BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


SECCIÓN CORTES GENERALES


XII LEGISLATURA


Serie A: ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS


4 de abril de 2017

Núm. 73

ÍNDICE


Control de la acción del Gobierno


PROPOSICIONES NO DE LEY/MOCIONES


Comisión Mixta para la Unión Europea


161/001679 (CD) 663/000026 (S);Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación en relación a la política de Estados Unidos en la nueva Administración en relación a la Unión Europea … (Página 2)


Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas


161/001695 (CD) 663/000027 (S);Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la regulación de la publicidad del juego online … (Página 3)


161/001755 (CD) 661/000526 (S);Moción presentada por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea del Senado por la que se acuerda la creación de una Ponencia de estudio, en el seno de la Comisión Mixta para el Estudio del
Problema de las Drogas, sobre el cannabis y su posible regulación en el nuevo contexto nacional e internacional … (Página 5)

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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


PROPOSICIONES NO DE LEY/MOCIONES


Comisión Mixta para la Unión Europea


161/001679 (CD) 663/000026 (S)


La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


Autor: Grupo Parlamentario Socialista.


Proposición no de Ley sobre la situación en relación a la política de Estados Unidos en la nueva Administración en relación a la Unión Europea.


Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 3 habrá de hacerse, en su caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de
Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para la Unión Europea. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Senado, al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando
este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2017.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la situación en relación a la política de Estados Unidos en la nueva Administración en relación a la Unión Europea, para su debate en la Comisión Mixta para la Unión Europea.


Exposición de motivos


El arranque del mandato del presidente que dirige el país más poderoso del planeta se ha iniciado durante los primeros 30 días desde la convulsión planetaria por sus primeras decisiones, que han provocado una ola de rechazo a nivel global,
en las principales ciudades de los Estados Unidos y también en la Unión Europea.


El impacto de las primeras decisiones, desde los decretos para cerrar las fronteras a siete países, la construcción de un muro con México, el cambio en la política comercial, la polémica por la visita al Reino Unido, o los amagos de
presentar 'hechos alternativos' que falsean la realidad, entre otros aspectos, han provocado una ola de protestas en la sociedad civil estadounidense que también se está trasladando a otros países y que está provocando un impacto en políticas como
la inmigración y la política de asilo y de refugiados.


Más allá de las primeras acciones del nuevo presidente norteamericano, en el marco de la Unión Europea (UE) la situación tiene un impacto directo sobre los países miembros y sus políticas, y por supuesto tiene una incidencia directa en
temáticas fundamentales como la política comercial, la política

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migratoria, la política de refugiados, la política exterior, la política de defensa, y por supuesto la gobernabilidad global en este nuevo marco que además entronca con la situación que genera el brexit.


Es evidente por tanto que la nueva legislatura en España ha echado a andar en un momento de convulsión y de cambio en las relaciones internacionales y del modelo del orden mundial que se estableció tras la segunda guerra mundial, basado
sobre unas instituciones multilaterales y unas dinámicas más en entredicho que nunca por diversos líderes y gobernantes de los países más importantes del planeta. Esta situación puede ser una oportunidad si la UE teje una nueva hoja de ruta para
abrir espacios y líneas de actuación en contraposición de lo que está presentando la nueva Administración Trump, como por ejemplo en materia de comercio o de asilo.


Por eso, es necesario tener claro cuál va a ser la hoja de ruta de la Unión Europea en los próximos años ante el cambio de rumbo del líder geopolítico planetario.


Precisamente en la UE se produce en paralelo un momento de gran convulsión, especialmente por el inicio de la negociación del brexit sobre la gobernanza política y económica de la Unión, pero también por el auge de las fuerzas xenófobas y
euroescépticas, que tienen en el proteccionismo y la vuelta a lo nacional sus banderas y por los procesos electorales de este año que se van a suceder en Holanda, Francia y Alemania.


En este doble marco de inestabilidad política a nivel global y a nivel de la UE, España debe tomar una clara posición respecto al inicio de esta legislatura tanto a nivel internacional como en el marco de la UE, tanto en lo que respecta a
las relaciones con América Latina como en el Mediterráneo, tanto en aspectos como el libre comercio como las políticas en materia de derechos humanos, cambio climático, seguridad o defensa. Por eso es urgente saber el modelo que va a defender
España en un momento en que en Europa se vuelve a hablar de cooperación reforzada y de trabajar a diferentes velocidades dentro de la propia Unión.


Por todo lo anterior expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'La Comisión Mixta para la Unión Europea insta al Gobierno a:


1. Rechazar y condenar de forma frontal en el marco de la UE las políticas de falta de respeto a los tratados en materia de derechos humanos de los Estados Unidos, a la construcción del muro con México y las primeras decisiones en materia
comercial de la Administración de Estados Unidos.


2. Solicitar, en el marco de la Unión Europea, una reunión extraordinaria de los ministros de Asuntos Exteriores dedicada exclusivamente al impacto de la Administración Trump en las políticas comunitarias, y muy especialmente las relativas
a los derechos humanos.


3. Mantener puntualmente informado al Congreso de las conclusiones de dicha reunión, así como sobre las medidas y decisiones adoptadas en el seno de la Unión Europea en relación con las decisiones que afecten a la misma de la Administración
Trump.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2017.-Pere Joan Pons Sampietro, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas


161/001695 (CD) 663/000027 (S)


La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


Autor: Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Proposición no de Ley sobre la regulación de la publicidad del juego online.

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Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que es la Comisión Mixta la que insta al Gobierno a la adopción de las medidas correspondientes, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al
artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2017.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de
Ley sobre la regulación de la publicidad del juego online, para su debate en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas.


Exposición de motivos


Tras la entrada en vigor de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, que extiende su ámbito de aplicación a toda actividad de organización, explotación y desarrollo de actividades de juego de ámbito estatal realizadas a través
de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, se lleva a cabo en nuestro país una intensa actividad publicitaria, en especial, en televisión, radio e Internet, del juego online.


Esta publicidad, dadas sus especiales características, las consecuencias que en determinados casos produce la actividad que patrocina, así como la facilidad de acceso a esta actividad, requiere de una regulación específica. Por ello, el 17
de noviembre de 2011 fue firmado el Acuerdo de corregulación entre la Dirección General de Ordenación del Juego del entonces Ministerio de Economía y Hacienda, y la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol), en
materia de publicidad, patrocinio y promoción de las actividades de juego, que establece un marco de cooperación para el seguimiento de la publicidad de las actividades de juego. Este acuerdo, se complementaría con un nuevo acuerdo, firmado en
junio de 2012, que creó el Código de Conducta sobre Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego, cuya finalidad básica es la protección de los consumidores, especialmente de los menores de edad y de otros grupos vulnerables, en el marco
de las políticas de juego responsable, y entre las que destacan unas normas específicas para la emisión de comunicaciones comerciales a través de servicios electrónicos.


Sin embargo, la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego establece la necesidad de que se regule reglamentariamente la publicidad de este tipo de actividades, no dejándose únicamente limitada por la aplicación de un Código de
Conducta ético y sin valor normativo. El artículo siete de esta Ley, relativa a la publicidad, patrocinio y promoción de las actividades de juego, señala, concretamente, en su apartado dos lo siguiente:


'2. Reglamentariamente se establecerán las condiciones que se incluirán en los respectivos títulos habilitantes de la autorización de la actividad publicitaria y sus límites y, en particular, respecto a:


a) El envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente, que sólo será posible si ha sido previamente autorizado por su destinatario, de acuerdo
con lo previsto en el apartado primero del artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.


b) La inclusión de anuncios u otras modalidades publicitarias de los juegos en medios de comunicación y otros soportes publicitarios.


c) La actividad de patrocinio en acontecimientos deportivos que sean objeto de apuestas.


d) La inserción de carteles publicitarios de actividades de juego en los lugares en que se celebren acontecimientos cuyos resultados sean objeto de apuestas o loterías.

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e) El desarrollo de los concursos televisivos y las obligaciones de información sobre los requisitos esenciales del juego.


f) Cualesquiera otras que se establezcan reglamentariamente.'


En el año 2015, el último año de la X Legislatura, el entonces Gobierno publicó un Proyecto de Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego y de Juego Responsable, que corregía deficiencias del código autorregulador
y adaptaba nuevas modalidades de juegos surgidas a la normativa aplicable al juego. Sin embargo, este Real Decreto nunca vio la luz.


Por todo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar, previa consulta con organizaciones especializadas en la materia, así como asociaciones expertas en la prevención de las adicciones al juego online, un nuevo Real Decreto de
comunicaciones comerciales de las actividades de juego y juego responsable. Este Real Decreto deberá tener en cuenta:


a) Restricción de horarios con el objeto de proteger a los menores de las difusiones comerciales del juego online.


b) Limitación o prohibición de este tipo de publicidad en espacios destinados específicamente para menores o con gran presencia de éstos.


c) Realización de campañas de sensibilización y prevención de conductas adictivas y juego compulsivo.


d) Prohibición de que la publicidad de este tipo de productos participen menores de edad.


e) Evitar que promocionen eventos deportivos o equipos de categorías juveniles o inferiores.


f) Prohibición de promociones o regalos de crédito o bonos para realizar apuestas como reclamo publicitario.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2017.-María Sandra Julià Julià, Francisco Igea Arisqueta y Rodrigo Gómez García, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.


161/001755 (CD)


661/000526 (S)


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 28 de marzo de 2017, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.


Moción en Comisión.


Autor: Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Moción por la que se acuerda la creación de una Ponencia de estudio, en el seno de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, sobre el cannabis y su posible regulación en el nuevo contexto nacional e internacional.


Acuerdo:


Admitir a trámite, conforme al artículo 177.1 del Reglamento de la Cámara y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas; asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Congreso de los
Diputados, a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Sección Cortes Generales).


En consecuencia se ordena la publicación en la Sección Cortes Generales del BOCG, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 19 de diciembre de 1996.


Palacio del Senado, 28 de marzo de 2017.-P.D. El Letrado Mayor del Senado, Manuel Cavero Gómez.

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A la Mesa del Senado


Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley (Moción), para su debate en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de
las Drogas, con el objetivo de iniciar el debate sobre la regulación y control del cannabis, en una Ponencia de Estudio constituida al efecto, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones.


Exposición de motivos


El marco internacional de fiscalización de drogas que nos vincula (Convención Única de 1961, sobre Estupefacientes, Convenio de 1971, sobre Sustancias Psicotrópicas y Convención de 1988, contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Psicotrópicas), ha sido -objeto de una reinterpretación en la reciente Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el Problema de las Drogas en el Mundo, (UNGASS, por sus siglas en inglés), celebrada en Nueva York en
abril de 2016. Así se deduce- del Documento de resultados aprobado bajo el título 'Nuestro compromiso conjunto de abordar y contrarrestar eficazmente el problema mundial de las drogas', que plantea la admisión de interpretaciones flexibles de los
Tratados y de soluciones nacionales distintas para hacer frente al problema de las drogas. Especial atención debe prestarse al Documento citado cuando afirma que los tres Tratados:


'Ofrecen a los Estados partes suficiente flexibilidad para formular y aplicar políticas nacionales en materia de drogas con arreglo a sus prioridades y necesidades.'


Prueba de este nuevo enfoque, alejado del antiguo 'consenso de Viena', es que en la UNGASS no ha habido condena para los Estados que, globalmente -Uruguay- o en alguno de sus territorios -Alaska, Oregón, Washington y Colorado-, regulan el
ciclo completo del cannabis recreativo, desde la producción, hasta el consumo, pasando por la dispensación en farmacias, establecimientos comerciales, asociaciones de consumidores o a través del autocultivo.


Como es sabido, el 8 de noviembre del año pasado, coincidiendo con las elecciones presidenciales de Estados Unidos de América, otros cuatro Estados -California, Massachusetts, Maine y Nevada- han aprobado en referéndum la regulación del
ciclo completo de la sustancia. Por otro lado, no puede olvidarse que en más de treinta Estados está regulado el cannabis medicinal y que en otros países (Chile, Colombia, Puerto Rico, Alemania) también es legal el acceso por razones medicinales.


Además, Canadá regulará el acceso al cannabis recreativo en 2017, limitándolo en los casos que requieren protección frente a la sustancia -menores- y evitando que los beneficios de su tráfico vayan a los narcotraficantes.


La situación en España hoy es compleja y produce inseguridad jurídica. Años atrás se había encontrado una respuesta para el cannabis que evitaba el mercado negro, garantizando un cierto control en el acceso y en la calidad de la sustancia.
El consumo nunca fue delito y determinadas formas de abastecimiento y consumo colectivos eran toleradas por la Jurisprudencia menor que, con carácter general, extendía la construcción del 'consumo compartido' no delictivo a las actividades que se
desarrollaban en los Clubes Sociales Cannábicos. Las asociaciones de usuarios han funcionado durante dieciséis años, sin una normativa administrativa específica, mediante sistemas de auto-regulación que no han planteado, hasta hace unos meses,
grandes fricciones con la ley. Aunque hubo intervenciones policiales y se abrieron causas penales, en la mayoría de los casos, no se siguieron condenas por delito de tráfico de drogas. Pero esta situación no ha garantizado la seguridad jurídica;
además se han dado casos de desviaciones hacia prácticas comerciales que, en ninguna de las interpretaciones posibles, pueden conciliarse con la ley.


Hace cuatro años la estrategia de la Fiscalía General del Estado se modificó con la Instrucción 2/2013. Con ella se ordenaba a todos los fiscales acusar en el caso de las Asociaciones de producción y consumo de cannabis por delito de
tráfico de drogas y por delito de asociación ilícita o de integración en grupo organizado. Esto suponía una petición de pena mayor a la del solo delito de tráfico de drogas y, con ello, la posibilidad de llegar al Tribunal Supremo.


Recientes distintas Sentencias del Tribunal Supremo han condenado a dirigentes o socios de Clubes por delito de tráfico de drogas. Han establecido que, con carácter general, las actividades de producción y distribución de cannabis que se
realizan en estas asociaciones son delictivas.

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Se admiten que algunas asociaciones podrían no incurrir en delito, pero no se especifica cuáles son los criterios para que puedan actuar conforme a la ley. Y no se hace porque para el Alto Tribunal la única solución para dar una respuesta
no criminalizadora a estas asociaciones es una modificación de la legalidad que permita su actuación conforme a derecho. Es decir, se sitúa la solución en el ámbito parlamentario. En este sentido puede leerse en la Sentencia del Tribunal Supremo
484/2015, de 7 de septiembre, que se reconoce la existencia del debate sobre la regulación del cannabis, pero que no puede residenciarse tal debate en los Tribunales de Justicia:


'Ese debate no encuentra su escenario más adecuado de desarrollo en /os tribunales de justicia llamados a aplicar la legislación vigente todas las herramientas interpretativas que proporciona el ordenamiento y que se revelan especialmente
necesarias en relación a tipos legales como el que hemos de examinar ahora de contornos y perfiles poco nítidos, casi desbocados [...].'


Por otro lado, no puede olvidarse que el acceso al cannabis en condiciones de salubridad debería ser posible no solo a través de asociaciones de consumidores, sino por otras vías, como ya ocurre en otros lugares, por lo que deberían
estudiarse los sistemas de suministro en comercios especializados o en farmacias, sin olvidar la conveniencia de regular el autocultivo. Cierto es que el autocultivo destinado a satisfacer el consumo propio no es delictivo en España, pero no está
reglamentado; además, la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana, ha causado inseguridad dada la amplitud de conductas que considera sancionables.


Todo lo anterior contrasta con la evolución que puede observarse en la sociedad española y la percepción que tiene de los riesgos ligados al consumo del cannabis. Además, debe recordase que en España existe una creciente infraestructura
legal relacionada con el cannabis (1500 Grow Shops, 10 distribuidoras y 5 Ferias), lo que choca con el sistema penal y sancionador aplicable a la sustancia.


No puede desconocerse que dentro del territorio español existen Parlamentos que, o han aprobados leyes de regulación (es el caso del Parlamento Navarro, cuya Ley Foral 24/2014, de 2 de diciembre, reguladora de los colectivos de usuarios de
cannabis en Navarra, está pendiente de un recurso de inconstitucionalidad), o se han aprobado leyes que aunque no regulan específicamente, reconocen la existencia de los Clubes Sociales de Cannabis (es el caso del Parlamento vasco cuya Ley 1/2016,
de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias, está pendiente de un recurso de inconstitucionalidad) o están debatiendo iniciativas legislativas populares (así, en el Parlamento catalán se estudia una Proposición de Ley de
las asociaciones de personas consumidoras de cannabis -202-00090/10-), o han tenido una intensa actividad sobre el particular; en este sentido puede destacarse que la Comisión de Salud y Consumo del Parlamento vasco aprobó el 25 de abril de 2016,
la Proposición no de Ley 41/2016, sobre clubes sociales cannábicos (N.º de expediente 19/11/02/01/0891), instándose:


'A las Cortes españolas, al Gobierno del Estado y a la Administración de Justicia a efectuar avances sólidos, tanto en una regulación como en una Interpretación Jurídica consistentes, que permitan progresar de un modo decidido, al igual que
otros países lo están haciendo, por la senda de regular el consumo del cannabis, siempre desde la perspectiva de que se trata de un producto que conlleva riesgos para la salud.'


Por otro lado, no pueden olvidarse las Proposiciones no de Ley 161/002926, sobre la adopción de medidas necesarias para despenalizar los derivados del cannabis (2014), 161/003127, sobre la total despenalización del consumo y la tenencia de
cannabis y creación de una Ponencia para el Estudio del Problema de la Droga en aras a analizar la regulación del cannabis y sus derivados en España (2014) y 161/00545, sobre la regulación integral del cultivo, tenencia y consumo de cannabis en el
Estado español.


Para finalizar, cabe destacar el significativo número de propuestas y proposiciones legislativas que se han presentado en el Congreso durante estas primeras semanas del año 2017. A principios de febrero, el grupo parlamentario de Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC) presentaba una proposición no de ley, en la mesa del Congreso, en la que instaba al Gobierno a realizar 'una regulación integral del cultivo, tenencia en vía pública y consumo de cannabis'. Por su parte, el grupo
parlamentario de Ciudadanos presentaba, el pasado 20 de febrero, otra proposición en la que solicitaba la regulación del uso medicinal de los productos derivados del cannabis, para su debate en el Pleno del Congreso, la Comisión Mixta para el
Estudio de las Drogas y la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. A estas dos propuestas debemos sumarle la Iniciativa Legislativa Popular presentada en el Congreso de los Diputados, el pasado mes de

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diciembre, por el partido político Representación Cannábica Navarra (RCN), por medio de la cual se pretende conseguir medio millón de firmas para impulsar un cambio legislativo a nivel nacional, iniciativa que ya ha sido admitida a trámite
por el Congreso de los Diputados.


En conclusión el fenómeno del consumo de cannabis requiere de una profunda reflexión que pueda contar con todos los actores implicados, en este sentido la propuesta de una mesa de estudio, es la mejor herramienta para abordar esta discusión
con las máximas garantías de unas conclusiones objetivas científicas, que permitan abordar todas las iniciativas políticas surgidas al inicio del año para una reconfiguración consensuada de la actual regulación, hacia una más coherente y eficaz para
con la sociedad y el estado de derecho actual.


Es por todo lo anterior que el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente


Proposición de no de Ley


'La Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas acuerda la creación en el seno de dicha Comisión de una Ponencia de Estudio sobre el cannabis y su posible regulación en el nuevo contexto nacional e internacional, desde
planteamientos respetuosos con los derechos humanos, la evidencia científica, la realidad social, la salud individual y colectiva y la necesaria protección de los colectivos vulnerables.'


Palacio del Senado, 22 de marzo de 2017.-María Concepción Palencia García y Joan Comorera Estarellas, Senadores.-Ramón María Espinar Merino, Portavoz del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.