CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2016 XI LEGISLATURA Núm. 46

PRESUPUESTOS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO DE LA TORRE DÍAZ

Sesión núm. 3

celebrada el miércoles,

13 de abril de 2016

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Airef (Escrivá Belmonte), para:


- Informar acerca de la evolución de la situación presupuestaria en España y de la ejecución de los presupuestos de las Administraciones Públicas para 2016. A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 212/000005)
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- Conocer su opinión sobre el nivel de endeudamiento público que ronda el 100 % del PIB, el más alto en volumen de la historia de España, así como las previsiones sobre su evolución futura y sus posibles repercusiones en el desarrollo de la
economía española. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000023) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


Estamos hoy aquí con motivo de la comparecencia del presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que viene para informar acerca de la evolución de la situación presupuestaria de España y de la ejecución de los
presupuestos de las administraciones públicas para 2016, a petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y a petición del Grupo Parlamentario Socialista para conocer su opinión sobre el nivel de endeudamiento público que ronda el cien por cien del
producto interior bruto, el más alto en volumen de la historia de España, así como las previsiones sobre su evolución futura y sus posibles repercusiones en el desarrollo de la economía española. Si no hay inconveniente vamos a tramitar ambas
solicitudes de comparecencia de forma acumulada para no duplicar el tiempo.


En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a esta comisión al señor Escrivá, presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y agradecerle especialmente que esté hoy aquí con nosotros, no solo porque en los últimos
tiempos estamos teniendo algunos problemas pues no todo el mundo comparece en el Parlamento, sino también porque el señor Escrivá tiene gran mérito ya que comparece por segunda vez al haber estado la semana pasada en la Comisión de Hacienda. De
hecho, cuando hablé con su gabinete llegamos al acuerdo de que en la Comisión de Hacienda viniese a hablar del plan de actuaciones y que aquí lo hiciese de la evolución del déficit y de las cuestiones de la deuda pública, que habían pedido los
grupos parlamentarios Ciudadanos y Socialista. Una de las cosas a las que se refirió en su anterior comparecencia era la fijación de los objetivos de déficit de las comunidades autónomas. Ayer, en el Pleno, con los votos a favor de todos los
grupos parlamentarios, salvo el Grupo Vasco que se abstuvo -se lo digo porque a lo mejor no tiene conocimiento- porque no entraba en cuestiones de financiación común, se aprobó una proposición no de ley con los votos a favor de prácticamente todos
los diputados que están aquí. En su punto quinto establece sistemas objetivos y transparentes para asignar los objetivos de déficit a las distintas administraciones públicas que eviten la discrecionalidad y la arbitrariedad en la distribución de
dicho déficit. Es verdad que le hacemos venir varias veces, pero en algunas ocasiones los diputados de esta Cámara le hacemos algún caso. Le dejo la proposición por si la quiere.


Tiene la palabra, por el tiempo que estime necesario, el señor Escrivá, agradeciéndole que esté hoy nuevamente con nosotros.


El señor PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL, AIREF (Escrivá Belmonte): Señor Presidente, señorías, quiero, en primer lugar, agradecerles esta invitación para comparecer por primera vez desde la creación de la
Airef ante esta Comisión de Presupuestos del Congreso para informar acerca de la evolución presupuestaria de España y, como ha indicado el presidente, para que conozca nuestra opinión sobre el nivel de endeudamiento público, su evolución futura y
sus posibles repercusiones en el desarrollo de la economía española. La Airef aborda siempre estos temas esforzándose porque prevalezca una perspectiva de medio plazo en la que se ponga énfasis en las tendencias subyacentes que determinan las
variables fiscales macroeconómicas, se identifiquen los elementos estructurales y se estimen con la mayor precisión posible los impactos del ciclo económico sobre los presupuestos de las distintas administraciones. Nos parece conveniente huir de
debates que se centren en cambios, a veces en décimas, de magnitudes presupuestarias que resultan poco informativas sobre las perspectivas futuras.


Hemos visto recientemente cómo una alteración de dos décimas del déficit público en 2015, ha centrado toda la atención de los medios, cuando su relevancia para su evolución de las cuentas públicas es nula, al resultar de un puro ajuste
contable. Es conveniente recordar antes de nada que España ha realizado un intenso esfuerzo de consolidación fiscal a partir del año 2010, y lo ha hecho durante gran parte de este período en un entorno recesivo muy severo y con un comportamiento de
los precios muy poco favorable a la recuperación de los ingresos públicos. Comparado con períodos previos de consolidación fiscal, el realizado en los últimos años resulta mucho más exigente por las condiciones del entorno en que se ha producido.
Tras cinco años consecutivos de política presupuestaria fuertemente restrictiva, 2015 ha sido el primer año en que la orientación de la política fiscal ha sido básicamente neutral o, incluso, ligeramente expansiva.


En el primer semestre del año 2016, la economía española sigue creciendo a tasas en el entorno del 3 %. A partir aquí, de mantenerse el entorno exterior actual y en ausencia de nuevas medidas de política fiscal o económica en general, la
economía debería experimentar una cierta desaceleración que

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podría extenderse a los próximos años. No obstante, podrían registrarse tasas de crecimiento o promedio del producto interior bruto durante los cuatro años de legislatura relativamente altas de alrededor del 2,5 % del PIB. La economía se
encuentra todavía en una posición cíclica baja, y con los impulsos existentes es probable que la expansión de la demanda que estamos experimentando se sostenga durante varios años. Ahora bien, utilizando una perspectiva de medio plazo, no conviene
contar con que las tasas de crecimiento superiores al 2 % se mantengan en ausencia de cambios que incrementen el potencial de crecimiento de nuestra economía. En este contexto, es de esperar que la inflación, por su parte, experimente una cierta
recuperación y evolucione desde los niveles tan bajos de los últimos años hacia lo que es la definición de precios del Banco Central Europeo, es decir, una inflación cercana, aunque por debajo del 2 %.


Aunque este escenario que podemos llamar central puede calificarse de favorable, su materialización está sometida a riesgos de distinta naturaleza. Por ello, al valorar cómo esta evolución esperada de la economía interacciona con las
cuentas y la deuda pública, hay que tener presente la incertidumbre a la que están sometidas las estimaciones y proceder con la prudencia debida. Con esta cautela en mente surgen dos cuestiones que se dirigen al centro de los temas que me han
planteado sus señorías para que aborde en esta comparecencia. La primera es cómo va a afectar el escenario macroeconómico descrito a la evolución de los ingresos y gastos de las distintas administraciones públicas; la segunda se refiere a en qué
medida puede verse afectado este escenario ante la necesidad que cumplir los objetivos de disciplina fiscal nacionales y europeos.


En relación con la primera de estas dos cuestiones, un buen punto de partida es la estimación realizada por la Airef en su informe de la semana pasada, que concluye que en ausencia de nuevas medidas de consolidación fiscal, simplemente como
resultado fundamentalmente de la continuación de la recuperación esperada de la economía en el año 2016 y en menor medida del efecto de los bajos tipos de interés sobre la deuda pública, el déficit del conjunto de las administraciones públicas se
situaría este año en torno al 4 % del PIB. En los tres años siguientes de la legislatura hasta el año 2019, este viento de cola debería seguir teniendo impactos positivos, aunque decrecientes en el tiempo, con un orden de magnitud que a día de hoy
podríamos estimar en alrededor de 1,5 puntos adicionales de reducción del déficit público. A partir de 2019, en cambio, la economía debería haber cerrado completamente su brecha cíclica negativa, con un nivel de demanda agregada ya normalizado y,
por lo tanto, no debería esperarse más viento de cola sobre las cuentas públicas.


En ausencia de medidas adicionales, este escenario central nos llevaría a un déficit público nominal al final de la legislatura que tendería a coincidir con su estimación en términos estructurales en un entorno a 2,5 puntos del PIB, que
excluyendo el coste de la duda, nos conduciría a un equilibrio presupuestario en términos nominales. Dado que en torno al año 2018-19 la economía debería estar en esta situación cíclica neutral, es muy útil comparar la estructura de ingresos y
gastos públicos que tendríamos en ese momento del tiempo con la que prevalecía cuando estuvimos en una situación similar, y sobre lo que existe un cierto consenso, que fue en torno al año 2000. Pues bien, cuando hacemos esta comparación observamos
que tendríamos en torno al año 2019 aproximadamente un punto más de ingresos en relación con el PIB, en torno a 39,5 puntos y en torno a 3 puntos más de gasto público, en torno a 42 puntos del PIB.


Por el lado de los ingresos, este punto adicional se debe a que los tipos impositivos actuales -suponiendo que prevalecen hasta el año 2019- generan un punto más de recaudación en relación con el año 2000, y esto se debe fundamentalmente a
los impuestos indirectos porque en el caso de los impuestos sobre la renta la recaudación en términos del PIB de los distintos impuestos sobre la renta resultaría similar a la que teníamos hace veinte años.


Por el lado del gasto público, los 3 puntos superiores que prevalecerían en el año 2019 respecto a la situación en el año 2000, que es cuando estábamos en situación cíclica neutral, se deben prácticamente en su totalidad al gasto en
pensiones. El resto del gasto experimenta una restructuración importante, con una sensible reducción del peso del gasto en inversión, lo que es formación bruta de capital fijo, y un aumento significativo del gasto en sanidad y en educación. Ahora
bien, cuando se evalúan estos últimos gastos de educación y sanidad en términos per cápita nos encontramos ahora, en políticas constantes, con una situación similar a la que prevalecería en el año 2000.


Volviendo al déficit estructural en torno a 2,5 puntos, la verdad es que presenta dos caras: una positiva y otra que no lo es tanto. La positiva es que el esfuerzo de consolidación fiscal pendiente en España evaluable en términos de estos
2,5 puntos es de una magnitud manejable, y parece realmente factible realizar este esfuerzo de alrededor de medio punto promedio anual si se distribuye adecuadamente a lo largo de una legislatura. Esto sería compatible con seguir creciendo en los
próximos años consistentemente

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por encima del 2 %, y si el reequilibrio se hiciera exclusivamente por el lado del gasto -es una hipótesis-, esto sería compatible con crecimiento del gasto público en términos reales ligeramente positivo.


La cara no tan positiva es la ausencia de una programación en este momento con un grado de concreción y credibilidad suficientes de convergencia al equilibrio presupuestario. Confrontados con esta situación, hay que huir de la complacencia.
Esto es particularmente necesario con un nivel de deuda pública tan elevado como al que se refería el presidente antes y con una poco convincente historia de disciplina presupuestaria. En este sentido, hay que recordar que el intenso esfuerzo de
consolidación fiscal acometido en los últimos años no ha impedido un aumento en la deuda pública de 65 puntos del PIB, hasta rozar el cien por cien. Creo que es interesante dedicar un momento a dilucidar por qué se han producido estos 65 puntos de
crecimiento del PIB. Nosotros hemos estimado que en torno a 20 puntos se deben a la prolongada debilidad cíclica de la economía en este periodo con muy baja inflación. Hay otros 25 puntos de estos 65 que se deben a la debilidad estructural de las
cuentas públicas, que estaba escondida y no era evidente en el año 2008 o 2009. La dinámica de la deuda aparta otros 8 puntos, el aumento del coste a medida que la deuda crece. Las ayudas a la banca han supuesto 7 puntos y las ayudas a otros
Estados 4 puntos. Si sumamos la ayuda a la banca y a otros Estados y los 20 puntos de debilidad cíclica, la crisis explicaría aproximadamente algo más de 30 puntos, la mitad de ese crecimiento de 65 puntos.


La ordenación de las causas de este crecimiento de la deuda permite observar el gran protagonismo de los saldos estructurales negativos. La constatación de este hecho refuerza la necesidad de disponer de un plan a medio plazo que permita
revertir la evolución histórica de las cuentas públicas hasta alcanzar un superávit primario que les permita cumplir con el objetivo a medio plazo en términos comunitarios y tener una senda consistente de reducción hacia el objetivo del 60 %, que es
el objetivo de referencia a largo plazo.


Los análisis realizados por la Airef con tasas de crecimiento y tipos de interés normales reflejan -en un escenario central- que podría llevar en torno a dos décadas que la trayectoria descendente de esta deuda alcance la referencia del 60
%, aunque obviamente las proyecciones a estos horizontes están sometidos a una incertidumbre considerable. Este calendario temporal de evolución de la deuda en su conjunto incluye una amplia heterogeneidad entre administraciones de las distintas
comunidades autónomas, algunas de las cuales podrían prolongar el cumplimiento más de una década adicional.


El debate, como ya he comentado anteriormente, no debe limitarse solamente a la constatación del cumplimiento o incumplimiento de los objetivos de deuda o estabilidad, sino buscar soluciones a los problemas existentes incidiendo sobre las
causas y no los síntomas. En este sentido, las distintas administraciones presentan una situación asimétrica como consecuencia de muchos factores que van más allá de su compromiso con la estabilidad presupuestaria, entre los que destacaría la
factibilidad de alcanzar los objetivos, la sensibilidad del ciclo económico de ingresos y gastos de cada administración y la suficiente adecuación de los sistemas de financiación en relación a las competencias de gasto. Sin ir más lejos, la
Administración central presenta una estructura de gasto que en el momento actual no parece presentar mucho margen para la consolidación. De hecho, el gasto computable a efectos de la regla de gasto supone únicamente el 45 % del total del
presupuesto de la Administración central. El resto se corresponde con gasto en desempleo, transferencias a otras administraciones, intereses y gastos financiados con transferencias de la Unión Europea. Incluso dentro del gasto computable están
incluidas partidas como las prestaciones de clases pasivas, complementos para mínimos de pensiones y otras prestaciones o la aportación al presupuesto comunitario que tampoco presentan espacio para el ajuste. Por el contrario, los ingresos de la
Administración central presentan una elevada sensibilidad al ciclo, contando además el Gobierno central con capacidad normativa para su modificación.


El protagonismo de la Seguridad Social dentro de las cuentas públicas es muy grande. La estimación de ingresos y gastos del sistema de la Seguridad Social elaborada por la Airef para 2016 mantiene el saldo negativo incurrido en el ejercicio
anterior. En los siguientes tres años puede reducirse este déficit hasta situarse ligeramente por debajo del 1,5 % del PIB, siempre sin olvidar el grado de incertidumbre de los factores con influencia en el ritmo de actividad económica.


La aplicación de las dos reformas aprobadas en 2011 y 2013 está moderando el crecimiento del gasto en pensiones pero no parece que la evolución esperada de los ingresos sea capaz de colaborar lo suficiente para reducir sustancialmente el
déficit. Entre otras cuestiones, porque la esperada mejora de los ingresos por cotizaciones se va a ver compensada parcialmente por la pérdida de ingresos percibidos por

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el agotamiento del Fondo de reserva, que nosotros estimamos en dos décimas del PIB, y las menores cuotas percibidas de los beneficiarios de las prestaciones por desempleo en torno a una décima del PIB.


Merece recordar que sin cambios legislativos significativos, la relación de ingresos por cotizaciones sobre el PIB es básicamente estable en el tiempo porque los factores de influencia en ambas variables son muy parecidos: empleo y
salarios, base de cotización. La ligera mejora del saldo del sistema de Seguridad Social respecto al PIB que nosotros esperamos viene explicada casi en su totalidad por el menor crecimiento del gasto en pensiones sobre el PIB nominal.


Las comunidades autónomas por su parte tienen que colaborar también en el objetivo para alcanzar el equilibrio presupuestario. En 2016 podrían reducir sensiblemente su déficit aplicando el incremento de los recursos vinculados al sistema de
financiación en torno a siete décimas. Otras dos décimas del PIB vendrían dadas por la nueva recurrencia en 2016 de operaciones realizadas en 2015 referidas a inversiones, sentencias y parte del coste de la entrada del tratamiento de la hepatitis
C. El estricto cumplimiento de la regla de gasto, no obstante, exigiría una reducción adicional en torno a tres décimas del PIB en la medida en que el déficit exigido a algunas comunidades autónomas por su cumplimiento es menor al objetivo de
estabilidad fijado. Sin embargo, el escenario presupuestario de ingresos y gastos aprobados en los presupuestos de cada comunidad autónoma con carácter general no recoge en todo o en parte la disminución incurrida en 2015. Este hecho, unido a la
ausencia de medidas significativas adicionales, salvo en el caso de las comunidades de las Islas Baleares, Aragón y la Comunidad Foral de Navarra, hace imposible el incumplimiento del objetivo de estabilidad en el año 2016 de este subsector, aunque
nosotros esperamos que se reduzca de forma significativa la brecha existente. Con los datos disponibles en este momento, la Airef solo ve probable el cumplimiento del objetivo de estabilidad propuesto a las comunidades de Andalucía, Canarias,
Principiado de Asturias, La Rioja y País Vasco, aunque el riesgo de incumplimiento es moderado en la Comunidad Foral de Navarra y las Islas Baleares. En todo caso se mantiene la percepción de riesgo muy elevado en las comunidades de Aragón,
Cataluña, Extremadura, Región de Murcia y Comunidad Valenciana.


El resultado de 2016 determinará la senda para los años siguientes y por tanto la posibilidad de alcanzar la estabilidad presupuestaria aunque el punto de partida, como ya he explicado, de las distintas comunidades autónomas es muy
heterogéneo. Por su parte, las corporaciones locales cuentan con una amplia capacidad tributaria que pueden ejercer a través de los impuestos municipales, que son bastante cíclicos, bastante estables en el tiempo, además de recibir las
transferencias del Estado, que suponen algo más del 20 % de su presupuesto. Esto ha permitido en los últimos ejercicios y tras acometer un ejercicio de consolidación fiscal significativo, que el subsector de las corporaciones locales haya
registrado un superávit de en torno a medio punto del PIB. En definitiva, en un contexto como el actual, en el que resta por hacer un esfuerzo de consolidación fiscal para el conjunto de administraciones públicas, no parece inconveniente someter a
determinados subsectores a objetivos muy exigentes mientras que otros subsectores cuentan con situaciones holgadas. Por este motivo, la Airef ha recomendado en varios de sus informes la realización de un análisis integral del sistema de
financiación de los distintos subsectores de las administraciones públicas, de modo que este se adecue al nivel de gasto de cada uno de ellos, valorado en términos de eficiencia y acorde con las competencias ejercidas.


El cumplimiento de los objetivos necesita además de planes plurianuales creíbles que permitan confiar en cerrar la brecha mencionada entre ingresos y gastos y mejorar el marco institucional fiscal. Para disipar las dudas sobre el futuro de
las finanzas públicas españolas, hay que reforzar este marco institucional para hacer efectivo el compromiso nacional con la sostenibilidad financiera. Este refuerzo puede articularse por varias vías: en primer lugar, hay que seguir avanzando en
el refuerzo normativo de la sostenibilidad fiscal así como garantizar su aplicación. En este sentido, desde la Airef siempre hemos defendido la conveniencia de desarrollar y aplicar las herramientas de carácter preventivo. Cada nivel de gobierno
tiene que interiorizar el compromiso con la sostenibilidad financiera, para lo cual resulta necesario mejorar los mecanismos de coordinación. Esta coordinación es especialmente relevante a la hora de fijar objetivos.


Las últimas decisiones adoptadas por el Gobierno reflejan el riesgo de no haber utilizado en todo su potencial los instrumentos preventivos de la Ley de Estabilidad. La mayor parte de las medidas que se analizaron en la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos de 31 de marzo pasado para reforzar la disciplina presupuestaria de las comunidades autónomas no se corresponde con las establecidas, en primer lugar, en la Ley de Estabilidad por incumplimiento de las reglas
fiscales, sino que se activan por la vía de los planes de ajuste vinculados a los mecanismos adicionales de financiación y por incumplimiento de los períodos medios de pago. Así, por la vía de los mecanismos adicionales de

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financiación se ha exigido un acuerdo de no disponibilidad por incumplimiento de los planes de ajuste en vigor; por el lado del incumplimiento del periodo medio de pago se están exigiendo medidas que afectan sobre todo a la Tesorería de la
comunidad.


Finalmente, cuando se aplique el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se constate el incumplimiento de cualquiera de las tres reglas fiscales de 2015 que está pendiente, se iniciará el plazo de presentación de los planes
económico-financieros que recoge la Ley de Estabilidad, como el canal fundamental para los reequilibrios hacia los objetivos. A pesar de que pueda estar justificado en estos momentos -ciertamente lo está- que se activen estas medidas por razones de
urgencia, no puede obviarse el sistema que establece la Ley de Estabilidad de manera expresa para el cumplimiento de las reglas fiscales, puesto que es este el que cuenta con las garantías de tramitación, seguimiento y publicidad reconocidas por la
propia ley.


Otro elemento normativo en el que se puede avanzar es aclarar la aplicación de las reglas fiscales. Por un lado, como estamos empezando a apreciar, los objetivos de cada Administración deben fijarse asegurando la coherencia entre las
distintas reglas. Así, por ejemplo, el objetivo de estabilidad presupuestaria debe establecerse en un nivel que sea consistente con el cumplimiento de las reglas de gasto. Igualmente es necesario el desarrollo normativo de esta propia regla de
gasto, ya que los criterios para su aplicación distan de estar definidos adecuadamente. En este sentido, hay que delimitar elementos básicos como los gastos computables o el nivel de gastos que se aplica tras un incumplimiento. Por otro lado, para
reforzar la credibilidad del marco institucional es necesario mejorar la transparencia de las finanzas públicas. Aunque se ha avanzado notablemente desde la crisis en este ámbito, hay que seguir trabajando para incrementar el nivel de transparencia
y facilitar la rendición de cuentas ante la sociedad.


La orientación a medio plazo de la política fiscal debe convertirse en la norma, independientemente de la situación en la que nos encontremos. Para trabajar en este sentido, las administraciones deben encuadrar sus presupuestos en
escenarios plurianuales que encajen con el aprobado en el programa de estabilidad de España. En definitiva, hay que lograr un marco fiscal más integrado que facilite una mayor coordinación y cooperación de los distintos niveles de gobierno.


A modo de conclusión me gustaría decir que la virulencia de la crisis económica ha puesto de manifiesto las debilidades del marco fiscal nacional y comunitario. En respuesta a esta situación, la reforma del marco fiscal europeo en el seno
de la Unión Económica y Monetaria ha promovido un mayor compromiso nacional con la disciplina fiscal. Estas reformas implican por lo tanto que cada país debe hacerse responsable e interiorizar dentro de su entramado institucional un compromiso
creíble con la sostenibilidad de las cuentas públicas, más allá de la obligación de cumplir con la normativa comunitaria. Este compromiso debe entenderse siempre en un contexto de medio y largo plazo. La realidad es que en 2015 se han registrado
desviaciones importantes de los objetivos, lo que genera necesariamente dudas sobre la capacidad futura de avanzar hacia el equilibrio presupuestario. El principal motivo de por qué se ha llegado a esta situación no es tanto los posibles fallos en
el diseño del marco existente sino, en mi opinión, la falta de aplicación de las herramientas que la normativa pone a disposición de los gobiernos. En definitiva, no se han interiorizado los beneficios de un ajuste gradual y diseñado internamente
frente a otro impuesto desde fuera que sea más precipitado y traumático, lo que hubiera permitido preservar de una forma más plena las funciones de estabilización y redistribución de la política fiscal.


Las estimaciones elaboradas por la Airef, sin cambios en política fiscal hacia delante, señalan un déficit de en torno a 2,5 puntos del PIB de la economía española desde una perspectiva de medio plazo. A partir de aquí es perfectamente
factible -y yo diría que muy importante para reforzar la credibilidad de la economía española- diseñar una política que nos conduzca al reequilibrio presupuestario. Ello puede conseguirse con diversas combinaciones de ingresos y gastos, cuya
concreción corresponde al ámbito democrático de decisión. Esto es compatible con mantener un ritmo de crecimiento de la economía española relativamente elevado, que permita seguir reduciendo a buen ritmo la tasa de paro de nuestra economía, que
debe ser sin duda el objetivo central de cualquier diseño de política económica.


Debemos ser conscientes de que España sigue adoleciendo de un déficit de credibilidad de sus finanzas públicas. En este déficit pesa tanto el pasado, por la ausencia de un registro histórico de superávits primarios suficientes y por la
dinámica expansiva de la deuda de los últimos años -a las que me he referido anteriormente-, como las dudas sobre el futuro, debidas a la falta de realismo y concreción de los planes fiscales a medio plazo y a las debilidades institucionales del
marco presupuestario. Aunque la normativa dota de herramientas preventivas para garantizar la sostenibilidad, no se han aplicado con plenitud.

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Por tanto -y con esto termino-, para solventar esta insuficiente credibilidad es necesario disponer de una programación realista y creíble que preste además especial atención a las administraciones con mayores dificultades para alcanzar el
equilibrio presupuestario y que descanse en el brazo preventivo del que nos hemos dotado en la legislación nacional. Este plan debe además acompañarse de un reforzamiento del marco institucional nacional de las finanzas públicas, donde hay un
amplio margen de mejora.


Muchas gracias, señor presidente, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por un tiempo de diez minutos intervendrán de menor a mayor los portavoces de los grupos parlamentarios, comenzando por los grupos que han solicitado la comparecencia. Empezaremos por el que la registró primero, que es el Grupo
Parlamentario Ciudadanos.


Tiene la palabra el señor Roldán, portavoz de Ciudadanos en esta Comisión.


El señor ROLDÁN MONÉS: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, quería disculparme ante la Comisión, porque tendré que salir al terminar, en unos minutos, ya que tengo que intervenir en otra Comisión.


Señor Escrivá, quiero agradecerle muchísimo que haya venido hoy a esta Comisión; para nosotros es muy importante. En particular, dada la gravedad de la situación de las cuentas públicas en España, creo que es imprescindible tener una
agencia independiente. Ciudadanos ha defendido los valores de profesionalidad, independencia y neutralidad de las instituciones; es una cuestión esencial para nosotros. Por tanto, le felicito, porque están logrando hacer ese trabajo y están
mostrando muy bien estos valores en su corta vida.


Voy a hacer una valoración esencialmente política de lo que interpreto de los datos y de la presentación que nos ha hecho hoy el señor Escrivá. Yo diría que hay dos implicaciones principales. En primer lugar, que el mito de la buena
gestión económica del Partido Popular es eso, simplemente un mito. En segundo lugar, que el modelo económico que tenemos, con los enormes desequilibrios en el mercado laboral, con una serie de políticas públicas -en nuestra opinión- equivocadas,
está llevando a que la Seguridad Social se acerque a una situación muy frágil, una situación de emergencia que debemos tener muy en cuenta. Después propondré algunas de las iniciativas, cambios o posicionamientos distintos que a Ciudadanos nos
gustaría hacer.


Crecer al 3,2 % en el año 2015 y cerrar con un déficit del 5,2 % desviándose 10.000 millones de euros del objetivo es de todo menos buena gestión económica. España es a día de hoy el país de la Unión Europea con un déficit público más
elevado, por encima de Chipre y Portugal, dos países rescatados. España además está en el último paso del brazo correctivo de la UE, el risk of non compliance. De hecho, España podría convertirse en el primer país que reciba una multa por su
reiterado incumplimiento e irresponsabilidad fiscal, una multa que nos costaría a todos los españoles más de 2.000 millones, un dinero equivalente, por ejemplo, a una tercera parte del plan social que se incluye en el acuerdo con el Partido
Socialista que hemos firmado. Las previsiones para el año 2016 son todavía más negativas que las que nos deja este año. En el año 2016 tenemos que ajustar 16.000 millones, es lo que teníamos en el objetivo original para salir a finales de este año
del procedimiento de déficit excesivo, y a eso tenemos que sumarle 10.000 millones extraordinarios de este agujero, lo que asciende a un total de 26.000 millones. Si entiendo bien, entre los datos de la Airef y los del Banco de España, alrededor de
una tercera parte de esos 26.000 se corregirían de forma automática por el ciclo económico y por el crecimiento, pero nos queda todo lo demás.


¿Qué pensamos hacer con el resto? Yo tengo la impresión de que al señor Montoro y al Gobierno del Partido Popular eso no les preocupaba demasiado mientras bajaban los impuestos, porque estaban más preocupados por las elecciones que se
acercaban. Esa es la gestión del Partido Popular en estos últimos años. Pero eso no es todo, a mi modo de ver, lo más irresponsable es que ese flagrante incumplimiento se ha dado en un contexto -como explicaba el presidente de la Airef- de
excepcionales condiciones macroeconómicas. Los tipos de interés han sido mucho más bajos de lo esperado; el tipo de cambio, el euro, ha estado muchísimo más débil; hemos tenido unos precios de la energía muy bajos y el crecimiento ha sido mucho
más alto que el que estaba previsto en las proyecciones iniciales. Lamentándolo mucho, me temo que estas condiciones no se van a volver a repetir. Es probable que tampoco se vuelva a repetir una mayoría absoluta, y pienso que es una enorme
oportunidad perdida para hacer las reformas estructurales que garanticen el crecimiento futuro en este país y la sostenibilidad de las cuentas públicas en el mercado laboral, en la educación, en las instituciones, etcétera. Esa falta de ambición
reformista es

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el otro legado que nos deja la gestión económica del Partido Popular. El resultado, en términos de sostenibilidad de la deuda, es enormemente preocupante. El crecimiento económico se está ralentizando, la deuda sigue creciendo para
sobrepasar el cien por cien del PIB; como decía el presidente de la Airef, 65 puntos en ocho años, el ritmo de crecimiento más rápido de la deuda en Europa. Durante la legislatura de Rajoy solamente hemos pasado de 16.000 euros de deuda por
español a 23.000 euros de deuda por español. Una pequeña subida de los tipos de interés en este contexto no es para nada descartable dada la situación de fragilidad internacional, la volatilidad de los mercados y la fragilidad en los países
emergentes. Además, la posibilidad de que en dos o tres meses haya un brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, nos pone en una situación de tremenda fragilidad. Ese es otro de los legados que nos deja el Partido Popular en esta
legislatura. Pero ya no solo es que no hayan gestionado bien la economía, sino que además en las últimas semanas, desde las elecciones, tampoco nos han dejado a los demás -que teníamos propuestas reformistas y una propuesta de Gobierno transversal
y con iniciativas de reforma y de ajuste presupuestario responsables y sensatas- formar Gobierno para que las saquemos adelante.


La Seguridad Social es el otro problema principal que quería destacar y que yo creo que se extrae de esta presentación hoy del magnífico informe de la Airef. Si la trayectoria sigue como parece que avanza, la Seguridad Social llegará al
colapso en relativamente poco tiempo. Como ha explicado el presidente de la Airef, el grueso de la desviación radica en los fondos de la Seguridad Social. En octubre de 2014 la Airef advirtió sobre la Seguridad Social que los ingresos previstos no
estaban respaldados por la evaluación de las variables macroeconómicas. La Airef volvió en septiembre a avisar al Gobierno de que sus proyecciones no eran realistas. De hecho, desde la oficina económica de Ciudadanos también advertimos a finales
del año pasado que las proyecciones del Gobierno eran absolutamente irreales, pero bueno, el Gobierno tenía otras prioridades y siguió diciendo públicamente que llegaríamos a los objetivos a pesar de que sabía que no lo lograríamos.


El modelo económico del Partido Popular deja la Seguridad Social como un queso Gruyere. El modelo de ultrarrotación laboral y precariedad, el modelo de las bonificaciones absolutamente inefectivas para fomentar el empleo -que ahora, por
cierto, acaban de extender- es un modelo insostenible. Simplemente les sugiero que miren el gráfico de la página 3 del documento que nos ha mandado la Airef para que juzguen ustedes mismos si el Gobierno está actuando de forma responsable y los
retos a los que nos vamos a enfrentar con la Seguridad Social en nuestro país.


¿Qué proponemos desde Ciudadanos? Simplemente tres cosas que me gustaría destacar, para terminar. Lo primero es que necesitamos un gobierno, y un gobierno con ambición. España necesita un plan de futuro y lo necesita pronto para hacer las
reformas estructurales que mencionaba en los ámbitos imprescindibles, que son el mercado laboral, la regeneración institucional y la educación para potenciar el crecimiento futuro. Con un paro estructural como el que tenemos es imposible que
tengamos unas cuentas de la Seguridad Social y una deuda sostenible.


En segundo lugar, necesitamos hablar con Bruselas. Sé que el Gobierno está manteniendo contactos y creo que cuanto más juntos vayamos y más consensuados estemos es mejor; digamos que no hay muchas más alternativas a hacer recortes o subir
impuestos que pedir, a cambio de reformas -insisto-, a cambio de ambiciosas reformas estructurales, una extensión para salir del procedimiento de déficit excesivo un año más tarde.


En tercer lugar, yo diría que no es particularmente responsable la actitud de culpar a las comunidades autónomas de todos los problemas. La Airef ha dicho muy claramente aquí que los objetivos marcados no eran fáciles de cumplir y que lo
importante es ir a los orígenes del problema y centrarnos en cómo buscar soluciones a esos orígenes, no en mirar simplemente los resultados, y así podremos tener un buen diagnóstico.


Para concluir, el Partido Popular no ha hecho una buena gestión económica. Ha perdido una enorme oportunidad para hacer reformas estructurales. Dejará al próximo Gobierno con un gran reto fiscal que limitará enormemente su capacidad de
acción y, además, por razones electorales, pienso que ha puesto en un sensible riesgo al país, en un entorno de volatilidad internacional que probablemente empeore en los próximos tiempos. La falta de ambición reformista también pone en riesgo la
sostenibilidad de las cuentas de la Seguridad Social. España necesita un cambio, España necesita un gobierno reformista, y les animo, si no son capaces de tomar la iniciativa, a que dejen al menos que los demás empecemos a construir una alternativa
sostenible, responsable y de progreso.


Muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE: A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Lasarte.


El señor LASARTE IRIBARREN: Gracias, señor presidente.


Quiero empezar dándole la bienvenida y las gracias al presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal por su presencia en esta Comisión de Presupuestos. El año pasado, el grupo que defendía al anterior Gobierno de mayoría
absoluta se opuso a su presencia en esta Comisión, incluso en el turno de autoridades, para debatir el proyecto de presupuestos del año 2016. Sin embargo, este año, todos los grupos presentes en esta Comisión de Presupuestos hemos aprobado su
comparecencia, lo cual es un éxito de la actual realidad política y del respeto a las normas de la democracia y al papel que desempeña el Parlamento. Claro que no todas van a ser buenas noticias y hemos podido comprobar que hay comportamientos y
actitudes de dudosa calidad democrática en algunos partidos que son difíciles de cambiar. El Grupo Popular se ha opuesto a la comparecencia en esta Comisión de la secretaria de Presupuestos y Gastos, alto cargo del Gobierno del Estado, en plena
facultad de sus funciones y competencias y sobre la que además pesa un mandato del Parlamento para realizar comparecencias cuatrimestrales para explicar en sede parlamentaria la senda de ejecución presupuestaria. Esperamos que este desvarío se
solucione, que no haga dejación de sus funciones y comparezca, como es su obligación, en esta Comisión.


La semana pasada fue intensa en comparecencias del área financiera. Tuvimos ocasión de escucharle a usted en la Comisión de Hacienda en el marco de su comparecencia anual ante la misma, y al día siguiente asistimos a la comparecencia del
ministro Montoro, que aprovechó una vez más para demostrarnos sus artes de prestidigitador anunciando que la desviación del déficit era menor a la que se había publicado hacía pocos días y que se quedaba en un 5 % por efectos de un ajuste
estadístico. Solo nos falta que vuelva a aparecer en próximas fechas para decirnos que el cálculo del PIB se ha revisado al alza por razones estadísticas o por incluir nuevos sectores productivos y que finalmente el déficit se ha vuelto a reducir
gracias a la magnífica gestión de las cuentas públicas del Gobierno del PP. Es curiosa la percepción de la democracia de este Gobierno en funciones. No quiere someterse a la labor de control parlamentario, pero viene corriendo al Parlamento a dar
explicaciones sobre sus errores de gestión o sobre acusaciones que afectan a las cuentas opacas de alguno de sus ministros.


Señor Escrivá, tengo que reconocerle y agradecerle la objetividad y calidad de su exposición, la de la semana anterior y la que ha hecho hoy, pero me va a permitir que haga unas referencias a algunos comentarios surgidos durante las
comparecencias. No tenía pensado hablar de este asunto en esta Comisión, pero las continuas e insidiosas referencias de un diputado, del que podríamos decir que se ha comportado como un hooligan en sus intervenciones en la Comisión de Hacienda y
ayer en el Pleno, me obligan a hacerlo. Hay un hecho cierto y es que en España hay un solo partido imputado por la justicia y es el partido del Gobierno, y animo a ese diputado a que la próxima vez sea más prudente y objetivo en sus intervenciones.
(El señor Olano Vela pide la palabra). Ya, pero es que estaba antes y se ha marchado, lo siento. Cuando vuelva estaré encantado de que me responda. La economía española estuvo a punto de ser rescatada en el verano de 2012 con un Gobierno del
Partido Popular. Ese hecho no se produjo y yo me alegré y me alegro, y ese es un activo de la gestión de este Gobierno en funciones, al igual que lo fue del anterior Gobierno socialista.


Sin embargo, España tuvo una intervención en el sistema financiero, como todos sabemos. Cuando llega el Gobierno del PP, la prima de riesgo se sitúa alrededor de los 340 puntos básicos. Es a partir de la nefasta gestión de ese Gobierno en
la crisis de Bankia -y esto no lo digo yo, lo dice la Unión Europea- y en la adopción de alguna decisión de política fiscal poco seria cuando la prima de riesgo se dispara hasta alcanzar su máximo el 24 de julio de 2012, los 639 puntos básicos, y es
cuando se produce el riesgo del rescate. Algunos, incluida la Comisión o el Banco Central Europeo, le llamamos recate; parcial, pero rescate. Otros, el Gobierno de los eufemismos -por decirlo así-, le llama préstamo. Pero el hecho cierto es que
la economía española ha estado y sigue bajo supervisión de la troika; un rescate por 100.000 millones de euros para la recapitalización y saneamiento del sector financiero que nos dijeron que no le iba a costar nada al contribuyente. ¿Nos podría
aclarar la autoridad fiscal cuál ha sido el coste que hemos pagado y estamos pagando los ciudadanos por el rescate al sector financiero y qué parte está incluida en la deuda? Ya nos ha dicho que 7 puntos se correspondían con el rescate financiero,
y si hacemos una imputación alícuota de la parte también de intereses, podríamos hablar de un 7,5 o un 7,7. Pero me gustaría que usted me lo dijera.

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Miren ustedes, el objetivo de déficit para el año 2011 que tenía fijado el Gobierno de entonces era del 6 %. Sin embargo, ese año acabó con un déficit del 9,2 %, y se preguntarán qué pasó. Que aparecieron las cuentas de algunas comunidades
autónomas que aportaron casi 3 puntos de déficit. ¿Saben cuáles eran algunas de esas comunidades autónomas que gastaban y gastaban y no pagaban, como le gusta decir al portavoz del PP en la Comisión de Hacienda? Desde luego no eran las de los
nuevos gobiernos del cambio. Era la Comunidad Valenciana, con un déficit del menos 7,08 %, o Murcia, con menos 6,87 %, gobernadas por el PP, que dejaron los cajones llenos de facturas sin pagar. Miren ustedes, creo que el debate debería estar más
enfocado al presente y al futuro que al pasado, y lo que importa es que seamos capaces de garantizar un buen sistema de financiación a las comunidades autónomas.


Mi grupo defiende la consolidación fiscal de las cuentas públicas y también defiende que la senda de consolidación se flexibilice para hacer menos oneroso a los españoles ese esfuerzo y no paralizar el proceso de crecimiento económico, la
creación de empleo y la prestación de servicios públicos. Personalmente no soy ningún exégeta de la eliminación del déficit público; debe ser por mi formación en una universidad pública del País Vasco en la que nos enseñaban las virtudes de las
políticas públicas contracíclicas en clave keynesiana. Ese debate hoy no toca y no ha estado encima de la mesa de las autoridades europeas en los últimos años, que han apostado por una política de austeridad que se ha demostrado fallida, tal y como
ha reconocido el propio FMI. Eso demuestra que a veces la terquedad vence a los hechos por la razón.


Por fortuna, el Banco Central Europeo ha puesto en marcha mecanismos de liquidez que han ayudado a las economías más vulnerables, de los que España y sus bancos se han beneficiado notablemente. Tal y como reconocía el presidente de la Airef
la semana pasada, se está abriendo un nuevo esquema de pensamiento en la Comisión y esta está flexibilizando los calendarios de cumplimiento de los objetivos de déficit, de lo que también se ha beneficiado el Gobierno de España e incluso ha apostado
por relanzar la inversión como motor de crecimiento a través del conocido Plan Juncker, aunque esto está como está. De hecho, viendo los comportamientos de incumplimiento sistemático de los objetivos de déficit y de la evolución de la deuda, me
atrevería a decir que Montoro también debe ser keynesiano por su comportamiento contracíclico como responsable de la Hacienda pública.


Señor Escrivá, he leído su comparecencia en la Comisión de Hacienda del año pasado y asistí a la de la semana anterior, y muchas de las preguntas que iba a hacerle ya las contestó de manera magnífica en la misma. Gracias. No obstante, me
gustaría insistir en algunas cuestiones. Usted es un firme defensor de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y lo ratifica en cada una de sus comparecencias. El argumento es sencillo: la existencia de unas cuentas públicas saneadas aumenta la
credibilidad y la confianza en la economía, lo que favorece la inversión y el crecimiento. Sin embargo, la experiencia de los últimos años de gobierno del PP con la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada en 2012, durante los cuales se
han incumplido sistemáticamente los objetivos de déficit, ¿no le lleva a pensar que o está mal la Ley de Estabilidad o no ha sido aplicada por dejación, por incapacidad o por interés electoral del actual Gobierno en funciones? Y en consecuencia, si
eso fuera así, ¿no sería bueno cambiarla? Por otra parte, ¿se atrevería a opinar sobre los costes reputacionales que los sistemáticos incumplimientos de los objetivos de déficit han tenido en pérdida de confianza de la imagen y credibilidad de
España ante los socios europeos y los mercados? Porque el próximo Gobierno se va a encontrar con una herencia muy pesada: un déficit público descontrolado que va a obligar a nuevos ajustes de algo más de 2 puntos del PIB; una tasa de paro de más
del 20 %; una deuda pública cercana al 100 % del PIB; una Seguridad Social con un déficit estructural de alrededor 1,5 puntos del PIB, y un vaciamiento de la llamada hucha de las pensiones que pone en riesgo serio la viabilidad del sistema público
de pensiones. Señores del PP, ese es su legado.


Usted nos habló en su comparecencia de la semana anterior de sus dificultades con el Ministerio de Hacienda. Me va a permitir que le aconseje, que siga siendo independiente y objetivo pero prudente, no le vaya a aplicar en su presupuesto
también la parte proporcional de la reducción que exige Bruselas. Nos habló de la actividad de la Airef, de su opinión sobre la infrafinanciación de algunas comunidades autónomas por la desidia del Gobierno del PP al no actualizar, como era su
obligación, la ley que obligaba a esa financiación e imponerles obligaciones de déficit muy exigentes, en palabras de la Airef; es decir, que no se iban a cumplir. Pero es que incluso hoy ha afirmado que es imposible el cumplimiento de déficit en
2016 del subsector de comunidades autónomas. Nos habló del déficit y de la situación peligrosa en la que se encuentran las cuentas de la Seguridad Social. ¿Me equivoco si afirmo que las previsiones de la autoridad fiscal son que el Fondo de
reserva de la Seguridad Social, conocido como hucha de las

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pensiones, entrará en números rojos en el año 2017? Es decir, ¿que de seguir con las políticas llevadas a cabo por el Gobierno del Partido Popular la sostenibilidad de las pensiones públicas está en situación de riesgo serio en el corto
plazo?


Me gustaría que en el día de hoy también nos hablara de la evolución de la deuda pública española, de su composición, su evolución, su sostenibilidad y los costes que puede suponer para las futuras generaciones de españoles. Ya lo ha hecho
en parte en su intervención, pero yo tengo algunas dudas y ahora se las voy a plantear. Desde el año 2007 la deuda pública española ha aumentado, como decía usted, en 65 puntos del PIB, de los que unos 30 puntos -porque hay que compartir
responsabilidades- se dan entre 2007 y 2011, en pleno impacto de la gran recesión, y el resto -de 30 a 65, 35 puntos- van con cargo al pasivo de la gestión del Gobierno del PP, hasta alcanzar casi el 100 % del PIB en situación de dinamismo de la
economía internacional. No tiene nada que ver la gran recesión con una situación de crecimiento económico internacional. Por otra parte, según los cálculos de la Airef y dibujando diferentes escenarios, según su información, la deuda no alcanzará
el objetivo del 60 % hasta por lo menos el año 2033 o incluso en 2041, a lo que -dicen ustedes- habría que sumar el problema adicional de la Seguridad Social cuando se agote el Fondo de reserva, que según ustedes se agotará en el año 2017. Yo le
pregunto ¿eso es así? Porque usted nos ha dicho que faltarían dos décadas para reducir la deuda al 60 % y, según su información, yo veo una contradicción. Pero ya sé que son todo estimaciones según supuestos. ¿Podemos afirmar que estamos
hipotecando el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos hasta casi el año 2041?


En otro orden de cosas, me gustaría que nos hablara de la sostenibilidad y credibilidad pero con alguna reflexión añadida. Me explico. La Airef suele comparar la situación de las cuentas y de la economía de España con la de Italia -por lo
menos yo lo he visto en alguno de sus informes- y llega a la conclusión de que la prima de riesgo española es mayor que la de Italia por el diferencial de unos 3 puntos del PIB del saldo estructural primario, sin intereses a favor de Italia y por su
sostenibilidad en el tiempo. Estamos de acuerdo. Sin embargo hay un aspecto sobre el que gustaría pedirle su opinión. Italia tiene 10 puntos más de ingresos fiscales en porcentaje del PIB que España. ¿Cree usted que el modelo de sociedad y el
modelo tributario acorde con el mismo influye en la credibilidad de la deuda pública de un país?


Usted el otro día nos dijo que no iba a opinar, por prudencia y porque no le correspondía, sobre la política económica aplicada en Europa, porque lo suyo era el equilibrio de las cuentas públicas, pero creo que estará de acuerdo conmigo en
que no es lo mismo un modelo basado en sueldos bajos, que cotizan poco a la Seguridad Social y pagan pocos impuestos porque sus bases son bajas -lo que supone cuadrar las cuentas públicas con bajos niveles de ingreso y, por consiguiente, reduciendo
la calidad y los servicios del Estado de bienestar, que es el modelo al que nos quiere abocar el PP- que un modelo como es el de la media de países de la Unión Europea. Y quiero recordar la información que nos ha dado en la sesión de la Comisión de
hoy diciendo que, según sus estimaciones, el gasto público per cápita en educación y en sanidad dentro de cuatro años serían equivalentes al del 2000. O sea, de 2000 a 2019, diecinueve años después, tendríamos el mismo gasto per cápita en educación
y en sanidad, y los niveles de los que partíamos en el año 2000 no se corresponden con los de un país desarrollado del entorno occidental europeo. Este es un modelo social que nosotros no defendemos. Como decía, está ese modelo de poco gasto
público, pocos ingresos públicos y pérdida de servicios del Estado de bienestar, frente a un modelo como es el de la media de países de la Unión Europea, con niveles de gasto público y de ingresos públicos por encima en casi 8 puntos a los de
España. Quisiera saber qué modelo le parece más sano para garantizar -que es su función- la sostenibilidad de las cuentas públicas, de la deuda, de la Seguridad Social, de las pensiones y del bienestar de las personas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Antes de que intervenga el señor Candela, el señor Olano, portavoz del Grupo Popular, ha pedido hacer alguna aclaración. Tiene un minuto, porque el turno de alusiones le correspondería al señor Fernández, que ahora
mismo no está presente.


El señor OLANO VELA: Gracias, señor presidente. Soy el portavoz y, en ausencia del señor Fernández, podré hablar en nombre del Grupo Parlamentario Popular, supongo.


El señor PRESIDENTE: Sí, puede hablar, pero cuando le llegue su turno.

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El señor OLANO VELA: Por supuesto. Gracias, presidente.


Quería decir unas palabras respecto a las manifestaciones del señor Lasarte. Créame que me disgusta tener que decirle que son de un malísimo gusto y que lo único que hacen es definirle a usted como parlamentario al utilizar esas palabras y
esos términos sobre un diputado que está ausente. Por otro lado, quiero decirle que el señor Fernández de Moya en ningún caso ha utilizado palabras insidiosas ni en la Comisión de Hacienda ni ayer en el Pleno del Congreso, y si al Partido
Socialista no le gusta oír las verdades, lo que tiene que hacer es reunirse y debatir con sus socios, darse palmaditas en la espalda y decir que todo es maravilloso. El Partido Popular, por su parte, le dirá siempre las verdades que estime
oportunas, con educación pero con firmeza, como hizo el señor Fernández de Moya.


Por otra parte le recordaré, ya que habla usted -también con bastante mal gusto, por cierto- de imputaciones a partidos políticos, que los partidos políticos pueden ser imputados en la actualidad gracias a que el Partido Popular aprobó las
reformas correspondientes que hacen responsables penalmente a los partidos políticos. Por desgracia, el Partido Socialista, como en otras muchas medidas contra la corrupción, votó en contra y ustedes sabrán por qué.


Por último -termino ya, señor presidente, treinta segundos nada más-, me obliga usted a recordarle algunas sentencias de finales de los años ochenta o principios de los noventa en las que se declaraban como hechos probados -estoy hablando de
las sentencias de Filesa, de Malesa y de Time Sport, que seguro que usted recuerda- financiación ilegal de los partidos. Cuestión distinta es que fuera en aquel momento imputable a los partidos políticos. Yo no diré a qué partido político se
refieren, pero el señor Lasarte estoy seguro de que sabe perfectamente a quién me estoy refiriendo. (El señor Lasarte Iribarren pide la palabra).


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Adelante, señor Lasarte.


El señor LASARTE IRIBARREN: Señor presidente, dos segundos nada más para aclarar que el diputado estaba al empezar la Comisión; se ha marchado, lógicamente no es mi responsabilidad. Y en segundo lugar, que quien empezó acusando de
imputaciones incluso a exdiputados de esta Cámara fue él. Yo creo que también tendría que hablar con él por respeto a los demás.


El señor PRESIDENTE: Continuamos con el orden del día previsto que, como saben todos ustedes, se refiere a la comparecencia del presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.


Tiene la palabra el señor Candela, del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor CANDELA SERNA: Muchas gracias, presidente.


En primer lugar, y como no podía ser de otra forma, quiero agradecer la comparecencia del señor José Luis Escrivá para explicar la situación presupuestaria y el nivel de endeudamiento público y las previsiones de evaluación futura. Desde
Compromís queremos empezar esta intervención expresando nuestra conformidad con el hecho de que existan organismos independientes de fiscalidad que fiscalicen la actividad y su ejecución presupuestaria. No obstante, esta afirmación dista de ser una
aceptación de la naturaleza o la génesis y los objetivos de la Airef. Compromís no comparte el núcleo Gordiano de la concepción económica o escuela de pensamiento económico que subyace en la famosa regla del gasto, el Pacto de estabilidad, el
procedimiento de déficit excesivo. Y a raíz de lo que hoy sucede aquí, hace ya muchos años un economista decía que la historia se repite dos veces, la primera como tragedia y la segunda como farsa. Decimos eso porque es muy curioso el conflicto
que parece que ocurre aquí, en primer lugar entre Ciudadanos y el Partido Popular, como si sus políticas económicas fuesen diferentes. Hay que recordar que el señor Garicano, jefe del gabinete económico de Ciudadanos, procede de la fundación FAES,
que no es precisamente... (Rumores). Luego tendrá ocasión de hablar.


A nosotros nos parece alarmante que se mire el déficit y por consiguiente al Estado como el culpable de todo, mientras otros miramos la estructura productiva y la estructura financiera como el origen de la crisis y el déficit como síntoma.
No es baladí que la política monetaria que está siguiendo el BCE, es decir la quantitative easing, esté creando inflaciones de activos en los mercados de capital y de dinero, y nos tememos que cuando exploten esas burbujas volvamos a las andadas.
Inundar de liquidez la economía europea y la economía mundial tiene estas consecuencias. Además, se siguen acrecentando las asimetrías productivas entre el norte y el sur de Europa y también dentro de los países. De hecho, es muy indicativo que
nadie haya hablado hasta ahora de algunas cuestiones que son verdaderamente dramáticas, como

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que el indicador Arope se sitúe en España en un 29,2 %, uno de los más altos de Europa, o que los ingresos por cotizaciones sociales, que según estimó el señor Montoro debían de crecer a un 7 %, lo hayan hecho al 1,3 %, mostrando de qué
sirven unas reformas laborales que otros llamamos contrarreformas laborales.


Dicho esto, reconociendo la calidad técnica y yendo ya a la materia, porque parece que estamos ya todos de precampaña, nos gustaría desde Compromís hacerle cuatro preguntas que se enmarcan en tres sujetos fundamentales: la Administración
Central del Estado, la Seguridad Social y las comunidades autónomas. En primer lugar, el Gobierno tenía marcado el objetivo de déficit de 2016 en el 2,8 %, que implica una reducción de más de 20.000 millones teniendo en cuenta el desfase actual.
Ustedes señalaron hace apenas una semana que este objetivo no era realista ni alcanzable. Por otra parte, en el informe sobre la actualización del programa de estabilidad afirmaban -y cito textualmente- que una excesiva contracción del gasto puede
ser un obstáculo al crecimiento. Nosotros entendemos que esa afirmación contraviene las mismas bases analíticas de las premisas que inspiran el Pacto de estabilidad y crecimiento, el procedimiento de déficit excesivo, etcétera. Entonces, la
pregunta que ya ha medio contestado en su intervención, es: ¿no creen ustedes que necesitamos políticas anticíclicas? De hecho usted ha afirmado que en 2015 la política fiscal ha sido ligeramente expansiva y eso también ha favorecido tasas de
crecimiento mayor, junto con los vientos de cola que responden a cuestiones exógenas.


Segunda pregunta. Ustedes han afirmado que el desvío o parte del objetivo del déficit del que se han desviado las comunidades autónomas corresponde a un modelo de financiación autonómica insuficiente. La cuestión fundamental sería
preguntar aquí si los criterios de reparto de los objetivos entre las administraciones en 2005 se ajustaron a criterios económicos objetivos y razonables. Nosotros entendemos que no.


Antes de continuar quisiera hacer una consideración al respecto. Ayer, durante el Pleno, el presidente de esta Comisión y diputado de Ciudadanos, Francisco de la Torre, afirmó que los gobiernos actuales, no solo los anteriores sino también
los actuales -por eso incluía a la Generalitat Valenciana-, también se escondían bajo el déficit de financiación para ocultar el derroche y el despilfarro. Nosotros nos vemos obligados a comentar una serie de cuestiones, dos fundamentalmente.
Mire, señor De la Torre, si a usted y a Ciudadanos les parece que ponernos al día en los pagos por la Ley de Dependencia, en la red de libros, empezar a cambiar el modelo productivo, aumentar la ratio de profesores, es una muestra de despilfarro,
quizá es que comparta la misma idea del señor Montoro, y si es así, le invitamos, como ya hemos invitado al señor Montoro, a que haga una lista de los hospitales y colegios que hay que cerrar y que nos la traiga. Y en segundo lugar hay que decir -y
lo dijo ya el conseller de Economía, Vicent Soler- que el despilfarro y el latrocinio del Partido Popular en la Comunidad Valenciana ha supuesto el 0,7 % del PIB, o sea que ellos solos se comieron el objetivo de déficit en el año 2005. Y eso hay
que decirlo porque cuando hablamos de cifras hablamos de personas y de responsabilidades políticas.


En tercer lugar, Compromís comparte la preocupación de la Airef respecto a la evolución de la Seguridad Social y del Fondo de reserva. La desviación de la previsión se sitúa en 5 puntos, lo que indica que las previsiones o bien eran
erróneas o bien estaban hinchadas, o las dos cosas. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el salario medio es más bajo que en 2007 y que existen cuatro millones de parados, dos preguntas: ¿cuáles son las razones de esta evolución desfavorable de
los ingresos de la Seguridad Social y en qué medida las políticas en materia laboral del Partido Popular, las reformas que también defiende Ciudadanos, han favorecido la evolución de los ingresos de la Seguridad Social y su déficit? Para terminar,
nos gustaría saber qué pasó en 2015, qué papel ha jugado el ciclo electoral en la desviación del objetivo de déficit, y la pregunta del millón: ¿ha usado el Partido Popular los presupuestos de 2015 con fines electoralistas?


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Por alusiones. Efectivamente, yo intervine ayer como diputado de mi grupo para exponer la posición de mi grupo en relación con una propuesta del suyo que votamos a favor y dije efectivamente que había algunos gobiernos
autonómicos que habían tenido despilfarro y corrupción pero que eso no se limitaba a gobiernos anteriores. Mire, yo tenía en la cabeza qué es lo que estaba pasando en la Generalitat de Catalunya. No entiendo por qué se han dado por aludidos.


El señor CANDELA SERNA: Vamos a ver, solo se refiere al Gobierno anterior.

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El señor PRESIDENTE: En España hay diecisiete comunidades autónomas. Ya que me pide aclaración sobre mis palabras, le diré que yo no me estaba refiriendo a la Generalitat Valenciana, pero lo que no entiendo, sinceramente, es por qué
ustedes se han dado por aludidos.


En segundo lugar -por ir más rápido- había pedido la palabra el señor Roldán, seguramente para aclarar que Luis Garicano, al que conocemos tanto él como yo, nunca ha estado en FAES. No sé de dónde se lo han sacado o en qué se basan.


El señor ROLDÁN MONÉS: Solo para hacer una aclaración rápida.


Yo, de hecho, he estado con él durante los últimos años en una universidad en Reino Unido y le aseguro que el señor Garicano no proviene de FAES. Entiendo que a ustedes les guste intentar ganar titulares y reproducir lo que dice Podemos
pero simplemente es una absoluta falsedad. El señor Garicano ha intervenido en foros como FAES, ha intervenido en foros como UGT y ha intervenido en foros como el MIT, como Harvard o como otras fantásticas universidades del mundo. Pediría, por
favor, en honor a la verdad, un poquito más de responsabilidad cuando intervienen a este respecto.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: A ver si podemos limitar las alusiones de unos a otros porque creo que esto no tiene el más mínimo interés ni para el señor compareciente ni para los españoles que puedan estar viendo esta sesión pública.


No está aquí el señor Azpiazu, del Grupo Parlamentario Vasco. En consecuencia, tiene la palabra el señor Bel, en nombre de Democràcia i Llibertad.


El señor BEL ACCENSI: Mis primeras palabras son para agradecer al señor Escrivá no solo que comparezca, no solo que sea reiterativo en su comparecencia sino que también tenga la paciencia de aguantar todo este tipo de acusaciones cruzadas,
alusiones sin sentido que incluyen al presidente de la Comisión en relación con la Generalitat de Catalunya y que por deferencia al señor Escrivá no voy a contestar. Podría hacer alguna alusión a algún alcalde de Ciudadanos que se ha tenido que ir
a casa por piernas, pero no lo voy a hacer. En todo caso, señor Escrivá, quiero agradecerle su presentación.


En la Comisión de Hacienda la semana pasada ya dijo que intentaríamos dejar algunas cosas para la Comisión de Presupuestos; vamos a ver si somos capaces también en esta Comisión de solventar algunas dudas. Insiste -y vamos a ver si tiene
más suerte que la que tuvo en el ejercicio pasado- en las previsiones de los objetivos de déficit. Evidentemente, el objetivo de déficit global en el conjunto del Estado español para 2016 va a ser imposible de cumplir y, por tanto, se impone una
renegociación rápida con las autoridades comunitarias al respecto. Pero, a la vez, hace una disección clara en cada nivel de administración sobre qué objetivos están fijados y cuáles son razonables o cuáles no lo son.


Usted califica -yo incluso diría que de forma un tanto bucólica- los objetivos fijados para la Administración central de holgados, como mínimo. Les quiero recordar que, en función del cierre que ya confirmó el ministro y rectificó
posteriormente en esta Cámara, la Administración central tuvo un déficit en 2015 del 2,53, su objetivo es el 2,2, con lo cual están proponiendo una reducción de un 11 %. Es decir, la Administración central se autoadjudica un objetivo de déficit que
va a suponer reducir su déficit un 11 %. En cambio, a las comunidades autónomas les asignan un objetivo que, como usted ha indicado, es imposible porque les plantean reducir el déficit un 82 % en un ejercicio presupuestario. Es evidente que pasar
del 1,7 % al 0,3 % -una reducción de 1,4 puntos- es inasumible. Sobre esto va una de mis primeras preguntas. Efectivamente, una parte es causa de la infrafinanciación; en esto estamos todos de acuerdo, creo que en estos momentos no lo duda nadie,
pero no es lo único que lo explica. Desde nuestro punto de vista, también viene fijado por un error en la aplicación de la distribución de los objetivos de déficit en origen, porque nuestro grupo -lo hemos reiterado y lo vamos a reiterar las veces
que haga falta- en la tramitación de la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera introdujo una enmienda a la disposición adicional primera concretamente, en el apartado segundo, letra b), que reza específicamente que la
distribución entre el Estado y las comunidades autónomas de los objetivos de déficit se haría en función del déficit estructural registrado el 1 de enero de 2012. Eso se ha venido incumpliendo y quisiéramos saber si el incumplimiento de esta
disposición adicional primera también es uno de los motivos que hacen que estos objetivos sean absolutamente inalcanzables.


En segundo lugar, más allá de que mantenemos absolutamente todas las dudas sobre la posibilidad de que exista un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas en 2016, si realmente se solventase la infrafinanciación de algunas
comunidades autónomas, nos quedó en la última Comisión la

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posibilidad de fijar -ustedes lo han recomendado de forma reiterada y yo creo que a la vista del cierre de 2015 seguramente se van a reafirmar- objetivos de déficit diferenciados por comunidades autónomas. En su informe de 2015 hacía
referencia a que, aunque el señor ministro tenía otra opinión, a ustedes no les correspondía en el seno del Consejo de Política Fiscal ni hablar ni fijar objetivos de déficit, a no ser que el mismo consejo se lo solicitase. Yo le pregunté y le
vuelvo a preguntar en esta Comisión: si el Congreso de los Diputados aprobase una resolución por la que se encomienda la fijación de objetivos de déficit para las comunidades autónomas y objetivos diferenciados de forma transitoria en 2016 y 2017,
¿ustedes lo podrían hacer? Y si lo pudieran hacer, ¿lo harían?


Algunas reflexiones reiteradas no han venido a decir nada nuevo en relación con la aplicación de la regla de gasto. Efectivamente, se impone un desarrollo normativo. Nuestro grupo insistió la semana pasada, y va a seguir insistiendo, en la
situación a la que se está sometiendo a las corporaciones locales en aplicación de la regla de gasto que es absolutamente asimétrica en relación con otros niveles de administración, incluidas las mismas comunidades autónomas o la misma
Administración central. Resulta interesante ver al final sobre qué porcentaje de los gastos totales de cada administración se acaba aplicando esta regla de gasto y cómo se va incrementando este porcentaje a medida que se va bajando de nivel de
administración. A la Administración central el porcentaje de todos los gastos que se le aplica con la regla de gasto -por todas las exclusiones que la misma Intervención General del Estado se autoaplica- es relativamente baja y, en cambio, a las
corporaciones locales las deja en una cierta indefensión. Eso lo dije, se lo habíamos planteado al ministro Montoro, se lo planteamos en el seno del Consejo Nacional de Administración Local y la verdad es que no tuvimos mucho éxito -yo creo que
usted ha estado presente en alguna de estas reuniones- y si alguien convoca la comisión también lo vamos a reiterar. Me consta que esta es la posición de la Federación Española de Municipios y Provincias.


En relación con la Seguridad Social, ustedes también son absolutamente claros en cuanto a la imposibilidad de cumplir los objetivos de déficit. Es más, yo creo que con sus estimaciones aventuran que, en el mejor de los casos, van a repetir
el objetivo de déficit del ejercicio 2015, que hay un problema clarísimo de sobreestimación de los ingresos -eso lo identifican claramente-, pero a nosotros, como creo que ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, nos preocupa la sostenibilidad del
sistema. No sé si en 2017 tendremos que estar preocupados por una grave quiebra del sistema, pero ahora nos preocupa. Nos interesaría afrontar posibilidades de reforma porque si el sistema no es sostenible, tendremos que reformarlo. Ya sé que a
usted no le corresponde porque eso lo tendrán que hacer estas Cámaras a propuesta del Gobierno o a iniciativa de alguno de los grupos, y eso se debe hacer con el máximo consenso posible. Desde su perspectiva, quisiera saber cuáles serían las líneas
sobre las que se tendría que afrontar esta hipotética reforma del sistema de la Seguridad Social para que fuera sostenible, ya no digo a medio y largo plazo, sino incluso a corto plazo, como se planteaba en estos momentos. En todo caso, vuelve a
quedar claro que el incumplimiento de los objetivos de déficit no se puede imputar exclusivamente a las comunidades autónomas, hasta Ciudadanos -ya se ha marchado su portavoz- reconoce esta situación, y en estos momentos -entre nosotros, porque no
quiero comprometer a nadie- también hay responsables del Partido Popular que lo creen. El señor ministro se está quedando bastante solo en esta afirmación, pero desde nuestro grupo vamos a continuar abogando para que algunas de sus recomendaciones,
presidente, sean materializadas porque si no, el año que viene nos vamos a encontrar aquí -no sé si dentro de la misma legislatura o en otra diferente- y seguramente vamos a ver unos informes muy parecidos a los que hemos visto a lo largo de estas
últimas semanas.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: No tenemos a la representante de Esquerra Republicana, así que tiene la palabra ya el señor Iglesias, en representación del Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea.


El señor IGLESIAS GARCÍA: Gracias, presidente.


Gracias, señor Escrivá, por comparecer hoy aquí. Me gustaría comenzar la intervención agradeciendo su trabajo y alabando a los profesionales que hemos tenido la oportunidad de conocer en las últimas semanas en alguna reunión. Es cierto que
nos han presentado unas metodologías de trabajo y una capacidad analítica y predictiva realmente buenas o valorables y, en ese sentido, tienen todo nuestro respeto. Ojalá, señor Escrivá, algún día pueda poner toda esta capacidad y metodología de
trabajo, así como todas estas habilidades predictivas, en un contexto económico más justo y equitativo. Dicho esto, también nos encantaría destacar nuestro apoyo por haber denunciado en diversas ocasiones la falta de flujo de información por parte
del Ministerio de Hacienda, algo absolutamente necesario para elaborar

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todo este trabajo; incluso lo ha denunciado ante la Audiencia Nacional y la propia Comisión Europea ha tenido que mediar.


Nos gustaría centrarnos en el tema del déficit. Siempre hemos pensado, al igual que muchos de los diputados que han intervenido, que los objetivos para 2015 no eran reales; también hemos dicho, el mismo día de la presentación de los planes
generales de 2016, que los objetivos tampoco eran realistas, y todo apunta a que vamos a tener razón. Según los datos que la Airef transmitió, las posibilidades de que se cumplan los objetivos de déficit para el año en curso son prácticamente
nulas. El objetivo de déficit de todas las administraciones públicas se quedaría en un 4 % del PIB, como ya se ha señalado. También esta vez los principales problemas están en las previsiones, demasiado optimistas, como igualmente se ha señalado.
Las previsiones de la Airef son entre un 1,5 % y un 2 % del déficit, mientras que las del Gobierno son del 3 % -hemos hablado muchas veces de utopía contable-; para las comunidades autónomas tendrían que ser del 0,3 % y la desviación más probable
será casi de 1 punto del producto interior bruto. Tampoco hacía falta una bola de cristal para saber que el dictamen de 2016 planteaba varias reservas sobre el presupuesto, basadas en estimaciones propias. Las dudas, obviamente, se concentraban en
los objetivos de los presupuestos, también en todas las variables macroeconómicas sobre la deuda pública.


La Airef señaló en uno de sus informes de 2015 que las previsiones macroeconómicas del Gobierno podían ser consideradas probables. Tanto en el proyecto de actualización del programa de estabilidad 2015-2018 como en las previsiones de los
presupuestos generales, tal y como se reflejan en la memoria, las previsiones serían probables si se dieran unas condiciones monetarias y financieras muy favorables y un entorno exterior dinámico, con crecimiento mundial y de la Unión Europea
elevado y consolidado. Esto haría que las variables de la economía española mejoraran o, lo que es lo mismo, sabríamos que el mantenimiento de esas condiciones externas eran absolutamente imposibles, que era lo que veníamos denunciando.


La primera pregunta para usted, señor Escrivá, es cómo puede ser que la Airef, sin un acceso automático a la información del ministerio, como acabamos de señalar, pueda saber que las previsiones del Gobierno son demasiado optimistas o
alegres y que el propio ministerio, con toda la información, no sea capaz de saberlo. ¿El Gobierno ha cometido un fallo o qué ha pasado? Nosotros creemos que con la confección de los presupuestos de 2016 el Gobierno ha hecho una campaña electoral
que nos va a costar 10.000 millones de euros a todos los ciudadanos. Si tuviéramos que considerar las cifras de este momento y las desviaciones que usted y la autoridad que preside prevén, estaríamos hablando de corregir las desviaciones de 2015 y
2016 con unas medidas correctivas de entre 20.000 y 30.000 millones de euros -eso si se mantiene el objetivo fijado del 2,8 para este año-, medidas que parecen ser consideradas necesarias por parte de la Comisión Europea, una barbaridad que se
traduciría en más recortes -ya veremos cómo- y en una mayor aplicación del rigor presupuestario y de las políticas de austeridad.


Los daños sociales de las políticas de austeridad son evidentes para todos. Solo los diputados del PP y los hinchas de las políticas económicas de la Comisión Europea pueden decir que no hayan traído más desigualdad, sufrimiento y
precariedad. Con respecto a esto, nos parece correcto evidenciar que, como señalaban reputados analistas, solo cuando se ha relajado la contención del gasto hemos empezado a crecer como economía. Creemos que lo que ha hecho este Gobierno es
relajar el gasto con finalidad electoralista, y así se ha visto en los últimos tiempos. Es obvio que una mayor relajación del gasto público y una mayor flexibilidad de los objetivos del déficit son necesarios para no caer otra vez en una crisis
profunda de nuestra economía.


Un informe reciente de la Fundación de Cajas de Ahorros, como ya comentamos en la anterior reunión de la Comisión de Hacienda, señala que en la coyuntura actual el incremento del gasto público durante 2015 ha superado todas las expectativas.
¿No es quizá lo que indirectamente la misma Airef ha intentado explicar al Gobierno en más de una circunstancia, pidiendo objetivos más realistas, por ejemplo, para las comunidades autónomas? ¿Y no es verdad que en el informe sobre la actualización
presupuestaria 2015-2018 -concretamente en la página 9 de la memoria de 2015 de la Airef- se indicaba cómo una política de gasto más relajada tendría efectos expansivos sobre el crecimiento de la demanda nacional?


Sabemos que solo esto no sería suficiente para permitir a nuestra economía crecer y, por tanto, mejorar nuestras cuentas públicas. Es necesaria también una política recaudatoria seria y progresiva; en definitiva, una política fiscal que
aumente los ingresos acabando con la evasión y gravando a los que más tienen. Esta petición no viene por parte de radicales antisistema, etcétera, sino que viene por parte de la mismísima OECD. Los datos de la OECD evidencian que la carga fiscal
sobre los trabajadores en España es bastante más alta que la media de los países de la OECD, al mismo tiempo que nos señala que el peso

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de la recaudación de tributos sobre el producto interior bruto es inferior en casi 8 puntos a la media de los países desarrollados. Esto quiere decir que se recauda menos que en otros países y que además se recauda más de las rentas más
bajas, gravando así, por supuesto, a los trabajadores y a las personas que menos ingresos tienen. La última reforma fiscal es una demostración de cómo el PP entiende la progresividad del sistema impositivo, como evidencian los mismos datos del
Departamento de análisis económico y presupuestario del Congreso. La reforma a mitad de 2015 ha tenido ha tenido una reducción de la recaudación de casi 8.000 millones de euros, 4.390 millones de euros menos por IRPF y 3.041 millones por impuesto
sobre sociedades.


Montoro presumió en su día de datos de recaudación en su comparecencia, soltando datos brutos y nominales siguiendo con su campaña electoral. No queremos ir por ahí, pero es necesario preguntar lo siguiente: ¿Cómo ha influido en estos
resultados y de las previsiones de las comunidades autónomas? Es decir, sabiendo que los mecanismos de financiación del Estado se basan en los datos de recaudación, esta reforma unilateral por parte del Gobierno ha tenido efectos sobre los
resultados de las comunidades autónomas y nos interesaría que abundara en esta cuestión. Ya sé que muchas de las personas que están aquí ya han preguntado prácticamente lo mismo, pero para nosotros es importante.


Pego un salto ahora en mi intervención y mencionaré los datos de los considerados antisistema que utilizan sociedades offshore para eludir impuestos en España. La evasión fiscal nos cuesta 59.000 millones de euros al año y esta es cometida
en un 75 % por grandes empresas y fortunas como las que salen en los papeles de Panamá. Si el Gobierno se tomara en serio la persecución del fraude equiparando la inspección a la media europea y aumentando las sanciones y los plazos de
prescripción, podríamos financiar el déficit y nos sobrarían 40.000 millones para inversión pública, para revertir los recortes ejecutados en los últimos años y aumentar la inversión en I+D, etcétera. Obviamente, sería ilusorio pensar que un
Gobierno como el actual tomara medidas en torno a todas estas cuestiones.


En cuanto las comunidades autónomas, Montoro y el Gobierno en un esfuerzo de ulterior externalización, esta vez de responsabilidades, han echado la culpa del déficit a las comunidades autónomas. Este viernes el ministro se reunirá con los
responsables de Hacienda de las distintas comunidades y estamos expectantes por saber qué medidas se van a proponer. No obstante, aventuramos que todo serán recortes, aunque esa palabra a día de hoy sea tabú porque estamos en campaña. Nosotros
queremos ser contundentes en este punto. No se puede cargar el muerto del déficit a las comunidades autónomas. Pero decimos más, en las comunidades donde estos recortes han sido mayores, los objetivos de déficit se han quedado más lejos, una
demostración más de que las políticas de austeridad no son la solución, sino parte del problema. Hay que abrir un debate sobre el modelo de financiación y hay que hacerlo junto a las comunidades autónomas. Existen serios problemas de
infrafinanciación, como muchos de los presentes aquí han mencionado.


Aquí es interesante también destacar el ejercicio de cuadratura del círculo de señor Montoro que no deja de ser curioso. Por una parte, defiende el objetivo de déficit para quedar bien con Europa, por otra parte baja los impuestos y evita
recortes en el año electoral y luego, cuando incumple el objetivo del cargo, echa el muerto a las comunidades autónomas y así tener otra excusa más para trabajar sobre la idea de centralización. Por tanto, el verdadero problema con respecto a las
comunidades autónomas es el nivel de infrafinanciación para garantizar los servicios sociales y debemos trabajar sobre esta cuestión. La regla de gasto genera aún más problemas de liquidez en un contexto donde estamos priorizando demasiado el pago
de la deuda con respecto a la garantía del Estado del bienestar.


Para finalizar, como dije al principio, según las previsiones de la Airef no solo no se cumplirá el objetivo del déficit tampoco en el año 2016, un utópico 0,3 %, sino que con gran probabilidad este déficit podría aumentar si lo comparamos
con el del año 2015, informes sobre los presupuestos iniciales a los que he hecho referencia anteriormente. En el año 2016 en los planes generales se prevé un aumento de las cotizaciones del 6,35 %. Ya en el año 2015 vimos que la capacidad
predictiva y de acierto en estas cifras del Gobierno era bastante errática, cuando menos. Respecto al año 2014, por poner un ejemplo, solo el 1,3 % se consiguió como objetivo, mientras que la predicción del Gobierno era de un 6,8 %. Es un hecho
evidente que las cotizaciones crecen, pero por debajo del crecimiento del empleo.


Para finalizar, las cuentas de la Seguridad Social nos preocupan tremendamente y de ahí depende la sostenibilidad de uno de los pilares de nuestro Estado del bienestar. Por tanto, queremos preguntarle qué desviación en términos monetarios
tenemos que esperarnos y saber si otra vez esto estará condicionado por los menores ingresos respecto a estas previsiones.


Muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Para concluir el turno de intervenciones, tiene la palabra el señor Paniagua.


El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.


En primer lugar, quiero agradecer a la Airef y a su presidente la comparecencia por duplicado que ha realizado en el Congreso. También, por supuesto, agradecerle su trabajo porque es un importante valor para nuestra economía y para las
finanzas públicas y también, cómo no, agradecerles la atención y las explicaciones que nos ofrecieron en la visita que realizamos Mesa y portavoces a su sede a finales del pasado mes de febrero.


Señorías, por un lado estoy triste y por otro estoy contento. Estoy triste porque obligamos al compareciente a escuchar comentarios y discusiones que nada tienen que ver con su trabajo y sí con nuestras disputas políticas y en este momento
yo diría más que con nuestras campañas electorales, algo que no se merece el señor Escrivá y temas para los que tenemos suficientes oportunidades para debatir. Pero también contento porque, aunque para la izquierda de este país la consolidación
fiscal, el control del déficit y el endeudamiento público nunca han sido una preocupación -ya se encargarían otros de controlarlo, concretamente el Partido Popular-, veo con alegría y regocijo que sus posiciones han cambiado y que valoran muy
positivamente no solo las opiniones de la Airef, sino también el trabajo que desarrollan y los objetivos que tienen marcados. Porque realmente esto es un punto de inflexión para nuestra economía, es uno de los pasos más importantes que hemos dado y
nos augura un futuro más brillante. Pido al presidente que me deje un poco de tiempo más al final porque ha habido bastantes referencias a mi grupo y, ya que tengo el tiempo bastante marcado, quizá me tenga que extender un poco más.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo, pero sin alusiones.


El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Sí, sin alusiones.


Quiero valorar, en primer lugar, el objetivo de déficit para 2015 que, según la Airef, era ambicioso y sobre todo el objetivo para las comunidades autónomas y la Seguridad Social. Aquellas señorías que hayan trabajado en una empresa privada
sabrán que la formación de objetivos anuales y plurianuales siempre es objeto de debate en las organizaciones. Están aquellas que optan por establecer objetivos fácilmente conseguibles que motivan a sus empleados y departamentos y aquellas que
establecen objetivos ambiciosos para que la plantilla tenga que realizar esfuerzos importantes para -*conseguirlos. Ambos tienen sus momentos óptimos, y creemos que 2015, año electoral, debía ser uno de esos años en que los objetivos ambiciosos nos
pudieran aportar unos resultados mejores para nuestro cumplimiento del déficit. ¿Qué resultado creen que hubieran tenido las comunidades autónomas si se hubieran establecido unos objetivos de déficit menos ambiciosos? ¿Hubieran cumplido? ¿O quizá
hubieran incumplido también, estirando aún más el déficit público e impidiéndonos transitar por la senda que tenemos marcada? Este era un momento adecuado para ser ambiciosos, y más si tenemos en cuenta el debate existente sobre la necesidad de
cambiar el modelo de financiación autonómica.


Está claro que las comunidades autónomas podrían haber hecho un esfuerzo mayor, y ya digo que las elecciones de este año seguro que han influido negativamente en la consecución de los objetivos, pero también debemos reconocer el esfuerzo que
han hecho durante todos estos años. También se lo tenemos que reconocer a aquellas comunidades autónomas que, aun sintiéndose agraviadas por el sistema de financiación autonómico, han cumplido los objetivos. Está claro que se podían conseguir; y
se podían conseguir inaugurando centros de salud, hospitales y colegios públicos e incrementando los servicios sociales, como lo ha hecho, por ejemplo, Galicia. Hay más de 10.000 millones de diferencia que las comunidades autónomas recibirán por la
liquidación de 2014 y por el coste cero de su financiación a través del FLA. Si esos inputs en su presupuesto no recurrentes se aplican a la reducción del déficit, nos acercaremos al cumplimiento de los objetivos; y si los aplicamos al incremento
del gasto al año siguiente, cuando estos beneficios no lleguen tendrán que reducir el gasto o seguir incrementando el déficit.


Ahora debemos abrir el debate para realizar cambios en la financiación autonómica, y los grandes pactos y los acuerdos entre todos deben resolverlo. Pero no quiero abandonar este tema de las comunidades autónomas sin valorar un problema que
estaba desapareciendo estos años y ha vuelto a repuntar en algunas comunidades a partir de las elecciones de mayo: la morosidad comercial. Los impagos de las instituciones se transmiten con facilidad por toda la cadena de pagos, con un efecto
multiplicador negativo para la creación de riqueza y empleo. Perjudican en especial a las pymes y autónomos, que son los actores más débiles de los que intervienen en la economía nacional, y se estima un coste adicional

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para el tejido productivo de 2.500 millones de euros. La tendencia de reducción de los plazos de pago a proveedores en las comunidades autónomas y en algunos grandes ayuntamientos se vio truncada en mayo pasado. En los últimos meses la
deuda comercial ha pasado de 8.736 millones a 12.791, un 46 % de aumento en solo seis meses. Por la experiencia de la última legislatura socialista, y vistos los efectos perniciosos que tiene la morosidad sobre la economía en general y sobre las
pymes y autónomos en particular, con impacto directo en la destrucción de empleo, debemos concienciar a los nuevos Gobiernos de las comunidades autónomas y a los grupos políticos que están apoyando a estos Gobiernos de la necesidad del cumplimiento
de los plazos de pago a sus proveedores y acreedores comerciales, para un funcionamiento más eficiente de nuestra economía.


Seguridad Social. Según nos transmite la Airef, tiene un déficit estructural del 1 %. Hoy ha hablado de un 1,5 %, pero el otro día creo que dijo un 1 %. En los presupuestos de este año ya se ha abierto una vía a través del Pacto de Toledo
para hacer aportaciones por parte del Estado para poder cubrir ese déficit que se considera estructural. Ahora entre todos debemos decidir cómo lo cubrimos. A las corporaciones locales solo quiero felicitarlas por sus resultados en estos años.
Son un ejemplo para el resto de las administraciones públicas, y más teniendo en cuenta que son las que están más cercanas a los ciudadanos. En cuanto a la Administración central se ha valorado en algunas ocasiones que sus objetivos eran poco
exigentes, también la propia Airef. Esta autoridad nos traslada que el déficit del conjunto de las administraciones públicas en 2016, que se estima en torno los 4 puntos porcentuales, se registra prácticamente en su totalidad en la Administración
central y en la Seguridad Social, siendo el déficit agregado de los sectores subnacionales -comunidades autónomas y corporaciones locales- muy reducido. Esto nos hace ser optimistas para el cierre de 2016, puesto que si los objetivos de la
Administración central son poco exigentes parece obvio que podrá aportar puntos adicionales a la reducción del déficit de este año, y por tanto acercarnos algo más al objetivo planteado inicialmente; y más teniendo en cuenta el cumplimiento
positivo que tuvieron en el año 2015. Al final el incumplimiento ha sido del 0,8 %, y teniendo en cuenta que las previsiones macroeconómicas y el cuadro económico de 2015 fueron avalados por la Airef queda claro que, aunque había dudas sobre su
cumplimiento en 2015, era un objetivo que se podía conseguir. La reciente recomendación de la Comisión Europea nos dice que España debe adoptar medidas para garantizar una corrección oportuna y duradera del déficit excesivo. Oportuna y duradera,
esa es la idea que han querido trasmitir en las declaraciones que han realizado, tanto el presidente del Gobierno como el ministro Montoso, en el sentido de que sería plausible que la Unión Europea flexibilizara las exigencias respecto al déficit
español, a la vista de que las medidas adoptadas por el Gobierno siguen disminuyéndolo, al tiempo que se ha vuelto al crecimiento económico y la generación de empleo, y estos ayudan sin lugar a dudas a la reducción del déficit.


Sobre los objetivos de 2016, teniendo en cuenta lo que comentó el ministro en la comparecencia en la Comisión de Hacienda, operaciones one-off y otros importes menores hacen ya que una rebaja del 0,2 % del déficit sea el techo de partida.
La economía sigue creciendo y creando empleo, y mientras lo siga haciendo va a seguir teniendo ingresos públicos con los que reducir el déficit. Si se cumple la regla de gasto, se cumplirán los objetivos de déficit. No se necesitan recortes
adicionales, solamente no incrementar los gastos, ya que los ingresos están creciendo. A medida que las autoridades europeas nos concedan algo de flexibilidad en la senda de la reducción, tendremos posibilidades de incrementar algo el gasto. El
tema es que las administraciones públicas deben ser más estrictas y menos políticas en este tema y trabajar todos unidos, algo que echamos de menos en algunos momentos importantes para el futuro de España como este. Además quiero decir que Europa
conoce perfectamente nuestro compromiso con la reducción del déficit, y aunque nos hayan dado un toque, España ha demostrado que las buenas políticas económicas dan resultado. Lo que sí que debemos tener claro es que la única vía para la reducción
del déficit sin reducciones de gasto es la vía por la que transitamos: el crecimiento y la creación de empleo. Espero que el Gobierno que salga de esta nueva legislatura tenga claros los objetivos, aunque viendo algunos acuerdos y algunas
propuestas de partidos que pueden formar gobierno nos sentimos realmente preocupados.


Una lección que podemos extraer de este periodo es que la reducción del déficit público no solo es compatible con el crecimiento económico, sino que es condición necesaria para tener crecimiento económico y la consiguiente creación de
empleo. Esta es la lección de una legislatura muy exigente y dura, pero que está saliendo bien para los españoles y para lo que significa el compromiso de España en Europa. También quiero transmitirles que este periodo de incertidumbre está
lógicamente aportando puntos negativos al cumplimiento de los objetivos, y hay algunas instituciones que rebajan algo sus

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previsiones macroeconómicas. Hay índices adelantados que también nos informan sobre las consecuencias de esta incertidumbre, y algunos datos reales que están reduciendo la actividad, las inversiones y afectando negativamente a la creación
de empleo. No acabamos de entender por qué se ha intentado profundizar en un acuerdo de gobierno que se reconocía imposible -en palabras de los propios grupos participantes- y no se ha podido avanzar aún ni un centímetro en la única vía posible.
Si esta vía tampoco es posible, por la negativa a sentarse con nuestro grupo, deberían haberlo planteado desde el primer momento e ir a nuevas elecciones con el objetivo de desbloquear la formación de gobierno lo antes posible, pero creo que hay
intereses personales que están afectando y van a seguir afectando directa y negativamente a los españoles.


Por último, quiero analizar las medidas tomadas durante estos años y su influencia en la consecución de los objetivos. El señor Escrivá ya valoró positivamente en la comparecencia en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas que
el sistema eléctrico estaba equilibrado y que ya no hay pasivos contingentes. También valoró como muy positivas las medidas tomadas para que las administraciones públicas pudieran actualizar sus pagos a proveedores -un agujero tremendo que nos
encontramos en el año 2011-: el Plan de pago a proveedores, el FLA, la Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público, la creación de la Central de Información Económico-Financiera y la Ley de Impulso de la Factura Electrónica.
Otra de las medidas importantes al comienzo de la pasada legislatura fue el llamado rescate bancario, con el que, a través de un préstamo blando y a muy largo plazo desde Europa, se permitió la supervivencia de algunas entidades financieras, y por
tanto de todo el sistema, y que junto a otras medidas tomadas en el sector han permitido recuperar el crédito bancario, un punto básico fundamental a la hora de generar crecimiento económico. Quería preguntarle por su valoración de todas estas
medidas sobre el sistema financiero, y también del impacto que han tenido en la consolidación fiscal las políticas fiscales de los primeros años de la legislatura, así como la reducción de más de 35.000 millones en las administraciones públicas.


El señor Escrivá reconoció en la Comisión de Hacienda que la política fiscal en el período 2012-2014 había sido restrictiva, y que en 2015 ha sido neutral. Hoy en la Comisión no ha dicho neutral, y un poco -no recuerdo exactamente la
palabra- expansiva. Por lo tanto no se entienden los comentarios de algún grupo sobre la presunta reforma fiscal electoral. Simplemente el crecimiento económico y la creación de empleo han permitido salir de esta línea fiscal, y además esta nueva
vía favorece este crecimiento al apoyar el consumo y la inversión internos. En su informe la Airef habla del impacto de la pérdida de recaudación de la reforma fiscal en los años 2015 y 2016, pero me gustaría saber si se puede valorar el impacto de
esta rebaja en el crecimiento económico, y por tanto en la recaudación fiscal, vía incremento de la actividad económica. También quería preguntarle si apoyaría la utilización en este momento, por la urgencia, de los planes de ajuste que ha
planteado el Gobierno a las comunidades autónomas, asociados al FLA 2016, si es que cumplen con las garantías de los PEF en materia de tramitación, seguimiento y publicidad.


En cuanto al endeudamiento público, la grave crisis económica y el agujero generado en las cuentas públicas hasta el año 2011, no solo en déficit general, sino en pagos a proveedores pendientes, sistema eléctrico, sanidad, etcétera, han
forzado el incremento de nuestra deuda. La consecuencia más grave de esta crisis vivida ha sido la destrucción de empleo, a la vez que es el principal problema para los españoles. El Gobierno ha tenido que dedicar muchos esfuerzos reguladores,
económicos y presupuestarios a resolver el agujero económico, la única fórmula viable para la generación de empleo estable y duradero. Esto ha provocado la situación actual de nuestro endeudamiento público, que ha cerrado 2015 cercano al cien por
cien sobre el PIB, aunque ya ha comenzado a reducirse. Si mantenemos este camino de reducción del déficit y de crecimiento económico esta tasa seguirá reduciéndose hasta llegar al límite del 60 % que establece la Unión para los países miembros.
Esto se ha podido conseguir gracias a la confianza que el Estado español ha tenido en los mercados, que han prestado a un tipo en algunos casos negativo. La crisis ha sido tan profunda que lógicamente afectará a nuestro futuro más inmediato, pero
el endeudamiento era una de las vías imprescindibles para conseguir lo que hemos logrado. Quería preguntarle al presidente de la Airef si considera que había alguna posibilidad de salir de la situación en la que nos encontrábamos a finales de 2011
sin este esfuerzo de endeudamiento externo.


El Gobierno está siguiendo las recomendaciones de la Airef, iniciando un camino para la revisión de los sistemas de financiación de los distintos subsectores, fundamentalmente las comunidades autónomas y los fondos de la Seguridad Social.
La mayoría de los grupos valoran su trabajo y la senda de consolidación fiscal. Por tanto quiero terminar trasladándoles a todos de nuevo mi optimismo por el futuro de España y

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de nuestra economía. Como estoy contento, en principio no voy a responder a ninguno de los comentarios del Grupo Socialista en una rueda de prensa que se hizo desde aquí, que era prácticamente un mitin.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor Escrivá, puede contestar a las observaciones de los distintos grupos a su exposición y a sus informes, y le pido disculpas por todo esto.


El señor PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL, AIREF (Escrivá Belmonte): Voy a intentar contestar a todas las preguntas, en la medida en que tenga la capacidad de hacerlo. Algunas las voy a agrupar porque se
han repetido. Empezando por el señor Lasarte, sobre el coste del rescate bancario, le tengo que decir que los 7 puntos a los que yo me refería, que es una estimación relativamente directa que se puede hacer sobre el aumento de la deuda pública,
asociado al coste público asumido, es lo que sabemos hasta ahora. Tengo la impresión de que el grueso del coste ya está ahí, pero hay que tener en cuenta que todavía hay alguna incertidumbre hacia el futuro. Este año -creo que lo comenté el otro
día- queremos hacer un estudio sobre pasivos contingentes, que es una de las cosas más deseable que una autoridad como nosotros haga, y en estos meses estamos en proceso de recabar información sobre pasivos contingentes, es decir, contingencias que
en el futuro puedan derivar en mayor deuda pública. Entre las instituciones a las que nos hemos dirigido y de las que estamos recabando información se incluyen el FROB y el Fondo de garantía de depósitos. Por lo tanto en algún momento del futuro
esperamos poder opinar sobre si hay pasivos contingentes adicionales que hagan que esta cifra del 7 % se pueda ver aumentada. En cualquier caso no es un área en la que yo tenga que tener una opinión fuerte o sobre la que me pueda expresar, pero me
parece que hay consenso sobre ello, y la experiencia internacional comparada es que con un sistema financiero que no funciona bien y que no cumple su función en el mercado de crédito, economías como la nuestra, con el grado de sofisticación y
desarrollo del sistema financiero que tiene, están muy entorpecidas en su funcionamiento y sobre todo los impulsos de política monetaria que vienen del Banco Central Europeo no terminan teniendo el impacto expansivo que deben tener. Por tanto era
absolutamente crucial resolver la situación del sistema financiero, y hacerlo de forma que vuelva a cumplir su función de intermediación financiera con plenitud y que pueda generar un flujo de crédito adecuado a la economía.


Señor Lasarte, en cuanto a la Ley de Estabilidad nosotros estamos trabajando en ello, porque nos parece que también está dentro de nuestras responsabilidades reflexionar para que esta ley pueda mejorarse en el futuro y cumpla con plenitud
las funciones que tiene. También queremos emitir una opinión sobre esto durante el año 2016 y está en nuestro programa de trabajo. Puedo anticiparle algunas reflexiones al respecto que tiendo a pensar que aparecerán en esa opinión, y por tanto es
seguro que vamos a hacer sugerencias para simplificar algunos aspectos de la ley, y asegurar una mayor consistencia de las distintas reglas fiscales que existen. Hay problemas de calendario; las sendas de convergencia a los objetivos a medio plazo
hay que revisarlas, porque no se están cumpliendo y eran muy exigentes; hay que ver cómo los mecanismos extraordinarios de financiación se encajan dentro de la Ley de Estabilidad -y eso está hecho un poco ad hoc-; hay que darle una vuelta y hablar
sobre la regla de gasto, que claramente hay que definir con mucha mayor precisión en algunos aspectos, a la vista de la experiencia reciente. Luego efectivamente hay muchos temas por analizar y debería ser una de las prioridades.


Voy a hacer un comentario un poco más extenso sobre la Seguridad Social. Al mismo tiempo que constatamos que la Seguridad Social tiene un déficit que va a ser persistente y significativo en los próximos años -y con nuestra capacidad
analítica hemos hecho estimaciones de hasta seis años con cierta precisión-, también me gustaría quitarle un poco de dramatismo a este debate, en la medida en que desde aquí podemos aportar algo. Estamos hablando de un déficit que pensamos que no
va a ir a más, sino que va a estabilizarse o a decrecer algo en los próximos años. Se va a estabilizar algo por encima del 1 %. No me gustaría transmitirles a ustedes mucha precisión, porque en este tema no la hay. Podemos decir que puede estar
por encima del 1 y probablemente algo por debajo del 1,5 de aquí a unos años. Va a depender mucho, por ejemplo, de cómo evolucione la inflación. La inflación es una variable que afecta a los ingresos nominales de una forma significativa, y en los
últimos años estamos teniendo una situación bastante anómala de evolución de los precios, muy alejada de lo que el Banco Central Europeo estima como estabilidad de precios, que es una inflación por debajo pero cercana al 2 %. Si fijáramos el 1,8
veríamos que estamos muy por debajo de ese número, y ese es un problema porque el índice de revalorización de las pensiones, que es uno de los mecanismos que se diseñaron en su momento para estabilizar las cuentas de la Seguridad Social, estaba
pensado para un contexto de inflaciones en torno al

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objetivo. Por otra parte, hay un índice de sostenibilidad que tendrá que aplicarse dentro de unos años y habría que ver cuál es su impacto.


La realidad sobre la Seguridad Social es que nosotros hemos estimado que para los próximos cinco años -y esto sí que es bastante preciso-, por tendencias demográficas y manteniendo el sistema de prestaciones existente en los niveles
actuales, los costes de la Seguridad Social, antes de la posible revalorización de las pensiones, van a estar año tras año creciendo algo por encima del 3 %, quizá un 3,2, para ser algo más precisos. Por tanto para cerrar la brecha de déficit que
tenemos en este momento de unos 16.000 millones de euros de la Seguridad Social que podemos tener este año, los ingresos tienen que crecer a una tasa algo superior al 3 %. Durante estos últimos dos años los ingresos agregados de la Seguridad Social
se han visto afectados por algunos factores transitorios. El propio agotamiento del Fondo de reserva de la Seguridad Social, que nosotros pensamos que se produciría en torno a finales de 2017 o principios de 2018, tiene que ver con cómo se financia
la Seguridad Social. Me gustaría indicar que estos fondos de reserva normalmente se construyen para ser utilizados en momentos de crisis, y esta crisis ha sido particularmente severa y prolongada. Luego tampoco debería sorprendernos que en una
crisis tan larga se agote. Los ingresos que genera la Seguridad Social derivados de las inversiones que tiene en ese fondo se van perdiendo, y van a tener todavía una aportación negativa de casi 2 décimas al año, aunque en el futuro eso dejará de
ser un efecto. Lo lógico es que, con ritmos de creación de empleo y convergencia de la inflación hacia niveles como los marcados por el objetivo europeo, en los próximos cuatro años los ingresos se sitúen algo por encima del 4 % o muy cercanos a
esa cifra. Eso hace que la brecha se reduzca muy lentamente. Por eso hay un tema pendiente, que es financiar esos 13.000 millones de euros, y que tiene una doble dimensión. Tiene una dimensión que tiene que ver con la financiación de la Seguridad
Social, y por eso ya hay una disposición adicional en los presupuestos del Estado para buscar ingresos adicionales para la Seguridad Social distintos de sus propias fuentes de financiación, y en nuestra opinión esto es necesario, esta es una de las
cosas que están claras, que en los próximos años, a partir del año 2018, este tema será inevitable, pensando en términos de política constante, de cotizaciones y de prestaciones, por tanto este es un tema que efectivamente hay que abordar con
tranquilidad, pero al mismo tiempo con decisión, porque es algo inevitable. Pero al mismo tiempo a lo largo de mi exposición he intentado explicar que en el escenario económico plausible para los próximos años es posible generar recursos en el
conjunto de las administraciones públicas para satisfacer esta necesidad de la Seguridad Social próxima a los 15.000 millones que hay ahora, y que se pueden mantener en los próximos años. Yo creo que en otras partes de las administraciones públicas
hay capacidades. Insisto en que esto se puede conseguir bien por la vía del aumento de impuestos o por la vía de buscar espacios para que determinados gastos crezcan por debajo de lo que crece la economía, pero eso no me corresponde juzgarlo a mí
en ningún caso, porque son opciones de política económica plausibles.


Me han preguntado por la comparación con Italia. Yo creo que Italia no debería ser un buen ejemplo para muchas cosas. Italia tiene uno de los niveles de gasto público más elevados de Europa, pero no es de los países que tiene una gran
capacidad de redistribución de renta de las políticas públicas, de la política presupuestaria, no destaca precisamente por eso. Por lo tanto también es un ejemplo que pone de manifiesto que un mayor gasto público no lleva necesariamente a una mayor
redistribución de renta, que entiendo yo que es uno de los objetivos. Ahora bien, obviamente, cuanto mayor gasto, hay mayores posibilidades, pero no hay una correspondencia absoluta y el caso italiano no habla bien. En primer lugar, a mí el caso
de Italia me parece paradigmático porque estos días la prima debe estar como 20 puntos por debajo de la española, pero Italia tiene casi 40 puntos más de deuda pública que España. Tiene muy poco espacio de subida de impuestos, visto el nivel al que
está, y objetivamente si nosotros buscamos referencias internacionales sí lo tenemos. En segundo lugar, Italia todavía tiene pendiente un rescate bancario, como estamos viendo estos días en la prensa. Italia ha tenido un crecimiento económico
bastante lánguido en los últimos veinte años, ha estado creciendo sistemáticamente más de un 1 % por debajo de España o de la media europea, e incluso más. Tiene también un porcentaje de deuda pública en manos extranjeras muy alto, y podría seguir
poniendo ejemplos. La pregunta que nos tenemos que hacer es por qué Italia tiene una prima de riesgo menor que España a pesar de todo esto. Esa es la pregunta que a mí me suscita particular interés. Yo tiendo a pensar que la razón es doble: en
primer lugar, porque en los últimos veinte años, cuando la deuda pública de Italia ha estado a niveles muy altos, ha demostrado que es capaz de generar superávit primario suficiente, es decir, ha sido capaz de hacer esfuerzos que han ido llevando a
aumentar esos ingresos cada vez más, para convencer a los mercados de que iba a dar prioridad al pago de la deuda. España nunca ha estado en una situación como la de Italia

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-ese es el número al que usted se refería-, nunca ha tenido esos niveles de deuda; pero la realidad es que como no ha tenido que pasar por eso, y los mercados tienden mucho a mirar al pasado, no tenemos un historial -por así decirlo- de
haber hecho esos esfuerzos. La segunda razón -que es la que yo he intentado enfatizar en mi presentación- es que yo creo que los problemas de credibilidad tienen que ver con el medio plazo y con la capacidad que tiene uno -en este caso estamos
hablando de España-, frente a unos mercado que tienen un porcentaje muy alto de deuda pública, de convencer de que nosotros tenemos un plan creíble y consistente, que genera un gran consenso, un plan de convergencia a un cierto equilibrio
presupuestario o a unos niveles de déficit público que permitan de una forma consistente y sostenida reducir esa deuda pública, pero me da la sensación de que eso no ha calado suficientemente. La verdad es que ese plan no existe, y los programas de
estabilidad que hemos estado generado muchos años -este es uno de los problemas que a veces hay en el diálogo con las autoridades europeas- no están bien incardinados en todos los procesos presupuestarios de las distintas administraciones públicas,
y no suscitan la suficiente credibilidad. Por eso nosotros insistimos en esa orientación de medio plazo, porque permite muchísimo gradualismo, permite distribuir esfuerzos en el tiempo, permite mantener niveles de gasto público y de prestaciones
significativos. Pero lo importante es que se perciba que tenemos un plan de largo plazo y que hay trayectorias en nuestros ingresos y gastos que terminan donde deberían.


Esto lo podría enlazar con algunas preguntas que me han planteado desde los grupos Compromís y Podemos. No sé cómo terminar con el tema de las reglas. No le demos más importancia, las reglas son un instrumento. En lo que realmente sí hay
una evidencia abrumadora es en que cuando una economía no es sostenible financieramente -y además eso es percibido por los agentes económicos y por los que la financian- termina mal, y cuando digo mal quiere decir que tiene costes para el bienestar
de los ciudadanos. El principio de sostenibilidad financiera requiere tener un consenso altísimo, y no es ni de izquierdas ni de derechas, es simplemente de sentido común. Si se percibe que uno no es sostenible, todo se adelanta en el tiempo por
parte de los mercados: te aumentan los costes de financiación o el que te vigila te impone condiciones, porque le preocupa que se vaya de control, y las cosas terminan muy mal. Yo creo que lo que hay que evitar son los costes en términos de
bienestar para los ciudadanos. Por lo tanto la sostenibilidad financiera, visto como algo a largo plazo, me parece que es el elemento a preservar, el bien público a preservar por todos.


¿Qué es lo que pasa a partir de ahí? La experiencia internacional indica que cuando existen reglas -y esas reglas pueden ser flexibles, graduables en el tiempo o de distinta naturaleza-, entendidas como referencias vinculantes a las que uno
tiende, tienden a facilitar la sostenibilidad financiera. Por eso en Europa se pusieron reglas. Yo no juzgo -creo que ustedes pueden tener razón- si a veces se han aplicado de una forma rígida o se han planteado de forma inadecuada. Yo creo que
esta crítica es absolutamente legítima y está además sustentada por elementos, pero la regla es simplemente un instrumento, es un elemento intermedio para que uno mismo se asegure y se convenza de que va en la dirección de la sostenibilidad
financiera, porque es donde están los problemas. Ahí se puede llegar con sendas de ingresos y de gastos muy distintas. Hay países, como los nórdicos, que han llegado a la sostenibilidad financiera con niveles de gasto e ingresos públicos muy
altos, y hay países, como por ejemplo Australia y Canadá, que han llegado a la sostenibilidad financiera con niveles de gasto público un poco más pequeños. Son modelos distintos. Los dos son compatibles y han demostrado que les permite tener
sostenidamente costes de financiación muy bajos. Asimismo les permite que sus políticas fiscales puedan ejercer durante todo el ciclo económico su función estabilizadora y su función de redistribución de renta. A partir de ahí es cuando viene una
institución como la nuestra. ¿Por qué surgen instituciones como la nuestra, que existen en Australia, en los países nórdicos, que se han desarrollado en Europa? Porque también se ha tendido a ver que cuando hay una institución independiente que
proporciona elementos objetivos desligados del ciclo electoral y que eleva los costes reputacionales sobre las administraciones que no apuntan adecuadamente a esa sostenibilidad financiera, las probabilidades de que esto vaya mal disminuyen algo;
tampoco voy a ser yo muy ambicioso sobre esto. Y esta es la secuencia por la que llegamos a la existencia de una institución como la Airef. A partir de un concepto de muy largo plazo de sostenibilidad financiera, las reglas... Podríamos funcionar
sin reglas. Hay instituciones en algunos países donde no hay reglas; las reglas no son tan importantes; yo creo que ayudan, pero yo no soy muy visceral en esto. Sin embargo, la realidad es que estamos en un club, que es el euro, y hasta que esto
no se modifique -y mi sensación es la de que va a tardar mucho tiempo-, a horizontes relevantes de decisión de política económica yo creo que vamos a tener que funcionar en un club donde hay reglas fiscales. Esto es parte de las reglas del club,
conviene ser conscientes de ello y manejarse dentro de ese marco, y

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hacerlo con los elementos de gradualidad que te permitan y, además, ejercerlos. Hay que mirar con tranquilidad lo que pueda pasar los próximos meses, porque yo creo que se pueden poner encima de la mesa elementos que permitan reconducir
esta situación. No creo que esta sea una situación tan complicada. Esta es una reflexión de carácter general.


No voy a dejar de contestar esta vez al señor Bel sobre si ustedes me pueden encargar cosas. Desgraciadamente, no, en el siguiente sentido. Estamos sometidos a una ley orgánica que tasa muchísimo lo que nosotros podemos hacer y no podemos
hacer. Nosotros hacemos tres cosas. Elaboramos informes que están tasados en la ley con un calendario muy determinado y que tienen que ver con el ciclo presupuestario y con los objetivos europeos, y hay directivas europeas que nos exigen hacer
cosas, etcétera, y eso es así. También podemos emitir opiniones sobre algunos temas, también tasados, a iniciativa propia. Y, finalmente, se nos pueden pedir estudios y la ley es muy estricta al respecto. ¿Quién nos puede pedir estudios? El
Gobierno, nos puede pedir estudios el Consejo de Política Fiscal y Financiera, nos puede pedir estudios la Comisión Nacional de Administración Local y también una comunidad autónoma, siempre que el objeto del estudio no afecte a terceros. Esa es la
realidad.


De aquí voy a pasar a otro tema que se ha planteado, que está relacionado con las peticiones, que son los objetivos verticales y horizontales. La ley no nos da pie directamente a elaborar un informe motu proprio sobre la distribución
vertical de objetivos; es decir, la distribución que hay a partir de la senda acordada con las autoridades europeas, la que es entre los cuatro subsectores principales. Dicho esto, nos podrían pedir un estudio. Nosotros motu proprio no lo podemos
hacer. Es verdad que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera hubo un debate y hubo propuestas para que nosotros hiciéramos ese estudio, pero esa iniciativa no salió adelante y, por lo tanto, no lo hemos podido hacer. Lo que sí hemos hecho
-que creo que eso sí lo podemos hacer en nuestras recomendaciones- es solicitar al Gobierno que cuando fije esos objetivos verticales entre las cuatro administraciones lo sustente mejor y con mayores elementos técnicos, porque es una decisión que
afecta a muchas administraciones y nosotros sí que hemos dicho en nuestras recomendaciones -y las repito ahora- que hay margen para que esa decisión esté más sustentada o, por lo menos, que la información de la que disponemos todos, incluidos
nosotros, sea más amplia.


Donde sí tenemos vela es en la fijación, a su vez -digamos en el tercer nivel-, de la distribución del objetivo agregado de comunidades autónomas entre las diecisiete. Ahí la ley sí que nos exige que la propuesta original del Ministerio de
Hacienda lleve un informe nuestro previo antes de ser discutida en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y a eso es a lo que me estoy refiriendo. Nosotros redactamos ese informe el año pasado y tendremos que elaborarlo este año -porque hay
que hacerlo una vez al año- y ahí sugerimos al Ministerio de Hacienda objetivos asimétricos, que así se llaman, básicamente porque comprobamos que las trayectorias de esfuerzo que se planteaban para 2016, e incluso para 2017, para algunas
comunidades autónomas no eran alcanzables, teniendo en cuenta la estructura del gasto de las comunidades autónomas que es muy estructural, sanidad y educación, y también que sus ingresos están muy tasados y dependen de decisiones del recurso al
sistema de financiación. En la situación actual tenemos que hacer un análisis cuando toque -creo que es junio cuando tenemos que elaborar el informe-, pero mi impresión es que, probablemente, habrá que hacer una recomendación similar, aunque es
posible que el número de comunidades afectadas sea menor porque la situación ya está más acotada que el año pasado como resultado en el aumento de los recursos del sistema de las comunidades autónomas.


Eso me lleva a enlazar, justamente, con el tema del sistema de financiación. Existe cierto consenso en que hay que reformar el sistema de financiación, y algunas de las razones por las que hay que hacerlo no son competencia nuestra. La
razón por la que nosotros hemos insistido en este tema es porque desde el punto de vista de exigir el cumplimiento de los objetivos, cuando el sistema de financiación que puede afectar a alguna Administración no le genera los recursos suficientes
para cubrir los servicios que tiene prestar, puede haber un déficit de autoridad moral a la hora de exigir esos objetivos. Al mismo tiempo, no tenemos la impresión de que agregadamente haya un problema de financiación en el conjunto de las
comunidades autónomas, o al menos esto no lo hemos dicho nosotros y nos da la sensación de que no tiene por qué ser así. Lo que hay es un problema de distribución entre distintas comunidades autónomas. Yo creo que es justo decir, y en ese sentido
lo ha planteado el Grupo de Compromìs -nuestros informes lo indican cuando se analiza el caso de la Comunidad Valenciana-, que esta comunidad tiene un nivel de gasto público que está por debajo de la media del resto de comunidades autónomas y tiene
un nivel de tributación, digamos de impuestos propios y de recaudación y de presión fiscal, resultado de decisiones

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propias, que está por encima de otras comunidades autónomas. Creo que estos son datos objetivos que se pueden apuntar, porque son verdad. Esto no es extrapolable a otras comunidades autónomas. El caso de Valencia es bastante singular y es
justo decirlo. También tengo que decir -por compensar un poco, porque es verdad- que habiendo otras comunidades autónomas que también tienen problemas de financiación, en los presupuestos del año 2016 y 2017 hemos visto esfuerzos de convergencia
hacia el objetivo que no se manifiestan en los presupuestos de la Comunidad Valenciana, por decirlo todo.


Voy a seguir con el orden de los puntos y me voy a referir al tema de la regla de gasto. En el tema de gasto que ha planteado el señor Bel y que ha salido en varias de las intervenciones, incluida la del señor Iglesias, yo quería aclarar,
señor Iglesias, que si uno sube impuestos y aumenta los ingresos se los puede gastar. La regla de gasto no es, en ese caso, vinculante. Cuando se hacen subidas de impuestos permanentes, a partir de ahí, la regla de gasto, tal y como está definida
sin cambiarla, permite aumentar el nivel de gasto. Es un tema de clarificación. Sí creo que hay que clarificar muchos aspectos de la regla de gasto. Es verdad que las corporaciones locales tienen menos exenciones que otras administraciones en la
base computable de la regla de gasto, pero también es verdad -por decirlo todo- que las corporaciones locales son las únicas instituciones que pueden deducirse inversiones financieramente sostenibles. Eso no se aplica a las comunidades autónomas,
por el momento. Creo, como decía antes, que en la reforma que hay que hacer de la Ley de Estabilidad hay que darle una buena pensada a la regla de gasto porque las tendencias internacionales, en el diseño de reglas fiscales, tengo la sensación de
que van más en la dirección de reglas de gasto si están bien definidas. No tienen por qué ser restrictivas necesariamente sino que lo que tienen es una muy buena capacidad estabilizadora, porque imaginemos los años bonancibles de 2000 a 2007: hubo
unos ingresos en ese momento en España que no eran sostenibles, que tenían que ver con la burbuja inmobiliaria, que generaban aumentos del impuesto de transmisiones patrimoniales insostenibles, que había crecimientos del IVA enormes como resultado
de determinados patrones de gasto, etcétera. Esos ingresos -y ese es el problema que después hemos tenido durante la crisis- se arraigaron en gastos, y no entro en el juicio de qué gastos porque hubo de todo. Si hubiéramos tenido una regla de
gastos en ese momento, todos esos ingresos que no eran sostenibles no se hubieran gastado por encima del crecimiento normal de la economía subyacente y hubieran permitido generar algunos colchones, de tal forma que cuando llegara la crisis hubiera
habido mucho más espacio para que la política fiscal operara en sus funciones de distribución de renta y de estabilización del ciclo económico. Por esas razones, en los análisis que se están haciendo ahora a nivel internacional, hay una cierta
preferencia por esa naturaleza de medio plazo de que la regla de gasto sea un ingrediente -si está bien diseñada- del arsenal de instrumentos de los que se dispone para alcanzar la sostenibilidad financiera. He hablado del sistema de financiación,
de la regla de gasto, del sistema social.


Sobre el endeudamiento público ha habido varias preguntas. Cuando hemos tenido una recesión como la que ha tenido España en los últimos siete u ocho años, tan aguda, tan severa, tan singular, con esa evolución de los precios, tenía que
aumentar la deuda pública mucho. Ahora bien, también es verdad que lo que ha puesto de manifiesto la crisis es que teníamos algunas debilidades institucionales, por ejemplo en la parte de los ingresos que acabo de decir. Teníamos ingresos que no
eran estructurales y con otros instrumentos hubiéramos podido evolucionar con endeudamientos algo menores y con más espacio. Por eso, entendiendo que la situación es la que es, a partir de ahora lo probable es que la deuda pública vaya reduciéndose
en los próximos años a un ritmo que creo que puede ser suficiente. Pero el mundo es incierto y cuando uno tiene el déficit de credibilidad al que me refería antes hablando de Italia, cuando tiene deudas ya en torno al 100 %, no creo que haya que
alarmar. Por ejemplo, el señor Roldán -que no está aquí ya-, hablaba de posibles subidas de tipos de interés. Esa es una posibilidad, pero hay posibles contingencias. Yo creo que lo más probable es que tengamos un escenario en el que la deuda
pública tenga tendencias decrecientes y ese es el mensaje que hay que transmitir, pero para que eso sea así lo que hay que hacer es convencer a quien hay que convencer -que son distintas instancias- de que tenemos un marco institucional de medio
plazo sólido y un compromiso claro de que si hubiera situaciones algo más complicadas de lo esperado, las vamos a reconducir suficientemente. Creo que ahí es donde está el déficit de credibilidad, no tanto en el nivel de deuda pública per se sino
en la percepción de que no hay convicción suficiente de que, llegado el momento, tenemos los instrumentos y las capacidades para reconducir situaciones que pueden ser potencialmente complicadas. Esto nos da oportunidades de tomarnos las cosas con
relajación y gradualismo. El escenario central en adelante -y en eso ha insistido mucho el Banco Central Europeo y creo que ha convencido a los mercados-, y en eso se ve la curva de

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rendimientos, es de tipos de interés extraordinariamente bajos en los próximos años. España debería beneficiarse de esa situación de tipos de interés muy bajos. La única razón por la que podríamos no beneficiarnos es si no somos creíbles y
nuestra prima de riesgo sube, pero si nosotros somos capaces de generar esa credibilidad, nos vamos a beneficiar de una política monetaria muy favorable en los próximos años. El mecanismo de transmisión de la política monetaria se atasca
completamente -se ha atascado en una parte significativa pero yo creo que no del todo- y por lo tanto esos impulsos monetarios que vienen de esos tipos de interés más bajos terminan afectando a todos los ciudadanos en el sentido de que tienen una
disponibilidad de recursos de endeudamiento que no han tenido en los últimos años. Eso es lo más importante.


Creo que he contestado prácticamente a todas las preguntas. Si hubiera alguna que se me haya escapado, estoy dispuesto a que se me recuerde. No se si será oportuno o no.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Escrivá.


A continuación, tienen la palabra para realizar alguna precisión -les ruego encarecidamente que sea exclusivamente sobre lo que ha dicho el señor Escrivá- los diversos grupos parlamentarios por el mismo orden anterior. Como el señor Roldán
no está, el señor Ten -portavoz adjunto de Ciudadanos- puede realizar alguna observación con brevedad.


El señor TEN OLIVER: Señor presidente, muchas gracias.


Simplemente quiero agradecer en nombre de mi compañero del Grupo Parlamentario Ciudadanos su comparecencia. Creo que ha sido muy expresivo con todos los problemas que tenemos y especialmente con el de solucionar el problema de estabilidad
presupuestaria. Voy a hacer tres incisos. Mi compañero el diputado Antonio Roldán incidía sobre la oportunidad perdida. Creo que es una oportunidad perdida y que hay que hacer un gran esfuerzo. Lo decía usted además cuando nos hablaba de Italia;
Italia es un país que -como comentábamos- tiene muchísima más deuda de la que tiene España y sin embargo es un país que convence. Para convencer hay que saber explicar bien las políticas, hay que tener un buen proyecto. Esta España nuestra, como
decía Antonio Roldán, necesita un Gobierno, una planificación y por supuesto reformas estructurales que garanticen, que den cobijo a esa garantía y esa confianza que desde luego tenemos que transmitir a la Unión Europea.


Hablábamos de los ingresos tributarios y evidentemente es una oportunidad perdida. En alguna ocasión hemos transmitido que la política de amnistía fiscal supuso una pérdida de ingresos tributarios que podían habernos ayudado mucho a la hora
de corregir ese déficit público.


Finalmente, no quiero dejar pasar la oportunidad -como decía mi compañero- de instar a que todas las fuerzas políticas que estamos aquí nos pongamos de acuerdo para hacer de España un país muchísimo más estable y que inspire mucha más
confianza al resto de Europa.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Por el Grupo Socialista, señor Lasarte.


El señor LASARTE IRIBARREN: Gracias. Voy a hablar veinte segundos.


Quiero de nuevo agradecerle su presencia en esta Comisión. Ha sido muy ilustrativo, muy claro, nos ha dado una información magnífica, independiente y objetiva de la situación en España de los presupuestos, de la deuda pública, del déficit,
de su visión de cuáles son las políticas para hacer una consolidación financiera. Insisto en que le agradezco su presencia en esta Comisión, que ha empezado con algún altercado político propio de lo que es una actividad parlamentaria, porque
estamos todos donde estamos y como estamos, y más en estas fechas en que no sabemos cómo vamos a estar dentro de tres semanas, ya que igual seguimos con esta historia.


Esta Comisión se ha caracterizado siempre por la amabilidad en las relaciones y yo confío en que esto va a ser así; espero que sea así cuando esto se normalice, si se normaliza. Espero que tengamos todos los grupos una relación buena para
sacar a este país adelante. E insisto, esta legislatura ha logrado lo que no consiguió la anterior y es que usted viniera a esta Comisión. Por ello le estoy muy agradecido y de nuevo le doy la enhorabuena por la misma.


El señor PRESIDENTE: Señor Candela, por el Grupo Mixto, Compromís.

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El señor CANDELA SERNA: Muchas gracias.


La verdad es que es un placer no sé si debatir o intercambiar opiniones, porque aunque estemos alejados en cuanto a la concepción de la economía, es un placer. Hablaré de dos cuestiones del sistema de financiación pero una sobre todo me ha
llamado mucho la atención, cuando habla de la sostenibilidad financiera, y lo digo porque usted ha hecho una afirmación. Digamos que cuando un país no es financieramente sostenible acarrea muchos problemas. Hasta ahí estaríamos totalmente de
acuerdo. Pero nosotros pensamos que eso es el reflejo de una debilidad estructural sobre todo en lo relativo a la cuestión productiva; y en tema de déficit también a una cuestión de cómo es el sistema fiscal. Y ambas cuestiones responden también
a aspectos políticos de qué país se quiere. Es decir estaríamos de acuerdo, pero la causalidad quizá sería diferente, aunque vaya el elogio por delante porque es un placer.


Hay dos cuestiones que ha afirmado usted, en las que estoy totalmente de acuerdo, una es que tenemos un gasto, en el caso de la Comunidad Valenciana, por debajo de la media y, por decirlo de alguna manera un poco imprecisa, una presión
fiscal propia algo mayor. Eso es en cierta manera lógico dado que si no tenemos los ingresos suficientes para mantener la seguridad y la educación, de algún sitio habrá que sacarlo. Eso entronca en la segunda afirmación respecto a que no hacíamos
los esfuerzos necesarios para la convergencia. ¡Es que no los podemos hacer! No los podemos hacer porque ello supondría reducir gastos y la traducción de eso, porque muchas veces el lenguaje económico hay que traducirlo al lenguaje social,
supondría cerrar colegios y cerrar hospitales. Pero muchas gracias por su comparecencia, ha sido un placer.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Señor Bel, Democràcia i Llibertat.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.


Sí, aunque sea brevemente. Hemos escuchado en esta Comisión que efectivamente los objetivos de las comunidades autónomas se podían conseguir porque ha habido algunas comunidades autónomas que los han conseguido. Evidentemente esto no va en
la línea de las reflexiones que usted ha ido aportando en los diferentes informes porque la situación de partida obviamente es diferente. Y en esta reflexión, también interesante que no digo que compartamos pero que queda reflejada en el 'Diario de
Sesiones' de esta sesión, aunque usted duda de que en el conjunto de las comunidades autónomas estén infrafinanciadas, algunas sí que lo están. Yo les voy a dar algún dato que creo que a los representantes del Partido Popular les puede servir de
reflexión porque algunas de estas comunidades autónomas también han estado durante muchos años gobernadas por el Partido Popular. Recientemente la doctora Nuria Bosch publicaba un artículo con unas reflexiones interesantes donde analizaba la
correlación de aquellas comunidades autónomas con un mayor porcentaje respecto a su PIB de endeudamiento y apreciaba cómo estas comunidades autónomas se correspondían con aquellas que habían recibido, no en los últimos cinco años sino a lo largo de
los últimos veinte años, una financiación autonómica por debajo de la media. Estaba incluida la Comunidad Valenciana, estaba incluida Cataluña, estaba incluida Illes Balears y también estaba incluida Murcia. Este es un elemento de reflexión que
debemos tener en cuenta de cara al futuro. Había alguna excepción, que no voy a nombrar, pero en todas su mayor endeudamiento se correspondía con haber recibido ingresos por debajo de la media de la financiación de las comunidades autónomas.


Me ha parecido entender y le ruego que me corrija si no ha sido así, que usted aboga por una reforma a corto plazo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y uno de los aspectos a reformar evidentemente sería la regla de gasto para que
tuviera una mayor concreción. También nos parece una reflexión interesante. Y en cuanto a la distribución vertical del porcentaje del déficit, que dice que no le corresponde y evidentemente no voy a ser yo quien contradiga ni a usted ni a la ley,
yo creo que ustedes también podrían opinar sobre si realmente esta distribución se ha realizado o no de acuerdo con la disposición adicional primera de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.


Le reitero nuestro agradecimiento y coincido con algunos otros portavoces respecto a algunas de las opiniones expresadas. Sin abusar de su disposición, creo que sería bueno no solo que compareciera una o dos veces al año. Para debatir
algunos de estos aspectos de cara al futuro si la legislatura tiene continuidad -y como pueden entender no va a depender de nuestro grupo parlamentario- sí le invitaríamos a que pudiésemos analizar de forma monográfica algunos de los aspectos que
hoy hemos visto de forma más genérica. En todo caso, muchísimas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bel.


Tiene la palabra el señor Iglesias, en nombre del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.


El señor IGLESIAS GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Tan solo ahondar en una de las muchas cuestiones que aquí han salido y que el señor Escrivá ha explicado. Nadie está en contra de la sostenibilidad y lo único que nosotros planteamos es una senda realista frente a una senda irrealista que
condicione y constriña el desarrollo económico de nuestro país y por ende termine redundando en políticas económicas que al final acaben perjudicando a las clases bajas de nuestra sociedad. Hablamos por tanto de hacer un esfuerzo más en lo que
sería la recaudación que no en planteamientos de recortes, obviamente.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.


Por último, el señor Paniagua en nombre del Grupo Parlamentario Popular.


El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidente.


La pregunta sobre el endeudamiento se la hacía porque en el propio enunciado de la solicitud de comparecencia se hablaba del endeudamiento en el nivel que estábamos como si fuera una cosa un poco rara cuando yo creo que teniendo en cuenta la
crisis, como usted bien ha dicho, parecía lógico.


Después hay una pregunta que sí le hice y yo creo que no me ha contestado, y es cómo había afectado esta rebaja de impuestos de este año pasado. Es posible que todavía generemos dudas a nivel internacional porque, como usted bien ha dicho,
llevamos poco tiempo en este proceso de consolidación fiscal, tenemos muy poca experiencia, pero yo al menos veo un compromiso por parte de todos los grupos para que esto vaya avanzando y espero que así sea.


Muchas gracias de nuevo por su comparecencia y por su forma de explicar las cosas, de verdad que está muy bien.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Paniagua.


Pues para concluir todas estas cuestiones, vuelve a tener la palabra el señor presidente de la Airef.


El señor PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL (AIReF) (Escrivá Belmonte): Muy rápidamente.


Al señor Bel: sí puedo añadir algo acerca del punto sobre la disposición adicional primera. Nosotros lo que hemos recomendado -esto es un poco técnico- es que hace falta una distribución -como usted decía- del saldo estructural entre las
distintas administraciones. La estimación realizada, en este caso por el Ministerio de Economía, no por el Ministerio de Hacienda, nosotros tenemos que informarla -eso se puede encontrar en nuestra web yo creo que desde hace casi un año- y hemos
pedido al Ministerio de Economía que realice una estimación mucho más fina de cómo se distribuye el objetivo estructural de las distintas administraciones públicas y hemos hecho recomendaciones metodológicas al Ministerio de Economía y
Competitividad sobre cómo debería hacerse. Sin ese cálculo, que le corresponde al ministerio y no a nosotros, nos resulta difícil pronunciarnos, pero la parte que a nosotros nos toca, que es recomendar cambios metodológicos o mejoras metodológicas
en el cálculo para que se pueda sustanciar lo que usted plantea, está hecho por nuestra parte.


Respecto a la reforma tributaria, aprovecho para contestar a una pregunta que se me había escapado sobre si tenía impacto en las comunidades autónomas. La respuesta es que prácticamente no; es una parte muy pequeña, pero el Estado absorbe
-y así está establecido- la pérdida de recaudación asociada a la reforma tributaria que se ha producido en los últimos dos años.


Sobre el impacto económico, aún no tenemos nuestro instrumental, porque esto requiere un instrumental que la Airef no ha desarrollado todavía. Llevamos año y medio para poder evaluar el impacto sobre la reforma tributaria, pero sí hemos
evaluado los instrumentos que se han utilizado en la memoria económica y en su momento nos parecieron ajustados. No recuerdo exactamente las décimas del PIB de mejora del crecimiento económico, pero cuando evaluamos aquello -estoy hablando de hace
un tiempo- nos pareció -sin poder hacer una estimación paralela- que era una estimación ajustada.


No sé si me falta algo.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.

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Quiero agradecer a sus señorías el esfuerzo de contención en toda la segunda parte de esta comparecencia. Quiero agradecer muy especialmente al señor Escrivá, presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que haya
venido aquí y que haya comparecido. Le doy las gracias también por la claridad en la exposición y por su enorme esfuerzo para contestar las múltiples cuestiones que le han planteado los portavoces de los grupos parlamentarios. Muchísimas gracias.
Esperemos que esto tenga continuidad y volvamos a verle por aquí.


Rogaría que se acercasen los portavoces y los miembros de la Mesa para tratar sobre el orden del día de la próxima sesión y sobre la próxima comparecencia que tiene solicitada esta Comisión, que es la de la secretaria de Estado de
Presupuestos.


Se levanta la sesión.


Eran las seis y cuarenta y cinco minutos de la tarde.