Ruta de navegación
Publicaciones
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 185, de 03/07/2017
cve: BOCG-12-D-185
PDF
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
3 de julio de 2017
Núm. 185
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
DIPUTADOS QUE ACCEDEN A SECRETOS OFICIALES
052/000003 Renuncia de don Antonio Hernando Vera como Diputado con acceso a secretos oficiales, así como propuesta de doña Margarita Robles Fernández como candidata para la elección prevista en el apartado tercero de la Resolución de la
Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004 ... (Página4)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000434 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Mixto, Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y de Esquerra Republicana, por la que se insta al Gobierno a convocar la Junta de Seguridad de
Cataluña ... (Página4)
162/000435 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el establecimiento de un registro diario de la jornada de trabajo en las empresas... (Página6)
Comisión de Justicia
161/002041 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la despenalización de los actos que proporcionen o faciliten la muerte digna y sin dolor de otra persona, a petición expresa, libre e
inequívoca de ésta ... (Página7)
Comisión de Interior
161/002033 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Mixto, Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y de Esquerra Republicana, por la que se insta al Gobierno a convocar la Junta de Seguridad de
Cataluña ... (Página8)
161/002034 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la convocatoria urgente de la Junta de Seguridad en Cataluña ... (Página9)
Comisión de Economía, Industria y Competitividad
161/002028 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la implantación de una estrategia para incrementar el tamaño de las Pymes españolas ... (Página10)
161/002029 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Socialista, Mixto, Ciudadanos y Popular en el Congreso, sobre inclusión de nuevas zonas marinas en la Red de
Parques Nacionales ... (Página12)
Comisión de Fomento
161/002024 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al impulso de la Metroguagua en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ...
161/002025 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la creación de un acceso directo al Hospital de la Marina Baixa desde la circunvalación de la N-332 a su paso
por Villajoyosa ... (Página14)
161/002026 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al cumplimiento de los servicios de la línea de Cercanías C1 Málaga-Aeropuerto-Fuengirola y la reposición de
la plantilla ... (Página15)
161/002030 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el desarrollo de un Reglamento para la protección de los edificios frente a la exposición al radón, a
incorporar al Código Técnico de la Edificación (CTE) ... (Página16)
161/002032 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la normativa para la construcción de vías ciclistas adyacentes a carreteras ...
161/002048 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Ciudadanos, sobre la Variante de Pajares ... (Página19)
Comisión de Educación y Deporte
161/002042 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre modificación del currículo estatal y que la asignatura de Filosofía vuelva a ser una materia troncal en 2.º de
Bachillerato ... (Página21)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/002035 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la mejora del acceso al subsidio y renta agraria en Andalucía ... (Página23)
161/002037 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a paliar la situación de emergencia derivada de las inclemencias climatológicas en el campo extremeño y sus consecuencias para las personas
trabajadoras... (Página25)
161/002038 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el establecimiento de un registro diario de la jornada de trabajo en las empresas... (Página27)
161/002040 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la modificación del Real Decreto 782/2001 para extender la relación laboral de carácter especial a las personas que se encuentran en
régimen abierto o libertad condicional ... (Página28)
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
161/002045 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la introducción de instalaciones eléctricas prioritarias para la ciudad de Valencia en la Planificación Energética Nacional, a través del Plan de
Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020 ... (Página33)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002031 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a medidas para erradicar la Vespa velutina o avispa asiática ... (Página34)
161/002036 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a paliar la situación de emergencia derivada de las inclemencias climatológicas en el campo extremeño y sus consecuencias para las personas
trabajadoras ... (Página36)
161/002044 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes para compensar y reparar los daños producidos como consecuencia de las heladas en la provincia de Ourense ...
161/002046 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la prohibición de la venta en España de productos cosméticos y de higiene personal que contengan microplásticos ...
161/002047 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la adopción de medidas efectivas contra el avance de la avispa asiática ... (Página42)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002043 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a disponer de medidas para el diagnóstico precoz del cáncer de endometrio en las mujeres ...
Comisión de Igualdad
161/002039 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para garantizar la cotización por las víctimas de violencia de género perceptoras de la renta activa de inserción, con cargo a la fiscalidad del
Estado y a los efectos de jubilación ... (Página45)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTADOS QUE ACCEDEN A SECRETOS OFICIALES
052/000003
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(52) Funciones del Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Renuncia de don Antonio Hernando Vera como Diputado con acceso a secretos oficiales, así como propuesta de doña Margarita Robles Fernández como candidata para la elección prevista en el apartado tercero de la Resolución de la Presidencia del
Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004.
Acuerdo:
Aceptar la renuncia de don Antonio Hernando Vera a la condición referida y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, así como comunicar al Gobierno.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000434
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de don Carles Campuzano i Canadés, Diputado del Partit Demòcrata Europeu Català, doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada del Grupo Parlamentario Socialista, don Francesc Xavier Domènech i Sampere,
Diputado del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y don Joan Tardà i Coma, Diputado del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana, y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan, para su discusión ante el Pleno, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a convocar la Junta de Seguretat de
Catalunya.
Antecedentes
La Junta de Seguretat de Catalunya es el órgano superior de coordinación entre la Policía de la Generalitat y otras fuerzas y cuerpos del Estado. Está regulada en el Título IV De las competencias, artículo 164 del Estatut d'Autonomia de
Catalunya: 'La Generalitat participa, mediante una Junta de Seguridad de composición paritaria entre la Generalitat y el Estado y presidida por el Presidente de la Generalitat, en la coordinación de las políticas de seguridad y de la actividad de
los cuerpos policiales del Estado y de Cataluña, así como en el intercambio de información en el ámbito internacional y en las relaciones de colaboración y auxilio con las autoridades policiales de otros países. La Generalitat, de acuerdo con el
Estado, estará presente en los grupos de trabajo de colaboración con las policías de otros países en que participe el Estado'.
Entre las funciones de la Junta de Seguretat están las de coordinar las políticas de seguridad del Estado y de Catalunya, coordinar la actividad de los cuerpos policiales del Estado y de Catalunya, coordinar el intercambio de información en
el ámbito internacional y en las relaciones de colaboración y auxilio con las autoridades policiales de otros países, y asegurar la presencia de la Generalitat, de acuerdo con el Estado, en los grupos de trabajo de colaboración con las policías de
otros países en que participa el Estado.
La última Junta de Seguretat de Catalunya se celebró el año 2009, hace 8 años que no se celebra. Ante un contexto donde el nivel de alerta antiterrorista es alarmante, nivel 4 sobre 5 de alerta antiterrorista, el Govern de la Generalitat de
Catalunya ha pedido al Ministro del Interior la celebración de la Junta de Seguretat de forma reiterada. Hasta ahora, la respuesta del Gobierno español ha sido la no convocatoria de dicho organismo de coordinación.
Además de esta situación, el Gobierno español, a través del Ministerio de Hacienda, ha enviado al Govern de la Generalitat de Catalunya un requerimiento previo a la oferta pública de creación de 500 plazas de Mossos de Esquadra. En dicho
requerimiento le comunica que solo se puede convocar 50 plazas.
Por todo ello, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata, del Grupo Parlamentario Socialista, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presentan la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Fijar con carácter inmediato la fecha de celebración de la Junta de Seguretat de Catalunya, la cual no se ha celebrado desde el año 2009.
2. Tratar en la Junta de Seguretat de Catalunya:
- La presencia de los Mossos d'Esquadra en las mesas de evaluación de la amenaza terrorista.
- La integración de los Mossos d'Esquadra en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).
- La presencia de los Mossos d'Esquadra en los foros internacionales, acceso a las bases de datos de la EUROPOL y su habilitación para poder hacer persecuciones en caliente.
3. Rectificar el requerimiento enviado por el Gobierno del Estado a la Generalitat de Catalunya, en relación a la oferta pública de 500 plazas de Mossos d'Esquadra, que esta administración va a convocar, por el cual se le instaba a reducir
tal oferta a solo 50 plazas, reducción que no encaja con los objetivos de preservar la seguridad pública.
4. Ejecutar la función ordinaria que tiene la Junta de Seguretat de Catalunya de certificar el número de efectivos que tienen los Mossos d'Esquadra, con las consiguientes repercusiones presupuestarias, función que no se ha ejercido desde
hace 8 años.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2017.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.-Meritxell Batet Lamaña, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista,-Francesc Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
162/000435
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marian Beitialarrangoitia Lizarralde, Diputada de EHBILDU, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley
sobre el establecimiento de un registro diario de la jornada de trabajo en las empresas, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La flexibilidad horaria que permite la actual legislación laboral ha dado lugar a numerosos litigios en los que se ha cuestionado si las empresas están o no obligadas a llevar un registro diario de la jornada de trabajo. La cuestión es
trascendente no solo por afectar a los medios de prueba de que disponen los trabajadores para acreditar la realización de horas extraordinarias en caso de discrepancias sobre su realización y abono, sino porque incide en las obligaciones de
cotización en materia de Seguridad Social, con importantes consecuencias tanto para los derechos de los trabajadores como para las arcas del sistema.
La Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha resuelto definitivamente la cuestión mediante sentencias de 23 de marzo y 20 de abril de 2017, en las que concluye que el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores, que es la norma legal de
aplicación, no establece la obligación de registrar diariamente la jornada ordinaria, sino solo las horas extraordinarias en caso de que se produzcan. No obstante, la propia Sala manifiesta que, lege ferenda, sería conveniente una reforma
legislativa que clarificara la obligación de llevar un registro horario y facilitara al trabajador la prueba de la realización de horas extraordinarias.
En aras a cubrir dicha necesidad de clarificación normativa y seguridad jurídica, es necesario abordar la modificación de los artículos 34 y 35 del Estatuto de los Trabajadores para establecer la obligación para todas las empresas de
registrar diariamente la jornada de sus trabajadores, en términos similares a la regulación actualmente existente para los trabajadores móviles en el artículo 10 bis.5 del Real Decreto sobre jornadas especiales de trabajo. También se debe modificar
el artículo 7.5 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, a fin de establecer como una infracción grave en materia de relaciones laborales individuales y colectivas la falta de Ilevanza o incorrecta llevanza del registro diario de
jornada.
Con estas modificaciones legales se pretende evitar las prolongaciones irregulares de jornada, que perjudican no solo los intereses económicos y jurídicos de los trabajadores y su derecho a la conciliación de la vida personal y laboral, sino
también la creación de empleo y consiguiente disminución del desempleo.
Es por ello que presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, estableciendo la obligación para todas
las empresas de registrar diariamente la jornada de sus trabajadores, en términos similares a la regulación actualmente existente para los trabajadores móviles en el Real Decreto sobre jornadas especiales de trabajo.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, a fin de establecer como
una infracción grave en materia de relaciones laborales individuales y colectivas la falta de Ilevanza o incorrecta Ilevanza del registro diario de jornada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2017.- Marian Beitialarrangoitia Lizarralde, Diputada.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Justicia
161/002041
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada doña Ester Capella i Farré, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre
la despenalización de los actos que proporcionen o faciliten la muerte digna y sin dolor de otra persona, a petición expresa, libre e inequívoca de ésta, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El artículo 10.1 de la Constitución española de 1978 expresa las características fundamentales del Estado Democrático de Derecho cuando afirma que 'la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre
desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los otros son fundamento del orden político y de la paz social'. Los derechos fundamentales de la persona proclamados en la Constitución son, por lo tanto, inherentes a su
dignidad y la dotan de contenido material. Sin embargo, no pueden ser entendidos de forma contradictoria con lo que dispone el citado precepto, que debe ser considerado como de 'tipo rector' de la interpretación constitucional de los derechos y
libertades. En otras palabras, los derechos fundamentales de la persona emanan de la proclamación de su dignidad como fundamento del orden político y de la paz social, y de conformidad con los valores superiores del ordenamiento jurídico
proclamados en el artículo de la propia norma fundamental.
La vida, como objeto de protección jurídica, no representa, en principio, ningún problema desde el punto de vista de su reconocimiento constitucional. Así, el artículo 15 proclama de manera taxativa que 'todos tienen derecho a la vida'.
Una interpretación integradora de vida y libertad y, en consecuencia, una interpretación del artículo 15 a la luz del libre desarrollo de la personalidad, obliga a considerar que la vida impuesta contra la voluntad de su titular no puede merecer el
calificativo de bien jurídico protegido. Dicho de otra manera, la vida es un derecho, no un deber. Por lo tanto, debe rechazarse una confrontación ficticia entre vida y libertad, pretendidamente resuelta apelando a la prevalencia formal de una
sobre otra, basándose en criterios como la ordenación sistemática, la intensidad de la tutela penal o la prioridad biológica-natural. La regulación jurídico-penal de las conductas relacionadas con el suicidio ha de ser abordada desde una
perspectiva basada en los principios anteriormente expuestos, y que consecuentemente afirme el reconocimiento de la disponibilidad sobre la propia vida y, correlativamente, el derecho a morir.
A pesar de ello, la especial importancia de la vida, la irreversibilidad de las consecuencias de la decisión, la eventual y necesaria implicación de terceros y la vulnerabilidad de los procesos de decisión en determinadas situaciones y
etapas finales hacen necesario adoptar tantas medidas como sea posible para garantizar la plena libertad de la voluntad. Por lo tanto, es conveniente despenalizar la conducta de quien, mediante actos necesarios o de cooperación activa, permita,
propicie o facilite la muerte digna y sin dolor de otra persona, a petición expresa, libre e inequívoca de ésta, en el caso que sufriese una enfermedad grave que hubiese conducido necesariamente a su muerte o le produjese graves sufrimientos
permanentes y difíciles de soportar, o que, siendo permanente, la incapacitase de forma generalizada para valerse por sí misma.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
Impulsar la modificación del apartado 4 del artículo 143 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para que quede exento de pena quien, mediante actos necesarios o de cooperación activa, permitiese, proporcionase o
facilitase la muerte digna y sin dolor de otra persona, a petición expresa, libre e inequívoca de ésta, en el caso de que sufriese una enfermedad grave que hubiese conducido necesariamente a su muerte o le provocase graves sufrimientos permanentes y
difíciles de soportar, o que, siendo permanente, la incapacitase de manera general para valerse por ella misma.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2017.-Ester Capella i Farré, Diputada.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Comisión de Interior
161/002033
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de don Carles Campuzano i Canadés Diputado del Partit Demòcrata Europeu Català, doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada del Grupo Parlamentario Socialista, don Francesc Xavier Domènech i Sampere,
Diputado del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y don Joan Tardà i Coma, Diputado del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presentan, para su discusión ante la Comisión de Interior, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a convocar la Junta de Seguretat de Catalunya.
Antecedentes
La Junta de Seguretat de Catalunya es el órgano superior de coordinación entre la Policía de la Generalitat y otras fuerzas y cuerpos del Estado. Está regulada en el Título IV De las competencias, artículo 164 del Estatut d'Autonomia de
Catalunya: 'La Generalitat participa, mediante una Junta de Seguridad de composición paritaria entre la Generalitat y el Estado y presidida por el Presidente de la Generalitat, en la coordinación de las políticas de seguridad y de la actividad de
los cuerpos policiales del Estado y de Cataluña, así como en el intercambio de información en el ámbito internacional y en las relaciones de colaboración y auxilio con las autoridades policiales de otros países. La Generalitat, de acuerdo con el
Estado, estará presente en los grupos de trabajo de colaboración con las policías de otros países en que participe el Estado.'
Entre las funciones de la Junta de Seguretat están las de coordinar las políticas de seguridad del Estado y de Catalunya, coordinar la actividad de los cuerpos policiales del Estado y de Catalunya, coordinar el intercambio de información en
el ámbito internacional y en las relaciones de colaboración y auxilio con las autoridades policiales de otros países, y asegurar la presencia de la Generalitat, de acuerdo con el Estado, en los grupos de trabajo de colaboración con las policías de
otros países en que participa el Estado.
La última Junta de Seguretat de Catalunya se celebró el año 2009, hace 8 años que no se celebra. Ante un contexto donde el nivel de alerta antiterrorista es alarmante, nivel 4 sobre 5 de alerta antiterrorista, el Govern de la Generalitat de
Catalunya ha pedido al Ministro del Interior la celebración de la Junta de Seguretat de forma reiterada. Hasta ahora, la respuesta del Gobierno español ha sido la no convocatoria de dicho organismo de coordinación.
Además de esta situación, el Gobierno español, a través del Ministerio de Hacienda, ha enviado al Govern de la Generalitat de Catalunya un requerimiento previo a la oferta pública de creación de 500 plazas de Mossos de Esquadra. En dicho
requerimiento le comunica que solo se puede convocar 50 plazas.
Por todo ello, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata, del Grupo Parlamentario Socialista, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presentan la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Fijar con carácter inmediato la fecha de celebración de la Junta de Seguretat de Catalunya, la cual no se ha celebrado desde el año 2009.
2. Tratar en la Junta de Seguretat de Catalunya:
- La presencia de los Mossos d'Esquadra en las mesas de evaluación de la amenaza terrorista.
- La integración de los Mossos d'Esquadra en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).
- La presencia de los Mossos d'Esquadra en los foros internacionales, acceso a las bases de datos de la EUROPOL y su habilitación para poder hacer persecuciones en caliente.
3. Rectificar el requerimiento enviado por el Gobierno del Estado a la Generalitat de Catalunya, en relación a la oferta pública de 500 plazas de Mossos d'Esquadra, que esta administración va a convocar, por el cual se le instaba a reducir
tal oferta a solo 50 plazas, reducción que no encaja con los objetivos de preservar la seguridad pública.
4. Ejecutar la función ordinaria que tiene la Junta de Seguretat de Catalunya de certificar el número de efectivos que tienen los Mossos d'Esquadra, con las consiguientes repercusiones presupuestarias, función que no se ha ejercido desde
hace 8 años.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2017.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.-Meritxell Batet Lamaña, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista,-Francesc Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
161/002034
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley sobre la convocatoria urgente de la Junta de Seguridad en Cataluña, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
A pesar del actual estado de emergencia en el que se encuentra nuestro país, al igual que el resto de países europeos, el organismo encargado de coordinar las políticas de seguridad de la policía autonómica y estatal en Cataluña, la Junta de
Seguridad de Cataluña, lleva nueve años sin haber sido convocada por el Gobierno de la Generalitat. A pesar de que esta convocatoria es competencia de la Generalitat, le
corresponde al Ministro del Interior acordar con la Generalitat de Cataluña tanto la fecha de la convocatoria como el orden del día correspondiente.
A diferencia de otras comunidades autónomas en las que sí se ha convocado recientemente la Junta de Seguridad correspondiente por el buen entendimiento entre el Gobierno de España y el gobierno autonómico correspondiente, parece ser que la
falta de entendimiento entre Gobierno de España y el gobierno de la Generalitat de Cataluña, es la razón principal por la que sigue sin convocarse una reunión tan sumamente importante para la seguridad de los ciudadanos catalanes como es la Junta de
Seguridad.
Más allá de la falta de entendimiento, la seguridad de los ciudadanos catalanes debe estar por encima de cualquier situación de conflictividad entre unas y otras administraciones. Por este motivo, desde el grupo parlamentario Ciudadanos,
consideramos necesario que el Gobierno de España a través del Ministerio del Interior, como responsable último de la seguridad de los ciudadanos españoles, facilite la convocatoria de este organismo.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
Promover que se convoque urgentemente la Junta de Seguridad de Cataluña ante la amenaza terrorista en la que se encuentran actualmente los ciudadanos catalanes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2017.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Economía, Industria y Competitividad
161/002028
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para implantar una estrategia para
incrementar el tamaño de las Pymes españolas, para su debate en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad.
Exposición de motivos
En España existen más de 3 millones de empresas, de las cuales cerca del 95 % tienen menos de 10 empleados y más del 80 % no llega a 3. Esta atomización del tejido empresarial español, mayor que en las economías de nuestro entorno, puede
ser uno de los factores que están detrás del comportamiento de la productividad y del diferencial aun existente con estos países.
La crisis actual ha puesto de manifiesto los mayores problemas de las PYMES para su supervivencia. En general, y bajo un ciclo económico adverso, las empresas españolas, especialmente las PYMES, han tenido que afrontar más obstáculos que
las empresas de mayor tamaño. Estos problemas asociados a una coyuntura desfavorable se concretan en mayores dificultades para afrontar pagos más dilatados de proveedores; mayores dificultades para afrontar incumplimientos de pagos por agentes
privados o por las administraciones públicas; mayores dificultades de acceso a la financiación; y una fuerte dependencia del mercado interior. Además, han convivido con otros problemas derivados de sus debilidades estructurales, por su tamaño,
que han limitado sus posibilidades de crecimiento: la fuerte y positiva correlación entre tamaño de la empresa y tasa de supervivencia; la fuerte y negativa correlación entre la tasa de crecimiento de la empresa y su edad y tamaño; y en general
problemas de eficiencia.
Un estudio estadístico de Eurostat sobre estructura empresarial concluye que, si las empresas españolas tuvieran la distribución de tamaño de las cuatro principales economías de la UE, se incrementaría un 47 % el empleo actual, algo más de 3
millones de empleos, y cumpliríamos con el objetivo de 20 Millones de personas ocupadas; asimismo, la productividad se incrementaría por encima del 8 %.
Tenemos muchas PYMES. Pero esto que es, y ha supuesto un problema, se deviene en oportunidad, ya que si incrementamos el tamaño de las mismas, tendremos muchas consecuencias positivas.
El porcentaje de empresas innovadoras se incrementa significativamente con el tamaño empresarial. Y las economías que tienen un tejido empresarial de mayor tamaño medio se caracterizan generalmente por ser más dinámicas, competitivas e
internacionalizadas, y por tener más capacidad y habilidades para adaptarse a los retos globales. De ahí la necesidad y urgencia de que las empresas españolas ganen tamaño.
El tamaño de las PYMES españolas es relevante en aspectos tan relacionados con la competitividad de nuestro ecosistema económico como son la productividad, la internacionalización, la innovación o la ambición empresarial.
La carencia de algunos conocimientos que presentan las PYMES, en servicios tecnológicos e innovación en productos y procesos, supone una 'brecha de gestión' que incluye factores relacionados con la empresa, el empresario y los trabajadores.
El tamaño también influye en la búsqueda de un mejor equilibrio entre financiación bancaria y de mercado.
El tamaño no es un rasgo neutral para las empresas: el acceso a ciertos recursos o tecnologías que permitirá la mejora de la productividad, las posibilidades de acceso a mercados internacionales que a su vez hacen posible crecimientos
adicionales y mejoras adicionales de la productividad o las posibilidades de desarrollar estrategias de innovación están condicionadas por el tamaño de la empresa.
El aumento del tamaño de nuestras PYMES lograría además algún efecto colateral muy positivo como es aflorar la economía sumergida, aspecto en el que España destaca, a nuestro pesar, internacionalmente.
Hay que actuar sobre los siguientes factores:
- Relacionados con la empresa, el empresario y la mano de obra: la estructura de la propiedad de la empresa, profesionalizar la gestión empresarial, introducir prácticas avanzadas de gestión, aumentar la educación y la formación de los
emprendedores, aumentar la dotación de capital humano de la economía y las habilidades empresariales de la población.
- Relacionados con el entorno empresarial: la competencia de los mercados de productos, la extensión de la confianza generalizada en el conjunto de la sociedad, la calidad de las infraestructuras.
- Relacionados con factores institucionales: la calidad institucional y el marco fiscal.
- Relacionados con factores financieros: el grado de restricción crediticia, el grado de desarrollo de los mercados financieros y las alternativas de financiación al crédito bancario.
- Relacionados con el marco administrativo: continuar con el análisis de los umbrales regulatorios que hacen que las empresas españolas no alcancen el tamaño necesario para que sean más competitivas.
- Relacionados con la innovación.
- Relacionados con la internacionalización.
El fomento de la innovación en las PYMES podría ser una estrategia de crecimiento empresarial: la transformación de los procesos, productos y servicios y estructuras organizativas de las PYMES, así como su relación con la tecnología,
tendría un doble efecto beneficioso para la economía española.
En primer lugar, haría que las empresas mejoraran su capacidad competitiva a través de la introducción en el mercado de nuevos o mejores productos o servicios. Complementariamente, esta mayor competitividad propiciaría un mayor crecimiento,
redundando en ganancias adicionales de productividad para el conjunto de la economía.
La solución parece ser, pues, favorecer un ecosistema flexible, diverso y equilibrado que pueda hacer frente a los desafíos que la digitalización y la velocidad de los cambios arrastran. Sin olvidar los atributos de la capacidad
emprendedora: pasión, determinación, asunción de riesgos y capacidad de resistir y perseverar, además de la rapidez en la gestión de los cambios.
No solo el incremento del tamaño nos aportará resultados inmediatos, sino que nos protegerá ante las nuevas crisis.
El Partido Popular, incluyó este objetivo en su programa electoral, así como en el Acuerdo con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos '150 Compromisos para Mejorar España'. Y pensamos que debe ser implantado lo antes posible.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a preparar e implantar una estrategia para incrementar el tamaño de las PYMES españolas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002029
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Proposición no de Ley para la inclusión de nuevas zonas marinas en la red de parques nacionales, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
España tiene una superficie marina que duplica la terrestre y alberga un extraordinario patrimonio natural sumergido. Sin embargo, actualmente sólo el 4,1 % del total de la Red de Parques Nacionales protege el medio marino. Este
desequilibrio pone de manifiesto la necesidad de incrementar la protección de los mares españoles, bajo esta figura de protección.
Según la Ley de Parques Nacionales, el principal objetivo de la Red (Art.15) es 'garantizar como legado para las generaciones futuras la conservación de una muestra representativa de los principales sistemas naturales españoles', listando
dicha Ley un total de 13 sistemas naturales marinos. Sin embargo, informes del propio Ministerio de Agricultura y Pesca Alimentación y Medio Ambiente, determinan la necesidad de mejorar la representatividad de estos sistemas naturales marinos.
En la comparecencia en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados celebrada el 21 de diciembre de 2016, la Ministra Isabel García Tejerina se comprometió a ampliar la Red de Parques Nacionales y
aseguró que esta sería la Legislatura de la consolidación de la protección del mar.
Cabe destacar que el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas, en estrecha colaboración con ONGs de conservación marina, han avanzado en este aspecto durante los últimos años. Como resultado, actualmente se tiene sobre la mesa la
propuesta de crear el primer Parque Nacional exclusivamente marino en El Hierro, el cual sería el primero de su categoría en España y uno de los pocos de Europa.
Además, se cuenta con una propuesta muy avanzada para ampliar el Parque Nacional del archipiélago de Cabrera, promovida por el Govern de les Illes Balears y en la cual el Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) está trabajando
actualmente.
Por otro lado, es necesario destacar que existen a día de hoy estudios que apuntan la posibilidad de ampliar la superficie marina protegida de los Parques Nacionales de Doñana e Islas Atlánticas, así como de crear un Parque Nacional marino
en las Montañas submarinas del Canal de Mallorca.
Resulta de especial relevancia, la inclusión de los Sistemas Naturales 'Áreas pelágicas de paso, reproducción o presencia habitual de cetáceos o grandes peces migradores, 'Sistemas asociados a emanaciones gaseosas submarinas' y 'bancos de
corales profundos' actualmente ausentes. Además, se debe mejorar de manera significativa la presencia de 'veriles y escarpes de pendiente pronunciada' y 'bajos rocosos', los cuales se consideran insuficientemente representados.
Por las razones anteriores, y con el espíritu de apoyar al Gobierno de España en su compromiso de ampliar la Red de Parques Nacionales hacia el mar, los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, Ciudadanos y Mixto (Compromís, PDCat) presentamos la siguiente
Proposición no de Ley conjunta
'La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a:
Ampliar la superficie marina incluida en la Red de Parques Nacionales, durante la actual legislatura, contando con la participación de las Comunidades Autónomas, entes municipales y población local, con el fin de mejorar la representatividad
de los sistemas naturales marinos incluidos en la Red de Parques Nacionales, mediante las siguientes acciones:
- Declarar el primer Parque Nacional exclusivamente marino de España en aguas de El Hierro (Canarias).
- Ampliar el Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera (Baleares).
Asimismo, insta al Gobierno a que, en tanto se valoran las posibles nuevas ampliaciones de la Red de Parques Nacionales, también avance en la creación de nuevos espacios marinos con vistas a su protección ambiental mediante figuras de
protección recogidas en instrumentos internacionales, como las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) (por ejemplo, la propuesta de Corredor de Cetáceos del Mediterráneo) y que se desarrollen los programas de
medidas de las Estrategias Marinas de España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.-Manuel Gabriel González Ramos Diputado.-José Luis Ábalos Meco y Rafael Simancas Simancas,
Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.-Eva García Sempere, Diputada.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario
Ciudadanos.- Enric Bataller i Ruiz y Carles Campuzano i Canadés, Diputados.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Fomento
161/002024
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Fomento, relativa al impulso de la Metroguagua en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Exposición de motivos
Los retos energéticos y urbanos del futuro deben afrontarse hoy día sin más dilación. Para ello, las administraciones deben mostrar inteligencia colectiva impulsando proyectos que cubran las necesidades de la ciudadanía y afronten
viablemente un modelo de ciudad amable, con un transporte público eficiente, útil y sostenible.
La Metroguagua de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es un proyecto que resuelve problemas de movilidad, es un proyecto sostenible financiera y ambientalmente, es un proyecto que apuesta por un transporte limpio, es una solución útil
para los vecinos y vecinas del municipio, así como para las personas turistas. Además, es un modelo de transporte urbano con demostrado éxito en ciudades como Medellín, Montevideo, Eindhoven, Helsinki o Nantes.
La construcción de la Metroguagua en Las Palmas de Gran Canarias se traducirá en un menor uso del transporte privado individual, es decir, menos movimiento de coches. Unirá Hoya de la Plata con La Isleta, uniendo hospitales, juzgados, el
Mercado de Vegueta, edificio de usos múltiples, Gobierno de Canarias y Ayuntamiento, reforzándose además, la conexión con la Ciudad Alta en el futuro.
Se trata de un transporte más ecológico, eléctrico, sin raíles, que presenta una menor inversión frente a otros modelos, y favorece la reducción de la contaminación y el tráfico, ya que prevé una movilidad de hasta 4.500 personas a la hora.
El proyecto se presupuesta en una inversión de 100 millones de euros. El 50 % está financiado mediante un crédito ya firmado con Europa; 8 millones serán aportados por el Cabildo y el Gobierno Autonómico se ha comprometido a aportar 15
millones. El resto de la inversión se espera sean comprometidos por el propio Ayuntamiento y por el Gobierno Central.
Para comparar la inversión, el tranvía de Tenerife costó 325 millones de euros, un 69 % superior al proyecto de la Metroguagua. En el tranvía de Tenerife, el Estado aportó el 33,5 % de la inversión y a día de hoy, tiene que recibir una
subvención anual del Cabildo de Tenerife de 15 millones de euros porque es deficitario. Según la proyección realizada para la Metroguagua, a partir del tercer año de su puesta en marcha, será autosuficiente financieramente, consolidando en la
reducción del déficit de guaguas municipales.
Por todo lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover la suscripción de un convenio de colaboración entre el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para la financiación del nuevo sistema de transporte
previsto en Las Palmas de Gran Canaria, denominado Metroguagua, en la siguiente proporción: 33,33 % a cargo del Gobierno de España; 33,33 % a cargo del Gobierno de Canarias; 33,33 % a cargo del Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria.
2. Que en el marco del convenio de colaboración, se incluya también como objetivo la captación de financiación procedente de fondos europeos que permita minorar la financiación de las administraciones canarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2017.-Carmen Valido Pérez, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002025
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación de un acceso directo al Hospital de la Marina
Baixa desde la circunvalación de la N-332 a su paso por Villajoyosa, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La circunvalación de la N-332 a su paso por Villajoyosa (Alicante) no cuenta hoy con un acceso directo al Hospital de la Marina Baixa. Este es el único hospital de la comarca y da servicio a una población fija
de 180.000 habitantes y a una itinerante que puede superar las 500.000 personas, y los usuarios para acceder o salir del centro hospitalario, tienen que utilizar la antigua N-332 que tiene un mínimo de dos rotondas y numerosos vados.
Esta situación provoca que los servicios de urgencia que provienen de municipios como Sella, Relleu u Orxeta, y del barrio de la Ermita de Villajoyosa, se demoren más de lo necesario, ya que tienen que atravesar el casco urbano de
Villajoyosa y recorrer una vía comarcal o toda la circunvalación. Además, los traslados desde el resto de municipios de la comarca como Benidorm, Finestrat, L'Alfás del Pi o Altea, y del resto de poblaciones de la subcomarca de la Vall de
Guadalest, acceden al complejo hospitalario por la antigua travesía obligando a la reducción drástica de la velocidad por la alta densidad de tráfico de la zona, ya que coincide con una importante zona comercial.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Crear un acceso directo al Hospital de la Marina Baixa desde la circunvalación de la N-332 a su paso por Villajoyosa.
2. Establecer un acuerdo con la Generalitat Valenciana para incluir dicho acceso directo en las actuaciones del protocolo estatal en materia de carreteras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2017.-Ricardo Sixto Iglesias y Félix Alonso Cantorné, Diputados.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002026
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Fomento, relativa cumplimiento de los servicios de la línea de Cercanías C1 Málaga-Aeropuerto-Fuengirola y la reposición de la plantilla.
Exposición de motivos
La línea de Cercanías 'C1 Málaga-Aeropuerto-Fuengirola' en la provincia de Málaga es una de las más rentables y eficientes de todo el sistema nacional de trenes de Cercanías, con un total de 10 millones de viajeros anuales.
Esta línea es una infraestructura necesaria (aunque insuficiente) al vertebrar la capital con el aeropuerto y algunas de los principales municipios de la Costa del Sol. En términos reales significa un servicio público de carácter social,
económico y ecológico. Es una línea popular, usada diariamente por personas trabajadoras, estudiantes, pensionistas; pero también es la primera toma de contacto con la provincia de Málaga que tienen los miles de visitantes que diariamente llegan a
través del aeropuerto.
En plena época de intensificación y finalización de los cursos académicos, temporada alta en el empleo en el sector turístico, aumento de turistas y crecida del número de pasajeros del aeropuerto de Málaga, la línea C1 de Cercanías de la
provincia de Málaga está sufriendo una irreparable cancelación de servicios. En total, según fuentes sindicales, se cancelado un total de 72 trenes entre el 5 de mayo y el 16 de junio, perjudicando la calidad del servicio público, dañando la imagen
del servicio público y afectando a miles de personas trabajadoras, estudiantes y turistas.
La compañía alega en cada tren suprimido que se debe a motivos técnicos, pero fuentes sindicales alegan que la causa real es que en la plantilla de Cercanías de Málaga faltan maquinistas.
Por todo lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reponer de manera inmediata la plantilla de Cercanías de Málaga necesaria a través de la Bolsa de Empleo de Renfe y/o concurso de traslado.
2. Reforzar y aumentar la frecuencia de los trenes de la línea de Cercanías C1 de la provincia de Málaga en coordinación con los picos de afluencia turística y llegadas a través del Aeropuerto de Málaga y la Estación de trenes de Málaga
María-Zambrano.
3. Impulsar la puesta en marcha de la ampliación de la línea C1 de Cercanías de Málaga hasta el municipio de Marbella.
4. Diseñar y poner en marcha una campaña de promoción del uso de la Red de Cercanías que ayude a mejorar su imagen, su conocimiento por parte de la ciudadanía y de las personas viajeras, así como las ventajas en términos de sostenibilidad
ecológica de este medio de transporte.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2017.-Eva García Sempere y Alberto Montero Soler, Diputados.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002030
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de la Diputada doña Alexandra Fernández Gómez, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Fomento, para que se desarrolle un Reglamento para la protección de los edificios frente a la exposición al radón a incorporar al Código Técnico de la Edificación (CTE).
Exposición de motivos
El radón es un elemento radiactivo y gaseoso, producto de la desintegración del radio, elemento altamente radiactivo, que en sí mismo no produce daño porque tiene una vida media de 3,8 días, pero algunos de sus componentes como son el
polonio 214 o el polonio 218 cuando lo respiramos se desintegran e impactan en las células del epitelio del pulmón, pudiendo llegar a producir cáncer. El radón está relacionado con el cáncer de pulmón, hasta el punto de que es el principal factor
de riesgo después del tabaquismo, a mucha distancia eso sí, pero es el primero en personas que nunca han fumado. Se le vincula también con el cáncer de esófago y con la leucemia.
En Estados Unidos, las muertes por cáncer de pulmón cuyo origen se asocia al radón residencial superan a todas las que producen los cánceres de hígado y vías biliares. La OMS calcula que el radón es el causante de hasta el 14 % del cáncer
de pulmón. De hecho, lo catalogó como elemento cancerígeno. La UE afirma en sus informes que una exposición constante al radón supone un riesgo muy elevado para la salud.
El radón desciende mediante una serie de procesos del uranio y el uranio se encuentra en casi todas las rocas y suelos sobre todo granitos y arcillas.
Este gas emana a la superficie a través de grietas, fisuras o aprovechando zonas muy permeables que permitan el paso del agua.
Uno de los principales problemas de afectación del radón a la salud humana se encuentra en los edificios o viviendas.
La presencia del radón dentro de las viviendas se debe en mayor parte a infiltraciones del gas a través del suelo del edificio. Las fuentes de radón en las viviendas son principalmente: el suelo sobre el que se asienta el edificio, las
paredes, piso, techo, agua y gas utilizados. El radón puede penetrar en el edificio por todas las oberturas, por mínimas que sean; como pequeñas fisuras y orificios. Dado que penetra por
el subsuelo se concentra especialmente en los sótanos, disminuyendo su presencia a medida que se sube en altura. La ventilación es fundamental para expulsarlo al exterior.
Los problemas de salud que genera el radón han sido ampliamente estudiados y documentados por el Consejo de Seguridad Nuclear, Universidades como la USC y otros organismos del ámbito sanitario. Desde hace prácticamente 30 años, el Consejo
de Seguridad Nuclear en cooperación con las Universidades lleva a cabo mediciones de radiaciones naturales de los terrenos y mediciones de radón en el interior de las viviendas, delimitando las zonas de exposición potencial.
En el plano normativo existe una normativa comunitaria al respecto. La UE en su recomendación 90/143/EURATOM, establece los niveles de concentración de gas radón expresados en Bq/metros cúbicos (Becquerelios por metro cúbico) que en las
viviendas de nueva construcción no debe superar más de 200, y en las antiguas los 400. La directiva europea obliga a realizar mediciones, y a introducir códigos específicos en los códigos de edificación que eviten la entrada de radón. Hay expertos
que consideran los niveles de acción de la UE insuficientes, y ponen de ejemplo legislaciones más duras como la de EE. UU. que lo marca en 148 becquerelios. En el Reino Unido los niveles de medición del radón influyen incluso para el precio de
una casa. Las mediciones deben incluir viviendas y centros de trabajo lógicamente.
El estado español no ha legislado de forma particular sobre el tema, a pesar de que cuenta con importantes áreas geográficas de niveles altos de concentración de radón. Existe un significativo retraso en lo que se refiere a este tema.
Sabemos de los diversos intentos del Ministerio de Fomento por aprobar un reglamento para la protección de los edificios frente a la exposición al radón, pero todavía sigue pendiente. De hecho, parecía que se estaba preparando ya en el año 2014,
pero ahí se quedó. A pesar de los diversos anuncios de los últimos años, en el Código Técnico de la Edificación (CTE), en concreto en el Documento Básico HS de Salubridad, no se recoge ninguna cuestión relativa al radón.
Es preciso recordar que debe trasponer la directiva europea como muy tarde en febrero de 2018.
Se trata de legislar sobre normas para la protección frente al radón tanto en edificios de nueva construcción como en los ya existentes, a fin de incluirlas en el Código Técnico de la Edificación.
El Instituto Eduardo Torroja, redactó junto con el CSN un informe en 2010 titulado 'Protección frente a la inmisión de gas Radón en edificios', en el que mencionaban dos estrategias de técnicas constructivas:
- Sistemas de barreras anti-radón: instalar barreras impermeables al radón en los elementos constructivos que conforman la envolvente del edificio que estén en contacto con el terreno.
- Sistemas de extracción o presurización: Sistemas de extracción del gas del terreno circundante a la edificación, para evacuarlo a la atmósfera y así impedir que penetre en el edificio. Sistemas que impulsen aire bajo la vivienda creando
un bulbo de sobrepresión que desvíe el flujo del gas.
En el estado español existen áreas geográficas muy definidas y con altos índices de exposición al radón, muy extendido en áreas graníticas como Galicia (sobre todo Ourense y Pontevedra), áreas de Castilla y León, Extremadura, Comunidad de
Madrid y algunas zonas de Castilla La Mancha.
En el caso de Galicia, y debido a las características graníticas de su suelo, el radón está presente en una proporción mayor que en otros territorios. Por ser una zona de elevada presencia de radón, en Galicia se han realizado numerosos
estudios sobre este gas. De hecho, la Universidad de Santiago tiene su propio Laboratorio de Radón.
En este tema, profesores de la Universidad de Santiago (USC), como el profesor de Medicina Preventiva de la USC, Alberto Ruano enfatizan la necesidad de diferenciar los planos. Es decir, debe diferenciarse entre una casa asentada en zonas
graníticas de otra construida con granito. El principal aporte de radón procede del subsuelo, no del material de construcción. Quiere decirse que un edificio hecho de otro material puede tener una concentración elevada de radón si está en un
subsuelo rico en uranio, y una casa de granito puede no tenerlo. Los estudios realizados indican que, en general, el material de construcción puede aportar, como mucho, hasta un 15 o 20 % de la concentración total de radón en una vivienda.
Como hemos señalado anteriormente, diversas investigaciones han demostrado la relación directa entre la presencia de radón en el subsuelo y el cáncer de pulmón. Así, en Galicia destacan los índices de cáncer de pulmón por radón entre las
mujeres de la provincia de Ourense. Dentro de ese porcentaje, existen varias líneas de investigación, una de ellas, de la USC, centrada en estudiar se las mujeres que se han dedicado a ser amas de casa tienen una mayor incidencia de cáncer pulmonar
por la mayor
exposición a radón. Este trabajo tiene una base lógica ya que hay estudios que reflejan mayor incidencia de cáncer de pulmón en mujeres que nunca han fumado como en la provincia de Ourense.
También señala el profesor Alberto Ruano, que puede influir la tipología de la vivienda: las casas con sótano son más proclives a la presencia del radón. Influye asimismo la antigüedad, la altura y otros factores.
Desde el ámbito de la investigación científica, se considera que las administraciones públicas deberían adoptar medidas para evitar la exposición al radón en la línea de muchos países europeos.
En Irlanda se declaró un problema de salud pública y se llevaron a cabo miles de mediciones para conocer de forma minuciosa la concentración del gas por zonas geográficas. Una vez realizada esa labor, se procedió a regular y a exigir unas
condiciones técnicas para los nuevos edificios y en áreas de elevada concentración de radón, doble protección.
De hecho, instalar una protección como una plancha en el basamento del edificio no supone una gran inversión y evita que el gas suba. Debe tenerse presente que las medidas de eficiencia energética que incorporan ahora los edificios pueden
elevar incluso la presencia del radón al hacerlos rnás estancos.
En Galicia, profesores e investigadores de la Universidad de Santiago y del Instituto de Investigaciones Sanitarias llevan 25 años midiendo la cantidad de gas radón en dicho territorio. Incluso han publicado un mapa que marca la incidencia
del radón. La mayor concentración se registra en la provincia de Ourense. (33 %), le sigue Pontevedra (28 %), A Coruña (19 %) y Lugo (15 %). Llevan ese tiempo advirtiendo de las consecuencias para la salud humana y con sus publicaciones pretenden
concienciar y prestar un servicio público. Sin embargo, lamentan que se continúe sin adoptar medidas ni de tipo sanitario ni en el terreno de la edificación. En el territorio gallego se calcula que entre el 3 y el 5 % de las muertes por cáncer de
pulmón pueden achacarse exclusivamente a este gas, y si se combinan con el tabaco este porcentaje sube al 25 %.
Según las informaciones consultadas, el Ministerio de Fomento tendría que tramitar antes de 2018 una norma para incorporar en el Código Técnico para la Edificación requisitos al respecto. Lo cierto es que cuando se hizo el nuevo código
técnico de edificación en el año 2006 se podía haber incluido este tema, sin embargo, fue una oportunidad perdida.
A fin de que el Gobierno tenga muy presente este problema y agilice la elaboración de las normas pertinentes, presentamos esta
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:
- Desarrollar cuanto antes, en el presente ejercicio 2017, un Reglamento para la protección de los edificios frente a la exposición al radón que debe ser incorporado al Código Técnico de la Edificación (CTE), en el Documento Básico HS de
Salubridad.
- Tener en cuenta las investigaciones e informes realizados sobre la exposición al radón por parte de Universidades, así como los estudios llevado a cabo por el Consejo de Seguridad Nuclear.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2017.-Alexandra Fernández Gómez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002032
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su
debate y aprobación en la Comisión de Fomento, relativa a la normativa para la construcción de vías ciclistas adyacentes a carreteras (modificación de la instrucción 8.15 vías ciclistas adyacentes a carreteras, de la Norma 3.1-IC de la Instrucción
de Carreteras, aprobada por la Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero).
Exposición de motivos
La Norma de trazado aprobada por el Ministerio en febrero de 2016, en su apartado 8.15 obliga en la práctica a ejecutar siempre pistas-bici cuando se quieren ejecutar vías ciclistas en tramos interurbanos de carreteras. Es decir, obliga a
ejecutar vías ciclistas totalmente independientes de la calzada de la carretera y con trazado diferenciado (pistas-bici). Únicamente permite buscar soluciones de carril bici protegido en tramos periurbanos y urbanos, y sólo en determinadas
condiciones muy restrictivas.
Si bien esto pudiera parecer una solución ideal, está lejos de ser óptima, ya que imposibilita la construcción de estos carriles en un porcentaje importante de casos y pareciera que la norma, que tiene sentido en casos de carriles no
protegidos, se ha extendido innecesariamente a los protegidos, lo cual, en la práctica, impide la construcción de vías ciclistas, ya que su ejecución siguiendo la Norma emitida encarecería sobremanera su costo, sobre todo en áreas de orografía
complicada, donde la disponibilidad de suelo es muy limitada.
Por ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Recogiendo las peticiones de la Mesa Española de la Bicicleta, impulsar y apoyar el trabajo del Comité Técnico organizado por la DGT, para diseñar y posteriormente aprobar el Plan Estratégico Estatal de la Bicicleta, dotando los medios
necesarios para ello.
2. Modificar la Orden FOM/273/2016, conforme a lo sugerido en la exposición de motivos, limitándola a indicar que para las carreteras en tramos interurbanos lo deseable es que se hagan trazados independientes, pero permitiendo la
posibilidad de que se construyan como carriles debidamente protegidos,
3. Revisar la Orden FOM/273/2016 ajustándola para que, en zonas o tramos urbanos, pudieran ser posibles todos los diseños habituales de vías ciclistas sin excepción, independientemente de la naturaleza y la titularidad de la vía y siempre y
cuando se salvaguarde la seguridad de los ciclistas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2017.-Sergio Pascual Peña, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002048
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios firmantes se dirigen a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la Variante de
Pajares, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La conclusión y puesta en servicio de la Variante Ferroviaria de Pajares resulta estratégica para el desarrollo socioeconómico de Asturias. A fin de optimizar una de las principales obras de ingeniería del país es imprescindible que el paso
bajo la cordillera permita el tráfico mixto de mercancías y pasajeros.
La infraestructura se decidió en 1998 y los trabajos comenzaron en 2004. En abril de 2017, trece años después del inicio de los trabajos, y pese a las sucesivas promesas del actual Gobierno siempre incumplidas no se conoce fecha cierta para
su puesta en servicio, ni total, ni siquiera parcial de uno de los túneles. Esta situación ha generado una notable frustración social en Asturias, agravada también por el cúmulo de retrasos en otras comunicaciones y el deterioro de las existentes.
El Gobierno de Aznar dio luz verde al túnel en 2003 con una obra presupuestada en 1.085 millones. Cuando los Ministros de Fomento y Economía, D. Francisco Álvarez Cascos y D. Rodrigo Rato ponían la primera piedra de la obra, en 2004,
anunciaron ya que las mismas costarían 1.990 millones de euros a las arcas del Estado. Actualmente el coste total ejecutado supera los 3.300 millones de euros con unos
sobrecostes de más de 2.500 millones. Estos importes sobrecostes sitúan a la Variante de Pajares como la segunda obra con mayores sobrecostes de España, después del soterramiento de la M-30. Además, desde 2012 la inversión para el avance
de la misma se ha reducido drásticamente. De 2.600 M entre 2005 y 2011 a 600 M entre 2012 y 2017.
La construcción del trazado de este tramo de la Alta Velocidad ha causado fuertes impactos ambientales y sociales debido a las negligencias en el diseño del mismo. La perforación de los túneles finalizó en 2009 pero, debido a la ausencia de
estudios geológicos adecuados, se produjo un daño irreversible a 20 acuíferos que comenzaron a desaguar por los dos grandes túneles recién construidos, a cerca de un kilómetro de profundidad. Según informaciones publicadas recientemente, el
Ministerio de Fomento tenía constancia de la existencia de dichos acuíferos y, pese a ello, Medio Ambiente no incluyó en la Declaración de Impacto Ambiental la necesidad de realizar estudio hidrogeológico para determinar las afecciones ambientales
que se producirían por el corte de los acuíferos ni las complicaciones, en la ejecución de la obra, que ello iba a suponer. La perforación del túnel ha provocado un trasvase de agua desde la cuenta del Duero a la del Cantábrico que sería ilegal
según la Directiva Marco de la UE y que han complicado en gran medida la ejecución de las obras.
Desde el punto de vista social la obra ha generado un significativo impacto negativo en las poblaciones por las que pasa el trazado. En la vertiente leonesa las quejas se deben fundamentalmente al desabastecimiento de agua derivado del
trasvase sobrevenido y los ayuntamientos afectados han denunciado el caso antes la Unión Europea. En la vertiente asturiana, en la zona de Campomanes y Pola de Lena (Asturies) las quejas de los vecinos se refieren a constantes vibraciones
incontroladas, incomunicación de las casas durante la construcción del trazado, contaminación de manantiales debido a los productos que se utilizaron para impermeabilizar y ausencia de compensaciones por los perjuicios que causa la obra a los
vecinos de la zona.
Por otro lado, debe recordarse que en mayo de 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy adoptó una planificación para ésta infraestructura que implicaba la entrada en servicio de un primer túnel, de los dos que componen la Variante. Y en función de
esa planificación se licitaron los contratos de montaje de vía y electrificación.
La planificación decidida siendo Ministra de Fomento Ana Pastor permitía una entrada en servicio más rápida, sin aislar la Variante de Pajares respecto al resto de infraestructuras ferroviarias actualmente en servicio, en tanto concluyen las
obras de conexión de dicha Variante con el resto de la red de alta velocidad. Tras diversos retrasos e incumplimientos de plazos, el Presidente Mariano Rajoy la anunció, primero, en sede parlamentaria para 2014 y, en su pacto de investidura con
Ciudadanos comprometió el impulso decidido de la Variante como infraestructura estratégica de carácter nacional y su puesta en servicio con tráfico mixto de pasajeros y mercancías durante el año 2017.
El propio Ministro De la Serna, en su vista a Asturias del mes de Diciembre de 2016, aseguró que 'se correría todo lo posible para acortar todos los plazos en la ejecución' y aunque sería muy justo la puesta en servicio durante el año 2017,
estimaba que los trenes en pruebas circularían, por el primer túnel de la Variante en el primer semestre del 2018.
Sin embargo el 31 de marzo del presente año, sin explicación alguna, se anuncia un cambio radical en la planificación de esta infraestructura estratégica para Asturias, lo que implica modificar el proyecto y desmantelar obras ya ejecutadas
para instalar el ancho internacional, lo que supondrá retrasar varios años la finalización de los trabajos a cambio de un recorte insignificante de la duración del trayecto. Además, la instalación de ancho internacional obligará a las mercancías a
seguír condenadas a la utilización de la actual rampa por Pajares, cercenando el potencial de la infraestructura para fortalecer la capacidad y competitividad de los grandes puertos e industrias del Principado.
Equivale a un despilfarro irresponsable de recursos en una infraestructura en la que se han invertido más de 3.300 millones.
Resultan de todo punto inadmisibles las recientes declaraciones del Ministro De La Serna señalando que la decisión de poner ancho internacional en Pajares es una 'decisión política', cuando deberían ser los criterios técnicos y de
racionalidad económica los que presidieran la ejecución de infraestructuras estratégicas de esta magnitud.
A la vista de todo ello resulta incomprensible que una obra descomunal de ingeniería se ponga al servicio de la satisfacción de caprichos y obsesiones particulares en lugar de atender a la racionalidad técnica, el provecho económico y el
interés general, y que se asuma una solución que restringirá su
funcionalidad y demorará aún más la infraestructura, a no ser que se esté ante nuevos pretextos para mantenerla en la indefinición.
Por todo ello, teniendo presente la importancia estratégica que posee la Variante Ferroviaria de Pajares para el desarrollo socioeconómico de Asturias, y ante la gran incertidumbre y alarma social generada en la sociedad asturiana por los
cambios de criterio del Ministerio de Fomento y la incertidumbre generada en torno a su finalización y puesta en servicio,
El Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Grupo Parlamentario de Ciudadanos proponen la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- La culminación y puesta en servicio inmediata de la Variante ferroviaria de Pajares, y en todo caso antes de la finalización del 2018. Dando continuidad a las actuaciones ya ejecutadas en uno de los túneles para servir al tráfico mixto
(viajeros y mercancías), acabando con el actual estrangulamiento de la precaria conexión ferroviaria con la Meseta.
- Abordar de forma inmediata la dotación de la superestructura que permita abrir también su segundo túnel.
- Realizar una auditoría económica, técnica, social y medioambiental de las obras de la Variante de Pajares, cuyos resultados sean públicos.
- Elaborar escuchando a las administraciones locales y autonómicas, un Plan Territorial con compromisos de financiación plurianual para paliar los efectos negativos del desarrollo de esta infraestructura sobre los vecinos de las comarcas
afectadas.
- La licitación inmediata de las obras correspondientes al tramo León-La Robla, dando continuidad al itinerario y suprimiendo el cuello de botella generado entre ambas localidades tras la puesta en servicio de la Variante y con las
características imprescindibles para cumplir el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2017.-Antonio Ramón María Trevín Lombán y Adriana Lastra Fernández, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Segundo González García y Sofía
Fernández Castañón, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.-José Ignacio Prendes Prendes y Fernando Navarro Fernández-Rodríguez, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas,
Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Educación y Deporte
161/002042
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de el Diputado don Miguel Anxo Fernández Bello, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Educación, para que se modifique el currículo estatal y que la asignatura de Filosofía vuelva a ser una materia troncal en 2.º de Bachillerato.
Exposición de motivos
La LOMCE, conocida como la Ley Wert, ha sido una de las leyes más cuestionadas y contestadas del periodo de Gobierno de mayoría absoluta del PP. No hay arista del texto normativo que no haya recibido críticas por parte de la comunidad
educativa. Además de suponer un ataque en toda regla a la educación pública para primar la enseñanza privada, es elitista y clasista, vulnera competencias autonómicas en la materia, rebaja la enseñanza de las lenguas cooficiales como el gallego, no
garantiza el acceso universal a la educación y recorta o elimina asignaturas básicas como la Historia de la Filosofía.
Ha habido muchas movilizaciones en contra de esta norma por las razones enumeradas, Pero en los últimos tiempos, profesores y profesaras de Filosofía han levantado su voz y están protagonizando interesantes iniciativas como en Galicia, para
que se recupere la Historia de la Filosofía.
Sabe el Gobierno que la LOMCE dejó de ser desde el presente curso que está a punto de finalizar, una materia obligatoria en 2.º de bachillerato. La LOMCE varió el currículo estatal para dar mayor espacio a las matemáticas y a la lengua, en
detrimento de asignaturas como la filosofía. Con lo cual, el alumnado perderá un conocimiento fundamental para el desarrollo de las personas y que aporta la filosofía a través del estudio de filósofos.
Sólo 9 CC. AA han blindado esta materia aprovechando el margen competencial en el desarrollo de los currículos de sus autonomías. En dichos territorios como Catalunya, Andalucía o Asturias, el alumnado ha continuado estudiando filosofía en
2.º de bachillerato a pesar de entrar en vigor la LOMCE.
Así las cosas, se mantiene la filosofía en 1.º de bachillerato como asignatura troncal, obligatoria tanto en la oferta como en la demanda, pero en 2.º de bachillerato pierde esta condición para pasar a ser una asignatura secundaria, una
materia optativa que el alumnado puede escoger o no entre otras materias.
La marginación que ha sufrido la filosofía ha sido objeto de la movilización de profesores de la materia que han creado la Red Estatal de Filosofía, donde confluyen asociaciones, fundaciones e instituciones docentes relacionadas con el
ejercicio de la filosofía. En Galicia ha destacado la movilización del profesorado de Filosofía que entregó en el Parlamento gallego una iniciativa legislativa popular para que la filosofía vuelva a ser una materia troncal en los dos cursos.
La Ley Wert ha seguido el camino de relegar a las asignaturas de Humanidades a escalones secundarios, agravando el contexto general de pérdida de interés por las Humanidades en favor del pragmatismo, la funcionalidad y la gestión, excluyendo
espacios al mundo de la cultura y la formación en Humanidades. Es evidente que se procura la formación de mano de obra con un perfil de pura gestión y pragmático, sin resquicio para la formación en derechos sociales o políticos.
Alegan los profesores y profesoras, con mucha lógica, que la filosofía no solo es necesaria para conocer a grandes personajes de la filosofía como Platón, Aristóteles, Descartes, Espinosa, Hume, Kant, Hegel, Marx, Hanna Arendt... sino
porque aporta capacidad argumentativa, básica en los tiempos actuales, y capacidad analítica. Consideran que se busca 'minimizar la enseñanza del pensamiento crítico y empobrecer la democracia', tratando de establecer un modelo social
individualista y acrítico, en lugar de un pensamiento libre, rico en conocimiento y capaz de cuestionar la realidad circundante o el poder.
Como han puesto de manifiesto profesores y profesoras de filosofía de Galicia, vivimos en un contexto de profundos cambios en todos los ámbitos: tecnológico, social, económico, políticos o de valores, lo que afecta a nuestras vidas y cuya
consecuencia más inmediata es la pérdida de sentido. De tal modo que circulan nuevas conceptualizaciones en el mundo comunicativo que hablan de anomia, de crisis de civilización, postverdad, posthumanidad, postdemocracia o sociedades líquidas. La
Filosofía aporta la reflexión necesaria sobre todas estas cuestiones.
La marginación de la filosofía también se ha producido en otras asignaturas como la Música que han perdido peso y horas de enseñanza.
El ex Ministro Wert afirmó que 'hay asignaturas que distraen', razón por la que anuló materias tan significativas en la formación de niños y niñas y adolescentes como la filosofía y la Música. Desde el profesorado de Música se recuerda que
está demostrado que cuando una persona estudia música, la actividad cerebral que genera va a provocar que mejore en otras asignaturas. De hecho, el Parlamento Europeo incluyó la competencia cultural y artística entre las competencias básicas para
el desarrollo integral de los chicos. Y es una evidencia que en el Estado español la presencia adecuada de la asignatura de Música ha mejorado la cultura musical y el aprendizaje para tocar instrumentos, aunque el PP lleve unos años recortando su
enseñanza.
Hay menos horas de Música que de religión, cuando esta última bajo nuestro punto de vista no debería impartirse en las escuelas porque debe formar parte de la privacidad de las personas y debe ejercerse en el ámbito privado y en los templos
católicos.
La LOMCE contempla tres tipos de asignaturas: troncales, específicas y de libre designación. Las primeras (Ciencias, Lengua, Matemáticas y un idioma extranjero) son obligatorias en todo el territorio del estado, deben ocupar al menos el 50
% del horario lectivo y son aquellas acaparadas por el Estado. Las otras dos categorías quedan en manos de las CC. AA. Podrán ofrecerlas o no, y tienen libertad para determinar cuántas horas a la semana se impartirán. En cualquier caso la pauta
la ha marcado el Ministerio de Educación rebajando la importancia de estas materias al modificar el currículo estatal.
En su pragmatismo, la LOMCE privilegia lo que personas como el ex Ministro denominarían útiles, mientras que relega una parte interesante que es la formación del alumno/a. Además de la cuestión formativa del alumnado, hay otro aspecto de
índole laboral que no deberíamos perder de vista. La disminución de las horas de clase de estas materias tiene efectos negativos sobre la plantilla de profesores.
Aunque el Ministro de Educación eludió las responsabilidades del Ministerio en su respuesta a la pregunta oral de este Diputado formulada el miércoles 21 de junio, culpabilizando a las CC. AA y señalando que es una competencia optativa de
las CC. AA., evitó abordar la responsabilidad del Ministerio de Educación cuando modificó el currículo estatal en el marco de la LOMCE. El cambio realizado relegando la Filosofía a materia optativa en 2.º de bachillerato, es responsabilidad del
Ministerio que varió el currículo estatal, y es su competencia por tanto volver a restituirla como materia troncal en dicho curso.
Creemos muy necesario que se abra una reflexión en torno a la reducción de la enseñanza de la materia de Filosofía, así como otras asignaturas de Humanidades.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Educación a:
- Modificar el currículo estatal para que la materia de Filosofía vuelva a ser una asignatura troncal en 2.º de bachillerato, rebaja que se produjo con la aplicación de la LOMCE que actualmente sólo mantiene la Filosofía en 1.º de
bachillerato como asignatura troncal, obligatoria tanto en la oferta como en !a demanda, pasando en 2.º de bachillerato a ser una materia optativa.
- Ampliar la enseñanza en materias de Humanidades en general como base fundamental del ciclo formativo del alumnado y que se han visto recortadas en favor de una educación pragmática, funcional, de gestión y acrítica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2017.-Miguel Anxo Elías Fernández Bello, Diputado.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/002035
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la
mejora del acceso al subsidio y renta agraria en Andalucía, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
A largo de los últimos años, sensibles ante la dramática situación que vienen atravesando los trabajadores eventuales del campo, desde el Grupo Parlamentario Socialista se han presentado diferentes iniciativas parlamentarias encaminadas a
paliar dicha situación.
Las inclemencias meteorológicas han dejado de ser una cuestión coyuntural, para adquirir un carácter prácticamente permanente en los últimos cinco o seis años, dependiendo de los territorios. Una situación que provoca que el campo no se
recupere, que hayan descendido hasta cotas desconocidas la mayoría de los acuíferos y que muchos cultivos de secano hayan perdido prácticamente su rentabilidad social.
Si a ello le añadimos los cambios en la Política Agraria Común, los bajos precios de muchos productos, los mayores costes de tratamientos o de la energía necesaria para la producción en zonas de regadío, el panorama no puede ser más
desolador para el sector. Esta problemática afecta muy especialmente a los trabajadores y trabajadoras eventuales que, ante la bajada de producción y la mecanización creciente, ven imposible poder reunir las 35 jornadas reales, necesarias para
acceder al subsidio y la renta agraria.
En el caso de la mujer, esta situación es aún más grave, por cuanto el trabajo demandado tras la mecanización y la falta de trabajo, se ha cebado especialmente con las trabajadoras, que prácticamente han desaparecido de los tajos. Lo que
hace inaplazable un estudio específico de su problemática.
A pesar de persistir y haber ido en aumento esta problemática, desde febrero de 2015 el Gobierno no ha sido sensible a las peticiones de los jornaleros. Desde el acuerdo del Consejo de Ministros (BOE de 28 de febrero de 2015), en que el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social reconoció la situación de sequía, especialmente en el olivar, reduciendo a 20 peonadas las necesarias para acceder a las ayudas. Ninguna otra concesión desde entonces, a pesar de persistir a agravarse la
situación que padece el colectivo de trabajadores del campo. Este hecho ha provocado además un aumento del fraude, que ensombrece un sistema que ha sido muy eficaz contra el despoblamiento del medio rural, como han reconocido las propias
autoridades europeas.
Ante la pasividad del Gobierno, que incumplió su promesa de no dejar sin subsidio a ningún trabajador, el Grupo Socialista presentó el pasado 20 de Septiembre una nueva iniciativa, en forma de Proposición no de Ley, relativa al apoyo y
mejora de la situación de los trabajadores y trabajadoras eventuales del campo en Andalucía que, tras ser debatida en la Comisión de Empleo y Seguridad el 5 de octubre de 2016, fue aprobada por la mayoría de dicha Comisión, recibiendo los únicos
votos en contra del Grupo Popular.
El Gobierno del Partido Popular, durante sus seis años de gobierno, ha sido el único del periodo democrático que no ha contemplado cantidades extraordinarias para los distintos programas de Fomento de Empleo Agrario, en base a inclemencias
meteorológicas. Desde la implantación del sistema en 1984, los gobiernos de Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, pusieron en marcha los que se denominó 'PER Extraordinario' para compensar a través del programa de
inversiones en municipios la carencia de peonadas como consecuencia de sequías o inundaciones. Todos, menos los gobiernos del Sr. Rajoy.
Según el propio Gobierno, 'el valor medio nacional de las precipitaciones acumuladas desde el pasado 1 de octubre hasta el mes de mayo, representa en torno a un 13 % menos que el valor normal que corresponde a dicho periodo. A fecha 1 de
mayo de 2017 la reserva hidráulica peninsular si situaba en un 56 %; notablemente inferior a la media de los últimos 5 años (74,2 %) y a la de los 10 últimos años (70 %)'. Con ello, la cosecha de cereal está siendo muy escasa en la mayoría de los
territorios y los frutales, especialmente el olivar, vuelven a sufrir una persistente sequía que reducirá un año más el número de jornales.
A esta situación debemos añadir la congelación durante cinco años de los fondos destinados al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PROFEA). La mínima subida de los PGE de 2017 no sirve para compensar la pérdida de poder adquisitivo desde
2012.
Este programa, que debería servir para compensar la falta de trabajo en el campo, a través de obra pública en las corporaciones locales, está siendo menospreciado por el gobierno. Si la Junta de Andalucía, Ayuntamientos y Diputaciones han
incrementado un 12,5 % sus aportaciones al PROFEA entre 2012 y 2016, el Gobierno de España había congelado su aportación en dicho período. El mínimo incremento de este ejercicio apenas sirve para recuperar el número de peonadas que se han perdido
en estos años como consecuencia de diferencia de poder adquisitivo. (Aumento precio de materiales y mano de obra). Una subida del 12,5 %, similar a la realizada por Junta de Andalucía y Diputaciones, hubieran supuesto 56.927 peonadas más. Muy al
contrario, el Programa de Garantía de Rentas, base fundamental del PROFEA, sigue congelado.
Para agravar aún más si cabe esta situación, el Servicio Nacional de Empleo aplica criterios irracionales de distribución en los tajos del PROFEA que hacen cada vez más complicado la finalización de las obras, descompensando el número de
profesionales para degradar el carácter de las obras elegidas por los ayuntamientos. O impidiendo a éstos que puedan acceder a los fondos si no pueden pagar sus deudas al Estado, perjudicando a los trabajadores y trabajadoras, ajenos a esta
problemática.
Para finalizar, recordar un año más que el actual marco jurídico, aprobado en 2003 por el Gobierno de la nación, da prioridad para acceder a los jornales del PROFEA a los beneficiarios de la renta agraria, frente a los beneficiarios del
subsidio. Sin embargo, estos jornales no computan para acceder a la citada renta agraria.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Eliminar de forma inmediata y en tanto persistan las adversas circunstancias climatológicas, las peonadas requeridas para acceder a la prestación del Subsidio Agrario y Renta Agraria por parte de los trabajadores y trabajadoras
eventuales del campo.
2. Estudio y puesta en marcha de medidas jurídicas específicas para las mujeres trabajadoras del campo, que vengan a solucionar la imposibilidad permanente de acceder al número de jornadas reales enceradas para acceder a las ayudas.
3. La inmediata puesta en marcha de un Plan Extraordinario de Fomento de Empleo Agrario, que venga a compensar la falta de trabajo en el campo, así como la actualización por pérdida de poder adquisitivo desde 2012 hasta 2017.
4. Solicitar que, de forma extraordinaria, se permita que los trabajos y jornales de los programas de obras municipales y provinciales, computen para acceder al Subsidio y la Renta Agraria.
5. Instar al Gobierno para que las peonadas realizadas en el ámbito del PROFEA computen como requisito para acceder a la Renta Agraria.
6. Instar al Gobierno para que realice las modificaciones legislativas necesarias (en los mismos términos que los llevados a cabo en Andalucía con la LAULA), para que los ayuntamientos no dejen de percibir recursos destinados al PROFEA
debido a procedimientos como consecuencia de sus dificultades financieras, del todo ajenas a los trabajadores y trabajadoras, beneficiarios del Programa.
7. Constitución de la Comisión Interdepartamental para analizar las cotizaciones efectivas y cumplimiento de criterios de financiación, en los términos establecidos en la DA decimoquinta del RD Legislativo 8/2015.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2017.-Antonio Pradas Torres, Sonia Ferrer Tesoro, Carmen Rocío Cuello Pérez, Elvira Ramón Utrabo, Salvador Antonio de la Encina Ortega, José Juan Díaz Trillo, Felipe Jesús Sicilia
Alférez, María Jesús Serrano Jiménez y Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002037
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
paliar la situación de emergencia derivada de las inclemencias climatológicas en el campo extremeño y sus consecuencias para las personas trabajadoras, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
Durante el mes de mayo de 2017, Extremadura ha sufrido intensamente fenómenos climatológicos de lluvia, viento y granizo que han afectado especialmente a diversos términos municipales, entre ellos, Guareña-Guareña/Torrefresneda, Santa
Amalia, Don Benito, Villar de Rena, Olivenza, Puebla de Alcollarín, Talarrubias, Miajadas, Escurial, Campo Lugar, Almoharín, Cabezabellosa, Casas del Monte, Jarilla, Navaconcejo, El Rebollar, El Torno, Valdastillas, Aldeanueva del Camino, Segura de
Toro, La Garganta, Gargantilla, Hervás, Garganta la Olla, Pasarón de la Vera, Jaraíz de la Vera, Torremenga, Cañamero y Berzocana. Municipios con una gran producción agrícola y que han visto como su esfuerzo de todo el año se ha visto truncado por
las inclemencias meteorológicas. Al respecto destacamos la cereza, cuyo fruto prácticamente se ha visto destruido en el momento estacional en el que correspondía su recolección.
Los daños sufridos por los cultivos son cuantiosos, están afectadas 2.635 has entre frutales, maíz, girasol, tomate de transformación, patatas y otras hortícolas, y ello conlleva una pérdida de renta en las explotaciones agrarias, a lo que
hay que añadir la pérdida de jornales que se producirán tanto en labores de campo, como en centrales hortofrutícolas, industrias de transformación, almacenes, y pérdida de renta a las empresas de servicios a la agricultura como consecuencia de la
destrucción de cosechas.
Lamentablemente, las inclemencias meteorológicas han dejado de ser una cuestión coyuntural para adquirir un carácter permanente en algunos de los territorios de España, entre ellos Extremadura, con graves consecuencias para la agricultura y
la ganadería.
Así lo ponen de manifiesto los datos del Gobierno al señalar que, 'el valor medio nacional de las precipitaciones acumuladas desde el pasado 1 de octubre hasta el mes de mayo, representa en torno a un 13 % menos que el valor normal que
corresponde a dicho periodo. A fecha 1 de mayo de 2017, la reserva hidráulica peninsular si situaba en un 56 %; notablemente inferior a la media de los últimos 5 años (74,2 %) y a la de los 10 últimos años (70 %)'. Esta situación de sequía
provoca que el campo no se recupere y que hayan descendido hasta cotas desconocidas la mayoría de los acuíferos y que muchos cultivos de secano hayan perdido prácticamente su rentabilidad social.
A esta situación se añade los cambios en la Política Agraria Común, los bajos precios de muchos productos, los mayores costes de tratamientos o de la energía necesaria para la producción en zonas de regadío. El panorama no puede ser más
desolador para el campo y afecta a los trabajadores y trabajadoras eventuales, los cuales, ante las crecientes inclemencias climatológicas, a la que se añade la también creciente mecanización, ven imposible reunir las 35 jornadas reales, necesarias
para acceder al subsidio y la renta agraria.
En Extremadura, un Informe emitido por el Servicio de Información Agraria, a instancia de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, al objeto de valorar los daños acaecidos en el campo extremeño en el mes de mayo, destaca que la
pérdida de jornadas o peonadas asciende a 203.280. Pérdida que afecta muy especialmente a la mujer, responsable en su mayoría de la industria de transformación y manipulación. La pérdida de una de las cosechas fundamentales para Extremadura, como
la cereza, las sitúa ante la incapacidad de poder acceder al subsidio o la renta agraria.
El Gobierno debe adoptar las medidas que palien esta situación de protección. No puede aceptarse la pasividad de un Gobierno insensible a las peticiones de las personas jornaleras. Desde febrero de 2015, fecha en la que el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social reconoció la situación de sequía, reduciendo a 20 peonadas las necesarias para acceder a las ayudas, ninguna otra medida se ha adoptado. El Gobierno ha incumplido su promesa de no dejar sin subsidio a ninguna persona
trabajadora. Es más, el grupo que apoya al Gobierno votó en contra de la Proposición no de Ley Socialista relativa al apoyo y mejora de la situación de los trabajadores y trabajadoras eventuales del campo en Andalucía y Extremadura el 5 de octubre
de 2016.
El Gobierno del Partido Popular, durante sus seis años de gobierno, ha sido el único del periodo democrático que no ha contemplado cantidades extraordinarias para los distintos programas de Fomento de Empleo Agrario, en base a inclemencias
meteorológicas. Desde la implantación del sistema en 1984, los gobiernos de Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, pusieron en marcha los que se denominó 'PER Extraordinario' para compensar a través del programa de
inversiones en municipios la carencia de peonadas como consecuencia de sequías o inundaciones. Todos, menos los gobiernos del Sr. Rajoy.
Ahora tiene la oportunidad de abordar la situación de inclemencia que se vive en el campo extremeño. Y adoptar las medidas que permitan paliar la situación de emergencia derivada de los daños meteorológicos excepcionales sufridos por esta
Comunidad Autónoma. El Gobierno debe adoptar medidas de apoyo a los damnificados por las tormentas. Es exigible que los agricultores y agricultoras extremeñas que se han visto afectados por estos fenómenos vean reconocidos los mismos derechos y
compensaciones que tienen las personas trabajadores del resto del Estado.
Por todo ello, el Grupo Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, tratándose de una emergencia social de naturaleza catastrófica, adopte las siguientes medidas:
1. Declarar como afectados por emergencia de naturaleza catastrófica los términos municipales de Extremadura asolados por las tormentas y granizos ocurridas el pasado mes de mayo y que, en consecuencia, establezca:
a) Las ayudas contempladas en virtud del Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y que se
establece el procedimiento para su concesión, modificado por el Real Decreto 477/2007, de 13 de abril. En especial:
- Ayudas destinadas a paliar daños materiales en infraestructuras en las explotaciones agrarias, en infraestructuras rurales de uso general y en las infraestructuras públicas que pudieran haberse visto afectadas.
- Ayudas por daños causados en producciones agrícolas para aquellas explotaciones que en las fechas de los siniestros no hayan suscrito el correspondiente seguro y formalizado la póliza al no haber finalizado el plazo de suscripción para
esta campaña.
- Ayudas para aquellas producciones agrícolas que, teniendo pólizas en vigor por el Plan de Seguros Agrarios Combinados y estando ubicadas en el ámbito de aplicación, no tuvieran amparados estos daños.
- Ayudas para aquellas explotaciones agrícolas no amparadas por el vigente Plan de Seguros Agrarios Combinados.
b) Líneas de préstamos de mediación del Instituto de Crédito Oficial para las explotaciones agrarias afectadas y/o líneas de subvenciones estatales para facilitar el acceso a la financiación, dirigidos también a agroindustrias y empresas de
servicio vinculadas a los cultivos dañados.
c) Puesta en marcha de un Plan Extraordinario de medidas de ámbito laboral y social en beneficio de las empresas y trabajadores afectados en Extremadura, que se apoye en el Informe Técnico de fecha 25 de mayo de la Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, y que contenga como mínimo las siguientes medidas:
- Un Plan de Empleo con ayudas destinadas a los Ayuntamientos de las localidades afectadas por las tormentas de cara a la ejecución de proyectos de interés general y social mediante contrataciones de personas desempleadas inscritas como
demandantes de empleo en el SEPE y encuadradas en el Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios del Régimen General de la Seguridad Social, suficiente para corregir el impacto.
- Eliminación de las peonadas que se exigen a los Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios para acceder al Subsidio por desempleo o bien a la Renta Agraria.
- Incremento en, al menos, 3 millones de euros de fondos para el programa de Garantías de Rentas del Acuerdo para el Empleo y Protección Social Agraria (AEPSA).
- Reconocimiento por el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) de las indemnizaciones que deban pagarse a las personas trabajadoras como consecuencia de despidos colectivos o pérdidas de actividad que hayan sido consecuencia directa de los
daños producidos.
- Puesta en marcha de medidas específicas para las mujeres trabajadoras del campo, que vengan a solucionar la imposibilidad permanente de acceder al número de jornadas reales necesarias para acceder a las ayudas.
d) Adoptar las medidas necesarias para que los pagos de las ayudas PAC no se vean afectados ante la imposibilidad de comercializar cosechas como consecuencia de los daños.
2. Apoyar con un mayor esfuerzo presupuestario el fomento de la contratación de seguros agrarios y abrir un proceso de diálogo en el seno de la Comisión General de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) entre Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, la Agrupación de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S. A. (Agroseguro), las Organizaciones Profesionales Agrarias y Cooperativas, con el objetivo de mejorar las condiciones
y cobertura para las explotaciones de cereza, perfeccionar el sistema de valoración de daños, agilizar el pago de indemnizaciones y avanzar en el modelo de seguro de renta integral para las explotaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2017.-María Soledad Pérez Domínguez y María del Pilar Lucio Carrasco, Diputadas.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002038
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Marian Beitialarrangoitia Lizarralde, Diputada de EHBILDU, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente Proposición no de Ley sobre el establecimiento de un registro diario de la jornada de trabajo en las empresas, para su debate en Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
La flexibilidad horaria que permite la actual legislación laboral ha dado lugar a numerosos litigios en los que se ha cuestionado si las empresas están o no obligadas a llevar un registro diario de la jornada de trabajo. La cuestión es
trascendente no solo por afectar a los medios de prueba de que disponen los trabajadores para acreditar la realización de horas extraordinarias en caso de discrepancias sobre su realización y abono, sino porque incide en las obligaciones de
cotización en materia de Seguridad Social, con importantes consecuencias tanto para los derechos de los trabajadores como para las arcas del sistema.
La Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha resuelto definitivamente la cuestión mediante sentencias de 23 de marzo y 20 de abril de 2017, en las que concluye que el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores, que es la norma legal de
aplicación, no establece la obligación de registrar diariamente la jornada ordinaria, sino solo las horas extraordinarias en caso de que se produzcan. No obstante, la propia Sala manifiesta que, lege ferenda, sería conveniente una reforma
legislativa que clarificara la obligación de llevar un registro horario y facilitara al trabajador la prueba de la realización de horas extraordinarias.
En aras a cubrir dicha necesidad de clarificación normativa y seguridad jurídica, es necesario abordar la modificación de los artículos 34 y 35 del Estatuto de los Trabajadores para establecer la obligación para todas las empresas de
registrar diariamente la jornada de sus trabajadores, en términos similares a la regulación actualmente existente para los trabajadores móviles en el artículo 10 bis.5 del Real Decreto sobre jornadas especiales de trabajo. También se debe modificar
el artículo 7.5 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, a fin de establecer como una infracción grave en materia de relaciones laborales individuales y colectivas la falta de Ilevanza o incorrecta Ilevanza del registro diario de
jornada.
Con estas modificaciones legales se pretende evitar las prolongaciones irregulares de jornada, que perjudican no solo los intereses económicos y jurídicos de los trabajadores y su derecho a la conciliación de la vida personal y laboral, sino
también la creación de empleo y consiguiente disminución del desempleo.
Es por ello que presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, estableciendo la obligación para todas las
empresas de registrar diariamente la jornada de sus trabajadores, en términos similares a la regulación actualmente existente para los trabajadores móviles en el Real Decreto sobre jornadas especiales de trabajo.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, a fin de establecer como
una infracción grave en materia de relaciones laborales individuales y colectivas la falta de Ilevanza o incorrecta llevanza del registro diario de jornada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2017.-Marian Beitialarrangoitia Lizarralde, DIputada.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002040
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada Ester Capella i Farré y del Diputado Jordi Salvador i Duch, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley para la modificación del Real Decreto 782/2001 para extender la relación laboral de carácter especial a las personas que se encuentran en régimen abierto o libertad condicional, para su debate en la Comisión de Empleo
y Seguridad Social.
Exposición de motivos
El Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la protección de Seguridad Social de los sometidos a penas
de trabajo en beneficio de la comunidad, excluye expresamente de su ámbito de aplicación la actividad desarrollada fuera de los centros penitenciarios por personas sometidas a medidas judiciales. Esta decisión se adoptó en un contexto expansivo en
el que las personas clasificadas en régimen abierto tenían posibilidades reales de encontrar un trabajo.
Actualmente, sin embargo, la profunda crisis económica y el alto grado de especialización de los empleos están dificultando gravemente el acceso de las personas clasificadas en tercer grado o en libertad condicional al mercado laboral.
Frente a esta situación, las instituciones tenemos el deber y la responsabilidad de buscar alternativas para que estas personas puedan acceder a un trabajo en la última fase de su condena, seguramente la más determinante para culminar con éxito el
proceso de reinserción.
En este sentido, es necesario y oportuno modificar el Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, para incluir las personas que se encuentran en situación de régimen abierto o libertad condicional dentro del ámbito de aplicación de la relación
laboral de régimen especial. La realidad actual es que las personas que se encuentran en régimen abierto o las que gozan de libertad condicional tienen dificultades enormes para acceder a un trabajo en el mercado laboral y, paradójicamente, las
instituciones responsables de su reinserción no les pueden ofrecer un trabajo porque el Real Decreto 782/2001 las excluye expresamente de su ámbito de aplicación.
No cabe duda que el trabajo es una herramienta imprescindible para culminar con éxito la transición de la prisión a la comunidad ya que ofrece formación, habilidades específicas y una experiencia sumamente útil para afrontar la vida en
libertad. Y si a la práctica, como ocurre, el mercado laboral no está ofreciendo oportunidades a las personas que se encuentran en dicha situación, las administraciones responsables debemos actuar para ofrecerles una alternativa.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
- Modificar el Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la protección de Seguridad Social de los
sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad para extender la relación laboral de carácter especial a las personas que se encuentran en régimen abierto o libertad condicional realizando los siguientes cambios:
l. Artículo 1. Ámbito de aplicación y exclusiones.
'1. El presente Real Decreto regula la relación laboral de carácter especial existente entre el Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias u organismo autonómico equivalente y las personas sometidas a medida judicial que
desarrollen una actividad laboral en los talleres productivos de los centros penitenciarios o fuera de ellos, incluyendo la de quienes cumplen penas de trabajo en beneficio de la comunidad.
2. Queda excluida de su ámbito de aplicación la relación laboral de las personas sometidas a medida judicial en régimen abierto cuando el empleador sea una persona física o jurídica diferente a la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo u organismo autonómico equivalente, sometidas por tanto a un sistema de contratación ordinaria con empresarios, que se regulará por la legislación laboral común, sin perjuicio de la tutela que en la ejecución de estos
contratos pueda realizarse por la autoridad penitenciaria.
3. También quedan excluidas de esta regulación las diferentes modalidades de ocupación no productiva que se desarrollen en los establecimientos penitenciarios, tales como la formación profesional ocupacional, el estudio y la formación
académica, las ocupacionales que formen parte de un tratamiento, las prestaciones personales en los servicios auxiliares comunes del establecimiento que no tengan naturaleza productiva, los artesanales, intelectuales y artísticas y, en general,
todas aquellas ocupaciones que no tengan naturaleza productiva.'
II. Artículo 2. Sujetos de la relación laboral.
'1. A los efectos del presente Real Decreto son trabajadores las personas sometidas a medida judicial que desarrollen actividades laborales de producción por cuenta ajena en los talleres productivos
de los centros penitenciarios, o fuera de ellos cuando el empleador sea la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo u organismo autonómico equivalente.'
III. Artículo 3. Acceso a los puestos de trabajo.
'2. La Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo o el organismo autonómico equivalente elaborará periódicamente la lista de puestos vacantes en los talleres productivos, detallando sus características. Para los
puestos correspondientes a los talleres productivos de los centros penitenciarios, la Junta de Tratamiento, como órgano administrativo competente, adjudicará los puestos a los internos, siguiendo el siguiente orden de prelación:'
IV. Artículo 4. Objeto y finalidad de la relación laboral.
'1. La finalidad esencial del trabajo es la preparación para la futura inserción laboral del interno de las personas sujetas a medida judicial, por cuya razón ha de conectarse con los programas de formación profesional ocupacional que se
desarrollen en los centros penitenciarios, tanto a efectos de mejorar las capacidades de los mismos para el posterior desempeño de un puesto de trabajo en los talleres productivos como para su futura incorporación laboral cuando accedan a la
libertad. (...)'
V. Artículo 5. Derechos laborales.
'1. Los internos Las personas sometidas a medida judicial trabajadoras tendrán los siguientes derechos laborales básicos: (...)'
VI. Artículo 6 Deberes laborales.
'Los internos Las personas sometidas a medida judicial trabajadoras tendrán los siguientes deberes laborales básicos: (...)'
VII. Artículo 7. Inicio y duración de la relación laboral.
'1. La relación laboral especial penitenciaria se formalizará con la inscripción del interno en el correspondiente Libro de Matrícula el alta del trabajador en la Seguridad Social, con efectos desde la fecha en que se produzca el alta
efectiva en el puesto de trabajo. También se anotará en dicho Libro la extinción de la relación laboral, así como su suspensión por causa de traslado del interno a otro centro penitenciario por tiempo no superior a dos meses.'
VIII. Artículo 8. Promoción en el trabajo.
'1. Las personas sometidas a medida judicial trabajadoras, atendiendo a su nivel de conocimientos, capacidad laboral y funciones desempeñadas, serán clasificados en las siguientes categorías:
(...)
b) Operario superior: los que, sin acceder a la categoría de operario especialista, además de desempeñar las tareas necesarias para el funcionamiento de los talleres productivos, colaboran en su organización y su desarrollo desarrollan
otras de mayor complejidad.
c) Operario especialista: los que, además de desempeñar las tareas necesarias para el funcionamiento de los talleres productivos realizan tareas de mayor complejidad que requieran el uso de maquinaria específica. o especiales conocimientos
técnicos o formación.
d) Operario encargado: los que, además de desempeñar las tareas necesarias para el funcionamiento de los talleres productivos colaboran en su organización y desarrollo.'
IX. Artículo 9. Suspensión de la relación laboral.
'1. La relación laboral especial penitenciaria podrá suspenderse por las siguientes causas:
e) Por aplicación del procedimiento laboral sancionador del órgano empleador.'
X. Artículo 10. Extinción de la relación laboral.
'2. Asimismo, la relación laboral especial penitenciaria se extinguirá:
a) Por la excarcelación del trabajador penitenciario, salvo que continúe prestando servicios para la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo u organismo autonómico equivalente.
b) Por contratación con empresas del exterior en el caso de internos clasificados en tercer grado o que se encuentren en cualquier otra situación de régimen abierto o en libertad condicional.
c) Por traslado del interno trabajador a otro establecimiento penitenciario por un período superior a dos meses, en los supuestos de trabajo en talleres productivos de los centros penitenciarios.
(...)'
'3. La extinción de la relación laboral penitenciaria se acordará previa valoración de las circunstancias de cada caso, por el Director del Centro penitenciario en su calidad de delegado de la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo o del organismo autonómico equivalente o por el delegado del organismo autonómico equivalente que se establezca.'
XI. Artículo 11. Organización y dirección del trabajo.
'1. Corresponde a la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo u órgano autonómico equivalente la planificación, organización y control del trabajo desarrollado por las personas sometidas a medida judicial en los
talleres penitenciarios sujetos a relación laboral especial penitenciaria.
2. El trabajo de las personas sometidas a medida judicial en los talleres penitenciarios podrá organizarse directamente por la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo u órgano autonómico equivalente o en
colaboración con personas físicas o jurídicas del exterior. En todo caso, el Organismo autónomo u órgano autonómico equivalente no perderá su condición de empleador en relación con las personas sometidas a medida judicial trabajadores.
3. La organización y los métodos de trabajo que se apliquen en los talleres penitenciarios tratarán de asemejarse lo más posible a los de las empresas del exterior, con el fin de favorecer su futura inserción laboral.
4. La actividad desarrollada en los talleres penitenciarios estará sometida a la normativa correspondiente en materia de prevención de riesgos laborales, sin perjuicio de las adaptaciones que fueren necesarias en función de las
especifidades del medio penitenciario.
(...)
6. La dirección y control de la actividad concreta de los internos en los talleres de los centros penitenciarios corresponde al Director del establecimiento penitenciario y al personal de la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación
para el Empleo u organismo autónomo equivalente encargado de realizar las funciones de dirección y gestión de los talleres.
La Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo u organismo autónomo equivalente podrán establecer un procedimiento laboral sancionador que regule la actividad de las personas sujetas a relación laboral especial.'
XII. Artículo 13. Participación.
'Para la mejora de los resultados, los internos las personas sometidas a medida judicial que realicen trabajos productivos podrán participar, siempre que no interfieran los planes productivos establecidos por el organismo autónomo u órgano
equivalente autonómico, en la organización y planificación del trabajo, con arreglo a los siguientes criterios: (...)'
XIII. Artículo 15. Régimen retributivo.
'1. La retribución que reciban los internos las personas sometidas a medida judicial trabajadoras en régimen laboral especial penitenciario se determinará en función del rendimiento normal de la actividad de que se trate y del horario de
trabajo efectivamente cumplido, y tendrá en cuenta a la categoría profesional de cada trabajador. (...)'
XIV. Artículo 16. Pago de las retribuciones.
'1. La Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo u órgano autonómico equivalente efectuará el pago de las retribuciones en la cuenta corriente de su titularidad que el propio trabajador facilite o mediante cualquier
otro medio que acredite el pago la recepción por parte del trabajador,
y en el caso de trabajadores internos en centros penitenciarios, mediante su ingreso mensual en la cuenta de peculio del interno.
2. Las retribuciones del trabajo de los internos las personas sometidas a medida judicial en régimen laboral especial penitenciario solo serán embargables en las condiciones y con los requisitos establecidos para el salario en el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.'
XV. Artículo 17. Tiempo de trabajo.
'1. El Director del centro penitenciario, en su calidad de delegado de la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo u organismo autonómico equivalente o el delegado del organismo autonómico equivalente que se designe,
establecerá el calendario laboral que regirá a lo largo del año el trabajo en los talleres productivos del centro, incorporando, en su caso, las especifidades que proceda, sistemas de jornada continua, partida, nocturna o por turnos.
2. Las personas sometidas a medida judicial trabajadoras en los talleres productivos de los centros penitenciarios tendrán derecho a un descanso semanal de día y medio ininterrumpido que se disfrutará, con carácter general, la tarde del
sábado y el día completo del domingo, excepto en el sistema por turnos que se estará a lo establecido para la actividad de que se trate. También serán días de descanso las fiestas laborales de la localidad donde radique el centro penitenciario.
3. Las personas sometidas a medida judicial trabajadoras fuera de los talleres productivos tendrán derecho a un descanso semanal equivalente al que corresponda al sector en el que estén desarrollando su actividad.
4. Previo acuerdo con los trabajadores, el delegado del organismo autónomo equivalente, en coordinación con el Director del centro penitenciario, podrá modificar, cuando las circunstancias excepcionales de producción lo exijan, el
calendario laboral aprobado o la jornada habitual correspondiente al trabajo en los talleres productivos del centro.
5. Las vacaciones anuales de los internos trabajadores en los talleres productivos de los centros penitenciarios tendrán una duración de treinta días naturales o la parte proporcional que corresponda en su caso. El momento de disfrute se
condicionará a las orientaciones del tratamiento y a las necesidades de trabajo en los sectores laborales.
En el caso de personas sometidas a medida judicial fuera de los centros penitenciarios, tendrán derecho a las vacaciones equivalentes a las que correspondan al sector en el que estén desarrollando su actividad.'
XVI. Artículo 18. Permisos e interrupciones.
'El trabajador en talleres productivos de los centros penitenciarios, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo durante cualquier clase de permiso o salida autorizada. Las ausencias del trabajo no serán retribuidas.'
XVII. Artículo 19. Acción protectora de la Seguridad Social.
'Los internos Las personas sometidas a medida judicial trabajadores sujetas a la relación laboral especial penitenciaria quedarán incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social y gozarán de la prestación de asistencia sanitaria, así
como de la acción protectora del mismo en las situaciones de maternidad, riesgo durante el embarazo, incapacidad permanente, muerte y supervivencia derivadas de enfermedad común y accidente no laboral, jubilación y situaciones derivadas de las
contingencias de accidente de trabajo, y enfermedad profesional y enfermedad común. Asimismo, estarán protegidos por la contingencia de desempleo cuando sean liberados de prisión, en los términos establecidos en el Título III del texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.''
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2017.-Ester Capella i Farré y Jordi Salvador i Duch, Diputados.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
161/002045
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
introducción de instalaciones eléctricas prioritarias para la ciudad de Valencia en la Planificación Energética Nacional, a través del Plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2015-2020, para su debate en Comisión de Energía,
Turismo y Agenda Digital.
Exposición de motivos
El Plan de Desarrollo de la Red Eléctrica de Transporte forma parte de la Planificación Energética Nacional que elabora periódicamente el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Entre otras determinaciones, dicho Plan programa las
inversiones que los gestores de la red eléctrica nacional llevarán a cabo en este campo para el periodo 2015-2020.
En el caso de la ciudad de Valencia, la planificación eléctrica no solo puede suponer condicionantes significativos para las previsiones de desarrollo urbanístico futuro de la ciudad, sino que puede convertirse en determinante incluso para
la efectiva ejecución de planes ya aprobados.
Actualmente Valencia se abastece de dieciocho subestaciones transformadoras, siete de ellas fuera del término municipal, que forman parte de la red de transporte y distribución eléctrica y que se encuentran malladas en anillo con tensiones
nominales de trabajo que oscilan entre los 66 y 400 kV.
Gracias a la construcción de la ST Parque Central y al descenso en la demanda registrada en los últimos años como consecuencia de la disminución de la actividad económica, el sistema de abastecimiento de Valencia mantiene su estabilidad. No
obstante si se tiene en cuenta la exigencia creciente en materia de fiabilidad y calidad de suministro eléctrico y se analizan las previsiones de desarrollo urbano, la conclusión es que sigue siendo necesario aumentar su capacidad. Y esta situación
se agrava cuando el análisis se extiende al área metropolitana, densamente poblada y con un gran potencial de desarrollo.
El escenario previsto para hacer frente a las demandas de electricidad que supondrán los desarrollos previstos en el Plan General vigente -y eventualmente su Revisión estructural- ha sido anticipado por la empresa distribuidora, Iberdrola
Distribución Eléctrica S. A. U. y ha llevado al Ayuntamiento de Valencia a plantear una serie de propuestas de mejora.
En el caso de la ciudad de Valencia, las previsiones de desarrollo de la red de subestaciones para el periodo 2015-2020, están contenidas en la Orden IET/2209/2015, de 21 de octubre.
La propuesta municipal para modificación de las previsiones del Plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica (2015-2020) ha ido adaptándose al crecimiento urbanístico y las necesidades económicas de la ciudad de Valencia.
La cuestión se explica porque las previsiones de planificación energética nacional pueden considerarse actuaciones a corto plazo, comparadas con los plazos de desarrollo y ejecución de los planes urbanísticos que contemplan soluciones a
largo y muy largo plazo.
En el caso concreto de Valencia, existen varias actuaciones que, dentro de las previsiones de desarrollo futuro a corto y medio plazo, se consideran prioritarias por razones de política urbanística municipal, como son las siguientes:
- La construcción de la nueva ST Grao / 220 kV.
- La construcción de la ST Nuevo Cauce / 220 kV.
- El desmantelamiento de la ST Patraix / 220 kV.
- La ejecución soterrada de las infraestructuras de la red de transporte y distribución de nueva implantación, sean redes cableadas o subestaciones.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incluir en la Planificación Energética-Plan de Desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2015-2020, las siguientes actuaciones prioritarias en el ámbito de la ciudad de Valencia:
- La construcción de la nueva ST Grao / 220 kV, bien sea subterránea o bien mediante tecnología GIS compactada en el interior del edificio catalogado existente.
- La construcción de la nueva ST Nuevo Cauce /220 kV, en principio con tipología subterránea, salvo que mediante el correspondiente instrumento de paisaje pudieran justificarse de forma razonable y suficiente otro tipo de soluciones.
- El desmantelamiento progresivo de la ST /Patraix 220 kV.
- La previsión de que todas las actuaciones de nueva ejecución en el término municipal de Valencia se ejecuten soterradas.
2. La reincorporación de la Subestación eléctrica Nuevo Cauce (ST Nuevo Cauce 220 kV) a la planificación nacional de energía eléctrica para la ciudad de Valencia, con la finalidad de sustituir la Subestación eléctrica de Patraix tiene una
consideración estratégica para el desarrollo urbanístico de la ciudad y forma parte de un compromiso del Ayuntamiento de Valencia con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2017.-Ana María Botella Gómez y María Pilar Lucio Carrasco, Diputadas.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002031
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos -En Comú Podem-En Marea, a instancias de la Diputada Alexandra Fernández Gómez, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente relativa a medidas para erradicar la Vespa velutina o avispa asiática.
Exposición de motivos
La avispa asiática, una especie invasora muy voraz capaz de capturar 1 kg de abejas al día, está extendiéndose a un ritmo de entre 50 y 100 km, sobre todo en el norte del Estado. Provoca importantes perjuicios al sector apícola ya que acaba
con las colmenas en poco tiempo, daña la biodiversidad y crea alarma social porque muchos de los nidos están en entornos urbanos. Está incluida en el Catálogo de Especies Exóticas Invasoras, así recogido en la Estrategia de gestión, control y
erradicación de la Vespa velutina aprobada por la Conferencia Sectorial de medio Ambiente el 16 de abril de 2015.
Se tiene constancia de que esta especie invasora apareció por vez primera en el estado español en el año 2010. Territorios como Catalunya, Euskadi o Galicia han sido zonas especialmente afectadas. Pero se ha localizado en La Rioja,
Asturias, Castilla y León, Illes Balears y Cantabria, y según los expertos su expansión continúa de manera rápida.
La Vespa velutina lleva tiempo ocasionando graves problemas a los apicultores por la destrucción de sus colmenas. De hecho, se calcula que en Galicia en el año 2016 los apicultores gallegos perdieron entre el 30 y el 40 % de las colmenas
debido a la avispa asiática.
Desde fuentes oficiales se señala que la Vespa velutina está presente en 210 ayuntamientos de Galicia, aunque la realidad indica que se ha extendido por toda la geografía gallega. La avispa asiática continúa extendiéndose por Galicia sin
pausa. Y desde organizaciones como la Plataforma Stop Velutina, se pone de manifiesto que lo único que está parando el avance de esta especie invasoras es la altitud, de hecho no se detectó su presencia en áreas altas como las Serras do Courel, Os
Ancares, o el Maz; de Ourense.
A día de hoy, desde asociaciones de apicultura se advierte que la avispa asiática está fuera de control.
Dada su expansión es evidente que el problema no se ha afrontado de manera contundente y con las necesarias medidas preventivas desde el inicio por parte de las Administraciones competentes.
El Ministerio debería seguir la legislación europea en materia de especies exóticas invasoras desplegando las medidas establecidas al respecto. La Plataforma Stop Velutina ha entregado al Ministerio sus principales reivindicaciones al
respecto, fundamentadas, sobre todo, en el Decreto 630/2013 sobre Especies Exóticas Invasoras. Básicamente la promoción de la investigación, la promoción de la lucha preventiva, aumentar la divulgación y la creación de un organismo único para
gestionar este problema.
La base de la lucha contra esta especie invasora se desarrolla principalmente en los colmenares, ya que las abejas son una parte importante de la dieta de la avispa asiática. Cualquiera de los métodos utilizados intentan minimizar los daños
y mantener el número de avispas bajo para que las abejas puedan trabajar. Se requiere de un máximo nivel de coordinación a nivel comarcal para posibilitar una gestión eficaz. Es importante fomentar el trampeo y darle prioridad a la investigación a
fin de poder encontrar un hongo o una bacteria que pueda servir de freno a su proliferación y que sea inocuo para el medio ambiente.
Considera el sector de la apicultura que la investigación es un ámbito fundamental para conocer más a fondo esta especie desde un punto de vista biológico y científico. En esta línea, consideran que la Administración debería impulsar
estudios orientados a descubrir una feromona u otras sustancias que no impacten en el medio ambiente. Defienden la apuesta por la lucha biológica.
Otro flanco que consideran no goza de demasiada fortaleza en esta crisis, es la lucha preventiva. El Ministerio debería asumir el trampeo como una de las estrategias de control que aparece en el decreto mencionado. En este sentido, las
asociaciones de apicultores indican que con la captura de cada avispa reina en primavera, antes de que cree una nueva colonia, se evita el nacimiento de entre 15.000 y 18.000 nuevas avispas. El trampeo es de momento la forma más eficaz de
erradicación de esta especie. Aunque los apicultores señalan que solo lo están utilizando particulares o asociaciones apícolas, sin la coordinación y planificación de especialistas y sin medios suficientes.
La Vespa Velutina apareció por vez primera en Europa en Francia en 2004. Llegó a través del Puerto de Burdeos. Allí se ha demostrado que las medidas más eficaces consisten en la destrucción de los nidos primarios, hacer trampeo de reinas a
la altura de febrero marzo y destruir los nidos secundarios, eliminando asimismo a las larvas.
Una mejor coordinación es otro de los puntos sobre el que se insiste. De hecho, piden la plena aplicación de las actuaciones de coordinación recogidas en el documento 'Estrategias de gestión, control y posible erradicación del tártago
asiático', en el que se designa al Ministerio de Agricultura y al Grupo de Trabajo de Especies Exóticas Invasoras como las entidades competentes para la coordinación entre administraciones.
Dado que se trata de una especie no muy conocida, desde el sector apicultor se considera fundamental triplicar los esfuerzos en el campo de la divulgación. La información detallada a la sociedad sobre el ciclo biológico, alimentario y de
conducta de la avispa asiática, sería de gran ayuda a la hora de abordar el trampeo.
La lucha contra la Vespa velutina no ha sido muy eficaz en el estado español. Los apicultores llevan años advirtiendo a las distintas administraciones del grave peligro que supone para las más de dos millones de colmenas que existen en el
estado. Se calcula que la producción media de miel en el estado está en 32.100 toneladas.
La expansión de esta especie invasora debería llevar al Ministerio a realizar una reflexión para redoblar los esfuerzos en el sentido señalado por el sector apicultor y contemplado en Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se
regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras, pero que no se están aplicando con efectividad.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al MAPAMA a:
- Impulsar la investigación en el marco de la lucha contra la especie invasora Vespa velutina, apostando por la lucha biológica y emprendiendo estudios en profundidad encaminados a descubrir una feromona u otras sustancias que no tengan
impacto medioambiental.
- Implicarse, con mayor esfuerzo y medios, en la aplicación de medidas preventivas para combatir la expansión de la avispa asiática, especialmente en la tarea del 'trampeo', estrategia de control recogida en el Catálogo de Especies Exóticas
Invasoras y que de momento se ha demostrado la fórmula más eficaz.
- Mejorar la coordinación y la planificación aplicando una de las actuaciones recogidas en el documento 'Estrategias de gestión, control y posible erradicación del tártago asiático', según el cual se designa al Ministerio de Agricultura y al
Grupo de Trabajo de Especies Exóticas Invasoras como las entidades competentes para la coordinación entre administraciones implicadas.
- Llevar a cabo una campaña de información y divulgación sobre esta especie invasora pa¿-a proporcionar información sobre su ciclo biológico, alimentario y de conducta para una gestión más eficiente, mejorar las labores de detección y de
trampeo.
- Contar en todo momento con la experiencia y con el conocimiento acumulado del sector de la apicultura para hacer frente a la erradicación de esta especie invasora.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2017.-Alexandra Fernández Gómez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002036
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
paliar la situación de emergencia derivada de las inclemencias climatológicas en el campo extremeño y sus consecuencias para las personas trabajadoras, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Durante el mes de mayo de 2017, Extremadura ha sufrido intensamente fenómenos climatológicos de lluvia, viento y granizo que han afectado especialmente a diversos términos municipales, entre ellos, Guareña-Guareña/Torrefresneda, Santa
Amalia, Don Benito, Villar de Rena, Olivenza, Puebla de Alcollarín, Talarrubias, Miajadas, Escurial, Campo Lugar, Almoharín, Cabezabellosa, Casas del Monte, Jarilla, Navaconcejo, El Rebollar, El Torno, Valdastillas, Aldeanueva del Camino, Segura de
Toro, La Garganta, Gargantilla, Hervás, Garganta la Olla, Pasarón de la Vera, Jaraíz de la Vera, Torremenga, Cañamero y Berzocana. Municipios con una gran producción agrícola y que han visto como su esfuerzo de todo el año se ha visto truncado por
las inclemencias meteorológicas. Al respecto destacamos la cereza, cuyo fruto prácticamente se ha visto destruido en el momento estacional en el que correspondía su recolección.
Los daños sufridos por los cultivos son cuantiosos, están afectadas 2.635 has entre frutales, maíz, girasol, tomate de transformación, patatas y otras hortícolas, y ello conlleva una pérdida de renta en las explotaciones agrarias, a lo que
hay que añadir la pérdida de jornales que se producirán tanto en labores de campo, como en centrales hortofrutícolas, industrias de transformación, almacenes, y pérdida de renta a las empresas de servicios a la agricultura como consecuencia de la
destrucción de cosechas.
Lamentablemente, las inclemencias meteorológicas han dejado de ser una cuestión coyuntural para adquirir un carácter permanente en algunos de los territorios de España, entre ellos Extremadura, con graves consecuencias para la agricultura y
la ganadería.
Así lo ponen de manifiesto los datos del Gobierno al señalar que, 'el valor medio nacional de las precipitaciones acumuladas desde el pasado 1 de octubre hasta el mes de mayo, representa en torno a
un 13 % menos que el valor normal que corresponde a dicho periodo. A fecha 1 de mayo de 2017, la reserva hidráulica peninsular si situaba en un 56 %; notablemente inferior a la media de los últimos 5 años (74,2 %) y a la de los 10 últimos
años (70 %)'. Esta situación de sequía provoca que el campo no se recupere y que hayan descendido hasta cotas desconocidas la mayoría de los acuíferos y que muchos cultivos de secano hayan perdido prácticamente su rentabilidad social.
A esta situación se añade los cambios en la Política Agraria Común, los bajos precios de muchos productos, los mayores costes de tratamientos o de la energía necesaria para la producción en zonas de regadío. El panorama no puede ser más
desolador para el campo y afecta a los trabajadores y trabajadoras eventuales, los cuales, ante las crecientes inclemencias climatológicas, a la que se añade la también creciente mecanización, ven imposible reunir las 35 jornadas reales, necesarias
para acceder al subsidio y la renta agraria.
En Extremadura, un Informe emitido por el Servicio de Información Agraria, a instancia de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, al objeto de valorar los daños acaecidos en el campo extremeño en el mes de mayo, destaca que la
pérdida de jornadas o peonadas asciende a 203.280. Pérdida que afecta muy especialmente a la mujer, responsable en su mayoría de la industria de transformación y manipulación. La pérdida de una de las cosechas fundamentales para Extremadura, como
la cereza, las sitúa ante la incapacidad de poder acceder al subsidio o la renta agraria.
El Gobierno debe adoptar las medidas que palien esta situación de protección. No puede aceptarse la pasividad de un Gobierno insensible a las peticiones de las personas jornaleras. Desde febrero de 2015, fecha en la que el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social reconoció la situación de sequía, reduciendo a 20 peonadas las necesarias para acceder a las ayudas, ninguna otra medida se ha adoptado. El Gobierno ha incumplido su promesa de no dejar sin subsidio a ninguna persona
trabajadora. Es más, el grupo que apoya al Gobierno votó en contra de la Proposición no de Ley Socialista relativa al apoyo y mejora de la situación de los trabajadores y trabajadoras eventuales del campo en Andalucía y Extremadura el 5 de octubre
de 2016.
El Gobierno del Partido Popular, durante sus seis años de gobierno, ha sido el único del periodo democrático que no ha contemplado cantidades extraordinarias para los distintos programas de Fomento de Empleo Agrario, en base a inclemencias
meteorológicas. Desde la implantación del sistema en 1984, los gobiernos de Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, pusieron en marcha los que se denominó 'PER Extraordinario' para compensar a través del programa de
inversiones en municipios la carencia de peonadas como consecuencia de sequías o inundaciones. Todos, menos los gobiernos del Sr. Rajoy.
Ahora tiene la oportunidad de abordar la situación de inclemencia que se vive en el campo extremeño. Y adoptar las medidas que permitan paliar la situación de emergencia derivada de los daños meteorológicos excepcionales sufridos por esta
Comunidad Autónoma. El Gobierno debe adoptar medidas de apoyo a los damnificados por las tormentas. Es exigible que los agricultores y agricultoras extremeñas que se han visto afectados por estos fenómenos vean reconocidos los mismos derechos y
compensaciones que tienen las personas trabajadoras del resto del Estado.
Por todo ello, el Grupo Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, tratándose de una emergencia social de naturaleza catastrófica, adopte las siguientes medidas:
1. Declarar como afectados por emergencia de naturaleza catastrófica los términos municipales de Extremadura asolados por las tormentas y granizos ocurridas el pasado mes de mayo y que, en consecuencia, establezca:
a) Las ayudas contempladas en virtud del Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y que se
establece el procedimiento para su concesión, modificado por el Real Decreto 477/2007, de 13 de abril. En especial:
- Ayudas destinadas a paliar daños materiales en infraestructuras en las explotaciones agrarias, en infraestructuras rurales de uso general y en las infraestructuras públicas que pudieran haberse visto afectadas.
- Ayudas por daños causados en producciones agrícolas para aquellas explotaciones que en las fechas de los siniestros no hayan suscrito el correspondiente seguro y formalizado la póliza al no haber finalizado el plazo de suscripción para
esta campaña.
- Ayudas para aquellas producciones agrícolas que, teniendo pólizas en vigor por el Plan de Seguros Agrarios Combinados y estando ubicadas en el ámbito de aplicación, no tuvieran amparados estos daños.
- Ayudas para aquellas explotaciones agrícolas no amparadas por el vigente Plan de Seguros Agrarios Combinados.
b) Líneas de préstamos de mediación del Instituto de Crédito Oficial para las explotaciones agrarias afectadas y/o líneas de subvenciones estatales para facilitar el acceso a la financiación, dirigidos también a agroindustrias y empresas de
servicio vinculadas a los cultivos dañados.
c) Puesta en marcha de un Plan Extraordinario de medidas de ámbito laboral y social en beneficio de las empresas y trabajadores afectados en Extremadura, que se apoye en el Informe Técnico de fecha 25 de mayo de la Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, y que contenga como mínimo las siguientes medidas:
- Un Plan de Empleo con ayudas destinadas a los Ayuntamientos de las localidades afectadas por las tormentas de cara a la ejecución de proyectos de interés general y social mediante contrataciones de personas desempleadas inscritas como
demandantes de empleo en el SEPE y encuadradas en el Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios del Régimen General de la Seguridad Social, suficiente para corregir el impacto.
- Eliminación de las peonadas que se exigen a los Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios para acceder al Subsidio por desempleo o bien a la Renta Agraria.
- Incremento en, al menos, 3 millones de Euros de fondos para el programa de Garantías de Rentas del Acuerdo para el Empleo y Protección Social Agraria (AEPSA).
- Reconocimiento por el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) de las indemnizaciones que deban pagarse a las personas trabajadoras como consecuencia de despidos colectivos o pérdidas de actividad que hayan sido consecuencia directa de los
daños producidos.
- Puesta en marcha de medidas específicas para las mujeres trabajadoras del campo, que vengan a solucionar la imposibilidad permanente de acceder al número de jornadas reales necesarias para acceder a las ayudas.
d) Adoptar las medidas necesarias para que los pagos de las ayudas PAC no se vean afectados ante la imposibilidad de comercializar cosechas como consecuencia de los daños.
2. Apoyar con un mayor esfuerzo presupuestario el fomento de la contratación de seguros agrarios y abrir un proceso de diálogo en el seno de la Comisión General de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) entre Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, la Agrupación de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S. A. (Agroseguro), las Organizaciones Profesionales Agrarias y Cooperativas, con el objetivo de mejorar las condiciones
y cobertura para las explotaciones de cereza, perfeccionar el sistema de valoración de daños, agilizar el pago de indemnizaciones y avanzar en el modelo de seguro de renta integral para las explotaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2017.-María Soledad Pérez Domínguez y María del Pilar Lucio Carrasco, Diputadas.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002044
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
medidas urgentes para compensar y reparar los daños producidos como consecuencia de las heladas en la provincia de Ourense, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La fuerte helada que cayó los días 26 y 27 de abril en la provincia de Ourense afectó de lleno al sector vitivinícola y los daños se estiman entre un 20 % y un 30 % de las zonas productivas y afectan a todas las denominaciones de origen,
truncando una campaña vitícola que se había iniciado con éxito, debido a la práctica ausencia de enfermedades fúngicas y al avanzado desarrollo vegetativo. La situación se agrava porque los brotes de los viñedos, ya estaban muy adelantados, con dos
o más cuartas de longitud, lo que compromete la capacidad de la vid para renovar.
Los brotes de las vides fueron quemados por descenso de temperaturas de hasta al menos seis grados, lo que provocará un importante descenso de la cosecha tanto este año como en el próximo. La práctica ausencia de seguros agrarios frente a
la helada agrava la situación.
Haciendo una breve reseña a cada una de las zonas, se pone de manifiesto, el desastre natural que han sufrido las comarcas gallegas por el efecto de las bruscas heladas, provocando importantes daños y destrozos en la producción agraria, con
un fuerte impacto en los viñedos de comarcas con denominación de origen como Valdeorras, Monterrei, O Ribeiro o A Ribeira Sacra, así como en otros cultivos como la producción de patata en A Limia o el pimiento de Oímbra y otros productos hortícolas.
O Ribeiro:
La helada afectó al 100 % de los viñedos situados en las partes más bajas de las riberas del Avia, entre Ribadavia, Beade y Leiro. El Consello Regulador, apunta unas pérdidas entre el 70 % y 80 % de la producción en las partes medias y a
algunas viñas en las zonas altas y riberas del Miño y Arnoia; se calculan los daños en unos 7,2 millones de euros. El pleno del Concello de Ribadavia ya ha aprobado una moción pidiendo la declaración de zona catastrófica al tiempo que se reclaman
ayudas a la Xunta y a la Administración central.
Monterrei:
Cifran la incidencia de la helada en más de un 70 por ciento de afectación y un 95 % de la cosecha, 'con consecuencias que a día de hoy son verdaderamente impredecibles, porque no se recuerda un fenómeno de tales características en los
últimos cincuenta años', declaró una representante de la Denominación de Origen.
La Mancomunidad de Municipios convocó un pleno extraordinario urgente fijar la batería de medidas a arbitrar para paliar las más que predecibles consecuencias.
Valdeorras:
La Denominación de Origen Valdeorras resulto igualmente afectada, las viñas de las zonas de O Bolo, Vilamartín o Rubiá fueron arrasadas por la helada, quedando afectadas en un 100 % algunas de ellas. En A Rúa, fuentes del sector
vitivinícola cuantifican en torno a un 50 % las pérdidas. En todo caso, la media de daños de la DO fue cuantificada en el sector en torno al 20 %, de la cosecha lo que supone pérdidas por un valor de 3,8 millones de euros.
Ribeira Sacra:
La helada de la madrugada del jueves se llevó más del 30 % de la superficie del viñedo y buena parte de la cosecha de uva de la Ribeira Sacra. Se estiman las pérdidas en 3,5 millones de euros.
Desde hace años no acontecían en la provincia de Ourense unas condiciones meteorológicas semejantes y los daños producidos están siendo cuantiosos al darse una situación poco previsible, por lo que considera que el Estado debe proceder a su
declaración como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, para habilitar una batería de ayudas para hacer frente a dichos daños y adoptar las medidas necesarias con el objeto de paliar la situación, estableciendo líneas de
ayuda para los afectados en las cuatro denominaciones de Ribeiro, Monterrei, Valdeorras y Ribeira Sacra, señalan.
Se estima que se ha perdido 16,3 millones de kilos de uva, lo que supone que no llegarán al mercado 21,7 millones de botellas de vino, que se han producido daños por un valor de 72 millones de euros, y esto afecta a las cuatro denominaciones
de origen. A estos daños hay que añadir los gastos derivados de recuperación de las vides que ascienden a 2,2 millones de euros, que de forma inmediata tienen que desembolsar los productores para intentar salvar las explotaciones.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, ante los daños personales y materiales producidos como consecuencia de las bajas temperaturas durante las noches del 26 y 27 de abril en la provincia de Ourense, así como en otras zonas afectadas, insta al
Gobierno a proceder, conforme a lo previsto en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, con aplicación de las medidas previstas en
el artículo 24 de la citada ley, que comprenderán, entre otras, y en todo caso:
- Ayudas directas por los daños materiales producidos, tanto en los bienes de las personas y empresas como en los de las Administraciones, así como por los gastos ocasionados para hacer frente a esta catástrofe.
- Indemnizaciones por daños producidos en explotaciones pesqueras, agrícolas o ganaderas en su caso.
- Beneficios fiscales aplicables a los bienes, empresas, establecimientos industriales, turísticos y mercantiles, explotaciones y otras actividades afectadas.
- Bonificaciones, exenciones y moratorias en los pagos de las cotizaciones a la Seguridad Social.
- Establecimiento de líneas de crédito preferenciales para financiar la reparación o reposición de instalaciones, bienes y equipos industriales y mercantiles, agrícolas, y automóviles y otros vehículos dañados como consecuencia de los
siniestros.
- Concesión de anticipos directamente por la Administración General del Estado sobre las ayudas y subvenciones a las que se tuviera derecho por causa de esta catástrofe.
- Habilitación de los créditos extraordinarios necesarios para dar cobertura presupuestaria inmediata a estas ayudas.
- Las medidas que se aprueben deberán al menos contemplar el nivel de ayuda previsto en otras normas aprobadas para compensar daños producidos por catástrofes naturales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2017.-María del Rocío de Frutos Madrazo, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002046
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre la prohibición de la venta en España de productos cosméticos y de higiene personal que contengan microplásticos, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El 32 % de todo el plástico que utilizamos acaba en la naturaleza. Se calcula que cada año 9,5 millones de toneladas de plástico llegan a los mares y océanos, y de esa cantidad, entre el 15 y el 31 %, aproximadamente, según un reciente
informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), podrían ser microplásticos.
Como microplásticos se conocen a esas partículas de plástico de entre 5 mm y 1 nanómetro que, con estas dimensiones, y a diferencia de los residuos de plástico más grandes que se degradan en el agua, entran en los océanos procedentes de los
neumáticos de automóviles, textiles sintéticos, pellets de plástico, productos de cuidado personal (cosméticos exfoliantes, dentífricos) así como de una gran cantidad de productos de diferente origen industrial (ingredientes de tintas de impresión,
pinturas en aerosol, molduras de inyección y abrasivos, revestimientos marinos, etc.).
Distinguiéndose, por otra parte, entre microplásticos primarios y secundarios. Los primarios son aquellos que se generan con una finalidad, normalmente para ser utilizados como abrasivos (exfoliantes,
dentífricos, productos de limpieza de fachadas, etc.). Entre los secundarios encontramos aquellos que o bien proceden de la fragmentación de artículos de plástico de mayor tamaño o bien se degradan o se separan de otro material.
La comunidad científica acumula datos evidentes sobre los principales tipos de microplásticos según con su composición química y su tamaño, así como sobre su distribución mundial en aguas y sedimentos oceánicos, que incluye las zonas
oceánicas remotas. Especialmente están muy concentrados en mares cerrados o semicerrados, según vienen constatando los informes del Grupo mixto de expertos sobre los aspectos clentificos de la protección del medio marino (GESAMP), publicados por la
Organización Marítima Internacional, organismo especializado de Naciones Unidas.
Los microplásticos se acompañan de aditivos y sustancias químicas contaminantes o tóxicas. De hecho, su impacto medioambiental es grande porque debido a su composición química y a su tamaño son difíciles de eliminar de las aguas residuales.
En este sentido, se ha detectado su presencia en diferentes grupos de animales (moluscos, peces, equinodermos, gusanos, aves y mamíferos, entre otros), y con diferentes formas de alimentación (filtradores, detritívoros, depredadores, etc.).
Está constatado el paso de estas micropartículas desde el tubo digestivo a los líquidos orgánicos y a los tejidos corporales en anélidos, moluscos y crustáceos, así como la generación de daños celulares. Además, para las larvas y embriones, los
aditivos resultan más perjudiciales que los propios microplásticos.
Los científicos constatan el indudable peligro que para el medio ambiente suponen los microplásticos pero advierten que también pueden serlo para el ser humano por el paso de estos a través de las cadenas y redes tróficas. Aun asumiendo que
los microplásticos pueden portar tóxicos -y acabar por tanto introduciéndose en la cadena alimenticia-, todavía son necesarios más estudios e investigaciones para conocer los efectos negativos que pueden suponer para la salud humana. A pesar de
concluir que los microplásticos en los medios marinos no representan en la actualidad un riesgo para la salud humana, el informe del Programa Ambiental de Naciones Unidas de 2016 resaltaba la falta de conocimiento para entender cómo afecta la
toxicidad de los microplásticos, así como para señalar el potencial de los mismos para actuar como vectores en la dispersión de patógenos que causan enfermedades relevantes en el ser humano.
En este contexto, si bien el uso de microplásticos en productos cosméticos constituye solo una parte pequeña del problema en cuestión, su prohibición está siendo objeto de debate legislativo en diferentes países. Fue prohibido en EEUU en
diciembre de 2015 (Microbead-Free Waters Act of 2015), una normativa que entrará en vigor el 1 de julio de 2017. En el ámbito de la Unión Europea, si bien es evidente un cierto retraso en esta materia, existen numerosos países que por iniciativa
propia están valorando en sus parlamentos su veto: Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Austria, Bélgica y Suecia.
En Reino Unido la decisión se ha visto impulsada por una petición respaldada por más de 350.000 ciudadanos. Posicionamiento de la opinión pública que también ha motivado el que algunas de las grandes empresas del sector hayan anunciado que
dejarán de utilizar este tipo de materiales en la fabricación de sus productos.
Unas medidas avaladas por la existencia de alternativas no contaminantes al uso de los microplásticos en este ámbito, tales como el uso de productos naturales no tóxicos y biodegradables que pueden reemplazar a las microesferas de plástico
sin amenazar la calidad del agua. El uso de estos materiales tiene dos ventajas: por un lado, evita los problemas medioambientales y de riesgo para la salud de organismos, ecosistemas y personas y, por otro, permite el aprovechamiento de los
abundantes residuos orgánicos generados por diferentes industrias españolas.
A pesar de todo ello, somos conscientes de que la prohibición del uso de microplásticos en productos cosméticos constituye solo una pequeña contribución para hacer frente a la contaminación del océano por plásticos. Una estrategia global de
reducción de estos residuos en nuestros mares exige, como recuerda el citado informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), soluciones que han de suponer, más allá de la mera gestión de los residuos, la introducción
de cambios en los procesos de producción y en el diseño de las infraestructuras, así como en los hábitos de comportamiento del consumidor.
Por todo ello, y como mejor contribución a la reciente celebración del Día Mundial de los Océanos, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar las modificaciones legislativas precisas para prohibir, antes del año 2019, la venta en nuestro país de productos cosméticos y de higiene personal que, en su composición, contengan microesferas fabricadas en cualquier variedad
de plástico.
2. Con carácter transitorio, hasta su prohibición en 2019, impulsar las medidas precisas para garantizar un sistema de etiquetado más claro y transparente que advierta de la presencia, en la composición de los productos a la venta, de
microesferas fabricadas cualquier variedad de plástico.
3. Elaborar y elevar a las Cortes Generales un informe sobre el grado de contaminación por plásticos de las aguas sometidas a la soberanía marítima española.
4. Promover, con la adecuada financiación presupuestaria y con carácter multidisciplinar, trabajos de investigación dirigidos a profundizar en el conocimiento de los efectos en los organismos vivos y en los ecosistemas derivados de la
presencia de micropiásticos en el medio marino.
5. Elaborar y elevar a las Cortes Generales un plan nacional, consensuado con los sectores implicados y las administraciones competentes, para la adopción de medidas e incentivos para reducir los microplásticos de las principales fuentes
primarias, especialmente textiles y neumáticos, apostando por procesos de producción asentados en el I+D+i y en el ecodiseño.
6. Impulsar en el seno de la Unión Europea las modificaciones legislativas precisas para adoptar, con carácter armonizado entre todos sus países miembros, medidas dirigidas a la consecución de los objetivos a los que se refieren los
apartados primero y quinto de esta iniciativa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2017.-Marc Lamuà Estañol, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002047
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
relativa a la adopción de medidas efectivas contra el avance de la avispa asiática, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La avispa asiática de tórax negro (Vespa velutina nigritorax) es un insecto exótico invasor con gran capacidad de colonización y afección a un gran número de especies de insectos autóctonos. Originaria del sureste asiático, llegó a Europa
en 2004, donde se detectó en el Sur de Francia procedente de Yunnan (China). Su facilidad para la dispersión hizo que en 2010 se confirmara la llegada a España, desde entonces ha colonizado buena parte de la mitad norte de nuestro país a un ritmo
de unos 50 kilómetros al año, de este modo, su presencia está confirmada en zonas del norte y, en particular, en el País Vasco, Navarra, Cantabria y Cataluña, pero también en Asturias, Galicia, La Rioja, Castilla y León y Baleares.
Su éxito de multiplicación y expansión en el territorio europeo se debe a varios factores: las coincidencias de tipo climático, de temperatura y precipitaciones, las inagotables fuentes de alimento disponible (colonias de abejas de la
especie Apis mellifera) y la ausencia de depredadores y/o competidores directos lo suficientemente eficaces como para frenar su alta tasa de reproducción.
En Asia la avispa asiática convive con otra veintena de avispones de parecido o incluso mayor tamaño que ella, que son competidores directos por los mismos recursos alimenticios (insectos) y por los mismos espacios para realizar sus nidos.
Además de competir, las diferentes especies de avispones pueden ser depredadoras las unas de las otras, condicionando aún más su éxito reproductor.
Desde el 2010 la avispa asiática o avispón negro es una de las mayores plagas que afectan a la apicultura de toda la cornisa cantábrica. Los apicultores fueron los primeros en darse cuenta de su presencia en el territorio y también de
sufrir sus consecuencias.
Del total de insectos que 'consume' V. velutina, las abejas de la miel (Apis mellifera) suponen un 65 % de su dieta en zonas urbanas, periurbanas, áreas naturales o forestales, y un 30 % en zonas agrícolas (Villemant y cols., 2011).
Por el momento, no hay estudios que hayan cuantificado los efectos negativos o daños que pueden causar las avispas asiáticas en la apicultura en general, como el descenso de la producción de miel, disminución del número de colonias de
abejas, además de los perjuicios en la polinización. Además, los daños causados por este avispón a las abejas se suman a los que ya sufrían con anterioridad (parásitos, virus, desaparición de hábitat, pesticidas, etc.), por lo que diferenciar la
causa concreta de las pérdidas en apicultura, así como valorar lo que supone económicamente cada una de ellas, es complicado.
En la región de Gironde (Francia) se ha constatado que en las zonas en contacto con la avispa asiática, ha habido una bajada en el censo de apicultores de hasta el 26 %.
Existen observaciones hechas por apicultores y por técnicos, que reportan daños en distinto grado, desde leves descensos de la población de abejas y falta de polen y miel en otoño, pasando por graves déficits en las reservas de alimentos,
hasta la muerte de la totalidad de las colonias en algunos colmenares. Las colonias que sufren ataques importantes y prolongados, llegan al invierno con la población de abejas mermada y con pocas reservas de miel y de polen, lo que aumenta la
mortandad otoñal e invernal de estas colonias.
Y, sin embargo, se trata de un problema que tiene efectos mucho más allá, en diferentes ámbitos: socioeconómico (provoca daños en la apicultura y en la agricultura en general, especialmente, en zonas con cultivos que dependen de la
polinización entomófila, y el control de la plaga implica graves costos a las administraciones públicas), biodiversidad (es depredadora de abejas y otros insectos locales) y en la salud pública (riesgo de picaduras).
Este insecto está incluido en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto) y está propuesto para ser incluida en el Listado de Especies Exóticas Invasoras preocupantes para la Unión, en base al
Reglamento Europeo (Reglamento (UE) N.° 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2014 sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras).
Las especies exóticas invasoras constituyen una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en el mundo. En la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad, se define una especie exótica invasora como 'aquella que se introduce o establece en un ecosistema o hábitat natural o seminatural y que es un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea por su
comportamiento invasor, o por el riesgo de contaminación genética'.
También se la puede considerar como una plaga, definiendo plaga como 'una situación en la cual un ser vivo produce daños económicos, normalmente físicos, a intereses de las personas (salud, plantas cultivadas, animales domésticos, materiales
o medios naturales)'.
La avispa asiática se ha expandido a una velocidad increíble, y todavía el avance de la invasión no ha cesado. En los lugares donde aparece, al principio la densidad de nidos es baja y lo hace de forma discreta, casi imperceptible, pero en
2-3 años aumenta imparablemente, hasta estar presente en casi cualquier lugar. Por lo tanto, hoy por hoy, viendo el avance descontrolado de la invasión de Vespa velutina, hablar de erradicación es muy complicado. La mayoría de daños que provoca
están asociados al gran número de nidos que pueden coexistir en una misma área, pero si se logra un control de la población y se reduce la cantidad de nidos y/o su tamaño, también se reducirán, en gran medida, los daños producidos.
Ningún método actual por sí solo ha demostrado ser plenamente eficaz para controlar la invasión o minimizar los daños, de modo que la solución más eficaz pasa por descubrir una feromona efectiva que permita una captura dirigida y masiva,
simultaneado con actuaciones de control como la eliminación de nidos de avispas y medidas de defensa de las colmenas. Y, en este sentido, solo una actuación conjunta repercutirá en la disminución de la población de reinas fundadoras y en la
cantidad de obreras que van en busca de alimento y asolan los colmenares.
Del mismo modo que han hecho diferentes administraciones autonómicas, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aprobó definitivamente en abril de 2015 un protocolo de actuación frente
a la avispa asiática, que a juicio de los especialistas y afectados se fundamenta en medidas que no terminan de resultar eficaces para atajar el problema.
En este sentido, ante el avance de esta plaga se hace apremiante el consensuar entre todas las administraciones implicadas un protocolo eficaz de actuación integral para todo el territorio nacional. Porque la implicación, el flujo de la
información y una buena coordinación entre diferentes administraciones más que nunca se hacen indispensables.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. La puesta en marcha, de modo consensuado con las diferentes administraciones implicadas, de un protocolo eficaz y efectivo de actuación integral para todo el territorio nacional, para el uso coordinado de todos los métodos disponibles
frente a la plaga y para minimizar el impacto negativo causado por la avispa asiática en el medio ambiente y en la apicultura, fomentando, muy especialmente, medidas de apoyo y defensa de la abeja melífera.
2. La realización de proyectos de investigación especialmente encaminados a descubrir una feromona efectiva que permita una captura dirigida y masiva de avispa asiática, con la adecuada dotación presupuestaria y paralelamente a la
implementación de métodos efectivos de captura selectiva.
3. La consecución, en el seno de la Unión Europea y con su financiación, de medidas conjuntas de coordinación y colaboración con los países de nuestro entorno para el control y la erradicación de la avispa asiática.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2017.-Marc Lamuà Estañol, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002043
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes, del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para
disponer de medidas adecuadas para el diagnóstico precoz del cáncer de endometrio en las mujeres, para su debate y votación en la Comisión de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
El cáncer de endometrio es el más frecuente de los cánceres ginecológicos. Globalmente ocupa el cuarto lugar en frecuencia en la mujer, tras el cáncer de mama, pulmón y colorrectal. En el 80 % de las pacientes se puede diagnosticar de
forma precoz, lográndose una alta curación tras la cirugía -sola o asociada a radioterapia-, si el diagnóstico se realiza en fase inicial.
El adenocarcinoma de endometrio representa aproximadamente el 97 % de los tumores malignos del cuerpo uterino. Como ya hemos mencionado, es uno de los más frecuentes en la mujer, si bien hay diferencias geográficas. La incidencia anual en
Europa es de 11,8 mujeres por cada 100.000, y en España lo padecen 10,4 mujeres de cada 100.000. Sin embargo estamos la tasa de mortalidad es de en 2,4 de cada 100.000 mujeres en España. y de 2,2 en Europa.
La mayoría se diagnostican entre los 55 y 65 años. Solo el 20 % se presenta en mujeres premenopáusicas y el 5 % en mujeres menores de 40 años.
El cáncer de endometrio es un cáncer que suele producir síntomas en las mujeres, aun en sus estadios más precoces, tan solo entre el 1 y el 5 % pueden estar asintomáticas en el momento del diagnóstico. Los síntomas más frecuentes son
alteraciones menstruales en la etapa premenopáusica y toda hemorragia
vaginal o flujo anormal en la posmenopáusica. Estos síntomas en fases iniciales hacen que las Sociedades Científicas recomienden --fundamentalmente desde la menopausia- que se divulgue a todas las mujeres los síntomas del cáncer de
endometrio y se insista en la importancia de informar a su Médico de Familia, en el caso de que identifiquen alguno de los mencionados síntomas. De ahí la importancia de que existan campañas de promoción para concienciar a las mujeres de que
identifiquen posibles síntomas iniciales y consulten rápidamente para que el diagnóstico pueda realizarse de la forma más precoz posible.
Por todo ello, se propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha las medidas necesarias para llevar a cabo las siguientes actuaciones:
- Iniciar campañas de información a las mujeres sobre los síntomas iniciales del cáncer de endometrio, fundamentalmente desde la menopausia.
- Dotar a la Sanidad Pública de suficientes recursos para un correcto estudio y tratamiento cuando se identifiquen síntomas en la mujer de un posible cáncer de endometrio, se realizará ecografía, biopsia u otras pruebas complementarias, si
procede, en un plazo no superior a un mes.
- Aumentar la inversión en I+D+i, a través de becas de investigación sobre el cáncer de endometrio y su tratamiento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2017.-Amparo Botejara Sanz, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Igualdad
161/002039
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley con
el fin de garantizar la cotización por las víctimas de violencia de género perceptoras de la renta activa de inserción, con cargo a la fiscalidad del Estado y a los efectos de jubilación, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
El Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados el día 25 de enero de 2011, no ha sido relevante en las políticas del Partido Popular desde que llegó al Gobierno. Es más, en
algunos aspectos, se ha legislado en sentido contrario, como lo pone de manifiesto, por ejemplo, las modificaciones emprendidas para, en teoría, desarrollar la Recomendación 2 de dicho Informe: 'Mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las
pensiones', que supusieron una cuasi congelación de las mismas y la pérdida de su poder de compra desde finales de 2016 y 2017, dados los aumentos del Índice de Precios al Consumo. Pérdida de poder adquisitivo que incide en las pensiones más bajas
y, por tanto, en las de las mujeres.
La brecha de género en el sistema público de pensiones se ensancha, siendo la cuantía de las pensiones de las mujeres inferiores en un 37,95 % a las de los hombres de medida en el total del sistema contributivo. En consecuencia, tampoco se
ha avanzado en la Recomendación 17, 'Mujer y protección social', cuya finalidad es mejorar la 'cobertura social de la mujer y la eliminación de los efectos de la brecha salarial', y, en los casos de 'grupos especialmente vulnerables', avanzar en el
acceso a derechos propios de Seguridad Social.
Así se pronuncia la Recomendación 17 del Pacto de Toledo: 'La Comisión entiende que el sistema debe valorar la dimensión de género en materia de pensiones, en tanto en cuanto se ha constatado
retribuciones diferenciadas, de mayores periodos de interrupción por cuidados de hijos o familiares en situación de dependencia, o de mayores dificultades en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral entre otras
discriminaciones que gravan más intensamente a las mujeres que a los hombres.../...'. Y continúa 'La Comisión defiende que se adopten medidas para facilitar la adecuación del sistema de pensiones a las realidades personales y familiares, avanzando
en la ampliación de coberturas, las ayudas a la adquisición de derechos propios, el acceso a pensiones de grupos especialmente vulnerables y el aumento del apoyo financiero a [os pensionistas más desfavorecidos..
La Comisión recomienda, pues, que se adopten iniciativas que ayuden a las mujeres a complementar sus aportaciones con otros elementos como ventajas fiscales o situaciones asimiladas al alta, a efectos de mejorar la pensión de jubilación, con
el objetivo de configurar derechos de pensión propios, con una consideración específica para las ayudas de las mujeres que presentan mayor vulnerabilidad.
Es obvio que las mujeres víctimas de violencia de género padecen una situación de mayor vulnerabilidad, ya que a la común discriminación y desigualdad en el mundo laboral respecto al hombre se le suma su dura y cruel situación personal de
violencia. Una violencia que, en muchos casos, las arroja del mercado de trabajo y las aboca a ayudas de subsistencia.
La vulnerabilidad de las mujeres que padecen violencia de género se ve agravada por sus mayores dificultades de empleabilidad motivada, en muchos casos, por el control del maltratador, que se extiende al entorno donde desarrollan su
actividad laboral o la mejora de su formación.
Unas mayores dificultades de empleabilidad que se arrastran y tienen consecuencias en el ámbito de la Seguridad Social, al suponer la fractura o la inexistencia de una carrera de cotización para cubrir las contingencias derivadas del
desempleo, la enfermedad o la vejez.
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, para paliar esta situación reconoció a estas mujeres un estatuto integral de protección que incluye un elenco de derechos en el
ámbito laboral -de reordenación del tiempo de trabajo, de suspensión o de extinción de la relación laboral-, con plasmación en el sistema de Seguridad Social al posibilitar que esos supuestos fueran declarados como situación legal de desempleo y así
facilitar que estas mujeres pudieran acceder a la prestación de desempleo con cotizaciones. Ayudas económicas que, por tanto, cubrían su protección y la ruptura económica con el maltratador. Para las mujeres víctimas de violencia de género que
hubieran extinguido la prestación por desempleo, y el consiguiente subsidio, o no pudieran ser beneficiarias de dichas prestaciones, la ayuda que les corresponde es la renta activa de inserción.
La renta activa de inserción, regulada por el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, es una ayuda extraordinaria pensada para aquellas personas que no pueden acceder a otro subsidio y encuentran especiales dificultades para encontrar
trabajo: personas paradas de larga duración mayores de 45 años, personas con discapacidad, emigrantes retornados o víctimas de violencia de género o doméstica.
Los requisitos para cobrar la ayuda por ser víctima de violencia de género o doméstica son.
- Acreditar la condición de víctima de violencia de género o víctima de violencia doméstica, mediante certificación de los Servicios Sociales de la Administración competente o del centro de acogida, por resolución judicial, orden de
protección o informe del Ministerio Fiscal.
- Estar desempleado e inscrito como demandante de empleo y suscribir el compromiso de actividad.
- Ser menor de 65 años.
- No convivir con el agresor.
- No tener ingresos propios superiores a 530,78 mensuales
- Que la suma de los ingresos mensuales obtenidos por todos los miembros de la unidad familiar (el solicitante, su cónyuge y sus hijos menores de 26 años), dividida por el número de miembros que la componen no supere 530,78 mensuales.
- No haber sido beneficiario de tres Programas de Renta Activa de Inserción anteriores.
La prestación se puede cobrar durante 11 meses y renovarse después hasta cobrarla en un total de tres anualidades. Se cobra el 80 % del IPREM, es decir, 426 euros al mes.
No obstante, en esta renta, y a diferencia del subsidio, no existe cotización a la Seguridad Social, aunque sí da lugar a cobertura sanitaria y protección a la familia. Es esta falta de cotización la que hace a las mujeres víctimas de
violencia de género beneficiarias de esta ayuda de peor derecho que aquellas mujeres en idéntica situación de violencia que sí tienen derecho a las prestaciones de desempleo.
Es necesario, pues, amparar a estas mujeres víctimas cuyo apartamiento del mercado de trabajo es motivada por la situación de violencia padecida, y ayudarlas a generar una carrera de Seguridad Social
propia o impedir su interrupción, para que la situación de maltrato no tenga proyección en el futuro, en la edad en la que pudieran ser beneficiarias de una pensión de jubilación. Todo ello, en cumplimiento de la Recomendación 17 del
Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en cumplimiento de la Recomendación 17 del Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, que adopte las medidas normativas que permitan la cotización a la Seguridad Social en los
supuestos de la percepción de la renta activa de inserción en la situaciones de violencia de género, con cargo a la imposición general, con el fin de posibilitar el acceso a la pensión de jubilación de las mujeres que padecen esta violencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2017.-Juana Amalia Rodríguez Hernández, Carmen Rocío Cuello Pérez y Ángeles Álvarez Álvarez, Diputadas.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.