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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 161, de 26/05/2017
cve: BOCG-12-D-161
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
26 de mayo de 2017
Núm. 161
ÍNDICE
Confianza parlamentaria
MOCIÓN DE CENSURA
082/000001 Moción de censura al Gobierno presidido por don Mariano Rajoy Brey, que incluye como candidato a la Presidencia del Gobierno a don Pablo Iglesias Turrión, presentada por doña Irene María Montero Gil y 35 Diputados...
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
161/000019 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre planificación de la red eléctrica, eje Caparacena-Baza-La Ribina, y otras actuaciones en las provincias de Almería y Granada. Aprobación...
161/000575 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de fomento del turismo de compras. Aprobación así como enmienda formulada... (Página6)
161/000576 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre las indemnizaciones derivadas de la extinción de la concesión de explotación del almacén subterráneo de gas
natural 'Castor'. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas... (Página7)
161/000706 Proposición no de Ley presentada por el Grupos Parlamentarios Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Mixto, sobre la paralización de la línea de Muy Alta Tensión Morella-Almassora. Aprobación...
161/001365 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, relativa a la implantación de redes energéticas cerradas. Aprobación... (Página12)
161/001682 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la universalización de la banda ancha de alta velocidad. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas...
161/001842 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el marco legislativo de las microrredes. Aprobación... (Página14)
161/001870 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la modificación de criterios para la consideración de municipio turístico. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas...
CONFIANZA PARLAMENTARIA
MOCIÓN DE CENSURA
082/000001
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(082) Moción de censura.
Autor: Montero Gil, Irene María y 35 Diputados.
Moción de censura al Gobierno presidido por don Mariano Rajoy Brey, que incluye como candidato a la Presidencia del Gobierno a don Pablo Iglesias Turrión.
Acuerdo:
1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 de la Constitución y 175 y siguientes del Reglamento, tener por presentado el escrito y, comprobado el cumplimiento de los requisitos establecidos en los mismos, admitirlo a trámite
como moción de censura, dando cuenta de su presentación al Presidente del Gobierno y a los portavoces de los grupos parlamentarios.
2. Asimismo, comunicarles que en el plazo de los dos días siguientes, que finalizará el jueves 25 de mayo de 2017, a las veinte horas, podrán presentarse mociones alternativas.
3. Trasladar a la Junta de Portavoces.
4. Publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Irene Montero Gil y 35 diputados y diputadas más, pertenecientes al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y de conformidad con lo establecido en los artículos 113 y 114 de la Constitución española y en
los artículos 175 a 179 del Reglamento del Congreso de los Diputados, por medio del presente escrito, interponemos una moción de censura para que el Congreso exija la responsabilidad política del Gobierno por las siguientes consideraciones:
La Constitución española establece en su artículo 113 que el Congreso de los Diputados puede exigir responsabilidad política al Gobierno mediante la adopción de una moción de censura. Las circunstancias de excepcionalidad y emergencia
democrática que vive España como consecuencia de la parasitación de las instituciones del Estado por parte del Partido Popular (PP) nos obligan a hacer uso de este mecanismo democrático previsto en nuestra Carta Magna.
El Gobierno de España, en manos del Partido Popular, ha abandonado a la ciudadanía al secuestrar las instituciones y ponerlas al servicio de la defensa de su partido y de los saqueadores de las arcas públicas. No cabe duda de que, desde el
Gobierno, el PP no respeta la división de poderes y hace uso de las instituciones en función de su propio interés. La credibilidad de la democracia española está en juego, tanto en nuestro país como en Europa y en el resto del mundo. Un Gobierno
que actúa contra las reglas mínimas de la democracia no representa a nuestro pueblo.
Durante las últimas semanas, España ha conocido casos de corrupción que no solo afectan directamente a un amplio número de dirigentes del PP, sino que han revelado una práctica continua de parasitación de las instituciones y de saqueo de lo
público que afecta al Gobierno actual y, en particular, a ministros con carteras estratégicas como la de Interior, la de Justicia o la de Hacienda y Función Pública, además de a la propia Presidencia del Gobierno. Prácticamente a diario la
ciudadanía asiste atónita al
espectáculo de comprobar cómo el Gobierno se esfuerza en dificultar las investigaciones de los casos de corrupción que afectan a dirigentes del PP, así como a la publicación de informaciones acerca de chivatazos desde el Gobierno y desde una
cúpula judicial cómplice de los investigados por graves delitos de corrupción para intentar entorpecer esas investigaciones y proteger a los corruptos. Todo ello es incompatible con la decencia y la dignidad democrática de España.
El deterioro de la vida política, reflejado en la incapacidad del Gobierno para alcanzar acuerdos parlamentarios sin que medie alguna forma de chantaje; el escándalo social ante los casos de corrupción, que ha situado a los políticos como
una de las máximas preocupaciones de la ciudadanía y puesto bajo sospecha el entramado empresarial que contrata con el sector público; la confirmación de la quiebra de las reglas básicas del juego democrático por parte del Partido Popular; la
colusión entre los poderes del Estado, expresada, por un lado, en el bloqueo continuo de la acción legislativa por parte del Ejecutivo a través de vetos y, por otro, en la reprobación parlamentaria del ministro de Justicia, del fiscal general del
Estado y del fiscal anticorrupción, aunque no sus dimisiones; las interferencias gubernamentales en los medios de comunicación, limitando la libertad de expresión a partir de la financiación con dinero negro o con fondos públicos de medios
parciales y venales, o del uso abusivo de los medios de comunicación públicos; y la pérdida de derechos de la ciudadanía, especialmente los que afectan a las mujeres (como depositarias obligadas de las tareas de cuidados a las que ha renunciado el
Estado), los que afectan al mundo laboral (cada vez más precarizado), y los relativos a las garantías para el pago de las pensiones. Todos estos aspectos generan, en definitiva, una situación de excepcionalidad democrática, social y política en el
país, aunque el Gobierno de Mariano Rajoy pretenda normalizarlos.
De hecho, lejos de asumir su responsabilidad, el Gobierno ha optado por la mentira y la banalización de los problemas simulando ignorar la grave crisis institucional que vive España. Tras su reprobación, el ministro de Justicia afirmó en
las redes sociales que las asociaciones de fiscales no habían criticado la injerencia del Gobierno en el trabajo fiscal, lo que motivó una respuesta inmediata de la Unión Progresista de Fiscales, en la que se desdecía -una vez más- al ministro y se
reafirmaba la denuncia de injerencias del poder político en el poder judicial. Las vinculaciones entre altos cargos del Gobierno y cargos políticos o familiares imputados en casos de corrupción han generado un enorme escándalo en la opinión
pública. Los mensajes del ministro de Justicia al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, para desearle suerte en sus problemas con la justicia, han abochornado a los demócratas españoles y les ha recordado los mensajes de aliento
que en su día el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mandó al extesorero de su partido. La reunión de José Antonio Nieto, secretario de Estado del Interior (número 2 del Ministerio del Interior), con Pablo González, hermano de Ignacio González,
imputado en la 'operación Lezo', y la sospecha de los propios fiscales de la 'operación Lezo' de que desde sectores del Ejecutivo se han filtrado informaciones a personas investigadas por corrupción, son hechos que desacreditan gravemente la
independencia de la justicia y de la cúpula fiscal a ojos de los ciudadanos. La descalificación por parte del Partido Popular de la tarea de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su lucha contra la delincuencia ha generado protestas de
asociaciones profesionales que defienden el trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO), y dejan en evidencia a un Gobierno que trabaja al margen de la ley. El papel del fiscal anticorrupción, señalado por políticos detenidos como la mejor baza
para sus intereses, sitúa bajo sospecha la cúpula fiscal, aún más cuando ha intentado frenar la tarea honesta de fiscales en su lucha contra la corrupción, como hemos visto en la 'operación Lezo'.
Quedan pocas dudas de que el Partido Popular lleva más de veinte años financiándose ilegalmente, con dinero procedente de contratistas del Estado que costean elecciones a cambio de contrapartidas, quebrando la legislación electoral y
ejerciendo un abuso que pone en cuestión la legitimidad del Gobierno. En una democracia las elecciones son un proceso que busca la autorización política por parte de la ciudadanía, siempre que se respeten las reglas del juego. El Partido Popular,
en el Gobierno, habría financiado campañas electorales ilegalmente y habría construido un entramado de favores, cargos y prestaciones, dentro de un trasvase ilegítimo de dádivas que incluye puestos a familiares y amigos en cargos públicos, así como
recompensas en grandes empresas a los políticos, en una escandalosa trama que quebranta el corazón jurídico de nuestra Constitución. Hoy sabemos que el Partido Popular es el cemento político de esa trama. Quedan pocas dudas de que el Partido
Popular ha ganado las elecciones al competir con ventaja gracias a la financiación ilegal de sus campañas. No hacer nada significaría aceptar que el Gobierno de Mariano Rajoy puede quebrar las leyes y vaciar de legitimidad nuestra democracia.
La trama, sostenida políticamente por el Partido Popular, se ha construido en colusión con grandes intereses empresariales y con elites económicas que han colaborado a la hora de parasitar el ámbito público, con la consiguiente condena a la
pequeña y mediana empresa a sufrir una competencia desleal por parte de esa lógica económica clientelar que vive de la cercanía al poder político. Esa misma lógica ajena a la democracia se ha traducido en un desprecio hacia el mundo del trabajo,
con el resultado de recortes salariales, desempleo, trabajo precario, morosidad en el pago a las pequeñas y medianas empresas, pérdida de progresividad fiscal, desahucios y emigración obligada para los jóvenes (a quienes, además, se les dificulta
votar desde el extranjero). La deriva del Gobierno del PP se ha cebado también en las personas mayores, que ven cada día cómo empeoran sus condiciones de vida, al tiempo que padecen con tristeza la suerte de sus hijos y de sus nietas, sumidos en la
precariedad que rompe el ascenso social que había sido una de las claves de nuestra democracia tras el final de la dictadura. El vergonzoso deterioro de la capacidad adquisitiva de las pensiones y el vaciamiento de la 'hucha' que las garantizaba
hacen que la preocupación se convierta en desasosiego. La conclusión de esas políticas, más orientadas al robo y a la colusión, se ha traducido en un aumento de las desigualdades que sitúa a más de 8 millones de trabajadores y trabajadoras por
debajo del umbral de la pobreza.
Por culpa de la corrupción y del mal uso de lo público, el conjunto del país avanza a dos velocidades: el 27,9 % de los españoles (casi 1 de cada 3) se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, el 38 % de los hogares no tiene
capacidad para afrontar gastos imprevistos y el 15,3 % de los hogares manifiesta llegar a final de mes con mucha dificultad. La tasa de riesgo de pobreza y exclusión está 5,6 puntos por encima de la media europea. El Gobierno de Mariano Rajoy nos
aleja de Europa sin remedio y sitúa a nuestro país de nuevo a la cola del continente. Y esto ocurre no por ningún tipo de mandato inexorable, sino por culpa de un desprecio de lo público y de los instrumentos de control y fiscalización democráticos
que ha llevado a la democracia española a un momento de emergencia.
No responder al desprecio de la democracia que representa el Gobierno de Mariano Rajoy implicaría renunciar a los logros que conseguimos desde la recuperación de la democracia. Los ataques al contrato social democrático por parte de los
Gobiernos del PP no son tolerables: los denunciados intentos del Gobierno de Mariano Rajoy de manipular a jueces y a fiscales, tanto en el control de sus órganos de gobierno como a través de presiones y favores; la creación de instituciones con
dinero público para ponerlas al servicio de empresas que evitan pagar impuestos recurriendo a los paraísos fiscales; las amnistías a personas y a grupos afines y la falta de fiscalización de las listas de defraudadores; la puesta en marcha de
empresas familiares, como la creada por Cristóbal Montero, para asesorar a los grandes contribuyentes, formada por antiguos altos cargos de la Agencia Tributaria, posibilitando así favores económicos a través de las tramas políticas que debilitan la
capacidad fiscal del Estado; el castigo a los medios de comunicación que no se pliegan; la aplicación de la ley mordaza (Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana), que pretende silenciar las protestas y debilita derechos esenciales como son el
de reunión, el de manifestación y el de huelga, al tiempo que la ley Berlusconi (artículo 324 de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) pretende dificultar, cuando no impedir, la investigación de los grandes casos de corrupción y las
grandes tramas criminales limitando los plazos de instrucción; la sospecha fundada de la creación de una policía política al mando del Ministerio del Interior que espiaría y construiría pruebas falsas contra los adversarios políticos. Tolerar
todos estos abusos significaría dejar de pelear por que España sea una democracia y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea no va a consentir este ataque frontal a lo que tanto esfuerzo ha costado conseguir.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido hacer de la mentira su principal estrategia. Así ocurre cuando afirman colaborar con la justicia pero destrozan a martillazos los discos duros de los ordenadores del Partido Popular; cuando dejan
pasar que magistradas se conviertan en confidentes de los corruptos de su propio partido y les den chivatazos como si estuvieran en nómina; cuando expresan la voluntad de ayudar a los jueces -mostrando señales de buena voluntad en los telediarios
amigos- pero luego deciden que el presidente del Gobierno declare a través de un plasma en un juicio por la financiación ilegal de su partido.
Además, las mentiras del Gobierno de Rajoy han empeorado la convivencia entre los territorios del Estado. Desde la recuperación de la democracia, nunca las tensiones territoriales han sido tan extremas como lo son hoy. El Gobierno de
Mariano Rajoy es responsable de haber deteriorado la convivencia entre las gentes y los pueblos de España, al querer presentar las legítimas reclamaciones de las diferentes
naciones que configuran España como una amenaza usada reiteradamente para ocultar los innumerables casos de corrupción. España, como revela su historia, es plurinacional, y así lo ha demostrado cada vez que ha podido expresarse libremente,
fuera en la Primera República, en la Segunda República o una vez recuperada la democracia tras la dictadura franquista. Al contrario, negar la condición plurinacional de España es algo propio de las etapas oscuras de la Restauración, de la
dictadura de Primo de Rivera y de la dictadura de Franco. Millones de ciudadanos de nuestro Estado reclaman el derecho a su propia lengua, a su propia cultura, a sus propias instituciones y a su propia capacidad de decidir democrática y
legítimamente su relación jurídica con el Estado. No asumir el reto democrático de la plurinacionalidad y encastillarse en un búnker autoritario significa, sencillamente, no entender España. Es más: en estos momentos la acción del Partido Popular
ha supuesto la ruptura del pacto territorial, a la vez que este partido se muestra absolutamente incapacitado para buscar una solución democrática a la voluntad mayoritaria de Cataluña para decidir libremente su futuro.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea confía en España y entiende nuestras responsabilidades con la ciudadanía. Por eso la moción de censura que presentamos va más allá de nuestro propio programa y
pretende ser un instrumento político de dignidad que no solo apele a los millones de ciudadanos que nos votaron, sino también a todas aquellas personas que quieren ver al PP fuera de las instituciones. Es esencial que tanto los cargos públicos que
han incurrido en ilegalidades como los corruptores se pongan en manos de la justicia, paguen sus culpas y devuelvan el dinero robado. Su enjuiciamiento, así como las responsabilidades políticas que emanan de esos comportamientos deben marcar un
punto de inflexión en nuestro país: la impunidad no es compatible con la democracia. La ciénaga en la que el Partido Popular ha convertido buena parte de la política española tiene que acabarse. Necesitamos un antes y un después en la democracia
española que ponga fin a este cenagal. Del mismo modo, no puede ser que vuelvan a funcionar los indultos con nombres y apellidos, una bula del siglo XXI que los poderosos compran a los gobiernos que no gobiernan para sus pueblos, de la misma manera
que debe desterrarse cualquier tipo de favor que diseñe una justicia para las mayorías y otra para las tramas.
Hace 37 años, en unas circunstancias mucho menos graves que las actuales, se presentó una moción de censura que no prosperó pero que, sin embargo, señaló un futuro de cambio. Hoy asistimos a la descomposición de una trama de poder que
intenta atrincherarse sin más proyecto político que el de normalizar la corrupción y el saqueo en un modelo de Estado envejecido y con un sistema económico ineficaz. Registramos esta moción para transmitir a nuestro pueblo que no hay por qué
resignarse y que es posible construir un futuro con instituciones limpias y con un Gobierno preocupado por la gente y no por proteger a las elites y a los corruptos.
No podemos quedarnos de brazos cruzados asistiendo al enorme deterioro de nuestras instituciones, y consideramos un deber ético inexcusable censurar al Gobierno y hacerlo también en el Parlamento. La ciudadanía ya no soporta el bochorno que
supone la imputación diaria de cargos del Partido Popular por casos de corrupción, la entrada permanente de altos cargos de este partido en la cárcel, los mismos altos cargos que antes de ser imputados recibieron siempre el apoyo y la confianza de
la dirección del PP y del presidente del Gobierno. Tampoco es posible ya no dar una respuesta contundente tras escuchar las conversaciones de estos altos cargos afirmando que controlan el Gobierno, la judicatura, los medios de comunicación o la
policía. La indiferencia del poder legislativo ante esta quiebra democrática sería para el Partido Popular la mayor garantía de éxito en su empresa normalizadora de la corrupción y de la desigualdad. Si el poder legislativo no responde a estos
despropósitos, estará fallando gravemente a quienes realizaron el esfuerzo democratizador en nuestros pueblos durante las últimas cuatro décadas.
Es hora de poner en marcha, de manera decidida, un proceso de regeneración democrática que devuelva no solo su independencia a las estructuras de control de la legalidad, sino también el control político del Gobierno a la ciudadanía, como
única vía para que la política gubernamental se oriente a la defensa de la sociedad y, asimismo, para que los ciudadanos y las ciudadanas logren recuperar los derechos que les pertenecen y que ahora están amenazados o permanecen secuestrados debido
al comportamiento intolerable del Partido Popular y su Gobierno. Frente a la impunidad, el saqueo y la corrupción, entregamos nuestra confianza a la acción esperanzada y decidida de la ciudadanía para recuperar derechos, soberanía y democracia.
Por todo lo expuesto, y acompañando a este escrito la expresa aceptación como candidato a la Presidencia del Gobierno del Sr. Pablo Iglesias Turrión, que suscribe este documento, es por lo que solicitamos a la Mesa del Congreso de los
Diputados que admita este escrito para que se pueda exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción de esta moción de censura.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2017.-Irene María Montero Gil, Ione Belarra Urteaga, Francesc Xavier Domènech Sampere, Alberto Garzón Espinosa, Antonio Gómez-Reino Varela, Nayua Miriam Alba Goveli, Rosa Ana Alonso Clusa,
María Teresa Arévalo Caraballo, Pedro Arrojo Agudo, Àngela Ballester Muñoz, Carolina Bescansa Hernández, Rita Gertrudis Bosaho Gori, Amparo Botejara Sanz, Miguel Ángel Bustamante Martín, Pablo Bustinduy Amador, Diego Cañamero Valle, Sara Carreño
Valero, María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño, Juan Manuel del Olmo lbáñez, Yolanda Díaz Pérez, María Gloria Elizo Serrano, Íñigo Errejón Galván, Marcelo Expósito Prieto, Sònia Farré Fidalgo, Sofía Fernández Castañón, Alexandra
Fernández Gómez, Isabel Franco Carmona, María del Mar García Puig, Eva García Sempere, Segundo González García, Txema Guijarro García, Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Rafael Mayoral Perales, Javier Sánchez Serna y José Vendrell Gardeñes,
Diputados.-Pablo Manuel Iglesias Turrión, Diputado y candidato a la Presidencia del Gobierno.
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
161/000019
La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, en su sesión del día 16 de mayo de 2017, aprobó la Proposición no de Ley sobre planificación de la red eléctrica, eje Caparacena-Baza-La Ribina, y otras actuaciones en las provincias de
Almería y Granada, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 14, de 15 de septiembre de 2016, en sus propios términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se mantenga, en la Planificación del Sistema Eléctrico y Gasístico, la infraestructura eléctrica Subestación Baza 400 kV, y la línea eléctrica asociada que va desde Granada a Baza y a
Vera, el denominado eje Caparacena-Baza-La Ribina, y otras actuaciones en las provincias de Granada y Almería, que ya se recogían en la programación, sin ningún tipo de condicionante, en el anterior Plan (Plan Mayo 2008).'
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/000575
La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, en su sesión del día 16 de mayo de 2017, aprobó la Proposición no de Ley sobre medidas de fomento del turismo de compras, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y
publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 38, de 25 de octubre de 2016, en sus propios términos:
'El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de continuar adoptando medidas de fomento del turismo de compras con especial atención al mercado chino y demás mercados emergentes.'
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de los diputados del Partit Demòcrata Carles Campuzano i Canadés y Feliu Guillaumes i Ràfols, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de
modificación a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas de fomento del turismo de compras.
Enmienda
De modificación.
Redacción que se propone:
'El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de continuar adoptando medidas de fomento del turismo de compras con especial al mercado chino y demás mercados emergentes.
A tal efecto, el Gobierno procederá, entre otras medidas, a identificar y eliminar, antes de fin de año, cualquier veto o restricción bilateral vigente que impida la existencia de vuelos directos desde cualquier país del mundo a cualquier
aeropuerto del Estado, con el fin de evitar casos de veto como el que recientemente ha impedido la apertura de un vuelo directo entre Tokio y Barcelona alegando que el aeropuerto de origen o destino debía ser Madrid, lo cual perjudica la actividad
económica, comercial y turística de Catalunya y de otros territorios del Estado que no son Madrid.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2017.-Carles Campuzano i Canadés y Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols, Diputados.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000576
La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, en su sesión del día 16 de mayo de 2017, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre las indemnizaciones derivadas de la extinción de la concesión de explotación del
almacén subterráneo de gas natural 'Castor', presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 38, de 25 de octubre de 2016, en los
siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer una calendarización, con la participación mancomunada de la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Catalunya y los ayuntamientos de las localidades afectadas, para el sellado de los pozos y el desmantelamiento de las
instalaciones marinas y terrestres del almacén de gas natural Castor, mediante una solución responsable, transparente y no onerosa para las arcas públicas que contemple todas las garantías y todos los requerimientos de seguridad y ambientales e
incluya un plan de restauración ambiental de la zona y del entorno afectados.
2. Continuar y emprender las acciones legales necesarias que permitan recuperar la cantidad retribuida a la empresa ESCAL UGS, S. L., en concepto de extinción de la concesión, al entender que aquella incurrió en dolo o negligencia
imputable. Asimismo, determinar si son justificables o no los sobrecostes del proyecto que asumía el Real Decreto-ley 8/2014, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, fijando cuáles han sido
sobrevenidos y cuáles se podían prever o son de responsabilidad exclusiva de la mala ejecución del proyecto, en cuyo caso serán asumidos por parte de la empresa concesionaria ESCAL UGS S. L.
3. Continuar y emprender las acciones legales para establecer las responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de la empresa ESCAL UGS S. L. por los más de 1.000 movimientos sísmicos consecuencia de la puesta en servicio del
almacén de gas natural Castor.
4. Realizar un peritaje para cuantificar los daños materiales, y si cabe morales, que ha sufrido la ciudadanía de Terres de l'Ebre (Tarragona) i Baix Maestrat (Castelló) como consecuencia de los terremotos sufridos a efecto de realizar las
reclamaciones que correspondan.
5. Impulsar las modificaciones legislativas necesarias para impedir que en el futuro sean las arcas públicas las que asuman las indemnizaciones derivadas de la renuncia voluntaria de la concesión de explotación de una infraestructura o
servicio. Para ello, se dará un mayor protagonismo a la Oficina Nacional de Evaluación para mejorar la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, dotándola de medios y recursos suficientes para realizar un control ex ante a
la licitación y analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y servicios públicos.
6. Que, tal y como requirieron el Parlament de Catalunya en resolución de 1 de julio de 2015 y las Corts Valencianes en resolución del 19 de noviembre de 2015, se hagan llegar al Juzgado de Primera Instancia de Vinaròs los informes
elaborados por la Universidad de Standford y el Massachussetts Institute of Technology (MIT) relativos a las responsabilidades en las fases de tramitación y adjudicación del proyecto. Trasladar a instancias judiciales todos los informes y
documentos de la administración de Estado relativos al proceso de adjudicación, concesión y ejecución del proyecto Castor con el objetivo de establecer las posibles irregularidades y responsabilidades derivadas del mismo.
7. Prestar la máxima colaboración en todos los procesos parlamentarios para depurar las responsabilidades derivadas del Proyecto Castor.'
A dicha Proposición no de Ley se formularon cuatro enmiendas, cuyos textos, asimismo, se insertan.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley sobre las indemnizaciones derivadas de la extinción de la concesión de explotación del almacén subterráneo de gas natural 'Castor', del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Enmienda
De modificación.
Se propone la modificación con la siguiente redacción:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer un calendario, con la participación de la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Catalunya y los ayuntamientos afectados, para el desmantelamiento de las instalaciones marinas y terrestres del almacén de gas natural
''Castor'', una vez finalizado el informe técnico encargado por Enagas al Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT), mediante una solución responsable, transparente y no onerosa para las arcas públicas.
2. Continuar apoyando y colaborando con las acciones legales necesarias que permitan recuperar la cantidad retribuida a la empresa ESCAL UGS, S. L., en concepto de extinción de la concesión, al entender que aquella incurrió en dolo o
negligencia imputable y que por tanto la compensación debería limitarse al valor residual de las instalaciones. Determinar si son justificables o no los sobrecostes del proyecto que asumía el Real Decreto-ley 8/2014, de aprobación de medidas
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, fijando cuáles han sido sobrevenidos y cuáles se podían prever o son de responsabilidad exclusiva de la mala ejecución del proyecto, de tal forma que se pudieran descontar de las
cantidades a percibir por ESCAL, si es que las hubiera tras revisar todo el procedimiento.
3. Continuar apoyando y colaborando con las acciones legales para establecer las responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de la empresa ESCAL UGS, S. L., por los más de 1.000 movimientos sísmicos consecuencia de la puesta
en servicio del almacén de gas natural ''Castor''.
4. Llevar a cabo los estudios técnicos sobre la afectación que la hibernación del proyecto y el sellado de los pozos puede tener sobre el medio ambiente de la zona y otras instalaciones de riesgo presentes en
la zona. Tras los resultados del informe encargado por Enagas al MIT (Instituto Tecnológico de Massachussetts), que permite disponer de una base técnica y sólida al Gobierno, proceder, con todas las garantías de seguridad y ambientales, al
desmantelamiento y cierre definitivo del almacén de gas natural ''Castor'' y determinar las responsabilidades que debe asumir ESCAL, así como restablecer el entorno natural anterior a este almacén.
5. Realizar un peritaje para cuantificar los daños materiales, y, si cabe morales, que ha sufrido la ciudadanía de Terres de l'Ebre (Tarragona) y Baix Maestrat (Castelló) como consecuencia de los terremotos sufridos a efectos de realizar
las reclamaciones que correspondan.
6. Impulsar las modificaciones legislativas necesarias para impedir que en el futuro sean las arcas públicas las que asuman las indemnizaciones derivadas de la renuncia voluntaria de la concesión de explotación de una infraestructura o
servicio. Para ello, se dará un mayor protagonismo a la Oficina Nacional de Evaluación para mejorar la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, dotándola de medios y recursos suficientes para realizar un control ex ante a
la licitación y analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y servicios públicos.
7. Que, tal como requirieron el Parlament de Catalunya en resolución de 1 de julio de 2015 y Les Corts Valencianes en resolución del 19 de noviembre de 2015, se hagan llegar al Juzgado de Primera Instancia de Vinaròs los informes elaborados
por la Universidad de Stanford y el Massachussetts lnstitute of Tecnology (MIT) relativos a las responsabilidades en las fases de tramitación y adjudicación del proyecto.'
Motivación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2017.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa de la Comisión de Energía Turismo y Agenda Digital
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, sobre las indemnizaciones derivadas de la extinción de la concesión de explotación del almacén subterráneo de gas natural 'Castor'.
Enmienda
De modificación.
Texto que se propone:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Establecer un calendario de actuaciones, con la participación mancomunada de la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Catalunya y los ayuntamientos de las localidades afectadas, que permitan alcanzar una solución responsable,
transparente y no onerosa para las arcas públicas para las instalaciones marinas y terrestres del almacén de gas natural ''Castor'', y que, en caso de conllevar su desmantelamiento, contemple todas las garantías y todos los requerimientos de
seguridad y ambientales e incluya un plan de restauración ambiental de la zona y del entorno afectados.
2. Requerir la elaboración de los informes técnicos y jurídicos que fuesen necesarios para determinar la concurrencia de dolo o negligencia imputable por parte de la empresa ESCAL UGS, S. L., y que, atendiendo a sus conclusiones, en su
caso, avalasen la procedencia de que se emprendiesen las oportunas acciones legales que permitiesen recuperar la cantidad retribuida a la empresa en concepto de extinción de la concesión, limitando el valor de la compensación concedida al valor
residual de las instalaciones.
3. Impulsar, mediante el requerimiento previo de los informes técnicos y jurídicos que sean oportunos, las acciones legales que en su caso procediesen a efectos de establecer las responsabilidades ambientales, administrativas y económicas
de la empresa ESCAL UGS, S. L. por los más de 1.000 movimientos sísmicos consecuencia de la puesta en servicio del almacén de gas natural ''Castor''.
4. Llevar a cabo los estudios técnicos sobre la afectación que la hibernación del proyecto puede tener sobre el medio ambiente de la zona y otras instalaciones de riesgo presentes en la zona.
5. Realizar un peritaje para cuantificar los daños materiales, y si cabe morales, que ha sufrido la ciudadanía de Terres de l'Ebre (Tarragona) i Baix Maestrat (Castelló) como consecuencia de los terremotos sufridos a efecto de realizar las
reclamaciones que correspondan.
6. Impulsar las modificaciones legislativas necesarias para impedir que en el futuro sean las arcas públicas las que asuman las indemnizaciones derivadas de la renuncia voluntaria de la concesión de explotación de una infraestructura o
servicio.
7. Que, tal como requirieron el Parlament de Catalunya en resolución de 1 de julio de 2015 y las Corts Valencianes en resolución del 19 de noviembre de 2015, se hagan llegar al Juzgado de Primera Instancia de Vinaròs los informes elaborados
por la Universidad de Standford y el Massachussetts Institute of Technology (MIT) relativos a las responsabilidades en las fases de tramitación y adjudicación del proyecto.
8. Promover un Pacto de Estado de la Energía, a partir del diálogo con todas las fuerzas políticas, económicas y sociales, para dotar a la política energética de estabilidad en el tiempo y facilitar la transición energética, y que, entre
otras cuestiones, aborde de manera específica la situación del sector gasista español y las medidas necesarias para promover la reducción de la dependencia energética de nuestro país.'
Texto que se modifica:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer una calendarización, con la participación mancomunada de la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Catalunya y los ayuntamientos de las localidades afectadas, para desmantelamiento de las instalaciones marinas y terrestres
del almacén de gas natural ''Castor''' mediante una solución responsable, transparente y no onerosa para las arcas públicas.
2. Impulsar las acciones legales necesarias que permitan recuperar la cantidad retribuida a la empresa Escal Ugs, S. L. en concepto de extinción de la concesión, al entender que aquella incurrió en dolo o negligencia imputable y que por
tanto la compensación debería limitarse al valor residual de las instalaciones.
3. Impulsar las acciones legales para establecer las responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de la empresa Escal Ugs, S. L. por los más de 1.000 movimientos sísmicos consecuencia de la puesta en servicio del almacén de
gas natural ''Castor''.
4. Llevar a cabo los estudios técnicos sobre la afectación que la hibernación del proyecto puede tener sobre el medio ambiente de la zona y otras instalaciones de riesgo presentes en la zona.
5. Realizar un peritaje para cuantificar los daños materiales, y si cabe morales, que ha sufrido la ciudadanía de Terres de l'Ebre (Tarragona) i Baix Maestrat (Castelló) como consecuencia de los terremotos sufridos a efecto de realizar las
reclamaciones que correspondan.
6. Impulsar las modificaciones legislativas necesarias para impedir que en el futuro sean las arcas públicas las que asuman las indemnizaciones derivadas de la renuncia voluntaria de la concesión de explotación de una infraestructura o
servicio.
7. Que, tal como requirieron el Parlament de Catalunya en resolución de 1 de julio de 2015 y las Corts Valencianes en resolución del 19 de noviembre de 2015, se hagan llegar al Juzgado de Primera Instancia de Vinaròs los informes elaborados
por la Universidad de Standford y el Massachussetts Institute of Technology (MIT) relativos a las responsabilidades en las fases de tramitación y adjudicación del proyecto.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2017.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada de Compromís doña, Marta Sorlí Fresquet, y al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, formula las siguientes enmiendas parciales a la Proposición no de
Ley sobre las indemnizaciones derivadas de la extinción de la concesión de explotación del almacén subterráneo de gas natural 'Castor', del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Enmienda
De modificación.
Del punto 2, que quedaría redactado de la siguiente forma:
'2. Emprender las acciones legales necesarias que permitan recuperar la cantidad retribuida a la empresa Escal UGS, S. L., en concepto de extinción de la concesión, al entender que aquella ocurrió en dolo o negligencia imputable.'
Justificación.
Aceleración del proceso legal.
Enmienda
De modificación.
Del punto 3, que quedaría redactado de la siguiente forma:
'3. Emprender las acciones legales para establecer las responsabilidades ambientales, administrativas, económicas y sociales de la empresa Escal UGS, S. L. por los más de 1000 movimientos sísmicos consecuencia de la puesta en servicio del
almacén de gas natural ''Castor''.'
Justificación.
Aceleración del proceso legal.
Palacio del Congreso de los Diputados.-Marta Sorlí Fresquet, Diputada.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000706
La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, en su sesión del día 16 de mayo de 2017, aprobó la Proposición no de Ley sobre la paralización de la línea de Muy Alta Tensión Morella-Almassora, presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 43, de 3 de noviembre de 2016, en sus propios términos:
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Que se paralice la instalación de la línea de muy alta tensión (MAT) de doble circuito de 400 kV entre Morella y Almassora (denominada ''La Plana-Morella 2 i 3''), que Red Eléctrica de España plantea y que cruzará 17 términos municipales
de las comarcas de Castellón por las afecciones a los municipios.
2. Que se abra un nuevo periodo de presentación de alegaciones, dado que durante el periodo de exposición pública no se ha informado de manera eficaz, asegurando esta vez que toda la población de los municipios afectados se entera de las
repercusiones de la instalación de una línea de MAT como la que nos ocupa.
3. Abrir una fase de negociaciones entre el Gobierno de España y el Consell Valenciano con el fin de detener el proyecto en las actuales condiciones hechas públicas. Estas negociaciones deberían incluir convenios de cooperación de la
compañía eléctrica con los ayuntamientos para que se plasmen las mejoras en el trazado o diseño que lo hagan ambiental y socialmente más sostenible, aprovechando zonas como infraestructuras viarias y carreteras, ya degradadas, y se opte por el
soterramiento en aquellos casos donde genere mayor impacto.
4. Exigir a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que evalúe el impacto ambiental de toda la línea de muy alta tensión (MAT) entre Morella y
Castellón.
5. Que, en caso de que Red Eléctrica de España descartara detener el proyecto, se obligue a la empresa a hacer cumplir los siguientes parámetros:
a) Que el trazado de las líneas MAT siga los pasillos de infraestructuras existentes de manera que no afecte al medio natural y los habitantes de los pueblos.
b) Que en las zonas en las que las líneas MAT tengan mayor impacto paisajístico sobre enclaves arqueológicos, así como sobre la fauna y flora; o bien se sitúan en los alrededores de viviendas y otras instalaciones de uso frecuente, se
proceda al soterramiento de dichas líneas aplicando la mejor tecnología disponible, con el fin de minimizar las afecciones sobre las personas y los ecosistemas.
c) Que se asegure que el alejamiento de la línea respecto de las viviendas es de un mínimo de 800 metros.'
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/001365
La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, en su sesión del día 16 de mayo de 2017, aprobó la Proposición no de Ley relativa a la implantación de redes energéticas cerradas, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 107, de 21 de febrero de 2017, en sus propios términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Desarrollar el marco legislativo que permita la implantación de redes energéticas cerradas, tal como prevé la Directiva Europea 2009/72/CE y que ya se ha desarrollado en otros países europeos.
2. Desarrollar la figura del agregador de demanda y oferta que pueda operar (bien directamente o subcontrantando servicios a terceros) la red interior con criterios de flexibilidad, incluyendo la producción de energía con fuentes
descentralizadas, mecanismos de gestión de la demanda, almacenamiento, entre otros, y asumiendo las responsabilidades técnicas y financieras delante del operador del sistema y los suministros.'
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/001682
La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, en su sesión del día 16 de mayo de 2017, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a la universalización de la banda ancha de alta velocidad, presentada por el
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 136, de 4 de abril de 2017, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Poner en marcha un nuevo programa que garantice el acceso universal a internet a alta velocidad en todo el territorio, ofreciendo apoyo público a los usuarios que lo soliciten y residan en zonas en las que no se disponga de acceso
mediante redes convencionales.
2. Incluir como beneficiarios de este programa tanto a los ciudadanos como a los autónomos y a las pequeñas empresas.
3. Establecer programas de formación en competencias y habilidades digitales básicas a personas y colectivos en riesgo de exclusión digital.
4. Cumplir con la disposición adicional décimo octava de la Ley de Telecomunicaciones que indica literalmente que ''Al menos una vez al año, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo informará al Parlamento sobre la adopción y
cumplimiento de la Estrategia Nacional de Redes Ultrarrápidas y, en especial, sobre la evolución del despliegue de las redes ultrarrápidas y el cumplimiento de los objetivos de universalización de este servicio''.'
A dicha Proposición no de Ley se formularon dos enmiendas, cuyos textos, asimismo, se insertan.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley relativa a la universalización de la banda ancha de alta velocidad, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Enmienda
De modificación.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Poner en marcha un nuevo programa que garantice el acceso universal a internet a alta velocidad en todo el territorio, utilizando cualquier tipo de tecnología disponible, ofreciendo apoyo público a los usuarios que lo soliciten y residan
en zonas en las que no se disponga de acceso mediante redes convencionales.
2. (Igual).
3. (Nuevo). Promover un precio asequible a la banda ancha básica de acceso a Internet. Facilitar la existencia de ofertas en precios para colectivos vulnerables, de rentas bajas o con necesidades sociales especiales.
4. (Nuevo). Establecer programas de formación en competencias y habilidades digitales básicas a personas y colectivos en riesgo de exclusión digital.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2017.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la(s) siguiente(s) enmienda a la
Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la universalización de la banda ancha de alta velocidad.
Enmienda
De sustitución.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que Red.es actúe como operador de comunicaciones de titularidad pública al amparo de lo establecido en el Art. 9 de la Ley General de Telecomunicaciones
2. Que Red.es se encargue de ejecutar y operar en las condiciones que se determinen, conforme a la legislación vigente, de acuerdo con una planificación vinculante, una red de comunicaciones que proporcione servicios de comunicaciones de
banda ancha, conforme a los establecido en la disposición adicional decimoctava de la Ley General de Telecomunicaciones en poblaciones de menos de 50 000 debido a la ausencia o insuficiencia de inversión privada, ajustándose la inversión pública al
principio de necesidad, con la finalidad de garantizar la necesaria cohesión territorial y social.
3. Cumplir con la disposición adicional décimo octava de la Ley de Telecomunicaciones que indica literalmente que ''Al menos una vez al año, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, informará al Parlamento sobre la adopción y
cumplimiento de la Estrategia Nacional de Redes Ultrarrápidas y, en especial, sobre la evolución del despliegue de las redes ultrarrápidas y el cumplimiento de los objetivos de universalización de este servicio''.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001842
La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, en su sesión del día 16 de mayo de 2017, aprobó la Proposición no de Ley sobre el marco legislativo de las microrredes, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 150, de 10 de mayo de 2017, en sus propios términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar un marco legislativo que reconozca y regule las microrredes eléctricas para que varios consumidores puedan compartir una red a la que puedan conectar, entre otros, baterías o instalaciones de generación distribuida. La
microrred eléctrica podrá funcionar de manera aislada o estar conectada a la red de distribución en un único punto de conexión.
2. Desarrollar un marco legislativo que reconozca la figura del agregador de demanda, el cual se pueda encargar de la gestión de la microrred.'
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/001870
La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, en su sesión del día 16 de mayo de 2017, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre la modificación de criterios para la consideración de municipio turístico,
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 152, de 12 de mayo de 2017, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Redefinir el criterio de municipio turístico dadas las grandes diferencias existentes entre las distintas CC.AA., en el tratamiento que dan en sus legislaciones al concepto de ''Municipio Turístico''. En todo caso, entre dichos
requisitos estará disponer de programas activos que promuevan el turismo responsable y sostenible.
2. Modificación de los criterios de cálculo de participación en los impuestos del Estado. Se debe tener en cuenta la población asistida, esto es, la población de derecho más visitantes y turistas, y los servicios que prestan estos
municipios, no solo la segunda residencia.
3. No tomar únicamente en cuenta las plazas de segunda residencia como un criterio para la calificación deben ser también tenidas en cuenta las plazas hoteleras generadoras de mayor riqueza de renta y empleo.'
A dicha Proposición no de Ley se formularon dos enmiendas, cuyos textos, asimismo, se insertan.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la modificación de criterios para la consideración de municipio turístico.
Enmienda
Al punto número 1
De modificación.
Texto propuesto:
'Redefinir el criterio de municipio turístico dadas las grandes diferencias existentes entre las distintas CC. AA., en el tratamiento que dan en sus legislaciones al concepto de 'Municipio Turístico'. En todo caso, entre dichos requisitos
estará disponer de programas activos que promuevan el turismo responsable y sostenible.'
Justificación.
Mejora técnica y desarrollo de un modelo turístico más sostenible.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2017.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
A la Mesa de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de los Diputados del Partit Demòcrata Carles Campuzano i Canadés y Feliu Guillaumes i Ràfols, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de
modificación a la Proposición no de Ley de modificación de criterios de consideración de municipio turístico del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.
Enmienda
De modificación.
Redacción que se propone:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en el marco de la futura reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:
1. La revisión de la financiación de los municipios turísticos con el fin de dotarlos de más recursos económicos en atención a las obligaciones de prestación de servicios que deben abordar.
2. La modificación de la definición de municipio turístico, a la que se refiere el artículo 125 de la Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de
manera que puedan gozar de esta consideración tanto los municipios con un elevado número de plazas hoteleras y de camping respecto a la población de derecho, como aquellos con un elevado número de viviendas de segunda residencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2017.-Carles Campuzano i Canadés y Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols, Diputados.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.