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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 8, de 12/04/2016
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2016 XI LEGISLATURA Núm. 8
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PATXI LÓPEZ ÁLVAREZ
Sesión plenaria núm. 8
celebrada el martes,
12 de abril de 2016
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. 'BOCG. Congreso de los Diputados',
serie B, número 24-1, de 18 de marzo de 2016. (Número de expediente 122/000016) ... (Página4)
- Del señor Iglesias Turrión y otros 57 Diputados, 25 de emergencia social. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 16-1, de 10 de febrero de 2016. (Número de expediente 123/000001) ... (Página16)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la adopción urgente de medidas para evitar la quiebra y desaparición del sector siderúrgico. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 49, de 8 de abril de 2016. (Número de
expediente 162/000173) ... (Página30)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Baldoví, señor Bataller, señor Candela y señora Sorlí), sobre criterios para la reforma del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 44, de 1 de abril de 2016. (Número de expediente 162/000147) ... (Página40)
Declaración institucional:
- Declaración institucional en apoyo a la candidatura de las islas Canarias como Capital Europea de la Juventud 2019. (Número de expediente 140/000004) ... (Página49)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página50)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página50)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
La Presidencia informa de que las votaciones se realizarán de manera agrupada a partir de las siete y media de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página4)
Página
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social ... (Página4)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Floriano Corrales, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca y las señoras Beitialarrangoitia Lizarralde y Sánchez Maroto, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat); Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Ramírez Freire, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y González García, del Grupo Parlamentario
Podemos-En Comú Podem-En Marea; así como la señora Cancela Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del señor Iglesias Turrión y otros 57 Diputados, 25 de emergencia social ... (Página16)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Mayoral Perales, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Quevedo Iturbe, la señora Beitialarrangoitia Lizarralde y el señor Bataller i Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
la señora Nogueras i Camero, del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat); los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Yáñez González, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; así como las señora Rodríguez
García, del Grupo Parlamentario Socialista, y Romero Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposiciones no de ley ... (Página30)
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la adopción urgente de medidas para evitar la quiebra y desaparición del sector siderúrgico ... (Página30)
Defiende la proposición no de ley el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Sánchez Maroto, del Grupo Parlamentario Mixto, así como para fijación de posición el señor Martínez Oblanca y la señora Enbeita Maguregi, del mismo grupo; el señor Xuclà i Costa,
del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat); las señoras Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Alba Goveli, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Lasarte Iribarren, del Grupo
Parlamentario Socialista, y la señora López Ares, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Capdevila Esteve, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Azpiazu Uriarte.
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Baldoví, señor Bataller, señor Candela y señora Sorlí), sobre criterios para la reforma del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto ...
Defiende la proposición no de ley el señor Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores De la Torre Díez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y López Milla, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat); las señoras Capella i Farré, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana, y Fernández Gómez, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, y el señor Fernández de Moya Romero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
La Presidencia expresa la condena por el asesinato machista cometido hoy en Benidorm y manifiesta la solidaridad con los familiares y amigos de la víctima.
Declaración institucional ... (Página49)
El señor secretario (Prendes Prendes) de lectura a la declaración institucional en apoyo a la candidatura de las islas Canarias como capital Europea de la Juventud 2019.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página50)
Sometida a votación la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden
social, se rechaza por 115 votos a favor, 163 en contra y 54 abstenciones.
Sometida a votación la proposición de ley del señor Iglesias Turrión y otros 57 diputados, 25 de emergencia social, se aprueba por 167 votos a favor, 114 en contra y 52 abstenciones.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página50)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la adopción urgente de medidas para evitar la quiebra y desaparición del sector siderúrgico, se aprueba por 332 votos a favor.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor. Baldoví, señor Bataller, señor Candela y señora Sorlí), sobre criterios para la reforma del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen
Común y Ciudades con Estatuto, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, se aprueba por 325 votos a favor y 6 abstenciones.
Se suspende la sesión a las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 25/2015, DE 28 DE JULIO, DE MECANISMO DE SEGUNDA OPORTUNIDAD, REDUCCIÓN DE LA CARGA FINANCIERA Y OTRAS MEDIDAS DE ORDEN SOCIAL. (Número de expediente 122/000016).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Comenzamos por el punto I del orden del día relativo a la toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, corresponde debatir la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, de modificación
de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra, por el Grupo Popular, el señor Floriano.
El señor FLORIANO CORRALES: Señor presidente, tomo la palabra para la defensa de la iniciativa que promueve la modificación de la Ley 25/2015, de 28 julio, conocida como Ley de segunda oportunidad.
Señorías, todos los grupos parlamentarios presentes en esta Cámara compartimos la preocupación por el empleo y la calidad del mismo en nuestro país. No en vano, representamos al conjunto de la sociedad española y por todos es conocido que
cuando se les pregunta en las diversas encuestas, manifiestan que su primera preocupación es el empleo. Todos los programas electorales de todos los partidos políticos que concurrieron a las elecciones del pasado 20 de diciembre, los diversos
documentos que se han hecho públicos en las semanas posteriores a esas elecciones y los pronunciamientos públicos de los distintos portavoces reflejan esa preocupación por el empleo. Deberíamos aprovechar esa coincidencia para que fuéramos capaces
de dotar a esta iniciativa del respaldo suficiente para que pueda superar el trámite de toma en consideración, un respaldo, señorías, que les pido a todos ustedes desde este momento.
La vocación de la reforma que proponemos es seguir avanzando en el incremento del empleo indefinido con garantías de estabilidad y plena protección social. Es cierto, señorías, que durante la pasada legislatura la sociedad española fue
capaz de parar la destrucción de empleo que asoló al conjunto de los españoles entre los años 2008 y 2011. Es cierto también que hasta el primer trimestre del año 2013 no se produce el punto de inflexión que nos permite decir en este momento que se
han creado, según los últimos datos conocidos, 1.150.000 empleos desde entonces. Es cierto que en diciembre de 2011 el paro crecía a un ritmo del 7,8 % y que hoy se reduce al 8 %. Es cierto que en diciembre de 2011 el paro juvenil crecía a un
ritmo del 6,1 % y que hoy se reduce a un ritmo del 11,8 %. Es cierto, señorías, que antes de la crisis el porcentaje de indefinidos tenía una media anual del 68,5 % y que hoy, ocho años después, ese porcentaje es del 75 %. Estos datos reflejan un
cambio de tendencia evidente y reflejan una nueva senda, pero flaco favor le haríamos al conjunto de la sociedad española si estos datos fueran pronunciados en términos de autocomplacencia, satisfacción o, peor aún, si corroborado que estamos en el
camino correcto, decidiéramos no hacer absolutamente nada. Por eso, señorías, a la pregunta de si estamos satisfechos con estos ritmos de disminución del paro y con la calidad del empleo creado la respuesta solo puede ser no. No mientras no
encuentren empleo los 4 millones de españoles que están buscando trabajo; no mientras el empleo no sea estable y de calidad, y no mientras la clase media no recupere los niveles de renta que tenía antes de la crisis.
La iniciativa que hoy presentamos trae causa de una experiencia cuya eficacia es constatable por todos ustedes. Recordarán la primera medida de impulso a la contratación indefinida, conocida como la tarifa plana, que ha permitido que
335.327 personas se beneficien de la misma. Seguro, señorías, que también recuerdan el mínimo exento, del que se beneficiaron 219.000 trabajadores. Pues bien, mediante la iniciativa que hoy presentamos pretendemos ampliar estos beneficios
prorrogando la duración del mínimo exento a cuatro años, haciéndolo extensivo a todos los contratos temporales que se conviertan en indefinidos y a la parte de la Seguridad Social que tiene que satisfacer el trabajador. Es obvio que esta medida va
a permitir luchar contra la dualidad del mercado laboral y fomentar el empleo indefinido al reducir las cotizaciones, lo que se denomina cuña fiscal, que es una de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea, y es
obvio también que si hay algunos trabajadores que se beneficien serán los que tienen rentas salariales más bajas. Esta es una buena iniciativa para todos los
españoles, especialmente para aquellos 4 millones de españoles que están buscando empleo y no lo encuentran o para aquellos que aspiran a convertir su contrato temporal en un contrato indefinido.
Señorías, durante la tramitación de iniciativas parecidas a esta que hoy presentamos parte de las críticas que se hicieron consideraban contraproducente que la financiación de las mismas se obtuviesen con una minoración de los ingresos del
sistema de la Seguridad Social, lo cual, sencillamente, no se corresponde con la verdad, ya que la política que se impulsa parte de la ausencia de cotizantes porque no hay empleo y por tanto no hay ingresos. No hay empleo, no hay cotizantes y los
ingresos son cero. Por eso, esta medida incrementa la base de cotizantes para que haya ingresos donde antes había cero. Además, creo que pueden compartir con nosotros que la situación a la que nos enfrentamos es excepcional y ante situaciones
excepcionales se requieren medidas excepcionales. La garantía del sistema de pensiones va unida al empleo. Cuanto más empleo estable haya, mejor podremos garantizar las pensiones. Por eso esta medida, con eficacia probada en la creación de empleo
de hoy, está garantizando nuestro sistema de pensiones, que es el principal sistema de protección social del Estado. Es verdad, señorías, que la creación de empleo en nuestro país se está moviendo por primera vez en la historia a un ritmo de
crecimiento igual al que lo hace el producto interior bruto. En el último año, en torno al 3,2 %. Y también lo es, señorías, que las cotizaciones sociales lo hicieron al 1,7 %, entre otras razones, aunque no solo por ella, porque la participación
en el trabajo de las rentas salariales ha disminuido en estos años, pero a pesar de esto les pido que consideren que los ingresos están creciendo por encima de la filiación si tenemos en cuenta solo a los cotizantes activos. Por eso, hay que seguir
impulsando medidas de este carácter. La dialéctica según la cual este tipo de bonificaciones va en contra de los ingresos del sistema, desde nuestro punto de vista, hay que abandonarla, porque el modelo que se impulsa provoca precisamente el
incremento del número de cotizantes activos y, por tanto, los ingresos del sistema. Por eso podemos decir que no estará fuera de los objetivos de política pública bonificar el empleo indefinido con garantía de estabilidad y plena protección social
que asegura las pensiones, siempre que, como se hace, se obtengan ingresos donde antes no había absolutamente nada. (Aplausos). Sería inadmisible -y alguna experiencia tenemos en eso- tener excedentes y no incrementar el Fondo de reserva o gastar
año tras año en medidas que no solo no se tradujesen en la creación de empleo, sino que además tuviesen como consecuencia la destrucción de puestos de trabajo. No olviden sus señorías que desde el punto de vista de la Hacienda pública, desde el
punto de vista económico y, sobre todo, señoras y señores diputados, desde el punto de vista social lo mejor es un trabajador contribuyendo al sistema de Seguridad Social.
Termino, señorías, pidiéndoles el voto afirmativo a todos ustedes. La vocación por el empleo indefinido con garantía de estabilidad, la plena protección social, la experiencia acumulada con este tipo de instrumentos y su contribución a la
viabilidad del sistema de pensiones son razones suficientes para que esta iniciativa supere el trámite de su toma en consideración. Sé de algunos de los problemas que todas y cada una de sus señorías pueden ponerle a este sistema, pero en el
trámite de enmiendas podemos impulsar instrumentos que superen las diferencias que nos puedan separar en este momento. He tenido la prudencia de preparar esta intervención después de leer los programas electorales y los acuerdos firmados por todos
ustedes y puedo decir que en todos ellos se recogen instrumentos similares a este que bonifican de una u otra manera, a través de diversos instrumentos, la conversión de contratos temporales en indefinidos. Podemos discutir en el trámite de
enmiendas cuál es el procedimiento más adecuado, pero, señorías, todos coincidimos en la preocupación por el empleo y por la calidad del empleo de los españoles. Por eso, señorías, solicito una vez más su voto afirmativo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Floriano.
Se me ha olvidado comentarles que, como es habitual, vamos a agrupar las votaciones de la sesión de hoy al finalizar el debate de la última proposición no de ley. Las previsiones más optimistas del consumo de tiempo nos dicen que esto
podría ser sobre las siete y media, pero me parecen muy optimistas y es más posible que sea sobre las ocho.
Como nadie ha solicitado intervenir en el turno en contra, abrimos el turno de fijación de posiciones. Interviene, en primer lugar, el Grupo Parlamentario Mixto y para ello tiene la palabra el señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Señor presidente, señorías, los objetivos de la ley aprobada el pasado mes de julio son, sin duda, muy importantes porque contemplan medidas que se venían reclamando desde mucho tiempo atrás para atender una
creciente demanda de la sociedad y resolver situaciones de injusticia y de emergencia. De ahí lo acertado de titularla de segunda oportunidad, porque precisamente
trata de evitar que un empresario o una persona no queden penalizados de manera indefinida por deudas, siempre que no haya sido consecuencia de una mala gestión económica, reincidencia o una conducta dolosa que les obliguen a responder con
sus bienes presentes y los futuros hasta que no se salde la totalidad.
Conviene resaltar que uno de esos objetivos, señalado en el propio preámbulo de la ley, es el de conseguir que una persona inmersa en un fracaso económico, empresarial o personal tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida, incluso
arriesgándose con nuevas iniciativas sin que de forma permanente tenga que batallar con la carga de una deuda que muy probablemente nunca podrá satisfacer. Ya se había dicho en el trámite por las Cortes Generales que la ley admitía margen de
mejora; y si entonces se subrayó con acierto que tenía un gran carácter social porque generaba nuevas oportunidades a las personas en trance de dificultad, esta modificación que se pretende hoy va en esa línea. También ha resultado oportuno que se
haya planteado como una de las primeras iniciativas del Grupo Parlamentario Popular en el Pleno, porque permite disponer cuanto antes de otra herramienta para incidir en la creación de empleo, que es la gran prioridad que tenemos en España, como se
ha dicho. Muy especialmente en Asturias, donde la tasa de asturianos que trabajan o que buscan trabajo año tras año ocupa el último lugar en todo los indicadores oficiales. Por tanto, somos los primeros interesados en alcanzar el reto de
consolidar la recuperación económica para que a su vez alcance al conjunto de los españoles y tratemos de evitar retrocesos.
Varias de las medidas legislativas marcadamente socioeconómicas se refuerzan a partir de esta proposición, fortaleciendo las ventajas y los beneficios en las cotizaciones sociales para generar empleo de calidad y de carácter indefinido. Es
otra fórmula añadida para combatir la precariedad laboral, que respalda nuestro voto afirmativo en apoyo a esta proposición de ley presentada por el Grupo Popular.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez.
Señora Beitialarrangoitia.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Arratsalde on, buenas tardes.
Igual que Amaiur se posicionó en contra cuando se presentó en su día, hoy reiteramos nuestro rechazo a esta ley, que no ha contribuido a impulsar empleo estable y de calidad, como se nos quiere hacer creer, y que busca favorecer los
intereses de grandes empresas y grupos financieros. Por ello no apoyaremos la ampliación de las medidas establecidas en su día, que, en última estancia, es lo que se nos propone. Es necesario dar un giro de 180 grados en las políticas realizadas
en los últimos años, que han supuesto un aumento del paro, de la precariedad y de la pobreza. Por mucho que lo intenten, la realidad es tozuda. Sus reformas son la principal razón de la pérdida de empleo y de que la precariedad se haya extendido a
casi toda la sociedad. Con medidas como las que contempla esta ley no se invierte esa tendencia, no se crea empleo de calidad, únicamente se busca favorecer a las empresas disminuyendo su aportación. Se nos dice que se busca la creación de empleo
indefinido, pero se nos esconde que en realidad el 90 % de los nuevos contratos son eventuales. Se nos dice que busca convertir en indefinidos contratos eventuales, pero la realidad es bien distinta, ya que tan solo uno de cada diez se ha
convertido en indefinido. Por tanto, no son medidas para el objetivo que dicen perseguir y lo único que suponen es una menor aportación empresarial en perjuicio de la clase trabajadora y la sociedad en general. La solución no está en la
bonificación de la contratación indefinida, sino en la persecución del fraude en la contratación, en impedir que se sigan utilizando contratos temporales para trabajos que no lo son. Por ello, votaremos en contra, porque no crea empleo, no hace
frente al fraude en la contratación y cronifica la situación actual. La reducción en las cotizaciones condiciona además las pensiones del futuro. Por último, con la reforma que presentan hoy dan un paso más y quieren que afecte también a los
contratos parciales, contratos precarios que están aumentando de forma exponencial en los últimos tiempos y que afectan sobremanera a jóvenes y a mujeres. Los datos están ahí e, insisto, son tozudos. La realidad es la que es; esta ley lleva ya
unos meses y la realidad no ha cambiado gracias a la misma. Por tanto, ¿para qué ahondar en el mismo error? Lo mejor es no profundizar en él. Por ello, insisto, votaremos en contra.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Beitialarrangoitia.
Tiene la palabra la señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ MAROTO: Hoy el Grupo Popular nos presenta esta propuesta como la continuación de un gran éxito. No entendemos que se pueda presentar como un éxito para fomentar el empleo de calidad algo que ha hecho que durante el año
pasado nueve de cada diez contratos fueran temporales. Efectivamente, como nos decían ellos mismos en su intervención, vamos a acusar a esta propuesta de ser ineficaz, costosa y de suponer una pérdida de recursos inasumible para nuestro sistema de
Seguridad Social. Además, genera un trasvase de rentas hacia los empresarios, aumentando la regresiva distribución que ya se produjo en la legislatura anterior cuando la practicaban con su mayoría absoluta. No entendemos por qué no se invierte, ya
que lo que se quiere es empleo de calidad, en políticas activas de empleo, que recordemos que el Partido Popular ha reducido en un 35 %; les han restado 2.500 millones de euros a las políticas activas de empleo. Si persiguen el objetivo que dicen
perseguir, esto no se entiende. No solo significa continuar en una línea costosa e ineficaz, sino que además muchísimos expertos ya han contradicho que las contrataciones no se hubiesen producido igualmente sin estas bonificaciones. Recordemos,
para saber cuál es ese coste a la Seguridad Social al que me estaba refiriendo, que en 2016 se han presupuestado en bonificaciones, en subvenciones y en cuotas 2.245 millones de euros, de los cuales 1.650 se dedican a financiar este tipo de medidas.
Cuando nueve de cada diez nuevos contratos siguen siendo temporales y de baja calidad no se entiende esto y no se puede vender de ninguna de las maneras como una política de éxito que se quiere continuar.
Lo último que me gustaría decir es que muchos sospechamos que todo esto también sirva como coartada para reducir las pensiones y descapitalizar mucho más el Fondo de reserva, que ya han dejado ustedes en muy malas condiciones.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Barandiaran.
El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señor presidente, señoras y señores diputados, arratsalde on guztiori.
Tal y como ha explicado el portavoz del Grupo Popular, se nos presenta hoy una proposición de ley para su toma en consideración, y es en ese tenor en el que vamos a tratarla. Es una proposición de ley que tiene casi como único objeto a
modificar uno o dos aspectos del artículo 8 de la Ley 25/2015, que luego pasaré a analizar. Por el momento y por su contenido -la misma crítica que se ha hecho anteriormente- es un tanto electoralista. Se presenta en un momento en el que se
adivina que va a ser difícil continuar con su tramitación legislativa, pero pretende, como señala, adelantar posiciones en la promoción del empleo. Como saben, el artículo 8 de la vigente Ley 25/2015 tiene como propósito -y así lo dice- favorecer
la creación de empleo indefinido, utilizando para ello un doble mecanismo. De un lado, se llama a este mecanismo beneficio, que se traduce en forma de exención del primer tramo de 500 euros de la aportación empresarial a la cotización de la
Seguridad Social por contingencias comunes y para la contratación indefinida en cualquiera de sus modalidades. Por otro lado, la misma medida pero en forma de bonificación, cuando de lo que se trata es de la contratación de trabajadores inscritos
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que cumplan además los requisitos establecidos en el artículo 105 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre. El elemento material común de ambas medidas consiste en establecer ese mínimo de 500 euros que el
empresario no deberá cotizar; el temporal es que dicho beneficio se aplica durante un periodo de veinticuatro meses, y el elemento subjetivo es que aquellos beneficios se aplican a la aportación empresarial. Y lo que hace la proposición de ley en
su lugar es, de un lado, ampliar dicho beneficio a un plazo de cuarenta y ocho meses y, de otro lado, ampliar -y es algo que no se ha señalado específicamente- el ámbito subjetivo de los beneficiarios incluyendo no solo la aportación empresarial,
sino también al trabajador. Dicho sea con todo el respeto, entendemos que esas cuestiones concretas no se han justificado, sin perjuicio de que tengan también sus elementos positivos.
No obstante, y antes de meterme con la propia medida como tal, quisiera destacar un aspecto de dicha ley: el apartado 11 del vigente artículo 8: 'La bonificación se financiará con cargo a la correspondiente partida presupuestaria del
Servicio Público de Empleo Estatal, y será objeto de cofinanciación con cargo al Fondo Social Europeo cuando cumpla con los requisitos establecidos, y la reducción se financiará por el presupuesto de ingresos de la Seguridad Social. Por su parte,
el apartado 9 contempla: 'La aplicación de este beneficio en la cotización será objeto de control y revisión por el Servicio Público de Empleo Estatal, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social...' Mutatis mutandis, los apartados 10 y 12 del nuevo artículo 8 lo que hacen es reproducir el mismo
sistema, pero queremos destacar este apartado precisamente, por dos motivos diferentes. En primer lugar, hay que recordar que aquel texto, en su momento, provocó un profundo malestar en mi grupo, el Grupo Vasco, por entender que invadía
competencias de la Comunidad Autónoma del País Vasco como consecuencia de la negativa a incluir una disposición adicional de salvaguarda competencial. Así se hizo constar en el debate. Se hizo constar que la Comunidad Autónoma del País Vasco
disponía de competencias en la materia para la gestión de políticas activas de empleo en virtud de los artículos 149.1.7.ª de la Constitución y 12.2 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, y que dicha competencia y los medios correspondientes para
su desempeño habían sido transferidos ya a la Comunidad Autónoma del País Vasco mediante el Real Decreto 1441/2010. También se hizo constar igual característica respecto de las funciones y servicios en materia de función pública inspectora de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social mediante el Real Decreto 895/2011. Por fortuna, y como le consta al proponente, aquella controversia ha tenido un final feliz mediante un acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación entre la
Administración del Estado y la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en la que se hace constar que la aplicación de lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de esta ley en materia de bonificaciones en cuota a la Seguridad Social se
realizará teniendo en cuenta lo establecido en el Real Decreto 1441/2010. Esto es, se hará respetando el ámbito competencial y las facultades de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Por lo tanto, se ha removido el motivo que nos llevó a votar en
contra de aquel texto legal, pero ello sin perjuicio de que, si se diera el caso de poder tramitar esta iniciativa legislativa, mi grupo propondría la inclusión en su texto de una disposición adicional que recogiera el sentido de dicho acuerdo de la
Comisión bilateral.
La segunda cuestión por la que decía que era interesante ese apartado concreto hace referencia al tratamiento que concede a lo que llama beneficios y que se traduce, como he explicado antes, bien en bonificaciones o bien en exenciones de
cuotas, y ello por cuanto en el caso de la bonificación, la Seguridad Social recibiría el importe de la cotización no ingresada desde partidas ingresadas en los Presupuestos Generales del Estado -si apartáramos de ellos los de la Seguridad Social-.
Y en el caso de la exención o reducción, se produciría directamente una minoración de carácter permanente de los ingresos de la Seguridad Social por esos mismos importes.
Antes decía que, a mi juicio, la proposición de ley no justificaba su relación o impacto en la creación de empleo, y mucho nos tememos además que dicha propuesta evidencia alguna contradicción como medida de incentivo de empleo. No todas
las medidas son inocuas y no todas valen todo el tiempo. Aunque esas medidas se llaman de promoción de empleo, en principio y en realidad son de abaratamiento del coste salarial para el empresario. Crean una ficción de coste que a la larga va a
tener que asumir el empresario, y lo que no hace o no justifica la modificación que se ha pretendido es que prolongar -extender- el ámbito temporal de veinticuatro a cuarenta y ocho meses vaya a ser en algún modo una medida promotora o tractora del
empleo, o al menos de creación de empleo indefinido. Por su parte, también crea una ficción respecto del trabajador, y en este caso -y con todo el respeto- no encontramos una justificación en la propuesta ni en ningún otro sitio para que la medida
se haga extensiva a los propios trabajadores. Sabemos que, finalmente, su único impacto es el de apariencia de un incremento real de los salarios -incremento que no sería tal-, teniendo en cuenta además que la exención de cuotas provocaría un
perjuicio inmediato al sistema de Seguridad Social. Pero sobre todo -y por añadidura-, dichas medidas suponen directamente detracción o disminución de ingresos del sistema de Seguridad Social. Ese es el aspecto que más nos preocupa no solo porque
supone un nuevo desequilibrio en las cuentas de la Seguridad Social, sino porque se está imputando a la Seguridad Social el coste de las políticas de empleo. A ese respecto creemos que no ha existido ninguna reflexión o ninguna decisión expresa en
tal sentido.
Tampoco hemos visto ninguna valoración de los resultados o de los beneficios que haya producido la aplicación de la norma vigente en forma de retorno a las arcas de los nuevos cotizantes. El proponente ha mencionado que existen, pero no los
conocemos; quizás habría que sentarse a hablar de ellos. En principio, no podemos estar en desacuerdo con medidas que propugnan la creación de empleo, la transformación de contratos temporales en indefinidos o que pretenden impulsar el empleo
juvenil; sin embargo, queremos advertir de manera previa al tratamiento de todas estas cuestiones que esto se ha hecho de una forma un tanto irreflexiva y, sobre todo, que hace falta reconducir este debate al ámbito de la viabilidad del sistema de
Seguridad Social. Creemos que el cauce oportuno es a través del Pacto de Toledo, bien en la Comisión, bien en el ámbito del Pacto de Toledo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barandiaran.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gràcies, senyor president.
Señorías, el debate que hoy nos suscita el señor Floriano no es un debate nuevo, ni mucho menos. De hecho, en la pasada legislatura buena parte de las discusiones que tuvimos sobre cuál debía ser la política de empleo eran sobre si las
bonificaciones o las exenciones a la Seguridad Social constituían o no una buena política de creación de empleo. La ministra Báñez -que hoy, por desgracia, no nos acompaña en este debate- justificó buena parte del recorte de las políticas activas
de empleo que el Gobierno impuso al inicio de aquella legislatura en la crítica a la política de bonificación. La ministra fundamentaba aquella posición en un acuerdo tomado en la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados por unanimidad de
todos los grupos y en un informe de la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas, que descartaba que la política de bonificación fuese un acierto, e incluso en un informe que -creo recordar- era de la Universidad de Alcalá de Henares, que
abundaba en esa misma dirección.
Esos informes, el de la agencia y el de la Universidad de Alcalá de Henares, al igual que la tesis que defendía la Comisión de Empleo con el voto del Partido Popular, decían que una política generalizada de bonificaciones tenía un efecto de
peso muerto. Estábamos subvencionando una creación de empleo que, al ser generalizada, seguramente también subvencionaría empleos que, con independencia de aquella subvención, se iban a crear de manera evidente; por tanto, era una política que
despilfarraba los recursos públicos. Esa era la tesis que teníamos, de manera que incluso en aquel inicio de legislatura el Gobierno del Partido Popular optó por reducir considerablemente el número de bonificaciones. Después se varió el criterio y
de nuevo se ampliaron los supuestos de bonificación, los supuestos de reducción de cuotas a la Seguridad Social y volvimos a esa vieja política que todos habíamos denunciado como ineficaz y que, además, quienes nos observan desde fuera también
tildaban de ineficaz.
El señor Floriano, en su intervención, ha dicho en algún momento que esta política había sido eficaz y, como le recordaba el portavoz del Grupo Vasco, al menos este diputado y este grupo parlamentario no tenemos ninguna percepción de que la
política del Gobierno en esta materia haya sido evaluada por la agencia, ni por el ministerio, ni que sepamos por ninguna universidad. En cambio, cuando se nos analiza desde fuera -desde la Comisión Europea y desde la OCDE- lo que se nos recuerda
es que, en lugar de invertir tanto en subvenciones y en bonificaciones a la Seguridad Social, lo que debemos hacer es invertir en las políticas activas de empleo, en la formación y en la orientación de las personas desempleadas, y que, en términos
comparativos, el Estado español invierte mucho menos que el resto de Estados europeos que tienen buenas políticas de empleo en formación y en orientación. También nos recuerda que invertimos mucho más que el resto de Estados europeos en
subvenciones al empleo. Señorías, este es un debate fundamental y el planteamiento del Gobierno en esta legislatura es, como mínimo, discutible desde el punto de vista de la eficacia de destinar tantos recursos a la reducción -vía subvenciones- del
coste de la contratación en la fórmula que ustedes plantean.
Aparece otra discusión -los diputados que han intervenido lo han puesto de manifiesto-, y voy a abundar en ella. En el contexto de un déficit relevante en nuestras cuentas de la Seguridad Social, optar por la fórmula de la exención, de la
reducción, y no por la fórmula de la bonificación, implica aumentar el déficit. Puedo estar de acuerdo con el señor Floriano en que lo importante es que se cree empleo y que si no se crea empleo no tenemos cotizaciones a la Seguridad Social, pero
ustedes pueden optar por la bonificación. O sea, que desde los Presupuestos Generales del Estado asumimos el coste para la Seguridad Social de esta contratación. Cuando ustedes optan por la exención, hacen repercutir ese decremento del ingreso en
las cuentas de la Seguridad Social, y es tanto así que incluso en aquello en lo que tienen recursos de fuera -en la Garantía juvenil, en la conversión de contratos indefinidos para los jóvenes-, como hay recursos europeos, no optan por la exención
sino por la bonificación. Quizás la cuestión de fondo -que tampoco ustedes se atreven a plantear- es si el coste fiscal de contratar constituye un freno a la creación de ocupación. De hecho, cuando ustedes plantean que los primeros 500 euros estén
exentos de cotización, lo que están haciendo -y en el debate de hace un par de años ahí tuvimos un punto de sintonía- es entender que para determinada ocupación con remuneraciones bajas una exención de este tipo puede ser un estímulo para que se
cree empleo porque en un sueldo bajo, con una menor cotización, una exención de 500 euros tiene un impacto muy relevante. Pero para abordar a fondo esa discusión del coste fiscal del empleo -si de verdad queremos entrar en ese planteamiento de
hacer más barato para la empresa contratar a un trabajador en términos de lo que le cuesta al final a la
empresa-, si no queremos poner en crisis las cuentas de la Seguridad Social debemos abrir el debate sobre qué otras vías de financiación tiene el sistema de la Seguridad Social. Los países escandinavos, en las reformas que han hecho para
abaratar el coste fiscal de la contratación reduciendo cargas sociales, han optado claramente por financiar la Seguridad Social con una parte del IVA. Este debate ustedes no lo plantean en esta iniciativa y por tanto ponen en riesgo el sistema de
la Seguridad Social. Todo ello, señor Floriano, serían razones para que nosotros hoy rechazásemos su iniciativa en la convicción de que necesitamos una repensada muy a fondo de esta política, y además siendo muy críticos porque en aquello que nos
dicen desde fuera -nos lo dicen la Comisión Europea, la OCDE y la OIT- que debería ser la política de empleo fundamental financiada desde el Estado -las políticas activas de empleo-, ustedes, en la pasada legislatura, han optado por decapitar esas
políticas. En el caso de nuestro país, en Cataluña, la recepción de recursos provenientes del Estado en materia de políticas activas de empleo se ha reducido en más de un 50 % -insisto, en más de un 50 %-, y esos servicios públicos de empleo, que
deberían ser capaces de tener una atención personalizada a los desempleados, son incapaces de poder efectuarla. Incluso -una cuestión polémica- la colaboración entre el sector público y el sector privado, acordada en tiempos del Gobierno del PSOE
con el Grupo Parlamentario de Convergència en su momento, en la pasada legislatura no ha tenido ningún desarrollo efectivo. Debemos ser muy críticos con la política de empleo que ha desarrollado el Gobierno del Partido Popular. Y si se ha creado
empleo, no ha sido tanto por esa política activa sino porque el ciclo económico había cambiado y la economía estaba creciendo, y lo normal cuando la economía crece es que se cree empleo.
También podríamos ser críticos -debemos serlo- por que en dos de los programas estrella del Partido Popular en la pasada legislatura el fracaso es muy evidente. Uno de esos programas, que ya ha sido objeto de debate en la Comisión de
Empleo, es la Garantía juvenil. Por parte del propio ministerio se hacían públicas cifras de cuál había sido el desarrollo efectivo de la Garantía juvenil, el gran programa europeo para facilitar oportunidades de empleo, de formación y de prácticas
laborales a los jóvenes, y en algunos territorios el grado de ejecución no llegaba ni al 15 %, ni al 12 %, ni al 8 %. Señorías, cómo puede ser que recibamos recursos de Europa para combatir el desempleo juvenil, siendo un Estado líder en desempleo
juvenil en Europa, y no seamos capaces de aplicarlos. El señor Hernando me da la razón con entusiasmo y se lo agradezco, y compartirá conmigo que el diseño de la Garantía juvenil que se ha hecho desde el Ministerio de Empleo conlleva que sea casi
imposible que se pueda ejecutar por parte de las comunidades autónomas.
Estas semanas hemos leído también cómo el programa de activación para el empleo, que era el programa de protección a los desempleados de larga duración que el Gobierno pactó con los interlocutores sociales, no se está gastando. Pero además,
señorías, la parte de activación de esos desempleados tampoco está funcionando.
Todo ello nos lleva, insisto, a un planteamiento crítico, pero, como hemos defendido siempre desde esta tribuna, no nos opondremos a que se discutan en la Cámara iniciativas vinculadas a la creación de empleo. No será por el Grupo
Democràcia i Llibertat que no se pueda tramitar esta proposición de ley que el Grupo Parlamentario Popular nos ha planteado y, por tanto, optaremos por abstenernos finalmente en relación con el contenido de esa iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR I DUCH: Gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas.
(Comienza su intervención en catalán recordando a Gillem Agulló.-Aplausos de varios señores diputados y señoras diputadas, puestos en pie). Moltes gràcies.
Nuestro voto va a ser negativo a esta proposición de ley por diferentes razones. En primer lugar, pensamos que se trata de una medida oportunista de marcado objetivo electoral. Estamos hablando de la modificación de una ley que no lleva en
funcionamiento ni un solo año; por lo tanto, no ha habido tiempo suficiente para evaluar su eficacia de manera rigurosa y comprobar si cumple con los objetivos que dice cumplir: reducir la temporalidad, que no es verdad -nueve de cada diez
contratos son temporales-, y fomentar la ocupación, que tampoco es verdad, como vamos a demostrar con este documento que voy a leer.
En segundo lugar, ya centrándonos en el contenido, en el primer párrafo de la propuesta de ley se afirma que uno de los ejes centrales de la política del Gobierno ha sido promover una ocupación estable
y de calidad. Decir esto después de su salvaje reforma laboral y sus efectos, me parece una broma de mal gusto para los millones de parados y trabajadores precarizados que pueden estar escuchándonos en estos momentos. Pensamos que los
datos no refuerzan el éxito de las medidas que defienden. La magnitud de las cifras de paro continúa siendo inaceptable, a pesar de la leve mejoría de las cifras, en parte gracias a la disminución de la población activa, ya que muchos ciudadanos se
han visto obligados a emigrar de nuevo de este Estado. Y en cuanto a la calidad del empleo creado, muy baja. Si no, como decía, que se lo pregunten a los miles de jóvenes cualificados que deben emigrar a otros Estados para poder vivir, o mírense
las altísimas cifras de temporalidad, una temporalidad que ya podemos calificar de cronificada, al igual que la precariedad.
Los párrafos segundo y tercero son de un triunfalismo solo explicable por encontrarnos, para algunos, en plena campaña electoral, pues si bien la ocupación ha aumentado ligeramente ustedes saben que, en cambio, el aumento de los ingresos a
las arcas de la Seguridad Social es insignificante, lo que corrobora nuestra tesis sobre la precariedad de la ocupación y los bajos salarios que, junto a las bajadas de cotizaciones, agudizan el problema, muy grave, de tesorería de la Seguridad
Social y la viabilidad a corto plazo de las pensiones. Es decir, continúa la descapitalización de la Seguridad Social. Tampoco creemos correcto que se plantee una reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social para cuatro años. Me parece una
temeridad. Al menos, se debería esperar al informe de la Comisión del Pacto de Toledo y a una valoración, como decía antes, rigurosa de la ley que se pretende modificar. Esto no se ha hecho. En cualquier caso, no es momento de medidas aisladas,
lo que hace falta es un paquete de medidas que aborden la economía y el programa sociolaboral del Reino de España en su globalidad, desde la perspectiva de la Seguridad Social, de la economía en general y desde el programa económico y de
desocupación, y no una medida, repito, aislada, que no garantiza mayores ingresos y aún está por ver si realmente creará ocupación indefinida o no.
Se nos pide, pues, un acto de fe en una medida que pretende favorecer al empresario que, gracias a la bonificación, contrate más personas, pero pensamos que, como ha pasado durante toda la legislatura, partimos de un mal diagnóstico, y eso
nos da una vez más una medicina inadecuada. No compartimos la premisa de que el empleo se consigue eximiendo del pago de cotización por parte de los empresarios. El problema tiene otras causas y necesita otras reservas. Hace falta un nuevo
Gobierno con nuevas políticas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Salvador.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ramírez.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, voy a empezar mi intervención de hoy por el final, dejando claro cuál es el sentido del voto de mi grupo, el Grupo Ciudadanos. En la tarde de hoy nos vamos a abstener, y lo vamos a hacer por sentido de responsabilidad. Entendemos
que un tema tan complicado como son las cotizaciones sociales, que afectan a las pensiones del futuro y al trabajo, merece una discusión responsable, rigurosa y profunda. Ese será el sentido de nuestra intervención de hoy de nuestro grupo.
Por otro lado, no podemos dejar de expresar la falta de credibilidad, ya que, después de tres meses de escuchar al Grupo Parlamentario Popular diciendo que era un Gobierno en funciones y que por tanto no podían tener acción política,
presentan una proposición de ley, nada más y nada menos que de un tema tan importante como la exención de unas cotizaciones sociales durante cuatro años. Yo lo entiendo, señor Hernando. (Aplausos.-El señor Hernando Fraile pronuncia palabras que no
se perciben).
El pasado jueves, el ministro Montoro, que hoy está ausente, fue a la Comisión de Hacienda a dar explicaciones sobre el déficit. Por supuesto en un tono paternalista, nos explicó que ellos no tienen culpa de nada. Previamente era la
herencia recibida y a día de hoy son las comunidades autónomas, que por cierto en muchos casos gobernaban hasta este mes de mayo. Nos aburrió con cifras. Está claro que es lo que les gusta a los señores del Partido Popular. Nos dan cifras, nos
enmarañan con ellas, pero no quieren hablar de la calidad de esas cifras. Precisamente un miembro del Grupo Popular me dijo un día en un debate que las cifras no se discuten, que las cifras se comprueban. Es justo lo que hemos hecho nosotros.
Hemos ido a comprobar las cifras. El déficit de Seguridad Social de este año va a superar los 17.000 millones de euros. Por tanto, es uno de los problemas principales, porque pone en jaque el tercer pilar del Estado del bienestar del que nos
sentimos tan orgullosos, que son las pensiones. El aumento de los cotizantes en 3,4 puntos no deja, por otro lado, duda de que la calidad del empleo que se está generando es baja, ya que esos aumentos solo contemplan un 1,7 % de ingresos de las
cotizaciones. Es decir,
cuando ustedes dicen que las medidas han sido para crear empleo de calidad lo que nos están diciendo es una mentira.
Por otro lado, nosotros, el Grupo Ciudadanos, somos responsables de lo que decimos, y el otro día el señor Montoro nos dejó dos perlas. La primera de todas, que comparto claramente, es que no son ustedes austericidas, ya que si fuesen
austericidas tendrían condición de austeros y hubiesen ahorrado. Y, en lugar de eso, lo que nos han dejado son 300.000 millones más de deuda pública y un fondo de garantía de reserva de la Seguridad Social al 50 %. (Aplausos). También nos dijo el
señor Montoro que él era creyente. A mí esa afirmación no me sorprende de él, lo que sí me sorprendió es que dijo que era creyente en política. Nosotros también creemos en política, por eso estamos hoy aquí los cuarenta diputados del Grupo
Ciudadanos: para hacer políticas reales y pensadas en los ciudadanos, que es lo que nos han pedido en las elecciones. Nosotros lo que queremos dejar muy claro es que para acabar con la temporalidad laboral tenemos nuestras medidas. La primera de
ellas, que ya se habrán aburrido de escucharnos pero está recomendada por los premios Nobel de Economía, la OCDE, gente como Thomas Piketty, señor Iglesias, que, por cierto, ha sido gurú de su grupo y por lo tanto esperamos que nos escuche, es el
contrato único, la forma de acabar con la temporalidad, con la precariedad y con la dualidad de nuestro mercado laboral, que es la mayor lacra que tenemos hoy en día en nuestro mercado. (Aplausos). No nos quedamos ahí, también tenemos, por
supuesto, bonificaciones, pero no bonificaciones como las que ustedes plantean, que nos han costado 3.700 millones. Nosotros pensamos claramente en deducciones como el bonus-malus, pensadas para los empresarios que apuestan por el empleo de
calidad, que apuestan por una rotación mínima de los activos. Esas deberían ser las políticas de este Gobierno. Y, por supuesto, no nos podemos olvidar de los desempleados de larga duración. Nosotros siempre hemos apostado por un plan de
formación, como nos recomienda la OCDE. Hay que apostar por la formación en los parados de larga duración, porque es la única forma de sacarlos de esa espiral viciosa en la que se mueven. Por lo tanto, en el día de hoy el Grupo Ciudadanos se va a
abstener porque quiere tener una discusión responsable, profunda y rigurosa, y creemos que tiene que ser en el foro de la enmienda de esta situación o en las Comisiones tanto del Pacto de Toledo como de Empleo.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramírez.
Por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Gracias, presidente.
Voy a dirigir mi intervención al Grupo Parlamentario del Partido Popular, que es quien presenta esta proposición. Agradecería que los diputados del Partido Popular que no están presentes, que se encuentran en la cafetería o donde sea, por
respeto a su propia proposición, vinieran a escuchar las respuestas del resto de grupos parlamentarios. Creo que es de rigor. (Aplausos).
En primer lugar, esta proposición que presenta el Grupo Popular nada tiene que ver con una verdadera reforma de la Ley de segunda oportunidad, de los mecanismos de segunda oportunidad, tan necesaria para los españoles, para que nadie se
quede atrás. Más bien se trata de un parche para generar más empleo precario a costa del fondo de las pensiones y de generar más déficit en la Seguridad Social. Esta es la única política de empleo que ha emprendido el Partido Popular en estos años
de legislatura. Es una política que se ha mostrado ineficiente e injusta. ¿Qué les hace pensar que repetir otra vez las mismas recetas les va a generar resultados diferentes? Parece que el Partido Popular es el único animal, el único partido
capaz de tropezar cien veces con la misma piedra.
Pese a la mejora de la situación macroeconómica, debida fundamentalmente a la evolución del euro con respecto al dólar, a la bajada de los precios del petróleo y al resto de condiciones a nivel internacional, hasta el último trimestre de
2015 el Partido Popular no llega a los niveles de empleo que había al principio de su legislatura, en 2011. Durante estos años, en esta senda que se ve aquí (enseña un cuadro) se ha producido la mayor pérdida de derechos de los trabajadores de la
historia de la democracia en España. Donde antes había un contrato fijo, ahora hay dos temporales con la mitad de sueldo y la mitad de derechos. Este es el caballo de Atila que ha pisoteado nuestros derechos, asesorado por la Fundación FAES y la
Fundación Fedea. (Aplausos). Sin embargo, es verdad que el desempleo se ha reducido porcentualmente un punto, sí, pero ¿a costa de qué? (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: A costa de expulsar del mercado laboral a cientos de miles de personas. Su política laboral ha expulsado a 500.000 personas del mercado laboral, entre ellas a gente que ya no tiene ninguna expectativa de encontrar
trabajo y a mi generación, que se ha tenido que ir al extranjero a buscarse la vida. Eso es lo que están haciendo ustedes con la generación más preparada de la historia, condenarla a que tenga que irse fuera a desempeñar todo el conocimiento
aprendido en las universidades españolas financiadas con dinero público, con el sacrificio de nuestras familias, que tengan que trabajar fuera, desaprovechando así nuestro talento. (Aplausos).
La semana pasada tuvimos el placer de disfrutar de la presencia aquí del presidente de la Airef, una entidad que no es sospechosa para nada de ser de Podemos, y apuntaba que algunos de los beneficios fiscales y de exenciones como los que
aquí plantean son los responsables del incumplimiento del déficit, especialmente del de la Seguridad Social, ese déficit de 10.000 millones de euros que nos deja ahora su Gobierno y que va a condicionar las políticas que tenga que emprender el
Gobierno que venga, que esperemos que sea de cambio. Estas bonificaciones de 2.100 millones de euros demuestran que esa política es completamente ineficaz porque si con esas bonificaciones se consiguiera aumentar el empleo, no supondría un coste y
no generarían el agujero que están generando a la Seguridad Social, pero es que su política de Seguridad Social es una política de tierra quemada, es una política que está vaciando la hucha de las pensiones, que la ha agotado a la mitad, porque ha
pasado de 66.800 millones de euros en 2011 a 32.500 en 2015. No se atreven a recaudar impuestos para no incomodar a sus amigos y ministros y financian sus políticas de empleo a costa de nuestras pensiones. Ya sé que a ustedes no les importan las
pensiones públicas porque no son usuarios ni van a ser usuarios de ellas (Rumores), sin embargo, a nosotros sí nos preocupa porque nosotros disfrutamos de pensiones públicas y nuestras familias disfrutan de ellas. (Aplausos). La garantía de las
pensiones de nuestros mayores es la calidad del empleo de nuestros jóvenes y no vamos a permitir que nos roben el futuro.
Como decía antes, esta reforma es un parche; un parche más a la crisis devenida en estafa, que es debida a su gestión. Este parche ya no va a servir para nada porque a esta pelota no le caben más parches. Hace falta fomentar la
contratación, sí, pero hace falta fomentar la contratación con un plan de inversión pública en sectores innovadores, financiados mediante un aumento en la recaudación, mediante un aumento de los ingresos que puede ir empezando por recaudar esos
50.000 millones de euros que se pierden todos los años con el fraude fiscal, y paralelamente garantizar salarios dignos y perseguir contratos y horas en fraude, que ahí es donde se nos va el futuro. Este cambio de 180 grados en política económica
implica una distribución más justa de la riqueza, pero también implica un círculo virtuoso en el que se proporciona más renta a los ciudadanos con mayor propensión marginal a consumir que, por tanto, consumen más y así las empresas pueden facturar
más, proporcionando un crecimiento económico. Esto no es nada radical ni sofisticado, esto se está hablando en el bar de la esquina y está también en boca de Krugman y Stiglitz, dos premios Nobel. (Aplausos). Además, creemos que hay que facilitar
la vida a las empresas, las pequeñas y medianas, que son el 98 % y constituyen el 63 % del empleo. Hoy han perdido la oportunidad de presentar una verdadera ley de segunda oportunidad, que es tan necesaria para que no se quede ningún emprendedor ni
ninguna persona en la cuneta. Deberían poder incluir en esa reforma de la ley de segunda oportunidad las deudas en Hacienda y Seguridad Social para simplificar los trámites y aliviar la deuda de las familias.
Yo sé que ustedes no conocen las necesidades de los autónomos y de las pequeñas y medianas empresas. Yo vengo de una familia de hosteleros y les puedo contar. Mi madre quiere facturar más, mi madre quiere contratar más, pero sabe que eso
solo lo puede hacer si hay más consumo, y para que haya más consumo tiene que haber más trabajo con un sueldo digno. Ella también quiere pagar en función de los rendimientos que tiene y no una cuota fija como ustedes plantean de Seguridad Social de
300 euros, y también quiere que esos bancos públicos rescatados con 100.000 millones de euros -no se nos olvide- presten dinero a los autónomos, que es lo que necesitan para poder invertir, y a las pequeñas y medianas empresas. (Aplausos). Es
sencillo, estas medidas son sencillas, mucho más sencillas que abrirse una cuenta en Panamá, señores. Ustedes desconocen las necesidades de las pymes porque los únicos empresarios que conocen son los que se benefician de las adjudicaciones de
contratos públicos y que llegan al Ibex a base de inflar facturas, a base de sobrecostes acordados en el palco del Bernabéu. No se puede meter a las gallinas y a los lobos en el mismo corral. Con ustedes en el Gobierno la mano invisible del
mercado es la que mete la mano en los bolsillos de los ciudadanos y en los bolsillos de la pequeña y mediana empresa para dárselo a sus amigos, los grandes empresarios del Ibex 35. (Aplausos).
La sociedad está demandando un nuevo pacto social para que mi generación pueda disfrutar de empleos dignos y la de mis padres de una pensión digna; la pensión que merecen tras una vida cargada de sacrificios. Como decíamos hace cinco años
en Juventud sin Futuro: nos habéis quitado demasiado; ahora lo queremos todo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cancela.
La señora CANCELA RODRÍGUEZ: Buenas tardes, señorías. Boa tarde.
Al Grupo Parlamentario Socialista le sorprende comprobar la rapidez que en este caso muestra este Gobierno en funciones en dar conformidad a la tramitación de esta proposición de ley publicada el 18 marzo de 2016 en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales y que ya estamos debatiendo en este Pleno, sin agotar el plazo previsto en el artículo 126 del Reglamento del Congreso de los Diputados. Una iniciativa por la cual se pretende ampliar el mínimo exento de cotización de los primeros
500 euros del sueldo hasta el 31 diciembre de 2017 para la contratación indefinida, extendiendo el beneficio a los contratos temporales, que se transformen en indefinidos como medida para impulsar el empleo. Ojalá este Gobierno en funciones hubiera
demostrado la misma diligencia para el cumplimiento de otras obligaciones que le han sido exigidas por los demás grupos parlamentarios y de las cuales ha hecho la más absoluta dejación.
El Partido Popular sigue pensando que el problema de la creación de empleo está en los costes que implican para las empresas los trabajadores y las trabajadoras y por ello abarata los salarios, acaba con la negociación colectiva y la única
medida que se le ocurre es que los empresarios no abonen las cuotas que les corresponde. Empezaron con estas políticas que ustedes llaman de impulso de la contratación indefinida ya en el año 2013 con el contrato tarifa plana, sustituyéndola
después por el llamado mínimo exento, y nos proponen ahora ampliar este mínimo exento hasta el 31 de diciembre de 2017. El beneficio de la cotización se aplicará durante un período de cuarenta y ocho meses a la base de cotización por contingencias
comunes y una importante novedad en este caso es aplicar este beneficio a la transformación de contratos temporales en indefinidos, afectando también a la parte de cotización de los trabajadores y trabajadoras. Siguen, como ya nos tienen
acostumbrados, apostando por medidas que no solo no han creado empleo, sino redistribuido y precarizado el existente y deteriorando el mercado de trabajo, pues se aplica también a la contratación a tiempo parcial; contratación a tiempo parcial
utilizada de forma abusiva que ha llevado a que en nuestro país tengamos trabajadores y trabajadoras a la carta con jornadas excesivas y con salarios que no permiten cubrir unas mínimas necesidades, y todo ello casi a coste cero para el
empresariado.
No creemos necesaria su incentivación, sino al contrario, reforzar su control y reajuste. Esta medida de mínimo exento precariza el empleo, pues no son exenciones en función del salario, sino que el empresario se beneficia igual y en la
misma cuantía contrate a trabajadores con salarios dignos o con salarios bajos y vacían directamente la caja de la Seguridad Social, pues, al contrario que las bonificaciones, las exenciones van directamente a la línea de flotación de la Seguridad
Social. Además, no contento el Gobierno ahora en funciones, quiere aplicar esta exención no solo a los nuevos empleos, sino a las transformaciones de contratos temporales, cuando bien saben o deberían saber que la mayor parte de los contratos
temporales lo son en fraude de ley y, por tanto, indefinidos desde su celebración, por lo que fomentar su transformación no añade nada a la creación de empleo estable, sino que tan solo resulta gratis al empleador.
Una vez más también se atreven a adoptar esta medida en solitario, al margen del Pacto de Toledo y de las organizaciones sindicales. Los salarios ya excesivamente bajos -el 34 % de los trabajadores y de las trabajadoras españolas ganan
menos de 645 euros al mes- hacen que las cotizaciones hayan descendido de forma preocupante. Con estas medidas se detraen recursos públicos a través de defectuosas políticas activas de empleo y a los empresarios les salen aún más barato los
trabajadores. Lo que pretenden es privar de ingresos a la Seguridad Social premiando contrataciones que se hubieran producido exactamente igual. Existe un amplio consenso entre las organizaciones sindicales e Inspección de Trabajo, técnicos de la
Administración, estudios en el ámbito de la universidad y la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, fundamentado en la experiencia y en el día a día respecto de la escasa eficacia de este tipo de políticas activas basadas en
reducciones de cuotas, que además, como en este caso, no son neutras y se generalizan de forma indiscriminada. Constituyen, por tanto, un peso muerto para el sistema de la Seguridad Social y perjudican a los colectivos más vulnerables, generando
una seria limitación del gasto hacia otras políticas activas, como la orientación y la formación, imprescindibles para superar el problema de paro de larga duración y el déficit de competencias del que adolece nuestra población activa. La
combinación de acciones de empleo y formación es claramente predominante en el contexto de los países europeos más avanzados; lo anómalo es lo que ocurre en España. Nadie gasta tanto en incentivos al empleo como nosotros y nadie destina tan pocos
recursos a la orientación laboral.
Después del drástico ajuste presupuestario en el inicio de la pasada legislatura, los incentivos al empleo se han vuelto a convertir en la política activa que más presupuesto absorbe. En la actualidad existen más de setenta modalidades de
bonificaciones, exenciones y reducciones de cuota. En total, si sumamos los 2.100 millones de euros en reducciones y exenciones previstos en los Presupuestos Generales del Estado de 2016 se superan los 7.300 millones destinados a políticas activas,
de los que más de la mitad se destinan a incentivos al empleo, que lo único que aportan es descapitalización del sistema de Seguridad Social. Por eso esta proposición se nos antoja no solo inaceptable sino también irresponsable, y debemos rechazar
este tipo de medidas que apuntan al coste del empleo como problema del mercado laboral sin hacer ninguna otra consideración más profunda. No se han enterado de que es justo lo contrario lo procedente: la necesidad de aumentar los ingresos del
sistema de Seguridad Social para garantizar las actuales prestaciones sin tener que recurrir al consumo anticipado del Fondo de reserva, como ya están haciendo. Han optado por seguir utilizando la Seguridad Social como instrumento de financiación
de medidas de empleo, que la experiencia ha demostrado que son de dudoso éxito. Esta medida choca frontalmente con la realidad que actualmente sufren las cuentas de la Seguridad Social. Al finalizar el último Gobierno socialista había acumulados
60.815 millones en el Fondo de reserva. En tres años de legislatura el Ejecutivo del Partido Popular ha gastado un 38 % de ese fondo. Actualmente solo cuenta con 32.481 millones de euros, menos de la mitad de los más de 80.000 millones que habían
recibido.
Reducir el desempleo y la precariedad laboral son dos grandes retos prioritarios para nuestro país. Es preciso plantear un cambio en el marco de las relaciones laborales para empezar a resolver los problemas de paro y la precariedad
laboral. Uno de cada cuatro desempleados -más de un millón de personas- lleva cuatro años sin trabajar y más de 2 millones lleva dos años o más en situación de desempleo. Las tasas de participación en formación son bajísimas y caen fuertemente con
la edad. Solamente uno de cada cuatro parados o paradas de larga duración menores de veinticinco años participa en algún proceso formativo, porcentaje que cae por debajo del 10 % en caso del grupo de edad entre veinticinco y treinta y cuatro años.
Pese a esta situación, en los últimos años se ha recortado drásticamente el gasto en políticas activas que potencian la formación y el acceso de colectivos más vulnerables al mercado de trabajo y se han destinado fundamentalmente a bonificaciones,
subvenciones y exenciones ineficaces. Es necesario un cambio de diseño y contenido de nuestras políticas activas y no más de lo mismo, que es lo que ustedes están planteando. Lo que ahora se necesita no son exenciones, sino un plan de choque de
empleo e inserción laboral con un gran objetivo: incorporar al mercado de trabajo en un tiempo razonable a los que buscan y no encuentran su primer empleo y evitar la cronificación del paro, reincorporando cuanto antes a la actividad a los que
pierden su empleo, impidiendo periodos prolongados de desempleo. Los programas de fomento de empleo deben consistir no en exenciones, sino en bonificaciones, que se financiarán directamente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y que no
sean neutras, sino que apoyen el empleo de los colectivos más vulnerables. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
La señora CANCELA RODRÍGUEZ: Los socialistas estamos radicalmente en contra de este tipo de medidas que apoyan el empleo con salarios más bajos y a la par esquilman las arcas de la Seguridad Social. Consideramos que ligar la exención del
pago de cotizaciones a la creación de empleo proporcionará al Gobierno del Partido Popular la excusa suficiente para justificar la bajada de las pensiones en un par de años, lo cual no va a ocurrir porque no van a seguir gobernando. Estas medidas
son el reconocimiento implícito de los estragos que ha causado la reforma laboral sobre la contratación indefinida y repercutirán negativamente en los ingresos de las arcas del Estado, beneficiando solamente al empresario. Con políticas como las
que hoy debatimos aquí el Partido Popular se disfraza de social para ocultar políticas antisociales, con las que dan otro golpe a los ingresos de la Seguridad Social que se hará a costa de trabajadores y pensionistas. Con nosotros no cuenten.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cancela.
- DEL SEÑOR IGLESIAS TURRIÓN Y OTROS 57 DIPUTADOS, 25 DE EMERGENCIA SOCIAL. (Número de expediente 123/000001).
El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora al debate de toma en consideración de la proposición de ley 25 de emergencia social, presentada por el señor Iglesias Turrión y otros 57 diputados y diputadas. Para su presentación, tiene la palabra el
señor Mayoral. (Las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie, muestran una hoja, en el que se lee: D H). Ya lo han mostrado y les pido que lo guarden, por favor.
El señor MAYORAL PERALES: Señor presidente, señorías, con su venia.
En primer lugar, quería señalar algunos datos que me parecen ilustrativos para que entendamos el sentido que tiene la proposición de ley que traemos a esta Cámara. Hay 13,4 millones de personas en riesgo de exclusión social, el 29,2 % de la
población, y hay 3,2 millones de personas en pobreza severa. Somos el segundo país de Europa en pobreza. Cuando planteábamos este debate, cuando nos planteábamos la posibilidad de traer una ley para afrontar la situación de pobreza que viven
amplios sectores populares en nuestro país, no queríamos hacerlo desde el punto de vista del asistencialismo, no queríamos hacerlo desde el punto de vista de quien mira de arriba hacia abajo, sino que queríamos hacerlo desde el punto de vista de los
derechos. Queríamos hacerlo desde el punto de vista de los derechos y queríamos recordar que la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales forman parte de nuestro ordenamiento
interno. Son ley interna y es obligación de todas las administraciones del Estado cumplir y hacer cumplir su mandato de acuerdo con el artículo 96 de la Constitución española. (Aplausos). Queríamos situar en el centro del debate político de este
país que la pobreza y la exclusión no son fenómenos de la naturaleza, sino la violación sistemática de derechos humanos de amplios sectores de la población de nuestro país, y que la responsabilidad se encuentra en buena medida en esta Cámara.
(Aplausos).
Me gustaría leerles -porque lo hacemos poco, porque en nuestras escuelas no se estudia y en nuestras universidades tampoco- el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que toda persona tiene derecho a un nivel de
vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, incluyendo la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo,
enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de sustento por circunstancias más allá de su control. Quería decirlo para recordar que esto es ley en nuestro país y es necesario que hagamos todas las transformaciones
necesarias en nuestro ordenamiento jurídico para que esto se convierta en una realidad efectiva para nuestro pueblo. (Aplausos).
Aunque ya sabíamos que era una propuesta insuficiente, antes de someterla a la consideración de esta Cámara la quisimos someter a la consideración de las organizaciones sociales, de las organizaciones sindicales, de las plataformas de
afectados y de los colectivos que durante todos estos años han estado defendiendo los derechos humanos en nuestro país contra viento y marea. Queríamos hacerlo a sabiendas de que era insuficiente, porque entendemos que esta proposición de ley puede
servir y puede ser una herramienta útil para abrir un marco de diálogo con la sociedad civil, con los diferentes actores políticos de esta Cámara y con las diferentes administraciones públicas para hacer posible que el artículo 25 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se conviertan en una realidad. En primer lugar, queríamos hacerlo frente a la lacra que supone la violencia machista en nuestro
país. Queríamos hacerlo recordando que en nuestro país ha habido 120.000 denuncias en el año 2015 y que una de cada cuatro mujeres no denuncia. La pobreza no puede ser un obstáculo para que las mujeres tengan salida ante esa violación de derechos
humanos. (Aplausos). Las queremos todas, ni una menos, y creemos que es obligación de las administraciones públicas garantizar la alternativa habitacional a las mujeres víctimas de la violencia machista, porque eso forma parte del mensaje claro y
sencillo de que vivimos en una sociedad democrática; de otra manera les estaríamos privando de democracia. En segundo lugar, queremos hablar del derecho a la salud, que desgraciadamente no se encuentra recogido entre los derechos fundamentales en
esa división artificial que se estableció en nuestro texto constitucional pero que sí forma parte del derecho a la integridad física y moral de todas las personas. La llamábamos ley 25 por los derechos humanos, por la declaración, y lo queríamos
hacer para dejar claro que la condición humana nos hace sujetos de derechos y que nadie puede ser privado de su derecho a la salud, de su derecho a la sanidad sin que ello suponga una violación de los derechos humanos. Queríamos decírselo a
aquellos que están aquí con
pasaportes distintos, aquellos que durante tanto tiempo trabajaron para sacar adelante este país y que se quedaron sin tarjeta por quedarse en el paro. Queríamos decírselo también a nuestros compatriotas que nos ven desde lejos; queríamos
mandarles un mensaje y decirles que esta es su patria y que aquí también tienen su derecho a la sanidad. (Aplausos). Queríamos dar un dato demoledor, y es que entre el 12 % y 16 % de los pensionistas de nuestro país abandonan los tratamientos por
no tener recursos económicos suficientes después de la implantación de los copagos. Queremos acabar con los copagos, nos da vergüenza que los enfermos tengan que ocupar hospitales para recibir la medicación ya que es un derecho humano fundamental.
(Aplausos).
Paso a hablar de la vivienda. Qué decir sobre el derecho a la vivienda en nuestro país; trece resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea plantean que la legislación de nuestro país está fuera de la ley, que la legislación de
nuestro país no respeta los derechos de las personas ejecutadas. Ahí están también las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, desde la entrada en vigor del protocolo facultativo del Pidesc, el primer dictamen contra nuestro país
por no cumplir con los derechos de las personas. Queremos decir que este es un primer paso muy pequeño, pero hay algo muy sencillo que debemos hacer, y es aplicar la ley, la Observación general 7 del Comité de Naciones Unidas: prohibir los
desalojos forzosos sin alternativa habitacional. (Aplausos). Prohibirlos en el país de Europa donde se encuentra el 20 % de las viviendas vacías. Queríamos hacerlo en el país que ha vivido más de medio millón de desahucios y ejecuciones
hipotecarias a sabiendas de que nuestra propuesta no llega, no es suficiente. Desde esta tribuna queríamos trasladar a los colectivos sociales, a la plataforma de afectados por la hipoteca, que seguimos comprometidos en la 5 de la PAH (Aplausos);
queremos que sea una realidad jurídica en nuestro país. Queremos el reconocimiento del derecho a la dación en pago. Que nadie se equivoque, es muy fácil la aplicación del artículo 140 de la Ley Hipotecaria a los consumidores; acabar con el abuso
de la aplicación del 105, que supone deudas perpetuas para la gente que es ejecutada en nuestro país;exigir una regulación del alquiler asequible; parar los desahucios; articular la vivienda social; garantizar los suministros. Y algo más.
Creemos que ha quedado debidamente acreditado que en nuestro país ha existido una violación sistemática de derechos humanos en materia de vivienda. Pues bien, planteamos una proposición de ley para el cese de esa violación de derechos. Señorías,
los principios internacionales en materia de derechos humanos cuando hay violaciones sistemáticas son tajantes: verdad, justicia, reparación y no repetición. (Aplausos). No vamos a olvidar lo que han hecho con nuestro pueblo.
En esta propuesta hay muchas cosas que son insuficientes, y lo sabemos; lo hablamos con las organizaciones sociales. Sabemos que no toca todos los aspectos del artículo 25, pero esta Cámara debería transmitir el mensaje de que existe la
voluntad de las fuerzas políticas de este país de acabar con una situación en la cual nuestro ordenamiento jurídico vulnera sistemáticamente los derechos de los sectores populares y de que abre el diálogo, vuelvo a repetir, con las organizaciones
sociales. Cuando digo diálogo me refiero a que se escuche también a las organizaciones sociales. Hemos visto muchas leyes articuladas desde comunidades autónomas -la andaluza, la navarra, la canaria- que intentaban poner medidas para acabar con
esta lacra y acabaron recurridas en el Tribunal Constitucional. Y, ahora, una iniciativa legislativa popular, aprobada por unanimidad por el Parlament de Catalunya, se encuentra amenazada por un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional.
Señorías, les digo que se equivocan. Se equivocan quienes quieran dividir a nuestros pueblos o quienes quieran encontrar divisiones territoriales en este asunto; nos van a encontrar juntos a todos los pueblos para defender el cumplimiento efectivo
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Probablemente tenga muchos errores y, como decía, faltan cosas. Falta la renta garantizada. Hay que garantizar acabar con el terror de las neveras vacías en nuestro país. Falta incluir un
procedimiento simplificado de reestructuración y cancelación de deudas. Lo queremos incluir en el trámite parlamentario, claro que sí, inspirados, entre otras cosas, en la ley catalana y en otras aportaciones de diferentes colectivos sociales que
lo están haciendo respecto a lo que planteaba antes sobre la limitación de la responsabilidad al bien hipotecado. Nos queda pendiente la necesidad de que de una vez por todas rindamos cuentas ante la soberanía popular, rindamos cuentas ante nuestro
pueblo de por qué hubo un rescate bancario, de a quién se le dio el dinero y por qué se le dio. Que haya transparencia en las titulizaciones hipotecarias y se acabe con la opacidad. Que veamos cosas como las que ocurrieron en Estados Unidos, donde
tuvieron que comparecer los responsables de las entidades financieras o donde esta semana Goldman Sachs ha tenido que indemnizar con 5.000 millones de euros a los afectados y a la sociedad norteamericana por traficar con productos financieros
tóxicos. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
Decía un compañero, un amigo, que estos últimos años, los años de las mareas, de los colectivos antideshaucios, de las plataformas de afectados por la hipoteca, de la gente que lo estaba pasando mal y que a pesar de todo se puso de pie y
dijo que estaba dispuesta a defender sus derechos, habíamos vivido la rebelión de las lágrimas. Les pido, señorías, que asumamos el mandato de la soberanía popular, que pongamos en marcha el cumplimiento de los derechos humanos en nuestro país y
que pongamos el cese en la violación del artículo 25 entre las prioridades políticas de este país. Hagámoslo para que podamos decir que la rebelión de las lágrimas acabó con la victoria de las sonrisas.
Antes de terminar mi intervención, si me lo permiten, les haré un apunte. En estos tiempos en los que tanto se habla de paraísos fiscales y de Panamá, en nuestro país hay miles de preferentistas a los que se les metió la mano en el
bolsillo, a los que se les robó a manos llenas. ¡Quizá va siendo hora de que aquellos que han dirigido las entidades financieras nos expliquen por qué las cajas y los bancos tenían sede en las Islas Caimán para vender preferentes! ¡Que nos lo
cuenten; que vengan aquí y nos digan por qué primero se las vendieron a los especuladores y cuando los especuladores no las compraban, se las colocaron a nuestros jubilados! (Aplausos).¡Que lo cuenten, que digan quiénes eran los administradores de
Caymadrid y de tantas otras entidades financieras que atentaron contra los derechos de nuestro pueblo!
Muchas gracias y buenas tardes. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Mayoral.
No habiéndose presentado ninguna petición de turno en contra, pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Quevedo.
El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes a todas y a todos. Disculpen ustedes, pero pensaba que había turno en contra y he bajado con la lengua fuera; para el poco tiempo que tengo es dramático.
Tengo que decirles que Nueva Canarias va a apoyar esta proposición de ley de emergencia social que ha formulado el portavoz de Podemos hace unos minutos, porque la esencia es combatir la desigualdad y la pobreza que han sido la consecuencia
de un conjunto de políticas de carácter neoliberal radical, que han permitido que el crecimiento se haga a costa de una devaluación interna, es decir, del deterioro de las condiciones de vida de nuestros propios trabajadores y de una desigualdad
provocada por decisiones de naturaleza ideológica que no económica. Aquel asunto, el oxímoron ese de la austeridad expansiva que decía que mientras más austeros somos más crece la economía, es algo que no ha podido demostrar nadie por la sencilla
razón de que es imposible. Por este motivo, nosotros compartimos la esencia de esta cuestión. Creemos que el falso crecimiento de este pasado cuatrienio se ha producido a costa de la mayoría social; a costa de provocar pobreza, de generar
desigualdad y, por lo tanto, creemos que es acertado que se haya entrado en tres aspectos fundamentales que son, probablemente, la consecuencia de esas políticas injustas -insisto- de naturaleza esencialmente neoliberal: en primer lugar, la
necesidad de defender y recuperar el derecho universal a la protección de la salud. Es bueno recordar que aquí no hay un copago solamente; hay un repago de aquellos que ya pagaron y, sobre todo, por parte de los pensionistas. Los demás pagamos ya
hace un montón de tiempo. Veo que el señor Mayoral está afirmando. Me alegro, estamos en la misma posición. En segundo lugar, la cuestión del derecho a la vivienda. Muchos hemos luchado por esto a lo largo de los pasados cuatro años y está bien
que se comience hablando de este tema. El escándalo de los lanzamientos es una cuestión en la que no se puede permanecer impasible y nosotros apoyamos cualquier medida en este sentido. Estamos en una toma en consideración que vamos a apoyar y
seguro que después podremos mejorar algunas cosas. Y en tercer lugar, el derecho al suministro energético básico. Ha habido aquí una batalla campal contra este tema. Aquí se ha realizado una contrarreforma eléctrica que lo que ha hecho es generar
una nueva forma de pobreza, que es la pobreza energética.
Nosotros, por tanto, nos tenemos que felicitar de que esto sea así; solo le digo que existe una cierta melancolía. Es posible que prospere la proposición de ley que ustedes traen hoy aquí, pero ¿saben qué ocurre? Que se produce el
sarcasmo de que de repente no hay nadie que lo aplique, porque a lo mejor no somos capaces de hacer lo que hay que hacer, que es un nuevo gobierno y un cambio político en España. Yo confío en que haya tiempo para resolver esto.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Quevedo.
Por el mismo grupo, señora Beitialarrangoitia.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Gracias, presidenta. Arratsalde on, berriro ere.
En Euskal Herria Bildu somos solidarias con las clases populares y trabajadoras más allá de nuestras fronteras. Por ello, abogamos por leyes que restauren la infinidad de derechos que los diferentes Gobiernos españoles han ido robando a la
ciudadanía. Muchos de esos derechos, sin embargo, serían posibles a día de hoy en Euskal Herria si el Estado, en su afán recentralizador, no interfiriese de forma sistemática en las decisiones soberanas de las instituciones de la comunidad autónoma
y de Nafarroa. Como se ha dicho, en materia de vivienda ha recurrido todas las leyes autonómicas que se han ido aprobando y que suponían además un avance en el reconocimiento del derecho a la vivienda, mientras que el Gobierno español no aplica las
sentencias del Tribunal de Justicia Europeo, que considera las leyes del Partido Popular contrarias a los derechos de la ciudadanía. Y es que el Gobierno no duda en atacar las competencias autonómicas en un intento por lograr en la vía judicial lo
que no consigue por la vía política. Una de las recurridas, la Ley de Vivienda vasca, ha supuesto un importante paso adelante al reconocer la vivienda como derecho subjetivo. Es, por tanto, un instrumento para hacer frente a los desahucios. En
definitiva, es un avance para combatir la cruda realidad de que cada vez hay más vivienda vacía y más personas sin casa. Por ello, al igual que desearíamos avances similares para la ciudadanía en el Estado y estamos dispuestas a apoyar los que
suponen las medidas que se contemplan en esta iniciativa, le pedimos a Podemos -en justa reciprocidad- que respete y defienda nuestras legítimas decisiones, así como el avance social que ellas suponen. Llegado el caso, presentaremos enmienda en ese
sentido y esperamos que sea apoyada.
Con relación al contenido de la ley, me gustaría hacer un par de apuntes. Vosotros mismos reconocíais que tiene muchas cosas que mejorar, y el trámite parlamentario está para eso. Sin más, voy a hacer una serie de apuntes sobre el
contenido. Quiero reiterar -cómo no- nuestra oposición al copago farmacéutico y, por tanto, a la limitación del derecho a la salud en toda su integridad. Asimismo, quiero mostrar nuestra más firme apuesta por medidas que acaben con la pobreza
energética. Si sale adelante la iniciativa, en el trámite parlamentario habrá tiempo para poder hablar de todo ello. Y en cuanto a la violencia machista, quiero destacar dos carencias a nuestro entender importantes que hemos encontrado. Por un
lado, el olvido de la violencia intrafamiliar, ya que la violencia machista es algo más que la producida por la pareja o la expareja a la que se hace referencia. La violencia ejercida de padres a hijas, por poner un mero ejemplo, también es
violencia machista. Por otro lado, hemos echado de menos un artículo 15 en esta materia: un plan de emergencia para los agresores que conlleve agilidad en los procedimientos y vigilancia a ellos -no a las agredidas- para que no vuelvan a hacerlo.
Esto ayudaría a tener un poquito más de paz a las agredidas y en muchos casos, además, volviendo al inicio de la propia ley, supondría que no tuvieran que abandonar su vivienda, de manera que no habría que dar una solución a un problema sino que
evitaríamos que ese problema existiera. Pero, como decíamos, esperemos que la tramitación de esta proposición de ley siga adelante y entre todos y todas podamos hacer mejoras.
Eskerrik asko.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora diputada.
Por el mismo grupo, señor Bataller.
El señor BATALLER I RUIZ: Gracias, señora presidenta.
(Comienza su intervención en valenciano recordando a Gillem Agulló.-Aplausos).
La necesidad perentoria de esta proposición de ley entendemos que se explica por sí misma, porque la gestión de la crisis que ha llevado a cabo el Gobierno saliente del Partido Popular, como ustedes saben, ha supuesto un proceso de
socialización de pérdidas. Quienes más se han beneficiado del modelo neoliberal resulta que son ahora los que evaden sus excesos e irresponsabilidades, a veces a Panamá u otros paraísos, y en cambio nos imponen las consecuencias al conjunto de la
sociedad, donde los más vulnerables son los más perjudicados. Con el espíritu del Pacto del Botànic y la experiencia del Gobierno valenciano, en el cual la prioridad máxima y nuestro lema ha sido rescatar a las personas, hemos de actuar también a
nivel estatal ante la situación de emergencia social en la que estamos inmersos. Nos gustaría -también aquí, en el Estado- tener un Gobierno que pudiera activar iniciativas como la presentada por el Consell de la Generalitat Valenciana
recientemente con la Ley de Función Social, que busca hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y asequible.
Recordarán que la semana pasada aquí se produjo un hecho, que no se repite mucho, y es que asistimos a una votación unánime sobre la necesidad de aumentar las cuantías del salario mínimo interprofesional. Tuve oportunidad de intervenir en
el debate previo y ahí ya dije que nosotros no queremos vidas mínimas sino vidas dignas y hoy, desde Compromís, nos reafirmamos en esta idea, apoyamos esta ley 25, de emergencia social y democrática, para la verdadera universalización, sin trabas,
de los derechos en materia de sanidad, vivienda y suministros energéticos, especialmente cuando la gente no tiene dinero o ha sido víctima de violencia machista o es vulnerable por cualquier otro motivo. Nosotros apostamos por este plan de choque
contra la exclusión, contra la pobreza, porque queremos que por fin en este país se despierte del mal sueño en el que los derechos básicos reconocidos en la Constitución han de ser todavía peleados, reconquistados, porque en la anterior legislatura
han corrido un serio peligro.
Señoras y señores del Partido Popular, reconozcan que definamos como definamos nuestras cifras macroeconómicas, lo cierto es que hoy mucha gente en nuestro país lo está pasando mal y necesita soluciones urgentes. Por ellos, para ellos, les
pido un voto unánime a favor de esta ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Bataller
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, señor Legarda.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, señora presidenta.
Una de las claves de los países avanzados es su nivel de conciencia, de su espíritu. Sus principios de vida y la conducta de las personas se estructuran sobre la prevalencia del espíritu sobre la materia, y su desarrollo se halla sustentado
en valores: la ética y la moral pública, la transparencia, la colaboración, la responsabilidad, el respeto a las personas y sus bienes, el respeto al derecho y a sus normas, el deber y también la solidaridad. El Partido Nacionalista Vasco, en su
ya larga historia, siempre ha sido un partido de valores, y uno de ellos es el de la cohesión social. Siempre hemos defendido como filosofía política que una sociedad con desarrollo económico pero sin cohesión social no es deseable pero tampoco
sostenible. Desarrollo económico y cohesión social deben ir unidos. El futuro de toda sociedad consiste en un trabajo colectivo, en un esfuerzo continuado, en el respeto al pluralismo ideológico y político. Por ello, propugnamos y practicamos
allá donde gobernamos -Gobierno vasco, territorios históricos y ayuntamientos vascos- el modelo de una sociedad cohesionada, con servicios públicos esenciales garantizados, unas políticas sociales sostenibles, avanzadas, con sostenibilidad económica
y presupuestaria y con seguridad jurídica, pero sin perder sus objetivos: igualdad de oportunidades y protección de los más débiles. En definitiva, siempre hemos apostado por una convivencia dúctil, adecuada a nuestras peculiaridades
histórico-políticas, en una sociedad desarrollada económicamente y cohesionada socialmente, sin dejar a nadie atrás, sin fracturas sociales, ya que a través de estas se nos diluye la sociedad, porque lo que importa son las personas. Por último, en
estas primeras consideraciones también queremos recordar que los países líderes en competitividad y desarrollo humano son países altamente descentralizados, países con regiones, con marcos institucionales propios y países con regiones con políticas
y estrategias de toda índole, también las sociales diferenciadas y estables. Por ello, el autogobierno vasco significa modelo de servicios públicos esenciales que funcionan, de calidad, con equidad, con buena gestión, sostenibles y planificados,
que buscan mejorar el nivel de vida de la sociedad vasca, garantizando un umbral de dignidad a las personas, un país desarrollado plural, cohesionado y solidario. Señorías, estamos dispuestos a compartir este modelo, siempre y cuando se respete al
máximo nuestro autogobierno secular. Defendemos nuestro Estatuto, pactado con el Estado y ratificado por la ciudadanía vasca, y nuestros valores.
Señorías, estos principios serán el canon de enjuiciamiento que vamos a tener en cuenta para considerar la proposición de ley que ahora debatimos y desde cuatro puntos de vista. Primero, desde la perspectiva de nuestro autogobierno.
Tenemos que afirmar que, si el Partido Popular utilizó en la anterior legislatura la crisis económica para centralizar políticas públicas, es ahora Podemos quien pretende utilizar la crisis del Estado del bienestar para centralizar otras políticas
públicas y seguir transformando la autonomía política de Euskadi y de otras naciones del Estado español en meras autonomías de gestión. Nosotros, los nacionalistas vascos, al menos aspiramos a profundizar en nuestro autogobierno, que se nos permita
desarrollar políticas y estrategias propias, no amenazadas por tendencias centralizadoras ni uniformizadoras, que no nos las coarten, como hizo el Partido Popular, pero que ahora tampoco nos las impongan como pretende Podemos.
Defendemos para Euskadi y su ciudadanía un Estado del bienestar con voz propia, como en todos los países líderes en competitividad y bienestar en desarrollo humano, no como la proposición de ley, que
pretende imponernos unas políticas públicas en materia de vivienda y pobreza energética y en la que se reconocen una serie de derechos públicos subjetivos a determinadas personas en situación de necesidad. Ya hemos dicho, y es notoriamente
conocida, la inspiración social del Partido Nacionalista Vasco y sus instituciones, que hace que Euskadi cuente con el sistema de protección social más denso del Estado español y a nivel de los más avanzados de Europa. Ya en el año 1989, hace
veintisiete años, se creó el derecho público subjetivo a una renta de garantía de ingresos y las ayudas de emergencia social en las que se incluían la suficiencia energética y las ayudas al alquiler de viviendas. En estos conceptos nos gastamos en
el último ejercicio en el Gobierno vasco casi 500 millones de euros y las diputaciones forales destinan casi un 40 % de sus recursos a los servicios sociales. En concreto, Araba, 151 millones; Bizkaia, 472 millones, y Gipuzkoa, 345 millones. Un
total de casi 1.500 millones, el 11 % de todos los presupuestos del Gobierno vasco y las diputaciones forales.
Por ello, la proposición de ley, además de vulneradora de nuestras competencias exclusivas, no nos enseña nada. Al igual que ha venido haciendo el Partido Popular, ahora ustedes, de Podemos, pretenden mantener el papel preeminente del
Estado para fijar las grandes políticas públicas, ahora las asistenciales, que son competencia exclusiva de Euskadi, Cataluña y otras comunidades autónomas, y con un grado de detalle que el PSOE no hizo en su día. Sirva como botón de muestra el
artículo 28 y la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2004, de medidas integrales contra la violencia de género, y compárense con la proposición ahora debatida. Se degrada la autonomía política de Euskadi, y ello utilizando los
mismos instrumentos que ha utilizado el Partido Popular, no considerando que la materia de asistencia social es una competencia exclusiva, no considerando que existen competencias exclusivas de Euskadi, utilizando títulos competenciales del Estado
fortalecidos por esa intervención competencialmente invasiva. Si el tótem del Partido Popular fueron los artículos 135 y 149.1.13.ª de la Constitución, ahora Podemos recoge el guante y, con la misma finalidad centralizadora, utiliza el artículo
149.1.1.ª como fuente universal de atribución competencial. Curiosa manera, señores de Podemos, de inaugurar su pregonado reconocimiento del derecho a decidir de las naciones históricas del Estado español.
En definitiva, nos proponen un modelo de gobernanza de carácter centralista que desdibuja el reparto competencial del bloque de constitucionalidad, al menos para aquellas comunidades autónomas, como la de Euskadi, que muestran una mayor
voluntad de autogobierno, quedando así como meras gestoras de políticas públicas diseñadas de manera uniforme desde el Estado, sin margen para el desarrollo de políticas propias en estas materias. Y el instrumento utilizado para ello ha sido el
artículo 149.1.1.ª de la Constitución -la referencia al artículo 149.1.25.ª nos parece pintoresca, por decir alguna cosa-, dotándolo de tal extensión para legitimar el diseño de políticas públicas imperativas, uniformizadoras y sin límite de
profundidad. No compartimos ni política ni jurídicamente esta manera de entender y estirar títulos competenciales del Estado horizontales, tales como el artículo 149.1.1.ª, el artículo 149.1.13.ª y el artículo 149.1.18.ª, en ámbitos exclusivos de
Euskadi, y compartimos menos aún que se haga uso del artículo 149.1.1.ª para regular algo que no son derechos y deberes constitucionales, sino principios rectores de la política social y económica. Aun aceptando a meros efectos dialécticos que esos
principios rectores pudieran ponerse en conexión directa con la regla competencial del artículo 149.1.1.ª, su desarrollo normativo no podría en ningún caso tener una profundidad reguladora como la que se contempla en la proposición de ley ahora
debatida. Señorías de Podemos, han inaugurado en esta Cámara una manifestación inédita del centralismo, el democrático. Veremos qué da de sí.
En otro orden de cosas y examinada la proposición, tampoco compartimos los principios de sostenibilidad y responsabilidad que no atiendan, dado que no tiene una memoria económica. Tampoco compartimos el efecto confiscatorio que en algunos
preceptos se ve y que se compadece mal con el artículo 33.3 de la Constitución, porque no lo van a pagar...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Legarda.
El señor LEGARDA URIARTE: Voy acabando, señoría.
... no lo van a pagar quienes ustedes pretenden, sino los ciudadanos, a través de sus impuestos. Por último, hay una retahíla de graves deficiencias técnicas.
Por todas estas cuestiones, no nos opondremos, pero tampoco la apoyaremos, y si prospera haremos las enmiendas pertinentes en su tramitación.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Legarda.
Por el Grupo Parlamentario Democràcia i Llibertat, la señora Nogueras.
La señora NOGUERAS I CAMERO: Gracias, presidenta.
Me sorprende que a tantos les cueste entender que a muchísimos ciudadanos de Cataluña nos ilusione, y mucho, la independencia como instrumento para conseguir un Estado propio, un Estado que juegue a favor nuestro, un Estado que trabaje a
favor de las personas, a favor de nuestros ciudadanos, a favor de nuestras empresas, las pequeñas, las medianas y las grandes. Me sorprende que no puedan entender que nos ilusione dejar de depender de un Tribunal Constitucional absolutamente
politizado, cuyo presidente entró como presidente con el carnet del Partido Popular en su bolsillo. Este mismo Tribunal Constitucional lo ha vuelto a hacer, ha anulado el decreto de pobreza energética que ha aprobado el Parlament de Catalunya,
prohibiendo de esta manera que el Govern de Catalunya pueda garantizar suministros básicos a todas aquellas familias que no pueden pagar las facturas. (El señor presidente ocupa la Presidencia). No que no las quieran pagar, que no las pueden
pagar. En cambio, este mismo Tribunal Constitucional que tumba decretos de pobreza energética, no se escandaliza, por ejemplo, ante la construcción de una estación de AVE en un pequeño pueblo de Zamora que se llama Otero de Sanabria. Otero de
Sanabria tiene apenas veinte habitantes. No hay niños, no hay jóvenes en edad de trabajar, no hay farmacias, no hay supermercados, no hay bares, pero sí va a haber una estación de AVE que a todos nosotros nos cuesta 6,5 millones de euros. ¿Por qué
se penaliza la buena gestión de nuestros recursos y no se penaliza la mala gestión de nuestros recursos? Lejos de dar respuesta a las necesidades urgentes de nuestros ciudadanos y, además, incumpliendo y contradiciendo muchos compromisos
internacionales, una vez más esta política falla.
El Govern de Catalunya hace demasiados años que trabaja en medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y en el ámbito de la pobreza energética; demasiados años en los que Cataluña tiene que ir mirando hacia
atrás para ver cuándo llega la institución de turno española que tumba nuestras decisiones. Así que, hoy, me permito el lujo de decir que con más ganas que nunca de poder empezar a aplicar estas medidas en las que llevamos años trabajando, decimos:
prou, no passarem ni una més. Y no se tomen esto como un acto de desobediencia porque es un acto de responsabilidad política. Hoy en Cataluña hay más de 200.000 hogares en los que todos sus miembros están en el paro -todos-, 95.000 de estas
200.000 familias no perciben ningún ingreso. Así que, por todas las familias que se encuentran en la misma situación que estas 200.000, les pido que dejen de coser de acero el Estado español y empiecen a hacer la política, la alta política que se
nos exige. He empezado diciendo que el Tribunal Constitucional lo ha vuelto a hacer porque no es la primera vez, porque ya es una evidencia que se tumba de manera sistemática todo lo que se decide en el Parlament de Catalunya.
Como ha comentado el representante de Podemos, mis representantes políticos en Cataluña aprobaron la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para dar respuesta a las necesidades de emergencia en el ámbito de la vivienda y en el
ámbito de la pobreza energética, garantizando así el derecho de acceso a los suministros básicos. Incluso sus compañeros del Partido Popular en Cataluña votaron a favor de esta ley. De hecho, se aprobó por unanimidad. ¿También van a tumbar esta
ley las instituciones españolas? Esperaremos al 15 de mayo, aunque ya lo he dicho antes: prou, no pasarme ni una més. Porque tumbar decretos y leyes de derechos básicos de manera sistemática es no tener ni idea de lo que sienten y padecen los
ciudadanos, estos ciudadanos a los que nosotros estamos obligados a ayudar, a proteger y a ofrecer las herramientas necesarias. A muchos de ustedes les falta un requisito que personalmente creo que es básico para dedicarse a la política, y es la
empatía. Fallan muchísimas cosas, no solo falla el sistema autonómico como decía Montoro, fallan muchas cosas, y quizás un poco de empatía les ayudaría a mejorar las negociaciones. Digo que fallan muchas cosas y falla la política. Ni Cataluña, ni
España, ni ningún país pueden permitirse el lujo de que sus políticos fallen una vez y otra y otra. Desde aquí denuncio que este Gobierno está prohibiendo que Cataluña se ayude a sí misma, cuando Cataluña tiene plenas competencias para ayudarse a
sí misma.
Nuestra respuesta es sencilla, clara pero también contundente y definitiva: no vamos a permitir más la desprotección de los ciudadanos de Cataluña. Nos satisface que los grupos parlamentarios trabajen en consensuar medidas para afrontar
las situaciones de emergencia y nos satisface que lo hagan inspirándose en leyes vigentes que salen del Parlament de Catalunya y que aplica la Generalitat de Catalunya, y no vamos a ser nosotros quienes impidamos que tiren adelante estas leyes, pero
comprenderán que no podemos permitir que desde este Congreso se nos diga a Cataluña cómo debemos hacer las cosas.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Nogueras.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente.
Señor Mayoral, estamos sorprendidos e incluso cabreados; sorprendidos e incluso cabreados. De hecho sabíamos que teníamos frentes abiertos con el Partido Popular, con Ciudadanos y desgraciadamente también con el Partido Socialista Obrero
Español, pero nunca creímos que tendríamos que abrir un frente con ustedes, aun cuando ya les digo que vamos a votar a favor (Rumores). Sí, sí. ¿Saben por qué vamos a votar a favor? Porque estamos convencidos de que ustedes no tenían la voluntad
de hacer la chapuza que han hecho. (Risas). Sí, porque es inconcebible, inconcebible. Ah, y, por supuesto, porque compartimos los mismos anhelos de justicia social que tienen ustedes plasmados en esta iniciativa parlamentaria, y esto es mucho más
importante, pero ustedes deben reconocer que han presentado una chapuza. Porque no puede ser que ni tan siquiera se hayan tomado la molestia de introducir en el texto sobre qué artículos de la Constitución se sustenta todo lo que han transmitido y
han puesto a debate hoy aquí. ¿Debemos interpretar que todo lo que ustedes postulan lo argumentan a partir de lo básico de la Constitución: todo son principios básicos? Yo creo que esto sería fatal, porque sería desconocer que las comunidades
autónomas tenemos unas competencias fijadas en los estatutos de autonomía. Yo pregunto: ¿en qué ejercicio de competencias pretenden que se dicte esta ley? ¿Debemos entender que todos los artículos de esta proposición de ley tienen carácter
básico? ¿Dónde está el respeto a las competencias estatutarias? Y, ¿quién paga todo esto? Ustedes han hecho lo mismo ahora que normalmente hace el Partido Popular: por ejemplo, ellos legislan y las comunidades autónomas pagan. Así cualquiera
hace leyes, ¿no? Yo le invito a lo que quiera y usted, si sabe que pagaré yo, puede pedir el infinito, ¿verdad que sí?
Pues bien, estamos convencidos de que esto no se va a repetir; estamos convencidos de que no se va a repetir. Estamos convencidos de que ustedes en el trámite parlamentario corregirán, razón por la cual nosotros vamos a votar a favor, aun
cuando hemos manifestado nuestro absoluto desacuerdo con esta visión que es tan jacobina -tan jacobina- que incluso mataría sus postulados federalistas. Preferimos que haya confianza de los unos hacia los otros, y de la misma manera que nosotros
encajaremos sus críticas el día que seamos merecedores de ellas, creo que ustedes deberían hacer un ejercicio de honestidad y de honradez izquierdista, reconociendo que nunca más se va a repetir esta chapuza.
Pero lo importante también es decirles que todo aquello que ustedes defienden lo compartimos -y fíjense si lo compartimos, que Izquierda Unida, los compañeros del Bloque Nacionalista Galego, la izquierda abertzale y nosotros mismos desde
hace años hemos venido defendiendo en este mismo Parlamento lo que ustedes ahora reclaman, y además estamos orgullosos de que seamos más-, pero no solamente esto, además la instalación de una renta básica universal, fondos para atacar la pobreza
estructural, fondos de rescate múltiples y todo aquello que tiene que ver con la fiscalidad progresiva, los que más tienen más pagan, gravando las rentas del capital y no las del trabajo.
Pero, fíjense, nuestra posición es la siguiente. Para que podamos generar nuevos derechos fundamentales, a nuestro entender es necesario un proceso constituyente. Esta es nuestra tesis. En Cataluña tenemos la posibilidad, no sé si lo
conseguiremos, de iniciar un proceso constituyente que nos permita conquistar nuevos derechos subjetivos que no se limiten a estar como principios rectores en la Constitución, sino derechos subjetivos, nuevos derechos fundamentales, razón por la
cual nosotros les pedimos ayuda a ustedes. Porque si en Cataluña tenemos la posibilidad -vamos a ver si lo conseguimos- de iniciar un proceso constituyente que nos permita conquistar nuevos derechos fundamentales, es evidente que ustedes que
persiguen lo mismo para el conjunto del Estado español, estoy convencido de que nos ayudarán a hacer posible y hacer realidad este proceso constituyente que debe culminar con la proclamación de la República de Cataluña. Porque, claro, el proceso
constituyente en el Estado español no está ni se le espera, lo que sí es posible es una reforma constitucional del Estado español, pero, por desgracia, siempre será, al menos en los próximos tiempos, a nuestro entender, epidérmica porque Ciudadanos,
el Partido Popular y el Partido Socialista siempre se han negado incluso a contemplar intelectualmente la posibilidad de iniciar un proceso constituyente, por supuesto. De hecho, a ustedes mismos tampoco se les ve demasiado partidarios de un
proceso constituyente, y supongo que yo en su lugar también haría lo mismo, porque objetivamente no hay condiciones para ello. Digo esto porque si no iniciamos un proceso constituyente no será posible, repito, conquistar estos nuevos derechos
fundamentales porque esto obliga a empezar de nuevo, a hacer un reset, y esto no es posible si no existen o no se dan
las condiciones para una revolución de carácter democrático. No les hablo de una revolución social, pero sí les habló de una revolución democrática.
En este sentido, atendiendo al hecho de que quizás estemos ante uno de los últimos debates y de los últimos plenos de esta legislatura que al parecer va a periclitar pronto, vamos a instarles otra vez no solamente a dar apoyo a los
soberanistas catalanes -y digo soberanistas, no digo independentistas- en el proceso constituyente, sino que además les queremos recordar a ustedes -que seguro que se apuntarían a un proceso constituyente español- que si en Cataluña proclamamos la
República como culminación de este proceso constituyente, puede que se dé un escenario en el cual sea posible también el inicio de un proceso constituyente del Estado español y entonces estaríamos en condiciones de conquistar nuevos derechos
fundamentales.
En resumen, nosotros deseamos tener la máxima complicidad con ustedes, repito, deseamos tener la máxima complicidad con ustedes. Es más, hoy nos comemos un sapo y no nos importa. Nos comemos un sapo. Creemos que ustedes van a valorar este
sacrificio entrecomillado que hacemos los republicanos catalanes en beneficio del conocimiento recíproco, en beneficio de esta voluntad de colaboración, de complicidad y porque además estoy convencido de que lo que estoy defendiendo yo está también
compartido por muchos diputados y diputadas de su grupo parlamentario. De manera que votamos a favor, y en el proceso legislativo vamos a buscar la forma de delimitar exactamente las competencias de la Administración General del Estado y las de las
comunidades autónomas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardà.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Yáñez.
El señor YÁÑEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro país tiene problemas importantes que todos conocemos, problemas tales como la violencia de género y sus terribles consecuencias, la pobreza y la exclusión social que sufren millones de personas, incluso en familias en las
que algunos de sus miembros también tienen empleo, el drama de los desahucios o la necesidad de garantizar el acceso a la salud. Nuestra labor como legisladores es, precisamente, la búsqueda de soluciones reales a los problemas reales de los
ciudadanos y por eso anticipo que el Grupo Parlamentario Ciudadanos no bloqueará en esta Cámara un debate serio sobre todo este tipo de asuntos pero, ojo, hablamos de problemas reales de la ciudadanía y debemos trabajar para conseguir soluciones
reales a esos problemas, porque plantear soluciones inviables y demagógicas ante problemas tan serios podría acabar creando frustración entre quienes están sufriendo las consecuencias de esos problemas.
Una valoración técnica de esta iniciativa nos llevaría a criticar la falta de concreción en conceptos y definiciones básicas, la falta de atención a derechos de terceros o la ausencia de una memoria económica que explique cómo se haría
frente a las obligaciones económicas que implicaría esta ley. Lo de lanzar mensajes salvadores y promesas biensonantes sin calcular su coste o sin explicar cómo van a cuadrar las cuentas nos extraña menos viniendo de donde viene esta proposición de
ley. Da la casualidad de que tenemos en Europa un ejemplo reciente de un partido que se ha llenado la boca con promesas irreales, un partido además amigo de quienes hoy presentan esta iniciativa y, claro, ya conocemos el resultado de las promesas
irreales cuando luego no se cuadran las cuentas. Esta proposición de ley habla de asistencia sanitaria. Pues bien, en Grecia el Gobierno de Syriza ha aumentado los copagos sanitarios -se refiere a la pobreza energética- y el Gobierno de su amigo
Tsipras ha endurecido los criterios para acceder a bonos energéticos. Nos hablan de desahucios y el Gobierno griego, señores de Podemos, ha rebajado los criterios de protección frente a los desahucios. Y a mayores, su amigo Tsipras ha subido el
IVA, ha aumentado la edad de jubilación y ha efectuado un recorte salvaje en la cuantía de las pensiones de los pensionistas griegos. (Aplausos). Esa, señorías, es la realidad cuando se hacen promesas y luego no se cuadran las cuentas. Ya la
conocemos. Esa es la realidad de la demagogia: recortes indiscriminados que terminan sufriendo los más débiles, que además generan desconfianza para las instituciones y que abren la puerta a los radicalismos en Europa.
Y es que si traemos situaciones serias hay que hacer análisis serios. y con esto estoy pensando también en el señor Tardà, que habla de un proceso constituyente sin darse cuenta de que lo que defienden es un proceso deconstituyente, es
decir, ellos hablan de reformar la Constitución y lo que hacen sus juventudes (Aplausos) el 6 de diciembre es quemar la Constitución, no reformarla. Para reformarla hace falta bastante más. (Aplausos). Cualquier análisis serio hace ver que las
soluciones que aquí se plantean
suenan muy bien de cara a la galería, pero no es posible implementarlas. Chocan contra evidencias como la propiedad privada o el principio de seguridad jurídica y por tanto no sería demasiado atrevido decir que las soluciones que plantea
Podemos se dedican a crear frustración social.
Yo me pregunto quién gana implantando frustración entre quienes tanto están sufriendo las consecuencias de la crisis; y voy más allá y me pregunto qué pueden ganar en esa situación ustedes. ¿Merece la pena ganar o contar votos cuando lo
que están haciendo es tejer una sociedad enfadada y cabreada que tiene que acabar asumiendo que sus representantes públicos son incapaces de construir soluciones decentes a los problemas de los ciudadanos? Nosotros no hemos tirado todavía la
toalla, no estamos en esa postura y nos negamos a pensar que quienes hacen esos cálculos electoralistas vayan a terminar teniendo razón. (Aplausos).
Cuando me refiero a que las soluciones que aquí se plantean dejan mucho que desear, me refiero, por ejemplo, a que el texto no clarifica quiénes y bajo qué condiciones se encuentran en situación de emergencia social. Igualmente genera un
vacío legal al plantear el tema de la asistencia sanitaria únicamente bajo la premisa de derogar el Real Decreto-ley 16/2012 sin generar un marco normativo nuevo. ¡Y qué decir cuando se habla de la expropiación a los grandes tenedores de viviendas
en función del interés público sin determinar ni quiénes son los grandes tenedores de viviendas ni cuál es según ustedes el interés público y, sobre todo, tampoco explican cómo piensan pagar ustedes esas expropiaciones! No es solo eso, sino que en
algunos casos incluso se quedan cortos: limitan la garantía habitacional de las víctimas de la violencia de género a aquellos casos en los que su situación de vulnerabilidad viene precisamente de esa situación de violencia. Hay algunos que
pensamos que la ayuda a las personas que han sufrido violencia de género en cuanto a la solución habitacional tiene que ser independiente de cuál era su situación económica en el proceso de violencia y de su situación económica general. (Aplausos).
Por último, genera dudas igualmente en lo referido a los suministros básicos. Compartimos la necesidad evidente de garantizar la cobertura mínima ante las dificultades de cualquier familia, así como una política restrictiva en el corte de los
suministros eléctricos, pero entendemos que sería necesaria una base y unos mecanismos que la proposición de ley no establece con el fin de no caer en frustraciones como las que ya hemos sufrido -hace bien poco, además- en las que la justicia
termina dando un varapalo a las expectativas que otros han creado.
Hay que ser serios, señor Iglesias. ¿Ve usted esto? (Muestra unos folios con billetes del Monopoly). Son billetes del Monopoly, por si no los había visto. Permítame decirle que tenemos en el grupo parlamentario y en nuestro partido unos
cuantos economistas que didácticamente le pueden explicar por qué usted y yo no podemos ir al supermercado y pagar con billetes del Monopoly. (Risas y aplausos). Nuestros economistas, a los que usted falta al respeto constantemente, le pueden
explicar por qué el Estado tampoco puede pagar con billetes del Monopoly; y luego le damos la vuelta e intenta explicarnos usted si el increíble aumento del gasto público que pretenden lo van a pagar con billetes del Monopoly también. Nos lo
explica cuando quiera. Como decíamos, las soluciones que planteamos tienen que ser serias, creíbles, viables y su coste tiene que estar explicado y estipulado en la memoria económica que ustedes han olvidado en esta proposición de ley.
Como decía anteriormente, no se trata de un problema de diagnóstico; de hecho, compartimos en muchos casos algunos análisis que ustedes hacen. Insisto en que no son ustedes dueños únicos de la sensibilidad social en este Parlamento. Se
trata de la discrepancia entre quienes traen a este Parlamento brindis al sol que terminan generando expectativas frustradas y quienes nos sentimos en la obligación de trabajar para ofrecer a los ciudadanos soluciones reales a sus problemas.
(Aplausos). Se trata de la discrepancia entre quienes pretenden enfadar más a la gente y quienes creemos que todavía se puede ilusionar a los españoles con un proyecto y con unas soluciones que permitan avanzar y sacar adelante a nuestro país. Por
eso, tanto en nuestro programa como en el acuerdo de Gobierno que hemos firmado con el Partido Socialista, Ciudadanos ya ha tratado de poner encima de la mesa propuestas en estos ámbitos.
El acuerdo que el señor Iglesias intenta dinamitar a base de referendos separatistas en distintos puntos de España, y que el señor Rajoy -que vuelve a no estar- se niega tan siquiera a leer, incluye medidas de calado como, por ejemplo, un
paquete de 7.000 millones de euros -calculado seriamente, eso sí- para combatir la exclusión social. En el caso de la pobreza, a la que nosotros no ponemos apellidos -es pobreza-, Ciudadanos cuenta con la propuesta que más eficaz se ha mostrado en
países como Suecia, Reino Unido o Estados Unidos, el complemento salarial, pero es que el acuerdo con el Partido Socialista incluye también un ingreso mínimo vital para familias sin recursos. Este acuerdo genera soluciones a los problemas de la
vivienda ofreciendo viviendas de alquiler social adaptadas a las familias
que han sufrido un desahucio o planes de rescate personales, sobre todo haciendo inembargables las prestaciones sociales. Si hablamos de garantizar la asistencia sanitaria, el acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso recoge la
cobertura para todas las personas residentes en España, para los migrantes empadronados y para todos los menores de edad.
Por último, ese texto es una apuesta decidida en la lucha contra la lacra de la violencia de género en nuestro país, endureciendo las penas, aumentando la dotación presupuestaria para aquellas personas que tienen que ser protegidas de sus
agresores, a través del acompañamiento judicial personalizado, a través de la coordinación de todas las administraciones y ubicando el rechazo más absoluto a la violencia de género en el eje de los valores civiles de nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Yáñez.
El señor YÁÑEZ GONZÁLEZ: Termino.
Se pueden dar respuestas serias, señor Iglesias, algunos ya lo hemos hecho. El problema es que usted fue con el martillo pilón del referéndum a la mesa de negociación y no pudo enterarse porque solo resonaban en su cabeza el CNI, la
todopoderosa vicepresidencia y todos esos ámbitos sociales que a ustedes tanto les interesan: Televisión Española, el CNI o el Ministerio de Defensa. (Aplausos).
En resumen, coincidimos con la necesidad de articular soluciones a los problemas reales de los españoles. Por ello, como decía antes, nuestro grupo no bloqueará la toma en consideración de esta proposición de ley con el objetivo de abrir un
debate serio, porque Ciudadanos ya ha demostrado la capacidad de sentarse a dialogar, de buscar medidas concretas y de conseguir reformas para España sin necesidad de decir que no a todo o de pedir vicepresidencias y ministerios para nada sociales.
Y es que la situación de hoy es contradictoria. Ustedes están aquí...
El señor PRESIDENTE: Señor Yáñez, le ruego que concluya.
El señor YÁÑEZ GONZÁLEZ: Veinte segundos.
Ustedes están aquí defendiendo una proposición que va a seguir adelante gracias al compromiso social de Ciudadanos, y nosotros estamos aquí admitiendo que es posible tener que meter esta proposición de ley en un cajón porque ustedes siguen
diciendo que no a la posibilidad de formar un Gobierno en España. Si algún día, señor Iglesias, quiere dar un paso adelante, cruzar la abismal distancia que le separa de la realidad y ponerse a hablar de los problemas que afectan a los españoles, a
ustedes y a ustedes (señalando a derecha e izquierda de la Cámara), Ciudadanos lleva meses esperándoles en la mesa.
Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos, puestos en pie).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Yáñez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señor Mayoral, al escucharle desde la tribuna del Congreso de los Diputados pareciera que lo estuviera haciendo en un acto de campaña de su partido. Aquí no es necesario gritar, no es necesario sacar pancartas; en esta Casa, en la sede de
la soberanía del pueblo español basta con traer buenas iniciativas, haberlas trabajado, conseguir el apoyo de la mayoría, votarlas y ganarlas. (Aplausos). ¿Sabe además lo que falta para que esa ley que ustedes nos traen hoy aquí pueda ser una
realidad? Un Gobierno que la ejecute, que no será nunca el Gobierno de Rajoy. (Aplausos).
Coincidimos con ustedes en el análisis que hacen de la situación aunque he echado de menos que en ese análisis hicieran ustedes alusión a que en gran medida la situación de pobreza que hoy vive nuestro país se debe al Gobierno del señor
Rajoy, es consecuencia de las políticas que adoptó el Gobierno de la derecha. A veces parecen ustedes más preocupados de otras cosas que de derrotar a ese Gobierno y de criticar a ese Gobierno que ha originado la situación de pobreza que hoy vive
nuestro país. No insistiré en los datos, son escalofriantes, 3 millones de parados sin ningún tipo de prestación; 2,5 millones de niños en pobreza; casi 2 millones de familias que no pueden calentar sus casas; 750.000 hogares que no tienen
ningún ingreso. Eso es lo que nos mueve a nosotros, a los socialistas, a plantear un cambio de Gobierno, un Gobierno que acabe con la desigualdad y con el sufrimiento que está viviendo nuestro país como
consecuencia de las políticas del Partido Popular. Le decía que coincidimos en el diagnóstico. La crítica, señorías, es mucho más fácil que legislar y mucho más fácil que gobernar.
Señorías, señor Iglesias y cincuenta y siete diputados y diputadas que firman esta iniciativa, ya no son tertulianos de televisión. Ustedes han llegado a este Congreso de los Diputados a representar a las ciudadanas y a los ciudadanos
españoles. (Aplausos). Deben asumir que esto ya no va de dar titulares, ni totales, ni cortes de radio, esto va de legislar y, como se ha dicho en esta Cámara, esta iniciativa deja mucho que desear. Una ley es algo muy serio, afecta a millones de
personas. No solo contiene esta ley errores de forma, a lo que me referiré después, sino también tiene muchos errores de fondo. Lo que más le preocupa a mi grupo parlamentario es que una ley que dice atender la emergencia social de nuestro país no
aborde las causas ni ponga límites a esas causas, sino parches a las consecuencias. No se entiende, por ejemplo, que no se regule lo que tiene que ver con la falta de rentas o las rentas más bajas. Que no haga mención a planes de choque para el
empleo, ni a la protección social de los desempleados o a un ingreso mínimo vital. Echamos de menos la atención a la situación de pobreza infantil o a la desprotección en la que viven hoy las personas dependientes. Por tanto, lo que nos ha llamado
la atención a priori han sido estas ausencias. Pero, señorías, si no lo remediamos, y aunque esta ley pase el trámite parlamentario de toma en consideración, sucederá que esta ley ni siquiera agote el plazo de enmiendas, porque si no lo remediamos,
si el día 2 de mayo se convocan elecciones, esta ley queda agotada, decae y no hay solución a ninguna de las propuestas que aquí se han recogido. (Aplausos).
Entro en el contenido de la ley, y empiezo por el título: Ley 25 de Emergencia Social. Queda bien como titular, pero la técnica legislativa dice que el título de una ley debe referirse a lo que en ella se contiene; que cualquier persona
que lea el título de la ley sepa a qué se refiere. Por tanto, debemos obviar expresiones genéricas, citas, números, etcétera. Pero si entramos a leer el preámbulo, empezamos a saber qué es lo que querían ustedes decir con eso de Ley 25, y es que
quieren desarrollar el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Seguimos leyendo la ley. El artículo 1 comienza diciendo que la presente ley tiene por objeto establecer los mecanismos para atender las necesidades más
urgentes de emergencia social. Con todo esto y con la extensión que tiene el artículo 25, que ya se ha leído aquí, teniendo en cuenta que ustedes quieren desarrollar la emergencia social en nuestro país, pensaríamos que iban a abordar en su
totalidad la situación de emergencia. Pero no, se han quedado solo en tres cuestiones: la asistencia sanitaria, la vivienda y los suministros energéticos. Son solo tres cuestiones las abordadas y, además, lo hacen ustedes de manera incorrecta,
sesgada e ineficaz. No me voy a detener más en la técnica.
Paso a hacerles una última consideración general, que también se ha puesto sobre la mesa esta tarde y que es importante, la que tiene que ver con la dotación económica. Dicen ustedes que esta ley no genera incremento de dotaciones, ni de
retribuciones, ni de otros gastos de personal al servicio público. En esta ley, hacen caer el peso de la gestión de los servicios en los trabajadores de los servicios sociales de nuestro país, que verían incrementada la carga de trabajo. Hacen
recaer sobre ellos todo el peso de las actuaciones en materia de vivienda y de energía. Choca esto con la realidad que hoy viven los servicios sociales en nuestro país y que ustedes parecen desconocer. La pasada legislatura se llevaron a cabo
grandes recortes en lo que tuvo que ver con el plan concertado y la Ley de Bases del Régimen Local, que limitaron estos servicios sociales y que hoy están en déficit, con lo que no pueden asumir más carga de trabajo si no les dotamos de más medios.
No es serio decir que la gestión de emergencia social se puede abordar sin poner encima de la mesa más medios, porque eso es engañar a la ciudadanía.
Respecto al derecho a la salud, volvemos a entrar en su técnica legislativa. Título primero, artículo único. Este artículo suprime el artículo completo y parte de otro, el artículo 1, y también del apartado decimotercero del artículo 4 del
Real Decreto 16/2012. Con esta supresión, señorías, ustedes no están recuperando la sanidad universal, que es lo que interpreto que deseaban hacer con esta ley, y nos están dejando en el vacío legal. Señorías, ahí tienen ustedes la proposición de
ley para recuperar el Sistema Universal de Salud del Grupo Socialista, que serviría de base a enmiendas de esta ley y que, sin duda, es una propuesta seria para abordar y recuperar la sanidad universal. (Aplausos).
En materia de vivienda me sorprendían también, señor Mayoral, las citas y lo que usted ha dicho que recoge esta ley. Me hubiera gustado que hubiera señalado en qué artículos concretos de esta proposición de ley que usted nos ha presentado
se recogía, por ejemplo, la dación en pago o la reestructuración de la deuda. Sencillamente, no aparecen en el articulado de la ley. Han perdido ustedes una oportunidad de reflejar en esta ley las medidas que llevan tiempo haciendo y diciendo en
diferentes sitios. Pero más grave nos parece aún que en materia de vivienda no se reconozca en ningún artículo de la ley qué requisitos
deben cumplir las personas desalojadas para que se haga efectiva la garantía del realojo. No dicen ustedes quiénes son los beneficiarios. Por tanto, esta ley queda sin sentido y sin poderse aplicar a aquellas personas que lo precisan.
En cuanto a la garantía habitacional a las mujeres víctimas de violencia de género, me van a permitir sus señorías que les hable con toda la autoridad moral de quien pertenece a un grupo parlamentario que impulsó la primera ley, la Ley
Integral de Lucha contra la Violencia de Género. (Aplausos). Nosotros creemos que la problemática de la violencia de género ha de abordarse de manera global, no de manera tangencial, como ustedes hacen refiriéndose solo a la posibilidad de ese
recurso habitacional. Si de lo que se trata es de alejar a la víctima del maltratador no basta solo con dotarle de una vivienda o de un recurso habitacional. La violencia de género tiene muchas aristas y el acceso a la vivienda de partida, sin
garantías de atención y de protección, no puede representar una ayuda para las mujeres que la padecen aun debiendo asegurarse la misma.
Termino con el suministro energético. ¿Quién paga? ¿Quién paga esto? ¿Las eléctricas? ¿De verdad lo creen? ¿De verdad creen que esto lo pagarían las eléctricas? No, esto no lo pagarían las eléctricas; lo pagaríamos todos nosotros en
la factura de nuestros consumos. Nosotros creemos, coincidiendo en el objetivo, que la propuesta sería que lo financiáramos a través de los Presupuestos Generales del Estado, reconociendo que se trata de una política social y que el propósito es
dar garantías a todas esas familias que no tienen recursos ni manera de atender sus casas.
Señorías, señor Iglesias y los cincuenta y siete firmantes, esta ley va a pasar el trámite; nosotros la vamos a apoyar, pero puede decaer en quince días y no será ley porque ustedes no van a apoyar al Gobierno que la lleve a cabo. ¿Y sabe
por qué la vamos a apoyar? Porque nosotros votamos con ustedes para corregir las políticas de Rajoy, mientras ustedes votan para mantener a Rajoy en el sillón de La Moncloa. (Aplausos). Eso es lo que sucede. Esa es la diferencia entre ustedes y
nosotros. Esto es lo que no se entiende, señor Iglesias. Comprendo que le resulte difícil de explicar, pero esto es lo que no se entiende. No se entiende que usted no quiera sumarse a un Gobierno de cambio para no solo aprobar esta ley 25, como
ustedes la llaman, sino para subir el salario mínimo, el ingreso mínimo vital, la protección a los desempleados, para atender de verdad la emergencia social. Les pido que miren -como decía el señor Mayoral- a los de abajo, a los que les votaron,
porque seguro que ellos sí preferirían un Gobierno y un presidente socialista a que siga Rajoy sentado en La Moncloa. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Romero.
La señora ROMERO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para explicar el posicionamiento del Grupo Parlamentario Popular respecto a la ampulosamente llamada proposición de ley de emergencia social; un texto -coincido con otros intervinientes- de pésima técnica
legislativa, en el que los proponentes mezclan una amplia diversidad de materias sin indicar ni las normas ni qué marco jurídico pretende modificar y absolutamente falto de propuestas que suplan la legislación vigente, en definitiva, un cajón de
sastre que además deja vacíos normativos.
Señorías, lo que debatimos hoy no es una proposición de ley sino un programa electoral o, mejor dicho, una nueva performance como esas a las que en este Congreso nos tienen acostumbrados bajo el aspecto de proposiciones de ley. El único
hilo conductor del texto lo encontramos en el preámbulo, la llamada emergencia social; un preámbulo en el que muestran un paisaje desolador provocado por la crisis financiera y la economía de corte capitalista. Es una obviedad repetir que la
crisis provocó nefastas consecuencias para los españoles, porque esa crisis de origen financiero derivó en una crisis económica social, una crisis a la que el Gobierno del Partido Popular tuvo que hacer frente.
Señorías, en su preámbulo hablan de la crisis y de la emergencia social que originó, como si no se hubiera hecho nada hasta el momento. Y yo me pregunto: ¿Son conscientes de que cuando llegamos al Gobierno se habían destruido 3,5 millones
de puestos de trabajo?, ¿de que en 2010, el momento más crucial de la crisis, no había Plan de inclusión social?, ¿de que los impagos acumulados al tercer sector, que se dedicaba al apoyo a los más vulnerables, ponían en serio riesgo su labor?,
¿de que las pensiones estaban congeladas? Sí, señorías, algunos son nuevos en política, pero eso no significa que se puedan hacer los nuevos. ¿Dónde y en qué estaban mientras esto pasaba? Quizás en otras cosas y en otras latitudes más cálidas.
Quizás allí donde se respetan los derechos humanos, como Venezuela, donde hay
una inflación, según el FMI, del 1.643 %. (Aplausos). Eso sí facilita llenar las neveras a las familias. O quizás en Ecuador, porque aquí estaban con lo de la plataforma de afectados por la hipoteca, pero hoy he leído en la prensa que los
afectados por la hipoteca han ido a la embajada de Ecuador a preguntar por qué los señores Esteban Melo y Dora Aguirre, congresistas de la Asamblea de Ecuador por Alianza País, el partido del presidente Correa, dicen que eso no era por mera
liberalidad ni por amor al arte, sino por 759.936 euros. (Aplausos). Eso es estar al lado de los afectados.
Ustedes vienen aquí con sus tics mesiánicos y sus quimeras destructivas, diciendo que lo arreglan todo en media hora, derogando precisamente lo que ha funcionado. Hemos trabajado para que el año 2015 se cierre con 553.000 afiliados más a la
Seguridad Social y 79.000 pensionistas más en el sistema. Hoy estamos gastando 50.000 millones de euros más en protección social que en 2007, el gasto social en España está por encima del 65 % del total del gasto público y 13,8 millones de personas
reciben una prestación del Estado. Quizá son pocas, quizá no son las suficientes. ¿Que podemos seguir trabajando?, ¿que debemos avanzar? Sí, pero con medidas irreales y sin encaje legal, no.
En el título I se ocupan de la protección de los derechos a la salud, y lo que hacen es derogar los artículos 1 y 4, apartado 13, del Real Decreto-ley 16/2012; un decreto que tuvimos que poner en marcha porque la deuda sanitaria creció un
173 % entre 2009 y 2011, hasta alcanzar los 16.000 millones de euros, y también para corregir una sanción de Bruselas y la paralización de los fondos comunitarios por una incorrecta regulación de la cobertura de la tarjeta sanitaria. ¿Saben que en
España hasta el año 2012 había más de 200.000 españoles que pagaban sus impuestos y no tenían cobertura sanitaria? Con lo que pretenden derogar dimos cobertura a profesionales como abogados, ingenieros o arquitectos, así como a los parados que
estaban excluidos y habían agotado la prestación por desempleo y que también abonaban el 40 % de los medicamentos. A las pruebas me remito. Hoy hay alrededor de 800.000 tarjetas sanitarias más que en diciembre de 2012. ¿Pretenden derogarlas
también?
En el título II tratan de la protección al derecho a una vivienda digna y adecuada, y aquí es cuando la proposición pasa a ser un despropósito legislativo cercano al panfleto. ¿En qué norma pretenden incardinar la prohibición de los
desalojos? ¿A cuántos artículos y a qué textos quieren afectar? ¿Cómo se cuadra su regulación con los derechos constitucionales? ¿Estamos en el exprópiese, señorías? ¿Qué efectos fiscales y reducción de ingresos en ayuntamientos, comunidades
autónomas y Estado por IBI, IRPF, impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados tendría su propuesta? Es todo una incógnita, pero ¿y lo bonito y lo vendible que les ha quedado el texto?
Señorías, seamos serios, ya se han adoptado medidas que han beneficiado a 55.195 familias y se han suspendido 17.551 lanzamientos a través de la moratoria hipotecaria. Por supuesto que estamos de acuerdo en que se puede seguir avanzando,
pero lo que no se puede hacer es prometer imposibles. Donde gobiernan prometieron desalojos cero, luz y agua para todos, pero pregunten por ejemplo a su compañero el alcalde de Cádiz, que utilizó a los vecinos de la corrala de La Bahía para
conseguir votos y ahora van los vecinos a los Plenos a decirle que ni agua, ni luz, ni desalojos cero, ni nada de nada. (Aplausos). O pregunten en Madrid, donde decían que había 20.000 soluciones y solamente han hecho 100 mediaciones. (Aplausos).
Señorías, como proposiciones como esta, que dinamitan el ordenamiento jurídico, llevan al exprópiese, judicialícese y páguese con los impuestos de todos, no vamos a ninguna parte.
En la sección titulada De la garantía habitacional de las mujeres víctimas de violencia machista, restringen el paraguas protector, porque en su definición exigen para el acceso a la vivienda -también se da el acceso a la vivienda no solo
por necesidad económica sino cuando lo necesiten para su recuperación- la necesidad de convivencia y olvidan a las víctimas de violencia doméstica. El derecho reconocido en la proposición de ley restringiría los derechos de las víctimas.
Cuando se ocupan de la protección de los suministros energéticos básicos, ustedes no dicen quiénes son los colectivos vulnerables, tan solo hacen una mención a un criterio de renta, eso sí, sin especificar. La ley pretende solucionar un
problema que no concreta ni cuantifica. Señorías, la legislación actual sí define cuál es el bono social; lo que ocurre es que ustedes dicen que los criterios son acumulativos, y no, no son acumulativos, son alternativos: los suministros de
vivienda habitual de menos de 3 kilovatios de potencia o -y no y- la familia, o -y no y- los hogares con todos sus miembros en paro, o -y no y- los jubilados con pensiones mínimas. Evalúan por igual todos los cortes de suministro por impago, sea o
no por emergencia social. Le informo que de todos los cortes por impago, en más de la mitad de los casos se abona la deuda en menos de veinticuatro horas y el 85 % se solventa en menos de un mes. Señorías, ojalá la situación de emergencia social
no existiera y, si lo hiciese, ojalá durara tan poco. Mi grupo no
cuestiona que existan personas en situación de riesgo de exclusión social que deban ser urgentemente atendidas, al contrario, pero creemos que debe hacerse siempre dentro del orden constitucional y no al margen del mismo. Y también soy de
las que ven los molinos y no los gigantes, ya que si tuviéramos que acompañarlo de una memoria económica y respetar el ámbito competencial, el presupuesto sería desorbitado para Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos. ¿Pero a ustedes qué les
importa la Constitución y el sistema de bienestar que tanto trabajo nos ha costado a los españoles? Quieren dinamitarlo y la prueba son propuestas populistas como estas, sin encaje constitucional, que prometen el cielo pero que cuestan el infierno
a quien les cree.
Señorías, es obvio que manifestamos nuestro criterio contrario a la propuesta y no somos los únicos que lo hemos hecho. El Grupo Podemos presentó una muy similar en el Parlamento andaluz y el Consejo de Gobierno socialista manifestó su
criterio en contra. Como todos conocen, en mi tierra no hay problemas de emergencia social, así que supongo que deberán plantear una enmienda en el texto que diga que este no será aplicable a Andalucía porque allí hay 8,4 millones de españoles a
los que no les vale esta ley, porque allí el Gobierno andaluz lo borda y eso de que el riesgo de pobreza y exclusión social se sitúa 13,1 puntos por encima del conjunto de España es una visión catastrofista del PP. Ahora aquí, todos lo hemos oído,
van a apoyarla. Aquí tienen unos criterios y allí otros. Pero, señorías, en política no todos estamos dispuestos a rechazar principios y valores, así que no todo nos vale, y para utilizar a los más vulnerables con propuestas irrealizables no
cuenten con mi grupo, porque no le vamos a abrir las puertas a ese caballo de Troya envuelto en un celofán de buenas intenciones.
Muchas gracias, señor presidente, señorías. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Romero.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), RELATIVA A LA ADOPCIÓN URGENTE DE MEDIDAS PARA EVITAR LA QUIEBRA Y DESAPARICIÓN DEL SECTOR SIDERÚRGICO. (Número de expediente 162/000173).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto segundo del orden del día, relativo a las proposiciones no de ley, y comenzamos con la del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la adopción urgente de medidas para evitar la quiebra y la
desaparición del sector siderúrgico. Para su presentación tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna en nombre del Grupo Vasco para exigir al Gobierno que se implique y adopte medidas con el fin de defender y garantizar el futuro del sector siderúrgico en el Estado español. (Rumores). No vale, señores del
Gobierno...
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor AZPIAZU URIARTE: No vale, señores del Gobierno -hoy el señor Rajoy y el señor Soria están ausentes-, escudarse en que el Gobierno está en funciones para evitar cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la inacción y de la
dejadez de este Gobierno. Los problemas, como el del futuro del sector siderúrgico, no están en funciones, están presentes y agravándose día a día. El tema fue tratado incluso en la última cumbre del Consejo Europeo, y eso es porque realmente
preocupa en Europa. Seguro que Alemania, Francia y otros no están de brazos cruzados sin hacer nada. Por el contrario, su Gobierno ha despachado el asunto simplemente enviando una carta a la comisaria de Industria, señora Bienkowska, carta que nos
fue entregada la pasada semana, una carta sin fuerza y sin compromiso. No es un asunto que se pueda resolver solo por la vía diplomática, señores del PP, sino que es un problema que hay que abordar con firmeza, con seriedad y con urgencia. Esto es
lo que está haciendo el Gobierno vasco y lo que desde el Grupo Vasco le pedimos a su Gobierno: que actúen, que actúen como deben, aunque estén en funciones, porque cuando cierren las empresas y los trabajadores vayan al paro no lo harán en
funciones, lo harán de verdad, y muchos de ellos, desgraciadamente, para siempre. Por eso, insisto, les exigimos trabajo e implicación, compromiso con el futuro del sector siderúrgico y con el de sus trabajadores.
A la caída de la demanda de productos siderúrgicos, derivada de la crisis económica, con especial incidencia en el sector de la construcción, se le suma el exceso de capacidad como consecuencia del aumento del peso del sector en China, que
produce ya más de la mitad de la producción mundial: 800 millones de toneladas al año, de los cuales 350 millones son excedentarios, y gran parte de estos se venden en Europa por debajo del coste de producción, es decir, haciendo dumping, alterando
la competencia y afectando muy negativamente al presente y al futuro del sector en la Unión Europea. Hay que defenderse en Europa de la competencia desleal. China hoy no es una economía de mercado al uso y como tal hay que tratarla. Estados
Unidos se defiende aplicando elevadísimos aranceles. De los 166 millones de toneladas al año que se producen en la Unión Europea, Alemania produce 42, Francia y el Estado español 15 millones de toneladas. Pues bien, de esos 15 millones, casi la
mitad se produce en Euskadi, empleando a más de 28.000 personas directa e indirectamente en el sector siderometalúrgico. Hace unos pocos días ArcelorMittal confirmó que se iba a cerrar la planta de Zumárraga: 325 empleos directos y 250 indirectos.
También se paralizó recientemente -esperamos que temporalmente- la acería compacta de Bizkaia: otros 350 empleos directos y otros tantos indirectos; más de 1.000 afectados. Ya sufrió la siderurgia vasca desde la crisis del año 1975. Actualmente,
la dimensión es mucho más reducida, más moderna y con tecnología avanzada, aunque también es preciso invertir en el sector, pero no se puede sufrir más. Tenemos que defenderla entre todos para que no desaparezca.
Por otra parte, señores del Gobierno y del Partido Popular, hay que ir dando pasos internos también para la defensa del sector y tampoco cabe esperar para ello, sino actuar, máxime teniendo en cuenta que la formación de Gobierno puede ir
precedida de unas elecciones a finales de junio y que su constitución puede retrasarse en exceso a estos efectos. La energía, y sobre todo la electricidad, es un input fundamental del sector. Al ser consumo intensivo de electricidad, su coste es
un elemento directo que determina la competitividad. Pues bien, el sobrecoste eléctrico del Estado español es un 33 % mayor que el de Francia, un 27 % mayor que el alemán y un 22 % mayor que el de la media europea. Teniendo en cuenta que el coste
energético supone entre el 15 % y el 20 % del coste de la producción, mientras que la mano de obra supone un 10 %, sobra cualquier comentario. Por tanto, hay que aliviar la factura eléctrica. Muchas medidas son posibles. En Alemania se aplican
exenciones fiscales que pueden alcanzar incluso hasta el 96 % en el caso de la electricidad. Pueden aplicarse medidas de eficiencia energética: se pueden sacar de la factura los costes ajenos a la generación de la electricidad, como las primas a
las renovables, los pagos de las anualidades del déficit, las extrapeninsulares, etcétera. Estas y otras medidas están en sus manos, señores del Gobierno. No lo está desgraciadamente el control de la propiedad, cada vez más ajeno y más lejano de
estas empresas, pero les pedimos por eso que actúen y que lo hagan con urgencia. La realidad así lo requiere, la realidad no está en funciones. Desde el Grupo Vasco les hemos pedido información, hemos solicitado la comparecencia del ministro, le
hemos pedido información por escrito... No hemos recibido ninguna respuesta.
Esperamos un apoyo unánime a esta iniciativa, que debe servir para que el Gobierno defienda la siderurgia en Europa frente al dumping chino y adopte internamente medidas en el ámbito eléctrico para garantizar el futuro, la viabilidad del
sector y sus empleos.
En cuanto a las enmiendas presentadas por los diferentes grupos, quiero señalar que las vamos a rechazar, no por su contenido, que sería aceptable en la mayoría de los casos, sino porque dispersa y desenfoca la intención prioritaria, que es
actuar con inmediatez y contundencia a favor y en defensa del sector siderúrgico. La del Grupo Popular es, en nuestra opinión, reduccionista en cuanto a las medidas a adoptar; solo plantea políticas de eficiencia energética. Pretende no abordar
cambios legislativos. Nosotros creemos que si hay que abordar cambios legislativos, se abordan. La enmienda de Podemos también limita, cosa que no hace nuestra proposición no de ley, las medidas a adoptar, priorizando tan solo tres de ellas. ¿Por
qué tres y no otras, señores de Podemos? Estemos abiertos, si llegamos a un acuerdo, a las medidas que sean necesarias. La aceptación de la enmienda del Grupo Socialista demoraría lo que para nosotros es muy importante, que es actuar con
contundencia e inmediatez, tanto a nivel europeo como a nivel interior.
Extenderlo a otros sectores altamente consumidores, como también proponen Democràcia i Llibertat o Ciudadanos, plantear un apoyo genérico a la industria o solicitar un estudio detallado, como hace el Partido Socialista, del impacto del
dumping chino en el empleo de los diferentes Estados de la Unión Europea, siendo medidas interesantes y que apoyaríamos si se presentaran en otras iniciativas que fueran en esta dirección, desvían -insisto-, en nuestra opinión, el foco de atención
de lo que pretendemos, que
es dar una respuesta nítida a lo que ahora, hoy mismo, está ocurriendo en el sector siderúrgico del Estado español y en concreto en Euskadi.
Eskerrik asko.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Tiene la palabra, para la defensa de las enmiendas formuladas, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ MAROTO: Tengo dos minutos, así que voy a tratar de ir muy rápido.
Nos presentan esta proposición no de ley, contra la cual no estamos y que vamos a votar a favor, pero el compañero del PNV decía que era para actuar con inmediatez y contundencia sobre el problema que existe. El primer problema que hay es
el mantenimiento del empleo y lo primero que hemos echado en falta es precisamente que eso no está presente en el enunciado de la proposición no de ley. Entendemos que es un error.
Hemos presentado una serie de enmiendas de adición y no entendemos cómo se puede querer combatir el dumping chino sin reconocer que Mittal y otras multinacionales que tienen factorías aquí y también en China son en buena medida los actores
principales en este dumping. Hay muchas más cosas que podríamos estar diciendo. Que no se nombre la defensa del empleo nos hace pensar que, por mucho que estemos hablando de cuestiones que manejan las multinacionales, o bien las eléctricas o bien
las de este sector, estamos dando palos de ciego si no lo complementamos con algo más. Si lo que se quiere es defender este tejido empresarial, defiéndase primero teniendo en cuenta los derechos de los trabajadores y el empleo, porque son
multinacionales que no están en este momento haciendo un buen trabajo allí ni reinvirtiendo nada y son sus propias plantillas las que han conseguido bajar hasta en 60 euros cada unidad de producción. Yo creo que esto merece un reconocimiento y que
se replanteen si se incorpora, por lo menos explícitamente, defender los derechos de estos trabajadores, que al fin y al cabo creo yo que es lo principal.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez.
Señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Señor presidente, en nombre de Foro me sumo a la iniciativa del Grupo Vasco, similar a la que tuve el honor de plantear la pasada semana en la Comisión de Industria y Energía sobre un ineludible asunto de Estado,
porque el impacto económico y social de la deslocalización metalúrgica afecta a los trabajadores directos e indirectos y a sus familias, pero también a las poblaciones y comunidades donde están radicadas las empresas que corren el riesgo de
desaparecer, lo que arrastraría a la desertización de comarcas enteras. Es algo que nos alarma doblemente en Asturias, donde gobierna el PSOE, cuyo presidente, Javier Fernández, es a la vez el responsable socialista del Consejo para la Transición
Industrial y energética. Ni en el Principado ni en la calle Ferraz se conoce una sola iniciativa en defensa de estos asuntos cruciales para nuestra industria. Muchos cientos de miles de puestos de trabajo están en peligro como secuela del dumping
chino, que amenaza seriamente a la siderurgia y que se une además a los grandes obstáculos para competir en Europa de todas nuestras industrias de alto consumo electrointensivo por la elevadísima tarifa eléctrica que se paga en España. La Unión
Europea está en la obligación de aplicar con urgencia medidas, aranceles y controles para enfrentarse a los precios desleales de la producción de acero procedente de China y, por tanto, no cabe parsimonia burocrática en la reacción. Tampoco cabe
más espera en la imprescindible revisión de la política energética española, cuya desmedida deriva para los consumidores domésticos industriales se inició con el tarifazo socialista de Zapatero y que, ocho años después, no ha sido corregida, con
grave merma de la competitividad de la industria nacional, con especial incidencia en Asturias, uno de los centros mundiales de la metalurgia del acero, del zinc y el aluminio. Apoyamos esta proposición no de ley del PNV porque refleja con
precisión los dos aspectos que amenazan la continuidad de empresas que generan una parte sustancial del valor añadido y de los empleos en España y le instamos a que transmita al Gobierno vasco la conveniencia de explicar a los responsables del
Ministerio de Industria en Madrid las graves consecuencias de sus equivocaciones en esta materia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez.
Señora Enbeita.
La señora ENBEITA MAGUREGI: Gracias, señor presidente.
Señorías, llevamos tiempo diciendo que no son tiempos para la lírica y parece que tampoco lo son para la acería. El dumping es un problema real y muy grave, es cierto. El coste de la energía eléctrica hace que la producción de acero tenga
costes muy elevados y hay sobreproducción a nivel mundial. Pero no nos engañemos, en el caso de la siderurgia vasca, por ejemplo, no son estos los únicos motivos para que ArcelorMittal amenace con cerrar las plantas de Zumárraga y de Sestao.
Apoyamos la propuesta que nos trae hoy el PNV, porque creemos que es necesario defender los aranceles y las medidas necesarias para evitar el dumping o, por supuesto, hay que hacer los cambios necesarios en la regulación para bajar la factura
eléctrica a las empresas siderúrgicas, eso sí, reconociendo que en la crisis de la siderurgia vasca hay más problemas. ArcelorMittal ha hecho una apuesta clara de trabajo fuera de las plantas de Sestao y de Zumárraga. Hace unos años prometió un
incremento de trabajo en Zumárraga que nunca se ha llevado a cabo y la subcontratación se ha convertido en una realidad en las dos plantas que ahora quieren cerrar, con lo cual, de alguna manera, se puede decir que ArcelorMittal ha apostado por algo
parecido al dumping a costa de sus propios empleados. Así que instamos, claro que sí, al Gobierno español, ahora en funciones, que a lo mejor en un futuro próximo estará funcionando, a que asuma su parte de responsabilidad. Pero también instamos
al Gobierno vasco, y se le debe instar, a que no mire a otra parte y que no solo asuma la versión de las multinacionales, sino que escuche a la gente que se va a quedar en el paro. Por último, instamos a quien tenga responsabilidad en esto de la
siderurgia a que apueste y desarrolle medidas de promoción del acero reciclado, como bonificaciones fiscales o cuotas de uso obligatorio, por ejemplo. Es interesante adoptar este tipo de medidas a nivel local y a nivel europeo, ya que hoy en día
hay índices que aseguran que puede ser una de las soluciones a la crisis del acero, aparte de ser una producción más sostenible.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, sobre la proposición no de ley presentada por el Grupo Vasco les vamos a anunciar de entrada nuestro voto afirmativo. Después de la guerra de los precios del petróleo, de esta guerra entre los precios fijados por los países del
Golfo para intentar reducir la eficacia de la técnica del fracking en Estados Unidos, ahora nos encontramos con la otra guerra de precios, la guerra que se cierne sobre los precios de la producción del acero. China ha abierto una carrera para copar
el mercado y la reducción de los precios, ¿a qué precio? Al precio de la sobreproducción. Esto afecta a la industria siderúrgica europea de una manera cruenta sobre miles de puestos de trabajo y de manera directa e indirecta. Un exceso de
producción por parte de China; libre mercado, sí, pero también fiabilidad entre socios. Cuando China aspira a ser un socio fiable en la Organización Mundial del Comercio, es evidente que el dumping es una práctica no fiable entre socios. Es bueno
recordar que en el año 2015 China produjo 803,4 millones de toneladas de acero, la mitad de la producción mundial, cinco veces más que la producción de la Unión Europea, donde Alemania, Francia y España son los tres principales productores, en el
caso de España con 15 millones de toneladas de producción. Por tanto, señorías, son necesarias medidas de protección contra el dumping que está practicando China, que es un dumping en condiciones distintas, en condiciones de protección social y de
producción distintas, para afrontar en el mercado global un ataque diseñado contra la industria siderúrgica europea, que en el caso español afecta principalmente a la industria vasca. Este es un debate que se está teniendo en distintos países
europeos, y en Estados Unidos se está criticando la falta de una política activa y una reacción muy reactiva por parte de la Unión Europea y del presidente de la Comisión, señor Juncker.
El segundo punto de la proposición no de ley del Grupo Vasco hace referencia a la factura eléctrica, un 22 % más cara que la media de la Unión Europea. Durante los años del Gobierno del Partido Popular, con el precio de la electricidad, con
la electricidad, se ha hecho únicamente política presupuestaria; con el precio de la electricidad, con la electricidad, no se ha hecho política industrial. Recuperemos, pues, también la política industrial respecto al precio de la electricidad;
repensemos cómo afrontamos la reducción del déficit energético con rigor, sí, pero teniendo presente la importancia de una política industrial que crea puestos de trabajo en la siderurgia pero también en las pequeñas y medianas empresas, y
afrontemos también el precio de la electricidad limpiando la factura de la electricidad y del gas. Una factura que en estos momentos soporta también los costes derivados del cierre de la planta Castor, que soporta las primas de las energías
renovables y que soporta la política del carbón. Y, señorías, la política del
carbón no es una política industrial; es una política social y de reconversión de un sector importante afectado y que requiere de una aproximación de política social. Esta factura también soporta los costes de insularidad que deberían
tener una financiación directa y no a través de la factura del gas o de la electricidad. Asimismo, la reducción de la factura debería contemplar las empresas electrointensivas, empresas como Solvay en Martorell o Ercros, que son ejemplos de una
política industrial en materia energética por parte del Gobierno del Partido Popular que afecta directamente a centenares de puestos de trabajo, cuando además con una regulación más acorde se podría evitar perfectamente. Hemos presentado esta
enmienda para incorporar también a las empresas electrointensivas en la necesaria reducción del coste del precio de la factura de la electricidad, pero el señor Azpiazu, del grupo proponente, nos dice que esta es una propuesta desenfocada e incluso
desviada. Señor Azpiazu, espero que no nos considere desenfocados ni desviados en nuestra aproximación a la política energética porque compartimos con usted las mismas preocupaciones. Vamos a votar su iniciativa. Esperamos su capacidad de
reconsideración de su punto de vista de aquí al momento de la votación para que también pueda incorporar unas enmiendas que no son ni desenfocadas ni desviadas. En todo caso, y por si acaso, conjuntamente con el Grupo de Esquerra Republicana de
Cataluña, vamos a presentar una proposición no de ley en breve sobre el particular que nos ocupa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Xuclà.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la situación actual de la industria española a nadie se nos escapa que es preocupante. Además, podríamos hablar de que la industria española engloba a veinticinco grupos empresariales, lo cual quiere decir que hay, entre empleos
directos e indirectos, más de 260.000 puestos de trabajo que pueden entrar en conflicto si no tomamos medidas. Hoy estamos hablando de la industria siderúrgica vasca porque es el tema del que trata la proposición, pero creemos que esto tiene que
ser extensible a otros tipos de industria, ya que podemos estar aquí debatiendo cada día distintos casos particulares. Realmente, deberíamos llegar a un compromiso y debatirlo todo a la vez.
Cuando hablamos de las industrias electrointensivas -que son temas que se comentan pero en los que al final nadie profundiza- estamos hablando del 11 % de la demanda energética del país y estamos hablando también de que el factor de
producción más importante de esas empresas es la energía, llegando a ser en algunos casos entre un 10 y un 50 %. Por supuesto que es necesario trabajar, creemos que es necesario que las industrias electrointensivas no comprometan su competitividad
porque el último modelo presentado no solo compromete su competitividad, sino que en ocasiones ha comprometido directamente su viabilidad. No es la primera vez, como ya he dicho, que hablamos de este problema aquí, en la Cámara, y de los precios de
la energía. Me encantaría que estuviese aquí el ministro de Industria, el señor Soria, para poder decirle directamente que los precios de la energía simplemente están desorbitados y también me gustaría decirle que no han sido capaces ni él ni su
equipo de encontrar ningún tipo de solución a este problema que nos ocupa, pero, como no está, espero que ustedes se lo transmitan de mi parte. (Aplausos).
Además, cuando digo que este Gobierno no ha conseguido ningún tipo de solución al respecto en materia energética, hay que decir que ni siquiera lo ha conseguido siendo la legislatura en la que se han acometido el mayor número de reformas en
el sector eléctrico de este país, incluso más que en todo el periodo de la historia reciente del que tenemos conciencia. Los problemas de los costes de la energía vienen motivados por varias causas, pero que podemos simplificar en dos. En primer
lugar, la incertidumbre de nuestro sistema de fijación de precios de energía que impide cualquier posibilidad de planificación a largo plazo. Creo que a nadie se le escapa que una industria que depende de su producción de energía necesita
planificar cuáles van a ser esos costes, y los modelos que se han aplicado hasta el momento no solo no han ayudado a que esto salga adelante, sino que además lo han defenestrado o no han permitido que esa industria se desarrolle. Por eso, hay que
decirle al Partido Popular que lo sentimos, pero que sus reformas no funcionan. (Aplausos).
En segundo lugar, podemos hablar de un tema que a veces es bastante polémico y que es la interrumpibilidad. Se ha cambiado el criterio. Se ha pasado de un reparto por lotes con unos criterios objetivos a un reparto por una subasta que no
solo no ha subsanado el problema, sino que además ha resultado altamente perjudicial. A fin de cuentas los costes de energía no afectan de igual manera a todas las empresas. Como ustedes entenderán, las electrointensivas son mucho más sensibles a
la hora de
acudir a estas subastas con unos precios más competitivos, con lo cual al final lo que se consigue es que las industrias menos dependientes de la energía sean las únicas que puedan optar a este tipo de subasta.
Hoy, como ya he dicho, estamos hablando del sector siderúrgico vasco, pero es necesario comprometer a toda la Cámara porque podemos tener este debate, fragmentándolo por todos los territorios de este país y afectando a cada una de sus
industrias. Sería mucho más eficiente y de agradecer que lo debatiésemos todo de una vez, que buscásemos una solución común al problema de la industria de este país, porque al final el objetivo es que ante una situación similar se busque una misma
solución, y sobre todo que no es necesario que cada día hablemos de lo mismo si con una sola vez, si hay voluntad política -que a veces, sinceramente, creo que no la hay-, podemos resolverlo. Podemos decir que la responsabilidad es exclusivamente
de la política energética -tampoco se le escapa a nadie- y los planteamientos que se han aplicado a día de hoy al final han fracasado en todos sus objetivos. Teniendo en cuenta que compartimos el origen de la proposición de ley -el sentimiento y
las preocupaciones que ha planteado el Partido Nacionalista Vasco-, creemos que es necesario ampliarla, porque es posible ir un paso más allá, es posible resolver las actuales deficiencias que posee nuestro modelo energético, es posible hacer un
planteamiento global que afecte directamente a toda la industria de este país. Por eso hemos presentado diferentes enmiendas y creemos que deberían ser consideradas. A pesar de que he estado mucho tiempo hablando con el señor Azpiazu, me parece
que no las ha considerado, pero espero que a lo largo de la exposición cambie su forma de pensar y acabe aceptándolas. Estaremos muy satisfechos de esta negociación. Lo que incluimos en el primer punto, compartiendo -repito- el origen de la
propuesta, es que se exija que los productos procedentes de China cumplan todas las obligaciones adquiridas en el protocolo de adhesión a la Organización Mundial del Comercio. Eso sí, en caso de incumplimiento que se le apliquen todas las medidas
pertinentes para enfrentarnos al llamado dumping chino, que se pronuncia de distinta manera en función de quién lo diga. Y nuestra segunda propuesta es coger la que ustedes han planteado y simplemente mejorarla. Es necesario establecer un sistema
de suministro eléctrico a precio competitivo, estable y predecible, porque la palabra clave es un precio predecible.
El señor PRESIDENTE: Señora Rodríguez, vaya concluyendo, por favor.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Sí, un segundo.
Hemos creído también necesario presentar dos enmiendas de adición, con las que, a grandes rasgos, se pretende que haya un compromiso de los distintos sectores industriales para que las inversiones favorezcan la eficiencia energética, la
rebaja de las emisiones contaminantes, la innovación, la creación del valor añadido de su producto y sobre todo una transición hacia un nuevo modelo energético. Podemos debatir aquí durante horas quién ha tenido la culpa del modelo energético que
tenemos hoy. Podemos decir que ha sido el Gobierno de Zapatero...
El señor PRESIDENTE: Señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Un segundo nada más.
El señor PRESIDENTE: Un segundo es un segundo y no un minuto y medio, que es lo que ha sobrepasado el tiempo.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Solamente treinta segundos.
El señor PRESIDENTE: No, treinta, no; diez.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Vale.
Proponemos un pacto nacional por la energía. La energía nos compete a todos, no es una herramienta política que ha sido mal utilizada por los distintos partidos políticos. Tendemos la mano para reunirnos diez, veinte, doscientas veces, las
que sean necesarias; tienen el compromiso de Ciudadanos, porque estamos seguros de que un modelo energético creíble y que tenga un desarrollo en las renovables es posible en este país. Y, señor Azpiazu, espero que tenga en consideración nuestras
enmiendas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Alba.
La señora ALBA GOVELI: Eskerrik asko, presidente jauna.
Señorías, el asunto que abordamos hoy es extremadamente complejo y de una importancia enorme para miles de familias vascas, pero también del resto del Estado. Es importante dejar claro que la crisis del acero es anterior a los primeros
cierres temporales de las acerías vascas. Llevamos tiempo acumulando una enorme deuda histórica con las personas y con los municipios más vinculados a la actividad siderúrgica. En este sentido, las medidas de la Unión Europea llegan tarde y
tardarán en entrar en vigor y en tener el efecto deseado. Compartimos esta preocupación con el Partido Nacionalista Vasco. Se lo hemos transmitido desde Podemos Euskadi y lo hacemos ahora en sede parlamentaria. Por eso, nuestra voluntad es apoyar
esta proposición no de ley, pero no sin señalar algunas cuestiones que nos preocupan especialmente. Si el Partido Nacionalista Vasco quiere proteger la industria y la empresa vasca de las importaciones desleales, debe hacerlo todos los días y debe
hacerlo con coherencia. Es responsabilidad de las instituciones que un grupo como Mittal, que es conocido por hacer competir entre sí a sus distintas plantas, se encuentre hoy en condiciones de parar la producción en su planta de Sestao que da
trabajo a más de 350 personas y, al mismo tiempo, no dejar que nadie pueda hacerse con ella. Es decir, ni como ni dejo comer, ni produzco ni dejo producir.
Decía que pedíamos coherencia al Partido Nacionalista Vasco, especialmente en un día como hoy en el que también vamos a votar la Ley 25/2015; una votación que va a retratar a cada una de las fuerzas políticas. Aquí, señorías, quería hacer
una pequeña puntualización a algo que ha dicho el señor Legarda. El autogobierno y la defensa de los derechos sociales no están reñidos, van de la mano y se pueden defender a la vez; se pueden defender y se puede trabajar por ellos al mismo
tiempo. Por tanto, no pueden utilizar como excusa una cosa para no defender la otra, porque no cuela. (Aplausos). Quería pedirles también coherencia en Europa y que no voten a favor del TTIP en Europa como están haciendo sistemáticamente, ya que
supondrá la pérdida de miles de empleos en Euskadi y en el resto del Estado por el dumping social, laboral y ambiental que lleva aparejado.
Asimismo, no debemos reducir la crisis del acero solamente a dos factores, como ustedes dicen, el dumping chino y el precio de la energía. Sería un diagnóstico simplista y con funestas consecuencias, tanto económicas como políticas. La
crisis de la siderurgia hay que enmarcarla en una crisis de sobreproducción mundial que afecta a todos los países del mundo, China inclusive. En Euskadi se han perdido muchos años para invertir y desarrollar una estrategia industrial que hubiera
hecho que nuestra industria fuera más rentable y produjera de manera más eficiente y limpia. Se han cometido errores que han puesto en peligro miles de puestos de trabajo, directos e indirectos, con Sestao y Zumárraga como principales afectadas.
Nos encontramos ahora con cientos de familias que no saben qué va a ser de ellos y que quizá no tengan medios de vida en los próximos meses. En el caso de Sestao, la venta efectuada por el Partido Socialista del 10 % de participaciones que poseían
el Gobierno vasco y las cajas de ahorros en 2011, con un Gobierno presidido por quien hoy preside esta Cámara, ha supuesto que las instituciones vascas no tengan ningún control ni influencia sobre el futuro de una de las acerías más rentables,
eficientes y sostenibles de Europa. Respecto a Zumárraga, el error fue el rechazo del Gobierno de Urkullu a apoyar el plan de inversiones que presentó Mittal y que años después -¡vaya casualidad!- presenta como propio, letra por letra. Tampoco
podemos obviar los altos precios de la energía, que lastran la competitividad no solo de la siderurgia sino de todo el tejido productivo. Aquí tengo que mirar a la derecha, porque son consecuencia de una política energética desastrosa del Partido
Popular.
Por esto, el objeto de nuestra enmienda es asegurar que las medidas que se tomen para rebajar el precio de la factura eléctrica para el sector siderúrgico en particular y para el industrial en general sean de índole estructural. Si no, al
final ganarán los de siempre y pagarán las familias. Consideramos importante el fomento de las renovables aplicadas a la industria -podemos tomar como ejemplo el caso de Alemania, donde el coste de la electricidad es un 38 % menos que en España-;
la implantación de un plan de ahorro y eficiencia en la industria, la gran olvidada de la política energética -esto es muy simple: toda la energía que no se consume no se paga y ya está-; una revolución que favorezca el autoconsumo -ayer entró en
vigor el real decreto sobre autoconsumo y hoy la industria y las empresas tienen nuevas e importantes limitaciones para reducir su factura mediante la cogeneración-; y, por último, una auditoría de costes y peajes que permita desde el conocimiento
y la transparencia abordar una reforma del marco regulatorio para establecer nuevos costes y precios. Además, en clave geopolítica, España no sería un país energéticamente dependiente ni estaríamos financiando con nuestra compra de petróleo y gas a
regímenes que violan continuamente los derechos humanos, como puede ser Arabia Saudí.
Termino. Lamentamos la actitud del Partido Nacionalista Vasco, que no ha querido enriquecer ni completar esta proposición no de ley con las propuestas de otros grupos parlamentarios. En cualquier caso, la importancia de esta cuestión para
Podemos y Podemos Euskadi, así como la urgencia que supone para las familias afectadas, nos conduce a votar a favor de su propuesta, pero debe quedarles claro que tanto en esta Cámara como en el próximo Gobierno vasco estaremos allí para velar por
una aplicación exhaustiva, y no solo de estas, sino de muchas más medidas que consideramos necesarias para poner solución al problema.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Alba.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Lasarte.
El señor LASARTE IRIBARREN: Gracias, señor presidente.
Señorías, el pasado 15 de marzo, quince días más tarde del único intento serio que ha habido en esta Cámara por investir a un presidente y formar un Gobierno de cambio en España, la dirección de la empresa ArcelorMittal comunicaba a los
trabajadores la decisión de cierre parcial de su factoría en Zumárraga, Gipuzkoa. El pasado viernes, 8 de abril, la empresa comunicó que esa decisión era definitiva porque no existe ninguna vía para que sea competitiva en el entorno de mercado
actual por diferentes factores: la sobrecapacidad existente en la industria siderúrgica a escala mundial, el aumento de los niveles de importaciones procedentes de países de fuera de la Unión Europea, en especial de China, los precios muy bajos del
acero y el elevado coste de la energía. El pasado 21 de enero conocimos la decisión de la misma empresa de hacer una parada temporal indefinida en la factoría Acería Compacta de Bizkaia, ACB, de Sestao y también se cierne la amenaza de un ERE en la
planta de Tubos Reunidos, en Amurrio, Álava. Esos cierres van a afectar directamente a más de mil familias.
Señorías, algunos de ustedes pueden pensar que la mejor política industrial es la que no existe, y eso mismo es lo que le ha hecho no hacer nada al actual Gobierno en funciones. No hacer nada o al menos no hacer lo suficiente por el
mantenimiento, el fortalecimiento y el desarrollo de la industria en España. En el mes de diciembre de 2013 compareció en la Comisión de Industria el presidente de la Asociación de Sostenibilidad Siderúrgica y lanzó un mensaje dramático sobre la
situación del sector y los riesgos ciertos para su futuro y viabilidad. El Gobierno no hizo nada y estamos viendo las consecuencias de esa inacción. Es verdad que algún otro Gobierno autonómico debería haber hecho cosas que no hizo, pero el coste
de la inactividad o incapacidad de los Gobiernos lo pagan siempre los más vulnerables, en este caso los trabajadores. De los cuatro factores que aducía la empresa ArcelorMittal para el cierre de su planta de Zumárraga, algunos son imponderables de
libre mercado, pero otros no. La Unión Europea puede y debe salvaguardar su industria, es clave para el desarrollo económico de la zona europea. Una cosa es la defensa de la libre competencia y otra es el todo vale, y no todo vale. La Unión
Europea debe activar sus mecanismos antidumping, como hace, por ejemplo, Estados Unidos ante prácticas de dumping laboral y medioambiental injustas que no reúnen los parámetros exigibles y que alteran la libre competencia en detrimento de la
industria europea, y debe actuar en defensa de su tejido productivo. Pero hay otro factor determinante para la viabilidad de las empresas siderúrgicas, el precio de la energía, en el que los Gobiernos pueden influir. El coste de la energía en
España es muy alto. Las industrias grandes consumidoras de energía tienen precios eléctricos un 22 % por encima de la media europea. La energía supone en industrias muy intensivas en su consumo alrededor del 20 % -antes decían el 15-20 % o el
20-25 %- de sus costes de producción, y quiero recordar que la actual Ley energética es del año 2013, aprobada por el Gobierno del PP con el apoyo del Grupo Vasco, PNV. Miren ustedes, con la mano atada a la espalda es muy difícil correr.
(Rumores). Sí, Mikel, es así; vosotros apoyasteis la ley. El sector le ha pedido medidas para unos costes eléctricos competitivos con propuestas concretas. Señor ministro de Industria en funciones, debería analizarlas y ponerlas en marcha.
Mientras aquí hablamos y hablamos y aprobamos propuestas para el próximo Gobierno, que a fecha de hoy nadie sabe cuándo lo tendremos, la realidad económica es inexorable. Vemos todos los días noticias que producen desazón, indignación y cólera:
cierres de plantas y despidos de trabajadores; reducciones de plantillas para optimizar beneficios; deslocalizaciones por razones económicas; reducciones de sueldo a los trabajadores; desesperanza y desmantelamiento de una parte importante de la
industria española. Al mismo tiempo, nos despertamos con repartos de bonus millonarios entre equipos directivos por salidas a Bolsa o por incrementos de beneficios, a veces previa reducción de plantilla, o porque se van de la empresa, y, además,
con menor coste fiscal por la rebaja impositiva de última hora del Gobierno del Partido Popular. Visualizo mil familias
en paro y con un negro futuro, y leo que algún directivo se lleva más de 20 millones de euros cuando le echan o se va. Y me parece indignante. Hay que denunciar públicamente estos abusos y la pérdida de conceptos morales colectivos.
Señorías, se pueden y se deben cambiar las cosas.
Respecto a la PNL presentada por el Grupo Vasco, tengo que decir que el Grupo Socialista va a votar a favor de la misma, a pesar de la insensibilidad del PNV hacia medidas inmediatas que plantea mi grupo a favor de los trabajadores y de las
comarcas afectadas. Mucho hablar de sensibilidad social y cuando se presentan casos concretos que afectan a trabajadores vascos despedidos no aceptan esas enmiendas presentadas por nuestro grupo. Mi grupo ha presentado una enmienda de adición en
el sentido de instar al Gobierno de España a defender una posición contraria al reconocimiento automático de China por parte de la Unión Europea como economía de mercado, así como a exigirle un estudio de impacto por sectores en términos de empleo
de ese reconocimiento. También pedimos que se adopten cambios regulatorios para modificar el acceso al mercado eléctrico de las empresas grandes consumidoras de energía para garantizar su futuro, en particular las del sector siderúrgico. Por
último, que el Gobierno, de forma consensuada con las comunidades autónomas y los agentes económicos y sociales, elabore un plan de apoyo al sector industrial, así como la articulación de medidas de apoyo para la mejora de la innovación y la
productividad de esa industria, y planes de formación y recualificación de los trabajadores afectados por expedientes de regulación o cierre.
El señor PRESIDENTE: Señor Lasarte, vaya concluyendo.
El señor LASARTE IRIBARREN: Acabo ya, presidente.
Además, que se aborden planes de dinamización económica y social para las comarcas afectadas por la crisis del acero. Creemos que estas propuestas enriquecen la presentada por el PNV y la dan más contenido.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lasarte.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora López Ares.
La señora LÓPEZ ARES: Gracias, señor presidente.
Señorías, la Unión Europea, como ya se ha dicho aquí esta tarde, es el segundo productor de acero, después de China, con una producción media de 170 millones de toneladas de acero bruto al año, siendo líderes mundiales en el segmento de
productos especializados desde el punto de vista tecnológico. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). En nuestro país este es un sector estratégico para la economía y el empleo. Y digo en este país porque aquí se ha
hablado mucho del País Vasco, pero yo, que soy asturiana, también quiero hablar del sector en el Principado de Asturias, que también genera mucho crecimiento económico y mucho empleo.
Sin embargo, China, con una producción excedentaria, que actualmente se estima en 350 millones de toneladas, está realizando prácticas comerciales desleales que falsean las condiciones de competencia a nivel mundial. Ante estas prácticas,
es necesario que la Unión Europea actúe de forma contundente. Esta contundencia es lo que ha exigido el Gobierno español, sumándose a la carta remitida en febrero de este año a la Comisión Europea. En la defensa de España y de los españoles el
Gobierno de Mariano Rajoy, señor portavoz del Partido Nacionalista Vasco, no está en funciones. Esa misma postura ha sido mantenida en el Consejo de Competitividad de la Unión Europea en el mes de febrero, donde se exigieron medidas claras,
contundentes y rápidas contra las importaciones a precios por debajo de su coste. Además, con el mismo objetivo de defensa de los intereses de la economía española y en relación con el posible reconocimiento de China como economía de mercado a
finales de 2016, el Gobierno ha defendido ante la Comisión Europea la necesidad de realizar previamente un profundo estudio del impacto que puede tener esta decisión sobre el empleo en la Unión y, en cualquier caso, asegurar que los instrumentos de
defensa comercial puedan seguir utilizándose con eficacia en el caso de que finalmente se le reconozca a China dicho estatus. Es decir, el Gobierno, en estos meses, en la defensa de España y del sector del acero español, no ha estado en funciones.
En cuanto a la segunda parte de la proposición no de ley, queremos recordar el compromiso del Gobierno del Partido Popular durante toda la legislatura para que el sistema energético fuese más competitivo, más seguro y más sostenible. A
finales de 2011, como el resto de mercados, sistemas y administraciones, los sistemas energéticos estaban en déficit. La deuda acumulada con el sector
sobrepasaba los 27.000 millones, y esto a pesar de los desorbitados incrementos de precios, que en el periodo 2004-2011, para un consumidor medio, supusieron un 67,1 %. Y eso, señores portavoces, incluido el del Partido Socialista, seguimos
viviéndolo en estos momentos, y mucha de la diferencia que existe ahora mismo en los precios para el sector industrial viene ocasionada por esa nefasta política energética llevada a cabo por el Partido Socialista. Si no se hubiesen hecho las
reformas necesarias, ahora mismo los precios estarían un 42 % por encima de los precios de los países a los que se ha hecho aquí referencia. Ante esto, se tomaron medidas para reconducir las consecuencias que la nefasta política energética ha
tenido para los consumidores y sobre todo la pérdida de competitividad para nuestras empresas. Nosotros hemos conseguido una reconducción en los precios, y sirva de ejemplo la reducción en más de un 30 % en el mercado mayorista en el primer
trimestre de 2016 con respecto al mismo periodo del año anterior. Al mismo tiempo, se ha logrado dar estabilidad regulatoria y financiera al sistema eléctrico y se ha conseguido terminar con el déficit de tarifa. Un Gobierno debe velar por los
costes que soportan todos los usuarios y, al mismo tiempo, vigilar que el sistema no entre en déficit.
Señores de Ciudadanos, ustedes nos vienen aquí a hablar hoy de política energética. ¿Pueden decirnos si con el cierre de las nucleares y con el uso exclusivo de energías renovables en 2050 pueden garantizar estos dos objetivos: precios
competitivos y la no existencia de déficit tarifario? Porque una cosa es hablar y otra cosa es gestionar. Precisamente, el Gobierno de Mariano Rajoy, sin dejar de cumplir este doble objetivo, ha tenido en cuenta las especiales circunstancias de
las empresas electrointensivas, y para ello, además de un nuevo sistema para la gestión de la demanda de interrumpibilidad, el Gobierno ha puesto en marcha otras medidas, como la reducción del 85 % en la base imponible del impuesto especial sobre la
electricidad y la rebaja en los costes por peajes. Señorías, el trabajo realizado en materia energética ha sido mucho y con resultados ya visibles para familias y por empresas; y digo familias y empresas porque hoy, con esta proposición no de ley,
se nos plantea adoptar los cambios regulatorios que se precisen para reducir sustancialmente la factura eléctrica que pagan las empresas siderúrgicas, y de ahí la enmienda que presentamos a este segundo punto. Si no lo pagan las empresas
siderúrgicas, ¿quién lo paga? ¿Lo pagan los hogares? ¿Lo pagan las pymes? ¿Lo pagan los pensionistas? ¿Lo pagan los autónomos? ¿En qué porcentaje van a sufrir estos costes cada uno de estos colectivos? Porque siempre que se habla de una
reducción de tarifa a las empresas electrointensivas nunca se dice quién va a soportar el incremento derivado de esa disminución.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora López, tiene que ir terminando.
La señora LÓPEZ ARES: Voy terminando, señora presidenta.
Por eso hemos presentado esta enmienda y, en el caso de no ser aceptada, solicitaremos al grupo proponente la votación por puntos. Al Partido Popular nos preocupan todos los usuarios del sistema y, sobre todo, las familias, los
pensionistas, las pymes, los autónomos y las grandes empresas.
Finalizo, señorías, destacando el compromiso del Gobierno del Partido Popular con el sector del acero, un sector que en nuestro país -y digo en nuestro país-, España, ha sido y es fuente de crecimiento económico y de creación de empleo, y
ese compromiso se materializa en su defensa a nivel interior y en su defensa a nivel europeo con una postura clara y contundente ante los comportamientos desleales de China y de otros países, porque yo creo que en la proposición no de ley se han
olvidado de otro país que está haciendo dumping, que es Rusia.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora López Ares.
En turno de fijación de posiciones interviene, por el Grupo de Esquerra Republicana, el señor Capdevila.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Señora presidenta, señorías, bona tarda.
Sin perjuicio de que Catalunya ya está planeando cuál será su propio modelo energético y que el Govern ha recibido el mandato del Parlament de elaborar un plan nacional de transición energética y de que sea un modelo basado en las energías
renovables, el autoabastecimiento, el ahorro, la eficiencia, la contención y un modelo de producción descentralizado, no nos cabe otra que mostrar nuestra simpatía y apoyo -y con ellos nuestro voto afirmativo, sin enmiendas- a la PNL presentada por
el Grupo Vasco (EAJ-PNV).
En dicha PNL se definen perfectamente las dos principales causas que pueden llevar al sector siderúrgico a la auténtica implosión: una exógena, como es el dumping de los productores chinos, que ya ha sido descrita, y una endógena, como son
los desorbitados costes de la energía en el mercado español, que reducen los márgenes de tal forma que hacen que apenas algún producto pueda salir al mercado con garantías de competitividad. El Estado español tiene la factura de luz más cara de
toda la Europa continental, mientras las compañías de la luz obtienen beneficios astronómicos, y ello no solo afecta a las personas individuales como consumidoras, sino que afecta también a las empresas, a sus cuentas de resultados, a su
competitividad. Son innumerables los puestos de trabajo directos e indirectos que están en riesgo a causa de las políticas energéticas suicidas que solo benefician a las grandes corporaciones gestoras del oligopolio energético y, de paso, a los
conocidos usuarios de las no menos conocidas puertas giratorias.
Como se ha dicho, el problema de los costes de la energía no solo afecta a la industria siderúrgica, sino a toda la industria electrointensiva. Comentaba como innumerables los puestos de trabajo que corren el riesgo de desaparecer, pero me
permitirán que les proponga un caso particular que sí tiene números: 300. Señorías, 300 son los puestos de trabajo directos, cualificados, estables, remunerados como se remuneran en la industria, que corren el peligro de desaparecer en Solvay
(Solvin) en Martorell. La causa es que los tribunales del contencioso resolverán, me temo que demasiado tarde, el litigio sobre un discutible incumplimiento del contrato de interrumpibilidad. Al final será el precio de la energía que consume dicha
planta el que determinará su viabilidad. No sé los telediarios que le quedan a este Gobierno en funciones, pero el caso merece la pena. Cuando escribí mi intervención puse: Señor ministro... (mirando al escaño del señor ministro, que está
ausente). Ahora no sé adónde tengo que dirigirme. ¿Cuál es mi cámara? (Risas). Señor ministro, el caso merece que agotemos cada minuto y cada posibilidad, porque esperar al próximo Gobierno, sea el que fuere, quizá solo sirva para expedir acta
de defunción sobre el asunto, y detrás de cada uno de esos 300 que le mencionaba no hay un número sino una persona, como usted sabe. A estos efectos y con esta intención, como anunciaba el ilustre colega por Girona, presentaremos en breve una
proposición no de ley con propuestas de solución.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Capdevila.
Señor Azpiazu, ¿acepta o rechaza las enmiendas presentadas?
El señor AZPIAZU URIARTE: Tal como están redactadas, las rechazamos.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Las rechaza todas. De acuerdo, señor Azpiazu.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR BALDOVÍ, SEÑOR BATALLER, SEÑOR CANDELA Y SEÑORA SORLÍ), SOBRE CRITERIOS PARA LA REFORMA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE RÉGIMEN COMÚN Y CIUDADES CON ESTATUTO. (Número de
expediente 162/000147).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al debate de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Baldoví, señor Bataller, señor Candela y señora Sorlí) sobre criterios para la reforma del sistema de
financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto. Para la presentación de la iniciativa y su defensa, tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.
Subo a la tribuna con un estado de ánimo que oscila entre el cabreo y el desánimo; cabreo y desánimo porque hoy constataremos que muchas de las iniciativas que se van a aprobar van a tener un recorrido corto y creo que estamos perdiendo una
oportunidad histórica de cambiar muchas cosas en este Parlamento, sobre todo para los que vimos cómo fue el Parlamento anterior.
Dos consideraciones previas. La primera es que no me gustaría que nadie pensara: Ya está ahí el valenciano hablando de lo suyo. No, señorías, no estoy hablando de lo mío o, mejor dicho, no estoy hablando solo de lo mío, estoy hablando de
lo nuestro, de lo de todos, de una reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común que aún no se ha hecho.
La segunda consideración es que esta proposición no de ley sobre la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, que hemos firmado todos los integrantes de ese grupo parlamentario valenciano que no pudo ser porque
alguien no quiso, no se debería estar discutiendo hoy
si el señor Montoro y el Partido Popular hubieran hecho sus deberes. Han sido críticos con el modelo de 2009, que nosotros tampoco compartimos, por supuesto. Se comprometieron a reformarlo. Les recuerdo que hay declaraciones suyas en las
que decían que después de las elecciones municipales y autonómicas se abordaría. Usted dijo también en sede parlamentaria que no habían tenido tiempo, y eso que habían tenido una mayoría absoluta; un sistema que ya en 2015 debiera haber entrado en
vigor. Pero suben a esta tribuna oradores del Partido Popular y a veces -a mí me parece que con mucha desfachatez- critican el modelo de 2009 como deficiente o muy deficiente, pero durante cuatro años -insisto, con mayoría absoluta- no han hecho
absolutamente nada. Y luego nos dicen que ustedes son el partido serio y responsable.
El actual sistema de financiación es definido por muchos expertos y también por no expertos como un sistema oscuro, incomprensible e ineficiente. Y desde Compromís añadiríamos: insolidario, injusto, profundamente injusto, y por ello
inconstitucional. Castiga con infrafinanciación por habitante a muchas comunidades autónomas, no solo a la valenciana, también a la de Murcia, la de Canarias, la de Cataluña y muchas más. Una prueba de lo injusto de este sistema nos la da una
cifra elocuente: los ingresos per cápita en 2014 de la Comunidad Autónoma Valenciana fueron de 2.200 euros, mientras que muchas o algunas comunidades de régimen común estaban por encima de los 3.000 euros y de las de régimen foral alguna superaba
los 5.000 euros. Es decir, para un nivel de competencias homogéneas, financiación absolutamente dispar, y esto provoca que el gasto por habitante en educación y en sanidad esté claramente por debajo, lo que quiere decir lisa y llanamente que las
valencianas y los valencianos tenemos más dificultades que otros para tener las mismas prestaciones en educación, en sanidad o en servicios sociales. Además, nuestro caso es único en el Estado. Somos una comunidad autónoma pobre -12 puntos por
debajo de la media de PIB de las comunidades autónomas-, con una financiación por habitante por debajo de la media y encima somos pagadores natos. Este déficit de financiación explica en gran parte la descomunal deuda acumulada en estos gloriosos
años de Gobierno del PP. Recordemos: en el año 1995, con Eduardo Zaplana, se debían 2.500 millones; en el año 2015, veinte años después, con el señor Fabra, 40.000 millones de euros. Esta deuda debería tener un tratamiento adecuado por parte del
próximo Gobierno. Por tanto, mientras no se haga nada, mientras se mantenga este sistema, conceptos como suficiencia, equidad y solidaridad interterritorial son conceptos absolutamente vacíos y, por tanto, urge una reforma profunda que dé solución
a estas disfunciones que ya se conocen desde hace muchos años. Recuerdo que el señor Montoro nos dijo: Sí que hemos tenido tiempo, lo que no teníamos era dinero; pero sí que se conocía, lo que pasa es que no se ha abordado. (El señor presidente
ocupa la Presidencia).
El pasado mes de febrero se produjo una reunión histórica, a la que acudimos todos los diputados y senadores valencianos, excepto una senadora, que tenía cosas más urgentes que hacer en la peluquería. Todos nos reunimos para exigir un nuevo
modelo de financiación y allí había un documento de los expertos con datos significativos que explicaban lo que ha sido estos años -es decir, el pasado-, pero donde se abordaban doce principios que habría que cumplir en un nuevo sistema equilibrado
y estable: autonomía de ingresos y gastos, equidad horizontal, solidaridad, responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas frente a sus ciudadanos, suficiencia que permita la distribución de las fuentes de ingresos entre administraciones,
garantía del bienestar, estabilidad, sostenibilidad financiera, lealtad institucional, sencillez del modelo y transparencia basada en el suministro de información, evaluación de resultados y rendición de cuentas. Son principios razonables, de
sentido común, que están contenidos en nuestra PNL y también en la enmienda que nos presenta el Partido Socialista, que vamos a aceptar, sacrificando algunos conceptos para nosotros importantes, pero en bien de que esta iniciativa tenga un amplio
consenso, se apruebe y de una vez por todas se aborde este problema. Por tanto, insistimos, aceptaremos la enmienda del Partido Socialista, pero no la de Ciudadanos, aunque consideramos que podemos coincidir en algunos de sus puntos. Aceptaremos
la del Partido Socialista.
Acabo. Esperamos que el Gobierno, este Gobierno, el que está en funciones -y parece que va a seguir en funciones más allá del verano-, aborde de manera inmediata todo este trabajo, abra de una vez por todas el problema, porque todo el
trabajo que se haga ahora será trabajo adelantado que podrá servir al nuevo Gobierno. Por eso, les pido su voto favorable a nuestra iniciativa.
Moltes gràcies, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, en primer lugar tiene la palabra el señor De la Torre, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Buenas tardes.
Señor presidente, señorías, hoy llega al Pleno de esta Cámara, a través de esta proposición no de ley, una cuestión importante, el debate sobre la financiación autonómica; es decir, el debate sobre la financiación de algunos de los
servicios esenciales del Estado del bienestar: la sanidad, la educación y los servicios sociales. Este debate es fundamental para nuestro grupo parlamentario por dos razones: porque los derechos sociales solamente son efectivos en la medida en
que se financian adecuadamente y porque todos los españoles deben tener derecho a una educación obligatoria y a una sanidad pública gratuita y de calidad, vivan donde vivan. Para esto es absolutamente esencial tener un sistema de financiación
razonable y adecuado. Esto en la actualidad simplemente no sucede, porque las diferencias de financiación entre las comunidades autónomas son escandalosas, el sistema de financiación no es equitativo y además es oscuro y tiene unas diferencias que
son simplemente inadmisibles. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Además de todo esto, este sistema de financiación -esta infrafinanciación-, en la medida en que es oscuro y poco transparente, se ha utilizado como excusa para llevar a cabo una gestión absolutamente incontrolada
del gasto público, para incumplir el deber de todo Gobierno de realizar una gestión adecuada. Recientemente, en la comparecencia del señor Montoro en la Comisión de Hacienda, hemos visto que se habían enviado catorce cartas a diversas comunidades
autónomas por haber incumplido el déficit. No solamente nos encontramos con una situación donde el sistema es injusto, donde hay una gestión muy deficitaria de los fondos públicos por parte de múltiples administraciones -de hecho, la idea
fantástica, propagandística, de que el Partido Popular gestiona adecuadamente las finanzas públicas es eso, un mito propagandístico-, sino que además nos estamos encontrando con que se pone en peligro la sostenibilidad general de nuestras finanzas
públicas.
Ante esto, el Gobierno central no ha actuado con el ejemplo. No ha actuado con el ejemplo en la lucha contra el fraude intentando combatirlo con una amnistía fiscal; no ha actuado con ejemplaridad en la lucha contra la corrupción blindando
a Rita Barberá en el Senado y no ha actuado con ejemplaridad en el control de las finanzas públicas porque la Seguridad Social, como antes exponía mi compañero Saúl, está en una situación lamentable y no se ha querido arreglar -se ha trasladado toda
la carga a las comunidades autónomas-; porque a las comunidades autónomas se les debía haber fijado un objetivo de déficit de una forma razonable, objetiva y transparente, y sobre todo porque se ha mantenido durante años a muchas comunidades
autónomas en situación de infrafinanciación. Esto ha sido utilizado como excusa para el saqueo y para la corrupción. Uno de estos casos obvios es evidentemente la Comunidad Valenciana -no es la única-, donde hay una financiación claramente
inferior a la que debería ser, pero esto se ha utilizado como una excusa por parte de las administraciones autonómicas, tanto del Partido Popular como las siguientes, para una gestión muy deficitaria de los fondos públicos y como una excusa a veces
para justificar el saqueo o el despilfarro y los aeropuertos sin aviones y los pabellones vacíos. (Aplausos).
Tenemos un déficit sin control y tenemos un Gobierno sin control. La buena gestión económica del Partido Popular tristemente es eso, un mito propagandístico. Creemos que ha llegado el momento -llegó hace mucho tiempo, pero ahora es
absolutamente inaplazable- de iniciar una reforma del sistema de financiación autonómica, porque no hay igualdad en el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos y para que haya autonomía financiera, que ahora se ha negado con estas catorce
cartas que ha dirigido el Ministerio de Hacienda después de no haber hecho nada para controlar las finanzas autonómicas y para que haya responsabilidad.
Nuestras enmiendas buscan, en primer término, un sistema más transparente y, en segundo lugar, que no se generalice el tema del concierto, porque las diferencias entre las comunidades forales y las de régimen común son de más de un 80 % y
las diecisiete comunidades autónomas no pueden estar sobrefinanciadas en un 80 %. No nos podemos pelear con las matemáticas. Tampoco nos podemos pelear con las matemáticas gastando 60.000 millones de euros más que no tenemos. Por esas razones
hemos enmendado. Y las enmiendas del Partido Socialista son bastante similares, van también en la línea del acuerdo de gobierno que hemos firmado con el Partido Socialista. En la medida en que estas enmiendas puedan ser aceptadas, votaremos a
favor y daremos trámite a esta proposición no de ley porque, efectivamente, creemos que es urgente arreglar un sistema de financiación que es un desastre.
Permítanme concluir con una cuestión que me parece fundamental. Esta proposición no de ley tiene algunos defectos pero aborda una cuestión muy relevante: el problema que tenemos con un sistema de financiación que es desastroso y una
gestión de algunas administraciones territoriales que no solo ha sido
desastrosa sino que ha sido corrupta. Pero todo esto, si los extremos a un lado y al otro de la Cámara continúan bloqueando la formación de un Gobierno, no se podrá abordar. Como todos los intentos de solución a los problemas de los
ciudadanos, el próximo 2 de mayo esto quedará como un fracaso, como lágrimas en la lluvia.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De la Torre.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor López Milla.
El señor LÓPEZ MILLA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señores ministros, el Gobierno en funciones del Partido Popular, del que ustedes forman parte, en tiempo de descuento y huido del control de esta Cámara, ha lanzado un ataque furibundo contra la autonomía
política y financiera de las comunidades autónomas, un ataque impulsado por la obsesión centralista de sus dirigentes y amparado en los dogmas de la austeridad suicida que el Gobierno de Rajoy ha tratado de imponer con la excusa de la crisis. Basta
ya, señor ministro, de misivas amenazadoras remitidas con el único objetivo de tratar de recuperar alguna de la mucha credibilidad perdida ante las instituciones europeas. Ya está bien, señor ministro, de decisiones sectarias contra Gobiernos
autonómicos elegidos hace tan solo unos meses que están teniendo que afrontar la carga que han recibido de los anteriores gobiernos del Partido Popular, a los que usted trato con tanta laxitud. La realidad, señorías, es que el Gobierno del Partido
Popular lleva años tratando de asfixiar a las comunidades autónomas imponiéndoles niveles de déficit mucho más exigentes que los que se reservaba para él mismo. Les ha puesto el listón mucho más alto para que les resultara imposible saltarlo, para
presentarlas como incumplidoras, para descargar sobre ellas las responsabilidades de su fracaso en la rebaja del déficit y para dejar un hueco en las cuentas públicas que le permitiera hacer al Gobierno de España una reforma fiscal electoralista,
destinada a llenar el bolsillo de los contribuyentes con una renta más elevada.
El Gobierno de Rajoy, del que forma parte el señor Montoro, se ha reservado el lado más ancho del embudo para hacer su reforma tributaria, mientras dejaba el lado más estrecho del embudo para las comunidades autónomas; es decir, para la
sanidad, para la educación o para la atención a la dependencia. Les ha prestado dinero, es verdad que les ha prestado dinero, un dinero que tienen que devolver, un dinero que ha disparado su endeudamiento, un dinero que les ha entregado a cambio de
exigirles que acataran un catálogo de condiciones diseñado para tratar de someterlas a sus postulados ideológicos. Por eso se lo prestaba en vez de entregárselo a través del sistema de financiación autonómica, que es lo que habría asegurado la
suficiencia financiera de las comunidades autónomas.
El Gobierno del que forma parte el señor Montoro lleva años criticando el modelo de financiación autonómica, casi tantos años como los que lleva negándose a cambiarlo, faltando reiteradamente a la obligación de revisarlo cada cinco años,
como establece la norma que lo regula. Es lo que dice la propia ley. En 2014, el señor ministro anunció que cambiaría la financiación autonómica. De hecho, se llegó a constituir un grupo de trabajo en el seno del Consejo de Política Fiscal y
Financiera. Se constituyó hace dos años. Ese grupo de trabajo solo se reunió un par de veces porque poco después el propio ministro dijo que el clima político era irregular y lo paralizó todo. Quizá lo paralizó porque descubrió que tenía que
buscar un hueco en las cuentas públicas para hacer esa reforma tributaria que tenía en la cabeza, la reforma tributaria en beneficio de la minoría a la que el Partido Popular favorece con amnistías fiscales y con cambios tributarios.
Señor Baldoví, en nuestra enmienda, la enmienda que hemos presentado, instamos al Gobierno de España a reformar urgentemente el modelo de financiación; a garantizar la suficiencia de recursos para el ejercicio de las competencias propias de
las comunidades autónomas; a corregir los desequilibrios que hayan podido producirse durante la aplicación del modelo que aún está en vigor, porque la propia ley que lo regula dice que se deben corregir las deficiencias a los cinco años; y a
compensar, de acuerdo con lo que establece la Lofca, a aquellas comunidades que se hayan visto afectados por una insuficiencia recurrente de ingresos, como es el caso de la Comunitat Valenciana, la única autonomía, como usted ha dicho, que tiene una
renta por habitante inferior a la media y, sin embargo, contribuye a las políticas de gasto público en España como si su renta por habitante fuera muy superior a la media. Una comunidad cuyo Gobierno, el que preside ahora Ximo Puig, gasta por
debajo de la media, y a pesar de ello incurre en elevados déficits. Y es así porque se ve afectada por un problema de insuficiencia de ingresos que
padecen casi todas las comunidades autónomas, pero que en la Comunitat Valenciana es mucho más grave, mucho más grave por los niveles que alcanza, porque se trata de un déficit de carácter estructural.
Es cierto que a lo largo de dos décadas los sucesivos Gobiernos del Partido Popular, los Gobiernos valencianos, se gastaron mucho dinero que no tenían en lo que menos falta hacía. Es cierto que se lo gastaron en grandes eventos tan ruinosos
como efímeros que acabaron sirviendo muchas veces como incubadora del despilfarro y de la corrupción. Las deudas que dejaron, las deudas que ahora pesan sobre las arcas públicas de la Comunidad Valenciana, fruto de una gestión sin duda abominable,
no deben mezclarse con las deudas que ha generado la falta de recursos del sistema de financiación autonómica; esas deudas son a las que alude usted en su PNL y son las deudas a las que nos referimos también nosotros en nuestra enmienda. Una
enmienda, la del Grupo Socialista, que lo que hace en definitiva, lo que hace finalmente, es subrayar la necesidad de asegurar la viabilidad de los servicios públicos que ofrecen las comunidades autónomas, asegurar su viabilidad de acuerdo con los
principios de igualdad, de solidaridad y de suficiencia financiera, y el Gobierno de España tiene la obligación de asegurar esa viabilidad, de garantizarla sin amenazas y sin actuaciones sectarias.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Milla.
Es ahora el turno de fijación de posiciones, e interviene en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente desde el escaño para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco en relación con esta iniciativa. Señor Baldoví, como usted bien sabe y como es costumbre en el Grupo Parlamentario Vasco, no voy a adentrarme en el
debate ni en el detalle de su propuesta; lo hacemos por respeto a aquellas comunidades de régimen común cuyo modelo de financiación es el de la Lofca. Como bien sabe, en la Comunidad Autónoma Vasca y en la Comunidad Foral de Navarra son el régimen
de concierto económico y el del convenio, respectivamente, los regímenes aplicables, cuya raíz y modelos son completamente diferentes. No tengo ninguna duda de que un nuevo Gobierno tendrá que afrontar el cambio del modelo de financiación de las
comunidades autónomas. La crisis económica, el cambio de las prioridades políticas, el coste de las prestaciones públicas y un largo etcétera obligan a revisar no solo las prioridades de gasto sino también el modelo de ingresos y financiación que
dé coherencia al modelo de prestaciones públicas e inversiones públicas con los recursos que para ello se precisan. Y, evidentemente, habrá que pactar los criterios económicos-financieros fiscales y sociales que sean precisos; es lo que apunta la
lógica y la política. Ese es el ánimo de la proposición no de ley que presenta el señor Baldoví en nombre del Grupo Parlamentario Mixto. Nos parece razonable pues que se plantee la necesidad de la revisión del modelo de las comunidades autónomas
de régimen común, pero siguiendo nuestra costumbre de estricto respeto y no intromisión, nos abstendremos en la votación de esta iniciativa.
Eskerrik asko.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat) tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.
La pregunta sería: ¿debe modificarse un sistema de financiación de las comunidades autónomas caducado? Obviamente sí. ¿Debe modificarse un sistema de financiación absolutamente insuficiente, pésimo y que nunca tendría que haberse empezado
a aplicar para las comunidades autónomas? Obviamente la respuesta es sí. Bajo estas premisas una PNL con unos acuerdos muy genéricos, evidentemente es difícil de votar en contra, pero para nosotros, para el Grupo Catalán, y me atrevo también a
hablar en nombre de toda la Comunidad Autónoma de Cataluña, es una PNL absolutamente insuficiente en su resolución. Es insuficiente porque es genérica, pero es que la enmienda todavía es más insuficiente, y en nuestro grupo nos llegamos a plantear
hasta abstenernos, pero evidentemente les vamos a dar apoyo. Les vamos a dar apoyo, aunque esto no resuelve nada a Cataluña. Cataluña tiene otros problemas, tiene el problema del sistema de financiación obviamente, pero tiene un problema previo,
un problema histórico, el problema de la falta de lealtad institucional por parte del Estado. El sistema de financiación era malo y es malo, pero además se ha incumplido reiteradamente. Este sistema de
financiación, que recordemos fue aprobado por el Partido Socialista y fue aplicado por el Partido Popular, era malo en origen y malo en aplicación. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor.
El señor BEL ACCENSI: Hablaba de la falta de lealtad institucional por parte del Estado en la aplicación de este sistema de financiación y de muchísimas leyes que tienen consecuencia en la financiación de Cataluña y evidentemente de la
Comunidad Valenciana y de otras comunidades autónomas. Hoy les podríamos recordar incumplimientos constantes. Hoy les podríamos recordar su obsesión enfermiza, si me permiten, por evitar que sea Cataluña quien gestione el 0,7 % del IRPF; el
incumplimiento de la financiación de la Ley de la Dependencia; su obsesión en prohibir la aplicación de nuevos impuestos por parte de la Generalitat de Catalunya como depósito bancario y así podríamos hacer un listado enorme de graves
incumplimientos. El problema de Cataluña es este y se lo digo a todas las formaciones políticas, se lo digo al Partido Popular, pero también se lo debo decir al Partido Socialista.
Respecto a la enmienda que acabaremos aprobando, encontraba yo algunos olvidos que entiendo que no deben ser casuales porque, claro, el Partido Socialista aprobó en aquel momento -era la tabla de salvación del Estado español- un documento
que recordarán, el documento de Granada, aquel documento que era una propuesta de Estado federal para el conjunto de España y en el que debían encontrar comodidad todas las naciones que lo componen. Este documento hablaba de un principio; un
principio que hoy no encontramos en su propuesta de resolución, que era básico en aquel momento -es verdad que no lo establecía como obligatorio, pero era aconsejable- y que establecía que quien contribuya en términos netos no debería verse
desfavorecido en la ordinalidad respecto a sus aportaciones. La realidad es esta. Hoy ustedes no establecen como principio básico para una reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas que aquellas comunidades autónomas que
aporten en términos relativos no se vean perjudicadas respecto a aquellas comunidades que se benefician. Entenderíamos que esto hubiese sido un gesto de buena voluntad, aunque después reiteradamente ustedes incumplieran los sistemas de financiación
que han aprobado. No obstante, no vamos a ser los que pongamos alguna dificultad para que se cumpla le ley, porque, claro, ustedes cumplen la ley cuando les interesa. Yo le he dicho al señor Montoro en diferentes ocasiones que nosotros aprobamos
la Ley de Estabilidad Presupuestaria porque establecía un sistema claro de asignación de los objetivos de déficit entre las comunidades autónomas, el Estado y las corporaciones locales. Hoy este sistema no se ha aplicado. También se pide que los
sistemas de fijación de objetivos de déficit sean claros, transparentes y concretos. De hecho, si aplicamos la disposición adicional primera de la Ley de Sostenibilidad Financiera ya lo son; el problema una vez más es que el Estado no cumple y
estos no se aplican. En todo caso, mi grupo va a votar a favor de una iniciativa que le parece absolutamente insuficiente, pero esperemos que tenga mejor recorrido que todas aquellas que se han aprobado a lo largo de los últimos treinta años en
esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Bona tarda, señorías.
¿Por qué deberíamos creer que aprobando esta proposición no de ley sobre un nuevo sistema de financiación este se convertirá en una realidad? Supongo que permitirán que me haga preguntas retóricas y llenas de escepticismo en atención a que
la ciudadanía catalana de forma mayoritaria ha superado ya la fase del autonomismo y está para otras cosas; el mismo escepticismo que nos provocó el pasado viernes 8 de abril el ministro Montoro cuando anunció la creación de una comisión técnica
para establecer las bases de un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas. Resulta realmente sorprendente que un ministro en funciones que actúa como si fuese un titular haga este anuncio, pues, como se decía, esta revisión del
sistema de financiación llega dos años tarde, dado que tocaba en el año 2014, y además después de innumerables incumplimientos del sistema de financiación pactado con Cataluña, cuyo incumplimiento se produjo al día siguiente de haberse firmado el
acuerdo. Un incumplimiento reiterado que se produce año tras año, porque es incumplimiento efectuar liquidaciones a la baja en relación con los anticipos a cuenta de las transferencias, unos mil millones anuales, y concretamente para el año 2014
fueron unos 1.400 millones menos. También es incumplimiento cuando se produce un aumento de la recaudación derivado del incremento del IVA, parte de este impuesto transferido a Cataluña, donde
probablemente se ha recaudado más, y se difiere su pago para dos años más tarde. Correspondía a 2014 y se realiza el pago en el año 2016. Mientras tanto Cataluña necesita acudir a medios de financiación extraordinarios, como el FLA, por
los que hasta el año pasado se pagaron intereses. Es decir, el Gobierno del Reino de España hace negocio con el dinero de los catalanes y de las catalanas, pero también con el de los ciudadanos del País Valencià y de les Illes. Estos
incumplimientos afectan no a los territorios, espacio físico y geográfico, sino a las personas que viven en ellos; a los servicios públicos que deben recibir niños, jóvenes, mujeres, hombres, personas mayores -sanidad, educación, servicios
sociales, Ley de la Dependencia, políticas de igualdad, políticas de género-; servicios públicos esenciales a los que la ciudadanía tiene derecho y que con este proceder el Gobierno del Estado español y el ministro de Hacienda como autor material
incumple. Infringe la ley y vulnera derechos fundamentales. Apunto esta cuestión porque a ustedes, señores del Partido Popular, se les llena la boca con el cumplimiento de la ley, con el imperio de la ley cuando hablan de Cataluña y apuntan a
Cataluña. Mírense al espejo y aplíquense el cuento. Si a todo lo anterior le añadimos un reparto no equitativo y en función del gasto social en los objetivos del déficit por parte del ministro Montoro, la injusticia está servida. (Rumores).
La proposición no de ley planteada por Compromís llega tarde por lo que respecta a Cataluña por razones evidentes y sobre las que no me voy a explayar. La ciudadanía de Cataluña ha iniciado un proceso que tiene su fiel reflejo en la
composición netamente independentista del Parlament de Catalunya, que trabaja para y por un proceso constituyente para terminar proclamando la república catalana. (Rumores). Ya no pasa ni por negociar ni por sentar las bases de un nuevo sistema de
financiación. Es más que probable que esta proposición no de ley se apruebe y que su recorrido se agote en la propia aprobación. (Rumores). La posición de Esquerra Republicana no va a ser otra que solidaria con las distintas naciones...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Capella.
Ya sé que no las van a hacer desaparecer, pero les pediría que redujeran el volumen de sus conversaciones para que no le sea tan difícil intervenir desde esta tribuna a quien tiene en este momento el uso de la palabra. Por lo tanto,
reduzcan el volumen, por favor.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Señor presidente, iré concluyendo.
La posición de Esquerra Republicana no va a ser otra que solidaria con las distintas naciones que cohabitan en el Estado español y defensora de ellas, como hemos hecho la semana pasada con la modificación del Estatut de Autonomía del País
Valencià, que establecía un nuevo sistema de financiación. No vamos a obstaculizar esta tramitación y continuaremos denunciando el expolio fiscal y la infrafinanciación. Es evidente que Esquerra Republicana defiende y continuará defendiendo a
todas las partes y territorios de los Països Catalans: País Valencià, les Illes y el Principat. Es por la ciudadanía de estos territorios por lo que Esquerra votará favorablemente y continuará denunciando hasta el último día que estemos en este
Parlamento el expolio fiscal que padecemos los Països Catalans, de Salses a Guardamar y de Fraga a Maó -hasta hace poco Esquerra Republicana defendía en solitario al País Valencià, a les Illes y al Principat y en estos momentos somos unos cuantos
más; desde la legislatura pasada, con la llegada de Compromís, fue así-, en el bien entendido de que esta proposición no de ley, por lo que respecta a Cataluña, agota todo su recorrido en este trámite.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Capella.
Por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ GÓMEZ: Señor presidente, hacer jerarquías respecto a la importancia de los debates políticos no es fácil, pero si existe una cuestión especialmente vinculada al bienestar de las personas esa es la cuestión de la
financiación autonómica, toda vez que las autonomías gestionan buena parte de los servicios públicos más cercanos a nuestra vida cotidiana. Ahora bien, enfocar esta cuestión sobre la base de una idea extraña de igualdad pensamos que es erróneo y se
compadece poco con la realidad objetiva del Estado español, del reparto del poder dentro del mismo, de la posición de partida de cada territorio dentro de él y del papel que cumplen en la economía del Estado las diferentes naciones y comunidades
autónomas; y como bien aprendimos del feminismo, tratar igual a los que tienen condiciones diferentes suele acarrear más desigualdad.
Desde En Marea, cuando hablamos de proceso constituyente para decidirlo todo, también nos referimos a decidirlo todo sobre economía y sobre qué criterios se redistribuyen los recursos dentro del Estado español. Aunque estamos hablando de
cifras, también es el momento de hablar de letras, el momento de hablar de los principios rectores sobre cuya base se hará la redistribución económica. Por eso saludamos favorablemente esta iniciativa que abre campo para ver si es posible compartir
un horizonte pese a haber intereses diferentes y para eso invitamos a avanzar sobre propuestas que comprendamos justas para todos y todas.
Para hablar de esa justicia desde En Marea tenemos que hablar de nuestra realidad concreta. Galicia tiene un territorio donde están más de la mitad de los núcleos de población de todo el Estado. Han oído bien, de los 46.606 núcleos de
población de todo el Estado español, 27.312 están en Galicia. La dispersión significa que en muchos casos para prestar el mismo servicio a los ciudadanos y ciudadanas se requieren mayores recursos. Un ejemplo claro, tenemos miles de niños y niñas
en aldeas y núcleos dispersos que van todos los días al colegio -tenemos esa manía de la educación obligatoria-, y para cumplir con el mismo servicio obligatorio el coste es muy diferente en cuanto a transporte, profesorado o comedores escolares.
Tenemos también una pirámide de población completamente invertida, con pocos niños y niñas y una población envejecida, lo que significa que necesitamos más recursos para sanidad o dependencia. Es más, habría mucho que decir también sobre las
balanzas fiscales y la territorialización del gasto y la inversión. Otro ejemplo, la factoría de PSA Citroën de Vigo es una de las mayores fábricas de coches en territorio peninsular. ¿Dónde tiene su sede fiscal? En Madrid. Otro ejemplo más.
Hay miles de personas gallegas emigradas en Madrid, Barcelona, Bilbao, y es muy frecuente que después de toda una vida trabajando en estas ciudades regresen a Galicia a la hora de la jubilación. ¿Cómo se contabiliza esto? En su etapa productiva
contabilizaban en un territorio y cuando suponen un mayor gasto para la Hacienda pública por su necesidad de más servicios cuentan en otro, y nosotros suponemos que tienen derecho a unos servicios justos. (Rumores). Como ven, hablamos de una
realidad en la que en última instancia acaban pagando doblemente los gallegos y las gallegas del común, las que no tienen para pagar la sanidad privada, las que no tienen para cuidar de sus mayores...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Fernández.
Es muy incómodo intervenir desde esta tribuna con el volumen de ruido que hay en este momento en la Cámara. Por favor, entiéndanlo y respeten a quien tiene la palabra en este momento. (Aplausos).
Continúe, por favor.
La señora FERNÁNDEZ GÓMEZ: Como decía, supongo que tenemos derecho a estos servicios, porque en última instancia estamos hablando de esa realidad que pagamos doblemente gallegos y gallegas, los que no tenemos para pagar la sanidad privada,
los que no tenemos para cuidar de nuestros mayores y los padres y madres que siguen llevando a sus hijos e hijas a escuelas públicas a pesar de los recortes, porque no vamos a renunciar a una escuela pública de calidad para todos. Por todo esto,
desde En Marea defendemos que la financiación debe tener en cuenta un cálculo riguroso del coste de la prestación de servicios en nuestro país sobre la base de criterios como la dispersión, el envejecimiento, la orografía o la extensión de nuestro
litoral. Eso sí, cuando por ejemplo hablemos de dispersión, hay que concretar. Las vaguedades y el bienestar de la gente no hacen buena pareja. Repensemos el Estado y la financiación autonómica en toda su relevancia con honestidad.
Nosotros somos muy favorables a la descentralización del Estado por su dimensión democrática y por nuestra concepción plurinacional del Estado. Esto no debería significar en ningún caso mayor desigualdad, pero para eso debemos comprender
que los criterios compartidos deben ser justos. Señorías del PSOE, una vez más se demuestra en este hemiciclo que se equivocan de pareja de baile y que su decisión nos lleva a un callejón sin salida cuando podríamos estar trabajando con una mayoría
amplia de izquierdas. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Fernández de Moya.
El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.
Miembros del Gobierno de España, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, señorías, me van a permitir que adelante el sentido del voto del Grupo Parlamentario Popular, que va a ser favorable a la proposición no de ley presentada por
Compromís, fundamentalmente poniendo en valor que corresponde
sin lugar a dudas a una iniciativa que llega también a remolque de la formulación que ha hecho el Gobierno de España de la convocatoria el próximo viernes del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar las bases de la reforma del
sistema de financiación autonómica.
Señorías de Compromís, cuando el actual Gobierno de España llegó a finales de 2011 principios de 2012 al Gobierno de la nación española fuimos a lo urgente e inaplazable, que era sacar a España de la crisis económica, del rescate y de la
intervención a la que nos habían abocado los socialistas por su nefasta gestión. Por eso lo primero que hicimos fue, sin lugar a dudas, consolidar desde el punto de vista presupuestario unas finanzas públicas que estaban quebradas, que estaban
arruinadas.
Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, cuando se refieran a lo que significan incubadoras de despilfarro y corrupción miren al sur, miren a Andalucía y verán a dos expresidentes de la Junta imputados, a exconsejeros y a centenares de
altos cargos de la Junta de Andalucía imputados por corrupción.(Aplausos). Por cierto, ese Gobierno del cambio del que hablan PSOE y Ciudadanos no ha podido escoger mejor día que hoy, cuando se publica en Andalucía el informe de la Cámara de
Cuentas de Andalucía que fiscaliza el gasto público del año 2014, donde se dice que el Gobierno socialista de Susana Díaz ya tiene mil millones de euros de facturas en los cajones. (Protestas).
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Si es que con ustedes siempre es lo mismo: gastar, gastar, gastar, pero no pagar. (Aplausos). Yo invito y tú pagas, como hace el Gobierno del Partido Popular.
¿Qué es eso de que el Gobierno de España asfixia a las comunidades autónomas? (Rumores.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben).
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Señorías, el Gobierno de España ha sido el Gobierno más solidario en el ámbito de la historia democrática de las finanzas públicas, ayudando a comunidades autónomas y a entidades locales, poniendo en
marcha mecanismos de proyección de liquidez, comunidades autónomas que de otra manera no hubiesen podido ni siquiera pagar las nóminas, ni muchísimo menos a proveedores. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Fernández.
Por favor, respeten a quien tiene la palabra y el turno que le corresponde. (Aplausos). Todos.
El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: El Gobierno de España ha destinado 133.896 millones de euros en medidas de liquidez entre los años 2012 y 2014: al Fondo de Liquidez Autonómico, 62.800 millones de euros; al fondo de pago a proveedores a
comunidades autónomas y entidades locales, 41.800 millones de euros, y ha habido un ahorro en coste financiero para las administraciones públicas vinculadas a estas operaciones de 2.559,5 millones de euros. Esa es la solidaridad del Gobierno de
España, ayudando a las comunidades autónomas y a las entidades locales en el peor momento, en una crisis económica brutal.
Señorías, está muy bien subirse aquí a la tribuna y empezar a hablar de que se apuesta por las políticas sociales, pero este es el gasto que ustedes destinaban en el año 2007 (Muestra un gráfico) en época de bonanza económica a las políticas
sociales; a pensiones, a desempleo, a dependencia y a protección social, 138.574 millones de euros, y el Gobierno del Partido Popular 185.736 millones de euros. (Aplausos). Esto es apostar por la política social. Los planes de pago a
proveedores, que es el mayor plan de empleo que se ha puesto en marcha en el conjunto de la nación española, bien que han sido aprovechados por los socialistas, porque gastaban pero no pagaban. (Rumores). Les voy a poner un ejemplo de mi tierra:
En Andalucía, la Junta pagó el 93 % de atrasos en la dependencia...
El señor PRESIDENTE: Silencio.
El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: ... con fondos del Gobierno de España. Si es que ustedes de boquilla mucho, pero a la hora de la verdad los Gobiernos que pagan, que se comprometen con la solidaridad interterritorial y que ayudan a las
administraciones públicas son los del Partido Popular. (Aplausos). Ustedes los abandonan y los dejan completamente olvidados. (Aplausos.-Protestas).
Termino, señor presidente, con dos últimas reflexiones. Este cuadro es la evolución del déficit público en España (Muestra un gráfico). Sé que a ustedes esto no les interesa, porque no van por la senda de la consolidación presupuestaria,
pero en España, en los años 2007 y 2008, había un superávit del 2,2 % del producto interior bruto y con un Gobierno socialista, que arruinó este país, nos llevaron nada más y nada menos que a un déficit del menos 11 % de la riqueza nacional, 13
puntos del producto interior bruto, Los socialistas nos dejaron un agujero de 150.000 millones de euros (Protestas.-Aplausos). Concluyo poniendo de manifiesto el compromiso del Gobierno de España con la reforma del sistema de financiación
autonómica, un compromiso que ahora podemos abordar por la senda de la consolidación presupuestaria, por las reformas estructurales llevadas a cabo por el Gobierno de España, por la reforma del sector financiero para inyectar crédito y, al mismo
tiempo, estimular inversión, y por algo muy importante, porque con ustedes se pasó de generar un desempleo de 3,5 de españoles a un Gobierno del presidente Rajoy con 1.100.000 empleos. Hemos pasado de la recesión económica al crecimiento económico,
de la destrucción masiva de empleo que se producía con los socialistas a la generación de empleo...
El señor PRESIDENTE: Concluya ya, señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: ... y ustedes en la tarde de hoy han tenido una oportunidad maravillosa que durante cuatro años no han hecho. Todavía no han pedido perdón a España y a los españoles por cómo dejaron este país. (Rumores
y protestas.-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández.
Antes de comenzar con las votaciones y antes de dar lectura a una declaración institucional que hemos acordado esta mañana en la Junta de Portavoces -y supongo que no vulnero ningún artículo del Reglamento-, permítanme manifestar y expresar
la condena más unánime y contundente de esta Cámara ante el nuevo asesinato machista que hoy se ha cometido en Benidorm, y también manifestar nuestra solidaridad con los familiares y amigos de la víctima. Yo ya sé, y sabemos todos, que con
protestar no basta, pero si no lo hacemos, si no mostramos nuestro horror por el asesinato de una mujer por ser mujer, nunca acabaremos con esta lacra; y son quince ya las mujeres asesinadas en nuestro país en lo que va de año, y nuestra obligación
es denunciar el horror machista, pero también utilizar todos los instrumentos del Estado de derecho para educar, prevenir, proteger y ayudar a las víctimas y perseguir y combatir sin descanso esta violencia hasta conseguir que desaparezca para que
nuestra sociedad sea más decente cada día. Seguro que todos y todas lo entendemos así. (Aplausos).
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:
- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN APOYO A LA CANDIDATURA DE LAS ISLAS CANARIAS COMO CAPITAL EUROPEA DE LA JUVENTUD 2019. (Número de expediente 140/000004).
El señor PRESIDENTE: Ahora el secretario segundo procederá a la lectura de la declaración institucional.
El señor SECRETARIO (Prendes Prendes): La Capitalidad Europea de la Juventud es un título otorgado desde 2009 por el European Youth Forum a una población durante el periodo de un año, en el cual se le da la oportunidad de mostrar, a través
de un programa multifacético, su vida cultural, social, política y económica relacionada con la juventud. La iniciativa tiene como objetivo principal fortalecer la relación entre los niveles europeos y locales, fomentando la participación de los
jóvenes en el ámbito local mediante la aplicación de los objetivos europeos comunes en el área de juventud.
Hasta ahora ninguna ciudad española ha sido elegida. En esta ocasión se presenta una candidatura liderada por el Consejo de la Juventud de Canarias, lo que hará que nuestra región ultraperiférica esté en el centro del mapa de la juventud
europea y, además, estimule el sentimiento europeísta de nuestros jóvenes como parte integrante e importante de la Unión. Un proyecto dinamizador de estas dimensiones pretende unir a la juventud de las siete islas, compartiendo y rotando las
actividades que se propongan por todo el territorio, a la vez que desarrolle el trabajo en la red entre las distintas administraciones canarias con competencias en materia de juventud. La capitalidad será para toda Canarias y rotará por las
capitales de las siete islas y, a su vez, de estas hacia todo el territorio archipielágico. Establecer un diálogo estructurado entre las administraciones y los jóvenes, potenciar el asociacionismo y la participación juvenil y, en general, el
protagonismo de la juventud en las decisiones políticas que les afectan es uno de los
objetivos principales de nuestra misión, en una región europea a veces aislada y afectada por uno de los porcentajes de precariedad y desempleo juveniles más altos.
La Capitalidad Europea es un excelente marco para implicar en el trabajo en favor de la juventud al resto de los sectores y agentes sociales, públicos y empresariales de las islas. El enriquecimiento se produce en los dos sentidos: hacia
fuera, en la proyección de nuestro territorio hacia el resto de Europa, dándonos a conocer como región ultraperiférica y como cruce de culturas tricontinental. Durante 2019 nuestras ciudades se convertirán, además, en el lugar idóneo para acoger
cualquier tipo de conferencias nacionales o internacionales relacionadas con la juventud. Es una gran oportunidad para aumentar nuestra visibilidad y notoriedad a escala europea. A la vez, permitirá el desarrollo de sinergias y proyectos locales
cuya influencia y desarrollo perdurarán mucho más allá del año en cuestión, beneficiando al conjunto de la juventud canaria a largo plazo.
Por todo ello, el Congreso de los Diputados manifiesta el apoyo a la candidatura 'Islas Canarias, Olas de Juventud 2019' -Canary Islands, Waves of Youth 2019-, impulsada por la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias, a
propuesta del Consejo de la Juventud de Canarias, que tiene como objetivos fundamentales activar las políticas de juventud, seriamente mermadas durante el periodo de crisis, así como propiciar que la juventud de una región ultraperiférica como el
archipiélago canario se sienta integrada y se la reconozca como parte importante de Europa. Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 25/2015, DE 28 DE JULIO, DE MECANISMO DE SEGUNDA OPORTUNIDAD, REDUCCIÓN DE LA CARGA FINANCIERA Y OTRAS MEDIDAS DE ORDEN SOCIAL. (Número de expediente 122/000016).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a las votaciones.
Votamos, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, de modificación de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras
medidas de orden social.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 115; en contra, 163; abstenciones, 54.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL SEÑOR IGLESIAS TURRIÓN Y OTROS 57 DIPUTADOS, 25 DE EMERGENCIA SOCIAL. (Número de expediente 123/000001).
El señor PRESIDENTE: Votamos la toma en consideración de la proposición de ley del señor Iglesias Turrión y otros 57 diputados y diputadas, 25 de emergencia social.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 167; en contra, 114; abstenciones, 52.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos).
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), RELATIVA A LA ADOPCIÓN URGENTE DE MEDIDAS PARA EVITAR LA QUIEBRA Y DESAPARICIÓN DEL SECTOR SIDERÚRGICO. (Número de expediente 162/000173).
El señor PRESIDENTE: Votamos el texto de las proposiciones no de ley, según lo que se ha ido acordando y anunciando en el curso del debate. En primer lugar, la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la adopción urgente de medidas para evitar la quiebra y desaparición del sector siderúrgico. La votamos en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 332.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR BALDOVÍ, SEÑOR BATALLER, SEÑOR CANDELA Y SEÑORA SORLÍ), SOBRE CRITERIOS PARA LA REFORMA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE RÉGIMEN COMÚN Y CIUDADES CON ESTATUTO. (Número de
expediente 162/000147).
El señor PRESIDENTE: Votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Baldoví, del señor Bataller, del señor Candela y de la señora Sorlí, sobre criterios para la reforma del sistema de financiación de las
comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 325; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Suspendemos la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana.
Eran las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche.