el artículo 245 del Código Penal vigente, como avanzábamos operada en el año 2015 lo convirtió en delito leve y, en definitiva, desvirtuó en la práctica enormemente su castigo. Resulta
oportuno abordar igualmente una reforma del Código Penal a fin de endurecer el reproche penal a los autores de este delito y, a la postre, de que se disuade a otros de cometer el mismo delito. Esta reforma tiene, por tanto, un propósito último
claro: evitar, como viene sucediendo de forma ininterrumpida hasta ahora, que el número de viviendas ocupadas siga creciendo incesantemente, igual que lo hace el perjuicio de sus legítimos propietarios.
Asimismo, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal resulta igualmente apropiada a los efectos de incluir estos mismos delitos de usurpación en el ámbito del juicio rápido, regulado en los artículos 795 y siguientes de la misma Ley.
Por último, conviene hacer mención a la vertiente social que esta iniciativa contiene. La 'okupación' se presenta, en otras ocasiones, como la última posibilidad en manos de familias, particularmente necesitadas, para afrontar su situación
de penuria. Es, objetivamente, la máxima expresión de la frustración y del fracaso del Estado en atender a sus obligaciones, incluso, constitucionales (artículo 47), sin olvidar que también le corresponde 'asegurar la protección social, económica y
jurídica de la familia' (artículo 39).
Teniendo presente lo anterior,
Moción
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reformar la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con el objeto de que:
a) Se decidan en juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, las demandas que pretendan el lanzamiento o desalojo y la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, por parte de su dueño o usufructuario, por
haber sido desposeído de la misma sin su consentimiento, siempre que se trate de personas físicas o jurídicas. En este último caso, solo podrán ser los titulares de viviendas acogidas a cualquier régimen de alquiler social.
b) En el marco del juicio verbal, el Tribunal acordará, como primera actuación, simultánea al traslado de la demanda para su contestación, la recuperación inmediata de la posesión por el demandante, si así lo solicitare y aportare título que
acredite el derecho a poseer la vivienda o parte de ella, sin exigir caución ni concurrencia de peligro por la mora procesal.
2. Reformar la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, a los efectos de que, en el caso de viviendas u otras edificaciones, si el legítimo titular hubiese denunciado la ocupación y hubiese indicios
suficientes de la posibilidad de su utilización con fines delictivos particularmente graves como los de terrorismo, tráfico de drogas y trata de seres humanos, se considere causa legítima suficiente para la entrada, registro e identificación de los
ocupantes, con independencia de las eventuales disputas sobre la legitimidad de los títulos jurídicos de la ocupación.
3. Reformar el artículo 245 del Código Penal con el objeto de endurecer las penas previstas en el mismo a fin de (i) garantizar que los autores del delito de usurpación cumplen en todo caso su castigo, (ii) disuadir a otros de cometer el
mismo delito en el futuro e (iii) impedir la proliferación de organizaciones criminales que obtienen lucro de la actividad ilegal de la 'okupación'.
4. Reformar el artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el objeto de incluir los delitos de usurpación en el ámbito del juicio rápido, regulado en los artículos 795 y siguientes de dicha Ley.
5. Asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia en situaciones de vulnerabilidad, en particular, habitacional y, a este fin:
a) Flexibilizar, con las salvaguardias adecuadas, los requisitos para que los deudores más vulnerables puedan cancelar sus deudas mediante la dación en pago de su vivienda habitual, manteniendo el derecho a permanecer en su casa durante tres
años con un alquiler que no superará el 30 % de los ingresos de la unidad familiar del deudor.
b) Reforzar los servicios municipales de atención social para atender a los que se vean afectados negativamente por la desocupación de la vivienda cuando concurriese alguna justificada razón social.
c) Evaluar la conveniencia de que el Fondo Social de Vivienda, fruto de lo previsto en la disposición adicional única del Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores
hipotecarios, adquiera carácter definitivo, como posibilidad con la que atender a aquellos que reuniesen los requisitos sociales correspondientes.
d) Crear un 'Portal de las Ayudas a la Vivienda' en la que todas las Administraciones publique las convocatorias de las ayudas con las que atienden las necesidades de vivienda.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2017.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Moción
consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del Ministerio de Fomento encaminadas a prevenir y atajar el fenómeno de la 'okupación'.
Enmienda
De modificación.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. [...]
a) [...]
b) En el marco del juicio verbal, solo será posible la enervación de la acción mediante la aportación del título que justifique la posesión por el demandado, debiendo, o en otro caso, hacer entrega de la posesión inmediata al demandante que
así lo solicitare y aportare título que acredite el derecho a poseer la vivienda o parte de ella, sin exigir caución.
2. Elaborar un Plan Especial de Seguridad contra las mafias que trafican con pisos vacíos, impulsando en este marco acuerdos con las Policías Autónomas y Locales y específicamente acordar con las Corporaciones Locales la incorporación de
Policía Local a las labores de vigilancia, en el ámbito de sus competencias, y en cooperación con la Guardia Civil y la Policía Nacional; mejorando los niveles de prevención; reforzando las labores de investigación y potenciando las labores de
captación de información y de elaboración de inteligencia específica; y donde se atienda a los intereses de los titulares de las viviendas y las necesidades de quienes las ocupan de manera efectiva, así como a otras personas directamente afectadas.
3. Supresión.
4. [...]
5. [...]
6. Así mismo se insta al Gobierno a que en el plazo de un mes:
a) Establezca los acuerdos pertinentes con el resto de las administraciones públicas previendo mecanismos para garantizar de forma efectiva el derecho a una vivienda digna y adecuada, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la
Carta de Derechos de la Unión Europea y la legislación estatal y autonómica, particularmente para las personas en riesgo de exclusión, así como el derecho a la tenencia de la propiedad y el disfrute pacífico por parte de su titular. A tal efecto,
habrán de suscribir protocolos, con financiación suficiente, para implementar los mecanismos de colaboración, coordinación y financiación que garanticen la efectividad de los citados derechos.
b) Los protocolos contemplarán la participación del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los Letrados de la Administración de Justicia con responsabilidades en la
materia y los responsables de los Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas y Administraciones locales.
c) También se promoverá la creación de registros, en el ámbito territorial propio de cada Comunidad Autónoma, que incorporen el parque de viviendas sociales disponible para atender de manera rápida, ágil y eficaz las necesidades de las
personas y familias en riesgo de exclusión residencial, así como los datos de localización de cada vivienda, su situación de ocupación y habitabilidad, las medidas o actuaciones de rehabilitación adoptadas y pendientes, las actuaciones a desarrollar
por los servicios sociales y los procedimientos para la adjudicación a personas y familias en riesgo de exclusión residencial. Para la permanente actualización de los datos incorporados, y sin perjuicio de su gestión por las administraciones
autonómicas, se facilitará la participación de las administraciones locales, así como el acceso, junto a los responsables de seguridad de ámbito nacional, de los responsables de seguridad de ámbito autonómico y local, en su caso.
d) Del mismo modo se establecerán instrumentos telemáticos de intercambio de información para la colaboración entre las diferentes Administraciones Públicas competentes que permitan acceder a datos relativos a procedimientos judiciales de
ejecución hipotecaria, desahucio o aquellos otros que deriven en el lanzamiento por ocupación ilegal, al objeto de prevenir situaciones de exclusión residencial.
e) Promover que se obligue legalmente a que siempre que se notifique una resolución que contenga fijación de fecha para el lanzamiento o desahucio de primera vivienda, se dará traslado de dicha resolución a los servicios sociales competentes
por razón del territorio.
f) A remitir a las Cortes Generales, con periodicidad trimestral, información relativa al cumplimiento de las previsiones establecidas en esta disposición adicional y, específicamente, de los protocolos suscritos y de la financiación pública
aportada para la efectividad de las medidas recogidas en los mismos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2017.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre las políticas del Ministerio de Fomento encaminadas a prevenir y atajar el fenómeno de la 'okupación'.
Enmienda
A la letra d) del apartado 5.
De modificación.
El texto que se propone quedará redactado como sigue:
'd) Seguir la dinámica que hasta la fecha ha realizado el Ministerio de Fomento en su página web, actualizando los programas de ayudas que regule el Plan Estatal de Vivienda en vigor, y seguir facilitando el enlace a la web del organismo
competente en materia de vivienda de cada una de las Comunidades Autónomas que gestionan los programas de ayudas de los Planes Estatales de Vivienda.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata Europeu Català integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de
modificación del apartado 3 de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre las políticas encaminadas a prevenir y atajar el fenómeno de la 'okupación'.
Enmienda
De modificación.
Redacción que se propone:
'Teniendo presente lo anterior, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
2. Impulsar la reforma del Código Penal con el objeto de considerar agravante la ocupación ilegal de una vivienda cuando en la misma se efectúen actividades delictivas como tráfico de drogas, trata de personas, actividades terroristas, etc.
[...]'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2017.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
173/000043
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del Ministerio de Fomento encaminadas a
prevenir y atajar el fenómeno de la 'okupación', ha acordado lo siguiente:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reformar la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con el objeto de que:
a) Se decidan en juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, las demandas que pretendan el lanzamiento o desalojo y la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, por parte de su dueño o usufructuario, por
haber sido desposeído de la misma sin su consentimiento.
b) En el marco del juicio verbal, el Tribunal acordará, como primera actuación, simultánea al traslado de la demanda para su contestación, la recuperación inmediata de la posesión por el demandante, si así lo solicitare y aportare título que
acredite el derecho a poseer la vivienda o parte de ella, sin exigir caución ni concurrencia de peligro por la mora procesal, contrastando la falta de título para poseer del demandado.
2. Reformar la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, a los efectos de que, en el caso de viviendas u otras edificaciones, si el legítimo titular hubiese denunciado la ocupación y hubiese indicios
suficientes de la posibilidad de su utilización con fines delictivos particularmente graves como los de terrorismo, tráfico de drogas y trata de seres humanos, siempre que se aporte orden judicial o autorización del titular de la vivienda, se
considere causa legítima suficiente para la entrada, registro e identificación de los ocupantes, con independencia de las eventuales disputas sobre la legitimidad de los títulos jurídicos de la ocupación. Asimismo, se considerará causa legítima
para la entrada que se estuviese cometiendo un delito flagrante.
3. Reformar el artículo 245 del Código Penal con el objeto de endurecer las penas previstas en el mismo a fin de (i) garantizar que los autores del delito de usurpación cumplen en todo caso su castigo, (ii) disuadir a otros de cometer el
mismo delito en el futuro e (iii) impedir la proliferación de organizaciones criminales que obtienen lucro de la actividad ilegal de la 'okupación'.
4. Reformar el artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el objeto de incluir los delitos de usurpación en el ámbito del juicio rápido, regulado en los artículos 795 y siguientes de dicha ley.
5. Asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia en situaciones de vulnerabilidad, en particular, habitacional y, a este fin:
a) Flexibilizar, con las salvaguardias adecuadas, los requisitos para que los deudores más vulnerables puedan cancelar sus deudas mediante la dación en pago de su vivienda habitual, manteniendo el derecho a permanecer en su casa durante tres
años con un alquiler que no superará el 30 % de los ingresos de la unidad familiar del deudor.
b) Reforzar los servicios municipales de atención social para atender a los que se vean afectados negativamente por la desocupación de la vivienda cuando concurriese alguna justificada razón social.
c) Evaluar la conveniencia de que el Fondo Social de Vivienda, fruto de lo previsto en la Disposición Adicional única del Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores
hipotecarios, adquiera carácter definitivo, como posibilidad con la que atender a aquellos que reuniesen los requisitos sociales correspondientes.
d) Seguir actualizando, en la página web Ministerio de Fomento, los programas de ayudas que regule el Plan Estatal de Vivienda en vigor y seguir facilitando el enlace a la web del organismo competente en materia de vivienda en cada una de
las Comunidades Autónomas que gestionan los programas de ayudas de los Planes Estatales de Vivienda.'
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
173/000044
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la garantía de independencia informativa en RTVE, teniendo en cuenta la reformulación presentada a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente Moción consecuencia de la interpelación urgente para garantizar la independencia en
RTVE, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
El derecho a recibir información veraz y el derecho a acceder y hacer uso de medios de comunicación están protegidos por el artículo 20 de la Constitución Española como derechos fundamentales. El artículo 20.3 establece que la ley regulará
la organización de los medios de comunicación social dependientes del Estado y la participación de la sociedad en los mismos, respetando el pluralismo social, político, cultural y lingüístico de España.
Sin embargo, en la práctica, estos derechos están escasamente desarrollados y las denuncias de incumplimiento se multiplican. El modelo organizativo de RTVE no ha sido actualizado en las últimas décadas, prolongándose un modelo obsoleto que
no está a la altura de los estándares europeos y no responde a los retos actuales, como la creciente demanda social de transparencia y participación ciudadana o la garantía de pervivencia del servicio público en la era de la comunicación digital
multiplataforma y el consumo no lineal.
La ausencia de un sistema de equilibrios y contrapesos en el organigrama de la corporación que garantice la independencia del ente y la prevalencia del criterio profesional con un modelo basado en la transparencia y en la participación del
personal, personas usuarias y sociedad civil ha permitido que las injerencias políticas y la opacidad en el gasto se conviertan en práctica habitual, poniendo en riesgo la propia sostenibilidad del servicio público como vienen denunciando diversas
instituciones y los propios trabajadores y trabajadoras de RTVE desde hace años.
Instituciones internacionales, tanto de carácter patronal como el International Press Institute (IPI) como de carácter profesional Europea de Periodistas (EJF), Federación Internacional de Periodistas (IFJ), Reporteros Sin Fronteras (RSF),
Access Info Europe o el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ International) han denunciado reiteradamente junto a los propios Consejos de Informativos de RTVE la estrategia de control político de la redacción que desnaturaliza el servicio
público y el derecho a la información, imposibilita la independencia de sus profesionales y se aleja de los principios de objetividad, veracidad, pluralismo y rigor deontológico. Estas denuncias y estrategias han tenido eco en repetidas ocasiones
en prensa internacional, afectando gravemente a la imagen de España y de su sistema democrático en la comunidad internacional. Instituciones europeas como la OSCE o el propio Consejo de Europa han denunciado en varias ocasiones la falta de
pluralismo y presiones gubernamentales en RTVE.
Más allá del control político, los sindicatos internos vienen denunciando reiteradamente la ineficaz gestión económica del ente, incluyendo numerosos casos de contabilidad opaca, venta de patrimonio en condiciones desfavorables, ausencia de
concursos públicos o subastas, externalización a terceros implicados en tramas de corrupción, desproporción en el número y remuneración de directivos internos y externos o contratación sesgada de redacciones paralelas, entre otras cuestiones. A día
de hoy, gran parte de los recursos abiertos contra el Consejo de Transparencia los hace RTVE para negarse a dar cuentas de su contabilidad a los contribuyentes que lo demandan. De prolongarse esta situación, podría llegar a ponerse en riesgo la
propia sostenibilidad de la corporación, por lo que urge atajar estos problemas.
Pero las dificultades del modelo actual no se limitan a la permisividad del sesgo informativo y la falta de transparencia en la gestión, sino que implican también un fuerte déficit de participación y acceso de la ciudadanía y la sociedad
civil que permita al contribuyente valorar la utilidad del servicio público, así como un abandono del papel líder como referente informativo, innovador tecnológico y herramienta de proyección internacional de nuestra pluralidad cultural.
La solución a estos problemas requiere ir más allá de la renovación del Consejo de Administración del ente y de la vuelta a la elección del Presidente por 2/3 de la Cámara tal y como se aprobará previsiblemente esta misma semana en el
Congreso de los Diputados. Si bien es cierto que es fruto de un acuerdo histórico ente diferentes grupos parlamentarios, debe ser solo el principio hacia la construcción de un nuevo modelo de RTVE que garantice una reforma estructural para
adecuarla a los estándares europeos de independencia, transparencia y participación social, así como para dotarla de un sistema de financiación estable y suficiente. Es necesario que exista un compromiso real por parte del Gobierno y de los
partidos políticos con representación en las Cortes de no obstaculizar y, por tanto, impulsar, la elaboración de las bases de un concurso público para la elección del Presidente y del Consejo de Administración de forma conjunta y seguir avanzando en
la construcción de un nuevo modelo de RTVE que signifique la garantía de la independencia total del servicio público.
Por lo tanto,
Moción
'El Congreso de los Diputados manifiesta su voluntad de que por los procedimientos legales y reglamentarios pertinentes y por lo órganos competentes:
1. Se aporten los medios y recursos necesarios para que los Grupos Parlamentarios que componen la Cámara constituyan inmediatamente una mesa de trabajo, formada por expertos en comunicación y profesionales de RTVE, para establecer las bases
del concurso público que servirá para elegir al futuro
presidente de la Corporación, así como el procedimiento para decidir la composición del Comité de Expertos que evaluará las candidaturas que se presenten a dicho concurso. El concurso público citado anteriormente, necesariamente tendrá en
cuenta el currículum acreditado por los aspirantes, así como el proyecto a medio/largo plazo que se aporte y las propuestas económicas y de gestión necesarias para cumplir con el mandato de servicio público encomendado a RTVE.
2. Promover, con los Grupos Parlamentarios de la Cámara, el comienzo de un proceso que defina un nuevo modelo de radiotelevisión pública que garantice el pluralismo, la transparencia en la gestión y la independencia política y económica.
3. El proyecto citado en el anterior punto deberá incluir mecanismos de participación ciudadana vinculante y de representantes de la sociedad civil para garantizar la protección de los derechos humanos y sociales de la ciudadanía y sus
minorías, así como nuevos procesos necesarios para garantizar la independencia de los directores de informativos.
4. Estudiar, con los Grupos Parlamentarios de la Cámara, vías de financiación estables y suficientes para garantizar la solvencia económica de RTVE, evitando cualquier tipo de vía hacia la externalización y privatización de los servicios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre del 2017.-Noelia Vera Ruíz-Herrera, Diputada.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
173/000044
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la garantía de
independencia informativa en RTVE, sin modificaciones con respecto al texto inicial que se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara:
'El Congreso de los Diputados manifiesta su voluntad de que por los procedimientos legales y reglamentarios pertinentes y por los órganos competentes:
1. Se aporten los medios y recursos necesarios para que los Grupos Parlamentarios que componen la Cámara constituyan inmediatamente una mesa de trabajo, formada por expertos en comunicación y profesionales de RTVE, para establecer las bases
del concurso público que servirá para elegir al futuro presidente de la Corporación, así como el procedimiento para decidir la composición del Comité de Expertos que evaluará las candidaturas que se presenten a dicho concurso. El concurso público
citado anteriormente, necesariamente tendrá en cuenta el currículum acreditado por los aspirantes, así como el proyecto a medio/largo plazo que se aporte y las propuestas económicas y de gestión necesarias para cumplir con el mandato de servicio
público encomendado a RTVE.
2. Se promuevan, con los Grupos Parlamentarios de la Cámara, el comienzo de un proceso que defina un nuevo modelo de radiotelevisión pública que garantice el pluralismo, la transparencia en la gestión y la independencia política y
económica.
3. El proyecto citado en el anterior punto deberá incluir mecanismos de participación ciudadana vinculante y de representantes de la sociedad civil para garantizar la protección de los derechos humanos y sociales de la ciudadanía y sus
minorías, así como nuevos procesos necesarios para garantizar la independencia de los directores de informativos.
4. Se estudien, con los Grupos Parlamentarios de la Cámara, vías de financiación estables y suficientes para garantizar la solvencia económica de RTVE, evitando cualquier tipo de vía hacia la externalización y privatización de los
servicios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.