8. COMISIONES ESPECIALES

8.1. INFORMES

8.1.1. Comisión Especial para el estudio de la problemática
de las personas desaparecidas sin causa aparente.

(Núm. exp. 650/000003)

Página
9206

En turno de portavoces intervienen los señores Cazalis
Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Boya
Alós, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Plana
Farran, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió; Arrufat Gascón, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Sánchez
Duque, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción con el siguiente resultado: presentes,
227; votos emitidos, 214; a favor, 137; en contra, 68; abstenciones,
9.

6.2. Moción por la que se insta al Gobierno a tomar todas
las medidas oportunas encaminadas a la búsqueda de la calidad y seguridad
de los pacientes.

(Núm. exp. 662/000119)

Autor: GPP

9245

El señor presidente informa de que como consecuencia de la
presentación de una propuesta de modificación, no se defenderá la
enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió.

El señor Aguirre Muñoz defiende la moción.

La señora Almiñana Riqué defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Llinares Cuesta defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.

El señor Aguirre Muñoz expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.

En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora
Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; la señora Rivero Segalás, por el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado Convergència i Unió; la señora Llinares Cuesta, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y el señor Aguirre Muñoz, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la propuesta de modificación con el siguiente
resultado: presentes, 234; votos emitidos, 233; a favor, 145; en contra,
72; abstenciones, 16.

6.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas en relación con el servicio internacional de alta
velocidad ferroviaria entre España y Francia.

(Núm. exp. 662/000117)

Autor: GPS

9259

El señor presidente informa de la presentación de una
propuesta de modificación, por lo que no hay defensa de enmiendas.

El señor Belloch Julbe defiende la moción.

En turno de portavoces intervienen la señora Iparragirre
Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el
señor Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; la señora Candini i Puig, por el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado Convergència i Unió; el señor Becana Sanahuja, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y el señor Ortiz Pérez, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la propuesta de modificación por asentimiento de
la Cámara.

7. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

7.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

7.1.1. Proyecto de Ley para la protección de los
trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden
económico y social (procedente del Real Decreto-Ley 11/2013, de 2 de
agosto). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Empleo y Seguridad Social

9264

(Núm. exp. 621/000062)

El señor Sedano Pérez, vicepresidente primero de la
Comisión, presenta el dictamen.

Se inicia el debate de las propuestas de veto al proyecto
de ley.

El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto
número 1, de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.

El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto
número 2, de este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Jurado
Fernández de Córdoba, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Martínez Muñoz,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Guillot
Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la
señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió; el señor Martínez-Aldama Sáenz, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y la señora Jurado Fernández de Córdoba, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación
telemática ha sido autorizada para las senadoras Eva Parera Escrichs, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y Catalina
García Carrasco, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, aunque
solo esta última ha emitido voto telemático, siendo negativo en ambas
propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 1 con el siguiente
resultado: presentes, 228, más 2 votos telemáticos, 230; votos emitidos,
228 más 1 voto telemático, 229; a favor, 5; en contra, 148, más 1 voto
telemático, 149; abstenciones, 75.

Se rechaza la propuesta de veto número 2 con el siguiente
resultado: presentes, 228, más 2 votos telemáticos, 230; votos emitidos,
227 más 1 voto telemático, 228; a favor, 5; en contra, 142, más 1 voto
telemático, 143; abstenciones, 80.

Se suspende la sesión a las quince horas.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y quince
minutos.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 1 a 30,
presentadas por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.

La señora Martínez Muñoz defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) números 93 a 96.

El señor Sabaté Borràs defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 31 a 61.

El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 62 a 92.

La señora Rieradevall Tarrés defiende las enmiendas del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió números 132
a 154.

El señor Ruiz Santos defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista números 101 a 134.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Jurado
Fernández de Córdoba, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Martínez
Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor
Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Martínez-Aldama Sáenz,
por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Fernández Jurado de
Córdoba, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechazan todas las enmiendas

9307

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto
de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación
anterior.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de
ley.

El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas
aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre
las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el
Rey.

8. COMISIONES ESPECIALES

8.1. INFORMES

8.1.1. Comisión Especial para el estudio de la problemática
de las personas desaparecidas sin causa aparente

9307

(Núm. exp. 650/000003)

La señora García-Pelayo Jurado, presidenta de la comisión,
presenta el dictamen.

En turno de portavoces intervienen la señora Capella i
Farré, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Anasagasti Olabeaga,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor
Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; el señor Sendra Vellvè, por el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado Convergència i Unió; el señor Ángel Batalla, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y el señor Aznar Fernández, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba el Informe por asentimiento de la Cámara.

Se levanta la sesión a las dieciocho horas y cuarenta
minutos.

Página
9210

aeroportuaria AENA. La respuesta de la señora ministra fue
muy poco clarificadora y debo decir que rayando la descortesía
parlamentaria y rayando el incumplimiento de las obligaciones del
Gobierno de dar explicaciones fidedignas a este Parlamento, pero,
paradójicamente, fue absolutamente reveladora; reveladora porque, en
efecto, quien calla otorga, y reveladora de la opacidad con que se ha ido
llevando todo este proceso: la confirmación de que desde hace dos años
está en marcha un proceso de privatización de AENA en toda su extensión y
en toda su potencia. De hecho, la primera medida que el Gobierno del
Partido Popular emprendió en materia aeroportuaria fue detener la gestión
descentralizada de los aeropuertos de El Prat y de Barajas, que fue el
inicio de la consolidación definitiva del nuevo modelo que el Gobierno
socialista estaba impulsando.

Por tanto, señorías, creo que tiene más sentido que nunca
presentar esta moción consecuencia de interpelación que obliga de forma
clara y diáfana al posicionamiento de los grupos de esta Cámara sobre el
modelo de gestión aeroportuaria que queremos que siga España: o bien el
modelo privado y centralizado que defiende y que ya está poniendo en
marcha el Partido Popular, o bien el modelo público y descentralizado,
con gestión individualizada de los principales aeropuertos del país, que
empezó a poner en marcha el anterior Gobierno socialista y que creo que
en estos momentos podemos defender el resto de los grupos de esta Cámara.
Un debate, sin duda, crucial, interesante y clave para entender no solo
cómo creemos que se puede hacer viable y rentable la gestión
aeroportuaria, un servicio público absolutamente clave para la actividad
económica, para las relaciones sociales y para muchas otras actividades
de nuestra sociedad, sino también absolutamente trascendente en lo que se
refiere a cómo entendemos España y a cómo entendemos el conjunto del
país: si pensamos que España tiene que ser un país centralizado y
absolutamente radial, en manos de intereses privados, o un país
descentralizado, adaptado en sus infraestructuras a cada uno de los
territorios donde se desarrolla en definitiva un modelo de matriz y de
concepción federal.

Este, señorías, es el debate que hay detrás de esta moción
consecuencia de interpelación, como muchos otros debates que tenemos en
esta Cámara. Espero que esta moción consecuencia de interpelación sirva,
al menos, para que podamos aclarar nuestras posiciones y para que esta
opacidad, esta incapacidad de mostrar a la luz pública cuáles son las
posiciones del Gobierno, quede definitivamente abortada.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador Medina.

El señor MEDINA TOMÉ: Gracias, presidente.

Señorías, con relación a la moción que nos ocupa, quiero
empezar recordando al respecto que en el Real Decreto Ley 13/2010, de 3
de diciembre, el Gobierno socialista de Zapatero diseña un modelo de
modernización del sistema aeroportuario que se fundamenta en la creación
de AENA Aeropuertos S.A., y que posibilita tres cosas que son
importantísimas: la primera es la incorporación de capital privado en la
gestión de AENA Aeropuertos con la limitación máxima del 49%; la segunda
es la explotación individualizada de cualquier aeropuerto; y la tercera,
la gestión concesionada de los dos grandes aeropuertos de este país:
Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat.

En coherencia con este diseño, y una vez tuvimos
conocimiento en esta Cámara del informe del Consejo Consultivo de
Privatizaciones, que venía a decir que el Gobierno del Partido Popular
planteaba una privatización del capital de AENA de hasta el 60%, el Grupo
Parlamentario Socialista presentó una moción en la Comisión de Fomento,
que, naturalmente, fue rechazada, y mediante la cual veníamos a instar al
Gobierno a que recondujera la situación y a que nunca, en ningún caso, el
capital privado que formara parte de la masa de AENA fuese más allá del
49%.

En aquellos momentos, octubre, noviembre y diciembre de
2013, nada se sabía, o poco se sabía y nada se decía, y estábamos
esperanzados en que la señora ministra respondiera de forma explícita y
con claridad a las cuestiones que en ella se planteaban: ¿por qué se
privatiza —como ella definió— la joya de la corona y cuándo y
qué plazo había planteado el Gobierno para que ello fuera posible? Ni sí,
ni no, ni todo lo contrario; eso fue lo que la ministra manifestó aquí.
Ocultó las verdades intenciones del Gobierno del Partido Popular, de la
misma manera que el presidente de AENA, el secretario de Estado de
Transportes y todos los responsables del Gobierno que

pasaron por la Comisión de Presupuestos ocultaron, insisto,
las cuentas de AENA en la tramitación de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2014 que tenían que ver con la privatización.

Señorías, quiero dejar claro que el Grupo Parlamentario
Socialista mantiene su radical oposición a que la gestión de nuestros
aeropuertos caiga en manos privadas. Apostamos por la modernización de
nuestro sistema aeroportuario mediante un modelo que, manteniendo la
titularidad pública de la mayoría del capital de AENA, permita una
gestión descentralizada e individualizada. En este sentido, y ese es el
motivo de nuestra enmienda, las comunidades autónomas tendrán y deberán
decir mucho, entre otras cosas —no nos olvidemos—, porque en
muchos estatutos de autonomía —yo diría que en casi todos— en
vigor se recogen competencias que afectan a esta materia. Pensemos lo que
podría ocurrir en Canarias, por ejemplo, si no se cuenta con la comunidad
autónoma para definir un modelo de gestión de los aeropuertos
canarios.

Por eso hemos presentado esta enmienda, para la que pido al
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya su apoyo, y al
Partido Popular le quiero decir que si de verdad cree en una gestión más
efectiva y competitiva de nuestro sistema aeroportuario, cambie el paso.
La obsesión por hacer caja y hacer de AENA una empresa atractiva les está
impidiendo ver la realidad. A los datos me remito: desde el año 2011, los
datos del uso de nuestros aeropuertos son preocupantes, y ello a pesar de
contar con una coyuntura turística más favorable que nunca a pesar de
haber despedido a dos mil trabajadores, cerrar instalaciones y reducir
casi un 55% las inversiones en el periodo 2011-2014.

Lo dicho, señorías del Grupo Parlamentario Popular,
háganselo ver, cambien el paso, piensen en el interés que para este país
tiene nuestro sistema aeroportuario y, por una vez, apoyen una moción que
es coherente y que tiene mucho sentido común.

Gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Medina.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Mateu.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, buenos días.

Comparezco para presentar esta enmienda de sustitución del
Grupo Parlamentario Popular a esta moción consecuencia de interpelación
defendida por el señor Martí Jufresa.

Ya se ha recordado que la señora ministra compareció varias
veces en esta Cámara, y sobre todo en la del 17 de diciembre dejó muy
claro, muy clarito, que el modelo de gestión aeroportuaria del Gobierno
español no coincide con el planteado aquí. Se dieron datos abundantes,
claros y concisos, y parece, señor Martí Jufresa, que usted no se quiso
enterar en aquel momento, porque dijo como resumen final de todos sus
argumentos —que le traslado ahora mismo— que el Gobierno, y
el Partido Popular que está detrás, son partidarios de la gestión en red
sin ambages.

La gestión en red, como bien saben ustedes, tiene grandes
ventajas, como son: asegurar la movilidad de los residentes en los
archipiélagos, favorecer la cohesión y el equilibrio entre los
territorios de España y contribuir al desarrollo de toda la actividad
económica, fortaleciendo los aeropuertos inmersos en esa red, con la gran
importancia que esto supone para el turismo en España. También es una
ventaja que gracias a este sistema en red nos hemos dotado de unas
infraestructuras de calidad con capacidad y costes competitivos y sin
esfuerzo de los contribuyentes, que es lo importante, señorías, porque
AENA Aeropuertos no se nutre de los Presupuestos Generales del Estado,
sino sencillamente de los ingresos aeronáuticos y de las tasas
comerciales.

Desde que llegó el Gobierno del Partido Popular se ha
trabajado intensamente en recobrar la viabilidad financiera de AENA, que
había quedado hecha un erial después de la gestión de los ocho años de
Gobierno del Partido Socialista, y entre sus objetivos fundamentales
estaban restablecer esa viabilidad económica al servicio de la
conectividad y, desde luego, fortalecer AENA, porque es la mejor garantía
para afrontar los nuevos retos que plantea el sector del transporte, con
tanta competitividad para el bienestar de los españoles.

También es importante tener un modelo de gestión acompasado
con la exigencia de un mercado global y con una gran competitividad, que
crece exponencialmente, como es el transporte aéreo, pero siempre,
señorías, dentro de la red integrada de transportes, para que AENA siga
siendo el primer gestor aeroportuario del mundo por volumen, y europeo,
número uno también, en

cuanto a aeropuertos. Esta AENA sólida, saneada y eficiente
es la que va a permitir escoger la estructura societaria y la
organización para cumplir sus objetivos en cualquier escenario que
determine el Gobierno de España, y si este fuere el de la entrada de
capital privado, se hará en el momento y de la manera que satisfaga en
mayor medida los intereses generales.

Señorías, como luego trataré de ampliar en el turno de
portavoces, dado el escaso tiempo de que disponemos, en la actualidad se
ha dado la vuelta a la situación caótica que tenía AENA gracias a la
adopción de una serie de medidas muy bien expuestas el 17 de diciembre
pasado en la comparecencia de la ministra en este mismo Pleno para
contestar a la interpelación formulada por el senador Martí Jufresa, que
puede resumirse básicamente en tres puntos muy importantes: la
racionalización de los gastos, la racionalización y la eficiencia en los
medios empleados y ver qué inversiones son necesarias realmente. Y esto
se ha producido sin cerrar ninguna instalación aeroportuaria, a pesar de
la demanda existente en algunos nichos de la sociedad española.

Señorías, además, en este proceso de licitación tan alabado
que emprendió el Gobierno socialista allá por el año 2010 con el real
decreto ley de diciembre, al que luego aludiré, destruíamos unas de las
fortalezas fundamentales de la red de AENA: los aeropuertos de Barcelona
y de Madrid. Además, evidentemente, había un error de planteamiento en
esta circunstancia, que era destruir la fortaleza de la red AENA por la
venta de estos dos aeropuertos, y no se hacía para competir con los
restantes hubs internacionales europeos y de Oriente Medio, porque había
que fortalecerlos y no se trataba de establecer una competencia entre los
propios aeropuertos españoles. Asimismo, señorías, dicho proceso se llevó
a cabo de manera muy precipitada, pretendiendo implantarse en un tiempo
récord, que sorprendió al propio sector por la velocidad y por la
importancia de las infraestructuras a concesionar.

En consecuencia, partiendo del principio de que más vale el
todo que las partes, se abortó este proceso que había iniciado el Partido
Socialista. Esta mala venta de los dos principales activos de AENA
hubiera supuesto además, señorías, romper la principal fortaleza de AENA
Aeropuertos, que es el trabajo en red, con las ventajas y los beneficios
que ha generado para todo el sistema español, tanto económico como
turístico. Por supuesto, hubiera sido absolutamente ineficaz fragmentar
la red aeroportuaria de AENA.

Y por eso el Partido Popular en el Senado prepara esta
enmienda de sustitución y dice que se insta al Gobierno a continuar
trabajando de forma que se garantice en España la gestión aeroportuaria
más eficiente y competitiva, permitiendo a la red de AENA Aeropuertos
desenvolverse de manera adecuada en un mercado en competencia con otros
operadores mundiales…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Termino, presidente, gracias.

Para poder contribuir, en consecuencia, al desarrollo del
transporte aéreo y del turismo, principal industria de nuestro país.

Por este motivo espero que apoyen esta moción.

Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mateu.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Vasco, tiene la palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias, presidente.
Buenos días a todos; egun on.

En el Estado español la mayoría de los aeropuertos son
infraestructuras de interés general cuya competencia es exclusiva del
Ministerio de Fomento y se gestionan por su sociedad pública, AENA. Es
decir, el Estado español gestiona de forma centralizada todos sus
aeropuertos utilizando un modelo de red como si todos ellos constituyeran
una única infraestructura.

Tal y como ya se menciona en la moción que hoy nos presenta
el Grupo de la Entesa para su debate y posterior votación, se trata de un
modelo nada acorde con la tendencia de gestión en los vecinos países de
la Unión Europea, en los que las instituciones regionales, locales y
agentes privados, como las cámaras de comercio, participan en sociedades
mixtas de gestión totalmente

descentralizada. Por ello resulta imprescindible abordar la
gestión descentralizada de los mismos. Por lo menos, así lo entiende
nuestro grupo.

En el siglo XXI no podemos abordar la construcción y
gestión de infraestructuras como se hacía en el siglo XIX, centrándonos
en la importancia de la infraestructura en sí misma, sino que resulta
imprescindible, desde nuestro punto de vista, abordar las
infraestructuras de transporte centrándonos en la personas, en sus
necesidades de movilidad y en su fidelización en función de la calidad
ofertada. La competitividad de nuestros aeropuertos no puede residir
exclusivamente en el bajo coste sino en el valor añadido ofertado y, por
otra parte, en un modelo propio y ágil de gestión. Es necesaria, pues, la
búsqueda de una complementariedad entre los aeropuertos que comparten
espacios económicos.

Nuestras infraestructuras aeroportuarias deben formar parte
del conjunto del sistema de transporte, tienen que encontrarse bien
conectadas con unas infraestructuras ferroviarias de calidad y con unos
servicios de autobuses eficientes y fiables que garanticen que todas las
personas que residen en el territorio accedan a un aeropuerto con unos
parámetros de calidad y seguridad. Es decir, la modernización de la
gestión aeroportuaria es fundamental para avanzar en el desarrollo
económico.

Señorías, dicho todo esto, queda claro cuál es la postura
de nuestro grupo, que comparte la moción presentada por el Grupo de la
Entesa, si bien hemos querido aportar por medio de una enmienda de
adición una mejora que en muchas otras ocasiones hemos planteado y
consideramos importante, y no es otra que la relativa al ámbito
competencial. Pretendemos añadir a continuación del primer punto del
texto: «sin perjuicio de la materialización de las competencias que
conforme a los diferentes estatutos de autonomía correspondan a las
comunidades autónomas.»

Esperamos que esta enmienda sea tenida en cuenta.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Iparragirre.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora
Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.

Per part del Grup Parlamentari de Convergència i Unió hem
presentat una esmena, que si bé complementa en bona mesura, o ve a dir el
mateix que la posició del Grup de l’Entesa i del senador Carles
Martí, ens semblava que tenia l’especificitat d’esmentar al
primer punt aquesta visió d’una gestió descentralitzada que
correspon als Governs autonòmics —nosaltres mencionàvem la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Cambra de
Barcelona—, que tinguin una posició majoritària en la gestió de
l’Aeroport d’El Prat.

De manera reiterada, per part del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, hem exposat i hem dit en diverses iniciatives
parlamentàries a la ministra que la manera que tenim d’entendre
l’economia del país passa essencialment per aquesta capacitat de
poder donar tots els instruments i totes les eines allà on realment hi ha
aquestes potencialitats; en el cas de l’aeroport, amb tot el que
representa el mercat aeroportuari, amb centenars de milions de
passatgers, evidentment és un element que afavoreix l’economia.

Creiem sincerament que, en moltes coses, de vegades el
Partit Popular té una visió de l’economia, al nostre entendre, molt
del segle XIX. No fa massa dies, li feia una pregunta a la ministra
respecte d’allò que s’anomena «la cinquena llibertat». Perquè
tothom ens pugui entendre, és aquella capacitat que tenen les companyies
aèries, mitjançant un conveni per part del Ministeri de Foment, per poder
fer escala, per exemple, a l’Aeroport d’El Prat, que en
aquests moments té molts més passatgers que Barajas. És un exemple més
que hem de ser capaços —amb una visió moderna de país, amb una
visió moderna de l’Estat, amb una visió moderna que
l’economia és aquella capacitat de poder generar riquesa sigui allà
on sigui— de donar tots els instruments. En el cas del model
aeroportuari, certament, no estem gens d’acord amb una gestió
centralitzada com la que està defensant la ministra Pastor i el
ministeri.

El senador Mateu ha dit una expressió i justament és al
contrari. Ha dit que no es tracta que hi hagi competència entre aeroports
espanyols. És clar que es tracta que hi hagi competència. La competència
és bona. La competència, en tant que generadora d’estímul i
d’impuls, és bona, perquè és el tot que suma. Vostè diu que el tot
és més important que les parts. No, perquè les

parts siguin bones i hi hagi un bon tot, fem que les parts
tinguin totes les seves potencialitats. Perquè si no, al nostre
entendrem, tindrem una visió absolutament pobra de la capacitat de
l’economia productiva, de la capacitat d’aquelles realitats
que fan que, d’alguna manera o altra, avui dia, tot el que té a
veure amb el sector aeronàutic sigui tan important.

Estic convençuda, senador Mateu, que vostè i el seu grup
cada vegada més ho deuen veure com ho veiem la gran majoria, que el món
és el món. M’explico, oi? El món és el món. I no es poden posar
fronteres emocionals, posar barreres. I no vull dir culturals, que
l’única universalitat és aquella que és capaç de respectar el
localisme, i l’hi dic perquè ja veig que en aquesta bancada
aprofitaran. Li puc assegurar que la potencialitat des del punt de
l’economia ve garantida a partir que ens creiem de debò que
cadascun, des del seu àmbit, farà el màxim per aquell territori. Això és
la suma del tot. I no han de tenir por que hi hagi descentralització. No
han de tenir por que la societat civil que representa aquesta part de
l’economia productiva també posi tot el seu interès, que al
capdavall és l’interès que tindran com a economia perquè les coses
funcionin. Les visions, al nostre entendre, rígides, prefixades i
limitadores de l’acció l’únic que fan és empobrir.

Per tant, senador Carles Martí, crec que la nostra esmena
d’addició, al primer punt, ve a dir pràcticament el mateix que
l’acord del Consell de ministres de l’11 de novembre del
2011. I permeti’m que afegim també el tema del traspàs de la gestió
dels aeroports de Girona, Reus i Sabadell, perquè per a la nostra visió
de país, de Catalunya —difícilment podem parlar del conjunt dels
aeroports d’Espanya, que n’hem de parlar, de tothom,
d’Espanya, d’Europa, de tot— hem de recordar que Girona
és important, que Reus és important i que Sabadell és important.

I només vull fer una pregunta al senador Mateu. Voldria
saber si realment compliran o intentaran complir —malgrat que ens
agradaria més transparència en tota l’acció per part del
Ministeri— l’acord que es va fer en el seu moment per part
del Consell de ministres de l’11 de novembre del 2011.

Gràcies.

Gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió ha presentado una enmienda que en buena medida complementa o
manifiesta la misma posición del Grupo de la Entesa y del senador Carles
Martí. Pero nosotros mencionamos además en el primer punto, relativo a la
visión de una gestión descentralizada que corresponde a los Gobiernos
autonómicos, la especificidad de que la Generalitat de Cataluña, el
Ayuntamiento de Barcelona y la Cámara de Barcelona ocupen una posición
mayoritaria en la gestión del aeropuerto de El Prat.

De forma reiterada, el Grupo Parlamentario Convergència i
Unió ha expuesto, y así se lo hemos manifestado a la ministra en diversas
iniciativas parlamentarias, que, evidentemente, nuestra forma de entender
la economía del país pasa esencialmente por la capacidad de poder ofrecer
todos los instrumentos y herramientas allá donde realmente se encuentran
las potencialidades, en este caso, en el aeropuerto y en todo lo que
representa el mercado aeroportuario, con millones de pasajeros, y como
elemento que favorece la economía.

Creemos sinceramente que en muchas ocasiones el Partido
Popular tiene una visión de la economía muy del siglo XIX. No hace muchos
días le preguntaba a la ministra con respecto a la llamada quinta
libertad, que, para que todos nos entiendan, es esa capacidad que tienen
las compañías aéreas de tener un convenio con el Ministerio de Fomento
para que las compañías aéreas puedan hacer escala, por ejemplo, en el
aeropuerto de El Prat, que en estos momentos tiene muchos más pasajeros
que Barajas. Es un ejemplo más de que debemos ser capaces de dar todos
los instrumentos, con una visión moderna de país, con una visión moderna
del Estado, con una visión moderna de que la economía es la capacidad de
poder generar riqueza esté donde esté. Por lo tanto, en el caso del
modelo aeroportuario no estamos de acuerdo con una gestión centralizada
como la que defiende la ministra Pastor y el ministerio.

El senador Mateu ha utilizado una expresión, y precisamente
es al contrario, si me lo permite. Decía: No se trata de que haya
competencias entre aeropuertos españoles. ¡Claro que se trata de que haya
competencia! La competencia es buena. La competencia en tanto que
generadora de estímulo, de impulso, es buena porque es todo lo que suma.
El todo es lo que suma. Usted dice que el todo es más importante que las
partes, pero no, porque para que las partes sean buenas y haya un buen
todo, las partes deben tener todas sus potencialidades, porque si no lo
que hacemos,

a nuestro entender, es tener una visión absolutamente pobre
de la capacidad de la economía productiva, de la capacidad de las
realidades, porque hoy en día, de una forma u otra, todo lo que tiene que
ver con el sector aeronáutico es muy importante.

Estoy convencida, señor Mateu, de que usted y su grupo cada
vez lo deben ver más como lo vemos nosotros, como lo ve nuestro grupo,
porque el mundo es el mundo. Respecto a poner fronteras emocionales,
—fronteras en el sentido de barreras—, no culturales, porque
la única universalidad es aquella que es capaz de respetar el localismo
—y ya sé que lo van a aprovechar en su bancada—, le puedo
asegurar que la potencialidad, desde un punto de vista de la economía,
viene garantizada a partir de que nos creamos de verdad que cada uno,
desde su ámbito, va a hacer lo máximo por aquel territorio. Esa es la
suma del todo, y no debemos tener miedo a la descentralización, no deben
tener miedo a que la sociedad civil que representa esta parte de la
economía productiva también ponga todo su interés, que al fin y al cabo
es un interés para que las cosas funcionen.

A nuestro entender, las visiones rígidas, prefijadas y
limitadoras de la acción lo único que hacen es empobrecer. Por lo tanto,
senador Carles Martí, nuestra enmienda de adición, en su primer punto,
viene a decir lo mismo que el acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de
noviembre de 2011, pero permítanme que añadamos también el traspaso de la
gestión de los aeropuertos de Girona, Reus y Sabadell, porque desde
nuestra visión de país, de Cataluña —difícilmente podemos hablar
del conjunto de los aeropuertos de España, aunque hay que hablar de ello
y de todo, de España y de Europa—, recordamos que Girona es
importante, Reus es importante y Sabadell es importante.

Y solo una pregunta al senador Mateu, y es que quiero saber
si realmente van a cumplir —y nos gustaría más transparencia en
toda la acción por parte del ministerio— el acuerdo al que llegó en
su momento el Consejo de Ministros de 11 de noviembre de 2011.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Candini.

Tiene la palabra el senador Martí para indicar si acepta o
no las enmiendas.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gràcies, president.

Senyories, el nostre grup no té, evidentment, cap
inconvenient a acceptar les esmenes del Grup Socialista i del Partit
Nacionalista Basc, que reforcen en el text de la moció la presència i la
garantia del compliment de les competències de les Comunitats Autònomes.
No podia ser d’una altra manera en la proposta d’un model
descentralitzat, que el pes i el paper de les Comunitats Autònomes sigui
plenament adaptar al que representen en el nostre Estat.

Alhora, també els indico que no tindrem inconvenient a
acceptar l’esmena del Grup de Convergència i Unió, malgrat que el
text, al nostre entendre, no era prou rigorós, atès que el primer punt
feia referència a allò que ja està inclòs i plenament detallat al nostre
punt segon, a l’acord del Consell de ministres al qual s’ha
fet referència; i que el segon punt era segurament una mica massa
generalista.

En qualsevol cas, però, estem d’acord amb el fons
d’aquesta esmena, i evidentment un model descentralitzat és un
model que ha de permetre diferents formes de gestió, i la gestió
individualitzada, pública-privada, dels grans aeroports, que poden fer de
locomotora del sistema, i també la gestió directa per part de les
Comunitats Autònomes d’altres aeroports potser no tan rellevants
per al conjunt del sistema. En definitiva, aquesta és una de les virtuts
de la nostra proposta de model descentralitzat. Per tant, acceptem també
aquesta esmena del Grup de Convergència i Unió.

Evidentment, però, com el senador Mateu ja podia intuir, és
impossible que acceptem l’esmena de substitució del Grup del Partit
Popular, perquè reforça, com ell mateix ha dit a les seves explicacions,
la línia política que va defensar la ministra a la interpel·lació. Per
tant, està a les antípodes del que nosaltres pensem i defensem.

Però deixi’m que li digui una cosa molt concreta,
senador Mateu, des del respecte de les posicions de cadascú. El que no
pot ser de cap manera és que vostès vulguin tergiversar el concepte de
xarxa. El que proposa el Ministeri, el que tenim actualment com a gestió
aeroportuària, no és una gestió en xarxa, sinó una gestió centralitzada,
que vostès pretenen reforçar i, a més, centralitzar. L’autèntica
gestió en xarxa és la gestió descentralitzada, en què el conjunt roman en

la titularitat pública, però es desenvolupen les
especificitats a cadascun dels aeroports, en termes de gestió i en termes
d’adaptació al territori. Per tant, si us plau, no em digui que
vostès defensen un model en xarxa. No és veritat. Vostès defensen la
continuïtat i el reforçament —perquè la privatització del 60 % del
capital d’AENA és un reforçament d’aquesta posició—
d’un model centralitzat, i a més ara absolutament privatitzat, i
que es regeix estrictament per tant pels criteris del benefici, que
substituiran els criteris del servei públic. En front d’això,
nosaltres sí defensem un model en xarxa, és a dir, un model
descentralitzat, de gestió individualitzada, per a alguns aeroports, i
amb titularitat pública del conjunt d’aquesta xarxa.

I abans d’acabar, senador Mateu, deixi’m dir-li
també que el Govern socialista, en l’acord del Consell de ministres
d’acord amb el Reial Decret al qual vostè feia esment, no va vendre
dos aeroports. Simplement va constituir dues societats filials
d’AENA. Mantenia la titularitat absoluta de la propietat i del
servei, però va fer una concessió d’aquest servei, que va tenir set
ofertes —per tant no devia ser tan descabellada— per a la
gestió de l’Aeroport d’El Prat i de Madrid-Barajas. Per tant,
en absolut hi havia una venda. El que hi havia era un desenvolupament en
plena coherència d’aquest model descentralitzat, començant per allà
on s’ha de començar, pels dos aeroports locomotora del sistema; amb
unes taxes i unes compensacions en aquesta concessió que revertien sobre
el conjunt del sistema, i que el feien molt més viable, lògic i sensat, a
part de tot el potencial que permetia treure de cadascun dels entorns
geogràfics i territorials d’aquests aeroports, en matèria social i
econòmica.

Per tant, senador Mateu, no li puc acceptar la seva esmena,
com vostè pot entendre perfectament, perquè són dos models completament
oposats en la seva gestió, en el seu desenvolupament i en el que
representen com a model d’Espanya.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

Señorías, nuestro grupo no tiene, evidentemente, ningún
inconveniente en aceptar las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista
y del Partido Nacionalista Vasco porque refuerzan en el texto de la
moción la presencia y la garantía del cumplimiento de las competencias de
las comunidades autónomas. Como no podía ser de otro modo, en la
propuesta de un modelo descentralizado, el peso y el papel de las
comunidades autónomas tiene que estar plenamente adaptado a lo que
representan en nuestro Estado.

Al mismo tiempo, no tenemos inconveniente en aceptar la
enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, a pesar de que el texto, a nuestro entender, no es lo bastante
riguroso, porque el primer punto hace referencia a lo que está ya
incluido y plenamente detallado en nuestro punto segundo, en el acuerdo
del Consejo de Ministros al que se ha hecho referencia, y el segundo
punto también es algo generalista.

En cualquier caso, estamos de acuerdo con el fondo de esta
enmienda. Evidentemente, un modelo descentralizado debe permitir
distintas formas de gestión y, por tanto, la gestión individualizada
público-privada de los grandes aeropuertos que pueden hacer de locomotora
del sistema y también la gestión directa por parte de las comunidades
autónomas y de otros aeropuertos quizá no tan relevantes para el conjunto
del sistema. En definitiva, esa es una de las virtudes de nuestra
propuesta de modelo descentralizado. Por tanto, también aceptaremos esta
enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió.

Sin embargo, como puede intuir el senador Mateu, es
imposible que aceptemos la enmienda de sustitución del Grupo
Parlamentario Popular, porque lo que hace es reforzar, como él mismo ha
dicho en sus explicaciones, la línea política que defendió la ministra en
la interpelación y, por tanto, está en las antípodas de lo que nosotros
creemos y defendemos.

Pero déjeme que le diga algo muy concreto, senador Mateu,
desde el respeto de las posiciones de cada uno. Lo que no puede ser de
ningún modo es que ustedes pretendan tergiversar el concepto de red. Lo
que propone el ministerio, lo que tenemos actualmente como gestión
aeroportuaria no es una gestión en red sino una gestión centralizada que
ustedes pretenden reforzar y además privatizar. La auténtica gestión en
red es la gestión descentralizada, en la que el conjunto permanece en
titularidad pública pero desarrollándose las especificidades en cada uno
de los aeropuertos en términos de gestión y de adaptación al territorio.
Por tanto, por favor, no me diga que ustedes defienden un modelo en red,
porque no es cierto. Ustedes defienden la

continuidad y el refuerzo, y es que la privatización del
60% del capital de AENA es un refuerzo de esa posición. Ustedes defienden
un modelo centralizado y además ahora absolutamente privatizado,
absolutamente en manos privadas y, por tanto, rigiéndose estrictamente
por los criterios del beneficio, que van a sustituir a los criterios del
servicio público. Frente a eso, nosotros defendemos un modelo en red, un
modelo descentralizado, de gestión individualizada de algunos aeropuertos
y con titularidad pública del conjunto de esa red.

Antes de acabar, senador Mateu, permítame que le diga que
el Gobierno socialista, en el Consejo de Ministros en el que se acordó el
real decreto al que usted hacía referencia, no vendió dos aeropuertos
sino que constituyó simplemente dos sociedades filiales de AENA, que
mantenía la titularidad absoluta de la propiedad y del servicio. Pero
hizo una concesión de ese servicio, que recibió siete ofertas, por tanto
no debía ser tan descabellada, para la gestión de los aeropuertos de El
Prat y de Madrid-Barajas. Por tanto, en absoluto fue una venta sino un
desarrollo en plena coherencia de este modelo descentralizado empezando
por donde hay que empezar, es decir, por los dos aeropuertos locomotores
del sistema, con unas tasas, con unas compensaciones en esta concesión
que revertían sobre el conjunto del sistema y que lo hacían mucho más
viable, más lógico y más sensato, aparte de todo el potencial que
permitía sacar de cada uno de los entornos geográficos y territoriales en
materia social y económica de esos aeropuertos.

Por tanto, senador Mateu, no puedo aceptar su enmienda,
como entenderá usted perfectamente, porque son dos modelos completamente
opuestos en su gestión, en su desarrollo y en lo que representan como
modelo de España.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Martí.

Entiendo que no hay turno en contra. Pasamos, por tanto, al
turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente.

En primer lugar quiero decir que vamos a votar a favor de
esta moción presentada por el senador Martí Jufresa. No hemos querido
presentar enmiendas porque pensamos que se pueden ir añadiendo
aeropuertos, pero esta moción la ha presentado él, y lo entendemos
perfectamente, porque viene de muy atrás. Si se aprobase esta moción y,
por tanto —como nosotros también consideramos— un modelo en
red pero descentralizado, ya incluiríamos otros aeropuertos a la red de
Canarias.

Hay que decir que creemos en un modelo de red conjunto,
pero descentralizado, actualizado, mucho más moderno. Y para que pueda
ser más competitivo tiene que ser llevado a cabo desde cada territorio,
como han dicho aquí también la senadora Candini y el senador Martí.

Ahora mismo lo que hay es un modelo completamente
centralizado y basado en un único aeropuerto. Después están todos los
demás. A nosotros nos parece que la red AENA podría ser mucho más
competitiva si en cada territorio pudieran asumir la gestión las
comunidades autónomas, incluso con capital privado. Eso sí, vuelvo a
mantener lo que se ha dicho aquí, siempre con la máxima opción de
titularidad pública, bien sean las comunidades autónomas entes locales o
cámaras de comercio, etcétera, pero también capital privado, lo que
podría ser más competitivo. ¿Por qué digo esto? Por algo que he dicho
muchas veces en esta Cámara, y es que hemos lastrado a los demás
aeropuertos para salvar lo que llaman la joya de la corona, el Aeropuerto
de Madrid-Barajas, que no parece un aeropuerto muy importante
—quizá sí en número de pasajeros—, y hay que recordar que,
según las últimas estadísticas de la red AENA, hace mucho que Barajas ha
desaparecido de entre los ocho aeropuertos rentables. El Aeropuerto de
Barcelona-El Prat, por ejemplo, es el más rentable y en los aeropuertos
canarios hay tres que están entre esos ocho más rentables. Y esto podemos
hacerlo en conjunto, pero si nos dieran a los territorios la capacidad de
poder gestionar los aeropuertos con libertad, puedo asegurarle, señor
Mateu, que podrían ser más competitivos, lo que ayudaría al conjunto de
la red AENA, porque serían muchos más los aeropuertos que podrían ser
rentables.

Por consiguiente, voy a votar a favor de esta moción, con
la incorporación de las enmiendas mencionadas. Evidentemente, me gustaría
que fuera aprobada y en un futuro ir sumando a esta propuesta diferentes
aeropuertos, como pueden ser los canarios.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.

Senador Iglesias, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Yo anuncio nuestro voto en contra, el de los dos senadores
de Izquierda Unida, no porque compartamos el proceso privatizador que
está impulsando el Gobierno de la nación, la venta del 60% de AENA en dos
tramos, un primer tramo del 30% para cinco o seis grandes inversores y el
otro 30% saliendo a Bolsa, sino porque no compartíamos la propuesta de
privatización que en su día formuló el ministro Blanco dentro del
Gobierno Zapatero. En aquel momento ya expresamos nuestra discrepancia y,
por coherencia, en este momento no podemos apoyar la alternativa de
recuperar semejante planteamiento.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

¿Alguna intervención más en el Grupo Parlamentario Mixto?
(Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la
senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias, señor
presidente.

Intervengo, en primer lugar, para agradecer la aceptación
de nuestra enmienda y en la línea que ya he manifestado en el turno de
defensa de enmiendas para anunciar que votaremos a favor de la moción
presentada.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Iparragirre.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra
el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gràcies de nou, president.

Efectivament, voldria insistir en allò que hi ha darrere
d’aquesta moció. Hi ha la idea de dos models diferents de gestió
aeroportuària, que alhora són el reflex de dos models diferents
d’entendre Espanya. La proposta que nosaltres fem, un model públic,
en xarxa i descentralitzat, i la proposta que defensa l’actual
Govern i que està impulsant la ministra de Foment, un model centralista i
privatitzat.

Nosaltres defensem aquest model, en primer lloc, perquè
representa una modernització del nostre sistema, una adaptació a la
realitat del sector aeri a Espanya, a Europa i al món, i perquè estem
convençuts que és l’única via perquè realment el conjunt del
sistema guanyi en competitivitat, que no vol dir altra cosa que estar més
i millor al servei de les persones i de l’economia; per tant, amb
més grans ofertes de vols i amb millors preus, i amb tota la gamma de
serveis que pot oferir el sector aeroportuari.

Aquest model que defensem possibilita això perquè,
d’una banda, el manteniment de la titularitat pública general
garanteix l’equilibri, garanteix per tant la igualtat d’accés
al servei públic, sigui quin sigui el lloc de residència dels ciutadans i
ciutadanes, garanteix la compensació d’inversions si convé, i
garanteix la transparència, i per tant el fet que els comptes es puguin
individualitzar per cadascuna de les instal·lacions aeroportuàries. Però,
al mateix temps, a través de la descentralització, garanteix absolutament
la potència de totes i cadascuna d’aquestes infraestructures. Amb
la capacitat d’identificació i d’adaptació al territori que
les envolta, d’identificar-se amb els entorns socials i econòmics
als quals serveixen, els aeroports es converteixen immediatament en una
eina molt més poderosa per aconseguir aquesta competitivitat en termes de
servei públic.

Voldria insistir pel que fa als aeroports de Barcelona-El
Prat i de Madrid-Barajas. Es converteixen en eines molt més eficaces al
servei de les economies i de les persones que viuen a Catalunya i a
Madrid, respectivament, però també en locomotores del conjunt del
sistema. Alhora, i en això coincideixo en el que deia la senyora Candini,
aquest sistema incita a la competència interna entre aeroports;
competència imprescindible per abordar la gran competència internacional
que existeix. No es poden concebre les instal·lacions aeroportuàries
aïllades d’aquesta competència en termes europeus i en termes
internacionals. Si volem aeroports plenament posicionats a Europa i al
món, és a dir, útils al màxim al servei de la nostra economia i dels

ciutadans i ciutadanes que vivim en cadascun dels
territoris, necessitem estimular aquesta competitivitat, aquesta
competència.

En definitiva, com els deia, senyories, un model modern que
treu el màxim partit de les seves potencialitats i que està plenament al
servei de persones i territoris. Però, com també he dit, un model que
reflecteix una idea de país, una idea d’Espanya. I jo li vull dir,
senador Mateu, molt directament: per què vostès defensen de manera
radical i ferma —i nosaltres ho podem compartir—
l’estructura de puertos del Estado, que és una estructura en xarxa
i descentralitzada com la que estem plantejant per als aeroports, i en
canvi s’oposen radicalment a aquest model per als aeroports? Per
què vostès creuen —com creiem nosaltres— que per als ports
funciona una estructura en xarxa i descentralitzada i per als aeroports,
en canvi, hem d’anar a un model centralitzat i absolutament
privatitzat? No hi ha cap explicació. O millor dit, només n’hi ha
una, i és que vostès arriben tard i sempre els hem d’acabar
convencent a posteriori. Vostès estaven en contra de l’estructura
de puertos del Estado i ara la defensen al màxim. Vostès ara estan en
contra d’una gestió pública i descentralitzada dels aeroports
d’AENA, però en el futur estic segur que hi estaran totalment a
favor i la defensaran amb ungles i dents, com van fer l’altre dia
amb puertos del Estado. Aquest és el destí d’aquest país: que
nosaltres estirem cap a la modernització i la federalització i vostès
arribin tard però finalment hi arribin.

Moltes gràcies, senadors.

Gracias de nuevo, presidente.

En efecto, querría insistir en lo que hay detrás de esta
moción. Está la idea de dos modelos distintos de gestión aeroportuaria
que, al mismo tiempo, son el reflejo de dos modos distintos de entender
España. La propuesta que nosotros hacemos, un modelo público, en red y
descentralizado, y la propuesta que defiende el actual Gobierno y que
impulsa la ministra de Fomento, un modelo centralista y privatizado.

Nosotros defendemos este modelo, en primer lugar, porque
representa una modernización de nuestro sistema, una adaptación a la
realidad del sector aéreo en España, en Europa y en el mundo, y porque
estamos convencidos de que es la única vía para que realmente el conjunto
del sistema gane en competitividad, lo cual no quiere decir otra cosa
sino que esté más y mejor al servicio de las personas y de la economía.
Por lo tanto, con mayores ofertas de vuelos, con mejores precios y con
toda la gama de servicios que puede ofrecer el sector aeroportuario.

Este modelo que defendemos posibilita esto porque, por un
lado, con el mantenimiento de la titularidad pública general se garantiza
el equilibrio y, por tanto, la igualdad de acceso al servicio público,
sea cual sea el lugar de residencia de los ciudadanos. Se garantizan la
compensación de inversiones, si procede, y la transparencia y, por lo
tanto, el hecho de que las cuentas se puedan individualizar para cada una
de las instalaciones aeroportuarias. Pero al mismo tiempo, a través de la
descentralización, se garantiza absolutamente la potencia de todas y cada
una de estas infraestructuras por la capacidad de adaptación e
identificación con el territorio que les rodea. Por esa capacidad de
identificarse con los entornos sociales y económicos a los que sirven,
los aeropuertos se convierten de inmediato en una herramienta mucho más
poderosa para conseguir esa competitividad en términos de servicio
público.

En lo que se refiere a los aeropuertos de Barcelona-El Prat
y Madrid-Barajas quiero insistir en que se convierten en instrumentos
mucho más eficaces al servicio de las economías y de las personas que
viven en Cataluña y en Madrid, respectivamente, pero también en
locomotoras del conjunto del sistema. Al mismo tiempo, y en esto coincido
con lo que decía la senadora Candini, este sistema incita a la
competencia interna entre aeropuertos; competencia imprescindible para
abordar la gran competencia internacional que existe. No se pueden
concebir las instalaciones aeroportuarias como algo aislado de esta
competencia en términos europeos e internacionales. Si queremos
aeropuertos plenamente posicionados en Europa y en el mundo, es decir,
útiles al máximo y al servicio de nuestras economías y de los ciudadanos
que vivimos en cada uno de los territorios, tenemos que estimular esa
competitividad, esa competencia.

En definitiva, señorías, apostamos por un modelo moderno
que saque el máximo partido de sus potencialidades y que esté plenamente
al servicio de las personas y de los territorios. Pero, como también he
dicho, este modelo refleja un modelo de país, una idea de España. Y
quiero preguntarle muy directamente, senador Mateu, ¿por qué ustedes
defienden de forma radical y

firme la estructura de Puertos del Estado —algo en lo
que coincidimos—, que es una estructura en red y descentralizada,
como la que planteamos para los aeropuertos, y en cambio se oponen
radicalmente a este modelo para los aeropuertos? ¿Por qué ustedes creen,
como nosotros, que para los puertos funciona una estructura en red
descentralizada y para los aeropuertos, en cambio, tenemos que ir a un
modelo centralizado y absolutamente privatizado? No hay explicación
alguna o, mejor dicho, solo hay una: y es que ustedes siempre llegan
tarde y tenemos que acabar convenciéndoles a posteriori. Ustedes estaban
en contra de la estructura de Puertos del Estado y ahora la defienden al
máximo. Ustedes ahora están en contra de una gestión pública y
descentralizada de los aeropuertos de AENA pero estoy seguro de que en el
futuro van a estar totalmente a favor y van a defenderla con uñas y
dientes, como hicieron el otro día con Puertos del Estado. Este es el
destino de este país: que nosotros estiremos hacia la modernización y la
federalización y que ustedes lleguen tarde, aunque finalmente
lleguen.

Muchas gracias, senadores.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.

Vull manifestar el nostre vot favorable, insistint, però,
en aquestes dues premisses que nosaltres hem manifestat de manera
reiterada. Més enllà de l’acord del Consell de ministres de
l’11 de novembre del 2011, sempre hem defensat que la part catalana
sigui majoritària en la gestió de l’Aeroport d’El Prat. Quan
nosaltres diem que siguin les pròpies Comunitats Autònomes i que sigui el
propi àmbit civil, sempre entenem que les potencialitats de cada
territori són les que de debò poden apostar d’una manera molt més
directa.

El segon element és agrair l’acceptació
d’incorporar el traspàs dels aeroports de Girona, Reus i Sabadell,
sempre amb aquest principi que només podem ser universals a partir de la
presència i de la fortalesa del local.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Quiero manifestar nuestro voto favorable, aunque
insistiendo en esas dos premisas que de forma reiterada hemos manifestado
y más allá de lo que señaló el Consejo de Ministros del 11 de noviembre
de 2011 sobre que la parte catalana fuese mayoritaria en la gestión del
Aeropuerto de Barcelona-El Prat. Cuando nosotros decimos que sean las
propias comunidades autónomas y el ámbito civil las competentes es porque
entendemos que conociendo las potencialidades de cada territorio se puede
apostar de una forma mucho más directa.

En segundo lugar, quiero agradecer la incorporación del
traspaso de los aeropuertos de Girona, Reus y Sabadell, conforme al
principio de que solo podremos ser universales a partir de la presencia y
de la fortaleza de lo local.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Candini.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Fernández Ortega.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. En este, como en otros asuntos, el
Grupo Parlamentario Popular hace un perverso uso del lenguaje. Decía el
señor Mateu que defienden una gestión en red y que ello garantiza la
cohesión territorial. Señorías, privatizar los aeropuertos no es defender
la gestión en red, porque cuando están privatizados, la cohesión
territorial deja de ser la prioridad y pasan a serlo la economía y la
rentabilidad. El Grupo Parlamentario Popular no está defendiendo una
gestión en red, está defendiendo una gestión centralizada, radial, porque
es lo que responde a su visión de España, pero, sobre todo, lo que
responde a su ideología es que sea privatizada. Porque ustedes pretenden
privatizarlo todo. Su ideología les lleva a pensar que toda la gestión
que haga el Estado está de más. Cuanto menos Estado, mejor. Pero en eso
nos van a tener siempre enfrente, porque creemos que el Estado está para
garantizar la cohesión territorial y no los intereses empresariales. Los
intereses empresariales no garantizan la cohesión territorial.

También decía en su intervención que ustedes están
recuperando la viabilidad económica de AENA. Nunca ha estado en duda su
viabilidad económica. AENA no se financia con fondos públicos; no se
financia con los Presupuestos Generales del Estado, lo ha dicho usted y
lo decimos todos, y no tiene dificultad para financiarse fuera. AENA
tiene recursos y financiación externa por debajo del 3%. ¿Dónde estaba el
riesgo en la viabilidad de AENA cuando tiene, además, una financiación
relativamente barata? Lo que estaba haciendo era un esfuerzo inversor muy
importante que nos ha permitido tener aeropuertos con capacidad para
competir ahora y a largo plazo.

Y decía usted que hacen una gestión sólida, saneada y
eficiente de AENA, y yo les voy a explicar que su gestión es mala, es
pésima. Ustedes solo tienen un elemento para defender su gestión, y es
que han reducido la deuda, pero lo han hecho perjudicando otra serie de
parámetros que para mí son más importantes. El primero es el empleo. El
principal problema de este país en este momento es el empleo, y ustedes
hacen una gestión en AENA donde producen 20 000 despidos por año. Se han
perdido 20 000 empleos con su gestión. Y se lo explico. Han hecho un ERE
con el que se ha perdido el 11% de la plantilla, es decir, 1170
trabajadores que han ido a la calle; han reducido el horario en 17
aeropuertos, perdiéndose casi la mitad de los trabajadores, lo que vienen
a ser aproximadamente otros 800 empleos perdidos, pero, sobre todo, han
bajado la inversión en el peor momento, lo que ha provocado, según las
propias cifras de la ministra que estima entre 30 y 32 empleos por millón
de euros de inversión pública, 17 000 empleos menos por año. Es decir,
que una gestión pública con 20 000 empleos menos por año no me parece una
gestión eficiente, sino una mala gestión. Pero, además, obligan ustedes
al Estado a un mayor gasto pagando el desempleo de 140 millones de euros
al año.

La caída de la inversión, comprobada con los Presupuestos
Generales del Estado, es de 1602,8 millones entre 2011 y 2014 y con eso
hacen ustedes una reducción de la deuda de 689 millones. Señorías, si
dejan de invertir 1600 millones y reducen la deuda en menos de 700,
¿dónde está la buena gestión? Ustedes son unos pésimos gestores, ustedes
invierten 1600 millones menos y solo son capaces de reducir la deuda en
700. ¿Qué es entonces lo que están haciendo? No pueden sacar ninguna otra
cifra favorable, porque si hablamos de pasajeros, de 2011 a 2013 han
perdido 17 millones, el 8,3%. Así pues, ustedes son unos pésimos gestores
del sistema aeroportuario, y tan es así que cuando vamos a la valoración
de AENA, en 2011 estaba valorada en 19 000 millones por parte de las
empresas que se ocupan de estas tareas, y en la actualidad la horquilla
va de 12 000 a 16 000 millones. Es decir, que AENA ha perdido en
evaluación entre 3000 y 7000 millones con su gestión, con la gestión del
Partido Popular. Así que no lo entiendo, ¿es que la racionalización de
medios en despedir gente?, ¿es que la racionalización de la inversión es
invertir mucho menos con una empresa que se financia sin dificultades en
el peor momento de la economía española?, ¿es comprar aeropuertos fuera?
¿Es esa la buena gestión que viene usted a vendernos? ¿Es eso lo que
necesita este país en este momento? Estas son las preguntas que
deberíamos hacernos.

Nosotros estamos absolutamente en contra de que se
privatice AENA; lo hemos dicho en la comisión y lo decimos en este Pleno.
Estamos radicalmente en contra de la privatización de AENA. Y estamos
radicalmente en contra de la forma en la que están llevando ustedes el
procedimiento, de manera irregular y con ocultismo, incluso con el
bochorno que da verlo en el Pitvi. Ustedes estaban planteando la
privatización de AENA y haciendo la consulta al Consejo Consultivo de
Privatizaciones…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Termino enseguida, señor
presidente.

…y, a la vez, en el Pitvi estaban escribiendo que no
iban a privatizar más allá del 49%. Cuando se ha descubierto el pastel
nos dan un nuevo documento del Pitvi y ya sí lo corrigen, ya ponen que
entra capital privado sin límite. Ustedes utilizan los documentos para
engañar a la ciudadanía y para evitar el debate y el Partido Socialista
va a seguir defendiendo una AENA pública pero con gestión individualizada
y tomará el modelo de Puertos del Estado como modelo de referencia, del
que todos los grupos estamos de acuerdo en que es un modelo de éxito.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández
Ortega.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Mateu.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, yo aquí no vengo a vender nada. Aquí el único que
quería vender, de mala manera y en el peor momento, los aeropuertos de
Barcelona y Madrid, era el Partido Socialista. Y, luego, cometen el
despropósito de contradecirse absolutamente con respecto a lo previsto en
el decreto del año 2010, que establecía que se mantenía el 49% del
capital y con el desarrollo posterior de este proceso, que se ha plasmado
en diversos acuerdos ministeriales, el de febrero de 2011, los dos de
julio de 2011 y, por último, el de noviembre de 2011, en los que se decía
que las sociedades concesionarias podrían tener el 90,05% de ese capital,
manteniendo AENA el resto, el 9,05%, lo cual es una incongruencia:
mayoría absoluta de participaciones y luego decimos que perdemos esa
mayoría absoluta. Por eso, el Partido Popular echó para atrás este
sistema, porque —insisto—, señorías, su modelo de gestión de
AENA no es el nuestro, el nuestro es en red, que tiene todas las bondades
y beneficios que antes les he dicho.

Señorías, yo lo único que digo, frente a lo que ha dicho el
señor Fernández Ortega, es que la gestión que ha hecho el Gobierno del
España en AENA es buena. Tres datos nada más, señoría, tres datos
económicos que creo que rebaten absolutamente todo lo que usted ha dicho,
que, desde luego, es respetable, pero sus fuentes deben ser distintas a
las mías y creo que las mías son las correctas, porque somos los que
tenemos ahora mismo la confianza de los españoles para gobernar España y
creo que se está haciendo bastante bien.

De un Ebitda de cerca de 600 millones de euros, estamos
ahora mismo en un Ebitda de 1500 millones de euros; de unas pérdidas de
casi 250 millones de euros, estamos en unos beneficios de 308 millones de
euros y de una generación negativa de caja de 600 millones de euros,
estamos en una generación positiva de caja de 600 millones de euros.

Señorías, el Partido Socialista tiene un miedo escénico a
la privatización y, además, tienen mala memoria. Quiero recordarles que
en la época del señor Felipe González hubo 77 operaciones de venta de
participaciones totales o parciales y en la época del Gobierno de
Zapatero hubo 16: aquellas sociedades tan conocidas como fueron Entursa,
Encesa, Enasa, Endesa, Argentaria, comienzos de Repsol, parcial de
Telefónica, etcétera. Ustedes, ahora mismo, no analizan la bondad del
momento coyuntural de una posible privatización de parte de AENA, sino
que sencillamente lo demonizan, porque atacando lo privado consideran que
va a ser un nicho de captación de votos. El Partido Popular, cuando hace
o prepara una privatización, lo hace con los porcentajes de capital que
sean —ya se verán en su momento—, a pesar de lo que dijo el
Consejo Consultivo de Privatizaciones, porque se le consultó sobre el
60%, sabiendo que ese informe, señor Fernández Ortega, es un informe
intermedio, que nada más se manifiesta sobre la legalidad de los pliegos
de condiciones y sobre la concesión de la asistencia técnica y de la
asistencia jurídica y financiera, es decir, que es un informe intermedio
que, a priori, no valora sobre la adjudicación definitiva.

Yo lo que les quiero decir, señorías, es que la ministra ha
manifestado que ha realizado su tarea, ha saneado AENA, que ustedes
dejaron como un erial, como unos zorros —permítame la expresión
vulgar—. Ustedes querían vender los mejores aeropuertos que tenía
la red de AENA pero, señorías, se olvidaban de que cuando querían vender
el Aeropuerto de Madrid—Barajas, tenía una deuda de 5527 millones
de euros y un resultado negativo después de impuestos de 95 millones de
euros y el de Barcelona-El Prat, tenía 1700 millones de euros de deuda y
un resultado negativo después de impuestos de 21 millones de euros. ¡Qué
bien!, ¿verdad? ¡Qué bien! Ustedes vendían esos aeropuertos y dejaban el
resto de la deuda para que el Gobierno español aportara los dineros que
tenía que aportar. Eso, desde luego, no es un buen Gobierno de España,
señorías. Y la privatización que ustedes pretendían de esos dos
aeropuertos, se hizo sin tener en cuenta en ningún momento la garantía de
los ciudadanos españoles.

El Gobierno de España ha trabajado muy duramente y ha
establecido el DORA, que es el documento de regulación aeroportuaria. Ese
documento de regulación aeroportuaria que prepara esa posible
privatización es un documento que configura la red de AENA como un
servicio de interés general que obliga al gestor a mantener y a practicar
el mantenimiento y la continuidad de los servicios en condiciones de
calidad, seguridad y regularidad. El documento también incluye el

Plan Quinquenal de Inversiones, así como el marco de
fijación tarifaria. Señorías, vean qué diferencia en cómo gestiona el
Gobierno del Partido Popular y cómo gestionó el Gobierno del Partido
Socialista: la visión siempre puesta en el interés de los propios
ciudadanos.

Y, por último, frente a las enmiendas de estos grupos, que
también han colaborado y a los cuales agradezco su tono, he de decirles
que esa preocupación de participar en la gestión de los aeropuertos no
tienen que tenerla, señorías, porque creo que ustedes saben que en el
Real Decreto Ley de 13 de julio de 2012 el Gobierno de España creó el
Comité de Coordinación Aeroportuaria, el cual está compuesto por las
comunidades autónomas, por las corporaciones locales, y por las cámaras
de comercio, representativas de las organizaciones económicas y sociales.
Con ellos se trabajará para determinar cuáles son las
actividades…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Termino, presidente.

Solo quiero dejar perfectamente aclarado que el Gobierno de
España prevé una herramienta, un instrumento de participación de todas
las entidades asociadas que tienen interés en el desarrollo del entorno
aeroportuario para participar en su propia gestión.

Señor presidente, muchas gracias; señorías, muchas gracias
también por el tema. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Mateu.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción consecuencia de interpelación
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, con la
incorporación de las enmiendas aceptadas del Grupo Parlamentario
Socialista, Grupo Parlamentario Vasco y Grupo Parlamentario Convergència
i Unió.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 221; a favor, 83; en contra, 134;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Pasamos al siguiente punto del orden del día.

6. MOCIONES

6.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS EN FAVOR DEL SECTOR CÁRNICO ESPAÑOL.

(Núm. exp. 662/000118)

AUTOR: GPP

El señor presidente da lectura a los puntos 6. y 6.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado tres
enmiendas: una, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya;
otra, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió y,
finalmente, otra, del Grupo Parlamentario Socialista. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio o abandonen el hemiciclo en
silencio, por favor. (Rumores.)

Señorías, no voy a dar comienzo al debate de la moción
hasta que no haya silencio en el hemiciclo. (Pausa.)

Muchas gracias.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el senador Sánchez Duque.

El señor SÁNCHEZ DUQUE: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días.

Señorías, el sector cárnico español tiene una gran
importancia dentro de la industria agroalimentaria española y diría
también que dentro de la economía de este país. Es el cuarto sector
industrial de España, simplemente por detrás de la industria
automovilística, de la industria del petróleo y de la producción de
energía, y ocupa el primer lugar de la industria española de alimentos y
bebidas.

¿Cómo está estructurado el sector cárnico en España?
Sabemos que ha ido evolucionando considerablemente a lo largo de los
años. Hoy día, España cuenta con 700 mataderos, 2400 salas de despiece y
5000 establecimientos de transformación. El tejido empresarial está
formado principalmente por pequeñas y medianas empresas, siendo el número
medio 11 trabajadores por empresa. Esto nos da idea de que el sector se
encuentra algo atomizado. Por tanto, pensamos que debemos tender hacia la
concentración para poder seguir siendo más competitivos. No obstante, el
sector cárnico da empleo a más de 70 000 trabajadores en España, con una
producción que supera los 15 000 millones de euros, lo que representa más
de un 20% del total de la industria alimentaria española. Estas cifras,
en términos de negocio, suponen un 2% del PIB nacional y el 14% del PIB
del sector industrial. El gasto alimentario en los hogares españoles
—otro dato que creo que es importante que conozcamos para
considerar la importancia de este sector en nuestro país— durante
2012 alcanzó la cifra, nada más y nada menos, de 68 000 millones de
euros, siendo el consumo de carnes y elaborados el más importante en la
cesta de la compra de los españoles, lo que representa un 23%.

¿Cuál es la producción cárnica en España? Durante el año
2012 ascendió a 5 700 000 toneladas y hay que destacar los volúmenes de
carne de porcino, que representan casi el 62% del total de las carnes
producidas, superando los 3,5 millones de toneladas. Con este volumen de
producción España se consolida como el cuarto productor mundial,
solamente por detrás de China, Estados Unidos y Alemania, y el segundo
productor en la Unión Europea. Le siguen en importancia la carne de ave,
que representa el 24%, con un 1 300 000 toneladas y, en tercer lugar, la
carne de vacuno, con un volumen de 10,4% de la producción nacional de
carne, con casi 600 000 toneladas. La carne de vacuno se encuentra más
alejada de los puestos de cabeza en la producción mundial, que está
liderada por Estados Unidos y Brasil. La carne de ovino, como todos
sabemos, es una producción que se encuentra en declive ya desde hace
varios años y, aunque experimentó una ligera recuperación en los años
2010 y 2011, vuelve a descender.

También es importante la producción de productos elaborados
de la carne. Hay que indicar que España se sitúa en el cuarto lugar
dentro de la Unión Europea, solamente por detrás de Alemania, de Italia y
de Francia, con una producción de 1 300 000 toneladas anuales, de la que
hay que destacar en volumen, los fiambres y, en valor, los jamones y
paletas curados, tanto jamón blanco como ibérico.

Los jamones serranos e ibéricos son los reyes de la
producción cárnica en nuestro país; representan más del 20% del total de
los productos cárnicos elaborados, con un valor del 35% de las ventas. En
este punto quiero hacer un paréntesis para decir que, como todos sabemos,
hace muy poco se aprobó en el Consejo de Ministros la norma de calidad de
los productos de la carne del cerdo ibérico. Esta ley, que no muestra
otra cosa que la valentía del Gobierno y su apuesta por la calidad, por
la transparencia y por la información a los consumidores, nos va a
permitir tanto en los mercados nacionales como en los internacionales
competir con un producto único. Es necesario reconocer que los productos
del cerdo ibérico son la estrella de la gastronomía española, son
productos de los que España tiene prácticamente la exclusiva y eso sí que
lo tenemos que aprovechar, principalmente para que se convierta en un
motor de exportación.

¿Cómo está el mercado exterior del sector cárnico español?
La situación económica que atraviesa este país —aunque también es
conveniente decir que vamos en la buena dirección—, con un mercado
interior algo complicado, así como con sectores ganaderos, como el del
porcino ibérico, donde nuestras producciones son claramente
excedentarias, las exportaciones —y ese es el espíritu de esta
moción— se han configurado como una estrategia para salvar el
sector cárnico y es, por tanto, una oportunidad de desarrollo y
generación de riqueza.

Para que nos hagamos una idea clara del volumen de la
exportación de nuestras carnes, les diré que el sector cárnico español
exportó en el año 2012 a los mercados de todo el mundo 1,46 millones de
toneladas de productos frescos y 123 000 toneladas de productos
elaborados, lo que representó unas ventas en el exterior de 4157 millones
de euros, con una balanza comercial —y esto es realmente
importante— muy positiva; así, en el año 2010 la tasa de cobertura
fue del 229% y, en el año 2012, del 345%. Hay que destacar que de los
4157 millones de euros, 2350 millones de euros corresponden a la carne
del porcino, 485 millones de euros a la carne de vacuno y 880 millones de
euros a los productos elaborados.

También hay que reseñar que las exportaciones de carne de
cerdo suponen, por sí solas, casi el 60% del valor de las explotaciones
cárnicas y también hay que reconocer que hay un comportamiento desigual
dentro de las exportaciones, dependiendo del tipo de producto y del país
de destino. Por ejemplo, en el período 2008-2011 las ventas de carne de
porcino a la Unión Europea crecieron el 8% y, en los terceros países, un
56%; mientras que los productos elaborados crecieron el 17% en la Unión
Europea y descendieron en el mismo porcentaje en países terceros.

Un dato que tengo que destacar es el aumento de las
exportaciones de jamón curado durante los diez primeros meses del año
2013, que crecieron el 15% con respecto al año 2012, y si bien es cierto
que la Unión Europea sigue siendo nuestro principal mercado ocupando el
80% del total, hay otros países que van ocupando puestos importantes,
como es el caso de México, que se ha configurado como el principal
destino de nuestros productos extracomunitarios, incluso por delante de
Estados Unidos.

Es cierto que las ventas han crecido, y aunque no son las
que todos quisiéramos o desearíamos, hay países de mucho interés para las
empresas jamoneras españolas, como son México, Japón, Australia, Ucrania
o Corea del Sur.

Por lo tanto, todos tenemos la necesidad, y el Gobierno el
primero, de impulsar el comercio en estos mercados que son fundamentales
para la industria española. De ahí que en esta moción instemos
principalmente al Gobierno de España, y ese es el espíritu de esa moción,
a potenciar las exportaciones de los excelentes productos cárnicos del
ganado español, a fomentar la formación del sector cárnico, a favorecer
la incorporación de los más jóvenes, y a promocionar el conocimiento de
los productos cárnicos españoles dentro y fuera de nuestras fronteras.
Sabemos que el Gobierno viene trabajando de forma habitual en todos estos
asuntos tanto en el mercado interior como en el mercado extracomunitario,
como en las exportaciones, pero debemos seguir instándole a que no ceje
en el empeño.

Por último, lamentablemente hace dos semanas que Rusia ha
cerrado la entrada tanto a las carnes como a los animales vivos del
sector porcino procedente de la Unión Europea. Parece ser que ha sido
como consecuencia de dos casos de peste porcina africana que han
aparecido en Lituania, en un pequeño país de la Unión Europea. Pensamos
que esta es una medida muy desproporcionada, una medida que no se
justifica, y más aún cuando este problema se ha intentado solucionar
tanto por parte de la Comisión Europea como del ministerio poniendo como
solución la regionalización, teniendo contactos y reuniones bilaterales
con los servicios veterinarios y fitosanitarios del país ruso. Rusia ha
hecho caso omiso, como todos ustedes saben, y ha dado la callada por
respuesta. Yo espero que esta restricción —porque ya existe, y hay
que reconocerlo, cierta preocupación en el sector de carne de
porcino— sea temporal, y que muy pronto las negociaciones que se
tengan que hacer y que se están haciendo por parte de este Gobierno y de
la Comisión Europea den un resultado satisfactorio para el sector cárnico
del porcino español y europeo.

Hoy, señorías, tenemos la oportunidad de darle todos, y
digo todos, a las organizaciones y asociaciones profesionales del sector
cárnico español un impulso a la exportación, un impulso para mejorar el
mercado, un impulso para que cada vez haya más productos españoles en el
mercado comunitario y extracomunitario. Yo espero y tengo la confianza en
que todos los grupos parlamentarios se sumen a esta moción.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sánchez
Duque.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario de
la Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gràcies, senyor president.

Senyors senadors, senyores senadores, intervenim per
posicionar-nos en aquestes esmenes que hem presentat a aquesta moció que
amb tant d’èmfasi acaba de defensar el portaveu del Grup
Parlamentari Popular, la veritat és que nosaltres insistim, i ho faré
després en el torn de portaveus, que ens tornem a trobar amb una moció
que és absolutament genèrica, i que no hi veiem que darrere
d’aquestes bones voluntats i ha haja realment un compromís ferm del
Govern en abordar els problemes que realment te el sector. Per tant,
nosaltres hem fet, diguem-ho així, unes esmenes de bona voluntat; són
esmenes d’edició, però que ens

sembla que són unes esmenes que s’extreuen després
d’unes converses amb el sector que plantegen no únicament les
xifres utilitzades d’una forma grandiloqüent per posar en evidència
que el sector funciona. Efectivament, el sector funciona, i és un sector
que te una transcendència que ja s’ha explicat i jo no hi
insistiré, però és un sector que te molts problemes i m’estendré
després en el torn de portaveus. És a dir, jo crec que avui utilitzar un
to triomfalista en el debat que estem en aquest moment abordant, i molt
especialment, en el sector del porcí, no és adequat perquè la situació es
realment molt complicada i hauríem de veure d’abordar els problemes
de fons i no fer retòrica. Els problemes de la logística amb el transport
que te aquest sector, que s’ha dit i ho sabem perfectament les
persones que vivim a prop de Lleida, que és un dels llocs on es prenen
les decisions sobre el porcí, el problema del subministrament, el
problema de la logística de tot aquest immens volum de transport que
requereix l’alimentació del gran nombre d’animals
—estem parlant que a Catalunya són al voltant de dotze milions
d’animals d’engreix—. Per tant, és fàcilment imaginable
la complexitat d’aquesta logística.

El portaveu del Partit Popular ha mencionat el problema a
Rússia, aquest problema de les epidèmies, però a Rússia fa un any que el
mercat ja està tancat. El mercat del porcí, per tant, no és nou. Ja no
podem pràcticament importar a Rússia. Aquest és un problema del Govern,
perquè tant les qüestions de traçabilitat com les qüestions que estan
vinculades al control de les epidèmies, aquesta és una qüestió on
l’Administració hi te un paper fonamental —després també ho
explicaré—. El que hem vist fins aquest moment en totes aquestes
qüestions és que el que hi ha hagut ha estat retallada rere retallada i,
per tant, una pèrdua evident de competitivitat del sector. Estem parlant
també d’un sector que cada vegada l’I+D és més important. La
utilització d’equipaments informàtics de software que permeti tot
aquest control de les granges, i sobretot de la qualitat sanitària de les
granges, és absolutament imprescindible.

Per tant, hauríem de poder tenir un full de ruta clar per
totes aquestes qüestions. Crec que aquesta moció era una excel·lent
oportunitat per intentar abordar aquests problemes, fer-ho amb
profunditat i apuntar algunes alternatives que evidentment en el text
literal de la moció l’únic que hi ha exclusivament és bones
voluntats. Els processos administratius, jo no sé si vostès han parlat
amb el sector, però nosaltres necessitem un reguitzell de documents per
poder exportar, que és una llista llarga, mentre que els nostres
competidors ho fan únicament, únicament, amb un document administratiu.
Per tant, hi ha problemes seriosos. El control sanitari, com deia, és un
tema molt important, perquè és el que ens està causant molts problemes i,
per tant, totes aquestes qüestions s’han d’abordar.

Nosaltres no els hem volgut dir el que havien de fer, però
els hem dit, com a mínim, posem-nos el compromís d’estudiar-ho i de
trobar solucions i alternatives. Jo els pregaria que acceptessin les
esmenes, perquè si vostè vol que tots ens hi sumem, doncs també entenem
que algun pas hem de fer. Nosaltres tenim l’evidència —se
n’ha parlat aquí en alguna altra ocasió quan parlem
d’exportació— i en un territori com Catalunya que és dels més
importants en exportació que utilitza el port de Tarragona i que resulta
que al port de Tarragona el servei de veterinària molts caps de setmana
no està disponible a totes hores, és a dir, sempre hi ha problemes, i
mentre la duana porti un ritme de funcionari, diguem-ho així, doncs el
sector ha de ser un sector competitiu que tingui tots els seus estris per
garantir la competitivitat. Tot això està per fer.

Gracias, señor presidente.

Señores senadores, señoras senadoras, intervengo para
posicionarnos en estas enmiendas que hemos presentado a esta moción, que
con tanto énfasis acaba de defender el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular. La verdad es que nosotros debemos insistir, y lo haré después en
el turno de portavoces, en que volvemos a encontrarnos con una moción que
es absolutamente genérica, y en la que no vemos que detrás de estas
buenas intenciones exista realmente un compromiso firme del Gobierno para
abordar los problemas que realmente tiene el sector. Por tanto, nosotros
hemos presentado unas enmiendas de buena voluntad, por decirlo así; unas
enmiendas de adición que son las que se extraen después de unas
conversaciones con el sector y que plantean las cifras no solo utilizadas
de una forma grandilocuente para poner de relieve que el sector funciona.
Efectivamente el sector funciona, y es un sector que tiene una
trascendencia que ya se ha explicado y en la que no voy a insistir, pero
también es un sector que tiene muchos problemas, hablaré de ello después
en el turno de portavoces. Yo creo que hoy en día utilizar un

tono triunfalista en el debate que en este momento estamos
abordando, muy especialmente en el sector del porcino, no es adecuado
porque la situación es realmente muy complicada, y deberíamos abordar los
problemas de fondo y no hacer retórica. Por ejemplo, sabemos
perfectamente los problemas de logística con el transporte que tiene el
sector. Lo sabemos perfectamente las personas que vivimos cerca de
Lleida, que es uno de los lugares donde se toman las decisiones sobre el
porcino. Está el problema del suministro, el problema de la logística de
todo este inmenso volumen de transporte que requiere la alimentación del
gran número de animales —en Cataluña hay alrededor de doce millones
de animales—. Es fácil imaginar la complejidad de esta
logística.

El portavoz del Grupo Popular menciona el problema de
Rusia, el de las epidemias, pero hace un año que el mercado del porcino
ya está cerrado. Por tanto, no es nuevo. Ya no podemos prácticamente
importar a Rusia. Este es un problema del Gobierno porque tanto las
cuestiones de trazabilidad como las que están vinculadas al control de
las epidemias es algo en lo que la Administración tiene un rol
fundamental —después también lo explicaré—. Lo que hemos
visto hasta ahora en todas estas cuestiones es que ha habido un recorte
tras otro y, por tanto, una pérdida evidente de competitividad del
sector. Estamos hablando también de un sector en el que el I+D es cada
vez más importante. Es absolutamente imprescindible la utilización de
equipamientos informáticos de software que permita todo este control en
las granjas y sobre todo la calidad sanitaria de las granjas.

Deberíamos poder tener una hoja de ruta clara para todas
estas cuestiones. Creo que esta moción era una excelente oportunidad para
intentar abordar estos problemas en profundidad, y apuntar algunas
alternativas, pues evidentemente en el texto literal de la moción lo
único que hay son exclusivamente buenas intenciones. Sobre los procesos
administrativos, no sé si ustedes han hablado con el sector, pero
nosotros necesitamos un montón de documentos para poder exportar, hay un
listado muy largo, mientras que nuestros competidores lo hacen únicamente
con un documento administrativo. Es decir, tenemos problemas serios. El
control sanitario, como decía, es un tema muy importante porque es el que
nos está causando muchos problemas. Por tanto, todas estas cuestiones
tienen que abordarse.

Nosotros no hemos querido decirles lo que tenían que hacer.
Les hemos dicho que como mínimo pongámonos el compromiso de estudiarlo y
encontrar soluciones y alternativas. Les rogaría que aceptasen las
enmiendas porque si ustedes quieren que todos nos sumemos, entendemos que
algún paso han de dar. Nosotros tenemos la evidencia —se ha hablado
aquí en alguna otra ocasión en el tema de la exportación— en un
territorio como Cataluña que es de los más importantes en exportación que
utiliza el puerto de Tarragona y en dicho puerto el servicio de
maquinaria, muchos fines de semana, no está disponible a cualquier hora,
siempre hay problemas, y la aduana lleva un ritmo de funcionario, digamos
y para que el sector sea competitivo tiene que tener todas las
herramientas que lo garanticen. Todo esto está por hacer.

El señor PRESIDENTE: Señor senador, por favor, vaya
terminando.

El señor BOYA ALÓS: Acabo, senyor president.

I el que no podem fer és quedar-nos amb una moció que sigui
estrictament retòrica. Per tant, si accepten les nostres esmenes,
efectivament, nosaltres ens hi sumarem.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Acabo, señor presidente.

Lo que no podemos es estar de acuerdo con la moción que es
estrictamente retórica. Por tanto, si aceptan nuestras enmiendas,
nosotros nos sumaremos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergéncia i Unió, tiene la palabra el senador
Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gràcies, president.

Senyories, com bé ha comentat el senador Boya, era una
excel·lent oportunitat, i espero i desitjo que durant el transcurs de la
negociació d’aquesta moció continuï sent una excel·lent oportunitat
de ficar les coses al seu lloc amb una qüestió tan important com és
aquest element

importantíssim de l’aportació que fa el sector de la
agroindústria a la economia del país, a les balances comercials i al
PIB.

Si poguéssim identificar o declarar o definir aquesta moció
podríem dir que és un estat de la qüestió mínimament triomfalista i,
potser, en un moment determinat, amb una certa voluntat
d’oportunitat, no d’oportunisme. No m’ interpreten de
forma incorrecta. És per això que en aquest cas des del nostre grup el
que fem és una aportació o unes aportacions, després de parlar amb els
sectors implicats, de millora. I no fer única i exclusivament una
declaració de bones voluntats o el que és una descripció de l’estat
de la qüestió. Entre d’altres coses ahir el ministre
d’Hisenda ens va dir, després d’una pregunta feta per la
senadora Coves, que l’Estat espanyol no tenia competències en
polítiques de desenvolupament rural.

I una de les coses que s’estan ficant aquí dins és
afavorir la incorporació dels més joves en aquest sector per la
contribució, i fomentar i incentivar la formació, creació i
estabilització de llocs de treball; evidentment que s’ha de fer per
part de totes les administracions i per això, el que afegim nosaltres diu
que el Senat insta el Govern amb col·laboració amb les comunitats
autònomes, perquè hi ha competències exclusives —i si ens permeten
nosaltres som els més legalistes i els més constitucionalistes perquè
seguim aquestes competències exclusives que tenim atribuïdes—
perquè es desenvolupen totes aquestes actuacions, totes aquestes
direccions, tots aquests funcionaments.

També afegim al primer punt que s’inclogui els
animals vius, no els podem deixar de banda per la importància que tenen
en l’exportació i la contribució que fan a la situació econòmica.
Després, el senador que m’ha precedit, el senador Boya, ho ha dit,
nosaltres a Catalunya —geogràficament això és així— hi ha el
port de Tarragona, que també els he de reconèixer que fins ara no es
podia utilitzar com a port d’exportació d’animals vius
—i el Govern de l’Estat espanyol actual ho ha fet— però
es pot millorar i s’ha de millorar, i, per tant, els punts
d’inspecció fronterera han d’estar completament,
permanentment, oberts, perquè es puguin utilitzar i perquè puguin fer
aquesta funció d’exportació.

Després hi ha un altre element importantíssim que és la
racionalització de les estructures administratives. No pot ser que per
exportar tinguin competència dos ministeris, en aquest cas el Ministeri
d’Agricultura i el Ministeri de Sanitat. Anem a racionalitzar. Ara
fa poc vostès han presentat, en un altre ordre de coses, una reforma de
l’Administració local, on entre d’altres coses parlaven de la
racionalització administrativa; doncs aquí ofereixin el màxim de
facilitats possibles.

No únicament les esmenes que presentem aquest grup
parlamentari el qual represento, sino la de la resta de grups polítics,
van en la línia de millorar-ho, perquè tots estem d’acord amb la
contribució, i després al torn de portaveus ja em parlarem de la
contribució que es fa al sector de la agroindústria, i en aquest cas,
Catalunya i la Vall de l’Ebre com a zona geogràfica determinada i
concreta amb unes característiques específiques i que fan aportacions en
el que dèiem de la balança comercial, i, a més a més, la col·laboració,
si em permet que li apunti, interuniversitària entre les diferents
universitats públiques, en aquest cas, Universitat de Lleida, Saragossa,
de La Rioja, i de Navarra, que estant treballant per donar un valor
afegit a aquest sector de la agroindústria, i que l’I+D es pugui
transformar i que hi hagi una transferència de tecnologia i coneixements
al sector, i que això pugui incidir en la creació i generació de
riquesa.

Per tant, vull creure que es pot aprofitar aquesta moció
presentada de forma genèrica, que fa una descripció de l’estat de
la qüestió, vull creure que fins al final vostès tindran a bé, almenys
les esmenes que presentem en aquest cas, doncs d’incorporar-les
perquè tingui el millor resultat possible per aquest sector i per
l’economia i el desenvolupament de tot el nostre territori.

Moltes gràcies, president.

Gracias, presidente.

Señorías, como ha comentado el senador Boya, era una
excelente oportunidad, y espero y deseo que durante el transcurso de la
negociación de esta moción continúe siendo una excelente oportunidad de
poner las cosas en su lugar en una cuestión tan importante como es la
aportación que hace el sector agroindustrial a la economía del país, a
las balanzas comerciales y al PIB.

Si pudiéramos definir esta moción, podríamos decir que es
un estado de la cuestión mínimamente triunfalista y, quizás en un momento
determinado, con una cierta voluntad de oportunidad, no de oportunismo.
No me malinterpreten. Por eso, en este caso, nuestro grupo lo

que hace son unas aportaciones, después de hablar con los
sectores implicados, de mejora, para que no sea única y exclusivamente
una declaración de buenas intenciones o una descripción del estado de la
cuestión. Entre otras cosas, ayer, el ministro de Hacienda nos dijo,
contestando a una pregunta formulada por la senadora Coves, que el Estado
español no tenía competencias en políticas de desarrollo rural.

Y una de las cosas que se está planteando es favorecer la
incorporación de los más jóvenes a este sector para fomentar e incentivar
la formación, creación y estabilización de puestos de trabajo;
evidentemente, es algo que han de hacer todas las administraciones y por
eso hemos añadido que el Senado inste al Gobierno, en colaboración con
las comunidades autónomas que tienen competencias exclusivas —y si
me permiten, he de decir que nosotros somos los más legalistas y los más
constitucionalistas porque llevamos a cabo estas competencias exclusivas
que tenemos atribuidas— para desarrollar todas estas
actuaciones.

También hemos añadido en el punto 1 que se incluya a los
animales vivos, algo que no podemos dejar de lado debido a su importancia
en la exportación y su contribución a la situación económica. Y, como ha
dicho el senador que me ha precedido, el señor Boya, en Cataluña
—geográficamente es así— está el puerto de Tarragona, que he
de reconocer que hasta ahora no se ha podido utilizar como puerto de
exportación de animales vivos —aunque el Gobierno actual lo ha
modificado— que se puede y se debe mejorar y, por tanto, los puntos
de inspección fronterizos han de estar permanentemente abiertos para que
se pueda desarrollar esta función de exportación.

Otro elemento importantísimo es racionalizar las
estructuras administrativas, porque no puede ser que dos ministerios
tengan competencias en exportación, en este caso, los ministerios de
Agricultura y de Sanidad. Hace poco se presentó una reforma de la
Administración local que, entre otras cosas, hablaba de la
racionalización administrativa; pues bien, ofrezcan el máximo de
facilidades posible.

No solo las enmiendas que presenta mi grupo sino también
las que han presentado el resto de los grupos van en la misma línea
porque todos estamos de acuerdo en la contribución que se hace al sector
agroindustrial, a la que nos referiremos en el turno de portavoces, en
este caso Cataluña y el valle del Ebro como zona geográfica concreta, con
unas características específicas, que realizan aportaciones a la balanza
comercial y, si me permiten, también la colaboración interuniversitaria
entre las diferentes universidades públicas, en este caso las
universidades de Lleida, Zaragoza, La Rioja y Navarra, que están
trabajando para dar un valor añadido a este sector agroindustrial, para
que la I+D+i se pueda transformar y se produzca una transferencia de
tecnología y conocimientos en el sector y que ello pueda incidir en la
creación y generación de riqueza.

Por tanto, quiero creer que se puede aprovechar esta moción
presentada de forma genérica, que hace una descripción del estado de la
cuestión, y quiero creer que ustedes tendrán a bien incorporar nuestras
enmiendas para obtener el mejor resultado posible para este sector y para
la economía y el desarrollo de todo nuestro territorio.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador Arrufat.

El señor ARRUFAT GASCÓN: Buenos días.

La moción que nos presenta el Grupo Popular ya tendremos
tiempo de debatirla. La verdad es que la industria cárnica, junto a la
actividad ganadera, representa la economía más importante de la España
interior, de la España rural, y es uno de los medios para poder mantener
la población en las zonas rurales mientras este tejido productivo, tanto
ganadero como cárnico, esté presente en nuestro país.

Señorías, la evolución de las empresas agroalimentarias,
tanto las mercantiles como las cooperativas, el papel desempeñado por las
cámaras de comercio en este país durante muchos años, la situación de los
mercados en el interior, una mayor profesionalización, el control y la
seguridad alimentaria, han hecho posible la expansión de estos productos
y la apertura hacia nuevos mercados.

El Grupo Parlamentario Socialista considera la moción del
Grupo Parlamentario Popular como un brindis al sol. No nos sirve una
declaración de intenciones ni una exposición de lo que es el sector
cárnico. Entendemos que hacen falta programas responsables para afrontar
esta situación del sector, que no es fácil. Y como somos atrevidos, hemos
presentado una enmienda de sustitución porque no nos sirve absolutamente
para nada la propuesta del Grupo Popular, en la que prioritariamente se
quiere intensificar las gestiones con y desde la Unión Europea para que
renegocie con Rusia la apertura de los mercados. Este es un asunto muy
preocupante. Me agrada que el senador del Grupo Popular lo haya
mencionado en su exposición, puesto que la moción no hacía referencia a
este problema. El motivo que nos puede llevar a una situación muy crítica
del sector es, sin lugar a dudas, la peste porcina clásica, en concreto,
el foco de Lituania.

En segundo lugar, la enmienda de adición pretende potenciar
la industria alimentaria, sobre todo, de cara a la concentración de
oferta y los canales de distribución con los productos de calidad.
Coincidimos con ustedes en el planteamiento pero no estamos de acuerdo
con la forma. Tendremos tiempo de debatirlo en la siguiente intervención,
en el turno de portavoces. El papel de las cooperativas es importantísimo
en dos aspectos: el primero consiste en que el tercer pilar de la PAC se
negocie entre el ministerio y las cooperativas para la apertura de nuevos
mercados y, el segundo, consiste en buscar un valor añadido de nuestra
producción. Hoy tenemos en España una situación preocupante porque la
marca blanca no genera valor añadido en el sector productor y tenemos que
luchar por ello.

Nos llama la atención que el Gobierno, el Partido Popular,
plantee apoyar a los jóvenes, cuando lleva con recortes presupuestarios
desde 2012. Es decir, más de lo mismo: decir una cosa y luego hacer otra.
No hagáis lo que yo digo pero sí hacer lo que yo hago. Por tanto, esto
tiene posibilidades de potenciar el sector. También es posible potenciar
el sector ganadero, tanto el extensivo, el ovino como el bovino
—usted, senador Sánchez Duque es conocedor de este aspecto—,
con la aplicación del primer pilar de la PAC. Si queremos tener un tejido
productivo en las zonas rurales potenciando el sector, estamos a tiempo
con la aplicación del primer pilar de la PAC, de cara a permitir un
acoplamiento dentro de la ganadería extensiva.

El último planteamiento que defendemos es la potenciación
de las agrupaciones de defensa sanitaria. Como profesional del asunto,
sabrá que el papel que han jugado las agrupaciones en este país ha sido
fundamental, y, sobre todo, de cara a una competitividad con una garantía
sanitaria. Lo que planteamos es innovar y, en este caso, que tenga una
consideración y dotación presupuestaria, algo que ustedes llevan dos
presupuestos, 2011 y 2013, eliminándolo dentro de los Presupuestos
Generales del Estado y no admitiendo ninguna enmienda, como las
planteadas por nuestro grupo.

En resumen, quiero resaltar la capacidad de las empresas
españolas, tanto las mercantiles como las cooperativas, y el esfuerzo que
están realizando en los últimos años porque están poniendo en valor la
capacidad comercial, la innovación y la asunción de riesgos, y valorar
también el papel de las cámaras de comercio, aunque nadie nos acordamos
de ellas, porque profesionalmente llevan luchando por las exportaciones
desde hace años, y su papel es cada día más importante.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Arrufat.

Tiene la palabra el senador Sánchez Duque para indicar si
acepta o no las enmiendas.

El señor SÁNCHEZ DUQUE: Muchas gracias, señor
presidente.

En primer lugar, quiero agradecer el tono, el trabajo y la
dedicación que han mostrado a esta moción los diferentes portavoces de
los grupos parlamentarios, a la hora de presentar este tipo de enmienda,
pues ello nos da cancha para explicar qué es lo que está haciendo el
Gobierno con mayor profundidad.

Las enmiendas de los grupos parlamentarios Entesa pel
Progrés de Catalunya y Catalán en el Senado Convergència i Unió no me
parecen muy descabelladas, pero ahora les voy a explicar el motivo por el
cual no las podemos aceptar.

Senador Arrufat, portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, usted nos ha presentado una enmienda de sustitución y así es
muy difícil llegar a entenderse. Pero no solo eso, es que, créame, la he
leído con detenimiento y permítame que le diga, con todo el cariño y
respeto del mundo, que

se trata de un popurrí, sobre todo los puntos 5 y 6. Nada
tiene que ver con el espíritu de esta moción de apoyo a la exportación de
los productos cárnicos el querer introducir en este debate los sectores
acoplados, ya negociados —cuestión en la que entraré, si me da
tiempo, en el turno de portavoces—, ni nada tiene que ver la
agrupación de defensa sanitaria, desde mi punto de vista.

Señor Boya, créame que el punto 1 adolece de falta de
concreción. Nuestra moción tiene unos objetivos claros y concretos que se
pueden ejecutar. Nosotros no proponemos, como ustedes, realizar estudios
y estudios. Nuestros objetivos están muy claros y yo intentaré
explicárselos en el turno de portavoces para intentar convencerle de que
se sumen a esta moción.

Sí me gustaría hacer un paréntesis. Mi intervención no ha
sido en tono triunfalista, créame. Yo soy muy humilde y mi Gobierno
también, sobre todo cuando hablamos de un sector tan importante para la
economía española y lo que conlleva detrás. Aquí existe una sanidad
animal, un bienestar animal que conocemos en profundidad, y por cualquier
motivo todo el trabajo y el esfuerzo realizado se puede ir en un momento
dado al garete. Ahora nos hemos encontrado con la cuestión de las
exportaciones a Rusia, pero nos podemos encontrar con una crisis
sanitaria. Por eso debemos estar siempre muy expectantes y en alarma. Yo
he podido dar a mi intervención más pasión o más énfasis, pero nunca ha
sido en tono triunfalista, ni quiero que esa sea la sensación que dé.

Usted ha hablado principalmente de la logística del
transporte. El problema de Rusia es un problema del Gobierno y se está
intentando solucionar por parte de las autoridades de la Comisión Europea
junto con el ministerio español. Hoy leía que el ministro francés también
se encuentra en constante coordinación con la Comisión para intentar
resolverlo cuanto antes.

Estamos de acuerdo en cuanto a la I+D y la utilización de
procesos informatizados en las granjas. Luego le explicaré el programa de
innovación para el sector ganadero que ha puesto en marcha el
Gobierno.

En cuanto al punto 2, tengo que decirle que ya se ha
realizado con la colaboración de todo el sector agroalimentario. Como
usted sabe, el Ministerio de Agricultura ha puesto en marcha el programa
de las líneas estratégicas de apoyo a la internacionalización del sector
agroalimentario español.

En cuanto al punto 3, sobre el puerto de Tarragona
—creo que puedo contestar con ello a los dos portavoces—,
efectivamente, se ha reconocido que fue este Gobierno durante esta
legislatura, en el verano de 2012, el que puso en marcha la utilización
de este puerto para la exportación de animales vivos, con buques
adaptados a tal fin, ya que se consideró una herramienta muy importante
para la exportación de rumiantes a terceros países del ámbito
mediterráneo.

En cuanto a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista,
respecto al punto 1 quiero decirle que se mantienen unas relaciones
constantes y permanentes con la Comisión Europea en todos los asuntos
relacionados con la exportación a países terceros, principalmente en
estos momentos con el caso de Rusia. Fruto de esta relación es que
diariamente se produce una información fluida entre el ministerio y la
Comisión para intentar darle una salida a esta situación que estamos
padeciendo.

En cuanto a los puntos 2 y 3 debo decir que en el marco de
los programas de desarrollo rural ya se contemplan estos objetivos que
ustedes nos plantean. Por eso le decía en cuanto a los puntos de su
enmienda de sustitución que ya se han realizado o no procede admitirlos
aquí. En el punto 4 hablan de la incorporación de jóvenes. Efectivamente,
se trata de una política prioritaria de forma histórica para este
Gobierno. Después le daré las razones en el turno de portavoces. Usted
habla de recortes, pero yo le voy a dar los datos de cómo y dónde.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor SÁNCHEZ DUQUE: Cuando gobierna el Partido Popular
la incorporación de jóvenes agricultores al campo crece y cuando gobierna
el Partido Socialista decrece.

Créame, senador Arrufat, si es que el campo, la
agricultura, son así; salga usted a la calle, salga usted a la calle. En
el año 2013 ya creció la renta agraria un 7% y, sin embargo, en los años
anteriores decrece el 20%.

El señor PRESIDENTE: Termine, senador Sánchez Duque.

El señor SÁNCHEZ DUQUE: Luego me explicaré con más detalle
y le diré las razones por las cuales no podemos aprobar sus
enmiendas.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sánchez
Duque.

¿Turno en contra? (Pausa.)

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado?

Tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, mahaiburu jauna. Egun
on, senatari, jaun-andreok.

Senador Sánchez Duque, yo le tengo que decir que nosotros
estamos de acuerdo solo en el fondo —fíjese, solo en el
fondo—. De todas formas, sí me sorprende porque verdaderamente
presentar una moción para potenciar la exportación, fomentar e incentivar
la formación de empleo, favorecer la incorporación de los jóvenes,
promocionar el conocimiento de los productos cárnicos…, que lo haga
el grupo del Gobierno me sorprende, porque si el Gobierno no está
haciendo esto, realmente no necesito un Ministerio de Agricultura. Y si
está haciendo esto y nosotros vamos a tener que aprobar esto y usted dice
que detrás de esto está todo lo que nos ha contado y lo que va a contar
después sin aceptar ninguna de las enmiendas, yo creo que lo tenía que
haber puesto, se lo digo sinceramente, porque esto es un cheque en blanco
al Gobierno y creo que nadie estamos aquí para firmar un cheque en blanco
al Gobierno en unas cosas que se pueden hacer de una manera o de otra, y
evidentemente cada uno tiene su visión: nosotros la nuestra, todos los
grupos la suya y ustedes, por supuesto, como Gobierno, la de ustedes. Por
lo tanto, déjeme decirle que estamos de acuerdo solo en el fondo, y me da
pena.

Hay una cuestión de la que tampoco se habla para nada en
esta moción y es la distribución competencial y la realidad institucional
del Estado español. Euskadi tiene plena competencia en el ejercicio de
todas y cada una de las propuestas presentadas en la moción y, por lo
tanto, además de tener la voluntad política de desempeñarlas, lo que
queremos hacer es cumplir esas competencias y esa voluntad, y de eso no
se habla para nada ni se menciona para nada en esta moción. Aquí se insta
al Gobierno central a que haga todo esto, que supuestamente ya está hecho
o debería hacerse o, en realidad, ya no sé exactamente qué decir.

Nuestro modelo de producción y las particularidades de
nuestra industria cárnica presentan una singularidad respecto al resto
del Estado, incluso dentro de la propia comunidad autónoma; no es lo
mismo la parte de la cornisa que la parte del interior, no es lo mismo la
llanada alavesa que los valles navarros o la alta montaña, no es lo mismo
y, por lo tanto, esto nos obliga a establecer una estrategia diferenciada
en cada uno de los diferentes eslabones de la cadena alimentaria, aunque
persigamos los mismos objetivos y en defensa de nuestro sector productor,
transformador y comercializador, sin ninguna duda, pero haciéndolo desde
la cercanía y desde el conocimiento exacto de qué es lo que queremos
hacer y cómo lo queremos hacer, porque los costes de producción no son
los mismos en Euskadi que en Extremadura, etcétera, ni tan siquiera los
seguros agrarios, son y deberían ser todavía más distintos. Por lo tanto,
el modelo es importante.

En cuanto al punto 2, cuando habla de fomentar e incentivar
la formación, creación y estabilización de puestos de trabajo, la verdad
es que también nos sorprende un poco, no nos resulta grato. Después de la
conferencia sectorial de 20 y 21 de enero, en la que se habla del primer
pilar de la PAC y en contra de los intereses defendidos por Euskadi,
creemos que se ha perdido una oportunidad histórica en pro de la
profesionalización de nuestro sector primario y el sostenimiento del
medio rural y, en cambio, prácticamente se mantiene el statu quo actual,
sin tocar para nada el modelo de las ayudas directas, dirigiéndolo a las
explotaciones más profesionales. En fin, lo que creemos es que una moción
abogando por el desarrollo y la competitividad y paralelamente el
resultado de la conferencia sectorial de 20 y 21 de enero no coinciden,
no casan bien, repito, no casan bien.

Voy a seguir con los puntos y me voy a referir al
rejuvenecimiento de nuestro sector, algo que, por supuesto, hemos
reclamado todos para el sector agrario, evidentemente para el ganadero y
también para la pesca. Es así. Pero nosotros seguimos teniendo nuestro
programa. Somos de las pocas comunidades autónomas que han tenido vigente
un plan de desarrollo rural. Es más,

en 1994 se crea Mendikoi precisamente para trabajar el
desarrollo rural, y tenemos una ley de desarrollo rural desde 1998. Desde
el 2004 tenemos un plan de jóvenes agricultores que se llama Gaztenek,
que se va a revisar este año para ver cuáles han sido los resultados y
preparar el futuro. Por lo tanto, nosotros ya lo estamos haciendo. No sé
lo que están haciendo los demás. Hay muchas quejas sobre los planes de
desarrollo rural, y lo entiendo, pero en Euskadi se ha hecho, con
resultados, evidentemente, siempre mejorables, porque todo es mejorable,
sin ninguna duda, pero se ha hecho. Por lo tanto, la moción insta al
Gobierno central a favorecer la incorporación de los más jóvenes, pero
esto lo queremos hacer nosotros, senador Sánchez. Lo mismo podemos decir
en cuanto a la internacionalización, etcétera.

Necesitamos una estrategia diferenciada porque tenemos unos
productos diferenciados, de tan buena calidad como cualesquiera otros,
pero con unas circunstancias muy específicas. Por lo tanto, lo dicho:
estamos solo de acuerdo con el fondo, pero queremos hacerlo nosotros. Ni
más, ni menos. Lo queremos seguir haciendo nosotros, y eso en esta moción
no es que no se recoja, sino que ni se menciona. Esta moción insta al
Gobierno central, y nosotros lo que hacemos es instar, en este caso, a
nuestro Gobierno para que siga trabajando en la misma línea en que venía
haciéndolo hasta ahora, esperemos que con tanto o con más éxito que como
se ha hecho hasta ahora.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gràcies, senyor president.

Senyories, jo en aquest torn de portaveus no
m’estendré tampoc en explicar les dades, les tenia anotades, les
dades sobre la transcendència i la importància del sector sobre el que
avui estem debatent. És obvi, el senyor Sánchez-Duque ho ha dit: som una
potencia a nivell mundial i per tant aportem un 18% de la producció. En
el cas de Catalunya he de dir que és un sector absolutament prioritari
per a l’economia del nostre país, i per tant, sols dir que
representa el 20% del PIB català i que dóna ocupació a unes 75 000
persones.

Ho he dit abans: Lleida és un dels centres on es prenen
decisions i on realment aquest sector té una transcendència evident per a
l’economia. Cal dir, i crec que és just dir-ho, que el sector ha
fet un esforç enorme des del punt de vista de guanyar competitivitat en
el marc de la traçabilitat, del control de les malalties i la millora de
les produccions. Exactament igual que ha passat amb la totalitat del
aliments que estem exportant.

Cal també mencionar, no s’ha fet, però crec, crec que
el senyor Plana ho ha fet, mencionar l’esforç que han fet les
explotacions per adaptar-se a totes les directives europees: un 10% de
les nostres explotacions ha hagut de tancar per la seva impossibilitat
d’adaptar-se a aquestes noves directives de benestar animal.

Abans he parlat dels problemes de la logística, he parlat
dels problemes de l’administració, de la burocràcia, i de aquelles
qüestions que havíem de resoldre i jo vull insistir, senyor
Sánchez-Duque: vostès ens han portat una moció que és absolutament
genèrica, el senyor Cazalis els hi ha dit amb tota la raó del món: això
hem de suposar que el Govern ja ho està fent, és la seva obligació, per
tant, nosaltres no veiem cap novetat d’aprofundir en els
problemes.

No sé si recorden una moció que vàrem debatre aquí sobre
les races autòctones, la van portar vostès aquesta moció aquí. El
pressupost ha anul·lat pràcticament totes les ajudes per les races
autòctones, per tant de què ens va servir aquella moció, de què ens va
servir? Vostè n’és conscient perquè suposo que recorden el debat,
no fa pas tant de temps que ho vàrem debatre.

Jo crec que en aquest moment estan utilitzant una tàctica
en la que, efectivament, els problemes que vostè diu que no vol
reconèixer, que el senyor Arrufat també ha plantejat respecte al tema de
les plantes de purins, tenim els problemes de tancament de les fronteres
i ens porten aquesta moció aquí per dir: el Govern hi està treballant. El
Govern està treballant, però en què? Perquè el problema és que nosaltres
tenim la sensació que anem de desastre en desastre, senyor Sánchez-Duque,
i permetin l’expressió, si vol, poder una mica maximalista, però
poder avui, en aquest moment, les plantes de tractament de purins estan
tancant, és a dir, volem millorar el que passa al final de la cadena,
però mentre se’ns espatlla allò que ja funcionava al començament de
la cadena.

¿Què farem amb els 600 000 m3 de purins que hem de
gestionar a Catalunya, per exemple, què en farem? Té alguna resposta per
això? Estan tancant les plantes de purins i en aquest moment els pagesos
no saben què fer amb un problema que ha estat un problema molt greu de
contaminació ambiental en el nostre país, i no sé si ho sap, però ja li
avanço ara: el dia 20 tindran mobilitzacions de tots els sectors agraris
perquè trauran els tractors al carrer, que aquest és un greu problema per
el sector, per tant, digui’m vostè si aquest és o no és un problema
important per a la nostre indústria agroalimentària, i tant que ho és!
Són vint-i-nou plantes, la Llei de Reforma del Sector Elèctric els ha
retirat l’ajut, per tant els obliguen a tancar, la reducció
d’un 40% dels ajuts es fa absolutament ingestionable, i per tant,
tenim un nou desastre en l’àmbit del sector elèctric, que com
vostès saben, aquests ja no són nous: els anem encadenant un darrere
l’altre, i vostè sap, perquè vostè i jo hem tingut un debat, un
debat cordial com aquest, perquè així ho interpreto, amb el tema dels
regants, amb el tema del rec, que és un altre problema. Efectivament, no
ve a col·lació, però voldria dir-li que vostès van votar en contra
d’una moció en la que nosaltres vàrem abordar aquest problema ja fa
molts mesos i els vam dir: els regants que ja no tenen més marge de
maniobra, la pujada dels termes de potència, l’encariment del
sector elèctric... l’única alternativa que tenen és deixar de
regar. I això per el nostre país és molt complicat. Vostès van votar en
contra d’aquella moció, ara el senyor ministre diu: «ens hi hem de
posar, poder ho hem d’abordar». No fem el mateix amb aquest
problema. Abordem el problema des del començament i posem-nos-hi, perquè
els problemes són ara. No fem política de surfeig: el surfeo, ir por
encima de la ola surfeando...(el senyor Lucas Giménez ocupa la
presidència) Entrem en el problema a fons perquè realment els problemes
hi són, i per tant crec que en aquesta qüestió el senyor ministre el què
hauria hagut de fer és plantar-se davant del ministre Montoro i del
ministre d’Energia i defensar realment els interessos dels
agricultors i dels ramaders d’aquest país. I no ho està fent, de la
mateixa manera que no ho va fer amb els regants. I sap quin és el greu
problema, que em sembla que és el problema que estem vivint avui: és que
el senyor ministre està més preocupat per el seu futur polític que per
els problemes dels agricultors d’aquest país: aquest és el greu
problema, tenim un ministre preocupat per el seu futur i no per els
problemes d’aquest país.

Vostè ha dit, és veritat, la nostre moció parlava
d’arreglar els problemes que nosaltres entenem que té el sector.
Vostè amb diu que no cal, que això ja ho estan fent. Bé, potenciem
l’exportació: tenim una notícia; vostè parla de Rússia. A Rússia fa
un any que ja no podem exportar.

Tenim un problema amb la formació, vostès diuen:
incentivarem la formació, però tots els fons que anàvem destinats a la
formació han caigut d’una forma radical, això ho sabem tots perquè
estem cansats de dir-los-hi. Parlen de la promoció dels productes
alimentaris. Hem reduït de 8 a 5,9 milions d’euros
l’aportació de l’Estat en aquest objectiu. En competitivitat
hem reduït un 22%, en sanitat animal un 12%. Per tant, un pressupost que
en aquests últims anys ja ha caigut de l’ordre d’un 40%, ja
em dirà si tot aquest reguitzell de bones propostes que vostè ha portat
aquí, que com l’he dit se suposa que vostès ho estan fent, realment
nosaltres no veiem que tinguin les eines necessàries, que al final són
les pressupostaries, per poder dur-ho a terme.

Vostè ha insistit en el tema de la incorporació dels joves,
perquè això és veritat que ho posen com a bandera. Per no citar
Catalunya, citaré Castilla-León, i les dades no l’acompanyen, és a
dir, sols un 0,33% dels pressupostos de pagament de la PAC en el 2012 en
aquesta Comunitat Autònoma, tenia 25 anys, i si comptem els menors de 35
anys, estem parlant d’un 4%, una xifra miserable. Podríem continuar
amb un altre problema molt greu, que suposo que se’n parlarà, en a
mi pràcticament no em queda temps, però els fons de desenvolupament
rural, aquest 2000 milions d’euros que hem arrabassat
d’aquesta part tant important de la PAC, eren diners per afavorir
la competitivitat del món rural. Per afavorir la competitivitat de les
nostres explotacions agràries, la qualitat de vida de la gent que
produeix aquests aliments dels que estem parlant. Per tant, això també és
una realitat que desmenteix els seus plantejaments.

Per tant, i acabo senyor president, la veritat és que
aquesta és una proposta que ens sona a buida, que ens sembla una proposta
retòrica, però que en el fons no hi ha ambició, perquè no hi ha eines per
poder dur-la a terme, i per tant solucionar els problemes del sector
agrari i ramader requereix bons propòsits, però sobre tot requereix
concreció, requereix tenir eines.

Vostès ens han dit que no accepten les esmenes,
d’altre banda un plantejament que tampoc és nou. Per tant, jo crec
que vostès tenen en aquest moment, senyor Sánchez-Duque, i li dic amb
cordialitat, una incapacitat manifesta de donar solucions als problemes
per molt que ho vulguin

maquillar. Jo a aquestes alçades i després dels debats que
hem tingut, voldria parafrasejar el senador Saura, quan ahir va dir que
molt em sembla que sols és qüestió de temps, i que vostès no solucionen
els problemes, però els problemes acabaran amb vostès.

Gràcies. (Aplaudiments)

Gracias, señor presidente.

Señorías, en este turno de portavoces no me extenderé
explicando los datos —los tenía anotados— sobre la
trascendencia y la importancia del sector sobre el que hoy estamos
debatiendo. Es obvio —el señor Sánchez Duque también lo ha
dicho— que somos una potencia a nivel mundial y, por tanto,
aportamos un 18% de la producción. En el caso de Cataluña he de decir que
es un sector absolutamente prioritario para la economía de nuestro país
y, en consecuencia, solo quiero señalar que representa el 20% del PIB
catalán y que ocupa a unas 75 000 personas.

He dicho antes que Lleida es uno de los centros donde se
toman decisiones y donde este sector tiene una trascendencia evidente
para la economía.

Hay que decir, y creo que es justo hacerlo, que el sector
ha hecho un esfuerzo enorme desde el punto de vista de ganar
competitividad en el marco de la trazabilidad, de las enfermedades, de la
mejora de las producciones, exactamente igual que ha pasado con la
calidad de los alimentos que estamos exportando.

También hay que mencionar —no se ha hecho, salvo por
el señor Plana— el esfuerzo que han realizado las explotaciones
para adaptarse a todas las directivas europeas. A este respecto, un 10%
de nuestras explotaciones ha tenido que cerrar por su imposibilidad para
adaptarse a estas nuevas directivas de bienestar animal.

Antes he hablado de los problemas de la logística, de la
administración, de la burocracia y de aquellas cuestiones que teníamos
que resolver, y quiero insistir, señor Sánchez Duque, en que ustedes nos
han traído una moción que es absolutamente genérica. El señor Cazalis se
lo ha dicho con toda la razón del mundo. Tenemos que suponer que el
Gobierno ya lo está haciendo porque es su obligación. Por tanto, no vemos
ahí ninguna novedad para profundizar en los problemas.

No sé si recuerdan una moción que se debatió aquí sobre
razas autóctonas. Ustedes trajeron esta moción aquí, pero el presupuesto
ha anulado prácticamente todas las ayudas para las razas autóctonas. ¿De
qué sirvió entonces aquella moción? ¿De qué nos sirvió? Usted es
consciente de ello porque supongo que recuerdan el debate, ya que tuvo
lugar no hace mucho tiempo.

Creo que en este momento ustedes están utilizando una
táctica en cuanto a los problemas que usted dice que no quiere reconocer
y que el señor Arrufat también ha planteado con respecto a las plantas de
purinas. Tenemos el problema del cierre de fronteras y nos traen esta
moción para decir que el Gobierno está trabajando en ello, pero está
trabajando ¿en qué? Porque el problema es que nosotros tenemos la
sensación de que vamos de desastre en desastre, señor Sánchez Duque.
Permítame la expresión quizá un poco maximalista, pero es cierto que en
este momento las plantas de tratamiento de purinas están cerrando. Es
decir, queremos mejorar lo que pasa al final de la cadena, pero mientras
se estropea lo que ya funcionaba al principio de esta. ¿Qué haremos con
los 600 000 metros cúbicos de purinas que tenemos que gestionar en
Cataluña? ¿Qué haremos? ¿Tiene usted alguna respuesta? Estas plantas
están cerrando, y en este momento los agricultores no saben qué hacer con
este problema, que ha sido muy grave por la contaminación ambiental en
nuestro país.

El día 20 habrá movilizaciones de todos los sectores
agrarios. Van a sacar los tractores a la calle por lo grave que es este
problema para el sector. Por tanto, dígame usted si este es o no es un
problema importante para nuestra industria agroalimentaria. Lo es y
mucho. Son veintinueve plantas. La Ley de reforma del sector eléctrico
les ha retirado las ayudas y, por tanto, les obligan a cerrar. La
reducción de un 40% de las ayudas las hace absolutamente ingestionables
y, por tanto, tenemos un nuevo desastre en el ámbito del sector
eléctrico, es decir, vamos encadenando desastres uno tras otro, y usted
sabe que ya hemos tenido un debate cordial, como este —yo así lo
interpreto— en torno al regadío, que es otro problema distinto y no
viene ahora a colación. En todo caso quiero decir que hace meses ustedes
votaron en contra de una moción en la que nosotros abordábamos este
problema y les dijimos lo siguiente: los regantes no tienen más margen de
maniobra por la subida de los términos de potencia y el encarecimiento
del sector eléctrico. La

única alternativa que tienen es dejar de regar, algo que en
nuestro país es muy complicado. Ustedes votaron en contra de aquella
moción, pero ahora el señor ministro dice: quizá tenemos que abordar
esto. Pues no hagamos lo mismo con este problema, abordémoslo desde un
principio y pongámonos a trabajar porque los problemas existen; no
hagamos una política de surfeo yendo por encima de la ola. (El señor
vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.) Entremos a fondo en
los problemas porque estos realmente existen. Creo, por tanto, que
respecto de esta cuestión lo que el señor ministro debería haber hecho es
plantarse ante el ministro de Industria, Energía y Turismo y defender
realmente los intereses de los agricultores y ganaderos de este país,
pero no lo está haciendo, del mismo modo que no lo hizo con los regantes
como si no conociera el grave problema que estamos viviendo hoy. Parece
que el señor ministro está más preocupado por su futuro político, por los
problemas políticos que por los problemas de los agricultores de nuestro
país. Tenemos un ministro preocupado por su futuro y no por los problemas
de este país.

Quiero decirle que nuestra moción ciertamente hablaba de
estudiar y abordar los problemas que entendemos tiene en este momento el
sector. Usted me dice que no, que no es necesario y que ya lo están
haciendo. Y dice usted: potenciemos la exportación. Pues bien, tenemos
una noticia. Usted habla de Rusia, pero ya hace un año que no podemos
exportar carne de porcino a ese país puesto que cerraron la frontera.
Tenemos un problema en este sector; en este momento exportamos a Lituania
y, por tanto, aquí hay un problema serio.

Tenemos un problema con la formación. Y dicen ustedes:
incentivaremos la formación. Pero todos los fondos que iban destinados a
la formación han caído radicalmente. Todos lo sabemos y estamos cansados
de decirlo. Y hablan de la promoción de los productos alimenticios. Hemos
reducido de 8 a 5,9 millones de euros la aportación del Estado en este
objetivo; en competitividad hemos reducido un 22% y en sanidad animal un
12%. Por tanto, con un presupuesto que en estos últimos años ha caído del
orden de un 40%, ya me dirá usted si todas estas buenas propuestas que
nos ha traído aquí —como le he dicho se supone que ustedes están
trabajando en ello— van a poderlas llevar a cabo. Nosotros no vemos
que tengan ustedes las herramientas necesarias, y es que al final esas
herramientas son las presupuestarias.

Usted ha insistido en la incorporación de los jóvenes, y es
cierto que lo están poniendo de bandera. Por no citar Cataluña citaré
Castilla y León, pero los datos no acompañan. Solo un 0,33% del
presupuesto de pagos de la PAC en 2012 en esta comunidad autónoma iba
dirigido a menores de 25 años. Y si contamos los menores de 35 años,
estamos hablando de un 4%. Una cifra miserable. Podríamos continuar con
otro problema muy grave, del que supongo que se hablará, porque a mí ya
no me queda tiempo. Los fondos de desarrollo rural, estos 2000 millones
de euros que hemos arrebatado de esta parte tan importante de la PAC,
eran un dinero para favorecer la competitividad del mundo rural, para
favorecer la competitividad de nuestras explotaciones agrícolas, la
calidad de vida de la gente que produce estos alimentos de los que
estamos hablando. Esta es también una realidad que desmiente sus
planteamientos.

Por tanto —y acabo, señor presidente—, para
nosotros esta es una propuesta que nos suena a vacía y a retórica, porque
en el fondo no hay ambición, pues no hay herramientas para poder llevarla
a cabo. Solucionar los problemas del sector agrario y ganadero requiere
buenos propósitos, pero, sobre todo, concreción y tener herramientas.
Ustedes nos han dicho que no aceptan las enmiendas, planteamiento que,
por otro lado, no nos resulta nuevo. En este momento, señor Sánchez Duque
—y se lo digo con toda cordialidad—, tienen ustedes una
incapacidad manifiesta para dar solución a los problemas, por mucho que
lo quieran maquillar. Yo, a estas alturas, y después de los debates que
hemos mantenido, querría parafrasear al senador Saura cuando ayer dijo:
me parece que solo es cuestión de tiempo. Ustedes no solucionan los
problemas, pero los problemas acabarán con ustedes.

Gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gràcies, president.

Ja ho veu senador Sánchez-Duque, hi ha una necessitat molt
gran gairebé de fer un monogràfic al respecte de l’agricultura, la
ramaderia, i el sector agroindustrial, perquè el garbuix i la quantitat

d’aspectes que tenim damunt la taula, poden arribar a
portar-nos que dins una moció genèrica, descriptiva i mínimament
triomfalista, s’acabin explicant temes que estan afectant i que ens
estan preocupant com a responsables polítics.

No entraré en aquesta circumstancia i en aquesta condició,
perquè crec que el sector amb el que estem tractant avui és prou
important per centrar-nos i cenyir-nos a la qüestió relativa al què estem
debatent.

No sé si no ho he escoltat, tant sols ha fet un esment
respecte al port de Tarragona, de les esmenes que li havíem presentat
nosaltres, el grup de Convergència i Unió. No sé si quién calla otorga i
per tant les incorporarà, ho poder no ha tingut el temps suficient per
poder-les debatre ho les veu tant necessàries que explícitament no les
pot incorporar, però tàcitament creu que hem fet una bona feina i que
podien ser beneficioses per el sector. Espero i desitjo que en el torn de
portaveus em faci un petit aclariment perquè jo no he estat capaç
d’escoltar-ho.

Feta aquesta introducció, aquesta explicació que crec que
era necessària, sí que li vull comentar dos o tres aspectes relacionats i
inserits a la realitat del nostre país, Catalunya, per dir que,
evidentment Catalunya té un pes molt important en l’aportació del
PIB, però a diferència de les estructures productives de l’Estat
espanyol i d’Europa és des del punt de vista agrari, un país
fonamentalment ramader. I perquè li dic això? Perquè per exemple aquest
any passat va haver-hi 15 milions de sacrificis de porcs, un 11% de la
totalitat de l’Estat espanyol i uns 200 milions de sacrificis de
pollastres. Això vol dir que el sector càrnic ens el creiem i que estem
al seu costat, i que des de les possibilitats que es tenen des del govern
autonòmic, posem les bases perquè es pugui exportar, ja que no hi ha una
demanda interna suficient, i avui s’ha apuntat el què es parla de
les marques de distribuïdors davant de les marques de fabricants, i
tampoc no hi ha una demanda prou forta i sostinguda del mercat
interior.

I podríem dir que, a pesar de la Administración central, se
puede exportar. I cada dia s’exporta més. I perquè li dic aquest «a
pesar»? Entre d’altres coses perquè el que estem proposant és que
hi hagi un sistema de racionalització administrativa perquè siguem
competitius davant d’altres competidors. Si a tots els països del
món, quan s’exporta tant sols un ministeri té la competència,
perquè aquí l’han de tenir dos ministeris? Però és que això,
parlant amb el sector els hi diuen, això els hi expliquen, això els hi
proposen, això els hi exposen. És una qüestió de voluntat, i per això
l’oportunitat d’aquesta moció i de les esmenes presentades
per aquest grup, per aquest senador, doncs van en aquesta línia. Perquè
al final dins la política intentem, ho hauríem d’intentar que fos
això: escoltar, escoltar als sectors implicats que ens transmetessin les
seves necessitats, i després nosaltres no ser un impediment, ens al
contrari, sinó uns facilitadors. Per això l’he dit que
s’exporta tot i les limitacions administratives que hi estem
posant. I això no es circumscriu única i exclusivament a Catalunya.
L’he tornat a parlar d’una regió no administrativa, sinó
gairebé productiva, que és la Vall de l’Ebre, on el port natural de
sortida, en aquest cas de l’industria càrnica, dels seus derivats i
de la seva exportació és el port de Tarragona.

I tornarem a insistir: ja els he dit que han fet la feina
bé, però han fet mitja feina bé. Per tant, acabin de fer-la bé. És una
qüestió d’uns mínims recursos humans i d’una racionalització
administrativa que crec que val la pena.

Miri, també a Catalunya hi ha un Consell que es diu
«Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement». No
vull insistir en aquests temes, però apart d’altres qüestions,
també estem insistint en que és necessari que hi hagi una reactivació
econòmica i al creixement. I aquest concepte assessor basant-se en
diferents estudis, que està penjat a la pàgina Web,(i això ho poden
veure) parla de que el sector del clúster agroindustrial català és el
primer d’Europa. Al costat també d’Andalusia, del clúster
agrari, i després també la Llombardia i amb aquest cas el que podrien ser
països com Dinamarca.

I aquest informe, el que estableix és la importància del
sector càrnic, de les característiques de la seva estructura, tant
productiva com transformadora. S’ha dit una atomització molts
transformadors, poca capacitat de negociació, i per tant, poca capacitat
de comercialització i d’insistir davant dels seus grups
d’interès. Per tant és un altre tasca que ja ha apuntat el senador
Cazalis, que haurien d’haver fet ja des del Govern, perquè es pugui
millorar.

Perquè no ens podem quedar única i exclusivament amb allò
que és un brindis al sol: nosaltres rebem un sou, hem de ser operatius, i
la operativitat implica que des d’aquí s’insti al Govern a
que faci les funcions adequades. Perquè si venim aquí i ens diem el macos
que som, el bé que ho fem

i fem una expressió genèrica del què podem ser els sectors,
en aquest cas el sector càrnic o el sector agroindustrial, la nostre
funció és limitada. I el poder legislatiu ha d’instar en aquest cas
al poder executiu a que faci la seva feina.

És una qüestió d’operativitat, és una qüestió de
retorn. A nosaltres ens remuneren per la nostre feina, per tant, intentem
retornar traient limitacions, traient barreres i facilitant que la
generació de riquesa sigui de la millor manera possible. I després podrem
justificar, ja sé que es pot justificar amb molts altres elements la
tasca que estem fent tots els senadors i senadores, però amb aquest cas
podríem justificar-ho i dir: aquí no tant sols venim amb una moció, que
és una declaració d’intencions prou bona,sinó que som operatius i
estem posant les bases perquè aquest sector, en aquest cas el sector
càrnic, i el sector dels animals vius, tingui la possibilitat de
desenvolupar-se. De desenvolupar-se i com que no hi ha una demanda
interna prou fonamentada, el què hem de fer és que es pugui exportar.
Molt bé, feta aquesta descripció, com podem facilitar que es pugui
exportar? Dons entre d’altres coses facilitant que els porcs
tinguin els punts d’inspecció fronterera les 24 hores. Que es
puguin d’aquesta manera complir les directives de benestar animal,
que es pugui exportar en tots aquests sectors que ho estan demanant.
Vostè ho ha estat exposant de forma clara, que no tant sols a la riba del
Mediterrani, sinó a nivell mundial, s’està exportant dia darrera
dia. Doncs si ja hem fet la descripció d’això, siguem capaços,
siguem hàbils i instem al Govern a que ho faci. Que ja ho hagués hagut de
fer. Instem al Govern a que ho faci perquè jo no li agrairé si ara
incorpora les meves esmenes, les esmenes que ha presentat aquest grup
polític, li agrairà el sector. I el sector, al final el què farà és
revertir aquesta riquesa amb aquest Estat del Benestar, que és un altre
de les funcions que tenim assignades o que té assignat el Poder Executiu,
en aquest cas, la seva redistribució, i també el Legislatiu.

Per tant, generem riquesa, facilitem la possibilitat de que
es pugui fer, i facin la feina, i amb aquest cas el partit que dóna
suport al Govern de l’Estat espanyol, insti i incorpori aquelles
esmenes que no estan fetes amb cap tipus de mala intenció, sinó que volem
que siguin el més operatives possible i que puguin facilitar allò que
entre tots volem, que és la generació de riquesa i la seva redistribució
entre tots aquells sectors de la societat.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

Ya lo ve, senador Sánchez Duque, hay una necesidad muy
grande, casi de hacer un monográfico respecto de la agricultura, la
ganadería y el sector agroindustrial, porque la cantidad de aspectos que
tenemos encima de la mesa pueden llegar a dar lugar a que con una moción
genérica, descriptiva y mínimamente triunfalista se acaben explicando
temas que están afectando al sector agroindustrial y que nos están
preocupando como responsables políticos.

No entraré en esta circunstancia, porque creo que el sector
del que estamos hablando hoy es suficientemente importante como para
centrarnos y ceñirnos a la cuestión que estamos debatiendo.

No sé si no lo he escuchado, o quizás ha mencionado
solamente el puerto de Tarragona, en lo que se refiere a las enmiendas
que le habíamos presentado nosotros, el Grupo de Convergència i Unió. No
sé si quien calla, otorga y, por tanto, las incorporará, si no ha tenido
tiempo suficiente para poder debatirlas, o si, quizá, las cree tan
necesarias que explícitamente no las puede incorporar, pero tácitamente
cree que hemos hecho un buen trabajo y que podrían ser beneficiosas para
el sector. Espero y deseo que en el turno de portavoces haga usted una
pequeña aclaración, porque no he sido capaz de escucharlo.

Hecha esta explicación, que creo que era necesaria, quiero
comentarle dos o tres aspectos relacionados que están dentro de la
realidad de nuestro país, Cataluña, que tiene un peso muy importante en
la aportación del PIB, pero que, a diferencia de las estructuras
productivas del Estado español y de Europa, es, desde el punto de vista
agrario, un país fundamentalmente ganadero. ¿Por qué le digo esto?
Porque, por ejemplo, el año pasado hubo 15 millones de sacrificios de
cerdos, un 11% del total del Estado español. Y unos 200 millones de
sacrificios de pollos. Eso significa que creemos en el sector cárnico,
que estamos a su lado. Desde las posibilidades que nos ofrece el Gobierno
autonómico ponemos las bases para poder exportar cuando no existe la
suficiente demanda interna —y hoy se ha apuntado lo que se dice
sobre las marcas de distribuidores y las marcas de fabricantes—,
una demanda suficientemente fuerte y sostenible del mercado interior.

Y podríamos decir que, a pesar de la Administración
central, se puede exportar y que cada día se exporta más. ¿Y por qué digo
este a pesar? Entre otras cosas, porque lo que estamos proponiendo es que
exista un sistema de racionalización administrativa para que podamos ser
competitivos ante otros competidores. Si en todos los países del mundo
solo hay un ministerio competente en las exportaciones, ¿por qué aquí
deben ser competentes dos ministerios? Todo esto se lo explican desde el
propio sector, esto se lo proponen, se lo exponen y al final es una
cuestión de voluntad. De ahí la oportunidad de esta moción y de las
enmiendas presentadas por este grupo y este senador, que van en esta
dirección. Al final en política debemos intentar eso: escuchar a los
sectores implicados y facilitar soluciones; se trata de que nos
transmitan sus necesidades y de que nosotros no seamos un impedimento
sino todo lo contrario, facilitadores. Por eso le he comentado que en
todo lo que se exporta nosotros ponemos limitaciones administrativas, y
eso no se circunscribe única y exclusivamente a Cataluña. He vuelto a
hablar de una región no administrativa, casi productiva, que es el valle
del Ebro, donde el puerto natural de salida de las exportaciones, en este
caso de la industria cárnica y de sus derivados, es el puerto de
Tarragona. Volvemos a insistir en que han hecho un buen trabajo pero solo
a medias, así que acaben de hacerlo bien. Es cuestión de tener los
mínimos recursos humanos y de contar con la racionalización
administrativa necesaria, y creo que vale la pena.

En Cataluña existe el Consejo Asesor para la Reactivación
Económica y el Crecimiento —y no quiero insistir en estos
temas— porque, aparte de otras cuestiones, creemos que es necesario
que exista una reactivación económica y que haya crecimiento. Y este
consejo asesor, basándose en diferentes estudios —está colgado en
la página web, donde pueden verlo—, habla de que el sector plus
agroindustrial catalán es el primero de Europa. También figura Andalucía
como parte del cluster agrario y seguidamente Lombardía, en este caso
países como Dinamarca. Este informe habla de la importancia del sector
cárnico y de las características de su estructura, tanto productiva como
transformadora. Se habla de una atomización, de muchos transformadores,
de poca capacidad de negociación y, por tanto, de poca capacidad de
comercialización. Hay que insistir ante los grupos de interés, otro
trabajo que ya ha apuntado el senador Cazalis y que ya deberían haber
acometido desde el Gobierno porque se puede mejorar.

No nos podemos quedar única y exclusivamente con un brindis
al sol. Nosotros recibimos un sueldo y hemos de ser operativos, y la
operatividad implica que desde aquí se inste al Gobierno a que haga las
funciones adecuadas. Si venimos aquí a decirnos lo guapos que somos y lo
bien que lo hacemos y solo somos capaces de trasladar una expresión
genérica de los sectores, en este caso del cárnico o del agroindustrial,
nuestra función es más que limitada. Y el Poder Legislativo ha de instar
al Poder Ejecutivo a que haga su trabajo. Es una cuestión de
operatividad, de retorno. A nosotros nos remuneran por nuestro trabajo y
nuestra forma de justificarlo es eliminar limitaciones y barreras y
facilitar la mejor generación de riqueza posible. Ya sé que se puede
justificar con muchos otros elementos y con otros trabajos que estamos
realizando todos los senadores y las senadoras, pero en este caso
podríamos justificarlo diciendo que no solo venimos con una declaración
de intenciones bastante buena, sino que, además, somos operativos y
estamos poniendo las bases para que este sector, el sector cárnico y el
de los animales vivos, tenga la posibilidad de desarrollarse, y como no
existe una demanda interna suficiente, tenemos que hacer que se pueda
exportar. Una vez hecha esta descripción, ¿cómo podemos facilitar la
exportación? Pues entre otras cosas facilitando que los cerdos tengan los
puntos de inspección fronteriza las 24 horas, que se puedan cumplir así
las directivas de bienestar animal, que se pueda exportar con todos estos
sectores que lo están solicitando. Usted ha expuesto claramente que se
está exportando día tras día, no tan solo en la ribera mediterránea, sino
a nivel mundial. Y si ya han descrito esto, seamos capaces, seamos
hábiles, instemos al Gobierno a que se haga, pues ya debería haberlo
hecho. Instémosle, pues, a que lo haga, porque no seré yo solo quien les
agradezca si ahora incorporan las enmiendas que ha presentado mi grupo
parlamentario, sino que se lo agradecerá el sector, que al final lo que
hará será revertir esta riqueza en este Estado del bienestar, lo cual es
otra de las funciones que tenemos asignadas, el Poder Ejecutivo en cuanto
a su redistribución, y también el Legislativo.

Por tanto, generemos riqueza, facilitemos la posibilidad de
que se pueda hacer. Hagan su trabajo, y ustedes, miembros del grupo
parlamentario que apoya al Gobierno del Estado español, incorporen
nuestras enmiendas, que están hechas sin ninguna mala intención. Lo que
queremos

es que sean lo más operativas posible y que puedan
facilitar lo que todos deseamos, que es la generación de riqueza y su
redistribución entre todos aquellos sectores de la sociedad.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Por el Grupo
Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Arrufat.

El señor ARRUFAT GASCÓN: Gracias, señor presidente.

Señor Sánchez Duque, tome nota e informe al Gobierno de los
datos de Rusia. Se lo digo porque usted no lo proponía en la moción.

Señorías, el 25% del porcino de la Unión Europea va a
Rusia, y de España, el 10%. Esa es la realidad que teníamos hace muy poco
tiempo. Ahora, debido al brote de peste porcina clásica en Lituania
—e insisto en ello: clásica—, estamos asistiendo a un cierre
de mercados. Con lo cual las gestiones de nuestro Gobierno brillan por su
ausencia. Trasladen esos datos y vean la realidad del sector, sobre todo
de las empresas ubicadas en Aragón, en Cataluña, en Valencia o en
Navarra, es decir, en todo el corredor del Ebro e incluso en Castilla-La
Mancha y en Castilla y León.

El problema más preocupante que en este momento tiene este
país es el del sector cárnico, por ello hay que abordar los temas con
realidad y con los pies en el suelo, sin hacer un brindis al sol. A
Francia, que era nuestro cliente, le está llegando hoy mucha carne fresca
de porcino de Alemania y de otros países, con lo cual el mercado se
estrecha; hay más oferta y por ello los precios van a tener un riesgo,
cuando han asumido los costes de producción de cereales durante muchos
años, unos costes sobrevenidos por circunstancias de los mercados
internacionales.

Hacíamos referencia a otros puntos como el potenciar la
industria alimentaria y promover la incorporación de jóvenes. Son dos
programas que se financian con los programas de desarrollo rural, que es
el segundo pilar de la PAC, eso de lo que ustedes no quieren hablar
porque lo han hecho fatal; peor no lo podían hacer ni con el primer pilar
ni con el segundo, y aún tienen tiempo de corregirlo.

La industria alimentaria requiere de centros logísticos,
requiere potenciar las denominaciones de origen, requiere potenciar los
productos de calidad, requiere modernizar algún matadero, pero para eso
hacen falta recursos económicos; eso no se hace por obra y gracia de no
sé quién, repito, hacen falta recursos económicos. En cuanto a la
incorporación de jóvenes tengo que decirles que las verdades a medias se
cuentan. En el año 2012 están pendientes de resolver el 40% de las
solicitudes. En el año 2013, en mi comunidad autónoma —el consejero
ha hecho risas sobre ello— se tiene que resolver como presupuesto
de 2014. Venden humo, el plan de impulso, y luego lo tienen que resolver
en 2014, con lo cual hay miles y miles de agricultores jóvenes que no se
han podido acoger a las ayudas porque no lo han resuelto, porque no lo
dotan presupuestariamente, ni el Gobierno de España ni las comunidades
autónomas. Apréndase la lección y no digan lo que no es.

En cuanto al segundo pilar de la PAC, sobre el que ayer la
senadora Coves formuló una pregunta al ministro de Hacienda, apúntense
los temas. En el programa 2007—2013, el 50% lo financiaba Bruselas,
el 25%, el Estado miembro y el 25%, cada comunidad autónoma. Con el nuevo
plan, que presentaron a la conferencia de consejeros a final de mes, la
Unión Europea pone el 50%, el Estado miembro pone el 12% y el resto lo
tienen que poner los demás. ¿Qué ministro tenemos? Qué ministro tenemos,
que vende humo de lo que ha conseguido y tendrá que devolver muchos miles
de millones de euros por nefasta gestión. Y me atrevo a decirle que
Montoro cornea a Arias Cañete, este hunde al mundo rural y abandona a la
gente. Esta es la realidad que se vive en este país en el mundo rural. La
vemos los que estamos a pie de calle, somos alcaldes y conocemos el
sector. Esta es la realidad y como tal tenemos que afrontarla.

Hay que potenciar las cooperativas. Tenemos el ejemplo de
una cooperativa que está en su tierra, Copreca, o de otra que está en mi
tierra, Oviaragón —usted las conoce perfectamente—. Estas son
las realidades que tenemos, en el sector ovino sobre todo. Desde hace
tiempo, las cooperativas están atravesando una falta de posicionamiento
en el mercado exterior y es fundamental e imprescindible que en ese
tercer pilar de la PAC, que está pendiente de negociar —hacía
referencia antes—, el ministerio tenga la sensibilidad de sentarse
con el sector y con las cooperativas para sacar adelante lo que hace
falta, porque ¿a dónde nos están llevando? Nos están llevando a una falta
de valor añadido en la calidad de nuestro producto; nos están llevando

a que la marca blanca en España cada día prevalezca más,
con lo cual los costes de producción en muchos casos ni siquiera se
complementan con un pequeño margen. Esta es la situación del sector
cárnico en las cooperativas. Es un tema que tenemos que salvar dándole
valor añadido, buscando nuevos mercados y luchando para que los precios
en origen sean mejores de lo que lo son actualmente. La posibilidad de
gestión con los mercados es fundamental.

Lo que no le puedo admitir es que me diga que los puntos 5
y 6 no vienen a colación de la moción. En el tercer punto de su moción
pone: «Favorecer la incorporación de los más jóvenes en este sector por
su contribución al desarrollo y sostenimiento del mundo rural.» Si
queremos desarrollo rural, si queremos sostenimiento del medio rural,
tenemos que potenciar los sectores económicos que están allí, no dejarlos
de lado, no solamente a los jóvenes a los que he hecho referencia.

Ahora voy a hablar del primer pilar de la PAC, ese del que
también han vendido humo y no han rematado la faena. En el primer pilar
de la PAC aún tienen ustedes la oportunidad —y se lo está pidiendo
el sector, tanto los sindicatos como las cooperativas— de enmendar
la plana a las personas que se quieran incorporar a la actividad ganadera
—y usted esto lo ha compartido conmigo— y tienen la ayuda
acoplada. El primer pilar tiene cantidad suficiente —además, habrá
parte de ese pilar que no se va a gastar—, si comparamos la PAC de
2013 con la de 2015, por lo que es muy fácil dotar esa cantidad, una
cantidad equivalente a 30 o 35 euros por cabeza o el equivalente por UGM
en vacuno. ¿Por qué? Porque es trabajar en igualdad de oportunidades y en
igualdad de condiciones, tanto unos ganaderos como otros. Si eso no es
sostenimiento del medio rural, dígame lo que es, porque es potenciar un
sector para que se mantenga en el medio rural y haga productos de primera
categoría, de calidad y con seguridad alimentaria.

Respecto al control de enfermedades, si usted, ante sus
compañeros y los míos, no quiere decir que se han cargado los
presupuestos de las ADS, lo diré yo, pero no me diga que no es
fundamental el papel de las agrupaciones de defensa sanitaria, cambiando
las formas que se han hecho. Hay que innovar, hay que avanzar, hay que
seguir adelante, hay que comprometer más al ganadero, tiene que haber un
tándem veterinarios-ganaderos, pero no me diga que no es importante
decirlo; ya nos encargaremos de decirlo los demás. Es un tema fundamental
para este país, pues ha permitido tener seguridad alimentaria, ha
permitido ser competitivos, ha permitido tener un ganado saneado y estar
en los mercados. Y, si no, pregúnteselo a las grandes empresas ganaderas
que exportan en nuestro país.

En resumen, la postura de mi grupo —lo decía al
principio— no va por apoyar su moción. Por eso he dicho al
principio que los riesgos los hemos asumido con responsabilidad y con
conocimiento de causa a través de las enmiendas que hemos presentado. Los
recortes de las ADS, las agrupaciones de defensa sanitaria a las que
hacía referencia anteriormente, son un brindis al sol: el recorte, la
cornada que comentaba antes de los programas de desarrollo rural. Vayan
ustedes a sus comunidades autónomas a decirles que tienen que poner la
cantidad que tienen que poner y ya pueden salir corriendo, al menos así
me contestan en mi comunidad autónoma.

Les invito a que consideren que todavía tenemos tiempo
hasta agosto o septiembre para la aplicación del primer y tercer pilar de
la PAC. El tercer pilar, que se una con las cooperativas, con las
empresas comercializadoras y que lleguen a acuerdos; y el primer pilar,
que permita la incorporación de cualquier persona a la actividad.

Le repito y le recuerdo que transmita al Gobierno los datos
de la exportación en Rusia, porque me da la impresión de que no los
conocía. Así que nosotros no vamos a apoyar la moción, como puede
entender.

Gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Sánchez
Duque.

El señor SÁNCHEZ DUQUE: Muchas gracias, señor
presidente.

En primer lugar, señor Cazalis, muchísimas gracias por
estar de acuerdo por lo menos en el fondo —por lo menos en el
fondo— y reconocer que este Gobierno sí le aseguro y le garantizo
que está trabajando y sí está haciendo las cosas como tiene que hacerlas.
Yo no voy a meterme en la distribución competencial del Estado.

Han hablado también ustedes de la Conferencia Sectorial de
los días 21 y 22 de enero. Intentaré contestar a la mayoría de los
portavoces en la medida que el tiempo me lo permita. Pero yo creo que
esto es generalizado. Tienen ustedes que reconocer que la reforma de la
política agraria se desarrolló por consenso —me refiero a la que se
hizo el 24 y el 25 de julio de 2013 y la que se ha hecho el 21 y el 22 de
enero— de todas las comunidades autónomas: las de PNV, las de CiU,
las de Coalición Canaria, y por todos los consejeros. La única que se
quejó algo fue la consejera de Andalucía porque perdía ciertos fondos de
desarrollo rural por una mala distribución del Gobierno anterior. ¡Se
hizo por consenso, señorías! Se hizo por consenso de todos los consejeros
de las comunidades autónomas y de todas las organizaciones profesionales
agrarias. ¿Cómo que no? Otra cosa es que alguna organización agraria afín
a no sé qué quiera hacer algún discurso catastrofista o quiera instalar
una cuestión en el campo español que no es cierta. ¿Pero cuándo ha habido
más estabilidad en el campo español? Pregunten ustedes en la calle al
agricultor y al ganadero. ¿De qué ministro y de qué ministra se acuerdan
los agricultores y los ganaderos de España? (Varios señores senadores del
Grupo Parlamentario Socialista: De Cañete.) ¡Claro!, de Cañete, ustedes
han dado la respuesta. ¡Esa es la confianza y la estabilidad que da el
ministro a los agricultores españoles, no las ministras que han pasado
por su Gobierno! (Aplausos.) ¡Si a sus ministras no las conocían en
Europa! ¡Si no querían ni ir! ¡Si no había respeto internacional! ¿Pero
qué me van a contar ustedes por mucho que quieran sacar en una moción
para apoyar al sector cárnico español lo que es la Conferencia Sectorial?
Cuando quiera tenemos un debate de la reforma de la política agraria
comunitaria. Lo que ha conseguido este ministro a ustedes parece que les
molesta; lo que al Gobierno le va bien, a ustedes les molesta, a ustedes
les parece mal. ¿Pero de qué me habla usted en los programas de
desarrollo rural?

Me habla usted de la incorporación de jóvenes agricultores.
Le voy a dar el dato que no le di antes. El número medio de jóvenes
incorporados al campo en el periodo 2007-2012 —¿quién gobernaba
entonces?— fue de 2178 por año. En el periodo 2000-2006 fue de
3712. ¿Ven ustedes la diferencia cuando en España hay un Gobierno o hay
otro? ¡Claro! Hemos conseguido 8200 millones para el Plan de Desarrollo
Rural para el periodo 2013-2020, cosa que ustedes no fueron capaces de
conseguir, incluso con mejor presupuesto en la Unión Europea. ¿O no se
acuerdan ustedes de que Zapatero perdió 1000 millones de euros para el
Programa de Desarrollo Rural? ¿Qué memoria tienen ustedes? Con menor
presupuesto en la Unión Europea, las negociaciones del presidente del
Gobierno y las renegociaciones de este ministro han conseguido 8200
millones de euros para desarrollo rural, cosa que ustedes no fueron
capaces de conseguir.

Y le voy a dar otro dato. Respecto a la incorporación de
jóvenes agricultores, de la que tanto hablan ustedes, esta política ha
sido considerada por el ministerio de las más importantes para el sector.
Es cierto que tanto el ministerio como las comunidades autónomas tienen
competencias y eso hay que presupuestarlo; no solo depende del Ministerio
de Agricultura, sino de cada una de las comunidades autónomas que quieran
potenciar la incorporación o no de jóvenes agricultores. ¿Pero qué me va
a decir usted a mí? Y no quiero hacer referencia a un compañero y amigo,
consejero de Agricultura de Extremadura, cuando los expedientes tardaban
tres y cuatro años en resolverse, señor Arrufat. Es que esto lo hemos
vivido todos: ¡tres y cuatro años! Yo tenía expedientes en mi mano con
tres años; ya se había arruinado el ganadero y no le habían pagado. Esas
son las gestiones que en política agraria han hecho ustedes. Estoy
convencido de que a ustedes el campo no les ha importado nunca mucho. Es
una de las políticas que no son su fuerte. A usted el campo no le ha
gustado nunca mucho; a su Gobierno, nunca; y a las comunidades autónomas
que gobiernan, nunca, nunca. Y le he puesto antes un ejemplo con la renta
agraria. ¿Cuándo sube la renta agraria? ¿En qué años ha subido la renta
agraria y en qué años ha descendido?

Me habla de potenciar las cooperativas para concentrar la
oferta. Por favor, senador Arrufat, ¿no sabe usted que hemos aprobado
aquí la Ley de fomento de la integración de cooperativas en agosto de
2013? ¿Y qué objetivos tenía esa ley? Y no me hable usted aquí de dinero,
porque es que ustedes hacen todo nada más que con esto, con el dinero; no
saben hacer otra cosa. Imaginación, innovación, I+D, nada; solo con
dinero. (Aplausos.) Ustedes, o tienen dinero, o no saben gestionar.
(Protestas.) ¿Cómo que tanto recorte? ¡No es culpa de los recortes,
hombre! ¡Tantos recortes! (Aplausos.—La señora Andrés Prieto: ¡Los
sobres!)

Le decía que la Ley de integración de cooperativas que
todos aprobamos… (La señora Andrés Prieto: ¡Los sobres, los
sobres!) ¡Déjese usted de tanto sobre! No mezcle las cosas ni vamos a
entrar en el debate de los sobres; vamos al debate. (Rumores.) Los
objetivos de la Ley de integración de cooperativas —por cierto,
aquí tengo un documento donde la valoran muy positivamente la Agrupación
de Cooperativas de España y todas las organizaciones profesionales
agrarias— eran los puntos que usted nos pedía. Por eso le decía que
no tiene sentido su moción de sustitución. Hay que concentrar la oferta,
efectivamente, y promover la integración de esas cooperativas para ser
más competitivos y poder ofertar más en los mercados. Y hemos aprobado
dos magníficas leyes: la Ley de valor de la cadena alimentaria y la Ley
de integración de cooperativas. Por eso le decía que creo que este es un
debate sobre reforma de política agraria comunitaria, no del sector
cárnico, de acoplar las producciones ganaderas. Hemos acoplado el máximo,
lo que nos permite la Unión Europea, casi el 13% de los 5200 millones que
tenemos para pagos directos. ¿O usted no sabe que de los 585 millones de
euros que hay para los sectores acoplados, el 84%, que son 490 millones
de euros, van para el sector de la ganadería? Por tanto, ¿qué nos está
pidiendo para el vacuno de cebo, para el ovino, para el caprino, para
todos los sectores ganaderos?

Me hablaba usted de la figura de las ADS y sé que la figura
de las agrupaciones de defensa sanitaria es importante, pero hace muchos
años que existen. ¿Qué plus de valor aportan a la innovación y a la
exportación del sector cárnico? Ninguno.

Sabía que ustedes no iban a apoyar esta moción, señor
Arrufat, que no tenían esa intención porque ustedes ya se han instalado
en el no por el no y han presentado esta enmienda para cubrir el
expediente, aunque nada tiene que ver con el sector agroalimentario y con
la exportación de la carne.

Paso ahora a explicar al portavoz de Convergència i Unió
las enmiendas, que ha mencionado que no había aclarado anteriormente. En
el punto 1 no había ningún problema en introducir la expresión «animales
vivos». Por lo que respecta al punto 5, coincido en que es necesario
simplificar todos los trámites que los operadores tienen que realizar en
los procesos de exportación, pero en esta línea está trabajando el
departamento de Agricultura, que junto con el de Economía lideran un
programa de líneas estratégicas de apoyo a la internacionalización del
sector agroalimentario. Créame que hay cuatro o cinco puntos en los que
se ha trabajado estrechamente con el sector y le invito a que analice ese
programa, que está funcionando perfectamente y cuyo objetivo es abrir
mercados en países terceros para compensar esas producciones y
exportaciones que no podemos llevar a Rusia. Ese es uno de los objetivos
que tiene este programa, que es muy interesante.

Me consta que el ICEX, Inversiones y Exportaciones de
España, también ha firmado un acuerdo con la Oficina de la Exportación de
la Carne de España, que está integrada por todas las federaciones y todas
las organizaciones de la industria. Por tanto, esto puede servir para dar
impulso y ánimo al ministerio, que está trabajando intensamente para que
no baje la guardia y sigamos abriendo mercados, principalmente en
terceros países, introduciendo mayor número de productos en el mercado y
mayor conocimiento sobre ellos.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por
favor, vaya terminando.

El señor SÁNCHEZ DUQUE: Me hablaba del puerto catalán y le
diré que es un asunto que me preocupó. El puerto catalán está
perfectamente atendido y, según los datos de que dispongo, son
veintinueve o treinta barcos al año, ni siquiera un barco por semana. Por
tanto, créame, están perfectamente atendidos sus servicios de
inspectores, de veterinario y de administración. Hay que adaptarse a las
estructuras de que disponemos y no puede decirme que tenemos que ampliar
las dotaciones administrativas, los horarios y los fines de semana cuando
hay treinta barcos en un año, que no supone ni uno por semana. Seamos
conscientes, senador Plana.

Además, también le diré otra cosa y es que la federación de
la industria cárnica catalana está pidiendo a su Gobierno la fiscalidad
en las tasas veterinarias, de manera que a ver si pedimos aquí una cosa y
allí hacemos la contraria.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por
favor, vaya finalizando.

El señor SÁNCHEZ DUQUE: Seamos coherentes en el discurso y
también a la hora de solicitar y de instar a un Gobierno y a otro, porque
lo van a recurrir al Constitucional. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)

Muchas gracias a todos los portavoces por su trabajo, por
sus enmiendas, por su tono y por su cordialidad.

El señor PRESIDENTE: Termine, senador Sánchez Duque.

El señor SÁNCHEZ DUQUE: Espero que sean comprensivos y se
sumen a esta moción, aunque no lo haga el Grupo Socialista, porque no es
que lo vaya a agradecer el Grupo Popular o este Gobierno, sino que está
dirigida al sector cárnico español.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sánchez
Duque.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Popular
tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 214; a favor, 137; en contra, 68;
abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

6.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A TOMAR TODAS
LAS MEDIDAS OPORTUNAS ENCAMINADAS A LA BÚSQUEDA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD
DE LOS PACIENTES.

(Núm. exp. 662/000119)

AUTOR: GPP

El señor presidente da lectura al punto 6.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción en origen se habían
presentado tres enmiendas, una del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés
de Catalunya, otra del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y otra
del Grupo Parlamentario Socialista. Posteriormente se ha presentado una
propuesta de modificación firmada por el Grupo Parlamentario Popular, el
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, el Grupo Parlamentario Vasco
y el Grupo Parlamentario Mixto. Por tanto, se mantienen las enmiendas del
Grupo Parlamentario de la Entesa y del Grupo Parlamentario Socialista y
decae la enmienda del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por tiempo
de quince minutos, el senador Aguirre.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Popular presenta una magnífica
moción que me honro en debatir con el resto de los grupos parlamentarios.
Desde el punto de vista sanitario tiene dos puntos muy importantes:
entronca con un tema específico de calidad y seguridad de los pacientes y
lo ata con un asunto de lista de espera, tanto desde el punto de vista de
medios diagnósticos como de lista de espera quirúrgica. Me voy a referir
primero a la legislación sobre calidad y seguridad de los pacientes, en
segundo lugar al contenido legislativo de las listas de espera, y luego a
cómo instamos al Gobierno tanto en uno como en otro ámbito, y siempre en
beneficio de los pacientes que son nuestra razón de ser.

En cuanto a las medidas oportunas encaminadas a la búsqueda
de la calidad y seguridad de los pacientes, ésta última es la dimensión
esencial de la calidad asistencial. Ello implica, como es lógico,
desarrollar determinada estrategia para reducir el riesgo que ocasiona el
daño innecesario al paciente, asociado siempre a una atención sanitaria.
Todo empezó con la publicación de un informe del Instituto de Medicina de
la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos del año 1999, que se
titulaba «Errar es humano». Después de este informe fue cuando el resto
de los países, sobre todo los desarrollados, se dieron cuenta de la
importancia de la calidad y seguridad en los tratamientos de los
pacientes y los efectos adversos que podía tener una mala actuación
sanitaria en detrimento del

desarrollo de la buena evolución de los pacientes. Todos
los países desarrollados empezaron a trabajar en este tema, y no fue
menos España que, en el año 2005, publica la Estrategia en Seguridad del
Paciente del Sistema Nacional de Salud, impulsada por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Esta estrategia se hace en
colaboración con las comunidades autónomas, como no puede ser de otra
forma, ya que, como es sabido, las transferencias sanitarias a las
comunidades autónomas finalizaron en el año 2002. Luego el trabajo de la
estrategia en cuanto a calidad y seguridad se tiene que hacer de forma
obligatoria, por lógica, con las comunidades autónomas. Como digo, esta
estrategia se elaboró en el año 2005, fue diseñada bajo las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Consejo de
Europa y, lógicamente, formada por grupos de expertos a nivel nacional,
de profesionales, de asociaciones de pacientes, los cuales firmaron un
compromiso, el primero, en el año 2005 en pro de la seguridad de los
pacientes. Los objetivos de la estrategia han estado y siguen estando
orientados a mejorar la cultura de la seguridad, como he dicho, la
formación de los profesionales, la implementación de prácticas seguras en
la clínica diaria, el desarrollo del sistema de notificación de
incidentes y reconocimiento de incidentes por parte de los propios
facultativos o los profesionales sanitarios y la implicación de los
ciudadanos y de los pacientes en todo este registro. La mejor forma de
aprender es reconocer que ha habido un pequeño fallo en la cadena
sanitaria y tratar de solucionarlo la próxima vez. De ahí salieron unos
estudios epidemiológicos desarrollados en el marco de esta estrategia, y
los datos nos han servido para evaluar estos programas que estamos
poniendo en marcha y los que se pusieron en marcha en el año 2005, así
como las acciones a llevar a cabo dentro del Sistema Nacional de Salud a
nivel español. Además, el despliegue de la estrategia en las comunidades
autónomas ofrece información muy detallada de la situación de seguridad
de los servicios sanitarios a nivel regional y también a nivel local.
Esto fue en el año 2005.

Tras ocho años de desarrollo, parece conveniente
reflexionar sobre todo lo que hemos alcanzado desde el punto de vista
epidemiológico e intentar corregir o poner en marcha nuevas estrategias
de cara a mejorar el trabajo realizado desde el 2005 hasta ahora. Estas
son las nuevas estrategias con las que instamos al Gobierno a que incluya
el tema específico del paciente para el periodo 2014-2018, por supuesto
contando con las comunidades autónomas, que son las que tienen las
competencias de la asistencia sanitaria, grupos de expertos,
profesionales, científicos, pacientes, organizaciones interesadas en la
seguridad del paciente, valorando la introducción de prioridades en
función de criterios clínicos para las intervenciones y pruebas
diagnósticas.

Hemos visto ya el tema de seguridad en los pacientes y
ahora lo vamos a enlazar con el tema de lista de espera. En lista de
espera, tanto quirúrgica como de medios diagnósticos, es muy importante
priorizar al paciente en pro de su propia seguridad. En este sentido,
quiero hacer hincapié en dos puntos. El primero, saben sus señorías que
es obligatorio que cada comunidad autónoma establezca los tiempos máximos
de acceso de la asistencia sanitaria programada al menos en las
siguientes modalidades de atención: intervenciones quirúrgicas, pruebas
diagnósticas, consultas externas y pruebas terapéuticas. Con ello se
pretende que cada comunidad autónoma establezca, en coordinación con el
Gobierno central, unas medidas buscando la máxima eficiencia y creando un
sistema de información sanitaria en materia de calidad y seguridad,
estructurando unos indicadores básicos mínimos y comunes que permitan la
homogeneidad en la evaluación global objetiva de la actividad del centro,
y la introducción, por supuesto, como siempre ha de ser, de las mejoras
pertinentes de cara a la lista de espera.

Gracias a la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional
de Salud del año 2003, España es uno de los primeros países a nivel
mundial que da máxima transparencia a la lista de espera tanto quirúrgica
como de medios diagnósticos, por supuesto, como siempre, con la
información que llega de las propias comunidades autónomas. En
definitiva, lo que pretende el ministerio, a través de esta transparencia
en lista de espera, es mantener la máxima cohesión y equidad entre todas
las comunidades autónomas en el abordaje hacia el paciente, garantizando
siempre una misma sanidad, independientemente de dónde esté el paciente,
y con la misma calidad para todos los ciudadanos.

Señorías, en lo referente al tiempo máximo de espera, como
saben, el ministerio recopila los datos de las listas de espera
quirúrgica y consultas externas que le envían las comunidades autónomas,
que son las que tienen competencia de gestión. El ministerio valora los
datos globales mientras que los datos individualizados los tienen las
propias comunidades autónomas; el Gobierno lo que muestra en su página
web son datos globales de listas de espera, el que quiera

más información detallada de sistemas, operaciones,
técnicas quirúrgicas, etcétera, tendrá que ver las listas de espera de
cada comunidad autónoma.

Y voy a hacer dos precisiones: una, hay que tener en cuenta
que las listas de espera se refieren solo a procedimientos no urgentes,
lógicamente si son urgentes ya no están en las listas de espera porque se
priorizan automáticamente, y dos, si hoy estamos hablando de listas de
espera es porque desde el inicio de la legislatura este Gobierno ha ido
publicando dos veces al año las listas de espera del año 2012, cumpliendo
con su obligación de transparencia, que se había incumplido en los dos
últimos años. Anteriormente tampoco se incluían todas las comunidades
autónomas porque algunas no prestaban esos datos al ministerio para su
evaluación, lo cual significa que los datos del ministerio estaban cojos,
ya que no había posibilidad de comparar las listas de espera porque no
colgaban esos datos en el ministerio.

La moción pretende, y es de suma importancia para el
ministerio, que se elabore una legislación oportuna para aumentar la
calidad y seguridad para los pacientes, estableciendo unos criterios que
tenemos que priorizar en cuanto a intervenciones y pruebas diagnósticas
según su gravedad, impacto para la salud futura y criterios clínicos, y
para que las listas de espera puedan ser flexibles en función de las
condiciones del paciente. Si el paciente va a ser el eje del sistema es
el que tendrá que determinar, según su situación física y social, su
puesto en la lista de espera, tanto quirúrgica como de diagnóstico. La
mayor o menor gravedad de su enfermedad y lo invalidante que sea son
criterios nuevos que queremos que se implementen dentro de la nueva
legislatura para priorizarlos en las listas de espera de los
pacientes.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aguirre.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora
Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gràcies, senyor president. Bon
dia, senyories.

Com tots vostès saben, i molt bé ha explicat el senador
Aguirre, la gestió de la sanitat està transferida a les Comunitats
Autònomes, i el paper del Ministeri és coordinar i garantir els serveis
sanitaris de forma equitativa a tot l’Estat espanyol.

Per tant, coneixedors que la despesa per habitant dedicada
a salut per cada comunitat autònoma és diferent, i que això repercuteix
directament en la qualitat del servei, i per tant en les llistes
d’espera, el que nosaltres proposàvem i consideràvem que aquesta
moció també hauria de recollir era concretament, era garantir mecanisme
perquè les comunitats tinguessin una càpita similar en salut, és a dir,
que els diners que es destinen a salut per ciutadà fossin més o menys els
mateixos.

Avui, la realitat de l’Estat espanyol no és pas
aquesta. La comunitat que gasta més per habitant s’està gastant
1500 euros, mentre que la que gasta menys no arriba als 1000 euros. A dia
d’avui, a Catalunya, la nostra càpita és una de les més baixes de
l’Estat. Tenim 1095 euros per habitant. Estem al número 14 del
rànquing de les comunitats autònomes, i darrere ens segueixen Madrid,
Balears i el País Valencià, que ostenta el trist rècord de gastar-se
només menys de 1000 euros per ciutadà en el seu pressupost de salut. Tot
això repercuteix en la qualitat i, com no, en les llistes
d’espera.

Sabem que és un tema de prioritats dels Governs de les
comunitats autònomes, per suposat, però també creiem que és feina del
Ministeri vetllar perquè les diferències pressupostàries en l’àmbit
de la salut no siguin tan grans. També estem convençuts que les llistes
d’espera han de ser comparables, com ja s’ha comentat, i
transparents per als ciutadans. Els ciutadans tenen dret a saber quin
lloc ocupen a la llista i quan seran operats. A data d’avui, això
no està garantit.

Aquestes eres les nostres propostes.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Como todos ustedes saben y ha explicado muy bien el senador
Aguirre, la gestión de la sanidad está transferida a las comunidades
autónomas; el papel del ministerio es coordinar y garantizar los
servicios sanitarios de forma equitativa en todo el Estado español.

Por tanto, conocedores de que el gasto por habitante de
cada comunidad autónoma dedicado a salud es distinto, lo que repercute
directamente en la calidad del servicio y en las listas de espera, en
nuestra enmienda proponemos garantizar mecanismos para que las
comunidades tuvieran una renta per cápita similar en salud, es decir, que
el dinero que se destina a salud por ciudadano fuera más o menos el
mismo.

Esta no es la realidad en el Estado español. La comunidad
que aporta más por habitante gasta 1500 euros, mientras que la que gasta
menos no llega a los 1000 euros. A día de hoy, en Cataluña nuestra cápita
es una de las más bajas del Estado, 1095 euros por habitante, y estamos
en el número 14 en el ranking de las comunidades autónomas, seguida por
Madrid, Baleares y el País Valenciano, que ostenta el triste récor de
gastarse menos de 1000 euros por ciudadano en su presupuesto de salud,
todo lo cual repercute en la calidad del servicio y, cómo no, en las
listas de espera.

Sabemos que es una cuestión de prioridades de los Gobiernos
de las comunidades autónomas, por supuesto, pero consideramos que es
labor del ministerio velar por que las diferencias presupuestarias en el
ámbito de la salud no sean tan grandes. También estamos convencidos de
que las listas de espera tienen que ser comparables, como muy bien se ha
comentado, y transparentes para el ciudadano. Los ciudadanos tienen
derecho a saber qué lugar ocupan en la lista y cuándo van a ser operados,
pero a día de hoy esto no está garantizado.

Estas son nuestras propuestas. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señor presidente.

Señorías, buenos días. Sin lugar a dudas, estamos hablando
de un aspecto importantísimo. Somos conscientes de que los excesivos
tiempos de espera para ser atendidos en todos los ámbitos sanitarios,
tanto en las intervenciones quirúrgicas, en las visitas a los
especialistas, como en la realización de pruebas diagnósticas, es un
problema real y que preocupa muchísimo a los ciudadanos y ciudadanas,
como así ponen de manifiesto los diferentes indicadores, tanto el
Defensor del Pueblo, el Defensor del Paciente, como el barómetro
sanitario. Por ello lamentamos, una vez más, que el Grupo Popular no haya
sido capaz de aceptar nuestras enmiendas; unas enmiendas serias,
rigurosas y que suponen un compromiso real para que las comunidades
tengan suficiente financiación con objeto de que, en la medida de lo
posible, se mejoren los tiempos excesivos de espera.

El Grupo Popular presenta una moción a la que nos tiene
acostumbrados, es decir, que no supone ningún compromiso real y, además,
muy demagógica porque ¿quién va a estar en contra de que se prioricen las
intervenciones quirúrgicas o las pruebas diagnósticas o las visitas a los
especialistas, según criterios de prioridad? Además, parece que lo han
inventado ahora. ¡Pero si eso está legislado en el Real Decreto
1039/2011, del 15 de julio! Es verdad que es un real decreto que se
promulgó con el Gobierno socialista, quizá por eso no les guste. Esta
moción que presentan es un sinsentido porque no aporta nada.

Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta una
enmienda que entendía que mejoraba la presentada por el Grupo Popular.
Por tanto, el primer punto lo manteníamos tal cual, pero después
añadíamos un segundo punto en el que solicitábamos que se realizase una
estrategia nacional del Sistema Nacional de Salud, en lo relativo a las
listas de espera, pero con financiación suficiente, con un plan donde se
aportasen recursos económicos. Porque ya está bien de que presenten aquí
mociones de cara a la galería, que algunas hemos aprobado por sentido de
la responsabilidad, y que después pase el tiempo y no se haga
absolutamente nada. Por tanto, eso es un fraude, y lo que no vamos a
hacer es colaborar en ese fraude que nos pone el Grupo Popular encima de
la mesa día sí y día también con estas mociones que no tienen ninguna
garantía de que se vayan a realizar.

Y he hecho este comentario porque luego hablan de
trasparencia, y es verdad que existe el Real Decreto 605/2003, de mayo,
para que haya un tratamiento homogéneo de las listas de espera en los
sistemas de información. Y presumen —lo decía ayer la
ministra— de que desde que están en el Gobierno las listas de
espera se publicitan en la página web del ministerio y de que son más

transparentes que nadie. Pero es que, cuando uno entra en
la página web, resulta que los últimos datos publicados son de diciembre
del año 2012, cuando el real decreto dice que se tienen que publicar cada
seis meses. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? ¿Es que se creen ustedes
que no somos capaces de analizar con seriedad y con rigor? De verdad, es
deplorable que presuman de lo que están haciendo, cuando se está
deteriorando la sanidad pública a unos límites ya insostenibles. Luego
daré más explicaciones en mi segundo turno de intervención.

Por ello, hemos solicitado la elaboración de una estrategia
priorizando, sí, pero con recursos y, además, garantizando a los
ciudadanos una información transparente, completa y veraz, y que se
publiquen los datos de las listas de espera en el INE cada seis meses. Y
no nos han aceptado ninguna enmienda, por tanto creemos que una vez más
han perdido la oportunidad de demostrar que son capaces de consensuar con
la oposición y que son capaces de poner en marcha mociones y mecanismos
para mejorar y garantizar la seguridad de los pacientes.

En definitiva, señorías, me gustaría que reflexionasen y
que fuesen capaces de una vez de decirle al Gobierno que cumpla con su
obligación…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora LLINARES CUESTA: Termino.

…que cumpla con su obligación, que es garantizar unos
tiempos de espera adecuados para no poner en riesgo la seguridad.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Llinares.

Tiene la palabra el senador Aguirre, para indicar si acepta
o no las enmiendas.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente,
intervendré desde el escaño.

Por supuesto, en primer lugar quiero agradecer a los grupos
parlamentarios, a sus portavoces, la facilidad en el diálogo que he
tenido con ellos a la hora de mejorar e implementar la moción presentada
por el Grupo Parlamentario Popular. Así ha sido.

Todos los grupos han presentado enmiendas, y dice la
senadora del Grupo Socialista que la moción no aporta nada nuevo. Si no
aportara nada nuevo los grupos parlamentarios no hubieran aportado
enmiendas; si aportan enmiendas es porque parten de la base de que aporta
algo nuevo al instar en ese sentido al Gobierno.

Quiero agradecérselo a todos porque entre todos hemos
mejorado la redacción de a lo que se insta al Gobierno, entre todos. No
las hemos cogido ad pedem litteræ cada una de ellas porque es
materialmente imposible, pero sí hemos puesto parte de las enmiendas
tanto de Entesa como del Grupo Socialista, del PNV y de CiU, y se lo
agradezco profundamente. Y se ha mejorado, estemos o no estemos de
acuerdo al final con cómo ha quedado, creo que se ha mejorado.

En cuanto al comentario que ha hecho la senadora Almiñana,
de la Entesa, sobre el gasto habitante/año en la sanidad pública
española, en el Sistema Nacional de Salud, debo decirle que la que menos
aporta es Andalucía con 980 euros habitante/año —señora Almiñana,
estoy hartito de padecerlo; de todas formas es lógico—, el que más
gasta es el País Vasco con 1500 euros y la media estadística son 1204
euros habitante/año.

Sin más, vuelvo a agradecer incluso a los que no ven
reflejadas sus enmiendas en la moción sus aportaciones porque nosotros,
el grupo parlamentario, sí nos hemos preocupado de integrar parte de lo
que ellos han aportado para mejorar la moción en beneficio de toda la
ciudadanía.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aguirre.

Turno en contra. (Pausa.)

No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Voy
a hacer una intervención que prácticamente es un turno en contra. (El
señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

A mí me tocó también ser portavoz de un grupo parlamentario
que sostenía entonces un Gobierno en Asturias y sé lo duro que es ser
soporte de un Gobierno, pero yo les pediría a los senadores del Grupo
Popular que, siendo leales con su Gobierno, no se dejaran embarcar. Y
esta moción es un auténtico embarque al Grupo Parlamentario en el Senado
del Partido Popular, es una moción de encargo y les voy a explicar por
qué, porque probablemente muchos de ustedes ni tan siquiera lo sepan.

En agosto del pasado año la ministra ya anunció un decreto
para establecer prioridades en la atención sanitaria que aligerara la
atención en determinadas patologías, y dijo en agosto que intentaría
consensuarlo con las comunidades autónomas. Yo supongo que tiene ya el
decreto muy avanzado y les pide a ustedes que el Senado se pronuncie
aplaudiendo el decreto que tienen en cartera. No creo que tenga sentido
que, como ustedes muchas veces dicen frente a las mociones que presenta
la oposición, se aprueben mociones pidiendo al Gobierno que haga lo que
ya está haciendo.

Asimismo, creo que debemos ser crudos a la hora de afrontar
esta situación más allá del montaje que en torno a esta moción y al
decreto que el Gobierno plantea se suscite con este debate. Un decreto no
es una solución para agilizar la atención de unas patologías, lo que,
inevitablemente, significará prolongar en el tiempo la atención a otras
patologías. Lo único que lograríamos sería cambiar la lista de espera y
colocar arriba a unos que ahora podrían estar más abajo y al revés, lo
cual no significa afrontar la necesidad que tienen los ciudadanos, que es
que esas patologías sean atendidas en el tiempo más breve posible. Lo que
hay que hacer es acabar con las listas de espera y no reordenarlas, que
es lo que ustedes plantean con esta moción, que, obviamente, no vamos a
respaldar los dos senadores de Izquierda Unida con nuestro voto.

¿Y por qué salió la ministra en agosto, en pleno periodo
estival y vacacional, a hacer este anuncio? Porque se había provocado un
amplio revuelo social en los medios de comunicación unas semanas antes
—lo cual le obligó a interrumpir sus vacaciones— porque el
ministerio, aunque no se lo había enviado a los medios de comunicación,
había colgado en su página web los resultados de la medición de esas
listas de espera. ¿Y qué resultados presentaba la página web del
ministerio? Que al iniciarse 2013 estaban en lista de espera, pendientes
de una intervención quirúrgica, 571 395 personas en nuestro país. Que en
el primer semestre de 2013 la espera media había pasado de 76 a 100 días,
y que el número de pacientes que esperaban más de seis meses se había
disparado el 7%. Que a pesar de que el decreto de 2011 —porque ya
hay un decreto de 2011— fija precisamente en seis meses el plazo
máximo para ser atendido, para una operación de cadera se superaban los
seis meses en el 26,68% de los casos, y para una intervención de
cataratas se superaban los seis meses en el 14,76% de los casos.

El informe colgado en la web del ministerio también
detectaba un aumento en el tiempo de espera para las consultas externas
durante el primer semestre de seis días, situándose en 59 días. En esos
seis primeros meses se pasó de 35,9 pacientes sobre 1000 en lista de
espera de una consulta a 42,1 pacientes sobre 1000. Esa era la realidad,
que no va a cambiar con la modificación que ustedes plantean en esta
moción, porque las listas de espera no son consecuencia de que los
profesionales sanitarios no sepan ya lo que es prioritario atender, lo
que es más urgente, sino que son fruto de la incapacidad del sistema
público de sanidad, debido a los recortes, para afrontar esas
necesidades, son consecuencia de los 6900 millones de recortes que se han
producido en relación con el año 2010; son consecuencia de que se hayan
reducido 52 000 médicos y enfermeras atendiendo en el servicio nacional
de salud.

Por lo tanto, mientras no se resuelva eso, mientras no
vuelvan los profesionales que han desaparecido, mientras no se cuente con
los recursos necesarios, desde el Boletín Oficial del Estado podemos
querer cambiar lo que queramos, podemos reordenar los 571 395 pacientes
diciendo quién va antes o quién va después, pero ni resolveremos el
problema de las listas de espera ni responderemos de forma adecuada a las
necesidades de los pacientes que hay en nuestro país.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador señor Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Eguerdi on mahaiburu jauna
eguerdi on senatori jaun andreok.

Senador Aguirre, con todos mis respetos, y sabiendo que le
aprecio, le diré que hablar de calidad en general en este momento me
resulta un poco difícil, sobre todo si tenemos en cuenta datos que ya
dimos en octubre, cuando la senadora Almiñana presentó una interpelación,
y su consecuente moción, en la que pudimos hablar de este tema.

Hablar de calidad de la sanidad cuando las quejas, según la
defensora del pueblo, han subido un 59% en 2013, es complicado. Y hablar
de calidad sin tener otros indicadores triunfalistas, cuando el único
dato es este, el 59% de aumento de las quejas —hemos pedido más
datos pero no los tenemos—, también es complicado. Hablar de
calidad con el Real Decreto Ley 16/2012 y sus consecuencias vigentes
también es complicado. Pero bueno, me limitaré a aquello en lo que creo
que usted ha querido centrar la moción, que son las listas de espera y la
priorización de la atención.

Es cierto que entre la primera moción presentada y esta
modificación me cambia el discurso. Voy del no por lo menos hasta la
abstención, pero no más allá. Instar al Gobierno a que regule, a que tome
las medidas oportunas, etcétera, es volver a lo de siempre, a poner al
Gobierno a legislar y a, como dice mi suegro, trangallar en algo que no
es suyo, que no es de su competencia. En el caso vasco, no sé si con más
razón, pero a nosotros nos afecta más, evidentemente.

En diciembre de 2012 —son datos que ya di cuando se
debatió la interpelación de la senadora Almiñana— la media de
espera en cirugía en el Estado era de 100 días, mientras que en Euskadi
era de 52. Lo dije entonces y lo vuelvo a repetir: el que espera 52 días
para una cirugía bastante cruz tiene, pero evidentemente es esperar la
mitad de lo que se espera en el resto del Estado.

El Decreto 1039/2011, al que hacía mención el senador
Iglesias, da 180 días naturales para la cirugía cardíaca, de cadera,
rodilla y oftalmológica, si no recuerdo mal. En Euskadi, por el Decreto
65/2006, la cirugía oncológica tenía 30 días de plazo máximo, la cardíaca
90 y el resto 180. También por decreto, con el mismo sistema.

En 2012 se hizo otro decreto para primeras consultas, de
forma que las oncológicas, de cardiología, las pruebas de esfuerzo, las
hemodinámicas y las mamografías que no fueran de screening, tenían que
hacerse en 30 días.

Creo que eso siempre es mejorable, francamente mejorable.
Ahí se nos van los 1500 euros de inversión por habitante y año. Podemos
hablar de todo lo que tengamos que hablar, pero los costos en el País
Vasco también son diferentes a los del resto del Estado. Si hablamos de
cifras absolutas, probablemente podamos discutir mucho, pero si hablamos
de porcentajes, vayamos a compararlos y vayamos a ver las priorizaciones
de los distintos Gobiernos. Lo he dicho muchísimas veces aquí. Es un tema
de priorizar en qué se gasta. El gasto social y sanitario en Euskadi es
el que es, y es muy alto.

Voy a darle las últimas cifras porque son de hace un mes.
Cada seis meses se publican los informes que se tenían que publicar.
Tengo un montón de datos, pero le voy a dar solamente los de la lista de
espera. El número de pacientes en lista de espera para ser intervenidos
quirúrgicamente ha disminuido un 62%, y la media de espera es de 49,67
días, tres días menos que en el 2012. En consultas ha disminuido un 6% el
número de personas pendientes de una primera cita, con una demora de 25
días, lo que supone una rebaja de un día en relación con 2012. Por
cierto, las consultas con mayor demanda son traumatología, dermatología y
oftalmología.

En las pruebas diagnósticas ha aumentado el número de
pacientes en un 16,58%, teniendo un tiempo de espera medio por debajo de
nueve días. Donde mayor espera hay es en las ecografías generales.

Creo que con estas cifras el Sistema Nacional de Salud
puede legislar lo que quiera, y el ministerio puede decir también lo que
quiera, pero a nosotros nos gustaría seguir trabajando en esta línea.
Evidentemente que todo es mejorable, y esto es muy mejorable. Ojalá
pudiéramos tener unas cifras que fueran la mitad de las que son ahora,
independientemente de las que tengan los demás, pero lo que no queremos
es tener distorsiones, y mucho menos el riesgo que corremos de que cada
vez que se legisla desde Madrid el café para todos se nos acabe agriando
y terminemos tendiendo a la baja en vez de al alza.

En consecuencia, en esta moción nos vamos a abstener, y lo
que pedimos es que se tengan en cuenta aquellas prácticas que desde hace
tiempo se vienen haciendo con más éxito que en el resto del Estado, ni
mejor ni peor, pero sí con un poco más de éxito, y probablemente de otra

manera, para poder llegar todos a estas cifras y no dar la
oportunidad de que los que están bien puedan empeorar sin ningún tipo de
pretexto sin obligar al que está peor a que mejore y se iguale con los
que mejor están.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidente. Buenos días,
señorías.

Senador Aguirre, la fuente que yo he utilizado para hablar
de la cápita, de lo que se gasta cada comunidad, es El Periódico de
Catalunya, un periódico de gran tirada, y lo publicó casualmente hace una
semana, el día 4 de febrero. La fuente en que se basa el periódico es el
Ministerio de Sanidad, y deja muy claro que Andalucía se gasta 1175,43
euros por paciente mientras que Valencia se gasta 974,80 euros. No tengo
ningún problema en pasarle luego el periódico para que compruebe que sus
fuentes y las que cita el propio periódico son distintas.

Dicho esto no tengo ninguna duda de que las listas de
espera son uno de los grandes retos de cualquier sistema sanitario. En el
fondo las listas de espera son una forma de racionalizar los recursos, de
priorizar y de organizarse cuando la demanda es superior a la oferta. Se
da por hecho que los pacientes con determinadas patologías quirúrgicas
básicamente pueden esperar, que sus patologías se pueden demorar para ser
tratadas siempre que sea por un período no muy largo, pero nada puede
justificar los tiempos excesivos puesto que la enfermedad continúa ahí y
la solución y el tratamiento también. Cuando hay grandes demoras en las
listas de espera se produce, evidentemente, una gran insatisfacción en
los pacientes y se pierde la eficiencia con que hemos confeccionado esas
listas. Es entonces cuando esa medida realmente no tiene nada de
racional.

En España había más de 570 000 personas en lista de espera
a fecha de 31 de diciembre de 2012, no tenemos los nuevos datos, y
algunas de estas personas llevaban más de un año esperando para una
prótesis de cadera o para ser intervenidas de cataratas. Estos son los
últimos datos que ha publicado el ministerio: 571 395 personas están
esperando para ser operadas, lo que significa un 6,4% más que en junio de
2012, y no es solo que haya más personas, es que esperan más tiempo. Como
ha dicho el senador Iglesias, en seis meses pasamos de 76 días de espera
a más de 100 con datos de 2012, insisto en ello. Estamos pendientes de
que se publiquen los datos de 2013, pero nada hace intuir que serán
mejores.

Los retrasos en la lista de espera son muchísimo más caros
porque suponen que los pacientes empeoran, más consumo de medicinas y que
el tratamiento acabe siendo más caro, por no hablar del sufrimiento de
los pacientes y de las familias. Quiero añadir que de estos pacientes 180
000 son catalanes. De ellos 79 000 están esperando para los 14
procedimientos garantizados por ley. Y voy a darles algunos datos de mi
comunidad. En Cataluña se han incrementado las listas de espera en 30 000
pacientes más que en el año 2010. ¿Y esto ha sido porque sí? No, ha sido
por una cosa muy clara. Fíjense, señorías, el presupuesto de Sanidad
supone una partida importantísima en cualquier presupuesto de una
comunidad autónoma. En el caso de Cataluña es del 40%; pues en los
últimos tres años el Gobierno de Artur Mas ha recortado 1400 millones de
euros de ese presupuesto, con lo que queda claro que las listas de espera
han aumentado. Hace pocos días el Síndic de Greuges subrayó y lamentó en
su informe la cronificación de los tiempos de espera e hizo dos
propuestas sencillas y simples. Una, que se facilitara a los pacientes
una fecha aproximada sobre la previsión de su intervención. Dos, que se
les informara de la posición que ocupan en la lista de espera. También la
defensora del pueblo el año pasado resaltó en su informe que las quejas
en sanidad habían aumentado un 59% y que las listas de espera eran
extraordinariamente altas en algunos hospitales españoles.

Señorías, necesitamos un sistema de información sobre las
listas de espera que sea transparente, público y comparable. Que los
ciudadanos estén informados sobre sus garantías legales si no se cumple
el periodo de tiempo en el que les han de operar. Que se facilite la
atención primaria. Que se tenga acceso a las pruebas diagnósticas. Que se
aprovechen mejor algunos recursos estructurales, como los quirófanos de
tarde. Que realmente se ponga al paciente en el centro del sistema. Pero
para eso son necesarios recursos y políticas valientes.

Esta moción que nos ha presentado hoy el Partido Popular no
pretende cambiar nada, solo aporta buenas intenciones. Por eso, señorías
del Partido Popular, les anuncio hoy que el Grupo Parlamentario Entesa
votará en contra de esta moción y de todas las que presenten que solo
tengan buenas intenciones. Porque mientras ustedes traen a esta Cámara
mociones que buscan consenso, aplican políticas que rompen consensos y
que agrandan las diferencias. Les recuerdo que desde que ustedes
gobiernan, nuestra sanidad no es universal, hay más de 800 000 personas
que no tienen cobertura. Les recuerdo que han puesto copagos a los
pensionistas y pretenden continuar con su política de copagos en los
hospitales con la dispensación de la medicación ambulatoria. Les recuerdo
que su presupuesto en sanidad ha menguado en los últimos años y que han
recortado la investigación médica. Y les agradecería que no olvidaran que
el Consejo de Europa nos ha alertado de que sus recortes en políticas
sociales han conducido a un preocupante crecimiento de la pobreza en
nuestro país, que el FMI ha admitido que la austeridad incrementa los
niveles de desigualdad y que Intermón-Oxfam ha escrito negro sobre blanco
lo que todos intuíamos: que las veinte personas más ricas del país
atesoran una fortuna equivalente a los ingresos del 20% de la población
más pobre. O sea, los ricos son más ricos y los pobres son más
pobres.

Señorías, con todo esto a sus espaldas no pretendan que
aceptemos mociones vacías de contenido concreto, sin presupuestos, para
llevarlas a cabo y pretendan hacernos creer que ustedes hacen las
políticas que hacen porque no hay otra solución. No, señorías, hay otras
soluciones. Hay otras políticas. Lo siento, se terminó el juego.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el grupo de CiU, tiene la palabra la senadora señora
Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.

Senyories, en primer lloc vull deixar clar, com han
comentat ja alguns senadors que m’han precedit, que evidentment el
plantejament d’aquesta moció des del punt de vista de
l’objectiu que persegueix, és inqüestionable, perquè
d’entrada ningú no podria donar l’esquena al plantejament que
es fa.

Llegeixo textualment: «… tomar todas las medidas
oportunas encaminadas a la búsqueda de la calidad y seguridad de los
pacientes, donde se establezcan unos criterios de priorización en
intervenciones y pruebas diagnósticas, según gravedad, impacto de la
salud futura, criterios clínicos, criterios funcionales y sociales para
la asignación del nivel de prioridad o la reasignación o reevaluación
periódica del mismo, incardinada a que las listas de espera puedan
flexibilizarse en función de las condiciones del paciente.»

Evidentemente, nadie podría decir que no a esta solicitud.
Nuestra inquietud primera es —y de hecho viene recogida en la parte
expositiva— que aquello a lo que se insta al Gobierno son
competencia de las comunidades autónomas. Por ello, el primer motivo para
que nuestra respuesta no fuera un no rotundo era que en la moción se
incluyera el respeto absoluto…

...el respecte absolut a les competències que tenim les
comunitats autònomes. Dit això, evidentment que aquesta és una moció
aparador, una moció que només ve a posar de manifest, i a posar sobre
escena, allò que ja s’està fent. I coneixem que ja s’està
cuinant un Reial Decret de mesures de qualitat i seguretat, i que en
formen part del grup de treball les comunitats autònomes. Per tant, sí
som conscients que és una moció aparador. Nosaltres, des de Catalunya,
som sensibles a aquest tema. De fet, des del 2002, ja està legislat a
Catalunya el decret que determina els terminis màxims d’accés a
alguns procediments quirúrgics i a algunes proves. Això després va ser
ampliat el 2004, i se’n van modificar els procediments.
Evidentment, això no és la solució, i queda molt per fer.

Senyora Almiñana, evidentment queda molt per fer, i no ens
n’amaguem pas. El conseller de Salut, el senyor Boi Ruiz, en
darreres compareixences, ha manifestat que el repte és reduir les llistes
d’espera, que no ho fem prou bé; és evident que no ho fem prou bé.
Hauríem de parlar de moltes més coses. Hauríem d’aprofundir en
costos, en prioritats, també en prioritats de les comunitats autònomes.
Em diu que no es gasta el mateix, i efectivament, no es gasta el mateix
per cada ciutadà a cada comunitat autònoma, però també —i vostè ho
sap— perquè tampoc no s’ha gastat mai el mateix. No
s’ha gastat mai de la mateixa manera a cada lloc.

El que sí agrairia a tots els grups, a banda de manifestar
el seu posicionament respecte d’aquest tema, és que no juguéssim i
no féssim politiqueig d’una qüestió tan sensible. Evidentment que
hi ha ciutadans catalans que estan patint llistes d’espera, i vostè
ho sap millor que jo. Ho sap perfectament i sap que les prioritats
arriben fins a on arriben. I també sap, senyora Almiñana —perquè
mentre jo estava fent senzillament de regidora al meu poble, Esterri
d’Àneu, vostè ocupava un càrrec de confiança a l’anterior
Govern, al Departament de Salut—, que les prioritzacions
s’han de fer a partir d‘allò de què hom disposa. I quan
nosaltres vam arribar, quan el Govern del senyor Artur Mas va arribar a
Catalunya, la primera cosa que va haver de fer va ser garantir la
viabilitat del sistema. La segona, garantir-ne la sostenibilitat. I això
s’ho va trobar perquè partíem d’un dèficit global de 8000
milions d’euros, que vostè sap que van deixar. En el cas concret de
la Sanitat, 853,7 milions d’euros en factures per pagar, 125
milions d’euros en compromisos d’inversions per al 2011 i 52
actuacions del Pla d’Equipaments de Salut que no tenien
finançament. Per tant, siguem curosos a l’hora de politiquejar i de
fer demagògia d’aquests temes.

Per suposat, hi ha molta feina a fer. En aquest sentit,
nosaltres n’estem fent, i si volem garantir les competències que
tenim és perquè estem fent coses i volem que aquestes coses arribin a bon
port. En aquest moment estem implantant mesures per alleugerir les
llistes d’espera. El Departament de Salut va presentar al final del
2013 diferents xifres, com una reducció de l’11 % de les
hospitalitzacions de malalts crònics i aconseguir que 240.000 persones
passessin de sedentàries a actives. El conseller va reconèixer que el
repte per al 2014 i el 2015 era reduir les llistes d’espera
—és clar que sí— i donar més als metges de Primària a
l’hora de gestionar les llistes per especialitats. Un altre dels
objectius de cara al 2014 per reduir les llistes va ser, en el cas de la
cirurgia cardíaca, poder recuperar els 45 dies d’espera que
s’havien assolit. D’altra banda, també es plantejava que
alguns especialistes de l’Atenció Primària vagin a atendre
pacients, i així evitar derivacions. Entre altres coses, també es va
implantar que el 30 % de les visites als hospitals per part dels
especialistes en psiquiatria anessin a poder desactivar les esperes que
hi havia per a algunes proves en aquest sentit. Per tant, s’estan
fent coses i cal fer-ne més. No ho arregla un Reial Decret, és clar que
no. Però en algun moment cal començar a posar fil a l’agulla i
marcar uns paràmetres mínims on començar a treballar. I això, com en
tantes altres coses, ha de ser transversal. I aquesta transversalitat i
aquestes inversions no depenen únicament de la partida de sanitat, ja ho
saben vostès.

D’altra banda, també vull comentar que les llistes
d’espera sí que es podrien veure reduïdes amb inversions.
Evidentment que voldríem un finançament que ens permetés arreglar-ho tot
en un moment. Però jo els recordo que el 2010 s’omplien la boca
dient que no hi havia retallades, i les llistes d’espera el 2010 a
Catalunya creixien i creixien i creixien. Per tant, potser, a banda del
pressupost i a banda del Reial Decret, ara hem de començar a revisar els
sistemes. El que nosaltres vam fer, d’entrada, quan vam revisar les
llistes d’espera, va ser passar d’un sistema purament
administratiu a un sistema que establís —com recull aquesta
moció— prioritats de tipus clínic, de tipus funcional i de tipus
social del pacient. Pensem que hi ha molta cosa a fer, i en el cas de
Catalunya, pensem que s’està fent. I no serem nosaltres qui posem
pals a les rodes perquè els altres no ho facin.

Estic d’acord amb el senyor Cazalis. El «cafè para
todos», malauradament no ens ha anat gaire bé. El que volem és que tothom
millori i que tothom arribi a uns nivells òptims d’assistència.
Volem que qualsevol ciutadà, sigui on sigui, accedeixi amb qualitat i amb
garantia a qualsevol prova diagnòstica o quirúrgica a la qual hagi de
sotmetre’s. Però el fet d’assumir aquest nivell quan parlem
d’homogeneïtat, el que ens fa por és que aquesta homogeneïtat ens
faci baixar el llistó. Per tant, col·laboració i coordinació. Els que ja
tenen feina avançada en aquest sentit, que la posin sobre la taula per
tal que els altres la puguin assolir; però ni un pas enrere en aquelles
comunitats on ja s’ha fet feina, s’està fent bé i, malgrat
tot i malgrat el que s’ha trobat, crec que els resultats podran ser
posats sobre la taula en breu.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

Señorías, en primer lugar, quiero dejar claro —como
han comentado ya algunos senadores que me han precedido— que el
planteamiento de esta moción desde el punto de vista del objetivo que
persigue es incuestionable, de entrada, nadie podría darle la espalda.
Leo textualmente: «…

tomar todas las medidas oportunas encaminadas a la búsqueda
de la calidad y seguridad de los pacientes, donde se establezcan unos
criterios de priorización en intervenciones y pruebas diagnósticas, según
gravedad, impacto de la salud futura, criterios clínicos, criterios
funcionales y sociales para la asignación del nivel de prioridad o la
reasignación o reevaluación periódica del mismo, incardinada a que las
listas de espera puedan flexibilizarse en función de las condiciones del
paciente.»

Evidentemente, nadie podría decir que no a esta solicitud.
Nuestra inquietud primera es —y de hecho viene recogida en la parte
expositiva— que aquello a lo que se insta al Gobierno son
competencia de las comunidades autónomas. Por ello, el primer motivo para
que nuestra respuesta no fuera un no rotundo era que en la moción se
incluyera el respeto absoluto…

…el respeto absoluto de las competencias que tenemos
las comunidades autónomas. Dicho esto, evidentemente, esta moción es una
moción escaparate, que solo pone de manifiesto y sobre escena lo que ya
se está haciendo. Sabemos que se está cocinando un real decreto de
medidas de calidad y seguridad, en el que participan, o al menos forman
parte del grupo de trabajo, las comunidades autónomas. Por lo tanto,
somos conscientes de que es una moción escaparate. Y nosotros desde
Cataluña somos sensibles a este tema. De hecho, desde el 2002 ya está
legislado en Cataluña el decreto que determina los plazos máximos de
acceso a algunos procedimientos quirúrgicos y a algunas pruebas.
Evidentemente, eso luego fue ampliado en 2004 y fueron modificados los
procedimientos. Pero esa no es la solución y queda mucho por hacer.

Señora Almiñana, obviamente, queda mucho por hacer y no nos
escondemos. El consejero de Salud, el señor Boi Ruiz, en sus últimas
comparecencias ha manifestado que el reto es reducir las listas de
espera. ¿Que no lo hacemos lo bastante bien? Evidentemente que no. Pero
aquí cabe hablar de muchas más cosas: habría que profundizar en los
costes y en las prioridades, y también en las prioridades de las
comunidades autónomas. Dice que no gastan lo mismo. En efecto, no se
gasta lo mismo por cada ciudadano en cada comunidad autónoma, pero nunca
se ha gastado lo mismo, y usted lo sabe bien, nunca se ha gastado del
mismo modo en cada sitio.

Lo que sí agradecería a todos los grupos, aparte de
manifestar su posicionamiento con respecto a este tema, es que no jugasen
ni hiciesen politiqueo con una cuestión tan sensible. Evidentemente hay
ciudadanos catalanes que están sufriendo las listas de espera, y usted lo
sabe mejor que yo, y, señora Almiñana —porque mientras yo era
concejal en mi pueblo, en Esterri d’Àneu, usted ocupaba un cargo de
confianza en el Departamento de Salud del anterior Gobierno— sabe
que las prioridades llegan hasta donde llegan y deben hacerse a partir de
lo que uno dispone. Y cuando nosotros llegamos, cuando el Gobierno del
señor Artur Mas llegó a Cataluña, lo primero que tuvo que hacer fue
garantizar la viabilidad del sistema y luego, garantizar su
sostenibilidad, porque se encontró con que partía de un déficit global de
8000 millones de euros —que sabe usted que dejaron—, y en el
caso concreto de la sanidad, 853,7 millones de euros en facturas por
pagar, 125 millones en compromisos de inversiones para 2011 y 52
actuaciones del plan de equipamientos de salud que no tenían
financiación. Por lo tanto, seamos precisos a la hora de politiquear y de
hacer demagogia de estos temas.

Por supuesto, hay mucho trabajo por hacer y lo estamos
haciendo. Queremos garantizar las competencias que tenemos y por eso
estamos haciendo cosas, y queremos que esas cosas lleguen a buen puerto.
En este momento estamos implantando medidas para aligerar las listas de
espera. El Departamento de Salud presentó a finales de 2013 distintas
cifras, por ejemplo, una reducción del 11% de las hospitalizaciones de
los enfermos crónicos y consiguió que 240 000 personas pasaran de
sedentarias a activas. El consejero reconoció que el reto para el 2014 y
el 2015 era reducir las listas de espera —obviamente que sí—
y dar más peso a los médicos de primaria a la hora de gestionar las
listas por especialidades. Otro de los objetivos de cara a 2014 para
reducir las listas fue, en el caso de la cirugía cardiaca, recuperar los
45 días de espera que se habían alcanzado. Por otra parte, también se
planteó que algunos especialistas de atención primaria fueran a atender a
pacientes, evitando así derivaciones. Entre otras cosas, asimismo se
implantó que el 30% de las visitas a los hospitales por parte de los
especialistas en psiquiatría fueran para desactivar las esperas que había
para algunas pruebas en ese sentido. Por tanto, señorías, se están
haciendo cosas, pero hay que hacer más. Esto no lo arregla un real
decreto, por supuesto que no, pero en algún momento habrá que empezar a
trabajar, para lo cual habrá que marcar algunos parámetros mínimos. Y
esto, como tantas otras cosas, tiene que ser

transversal, y esa transversalidad y esas inversiones no
dependen únicamente de la partida de sanidad. Pero eso ya lo saben
ustedes.

Por otra parte también quiero comentarles que las listas de
espera podrían verse reducidas con inversiones, claro que sí. Obviamente
querríamos una financiación que nos permitiera arreglarlo todo de un
plumazo. Yo les recuerdo que en 2010 se llenaban la boca diciendo que no
había recortes, y las listas de espera crecían, crecían y crecían en
Cataluña. Así pues, quizá, aparte del presupuesto y aparte del real
decreto, tengamos que empezar a revisar los sistemas. Lo que nosotros
hemos hecho de entrada, cuando revisamos las listas de espera, ha sido
pasar de un sistema puramente administrativo a uno que priorizase
—como recoge esta moción— prioridades de tipo clínico,
prioridades de tipo funcional del paciente y prioridades de tipo social.
Creemos que hay mucho por hacer, y en el caso de Cataluña se está
haciendo, y no vamos a ser nosotros quienes pongamos palos en las ruedas
para que otros lo consigan.

Efectivamente estoy de acuerdo con el señor Cazalis:
lamentablemente eso de «café para todos» no nos ha ido demasiado bien. Lo
que queremos es que todo el mundo mejore, que todo el mundo llegue a unos
niveles óptimos de asistencia. Queremos que cualquier ciudadano, esté
donde esté, acceda con calidad y con garantías a cualquier prueba
diagnóstica o quirúrgica a la que deba someterse. Pero lo que nos da
miedo cuando hablamos de homogeneidad es que esta nos haga bajar el
listón. Así pues, debe haber colaboración y coordinación por parte de los
que ya tienen tarea avanzada en este sentido para que otros puedan
también llegar, pero no hay que dar ni un solo paso atrás en aquellas
comunidades en las que ya se ha trabajado, donde se está haciendo bien. Y
a pesar de todo, a pesar de lo que se ha encontrado, creo que los
resultados podrán ponerse sobre la mesa en breve.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la
senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señor presidente.

Señorías, empezaré mi intervención diciendo algo que
también han comentado varios senadores que me han precedido en el uso de
la palabra: ¡Vaya papelón tiene que hacer el Grupo Parlamentario Popular
presentando esta moción! Esta moción surge como consecuencia de que en
agosto de 2013 tuvimos conocimiento de que las listas de espera habían
aumentado de forma brutal, y el Grupo Parlamentario Socialista en el
Senado pidió la comparecencia de la ministra, a la que todavía estamos
esperando. Espero que algún día se digne a venir a la Comisión de Sanidad
del Senado a informar de todas las comparecencias que tiene
pendientes.

Como consecuencia de la petición de comparecencia urgente
de la ministra, también el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso
la solicitó, y es verdad que allí compareció en el mes de septiembre. Y
como ha dicho el senador Iglesias, todo lo que nos propone hoy aquí el
Grupo Parlamentario Popular con su moción ya lo dijo la ministra en sede
parlamentaria. Por tanto, señorías, cojan el Diario de Sesiones de 18 de
septiembre del año 2013 y verán que la moción que nos presentan ustedes
hoy aquí es exactamente lo que dijo la ministra. Por tanto, nos parece un
desprecio al trabajo parlamentario. ¡Ya está bien de hacer de palmeros
del Gobierno! En algún momento tendrán ustedes que decirle al Gobierno
que lo haga realidad y que dé respuesta a las necesidades que se están
generando por los graves recortes que se están produciendo.

Y como les decía anteriormente: cuando se publicaron en
diciembre de 2012 las listas de espera eran de 571 395 pacientes, y el
tiempo medio para la intervención de 100 días; un año anterior, con el
Gobierno socialista —ese que según ustedes lo hacía todo tan
mal—, las listas de espera eran a diciembre de 2011 de 459 885
pacientes, siendo el tiempo medio de intervención de 73 días. Por tanto,
en un año de Gobierno del Partido Popular, del señor Rajoy y de la
ministra Mato, ya ha aumentado el número de enfermos en lista de espera
—111 510 enfermos más—.

¿Y ustedes presumen de esa gestión? Es que es intolerable,
sabiendo lo que supone para una persona que está en el trance de estar en
una lista de espera, que no sabe cuándo le van a llamar, que puede tener
riesgos para su salud. Ustedes presumen de lo bien que lo están haciendo,
cuando en un año han aumentado en más de 100 000 personas las listas de
espera.

Me centro en mi comunidad, la Comunidad Valenciana, esa
comunidad, que, como decía la senadora Almiñana, es la que menos dinero
dedica por habitante y año a tema sanitario, la

comunidad más endeudada de todo el Estado español, la
comunidad más despilfarradora de todo el Estado español, la comunidad
donde la corrupción está todos los días en los medios de comunicación y
donde hay diputados sentados en las Cortes Valencianas, esa comunidad,
con más de dieciocho años de Gobierno de Partido Popular, también tiene
unas listas de espera que son clínica y socialmente intolerables: 54 000
pacientes en lista de espera según los datos publicados en la página web
de la Consejería de Sanidad —por cierto, solamente publican las
listas de espera quirúrgica, las demás no las he encontrado por ninguna
parte—, de los cuales, más de 6000 en espera de más de 180
días.

¿Y ustedes presumen de la gestión del Partido Popular y
dicen que saben gestionar, que son eficientes y que se preocupan por la
salud de los enfermos? Pues vayan a mi comunidad, vayan, vayan, vayan y
verán qué es lo que opinan los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad
Valenciana de los dieciocho años de Gobierno del Partido Popular.

Quieran ustedes o no quieran, el aumento de las listas de
espera —es verdad que influyen muchísimos factores— tiene que
ver fundamentalmente con los recortes sanitarios que se han puesto a
través del Real Decreto 16/2012, que ha obligado a todas las comunidades
a hacer recortes, recortes en personal. Si recortas personal, si cierras
quirófanos, si cierras plantas de hospitalización, si cierras centros de
salud por la noche, pues ya me contarán ustedes, no se puede hacer más
con menos. Esto no existe todavía. Por tanto, los recortes que están
poniendo en marcha están directamente relacionados con el aumento de las
listas de espera.

Es verdad que hay diferencias, y lo dice el barómetro
sanitario. Cuando se pregunta: ¿Qué cree usted que ha pasado durante los
doce meses con el problema de las listas de espera? Pues en el año 2012,
el 29,97% decía que había empeorado —cuando en el año 2011 era el
18,17%—. Y de estos datos, fíjese usted, si la media era del
29,97%, en Andalucía —porque me lo van a decir— era del 20%
—por debajo de la media—, pero en Castilla—La Mancha
era del 31,49% y en Cataluña, del 49,32%. Por tanto, los ciudadanos
perciben de forma muy directa cómo les están afectando las listas de
espera. Eso es así, son datos publicados del barómetro sanitario, les
guste o no les guste.

No lo dice solamente el Grupo Socialista, lo dicen las
organizaciones sociales, sindicales, de profesionales. La revista British
Medical Journal dice: Los recortes en el sistema sanitario español están
poniendo las vidas en peligro; la revista The Lancet: La austeridad
cuesta vidas; la OCDE alerta de que los recortes están afectando al
acceso a la salud y al aumento de las listas de espera. Y ustedes
presumen. Y lo más indignante es que se muestren orgullosos de lo que
está pasando.

Decía ayer la ministra —la verdad es que una no sale
de su asombro porque siempre dice lo mismo, le da igual mentir que no,
ella viene aquí, nos suelta lo que le han preparado y ahí se queda, pero,
claro, hay que ser un poco rigurosos y serios; repito, rigurosos y
serios— que menos mal que ha llegado el Partido Popular y que,
gracias a los recortes que ha impuesto, se ha salvado la sanidad pública,
porque era inviable, porque —fíjense ustedes— los socialistas
habíamos dejado una deuda de 16 000 millones de euros en sanidad
—respuesta del Ministerio del Gobierno a 30 de diciembre—. Lo
que no dice es que la Comunidad Valenciana, esa comunidad de la que
ustedes presumen tanto, de los 16 000 millones debía 3906 millones de
euros, con 5 millones de habitantes. Y la ministra hablaba de Andalucía,
y qué casualidad que cuando nos vamos a la respuesta del ministerio,
Andalucía tenía una deuda de 3000 millones de euros, menos que la
Comunidad Valenciana, y con 8,5 millones de habitantes. Por tanto,
señorías, un poco de seriedad y de rigor. (Aplausos.)

¡Ya está bien del y tú más! Aquí lo que tiene que hacer el
Gobierno es gobernar pensando en los ciudadanos, en las personas más
desfavorecidas, en los que menos tienen, y no lo está haciendo: está
desmantelando el Sistema Nacional de Salud, está rompiendo la cohesión y
la equidad entre todos los españoles.

Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista no les va a
apoyar esta moción, y les pedimos que, por favor, dejen ya de aplaudir al
Gobierno. Trabajen presentando mociones para exigirle al Gobierno que
haga algo por el bien del Sistema Nacional de Salud, que retire todas las
medidas que han puesto en marcha —los recortes, los copagos—.
La universalidad: que han dejado a más de 800 000 personas
—inmigrantes irregulares— tiradas, con los riesgos que tiene
para la salud pública, para ellos como personas; simplemente, por
humanidad, a esas personas hay que atenderlas. Pero es que también hay
riesgos para la salud pública.

Termino diciéndoles que no se puede continuar así. No se
puede mercantilizar el sector sanitario. Están intentando inculcar a la
población que no hay otra forma de hacer las cosas, nada más que la suya;
están introduciendo una contrarreforma sanitaria. Hay quienes pensamos de
verdad que la sanidad es un derecho y no un negocio como opina el Partido
Popular.

Por eso, cuando presentamos enmiendas o propuestas, estas
son serias y rigurosas. Creemos que hay que contar con los profesionales,
hay que incentivarles, hay que motivarles, y si los profesionales están
motivados, están incentivados, desde luego funcionará todo mejor. Hay que
contar con los ciudadanos; hay que aumentar la transparencia, la
democratización del sistema sanitario público. Y ustedes lo único que
están haciendo es romper los principios básicos de la universalidad.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por
favor, vaya finalizando.

La señora LLINARES CUESTA: Termino, enseguida.

Por tanto, no podemos apoyar esta moción. Lo sentimos de
verdad, porque, una vez más, han perdido la oportunidad de trabajar todos
juntos para mejorar la sanidad pública en España.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Popular, en el turno de portavoces, tiene la
palabra el senador Aguirre.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Tal como dije antes, agradezco las aportaciones de todos
los grupos parlamentarios, las cuales se han visto reflejadas en una
mejora bastante importante en lo que se insta al Gobierno dentro de lo
que es la moción que se ha presentado.

Voy a contestar a cada uno de los portavoces, empezando por
el Grupo Mixto. Por supuesto, estoy de acuerdo con el señor Iglesias:
ojalá no hubiera listas de espera, ojalá. Estoy totalmente de acuerdo,
sería lo ideal, pero haberlas haylas. Luego si haylas, hay que
abordarlas. Y lo que hace el Gobierno es abordar y coger el toro por los
cuernos y decir: Esto es lo que está pasando en las listas de espera y
vamos a reorganizarlo, manteniendo la equidad y la cohesión entre todas
las comunidades autónomas a la hora de abordar las listas de espera, y
que cualquier ciudadano, independientemente de donde viva, tenga los
mismos derechos respecto a la listas de espera tanto quirúrgicas como
medios diagnósticos.

Senador Cazalis, por supuesto, lo que pretende el Gobierno
con esta moción, igual que con las legislaciones que está sacando, es
coordinar la lista de espera. Por supuesto, las competencias son de las
comunidades autónomas y, como usted bien ha dicho, dentro de las
transferencias autonómicas, que no son finalistas, cada una prioriza en
lo que quiere o cree más oportuno. Como bien ha dicho usted, su comunidad
está priorizando en temas sanitarios con 1500 euros habitante/año,
mientras que en otras es distinto, y me refiero ya a la senadora
Almiñana. Por cierto, señoría, posiblemente el periódico esté equivocado,
lo que venga en un periódico no es patente de corso, ni mucho menos. Le
digo que está equivocado. Posiblemente lo que está diciendo es que el
presupuesto de Andalucía, que son 9600 millones de euros, lo está
dividiendo por habitante, pero considerando también política social. La
aportación per cápita por año en Andalucía son 980 euros. Cada comunidad
autónoma prioriza en lo que he dicho: Euskadi en lo que ha hecho y
Andalucía en los ERE falsos. Cada uno prioriza en lo que le da la gana.
Pero Andalucía no ha priorizado en calidad en atención al ciudadano y en
calidad asistencial en la prestación sanitaria. Corresponde a la potestad
de cada una, porque, como he dicho, los presupuestos no son finalistas
—siempre hablamos de si son finalistas o no, y no lo son—, y
cada una actúa según su criterio. Además está el Real Decreto 16/2012,
magnífico real decreto, que garantiza la universalidad de la asistencia
sanitaria a cualquier español. Nada más que por el hecho de haber nacido
español ya tiene derecho a la asistencia sanitaria. Cualquier emigrante,
por el hecho de estar trabajando en España y estar dado de alta, tiene
derecho ya a la asistencia sanitaria. Y no se le ha negado la asistencia
a ningún inmigrante. Lo que pasa es que las facturas, sencillamente, se
meten en los cajones, y punto. Pero este magnífico real decreto sí ha
conseguido la universalidad de la asistencia sanitaria. Y sigue
manteniendo la gratuidad. La cartera de servicios básica del Sistema
Nacional de Salud —según el decreto del año 2007, del Partido
Socialista, que los divide en básicos y complementarios, y los
complementarios van acompañados de un copago—, que es la

atención hospitalaria, la atención en urgencias y la
atención en atención primaria, sigue siendo gratuita para todos. Respecto
a la cartera complementaria, se ha hecho una redistribución social del
copago. Se han dejado de incinerar 3700 toneladas de medicamentos al año
de los puntos Sigre de las farmacias, ahora han pasado a 1000, con un
ahorro para las comunidades autónomas de 2800 millones de euros.

¿Qué garantiza el Gobierno? La sostenibilidad, porque, al
estar transferidas las competencias, quienes tienen la capacidad de
gestión económica son las comunidades autónomas. Nosotros ponemos las
mimbres para que las comunidades autónomas hagan los cestos en pro de la
sostenibilidad de nuestro magnífico sistema sanitario. Y todo eso gracias
a un Gobierno del Partido Popular y todo eso gracias a ese Decreto
16/2012.

Todos los portavoces han dicho: ¿Y de lo mío qué? Todos los
portavoces —como los de Entesa y CiU— han hablado de su
problemática específica y hasta el socialista respecto a su Comunidad
Valenciana. Como ha hecho la portavoz de Convergència i Unió, hay que
leerse.

Esta moción pretende que haya unos criterios uniformes a
nivel nacional para valorar las listas de espera, que, actualmente,
varían según las comunidades autónomas. En pruebas diagnósticas, por
ejemplo, Castilla-La Mancha solo tiene siete días de espera, mientras que
otras, como Navarra o Galicia, tienen 45 días; en consultas de
especialidades, Castilla-La Mancha tiene el máximo de demora en 15 días,
mientras que en otras está en 60 días; en operaciones quirúrgicas varía
desde los 30 a los 180 días, etcétera. Lo que existe es una disparidad de
criterios a la hora de abordar a un mismo paciente, pero el paciente es
único y universal en todo el territorio nacional. En este sentido, se
pretende armonizar los criterios y priorizar, y priorizar en este caso
específico, como dice la moción, a pacientes en especiales circunstancias
para que la espera no sea muy dañina.

Señorías, termino mi intervención agradeciendo su postura a
la portavoz de Convergència i Unió, porque lo importante cuando se
presenta una enmienda es aportar y no criticar; lo fácil es poner trabas
y cargarse una idea, lo difícil es aportar algo que mejore la redacción
en beneficio de la ciudadanía y de los pacientes, que es nuestra
obligación y nuestra razón de ser como políticos.

Espero una rectificación de los grupos parlamentarios en
los próximos cinco minutos, de aquí a las votaciones, porque parte de sus
enmiendas han sido recogidas en la redacción final de la moción para que
cambien su voto.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aguirre.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la propuesta de modificación
a la moción del Grupo Parlamentario Popular, suscrita por el Grupo
Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, el
Grupo Parlamentario Vasco y el Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 234; votos emitidos, 233; a favor, 145; en contra, 72;
abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

6.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL SERVICIO INTERNACIONAL DE ALTA
VELOCIDAD FERROVIARIA ENTRE ESPAÑA Y FRANCIA.

(Núm. exp. 662/000117)

AUTOR: GPS

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario
Socialista, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas en relación con el servicio internacional de alta velocidad
ferroviaria entre España y Francia.

A esta moción originariamente se había presentado una
enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Posteriormente se ha presentado
una propuesta de modificación firmada por el Grupo Parlamentario Popular,
el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió, el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya y el Grupo

Parlamentario Vasco; es decir, por todos los grupos
parlamentarios salvo el Grupo Parlamentario Mixto, y, por tanto, la
enmienda del Grupo Parlamentario Popular se considera decaída.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador
Belloch, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor BELLOCH JULBE: Gracias, señor presidente.

Señorías, como saben ustedes, el 15 de diciembre del año
pasado la ministra española de Fomento y su homólogo francés llegaron a
un acuerdo sobre el servicio de ferrocarriles internacional
España-Francia. Se trataba de cinco líneas correspondientes a cinco
trenes diarios. Cuatro de ellos tienen, desde el punto de vista español,
su origen en Barcelona y un quinto tiene su origen en Madrid. Los de
Barcelona van: dos a París, uno a Lyon y otro a Toulouse. Pero el objeto
de esta moción es el quinto, el que va de Madrid a Marsella. ¿Por qué?
Porque se produce un hecho que yo calificaría solo de insólito, puesto
que hemos llegado a una transaccional y hay que cuidar los adjetivos,
pero realmente es sorprendente puesto que pasa por Zaragoza, pero no se
para en Zaragoza.

Hemos intentado durante muchos meses ponernos en contacto
con las autoridades y hemos formulado preguntas por escrito. El Gobierno
de Aragón ha mostrado su posición al respecto, la han mostrado las Cortes
de Aragón, la ha mostrado el Pleno del ayuntamiento de la ciudad. Y
finalmente, el grupo municipal socialista, en particular el grupo
territorial de Aragón, ha decidido presentar esta moción para ver si
encuentra alguna explicación, porque no era explicación lo que, por
ejemplo, dijo el secretario de Estado en unas declaraciones al afirmar
que podría tener parada justo cuando hubiera oferta. Me parece que eso no
tiene mucho sentido como argumento, ni siquiera como pretexto. Para que
haya una demanda eficaz debe haber una oferta estimulante, si no, no
tiene sentido. El proyecto debería haber sido al revés, en primer lugar
debería hacerse la parada, y si posteriormente se comprueba que no es
rentable se pueden adoptar unas u otras decisiones. Pero no se hizo así,
de ahí que hayamos tenido que presentar esta moción.

He dicho insólito, y lógicamente debo tratar de justificar
por qué empleo ese adjetivo. En primer lugar, porque ya hay datos
suficientes para saber que esa parada sería mucho más rentable en
términos económicos que la mayoría de las paradas de esa línea. ¿Por qué
razón? Por una razón obvia: entre Zaragoza y su zona de influencia hay
dos millones y medio de expectantes usuarios, porque, desde luego, es
todo Aragón, pero es el valle medio del Ebro, es La Rioja, es Navarra, es
Álava, es Soria, es decir, son dos millones y medio de personas que son
potenciales usuarios. Y en segundo lugar, porque la propia ciudad de
Zaragoza tiene cerca de 700 000 habitantes, y lo que es más importante,
no solo es la quinta ciudad de España en número de habitantes, sino la
cuarta en habitantes que usan concretamente el AVE. Por tanto, está claro
que esa parada mejoraría la rentabilidad económica de la línea desde el
momento en que se estableciera; no hay que esperar, se podría hacer desde
ya.

En segundo término, voy a exponer un grupo de argumentos
que tienen más que ver con lo que podríamos llamar el sentido común. Por
ejemplo, no parece muy razonable que entre Barcelona y Francia haya dos
paradas, una en Figueras, con menos de 50 000 habitantes, y otra en
Gerona, con menos de 100 000 habitantes, y que entre Madrid y Barcelona
no haya nada. Y no lo digo porque nos parezca mal que haya paradas en
Gerona y, naturalmente, en Figueras; nos parece muy bien, que conste, lo
que ocurre es que no tiene mucho sentido que no la haya entre Madrid y
Barcelona; eso parece evidente.

En segundo lugar, en 312 kilómetros, entre Perpiñán y
Marsella, hay ocho paradas en ocho distintas ciudades francesas de entre
45 000 y 250 000 habitantes, con un total en torno al millón de
habitantes. Pues bien, que en 312 kilómetros pase eso y que en 620
kilómetros, entre Madrid y Barcelona, no haya ninguna parada no tiene
sentido alguno; como no lo tiene el propio acuerdo, porque recoge dos
modelos completamente diferentes: el modelo francés, que sería de
proximidad, de servicio a la ciudadanía y a las ciudades pequeñas y
medianas, y el español que, salvo en el trayecto de Barcelona hasta la
frontera, opta solo y exclusivamente por la velocidad. Dos modelos
diferentes en un acuerdo internacional no suelen funcionar.

Resumiendo, no hay ni una sola razón, motivo o pretexto
para que no se pare en Zaragoza. Y lo sabemos todos, todas las
instituciones y en realidad todos los grupos. Por eso ha sido posible un
acuerdo transaccional, que, evidentemente, quiero agradecer a todos los
grupos parlamentarios

que lo han apoyado. En particular me gustaría citar a los
senadores populares de Aragón, que sé que han hecho un especial esfuerzo;
al PAR, por descontado; a mi grupo parlamentario, Socialista, y a todos
los grupos parlamentarios que apoyan esta moción.

Queremos, en definitiva, que el Gobierno evite un error,
que rectifique. Pero también tenía otra finalidad: demostrar que catorce
minutos, que es lo que cuesta desacelerar, parar y volver a acelerar en
Zaragoza, no justifican una injusticia de este calibre, ya que se trata
de un trayecto que dura más de siete horas.

Había un último motivo para esta moción relacionado con un
concepto muy querido a mi presidente Iglesias, portavoz en este caso, que
es la España interior. El que no haya parada no tiene ninguna explicación
salvo que sea porque se omite la realidad de una España interior, porque
se piensa todavía que entre Madrid y Barcelona no hay más que desierto,
que no hay nada más, que no existe vida inteligente. Pues sí, existe, y
queremos reivindicar nuestros derechos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Belloch.

¿Turno en contra? (Pausa.)

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

No interviene.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, tiene la palabra la señora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Bai, eskerrik asko,
mahaiburu jauna.

Bi hitz bakarrik aipatzeko. Gaur hona datorren mozio,
barkatu, mozio honek ekartzen digun planteamenduarekin bat gatoz; logikoa
iruditzen zaigu, ez da gai berria guretzat. Hainbat eta hainbat alditan,
nik neuk, eta nire taldearen izenean ganbera honetan gai honi buruz eta
azpiegiturei buruz hitz egin dugu, eta bat gatoz mozio honek eskatzen
duena ez zela gertatuko behin eta berriro eskatu dioguna Gobernuari
gauzatuko balitz. Hau da, azpiegituretan planteatzen dituen helburuei
eman beharreko neurriak erabat adostuta, hierarki bati erantzunez dauden
irizpide batzuei erantzuna emanez gauzatuko balitu, ez ginateke egongo
egoera honen aurrean. Azken finean partxeak, edota ditugun arazoei
erantzunak emateko honelako mozioak edota honelako planteamenduak egin
behar dira.

Beraz, gure taldeak bat egiten du, ulertuz nahiz eta gure
eremuan izan ez beraien eskaera, eta behin eta berriro aprobetxatzen dut
aukera aldarrikatzeko azpiegituretan planteamenduak beste modu batez egin
behar direla, irizpide batzuk, gobernuak berak egiten dituen irizpide
batzuei erantzunez, eta beste batzuk Europak berak egiten dituenak. Beste
aukerak izan ditugu gure aldean eta Atlantiar adarra aldarrikatzeko baina
kasu honetan, baita ere aprobetxatzen dut berdina eskatzeko.

Mila esker.

Gracias, señor presidente.

Solo quiero decir dos cosas. Estamos de acuerdo con el
planteamiento de esta moción, que no es nuevo para nosotros. Yo misma, en
nombre de mi grupo, he hablado sobre este tema y sobre las
infraestructuras. Estamos de acuerdo en que lo solicitado por esta moción
no ocurriría si lo que se ha pedido tantas veces al Gobierno se hubiera
realizado. Es decir, si las medidas adoptadas, respondiendo a ciertas
jerarquías, se hubieran realizado no estaríamos ante esta situación. Al
final parece que se está respondiendo con parches a los planteamientos
que se exponen aquí.

Por lo tanto, estamos de acuerdo con lo planteado a pesar
de que su solicitud no esté en nuestro ámbito, porque creemos que las
infraestructuras deben realizarse de otra forma y que hay que respetar
ciertos criterios, los que asume el propio Gobierno y también los
respetados por la Unión Europea. La Unión Europea ha dado prioridad al
eje transatlántico, y solicitaría que se respetara.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gràcies, president.

El nostre Grup dóna ple suport en aquesta moció, i l’
idea de que els trens que connecten Madrid amb la frontera francesa també
puguin para a la ciutat de Saragossa. Però no voldria deixar de recordar
que aquesta línia és la línia més rentable de tota la xarxa de línies de
l’AVE i això es deu en bona part a que lògicament la relació de
Catalunya amb França és la més intensa, com no podia ser d’altre
manera, donada la seva posició. I per tant, tenen tota la lògica les
parades de Girona i Figueres, perquè el trànsit, les necessitats de
relació entre un cantó immediat de la frontera, així ho demanen, i és bo
que així sigui.

Per tant, res més que expressar el nostre suport a la moció
del grup Socialista.

Gràcies.

Gracias, presidente.

Nuestro grupo apoya totalmente esta moción y la idea de que
los trenes que conectan Madrid con la frontera francesa también puedan
detenerse en la ciudad de Zaragoza. Pero no querría dejar de recordar que
esta línea es la más rentable de toda la red de líneas del AVE, y buena
parte de esto se debe a que lógicamente la relación de Cataluña con
Francia es la más intensa, como no podría ser de otro modo, dada su
posición. Por tanto, tienen toda lógica las paradas de Gerona y Figueras,
porque las necesidades de relación entre un lado y otro de la frontera
así lo piden y es bueno que así sea.

Quiero expresar nuestro apoyo a la moción del Grupo
Socialista.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Martí.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, president.

Per part del nostre Grup, efectivament també donarem suport
a aquesta moció.

Volia fer una reflexió en la línia que ha dit el senador
Martí, per tant no repetiré, però sempre és bo, tot el que sigui capaç de
portar fluxos de persones, això és valor afegit, a més a més de
l’interconectivitat, i d’alguna manera o altre de ben segur
que ajuda a la dinamització econòmica de cadascun dels diferents
territoris, que això sí que és, aprofitant una mica les reflexions
anteriors que havia fet respecte a la moció del senador Martí: amb la
riquesa individual, de ben segur que el tot és molt més complert.

Gracias, presidente.

Nuestro grupo también va a apoyar esta moción.

Querría hacer una reflexión en la línea del senador Martí.
No lo repetiré, pero siempre es bueno todo aquello que sea capaz de
llevar flujos de personas, lo cual es un valor añadido, aparte de la
interconectividad, y de un modo u otro ayuda a la dinamización económica
de los diferentes territorios. Y aprovechando las reflexiones que ha
hecho el senador Martí, diré que con la riqueza individual seguro que el
todo es mucho más completo.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Candini.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Becana.

El señor BECANA SANAHUJA: Gracias, señor presidente.

Señorías, sometemos a la consideración de la Cámara un
texto que finalmente ha sido transaccionado entre los grupos
parlamentarios, fundamentalmente a partir de una propuesta del Grupo
Parlamentario Socialista y de una enmienda del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.

Lo que vamos a votar a continuación es una evidencia, es
una perogrullada. Zaragoza es la capital del valle medio del Ebro; a
través de su estupenda estación intermodal incorpora a la alta velocidad
un potencial de usuarios que en el conjunto del valle representa al 5% de
la población española, y, por tanto, no podemos entender por qué no se ha
hecho así desde el primer día en que se inauguró el primer tren entre
Madrid y Marsella. Esa sería la pregunta.

Zaragoza, repito, es la capital del valle del Ebro, donde
se concentra el 5% de la población española. El valle del Ebro es una
extensión que comprende el 12,5% del territorio de la península,

y en ese territorio se concentra también el 5% del producto
interior bruto. No entendemos por qué desde que se puso en marcha el
primer tren entre Madrid y Marsella no paró; no lo entienden ni el Grupo
Socialista ni las Cortes de Aragón ni el propio Gobierno de Aragón, y por
eso el acuerdo de hoy es importante.

Y también es importante porque para la Comunidad Autónoma
de Aragón esta especie de desidia que se puede interpretar al no haber
contemplado esa estación tiene otras manifestaciones en el funcionamiento
de los trenes regionales, que tienen muchísimas más averías de lo que
sería razonable, cuando el Gobierno de Aragón aporta cada año 3 millones
y medio de euros a los trenes regionales, a Renfe; desidia que tiene su
manifestación en la lentitud con que avanza el Corredor
Cantábrico-Mediterráneo, que modernizaría la línea ferroviaria entre
Teruel y Zaragoza, y lo mismo podríamos decir de la línea que une
Zaragoza con Canfranc; pero en aras del acuerdo que se ha producido hoy
no quiero incidir en estos temas.

Para nosotros, y lo hemos hablado en los momentos que han
precedido al debate, lo importante de hoy son tres cosas: primero, que
con el texto que hemos aprobado, mañana mismo ya se puede incorporar la
estación de Zaragoza-Delicias en el itinerario o en las paradas del tren
que va a Marsella, porque en el texto decimos que el tren pare en
Zaragoza cuando las condiciones de oferta y demanda lo permitan y
aconsejen. Y estas condiciones, el 5% de la población española, el 12,5%
del territorio cuya capital es Zaragoza y el 5,5% del PIB nacional,
aconsejan y permiten que este tren, que todavía tiene pocos usuarios pero
que tiene un gran futuro a partir de mañana, recoja los 2 millones y
medio de usuarios potenciales que tiene alrededor de la ciudad de
Zaragoza. Primer punto: mañana puede parar; puede parar el primer día que
se ponga en funcionamiento la relación entre Madrid y Paris. Señores del
Gobierno, no cometan el mismo error; el primer día que se ponga en
funcionamiento la relación Madrid-París con alta velocidad, que pare en
Zaragoza, en coherencia con lo que hoy aprobamos, con lo que han aprobado
las Cortes y con lo que significa potenciar una línea estratégica, no
para Aragón, no para Madrid, no para Cataluña, sino una línea estratégica
para el país.

Segundo punto. Nosotros consideramos —y aquí quiero
incidir en el reconocimiento que ha hecho el alcalde de Zaragoza y
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista a los senadores del Grupo
Parlamentario Popular, a Juan José Ortiz, a Octavio López, y en el apoyo
de los senadores del PAR, Rosa Santos— que esta moción, que imagino
que hoy va a salir respaldada por amplia mayoría de esta Cámara,
significa también un cambio de actitud en el grupo mayoritario respecto
de las iniciativas procedentes de la oposición; porque esta oposición
quiere colaborar con el Gobierno, quiere trabajar en positivo por el
país, y lo está haciendo desde el primer día, y a veces los ciudadanos no
entienden que asuntos evidentes, como el que hoy se trae a colación, sean
objeto de una polémica partidista. Estamos todos de acuerdo, votamos
favorablemente, independientemente de que la propuesta haya salido de un
grupo parlamentario o de otro.

Finalmente, a mi grupo le gustaría también que la
aprobación de esta moción significara un cambio de actitud del Gobierno
de España respecto a las importantes y estratégicas cuestiones,
fundamentalmente en materia de infraestructuras, que Aragón tiene
pendientes para asegurar su futuro. Con este espíritu, saludamos y
agradecemos el acuerdo concitado en torno a este texto.

Gracias, presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Becana.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra el senador Ortiz.

El señor ORTIZ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.

Mis primeras palabras son de agradecimiento a mis
compañeros del Grupo Parlamentario Popular de Aragón, porque me han
facilitado mucho la labor ya que han sido unos buenos negociadores.
También quiero agradecer al Grupo Parlamentario Socialista, en concreto a
los senadores Belloch y Becana, su receptividad, porque hoy ni ustedes ni
nosotros ni nuestros grupos podían pasar por alto no incluir a Zaragoza
en las paradas de alta velocidad.

En primer lugar, quiero señalar que la puesta en
explotación de los servicios España-Francia ha sido el resultado de un
proyecto muy complejo. Este logro es fruto de la voluntad y del trabajo
conjunto, tanto de profesionales como de instituciones públicas, y de una
estrecha e intensa colaboración entre los Gobiernos de España y
Francia.

Como se ha recordado, el pasado 15 de diciembre los
operadores de transporte ferroviario Renfe y su homólogo francés
implantaron las primeras rutas directas Barcelona-París, Toulouse-

Lyon y Madrid-Barcelona-Marsella. El proceso de encaje de
los horarios de estos servicios internacionales ha sido laborioso, siendo
una de las mayores dificultades compatibilizar los horarios y los
vehículos con la infraestructura, ya que en algunos tramos se utiliza
material TGV, es decir, alta velocidad francesa, y en otros tramos, el
AVE, alta velocidad española. Los trayectos ofertados deben respetar las
homologaciones del material en cada tramo y, en todo caso, los servicios
son fruto del acuerdo entre dos Estados, no pudiéndose modificar por uno
de ellos de forma unilateral.

Señor Becana, usted ha dicho que mañana posiblemente se
podría utilizar la parada de Zaragoza. En mi opinión, el Gobierno español
tendrá que negociar los horarios con el francés, porque, como he dicho
anteriormente, son acuerdos bilaterales y no unilaterales. Ojalá fuera
mañana; a mí me encantaría, como es lógico.

En todo caso, he dicho que la oferta inicial se sustenta en
tres elementos fundamentales: la definición de unos tiempos de viaje
atractivo, unos precios competitivos y accesibles y una apuesta decidida
por la calidad y la seguridad. Contra estos mercados origen-destino
principal, la oferta, la nueva conexión de alta velocidad atiende a
mercados y a intermediarios, o a los dos ejes de los Pirineos, y para
utilizar esta oferta, los diez servicios de alta velocidad diarios se
atienen, además, a la demanda nacional, incluyendo, como es lógico, el
Avant en el corredor Barcelona-Girona-Figueres, y enlazan, mediante
billetes combinados, con otros destinos de las redes de alta velocidad de
cada país. Por tanto, la intención del Gobierno español es proseguir en
esta línea de actuación con el desarrollo de nuevos servicios
España-Francia e ir complementando la oferta para dar cada vez más un
mejor servicio a los ciudadanos.

Y para terminar, solo dos apuntes. El señor Belloch decía
en su intervención que era insólito que Zaragoza no estuviera incluida en
principio como parada de la alta velocidad en los tramos que unen España
con Francia. Yo respeto su opinión, pero para eso estamos los políticos,
para corregir a veces algunas cosas que nos parecen bien, y hoy hemos
dado un paso importante aquí. Yo me congratulo. ¿Por qué? Porque no es
para que se pongan la medalla el Partido Socialista o el Partido Popular;
no, no. Ha sido fruto del trabajo de todos los parlamentarios,
fundamentalmente de los parlamentarios de los dos grupos de Aragón, y por
lo tanto hay que resaltarlo.

El señor Becana decía que a ver si esto sirve de cambio de
actitud del actual Gobierno. Cuando se traen a la Cámara propuestas que
son razonables, el Grupo Parlamentario Popular las escucha, las entiende
y las consensúa. (Denegaciones del senador Becana Sanahuja.) Usted me
hace cabezadas, pero le recordaré a usted que era el presidente de la
Comisión de Fomento, y muchas veces el Gobierno anterior, el Gobierno
socialista, tampoco aceptaba enmiendas o proposiciones que hacíamos los
grupos parlamentarios.

En todo caso, como decía antes, yo creo que hoy nos tenemos
que felicitar, quiero felicitar a los ciudadanos de Aragón y, por lo
tanto, el Grupo Parlamentario Popular, como no podía ser de otra manera,
ha suscrito la enmienda transaccional, la va a apoyar y se congratula y
se complace de haber llegado a este acuerdo.

Muchas gracias a todos ustedes. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ortiz.

De las intervenciones de todos los grupos, ¿se puede
deducir que la propuesta de modificación se puede aprobar por
asentimiento? (Asentimiento.)

Se aprueba por asentimiento. (Aplausos.)

7. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

7.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

7.1.1. PROYECTO DE LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL Y OTRAS MEDIDAS URGENTES EN EL ORDEN
ECONÓMICO Y SOCIAL (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 11/2013, DE 2 DE
AGOSTO). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

COMISIÓN: EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

(Núm. exp. 621/000062)

El señor presidente da lectura a los puntos 7., 7.1. y
7.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen,
tiene la palabra el senador Sedano.

El señor SEDANO PÉREZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, me cabe el honor de haber sido designado para
presentar a la Cámara el dictamen de la Comisión de Empleo y Seguridad
Social del proyecto de ley para la protección de los trabajadores a
tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social,
procedente del Real Decreto Ley 11/2013, de 2 de agosto.

Este proyecto de ley tuvo su entrada en el Senado el pasado
día 27 de diciembre de 2013, siendo publicado en el Boletín Oficial de
las Cortes Generales en la misma fecha. El plazo de presentación de
enmiendas concluyó el pasado día 3 de febrero de 2014. El proyecto se
tramita por el procedimiento de urgencia.

A este proyecto de ley se han presentado dos propuestas de
veto y ciento cincuenta y cuatro enmiendas. La primera propuesta de veto
ha sido presentada conjuntamente por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto, y la propuesta
de veto número 2 se ha presentado conjuntamente por los señores Guillot
Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa para el Progreso
de Cataluña. Las ciento cincuenta y cuatro enmiendas se distribuyen de la
siguiente forma: treinta de los señores Iglesias Fernández y Mariscal
Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto; cuatro del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado; sesenta y dos del Grupo Parlamentario
de la Entesa para el Progreso de Cataluña; veintitrés del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergencia y Unión; treinta y una
del Grupo Parlamentario Socialista y cuatro del Grupo Parlamentario
Popular. La Comisión de Empleo y Seguridad Social ha dictaminado dicho
proyecto en su sesión del pasado día 5 de febrero, incorporando enmiendas
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Por último, para su debate ante el Pleno se han formulado
siete votos particulares.

Con estas palabras creo haber resumido la tramitación que
hasta ahora se ha llevado a cabo.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sedano.

Entramos en el debate de las propuestas de veto.

En primer lugar, la propuesta de veto número 1 de los
senadores Iglesias y Mariscal.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Nos encontramos ante un Proyecto de Ley para la protección
de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes del orden
económico y social, declarado urgente a finales del mes de diciembre y
tramitado conforme a ese procedimiento, pero, además, sin ponencia, con
una única reunión en una Comisión de Empleo que se celebró
aproximadamente veinticuatro horas después de que el Boletín Oficial de
las Cortes Generales publicara las enmiendas presentadas. En estos
términos, como era inevitable, el debate se despachó como un mero trámite
con unas difusas ofertas de diálogo por parte del Grupo Parlamentario
Popular que no han encontrado concreción en el tiempo transcurrido desde
entonces hasta la celebración de este Pleno. Por desgracia, esta es una
práctica habitual, pero en este caso resulta aún más incomprensible pues
en medio tuvimos el largo paréntesis del mes de enero. ¿Qué problema
hubiera habido para habilitar alguna fecha en el mes de enero que hubiese
propiciado la celebración de reuniones de ponencia y comisión que
sirvieran para pulir el texto y aproximar posiciones entre los grupos? De
por sí, este ya sería motivo suficiente para la formulación de este veto.
En este caso, dentro del trámite de urgencia los tiempos permitían
perfectamente haber realizado un análisis del proyecto mucho más
respetuoso con el contenido del mismo.

La segunda motivación del veto es que, de nuevo, nos
encontramos ante un proyecto ómnibus, un proyecto macedonia o tutti
frutti —de consumo no recomendable— en el que se mezclan
medidas que no guardan ninguna relación entre sí. No es seria esa especie
de coletilla que aparece en la mayoría de los proyectos, donde, bajo una
denominación concreta, se añaden otras medidas urgentes en el orden
económico y social. Por más que el proyecto de ley, como otros, tenga
como origen un real decreto—ley, ya no se trata de un real
decreto—ley sino de un proyecto de ley que debe tener un contenido
claro, específico e identificable. Obviamente, la denominación no
responde a la consecución de esas mínimas exigencias. Bajo este saco de
medidas urgentes en el orden económico y social se introduce, por un
lado, lo que de alguna forma pretendía la denominación del proyecto: la
protección de los trabajadores a tiempo parcial, pero también se

incluye la normativa sobre las prestaciones patrimoniales
de carácter público a percibir por AENA, el procedimiento de
actualización de la cuantía de los cánones ferroviarios, sanciones a
perceptores de prestaciones por desempleo, la definición de la comisión
representativa de los trabajadores en los procedimientos de modificación
de las condiciones de trabajo y despidos colectivos, el reconocimiento a
la Sareb de la condición de entidad colaboradora en los planes estatales
de vivienda o el pago a proveedores de los municipios. Esto en el
articulado. En las disposiciones adicionales se suman incluso más
contenidos.

El Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural en el
Congreso presentó una enmienda de totalidad con un texto alternativo.
Nosotros, en relación con los contenidos de este proyecto de ley, nada
tenemos que objetar y, por lo tanto, excluimos del contenido del veto la
regulación establecida en su capítulo II porque, en primer lugar,
responde a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, que demandaba una reforma que significara superar la exigencia
de un periodo mayor de cotización a la Seguridad Social para acceder a la
jubilación a los trabajadores a tiempo parcial. En segundo lugar, porque
la doctrina del Tribunal Constitucional ha sentado que tal exigencia
conllevaba una discriminación por razón de género, toda vez que las
mujeres tienen esta forma de contratación en el 72% de los casos, un
contrato a tiempo parcial. Igualmente, lo excluimos porque se trata de
unos contenidos consensuados con los agentes sociales —realmente
este es uno de los escasísimos frutos del consenso con los agentes
sociales en los dos años de acción de gobierno del Partido
Popular—. Y, finalmente, porque cuenta con el acuerdo político en
el Pacto de Toledo. Si el capítulo II fuera un proyecto de ley específico
bajo esa denominación de protección a los trabajadores a tiempo parcial y
ustedes lo hubieran traído a la Cámara solo con ese contenido, no hubiera
habido veto y hubiera contado con nuestro apoyo, más allá de las
enmiendas puntuales que pudiéramos formular, fundamentalmente con
carácter colateral más que en relación con los contenidos específicos del
capítulo II, respecto a otras cuestiones relacionadas con la regulación
del trabajo a tiempo parcial. Se debió quedar ahí el contenido del
proyecto.

Como argumentábamos en la defensa de la enmienda de
totalidad y del texto alternativo, no se aprovechó la ocasión, sin
embargo, para hacer una revisión de la regulación que del contrato a
tiempo parcial introdujo la reforma laboral, que ha demostrado su fracaso
con carácter general. Como saben sus señorías, se sigue destruyendo
empleo —la EPA del último trimestre del 2013 así lo
ratifica—. Además, hay otros elementos todavía más significativos.
En 2012 habían recurrido a la figura del despido el 37% de las empresas.
En 2013 han recurrido el 44%, con una reforma laboral que teóricamente
tenía como uno de sus objetivos que las empresas tuvieran otras
alternativas de flexibilización que les permitieran no acudir a la figura
del despido, lo que da como resultado que los despidos se
incrementan.

En el caso del contrato a tiempo parcial, esta reforma
laboral, que debería haber sido revertida aprovechando la tramitación de
este proyecto de ley, ha generalizado el fraude. Vuelvo a referirme a los
datos de la EPA del cuarto trimestre del 2013, que son terriblemente
clarificadores. En relación con los contratos a tiempo completo en el
cuarto trimestre, han desaparecido 218 100, mientras que se han creado
nuevos contratos a tiempo parcial en un número de 153 100. El porcentaje
de trabajadores contratados a tiempo parcial ha aumentado casi un punto,
situándose en el 16,34%. En estas encuestas que se hacen sobre el estado
de ánimo de los emprendedores, de cara al 2013, preguntaron a finales del
2012 sobre cuántas empresas estaban dispuestas a contratar trabajadores a
tiempo parcial, y contestaron afirmativamente entonces un 10% de
empresarios. De cara al 2014, a finales del 2013 se hizo la misma
encuesta y ya son casi el doble, el 19%. Hay trabajadores a tiempo
completo a los que se les está obligando a pasar a contratos a tiempo
parcial. La misma encuesta de población activa refleja que el 73,6% de
los varones que tienen esta modalidad contractual no la han elegido
voluntariamente. En el caso de las mujeres el 53% tampoco ha optado por
esta fórmula; como los varones, también hubieran preferido un contrato a
tiempo completo.

¿Y por qué este entusiasmo por la contratación a tiempo
parcial? El Instituto Nacional de Estadística refleja que la hora de
trabajo a tiempo parcial se paga un 34% menos que la hora de trabajo a
tiempo completo. Además, en el último trimestre se hicieron 28,6% más
horas extras que en el anterior, la mayoría por trabajadores a tiempo
parcial. En estos dos años de reforma laboral han aumentado las horas
extra no retribuidas un 100,4%, como decía antes, un 28,6% más de horas
extra sin retribución.

Hay que revertir la reforma laboral porque se ha convertido
en una invitación al fraude, al fraude indetectable. El que la reforma
determinara la supresión de la exigencia de que en el contrato figure la
jornada y permita además las horas extraordinarias, le impide comprobar
al inspector de trabajo que llega a una empresa, como el empresario le
dice, que el trabajador está dentro de la jornada pactada o no, o si está
haciendo una hora extraordinaria pagada o no. En todo caso, como mucho,
el empresario pagará esa hora extraordinaria detectada por el inspector
de trabajo. Pero ello no solo supone un fraude a los derechos sociales de
los trabajadores sino también un fraude a la Seguridad Social en tanto en
cuanto no se cotiza por esos excesos de jornada sumergida o
clandestina.

Igualmente motiva este veto los cambios que se establecen
en el régimen sancionador a perceptores de la prestación por desempleo,
una nueva vuelta de tuerca considerando sospechoso de fraude al parado.
Es poco garantista, como argumentaré al referirme a las enmiendas
parciales.

También motiva este veto nuestra discrepancia con la
respuesta que el proyecto da a la jurisprudencia interpretativa a la
reforma laboral en relación a los despidos colectivos y a las
modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, en concreto en
lo referente a las exigencias formales de acreditación y documentación y
a la representatividad de la parte social de los trabajadores en las
preceptivas negociaciones. Finalmente quiero decir que rechazamos
—lo que es también motivo de nuestro veto— que se abra la
posibilidad de que las empresas de trabajo temporal recurran a la figura
de la subcontratación.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

La propuesta de veto número 2 ha sido presentada por los
senadores Guillot y Saura. Para su defensa, tiene la palabra el senador
Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señorías, las razones que justifican el veto que
presentamos el senador Sura y yo en nombre de Iniciativa per
Catalunya-Verds son diversas, como lo son también las cuestiones que
aborda este proyecto de ley.

El origen del proyecto que hoy debatimos es el Real Decreto
Ley 11/2013, de 2 de agosto. Nos hallamos una vez más frente a un real
decreto —el instrumento legislativo preferido por este
Gobierno— tramitado por urgencia, otra querencia parlamentaria del
PP, y en el que se repite, como decía antes el senador Iglesias, el uso y
abuso de utilizar los decretos-leyes y las leyes como verdaderos cajones
de sastre.

A pesar del rechazo del Tribunal Constitucional a las leyes
de acompañamiento, se repiten, desgraciadamente, estas prácticas
legislativas. Señorías, en este proyecto de ley vamos a modificar cuatro
reales decretos-leyes y diez leyes tan distantes como la del sector
ferroviario, seguridad aérea, concursal, impuesto sobre sociedades, Sareb
y Presupuestos Generales del Estado, así como las de empleo, reguladora
de la jurisdicción social, estatuto de los trabajadores, de infracciones
y sanciones en el orden social y general de la Seguridad Social. Y
también haremos la trasposición parcial de la Directiva 2012/34 de la
Unión Europea.

¿Ustedes creen que se puede justificar semejante
batiburrillo legislativo? ¿Cómo se puede explicar esta acumulación de
cuestiones tan importantes y a su vez tan diferentes y dispersas? ¿Cómo
pueden conocer y seguir los ciudadanos el desarrollo legislativo? ¿Cómo
garantizamos la mínima transparencia con estas prácticas? ¿Qué seguridad
jurídica ofrecemos? Y, señorías, lo que más nos atañe a nosotros, porque
al final es el Gobierno el responsable de estos decretos—leyes y de
este proyecto de ley, ¿cómo garantizamos la mínima calidad exigible al
legislador con estos proyectos de ley y en procesos de debate exprés.

Ninguna garantía de buen trabajo legislativo. Les pondré un
ejemplo. Hoy vamos a discutir y a aprobar un texto corregido por un nuevo
decreto ley, el Real Decreto Ley 1/2014. Miren ustedes qué nivel de
absurdo y qué situación más grotesca. Porque no hay ninguna enmienda del
Partido Popular que vaya a corregir lo que ahora voy a señalar. Con fecha
24 de enero el Gobierno aprueba un nuevo real decreto ley que dice en su
preámbulo: con la modificación de los artículos 77 y 81.1.j) de la Ley
del Sector Ferroviario se da cumplimiento a la sentencia de 28 de febrero
de 2013 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dado que la
modificación de tales artículos, contenida en el Real Decreto Ley 11/2013
—el que hoy discutimos en forma de proyecto de ley— no
respondía

al contenido de la Directiva 2001/14 de la Comunidad
Europea, según ha considerado la Comisión Europea. Por ello, la necesidad
de dar cumplimiento a la sentencia en breve plazo justifica la
autorización de un procedimiento extraordinario, como es el real
decreto—ley, en cuanto que el incumplimiento daría lugar al
establecimiento de una sanción económica que se trata de evitar.

Señorías, hoy discutiremos y aprobaremos un texto, una
parte de un proyecto de ley, que un real decreto ley ya corrige. Estoy
convencido de que los portavoces y las portavoces del Partido Popular lo
van a justificar como lo justifican todo, pero esto es un bodrio. Algo
injustificable. Y, una vez más, desgraciadamente, un proyecto de ley se
tramita sin ninguna voluntad de diálogo ni de consenso.

Estos son unos primeros argumentos que justifican el veto
del senador Saura y mío. Nuestra negativa a aceptar esos procedimientos
legislativos totalmente injustificados, poco transparentes y de calidad
pésima. Como también decía el senador Iglesias, en el capítulo II del
proyecto de ley se aborda y se resuelve una cuestión muy importante para
nosotros, como es la protección de los trabajadores a tiempo parcial. El
Gobierno, acuciado por dos sentencias, una del Tribunal de Justicia
europeo y otra de nuestro Tribunal Constitucional, se ha visto obligado a
resolver un problema que arrastrábamos desde hace años, la regulación
discriminatoria de las cotizaciones de los trabajadores a tiempo
parcial.

Es verdad, y me felicito por ello, que la solución es fruto
del consenso con los agentes sociales y que tiene el respaldo de los
grupos parlamentarios expresado en la Comisión del Pacto de Toledo. Si
este proyecto de ley recogiera solamente lo acordado, tendría nuestro
total apoyo, a pesar, a mi entender, de que quedan pendientes dos graves
problemas: la desprotección que siguen sufriendo los trabajadores con
contrato temporal a tiempo completo, y, en segundo lugar, que los cambios
que introduce la ley hacen aún más insostenible que se mantenga el
requisito de carencia mínima de quince años de cotización para acceder a
la jubilación contributiva. Repito, si el proyecto de ley se hubiera
circunscrito a esto, tendría nuestro apoyo. Pero el problema es que el
resto de cuestiones que se plantean en materia laboral son, para el
senador Saura y para mí, una vuelta de tuerca más de la reforma laboral.
Y por aquí sí que no, señorías. Por aquí no pasamos.

Desde febrero de 2012 hasta el día de hoy, este Gobierno ha
realizado treinta y cuatro reformas o modificaciones de la legislación
laboral. Treinta y cuatro. Todas siempre en la lógica de la precarización
de las condiciones de trabajo como principal instrumento de su apuesta
por una devaluación interna. ¿Cuál es el resultado de estas reformas en
estos dos años? Caída de los salarios, destrucción de casi 1 400 000
empleos, disminución de casi 600 000 asalariados y un aumento de 140 000
trabajadores independientes en las mismas actividades, incremento de los
trabajadores con jornadas inferiores a las treinta y cinco horas,
disminución de los que trabajan entre treinta y cinco y cuarenta, casi
medio millón de empleados públicos menos, caída de la tasa de protección
por desempleo, caída de un 52% de las políticas activas de empleo,
incremento de los parados y familias sin ningún ingreso por prestación o
subsidio, y caída de la afiliación a la Seguridad Social.

En resumen, cada ocupación, a la par que el desempleo
crece, la precariedad laboral se extiende y las desigualdades y la
pobreza se incrementan. En esa realidad ustedes nos proponen un proyecto
de ley que justifican mayoritariamente con el argumento de la seguridad
jurídica y nos traen a debate y aprobación las siguientes cuestiones.

En materia de empleo y protección por desempleo no
compartimos el enfoque de este capítulo, que incorpora una serie de
cambios legislativos que refuerzan los mecanismos de control de las
personas perceptoras de las prestaciones y subsidios por desempleo en
tanto que potenciales defraudadores. Es decir, nos proponen una serie de
medidas porque para ustedes toda persona que recibe un subsidio o una
prestación es un posible defraudador. Con este enfoque se explican los
excesos normativos planteados. Porque, señorías, una cosa es la lucha
contra el fraude, contra cualquier tipo de fraude, que siempre contará
con nuestro apoyo, y otra cosa es plantear que se pueda perder la
prestación por desempleo sin el previo expediente sancionador. O sea,
lucha contra el fraude, sí, pero acompañado de las garantías y la
seguridad jurídica necesarias. Y vale la pena recordar, visto el proyecto
de ley, que un parado es también una persona con derechos.

Otra barbaridad es la sanción que se propone de pérdida del
derecho a recibir formación. El derecho a participar en la formación
profesional para el empleo nunca puede ser una sanción. Sobran
instrumentos sancionadores como para tener que conculcar este
derecho.

Creemos también excesivo que la presentación de las cuentas
fuera de plazo comporte la pérdida de la prestación durante el tiempo que
no ha sido presentada.

Consideramos también negativo la propuesta de que no sea
considerada estancia ni traslado de residencia la salida al extranjero
por un tiempo no superior a quince días. Opino que es demasiado
restrictiva. En las enmiendas proponemos que sean treinta días naturales
para adaptarlo a los periodos vacacionales. Igualmente, considero que
debería bastar con una comunicación para la salida al extranjero por
causas de urgencia. A nadie se le escapa que muchas de estas cuestiones
afectan directamente a las personas inmigrantes.

También estoy en desacuerdo con la posibilidad de
subcontratación de las políticas activas de empleo que recoge la
disposición final segunda.

En lo que afecta a las modificaciones en materia laboral,
también en el artículo 62 se realizan propuestas que, al entender del
senador Saura y mío, justifican este veto. Haré mención solo a aquellas
cuestiones más lesivas: a los intereses de los trabajadores, que
representan, como he afirmado anteriormente, una vuelta de tuerca más a
la reforma laboral.

En primer lugar, con la aprobación del actual redactado se
libra a las empresas multinacionales extranjeras de la obligación de
presentar sus cuentas de grupo en un despido colectivo; un verdadero
regalo a los grupos de empresas que no tengan su matriz o sociedad
dominante domiciliada en España. Con esta propuesta se sustrae a los
representantes legales de los trabajadores, a las autoridades
administrativas y al control judicial de la información imprescindible
sobre las causas que justifican un posible despido colectivo. Esa
disposición permitirá realizar la ingeniería contable oportuna para que,
según convenga a la multinacional, poder realizar los ajustes de
plantilla que considere. La valoración de la situación económica general
de grupos impide la justificación o no de un despido colectivo, con el
agravante de que las empresas con su sede o matriz en España tendrán un
tratamiento distinto. Al igual que los sindicatos, opino que esta medida
vulnera el artículo 14 de la Constitución Española. Permítanme señalar
una paradoja: lo que se permite en la Ley concursal se niega en este
proyecto de ley. Lo que sí que podrá analizar un juez de lo concursal no
lo podrá ver un juez de lo social. Una vez más se redactan las leyes
dictadas por los grandes bufetes y al servicio de las grandes
multinacionales.

Visto el recorrido judicial que ha provocado la reforma
laboral, también el Gobierno, atento a los intereses empresariales, nos
propone una serie de medidas que bajo el argumento de incrementar la
seguridad jurídica no tienen otra pretensión que facilitar los despidos.
En ese sentido, limita las reclamaciones individuales contra el despido
operado tras un expediente de regulación de empleo acordado entre la
representación de los trabajadores y la empresa y modifica las
previsiones legales actuales sobre el nombramiento de las comisiones
negociadoras en representación de los trabajadores, sustituyendo el
criterio de representatividad sindical por el de número de trabajadores
en los centros afectados, lo que puede suponer que los representantes no
sindicalizados desplacen a los sindicalizados en la negociación de las
medidas de flexibilidad tanto internas como externas; modificaciones
normativas que, interpreto, vulneran el artículo 28.1 de la
Constitución.

También, en una empresa con diferentes centros de trabajo
se circunscribe la negociación y la representación exclusivamente a los
centros de trabajo afectados directamente por medidas de flexibilización
internas o externas. Señorías, no hay que tener demasiada experiencia
sindical para ver que medidas como el cierre de una determinada línea de
producción o de movilidad geográfica pueden tener sus consecuencias a
medio plazo sobre la actividad de los otros centros de trabajo de esta
empresa.

Hace también el proyecto de ley una interpretación
formalista de las exigencias de la directiva de 1998 de la UE sobre
despidos colectivos, el que atañe al periodo de consultas, información y
documentación, permitiendo decisiones unilaterales por parte de la
empresa. Este proyecto de ley ni dará mayor seguridad jurídica ni
reducirá la litigiosidad, todo lo contrario. Uno de sus principales
objetivos es evitar las calificaciones de nulidad o despido colectivo
mediante la limitación del arbitrio judicial, limitando al máximo la
documentación imprescindible para evitar la nulidad de despido.

El único objetivo es allanar el camino al despido que han
venido reclamando las patronales. Con este proyecto de ley se cuestiona
el ejercicio efectivo del derecho constitucional a la tutela judicial
efectiva.

En definitiva, señorías, por ser esta una nueva chapuza
legislativa y por su mala calidad, les pido su voto a favor de este veto.
Señorías, por representar este proyecto de ley una nueva degradación de
las condiciones de trabajo y de los derechos de los trabajadores de este
país, les pido su voto a favor. Y, señorías, vista la experiencia
legislativa de este Gobierno en materia laboral, el fracaso en su lucha
contra el paro y el sufrimiento social que crearon sus políticas, les
pido su voto a favor del veto que presentamos, en nombre de Iniciativa
per Catalunya Verds, el senador Saura y yo mismo.

Gracias, por su atención.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Tuno en contra.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Jurado.

La señora JURADO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA: Muchas gracias,
señor presidente.

Buenas tardes, señorías. Tomo la palabra en representación
del Grupo Parlamentario Popular para responder a los vetos presentados
por el Grupo Parlamentario Mixto y el Grupo Parlamentario de Entesa a
este proyecto de ley. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
Presidencia.)

Ante todo quisiera transmitirles a los senadores Iglesias y
Guillot, que han defendido estos vetos, nuestro absoluto respeto y
comprensión hacia sus críticas por el hecho de que dentro de este
proyecto de ley haya diversas modificaciones e iniciativas. Pero al igual
que ya planteamos en comisión, me gustaría justificarlo en la línea de
que esta reforma, estas propuestas que se incorporan en este proyecto son
absolutamente necesarias para este grupo parlamentario y para este
Gobierno, pues buscan la recuperación y el crecimiento económico y nuevas
oportunidades y empleo para todos los españoles. Para nosotros esta es
una justificación más que suficiente y hace necesario que sigamos en esta
senda, en este camino de reformas impulsadas por este Gobierno, aunque se
haga a través de distintas propuestas dentro de un mismo texto. Aun así
tenemos tiempo y capacidad para debatir y para hablar, y desde luego
desde este grupo parlamentario justificaremos todos y cada uno de
nuestros votos en contra del veto y de las enmiendas.

Señor Iglesias, no podemos ponerle tutti frutti porque,
aunque sonaría más divertido, no es procedente, pero de alguna manera he
querido explicarle con esta justificación por qué este grupo
parlamentario y el Gobierno entienden que aquí tienen cabida distintas
modificaciones y distintos aspectos dentro de este mismo texto.

Al senador Guillot quisiera decirle que, por supuesto, esta
portavoz que le habla, al igual que el resto de los portavoces y
compañeros del Grupo Parlamentario Popular, justificaremos una y otra vez
las medidas de este Gobierno, pero no porque nos corresponda, sino porque
consideramos que es lo mejor que se puede hacer. Consideramos que, en la
senda de la reforma, este Gobierno está impulsando, con aciertos y
desaciertos, pero desde luego con valentía, medidas necesarias como las
que se incluyen en este proyecto que aquí debatimos y que se votarán y
aprobarán al final del debate. Con todas estas reformas, como esas
treinta y cuatro del marco laboral a las que se ha hecho referencia,
buscamos en definitiva, y estamos legitimados para hacerlo, una mejora de
las condiciones laborales. Es cierto que los datos no son buenos, es
cierto que hay miles de españoles, de hombres y mujeres que lo están
pasando mal, que no tienen las oportunidades ni las condiciones que se
necesitan para vivir en un Estado desarrollado como el nuestro, pero lo
que sí le digo es que ante eso no vamos a continuar en la inacción que
nos precedía, sino que seguiremos, no solo con esas treinta y cuatro
reformas, sino con todas aquellas que sean precisas y necesarias.

En lo que se refiere al contenido concreto de los vetos,
permítanme, senadores Iglesias y Guillot, que les responda conjuntamente,
pues ambos textos son idénticos. En este turno en contra de los vetos me
gustaría hacer un planteamiento lo más ordenado posible. Así, englobaré
en cinco puntos lo que a mi juicio he considerado los aspectos
principales de este veto que de su lectura se derivan.

En primer lugar, hablan ustedes de deficiencias técnicas o
hiperactividad normativa en relación con la forma en la que se han
presentado y se presentan las distintas modificaciones dentro de este
texto. En este aspecto, ya le he comentado que es el desarrollo
económico, el crecimiento económico, el que justifica estas reformas que
se plantean dentro de este texto.

En segundo lugar, se hace referencia, en concreto, al
contenido de la ley que es la modificación de la regulación del contrato
a tiempo parcial. De lo que estamos todos convencidos —y al menos
en eso sí que estamos de acuerdo todos los grupos— es del éxito,
tanto del contenido de la modificación de las prestaciones para los
trabajadores a tiempo parcial como en la forma en la que se ha hecho, de
acuerdo con todos los agentes sociales y con el acuerdo también de los
partidos políticos dentro del Pacto de Toledo.

De algo sí que tenemos que felicitarnos, de la mejora a la
que se va a llegar con esta protección de los trabajadores a tiempo
parcial. En este sentido se han hecho algunas críticas por parte de
algunos senadores a esta reforma y las entiendo. Respecto a ese aumento
de contratos temporales que el senador Iglesias lo veía como una amenaza,
querría preguntar abiertamente al senador Iglesias si sería preferible
que esas personas que tienen un contrato temporal estuvieran en la calle
(Risas.) No sé qué risas puede causar esto, pero desde luego para las
miles de personas que disfrutan de un contrato temporal es una situación
mucho más óptima y mucho mejor que estar en la calle y no tener un
sueldo. Desde luego, eso nos parece al Grupo Popular y así lo
defendemos.

En relación con la regulación del contrato a tiempo
parcial, ustedes alegan una falta de control sobre el mismo en relación
con las horas extraordinarias. Y aquí sí que habría que decir que las
modificaciones introducidas en el Real Decreto Ley de 20 de diciembre,
para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los
trabajadores, ya suprimían la posibilidad de realizar las horas
extraordinarias en los contratos a tiempo parcial, salvo fuerza mayor, y
ya establecían la obligación de las empresas en materia de registro de
horas de trabajo, precisamente para hacer factible un adecuado control de
las mismas. Por tanto, no obviemos que ya hay una ley, una propuesta de
este Gobierno, precisamente, en aras de hacer posible ese control para
evitar el fraude que se pueda producir. Usted mismo, señor Iglesias se ha
contradicho, porque ha dicho a la vez que es indetectable, pero que usted
lo sabe.

Desde aquí, le quiero decir que tenemos que felicitarnos
por esta reforma que consigue el contrato a tiempo parcial, que supone
una mejora en el marco de las relaciones laborales dentro del marco
normativo que disfrutamos en nuestro país.

El tercer bloque en el que podríamos aglutinar los
argumentos que justifican su veto sería la nueva regulación de la
comisión negociadora en los períodos de consulta de los procedimientos de
regulación de empleo. Ustedes, en la propia exposición del veto, aluden,
y dicen textualmente, que esto supone ir en contra de la libertad
sindical. Esta nueva regulación que se establece en la comisión
negociadora en estos períodos de consulta para nada ataca la libertad
sindical, sino todo lo contrario, la garantiza totalmente. Y me basaré en
tres aspectos que justifican que se garantiza esta libertad sindical.

En primer lugar, porque hay una preferencia que se otorga a
los sindicatos como interlocutores de los trabajadores ante la dirección
de las empresas en los procedimientos de las secciones sindicales, en
caso de que así lo acuerden y que tengan la representación mayoritaria en
los comités de empresa o entre delegados de personal de los centros de
trabajo afectados. Pero, además, se prevé que se representará a todos los
trabajadores de los centros afectados, incluidos los trabajadores de
centros que no tengan representación unitaria.

En segundo lugar, se garantiza y se respeta la libertad
sindical, porque, además, de no negociar las secciones sindicales, para
la constitución de las comisiones representativas, sí se tienen en cuenta
los resultados de las elecciones a representantes legales de los
trabajadores, ya que, en caso de que existan representantes legales de
los trabajadores, serán estos los que integrarán la comisión
negociadora.

Y en tercer lugar, hay que tener en cuenta que esta fórmula
de comisión híbrida para dar solución jurídica al problema de determinar
quiénes son los interlocutores ante la dirección de la empresa en el
período de consulta en los procedimientos que afectan a varios centros de
trabajo, con unos representantes legales de los trabajadores y otros sin
ellos, tiene en cuenta el real decreto ley que establece un procedimiento
de consulta global en una única comisión negociadora,

como ha venido recogiendo la doctrina judicial. Así pues,
se sigue garantizando la libertad sindical y se establecen unos marcos de
mayor seguridad jurídica.

El cuarto bloque en el que podríamos aglutinar las
argumentaciones para su veto sería el referido a las modificaciones del
artículo 3 en determinados supuestos —supuestos a los que aquí los
senadores han hecho referencia—, algunos de los cuales están
englobados dentro del veto y otros están dentro de las enmiendas —a
lo largo de la tarde podremos desgranar y justificar el sentido común del
voto— pero sí me gustaría hacer referencia a algunos como la
autorización previa antes de la salida al extranjero para la suspensión
de la protección y, en este caso, hay que decir que era una condición
necesaria. Es evidente que cuando te trasladas al extranjero por un
período, en este caso, superior a los quince días naturales, se suspende
la prestación, con lo cual es lógico y razonable solicitar desde luego
esa autorización previa y no a posteriori.

Otra de las cuestiones que ustedes también pretenden
modificar con este veto y con las posteriores enmiendas dentro del
capítulo III, hace referencia a la necesidad de abrir un expediente
administrativo previo para proceder a la extinción de prestación para dar
mayor seguridad jurídica. Eso, desde luego, se establece.

En lo que se refiere al último bloque, relativo al régimen
sancionador —al que ustedes también han presentado una enmienda
aglutinada dentro de su propuesta de veto—, discrepan de dicho
régimen sancionador. Desde luego, la interpretación que ustedes hacen no
se ajusta a la realidad, ya que la extinción de la prestación cuando es
por sanción siempre exigirá la ejecución de un procedimiento sancionador,
y eso se contempla en este proyecto de ley garantizando siempre la
audiencia y el derecho del recurso a los beneficiarios de la prestación
por desempleo.

Estos son, grosso modo, los cinco bloques en los que ha
entendido el Grupo Popular que se argumenta la posición en contra del
veto a este proyecto de ley. Proyecto de ley, repito, para este grupo,
positivo, necesario en aras, como bien decían ustedes, de la propia
seguridad jurídica, del crecimiento económico, del desarrollo económico,
de la mejora de las relaciones laborales y de la mejora de las
oportunidades de empleo que necesita este país. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.)

Concluyo diciendo que este mínimo acuerdo entre todos
supone, desde luego, un gran paso dentro de las relaciones laborales en
lo que se refiere a la contratación a tiempo parcial, que es una opción
más que beneficiosa y más que positiva, en muchos casos deseada y, en
otros, porque vale más tener un contrato temporal que no disfrutar de un
contrato que dé unas mínimas condiciones de vida y de desarrollo personal
y profesional.

El resto de las enmiendas concretas que han presentado los
grupos, a las que no haya contestado específicamente tendré oportunidad
de hacerlo más pormenorizadamente en el debate de las enmiendas.
Concluyo, como es evidente, anunciando el voto en contra de mi grupo a
los dos vetos presentados por los grupos Mixto y Entesa pel Progrés de
Catalunya.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Jurado.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, el senador Iglesias tiene
la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Primera aclaración: el veto que ha defendido el senador
Guillot y el que he defendido yo no son idénticos. Podemos compartir
muchos de los planteamientos, pero las argumentaciones no son
idénticas.

Entrando en lo realmente importante: una de las razones
fundamentales del veto, como he intentado explicar, es que ustedes
desaprovechan la oportunidad para corregir algo que en teoría, y desde mi
buena fe, suponía un efecto no deseado, una especie de daño colateral de
la reforma laboral, que era el incremento del fraude en la contratación
utilizando esta figura del contrato a tiempo parcial. A lo mejor es que
me he pasado en mi buena fe y es que la reforma laboral tenía como
objetivo propiciar este fraude que ahora se ve incrementado.

Respondía la portavoz del Grupo Popular que frente a eso se
han aprobado leyes. Yo sigo, desde un cierto escepticismo, quizá porque
ya tengo algunos años, contemplando con asombro la confianza que se tiene
en la capacidad del Boletín Oficial del Estado para cambiar la realidad.
Lo veíamos antes en el debate de la moción en torno a las listas de
espera en la sanidad y lo veíamos

ayer cuando hablábamos del fraude fiscal y de la necesidad
de que la Agencia Tributaria contara con más medios. No importa que
ustedes hayan reformado la legislación sancionadora del fraude laboral si
resulta que con una reforma anterior convierten en indetectable ese
fraude laboral. Ya pueden ustedes amenazar con la imposición de la
prisión permanente revisable a aquellos empresarios que cometan fraude
utilizando el contrato a tiempo parcial que, como el inspector de Trabajo
nunca va a poder demostrar que hay ese fraude porque en el contrato no
aparece reflejada la jornada específica y porque además la respuesta que
le pueda dar el empresario es que está haciendo horas extras, se tratará
de una reforma la que ustedes han sacado adelante cosmética y
absolutamente inútil.

Hay un viejo proverbio del parlamentarismo inglés que se ha
convertido en falso pero que de alguna manera reflejaba esa mentalidad
que parece inspirar sus argumentos: el Parlamento inglés lo puede todo
menos convertir a un hombre en mujer. Hoy los avances de la medicina
permiten incluso llegar a eso, pero no es cierto que ni el Parlamento
inglés ni esta Cámara lo puedan todo. Aprobar leyes que no cuentan con el
respaldo presupuestario, que no cuentan con los medios humanos y
materiales y que además chocan o confrontan con otras leyes que las
anulan de facto no resuelve los problemas.

Nos decía la portavoz popular que mejor será tener un
contrato a tiempo parcial que estar en el paro. Ya, y mejor será ser
esclavo con un amo bondadoso que te garantice vivienda y comida que estar
en la calle, pero ese no es nuestro modelo económico y social, ese no es
el modelo económico y social que se corresponde con el siglo XXI. Parece
que subyace la vieja idea de que es necesario mantener una reserva de
trabajo para contribuir a ese otro objetivo que expresamente han
reconocido de la devaluación interna. Los contratos a tiempo parcial son
uno de los elementos más destacados para esa otra dolorosa realidad, de
la que hemos tenido oportunidad de hablar en otros debates, de que al día
de hoy un millón de trabajadores en activo no sean capaces con su salario
de superar la barrera del umbral de la pobreza, porque los ingresos que
proporcionan la mayoría de estos contratos a tiempo parcial no lo
consienten, y siguen siendo trabajadores pero pobres.

Por otra parte, con esta regulación —dejo ya la parte
del contrato a tiempo parcial—, desde luego, ustedes dan nuevas
vueltas de tuerca a la reforma laboral, precisamente en los cambios que
introducen tanto en los despidos colectivos como en las modificaciones
sustanciales del contrato de trabajo. Hicieron una reforma laboral que
eran conscientes de que desequilibraba la correlación de fuerzas dentro
de la empresa, favoreciendo al empleador frente al trabajador a la hora
de fijar las condiciones de trabajo. Se encontraron con que los
tribunales hicieron una interpretación algo tuitiva de esa reforma
laboral y no llevaron al último extremo las pretensiones que ustedes
buscaron establecer en la literalidad de la ley. Y como eso no les gusto,
como eso no respondía a la voluntad de la reforma laboral, dan ahora otra
nueva vuelta de tuerca disminuyendo la fuerza y la capacidad de la
representación de los trabajadores en los procesos de negociación en
estos casos, y haciéndolo además de forma expresa con alguno de los
contenidos pero de forma sibilina en otros, como el de la
representatividad.

Lo que se puede derivar de los cambios que ustedes están
estableciendo es el desbordamiento del papel de las organizaciones
sindicales dentro de las empresas y la búsqueda de una representatividad
paralela que neutralice la representación sindical porque ustedes, como
los empresarios, siguen viendo a los sindicatos como un enemigo,
probablemente un enemigo de clase, dentro de la empresa y, por lo tanto,
para conseguir que sea más eficaz la reforma laboral no solamente cambian
la literalidad de los preceptos que regulaban cuestiones como el despido
colectivo o la modificación sustancial de las condiciones de trabajo sino
que, como la negociación sigue siendo preceptiva —aunque cada vez
menos útil— introducen un nuevo cambio según el cual cuando a un
empresario no le guste el interlocutor sindical que le toca pueda tener
la oportunidad y la posibilidad de encontrar otro interlocutor entre los
trabajadores no afiliados. Evidentemente, señoría, eso es algo que
Izquierda Unida no comparte y por eso me ratifico una vez más en el veto
que hemos formulado.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la
senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Tomo la palabra solamente para hacer algunas
consideraciones generales respecto de la postura que mantendrá mi grupo
parlamentario en el debate de este proyecto de ley.

En primer lugar, quiero manifestar nuestras consideraciones
respecto a lo que ha supuesto la tramitación de este proyecto de ley en
esta Cámara. Una vez más nos encontramos con un proyecto que se tramita
por el procedimiento de urgencia, de manera que apenas hemos dispuesto de
veinticuatro horas entre la publicación de las más de ciento cuarenta
enmiendas y el debate que se produjo posteriormente en comisión, teniendo
además en cuenta que, una vez más, no se ha constituido ponencia para
debatir de manera más distendida el contenido y las enmiendas del
proyecto de ley y, lo que es más, previamente a la comisión tampoco se ha
convocado a la Mesa y a los portavoces para establecer cuál iba a ser el
formato de debate de este proyecto de ley. No es nada nuevo. Nos
aburrimos ya de decirlo no solamente en relación con este proyecto de ley
sino con otros muchos, pero quiero que quede constancia de que, una vez
más y sin venir a cuento, sin nada que justifique realmente la urgencia
ni las características del procedimiento, se nos está metiendo el
proyecto de ley a gatillo y a machamartillo.

En segundo lugar, respecto de los puntos que contiene este
proyecto de ley, el título habla de la protección de los trabajadores a
tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social,
lo que debería hacer patente cuál es el contenido fundamental, que en
este caso sería la protección de los trabajadores —y yo diría
también de las trabajadoras— a tiempo parcial. Esta cuestión viene
sustanciada en el capítulo II de este proyecto. Además, hay que reconocer
que los contenidos, esta vez, han sido fruto del diálogo social y del
consenso que se ha alcanzado entre los agentes sociales, tanto sindicatos
como patronal, en sede parlamentaria y con el beneplácito, el visto bueno
y la unanimidad de todos y cada uno de los grupos parlamentarios del
Congreso de los Diputados. Sería algo para felicitarnos, y además tenemos
que hacerlo porque, en los tiempos que corren, alcanzar un consenso en
cuestiones tan sensibles es ciertamente motivo de satisfacción. Además,
este capítulo II da cumplimiento a sentencias emitidas por el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, y también del Tribunal Constitucional
español, fundamentadas en la defensa de dos principios: el principio de
equidad, de equiparación real de las condiciones de trabajo de los
trabajadores a tiempo parcial con los que disfrutan de una jornada
completa y también del principio de igualdad y de no discriminación,
sobre todo en lo que afecta a las mujeres, que ya dijimos también durante
la reforma laboral de hace dos años que, efectivamente, quienes más
perjudicadas se iban a ver por las modificaciones introducidas en la
modalidad de contrato a tiempo parcial eran las mujeres, que son quienes
mayoritariamente hacen uso de esta modalidad de contrato,
fundamentalmente para poder compaginar la vida familiar con la vida
laboral.

Estos dos principios, tanto el de equidad como el de no
discriminación y de igualdad, se veían, evidentemente, comprometidos
seriamente en la legislación anterior al no tener en cuenta,
precisamente, el mayor componente femenino de quienes están sometidos al
contrato por tiempo parcial. La modalidad de cálculo de las pensiones que
corresponden a los contratos por tiempo parcial era también distinta a la
modalidad de cálculo que corresponde a los contratos a jornada completa.
Por lo tanto, se trataba de una normativa que era flagrantemente injusta
y discriminatoria respecto de aquellos contratos establecidos a jornada
completa, y particularmente nocivos, por tanto, para las mujeres.

Por consiguiente, hay que valorar positivamente el consenso
que se ha alcanzado, el acuerdo al que se consiguió llegar entre los
diferentes agentes sociales a través del diálogo social. Esto es, además,
un raro tesoro hoy en día. Casi podríamos decir que al menos en esta
legislatura casi se ha hecho historia, porque no podemos olvidar que nos
encontramos sumidos en un clima y en un contexto de conflictividad
laboral, incluso diría social, sin precedentes hasta ahora.

¿Pero cuál es el problema? Que aquel proyecto de ley que se
circunscribía exclusivamente al capítulo II y a la modificación de las
condiciones y del cálculo para las pensiones del contrato a tiempo
parcial, se ve enmarañado, acompañado de un popurrí legislativo que
afecta ni más ni menos que a dieciséis sectores distintos del
ordenamiento jurídico: sector ferroviario, atención a las víctimas de
catástrofes ferroviarias, al hilo del terrible accidente que tuvo lugar
en Santiago de Compostela, sector aeroportuario, naturaleza jurídica de
la Sareb y sus funciones, Ley procesal social, Ley reguladora de las
infracciones y sanciones en el ámbito social, a los motivos o
causalización de los despidos mal llamados objetivos, se modifica también
la Ley del Estatuto de

los Trabajadores, la Ley de Medidas de Impulso de la
Sociedad de la Información, incluso la normativa que regula el alquiler
de las viviendas. Ni más ni menos que dieciséis sectores completamente
distintos que no tienen absolutamente nada que ver para acompañar el
único ámbito que en toda esta legislatura ha sido objeto de consenso por
todas las fuerzas políticas, sociales, empresariales y sindicales de este
país.

Por lo tanto, un batiburrillo normativo que lo único que
sirve es, primero, para complicar sin necesidad el debate de estas
cuestiones, porque una realmente es una chica lista, pero desde luego
podrán entender que yo no tenga capacidad suficiente para poder analizar
con rigor y con la celeridad que merecen todas estas cuestiones. Tendrían
que estar también tomando parte en este turno de portavoces el resto de
mis compañeros de grupo parlamentario para poder hablar de aeropuertos,
para poder hablar de ley procesal, para poder hablar de alquiler de
viviendas. Evidentemente, complican innecesariamente un debate que ya de
por sí nos empeña bastante.

Segundo, plantea dudas sobre la propia constitucionalidad
de esta norma. Es que ni una ni dos, han sido innumerables las veces en
que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto de las leyes de
acompañamiento, y respecto de la inseguridad y la poca transparencia que
provocan estas leyes en las que se trata absolutamente de todo. Tercero,
se carga el consenso porque yo estoy segura de que si tuviésemos hoy en
día una votación separada de este capítulo II, todos y cada uno de los
que estamos aquí votaríamos a favor. Y ustedes, señorías del Partido
Popular, que tan a gala tienen el hecho de que no les gusta aprobar en
solitario todas las normas que están sacando en esta legislatura, no
están haciendo ningún esfuerzo con las enmiendas, como veremos luego,
pero tampoco están respetando los contenidos de los acuerdos que se
alcanzan en sede parlamentaria. ¿Por qué no han traído el capítulo II
como una ley específica para su votación? Habríamos puesto todos los
marcadores en verde. Y así lo que están consiguiendo es cargarse ese
consenso.

Por último, además nos priva a todos los que estamos aquí,
a esta Cámara, de la oportunidad de trasladar a la ciudadanía que,
efectivamente, se pueden alcanzar acuerdos. Y en una época de descrédito
de la política como la que estamos viviendo, provocar y forzar el
disenso, sobre todo cuando hay una cuestión en la que previamente ya nos
habíamos puesto todos de acuerdo, es de una irresponsabilidad manifiesta.
Y se lo dice la portavoz de un grupo parlamentario que en el Congreso
votó a favor de la ley. O sea, que no estoy haciendo tampoco una crítica
gratuita desde la oposición solamente por posicionarme en contra, sino
que se lo digo con auténtico convencimiento. Ustedes han perdido una
oportunidad excelente de trasladar un acuerdo alcanzado en sede política
a la sociedad, y de dar una imagen de coherencia y de capacidad de estar
a la altura de las circunstancias que la ciudadanía nos demanda.

Por lo tanto —iba a decir punto negro—, muy mal
respecto a la torpeza que está demostrando el Gobierno y los grupos
parlamentarios que le apoyan a la hora de poner en valor los pocos
acuerdos a los que ustedes están dispuestos a llegar con el resto de
fuerzas parlamentarias.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.

Señora Jurado, yo no le niego ni la voluntad ni las ganas
de resolver los problemas que tiene el país, ni a usted ni a su grupo. Si
no, estaríamos hablando de una psicopatología política y social tremenda.
Eso yo no se lo niego. Lo que le critico son las propuestas que ustedes
ponen encima de la mesa.

Dentro de la lógica Gobierno-oposición, intentemos hacer
debates razonables o aproximarnos a una cierta razonabilidad.

¿Usted cree que se puede justificar un proyecto de ley que
modifica cuatro reales decretos y diez leyes? No; para nada. Ni los
precedentes anteriores de estas malas prácticas lo justifican, porque
siguen cometiendo ustedes un error, ni las urgencias lo justifican,
porque ustedes tienen el Boletín Oficial del Estado en sus manos. ¿Qué
les cuesta pormenorizar cada una de estas cuestiones en un instrumento
legislativo adecuado? Nada.

Señora Jurado, usted no me ha contestado cómo puede ser que
hoy vayamos a aprobar parte de una ley, que un Real Decreto, el 1/2014,
de 24 de enero, corrige. Ya sé que no me dirá nada porque cuando la cosa
pinta mal, mejor escaquearse. Pero esto es la realidad. Llegamos al
absurdo de que hoy se va a votar una parte de este proyecto de ley que ya
está corregido por un real decreto de este mismo Gobierno y, además, lo
reconoce en el preámbulo, con lo cual, creo que vamos mal, mal.

Llevamos seis años de crisis y dos años de gobierno del
Partido Popular, y la situación sigue siendo malísima, la crisis social
sigue estando presente.

La diferencia entre usted y yo, entre su grupo
parlamentario y el veto que presentamos los senadores de Iniciativa per
Catalunya Verds, no de la Entesa pel Progrés de Catalunya, se lo puedo
resumir en tres grandes cuestiones.

En primer lugar, ustedes creen que el paro, la precariedad,
digamos, todo el sufrimiento social que está acompañando esta crisis es
inevitable, son los costes inevitables que una crisis económica de estas
dimensiones comporta, es decir, para ustedes toda crisis comporta este
tipo de costes. Nosotros no. Nosotros creemos que todo este sufrimiento
social es evitable y que gran parte de él está motivado y causado por sus
políticas.

Y ustedes creen que hay que dejar las manos libres a los
empresarios para que ellos, que son realmente los patrones de la
economía, puedan relanzar y reactivar nuestra economía actualmente en
crisis. Nosotros no. Nosotros creemos que en una economía del siglo XXI
el empresariado es una parte fundamental pero ni el único ni el
exclusivo. Y por esto ustedes han dinamitado el diálogo social y se han
colocado, digamos, a la rueda de lo que les piden y les exigen las
patronales.

Usted misma nos plantea un dilema —contestando al
senador Iglesias— que es: señores, elijan paro o precariedad;
señores elijan paro o contratos a tiempo parcial, o contratos temporales.
(Denegaciones.) Sí, léase más tarde el Diario de Sesiones y verá que
usted ha hecho este emplazamiento. Nosotros nunca aceptaremos estos
dilemas, nosotros nunca aceptaremos este realismo, porque nuestra apuesta
es el relanzamiento económico a partir de avanzar hacia una economía de
calidad que genere trabajo de calidad. Esta es su realidad, estas son sus
concepciones que comportan, en definitiva, una cierta ruptura emocional
de su partido y de su Gobierno por el sufrimiento que está hoy en día
padeciendo sectores importantes de la clase trabajadora.

Y, señorías, ¿cómo han afrontado ustedes la crisis? Ustedes
utilizan toda una serie de latiguillos como el siguiente: las reformas
necesarias para colocarnos en la senda del crecimiento y, así, poder
generar empleo. Esta es una de las frases del argumentario del PP que
repiten hasta la extenuación en cualquiera de sus intervenciones. En
primer lugar, la competitividad solo es posible con la devaluación
interna. En segundo lugar, el déficit solo se puede corregir con el
desmantelamiento del Estado del bienestar. En tercer lugar, para que los
empresarios relancen la economía hay que desregular y precarizar; pero,
evidentemente, como ayer salió en el debate de la moción del señor
Cascallana, no hay posible devaluación interna sin autoritarismo porque
este no es un pueblo ni de esclavos ni de corderos. Y aquí estamos.

Por ello, señoría, discrepamos de este proyecto de ley.
Creemos que el enfoque de que cualquier persona que reciba una prestación
o subsidio sea un posible defraudador genera los excesos que ustedes
contemplan en este proyecto de ley.

Usted no ha respondido, y dudo que sea capaz de responder,
a la cuestión de por qué las empresas multinacionales no están obligadas
a presentar las cuentas y el balance del grupo; por qué Vodafone, que ha
llevado a cabo un ERE, se podría librar en el futuro de tener que
presentar sus cuentas en general, solo de Vodafone España. ¿Cómo deja
esto a las empresas españolas con matriz en España? Ustedes facilitan los
despidos, ustedes dificultan la protección sindical de los trabajadores,
en definitiva, ustedes obstaculizan el derecho constitucional a la tutela
judicial efectiva.

Por todo ello, no solo no me ha convencido, es que no ha
respondido a los principales argumentos que he explicado en mi veto. Creo
que se han instalado en una realidad que no existe: que las cosas ya
empiezan a ir bien. Pues en el terreno de lo social, no; en el terreno de
lo económico, ya veremos. Pero sí les auguro, y no es la primera vez que
lo digo, que si ustedes llegan a 2015 con el 25% del paro perderán las
elecciones. Si ustedes llegan a 2015 en esta situación van a perder las
elecciones. Y yo voy a hacer todo lo posible para que las pierdan.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor
presidente.

En primer lugar, y suscribiendo lo manifestado en este
sentido por la senadora Martínez, quiero denunciar la burda
instrumentalización que se está haciendo del Senado, porque tras recibir
el texto aprobado en el Congreso se convocó la comisión para dictaminar
un proyecto de ley sin ponencia previa en la Comisión de Empleo y
Seguridad Social de esta Cámara por el procedimiento, injustificado, de
urgencia, habiendo transcurrido solo un día desde la expiración del plazo
de presentación de enmiendas, a pocas horas de su publicación en el
Boletín Oficial del Senado, imposibilitando un estudio detenido de las
enmiendas presentadas por los otros grupos parlamentarios. Y no solo se
convocó la comisión sin ponencia previa, como desgraciadamente viene
siendo habitual, sino que además se omitió la convocatoria de Mesa y
Portavoces.

Los senadores nos debemos a los ciudadanos y tenemos un
Reglamento que nos rige y que debe ser aplicado y respetado, pues este no
está precisamente al servicio del Gobierno. Viene ya siendo habitual que
la Comisión de Empleo y Seguridad Social se convoque sin a su vez
convocar previamente la reunión de Mesa y Portavoces. Para muestra de la
escasa convocatoria de la misma he de decir que se convocó ayer después
de diez meses sin reunirse. El objeto de la convocatoria de Mesa y
Portavoces era el examen de los asuntos pendientes en la comisión. Se
trataba de algo muy importante porque fíjense, señorías, hay aún
pendiente una moción del Grupo Mixto registrada en febrero de 2012,
estamos a febrero de 2014, y otra de mi grupo de marzo de 2013, entre
otras, y peticiones de comparecencia y preguntas orales. Pues bien, es
tanto el interés de la presidenta de la comisión, de la senadora Alicia
Sánchez-Camacho, que no se molestó ni en asistir a la comisión que ella
misma había convocado a las catorce horas ni tampoco se excusó;
finalmente, la misma se celebró, y con acuerdos, a las catorce horas y
diez minutos gracias a la presencia y el buen hacer del senador Sedano,
vicepresidente de la misma, dado que la presidenta prefería alargar su
asistencia al acto de entrega de los VII Premios Taurinos otorgados por
la Asociación Taurina Parlamentaria que se estaba celebrando en esta
Cámara desde las trece horas. (Aplausos.)

Por lo que a las propuestas de veto se refiere, a pesar de
compartir muchos de los argumentos de los senadores proponentes, teniendo
en cuenta que este proyecto de ley sí ha contado con el consenso y el
diálogo social y que aporta mejoras sustanciales para los ciudadanos y de
que es mejorable, mi grupo va a votar en contra de los vetos
presentados.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Martínez-Aldama Sáenz.

El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Señor presidente, señorías,
en primer lugar, quiero señalar que, una vez más, el Gobierno trae a esta
Cámara un proyecto de ley que realmente es un cajón de sastre, en el que
se incluyen asuntos totalmente inconexos, que nada tienen que ver entre
sí y que, desde luego, nada tienen que ver con la protección de los
trabajadores a tiempo parcial.

Este proyecto de ley se llama: proyecto de ley para la
protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes
en el orden económico y social, y bien se podría llamar: proyecto de ley
para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras
ocurrencias del Partido Popular. Porque, señorías, ya me explicarán qué
tiene que ver la protección de trabajadores a tiempo parcial con que en
el artículo 1 se modifique la Ley de Seguridad Aérea y en el artículo 2
se modifique la Ley del Sector Ferroviario, leyes que nada tienen que ver
con el trabajo a tiempo parcial y que, en cualquier caso, corresponderían
mucho más a una Comisión de Fomento que a la de Empleo, que vimos la
semana pasada.

Evidentemente, al ser un cajón de sastre, al tocar temas
tan diversos, tan variopintos y tan inconexos, hay cosas con las que mi
grupo está de acuerdo y otras con las que estamos claramente en contra.
Por eso, aprovecharé este turno de portavoces en relación con el debate
del veto para dejar claro en qué estamos de acuerdo y después intervendré
para mostrar nuestro desacuerdo. Mi grupo no está en desacuerdo y, por
tanto, estamos de acuerdo con los cambios que se producen

en la Ley de Seguridad Aérea porque —ya lo decíamos
nosotros— ustedes, el Partido Popular, deciden en el año 2012
elevar las tasas aeroportuarias de una forma prácticamente inasumible.
Por ejemplo, a un pasajero embarcado en Barcelona, con destino a un
aeropuerto del espacio europeo, se le subían las tasas aeroportuarias un
92%; a un pasajero con destino internacional se le subía un 99%, en
Barcelona y el 92%, en Madrid. Un ejemplo que muestra cantidades
desorbitadas que tuvieron que modificar en el Decreto Ley, de 13 de julio
de 2012, y que volvieron a cambiar diciendo que sería solo el IPC más
cinco puntos. Por tanto, aquí estamos de acuerdo porque el Partido
Popular rectifica y vuelve a la posición que siempre ha denunciado el
Partido Socialista, y es el incremento escandaloso de las tasas
aeroportuarias.

En segundo lugar, estamos de acuerdo también en que era
urgente regular la asistencia integral —así dice la ley— a
las personas afectadas por accidentes ferroviarios y más, señorías,
después del trágico y dramático accidente ferroviario de Santiago de
Compostela; por tanto, nada que objetar.

Pero vayamos a los dos temas nucleares, centrales, de este
proyecto de ley, advirtiendo que uno lo vamos a apoyar — y ahora lo
explicaré— y que con el otro estamos radicalmente en contra. Vamos
a apoyar de forma clara el capítulo II de este proyecto de ley, donde se
habla de la protección social del trabajo a tiempo parcial. Y ¿por qué lo
vamos a apoyar? En primer lugar, porque responde a un acuerdo de todas
las fuerzas políticas y sociales en torno a la jubilación de los
trabajadores a tiempo parcial. Esto es muy significativo y muy
sintomático: ha habido un acuerdo unánime de todas las fuerzas políticas,
también sindicatos y empresarios, para proteger mejor a los trabajadores
de tiempo parcial, y esto debiera llevar a una reflexión al Partido
Popular. Porque ¿cómo es posible que aquí estemos todos de acuerdo y, sin
embargo, en la última reforma de pensiones el Partido Popular se quedó
solo? Cuando se legisla en materia de pensiones son buenos los grandes
acuerdos entre los partidos políticos y los agentes sociales, y este es
un buen acuerdo. Y, por tanto, fue una mala ley la que el Gobierno aprobó
a finales del año pasado, que supone un recorte muy importante para las
pensiones futuras de los españoles y que contó, por supuesto, con el
desacuerdo del Grupo Socialista.

¿Por qué más lo apoyamos? Porque se corrige una injusticia,
porque fíjense que dieciocho años de trabajo a tiempo parcial podían
reconocerse como tres años a tiempo completo; es decir, se requerían
noventa años de trabajo a tiempo parcial para llegar a la pensión, de
forma que era imposible llegar. Este problema, que afectaba a muchos
españoles —quiero dejarlo claro—, afectaba de forma principal
a las mujeres porque son ellas las grandes perjudicadas —tres de
cada cuatro empleos a tiempo parcial corresponden a las mujeres— y
había que corregir esta injusticia, y así se ha hecho, porque además
también se ha señalado con sentencias del Tribunal de Justicia europeo y
del Tribunal Constitucional.

¿Por qué más lo apoyamos? Porque esta mejora en la
protección social de estos trabajadores va a ser importante para el
futuro. Se ha apuntado aquí: a día de hoy hay ya más de dos millones y
medio de trabajadores con contrato a tiempo parcial, y habrá más porque,
desgraciadamente, la política del Partido Popular se puede resumir en:
menos empleo a tiempo completo para aumentar el empleo a tiempo
parcial.

Estos contratos, señorías —y luego me
extenderé—, son consecuencia de su pésima reforma laboral, que
básicamente trae dos consecuencias: el trabajo fijo pasa a trabajo
precario y el trabajo a tiempo completo pasa a trabajo a tiempo parcial,
de forma que hay muchos casos —que todos conocemos— en que se
pierde un trabajo fijo y a tiempo completo y emergen tres o cuatro
trabajos que son precarios y son parciales, por horas, contratos de dos,
de tres, de cuatro y hasta de una hora en nuestro país. Por tanto, si esa
es la dinámica en la que está el país, proteger en materia de jubilación
a estos trabajadores parecía sensato y razonable.

Quiero dejar claro que la posición del Grupo Socialista en
este veto va a ser la abstención. El Partido Popular ha utilizado aquí
con esta ley una artimaña parlamentaria, mezclando cosas que nada tienen
que ver, buscando que no haya claridad en la votación de los grupos
parlamentarios. No tiene nada que ver este acuerdo —que, repito,
fue unánime de todas las fuerzas políticas— con lo que luego vamos
a ver de nuevos recortes en derechos de los trabajadores españoles o,
como luego demostraré, una vuelta de tuerca más de la reforma laboral del
Partido Popular.

Hay cosas en las que estamos de acuerdo, cosas en las que
no, yo diría que en lo nuclear, el 80%, estamos en claro desacuerdo y por
eso en este veto mi grupo se va a abstener.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Martínez-Aldama.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra la senadora Jurado.

La señora JURADO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA: Muchas gracias,
presidente. Buenas tardes otra vez.

Señorías, tomo de nuevo la palabra. Intentaré de la forma
más breve y concisa, pero también más clara posible, contestar a los
portavoces en sus distintas intervenciones.

El senador Iglesias ha hablado de cuestiones como la
confianza que tenemos en el BOE. No se trata de la confianza en el BOE,
sino que este grupo tiene una confianza absoluta en quien está legislando
y elaborando las leyes, en el Gobierno que está llevando la dirección
política de este país, repito, en la búsqueda de oportunidades a través
de las reformas que sean precisas y necesarias.

Usted ha vuelto a hacer hincapié en la situación que, desde
su punto de vista, se produce en relación con las horas extraordinarias.
Yo aprovecho para repetirle de nuevo que ha sido precisamente el Partido
Popular el que, a través de la Ley 16/2013, ha desarrollado la normativa
para favorecer la contratación que impide el uso fraudulento de las horas
extraordinarias.

Señor Iglesias, es su propio radicalismo el que le impide
ver la necesidad, la premura, la urgencia de que las reformas se lleven a
cabo cuando sea necesario, cuando sea preciso. Ha sido usted el que ha
establecido la disyuntiva de los esclavos y los parados, no lo hemos
hecho nosotros. Lo único que pretendemos desde nuestro grupo
parlamentario es establecer las propuestas para que no haya esclavos
—gracias a Dios, en España no los hay, como sí los hay en otros
regímenes— e instar a las reformas, aunque a usted le provoque risa
—yo le he escuchado con todo el respeto, senador Iglesias—,
que eviten lo que usted plantea cuando hablaba de esclavos y parados.

Senador Iglesias, su discurso es bastante trasnochado y
antiguo, por decirlo de forma educada —algo que a usted le está
faltando en estos momentos— porque aquí no hay ningún enemigo. Los
sindicatos, desde luego, son herramientas necesarias y precisas. Con esta
reforma lo que se plantea es una mayor seguridad jurídica para que se
conozcan los términos en el marco de las negociaciones colectivas. Ni
enemigos ni esclavos y, desde luego, ningún radicalismo en la manera en
que se gobierna desde el grupo al que aquí represento.

La senadora Rut Martínez, del Grupo Parlamentario Vasco, ha
realizado en el turno de portavoces una crítica respetable por la forma
en la que se ha presentado y por el contenido. Me remito a lo dicho
anteriormente por no ser repetitiva, con el convencimiento de que la
necesidad de esta iniciativa y la urgencia de la misma conducirán a una
recuperación económica. Estas reformas plantean objetivos muy positivos y
necesarios, lo que impide un debate por separado de cada uno de los
aspectos. Desde este grupo respetamos que su posición no sea la nuestra
en este caso, pero sí quiero decirle a la senadora Martínez que sí
realizamos esfuerzos —no nos puede achacar que no los
hagamos—, sí establecemos el sentido de nuestro voto y sí queremos
una coherencia, pero es necesario legislar para mejorar la situación de
nuestro país.

Al senador Guillot, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya, le vuelvo a decir que lo seguiremos justificando,
por mucho que a usted le parezca injustificable —lo haré yo
personalmente y todos y cada uno de los compañeros de este grupo—,
porque entendemos que es así y lo hacemos por convicción. No se trata de
argumentos de partido, sino de convicción pues consideramos que es la
forma de hacerlo. Nos podremos equivocar, seguramente, pero no estaremos
quietos. Y cuando nos equivoquemos, rectificaremos porque es lo sensato.
El convencimiento de quien les habla y de mi grupo es absoluto porque
consideramos que estas y otras reformas son absolutamente necesarias.
Entiendo, como usted bien ha dicho, que no le convenza, pero no se trata
única y exclusivamente de que yo le convenza a usted. De lo que se trata
es de que estas reformas contengan los objetivos y consigan las
repercusiones que todos desearíamos.

Usted hablaba del sufrimiento social. Senador Guillot,
todos los que estamos aquí queremos evitar el sufrimiento social, todos
tenemos una vocación de servicio público y todos queremos solucionar las
cosas. Cada uno lo haremos desde planteamientos distintos, pero no seamos
demagogos diciendo que hay un sector que sí quiere sufrimiento social y
otro sector no. Discutiremos y con esas discusiones a veces se llegará a
acuerdos y otras veces no, pero, desde

luego, todos —y a nadie se le puede negar esto—
buscamos que se evite ese sufrimiento social consecuencia de una crisis
que lleva ya muchos años instalada en nuestro país y que con estas
reformas estamos intentando y consiguiendo poco a poco que se frene.

Repito, usted ha terminado su intervención diciendo algo
que a mí me preocupa mucho y que personalmente considero que ni siquiera
le pega haberlo dicho.

Usted ha terminado diciendo que si hay esta tasa de
desempleo perderemos las elecciones. Señor Guillot, ahora mismo no nos
preocupa perder las elecciones porque lo que nos preocupa es que haya una
mejor tasa de desempleo en nuestro país. (Aplausos.) Quizá ustedes sí
hacen estos debates mirando las elecciones, pero nosotros no los hacemos
ni mirando las próximas elecciones ni ninguna otra, sino mirando a la
cara a los españoles y buscando las reformas necesarias para que ese
sufrimiento social y esa tasa de desempleo que existe se corrija.

A la senadora Rieradevall le quiero dar la misma respuesta
—permítame que la dé por realizada— que a su vez se le ha
dado a los grupos en referencia a la forma. Lo hemos hablado
personalmente. Se le respondió en la comisión y, desde luego, permítame
que le diga que tampoco procede que se haga en este caso una crítica,
como se ha hecho, a la presidenta de la comisión, puesto que no será la
primera ni la única vez que una persona tiene una responsabilidad o un
compromiso en un momento determinado y por suerte, como usted bien ha
dicho, el senador Jesús Sedano ocupó la Presidencia, la sesión se
desarrolló normalmente y no entendemos que esos sean los términos en los
que una de las portavoces de un grupo muy importante de esta Cámara tenga
que hablar en el debate sobre una de las reformas más importantes y que
tantas controversias suscita.

Dicho eso, entendemos su postura, entendemos su crítica, y
ya sabe que le contestamos porque esta reforma es necesaria para nosotros
por las cuestiones que ya hemos alegado.

En cuanto al senador Martínez-Aldama, le agradezco el tono
de su intervención. Dentro de un rato, esta tarde, espero poder disfrutar
de ese mismo tono en su intervención y que podamos tener un debate,
dentro de las diferencias, tranquilo, y no como ocurrió en la
comisión.

Señor Martínez-Aldama, usted habla de ocurrencias, pero
ocurrencias, quizá, serán las suyas, porque esta es una ley en la que no
caben bromas, una propuesta —ya lo hemos justificado— en la
que hemos intentado que ustedes entiendan la necesidad de que se
incorporen todas estas medidas. Como cortesía, igual que la que ha tenido
usted en el trato que me ha dispensado, le diré que en parte podemos
felicitarnos por el acuerdo al que se ha llegado. Se trata de un acuerdo
que corrige injusticias que no solo llevan ocurriendo desde los últimos
dos años, sino desde hace muchísimos años, en relación con el trato
igualitario entre trabajadores a tiempo parcial y aquellos que o bien no
tenían contrato o tenían uno que no era a tiempo parcial. Este acuerdo
con los sindicatos, con los agentes sociales, este acuerdo en el marco de
los partidos políticos es positivo y creo que es muy bueno que dentro de
este debate parlamentario también usemos este turno de portavoces no para
felicitarnos a nosotros, sino para trasladar que el entendimiento es
posible siempre en la mejora de las condiciones.

Apelo no únicamente a usted, senador Martínez-Aldama, sino
a todo su grupo, a todos los grupos, incluido el mío, a que sigamos
buscando ese consenso y que al margen de los debates acalorados que
podamos tener, terminemos con esa reflexión que todos necesitamos.

Usted ha hablado, señor Martínez-Pujalte, de la necesidad
de reflexionar. Lo haremos. Lo hacemos. Y aquí lo hago. Pero también le
pido y le exijo esa reflexión a su grupo y a su partido, porque no puede
ser que siempre reflexionemos los mismos, y no puede ser que siempre
arreglemos las cosas los mismos y que sean siempre los mismos los que
desarreglan las situaciones y los que dan consejos a los demás, señor
Martínez-Pujalte. Esos consejos que usted nos da aplíqueselos a usted y a
su grupo.

Usted ha hablado de que ha habido alguna falta de acuerdos,
pero no olvide, y reflexione también, que en muchas ocasiones la falta de
acuerdos obedece a intereses partidistas que ustedes tienen por
cuestiones y por políticas muy importantes.

Voy terminando porque se acaba el tiempo y no quería
consumirlo. Esto no es una artimaña parlamentaria.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora JURADO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA: Es una propuesta muy
seria, muy importante, que afecta a muchísimos sectores y la defendemos y
defenderemos desde el Grupo Parlamentario Popular porque entendemos que
es absolutamente necesaria en aras de la seguridad jurídica, del
crecimiento y el desarrollo económicos y de la creación de
oportunidades.

Muchísimas gracias. (Aplausos.—El senador
Martínez-Aldama Sáenz pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Jurado.

Tiene la palabra el senador Martínez-Aldama.

El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Simplemente quiero decir
que no soy Martínez-Pujalte sino Martínez-Aldama.

Muchas gracias. (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Queda aclarado, senador
Martínez-Aldama. (Rumores.—Risas.)

Cierren las puertas. Señorías, vamos a votar las propuestas
de veto comenzando por la número 1 de los senadores Iglesias y
Mariscal.

Señorías, han solicitado voto telemático dos senadoras:
doña Eva Parera, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió y doña Catalina Montserrat García Carrasco, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado. La senadora Parera no ha ejercido su
derecho al voto. Por otra parte, el sentido del voto de la senadora
García Carrasco es negativo.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228, más 2 votos telemáticos, 230; votos emitidos, 228, más 1
voto telemático, 229; a favor, 5; en contra, 148, más 1 voto telemático,
149; abstenciones, 75.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos a continuación la propuesta de veto número 2 de los
senadores Guillot y Saura.

En este caso se repite el voto telemático de las dos
senadoras. La senadora Parera no ha ejercido su derecho al voto en tanto
que la senadora García Carrasco sí lo ha ejercido en sentido
negativo.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228, más 2 votos telemáticos, 230; votos emitidos, 227, más 1
voto telemático, 228; a favor, 5; en contra, 142, más 1 voto telemático,
143; abstenciones, 80.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Se suspende la sesión hasta las cuatro y cuarto, hora en
que entraremos en el debate de las enmiendas. (Pausa.)

Eran las quince horas.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y quince
minutos.

El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Reanudamos la
sesión con el debate de las enmiendas.

En primer lugar, del Grupo Parlamentario Mixto, los
senadores Iglesias y Mariscal han presentado las enmiendas números 1 a
30.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Intervendré de la forma más sintética posible. Las dos
primeras enmiendas suprimen aquellos contenidos de la ley que entendemos
—es obvio— que no guardan relación ninguna con la protección
social de los trabajadores. Suprimimos la reforma de la Ley de Seguridad
Aérea y la de la Ley del Sector Ferroviario, salvo el aspecto —que
mantenemos, por tanto— que regula la asistencia integral a los
afectados por accidentes ferroviarios, conscientes de la circunstancia
extraordinaria que se derivó del accidente de Santiago de Compostela del
pasado 24 de julio.

En relación con la prestación por desempleo, formulamos
varias enmiendas. En la primera pedimos que no se suspenda la prestación
a quienes salgan menos de seis meses en busca de trabajo. También
queremos que se amplíe a treinta días —no quince— la
posibilidad de salir por otro motivo sin que se vea suspendida la
prestación.

Otra enmienda defiende que el pago suspendido por
cuestiones formales, porque falte la presentación de alguno de los
documentos, salvada esta carencia, se reanude desde el momento en que se
suspendió y no desde el momento en que se produce la comparecencia con la
presentación formal de los documentos ausentes inicialmente.

Una enmienda plantea que la extinción por salida al
extranjero no comunicada no dé lugar a una extinción automática de la
prestación, sino que en todo caso permita la apertura de un procedimiento
sancionador con todas las garantías.

Igualmente, creemos que no es adecuada —y por ello
enmendamos— la pretensión del proyecto de ley de que se cree como
una sanción más para los trabajadores desempleados la prohibición de
participar en cursos de formación.

A través de otra enmienda introducimos como infracción en
el Real Decreto legislativo 5/2000, sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, el incumplimiento por el empresario de la obligación de
hacer constar en el contrato a tiempo parcial la jornada y comunicar las
variaciones que sobre esta se vayan produciendo, lo que ya tuve
oportunidad de argumentar en la defensa del veto. En consecuencia, no me
detendré en ello. Obviamente, enmendamos para revertir la reforma laboral
en lo que afecta al contrato a tiempo parcial, planteando que se prohíban
las horas extraordinarias y exigiendo con esa enmienda que conste en el
contrato la jornada laboral.

En relación con los contenidos del proyecto de ley que
afectan a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, a la
suspensión del contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o
de producción o derivadas de fuerza mayor y a los despidos colectivos,
nuestras enmiendas aspiran a recuperar el papel de la autoridad laboral y
mantener los criterios y mecanismos de representación de los trabajadores
que cuentan con toda la tradición del Estatuto de los Trabajadores; y
planteamos un mecanismo de negociación en esta situación más equilibrado
que el que se deriva del contenido del proyecto de ley.

Enmendamos estableciendo una redacción alternativa a la
inaplicación de convenios, pretendiendo que esta solo se produzca cuando
haya acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores o
haya acuerdo en la comisión paritaria del convenio.

Proponemos una modificación de la Ley reguladora de la
jurisdicción social en materia de despidos colectivos ampliando las
causas que pueden fundar la demanda de despido colectivo, los motivos de
estimación de la misma y los casos de posibilidad de declaración de
nulidad del despido; y aclaramos a quién compete la ejecución de las
sentencias dictadas en estos procedimientos.

Por otra parte, eliminamos la disposición adicional
primera, que se refiere a la Sareb, al reconocimiento de esa condición de
entidad colaboradora en los planes de vivienda. Y eliminamos asimismo los
contenidos que suponen el incremento de tarifas de las prestaciones
patrimoniales de carácter público de AENA y los cambios que se establecen
en la cuantía de los cánones ferroviarios.

A través de una nueva disposición adicional emplazamos al
Gobierno a que se analice si es conveniente mantener esa exigencia de
quince años de cotización para la jubilación y en caso de que esto no sea
así que se acuda a la figura de una pensión no contributiva.
Probablemente fuera razonable hacer un análisis sobre si no sería
preferible establecer una pensión contributiva proporcional a los años
efectivamente cotizados por debajo de esos cinco. Planteamos como
disposición derogatoria derogar el apartado 9 del Real Decreto Ley
20/2012, de 13 de julio, que endureció las condiciones de acceso a las
pensiones no contributivas. Por otro lado, queremos suprimir la
disposición final quinta, que modifica la Ley del Impuesto sobre
Sociedades en lo que afecta al régimen fiscal de los arrendamientos
financieros y también en lo que afecta al fondo de pago a proveedores,
las especificidades que se establecen en cuanto a la modificación de
contenidos de carácter reglamentario que la ley altera, para que puedan
ser modificados por un reglamento y habilitación normativa
contemplada.

Finalmente, a través de una enmienda queremos introducir la
nueva disposición final para que las ayudas públicas a la realización de
estancias de formación de prácticas de colaboración o de

especialización no integrada en planes de estudios
oficiales, lo que se conoce popularmente por becarios, vayan
condicionadas a la realización de un contrato de trabajo para evitar
fraudes de carácter laboral también en esta materia.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado las enmiendas
números 93 a 96.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Mi grupo parlamentario ha presentado un total de cuatro
enmiendas a este proyecto de ley; dos de ellas se corresponden con las
que el Grupo Parlamentario Vasco presentó en el Congreso de los
Diputados, mientras que las otras dos son enmiendas nuevas, una
incorporación que viene de la lectura tranquila y pausada de un proyecto
de ley que, como comentaba antes, toca muchos aspectos y modifica muchos
ordenamientos jurídicos y que, por lo tanto, es de lectura y análisis
complicado, por lo menos a la hora de establecer las implicaciones que
pueda tener en los diferentes ámbitos de la política, la economía y la
jurisdiccional laboral en este caso.

Como les decía, la enmienda número 95 es ya conocida en
esta Cámara porque la presentamos, primero, en el debate de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 y también en el
proyecto de ley que incorporaba los factores de sostenibilidad al cálculo
de las pensiones. Y lo que pedimos, tal y como se reconoce además y se
establece en el Pacto de Toledo, es que se pueda culminar el proceso de
separación de fuentes económicas entre la Seguridad Social y el
presupuesto general del Estado. Por consiguiente, lo que pedimos es que
todas aquellas prestaciones protectoras de la supervivencia se vayan
incorporando paulatinamente al presupuesto general del Estado y, por
tanto, dejen de ser una carga para la Tesorería de la Seguridad Social,
que tan gravemente está siendo afectada fundamentalmente debido a la
caída en la recaudación por las cotizaciones a la Seguridad Social. Esa
es, repito, la enmienda número 95.

En cuanto a la número 96, es también una enmienda que está
dentro de la línea básica, por así decirlo, de las que normalmente suele
presentar el Grupo Parlamentario Vasco. Y lo que venimos a reivindicar
una vez más, y treinta años después, es que se cumpla el Estatuto de
Gernika al menos en lo atinente a la Seguridad Social. Y pedimos también
que se establezcan los oportunos convenios para que la comunidad autónoma
vasca, sobre la base de lo previsto en el estatuto de autonomía del País
Vasco, asuma la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.