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BOCG. Sección Cortes Generales, serie A, núm. 164, de 16/01/2018
cve: BOCG-12-CG-A-164
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
SECCIÓN CORTES GENERALES
XII LEGISLATURA
Serie A: ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS
16 de enero de 2018
Núm. 164
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY/MOCIONES
Comisión Mixta para la Unión Europea
161/002707 (CD) 663/000053 (S);Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre un mayor impulso de la Unión Europea de la Seguridad y Defensa. Corrección de errores ...
161/002732 (CD) 663/000055 (S);Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios ...
161/002733 (CD) 663/000056 (S);Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a las orientaciones de política general en el proceso de negociación de la futura
reforma de la PAC ... (Página4)
Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas
161/002714 (CD) 663/000054 (S);Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la prevención de trastornos del espectro alcohólico fetal ... (Página7)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión Mixta para la Unión Europea
181/000680 (CD) 683/000095 (S) ;Pregunta formulada por el Diputado don Pere Joan Pons Sampietro (GS), sobre negociación española de la salida del Reino Unido de la Unión Europea ... (Página9)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY/MOCIONES
Comisión Mixta para la Unión Europea
161/002707 (CD)
663/000053 (S)
Advertido error en el 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, núm. 161, de 22 de diciembre de 2017, página 4, se subsana a continuación:
Donde dice: 'P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.'
Debe decir: 'P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Carlos Gutiérrez Vicén.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2018.
161/002732 (CD)
663/000055 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Proposición no de Ley relativa a la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que es la Comisión Mixta la que insta al Gobierno a la adopción de las medidas correspondientes, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al
artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para la Unión Europea. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2018.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión Mixta para la Unión Europea, relativa a la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios.
Exposición de motivos
El proyecto 'Base Erosion Profit Shifting (BEPS)', iniciado en el 2013 y promovido por la OCDE, afronta el importante reto de luchar contra situaciones y estructuras fiscales agresivas y abusivas que han llevado actualmente a que las
empresas puedan reducir drásticamente su base imponible, y por tanto, su
carga tributaria mediante el traslado de sus beneficios a territorios con baja o nula tributación que implican una pérdida de ingresos tributarios para las arcas públicas de los diferentes Estados miembros.
En septiembre de 2013, los líderes del G20 avalaron el ambicioso y extenso Plan de acción BEPS. Este paquete de 13 informes, publicados apenas dos años después, incorpora estándares internacionales nuevos o reforzados, así como medidas
concretas para ayudar a los países a hacer frente al fenómeno BEPS. A través de este plan se espera que todos los países miembros de la OCDE y del G20 se comprometan a adoptar de manera consistente las medidas relacionadas con treaty shopping (o
búsqueda del convenio más favorable), el informe país por país, la lucha contra prácticas tributarias perniciosas y la mejora de la resolución de conflictos. En otras áreas los países han acordado la dirección general que ha de seguir la política,
como por ejemplo: sobre desajustes derivados de los mecanismos híbridos, la limitación a la deducibilidad de los intereses, las iniciativas de declaración obligatoria o la normativa CFC (de las siglas en inglés Controlled Foreign Companies),
también conocida como norma de transparencia fiscal internacional.
Este paquete de medidas de acción contra BEPS de la OCDE ha servido de base a la Directiva Europea en la materia (Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión
fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior). Sin embargo, todavía existen determinados puntos cruciales en la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscal internacional que la Unión Europea no aborda en esta
directiva.
Tal y como la OCDE reconoce en sus trabajos preparatorios del proyecto BEPS, los actos perjudiciales tienen actualmente su fundamento en planificaciones fiscales agresivas por parte de las empresas, pero también son resultado de políticas
gubernamentales. No sólo debe, por tanto, ponerse el énfasis en evitar las primeras mediante normas anti-abuso armonizadas, sino también abordar directamente y sin ambages las segundas, con una clara voluntad política. En ese sentido, cualquier
directiva que pretenda luchar contra los BEPS tendría que incluir:
a) No sólo una modificación normativa a nivel comunitario sobre las bases imponibles las empresas, sino también sobre los tipos impositivos. Es así cómo puede evitarse no sólo el traslado de beneficios al exterior, sino también otro de los
grandes problemas actuales: la competencia fiscal entre los países de la Unión Europea para ver quién ofrece la presión tributaria más baja para las empresas. Como ejemplos más significativos tenemos los de Irlanda y Luxemburgo, con tipos
impositivos sobre los beneficios de las empresas drásticamente inferiores a los de la media de la Unión Europea.
En materia de cláusulas anti-abuso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea exige que las mismas afecten única y exclusivamente a montajes puramente artificiales, siendo legítimo el ejercicio de las libertades comunitarias que persiga
exclusivamente la obtención de un beneficio fiscal. Por ello, para revertir esta situación que produce efectos perniciosos para los ingresos tributarios de los Estados, se necesita una apuesta decidida para evitar la competencia fiscal entre los
miembros, asegurando, a modo de ejemplo, unos tipos efectivos mínimos exigibles en el Impuesto de Sociedades, al igual que ocurre con otros tributos con normativa comunitaria (como el Impuesto sobre el Valor Añadido).
b) Medidas concretas para la eliminación de los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales siguen siendo el mayor problema que la Unión Europea debe afrontar para evitar el fraude fiscal internacional. Aún persisten, dentro del Espacio
Económico Europeo, conductas gubernamentales que defienden expresamente el secreto bancario y el ocultamiento de información a las Autoridades Judiciales de los países miembros. Estas situaciones deben ser contundentemente acometidas por la
normativa comunitaria.
En particular, entre otras medidas, debería establecerse una lista única de paraísos fiscales a nivel europeo, formando parte de la misma todos aquellos territorios que mantengan opacidad con cualquiera de los países que forman parte del
territorio comunitario, exigiendo el traslado e intercambio automático de información con los mismos y penalizando a aquellas empresas que realicen actividades comerciales con estos territorios.
Entendemos que sin estos dos mimbres, los retos fundamentales que se mencionan en el Proyecto BEPS de la OCDE y en la consiguiente directiva de la UE, no acaban de afrontarse, corriendo el riesgo de que ambos acaben en una mera declaración
de buenas intenciones.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a urgir a la Comisión Europea a iniciar un proceso legislativo que acometa las siguientes cuestiones:
a) Fijación de unos tipos impositivos efectivos mínimos para los beneficios de las empresas (Impuesto de Sociedades) en todos los territorios de la Unión Europea, articulando los medios necesarios para evitar la competencia fiscal entre los
Estados miembros y zonas de influencia del Espacio Económico Europeo.
b) Implementación de normas anti-abuso dentro de la Unión Europea para evitar planificaciones fiscales agresivas por parte de las empresas, armonizando dichas normas con carácter general en todo el territorio comunitario y Espacio Económico
Europeo.
c) Endurecer la legislación en la lucha contra los territorios de baja o nula tributación y los paraísos fiscales, fijando una homogeneidad legislativa de todos los Estados Miembros.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2017.-Sònia Farré Fidalgo y Pablo Bustinduy Amador, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002733 (CD)
663/000056 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Proposición no de Ley relativa a las orientaciones de política general en el proceso de negociación de la futura reforma de la PAC.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, entendiendo que es la Comisión Mixta la que insta al Gobierno a la adopción de las medidas correspondientes y entendiendo que la creación de una Ponencia de estudio en el seno
de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para dar seguimiento al proceso de negociación de la reforma de la PAC se haría por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al
artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para la Unión Europea. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2018.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, la presente Proposición no de Ley relativa a las orientaciones de
política general en el proceso de negociación de la futura reforma de la PAC, para su debate y aprobación en la Comisión Mixta de la Unión Europea.
Exposición de motivos
El pasado 29 de noviembre, la Comisión Europea hizo pública la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo, y al Comité de las Regiones, que lleva por título 'El futuro de los alimentos
y de la agricultura' (COM 2017-713 final). Este documento marca el inicio oficial de las negociaciones que nos llevarán a la futura reforma de la Política Agraria Común (PAC) en el escenario de 2020.
Atrás quedan nueve meses en los que se han producido las primeras conversaciones y consultas, y que han servido de base para la elaboración del documento público.
La Política Agraria Común en sus 60 años de historia ha sido una de las políticas más relevantes en el proceso de construcción de la Unión Europea. Su amplia cobertura y extensión territorial ha contribuido a la cohesión social y económica,
y ha permitido conformar, al menos en las primeras décadas, una estructura social y económica en el medio rural, en la cual el modelo de agricultura familiar ha sido fundamental. Los principios y objetivos que la inspiraron siguen siendo válidos, y
son compartidos en su esencia por la mayoría de los actores implicados, el conjunto de estados miembros, y así los vuelve a recoger la Comisión en su documento. Sin embargo, también es cierto que la PAC ha sufrido un proceso de deslegitimación
social sin precedentes debido a la clamorosa injusticia en su distribución y a los impactos ambientales y sanitarios del modelo productivo que promueve. En el reto de la legitimidad social, económica y política es donde la PAC se juega su futuro.
La PAC representa el 37,8% de todo el Presupuesto Comunitario. A España le corresponde el 12,6% del total, es decir, 43.996 millones de euros para el actual periodo 2014-2020. Del total de los fondos disponibles, el 71,3% se destina a los
pagos directos lo que equivale a 35.705 millones, y 8.291 millones de euros para Desarrollo Rural. Una cantidad muy importante para un país que ha tenido que recortar en los últimos años de crisis muchas partidas de gasto. De un presupuesto medio
anual del MAPAMA en torno a 10.000 millones de euros, cerca del 75% proceden de la PAC. Este monto económico se verá afectado sin duda por las negociaciones finales del Brexit y este hecho representa una de las grandes incertidumbres para el
próximo periodo de programación. Estas cifras justifican sobradamente la necesidad de que la posición y las propuestas que España va a defender en la próxima reforma de la PAC sean discutidas y aprobadas en sede parlamentaria, al igual que el
resultado final de las negociaciones.
La PAC es una política pública y una de las últimas políticas económicas activas. El proceso de consulta ciudadana impulsado desde la Comisión Europea sobre el Futuro de la PAC en el que participaron más 320.000 personas, mostró que la PAC
ha dejado de ser una preocupación exclusivamente sectorial. Los resultados de la consulta presentados el pasado 7 de julio de 2017 mostraron esto de forma evidente. Si queremos mantener el carácter central de esta política para la Unión Europea,
su desarrollo debe ser acorde con los objetivos generales que el conjunto de la sociedad le asigna. El derecho a una alimentación saludable y nutritiva, el sostenimiento de rentas justas para el sector, el mantenimiento de activos agrarios, la
transparencia y justicia en el funcionamiento de la cadena alimentaria, la generación de empleo en el medio rural, el apoyo al desarrollo rural que pasa por la diversificación económica y la lucha contra la despoblación, la sostenibilidad ambiental,
la contribución a la mitigación del cambio climático, los objetivos de bienestar y derechos de los animales son los objetivos a los que la futura reforma de la PAC deberá de responder. La futura PAC debe caminar hacia una política alimentaria que
deberá atender a las demandas crecientes de consumidores cada vez más consciente sobre cuestiones sociales, ambientales y relacionadas con la salud.
La justicia en la distribución de las ayudas es el segundo escenario donde la PAC se juega su legitimidad. La injusta distribución actual tiene un primer eje en la identificación de los y las perceptoras de pagos directos de la PAC, y es
que pese a la intención de la Unión Europea de eliminar 'los agricultores de sofá', lo cierto es que este objetivo no se ha logrado en el periodo actual de programación. De los 842.343 perceptores, tan solo 365.987 están dados de alta como
agricultores y agricultoras en la seguridad social, lo que significa que en torno a un 60% no tienen la agricultura como fuente fundamental de empleo o renta. Pero además el 40% de los perceptores tienen más de 65 años, es decir, deberían estar
jubilados y jubiladas y cobrando una pensión digna. La mayoría de los actores económicos y políticos están de acuerdo en que la PAC debe ir dirigida sin trampas y sin retrueques, al agricultor o agricultora que ejerce la actividad de manera
profesional.
La sociedad sabe a estas alturas que el 16% de los perceptores reciben el 76% de las ayudas, y mientras que un perceptor medio de la PAC en España cobra unos 5.125 euros al año, y hay 354.074 que reciben menos de 1.250 euros, 243
perceptores, es decir, un 0,03%, cobran cada uno una media de más
de 1 millón de euros al año; y reciben más que el 45% de los perceptores que menos cobran. Pero, además, y como consecuencia de la regla de distribución, tan solo el 31% de las personas perceptoras son mujeres, pero además, al tener
explotaciones más pequeñas, solo reciben el 18% de los fondos. Además, tan solo un 5,72% son jóvenes menores de 35 años.
Estando de acuerdo en la necesidad de un marco de convergencia para las ayudas, sin embargo, entendemos que la Política Agraria debe dirigirse a apoyar y promover un sector agropecuario social y sostenible apegado al territorio, proveedor de
bienes y servicios al conjunto de la sociedad que van más allá de la producción de alimentos, y que tienen que ver con valores ambientales, paisajísticos, culturales y de cohesión territorial. Esto implica que la distribución de las ayudas debe
favorecer el desarrollo de la actividad en territorios con dificultades especiales o en aquellos cuyos ecosistemas tienen que ser preservados como las zonas de montaña, o las dehesas, pero también las zonas de producción en secano. En segundo
lugar, se deben favorecer en la asignación de los derechos de pago, las regiones en las cuales existen producciones que, por motivos sociales, ambientales o incluso de identidad de los sistemas tradicionales agrarios contribuyan a los objetivos
generales de la Política Agraria. Estamos hablando de sectores como la ganadería extensiva o los sistemas agrosilvopastoriles. En el cruce de los dos criterios es donde los procesos de convergencia deben ser más efectivos. Los derechos históricos
pueden ser una referencia inicial en la construcción de la nueva PAC, pero su consolidación dificulta el avance hacia la reforma que necesitamos. Debemos activar otros mecanismos, que permitan desarrollar otros marcos en la asignación de derechos,
como los contratos territoriales de explotación y otros que pudiéramos desarrollar, mucho más acordes con el conjunto de objetivos diversos que perseguirá la nueva PAC.
Contribuir a la viabilidad de las explotaciones agropecuarias que representan el modelo familiar y social de la Unión Europea requiere que la PAC recupere una actuación decidida en el eje de regulación de mercados. La regulación de la
cadena agroalimentaria con criterios de transparencia y justicia en la distribución del valor y del precio, y la consolidación de redes de seguridad que permitan enfrentar la vulnerabilidad del sector a las adversidades climáticas, y a la
volatilidad de los precios y caídas de renta, son aspectos que tanto el sector agropecuario, las CCAA, el Ministerio y la propia Comisión Europea en sus últimos documentos han reflejado con mayor o menor profundidad. Sin embargo, consideramos
necesario ir más allá de las 'redes de seguridad' tal como éstas se configuran en la actual PAC. Como levantan algunas voces, sería el momento de crear un tercer pilar de la PAC que, sobre el principio de preferencia comunitaria y los objetivos de
estabilidad de mercados y equilibrio de rentas, articulara una política integral de regulación de los mercados coherente con el resto de los objetivos.
El Desarrollo Rural deberá adquirir un mayor peso en la Política Agraria Común del futuro. La sostenibilidad ambiental, la conservación de la diversidad ecológica, paisajística, cultural y social de Europa, el equilibrio territorial, la
diversificación económica y la lucha contra la despoblación como proceso que pone en peligro todo lo anterior, exige un mayor equilibrio entre los fondos (FEAGA y FEADER). El futuro Pilar de Desarrollo Rural deberá dotarse con mayor presupuesto.
Los factores de desequilibrio deben tener mayor peso en la definición de las políticas de Desarrollo Rural. El despoblamiento es uno de los elementos que deberán ser tenidos muy en cuenta en el futuro de la Política de Desarrollo Rural.
El pasado 18 de mayo de 2017, el MAPAMA hizo público el borrador del documento de Posición Común en relación con la iniciativa de modernización y simplificación de la PAC y que surge de la Conferencia Sectorial de Consejeros y Consejeras de
Agricultura de las CC.AA. con el MAPAMA. Este documento se hizo público dos meses después de la celebración de las Jornadas sobre el Futuro de la Reforma de la PAC organizadas por el Ministerio y en las que se le plantearon los diferentes puntos
de partida que deberán ser armonizados.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Que en las negociaciones que se inician sobre la Reforma de la Política Agraria Común integre los siguientes principios:
a) La defensa del Modelo de Producción Agropecuaria familiar, social, sostenible y de pequeña y mediana escala.
b) La defensa del Medio Rural a través de una Política de Desarrollo Rural más fuerte y equilibrada en el seno de la estructura de la PAC, con un fortalecimiento de la metodología participativa del desarrollo rural y con nuevos instrumentos
adecuados a los retos del medio rural, entre los que destaca la lucha contra la despoblación y la mejora de la calidad de vida en el medio rural.
c) La profundización y el fortalecimiento de los mecanismos que permitan la transición a un nuevo modelo de producción agropecuaria acorde con los objetivos de sostenibilidad y de lucha contra el cambio climático priorizando los sistemas,
modelos, prácticas y producciones sostenibles.
d) La adopción de medidas encaminadas a fortalecer el papel de las mujeres tanto en el sector agropecuario como en las estrategias de desarrollo rural, que rompan las brechas de género que subsisten tanto en el sector como en el medio rural.
e) El fortalecimiento de las Medidas de Regulación de Mercados, integrando propuestas de transparencia y justicia de la cadena alimentaria con mecanismos eficaces de actuación ante las crisis constantes de precios, y que permitan reactivar
el principio de preferencia comunitaria.
f) El fortalecimiento del derecho de los consumidores a una alimentación sana y saludable, accesible a toda la ciudadanía y conectada al resto de los anteriores objetivos. Por lo cual la nueva PAC también deberá ser una Política
Alimentaria.
g) Una PAC ligada al empleo y al mantenimiento de activos en el Medio rural. Esto implica incluir entre las medidas de condicionalidad el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores del campo, y promover de manera definitiva
la pluriactividad-la multifuncionalidad y favorecer los sectores y actividades con mayor capacidad para generar empleos dignos y de calidad.
2. Que las posturas y propuestas que se presenten en el proceso de negociación cuenten con la máxima participación del conjunto de los actores sociales y económicos implicados.
3. La creación de una Ponencia de Estudio en el seno de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que dé seguimiento al Proceso de Negociación de la Reforma de la PAC.
4. Que las posiciones defendidas por el Gobierno español durante el proceso de negociación de la Reforma de la PAC, incluido su voto final en el Consejo de la Unión Europea, sean sometidos previamente a debate y aprobación por el Congreso
de los Diputados y la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, buscando el mayor consenso y legitimidad política posible. De igual forma, que el Gobierno y antes de cualquier reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE
presente sus propuestas previamente ante la Comisión del Congreso de los Diputados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2017.-Antonio Gómez Reino-Varela, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas
161/002714 (CD)
663/000054 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a la prevención de trastornos del espectro alcohólico fetal.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la corrección de error contenida en el escrito registrado con el número 63743, y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que es la Comisión Mixta la que insta al Gobierno a la
adopción de las medidas correspondientes, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado, al Grupo proponente y
publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2018.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la prevención de trastornos
del espectro alcohólico fetal, para su debate en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas.
Exposición de motivos
Los trastornos del espectro alcohólico fetal (TEAF) son grupo de trastornos que afectan a personas cuyas madres abusaron del alcohol durante el embarazo. Sus efectos pueden incluir problemas físicos, de conducta y de aprendizaje. La forma
más severa de presentación se conoce como Síndrome Alcohólico Fetal (SAF).
En el mundo occidental, se estima que se dan de 0,4-3,0 casos de SAF por cada 1.000 recién nacidos vivos. La prevalencia de los TEAF se ha estimado en cuatro veces más casos que de SAF. Los datos en España son desconocidos, pero en base a
las estimaciones en los estudios en países desarrollados supondría del 2 al 5% de la población escolar.
La OMS y la UE instan a los países miembros a identificar medidas y buenas prácticas destinadas a minimizar los impactos del alcohol en la salud, con especial atención al consumo de alcohol durante el embarazo.
En nuestro país se ha adoptado la Estrategia Nacional de Drogas 2009-2016, que incluye entre sus objetivos generales la reducción del consumo de alcohol entre las mujeres embarazadas y, por su parte, el Plan de Acción sobre Drogas 2013-2016
contempla acciones encaminadas a la consecución de dichos objetivos. Asimismo, el Plan integral de Apoyo a la Familia 2015-2017, en su línea 3, tiene entre sus propósitos el apoyo a la maternidad, previniendo los riegos para la salud del bebé
(dieta equilibrada, evitar el consumo de tabaco, alcohol y otros tóxicos).
A pesar de estas medidas, se hace necesario incidir en esta problemática y concienciar a la sociedad de los trastornos del espectro alcohólico fetal. Se hace necesario promover campañas informativas sobre los riesgos del alcohol durante el
embarazo; y se han de adoptar medidas que identifiquen de forma precoz estos trastornos, siendo la atención temprana clave para ello.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover que la Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024 tenga entre sus prioridades la prevención del consumo del alcohol en mujeres embarazadas, así como la sensibilización de toda la sociedad sobre los riesgos y daños asociados
a su consumo, especialmente en los menores de edad.
2. Impulsar estrategias de prevención en los diferentes niveles asistenciales en atención primaria, hospitalaria y emergencias sanitarias.
3. Desarrollar, sujeto a las disponibilidades presupuestarias y en coordinación con los agentes implicados, campañas informativas dirigidas a las mujeres embarazadas para prevenir los trastornos del espectro alcohólico fetal.
4. Promover la necesidad de una detección precoz y un diagnóstico correcto a través de la atención temprana.
5. Impulsar la investigación y la elaboración de estudios sobre los trastornos del espectro alcohólico fetal en España.
6. Promover, en coordinación con las CCAA, una formación específica y adecuada sobre los trastornos del espectro alcohólico entre los profesionales del ámbito sociosanitario, educativo y judicial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión Mixta para la Unión Europea
181/000680 (CD)
683/000095 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
Autor: Pons Sampietro, Pere Joan (GS).
Negociación española de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión Mixta para la Unión Europea. Asimismo, dar traslado al Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Senado.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2018.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Carlos Gutiérrez Vicén.
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión Mixta para la Unión Europea
Diputado don Pere Joan Pons Sampietro.
Texto:
En el marco de la negociación de la salida del Reino Unido, la Comisión Europea ha iniciado la reflexión y los trabajos preparatorios para la elaboración del nuevo marco financiero plurianual, el presupuesto de la UE, para el periodo
2021-2027. Dentro de estas negociaciones se estima que el coste que supondrá la salida del Reino Unido supone un recorte de 10.000 millones de euros en las próximas cuentas europeas. De acuerdo con diversas informaciones, el cheque que deberá
pagar el Reino Unido no podrá compensar en ningún caso la salida a partir de marzo de 2019. Por estos motivos:
¿Ha iniciado ya el Gobierno los contactos a nivel comunitario para la elaboración del nuevo marco financiero?
¿Consideran que la salida del Reino Unido puede implicar, según han publicado diversos medios europeos, un recorte de al menos 10.000 millones de euros? ¿Se estima incluso que se pueda llegar a un recorte de 30.000 millones? ¿Se contempla
en esta negociación que pueda no haber recortes? ¿Cuál será el punto de partida en la negociación española?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de enero de 2018.-Pere Joan Pons Sampietro, Diputado.