BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


SECCIÓN CORTES GENERALES


XII LEGISLATURA


Serie A: ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS


15 de noviembre de 2017

Núm. 141

ÍNDICE


Control de la acción del Gobierno


PROPOSICIONES NO DE LEY/MOCIONES


Comisión Mixta para la Unión Europea


161/002456 (CD)


663/000045 (S);Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la Política Europea de Control Migratorio en el Mediterráneo Central ...(Página 2)


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL


Comisión Mixta para la Unión Europea


681/001312 (S)


181/000526 (CD);Pregunta formulada por el Senador don Jon Iñarritu García (SGMX), sobre procedimientos de infracción abiertos por parte de la Comisión Europea a España y las razones (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta
escrita número de expediente del Senado 684/021555) ...(Página 7)

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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


PROPOSICIONES NO DE LEY/MOCIONES


Comisión Mixta para la Unión Europea


161/002456 (CD)


663/000045 (S)


La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


Autor: Grupo Parlamentario Socialista.


Proposición no de Ley sobre la Política Europea de Control Migratorio en el Mediterráneo Central.


Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que es la Comisión Mixta la que insta al Gobierno a la adopción de las medidas correspondientes, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al
artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para la Unión Europea. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno al Senado, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2017.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a la Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
Política Europea de Control Migratorio en el Mediterráneo Central, para su debate en Pleno.


Exposición de motivos


Europa en situación de emergencia humanitaria.


La ruta del Mediterráneo central es la principal vía de entrada de migrantes y refugiados en Europa y, también, la ruta más peligrosa. Solo en el año 2016, atravesaron el mar 181.000 personas y 5.079 murieron ahogadas. El coste y el
sufrimiento humano que provoca esta situación son inadmisibles.


En la actualidad, una de las prioridades de la acción de la Unión Europea en materia de solidaridad, debiera ser el salvamento de los migrantes que intentan atravesar el Mediterráneo central, poniendo su vida e integridad en peligro y
llevarles al lugar seguro, más cercano.


El salvamento de vidas no solo constituye un acto de solidaridad, sino que también supone una obligación legal con arreglo al artículo 98 de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (CNUDM), ratificada por todos los Estados
miembros y por la UE, el cual exige que se preste auxilio a toda persona que se encuentra en peligro en el mar.


De la Operación Mare Nostrum a la Operación Sophia: Del enfoque humanitario al control fronterizo.


Debido al aumento de llegadas de migrantes por mar a Italia y al fallecimiento de más de 366 personas en un naufragio frente a la costa de Lampedusa, en octubre 2013, el Gobierno italiano puso en marcha la

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Operación Mare Nostrum. Dicha operación supuso un importante esfuerzo económico destinado al salvamento marítimo y asistencia humanitaria en zonas próximas a las aguas territoriales de Libia.


Lamentablemente, Mare Nostrum se canceló a partir de septiembre de 2014, al reclamar Italia apoyo a la UE para continuarla en la campaña 2015 y no recibirlo de sus socios europeos, que alegaron que provocaba el 'efecto llamada'.


En noviembre de 2014, la Operación Mare Nostrum fue reemplazada por la Operación Tritón, coordinada por la Agencia Europea para el Control de las Fronteras Exteriores (FRONTEX), que tiene el mandato de la gestión y la seguridad de las
fronteras exteriores. Esta operación centralizó su actividad en la protección de fronteras y delitos transfronterizos, lo que resultó a todas luces inadecuado a nivel humanitario.


Con el fin de suplir el vacío causado por la supresión de la Operación Mare Nostrum, diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) -Médicos Sin Fronteras (MSF), Proactiva Open Arms (Proactiva), Save the Children, SOS Mediterranée, MOAS,
Sea Eye, Sea Watch, entre otras- procedieron a iniciar operaciones de búsqueda y rescate en aguas cercanas a las territoriales de Libia (zona SAR) rescatando a migrantes y trasladándolos a puertos italianos.


Tras nuevos dramas en el mar, el Consejo Europeo se vio obligado a modificar su discurso sobre la necesidad de establecer operaciones de búsqueda y rescate y, a acordar la movilización de 'todos los medios a su disposición para prevenir
nuevas pérdidas de vidas humanas en el mar y para abordar las causas profundas de esta emergencia humanitaria'; fortaleciendo por ello la presencia de la Unión Europea en el mar, mediante el reforzamiento de la Operación Tritón Plus. Tanto es así
que el propio Juncker, reconoció que había sido 'un grave error la terminación de la Operación Mare Nostrum. Le costó vidas humanas'.


Sin embargo, a partir de mediados de 2015, las prioridades políticas de la UE se volvieron a distanciar de las operaciones de asistencia humanitaria para centrar su estrategia en el control de fronteras, la seguridad nacional y la lucha
contra el contrabando.


Como consecuencia de ello, en junio de 2015, se sustituyó Tritón Plus por la Operación Eunavfor Med Sophia (Operación Sophia), que tiene como misión fundamental el desmantelamiento del modelo de negocio de los traficantes mediante la
neutralización de sus embarcaciones y recursos, la formación de los guardacostas y la marina libios.


Desde el 1 de septiembre del presente año, España tomó el mando de la Operación Sophia.


Esta operación, creada a expensas de los medios que se habían desplegado para el salvamento marítimo, no tiene como objetivo la búsqueda, rescate y salvamento sino, como se ha señalado, el de vigilancia y fortalecimiento de fronteras. Todo
ello, sin perjuicio de que, obligada por el Derecho Internacional, haya tenido que realizar esas labores cuando ha sido llamada a ello; llevando a cabo, a junio de este año en curso, el rescate de 36.000 personas.


Las ONG: Del apoyo y reconocimiento a la obstaculización y desprestigio.


La política fronteriza de la UE también ha traído como consecuencia la obstaculización de la labor -antes reconocida y apoyada- de las ONG por entender que podrían fomentar la entrada ilegal de migrantes. Y así que el Ministro de Interior
Zoido manifestó que 'Hay que concienciar a las ONG de que se está para ayudar y no para favorecer o potenciar la inmigración irregular'.


Sin embargo, no cabe duda de que las ONG contribuyen a mejorar la seguridad marítima: desde mayo de 2015 a diciembre de 2016 hubo una reducción de un 59 % de muertes en el Mediterráneo, en comparación con los seis meses anteriores en los
que no se llevó a cabo ninguna operación humanitaria.


Del mismo modo, ha de señalarse que, en lo que va de año, las ONG han sido los actores que han efectuado el mayor número de rescates de personas, realizando el 26 % de los mismos, seguido por la Armada italiana (21 %), la Guardia Costera
italiana (20 %) Operación Sophia (17 %) y Frontex (8 %).


Por último, es necesario destacar que, según datos de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), la cifra de migrantes que ha cruzado el Mediterráneo es similar a la existente desde la llegada de las ONG y de las diferentes
operaciones de salvamento de la UE.


En este contexto de hostigamiento, cabe resaltar que la reciente asunción por parte de las autoridades libias del control de su zona SAR, que se amplía hasta las 80 millas de su costa, ha tenido como resultado amenazas directas a las ONG e
incidentes de seguridad (MSF y Proactiva) por parte de la Guarda Costera Nacional libia. En este sentido, el portavoz de la Armada libia, general Ayub Qassem, anunció la prohibición de entrada en esa zona de búsqueda todo buque extranjero que
carezca de permiso de las autoridades

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libias, dirigiéndose la medida contra las ONG. Asimismo, señaló su deseo de 'enviar un mensaje claro a todos los que atentan contra la soberanía libia y faltan al respeto a los guardacostas y la Marina'.


Antes de la mencionada decisión, y a partir de la caída de Gadafi, la responsabilidad de la zona SAR recaía sobre Italia, siendo el Centro de Rescate Marítimo de Roma (MRCC) el encargado de coordinar con las ONG las operaciones de rescate,
lo que implicaba que el desembarco se hacía en un lugar seguro, Italia.


La decisión libia de gestionar su propia zona SAR, obliga a las ONG a trabajar bajo la coordinación de las autoridades libias, lo que supone que las mismas tendrían que entregar a los rescatados -migrantes y refugiados- a las patrulleras
libias que después los desembarcan en el país del que huyen: Libia.


La mencionada entrega implicaría la violación del principio de 'no devolución. Principio de aplicación para personas refugiadas sin protección en su tránsito a Europa -en países de tránsito y en aguas internacionales y en los Centros de
Internamiento de Extranjeros-, de conformidad con la Convención de Ginebra de 1951.


Sin perjuicio de lo anterior, ha de destacarse que la decisión de las autoridades libias, ha sido acogida con satisfacción por Italia -desbordada por el incremento de llegadas-; forma parte de la estrategia de UE con Libia, pues los guarda
costas libios son un socio vital en el cometido de evitar que buques distintos a los libios realicen las operaciones de rescate y entreguen a Italia a las personas rescatadas en lugar de a Libia; y ha sido criticada por las ONG. ('Hemos pasado de
una inacción de la Unión Europea a una concreta y delegada, que es bloquear a ONG', ha denunciado Oscar Camps director de Proactiva).


En este clima de tensión e inseguridad, la negativa de las ONG a entregar a los rescatados a los guardacostas libios, ha conllevado que la mayoría de ellas suspendieran sus actividades; iniciándose una paulatina y solapada expulsión de las
mismas de la zona SAR libia.


La disminución de la presencia de las ONG supone la apertura de un agujero negro en la zona SAR libia, donde ya no habrá testigos que puedan denunciar lo que acaece a los migrantes.


La apuesta política Securitaria, versus Derechos humanos: la Declaración de Malta de 03/02/2017.


La UE, con sus necesarias políticas de control de fronteras, en ocasiones pueden afectar los derechos humanos y poner en grave riesgo la vida de muchas personas migrantes y refugiadas.


A esos efectos y para detener la entrada a Italia de migrantes procedentes de Libia, en la Cumbre informal de Malta de los Miembros del Consejo Europeo, de 3 de febrero de 2017, se adoptó la Declaración de Malta con el fin de tomar medidas
adicionales para 'reducir de manera significativa los flujos migratorios, desarticular el modelo de negocio de los traficantes y salvar vidas'; siendo su objetivo prioritario reforzar la cooperación con las autoridades libias, para que adquieran el
control sobre sus fronteras terrestres y marítimas, mediante la formación, equipamiento, apoyo y financiación a la Guardia Nacional libia y a otros organismos pertinentes.


Asimismo, con la Declaración de Malta se apoyó el Memorando del Acuerdo firmado por los presidentes de Gobierno de Italia y Libia sobre cooperación con el servicio de guardacostas libio, y se reconoció al Consejo de la Presidencia y al
Gobierno de Concertación Nacional libio, respaldado por Naciones Unidas.


Con la mencionada Declaración, la UE vuelve a no cumplir con su compromiso de llevar a cabo la externalización de fronteras respetando los derechos humanos, del Derecho Internacional y de los valores europeos.


En este sentido, han sido numerosas las organizaciones, como Amnistía Internacional (Al), MSF, Save The Children, Proactiva, que han denunciado en reiteradas ocasiones esa violación de derechos y valores humanos.


Así, Al ha advertido que cerrar las fronteras marítimas del sur de Europa podría implicar 'dejar a miles de personas refugiadas e inmigrantes que salen por mar de Libia expuestas a ser detenidas y a sufrir espantosos abusos contra los
derechos humanos'.


Y es que, ha de señalarse que la cooperación europea con las autoridades libias no tiene en cuenta ni su historial en materia de violación de los derechos humanos ni el hecho de que Libia no es un lugar seguro, donde no existe Estado de
Derecho. No en vano existen tres gobiernos, múltiples milicias armadas y el gobierno de Unidad Nacional, reconocido por la UE y Naciones Unidas, no tiene el control sobre su territorio.


Se trata por lo tanto de un país sumido en el caos y la inestabilidad, caldo de cultivo para la proliferación de actividades criminales, cuyas principales víctimas son los migrantes.

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A pesar de la situación y desorden antes descrito, los acuerdos de cooperación entre la UE y las autoridades libias, se han realizado sin un marco de rendición de cuentas adecuado y sin un sistema de seguimiento de desempeño de la actuación
de los guardacostas libios. Guardacostas cuya deficiente capacidad ha sido reconocida por la propia Comisión Europea en su Comunicación conjunta al Parlamento Europeo, Consejo Europeo y Consejo, de 25 de enero de 2017, al señalar que 'La Guardia
Costera libia se enfrenta a necesidades complejas en materia de formación, que van desde la formación náutica básica y la aptitud para operar con seguridad en el mar a la capacidad de llevar a cabo todo el abanico de funciones de aplicación de las
leyes que se espera de un servicio de guardacostas, entre las cuales está el control efectivo del área de búsqueda y salvamento internacional perteneciente'. Junto a la falta de capacidades de la guardia costera libia, hay una falta de recursos de
patrullaje aún más grave'.


Solo así puede entenderse -y así lo confirman las ONG- que las técnicas operativas de este servicio libio no cumplan las normas básicas de seguridad, lo que hace que muchas barcazas zozobren y que su presencia siembre el pánico en las
embarcaciones. Tal es el horror que muchas de las personas rescatadas se tiran al agua, aun sin saber nadar, cuando son intervenidos por guardacostas libios. Y es que, en algunas ocasiones, estos últimos proceden al hundimiento de las barcazas o
al requisamiento de sus motores en connivencia con los contrabandistas, dejándolas a la deriva.


En los casos en los que los guardacostas realizan operaciones de salvamento, los migrantes son enviados de vuelta al infierno del que provienen: Libia. Una vez allí, nadie los identifica, ni pregunta por su nombre, ni se le ofrece acceso a
un abogado o a un intérprete, tal y como establecen numerosos acuerdos internacionales; adoptándose medidas contra ellos en ausencia de toda intervención administrativa o judicial que les pueda permitir presentar la correspondiente queja o una
solicitud de asilo.


Sin perjuicio de lo anterior, es un hecho constatado que Libia es un país donde los migrantes son tratados como mercancía, que se compran y venden en mercados de personas; donde están expuestas a constantes abusos y violaciones de derechos
humanos: homicidio, tortura, violación, secuestro, trabajo forzoso y detención arbitraria e indefinida; donde el sistema de detenciones arbitrarias constituye una próspera empresa de secuestro, tortura y extorsión; y donde, de un día a otro, las
personas pueden ser transferidas a diferentes centros de detención o a lugares desconocidos. Algunos desaparecen sin dejar rastro alguno.


La ya citada organización MSF -que presta atención primaria en los centros de detención- en su informe de mayo de 2017, sobre las condiciones de vida en esos centros, indicó que los migrantes y refugiados 'son detenidos arbitrariamente y
llevados a los centros de internamiento, tras ser interceptados en el mar, arrestados en las calles, en redadas, o traídos a los centros por personas sin identificar. A veces trasladados a lugares de ubicación desconocida'. Una vez confinados en
los centros, y hacinados en los mismos, son privados de toda dignidad, sufren malos tratos y carecen de acceso a la atención médica. 'No tienen ninguna información de cuándo podrán salir, ni los motivos por los que son detenido, ni qué expectativas
tienen, ni si va a mejorar o empeorar su situación. Lo que conlleva un impacto directo en su salud mental (hipervigilancia, pensamientos suicidas, dificultades para dormir, estrés postraumáticos -PSTD-, ataques de pánico, depresión y ansiedad'.


Informa también MSF que en esos centros es frecuente la violencia física (traumatismo, golpes, laceraciones); la malnutrición (escasez y mala calidad e interrupciones en el suministro de los alimentos); la transmisión de enfermedades e
infecciones por hacinamiento, problemas de acceso al agua potable y lamentable estado de letrinas y duchas; y las enfermedades respiratorias infecciosas por mala ventilación. Tanto es así que, en las zonas de mujeres, numerosos niños han muerto
por falta de cuidados.


Por su parte, Save the Children ha manifestado su preocupación sobre el hecho de que migrantes y refugiados se vean obligados a volver a Libia 'lo que según los informes de las Naciones Unidas representa un peligro por el trato que están
recibiendo en el país'.


La espeluznante situación descrita, era ya conocida por la Comisión Europea, pues en la Comunicación antes mencionada, de 25 de enero de 2017, señaló que 'las condiciones en los centros de internamiento de migrantes son inaceptables,
quedando muy por debajo de lo que establecen las normas internacionales de derechos humanos. Garantizar unas condiciones adecuadas en esos centros es de vital importancia y va aparejado a la lucha contra los malos tratos, la tortura, la extorsión y
los tratos inhumanos. La colaboración con las autoridades libias y con las organizaciones internacionales como la OIM y el ACNUR, a fin de garantizar que estos centros ofrezcan condiciones de vida adecuadas en consonancia con las normas
internacionales de derechos humanos, es una tarea prioritaria'.

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Sin embargo y a pesar de que la UE es perfectamente consciente de la inhumana situación de los centros de internamiento, hasta la fecha, nada ha hecho para ponerle fin, sino que, muy al contrario, se ha procedido a reforzar los acuerdos de
cooperación con Libia.


Conclusiones.


a) El control de flujos migratorios ha de ser compatible con el respeto de los derechos humanos y con las obligaciones internacionales.


b) Es necesario fortalecer el mecanismo de búsqueda y salvamento en posición de rescate, cerca de las aguas territoriales libias, para evitar la mayor pérdida de vidas posibles.


c) Es preciso reconocer la labor de las ONG en el Mediterráneo pues responden a las necesidades de rescate supliendo el vacío dejado por la UE y los Estados miembros.


d) Para el correcto desempeño de su labor humanitaria, las ONG han de contar con las suficientes garantías de seguridad, de conformidad con las normas internacionales, así como con las autorizaciones precisas para poder desembarcar a los
rescatados en un puerto seguro, de acuerdo con las normas humanitarias, de derecho marítimo y estatuto de refugiado.


e) No resultan justificadas las acusaciones formuladas contra los buques humanitarios de que producen un efecto llamada, fomentan la inmigración ilegal y están en connivencia con las redes de tráfico de personas.


f) No se ajusta a la realidad presentar como un éxito el hecho de que, como consecuencia de la externalización de fronteras con Libia, se está produciendo una disminución del número de personas que parten de ese país hacia Europa, y es que
ese supuesto 'éxito' esconde y no tiene en cuenta el aumento de ahogamientos, ni las muertes, extorsiones, violaciones, torturas y esclavitud que sufren miles de personas en Libia.


g) Es posible que la política de externalización conlleve el cierre de alguna ruta de acceso. Sin embargo, ello no impedirá que aparezcan nuevas y más peligrosas vías de entrada, arrojando a las personas en las mismas manos de traficantes
que la UE pretende desmantelar.


h) La nueva estrategia europea de cooperación de la UE y países miembros con el Consejo de la Presidencia y con el Gobierno de la Unidad Nacional de Libia para la contención y la externalización del control migratorio en el Mediterráneo
Central, supone la ruptura de la UE y de sus miembros con los ideales fundacionales de solidaridad, colaboración internacional y defensa de los Derechos Humanos.


Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que lleve adelante las siguientes iniciativas a nivel comunitario destinadas a:


1. Cambiar con urgencia unas políticas a nivel de la UE que no han generado la resolución del problema de fondo, por políticas de choque que permitan una mejor gestión, por parte de todos los países miembros, de la crisis del Mediterráneo,
y que eso no pase por la externalización a terceros países de la mayor carga del problema que afecta y seguirá afectando a miles y miles de personas que no pueden ser acogidos con garantías.


2. La realización por parte de la UE de una respuesta adecuada, duradera, firme y eficaz para evitar el aumento del número de víctimas en el Mediterráneo Central. Y por ello, en el contexto de falta de rutas legales y seguras, se lleve a
cabo el reforzamiento de las capacidades de búsqueda y salvamento de la UE y de los Estados Miembros, en el marco de una operación humanitaria a escala de toda la Unión.


3. El reconocimiento de la labor de las ONG que, a pesar de las dificultades y peligros a que se enfrentan, mejoran la seguridad marítima con las labores de salvamento y rescate que llevan a cabo en el Mediterráneo Central.


4. El efectivo respeto de los derechos humanos, del derecho humanitario internacional y de los compromisos en materia de desarrollo del Tratado de la Unión Europea, en los acuerdos de cooperación de la UE con terceros países en materia de
migración y asilo.


Dicha cooperación ha de conllevar a la realización de una evaluación sobre la seguridad del país, sus sistemas de asilo, su apoyo a los refugiados y su capacidad y voluntad de luchar contra la trata de seres humanos y tráfico ilícito de
personas.

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5. El establecimiento de garantías y controles, reales y efectivos, del respeto a los derechos humanos y al derecho internacional de asilo y refugio en todos los acuerdos ya firmados y que se firmen con Libia en relación con la cooperación
en materia de seguridad y control de fronteras; constituyendo su cumplimiento una condición 'sine qua non' del mantenimiento de los mismos.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2017.-María Dolores Galovart Carrera, Meritxell Batet Lamaña, Pere Joan Pons Sampietro, José Ignacio Sánchez Amor, Esther Peña Camarero, David Serrada Pariente y Carlota Merchán Mesón,
Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL


Comisión Mixta para la Unión Europea


681/001312 (S)


181/000526 (CD)


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 24 de octubre de 2017, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.


Pregunta con respuesta escrita.


Autor: Iñarritu García, Jon (GPMX).


Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre los procedimientos de infracción abiertos por parte de la Comisión Europea a España y las razones.


Acuerdo:


Trasladar a la Comisión Mixta para la Unión Europea, competente por razón de la materia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este acuerdo al Gobierno, al Congreso de los Diputados y a su
autor, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Sección Cortes Generales).


En consecuencia se ordena la publicación en la Sección Cortes Generales del BOCG, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 19 de diciembre de 1996.


Palacio del Senado, 25 de octubre de 2017.-P.D. El Letrado Mayor del Senado, Manuel Cavero Gómez.


Don Jon Iñarritu García Senador del Euskal Herria Bildu (EH Bildu) designado por el Parlamento Vasco, del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
pregunta con respuesta escrita:


Según se ha conocido, España es el Estado de la Unión Europea con más procedimientos de infracción abiertos por parte de la Comisión Europea.


Por ello, deseo conocer:


1. ¿Cuáles son todos y cada uno de los procedimientos abiertos contra el Estado español y por qué razones?


2. ¿Cuál es la posición del Estado sobre cada uno de ellos?


3. ¿Cuál o cuáles son las razones, desde el punto de vista del Gobierno, por las que España es el Estado con más procedimientos abiertos por parte de la Comisión Europea?


Palacio del Senado, 10 de julio de 2017.-Jon Iñarritu García, Senador.