Se aprueba la moción con el siguiente resultado: presentes,
247; votos emitidos, 246; a favor, 153; en contra, 72; abstenciones,
21.

9.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas para el subsidio de préstamos cualificados en las
Viviendas de Protección Oficial (VPO) y en las Viviendas de Protección
Pública (VPP).

(Núm. exp. 662/000113)

Autor: GPS

7775

La señora Fernández Pena defiende la moción.

La señora Candini i Puig defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

La señora Fernández Pena expone la posición de su grupo
respecto de la enmienda, aceptándola.

En turno de portavoces intervienen la señora Iparragirre
Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el
señor Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; la señora Candini i Puig, por el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado Convergència i Unió; el señor Fernández Ortega, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y el señor Ibarrondo Bajo, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con la incorporación de la enmienda
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, con el
siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 92; en
contra, 152; abstenciones, 4.

9.3. Moción por la que se insta al Gobierno a mantener el
diálogo con las representaciones profesionales españolas para lograr un
consenso básico en la futura Ley de Colegios y Servicios
Profesionales.

(Núm. exp. 662/000112)

Autor: GPMX

7785

El señor presidente informa de la presentación de una
propuesta de modificación.

La señora Salanueva Murguialday defiende la moción.

El señor Rodríguez Esquerdo defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.

La señora Salanueva Murguialday expone la posición de su
grupo respecto de la enmienda, rechazándola.

En turno en contra de la enmienda hace uso de la palabra el
señor Fernández de Moya Romero, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado. El señor presidente le informa de que corresponde turno en contra
de la moción.

En turno de portavoces intervienen la señora Iparragirre
Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el
señor Sabaté Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Rodríguez Esquerdo,
por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Fernández de Moya
Romero, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la propuesta de modificación con el siguiente
resultado: presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 243.

Página
7742

El señor Guillot Miravet, del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya, defiende la propuesta de veto número 4,
presentada por este senador y el señor Saura Laporta.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Vindel
López, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Mariscal
Cifuentes y la señora Capella i Farré, por el Grupo Parlamentario Mixto;
los señores Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado (EAJ-PNV); Martí Jufresa y Guillot Miravet, por el Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, así como la señora
Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, y el señor Rodríguez Esquerdo, por el Grupo
Parlamentario Socialista, quien solicita al señor presidente que pida al
señor López Rodríguez (don Dámaso), del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, que retire los gestos que le ha dirigido, motivo por el cual
hacen uso de la palabra el señor Camacho Sánchez, del Grupo Parlamentario
Socialista, y el señor López Rodríguez (don Dámaso). Finaliza el turno de
portavoces con la intervención de la señora Vindel López, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a la votación de las propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente
resultado: presentes, 242; votos emitidos, 242; a favor, 10; en contra,
165; abstenciones, 67.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente
resultado: presentes, 241; votos emitidos, 242; a favor, 8; en contra,
167; abstenciones, 66.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente
resultado: presentes, 242; votos emitidos, 242; a favor, 9; en contra,
167; abstenciones, 66.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente
resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 8; en contra,
166; abstenciones, 67.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Mariscal Cifuentes defiende las enmiendas del
Grupo Parlamentario Mixto números 1 a 53, inicialmente presentadas por el
señor Iglesias Fernández y este senador.

El señor Unamunzaga Osoro da por defendidas las enmiendas
del Grupo Parlamentario Mixto números 62 a 70, inicialmente presentadas
por este senador.

El señor Bildarratz Sorron defiende las enmiendas 54 a 61,
del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Guillot Miravet da por defendidas las enmiendas 71
a 123, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Martí Jufresa defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya 124 a 155, 157, 158, 162 a
165 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo
modificado por la enmienda 269 del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

La señora Rieradevall Tarrés defiende las enmiendas 167 a
203, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió.

El señor Antich Oliver defiende las enmiendas 204 a 211,
213 a 217, 219 a 229, 233 a 237 y la vuelta al texto remitido por el
Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda 269 del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Nevado
del Campo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen los señores Bildarratz
Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), y Martí
Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la
señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió; el señor Antich Oliver, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y la señora Nevado del Campo, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Vuelven a hacer uso de la palabra el señor Antich Oliver y
la señora Nevado del Campo.

Se procede a la votación

7841

Se rechazan todas las enmiendas, salvo la número 54, del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

Se aprueban las propuestas de modificación con números de
registro 61390 y 61391.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto
de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación
anterior.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de
ley.

El señor presidente informa de que, tal como dispone el
artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se
pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto
definitivo por S.M. el Rey.

11.1.2. Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la
calidad educativa.

Comisión: Educación y Deporte

(Núm. exp. 621/000048)

7848

La señora Sáinz García, presidenta de la comisión, presenta
el dictamen.

Se inicia el debate de totalidad.

El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto
número 1, de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.

La señora Mendizabal Azurmendi defiende la propuesta de
veto número 2, de los señores Aiartza Azurtza, Goioaga Llano, esta
senadora y el señor Unamunzaga Osoro, del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende su propuesta de veto número 3.

El señor Saura Laporta defiende la propuesta de veto número
4, del senador Guillot Miravet y este senador.

La señora Sequera García defiende la propuesta de veto
número 6, de la señora Almiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera
Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y esta senadora,
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Martínez Muñoz defiende la propuesta de veto
número 5, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Alturo Lloan defiende la propuesta de veto número
7, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Álvarez Areces defiende la propuesta de veto
número 8, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Peral
Guerra, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Interviene el señor ministro de Educación, Cultura y
Deporte (Wert Ortega).

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Martínez Muñoz,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), y Sequera
García, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; los
señores Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; Álvarez Areces, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y Peral Guerra, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

Se procede a la votación de las propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente
resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 88; en contra,
146.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente
resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 88; en contra,
146.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente
resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 88; en contra,
146.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente
resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 88; en contra,
146.

Se rechaza la propuesta de veto número 6, con el siguiente
resultado: presentes, 234; votos emitidos, 233; a favor, 88; en contra,
145.

Se rechaza la propuesta de veto número 5, con el siguiente
resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 88; en contra,
146.

Se rechaza la propuesta de veto número 7, con el siguiente
resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 88; en contra,
146.

Se rechaza la propuesta de veto número 8, con el siguiente
resultado: presentes, 234; votos emitidos, 233; a favor, 88; en contra,
145.

Se suspende la sesión a las veintidós horas y cincuenta y
cinco minutos.

Página
7746

En segon lloc, la proposta que el president del Govern
comparegui al Senat per explicar la seva política territorial. És també,
per tornar a utilitzar un qualificatiu suau, incomprensible que en
aquesta cambra territorial hàgim escoltat les polítiques de tots els
ministeris excepte la política territorial. Ha vingut el ministre de
Cultura, el ministre d’Indústria, el ministre d’Hisenda però
no ha vingut ningú, que jo crec que hauria de ser el president del
Govern, a explicar quin horitzó de model d’Estat té. Què en pensa
dels traspassos. Què pensa de les competències. Què pensa del
desenvolupament dels estatuts. Per tant, que comparegui el president del
Govern, crec que podríem acceptar una transaccional, que comparegués la
vicepresidenta o el ministre d’Hisenda i el d’Administracions
Territorials, però hi ha necessitat, i és un cert menyspreu a aquesta
Cambra territorial, que el Govern no expliqui què vol.

El segon punt seria el punt que no pot ser que les
comissions de traspassos o les comissions bilaterals no es reuneixin. Per
tant, el que plantegem és que es reprenguin els treballs de les
comissions que estan establertes en els estatuts d’autonomia.

I el tercer punt fa referència a la situació de Catalunya.
Vaig dir l’altre dia que no sé si s’és prou conscient que
tenim un problema polític que va més enllà d’un problema de
ciutadania. A Catalunya hi ha desafecció no només en el camp polític sinó
també en el camp de la societat. Perquè la sentència del Tribunal
Constitucional va significar un xoc de dues legitimitats. La legitimitat
institucional del Tribunal Constitucional i la legitimitat democràtica
popular d’un referèndum.

Aquest és un problema polític i l’únic que planteja
el punt tercer de la moció, l’únic que planteja és la necessitat de
crear les condicions per al diàleg. Per tant, és una moció amb tres
punts. Primer, saber la política del govern en relació al tema de
política autonòmica. Segon, no tenir paralitzat una part de relacions de
l’Estat en relació a les Comunitats Autònomes i tercer, crear les
condicions perquè la crisi institucional que avui existeix entre
Catalunya i l’Estat espanyol es pugui desenvolupar i superar
mitjançant el diàleg.

Espero el vot de tots vostès.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías.

Esta moción es consecuencia de la interpelación que se
sustanció hace quince días en relación con la política autonómica del
Gobierno. Es una moción que tiene un objetivo y un espíritu: el objetivo
es reimpulsar el funcionamiento institucional en relación con las
políticas autonómicas e impulsar la relación entre las distintas
instituciones y hacer que se cumpla la ley, especialmente en relación con
los estatutos de autonomía. Serían unos objetivos obvios. No queremos que
haya una parte del funcionamiento del Estado que esté paralizado. Y tiene
un espíritu, decía, y es que pienso que nadie puede votar en contra de
esto, es decir, no creo que se pueda votar en contra de los tres puntos
que yo planteo.

En la interpelación, el diagnóstico que yo hacía de la
política autonómica del Gobierno la resumí en tres palabras: silencio,
bloqueo y retroceso. Silencio, que significaba que el Gobierno,
especialmente el presidente del Gobierno, no había dicho qué modelo de
Estado quería. Sé que dirigentes del Partido Popular dicen: no, el modelo
de Estado es el Estado de las Autonomías. Pero hay muchas posibilidades
de Estado de las Autonomías. No se reúne la Comisión General de las
Comunidades Autónomas y no se reúne la Conferencia de Presidentes. Hay un
silencio en relación con el tipo de modelo de Estado que quiere el
Partido Popular.

La segunda palabra fue bloqueo. Expliqué cómo en los
prácticamente dos años de funcionamiento de mandato del Gobierno del
Partido Popular las comisiones de traspasos no se habían reunido y la
comisión bilateral tampoco. En algunos casos, la comisión bilateral,
según los estatutos, determina que se tiene que reunir dos veces al año.
En el caso de Cataluña no se ha reunido ni la junta de seguridad ni otras
instituciones imprescindibles. Es decir, que la nueva generación de
estatutos no se ha desarrollado nada legislativamente ni han funcionado
los organismos de coordinación.

Y la tercera palabra fue retroceso. Hablaba de retroceso,
que se podía medir en el aumento de la conflictividad. Comparado con los
años anteriores, hay el doble de conflictividad. El injusto reparto de
los objetivos de déficit o leyes como la de la nueva LOMCE fulminan las
competencias autonómicas. Este era el diagnóstico que hacía.

¿Qué planteamos en la moción? Planteamos tres puntos
—insito— que no son de crítica al Gobierno ni de formulación
partidista; son para que las instituciones funcionen, y quiero hacer
hincapié en la necesidad de que la Comisión General de las Comunidades
Autónomas funcione. Es incomprensible, por decir un calificativo suave,
que en prácticamente dos años la Comisión General de las Comunidades
Autónomas, que tiene un gran papel, solo se haya reunido una vez la
semana pasada y una la próxima semana a propuesta de los grupos de la
oposición, y que no haya hecho un trabajo de debate territorial. Por lo
tanto, es necesario que la Comisión General de las Comunidades Autónomas
funcione.

En segundo lugar, la propuesta de que el presidente del
Gobierno comparezca en el Senado para explicar su política territorial.
Es también —por decirlo de forma suave— incomprensible,
repito, que en esta Cámara territorial hayamos escuchado las políticas de
todos los ministerios excepto la política territorial. Ha venido el
ministro de Cultura, el de Industria, el de Hacienda, pero no ha venido
nadie, que yo creo que tendría que ser el presidente del Gobierno, a
explicar qué horizonte de modelo de Estado tiene, qué opina de los
traspasos, qué opina de las competencias, qué opina del desarrollo de los
estatutos. Por consiguiente, que comparezca el presidente del Gobierno.
Creo que podríamos aceptar una transaccional, que compareciera la
vicepresidenta o el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
Vemos como un menosprecio a esta Cámara territorial que el Gobierno no
explique lo que quiere.

El segundo punto es que no puede ser que las comisiones de
traspasos, las comisiones bilaterales no se reúnan. Lo que planteamos es
que se reanuden los trabajos de las comisiones que están establecidas en
los estatutos de autonomías.

Y el tercer punto hace referencia a la situación de
Cataluña. Dije el otro día que no sé si se es suficientemente consciente
de que tenemos un problema político que va más allá de una cuestión de
ciudadanía. En Cataluña hay desafección, no solo en el campo político,
sino también en la sociedad en general. Porque la sentencia del Tribunal
Constitucional supuso un choque de dos legitimidades: la institucional de
dicho tribunal y la democrática popular de un referéndum.

Este es un problema político y lo único que plantea el
punto tercero de la moción es la necesidad de crear las condiciones para
el diálogo. Por lo tanto, es una moción con tres puntos. Primero, saber
cuál es la política del Gobierno en relación con la política autonómica.
Segundo, no tener paralizada una parte de relaciones del Estado respecto
a las comunidades autónomas. Y tercero, crear las condiciones para que la
crisis institucional que hoy existe entre Cataluña y el Estado español
pueda desarrollarse y superarse mediante el diálogo.

Espero su voto.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra el senador
Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. Presento la enmienda anunciando
previamente al senador Saura que sea cual sea la decisión que tome en
relación con su asunción o no, votaré favorablemente la moción, porque
creo que en sus contenidos resulta oportuna y acertada.

La enmienda intenta ir algo más allá de la moción, porque
pienso que esta Cámara, Cámara territorial, como él destacaba en su
intervención, tiene que ser consciente de asumir que de nuevo el modelo
territorial de nuestro país es motivo de debate político intenso, de
preocupación social y de involucración de la ciudadanía, a pesar de que
la coyuntura económica y social tiene otras prioridades en este momento
—aparentemente desde la lógica política—.

Pero el modelo territorial del Estado —no lo
olvidemos— guarda relación no solo con la racionalidad, que ha de
ser un condicionante siempre demandable en política, sino también con los
sentimientos, con la identidad. Seamos conscientes de ello, valoremos
cuestiones de estas características, que al final acaban teniendo un peso
político más allá de lo que a priori podamos entender.

La enmienda desgrana la necesidad de que se emplace al
Gobierno a cambiar su estrategia en materia territorial. Una estrategia
que en el fondo significa que el Partido Popular y el Gobierno también
cuestionan el modelo de Estado de las Autonomías. Aunque en el discurso
político formalmente se abracen a él y quieran defenderlo, el desarrollo
de su práctica política cuestiona

ese modelo. Un modelo que en este momento está cuestionado
desde tres perspectivas. Desde la perspectiva del Partido Popular y de
otras fuerzas políticas de la derecha, que entienden que el Estado de las
Autonomías ha ido más allá de donde debía llegar; más allá, incluso, de
la voluntad de los propios constituyentes y que, en consecuencia, hay que
hacer una reinterpretación recentralizadora de ese modelo de Estado de
las Autonomías.

Y eso se articula en decisiones políticas —el senador
Saura hacía referencia a alguna de ellas—, como el injusto reparto
del objetivo de déficit; en decisiones como el cuestionamiento de
posiciones políticas de las comunidades autónomas. Yo creo que la
decisión que tomó el Gobierno en relación con el impuesto a la banca para
salir al paso de la voluntad de las comunidades autónomas de ir
extendiendo esta figura impositiva en sus territorios es una expresión
más. También en los procesos legislativos, a lo largo del tiempo que
llevo en esta Cámara ha sido casi una cláusula de estilo en el debate
político de los proyectos de ley decir que invadían competencias
autonómicas. Y es que es cierto, invaden competencias autonómicas. Por lo
tanto, quiera o no quiera reconocerlo el Partido Popular y el Gobierno,
están revisando el modelo de Estado de las Autonomías en el grado de
desarrollo que este había alcanzado desde la Constitución de 1978. Y eso
es una forma de cuestionar el Estado de las Autonomías.

Hay otro cuestionamiento obvio al que también hacía
referencia el senador Saura, el que desde los planteamientos soberanistas
en Cataluña se está realizando. Y hay un tercer cuestionamiento, el de la
alternativa a lo uno y a lo otro; el que, a partir de intentar definir un
modelo federal que suponga un marco de relaciones entre las comunidades
autónomas diferente, otras fuerzas políticas, entre las que me cuento,
estamos poniendo sobre la mesa. Yo creo que esta Cámara debiera ser el
marco adecuado para avanzar en el debate político en la búsqueda de un
consenso similar al que se alcanzó en el año 1978, pero ese consenso va a
ser imposible si se niega, en primer lugar, la necesidad de abrir ese
debate político y de avanzar en la definición de un nuevo modelo de
Estado; va a ser imposible si se mantiene la estrategia, desde quien
tiene hoy la responsabilidad del Gobierno, de recentralizar competencias;
va a ser imposible si se sigue abusando del recurso al —valga la
redundancia— recurso de inconstitucionalidad frente a decisiones de
las comunidades autónomas, y va a ser imposible si se toman medidas
políticas que confrontan con las decisiones que en el legítimo ejercicio
de sus competencias algunas comunidades autónomas están tomando.

Por lo tanto, reflexión, diálogo, búsqueda de acuerdo y de
consenso desde el reconocimiento de que tenemos un problema. Y el
problema no es solo Cataluña, sino que es un problema de necesidad de
alcanzar un nuevo marco...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: …en torno al modelo
autonómico.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Tiene la palabra el señor Saura para indicar si acepta o no
la enmienda del senador Iglesias.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Estando de acuerdo absolutamente con la intervención del
senador Iglesias, como he dicho antes, el espíritu de la moción es tanto
de crítica a las actuaciones del Gobierno como de significar un impulso
del funcionamiento de las instituciones. Es decir, no puede ser que en un
país como el nuestro, reuniones y relaciones institucionales que están
contempladas en las leyes orgánicas, en el bloque de la
constitucionalidad, se incumplan. Es incomprensible que durante dos años
no haya comisiones de traspasos ni comisiones bilaterales. Es
incomprensible que esta Cámara no discuta la política territorial.
Porque, vamos a ver, si en esta Cámara el Gobierno no presenta sus
horizontes territoriales y no los discutimos, señor presidente, ¿qué
hacemos aquí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Una segunda lectura del Congreso
que generalmente no sirve para nada? Hace tiempo se creó la Comisión
General de las Comunidades Autónomas para propiciar un debate
territorial, y lo que estamos pidiendo en esta moción es que se produzca
esto, que se dé contenido al Senado, no solo por una cuestión corporativa
del Senado, sino porque el país lo necesita.

Desde ese punto de vista, no aceptaremos la enmienda que
nos plantea el señor Iglesias, no porque no estemos de acuerdo, sino
porque pensamos que el espíritu de la moción es que se pueda votar por
consenso —ya sé que será difícil— y que permita, en
definitiva, un impulso de las relaciones institucionales entre las
diversas instituciones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Turno en contra. Tiene la palabra el senador Blasco.

El señor BLASCO MARQUES: Gracias.

Buenos días, señor presidente, señores senadores,
intervendré desde el escaño y muy brevemente.

Senador Saura, no ha mencionado usted una frase que dice en
la moción, pero que es la que da apoyo ideológico tanto a la
interpelación como a la moción, y es el avanzar hacia un modelo de Estado
federal. Eso, que es, sin duda, lo que usted defiende desde hace dos años
en esta Cámara y que no sorprende a nadie, no es lo que defiende el
Partido Popular. En cualquier caso, tanto la moción como la interpelación
—y usted lo ha vuelto a repetir aquí— está basada en tres
argumentos o tres palabras que nosotros no compartimos: bloqueo, silencio
y retroceso.

Silencio, dice usted, porque nadie explica aquí el modelo.
El presidente del Gobierno viene una vez todos los meses, usted le puede
preguntar. En el turno de portavoces hablaremos más despacio del
funcionamiento de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, pero
el modelo que defiende el Partido Popular es el Estado de las Autonomías,
no, como dice el senador Iglesias, pensando que nos hemos pasado unos
cuantos pueblos, sino pensando que hay algunos aspectos que coordinar
entre las comunidades autónomas. Para nosotros el modelo del Estado de
las Autonomías es plenamente vigente, defendible y es el que
queremos.

Usted dice que hay bloqueo porque no se reúnen las
comisiones bilaterales, y yo le digo que no es cierto, no se reunirá la
de Cataluña, la de mi comunidad, Aragón, se ha reunido tres veces en esta
legislatura, pero previamente ha habido que negociar de qué se hablaba.
La vicepresidenta del Gobierno lo ha dicho en público y en los medios de
comunicación: dispuesta a llegar a acuerdos.

En cuanto a los retrocesos, por una pretendida
recentralización del Gobierno, no estamos de acuerdo.

Sobre el conflicto de competencias en el Tribunal
Constitucional, es cierto que el Gobierno recurre ciertas materias
legislativas de las comunidades autónomas, pero estas también recurren al
Constitucional cuando consideran que el Gobierno ha hecho algo que se
sale de sus competencias.

Por tanto, no vamos a apoyar la moción, y lo explicaremos
más detalladamente en el turno de portavoces. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Blasco.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Si me lo permite, señor
presidente, intervendré solo para abundar en la idea del proceso de
recentralización.

La parte más eficaz de ese proceso no está ni tan siquiera
en los elementos que manejaba en mi intervención en la presentación de la
enmienda, no está en los recursos de inconstitucionalidad, no está en las
leyes que invaden competencias, no está en los reales decretos, ni en las
decisiones del Gobierno que tienen las mismas consecuencias. Está en la
traslación al modelo interno de lo que hemos hecho en el marco de
relaciones con nuestros socios europeos, y fundamentalmente con la
troika. Se ha producido una cesión de soberanía para adaptarnos a las
condiciones que se nos han impuesto para recibir los apoyos económicos
que nos permitieran evitar el rescate; y eso se ha proyectado hacia abajo
en la estructura territorial del Estado. Para garantizar el cumplimiento
de esos condicionantes asumidos en relación con nuestros socios, y
fundamentalmente, insisto, con la troika, se han adoptado medidas que
limitan el principal elemento de ejercicio de la autonomía, que es la
autonomía presupuestaria. Las comunidades autónomas, en este momento

tienen limitada de forma sustancial su capacidad a la hora
de elaborar y de establecer los contenidos de sus propios presupuestos, y
ese es el elemento más importante de recentralización que se ha producido
a lo largo de los últimos años, y además no se ha hecho de forma expresa,
reconociendo su carácter coyuntural y diciendo: ante estas exigencias no
tenemos más remedio ahora que, durante un tiempo, adoptar estas medidas;
sino que, a través de las famosas reformas estructurales, se ha ido
vertebrando la permanencia de esa posición de vigilancia-control
presupuestario de la Administración central del Estado frente a las
comunidades autónomas. Y sin ninguna duda, ese es el principal elemento
vertebrador, es el principal elemento de revisión del modelo de las
autonomías, quiérase reconocer o no se quiera reconocer.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra el senador Cazalis.

El senador CAZALIS EIGUREN: Egun on, mahaiburu jauna; egun
on, senatari jaun-andreok.

Parece evidente. No sé si llamarlo bloqueo o llamarlo
parón; llamémoslo como lo llamemos, es evidente que existe un parón en
relación con el desarrollo del Estado autonómico. Pero si hablamos de
parón es necesario recordar que las dos opciones que han gobernado en
este país durante muchos años han hecho el mismo juego; también es cierto
que en mayor o en menor medida —las cosas son como son—.
Ambas han olvidado que el Estado autonómico constituía de origen una
opción, mejor dicho, un modelo abierto de construcción permanente y
dinámica del propio Estado plurinacional, y han aplicado su visión
estática, no dinámica, congelando el desarrollo y el reparto del poder
político. Aquel modelo de construcción permanente del Estado en lo
político se ha querido convertir en un reparto de tareas administrativas,
y siendo así es comprensible que el ministro Montoro posponga cualquier
tipo de desarrollo autonómico hasta que acabe la crisis, porque estamos
hablando de temas administrativos, no políticos.

La verdad es que llevamos muchos años en una situación de
indeterminación del compromiso político de unos y otros con el modelo de
política autonómica que nos fijaron en el texto constitucional, y no hay
más que ver los sucesivos acuerdos de café para todos que hemos ido
sufriendo; demasiados años de indefinición como para considerar
mínimamente creíble el llamado modelo autonómico actual del Estado, salvo
que nos pongamos las pilas. Prueba de ello es que dentro de un mes se
cumplen treinta y cuatro años de aprobación de la Ley 3/1979, esto es, de
la Ley del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, ley incumplida y
estatuto no completado, y completado en muchas ocasiones dependiendo de
la necesidad que el Gobierno tuviera o no en estas Cortes Generales del
apoyo del Grupo Vasco, no motu proprio, siempre forzado, e incumplimiento
agravado también por algo que se ha dicho aquí, por el continuo sangrado
que ha supuesto la cantidad de recursos al Tribunal Constitucional y sus
sentencias, sabiendo todos que este tribunal es un árbitro casero que
casi siempre lee los textos con las gafas de la recentralización.

El problema es que ahora no solo hay un parón del
desarrollo autonómico, que lo hay, el problema es que ahora estamos
viendo una involución del modelo —lo recordaba ayer el senador
Cleries cuando preguntó a la vicepresidenta del Gobierno—, y las
pruebas las vamos a tener en unos minutos o en unas horas: primero la
LOMCE, luego la Ley de unidad de mercado, y después la Ley de Evaluación
Ambiental. Tres paradigmas de normas recentralizadotas, sin ningún
escrúpulo las tres. Tres paradigmas del irrespeto a las competencias
autonómicas; eso lo vamos a ver dentro de unas horas, por tanto, no se
puede negar que eso es así, y la mayor parte de las enmiendas que
presentamos los grupos que tenemos interés en preservar nuestras
competencias autonómicas van en esa línea, no creo que todos estemos
equivocados.

Yendo a la parte dispositiva de la moción, estamos de
acuerdo con su punto número uno, sin muchas esperanzas de que ocurra, las
cosas como son, y si ocurre, sin ninguna expectativa de que se vaya a dar
una explicación del modelo político de desarrollo autonómico, de que no
volvamos de nuevo a hablar de competencias administrativas. Pero nosotros
vamos a votar a favor, si viene el presidente mejor, si no, al menos lo
habremos intentado.

En cuanto al punto dos también estamos de acuerdo, pero
quiero hacer una reflexión: las comisiones mixtas y bilaterales no sirven
de nada si no hay voluntad política. Las comisiones se convocan para
llegar a acuerdos y firmarlos, esto es, discutir, acordar y firmar, no
para plantear voluntad política, eso va de suyo, uno tiene que venir con
la voluntad política de casa, y además

estas comisiones han de servir para algo más que para
desarrollar los contenidos estatutarios, han de servir precisamente para
seguir avanzando en el modelo abierto y de construcción dinámica del
Estado autonómico. También es verdad que no se puede seguir avanzando si
no damos los pasos previos, y ya nos gustaría que en la próxima comisión
mixta se aprobara todo lo que queda pendiente del Estatuto de Autonomía
del País Vasco, que lleva ya treinta y cuatro años.

El problema, señorías, es que estas comisiones mixtas ya no
van a ser suficientes para desatascar el asunto, estamos muy atascados,
tanto en Cataluña como en el resto de España; hace falta algo de mucha
mayor consistencia para poder seguir avanzando en Cataluña y en Euskadi,
por eso el tercer punto se refiere a Cataluña pero creo que podría ser
extrapolado al resto de las comunidades autónomas, por lo menos a
Euskadi, y por eso vamos a votar a favor de la moción.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Quiero decir que las tres palabras: silencio, bloqueo y
retroceso, responden a cifras inobjetables. Dice usted que el señor Rajoy
ha contestado cuando se le ha preguntado. ¡Faltaría más!

¿Pero cómo se explica que todos los ministros al inicio de
la legislatura vengan aquí a explicar su política y precisamente el único
tema que el Gobierno no viene a explicar es el de la política territorial
en esta Cámara? No me diga usted que es suficiente con que conteste a las
preguntas. ¡Faltaría más que se negara a contestar preguntas! ¿Por qué no
contesta? ¿Por qué no nos dice qué piensa del horizonte del Estado? Decir
que lo que queremos es el Estado de las Autonomías es no decir nada.
Pueden ser veinte Estados de las autonomías distintos, con competencias
diferentes y con diferentes comisiones de traspaso. ¿Qué pasa con los
estatutos de nueva generación? ¿Qué piensa el Gobierno? De esto no
sabemos nada, y eso significa dos cosas: en primer lugar, un cierto
menosprecio a esta institución, porque, insisto, ese es el papel de esta
institución, y, en segundo lugar, una ausencia de explicación pública de
lo que se quiere hacer.

En cuanto al bloqueo, he de señalar que respecto a las
comisiones de traspaso, en dos años solo se ha reunido una vez Canarias.
No se ha reunido ninguna y no se ha producido ningún traspaso, excepto
dos inmuebles a Canarias. Anteriormente se estaba produciendo una media
de ochenta o cien traspasos por legislatura. ¿Se va a traspasar más? ¿Por
qué no se traspasan?

En cuanto a la junta de seguridad, el señor Feijóo ha
pedido que se celebre la Conferencia de Presidentes. En este país, el
déficit del modelo del Estado de las Autonomías es la Conferencia de
Presidentes. El señor Feijóo la acaba de pedir. ¿Por qué no se celebran
más conferencias de presidentes?

Y en cuanto al avance, usted ha dicho: es que ustedes
quieren un Estado federal. Señoría, lo que queremos es un debate. En el
mundo no existe Estado de las Autonomías. El Estado de las Autonomías fue
una buena solución constitucional a dos tendencias y dejó abierto dos
Estados. Este Senado expresa la existencia de dos senados: los senadores
procedentes de las elecciones generales y los senadores procedentes de
las autonomías. Precisamente uno de los problemas del Estado español es
que existen dos Estados. Y hay que avanzar. Hemos hecho una valoración
positiva del Estado de las Autonomías, del desarrollo cultural, del
desarrollo social, pero ¿no son necesarios hoy cambios —no sé si
constitucionales o no, hablémoslo— ante los nuevos retos? ¿Por qué
razón seis o siete comunidades autónomas han planteado y han hecho
reformas de los estatutos? ¿Gratuitamente o porque los necesitaban para
dar respuesta a nuevos retos, ya que cuando elaboramos los estatutos no
existían?

Y no me digan que el problema es la crisis, porque las
comunidades autónomas han sido el colchón, el amortiguador, en
definitiva, de la crisis. No es crisis por un lado y comunidades
autónomas por otro, se trata de que las comunidades autónomas discutan y
hablen con el Gobierno central.

Usted ha dicho que las comisiones bilaterales o de traspaso
se han de reunir cuando haya acuerdos; y cuando no haya acuerdos más aún
para hablar. He sido copresidente de la comisión bilateral
Cataluña-Estado español y he de decir que eran tan importantes las
reuniones con

discrepancias como las reuniones con acuerdos, y lo que no
puede ser es que no exista diálogo cuando hay desacuerdo. Cuando hay
desacuerdo es más necesario hablar, y la respuesta que da el Gobierno es
que como no hay acuerdo, no hablamos. ¡Hombre! Las comisiones bilaterales
están para hablar desde el punto de vista político.

Por tanto, señores del Partido Popular, se trata de una
enmienda no partidista. En la exposición de motivos hay una propuesta de
Estado federal. Yo estoy convencido de que es la única solución. En el
mundo, el 55% de la población vive en Estados federales. España es el
único país en que Estado federal se asocia a bunkerización, a
balcanización. Los Estados federales son Estados fuertes, empezando por
Alemania, y muchas de las competencias del estatuto de autonomía van en
esa dirección.

Por tanto, les pido que no secuestren —entre
comillas, entiéndanme— el funcionamiento de las instituciones, que
fuercen e impulsen el diálogo entre instituciones, que este Senado tenga
sentido en la medida en que discute los problemas territoriales, y que si
no hay acuerdo, se dialogue.

En relación con Cataluña, he de señalar que estamos ante un
problema no solo político sino ciudadano. En Cataluña hay desafección
ciudadana hacia España y en sectores españoles hay desafección ciudadana
hacia Cataluña. Esto es peor que las discrepancias políticas, y lo que no
puede ser es que los problemas políticos estén verdes, maduren y se
pudran, y en Cataluña se están pudriendo. La responsabilidad es de todos,
pero en esta Cámara solicito del Gobierno que hable, que dialogue y que
haga posible la superación de la grave crisis institucional que existe
entre Cataluña y el Estado español. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Moltes gràcies, president. Molt bon
dia senyories.

Senyor Saura, en primer lloc, el reconeixement del nostre
grup i l’agraïment d’haver fet un plantejament molt nítid,
molt clar, sense pràcticament cap càrrega ideològica, la discussió del
model federal apareix en el plantejament inicial però no en la part
dispositiva. I, alhora, també fa aquest exercici quan, en la mateixa
situació que el nostre grup, hi ha un altre grup que presenta una esmena,
esmena amb la qual nosaltres també estaríem d’acord, i amb voluntat
del consens i que es pugui tirar endavant una posició que, simplement, el
que reclama és el compliment de l’actual marc normatiu.

No obstant, no s’admet l’esmena per generar el
consens. Jo he quedat francament sorprès de la posició del Partit Popular
perquè aquesta era una moció molt senzilla. Mirin, no cal que els digui
que el nostre grup parlamentari no està d’acord amb l’actual
marc territorial. I que el volem canviar. Però, independentment que no hi
estiguem d’acord, i vulguem canviar la situació de Catalunya, i
l’encaix de Catalunya dins de l’Estat espanyol, també estem
d’acord que, mentre no canviï el marc, s’ha de treballar amb
les eines legislatives que hi ha. I aquesta moció, el que ve a dir, és
això. Simplement treballar amb les eines legislatives que hi ha. Es
demana la reunió de les comissions bilaterals, de les comissions de
traspàs, de les comissions mixtes. Nosaltres també hi estem
d’acord. Hi estem d’acord amb un matís. Que es reuneixin per
extreure algun aspecte en positiu. I que tingui un sentit, no simplement
per fer-se la foto el dia de la reunió. I amb veritable voluntat
política. El que no es pot fer és dir: jo he decidit un, dos, tres i ara
farem la reunió de la Comissió Mixta per decidir un, dos, tres. El que jo
ja he decidit abans. I en aquests moments és el que s’està
plantejant, almenys en el cas de Catalunya, per part del Govern de
l’Estat.

Per tant, dues reflexions. Una respecte al paper
d’aquesta Cambra. Efectivament, coincideixo. Si ja des de la
mateixa Cambra renunciem a desenvolupar el paper que la legislació ens ha
atorgat, llavors és absolutament comprensible que els ciutadans no
entenguin què estem fent en aquí, malgrat estem treballant molt. No ho
entendran perquè nosaltres mateixos renunciem a exercir unes competències
que aquest marc constitucional, aquest marc legal, al qual tant
s’abraça el Partit Popular, ens ha donat. Almenys desenvolupem.

I segona conclusió, una reflexió més de fons. Una reflexió
més dirigida al grup majoritari, el qual té en aquests moments la
responsabilitat de govern a nivell de l’Estat espanyol. Com poden
explicar —i ho centraré en el cas de Catalunya—, com poden
explicar que vostès estan fent una

aposta pel que vostès anomenen Estat autonòmic, que volen
defensar les Comunitats Autònomes, i es neguen a votar una moció tan
light —si em permeten—, com la que planteja el senador Saura?
És dificilíssim d’explicar. I el senyor Saura, que té una posició
d’intentar trobar un encaix, federal, però un encaix de Catalunya
dins de l’Estat espanyol, haurà de tornar a Barcelona, es reunirà,
al consell nacional, amb els seus companys d’iniciativa, anirà a
fer alguna trobada amb la societat civil catalana i els haurà
d’explicar que necessita treballar per a aquest encaix. Però alhora
haurà d’explicar que tenim un problema. Tenim un problema perquè el
Govern de l’Estat espanyol no vol ni complir aquest marc
constitucional que reclama, aquest marc autonòmic que reclama. No vol que
es reuneixi la Comissió de les Comunitats Autònomes al Senat per donar
explicacions de la política autonòmica. No diu en quines, només diu per
donar explicacions. No creu que s’hagin de reunir les comissions
mixtes i les comissions de traspassos amb un mínim contingut i amb una
voluntat política d’arribar a acords. La veritat és que tenen una
posició molt complicada, molt difícil. I jo crec que també, no hi és la
senadora Sanchez Camacho, però li podran transmetre en una altra ocasió,
també té una posició molt complicada al Partit Popular a Catalunya.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías.

Señor Saura, en primer lugar le transmito el reconocimiento
de nuestro grupo y nuestro agradecimiento por su planteamiento: muy
nítido, muy claro, prácticamente sin ninguna carga ideológica; la
discusión del modelo federal aparece en el planteamiento inicial, pero no
en la parte dispositiva. Hace el mismo ejercicio cuando otro grupo, al
igual que el nuestro, presenta una enmienda, con la que nosotros también
estaríamos de acuerdo, en aras del consenso y para que salga adelante
esta moción que reclama simplemente el cumplimiento del marco normativo
actual.

Sin embargo, la enmienda no ha contado con el consenso
general. Me ha sorprendido mucho la postura del Grupo Parlamentario
Popular, porque esta era una moción muy simple. No tengo que decirles,
puesto que ya lo saben, que nuestro grupo parlamentario no está de
acuerdo con el actual marco territorial, y que queremos cambiarlo. Pero
independientemente de que no estemos de acuerdo y queramos cambiar el
estatus de Cataluña y su encaje dentro del Estado español, sí que estamos
de acuerdo en que, mientras no cambie el marco, hay que trabajar con las
herramientas legislativas que tenemos. Y es esto simplemente lo que viene
a decir esta moción: trabajemos con las herramientas legislativas de que
disponemos. Pide la reunión de las comisiones bilaterales, de las
comisiones de traspaso, de las comisiones mixtas, y nosotros también
estamos de acuerdo; estamos de acuerdo con una matización: que se reúnan
para sacar algo positivo, que se reúnan con sentido, y no simplemente
para hacerse la foto el día de la reunión; que se reúnan con verdadera
voluntad política. Lo que no puede hacerse es decir: yo he decidido uno,
dos y tres, y ahora vamos a hacer la reunión de la comisión mixta para
decidir uno, dos y tres, lo que yo ya había decidido antes. En estos
momentos es esto lo que propone el Gobierno del Estado, por lo menos en
el caso de Cataluña.

Por mi parte, voy a hacer dos reflexiones. Primera, respeto
al papel de esta Cámara. Efectivamente, coincido con usted en que, si ya
en la misma Cámara renunciamos a desarrollar el papel que la legislación
nos ha otorgado, es absolutamente comprensible que los ciudadanos no
entiendan qué estamos haciendo aquí, a pesar de que estemos trabajando
mucho; no lo van a entender, porque nosotros mismos renunciamos a ejercer
las competencias que nos ofrece este marco constitucional, este marco
legal, al que tanto se abraza el Partido Popular. Desarrollémoslo.

Segunda reflexión, más de fondo. Es una reflexión más bien
dirigida al grupo mayoritario, al que tiene en estos momentos la
responsabilidad de gobierno del Estado español. ¿Cómo pueden explicar
ustedes —y lo voy a centrar en el caso de Cataluña— su
apuesta por lo que ustedes llaman Estado autonómico, su defensa de las
comunidades autónomas, mientras se niegan a votar una moción tan light
—si me lo permiten— como la que nos propone el senador Saura?
Es dificilísimo explicarlo. El señor Saura, cuya postura es intentar
encontrar un encaje federal, un encaje de Cataluña dentro del Estado
español, tendrá que volver a Barcelona a reunirse en el consejo nacional
con sus compañeros de iniciativa y tendrá algún encuentro con la sociedad
civil catalana, y tendrá que explicarles a todos que necesita trabajar
para conseguir este encaje; pero, a la vez, tendrá que decirles: tenemos
un problema; tenemos un problema, porque el Gobierno del Estado español
no quiere cumplir ni siquiera con el marco constitucional que defiende,
ni siquiera

con el marco autonómico que defiende: no quiere que se
reúna la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado para
dar explicaciones de la política autonómica —sin precisar cuáles,
para dar explicaciones—; no cree que se tengan que reunir las
comisiones mixtas ni las comisiones de traspasos, con un mínimo contenido
y con voluntad política de llegar a acuerdos. La verdad es que tienen una
postura muy complicada, muy difícil. Y creo que también la senadora
Sánchez Camacho —no está aquí, transmítanselo cuando tengan
ocasión— mantiene una postura muy complicada en el Partido Popular
en Cataluña.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Becana.

El señor BECANA SANAHUJA: Señor presidente, señorías, se
cumplen hoy dos años de involución en España; (Risas.—Aplausos.)
dos años de importantes contrarreformas que, sin modificar formalmente la
Constitución, están debilitando seriamente los pilares fundamentales del
Estado social y del modelo autonómico. Y el Senado permanece aquí,
inmutable, como convidado de piedra. Porque la Comisión General de las
Comunidades Autónomas, la que le otorga a esta Cámara su personalidad
territorial por excelencia, no se reúne ni siquiera para informar las
leyes con contenido autonómico. Y lo que es peor, tampoco se tramita en
el Senado el 40% de la producción normativa del Gobierno. No llegan a
tramitarse en esta Cámara ni siquiera las leyes que contienen materias de
gran incidencia autonómica en el ámbito de la salud, de la fiscalidad,
del medio ambiente o de la administración.

Pero esto no siempre ha sido así, señorías. El camino hacia
la función territorial del Senado a lo largo de los treinta y cinco años
de vigencia de la Constitución ha llevado diferentes velocidades; y los
hechos demuestran que los avances se han producido cuando quien ha
liderado el Gobierno ha sido el Partido Socialista.
(Protestas.—Rumores.) Bajo la presidencia de gobiernos socialistas,
se reunió cuatro veces la Conferencia de Presidentes, y solo lo ha hecho
una vez con el Partido Popular, y eso que ahora se la reclaman hasta sus
propios presidentes. En las dos últimas legislaturas se reunió la
Comisión General de las Comunidades Autónomas en cincuenta y siete
ocasiones, mientras que en los dos últimos años, de momento, solo lo ha
hecho una vez. Fue bajo el mandato socialista cuando se fijó la
comparecencia mensual del presidente del Gobierno en esta Cámara, esa de
la que ahora hace gala el Partido Popular. También se reguló el uso de
las lenguas cooficiales y se impulsó la reforma del Reglamento para
profundizar en la función territorial del Senado.

El Estado de las Autonomías es dinámico. Por eso, hoy más
que nunca precisa de impulsos imprescindibles en las instituciones para
que su engranaje funcione de forma cohesionada, sin dañar ni perder
ninguna de sus piezas. Y digo que necesita impulsos, y no reformas, por
no confundir con esta palabra tan manoseada por el Gobierno para
referirse a las contrarreformas de gran calado con las que en poco tiempo
han puesto en marcha un gran proceso recentralizador a través de leyes
ordinarias que afectan directamente a las competencias atribuidas a las
comunidades autónomas; como hace la LOMCE, o la ley de la Administración
Local, la ambiental, la fiscal, la de la unidad de mercado, por citar las
más recientes.

Lo quieran o no, señorías del Partido Popular, están
transmitiendo la imagen de una derecha rancia (Protestas.) que, a estas
alturas del siglo XXI, parece seguir soñando con ese modelo de la
«España, una» del siglo pasado. Por eso, como portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, quiero hacer mías hoy las palabras del
presidente de la Cámara el día de su elección, que fijaba como objetivo
dotar de mayor efectividad a la función de representación territorial del
Senado, dentro de nuestro sistema parlamentario bicameral y en el marco
de nuestro modelo autonómico.

A la vista de lo acontecido durante la primera parte de la
legislatura, que hoy llega a su ecuador, en coherencia con lo marcado por
el presidente de la Cámara, todos los grupos deberíamos votar a favor de
esta moción que nos propone el senador Saura; porque en su parte
dispositiva recoge exactamente dos punto: primero, que las leyes y los
reglamentos se cumplan; segundo, que los mecanismos de cooperación
institucional funcionen. Así de elemental. Pueden parecer poco
ambiciosos, algunos grupos lo han manifestado así…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor BECANA SANAHUJA: Pero es imprescindible
—acabo, señor presidente—, es imprescindible cambiar el rumbo
ahora, si el Gobierno no quiere dar por perdida esta legislatura, en
cuanto al trabajo del Senado como Cámara territorial.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Becana.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Blasco.

El señor BLASCO MARQUES: Nuevamente, buenos días.

Decía en mi anterior intervención que íbamos a votar en
contra de esta moción, porque estamos en contra en el fondo y en la
forma; pero quiero agradecer la parsimonia del senador Saura, la
tranquilidad al hablar de estos temas. Me parece bien que los traiga a
debate. No estoy tan de acuerdo, sin embargo, con el tono que emplea
constantemente el portavoz del Partido Socialista en la Comisión General
de las Comunidades Autónomas. Pero no volveré a repetir lo de los
bloqueos, silencios y retrocesos, porque lo he comentado ya antes.

En el primer punto de la moción usted le solicita al
presidente del Gobierno que comparezca en la Comisión General de las
Comunidades Autónomas: están hablando ustedes del debate del Estado de
las autonomías. Pero, si queremos entrar con sinceridad en el debate,
quiero decirles varias cosas a usted, al señor Becana y al señor Bel, que
no estuvieron en las legislaturas anteriores, porque yo sí que estaba
aquí cuando presidía el Gobierno Rodríguez Zapatero. Primero, que
Zapatero vino una vez, y no más, y además dijo por qué no venía; dijo
textualmente en respuesta a preguntas del hoy presidente del Senado:
Entiendo al presidente Aznar, y me he sumado al precedente que él ha
creado. Zapatero creó la Conferencia de Presidentes para no tener que
venir al debate del Estado de las autonomías. (Aplausos.) Porque, tal
como está concebido, señor Saura, señor Becana, el debate del Estado de
las Autonomías en la comisión se convierte, como todas las sesiones de la
Comisión General de las Comunidades Autónomas, en un monólogo de los
consejeros de las comunidades autónomas —porque a los presidentes
solo los he visto una vez en diez años en esa comisión— en el que
cada uno habla de su libro, sin entrar en debate; hasta el punto de que,
al final, no quieren venir los Gobiernos autonómicos. En cualquier caso,
hace quince días se reunió la comisión y la semana que viene se volverá a
reunir la comisión. No obstante, senador Becana, el Partido Socialista,
en la última legislatura, en la que yo era portavoz, no vino ni una sola
vez en cuatro años a iniciativa o a petición del Partido Popular; siempre
que vino fue o a reformas estatutarias o por iniciativa del Gobierno
socialista. En lo que va de esta legislatura, ya se ha convocado una
sesión por el procedimiento que ustedes han instado, pero el Partido
Socialista no vino a esta Cámara nunca haciendo caso a lo que le pedía el
principal partido de la oposición. Luego no vengan ahora rasgándose las
vestiduras.

En segundo lugar, senador Saura, insiste en el debate sobre
el modelo de Estado. Yo siempre he pensado que un Estado federal es aquel
en el que diversos Estados deciden constituirse en un Estado federal.
España es todo lo contrario: España es una nación… (El señor Boya
Alós: ¡No, no, no!) Sí, sí, sí. (Rumores.) Ahora me toca a mí, ahora me
toca a mí. (Aplausos.) Es un Estado, una nación, que hace treinta y cinco
años decidió descentralizarse. Defendemos el Estado autonómico, no
tenemos ningún afán recentralizador. Ahora bien, es mi convicción, estoy
convencido —y espero que me apoye mi grupo— de que si el
pueblo español nos dio una mayoría absoluta hace dos años fue para que
pusiéramos orden en el desorden (Rumores.) o en los excesos de algunas
comunidades autónomas, digamos que de todos los colores políticos.

Ahora bien, lo que estamos diciendo es que se reúnan las
comisiones bilaterales. La vicepresidenta del Gobierno le ha ofrecido a
la Generalitat reunir la Comisión bilateral. El portavoz le ha contestado
que si se anula la ley Wert. O sea, ¿quién es el que pone palos en las
ruedas para que se reúna la Comisión bilateral? Le he dicho que en Aragón
se ha reunido ya. Ahora —usted lo sabe, porque ha sido
Gobierno—, primero se discute, luego se acuerda lo que haya que
acordar y después se reúne la comisión.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

Página
7757

agrario, con el sector agropecuario y con la industria
agroalimentaria. Es este sector productivo, es este sector económico, uno
de los que está impulsando la recuperación económica, el crecimiento
económico y el crecimiento del empleo en nuestro país.

En un momento en que, como digo, el Ministerio de
Agricultura vuelve a tener un protagonismo que no debió haber perdido
nunca en un país como el nuestro, en que la economía del medio rural es
fundamental; en un momento en que las exportaciones de productos
agroalimentarios han aumentado de manera considerable y están impulsando
la mejora de la balanza comercial; en un momento en que la renta de
nuestros agricultores y ganaderos evoluciona positivamente, tras un largo
periodo anterior de caída continua; en un momento en que muchos
agricultores y ganaderos tienen mejores expectativas en el desarrollo de
su profesión y de su vocación, hay un sector, el del ovino y caprino, que
tiene problemas.

Decimos que es un sector importante porque, en primer
lugar, en un 80% está implantado en zonas desfavorecidas, en zonas de
nuestro territorio que tienen más dificultades para encontrar
alternativas a esta iniciativa económica, a esta manera de vivir en el
territorio y de mantenerse en él. Lo es también porque es un sector que
históricamente ha estado en nuestro paisaje y ha contribuido a enriquecer
la cultura: está presente en la literatura, está presente en la pintura,
está presente en la música, está presente también en el cuidado del medio
ambiente; ha configurado esas autopistas para el ganado que son las
cañadas y las veredas, que cuentan hoy con una protección que les permite
ser, más que una reliquia del pasado, una oportunidad del presente de
seguir manteniendo nuestro entorno rural y el medio ambiente; ha sido
siempre visible en el campo, garantía de la conservación del ecosistema,
del mantenimiento de la biodiversidad en el territorio y oportunidad para
fijar población en un medio rural más hostil y más complicado; y ha hecho
posible en muchos casos el mantenimiento de los montes, porque la cabaña
ovina y caprina ha limpiado los espacios naturales, los montes, evitando
así posibles incendios. Es grande, pues, la actividad de este sector en
el presente, como lo fue en el pasado.

El sistema de explotación de esta actividad económica, una
explotación en la mayor parte de las ocasiones en sistema extensivo o
semiextensivo, es también una ventaja para conseguir los objetivos de
fijar población, de hacer más sostenible el ecosistema y de garantizar la
biodiversidad; pero es también un factor que dificulta mantener la misma
cabaña en este siglo XXI. Así, el hecho de que es más complicado mantener
la cabaña ganadera; el hecho de que los costes de producción han
aumentado en los últimos tiempos, especialmente los costos del cereal
—lo que es bueno para unos no ha resultado tan bueno para este
sector—; el hecho de que la reducción en los márgenes de los
productores sea una variable que hay que debe considerar quien quiera
vivir del ganado ovino o caprino; y, en definitiva, la falta de
rentabilidad de las explotaciones, no ayudan al rejuvenecimiento de la
población activa dedicada a este sector, ni ayuda a aumentar la
implicación en él. Buena parte de esta cabaña no supone ya en nuestro
país la primera renta del ganadero. Además, los animales requieren
cuidados todos los días del año, una exigencia para los ganaderos que
hace poco atractiva la labor para las nuevas generaciones, para los más
jóvenes.

Pero no por ello, no porque existan dificultades, deja de
ser nuestra obligación y vocación buscar soluciones que remedien lo que
está ocurriendo: en los últimos cuatro años, en el periodo 2009-2012, la
cabaña de ganado ovino ha descendido en más de un 17% en nuestro país. Lo
ha hecho fundamentalmente en las comunidades autónomas en las que toda la
cabaña ocupa el 80%: Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha,
Extremadura y Andalucía. Ha aumentado un poquito en aquellas comunidades
autónomas donde su volumen no es el más significativo, como en Cataluña,
con un aumento del 0,43, pero que solo aporta el 3,74% de la cabaña, o en
Canarias, con un aumento del 10,50, ante una aportación de solo el 0,62%.
En el caso del ganado caprino, también en el periodo de 2009 a 2012 ha
caído en más de un 10%, y en las comunidades andaluza, extremeña y
canaria, donde la producción es mayor, de una manera más acusada. Tan
solo ha aumentado un pequeño 0,6% en mi comunidad autónoma, Castilla-La
Mancha.

Esto hace, evidentemente, que nos tengamos que plantear una
moción de apoyo, una moción que insta al Ministerio de Agricultura a
seguir trabajando para resolver otro de los problemas que en estos
momentos tiene la producción de ganado ovino y ganado caprino: el
descenso en el consumo de carne, una carne que es de magnífica calidad,
una carne que es reconocida por los ciudadanos de nuestro país, una carne
que seguro que forma parte de las principales fiestas de

nuestros pueblos y ciudades, pero cuyo consumo ha pasado de
ser de 3 kilos por habitante y año en 2005 a tan solo 1,9 kilos por
habitante y año en 2012.

Y lo mismo ocurre con la producción de leche, una
producción que da la oportunidad de que degustemos los mejores quesos del
mundo, entre otros, el queso manchego que, como saben, se produce de
manera excepcional en mi región, Castilla-La Mancha.

Bien, ante el problema del descenso en el consumo de carne,
de la dificultad de la rentabilidad de las explotaciones y también de la
dificultad para hacer posible el rejuvenecimiento de la población que se
dedica a cuidar el ganado caprino y ovino, el Grupo Popular presenta esta
moción, que insta al Gobierno de España a continuar transmitiendo
mediante campañas de promoción e información aspectos medioambientales,
de tradición o de desarrollo rural vinculados al sector del ovino y
caprino, con el objetivo, desde el mejor conocimiento de lo que aporta
este sector a nuestro país, de incentivar su consumo. Uno de los
problemas es la caída del consumo nacional. Por lo tanto, incentivemos
ese consumo, pero también hagamos posible que este sector contribuya,
como lo están haciendo otros sectores de la agricultura y de la
ganadería, de la industria agroalimentaria, a mejorar la balanza exterior
con una mayor proyección en el exterior, fuera de nuestras fronteras.

También instamos al Gobierno a que continúe trabajando,
tanto a nivel nacional como comunitario, en el contexto de la reforma de
la política agracia común para la puesta en marcha de todas las medidas
tendentes a favorecer la concentración de la oferta y a reforzar el papel
de los productores con el objetivo de priorizar el papel esencial que
juega la cabaña nacional de ovino y caprino en la vertebración del
territorio, aprovechando los recursos naturales y manteniendo el tejido
rural.

Hay ya dos potentes herramientas en las que ha participado
esta Cámara: la Ley de la Cadena Alimentaria y la Ley que fomenta la
concentración del mundo cooperativo, que, junto con la reforma de la
política agracia común y el magnífico resultado de las negociaciones en
Europa de esa reforma, han de servir, evidentemente, al igual que en el
resto de los sectores, para que el sector ovino y caprino tenga no solo
presente sino un magnífico futuro.

Por último, pedimos también que se impulse la
internacionalización de los productos del ovino y caprino así como que se
fomente la innovación, con el objetivo de incrementar la competitividad
del sector. La competitividad de este sector, como la de cualquier otro,
pasa por la innovación, por la adaptación a las nuevas tecnologías, a las
nuevas oportunidades en la industria agroalimentaria que permitan que sea
más fácil fijar esa población al territorio, que sea más fácil, más
rentable y que también gane en calidad de vida el ganadero que se dedica
a esta realidad social. Y, evidentemente, además de fomentar la
innovación hay que fomentar la internacionalización. La salida al
exterior está contribuyendo en muchos sectores a paliar y mejorar la
caída del consumo interno; por lo tanto, es una alternativa. La búsqueda
de nuevos mercados para unos productos que son reconocidos como de
extraordinaria calidad es una necesidad en la que tenemos que abundar,
sobre la tenemos que trabajar y que proponemos al ministerio.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cotillas.

Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el senador
Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Intervendré brevemente, desde
el escaño.

La enmienda pretende reivindicar la necesidad de que entre
las medidas de promoción que se adopten se impulse el reconocimiento de
la producción ecológica —las condiciones del pastoreo de por sí son
suficientes para avalar ese reconocimiento― y también el apoyo a
los sellos de calidad, porque todo ello significa un mayor valor añadido
a la producción de carne y de quesos.

El segundo punto de la enmienda conecta con el debate
anterior y reivindica las competencias autonómicas en esta materia. Por
más que el ministerio quiera jugar un papel importante en ello, la
transferencia de las competencias en materia de agricultura y ganadería
hace que el papel fundamental deba ser el de las comunidades
autónomas.

Por contra, hay una competencia estatal clara que no
siempre se ejecuta con el rigor necesario, y es que uno de los problemas
de este sector es que se producen importaciones de ganado de otros
Estados y luego no hay un seguimiento de cómo llega al consumidor ese
ganado importado.

Y en ocasiones se dan situaciones de fraude que perjudican
al consumidor y también al productor por suponer una competencia
desleal.

Es cierto que hay una caída en el consumo, pero no podemos
desligarlo tampoco de la situación de crisis.

Finalmente, hay que hacer una apuesta por mantener la
actividad y el empleo, porque resulta paradójico que en este país, cuna
natal del Honrado Concejo de la Mesta, en estos momentos la contratación
de asalariados en el sector, por la dureza del trabajo, se tenga que
cubrir fundamentalmente con ciudadanos inmigrantes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el senador
Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor
presidente.

La moción presentada por el Grupo Popular en relación con
el ganado ovino y caprino hace referencia a un sector que, efectivamente,
viene sufriendo desde hace años una crisis acuciante de precios porque
tiene grandes dificultades para competir con la carne de ovino de países
extracomunitarios. Pero estas propuestas, como algunas de las que propone
la mayoría que apoya al Gobierno, resultan timoratas e insuficientes; de
hecho, se han registrado cinco enmiendas de adición que la complementan y
enriquecen muchísimo.

Nosotros no queríamos desaprovechar la oportunidad que nos
brinda esta iniciativa parlamentaria para alertar sobre una realidad
preocupante en el sector asturiano del ovino y del caprino, un sector en
el que el número de cabezas rondará las 50 000 y las 40 000,
respectivamente, cifras pequeñas en comparación con las del conjunto de
España pero que tienen vinculación a nuestras amplias zonas de montaña y
responden a uno modo de vida tradicional que forma parte de nuestro
patrimonio, al que no renunciamos y creemos que hay que preservar y
defender.

En el oriente de Asturias es frecuente su utilización para
hacer quesos de mezcla, junto a la leche de vaca; y en el occidente y el
resto de la comunidad se constata la existencia de rebaños vinculados a
los pastos comunales porque el ovino hace un aprovechamiento forrajero
más bajo que el ganado vacuno.

Hoy en día casi no existen en Asturias explotaciones
profesionales de grandes rebaños porque, en muchos casos, el problema
añadido del lobo terminó con ellos. Pero esta complicación persiste y se
ha agudizado, hasta el punto de que ahora mismo una de las preocupaciones
principales en los sectores ganaderos asturianos y en los pueblos y
aldeas de nuestra región es la frecuencia de los ataques de esos grandes
carnívoros, de los que hay censados unos trescientos. El desánimo en esas
zonas es grande y creciente ante esta cuestión y se deja sentir, por
ejemplo, en la zona de Picos de Europa, donde el censo extensivo de ovino
y caprino ha descendido en más de un 50% en la última década. Hay que
señalar que en Asturias se ha renunciado a la producción al aire libre de
este tipo de ganado porque la presencia y los ataques de lobos suponen un
estrés y un peligro para los animales domésticos, y también para el
vacuno y el equino, que acaba por disuadir del oficio y desalentar su
práctica tradicional de manejo. Por el contrario, se instalaron granjas
profesionales con rebaños estabulados para la producción de leche, pero
la crisis de precios lácteos arrastró a muchas explotaciones a la ruina y
solo sobreviven aquellas que transforman su propia leche en queso.

Simultáneamente al ocaso de los rebaños pastoreados,
comenzaron a aumentar las cifras de ovino en lo que se denomina la oveja
segadora, animales que están haciendo la labor de mantenimiento de los
prados en las zonas rurales de las explotaciones cuyos titulares se
jubilan. Son rebaños muy pequeños, entre dos y ocho ovejas, y aunque su
número puede ser elevado —hay por encima de los 11 000 de este
tipo—, la actividad económica es prácticamente nula y está bastante
relacionada con el ámbito de la economía sumergida, como la venta de
algún cordero en la explotación o la venta de algún animal vivo; es
decir, este sector no está en manos de ganaderos a título principal.

En todo caso, la difícil orografía asturiana hace obligada
la utilización de pastos altos de temporada, que normalmente están muy
alejados de los pueblos y dificultan muchísimo la interposición de
medidas de defensa contra el lobo. También se da el caso de figuras de
protección, como los parques nacionales y naturales, que restringen,
cuando no imposibilitan, la

apertura de pistas de acceso y la edificación o instalación
de establos o apriscos para la recogida nocturna del ganado.

Nuestra enmienda de adición añade un cuarto punto a la
moción del Grupo Popular, en el que instamos al Gobierno a elaborar, en
colaboración con las comunidades autónomas, un programa específico de
apoyo al sector ovino y caprino en las zonas y áreas en las que estas
especies conviven con el lobo y son muy vulnerables a su depredación.

En Asturias y en otras comunidades autónomas un programa
así se agradecerá.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez
Oblanca.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gràcies, senyor president.

Per sumar-me a la intervenció del senador Oblanca vull dir
que la nostra esmena també planteja com una oportunitat aquesta moció per
sortir al pas d’una problemàtica que, efectivament, en el context
general que ja s’ha començat a dibuixar des d’aquesta tribuna
per part del ponent del Grup Popular i els senadors que han intervingut
fins ara, crec que cal afegir la situació encara més complicada que tenim
en aquestes explotacions en les zones de muntanya, i molt especialment en
les zones en què en aquest moment existeix la reintroducció
d’algunes espècies, com l’ós o el llop, i que plantegen
seriosos problemes per a la supervivència dels ramats i de les
explotacions ovines i caprines.

Jo crec que en aquest cas la situació del sector és prou
desoladora, però jo els puc dir que encara ho és més en aquelles
contrades en què la presència d’aquests animals ha fet que les
explotacions, per petites que fossin, hagin desaparegut absolutament, amb
el que comporta en aquest moment la desaparició dels pastors i
l’acció de l’home sobre la natura negativament pels problemes
que tenen a veure amb la declaració d’incendis forestals,
l’abandó del territori… En definitiva, la manca de gestió del
territori.

Per tant, jo ja vull advertir des d’aquí que tinc
preguntes fetes per escrit per demanar al Govern quina és la posició
respecte a aquesta qüestió, i molt especialment sobre els plans que
existeixen en aquest moment i que es van posar en marxa en algunes
contrades el 2008, plans de protecció dels ramats i, per tant, per fer
possible la compatibilitat de la presència d’aquestes espècies amb
l’ús tradicional que se n’havia fet a les muntanyes per part
dels pastors. Aquestes respostes, malgrat que ja ha caducat la data, el
termini màxim que tenia el Govern per respondre, no han estat respostes.
M’agradaria saber si el Govern del Partit Popular té en aquest
moment previst mantenir aquestes ajudes, mantenir aquests mitjans, per
fer possible la convivència entre aquestes espècies i la presència dels
ramats a les nostres muntanyes.

Per tant, ens sembla que aquesta és una bona oportunitat
per sumar-nos a totes aquestes qüestions que s’han plantejat i a
diverses esmenes a aquesta moció per ratificar el suport del Govern a
aquestes explotacions, aquest sector que com bé s’ha dit ho està
passant malament, i que necessita absolutament el suport per poder
subsistir a les zones on en aquest moment, sigui perquè tradicionalment
ha existit, com és a la serralada cantàbrica, la presència de l’ós
i del llop, o bé com a la zona pirinenca, on es va introduir a partir de
l’any 1996 el primer ós bru. En aquest moment, hi ha zones, com és
el meu territori, el Pirineu Central, que ja té més de 30 exemplars
d’ós. És veritat que, si bé hem arribat a un moment en què hi ha
una certa convivència i una certa tranquil·litat, aquesta existeix perquè
hi ha hagut unes mesures de suport als ramaders, unes mesures de
protecció als ramats que no poden retrocedir, no podem anar enrere en
aquesta qüestió.

És per aquest motiu que nosaltres hem presentat aquesta
esmena, que esperem que sigui entesa com una aportació positiva, perquè
aquestes contrades, insisteixo, que no és que hagin anat enrere, sinó que
realment estan desapareixent els ramats en molts indrets on havien estat
tradicionalment, amb els problemes que això comporta.

Vull afegir, s’ha dit, però crec que és una dada
important, que quan parlem de protecció de les nostres muntanyes des de
la perspectiva dels incendis forestals, pensin que el cost que estalviem
quan hi ha ramats que pasturen al sotabosc i que tenen presència a les
zones de muntanya va de 9 a 1, és a dir, fer silvicultura costa 10,
mantenir ramats costa 1; hi ha 9 punts de diferència, per

tant, és molt rendible per al conjunt de la societat que
aquests ramats continuïn, tinguin la seva presència, mantinguin i
gestionin o ajudin a gestionar el territori i, sobretot, permetin també
mantenir una cultura en l’àmbit dels productes alimentaris de la
muntanya que és molt preuada per tots nosaltres.

Per tot això, esperem que aquesta esmena sigui tinguda en
compte.

Gràcies. (Aplaudiments.)

Gracias, señor presidente.

Quiero sumarme de algún modo a la intervención del senador
Martínez Oblanca diciendo que nuestra enmienda a esta moción también se
plantea como una oportunidad para salir al paso de una problemática que,
en efecto, en el contexto más general ya se ha empezado a dibujar desde
esta tribuna por parte del ponente del Grupo Popular así como de los
senadores que han intervenido hasta ahora. A eso debemos añadir una
situación aún más complicada en las explotaciones de zonas de montaña, y
más especialmente en las zonas en las que en la actualidad se han
reintroducido ciertas especies, como el oso o el lobo, que plantean
serios problemas para la supervivencia de los rebaños y las explotaciones
ovinas y caprinas.

Me parece que en este caso la situación del sector es
bastante desoladora, pero aún lo es más en las regiones en las que la
presencia de esos animales ha hecho que las explotaciones, por pequeñas
que fueran, hayan desaparecido por completo, lo que ha supuesto también
la desaparición actual de los pastores y de la acción del hombre sobre
naturaleza, con lo que comporta de negativo por los problemas que tienen
que ver con la declaración de incendios forestales, el abandono del
territorio… En definitiva, la falta de gestión de todo el
territorio.

Me gustaría advertir desde aquí que tengo una serie de
preguntas formuladas por escrito para solicitar del Gobierno su posición
sobre esta cuestión y muy especialmente sobre los planes que existen hoy
por hoy y que se implementaron en algunas regiones en el año 2008, planes
de protección de los rebaños para hacer compatible la presencia de estas
especies con el uso tradicional de las montañas por parte de los
pastores. Y a pesar de que la fecha límite del plazo del Gobierno para
responder ya ha vencido, esas preguntas no han sido contestadas. Por
tanto, me gustaría saber si el Gobierno del Partido Popular tiene
actualmente previsto mantener esas ayudas, mantener esos medios para
hacer posible la convivencia entre esas especies y la presencia de los
rebaños en nuestras montañas.

Nos parece que esta es una buena oportunidad para sumar
todas estas cuestiones, planteadas ya en distintas enmiendas a esta
moción. Y es también una buena ocasión para ratificar el apoyo del
Gobierno a esas explotaciones, a este sector, que, como ya se ha dicho,
lo está pasando mal y necesita de ese apoyo para subsistir en las zonas
en las que, bien tradicionalmente han existido el oso y el lobo, como
sucede en la cordillera cantábrica, bien se reintrodujo, como en la zona
pirenaica, en 1996. Por ejemplo, en el Pirineo central hay más de treinta
ejemplares. Es verdad que hemos llegado a un momento en el que existe una
cierta convivencia del oso pardo con otras especies, y esa tranquilidad
se debe a que ha habido medidas de apoyo a los ganaderos y de protección
a los rebaños. Y no podemos retroceder, no podemos ir hacia atrás en esta
cuestión.

Por ese motivo hemos planteado esta enmienda, que esperamos
que se entienda como una aportación en positivo, porque, insisto, no es
que en esas regiones se haya reculado, sino que realmente están
desapareciendo los rebaños en muchos lugares donde habían existido
tradicionalmente, con todos los problemas que esto supone.

Y añado un dato que me parece importante. Al hablar de
protección de nuestras montañas desde la perspectiva de los incendios
forestales piensen ustedes que el coste que ahorramos cuando hay una
serie de rebaños que pacen, con presencia en zonas de montaña, va de 9 a
1, es decir, hacer selvicultura cuesta 10 y tener rebaños cuesta 1; hay 9
puntos de diferencia cuando tienen presencia en el sotobosque. Por lo
tanto, esa presencia debe tener continuidad porque ayuda a gestionar el
territorio y también nos permite conservar una cultura en el ámbito de
los productos alimentarios de montaña que es muy apreciada por todos
nosotros.

Por todos estos motivos, esperamos que esta enmienda se
tenga en cuenta.

Muchas gracias. (Aplausos.)

Página
7763

El señor PLANA FARRAN: Gràcies, president.

Senador Cotillas, crec que avui no hi haurà cap dubte que
acceptarà moltes de les esmenes, per no dir gairebé totes, que ha
presentat el Grup de Convergència i Unió. Primer, perquè les nostres
propostes són per preservar aquest ordre constitucional. És a dir, les
competències exclusives que tenen les comunitats autònomes han de ser
preservades i observades de manera ben clara, amb unes dotacions
pressupostàries, però que l’activitat pròpiament dita que
s’ha de fer de promoció de l’agricultura i la ramaderia
—en aquest cas, del sector oví i del cabrum—, que ho facin
les comunitats autònomes. I ja coordinarem amb l’Estat espanyol si
convé. No «si convé»; convé. Però és clar, aquí hi ha un ordre
constitucional, uns estatuts d’autonomia, que diuen que hi ha unes
competències exclusives que es poden arribar a fer. Per tant, tots anem
en aquesta línia d’observar i de preservar aquest ordre
constitucional, evidentment.

Per un altre costat, s’ha parlat de la
internacionalització del sector agroindustrial. Crec que és ben clar que
una de les propostes que fem i que no tindria una dotació pressupostària
gaire important seria convertir el port de Tarragona en un port 24 hores.
És a dir, el port on hi ha una major exportació d’animal viu
—en aquest cas oví i boví—, que tingués actuació les 24
hores, perquè això redundaria en benefici de les exportacions
d’animal viu, que pot venir de Castella i Lleó, de la vall de
l’Ebre… I també redundaria en benefici pròpiament dit del
benestar animal, per tal com compliria els requisits que demana la
normativa.

El ple passat, al ministre, el senyor Cañete, li vaig
preguntar per què aquesta reducció. Evidentment, és una pregunta, si
vostè ho vol, amb una fonamentació clara. Ja sabem que hi ha hagut unes
reduccions pressupostàries importants, però qui n’ha pagat el
principal preu ha estat el seu sector, el Ministeri d’Agricultura i
Ramaderia. Per tant, demanàvem unes propostes i unes dotacions
pressupostàries al més acurades possibles a la realitat. També vaig
explicar al ministre Cañete l’aportació que es fa a la balança
comercial per part de les exportacions i el ràtio de cobertura que tenien
entre exportacions i importacions el sector agroindustrial. Per tant,
això que es diu que és la locomotora, o una de les locomotores, de
l’economia de l’Estat espanyol, que es vegi correspost amb
unes dotacions pressupostàries ben adequades a la realitat.

Fixeu-vos que no hi ha cap proposta que fem el Grup de
Convergència i Unió per anar a la contra. Sempre som propositius per
millorar, perquè volem que el sector que pugui fixar-se al territori
tingui aquest esponjament territorial que demanem i que la gent del
sector pugui viure al seu entorn rural, perquè és necessari fixar la
gent. Després, si hi ha una activitat exportadora —després li
donaré les dades— al port de Tarragona, per exemple, hi ha el risc
que, si no es fa això de les 24 hores, molts d’aquests animals
siguin transportats, no a cap altre port de l’Estat espanyol, sinó
que vagin a França, al port de Seta.

Posem mesures, que són mínimes però serien molt
beneficioses per al sector. Per tant, els demano que tinguin en compte,
primer, les competències que tenen els comunitats autònomes. Ja ho farem
de forma coordinada perquè hi hagi una política, si vostè vol, amb una
certa harmonia. Després, unes dotacions pressupostàries adequades. I
reitero un element importantíssim, perquè vostè ha dit una de les dades
importants: a Catalunya s’ha incrementat la cabanya tant de
l’oví com del cabrum, mínimament, no tenim un pes específic, però
tenim una situació geoestratègica important. Hi ha un port, en aquest
cas, que és la sortida de la vall de l’Ebre, el port de Tarragona.
Tan sols això: posem un port 24 hores en què es pugui exportar en
qualsevol moment, i això donarà molt de prestigi, si vol, al Ministeri i
facilitarà les exportacions, i millorarà la balança comercial, que ja
s’està fent amb accions sobretot del sector. I espero que ho tingui
a bé.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

Senador Cotillas, creo que hoy no va a haber ninguna duda
de que va a aceptar muchas, por no decir todas, de las propuestas que ha
presentado el Grupo Convergència i Unió. Primero, porque nuestras
propuestas son para preservar este orden constitucional, es decir, que
las competencias exclusivas que ostentan las comunidades autónomas sean
preservadas y observadas de forma clara con unas dotaciones
presupuestarias, pero que la actividad propiamente dicha de promoción de
la agricultura y la ganadería —en este caso, del sector ovino y
caprino— la realicen las comunidades autónomas. Y ya coordinaremos
si hace falta —que la hace— con el Gobierno del Estado
español. Pero aquí existe un orden constitucional, unos estatutos de

autonomía que dicen que existen unas competencias
exclusivas que se pueden llegar a realizar. O sea, que todos vamos en esa
línea de observar y preservar este orden constitucional. Cómo no.

Por otro lado, se ha hablado de la internacionalización del
sector agroindustrial. Me parece que queda muy claro que una de las
propuestas que realizamos, y que no tendría una dotación presupuestaria
demasiado importante, sería convertir el puerto de Tarragona en un puerto
de 24 horas, es decir, un puerto donde hubiera una mayor exportación de
animal vivo —en este caso, ovino y bovino—, que realizara esa
actuación 24 horas, lo que redundaría en unos beneficios en exportaciones
de animal vivo, que puede venir de Castilla y León, del valle del
Ebro… Y redundaría también en el beneficio del bienestar animal,
por lo tanto, cumpliendo los requisitos que exige la normativa.

En el último Pleno pregunté al ministro, el señor Arias
Cañete, el porqué de esta reducción. Evidentemente, es una pregunta que,
si usted quiere, tiene unos cimientos muy claros. Sabemos que se han dado
unas reducciones presupuestarias importantes, pero el que ha pagado el
precio más alto ha sido su sector, el Ministerio de Agricultura. Así
pues, solicitábamos que hubiera unas propuestas y dotaciones
presupuestarias lo más exactas posible y ceñidas a la realidad. También
le expliqué al ministro Cañete la aportación de las exportaciones a la
balanza comercial y el ratio de cobertura entre importaciones y
exportaciones en el sector agroindustrial. Es decir, que esto, que se
afirma que es una de las locomotoras de la economía del Estado español,
se vea reflejado y correspondido con unas dotaciones presupuestarias
mucho más adecuadas a la realidad.

Fíjense ustedes en que no existe ninguna propuesta
realizada por el Grupo Convergència i Unió que vaya a la contra sino que
somos propositivos. Queremos mejorar, que el sector pueda, entre otros
objetivos, fijarse en el territorio, que quede bien esponjado a nivel
territorial y que la gente del sector pueda vivir en su propio entorno
rural, porque es importante fijar a la gente en su territorio. Y si
existe una actividad exportadora —luego le daré datos—, por
ejemplo, del puerto de Tarragona, hay el riesgo de que si no se pasa a un
régimen de 24 horas muchos de esos animales sean transportados, no a otro
puerto del Estado español, sino a Francia, al puerto de Sète.

O sea, fijemos unas medidas mínimas, que serían ampliamente
beneficiosas para el sector. Les pediría precisamente eso. Primero, que
tengan en cuenta las competencias de las comunidades autónomas; lo vamos
a hacer de forma coordinada, para que se dé una política, si usted
quiere, con una cierta armonía. Y, luego, unas dotaciones presupuestarias
adecuadas. Y reitero un elemento importantísimo, porque usted ha dado un
dato importante: en Cataluña se ha incrementado la cabaña mínimamente,
tanto de ovino como de caprino. No tenemos un peso específico pero sí una
situación geoestratégica importante. Existe un puerto que es la salida
del valle del Ebro, el puerto de Tarragona, y pedimos única y
exclusivamente un puerto que funcione 24 horas, en el que se pueda
exportar en cualquier momento. Eso facilitará y dará un amplio prestigio
al ministerio, si usted quiere, y al fin y al cabo va a posibilitar las
exportaciones y mejorar la balanza comercial, lo que ya se está logrando
con acciones del sector. Espero que tengan a bien considerarlo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Plana.

Tiene la palabra el senador Cotillas, para indicar si
acepta o no las enmiendas presentadas.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Gracias, señor presidente.

En primer lugar quiero agradecer, evidentemente, las
aportaciones de los diferentes grupos políticos en esta Cámara a la
moción que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado. Lamentablemente,
no voy a poder aceptar ninguna de las enmiendas, e intentaré explicar
brevemente el porqué.

En cuanto a la enmienda del Grupo Mixto, presentada por los
senadores Iglesias y Mariscal, entendemos que en nuestra moción queda
mejor reflejada la propuesta de su punto cuarto. Además, venimos de una
tradición en la que el Grupo Popular ha presentado mociones anteriores
relacionadas con la producción ecológica y, evidentemente, con la
potenciación de la marca de calidad. En relación con el punto quinto,
relativo a consensuar todas las actuaciones anteriores con las
comunidades autónomas, es siempre deseable, pero no debe ser nunca una
cortapisa para la actuación, en sus competencias, del Gobierno de
España.

Con respecto a la intervención del señor Isidro Martínez
Oblanca, la respuesta iría en el mismo sentido que la respuesta al Grupo
de la Entesa, agradeciéndole su aportación. Decía el señor Martínez
Oblanca que nuestra moción se queda timorata e insuficiente, pero el
texto de su aportación de adición —y yo agradezco que sea
adición— hace un planteamiento que seguro que es importante en
determinado territorio, pero es relativamente importante en el contexto
general de esta moción. Estamos hablando de que el ganado caprino ha
perdido en el periodo 2000-2012 en torno al 10% de la cabaña; estamos
hablando de pasar desde el 2009 de 2 935 782 animales a 2 637 356 en el
2012, y en el ganado ovino de 18 551 642 animales a 16 331 373 en el año
2012, y entendemos evidentemente que la convivencia en el espacio con el
lobo o con el oso no son el problema que genera esta reducción tan
importante de la cabaña de ovino y de caprino.

Al Grupo Parlamentario Socialista le diré que no le podemos
aceptar su enmienda, señor Arrufat, porque a nosotros —y esto
también va dirigido al el Grupo Catalán en el Senado Convergència i Unió,
señor Planas— también nos gusta sumar y enmendar con más
presupuesto, es decir, nos encanta hacer propuestas en las que va
incluido mucho más presupuesto, pero somos un grupo corresponsable con el
Gobierno de España en fijar las necesidades y los recursos en el contexto
presupuestario del Gobierno al que apoyamos y, por lo tanto, nos tenemos
que mover en esas variables, en las del presupuesto que tenemos. Por lo
tanto, todas aquellas propuestas que hacen referencia —y ya viene
siendo una tradición, y mire que lo siento— al aumento de costos y,
además, aumento de costos de una sola de las partes, señor Planas,
siempre de la parte del Estado, pues evidentemente se sale de nuestro
contexto presupuestario, se sale de nuestra capacidad no de soñar, ni
siquiera de ensoñar, pero sí de actuar. Tenemos unos recursos
presupuestarios que son los que son, y tenemos alguna otra cosa más, que
también es importante, porque no solo el dinero es importante en esta
opción, sino también es importante la eliminación de trabas burocráticas,
es importante la voluntad política de hacer del sector agroalimentario un
sector pujante, importante en el contexto económico nacional. Por eso es
importante que se hayan adoptado leyes como las que se han adoptado aquí
que fomentan la integración, que fomentan la competitividad, que fomentan
la eliminación de trabas burocráticas, que fomentan la visibilidad del
sector, que fomentan el acompañamiento del sector en la búsqueda de
mercados, que fomentan la marca España como paraguas de todas aquellas
producciones que tenemos.

Por lo tanto, sintiéndolo mucho, me reitero en lo dicho,
aunque agradezco su trabajo, y ojala el presupuesto fuese de otra manera,
ojala los Gobiernos anteriores no nos hubiesen dejado lo que nos han
dejado, en la ruina, y no tuviésemos que ser tan exigentes con el
presupuesto.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cotillas.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor
presidente.

Quiero expresar la decepción que supone no ya el rechazo a
nuestra enmienda relativa a la adopción de medidas contra el peligro del
lobo, sino el rechazo a todas las enmiendas presentadas por otros grupos
parlamentarios que, a mi juicio, son propuestas muy enriquecedoras. No se
entiende que el Grupo Popular proponga una iniciativa con el pretexto de
apoyar el sector ovino y caprino, y que se convierta en un canto a las
bondades del Gobierno en esta materia y no se acepte ni una sola de las
propuestas de la oposición, propuestas que están presentadas, al menos en
nuestro caso y también seguro que en todos los demás por lo que hemos
podido leer y escuchar, con un claro objetivo de apoyar a un sector
ganadero y paliar algunas de sus necesidades.

Si el Grupo Parlamentario Popular pretendía con esta
iniciativa apoyar al sector ovino y caprino, me temo que el apoyo se va a
quedar en mero continuismo. Volvemos a estar ante una moción con muchas
generalidades, que no va a aportar nada nuevo a lo que ya se está
haciendo.

Nuestra enmienda es, efectivamente, en términos numéricos
muy modesta porque el sector caprino y bovino asturiano es muy modesto en
cifras, pero el problema del lobo en Asturias afecta y preocupa a miles
de personas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez
Oblanca.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señor presidente. Egun
on mahaiburu jauna.

Senador Cotillas, nosotros no hemos presentado ninguna
enmienda, todos los grupos han presentado enmiendas menos nosotros porque
el ganado ovino y caprino en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, en
Euskadi no es precisamente un sector muy potente. Pero si es cierto que
la leche va mal, y eso sí nos afecta, la carne va peor por el descenso
del consumo, por tanto, sí que algo habrá que hacer, nos afecte mucho o
no.

Decir que hay que continuar trabajando es muy importante,
pero tenemos un problema con la denominación de origen del queso de
Roncal por la incorporación de las ovejas assaf haciendo la competencia a
las ovejas lachas y, evidentemente, sabemos que el Gobierno francés ha
interpuesto un recurso de oposición ante la Comisión Europea, pero no
sabemos lo que ha hecho el Gobierno español. Por tanto, firmar un cheque
en blanco, como puede ser esta moción, no nos parece demasiado adecuado.
Y al hilo de lo que ha comentado el senador Oblanca, si realmente esto es
lo que hay que hacer, y probablemente sea lo que haya que hacer, no tengo
ninguna duda de que entre todas las enmiendas que se han presentado en
esta Cámara se podía haber consensuado alguna, o al menos se podía haber
intentado llegar a acuerdos con los grupos que las han presentado pero no
parece que haya sido la intención del grupo proponente.

Por tanto, sin estar en contra del apoyo que evidentemente
hay que dar al sector ovino, nos vamos a abstener.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gràcies, senyor president.

Nosaltres ens donem per rebutjats; no ho hem sentit amb
tota claredat, però ens donem per rebutjats, de la mateixa manera que ha
succeït amb la resta d’esmenes.

Francament, creiem que la literatura que utilitza el partit
del Govern per fer aquestes mocions és millorable. Pensem que haurien
d’utilitzar una literatura més pragmàtica, que fos capaç de situar
realment la solució dels problemes que estem evocant. És a dir, pensem
que, una vegada més i especialment en el marc de les qüestions agràries,
ens trobem amb mocions que serveixen bàsicament per a honra i glòria del
Govern, i que tenen estrictament un contingut purament de propaganda, que
no hi ha en absolut cap voluntat d’assumir ni d’abordar un
problema, que és complex. No és un problema de quantitats, com deia el
portaveu, el senyor Cotillas, sinó que és un problema de veure de quina
manera es distribueix l’acció ramadera en el context del territori,
perquè en ella mateixa és un element fonamental per mantenir el món rural
i els efectes beneficiosos de gestió del territori que fan els
pagesos.

Per tant, a nosaltres ens dol que no haguem tingut ni tan
sols l’oportunitat de debatre-ho, d’abordar aquesta qüestió,
aquestes esmenes a la moció, que estaven fetes amb la intenció de
millorar-la. Crec que el conjunt de les esmenes presentades donaven a
aquesta moció aquest toc per poder precisar aquelles accions que després
siguin mesurables en el temps, perquè en definitiva per fer una bona
política d’acció en favor del món agrari, del món pagès, el que cal
és que les mocions i les accions siguin avaluables en el futur. El que
veiem —i tenim per costum en el Grup Parlamentari Popular— és
que els plantejaments de les seves mocions són tan genèriques que mai
sabrem si hauran tingut una acció positiva o no hauran canviat
absolutament res, que és el que succeirà amb aquesta moció o amb tantes
altres.

Ahir criticaven en la moció del suport a la dona en el món
rural que fos una moció definida, amb setze punts, que acotava
perfectament quines han de ser les polítiques del Govern i, en canvi, la
contraproposta, en què veiem la seva manera de fer en aquesta
legislatura, és únicament perdre’ns en la banalitat del genèric,
que sense cap mena de dubte no comportarà cap millora per al sector.

Per això anunciem el nostre vot en contra.

Gràcies.

Gracias, señor presidente.

Nosotros nos damos por rechazados, no lo hemos escuchado
con toda claridad pero, repito, nos damos por rechazados, del mismo modo
que ha sucedido con el resto de enmiendas.

Consideramos que la literatura que utiliza el partido del
Gobierno para plantear estas mociones es francamente mejorable, y quizá
deberíamos utilizar una literatura más pragmática, que fuera capaz de
situar la solución de los problemas que evocamos. Una vez más, sobre todo
en el marco de las cuestiones agrarias, nos encontramos con mociones que
básicamente sirven para honra y gloria del Gobierno, que tienen un
contenido estricto de propaganda y que en absoluto existe ninguna
voluntad de asumir ni abordar un problema complejo; no se trata de
cantidades, como decía el senador Cotillas, sino de ver cómo se
distribuye la acción ganadera en el contexto del territorio, porque la
acción ganadera en sí misma es un elemento fundamental para mantener el
mundo rural y los efectos beneficiosos de la gestión del territorio
realizado por los campesinos.

Así pues, nos duele no haber tenido ni siquiera la
oportunidad de debatir estas enmiendas que pretendían mejorar esta moción
y abordar esta cuestión. Creo que el conjunto de las enmiendas pretendía
precisar las acciones que después pueden ser medidas y cuantificadas en
el tiempo porque al fin y al cabo lo que queremos es realizar una buena
política a favor del mundo agrario, del mundo campesino y, para ello, las
acciones deben poder ser evaluables en un futuro, pero vemos —es
una costumbre en el Grupo Parlamentario Popular— que el
planteamiento de sus mociones es tan genérico que nunca vamos a saber si
la acción será positiva o si no va a cambiar absolutamente nada, que es
lo que va a suceder con esta moción, como ha sucedido con tantas
otras.

Ayer criticaban la moción de apoyo a la mujer del mundo
rural diciendo que era muy definida, con dieciséis puntos, y que acotaba
las políticas del Gobierno, pero en la contrapropuesta, con su forma de
actuar en esta legislatura, vemos que lo único que hacemos es perdernos
en la banalidad de lo genérico, que sin duda no va a comportar ninguna
mejora en el sector.

Por tanto, anunciamos nuestro voto en contra.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gràcies, senyor president.

Senador Cotillas, l’esperança no la perdré mai. Fins
i tot li he de dir que una moció que vam presentar en comissió al
respecte de l’oli d’oliva i de les setrilleres no reomplibles
la van agafar i en aquell escenari vaig donar gràcies a Déu que finalment
es va poder arribar a un punt d’acord. Jo em pensava que avui també
trobaríem un punt d’acord, perquè fins i tot va en línia de la
política del Ministeri d’Agricultura. Va en la línia de la
internacionalització, de l’exportació, i algunes de les mesures que
estem proposant nosaltres no van a la contra d’això, ans al
contrari. Des d’aquest grup, també els reconeixem que el Govern del
Partit Popular ha habilitat que el port de Tarragona pugui ser un port
exportador, que fins ara no ho era. Li ho reconeixem. Tan sols li demanem
que acabin de fer la feina, i seria un element essencial establir
aquestes 24 hores d’exportació, tant per la balança comercial de
l’Estat espanyol, la seguretat animal i el benestar animal, com per
donar reconeixement al cap i a la fi a una situació estratègica que té,
en aquest cas, el port de Tarragona, o tots els altres ports, perquè en
aquesta moció fem esment al port de Tarragona perquè és el que ens toca
de més a prop, però el que estem dient és que tots aquells ports de
l’Estat espanyol que en un moment determinat poden exportar, que ho
facin. Volem fixar les mínimes traves possibles.

Si m’ho permet, li donaré unes petites dades sobre
com han sortit aquests nombres del port de Tarragona. S’ha exportat
a Algèria, al Líban, a Egipte, una totalitat de 64 125 caps de bestiar.
Això és importantíssim, són 30 vaixells. Això, amb l’esforç de
tots, també del Departament d’Agricultura de la Generalitat de
Catalunya, en converses que s’han mantingut, ho han pogut fer. El
que no entenc és que no es vulgui donar, o acabar d’habilitar amb
mínima dotació pressupostària, un element importantíssim que donaria
sortia no únicament —i no em mal interpreti— a producte
produït a Catalunya, sinó de tota la vall de l’Ebre i de Castella i
Lleó. És una demanda del sector.

Avui, notícia d’un diari d’àmbit provincial: el
president d’Asoprovac, que és l’Associació de Productors del
Vacum, diu que el Ministeri està tenint contactes amb diferents països de
l’Orient

Mitjà, com els Emirats Àrabs, per poder exportar-hi tant el
vacum com l’oví. Escolteu, posem fil a l’agulla i intentem
que això es dugui a terme. I no és una qüestió pressupostària, senador
Cotillas. Si vol, ja li explicaré què és haver de fer un pressupost amb
totes les limitacions que es tenen, li ho explicarem des de
Catalunya.

Jo he intentat, i permeti’m la modèstia, ser
comprensiu amb la situació macroeconòmica, perquè per un costat ens diuen
que les dades macroeconòmiques van millorant, però per l’altre
sabem que l’economia domèstica, és a dir, allò que arriba a
l’economia familiar o la productiva, petites, mitjanes empreses, o
aquests ramaders que són als seus entorns rurals, costa que arribi. Jo
això ho entenc, però tampoc no em dirà que nosaltres, tots els partits de
l’oposició, denunciem que hi ha hagut des de 2009 fins a
l’actualitat una rebaixa d’un terç de la dotació
pressupostària dedicada al Ministeri d’Agricultura i Ramaderia.
Vostè em dirà que hi ha hagut un increment en el pressupost consolidat.
Sí, però el 75% dels fons que arriben són de la Unió Europea, que també
s’ha de reconèixer aquesta potser una forma millor o pitjor de
gestionar-ho. Avui crec que, en aquests moments, s’està debatent al
Parlament Europeu la reforma de la PAC. Al final, com quedarà? Crec que
en aquests moments s’està debatent. Fem tot el possible. Aquí el
que es demana en el cas de l’oví i del cabrum és que es facin unes
polítiques que arribin també fins i tot cofinançades de la Unió Europea
de promoció d’aquests productes. Doncs fem-ho, però totes aquelles
propostes que són positives i que poden arribar a millorar el sector i
l’economia, perquè torno a dir que no hi ha projecte social que no
vagi acompanyat d’un projecte econòmic, i el projecte econòmic el
poden fer els mateixos productors, però també en aquest cas els agents
reguladors. I això tant a les comunitats autònomes com pel que fa a les
normes que es poden promoure des del Govern de l’Estat.

Retorno al debat que, si em permet, va flotant aquest matí
per aquí, les dues tendències que poden haver-hi: les competències
exclusives que tenen les comunitats autònomes i aquesta voluntat, sigui
per qualsevol argument, no m’hi ficaré, recentralitzadora que es
pot veure en qualsevol de les propostes que es puguin arribar a fer. I
nosaltres, en aquest cas el Grup Parlamentari Català de Convergència i
Unió, dèiem que calia posar en valor el sector, evidentment. Dotar
pressupostàriament per fer aquestes polítiques qui li toca, que són les
comunitats autònomes, i el Govern de l’Estat, que posi les mesures
adequades amb aquelles elements que puguin ser beneficiosos per al
sector. Jo ja entenc que donar la raó, per dir-ho d’alguna manera,
no sé si és un element que calgui tenir molt en compte, o un element que
pugui reforçar l’acció de Govern del Ministeri que representa el
ministre Arias Cañete, però també va passar amb una altra pregunta que jo
vaig fer al ministre aquí, en seu parlamentària, sobre els fons destinats
a les assegurances davant de les inclemències del temps. El ministre em
va dir que el que s’havia de fer ja estava ben dotat
pressupostàriament, que les comunitats autònomes —i perdoni’m
que em representi com a comunitat autònoma— havíem de millorar la
dotació, i ara no fa gaire va haver-hi una dotació de 32 milions
d’euros. M’és igual que no em donin el reconeixement, que no
ens donin el reconeixement, però facin-ho, posin-ho en valor.

A més, quan vostè parla de la Marca Espanya, està molt bé,
però agafin exemple d’altres països, com pot ser Itàlia, on cada
producte té molt clar el seu origen. Una cosa no exclou l’altra.
Per tant, valorem el que es fa en cada territori i posem les mesures
adequades perquè el sector, al cap i a la fi els productors, i les
demandes d’aquelles persones o empreses petites i mitjanes del
sector ramader tinguin les millors condicions. Quina millor condició
podria ser com a element essencial —i espero que potser, a veure,
quedi l’última escletxa d’esperança— que es pugui
acceptar el tema de les 24 hores del port de Tarragona per millorar-ho
tot. Si no ho fan ara, que pot ser mínimament dur reconèixer-ho, amb el
temps més reduït possible, que ho facin.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Senador Cotillas, no voy a perder la esperanza nunca,
incluso, debo decirle que cuando presentamos una moción en comisión en
relación con el aceite de oliva y las aceiteras no rellenables di gracias
a Dios porque, finalmente, se pudo llegar a un acuerdo porque la
aceptaron. Yo pensaba que hoy también íbamos a encontrar ese punto de
consenso, porque incluso va en la línea de la política del Ministerio de
Agricultura, la línea de la internacionalización, de la exportación, y
algunas de las medidas que nosotros proponemos no van en contra de eso,
sino todo lo contrario.

Este grupo reconoce que el Gobierno del Partido Popular ha
habilitado el puerto de Tarragona para que sea un puerto exportador, que
hasta la fecha no lo era, y se lo reconocemos. Sencillamente, lo que les
pedimos es que terminen el trabajo, y sería un elemento esencial
lograrlo, establecer esas 24 horas de exportación, tanto para la balanza
comercial del Estado español como para la seguridad y el bienestar animal
y para el reconocimiento, al fin y al cabo, de una situación estratégica,
en este caso, del puerto de Tarragona, pero también de todos los demás,
porque en esta moción se menciona el de Tarragona porque es el que nos
corresponde y tenemos más cerca, pero lo que estamos diciendo es que
todos aquellos puertos del Estado español que en un determinado momento
puedan exportar, lo hagan. Queremos poner las mínimas trabas
posibles.

Si me lo permiten, voy a darles unos datos para saber de
dónde salen estas cifras del puerto de Tarragona. Se ha exportado a
Argelia, a Líbano, a Egipto, en total, 64 125 cabezas de ganado, y esto
es importantísimo, son treinta barcos. Esto se ha conseguido con el
esfuerzo de todos, también gracias a conversaciones mantenidas con el
Departamento de Agricultura de la Generalitat de Catalunya; lo que no
entiendo es que no se desee terminar de habilitar con una mínima dotación
presupuestaria un elemento tan importante, que daría salida no únicamente
—no me malinterprete, por favor— a productos generados en
Cataluña sino de todo el valle del Ebro y de Castilla y León; es una
demanda del mismo sector.

Hoy, noticia de un periódico de ámbito provincial: el
presidente de Asoprovac, que es la Asociación de Productores de Vacuno,
afirma que el ministerio está realizando contactos con distintos países
de Oriente Medio, como los Emiratos Árabes, para poder exportar tanto el
vacuno como el ovino. Escuchen ustedes, empecemos ya a trabajar,
intentemos que esto se pueda llevar a cabo. No es una cuestión de
presupuesto, senador Cotillas. Si lo desea, le explicaré exactamente qué
supone realizar un presupuesto con todas las implicaciones actuales.
Desde Cataluña se lo podemos explicar.

Si me permite usted la modestia, he intentado ser
comprensivo con la situación macroeconómica porque, por un lado, nos
dicen que los datos macroeconómicos van mejorando pero, por otro, sabemos
que cuesta mucho que llegue a la economía doméstica, es decir, a la
economía familiar o productiva, como son las pequeñas y medianas empresas
o a los ganaderos que se encuentran en su entorno rural. Esto lo
entiendo, pero todos los partidos que estamos en la oposición denunciamos
que desde el año 2009 hasta la actualidad se ha producido una rebaja de
un tercio de la dotación presupuestaria dedicada al Ministerio de
Agricultura y Alimentación. Usted me va a decir que ha habido un
incremento en el presupuesto consolidado, sí, pero el 75% de los fondos
proceden de la Unión Europea. También debemos reconocer que esta forma de
gestionarlo puede ser mejor o peor. En estos momentos, se está debatiendo
en el Parlamento Europeo la reforma de la PAC. ¿Cómo va a quedar al
final? Creo que se está debatiendo ahora mismo. Vamos a hacer todo lo
posible. Lo que se solicita en el sector del ovino y del caprino es que
se realicen políticas de promoción de estos productos incluso
cofinanciadas por la Unión Europea. Pues hagamos todas esas propuestas
que son positivas y pueden llegar a mejorar el sector y la economía.
Porque, insisto, no existe proyecto social que no venga acompañado de un
proyecto económico, de un proyecto económico que puede ser por parte de
los mismos productores, o en este caso también de los agentes
reguladores, tanto en las comunidades autónomas como en función de las
normas que el Gobierno del Estado puede promover.

Vuelvo al mismo debate que está flotando esta mañana por
aquí. Me refiero a esas dos tendencias que pueden existir: competencias
exclusivas que ostentan las comunidades autónomas y voluntad
recentralizadora por cualquier tipo de argumento, aunque no entraré en
eso; voluntad recentralizadora que puede observarse en cualquiera de las
propuestas que puedan realizarse. Nosotros, en este caso el Grupo
Parlamentario Catalán Convergència i Unió, lo que afirmábamos era lo
siguiente: pongamos en valor el sector, claro que sí; que a quien
corresponda dote de presupuesto estas políticas, es decir, las
comunidades autónomas; y que el Gobierno del Estado aporte las medidas
adecuadas con los elementos que pueden resultar beneficiosos para el
sector. El dar la razón, por decirlo de alguna forma, no sé si es un
elemento que pueda tenerse muy en cuenta o que pueda reforzar la acción
de gobierno del ministerio al que representa el ministro Arias Cañete,
sin embargo también sucedió en otra pregunta que yo le formulé al
ministro aquí, en sede parlamentaria, respecto de los fondos destinados a
los seguros ante las inclemencias del tiempo. El ministro me contestó que
lo que se tenía que hacer ya

contaba con un buen presupuesto, y que las comunidades
autónomas —lamento que parezca que me estoy erigiendo aquí como
comunidad autónoma— tenían que mejorar la dotación. Hace poco hubo
una dotación de 32 millones de euros. Me da igual que no nos den el
reconocimiento a nosotros, pero háganlo y denle el necesario valor.

Usted habla de la Marca España y está muy bien, pero
deberían tomar ejemplo de lo que sucede en otros países, como por ejemplo
Italia, donde cada producto tiene muy claro su origen, aunque una cosa no
excluye la otra. Es decir, valoremos lo que se produce en cada territorio
y aportemos las medidas adecuadas para que el sector, los productores y
las demandas de las personas o empresas del sector ganadero, en este caso
pymes, tengan las mejores condiciones. ¡Qué mejor condición como elemento
esencial —y aún queda una pequeña grieta, y un rayo de
esperanza— que realmente se puedan incluir estas 24 horas del
puerto de Tarragona para mejorarlo todo! Si no lo hacen ahora, que podría
suceder, y aunque pueda resultar mínimamente duro reconocerlo, en el
plazo más breve posible, por favor, háganlo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Plana.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el
senador Arrufat.

El señor ARRUFAT GASCÓN: Gracias, presidente.

Señor Cotillas, usted nos daba unos datos sobre la
evolución del sector, y la verdad es que el último ejercicio, el de 2012,
fue bastante malo, con una reducción de cabaña del 8,3%. Pues atémonos
las alpargatas —nunca mejor dicho en este lenguaje rural—,
porque con datos a 30 de octubre de este año de una de las empresas
cooperativas de ovino más importantes que hay en España, la producción
anual de octubre a octubre ha descendido un 3,6 % y los precios un 6,4%.
Esto crea una situación muy preocupante en el sector entre quienes se
juegan los dineros, quienes viven de ello, no entre los que estamos
fuera. Esto marca una desmoralización evidente y esas inquietudes que ha
tenido el sector en el sentido de mejorar las producciones, de
estimularlas para poder competir en parte se quedan dañadas. Desde luego,
de esta manera difícilmente podemos salir adelante.

Con la nueva PAC tenemos una oportunidad y en la vida hay
que ser inteligentes y aprovechar las circunstancias y los momentos para
alcanzar fines. Por cierto, señorías, hay que recordar que, gracias al
Parlamento Europeo, tenemos una buena PAC, no gracias a otros que ayer
sacaban pecho. Hay que recordarlo bien clarito y que cada uno venda
verdades, no mentiras.

A partir de ahora, entramos en una fase de negociación
entre las comunidades autónomas, el ministerio y el sector. En primer
lugar, se trata de que cualquier persona que se incorpore a la actividad,
que es el activo que tenemos de futuro, trabaje en igualdad de
condiciones que aquellas otras que en el momento presente ya tienen
cabezas de ganado. Es decir, que la gente que se incorpore tenga unos
derechos y una asignación económica mientras dure su actividad agraria.
En segundo lugar, es imprescindible que en esa negociación de la política
agraria común la ganadería que exista vaya acoplada, y me explico.
Podemos concebir una PAC con ganado, una PAC con tierra y una PAC con
tierra y con ganado, pero nunca una PAC sin tierra y sin ganado, nunca.
Esto es clave, importante e imprescindible si queremos llegar a buen
término. O sea, PAC con tierra, PAC con ganado o PAC con tierra y con
ganado. Reitero que esa labor la tiene que liderar el ministerio en
coordinación con el sector, que tiene sus representantes y ofrece
posibilidades de hacer cosas.

Hace un momento he comentado que este sector está
desmoralizado, por eso necesita gestos y cariño, tarea difícil
—perdonen ustedes— con el ministro que tenemos, sobre todo
con actitudes como la de ayer. Primero, contando mentiras, porque dijo
que estaban subvencionando las razas autóctonas cuando en el presupuesto
aparece cero, salvo que nos admitan las enmiendas que planteamos los
grupos políticos. Y segundo, por su talante y sus formas; con esas formas
difícilmente se puede vender. Luego hablaremos del tema comercial y les
pondremos la guinda a las cámaras de comercio y a los empresarios, no al
Gobierno. Cambiemos el talante y tengamos gestos, demos cariño.

Señor Cotillas, usted ha dicho que difícilmente se puede
hacer sin presupuesto, pues empiecen a aplicárselo. Empiecen a aplicarse
y apliquen cariño a la gente y a los sectores, que eso cuesta poco
dinero. Cuesta una sonrisa por la mañana y cuesta una forma de hacer las
cosas. Luego se

puede lograr o no, pero por lo menos hay que intentarlo.
Aplíquense los gestos en este importante momento porque la sociedad
requiere de gestos, no de actitudes —entre comillas—
estiradas.

Desaparecen en el presupuesto las ayudas a las razas
autóctonas, que suponían un incentivo, una ilusión y un progreso para los
ganaderos. Puedo hablar de esto por mi profesión y por mis muchos años de
trabajo; he dedicado muchos años a esta causa y sé cómo son los ganaderos
y los payeses: son gente agradecida. O sea, hay que tener gestos con
ellos porque dan mucho más de lo que tú das.

Disminuyen las ayudas para la gestión de los libros
genealógicos, cuando se han preocupado durante años de hacer una mejora
ganadera. En Aragón tenemos un reflejo con UPRA y Oviaragón, un ejemplo
que marca pauta a nivel europeo. Pues sigamos por ese camino, es un
trabajo que se ha hecho durante años, continuemos por él. Asimismo, la
desaparición de las ayudas a las agrupaciones de defensa sanitaria; lo
que decía antes de las dos convocatorias de las ayudas a jóvenes
agricultores y a la modernización de explotaciones; aquellos decretos con
que aquel ministro de Zapatero —del que el Partido Popular tanto
habla— impulsó la ganadería, sobre todo en Castilla, en Extremadura
y en Aragón.

He tomado nota de uno de los puntos y ustedes, señor
Cotillas, dicen: No podemos olvidar el papel favorable que juegan los
rebaños de ovino y caprino para asegurar la cohesión del tejido rural, la
conservación del medio ambiente y la fijación de la población en el medio
rural. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, difícilmente podemos fijar
población en el medio rural con las políticas que aplica el Gobierno.

Hemos hablado de gestos, ahora vamos a hablar de otras
políticas. Señorías, con las políticas que están aplicando en sanidad en
las zonas rurales tenemos menos médicos para atención; con las políticas
que están aplicando en educación —y los que somos de pueblos
pequeños sabemos lo que tenemos que luchar para el mantenimiento de la
escuela, cuando la escuela es la vida de los pueblos, tienen que
entenderlo— tenemos menos profesores. Estas son las políticas que
están aplicando, como estamos viendo con los presupuestos, en el sector
primario, y las que pretenden aplicar, señorías: la Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Y a este
respecto voy a hacer una reflexión: gracias a muchísimos alcaldes y
concejales del Partido Popular —lo he dicho alguna vez en este
Plenario y no me cansaré de repetirlo—, gracias a ellos y a la
lucha que hemos establecido diferentes grupos políticos continuamente, ha
sido posible que esa ley no esté como estaba inicialmente. Reitero
—y yo lo digo a título personal porque me lo han dicho
ellos—, gracias a muchos alcaldes del Partido Popular se ha podido
frenar esta ley, porque esto va a ser el caos para los municipios
pequeños. Por tanto, aplíquenselo. Insisto: tengamos gestos, tengan
gestos con el sector, tengan gestos de cariño, tengan gestos de forma,
tengan gestos económicos y tengan gestos de apoyo a los servicios en el
medio rural.

En cuanto a la promoción y la internacionalización, señor
Cotillas, usted hablaba de que el impulso al crecimiento económico, el
impulso al sector agrario y a las exportaciones han cambiado con Rajoy.
¿Le tendremos que recordar que lo importante de la exportación
agroalimentaria está en el porcino y los terneros? Tenemos mataderos en
Cataluña que se dedican exclusivamente a eso, tenemos mataderos en Aragón
que se dedican exclusivamente a eso.

Y otra cosa no menos importante: pongan en valor las
cámaras de comercio y no atribuyan los éxitos al Gobierno, y pongan en
valor a los empresarios que se juegan los recursos económicos. Aquí el
Gobierno lo que tiene que poner son facilidades, gestos y alguna perra
—hablando en aragonés—, porque son los empresarios los que se
juegan los recursos para exportar y las cámaras de comercio las que les
ayudan. Tenemos un flamante presidente del Consejo Superior de Cámaras de
Comercio, Manuel Teruel —de la provincia de Teruel, valga la
redundancia—, y anteayer tuvimos la suerte de tenerlo en la
Comisión especial para el desarrollo de la internacionalización; todos
los que estuvimos allí somos conscientes de lo que nos transmitió con su
experiencia personal con la empresa que él dirige y con la experiencia
que está demostrando en el Estado español con todas las cámaras de
comercio.

Nosotros, señor Cotillas, no podemos apoyar su moción; nos
hubiera gustado. Echamos en falta también gestos por su parte, habría
sido bueno que por lo menos hubiéramos hablado —usted es el que ha
invitado a comer a la Mesa—, aunque solamente nos hubiéramos dicho
buenos días.

Muchas gracias. Gracias, presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Arrufat.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Cotillas.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Gracias, presidente.

Señor Arrufat, nosotros seguramente tenemos, o podemos
tener, muchas cosas en las que ponernos de acuerdo y muchas cosas en las
que encontrar puntos de encuentro. Vivimos los dos en territorios amplios
y con poca población. Conocemos bien cómo funcionan los ayuntamientos en
esos territorios, y conocemos bien también cómo se han hecho las
políticas en ese mundo rural. Y, claro, hay una diferencia importante
entre su grupo, el Partido Socialista, y mi grupo, el Partido Popular.
Nosotros estamos garantizando los servicios sociales básicos —la
sanidad y la educación— en toda España y muy especialmente donde es
más difícil, en el mundo rural. Y lo estamos haciendo porque estamos
invirtiendo en lo importante los recursos que hay: en la atención directa
a los ciudadanos. Yo sé que ustedes entienden —en una clara
situación economicista— que fomentar el mundo rural es a base de
ladrillo, y a base de ladrillo, y a base de ladrillo: grandes centros de
salud, donde solo hay un médico; grandes colegios, donde solo hay un
profesor. Ladrillo, ladrillo y ladrillo, pero no atención directa a los
ciudadanos.

Nosotros también nos diferenciamos claramente de ustedes en
que tenemos muy claro el principio básico de que una Administración, una
competencia; de que las competencias de la autonomía municipal son
fundamentales y de que la financiación tiene que ser la adecuada a esas
competencias. Por eso, estamos planteando también la reforma de la
Administración local y entendemos que esta reforma, evidentemente, cuando
llegue al Senado y pueda ser todavía mejorada, va a ser fundamental para
el desarrollo de nuestros pueblos y para el desarrollo de nuestro
territorio.

Decía usted que Zapatero dio un impulso al sector de la
ganadería en Extremadura. Pues no es eso lo que dicen los datos. Yo le he
leído el período 2008-2012. En el período 2008—2012 solo hemos
tenido ocasión de gobernar en el año 2012. Y, desde el año 2008, el
descenso es continuo. ¿Cuál es el impulso? ¿El impulso es para que haya
menos cabaña ovina y caprina? ¿El impulso es para que haya menos
rentabilidad en el sector agrario? ¿El impulso es para que haya más costo
en los productos que tienen que comprar los ganaderos y menos precio en
el producto que venden? Ese es el impulso de Zapatero y del Partido
Socialista. Ese es el impulso.

Decía usted también —hablando de talante, de
gestos— que lo bueno de la nueva política agraria común es gracias
al Parlamento Europeo. ¡Hombre!, ha tenido su parte de
corresponsabilidad, lo mismo que la ha tenido el Gobierno de España, y lo
mismo que la han tenido las comunidades autónomas y las asociaciones
agrarias, que han ido con una sola voz a Europa a negociar lo mejor para
los intereses de nuestros agricultores y ganaderos. Porque, claro, si lo
bueno lo ha hecho el Parlamento Europeo, estará entonces de acuerdo
conmigo en que lo malo, malísimo, lo hizo el Gobierno socialista,
permitiendo aquel borrador de política agraria común que nos presentaron
y que si no hubiésemos puesto remedio desde el Grupo Popular, desde el
Gobierno de Mariano Rajoy, hoy estaríamos hablando de lo mala, malísima,
que hubiese sido la negociación de la política agraria común.

Gestos y talante. Gestos y talante, siempre con dotación
presupuestaria. Nosotros estamos por la labor de que todo tenga la
dotación presupuestaria necesaria y suficiente, incluso ahora, en un
contexto absolutamente de crisis económica, cuando vamos caminando hacia
la salida y abandonando la recesión, pero con unos presupuestos que son
lo que son, unos presupuestos que tienen que seguir siendo austeros, que
tienen que seguir siendo serios, que tienen que seguir siendo
responsables con la situación económica del país y el contexto en el que
nos movemos.

Decía el portavoz de la Entesa —supongo que con mucho
cariño— que hiciéramos mejor literatura. Nos pondremos a la tarea.
Decía también que fuera más pragmática, que solo nos dedicamos a la
honra, gloria y propaganda de lo que hace el Gobierno, pero que no
cambiamos nada realmente, que banalizamos lo genérico. ¡No está mal el
cariño con el que nos lo ha dedicado! Pero yo solo le quiero recordar un
par de cosas. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado en esta Cámara
una moción sobre la política agraria común, otra moción para favorecer
las razas autóctonas, mociones para favorecer la agricultura ecológica,
para favorecer el sector del vino, el aceite o el sector lácteo, y ahora
para favorecer el sector ovino y caprino. Y seguiremos presentando
mociones, quizás banales, pero que hacen que cuando estamos llegando a
los dos

años de Gobierno de Mariano Rajoy, hayamos contribuido
notablemente a la solución del problema del sector lácteo, hayamos
cambiado sustancialmente el borrador de la política agraria común,
estemos en condiciones de decir que vamos a recibir la misma cantidad
económica y que nuestros agricultores no van a perder, y hayamos mejorado
también todo lo que tiene que ver con este sector.

Las rentas del sector agrario no son las que eran hace dos
años. La exportación del sector agroalimentario no es la que era hace dos
años. La contribución al PIB de nuestro sector agroalimentario no es el
que era hace dos años. ¡Hombre!, banal, banal… En algo estaremos
contribuyendo. A nosotros nos encanta que nos llamen banales, pero los
que traemos los asuntos aquí somos nosotros, los que los trabajamos somos
nosotros y los que aportamos soluciones somos nosotros. Y, claro, si
talante es cargase el Ministerio de Agricultura como hicieron ustedes,
¡si eso es talante!… Si dar cariño a los agricultores es dejarles
sin un sitio donde verse representados en sus problemas, sus necesidades
y donde buscar soluciones, ¡si eso es talante!… Si talante es
pintar el ministerio de verde pero no dedicar ni un solo minuto a los
problemas de los agricultores ni a la caída libre en la que se
encontraban sus niveles de renta, si eso es talante, nosotros no queremos
ese talante.

Nosotros queremos el talante de este ministro, el talante
de un ministro que va a negociar duro a Europa y que hasta que no trae lo
que quiere, no para de negociar. Nos gusta ese talante, el talante de un
ministro que tendrían que ver ustedes la agenda que tiene, simplemente la
agenda que tiene, que está en continua reunión con todos los sectores,
con los agricultores, en continua visita a todos los territorios y a
todas y cada una de las empresas operativas del mundo rural. Eso es
talante. Talante es que exista el ministerio y tenga su presupuesto.

Señor Planas, si con un tercio menos del presupuesto
estamos aumentando la renta de nuestros agricultores, está aumentando la
exportación, el puerto de Tarragona se convierte en exportador y dice
usted que además vamos a llegar a acuerdos con países del sur del
Mediterráneo, si todo eso lo está haciendo este Gobierno con un tercio
menos del presupuesto, el camino no debe ser malo, debe ser el adecuado:
menos derroche, menos ladrillo, menos talante-sonrisa, más eficacia, más
buen uso del dinero público, más capacidad de negociar, más capacidad de
estar en el territorio, más capacidad para presentar leyes como la de la
cadena alimentaria o la de fusión de las cooperativas, más diálogo
—como el mantenido con las comunidades autónomas, que ha permitido
que la reforma de la política agraria común vaya a destinar idénticas
cantidades de dinero a idénticos sectores e idénticos territorios—,
más posibilidad de dinero para la innovación, que lo hay, más posibilidad
de dinero para la concentración y la externalización de la oferta y para
ser más competitivos.

De verdad, gracias por sus aportaciones pues por lo menos
hemos conseguido un cambio: antes siempre eran enmiendas de sustitución y
ahora son de adición. Vamos todos por el buen camino. Gracias por esas
contribuciones. Seguro que en el futuro llegamos a un punto más cercano
de encuentro. Evidentemente, no vamos a parar en nuestra labor de
gestión, en nuestra labor de acompañar y apoyar a los sectores y, por
supuesto, en nuestra labor de decirlo, señor portavoz de la Entesa.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cotillas.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Popular
tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 247; votos emitidos, 246; a favor, 153; en contra, 72;
abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

9.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA EL SUBSIDIO DE PRÉSTAMOS CUALIFICADOS EN LAS
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL (VPO) Y EN LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN
PÚBLICA (VPP).

(Núm. exp. 662/000113)

AUTOR: GPS

El señor presidente da lectura al punto 9.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado una
enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra la senadora
Fernández Pena. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores.)

Señorías, abandonen el hemiciclo en silencio, por favor.
(Rumores.)

Señorías, la senadora Fernández Pena no va a empezar con su
intervención hasta que no haya silencio en el hemiciclo. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores.)

Cuando quiera, señoría.

La señora FERNÁNDEZ PENA: Gracias, señor presidente.
Gracias, señorías.

Subo a la tribuna para proponerles que, entre todos,
busquemos una solución a un problema jurídico y económico que, de nuevo,
está agravando la situación de cientos de familias con pocos o escasos
recursos, familias de rentas limitadas que en su momento compraron o
restauraron una vivienda de protección oficial, acogiéndose a las ayudas
establecidas por el Gobierno en los diferentes planes de vivienda, como
la ayuda directa a la entrada o la subsidiación de los préstamos
hipotecarios... (Rumores.—La señora vicepresidenta, Vicente
González, ocupa la Presidencia)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Perdone,
señoría. Señorías, guarden silencio o si no salgan del hemiciclo, por
favor.

La señora FERNÁNDEZ PENA: ...asumiendo a un tiempo una
serie de obligaciones, como no poder alquilar o vender esa vivienda
durante diez años. La subsidiación, tal y como está definida en los
planes de vivienda, es una cuantía que varía entre los 90 y los 300
euros, dependiendo de las condiciones económicas de cada familia y que se
descuenta a los beneficiarios en la cuota mensual que pagan por sus
préstamos convenidos. Se concede por un período inicial de cinco años
prorrogable en períodos de igual duración, con el único fin —tal y
como se señalaba en los planes de vivienda— de actualizarse con
respecto a las posibles variaciones económicas de la unidad familiar
beneficiaria.

Les he querido explicar esto, señorías, para que entiendan
que en todo caso nos referimos a una sucesión de derechos y obligaciones
que ambas partes, beneficiarios y Administración, adquirieron en el
momento en el que se produjo la compra de las viviendas. Pues bien, a
pesar de que —como hemos visto— estamos ante derechos
adquiridos, el Gobierno impulsó en el último año varias medidas
legislativas ambiguas, contradictorias e interesadas que han afectado a
las condiciones de renovación o prórroga de esta subsidiación, socavando
así los derechos adquiridos de más de 250 000 familias, mientras
mantienen intactas todas las obligaciones impuestas.

En primer lugar, aprobaron ustedes el Real Decreto-Ley
20/2012, cuyo artículo 35 sirvió para suprimir las nuevas concesiones de
ayuda de subsidiación del Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
Cuando cayeron en la cuenta de que con este decreto se quedaban cortos en
su afán de exterminar las ayudas a la vivienda en este país, el
Ministerio de Fomento decidió corregir la ley a través de una circular
interpretativa, que no firma nadie, y que remitieron a las comunidades
autónomas para que suprimieran también las renovaciones de las
subsidiaciones reconocidas en los planes anteriores a la entrada en vigor
del decreto ley.

Esta interpretación irregular y retroactiva atenta contra
el principio de seguridad jurídica que avala la Constitución Española en
su artículo 9.3. y se convierte en uno más de los atropellos que este
Gobierno aplica para seguir imponiendo sus políticas de recortes a los
extractos más vulnerables de la sociedad. Aún a sabiendas de que
jurídicamente esta interpretación no se

sustentaba y para acallar las voces de los que dignamente
empezaron a exigir justicia, uniéndose en plataformas cívicas por toda
España, el Gobierno de Rajoy decidió, en un nuevo arrebato de
autoenmienda popular in extremis, que durante la tramitación en el
Senado, el Partido Popular introdujera una nueva disposición adicional
segunda en la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y
fomento del mercado de alquiler de viviendas, estableciendo así
definitivamente lo que siempre habían querido hacer: revocar y denegar
todas las ayudas de vivienda, incluidas la renovación de la subsidiación
en todos los planes estatales.

Han conseguido acabar con todas las ayudas de vivienda, las
futuras, las presentes y con esa enmienda, incluso, las pasadas, una
medida incompatible con el principio de seguridad jurídica que retira
derechos adquiridos a las familias de manera retroactiva, pero eso sí,
les mantiene intactas sus obligaciones. Se lo diré de otra forma para que
me entiendan y me atiendan. El Gobierno vuelve a pisotear los derechos de
un colectivo vulnerable, imponiendo nuevas reglas de juego de forma
unilateral. Por ello, el PSOE ha presentado un recurso ante el Tribunal
Constitucional, ya que esta circunstancia deja a los afectados en una
situación de inseguridad jurídica que lesiona de forma irreversible e
irreparable sus derechos individuales. Y lo hemos hecho porque el
Gobierno ha vulnerado el derecho de miles de familias que accedieron a
estos préstamos porque acreditaron unos ingresos escasos y a los que
perder esta subsidiación puede llevarles a situaciones reales de impago
al no poder hacer frente a una cantidad con la que no contaban. El
Gobierno ha vulnerado los derechos de miles de familias, a las que
machaca con medidas injustas mientras presta, de nuevo ―otra
vez― atención especial a las entidades bancarias.

Señorías, fíjense qué tremendo despropósito: la Ley 4/2013,
que acabó con las ayudas a las familias para acceder a una vivienda en
este país, se aprobó el 4 de junio, y tan solo cinco días después de su
aprobación, la ministra Ana Pastor, en referencia a un bloque de
viviendas de protección oficial en manos de la Sareb, paralizado desde el
año 2010 y con una clara intención de incentivar la venta de estas
viviendas, que solo beneficia de nuevo a las entidades bancarias, declaró
textualmente ―y, repito, cinco días después de haber aprobado esa
ley en esta Cámara―: Tendrán la ayuda estatal directa a la entrada
y todos los compradores tendrán derecho a la subsidiación.

¿Tienen diferente derecho los bancos que las familias? ¿Se
rigen por diferentes leyes en este país, desgraciadamente, con el
Gobierno popular? Sí. Como siempre, volvemos a lo mismo, a que a este
Gobierno poco le importa el derecho ciudadano cuando se trata de recortar
a los que menos tienen, con el agravante de que en este caso el Gobierno
del Partido Popular sí mantendrá su derecho a imponer a estas familias
precio de venta y condiciones de alquiler a las viviendas en el
futuro.

El PP se queda con los derechos y se olvida de sus
obligaciones, mientras que las familias se quedan con sus obligaciones y
deben olvidarse de sus derechos, aún a sabiendas de que, como es habitual
siempre que desde esta tribuna defendemos a los ciudadanos frente a sus
recortes, seguramente el PP utilizará en su intervención de respuesta el
término «demagogos». Esta vez les pido que tengan cuidado al utilizarlo
porque, si lo hacen, también estarán llamando demagoga a la defensora del
pueblo, que pidió al ministerio que pague las ayudas reconocidas por las
comunidades autónomas y que se corrija el criterio interpretativo para
que las administraciones autonómicas revisen de oficio las resoluciones
que hubiesen denegado antes de la entrada en vigor de la Ley 4/2013;
porque, si lo hacen, además, también estarán llamando demagogo al
Procurador del Común de Castilla y León, que dice clara y meridianamente
que el Gobierno de Rajoy y la Junta de Castilla y León han obrado mal en
esta materia, por lo que insta al Ejecutivo autonómico a reanudar el
proceso y pagar las ayudas concedidas en su día a los propietarios de
vivienda de protección oficial, exigiendo que se revisen las solicitudes
y se concedan las renovaciones de subsidiación; y, por último, si lo
hacen, estarán llamando demagogas a las miles de familias que se han
unido para defenderse en plataformas y que usan todos los medios a su
alcance ―medios de comunicación, redes sociales, peticiones a la
Administración y peticiones a la Justicia― para que se sepa que
están cometiendo una injusticia con ellos.

Ya ven, somos muchos los que defendemos que se mantenga la
renovación de las subsidiaciones, frente a un Gobierno y un partido que
no saben para quién han de gobernar.

Señorías, deben valorar que esta no solo es una demanda del
PSOE sino una demanda de la sociedad, que ustedes debieran también
entender y atender. Por ello, les pido que acepten esta moción en la que
el Senado insta al Gobierno a que se impulsen las modificaciones
legislativas precisas para que se mantenga el derecho a percibir la ayuda
de subsidiación para VPO y VPP en todos aquellos préstamos suscritos con
anterioridad a la aprobación de la Ley 4/2013, y que a través del
Ministerio de Fomento se proceda a elaborar una interpretación ajustada a
derecho del artículo 35 del Real Decreto Ley 20/2012, y se comunique a
las comunidades autónomas, a fin de que se revisen de oficio las
resoluciones que hubieran denegado antes de la entrada en vigor de esa
ley.

No pueden ustedes escudarse, como ya han hecho en
diferentes ocasiones, en que es normal retirar las subsidiaciones porque
los tipos de interés han bajado y que esa bajada compensa a los
ciudadanos la retirada de sus derechos. Es una teoría tan injusta como
inmoral porque es cierto que los tipos de interés han bajado, señorías,
pero es que los afectados compraron a precio de burbuja inmobiliaria y
sus hipotecas son mucho más altas que el valor actual de la vivienda.
Pero es que aún hay más: los tipos de interés bajan, señorías, pero en
las casas de los afectados el paro sube, los salarios son más bajos, la
pobreza energética enfría el hogar, los repagos en educación y sanidad
restan capacidad económica y los abuelos pierden capacidad en sus
pensiones; y, encima, les retiran un derecho con el que contaban,
manteniendo intactos todos sus deberes. Señorías, piensen que estas
familias no pueden vender o alquilar esta vivienda. Si no la han pagado,
lo único que les quedará será esperar un embargo.

Si no ponen freno a este desorden jurídico estaremos
auspiciando que más familias corran riesgo de desahucio. Son familias que
hicieron una planificación de los pagos que deberían hacer a lo largo de
los años y asumieron la compra de la vivienda, pero ahora ven que esos
cálculos se desmoronan.

Les pido que apoyen esta moción pensando que son 250 000
personas, según los datos recogidos en el Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado, las que están reclamando su ayuda. Piensen,
señorías, que no estamos reclamando un privilegio para estas familias,
estamos reclamando un derecho constitucional: el derecho a una vivienda
digna. Intenten corregir actitudes porque hoy, desgraciadamente,
celebramos el segundo aniversario del Gobierno del Partido Popular, donde
solo ha habido más paro, más deuda, más corrupción, menos derechos, menos
salud, menos educación y, sobre todo, más mentiras.

Gracias. (Fuertes aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas
gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda, por el Grupo catalán de
Convergència i Unió tiene la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, presidenta.

En tot cas hem presentat una esmena que consisteix primer
en mantenir les ajudes estatals directes a l’entrada per a tots els
particulars que hagin adquirit una vivenda qualificada com de protecció
oficial, a l’empara del Pla Estatal de Vivenda i Rehabilitació
2009-2012, i mantenir les ajudes estatals directes a l’entrada per
a tots els promotors que hagin construït una vivenda qualificada de
professional o, definitivament, com també de protecció oficial a
l’empara del pla estatal. Si bé no és estrictament en el conjunt al
que fa referència aquesta moció, sí que és perfectament complementària i
forma part del discurs de tot allò pel que varem lluitar des dels grups
de l’oposició en el moment de la tramitació de la llei, que crec
recordar que era en el mes d’abril d’aquest any. Aquesta llei
que el que ha fet ha estat deixar orfes no únicament a molta quantitat de
particulars, sinó també a les pròpies comunitats autònomes, aquesta llei
que, a més a més, amb caràcter retroactiu —que això no
s’havia vist mai— es carregava tot el que són els ajuts del
pla 2009-2012.

Ens sembla que en bona part, una part també de tota aquesta
manca de compliment d’allò que es va comprometre al llarg
d’una plurianualitat —no s’havia vist mai. Al
capdavall, tot això del pla de rehabilitació del 2009-2012 també afecta
directament, no únicament les Comunitats Autònomes perquè, en últim
terme, el que afecta és directament als nostres ciutadans. I, per tant,
ens sembla que això també és complementari i per això ens agradaria que
fos acceptada.

Moltes gràcies.

Gracias, presidenta.

Hemos presentado una enmienda en la que pretendemos,
primero, mantener las ayudas estatales directas a la entrada para todos
los particulares que hayan adquirido una vivienda calificada como de
protección oficial al amparo del Plan Estatal de Vivienda y
Rehabilitación 2009-2012 y, segundo, mantener las ayudas estatales
directas a la entrada para todos los promotores que hayan construido una
vivienda calificada de protección oficial, también al amparo del plan
estatal. Si bien no es estrictamente a lo que se refiere esta moción, sí
que es perfectamente complementaria y forma parte del discurso de todo
aquello por lo que luchamos desde los grupos de la oposición en el
momento de la tramitación de la ley, que creo recordar fue en el mes de
abril de este año. Esta ley ha dejado huérfanos no solo a una gran
cantidad de particulares, sino también a las propias comunidades
autónomas; esta ley, además, con carácter retroactivo —esto no se
había visto nunca—, se cargaba todas las ayudas del Plan
2009-2012.

Esta falta de cumplimiento con lo comprometido a lo largo
de una plurianualidad no se había visto nunca. Nos parece que el Plan de
Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 afecta no solo a las comunidades
autónomas, sino que también en último término afecta a nuestros
ciudadanos. Por lo tanto, creemos que esto también es complementario, y
nos gustaría que nuestra enmienda fuera aceptada.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): ¿Se acepta la
enmienda presentada, senadora Fernández?

La señora FERNÁNDEZ PENA: La enmienda presentada por
Convergència i Unió la vamos a aceptar, ya que aunque se refiere a las
ayudas estatales, como bien decía la señora Candini, y no se ajusta
estrictamente al término del debate, estamos totalmente de acuerdo con lo
que se solicita, dado que estas ayudas directas han estado siempre en
vigor en todos los planes de vivienda diseñados por el Partido
Socialista, y además esta fue una de las reclamaciones que hicimos cuando
la aprobación de la Ley 4/2013.

Respecto al Partido Popular, visto que no han presentado
ninguna enmienda, quiero pensar que estarán de acuerdo con los términos
planteados en la moción y que votarán a favor. Pero, por si acaso, les
pediré de nuevo que la apoyen y que aprovechen esta oportunidad para
escuchar a los ciudadanos; ciudadanos que hoy mismo entregarán 344 477
firmas a la ministra Ana Pastor para reclamar sus derechos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

¿Turno en contra? (Denegaciones.) No hacen uso de la
palabra.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Mixto? (Denegaciones.) No hacen uso de la
palabra.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la
senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Eskerrik asko.

Intervengo desde el escaño simplemente para comentar que la
moción que nos presenta el Grupo Socialista, a nosotros, en concreto, no
nos afecta.

Es cierto que las ayudas directas en forma de subvenciones
y subsidios a la compra y/o a la promoción de viviendas protegidas para
venta desaparecieron de la normativa del Gobierno vasco en el año 1996,
es decir, dieciséis años antes que la medida adoptada por el Gobierno
central en julio de 2012. Dicha medida del Gobierno vasco no se basó en
cuestiones de recorte presupuestario, entonces inexistentes, sino de
elección en el empleo de recursos públicos potenciando la compra de suelo
y viviendas de alquiler.

No obstante, dicho esto, quiero comentar que entendemos la
solicitud que se plantea, ya que de aplicar la retroactividad que aquí se
ha especificado por la senadora ponente de la moción se generarían
situaciones de difícil gestión.

Por lo tanto, y entendiendo que a nosotros no nos afecta,
en absoluto nos vamos a oponer a que la moción prospere, para evitar que
todas aquellas diferentes situaciones de difícil gestión puedan verse
afectadas negativamente por esta aplicación en este último tiempo y de
esta manera

tan apresurada. Por consiguiente, a pesar de no estar
afectados, no impediremos que la moción prospere.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gràcies, presidenta.

Molt breument, per anunciar el nostre vot favorable, el
nostre suport, a una moció que pretén reparar una situació de doble
injustícia. Una injustícia perquè afecta a famílies que, en la seva
condició objectiva, tenen dificultats òbvies en aquests moments per fer
front a les obligacions que van contraure i que es mereixen el suport i
la solidaritat del conjunt dels ciutadans a través de
l’administració pública, i també injustícia perquè es vulneren els
seus drets i, com s’ha dit aquí, es cau en una situació de forta
inseguretat jurídica.

Volíem entendre que, en el primer moment, aquesta decisió
del Govern havia estat simplement per desconeixement. Havia estat fruit
de la brocha gorda de les mesures econòmiques que es van prendre en
aquell moment. Però, després, malauradament, com s’ha explicat,
varem comprovar que aquesta mesura responia a un càlcul molt més fred i a
un menyspreu objectiu de la situació i de l’esforç de totes les
famílies que van adquirir, en el seu dia, que estaven curts de pagar una
vivenda de protecció oficial.

Per això avui el Partit Popular, el grup majoritari
d’aquesta cambra que dóna suport al govern té l’oportunitat
de rectificar i més enllà, lluny de l’escalf reformador que senten
de vegades des dels ministeris, aquest escalf cec que provoca aquests
excessos fins i tot, crec, obvis per ells mateixos, puguin fer marxa
enrere, que rectificar és de savis i concedir a aquestes famílies
simplement allò que es mereixen, és a dir, poder tornar als drets i a les
obligacions que s’havien contret en el seu moment i que els
permetien, de manera raonable, fer front a les seves expectatives.

Estic convençut que el Partit Popular serà sensible a
aquesta situació i rectificarà aquest excés a totes llums impossible i a
totes llums injust.

Moltes gràcies.

Gracias, presidenta.

Intervengo brevemente para anunciar nuestro apoyo y nuestro
voto favorable a una moción que pretende reparar una situación de doble
injusticia: injusticia porque afecta a familias que en su condición
objetiva tienen dificultades obvias en estos momentos para hacer frente a
las obligaciones que contrajeron y que se merecen el apoyo y la
solidaridad del conjunto de los ciudadanos a través de la administración
pública, e injusticia porque se vulneran sus derechos y, como se ha dicho
aquí, porque se cae en una situación de fuerte inseguridad jurídica.

Creímos entender en un primer momento que esta decisión del
Gobierno había sido por desconocimiento, que había sido fruto de la
brocha gorda de las medidas económicas que se tomaron en ese momento,
pero después, por desgracia, como se ha explicado, comprobamos que esta
medida respondía a un cálculo mucho más frío y a un menosprecio objetivo
a la situación y el esfuerzo de todas las familias que adquirieron en su
día una vivienda de protección oficial.

Por eso hoy el Partido Popular, el grupo mayoritario de
esta Cámara que da apoyo al Gobierno, tiene la oportunidad de rectificar
y más allá de lo que se siente a veces desde los ministerios, estos
excesos provocados —a veces también obvios— por sí mismos,
puedan dar marcha atrás —porque rectificar es de sabios— y
puedan conceder a estas familias simplemente aquello que se merecen:
poder volver a los derechos y obligaciones que se habían contraído en su
momento y que les permitía de forma razonable hacer frente a sus
expectativas.

Estoy convencido de que el Partido Popular va a ser
sensible a situación y va a rectificar este exceso, a todas luces
imposible e injusto.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas
gracias.

Tiene la palabra la senadora Candini.

Página
7780

ha acabado el cuento de la herencia recibida y emerge la
mala gestión que han venido haciendo hasta ahora. Nos han dicho muchas
veces que ellos iban a hacer más con menos, y, efectivamente, han hecho
ustedes más con menos: este país tiene más deuda, más desigualdad con
menos inversión y con menos empleo. Han constatado que han fracasado con
sus políticas. (Aplausos.)

Después de dos años de rodillo del Partido Popular y
después de habernos presentado tres proyectos de ley de Presupuestos
Generales del Estado, se les acaba el cuento de que ustedes eran la
solución. Y ustedes, para los trabajadores, son el problema; para la
clase trabajadora de este país el Partido Popular es el problema, sin
ninguna duda.

La moción que traemos hoy aquí es un ejemplo del destrozo
de las políticas de igualdad que están haciendo desde su mayoría.
Presentamos esta moción contra la retirada de la subsidiación de
préstamos por considerar que es una medida socialmente injusta. Digo que
es socialmente injusta porque supone un nuevo recorte a la clase
trabajadora más humilde y además, si me lo permiten, es especialmente
dolorosa porque va contra aquellas familias jóvenes que habían puesto en
marcha su proyecto de vida en común, que habían decidido tener hijos y
que ahora ven cómo se esfuma su proyecto vital, viéndose abocados
probablemente a dejar la vivienda en la que habían decidido vivir y, en
muchos casos, a dejar de pagar al banco y metidos en un proceso de
desahucio.

Voy a explicarles en qué consiste esta ayuda, porque tengo
la sensación de que cuando ustedes apoyan al Gobierno desconocen qué
política están apoyando.

No creo que nadie que sea sensato esté de acuerdo con que a
familias que tienen unos ingresos muy pequeños, la redistribución de la
riqueza del Partido Popular, que es obligatorio que hagamos, suponga
quitarles una ayuda de entre 60 y 100 euros anuales por cada 10 000 euros
de valor de la vivienda. Estamos hablando de que se les quita una ayuda
de entre 600 u 800 euros a 1200 al año.

La decisión del Gobierno es quitarles a los más humildes el
equivalente a un salario mensual de su sueldo anual. El Gobierno ha
decidido que la salida de la crisis de este país pasa por acabar de
ahogar, por quitarles un salario más, una mensualidad más a las familias
que ya no llegan y decirles que sigan adelante con ese recorte.

Lo que están haciendo con sus recortes es empujar a la
pobreza, al desahucio a estas familias, que ya están en el límite, porque
ustedes, con esa cantidad de 1000 euros, les están quitando el 10% más o
menos de sus ingresos anuales, y no es un recorte pequeño,
precisamente.

Además esta medida que han tomado ustedes es
indiscriminada. No tienen en cuenta a quién se la aplican. No se han
preguntado si la familia está en paro o está trabajando. Simplemente han
dicho: se acabaron las ayudas, estén como estén las familias. No importa
si tienen menos ingresos o si están en paro. Asimismo han olvidado que
las viviendas de protección oficial en muchos casos también se compraron
a precio de burbuja.

Han tomado una decisión que es arbitraria: a iguales
circunstancias, hay ciudadanos a los que les van a aplicar la ley para
quitarles las ayudas y a otros no. Es una medida legalmente injusta. Les
quitan las ayudas a los propietarios de las viviendas, como ha dicho
antes la senadora Paula Fernández, pero no sus obligaciones. Siguen sin
poder venderlas en diez años, sin poder alquilar la vivienda —no
pueden ceder el uso—. Siguen teniendo las mismas obligaciones que
tenían cuando percibían ayudas del Estado. Lo hacen con abuso de poder.
Ustedes les han dicho a los bancos que ni siquiera les faciliten el
documento que necesitan para poder presentar la reclamación. Lo hacen
—permítanme la expresión— con chulería, porque cuando han
recibido a los afectados en el ministerio, les han dicho que es su
problema, que es problema de los afectados, que no es problema del
Gobierno, les han dicho sencillamente que si no pueden pagar la hipoteca,
que dejen la vivienda. Y eso, señorías, es impresentable para un Gobierno
democrático. Pero, claro, con su mayoría absoluta y su rodillo se pueden
permitir hacer casi lo que les dé la gana o, al menos, eso piensan
ustedes.

Tengo que recordarles que no somos iguales. El Partido
Socialista no recortó estas ayudas, sino que además las amplió de 10 a 15
años en el Real Decreto 1713/2010, de 17 de diciembre.

He dicho que esta es una medida ilegal porque la hacen
ustedes extensiva a todos los planes de vivienda anteriores a
2009—2012, con un documento sin fecha ni firma, con una nota
interna. Además lo hacen con carácter retroactivo. Por tanto, entendemos
que es absolutamente ilegal. Y no lo dice solamente el Partido
Socialista, ya hay sentencias judiciales y pronunciamientos del

Defensor del Pueblo en el mismo sentido. Además de hacerlo
ilegalmente, lo realizan con un ejercicio de demagogia y cinismo
importante, porque hay que leer lo que ustedes escriben y luego lo que
ustedes hacen.

En los presupuestos generales del Estado decían ustedes que
iba a estimular la redistribución de la riqueza con las políticas de
vivienda, y ya vemos cómo lo hacen, quitándoles las ayudas a los que
menos tienen. Decían en los presupuestos generales de 2013 que todas las
subsidiaciones de préstamos que ya hubieran sido reconocidas en los
sucesivos años de vigencia de los planes estatales seguían generando
compromisos presupuestarios que había que afrontar, y que la media de
afectados eran 252 517 —eso decían ustedes—, pero, mientras,
estaban haciendo justamente lo contrario. Hay que ser cínico para estar
mandando una carta sin fecha ni firma, una nota interna, a las
comunidades autónomas diciéndoles que dejaran de aprobar los expedientes
y a la vez escribir ustedes esto y traerlo aquí al Parlamento para
aprobarlo, así como estar mandando ustedes a los letrados del Estado a
pleitear contra los ciudadanos para que no defendieran su derecho a
recibir una subvención que les habían firmado ante notario y que habían
registrado en el Registro de la Propiedad, que les obliga a ellos pero
también al Estado a dar esa ayuda. Una ayuda con la que contaban para
poder hacer frente a sus pagos y a sus obligaciones con los bancos. Son
ustedes los que han fallado, no los ciudadanos si dejan de pagar las
viviendas. Es una decisión que está apoyando el Grupo Parlamentario
Popular en esta Cámara.

Para tapar la ilegalidad no se les ocurrió otra brillante
idea más que cometer una inconstitucionalidad. Y como no tenían
argumentos, en la tramitación de la ley de alquileres de vivienda nos
vienen aquí con una enmienda de último momento para convertir en ley la
ilegalidad en que habían incurrido, con un real decreto ley y una nota
interna. Y nos quieren convertir una ilegalidad en una
inconstitucionalidad. Ya tienen presentado un recurso en ese sentido por
parte del Grupo Parlamentario Socialista, porque ustedes están quitando
derechos a los ciudadanos que por ley tenían —y la Constitución les
protege contra decisiones del Gobierno con carácter de
retroactividad—. Eso es lo que hicieron ustedes, se lo advertimos
en la tramitación de esta ley todos los grupos parlamentarios, lo ha
dicho la señora Candini, e hicieron oídos sordos. Están acostumbrándose a
actuar con soberbia desde el Gobierno, y lo que hacen es no escuchar lo
que les decimos con sensatez. Esperan a que un juez les diga que son
injustas y que son ilegales las cláusulas suelo, y aun así, venimos aquí,
les pedimos que las eliminen, que aprueben una enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista, y ustedes dicen que no. Hoy les volvemos a
decir lo mismo: es injusto, es ilegal, es inconstitucional tomar
decisiones con carácter de retroactividad que les quitan derechos a los
ciudadanos. Y se lo venimos a decir aquí, antes de que se lo digan los
jueces. Sin embargo, ustedes hacen oídos sordos y vuelven a dejar que se
pronuncie la justicia, que ya ha empezado a decirle que eso no se puede
hacer, que el Partido Popular no puede —ni con mayoría
absoluta— saltarse la Constitución, que este país es democrático
todavía. (Aplausos.)

Señorías, les pido sensibilidad, afecta a más de 250 000
familias —familias, no personas, en el sentido más extensivo de la
palabra—, porque cuando los hijos, esos hijos recién casados con
familia, con niños pequeños, no puedan pagar la vivienda, saben ustedes
que les va a tocar a sus padres. Afecta a 250 000 familias, no a 250 000
personas.

Es una decisión injusta y, además, si me apuran, miserable,
porque la cantidad de dinero que supone para el Estado en su conjunto es
muy pequeña. Están racaneando 30 o 40 millones de euros en un año para
perjudicar y llevar a la angustia a 250 000 familias. Y además lo hacen
inconstitucionalmente, como he dicho antes, subrayándolo. No me valen sus
explicaciones, no me vale lo que dicen ustedes de que, como ha bajado el
precio de la vivienda, ya no necesitan ayuda los pobres para comprarla.
No se puede ser más cínico. Dicen ustedes: ¡Hombre, como han bajado los
tipos de interés, ¿de qué se quejan los pobres? ya han tenido suficiente
ahorro. ¿Les parece sensato dar ese argumento? ¿Es que con la bajada de
intereses no han bajado también los salarios, no han bajado los empleos,
no hay mucha más gente en paro? ¿Cómo pueden tener en cuenta solo ese
criterio y pretender que oigamos sus palabras y que las atendamos? Y
además nos dicen: Oiga, es que la renovación no es una concesión.
Nosotros no hemos retirado las ayudas, hemos dicho que ya no se renuevan.
Oiga usted, eso no es potestad del Gobierno. Ninguna ley decía que el
Gobierno podía dejar de dar las ayudas arbitrariamente. Si viene con el
informe favorable de las comunidades autónomas, el Gobierno no tiene más
remedio que pagar y

punto. Eso es lo que dice la ley. Y la que ustedes han
cambiado modifica el modelo, aunque no comparto el criterio, y tienen el
derecho para hacerlo porque tienen la mayoría.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya
terminando.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Termino enseguida.

Tienen el derecho porque tienen la mayoría para cambiar el
modelo, pero no tienen la razón. Desde luego, con la mayoría no tienen el
derecho de cambiar los derechos de los ciudadanos que tenían antes
concedidos por ley, a eso no le dieron derecho a ustedes en la urna. En
eso nos van a tener enfrente al Partido Socialista reivindicando los
derechos de los ciudadanos y de la clase trabajadora —aunque
ustedes digan que no hay clase trabajadora, que lo que hay son
consumidores—. Nosotros seguimos pensando que hay clase trabajadora
y que es necesario la redistribución de la riqueza en este país.

Muchas gracias, señoría. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Ibarrondo.

El señor IBARRONDO BAJO: Muchas gracias, señora
presidenta.

Señorías, muy buenos días.

Quiero destacar algunos puntos de su moción en los que
consideramos que hay evidentes imprecisiones, algunos datos que no se
ajustan a la realidad e interpretaciones muy partidarias que las
cuestionamos rotundamente.

Dicen que el Gobierno ha impulsado diversas medidas
legislativas que han afectado a las condiciones de concesión de los
préstamos cualificados VPO y VPP; que estas concesiones afectan a más de
300 000 personas. Consideran interpretación irregular y retroactiva la
circular que envía la Subdirección General de Política y Ayudas a la
Vivienda; se atenta contra el principio de seguridad jurídica que avala
la Constitución en su artículo 9.3. Dicen que la interpretación del Real
Decreto Ley 20/2012, en su artículo 35, es carente de sustento jurídico.
Y por último dicen que los titulares de estos préstamos hipotecarios
accedieron a ellos mediante la acreditación de unos ingresos que ya eran
escasos antes de la burbuja inmobiliaria.

Estos puntos que en sí resumen su moción nos llevan a
posicionamientos en contra de sus peticiones.

Le diré respecto a lo que ha impulsado a este Gobierno en
materia de vivienda que en no más de dos años —diecisiete meses
concretamente— se ha puesto en funcionamiento una política de
vivienda sin precedentes, una batería de leyes coordinadas y
contemporáneas entre sí que se ajustan perfectamente a la realidad y a la
necesidad actual de España y a su coordinación con la Agenda 2020 de
Europa: la Ley de Fomento del Alquiler, la Ley de Rehabilitación; las
medidas de estabilidad presupuestaria; el PITVI; el Real Decreto 233
sobre el Plan de vivienda 2013-2016; la Ley de emprendedores, lógicamente
en lo que afecta a la edificación; la ley antidesahucios, concretamente
en ese punto; pago a proveedores, que también ha afectado a empresas
relacionadas con el mundo de la edificación en régimen de alquiler. Por
lo tanto, el Gobierno de Mariano Rajoy ha impulsado verdaderas medidas en
esta materia.

Toda esta batería de actuaciones ¿por qué se presentan con
esta celeridad, a qué se debe? Muy sencillo, al analizar la lamentable
situación en la que hace dos años se encontraba este sector y ver los
insuficientes instrumentos con los que se operaba. El Ministerio de
Fomento, tras reubicar las consecuencias del fallido Ministerio de
Vivienda, asumía un déficit de 130 millones de euros, y de la extinta
Sociedad Pública de Alquiler reconocía los 37 millones de euros que no
activaron ni por asomo el objetivo que se marcaron con el lamentable
programa, entre ellos, de las Kelly fingers.

¿Se acuerdan de las Kelly fingers, esas diez mil zapatillas
que te ayudaban a buscarte la vida —residencialmente
hablando—? Tú ibas al ministerio, te regalaban unas zapatillas y
pateabas la ciudad para buscar solución edilicia a tu problema. Eso sí
que era inseguridad, pero de la auténtica: inseguridad programática,
inseguridad política e inseguridad social hacia los más débiles, de los
que tanto dicen ustedes preocuparse. Te regalamos las zapatillas y
búscate la vida. Eso sí, el

artículo 9.3 de la Constitución sobre la retroactividad de
las leyes, te lo cumplo, pero el artículo 47 sobre el derecho a la
vivienda digna, con las zapatillas vas que ardes.

Otro dato de partida respecto al parque de viviendas en
España son los siguientes, que hay que tenerlos en cuenta —no se
alteren—: 25 millones de unidades de viviendas, 58% de las cuales
con más de 30 años, 6 millones con más de 50 años y el 60% construidas
sin ningún tipo de normativa técnica. El número de viviendas vacías 3 500
000, lo que significa casi el 14%. El mercado del alquiler supone un 17%
respecto al 83% en propiedad, y este es actualmente el auténtico
problema, esta es la necesidad en la que hay que actuar en estos
momentos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Y voy aclarando la moción. En ella nos hablan de más de 300
000 personas. Estamos hablando en torno a 230 000 personas, y actualmente
estamos destinando aproximadamente 100 000 millones de euros al año a
políticas de vivienda. Las obligaciones pendientes de pago y las
obligaciones generadas a partir del 1 de enero de 2013 por el Ministerio
de Fomento suponen 5291 millones en obligaciones derivadas de sus dos
anteriores legislaturas. Se tiene un compromiso adquirido hasta 2038
—tú tira, apunta en la barra de hielo, ya se pagará— que se
asume y se está cumpliendo. Si me permiten, les diré que comprometerse
para casi una generación es excesivamente imprudente e injusto para los
futuros Gobiernos y, sobre todo, para los futuros ciudadanos. Existen
subsidiaciones de 10 y hasta de 25 años, piensen en niños que nacieron en
esta última generación que a los 30 años llevarán seis años tributando
para pagar las decisiones actuales.

Es cierto que a lo largo de la democracia se han hecho
muchos planes de vivienda, fundamentalmente focalizados en el acceso a la
vivienda y también en el acceso a la vivienda en propiedad, que
seguramente tendremos que revisar porque se destinaron 1720 millones a la
propiedad mientras solo 337 al alquiler. Esto cambia actualmente con las
nuevas políticas que estamos adoptando.

Todos esos planes que aparecen en los artículos décimo y
sexto sobre subsidiación de los préstamos cualificados hablaban de la
revisión del periodo a cinco años, de que la efectividad de la
subsidiación se podía revisar. Pues bien, esto se está respetando
escrupulosamente: a aquel que ha recibido o está recibiendo esta
subsidiación se le respeta. Por tanto, ninguna indefensión, ninguna
vulneración de derechos tras los cinco años. Se revisa su solicitud
siempre que se cumplan los plazos de la presentación a la que alude el
Real Decreto 20/2012.

También queremos dejar claro que la disposición adicional
segunda de la Ley 4/2013 no afecta a las ayudas de subsidiación de
préstamos a los promotores. Esta es una decisión política que obedece a
la revisión de obsoletas y en algún caso erráticas políticas pasadas
—obsolescencia en cuanto a la actual coyuntura económica de
insuficiencia presupuestaria.

Dicho todo esto, creemos necesario entender y respetar la
legítima potestad que todo gobierno democrático dispone para dictar
normas que persigan leal y legalmente el mejor para sus
administrados.

Por tanto, de ilegalidad, ninguna, de desamparo jurídico,
ninguno. El Real Decreto 20/2012 se ampara jurídicamente en su totalidad
y respecto a la aclaración, que tiene fecha 31 de julio de 2012 y tiene
firma del subdirector general de Política y Ayuda a la Vivienda. El
informe emitido el 26 de julio de 2012 por la Abogacía del Estado,
también firmado, explica que la supresión de las ayudas de subsidiación
no se circunscribe únicamente a este plan estatal, sino a lo que, debido
al objeto de la norma de hacer frente a la coyuntura económica actual,
manifiesta en la exposición de motivos el propio real decreto, y se
entiende que la supresión afecta a todos los planes estatales. Por tanto,
queda claro que es legal y factible revisar las políticas de vivienda, y
aún más cuando los mismos planes de vivienda así lo establecen. Vayamos a
los datos en este minuto treinta y dos que me queda: en 2013, a este fin
de la subsidiación, se han destinado 400 millones de euros; en 2014, 260
millones —una cantidad nada desdeñable.

Y otro punto que sé que a ustedes les irrita comentar, pero
es cierto que hay que hacerlo, es que la situación de la estabilidad
económica en estos momentos y la situación respecto de los tipos de
interés ha permitido que haya una reducción en el pago de esas cantidades
de entre un 3 y un 6%. Por tanto, también es verdad que la situación de
los tipos de interés nos ayuda.

Quiero terminar diciendo la batería de medidas que en estos
momentos se están realizando en materia de vivienda en régimen de
alquiler y de rehabilitación, que son en las que verdaderamente

estamos trabajando. No me da tiempo, pero, como digo, las
cantidades y las actuaciones se dirigen a las personas más vulnerables y
además, siguiendo lo que los tiempos nos están marcando, en cuanto a la
ayuda al acceso a la vivienda en propiedad, todas las comunidades
autónomas se han decantado por el alquiler y la rehabilitación.

A falta de minutos, quiero terminar diciendo que los hechos
demostrarán que estas políticas van a dar resultados.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ibarrondo.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario
Socialista, con la incorporación de la enmienda aceptada del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 92; en contra, 152;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.
(Rumores.)

9.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A MANTENER EL
DIÁLOGO CON LAS REPRESENTACIONES PROFESIONALES ESPAÑOLAS PARA LOGRAR UN
CONSENSO BÁSICO EN LA FUTURA LEY DE COLEGIOS Y SERVICIOS
PROFESIONALES.

(Núm. exp. 662/000112)

AUTOR: GPMX

El señor presidente da lectura al punto 9.3.

El señor PRESIDENTE: Señorías, a esta moción se ha
presentado una propuesta de modificación firmada por los grupos
parlamentarios Popular, Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
Vasco en el Senado y Mixto. Y también se presentó a la moción original
una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que se mantiene al no
haber firmado la propuesta de modificación.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra la senadora Salanueva. (La señora vicepresidenta,
Vicente González, ocupa la Presidencia.—Rumores.)

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.

Voy a intentar explicar el porqué de la moción que ha
presentado Unión del Pueblo Navarro, dentro del Grupo Mixto. No es nuevo
nuestro interés ni nuestra preocupación sobre la tramitación de la futura
ley de servicios profesionales, cuyo anteproyecto fue aprobado el pasado
2 de agosto y sobre el cual ya hemos formulado en este hemiciclo
(Rumores.) diversas preguntas al Gobierno que fueron contestadas por el
ministro correspondiente. Nuestro interés no es personal, sino que hemos
querido ser correa de transmisión de una preocupación generalizada en
todos los profesionales liberales que hay en España.

El anteproyecto ha provocado numerosas reacciones
contrarias a su contenido por dos razones: por el contenido en sí mismo y
por el procedimiento. Los profesionales españoles, cuyos colegiados suman
más de un millón y medio de personas… (Fuertes rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señorías, por
favor, guarden silencio para poder oír a la senadora.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, señora
presidenta. Hoy tengo muy poca voz y la verdad es que me cuesta
concentrarme.

Como decía, más de un millón y medio de colegiados
españoles a través de sus conductos reglamentarios, la Unión Profesional,
que representa a 35 colegios profesionales españoles que a su vez engloba
a médicos, arquitectos, abogados, registradores, procuradores,
farmacéuticos, veterinarios e ingenieros de todas las ramas, se han
quejado, no solo del contenido del anteproyecto por lo que luego les
diré, sino también de la poca participación y del poco diálogo que se ha
mantenido con ellos. Por eso, señorías, consideramos que este es un
momento propicio,

no para hacer grandes declaraciones de intenciones y de
medidas concretas que debe contener el futuro proyecto de ley, sino para
pedir, para reclamarle al Gobierno que mantenga una interlocución con los
distintos sectores que se van a ver afectados por esta ley. Estamos en el
momento procedimental oportuno y creemos que es mejor llegar a tiempo y
buscar ese consenso que tener que arrepentirnos luego.

La alta calidad de los servicios profesionales en España
queda fuera de toda duda. Los principales motivos de queja en cuanto al
contenido del anteproyecto giran en torno a tres ejes fundamentales. En
primer lugar, está la colegiación. La colegiación, si no es obligatoria,
provocaría consecuencias no deseadas, como es la falta de control sobre
miles de profesionales, la economía sumergida, un empleo que degradaría
la calidad de los servicios públicos profesionales que ahora se prestan.
(Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señorías, por
favor, guarden silencio; si no, salgan del hemiciclo. No podemos escuchar
a la senadora.

Continúe, señoría.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Muchas gracias, señora
presidenta.

Los servicios profesionales, señorías, son bienes de
confianza para el ciudadano; no son bienes que por el hecho de bajar su
precio vayan a tener una mejor receptividad o aumentar su demanda en el
mercado. El mercado del servicio profesional, señorías, funciona de forma
diferente a otros mercados. El precio no marca la relación entre el
prestador del servicio y el consumidor del mismo. Es una relación de
confianza la que se establece entre el profesional y el cliente o el
paciente, la persona que contrata esos servicios. Por lo tanto, la ley no
debe concebirse solo con ansias liberalizadoras, que hasta cierto punto
nos parecen bien, porque una excesiva desregulación podría provocar
consecuencias no deseadas y romper esa confianza que existe entre el
profesional y el ciudadano.

Además, señorías, los servicios profesionales muestran gran
capacidad de flexibilidad laboral y de ajuste de precios frente al
mercado laboral. Creemos que tenemos buenas condiciones para poder
mejorar algunas cosas, siempre que no provoquemos consecuencias no
deseadas que afectarían a la economía sumergida y producirían la
desestabilización de la propia economía española.

El segundo eje, en el que no estamos de acuerdo y también
recibe quejas por parte de los profesionales, es el relativo a la
autorregulación. Se establece, tal y como recoge el anteproyecto, que la
Administración pública competente puede convertir a las corporaciones
colegiales en órganos administrativos inferiores y subordinados del
correspondiente departamento ministerial. A nuestro juicio, si eso fuera
así —y esa es una de las preocupaciones que existen—, no solo
se vulneraría el espíritu de la Constitución contemplado en su artículo
35, sino que además tendría efectos negativos de orden social y
democrático. También tendría un impacto económico negativo y una
degradación institucional que no sería buena en un modelo colegial maduro
como este que, como otros muchos, puede ser objeto de mejora y de
posibles reformas, pero no tal y como se plantean en el anteproyecto.

Y exigimos medidas que mejoren la interlocución, algo que
no se prevé en el anteproyecto de ley. No hablamos solo de la
interlocución para llegar a acuerdos, del diálogo y del consenso previo a
la aprobación definitiva del proyecto de ley, hablamos de una
interlocución institucional. Es preciso que se institucionalice para el
buen funcionamiento de los colegios profesionales. Se trata de que el
Gobierno y los colegios y organizaciones profesionales de ámbito nacional
puedan hacer un seguimiento de la normativa estatal, autonómica, europea
e internacional que afecta a las profesiones, de forma que se regule de
una manera más cohesionada y equilibrada.

A nuestro juicio, señorías, esto es posible y la
oportunidad que tenemos al presentar esta moción de hablar, de
manifestar, de expresar la preocupación social que hoy existe nos debe
llevar a transmitir, en nuestra obligación de control al Gobierno, esa
preocupación al Gobierno para que la interlocución sea mayor.

Hemos firmado una enmienda transaccional con el Grupo
Popular, que han firmado también otros grupos que supongo que la
apoyarán, en un sentido que varía muy poco nuestra petición inicial
—que, como les decía, es la búsqueda de consenso y mayor
diálogo—, porque creemos que es importante que el Grupo
Parlamentario Popular se incorpore a esta moción. Ya sé que

podíamos haber sido más ambiciosos y haber marcado
objetivos más concretos —hay una enmienda del Grupo Socialista que
habla muy concretamente de la justicia, con una serie de principios
generales que no nos parecen mal—, pero consideramos muy importante
que el Grupo Popular —por supuesto que espero contar también con el
apoyo de todas sus señorías— se incorpore porque tiene una gran
responsabilidad, es el grupo que sustenta al Gobierno y su incorporación
a esta moción nos puede dar garantías de que van a seguir remando
—me consta que a título particular muchos de ellos lo están
haciendo— en esa dirección de la búsqueda del acuerdo.

Se dice desde el Gobierno que esta ley tendrá un impacto
económico de 7000 millones de euros, pero también sabemos que hay
informes que desmienten eso, que no es así, que los impactos económicos
no van a ser obligatoriamente en positivo. Esta idea se ha desmontado
porque en sucesivos informes se dice que no se incrementa el mercado de
actividades jurídicas ni el conjunto de la economía nacional, sino que se
puede deteriorar significativamente. No tenemos la certeza de que vaya a
ocurrir una cosa ni la contraria, sino que, insisto, es el momento de
hablar.

El anteproyecto tiene como objetivo mantener la
competitividad en el sector servicios y, con carácter general, el sector
servicios en España es bastante competitivo, por lo que una legislación
muy liberalizadora tendría consecuencias, a nuestro juicio, limitadas si
no negativas. Tenemos un modelo de servicios profesionales con precios
ajustados. Hay comparativas con países como Italia, Francia y Reino Unido
que dicen que los precios de los profesionales españoles no son los más
altos ni mucho menos del conjunto de la Unión Europea. Tenemos un número
de profesionales importante, no ha habido restricción con carácter
general de acceso de los profesionales al ejercicio de las distintas
profesionales; por lo tanto, ese es un derecho que hay que garantizar
pero que entre nosotros de facto ya se viene garantizando. Quizá España
es el único país —y pongo el ejemplo de lo que más conozco, que es
el mundo de los abogados— que no tiene un sistema de acceso, un
examen de acceso; sí está aprobado legalmente, pero no se ha puesto ni
siquiera en marcha bien la exigencia del cumplimiento de la Escuela de
Práctica Jurídica bien un examen de acceso a la profesión de abogado.
Habrá que hablar de cuestiones concretas de los distintos colegios. Estoy
pensando en el de abogados nuevamente: el tema de los colegios
territoriales, la colegiación en el colegio de residencia —no es un
capricho el pretender mantenerlo— y habrá que hablar de esas y
otras cuestiones, porque tienen un sentido muy importante por el tema de
la prestación del turno de oficio y la asistencia al detenido en armonía
con la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

En definitiva, señorías, como les decía y por ir
recapitulando, no queremos imponer criterios concretos, sino ser una
herramienta para el diálogo, para el consenso, para la búsqueda de
acuerdos en un momento en el que es posible. El anteproyecto está
aprobado, ha habido una fase de alegaciones en la que creo que no se ha
sido muy receptivo, pero antes de la aprobación definitiva del proyecto
—porque sabemos lo que pasa luego en los trámites de enmiendas, que
siempre pueden cambiar cosas— nos parece fundamental el diálogo con
los profesionales españoles que, como les decía, son, ni más ni menos,
millón y medio de personas que con mucho esfuerzo muchos de ellos están
aguantando momentos críticos para sus profesiones debido a la crisis y
también a los nuevos mercados regulatorios.

Por lo tanto, señorías, queremos pedir su apoyo, queremos
dar una oportunidad al Gobierno para que ese acuerdo se produzca y ser
una herramienta, espero que útil, para poder llegar luego a un texto que
dignifique las profesiones españolas, que no se deje llevar por cantos de
sirena en todo lo relacionado con los impactos económicos —que en
muchas ocasiones no serían tales—, sino que tenemos que ofrecer la
mejor calidad de los servicios a los ciudadanos españoles.

Por mi parte, nada más y muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Socialista,
tiene la palabra el senador Rodríguez.

El señor RODRIGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señorías. Un 20 de noviembre de hace treinta y
ocho años fue un día feliz para la democracia española; un 20 de
noviembre de hace dos años fue un día desgraciado para muchos españoles y
hoy, dentro de unas horas, otro 20 de noviembre, será un día
desafortunado

para toda la comunidad educativa española y para los
jóvenes que hoy, por ejemplo, nos acompañan en esta Cámara. Así estamos
hoy celebrado el Día Universal del Niño. Una buena forma de empezar.

El Grupo Mixto, a iniciativa de la senadora Salanueva, ha
presentado una moción, necesaria, a nuestro entender, que se ha
desfigurado bastante con la transacción realizada, porque el proyecto de
ley que se cuestiona es una norma meramente teórica que desconoce la
realidad social que pretende regular.

Parece un texto elaborado en las aulas, fruto de una
reflexión puramente académica, pero que se ha desligado totalmente de la
práctica en términos absolutos. Es un texto que tiene un espíritu
claramente liberalizador y que, además, se desprende del marco jurídico
básico. Un texto, señorías, que el Gobierno ha confeccionado sin tener en
cuenta las consecuencias. De ahí que la moción de la senadora Salanueva
inste al Gobierno a mantener el diálogo con las representaciones
profesionales españolas. Pero es que ahora no sirve decir que hay seguir
dialogando, porque seguir dialogando viene a significar continuar con
algo que se ha empezado y esto es radicalmente falso. Los abogados, los
médicos, los farmacéuticos o los veterinarios, los arquitectos, los
ingenieros, tienen el derecho y la obligación de aportar su opinión y su
conocimiento. Y esa oportunidad no la han tenido, a pesar de ser un texto
legal que les afecta y el Gobierno del señor Rajoy tendría que haber
tenido la obligación y el deber de escucharles y todavía no lo ha
hecho.

Hasta ahí la moción de la señora Salanueva es correcta,
pero en nuestra opinión le falta algo. Por eso, presentamos nuestra
enmienda, que pensamos, de verdad, que mejora la moción presentada.
Creemos que el Gobierno del Partido Popular, además de dialogar, debe
garantizar el correcto desarrollo de la actividad profesional y
deontológica de los profesionales, como garantía de los derechos
fundamentales de los ciudadanos. Si el Gobierno hubiera dialogado antes
con la representación institucional de los profesionales, seguro que nos
hubiéramos ahorrado muchos de los disgustos y preocupaciones y del
malestar general y de la incertidumbre que el texto ha generado en más de
un millón y medio de profesionales. Seguro que, además, este texto sería
más útil y mejor, porque no es lo mismo, señorías, trabajar conjuntamente
desde el principio que discutir o alegar algo cuando se hace a posteriori
contra las propuestas unilaterales del Gobierno.

Con el texto legislativo queda muy clara una cosa, que a
este Gobierno le molesta la autonomía y la independencia de los colegios
profesionales. Los quiere tener políticamente controlados y, por eso,
nosotros mantenemos que la incorporación a un colegio profesional
garantiza a los usuarios, a los clientes, a los pacientes, la buena
práctica de los profesionales que les atienden. Y nos reafirmamos en la
independencia de las instituciones colegiales que garantizan los derechos
de los ciudadanos. Si se suprime la colegiación obligatoria, el desamparo
de los ciudadanos va a ser evidente y van a ser los propios perjudicados
frente a un desvío posible de un ejercicio profesional, porque los
colegios profesionales procuran la preponderancia del buen servicio
profesional sobre el ánimo de lucro. Los colegios regulan la calidad, la
eficacia y la garantía de los servicios que se prestan. (El señor
vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.) Los colegios
profesionales, señorías, son los valedores de que la prestación de los
servicios esté rodeada de las máximas garantías de idoneidad necesarias
para que los ciudadanos reciban los mejores servicios y para que los
profesionales presten los mejores servicios en condiciones de competencia
ética y deontológica. Por eso hemos presentado esta enmienda, para que el
Gobierno, además de empezar a dialogar —aunque sea tarde, mal y
nunca— asegure un correcto desarrollo de las actividades y de la
deontología profesional y, por lo tanto, no se perjudique al experto que
presta el servicio ni a quien lo recibe, el usuario que, en definitiva,
es el ciudadano.

Por todo ello, esperamos que se entienda nuestra propuesta
y se acepte la enmienda que hemos presentado.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
señoría.

Tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario
Mixto, autor de la moción originaria, para manifestar si acepta o no la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Página
7789

mayoría, también podrían aportar otros puntos de vista. En
aras de un mayor consenso, aunque —repito— no solo en este
ámbito es importante escuchar a los afectados, porque en casi todas las
tramitaciones legislativas o cualquiera de los asuntos aquí tratados
deberían tener esa premisa, sino también respecto de los grupos aquí
presentes —lo que no siempre sucede, por no decir casi
nunca—.Por lo tanto, entendiendo que es un momento en el que los
afectados tienen que sentirse escuchados y porque en el ejercicio de
nuestra responsabilidad debemos hacer un esfuerzo para lograr un
consenso, apoyaremos la moción presentada.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el señor Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gràcies, senyor president.

Senyors i senyores senadors, l’avantprojecte de llei
de serveis professionals es deriva —i és necessari que n’hi
hagi un en aquest sentit— de la Llei 25/2009, de 22 de desembre,
que desenvolupava la Directiva de serveis de la Unió Europea. Aquesta
llei mandata el Govern perquè desenvolupi un projecte de llei —en
aquest cas l’avantprojecte, però després el projecte— per
regular l’accés i l’exercici de les professions que
requereixen titulació.

Ara bé, és un avantprojecte de llei que es pot qualificar
com a mínim de desafortunat. Només cal, aprofitant els avantatges que
avui dia ofereixen les comunicacions via Internet, posar en un cercador
el nom de l’Avantprojecte de llei de serveis professionals i surt
una gran quantitat, infinita, diria jo, d’oposicions a
l’avantprojecte de llei de tots els sectors professionals i
d’infinitat de col·lectius que mostren la seva disconformitat.

És evident que el Govern ha actuat, com denuncien molts
d’aquests col·lectius, amb falta de transparència. Ho han fet amb
una certa ocultació del que anaven fent. A més a més, han elaborat una
norma que ignora completament la realitat d’alguns professionals i
dels seus col·legis, i sobretot que incorpora també el que serien uns
prejudicis totalment injustificats cap a les organitzacions col·legials.
Hi ha un recel cap al que significa el món dels col·legis professionals
i, per tant, s’intenta substraure al control dels col·legis
professionals l’exercici d’aquestes activitats. A més a més,
amb l’agreujant que fins i tot en les professions per a les quals
hi ha una exigència clara de col·legiació, en què apareix aquesta
nítidament exigida per raons d’interès públic, encara fins i tot en
aquests casos es queden fora de control i fora de col·legiació
determinades activitats. Seria el cas dels col·legis d’advocats i
d’altres que veuen com es pot exercir l’activitat sense
necessitat de col·legiar-se en determinades circumstàncies, com és el fet
de prestar els serveis d’assessorament treballant per a
tercers.

I finalment, aquesta llei, aquest avantprojecte de llei
probablement vulnera fins i tot —i s’ha dit en anteriors
intervencions— el mateix article 36 de la Constitució espanyola,
que és el que regula precisament l’activitat i l’exercici
dels col·legis professionals. Hi ha un informe, fet pel despatx
d’un dels pares de la Constitució, de Miquel Roca Junyent, que
precisament adverteix de la més que probable inconstitucionalitat
d’aquest avantprojecte de llei. Ens trobem, per tant, amb un
document, un text, que, cas de convertir-se en llei, realment generaria
una situació no només de malestar, que ja l’ha generada, sinó
sobretot de dificultat i de fins i tot atemptat contra els drets dels
usuaris i dels consumidors, dels clients d’aquestes activitats
professionals, precisament per la desregulació de l’activitat
professional, fruit d’una actitud del Govern, com he dit abans, de
desconfiança cap al món col·legial.

Per tant, és absolutament urgent i imprescindible, en
aquest sentit compartim el sentit de la moció presentada per la senadora
Salanueva d’Unión del Pueblo Navarro, perquè s’obri el
diàleg, s’iniciï la negociació realment, perquè fins ara no
s’ha fet, i que a partir d’aquest diàleg, d’escoltar
tots els sectors professionals, realment sigui possible elaborar un
projecte de llei, un avantprojecte, un projecte i finalment la llei, en
línia amb el que és necessari que s’adapti a les necessitats de la
nostra societat i de l’exercici de les professions i dels titulats
professionals.

Per tant, subscrivim el text de la moció i li donarem
suport. No hem subscrit la transaccional, i compartim el que en aquest
sentit argumentava el portaveu del Grup Parlamentari Socialista, en la
mesura en què entenem que el Govern no ha fet cap esforç de diàleg fins
ara. Entenem la voluntat de la senadora Salanueva d’intentar que el
grup que dóna suport al Govern, el Grup Popular, pogués acceptar-ho
perquè s’aprovi la moció, però entenem que és fer-li un
reconeixement al

Govern, una acceptació que hi ha hagut una voluntat de
diàleg, quan aquesta és totalment inexistent perquè no s’ha
dialogat. Ho diuen els col·legis professionals, que no són sospitosos de
partidisme, però suposar que els col·legis estan en contra del Govern
abunda en aquesta direcció de desconfiança cap al món col·legial, i no és
el cas. Simplement, estan defensant l’exercici de la professió i el
control i la garantia que donen els col·legis professionals de
l’exercici, de la qualitat dels serveis que presten. No hi ha hagut
diàleg, és necessari que s’iniciï, i per això el Grup Parlamentari
de l’Entesa pel Progrés de Catalunya donarem suport a la moció que
es planteja des del Grup Parlamentari Mixt per la senadora Salanueva.

Gràcies.

Gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores, el anteproyecto de ley de
servicios profesionales se deriva —en este sentido, es necesario
que exista un anteproyecto— de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
que desarrolla la directiva de servicios de la Unión Europea. Esta ley
mandata al Gobierno para que desarrolle un proyecto de ley —primero
anteproyecto y después proyecto de ley— para regular el acceso y
ejercicio de las profesiones que exigen titulación.

Ahora bien se trata de un anteproyecto que se puede
calificar al menos de desafortunado. Aprovechando las ventajas que
ofrecen las comunicaciones por Internet, basta con utilizar un buscador,
colocar el nombre del anteproyecto de servicios profesionales y aparecerá
una larga lista, casi infinita, de oposiciones al anteproyecto de ley de
todos los sectores profesionales, así como de un sinfín de colectivos que
muestran su disconformidad.

Es evidente que el Gobierno ha actuado, como denuncian
muchos de estos colectivos, con falta de transparencia, lo ha hecho;
también con una cierta ocultación de lo que iban realizando. Además, han
elaborado una norma que ignora totalmente la realidad de algunos
profesionales y de los colegios profesionales, pero, sobre todo,
incorpora una serie de prejuicios totalmente injustificados hacia las
organizaciones colegiales. Existe un recelo respecto a lo que implica el
mundo de los colegios profesionales y se intenta sustraer del control de
estos colegios el ejercicio de estas actividades, con la agravante además
de que incluso en las profesiones en las que existe una exigencia clara
de colegiación por razones de interés público, incluso en esos casos,
quedan fuera de control y colegiación determinadas actividades, como es
el caso de los colegios de abogados y otros, que ven cómo se puede
ejercer su actividad sin necesidad de colegiarse en determinadas
circunstancias, como prestar servicios de asesoramiento trabajando para
terceros.

Por último, este anteproyecto de ley probablemente vulnera
—se ha mencionado ya en anteriores intervenciones— el mismo
artículo 36 de la Constitución Española, que es el que precisamente
regula la actividad y el ejercicio de los colegios profesionales. Existe
un informe realizado por el despacho de uno de los padres de la
Constitución, Miquel Roca Junyent, que advierte de la más que probable
inconstitucionalidad de este proyecto de ley Así pues nos encontramos con
un texto que, de convertirse en ley, generaría una situación, no tan solo
de malestar, que ya lo ha generado, sino, sobre todo, de dificultad e,
incluso, de atentado contra los derechos de los consumidores y los
clientes de estas actividades profesionales, precisamente por la
desregulación de la actividad profesional, fruto de la actitud de un
Gobierno, como ya he dicho, de desconfianza para con el mundo
colegial.

Así pues, resulta absolutamente urgente e imprescindible,
de ahí que compartamos el sentido de la moción presentada por la senadora
Salanueva, de Unión del Pueblo Navarro, puesto que debe abrirse el
diálogo, reiniciarse la negociación real porque hasta la fecha no ha sido
así. Si se abre el diálogo y se escucha a todos los sectores
profesionales será posible realmente elaborar un anteproyecto, un
proyecto de ley y finalmente una ley que recoja lo necesario, adaptándose
a las necesidades de nuestra sociedad para el ejercicio de las
profesiones y los titulados profesionales.

Por consiguiente, suscribimos el texto de la moción y vamos
a darle nuestro apoyo. Compartimos lo que argumentaba el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista porque entendemos que el Gobierno no ha
hecho ningún esfuerzo de diálogo. De ahí que la voluntad de la senadora
Salanueva haya sido intentar que el grupo que apoya al Gobierno, el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, la aceptara y, con ello, se aprobara
esta iniciativa, pero entendemos que ello significaría reconocer que el
Gobierno ha tenido voluntad de diálogo cuando no ha sido así, además, los
mismos colegios profesionales lo han dicho, y estos colegios no son

sospechosos de partidismo, pero —digamos— están
en contra del Gobierno y eso abunda en esa dirección y desconfianza. No
es el caso, están desarrollando su profesión, y el control que ejercen
estos colegios profesionales precisamente garantiza la calidad de los
servicios que prestan. No ha habido diálogo, es necesario que se inicie y
por eso el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya va a dar
su apoyo a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la
senadora Salanueva.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Sabaté.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

L’avantprojecte de llei de serveis professionals que
va aprovar el Consell de Ministres el dia 2 d’agost de 2013, ha
provocat, durant el tràmit d’audiència i d’informació
pública, nombroses reaccions contràries a les reformes contingudes en el
text, per tal com s’entén que afecten greument la independència
dels col·legis professionals. Les principals discrepàncies que
s’expliquen en el text justificatiu de la moció presentada fan
referència a tres conceptes fonamentals: la col·legiació,
l’autoregulació i la interlocució, i es demana —considerem
que encertadament— el manteniment del diàleg amb les
representacions professionals espanyoles fins a assolir uns acords
bàsics. Considerem que, atesa la indubtable rellevància social,
econòmica, jurídica i política d’aquest avantprojecte de Llei, el
diàleg amb la representació institucional de les professions
l’enriquiria. Justament, l’objectiu de la Moció presentada és
que no s’interrompi el diàleg entre el Govern de l’Estat i
els representants dels professionals. Considerem convenient donar suport
a qualsevol actuació que propiciï el diàleg i l’entesa, que permeti
l’apropament de les posicions enfrontades en termes que afecten les
professions col·legiades i la prestació dels serveis professionals.

Volem afegir, però, que s’insti al Govern no només
que no s’interrompi el diàleg, sinó que s’estableixi en els
casos en què aquest ha estat inexistent o s’ha produït de manera
insuficient. Mitjançament l’acceptació de l’esmena del Grup
Popular, sembla com si ja s’estigués mantenint un diàleg, però és
que aquest diàleg s’ha d’ampliar moltíssim i s’ha
d’intensificar. Cal destacar que la interlocució del Govern de
l’Estat amb els governs autonòmics i amb les corporacions
professionals d’àmbit de Catalunya ha estat inexistent. Cal, doncs,
posar de manifest aquesta circumstància i instar el Govern a dialogar
fins i tot amb interlocutors diferents dels que ha tingut fins ara en
aquest moment. En el cas de Catalunya, és imprescindible el diàleg amb el
Govern de l’Estat per a la defensa de les competències exclusives
en matèria de col·legis professionals conferides per l’Estatut
d’Autonomia, atès que l’atribució d’un caràcter bàsic a
la totalitat de l’articulat de l’Avantprojecte de llei
impossibilita l’exercici de les competències atribuïdes pel bloc de
la constitucionalitat a la Generalitat de Catalunya. No podem obviar el
fet que aquesta llei no només pot vulnerar competències, no només pot
restringir la llibertat i l’autonomia dels col·legis professionals,
sinó que pot suposar un perjudici directe per al ciutadà.

La rellevància social, econòmica, jurídica i política
d’aquest Avantprojecte de llei és indubtable. El diàleg amb la
representació institucional dels professionals l’enriquiria. El
diàleg i el consens són i sempre han estat molt importants en
l’exercici del poder legislatiu i l’executiu, però atesa la
conjuntura actual en què els nostres conciutadans han de conviure i
sobreviure enmig d’una crisi econòmica brutal, amb unes xifres
d’atur desbocades i amb la manca de credibilitat dels polítics,
cal, més que mai, dialogar i consensuar.

Per aquest motiu, intentant arribar al major consens
possible, donem suport a la moció presentada, tot i que a l’esmena
del Grup Parlamentari Popular no podem donar-hi suport, atès que no es
pot continuar fent un diàleg que no s’està portant a terme, sinó
que es pot ampliar.

Gràcies, senyor president.

El anteproyecto de ley de servicios profesionales que
aprobó el Consejo de Ministros el día 2 de agosto de 2013 ha provocado,
durante el trámite de audiencia y de información pública, numerosas
reacciones contrarias a las reformas contenidas en el texto, puesto que
se entiende que afectan gravemente a la independencia de los colegios
profesionales. Las principales

discrepancias que se explican en el texto justificativo de
la moción presentada se refieren a tres conceptos fundamentales: la
colegiación, la autorregulación y la interlocución y se solicita
—pensamos que de forma acertada— el mantenimiento del diálogo
con las representaciones profesionales españolas hasta alcanzar unos
acuerdos básicos. Pensamos que, dada la indudable relevancia social,
económica, jurídica y política de este anteproyecto de ley, el diálogo
con la representación institucional de las profesiones podría
enriquecerlo. Precisamente, el objetivo de la moción presentada es que no
se interrumpa el diálogo entre el Gobierno del Estado y los
representantes de los profesionales. Consideramos conveniente apoyar
cualquier actuación que propicie el diálogo y el entendimiento, que
permita el acercamiento de las posiciones enfrentadas en términos que
afectan a los profesionales colegiados y la prestación de servicios
profesionales.

Sin embargo, queremos añadir que debe instarse al Gobierno
no tan solo a que no se interrumpa el diálogo, sino a que se establezca
en los casos en los que ha sido inexistente o se ha producido de forma
insuficiente. Mediante esta aceptación de la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado parece como si este diálogo se
estuviera ya manteniendo, pero debe ampliarse e intensificarse muchísimo.
Debemos destacar que la interlocución del Gobierno del Estado con los
Gobiernos autonómicos y con las corporaciones profesionales del ámbito en
Cataluña ha sido inexistente. Así pues, debemos poner de manifiesto esta
circunstancia e instar al Gobierno a que dialogue, incluso, con
interlocutores distintos de los que ha tenido hasta la fecha. En el caso
de Cataluña es indispensable el diálogo con el Gobierno del Estado para
defender las competencias exclusivas en materia de colegios profesionales
que confiere el Estatuto de Autonomía dado que la atribución de un
carácter básico a la totalidad del articulado del anteproyecto de ley
imposibilita el ejercicio de las competencias atribuidas por el bloque de
la constitucionalidad a la Generalitat de Catalunya. No podemos obviar el
hecho de que esta ley no solo puede vulnerar competencias, restringir la
libertad y la autonomía de los colegios profesionales, sino que puede
suponer un perjuicio directo para el ciudadano.

La relevancia social, económica, jurídica y política de
este anteproyecto de ley es indudable. El diálogo con la representación
profesional lo enriquecería. El diálogo y el consenso son y siempre han
sido muy importantes en el ejercicio del Poder Legislativo, pero, dada la
coyuntura actual en la que nuestros conciudadanos deben convivir y
sobrevivir en medio de una crisis económica brutal, con unas cifras de
desempleo desbocadas y la falta de credibilidad de los políticos, tenemos
que dialogar y consensuar más que nunca.

Por eso, tenemos que alcanzar el máximo consenso posible y
damos apoyo a la moción presentada, pero no a la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular porque no se puede seguir realizando un diálogo que
no se ha llevado a cabo sino que hay que iniciarlo y ampliarlo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
senadora.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, es tal la obsesión del Partido Popular por
oponerse a lo que dice el Partido Socialista que hasta piden la palabra
para abrir un turno en contra en relación con una enmienda que
presentamos nosotros. Es su obsesión.

Antes de nada, tengo que lamentar que la senadora Salanueva
no haya apoyado nuestra enmienda. Creemos sinceramente que no solamente
mejoraba la moción sino que, además, garantizaba y consolidaba las
actividades profesionales y su eficacia; pero también entiendo su
proximidad con el partido del Gobierno.

Hoy debatimos esta moción por el lamentable anteproyecto
que el Gobierno del señor Rajoy aprobó el pasado 2 de agosto. Durante
meses circularon muchos borradores, de autoría que ustedes mismos decían
que era desconocida, y que el propio Ministerio de Economía no reconocía
como suyos.

En ese tiempo, los profesionales y las directivas de los
colegios pensaban que el Gobierno les consultaría, pero no, se enteraron
por el Boletín Oficial del Estado y, además, el 2 de agosto, cuando
normalmente, los que pueden, están de vacaciones.

El Gobierno dio el visto bueno a un borrador espectral, que
vino a la luz realmente desde el más allá porque nadie lo tenía, y lo
hizo como casi siempre, sin consenso y sin diálogo, de manera

precipitada, introduciendo confusión y partiendo de una
liberalización mal entendida; una liberalización que va a suponer una
desregulación, con la consiguiente pérdida de calidad y de garantías, y
perjudicando ―como casi siempre― a los ciudadanos
españoles.

El Gobierno dice que esta ley estaba dentro de su Plan de
reformas y que se fundamenta en las peticiones de la OCDE, del Fondo
Monetario Internacional y de la Unión Europea. Señorías, esto les sirve
como justificación, pero lo cierto es que el Gobierno se oculta tras
estas directrices europeas para hacer otro recorte más. Hoy toca el de
los colegios profesionales y dentro de un rato tocará el de la
educación.

Con esta norma no avanzamos nada ni ahorramos nada tampoco;
con esta norma volvemos al pasado, a tiempos yo diría que
antidemocráticos, que interfieren peligrosa y negativamente en una
facultad esencial e irrenunciable de los colegios: el control
deontológico de los profesionales. Incluso con esta norma se amenaza con
posibles conflictos de competencias con las comunidades autónomas.

El proyecto de ley de servicios profesionales tiene
evidentes prejuicios injustificados frente a las organizaciones
colegiales y, por ello, el Gobierno introduce medidas inadecuadas,
olvidando que los colegios gozan de una importante garantía jurídica
―no se han dado cuenta― que es el artículo 149 de la
Constitución.

Además, el proyecto está cargado de errores técnicos, como
decía antes, y está desligado de la práctica profesional real. Suprime,
por ejemplo, la colegiación territorial ―como decía la senadora
Salanueva― en el lugar donde se ubica el domicilio profesional,
reduce el número de colegios, los fusiona, tiene evidentes defectos
técnicos y procedimentales, plantea un control de eficacia sobre los
colegios que va mucho más allá del legítimo control de legalidad, resulta
contrario a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y es de dudosa
constitucionalidad.

Por otro lado, no hay razones jurídicas de fondo para esta
ley y tampoco hay razones económicas; todo lo contrario: no habrá ahorro
para los ciudadanos, la Administración no economizará y, por lo tanto, es
pura y simplemente intervencionismo injustificado, una intromisión
arbitraria y una verdadera invasión competencial sobre los colegios. ¿Por
qué? Por la falta de diálogo del Gobierno con los profesionales.

Nuevamente, si me lo permiten, le tengo que reconocer un
éxito al Gobierno del señor Rajoy y es que ha conseguido levantar en pie
de guerra a todos los colectivos profesionales; todos los colegios están
inmersos en una contienda frontal contra esta ley porque están
convencidos de que lo único que va a generar es un verdadero caos en la
prestación de los servicios, como nunca se había producido en España.

El proyecto no satisface a ningún profesional y ha enervado
los ánimos de expertos competentes y de los numerosos profesionales
—más de millón y medio— que hay en España. Todos consideran
que esta ley va a empeorar los servicios prestados y marginará a los
colectivos. Va a haber profesiones que van a desaparecer y, si no,
pregúntenles y consulten con los procuradores. Hay otras actividades a
las que se les va a causar un daño irreparable y, por tanto, esto lo
soportarán también los ciudadanos españoles, y todo por un recelo y una
falta de confianza por parte del Gobierno del Partido Popular hacia las
corporaciones colegiales. Apuestan, por el contario, por fórmulas
administrativas que resultan más caras, menos efectivas y, sobre todo, no
defienden los intereses de los ciudadanos ni de los propios
profesionales. La práctica profesional, señorías —y ustedes lo
saben, porque en estas bancadas hay muchos profesionales—, se basa
en la libertad, la independencia y el secreto profesional. Pero ustedes
reniegan de esa evidencia y apoyarán una ley de servicios y colegios
profesionales otra vez en contra de todos.

Los colegios profesionales, señorías, son los valedores de
la prestación de los servicios. Están rodeados de garantías y de
idoneidad, necesarias para que los ciudadanos reciban una asistencia por
parte de los expertos en verdaderas condiciones de profesionalidad, ética
y auténtica dirección, observando que la prestación de los servicios sea
una realidad y no se den situaciones, como se van a dar cuando esta ley
sea una norma más de nuestro texto legal, en las que pueden ser
ejercitados por personas sin ninguna cualificación o con reducida
formación, y van a ejercer una actividad sin ningún tipo de control. Y
esto pasará con esta ley, pasará por no hablar, por no consensuar; por no
empezar a hablar con los profesionales y con los técnicos colegiales.
Pero, claro, con el ánimo intervencionista que caracteriza al Gobierno
del señor Rajoy, con esta ley proponen, una vez más, una tutela de la
Administración sobre las corporaciones colegiales en este

caso con facultades para intervenir incluso en el
funcionamiento democrático. Además, señorías, desprecian el trabajo que
realizan, menospreciando la experiencia que de sobra han demostrado los
colegios profesionales dejando de lado sus funciones, que, no nos
olvidemos, han sido encomendadas y reconocidas, como día, por la propia
Constitución Española.

Los socialistas, senadora Salanueva, apoyaremos la moción a
pesar de no haber aceptado nuestra enmienda, y lo haremos porque
consideramos que el diálogo y la búsqueda de consenso es una obligación
que tiene el Gobierno, y porque nos oponemos de raíz a este proyecto de
ley de servicios profesionales. Nosotros sí apostamos por la reforma de
las corporaciones colegiales para mejorarlas bajo el criterio de
transparencia, que no lo ha habido, y de claridad, que tampoco lo ha
habido; bajo principios de modernidad, realistas e innovadores, ninguno
cumplido por la ley que presenta el Partido Popular. Nosotros creemos en
una reforma que redunde en una mayor protección de los colegiados y
también de los derechos de los ciudadanos, y defendemos las instituciones
colegiales y apostamos por consolidar unos colegios cercanos y
contemporáneos, no obsoletos, desfasados e intervenidos, como pretende el
Partido Popular. Apoyamos los colegios profesionales como lugar de
encuentro, como lugar de formación y como lugar de información para
soporte de los técnicos profesionales y para la garantía de los propios
usuarios, dando seguridad al prestador de los servicios y también al
perceptor de los servicios.

Por esto, señora Salanueva, avalaremos la moción que usted
presenta si bien diciendo, como he señalado en la enmienda, que el
Gobierno no ha discutido ni negociado nada con los profesionales, no ha
empezado, tiene que empezar a partir de ahora.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra el senador Fernández de Moya.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, me corresponde en nombre del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado posicionar a mi grupo en relación con esta moción
formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, en concreto por la senadora
Salanueva, en virtud de la cual se pone encima de la mesa lo que
significa y representa el diálogo que debe mantener el Gobierno de España
en la tramitación del anteproyecto de ley y posterior proyecto de ley en
el ámbito de los servicios y colegios profesionales.

En primer lugar, quiero mostrar, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, mi gratitud a la senadora por haber aceptado esa
enmienda de modificación, a través de la cual se pone de manifiesto que
el Gobierno, como ahora explicaré, ha dialogado y seguirá dialogando en
el entorno de este anteproyecto de ley y posterior proyecto de ley de
colegios y servicios profesionales. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)

Ahora bien, antes de entrar en lo que significa el
desarrollo concreto del posicionamiento de mi grupo con respecto a esta
moción, permítanme referirme a cómo comenzaba su intervención el senador
socialista —¡hay que ver lo que significa y representa para la
izquierda el 20 de noviembre!—. Pero hoy, un 20 de noviembre,
senadores del Grupo Parlamentario Socialista, aparece en los medios de
comunicación esto (Muestra un artículo de prensa): Solbes admite que
mintió en 2009. (Rumores.—Aplausos.) Hoy, un 20 de noviembre,
Solbes admite que mintió en 2009 y, hoy, un 20 de noviembre, Solbes, el
vicepresidente económico con el señor Zapatero: Mi error fue continuar en
la II Legislatura. Hoy, un 20 de noviembre, nos hemos enterado cómo
engañó a España entera el Gobierno socialista de Solbes y de Zapatero.
Hoy, un 20 de noviembre. (Aplausos.) Por cierto, hoy, un 20 de noviembre,
nos hemos enterado del plan que Zapatero no le aceptó a Solbes, pero que
sí lo cita Solbes. Hoy, un 20 de noviembre. (Rumores.) En esa memoria
histórica tan selectiva que tiene la izquierda en España…
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Solo les voy a
reproducir lo que decía su exvicepresidente del Gobierno y, si no lo
respetan, es su problema.

Solbes: el plan, no revelado entonces, era congelar el
sueldo de los funcionarios dos años; subida del tipo de gravamen del
impuesto sobre la renta; reforma de las pensiones retrasando la edad de
jubilación y aumentando el período de cálculo para la determinación de la
pensión. Hoy, un 20 de noviembre, España entera se entera de que el
Gobierno socialista engañó masivamente a la sociedad española.
(Protestas.—Aplausos.) Hoy, un 20 de noviembre. Es para que lo
recuerden los senadores socialistas, un 20 de noviembre.

Señorías, el sector de los servicios a lo largo de las
últimas décadas, sin lugar a dudas, ha ido ganando importancia en el
ámbito de la economía española. Es importante recordar que el sector de
los servicios profesionales en España genera cerca del 9% del producto
interior bruto, representando en torno al 6% del empleo total y el 30%
del empleo universitario.

Hasta el día de la fecha la especial incidencia que tienen
algunos de estos servicios en los derechos e intereses de los ciudadanos,
cuando son sus destinatarios, justifica que los servicios profesionales
deban contar con un marco normativo y regulador específico y que no sea
aplicable al general del sector servicios, marco regulador que deberá
garantizar, en la medida de lo posible, la forma menos restrictiva desde
el punto de vista de acceso al ejercicio de la actividad profesional.

La ausencia de una ley que estableciera un marco general de
los servicios profesionales ha llevado a una copiosa regulación en
materia normativa que está, sin lugar a dudas, fragmentada, obsoleta y
resulta excesiva. En ese sentido, el propio Gobierno de España pone
encima de la mesa un anteproyecto de ley que está sometido a la
consideración de presente y de futuro del diálogo que va a mantener de
manera permanente el Gobierno de España con los colectivos afectados, un
anteproyecto de ley que consta de un título preliminar, 54 artículos,
además de la serie de las correspondientes disposiciones, que quedan
sometidas al permanente diálogo por parte del Gobierno de España.

Señorías, la propia interlocución con las profesiones y sus
representantes ha sido, sigue y seguirá siendo constante por el Gobierno
de España. Desde febrero del 2012 hasta mayo del 2013 la Dirección
General de Política Económica del Ministerio de Economía y Competitividad
ha mantenido 74 reuniones con colegios profesionales. Tras la aprobación
del anteproyecto se abrió un largo período de consulta pública, desde el
5 de agosto hasta el 23 de septiembre, para que los interesados pudieran
presentar sus alegaciones, reflexiones, sugerencias y comentarios.
Además, desde septiembre se han celebrado otras 35 reuniones con
distintos colegios y asociaciones profesionales. Todo ello con el
objetivo de conocer la posición y los argumentos de los colectivos
profesionales, que, indudablemente, queremos recoger para que enriquezcan
de manera constructiva el texto final.

Precisamente, fruto de ese diálogo por parte del Gobierno
de España con los colectivos profesionales, se está trabajando en matizar
algunos aspectos del texto como es el relativo a la autorregulación y, al
mismo tiempo, a la independencia de los colegios profesionales. Así, el
respeto a la autonomía colegial. Al mismo tiempo, para garantizar el
legítimo derecho que la Administración tiene para controlar el ejercicio
de unas funciones delegadas por la ley a los colegios se están
reformulando, entre otros, los artículos 32 y 33 del anteproyecto de ley,
aclarando los casos, circunstancias y procedimiento para realizar el
control de eficacia de los colegios. Conviene no olvidar, señorías, que
este control también existe respecto a otras corporaciones de derecho
público, que están vigentes y que operan en la actualidad, como ocurre
con las Cámaras de Comercio.

En el mismo sentido, el Gobierno está revisando el texto
para eliminar los elementos que puedan ser considerados como una
injerencia excesiva de la propia Administración pública en el
funcionamiento colegial. Así, si bien, por ejemplo, se sigue exigiendo
que el Comité de Ética y Deontología del colegio sea independiente de su
órgano de gobierno, es decir, de su junta colegial, no se entrará en
detalles sobre su composición, que, precisamente, deberá decidir en este
caso el colegio, respetando, por tanto, la autonomía en el ámbito
colegial.

En relación con la colegiación obligatoria, conviene tener
en cuenta varios extremos, varias reflexiones. Los colegios profesionales
voluntarios son el modelo común, en este caso, de colegiación. Algo
expresado, no por el Gobierno de España, no por el ordenamiento jurídico
vigente a través de leyes, sino por la reciente Sentencia del Tribunal
Constitucional, 3/2013, de 17 de enero, que hemos conocido este mismo
año.

En la medida en que la colegiación supone una restricción
al libre ejercicio, solo debe exigirse cuando concurran los siguientes
requisitos: primero, tratarse de actividades en que puedan verse
afectadas de manera grave y directa, materias de especial interés
general, como pueden ser la protección de la salud y de la integridad
física o de la seguridad personal o jurídica de las personas. En segundo
lugar, fundamentarse en la obligación de colegiación como instrumento
eficiente de control del ejercicio profesional para la mejor defensa de
los destinatarios de los servicios.

Por lo tanto, señorías, el espíritu de diálogo, la puerta
abierta del Gobierno de España a seguir trabajando de manera dialogada,
consensuada un texto que, como bien se ha dicho aquí a través de la unión
profesional, representa a un millón y medio de profesionales en este
país, indudablemente, será el espíritu que guíe al Gobierno de España en
el presente y en el futuro, como APL, como anteproyecto de ley, como
proyecto de ley, y a la espera de los informes vinculantes, entre otros,
del propio Consejo de Estado.

Siempre será ese el espíritu de diálogo hasta la
extenuación, el que mantendrá el Gobierno de España respecto a este
proyecto de ley, que, sin duda, hoy se debate desde la perspectiva de una
moción formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. Es decir, un 20 de
noviembre, el 20 de noviembre en el que nos enteramos del engaño de
Zapatero y de Solbes a la sociedad española, y un 20 de noviembre en el
que democráticamente el pueblo y la sociedad española otorgaron una
mayoría política y social muy amplia para sacar a España adelante de la
ruina que dejaron ustedes, los socialistas.
(Rumores.—Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Fernández de
Moya.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la propuesta de modificación
a la moción del Grupo Parlamentario Mixto, firmada por los Grupos
Parlamentarios Popular en el Senado, Catalán en el Senado Convergència i
Unió, Vasco en el Senado y Mixto.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 243.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.
(Aplausos.)

10. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

10.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

10.1.1. CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA
ARGENTINA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN
MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN
BUENOS AIRES EL 11 DE MARZO DE 2013. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.

(Núm. exp. 610/000096)

10.1.2. ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA
PORTUGUESA PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL BLOQUE FUNCIONAL DE ESPACIO AÉREO
DEL SUROESTE (SW FAB), HECHO EN LISBOA EL 17 DE MAYO DE 2013. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 610/000097)

10.1.3. ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA PARA LA MEJORA DEL CUMPLIMIENTO FISCAL INTERNACIONAL Y
LA APLICACIÓN DE LA LEY ESTADOUNIDENSE DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO DE
CUENTAS EXTRANJERAS, HECHO EN MADRID EL 14 DE MAYO DE 2013. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 610/000098)

10.1.4. ACUERDO INTERNO ENTRE LOS REPRESENTANTES DE LOS
GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA, REUNIDOS EN EL
SENO DEL CONSEJO, RELATIVO A LA FINANCIACIÓN DE LA AYUDA DE LA UNIÓN
EUROPEA CONCEDIDA CON CARGO AL MARCO FINANCIERO PLURIANUAL PARA EL
PERÍODO 2014-2020 DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ACP-UE Y A
LA ASIGNACIÓN DE AYUDA FINANCIERA A LOS PAÍSES Y TERRITORIOS DE ULTRAMAR
A LOS QUE SE APLICA LA PARTE CUARTA DEL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA
UNIÓN EUROPEA, HECHO EN LUXEMBURGO Y BRUSELAS EL 24 Y 26 DE JUNIO DE 2013
RESPECTIVAMENTE. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 610/000099)

El señor presidente da lectura a los puntos 10., 10.1.,
10.1.1., 10.1.2., 10.1.3. y 10.1.4.

El señor PRESIDENTE: No se han presentado propuestas a
estos tratados internacionales. ¿Algún grupo parlamentario desea
intervenir? (El senador Unamunzaga Osoro pide la palabra.)

Senador Unamunzaga, tiene la palabra.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Señor presidente, simplemente
manifestar nuestra abstención al conjunto de convenios.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Unamunzaga.

¿Se puede entender, por lo tanto, señorías, concedida la
autorización a la que se refiere el artículo 94 de la Constitución, con
la salvedad que ha hecho el senador Unamunzaga? (Asentimiento.)

Muchas gracias.

En consecuencia, quedan autorizados.

Señorías, se suspende la sesión hasta las tres de la
tarde.

Inmediatamente, a continuación, se reúne la Comisión de
Reglamento en la sala Enrique Casas.

Muchas gracias.

Se suspende la sesión.

Eran las trece horas y cinco minutos.

Se reanuda la sesión a las quince horas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes, tomen
asiento, por favor.

11. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

11.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

11.1.1. PROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO.

COMISIÓN: CONSTITUCIONAL

(Núm. exp. 621/000046)

El señor presidente da lectura a los puntos 11., 11.1. y
11.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen,
tiene la palabra el senador Piñeiro.

El señor PIÑEIRO GARCÍA-LAGO: Con la venia, señor
presidente.

Señorías, me cabe el honor de haber sido designado para
presentar a la Cámara el dictamen de la Comisión Constitucional sobre el
Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno. Este proyecto de ley fue remitido al Senado por el Congreso de
los Diputados y publicado el pasado 20 de septiembre, es decir, hace dos
meses exactos. El plazo de presentación de enmiendas concluyó el día 8 de
octubre de 2013, tras haber sido ampliado.

Se han presentado cuatro propuestas de veto al proyecto de
ley y 269 enmiendas que paso a detallar: propuesta de veto número 1, de
los senadores Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal
Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; propuesta de veto número 2, de
la senadora Ester Capella, del Grupo Parlamentario Mixto; propuesta de
veto número 3, del senador don Alberto Unamunzaga, del Grupo
Parlamentario Mixto; y propuesta de veto número 4, de los senadores Jordi
Guillot y Joan Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya. Enmiendas: de la 1 a la 53, de los senadores don José Enrique
Iglesias Fernández y don José Manuel Mariscal, del Grupo Parlamentario
Mixto; de la 54 a la 61, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; de
la 62 a la 70, del senador Unamunzaga, del Grupo Parlamentario Mixto; de
la 71 a la 165, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya;
de la 166 a la 203, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; de la 204 a la 237, del Grupo Parlamentario
Socialista; y de la 238 a la 269, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado. Las enmiendas números 156, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya, 212, del Grupo Parlamentario Socialista, y 265, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, han sido retiradas.

La comisión, en su sesión del día 8 de octubre de 2013,
designó a los siguientes ponentes: al senador Bildarratz, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado; al senador Martí, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; al senador Antich, del
Grupo Parlamentario Socialista; a don Antonio Julián Rodríguez Esquerdo,
del Grupo Parlamentario Socialista; y a doña María Rosa Vindel y a doña
Elena Nevado, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Por los
Grupos Parlamentarios Catalán en el Senado Convergència i Unió y Mixto
fueron ponentes la senadora Rieradevall y el senador Unamunzaga,
respectivamente. La ponencia emitió un informe la pasada semana, es decir
el día 13 de noviembre de 2013, y aceptó los siguientes acuerdos:
primero, se incorporan por mayoría las enmiendas 238, 239, 241 a 264 y
266 a 269, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y es objeto de
una corrección la enmienda número 269. Segundo, se incorpora por
unanimidad la enmienda 218, del Grupo Parlamentario Socialista. Tercero,
se incorporan por mayoría las siguientes enmiendas: 159, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, coincidente con la
enmienda número 230, del Grupo Parlamentario Socialista; la 160, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, coincidente con la
231, del Grupo Parlamentario Socialista; y la 161, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, coincidente con la
enmienda número 232, del Grupo Parlamentario Socialista, con una
corrección. Cuarto, se incorporan por mayoría una serie de correcciones
técnicas para subsanar distintos errores terminológicos y gramaticales
que afectan a distintas disposiciones y artículos del presente proyecto
de ley. Quinto, se incorpora por mayoría una enmienda transaccional al
artículo 3 b) del proyecto de ley, sobre la base de las enmiendas 240,
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y 166, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió. Se incorpora,
asimismo por mayoría, una modificación del artículo 5.4 del proyecto de
ley y una corrección al artículo 8.1 h).

La comisión dictaminó el proyecto de ley el día 30, como he
dicho antes, y aceptó como dictamen el informe de la ponencia.

Por último, para su debate ante el presente Pleno, se han
formulado nueve votos particulares. El número 1, del Grupo Parlamentario
Socialista, correspondiente a las enmiendas 204 a 211, 213 a 217, 219 a
229 y 233 a 237, y la solicitud de vuelta al texto remitido por el
Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda 269 del Grupo
Parlamentario Popular. El número 2, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió, correspondiente a las enmiendas 167 a 203. El
número 3, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, correspondiente a
las enmiendas 54 a 61. El número 4, del Grupo Parlamentario Mixto,
correspondiente a las propuestas de veto 1 y 3 y a las enmiendas 1 a 53 y
62 a 70. El número 5, de la señora Capella, del Grupo Parlamentario
Mixto, correspondiente a la propuesta de veto número 2. El número 6,
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, correspondiente a la
vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo
modificado por la enmienda 269 del Grupo Parlamentario Popular. El número
7, de los señores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa,
corresponde a la propuesta de veto número 4. El número 8, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, correspondiente a las
enmiendas 142 a 155, 157 y 158, y 162 a 165. Por último, el

número 9, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya, correspondiente a las enmiendas 71 a 123.

Con estas palabras creo haber resumido la tramitación que
se ha llevado a cabo en la Comisión Constitucional hasta la fecha. Solo
me queda manifestar —y creo interpretar el sentir de todos los
miembros de la comisión— nuestro agradecimiento a la letrada doña
Paloma Martínez Santamaría, por su trabajo en la comisión.

Muchísimas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Piñeiro.

Entramos en el debate de las propuestas de veto.

En primer lugar, propuesta de veto número 1, presentada por
los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto. Para la
defensa de esta propuesta de veto, tiene la palabra el senador
Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.

Señorías, muy buenas tardes. Nos espera una tarde larga de
trabajo, que espero que sea provechoso para todos nosotros y nosotras, y
sobre todo para las personas que esperan que salgan de aquí dos proyectos
de ley importantes.

El primero es el de transparencia, al que Izquierda Unida
ha presentado un veto, porque nos parece que habría que rehacer la ley
completamente; y paso a decir por qué nos parece que debe ser así, que
habría que devolver al Congreso de los Diputados este proyecto de ley. Un
proyecto de ley muy publicitado, muy anunciado; pero tan tergiversado
durante su elaboración, como publicitado y anunciado, porque, al final,
ha quedado en un bluf que no cumple con los principios fundamentales que
debería tener una ley que garantice el derecho a saber. Permítanme
fijarme en los diez principios básicos que la Coalición Pro Acceso ha
elaborado, en función del derecho internacional, de los derechos humanos
de las Naciones Unidas, y de la Carta de la Unión Europea. Primero: el
derecho de acceso a la información es un derecho fundamental de toda
persona; segundo: el derecho se aplica a todas las entidades públicas, a
todos los poderes del Estado y a todas aquellas entidades privadas que
realicen funciones públicas; tercero: el derecho de acceso a la
información se aplica a toda la información; a toda la información
elaborada, recibida o en posesión de las entidades públicas, sin importar
cómo esté almacenada; cuarto: realizar solicitudes debe ser sencillo,
rápido y gratuito; quinto: los funcionarios tienen la obligación de
ayudar a los solicitantes; sexto: el principio de publicidad de la
información, el secreto y la denegación de la información son la
excepción; séptimo: las denegaciones de acceso a la información deben ser
limitadas y estar debidamente motivadas; octavo: toda persona tiene el
derecho a recurrir las denegaciones de acceso o la no contestación a las
solicitudes realizadas; noveno: las entidades públicas a iniciativa
propia deben poner a disposición del público información básica y
esencial, sin que sea necesario realizar una solicitud; y décimo: el
derecho de acceso a la información debe ser garantizado por un órgano
independiente. Pues bien, señorías, de estos diez principios
fundamentales; esta ley cumple uno y medio; esto es lo que vamos a tratar
de demostrar.

Estamos en un momento de alejamiento de la ciudadanía de la
política, de desafección política de la ciudadanía —no es cuestión
de debatirlo ahora, pero sí hay que mencionarlo—, producto, desde
nuestro punto de vista, de lo que ha sucedido durante todos estos años;
especialmente, de lo que tiene que ver con la corrupción de los poderes
del Estado a todos los niveles; ninguna institución del Estado está ya
libre de sospecha. Incluso la Corona, una institución que parecía a salvo
de toda sospecha, aparece cada vez más evidentemente implicada en
diversas cuestiones que tienen que ver con el uso de dinero público para
intereses personales. Tarde o temprano, habrá que llegar a la conclusión
de que uno de los elementos que corrija el agotamiento del modelo emanado
de la Transición en nuestro país —que quizá empezó hoy hace treinta
y ocho años— debe basarse en la recuperación de la democracia de
una forma más participativa y con una mayor implicación de la
ciudadanía.

Pero para participar, señorías, hay que saber, y hay que
reconocer el derecho a saber. Para decidir hay que saber, y hay que
reconocer el derecho a saber. Para opinar, para expresarnos, hay que
reconocer el derecho a saber. La opacidad, el oscurantismo, el
secretismo, elementos que forman parte, no sé si sociológica e incluso
casi antropológica, de la sociedad española, deben ser superados de una
vez por todas. Y esta ley, que llega tarde, llega también mal y, tal como
se

concreta, no solamente no viene a solucionar absolutamente
nada, sino que plasma de nuevo la enorme distancia que hay entre los
hechos y la propaganda. Esto es lo que debatimos hoy en el Senado.

El veto que hemos presentado los senadores de Izquierda
Unida es suficientemente extenso y se lo habrán podido estudiar en
profundidad los que hayan tenido ocasión de leerlo; pero, por priorizar,
me gustaría referirme a alguno de los puntos. En primer lugar, el derecho
de acceso a la información como derecho fundamental, una petición que
coincide con el proceso que se ha organizado en el Estado español, que
coaliga a numerosos colectivos, organizaciones y movimientos sociales que
están preocupados por la calidad de nuestra democracia y cuyas propuestas
deben ser escuchadas y atendidas; muchas de ellas son la motivación de
nuestro veto, y estamos absolutamente de acuerdo con ellas. En concreto,
con el hecho de que esta ley debería ser una ley orgánica, ya que debería
estar regulando un derecho fundamental: el derecho a la información, el
derecho a saber, ligado en nuestro caso claramente, según las Naciones
Unidas, a la libertad de expresión y a la capacidad de opinión. Si no, el
orden de prioridad en caso de choque entre esta ley y la Ley Orgánica de
Protección de Datos, será siempre favorable a la Ley Orgánica de
Protección de Datos. Y nos podemos encontrar con la contradicción de que,
por un lado, la Ley de transparencia garantice el acceso a determinadas
informaciones nuestras, sobre nosotros y nosotras, sobre las señorías que
estamos en esta Cámara Alta o sobre las que están en la Cámara Baja, y
que, sin embargo, por la Ley Orgánica de Protección de Datos, no puedan
ser, efectivamente, procesadas, aun cuando pueda tratarse de
informaciones relevantes para la opinión pública a la hora de tomar
determinadas decisiones que también afecten a la utilización o uso del
dinero público y, en definitiva, del poder. Por eso insistimos en pedir
en este veto la regulación por medio de una ley orgánica.

Otro punto de interés del veto es la publicación proactiva.
El proyecto prevé que hay cierto tipo de información que debería hacerse
pública en cualquier caso, aunque nadie la solicite. Nosotros creemos que
es necesario —y lo expresamos también en nuestras enmiendas—
un listado de la información que puede estar disponible para la
ciudadanía, para facilitar así su petición. Algo tan sencillo como la
formulación de un inventario de bienes de los organismos públicos y del
patrimonio de los organismos públicos existentes en España; y esta ley no
obliga a hacerlo.

Otra cuestión: las exclusiones; las exclusiones de este
derecho a saber; la distancia que se establece en el texto entre aquellas
instituciones de primera división —la Casa Real, la Cámara Alta, la
Cámara Baja, el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas— y
las demás instituciones de nuestro país.

Especialmente lamentable, señorías, nos parece que se haya
seguido un cauce tan poco transparente en ese acuerdo —a lo mejor
podríamos conocer en este momento de primera mano en qué consistió—
entre la propaganda que se ha venido haciendo de que la Casa Real estaba
preocupada, e incluso era sujeto activo para que esta ley saliera
adelante, y el doble filtro con que finalmente nos encontramos en la ley:
incluso el secretario general de la Presidencia va a tener capacidad de
decidir cuál es la información que se le puede solicitar a la Casa Real.
Los defensores de este texto nos dirán en esta tribuna que esta ley nos
pone a la vanguardia de Europa, con no sé cuántos años de retraso, en
cuanto a acceso a la información. Pero saben ustedes, señorías, que en
Europa, donde aún quedan casas reales, la ciudadanía conoce en qué se
gasta la Casa Real cada céntimo de dinero público que se le destina.
Claro, se trata del máximo funcionario del Estado; y no parece
transparente que no nos digan cuál es la distribución del gasto, del
dinero público, del erario público, de los Presupuestos Generales del
Estado que va destinado a la Casa Real; o que no sepamos en qué se gasta
exactamente, cómo se reparte se dinero; o cómo afrontan sus enormes
dificultades económicas las infantas, que se tienen que ir a vivir de
alquiler; o cómo afronta el gasto el príncipe heredero de la Corona del
Estado español; o —algo que también me parece muy importante—
con quién se ve y para qué el jefe del Estado, con quién se reúne y con
qué objetivo y que saca a cambio. Para poder eliminar las sospechas, para
poder disipar los rumores, lo que hace falta, señorías, es transparencia.
Este país ha sido descrito por muchos foráneos que nos han estudiado,
desde Washington Irving hasta ahora, como un país de cotillas. Claro, el
cotilleo se basa en la ausencia de transparencia. Con transparencia, se
acabaron los cotilleos, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Los rumores surgen,
y pueden ser ciertos, o no; incluso, podrían ser susceptibles de ser
llevados ante los tribunales.

Pero como no podemos saber, como no podemos conocer, es
absolutamente imposible. Y luego aparecen las instituciones, con su
supuesta independencia, para decirnos que determinadas acciones no son
objeto de procesamiento, como hemos podido comprobar durante las últimas
semanas con la negativa a implicar directamente a la infanta en un asunto
que huele mal. Bueno, pues estos son algunos de los elementos que nos
gustaría que se incluyeran en esta ley, y que dan justificación a nuestro
veto.

Por otra parte, regular el silencio administrativo y
disponer cuándo debería establecerse el silencio positivo. ¿Saben que el
50% de las solicitudes de información no reciben respuesta? Además, la
independencia del órgano de supervisión no está garantizada en absoluto
—depende del Ministerio de Hacienda—. Por lo visto, según el
texto, nos vamos a reunir aquí en una comisión y vamos a elegir entre
todos a un representante, e igualmente en el Congreso de los Diputados.
Tampoco se recoge ni se especifica el formato en que se suministrará la
información que sea solicitada.

Por último, algo muy importante: hay que romper con la
cultura del secretismo y del cotilleo en nuestro país. Para eso hace
falta una actitud proactiva de las instituciones a la hora de promover el
derecho de la ciudadanía a solicitar información y conocer lo que
establece esta ley u otra más desarrollada —la que, desde nuestro
de vista, debería ser la que estuviera aquí a debate ahora mismo—.
Y algo más: formar a los empleados públicos y conseguir que la
ciudadanía, a través de la educación y la difusión, conozca que tiene
derecho a saber.

Como, desde nuestro punto de vista, todo esto no figura en
esta ley, creemos que se ha perdido una oportunidad de oro para poner a
nuestro país, a España, a la altura, como bien dicen ustedes, de los
países de nuestro entorno. No solo no es así, sino España sigue en la
segunda…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MARISCAL CIFUENTES: …división democrática de
la Unión Europea, y este proyecto de ley sigue avalando lo que acabo de
decir.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.

Propuesta de veto número 2, presentada por la senadora
Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Senadores, senadoras, buenas
tardes.

Cuando hablamos de transparencia, nos referimos a algún
material que permite que pase la luz; y cuando hablamos de esta ley,
pretendemos que deje adivinar lo que hay detrás de cada cosa, que no se
oculte nada, y que esté directamente vinculada con el derecho a saber; a
saber todo de todo, lo que esconde o hay detrás de nuestras distintas
instituciones.

¿A quién beneficia la transparencia? Nos beneficia a todos:
a la ciudadanía —de la que nosotros formamos parte—, a la
política y a la democracia. Las leyes de transparencia, y en concreto
este proyecto de ley, deberían estar directamente vinculadas a la calidad
democrática de nuestras instituciones, plenamente transparente, lo que en
definitiva beneficiaría también a nuestra democracia. Una ley así genera
confianza en la ciudadanía, la hace partícipe de los asuntos públicos y,
en consecuencia, genera afección, que quiere decir participación y
recuperación, en consecuencia, del vínculo que debería existir entre
partidos políticos, Administración, instituciones y ciudadanía. Pero una
vez más, tarde y mal, como siempre. Podían haber intentado salvar los
muebles, pero ni por esas. Ya nos tienen acostumbrados a esta manera de
legislar, que seguramente es para quedar bien. Seguro que ustedes se han
visto obligados a presentar este proyecto de ley, forzados por la
coyuntura de corrupción —y en esto no les miro únicamente a
ustedes—. Seguro que este es un proyecto que viene forzado por el
malestar en la calle.

Me gustaría entenderles y ver en este proyecto de ley
motivos para que Esquerra Republicana pudiera retirar el veto y votarlo a
favor. Pero ni por esas: tampoco en este caso han sido demasiado
generosos en la aceptación de enmiendas de otros grupos; tampoco la
propuesta que presentó Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso
de los Diputados, la enmienda a la totalidad con texto alternativo, en el
que dibujamos qué modelo de transparencia y buen gobierno

pretendemos. Seguramente, ese modelo sí nos permitiría
estar al nivel de los demás países de la Unión Europea. En este caso, y a
pesar de algunas mejoras que se han incorporado en el trámite del Senado
respecto al texto del Congreso, el proyecto de ley continúa siendo opaco;
seguramente, en lo opaco ustedes se mueven o se sienten mejor.

El proyecto de ley era necesario, es oportuno, pero no lo
es en los términos actuales, y no nos sitúa en el nivel de la Europa de
primera, sino que nos vuelve a alejar, o les vuelve a alejar a ustedes,
de Europa. Ya digo que Esquerra Republicana presentó un texto
alternativo, pero también fuimos los que presentamos una propuesta de
resolución, que fue aprobada por unanimidad, en el Debate del estado de
la nación en el año 2010: pretendíamos que se presentase un proyecto de
ley, pero no este.

Voy a detallar los motivos de nuestro veto y cuál era el
modelo de ley que nosotros pretendíamos. Cuando hablamos de
transparencia, nosotros hablamos de derecho de acceso a la información
como derecho fundamental. Cualquiera que gestione o reciba dinero público
debe dar explicaciones sobre el destino de este, también la Casa Real o
la Iglesia o cualquier otra fe religiosa. Y no solo debe hacerlo
garantizando la información, sino que también debe estar obligado a
comparecer ante el Congreso y el Senado para ser fiscalizado.
Evidentemente, existen límites al derecho de acceso a la información, los
que marca la Constitución. Las limitaciones que el proyecto de ley del
Gobierno prevé son tantas, que más que una ley de transparencia, se trata
de una ley de opacidad. La transparencia debe ser activa. Deberíamos
estar obligados a mantener una transparencia activa; debería estarlo la
Administración Pública, incluyendo todas sus empresas y organismos,
aquellas otras empresas con una participación pública mayor al 10% y las
empresas contratadas o subcontratadas por la Administración. Además, la
transparencia activa no debe incluir únicamente la información básica del
organismo —organigrama, funciones, normativas, servicios,
patrimonio—, sino también la información económico-presupuestaria:
sobre los concursos, los contratos y las subcontrataciones, así como
quién ostenta las acciones de estas empresas de subcontratación, y
especialmente las modificaciones presupuestarias y económicas en la
ejecución de los proyectos y los posibles incumplimientos. Asimismo,
deberían ser incorporados en esta información pública los currículos, las
agendas, los salarios, las remuneraciones, las dietas e indemnizaciones
recibidas por los altos cargos. Especialmente, sería interesante que
existiese la transparencia presupuestaria, que obliga a que los
Presupuestos Generales del Estado tengan una página web en la que se
enlace hasta la última factura de gasto de estos, salvo las excepciones
de las que antes hablábamos

La Administración debería crear una base de datos donde las
personas físicas o jurídicas puedan registrar, con un correo electrónico,
que desean recibir la información que se haga pública sobre su persona o
sobre un tema que le interese realizada por un determinado organismo. Al
margen de las obligaciones genéricas de transparencia activa que toda la
Administración pública ha de tener, algunos organismos han de dar una
cierta información concreta. Por ejemplo, sobre las balanzas fiscales o
información estadística comprometida con los organismos internacionales o
sobre los derechos económicos y sociales para evaluar la vulneración de
las personas más desfavorecidas o cualquier proyecto de norma legal,
anteproyecto de ley, proyecto, decreto, reglamentos, en el momento en el
que sea trasladado a cualquier otro órgano público o privado. La
Administración ha de dar esta información para que se pueda contrarrestar
su opinión; es decir, si hay una reforma en el sector eléctrico en el
momento en el que el anteproyecto se presente al Consejo de Estado o a
otro organismo público, se ha de hacer público para que la compañía
eléctrica pueda contrastar su opinión.

El silencio, positivo. A él se refería antes mi compañero
del Grupo Mixto, el señor Mariscal, de Izquierda Unida. Efectivamente: el
silencio, positivo.

Austeridad y buen gobierno. En cuanto a austeridad, los
representantes políticos somos servidores públicos y no debemos ostentar
ni tener privilegios. Los espacios y medios públicos que sean de uso
exclusivo y/o privilegiado deben estar claramente regulados. Asimismo,
los viajes oficiales, los regalos, convites o ceremonias institucionales
deben ser justificados y excepcionales y, en consecuencia, autorizados y
fiscalizados por las Cámaras. Con el proyecto alternativo a la ley
presentada pretendíamos aplicar al Gobierno, autoridades y altos cargos
la austeridad que, dada la situación actual y la normativa que se está
aplicando, han predicado.

Otra fórmula de austeridad que nosotros planteábamos en
este proyecto de ley es la imposibilidad de percibir dos o más
retribuciones u otros ingresos públicos, la eliminación de las dietas, la
imposibilidad de concurrir a muchos consejos de administración y el cobro
de dietas por ello, y que no puedan ser acumulados —como
decía— dos ingresos públicos.

El buen gobierno. Lo primero que debería hacer cualquier
buen gobierno sería cumplir con las promesas electorales. Esquerra
Republicana entiende la obligación del buen gobierno y que los
parlamentarios cumplan con aquellos compromisos electorales para con la
ciudadanía. En relación con la Agencia de la transparencia y el buen
gobierno, evidentemente, esta debería ser objetiva, totalmente
desvinculada del Gobierno y, de nuevo, ustedes incorporan en este
proyecto de ley la dependencia de este órgano directamente de uno de los
ministerios. Se repite sistemáticamente en todos aquellos órganos que
deberían ser independientes porque, en definitiva, han de velar por la
objetividad y, por tanto, han de controlar. Se vuelve a repetir el
esquema muy suyo de control directo y en este caso siempre del
omnipotente y omnipresente Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.

Finalmente, nosotros, en el proyecto alternativo que
habíamos presentado al Congreso de los Diputados, planteábamos la
necesidad de que, mediante ley, se regulasen los lobbys. Es cierto que el
proyecto de ley que ha llegado del Congreso al Senado ha sido mejorado
respecto del que inicialmente entró en el Congreso, pero las excepciones
y límites de la ley continúan siendo tantos, tan amplios y ambiguos que
en el fondo para nosotros, para Esquerra Republicana de Cataluña, sigue
siendo —como decía con anterioridad— una ley de opacidad y no
de transparencia.

Estos han sido básicamente, aunque existen más, los motivos
que nos han llevado a plantear este veto en el Senado. Además, en
atención a la escasa o nula modificación que se va a producir en el
proyecto que ya se está debatiendo en el Senado, les anticipo que, mal
que nos pese, nuestro voto será contrario al proyecto de ley que plantea
el Gobierno del Estado, y nos pesa de verdad porque, en definitiva, como
antes recordaba, nosotros fuimos los que planteamos en el debate del
estado de la nación la posibilidad de elaborar una Ley de
transparencia.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

La propuesta de veto número 3 ha sido presentada por el
señor Unamunzaga, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para su defensa, tiene su señoría la palabra.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Muchas gracias, señor
presidente. Arratsalde on. Buenas tardes.

Voy a repetir una serie de argumentos que me parece que son
coincidentes con los compañeros y compañeras del Grupo Parlamentario
Mixto porque, realmente, en los distintos vetos que se han presentado
también se repiten.

Además, es necesario hacer una serie de consideraciones
iniciales sobre el texto de la Ley de transparencia que ha llegado a esta
Cámara. Quiero decir, en primer lugar y con total claridad, que del texto
que propuso inicialmente el Gobierno al actual, el que tenemos entre
manos en este momento, se han producido una serie de cambios positivos, y
este es un hecho innegable. También quiero decir que, aunque destacando
expresamente ―y lo quiero señalar desde esta tribuna― el
papel jugado en la tramitación de esta ley por los representantes del
partido que sustenta al Gobierno en el Senado, el Grupo Parlamentario
Popular, así como su actitud y disposición, al final no se ha incorporado
al texto ninguna de las aportaciones de Amaiur ni en el Congreso ni en el
Senado y, desde luego, creo que es una auténtica lástima. Considero que
es una lástima porque las enmiendas que hemos presentado podrían haber
sido admisibles como propuestas de mejora del texto. Son mejoras y
aportaciones a una ley que procuran el carácter expansivo en su
redacción, buscando el ser ambiciosos en la elaboración de esta ley, cuya
importancia compartimos porque debería dar una respuesta contundente, en
un momento clave, sobre un tema ante el que la ciudadanía demanda un paso
adelante firme y decidido por parte de los partidos políticos.

He de señalar que mi grupo ha presentado tanto en el
Congreso como en el Senado, respectivamente, una enmienda de totalidad y
un veto a este Proyecto de Ley de transparencia. En el veto que estoy
defendiendo en este momento se ponen de manifiesto varias deficiencias
que consideramos importantes y precisamente para paliar estas
deficiencias hemos presentado

también una serie de enmiendas parciales que están
centradas y afectan a diferentes elementos que se constituyen como
troncales y fundamentales de esta nueva ley.

Les debo reconocer que, inicialmente, y al examinar el
proyecto del Gobierno, el Proyecto de Ley de transparencia respondía a un
buen título, a un título atractivo, a un título sugerente, pero que, una
vez examinado el articulado, nuestra consideración es que este no daba
respuesta plena a ese título y que, al final, nos quedábamos ante un
cartel que, en cierta forma, estaba vacío de contenido, tanto por el
objeto que se establecía en la propia ley como por los elementos
sometidos a la transparencia, así como por el alcance de todas las
instituciones o sujetos que podían verse afectados por esta ley.

Tal y como he comentado antes, es cierto que durante la
tramitación parlamentaria se han producido indudables avances en este
sentido, pero consideramos que el resultado final que tenemos hoy delante
no es todo lo ambicioso que debería ser. Así pues, consideramos que tiene
una serie de carencias importantes y, entre otras, quiero destacar una
primera que se configura como uno de los elementos que es primordial para
nosotros en la actual redacción de esta ley, que no es otro que el hecho
de no respetar el ámbito competencial y el ámbito de soberanía de nuestro
país, de Euskal Herria. No lo respeta porque todos consideramos que las
competencias de instituciones vascas sobre la base de la propia
disposición adicional del texto constitucional deberían quedar salvadas,
así como su ámbito de decisión. Este es un elemento que se contempla en
nuestras enmiendas: salvaguardar los ámbitos de soberanía vasca, que son
limitados pero que se están ejerciendo en la actualidad.

Otro elemento que consideramos importante a la hora de
facilitar el acceso a la información pública es que este acceso tiene que
estar abierto lo máximo posible y, desde nuestro punto de vista, en
varios de los artículos de la ley se ponen tantas pegas y tantas
limitaciones a los elementos que son objeto de acceso por parte de los
ciudadanos, que lo limitan de forma considerable.

Pensamos que se siguen produciendo restricciones en el
derecho al acceso a la información mediante conceptos genéricos e
indeterminados que permiten dejar en papel mojado esta ley si no hay
realmente voluntad política. Me estoy refiriendo a términos genéricos
como son el de seguridad nacional, los intereses económicos y
comerciales, la política económica y monetaria, la protección al medio
ambiente, etcétera; términos que se configuran al final como cajones de
sastre en los que puede entrar todo o no puede entrar nada.

Ante este hecho, y vista la experiencia histórica,
coincidirán conmigo que los Gobiernos ―cualquier tipo de Gobierno y
esté quien esté en el Gobierno― suelen tender a utilizarlos con
carácter expansivo y a restringir el derecho a la información. Por eso,
pensamos que ese capítulo tiene que ser muy explícito y que tienen que
ser muy restrictivos los puntos que limiten ese derecho de acceso a la
información.

A este elemento quiero unir otro que para nosotros también
es fundamental: el silencio administrativo negativo. Este silencio
administrativo negativo, recogido en la redacción actual de la ley, en la
práctica supone una limitación importante en ese acceso por parte de los
ciudadanos a la información. Y este también es un elemento fundamental,
porque hace inviable un buen sistema de transparencia.

Las estadísticas a este respecto son claras, tal y como se
ha dicho antes en esta misma tribuna. En el Estado español,
aproximadamente el 50% de las solicitudes de información acaban en
silencio administrativo. Y ese es el motivo por el que afirmamos que
optar por un silencio administrativo negativo hace inviable un buen
sistema de transparencia; a nuestro entender, una piedra de toque de cara
a garantizar un ejercicio de la transparencia real en esta ley sería
recoger el silencio administrativo positivo, es decir, que si la
Administración no contesta, prevalece ese derecho a la información.
Afirmamos esto porque, si no se da esta circunstancia en la presente ley,
en la práctica el silencio administrativo negativo se va a constituir en
un elemento que va a contribuir a la no transparencia. Y es que,
señorías, este es otro de los aspectos que para nosotros es troncal y
fundamental en esta ley, porque es precisamente un elemento que, en el
caso de incluirse, daría la garantía de que realmente estamos ante una
ley de transparencia integral y realmente ambiciosa.

Otro aspecto fundamental que consideramos que se ha de
modificar, aunque las enmiendas que se han introducido en este sentido
reconocemos que suponen un avance, es el apartado

referido a los órganos que deben controlar y garantizar la
transparencia hacia los ciudadanos. Pensamos que la redacción actual de
esta ley no garantiza la neutralidad real y efectiva a los órganos que
deben controlar y garantizar la transparencia hacia los ciudadanos y
ciudadanas. Nosotros ya planteamos en el Congreso un método diferente de
control de la transparencia; pensamos que, entre otros aspectos, se tenía
que haber ido a unas mayorías cualificadas amplias para el nombramiento
de los responsables que garantizasen la neutralidad. Proponíamos los dos
tercios, porque con el actual sistema planteado y en el caso de que se dé
una mayoría absoluta, como ocurre hoy en día, indudablemente se limita la
neutralidad de cualquier institución. Y pensamos que a la hora de abordar
la transparencia era fundamental garantizar esa neutralidad con una
mayoría cualificada de dos tercios y no dejarla al albur de las mayorías
absolutas. Creemos en la necesidad de imponer un consenso amplio para
garantizar la transparencia.

También quiero añadir que nosotros ya considerábamos con
nuestras enmiendas en el Congreso que esos órganos no deben depender del
Gobierno directamente, sino de un órgano más neutral. Nuestra propuesta
es que dependan del Parlamento y que realmente sea un órgano neutral que
esté por encima de las coyunturas electorales, por encima de las mayorías
coyunturales, sean estas absolutas o relativas. Este es otro elemento que
también es importante y que planteábamos como enmienda parcial a esta
ley.

Finalmente, nos parece fundamental que haya un sistema de
penalización para el no cumplimiento con las obligaciones de la Ley de
transparencia, un sistema de penalización no solo para el ámbito
administrativo, sino también para el resto de los ámbitos. Es un ejemplo
importante, y quizá podíamos tomar como referencia otros ámbitos
legislativos donde ya hay experiencias que posibilitan garantizar que esa
transparencia anunciada en la ley se dé de verdad.

Señorías, este es realmente el espíritu de todas nuestras
enmiendas: garantizar la transparencia. A todo lo anterior sí queremos
sumar otro aspecto más que consideramos significativo que no es otro que
el método de acceso a la información. Pensamos que todas las
administraciones públicas tienen que hacer un esfuerzo importante a la
hora de facilitar que los formatos sean de acceso libre, que sean
formatos abiertos. Me refiero con esto a que los formatos no estén
sometidos a determinadas marcas de software o a determinados grupos
empresariales.

Creemos que es un derecho de los ciudadanos poder escoger
el sistema, el vehículo de comunicación con la Administración y, en
concreto, el formato de acceso a dicha información. Ante este derecho
creemos precisamente que la Administración debe facilitar que todos los
formatos estén disponibles, que todos los formatos estén a disposición
del ciudadano para que este pueda elegir cualquiera. A nuestro entender,
debería reflejarse en esta ley un compromiso del Gobierno con los
sistemas de código abierto. Y este compromiso, aparte de suponer un
ahorro muy importante para las arcas del Estado, conllevaría una garantía
en el acceso a la información y en la igualdad de oportunidades de todos
los ciudadanos en el acceso a la información. En definitiva, este es otro
de los elementos que contemplamos en nuestras enmiendas para que lo que
se denomina como software de código abierto esté presente también en la
Ley de transparencia, porque consideramos que es otra de las garantías
fundamentales de la transparencia.

Todos los razonamientos realizados anteriormente los
hacemos porque creemos que la Ley de transparencia —en eso me
consta que estamos de acuerdo con el grupo mayoritario— tiene que
ser un elemento fundamental en un Estado de derecho democrático. Y, tal y
como ya he señalado antes, en la actual coyuntura del Estado español es
especialmente importante que la Ley de transparencia sea una ley real,
una ley efectiva, una ley que corresponda a la realidad que exige la
ciudadanía. Porque tenemos que dar pasos para que se recoja el derecho a
la información de los ciudadanos, un derecho que está basado en la
transparencia. Por todas estas razones estamos en contra de este
proyecto, presentamos la enmienda a la totalidad y seguimos manteniendo
nuestras enmiendas parciales que consideramos fundamentales para
garantizar, insisto, la transparencia de un Estado de derecho democrático
y para superar la actual coyuntura. Y todo ello —lo vuelvo a
repetir— a pesar de reconocer las mejoras que indudablemente se han
avanzado, pero pensamos que siguen siendo insuficientes. La
transparencia, sobre todo en los momentos en los que estamos, en la
actual coyuntura política, tiene que ser total. Y si hay que pasarse, que
sea por más y no por menos, porque la sociedad, la ciudadanía, lo está
exigiendo ahora.

En resumen, pensamos que la transparencia es algo
fundamental desde el punto de vista de la necesidad de hacer política de
otra manera. Propugnamos cambiar la cultura democrática y

hacer política de otra manera y, desde ese punto de vista,
aunque esta ley da pasos en ese sentido, consideramos que el texto
resultante continúa siendo insuficiente.

Mila esker. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Unamunzaga.

La propuesta de veto número 4 ha sido presentada por los
senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señorías, el senador Saura y yo presentamos este veto por
dos razones fundamentales. La primera es por constatar que desde la fecha
en que se presenta la primera propuesta de este proyecto de ley, a día de
hoy todo lo que la ley quiere corregir ha empeorado. Las actuaciones del
Gobierno del Partido Popular y de Mariano Rajoy van en un sentido
totalmente contrario a lo anunciado. Y la segunda razón es por las
insuficiencias propias de esta ley que nos propone el Partido Popular.
Como no podía ser de otra manera, conocida y padecida la cultura política
del PP, esta ley es una respuesta parcial y limitada a una amplia
reivindicación de la ciudadanía que quiere una política mejor y al
servicio de los intereses de la mayoría.

Señorías, la crisis económica ha profundizado la crisis
política que vive España, pero no la ha creado ni la va a solucionar.
Hago esta afirmación frente a aquellos que creen que cuando se solucione
la crisis económica todo va a volver a la normalidad. Esto no va a ser
así. Este pensamiento conservador es erróneo. Cuando se resuelvan los
problemas económicos, seguirán los políticos.

La corrupción tampoco es la causa de esta crisis política,
sino el efecto de un sistema político basado en la convergencia entre el
dinero y el poder político espoleado por la especulación.

Señorías, la falta de propuestas para una salida justa de
la crisis económica; los sacrificios que soporta la mayoría por culpa de
los intereses de unos pocos; la impunidad de la que gozan los principales
responsables de la crisis, especialmente los banqueros; la paradoja de
que se puedan rescatar entidades financieras y no las personas; y la
acumulación de los casos de corrupción están colocando a la democracia
española en un callejón sin salida. Corrupción y desigualdad son el caldo
de cultivo, no lo olviden, perfecto para el populismo y el
autoritarismo.

Señorías, el régimen que sale de la transición está
agotado. La pregunta es si es posible afrontar con garantías los
problemas del Estado y las reformas y cambios que exige la solución de
esos problemas en esa situación. Yo creo que no. Es imprescindible sentar
las bases que permitan abrir un nuevo proceso constituyente para resolver
los defectos y las insuficiencias de nuestro sistema democrático y
hacerlo con una mirada del siglo XXI. Seguramente la primera ley a
modificar debería ser la ley electoral, reforma legislativa ausente en
las propuestas de los dos grandes partidos, PP y PSOE, que hasta el
momento han articulado el escenario político en la misma alternancia.

Tenemos un grave problema de credibilidad. Los políticos
somos mayoritariamente percibidos más como una élite extractiva que como
servidores públicos. España adolece de un grave problema de cultura
democrática. Seguramente el problema viene de lejos: los vicios de la
restauración, la misma dictadura, pero tampoco con la democracia hemos
dado pasos significativos para avanzar en una cultura política inspirada
en el principio weberiano de que en política el principio de
responsabilidad es un principio ético.

La historia de la política española es la historia de una
clase política, mejor dicho, de una casta asentada desde siempre sobre el
Estado; una casta que ha utilizado las instituciones para su provecho
exclusivo, llegando a la corrupción más desvergonzada; una casta que ha
carecido siempre de un proyecto de España inclusivo. Hemos llegado al
extremo de que se ve la corrupción como algo consustancial a nuestro
sistema político. Es verdad que corruptos son pocos, pero es más verdad
que son demasiados los que no afrontan estos casos con firmeza y
decisión, porque, señorías, tantas veces y muchos escándalos no importa
si es delito o no, o si este ha prescrito, o que infringir la ley de
incompatibilidades no sea una cuestión penal, son comportamientos
políticos inadmisibles que inhabilitan a quienes los hacen y también a
quienes los justifican. Una casta que se autoprotege genera siempre
desconfianza entre la ciudadanía. Qué mejor ejemplo de autoprotección que
cuarenta y cinco diputados de la Comunidad Valenciana del Partido Popular

pidan un indulto para un exalcalde condenado por
corrupción. Así, señorías, funcionan las castas. (Aplausos.)

El 23 de marzo de 2012 el Gobierno aprobó el texto inicial
de este proyecto de ley. En su defensa, la vicepresidenta del Gobierno
afirmaba: es urgente e inaplazable restablecer la salud institucional de
nuestro país. ¿Qué ha pasado en estos casi veinte meses? Se multiplican
los escándalos, los últimos por las privatizaciones amañadas de la
sanidad en la Comunidad de Madrid. Aún no ha llegado el momento o el día
que alguien se explique sobre el caso Gürtel, el caso Millet o pongan
ustedes nombre al caso que quieran.

En un ejercicio de transparencia el PP elige a un
presidente del Tribunal Constitucional que se olvida de decir que es
militante del PP. La ocupación de las instituciones y su manipulación
—valga como ejemplo Radiotelevisión Española—. El control del
Poder Judicial. Los procesos de recentralización; tanto en el debate del
proyecto de la LOMCE como en el de la unidad de mercado volveremos a
hablar de ese proceso de recentralización. Y nunca nadie encuentra el
momento para dimitir. En este país nunca nadie dimite, ha pasado lo que
ha pasado y no conocemos de ninguna dimisión. Y como paradigma de
transparencia, de buen hacer y de buen gobierno, la gestión torticera del
Partido Popular con las dos ILP admitidas a trámite en esta legislatura,
especialmente la presentada para frenar los desahucios. Señorías, si el
único instrumento real de participación ciudadana en el impulso
legislativo —la iniciativa legislativa popular— sufre este
tipo de manipulación, ¿qué márgenes reales de participación social
garantizamos? La respuesta es ninguno. Y con un presidente del Gobierno
instalado en un singular discurso político: silencios y cuando habla es
por televisión de plasma. Uso y abuso de frases vacías como «las cosas
son como son», «no es el momento», «sentido común», «hay que hablar de lo
que preocupa a los españoles» y «hago lo que toca». Señorías, si las
cosas son como son, la política está en crisis, preocupa a los españoles,
es el momento, hay que hacerlo por sentido común y esto es lo que
toca.

Para abordar realmente el reto de la transparencia y el
buen gobierno hagamos también un balance de nuestra actividad
parlamentaria en estos dos primeros años de legislatura: treinta y cinco
reales decretos; de los cuarenta y seis proyectos de ley debatidos en el
Senado, veintisiete lo han sido por el procedimiento de urgencia,
descuento los cuatro de lectura única; y, lo que es peor, no hemos
reformado el Senado. Esta Cámara, fuertemente cuestionada, no encuentra
el momento para realizar una reforma a fondo que dé sentido, credibilidad
y utilidad a los ciudadanos y ciudadanas. Yo, como muchos de ustedes,
creo en la democracia representativa, como creo también que hay que
avanzar en la democracia participativa. La ciudadanía nos reclama tanto
la reforma y mejora de nuestra democracia representativa como abrir
espacios a la real participación de los ciudadanos. Convocar a los
ciudadanos a votar cada cuatro años ya no es suficiente. La gente quiere
participar, la gente quiere ser protagonista.

La democracia representativa garantiza fundamentalmente
tres cosas: la primera es la conformación de una voluntad popular
mediante el sufragio universal. La segunda es la capacidad de
representación política que consiste en ser garantía de deliberación.
¿Realmente garantizamos la deliberación? ¿Lo permite el uso abusivo de su
mayoría absoluta? ¿Prevalece el diálogo, el consenso? Yo creo que no. Y
la tercera es que garantiza el control político de los representantes y
la rendición de cuentas de estos. La respuesta a si garantiza el control
de los representantes también se negativa.

Esta afirmación me permite pasar a argumentar la segunda
razón de nuestro veto: la insuficiencia de la Ley de transparencia,
rendición de cuentas y buen gobierno. La señora Sáenz de Santamaría
afirmaba que la transparencia es un valor. Nuestra propuesta es que este
valor sea un derecho. Y por ello proponemos que este proyecto de ley
tenga consideración de ley orgánica. El Gobierno ha renunciado a regular
su anclaje en el artículo 20 de la Constitución y, por tanto, a su
desarrollo a través de una ley orgánica. La no aceptación del derecho de
acceso a la información como derecho fundamental exigirá una cuidadosa
revisión de la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos, de lo
contrario, corremos el peligro en el acceso a documentos de que los datos
personales presentes en ellos se vean después sometidos a impedimentos de
tratamiento y divulgación.

Señorías, este proyecto de ley ni siquiera cumple con los
estándares mínimos que marca el Convenio del Consejo de Europa sobre
acceso a documentos públicos. Realiza una definición de

la información insuficiente, limitada y restrictiva. Se
excluye toda la información que no sea administrativa. Su propuesta deja
en manos de terceras personas el acceso o no a la información en poder de
las autoridades públicas, si estas fueran el autor de esta información.
También la publicación proactiva de las administraciones públicas es
claramente insuficiente. Tampoco se incorpora la obligatoriedad de que
las entidades públicas publiquen su patrimonio. Se nos plantean
exclusiones inaceptables, incumpliendo lo que marca con meridiana
claridad el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuando
afirma que para dar efecto al derecho de acceso a la información los
Estados partes deberían proceder activamente a la incorporación al
dominio público de la información del Gobierno que sea de interés
público, y el comité define al Gobierno como todos los poderes del
Estado. Se regula el silencio administrativo cuando debería establecerse
el silencio positivo para los casos de solicitudes de información.

Voy terminando. Para el senador Saura y para mí los únicos
límites para el acceso de los ciudadanos a la información deberían ser
los que marca la Ley Orgánica de Protección de Datos y la Ley de Secretos
Oficiales. Si con estas dos razones considero que habría más que
suficiente para votar el veto, creo que también justificaría el veto la
aprobación de la enmienda número 269 del Grupo Popular. En ella se
propone excluir a los cargos de las entidades locales de menos de 50 000
habitantes de la responsabilidad pública. Esta propuesta es un retroceso
respecto a los objetivos de la Ley 10/2010, de Prevención del Blanqueo de
Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

Hagan, señorías, un simple balance. Recuerden ustedes
cuántos municipios de menos de 50 000 habitantes han estado envueltos en
escándalos donde posiblemente pudiera haber blanqueo de capitales. Hagan
ustedes un balance y verán que esta es una propuesta disparatada que
aborta la intencionalidad de la Ley 10/2010.

Señorías, frente a un problema tan grave como es la falta
de legitimidad de la política y de los políticos, zarandeados por
múltiples escándalos y en medio de una grave crisis institucional, este
proyecto de ley, sinceramente, para nosotros es una respuesta tardía,
corta y limitada.

Desde 2012, aproximadamente un 30% de los españoles ven en
la política y en los políticos un problema, no una solución. En primer
lugar, debemos reaccionar con un cambio profundo de la manera de
entender, hacer y estar en la política. Y, en segundo lugar, con leyes
más exigentes. Es preciso —e insisto en ello— un cambio en la
cultura política del país, en la cultura política de los partidos. Y eso
no se resuelve solo con leyes, sino con buenas prácticas.

Para no robar no es necesario el Código Penal. Existe un
Código Penal porque hay gente que roba. Para ser transparente, honesto y
coherente no hacen falta leyes. Las aprobamos porque hay gente y partidos
que no son transparentes, honestos ni coherentes.

Lamentablemente, tanto por sus prácticas como por las
insuficiencias de este proyecto de ley, podemos afirmar el senador Saura
y yo que transparencia y Partido Popular es un oxímoron.

Por ello, pido el voto a este veto.

Gracias por su atención. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Turno en contra. Tiene la palabra la senadora Vindel.

La señora VINDEL LÓPEZ: Buenas tardes, señor
presidente.

Señorías, espero que comprendan la dificultad de esta
senadora al comienzo del turno en contra de los cuatro vetos presentados
porque yo acabo de oír, primero, la escasa o nula modificación del
proyecto. Unos minutos más tarde nos dicen que ha habido muchas mejoras
al proyecto. Y también que todo lo que la ley ha corregido ha empeorado.
Con lo cual, vaya por delante que el Grupo Popular no se cuestiona el
derecho de sus señorías a presentar y defender, como han hecho, estos
vetos a la Ley de transparencia. Por supuesto que no. Cosa distinta es
que los entendamos y mucho menos que los apoyemos.

Y no los entendemos, señorías, porque, en primer lugar,
permítanme que les diga, andan ustedes vetando lo que ya no existe. Y me
explico. Hay quienes justifican el veto porque no se incluye la Casa
Real, los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones
empresariales, el Congreso —por cierto, se olvidan del
Senado—, por solo citar unos cuantos en cuanto al ámbito de la ley.
Cuando lo cierto y verdad, señor presidente, señorías, es que han sido
incluidas todas estas instituciones y unas cuantas más en el trámite del
Congreso de los Diputados.

En segundo lugar, hablan de unos organismos que, tras el
paso por el Congreso, han cambiado de nombre, han ampliado sus funciones
y, por lo tanto, prácticamente no existen o han variado tanto que no se
les conoce.

Y, en tercer lugar, nos piden por escrito —como nos
reclamaba el senador Mariscal que nos leyéramos sus extensos vetos—
un imposible, y es que se devuelva el proyecto al Gobierno, cuando en
esta Cámara las devoluciones las hacemos, primero, por ley, señorías, y,
después, porque no queda otra, al Congreso de los Diputados. Comprenderán
ahora por qué digo que vetan lo que no existe y que es difícil
entenderles a ustedes.

Señorías, se han presentado dos vetos que son idénticos,
como siempre. Tan solo varían en que uno dice que no es un veto, sino una
enmienda de devolución, que es un instrumento reglamentario desconocido
hasta ahora en esta Cámara. Es el caso de los senadores Iglesias y
Mariscal. Y el otro dice que sí lo es, que es un veto. El que acaba de
defender el senador Guillot en su nombre y en el del senador Saura.

Estos son los problemas, señorías, de vetar, no este texto,
sino el proyecto que hace casi un año entró en el Congreso de los
Diputados. Y su veto estaría muy bien hace casi un año, pero ahora ya no
tiene gran cosa que ver, salvo algunas cuestiones a las que luego me voy
a referir.

Se dice también que es muy importante y que no se discute
su necesidad ni tampoco su oportunidad. Entonces, señorías, yo les
pregunto: ¿y por qué lo vetan? O, empleando su terminología, ¿por qué lo
enmiendan a la totalidad, como si estuviéramos en el Congreso? ¿Por qué
nos colocan ante este contrasentido y, sobre todo, por qué no quieren que
lo mejoremos desde aquí? Incluso se nos dice —nos lo ha dicho la
senadora Capella— que como se presentó en su momento en el Congreso
un texto alternativo, presentan aquí un veto. Senadora Capella, tengo que
decirle que el Reglamento no permite que usted presente aquí un texto
alternativo, pero usted podría haber presentado una proposición de ley
sobre transparencia. Entonces, ¿por qué no ha querido su señoría que aquí
tengamos el debate que sí han querido sus compañeros para el Congreso? Es
muy difícil entenderles, señorías.

Y ahora permítanme que les explique algo. A diferencia del
Congreso, el texto que ha llegado ya no pertenece al Gobierno, señorías.
De ninguna manera. Primero —disculpen lo obvio—, porque ha
pasado el trámite del Congreso y es la Cámara Baja la que lo envía, no el
Gobierno. Segundo y muy importante, porque se han introducido más de
noventa enmiendas de todos los grupos parlamentarios, repito, de todos
los grupos parlamentarios, por lo que el texto a quien pertenece ya es al
Congreso. Por tal motivo, de prosperar los vetos se lo devolveríamos
siempre al Congreso, nunca al Gobierno. Por cierto, ya saben ustedes la
facilidad que tiene el Congreso para levantar el veto del Senado a los
proyectos de ley. Solamente es una cuestión de calendario y de un cierto
tipo de votación. Simplemente con que pasen quince días.

Creo sinceramente, señorías, que aquí, en estos dos meses,
hemos trabajado mucho este texto. Se han incorporado enmiendas de casi
todos los grupos parlamentarios. Por el trabajo realizado aquí en
ponencia y en comisión la semana pasada se va a poder solicitar la
información en cualquiera de las lenguas oficiales en el territorio en el
que radique la administración en cuestión. La presentación de la memoria
anual del Consejo de transparencia se va a hacer ante las Cortes
Generales, no ante el Congreso, que era como figuraba cuando el texto
llegó aquí. Además, se nos notificará el cese o apartamiento del cargo
del presidente del Consejo de transparencia. Las entidades sin ánimo de
lucro que persigan fines de interés social y cultural y que tengan un
presupuesto reducido van a poder cumplir con las obligaciones de esta ley
utilizando los medios de la Administración pública con la que tengan
mayor relación económica. La propia Agencia de Protección de Datos nos ha
indicado cómo hacer una redacción más sencilla y asequible en su
aplicación de esta ley. Y el Consejo de transparencia adoptará criterios
de interpretación uniforme para aplicar esta ley.

Les digo a los senadores Capella, Iglesias, Unamunzaga y
Guillot que estas son algunas de las mejoras que hemos introducido en
ponencia en esta Casa. Por si tienen algún prejuicio sus señorías sobre
ellas, les diré que ninguna pertenece al Grupo Parlamentario Popular.
Entonces, a mí ahora lo que me gustaría, señorías, es que me explicaran,
si es que pueden, por qué no quieren que el Senado trabaje este texto;
por qué no quieren que la Cámara Alta cuente a la hora de aplicar esta
ley; por qué quieren, en definitiva, que el Senado no exista a efectos de
esta ley. Porque esto es lo que ocurriría si se votaran a favor sus
vetos. ¿O es que de verdad se creen que

con su veto se impide que haya Ley de transparencia? No. Lo
único que iban a conseguir ustedes es que los ciudadanos no pudieran
hacer uso de los derechos que esta ley les otorga. Toda una
contradicción, porque resulta que no hacen ustedes otra cosa que clamar
por el carácter territorial de esta Casa y la necesidad de darle el lugar
que necesita, y cuando pueden hacerlo, como es el caso, no lo hacen. Es
asombroso, señorías, este razonamiento que se traen ustedes de que como
hasta ahora no hay ley de transparencia, a pesar de que reconocen que es
urgente, que es necesaria y que es importante, hay que tumbar de un
plumazo la que se presente, porque esto es lo que pretenden y quieren con
sus vetos. Por cierto, dos de ustedes pertenecen a formaciones políticas
que han gobernado en tripartito en la Comunidad Autónoma de Cataluña
durante dos legislaturas, y han tenido que salir ustedes del Gobierno
para que en Cataluña se debata actualmente una ley autonómica de
transparencia. Señorías, déjenme que les felicite porque no he visto
mayor ejercicio de extraordinaria coherencia. Enhorabuena.

Señorías, estamos en esta Cámara para trabajar, para seguir
construyendo, porque el Parlamento es para debatir, para hablar en las
ponencias, para aportar, para hacer enmiendas y, desde luego, para hacer
todo tipo de observaciones. Yo no quiero que estas contradicciones de los
senadores que han presentado sus vetos nos aparten de las cuestiones de
fondo, que son las verdaderamente importantes de esta ley; una ley que es
necesaria, que es inaplazable, porque no sé si se ha dicho que hasta
ahora España era el único país de nuestro alrededor y del mundo
occidental que no disponía de regulación sobre la transparencia de las
administraciones en el acceso a la información pública y el bueno
gobierno. Esta ley, señorías, está llamada a transformar muchas cosas,
entre otras, la manera de concebir el poder, el ejercicio de la actividad
política, el funcionamiento de las instituciones, el exquisito cuidado en
la gestión de los dineros y los asuntos públicos y, también, la manera de
concebir el lugar que ha de ocupar el ciudadano en un Estado democrático.
La transparencia, por lo tanto, se incorpora así, con una enorme
intensidad, al régimen constitucional y va a pasar a ser seña de
identidad de nuestro Estado.

Se trata, señorías, de que los ciudadanos sepan qué se hace
con su dinero, cómo se hace, quién lo hace y con qué consecuencias. Se
trata de que el poder no pueda hacer aquello que no se pueda saber. En
definitiva, se trata de inaugurar una nueva cultura política y una nueva
forma de hacer las cosas.

Estarán de acuerdo conmigo, señorías, en que esta ley es
una de las más importantes para el funcionamiento de los poderes públicos
y para la regeneración democrática de nuestro país. Es más, esta ley,
señorías, justifica en sí misma un programa de legislatura por lo que
tiene de mecanismo de regeneración y por lo que implica de mecanismo de
relegitimación del sistema. La transparencia no es un eslogan ni es
propaganda, es un principio democrático de última generación y, además,
es la respuesta del sistema en un momento de crisis.

Es profundamente injusto que se diga de ella lo que se
dice, que es de mínimos, que se presenta deprisa y corriendo o que es
opaca, es profundamente injusto, señorías, y, además, es falso; porque
desde que el Gobierno tomó posesión, en marzo de 2012, abrió
inmediatamente una consulta pública en la que intervinieron más de 80 000
internautas, se han recibido 3700 observaciones, y tengo que decirles que
ninguna ley ha sido tan participada como esta. Nada más entrar en el
Congreso —ustedes lo saben bien— se abrió un periodo
extraordinario de comparecencias, extraordinario en sentido literal,
señorías, y también por la calidad de los comparecientes que hicieron,
como pueden imaginar, multitud de sugerencias, siendo incorporadas muchas
de ellas al texto, además de las más de noventa enmiendas de todos los
grupos que se aceptaron en el Congreso de los Diputados. ¿Qué quiere
decir esto, señorías? Muy fácil, que la ley se convirtió así, en una ley
para todos y la mejor ley posible. Ninguna ley ha cambiado tanto. Ni un
grupo desde la transición como el Grupo Popular, tanto allí como aquí, ha
sido tan sensible, tan generoso y tan receptivo con los grupos de
oposición, teniendo, por cierto, las mayorías que tenemos allí y aquí.
Así que ni opaca ni apresurada ni mucho menos de mínimos.

Es verdad que las reformas económicas son imprescindibles
pero también lo son las que debe protagonizar el Estado a través de sus
instituciones, empezando por el Gobierno mismo y por las
administraciones. Entre otras cosas, las reformas se deben orientar a
despejar sombras de arbitrariedad, falta de transparencia, burocracia e
ineficiencia. La transparencia, por lo tanto, se convierte en un valor y
el buen gobierno es un marco ético para que nuestras administraciones,

nuestras instituciones recuperen credibilidad y para que
presten el servicio que desde ya nos están demandando los ciudadanos.

La falta de una verdadera y completa ley de trasparencia,
además de señalarnos internacionalmente, es una de las lagunas más
notables e injustificables de nuestro ordenamiento, y aquí tenemos que
darles solución, señorías, por dos motivos, en primer lugar, porque
supone nuevos derechos y obligaciones y, en segundo lugar y muy
importante, porque va a implantar un funcionamiento distinto de la
Administración, de las instituciones y de su relación con los ciudadanos.
Es una nueva cultura de la apertura política que impone el cumplimiento
de objetivos, la responsabilidad en la gestión y facilita la rendición de
cuentas de todos los servidores públicos: electos, no electos, políticos,
altos cargos y empleados públicos en general. Y esta laguna es tanto más
reprochable porque desde junio de 2009 —2009, señorías— está
abierta a la firma el convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a
los documentos públicos que como Estado el Gobierno ya ha anunciado que
tiene intención de incorporar a nuestra legislación y ratificar. En suma,
señorías, esta ley va a marcar un antes y un después en el funcionamiento
de las instituciones, y les digo más, esta ley merece la pena; solo hay
que dejarse llevar por el interés general y por el fortalecimiento de
nuestras instituciones.

Cuando llegó al Congreso, la transparencia no se iba a
aplicar ni a partidos ni a sindicatos ni a entidades privadas ni al Banco
de España ni a la Casa Real, que, por cierto —ninguno lo ha
subrayado aquí—, va a ser la primera de todas las que existen en
someterse a una ley de transparencia. Cuando llegó al Congreso, el órgano
de control de la transparencia no era independiente del Ejecutivo, ahora
lo será. Cuando llegó al Congreso, el Consejo de transparencia y buen
gobierno no tenía una composición equilibrada, una composición racional
y, sobre todo, operativa, ahora la va a tener. Se ha garantizado la
independencia de su presidente con un nombramiento por cinco años por
mayoría absoluta, cuando llegó al Congreso solamente se le nombraba por
mayoría relativa, y solamente podrá ser apartado del cargo, señorías, por
causas tasadas en la ley y deberá comparecer, además, anualmente ante las
Cámaras. Cuando llegó al Congreso, no se hacía referencia en materia de
publicidad activa a las competencias autonómicas, ahora sí, hoy se dice
que las obligaciones que impone en materia de transparencia y buen
gobierno lo son sin perjuicio de la normativa autonómica
correspondiente.

Este texto, señorías, es mucho más ambicioso en esta
materia que el de cualquier país de nuestro entorno. No hay ningún país
que haga un esfuerzo de publicidad activa como el que hace la Ley de
transparencia española porque cuando llegó al Congreso el derecho al
acceso a la información no incluía todos los formatos posibles ni la
norma incorporaba lo que después se llamó la transparencia de la
transparencia, que son los tres artículos relativos al régimen
disciplinario.

Bien, sin perjuicio del debate más pormenorizado, que
tendrá lugar con mi compañera la senadora Nevado del Campo en el turno de
enmiendas, me voy a referir a dos cuestiones invocadas por los cuatro
senadores que han intervenido defendiendo sus vetos, que son: en primer
lugar, que esta ley debería ser orgánica porque entienden que estamos en
presencia de un derecho fundamental y, en segundo lugar, que el silencio
administrativo debería ser positivo.

Empezando por el primero, señorías, ¿por qué el derecho a
la información no es según esta ley un derecho fundamental? Pues porque
la propia Constitución no lo considera así; es más, el Tribunal
Constitucional ha venido rechazando todos los recursos de amparo contra
denegaciones de acceso a la información pública basados en una
vulneración del artículo 20 de la Constitución, precepto que según el
propio Tribunal Constitucional se refiere exclusivamente a la libertad de
expresión. Por tanto, si la ley orgánica no es materia reservada —y
sabemos que no lo es—, señorías, sería un grave error contravenir
la Constitución solo porque no coincide con nuestras pretensiones, y el
Tribunal Supremo por su parte califica este derecho como un derecho
subjetivo a la información, que tiene vinculación con los derechos de los
ciudadanos a los registros administrativos.

Por lo que se refiere al silencio administrativo, les diré
que en ningún país, en ninguno, el silencio es positivo, por varios
motivos: en primer lugar, porque el derecho a la transparencia de lo que
la Administración gestiona no puede desproteger el derecho a la intimidad
y a la protección de los datos de las persona gestionadas, y, en segundo
lugar, señorías, por una realidad: la

Administración es limitada en sus medios, es limitada en
sus recursos y en sus funcionarios, por lo que se hace necesario
encontrar un equilibrio.

El Consejo de Estado dice que la opción del silencio
negativo es lógica y adecuada al derecho, que no cabe admitir la
posibilidad de que, como consecuencia de la falta de resolución expresa
en el plazo de una solución de acceso, otros derechos se puedan ver
vulnerados. Y añade: la sola necesidad de protegerlos justifica per se la
regla del silencio negativo. Establecer un silencio positivo significaría
que por el mero hecho de que haya pasado el plazo para resolver una
solicitud de acceso a determinada información —imagínense la que
quieran— el solicitante obtendría en ese mismo momento el derecho
incondicional a obtener la información que hubiera pedido.

Señor presidente, señorías, reconstruir unas
administraciones públicas más útiles, más austeras y más cercanas es un
requisito básico para que el ciudadano se sienta identificado con ellas y
esa identificación solo es posible desde la transparencia y el buen
gobierno.

Esta ley, como les he dicho, ha llegado al Senado
notablemente mejor, más ambiciosa y más audaz. Ojala así consigamos que
desaparezca la tradicional desconfianza entre la Administración pública y
sus administrados y entre los administrados y la Administración pública.
Claro que el Grupo Popular sabe que esta ley no es la panacea de nada,
pero está en el buen camino, requiere desde nuestro punto de vista el
concurso de todos, sobre todo, de los que tienen intención y vocación de
Gobierno.

Por todos estos motivos, señorías, votaremos en contra de
sus vetos.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Vindel.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? ¿Van a compartir turno, senador
Mariscal?

El señor MARISCAL CIFUENTES: Perdón, señor presidente,
¿cuánto tiempo tenemos?

El señor PRESIDENTE: Doce minutos entre los dos.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias. Muy bien.

Voy a ir muy rápido. Después de esta intervención, casi nos
invita a los grupos de la oposición, dado que hay mayoría absoluta, a
salir de esta Cámara y a no realizar ninguna tarea de oposición, ni
siquiera a presentar vetos. Sabemos perfectamente que cuando aquí se
aprueba un veto va al Congreso de los Diputados, igual que sabemos que en
el Congreso de los Diputados tienen ustedes una mayoría absoluta
aplastante. Vaya que si lo sabemos, lo sabemos perfectamente.

Señoría, lo que nos señala internacionalmente es que un
juez pida los discos duros de un partido político con datos relevantes e
importantes para el conjunto de la ciudadanía sobre la financiación del
partido que nos está gobernando y se diga que se han borrado; lo que nos
señala internacionalmente, señorías, es que nos tengamos que enterar de
la agenda del jefe del Estado porque ha tenido una lesión cazando
elefantes en Botswana. Eso es lo que nos señala internacionalmente y lo
que nos pone en una situación de ridículo internacional, y hay pocas
leyes, y menos esta, que lo puedan solucionar.

Señoría, el derecho de acceso a la información pública ha
sido reconocido como un derecho fundamental, entre otros, por el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ya sabemos que estas
instituciones a ustedes no les dicen absolutamente nada, pero es un
hecho; igual que es un hecho que se podría perfectamente anclar en la
libertad de expresión que se pudiera hacer una ley orgánica de esta ley,
que la participación ciudadana no está garantizada en el consejo que se
regula en esta ley, así como que la Ley Orgánica de Protección de Datos
va a seguir siendo un hecho que vamos a tener que seguir sufriendo el
doble silencio administrativo, no ya único. Para nosotros, desde luego,
esta ley, reconociendo todos los avances que se hayan podido producir en
su tramitación, tanto en el Congreso como en el Senado, sigue mereciendo
un veto como la copa de un pino, al menos por parte de Izquierda
Unida.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.

Senadora Capella, tiene la palabra.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

Voy a intervenir desde el escaño. Entiendo que la señora
Vindel defienda el proyecto de ley con vehemencia porque ella lo ha
trabajado. Esto lo comprendo perfectamente. Ahora bien, que nos quiera
hacer pasar bou per bèstia grossa no se lo tolero, y le explicaré por
qué. Hay un elemento de configuración de la Ley de transparencia que
ustedes eluden sistemáticamente, que es la consideración del derecho de
acceso a la información como un derecho fundamental, al que ahora se
refería el señor Mariscal. Y entiendo también que a ustedes les moleste
profundamente tener que reconocer que la Constitución Española no es
únicamente su literalidad sino que se halla complementada por el resto de
ordenamiento jurídico, que son los tratados internacionales que España ha
ratificado. Y entre estos tratados y convenios internacionales está la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en cuyo artículo 19
reconoce el derecho a la información, y así lo ha contemplado el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, a la que se
refería también el senador Mariscal, que hablan del derecho a la
información como un derecho fundamental. Si este derecho fundamental es
incorporado a la ley, no tendríamos problemas con el silencio positivo o
negativo, porque cualquier acto de la Administración sería ya de por sí
transparente. Ustedes podían haber optado por haber hecho una ley de
máximos y, en cambio, han optado por una ley de mínimos. Están en su
derecho legítimo, pero, entonces, no nos quieran hacer a nosaltres
combregar amb rodes de molí. Por tanto, para que le quede claro, me
parece muy bien que defiendan su proyecto de ley, pero respeten que
nosotros discrepemos.

Voy a abundar en un aspecto que ustedes sistemáticamente
recurren, que es el de mirar por el retrovisor y aludir siempre al
tripartito, a los dos tripartitos del Govern de la Generalitat. Miren, no
se hizo en ese momento la ley. Se está haciendo en este momento en el
Parlament de Catalunya en una ponencia conjunta de todos los grupos
parlamentarios. Tomen nota y apúntense también la posibilidad de hacerlo
de esta manera. Son opciones distintas de legislar y de entender la
democracia, ustedes tienen la suya y nosotros la nuestra.

Por tanto, a pesar de su vehemencia y de la voluntad que ha
tenido usted al incorporar algunas de las enmiendas planteadas por los
grupos parlamentarios, Esquerra Republicana se siente excluida
sistemáticamente. Y está bien que ustedes nos excluyan porque,
efectivamente, nosotros nos queremos marchar y ustedes cada día nos
ayudan más a marcharnos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

¿Alguna intervención más en el Grupo Parlamentario Mixto?
(Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor
presidente. Buenas tardes.

Nosotros vamos a apoyar este proyecto de ley y, en ese
sentido, me gustaría plantear una serie de parámetros que justifican este
apoyo en base a una serie de principios y de reflexiones.

El primer principio que hace que nosotros apoyemos esta ley
es el de entender la crisis política. En este momento vivimos una crisis
política y podemos decir que algo serio está pasando. Algo serio está
pasando cuando hay una desafección como la que todos estamos describiendo
aquí entre la ciudadanía y los políticos, cuando es difícil defender el
valor de la política y de las políticas y de los políticos en un contexto
como el actual. Entendemos que en este momento la crisis consiste en que
la sociedad ha aumentado sus exigencias de control y de participación
mientras que el sistema político continúa con un estilo jerárquico y
opaco. Además, los propios políticos muchas veces se valen de ese sistema
jerárquico y opaco.

Segundo principio. Desde nuestro punto de vista, la
transparencia es precisamente uno de los instrumentos útiles para
combatir esta crisis y el problema que antes les he descrito. Necesitamos
de un espacio público que se tiene que dotar de nuevas lógicas de
observación, nuevas lógicas de vigilancia, nuevas lógicas de voluntad de
transparencia y nuevas lógicas de debates en el control.

Como tercer principio observamos la necesidad de que los
políticos seamos controlados. El hecho de que nosotros, todos y todas nos
sintamos observados, evidentemente, modifica nuestro comportamiento o al
menos nos disuade de cometer los errores que tienen su origen en el
secreto y en la opacidad.

Pero, cuidado —y aquí viene nuestro cuarto
principio—, está bien y es imprescindible que seamos controlados
pero no podemos ser paralizados. ¿Qué queremos decir con no ser

paralizados? Muchas veces asistimos al empobrecimiento de
la vida política cuando el principio de transparencia se magnifica o se
absolutiza. Es decir, convertimos la democracia en una política en
directo que se agota en la vigilancia constante e inmediata y con una
continua desconfianza. En su comparecencia en el Congreso de los
Diputados, el catedrático de Filosofía política y social e investigador
en la Universidad del País Vasco, que todos ustedes conocerán, Daniel
Innerarity, puso el siguiente ejemplo. El hecho de que muchos políticos,
sabiendo que sus menores actos y declaraciones son examinados y
difundidos, tienden a encorsetar su comunicación. La democracia está hoy
más empobrecida por los discursos que no dicen nada que por el
ocultamiento expreso de la información. El principio de transparencia no
debe magnificarse, porque la vida política, aunque sea en una pequeña
parte, requiere espacios de discreción, como ocurre, por cierto, con
muchas profesiones como los periodistas, a los que reconocemos el derecho
de no revelar sus fuentes, derecho sin el cual no podrían hacer bien su
trabajo. Es decir, que evidentemente y tal como digo en el tercer
principio, necesitamos ser controlados, pero no podemos ser
paralizados.

Y como quinto y último principio en esta reflexión, la
democracia es el poder de la ciudadanía —y en este punto seguro que
coincidimos todos los presentes—, por tanto, esforcémonos en
proporcionar una capacidad efectiva de controlar, pero no contribuyamos a
debilitar la política cuestionando su naturaleza representativa. Que la
ciudadanía delegue tanto como sea inevitable y que controle tanto como
sea posible.

Esos cinco serían nuestros principios a la hora de trabajar
sobre las siguientes reflexiones. Es evidente que la Administración
pública que se constituyó hace treinta años nada tiene que ver con la
realidad que vivimos actualmente. Se están dando dos fenómenos paralelos;
por una parte, la sociedad es muy dinámica, el poder está cambiando. Tal
como califica Moisés Naím en su último libro, El fin del poder, muchas
veces los colectivos están llevando adelante grandes proyectos, o dicho
de otra manera, hay Estados —y hemos conocido la primavera árabe,
etcétera—, hay grandes Gobiernos que han caído de una manera que
hace unos años nunca hubiéramos podido ver, y así es como está
evolucionando el poder.

Por otra parte, la Administración poco a poco va
modernizándose, probablemente no se esté modernizando de una manera tan
rápida como lo está haciendo la sociedad, pero es un dato objetivo que
nada tiene que ver la Administración de hoy con la que conocíamos hace
unos años, y en ese sentido podemos sintetizar que tenemos dos datos
positivos. En primer lugar, hay una sociedad muy dinámica y, en segundo
lugar, tenemos una Administración que también se está modificando y está
evolucionando, y lo que tenemos que hacer es ayudar a que las dos, tanto
sociedad como Administración, converjan.

La Ley de transparencia, tal como se ha dicho, es una
asignatura pendiente, por lo cual lo importante, en nuestra opinión, es
que se ponga en marcha. Tiene problemas, tiene defectos y tiene lagunas,
que vamos a ver si podemos solucionar, pero también tiene elementos
positivos, y hay que subrayarlos. Por tanto, corrijamos aquello que
entendemos que podemos hacer que crezca en este proyecto y subrayemos los
elementos positivos. Eso sí, esperemos que cuando esté en marcha este
proyecto de ley tenga suficiente flexibilidad para ir mejorando, porque
nunca vamos a dar con la perfección en un texto, nunca.

Señorías, hasta ahora no ha habido una ley de
transparencia, pero eso no quiere decir que las administraciones hayan
estado paradas. Yo, por haber sido durante muchos años alcalde, conozco
los ayuntamientos y hay grandes ayuntamientos que han hecho mucho trabajo
en el ámbito de la ley de transparencia; les puedo poner como ejemplo el
Ayuntamiento de Bilbao, les puedo poner como ejemplo el Ayuntamiento de
Barakaldo, les puedo poner como ejemplo el Ayuntamiento de Getxo; hay
muchos ayuntamientos que han hecho grandes trabajos. Ahora, eso no quiere
decir que hayan finalizado sus trabajos, no, sino que han abierto una
dinámica de trabajo que les va a significar un compromiso con la
ciudadanía, es decir, participación, cercanía, trabajo con la
ciudadanía… ¿Para qué? Para mejorar, para acercar la Administración
a las necesidades del ciudadano, para que la Administración le
responda.

A su vez, entiendo que no tenemos que poner expectativas
falsas en este proyecto, y cuando digo que no tenemos que poner
expectativas falsas en este proyecto es porque ni vamos a solucionar con
este proyecto de ley la corrupción ni vamos a solucionar muchas cosas,
pero sí va a ayudar. Y ¡ojo!, la corrupción, los ilícitos son
incumplimientos de la ley, por eso digo: únicamente con la ley no vamos a
solucionar esos problemas, porque precisamente la corrupción, los
ilícitos,

etcétera, son incumplimientos de la propia ley. Lo que
tenemos que hacer es trabajar en actitudes; los políticos, las políticas
tenemos que tener una actitud abierta, una actitud franca y una actitud
hacia el ciudadano para ser capaces de trasladarles confianza. En estos
momentos estamos muy lejos de esa situación, pero eso es lo que entre
todos tenemos que conseguir.

En cuanto al proyecto de ley —y después hablaremos
también en el debate de las enmiendas que presentamos de cómo entendemos
que podemos mejorar—, hay dos ámbitos en nuestra opinión
importantes. En primer lugar, en cuanto a las excepciones, creemos que
hay elementos que son todavía demasiado amplios y que habría que corregir
y, en segundo lugar, que los integrantes del Consejo de transparencia y
buen gobierno también tienen que tener otro punto de vista.

Para finalizar, me gustaría parafrasear al autor antes
citado, Daniel Innerarity, que decía: primer punto, es tanta
transparencia como sea posible lo que tenemos que conseguir, que requiere
algo más que poner un montón de datos a disposición de la ciudadanía;
exige, sobre todo, cambios profundos, pero no tanto legislativos e
instrumentales…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor BILDARRATZ SORRON: Termino, presidente.

...sino de mentalidad y de cultura política.

Segundo punto, defender el valor de la política, su
naturaleza deliberativa y representativa; defender que la sociedad
entienda que no estamos defendiendo los privilegios de los políticos,
sino que estamos defendiendo la libertad de los representados.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Muchas gracias, presidente. Buenas
tardes.

Los senadores socialistas de la Entesa consideramos que
esta ley es, sin duda alguna, necesaria e importante. No es concebible en
el siglo XXI que democracias consolidadas como la nuestra no tengan una
ley de transparencia, buen gobierno y acceso a la información pública
porque, evidentemente, la transparencia es hoy garantía de democracia.
Difícilmente podemos pensar en la democracia sin asociarla a la
transparencia de las administraciones públicas, y lo es en un triple
sentido. En primer lugar, como expresión de un derecho sobre lo que es de
todos, porque las administraciones y las instituciones democráticas son
de todos y, por tanto, es lógico y no se puede pensar que no haya un
acceso fácil, directo, a aquello que hemos sufragado y compartimos entre
todos.

En segundo lugar, porque, como también se ha dicho, la
transparencia es requisito para la verdadera participación política, para
el ejercicio real de la condición de ciudadanía de todos y todas.

Y, en tercer lugar, porque la transparencia es el mejor
antídoto que se conoce contra la corrupción, la mejor fórmula de
prevención activa y de detección precoz de la corrupción. Por tanto, esta
ley es ya condición imprescindible para la credibilidad de las
instituciones políticas y sociales en nuestro país.

Por tanto, mejor esta ley que ninguna, sin duda alguna.
Pero, aún así, debo decir, señorías que para nosotros esta no es todavía
nuestra ley. A esta ley, por mucho que lo haya recalcado la senadora
Vindel, le falta todavía ambición. Si somos los últimos, como aquí se ha
dicho, si esta ley la hemos hecho ex novo, cuando toda Europa, y la mayor
parte de los países occidentales, ya tienen ley, lo que se tercia es
copiar a los mejores, a los más avanzados; lo que se tercia es intentar,
ya que llegamos los últimos, ser los primeros. Y nos parece que esta ley
no lo hace, que esta ley no está a la altura de lo que deberían ser las
mejores leyes en este campo porque se queda corta en dos aspectos
fundamentales para nosotros. El primero, en cuanto al alcance del
ejercicio de la transparencia por parte de las administraciones. En
particular, nos parece que la forma de la publicidad activa se queda muy
muy corta en relación con lo que podría llegar a ser. Y, en segundo
lugar, porque el grado de autoexigencia en su cumplimiento —que se
determina a

partir de todo lo relacionado con la legitimidad y el papel
del Consejo de transparencia y buen gobierno—, también resulta
corto, contenido, todavía retenido y desconfiado. En el turno de
enmiendas desarrollaré las propuestas de nuestro grupo para colmar estos
déficits.

Señorías, creemos que deberíamos seguir los criterios de
organismos independientes internacionales citados aquí
—institucionales o sociales que existen y están implantados en
España—, para alcanzar el nivel de las mejores leyes existentes y
no lo hacemos.

Por todo ello, como he dicho antes, creemos que debe haber
ley —y nos felicitamos por que así sea—, y que es bueno
contar con esta Ley de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno. Por este motivo, los senadores socialistas de la Entesa
nos vamos a abstener en la votación de los vetos presentados. Pero ya le
avanzo, senadora Vindel, que si no acepta ninguna de las enmiendas que
hemos mantenido como votos particulares, no nos va a ser posible apoyar
esta ley, porque vamos a continuar considerándola incompleta e
insuficiente, cuando lo que nuestro país necesita es la mejor ley posible
y esta ley todavía no lo alcanza.

Por tanto, quedo a la espera de las consideraciones de su
grupo sobre nuestras enmiendas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Martí.

Senador Guillot, tiene la palabra.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señora Vindel, lo de juntar todos los vetos y entrecruzar
argumentos expresa cierta picardía parlamentaria —esta es la vieja
política—, porque cada veto se ha justificado de manera muy
diferente.