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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 65, de 03/05/2016
cve: BOCG-11-D-65
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XI LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
3 de mayo de 2016
Núm. 65
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000004 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, sobre la reforma del régimen especial de trabajadores autónomos. Rechazo por la Comisión ...
PERSONAL
299/000004 Personal eventual como Asistente para la atención de los señores Diputados de los Grupos Parlamentarios del Congreso. Nombramientos ... (Página4)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Interior
161/000581 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el fomento de los principios de mérito y capacidad en todos los procesos de ingreso y ascenso en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ...
161/000588 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la revisión de oficio y a la declaración de nulidad del nombramiento de Agregado de Interior en la Misión Diplomática
Permanente de España en la República de Panamá ... (Página6)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/000577 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al Impuesto sobre las Transacciones Financieras ... (Página7)
Comisión de Fomento
161/000600 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al mantenimiento del trazado previsto de la A-43 (Autovía Puertollano-Mérida) ... (Página8)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/000603 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre prevención de riesgos laborales en determinados ámbitos ... (Página9)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000585 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el fomento de los beneficios de la llegada de la alta velocidad ferroviaria a Zamora ... (Página10)
161/000606 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso a la actividad industrial e innovadora en la zona sur de la Comunidad de Madrid ... (Página11)
161/000643 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Mixto y Socialista, relativa a la planta de la empresa General Electric sita en la localidad navarra de Buñuel ... (Página13)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/000627 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre un Pacto Nacional del Agua ... (Página14)
Comisión de Cultura
161/000586 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la conmemoración del 150 Aniversario de la creación del Archivo Histórico Nacional (AHN) ... (Página15)
Comisión de Igualdad
161/000656 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a establecer medidas de conciliación en los planes de igualdad de las empresas ... (Página16)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000657 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la especial atención que merecen los afectados de epidermólisis bullosa ... (Página17)
Comisión para el Estudio del Cambio Climático
161/000625 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar la Hoja de Ruta 2030 para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores difusos ...
161/000626 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a orientar los recursos del Fondo de Internacionalización de la Empresa a la lucha contra el cambio climático ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Defensa
181/000030 Pregunta formulada por los Diputados Tania Sánchez Melero y Segundo González García (GP-EC-EM), sobre previsiones acerca de exigir responsabilidades por los contenidos belicistas y xenófobos del programa de formación de las
visitas de alumnos de instituto al Regimiento Príncipe del acuartelamiento asturiano de Cabo Noval que tuvieron lugar el día 15 de abril de 2016... (Página20)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000044 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 5819/2014, promovido por el Consejo de Gobierno de Andalucía, contra los artículos 9, apartado 43 del artículo 64, apartado 35 del
artículo 65 y la disposición final segunda de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico ... (Página21)
232/000045 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 6513/2014, promovido por el Presidente del Gobierno, contra el artículo 167.1 y las disposiciones transitorias 5.ª y 8.ª de la Ley 2/2014,
de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público de Cataluña ... (Página22)
232/000046 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 4292/2015, promovido por el Presidente del Gobierno contra los artículos 1.1 c) y 21 a 30 de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/2014, de
10 de octubre, del impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial, del impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria y del impuesto sobre la producción
de energía eléctrica de carácter nuclear ... (Página23)
233/000019 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 389/2014, planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en relación con la disposición adicional 57.ª
de la Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, por posible vulneración del artículo 14 de la Constitución española ... (Página24)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000004
La Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, en su reunión del día 20 de abril de 2016, ha rechazado, de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de
los Diputados de 26 de junio de 1996, la solicitud de creación de una Subcomisión, sobre la reforma del régimen especial de trabajadores autónomos, del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat).
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2016.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
PERSONAL
299/000004
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.° del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 25 de abril de 2016 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. Héctor Asensio Gómez,
a propuesta del Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, con efectos de 25 de abril de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2016.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.° del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 25 de abril de 2016 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª Cristina Uriel Prat,
a propuesta del Excmo. Sr. D. Joan Tardà i Coma, con efectos de 25 de abril de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2016.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2016.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Interior
161/000581
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de
Ley sobre principios de mérito y capacidad en todos los procesos de ingreso y ascenso en las FFCCSS del Estado, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La Constitución Española de 1978 en su artículo 104 recoge que «Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar las
seguridad ciudadana». Para desarrollar dichas funciones, el mismo precepto constitucional, exige que las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estén regulados bajo el texto legal de
ley orgánica. Esta es la razón de la existencia de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Dadas las circunstancias que se han dado en «determinadas convocatorias exprés» previas a las elecciones, que creemos que deben de ser cuestionadas y repetidas para garantizar el mérito y la capacidad de los postulantes, así como la
transparencia del proceso. «Determinados nombramientos de dudosa validez» que quedan completamente fuera de lugar, como, por ejemplo, el nombramiento del director de La Razón, personalidad que, por cierto, ha sido nombrado comisario honorario de la
Policía Nacional, mención, por cierto, otorgada por el Ministerio del Interior. Y como este proceso podríamos enumerar varios más, como concesión de medallas, ascensos «cuestionables» y demás deterioros de las FFCCSS del Estado que no hace más que
desprestigiar al actual Gobierno y consecuentemente la imagen externa del país.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, no entendemos como un gobierno «en funciones» y que se hace llamar democrático, respetuoso con la sociedad y valedor de la transparencia y la igualdad, puede dedicarse a destinar parte de sus activos
y su tiempo a enseñar a los ciudadanos españoles como el Gobierno realmente se preocupa por la situación actual y refleja una actitud completamente responsable.
Dicha actitud, provocadora y digna de haberse visto en nuestro país hace mucho tiempo, cuando unos pocos decidían en nombre de la sociedad para favorecer intereses personales, no debería ser tolerada.
Por todo ello se insta al Gobierno a
Proposición no de Ley
«Fomentar los principios de mérito y capacidad en todos los procesos de ingreso y ascenso en las FFCCSS del Estado, con criterios de transparencia y participación.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2016.Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000588
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
por la que se solicita al Gobierno la revisión de oficio y declaración de nulidad del nombramiento de Agregado de Interior en la Misión Diplomática Permanente de España en la República de Panamá, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Desde el mismo momento que el Grupo Parlamentario Socialista tuvo conocimiento del nombramiento de agregado en Panamá y la persona elegida para el cargo, sin experiencia policial conocida con las responsabilidades de dicho destino, pero con
vínculos claros con el ex presidente Aznar ya que se trata de su ex jefe de escolta, formuló varias preguntas por escrito al Gobierno que como tiene por costumbre dejó sin respuesta a lo que se preguntaba.
Conociendo las funciones que un agregado de interior tiene en el país en que está destinado, el nombramiento suscitó el interés del Grupo Socialista al ser Panamá la cuna donde nacen o donde tiene sus vínculos Sociedades con negocios
directamente ligados con graves casos de corrupción en los que están incursos, entre otras, personas ligadas al Partido Popular.
A raíz de la aparición de los Papeles de Panamá las informaciones sobre este tema empiezan a fluir en los medios de manera habitual y así vemos una información el 11 de abril, en el Diario «El Mundo» que revela que, el Gobierno firmó en
2013, ya con el PP en el poder, un convenio con Panamá para la lucha contra la delincuencia cuyo listado de delitos a perseguir «en particular» omite los de delincuencia económica y, en especial, los de blanqueo. Precisamente, los que generan mayor
solicitud de información por parte de las autoridades policiales y judiciales españolas. Que España firme un acuerdo con Panamá dejando a un lado el blanqueo de capitales resulta tan inexplicable como si hiciera lo propio con Colombia sin mediar
una referencia al tráfico de drogas. Un despropósito diplomático que contrasta con el hecho de que el Gobierno sí incluyera el blanqueo en otros 26 tratados de la misma naturaleza suscritos por España. Máxime teniendo en cuenta que la OCDE se ha
mostrado inusualmente taxativa a la hora de afirmar que el país centroamericano «es el último gran bastión que permite esconder fondos a las autoridades fiscales».
Pero es en el día de hoy, 18 de abril, en que el círculo de lo que desde julio de 2015 hasta el momento habían sido sospechas de irregularidades que se acumulaban, se cierra al leer la noticia que publica el Diario «El País», según la cual:
«el inspector jefe de policía Francisco Gabriel Maroto Almarcha, responsable del servicio de escolta del presidente del Gobierno José María Aznar, fue nombrado agregado de Interior en la Embajada de España en Panamá en 2014, antes de la creación del
puesto.» Es pues evidente, que la persona elegida carece de idoneidad para el puesto, toda vez que no consta tenga los conocimientos y méritos necesarios para ocupar un puesto.
Finalmente, se señala que el puesto se crea en 2015 tal como recoge el Real Decreto 263/2015, de 10 de abril, por el que se crean las Agregadurías de Interior en las Misiones Diplomáticas Permanentes de España en la República de Panamá y en
los Emiratos Árabes Unidos y se suprimen la de la República de Gambia y la de la República de Croacia.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a declarar, previa revisión de oficio, la nulidad del nombramiento de agregado de Interior en la Misión Diplomática Permanente de España en la República de Panamá, puesto para el que fue
elegido una persona cuya única experiencia policial ha sido la de jefe de escolta del ex presidente Aznar y su elección se realizó antes de que se crease la Agregaduría de Interior en la Misión Diplomática Permanente de España en la República de
Panamá.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2016.Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado.Isabel Rodríguez García, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/000577
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa
al Impuesto sobre las Transacciones Financieras, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
La idea de gravar las operaciones financieras está inspirada en la tasa propuesta por el economista estadounidense James Tobin en 1971, cuando propuso, en una conferencia en la Universidad de Princeton, aplicar un tipo impositivo reducido al
cambio de una moneda a otra para amortiguar las fluctuaciones en los tipos de cambio, con el objetivo de acabar con la especulación financiera y para dotar a los Estados de una herramienta con la que defender la economía nacional.
En fechas recientes y en la Unión Europea, el proyecto de instaurar la conocida como «tasa Tobin» arranca en 2011, a partir de una propuesta hecha por el entonces presidente de la Comisión, Durao Barroso, y a la que se fueron adhiriendo
varios países a lo largo de 2012 (entre ellos, Francia y Alemania).
En 2013, las autoridades europeas propusieron la instauración de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) que gravaría con un 0,1% las transacciones financieras en general (compra de bonos y acciones) y un 0,01% las transacciones
financieras en los mercados de derivados. A esta idea se adhirieron Bélgica, España, Grecia, Francia, Italia, Austria, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia y Alemania. El objetivo era garantizar que el sector financiero, cuyas operaciones
están exentas de IVA, contribuyera de forma equitativa a los ingresos públicos, y asimismo se perseguía crear un instrumento que permitiera una moderada intervención en los mercados financieros, desincentivando la especulación.
Ante la falta de unanimidad, por la oposición de determinados países con un importante peso del sector financiero en su economía, los once países citados, entre ellos España, acordaron profundizar en la creación del nuevo tributo mediante
cooperación reforzada.
Según diversas estimaciones, este impuesto podría recaudar más de 35.000 millones de euros, de los que más de 4.000 millones de euros podrían obtenerse en España.
Sin embargo, se ha venido poniendo de manifiesto que el Gobierno español, pese a pertenecer al grupo de once países que apoyó su creación y defendió un concepto amplio del Impuesto sobre Transacciones Financieras, viene retrasando desde el
comienzo de las negociaciones su puesta en marcha. Estonia se ha descolgado de la idea, y recientemente (principios de marzo de 2016), se ha conocido que los diez países restantes se van a tomar un plazo de tres meses para decidir si quieren seguir
adelante con la iniciativa y si son suficientes Estados miembros los que la apoyan (se exige el concurso de al menos nueve países para seguir el procedimiento de cooperación reforzada).
Declaraciones recientes del Ministro de Finanzas francés, Michael Sapín, señalaban que los gobiernos de España y Eslovaquia estaban bloqueando las negociaciones al mostrar su incapacidad para tomar decisiones aludiendo a la situación
política actual. Dicha incapacidad quedaría resuelta si se tiene en cuenta el amplio consenso por parte de los partidos políticos, que componen el Parlamento en este momento, para exigir la puesta en marcha de un impuesto a las transacciones
financieras siguiendo la propuesta de la Comisión Europea, y con el compromiso de que los fondos recaudados se destinen el 50% a la lucha contra la pobreza en España y el 50% a la lucha contra la pobreza en el mundo y el cambio climático.
En los próximos meses hay dos fechas claves para la consecución de un acuerdo y la puesta en marcha de este impuesto: los Ecofin del 25 de mayo y del 17 junio. Es durante estas dos reuniones cuando los 10 gobiernos, que forman parte del
instrumento de cooperación reforzada, deben de llegar a un acuerdo y realizar el consiguiente anuncio sin más dilación.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en las siguientes reuniones de ministros europeos de finanzas (25 de mayo y 17 de junio) defienda y exija la aplicación inmediata del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, con el
fin de gravar tanto la compraventa de acciones como otro tipo de operaciones financieras, singularmente aquellas realizadas con derivados.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2016.Julián López Milla, Diputado.Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Fomento
161/000600
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa
al mantenimiento del trazado previsto de la A-43 (Autovía Puertollano-Mérida), para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El pasado mes de febrero, a través de la respuesta del Ministerio de Fomento a una consulta realizada en diciembre de 2015 por la Diputada socialista Isabel Rodríguez a la Ministra de Fomento, Ana Pastor, sobre la intención del Ministerio de
Fomento de introducir cambios en el trazado de la Autovía A-43; el citado ministerio corroboraba que, para adaptarse a criterios de eficiencia, se había iniciado la redacción de un nuevo Estudio Informativo apoyado en el trazado de la carretera
N-430. En los Presupuestos Generales del Estado para 2016 ya se habrían habilitado las partidas necesarias para desarrollar los citados trabajos.
Ante esta grave decisión unilateral del Ministerio de Fomento, de la que no han sido informados ni los alcaldes de los ayuntamientos afectados ni el Gobierno de Castilla-la Mancha, tanto los partidos políticos como las plataformas ciudadanas
y asociaciones empresariales de la zona afectada han mostrado su más rotundo rechazo a una variación en el diseño de la A-43 que dejaría a importantes ciudades manchegas, como Puertollano y Almadén, fuera de su trazado.
Es importante recordar que el trazado cuestionado con esta decisión unilateral del Ministerio de Fomento, fue fruto del consenso alcanzado con los ayuntamientos afectados y con el Gobierno de Castilla-La Mancha, tras persistentes
reivindicaciones e importantes manifestaciones ciudadanas que rechazaban el trazado que hoy se pretende rehabilitar por el Gobierno; además de que existen importantes razones de índole económica y social que exigen que no se altere el trazado
previsto.
Un estudio de la Universidad de Extremadura, elaborado en mayo de 2003, avaló que la opción sur de la autovía con Extremadura (por Puertollano y Almadén) sería más viable desde el punto de vista medioambiental y socioeconómico que la opción
«apoyada en la N-430». La influencia de la autovía por el sur afectaría a 435.000 habitantes mientras que por el norte tan sólo a unos 325.000; el tráfico rodado sería cuatro veces mayor por el trazado sur, que por el norte; y el volumen de
empresas exportadoras en estas comarcas es mucho mayor que las que existen al norte de las provincias de Ciudad Real y Badajoz.
Además de todo lo anterior, con la modificación del trazado, el Gobierno entraría en contradicción con la planificación que él mismo ha aprobado, ya que entre las actuaciones previstas por el Plan de Infrestructuras, Transporte y Vivienda
2012-2024 para el transporte por carretera, se contempla la A-43 en su tramo entre Puertollano y Mérida.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno mantener el trazado previsto de la A-43 (Autovía Puertollano-Mérida) por Puertollano, Almadén y Castuera, así como a acelerar la construcción de los tramos pendientes con el objeto de que esta
infraestructura pueda contribuir lo antes posible al desarrollo socioeconómico de las comarcas afectadas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2016.Isabel Rodríguez García y José María Barreda Fontes, Diputados.Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/000603
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre prevención de riesgos laborales
en determinados ámbitos, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
Se han planteado en diversas situaciones dudas sobre la aplicación de la legislación de prevención de riesgos laborales a colectivos no sujetos a relaciones laborales ni a relaciones de carácter administrativo o estatutario, según ámbito
descrito en el artículo 3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales pero que, conforme a sus respectivas normas reguladoras, se trata de personas que realizan actividades en las que se da la posibilidad de que sufran
un determinado daño derivado de la actividad que realizan por distintas causas, o lo que es igual, con ocasión o por consecuencia de esa actividad.
Por ello, esas actividades dan lugar al aseguramiento y cotización de las contingencias de «accidentes de trabajo» y «enfermedades profesionales» y pueden realizarse junto a trabajadores por cuenta ajena o personal funcionario o estatutario
(simultáneamente). Así ocurre con mucha frecuencia, podría decirse que en la práctica generalidad de los casos.
Puede tratarse de actividades incluidas en el Sistema de Seguridad Social o al margen del mismo, salvo en lo que a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se refiere.
Cabe citar como situaciones y causas de estas actividades:
Trabajos temporales de colaboración social en situación de desempleo (arts. 38 y 39 Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, por el que se regulan diversas medidas de fomento del empleo). Los perceptores de prestaciones vienen obligados a
realizar los trabajos de colaboración social para los que hubieran sido seleccionados.
Prácticas no laborales en empresas, con inclusión en Seguridad Social, como asimilado a trabajador por cuenta ajena (Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas).
Participación en programas de formación, con inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social como asimilados a trabajadores por cuenta ajena (Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las
condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización,
adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social).
La diversidad de situaciones y la dificultad de recogerlas con suficiente precisión y concisión, así como el hecho de que todas estas situaciones tengan una regulación propia y específica de cada una de ellas, hace razonable considerar que
deberían ser precisamente esas mismas normas las que disipasen cualquier duda que pudiese surgir sobre la aplicación de la legislación de prevención de riesgos laborales.
En este sentido, sería necesario modificar mediante una norma de rango adecuado reglamentario las distintas disposiciones reguladoras de esas situaciones, antes que modificar la Ley 31/1995, en cuyo ámbito entendemos se encuentran
comprendidas, en una interpretación sistemática, más allá de la literalidad del artículo 3.
A tal efecto, puede ser ilustrativa la regulación, que completa la inclusión en la Seguridad Social, a efectos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del Real Decreto 2131/2008, contenida en el Real Decreto 640/2011, de 17 de
junio, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localización permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la
ejecución de la penas privativas de libertad y sustitución de penas, que regula conjuntamente el aseguramiento de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y la prevención de riesgos laborales, en los siguientes términos:
«Artículo 11. Seguridad Social y prevención de riesgos laborales.
1. Los penados a trabajos en beneficio de la comunidad que se encuentren cumpliéndola, únicamente estarán incluidos en la acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social a efectos de las contingencias de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales por los días de prestación efectiva de dicho trabajo, salvo que realicen el cumplimiento de esta pena mediante su participación en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial,
sexual y otros similares, en cuyo caso estarán excluidos de la citada acción protectora.
2. En las mismas condiciones previstas en el apartado anterior, estarán protegidos por la normativa laboral en materia de prevención de riesgos laborales.»
En una línea diferente, el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, avanza el derecho del estudiante en prácticas externas a recibir, de la entidad
colaboradora, información de la normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales y el deber de respetar las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales de la misma y los correspondientes de la entidad en cuestión (arts. 9 y 11).
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados considera necesario extender, en lo que sea pertinente, la normativa en materia de prevención de riesgos laborales a los ámbitos siguientes:
Trabajos temporales de colaboración social en situación de desempleo (arts. 38 y 39 del Real Decreto 1445/1982).
Prácticas no laborales en empresas, con inclusión en la Seguridad Social, como asimilado a trabajador por cuenta ajena (Real Decreto 1543/2011).
Participación en programas de formación (Real Decreto 1493/2011).»
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2016.Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000585
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para fomentar los beneficios de la
llegada de la alta velocidad ferroviaria a Zamora, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
España es conocida mundialmente por sus excelentes infraestructuras, entre ellas la conexión mediante la red de alta velocidad ferroviaria, la segunda más extensa del mundo. Ello nos ha valido una excelente consideración en el informe
bianual que elabora el Foro Económico Mundial y que, en 2015, determinó que España era el país más competitivo del mundo en el sector turístico.
La alta velocidad ferroviaria se ha convertido en una herramienta más de la política turística de España, sirviendo no sólo para vertebrar nuestro país sino para que millones de turistas se desplacen de una ciudad a otra cómodamente y en un
breve espacio de tiempo. Nuestro país ha sabido transformar el tren de alta velocidad en un elemento esencial del desarrollo económico de las ciudades y alrededores de donde llega.
De hecho, en 2015, los trenes de Alta Velocidad y de Larga Distancia concluyeron el ejercicio con la cifra récord de 31 millones de pasajeros, lo que supone haber superado por primera vez la cota de los 30 millones de usuarios anuales y
encadenar su segundo récord anual consecutivo.
El pasado mes de diciembre de 2015, la conexión ferroviaria de Alta Velocidad llegó a la ciudad de Zamora en lo que, bien planificado y aprovechado, se puede convertir en un auténtico revulsivo económico para sus empresas y comercios.
La conexión en una hora con la capital de España, Madrid, debe ser bien aprovechada y promocionada para atraer a un gran número de turistas internacionales y nacionales hacia la ciudad.
Estos turistas, atraídos por la oferta cultural, gastronómica y de compras de Zamora aumentarán la competitividad del destino ya que los viajeros ligados a estos segmentos turísticos suelen tener gastos superiores a los de un viajero
tradicional.
El Gobierno de España ha venido impulsando la promoción turística de las ciudades conectadas mediante la red de alta velocidad ferroviaria, fortaleciendo su posicionamiento internacional y fomentado el turismo cultural y el patrimonio de los
diferentes destinos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de:
1. Apoyar la incorporación de Zamora a los planes y acciones de promoción para que pueda rentabilizar la llegada de la conexión por alta velocidad, redunde en la mejora de su competitividad y de su posicionamiento internacional como destino
turístico.
2. Promocionar internacionalmente, a través de las Oficinas de Turismo que dispone en el exterior y sobre todo en aquellos mercados interesados por el turismo de interior, cultural, gastronómico y de compras, la llegada de la alta velocidad
a Zamora.
3. Continuar impulsando las acciones de promoción internacional de las ciudades conectadas mediante la red de alta velocidad ferroviaria para que los destinos que la componen reciban más turistas internacionales atraídos por el turismo
cultural, gastronómico y de compras, lo que redundará en la mejora de la rentabilidad del sector.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2016.Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000606
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso a la actividad
industrial e innovadora en la zona sur de la Comunidad de Madrid, para su debate en Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
La Comunidad de Madrid se caracteriza por ser una de las regiones españolas más dinámicas y abiertas, por ello no es de extrañar que atraiga el grueso de la inversión exterior que recibe nuestro país y que haya sido una de las primeras en
superar la grave crisis que ha sufrido nuestro país en los últimos años.
Mantener esta posición de liderazgo, que no sólo beneficia a Madrid sino a toda España, sólo será posible con la colaboración de las diversas administraciones públicas que existen en nuestro país (local, autonómica y estatal) y la iniciativa
privada.
Una colaboración, que debe ser capaz de crear valor añadido para la sociedad impulsando la actividad industrial y empresarial existente y fomentando la creación de nuevas empresas a través de la innovación. Para lograr este objetivo la
Comunidad de Madrid cuenta con una red de cluster y parques científicos y tecnológicos que buscan promover el desarrollo e innovación de las empresas instaladas en dichos espacios, a través de la colaboración entre las mismas y con las universidades
de la región además de contar con el apoyo y patrocinio de los ayuntamientos y del gobierno regional.
Por otro lado, en la zona sur de la Comunidad de Madrid (Leganés, Alcorcón, Getafe, Fuenlabrada, Móstoles y Parla) se encuentran instaladas numerosas multinacionales que son verdaderos referentes nacionales y mundiales en los sectores en los
que operan como pueden ser: Airbus (Getafe), lberdrola (Leganés), Coca-Cola (Fuenlabrada), Repsol o ThyssenKrupp (Móstoles), Ikea (Alcorcón) y John Deere Ibérica (Parla) entre otras grandes empresas.
Además, en esta zona desarrollan su actividad numerosas pymes y existen diversos parques tecnológicos (Tecnogetafe, TecnoMóstoles o Leganés Tecnológico) en los que se crean las condiciones necesarias para que las empresas desarrollen una
cultura de innovación adecuada al entorno, tanto social como empresarial, altamente globalizado, tecnológico y cambiante en el que vivimos.
Estos parques tecnológicos cuentan con servicios comunes para empresas y viveros de empresas y colaboran con las Universidades de su zona de influencia para establecer espacios que promuevan el intercambio de ideas y conocimiento entre la
empresa y el mundo académico y el nacimiento de nuevas empresas innovadoras como resultado de esa colaboración.
Algunas de estas zonas de innovación están centradas en sectores punteros de la industria, como el de la energía o el aeroespacial, pero es necesario fomentar su crecimiento y la colaboración entre las mismas y otras zonas similares de
Europa y del resto del mundo para crear, en el sur de Madrid, el «Silicon Valley español» que sea un referente en cuanto al desarrollo tecnológico y el I+D+i tanto en España como en el extranjero.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de impulsar la actividad industrial e innovadora en la zona sur de la Comunidad de Madrid, en coordinación con las AA.PP. implicadas y las empresas que deseen participar, con las
siguientes actuaciones:
1. Designar interlocutores en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Ministerio de Economía y Competitividad que puedan, junto con el gobierno regional, favorecer el desarrollo de este polo innovador y coordinar el resto de
actuaciones del Estado.
2. Mejorar las infraestructuras (carreteras, cercanías, etc.) que permiten el acceso y la comunicación, tanto de personas como de mercancía, entre los diferentes centros industriales, empresariales y de desarrollo tecnológico que integrarán
este polo innovador y hacia los mercados en los que esas empresas venderán sus productos y servicios, de acuerdo con el vigente Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, las disponibilidades presupuestarias y las competencias de cada
Administración.
3. Potenciar la colaboración y el intercambio de expertos académicos y empresariales entre los centros de investigación más desarrollados de Europa y del mundo, a través de la firma de convenios con otros países, y esta red innovadora.
4. Conceder en régimen de concurrencia competitiva los fondos públicos necesarios, de acuerdo a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad, que permitan la creación de «start-ups» tanto de nuevos emprendedores como
surgidas a partir de la creatividad de trabajadores de empresas ya asentadas así como la consolidación, crecimiento y expansión internacional de las empresas
existentes. Asimismo, se actuará de intermediarios en la captación de capital privado que permita la creación de «start-ups».
5. Para lograr mantener a largo plazo la capacidad innovadora de esta zona, promover en los colegios, institutos, centros de Formación Profesional y universidades madrileñas (y de toda España) asignaturas que fomenten la creatividad y el
espíritu emprendedor entre sus alumnos así como visitas y programas de colaboración entre los centros educativos a lo largo de todos los niveles educativos y este centro innovador.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2016.Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000643
A la Mesa de la Comisión de Industria, Energía y Turismo
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de los Diputados de Unión del Pueblo Navarro/UPN, y el Grupo Parlamentario Socialista y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la planta de la empresa General Electric sita en la localidad navarra de Buñuel, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Es a la compañía multinacional General Electric a la que pertenece una planta situada en la localidad navarra de Buñuel, tradicionalmente (desde 1999) dedicada al ensamblaje de aerogeneradores y encargada de dar soporte a las actividades de
mantenimiento de parques eólicos.
Con carácter previo, en 2007, la planta había sido adquirida por la también multinacional ALSTOM, a través de la cual amplió su actividad a la prestación de otros servicios tales como montaje de armarios eléctricos, reparación de
multiplicadores, etc.
Sin embargo, a pesar de su reconocida eficiencia y prestigio la propia ALSTOM la valoraba como una de sus plantas de mayor productividad e innovación, el pasado 12 de enero la compañía daba a conocer un expediente de regulación de empleo
que previsiblemente afectará en torno a 6.700 personas de distintas plantas situadas en Europa, siendo una de las afectadas la planta de Buñuel.
Los efectos negativos derivados de la deslocalización de la planta navarra, no solo se dejarían sentir en el centenar de profesionales que trabajan, en su mayoría vecinos de Buñuel, sino que también el resto de vecinos de la localidad y las
21 empresas proveedoras cercanas, situadas en diferentes localidades de la zona, a las que General Electric aporta una facturación estimada de 6,6 millones de euros, sufrirán las consecuencias si la decisión anunciada en enero pasado se materializa.
Para Unión del Pueblo Navarro y para el Partido Socialista, es fundamental que la planta de General Electric (GE) situada en Navarra continúe produciendo, tal y como recoge el informe elaborado por un comité de expertos de la propia
multinacional tras hacer un análisis de todas las plantas europeas afectadas por la regulación de empleo. Dicho comité, entre otras razones, entiende que:
Ante la apuesta de General Electric (GE) por el mercado de aerogeneradores en África, convierte la planta de Navarra en lugar estratégico de soporte para dicho mercado, teniendo salarios más competitivos que otros países europeos y con la
reducción de costes derivados del transporte hacia el continente africano desde Navarra.
En relación a los montajes de armarios eléctricos para el mercado de Brasil, la planta de producción de Buñuel ha demostrado ser la más eficiente, incluso incluyendo los costes de transporte.
En cuanto a los montajes para máquinas marítimas, Buñuel ha sido quien ha implantado en otras plantas del grupo su capacidad de montaje debido a que no solo monta, sino que desarrolla esos armarios electrónicos así como su proceso de
fabricación.
Y, en el ámbito de los multiplicadores necesarios para la generación de la energía, la planta en Buñuel permite, por razones de capacidad, en sus instalaciones la reparación y mantenimiento, traslado y reinstalación.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«La Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que se reúna de forma urgente con la dirección de la compañía General Electric con el fin de lograr el mantenimiento de:
a) La plataforma ECO o trasladar a la actividad de ensamblaje de la plataforma de General Electric a Buñuel,
b) la actividad de armarios eléctricos para Brasil y los de offshore (generación en mar) y
c) los servicios y la operativa de toda la superficie de la planta actual como sede estratégica para la implantación del grupo en África,
preservando así los empleos directos e indirectos que genera la planta productiva de General Electric sita en la localidad navarra de Buñuel.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2016.Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, Diputado.Íñigo Jesús Alli Martínez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.Jesús María Fernández Díaz, Diputado.Miguel Ángel Heredia
Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/000627
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para un Pacto Nacional del Agua, para
su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Con la aprobación del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte
española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, se finalizaba el segundo ciclo de planificación hidrológico, en lo referente a las cuencas intercomunitarias, según lo establecido por la
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000 que establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
Así, se daba cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 de la Directiva, respecto al proceso de Planificación Hidrológica, que establece que: los Estados miembros velarán para que se elabore un Plan Hidrológico de Cuenca, para cada
Demarcación Hidrográfica, situada totalmente en su territorio; que los Planes Hidrológicos de Cuenca se publicarán a más tardar nueve años después de la entrada en vigor de la presente Directiva; y que los Planes Hidrológicos de Cuenca se
revisarán y actualizarán a más tardar quince años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, y posteriormente cada seis años.
En consecuencia, el primer proceso de planificación hidrológica de las demarcaciones debería estar finalizado en 2009, estar vigente para el período 2009-2015, y ser revisado antes del año 2015, para cubrir un nuevo periodo de ejecución
2015-2021.
El Gobierno, en solo cuatro años de legislatura, se ha puesto al día en los compromisos de planificación hidrológicos con la UE en materia de agua y está construyendo las bases de una nueva estrategia hidrológica.
Al principio de la pasada legislatura, de las veinticinco demarcaciones definidas en España, solo se había aprobado el Plan de una cuenca intracomunitaria.
El esfuerzo del Gobierno de España durante el periodo 2012-2015, que ha permitido aprobar la planificación del primer ciclo (2009-2015) y todos los planes competencia del Estado del segundo ciclo (2016-2021), cumpliendo los compromisos de
acompasar el ritmo de planificación hidrológica al resto de Europa, ha sido reconocido por la Comisión Europea que ha archivado el expediente abierto a España, por no haber aprobado en 2009 los planes hidrológicos del primer ciclo.
Con el archivo de este expediente sancionador, por parte de la Comisión Europea, se evita el pago de cuantiosas sanciones. Pero no nos debe hacer olvidar nuestra obligaciones como Estados Miembros de cara a los siguientes compromisos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de:
1. Iniciar, de forma inmediata, la revisión del proceso de Planificación Hidrológicas de las Demarcaciones, que debe estar finalizado en el plazo de seis años.
2. Abrir un proceso político de negociación y adopción de un Pacto Nacional del Agua, cuyo objetivo será cumplir los compromisos asumidos con la UE, asegurar la atención de las demandas en las cuencas deficitarias del país y evitar la
sobreexplotación de determinados recursos, así como dotar al sistema español de gestión del agua de la suficiente estabilidad y solvencia financiera. Todo ello, siempre, desde una perspectiva de solidaridad y equilibrio territorial.
3. Impulsar un Plan Estatal del Agua y un Sistema Integral de Gestión del Agua, que incluya las medidas necesarias para coordinar y aplicar los planes hidrológicos de cuenca, y una gestión integrada de los recursos hídricos, que incorpore
los recursos no convencionales y que fomente la aplicación de nuevas tecnologías para reducir el consumo energético y, con ello, rebajar los costes para los usuarios.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2016.Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Cultura
161/000586
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la conmemoración del 150
aniversario de la creación del Archivo Histórico Nacional (AHN), para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El Archivo Histórico Nacional celebra este año el 150 aniversario de su creación. Nace en 1866 para recoger la documentación producida por los órganos de la Administración General del Estado que ya no tienen valor administrativo pero sí
histórico. Los documentos son calificados como históricos al cumplir las disposiciones previstas al efecto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.
Este Archivo tiene la función de conservar y proteger el patrimonio histórico documental, describir los contenidos informativos de los documentos y hacer accesibles, tanto al investigador como al ciudadano, los fondos documentales
potenciando la difusión cultural de los mismos.
El Archivo Histórico Nacional fue creado por Real Decreto de 28 de marzo de 1866, a instancias de la Real Academia de la Historia, con la finalidad de poner a disposición de los investigadores los archivos de numerosas comunidades religiosas
afectadas por las diferentes leyes desamortizadoras, documentación de un valor incalculable que fue reunida a lo largo de siglos.
Lo conforman, en sus 8.460 metros cuadrados de depósito, más de 4.000 fondos documentales procedentes de instituciones públicas y privadas desde la Edad Media. Como documento más antiguo
conserva una carta de venta en pergamino del año 857; joyas como el Cartulario de Valpuesta (S.XII), escrito en latín, en el que aparecen las primeras palabras escritas en castellano; los planos del primer submarino de propulsión eléctrica
de Isaac Peral o los archivos personales de tres premios Nobel de Literatura, como José Echegaray, Juan Ramón Jiménez y Jacinto Benavente.
Conserva además 16.383 documentos cartográficos, 13.600 fotografías, 2.266 sellos de cera medievales, 25 matrices de sellos, 232 objetos, 1.104.052 imágenes publicadas y 730.959 registros descriptivos.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte gestiona además del Archivo Histórico Nacional, ocho archivos nacionales de titularidad estatal. A esto se une la gestión de distintos centros y servicios especializados, que atesoran un
patrimonio documental de primer orden y de referencia internacional para el estudio de la historia universal, lo que hace de España una de las primeras potencias archivísticas del mundo.
Por todo ello, se propone para su debate y votación la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados manifiesta la voluntad de:
Continuar con la difusión de la labor del Archivo Histórico Nacional en su 150 aniversario de creación, como una de las instituciones culturales más relevantes, depositaria de la mejor colección diplomática medieval europea y centro de
investigación histórica de primer orden nacional e internacional.
Seguir impulsando una mayor divulgación de sus fondos documentales, facilitando el acceso de investigadores y ciudadanos, potenciando su repercusión cultural y la trascendencia de la labor que lleva a cabo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2016.Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Igualdad
161/000656
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a establecer medidas de
conciliación en los planes de igualdad de las empresas, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres recoge en su capítulo tercero la regulación de los planes de igualdad de las empresas y otras medidas de promoción de la igualdad.
En concreto, el artículo 45 regula que las empresas de más de 250 trabajadores deberán obligatoriamente elaborar planes de igualdad que serán objeto de negociación en la forma que se determine en la legislación laboral; y para las demás
empresas la elaboración e implantación de los planes de igualdad será voluntaria.
El Gobierno presta especial apoyo a aquellas pymes que establecen planes de igualdad. Este apoyo se manifiesta en una partida específica denominada «programas de incentivación de planes de igualdad para pyme» establecida en los Presupuestos
Generales del Estado que para el año 2016 está dotada con 900.000 euros. En muchos casos, las empresas de mediano y pequeño tamaño que se benefician de estas ayudas presentan un simple catálogo para cumplir el expediente con medidas ya establecidas
en la ley sin establecer medidas concretas en materia de conciliación o de cualquier otro tipo.
Por ello, sería conveniente que se vinculara el presupuesto que reciben las pymes para planes de igualdad con el establecimiento de medidas concretas en materia de conciliación, como establece el artículo 46 de la Ley referida anteriormente.
En concreto, este artículo sugiere a las empresas medidas de ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar, entre otras. Las medidas de conciliación
son fundamentales para alcanzar la plena igualdad entre hombres y mujeres. Las empresas, organismos, instituciones y administraciones deben impulsar estas medidas con el objeto de evitar que las mujeres renuncien al mercado laboral o contemplen
como hándicap tener hijos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados manifiesta la voluntad de seguir avanzando en la conciliación laboral, personal y familiar y a continuar fomentando la inclusión de medidas que la favorezcan a través de las dotaciones destinadas a las pymes
para la elaboración e implantación de planes de igualdad.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2016.Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000657
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la especial atención que
merecen los afectados de epidermólisis bullosa, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Una enfermedad es considerada «rara» por existir menos de un caso por cada dos mil habitantes, además de por presentar síntomas y orígenes variados, en ocasiones desconocidos, que además necesitan del diseño de tratamientos farmacológicos
específicos.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen alrededor de siete mil enfermedades raras, que afectan al 7 por 100 de la población mundial, mientras que en España se estima que son tres los millones de personas afectadas
por alguna enfermedad rara o poco frecuente.
Consciente de esta realidad, el Gobierno, ahora en funciones, declaró 2013 «Año Español de las Enfermedades Raras», una iniciativa que respondía a la necesidad de atender de manera adecuada a la población afectada desde los ámbitos médico,
social, económico, asistencial y familiar, e impulsó en 2014 la actualización de la Estrategia en Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud, que mejora la asistencia y tratamiento de estas enfermedades.
Dentro de las denominadas enfermedades raras nos encontramos con la epidermólisis bullosa o piel de mariposa, una enfermedad poco frecuente, crónica e incurable, caracterizada por una extrema fragilidad de la piel en la que aparecen ampollas
y heridas a partir del más leve traumatismo o incluso de forma espontánea. Asimismo, los enfermos pueden sufrir otras complicaciones como la afectación de las membranas mucosas y, en los casos más severos, ver mermada su esperanza de vida de forma
considerable.
En la actualidad, el único tratamiento que existe para combatir esta enfermedad es el cuidado de la piel y de las otras complicaciones. Por ese motivo, los afectados, deben aprender a vivir con frecuentes y dolorosas curas, tras las cuales
gran parte su cuerpo debe ser vendado.
Por lo tanto, la epidermólisis bullosa, al ser una enfermedad rara, produce una doble discriminación a quien la padece, ya que por un lado las instituciones públicas y privadas, así como los diferentes
profesionales, todavía están tras la búsqueda de respuestas y por otro, cuando éstas se encuentran, no siempre se adaptan a las necesidades específicas de las personas con epidermólisis bullosa.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de:
Fomentar actuaciones de sensibilización que permitan dotar de una mayor visibilidad a la situación de las familias que cuentan entre sus miembros con una persona afectada de una enfermedad rara.
Consolidar el abordaje diferenciado en el acceso de los pacientes de epidermólisis bullosa al material de cura que sea absolutamente imprescindible para el adecuado control de su sintomatología, en el marco de lo aprobado en el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de julio de 2015.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2016.Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión para el Estudio del Cambio Climático
161/000625
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la Hoja de Ruta 2030
para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores difusos, para su debate en la Comisión para el Estudio de Cambio Climático.
Exposición de motivos
La Unión Europea establecía, en el año 2008, objetivos concretos para 2020 en materia de energías renovables, eficiencia energética y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, al aprobar el Paquete Europeo de Energía y Cambio
Climático 2013-2020, y obliga a reducir las emisiones de CO2 en un 20% respecto a 1990, para el conjunto de la Unión.
El Gobierno español presentaba, en octubre de 2014, la Hoja de Ruta de los Difusos hasta 2020, que incluye 43 medidas con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los denominados sectores difusos (el
residencial, el del transporte, el agrícola y ganadero, el de los residuos, los gases fluorados y la industria no sujeta al comercio de derechos de emisión).
La iniciativa, consensuada con sindicatos, organizaciones empresariales, mundo académico, ONG y resto de ministerios y administraciones, se enmarca en la estrategia, tanto en el ámbito internacional como europeo, para que los países se doten
de instrumentos para un desarrollo bajo en carbono.
La Hoja de Ruta de los sectores difusos realiza un análisis de posibles escenarios de emisiones a futuro y los compara con los objetivos de reducción del 10% en 2020 de las emisiones difusas respecto de los niveles de 2005, derivados de la
Decisión de reparto de esfuerzos para los Estados Miembros de la UE.
Las medidas propuestas por la Hoja de Ruta para los sectores difusos, adicionales a las ya existentes, permite a España desacoplar crecimiento y emisiones, cumplir con los objetivos adquiridos en materia de mitigación de emisiones de gases
de efecto invernadero a 2020 y avanzar en las alternativas para futuros objetivos a 2030.
Se ha estimado que la aplicación de las acciones tiene beneficios ambientales más allá de 2020, con reducciones adicionales de 122 millones de toneladas de CO2 de 2020 a 2030, y una inversión pública de 8.000 millones y privada de 19.000,
unas cantidades que generarían 45.000 empleos anuales hasta esa fecha y un ahorro acumulado de 21.000 millones.
El Gobierno ha activado el 80% de las medidas de la actual hoja de ruta 2020, pero se hace necesaria una revisión y la identificación de nuevas políticas de mitigación tempranas que nos facilite cumplir con lo establecido para 2030.
La Comisión Europea presentó, en enero de 2014, una nueva propuesta que dotaría de continuidad al Paquete Europeo de Energía y Cambio Climático, con horizonte 2030, y en la que se proponen nuevos objetivos de reducción de emisiones y de
energías renovables y se sigue trabajando, con objetivos a largo plazo, con una Hoja de Ruta hacia una economía baja en carbono competitiva en 2050.
La firma y ratificación del Acuerdo de París supondrá, no solo participar activamente en la consecución de un objetivo común en la lucha contra el cambio climático, también, la necesidad de un marco regulador sobre energía y cambio climático
de la UE para 2030 más completo, en consonancia con las Conclusiones del Consejo Europeo de octubre de 2014, en el que el Parlamento y el Consejo deberían dar prioridad a las próximas propuestas legislativas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de:
Impulsar una Hoja de Ruta horizonte 2030 que establezca la estrategia para cumplir con nuestras obligaciones internacionales en materia de reducción de gases de efecto invernadero y de desarrollo de políticas de energías renovables y
eficiencia energética.
Participar activa y constructivamente, en coordinación con esta Hoja de Ruta, en las políticas de energía y cambio climático que aplicará la UE en 2021-2030, así como en los procesos de negociaciones en Naciones Unidas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2016.Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000626
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a orientar los recursos del
Fondo de Internacionalización de la Empresa hacia la lucha contra el cambio climático, para su debate en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático.
Exposición de motivos
El Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) se crea con la Ley 11/2010 de 28 de junio de reforma del sistema de apoyo financiero a la internacionalización de la empresa española.
Con la modificación introducida por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, se refuerzan algunos de los instrumentos de apoyo financiero, incluido el FIEM, mediante la incorporación de
diferentes modificaciones dirigidas a mejorar su gestión, eliminar determinadas restricciones y ampliando su ámbito de actuación.
El Fondo constituye un instrumento para la financiación de apoyo oficial a la internacionalización de la empresa española, cuyo objeto es promover las operaciones de exportación de las empresas españolas complementando el mercado privado.
La gestión del Fondo para la Internacionalización de la Empresa corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Secretaría de Estado de Comercio. Siendo el Instituto de Crédito Oficial (ICO) quien ejerce la labor de
agente financiero único.
En el FIEM existen tres modalidades de financiación, se puede financiar hasta el 100% del importe de un proyecto y se pueden beneficiar desde los Estados, Administraciones Públicas regionales, provinciales y locales extranjeras,
instituciones públicas extranjeras, así como empresas, agrupaciones, consorcios de empresas públicas y privadas extranjeras, tanto de países desarrollados como de países en vías de desarrollo, hasta organismos internacionales, siempre que la
contribución correspondiente tenga un claro interés comercial para la internacionalización de la economía española.
El acuerdo de la Cumbre de Cambio Climático de París, celebrado en 2015, en paralelo a otros acuerdos internacionales, reconoce la necesidad urgente de que las Partes que son países desarrollados
aumenten la prestación de un apoyo previsible a las Partes que son países en desarrollo en forma de financiación, tecnología y fomento de la capacidad, para permitirles reforzar su acción en el período anterior a 2020.
Por otra parte, la Secretaría de Estado de Comercio se encarga de la selección de los proyectos a financiar por el FIEM, de la elaboración de los perfiles y estudios de viabilidad que sean precisos para el análisis de dichos proyectos, la
valoración de las propuestas de financiación, y la supervisión de la ejecución y evaluación de los citados proyectos.
En definitiva el FIEM es un mecanismo de Internacionalización que dispone de cierta flexibilidad y que puede incluir entre sus objetivos los relacionados con financiación internacional en la lucha contra el cambio climático.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados considera necesario seguir destinando parte de los recursos del Fondo para la Internacionalización de la Empresa hacia proyectos vinculados a la lucha contra el cambio climático, asegurando así que se generan
los máximos efectos positivos en los países de destino y en el arrastre de las actividades económicas en nuestro país.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2016.Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2016.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Defensa
181/000030
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo previsto en el artículo 189 del Reglamento del Congreso de los Diputados, doña Tania Sánchez Melero y don Segundo González García, Diputados del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, plantean la siguiente:
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Pregunta:
¿Exigirá el Ministerio de Defensa responsabilidades por los contenidos belicistas y xenófobos del programa de formación de las visitas de alumnos de instituto al Regimiento Príncipe del acuartelamiento asturiano de Cabo Noval que tuvieron
lugar el pasado viernes 15 de abril?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2016.Tania Sánchez Melero y Segundo González García, Diputados.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000044
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 5819/2014, promovido por el Consejo de Gobierno de Andalucía, contra el artículo 9, apartado 43 del artículo 64, apartado 35 del artículo 65 y la
disposición final segunda de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2016.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González
Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 5819-2014 interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía contra los arts. 9, 64.43, 65.35 y disposición final segunda de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Ha comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Ricardo Enríquez Sancho, quien expresa el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
1) Inadmitir el recurso de inconstitucionalidad en lo que respecta a la disposición final segunda de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
2) Desestimar el recurso en todo lo demás.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a 14 de abril de 2016.
232/000045
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 6513/2014, promovido por el Presidente del Gobierno, contra el artículo 167.1 y las disposiciones transitorias 5.ª y 8.ª de la Ley 2/2014, de 27 de enero,
de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público de Cataluña, así como votos particulares formulados a la misma.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2016.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González
Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 6513-2014 interpuesto por el Abogado del Estado en representación del Presidente del Gobierno contra el art. 167.1 y las disposiciones transitorias 5.ª y 8.ª de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de
medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público de Cataluña, publicada en el Boletín Oficial de la Generalidad de Cataluña núm. 6551 de 30 de enero de 2014. Han intervenido la Abogada de la Generalidad de Cataluña y los
Letrados del Parlamento de Cataluña. Ha sido Ponente el Magistrado don Andrés Ollero Tassara, quien expresa el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad y en consecuencia:
1.° Declarar la extinción del recurso por desaparición sobrevenida de su objeto respecto de la disposición transitoria 5.ª de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público de Cataluña.
2.° Declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición transitoria 8.ª de la Ley 2/2014 así como del apartado 10 del art. 47 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de
agosto, añadido por el art. 167.1 de la Ley 2/2014.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a 14 de abril de 2016.
232/000046
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 4292/2015, promovido por el Presidente del Gobierno contra los artículos 1.1 c) y 21 a 30 de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/2014, de 10 de octubre,
del impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial, del impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria y del impuesto sobre la producción de energía
eléctrica de carácter nuclear, así como voto particular formulado a la misma.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2016.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González
Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 4292-2015, interpuesto por el Presidente del Gobierno contra los arts. 1.1.c); y 21 a 30 de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/2014, de 10 de octubre, del impuesto sobre la emisión de óxidos de
nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial, del impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria y del impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear. Han intervenido y
formulado alegaciones la Generalitat y el Parlament de Cataluña. Ha sido Ponente el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré, que expresa el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
Estimar el recurso de inconstitucionalidad y en consecuencia:
Declarar la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de los arts. 1.1.c); y 21 a 30 de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/2014, de 10 de octubre, del impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la
aviación comercial, del impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria y del impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a 14 de abril de 2016.
233/000019
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(233) Cuestión de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 389/2014, planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en relación con la disposición adicional 57.ª de la Ley
10/2012, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, por posible vulneración del artículo 14 de la Constitución española.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2016.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González
Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 389-2014, promovida por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra la disposición adicional 57.ª de la Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Canarias, por posible vulneración del art. 14 CE. Han formulado alegaciones el Fiscal General del Estado, el Gobierno de Canarias y los Sindicatos Intersindical Canaria y Comisiones Obreras de Canarias. Ha sido Ponente el
Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos, quien expresa el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
Estimar la presente cuestión de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar inconstitucional y nula la disposición adicional 57.ª de la Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias
para 2013 en la parte de la misma que se refiere al personal laboral indefinido y al personal laboral temporal, lo que conlleva la nulidad e inconstitucionalidad del inciso contenido en su rúbrica «y del personal laboral indefinido y temporal» y la
del inciso «del personal laboral indefinido que haya sido declarado como tal por resolución judicial o administrativa y del personal laboral temporal» contenido en su apartado 1.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a 14 de abril de 2016.