El señor presidente da lectura a los puntos 1. y 1.1.

El señor PRESIDENTE: ¿Alguna observación? (Pausa).

¿Puede aprobarse por asentimiento? (Asentimiento).

Muchas gracias. Queda aprobada.

El señor presidente da lectura a los puntos 7. y 7.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado cinco enmiendas:
tres del Grupo Parlamentario Mixto, una a iniciativa de la senadora Yaiza
Castilla, otra a iniciativa de la senadora Rosa María Domínguez de Posada
y, otra, a iniciativa de la senadora doña María del Mar del Pino Julios
Reyes y de don Pablo Rodríguez Cejas; y dos enmiendas del Grupo
Parlamentario Podemos-En Comú-Compromís-En Marea.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular, el senador Sánchez Sánchez-Seco.

El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: Gracias, señor presidente.

Quiero que mis primeras palabras sean para enviar un saludo a los
numerosos presidentes de diputaciones provinciales que se encuentran hoy
acompañándonos en el Pleno de la Cámara y en esta moción en la que se
trata de debatir la defensa de estas instituciones, que ellos conocen
magníficamente y que realizan una gran labor en sus provincias y en todo
el territorio nacional.

Señorías, iniciamos hoy el debate parlamentario de esta XI Legislatura
en esta Cámara de representación territorial con una moción que presenta
el Grupo Parlamentario Popular en defensa de unas instituciones, como las
diputaciones provinciales, fundamentadas en la vertebración territorial
del Estado español.

Desde el comienzo de nuestra democracia las diputaciones provinciales,
los cabildos y los consejos insulares han sido coprotagonistas, como
gobiernos locales intermedios, de la mejora general de nuestros pueblos y
ciudades, ayudando a los municipios a desarrollar sus competencias y a
prestar más y mejores servicios cada día. Su objetivo final ha sido y
sigue siendo la aportación de un mayor bienestar a los ciudadanos,
ofreciendo servicios de calidad que garanticen la igualdad de
oportunidades, evitando así que en nuestro país haya ciudadanos de
segunda y de primera categoría. Son unas instituciones que tienen su
origen en la primera Constitución española, aprobada por las Cortes de
Cádiz en 1812, que establecía ya en su artículo 325 que:...en cada
provincia habrá una diputación llamada provincial para promover su
prosperidad, fomento y desarrollo económico. Pues bien, después de más
de 200 años, señorías, el papel para el que se crearon las diputaciones
provinciales sigue estando a día de hoy plenamente vigente.

Evidentemente, en todo este tiempo han cambiado notablemente la
situación y las necesidades de nuestros municipios, pero las diputaciones
provinciales han sabido ir adaptándose perfectamente para seguir
cubriendo con eficacia y solvencia la prestación de sus servicios más
necesarios. Qué sería, señorías, de los miles de ciudadanos que viven en
pequeños pueblos del medio rural que en esta época invernal se quedan
prácticamente semidesérticos, aislados y con una población muy
envejecida, si no fuese por los servicios que les prestan las
diputaciones provinciales.

Ese es un problema latente en la España de hoy, del siglo XXI, en el
que más de 5000 municipios de nuestro país tienen menos de 1000
habitantes, y todavía muchos menos en la época invernal, con una media de
edad, además, altísima. Y, por supuesto, necesitan estar atendidos ante
cualquier problema o emergencia, ante una avería en el abastecimiento del
agua o el alumbrado público, en la limpieza de los accesos de las
carreteras provinciales para que sus niños puedan ir al colegio o para
que puedan llegar los médicos ante cualquier eventualidad, o para la
recogida de los residuos urbanos o recogida de animales abandonados, por
referirme a algunos de los muchísimos servicios que prestan las
diputaciones provinciales.

Precisamente, hace menos de un año, en el Pleno de esta Cámara de 10 de
junio de 2015, se aprobaba el Informe de la ponencia de estudio para la
adopción de medidas en relación con la despoblación del medio rural en
España, constituida en el seno de la Comisión de Entidades Locales a
resultas de una moción formulada por el Grupo Socialista de esta Cámara,
moción por la que se proponía que se prestara una especial atención al
problema de la despoblación rural y que se promoviese su recuperación.
Pues bien, señorías, en las 15 recomendaciones que se establecen en el
informe, aprobadas por unanimidad de todos los grupos de esta Cámara, se
incide constantemente en el necesario apoyo en todos los ámbitos que debe
prestarse a los municipios del medio rural, que prácticamente son la gran
mayoría de los municipios de España —dice la propuesta—,
tomando iniciativas para la fijación de población, en especial, la
femenina, ofreciendo unos adecuados servicios y promocionando los
sectores emergentes de la economía rural.

Y eso es lo que llevan haciendo las diputaciones provinciales a lo
largo de estos años de democracia, al amparo del artículo 141 de nuestra
Constitución que, como bien saben sus señorías y como saben los
presidentes que hoy nos acompañan, realizan esa labor continua y
constante en todos estos pequeños ayuntamientos. Una labor de auxilio, de
prestación de servicios de primera necesidad que no podrían ser
proporcionados por muchos municipios por sí solos, de impulso de
actuaciones complementarias de índole cultural, de conservación del
patrimonio, sociales, deportivas, etcétera, que ha sido fundamental para
el mantenimiento, como digo, del medio rural.

Provincias y municipios, ayuntamientos y diputaciones, integran una
misma comunidad política, local, y comparten unos mismos intereses sin
relación jerárquica, sino de paridad institucional. Son fundamentales
para, generando economías de escala, provocar el abaratamiento de los
costes y el consiguiente efecto multiplicador de los recursos. El papel
de las diputaciones es esencial para los pequeños municipios, hasta el
punto de que su supresión abocaría a la desaparición de muchos de
nuestros pequeños ayuntamientos.

Ayer mismo se manifestaba, como me imagino que todos saben, la
Federación Española de Municipios y Provincias para mostrar también su
rotundo y unánime apoyo a las diputaciones provinciales, dejando claro
que el municipalismo en su conjunto se opone contundentemente, como no
podía ser de otra manera, a la propuesta planteada en ese acuerdo
suscrito entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Porque, señorías,
proponer su desaparición, como se ha planteado en las últimas semanas,
supone un ataque frontal al municipalismo, especialmente a esos pequeños
y medianos pueblos de España que se mantienen, como digo, en gran medida,
gracias a esos servicios y a la atención que les prestan las diputaciones
provinciales.

Y también se lo digo, señorías, por mi propia experiencia como
exalcalde y exdiputado en una provincia eminentemente rural como es la de
Guadalajara, una provincia, como otras muchas que hay en España, con 420
núcleos de población, pequeñísimos, que no pueden prestar prácticamente
ningún servicio. En la provincia de Guadalajara hay 10 municipios
de 420 que superan los 5000 habitantes, lo que creo que es un exponente
de la necesidad de estas instituciones. Se lo digo por mi propia
experiencia pero también porque así me lo han transmitido otros muchos
alcaldes, concejales y vecinos que consideran imprescindible la labor que
realizan las diputaciones provinciales. Alcaldes y concejales que en su
inmensa mayoría desarrollan su labor de forma totalmente altruista, sin
cobrar absolutamente nada, que se han convertido en guardianes, en
alguaciles de sus pueblos, los vigilantes ante cualquier problema, ante
cualquier necesidad para llamar inmediatamente a la diputación provincial
para que acudan en su auxilio. Alcaldes y concejales que manifiestan
públicamente, con independencia de las siglas con las que se han
presentado, que si las diputaciones provinciales no existieran habría que
inventarlas de nuevo.

Son unas instituciones que se encuentran entre las mejor valoradas por
los ciudadanos del medio rural, algo que no sorprende después de lo
expuesto. Son unas instituciones que han llevado a cabo un enorme
esfuerzo en el adelgazamiento de su estructura, con una reducción
de 14 000 funcionarios, más del 20 % de sus plantillas, en estos últimos
años. Unas instituciones que financieramente están muy saneadas y que
atienden adecuadamente su deuda comercial. Todas las diputaciones
provinciales presentan un periodo medio de pago a proveedores que se
sitúa en torno a los treinta días y, además, han reducido en los últimos
años su endeudamiento a niveles del 0,3 % del producto interior bruto, al
contrario, señorías, que las comunidades autónomas, que han aumentado su
endeudamiento hasta alcanzar más del 23 % del producto interior bruto.
Fiel reflejo de su saneada situación financiera es, precisamente, la
escasa utilización que estas instituciones hicieron del mecanismo del
pago a proveedores porque lo hacían en tiempo adecuado.

Por tanto, señorías, su eliminación no tiene ningún sentido se mire
desde el punto de vista que se mire porque, además de que su eliminación
no generaría ningún ahorro —como hemos expuesto—, sus
funciones, en cualquier caso, tendrían que ser asumidas por otras
instituciones que tendrían que realizarlas con un coste probablemente muy
superior a los 6000 millones de euros que suma el presupuesto de las 38
diputaciones provinciales de régimen común, que parece ser que son las
que se pretenden suprimir a través de ese acuerdo entre el Partido
Socialista y Ciudadanos. Y, probablemente, los servicios que se prestasen
no se llevarían a cabo con la celeridad y con la eficacia con que se
realizan en la actualidad.

Por eso, señorías, esa propuesta que se ha planteado de supresión de
las diputaciones provinciales solo puede entenderse por un profundo
desconocimiento por parte de algunas personas y de alguno de los partidos
proponentes —porque pienso que el Partido Socialista sí conoce bien
el funcionamiento de las diputaciones provinciales puesto que tiene en la
actualidad 18 presidentes de diputación— de la realidad del
municipalismo y las necesidades de los pueblos de España, o por meros
intereses políticos personalistas que hayan primado por encima del
interés general que afecta a miles de municipios y millones de ciudadanos
de España.

Sinceramente, podríamos entender que se plantease su redefinición, su
modernización, la modificación de alguna de sus competencias,
ampliándolas o reduciéndolas, buscar una mayor coordinación y
colaboración con la administración autonómica o con la estatal, pero
nunca su eliminación o su sustitución por unos entes fantasmas que no se
sabe cómo se conformarían ni qué competencias tendrían ni cómo elegirían
a sus miembros, etcétera.

En cualquier caso, señorías, en el Partido Popular siempre hemos
defendido, defendemos y tengan la absoluta seguridad de que seguiremos
defendiendo la labor y el trabajo que desarrollan las diputaciones
provinciales en apoyo y asistencia a los miles de municipios de España,
especialmente los pequeños y medianos, los más necesitados del medio
rural.

Por ello, traemos hoy al Pleno de esta Cámara esta moción que incluye
una serie de propuestas que llevan a reivindicar el valor institucional
de las diputaciones provinciales como gobiernos que cumplen la misión de
cooperar en la vertebración territorial de España; respetar a las
diputaciones provinciales como garantía para los millones de españoles
que viven en los municipios rurales; valorar que el presente inmediato de
las diputaciones, cabildos y consells insulares no pase por su
eliminación, sino por alcanzar, junto con los ayuntamientos, el objetivo
de dotarse de unas administraciones modernas y eficaces al servicio de
los ciudadanos; defender la permanencia de las diputaciones, de los
cabildos y de los consejos insulares por ser un instrumento eficaz e
imprescindible a la hora de prestar servicios al medio rural en
condiciones de igualdad con el resto de los españoles; promover, en
colaboración con las diputaciones provinciales, una ley marco de
desarrollo rural; apoyar la puesta en marcha de los programas de
desarrollo rural, algo en lo que muchas diputaciones todavía no colaboran
—sí lo hace la diputación provincial de Guadalajara, y lo digo con
conocimiento. Hoy está aquí el presidente de la diputación y esta
colabora con todos los grupos de desarrollo rural, pero hay que
incrementar esa colaboración—; desarrollar las medidas contempladas
en el Plan para la promoción de las mujeres en el medio rural 2015-2018,
y en particular las destinadas a promover el empleo, el emprendimiento y
la participación en los órganos de decisión.

En definitiva, señorías, unas propuestas que reivindican el papel
desarrollado por las diputaciones provinciales con respeto a lo
establecido en nuestra Constitución, a lo expresado por la Federación
Española de Municipios y Provincias en representación del municipalismo y
en consonancia también con el informe de la ponencia que se aprobó en
esta Cámara hace menos de un año. Propuestas que suponen, asimismo, un
apoyo al emprendimiento y a la fijación de la población en el medio
rural. Una moción, en definitiva, que espero que sea apoyada por esta
Cámara y que se puedan mantener las diputaciones provinciales no digo que
durante otros doscientos años, pero sí durante muchísimos años más en
beneficio de nuestro medio rural.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Sánchez Sánchez-Seco.

Pasamos a la defensa de las enmiendas.

En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.

Para su defensa tendrán la palabra sucesivamente, y por un tiempo
máximo de seis minutos a compartir, la senadora Castilla, la senadora
Domínguez de Posada y la senadora Julios Reyes.

Tiene la palabra la senadora Castilla.

La señora CASTILLA HERRERA: Señor presidente, señorías, buenas
tardes.

El objeto de esta enmienda de adición que plantea la Agrupación
Socialista Gomera a la moción presentada por el Grupo Parlamentario
Popular no es otro sino realzar la importancia que tienen para los
ciudadanos de Canarias y de las islas Baleares los cabildos y los
consells insulares. Mi intención es poner en valor estas instituciones y
el significado que tienen para todos los ciudadanos, así como el servicio
que prestan a sus administrados, trabajo que es de especial importancia
en una isla como La Gomera, donde nos vemos afectados, además, por una
doble insularidad, ya que no solo estamos alejados del continente
europeo, sino que, además, estamos alejados de las islas capitalinas por
el mar, lo que supone un perjuicio más a favor de nuestras islas no
capitalinas.

Como senadora de La Gomera he de defender la permanencia del cabildo
insular, una institución que cuenta con más de cien años de historia. En
este sentido, el vigente Estatuto de Autonomía de Canarias otorga a los
cabildos una doble naturaleza: por un lado, como órganos de gobierno, de
administración y de representación insular, con autonomía local y con
muchas más competencias que las diputaciones provinciales, y por otro,
como instituciones de la comunidad autónoma, y precisamente la Comunidad
Autónoma de Canarias ha delegado y transferido competencias tan
importantes como agua, ordenación del territorio, medioambiente,
carreteras, cultura, espacios naturales y deporte, entre otros,
convirtiéndose en piezas clave de la Administración canaria.

Señorías, cuando los hombres y las mujeres de La Gomera tienen un
problema o demandan un servicio público acuden al cabildo insular. Así,
por ejemplo, para estudiar, los gomeros y las gomeras acuden de forma
prioritaria a las islas de Tenerife y Gran Canaria. Cuando tienen algún
impedimento económico para poder realizar esos estudios durante años,
acuden al cabildo porque ofrece ayudas a los estudiantes para que puedan
sufragar los gastos que puedan tener durante su estancia en las islas de
Tenerife y Gran Canaria. Esta ha sido una de las principales líneas de
políticas de actuación del cabildo insular de La Gomera, entre otras
muchas, y por ello defendemos la permanencia de tal institución.

En este sentido, abogamos decididamente por el mantenimiento de los
cabildos insulares no ya solo por motivos históricos, sino por la ayuda
que estos suponen para la población de las islas, como ya he dicho, del
archipiélago canario y de Baleares, y por su probada eficacia en la
resolución de los problemas de todos los ciudadanos y su auténtica
representación popular directa.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castilla.

Tiene la palabra la senadora Domínguez de Posada.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

Señorías, es para mí un honor intervenir por primera vez ante el Pleno
de esta Cámara, en representación de Asturias, en una materia, la
Administración local, por la que profeso una especial sensibilidad tras
haber tenido el honor de ser alcaldesa durante más de doce años de
Peñamellera Alta, un pequeño municipio enclavado en el corazón de los
Picos de Europa.

Señorías, las diputaciones juegan un importante papel en la cohesión
territorial de nuestro país, especialmente de ese 80 % de España rural en
el que vivimos el 20 % de los españoles. Por eso, señorías, no me
centraré en las bondades de estas instituciones bicentenarias, sino en
qué ocurre cuando no existen, como es el caso de Asturias, donde sus
competencias son titularidad de la Administración autonómica. Lo que
ocurre, señorías, es que, por ejemplo, en el año 2015, de los 215
millones que el Principado tenía en concepto de participación en los
tributos del Estado, restando 54 millones que fueron para asistencia
sanitaria, se repartió entre los ayuntamientos solo 106 millones de
euros. No hace falta ser muy sagaz para advertir que año tras año el
Gobierno asturiano ha venido distrayendo un buen pellizco en perjuicio de
la Administración local, a la que hurta recursos económicos para
desarrollar políticas municipales. Pero de ser esto grave, no queda ahí,
porque la mayor parte de las subvenciones que destina a los ayuntamientos
lo hace en los capítulos 4 y 6, con destino finalista, es decir, a los
ayuntamientos asturianos se nos sirve como las lentejas, si las quieres
las tomas y si no las dejas.

Al leer en la moción que la supresión de las diputaciones requería el
traspaso de sus funciones a otras administraciones públicas, en general
más alejadas de los municipios, menos conocedoras de la realidad
municipal, no pude sino esbozar una amarga sonrisa al ver reflejados en
este párrafo los más de doce años de mi experiencia como alcaldesa.
Quienes hoy proponen la desaparición de las diputaciones seguro que
desconocen esto que les cuento.

En la comedia que los señores Sánchez y Rivera están representando, las
diputaciones, y por extensión la Administración local, forman solo parte
del atrezo. El hecho de que el señor Sánchez se saltara deliberadamente
en su discurso de investidura la referencia a la desaparición de las
diputaciones ha venido a acentuar, además, el matiz bufo de esta comedia.
Frente a esa actitud frívola hay quienes verdaderamente nos tomamos muy
en serio la política local y valoramos las instituciones que la hacen
posible. Así lo creemos en Foro Asturias. Consecuentemente, vamos a
respaldar la moción del Grupo Popular y pretendemos enriquecerla
incluyendo en ella un plan especial para las personas con
discapacidad.

El señor PRESIDENTE: Señoría, todavía tiene que intervenir la senadora
Julios.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Termino. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada.

Tiene la palabra la senadora Julios.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente. Buenas
tardes, señorías.

Como ya se ha dicho, en Canarias nuestra organización territorial
supramunicipal es el cabildo insular. Y entiendo, señorías, que, hoy por
hoy, no hay ningún grupo político en esta Cámara que se esté planteando
su supresión. Pero, dicho esto, no me resisto a plantear —qué es el
sentido de la enmienda que hemos presentado— que, desde nuestro
punto de vista, hay que profundizar y abordar, que es una tarea pendiente
que tiene España desde hace ya mucho tiempo, una reforma del modelo
territorial que nos queremos dar para tener un Estado moderno y
descentralizado, como es el que se desarrolló en la Constitución española
y que no ha concluido, e incluso podríamos decir que en esta legislatura
pasada se ha involucionado, puesto que en las comunidades autónomas y en
los ayuntamientos hemos perdido competencias. Por eso, proponemos que se
aborde con profundidad cuál es el modelo territorial que tenemos.

No voy a discutir si diputaciones sí o no, o como quieran que se les
llame por cada territorio de España. En Canarias tenemos los cabildos,
que es la organización supramunicipal que cohesiona el territorio y que
mancomuna, incluso, los servicios de diferentes ayuntamientos. Señorías,
no es lógico que, por ejemplo, en Canarias, a la hora de un sistema
electoral general tengamos que utilizar la circunscripción de la
provincia —que para nosotros no significa nada— para elegir a
nuestro representantes en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto,
señorías, hay modelos como el de la provincia sobre los que yo creo
sinceramente que hay que empezar a discutir qué valor tienen en un Estado
moderno como el que tenemos, independientemente de que cada territorio le
dé organizativamente a sus administraciones la forma que considere
oportuna para ser más eficiente.

Los otros dos puntos —y concluyo, señor presidente— que
planteamos son que compartimos la necesidad —como dice la
moción— de que no se discrimine a los ciudadanos en el acceso a
todos los servicios públicos, especialmente a aquellos que viven en
municipios alejados y rurales. Para eso, señorías, lo que hay que hacer
es una reforma del modelo de financiación autonómica porque, si no, esto
será un brindis al sol para igualar a los españoles.

Por último, planteamos que se derogue la Ley 27/2013, de
racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales, porque
si verdaderamente queremos defender a esos ayuntamientos rurales lo que
tenemos que hacer es derogar esa ley...,

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora JULIOS REYES: ... como ya lo ha hecho en tres artículos una
reciente sentencia porque quita prestaciones y servicios a los
municipios. La sentencia judicial, afortunadamente, se los ha
devuelto.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.

Por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú-Compromís-En Marea, para la
defensa de las enmiendas, tiene la palabra el senador Mulet.

El señor MULET GARCÍA: Senyor president, senyors i senyores senadors,
es com a mínim curiós que vinga el Partit Popular a defensar esta moció
justament la mateixa setmana que el jutjat processa Joaquim Ripoll,
expresident de la Diputació D’Alacant pel cas Brugal, gestat en la
Diputació d’Alacant. El senyor Ripoll, en aquesta foto el podem
veure perfectament, s’ha servit de la Diputació d’Alacant per
delinquir. Per a açò els ha servit a vostès la Diputació
d’Alacant.

Si volem més exemples, ara de la Diputació de Castelló, justament també
dilluns que ve aquesta persona que apareix en totes les fotos com «el
mocito feliz» de la política castellonense, és el vicepresident de la
Diputació, i començarà el segon judici que te aquest dilluns i recordem
que està sent jutjat i pendent de sentència per un altre jutjat. Esta
persona és el número 2 de Carlos Fabra. També coneixeran vostès perquè ha
utilitzat esta persona, resident ara en la presó d’Aranjuez, la
Diputació de Castelló.

Justament ahir es feia públic que el jutge imputa a tot el Partit
Popular valencià pel cas Taula, el cas Imelsa, un cas per al qual
s’han servit vostès de la Diputació de València. Els sonarà també
la persona d’aquesta foto, el senyor Rus, el recorden? És la
persona que contava els bitllets de mil en mil: mil, dos mil, tres mil...
dos milions de peles. Eixa persona i esta persona, que també la tenen
vostès aquí, la senyora Barberà, són els caps d’estes trames
corruptes. I vostès presenten aquí una moció defensant el paper de les
diputacions. Òbviament sabem per què les presenten: per a continuar
utilitzant-les, continuar delinquint. Gràcies, no esperava més de
vostè.

Per tant a nosaltres ens pareix molt trist que vostès continuen
defensant el paper de les diputacions, i ens pareix molt trist que vostès
continuen emparant la corrupció, ens pareix molt trist que vostès a la
jefa de la corrupció valenciana continuen donant-li ací un seient
privilegiat.

Señor presidente, señoras y señores senadores, es curioso que venga el
Partido Popular a defender esta moción justo la misma semana en que el
juzgado procesa a Joaquín Ripoll, expresidente de la Diputación de
Alicante, por el caso Brugal, gestado en dicha diputación. (El señor
senador muestra varias fotografías a la Cámara). El señor Ripoll, al que
podemos ver perfectamente en esta foto, se ha servido de la Diputación de
Alicante para delinquir.

Si queremos ver más ejemplos, ahora de la Diputación de Castellón, les
diré que justo ahora, el lunes que viene, comenzará el juicio de esta
persona que aparece en todas las fotos como el mocito feliz de la
política castellonense. Es el vicepresidente de la Diputación de
Castellón, y también está pendiente de sentencia de otro juzgado. Esta
persona es el número 2 de Carlos Fabra. También conocerán para qué ha
utilizado la Diputación de Castellón. Ahora mismo está en la prisión de
Aranjuez.

Justo ayer se hacía público que el juez ha imputado a todo el Partido
Popular valenciano por el caso Taula o Imelsa, según el cual ustedes han
utilizado la Diputación de Valencia. Les sonará también esta persona, el
señor Rus. (El señor senador muestra varias fotografías a la Cámara).
¿Recuerdan a esta persona, que contaba los billetes de mil en mil? Mil,
dos mil, dos millones de pelas. Esa persona y esta que ven en esta foto,
la señora Barberá, son los jefes de estas tramas corruptas, y ustedes
presentan aquí una moción defendiendo el papel de las diputaciones. Ya
sabemos por qué: para continuar utilizándolas y continuar delinquiendo.
(Una señora senadora pronuncia palabras que no se perciben). Gracias, no
esperaba más de usted.

A nosotros nos parece muy triste que continúen defendiendo el papel de
las diputaciones, que continúen amparando la corrupción. Nos parece muy
triste que continúen dando un asiento aquí a la jefa de la corrupción
valenciana. (Aplausos.—Protestas).

El señor PRESIDENTE: Senador Mulet, tiene usted un turno de defensa de
las enmiendas que han presentado. Le llamo a la cuestión.

El señor MULET GARCÍA: Gràcies.

Òbviament anem a defensar l’esmena i estic explicant per què
nosaltres hem presentat una esmena. Nosaltres presentem una esmena perquè
pensem que, a banda que el Partit Popular valencià és un cas de corrupció
extrema, i conforme ha utilitzat les diputacions, malauradament, no és un
cas aïllat, podríem parlar del cas de les diputacions galleges del senyor
Louzán en el caso Patos, el president de Pontevedra, el senyor Baltar
d’Ourense, però en cinc minuts que tinc no tinc prou per explicar
tots els casos de corrupció en què vostès han utilitzat les diputacions.
Per tant, nosaltres hem presentat una esmena perquè pensem que cal
suprimir diputacions, òbviament les valencianes, suprimir diputacions
—i també partits polítics corruptes, també cal suprimir-los, però
és un altre debat— suprimir o modificar la forma de funcionament i
atribucions que tenen les diputacions.

Han vist que l’argument del senyor popular és completament
demagògic. Hi ha cinc comunitats autònomes que no tenen diputacions i per
això no deixen de arreplegar gossos, tindre serveis de neteja, deixen de
tindre serveis bàsics. Per tant, si hem creat un Estat de les autonomies
on han sigut precisament les entitats autonòmiques que han assumit la
majoria de competències hui en dia no te cap sentit mantindre unes
estructures creades en el segle XIX, en una mentalitat del segle XIX, i
que no representen eixa pluralitat de l’Estat. Les províncies són
unes construccions polítiques allunyades de la realitat territorial en
molts casos, com és en el cas del País Valencià, on nosaltres volem la
supressió de les diputacions valencianes, la modificació d’aquells
altres territoris de l’estat, però no volem deixar la ciutadania
sense cap tipus de servei. Eixos serves sense cap tipus de problema es
podran assumir pels governs autonòmics. I és el que estem defenent.

Vostès, la gent del Partit Popular defenien abans les famílies,
òbviament, les famílies Fabra, les famílies Bouzá, que són les que estan
instaurades i han utilitzat les diputacions per continuar delinquint.
Nosaltres volem que les diputacions desapareguin allà on no tinguen
sentit, i allà on sí que tenen sentit, que tinguen el sentit que realment
han de tindre, no simple competència amb el paper de les comunitats
autònomes.

Per tant, nosaltres defensem en la nostra esmena un nou model tal i com
s’ha pactat el model territorial que tenim actual de les comunitats
autònomes, volem que els pobles continuen tenint els serveis, però volem
que s’acaben estos nius de corrupció que són les diputacions, en
este niu de duplicitat de funcions. Per això, i acabe ja senyor
president, creiem que la moció que vostès porten aquí és una cortina de
fum que no parla dels problemes que te la ciutadania, perquè aquí ningú
no està parlant aquí de deixar els ciutadans sense cap tipus de serveis
mínims.

Gracias.

Defendemos una enmienda y estoy explicando por qué la hemos presentado.
Aparte de que el del Partido Popular valenciano es un caso de corrupción
extrema, y aparte de cómo ha utilizado las diputaciones, no es un caso
aislado: podemos hablar de las diputaciones gallegas, del expresidente de
la Diputación de Pontevedra o del señor Baltar en Orense, pero en estos
cinco minutos no puedo explicar todos los casos de corrupción que afectan
a sus diputaciones. Hemos presentado esta enmienda porque pensamos que
hay que suprimir diputaciones —y partidos políticos corruptos, por
supuesto, pero es otro debate— o modificar la forma de
funcionamiento y atribuciones que tienen.

Lo que ha dicho el senador del Partido Popular es demagógico. Hay
comunidades autónomas que no tienen diputaciones y no por ello dejan de
tener servicios de limpieza, etcétera. Por tanto, si hemos creado un
Estado de las autonomías en el que las entidades autonómicas han sido las
que han asumido la mayoría de las competencias, no tiene sentido mantener
unas estructuras creadas en el siglo XIX y que no representan la
pluralidad del Estado. Las provincias son construcciones políticas
aisladas de la realidad, como en el caso del País Valenciano, para la que
pedimos la supresión o modificación de las diputaciones. También lo
pedimos para otros territorios del Estado, pero no queremos dejar a esas
regiones sin servicios, y las autonomías podrían asumirlos.

El Partido Popular defendía a las familias Fabra, Bouzá, que son las
que están en estas diputaciones, para continuar delinquiendo. Queremos,
por tanto, que desaparezcan donde no tengan sentido y donde lo tengan que
sigan existiendo dándole vida las comunidades autónomas.

Defendemos en esta enmienda un nuevo modelo, como se ha pactado el
modelo territorial actual de las comunidades autónomas. Queremos que los
pueblos continúen teniendo servicios, pero que se acabe con estos nidos
de corrupción y de duplicidad de funciones. Por eso, y acabo ya, señor
presidente, creemos que la cuestión que ustedes traen aquí es una cortina
de humo que no habla de los problemas que tiene la ciudadanía.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MULET GARCÍA: Sabem com de nerviosos es posen vostès perquè
estem tancant-los el xiringuito a gent com Fabra, Ripoll, Rus, Barberà i
demés, i nosaltres volem, efectivament, suprimir diputacions inútils i
corruptes, i suprimir partits polítics creats per a delinquir.

Gràcies, senyor president.

Sabemos que les molesta porque les estamos cerrando el chiringuito a
Rus, Barberá y demás. Queremos suprimir aquellas que son inútiles y que
se han creado para delinquir.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Mulet.

Tiene la palabra el senador Sánchez Sánchez-Seco para indicar si acepta
o no las enmiendas presentadas.

El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, se han presentado cinco enmiendas, a las cuales responderé
según el orden de exposición.

En cuanto a la señora Castilla, senadora por La Gomera, quiero decirle
que estamos totalmente de acuerdo con su enmienda que, además, está en
consonancia con la labor que realizan las diputaciones provinciales, por
lo que la vamos a aceptar y vamos a incluir a los cabildos y a los
consells, que por distintos motivos —probablemente por un
lapsus— no se habían incluido en alguno de los puntos. Por lo
tanto, insisto en que aceptaremos su enmienda.

La enmienda presentada por la senadora Rosa Domínguez, de Foro, nos
parece muy conveniente pues hace una propuesta muy lógica para que en el
ámbito de las diputaciones provinciales —de la comunidad asturiana,
en su caso— se incluya el impulso de algunas estrategias que apoyen
a los discapacitados y a los mayores que viven en el medio rural. Como ya
le he comentado a ella, se trata de dos propuestas muy positivas que ya
están en marcha: el Plan de acción de la estrategia española de
discapacidad 2014-2016, que se aprobó el 12 de septiembre de 2014, y el
Marco de actuación para las personas mayores en el medio rural. Por
tanto, lo lógico es que dentro de ese marco y de esa estrategia se
colabore con las diputaciones provinciales para impulsar medidas
destinadas a los discapacitados y a los mayores en el medio rural, pues
verdaderamente lo necesitan.

En cuanto a la enmienda presentada por la senadora de Coalición
Canaria, quiero decirle que no la aceptaremos, pues plantea una
iniciativa totalmente distinta a la presentada por mi grupo. De hecho, su
enmienda dice que se sustituyan los siete puntos que incluye nuestra
moción; es decir, se trata de una iniciativa totalmente distinta. Además,
en la enmienda ni siquiera se cita a las diputaciones provinciales, a los
consells o a los cabildos. Por tanto, lógicamente, no procede
aceptarla.

Respecto al representante de Compromís, la verdad es que no he
terminado de entenderle muy bien. No sé si usted ha intervenido en la
defensa de las dos enmiendas presentadas por su grupo o creía que esto
era una exposición de fotografías, pues no hacía más que sacar
fotografías y no hablaba de la enmienda. Yo creo que hoy se ha equivocado
de foro. Este no es un foro para enseñar fotografías sino para plantear
debates en beneficio de nuestros pueblos, de nuestros municipios y de
nuestros ciudadanos.

Y sobre la enmienda que ustedes presentaron por escrito, en la que
proponen la supresión del punto número dos de nuestra moción, no la
podemos aceptar, pues lo que plantea, simple y llanamente —y yo
diría que textualmente—, es que no se respete la labor de las
diputaciones provinciales en el medio rural. Evidentemente, desde nuestro
punto de vista no solo hay que respetarlas, sino apoyarlas porque
realizan una gran labor.

En cuanto a la enmienda en la que proponen la modificación del punto
cuatro de nuestra moción, sinceramente, su propuesta tampoco tiene nada
que ver, ni en la forma ni en el fondo, con lo que dicha moción plantea
en su punto cuatro: la defensa nítida y clara de estas instituciones. Lo
que ustedes plantean en su enmienda es un proceso que conlleva una
reforma de la Constitución, poniendo además en entredicho la labor
desarrollada por las diputaciones provinciales, algo que para el Grupo
Popular es inadmisible. Y como he dicho de forma reiterada, hoy venimos
precisamente a defender las diputaciones por la gran labor que
realizan.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sánchez Sánchez-Seco.

¿Turno en contra? (Denegaciones).

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, intervienen el senador Crisol y el
senador Rodríguez Cejas. Disponen de doce minutos para compartir.

Tiene la palabra el senador Crisol.

El señor CRISOL LAFRONT: Señor presidente, señorías, en Ciudadanos
estamos convencidos de que la eliminación de las diputaciones es una
medida necesaria para reducir el gasto no productivo de las
administraciones en estructuras políticas. Nuestro plan de reorganización
no contempla despidos de los trabajadores, ya que las funciones que
realizan en las diputaciones las pasarán a desarrollar en otros lugares
de la Administración. El consejo de alcaldes se contempla como un consejo
formado por los actuales alcaldes de los municipios, que serán los
encargados de gestionar las competencias que hasta ahora habían
gestionado las diputaciones.

Respecto a las duplicidades, estas se eliminarán a partir de una
reforma constitucional que ordene y blinde las competencias tanto del
Gobierno central como de las comunidades autónomas y de los
ayuntamientos, proporcionando a nuestros ciudadanos una prestación de
servicios más eficiente y eficaz.

El coste de las diputaciones es desmesurado y no se corresponde con la
cuantía y calidad de los servicios que dan a los pueblos. Hay algunas
diputaciones en las que se deriva el 60 % del presupuesto a gastos de
funcionamiento. El dinero, por tanto, no llega a los ciudadanos. De
cada 10 euros de presupuesto, 6 quedan en la propia diputación y cerca de
la mitad se destinan a sueldos en puestos políticos y burocráticos.
Apenas unos 2 euros de esos 10 acaban llegando a los municipios como
financiación de proyectos.

Por todo ello, nuestra posición es claramente contraria a la moción que
presenta el Grupo Parlamentario Popular.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Crisol.

Tiene la palabra el senador Rodríguez Cejas.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, como senador por la Agrupación Herreña Independiente de
Coalición Canaria, por la isla de El Hierro, defenderé siempre a los
cabildos como auténticos órganos del Gobierno insular.

La formación a la que represento no puede votar en contra de una moción
en la que se aboga por la permanencia de los cabildos insulares, siendo
como somos un partido cabildista por excelencia. Pero tampoco podemos
votar a favor por varias razones que les expondré brevemente.

En primer lugar, porque nadie hasta hoy ha atacado a los cabildos ni ha
propuesto su supresión, lo que hace innecesaria su defensa. En segundo
lugar, no podemos apoyar una moción en la que se equiparan los cabildos
con las diputaciones provinciales, lo que evidencia, con todo respeto,
cierto desconocimiento sobre la realidad insular.

Los cabildos han cumplido más de cien años y ostentan un conjunto de
competencias mucho más amplio que el de las diputaciones provinciales, y
cuentan con la doble consideración de órgano de gobierno y administración
insular y de la institución de la comunidad autónoma. Ya la Ley de 11 de
julio, de 1912, por la que se crearon los cabildos, definía como su
ámbito de actuación la isla, lo que les diferencia de las instituciones
provinciales del resto del Estado.

La equiparación con las diputaciones tampoco se sostiene desde el punto
de vista de su composición y conformación democrática, puesto que los
cabildos insulares son instituciones con plena legitimidad democrática al
ser elegidos los consejeros insulares de forma directa por los residentes
en cada isla. Es precisamente en el régimen electoral donde la diferencia
entre los cabildos insulares y las diputaciones provinciales de régimen
común se hace más patente.

La Agrupación Herreña Independiente Coalición Canaria entiende que es
posible avanzar hacia una nueva estructura político-administrativa del
Estado con una reorganización competencial que vaya en la línea de hacer
más eficaz a las administraciones; prestar los mejores servicios a la
ciudadanía, pero también una reorganización que resulte menos gravosa
para el ciudadano; una necesaria reorganización que pueda incluir a las
diputaciones provinciales, pero nunca a los cabildos que, como digo, son
órganos de Gobierno y entidades básicas para la prestación de servicios
en un territorio insular y que vienen justificados por nuestra geografía
de isla.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Cejas.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Gallastegui.

El señor GALLASTEGUI ALTUBE: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores, ante la moción presentada por el Grupo
Popular en el Senado, el Grupo Vasco, el Partido Nacionalista Vasco,
manifiesta lo siguiente.

La moción plantea la necesidad de reivindicar el valor institucional de
las diputaciones provinciales, los cabildos y los consejos insulares, y
respetarlos. Si bien en el último párrafo de la parte expositiva de la
moción se hace referencia también a las diputaciones forales entre las
administraciones territoriales con competencia propia y con autonomía
para gestionar sus intereses, es claro que la moción no se refiere a
ellas y no les alcanza en virtud de su especial configuración y del lugar
que ocupan en el entramado institucional de la comunidad autónoma vasca.
Por ello, nos vamos a abstener. No obstante, queremos llamar la atención
sobre un hecho relevante a nuestro criterio, y es que entendemos que la
supresión de las diputaciones provinciales, los cabildos y consejos
insulares no se puede desvincular de la derivada de ajustar de forma
importante, tal vez incluso traumática, el mapa municipal. Será
imprescindible, si se adopta la decisión de suprimir las diputaciones
provinciales, los cabildos y los consejos insulares, promover, impulsar
órganos o instituciones de carácter supramunicipal. En ese sentido,
manifestamos que desde nuestro punto de vista tiene un interés evidente
mantener, al menos en nuestra comunidad autónoma, el actual mapa
municipal, que consideramos funciona correctamente, con el concurso y
apoyo a los pequeños municipios de las diputaciones forales y del
Gobierno vasco. Los pequeños municipios aportan un elemento importante de
cohesión y equilibrio territorial que no es deseable perder. En
definitiva, hecha esta observación, nos vamos a abstener, puesto que en
nuestro ámbito contamos con instrumentos suficientes para dar respuesta
propia a las cuestiones citadas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Gallastegui.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el
senador Ayats.

El señor AYATS I BARTRINA: Gracias presidente.

Des del grup d’Esquerra Republicana pensem que vostès creuen en
un estat unitari en que fins i tot l’administració local no és més
que un apèndix de l’estat centralista. Per això la legislatura
passada ja ens varen imposar una reforma de l’Administració local
que no te cap inconvenient a suprimir ens locals o arrabassar
competències. Ens diuen que no suprimim diputacions, però en canvi sí que
podem suprimir ens locals. Ens porten als temps del NODO en què els
ajuntaments eren titelles de l’administració estatal i han posat en
perill la democràcia local que tant ens va costar construir a tots.
Aquesta reforma que tenia com objectiu estalviar, retallar en democràcia
i centralitzar en el poder en mans estatals. Una reforma que a efectes
pràctics dona la tutela absoluta a l’Estat, però no resolt el
principal dels problemes del municipis, que no és altre que el
finançament. El que sí permet és, en canvi, unes diputacions que
segueixen en unes grans dotacions econòmiques.

Avui ens presenten una moció que parteix d’aquesta mateixa visió
centralista i homogeneïtzadora que tenia Javier de Burgos
l’any 1833, quan va establir la divisió provincial que encara avui
mantenen. Des d’Esquerra no hem compartit mai aquesta estructura
imposada al mirall del jacobinisme francès, sent a més una mala còpia
d’aquesta. Les diputacions provincials s’han demostrar
estructures burocràtiques i deficients que no estan adaptades a la nostra
realitat territorial. El desmantellament de les diputacions permetria
alliberar recursos per ser destinats a les polítiques de proximitat a la
ciutadania. Que podem prescindir d’elles és una realitat que es
manifesta a les comunitats uniprovincials, com per exemple, Madrid,
Múrcia, Cantàbria, o les seues competències són assumides per la
comunitat autònoma, i en aquests casos, els municipis no estan desatesos,
no? No obstant això, en lloc d’estalviar suprimint les diputacions
la seua obra de govern ha estat en suprimir democràcia local per dotar de
competències a les diputacions i així poder avui justificar el seu
manteniment. La jugada és ideològicament perfecta per vostès: eliminen
resistències municipalistes, concentren el poder en mans de l’Estat
i mantenen l’oficina de col·locació bipartidista, i amb les
pràctiques que el senyor Mulet explicava fa poca estona. Donant suport al
manteniment de les diputacions estan retallant en democràcia, en la
democràcia més propera a la ciutadania, mostrant-se a favor d’unes
prescindibles diputacions que a diferència dels ajuntaments no són òrgans
d’elecció directa, estan allunyant el poder de la ciutadania i, amb
ell, els mecanismes de control del poder polític i d’assumpció
electoral de la seves responsabilitats de gestió.

Aquest sistema d’elecció no directa propicia anomalies. Anomalies
democràtiques com les llistes fantasma. Vostès es dediquen a presentar
candidatures electorals, fins i tot llistes senceres, amb persones
d’






altres territoris, totalment allunyades dels territoris, que hi
ha que ni tan sols han trepitjat mai aquell municipi, i tot per què? Per
un grapat de vots que els doni un diputat provincial més. Vostès saben
perfectament que la ciutadania no es conscient i se n’aprofiten. El
sistema d’elecció indirecta de les diputacions beneficia el
bipartidisme i perjudica l’electorat. I això fa que s’escapen
del control electoral, perquè quan els ciutadans van a votar per les
eleccions municipals, no tenen l’opció d’escollir quins
representants volen a la seua diputació; de fet moltes vegades no
existeix ni la consciència que també estan votant aquests diputats
provincials. I tot això, com deien, fa que la ciutadania s’allunyi
de la política y percebin les diputacions com les institucions més
llunyanes i opaques de totes. Si això no els sembla significatiu? I seria
possible que les diputacions fossin òrgans d’elecció directa? Les
diputacions forals demostren que sí.

Com deien, el nostre objectiu ha estat canviar aquest model, i quan hem
tingut representació, malgrat no creure en aquest sistema
d’organització provincial, hem imposat polítiques encaminades a la
transparència, i establint criteris de repartiments econòmics més clars,
més justos i més racionals per tal de disminuir una exagerada
discrecionalitat. Nosaltres reconeixem que en molts moments o llocs
s’ha desenvolupat una tasca de suport municipal a certes
diputacions. El que sempre serà discutible, com a mínim discutible, i
nosaltres està clar que pensem que no, és la seva eficiència. Per això,
sobretot, insistim que aquest sistema de diputacions no és el nostre. És
un model territorial que vostès ens imposen i que és aliè a la tradició
administrativa catalana i a la seva singularitat territorial.

Qui conegui el Principat de Catalunya sap que les diputacions no
encaixen ni en la realitat econòmica, ni territorial, ni sentimental, de
les persones que hi viuen. Per aquests motius la voluntat de Catalunya
per lliurar-se de les diputacions ve de molt lluny. Només cal fer
referència a la Mancomunitat de Catalunya, constituïda el 1914 i abolida
només 11 anys després, el 1925, per Primo de Rivera. Les seves úniques
competències van ser les de les diputacions catalanes mancomunades, i
només amb aquests 11 anys de vigència, però només en aquest tems va fer
més per garantir el benestar dels ciutadans i donar suport als municipis
que qualsevol diputació espanyola. Ja en democràcia, ho vam tornar a
provar. El 1980 el Parlament de Catalunya va aprovar el traspàs urgent i
ple de les competències de les diputacions a favor de la Generalitat. No
obstant això, el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucional la
llei 6/1980, i va impedir a la Generalitat el seu propòsit. Després, més
tard, a l’any 1987 vam intentar convertir Catalunya en una
comunitat uniprovincial. Posteriorment, se’ns va negar.

Desenvolupar el nostre model propi d’organització territorial i
govern local. Aquest és el nostre objectiu. Vostès segueixen amb la seua
política profundament homogeneïtzadora. L’Estatut d’Autonomia
de Catalunya requereix de la necessitat de reconèixer un règim especial a
Catalunya. Ja en parlaven abans alguns dels senadors que m’han
precedit. Les províncies espanyoles és un model caducat. les quatre
províncies espanyoles, en el cas de Catalunya, no s’han adequat mai
—no es que hagin caducat— mai s’han adequat a la
realitat territorial catalana. Ningú pot posar en dubte que les Terres de
l’Ebre són uns territoris amb unes característiques i unes
necessitats pròpies, diferents a les del Camp de Tarragona, però són la
mateixa província. O l’Alt Pirineu i la Plana de Lleida. I el cas
contrari, la Seu d’Urgell i la Cerdanya, realitats similars, però
en canvi en províncies diferents; de fet, nosaltres reivindiquem les
vegueries, les nostres institucions. Les nostres institucions històriques
catalanes abolides pel decret de Nova Planta al 1716. Imaginin-se.
Gairebé cent anys que les seves províncies el decret de Nova Planta
suprimeix les vegueries, per la senzilla i clara raó que eren pròpies del
Principat de Catalunya; era la manera d’organitzar-se que tenia el
principat. Ara la reivindiquem, evidentment, adaptant-les a la realitat
geogràfica i social actual. Volem conservar les nostres institucions i
rebutgem l’uniformisme, la burocràcia i el centralisme. I quan
parlem de vegueries no es tracta d’un canvi de nom, es tracta
d’un canvi de model. No obstant això, vostès ni tan sols contemplen
la implementació d’aquestes vegueries. Encara que es tracti
d’una manera de racionalitzar i adaptar les administracions
territorials que organitzen millor el territori català. De fet, el que no
els agrada no són les vegueries. Vostès rebutgen qualsevol tipus de
singularitat en el cas de Catalunya, imposant una regulació homogènia a
una realitat heterogènia. Obvien la singularitat catalana. La Generalitat
de Catalunya te competències exclusives en matèria d’organització
territorial i règim local, i no hi pensem renunciar.

En resum, ja teníem una organització prèvia a les províncies i
diputacions que va ser abolida; segon, tots els intents recents per
reconèixer la singularitat territorial, mai han estat atesos; y, tercer,
creguem que les diputacions tenen greus dèficits de proximitat amb la
ciutadania. Aquest només és un pas més cap a la consecució del seu ideal
d’estat unitari. Poden aprovar totes les mocions que vulguin,
nosaltres ja estem per una altra cosa. Nosaltres estem per proclamar la
república catalana i aquesta, segur, que no hi haurà diputacions.

Gracias, presidente.

En el Grupo de Esquerra Republicana pensamos que ustedes creen en un
Estado unitario, en el que incluso la Administración local no es más que
un apéndice del Estado centralista. Por eso, en la legislatura pasada nos
impusieron ya una reforma de la Administración local que no tenía ningún
inconveniente en suprimir entes locales o arrebatar competencias. Nos
dicen que no suprimamos diputaciones, pero en cambio sí podemos suprimir
entes locales. Nos llevan a los tiempos en que los ayuntamientos eran
títeres de la Administración estatal y han puesto en peligro la
democracia local que tanto nos costó a todos construir. Esta reforma,
cuyo objetivo era ahorrar, recortar democracia centralizando el poder en
manos estatales, es una reforma que a efectos prácticos supone la tutela
absoluta del Estado, pero no resuelve el principal de los problemas de
los municipios, que no es otro que la financiación; en cambio, sí permite
unas diputaciones que siguen con unas grandes dotaciones económicas.

Hoy nos presentan una moción que parte de esta misma visión centralista
y homogeneizadora que tenía Javier de Burgos en el año 1833, cuando
estableció la división provincial que todavía hoy mantienen. En Esquerra
nunca hemos compartido esta estructura impuesta con el espejo del
jacobinismo francés, siendo además una mala copia de ella. Las
diputaciones provinciales se han demostrado estructuras burocráticas
ineficientes, que no están adaptadas a nuestra realidad territorial. El
desmantelamiento de las diputaciones permitiría liberar recursos para ser
destinados a políticas de proximidad a la ciudadanía. Que podemos
prescindir de ellas es una realidad que se manifiesta en las comunidades
uniprovinciales como, por ejemplo, Madrid, Murcia, Cantabria, donde sus
competencias son asumidas por la comunidad autónoma y en estos casos los
municipios no están desatendidos. A pesar de ello, en lugar de ahorrar
suprimiendo las diputaciones, lo que ha hecho el Gobierno ha sido
suprimir en democracia local para dotar de competencias a las
diputaciones y así justificar hoy su mantenimiento. La jugada es
ideológicamente perfecta para ustedes: eliminan resistencias
municipalistas, concentran el poder en manos del Estado y mantienen la
oficina de colocación bipartidista, con las prácticas que el señor Mulet
ha explicado hace un rato. Dando apoyo al mantenimiento de las
diputaciones están recortando en democracia, en la democracia más cercana
a la ciudadanía, mostrándose a favor de unas prescindibles diputaciones
que, a diferencia de los ayuntamientos, no son órganos de elección
directa; están alejando el poder de la ciudadanía y con ello los
mecanismos de control del poder político y de asunción electoral de sus
responsabilidades de gestión.

Este sistema de elección no directa propicia anomalías, anomalías
democráticas como las listas fantasma. Ustedes se dedican a presentar
candidaturas electorales, incluso listas enteras, con personas de otros
territorios, totalmente alejadas del territorio, algunas de las cuales ni
siquiera han pisado aquel municipio, ¿y todo por qué? Por un puñado de
votos que les dé un diputado provincial más. Ustedes saben perfectamente
que la ciudadanía no es consciente y se aprovechan de ello. El sistema de
elección indirecta de las diputaciones beneficia al bipartidismo y
perjudica al electorado, y esto hace que se escapen del control electoral
porque cuando los ciudadanos van a votar en las elecciones municipales,
no tienen la opción de escoger qué representantes quieren en su
diputación; muy a menudo no existe siquiera la conciencia de que también
están votando a esos diputados provinciales y todo ello hace que la
ciudadanía se aleje de la política y perciba a las diputaciones como las
instituciones más lejanas y opacas de todas. Si esto no les parece
significativo... ¿Sería posible que las diputaciones fuesen órganos de
elección directa? Las diputaciones forales demuestran que sí.

Como hemos dicho, nuestro objetivo ha sido cambiar este modelo y, a
pesar de no creer en este sistema de organización provincial, hemos
impulsado políticas encaminadas a la transparencia, estableciendo
criterios de reparto económico más claros, más justos y más racionales
para disminuir una exagerada discrecionalidad. Reconocemos que en muchos
momentos se ha desarrollado una labor de apoyo municipal a ciertas
diputaciones, pero como mínimo siempre es discutible su eficiencia. Por
eso insistimos en que este sistema de diputaciones no es el nuestro, es
un modelo territorial que ustedes nos imponen, ajeno a la tradición
administrativa catalana y a su singularidad territorial.

Quien conozca el Principado de Cataluña sabe que las diputaciones no
encajan ni en la realidad económica, ni territorial, ni sentimental de
las personas que viven en ellas, y por eso la voluntad de Cataluña
respecto a las diputaciones viene de muy lejos, solo hay que hacer
referencia a la Mancomunidad de Cataluña constituida en 1914 y abolida
solo once años después, en 1925, por Primo de Rivera. Sus únicas
competencias fueron las de las diputaciones catalanas mancomunadas, pero
en sus once años de vigencia hizo más para garantizar el bienestar de los
ciudadanos y apoyar a los municipios que cualquier diputación española.
Ya en democracia intentamos probarlo de nuevo y en 1980 el Parlamento de
Cataluña aprobó el traspaso urgente y pleno de las competencias de las
diputaciones a favor de la Generalitat; a pesar de ello, el Tribunal
Constitucional declaró inconstitucional la Ley 6/1980 e impidió a la
Generalitat su propósito. Más tarde, en 1987, intentamos convertir
Cataluña en una comunidad uniprovincial; posteriormente se nos negó.

Desarrollar un modelo propio de organización territorial y gobierno
local es nuestro objetivo. Ustedes sigan con su política profundamente
homogeneizadora. El Estatuto de Autonomía de Cataluña requiere la
necesidad de reconocer un régimen especial en Cataluña, como han dicho
algunos de los senadores que me han precedido. El modelo provincial
español es un modelo caducado, las cuatro provincias catalanas nunca se
han adecuado —no es que hayan caducado— a la realidad
territorial catalana. Nadie puede poner en duda que las Terres de
l’Ebre son un territorio con unas características y unas
necesidades propias diferentes a las del Camp de Tarragona, pero son la
misma provincia. El Alt Pirineu y la Plana de Lleida y, en el caso
contrario, la Seu d’Urgell y la Cerdaña, son realidades similares
pero en provincias distintas; de hecho, reivindicamos las veguerías, que
son nuestras instituciones históricas catalanas abolidas por el Decreto
de Nueva Planta en 1716. Imagínense, casi cien años antes que sus
provincias, el Decreto de Nueva Planta suprime las veguerías por la
sencilla y clara razón de que eran propias del Principado de Cataluña;
era la manera de organizarse del principado. Ahora las reivindicamos,
evidentemente, adaptándolas a la realidad geográfica y social actual.
Queremos conservar nuestras instituciones y rechazamos el uniformismo, la
burocracia y el centralismo; y cuando hablamos de veguerías no se trata
de un cambio de nombre, sino de modelo. A pesar de ello, ustedes ni
siquiera contemplan la implantación de esas veguerías, aunque se trate de
una manera de racionalizar y adaptar las administraciones territoriales
que organizan mejor el territorio catalán. Lo que no les gusta son las
veguerías. Ustedes rechazan cualquier tipo de singularidad; en el caso de
Cataluña, imponiendo una regulación homogénea a una realidad heterogénea,
obviando la singularidad catalana. La Generalitat de Catalunya tiene
competencias exclusivas en materia de organización territorial y régimen
local, y no pensamos renunciar a ello.

En resumen, primero, teníamos ya una organización previa a las
provincias y diputaciones que fue abolida; segundo, todos los intentos
recientes para reconocer la singularidad territorial nunca han sido
atendidos; y, tercero, creemos que las diputaciones tienen graves
defectos de proximidad con la ciudadanía. Este es un paso más hacia la
consecución de su idea de Estado unitario. Pueden aprobar todas las
mociones que quieran, nosotros ya estamos por otras cosas, estamos por
proclamar la república catalana, y en esta seguro que no habrá
diputaciones.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ayats.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Democràcia i Llibertat,
tiene la palabra el senador Souto.

El señor SOUTO ANDRÉS: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías. Abans de posicionar-nos en nom del grup català
de Democràcia i Llibertat, sobre el contingut d’aquesta moció que
el Grup Parlamentari Popular al Senat ens presenta, potser caldria
preguntar-se com i per què aquesta moció de suport a les diputacions ha
arribat fins aquí justament avui en aquesta primera sessió plenària del
Senat.

Recapitulem. Si no m’equivoco la seqüència dels fets seria poc o
molt la següent. Ciutadans fent un exercici no sé si de demagògia o de
desconeixement de la realitat, o potser de totes dues coses a
l’hora, proposa la supressió de les diputacions. El PSOE, en aquell
intent no reeixit de tancar un acord per a la investidura del senyor
Sánchez, compra la proposta i la incorpora com una de les mesures
estrella del que ha de ser —diuen— la reforma urgent de la
Constitució. Però —i no és un però menor— maquilla aquesta
proposta tot dient que aquesta supressió de les diputacions vindria
acompanyada, no s’ho perdin, de la creació de consells provincials
d’alcaldes per a la atenció al funcionament i a la prestació de
serveis dels municipis de menys de 20 000 habitants de la província
respectiva —pàgina 64 de les 66 que tenia el document de
l’acord entre PSOE i Ciutadans—. Parèntesi. Aquesta xifra
dels 20 000 habitants ha anat sortint de forma sovintejada, en ocasions
fins i tot per plantejar la fusió de tots aquells municipis que no
assoleixen aquest volum mínim de població. Forma part de una mena
d’imaginari col·lectiu suposadament optimitzador, no se sap ben bé
com, dels recursos, i que l’únic que fa és posar de manifest la
mirada miop, metropolitana i recentralitzadora de qui proposa tal
despropòsit. Aquell desconeixement de la realitat del nostre territori
del que els hi parlava abans. Els hi posaré un exemple. Lleida. La
província de Lleida, la meva circumscripció. 231 municipis. Saben quants
tenen menys de 20 000 habitants? 230 dels 231; és a dir, excepte la
capital, cap dels municipis de la demarcació, ni tan sols les capitals de
comarca, arriben a tenir aquest nombre d’habitants. I estic
convençut, i abans s’ha posat de manifest, que molts de vostès
podrien posar exemples similars parlant de les seves demarcacions
provincials respectives. Tanco el parèntesis i recupero el fil. Fil que
ens condueix de la proposta de Ciutadans alegrement secundada pel PSOE
fins arribar finalment a un Partit Popular que atén a la jugada,
reacciona amb agilitat i remata a porteria. Efectivament, el PP agraeix i
no desaprofita aquest impagable assistència de gol, i ens porta avui
aquesta moció amb la única intenció de treure-li els colors i les
contradiccions al PSOE. Un PSOE que al mateix temps que signa el document
amb Ciutadans per acabar amb les diputacions, veu com molts dels seus
propis presidents de diputacions s’alineen amb el PP per exigir la
continuïtat d’aquestes institucions. Tot plegat, per tant, no és
més que una maniobra de distracció enmig d’aquest procés
d’investidura que se’ls està ennuegant a tots plegats més del
compte. Tot és pura pirotècnia i gesticulació destinada a desestabilitzar
el contrari. I, evidentment, en aquest foc creuat entre els uns i els
altres, entendran que a nosaltres no ens hi trobaran.

Sempre és oportú reconèixer i reivindicar davant la ciutadania la tasca
que es fa des del món local. Sempre és oportú fer pedagogia i posar en
valor les actuacions de les entitats supramunicipals, que tenen unes
funcions certament necessàries i fins i tot insubstituïbles. El problema
senyories, però, és que aquesta moció més que oportuna és oportunista,
perquè al capdavall la realitat és que vostès senyors del PP no creuen ni
en la descentralització ni en la subsidiarietat ni en la autonomia local;
vostès creuen, i n’han donat proves reiteradament, que les coses es
gestionen millor des de la distància i amb un ball d’uniformitat.
La Larsal en va ser una bona mostra, desatenent de manera tan insensata
com imprudent, les reivindicacions unànimes del món local també de
dotzenes i dotzenes d’alcaldes del propi Partit Popular es van
obstinar en laminar competències i en reduir marges d’actuació. I
el que és més greu. Van intentar traslladar a la ciutadania una visió
distorsionada del món local, fent que aparegués com el principal
responsable del dèficit públic quan la realitat és justament la
contrària. No van voler escoltar ningú i ara en comencen a rebre les
conseqüències. Tot just, la setmana passada, va arribar la primera de les
sentències del Constitucional als múltiples recursos que es van presentar
contra Larsal. En definitiva, la passada legislatura es van posar on no
s’havien de posar, i en contrapartida, van deixar de tirar
endavant, la que hauria d’haver estat una de les seves prioritats:
la Llei de finançament local.

Mirin, nosaltres ho veiem diferent. Nosaltres estem convençuts que qui
millor pot decidir sobre les polítiques i les prioritats que en cada cas
cal aplicar al món local és la gent que des de la proximitat, des del
coneixement i des de la implicació directa, sap millor que ningú quina es
la resposta més adient per a cada situació. Allò que el meu il·lustre
predecessor en aquesta Cambra, el senador Manel Plana, va batejar amb una
expressió especialment afortunada com a: regidor kilòmetre 0. I és que
són aquells alcaldes i regidors, que vostès de vegades han volgut
criminalitzar, els qui des de l’estima i la vocació de servei
dediquen el seu temps i el seu talent a millorar les condicions de vida
dels seus conciutadans. I a més, en no poques ocasions, sobretot en el
cas dels municipis més petits, ho fan de manera desinteressada, sense
rebre cap altra compensació que la incomprensió i les crítiques
d’aquells que creuen que les coses es fan soles, de manera
miraculosa, quan la realitat és que sempre cal que hi hagi persones
concretes, amb noms i cognoms, per fer possible que els projectes tiren
endavant. Vagi, doncs, adreçat a tots els electes locals, però
especialment adreçat a aquells que han de desenvolupar la seva tasca en
condicions que sovint són precàries, el nostre reconeixement i la nostra
gratitud.

El fet de mancomunar els serveis i la optimització dels recursos és una
necessitat i una obligació, això és una evidència. De totes formes, el
debat sobre les institucions supramunicipals que s’encarreguen
d’aquests serveis mancomunats —diputacions, però també en el
cas català, consells comarcals— no pot girar al voltant de la seva
existència o de la seva supressió. Seria ingenu o malintencionat, pensar
que avui per avui, podríem prescindir-ne sense cap conseqüència, i que,
de manera màgica, les prestacions i el suport que dispensen als diferents
ajuntaments, podrien dur-se a terme igualment, sense la seva
participació. El debat, i si convé la vigilància, cal dedicar-lo a
garantir que aquestes institucions, com totes, com qualsevol altra, facin
bé la seva feina, evitant duplicitats, ineficiències, i molt
especialment, sobredimensionaments.

Acabo. El grup català al senat Democràcia i Llibertat, que com bé saben
està integrar per Convergència Democràtica de Catalunya i per Demòcrates
de Catalunya, que amb aquesta intervenció meva s’estrena a la
Cambra, no votarà a favor d’aquesta moció, i no ho farà perquè, com
ja els he dit abans, aquesta partida d’escacs no va amb nosaltres.
No només perquè tenim un model propi, i perquè ja ara l’Estatut ens
reconeix competències exclusives en matèria d’ordenació territorial
i d’administració local, sinó també perquè des de les eleccions del
passat 27 de setembre, el Parlament i el Govern de Catalunya tenen el
mandat inequívoc de caminar cap a la constitució d’un Estat propi
que, evidentment, haurà de determinar per ell mateix quina és la millor
forma per estructurar els diferents nivells d’organització
territorial.

Moltes gràcies.

Antes de posicionarme, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Democràcia i Llibertat, sobre el contenido de esta moción que ha
presentado el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, quizás tendríamos
que preguntarnos cómo y por qué esta moción de apoyo a las diputaciones
ha llegado hasta aquí justamente hoy, en esta primera sesión plenaria del
Senado.

Recapitulemos. Si no me equivoco, la secuencia de los hechos sería más
o menos la siguiente: Ciudadanos, haciendo un ejercicio no sé si de
demagogia o de desconocimiento de la realidad, o quizás de las dos cosas
a la vez, propone la supresión de las diputaciones. El PSOE, en aquel
intento sin éxito de cerrar un acuerdo para la investidura del señor
Sánchez, compra la propuesta y la incorpora como una de las medidas
estrella de lo que tiene que ser —dicen— la reforma urgente
de la Constitución. Pero —y no es un pero menor— maquilla esa
propuesta diciendo que esta supresión de las diputaciones iría acompañada
—no se lo pierdan— de la creación de consejos provinciales de
alcaldes para la atención al funcionamiento y prestación de los servicios
de los municipios de menos de 20 000 habitantes de la provincia
respectiva —página 64, de las 66 páginas que tenía el documento de
acuerdo entre PSOE y Ciudadanos—. Abro paréntesis: Esta cifra
de 20 000 habitantes ha ido surgiendo muy a menudo, en ocasiones,
incluso, para plantear la fusión de todos aquellos municipios que no
llegan a este volumen mínimo de población. Forma parte de una especie de
imaginario colectivo supuestamente optimizador, no se sabe bien cómo, de
los recursos, que lo único que hace es poner de manifiesto la mirada
miope, metropolitana y recentralizadora de quien propone tal
despropósito: el desconocimiento de la realidad de nuestro territorio del
que hablábamos antes. Les pondré un ejemplo. La provincia de Lérida, mi
circunscripción, tiene 231 municipios. ¿Saben cuántos tienen menos
de 20 000 habitantes? 230 de los 231; es decir, excepto la capital,
ningún municipio de la demarcación, ni tan siquiera las capitales de
comarca, llega a tener este número de habitantes. Estoy convencido, y
antes se ha puesto de manifiesto, de que muchos de ustedes podrían poner
ejemplos similares sobre sus demarcaciones provinciales respectivas.
Cierro paréntesis y recupero el hilo de mi intervención, hilo que nos
conduce de la propuesta de Ciudadanos, alegremente secundada por el PSOE,
hasta llegar finalmente a un Partido Popular que, atento a la jugada,
reacciona ágilmente y remata a portería. Efectivamente, el PP agradece y
no desaprovecha esta impagable asistencia de gol y hoy nos trae esta
moción con la única intención de sacar los colores y las contradicciones
al PSOE, un PSOE que al mismo tiempo que firma el documento con
Ciudadanos para acabar con las diputaciones, ve cómo muchos de sus
propios presidentes de diputación se alinean con el PP para exigir la
continuidad de estas instituciones. Todo ello no es más que una maniobra
de distracción en medio de este proceso de investidura que se les está
atragantando a todos más de la cuenta, todo es pura pirotecnia y
gesticulación destinada a desestabilizar al contrario y, evidentemente,
en este fuego cruzado entre unos y otros, entenderán que a nosotros no
nos encontrarán.

Siempre es oportuno reconocer y reivindicar ante la ciudadanía la labor
que realiza el mundo local; siempre es oportuno hacer pedagogía y poner
de manifiesto las actuaciones de las entidades supramunicipales, que
tienen unas funciones ciertamente necesarias e incluso insustituibles. El
problema, señorías, es que esta moción más que oportuna es oportunista,
porque, al fin y al cabo, la realidad es que ustedes, señores del PP, no
creen ni en la descentralización ni en la subsidiariedad ni en la
autonomía local; ustedes creen, y han dado prueba de ello reiteradamente,
que las cosas se gestionan mejor desde la distancia y con un baño de
uniformidad. Esto es desatender de manera insensata e imprudente las
reivindicaciones unánimes del mundo local, también de decenas y decenas
de alcaldes del propio Partido Popular, pues se obstinan en laminar
competencias y reducir márgenes de actuación, y lo que es más grave,
intentan trasladar a la ciudadanía una visión distorsionada del mundo
local, haciendo que parezca como el principal responsable del déficit
público, cuando la realidad es justamente la contraria. No quisieron
escuchar a nadie y ahora empiezan a sufrir las consecuencias. La semana
pasada llegó la primera de las sentencias del Constitucional con los
múltiples recursos que se presentaron contra la Larsal. En definitiva, en
la pasada legislatura se pusieron donde no tenían que ponerse y, en
contrapartida, no impulsaron lo que debería haber sido una de sus
prioridades: la Ley de financiación local.

Nosotros lo vemos de un modo distinto. Estamos convencidos de que quien
mejor puede decidir sobre las políticas y prioridades que en cada caso
hay que aplicar al mundo local son las personas que desde la proximidad,
el conocimiento y la implicación directa saben mejor que nadie cuál es la
respuesta más adecuada para cada situación, lo que mi ilustre predecesor
en esta Cámara, el senador Manuel Plana, bautizó con una expresión
especialmente afortunada: concejal kilómetro cero.






Y son los alcaldes y
regidores que ustedes a veces han querido criminalizar los que, con
estima y con la vocación de servicio, dedican su tiempo y su talento a
mejorar las condiciones de vida de sus conciudadanos. Además, en no pocas
ocasiones, sobre todo en el caso de los municipios más pequeños, lo hacen
de manera desinteresada, sin recibir ninguna otra compensación que la
incomprensión y las críticas de los que creen que las cosas se hacen
solas y de manera milagrosa, cuando la realidad es que siempre es
necesario que existan personas concretas, con nombres y apellidos, para
hacer posible que los proyectos tiren hacia delante. Vaya pues dirigido a
todos los electos locales, pero especialmente a los que tienen que
desarrollar su labor en condiciones que aún son precarias, nuestro
reconocimiento y nuestra gratitud.

La mancomunación de servicios y la optimización de los recursos son una
necesidad y una obligación, esto es una evidencia. De todas formas, el
debate sobre las instituciones supramunicipales que se encargan de esos
servicios mancomunados —diputaciones pero también consejos
comarcales en el caso catalán— no puede girar alrededor de su
existencia o de su supresión. Sería ingenuo o malintencionado pensar que,
hoy por hoy, podría prescindirse de ellas sin ninguna consecuencia y que
de una manera mágica las prestaciones y el apoyo que dispensan a los
diferentes ayuntamientos podrían llevarse a cabo igualmente sin su
participación. El debate, y si conviene la vigilancia, hay que dedicarlo
a garantizar que esas instituciones, como todas, como cualquier otra,
hagan bien su trabajo, evitando duplicidades, ineficiencias y
especialmente sobredimensionamientos.

Acabo. El Grupo Catalán en el Senado Democràcia i Llibertat, que, como
saben, está integrado por Convergència Democràtica de Catalunya y
Demòcrates de Catalunya y que con mi intervención se estrena en esta
Cámara, no votará a favor de esta moción, y no lo hará porque, como les
he dicho anteriormente, esta partida de ajedrez no va con nosotros, no
solo porque tenemos un modelo propio y porque ya ahora el estatuto nos
reconoce competencias exclusivas en materia de ordenación territorial y
ordenación local, sino también porque desde las elecciones del pasado 27
de septiembre el Parlamento y el Gobierno de Cataluña tienen el mandato
inequívoco de caminar hacia la constitución de un Estado propio, que
evidentemente tendrá que determinar por sí mismo cuál es la mejor fórmula
para estructurar los diferentes niveles de organización territorial.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Souto.

Por el Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú-Compromís-En Marea, tiene
la palabra el senador Espinar.

El señor ESPINAR MERINO: Gracias, presidente. Buenas tardes,
señorías.

Este es el primer Pleno que celebra esta Cámara desde el pasado mes de
octubre. En este Pleno han entrado tres mociones y el Partido Popular
tenía cupo para dos mociones. Dos de las mociones que vamos a discutir
esta tarde están presentadas por este partido. Pues bien, cinco meses
después y casi cinco millones de votos menos, para ustedes no ha cambiado
nada: seguimos discutiendo de lo mismo. Hoy vamos a discutir sobre la
unidad de España. Ustedes van a hablar de la España del capitán Trueno, y
vamos a discutir sobre las diputaciones provinciales de la forma en que
ustedes establecen siempre los debates. Teníamos servido para esta tarde
el debate España o Cataluña, y tenemos servido el debate diputaciones sí
o no.

En la moción que presentan y en la intervención del señor Sánchez-Seco,
ustedes se remontan al Decreto de las Cortes de 23 de mayo de 1812, para
reivindicar las diputaciones y, a la vez, su plena vigencia; reivindican
las diputaciones como una institución fundamental para nuestro país
aludiendo a los municipios pequeños y medianos y al medio rural. Cuando
yo estudiaba Ciencias Políticas, nos explicaban que las administraciones
no son fetiches, que las administraciones son medios para fines; y que la
política sobre el medio rural, la política para la gente mayor o la
política de municipios pequeños y medianos no se resuelve atribuyéndole
una administración: al contrario. Que ustedes piensen que las
diputaciones son la administración que sirve para resolver los problemas
del medio rural, de los municipios pequeños y medianos, de las mujeres en
el medio rural o de los mayores en el medio rural ¿significa, acaso, que
el resto de las administraciones no tengan que ocuparse de esos
problemas?

Señorías, vamos a discutir en serio sobre nuestro modelo territorial,
sin convertir a las diputaciones provinciales en un fetiche con el que
ahora ustedes reediten el partido de ping-pong sempiterno que mantienen
con el Partido Socialista, ahora acompañado de Ciudadanos. No discutamos
sobre diputaciones sí o diputaciones no; discutamos sobre el modelo
territorial en nuestro país. Nosotros proponemos hacer de esta Cámara,
que no es una Cámara de representación territorial, como ustedes saben;
porque, si lo fuera, sería una Cámara de representación autonómica, que
es el territorio que la Constitución Española y los textos
constitucionales, los estatutos de autonomía, reconocen a partir de los
años 1981 y 1982; proponemos hacer de esta Cámara, decía, una Cámara en
la que se impulse el debate sobre el modelo territorial de nuestro país.
Para ese debate cuenten con nosotros; para ese debate queremos contar con
todos.

Esta tarde vamos a discutir sobre la unidad de España, y se tirarán
ustedes los trastos a la cabeza: unos defendiendo la España del capitán
Trueno y otros defendiéndola un poco menos. Y discutiremos sobre más de
lo mismo de la legislatura pasada; como si esta fuera, no la Cámara Alta
ni la Cámara de representación territorial, sino como si fuera la Cámara
de la marmota. Pero nosotros les decimos que esta es una legislatura para
tomar decisiones; que esta es una legislatura importante; que esta es una
legislatura en la que los electores han decidido que las Cámaras sean
plurales y que haya en ellas nuevas fuerzas. Es una legislatura que lleva
implícito un mandato de cambio constitucional, de revisión de nuestro
modelo. Bien, pues revisemos nuestro modelo territorial; pero no solo
desde la perspectiva de España y Cataluña tirándose los trastos a la
cabeza: revisemos nuestro modelo territorial desde una perspectiva más
abierta e incorporando al modelo territorial a todas las instituciones de
lo que se ha dado en llamar el Gobierno multinivel de nuestro país.

Cuando ustedes dicen que los municipios pequeños y medianos tienen
problemas, aciertan, tienen razón. Pero eso no se resuelve con
diputaciones provinciales: eso se resuelve modificando la financiación de
las entidades locales. Como ustedes saben, el 50 % del dinero público de
nuestro país lo gestiona el Estado central, el 37 % las comunidades
autónomas y el 13 % las entidades locales. Eso ha generado problemas, y
no solo de financiación de los ayuntamientos; eso ha generado problemas
en nuestro modelo productivo. Cuando los ayuntamientos aprovecharon la
infame Ley del suelo de 1999 del Partido Popular, que liberalizaba
absolutamente todo, para financiarse y para obtener financiación, lo
hicieron porque no tenían una financiación suficiente. Hablemos,
entonces, de financiación de las entidades locales; hablemos de
financiación municipal.

Cuando ustedes dicen que el medio rural tiene problemas, señores del
Grupo Parlamentario Popular, no entreguen a las diputaciones, con 6000
millones de euros, la responsabilidad exclusiva de resolver los problemas
del medio rural. Si ustedes quieren apostar por el medio rural, crean en
él, apuesten por la competitividad; apuesten por la productividad;
apuesten por el I+D+i, apuesten por la sostenibilidad ambiental; apuesten
por ir a la Unión Europea a negociar, y no a decirle «sí, bwana» a la
señora Merkel en materia de agricultura. Apuesten por el papel de la
mujer en el medio rural; apuesten por el papel de los mayores en el medio
rural. ¿Y saben cómo se llama todo eso? Se llama financiación y se llama
proyecto de país, que es exactamente lo que ustedes no tienen; lo que
ustedes no tuvieron en la pasada legislatura y lo que tampoco parecen
tener los del pacto ─Ciudadanos y el Partido Socialista─.
Nosotros les emplazamos a hablar de reformas territoriales; nosotros les
emplazamos a hablar de proyecto de país; les emplazamos a hablar de
financiación y les emplazamos a salir de esta especie de Madrid-Barça
permanente en que han convertido ustedes el debate político. A estas
alturas, creo que todo el mundo sabe que yo soy muy del Real Madrid, pero
eso solo me gusta para el fútbol; para la política hablemos de reformas
territoriales.

Y hablando de reformas territoriales, hablemos de gobierno multinivel;
hablemos de geometría variable; hablemos de un modelo asimétrico que ya
tiene este país. Hoy hablamos de diputaciones provinciales, pero ha
habido varios senadores que han hablado con diferentes acentos y de
diferentes territorios, y que les han recordado a ustedes que en este
país hay diputaciones provinciales pero también diputaciones forales,
consells y cabildos insulares, y comunidades autónomas uniprovinciales;
en definitiva, que hay un modelo asimétrico. Y nosotros estamos de
acuerdo con modificar ese modelo asimétrico. Cuando nos vienen a decir
que suprimamos todas las diputaciones provinciales, nosotros decimos:
preguntemos a los territorios, porque es probable que los
castellano-leoneses y los castellano-manchegos no estén de acuerdo en la
supresión de sus diputaciones provinciales.

Hemos oído a la mayor parte de los senadores que vienen de Cataluña
decir ─como vienen haciéndolo desde hace cuarenta años, y antes no
lo decían porque lo tenían prohibido─ que la provincia no es la
unidad administrativa en la que se sienten representados y en la que se
sienten cómodos. Ensayemos un modelo de geometría variable; ensayemos un
modelo de Estado asimétrico. Ensayemos un modelo, señorías, para ofrecer
al 80 % de personas que dicen en Cataluña que quieren tener derecho a
decidir un modelo mejor, cuando lo puedan ejercer, que la España del
capitán Trueno... (Rumores). No se pongan nerviosos, yo voy a acabar
igual. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor ESPINAR MERINO: Para ofrecerles algo mejor que la
Administración provincial que, como ustedes dicen, se remonta al Decreto
de las Cortes de 1812 y que, probablemente, para buena parte de los
territorios del Estado ya no sirve.

Por nuestra parte, les remitimos a un modelo territorial que tenga que
ver con la plurinacionalidad, que tenga que ver también con un cambio de
la ley electoral; para no elegir, por ejemplo, a los senadores en
circunscripción provincial para una Cámara que debe ser de representación
territorial, y no de representación de las provincias. Porque esta
Cámara, señorías, se parece más a una Cámara del siglo XIX que a una
Cámara de representación territorial; ustedes saben que la provincia es
una administración territorial que tiene que ver con el Estado unitario,
y no con Estados plurales.

Les remitimos a modificar el modelo de financiación de las entidades
locales y a cambiar el 13, 37, 50 por otro modelo que garantice la
financiación suficiente de las entidades locales. Les pedimos, señorías,
que salgan del partido de ping-pong de los partidos viejos; que entiendan
que esta es una legislatura de decisiones; que esta es una legislatura de
cambio; que esta es una legislatura en la que por fin podemos sentarnos a
hablar de reformas territoriales y de reformas constitucionales. Les
pedimos, en definitiva, que entiendan que es un tiempo de cambio, que es
un tiempo nuevo y que nos toca a todos y a todas estar a la altura.

Muchas gracias (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Espinar.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora
Carcedo.

La señora CARCEDO ROCES: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, menuda tarde de fervor declarativo que hemos sufrido (El
señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia). Fervor
declarativo que se anticipa al fervor doloroso de la próxima semana;
probablemente nos estemos entrenando para ello. Pero, señorías, las
instituciones públicas no se defienden con fervores declarativos ni
proclamativos. Las instituciones públicas se defienden con una gestión a
favor del interés general, con una gestión transparente y con una gestión
orientada al beneficio de la ciudadanía.

Esta tarde toca hablar de las diputaciones, y de una manera bastante
extraña. Yo hablaba de fervor al inicio de la intervención, porque este
fervor no proviene de que haya una ilusión renovada por unas
instituciones democráticas como cualquier otra, sino que es reactivo a
que dos partidos políticos han dado un paso al frente para sacar a este
país de este impasse y de esta vía muerta en la que se encuentra, sobre
todo, después de la actitud irresponsable del actual presidente del
Gobierno y presidente del Partido Popular. (Aplausos).

Y hablando de geometría variable, señor Espinar, extrañas coincidencias
del destino en las votaciones en la otra Cámara hace una semana, extrañas
coincidencias del destino de la geometría variable.

Efectivamente, las diputaciones provinciales han sido objeto de
reiterados debates desde su constitución —ya se dijo que provienen
de la Constitución de 1812—. Fueron creadas para establecer un
elemento de equilibrio entre el poder central y la oligarquía local con
objeto, precisamente, de fomentar esa gestión cercana a los ciudadanos
pero, a la vez, defender el interés general de la ciudadanía. A lo largo
de estos más de doscientos años, ha habido debates sobre el sentido o no
de las diputaciones y sobre el encaje constitucional actual, teniendo en
cuenta que las administraciones autonómicas han desarrollado sus propias
estructuras, se han consolidado y tienen su propio funcionamiento y sus
propias competencias.

Un debate reciente se suscitó con motivo de la elaboración del libro
blanco sobre la administración local, y ahí ya se enfocaba la función
auxiliadora y cooperativa de las diputaciones con los ayuntamientos, con
las corporaciones locales, que no impedía en modo alguno, y no debe
impedir, la existencia de otras agrupaciones municipales que cumplieran
las funciones y con las que las diputaciones provinciales pueden ser
compatibles, así como su orientación dirigida a las necesidades de los
ayuntamientos. Es esto de lo que estamos hablando y no de una cuestión
sacra.

La realidad actual es que hay comunidades autónomas en las que no
existen diputaciones pero existen otras agrupaciones y que los ciudadanos
que viven en esos municipios, como mi comunidad autónoma, por muy rurales
y muy distanciados que se encuentren de los centros de decisión y por muy
lejanos que estén, no están desatendidos. Por tanto, no sacralicemos y
busquemos la funcionalidad de esas instituciones en la España democrática
actual. Evidentemente, las diputaciones provinciales están cumpliendo
actualmente una función muy importante.

Dicho esto, señorías, ¿a qué hemos asistido en estos últimos años? Al
abordaje tanto de las diputaciones como de los ayuntamientos, de las
corporaciones locales por parte de quien ahora se proclama el abanderado
y el defensor de la administración local. (El señor presidente ocupa la
Presidencia). Hemos asistido a que, lejos de esas conclusiones del libro
blanco, el Partido Popular ha hecho una ley supuestamente de
racionalización y sostenibilidad de la administración local, que lo que
hace es precisamente todo lo contrario de lo que están proclamando,
porque despoja a las corporaciones locales de unas competencias que se
las otorga a las comunidades autónomas. (Denegaciones del señor Cotillas
López). No me diga que no, porque acaba de haber una sentencia del
Tribunal Constitucional que dice que eso no es así. (Aplausos). Por
tanto, vamos a saber de qué estamos hablando.

Pero no solamente hacen esta ley, sino que dicen y se comprometen ante
Bruselas, ante la Unión Europea —para el cumplimiento de los
objetivos de déficit— a que esta ley y el resto de medidas que
ponen en marcha con la administración local van a suponer un a-ho-rro, o
sea, un recorte a las corporaciones locales y a las administraciones
locales de más 5000 millones de euros. De eso es de lo que estamos
hablando.

El trato específico a las diputaciones provinciales. ¿Qué trato le han
dado a las diputaciones provinciales? Aquí se han dado golpes en el pecho
diciendo: Diputación, diputación. La partida presupuestaria destinada a
las diputaciones provinciales que recogía los Presupuestos Generales del
Estado se ha dejado a cero, a casi 150 millones de euros para las
diputaciones provinciales, para las obras y servicios de las diputaciones
provinciales. Ha pasado lo mismo con los 48 millones de euros destinados
a los ayuntamientos de menos de 20 000 habitantes; lo han dejado en cero.
Y a esto añadimos la devoción por los recortes de algunas comunidades
autónomas gobernadas por el PP, que encima cierran consultorios locales,
escuelas infantiles, centros de servicios sociales…
(Protestas.—Aplausos). Esta senadora no habla a humo de pajas,
habla con datos. (Protestas).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora CARCEDO ROCES: Y es que, utilizando la lógica, lo único que
uno deduce de esta proclamación, de este fervor de esta tarde es
sencillamente que ustedes quieren blanquear su gestión con las
diputaciones provinciales y con las corporaciones locales que han ahogado
toda la legislatura anterior. (Aplausos).

Pero la moción no se queda ahí, va mucho más allá incluso de los cuatro
primeros puntos —y haciendo abstracción del contexto, podríamos
estar incluso de acuerdo en algunas cuestiones—. Resulta que, no
contentos con esto, meten el medio rural, meten tres puntos más que son
de delito; son de delito. Ustedes deberían saber que existe una Ley de
desarrollo sostenible en el medio rural del año 2007, pero ponen en el
punto quinto que van a hacer una ley marco de desarrollo rural.
(Aplausos). ¿Pero de qué estamos hablando?

Pero lo grave para los ciudadanos del medio rural no es que exista una
ley y ustedes no lo sepan, sino que ustedes juraron solemnemente que iban
a cumplir y a hacer cumplir la ley. Pues esta es tan ley como cualquier
otra que salga de las Cortes Generales y la han arrumbado cinco años en
detrimento del medio rural, sobre todo, de los ciudadanos que viven en
él. Esa es su gestión.

Esta ley se instrumenta a través de planes de desarrollo sostenible del
medio rural. ¿Y saben qué dotación tenía? Tenía 200 millones de euros.
¿Saben cuánto tiene ahora? Cero. (Aplausos). Han sido 911 millones de
euros que han detraído del medio rural. Esa es su proclama y ese es su
fervor. Por no hablar de los planes de desarrollo rural que son elementos
de dinamización del medio rural junto con los servicios públicos. Antes
ya hice una aproximación severa sobre lo que pasó en esta legislatura con
los servicios públicos del medio rural —con los servicios sociales,
los servicios sanitarios, etcétera—.

Planes de desarrollo rural —los famosos PDR— que son
cofinanciados por la Unión Europea, las comunidades autónomas y el
Estado. ¿Sabe cuánto ha disminuido la aportación del Estado en su
programación 2014-2020? Pues han sido 2000 millones de euros detraídos al
medio rural de la responsabilidad que corresponde a la Administración
General del Estado.

Y para terminar este aquelarre de fervor declarativo, pero no de
cumplimiento de sus responsabilidades con la ciudadanía, nos traen un
desarrollo de medidas contempladas en el Plan para la promoción de la
mujer en el medio rural 2015-2018. Ingenua de mí, voy y me bajo el
documento.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora CARCEDO ROCES: ¿Y qué me encuentro? Pues que el 90 % de las
medidas que recoge ese documento no tienen dotación. Prácticamente en
todas pone: Sin dotación, sin dotación, sin dotación —lo pueden
mirar—. El único ministerio que tiene dotación es el de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad porque son las políticas de igualdad,
políticas que encima recortaron un 30 %. Esas son las únicas medidas de
este rocambolesco plan con el que dicen que van a dinamizar el medio
rural.

Señorías, seamos serios. Hablemos de lo que hay que hablar; hablemos de
las instituciones democráticas; hablemos de los servicios públicos que
tienen que llegar en igualdad de condiciones a toda la ciudadanía...

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora CARCEDO ROCES: Termino, señor presidente, diciéndoles,
señorías, que en la España constitucional, en la España con una
administración multinivel debemos ser capaces de encajar todas las
administraciones, y que cada una cumpla eficazmente, de forma
transparente y orientada al interés general de todas las
administraciones. Hay sititos donde tienen que ser los...

El señor PRESIDENTE: Senadora Carcedo, termine, por favor.

La señora CARCEDO ROCES: Sí, señor presidente, ya termino.

Donde tienen que ser los cabildos o los consejos insulares. Y
evidentemente son necesarias estas administraciones de apoyo a los
pequeños y medianos municipios. (Protestas.—Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Carcedo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Sánchez
Sánchez-Seco.

El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: Gracias.

Señoría, vamos a sosegar un poco el debate.

Terminaba mi intervención anterior manifestando la firme defensa de
nuestro grupo a la actividad y labor desarrollada por las diputaciones
provinciales desde hace más de doscientos años, pero especialmente, señor
Espinar, desde que, por pleno consenso de todas las fuerzas políticas, se
incluyó en el título VIII de nuestra Constitución a la provincia como
ente territorial del Estado español, estableciendo en su artículo 141 la
encomienda a las diputaciones provinciales de su gobierno y
administración autónoma con personalidad jurídica propia, porque nuestros
constituyentes, señor Espinar, también supieron valorar y entender que
las diputaciones provinciales eran la mejor opción para la necesaria
defensa de nuestros pueblos y provincias y de todos sus habitantes. Y así
lo quisieron constatar en la Constitución Española, que sí es el
verdadero, único y gran acuerdo, el que suscribieron la mayoría de los
españoles y al que nos debemos de verdad.

Nuestros constituyentes, señorías, supieron y quisieron hacer valer
aquella reivindicación a la que animaba Ortega a las provincias españolas
para ponerse en pie y reconstruir y vertebrar el Estado español. A eso es
a lo que en estos más de treinta y siete años de vigencia de nuestra
Constitución se han estado dedicando las diputaciones provinciales: a
trabajar para el mantenimiento y progreso de nuestros pueblos ayudando a
los municipios a poder desarrollar sus competencias y poder prestar más y
mejores servicios a sus vecinos.

En esas estábamos, señorías, hasta que un señor de Barcelona y otro de
Madrid se reunieron a semiescondidas y pactaron proponer como gran
novedad para salvar a España un acuerdo que incluyese la supresión de las
diputaciones provinciales, porque, según ellos, estas instituciones no
funcionaban y no eran operativas. ¿Sabrán estos dos señores de Madrid y
Barcelona qué son las diputaciones provinciales y cuál es la operatividad
y funciones que llevan a cabo? Lo que deberían hacer es ir por los
pueblos de España y preguntar a sus alcaldes y a sus concejales y
vecinos, y así podrían comprobar cómo las funciones que desarrollan, no
es que sean esenciales y básicas para el mantenimiento de nuestros
municipios, es que son verdaderamente imprescindibles.

El pacto suscrito por estos dos señores de Madrid y Barcelona
—tanto monta, monta tanto— se le podría denominar como el
pacto de la vergüenza porque tan solo unos días después de forma
mediática (Aplausos.—Rumores), y lo decía la senadora del Foro, uno
de los firmantes —el candidato a la investidura— ya se
avergonzó públicamente de haber firmado ese pacto, siendo incapaz de
citar en su discurso de investidura cualquier alusión a la supresión de
las diputaciones provinciales (Aplausos), a pesar de que en el discurso
que distribuyó a los medios de comunicación sí figuraba la alusión a la
desaparición de las diputaciones provinciales. Pero no nos sorprende,
señorías. El señor Pedro Sánchez se avergonzaba de esa propuesta a la
vista del revuelo y contestación que se produjo en el conjunto del
municipalismo español. Ayer mismo la FEMP —lo decía antes— lo
dejó muy claro, e incluso su propio partido, el Partido Socialista, donde
muchos de los que conocen y viven de verdad día a día los problemas
cotidianos que afectan a nuestros pueblos se han opuesto radicalmente
—y seguro que aquí tienen ustedes muchos de ellos—, sobre
todo teniendo en cuenta que hasta hace muy pocas fechas el propio Partido
Socialista defendía la labor realizada por estas instituciones, habiendo
concurrido a las elecciones municipales llevando en su programa reforzar
las diputaciones provinciales. Pero seamos realistas: las ansias
personalistas del secretario general socialista (Protestas), pensando
única y exclusivamente en su propia supervivencia política, le han
llevado no solo a incumplir su programa electoral, sino a traicionar a
miles de ayuntamientos de España y a todos sus vecinos (Aplausos).

Por eso, señorías, hemos podido ver en los últimos días cómo se han ido
aprobando mociones muy similares a las que hoy estamos planteando aquí en
los ayuntamientos y diputaciones gobernados por representantes del
Partido Socialista o con el apoyo de los representantes socialistas allá
donde gobiernan. Por cierto, también de Ciudadanos, aunque les han
expulsado. Esta es la democracia de Ciudadanos. Y lo han hecho en
desacuerdo con ese pacto de la vergüenza del señor Pedro Sánchez. La
verdad es que no nos sorprende. No nos sorprende y nos parece muy lógico
porque ante esta propuesta ¿qué se propone como alternativa a la
supresión de las diputaciones provinciales? Pues parece ser que unos
denominados Consejos de alcaldes, que nadie sabe qué son, ni se ha
explicado su funcionamiento. Nadie sabe quién elegiría a los alcaldes que
compusiesen ese denominado Consejo de alcaldes o si lo compondría los
alcaldes de todos los municipios de la provincia, en un auténtico totum
revolutum. Tendría un presidente y, en caso de que así fuese, ¿quién lo
elegiría? ¿Tendría personalidad jurídica propia? ¿Desarrollaría las
mismas funciones que realizan las diputaciones provinciales en la
actualidad? ¿Serían cargos remunerados? ¿Todos? ¿Solo el presidente?
¿Tendría un presupuesto propio? ¿Dependería de otras administraciones?
Los actuales funcionarios de estas instituciones ¿pasarían a depender de
estos consejos o serían asumidos por otras administraciones? En fin,
señorías, yo creo que nos podríamos quedar aquí haciéndonos muchas
preguntas ante esta nueva ocurrencia del señor Pedro Sánchez, de estos
dos señores de Madrid y de Barcelona, que desconocen el mundo municipal.
Dejémonos de inventos, señorías. Con aquello que funciona bien, yo creo
que no se deben hacer inventos y las diputaciones provinciales ya llevan
inventadas muchos años, cumpliendo y realizando una gran labor en los
pueblos de España. Contribuyamos entre todos a mejorarlas, a
modernizarlas, a dotarlas de más y mejores medios en beneficio de los
municipios y sus habitantes. Ese es el camino, la colaboración
interinstitucional entre las distintas administraciones del Estado,
aprovechando las sinergias de las diputaciones provinciales, su
conocimiento del medio rural y dándoles unas competencias que
desarrollarían mucho mejor, con más celeridad y con muchos menos costes
para los ciudadanos. Ese es el camino, señorías, ese es el camino. No
volvamos a la centralización como parece que proponía el portavoz de
Ciudadanos. Ya se llevó a cabo en España un proceso de descentralización
del Estado a las comunidades autónomas, pero parece que quieren que
volvamos a esa centralización administrativa en torno, ahora, a las
comunidades autónomas, volviendo a una nueva centralización de la
descentralización que se llevó a cabo.

Decía el portavoz de Esquerra que las diputaciones provinciales son
administraciones burocráticas. A mí me parece que lo está confundiendo
con la Generalitat de Cataluña. Las diputaciones han reducido su deuda,
han reducido su personal, pagan en plazo a los proveedores, prestan unos
servicios adecuados a los ayuntamientos. Busque y compare, señor portavoz
de Esquerra Republicana y encontrará la diferencia y verá quién funciona
mucho mejor, si las diputaciones provinciales o la Generalitat de
Catalunya.

En cuanto a Democràcia i Llibertat, señorías, ustedes llevan ya muchos
años gobernando en varias diputaciones provinciales y serán consecuentes
con la labor que realizan —y que han realizado—, me imagino.
Me imagino que habrán cumplido con las funciones que se debe prestar, por
parte de las diputaciones, de ayuda a los municipios. Me imagino que sí.
Nosotros, desde luego, respetamos su opinión y respetamos el trabajo que
han hecho en las diputaciones provinciales, pero ustedes también deberían
respetar la opinión y la voluntad de todos los ciudadanos de esta gran
nación que es España y que valoran muy positivamente la labor y la
actividad que desarrollan las diputaciones provinciales en el conjunto
del Estado español.

En cuanto a Podemos, en su intervención se comprueba, señor Espinar,
que desconoce el municipalismo. Habrá estudiado en la Facultad de
Ciencias Sociales, pero allí de municipalismo le han debido enseñar muy
poco, porque para conocer el municipalismo hay que vivirlo por dentro y
usted, que yo sepa, desconoce la realidad y las necesidades de los
pueblos de España. (Aplausos). Viaje y visite también los pueblos, como
deben hacer el señor Rivera y el señor Pedro Sánchez, lo conocerá y
hablará de otra manera. Piensa que las ciudades y los pueblos tienen las
mismas oportunidades. Ni muchísimo menos, señor Espinar, ni muchísimo
menos. Por eso, precisamente, necesitan a las diputaciones provinciales,
para que haya unas instituciones que se acuerden de los pueblos y puedan
permitirles desarrollar unas funciones que nunca serán iguales a las de
las grandes ciudades, pero que, por lo menos, podrán mantenerles la vida
en unas adecuadas condiciones.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: Termino, señor presidente.

Vaya papelón y vaya espectáculo el de la portavoz del Partido
Socialista. ¡Vaya papelón y vaya espectáculo que nos ha dado usted hoy
aquí! (Aplausos.—Protestas). Mire, señoría, no me extraña ese
papelón ante la situación a la que su líder les ha llevado pensando en
él, solo en él y nada más que en él. (Protestas). La cuestión, señorías,
es: ¿qué van a hacer ustedes hoy aquí, ahora? ¿Votar a favor del acuerdo
de la vergüenza incumpliendo su programa electoral?

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: ¿Votar a favor del municipalismo y de la
eficaz labor que desarrollan las diputaciones provinciales? ¿O, como han
hecho en alguna diputación provincial de España sus representantes, votar
en contra y, según acababa la votación —aquí está el presidente y
nos lo puede contar—, decir que se habían equivocado, que querían
votar otra cosa y no se habían dado cuenta? (Protestas). Un papelón como
el que usted ha hecho hoy aquí. (Aplausos.—Protestas).

El señor PRESIDENTE: Senador Sánchez-Seco, termine, por favor.

El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: Ustedes, señores del Partido Socialista,
son un partido que tiene dieciocho presidentes de diputación, son un
partido municipalista. (Protestas). Voten en consecuencia defendiendo las
diputaciones provinciales y la labor que realizan por nuestros
pueblos.

Muchas gracias.






(Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Sánchez Sánchez-Seco.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas, por favor.

El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de proceder a la votación,
voy a dar lectura a una declaración institucional que ha sido registrada
presentada por todos los grupos parlamentarios y que dice así:
«Declaración institucional contra la pena de muerte y de apoyo al caso
del ciudadano español Pablo Ibar Casas.

Pablo Ibar Casas fue condenado a muerte por unos hechos acaecidos
en 1994. Juzgado y condenado a pena de muerte, el Tribunal Supremo de
Florida ha ordenado la revisión del caso y la repetición del juicio. No
obstante, tras más de 21 años en prisión y más de 15 en el corredor de la
muerte, Pablo Ibar Casas, que siempre ha mantenido su inocencia, tiene
ante sí todavía un largo camino judicial hasta que se resuelva
definitivamente su caso.

España ha venido dando muestras de apoyo a Pablo y su familia.
Particularmente, el Senado viene realizando esfuerzos desde hace más de
una década para que su caso tuviera una solución adecuada. Ya en el
año 2003, Pablo Ibar fue visitado por seis senadores y en sucesivas
legislaturas su caso ha seguido siendo objeto de atención.

Recientemente, el Tribunal Supremo de Florida, en una resolución
histórica, ha resuelto anular las tres condenas a muerte que pesaban
sobre Pablo y ordenar la nueva repetición de juicio, lo que constituye
una oportunidad única y extraordinaria de celebrar un juicio con todas
las garantías procesales.

La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce que “todo
individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona” y que “nadie será sometido a torturas ni a penas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Sin duda, la existencia
de la pena de muerte es rotundamente contraria a estos derechos.

La promoción de la abolición de la pena de muerte ha sido y debe seguir
siendo una prioridad constante de la política exterior de España en
materia de derechos humanos para todos los Gobiernos, pues reafirma
nuestra íntima convicción de que, por encima de diferencias ideológicas,
existe la profunda convicción compartida por todos de que la dignidad de
la persona y los derechos inviolables que le son inherentes son
fundamento del orden político y de la paz social.

En la actualidad, dos tercios de los países del mundo han abolido la
pena de muerte en la práctica en una clara tendencia mundial hacia la
abolición, pero hasta que llegue a abolirse por completo se requiere la
máxima constancia.

El Senado de España considera su deber en estos momentos volver a
reiterar de forma explícita su apoyo a este caso para que se celebre un
juicio con todas las garantías. Esta Declaración debe realizarse con la
máxima prontitud y ello aconseja que sea adoptada de forma unánime por el
Senado, pues a lo largo de todo este proceso se ha demostrado la
importancia de los apoyos institucionales. Asimismo, es conveniente que
el Senado insista en este tipo de oportunidades en su manifestación
contraria a la pena de muerte hasta que se consiga su abolición
universal.

Por todo ello, el Senado manifiesta: 1.º Su oposición a la pena de
muerte en toda circunstancia, con independencia de la gravedad del crimen
cometido, así como el respaldo a las iniciativas políticas y diplomáticas
para extender su abolición en todos los países del mundo. 2.º Su
llamamiento a los poderes públicos a que continúen apoyando la defensa de
los ciudadanos españoles que hayan sido condenados a muerte o se hallen
en riesgo de serlo y, en particular, a Pablo Ibar Casas, para que se
desarrolle un nuevo juicio con todas las garantías».

Firmada por todos los grupos parlamentarios.

El señor PRESIDENTE: Señorías, procedemos a la votación de la
moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular, con la enmienda
incorporada y aceptada por el Grupo Parlamentario Popular de la senadora
Castilla, del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 254;
votos emitidos, 252; a favor, 141; en contra, 95; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción. (Aplausos).

El señor presidente da lectura a los punto 9. y 9.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado siete enmiendas:
una del Grupo Parlamentario Socialista y seis del Grupo Parlamentario
Podemos-En Comú-Compromís-En Marea.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el senador Barreiro.

El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, permítanme que, en primer lugar, trate de explicar las
razones que, a mi juicio, justifican la presentación de esta moción. Lo
hago porque me parece oportuno y porque, en cualquier caso, seguramente
existan dudas al respecto, ya que he podido escuchar a algún portavoz en
intervenciones anteriores preguntar acerca del porqué de esta moción.
Nosotros hemos presentado esta moción, básicamente, por dos razones. La
primera, porque nosotros creemos en este país, nosotros creemos que
España es un gran país. Y, en segundo lugar, por un ejercicio de
responsabilidad.

Yo quisiera trasladarles a ustedes una pregunta: ¿Cómo verían ustedes
que en cualquier país moderno, un país orgulloso de sí mismo, como es el
nuestro, se estuviese dando la circunstancia de que hubiera grupos
políticos que están atentando contra el Estado de derecho, que están
planteando iniciativas que tienen como fin primordial la ruptura de
España, que tienen como fin primordial la ruptura de la unidad de España?
Por lo tanto, entenderán que cualquier otro grupo político que no tenga
ningún complejo y que crea claramente en este país lleve a cabo todas las
iniciativas precisamente para defender aquello en lo que creemos
firmemente. (Aplausos). Y en lo que creemos firmemente es en este
país.

Y, efectivamente, al hilo de alguna intervención, me viene a la mente
alguna otra circunstancia. El último Pleno de la pasada legislatura fue
el del 15 de octubre. Yo en ese Pleno tuve la ocasión de intervenir
acerca de una iniciativa que planteaba fundamentalmente una modificación,
que luego se vio necesaria, imprescindible e importante para reforzar el
papel del Tribunal Constitucional. Y decía en aquel momento que
fundamentalmente la razón de esa iniciativa no era otra que fortalecer la
democracia, fortalecer el Estado de derecho; fortalecer, en definitiva,
el marco constitucional que entre todos nos hemos dado. Pues bien, me
sirve esa apreciación. Estamos ahora aquí, estamos con esta iniciativa
también para fortalecer el Estado de derecho, para fortalecer el marco
democrático y para fortalecer el marco institucional como instrumento
fundamental y clave precisamente de la defensa de ese Estado de
derecho.

Efectivamente, desde el 15 de octubre han pasado cosas en este país, y
han pasado cosas importantes, muy importantes. Quizás la más relevante de
todas ellas es que hubo unas elecciones el 20 de diciembre, y la sociedad
española tomó una decisión; y la decisión que tomó es que las Cortes
resultantes de esas elecciones eran unas Cortes en las que había una
participación de grupos políticos que antes no existían. La sociedad
española fue muy clara el 20 de diciembre y dijo que Mariano Rajoy, como
líder del Partido Popular, era el ganador claro de esas elecciones.
(Aplausos). La sociedad española también dijo ese día que el Partido
Popular tenía 7 300 000 votos y que tenía una diferencia sustancial con
respecto a la segunda fuerza política.

¿Y qué ha hecho el Partido Popular después del 20 de diciembre? Asumir
esa responsabilidad. Asumir nada más y nada menos... (Rumores).
Tranquilícense, que vamos a discutir aquí relajados, estamos ante el
primer Pleno ordinario. Vamos a tranquilizarnos. Decía que el Partido
Popular asumió claramente esa responsabilidad y, por lo tanto, se puso al
frente para liderar la constitución de un Gobierno, de un Gobierno para
el que legítimamente la sociedad española le había facultado.

¿Pero qué ha ocurrido? Que ha habido otros intereses por el medio. Y
también desde el día 21 ha habido otras fuerzas políticas que después de
haber perdido las elecciones no quieren respetar ese principio
democrático de que, el que gana, gobierna. (Rumores). Y estamos desde
el 21 de diciembre en una situación de auténtica parálisis en el país que
no beneficia para nada la resolución de los problemas que tiene la
sociedad española. Y también por eso es importante esta iniciativa.

Porque, ¿qué viene a decir esta iniciativa? Pues viene a decir —y
por eso hablaba de ese ejercicio de responsabilidad— que también
han ocurrido más cosas, y me olvidaba de alguna que es importante en
relación con esta moción. El 9 de noviembre ocurrió algo también
importante, y es que se adoptó una resolución en el Parlamento de
Cataluña en base a la cual se inicia un procedimiento de creación de un
Estado catalán.

Pues bien, eso no va a pasar; eso no va a pasar en España, no va a
pasar en España. ¿Por qué? Porque en España se respetan las leyes, porque
en España hay garantía de respeto a las leyes y al marco constitucional.
Por eso, muy pocos días después de ese día de noviembre el Tribunal
Constitucional dijo lo que dijo, y este grupo parlamentario va a ser, es
y será garantía de que se va a cumplir lo que dice la Constitución y de
que se va a cumplir lo que dijo el Tribunal Constitucional. Yo me
imagino, estoy seguro, de que no solamente va a ser este grupo, sino que
habrá más grupos en esta Cámara, fundamentalmente creo que el Grupo
Socialista y Ciudadanos también van a ser respetuosos con lo que dice la
Constitución, porque, en definitiva, en su artículo 2 es muy clara
—luego hablaremos de Podemos, hablaremos de todos— acerca del
principio fundamental de la unidad de España, de la soberanía nacional,
de que la soberanía nacional no es patrimonio de ningún grupo político,
la soberanía nacional es patrimonio de todos los españoles, igual que es
patrimonio de todos los españoles el derecho a que todos podamos aspirar
a lo mismo, con independencia de donde vivamos. Pues eso es lo que quiere
defender esta iniciativa, eso es lo que nosotros proponemos a los demás
grupos políticos a través de esta iniciativa. Por eso yo no tengo ningún
tipo de duda de que, a pesar de que hemos apreciado en alguna ocasión un
cierto complejo, una cierta tibieza a la hora de defender aquello en lo
que realmente creemos, que es este gran país que se llama España, yo
estoy seguro que es muy importante que a la hora de posicionarnos ante
una iniciativa como esta todos aquellos que de verdad creemos en el marco
constitucional vamos a mandar un mensaje unívoco, claro, rotundo y firme
al conjunto de la sociedad española. El mensaje que vamos a mandar es muy
sencillo, no es otro que respetar la Constitución y respetar la
Constitución no es pensar, como alguien quiere decir y hacer creer, que
estamos ante una postura inmovilista, no, nada más lejos de esto,
respetar la Constitución quiere decir que también respetamos el
artículo 166 y siguientes de la propia Constitución, que nos dicen cómo
tenemos que hacer si de verdad queremos reformarla. Nos dice también
nuestra historia reciente que el consenso que ha conseguido esta
Constitución es importante mantenerlo, que el avance en el respeto a las
libertades, que el avance en la calidad de vida, que el avance en el
ámbito económico, en definitiva, que el Estado de bienestar en este país
ha cambiado sustancialmente gracias precisamente a ese marco
constitucional. Por lo tanto, cuando menos debemos tener alguna reflexión
presente antes de abordar cualquier modificación. Primero saber qué es lo
que queremos cambiar y, en segundo lugar, al menos tratar de llegar al
consenso que antes teníamos, en todo caso, cualquier cambio siempre
dentro de la ley, dentro de la ley. Tampoco es verdad, igual que esta
cuestión del inmovilismo, porque aquí a veces se quiere contraponer la
pluralidad, la defensa de las señales de identidad, yo soy gallego, muy
orgulloso de ser gallego, de aquellas señales de identidad que me definen
como gallego, como por ejemplo la lengua, pero eso no me invalida en
absoluto para que, con la misma fortaleza que me siento gallego, me
sienta español. Esa pluralidad ha sido posible precisamente gracias a
este marco constitucional y a esa unidad que algunos ahora quieren
romper. Por lo tanto, señorías, no se trata de una Constitución, de una
España o de una parte de España frente a otra parte de España; no, se
trata de la Constitución del consenso, de la Constitución de la unidad,
de la Constitución que, como les recordaba ahora, nos ha permitido
avanzar en nuestro marco de convivencia. Y, claro, todo eso es
incompatible con fórmulas como las que acabo de describir ahora que se
están planteando o con otras fórmulas que de una manera encubierta
pretenden llegar al mismo objetivo. Porque, señorías, la celebración de
un referéndum es claramente incompatible con nuestro marco
constitucional. La celebración de un referéndum en Cataluña o en
cualquier otra comunidad de nuestro país es total y absolutamente
incompatible con la defensa del Estado de derecho, es total y
absolutamente incompatible con el marco democrático, porque es
incompatible con el principio fundamental que inspira la Constitución,
que yo trataba también de recordarles, y es que la soberanía nacional no
es patrimonio de ningún grupo político, no depende ni del jefe del Estado
ni del presidente del Gobierno ni del Gobierno de turno. No, no. Depende,
y es patrimonio exclusivo, de todos los españoles, de todos los españoles
(Aplausos). Por tanto, aquellos que crean que debe abordarse ese proceso
de cambio que tengan la valentía de hacerlo dentro del marco de la ley,
que tengan la valentía de plantearlo donde hay que plantearlo, que tengan
la valentía de plantearlo siguiendo los cauces que establece la ley,
porque esa ley la hemos votado todos. Haberla votado o no, no responde al
hecho físico y material del voto, obviamente, si seguimos ese criterio la
mayoría de las constituciones del mundo tendrían que estar siendo
renovadas cada generación, y sabemos que esto no es así. (Aplausos). Ese
no es el debate. El debate, vuelvo a repetir, es el respeto a la
ley.

En relación con esto hay una cuestión que me interesa también poner de
manifiesto. España, como hemos dicho antes, es un gran país. España tiene
en la pluralidad un elemento de riqueza y no es precisamente algo
negativo. Pero es que, señorías, los españoles en el marco constitucional
hemos desarrollado un modelo propio y nosotros, el grupo mayoritario, el
partido al que representamos, como la gran mayoría de los españoles, nos
sentimos orgullosos de haber desarrollado ese modelo propio. Nosotros
hemos desarrollado el modelo de las autonomías, ¿por qué ahora tenemos
que buscar una alternativa bajo el nombre de la España federal que no
aporta absolutamente nada frente al Estado de las autonomías, que no
permite mayor autogobierno, que no permite mayor y mejor reconocimiento
de nuestras señales de identidad? ¿Por qué se hace? Simplemente por un
complejo, y por eso yo pido a las senadoras y a los senadores del Grupo
Socialista que se liberen de ese complejo, que estoy convencido de que
ustedes creen, igual que nosotros, en España y, por tanto, como ustedes
creen en España vamos a trabajar todos por lo mismo, por lo que nos une,
y lo que nos une es precisamente eso, lo que nos une a ustedes,
socialistas, y a nosotros, y seguro que a Ciudadanos, y confío en que a
algún grupo más, es precisamente la defensa de este gran país en el que
todos creemos.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: Termino.

Y a esa defensa y a ese trabajo les animamos, y, como les animamos,
contamos con ustedes para ese proyecto, contamos con ustedes para ese
trabajo, que es complejo, difícil, pero ilusionante. En consecuencia,
dejémonos de debates estériles, dejémonos de pérdidas de tiempo y
centrémonos en lo que importa, y lo que importa es trabajar por este gran
país que es España.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Barreiro.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el senador López.

El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Gracias, señor presidente.

En mi primera intervención en esta legislatura, que espero que sea
larga y de cambio, permítame que empiece por donde empezó el señor
Barreiro, que es hablando de complejos. Ustedes llegaron tarde a la
Constitución y han acabado tirándola a la cabeza a todos, y yo les digo:
no repitan el error. Van a llegar tarde a la reforma, y lo mismo dentro
de veinte años nos la están tirando todos a la cabeza otra vez. Craso
error, hablando de complejos. (Aplausos).

Ha traído usted aquí una iniciativa, y yo, con la mejor de las
voluntades, voy a defender una enmienda, que usted conoce, donde queda
claro —espero que no esté usted tratando de trazar una raya—
que mi partido, al igual que el suyo, defiende la Constitución española;
defiende, por supuesto, la unidad de España; defiende, por supuesto, la
legalidad vigente. Pero añade algo muy importante, que es intentar dar
solución a un problema al que ustedes no han dado solución porque solo
con la ley —por supuesto, fuera de la ley, nada— no es
suficiente, señor Barreiro, hace falta dialogar, llegar a acuerdos y
hacer reformas. Y, créanme, y se lo digo con la mano en el corazón: la
mejor forma de defender la Constitución española hoy es reformarla, señor
Barreiro, créame. No admirarla de manera estanca y tirársela a los demás
a la cabeza, es reformarla, y por eso le pido que si esta iniciativa
tiene la voluntad de sumar, no de establecer de nuevo frentes y bloques y
trazar rayas para ver quiénes son los buenos y los malos españoles, si de
verdad tiene voluntad de acuerdo, lea usted la enmienda y tenga en cuenta
que compartimos muchas cosas importantes, pero discrepamos en que no se
puede solucionar solo con la ley, señor Barreiro.

Señoría, ha empezado usted con una intervención que parecía ser la de
un hombre de Estado, hablando de país y de la defensa de España, para
acabar defendiendo al señor Rajoy, para acabar haciendo un mitin en
relación con el señor Rajoy. Señor Barreiro, nos ha venido a contar a
todos que el Partido Popular sacó 7 millones de votos, que el señor Rajoy
fue el más votado, y le ha faltado a usted convencer al señor Rajoy de
presentarse y no salir corriendo, que es lo que ha hecho siempre, que es
lo que ha hecho toda su vida. (Aplausos.—Rumores) ¡Si lleva treinta
años haciendo lo mismo, corriendo, escondiendo la cabeza! ¡Si ha salido
corriendo de este Senado! Le recuerdo más, señor Barreiro, el señor Rajoy
el mismo día, antes de ver a su Majestad el Rey —si quiere hablar
de eso— dijo que iba a aceptar el encargo para, dos horas después,
decir que no lo había aceptado porque el PSOE había cerrado un acuerdo
con Podemos. La sonrisa del destino, señor Barreiro, corriendo como
siempre. Insisto, haber convencido al señor Rajoy, porque los demás lo
explicamos.

Quiero aclarar a toda la Cámara que la iniciativa que ha traído usted
aquí se ha debatido también en el Congreso; la misma, calcada. Copia y
pega. La misma en el Congreso y en el Senado. Esto refleja varias cosas:
en primer lugar, que hay que trabajar un poquito más, es decir, que uno
de los dos grupos debería presentar una diferente, porque presentarlas en
el Congreso y al Senado el mismo día no sé qué sentido tiene. (Rumores).
Calma, calma, que nos queda mucho. En segundo lugar, si la lógica es
presentar las dos en las dos Cámaras no se entiende por qué no han
llevado la de las diputaciones al Congreso. ¿No sería porque en el
Congreso el Partido Popular no tiene mayoría absoluta y a lo mejor se
veía solo frente al resto de partidos. (Varios señores senadores: ¡Ah,
ah, ah!—Risas). ¡Ah, ah, ah! ¿Y por eso una sí y la otra no?
(Aplausos). Cosas de la vida. En todo caso, si esta iniciativa, señor
Barreiro, fuera en serio, lo que le pido de verdad es que lea usted la
enmienda; por cierto, enmienda que se ha pactado con otros partidos en el
Congreso mediante una resolución consensuada. Busque usted espíritu de
consenso que, por cierto, es lo más importante que encierra nuestra
Constitución, señor Barreiro.

Todo el día están dándose golpes de pecho con que quieren tanto a
España, y, dadas algunas de sus iniciativas, a alguno se le pasa por la
cabeza eso de no me quieras tanto. Porque, de verdad, créame, señor
Barreiro, que no se defiende a España poniendo mesas petitorias por todo
el país contra un Estatuto aprobado en el Parlamento de Cataluña, en el
Congreso de los Diputados, y votado por el pueblo de Cataluña.
(Aplausos). No se defiende bien a España, señor Barreiro, haciendo
campañas difamatorias en relación con el Archivo de Salamanca, como
hicieron ustedes por toda España. No se defiende bien a España haciendo
lo que han hecho ustedes, señor Barreiro, porque, por muy grande que sea
la bandera que se pueda poner uno, créame, que es mucho mejor pagar
impuestos en España y no llevarse las cuentas a Suiza. (Aplausos). Ese
patriotismo no vale, créame.

Hay muchas cosas que nos unen, señor Barreiro, muchas cosas, y yo le
pido, si de verdad esta iniciativa tiene buena intención, que tenga usted
en cuenta esta enmienda del Partido Socialista, para que no solamente
veamos lo que nos une, sino que avancemos en solucionar un problema, por
cierto, problema que no digo que hayan creado ustedes, pero que con
ustedes ha crecido de manera exponencial. Luego hablaremos de eso.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador López.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Podemos-En
Comú-Compromís-En Marea, tiene la palabra la senadora Freixanet.

La señora FREIXANET MATEO: Gracias, presidente.

Señorías, su moción anterior era para mantener las diputaciones; esta
para mantener la unidad de España. Su propuesta siempre es la misma: que
nada cambie, nunca, jamás. Esta moción no aporta nada, solo incrementa el
conflicto territorial, genera más problemas que soluciones, así que les
enmendamos todo, su concepción irreal del Estado, su represión como
método, su negativa al referéndum, su visión cerrada de la Constitución y
su especialidad: pedir unidad mientras generan fractura.

Sobre el Estado. Esta moción habla de un país que no existe; el país
que sí existe es plurinacional, plurilingüe y mestizo. Desde la
Transición España ha ido caminando hacia un modelo federal. Esa era la
evolución natural, dado que este es un país de países. Ustedes cortaron
esa lógica, pues les interesa que exista conflicto territorial. Cuanto
más hablamos de este tema, menos hablamos de recortes, políticas injustas
o corrupción. Era Azaña quien decía que todos los problemas políticos
tienen un punto de madurez. Pasado ese punto, se corrompen, se pudren,
decía. Hablaba del encaje territorial en el año 1932. Ustedes tienen
delante un problema político que no quieren resolver. Nosotras tenemos
todo el interés en resolverlo.

En segundo lugar, enmendamos la represión que permite su moción. ¡Que
se callen todos! Esa es su solución a la crisis territorial y a todas las
crisis, de ahí la ley mordaza. En este texto ustedes obligan a la
convivencia y al consenso, pero el consenso no se puede imponer, no se
impone. Te obligo a convivir. Eso no es posible. Tampoco el federalismo
se puede imponer. Tampoco la independencia. La única opción es preguntar
a la gente y luego tomar decisiones políticas en consecuencia.
(Aplausos).

Preguntar a la gent i actuar en conseqüència. Això fan al Regne Unit,
això fan al Canada, això fan les democràcies.

Tercera esmena sobre convocar un referèndum. Rajoy diu que ell ni vol
ni pot, i és cert que no vol, però és fals que no pot. Sense tocar una
coma de la legalitat vigent, vostès poden convocar un referèndum,
article 92 de la Constitució. Si no hi ha referèndum és només perquè
prefereixen mantenir el bloqueig. Al nostre entendre és una
irresponsabilitat. Per sort, Espanya està canviant molt i ràpid. Les
forces polítiques del canvi proposem sortides democràtiques al conflicte
territorial. Per cert, Francisco Caamaño, constitucionalista i ministre
de Zapatero, ex lletrat del Constitucional, deia que el referèndum és
l’únic instrument que aporta certeses, coneixement de la realitat,
basic per prendre decisions.

Esto lo están haciendo en Estados Unidos, en Canadá y otras
democracias.

Tercera enmienda sobre convocar un referéndum. Rajoy dice que él ni
quiere ni puede y es cierto que no quiere, pero es falso que no pueda.
Sin tocar una coma de la legalidad vigente, ustedes pueden celebrar un
referéndum, artículo 92 de la Constitución. Si no hay referéndum es
simplemente porque prefieren mantener el bloqueo. A nuestro entender, se
trata de una irresponsabilidad. Por suerte, España está cambiando mucho y
rápidamente. Las fuerzas políticas del cambio proponemos salidas
democráticas al conflicto territorial. Por cierto, Francisco Caamaño,
constitucionalista y ministro de Zapatero, exletrado del Constitucional,
decía que el referéndum es el único instrumento que aporta certidumbres,
conocimiento de la realidad, algo básico para la toma de decisiones.

La utilizan como refugio, pero curiosamente siempre se remiten a unos
pocos artículos, jamás a aquellos que hablan de salarios decentes,
derecho a la vivienda o pensiones suficientes para una vida digna. La
mejor parte de la Constitución la tienen olvidada y la parte que necesita
ser reformada la mantienen atada.

Finalmente, nuestra enmienda principal es al cinismo con el que hablan
de la unidad de España. ¿Qué unidad? ¿Qué unidad si están ustedes
fracturando España social, económica e identitariamente? Tras cuatro años
de su Gobierno tenemos peores trabajos gracias a su reforma laboral, peor
salud gracias a sus recortes, menos derechos gracias a sus decisiones
económicas. Sus políticas de austeridad, pactadas en Europa y aplicadas
en España, significan que vivimos peor, pero, claro, no todos: las 20
personas más ricas del país acumulan la misma riqueza que el 30 % más
pobre. España es ya el país occidental donde más crece la desigualdad
después de Chipre, y esa fractura, esa desigualdad no se explica por la
comunidad autónoma en la que vivimos, se explica por la clase social a la
que pertenecemos: hay ocho años de diferencia en esperanza de vida entre
un barrio rico y un barrio pobre de Barcelona; hay trece puntos de
diferencia en la tasa de paro entre un barrio rico y un barrio pobre de
Madrid. Quizás la crisis nos hizo más pobres, pero son ustedes quienes
nos han hecho más desiguales empobreciendo a la gente y enriqueciendo a
las élites.

Unidad de España, dicen. Si de verdad les preocupa la unidad y la
convivencia, retiren esa moción, abandonen las políticas de austeridad,
propongan un rescate social y pongan en marcha ese referéndum, déjennos
trabajar a nosotros que tenemos un mundo entero que cambiar.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Freixanet.

Tiene la palabra el senador Barreiro para indicar si acepta o no las
enmiendas.

El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.

Efectivamente, yo decía ─y no lo entiendan los representantes del
Grupo Socialista, en particular su portavoz, como una apreciación
negativa─ cuando hablaba de complejos, que había que abordar esta
cuestión de frente, claramente. Por eso sus enmiendas, desde mi punto de
vista, reflejan esos complejos, y trato de explicarme. En su enmienda
ustedes recogen cuatros puntos: con tres de ellos no solamente no hay
ningún problema sino que están recogidos en nuestra propia iniciativa; es
más, la moción va más allá de lo que ustedes recogen en los puntos
primero, segundo y cuarto de su iniciativa.; pero hay un punto tercero en
donde ustedes introducen, para contraponer reforma frente a inmovilismo,
la apertura de un proceso de reforma y por eso yo, como había leído la
enmienda, me había adelantado a esa posición cuando trataba de
explicarles que no se trata de una postura inmovilista, se trata de que
si el elemento fundamental, la mayor riqueza, la mayor aportación que
esta Constitución ha hecho ha partido precisamente del consenso,
busquemos ese consenso antes de abordarlo. Y, en segundo lugar, digan
ustedes abiertamente y no de una manera genérica qué es lo que quieren
reformar y para qué quieren reformarlo, y a lo mejor a partir de ahí
podemos discutir. Pero dos premisas, que no condiciones: primera,
busquemos entre todos el marco de consenso necesario, porque sabemos que
es la piedra angular para abordar cualquier proceso constituyente; y,
segundo, digan abiertamente qué es lo que ustedes quieren reformar,
porque algunas de las cosas que yo les he escuchado de esa manera tibia y
a mi juicio, y disculpen si lo han interpretado en otro sentido, con un
cierto complejo, cuando ustedes hablan de una España federal o de una
Constitución federal no están aportando nada. ¿Qué significa un Estado
federal? Aquí hay personas que han estudiado Políticas y, por lo tanto,
académicamente tienen formación a ese respecto. Un Estado federal se
constituye de abajo a arriba, es decir, vamos a buscar una fórmula
organizativa del Estado para tratar de unir lo que está dividido, eso es
lo que ha ocurrido en los Estados Unidos, es lo que ha ocurrido en
Alemania, es lo que ha ocurrido en muchos otros países. Pero nosotros, y
por eso le decía que no tenemos ningún complejo, hemos desarrollado un
modelo propio, que nos ha ido bien, nos ha ido bien con ese modelo;
además, ustedes han sido, son y estoy seguro que van a ser, protagonistas
claros y decisivos de ese modelo, que es el modelo de las autonomías.
Díganme ustedes qué aporta el Estado federal frente al Estado de las
autonomías, salvo que ustedes entiendan que es una concesión frente a
aquellos que quieren romper el país, y yo ya les adelanto que no les va a
servir ni les va a llegar esa concesión. Por lo tanto, entenderán que
basándonos en esas circunstancias no podamos aceptar su enmienda.

En cuanto a las enmiendas que presenta el Grupo Podemos, algunas de
ellas hacen referencia también a una reforma constitucional, y desde mi
punto de vista es aplicable el mismo razonamiento que he tratado de
describir con la mayor brevedad posible, pero van más allá en sus
enmiendas y hay que reconocerles que hablan abiertamente del
reconocimiento a un referéndum. Yo reconozco su valentía a la hora de
proponerlo, igual que entenderán nuestra posición como grupo político que
entiende, amparado además de en la propia Constitución, en la
interpretación que ha hecho de ese marco constitucional el propio
Tribunal Constitucional, que entiende, insisto, que ese referéndum no
tiene cabida dentro del marco de la Constitución.

Por tanto, comprenderán que nosotros no podemos apoyar esas iniciativas
porque lo que están planteando de una forma indirecta —o no tan
indirecta— es, en resumen, apoyar aquellas otras iniciativas que lo
que pretenden es romper la unidad de España, pero, obviamente, por ahí
nosotros no pasamos, por ahí no pasamos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Barreiro.

Turno en contra.

Los tres grupos, Esquerra, Democràcia i Llibertat y Vasco tienen quince
minutos para repartírselos.

Tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Eskerrik asko, mahaiburu jauna.

Lehenengo plenoa. Eta, lehenengo mozio hau esku artera ailegatu zenean,
gure taldeak, lehen aipatu den bezala, bere buruari galdetu zion zein
izan zitekeen mozio hau aurkezteko arrazoia. Nik uste dut Barreiro jaunak
oso garbi azaldu duela zein izan den eta zein den sakonean eta atzean
dagoen benetako arrazoia: arrazoi hori guztiz elektorala da. Bere
defentsaren parte inportante bat pasatu du adieraziz zein izan zen
abenduaren 20ko hauteskundeetako irabazlea, gainera diferentzia handiz.
Hortik nik ateratzen dudan erreflexioa hau izango litzateke: hain garbi
irabazi baldin badu Alderdi Popularrak, Estatu espainoleko biztanleriak
hain babes nabarmena eman baldin badio, zergatik dauzka horrelako
problemak gobernua osatu ahal izateko? Ez da izango Espainiako gizarteak
ez diola hain garbi eman babes hori? Badakizue zein den erantzuna? Nik
uste dut ganbera honetan oso garbi ikusten dela, eta aurreko legealdian
oso garbi ikusi zela: aurreko legealdian eta honetan daukazuen
nagusitasun edo maioria absolutua. Zergatik? Ez zenutelako jakin
nagusitasun hori gestionatzen. Eta, ikusten ari naizenez —nire
ezusteko osoa gaurko saioan—, berdin gestionatzen ari zarete;
alegia, ez daukazue batere eskuzabaltasunik, ez zarete gauza ulertzeko
beste herrialdeek zer sentitzen duten, beste nazio batzuk ere badaudela.
Hori da benetako arazoa.

Alegia, guk kontrako jarrera azalduko dugu, aniztasunaren ordez
aldebakarreko planteamendu bat egiten duzuelako; guk planteatzen dugunean
dibertsitatea, zuek zentralismo gehiago planteatzen duzuelako; azken
finean, guk Euskal Herriko errealitatea, Euskal Herriko kultura
planteatzen dugunean, zuek Francoren garaian ikusten genituen
zuri-beltzeko no-doak planteatzen ari zaretelako. Hizkuntzarekiko zer
errespetu edo zer babes dago ez baldin bada ñabardurekin? Euskararekiko?
Edo gure erakundeekiko? Planteatzen duzue legea betetzea. Bada, guztiz
ados. Konstituzioa betetzea. Bada, guztiz ados. Baina lehenak legea ez
betetzen zuek zarete eta. Hemen planteatu dugu Gernikako Estatutua
betetzea, hemen planteatu dugu mozioak aprobatzea Estatutua bete ahal
izateko, eta ez duzue onartu. Hemen planteatu dugu Gernikako
Estatutuaren 18.2. artikulua aurrera ateratzea, eta ez duzue nahi izan.
Alegia, erabili duzue zuen nagusitasun osoa zuen komenentziara, eta,
aipatzen duzuenean legea betetzea, zuen komenentziari dagokion legea
proposatzen duzue azkenean.

Euskal Herria herri bat da, eta hori da lehenengo gauza, eta
inportanteena. Onartzen al duzue Euskal Herria herri bat dela? Hori ez da
nik esaten dudan zerbait. Gernikako Estatutuak 1. artikuluan dioena da.
Onartzen al duzue Euskal Herria herri bat dela eta herri bezala dauzkan
eskubide guztiak izan behar dituela? Onartzen al duzue Euskal Herria
nazio bat dela eta horrek zerbait esan nahi duela eta bere gizarteak
zerbait adierazi nahi duela? Onartzen al duzue, azken finean, gizarte
horrek beste era batera pentsatzen duela eta, zentzu horretan, atenditu
egin beharra dagoela?

Legealdi osoa pasatu genuen eskuzabaltasunez, eskua luzatuz, eta ez
zenuten onartu. Espainia nazio bat izango da, baina Euskadi nazio bat da.
Estatuan dagoen nazio aniztasuna berdintasunez onartzea: ez dago
besterik.

Muchas gracias, señor presidente.

Sobre esta moción de este primer Pleno, nuestro grupo se preguntaba
cuál podría ser el propósito de presentarla. Yo creo que el señor
Barreiro ha explicado muy claramente la razón que subyace a su
presentación: que es totalmente electoral. Gran parte de su defensa la ha
dedicado a recordar quién ganó las elecciones del pasado 20 de diciembre.
La conclusión que yo extraigo de esta cuestión es esta: si el Partido
Popular ganó tan claramente, si la ciudadanía española dio un apoyo tan
claro al Partido Popular, ¿cómo es que tiene tales problemas para formar
Gobierno? ¿No será, acaso, que la sociedad española no le ha dado un
apoyo tan claro? ¿Y saben cuál es mi respuesta, que creo que ha quedado
muy clara en esta Cámara, y también quedó clara en la legislatura
anterior?






La mayoría absoluta con que contaban en la legislatura pasada
no la supieron gestionar, y que estoy convencido de que siguen sin saber
gestionarla. No son generosos, no son capaces de comprender lo que puedan
sentir otros pueblos, otras naciones. No entienden que existen otras
naciones. Ese es el verdadero problema de fondo.

Nosotros votaremos en contra porque, en lugar de la diversidad y la
pluralidad, lo ofrecen es unilateral. Cuando nosotros planteamos la
diversidad, ustedes nos ofrecen mayor centralismo. Cuando nosotros
planteamos la realidad vasca y su cultura, ustedes nos presentan el No-Do
en blanco y negro de la época franquista. ¿Qué respeto muestran hacia el
euskera o hacia nuestras instituciones? Proponen ustedes el cumplimiento
de la ley, dicen que la ley debe ser cumplida, que la Constitución debe
ser cumplida, y en eso estamos totalmente de acuerdo; pero los primeros
en no cumplirla son ustedes. Pedíamos aquí que se cumpliera el Estatuto
de Gernika, la aprobación de mociones para que se cumpla el Estatuto de
Gernika, pero no las admitieron. Hemos propuesto sacar adelante el
artículo 18.2 del Estatuto de Gernika, y no han querido hacerlo. Es
decir, han utilizado su mayoría a su conveniencia. Y cuando hablan de
cumplir la ley, también es así: hablan de cumplirla a su
conveniencia.

El País Vasco es un pueblo y esta es la primera cuestión: ¿Reconocen
que el País Vasco es un pueblo? Eso no es algo que diga yo, sino que lo
dice el propio Estatuto de Gernika en el artículo primero. ¿Reconocen que
el País Vasco es un pueblo con todos sus derechos? ¿Reconocen que el País
Vasco es una nación y que esto significa algo, que la sociedad vasca
quiere expresar algo? Es decir, ¿reconocen que la sociedad vasca piensa
de otra manera y debe ser atendida?

En la anterior legislatura hablábamos de generosidad, les tendimos la
mano y no la cogieron. España será una nación, pero Euskadi también es
una nación. Deben reconocer, en igualdad de condiciones, la existencia de
naciones.

Y se lo voy a decir en castellano: en tanto en cuanto no acepten que el
Estado español es un Estado plurinacional y actúen en consecuencia, no
tienen nada que hacer.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Senador Vidal.

El señor VIDAL MARSAL: Señor presidente.

Señorías, permítanme que en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana, al que represento, le dé las gracias al Partido Popular.
Muchas gracias por permitirnos en este primer Pleno debatir el que
seguramente será el tema más trascendente de esta legislatura,
probablemente corta, porque quizás solamente vayamos a tener cuatro
Plenos, quizás no, depende sobre todo del Partido Socialista.

Les digo que les doy las gracias y puede parecer una paradoja pero no
lo es, porque Esquerra Republicana quería presentar una moción —ya
lo anunciamos desde el mismo día en que tomamos posesión— para
defender el derecho de Cataluña y el derecho de cualesquiera de las otras
naciones que componen el Estado español, es decir, Euskadi, Galicia,
nosotros y Castilla, que también era una nación histórica —supongo
que eso, al menos, no lo negarán— para defender nuestro derecho a
decidir nuestro futuro. Pues bien, nos han hecho ustedes un regalo, pero
les adelanto que votaremos en contra, como es muy normal.

Dicen ustedes que España es una nación. Pues no. La historia nos dice
que, como mínimo, somos cuatro. Como mínimo. Luego hay 13 comunidades
autónomas que se han añadido, pero, como mínimo, cuatro. Y nos dicen
ustedes que el artículo 2.1 de la Constitución —y nos lo recuerdan
aquí— establece que España es patria común e indivisible de todos
los españoles y reconoce el derecho a la autonomía y regiones que la
integran y a la solidaridad. Me permitirán que les haga un poco de
historia. Y les ruego, si quieren prestarme atención, que a partir de
ahora se pongan los pinganillos, porque deduzco que muchos de ustedes,
por desgracia, no entenderán uno de los idiomas cooficiales del Estado
español, el catalán. (Aplausos).

Una mica d’història, si us plau. És cert, senyors del Partit
Popular, que hi va haver una època, en l’Imperi de Felip II, en què
no es posava el sol. Però, escoltin, vostès porten un eclipsi permanent
des que tenen la majoria absoluta. Aquesta lliçó d’història els la
donaré gratis, m’ho permetran, amb tota humiltat. Sabien vostès que
la primera Constitució que es va aprovar a la península ibèrica va ser la
Constitució de Catalunya de l’any 1282, és a dir, fa exactament 804
anys? Sabien vostès —això segurament sí que ho saben— que la
primera Constitució que va aprovar Espanya va ser la de 1812, la
Constitució de Cadis, és a dir, fa 204 anys? Si us plau, lliçons de
constitucionalisme, poques. Aquesta Constitució i les 11 que la van
seguir, de Catalunya, aprovades a les Corts de la Corona de Catalunya i
Aragó, van ser derogades per un decret.

Quin país és el que deroga una Constitució, una Carta Magna amb un
decret, el Decret de Nova Planta? Aquest és el país que vostès ja
començaven a configurar i amb el que segurament ara es trobarien molt
còmodes; el país de l’Espanya que conquesta per la força de les
armes militars un territori de la península ibèrica. Els he de explicar
la Guerra de Successió de 1714? Suposo que no cal.

Des de la Constitució de 1978 vostès diuen que la unitat
d’Espanya és sagrada. Home! Facin una mica menys de misticisme, si
us plau, i una mica més de pragmatisme com, per cert, els demana la
bancada del Partit Socialista. La Constitució espanyola no és la Bíblia,
no és ni sagrada ni intocable per més que vostès utilitzin els conceptes
indivisible, inquebrantable, inseparable, indisoluble. Potser massa «in»
aquí, no els sembla? Una miqueta a favor i no tant en contra! S’han
deixat dues coses: també és insostenible i també és injusta. I nosaltres,
per això, ens anirem si així ho vol una gran majoria de la població de
Catalunya.

A Catalunya, com saben vostès, hi ha una majoria d’un 50 % dels
ciutadans que ha decidit constituir una república independent; hi ha una
minoria del 30 % que s’ha pronunciat a favor del dret a decidir,
entre ells tota la gent del Partit Socialista de Catalunya, que estan a
favor del dret a decidir si es volen anar o si es volen quedar, tan
legítim com el nostre. I, per últim, els ho recordo, hi ha un 20 % dels
ciutadans de Catalunya que estan a favor del que vostès defensen avui
aquí, que ens quedem, que ens quedem exactament sense canviar res.

Un poco de historia, por favor. Es cierto, señores del Partido Popular,
que hubo una época, en el Imperio de Felipe II, en que no se ponía el
sol. Pero, escuchen, ustedes están en un eclipse permanente desde que
tienen la mayoría absoluta. Esta lección de historia se la voy a dar
gratis y me la van a permitir con toda humildad. ¿Sabían ustedes que la
primera Constitución que se aprobó en la península ibérica fue la
Constitución de Cataluña del año 1282, es decir, hace exactamente 804
años? ¿Sabían ustedes esto? Seguramente saben que la primera Constitución
que aprobó España fue la de 1812, es decir, hace 204 años. Por favor,
lecciones de constitucionalismo, pocas. Esta Constitución y las 11 que la
siguieron, de Cataluña, aprobadas en las Cortes de la Corona de Cataluña
y Aragón, fueron derogadas por un decreto.

¿Qué país es el que deroga una Constitución, una Carta Magna, con un
decreto, el Decreto de Nueva Planta? Este es el país que ustedes ya
empezaban a configurar y con el que seguramente ahora se encontrarían muy
cómodos; el país de la España que conquista por la fuerza de las armas
militares un territorio de la península ibérica. ¿Debo explicarles la
Guerra de Sucesión de 1714? Supongo que no hace falta.

Desde la Constitución de 1978 ustedes dicen que la unidad de España es
sagrada. ¡Hombre! Hagan un poco menos de misticismo, por favor, y un poco
más de pragmatismo como, por cierto, les pide la bancada del Partido
Socialista. La Constitución española no es la Biblia, no es ni sagrada ni
intocable por mucho que ustedes utilicen los conceptos de indivisible,
inquebrantable, inseparable, indisoluble. Hay demasiados «in» ahí, ¿no
les parece? Se han dejado dos cosas: también es insostenible y también es
injusta. Nosotros, por ese motivo, nos iremos si así lo desea una gran
mayoría de la población de Cataluña.

En Cataluña, como saben ustedes, existe una mayoría de un 50 % que ha
decidido constituir una república independiente; hay una minoría del 30 %
que se ha pronunciado a favor del derecho a decidir, entre los cuales
están todas las personas del Partido Socialista de Cataluña, que están a
favor del derecho a decidir si se quieren ir o si se quieren quedar, tan
legítimo como el nuestro. Por último, les recuerdo que solo hay un 20 %
de los ciudadanos de Cataluña que están a favor de lo que ustedes
defienden hoy aquí, que nos quedemos exactamente sin cambiar nada.

El señor PRESIDENTE: Señor Vidal, debe terminar, por favor.

El señor VIDAL MARSAL: Continuaré en l’ús del torn que em
correspondrà després com a portaveu perquè encara tenim moltes coses a
dir-vos. Però vull que vagin reflexionant sobre les meves paraules.
Gràcies, senyor president. (Aplaudiments).

Continuaré en el uso que me corresponderá después como portavoz, porque
nos quedan muchas cosas por decir. Pero vayan reflexionando, por favor,
sobre estas palabras.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Vidal.

Senador Cleries, tiene la palabra.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Moltes gràcies, senyor president. Vull
intervenir d’una forma breu en aquest torn en contra per manifestar
el nostre no rotund a aquesta moció del Partit Popular. En aquesta moció
es nota que l’agenda catalana s’ha vist avui en el Ple del
Congrés i en el Ple del Senat. Avui vostès han demostrat que qui està
manant en la política espanyola és l’agenda catalana. I avui hem
vist també, en les paraules i la intervenció no del senyor Barreiro sinó
l’anterior, que el Partit Popular no respecta les institucions
catalanes per la forma en què s’ha parlat de la Generalitat de
Catalunya; amb una falta de respecte que ve ocasionada pel maltractament
econòmic que dia rere dia li ha donat el Govern del Partit Popular. Jo li
vull preguntar alguna cosa al senyor Barreiro. Vostès avui parlen
d’unitat d’Espanya; quan fan els pressupostos de
l’Estat respecte a Catalunya?, fractura social en molts casos
perquè no donen els recursos que necessita Catalunya. Quan cada dia vénen
cap a Madrid 44 milions d’euros del dèficit fiscal que té
Catalunya, vostès estan treballant per a la unitat d’Espanya o per
a la fractura? Quan vostès recollien signatures contra l’Estatut de
Catalunya, treballaven per a la unitat d’Espanya o per la fractura?
Quan vostès maltracten dia si i dia també la llengua catalana i la
immersió lingüística, treballen per a la unitat d’Espanya o per a
la fractura? Doncs bé, vostès han fet tan bé la feina de la fractura que
ja marxem; i marxem per fer un Estat català lliure, independent a Europa
—això al senyor Rajoy li costa entendre—, un Estat català
europeu que, precisament, posa per davant la riquesa al servei de les
persones, l’Estat del benestar, la llengua catalana, amb un gran
respecte també per la llengua espanyola perquè és la llengua de molts
ciutadans que viuen a Catalunya i, al mateix temps, posant sempre a les
persones per davant, i això és el que farem.

I després, senyor Barreiro, Senyor Barreiro, m’he quedat parat
amb dues coses, i podria donar molts més exemples, però ara em queda molt
poc temps. Fixi’s. Vostè ha dit: «Los que hemos ganado las
elecciones y tenemos derecho a gobernar». Vostès coneixen Europa? O
coneixen Catalunya? Quantes vegades va guanyar el president Mas les
eleccions i hi havia altres governs legítims perquè es van constituir
altres majories? I si vostès tenen una majoria tan àmplia, com és que no
estan governant i el senyor Rajoy només està en funciones? I crec que es
quedarà fent més aviat poques funciones.

Doncs bé, això és el que s’estan trobant, perquè vostès no han
guanyat les eleccions, i aquí, al Senat, vostès tenen majoria absoluta
per un sistema d’elecció provincial que els beneficia, perquè
comunitats autònomes amb dos milions i mig d’habitants tenen 36
senadors i comunitats autònomes amb set milions i mig d’habitants
en tenen 16, i això els beneficia a vostès, i per això quan parlen de la
reforma del Senado el tema dels senadors sempre la van deixant per demà o
per demà passat. Doncs també s’ha de parlar d’això.

I l’altre tema és que vostè que parla tant de democràcia,
democràcia i democràcia. La democràcia es demostra votant, i a Catalunya
tot el que farem i el que estem fent ho estem fent democràticament i
votant, i vostès s’estan quedant cada vegada més residuals a
Catalunya. Vagin fracturant, que els resultats el troben dia sí i dia
també. I que no quedi dubtes: votarem un no rotund a la seva moció.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo de forma breve en este turno en contra para manifestar
nuestro no rotundo a esta moción del Partido Popular. En esta moción se
nota que la agenda catalana se ha visto hoy en los plenos del Congreso y
del Senado. Hoy ustedes han demostrado que quien está mandando en la
política española es la agenda catalana. Y hoy hemos visto también, con
la primera intervención del señor Barreiro, que el Partido Popular no
respeta las instituciones catalanas por la forma en la que se ha hablado
de la Generalitat de Catalunya; es una falta de respeto que es
consecuencia del maltrato económico que día tras día le ha dado el
Gobierno del Partido Popular.

Yo quiero preguntarle algo al señor Barreiro. Ustedes hoy hablan de
unidad de España; cuando hacen los presupuestos del Estado respecto a
Cataluña, ¿piensan en la unidad de Cataluña o en la fractura de Cataluña,
en muchos casos fractura social porque no dan los recursos que Cataluña
necesita? Cuando cada día vienen a Madrid 44 millones de euros del
déficit fiscal que tiene Cataluña, ¿ustedes están trabajando en pro de la
unidad de España o en pro de la fractura? Cuando ustedes recogían firmas
contra el Estatuto de Cataluña, ¿trabajaban por la unidad de España o por
la fractura? Cuando ustedes maltratan día sí y día también la lengua
catalana y la inmersión lingüística, ¿trabajaban ustedes en pro de la
unidad de España o de la fractura? Pues bien, han hecho ustedes tan bien
el trabajo de la fractura que ya nos vamos; y nos vamos para hacer un
Estado catalán libre, independiente en Europa —esto al señor Rajoy
le cuesta entender—, un Estado catalán europeo que, precisamente,
va a anteponer la riqueza al servicio de las personas, el Estado del
bienestar, la lengua catalana, con un gran respeto también para la lengua
española porque es la lengua de muchos ciudadanos que viven en Cataluña
y, al mismo tiempo, situando siempre a las personas por delante, y eso es
lo que vamos a hacer.

Señor Barreiro, me he quedado muy parado con dos aspectos de su
intervención, y podría dar muchos más ejemplos, pero me queda poco
tiempo. Fíjense. Usted ha dicho: Los que hemos ganado las elecciones
tenemos derecho a gobernar. ¿Ustedes conocen Europa? ¿Conocen Cataluña?
¿Cuantas veces ganó el presidente Mas las elecciones y hubo otros
gobiernos legítimos porque se constituyeron otras mayorías? Y si ustedes
tienen una mayoría tan amplia, ¿cómo es que no están gobernando y el
señor Rajoy solo está en funciones? Y creo que va a hacer más bien pocas
funciones.

Pues bien, esto es lo que se están encontrando, porque ustedes no han
ganado las elecciones, y aquí, en el Senado, ustedes tienen mayoría
absoluta por un sistema de elección provincial que les beneficia, porque
comunidades autónomas con dos millones y medio de habitantes tienen 36
senadores y comunidades autónomas con siete millones y medio de
habitantes tienen 16, y esto les beneficia a ustedes, y precisamente por
eso cuando hablan de la reforma del Senado el tema de los senadores
siempre queda para mañana o para pasado mañana. Pues bien, también hay
que hablar de esto.

Y hay otro punto que quisiera comentarle a usted, que tanto habla de
democracia, democracia y democracia. La democracia se demuestra votando,
y en Cataluña todo lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo lo
estamos haciendo democráticamente y votando, y ustedes se están quedado
cada vez más residuales en Cataluña. Sigan fracturando, que se van a
encontrar los resultados día sí y día también. Y que no les quepa ninguna
duda: votaremos un no rotundo a su moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cleries.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Alegre.

El señor ALEGRE BUXEDA: Gracias, señor presidente.

Senyor president, senyories, avui faré la meva primera intervenció en
el Ple del Senat com a senador per la Comunitat Autònoma de Catalunya, i
la faré en català. I la faré en català precisament perquè és la meva
llengua materna, i ho és bàsicament perquè sóc fill de dos espanyols: un
català i una navarresa, i em dic Buxeda.

Avui, senyors del Grup Parlamentari Popular, els diré d’entrada
que els senadors de Ciutadans votarem a favor de la seva moció, però vull
dir-los que votarem a favor no tant pel que vostè ha dit avui aquí,
senyor Barreiro, sinó pel que ha escrit. Però també volem dir-li que
aquesta moció arriba exactament tres anys i cinc mesos tard. Arriba
exactament tres anys i cinc mesos tard perquè vostès s’havien
d’haver posat a treballar en aquest tema exactament al setembre, a
l’octubre o al novembre de l’any 2012, quan el aleshores
president Mas va entrar en aquella cap a la deriva que portava a la
secessió, una deriva absolutament injustificada. I no ho van fer. Van
deixar que el tema es podrís en els despatxos, i hem arribat on hem
arribat, perquè vostès —i no em refereixo a vostè en primera
persona, senyor Barreiro— no es van posar a treballar. Hay dos
tipos de problema, los que se solucionan con el tiempo y los que no
tienen solución. I vostès van pensar que aquest ja el solucionaria el
temps.

Un dels grans reptes a què s’enfronta Espanya és precisament fer
front a aquest desafiament secessionista i independentista que estem
vivint a Catalunya i que s’ha demostrat fa un moment amb les
intervencions del portaveu d’Esquerra Republicana i de Democràcia i
Llibertat.

Per cert, el portaveu d’Esquerra Republicana dóna lliçons
d’història, però de vegades la deforma i l’escriu a la seva
manera. Miri, nosaltres, els senadors de Ciutadans, votarem a favor, però
ho farem des de la posició que hem defensat en l’acord de Govern
reformista i de progrés signat entre Ciutadans i els membres del Partit
Socialista Obrer Espanyol, perquè suposa una oportunitat històrica per
canviar aquest país i perquè suposa regenerar la nostra democràcia
començant per la reforma de la Constitució. La millor garantia per a un
futur pròsper, la millor garantia per a tots els espanyols, inclosos els
catalans també, és transformar aquest país.

Els catalans hem estat sempre protagonistes de les grans reformes que
ha tingut aquest país, Espanya, i volem seguir sent-ho, volem seguir
formant part i ser protagonistes de les grans reformes a Espanya.
Evidentment, quan nosaltres plantegem la reforma de la Constitució perquè
volem la unitat d’Espanya ens plantegem quina és la solució, i la
solució, evidentment, no és trencar Espanya, no és trencar-ho tot i sí
reformar-ho.

Hoy haré mi primera intervención en el Pleno del Senado como senador
por la Comunidad Autónoma de Cataluña, y la haré en catalán. Y la voy a
hacer en catalán precisamente porque es mi lengua materna, y lo es
básicamente porque soy hijo de dos españoles: un catalán y una navarresa,
y me llamo Buxeda.

Hoy, señores del Grupo Parlamentario Popular, los senadores de
Ciudadanos vamos a votar a favor de su moción, pero quiero decirles que
vamos a votar a favor no tanto por lo que usted ha dicho hoy aquí, señor
Barreiro, sino por lo que ha escrito. Pero también queremos decirle que
esta moción llega exactamente tres años y cinco meses tarde, porque
ustedes se tenían que haber puesto a trabajar en este tema exactamente en
septiembre, octubre o noviembre del año 2012, cuando el entonces
presidente Mas entró en esa deriva que llevaba a la secesión, una deriva
absolutamente injustificada. Y no lo hicieron. Dejaron que el tema se
pudriera en los despachos, y hemos llegado adonde hemos llegado, porque
ustedes —y no me refiero a usted en primera persona, señor
Barreiro— no se pusieron a trabajar. Y es que hay dos tipos de
problemas, los que se solucionan con el tiempo y los que no tienen
solución, y ustedes pensaron que eso ya se solucionaría solo.

Uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta España es
precisamente hacer frente a este desafío secesionista e independentista
que estamos viviendo en Cataluña y que se ha demostrado hace un instante
con las intervenciones del portavoz de Izquierda Republicana y de
Democracia y Libertad.

Por cierto, el portavoz de Esquerra Republicana da lecciones de
historia, pero a veces la deforma y la escribe a su manera. Mire,
nosotros, los senadores de Ciudadanos, vamos a votar a favor, pero lo
vamos a hacer con la posición que hemos defendido en el acuerdo de
Gobierno reformista y de progreso firmado entre Ciudadanos y los miembros
del Partido Socialista Obrero Español, porque supone una oportunidad
histórica para cambiar este país y porque supone regenerar nuestra
democracia empezando por la reforma de la Constitución. La mejor garantía
para un futuro próspero, la mejor garantía para todos los españoles,
inclusive los catalanes, es transformar este país.

Los catalanes siempre hemos sido protagonistas de las grandes reformas
que ha vivido este país, España, y queremos seguir siéndolo, queremos
seguir formando parte y ser protagonistas de las grandes reformas en
España. Evidentemente, cuando nosotros planteamos la reforma de la
Constitución porque queremos la unidad de España nos planteamos cuál es
la solución, y esta, evidentemente, no pasa por la ruptura de España, no
es romperlo todo; es reformarlo.

El señor PRESIDENTE: Senador Alegre, tiene que dejar tiempo a sus
compañeros.

El señor ALEGRE BUXEDA: Termino, señor Presidente, y lo hago en
castellano.

Hacer política, señores del PP, no es enrocarse sino conversar y buscar
soluciones. España merece la pena y, sobre todo, lo más importante, los
españoles se lo merecen.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alegre.

Tiene la palabra el senador Yanguas.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, una vez más Unión del Pueblo Navarro no quiere dejar pasar
esta oportunidad de hablar de un tema que entendemos nuclear para España:
la unidad de la propia nación española. Porque nuestro partido, UPN, y
voy a hablar de Navarra, como he hecho antes, define a esta como una
comunidad foral integrada dentro de España y como parte inseparable de la
nación española.

El Régimen Foral de Navarra es la forma en la que nos integramos en
España, y este régimen foral y el convenio económico que lo sustenta son
en sí mismos dos instrumentos plenamente vigentes y solidarios con
nuestro país, y eso también lo quiero decir. El régimen foral es un
pacto, es una ley paccionada, como sabemos, un derecho histórico, y
amparado, además, en la Constitución española. Está amparado en la
disposición adicional primera de la Constitución española. Por eso
queremos traer el debate, porque UPN solicita hoy aquí, como lo ha venido
haciendo antes, y en campaña electoral también, la eliminación de la
disposición transitoria cuarta de la Constitución española, que dispone
un mecanismo de incorporación de Navarra a otra comunidad autónoma, al
País Vasco concretamente. En ese punto mi partido, Unión del Pueblo
Navarro, es muy claro, y debemos ser contundentes al respecto. Entendemos
que la disposición transitoria cuarta es anacrónica y que ha perdido ya
toda su actualidad, por eso pedimos su eliminación cuando se modifique la
Constitución. Porque Navarra no es transitoria ni debe ser integrada en
ningún momento en ninguna otra comunidad autónoma, ni, por supuesto, debe
separarse de España. Por eso he querido incidir hoy aquí en esta moción
que ha presentado el Grupo Popular.

Por todo lo anterior, ya les anuncio que, en representación de mi
grupo, votaré que sí a esta moción, y además quiero agradecer su
presentación hoy aquí, ya que nos ha permitido hablar y explicar en esta
tribuna esa disposición transitoria cuarta en un aspecto tan importante
como es la unidad de España, plenamente vigente, como se puede ver por
los debates que ha habido aquí.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.

Senadora Julios, tiene la palabra.

La señora JULIOS REYES: Gracias, señor presidente.

El Grupo Popular nos trae hoy una iniciativa que, nuevamente, en vez de
buscar soluciones a un problema que es de naturaleza política,
desgraciadamente lo que está haciendo es que nos alejemos cada vez más de
las soluciones al problema que en estos momentos estamos debatiendo.

Señorías, o se recupera el diálogo para crear las condiciones políticas
que permitan resolver en el ámbito de la política, y no en otro, un
problema político como el que tenemos en relación con el llamado problema
catalán, o, como estamos haciendo, se imponen unilateralmente soluciones
que nunca solucionarán. Nos dice el portavoz del Grupo Popular que hoy
nos traen esta iniciativa precisamente por responsabilidad y porque
ustedes han ganado las últimas elecciones en España. Y yo me pregunto:
¿cómo es posible que si ustedes han ganado las elecciones, señorías, su
candidato a presidente del Gobierno de España no haya tenido el valor de
presentarse para ser investido presidente del Gobierno de España?
(Aplausos). ¿Cómo es posible, señorías, que si han ganado las elecciones,
no se hayan dado cuenta —asúmanlo— de que les han dado un
resultado diferente al que había antes en España? Ya no hay un Gobierno
con mayoría absoluta. No lo hay en el Congreso de los Diputados. Por lo
tanto, asuman la responsabilidad de que parte de la culpa de este
problema está en las filas del Partido Popular y en la forma en que han
pretendido resolverlo. Este problema, señorías, no se resuelve en los
tribunales; este problema no se resuelve presentando recursos al Tribunal
Constitucional frente a un estatuto de autonomía como el catalán, que fue
aprobado en el Parlamento catalán y en el Congreso de los Diputados. De
esos mimbres tenemos hoy la situación que tenemos. Asumamos la
responsabilidad. Si ustedes asumieran la responsabilidad, como dicen,
porque quieren gobernar España, hoy traerían soluciones, no problemas
para enquistar todavía más el problema que estamos viviendo. Señorías, de
verdad, creemos que la solución está en el ámbito de la política, la
solución está en recuperar el diálogo entre los diferentes territorios
del Estado español, en que se reconozcan las diferencias y singularidades
históricas, culturales y lingüísticas que existen en el Estado español:






las de Cataluña, las del País Vasco, las de Navarra, las de Galicia, las
de Canarias. Ha reconocido antes nuestras singularidades la Unión Europea
que la propia Constitución española. Asuman, señores del Grupo Popular,
la responsabilidad de que los tiempos en política han cambiado, que es
necesario el diálogo, el consenso y el respeto para que España siga
progresando y para que todos los territorios podamos estar, cómo no, en
el Estado español.

Señorías, insisto, el Gobierno en funciones y el Partido Popular tienen
dos opciones: o mantener su actual posición inmovilista —y cuando
se hace lo mismo se obtienen los mismos resultados— o dar un paso
al frente y aceptar que es necesario, que es fundamental abrir el diálogo
y hacer las reformas importantes que este país necesita en la
Constitución, en el modelo territorial y en la financiación de los
servicios públicos de las comunidades autónomas.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Eskerrik asko, mahaiburu jauna.

CISeko datuak aztertuko bagenitu, azkeneko datuak, abenduko datuak,
ikusiko genuke Espainiako herritarren kezka nagusiena, noski, langabezia
dela. Bigarren kezka nagusia izango litzateke korrupzioa edo ustelkeria,
hirugarren arazoa izango litzateke ekonomia, eta laugarren arazoa, gu
izango ginateke; gu esaten dudanean, politikook izango ginateke. Hori da
abenduko CISek markatzen dituen lehenengo lau kezkak. Laster hiru
hilabete beteko dira hauteskundeak izan zirela, eta, lehen Barreiro
jaunak berak aipatu duen bezala, hemen izan genuen azkeneko batzarra
urriaren 15ean izan zen. Beraz, sei hilabete hemen egon gabe.

Gaur dakarten mozioa ez da langabeziari nolabait aurre egingo dion
mozio bat, edo egunero ateratzen ari den ustelkeriari aurre egingo dion
mozio bat, edo ekonomiari aurre egingo dion mozio bat, baizik eta
eztabaida, xextra eta giro txarra sortuko duen eta zatitu egingo duen
mozio bat.

CISeko dokumentua bera edo ikerketa bera erabiliz gero, ba al dakizue
nazio kontzeptua edo Espainiaren unitatea zenbaten kezka den? Bada,
% 3,4rena. Jendearentzat, benetako kezka langabezia, korrupzioa, ekonomia
eta politikoak dira. Horrek zer esan nahi du? Lehenago aipatu dudana:
Alderdi Popularra hauteskunde kanpaina iraunkor batean ari da. Lehen,
kanpainan zegoen, eta, orain, kanpainan dago. Zergatik? Ikusten duelako
ez daukala nahiko nagusitasunik edo nahiko eskainurik gobernua osatu ahal
izateko. Zergatik? Bakarrik dagoelako. Hemengo talde guztiek aipatu dugu
elkarrizketa, baina, hemen, azkenean, elkarrizketari Alderdi Popularrak
muzin egin dio. Horren esanahia eta horren ondorioa Alderdi Popularra
bakarrik dagoela izango litzateke.

Mozioak zera dio: «La Constitución reconoce y garantiza el derecho a la
autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la
solidaridad entre todas ellas». Aipatzen denean legea betetzea, betetzen
al da Konstituzioaren puntu hori? Nazionalitate gaia jorratu al da? Zer
da nazionalitatea? Zer kontzeptu mota? Jorratu al duzue kontzeptu hori?
Ez. Eta elkartasuna? Bai. Guk, euskaldunak, eta, kasu honetan, Euskadik
—horren inguruan hitz egingo dut—, elkartasunari dagokionez,
erakutsi du solidarioa izaten. 1981etik 2014ra bitartean zegokiona baino
% 20 gehiago ordaindu du Euskadik kupo bidez. Ordaindu behar baldin
bazen, ordaindu da, baina, azken finean, guk elkartasuna demostratu dugu.
Bueltan, zer etorri zaigu? Bueltan ez zaigu ez errekonozimendurik etorri,
ezta —elementu hau oso inportantea da Euskadirentzat—
autonomia bermerik ere; ez daukagu bermerik.

Hori dela eta, dakizuen bezala, oraindik, lehen aipatu dugun bezala,
Gernikako Estatutuan, 24 gai oso eta zortzi gai partzial betetzeko egongo
lirateke. Hori ez al da legea? Gernikako Estatutua ez al da legea?
Gernikako Estatutua betetzea eskatzen denean, zergatik Alderdi Popularra
da alderdi bakarra ezezkoa esaten duena? Alderdi Popularrak Euskadin
—hemen daukagu Iñaki Oyarzábal Euskadiko legebiltzarkidea—
eskatzen dionean Estatuko gobernuari hainbat datu eta hainbat ikerketa,
zergatik Alderdi Popularrak ezezkoa esaten dio Euskadiko Alderdi
Popularrari ere? Zergatik esaten dio beti Alderdi Popularrak Euskadiri
ezezkoa? Azken finean, hemen aipatzen dena eta ikusten dena da ez dagoela
aldebiko berme sistemarik. Alegia, guk, euskaldunok, ez badugu zerbait
betetzen, segituan daukagu Gobernuaren inposizioa. Orain, kasu honetan
bezala, Espainiako Gobernuak erabakitzen duenean zerbait ez betetzea,
Gernikako Estatutuari dagokionez adibidez —aipatuko ditut presoak,
konpetentziak, gizarte soziala, 18.2. artikulua…—, zergatik
ez da betetzen? Komeni ez delako. Legea bete, bai. Noiz? Komeni
zaidanean. Hori da Alderdi Popularrak esaten duena: «komeni
zaidanean».

Bigarrenik, asko erabiltzen duzue «el consenso que dio lugar a la
aprobación de nuestra Carta Magna en 1978» ere. Hori aipatzen duzue zuen
mozioan. Eta nik zera esaten dut: zer kontsentsu? Aztertzen badugu Errege
Akademiak dioena kontsentsuaren inguruan, zera esaten du: «acuerdo
producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre
varios grupos». Zer kontsentsu Eusko Alderdi Jeltzalea Konstituzioa
eztabaidatu zenean batzordetik kanpo utzi zenutenean? Zer kontsentsu? Zer
kontsentsu Konstituzioaren VIII. tituluari Alderdi Popularrak ezezkoa
esan zionean? Zer kontsentsu Gernikako Estatutuari Alderdi Popularrak
ezezkoa bozkatu zionean? Zer kontsentsu edozein diferentziari, edozein
aniztasuni, edozein gauza ezberdini Alderdi Popularrak ezezkoa dioenean?
Bakarrik «unidad», «mono»… Dena, aldebakarrekoa. Zergatik?

Badakizue, Konstituzioa aipatzen denean, Euskadin zein izan zen egoera?
Bada, 1978an, gizartearen % 65ek ez zuen baiezkorik bozkatu. Horrek zer
esan nahi du? Horrek esan nahi du espiritu edo zerbait ulertzen ez dena,
beste era batera ulertzen dena, ezberdina dena. Eta hori da, azken
finean, guk adierazi nahi dizueguna: egoera hori kontuan hartu behar
dugu. Hori kontuan hartzen ez den bitartean, benetan, lehen aipatu dudan
bezala, arazoak izango dituzue.

Hirugarrenik, eta azkenik, Europa. Bai Euskadin eta bai Katalunian
planteatzen diren gaiek eta irtenbideek XXI. mendeari eta Europan
gertatzen eta ematen ari diren irtenbideei nolabaiteko soluzio bat
planteatu nahi diete. Guk, behintzat, Euskal Herritik, adostutakoa eta
legala den kontsulta bat egitea planteatzen dugu: adostutakoa eta
legezkoa dena. Ez dugu ezer aldez aurretik zehaztu nahi: bakarrik
entzutea nahi dugu. Guztiz demokratikoa den printzipio bat onartzea
eskatzen dugu. Beraz, adostasuna, paktua; azken finean,
behar-beharrezkoak direlako guztion artean. Hori da gizartea benetan
lehenesten ari dena. Asko aipatzen dira abenduaren 20ko hauteskundeak,
eta askok aipatzen dugu gizartearen nahia zein izan den, eta asko
planteatzen ari dira hauteskundeak errepikatu egin beharko liratekeela,
baina jendeak, gizarteak, hitz egin du, eta esan du elkarrizketa dela
bide bakarra, eta ezberdina denari kasu egin behar zaiola, errespetatu
egin behar dela, eta adosten saiatu beharra dagoela. Azken finean, nire
galdera da ea gizartearen zati bat ukatuz eta isilaraziz funtzionatzen
duen estatua demokratikoa den.

Azkenean, ukatu egiten bada eta entzuten ez baldin bada, gure iritziz,
ez da batere demokratikoa. Azken finean, estatu bat askatasunean
oinarritu beharra dago. Eta hemen hainbeste aipatzen denez gero
Konstituzioa eta Tribunal Konstituzionala, aipatuko dizuet Tribunal
Konstituzionaleko letradu batek eginiko artikulu bat. Artikulu horretan,
zera esaten du: «En la sentencia 42/2014 del Tribunal Constitucional,
insistir en el diálogo y la lealtad de los poderes públicos territoriales
y conminar a las Cortes Generales a entrar a considerar las iniciativas
de reforma constitucional que provengan de la asamblea legislativa de una
comunidad autónoma».

Muchas gracias, señor presidente.

Si tuviéramos los últimos datos publicados por el CIS, que son de
diciembre, veríamos que entre las principales preocupaciones de la
población española en general están: en primer lugar, el paro; en segundo
lugar, la corrupción; en tercer lugar, la economía; y en cuarto lugar,
nosotros y nosotras, y me refiero a la clase política. Esas son las
cuatro primeras preocupaciones que refleja la encuesta del CIS de
diciembre. Pronto se van a cumplir tres meses desde la celebración de las
elecciones y, tal y como mencionaba antes el señor Barreiro, la última
sesión que se celebró aquí fue el 15 de octubre. Por lo tanto, ya han
pasado seis meses desde la última vez que nos reunimos aquí.

La moción que hoy presentan no pretende hacer frente al paro o a los
casos de corrupción que se publican cada día, ni tampoco a los problemas
económicos, sino que va a producir mal ambiente y disputas.

En relación con esta encuesta del CIS que les mencionaba, ¿saben qué
porcentaje de la población cuenta entre sus preocupaciones con los
nacionalismos y, por extensión, con la unidad de España? Solo un 3,4 %.
Las verdaderas preocupaciones son: el paro, la corrupción, la economía y
los políticos. ¿Y qué quiere decir esto? Que el Partido Popular está en
una campaña electoral permanente, tal y como les decía antes. Antes
estaba en campaña y ahora también, porque ve que no tiene una mayoría
suficiente o los escaños suficientes para formar Gobierno. ¿Y por qué?
Porque está solo. Todos los grupos aquí presentes hablábamos de diálogo,
pero el Partido Popular lo rechaza, y eso conlleva que esté solo.

La moción dice lo siguiente: La Constitución reconoce y garantiza el
derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y
la solidaridad entre todas ellas. Cuando se habla de cumplir la ley,
¿acaso se cumple este punto de la Constitución? ¿Se ha desarrollado el
tema de las nacionalidades? ¿Qué es, de hecho, la nacionalidad? ¿Qué tipo
de concepto es? ¿Lo han desarrollado? Yo le respondo: no. Pero nosotros,
los vascos, sí. En lo que a la solidaridad se refiere, Euskadi ha
demostrado ser solidaria. Desde 1981 hasta 2014, Euskadi ha pagado a
través del cupo un 20 % más de lo que le correspondería. Si hay que
pagar, se paga, pero nosotros hemos demostrado solidaridad. ¿Y qué hemos
recibido de vuelta? Ni siquiera el reconocimiento. Tampoco hemos recibido
—y este es un elemento muy importante— garantías de autonomía
para Euskadi; tampoco hemos recibido ninguna garantía de ello.

Como bien saben, el Estatuto de Gernika está todavía sin cumplir en 24
puntos, además de diversos aspectos en 8 puntos más. ¿Acaso no es ley el
Estatuto de Gernika? ¿Por qué, cuando pedimos que se cumpla, el Partido
Popular es el único que lo rechaza? Cuando le pedimos datos al Gobierno
—y aquí tenemos a Iñaki Oyarzábal, parlamentario en Euskadi del
Partido Popular—, ¿por qué nos los niega el Partido Popular? ¿Por
qué siempre le dice a Euskadi que no? Al fin y al cabo, lo que se dice es
que no hay un sistema de garantías bilateral. Si nosotros, los vascos, no
cumplimos algo, en seguida nos viene la imposición del Gobierno
—como en este caso—; pero, después, el Gobierno de España
decide no cumplir cuestiones del Estatuto de Gernika como la de los
presos, las competencias, la Seguridad Social, o el artículo 18.2 del
estatuto. ¿Por qué? Porque no conviene. Las leyes se cumplen cuando
conviene. Eso es lo que dice el Partido Popular.

Por otra parte, ustedes hablan mucho del consenso que dio lugar a la
aprobación de nuestra Carta Magna en 1978. Eso es lo que dice su moción,
pero yo me pregunto: ¿Qué consenso? Veamos lo que dice la Real Academia
sobre el consenso: «Acuerdo producido por consentimiento entre todos los
miembros de un grupo o entre varios grupos.» ¿Pero a qué consenso se
refieren cuando el Partido Nacionalista Vasco quedó fuera de la comisión
que debatió la Constitución, o cuando el Partido Popular votó en contra
el título VIII de la Constitución, o en contra del Estatuto de Gernika?
¿De qué consenso hablamos cuando votan en contra de cualquier diferencia
o pluralidad, o cualquier cosa que pueda ser diferente? Solo hablan de
unidad unilateralmente. ¿Por qué?

Ustedes citan la Constitución. Pero ¿saben cuál es la situación que se
produjo en Euskadi? En 1978, el 65 % de la población no votó a favor de
la Constitución; el 65 % de la población. ¿Y qué quiere decir esto? Que
hay algo que se entiende de otra forma o que no se entiende. Y eso es lo
que nosotros queremos que vean: que esta situación debe ser tomada en
consideración y que, mientras no sea tomada en consideración, tendrán
problemas de verdad.

En tercer lugar, y para finalizar: Europa. Las soluciones y propuestas
que se plantean en Euskadi y en Cataluña han encontrado una especie de
salida o solución en el siglo XXI y en esta Unión Europea. Nosotros
planteamos celebrar una consulta legal y consensuada. No pretendemos
determinar nada a priori, solo queremos ser escuchados, solo pedimos el
reconocimiento de un principio absolutamente democrático. Hablamos de
consenso y de pacto, porque, al fin y al cabo, son imprescindibles, y eso
es lo que está priorizando la sociedad realmente. Mucho se habla de las
elecciones del 20 de diciembre, y muchos hablamos de la voluntad de la
sociedad que allí se demostró. Muchos hablan de la repetición de
elecciones, pero la sociedad ha hablado y ha dicho que el diálogo es el
único camino, que se debe hacer caso al que es diferente, que debe ser
respetado y se debe intentar alcanzar un acuerdo. ¿Qué clase de Estado es
el que silencia o niega a una parte de sociedad?

En nuestra opinión, no es un Estado, en absoluto, democrático; al fin y
al cabo, un Estado debe basarse en la libertad. Y ya que aquí se menciona
la Constitución y el Tribunal Constitucional, les voy a leer un artículo
de un magistrado del Tribunal Constitucional. Y lo leo en castellano: En
la Sentencia 42/2014, el Tribunal Constitucional insistió en el diálogo y
la lealtad de los poderes públicos territoriales y conminó a las Cortes
Generales a entrar a considerar las iniciativas de reforma constitucional
que provengan de la Asamblea legislativa de una comunidad autónoma.

El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando.

El señor BILDARRAT SORRÓN: Termino, señor presidente.

Hori esaten du Xabier Arzozek, Tribunal Konstituzionaleko buruak,
Tribunal Konstituzionaleko presidenteak. Denek, alderdi politiko guztiek
esaten dugu: elkarrizketa. Tribunal Konstituzionalak esaten du:
elkarrizketa. Eta elkarrizketa ukatzen duen bakarra Alderdi Popularra
da.

Eskerrik asko.

Eso es lo que dice Xabier Arzoz, presidente del Tribunal
Constitucional. Todos los partidos políticos hablamos de diálogo. El
presidente del Tribunal Constitucional también lo hace, y el único que
rechaza el diálogo es el Partido Popular.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el
senador Vidal.

El señor VIDAL MARSAL: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, después de escuchar al portavoz, señor Barreiro —por
cierto, ni una palabra en gallego, señor Barreiro, y eso que usted dice
que está a favor de la plurinacionalidad y el plurilingüismo; alguna
palabra no hubiera estado mal— , después de escuchar al Grupo
Popular, la pregunta es obvia: Què faran vostès per impedir que es
compleixi més aviat que tard —no en tinguin cap dubte— la
voluntat del 80 % del poble de Catalunya; és a dir, ser preguntats sobre
el seu futur?

Bé, amb aquesta moció vostès ens ho diuen. Continuarem actuant contra
les iniciatives del Parlament i del Govern de Catalunya i contra tots
aquells que no acatin de manera absoluta la Constitució espanyola. És a
dir, continuarem judicialitzant la resolució d’un problema polític
que on s’hauria de resoldre és aquí i al Congrés.

Senyories, el nostre portaveu al Congrés, el senyor Tardà, ja ho va dir
molt clarament. Solo les falta decir lo que ya decía uno de los grandes
cineastas españoles —i ho dic en castellà—: todos a la
cárcel. ¿Es así como solucionan las cosas en esa España tan democrática
que ustedes defienden?

Doncs nosaltres creiem que no, sincerament. Nosaltres parlem de
construir dos Estats, és veritat. Acabin vostès de construir el seu, que
bona falta els fa, i nosaltres construirem el nostre. Però vostès ens
contesten: de cap de les maneres; hi ha crisi de convivència, hi ha
fractura social a Catalunya, hi ha violència als carrers. Home, viatgin
una mica més, vinguin a Catalunya qualsevol dia i veuran que tot això és
fals. Però ho entenem. Entenem que ens parlin de crisi de convivència i
que ens parlin d’amenaces judicials, perquè és la seva manera de
defensar el seu punt de vista. Però, senyors del Grup Popular, recordin
Mahatma Gandhi quan va dir —els ho diré en castellà perquè no
s’escapi ni 1 matís—: «La violencia y la prohibición son la
respuesta del miedo frente a las idea.» (Aplaudiments).

Senyories, nosaltres volem una cosa molt elemental i democràtica: volem
exercir el nostre dret a decidir, com a poble i com a nació històrica que
som, el nostre futur; un dret que recull molt bé l’article 1.2 de
la Declaració de les Nacions Unides, absolutament incompatible, per cert,
amb l’article 2.1 —no es confonguin— de la Constitució
espanyola, redactada, com saben vostès perfectament, l’any 1978,
amb l’ajuda inestimable de la JUJEM, Junta de Jefes del Estado
Mayor del Ejército.

Doncs molt bé, l’article 1.2 de la Carta de les Nacions Unides
diu «el objetivo de esta Carta es fomentar las relaciones de amistad
entre todas las naciones» —Entre todas— «basadas en el
respeto al principio de igualdad de derechos y al de la libre
autodeterminación de los pueblos.»

Els demanem que compleixin precisament això, si us plau. No volem viure
en un país en què el cap de l’Estat és el successor d’un rei
que va ser designat; no escollit pel poble, sinó designat, per un
dictador: el general Franco. No volem viure en un país en què el
descendent d’aquest rei, —i no ho oblidin— del rei
Felip V, que va ser qui va conquistar per la força de les armes
Catalunya, no volem viure en un país en què els monarques envien
missatges d’ànim als presumptes corruptes. Volem viure en una
república, una república en la qual puguem escollir als nostres
representants, al nostre cap d’Estat, perquè som servidors públics;
i volem viure en un país en què la transparència i la lluita contra la
corrupció siguin els puntals bàsics. Volem viure en un Estat on es
persegueixi les persones que tenen un pensament polític diferent del que
ostenta la majoria.

I vostès diran: això ja passa a l’Estat espanyol, com bé diu el
senyor García Albiol; això ja passa a Espanya. Doncs, escoltin,
aleshores, per què estic sancionat jo pel Consell General del Poder
Judicial per haver escrit un text que exclusivament volia ser un
esborrany d’una hipotètica futura constitució de la república de
Catalunya si així la votaven els ciutadans de Catalunya? És aquest
l’Estat lliure on no es persegueix a aquells que discrepen de
vostès? Ho conec molt bé. I recordin en aquest sentit que els estic
agraït també perquè, si no, avui no seria aquí; si no m’haguessin
inhabilitat per pensar, per parlar i per escriure —






delitos muy
graves, ciertamente— avui no seria aquí. Cada vegada són més els
polítics representants de Catalunya escollits per la ciutadania que avui
en dia estan sotmesos als tribunals de justícia espanyols. No sóc només
jo, saben vostès que el propi expresident de Catalunya, el senyor Artur
Mas, dos conselleres, la senyora Rigau i la senyora Ortega, i últimament
fins i tot el portaveu de Democràcia i Llibertat al Congrés dels
Diputats, el senyor Homs, estan sotmesos a la lupa dels tribunals. No els
sembla que ja és hora de començar a enfrontar-nos a la resolució dels
conflictes polítics a través de l’àmbit polític, és a dir, del
Congrés i del Senat? No els sembla a vostès que ja ha arribat aquesta
hora?

Em permetran que citi a Martin Luther King per dir que nosaltres, els
catalans, molt humilment, també tenim un somni, i el nostre somni el
farem realitat d’una manera pacífica i esperem que finalment
consensuada amb l’Estat espanyol. Aconseguirem declarar una
república, com al seu dia van intentar, i no ho van aconseguir, perquè
democràticament les majories van dir que no, Quebec respecte al Canadà i
Escòcia respecte a Anglaterra. Estem demanant coses tan estranyes?
Francament! O potser serà que el Canadà i Regne Unit són veritables
democràcies i no el que tenim actualment a Espanya? Potser serà això.
Mirin, no els ho tornarem a demanar, senyors del Partit Popular i senyors
del Partit Socialista, no els tornarem a demanar cap més referèndum, de
veritat. Els ho hem demanat ja moltes vegades i sempre ens han dit que
no. Doncs, molt bé. Si ens el volen oferir, senyors del Partit
Socialista, perquè el Partit Popular ja ha dit que mai ens
l’oferirà, si ens el volen oferir i espero que a la reunió que han
tingut el seu president, el senyor Sánchez i el president de Catalunya,
senyor Carles Puigdemont, hagin avançat en aquest camí alguna cosa, ho
espero sincerament, si ens el volen oferir, l’acceptarem. I, sii el
guanyem, declararem la república de Catalunya i, si el perdem, acceptarem
la decisió de la majoria, això és una democràcia.

Deia Francesc Macià, segur que el nom els sona, un president de la
Generalitat republicana: ante la mano tendida de Cataluña, España siempre
contesta con el látigo y la embestida. No ho dic jo, ho va dir el
president Macià el 1931. Gairebé un segle després vostès segueixen
exactament igual, exactament igual, no han après res. Ja els vam avisar
el dia que els vuit senadors d’Esquerra Republicana vam prendre
possessió, el passat 13 de gener, que nosaltres complirem i acatarem la
Constitució espanyola, però només fins al dia en què proclamem la nostra
pròpia constitució. I em sembla que tenim dret, els ho devem als nostres
fills i a tots aquells que ens van precedir en aquesta lluita, a tots
aquells republicans catalans i espanyols que estic segur que allà on
estiguin ens estan mirant i estan esperant la nostra reacció.

En conseqüència, els confirmo que votarem en contra de la seva moció,
votarem en contra d’aquesta sagrada unitat d’Espanya perquè,
com he dit, vostès defensen que és indisoluble, indivisible, inseparable
per cert, els ha faltat allò de inquebrantable al desaliento, suposo que
també els sona. Doncs bé, nosaltres creiem que no hi ha res en aquest
món, res, que a través dels sistemes democràtics, a través del diàleg i
de la negociació, sigui impossible d’afrontar.

Som molt conscients, senyors del Partit Popular —perquè ens
consta que el Partit Socialista Obrer Espanyol per boca del seu president
va dir que el dia que governin a Espanya canviaran aquesta línia, cosa
que els agraeixo-molt— que la llibertat té un preu, i estem
disposats a pagar-lo, per alt que sigui. Abans de prendre segons quines
decisions, recordin vostès que la història ens acabarà posant a tots al
nostre lloc.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, después de escuchar al portavoz, señor Barreiro —por
cierto, ni una palabra en gallego, señor Barreiro, y eso que usted dice
que está a favor de la plurinacionalidad y el plurilingüismo; alguna
palabra no hubiera estado mal— , después de escuchar al Grupo
Popular, la pregunta es obvia:¿Qué van a hacer ustedes para impedir que
se cumpla más pronto que tarde —no les quepa la menor duda—
la voluntad del 80 % del pueblo de Cataluña; es decir, que sean
preguntados sobre su futuro?

Pues bien, con esta moción ustedes nos lo dicen. Vamos a continuar
actuando contra las iniciativas del Parlamento y del Gobierno de Cataluña
y contra todos aquellos que no acaten de manera absoluta la Constitución
española. Es decir, vamos a continuar judicializando la resolución de un
problema político que debería resolverse aquí y en el Congreso.

Señorías, nuestro portavoz en el Congreso, el señor Tardà, lo dijo muy
claramente. Solo les falta decir lo que ya decía uno de los grandes
cineastas españoles —y lo digo en castellano—: Todos a la
cárcel. Es así cómo se solucionan las cosas en esa España tan democrática
que ustedes defienden?

Pues nosotros creemos que no, sinceramente. Nosotros hablamos de
construir dos Estados, es cierto. Acaben ustedes de construir el suyo,
que buena falta les hace, y nosotros construiremos el nuestro. Pero
ustedes nos contestan: No, en absoluto; hay una crisis de convivencia,
hay fractura social en Cataluña, hay violencia en las calles. Señores,
viajen un poco más, vengan a Cataluña el día que quieran y verán que todo
esto es falso. Pero lo entendemos. Entendemos que nos hablen de crisis de
convivencia y que nos hablen de amenazas judiciales, porque es su manera
de defender su punto de vista. Pero, señores del Grupo Popular, recuerden
a Mahatma Gandhi cuando dijo —y lo diré en castellano para que no
se escape ni un matiz—: «La violencia y la prohibición son la
respuesta del miedo frente a las ideas.» (Aplausos).

Señorías, nosotros queremos algo muy elemental y democrático: queremos
ejercer nuestro derecho a decidir, como pueblo y como nación histórica
que somos, nuestro futuro; un derecho que recoge muy bien el artículo 1.2
de la Declaración de las Naciones Unidas, absolutamente incompatible, por
cierto, con el artículo 2.1 —no se confundan— de la
Constitución española, redactada, como saben ustedes perfectamente, en el
año 1978, con la ayuda inestimable de la JUJEM, Junta de jefes de Estado
Mayor del Ejército.

Pues bien, el artículo 1.2 de la Carta de las Naciones Unidas dice que
el objetivo de la Carta es fomentar las relaciones de amistad entre todas
las naciones —entre todas—, basadas en el respeto al
principio de la igualdad de derechos y al de la libre autodeterminación
de los pueblos.

Les pedimos que cumplan precisamente esto, por favor. No queremos vivir
en un país en el que el jefe del Estado es el sucesor de un rey que fue
designado; no escogido por el pueblo, sino designado, por un dictador: el
general Franco. No queremos vivir en un país en el que el rey es
descendiente —no lo olviden— del rey Felipe V, que fue quien
conquistó por la fuerza de las armas Cataluña. No queremos vivir en un
país en el que los monarcas envían mensajes de ánimo a presuntos
corruptos. Queremos vivir en una república, una república en la que
podamos escoger a nuestros representantes, a nuestro jefe de Estado,
porque somos servidores públicos; queremos vivir en un país en el que la
transparencia y la lucha contra la corrupción sean los puntales básicos.
Queremos vivir en un Estado en el que no se persiga a las personas que
tienen un pensamiento político distinto del que ostenta la mayoría.

Ustedes dirán: esto ya sucede en el Estado español, como bien dice el
señor García Albiol; esto ya sucede en España. Entonces, ¿por qué estoy
sancionado yo por el Consejo General del Poder Judicial por haber escrito
un texto que exclusivamente quería ser un borrador de una hipotética
futura constitución de la república de Cataluña si así la votaban los
ciudadanos de Cataluña? ¿Es este el Estado libre en el que no se persigue
a aquellos que discrepan de ustedes? Lo conozco muy bien. Y recuerden en
ese sentido que les estoy agradecido también porque, si no, hoy no
estaría aquí; si no me hubieran inhabilitado por pensar, por hablar y por
escribir —delitos muy graves ciertamente— hoy no estaría
aquí. Cada vez son más los políticos escogidos por los ciudadanos que
están sometidos a los tribunales de justicia españoles. No solo yo, saben
ustedes que el expresidente de Cataluña, el señor Artur Mas, dos
consejeras, la señora Rigau y la señora Ortega, y últimamente incluso el
portavoz de Democracia y Libertad en el Congreso de los Diputados, el
señor Homs, están sometidos a la lupa de los tribunales. ¿No les parece
que ha llegado la hora de empezar a enfrentarnos a la resolución de los
problemas políticos a través de la vía política, es decir, en el Congreso
y en el Senado? ¿No les parece a ustedes que ya ha llegado la hora?

Me permitirán que cite a Martin Luther King para decir que nosotros,
los catalanes, muy humildemente, también tenemos un sueño, y nuestro
sueño lo vamos a hacer realidad de una manera pacífica y esperemos que
finalmente consensuada con el Estado español. Conseguiremos declarar una
república, como en su día intentaron, y no lo consiguieron, porque
democráticamente las mayorías dijeron que no, Quebec respecto a Canadá y
Escocia respecto a Inglaterra. ¿Estamos pidiendo cosas tan extrañas? ¿Tal
vez es que Canadá y Reino Unido son verdaderas democracias y no lo que
tenemos actualmente en España? Tal vez sea eso. No se lo vamos a pedir
más, señores del Partido Popular y señores del Partido Socialista, no les
vamos a pedir ya más referéndums, se lo hemos pedido muchas veces y
siempre nos han dicho que no. Muy bien, si nos lo quieren ofrecer,
señores del Partido Socialista, porque el Partido Popular ha dicho ya que
nunca lo va a ofrecer, si ustedes lo quieren ofrecer —y espero que
en la reunión que han tenido el señor Sánchez y el presidente de
Cataluña, señor Puigdemont, hayan avanzado en este sentido algo, lo
espero sinceramente—, si nos lo quieren ofrecer, lo aceptaremos. Si
lo ganamos declararemos la república de Cataluña y si lo perdemos
aceptaremos la decisión de la mayoría, eso es una democracia.

Decía Francesc Macià, seguro que el nombre les suena, un presidente de
la Generalitat republicana: ante la mano tendida de Cataluña, España
siempre contesta con el látigo y la embestida. No lo digo yo, lo dijo el
presidente Macià en 1931. Casi un siglo después ustedes siguen
exactamente igual, no han aprendido nada. Ya les avisamos el día que los
ocho senadores de Esquerra Republicana tomamos posesión, el pasado 13 de
enero, que nosotros vamos a acatar y cumplir la Constitución española,
pero solo hasta el día en que proclamemos nuestra propia constitución.
Creo que tenemos derecho, se lo debemos a nuestros hijos y a todos
aquellos que nos precedieron en esta lucha, a todos aquellos republicanos
catalanes y españoles que estoy seguro que allí donde estén nos están
mirando y están esperando nuestra reacción.

En consecuencia, les confirmo que vamos a votar en contra de su moción,
vamos a votar en contra de esta sagrada unidad de España porque, como he
dicho, ustedes defienden que es indisoluble, indivisible, inseparable
—por cierto, les ha faltado aquello de inquebrantable al
desaliento, supongo que también les sonará—. Pues bien, nosotros
creemos que no hay nada en este mundo, nada, que a través de los sistemas
democráticos, a través del diálogo y de la negociación, sea imposible de
afrontar.

Somos muy conscientes, señores del Partido Popular —porque el
Partido Socialista Obrero Español por boca de su presidente dijo que el
día que gobiernen en España van a cambiar esta línea, cosa que les
agradezco— de que la libertad tiene un precio, y estamos dispuestos
a pagarlo, por alto que sea. Antes de tomar ciertas decisiones, recuerden
ustedes que la historia nos acabará poniendo a todos en nuestro
lugar.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vidal.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Democràcia i Llibertat,
tiene la palabra el senador Cleries.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Moltes gràcies, senyor president.

Senyores i senyors senadors i senadores, quan aquesta setmana preparava
aquesta intervenció, de la mateixa manera que el portaveu del Grup
Parlamentari Basc, vaig consultar el CIS per veure de quins problemes
parlen els ciutadans de l’Estat espanyol. El Partit Popular ens ha
dit durant la passada legislatura que la situació general de
l’Estat espanyol econòmicament és molt bona, però resulta que
el 96,1 % considera que la situació és dolenta, molt dolenta o regular;
que la situació política és dolenta o molt dolenta, un 76,7 %, i, a més,
quan el CIS pregunta a la ciutadania quins són els seus problemes
principals, un 78 % diu que l’atur, un 47,5 % la corrupció i el
frau, un 25,1 % els problemes econòmics, i un 1,4 % —n’hi ha
molts altres— la independència de Catalunya.

I vostès, amb una gran visió estratègica sobre el que més preocupa els
ciutadans de l’Estat espanyol, presenten una moció sobre la unidad
de España, que és la preocupació no pas dels ciutadans de l’Estat
espanyol, sinó la seva obsessió. Avui tenim una moció de la seva obsessió
per la unidad de España, perquè és el que els preocupa a vostès, no als
ciutadans de l’Estat espanyol. I, a més a més, si mirem a
Catalunya, resulta que el 80 % dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya
volen votar, volen un referèndum, el 80 %, i vostès, responent al que
reclamen els ciutadans de Catalunya, en un dels articles diuen clarament
que això és impossible, perquè resulta que qui interpreta la Constitució
és una formació política bona part dels membres de la qual no la van
votar sinó que van fer campanya contra la Constitució. I avui ens trobem
que alguns, com jo mateix, que la vaig votar, ens sentim decebuts, i els
qui no van votar és la seva obsessió. És a dir, el món al revés. Aquesta
és la situació que estem vivint a l’Estat espanyol. Són vostès els
qui estan interpretant una Constitució en la qual no creien.

En la seva moció vostès parlen de nacionalidades y regiones. Això ho
han oblidat vostès. A Catalunya li han donat algun tracte especial? O a
altres nacionalitats, en realitat nacions amb totes les lletres? Doncs a
la nació catalana el que han fet és ignorar-la, i donar-li
l’esquena, i per això avui, nosaltres, que anem de cara, diem: no
pateixin que nosaltres ja farem el nostre camí. I vull recordar-també que
la Constitució espanyola diu que les llengües oficials tindran especial
protección, però vostès han aplicat especial persecución, perquè és a
això al que s’han dedicat al llarg de tots aquests anys, a
perseguir la llengua catalana com a les millors èpoques.

I aquesta és la situació. Vostès tenen una gran obsessió per la unitat
d’Espanya, però el que realment desuneix és la desigualtat. I quan
avui mirem les estadístiques, gràcies a la gran acció política de la
majoria absoluta del Partit Popular, observem que tenim un Estat espanyol
que és un exemple de desigualtat, de creixement de la pobresa,
especialment de la pobresa infantil, i que ha posat en perill
l’Estat del benestar per la situació que han aplicat contra de les
comunitats autònomes. I després vostès diuen: com és que Catalunya vol
marxar? Doncs perquè aquesta forma de fer política, aquesta forma de
posar en risc els més vulnerables, no és la nostra política. Perquè
fixeu-vos, el que ha aconseguit l’Estat espanyol amb la seva
desigualtat —i ho diuen les estadístiques, no ho dic jo— és
que els pobres siguin més pobres i els rics, més rics, i això és
intolerable en un Estat democràtic.

I després, vostès, sempre que parlen de Catalunya utilitzen una
paraula: el encaje, l’encaix de Catalunya amb Espanya. Mirin,
nosaltres no volem ser encaixonats, volem llibertat per a una nació que
en un moment determinat, a través de la formació política que jo
represento, Democràcia i Llibertat o Convergència Democràtica de
Catalunya, es va comprometre a fons amb el país per fer un país
democràtic, un Estat espanyol democràtic, per modernitzar l’Estat,
perquè es generés riquesa al servei de les persones, però el que hem
vist, després de trenta-set o trenta-vuit anys, és que vostès han donat
l’esquena a Catalunya, i avui Catalunya està patint. Estem veient i
vivint situacions que no podem atendre no perquè no generem riquesa sinó
perquè la nostra riquesa se’n va a patrocinar l’Estat
espanyol i mai ens posen a la publicitat quan som els patrocinadors de
l’Estat espanyol. I ja n’hi ha prou! I, per tant, estem
cansats de patrocinar a un Estat que no ens estima. Un dia ja l’hi
vaig dir al senyor Rajoy quan va venir al Senat, i em va dir: Yo quiero
mucho a Cataluña. Senyories, en les coses de l’amor no hi ha res
pitjor que t’estimin i no ho notis, i això és el que ens trobem a
Catalunya: molta estimació, però no notem res de res, o sí que ho notem a
garrotades. I, per tant, aquesta és la situació.

Senyories, fixin-se també en una altra qüestió. Vostès parlen molt de
la Constitució, una constitució que vam votar els qui la vam votar i jo
no tinc cap problema a dir que jo la vaig votar per construir la
democràcia i la llibertat d’un Estat espanyol plurinacional i
plurilingüístic, i vostès ho l’han fet monotot, monolingüe, perquè
les altres llengües no existeixen i, a més a més, també, la situació
plurinacional, tampoc. Per tant, nosaltres ens sentim estranys en un
Estat al qual aportem molt i ha donat l’esquena a una realitat, i
hem transformat una Constitució que optava per la llibertat en una
Constitució que avui és una gàbia, una gàbia que ens vol tenir lligadets,
ben lligats i que no ens escapem. Doncs bé, nosaltres ja hem aixecat el
vol, i avui ja estem en un procés cap a la llibertat.

A vostè li preocupava que féssim una declaració al Parlament de
Catalunya. Quan es va iniciar la legislatura, es va fer una declaració de
cap a on es vol anar; una declaració que, evidentment, vostès, amb un
gran respecte democràtic per un Parlament sobirà, van portar al Tribunal
Constitucional, que és la mama que els cuida. Doncs bé, resulta que
aquest Tribunal Constitucional ho impugna tot. Nosaltres, com veiem que
el Tribunal Constitucional està al seu servei i no al servei de les
institucions, farem i fem el nostre camí.

Vull fer una menció especial, com també ha fet anteriorment el senador
Vidal, al fet que és inaudit que en un país democràtic, per posar unes
urnes, la Fiscalia hagi posat una querella criminal a un president de la
Generalitat i a un conseller i dues conselleres, quan la Junta de Fiscals
de Catalunya no veia en això cap delicte. Però després els van fer tombar
per posar aquesta querella criminal perquè van fer un gran delicte: posar
urnes als pobles de Catalunya perquè la gent expressés lliurement què
vol.

Sàpiguen vostès que el nostre procés és i serà netament democràtic i
tot el procés finalitzarà amb una votació, que serà la de la constitució
catalana, a no ser que hi hagi un referèndum. Si hi ha un referèndum,
nosaltres també hi optarem, ja ho hem dit, però no el nostre camí, ja ho
hem dit. El nostre camí avui, perquè vostès ens han impedit —i en
aquest cas em refereixo tant al Partit Popular com al Partit
Socialista— poder fer un referèndum, i que la gent de Catalunya ens
puguem expressar.

Vostè, senyor Barreiro, diu: «vengan a Las Cortes Generales y defiendan
la modificación de la Constitución». Miri, nosaltres només estem a
Catalunya i sabem que vostès només ens volen per a segons què, però per a
la llibertat i perquè nosaltres puguem ser un poble que s’expressi
quan voli, no ens hi volen, i com no ens hi volen, hem sabut veure que
l’Estat espanyol ja fa molt de temps que va decidir no ser
l’Estat de les catalanes i dels catalans. Nosaltres no necessitem
l’Estat espanyol perquè ja farem l’Estat català, un estat
dins d’Europa, de llibertat i de progrés. I vostès vagin rient, que
nosaltres ja el farem.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores y senadoras, cuando esta semana preparaba
esta intervención, al igual que el portavoz del Grupo Parlamentario
Vasco, consulté el CIS para ver qué problemas preocupan a los ciudadanos
del Estado español. El Partido Popular nos ha dicho durante la pasada
legislatura que la situación general del Estado español económicamente es
muy buena, pero resulta que el 96,1 % considera que la situación es mala,
muy mala o regular; un 76,7 % que la situación política es mala o muy
mala y, además, cuando el CIS pregunta a la ciudadanía cuáles son sus
problemas principales, un 78 % dice que el desempleo, un 47,5 % la
corrupción y el fraude, un 25,1 % los problemas económicos, y un 1,4 %
—hay muchos más— la independencia de Cataluña.

Y ustedes, con una gran visión estratégica sobre lo que más preocupa a
los ciudadanos del Estado español, presentan una moción sobre la unidad
de España, que no es la preocupación del Estado español, es su obsesión.
Hoy tenemos una moción sobre su obsesión por la unidad de España, porque
es lo que les preocupa a ustedes, no a los ciudadanos del Estado español.
Y en cuanto a Cataluña, resulta que el 80 % de sus ciudadanos y
ciudadanas quieren votar, quieren un referéndum, y ustedes, respondiendo
a lo que reclaman estos ciudadanos, en uno de los artículos dicen
claramente que esto es imposible, porque resulta que buena parte de los
miembros de la formación política que interpreta la Constitución no la
votaron sino que hicieron campaña contra ella. Y hoy nos encontramos con
que algunos que la votaron, como yo, nos sentimos decepcionados y para
quienes no la votaron es su obsesión. Es decir, el mundo al revés. Esta
es la situación que estamos viviendo en el Estado español. Son ustedes
quienes están interpretando una Constitución en la que no creían.

En su moción ustedes hablan de nacionalidades y regiones, ¿han dado a
Cataluña o a otras nacionalidades, en realidad naciones con todas las
letras, un trato especial? Pues bien, a la nación catalana la han
ninguneado, le han dado la espalda, y por eso nosotros, que vamos de
cara, decimos: ningún problema, ya estamos haciendo nuestro camino. Y
quiero recordarles también que la Constitución española dice que las
lenguas oficiales tendrán especial protección, pero ustedes han aplicado
una especial persecución, porque es a eso a lo que se han dedicado a lo
largo de todos estos años, a perseguir la lengua catalana como en las
mejores épocas.

Y esta es la situación. Ustedes tienen una gran obsesión por la unidad
de España, pero lo que realmente desune es la desigualdad. Y cuando hoy
miramos las estadísticas, gracias a la gran acción política de la mayoría
absoluta del Partido Popular, observamos que tenemos un Estado español
que es un ejemplo de desigualdad, de crecimiento de la pobreza,
especialmente de la pobreza infantil, y que han puesto en peligro el
Estado del bienestar por lo que han aplicado en contra de las comunidades
autónomas. Y después ustedes dicen: ¿cómo es que Cataluña quiere irse?
Pues bien, porque esta forma de hacer política, esta forma de poner en
riesgo a los más vulnerables, no es la nuestra. Fíjense, lo que ha
conseguido el Estado español con su desigualdad —lo dicen las
estadísticas, no lo digo yo— es que los pobres sean más pobres y
los ricos, más ricos, y esto es intolerable en un Estado
democrático.

Ustedes, siempre que hablan de Cataluña utilizan una palabra: el
encaje, el encaje de Cataluña con España. Nosotros no queremos ser
encajados, queremos libertad para una nación que en un momento
determinado, a través de la formación política que yo represento,
Democràcia i Llibertat o Convergència Democràtica de Cataluña, se
comprometió a fondo con el país para hacerlo democrático, un Estado
español democrático, para modernizar el Estado, para que se generara
riqueza al servicio de las personas, pero lo que hemos visto, después de
treinta y siete o treinta y ocho años, es que ustedes han dado la espalda
a Cataluña, y hoy Cataluña está sufriendo. Estamos viendo y viviendo
situaciones que no podemos atender no porque no generemos riqueza sino
porque nuestra riqueza patrocina al Estado español y nunca nos dan
publicidad cuando somos los patrocinadores del Estado español. ¡Y basta
ya! Estamos cansados de patrocinar a un Estado que no nos quiere. Un día
se lo dije al señor Rajoy cuando vino al Senado, y me dijo: Yo quiero
mucho a Cataluña. Señorías, en las cosas del amor no hay nada peor que te
quieran y no lo notes, y eso es lo que vemos en Cataluña: mucha estima,
pero no notamos absolutamente nada, o lo notamos a base de palos. Esta es
la situación.

Señorías, fíjense en otra cuestión. Hablan mucho de la Constitución,
una constitución que votamos quienes la votamos —y yo no tengo
ningún problema en decir que yo la voté— para construir la
democracia y la libertad de un Estado español plurinacional y
plurilingüístico, y ustedes lo han hecho monotodo: monolingüe, porque las
otras lenguas no existen, y plurinacional, tampoco. Por consiguiente, nos
sentimos extraños en un Estado al cual aportamos mucho y ha dado la
espalda a una realidad, y hemos transformado una Constitución que optaba
por la libertad en una Constitución que hoy es una jaula que nos quiere
tener bien atados, bien encerraditos y que no nos escapemos. Pues bien,
nosotros ya hemos levantado el vuelo, y hoy ya estamos en un proceso
hacia la libertad.

A usted le preocupaba que hiciéramos una declaración en el Parlamento
de Cataluña. Cuando se inició la legislatura, se hizo una declaración de
hacia donde se quería ir; una declaración que, evidentemente, ustedes,
con un gran respeto democrático por un Parlamento soberano, llevaron al
Tribunal Constitucional, que es la mamá que les cuida. Pues bien, resulta
que este Tribunal Constitucional lo impugna todo. Nosotros, como vemos
que el Tribunal Constitucional está a su servicio y no al de las
instituciones, vamos a seguir nuestro camino.

Quiero hacer una mención especial, como también ha hecho anteriormente
el senador Vidal, al hecho de que es inaudito que en un país democrático,
por poner unas urnas, la Fiscalía haya puesto una querella a un
presidente de la Generalitat y a un consejero y dos consejeras, cuando la
Junta de Fiscales de Cataluña no veía en ello ningún delito.
Interpusieron esta querella criminal porque cometieron un gran delito:
poner urnas en los pueblos de Cataluña para que la gente expresara
libremente qué quiere.

Sepan ustedes que nuestro proceso es y será netamente democrático y
todo el proceso finalizará con una votación, que será la de la
constitución catalana, a menos que haya un referéndum. Si hay un
referéndum, nosotros vamos a optar por él, ya lo hemos dicho, pero no es
hoy nuestro camino, porque ustedes nos han impedido —y en este caso
me refiero tanto al Partido Popular como al Partido Socialista—
hacer un referéndum, nos han impedido que la gente de Cataluña se pueda
expresar.

Usted, señor Barreiro, dice: vengan a las Cortes Generales y defiendan
la modificación de la Constitución. Nosotros estamos solo en Cataluña y
sabemos que ustedes solo nos quieren para según qué, pero para la
libertad y para que nosotros podamos ser un pueblo que se exprese cuando
quiera, no nos quieren, y como no nos quieren para eso, hemos sabido ver
que el Estado español hace ya mucho tiempo que decidió no ser el Estado
de las catalanas y de los catalanes. Nosotros no necesitamos al Estado
español porque ya haremos el Estado catalán, un estado dentro de Europa,
de libertad y de progreso. Ustedes sigan riendo, que nosotros ya lo
haremos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cleries.

Por el Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú-Compromís-En Marea, tiene
la palabra la senadora Felipe.

La señora FELIPE SAELICES: Gracias, señor presidente.

Estimadas señorías, permítanme, con la humildad de quien comparece por
primera vez ante la Cámara, señalar un error escrito de manera explícita
en el párrafo cuarto y que impregna el texto que hoy tenemos a bien
debatir. Dice que la unidad de España es la mejor garantía de su
pluralidad, como si fuese la horma la que hace al pie y no la destreza
del zapatero la que debe adaptarla a este.

Queridas compañeras y compañeros, es el reconocimiento y garantía de la
pluralidad de nacionalidades que recoge la Constitución lo que hace que
España pueda continuar unida, lo que nos permitirá forjar un futuro
común. Si yo les preguntase a ustedes, unos me dirían que las gentes de
Cataluña no son independentistas y otros que sí lo son, pero ¿saben cuál
es la mejor forma de saberlo? Preguntándoles. (Aplausos). Nos encontramos
ante una fisura, una fisura seria, y podemos continuar corriendo con
anteojeras puestas o podemos, de una vez por todas, buscar una solución
amparada en la voluntad de entendimiento.

Abro comillas para citar a don Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón: «Ni
una sentencia constitucional ni ninguna ley pueden negar la realidad
nacional catalana, pero tampoco puede disolverse el Estado desde el marco
legal. La crisis actual requiere una solución política necesariamente
negociada».






Fin de cita. Estas palabras las traigo hoy aquí por si sirven
para que no vean en mí la figura de juez y parte, sino la más absoluta
voluntad de que el entendimiento y la participación del pueblo y no la
inacción de los gobiernos sea la piedra fundamental de nuestra
convivencia.

No deja de resultar decepcionante que en este texto no haya una sola
mención a la posibilidad de establecer vías de diálogo entre
instituciones para dar respuesta a anhelos de parte de la ciudadanía. La
fraternidad consiste en mirarnos frente a frente y como iguales para
poder debatir posiciones enfrentadas, flaco favor hacemos si nos damos la
espalda y somos incapaces incluso de establecer una reunión entre dos
presidentes, uno del Gobierno y otro de la Generalitat, como si se
tratase de una pataleta de niños.

La soberanía nacional es compatible con consultar a los ciudadanos
sobre las cuestiones que les afectan de forma directa y la legalidad
constitucional es compatible con la delegación de autoridad de dicha
consulta por parte del Estado, por ejemplo, a un gobierno autonómico. Así
que volvemos a estar en el terreno de la voluntad política. La opinión de
un pueblo no debería ser nunca un temor de gobernante, sino el faro para
guiar su acción. Atrevámonos a dialogar con quienes piensan diferente,
abran las puertas del hemiciclo a la palabra de la ciudadanía, porque en
el diálogo nos encontraremos. Los lazos de un futuro común no se tejen
sobre hilos de ofuscación, de imperativos ni de amenazas, tampoco se
mantienen apretando y estrechando el concepto de España. Es ese
comportamiento el que hace que muchas personas no se encuentren
reflejadas en él, implica para muchos la exclusión de un espacio vacío,
cuando sucesivos gobiernos lo han ido despojando de derechos sociales,
amordazando libertades, quedando yermo de esperanza tras años de una
gestión de la crisis que ha quebrado las expectativas de futuro de buena
parte de la población, como siempre de los más humildes. Los hilos que
unen a las personas son de confianza y respeto mutuo y los hilos que unen
a las instituciones con los ciudadanos son de igual a igual; no estamos
aquí más que como empleados suyos. Emplear las interpretaciones de la
norma como trinchera y acicate para levantar muros, en lugar de usarse
para ampliar la flexibilidad del diálogo, restringe la posibilidad de
vernos todos y todas representados. Y luego nos preguntamos qué hemos
hecho para que la confianza en las instituciones esté en los niveles más
bajos. No busquen culpables más allá de estos asientos y de otros muy
similares.

Hoy les digo, dejemos de retar al otro, retémonos a nosotros mismos,
retemos a nuestras firmezas a ser contrastadas y verán que no existen
tales. La Constitución se ha querido utilizar como valladar, como si
fuera un muro intocable, cuando no es esa su función. Las leyes,
constituciones incluidas, no son sino un mero instrumento de regulación
de la convivencia y por tanto deben ser tan flexibles y adaptables como
los problemas cambiantes que surjan lo vayan exigiendo. Por todo ello, no
podemos apoyar esta moción, no compartimos ni la letra ni el espíritu.
Estamos a tiempo de construir un futuro conjunto no desde el espejo de
cada cual, sino desde el reflejo de aquellos que opinan diferente. La
unidad, señorías, es poder mirar con esa diferencia el mismo cielo
estrellado, ojalá las estrellas representen lo lejos que podemos llegar
con las alas del entendimiento.

Muchas gracias por vuestra atención. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Felipe.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
López.

El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Barreiro, no es esta la primera vez, y me temo que no será la
última que tengamos debates como este. Voy a intentar hacerlo esta vez de
modo diferente; voy a entrarle de verdad al fondo de la cuestión
hablándole como se le habla lealmente a alguien con quien se comparten
ciertos objetivos y otros no. Desde luego, lo he dejado antes claro: la
defensa de la legalidad, la defensa de la Constitución, la defensa de la
unidad de España... Tanto es así, señor Barreiro, que usted seguro que ha
tomado buena nota de que si no fuera porque este grupo tiene claras
algunas cosas, usted ya estaría hoy en la oposición. (Aplausos).

Por tanto, señor Barreiro, permítame que le diga algo, y es que cada
vez que asisto a un debate de estas iniciativas que traen ustedes aquí,
no sé si seré solo yo o si usted también percibe la alegría de quien
defiende el independentismo. No sé si soy solo yo, señor Barreiro. Quiero
decir que cada vez que el Grupo Parlamentario Popular trae una iniciativa
como esta, en la que, por cierto, se ha negado a llegar a acuerdos con
otros partidos a la vista de las enmiendas, uno se pregunta si la
intención de esa iniciativa es realmente reforzar la unidad de España,
reforzar la unidad de los demócratas y también de los
constitucionalistas, o subrayar la diferencia para intentar arañar un
puñado de votos en el resto de España, que es lo que siempre han hecho
ustedes con este asunto, señor Barreiro. (Aplausos).

Se lo digo de otra forma. Después de un debate como el que ha tenido
usted hoy, ¿cree de verdad que está mucho más afirmada la unidad de los
constitucionalistas y la unidad de España, o cree sinceramente que lo que
está haciendo es lo contrario? (El señor López Águeda muestra un
documento a la Cámara.) Se lo voy a responder yo porque es algo mucho más
sencillo de lo que parece, señor Barreiro. Al final de la etapa de
gobierno socialista de Felipe González el voto independentista en España
estaba en el 9 %. Al final de la etapa del señor Aznar, ocho años
después, estaba en el 16 %. Volvió a gobernar el PSOE con el señor
Zapatero y el voto independentista en España estaba en el 7 %. En solo
cuatro años el señor Rajoy lo ha mandado al 48 %. (Fuertes
aplausos.—Rumores.—Risas.)

Señor Barreiro, créame, que escucha mucha gente, son ustedes una
máquina de fabricar independentistas en este país, créame.
(Protestas.—Rumores.—Aplausos.) Señor Barreiro, lamento de
verdad que no acepte usted ninguna enmienda porque va a obtener el mismo
resultado que ha tenido en el Congreso. Aquí hemos tenido unas horas
apasionantes de debate después de haber tenido otro hace dos horas en la
otra Cámara para obtener el mismo resultado, y es que, como usted no
acepta ninguna enmienda del PSOE, va a tener el mismo resultado, va a
tener la misma abstención del PSOE en el Congreso de los Diputados. Yo le
pediría a usted que, con esa misma lealtad y aceptando lo que yo le estoy
planteando, tuviera usted en cuenta que ni el rupturismo —que,
desde luego, no comparte el Partido Socialista— ni el inmovilismo:
que solo hay una solución para Cataluña.

Señor Barreiro, el señor Rajoy llegó al Gobierno hace cuatro años con
una crisis económica, claro que sí, y se va a ir cuatro años después con
una crisis económica, social y territorial como no ha habido nunca en
este país, señor Barreiro. Esa es la realidad. Recordaba usted que usted
mismo defendió aquí, y yo frente a usted, una iniciativa que trajo al
finalizar la anterior legislatura y que quiero recordar era una
proposición de ley del Grupo Popular que no pactó ni intentó pactar con
nadie, es decir, que quería que fuera del Grupo Popular, en plena campaña
de elecciones catalanas y presentada por el hoy senador y entonces
candidato del PP a esas elecciones catalanas. Todo un ejemplo de búsqueda
de consenso, de reafirmar el espíritu constitucional y el acuerdo de
todos en la defensa de un modelo territorial.

Señor Barreiro, electoralismo puro: el candidato en Cataluña en
elecciones catalanas, presenta una proposición de ley del PP para que
fuera solo del PP. Esto es lo que vienen haciendo ustedes, pero luego
pasa lo que pasa. Por tanto, si ustedes buscan lo que buscan, salvo que
lo que busquen sea otra cosa, el resultado es este, señor Barreiro.

Yo le voy a decir que hace cuatro años ustedes apoyaban al señor Mas
para que gobernara en Cataluña. Es verdad que el señor Mas les devolvía
el apoyo apoyando aquí en Madrid la reforma laboral, los recortes del PP
o la amnistía fiscal, es verdad. Eso es lo que pasaba, es verdad.
(Aplausos). Pero luego acabamos como acabamos, con un 48 % de
independentismo en Cataluña. Yo recuerdo bien el discurso machacón y
repetitivo una y otra vez del Partido Popular —lo recordarán
todos— sobre cómo se rompía España con Zapatero cada mañana; con
Zapatero España se rompía cinco veces cada mañana. Nunca hubo una
declaración de soberanía en el Parlamento de Cataluña, nunca hubo una
consulta con Cataluña, nunca hubo un 48 % de voto independentista en
Cataluña, nunca hubo nada de eso porque hubo intentos de que hubiera
diálogo y acuerdo, dando respuestas a Cataluña y, por supuesto, al
problema territorial de este país.

Por lo tanto, insisto, no sé si ustedes buscan lo que dicen o buscan
otra cosa, que es arañar irresponsablemente votos en el resto de España.
Pero el efecto es el que es: son ustedes, por mucho que les duela, una
máquina de fabricar nacionalistas e independentistas. Y le digo más; es
verdad que en Cataluña durante muchos años, mucha gente o una gente
—no voy a cuantificar— ha defendido la independencia; y es
verdad también, señor Barreiro, que algunos han cambiado el discurso.
Digo esto porque me quiero dirigir muy especialmente a Podemos. Han
cambiado el discurso para que el debate en Cataluña no fuera entre
independentistas y no independentistas. Porque ese debate es más
complicado. El independentismo tiene una cierta connotación peyorativa y,
por lo tanto, tiene menos apoyo. Algunos inventaron un concepto
maravilloso, que es el derecho a decidir. ¿Quién quiere un derecho?
Todos. ¿Quién quiere decidir? Todos. Para camuflar otra cosa. Y yo le
digo que en este país, como vivimos juntos, decidimos juntos. Claro que
sí. Y le digo al portavoz de Esquerra Republicana, porque siempre hemos
discrepado, que la izquierda tiene tradición en esto de discrepar. De
verdad, algunos nunca hemos entendido que la izquierda y el nacionalismo
sean lo mismo. Nunca lo hemos entendido y nunca lo vamos a entender.
Créame. Nunca. Nunca. (Aplausos). Nunca lo hemos entendido. Se lo digo
con toda lealtad. Igual que le digo que es verdad que hay que hablar, y
mucho, e intentar acordar. Y que no puede haber dos choques de trenes
entre dos gobiernos que no se hablan y que, al revés, alimentan un choque
para no sé qué, para sacar no sé cuántos votos. Ni tampoco caer en una
trampa de algo que no es real. Porque, como vivimos juntos, como he dicho
antes, decidimos juntos.

Y les diré algo más; yo tampoco acepto la trampa que plantean algunos,
que dicen que el debate es entre democracia y ley, que la ley va contra
la democracia, que es mejor votar porque la ley va contra la democracia.
No, mire usted, España es una democracia, las leyes españolas son
democráticas y, por lo tanto, el cumplimiento de la ley también es la
democracia. Por supuesto que sí; eso es así. (Aplausos). Como también
digo que en España no hay presos políticos y que esto es una democracia
plena, un país avanzado y moderno. Claro que sí. Por supuesto que sí.
(Aplausos). Pero eso no puede llevar a la cerrazón, al obstruccionismo, a
esa estrategia que usan, porque, insisto, señor Barreiro, no estamos
solos, créame; hay mucha gente que piensa esto que le estoy diciendo, que
ustedes están a otra cosa muchas veces, de verdad. Que si ustedes
hubieran querido remangarse, sentarse y buscar una solución, lo harían
hablando con la gente y no alimentando choques una y otra vez y trayendo
debates que son —permítame decírselo— estériles a esta Cámara
donde lo único que hacemos es retroalimentar otra vez el choque de
frentes.

Por lo tanto, señor Barreiro —se lo he dicho al principio y se lo
estoy diciendo ahora con toda lealtad—, acceda usted a la petición
que le hemos hecho, entienda que hay una enmienda socialista que permite
abrir un diálogo, abrir una nueva etapa en la relación con Cataluña y,
desde luego, buscar soluciones. De verdad, señor Barreiro, han sido ya
muchas iniciativas. Antes le apunté algunas de ellas, pero hay muchas
más. Ustedes deberían entender que las identidades son muy sensibles:
mucho. Los debates identitarios son muy complicados. No se puede entrar a
cuestionar la identidad de nadie. Las singularidades hay que respetarlas
siempre. La pluralidad no solamente hay que respetarla; hay que
preservarla porque, afortunadamente, hace rico a este país. Y, desde
luego, señor Barreiro, la unidad se consigue mucho mejor si se tiene el
orgullo de pertenecer al proyecto común de un país avanzado, de un país
moderno, de un país que, lejos de estar todo el día recortando el estado
social, con episodios de corrupción brutales, llevándose las cuentas a
Suiza, tiene leyes avanzadas, modernas, con derechos sociales, de un país
del que se hable en el mundo. (Aplausos). Así es como se garantiza la
unidad, señor Barreiro, créame.

Yo, señor Barreiro, a pesar del bloqueo que se está produciendo, espero
que esta legislatura se pueda desbloquear, que pueda arrancar, y que haya
un Gobierno de cambio. Porque se le puede dar las vueltas que quiera,
pero hay una mayoría en el Congreso de los Diputados para hacer políticas
de cambio. La hay, señor Barreiro. La habría aunque el señor Rajoy no
hubiera pegado la espantada, pero la hay, señor Barreiro. Y, desde luego,
yo espero que la cerrazón de algunos no impida que haya un cambio de
Gobierno y que se puedan hacer políticas diferentes. Hacer políticas
diferentes, señor Barreiro. Y entre esas políticas diferentes, que con
Cataluña pueda haber diálogo, que se puedan buscar acuerdos y que haya un
Gobierno que busque soluciones y no que alimente los problemas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador López.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Barreiro.

El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, quiero agradecer el apoyo que han expresado a esta iniciativa
tanto el representante de UPN como el de Ciudadanos, pero lamento que mi
torpeza expositiva no haya sido lo suficientemente clarificadora para que
los miembros de Ciudadanos no hayan entendido mis palabras, el objetivo
fundamental que, de alguna manera, se recoge en el texto de la moción. No
obstante, si ustedes coinciden con el texto de la moción habremos dado un
paso importante en la defensa de lo que todos queremos, que es
España.

Señor López, en política y en la vida hay algo que es muy importante:
la coherencia, manifestarse y expresarse con coherencia. Mire usted,
nosotros no debemos de ir tan desencaminados al presentar esta moción
cuando una de las primeras iniciativas que doña Susana Díaz acaba de
presentar en el parlamento andaluz es una moción para la defensa de la
unidad de España. (Aplausos). Pero hay que ser coherente y pensar lo que
se dice porque no solo se trata de hacer aquí un discurso más o menos
lucido.

Decía en mi intervención —no sé si era a usted o a algún otro
representante de otro grupo— que el concepto de demagogia no es
peyorativo. No, forma parte de los recursos que hay a la hora de
articular cualquier discurso, pero a lo mejor se acude a él con excesiva
frecuencia en política. Eso es lo que es negativo, malo. Decir lo que ha
dicho usted, lo que viene repitiendo desde el mes de octubre, utilizar el
mismo término, la misma expresión, la de que el Partido Popular es una
fábrica de independentismo, responde a ese uso excesivo de la demagogia
y, por eso, cabe excusarle porque indica la carencia de otros recursos y,
por lo tanto, es bueno. (Aplausos). Pero, además, es obvio que no se
corresponde en absoluto con la realidad. (Varios señores senadores: No).
Déjeme que trate de explicarme, aunque seguramente no con la soltura con
la que es usted capaz de hacerlo; en todo caso, voy a tratar de
hacerlo.

A usted, ¿qué le parece que su partido en Cataluña vote en 43
municipios a favor de la asamblea de municipios independentistas? ¿Eso
cómo lo define? (Aplausos). Le traslado la pregunta: ¿Eso es contribuir
al independentismo o no? (El señor López Águeda: No). ¿No? Pues no; no es
contribuir al independentismo. (Risas.—Aplausos). Es decir, que el
Partido Socialista apoye claramente, de forma objetiva, de manera
expresa, que en 43 municipios catalanes se cree una agrupación de
municipios para conseguir la independencia de Cataluña, con su voto
favorable, a iniciativa del Partido Socialista, eso, según usted, no es
contribuir al independentismo. Pues, entonces, yo no soy capaz de
entenderlo. (Rumores).

Por lo tanto, creo que es importante, si queremos clarificar las
posiciones, si queremos aportar algo, que realmente nos centremos en la
relevancia de las cuestiones. Y yo tengo que decir aquí que no soy
nacionalista; no soy nacionalista. Ahora bien, respeto profundamente,
aunque discrepe, las posiciones de los partidos nacionalistas; las
respeto profundamente, igual que las de aquellos partidos que plantean la
independencia, pero entenderán que no las pueda compartir. Y no solo las
respeto, sino que no las descalifico. La vía es equivocada y trato de
argumentar políticamente posiciones diferentes, porque no creo que la
solución para este país sea el nacionalismo ni el independentismo. Creo
firmemente que esa no es la solución ni para Cataluña ni para el País
Vasco ni para ninguna de las comunidades que conforman este gran país que
es España. Yo puedo convencerles o no, pero he de pedirles algo que creo
que me van a conceder: el mismo respeto para mis argumentos que tengo yo
para los suyos, para los de los nacionalistas vascos, para los de los
catalanes, para los de Esquerra Republicana (Aplausos); el mismo respeto;
y que no lean, porque les pido respeto, un profundo respeto, parcialmente
el artículo 2 de la Constitución.

Yo no sé si de forma intencionada o no, supongo que no, el señor Vidal
utilizó el término «regiones» y excluyó el de «nacionalidades». Algún
otro interviniente tampoco hizo referencia a algo que me parece
fundamental en este artículo 2, que es la solidaridad entre las distintas
nacionalidades o autonomías. (Aplausos). ¿Y por qué digo esto? Pues
básicamente porque se ha centrado el discurso de los nacionalistas, tanto
vascos como catalanes, fundamentalmente el de los catalanes, en la
supuesta falta de solidaridad del conjunto de España con respecto a
Cataluña. Y eso no es objetivo porque precisamente estos días estamos
asistiendo a demandas de solidaridad del resto del Estado para con el
Gobierno catalán; y planteadas legítimamente. Pero lo cierto es que el
Gobierno catalán está apelando a la solidaridad del resto de España. Y
desde 2012 el conjunto del país ha cumplido con su obligación. ¿Y cuál es
su obligación, la nuestra? Pues mantener el Estado del bienestar que
estaba y sigue en riesgo en Cataluña. ¿Por qué? Porque el Gobierno
catalán no se ha preocupado de resolver los problemas de los ciudadanos
catalanes mientras que se ha planteado otro tipo de prioridades como es
la del independentismo. Y eso también es solidaridad. (Aplausos).

Y se lo voy a demostrar con cifras. Ustedes han triplicado el año
pasado el objetivo de déficit que tenían. ¿Y por qué? Porque han
gestionado mal. Ustedes han tenido que solicitar más de 40 000 millones
de euros desde el año 2012 al conjunto del Estado. Pero esto no es un
reproche, es la constatación de una realidad que pone de manifiesto que
hay un enfoque diferente; el suyo es independentista, es nacionalista, y
yo lo respeto, pero creo que es malo para la sociedad catalana y trato de
avalar esta afirmación con estos hechos. La postura que nosotros
defendemos, apoyada en la solidaridad, va directamente a dar solución a
los problemas que tiene el conjunto de la sociedad catalana.

En todo caso, la desconexión a la que ustedes se refieren es, en mi
modesta opinión, una desconexión de la realidad catalana porque Cataluña
tiene hoy en riesgo su Estado de bienestar; y lo tiene por la ineficacia
del Gobierno en la gestión de los recursos públicos catalanes. Por eso es
bueno apelar a esa solidaridad de todo el país para que sea la
Constitución precisamente la que resuelva esos problemas. Y eso es
básicamente lo que decimos, con una diferencia que no me parece menor,
que es un elemento que nos distingue de la forma de actuar que está
teniendo el Partido Socialista.

Señorías, nosotros seguro que nos equivocamos, y mucho, pero hemos
hecho alguna cosa importante conjuntamente con toda la sociedad española:
hemos trabajado para que este país saliese de la quiebra en la que
ustedes la habían dejado. (Aplausos.—Protestas). Ustedes me
reprochan que hablo de unas cosas y que no hablo de lo que según ustedes
—y con ustedes coincido— es lo que le preocupa a la gente.
Acaban de citar ustedes la encuesta del CIS. Déjenme que ahora hable de
eso para que luego no me critiquen en otra ocasión. Les decía que entre
todos, con un sacrificio enorme de la sociedad española, pero con
políticas acertadas, hemos salido de esa situación. Nosotros creemos que
es bueno que ese proceso de recuperación se mantenga, que se refuerce,
pero para ello es necesario defender ese Estado de bienestar que, ¿en qué
se asienta? Pues fundamentalmente en el Estado democrático, en el Estado
de derecho, y eso es lo que defendemos aquí y en cualquier sitio.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: Termino ya, señor presidente.

Y lo hacemos, incluso —fíjese bien, señor López—, de manera
coordinada con nuestros compañeros del Congreso, cosa que en su caso no
ocurre, y le voy a decir por qué. Usted censuraba que habíamos presentado
una moción para la defensa de la unidad de España aquí, y también para la
defensa de las diputaciones, y que en el Congreso no. Hable con sus
compañeros. Se debate mañana en comisión en el Congreso.
(Rumores.—Protestas). Léase, por favor, escritos del Congreso.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: Termino, señor presidente.

Y lo hago haciendo una última apelación, una última llamada, a lo que
sé que nos preocupa a la mayoría, incluso apelando a la diferencia. Esa
llamada no es otra que la de apostar por la concordia, por el consenso.
(Protestas). Léanse el texto de la moción que cita expresamente las dos
expresiones: concordia y consenso; aunque permítanme un matiz: concordia
y consenso dentro de la ley porque esa es la única garantía del Estado de
derecho.

Muchísimas Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Barreiro.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción del Grupo
Parlamentario Popular tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245;
votos emitidos, 244; a favor, 142; en contra, 41; abstenciones, 61.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

El señor presidente da lectura al punto 9.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado 8 enmiendas, una
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, una del Grupo
Parlamentario Democràcia i Llibertat, dos del Grupo Parlamentario Vasco y
cuatro del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú-Compromís-En Marea. Para
la defensa de la moción tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Socialista, el senador Álvarez Areces. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor, guarden silencio.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Buenas noches, señor presidente, señorías.
(Rumores).

El señor PRESIDENTE: Espere un momento, senador Álvarez Areces.

Señorías, hasta que no guarden silencio no va a comenzar el senador su
intervención. (Pausa).

Cuando quiera, señoría.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Inicio esta intervención, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, presentando una moción sobre temas educativos.
Es la primera moción que aborda un tema educativo en este nuevo período
de sesiones y que pide la paralización inmediata del calendario de
implantación de la LOMCE, así como el impulso de un proyecto y de un
proceso de diálogo y de negociación para alcanzar en los próximos meses
un pacto social y político por la educación que se traduzca en un nuevo
marco legislativo consensuado y estable.

La educación en España se enfrenta a retos cruciales. En esta moción
hemos elegido estos temas porque son, en principio, de extraordinaria
urgencia, dados los problemas que hay que acometer en este nuevo e
inmediato curso escolar y para atender a la demanda generalizada en la
sociedad española de consensuar una nueva ley educativa que permita
iniciar el proceso derogatorio de anterior ley, la LOMCE; un proceso que
ha de iniciarse con la paralización del calendario de implantación de
aquellas normas que no hayan tenido aplicación o que, a pesar de haber
sido publicadas, no se hayan puesto en marcha. Pero aunque todos estos
temas son muy importantes, con ellos no se agota todo el debate
educativo. De ahí que hoy mismo las fuerzas parlamentarias de esta
Cámara, que forman parte también de la Comisión General de Comunidades
Autónomas, han presentado una iniciativa para pedir la convocatoria de la
Comisión General de Comunidades Autónomas y continuar este debate ya con
las propias comunidades autónomas, con los interlocutores sociales, con
los representantes del ámbito educativo en nuestro país y también con las
administraciones públicas, tanto las autonómicas como la Administración
General del Estado.

Sin duda la educación en España se enfrenta a retos cruciales, entre
los que se encuentra la necesidad de alcanzar nuevos consensos que
aseguren un modelo educativo público estable de calidad e inclusivo
—todas las palabras tienen un sentido— y, además, que
preserve la equidad, porque la calidad sin la equidad no es admisible.
Hay que impulsar reformas, dialogando, recuperando el sentido
constitucional del derecho a la educación, garantizando la igualdad de
oportunidades de forma efectiva y no de forma teórica. Y eso debe
entenderse como que la igualdad de oportunidades no solamente es una
igualdad en el acceso, que también lo es, sino en el aprendizaje en los
centros educativos, una igualdad en la capacidad que tiene cualquier
persona para adquirir destrezas, para tener una preparación adecuada que
le permita ejercer competencias y tener un vida digna.

Desgraciadamente, en la pasada legislatura asistimos a una profunda
modificación del derecho a la educación, tal como está concebido en
nuestro texto constitucional y en las leyes que lo desarrollaron,
consecuencia de las políticas llevadas a cabo precisamente por el
Gobierno del Partido Popular, que pretendió implantar un modelo más
ideologizado y más regresivo en un contexto de recortes y normativas que
incidieron en los derechos de los estudiantes y de los profesores, en la
pérdida de igualdad de oportunidades y también en el desarrollo
científico y tecnológico de nuestro país.

La LOMCE fue, sin duda, el exponente máximo del desencuentro con toda
la comunidad educativa, con los interlocutores sociales, con las fuerzas
parlamentarias de la oposición. En algún momento, en los debates que
tuvimos aquí en esta Cámara en la pasada legislatura, les dijimos a los
ministros que representaban esa política y que venían a defenderla que
habrían ganado las votaciones, pero que habían perdido la batalla para
que esa ley fuese aceptada socialmente y en la comunidad educativa.

A la aprobación de la ley sucedió un precipitado e improvisado
calendario de implantación, sin dar tiempo a una rigurosa y participativa
tramitación que podía haber evitado perjuicios a los centros, a los
profesores y a las familias. La consecuencia fue que se creó una
incertidumbre en todo el ámbito educativo que aún continúa y que se
acrecienta por la aproximación de las reválidas; la primera de ellas, la
de primaria, aunque no tenga efectos académicos, es en el mes de
mayo.

Por todo ello, un primer elemento para avanzar en la dirección correcta
es paralizar, con carácter de urgencia, la aplicación del calendario
LOMCE incluido en la disposición final quinta de la Ley 8/2013, de 9 de
diciembre, en todos los aspectos que no han entrado en vigor o que no se
han aplicado de forma efectiva, lo que afectaría a los puntos dos y tres
de esa disposición en lo referente a las evaluaciones externas o
reválidas de ESO y de bachillerato, así como al acceso a la universidad
que viene especificado en el punto tres de esa disposición.

La incertidumbre y el descontento son generalizados no solo en esos
aspectos; también, como decía, se expresa en la forma de llevar a cabo la
reválida prevista para el mes de mayo en sexto de primaria, que varias
comunidades autónomas han impugnado ante el Supremo, y en la grave
alteración de la organización y planificación de las enseñanzas en el
próximo curso escolar, así como en la orientación académica, lo que, en
intervenciones anteriores en la legislatura pasada, pusimos de manifiesto
con una profusión de datos y de ejemplos suficientemente concretos.

Las reválidas implantadas por la LOMCE no hacen justicia ni a la
capacidad ni al esfuerzo que realizan los alumnos a lo largo de su etapa
educativa. No van a mejorar, desde luego, el sistema de evaluación, y sí
pervierten el sentido educativo del aprendizaje por competencias en el
que se propone que la evaluación no esté relacionada con la memorización
sino con la comprensión.

La forzada implantación que se está haciendo conduce a un verdadero
desorden en la planificación y organización escolar, así como a una
fragmentación del sistema educativo, justo lo contrario de lo que se
pretendía en el inicio del debate de la ley, y a graves perjuicios para
los alumnos en sus estudios y en las reválidas que tendrían que
celebrarse en el curso 2016-2017 en cuarto de ESO y segundo de
bachillerato sin efectos académicos y de forma plena en 2017-2018.

Esa incertidumbre también afecta al acceso a las universidades porque
es obvio que algunas de esas reválidas están preparadas para facilitar el
acceso a la universidad. No saber la forma ni el contenido está,
evidentemente, originando una incertidumbre en cuanto a la prueba de
acceso, porque las universidades pueden tener también pruebas específicas
en cada centro. Es decir, la conmoción afecta a todo el sistema; y les
puedo garantizar que hay rechazo a toda esta planificación educativa y
desorganización escolar en todos los estamentos universitarios.

Uno de los elementos más sensibles para garantizar el sentido
constitucional del derecho a la educación, como les decía antes, es
recuperar el sistema de becas como derecho subjetivo en los ámbitos
universitario y no universitario, para que se garantice su reconocimiento
efectivo a todos los estudiantes que reúnan las condiciones establecidas
para obtenerlas, contando para ello con créditos ampliables en los
presupuestos del Estado. Que no nos pase lo que nos pasó durante los
últimos años, que había alumnos que reunían los requisitos pero, como era
en régimen competitivo, no podían acceder a las becas.

La minoración en las cuantías y en el número de beneficiarios ha sido
escandalosa. Si analizamos simplemente los datos y cifras del curso
escolar 2015-2016, publicados recientemente, podemos ver que los recursos
destinados a las becas desde el 2011-2012 hasta este último curso han
disminuido en 208,3 millones de euros; en ayudas, 83,6 millones de euros.
El número de beneficiarios también descendió de forma escandalosa: en
becas, 36 399, y en ayudas al estudio, -853 180 euros. Son cifras que en
modo alguno pueden mantenerse, pues suponen un verdadero retroceso
respecto a todo el itinerario del periodo democrático.

Respecto a la universidad, el informe de la CRUE del año pasado señala
que, en España, el importe de las becas para las universidades públicas
había retrocedido al nivel de hace diez años, y que la dotación media por
becario había bajado 700 euros en el periodo analizado. Durante la pasada
legislatura, con el Partido Popular en el Gobierno, se asistió a un
debilitamiento de la equidad en todo el sistema universitario, con
subidas de tasas desproporcionadas, el incremento de las diferencias
entre comunidades autónomas y unos precios públicos de las matrículas en
el ámbito universitario totalmente dispares, hasta el punto de no
facilitar la movilidad y de que algunos alumnos, debido a las subidas de
tasas en ciertas comunidades, ni siquiera se pudieron matricular. Ello ha
provocado el abandono por parte de muchos estudiantes, que, aun teniendo
los requisitos y conocimientos para poder acceder, han comprobado que el
hándicap económico no se lo permitía.

Lo que hace falta, y nosotros lo planteamos en esta moción, es que se
establezca un nuevo marco estatal para que las becas, además de tener ese
carácter de derecho subjetivo —el que cumpla el requisito, tiene
derecho a la beca—, en el ámbito de los precios públicos se
garantice un marco razonable de acceso, lo cual no quiere decir que se
perturbe la autonomía y la capacidad de cada universidad para actuar de
acuerdo con sus competencias, pero sí que haya una coherencia en el
conjunto del Estado. La combinación de ambos factores: la bajada de las
cuantías de las becas y la desproporcionada subida de tasas, ha sido
letal, tanto para la calidad como para la equidad del sistema
universitario.

Otro punto muy sensible de la moción presentada se refiere al
fortalecimiento de la cooperación institucional con las comunidades
autónomas y la comunidad educativa, con pleno respeto a sus competencias.
Para restaurar los destrozos de la LOMCE en cuanto a los instrumentos de
participación cívica, y, en especial, los consejos escolares, hay que
hacer efectiva la participación de todos los elementos que los integran y
el derecho a intervenir en la gestión y control de los centros
educativos.

En la próxima intervención, cuando explique nuestro posicionamiento
respecto a las enmiendas, voy a relatar toda una serie de enmiendas que
desde mi punto de vista van a mejorar y enriquecer este texto.

Por otra parte, no se puede hacer una mejora real de la calidad de la
enseñanza sin reforzar el papel del profesorado, tanto en la enseñanza
universitaria como en la no universitaria, y su reconocimiento social. En
la moción se plantea aprobar, mediante negociación, un estatuto del
personal docente en el ámbito no universitario que impulse su
profesionalización, dignifique la función docente, regule las condiciones
de trabajo y establezca los criterios para su promoción. Y en el ámbito
universitario tenemos que construir una política que renueve y fortalezca
nuestras instituciones de educación superior para cumplir con eficacia la
misión que la sociedad les ha encomendado, tanto de docencia, de
investigación, de transferencia de conocimientos, de actitudes críticas
ante la vida y ante lo que sucede en nuestra sociedad, como de formación
permanente a lo largo de la vida, sin duda un papel nuevo y cada vez más
importante que tiene que asignarse a la propia universidad.

Hemos de hacer política de consenso para recuperar la vitalidad de unas
universidades públicas accesibles en las que los límites únicamente los
marquen la voluntad y el mérito de cada cual, no las condiciones
socioeconómicas o el lugar de residencia. Es necesaria una política que
se construya desde el consenso social, académico y político, el mismo que
hizo posible en otras épocas consensos importantes en torno a leyes
educativas. Esa política hemos de consensuarla, y no solo con las
instituciones, sino también con los representantes de las comunidades
educativas, tanto de la comunidad universitaria como de la comunidad
escolar.

En el ámbito docente no universitario también hemos de llevar a cabo
una serie de intervenciones que potencien y desarrollen la capacidad
profesional de los profesores. Para ello reivindicamos y ponemos en valor
dos puntos esenciales, por una parte, un estatuto docente que permita el
acceso a la profesión, a la carrera profesional, y analice al final de la
docencia los aspectos relativos a la jubilación, etcétera, y un continuo
diálogo con los profesionales directamente afectados y con las
instituciones que tienen la titularidad de esas enseñanzas. Y lo mismo
cabe hacer en la universidad respecto al personal de investigación y
docencia. El personal de investigación y docencia necesita un estímulo y
un reconocimiento no solamente de sus méritos sino también de sus
perspectivas profesionales, y tiene que regularse como un desarrollo de
la propia ley de organización universitaria, la Ley orgánica de la
universidad, donde se prevé ese desarrollo que todavía no se ha hecho.
Este es el momento de acometerlo y estos son los puntos neurálgicos de
cómo afrontarlo. Pero hay que afrontarlo con diálogo, contando con toda
la comunidad universitaria: profesores, alumnos, representantes de las
instituciones académicas y de las organizaciones sindicales, con todos
los que tengan voz. De una vez por todas hay que alcanzar unos
planteamientos consensuados pero ineludibles por la urgencia que
demandan.

Estos asuntos no agotan todo el debate de la enseñanza. Hoy
precisamente hemos presentado en la Cámara una iniciativa importantísima.
Las fuerzas que representamos a los distintos grupos parlamentarios en la
Comisión General de las Comunidades Autónomas hemos pedido la
convocatoria de dicha reunión; y la hemos pedido precisamente para
abordar estos temas en profundidad, con amplitud, con diversidad de
miras, con vocación de consenso. Eso es lo que demanda nuestra sociedad.
Y esta noticia supone convertir al Senado en una Cámara activa para
abordar los problemas. Esta moción es el inicio pero tiene que tener una
continuidad.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Acabo ya, señor presidente.

La convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas
demuestra que tenemos que hacer un gran esfuerzo de entendimiento porque
lo demanda nuestra sociedad.

Estos son, en síntesis, los puntos que presentamos en la moción. Ya
debatiremos las enmiendas y veremos cuáles aceptamos en función de las
distintas posiciones que mantienen los grupos parlamentarios que las han
presentado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez Areces.

Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana, tiene la palabra la senadora Cortès. (El señor
vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia).

La señora CORTÈS GÈS: Senyor president, senyories, l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya de l’any 1979 ja establia que el
sistema de beques corresponia a la Generalitat, i així ho reiterava també
l’Estatut de l’any 2006, que, per cert, va ser cepillado pel
senyor Alfonso Guerra i per un Tribunal Constitucional, del qual abans
s’ha parlat molt en totes les intervencions, caduc, il·legítim i
corrumput en totes les seves funcions.

L’actual sistema unitari i centralista de beques és injust i
insolidari. No te en compte el nivell de vida entre les diverses
comunitats autònomes. Per exemple, de forma reiterada, els estudiants
catalans, malgrat representar més del 15 % del total, han rebut menys
del 9 % dels ajuts.

En les intervencions d’abans hem sentit que es donaven molts
ajuts i que l’Estat espanyol ajudava molt a Catalunya i que
Catalunya era molt insolidària. Doncs bé, tot això es tradueix al revés.
És una espoli que limita les possibilitats d’estudi a desenes de
milers d’estudiants del País Valencià, de les Illes Balears i de
Catalunya. Estem farts dels incompliments i estem farts que ho
incompleixin el Partit Popular i el Partit Socialista.

Per això nosaltres, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, hem presentat una esmena encara a què la Generalitat de
Catalunya pugui tenir el control i l’execució del sistema de
beques.

D’altra banda, també volem promoure la creació d’un estatut
personal docent que reguli les condicions laborals respectant les
competències de les comunitats autònomes, i també demanem la derogació
definitiva de la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, para la mejora
de la calidad educativa, i garantir la implementació plena de la Llei
d’educació de Catalunya.

Per tot això que he exposat en aquests moments, demanem el vot
afirmatiu de totes les formacions polítiques d’aquesta Cambra.

Moltes gràcies.

Señor presidente, señorías, el Estatuto de Autonomía de Cataluña del
año 1979 ya establecía que el sistema de becas correspondía a la
Generalitat, y así lo reiteraba el Estatuto del año 2006, que, por
cierto, fue cepillado por el señor Alfonso Guerra y por un Tribunal
Constitucional, del cual antes se ha hablado mucho en todas las
intervenciones, caduco, ilegítimo y corrupto en todas sus funciones.

El actual sistema unitario y centralista de becas es injusto e
insolidario. No toma en consideración el nivel de vida entre las
distintas comunidades autónomas. Por ejemplo, de forma reiterada, los
estudiantes catalanes, a pesar de que representan más del 15 % del total,
han recibido menos del 9 % de las ayudas.

En las intervenciones anteriores hemos oído que se daban muchas ayudas
y que el Estado español ayudaba mucho a Cataluña y que Cataluña era muy
insolidaria. Pues bien, todo esto se traduce al revés. Es un expolio que
limita las posibilidades de estudio a decenas de miles de estudiantes del
País Valenciano, de las Illes Balears y de Catalunya. Estamos hartos de
los incumplimientos del Partido Popular y del Partido Socialista.

Por eso nosotros, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de
Catalunya, hemos presentado una enmienda con vistas a que la Generalitat
de Catalunya pueda tener el control y la ejecución del sistema de
becas.

Por otra parte, también queremos promover la creación de un estatuto
del personal docente que regule las distintas competencias de las
comunidades autónomas, y pedimos la derogación definitiva de la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa, y garantizar la implementación plena de la Ley de educación de
Cataluña.

Por todo esto que acabo de exponer en estos momentos, pedimos el voto
afirmativo de todas las formaciones políticas de esta Cámara.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Cortés.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Democracia y Libertad,
tiene la palabra el señor Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyor president.

Senyories, nosaltres hem presentat una esmena a aquesta moció
bàsicament per tres qüestions fonamentals: en primer lloc, pel compliment
d’un pacte o document que es va signar al Congrés dels Diputats
—el van signar tots els grups parlamentaris, i em refereixo als
portaveus dels diferents grups parlamentaris de l’oposició—
en què es demanaven coses lleugerament diferents al que avui es presenta
a la moció. M’agradaria llegir-li al senador Álvarez justament una
d’aquestes parts de l’acord que es va signar concretament
el 17 de juliol de 2013. Diu: Por todo ello, los grupos parlamentarios
abajo firmantes acuerdan que en el primer periodo de sesiones de la
próxima legislatura procederán a derogar la Ley Orgánica para la mejora
de la calidad educativa, paralizar de forma inmediata su aplicación y
trabajarán para elaborar una nueva ley que cuente con el máximo consenso.
Bien, esto es lo que se firmó, y lo firmó también el Partido
Socialista.

En definitiva, señor Álvarez, nos sorprende que, después de tanto
debate en la legislatura pasada y de ver el rigor amb què vostè es
referia a la LOMCE, ara ens presenti una moció en el sentit de paralitzar
—i està molt bé— però no parlem de derogar-la, que és el que
en realitat nosaltres hem de fer i és el que volem fer. Per tant, amb
l’esmena que presenta el nostre grup nosaltres pretenem, en primer
lloc, impulsar la derogació d’aquesta llei que, en definitiva, és
una llei injusta que lamina les competències de les comunitats autònomes
i que va contra els principis d’equitat. A més, és una llei que
atempta —i em referiré a això més ampliament— contra la
cohesió de Catalunya a través de la immersió lingüística. Per tant, és
una llei que no ens interessa, que perjudica el sistema educatiu i que no
té cap tipus de consens. Així que, primer, pretenem promoure la seva
derogació. En segon lloc, evidentment estem d’acord en el que fa
referència a la paralització de la seva aplicació perquè comporta molts
problemes en aquests moments. I en tercer lloc, volem promoure un debat
perquè es pugui fer una llei en la qual tots els sectors implicats de la
comunitat educativa puguin participar-hi realment i es pugui fer una llei
de consens, perquè si no és una llei de consens és una llei que neix
morta. Per això ens sorprèn que ens hagi presentat aquesta moció que, en
definitiva, es tracta d’una moció light que no correspon als
discursos que feia a la passada legislatura al ministre Wert en aquest
tot aquest procés. Precisament per això nosaltres presentem aquesta
esmena.

El segon aspecte és el tema de les beques. També ha parlat vostè aquí
d’un o dos temes sensibles amb els que nosaltres no estem gens
d’acord, perquè les beques ja sabem el que són, una forma de buscar
l’equitat i la igualtat d’oportunitats per als alumnes, però
els alumnes catalans estan en desavantatge en relació als alumnes
espanyols perquè no hi ha equitat i són molts menys els alumnes catalans
que es poden beneficiar de les beques estatals. A més, hi ha una
sentència del Constitucional, del qual tant es parla aquí, que atorga les
competències a les comunitats que tenen les competències en matèria
educativa, però això no s’ha tingut en compte. Així que el que
nosaltres reclamem són les competències en matèria de beques perquè
realment hi hagi equitat amb els alumnes catalans.

El tercer punt és el preu de l’accés a la universitat, aspecte
del qual hi ha molt a parlar i al qual em referiré més endavant. En
definitiva, a Catalunya tenim una llei universitària de Catalunya, però
respecte a les beques l’Estat està aplicant unes penalitzacions a
les comunitats autònomes, cosa amb la qual no estem d’acord.

Amb l’esmena que hem presentat deixem les coses clares pel que fa
a aquests tres punts. Li demanem, senyor Álvarez, que la tinguin
presentin perquè és clara i va en la línia del que vam defensar en la
passada legislatura. Això és el que hem de fer, impulsar la derogació
d’aquesta llei i paralitzar tot el seu procés.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, nosotros hemos presentado una enmienda a esta moción
básicamente por tres cuestiones fundamentales: en primer lugar, por el
cumplimiento de un pacto o documento que se firmó en el Congreso de los
Diputados —lo firmaron todos los grupos parlamentarios, y me
refiero a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios de la
oposición— en el que se pedían cosas ligeramente distintas a lo que
hoy se presenta en la moción. Voy a leerle al senador Álvarez una parte
de este acuerdo firmado el 17 de julio de 2013, concretamente. Dice
—y paso al castellano—: Por todo ello, los grupos
parlamentarios abajo firmantes acuerdan que en el primer periodo de
sesiones de la próxima legislatura procederán a derogar la Ley Orgánica
para la mejora de la calidad educativa, paralizar de forma inmediata su
aplicación y trabajarán para elaborar una nueva ley que cuente con el
máximo consenso. Esto es lo que se firmó, y también lo hizo el Partido
Socialista.

En definitiva, señor Álvarez, nos sorprende que, después de tanto
debate en la legislatura pasada y de ver el rigor con el que usted se
refería a la LOMCE, ahora nos presente una moción en el sentido de
paralizarla —y está muy bien— pero no de derogarla, que es lo
que nosotros queremos hacer. Por lo tanto, con la enmienda que presenta
nuestro grupo nosotros pretendemos, en primer lugar, impulsar la
derogación de esta ley que, en definitiva, es una ley injusta que lamina
las competencias de las comunidades autónomas y que va contra los
principios de equidad. Además, es una ley que atenta —y me referiré
a ello más adelante— contra la cohesión de Cataluña a través de la
inmersión lingüística. Por lo tanto, es una ley que no nos interesa, que
perjudica al sistema educativo y que no tiene ningún tipo de consenso.
Así que, primero, pretendemos promover su derogación. En segundo lugar,
evidentemente estamos de acuerdo en lo que se refiere a la paralización
de su aplicación porque conlleva muchos problemas. Y en tercer lugar,
queremos promover un debate para que se pueda hacer una ley en la que
todos los sectores implicados de la comunidad educativa puedan participar
en ello y se pueda hacer una ley de consenso, porque si no es una ley de
consenso es una ley que nace muerta. Por eso nos sorprende que nos haya
presentado esta moción que, en definitiva, se trata de una moción light
que no corresponde a los discursos que hacía en la pasada legislatura o
los que hacía el ministro Wert en este proceso. Precisamente por eso
nosotros presentamos esta enmienda.

El segundo aspecto es el tema de las becas. También ha hablado usted
aquí de uno o dos temas sensibles con los que nosotros no estamos en
absoluto de acuerdo, porque las becas ya sabemos lo que son, una forma de
buscar la equidad y la igualdad de oportunidades entre los estudiantes,
pero los alumnos catalanes están en desventaja respecto a los alumnos
españoles porque no hay equidad y son muchos menos los alumnos catalanes
que se pueden beneficiar de las becas estatales. Además, hay una
sentencia del Constitucional, del que tanto se habla aquí, que otorga las
competencias a las comunidades que tienen la competencia en materia
educativa, pero esto no se tiene en cuenta. Así que lo que nosotros
reclamamos son las competencias en materia de becas para que realmente
exista equidad con los alumnos catalanes.

El tercer punto es el precio del acceso a la universidad, aspecto del
que hay mucho que hablar y al que me referiré más adelante. En
definitiva, en Cataluña tenemos una ley universitaria, pero respecto a
las becas el Estado está aplicando unas penalizaciones a las comunidades
autónomas, algo con lo que no estamos de acuerdo.

Con la enmienda que hemos presentado dejamos las cosas claras sobre
estos tres puntos. Le pedimos, señor Álvarez, que la tengan presenten
porque es clara y va en la línea de lo que defendimos en la pasada
legislatura. Esto es lo que debemos hacer, impulsar la derogación de esta
ley y paralizar todo su proceso.

Muchas gracias. (Aplausos).