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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 136, de 04/04/2017
cve: BOCG-12-D-136
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
4 de abril de 2017
Núm. 136
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/001678 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre retirada del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 8/2015, de 10 de junio, de creación del municipio de Medinyà aprobada por el
Parlamento de Cataluña... (Página7)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001670 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar la supervisión del cumplimiento de la legalidad internacional y del respeto a los derechos humanos en la frontera de Hungría con Serbia...
(Página9)
Comisión de Interior
161/001676 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a reforzar la seguridad en los destinos turísticos... (Página10)
161/001706 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la regulación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS)...
161/001711 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para hacer frente a la grave situación de robos en el campo en la provincia de Granada... (Página12)
Comisión de Defensa
161/001669 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a desarrollar en el plazo no superior a cuatro meses el derecho de participación de los vocales de las asociaciones militares
en los órganos de gobierno y dirección de los patronatos de huérfanos del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire que contempla el artículo 49.2 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas
Armadas... (Página15)
161/001708 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a abrir al uso civil las instalaciones deportivas de la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra)...
Comisión de Economía, Industria y Competitividad
161/001671 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la regeneración del Banco de España... (Página17)
161/001692 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a las sanciones a Volkswagen por la manipulación del software de los motores de sus vehículos...
161/001697 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el desarrollo, seguimiento y evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)... (Página21)
161/001710 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a impulsar la puesta en marcha de la iniciativa LifeWatch... (Página23)
161/001714 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la eliminación de comisiones de retirada en cajeros automáticos y a la creación de una cuenta bancaria de
servicios mínimos esenciales... (Página24)
Comisión de Fomento
161/001668 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a facilitar la conexión directa del municipio de Rivas-Vaciamadrid con la carretera de circunvalación M-50 en el cruce de la
M-823 con la M-50, así como a proceder a la adecuada iluminación de la vía de servicio de la A-3 entre el desvío 12 y la salida oeste de Rivas-Vaciamadrid... (Página26)
161/001672 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la mejora del tramo Alicante-La Roda de la A-31... (Página27)
161/001684 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al estudio de usos alternativos a las naves construidas en Bobadilla Estación, en la provincia de Málaga... (Página28)
161/001686 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la línea marítima Motril-Melilla... (Página29)
161/001701 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la adopción de medidas de reparación y dignificación de las víctimas del accidente ferroviario del Alvia 01455 en Angrois y desarrollo de una nueva
investigación técnica e independiente en torno al mismo... (Página30)
161/001703 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la línea marítima Motril-Melilla... (Página32)
161/001716 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el mal funcionamiento de los sistemas de navegación en el aeropuerto de Vigo... (Página32)
Comisión de Educación y Deporte
161/001713 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el fomento del deporte en las escuelas como mecanismo para combatir la obesidad infantil... (Página33)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/001673 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mejorar la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el desarrollo de una actividad laboral o profesional remunerada ya sea esta
por cuenta propia o por cuenta ajena... (Página36)
161/001683 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a restablecer el subsidio por desempleo para mayores de 52 años... (Página37)
161/001691 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la aprobación y publicación de las normas previstas en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se
regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral... (Página39)
161/001705 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la compatibilidad de dos pensiones no contributivas entre cónyuges... (Página40)
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
161/001682 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la universalización de la banda ancha de alta velocidad... (Página42)
161/001693 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la puesta en marcha de planes efectivos para reducir la brecha digital... (Página43)
161/001698 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el desarrollo, seguimiento y evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)... (Página45)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/001680 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la declaración como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) del Corredor de Migración de Cetáceos de la demarcación
marina levantino-balear y la aplicación de un régimen preventivo de protección de dicha área... (Página47)
161/001688 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la conservación y mejora de la dehesa y control de la 'seca'... (Página49)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/001674 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la promoción de una mejor coordinación de las Rentas Mínimas de Inserción... (Página51)
161/001687 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre rectificación de la carta social europea... (Página52)
161/001689 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al acceso de los farmacéuticos al historial farmacoterapéutico... (Página53)
161/001696 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el desarrollo, seguimiento y evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)... (Página54)
161/001700 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la modificación de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud...
161/001718 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a promover políticas de envejecimiento activo... (Página57)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/001712 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a redimensionar la política de cooperación internacional al desarrollo, de acuerdo con la posición de España en la esfera
internacional, con la dimensión de los desafíos de la Agenda 2030 y de las emergencias humanitarias... (Página58)
161/001715 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la plena gestión de la Ayuda Oficial al Desarrollo del Gobierno español por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación...
Comisión de Cultura
161/001681 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la firma de un nuevo Convenio entre la Secretaría de Estado de Cultura y el Ayuntamiento de Barcelona... (Página60)
161/001685 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la rehabilitación del Castillo de Monzón... (Página61)
161/001702 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al homenaje y reconocimiento de la vida y obra de Gloria Fuertes en el centenario de su nacimiento... (Página62)
161/001704 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, de apoyo a la declaración de la Fiesta del Tambor de Moratalla, Región de Murcia, como fiesta de Interés Turístico Nacional...
Comisión de Igualdad
161/001675 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al fomento de la participación ciudadana... (Página65)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001677 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre incorporación de la perspectiva de género de forma transversal en las políticas y acciones que se lleven a cabo en materia de
discapacidad... (Página67)
161/001699 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre eliminación de las sujeciones mecánicas en el ámbito asistencial... (Página68)
161/001717 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la necesaria protección a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género... (Página69)
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/001707 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la necesidad de adoptar medidas para la mejora de la seguridad vial en la N-VI a su paso por Outeiro de
Rei (Lugo)... (Página70)
161/001709 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la realización de obras de mejora de la seguridad vial en la carretera N-332... (Página71)
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/001690 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promoción de un estilo de vida saludable desde edades tempranas... (Página72)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Economía, Industria y Competitividad
181/000282 Pregunta formulada por el Diputado don Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de la sustitución definitiva del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH)... (Página73)
181/000283 Pregunta formulada por el Diputado don Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM), sobre tratamiento con la Comisión Europea de la cuestión del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) o de otras malas prácticas de las
entidades financieras españolas... (Página74)
181/000284 Pregunta formulada por el Diputado don Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM), sobre reuniones o contactos mantenidos con plataformas de personas afectadas por el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) para tratar
esta cuestión... (Página74)
181/000286 Pregunta formulada por el Diputado don Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM), sobre opinión del Gobierno acerca de la existencia de indicios de manipulación en el cálculo del Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios por
parte de las entidades financieras... (Página74)
181/000287 Pregunta formulada por el Diputado don Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM), sobre estudio de fórmulas para solucionar la problemática de la aplicación del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) por las entidades
bancarias... (Página75)
181/000288 Pregunta formulada por el Diputado don Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM), sobre mecanismos de información y asesoramiento que va a impulsar el Gobierno ante el elevado volumen de personas afectadas por el Índice de Referencia
de Préstamos Hipotecarios (IRPH)... (Página75)
181/000289 Pregunta formulada por el Diputado don Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM), sobre necesidad de que las entidades financieras realicen provisiones específicas para hacer frente a las devoluciones de las cantidades cobradas
indebidamente por el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH)... (Página75)
Comisión de Fomento
181/000274 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Barrachina Ros (GP), sobre valoración de la rebaja del 11% de las tasas aeroportuarias que AENA percibe de los usuarios para los próximos cinco años con la aprobación del Documento de
Regulación Aeroportuaria... (Página76)
181/000275 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Barrachina Ros (GP), sobre efectos que va a tener la aprobación del Documento de Regulación Aeroportuaria sobre los usuarios nacionales... (Página76)
181/000276 Pregunta formulada por el Diputado don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM), sobre motivos por los que AENA no quiere mantener la concesión mayoritaria en la restauración del aeropuerto de El Prat para asegurar así las
circunstancias y condiciones actuales y evitar la pérdida de condiciones laborales y puestos de trabajo estables y de calidad... (Página76)
181/000277 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS), sobre fecha prevista para comprometer el calendario que indique cuándo un ciudadano va a poder hacer el trayecto por ferrocarril entre Asturias y León
a través de la Variante Ferroviaria de Pajares... (Página77)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 de Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/001678
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada doña Teresa Jordà i Roura al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición de no
Ley para retirar el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 8/2015, de 10 de junio, de creación del municipio de Medinyà aprobada por el Parlament de Catalunya, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
Medinyà forma parte del municipio de Sant Julià de Ramis, pero tiene unas características que justifican su conversión en municipio, tal y como recoge la Ley 8/2015, de 10 de junio, de creación del municipio de Medinyà aprobada por el
Parlament de Catalunya.
En primer lugar, hay que recordar que Medinyà fue municipio hasta el año 1972. El Decreto 2049/1972, de 13 de julio, por el que se aprueba la incorporación del municipio de Medinyà al limítrofe de Sant Juliá de Ramis, de la provincia de
Girona, comportó la incorporación de Medinyà a Sant Juliá de Ramis. Por un acuerdo de los ayuntamientos de estos dos municipios, aquel año se integró dentro del municipio de Sant Julià de Ramis. Hay que decir que no se trataba de un consistorio
elegido democráticamente, ya que el país sufría la dictadura franquista, y que el mencionado decreto está firmado por el dictador Francisco Franco. La población mantuvo, desde un primer momento, la voluntad de que Medinyà recuperase su carácter de
municipio, y el año 1995 se constituyó el Col. lectiu pro Medinyà lndependent. La reivindicación venía avalada, además, por la dificultad que conlleva el accidente geográfico de la Costa Roja en cuanto al vínculo físico con Sant Juliá. En el
pleno extraordinario del 21 de octubre de 2011, todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Sant Julià de Ramis (PSC, CiU, ICV, SI y UDM) propusieron que se adoptase el acuerdo de manifestar el apoyo unánime de los grupos municipales que
integraban el Ayuntamiento, para que la corporación municipal emprendiese todas las acciones legales y políticas a su alcance, para avanzar hacia la restitución de la condición de municipio a Medinyà, y se iniciasen gestiones con todos los Grupos
Parlamentarios del Parlamento para conseguir su apoyo en los trámites para conseguir la independencia de Medinyà.
En segundo lugar, hay que resaltar que en el año 2001, el Informe sobre la organización territorial de Catalunya, encargado por el Gobierno de la Generalidad, integrado por expertos nombrados a propuesta de todos los Grupos Parlamentarios y
presidido por Miguel Roca Junyent, concluyó que debía considerarse el caso de Medinyà dentro el apartado de 'Corrección de disfuncionalidades' y proponía el reconocimiento de Medinyà como municipio y recordaba que ya había iniciado un expediente de
segregación. Probablemente como consecuencia de haber sido municipio hasta el año 1972, Medinyà no ha perdido nunca su código postal e, incluso en la señalización de la carretera N-II, de la que se encarga el Ministerio de Fomento, figura el rótulo
oficial de 'Medinyà'. Con 866 habitantes, Medinyà será el municipio número
ciento veintitrés en número de habitantes de los doscientos veintidós que conformarán las comarcas de Girona.
Por último, en lo relativo al aspecto esencial de la posibilidad de prestar los servicios municipales que sus habitantes necesitan, el estudio económico sobre la viabilidad de los dos núcleos en caso de segregación del pueblo de Medinyà,
realizado por la Universidad de Girona, concluye que Medinyà dispone de capacidad para generar recursos suficientes para prestar los servicios necesarios a su población, y, además, dispone ya de todos los servicios básicos obligatorios y de una
escuela pública. Medinyà no parte de cero, ya que dispone de todos los servicios necesarios para garantizar el bienestar de los ciudadanos, tanto los servicios de prestación obligatoria por parte del Ayuntamiento, como los servicios voluntarios que
son fundamentales para reforzar la vida asociativa y el trabajo comunitario.
En definitiva, tal y como se establece en la Ley 8/2015, de 10 de junio, de creación del municipio de Medinyà, la recuperación de la condición de municipio independiente permite reparar una decisión antidemocrática, corregir
disfuncionalidades y atender a la voluntad de la mayoría de la población. Sin embargo, la aprobación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local -una Ley que ataca la autonomía local,
recortando en democracia y alejando el poder de la ciudadanía, obvia las competencias autonómicas en régimen local y administración territorial y no resuelve el problema de financiación de los entes locales- estableció que la creación de nuevos
municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados de, al menos, 5.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el
cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados. Medinyà tenía, a 1 de enero de 2014, una población de 850 habitantes y, en la misma fecha, el municipio de San Julià
de Ramis tenía una población total de 3.434 habitantes. Por tanto, no reúnen el mínimo poblacional que se exige.
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local es una Ley aprobada sin ningún tipo de consenso y que ha provocado un nivel de conflictividad nunca visto, llevando a la práctica totalidad de
la oposición, los Parlamentos de Catalunya, Extremadura y Navarra y los Gobiernos de Catalunya, Andalucía, Asturias y Canarias a presentar recursos de inconstitucionalidad y a cerca de 2500 ayuntamientos del conjunto del Estado a presentar un
conflicto en defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional. El Estado se atribuye la competencia para regular la administración local bajo una concepción expansiva de su competencia exclusiva prevista en el artículo 149.1.18.a en
materia de las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios; así como atribuyéndose un título competencial en virtud de la necesidad de garantizar la autonomía local -ello pese a que en
realidad, mediante esta Ley, más que garantizarla se desnaturaliza- y, de este modo, limita la competencia exclusiva de la Generalitat de Catalunya, y del resto de Comunidades Autónomas, en materia de régimen local más allá del límite sustantivo de
la autonomía local. Se trata de una competencia de carácter transversal que es utilizada de forma sistemática por el Estado para laminar las competencias autonómicas, dejando sin efecto muchas de las competencias exclusivas asumidas
estatutariamente por las Comunidades Autónomas.
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local obvia por completo las previsiones contenidas en el Estatuto de Autonomía de Catalunya respecto de los entes locales y las singularidades de
Catalunya respecto del mundo local. El municipio forma parte del sistema institucional de la Generalitat de Catalunya y así lo expresa el Estatuto de Autonomía. Siendo, por ello, es la Generalitat la primera implicada en la garantía de la
autonomía local, pues se remarca la mayor vinculación entre instituciones autonómicas y locales en Catalunya. Pues, no solo al Estado le corresponde garantizar la autonomía local. Ello, además, en aplicación de la recomendación 121 del Consejo de
Europa del año 2002, sobre la aplicación en el Estado Español de la Carta europea de la autonomía local.
El Gobierno del momento hizo oídos sordos y pese a la nueva regulación estatutaria de las competencias en las materias de organización territorial y régimen local en Catalunya, aprobó una Ley que lejos de incorporar las modificaciones
necesarias para acomodar la legislación del Estado al nuevo marco de distribución de competencias, supone una centralización aún mayor. Corresponde a la Generalitat de Catalunya, en virtud de la competencia exclusiva en materia de organización
territorial establecida en el artículo 151 de su Estatuto de Autonomía, la competente para la creación, la supresión y la alteración de los términos de los municipios. Por ello, el Estado no puede imponer una limitación arbitraria en el ejercicio
de dicha competencia estableciendo un límite poblacional a la competencia de la Generalitat para la creación de municipios.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a:
1. Retirar el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 8/2015, de 10 de junio, de creación del municipio de Medinyà aprobada por el Parlament de Catalunya.
2. Derogar la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
3. Reconocer que corresponde a la Generalitat de Catalunya la competencia exclusiva para la determinación, la creación, la modificación y la supresión de los municipios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2017.-Teresa Jordà i Roura, Diputada.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001670
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
impulsar la supervisión del cumplimiento de la legalidad internacional y del respeto a los derechos humanos en la frontera de Hungría con Serbia, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La Comisión de Interior, en su sesión del día 16 de marzo de 2016, aprobó, entre otras medidas, que el Congreso de los Diputados, dada la gravedad de la situación, inste al Gobierno a que ponga en marcha, de forma urgente, en el marco de la
acción exterior del Estado: 'Promover una política exterior española y de la UE que, en un marco de coherencia de políticas, contribuya a atajar las distintas causas internas, regionales e internacionales que generan violaciones de derechos humanos
en los países de origen o tránsito y que ponga en el centro la promoción de los derechos humanos, la equidad de género, la democracia, el desarrollo inclusivo y sostenible en esos países y la solidaridad entre los pueblos'.
En este mes en curso, las organizaciones no gubernamentales, fundamentalmente Médicos sin Fronteras, han denunciado la violación sistemática de los derechos humanos por parte de patrullas de policía húngaras en la frontera entre Serbia y
Hungría que, como práctica habitual y supuestamente intencionada, tratan de forma cruel, violenta y degradante a migrantes y refugiados, entre los que se encuentran menores no acompañados. Esta violencia se ha vuelto reiterada y más humillante en
las últimas semanas del pasado mes de febrero.
'Los migrantes y refugiados nos dicen que están siendo golpeados y obligados a tumbarse en el suelo mientras los oficiales de policía los pisotean con sus botas. Que a menudo les confiscan ropas y calzado y que deben regresar a Serbia
caminando descalzos en medio de la nieve y el frío. Las contusiones y otros síntomas que hemos visto y tratado concuerdan con el tipo de abusos que nos describe'. 'Es un ritual de brutalidad que tiene lugar en la propia frontera de la UE
orquestado para impedir que la crucen. Es simplemente inconcebible que esto esté sucediendo y los líderes de la UE miren hacia otro lado', afirma el Director General de Médicos sin Fronteras.
Un año después del cierre oficial de la ruta de los Balcanes, la brutalidad se ha convertido en la forma de proteger la frontera de Serbia con Hungría, y en definitiva, la frontera de la UE.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el marco de la acción exterior del Estado, inste a las autoridades europeas y a las instituciones de la UE a que garanticen el pleno respeto del derecho a solicitar asilo y condenen
enérgicamente cualquier forma de violencia y malos tratos en la frontera de Hungría con Serbia; impulsando la supervisión del cumplimiento de la legalidad internacional y del respeto a los derechos humanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2017.-María Dolores Galovart Carrera y Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Interior
161/001676
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a reforzar la seguridad en
los destinos turísticos, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La inseguridad ciudadana y el terrorismo son una grave amenaza para los movimientos turísticos de muchos países.
El principio VII de la Declaración de La Haya sobre turismo establece que: 'La seguridad, el respeto de la dignidad y la protección de los turistas son requisitos previos del desarrollo turístico'. Por este motivo, resulta imprescindible
que las medidas destinadas a facilitar que los viajes, las visitas y las estancias turísticas se acompañen de los medios necesarios con el objeto de garantizar la seguridad y la protección de los turistas y sus actividades.
Para ello, el Ministerio de Interior, puso en marcha el Plan de turismo seguro que tiene como objeto incrementar de forma permanente la seguridad de las zonas turísticas y proporcionar un entorno más seguro al turista extranjero durante su
estancia en nuestro país y a los españoles durante su descanso estival, y también a prevenir que se comentan actos o comportamientos delictivos. Igualmente pretende apoyar y contribuir activamente a las actuaciones en el sector por el Gobierno de
España y el resto de administraciones turísticas, y pretende cooperar en el logro de mayor grado de competitividad del sector turístico español así como la colaboración entre todas las instituciones públicas y privadas que intervienen en el sector
turístico.
España es uno de los países más seguros de Europa, y la seguridad es uno de los factores que ha contribuido a que España tenga el sector turístico más competitivo del mundo. De hecho la percepción de la seguridad influye en el turista,
antes, durante y después del viaje.
Al refuerzo indispensable de agentes tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil en alta concentración turística, durante los últimos años el Ministerio ha reforzado el Plan con un incremento de oficinas de atención al turista
extranjero (SATE), oficinas que han sido galardonadas. Desde estas oficinas se atiende al turista que sea víctima de un delito en su propio idioma, se facilita el trámite de denuncia, se presta ayuda en la cancelación de tarjetas o documentos
públicos y se le pone en contacto si fuera necesario, con sus autoridades consulares o con sus familiares.
Además, y dentro del impulso que ha realizado el Ministerio de Interior en el ámbito de las nuevas tecnologías, se ha implantado ALERTCOPS, una aplicación móvil gratuita que actúa como canal bidireccional entre los ciudadanos y las fuerzas
de seguridad. Así las víctimas, testigos, o personas en situación de riesgo pueden pedir ayuda o información a través de su Smartphone de una forma inmediata.
También se ha contado con patrullas mixtas, con agentes de los países de origen de los turistas, simplificando así las actuaciones.
Por todos estos factores este plan de mejora como destino turístico de nuestro país, es tenido en cuenta por otros países, como ejemplo a imitar.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar apostando por la seguridad inteligente, incrementando el uso de las nuevas tecnologías en el Plan de turismo seguro.
2. Adelantar la puesta en marcha de la operativa del Plan de turismo seguro 2017.
3. Reforzar el número de oficinas del servicio de atención al turista extranjero, así como los idiomas de trabajo de dichas oficinas.
4. Aumentar el número de patrullas mixtas.
5. Incrementar la colaboración público-privada en aras a una mayor eficacia del plan.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001706
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la regulación de los Servicios de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), para su debate en la Comisión de Interior.
Los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), en el conjunto del Estado español están tan dispersos y son tan diferentes, como entidades locales existen.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, reguló tímidamente qué administraciones tenían la obligación de contar con SPEIS. Se estableció que a partir de 20.000 habitantes era de carácter obligatorio, pero no
se concretó nada más. Si consideramos que en España existen 8.122 municipios y que de estos solo unos 400 cuentan con más de 20.000 habitantes, nos encontramos con que se dejaba sin cobertura del servicio a más de 7.700 municipios y a todos sus
habitantes, creando, en este sentido, ciudadanos de primera y de segunda.
Además, tampoco se determinó claramente en qué condiciones y cómo deben estar conformados los SPEIS que son de carácter obligatorio, ni se definió si debe de tratarse de un servicio público, gestionado íntegramente por profesionales,
empleados públicos y con dedicación exclusiva, o si podían ser prestados de cualquier manera sin considerar cuestiones tan básicas como la profesionalización o el acceso a esa profesión.
Posteriormente, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local modifica el artículo 26 de la Ley 7/1985, para seguir estableciendo que los municipios con población superior a 20.000
habitantes deberán prestar los servicios de prevención y extinción de incendios. Y además, en la modificación del artículo 36 de dicha Ley se aclara que serán competencias propias de la Diputación o entidad equivalente la prestación de los
servicios de prevención y extinción de incendios en los municipios de menos de 20.000 habitantes, cuando estos no procedan a su prestación. Aun así, sigue existiendo la diversidad a la hora de implantar un modelo de SPEIS al carecer de un marco
estatal que así lo regule.
Nos encontramos, en todo caso, con una legislación que en ningún momento deja claro cómo, cuándo, con qué fines y en cumplimiento de qué se deben crear los SPEIS y cuáles deben ser sus recursos humanos y materiales, estableciendo criterios
homogéneos, integradores, eficaces y eficientes que, a
pesar de la dispersión existente, consigan gestionar los recursos públicos satisfaciendo la prestación del servicio.
Actualmente, España cuenta con aproximadamente 150 SPEIS de diversa índole y con diferentes tipos de gestión. Pueden ser provisionados por el sector público (Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, Diputaciones, Cabildos, Consells o
Consorcios) y gestionados de forma directa o indirecta a través de empresas. O pueden serio por el sector privado a través de consorcios o fórmulas similares, como los creados en la Comunidad Autónoma de Galicia. Se trata de empresas privadas que
prestan el servicio con ánimo de lucro y generando no pocos problemas. Después de más de diez años de experiencia se ha comprobado que es mucho más caro prestar el servicio de esta forma que hacerlo desde lo público de manera directa.
En lo que respecta al régimen de los trabajadores, el panorama es también diverso. Existen bomberos profesionales funcionarios públicos, funcionarios interinos, bomberos personal laboral o falsos voluntarios para realizar funciones de
bomberos. En algunas administraciones incluso se utiliza personal de servicios para, en su tiempo libre, efectuar funciones de bomberos, o podemos encontramos con los denominados bomberos a tiempo parcial, personas a las que se habilita con un
busca o localizador para, cuando haya una emergencia, asistir al parque para poder atender esa emergencia. Sus tiempos de respuesta y poca profesionalización generan graves problemas.
Otra cuestión que genera dispersión, bajo grado de profesionalización y cualificación y, por tanto, menor operatividad en la prestación de los servicios que prestan los SPEIS, es la falta de criterios que regulen la formación y las
titulaciones como requisitos para el acceso a la profesión. Para ello deben ser desarrollados planes formativos y educativos de carácter general, reglados en relación con las cualificaciones profesionales, e implantados mediante los módulos de
grado medio y superior al amparo del catálogo nacional de cualificaciones profesionales fijadas por la Unión Europea (UE), para posteriormente ser requeridos como requisitos.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear una mesa de trabajo y diálogo con las distintas administraciones autonómicas y los agentes sociales para, en el plazo máximo de seis meses, presentar a las Cortes Generales una
propuesta de marco normativo de regulación de los SPEIS que contendrá, al menos, las siguientes orientaciones básicas:
1. Los SPEIS tendrán la consideración de servicio público, serán gestionados directamente por las administraciones públicas y prestados por empleados públicos, agentes de la autoridad, con dedicación exclusiva.
2. Se definirán las funciones y se regulará el acceso a la profesión, las categorías profesionales y la segunda actividad de los bomberos, y se establecerá un catálogo de enfermedades profesionales.
3. Se establecerán criterios generales sobre formación y adquisición de recursos materiales, sobre la jornada laboral de los empleados públicos de los SPEIS y sobre la retribución de sus recursos humanos.
4. Se regulará un mínimo de acciones por tiempos de respuesta e isócronas para asegurar la prestación de un servicio de calidad a la ciudadanía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2017.-María Isabel Salud Areste, Ricardo Sixto Iglesias, Eva García Sempere, Alberto Rodríguez Rodríguez, Alberto Montero Soler, Jaume Moya Matas y Yolanda Díaz Pérez, Diputados.-Alberto
Garzón Espinosa y Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoces del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001711
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
medidas para hacer frente a la grave situación de robos en el campo en la provincia de Granada, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Los agricultores y ganaderos granadinos están soportando durante los últimos años un incremento de los robos, los hurtos, entradas y saqueos en sus explotaciones. La disminución durante el último lustro de las plantillas en la Guardia
Civil, especialmente en su despliegue en el medio rural, ha llevado aparejado un incremento descontrolado de sustracciones en el campos granadinos, que se ha visto agravado por la cada vez más habitual actuación de grupos organizados, verdaderos
grupos criminales, que se dedican a la sustracción de productos agrícolas y de distintos materiales de las instalaciones y explotaciones.
Es pues imprescindible mejorar la seguridad y, especialmente, la de los ciudadanos en el medio rural, así como de las explotaciones e instalaciones agrícolas y ganaderas en dicho territorio que, por lo general, se encuentran en grandes
extensiones de terreno y casi siempre en la demarcación territorial que cubre la Guardia Civil. Además, presentan unas características singulares que las hacen vulnerables, puesto que suelen estar dispersas, se ubican en zonas despobladas y no
suelen contar con medidas de seguridad. Del mismo modo, en muchas ocasiones se encuentran alejadas de las vías de comunicación y es habitual que sus propietarios no vivan cerca de las mismas, por lo que es normal la ausencia de testigos.
Rompiendo con lo que era práctica habitual del Ministerio del Interior durante la última legislatura de Gobierno socialista (2008-2011), no tenemos estadísticas oficiales que nos informen con rigor sobre cuánto se han incrementado los robos
en el campo en la provincia de Granada, ya que el Gobierno no informa sobre el tema y cuando contestaba preguntas escritas respondía remitiendo al interpelante a la página web del Ministerio y a sus estadísticas criminales. Estadísticas que no
facilitan información alguna sobre este tema. Pero basta con hablar con cualquier organización agraria o informarse a través de los medios de comunicación autonómicos o provinciales para que nos encontremos con datos escalofriantes.
De hecho, en las últimas semanas, distintos sindicatos agrarios de la provincia de Granada han mostrado su preocupación, una vez más, por el incremento en los robos en las explotaciones agrícolas. Cultivos como la aceituna, los
subtropicales, etc.
La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, teniendo en cuenta las característica que hemos señalado, impulsó en la IX Legislatura (2008-2011), la puesta en marcha de planes específicos para combatir determinadas modalidades
delictivas, entre ellas las infracciones penales contra la propiedad en explotaciones agrícolas y ganaderas. Y así en mayo de 2011, se puso en funcionamiento un plan con medidas que para mejorar la seguridad en el campo, y hacer frente al repunte
de los robos que en ese momento se estaba registrando en instalaciones agrícolas y ganaderas y que, aunque en ocasiones son de pequeña cuantía, pueden tener graves consecuencias para los propietarios al perturbar el funcionamiento de la explotación.
Desde el comienzo de su mandato, el único Plan impulsado por el Gobierno no ha sido más que una copia del puesto en marcha por el Gobierno socialista, con el agravante de que, además, desde el Ministerio del Interior ni siquiera se ofrecen
datos sobre los efectos que ha provocado este plan. Significativo es el caso de los equipos ROCA de la Guardia Civil. A pesar de la insistente demanda de información por parte del Grupo Socialista no se ha facilitado información sobre cuántos
miembros forman esos equipos y de dónde proceden. En los últimos años en la provincia de Granada se han perdido 203 efectivos, miembros de la Guardia Civil y Policías Nacionales.
Por último, y no menos importante debemos tener en cuenta que la Normativa Legal que actualmente da cobertura a la política de seguros, que se contiene en la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, no contempla entre los riesgos garantizables por
el sistema de seguros agrarios, las pérdidas que para el agricultor pudieran derivarse de robos o hurtos.
El objetivo inicial de la Ley fue el garantizar los daños derivados de riesgos climáticos o naturales sobre las producciones agrarias y desde el año 2010, como consecuencia de la modificación de la citada Ley, incluida en la Ley 3/2010, es
posible, también, garantizar los daños derivados de dichos fenómenos naturales sobre las instalaciones presentes en las parcelas. Las compañías aseguradoras privadas ofertan, al margen del sistema de seguros agrarios y, por tanto, sin ningún tipo
de apoyo público, la cobertura de este tipo de daños por lo que, en teoría, los agricultores podrían recurrir a esas Entidades para la cobertura de estas pérdidas. Pero bien es cierto que el acceso real de los agricultores, en especial de los
pequeños y medianos, es cada vez más difícil ya que las condiciones que exigen las Entidades Aseguradoras en muchas ocasiones impiden a estos la contratación del seguro. En la medida en que se incrementan los robos y hurtos el coste del seguro cada
vez es más elevado y las condiciones contractuales están siendo endurecidas, lo que da lugar a que muchos agricultores no encuentren ninguna compañía aseguradora que esté dispuesta a formalizar el contrato de seguro.
Con la previa modificación de la Ley 87/1978, para dar cabida a este tipo de riesgos, sería posible incorporar estos riesgos al sistema de seguros agrarios, y ello constituiría un apoyo efectivo, en especial para los pequeños y medianos
agricultores, para la compensación de las pérdidas que pudieran sufrir en sus explotaciones a consecuencia de robos o hurtos.
Frente a la problemática descrita el Gobierno, la única propuesta del Gobierno ha sido la de volver a su panacea habitual, que no es otra que recurrir al populismo punitivo, que ha consistido en incluir reformas del Código Penal para agravar
una penas que ya ofrecen respuesta suficiente, y que además, no pueden ser la única y exclusiva respuesta ante este grave problema.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dotar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, del número suficiente de efectivos materiales y humanos en todo el territorio español que garanticen la seguridad en el medio rural de la provincia
de Granada.
2. Rediseñar el Plan de Seguridad en el Medio Rural, destinado a mejorar la seguridad de los ciudadanos en dicho territorio, la seguridad de sus propiedades y sus explotaciones y los medios de vida económica en el mismo. Dicho Plan debe
ser evaluado trimestralmente, con presentación de los objetivos y los resultados alcanzados en cada provincia. Anualmente el Ministerio del Interior presentará la evaluación del Plan en el Parlamento.
3. Impulsar acuerdos con las Corporaciones Locales, en el marco de dicho Plan, para incorporar a la Policía Local a las labores de vigilancia en el campo en el ámbito de sus competencias, cooperando con la Guardia Civil y la Policía
Nacional.
4. Sustentar el Plan, en la mejora de los niveles de prevención, reforzando las labores de investigación, potenciando la labor de captación de información y de elaboración de inteligencia específica.
5. Activar operaciones específicas en diferentes ámbitos territoriales, dirigidas a problemáticas de delincuencia concretas, en las que se analicen las zonas o lugares más afectados, franjas horarias en más castigadas, 'modus operandi',
productos que suelen ser mayor objeto de las infracciones penales, normativa nacional, autonómica, provincial y local, que regula su recogida, transporte, comercialización, etc., impulsando especialmente las medidas preventivas de investigación.
6. Celebrar Juntas de Seguridad locales y provinciales, con una periodicidad suficiente como para lograr el máximo conocimiento real de la situación para impulsar y conseguir una mayor eficacia en el servicio.
7. Facilitar la interlocución de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado con los principales agentes relacionados con el medio rural en la provincia de Granada como Guardas Particulares del Campo, Asociaciones y Sindicatos Agrarios,
Oficinas Comarcales Agrarias, Asociaciones Vecinales, así como Policía Local y empresas de seguridad privada, procurando la más fluida y constante interlocución con objeto de facilitar la máxima participación ciudadana.
8. Establecer, de forma sistemática, por parte de las Fuerzas de Seguridad, comunicaciones periódicas con los distintos propietarios de fincas y explotaciones ganaderas y agrícolas.
9. Reforzar la coordinación con los agentes de medio ambiente y los agentes forestales, proporcionándose mutuamente información de interés relacionada con los aspectos propios del servicio que realizan. Planificar e intensificar
inspecciones sobre establecimientos dedicados a compra venta de objetos usados, tratamiento industrial de los productos hortofrutícolas (industrias, almazaras, etc), o empresas de gestión de residuos, prestando especial atención a aquellas
inspecciones, libros de registro y control de los transportes de productos del campo.
10. Estudiar todas aquellas medidas que implantadas en España por otras policías integrales o en países de nuestro entorno y que estén dando resultado para adaptarlas a las necesidades y características de los lugares que son objeto de los
robos y hurtos sistemáticos.
11. Modificar la Ley 87/1978, para incorporar estos riesgos al sistema de seguros agrarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2017.-Elvira Ramón Utrabo y Gregorio Cámara Villar, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Defensa
161/001669
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre el Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no
Ley por la que se insta al Gobierno a desarrollar en el plazo no superior a cuatro meses el derecho de participación de los vocales de las asociaciones militares en los órganos de Gobierno y dirección de los patronatos de huérfanos del Ejército de
Tierra, Armada y Ejército del Aire que contempla el artículo 49.2 de la Ley Orgánica 912011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Los patronatos de huérfanos de las Fuerzas Armadas, constituidos por el Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra (en adelante PAHUET), el Patronato de Huérfanos de la Armada (en adelante PAHUAR) y el Patronato de Huérfanos del Ejército
del Aire (en adelante PAHUEA), según reiterada jurisprudencia son entes de naturaleza jurídico-pública con estructura asociativa que persiguen unos fines sociales de relevancia constitucional mediante su obra asistencial (Sentencia Tribunal Superior
de Justicia de Madrid núm. 343/2012 de 17 abril, STC 244/1991, de 16 de diciembre, Sentencia Tribunal Supremo núm. 2144/1994, de 9 diciembre y Sentencia Tribunal Superior de Justicia Andalucía núm. 103612006, de 31 mayo, entre otras). Según esta
jurisprudencia, partiendo de la expresada naturaleza y finalidad de los patronatos no se puede negar al Estado social y democrático de Derecho una intervención en sectores de la vida social, adoptando medidas como la obligatoriedad de contribuir a
su financiación con una aportación económica de todos los miembros de las Fuerzas Armadas que se encuentren en una determinada situación en cuanto a su relación de servicios. En consecuencia, deben ser también los poderes del Estado quienes
garanticen que estos patronatos estén sometidos al ordenamiento jurídico y que, como entes de estructura asociativa que son, se apliquen en su gestión los principios de participación, representación, transparencia y publicidad.
La Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, regula las asociaciones profesionales integradas por miembros de las Fuerzas Armadas para la defensa y promoción de sus intereses
profesionales, económicos y sociales y fija las normas relativas a su constitución y régimen jurídico, creando un registro específico para estas asociaciones en el Ministerio de Defensa.
En el título III, capítulo II de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, se regula el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (en adelante COPERFAS), estableciendo que en él tendrá lugar la participación de las asociaciones profesionales
de miembros de las Fuerzas Armadas y su interlocución con el Ministerio de Defensa. Dentro de este capítulo, en el artículo 49.2 se prevé que 'los vocales de las asociaciones que formen parte del Consejo elegirán, entre ellos, hasta tres
representantes en los órganos de gobierno o dirección de las mutualidades, asociaciones y entidades de previsión social y asistencial cuyo ámbito de actuación incluya miembros de la Fuerzas Armadas y sus familias cuando así lo prevea su normativa
específica'.
El pasado mes de diciembre, el Gobierno, recogiendo el acuerdo del Pleno del Consejo de Personal, de fecha 24 de marzo de 2015, ha considerado oportuno que un representante de las asociaciones profesionales de miembros de fas Fuerzas Armadas
con representación en el Consejo de Personal forme parte de la composición de la Junta de Gobierno del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (en adelante ISFAS) mediante la aprobación del Real Decreto 641/2016, de 9 de diciembre, por el que se
modifica el Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre.
En el caso de los patronatos, creados por reales decretos, la composición de sus consejos rectores y juntas de gobierno se regulan mediante sus correspondientes reglamentos aprobados por órdenes ministeriales. Por otra parte, a diferencia
del ISFAS, los patronatos no están considerados organismos autónomos a efectos de control en su número máximo de miembros que forman parte de sus órganos de dirección y gobierno, no obstante, las modificaciones que se instan no suponen incremento
del gasto público, ya que los vocales designados para los consejos rectores y juntas de gobierno, reemplazan a los
que actualmente se designan de forma directa por los Jefes de Estado Mayor en representación de los distintos cuerpos y escalas.
Según las memorias anuales de 2015, del PAHUET y PAHUAR la solicitud de las asociaciones militares que forman parte de COPERFAS de incorporar representantes en los órganos gestores de los patronatos ya ha sido tratada en las reuniones
internas de los referidos patronatos celebradas durante aquel ejercicio y a día de la fecha el PAHUET no ha hecho pública su resolución, desestimándose expresamente en el caso del PAHUAR sin que conste el motivo.
Para el Grupo Parlamentario Socialista es fundamental incrementar la transparencia en la gestión del patrimonio y los bienes de los huérfanos de las Fuerzas Armadas. Sobre todo teniendo en cuenta que según la jurisprudencia referida
anteriormente y a la vista de la ausencia total de mecanismos fiscalizadores externos a su estructura jerárquica, como reconoce el Presidente del PAHUET en la Memoria de 2015, puede decirse que los patronatos gozan de una naturaleza jurídica atípica
e indeterminada que puede acomodarse discrecionalmente a la de una sociedad mercantil cuando se trata de disponer de capacidad de decisión sobre sus bienes por parte de su Consejo Rector, a la de una asociación benéfica particular para financiarse
de la aportación -obligatoria- de la cuota mensual del colectivo al que representa y ser receptora de los donativos de particulares y finalmente utiliza su estructura de unidad militar para designar o proponer a todos los miembros de su Junta de
Gobierno y Consejo Rector.
Se considera por tanto primordial y urgente desarrollar y hacer efectivo el derecho de participación de las asociaciones militares conforme lo establece la Ley dotando a sus representantes de suficiente capacidad y seguridad jurídica para
desarrollar fielmente sus funciones representativas en los órganos de gestión de los patronatos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar en el plazo no superior a cuatro meses la normativa específica de los patronatos de huérfanos de las Fuerzas Armadas para dar cabida en sus consejos rectores y juntas de gobierno a
los representantes de las asociaciones militares que formen parte del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas conforme lo prevé el artículo 49.2 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas
Armadas, respetando los siguientes criterios:
- Cada Patronato de las FAS integrará en su Consejo Rector a tres vocales de pleno derecho nombrados de entre los representantes de las asociaciones que formen parte de COPERFAS según se establece en el artículo 49.2 de la Ley Orgánica
9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.
- El periodo de vigencia de este nombramiento será de cuatro años.
- Los vocales designados deberán ostentar en todo momento la condición de asociados al Patronato del que forman parte, en cualquiera de sus modalidades (de número, voluntario, vitalicio, etc. cualquiera que sea su situación militar).
- Los vocales del Consejo Rector nombrados como representantes de las asociaciones serán también vocales de la Junta de Gobierno, con derecho a voto, a cuyas convocatorias podrán asistir discrecionalmente y ser oídos.
- En el caso de que por razón de su destino, alguno de los miembros del Consejo Rector o Junta de Gobierno intervenga en la elaboración del IPEC de un vocal representante de las asociaciones, este no será tenido en cuenta en la evaluación
para el ascenso, o designación de comisiones o cursos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2017.-Zaida Cantera de Castro, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001708
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podern-En Marea, a instancias de los Diputados Alexandra Fernández Gómez y Miguel Anxo Fernández Vello, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Defensa, para abrir al uso civil las instalaciones deportivas de la Escuela Naval Militar de
Marín (Pontevedra).
Exposición de motivos
La Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra), es el centro de formación para los futuros oficiales de la Armada española. Se ubicó en Marín durante la dictadura franquista, en 1943, fecha en que fue trasladada desde su anterior ubicación
en San Fernando en Cádiz.
Desde la presencia en Marín de las extensas instalaciones del Ministerio de Defensa que ocupa un gran emplazamiento en el centro de la villa, los vecinos y vecinas no se han visto beneficiados por la ocupación de las edificaciones militares
que, entre otros servicios, cuentan con modernas instalaciones deportivas que podrían abrirse al uso civil y ponerlas al servicio de la ciudadanía, porque al fin y al cabo son infraestructuras públicas, pertenecientes al Ministerio de Defensa, al
erario público por tanto.
Además, sería una forma de estimular el interesante deporte de base que se practica en Marin y aliviar las saturadas instalaciones deportivas municipales.
Esta demanda viene avalada desde la corporación municipal, de hecho hace un año el ayuntamiento marinense aprobó una moción a instancias del grupo municipal da Marea vecinal de Marín-SON en este sentido. Razón de más para que esta Cámara
atienda una petición perfectamente factible y que a nuestro modo de ver obedece a una solicitud fundamentada.
Después de tantas décadas de presencia de estas amplias instalaciones de Defensa que cerró Marín al mar, creemos que los vecinos y vecinas de Marín merecen una compensación en forma de beneficios sociales. Antes de que la Armada ubicase ahí
la Escuela Naval Militar, Marín era una villa marinera, abierta al mar. Cuando se situó la Escuela Naval en su suelo, se requisaron y se expropiaron terrenos y parcelas a pesar de las protestas de muchos vecinos y vecinas.
En justa correspondencia, es hora ya de que las instalaciones deportivas, a las que se podrían añadir otras como las sanitarias, se pongan también a disposición de la sociedad civil. Hasta ahora han sido para uso endogámico de militares,
sus familiares y entornos de amistades. En una sociedad moderna del siglo XXI ya no resulta pertinente que existan ámbitos privilegiados para unos pocos.
Si nos vamos a los precedentes, hace tres años se demandó lo mismo desde el ayuntamiento, mostrando la Escuela Naval una predisposición positiva aunque situó la pelota en el tejado del Ministerio de Defensa.
Pues bien, trasladamos por medio de esta Proposición no de Ley esta petición al Ministerio de Defensa que esperamos tenga una recepción positiva.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Defensa a:
- Formalizar un Convenio de colaboración entre la Escuela Naval Militar de Marín y el ayuntamiento marinense a fin de abrir al uso civil las instalaciones deportivas de la Escuela Naval.
- Abrir una mesa de diálogo con el consistorio de Marín para estudiar la posibilidad de que otros servicios públicos con los que cuenta la Escuela Naval puedan ser usados por los habitantes de la villa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2017.-Alexandra Fernández Gómez y Miguel Anxo Elías Fernández Bello, Diputados.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea.
Comisión de Economía, Industria y Competitividad
161/001671
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la regeneración del Banco de España, para su debate en la Comisión
de Economía, Industria y Competitividad.
Exposición de motivos
El sector bancario es fundamental para la actividad económica en la medida en que permite que los ahorros de los ciudadanos se inviertan en la actividad productiva. Por esa razón, el sector bancario está sometido a una regulación
particularmente exigente. En un Estado democrático, la regulación del sector bancario, como la de cualquier otro, procede en última instancia del poder Legislativo que representa a los ciudadanos. Sin embargo, para asegurarse que la regulación se
respeta en un sector estratégico y fundamental, como el bancario, es preciso un control de la misma a través de la supervisión financiera.
El Banco de España, es una institución fundamental del Estado puesto que se encarga, entre otras funciones, de la misión fundamental de la supervisión de las entidades de crédito. La creación del Mecanismo Único de Supervisión no supone una
merma en la relevancia de esta función, por cuanto el Banco de España, sigue teniendo un papel principal dentro de este marco europeo tanto en la supervisión compartida de las entidades financieras más relevantes, como en la supervisión casi en
exclusiva de las de menor tamaño. Algo lógico si se tiene en cuenta que las consecuencias de una eventual crisis en una o varias entidades de crédito seguiría siendo asumida por los ciudadanos españoles. Por lo que, actualmente, esta misión de la
supervisión bancaria, es con mucha diferencia la más importante, tras la cesión de soberanía que supuso que el Banco Central Europeo y el Sistema Europeo de Bancos Centrales, sean los encargados de la política monetaria y la emisión de moneda. Esta
función de emisión de moneda, así como el diseño y ejecución de la política monetaria es la que regula la Ley de Autonomía del Banco de España.
España se ha enfrentado a una gravísima crisis financiera que ha tenido consecuencias muy graves. La más obvia es el enorme coste en recursos públicos que ha supuesto la misma. El Tribunal de Cuentas evalúa el coste del rescate del sistema
financiero, casi exclusivamente cajas de ahorro, con la notable excepción del Banco de Valencia que estaba controlado por una caja, en 61.000 millones de euros. Hay estimaciones algo inferiores, del Fondo de Resolución Ordenada Bancaria (FROB) o
del propio Banco de España. Sin embargo, conviene destacar que todas estas entidades estaban bajo la supervisión financiera del Banco de España, y no de los otros supervisores financieros, CNMV y Dirección General de Seguros. De nuevo, la
excepción es la salida a bolsa de Banca Cívica y de Bankia, que como las demás salidas a cotización en bolsa tienen un cierto grado de supervisión por parte de la CNMV. En todo caso, este coste ha sido soportado por los contribuyentes españoles.
Es cierto que, ante todo esto, el Pleno de esta Cámara ha aprobado por unanimidad la creación de una comisión de investigación para analizar y evaluar la crisis financiera, la salida a bolsa y rescate del Grupo BFA-Bankia, las actuaciones de
organismos reguladores y los problemas, debilidades, necesidades y retos futuros del sistema financiero.
Recientemente se han producido algunos acontecimientos muy preocupantes en el Banco de España. Por una parte, la dirección del Banco de España, a solicitud del Juzgado Central de Instrucción que investiga los posibles delitos derivados de
la constitución, gestión, salida a bolsa de Bankia y posterior rescate, no ha remitido remitió unos correos electrónicos, un conjunto de correos electrónicos en los que se omitía al menos cuatro de ellos relacionados con la causa, y a la postre
enormemente relevantes, y que sólo facilitó tras solicitarlo la acusación popular en base a la declaración testifical del responsable del equipo de supervisión de Bankia en aquella fecha, que alertó de su existencia.
Por otra parte, a raíz de estos correos, han resultado imputados por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional diversos altos cargos del Banco de España, responsables máximos hasta ahora de la supervisión de las entidades financieras.
También han resultado imputados, precisamente en el ejercicio de sus funciones de supervisión, el exgobernador del Banco de España y dos exsubgobernadores. Varios de ellos no solo se habían mantenido en sus puestos, sino que habían sido ascendidos.
Por otra parte, tres de los máximos responsables de la Supervisión Financiera, todos ellos relacionados desde puestos ejecutivos o bien con la constitución del 'SIP' que dio lugar a Bankia o bien con su posterior supervisión y rescate, han
'pedido' las firmas de sus subordinados en defensa de la honorabilidad y buen hacer profesional de los directivos imputados. La representación sindical del Banco de España ha condenado estos hechos, mientras que la Comisión Ejecutiva ha pedido a
través de un comunicado, 'comprensión'. Aunque los cargos imputados en el Banco de España han anunciado su dimisión, sin embargo no consta que se hayan adoptado medidas cautelares que impidan su posible injerencia tanto en la gestión del Banco de
España como en el desarrollo de la causa, a través del acceso a los medios
informáticos y documentales del Banco de España o mediante la capacidad de ejercer presión sobre otros intervinientes en la causa, como peritos judiciales o testigos.
En lo que ya parece simplemente cómico, y mientras se sigue manteniendo la interinidad en varios puestos clave de la dirección de la supervisión, y el único nombramiento producido ha sido objeto de duras críticas por ausencia absoluta de
experiencia en el área de supervisión financiera, el Banco de España ha remitido una comunicación oficial con acuse de recibo a un Diputado de esta Comisión. En esta comunicación, la dirección del Banco de España manifiesta diversas opiniones sobre
un artículo de prensa de acerca de los procedimientos de supervisión del Banco, que publicó el citado Diputado.
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas en su reciente Informe de fiscalización de procedimientos de la función supervisora del Banco de España, ejercicio 2015, describe asimismo una deficiente asignación de los recursos humanos y técnicos de
la institución. También apunta que no culmina su labor inspectora. Por eso, el Tribunal recomienda al Banco de España una 'mejora del seguimiento del cumplimiento, por parte de las entidades, de los requerimientos y recomendaciones que formula'.
El citado informe del Tribunal de Cuentas también critica los procedimientos supervisores y señala la existencia de dificultades de organización y funcionamiento en el ámbito del Mecanismo Único de Supervisión, especialmente para el personal
del BE, derivada de su doble dependencia jerárquica, por un lado con el BCE a través del coordinador del equipo y por otro con sus superiores en el BE. Por último, el Tribunal de Cuentas también pone de manifiesto deficiencias en el análisis de
idoneidad y Registro de Altos Cargos de las entidades financieras.
Toda esta situación, desgraciadamente pone en duda, la efectividad de la supervisión de las entidades financieras que puede en estos momentos realizar el Banco de España.
En consecuencia, por todo lo anteriormente expuesto presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
- A instar, respetando su autonomía en política monetaria, a los órganos de gobierno del Banco de España, la máxima colaboración con la Justicia.
- A instar, respetando su autonomía en política monetaria, a los órganos de gobierno del Banco de España a que velen porque se respeten los derechos de los trabajadores, tomando las medidas efectivas para que no se vuelva a producir
supuestos de abuso de autoridad.
- A instar, respetando su autonomía en política monetaria, a los órganos de gobierno del Banco de España a que la provisión de puestos de trabajo se realice siguiendo los principios constitucionales de mérito y capacidad, y en el caso del
acceso, este se realice a través de un procedimiento opositor homologable al resto de las administraciones públicas y que ya existe para el acceso a determinados colectivos del Banco de España.
- A remitir en tres meses un Proyecto de Ley de reforma de los procedimientos en el Banco de España, con la finalidad de garantizar una supervisión financiera eficiente, mediante la adecuada firma y documentación de las actuaciones de
control, garantizando que los órganos de dirección tengan toda la información relevante derivada de las actuaciones que los inspectores obtienen en las entidades.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2017.-Francisco de la Torre Díaz, Diputado.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001692
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, y a través de su Portavoz, Antón Gómez-Reino Varela, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad, relativa a las sanciones a Volkswagen por la manipulación del software de los motores de sus vehículos.
Exposición de motivos
La investigación del Parlamento Europeo sobre el escándalo de los motores Volkswagen ha terminado con una conclusión: se podría haber evitado si los Estados miembros y la Comisión Europea hubieran aplicado la ley comunitaria.
El objetivo de la Comisión Parlamentaria, creada en diciembre de 2015, ha sido el de aclarar hasta qué punto los países de la UE y la Comisión Europea conocían las infracciones que ha cometido la industria automovilística. El texto final
elaborado por esta Comisión afirma que 'la existencia de discrepancias', entre el nivel de emisiones de dióxido de nitrógeno que los vehículos muestran en los test de laboratorio y en condiciones reales de circulación 'se sabía, al menos, desde 2004
o 2005'. 'Tanto los Estados miembros como la Comisión' tenían indicios de ello y 'y las discrepancias se confirmaron en diversos estudios en 2010', que llevó a cabo el centro de estudios científicos del Ejecutivo comunitario, continúa el texto.
El documento señala también que los gobiernos europeos 'contravinieron sus obligaciones legales de averiguar si había motores trucados [...] y ninguno de ellos encontró los que instaló Volkswagen en sus vehículos'. En diciembre del año
2015, Bruselas abrió un procedimiento de infracción contra España, Alemania, Luxemburgo y Reino Unido por ser los que homologaron los motores de los vehículos trucados para que pudieran circular por la UE y no haber aplicado la normativa sobre
emisiones, según Bruselas.
El documento recoge varias recomendaciones para evitar que un escándalo así se vuelva a repetir. Entre ellas, la que sea una agencia europea independiente -y no los países europeos- quienes concedan las licencias de circulación a los
vehículos. Estas propuestas, sin embargo, no son definitivas, ya que aún tiene que aprobarlas el pleno de la Eurocámara en el mes de abril.
Por su parte, la asociación de consumidores de la Unión Europea ha lamentado que 'millones de europeos, propietarios de vehículos no han sido compensados por el fraude que cometió Volkswagen'. Mientras que el fabricante alemán se ha
comprometido en Estados Unidos a pagar una multa récord de 4.300 millones de dólares, tras haberse declarado culpable de haber trucado los vehículos, en España, Volkswagen tiene en marcha la reparación de los vehículos afectados, cerca de 700.000,
pero no habrá compensaciones. Su frente abierto está en la Audiencia Nacional, donde el juez Ismael Moreno acordó que la multinacional alemana pase a ser investigada en la causa del 'dieselgate' por un presunto delito de defraudación y causar
perjuicio a una generalidad de personas, fraude de subvenciones, y delito contra el medio ambiente.
Pero la parálisis de España a la hora de atajar y castigar el dieselgate ha tenido consecuencias. La Comisión Europea ha abierto un expediente de infracción contra nuestro país por no haber sancionado a Volkswagen tras la manipulación de
las emisiones contaminantes en sus vehículos con motor diesel. Bruselas exige disponer de sanciones 'eficaces, proporcionadas y disuasorias', para evitar que los fabricantes de automóviles infrinjan la ley.
En el caso de España, hay normativa de sanción. Pero no se aplicó, pese a que sabe desde septiembre de 2015, que Volkswagen manipuló el software de sus motores para que los coches ofrecieran unas emisiones de óxido nitroso en el laboratorio
inferiores a las reales en situación de conducción. Y la Comisión apunta que, por ejemplo, se podría haber introducido dispositivos que inutilizasen los sistemas de control fraudulento de las emisiones.
El Gobierno debe ahora responder al requerimiento del Ejecutivo comunitario. Y si Bruselas no está satisfecho con las explicaciones, podría llevar incluso a denunciar a nuestro país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Aplicar la normativa en vigor para sancionar a las empresas que hayan manipulado el software de sus motores y exigirles compensaciones económicas para las personas consumidoras afectadas.
- Introducir dispositivos que inutilicen los sistemas de control fraudulento de las emisiones.
- Evitar que los fabricantes se salten los límites de emisiones de óxido nitroso durante el periodo de transición a la adecuación de la legislación vigente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001697
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley sobre el desarrollo, seguimiento y evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para su debate en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad.
Exposición de motivos
En septiembre de 2015, los Jefes de Estado y de Gobierno y Altos Representantes, reunidos en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, acordaron la puesta en marcha de una nueva serie de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
alcance mundial con la vista puesta en el horizonte de 2030. Os ODS son un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad que tiene por objetivo fortalecer la paz y la libertad y combatir la pobreza en todas sus formas y
dimensiones. Con estos nuevos objetivos, se pretende retomar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y lograr lo que con ellos no se consiguió, además de hacer realidad los derechos humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad entre los
géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.
La nueva hoja de ruta pone en el centro una cuestión que había permanecido en un segundo plano en los últimos quince años: el modelo actual es insostenible. Si queremos garantizar la vida y los derechos de las personas y el planeta, el
modelo económico, energético y social a seguir tiene que ser sostenible. Además de sostenible, la sociedad debe ser equitativa, implicando a todos los actores en su desarrollo y consecución, comprometiendo a todos los Estados del mundo para ello.
Los Estados firmantes del acuerdo acordaron implementar estos objetivos en su gestión y desarrollo de políticas públicas en todos los ámbitos y niveles, puesto que existen 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas a conseguir. Los
objetivos a implementar son los siguientes:
- Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
- Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
- Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
- Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
- Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
- Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
- Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
- Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
- Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
- Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países.
- Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
- Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
- Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
- Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
- Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a
la pérdida de la diversidad biológica.
- Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
- Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
Como se pueden comprobar, los ODS son transversales y abarcan desde ámbitos claramente imbuidos en el ámbito social, como la igualdad de género y erradicación de la pobreza, así como objetivos que tienen que ver con la sostenibilidad
energética, medioambiental y de las explotaciones agrícolas. Todo ello requiere de una coordinación y planificación global en cada Estado que ha de implicar al conjunto de todas sus administraciones, pero con un liderazgo claro.
Conscientes de la importancia de la Agenda 2030 y de la implantación y consecución de los 17 ODS y sus 169 metas, diferentes Estados de nuestro entorno han comenzado una reestructuración administrativa a fin de poder desarrollar, seguir y
evaluar la implantación de éstos en sus políticas y administraciones. Así por ejemplo, en la República Federal de Alemania, el Ejecutivo ha asumido el liderazgo en cuanto a la implementación y desarrollo de los ODS ejerciéndose desde la Cancillería
el impulso de todas las políticas destinadas a conseguir estos objetivos, correspondiendo la coordinación de las políticas al Comité Estatal para el Desarrollo Sostenible y al Poder Legislativo, que cuenta con un Consejo Asesor Parlamentario sobre
Desarrollo Sostenible. En la República Francesa, el Primer Ministro Francés ha asumido de manera personal el liderazgo de esta iniciativa, delegando la coordinación en unas figuras específicas creadas para tal fin: la Delegada Interministerial
para el Desarrollo Sostenible y la Comisión General para el Desarrollo Sostenible. El Poder Legislativo es parte activa en el Plan de Acción Nacional para el desarrollo de los ODS.
En el Reino de Noruega, la oficina de la Primera Ministra ha asumido el liderazgo del desarrollo de los ODS en este país, así como también la coordinación de las políticas destinadas a su consecución. El Poder Legislativo aquí posee un
importante papel fiscalizador, ya que aprueba, sigue el desarrollo y evalúa los resultados relativos a los ODS.
Estos son solo tres ejemplos de la multitud de formas organizativas que Estados de nuestro entorno están configurando a fin de dar cumplida cuenta de la implantación, desarrollo, seguimiento y evaluación de los ODS en su territorio. Unos
objetivos que han sido tomados muy en cuenta a la hora de desarrollar cualquier tipo de política. Una actitud que contrasta totalmente con la adoptada por nuestro Gobierno.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que el compromiso de nuestro país con los Objetivos de Desarrollo Sostenible debe ser real, siendo fieles a la palabra dada en los foros internacionales y no dañando, de nuevo, a la Marca
España dada la desidia política de los sucesivos Gobiernos. Todavía tenemos margen de maniobra hasta el año 2030 para implantar, desarrollar y conseguir los ODS. Es hora de que nos pongamos en marcha.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar para finales de 2017, un plan concreto de desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tenga como objetivo cumplir con la Agenda 2030, en la que asuma el liderazgo,
establezca responsables de coordinación de las políticas destinadas a dar cumplimiento a los ODS y mecanismos de fiscalización de éstas en las que estén presentes Las Cortes Generales, teniendo que comparecer en éstas de manera periódica para dar
cuenta de las metas alcanzadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2017.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001710
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a impulsar la
puesta en marcha de la iniciativa LifeWatch, para su debate en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad.
Exposición de motivos
LifeWatch es una e-Infraestructura de Investigación recogida en el marco de la Hoja de Ruta de las ESFRIs (European Strategy Forum Research lnfrastructure) de la UE, que será constituida jurídicamente como ERIC (European Research
lnfrastructure Consortium), estando su Sede Estatutaria en España. De hecho, en el momento actual, es de las pocas infraestructuras de este tipo que está previsto que lidere oficialmente el Reino de España.
En su planteamiento, diseño y preparación han participado, bajo el liderazgo de la Secretaria de Estado de I+D+i del Ministerio de Economía y Competitividad (SEIDI-MINECO, a través de su Subdirección General de Relaciones
Internacionales-SGRI), la Junta de Andalucía (Consejería de Economía y Conocimiento, y Consejería de Medioambiente y Ordenación del Territorio), y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente-MAGRAMA (a través de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir-CHG).
Estos tres organismos han suscrito recientemente el Convenio LifeWatch España (ratificado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y en posterior Acuerdo de Consejo de Ministros), y conforman el Comité Directivo y de
Seguimiento de la Unidad Conjunta de Investigación (siglas en inglés JRU) LifeWatch España (de aquí en adelante, JRU LW. ES).
A fecha de hoy, otra veintena de instituciones y organismos de I+D+i han suscrito su participación en la JRU LW. ES (por ejemplo, OPIs como el IEO, INTA), y Universidades de ámbito estatal incluyendo algunos Campus de Excelencia
Internacional. También Centros Tecnológicos, y entidades pertenecientes a las administraciones autonómico-regionales y locales.
Al mismo tiempo, la JRU LW. ES tendrá por misión canalizar la petición de financiación al Programa Marco de la UE H2020 para Proyectos de I+D+i relacionados con LifeWatch, coordinando así mejor las acciones de 'lobby' de España para ésta y
otras iniciativas de carácter internacional. Todas ellas participan, habida cuenta de su preocupación e interés, en comprender los fenómenos y consecuencias derivados del Cambio Climático, sumados a la presión de una población creciente que están
provocando, aparte de problemas de desertificación, escasez de agua y recursos naturales asociados, una pérdida grave de Biodiversidad. Esta pérdida, así como los cambios que se están dando en los sistemas biológicos, tienen lugar tanto en los
entornos rurales como en los urbanos, en las especies terrestres, como marinas y fluviales. Sin ir más lejos actualmente, casos como los del camalote, mejillón cebra, 'seca' de la encina, transmisión del virus zika, incremento de la tasa de
alergias en la población por la presencia de polen de plantas de otras latitudes, etc.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las Comunidades Autónomas a impulsar la puesta en marcha definitiva de la iniciativa LifeWatch en España. Y a que se articulen los
procedimientos necesarios para que el MAPAMA, en calidad de principal beneficiario del conocimiento producido a partir de dicha infraestructura y a través de sus Unidades, participe activamente en la JRU LW.ES.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001714
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad, relativa a la eliminación de comisiones de retirada en cajeros automáticos y a la creación de una cuenta bancaria de servicios mínimos esenciales.
Exposición de motivos
Comisiones de retirada en cajeros automáticos:
Las elevadas comisiones por el uso de cajeros automáticos en España constituyen una anomalía en Europa y además tiene un impacto desigual en función de la renta, penalizando la retirada de cantidades pequeñas. Su ineficacia se basa en los
incentivos perversos que genera, al proveer de una fuente de ingresos alternativa a la concesión de créditos, lo que puede tener un efecto sobre el normal funcionamiento del sistema crediticio. Este tipo de comisiones beneficia únicamente a los
grandes bancos que cuentan con redes extensas de cajeros.
Los tres grandes bancos españoles La Caixa, Banco Santander y BBVA, constituyen el 45% del total de cajeros. El entorno de baja rentabilidad en la actividad financiera tradicional por el entorno de bajo tipos de interés y porque los canales
crediticios todavía no están restablecidos, está propiciando una importancia creciente del cobro por comisiones en la cuenta de resultado de los bancos. Esta estrategia explica el movimiento en 2015 iniciado por Caixabank al que se sumaron las
demás entidades con el fin de romper el esquema que había funcionado hasta la fecha.
Por tanto, existen dudas de que el cobro de dichas comisiones esté directamente determinado con el mantenimiento. Al contrario, parece lógico pensar que este nuevo comportamiento tenga como objetivo incrementar la importancia de los
ingresos por comisiones como estrategia comercial. Siendo una estrategia legítima, es necesario asegurar que las comisiones cobradas guardan relación con el servicio ofrecido. Además, esta nueva situación puede generar externalidades negativas en
el resto de la economía:
1. Pueden existir menores incentivos a la concesión de créditos: los grandes bancos (que son los que tienen una mayor red de cajeros) generan un gran colchón de ingresos por comisiones que les hace menos dependientes de la concesión de
créditos. Esto impide y retrasa el restablecimiento de los canales crediticios, al generar incentivos para la obtención de ingresos por otros canales que no son los crediticios.
2. Posible merma de la competencia. Las entidades que han iniciado la guerra de las comisiones son las más grandes que a su vez son las que poseen una mayor y más extensa red de cajeros. En este sentido, las nuevas entidades pueden tener
dificultades para instalarse, al actuar la red de cajeros de las entidades ya establecidas como barrera de entrada, es decir, un coste insalvable que hace imposible el acceso al mercado. Si esto fuera así, este comportamiento estaría generando
demandas cautivas en aquellas zonas donde solo haya una entidad establecida. El actual esquema tiene con un impacto negativo a los bancos más pequeños y con menos redes de cajeros.
3. Incremento del coste para los usuarios. El primer informe de la CNMC sobre las comisiones bancarias concluye que no se puede determinar si el cambio de sistema supone un incremento del coste para el consumidor, siempre que retiren
dinero de su propio banco. Sin embargo, teniendo en cuenta que la mayor parte de las operaciones en cajero con retiradas de efectivo, y que no todas las entidades tienen la misma implantación territorial ni la misma cantidad de cajeros, podemos
inferir un impacto seguro sobre buena parte de los usuarios, así como un potencial incremento del coste de disponer de efectivo.
4. Por último, tienen un impacto desigual en función de la renta. Dado que el coste de la comisión es independiente del nivel de renta, repercute negativamente a los clientes con menor capacidad económica. Además, a esto se le suma que
las rentas más bajas que tienen acceso a una cuenta bancaria son las más propensas a hacer un mayor número de retiradas de efectivo de pequeños importes.
5. En caso de que la CNMC determinara que el actual sistema y las actuales comisiones por retirada de efectivo sean una barrera de entrada, entonces sería un síntoma de su poder de oligopolio. En este sentido, como todo precio derivado del
ejercicio de un poder de mercado, las comisiones por retirada serían ineficientes al capturar recursos que podrían ser empleados productivamente en otros usos.
Cuenta bancaria de servicios mínimos esenciales:
En la actualidad es fundamental tener acceso a una cuenta bancaria para poder tener una integración social plena. Para recibir una nómina, percibir cualquier prestación social, realizar pagos telemáticos, etc., es necesario tener una cuenta
bancaria. Sin embargo existe una situación cada vez más generalizada de 'exclusión financiera', que no es sino un elemento más que compone la exclusión social.
De hecho, la UE ha hecho de la inclusión financiera una de sus políticas sociales realizando recomendaciones al respecto. La Carta Fundamental de Derechos Fundamentales de la UE establece, en su artículo 20, la necesidad de asegurar el
acceso a los servicios de interés económico general 'con el fin de promover la cohesión social y territorial de la Unión'. En este sentido la UE a través de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, establece que: 'La exclusión
financiera se refiere a un proceso mediante el cual las personas se encuentran con dificultades para acceder y/o utilizar los servicios y productos financieros en el mercado de corriente que son apropiados para sus necesidades y que les permita
llevar una vida social normal en la sociedad a la que pertenecen' (Comisión Europea (2008): Financial Services Provision and the Prevention of Financial Exclusion).
Se hace, por tanto, necesario abrir la posibilidad de acceso a unos Servicios Bancarios Mínimos Esenciales que permita acceder a un coste reducido o nulo a los mismos, eliminando la exclusión financiera que sufren los más desfavorecidos.
Así lo han hecho diferentes países europeos, como Portugal o Francia.
Por ello es necesario diseñar un sistema que establezca la obligación de ofrecer por parte de todas las entidades financieras una Cuenta Bancaria Servicios Bancarios Mínimos Esenciales, o Cuenta Básica, con coste nulo o muy reducido. Con
esta medida se daría, además, transposición, en lo que se refiere al establecimiento de Cuentas de Pago Básicas, a la Directiva Europea de Cuentas de Pago 2014/92/UE, que establece en su exposición de motivos que: 'A fin de garantizar que las
cuentas de pago básicas estén a disposición del mayor número posible de consumidores deben ofrecerse de manera gratuita o a cambio de una comisión razonable. Para animar a los consumidores vulnerables que no disponen de cuenta bancaria a participar
en el mercado bancario minorista, los Estados miembros deben poder disponer que se les ofrezcan cuentas de pago básicas en condiciones particularmente ventajosas, como, por ejemplo, de forma gratuita'. Además, en su artículo 18 establece que '[...]
los Estados miembros podrán requerir a las entidades de crédito que apliquen varios regímenes de comisiones dependiendo del nivel de inclusión bancaria del consumidor, disponiendo en particular de condiciones más ventajosas para los consumidores
vulnerables que no dispongan de cuenta bancaria'.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Retirar el RD 11/2015 que regula la 'retirada de efectivo de los cajeros automáticos'.
2. Instar a la CNMC a realizar un informe pormenorizado sobre la situación del sector bancario que permita obtener una imagen fiable del coste de mantenimiento de los cajeros, para poder evaluar la cuantía del coste imputable al cliente en
forma de comisión. Hasta la emisión de dicho informe, el gobierno tomará las medidas necesarias para restringir el cobro de comisiones por la retirada de efectivo.
3. Crear una cuenta corriente de servicios mínimos esenciales:
- En colaboración con el Banco de España, el gobierno deberá crear una Carta de 'Servicios Bancarios Mínimos Esenciales' o 'Servicios Bancarios Básicos' que todas las entidades bancarias deberán ofrecer a un coste reducido (como máximo
anualmente una cantidad equivalente al 1% del SMI mensual) o coste cero. Entre los servicios que debieran ser considerados como 'Servicios Bancarios Mínimos Esenciales' o 'Servicios Bancarios Básicos', al menos, se encontrarán los siguientes:
Apertura y manutención de la cuenta de servicios mínimos.
Tarjetas de debido y crédito para operar en esta cuenta.
Acceso a la cuenta a través de cajeros y de todos los dispositivos de los que disponga el banco.
Realizar depósitos, reintegros, pagos y transferencias interbancarias nacionales sin restricciones en el número de operaciones.
- La 'Cuenta Bancaria de Servicios Esenciales' o 'Cuenta Básica' debe cumplir, al menos, los siguientes requisitos:
El usuario solo podrá tener una cuenta bancaria abierta en forma de Cuenta Bancaria de Servicios Esenciales.
La cuenta tiene que estar abierta como mínimo un año.
Tiene que tener un saldo promedio mínimo y máximo (que se calculará como un porcentaje del SMI).
En caso de que la cuenta no cumpla estos requisitos, la entidad bancaria podrá cancelarla.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2017.-Alberto Montero Soler, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Fomento
161/001668
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
por la que se insta al Gobierno de España a facilitar la conexión directa del municipio de Rivas-Vaciamadrid con la carretera de circunvalación M-50 en el cruce de la M-823 con la M-50, así como a proceder a la adecuada iluminación de la vía de
servicio de la A-3 entre el desvío 12 y la salida oeste de Rivas-Vaciamadrid, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Rivas-Vaciamadrid es uno de los municipios con la tasa de crecimiento más elevada de España, un espectacular crecimiento de población los últimos 30 años, que ha pasado de 652 habitantes a principios de los años ochenta, a los más de 85.000
habitantes en la actualidad. Por su término municipal y a escasos 100 metros de su trama urbana, discurre la carretera M-50. De los 19 municipios por los que pasa esta vía, Rivas-Vaciamadrid es el único que no tiene una conexión directa con la
M-50.
Esta falta de conexión supone un grave freno al desarrollo industrial y comercial de la zona norte de la ciudad en proceso de expansión urbanística con proyecciones de una población de hasta 25.000 habitantes los próximos años. La movilidad
de todos estos vecinos y vecinas, junto al conjunto de la población ripense, únicamente con una vía de salida, la autovía A-3 que cuenta hoy por hoy, con una gran densidad de tráfico, conlleva a que esta carretera se colapse de forma habitual.
Para dar solución a este problema, desde el año 2005 el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, los agentes sociales y la ciudadanía ripense en general vienen reclamando una conexión directa con la M-50 en el cruce de la M-823 con la M-50.
Del mismo modo, los vecinos y vecinas de Rivas-Vaciamadrid que cada día se trasladan y regresan a Madrid por la autovía A-3, con independencia de que lo hagan en transporte público o privado, sufren la falta de visibilidad de esta vía,
particularmente por la noche, lo que provoca inseguridad vial.
El tramo que carece totalmente de iluminación, aunque la inversión en instalación de luminarias ya existe, es el que corresponde a la vía de servicio A-3, dirección Valencia, entre el desvío 12 de la A-3 y la salida Oeste Rivas-Vaciamadrid.
Se trata de un tramo con una densidad de tráfico muy alta y constante durante las 24 horas del día por el que transitan entre otros los vehículos de alto tonelaje que acuden al centro de gestión de residuos de Valdemingómez. La falta de iluminación
complica este tráfico y aumenta la inseguridad ciudadana y vial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Facilitar la conexión directa del municipio de Rivas-Vaciamadrid con la carretera de circunvalación M-50 en el cruce de la M-823 con la M-50.
2. Proceder a la adecuada iluminación de la vía de servicio de la A-3 entre el desvío 12 y la salida oeste de Rivas-Vaciamadrid respondiendo a la declaración institucional aprobada por el Pleno del ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid el 24 de
noviembre de 2016.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2017.-Carlota Merchán Mesón y Rafael Simancas Simancas, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001672
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado don Ignasi Candela Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora del
tramo Alicante-La Roda de la A-31, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La autovía A-31 a su paso por la provincia de Alicante, en el tramo Villena-Alicante, ha registrado en el 2015, 53 percances con víctimas según los mismos datos de la Dirección General de Tráfico. Se trata, sin ningún tipo de dudas, de uno
de los tramos con más siniestros y una de las autovías más peligrosas. Esta autovía, además, es la más antigua de la provincia y en los últimos 25 años apenas se han introducido mejoras. La intensidad media diaria supera los 60.000 vehículos de
los que un 10% son camiones.
Según el diario Información, todos los expertos en materia de infraestructuras coinciden en la necesidad del replanteamiento y la mejora integral de esta infraestructura. De hecho, existe un plan de ejecución de mejora del tramo Alicante-La
Roda que acumula más de 12 años de retrasos. Desde el Ministerio de Fomento se llegó a cuantificar la inversión necesaria en 28.413.000 euros y, a día de hoy, la A-31 sigue sin ninguna actuación.
Por todo lo expuesto, don Ignasi Candela, Diputado de Compromís, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Acometer urgentemente las reformas necesarias en el tramo Alicante-La Roda.
2. Calendarizar las actuaciones necesarias de esta inversión.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2017.-Ignasi Candela Serna, Diputado.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001684
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa al estudio de usos alternativos a las naves construidas en Bobadilla Estación, en la provincia Málaga, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El municipio de Antequera ha sido considerado a lo largo de los años como uno de los ejes fundamentales del tráfico ferroviario de nuestro país. Su excelente ubicación geográfica y la gran dotación en infraestructuras logísticas, que
diferentes gobiernos llevaron a cabo en esta ciudad, sitúan a Antequera como el verdadero eje ferroviario de Andalucía y como punto de referencia en el entramado ferroviario nacional.
Sin embargo, aunque tanto su pasado como su presente han estado marcados por el potencial logístico de este municipio, su futuro es mucho más esperanzador, un futuro que es necesario acelerar incrementando el compromiso y la voluntad
política para que Antequera sea en los próximos años referente europeo en el tránsito de mercancías.
Los socialistas siempre hemos creído en la potencialidad ferroviaria de Antequera, por este motivo durante los diferentes años de gobierno socialista, fueron muchas y cuantiosas las inversiones que en este término municipal se consolidaron,
situando a Antequera en lo que es ahora. Todas estas inversiones transformaron a esta ciudad en el verdadero eje del entramado ferroviario andaluz.
Pero la apuesta fue aún más allá cuando el último gobierno socialista de España impulsó un proyecto vital para la diversificación económica, la creación de empleo y la innovación tecnológica vinculada a la alta velocidad ferroviaria en
nuestra provincia, concretamente en la comarca de Antequera, proyectando el conocido como Anillo Ferroviario de Antequera.
El gobierno socialista había avanzado considerablemente hasta finales de 2011 en la consecución de este proyecto. De hecho, de los 400 millones de euros de coste de la inversión, dicho gobierno había conseguido 253 millones de financiación
europea, que ya estaban a disposición del Ministerio de Fomento.
Por otra parte, también se llevaron a cabo dos actuaciones inicialmente ligadas al anillo ferroviario, por lo que una vez perdida la financiación de este proyecto por la falta de interés del gobierno del PP, pasaron a una situación de dudoso
futuro.
Primero, el Centro de Tecnologías Ferroviarias dependiente de ADIF, ubicado en un edificio cedido por la Junta de Andalucía en el Parque Tecnológico (PTA), nacido originalmente para complementar en I+D+i así como para prestar apoyo
científico y técnico a los laboratorios de experimentación que se iban a ubicar en Bobadilla Estación.
Segundo, las naves construidas en terrenos de ADIF en Bobadilla Estación, donde se había proyectado el que sería el Centro Integral de Servicios Ferroviarios de Málaga, un laboratorio para la experimentación y el estudio de los trenes de
alta velocidad que saldrían a realizar sus pruebas desde esas instalaciones. Estas naves supusieron una inversión de 13 millones de euros y cuentan con una superficie de 19.140 m2. Para evitar tener en la provincia nuestro particular aeropuerto de
Castellón, el gobierno debe decidir y apostar por otros usos para estas naves cuanto antes.
El proyecto del anillo ferroviario podría haber supuesto una inversión muy importante para nuestra provincia, hubiera supuesto convertir a Antequera en la capital tecnológica y de innovación ferroviaria y hubiera permitido la creación de
varios miles de puestos de trabajo en una comarca muy castigada por el paro. Nadie puede entender, aún hoy, cómo el gobierno del Partido Popular pudo permitirse el lujo de perder un proyecto como este por su desidia y falta de interés.
Pero aún estamos a tiempo de que el Gobierno sea sensible con una comarca a la que ha castigado especialmente y que necesita de una apuesta importante por la innovación tecnológica y por el desarrollo que diversifique la actividad económica
de la zona.
Es por este motivo por el que se hace fundamental que desde el Gobierno de España se tornen las medidas oportunas para garantizar que las naves situadas en Bobadilla Estación, y que llevan ya varios años sin uso, puedan empezar a funcionar
para convertirse en un núcleo de atracción industrial fundamental para el desarrollo de Antequera, Bobadilla Estación y toda la Comarca de Antequera.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a buscar, a la mayor brevedad, otros usos alternativos a las naves construidas en Bobadilla Estación, relacionados con la innovación y el desarrollo tecnológico, previstas inicialmente como
Centro Integral de Servicios Ferroviarios de Málaga, evitando así que queden inservibles y se deterioren por falta de uso y mantenimiento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2017.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001686
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley en relación a la línea marítima Motril-Melilla, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El Puerto de Motril es uno de los motores más importantes de la economía granadina, generando alrededor del 2% del PIB de Granada, y particularmente en la costa de Granada donde genera el 15% del empleo.
La Ciudad de Melilla cuenta con conexión marítima mediante línea regular con la Península a través de los puertos de Almería, Málaga, Motril (Granada).
Mediante el R.D. 1516/2007, se declararon de interés público las líneas de navegación Málaga-Melilla y Almería-Melilla para garantizar la conectividad de Melilla con la Península, subvencionadas por el Estado a través de un contrato de
gestión de servicio público con un importe de 7.193.123 euros anuales. Todo ello de acuerdo con el Pliego de Condiciones aprobado por la Dirección General de la Marina Mercante y publicado en el 'BOE', de fecha 13 de marzo, del presente año.
Desde la implantación de la línea con Motril en el año 2011, este va a ser el tercer concurso convocado por el Gobierno, sin incluir los dos que quedaron desiertos, que excluye e ignora la existencia del Puerto de Motril y su conexión con
Melilla a pesar de que, desde el punto de vista de la localización geográfica y sobre la base de la necesidad de garantizar el acceso a la Península de ciudadanos y mercancías con origen o destino Melilla, es la línea que opera desde el Puerto de
Motril la que mantiene el mayor tráfico de pasajeros y mercancías de los tres mencionados, siendo la distancia con la Ciudad Autónoma más corta con 90 millas náuticas a diferencia de Málaga con 114 y Almería con 94.
Debe considerarse que recientemente, además de la compañía que gestiona el servicio público desde Málaga y Almería, existen otras dos navieras que operan en los mismos puertos y trayectos subvencionados, Málaga-Melilla y Almería-Melilla, sin
recibir fondos públicos, por lo que parece indudable la necesidad de revisar y modificar la actual situación que afecta gravemente a la competencia y sostenibilidad de la línea de Motril-Melilla.
La provincia de Granada, a través de instituciones como la Universidad de Granada, las Cámaras de Comercio de Motril y de Granada y organizaciones empresariales y sindicales, han trasladado al Gobierno la necesidad, por sus importantes
consecuencias sociales y económicas para la provincia de Granada, de que la línea Motril-Melilla sea considerada de interés público.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incluir la línea de Motril-Melilla en el ámbito de las líneas de navegación de interés público en el nuevo contrato de servicio público publicado el pasado 13 de marzo de 2017 para la obtención de subvenciones en las conexiones entre la
Península y Melilla.
2. Que en el futuro garantice las mejores conexiones posibles entre Melilla y la Península.
3. Evaluar las consecuencias directas e indirectas de la no inclusión del Puerto de Motril en los concursos celebrados desde 2011, año en que la línea Motril-Melilla comenzó a operar y hacer públicos los resultados del observatorio creado
al efecto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2017.-Elvira Ramón Utrabo y Gregorio Cámara Villar, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001701
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la adopción de medidas de reparación y dignificación de las
víctimas del accidente ferroviario del Alvia 01455 en Angrois y el desarrollo de una nueva investigación técnica e independiente en torno al mismo, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Un suceso tan grave como el del accidente del Alvia 04155 en Angrois, no puede ni debe quedar en el olvido de las instituciones públicas y de los responsables políticos, y por ello aún resulta necesario indagar en todas las causas y
responsabilidades penales y políticas que pudieran derivarse de dicho accidente ferroviario, el más grave de todo este período de democracia constitucional. Al margen de las investigaciones judiciales y las responsabilidades penales que puedan
derivarse de ellas, las víctimas siempre han reivindicado la necesidad de convocatoria de comisiones independientes para depurar las responsabilidades y en un ejercicio de responsabilidad es necesario dar nuestro soporte a esta iniciativa,
posicionarnos de su lado dándoles nuestro apoyo expreso, y proponiendo cambios en la estructura y jerarquía de agencias y comisiones, que ayuden a la reapertura de investigaciones, y al aseguramiento de su compromiso con la verdad, manteniendo la
independencia de estas entidades y sus miembros.
Los afectados han denunciado en reiteradas ocasiones la falta de sensibilidad de las autoridades y una incomprensible situación de desamparo que viola sus derechos más básicos como víctimas y familiares en este terrible suceso. Con esta
proposición, no podemos reparar el daño inmenso que estas personas han sufrido, y tampoco podemos impartir justicia, en cuyo ámbito ya se parece reconocer en cuanto a la necesidad de indagación, que se ha producido una responsabilidad solidaria en
el accidente y sus consecuencias por parte por parte del Ministerio de Fomento y/o de las empresas públicas del sector ferroviario, a través la reciente investigación, equivalente a imputación, por responsabilidades penales al Director de Seguridad
en la Circulación de Adif en el momento de la puesta en servicio de la línea 082.
A través del consenso entre todos los partidos políticos con representación en nuestro Parlamento, en un acto de responsabilidad y compromiso, desde Ciudadanos queremos contribuir a reconocer y dignificar a los afectados, víctimas y
familiares del accidente ferroviario del Alvia 04155, y que esta acción se produzca no solo de forma simbólica, a través de un perdón público del Gobierno si se demuestra la culpabilidad del Ministerio de Fomento o de sus entidades públicas
dependientes, o de los altos cargos que tuvieron alguna responsabilidad en torno a estos hechos; sino también a través de reformas concretas que permitan mejorar la seguridad ferroviaria en España y contribuyan a evitar que sucesos como los del
Alvia 04155 puedan volver a producirse.
Estas reformas deberían abordar, entre otra cuestiones, la necesaria independencia de los organismos públicos responsables de la seguridad del sistema ferroviario y de la investigación técnica de los accidentes que se produzcan en el mismo,
en línea con las declaraciones oficiales efectuadas en los últimos meses por la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (European Union Agency for Railways, ERA), en las que se cuestionaba la independencia real de la investigación efectuada por la
Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), y que instaban a la posible apertura de una nueva investigación técnica independiente sobre el accidente.
Teniendo presente todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Encomiende con carácter urgente al Consejo de Estado la elaboración de un informe que tenga por objeto determinar la responsabilidad patrimonial del Estado por causa de negligencia culpable en las actuaciones que constituyan falta de
prevención, mitigación y/o causa propiciatoria del accidente ferroviario del Alvia 04155 en Angrois el 24 de julio de 2013 que hubiesen sido acometidas bajo responsabilidad del Ministerio de Fomento, de sus entidades públicas dependientes o bien de
sus altos cargos representativos.
2. Adopte todas las medidas que sean necesarias para la reparación y dignificación de las víctimas del accidente ferroviario del Alvia 04155 y de sus familiares, prestándoles todo el reconocimiento y apoyo institucional que fuese necesario,
y, en todo caso, declare su compromiso de asumir la responsabilidad patrimonial del Estado que en su caso pudiese determinarse en el informe del Consejo de Estado al que se refiere apartado anterior.
3. Dote a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) del rango de autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, en los términos previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
reforzando sus funciones como autoridad responsable de la seguridad ferroviaria, en particular, las relativas a la ordenación y supervisión de la seguridad de todos los elementos del sistema ferroviario (infraestructuras, material rodante, personal
ferroviario y operación ferroviaria), tal y como se establece en la Ley 38/2015, de 19 de septiembre, del sector ferroviario.
4. Proceda de manera inmediata a la renovación de todos los Vocales de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), órgano colegiado encargado de la investigación técnica de los accidentes e incidentes ferroviarios
acaecidos en la Red Ferroviaria de Interés General, asegurando que la selección de sus miembros responda a los principios de mérito, conocimiento, experiencia, independencia e imparcialidad, reflejados en el artículo 11 del Real Decreto 623/2014, de
18 de julio, a fin de dar respuesta definitiva a las objeciones sobre su independencia planteadas por la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea.
Además, a efectos de garantizar su plena independencia funcional, la CIAF se integrará en la nueva autoridad administrativa independiente responsable de la seguridad ferroviaria que se constituya en los términos previstos en el apartado
anterior.
5. Promueva, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea, el desarrollo de una nueva investigación técnica por la CIAF en torno al accidente ferroviario del Alvia 04155, puesto que, a tenor de las
declaraciones públicas de los afectados y sus familiares, así como de las diversas plataformas en las que se organizan, la anterior investigación es claro que ha incumplido los requisitos del mismo Real Decreto 623/2014, de 18 de julio, en concreto,
los relativos a la transparencia del proceso y audiencia de todas las partes afectadas previstos en su artículo 4, así a la oportunidad de exponer a la Comisión sus opiniones y puntos de vista sobre la información suministrada recogida en su
artículo en su artículo 14.7.
Esta nueva investigación se realizará en paralelo al proceso judicial, sin esperar a su finalización y de manera independiente a este, invocando además el artículo 13.5 del citado Real Decreto 623/2014, de 18 de julio, de forma que permita
incluir en tal investigación a miembros de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea, a fin de que se permita esclarecer en su totalidad las dudas subsistentes en torno a las causas propiciatorias del suceso y contribuya a mejorar la seguridad del
sistema ferroviario en su conjunto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2016.-Fernando Navarro Fernández-Rodríguez, Diputado.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001703
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la línea marítima Motril-Melilla, para su debate en la
Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El Puerto de Motril, que es el Puerto de Granada, considerado de interés general para el Estado, es determinante para el desarrollo del conjunto de la provincia, al generar riqueza y un gran número de empleos, directos e indirectos.
El Consejo de Ministros autorizó el pasado 24 de febrero la licitación del contrato que mantendrá en servicio las líneas de conexión marítima de Melilla con Málaga y Almería hasta octubre de 2019, por un importe de 14,38 millones de euros.
Sin embargo, se excluyó a la línea de conexión marítima Melilla-Motril, que según datos de la Subdelegación del Gobierno de julio de 2016 tiene 60.000 pasajeros anuales, siendo el puerto que más viajeros ha transportado a Melilla.
El Gobierno ha dado luz verde a este trámite con el fin de asegurar la continuidad de los dos enlaces declarados de interés público. Por tanto, es extraño que no se entienda también corno de interés público la línea marítima que más
pasajeros transporta a Melilla, que no es otra que la que parte desde el Puerto de Motril.
En el citado Consejo de Ministros, el Gobierno también se comprometió con el refuerzo de buques de gran velocidad para los meses de verano en las líneas marítimas de Melilla-Málaga y Melilla-Almería, con el fin de incrementar las frecuencias
de viajes en los periodos de mayor demanda, y con el refuerzo de los servicios en la ruta Málaga-Melilla-Málaga durante Navidad y Semana Santa. Estas medidas también generan una situación de desventaja para el Puerto de Motril, que no solo no entra
en el presupuesto de licitación sino tampoco en la mejora de las condiciones.
De este modo, el Gobierno incurre en un flagrante agravio, que puede poner en peligro el futuro de la línea Motril-Melilla y debilitar la tan necesitada economía granadina, lo que constituye una nueva actuación discriminatoria con respecto a
Granada, a sumar a la inexistencia de conducciones en la Presa de Rules para regadío y abastecimiento, a fa tardanza en la llegada del AVE, a la incomunicación, etc.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir la línea marítima Melilla-Motril en la licitación del servicio de la línea marítima de interés público Málaga-Melilla y Almería-Melilla, y, en cualquier caso, a garantizar la igualdad
de trato de la Administración con las tres líneas que actualmente se encuentran operando con Melilla, de modo que la competencia entre estas se realice en condiciones de igualdad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2017.-Luis Miguel Salvador García, Diputado.-José ManueI Villegas Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001716
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a la Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el mal
funcionamiento de los sistemas de navegación en el aeropuerto de Vigo, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El aeropuerto de Peinador en la ciudad de Vigo arrastra un problema histórico sin resolver, debido a sus condiciones y funcionamiento, fundamentalmente a sus sistemas de navegación aérea ILS Y WOR 16, que le hacen vulnerable a cualquier
meteorología adversa.
Por estos motivos, el sistema de ayuda a la navegación WOR 16 fue dado de baja el pasado 10 de noviembre, con el fin de sustituirlo por un equipo más moderno, estimándose que el desmontaje de las actuales instalaciones y el montaje de los
nuevos equipos, tendría una duración de 4 meses.
Sin embargo, pasado el plazo, y a fecha del pasado 10 de marzo, todavía no se encontraba en funcionamiento el nuevo sistema de navegación aérea.
El pasado día 20 de marzo, se detectó un fallo en el sistema ILS, lo que provocó que desde la tarde del día siguiente, coincidiendo con la entrada de un frente borrascoso, los aviones no pudieran aterrizar ni despegar desde el aeropuerto de
Peinador, teniendo que desplazarse al aeropuerto de Lavacolla en Santiago de Compostela, con la consiguiente cancelación de los vuelos de regreso y caída de la parrilla.
El día 23 de marzo, existía una considerable lista de vuelos desviados, no estando resuelta la avería del sistema ILS, a pesar de que AENA había asegurado lo contrario. Y así, el último vuelo procedente de Vigo, también fue desviado a
Santiago.
Son obvias las molestias y perjuicios de todo tipo que han tenido que sufrir los viajeros y las viajeras cuyos vuelos no han podido aterrizar o despegar del aeropuerto de Vigo.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Resolver con carácter de urgencia los problemas de atrasos y desviaciones que sufren los vuelos que aterrizan o despegan del aeropuerto de Vigo como consecuencia del funcionamiento de los sistemas de navegación aérea ante cualquier
meteorología adversa o falta de visibilidad.
2. Resolver los problemas que hacen que el sistema ILS no actúe con la eficacia debida.
3. Poner en funcionamiento con carácter urgente el nuevo sistema de navegación que ha de sustituir al sistema WOR 16.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo 2017.-María Dolores Galovart Carrera y Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Educación y Deporte
161/001713
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el fomento del deporte en las escuelas como
mecanismo para combatir la obesidad infantil, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
La obesidad y el sedentarismo se han convertido en un grave problema de la sociedad actual en los países desarrollados. La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que en el año 2014 el 39% de las personas mayores de 18 años tenía
sobrepeso, y alrededor del 13% de la población mundial eran obesos. Dentro de estas alarmantes cifras deben enfatizarse las relativas a la obesidad infantil, dado que la International Asociation for Study of Obesity y la International Obesity Task
Force estimaban en 2013 que más de 200 millones de escolares tenían sobrepeso, de los cuales entre 40 y 50 millones eran obesos, cifras que van aumentando cada año. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y UNICEF, han advertido reiteradamente que combatir la obesidad es una prioridad sanitaria a nivel mundial puesto que son importantes factores de riesgo en las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, los trastornos del aparato
locomotor y algunos tipos de cáncer.
En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) determina en la encuesta nacional de salud 2011-2012 que la obesidad afecta al 17% de la población adulta y el sobrepeso al 37%, y que el 41% de la población lleva una vida sedentaria.
En el caso de los menores de edad el 20% tiene sobrepeso y el 10% obesidad, y estos generarán tasas de obesidad en adultos aún más elevadas en el futuro. Diversos estudios muestran que España es uno de los países con mayor tasa de obesidad y
sobrepeso en Europa, y que el gasto sanitario que tiene origen en el sobrepeso y la obesidad supone alrededor del 7%. Igualmente, el último Estudio ALADINO (Estudio de Vigilancia del Crecimiento, Alimentación, Actividad Física, Desarrollo Infantil
y Obesidad en España) 2015, que recoge que la prevalencia de sobrepeso hallada fue del 23,2% (22,4% en niños y 23,9% en niñas), y la prevalencia de obesidad fue del 18,1% (20,4% en niños y 15,8% en niñas). Unas cifras, que pese a decrecer en
relación a años anteriores en los menores de entre 6 y 9 años, siguen siendo elevadas en edades posteriores.
Está demostrado en diferentes investigaciones que el descenso de la práctica de actividad física y deporte y el aumento de sedentarismo es una de las causas principales del sobrepeso y la obesidad. Por ello, desde diferentes ámbitos de la
sociedad se demanda el fomento y potenciación de una adecuada práctica de actividad física y deporte, junto con una dieta equilibrada ante la grave crisis actual y futura de sedentarismo y obesidad en España.
La OMS en el año 2015 recomienda que los escolares de primaria y secundaria y jóvenes debieran practicar un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física y deporte así como una adecuada alimentación. Por ello la asignatura de Educación
Física, las actividades físico-deportivas extraescolares y el deporte desarrollado en el centro educativo fuera del horario lectivo es fundamental para conseguir este objetivo.
El Informe de Eurydice de la Comisión Europea en 2013 y las Directrices de la Unión Europea en el año 2008, instan a que se proporcione una atención especial al aumento del sedentarismo y la obesidad en los escolares. Asimismo, se explica
que hasta un 80% de los alumnos en edad escolar realizan actividades físico-deportivas exclusivamente en su centro educativo, siendo recomendable al menos una hora diaria de actividad físico-deportiva.
También se expresa que dedicar suficiente tiempo al Educación Física y las actividades físico-deportivas en el centro escolar en horario no lectivo, puede contribuir significativamente a lograr un estilo de vida más saludable en la
ciudadanía y con ello mejorar su calidad de vida. Además, hay diversos estudios que demuestran que invertir un euro en la actividad física y deporte representa de cara al futuro un ahorro de entre tres y seis euros en gasto sanitario y social.
Igualmente, el Informe de Eurydice de la Comisión Europea en 2013 también determina que la Educación Física y las actividades físico-deportivas en la escuela no solo contribuye a la salud del alumnado, sino que también ayuda a los jóvenes a
llevar a cabo y a comprender mejor la actividad física y deporte, lo cual tendrá repercusiones positivas a lo largo de todas sus vidas. Por ello, uno de los principales objetivos de la educación física y las actividades físico-deportivas en el
centro educativo es el fomento de hábitos saludables autónomos para que el alumnado practique de forma adecuada actividad física y deporte de forma regular toda su vida y con ello crear estilos de vida saludable a los ciudadanos y generar bienestar
social.
El número de horas destinadas a la materia de la Educación Física en España, entra en contradicción con lo expresado anteriormente y con el informe del Parlamento Europeo (2007) que demanda como mínimo tres horas de Educación Física por
semana, tanto en la Enseñanza Primaria como Secundaria, y que va aún más lejos exigiendo a las autoridades competentes que fomenten el conocimiento del cuerpo y el desarrollo de la salud a través de una mayor integración de la Educación Física con
las demás asignaturas. Por ello, es necesario un incremento cualitativo y cuantitativo de esta materia en el sistema educativo, para potenciar hábitos saludables y autónomos del alumnado y reducir la obesidad, sedentarismo y los problemas de salud
derivados y el gasto sanitario que conlleva así como para desarrollar toda la potencialidad educativa y social de dicha materia.
Por consiguiente, es necesaria una adecuada y eficiente conexión y complementación entre la asignatura de Educación Física y el deporte escolar realizado en el centro educativo fuera de horario lectivo (extraescolares) para conseguir los
objetivos que se pretenden en la asignatura de Educación Física y en beneficio del desarrollo de una actividad física y deporte coherente, saludable, segura y educativa. Al respecto, diferentes estudios muestran que esta conexión es escasa o
inexistente en la
mayoría de los casos y que gran parte de las actividades físico-deportivas ofertadas y desarrolladas no están siendo adecuadas ni garantizan su calidad y los beneficios potenciales de salud, educación y sociales de estas actividades.
La disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) se propone que 'Las Administraciones educativas promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y
alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y
supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo, serán asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos'. Además, conviene resaltar la importancia del centro escolar en el
desarrollo de las prácticas deportivas en general, puesto que este espacio desempeña un papel fundamental en la promoción y desarrollo de la actividad física y deporte para toda población y con mayor énfasis en la población escolar.
Diversos estudios explican la necesidad de utilizar las instalaciones deportivas de los centros escolares dentro del sistema deportivo fuera del horario lectivo, tanto durante la semana laboral como los fines de semana, debido al ahorro
económico en instalaciones y equipamientos deportivos y la eficiencia de los recursos y de la organización y dirección del sistema deportivo así como una mayor cercanía y facilitación de la actividad física y deporte a la población, ya que muchas de
estas instalaciones deportivas están infrautilizadas en las comunidades autónomas. Asimismo, la Ley 10/1990 del Deporte Estatal determina en su artículo tercero 'Las instalaciones deportivas de los centros docentes se proyectarán de forma que se
favorezca su utilización deportiva polivalente, y podrán ser puestas a disposición de la comunidad local y de las asociaciones deportivas, con respeto al normal desarrollo de las actividades docentes'.
Por ello, se debe utilizar el centro educativo como centro integral promotor de actividad física y deporte desde todas sus dimensiones (salud, educativa, deporte de competición...) y manifestaciones, de tal manera que se garantice la
práctica deportiva a niños y niñas en edad escolar y potenciar los hábitos saludables, educativos y autónomos de práctica deportiva en las actividades físico-deportivas extraescolares y, a su vez, fuera del horario lectivo, los centros educativos
deben generar una amplia oferta integral de actividades físico-deportivas para toda la población, en conexión y coordinación con entorno social próximo en el que se encuadran y con las entidades asociativas, públicas y empresariales así como con los
centros y sistema sanitario y otros centros educativos y deportivos. Esta conexión y coordinación con los centros sanitarios es importante para la prevención y mejora de salud, entre otros, la obesidad y sedentarismo, en la Educación Física como en
la actividad física y deporte desarrollada en el centro educativo así como la conexión y coordinación con clubes y entorno deportivo de competición para favorecer y potenciar el desarrollo de la carrera deportiva de futuros deportistas de alta
competición, tal y como se realiza en otros países.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Valorar el aumento de las horas de deporte en el currículo escolar en la nueva Ley de Educación que se elabore tras la finalización de la Subcomisión para la elaboración de un gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación.
2. En el seno de la Conferencia Sectorial de Educación elaborar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, un Plan Estratégico del Deporte en las escuelas e institutos a fin de promover la práctica de deporte por parte de los alumnos
que incluya medidas para:
a) Reforzar de forma específica y transversal el valor del deporte tanto en sus virtudes para la mejora de la salud, como en la formación de valores personales dentro de la educación integral del alumnado.
b) Asegurar un deporte igualitario, con políticas para la igualdad de trato y de oportunidades independientemente del sexo, edad, cultura o discapacidad.
c) Fomentar y potenciar al centro educativo como centro integral de promoción de actividad física y deporte dentro del sistema deportivo con una oferta amplia e integral.
d) Fomentar y potenciar la utilización activa y eficiente de las instalaciones de los centros educativos fuera del horario lectivo a lo largo de toda la semana, incluyendo sus espacios deportivos potenciando su conexión y las necesidades
sociales con su entorno.
e) Potenciar la conexión del centro educativo en la Educación Física y las actividades físico-deportivas extraescolares y otras actividades deportivas desarrolladas en el centro educativo con los centros socio-sanitarios próximos para
coordinarse en el desarrollo de dichas actividades así como para generar programas concretos de prevención y mejora de la salud a través de la actividad física y deporte.
f) Promocionar la conexión y coordinación de la Educación Física, las actividades físico-deportivas extraescolares y otras actividades deportivas desarrolladas en el centro educativo con clubes y entorno deportivo de competición para
favorecer y potenciar el desarrollo de la carrera deportiva de futuros deportistas de alta competición.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2017.-Rodrigo Gómez García, Diputado.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/001673
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a mejorar la compatibilidad
entre la pensión de jubilación y el desarrollo de una actividad laboral o profesional remunerada ya sea esta por cuenta propia o por cuenta ajena, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
Tradicionalmente, el sistema español ha mantenido la incompatibilidad entre la percepción de la pensión de jubilación y la realización de una actividad laboral, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena. Esta regulación que se mantiene en
la actualidad con ciertas matizaciones, se apoya en la idea de que la pensión sustituye a la renta del trabajo cuando se reúnen los requisitos legales para ello.
El aumento de la esperanza de vida y la mejora en la condición física de quienes acceden a la pensión de jubilación, para la realización de determinados trabajos, sobre todo con los que no incorporan la necesidad de realizar un esfuerzo
físico ha provocado un profundo cambio en la forma de entender esta incompatibilidad.
Así, progresivamente, se han ido incorporando diferentes medidas dirigidas a facilitar la compatibilidad del percibo de la pensión de jubilación y el desarrollo de una actividad laboral o profesional remunerada. Se configuran en primer
lugar la jubilación parcial y la jubilación flexible en la Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible.
Posteriormente, la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, establece la compatibilidad de la pensión con el trabajo por cuenta propia siempre que los ingresos percibidos por
esa actividad no superen la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional en cómputo anual. Además, en su disposición adicional trigésima séptima insta al Gobierno al desarrollo de la compatibilidad entre pensión y trabajo. En esta misma línea a
favor de la compatibilidad se pronuncia la recomendación 12 del Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo de 2011 y las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea de 12 de julio de 2012.
Esas recomendaciones culminan en la aprobación del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo (derogado e
incorporado al nuevo texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social). Por primera vez se regula en nuestro sistema la compatibilidad entre la percepción de una pensión de jubilación y el trabajo por cuenta propia o ajena sin fijar un
límite de ingresos. El objetivo de esta norma es favorecer el alargamiento de la vida activa y aprovechar en mayor medida los conocimientos y
experiencia de estos trabajadores. Esta medida permite, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos, compatibilizar la actividad por cuenta propia o ajena con el percibo del 50 por ciento de la pensión de jubilación.
Desde la entrada en vigor de la norma, se han acogido a esta modalidad de jubilación 9.094 pensionistas en 2013, 18.066 en 2014 y 25.369 en 2015, 32.597 en 2016. La pensión media de estos pensionistas alcanzó en 2016 los 627,16 euros. En
ese último año más del 85 por ciento de los beneficiarios son trabajadores por cuenta propia. De este 85 por ciento, la mitad mantienen o crean un nuevo proyecto de trabajo, por tanto se trata de empleo que a su vez crea potenciales nuevos empleos.
Debemos adaptarnos a la realidad social que vivimos y continuar adoptando medidas que permitan mantener el sistema de protección social en el medio y largo plazo. Entre todos debemos asegurar que los recursos y los gastos se correspondan.
El aumento de la esperanza de vida debe ir acompañado de medios suficientes para respaldarlo. En este contexto, limitar la vida activa de millones de personas carece de sentido, ya que limita su libertad individual y el progreso social. La
experiencia de estos años en los que ha estado en vigor la medida de compatibilizar el 50% de la pensión con el salario de manera voluntaria ha sido muy positiva. España necesita contar con todo su talento, incluida la experiencia y el talento del
colectivo de trabajadores sénior que tienen mucho que aportar a nuestra sociedad.
La compatibilidad voluntaria del empleo y el cien por cien de la pensión reforzaría no solo las oportunidades de las personas que voluntariamente lo deseen sino también la oportunidad de nuestro país para enriquecerse de su experiencia y
competir en el futuro con todo su talento. Hay que señalar que esta compatibilidad plena ya existe en otros países de nuestro entorno tales como: Alemania, Francia, Reino Unido, Austria, Suiza, Suecia o Polonia.
En definitiva, ante esta nueva realidad social en la que nos encontramos, resulta conveniente adaptarnos a ella y reformar la denominada jubilación activa con la finalidad de hacer compatible la actividad laboral con el percibo del 100 por
100 de la pensión de jubilación y determinar cuáles deberían de ser los criterios que tendrían que aplicarse para poder optar a dicha compatibilidad.
Debemos incidir en que la compatibilidad del salario y el cien por cien de la pensión, en todo caso, sería una aportación libre y voluntaria por parte del pensionista o trabajador que permanezca en activo.
Por todo lo anterior, en aras a promover el envejecimiento activo, y evitar que la reducción de la pensión pueda desincentivar continuar la actividad laboral de determinados profesionales, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar y, en su caso, en función de los impactos presupuestarios estimados, acordar una modificación normativa del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social para incluir en la
misma la compatibilidad de la pensión con el desarrollo de una actividad laboral o profesional, ya sea esta por cuenta propia o por cuenta ajena. A tal efecto, la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo habrá de
determinar los requisitos que se han de cumplir para tener acceso a dicha compatibilidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001683
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, y a través de su portavoz Antón Gómez-Reino Varela, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del
Reglamento, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, relativa a restablecer el subsidio por desempleo para mayores de 52 años.
Exposición de motivos
El 13 de julio de 2012 se publicó en el 'BOE' el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en el que se incluían numerosos recortes en los derechos
de la ciudadanía de nuestro país, y que afectaban con especial virulencia a aquellos colectivos de desempleados con mayores dificultades para encontrar un puesto de trabajo, con la supresión del subsidio para mayores de 45 años o la elevación a 55
años del subsidio que hasta ahora era para mayores de 52 años hasta causar derecho a la pensión de jubilación.
Esto provocó que el número de trabajadores beneficiarios del subsidio de desempleo para mayores de 55 años fuese de 340.251 personas en 2015, lo que supone un descenso del 5,8% respecto al año anterior, cuando se beneficiaron de esa
prestación 361.270 personas. Así, el número de beneficiarios de este tipo de prestaciones cayó por primera vez desde el inicio de la crisis en 2007, un 3,8% entre 2013 a 2014, al pasar de 375.299 perceptores a 361.270, debido, en parte, al aumento
de 52 a 55 años de la edad de acceso al subsidio.
En el periodo que abarca del año 2007 al 2013 se registró un aumento del 15,8%, ya que el número de trabajadores mayores de 52 años con derecho a subsidio por desempleo se incrementó de 173.907 personas en 2007 a 375.299 en 2013, con
incrementos constantes en todos los ejercicios.
Los requisitos para acceder a esta prestación es estar desempleado, tener cumplidos 55 años en la fecha de solicitud, estar inscrito como demandante de empleo y no haber rechazado oferta de empleo adecuada ni haberse negado a participar, así
como carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional vigente, excluidas las pagas extraordinarias, entre otras.
Los sindicatos, y la mayoría de las formaciones políticas con representación en esta Cámara hemos reclamado en los últimos meses un aumento de las ayudas a este colectivo de parados e incluso volver a rebajar la edad de acceso a la
prestación a los 52 años.
De hecho, en marzo de 2016, durante la XI Legislatura, la Comisión de Empleo aprobó instar al futuro Gobierno a que restableciese el subsidio por desempleo para los mayores de 52 años, eliminado con las reformas laborales de 2012 y 2013,
para que se prolongue su duración y se otorgue según el umbral de renta del beneficiario, entre otras condiciones.
No debemos olvidar que este subsidio buscaba, y supuestamente aún busca, cubrir una situación de desempleo, una vez agotada la prestación contributiva, de personas que cuentan con una edad que dificulta severamente la inserción en el mercado
laboral y, por lo tanto, donde la situación de necesidad de cobertura se pone de manifiesto sin ninguna duda.
Es difícil de entender el por qué de este afán del Gobierno del Partido Popular en devaluar un subsidio que deberíamos considerar una de las columnas fundamentales en las que se soporta el nivel asistencial de protección por desempleo.
Con este recorte se ha debilitado hasta el extremo la protección de las trabajadoras y los trabajadores de mayor edad que arrastren una situación de desempleo que se alargue en el tiempo. Un colectivo al que se le castiga doblemente
endureciendo hoy las condiciones para poder acceder a una prestación por desempleo y estableciendo toda una verdadera ingeniería administrativa destinada a rebajar las expectativas económicas de la pensión de jubilación que pudiese corresponderles
en el futuro.
Un castigo que recae con más fuerza sobre los más débiles, sobre quienes tienen peores perspectivas de colocación, aumentando la desigualdad y profundizando las situaciones de pobreza.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que de forma urgente adopte las medidas necesarias para el restablecimiento del subsidio para mayores de 52 años en las condiciones previas a las reformas normativas de 2012 y 2013, en
particular:
- en lo relativo al requisito de renta, computando únicamente los ingresos de la persona beneficiaria, sin tomar en consideración los de la unidad familiar;
- en lo relativo a la duración del subsidio, extendiendo su duración hasta que el beneficiario encuentre un nuevo puesto de trabajo o hasta el cumplimiento de la edad de acceso ordinaria a la jubilación, salvo que optara por acceder a una
edad inferior;
- en lo relativo a la cotización a la Seguridad Social, fijándola en el 125% de la base mínima.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001691
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, y a través de su portavoz, Antón Gómez-Reino Varela, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del
Reglamento, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, relativa a la aprobación y publicación de las normas previstas en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el
Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.
Exposición de motivos
La Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, fue aprobada por una amplia mayoría parlamentaria entre otras razones porque en el trámite parlamentario y a
propuesta sindical se incorporaban elementos que, con una adecuado desarrollo reglamentario, hubieran contribuido a corregir las deficiencias del sistema, elementos como la participación en el Sistema de la red de centros públicos, la reanualización
de los fondos no gastados, el desarrollo de las funciones de las estructuras paritarias o el mantenimiento del protagonismo de las organizaciones sindicales y empresariales en la gobernanza.
Desgraciadamente, dos años después de aprobar mediante el Real Decreto-ley 4/2015 la reforma urgente del Sistema de EPE en el ámbito laboral 'para dar respuesta de forma inmediata y de una manera más eficaz y eficiente a las necesidades
formativas de los trabajadores y del sistema productivo', no se ha publicado ninguna de las normas previstas en la Ley 30/2015 y se vive una situación de transitoriedad y desorden muy graves.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a través de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar y aprobar las siguientes normas previstas en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral:
1. El Real Decreto y la Orden que debían haber 'derogado la totalidad del ordenamiento jurídico vigente' según la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.
2. Los reglamentos que fijen las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones públicas.
3. Las bases reguladoras para la concesión de financiación para la formación de los empleados públicos.
4. La financiación de las acciones formativas dirigidas a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la negociación colectiva y el diálogo social.
5. Los módulos económicos específicos para las distintas especialidades formativas incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas.
6. Las condiciones de la acumulación de créditos de las empresas menores de 50 trabajadores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001705
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Marta Sorlí Fresquet, Diputada de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las siguiente Proposición no de Ley sobre la
compatibilidad de dos pensiones no contributivas entre cónyuges, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La Ley 26/1990 de 20 de diciembre, sobre Pensiones No Contributivas, penaliza a los matrimonios cuyos dos miembros son perceptores de estas pensiones. Por ello solicitamos su modificación en el sentido que dos personas perceptoras de estas
Pensiones No Contributivas no sufran una reducción en estas percepciones económicas por efectuar una unión matrimonial, respecto a las cantidades que perciban previamente.
La entrada en vigor de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, supuso el establecimiento y regulación de las PNCs (Pensiones No Contributivas) en España.
Durante más de once años desde su aplicación, estas pensiones han ayudado a miles de personas a tener una vida digna, evitando la carga económica familiar y dando mayor autonomía a las personas receptoras.
De esta forma, las PNCs cumplen estas funciones:
- Dar independencia económica a quien de otra forma le sería imposible tenerla.
- Aliviar el peso de gastos extraordinarios en economías domésticas, no sobrecargando el llamado 'colchón familiar' de las familias con un miembro con diversidad funcional.
- Reactivar el consumo, dado que se generan agentes autónomos de consumo.
- Impedir la absoluta pobreza, la marginalidad e incluso la muerte de las personas mayores o con diversidad funcional sin apoyos de ningún tipo de red social.
Durante estos más de 20 años la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, ha sido reformada o concretada sustancialmente en las siguientes ocasiones:
- En el R.D. 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 26/1990.
- En la Ley 4/2005, de 22 de abril, sobre efectos en las pensiones no contributivas de los complementos otorgados por las comunidades autónomas.
- En la Orden PRE/3113/2009, de 13 de noviembre, por la que se dictan normas de aplicación y desarrollo del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla, en materia de pensiones no contributivas, la Ley 26/1990, de 20 de
diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, sobre rentas o ingresos computables y su imputación.
- En el Real Decreto 1794/2010, de 30 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2011.
En esta legislación, no se reforma lo dicho sobre incompatibilidades en el art. 14 del R.D. 357/1991, de 15 de marzo. En este artículo, se dice lo siguiente respecto a cada persona conviviente de la unidad económica de convivencia:
'Artículo 14. Cálculo de las cuantías.
1. La cuantía de las pensiones, en su importe anual, será la que se fije en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Su pago se fraccionará en catorce pagas correspondientes a cada uno de los meses del año y dos pagas
extraordinarias que se devengarán en los meses de junio y noviembre.
Cuando en una misma unidad económica concurra más de un beneficiario con derecho a pensión de esta misma naturaleza, la cuantía de cada una de las pensiones vendrá determinada en función de las siguientes reglas:
Primera. Al importe referido en el número 1 se le sumará el 70 por 100 de esa misma cuantía, tantas veces como número de beneficiarios, menos uno, existan en la unidad económica.
Segunda. La cuantía de la pensión para cada uno de los beneficiarios será igual al cociente de dividir el resultado de la suma prevista en la regla primera, por el número de beneficiarios con derecho a pensión.
2. De las cuantías individuales resultantes de la aplicación de lo establecido en el número anterior, calculadas en cómputo anual, se deducirán, en su caso, las rentas o ingresos anuales computables de que disponga cada beneficiario.
3. En los supuestos de convivencia del beneficiario o beneficiarios en una misma unidad económica con personas no beneficiarias, si la suma de los ingresos o rentas anuales de todos los componentes de la unidad económica, más los importes
de la pensión o pensiones no contributivas calculadas conforme a lo dispuesto en los números anteriores superase el límite de acumulación de recursos establecido en el artículo 11, la pensión o pensiones se reducirán, para no sobrepasar dicho
límite, disminuyéndose, por igual cuantía, cada una de las pensiones.
4. La cuantía mínima de la pensión a reconocer será, en cualquier caso, igual al 25 por 100 de la cuantía de la pensión a que se refiere el número 1 de este artículo, aunque el cálculo resultante de la aplicación de lo dispuesto en los
números 2 y 3, hubiera dado un resultado inferior a dicho porcentaje.
5. La cuantía mensual a abonar a cada beneficiario se redondeará al múltiplo de diez más cercano por exceso.'
Dado lo argumentado anteriormente, se ve que en el caso de que dos personas perceptoras de una PNC contrajesen matrimonio, dicha unión matrimonial supondría una reducción considerable de sus respectivas PNCs. Esta una medida que castiga el
matrimonio entre personas perceptoras de una PNC y su independencia a la hora de hacer posible su proyecto de vida independiente, al establecer una recarga económica a dicho proyecto personal.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a excluir del concepto de unidad económica de convivencia aquellos casos en los que se dé la convivencia conyugal de dos personas perceptoras de una PNC, a efectos de incompatibilidades y
cálculo de cantidades individuales a percibir, dejando intactas las cantidades que perciban ambos cónyuges en concepto de PNCs.
Esto afectará solamente a las cantidades que se perciban por PNCs y no al resto de ingresos de ambos cónyuges, que se regirán por la actual legislación.
Esta modificación se realizará tanto en el texto de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecieron y regularon las PNCs (Pensiones No Contributivas), como en el resto de legislación de desarrollo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2017.-Marta Sorlí Fresquet, Diputada.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
161/001682
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de fas Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la universalización de la
banda ancha de alta velocidad, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Exposición de motivos
En los últimos años España está dando un gran salto en cuanto al despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones de alta y muy alta velocidad que van a permitir que todos nos podamos beneficiar del potencial económico y social que
presentan las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Por un lado, las redes de telecomunicación y la conectividad son la base que sustenta toda la economía digital. Disponer de una conexión a internet a muy alta velocidad es esencial para que las empresas puedan tener acceso a las tecnologías
digitales más avanzadas, y aprovechar de manera plena las ventajas de la transformación digital, y permite a los ciudadanos disfrutar de los servicios y contenidos de ocio digital más avanzados.
Por otra parte, el disponer de acceso a internet a alta velocidad es uno de los instrumentos más importantes para garantizar la cohesión social y territorial. Cualquier ciudadano de una pequeña población al que se proporcione una conexión
de internet de alta velocidad va a poder disponer de servicios y contenidos equivalentes a quien viva en el centro de una gran ciudad.
Por ello es incuestionable que el objetivo de completar el despliegue y la cobertura de las redes de alta velocidad tanto fijas como móviles debe constituir una prioridad.
El Gobierno, en la décima Legislatura, y en el marco de la Agenda Digital para España, ha impulsado varias medidas de carácter normativo y programas de promoción que han dado importantes resultados desde el punto de vista del desarrollo de
las nuevas infraestructuras de alta y muy alta velocidad.
En el ámbito normativo, la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, que con un amplio respaldo parlamentario, ha creado en nuestro país un marco normativo favorable al desarrollo de las fuertes inversiones que requieren la
modernización de las redes. La disposición adicional decimoctava de la ley establece una serie de objetivos para lograr la progresiva universalización de la banda ancha.
Igualmente el proceso de liberación del dividendo digital ha permitido agilizar el despliegue de las redes móviles con tecnología 4G y ampliar su cobertura de una manera más eficiente.
Dentro de la Estrategia Nacional de Redes Ultrarrápidas, el Programa Nacional de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación, cofinanciado por el FEDER, está siendo uno de los principales instrumentos de la Agenda Digital para España en
materia de infraestructuras de telecomunicaciones, que está permitiendo avanzar en la extensión de una conectividad digital a muy alta velocidad en zonas del territorio que no son cubiertas en condiciones de mercado, principalmente en poblaciones de
pequeño tamaño. En las convocatorias de 2013 a 2016 se han concedido ayuda por valor de 119,4 millones de euros a 305 proyectos de 74 operadores, con una inversión total de 343,6 millones de euros. En estos cuatro años del plan se ha proporcionado
cobertura de banda ancha ultrarrápida a 3 millones de hogares y empresas en distintas localidades de 1.392 municipios que no disponían de acceso a estos servicios.
En este contexto, la importante inversión realizada por los operadores de telecomunicaciones, unida a las medidas de promoción del plan nacional de banda ancha, han permitido que España cuente hoy con la red de fibra hasta el hogar más
extensa de toda Europa, más de 25,7 millones de accesos instalados a junio de 2016. Asimismo, nuestro país dispone de una amplia cobertura de telefonía móvil 4G que da servicio al 94% de la población.
Pero hay que ir más allá para avanzar en el objetivo de la universalización de la banda ancha a la que se refiere la disposición adicional decimoctava de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, y adoptar nuevas medidas
específicas en el ámbito de la brecha digital, pues existen determinadas zonas con una muy baja densidad poblacional a las que las redes fijas y móviles convencionales no llegan por un principio de mera racionalidad económica, incluso con las ayudas
estatales del Programa Nacional de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación.
Por ello, debe articularse un programa que utilizando las tecnologías más adecuadas, como el satélite u otras tecnologías alternativas, permita que cualquier ciudadano, cualquier emprendedor, cualquier establecimiento o pequeña empresa
ubicada en zonas rurales o localidades de muy reducido tamaño, o en general, en ubicaciones en las que no se disponga de cobertura de banda ancha con la suficiente velocidad mediante las redes fijas y móviles convencionales pueda solicitar
conectividad a alta velocidad y disponer de un acceso con apoyo público.
Dicho programa deberá desarrollarse con respeto al conjunto de la normativa europea sobre ayudas del Estado.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Poner en marcha un nuevo programa que permita universalizar el acceso a internet a alta velocidad, ofreciendo apoyo público a los usuarios que lo soliciten y residan en zonas del territorio en las que no se dispongan de acceso mediante
las redes convencionales.
2. Incluir como beneficiarios de este programa tanto a los ciudadanos como a los autónomos y a las pequeñas empresas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001693
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
para poner en marcha planes efectivos para reducir la brecha digital, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Exposición de motivos
En los últimos años los operadores de telecomunicaciones han realizado un importante despliegue de redes que ha favorecido que nuestro país casi haya alcanzado el promedio de la Unión Europea en cuanto a conectividad. En la actualidad, el
77 % de los hogares tienen acceso a redes de banda ancha rápidas capaces de proporcionar como mínimo 30 Mbps. Esta es la visión general, porque si profundizamos y observamos con detalle las posibilidades de acceso de cualquier área geográfica nos
encontramos con diferencias considerables entre regiones y, especialmente, entre zonas urbanas y rurales (entre el 90% en ciudades y el 40% o menos en algunos pueblos) constituyendo una verdadera brecha digital geográfica.
Además, si analizamos los datos de conexiones reales, solo el 49% de los hogares con conexión está suscrito a la red fija de banda ancha rápida, muy por debajo de países europeos como Bélgica (81%), Portugal (63%), Irlanda (60%), o Bulgaria
(55%). Otra de las causas de esta baja penetración del uso de internet son unos precios de conexión a la banda ancha muy elevados (la conexión más barata a internet en España cuesta más del doble del coste medio europeo). Por ejemplo, nuestro país
es el único europeo en el que el precio de la conexión telefónica fija es el mismo que del paquete de conexión a banda ancha y teléfono fijo.
Pese a los triunfalistas mensajes del Gobierno del PP, la realidad es incontestable, España ocupa el puesto 14 entre los 28 Estados miembros de la UE en el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales de la Comisión Europea (DESI) de 2017.
Este índice evalúa los avances de los países de la UE hacia una economía y una sociedad digitales, agrupando una serie de indicadores en torno a cinco dimensiones: conectividad, capital humano, uso de internet, integración de la tecnología digital
y servicios públicos digitales.
Nuestro país presenta muchas debilidades, principalmente del lado de la demanda, con un crecimiento muy lento en el uso de internet, niveles de avance muy inferiores en materia de competencias digitales
básicas, (solo el 53% de las personas de entre 16 y 74 años de edad tienen competencias digitales básicas), y muy bajos niveles de confianza en el ámbito digital. Los porcentajes de uso de la banca online (54%) o las compras online (54%)
son todavía muy bajos comparados con la media europea (66%). Esta es una de las causas del poco uso de internet en general en nuestro país, ya que este tipo de aplicaciones (banca y compras online) son factores clave para la generalización del uso
de internet.
Gran parte de las causas del lento avance en los indicadores de este índice europeo hacia una economía y una sociedad digitales son como consecuencia del estancamiento sufrido durante los últimos años en políticas e inversión pública por la
falta de liderazgo político del Gobierno del PP.
La denominada 'brecha digital geográfica' que se observa entre las zonas rurales y las zonas urbanas, generada principalmente, por la falta de interés comercial de los operadores de telecomunicaciones y la ausencia o escasa iniciativa
política del Gobierno, está provocando situaciones de desigualdad de oportunidades entre territorios de una misma provincia. Lugares con baja penetración de la banda ancha, deficientes conexiones a internet, baja cobertura telefónica e, incluso
insuficiente señal de televisión, impiden la posibilidad de comunicación en tiempo real, las relaciones económicas, el trabajo a distancia, las compras en línea, los trámites administrativos, la firma electrónica, el uso de recetas electrónicas, el
acceso a la formación a distancia, etc. Estos problemas de conexión y la falta de servicios en las zonas rurales y aisladas, hacen muy difícil el arraigo y la consolidación de las personas en sus áreas de residencia y producción, y genera graves
problemas de despoblación.
Además, en las zonas rurales la brecha digital, tiene muchos más componentes, además del geográfico, que la agravan. Son zonas con una elevada proporción de personas mayores con un nivel de habilidades digitales nulo o mínimo, que
constituiría la brecha digital generacional. También habría que incluir, la brecha por condiciones económicas, bajo nivel de estudios, empleos de baja cualificación, mayoritariamente del sector primario, diferencias de género, personas con
discapacidad, etc.
Frente a todas estas carencias, las distintas administraciones se han puesto como objetivo modernizar y agilizar los trámites administrativos, con la sustitución del papel por la presentación de documentación online, ampliando cada vez más
la utilización de la firma electrónica hasta el punto de que resulta casi imposible realizar ciertas gestiones administrativas si no es por esta vía. Por poner un ejemplo, el 2 de octubre de 2015 entró en vigor de la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que obliga a las personas jurídicas y a las entidades sin personalidad jurídica a relacionarse electrónicamente con la Administración. Toda una contradicción, máxime si tenemos en cuenta los
datos sobre la brecha digital geográfica que padecemos en nuestro país.
La Ley General de Telecomunicaciones, aprobada por un amplio consenso en 2014, en su Disposición Adicional decimoctava, instaba al Gobierno a establecer una 'Estrategia Nacional de Redes Ultrarrápidas' con el objetivo de 'impulsar el
despliegue de redes de acceso ultrarrápido a la banda ancha, tanto fijo como móvil, de cara a lograr su universalización, así como fomentar su adopción por ciudadanos, empresas y administraciones, para garantizar la cohesión social y territorial'.
El Gobierno lo incluyó en la Agenda Digital para España como Objetivo 1 'Fomentar el despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad digital', e incluso diseñó un Plan de acción, 'Plan de Telecomunicaciones y redes ultrarrápidas',
con un eje específico de 'Fomento de la demanda'. Pero, los resultados son muy desiguales, tanto en el despliegue de las redes como en el fomento de su uso, y no han conseguido garantizar la 'cohesión social y territorial' perseguida.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y los agentes implicados, planes efectivos para reducir la brecha digital, con
acciones específicas para:
1. Garantizar el acceso universal a la comunicación por voz y a la banda ancha básica de acceso a internet en todas las zonas rurales, incluidas las de mayor dispersión, utilizando cualquier tipo de tecnología disponible.
2. Promover un precio asequible de acceso a la comunicación por voz y a la banda ancha básica de acceso a internet. Facilitar la existencia de ofertas en precios para colectivos vulnerables, de rentas bajas o con necesidades sociales
especiales.
3. Formar en competencias y habilidades digitales básicas a personas y colectivos en riesgo de exclusión digital.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2017.-María del Mar Rominguera Salazar y Óscar Galeano Gracia, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001698
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley sobre el desarrollo, seguimiento y evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Exposición de motivos
En septiembre de 2015, los Jefes de Estado y de Gobierno y Altos Representantes, reunidos en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, acordaron la puesta en marcha de una nueva serie de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
alcance mundial con la vista puesta en el horizonte de 2030. los ODS son un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad que tiene por objetivo fortalecer la paz y la libertad y combatir la pobreza en todas sus formas y
dimensiones. Con estos nuevos objetivos, se pretende retomar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y lograr lo que con ellos no se consiguió, además de hacer realidad los derechos humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad entre los
géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.
La nueva hoja de ruta pone en el centro una cuestión que había permanecido en un segundo plano en los últimos 15 años: el modelo actual es insostenible. Si queremos garantizar la vida y los derechos de las personas y el planeta, el modelo
económico, energético y social a seguir tiene que ser sostenible. Además de sostenible, la sociedad debe ser equitativa, implicando a todos los actores en su desarrollo y consecución, comprometiendo a todos los Estados del mundo para ello.
Los Estados firmantes del acuerdo acordaron implementar estos objetivos en su gestión y desarrollo de políticas públicas en todos los ámbitos y niveles, puesto que existen 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas a conseguir. Los
objetivos a implementar son los siguientes:
- Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
- Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
- Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
- Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
- Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
- Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
- Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
- Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
- Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
- Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países.
- Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
- Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
- Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
- Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
- Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a
la pérdida de la diversidad biológica.
- Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
- Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
Como se pueden comprobar, los ODS son transversales y abarcan desde ámbitos claramente imbuidos en el ámbito social, como la igualdad de género y erradicación de la pobreza, así como objetivos que tienen que ver con la sostenibilidad
energética, medioambiental y de las explotaciones agrícolas. Todo ello requiere de una coordinación y planificación global en cada Estado que ha de implicar al conjunto de todas sus administraciones, pero con un liderazgo claro.
Conscientes de la importancia de la Agenda 2030 y de la implantación y consecución de los 17 ODS y sus 169 metas, diferentes Estados de nuestro entorno han comenzado una reestructuración administrativa a fin de poder desarrollar, seguir y
evaluar la implantación de estos en sus políticas y administraciones. Así por ejemplo, en la República Federal de Alemania, el Ejecutivo ha asumido el liderazgo en cuanto a la implementación y desarrollo de los ODS ejerciéndose desde la Cancillería
el impulso de todas las políticas destinadas a conseguir estos objetivos, correspondiendo la coordinación de las políticas al Comité Estatal para el Desarrollo Sostenible y al Poder Legislativo, que cuenta con un Consejo Asesor Parlamentario sobre
Desarrollo Sostenible. En la República Francesa, el Primer Ministro francés ha asumido de manera personal el liderazgo de esta iniciativa, delegando la coordinación en unas figuras específicas creadas para tal fin: la Delegada Interministerial
para el Desarrollo Sostenible y la Comisión General para el Desarrollo Sostenible. El Poder Legislativo es parte activa en el Plan de Acción Nacional para el desarrollo de los ODS.
En el Reino de Noruega, la oficina de la Primera Ministra ha asumido el liderazgo del desarrollo de los ODS en este país, así como también la coordinación de las políticas destinadas a su consecución. El Poder Legislativo aquí posee un
importante papel fiscalizador, ya que aprueba, sigue el desarrollo y evalúa los resultados relativos a los ODS.
Estos son solo tres ejemplos de la multitud de formas organizativas que Estados de nuestro entorno están configurando a fin de dar cumplida cuenta de la implantación, desarrollo, seguimiento y evaluación de los ODS en su territorio. Unos
objetivos que han sido tomados muy en cuenta a la hora de desarrollar cualquier tipo de política. Una actitud que contrasta totalmente con la adoptada por nuestro Gobierno.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que el compromiso de nuestro país con los Objetivos de Desarrollo Sostenible debe ser real, siendo fieles a la palabra dada en los foros internacionales y no dañando, de nuevo, a la Marca
España dada la desidia política de los sucesivos Gobiernos. Todavía tenemos margen de maniobra hasta el año 2030 para implantar, desarrollar y conseguir los ODS. Es hora de que nos pongamos en marcha.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar para finales de 2017 un plan concreto de desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tenga como objetivo cumplir con la Agenda 2030 en la que asuma el liderazgo,
establezca responsables de coordinación de las políticas destinadas a dar cumplimiento a los ODS y mecanismos de fiscalización de estas en las que estén presentes Las Cortes Generales, teniendo que comparecer en estas de manera periódica para dar
cuenta de las metas alcanzadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2017.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/001680
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
declaración como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) del Corredor de Migración de Cetáceos de la demarcación marina levantino-balear, y a la aplicación de un régimen preventivo de protección de esta área, para su
debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Los niveles de la contaminación acústica submarina originados por la actividad humana se han incrementado en las últimas décadas. Este hecho pone en riesgo la supervivencia de poblaciones de fauna marina y, en especial, la de los cetáceos.
Para entender este fenómeno, cabe destacar el informe 'Visión general de los puntos negros de ruido submarino en el área Mediterránea', que cuenta con el auspicio de ACCOBAMS (Acuerdo sobre la Conservación de los Cetáceos en el Mar Negro,
Mar Mediterráneo y la Zona Atlántica contigua), que fue adoptado en el año 1996 y ratificado por España en el año 1999.
En el citado informe se recogen los niveles de ruido submarino provocados por puertos y marinas, proyectos industriales, como instalaciones petroleras y de gas, parques eólicos 'off-shore', la exploración sísmica comercial (principalmente
para la búsqueda de hidrocarburos) y científica, y los ejercicios militares, y su evolución en el periodo 2005-2015.
Las conclusiones muestran el aumento de presión acústica en el ámbito subacuático, y señalan las actividades de adquisición sísmica y de búsqueda de pozos de petróleo y gas como la principal causa.
En el año 2005, el área mediterránea afectada por los sondeos acústicos era de un 3,8%, mientras que en el año 2015 aumenta hasta el 27% de la superficie.
La identificación de importantes 'puntos negros de ruido submarino' ha puesto en evidencia que su localización coincide con áreas de gran importancia para las especies de mamíferos submarinos.
En las costas de Baleares, Cataluña y de la Comunidad Valenciana existe un corredor migratorio de cetáceos de gran valor ecológico y de importancia vital para su supervivencia en el Mediterráneo Occidental.
En este sentido, distintos estudios proponen su protección, así lo señala el Proyecto Mediterráneo ('Proyecto Mediterráneo para la identificación de las Áreas de Especial Interés para la Conservación de los Cetáceos en el Mediterráneo
Español') del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
En las conclusiones del 'Proyecto Mediterráneo' destaca la necesidad de proteger esta zona por el hecho de que concentra un gran número de cetáceos. Pero, además, se trata de un lugar de especial relevancia como zona de paso migratorio del
rorcual común hacía las áreas de cría y alimentación en el norte del Mediterráneo.
Este corredor tiene un indudable valor ecológico y científico y se halla actualmente sometido a graves amenazas, ya que la superficie de actuación de los doce Permisos de investigación de hidrocarburos 'Nordeste 1' a 'Nordeste 12'
solicitados por la empresa Capricorn Spain Limited (filial española de la petrolera escocesa Cairn Energy), en el golfo de León, frente a las costas de Cataluña y de las islas Baleares (BOE del 17 de enero de 2013), así como las áreas de adquisición
sísmica de los proyectos de prospección de hidrocarburos en tramitación de las compañías Spectrum Geo Limited en el mar balear y Services Petroliers Schlumberger en el golfo de León, se solapan espacialmente con la parte norte del mencionado
corredor de migración de cetáceos de la demarcación marina levantino-balear. Este hecho añade un elemento grave al impacto ya de por sí negativo de estos proyectos.
Al respecto del proyecto de Spectrum, cabe recordar que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del anterior MAGRAMA, en un informe de fecha 11 de noviembre de 2014, se opuso a su realización al afirmar que: 'teniendo
en cuenta la enorme superficie en la que se pretenden realizar los trabajos sísmicos, y el amplio periodo temporal, se considera que la potencial afección negativa sobre la
fauna marina presente en el área de actuación es de una magnitud suficiente como para desaconsejar que se desarrolle el proyecto'.
En el año 1976, el Estado español firmó el Convenio de Barcelona, que tiene por objeto la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación. Desde su formalización, los diferentes Estados miembros han adoptado diferentes acuerdos y
resoluciones.
En el caso que nos ocupa, es de interés el protocolo sobre Zonas Especialmente Protegidas y Diversidad Biológica en el Mediterráneo, mediante el cual se establece la lista de ZEPIM.
Todos los datos científicos disponibles recomiendan la declaración como ZEPIM de las aguas de las costas de Cataluña, Comunidad Valenciana y de las Illes Balears afectadas por el citado corredor.
El Gobierno balear, consciente de los efectos de esta recomendación, remitió, el pasado mes de septiembre, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la solicitud formal de declaración de ZEPIM del citado corredor.
Esta iniciativa se suma a la que ya había solicitado la Alianza Mar Blava en primera instancia y ha tenido buena acogida por parte del Estado español y por la Unión Europea. De hecho la CE ha destacado que la declaración contribuirá
ampliamente a la protección de las especies marinas, dando cumplimiento a los compromisos internacionales sobre protección de la biodiversidad marina; y confía que el Estado español proponga su declaración como ZEPIM en breve.
En efecto, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha iniciado ya de manera efectiva los trámites para la declaración de dicho corredor como ZEPIM, y así fue anunciado oficialmente por el MAGRAMA en la pasada 19.a
Conferencia de las Partes del Convenio de Barcelona (Atenas, febrero de 2016), anuncio que se hizo público desde este Ministerio mediante el oportuno comunicado de prensa.
Además, recientemente, el MAGRAMA, en el documento de respuesta de la División para la Protección del Mar sobre la consulta pública de la Propuesta de Programas de Medidas de las Estrategias Marinas Españolas, ha confirmado a la Alianza Mar
Blava y al Gobierno balear que en dicha propuesta se incluirá, en los documentos definitivos de los programas de medidas, este ZEPIM como uno de los nuevos espacios en los que ya se está oficialmente trabajando.
Por otra parte, la declaración de esta ZEPIM ha sido apoyada por el pleno del Parlament balear, el cual aprobó, de forma unánime, en su sesión plenaria del 16 de febrero de 2016, una Declaración Institucional instando al Gobierno español a
proteger el Corredor de Migración de Cetáceos de la demarcación marina levantino-balear como ZEPIM, así como a aplicar de forma inmediata un régimen preventivo de protección en esta área y medidas de reducción del ruido submarino.
Tras el Parlament balear se han sumado a esta petición el Govern balear (en la reunión del Consell de Govern del 27 de mayo pasado), la Generalitat de Cataluña (mediante Acuerdo del pasado 19 de julio), los Consells insulares de Mallorca,
Menorca y Formentera, más de 10 ayuntamientos de las islas Baleares y, de forma reciente, por el Ayuntamiento de Barcelona, así como las mayores ONG ecologistas de ámbito estatal (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Seo/Birdlife
y WWF).
Sin embargo, las amenazas antes mencionadas sobre este Corredor de Migración de Cetáceos de excepcional importancia ecológica siguen vigentes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. La Comisión de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a trasladar al Convenio de Barcelona la petición de declaración de Zona Especialmente Protegida de Importancia
para el Mediterráneo (ZEPIM) al citado Corredor de Migración de Cetáceos, del área marina localizada entre las costas de les Illes Balears, Cataluña y Comunidad Valenciana.
2. Con el objetivo de garantizar la conservación de los valores naturales por los que se ha decidido la declaración de la ZEPIM Corredor de Migración de Cetáceos, bajo el Convenio de Barcelona, la Comisión de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente del Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a aprobar de forma inmediata una orden ministerial que le dé soporte normativo y que establezca, entre otros, un riguroso régimen de protección preventiva, adoptando en él
medidas estrictas
de gestión de las actividades productoras de ruidos submarinos en la zona; estas medidas se mantendrán en vigor hasta la aprobación del correspondiente plan o instrumento de gestión de la ZEPIM.
3. La Comisión de Agricultura y Pesca , Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a aplicar una moratoria de efecto inmediato en relación a la presentación de nuevas solicitudes de permisos de
investigación, exploración y explotación de hidrocarburos; y a hacerla extensiva a los proyectos de exploración existentes.
4. La Comisión de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a la finalización y archivo definitivo de los expedientes en tramitación relativos a permisos de investigación de
hidrocarburos y de los proyectos de exploración existentes.
5. La Comisión de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a aprobar de forma inmediata un plan de reducción del nivel de contaminación acústica: submarina en el
Mediterráneo Español; estableciendo un registro de datos transparente sobre las fuentes de ruidos antropogénicos en este mar, el cual es, a su vez, parte del Plan de Acción actual de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina de la UE.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2017.-Sofía Hernanz Costa y Pere Joan Pons Sampietro, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001688
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la conservación y mejora de
la dehesa y control de la 'seca', para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Dentro de los ecosistemas europeos, la dehesa constituye un ecosistema único y peculiar por su especificidad al ser portador de una extraordinaria biodiversidad, a la par que contiene un conjunto de valores y cualidades medioambientales,
paisajísticos, culturales y económicos que le proporcionan un valor extraordinario, que la hacen merecedora de una especial atención y protección por parte de las Administraciones Públicas.
Según datos del Ministerio, se estima que en España existe una superficie de 3.515.920 hectáreas de formaciones adehesadas, con arbolado productor de bellotas, distribuidas en cinco comunidades autónomas: Andalucía, Extremadura, Castilla y
León, Castilla-La Mancha y Madrid. La dehesa proporciona pasto, bellota y ramoneo para la alimentación del ganado. Pero, al margen de otros aprovechamientos como el corcho en alcornocales, es la bellota el elemento diferenciador de sus productos
ganaderos, tanto de porcino como de vacuno, base de unas carnes de calidad y con unas características exclusivas que aprovecha un sector agroalimentario cada vez más pujante en el conjunto de la economía.
Desafortunadamente, en la actualidad, este valioso ecosistema viene arrastrando síntomas preocupantes sobre su conservación. En el orden de prioridades, probablemente, uno de los perjuicios más llamativos es la enfermedad de la encina
llamada decaimiento de la encina o la 'seca', por constituir este árbol, junto con el alcornoque, el principal basamento que sostiene todo el ecosistema de la dehesa.
El principal responsable del decaimiento es la podredumbre radical ocasionada por el patógeno Phytophthora cinnamomi. A esta amenaza se suman los efectos producidos por hongos productores de chancros y los ataques de insectos, como la oruga
lagarta o el escarabajo Cerambyx cerdo.
Los problemas que afectan a la dehesa no solo perjudican a sus explotaciones ganaderas, con especial incidencia en el cerdo ibérico, el ovino y el vacuno, sino que también se ven afectada la actividad cinegética, los servicios ambientales
que proporciona, el aprovechamiento de la biomasa, la mejora de la
calidad e industrialización del corcho o el impulso a la industria agroalimentaria con sus productos de alta calidad, así como la apicultura o el turismo rural, todos ellos elementos esenciales para la sostenibilidad del medio rural.
Se trata de un situación que se puede afrontar de forma coordinada entre las distintas administraciones. En muchas zonas rurales, preservar la dehesa en buen estado de conservación es una imperiosa necesidad para garantizar el mantenimiento
de toda la actividad socioeconómica que sustenta este ecosistema. De lo contrario, puede conllevar una merma de los recursos y, en consecuencia, el descenso de la población rural y el despoblamiento.
Pero la dehesa es más. Durante siglos, la naturaleza y la actividad humana han convivido en armonía y equilibrio, creando un modelo único de biodiversidad. En ella habitan especies tan emblemáticas como el águila imperial.
A falta de una renovación natural, la regeneración del arbolado pasa a ser un factor primordial para el mantenimiento de este ecosistema tan peculiar del área mediterránea, para lo cual se precisa colaboración público-privada y fomentar los
planes de uso y gestión de zona o comarcales, dotándoles de las medidas necesarias para su ejecución, especialmente para compensar el lucro cesante por no obtener rentabilidades durante el tiempo que los terrenos están sujetos a los planes de
regeneración arbórea.
Todos los actores que de una u otra forma interactúan en el ecosistema de la dehesa -Administraciones Públicas, propietarios, investigadores- están obligados a intervenir sin demora para racionalizar, consensuar y coordinar los esfuerzos
para eliminar o al menos paliar los efectos destructivos de las amenazas que se ciernen sobre la dehesa, en especial la 'seca', y garantizar la conservación y mejora de este ecosistema típicamente peninsular.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar el Grupo de Trabajo liderado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para analizar y buscar soluciones técnicas al problema de la 'seca' y, en general, a todas las causas del decaimiento de la
encina en las dehesas.
2. Elaborar un estudio que permita poner al día la situación actual del síndrome de la 'seca' y del resto de amenazas de la dehesa, para buscar posibles actuaciones futuras en el ámbito de la investigación y de la gestión, que permita
alcanzar los objetivos de conservación, mantenimiento, viabilidad y rentabilidad de la dehesa.
3. Que el estudio incluya un diagnóstico de los diferentes escenarios de actuación sobre la repercusión económica y social en todos los sectores afectados y muy especialmente al sector agroalimentario vinculado con la dehesa.
4. Realizar un diagnóstico sobre el manejo de la actividad ganadera, para proponer actuaciones de gestión del pastoreo equilibrada entre producción y conservación de los pastos y el suelo.
5. Evaluar las distintas alternativas de recuperación natural, regeneración, mantenimiento, tratamientos selvícolas y gestión del arbolado, estableciendo las líneas básicas para instrumentar los correspondientes planes de uso y gestión.
6. Crear, junto con las Comunidades Autónomas implicadas en cuyos territorios existan dehesas, un Comité lnteradministrativo que analice la forma de coordinar las actuaciones propuestas con el fin de buscar soluciones a este problema
partiendo de una información armonizada y homogénea sobre la situación de la dehesa. El Comité deberá reportar a la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural el resultado de sus decisiones y actuaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/001674
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la promoción de una mejor
coordinación de las rentas mínimas de inserción, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
Durante la crisis económica vivida en estos últimos años, muchos españoles vivieron situaciones muy duras de pobreza y de riesgo de exclusión social. Entre 2007 y 2011, España fue el país de la OCDE donde más creció la desigualdad. El
riesgo de pobreza aumentó cinco veces más rápido que en el conjunto de la Unión Europea, el número de parados se incrementó en más de 3.500.000 personas y el 65% del empleo que se destruía en Europa se perdía en nuestro país. Esta situación crítica
para el empleo comenzó su recuperación en el 2.o trimestre de 2013, punto de inflexión desde el que se encadenaron 11 trimestres consecutivos de crecimiento, al 3,2% durante el último ejercicio, y se crearon 500.000 puestos de trabajo al año.
Con el fin de hacer frente a la situación descrita, el Ejecutivo desarrolló numerosas medidas, entre las que se encuentran los programas de urgencia social, destinados a la obtención de bienes de primera necesidad, o el Plan Nacional de
Acción para la Inclusión Social 2013-2016, con una estimación presupuestaria de 136.600 millones de euros. Otro de los grandes esfuerzos del Gobierno de España ha sido aumentar el gasto social hasta que en 2016 supuso el 60% del gasto público.
Sin embargo, a pesar de las acciones emprendidas, todavía son muchos los retos a alcanzar. En la actualidad, 13.375.670 personas reciben una prestación del Estado (pensiones contributivas y no contributivas, asignación económica por hijo a
cargo, prestaciones LISMI, etc.), mientras que 616.885 lo hacen de las Comunidades y Ciudades Autónomas (rentas mínimas de inserción).
La distribución competencial del Sistema Público de Servicios Sociales provoca un trato desigual a la hora de percibir algunas prestaciones sociales. Las rentas mínimas de inserción, competencia exclusiva de las Comunidades y Ciudades
Autónomas, cuentan con diferentes sistemas de acceso, requisitos exigidos, medidas complementarias, duración o cuantía.
Es por ello que la aplicación de estos programas de ayuda a los más desfavorecidos, tratan de manera desigual a sus beneficiarios en función de su lugar de residencia, mientras que las situaciones de pobreza y exclusión social no distinguen
de territorios.
Desde el Grupo Parlamentario Popular somos conscientes de que la superación de la pobreza y exclusión social constituye uno de los grandes retos de nuestro tiempo y que la falta de coordinación entre el Estado, las Comunidades Autónomas y
las corporaciones locales en el diseño de una política transversal conlleva soluciones desiguales para combatir la pobreza y la exclusión en las diferentes partes del territorio nacional.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta al Gobierno la necesidad de:
1. Evaluar, junto con las Comunidades Autónomas y las entidades sociales, el actual modelo de rentas mínimas de inserción.
2. Impulsar la coordinación en el ámbito de la cooperación técnica y del respeto del actual reparto competencial, de los criterios de las rentas mínimas de inserción de las distintas Comunidades Autónomas para favorecer la igualdad de
oportunidades.
3. Impulsar, en el ámbito de la cooperación técnica, la colaboración entre las distintas administraciones autonómicas para que los perceptores de las mismas puedan cambiar de residencia sin perder su prestación.
4. Elaborar un mapa común que facilite el acceso y la transparencia de la información de los recursos existentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001687
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para que
el Gobierno ratifique la Carta Social Europea, para su debate en la Comisión Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
Actualmente se siguen sufriendo los efectos de una crisis económica cuya consecuencia más directa ha sido la reducción del gasto público y, por tanto, una completa disponibilidad sobre los derechos sociales. La educación, los servicios
sociales, la sanidad, derechos esenciales para garantizar la dignidad de las personas, se han visto reducidos e incluso anulados; todo esto a pesar de lo establecido en el artículo 10.1 de la Constitución Española, que dispone lo siguiente: 'La
dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos del otro son fundamente de orden político y de la paz social'. Todas estas políticas de reducción
del gasto público han venido dictadas por la Unión Europea para intentar evitar una intervención de nuestro sistema financiero, a pesar que algunos dirigentes lo hayan querido negar.
El Consejo de Europa, hoy más que nunca, representa una organización internacional necesaria para frenar el devenir mercantilista de la Unión Europea. Sus bases fundacionales, la defensa de los derechos humanos y la promoción de los
principios democráticos y del Estado de Derecho, tienen que custodiar el camino hacia el que se dirigen los Estados miembros de la Unión Europea, acuciados por el auge de la extrema derecha, por políticas poco tendentes a la salvaguarda de la
dignidad de la persona y por un descontento generalizado que está provocando una deriva del proyecto europeo, llevándolo a su hundimiento.
Del Consejo de Europa nos han llegado dos normas fundamentales: el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta Social Europea, ambas ratificadas por el Estado español y de obligado cumplimiento. En tiempos de crisis económica, con una
tasa de pobreza vergonzosa para un estado como el español (sin hacer mención a la tasa de pobreza infantil), la Carta Social Europea tiene que ser reivindicada en toda su amplitud y, así mismo, tiene que ser aplicada y respetada por los poderes
públicos. Según el informe FOESSA de 2016, el riesgo de pobreza sitúa al País Valenciá entre las regiones que peor tienen la salida de la crisis.
El Comité Europeo de Derechos Sociales, órgano garante del correcto cumplimiento de la Carta Social Europea, en relación con el Estado español, viene estableciendo desde 1988 que el SMI no garantiza un nivel de vida digno, entre otros
incumplimientos advertidos por este organismo. Por otra parte, viene advirtiendo al Gobierno español de la continua falta de información respecto al cumplimiento de otros preceptos, y que demuestra un absoluto menosprecio de las obligaciones
establecidas en la Constitución Española en relación al artículo 96.1 que establece que 'Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formaran parte del ordenamiento interno'.
Por si no fuera suficiente, y como prueba palpable del menosprecio que, hacia los derechos sociales, han demostrado la mayoría de los ejecutivos nacionales de este Estado, no han sido ratificadas ni la Carta Social Europea revisada ni el
Protocolo sobre Reclamaciones colectivas, normas fundamentales para una mejor garantía de estos derechos que, mediante el principio de indivisibilidad de los derechos fundamentales, poseen esta categoría y hubieran de ser protegidos como la libertad
de expresión o la prohibición de los tratos humanos degradantes.
Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Cumplir todos los preceptos de la Carta Social Europea, asegurando que cada unidad familiar tenga unos ingresos mínimos por encima del límite de la pobreza, incluyendo la adecuación del SMI (salario mínimo interprofesional) al establecido
por la jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales.
- Ratificar la Carta Social Europea, en su versión revisada para que tengan cabida derechos como la lucha contra la pobreza y la exclusión social y el derecho a la vivienda.
- Ratificar el protocolo de reclamaciones colectivas de la Carta Social Europea.
- Informar adecuadamente al Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa en las materias sobre las que no aporta la información adecuada, sabiendo que está incumpliendo un precepto constitucional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2017.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001689
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al acceso de los
farmacéuticos al historial farmacoterapéutico, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
El sistema sanitario español está siempre en continua evolución y progreso. El envejecimiento de la población, el aumento de la cronicidad y las nuevas necesidades asistenciales, aconsejan llevar a cabo reformas que permitan a los
profesionales sanitarios atender a los pacientes con la mayor optimización de recursos y de la manera más efectiva posible.
Para ello es fundamental la aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito sanitario. La implementación en el Sistema Nacional de Salud (SNS) de la receta electrónica, la historia clínica y la tarjeta sanitaria en los últimos años, con
un grado de implantación en la actualidad cercano al 90%, es una muestra representativa del trabajo realizado por la Administración Central y las comunidades autónomas para integrar la información clínica de los pacientes, incrementar la eficiencia
y la seguridad en la práctica asistencial y favorecer la optimización de todos los recursos disponibles en el sistema sanitario.
La receta electrónica interoperable garantiza la conexión de recetas prescritas en las distintas comunidades autónomas con la dispensación en farmacias dentro o fuera de su territorio. Esto evita errores en la prescripción, facilita los
tratamientos a los pacientes en sus desplazamientos, elimina visitas médicas y aumenta la eficacia del sistema.
Por su parte, la historia clínica digital interoperable posibilita los accesos informáticos a los datos clínicos de un paciente desde cualquier punto donde se realice su atención, y al propio usuario le permite el acceso a sus datos. En la
actualidad, más de 35 millones de personas ya disponen de información clínica interoperable en el Sistema Nacional de Salud. De este modo se mejora la práctica asistencial, apoyada en la información clínica disponible, independientemente de donde
se encuentre almacenada.
Sin embargo, y a pesar de todos estos avances, se hace necesario dar un paso más y ampliar las competencias de las oficinas de farmacia, de modo que se facilite a los farmacéuticos la información clínica para alcanzar una coordinación
efectiva con el resto de los profesionales sanitarios y garantizar un mejor uso de los medicamentos. El acceso seguro de los farmacéuticos al historial farmacoterapéutico del paciente facilitará, fundamentalmente, el seguimiento y control de los
enfermos crónicos y polimedicados.
Además, con esta medida se conseguirá avanzar en la integración de los profesionales farmacéuticos en el Sistema Nacional de Salud.
En conclusión, las medidas de modernización y digitalización antes referidas permitirán una mejor gestión de los datos de los pacientes, fortalecerán la seguridad de los tratamientos mejorando la calidad asistencial y redundando en beneficio
de la salud de los pacientes.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar el acceso seguro de los farmacéuticos a la información relativa a los medicamentos que el paciente está utilizando, tanto prescritos por el Sistema público como privado, con y sin
receta, especialmente en pacientes crónicos o polimedicados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001696
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley sobre el desarrollo, seguimiento y evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
En septiembre de 2015, los Jefes de Estado y de Gobierno y Altos Representantes, reunidos en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, acordaron la puesta en marcha de una nueva serie de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
alcance mundial con la vista puesta en el horizonte de 2030. los ODS son un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad que tiene por objetivo fortalecer la paz y la libertad y combatir la pobreza en todas sus formas y
dimensiones. Con estos nuevos objetivos, se pretende retomar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y lograr lo que con ellos no se consiguió, además de hacer realidad los derechos humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad entre los
géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.
La nueva hoja de ruta pone en el centro una cuestión que había permanecido en un segundo plano en los últimos 15 años: el modelo actual es insostenible. Si queremos garantizar la vida y los derechos de las personas y el planeta, el modelo
económico, energético y social a seguir tiene que ser sostenible. Además de sostenible, la sociedad debe ser equitativa, implicando a todos los actores en su desarrollo y consecución, comprometiendo a todos los Estados del mundo para ello.
Los Estados firmantes del acuerdo acordaron implementar estos objetivos en su gestión y desarrollo de políticas públicas en todos los ámbitos y niveles, puesto que existen 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas a conseguir. Los
objetivos a implementar son los siguientes:
- Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
- Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
- Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
- Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
- Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
- Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
- Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
- Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
- Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
- Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países.
- Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
- Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
- Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
- Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
- Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a
la pérdida de la diversidad biológica.
- Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
- Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
Como se pueden comprobar, los ODS son transversales y abarcan desde ámbitos claramente imbuidos en el ámbito social, como la igualdad de género y erradicación de la pobreza, así como objetivos que tienen que ver con la sostenibilidad
energética, medioambiental y de las explotaciones agrícolas. Todo ello requiere de una coordinación y planificación global en cada Estado que ha de implicar al conjunto de todas sus administraciones, pero con un liderazgo claro.
Conscientes de la importancia de la Agenda 2030 y de la implantación y consecución de los 17 ODS y sus 169 metas, diferentes Estados de nuestro entorno han comenzado una reestructuración administrativa a fin de poder desarrollar, seguir y
evaluar la implantación de estos en sus políticas y administraciones. Así por ejemplo, en la República Federal de Alemania, el Ejecutivo ha asumido el liderazgo en cuanto a la implementación y desarrollo de los ODS ejerciéndose desde la Cancillería
el impulso de todas las políticas destinadas a conseguir estos objetivos, correspondiendo la coordinación de las políticas al Comité Estatal para el Desarrollo Sostenible y al Poder Legislativo, que cuenta con un Consejo Asesor Parlamentario sobre
Desarrollo Sostenible. En la República Francesa, el Primer Ministro Francés ha asumido de manera personal el liderazgo de esta iniciativa, delegando la coordinación en unas figuras específicas creadas para tal fin: la Delegada Interministerial
para el Desarrollo Sostenible y la Comisión General para el Desarrollo Sostenible. El Poder Legislativo es parte activa en el Plan de Acción Nacional para el desarrollo de los ODS.
En el Reino de Noruega, la oficina de la Primera Ministra ha asumido el liderazgo del desarrollo de los ODS en este país, así como también la coordinación de las políticas destinadas a su consecución. El Poder Legislativo aquí posee un
importante papel fiscalizador, ya que aprueba, sigue el desarrollo y evalúa los resultados relativos a los ODS.
Estos son solo tres ejemplos de la multitud de formas organizativas que Estados de nuestro entorno están configurando a fin de dar cumplida cuenta de la implantación, desarrollo, seguimiento y evaluación de los ODS en su territorio. Unos
objetivos que han sido tomados muy en cuenta a la hora de desarrollar cualquier tipo de política. Una actitud que contrasta totalmente con la adoptada por nuestro Gobierno.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que el compromiso de nuestro país con los Objetivos de Desarrollo Sostenible debe ser real, siendo fieles a la palabra dada en los foros internacionales y no dañando, de nuevo, a la Marca
España dada la desidia política de los sucesivos Gobiernos. Todavía tenemos margen de maniobra hasta el año 2030 para implantar, desarrollar y conseguir los ODS. Es hora de que nos pongamos en marcha.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar para finales de 2017 un plan concreto de desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tenga como objetivo cumplir con la Agenda 2030 en la que asuma el liderazgo,
establezca responsables de coordinación de las políticas destinadas a dar
cumplimiento a los ODS y mecanismos de fiscalización de estas en las que estén presentes Las Cortes Generales, teniendo que comparecer en estas de manera periódica para dar cuenta de las metas alcanzadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2017.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001700
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, relativa a la modificación de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud.
Exposición de motivos
La protección a la salud es un derecho recogido en el artículo 43 de la Constitución. Y en la Ley General de Sanidad 14/1986, de 25 abril, está contemplado en el artículo 1.o. Asimismo, esta Ley creó el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, como órgano coordinador entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado, este Consejo quedo regulado en el capítulo X de la Ley 16/2003.
Y la garantía del derecho a la protección a la salud, no como un derecho a la sanidad, contraído solamente a la recepción de una asistencia en caso de accidente o enfermedad, sino contemplando la salud como un propio bienestar físico y
mental. Esto reflejado en el Real Decreto 63/1995, también aquí, está recogido, la garantía de la igualdad de toda la población en cuanto las prestaciones sanitarias y la inexistencia de cualquier tipo de discriminación en el acceso, administración
y régimen de prestación de los servicios sanitarios.
En la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, se establecen acciones de coordinación y cooperación de las Administraciones públicas sanitarias como medio para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de
la salud, con el objetivo común de garantizar la equidad, la calidad y la participación social en el Sistema Nacional de Salud:
a) Equidad, que garantice la igualdad al acceso a las prestaciones y, de esta manera, el derecho a la protección de la salud en condiciones de igualdad efectiva en todo el territorio y posibilite la libre circulación de todos los ciudadanos.
b) Calidad, que evalúe el beneficio de las actuaciones clínicas incorporando solo aquello que aporte un valor añadido a la mejora de la salud, e implicando a todos los actores del sistema.
c) Y, por último, participación ciudadana, tanto en el respeto a la autonomía de sus decisiones individuales como en la consideración de sus expectativas como colectivo de usuarios del sistema sanitario.
En esta Ley se regula la ordenación de las prestaciones. Se define el catálogo de prestaciones como el conjunto de servicios preventivos, diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores y de promoción y mantenimiento de la salud dirigidos a los
ciudadanos. Este comprenderá las prestaciones correspondientes a salud pública, atención sociosanitaria, de urgencias, prestación farmacéutica, la ortoprotésica, de productos dietéticos y transporte sanitario.
Las prestaciones sanitarias incluidas en el catálogo se hacen efectivas al formar parte de la cartera de servicio. La cartera de servicio del Sistema Nacional de Salud se aprueba por real decreto, previo acuerdo del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud. Las nuevas técnicas, tecnologías o procedimientos serán evaluados previamente a su incorporación a la cartera de servicios para su financiación pública.
En el capítulo II del Real Decreto 16/2012, está contemplado la fragmentación de la cartera de servicio: cartera de servicio común básica, cartera común suplementaria y cartera común de servicios accesorios del Servicio Nacional de Salud,
estas dos últimas con sus correspondientes copagos, dificultando en muchas circunstancias la accesibilidad y equidad de la protección a la salud.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el capitulo II del Real Decreto 16/2012 sobre la Cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, siendo sustituido por el capítulo I, sección la de ordenación de las
prestaciones, sección 2.ª desarrollo y actualización de la cartera de servicios y sección 3.ª de garantías de prestaciones, de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y calidad del Servicio Nacional de Salud, hasta nueva valoración por el Consejo
Interterritorial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2017.-Amparo Botejara Sanz, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú-Podem-En Marea.
161/001718
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para promover políticas de
envejecimiento activo, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
Dos de cada diez personas que residen en España tienen 65 o más años, es decir 9 millones de personas son consideradas mayores, mientras que los menores de edad apenas sobrepasan los 8 millones. Este nuevo escenario demográfico, en el que
las personas mayores superan a las menores de 18 años, se perfila como un verdadero reto.
Por ese motivo, los poderes públicos deben redefinir sus políticas teniendo en cuenta el progresivo envejecimiento de la población con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas mayores, asegurar su participación activa en la
sociedad, prevenir las situaciones de dependencia y lograr una verdadera solidaridad intergeneracional, todo ello garantizando el Estado del Bienestar.
La OMS define el envejecimiento activo como 'el proceso por el que se optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y mental durante toda la vida', es decir, se trata de potenciar y aprovechar al máximo las capacidades de la
persona cuando envejece.
En consecuencia, tanto a nivel nacional como internacional, existe un compromiso por facilitar la creación de una cultura del envejecimiento activo basada en una sociedad para todas las edades. En este sentido, la Unión Europea declaró 2012
como Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional; España, además de adherirse a esta celebración, ha fomentado los programas de turismo social y termalismo saludable del IMSERSO, el trabajo con las entidades sociales
y ha elaborado el Marco de Actuación para las Personas Mayores.
Sin embargo, a pesar de todas las medidas llevadas a cabo y de ser conscientes de que unos verdaderos hábitos de envejecimiento activo se traducen en mejor salud, mayor bienestar y superior calidad de vida, es necesario seguir profundizando
en políticas que promuevan el envejecimiento activo corno la mejor herramienta para la prevención de situaciones de dependencia y que apuesten por potenciar las capacidades de la persona cuando se hace mayor, eliminado así los estigmas asociados a
la vejez.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el marco de las políticas de envejecimiento activo y en colaboración con las Comunidades Autónomas, entes locales y los medios de comunicación social,
a promover la realización de campañas que promuevan la imagen positiva de las personas mayores, desechando estereotipos negativos y actitudes discriminatorias, para garantizar la igualdad de derechos para las personas de mayor edad y dando a
conocer a la sociedad el valor de envejecimiento activo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/001712
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado del Partit Demòcrata Europeu Català don Francesc Homs i Molist, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan, para su discusión en
la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a redimensionar la política de Cooperación Internacional al Desarrollo, de acuerdo con la posición de España en la esfera
internacional, con la dimensión de los desafíos de la Agenda 2030 y de las emergencias humanitarias.
Exposición de motivos
España ha sido el país del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) que en mayor medida y más rápidamente ha recortado los recursos destinados a cooperación. Entre 2010 y 2015 la ayuda oficial al desarrollo española se redujo casi un 70%,
pasando del 0,46% de la riqueza del país a representar el 0,13% en 2015, lo que nos sitúa en cifras de los años 80, cuando España no era un país del club de donantes. Esta realidad ha tenido efectos negativos en la imagen que proyecta hacia el
exterior, así como en el abandono de procesos de transformación institucional, social e individual, que han afectado a miles de personas en todo el mundo.
'Es preciso que España cumpla su compromiso de revertir el declive de la ayuda al desarrollo', este fue el principal mensaje que fue lanzado desde la OCDE tras la evaluación de la cooperación española realizada en el 'examen de pares' del
Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD). Erik Solheim, Presidente del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), señaló que 'La crisis económica ha sido muy dura en España, pero el país ha dejado claro su compromiso de recuperar los niveles anteriores del
presupuesto de ayuda y avanzar hacia el objetivo del 0,7%. El próximo Gobierno debe mantener este compromiso, ya que España es un socio valorado en las regiones a las que dirige su labor de ayuda.'
Los resultados del informe de la OCDE fueron demoledores y se alinearon con las alarmas lanzadas desde el sector de las ONGD. El informe tildó el cuarto Plan Director de 'documento de buenas intenciones' con más desafíos que realidades por
causa de los recortes. Además, estos se han dirigido principalmente a subsectores y estructuras de alto valor de nuestro sistema de cooperación como la ayuda humanitaria, las ONGD y la Agencia para la Cooperación Internacional y el Desarrollo
(AECID). La narrativa de la crisis y el mantra de la austeridad han hecho que España haya prescindido de una política clave para su papel en el mundo.
El Informe de la OCDE también muestra que el apoyo de España a los países menos adelantados está retrocediendo en comparación con otros países. El porcentaje de la Ayuda Oficial al Desarrollo bilateral española dirigida a los países menos
adelantados cayó a un 18% en 2014, según los últimos datos, frente a un 25% en 2012, en tanto que la media en el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) es del 26%. La ayuda total proporcionada por España a los países menos adelantados supone un 0,03%
de su RNB, mientras que el objetivo de NN.UU es del 0,15-0,20%. O también muestra que de las 22 recomendaciones formuladas en el último examen de Pares del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), España ha aplicado 5 recomendaciones plenamente, 12
parcialmente y 5 no han sido aplicadas.
Cabe recordar que en el año 2000, España se unió al resto de países para impulsar los Objetivos del Milenio y ahora, la comunidad internacional ha elaborado una nueva agenda de desarrollo sostenible que amplia los objetivos del 2000 para
erradicar la pobreza y favorecer un desarrollo sostenible e igualitario. La 'Agenda 2030' desgrana los objetivos para el período 2016-2030, donde España ha participado activamente y se ha puesto como objetivos: la erradicación de la pobreza, la
disminución de las desigualdades, la sostenibilidad en todas sus dimensiones, el enfoque basado en Derechos Humanos, y promover la igualdad entre hombres y mujeres. En un tiempo en el que se revela estratégica para poder
responder a los desafíos nacionales y globales de la 'Agenda 2030', España tiene que recuperar ese compromiso con la cooperación internacional.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revertir la política de cooperación internacional al desarrollo de modo que se corresponda con la posición de España en la esfera internacional, con la dimensión de los desafíos de la Agenda 2030 y de las emergencias humanitarias.
2. Recuperar progresivamente los recursos destinados a cooperación en los próximos Presupuestos Generales del Estado con el objetivo de avanzar hacia el compromiso de destinar el 0,7% a la Ayuda Oficial al Desarrollo, tal como recomienda el
Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD).
3. Presentar un informe sobre el cumplimiento de las 22 recomendaciones formuladas en el último examen de Pares del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD).
4. Presentar un informe sobre la estrategia en materia de cooperación internacional al desarrollo detallando los temas prioritarios, los objetivos de la estrategia, presupuesto e instrumentos de seguimiento y rendición de cuentas para la
'Agenda 2030'.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2017.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001715
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada doña Ana María Surra Spadea, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley
sobre la plena gestión de la Ayuda Oficial al Desarrollo del Gobierno español por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, para su debate en la Comisión de Cooperación internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
En 2004, el Ministerio de Asuntos Exteriores pasó a denominarse Ministerio de Asunto Exteriores y de Cooperación. Este cambio nominal pretendía ser la visualización de un cambio cualitativo de la cooperación estatal y de su relevancia en
las políticas gubernamentales.
En virtud de ello, sería lógico que fuera precisamente este Ministerio quien asumiera las competencias de desarrollar la política y el gasto de cooperación correspondiente al Gobierno español. No obstante, no gestiona ni un tercio del
Presupuesto computado como AOD desarrollado por la Administración del Estado, mientras que prácticamente 2/3 del presupuesto está gestionado por los Ministerios económicos.
Esto, más allá de cuestionar la propia voluntad del gobierno expresada mediante la modificación nominal del Ministerio, cuestiona también la eficiencia y eficacia de la ayuda, el aprovechamiento de los recursos e incluso las finalidades que
deben perseguir las políticas de cooperación al desarrollo de los países empobrecidos.
Así, se considera necesario que sea el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación quien centralice y controle toda la Ayuda Oficial al Desarrollo implementada por el Gobierno español, sin menoscabo de que se creen los mecanismos de
colaboración adecuados con otros Ministerios para la implementación de todos aquellos proyectos, programas o acciones que se consideren oportunos en virtud de la necesidad de una oportuna y concreta especialización y experiencia.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Realizar las modificaciones legales oportunas con el fin de que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación sea quien centralice y gestione toda la Ayuda Oficial al Desarrollo del Gobierno español.
2. Establecer, desde la gestión centralizada del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, los canales oportunos para la colaboración de los diversos Ministerios para el buen desarrollo en la implementación de los proyectos, programas
o acciones que motivadamente, en virtud de la eficiencia y eficacia, se consideren oportunos.
3. Enviar un informe anual, en el primer semestre del año con los datos del año anterior, a la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo sobre la participación de otros Ministerios en la Ayuda Oficial al Desarrollo, la
justificación de dicha participación en detrimento del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y los resultados obtenidos en virtud de esta.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2017.-Ana María Surra Spadea, Diputada.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Comisión de Cultura
161/001681
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley en
relación a la firma de un nuevo convenio entre la Secretaría de Estado de Cultura y el Ayuntamiento de Barcelona, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Atendiendo a los múltiples antecedentes jurídicos que amparan la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y que se expresan en las siguientes bases regulativas:
- Artículo 54.2 de la Ley 1/2006 de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del Municipio de Barcelona, en el contexto de la Ley de Grandes Ciudades (Ley 57/2003), en la cual se expone que la financiación de Instituciones con
amplia proyección y relevancia del Municipio de Barcelona, se realizará en los términos descritos en los convenios a los que se refiere el artículo 5 de dicha Ley.
- Los convenios firmados entre el año 2006 y el año 2011, en los cuales se otorgaba una financiación nominal a cargo del Presupuesto General del Estado para diversas actividades culturales realizadas directamente o a través de centros
culturales por el Ayuntamiento de Barcelona.
Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Barcelona realiza una labor ejemplar en el ámbito del desarrollo cultural, financiando la construcción, remodelación y el funcionamiento de múltiples equipamientos y proyectos cuya dimensión
sobrepasa el ámbito territorial catalán, tales como el Museo Picasso, la Fundación Tapies, el DHUB (centro de diseño), el Mercat de les Flors (principal centro coreográfico español), entre otros y de los cuales el Ministerio no forma parte de sus
órganos de dirección.
El Ayuntamiento de Barcelona financia una serie de actividades de desarrollo cultural en materia creativa y expositiva que implican una aportación significativa para el conjunto de la vida cultural española, tales como el Festival Grec, la
red de fábricas de creación, o la oficina de la capital internacional del libro (UNESCO), entre otros.
Por razones presupuestarias, los convenios que vinculaban ambas Instituciones dejaron de realizarse, sin que existiera cambio legal ninguno que lo justificara.
Tales relaciones deben recuperarse sin más dilación como consecuencia de un mandato legal y con el objetivo de promover una parte notable de la vida cultural barcelonesa y española, que se produce y genera beneficios culturales claramente
supramunicipales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a:
- Que a través de su Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y específicamente a través de la Secretaría de Estado de Cultura, a recuperar los objetivos de cooperación y participación cultural que se expresaron a través de los convenios
firmados entre los años 2007 y 2011.
- Acordar y firmar un nuevo convenio entre la Secretaría de Estado de Cultura y el Ayuntamiento de Barcelona con cargo al presupuesto de 2017.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2017.-José Zaragoza Alonso, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001685
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre la rehabilitación del Castillo de Monzón, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El Castillo de Monzón es una de las fortalezas más importantes de Aragón y del norte de España. De origen árabe (siglo X), el castillo perdió la bandera de la media luna en 1089 al conquistar Sancho Ramírez el lugar. Los templarios se
instalaron en 1143 como consecuencia del testamento de Alfonso I el Batallador y lograron que el castillo alcanzara la época de más esplendor. El Temple agregó murallas, torres, caballerizas, refectorio y dormitorios. La gran mole arquitectónica
descansa sobre roca terciaria. Al parecer, aquí estuvo la ceca ibérica Mansha y, según muchos autores, la Tolous del Itinerario de Antonino. En la época musulmana fue una fortaleza muy conflictiva. Por sorpresa o traición, la reconquistaron
Sancho Ramírez y su hijo, el infante-rey Pedro I (1089), e hicieron de ella la cabecera del reino de Monzón, capilla real de San Juan, palacio y ceca con moneda propia. El Cid pasó por esta fortaleza pactando con sus valías. En 1143, pasó a manos
de los templarios, quienes transformaron la fortaleza en convento, con edificios de estilo militar cisterciense, la capilla, el refectorio y su cisterna, los dormitorios, las cárceles de la Encomienda y la torre árabe fue habilitada como mansión del
comendador. El castillo llegó a ser cabecera de una amplia encomienda con 28 poblaciones del Valle del Cinca y Litera. Jaime I fue aquí educado por los templarios (agosto de 1214 a junio de 1217). Tras la caída del Temple, se apagó paulatinamente
con la posesión sanjuanista y diversos señores, sufrió violentos cercos durante las guerras de 1642, Sucesión e independencia. Y fueron sucesivas remodelaciones las que le dieron el aspecto actual. Y hasta 1892 fue utilizado como cuartel de
artillería.
Dado el elevado valor histórico y artístico, el castillo está catalogado como bien de interés cultural así como monumento nacional. Pero pese a este nivel de catalogación, el estado de conservación actual dista mucho de encontrarse en buen
estado. Tanto es así que a fecha de hoy el castillo permanece cerrado para el acceso de turistas y visitantes, dado un derrumbe en unos de los muros perimetrales de la fortaleza.
Una de las peculiaridades del monumento es que la propiedad del mismo la ostenta el Ministerio de Hacienda. Esto limita sobremanera las actuaciones de restauración a efectuar en la misma y es una de las causas del lamentable estado de
conservación actual.
Y dada esta situación, en los últimos años el castillo únicamente ha contado con intervenciones de urgencia para actuar en zonas de riesgo, todas ellas sufragadas y revisadas por la Dirección de Bellas Artes del Ministerio de Cultura. Pero
para que se hagan una idea, de 2006 a 2016, la inversión por parte del Gobierno Central en la fortaleza ha sido nula y las únicas actuaciones, de un importe menor, han ido a consolidar las laderas del cerro donde se ubica el monumento. Dicho esto
hay que señalar que con fecha 20 de febrero de 2017, doce años después de la última intervención, fueron adjudicadas las obras
de Consolidación y Restauración de las zonas de riesgo en el Castillo de Monzón (Huesca) Exp. 2016C1000197 por un importe de 569.137,27 euros. En dicha adjudicación se contemplaban actuaciones, como no, de urgencia destinadas a reducir el
riesgo de varias zonas de la fortaleza. Y lamentablemente, dadas las inclemencias meteorológicas unidas a la falta de inversión, con fecha 4 de febrero de este mismo año se desprendió un paño de gran tamaño del muro perimetral del Castillo lo que
ha hecho que se tenga que proceder al cierre temporal del acceso a la fortaleza.
Es por tanto necesario iniciar un cambio en cuanto a la planificación de las actuaciones, las intervenciones de urgencia son un mero parche más que una solución y todo debe pasar por un plan de actuación de rehabilitación y mantenimiento con
hitos temporales. Y en este sentido he de indicar que el Ayuntamiento de Monzón en el año 2005 elaboró un Plan Director del Castillo donde se recogen todas las actuaciones necesarias con un cronograma ordenando éstas en función de su urgencia.
Por lo tanto, estimarnos necesario establecer un compromiso inversor con actuaciones periódicas con tal de proceder a la rehabilitación del castillo. Porque estamos hablando de un Monumento Nacional de importante valor que además afecta a
la seguridad de los habitantes de una zona de la villa de Monzón.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que, con carácter urgente y a la mayor brevedad, el Ministerio de Cultura establezca un plan de actuaciones necesarias para rehabilitar por completo el Castillo de Monzón. Que la planificación de dichas actuaciones tenga en cuenta el
documento 'Plan Director del Castillo de Monzón' y las programe en función de su urgencia contando con hitos temporales.
2. Que el Ministerio de Cultura establezca partidas presupuestarias plurianuales de acuerdo a las actuaciones planificadas y que dicho plan sea suficiente para acometer la rehabilitación total del Castillo de Monzón.
3. Que una vez rehabilitado el monumento, el Gobierno Central estudie la transferencia de la propiedad del mismo a favor de la administración regional correspondiente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2017.-Gonzalo Palacín Guarné, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001702
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al homenaje y reconocimiento de la vida y obra de Gloria
Fuertes en el centenario de su nacimiento, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Gloria Fuertes García, poetisa madrileña, nació en el castizo barrio de Lavapiés el 28 de julio de 1917, con lo que este año se celebrará el centenario de su nacimiento. De origen humilde, su padre fue bedel y su madre costurera. Cursó
estudios de taquigrafía, mecanografía e higiene y puericultura, y con apenas cinco años ya dibujaba y escribía sus propios cuentos. Pero ella no quería ser niñera, ni costurera como su madre, así que, a pesar de la incredulidad de su familia, se
matriculó en Gramática y Literatura.
Con tan solo catorce años, en 1932, publicó su primer poema: Niñez, juventud, vejez... Dos años después, en 1935, aparecieron sus primeros versos en una revista infantil y dio sus primeros recitales en Radio Madrid. Ya nunca dejaría de
escribir poesía ni de pintar, con su cálida y particular voz, el aire con su bellas palabras.
Fue redactora de la revista infantil Maravillas, donde publicó cuentos, historietas y poemas dedicados a los más pequeños, al tiempo que compaginaba este desempeño con sus trabajos de secretaria en 'horribles oficinas', según ella misma
relató. Su primer libro de poemas, isla ignorada, se publicó en 1950,
con apenas diecisiete años. Poemas impagables, obras de teatro infantil, poesías escenificadas, colaboraciones en revistas femeninas donde publicó cuentos de humor, incluso organizó la primera biblioteca infantil ambulante que recorrió
pequeños pueblos, llevando libros a donde estos no llegaban; lecturas y recitales por cafés y bares de Madrid con el grupo, que funda junto a Adelaida Lasantas, Versos con faldas; directora de revistas poéticas como Arquero, y un sinfín de obras
líricas que no hacen más que agrandar su producción artística y humana.
Entre 1955 y 1960, cursó estudios de Biblioteconomía e Inglés en el Instituto Internacional y desde 1958 hasta 1961, trabajó como bibliotecaria en el Instituto Internacional, en la calle Miguel Ángel, de Madrid. En 1961 se traslada a los
Estados Unidos al obtener una beca Fullbright de Literatura Española, impartiendo clases en las universidades de Bucknell, Mary Baldwin y Bryn Mawr. A su vuelta, en 1963, da clases de español para americanos en el Instituto Internacional. Pero es
en 1972, cuando obtiene una Beca March para Literatura Infantil, lo que le permite dedicarse por entero a la literatura.
A mediados de los años 70 colabora activamente en diversos programas infantiles de TVE, siendo el popular Un globo, dos globos, tres globos y La cometa blanca los que la convierten definitivamente en la poeta de los niños. Recibe en cinco
ocasiones el Aro de Plata y un Aro de Oro de Televisión Española a la mejor escritora en 1976. En 1975, su libro Canguro para todo fue galardonado con el diploma de Honor del Premio Internacional de Literatura Infantil Hans Christian Andersen, lo
que la situaba entre los grandes autores universales de literatura infantil. Durante la década de los setenta, Gloria colabora en la inolvidable revista de humor La Codorniz, fundada por Miguel Mihura y en la revista Discóbolo.
El 22 de Noviembre de 1982, se estrena en el Teatro Lavapiés de Madrid su obra Las tres Reinas Magas, un auténtico clásico de la literatura infantil y que sigue siendo un referente para padres y niños de hoy en día. En 1985, le fue otorgado
el premio de poesía Ciudad de Baeza; en 1986, es galardonada con la Medalla del día Mundial de Cruz Roja; en 1987, en nombrada Dama de la Paz y en 1997, Socio de Honor de UNICEF.
Gloria Fuertes, 'autodidacta' y 'poéticamente desescolarizada', como ella misma se definió, forma parte de la Generación del 50 y del Postismo junto a Celaya, Blas de Otero, José Hierro, García Nieto, Ángel Crespo o Buosoño, entre otros,
siendo la única mujer de este selecto club. Pero la gran diferencia entre estos autores y Gloria Fuertes es, sin duda alguna, la capacidad de la poetisa de llegar al pueblo, de aglutinar a los niños, de repartir amor haciéndose querer. Si bien su
poesía nace, como la de los poetas de su generación, de la soledad, de la injusticia, de Dios y del amor, sólo ella consiguió conectar con la gente hasta conseguir hacerse parte de ella, no sólo por su literatura, también por su humanismo. Sus
metáforas curiosas y la musicalidad de sus versos, sencillos y cadenciosos, constituyen otras señas de identidad de esta gran artista.
Sin duda alguna, la Guerra Civil española la marcó profundamente. Su posición antibelicista y contra el absurdo del ser humano forma el eje troncal de su obra. Nadie como Gloria Fuertes refleja la brutalidad de la guerra, la penuria de la
escasez y el dolor de las ausencias y las perdidas con tanta musicalidad, con tanto sentido del humor, provocando las sonrisas más amargas, pero sonrisas, al fin y al cabo. Nadie como ella refleja en su poesía tanto dolor, tantas heridas y tan poco
rencor, tan pocas cicatrices.
Pero además de su trabajo literario, ampliamente reconocido, de su dedicación a los niños, de su reconocimiento en vicia -todos la querían-, y de su lucha por dar a conocer la poesía, y la palabra, y la literatura, Gloria Fuertes fue, según
dice ella de sí misma en su poesía, solitaria, religiosa, lesbiana, enamoradiza, soltera, feminista, fumadora empedernida, matera (en los años cincuenta ya era frecuente verla circular en su Vespa), pacifista, castiza y poeta. Y todo esto, cuando
no era nada fácil ser cualquier cosa que se apartase de los rígidos cánones de la época franquista. Su compromiso con la libertad, con el feminismo, con el respeto a la diversidad, con la cultura, con el humanismo, con los más débiles y menos
afortunados, con el medio ambiente, con la paz, dejaron una huella que merece reconocimiento y memoria.
Cuando murió en 1978, dejó toda su fortuna, valorada en más de 100 millones de pesetas, 'de las de entonces', al orfanato de la Ciudad de los Muchachos, del padre Silva, con lo que quiso reintegrar a los niños todo lo que estos le habían
dado, distinguiéndola siempre con su cariño y con la gran popularidad que en todo momento disfrutó.
Este 28 de julio del año en curso, se cumplirá el centenario del nacimiento de esta gran artista, excepcional mujer y pionera de la lucha por la igualdad, el pacifismo y el medio ambiente.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover, en colaboración con las Comunidades Autónomas y estrictamente dentro de sus competencias, el conocimiento y la lectura de la obra de Gloria Fuertes en escuelas y colegios, incidiendo en las etapas de infantil y primaria, en el
curso 2017/2018.
2. Otorgar a Gloria Fuertes a título póstumo la condecoración, medalla o galardón más oportuno en reconocimiento no sólo de su labor como poetisa sino como pionera en la lucha por la igualdad.
3. Honrar la memoria de Gloria Fuertes y su especial relación con la infancia y la juventud otorgando su nombre a la Biblioteca del Instituto de la Juventud (INJUVE) en Madrid.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2017.-Félix Álvarez Palleiro, Marta María Rivera de la Cruz y Guillermo Díaz Gómez, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001704
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley de apoyo
a la declaración de la Fiesta del Tambor de Moratalla, Región de Murcia, como fiesta de Interés Turístico Nacional, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La Fiesta del Tambor de Moratalla, municipio del Noroeste de la Región de Murcia, declarada de Interés Turístico Regional el 8 de enero de 1990, es una de las manifestaciones festivas y culturales más originales de cuantas se celebran en
nuestro país, para conmemorar las celebraciones de Semana Santa.
De origen incierto, aunque relacionado con la Semana Santa, es una tradición centenaria que compartimos con Mula, dentro de nuestra región, con Hellín y Tobarra, en la vecina Comunidad de Castilla-La Mancha; con Alcañiz, Híjar, Calanda en
Aragón o con Baena en la comunidad andaluza. No obstante, las características singulares de la tamborada de Moratalla, la hacen ser única en el conjunto de todas ellas.
La composición y tamaño de sus tambores, el atuendo de los nazarenos, con sus túnicas multicolores y, sobre todo, el redoble característico, diferenciado e inconfundible de los tamboristas moratalleros, la dotan de una originalidad que atrae
a una gran cantidad de visitantes cada año y la hacen merecedora, a nuestro juicio, de ser considerada como fiesta de Interés Turístico Nacional.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Apoyar al Ayuntamiento de Moratalla y a la Asociación de Tamboristas de esta localidad en la tramitación y obtención de la Declaración de interés Turístico Nacional de la Fiesta del Tambor de Moratalla.
2. Realizar, con la máxima celeridad posible, los trámites que le correspondan para la consecución de la Declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional, de la Fiesta del Tambor de Moratalla.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2017.-María González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Igualdad
161/001675
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al fomento de la
participación ciudadana, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La participación ciudadana en la vida política, económica, cultural y social se consagra con carácter general en nuestro país en el artículo 9.2 de la Constitución Española.
En el ámbito administrativo, la propia Carta Magna garantiza en su artículo 105 el funcionamiento democrático de las sociedades e introduce mayor transparencia en la gestión de los asuntos públicos.
Una democracia asienta sus pilares en el consentimiento ciudadano; por ello, la eficacia y la legitimidad de las políticas gubernamentales ha de pasar por una mayor información, consulta y participación activa de la sociedad, disminuyendo
los obstáculos que impiden a los ciudadanos conocer, comprender, comentar y colaborar en la toma de decisiones.
Un buen ejemplo en este sentido lo fue el borrador del 'Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno', que fue abierto a consulta pública electrónica por el Ministerio de la Presidencia entre el 26 de
marzo de 2012 a las 17:00 horas y el 11 de abril del mismo año a las 08:00; durante este período, la página web habilitada por Presidencia recibió un total de 78.107 visitas de ciudadanos interesados en la elaboración de la norma. Además, fueron
enviados 3.669 correos electrónicos con observaciones al Buzón 'BTZTransparencia' y se contabilizaron 14 entradas por registro, lo que supone un total de 3.683 observaciones que posteriormente se tradujeron en modificaciones y mejoras sobre el
primer texto publicado por el Gobierno.
Ese anteproyecto se convirtió en Ley en 2013 (Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno), con las propuestas ciudadanas incorporadas a su articulado.
En la mencionada consulta intervinieron tanto ciudadanos a título individual como organizaciones representantes de la sociedad civil vinculadas con la defensa del derecho a la información pública, entre otras instituciones.
Otro ámbito en el que existe amplia participación ciudadana es el Medio Ambiente. El 25 de junio de 1998 se aprobó en la localidad danesa de Aarhus el Convenio de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas sobre el acceso a la
información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
El citado convenio fue asumido por España mediante la aprobación de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de Medio
Ambiente, que incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE, cuyo Título III recoge el 'Derecho de participación pública en asuntos de carácter medioambiental'.
Familiarizar a la ciudadanía con el funcionamiento legislativo, e incentivar su participación en esos procesos es rentable, ya que favorece su compromiso con el ámbito público, incentiva una ciudadanía activa, defiende su arraigo en la
sociedad, mejora las relaciones entre las instituciones públicas y los ciudadanos, genera confianza y aumenta la responsabilidad de los gestores públicos.
Por esa razón, la participación de la ciudadanía en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y Reglamentos, viene establecido en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, que indica lo siguiente:
'1. Con carácter previo a la elaboración del Proyecto o Anteproyecto de Ley o de Reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de
las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
2. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal web
correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las organizaciones o
asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.
3. La consulta, audiencia e información públicas reguladas en este artículo deberán realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión,
para lo cual deberán ponerse a su disposición los documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia.
4. Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la
Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen.
Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el
apartado primero. Si la normativa reguladora del ejercicio de la iniciativa legislativa o de la potestad reglamentaria por una Administración prevé la tramitación urgente de estos procedimientos, la eventual excepción del trámite por esta
circunstancia se ajustará a lo previsto en aquella.'
En materia de igualdad entre mujeres y hombres, la participación de la sociedad civil, a través de las organizaciones del tercer sector, está establecida en el Consejo de Participación de la Mujer, creado por la Ley Orgánica 3/2007, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, órgano colegiado de consulta y asesoramiento que sirve de cauce para la participación de las mujeres en la consecución efectiva del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y
lucha contra la discriminación por razón de sexo. Se le atribuyen, entre otras funciones la de elaborar informes sobre las propuestas, planes y programas que puedan afectar a la igualdad entre mujeres y hombres, a iniciativa propia o cuando le sean
requeridos por los órganos competentes de la AGE, si como formular propuestas y recomendaciones en esta materia.
Por otra parte y en relación a la Violencia de Género, una práctica habitual es someter a la consideración de asociaciones especializadas, expertos y profesionales implicados en la erradicación de la violencia contra la mujer los distintos
instrumentos que vertebran la actuación del gobierno por el logro de una sociedad libre de violencia contra la mujer. Así ha sucedido con la vigente Estrategia Nacional para la erradicación de la violencia sobre la mujer 2013-2016, con los informes
anuales del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, y también con el II Plan Integral contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
La efectiva participación de los agentes implicados en la formulación de propuestas de actuación en materia de violencia de género, refuerza la eficacia y la legitimidad de las medidas adoptadas. La participación de la sociedad civil y
profesionales y es además un requisito exigido por el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica ratificado por España. El Observatorio estatal de Violencia sobre la Mujer
regulado por el Real Decreto 253/2006 es una manera de canalizar, una vez más, la participación de la ciudadanía a través de las organizaciones del tercer sector.
A medida que nuestra sociedad consolida sus estructuras democráticas, se hace más evidente la necesidad de progresar en el cumplimiento efectivo del artículo 14 de la Constitución Española. La igualdad real entre mujeres y hombres y la no
discriminación por razón de género, constituyen una fuente de integración social, bienestar y riqueza. Del mismo modo, la falta de equidad entre ambos sexos es una
de las raíces principales de la violencia de género. El interés y la preocupación evidentes hacia estos ámbitos hacen necesario el fomento de la participación ciudadana en materia de igualdad de trato, no discriminación y violencia de
género, más allá incluso de los cauces ya establecidos, normativamente a través de los consejos de participación mencionados.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, a partir de la legislación vigente, a garantizar el derecho de todos los ciudadanos a participar en los procedimientos para la toma de decisiones sobre asuntos que incidan directa o
indirectamente en materia de igualdad y violencia de género, y cuya elaboración o aprobación corresponda a las Administraciones Públicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001677
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre incorporación de la perspectiva
de género de forma transversal en las políticas y acciones que se lleven a cabo en materia de discapacidad, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Tradicionalmente, las mujeres con discapacidad se han encontrado aisladas socialmente. A pesar de los avances obtenidos en los últimos años, este tipo de discriminación, muy sutil algunas veces, sigue siendo un problema bastante grave y
alarmante.
En España, según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD), 2008, publicada por el INE, el número total de personas residentes en hogares españoles que declaran tener alguna discapacidad asciende a
3.847.900, lo que supone un 8,5% de la población. De estas personas, 2,30 millones son mujeres frente a 1,55 millones de hombres, lo que en términos relativos significa que si de cada 100 hombres siete presentan una discapacidad, en las mujeres
esta relación aumenta a 10 de cada 100.
Los datos estadísticos revelan que las mujeres con discapacidad tienen menores índices de formación y empleo que los hombres con discapacidad. Estas siguen sufriendo discriminaciones por doble razón de género y de discapacidad, hechos que
suponen una vulneración de los derechos que debe tener garantizados toda persona, con independencia de sus circunstancias.
Muchos de [os obstáculos a los que se enfrentan las mujeres con discapacidad son evitables. Por ello es necesario, tomando en consideración los instrumentos legislativos de los que disponemos y los conocimientos que se tienen sobre la
incidencia de género en los asuntos de discapacidad, incorporar la perspectiva de género de forma transversal en las políticas y acciones que se lleven a cabo en materia de discapacidad.
El valor que con ello se añade es la especificidad de las circunstancias, necesidades y requerimientos de las mujeres y niñas con discapacidad, contribuyendo así a atender de la manera más eficiente posible las demandas particulares de las
mismas, evitando, al mismo tiempo, que determinados grupos sociales queden excluidos de unos niveles adecuados de bienestar.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incorporar la perspectiva de género de forma transversal en las políticas y acciones que se lleven a cabo en materia de discapacidad, contribuyendo a superar las dificultades que impiden que
las mujeres y niñas con discapacidad participen plena y equitativamente en la sociedad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001699
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Manuel Villegas Pérez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de
Ley para la eliminación de las sujeciones mecánicas en el ámbito asistencial, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La sujeción mecánica o química de pacientes con enfermedad de Alzheimer, demencia senil u otro tipo de demencias o enfermedades neurodegenerativas, es una medida excepcional que limita la libertad de movimientos de los pacientes y que solo
debe de ser tomada en situaciones excepcionales de riesgo para la integridad, o bien de los pacientes o bien de terceros. Sin embargo, es desgraciadamente frecuente encontrarnos con porcentajes muy elevados de pacientes sometidos a sujeción
mecánica o química en comparación con estándares de otras naciones. Es frecuente el uso de dichas sujeciones como alternativa en casos de insuficiencia de personal, lo cual es completamente contrario a la legalidad y a la 'lex artis'. El uso de
estas sujeciones es, además de contrario a la dignidad de las personas, potencialmente lesivo. Está demostrado que produce atrofia muscular, úlceras por decúbito, heridas, disminuye la movilidad e incrementa el deterioro físico y mental de los
pacientes sometidos a estas técnicas.
Por todo ello y desde hace años existen en nuestro país asociaciones y fundaciones dedicadas a promover las residencias y centros geriátricos libres de sujeciones. Basados en su experiencia podemos afirmar que es posible minimizar el uso de
dichas sujeciones e incrementar la seguridad y el bienestar de los pacientes sin menoscabo alguno de su seguridad. Además, experiencias de otros países como Japón (donde están prohibidas) o EEUU donde se encuentran fuertemente limitadas indican
también que es posible regular y limitar su uso sin alterar sensiblemente el normal funcionamiento y rendimiento de los centros que albergan a estos pacientes.
Existe además un conflicto legal de derechos que precisa, en nuestra opinión una mejor regulación y una regulación nacional ya que afecta a derechos fundamentales tales como el derecho a la libertad física, a la integridad física y moral y a
no sufrir tratos inhumanos o degradantes, a la libertad, y los principios de dignidad humana y libre desarrollo de la persona. Por todo ello el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar los cambios normativos precisos, tras acuerdo en el Consejo Interterritorial de Salud, para que se proceda a solicitar a todos los centros y residencias geriátricos o centros de asistencia a personas con enfermedades mentales o
neurodegenerativas, a llevar un registro que incluya al menos los siguientes conceptos: Número total de pacientes, estado mental de los pacientes, número de pacientes con sujeción mecánica, causa que motiva la necesidad de la misma, medicación que
reciben los pacientes
y fecha y motivo de instauración, caídas sufridas por los pacientes, número de fracturas, heridas y úlceras por decúbito y necesidad de alimentación forzada.
2. Realizar los cambios normativos precisos, tras acuerdo en el Consejo Interterritorial de Salud, para que se proceda a hacer obligatorio la revisión periódica de la necesidad o no de sujeción mecánica por parte de un facultativo del
Sistema Nacional de Salud ajeno al centro y sin relación alguna con personal o propietarios que pudiera suponer conflicto de intereses. Dicho facultativo pertenecerá idealmente al centro de salud del área donde este localizada la residencia o
centro de asistencia del que se trate.
3. Establecer un programa de instauración progresiva de eliminación de las sujeciones mecánicas mediante la adopción de incentivos para aquellas residencias o centros que se inclinen por un sistema libre de sujeciones. Dichos incentivos
incluirán la priorización de dichas residencias en los conciertos así como, si fuera el caso, mejoras en las condiciones económicas de los mismos.
4. Promover mediante cambios en la normativa de edificación las reformas arquitectónicas y de mobiliario necesarias para disminuir la necesidad de sujeciones.
5. Se tratará en el seno del Consejo Interterritorial el establecimiento de un horizonte temporal para eliminar de los conciertos a entidades que no se hayan adherido a un programa de eliminación de sujeciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2017.-Diego Clemente Giménez, Francisco lgea Arisqueta y Marcial Gómez BaIsera, Diputados.-José Manuel Villegas Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001717
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesaria protección a las
mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La violencia de género es una de las mayores vulneraciones de los derechos humanos. Para acabar con ella, es necesario que cambien determinadas actitudes y comportamientos de la sociedad, de manera fundamental en los casos en los que se
dirige contra colectivos especialmente vulnerables, como las mujeres con discapacidad que sufren una doble discriminación.
En consecuencia, la violencia contra la mujer con discapacidad presenta elementos singulares que exigen la elaboración y puesta en práctica de protocolos socio-sanitarios y contenidos formativos específicos para la detección precoz, la
intervención y el apoyo a las víctimas.
Para llevar a cabo estas acciones de manera eficaz, es indispensable disponer de datos sobre la situación real de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, con el fin de facilitar la investigación de su incidencia, el
descubrimiento de posibles casos, el conocimiento de las causas de origen y el análisis de los efectos sobre estas personas.
A ello hay que añadir que las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género cuentan con mayores dificultades para expresar y denunciar los malos tratos sufridos. Esta falta de comunicación revierte negativamente tanto sobre las
afectadas como sobre los profesionales que atienden los servicios puestos a disposición de las víctimas, contribuyendo, de este modo, a la perpetuación de las situaciones de abuso.
Por ese motivo, los poderes públicos han impulsado numerosas herramientas dirigidas a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, como la incorporación del 016 online, la plataforma S-visual para mujeres con discapacidad
auditiva o el refuerzo del Servicio Telefónico de Atención y Protección a las Víctimas de la Violencia de Género, que es más accesible al estar adaptado a mujeres con discapacidad auditiva y dificultades visuales.
Por otra parte, España fue uno de los primeros países firmantes de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un firme compromiso internacional que implica el necesario
reconocimiento de que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación, que requieren medidas específicas para garantizarles el pleno disfrute, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales, de conformidad con el artículo 6 de la Convención.
En este sentido, el artículo 16 de la mencionada Convención prevé la adopción de medidas para proteger a las personas con discapacidad contra todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos relacionados con el
género.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Contemplar en las macroencuestas, así como en todas las encuestas e investigaciones sobre violencia de género promovidas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la obtención de datos desagregados referidos a la
discapacidad de las personas entrevistadas, garantizando, en todo caso, el respeto de la protección de datos de carácter personal recabados.
2. Fomentar el acceso en igualdad de condiciones de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, a los recursos puestos en marcha para la atención y protección integral, conforme al principio de accesibilidad universal.
3. Mejorar la información de los materiales para la prevención de violencia de género, así como su divulgación entre las asociaciones y entidades especializadas en discapacidad, con el fin de avanzar en la detección de casos y en la
adaptación de servicios que atiendan a dichas circunstancias.
4. Seguir impulsando el trabajo conjunto de los servicios profesionales y asistenciales vinculados a las políticas públicas de erradicación de violencia de género, mediante el intercambio de conocimientos y experiencias con los servicios y
colectivos relacionados con las personas con discapacidad.
5. Procurar la difusión de la información en formatos que sean accesibles para las personas con problemas de aprendizaje y discapacidades sensoriales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/001707
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias del Diputado don Miguel Anxo Fernández Vello, y de la Diputada doña Alexandra Fernández Gómez, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial relativa a la necesidad de adoptar medidas para la mejora de la seguridad vial en la N-VI a su paso por Outeiro de Rei
(Lugo).
Exposición de motivos
En anteriores iniciativas parlamentarias hemos expuesto al Ministerio de Fomento los numerosos problemas de seguridad vial existentes en la N-VI, tanto a su paso por la provincia de A Coruña como a su paso por la provincia de Lugo.
Una reflexión analítica y pausada nos llevaría a la conclusión de que la N-VI necesita verdaderamente un Plan Integral de rehabilitación y mejora para solucionar las numerosas deficiencias en materia de seguridad vial.
La verdad es que es una carretera estatal que el Ministerio ha abandonado en cuanto a inversión en mantenimiento o adecuación de tramos muy deteriorados o que carecen de las más mínimas medidas de seguridad.
Outeiro de Rei en Lugo es uno de los ejemplos de lo que estamos describiendo. Necesita desde hace tiempo que se realicen una serie de mejoras para garantizar a los habitantes de la zona la necesaria seguridad.
La N-VI divide esta localidad en dos lo que obliga a los vecinos y vecinas a cruzar en muchos puntos sin las debidas garantías debido a la falta de pasos peatonales. Ciertamente y dado su paso por el centro de la localidad podría afirmarse
que posee una estructura de travesía urbana y debería ser acondicionada como tal.
Así, es necesario instalar pasos peatonales, estudiar la ubicación de semáforos que regulen el tráfico a su paso por este núcleo, la instalación de una rotonda, un paso elevado u otro tipo de medidas que el Ministerio debería estudiar
conjuntamente con el ayuntamiento a fin de garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas.
Además, es vieja la demanda de aceras en los dos márgenes de la vía, desde la farmacia hasta las viviendas sociales. Otra de las preocupaciones de la villa es la permanencia de una casa medio derruida sobre la misma carretera al inicio del
pueblo.
Creemos que se trata de demandas perfectamente asumibles, que cuentan con una fácil solución si existe voluntad política y que no conllevan un gasto elevado, pero que redundarían de manera importante en la mejora de la seguridad vial en
Outeiro de Rei.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:
Adoptar medidas para mejorar la seguridad vial en la N-VI a su paso por Outeiro de Rei (Lugo), procediendo a la instalación de pasos peatonales para garantizar que los vecinos y vecinas crucen ambos márgenes con seguridad, ubicación de una
rotonda en el acceso a la autovía, estudiar la posibilidad de instalar semáforos o pasos elevados, y construir aceras en ambos márgenes en el tramo de núcleo urbano (desde la farmacia hasta las viviendas sociales).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2017.-Miguel Anxo Elías Fernández Bello y Alexandra Fernández Gómez, Diputados.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea.
161/001709
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la realización de obras de mejora de la seguridad vial
en la carretera N-332, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La carretera N-332, una de las carreteras más transitadas de España, presenta graves y acreditados problemas de seguridad vial a su entrada en el municipio de Santa Pola. Concretamente, las salidas hacia esta carretera son tremendamente
problemáticas: en dirección a Santa Pola, Elche y Torrevieja, la incorporación a la N-332 se produce desde un puente que culmina en un carril de aceleración insuficiente. Esto provoca que los vehículos tengan que reducir drásticamente la velocidad
y se produzcan retenciones y maniobras temerarias en la incorporación. Asimismo, los conductores que se dirigen hacia Alicante y al aeropuerto deben incorporarse a la N-332 desde un carril de aceleración de escasos metros.
El municipio de Santa Pola viene reclamando en múltiples ocasiones que el Ministerio de Fomento ponga en marcha el desdoblamiento de la nacional, como sucedió en 2014, cuando se le insistió al Ministerio de Fomento que debía realizar las
obras pendientes en la N-332 y mejorar los accesos al municipio. La Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Fomento, informó, el 23 de diciembre de 2009, mediante oficio, que estaban pendientes dos proyectos de mejora de los
accesos del municipio de Santa Pola, con claves 39-A-4410 y 33-A-4070.
En su respuesta a la pregunta para la que se solicitó respuesta por escrito sobre la situación de la carretera N-332 formulada por nuestro Grupo Parlamentario, con fecha de 30 de enero de 2017, el Gobierno comunicó que 'existen dos proyectos
en fase de redacción': dos proyectos de mejora, reordenación de accesos y acondicionamiento con claves 39-A-4410 y 33-A-4070, que 'se ejecutarán de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y la programación de actuaciones del Ministerio de
Fomento'.
A finales del pasado año, el punto negro de la N-332, en su kilómetro 88 a su paso por el municipio de Santa Pola, había sufrido un total de 24 accidentes desde el año 2009. El pasado 2 de marzo, conocíamos la noticia de que un motorista
resultaba herido grave en un accidente en la N-332, a la altura de Santa Pola, que se suma a los 3 accidentes ocurridos desde el mes de septiembre (uno de ellos, mortal), sin que se hayan abordado en ningún momento los riesgos presentes en ese punto
del vial de forma correcta.
El Ayuntamiento, en el pleno de septiembre de 2016, aprobó por unanimidad una moción del grupo municipal de Ciudadanos para reforzar las medidas de seguridad en la N-332 y para pedir la ejecución de los proyectos pendientes por parte de
Fomento.
Creemos que es urgente tomar medidas paliativas de estos riesgos. Una de las mejores maneras de evitar los accidentes es dando al conductor la máxima información posible sobre la vía en la que transita y las imprevistos que puede
encontrarse en su camino. Por ello, consideramos fundamental, como primera medida paliativa, la señalización de este tramo de vía corno punto negro, mediante señales verticales en cada uno de los tramos que conducen al tramo en cuestión, además, de
ejecutarse de inmediato las correspondientes obras de mejora de la seguridad vial.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Señalizar el tramo de la N-332, en su kilómetro 88, a su paso por el municipio de Santa Pola, como punto negro, mediante señalización vertical en cada uno de los tramos que conducen al tramo en cuestión, así como a extender esta medida
al resto de puntos negros de las carreteras nacionales, a fin de dar conocimiento al conductor de que debe extremar la precaución en dichos tramos.
2. Realizar inmediatamente las obras de conservación y mantenimiento en la N-332 en Santa Pola; en concreto, aunque no exclusivamente, el carril de aceleración de Gran Alacant en dirección a Alicante, el de incorporación de Gran Alacant a
Santa Pola y el paso soterrado de la entrada a Santa Pola, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad vial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2017.-Marta Martín Llaguno, José Cano Fuster e lrene Rivera Andrés, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/001690
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la promoción de un estilo
de vida saludable desde edades tempranas, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.
Exposición de motivos
España ha alcanzado un nivel de abundancia en la provisión de alimentos que influye directamente en la salud de su población y en el aumento de la esperanza de vida de la misma.
Paralelamente a este fenómeno, se ha ido extendiendo un interés social relacionado con la salud y la nutrición. La preocupación por una dieta equilibrada, la disposición para practicar deporte y la sensibilidad para interiorizar hábitos de
vida saludables, demuestran la relevancia que ha adquirido este asunto.
Sin embargo, que hoy en día haya más alimentos disponibles y una significativa concienciación sobre la importancia de realizar actividad física no implica que la población esté mejor alimentada y alejada del sedentarismo. Es más, nos
encontramos ante una sociedad polarizada en la que conviven personas con un adecuado estilo de vida y otras carentes de él, teniendo estas últimas más riesgo de sufrir obesidad o sobrepeso.
Por otro lado, el peligro de la mayoría de las enfermedades resultantes del sobrepeso y la obesidad, depende en parte de la edad de inicio de este problema. Por ese motivo la obesidad en la infancia y la adolescencia tiene consecuencias
para la salud, tanto a corto como a largo plazo.
En este sentido, la Organización Mundial de la Salud alerta que la obesidad infantil se está convirtiendo en uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI y calcula que hay 42 millones de niños con sobrepeso en todo el
mundo. En España, el 23,2% de los menores sufren sobrepeso y el 18,1% obesidad, según el estudio ALADINO 2015.
La obesidad y el sobrepeso, además de ser problemas de salud en sí mismos, son un factor de riesgo de aparición de enfermedades crónicas y una amenaza para la sostenibilidad del Estado del Bienestar, que requiere una solución en etapas
tempranas de la vida para conseguir un beneficio en la salud futura y también para establecer y lograr un mantenimiento del peso correcto desde la infancia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover, en colaboración con las Comunidades Autónomas y agentes implicados y desde los ámbitos sociosanitario y educativo, las medidas necesarias para sensibilizar a la sociedad, desde
edades tempranas, de la importancia de llevar un estilo de vida saludable basado en la práctica de actividad física y en unos hábitos alimentarios adecuados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Economía, Industria y Competitividad
181/000282
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con Respuesta oral en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad
Diputado don Josep Vendrell Gardeñes
Texto:
¿Está estudiando el Gobierno la sustitución definitiva del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2017.-Josep Vendrell Gardeñes, Diputado.
181/000283
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad
Diputado don Josep Vendrell Gardeñes
Texto:
¿La cuestión del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) o de otras malas prácticas de las entidades financieras españolas ha sido tratada con la Comisión Europea? ¿En qué términos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2017.-Josep Vendrell Gardeñes, Diputado.
181/000284
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad
Diputado don Josep Vendrell Gardeñes
Texto:
¿El Gobierno ha mantenido reuniones o contactos con plataformas de personas afectadas por el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarlos (IRPH) para tratar esta cuestión? ¿Con qué interlocutores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2017.-Josep Vendrell Gardeñes, Diputado.
181/000286
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad
Diputado don Josep Vendrell Gardeñes
Texto:
¿Considera el Gobierno que hay indicios de manipulación en el cálculo del Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios por parte de las entidades financieras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2017.-Josep Vendrell Gardeñes, Diputado.
181/000287
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad
Diputado don Josep Vendrell Gardeñes
Texto:
¿Ante las continuadas sentencias judiciales que establecen la nulidad del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) por ser una cláusula abusiva y el retorno a las personas afectadas de lo cobrado indebidamente, el Gobierno está
estudiando fórmulas para solucionar esta problemática evitando su judicialización?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2017.-Josep Vendrell Gardeñes, Diputado.
181/000288
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad
Diputado don Josep Vendrell Gardeñes
Texto:
¿Qué mecanismos de información y asesoramiento va a impulsar el Gobierno ante el elevado volumen, 1,3 millones de personas afectadas por el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2017.-Josep Vendrell Gardeñes, Diputado.
181/000289
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad
Diputado don Josep Vendrell Gardeñes
Texto:
¿El Gobierno considera necesario que las entidades financieras realicen provisiones específicas para hacer frente a las devoluciones de las cantidades cobradas indebidamente por el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2017.-Josep Vendrell Gardeñes, Diputado.
Comisión de Fomento
181/000274
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Miguel Barrachina Ros
Texto:
¿Qué valoración hace el Ministerio de Fomento, en términos de ganancia de competitividad internacional de nuestros aeropuertos, de la rebaja del 11% de las tasas aeroportuarias que AENA percibe de los usuarios, para los próximos cinco años
con la aprobación del Documento de Regulación Aeroportuaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2017.-Miguel Barrachina Ros, Diputado.
181/000275
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Miguel Barrachina Ros
Texto:
¿Qué efectos principales cree el Ministerio de Fomento que va a tener la aprobación del Documento de Regulación Aeroportuaria sobre los usuarios nacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2017.-Miguel Barrachina Ros, Diputado.
181/000276
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Félix Alonso Cantorné
Texto:
¿Con que justificación no quiere AENA mantener la concesión mayoritaria actual en la restauración del aeropuerto de El Prat para asegurar así las circunstancias y condiciones actuales y evitar la pérdida de condiciones laborales y puestos de
trabajo estables y de calidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2017.-Félix Alonso Cantorné, Diputado.
181/000277
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán
Texto:
¿Cuándo va a comprometer el Ministerio de Fomento el calendario que indique cuándo un ciudadano va a poder hacer el trayecto por ferrocarril entre Asturias y León a través de la Variante Ferroviaria de Pajares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2017.-Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado.