6. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

6.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

6.1.1. Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus
Estados Miembros, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, hecho en
Bruselas el 26 de junio de 2012.

(Núm. exp. 610/000088)

6.1.2. Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el
Gobierno de la República Árabe de Egipto sobre la exención recíproca de
los visados para los titulares de pasaportes diplomáticos y de servicio,
hecho en Madrid el 7 de marzo de 2013.

(Núm. exp. 610/000089)

6.1.3. Acuerdo de transporte aéreo entre los Estados Unidos
de América, por una parte, la Unión Europea y sus Estados miembros, por
otra, Islandia, por otra, y el Reino de Noruega, por otra, hecho en
Luxemburgo y Oslo el 16 de junio de 2011 y 21 de junio de 2011.

(Núm. exp. 610/000090)

6.1.4. Declaración de aceptación por España de la adhesión
de la República de Armenia al Convenio sobre la obtención de pruebas en
el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de
marzo de 1970.

(Núm. exp. 610/000091)

6.1.5. Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el
Gobierno de la República de Sudáfrica sobre supresión del requisito de
visado a los titulares de pasaportes diplomáticos, hecho en Pretoria el
22 de febrero de 2013.

(Núm. exp. 610/000092)

6.1.6. Declaración de aceptación por España de la adhesión
del Reino de Lesotho al Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de
la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de
octubre de 1980.

(Núm. exp. 610/000093)

6.1.7. Acuerdo interino con miras a un Acuerdo de
asociación económica entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros,
por una parte, y África Central, por otra, hecho en Yaundé el 15 de enero
de 2009 y en Bruselas el 22 de enero de 2009.

(Núm. exp. 610/000094)

6.1.8. Convenio Europeo relativo a las cuestiones de
derechos de autor y derechos similares en el marco de la radiodifusión
transfronteriza por satélite, hecho en Estrasburgo el 11 de mayo de 1994,
y declaración que España desea formular.

(Núm. exp. 610/000095)

7. COMISIONES ESPECIALES

7.1. INFORMES

7.1.1. Comisión Especial de estudio sobre las nuevas formas
de exclusión social como consecuencia del fuerte incremento del
desempleo.

(Núm. exp. 650/000001)

Página
7296

Se rechaza la moción, con la incorporación de las enmiendas
del Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo Parlamentario Socialista, con
el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 243; a favor, 92;
en contra, 151.

4.4. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas ante el perjuicio a la sanidad pública que están
provocando las reformas y recortes presupuestarios del Gobierno.

(Núm. exp. 671/000094)

Autor: GPEPC

7327

La señora Almiñana Riqué defiende la moción.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto, presentada a iniciativa de este senador y el señor
Mariscal Cifuentes.

La señora Llinares Cuesta defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista.

El señor Cazalis Eiguren defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Aguirre Muñoz defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

La señora Almiñana Riqué expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora
Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; la señora Cunyat Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado Convergència i Unió; la señora Llinares Cuesta, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y el señor Aguirre Muñoz, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con la incorporación de las enmiendas
del Grupo Parlamentario Mixto, del Grupo Parlamentario Socialista y del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), con el siguiente
resultado: presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 79; en contra,
168; abstenciones, 1.

5. MOCIONES

5.1. Moción por la que se insta al Gobierno a agilizar la
puesta en marcha del primer Registro Estatal de Profesionales
Sanitarios.

(Núm. exp. 662/000107)

Autor: GPP

7340

El señor presidente informa de la presentación de una
propuesta de modificación, por lo que no se debaten las enmiendas.

El señor Alarcó Hernández defiende la moción.

En turno de portavoces intervienen el señor Cazalis
Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la
señora Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; la señora Cunyat Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado Convergència i Unió; el señor González Bethencourt, por el
Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Alarcó Hernández, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la propuesta de modificación por asentimiento de
la Cámara.

5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a adoptar una
política integral de defensa y apoyo a los Centros Especiales de Empleo
(CEE) de acuerdo con sus necesidades normativas y económicas más
urgentes.

(Núm. exp. 662/000106)

Autor: GPS

7349

El señor Martínez-Aldama Sáenz defiende la moción.

El señor Guillot Miravet defiende las dos enmiendas del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Rieradevall Tarrés defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

La señora Romero Bañón defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Martínez-Aldama Sáenz expone la posición de su
grupo parlamentario respecto de las enmiendas.

En turno de portavoces intervienen la señora Martínez
Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor
Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Martínez-Aldama Sáenz,
por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Romero Bañón, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con la incorporación de las enmiendas
de los Grupos Parlamentarios Entesa pel Progrés de Catalunya y Catalán en
el Senado Convergència i Unió, con el siguiente resultado: presentes,
239; votos emitidos, 239; a favor, 89; en contra, 149; abstenciones,
1.

6. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

6.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

6.1.1. Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus
Estados Miembros, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, hecho en
Bruselas el 26 de junio de 2012.

(Núm. exp. 610/000088)

7366

Se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para
obligarse mediante el citado acuerdo, con el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 239; a favor, 234; en contra, 5.

6.1.2. Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el
Gobierno de la República Árabe de Egipto sobre la exención recíproca de
los visados para los titulares de pasaportes diplomáticos y de servicio,
hecho en Madrid el 7 de marzo de 2013.

(Núm. exp. 610/000089)

7366

6.1.3. Acuerdo de transporte aéreo entre los Estados Unidos
de América, por una parte, la Unión Europea y sus Estados miembros, por
otra, Islandia, por otra, y el Reino de Noruega, por otra, hecho en
Luxemburgo y Oslo el 16 de junio de 2011 y 21 de junio de 2011.

(Núm. exp. 610/000090)

7366

6.1.4. Declaración de aceptación por España de la adhesión
de la República de Armenia al Convenio sobre la obtención de pruebas en
el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de
marzo de 1970.

(Núm. exp. 610/000091)

7366

6.1.5. Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el
Gobierno de la República de Sudáfrica sobre supresión del requisito de
visado a los titulares de pasaportes diplomáticos, hecho en Pretoria el
22 de febrero de 2013.

(Núm. exp. 610/000092)

7366

6.1.6. Declaración de aceptación por España de la adhesión
del Reino de Lesotho al Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de
la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de
octubre de 1980.

(Núm. exp. 610/000093)

7366

6.1.7. Acuerdo interino con miras a un Acuerdo de
asociación económica entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros,
por una parte, y África Central, por otra, hecho en Yaundé el 15 de enero
de 2009 y en Bruselas el 22 de enero de 2009.

(Núm. exp. 610/000094)

7366

6.1.8. Convenio Europeo relativo a las cuestiones de
derechos de autor y derechos similares en el marco de la radiodifusión
transfronteriza por satélite, hecho en Estrasburgo el 11 de mayo de 1994,
y declaración que España desea formular.

(Núm. exp. 610/000095)

7367

Se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para
obligarse mediante los citados tratados, por asentimiento de la
Cámara.

7. COMISIONES ESPECIALES

7.1. INFORMES

7.1.1. Comisión Especial de estudio sobre las nuevas formas
de exclusión social como consecuencia del fuerte incremento del
desempleo.

(Núm. exp. 650/000001)

7367

La señora García-Pelayo Jurado, presidenta de la comisión,
presenta el Informe.

Comienza el debate sobre la totalidad del Informe.

La señora Torres Sánchez, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, consume un turno a favor.

La señora Flores Fernández, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y el señor Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto,
hacen uso de la palabra en el turno en contra.

Se procede al debate de los votos particulares a las
recomendaciones del Informe.

La señora Almiñana Riqué defiende el voto particular del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Cunyat Badosa defiende el voto particular del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Fernández Blanco defiende el voto particular del
Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Romero
Bañón, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Eza Goyeneche,
por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Anasagasti Olabeaga, por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Almiñana
Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la
señora Cunyat Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; la señora Flores

Fernández, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la
señora Torres Sánchez, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

Se rechaza el voto particular del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, con el siguiente resultado: presentes,
218; votos emitidos, 218; a favor, 73; en contra, 145.

Se rechaza el voto particular del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, con el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 218; a favor, 73; en contra, 145.

Se rechaza el voto particular del Grupo Parlamentario
Socialista, con el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos,
217; a favor, 72; en contra, 145.

Se aprueba el informe con el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 218; a favor, 145; en contra, 73.

Se levanta la sesión a las dieciséis horas y treinta
minutos.

Página
7301

Pues miren, frente al hecho de que el Gobierno del Partido
Popular y sus cuatro parlamentarios, junto con la delegada del Gobierno,
sostienen al Gobierno de Unión del Pueblo Navarro y la señora Barcina,
que son sus mayores aliados para la desforalización de Nafarroa, traemos
a este Pleno esta moción consecuencia de interpelación. Esta es una
moción de mínimos, una moción que lo único que pretende con su
formulación es aunar voluntades en torno a un hecho: el respeto a la
voluntad de la ciudadanía navarra. Es una moción que va a retratar muy a
las claras el papel de cada uno, su posicionamiento y la actitud que cada
uno de nosotros tenemos respecto al respeto al autogobierno navarro, los
fueros y sus instituciones, que son los que representan la voluntad de la
ciudadanía navarra.

Y traemos una moción de mínimos en un intento de aunar
voluntades; una moción nacida de la premisa de que todos nos dejemos
pelos en la gatera para poder respaldar un texto común; una moción que
trata de unir, de tender puentes entre diferentes, de intentar llegar a
acuerdos básicos entre posiciones divergentes. Y esto es así porque ese
es el pilar que inspira la propia existencia de Amaiur, este es el pilar
que nos ha traído hasta Madrid: tender puentes entre diferentes, tratar
de llegar a acuerdos.

Y quiero volver a subrayar este hecho: traemos a esta
Cámara una redacción con un mensaje básico, de mínimos, cuyo contenido lo
único que ratifica es el respeto a la voluntad de la ciudadanía navarra.
Tan sencillo como eso, tal y como pone el propio texto de la moción: El
Senado muestra su respeto al Parlamento de Navarra, Cámara depositaria
plena de la voluntad de la ciudadanía de Navarra, muestra su compromiso
con las leyes y decisiones aprobadas por dicha Cámara e insta al Gobierno
del Estado a respetar la voluntad de la ciudadanía Navarra. Y el texto
insta al Estado español y a todos los demás Gobiernos o colectividades a
respetar la voluntad expresada por la ciudadanía a través de sus
representantes, elegidos democráticamente a través de las urnas; insta al
Estado al respeto del régimen foral navarro, al respeto de sus derechos
históricos; en definitiva, insta al respeto de su régimen foral
preexistente a la propia existencia y articulación de España como Estado
y, evidentemente, preexistente a la propia Constitución.

Estos respetos a sus derechos históricos son un mínimo
contra el que creemos que ninguna fuerza política representada en esta
Cámara puede votar; no concebimos que eso pueda pasar. Porque en el caso
de que ocurriera, que se votase en contra, supondría votar en contra de
los derechos y competencias propios de los navarros y de las navarras; no
se puede votar en contra de garantizar que los navarros y navarras
siempre serán lo que ellos quieran ser, y lo repito: serán lo que ellos
quieran ser, sin injerencias, sin imposiciones, sin trabas ni cortapisas
de ningún tipo. El votar en contra de esta moción de mínimos supondría no
reconocer este hecho, no reconocer el régimen foral navarro, no reconocer
la capacidad de los navarros y navarras de ser los dueños de su propio
futuro.

Mila esker, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Unamunzaga.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el senador Yanguas.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Anonadado me hallo, señoría. Uno, cuando lee el texto de
esta moción, desde luego no puede menos que calificarla de una mera
perogrullada, pero a la vez con un componente torticero —que es a
lo que me voy a referir después— importante: es un querer decir y
no decir a la vez. Me explico: pedir en el Senado que este muestre su
respeto al Parlamento de Navarra y que el Gobierno también muestre su
compromiso con las leyes aprobadas por el Parlamento, yo creo que es una
cosa de Perogrullo. Permítame que le diga que solo faltaría que no las
respetara, ahora y siempre, desde luego.

Pero cuando uno lee su intervención en la interpelación
anterior y lo que ha dicho usted ahora es cuando uno va rascando y ve el
fondo del asunto. Yo creo que lo que ustedes han querido desde Amaiur es
ir —lo ha dicho hoy usted aquí y lo dijo el otro día— contra
el Gobierno de Navarra a través de una serie de afirmaciones que faltan a
la verdad. Lo que desean es desgastar a UPN, pero desde luego con
nosotros aquí no lo van a lograr.

Página
7303

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Yanguas.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la senadora Chivite.

La señora CHIVITE NAVASCUÉS: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. Señor Unamunzaga, señor Yanguas,
desde luego, no hemos venido hoy aquí, al Senado a debatir sobre la
ilegitimidad del Gobierno de UPN o sobre los temas derivados de Caja
Navarra o sobre otros asuntos que solo competen a la comunidad foral
porque creo que todos tenemos representantes en el Parlamento de Navarra
y es allí donde se tienen que producir estos debates y donde, además, se
están produciendo.

Por tanto, creo que hoy hemos venido aquí a hablar de
invasión competencial. Hemos venido aquí a hablar de los recursos de
inconstitucionalidad que están presentados, tanto por parte del Gobierno
de España hacia normas emanadas del Parlamento de Navarra como de
recursos de inconstitucionalidad que el Parlamento de Navarra va a
interponer a normas emanadas del Estado. Porque los debates que ustedes
han planteado hoy aquí los tenemos en el Parlamento de Navarra, y creo
que son solo ámbito de dicho Parlamento, que para eso tenemos
representantes allá.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una
enmienda de adición, ya que está de acuerdo con el contenido que se
explicita en la propuesta de resolución, porque compartimos con el Grupo
Parlamentario Mixto, con el señor Unamunzaga, el diagnóstico sobre el
afán centralizador del Gobierno del Partido Popular.

También coincidimos en la defensa del respeto al marco
competencial de la Comunidad Foral de Navarra. Queremos que se respete al
Parlamento de Navarra. Queremos que se respete la voluntad de la
ciudadanía de Navarra. Queremos el respeto a las normas de juego que los
navarros y las navarras nos hemos dado. En el Partido Socialista, al
igual que en el Partido Socialista de Navarra, apostamos por una
comunidad foral propia y diferenciada que tiene en la Constitución
española y en la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Fuero,
la Lorafna, sus anclajes políticos y jurídicos, solidaria con todos los
pueblos de España.

En el Pleno pasado el señor Unamunzaga hacía una metáfora
de fútbol para hacer referencia a la situación de conflictividad
competencial en la que nos encontramos. Se refería a ella como campo de
juego. Eso es lo que hemos pretendido definir con nuestra enmienda de
adición. Para los socialistas, la Ley de Reintegración y Amejoramiento
del Fuero, la Constitución Española y las normas europeas, son nuestras
normas de juego. Lo que hacemos, lo hacemos porque creemos que en los
actuales tiempos de globalización las soberanías no son absolutas, sino
compartidas. Creemos en la globalización política. La ciudadanía, también
la ciudadanía navarra, está más allá de su propio espacio. Comparte
espacios más amplios. En este caso, los ciudadanos y ciudadanas navarros
compartimos espacio con España y con Europa; y lo hacemos
democráticamente, convencidos de que es lo mejor para nuestro bienestar y
para nuestro colectivo, para nuestro bien común. Estamos preocupados por
las políticas centralizadoras que impone el Partido Popular en el
Gobierno de España, invadiendo competencias exclusivas de la comunidad
foral, ninguneando nuestro autogobierno y nuestras normas.

Las normas a las que hago referencia en la enmienda son las
que los navarros y las navarras nos hemos dado para convivir con el resto
de los ciudadanos españoles. Así ha quedado refrendado en la disposición
adicional primera de la Constitución Española e incluso ha quedado
refrendado por los tribunales europeos. El respeto institucional es
fundamental para una convivencia cordial; el respeto a las competencias y
a nuestro marco jurídico, que todos debemos cumplir; y digo todos, tanto
el Partido Popular como los senadores del Grupo Parlamentario Mixto.

En el Pleno anterior el señor Montoro hablaba —y lo
repitió varias veces— de la lealtad de España a Navarra. Yo creo
que se olvidó una parte: la lealtad de todos, de España a Navarra y de
Navarra a España. No quiero plantear aquí el debate del «y tú más», solo
solicito como grupo el respeto al autogobierno de la comunidad foral, el
respeto a sus normas, a sus competencias, a sus instituciones y a la
ciudadanía de Navarra.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Chivite.

Tiene la palabra el senador Unamunzaga para indicar si
acepta o no las enmiendas.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Gracias, señor presidente.

Con su permiso, intervendré desde el escaño simplemente
para decir que no aceptamos ninguna de las dos enmiendas. Explicaré en el
turno de portavoces el porqué.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Unamunzaga.

¿Turno en contra? (Denegaciones.)

Procede, a continuación, la intervención del Gupo
Territorial de Unión del Pueblo Navarro. Para ello, tiene la palabra, por
tiempo de cinco minutos, la senadora Salanueva.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, señor
presidente.

Señorías, soy navarra, fruto de muchas generaciones que han
entendido el autogobierno de Navarra, reflejado en sus fueros, como
piedra angular de nuestra identidad que no admite injerencias, en cuanto
a su contenido, de Madrid, pero tampoco de Vitoria. La Lorafna, nuestra
Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento, como norma reguladora de
nuestros fueros, solo puede entenderse en el marco de la Constitución,
que los respeta y los ampara. La foralidad es convivencia, es integración
y es respeto al marco constitucional, justo lo contrario de lo que, a
nuestro juicio, representa Amaiur.

Señorías, las leyes, el derecho, porque en definitiva de
eso es de lo que hablamos o debiéramos estar hablando, no son elementos
aislados que se incrustan en la sociedad como consecuencia de la voluntad
del legislador, sino que se integran en lo que denominamos ordenamiento
jurídico, y ahí es donde alcanzan sentido y cohesión; pero en algunas
ocasiones la pérdida de ese sentido integrador del ordenamiento hace que,
lamentablemente, se aprueben por el órgano legislativo foral, y en contra
de los criterios de los asesores letrados de la Cámara, leyes forales que
pueden superar el ámbito competencial foral de Navarra.

Hoy en la Comunidad Foral de Navarra se pretende, en
ocasiones, gobernar desde la oposición, sin entender que eso puede
suponer, a nuestro juicio, un ataque al principio de división de
poderes.

Hoy la Lorafna y la Constitución son las lindes, los
límites del camino por el que deben transitar las leyes forales, y no
podemos por menos que respetarlas. Eso no significa que compartamos todas
las decisiones sobre los distintos recursos contra las leyes forales,
que, por cierto, unas de las recurridas también han sido apoyadas por
UPN. En cualquier caso y al margen de que UPN tenga mayoría o minoría en
el Gobierno, o que gobierne el PP o el Partido Socialista, los recursos a
distintas normas son decisiones comunes y corrientes en las relaciones
Navarra-Gobierno de España y también con otras comunidades.

Esto me da pie también a decir que la actual redacción del
artículo 135 de la Constitución viene siendo utilizada por el Gobierno de
la nación de una forma posiblemente excesiva. Por eso y desde esta
tribuna, hago un llamamiento para que su uso se modere y se circunscriba
de forma estricta a los supuestos de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad y no se convierta en una patente de corso que habilite
cualquier intervención limitativa de las competencias, en nuestro caso
las forales.

Por lo tanto, en cuanto a las leyes forales se refiere, que
es de lo que estamos hablando, UPN se remite a la opinión que merezca al
Tribunal Constitucional a través de sus sentencias, que deben ser
respetadas y cumplidas, opinemos lo que opinemos, como principio básico
de convivencia democrática.

Aunque yo me he empeñado en defender la posición de UPN
desde un punto de vista jurídico y de respeto a las normas más básicas de
derecho y a los principios inspiradores de nuestro Estado democrático,
soy consciente de que esto quedará reflejado en el Diario de Sesiones,
pero que el debate es otro. Como siempre, y lo ha dicho mi compañero
Yanguas, estamos acostumbrados a las afirmaciones que ya el portavoz de
Amaiur a lo largo de todo el debate ha realizado, pero que los portavoces
de la izquierda abertzale realizan como un mantra en cualquiera de los
debates, se hable de educación, de justicia, de sanidad, etcétera: UPN,
genocida del vascuence; UPN cercena las competencias de Navarra; UPN
cercena el autogobierno de Navarra, no respeta los derechos y libertades,
se encuentra instalado en la corrupción, corruptelas, etcétera. Son
mantras que generan tensión y que a ustedes les vendrá bien, pero que a
los demás también nos vienen bien para desenmascararles. ¿Y saben por qué
hacen esto? Porque quieren desgastar a UPN, mi partido, que es garantía
de defensa de la identidad de Navarra, muro defensivo frente a las

pretensiones anexionistas. La mayor perversión, señorías,
es pretender defender el régimen foral de Navarra y al mismo tiempo
querer diluirlo en Euskal Herria.

Señorías, la izquierda abertzale para nosotros carece de
credibilidad; ya no engaña a nadie. No son creíbles; sus comportamientos
los avalan. No pueden abanderar respeto a las leyes cuando desprecian el
ordenamiento jurídico, las instituciones políticas y judiciales de
nuestro Estado de derecho y se mofan de ella cuando tienen ocasión. ¿O
acaso pueden dar lecciones quienes incumplen sistemáticamente la
legislación sobre símbolos, como se ha dicho anteriormente, o quienes
utilizan los tribunales a su antojo para oponerse a obras de interés
general, como ha sido la mayor infraestructura hidrológica de Navarra,
que fue Itoiz y el canal de Navarra? ¿O cuando imponen sistemas de
recogidas de basura en contra de la opinión ciudadana y prohiben
consultar a la ciudadanía cuando lo exigen donde no gobiernan? ¿O cuando
sus concejales participan en el ataque al popular chupinazo de San
Fermín, como estamos viendo en las declaraciones que se están tomando en
las sedes judiciales? ¿O cuando en ayuntamientos donde ustedes gobiernan,
como en Etxarri Aranatz, se burlan con su actitud de los ataques a la
vivienda de los Ulayar, víctimas de ETA?

Señorías, termino ya. Señores de Amaiur, no son creíbles
aunque se disfracen con túnicas blancas en las instituciones,
instituciones que utilizan al servicio de su único objetivo:
autodeterminación e independencia, es decir, que Navarra deje de ser
Navarra y que junto con el País Vasco se independice de España y por ahí,
señorías, UPN no va a pasar. (Aplausos.)

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Salanueva.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, senador Unamunzaga, ¿van
a compartir turno? (Denegaciones.)

Tiene la palabra su señoría.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Muchas gracias, señor
presidente.

Para empezar, me quiero referir a la señora Chivite. Le
quiero trasladar una reflexión que yo considero que tiene mucho de
urgencia y de necesidad. Es necesaria la colaboración entre todos para
frenar la situación existente en Navarra y es por eso por lo que les hago
una llamada para que se piensen muy mucho su voto en esta moción. Entre
las fuerzas que sumamos la mayoría en Nafarroa tenemos que ser capaces de
plantar cara a esta situación y ese es el motivo y la literalidad de mi
moción, tal y como he expresado anteriormente, el sentir de un texto de
mínimos en el que nos podamos sentir reflejados todos los integrantes de
la oposición, dejándonos todos pelos en la gatera para disponer de un
texto que tenga el objetivo de la unión entre nosotros. Señora Chivite,
hagamos uno en torno a un texto de mínimos. Denunciemos conjuntamente en
esta Cámara la situación que se está dando en Navarra en estos
momentos.

Ahora me quiero referir a los representantes de Unión del
Pueblo Navarro. Permítanme la reflexión, pero para ser de tierra adentro
saben mucho de chipirones. Y me explico. Lo digo porque echan mucha tinta
para intentar tapar los hechos que están ocurriendo. Entre todo lo que
han dicho, solamente me voy a referir a dos cositas. Señor Yanguas, ya le
daré un libro fantástico de Txalaparta en el que aparecen mapas que se
refieren a Euskal Herria desde el año 1500. Eso lo dejamos para otro
debate.

También le quiero comentar que están ustedes hablando de un
marco al que usted se ha referido en más de una ocasión. Estamos hablando
del único estatuto de autonomía que existe en el Estado que no ha sido
refrendado por los votos de la población navarra. También es un dato a
tener en cuenta, y siempre se les olvida.

Les voy a situar. Estamos a 23 de octubre de 2013, en el
Senado, y el texto que se somete a votación es el siguiente: El Senado
muestra su respeto al Parlamento de Navarra, Cámara depositaria plena de
la voluntad de la ciudadanía navarra, muestra su compromiso con las leyes
y decisiones aprobadas por dicha Cámara e insta al Gobierno del Estado a
respetar la voluntad de la ciudadanía navarra.

El texto es cual es y la pregunta es muy simple: ¿van a
respaldarlo, sí o no? Y no me haga trampas en el solitario, señor
Yanguas. Sabe usted perfectamente que el texto que ustedes han traído
como enmienda a la totalidad a mi propuesta, y que ha vendido como un
texto de la mayoría

parlamentaria de Nafarroa, es en realidad un texto fruto de
la situación que han generado ustedes. Los puntos que integran ese texto
fueron aprobados en un Pleno en el que la oposición en bloque hizo boicot
a las votaciones. Se lo repito: la oposición en bloque hizo boicot a esas
votaciones. Hicimos boicot y mostramos nuestra voluntad de votar
únicamente las propuestas de resolución que exigiesen la convocatoria
inmediata de elecciones en Navarra. Se le ha olvidado ese pequeño
detalle. Esta es la realidad, lo que le estoy diciendo.

Sabe usted perfectamente que ese texto no es en absoluto un
texto respaldado por la mayoría en Navarra. Y de la misma manera, también
les quiero trasladar una reflexión. Yo solamente me encuentro con una
explicación para que ustedes hayan terminado trayendo ese texto como
argumento estrella a este debate y que utilicen medias verdades en su
justificación. Una de dos, o están muy nerviosos o están completa y
absolutamente desesperados. Aunque si me lo permiten, tal vez puede ser
que en estos momentos estén las dos cosas a la vez.

De lo que estamos hablando es de la situación de los
recursos sistemáticos a las decisiones adoptadas por el Parlamento
navarro, a lo que yo me he referido, y si no respaldan ustedes esta
moción que hemos presentado, den la explicación a la ciudadanía navarra
de por qué no respaldan su capacidad de autogobierno, de por qué no
defienden su foralidad. Esta es la pregunta y esta es la situación. El
resto son fuegos de artificio. El no saber ni poder camuflar un voto en
contra. Si se da ese voto en contra, desde luego lo será a realizar una
defensa real del autogobierno en Navarra, y ustedes se van a quedar
solamente en un eslogan y en una pose; una pose interesada porque están
renunciando a la defensa del autogobierno, están posibilitando su
laminación y recorte competencial para garantizar su continuidad en el
Gobierno. Están ustedes aplicando lo único que saben aplicar y lo están
demostrando día a día en el ámbito de la gestión. Lo único que tenemos en
Nafarroa en estos momentos es un auténtico desgobierno en vez de tener un
Gobierno, y ustedes son los únicos responsables de haber llegado a esta
situación.

Les voy a decir más. Ustedes son los únicos responsables de
que hoy estemos hablando en el Senado de este tema. Por ello, lo que les
pido es responsabilidad, les pido que hablen con su compañera Barcina,
compañera de partido, para que haga lo único que puede hacer en estos
momentos para normalizar la situación en Nafarroa, que es dar la palabra
a la ciudadanía de Navarra presentando su dimisión y convocando
elecciones.

Y ustedes expresen en esta votación su postura en relación
con esta moción que, vuelvo a repetir, es una moción de mínimos y muy
clara, de defensa de la foralidad y de la capacidad de decisión de
Navarra, de dejar decir a los navarros y a las navarras lo que quieran
ser, sin ningún tipo de coacciones ni injerencias. Esto es democracia,
señores de Unión del Pueblo Navarro, no son pretensiones anexionistas. Es
dar la palabra al pueblo, aunque por lo que parece ustedes no están muy
acostumbrados.

Mila esker. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Unamunzaga.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Bai, eskerrik asko, presidente
jauna. Egun on guztioi.

Bueno, nik uste hemen, ganbera honetan gaur gauza asko esan
direla: batzuk kontrajarriak, eta beste batzuetan esaten zenaren eta
idatzita dagoenaren artean, agian, momentu batzuetan, kontraesanak jar
zitezkeen edo ikus zitezkeen. Baina ni geldituko naiz sintesi batekin
edo, laburrean, esango dut hemen azkenean planteatzen ari garena dela
errespeta dadila Nafarroako Legebiltzarrak bere eskuduntzetan edo bere
konpetentzietan erabakitzen duena. Nik uste dut behin eta berriro
gertatzen ari zaigula elkarte autonomo ezberdinetan sentitzen dela eta
bizitzen ari garela errezentralizazio-prozesu bat. Eta ni alde horretatik
joango naiz, eta ez naiz beste nolabaiteko eztabaidetan sartuko.

Guk, noski, mozio hau babestu egingo dugu, pentsatzen
dugulako hori benetan gertatzen ari dela. Beraz, aldeko bozka emango
dugu. Aldi berean, esan beharra daukat pozten naizela Amaiurren aldetik
horrelako mozio bat aurkeztu izanaz, guk aurkeztu izan ditugunean hemen
gure egoerari dagozkionak eta gure konpetentzien baitan eskatu ditugunak
ez dugulako jaso Amaiurren aldetik inolako babesik, eta bozketan parte ez
hartzea ere eman delako. Baina guk parte hartuko dugu eta, gainera,
eskertzen dugu Amaiurren aldetik nolabaiteko joko honetan edo erreflexio
honetan edo eztabaida honetan sartu izana.

Nik uste hemen erreflexio bat egin beharra daukagula
errezentralizazio-prozesu honetan gertatzen ari denari buruz. Galdera bat
egingo nioke nik ganbera honi, eta baita ere gobernu honi:
konstituzionala al da Auzitegi Konstituzionala? Zergatik esaten dut hori?
Bada, ikusi besterik ez dago anitza den estatu hau izango dela munduan
dagoen bakarra bere magistratuak aukeratzen dituenak aukeratzen dituen
bezala, bere errealitate anitza kontuan hartu gabe. Eta nik uste dut gai
horrek mereziko lukeela beste nolabaiteko erreflexio bat. Aldi berean,
noski, inozoa ez naiz, edo ez gara. Gertatzen dena da ez garela eztabaida
honetan sartuko, pentsatzen dugulako hau ez dela foroa. Alegia, hemen,
sakon-sakonean, eztabaida honetan, ematen da Nafarroako Legebiltzarrean
ematen ari den eztabaida; alegia, minorian dagoen gobernu bat, eta
oposizioan dagoen beste errealitate bat. Eta, azken finean, momentu
honetan, oposizio aldetik aurrera eramaten ari da gobernuak nahi ez
dituen hainbat testu. Eta horren baitan jokoa ematen da. Bueno, bada,
Nafarroako Legebiltzarrak eta nafarrek bideratu beharko dute egoera hori.
Guk pentsa dezakegu egokiena izan daitekeela hauteskundeak aurreratzea,
baina, esaten dudan bezala, ez dut uste guri hemen tokatzen zaigula hori
adieraztea, Chivite andreak esan duen bezala, nafarrek esan beharko
dutelako, beraien errespetuz. Gainera, hori da eskatzen ari garena hemen:
errespetua nafarrei. Beraz, beraiek hori erabaki dezatela.

Eta, bukatzeko, bukatuko dut hasi naizen sintesi honekin.
Alegia, nafarrek eta nafarren legebiltzarrak erabaki dezatela bere
eskuduntzetan edo konpetentzietan dagokionean. Baina beti izan behar du
horrela. Alegia, ez nafar legebiltzarrean; baita ere udaletxeetan, baita
ere erakunde ezberdinetan. Aldi berean, era leun batez esanda, eskertuko
genuke Gipuzkoako Legebiltzarrean, hau da, Gipuzkoako Batzar Orokorretan
edo Nagusietan hori emango balitz; alegia, Batzar Orokorrek erabakitzen
dutena Gipuzkoako Foru Aldundiak aurrera eramatea.

Besterik ez. Eskerrik asko.

Muchas gracias, señor presidente. Buenos días,
señorías.

Creo que hoy se han dicho muchas cosas en esta Cámara,
algunas contrapuestas o contradictorias y otras en las que podía haber
contradicción entre lo que se ha dicho y lo que decían las mociones
presentadas. En resumen, lo que estamos planteando es que se respeten las
decisiones que adopta el Parlamento de Navarra dentro de sus
competencias. Creo que una y otra vez en las comunidades autónomas
sentimos y vivimos un proceso de recentralización. Yo voy a hablar en
este sentido y no voy a entrar en otros debates.

Nosotros, obviamente, apoyaremos esta moción porque creemos
que este proceso de recentralización se está dando. Al mismo tiempo me
gustaría decir que me alegro de que por parte de Amaiur se haya
presentado una moción de estas características. Cuando hemos presentado
aquí mociones referentes a nuestra situación y a solicitudes que hemos
hecho dentro de nuestras competencias no hemos recibido ningún apoyo de
Amaiur y ni tan siquiera han participado en la votación. Nosotros sí
participaremos y agradecemos que Amaiur haya entrado en este debate o
juego-reflexión.

También creo que debemos reflexionar sobre lo que está
ocurriendo dentro de este proceso de recentralización. Me gustaría
plantearle una pregunta a esta Cámara y también al Gobierno: ¿Es
constitucional el Tribunal Constitucional? Y ¿por qué lo pregunto? Porque
no hay más que ver que este Estado plural puede que sea el único en el
mundo que elige a los magistrados sin tener en cuenta su realidad plural.
Creo que este asunto merecería una reflexión propia. Por otra parte no
somos ingenuos; lo que pasa es que no queremos entrar en este debate
porque creemos que no es este el foro apropiado. Es decir, este debate ya
se produce en el Parlamento navarro, en el que una minoría se enfrenta a
una oposición y en el que la oposición está ahora llevando adelante
textos que el Gobierno no quiere. Esas son ahora las reglas del juego.
Los navarros deberán reconducir esta situación y nosotros creemos que lo
más apropiado podría ser adelantar las elecciones, pero como he dicho, no
creo que eso nos corresponda a nosotros puesto que son los navarros los
que tienen que decidir y nosotros debemos respetar su decisión tal y como
hemos pedido aquí.

Finalmente me gustaría volver a la síntesis con que he
empezado: que Navarra y su Parlamento decidan, dentro de sus
competencias, lo que corresponda. Siempre debería ser así, pero no solo
en el Parlamento navarro sino también en los ayuntamientos y en las
instituciones. Y también agradeceríamos, dicho suavemente, que eso
también ocurriera en las Juntas Generales de

Gipuzkoa. Es decir, que lo que decidan dichas Juntas
Generales la Diputación Foral de Gipuzkoa lo llevara adelante.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.

Senyores i senyors senadors, senador Unamunzaga,
d’entrada volem dir que entenem que no és competència
d’aquesta Cambra, del Senat d’Espanya, entrar a debatre sobre
l’estabilitat del Govern de la Comunitat Foral de Navarra. Aquest
no és el debat i aquest no és l’àmbit on s’ha de tenir un
debat d’aquesta mena.

Dit això, vull afegir que la literalitat de la proposta de
la moció que se sotmet avui a votació és un text que, en la pràctica i
amb matisos, es podria compartir sense problemes, per la qual cosa
resulta difícil votar-hi en contra; demanar respecte per part del Senat
al Parlament navarrès no suscita cap mena de dubte, és un respecte
merescut, obligat i forma part d’això que s’anomena la
lleialtat institucional; demanar al Govern d’Espanya que respecti
la voluntat dels ciutadans i ciutadanes navarresos també forma part
evidentment de les obligacions democràtiques de qualsevol institució i,
per descomptat, també del Govern d’Espanya. Fins aquí, doncs, és
difícil oposar-se a aquesta moció.

Una altra qüestió és tot allò que hi ha darrere, tota la
voluntat que hi pot haver-hi darrere d’aquesta proposta i que vostè
mateix, senador Unamunzaga, va plantejar en el curs de la interpel·lació
i que ha plantejat aquí mateix. Unes altres intencions i una altra
voluntat que s’expressa, precisament, d’una banda amb la
crítica al recurs al Tribunal Constitucional, i aquí voldria introduir un
parell de comentaris. Primer, el Tribunal Constitucional és una
institució plenament legítima i és legítim que les institucions puguin
acudir al Tribunal Constitucional; és normal que hi acudeixi el Govern
d’Espanya i és normal fins i tot que hi acudeixin els Governs
autonòmics. També el Govern de la Comunitat Autònoma de Catalunya, el
Govern de la Generalitat, moltes vegades acudeix al Tribunal
Constitucional. Per tant, fins aquí no hi hauria cap il·legimitat, ni res
a discutir. Una altra qüestió és l’abús que es pugui fer del recurs
al Tribunal Constitucional com un intent de frenar l’autogovern o
com un intent d’aturar determinades decisions però,
d’entrada, acudir al Tribunal Constitucional no hauria de ser un
problema.

Una altra qüestió, senador Unamunzaga, és el que es
destil·la amb l’expressió del text de la moció quan parla del fet
que el Parlament Foral de Navarra és plenament dipositari de la voluntat
dels ciutadans i ciutadanes bascos. Aquí entrem en un altre concepte que
és el de la sobirania que, evidentment, en aquest cas, tampoc no
s’ajustaria al text constitucional.

Per tant, no votarem en contra de la moció perquè en la
seva literalitat no és un text que es pugui votar en contra, però
certament no compartim necessàriament bona part de la voluntat política i
de la intenció que hi ha darrere tant de l’exposició com del
plantejament i de l’oportunitat d’aquesta moció que avui se
sotmet a votació en aquesta Cambra del Senat.

Gràcies, senyor president. (Aplaudiments.)

Señoras y señores senadores, senador Unamunzaga, de entrada
quisiera decir que entendemos que no es competencia de esta Cámara, del
Senado español debatir sobre la estabilidad del Gobierno de la Comunidad
Foral de Navarra. Por consiguiente, éste no es el debate ni éste es el
ámbito en el que hay que debatir este tema.

Dicho esto, también quisiera añadir que la literalidad de
la propuesta de la moción que se somete hoy a votación es un texto que,
con algunos matices, de hecho se podría compartir sin problemas y, por
tanto, es difícil votar en contra, pedir respeto por parte del Senado al
Parlamento de Navarra porque, sin duda, es un respecto merecido,
obligado, que además forma parte de lo que damos en llamar la lealtad
institucional; pedir al Gobierno de España que respete la voluntad de los
ciudadanos y de las ciudadanas de Navarra también forma parte de las
obligaciones democráticas de cualquier institución y, evidentemente,
también del Gobierno de España. Así que hasta aquí es difícil, como
decía, oponerse a esta moción.

Otra cuestión es la voluntad que pudiera haber detrás de
esta propuesta y que usted mismo, senador, planteó en el curso de la
interpelación y que, de hacho, también ha planteado hoy. Como digo, hay
otras intenciones y otra voluntad que se expresa precisamente, por un
lado, con la crítica al recurso al Tribunal Constitucional, y aquí yo
quisiera hacer un par de comentarios. Primero, el Tribunal Constitucional
es una institución plenamente legítima, y es legítimo que las
instituciones puedan recurrir al Tribunal Constitucional; es normal que
acuda el Gobierno español y que también acudan los Gobiernos autonómicos,
y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña también acude muchas veces al
Tribunal Constitucional. Así que hasta aquí no hay ninguna ilegitimidad
ni nada que discutir. Otra cuestión es el abuso que se puede hacer del
recurso al Tribunal Constitucional como un intento de frenar el
autogobierno o de frenar determinadas decisiones, pero de entrada acudir
a este tribunal no debería ser un problema.

Otra cuestión, senador, es lo que se destila en el texto de
la moción cuando habla de que el Parlamento Foral de Navarra es
plenamente depositario de la voluntad de las ciudadanas y ciudadanos
vascos. Y aquí entramos en otro concepto, el concepto de la soberanía y,
evidentemente, en este caso tampoco se ajustaría al texto constitucional.

Así que, como decía, no vamos a votar en contra de la
moción porque en su literalidad no es un texto que se pueda votar en
contra, pero ciertamente no compartimos buena parte de la voluntad
política y de la intención que subyace detrás de lal exposición, el
planteamiento y la oportunidad de esta moción que hoy se somete a
votación en esta Cámara del Senado.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI. Moltes gràcies, president.

Senyories, vagi per endavant que no compartim alguns dels
arguments que el senador va utilitzar a la interpel·lació al ministre
Montoro i òbviament tampoc no compartim moltes de les respostes que va
efectuar el ministre Montoro i segurament no compartiríem alguns dels
arguments que hem escoltat al llarg d’aquest matí per part
d’alguns dels portaveus. Ara, però, ens sotmetem a la votació de la
literalitat d’una moció que crec que és clara, explícita i, si té
una virtut, és la concreció; aquesta moció és simplement la que tenen
vostès reflectida amb el títol a cadascuna d’aquestes
pantalles.

Davant d’aquest moció ja els avanço que el nostre
grup votarà a favor i ho farà perquè és una moció quasi òbvia. Si
estiguéssim parlant d’un Estat plurinacional que tingués voluntat
de ser plurinacional, segurament no caldria aquesta moció, però estem on
estem i això no suposa qüestionar la legitimitat del govern navarrès. I
ja els he dit que per al nostre grup parlamentari és inqüestionable, la
legitimitat democràtica emana precisament del mateix Parlament navarrès
al qual avui demanem respecte. I més enllà dels debats interns a nivell
de Navarra, nosaltres pensem que avui aquesta senzilla moció hauria de
tenir el recolzament majoritari d’aquesta Cambra com de qualsevol
Cambra democràtica que es preï, independentment de la intencionalitat
política o no —que segurament tindrà, com la tenen totes—,
però no hi ha res a dir quant a la literalitat del text i donem el nostre
vot favorable.

Una altra qüestió seria alguns del elements de reflexió que
ha presentat en aquesta tribuna el portaveu del Partit Nacionalista Basc
i que compartim. Estem en un procés de recentralització de l’Estat,
recentralització democràtica, evidentment, perquè emana de les urnes,
però tan real com la que s’està produint en aquests moment, la qual
cosa segurament fa que molts ciutadans se sentin incòmodes en aquest
procés.

També ha encetat un altre debat, interessantíssim, amb una
pregunta que crec que té molt de contingut i no és retòrica: és
constitucional el Tribunal Constitucional? Si deixem respondre al mateix
Tribunal Constitucional, ja sabem la resposta, però jo crec que aquest
seria un element de reflexió que s’haurien de fer totes les
persones que creuen que un tribunal constitucional és absolutament
necessari en un Estat democràtic del segle XXI. Però en tot cas tampoc no
ho aclarirem aquí. Ara, simplement, el que estem demanant és respecte per
al Parlament navarrès, un compromís amb les lleis i decisions que aprova
un Parlament i, a la vegada, que el govern respecti la voluntat de la
ciutadania navarresa.

Algú podria dir que això es pot traslladar a altres llocs.
Segur, si substituïm Navarra per Catalunya, ja els avanço que podríem
trobar moltíssimes similituds. Però ja no entrarem en aquest debat.
Simplement, vull dir-los que el nostre grup parlamentari votarà a favor
d’aquesta proposta clara i explícita que efectua el Grup Mixt.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, vaya por delante que no compartimos algunos de
los argumentos que utilizó el senador interpelando al ministro Montoro,
evidentemente tampoco compartimos muchas de las respuestas dadas por el
ministro Montoro y seguramente tampoco compartimos algunos de los
argumentos que hemos escuchado a algunos portavoces a lo largo de esta
mañana. Pero ahora estamos hablando de la votación de la literalidad de
una moción, que yo creo que es clara, explícita y si tiene una virtud es
la de la concreción; esta moción simplemente es la que tienen ustedes
reflejada con el título en cada una de estas pantallas.

Ante esta moción les anticipo que nuestro grupo va a votar
a favor y lo va a hacer porque se trata de una moción prácticamente
obvia, y si estuviéramos hablando de un Estado plurinacional que tuviera
la voluntad de ser plurinacional, ni tan solo sería necesaria,
seguramente no sería necesaria esta moción, pero estamos donde estamos, y
esto no supone cuestionar la legitimidad del Gobierno navarro, que ya les
digo que para nuestro grupo parlamentario es algo incuestionable, la
legitimidad democrática que emana precisamente del mismo Parlamento
navarro, al cual hoy pedimos respeto. Y más allá de los debates internos,
a nivel de Navarra nosotros pensamos que, hoy, esta sencilla moción
debería contar con el apoyo mayoritario de esta Cámara, como de cualquier
Cámara democrática que se precie, independientemente de la
intencionalidad política, o no, —que seguramente la tendrá, como la
tienen todas— pero, sea como fuere, no hay nada que decir respecto
a la literalidad, y, por tanto, le damos nuestro voto favorable.

Harina de otro costal serían algunas de las reflexiones del
portavoz del Partido Nacionalista Vasco, que compartimos, estamos en un
proceso de recentralización del Estado, una recentralización democrática
que, evidentemente, emana de las urnas pero tan real como la que se está
produciendo en estos momentos, y seguramente esto hace que buena parte de
los ciudadanos de este Estado se sientan absolutamente incómodos con este
proceso.

También ha iniciado otro debate sumamente interesante con
una pregunta que, a mi juicio, tiene mucho contenido y no es en absoluto
retórica: ¿es constitucional el Tribunal Constitucional? Si dejamos
responder al propio Tribunal Constitucional ya conocemos la respuesta,
pero yo creo que este sería un elemento de reflexión que deberían
plantearse todas aquellas personas que consideran que un tribunal
constitucional es absolutamente necesario en un Estado democrático del
siglo XXI. Pero, en cualquier caso, no lo vamos a aclarar aquí,
simplemente pedimos respeto por el Parlamento navarro, un compromiso con
las leyes y decisiones que aprueba un Parlamento y, al mismo tiempo, que
el Gobierno respete la voluntad de la ciudadanía de Navarra.

Alguien podría decir que este tema se podría trasladar a
otros lugares. Sin duda, si sustituimos Navarra por Cataluña ya les
anticipo que podríamos encontrar muchísimas similitudes, pero no vamos a
entrar en ese debate. Simplemente quiero decirles que mi grupo
parlamentario votará a favor de esta propuesta clara y explícita que
efectúa el Grupo Parlamentario Mixto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Chivite.

La señora CHIVITE NAVASCUÉS: Gracias, señor presidente.

Señorías, no voy a caer en la tentación de hacer aquí un
debate sobre elecciones anticipadas o sobre una moción de censura porque
creo que por respeto a esta institución y por respeto al Parlamento de
Navarra no es aquí donde toca y no voy a aprovechar esta ocasión, no digo
que no me gustaría pero solo digo que aquí no toca.

Esta moción consecuencia de interpelación viene derivada
por el incremento de los recursos presentados ante el Tribunal
Constitucional contra leyes emanadas del Parlamento de Navarra que ha
presentado el Gobierno de España, pero también existen recursos de
inconstitucionalidad que el propio Parlamento de Navarra —y digo
Parlamento de Navarra que no Gobierno de

Navarra— ha presentado frente a leyes que el Gobierno
de España ha elaborado porque entendíamos que invadían competencias de
nuestra foralidad; de hecho, existen informes jurídicos que así lo
avalaban.

El Grupo Parlamentario Socialista rechaza el uso y abuso
que el Gobierno de España está haciendo respecto a planteamientos de
inconstitucionalidad; en estos momentos hay interpuestos cuatro, pero es
verdad que desde el Consejo de Ministros se ha acordado interponer otros
tantos recursos ante el Tribunal Constitucional. Al amparo del artículo
149.1.13.ª de la Constitución Española —el Estado tiene competencia
exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación general de la
actividad económica— se está atacando permanentemente a la
comunidad, y esto nos preocupa, y nos preocupa mucho porque estas
políticas centralizadoras del Gobierno de España que utiliza con la
excusa de la crisis económica son malas para los intereses de Navarra y,
sinceramente, también creo que lo son para los intereses de España.

Entendemos que este país está atravesando una situación
complicada y somos conscientes de que nuestra comunidad no es ajena a esa
situación, somos conscientes de que nuestra comunidad, como el resto de
comunidades, tiene que arrimar el hombro. Pero, dicho esto, creo que el
autogobierno nos permite conseguir estos objetivos sin estar
permanentemente tutelados por el Gobierno de España, porque esta
tendencia centralizadora cercena nuestros márgenes como comunidad para
poder tomar nuestras propias decisiones.

Navarra viene siendo sujeto político-administrativo y
disponiendo por ello de uno u otro nivel de autogobierno desde el siglo
IX. De manera ininterrumpida, es decir, cuando ni siquiera existía España
como tal, Navarra ya estaba ahí, y desde entonces no ha venido haciendo
otra cosa que asistir al devenir de la configuración de España y de su
organización territorial a lo largo de la historia. La relación de
Navarra con España se ha encontrado en permanente evolución, pero siempre
ha habido una constante: Navarra siempre se ha mantenido con una posición
institucional propia y diferenciada. Navarra fue reino independiente
hasta 1512. Navarra, incluido el período franquista, ha mantenido un
respeto y garantía a la unidad constitucional; se esforzó en recuperar
parte de sus instituciones y competencias a través de la Ley Orgánica de
Reintegración y Amejoramiento del Fuero refrendada por la Constitución
Española. Y Navarra es un sujeto político propio portador de derechos
colectivos.

Desde UPN, que dicen que la foralidad está en su propia
esencia, se erigen como los grandes defensores de los mismos y se les
llena la boca en sus discursos de defender la foralidad. Pero en estos
momentos se trata de discursos vacíos; porque por sus hechos los
conoceréis, y el caso es que no ha sido el Gobierno de UPN quien ha
interpuesto recursos por invasión de competencia —aun teniendo el
propio Gobierno de Navarra informes jurídicos de invasión
competencial—; no lo ha hecho el Gobierno de Navarra, lo ha hecho
el Parlamento de Navarra, y en alguna ocasión incluso con el voto en
contra de UPN en el Parlamento de Navarra.

Señores de UPN, defender el autogobierno y la foralidad en
estos momentos es antagónico con hacer seguidismo de las políticas del
Partido Popular. Y en estos momentos, ustedes, entre elegir Partido
Popular y autogobierno han elegido Partido Popular. Debe quedar claro en
esta sesión plenaria de hoy que la voluntad de Navarra pasa
democráticamente por mantener nuestro estatus, nuestro autogobierno,
desde la colaboración y cooperación con España, Europa y también con
todos nuestros vecinos. Y el nacionalismo vasco también debe respetar y
reconocer que Navarra es un sujeto político propio; debe respetar la
voluntad del pueblo navarro y no llevar a cabo, como se hace en muchas
ocasiones, alardes de anexionismo, porque Navarra es Navarra y el País
Vasco es el País Vasco.

Y el Partido Popular también debe entender que la idea de
España no es su idea de España, que es una idea más amplia, más abierta
y, desde luego, mucho más amable. Esta profusión de plantear conflictos
competenciales evidencia la óptica torpe, cicatera y uniforme de la idea
de España del Partido Popular, que pretende centralizar y uniformar el
país. Frente a ella, los socialistas pretendemos instaurar una actitud
constructiva, federalizante, de proyecto común de España, desde la
pluralidad y desde el acuerdo.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora CHIVITE NAVASCUÉS: Gracias, señor presidente. Voy
terminando.

Creemos en una España en la que todos cabemos y Navarra,
desde su peculiaridad, apuesta por un diálogo franco que permita una
convivencia armónica con España, una España plural a la que todos
pertenecemos; e invitamos al Partido Popular a que se sume a la senda del
respeto, la colaboración y la convivencia y abandone la senda de la
imposición, porque seguro que en esta línea ganamos todos.

Nuestro texto de mínimos pasa por respetar la Constitución
y la Lorafna y, si no es así, no apoyaremos esta moción.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Chivite.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Palacios.

El señor PALACIOS ZUASTI: Señor presidente, señorías,
buenos días a todos.

Tengo que empezar diciendo que en esta Cámara estamos cinco
senadores navarros; cuatro hemos subido a esta tribuna a hablar de este
punto. Ninguno nos apellidamos Unamunzaga ni somos de Amaiur. Tengo que
decir que el firmante de esta moción sobre Navarra es de otra provincia y
de otra comunidad autónoma; que él habla —y así le oímos el otro
día— de Euskal Herria y no cree en Navarra tal y como está definida
en el artículo 1 del amejoramiento del fuero; es decir, en esa comunidad
foral con régimen, autonomía e instituciones propias, indivisible,
integrada en la nación española y solidaria con todos los pueblos, en la
que sí creemos los cinco senadores navarros que hemos sido elegidos por
los navarros.

Por lo tanto, lecciones las mínimas por parte de
Amaiur.

Entrando ya en el fondo de la cuestión, tengo que decirle
al señor Unamunzaga que, como no puede ser de otra manera, los senadores
del Grupo Popular y también creo que el Gobierno de España respetamos al
Parlamento de Navarra, como se dice en esta moción, como respetamos al
resto de las instituciones democráticas de este país; eso sí, siempre que
no se extralimite en sus competencias, que son las que le atribuye la
Constitución y el amejoramiento del fuero, competencias que nosotros no
queremos cercenar, como Amaiur sí lo pretende en la comunidad autónoma
vasca con las de las diputaciones forales.

Sí, es cierto, en lo que llevamos de legislatura hasta once
leyes o normas emanadas del Parlamento de Navarra han sido recurridas al
Tribunal Constitucional, pero también lo es que ese Parlamento se está
dedicando a aprobar leyes y normas en contra de los informes jurídicos de
sus propios letrados, de los del Gobierno de Navarra y del órgano
consultivo superior de Navarra, que es el Consejo de Navarra; leyes y
normas con las que unas veces están invadiendo las competencias del
Gobierno de Navarra y otras las del Gobierno de la nación, porque los
parlamentarios forales socialistas, de Bildu, de NaBai, de
Izquierda-Ezkerra y los no adscritos —que es cierto: suman 27 de
los 50 parlamentarios de Navarra— se están dedicando a aprobar
cosas que saben que no son conformes con la Constitución y están tratando
de torpedear la acción del Gobierno de Navarra y también la del Gobierno
de España, porque esos 27 parlamentarios se piensan que por haber sido
elegidos por las urnas tienen un poder ilimitado y que se pueden saltar
el Estado de derecho, es decir, están ignorando unos principios
fundamentales de la democracia: el de la limitación del poder, el respeto
a la legalidad o ese de que cada institución debe actuar dentro de los
límites de su competencia. Ellos lo que están haciendo con sus 27 votos
es pretender legislar y gobernar desde el Parlamento, olvidándose de la
división de poderes, es decir, que unos tienen que legislar, otros que
gobernar y otros que juzgar y, a sabiendas, porque tienen informes que
les indican lo contario, están aprobando cosas que no les compete, con lo
que están contraviniendo la legislación básica del Estado.

Por eso y sin que se haya cambiado por parte del Gobierno
de España el criterio a la hora de interponer recursos, en esta
legislatura ya se han interpuesto hasta once porque hay un conflicto
competencial y, lógicamente, el Gobierno de la nación mediante esos
recursos lo eleva al Tribunal Constitucional, que será el que tendrá que
decir quién tiene la última palabra. Por cierto, señor Unamunzaga, usted
nos decía en el Pleno pasado que respecto al Tribunal Constitucional
ustedes allá se encuentran en campo de juego ajeno, con reglas ajenas y
con un árbitro casero. Pues bien, 48 horas después sus compañeros de
Bildu apoyaron en el Parlamento de Navarra, sumando los 27 votos, la
interposición de un recurso contra un real decreto ley del Gobierno. ¿En
qué

quedamos? ¿Es que ustedes tienen bula para poder recurrir,
y el Gobierno no? Creo que deberían tener un poco más de coherencia y ya
está bien de victimismo.

Por último, si tantas ganas tienen de gobernar en Navarra,
lo tienen ustedes muy fácil. No hace falta que la señora Barcina dé la
palabra al pueblo de Navarra.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor PALACIOS ZUASTI: Termino, señor presidente.

Utilicen el artículo 35 del amejoramiento del fuero. Lo que
tienen que hacer es presentar una moción de censura. Tienen votos
suficientes en el Parlamento y, por lo tanto, la pueden ganar. Pero,
claro, para eso necesitan tener un candidato y un programa, y esa ya es
otra canción.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Palacios.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de
interpelación presentada por el senador Unamunzaga, del Grupo
Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 246; votos emitidos, 246; a favor, 22; en contra, 157;
abstenciones, 67.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

4.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE POLÍTICA INDUSTRIAL.

(Núm. exp. 671/000093)

AUTOR: ISIDRO MANUEL MARTÍNEZ OBLANCA (GPMX)

El señor presidente da lectura al punto 4.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de
interpelación se han presentado 2 enmiendas: la primera, del Grupo
Parlamentario Mixto, a iniciativa de los senadores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes; y, la segunda, del Grupo Parlamentario Socialista.
(Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor. No voy a dar la
palabra al senador Martínez Oblanca hasta que no haya silencio en el
hemiciclo.

Muchas gracias.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador
Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor
presidente.

Tras la interpelación realizada en el Pleno pasado al
Gobierno, representado por su ministro de Industria, Energía y Turismo,
ha quedado en evidencia que en España carecemos de política industrial, y
de ahí que muchos sectores de nuestra industria hayan sido sometidos a
vaivenes brutales, que en no pocos casos han supuesto cierres
empresariales, deslocalizaciones de producción, miles de puestos de
trabajo perdidos y miles de familias sumergidas en la incertidumbre por
su presente y su inmediato futuro. (El señor vicepresidente, Lucas
Giménez, ocupa la Presidencia.) Se calculan en más de 900 000 los empleos
destruidos en los diferentes sectores industriales como consecuencia,
como secuela de la crisis.

En Asturias, como en todas las comunidades autónomas, hemos
sufrido y sufrimos la falta de política industrial incluso con mayor
virulencia, tal y como reflejan sistemáticamente todos los indicadores
estadísticos oficiales y actualizados. Virulencia agravada porque ha
habido, en estos veintidós meses de Gobierno de Rajoy, decisiones letales
que han supuesto el punto final para sectores industriales fundamentales
para nuestra tierra, por lo que tienen de histórico arraigo e influjo en
el crecimiento económico y en el empleo. Baste citar los acuerdos tomados
por el primer Consejo de Ministros por los que se eliminaron los fondos
mineros y se redujeron hasta la extenuación empresarial las ayudas a la
producción de carbón.

En la interpelación se citaron expresamente tres ejemplos
paradigmáticos de cómo en este mismo 2013 la falta de política industrial
ha arrastrado a varias empresas con una dilatada trayectoria, alguna con
siglos de oficio, tradicionales, enraizadas en una acreditada evolución
tecnológica, lo que hoy se llama I+D+i, que es producto genuino y
exclusivo de la capacidad de sus trabajadores y de la evolución de su
esfuerzo a lo largo del tiempo.

Se recordó la fábrica de Suzuki, del sector de las dos
ruedas, hoy laminado de España, pero que hasta hace muy pocos años era
referente europeo de producción en calidad y cantidad. Ya no existe
Suzuki en Gijón, como ya no existe Derbi en Barcelona. Verlo para
creerlo. Seguimos afirmando que es discriminatorio que no se haya puesto
en marcha un plan Pive para el sector de la moto.

Se reflejó en la interpelación el caso de General Dynamics,
una multinacional que durante casi una década ha recibido de los
presupuestos públicos una carga de pedidos que se aproxima al 90% de su
producción y que cuando han llegado las vacas flacas al Ministerio de
Defensa ha procedido al cerrojazo de toda una factoría, la de La Vega, en
Oviedo, y ha despedido a 50 trabajadores en lugar de asumir los
compromisos firmados cuando compraron en condiciones muy ventajosas la
empresa nacional de industrias militares. Entre estos compromisos
incumplidos y esfumados estaba la captación de mercados
internacionales.

La cuarta referencia fue hacia Tenneco Automotive. Cuarenta
años fabricando amortiguadores, los de la Monroe, los mejores del mundo.
Tecnología puntera conseguida a machamartillo por los trabajadores
españoles y que, ahora, birlibirloque de ingeniería mercantil, se quiere
llevar fuera de España y mandar al paro a 228 empleados, que hasta hace
muy poco tiempo eran objeto de felicitaciones por su capacidad de
producción y por su eficiencia. En el periplo de estos trabajadores para
tratar de evitar el cierre de su empresa, todavía no se han encontrado
con nadie que no se sorprendiera de la situación que están viviendo.

Nosotros creemos que el Gobierno de España no puede
inhibirse de esta operación, que, además de cerrar una empresa, pretende
el traslado de la I+D+i atesorada por trabajadores españoles a lo largo
del tiempo y con no pocos sacrificios.

Señorías, la moción consecuencia de interpelación para la
que pido su apoyo, tiene cuatro puntos en los que se insta inicialmente
al Gobierno a aplicar una política industrial activa que permita
consolidar y potenciar los sectores tradicionales existentes y fomentar
su competitividad, así como desarrollar nuevas alternativas que lo
revitalicen, estimulen su innovación y permitan crear nuevos puestos de
trabajo.

Un segundo punto de la moción insta al Gobierno a combatir
las decisiones de deslocalización, y para ello creemos que hay que
abordar una decidida estrategia industrial energética que permita
competir en los mercados internacionales en condiciones de igualdad, así
como que contemple con claridad objetivos en el corto, medio y largo
plazo, al servicio del crecimiento económico y del empleo.

Finalmente, los puntos restantes, numerados con el 3 y el
4, están referidos al problema que actualmente están sufriendo los
trabajadores de Tenneco y los 55 despedidos de la antigua empresa
nacional Santa Bárbara. Llamo la atención en el sentido de que el punto 4
responde exactamente a la declaración institucional apoyada unánimemente
en el Parlamento de Asturias.

Este es, en síntesis, el contenido de la moción
consecuencia de interpelación sobre política industrial. No es la primera
vez que hablamos en el Senado de esta cuestión. De hecho, ha habido
varias iniciativas de diferentes grupos y una preocupación manifiesta
bastante generalizada en la oposición, que no en el Grupo Popular que
apoya al Gobierno, que considera aceptable la situación y que ha tumbado
sistemáticamente las propuestas traídas ante el Pleno de la Cámara o ante
la comisión correspondiente. Confío en que este no sea el caso.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Martínez Oblanca.

Para la defensa de la enmienda tiene la palabra, por el
Grupo Parlamentario Mixto, el señor Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Buenos días. Gracias, señor
presidente.

La enmienda que hemos formulado tiene dos objetivos. En
primer lugar, recordar una vez más que resulta imprescindible para el
mantenimiento y el desarrollo de la economía productiva que el crédito
fluya.

Se habla mucho en los últimos tiempos de una recuperación
económica basada en el advenimiento a nuestro país de nuevo de inversores
extranjeros. Ello se está traduciendo en un notable aumento de la
cotización de los valores en bolsa sin que haya ninguna garantía de que
tal situación se vaya a trasladar a la economía productiva; lo hará, sin
duda, por las posibilidades que tienen las grandes empresas de utilizar
estos mecanismos de financiación internacional. Pero las pequeñas y
medianas empresas, que en ningún caso tienen la posibilidad de acceder a
tales canales si no se consigue una acción eficaz sobre las instituciones
financieras para que de nuevo fluya el crédito, tardarán mucho tiempo en
poder beneficiarse de esta teórica recuperación económica que tiene
graves riesgos de generar una nueva burbuja, la burbuja en este caso no
inmobiliaria sino la burbuja especulativa de los valores bursátiles, más
allá de que se esté dando la oportunidad para que nuestros competidores
tomen posiciones estratégicas en las empresas más importantes de nuestro
país, lo cual también conlleva riesgos.

La segunda parte de la moción demanda que desde el Gobierno
de España se recabe y se promueva el establecimiento de un marco
regulador en el conjunto de la Unión Europea de la presencia de las
multinacionales. Una de las motivaciones que comparto de esta moción es
la situación de la empresa Tenneco, a la que hacía referencia el senador
proponente, el señor Martínez Oblanca. El último argumento que baraja
Tenneco para defender su decisión de prescindir de la planta de Gijón es
que quienes adquieren sus producciones, las empresas de automoción, están
trasladando fuera de la Unión Europea también sus producciones y que no
tiene más remedio, como proveedor, que seguir a quienes adquieren sus
productos; es decir, hay un tendencia de deslocalización no ya dentro de
la Unión Europea, sino de empresas asentadas en el ámbito de Europa hacia
fuera. Establezcamos, por lo tanto, un marco que intente al menos
garantizar que esas deslocalizaciones no se generalicen. Según el
Ministerio de Industria dependen en nuestro país aproximadamente algo más
de 1,2 millones de puestos de trabajo de estas multinacionales. Es, por
tanto, un problema serio para nuestro país que esta tendencia
deslocalizadora se pueda asentar y se desarrolle en los próximos
tiempos.

En Asturias la experiencia en los últimos años ha resultado
tremendamente negativa. Relacionaba en su presentación el senador
Martínez Oblanca varios ejemplos, pero tenemos más: Altadis, fábrica de
tabaco de Gijón, con más de 150 años de historia. Se privatiza
Tabacalera; la compra Altadis y, en muy poco tiempo, cinco o seis años,
cierra la fábrica de Gijón. Acaba de cerrar la fábrica de Cádiz también
Altadis. ArcelorMittal mantiene una especie de espada de Damocles
amenazando constantemente con marcharse de Asturias para imponer
condiciones laborales mucho más duras.

La industria española perdió durante la crisis el 25% de su
aportación al producto interior bruto, lo cual tiene consecuencias muy
negativas por el efecto multiplicador: por cada empleo generado en la
industria, o destruido, de forma directa se genera, o se destruye, 1,03
empleos indirectos y 0,40 inducidos. Están en el alero en este momento
Panrico, Fagor y Pescanova. Y ello a pesar de que los costes laborales
están en España en el sector industrial muy por debajo de la media de la
Unión Europea y los trabajadores tienen buena formación —lo
reconocen los dos estudios recientemente presentados— y unos altos
rendimientos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Se necesita —y concluyo— desarrollar una
política industrial que tenga por objetivo un sector industrial sólido,
fuerte, diversificado y competitivo, que garantice empleo de calidad y
perspectivas de futuro.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador Arrufat.

El señor ARRUFAT GASCÓN: Muchas gracias, señor
presidente.

La enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista contiene dos aspectos que consideramos verdaderamente
importantes: primero, reducir la dependencia energética externa a través
de recursos endógenos energéticos. Y el segundo, promover el acceso al
crédito y la financiación de las pymes utilizando aquellos recursos que
se han destinado al rescate bancario.

Respecto a la dependencia energética externa, para mejorar
la balanza comercial exterior y no estar tan sujetos a las fluctuaciones
de precios por conflictos internacionales, es necesaria una

política energética a partir de estos recursos endógenos y,
sobre todo, que creen riqueza y puestos de trabajo. Me voy a referir en
concreto a tres recursos endógenos que son abundantes en muchas partes de
la geografía española. El carbón es el primero, que ha sido objeto de una
negociación durante un largo período. Una negociación que ha terminado
con declaraciones del secretario de Estado en las que dice que del
presupuesto de este año no se van a gastar 171 millones de euros,
lamentable, por supuesto. Entendemos que el carbón es una alternativa
energética y es un producto estratégico energético. Por eso es importante
el apoyo a las centrales térmicas que tienen que adaptarse a la normativa
comunitaria de emisiones.

En segundo lugar están las energías renovables, ni que
decir tiene la eólica y la solar entre otras. Si queremos apostar por
disminuir progresivamente la contaminación, tenemos que contar con ellas.
Y en tercer lugar otro producto endógeno es la biomasa. La biomasa
vegetal que en este foro, en este plenario o en comisiones, ha sido
defendida como tal por compañeros como Felipe López, Jesús Martín, Kiko
Martínez, incluso Miguel Fidalgo, con referencia al aprovechamiento
energético de las podas.

En la Comisión de Medio Ambiente también hemos defendido lo
que es la alternativa energética de la biomasa para la producción de
pellets y la producción de energía eléctrica. Una moción que gozó de la
aprobación de todos los grupos parlamentarios de la Cámara en comisión, y
que tengo que decir que contemplaba la mejora de la gestión de la masa
forestal y el uso de la biomasa con fines energéticos industriales. La
moción fue aprobada en octubre a través del seguimiento de una pregunta
hecha al Gobierno, que fue contestada en abril y en la que responde que
nada de nada mareando la perdiz. Pero lo más triste es que a una pregunta
oral hecha en comisión al secretario de Estado de Medio Ambiente,
contesta que no es de su competencia. Entonces no sé de quién va a ser
competencia. No nos resignaremos y la pregunta se ha formulado a la
secretaria general de Agricultura.

Es una propuesta que sin lugar a dudas contempla la
posibilidad de creación de 30 000 puestos de trabajo a través del apoyo
estatal, de tal forma que los recursos que el Estado obtiene con este
programa serían mucho mayores que el coste que le supone, con un
diferencial a favor del Estado de más de 130 millones de euros.

Para terminar me referiré a la necesidad de reflejar el
crédito para las empresas. Señorías, se nos llena la boca de agua con la
exportación. Hablamos de que la exportación es la alternativa, pero yo
tengo muchas conversaciones con empresarios, con gente y empresas que
tienen vendido su producto industrial en países fuera de la Unión
Europea, y que no pueden cumplir con sus compromisos porque necesitan una
financiación complementaria tanto para almacenaje como para la gestión de
venta y de los cobros en su período correspondiente. Por lo tanto, no
avanzamos si no hay un crédito fluido para estas situaciones.

Permítame que haga referencia al sector agroalimentario, un
sector que requiere de un tiempo de transformación. Hablo por ejemplo del
vino o un sector como las conservas que tienen una época puntual de
recolección y luego tienen que transformarse. Y sobre todo, en el caso de
la provincia a la que represento, Teruel, el jamón, que es un producto
que requiere una financiación por el tiempo de curación y luego por el
tiempo de la gestión del cobro, con lo cual son necesidades de
financiación para estas empresas.

El ejercicio de 2012 ha terminado con un déficit de 10,6% y
solo el rescate bancario supuso 37 000 millones de euros. Lo que
defendemos sin lugar a dudas es que esos recursos tendrían que ir a la
financiación de las pymes. Y pongo un ejemplo, y ya termino, como modelo
de entidad financiera, como modelo bancario. La caja rural de la
provincia a la que represento, Teruel, es un modelo continuo y constante
de apoyo al mundo empresarial.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Arrufat.

Tiene la palabra el senador Martínez Oblanca, para indicar
si acepta o no las enmiendas.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor
presidente.

Las dos enmiendas presentadas, una de los senadores de
Izquierda Unida y otra de los senadores del Grupo Parlamentario
Socialista, son de adición a la moción original y ambas complementan o
amplían el mandato al Gobierno en una política que es capital para el
presente y futuro de muchos cientos de miles de trabajadores.

Esta moción tiene unos objetivos que se han trazado con la
idea de mandatar al Gobierno, de instarle, de hacer una llamada de
atención sobre los problemas generales de la industria española y los
problemas específicos de unos trabajadores que deberían sentir el apoyo
de un Gobierno; un apoyo que ahora no tienen.

En continuidad con esa línea de alerta, resultan aceptables
y útiles las enmiendas defendidas respectivamente por los senadores
Iglesias Fernández y Arrufat Gascón, que mejoran y amplían el texto de la
moción original. Por eso, señor presidente, quedan aceptadas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez
Oblanca.

¿Turno en contra? (Pausa.)

Senador Fernández Rozada, tiene la palabra.

El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, la verdad es que a uno le gusta participar en
debates de ámbito territorial en una Cámara como la que precisamente
queremos dignificar en ese ámbito territorial y cuando se habla de
Asturias, del Principado, y de los problemas que sus empresas tienen, que
no son menores —probablemente, tampoco mayores— que los que
tienen otras regiones de España, de alguna manera traemos aquí la
actuación, el trabajo y una dinámica que todos los que nos dedicamos a
este arte deberíamos conocer. El señor Martínez Oblanca y yo conocemos
perfectamente, porque nos hemos dedicado a ello durante muchos años, lo
que está ocurriendo en Asturias. Pero aquí, siguiendo su terminología del
birlibirloque, usted intenta trasladar la responsabilidad al actual
Gobierno y en modo alguno puede hacerlo —y él y yo lo sabemos
también—, pues no es más que corresponsable en alguna medida; es
más, ahora, por lo que luego veremos, estamos intentando encauzar la
situación.

Por lo tanto, esta posición de oponerme, de manifestarme en
contra, no responde al hecho de que nos neguemos a discutir para saber
qué es lo que cada cual está haciendo en relación con problemas
verdaderamente importantes para el futuro de Asturias; cómo no citar los
casos de Santa Bárbara, Suzuki, Tenneco, el sector naval y el sector
minero. Señor Martínez Oblanca, por cierto, la interpelación nace con un
afán de política industrial y minera pero luego, probablemente por el
hecho de conocer cuál ha sido el esfuerzo y el trabajo de este Gobierno y
nuestra actuación en ambas Cámaras, Congreso y Senado, se logra alcanzar
un acuerdo para la minería que dista mucho del que aquí se había
planteado hace no muchos meses. En ese sentido, tanto el carbón como la
empresa pública Hunosa, a mi juicio, están siendo un ejemplo de trabajo a
seguir para consolidar el empleo, evitar su pérdida y poder ser viable y
rentable después del 2018, cuando no hace muchos años hablar aquí de la
minería era referirse a un sector que se daba totalmente por perdido.
Algo tendrá que ver este Gobierno de España que usted dice que carece de
una política industrial. Nada más lejos de la realidad, señor Martínez
Oblanca.

Yo he seguido muy atentamente la interpelación del ministro
señor Soria con usted y yo creo que su gran esfuerzo se ha centrado
precisamente en querer convencerle de que la política industrial del
Gobierno era la única posible y que el Gobierno desde el inicio ha
abogado por diseñar una política industrial que sea una política de
Estado, principalmente dirigida a aumentar el peso del sector industrial
en el conjunto de la economía. Por eso, cuando uno se encuentra ante este
discurso —y lo veremos luego en el turno de portavoces porque no
voy a tener tiempo de hablar de todos y cada uno de esos sectores a los
que hace alusión—, hay que decir que cada uno tenemos nuestra
responsabilidad, señor Martínez Oblanca, y más que intentar tirarnos los
trastos o hablar del birlibirloque —que sabe muy bien de dónde
viene— deberíamos dedicarnos a explicarles a los asturianos qué
estamos haciendo usted yo, los senadores en la Cámara territorial, por la
defensa de los intereses de esas empresas. Y yo me someto a ese debate
público porque tengo la firme convicción de que el pueblo asturiano verá
más clara nuestra actitud, nuestra tendencia y nuestro trabajo para
resolver los problemas frente a quien desde aquí quiere plantear una
oposición por oposición, o dicho en otras palabras, porque gobierna el
señor Rajoy y no nos gusta y tenemos que atacarlo. Eso a mí nunca me
gustó, y usted lo sabe, y como lo sabe y ese debate se producirá, dejaré
para la próxima intervención el hablar de esa preocupación y de lo que
nuestro Gobierno y nosotros, los parlamentarios, estamos haciendo en
todas y cada una de estas empresas a las que usted ha hecho
referencia.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Pero estamos haciendo mucho por
Asturias, más de lo que usted quiere transmitir a esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández
Rozada.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor
presidente.

Señor Fernández Rozada, en Asturias una cosa y en Madrid la
contraria. Acabamos de asistir a una pirueta del Partido Popular, que una
vez más recurre al doble discurso para mantener en Madrid exactamente lo
contrario de lo que dicen en Asturias: en Asturias, sí y aquí en Madrid,
no. Y es el problema del sucursalismo en el que ustedes están anclados y
en la sumisión a un Gobierno que carece de política industrial y que
veintidós meses después de iniciar su mandato —no ayer, sino ya
hace veintidós meses, camino de cumplir la mitad de legislatura—
permanece retraído ante la calamitosa situación de la industria asturiana
y española.

Esta moción que debatimos esta mañana —y que va a ser
rechazada con los votos del Grupo Popular por lo que usted nos acaba de
anunciar— está basada en un hecho que no admite discusión, porque,
fíjese, está avalada por los datos, por la cifras y por las estadísticas
oficiales, no las de una parte interesada, no las de un partido, las
oficiales, las que elabora el propio Gobierno a través de sus organismos
dependientes de él, las suyas propias, señor Fernández Rozada. Y los
datos corroboran mes tras mes, año tras año, que la política industrial
en España está tan alicaída que cada día tenemos muestras dolorosas del
drama protagonizado por centenares de trabajadores que ven cómo sus
empresas de diferentes sectores industriales van al ERE o al cierre.

Aquí se han citado tres ejemplos significativos que han
tenido como escenario Asturias este mismo 2013; se podrían citar otros
casos, como hizo anteriormente alguno de mis compañeros, porque,
desgraciadamente, hay para dar y tomar, pero los casos de General
Dynamics, de Suzuki y de Tenneco describen a la perfección la actitud de
un Gobierno que pudiendo y debiendo no quiere actuar en defensa de los
intereses españoles. Fíjese bien, señor Fernández Rozada, no digo en
defensa de los intereses de la multinacional, desde la fábrica de armas,
de la de las motos o de la de los amortiguadores, les digo a ustedes en
defensa de los intereses de España, que es lo que debería hacer un
Gobierno que permanece de brazos cruzados o de perfil cuando se está
produciendo un expolio tecnológico, que se va hasta Japón de tournée
diplomático-empresarial para no decir una sola palabra en defensa de
Suzuki y para combatir lo que se estaba perpetrando en Gijón. O que
deriva la pelota hacia la Unión Europea, cuando aquí, con dinero público
español, con ayudas de los españolitos, señor Fernández Rozada, ha habido
multinacionales que han hecho pingües negocios y que ahora, con los
recortes de los trabajadores, dejan a las familias, a esos trabajadores y
a nuestro país, en la estacada y ¿qué hace el Gobierno? Pues no hace
nada, y por eso en Asturias dicen una cosa y aquí echan el freno cuando
se trata de mandatar o instar a que los ministerios hagan algo.

El alejamiento del Gobierno a los problemas de nuestra
tierra y de nuestra industria es lo que nos está arrastrando a los
cierres y a decisiones unilaterales que truncan los compromisos que
adquirieron para instalarse o para mantenerse. Ya hice referencia a que
la cartera de pedidos del Ministerio de Defensa a General Dynamics se
aproximaba al 90% del total, y eso después de que la Sepi vendió la
empresa nacional en condiciones muy ventajosas para la multinacional.

¿De qué ha servido este importante esfuerzo económico a
cargo de los españoles? ¿Me lo quiere decir? ¿Qué ha hecho el Gobierno
para defender esta industria y los puestos de trabajo que se han perdido
y los que se van a perder? Nada. No ha hecho nada. ¿Y qué piensa hacer el
Gobierno en el caso de Tenneco? Ante la actitud indefendible y
traicionera de esta multinacional que quiere arrastrar a 200 familias al
drama del desempleo, ¿piensa exigir el Gobierno el reintegro de las
cuantiosas ayudas públicas concedidas por el Estado para fomentar la
competitividad de esta empresa? Porque hablamos de casi 2,5 millones de
euros concedidos en 2010. Por no citar los recientes compromisos, ya en
periodo de Gobierno de Mariano Rajoy, de mantenimiento del

empleo, que ahora, de buenas a primeras y si te vi, no me
acuerdo, se quiebran con grave daño para los trabajadores que se
sacrificaron en aras del futuro de la empresa.

Esta actitud indiferente del Gobierno y del Grupo
Parlamentario Popular, el del doble discurso, el del que dice en Asturias
una cosa y en Madrid exactamente la contraria, que esto es cosa de una
empresa privada, es lo que pone en evidencia que el Gobierno no está
haciendo absolutamente nada. Esto certifica que el Gobierno ha abandonado
a su suerte a la industria, y con ello a los trabajadores.

Senadores del Partido Popular, decían ustedes: lo primero
el empleo, en su propaganda electoral. Es bochornoso que se cierren
empresas impunemente.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Finalizo, señor presidente.

Que se expolie y se traslade fuera de España el patrimonio
tecnológico español. Nuestra propia I+D+i y que, finalmente, se desampare
a los trabajadores, víctimas de estos engaños empresariales, consentidos
y tolerados por las instituciones, que deberían ser las primeras en
corregirlos y combatirlos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez
Oblanca.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, señor
presidente.

Voy a intervenir desde el escaño. Aparentemente, esto es
una pelea dialéctica parlamentaria entre dos Isidros, y nosotros nos
quedamos con Isidro Manuel. ¿Por qué? La verdad es que nos llama mucho la
atención que el Grupo Parlamentario Popular, ante una moción sensata, que
está diciendo literalmente que hay que aplicar una política industrial
activa que permita consolidar y potenciar sectores tradicionales,
combatir las decisiones de deslocalización, adoptar todas las medidas
tendentes a impedir el cierre de una fábrica, atender a la declaración
institucional, aprobada unánimemente en la Junta General del Principado,
no solamente va a votar que no, sino que utiliza el voto en contra.
Señorías, no estamos ante un proyecto de ley, estamos ante una moción
instando al Gobierno a que lleve a cabo una serie de iniciativas ante una
situación angustiosa que se está viviendo en Asturias. La verdad es que
no lo entendemos.

Nosotros también seguimos el debate cuando el ministro de
Industria, Soria, al terminar su disertación, cuando se presentó la
interpelación, dijo lo siguiente: «Ese conjunto de políticas es lo que
está permitiendo sentar las bases de la recuperación. Usted me podrá
decir —como ha dicho antes— que no podemos hablar todavía de
recuperación. Pues mire, no, porque todavía el consumo está muy débil, la
financiación bancaria todavía no llega a las empresas privadas y todavía
hay un desempleo muy elevado, pero eso no nos puede impedir ver algunas
señales ciertamente muy positivas en nuestra economía...»

Si hay tantas iniciativas positivas en la economía, lo
lógico sería aprobar una moción, que no es algo tan grave. Instar al
Gobierno a que haga una política industrial basada en los puntos de esta
moción. Pero si no pasa nada. La mayoría absoluta no es para convertirla
en una apisonadora, sino simplemente para mandar señales a la sociedad de
que hay preocupación por la política industrial y de que hay que hacer
muchas cosas.

Ayer el ministro Montoro, en el Congreso de los Diputados,
decía que se veía luz al final del túnel. Creemos que esa luz al final
del túnel puede ser el señor Montoro con una vela; pero algo es algo. Y
si eso va a ocurrir, si lo dice el señor Montoro, y si el otro día el
señor Soria decía lo que decía, apruébese esta moción, porque sería
magnífico enviar una buena señal a la sociedad asturiana.

Nuestro grupo parlamentario —vuelvo a insistir—
va a apoyar esta moción del asturiano Isidro Manuel.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Senyor president, senyories,
nosaltres votarem favorablement a aquesta moció bàsicament per les
propostes de caràcter general que la mateixa recull —aplicar una
política industrial activa i combatre les deslocalitzacions
industrials—, per les qüestions més estrictament asturianes dels
punts 3 i 4, que conec menys, i també per les esmenes incorporades que
fan al·lusió a dos factors clau per a una política industrial activa com
són el crèdit i el cost de l’energia.

Cal preguntar-se si manca una política industrial activa
per part del Govern o només s’ha de deixar actuar el mercat i, com
a molt, tenir una política reactiva destinada a corregir els defectes
d’aquest mercat. Jo crec que és necessària una política activa en
aquesta qüestió i això vol dir dotar-se del conjunt d’instruments,
de regles i de regulacions necessàries per recolzar i promoure la
competitivitat dels diferents sectors industrials. Ha de ser una suma de
polítiques sectorials o verticals amb altres d’horitzontals, com
poden ser les polítiques fiscals, de recerca, desenvolupament i
innovació, o les polítiques laborals. És necessària l’existència
d’una política industrial activa perquè la indústria juga un paper
important en l’economia espanyola, especialment en algunes
comunitats autònomes. Perquè si la veritat és que el sector industrial ha
perdut pes en el conjunt del PIB en les darreres dècades en tots els
països desenvolupats, no és menys cert que una part d’aquesta
pèrdua de pes és més estadístic que real, també, fruit del procés
d’externalització de moltes activitats per part de les empreses
industrials cap al sector serveis. Això no vol dir que no sigui veritat
la pèrdua de pes del sector industrial, sinó que cal corregir i matisar
el que es podria deduir d’una lectura simple de les
estadístiques.

A Espanya i a Europa hi ha veus creixents que plantegen la
necessitat de disposar d’una política industrial activa. Es parla
de deslocalització, certament, però també comença a parlar-se des de fa
un temps a Estats Units i a Europa de relocalitzacions industrials, entre
altres coses fruit del creixement dels costos i de la logística de les
produccions als països emergents. En primer lloc, és necessària aquesta
política perquè la indústria crea ocupació més estable i qualificada que
altres sectors. En segon lloc, perquè els països amb més pes de la
indústria en la seva economia resisteixen molt millor la crisi. En tercer
lloc, perquè els països més industrialitzats són aquells on es destinen
també més recursos a recerca, desenvolupament i innovació. I en quart
lloc, perquè els països industrialitzats, excepte alguns casos, presenten
normalment saldos positius en les seves balances comercials; i a aquest
respecte a la Unió Europea l’exemple més clar és Alemanya.

El repte, per tant, del nostre país és desenvolupar
polítiques que permetin millorar la productivitat per tal de ser més
competitius també en el terreny industrial a nivell global. Per això, una
política industrial activa requereix millorar la competitivitat,
requereix fomentar la innovació, requereix fer que guanyin dimensió les
nostres empreses —tenim moltes empreses, però molt petites— i
requereix fomentar també el creixement i el dinamisme de les pròpies
petites i mitjanes empreses, així com afavorir l’orientació de les
empreses als mercats internacionals. Cal fer un esforç addicional ajudant
a aquestes empreses i reforçar els sectors estratègics als quals es va
fer al·lusió en el debat de la interpel·lació: l’automoció,
l’aeroespacial i l’agroalimentari.

Una petita referència a l’automoció, que és un primer
sector exportador que en aquests moments va raonablement bé a Espanya; la
producció, el consum no tant, malgrat el Pla PIVE: som el setè productor
mundial però som l’únic d’aquests que no posseeix una empresa
amb capital nacional que produeixi models amb la seva pròpia tecnologia,
i això vol dir una vulnerabilitat que hem de tenir present.

Aquesta política industrial activa requereix també millorar
l’accés al crèdit, veritable problema de moltes empreses
industrials, especialment petites i mitjanes empreses, i vol dir disposar
d’una energia a preus competitius. Senyories, disposar d’una
política industrial —i amb això acabo— no vol dir tenir
actituds antigues o intervencionistes, sinó disposar d’eines
necessàries per a la promoció de les nostres indústries. No és una labor
només del Ministeri d’Indústria, sinó també d’altres
ministeris: del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
—la política fiscal, o la reducció de càrregues administratives és
molt important—, del d’Economia —l’aposta per la
recerca i el desenvolupament o la internacionalització és
fonamental—, del de Foment —les infraestructures i la
logística juguen cada vegada un paper més important—, o del de
Treball, o del Ministeri d’Educació. Això vol dir integralitat
d’aquestes polítiques industrials actives que és el que
d’alguna manera, sincerament, trobem a faltar.

Per aquestes i altres raons donarem suport a la moció.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Señor presidente, señorías, nosotros votaremos
favorablemente a esta moción, básicamente por las propuestas de carácter
general que se recogen en ella —aplicar una política industrial
activa y combatir las deslocalizaciones industriales—, por las
cuestiones más estrictamente asturianas de los puntos 3 y 4, que conozco
menos, y también por las enmiendas incorporadas que hacen alusión a dos
factores claves para una política industrial activa: el crédito y el
coste de la energía.

Debemos preguntarnos si existe una política industrial del
Gobierno o si sencillamente tenemos una política reactiva destinada a
corregir defectos. Yo creo que es necesaria una política activa, y esto
quiere decir dotarse del conjunto de instrumentos, reglas y regulaciones
necesarias para apoyar y promover la competitividad de los distintos
sectores industriales. Debe ser una suma de políticas sectoriales o
verticales y de otras horizontales, como las políticas fiscales, las de
investigación, desarrollo e innovación, o las políticas laborales. Es
necesaria la existencia de una política industrial activa porque la
industria desempeña un papel importante en la economía española,
especialmente en algunas comunidades autónomas. Si bien es cierto que el
sector industrial ha perdido peso en el PIB durante las últimas décadas
en todos los países desarrollados, no es menos cierto que una parte de
esta pérdida de peso es más estadística que real, fruto del proceso de
externalización de muchas actividades de las empresas industriales hacia
el sector servicios. Eso no quiere decir que no sea verdad la pérdida de
peso del sector industrial, pero se ha de corregir y matizar lo que se
podría deducir de una lectura simple de las estadísticas.

En España y en Europa existen voces crecientes que hablan
de la necesidad de disponer de una política industrial activa. Se habla
de deslocalización, pero también se empieza a hablar desde hace un tiempo
en Estados Unidos y en Europa de relocalizaciones industriales, entre
otras cosas debido al crecimiento de los costes y de la logística de las
producciones en los países emergentes. En primer lugar, es necesaria esta
política porque la industria crea ocupación más estable y cualificada que
otros sectores. En segundo lugar, porque los países con más peso de la
industria en su economía resisten mucho mejor la crisis. En tercer lugar,
porque los países más industrializados son aquellos en los que se
destinan también más recursos a la investigación, desarrollo e
innovación. Y, en cuarto lugar, porque los países industrializados,
exceptuando algunos casos, presentan normalmente saldos positivos en sus
balanzas comerciales; el ejemplo más claro en la Unión Europea es
Alemania.

El reto, por lo tanto, de nuestro país es desarrollar
políticas que permitan mejorar la productividad con el fin de ser más
competitivos, también en el terreno industrial global. Por ello, una
política industrial activa requiere mejorar la competitividad, requiere
fomentar la innovación, requiere hacer que ganen dimensión nuestras
empresas —tenemos muchas empresas, pero muy pequeñas— Y
requiere también fomentar el crecimiento y el dinamismo de las pequeñas y
medianas empresas, así como favorecer la orientación de las empresas a
los mercados internacionales. Se debe, además, hacer un esfuerzo
adicional para ayudar a estas empresas y ello implica reforzar los
sectores estratégicos a los que se hizo alusión en el debate de la
interpelación: automoción, aeroespacial y agroalimentario.

Quiero hacer una pequeña referencia a la automoción, que es
el primer sector exportador y que en estos momentos va razonablemente
bien en España; la producción, no tanto el consumo, a pesar del Plan
PIVE: nuestro país es el séptimo productor mundial, pero es el único que
no posee una empresa nacional que produzca modelos con su propia
tecnología, y eso significa vulnerabilidad, debemos tenerlo presente.

Es necesario mejorar el acceso al crédito, verdadero
problema de muchas empresas industriales, especialmente de las pequeñas y
medianas empresas, y hace falta disponer de energía a precios
competitivos. Disponer de una política industrial no quiere decir tener
actitudes antiguas o intervencionistas, sino disponer de herramientas
necesarias para la promoción de nuestras industrias. Y no es labor solo
del Ministerio de Industria, sino también de otros ministerios: del de
Hacienda y Administraciones Públicas —la política fiscal o de
reducción de cargas administrativas es muy importante—, del de
Economía —la apuesta por la investigación y el desarrollo o la
internacionalización son fundamentales—, del de Fomento —las
infraestructuras desempeñan un papel cada vez más importante—, del
de Trabajo o del de Educación. Esto quiere decir integralidad de las
políticas industriales activas, que es lo que de alguna forma echamos de
menos.

Por todas estas razones, daremos apoyo a esta moción.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Montilla.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyor president.
Senyories, molt bon dia.

Senador Isidro Manuel, ja vull dir-li d’entrada que
estem pràcticament d’acord i que comparteixo gran part de les coses
que vostè va dir a la interpel·lació al ministre, així com avui a la
moció conseqüència d’interpel·lació que en aquests moments ens
presenta. Vostè parlava de la necessitat que el Govern abordi una
política industrial que en aquests moments no existeix, i que estableixi
decididament una estratègia que proporcioni un impuls a l’activitat
productiva i s’aturi l’hemorràgia continuada de pèrdua de
llocs de treball que afecta el conjunt espanyol. Totalment d’acord.
També deia que s’impulsi la competitivitat de la nostra indústria,
que tingui un major pes en el PIB i suport a la internacionalització de
les pymes. Totalment d’acord.

Solament cal veure, en el cas que ens ocupa, les dades que
tenim dels índex de producció industrial amb una caiguda del 4% en el mes
d’agost en relació al mes de juliol i que en el que portem
d’any, des de gener a juliol, aquesta caiguda en l’índex de
producció és del 3,2%. I si anem comptant que aquestes caigudes
s’han produït durant els 4 anys anteriors, ens trobem amb una
situació que farà que haguem de superar un temps superior a una dècada
perquè aquests índex de producció puguin començar a millorar, tal com
veiem les coses en aquests moments.

Jo voldria parlar també del tema energètic, perquè és
evident, parlem de política industrial i l’energia és clau. Estem
ara en aquests moments en una reforma energètica, una reforma que
solament s’ha limitat a supressió de primes, augment
d’impostos a la producció i a altres coses, i en definitiva a totes
les fonts d’energia i més impostos, com ara darrerament ho hem vist
en els clorats; tot això justificat pel tema del dèficit tarifari.
Aquesta reforma energètica suposa un ofec a la indústria sense
precedents. Es penalitza la cogeneració, que era clau per a la
competitivitat de moltes indústries. Moltes empreses varen apostar per
l’energia de biomassa i ara es troben desprotegides, i el sector
agroalimentari està avui amenaçat per l’impost als clorats.

Si anem rellegint les declaracions que va fer el senyor
ministre en les primeres compareixences en la comissió corresponent,
veurem que ens va dir que un dels objectius era que el PIB de la
indústria pugés i s’apropés als percentatges del 20%, que és la
proporció que en aquests moments hi ha de mitjana a Europa. Doncs menys
mal que aquest era un objectiu del ministeri, perquè, enlloc de pujar el
PIB, estem baixant i perdent posicions. I mentre tant, el ministre, en
tot aquest tema de la reforma energètica no hi és, és absent. En
definitiva, diríem que el senyor Montoro és qui s’ha instal·lat al
Ministeri d’Indústria i fa ell la política.

Permetin-me que faci referència a dues mocions que es van
aprovar en el Congrés dels Diputats. Crec que val la pena que en parlem
un minut. Una feia referència a política industrial i parlava de
presentar en els propers tres mesos una estratègia de política industrial
que, al marge de les mesures realitzades en política econòmica que
repercuteixin favorablement sobre el teixit productiu, contempli un full
de ruta per a la reactivació de l’activitat industrial on es
prevegi, en coordinació amb les comunitats autònomes, avançar cap als
objectius europeus del 20% del pes industrial del PIB, etcètera. Aquesta
moció es va aprovar amb el suport del Grup Parlamentari Popular i deia en
el termini de tres mesos, però no en coneixem res. Una altra moció, sobre
energia, que també establia presentar un pla energètic en un termini de
dos mesos. Tampoc s’ha complert i es va aprovar i, per tant, vol
dir que el Partit Popular li va donar suport.

En definitiva, nosaltres estem d’acord en línies
generals amb aquesta moció, prioritàriament amb els punts 1 i 2. També
estem d’acord amb les esmenes que s’hi ha incorporat, perquè
és evident que no hi pot haver política industrial si no hi ha tampoc
obertura en el crèdit i que, en definitiva, és una de les coses que està
dificultant moltíssim; i també pel que fa a l’energia —ja ho
hem dit—, menys dependència exterior. Els punts 3 i 4 és evident
que són molt del Principat d’Astúries. En definitiva, tota aquesta
política industrial que aquí reclamem i es planteja va també en la línia
d’allò que estem fent en política industrial en el Govern de la
Generalitat i, per tant, li donarem suport.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos
días.

Senador Isidro Manuel, quiero decirle de entrada que
estamos prácticamente de acuerdo en todo, y que compartimos gran parte de
lo que dijo en la interpelación al ministro, o de lo que hoy ha dicho en
la moción consecuencia de interpelación. Hablaba usted de la necesidad de
que el Gobierno aborde una política industrial, que actualmente no
existe, y de que establezca decididamente una estrategia que proporcione
un impuso a la actividad productiva, de modo que cese la hemorragia
continua de puestos de trabajo que afecta a España en su conjunto.
Totalmente de acuerdo. También pedía que se impulse la competitividad de
nuestra industria, que tenga un mayor peso en el PIB y apoyo a la
internacionalización de las pymes. Totalmente de acuerdo.

Únicamente hay que ver, en el caso que nos ocupa, los datos
que tenemos de los índices de producción industrial: una caída del 4% en
el mes de agosto en relación con el mes de julio; y en lo que llevamos de
año, desde enero hasta julio, esta caída en el índice de producción es
del 3,2%. Si sumamos estas caídas a las de los 4 años anteriores, nos
encontramos ante una situación para superar la cual necesitaremos más de
una década; este es el tiempo que hará falta para que estos índices
puedan empezar a mejorar, tal como van las cosas.

La energía: si hablamos de política industrial, la energía
es clave. Estamos inmersos en una reforma energética; pero una reforma
que se ha limitado a la supresión de primas y al aumento de impuestos a
la producción y a otras cosas; en todas las fuentes de energía hay más
impuestos, como hemos visto últimamente con los cloratos; todo ello
justificado por el déficit tarifario. Esta reforma energética supone
realmente un ahogo para la industria, un ahogo sin precedentes. Se
penaliza la cogeneración, que era clave para la competitividad de muchas
industrias. Muchas empresas apostaron por la energía de biomasa y ahora
se encuentran desprotegidas, y hoy el sector agroalimentario está
amenazado por el impuesto a los cloratos.

Si releemos las declaraciones del ministro en las primeras
comparecencias ante la comisión correspondiente, vemos que nos dijo que
uno de los objetivos era que el PIB de la industria subiera y se acercara
a los porcentajes del 20%, que es la proporción que en estos momentos
existe como media en Europa. Y pensamos: menos mal que este era un
objetivo del ministerio, porque, en lugar de subir en PIB, estamos
bajando y perdiendo posiciones. Y mientras tanto, el ministro, ausente de
todo lo que se refiere a la reforma energética. Se diría que es el señor
Montoro quien está instalado en el Ministerio de Industria y que él
realiza la política.

Permítanme que hable de dos mociones que se aprobaron en el
Congreso de los Diputados. Creo que merece la pena hablar de ellas un
minuto. Una hacía referencia a la política industrial y hablaba de
presentar dentro de los próximos tres meses una estrategia de política
industrial que, al margen de las medidas realizadas en política económica
que repercutan favorablemente sobre el tejido productivo, contenga una
hoja de ruta para la reactivación de la actividad industrial, en la que
se prevea, en coordinación con las comunidades autónomas, avanzar hacia
los objetivos europeos de un peso del 20% de la industria en el PIB,
etcétera. Esta moción se aprobó con el apoyo del Grupo Parlamentario
Popular, pero tres meses más tarde no sabemos nada. Y la otra moción se
refería a la presentación de un plan energético en un plazo de dos meses.
Tampoco se ha cumplido, a pesar de que se aprobó y de que, por tanto, el
Partido Popular le dio su apoyo de algún modo.

En líneas generales estamos de acuerdo con esta moción,
sobre todo en los puntos 1 y 2. También estamos de acuerdo con las
enmiendas que se han incorporado, porque es evidente que no puede haber
política industrial si no existe apertura en el crédito, y este es uno de
los hechos que está creando dificultades; y es evidente lo que se refiere
a la energía —ya lo hemos dicho—, menos dependencia del
exterior. Los puntos 3 y 4 son muy del Principado de Asturias. En
resumen, toda esta política industrial que reclama la moción está en la
línea de lo que está haciendo en política industrial el Gobierno de la
Generalitat y, por tanto, le daremos nuestro apoyo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Arrufat.

El señor ARRUFAT GASCÓN: Gracias, presidente.

Nuestro grupo, una vez aceptadas las enmiendas, va a apoyar
la moción del senador Martínez Oblanca.

En este momento, la sociedad espera, aparte de grandezas y
sacar pecho, gestos; requiere gestos claros, en general. Permítanme que
diga que soy de la opinión, y mi grupo también, de que el Gobierno tiene
miras cortas en industria. Seguramente habrá muchas personas dentro del
Partido Popular más cualificadas que la gente que dirige el ministerio
actualmente. Se demuestra con los tijeretazos en los presupuestos de
2012, 2013 y 2014; se demuestra con la ausencia de estímulos de carácter
estructural que redunden en la creación de empleo; se demuestra con la
baja participación en el producto interior bruto, que es una de las
causas de que se genere desempleo continuamente y, sobre todo, menos
afiliación a la Seguridad Social; al final, analizando la situación,
también se demuestra con el miedo que infundió el Gobierno desde el
principio de la legislatura, miedo que se tradujo en que la gente que
podía no gastaba y la gente que no podía, tampoco: menos consumo, menos
producción y más costes de producción. Por supuesto, tampoco se ha
retomado el Plan Integral de Política Industrial, fijado hasta el 2020.
En resumen, miras cortas, no hay consumo, no hay crecimiento y no hay
ingresos públicos.

Al hablar de política industrial hay que hablar de
competitividad. Bien, pues no podemos ser competitivos si los costes
eléctricos están subiendo continuamente. No podemos ser competitivos si
no fluye el crédito. Esto supone incrementar los costes, supone producir
menos y supone crear menos valor añadido. Si a esto le sumamos un factor
fundamental como los bajos salarios, los salarios en precario que muchos
jóvenes están soportando, la disminución constante de afiliados a la
Seguridad Social, según datos estadísticos, y el cierre de empresas,
difícilmente podemos llegar a buen término.

Antes, el senador Alturo hacía referencia al índice de
producción industrial. Él ha reflejado los datos. Yo no voy a entrar en
esos datos. Simplemente voy a recordar unas declaraciones de la señora
Cospedal, la semana pasada: se atrevió a decir que el índice de
producción industrial era positivo, cuando los datos del INE son
públicos. El senador Alturo hacía referencia a ellos, y se quedaba con el
4%. La verdad es que todos querríamos que los datos fueran positivos,
pero para eso tenemos que poner toda la carne en el asador. Sobre todo,
como decía antes, tener más gestos con la industria, gestos con la
actividad industrial, en vez de mentiras, como la que contaba la
secretaria de su partido, la señora Cospedal.

El dato del INE de que hablábamos era del 9 de octubre,
pero les voy a dar un dato de hoy. El Heraldo de Aragón, un periódico de
difusión nacional, saca hoy una encuesta de coyuntura económica en Aragón
—pueden consultarlo ustedes, no es de hace un mes o de hace medio
año— que muestra que la reforma laboral defrauda, que no ha servido
para crear empleo, que no hay satisfacción con la reforma financiera, y
que se le pide al Gobierno de Aragón favorecer la creación de empresas e
incentivos fiscales. Es una encuesta de coyuntura económica, no algo que
se invente algún compañero al hacer una declaración.

Repito que apoyaremos la moción. Aparte de las enmiendas
que hemos aportado, estamos totalmente de acuerdo en que hay que
consolidar los sectores tradicionales, en que hay que fomentar la
competitividad y la innovación para crear valor añadido, en que tiene que
fluir el crédito y, desde luego, estamos de acuerdo en el apoyo de
medidas para que cierre el menor número de empresas posible.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Arrufat.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor Fernández Rozada.

El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Gracias, señor presidente.

El señor Anasagasti tercia aquí en el debate, y yo, que lo
conozco desde hace ya tantos años y que me precio con su amistad,
entiendo perfectamente por qué lo hace. Es lo mismo que hace cuando, en
nombre del PNV, defiende al Gobierno vasco. Pero no voy a limitarme a
recordarle ahora al señor Anasagasti cuál es la labor de un parlamentario
que defiende al Gobierno y la de un parlamentario que lo que hace es
atacar, o es defender o, en definitiva, estar en la oposición. Estas son
las reglas del juego, y ahora, con una garantía democrática y un
resultado electoral de mayoría absoluta, pero para saber generosamente
administrarlo bien, nos toca a nosotros contestar a quienes desde la
oposición, con facilidad y sin ninguna responsabilidad, quieren exigir
del Gobierno hasta lo imposible. Lo posible lo estamos haciendo y, si
seguimos con una oposición

como esta, nos van a llevar hasta a intentar lograr lo
imposible. Todo se andará, señor Anasagasti. (Aplausos.)

He dicho, y lo mantengo, que me duele mucho dar un voto que
alguien pueda considerar contrario a la defensa de los intereses de
Asturias. Ahora bien, el contexto de la moción, el debate y la admisión
de las enmiendas enmarcan una política de la que dicen que carece
totalmente el Gobierno, y nosotros, con respeto a la oposición, no
podemos estar de acuerdo con ese debate. Esta es la razón de que haya
usado el turno en contra.

En las demás cuestiones, señor Oblanca y señor Anasagasti,
sobre todo, no se preocupe por dejar de instar. Está todo instado, todo;
todos y cada uno de los puntos que aquí se enumeran. Dice: aplicar una
política industrial activa que permita consolidar y potenciar los
sectores tradicionales. Es a lo único que nos dedicamos. Segundo:
combatir las decisiones de deslocalización empresarial que amenazan la
continuidad de puestos de trabajo. Lógicamente, un gobierno sensato no
puede ir por otro camino; y se lo explicó, además, en el debate de la
interpelación; por cierto, les ruego a quienes no lo han leído que lo
lean, porque el señor Soria fue claro y taxativo. Y, luego, se refiere a
dos temas, señor Oblanca: uno, Tenneco. Probablemente, y lo anuncio a
toda la Cámara, cuando usted aún no había redactado el contenido de esta
moción, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ya habría
registrado una proposición no de ley, de la que voy a leer literalmente
lo que nuestro grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados insta
al Gobierno —insisto: antes de que usted redactara lo que ahora nos
pide aquí—: primero, actuar coordinadamente con el Principado de
Asturias y los interlocutores sociales para que, de forma urgente, se
lleve a cabo la búsqueda de soluciones con la matriz del grupo Tenneco
que hagan posible mantener la actividad industrial de la planta de
Tenneco en Gijón. Y, dos, apoyar con todos los instrumentos disponibles
por las administraciones, tanto financieras como laborales, cualquier
posible solución que mantenga la actividad industrial en la planta que
actualmente explota Tenneco en Gijón.

Por lo tanto, todo esto no nos hace estar de brazos caídos
a quienes como senadores o diputados nacionales queremos defender nuestro
territorio. A eso me quería referir. Y lo estamos haciendo como lo
estamos haciendo, y el señor Oblanca lo sabe, en el tema de la fábrica
Santa Bárbara, con el apoyo de nuestros diputados a la declaración
institucional del Parlamento asturiano por la que se le exige al
Gobierno, fundamentalmente a través de Defensa, que el mantenimiento del
empleo pueda consolidarse en la planta de Trubia. Y todo esto yo sé que
el señor Oblanca lo sabe, y por eso yo inicié mi discurso diciendo que a
unos nos toca, por una parte y ojalá sea por mucho tiempo,...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor FERNÁNDEZ ROZADA: ... defender a un gobierno que
sabe, en política industrial y en las demás, por dónde se anda y, por
otra, tener que defender a nuestra región con orgullo, porque pueden
contar con nosotros en la defensa de los objetivos que en esta moción se
indican; pero no en la filosofía de fondo, razón por la cual vamos a
votar en contra.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de
interpelación del senador Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario
Mixto, con la incorporación de las dos enmiendas aceptadas.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243; votos emitidos, 243; a favor, 92, en contra, 151.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

4.4. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS ANTE EL PERJUICIO A LA SANIDAD PÚBLICA QUE ESTÁN
PROVOCANDO LAS REFORMAS Y RECORTES PRESUPUESTARIOS DEL GOBIERNO.

(Núm. exp. 671/000094)

AUTOR: GPEPC

El señor presidente da lectura al punto 4.4.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado cinco
enmiendas: una, del Grupo Parlamentario Mixto… (Rumores.)

Señorías, guarden silencio.

Decía que a esta moción consecuencia de interpelación se
han presentado cinco enmiendas: una del Grupo Parlamentario Mixto, a
iniciativa de los senadores Iglesias y Mariscal; dos, del Grupo
Parlamentario Socialista; una, del Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado; y otra, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra la senadora
Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, señor presidente.

Señorías, buenos días. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Hace quince días, la ministra
Mato nos dijo que su política no está deteriorando la sanidad pública.
Tenía algo de razón, porque la cosa va mucho más allá: sencillamente, la
está llevando al borde del colapso; a una situación de emergencia, de la
cual tardaremos muchísimo tiempo en recuperarnos. (La señora
vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.) Hace quince días
teníamos motivos suficientes para interpelar al Gobierno sobre su
política sanitaria, pero, en menos de dos semanas, hemos conocido nuevas
razones que darían para otra interpelación.

Como recordarán, le hablé a la ministra Mato sobre el
incremento de las personas que están esperando para ser intervenidas;
pues bien, hace apenas una semana hemos sabido que en Cataluña las listas
de espera se han incrementado en un 48% desde 2010. (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González) Señorías,
guarden silencio, por favor.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Y eso a pesar de los cambios que
ha introducido el conseller Boi Ruiz para maquillar los datos. Pues ni
así. También en Cataluña, hemos sabido que en el hospital Vall
d´Hebron los pacientes están esperando hasta tres días en urgencias
antes de ser ingresados. Tres días, señorías. ¿Saben lo que supone para
un enfermo o sus familiares estar tres días en un pasillo o en un box de
urgencias? Si hacemos caso a lo que nos dijo la ministra, parece que no.
(Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Perdone,
señoría.

Señorías, si no quieren escuchar a la senadora, salgan del
hemiciclo; pero, por favor, déjenla intervenir.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, señora presidenta.

Pero si ha habido una noticia que nos ha indignado a todos,
especialmente a las mujeres, es que la Comunidad de Madrid ha suspendido
más de 30 000 mamografías preventivas en los últimos siete meses. Si
atendemos a los datos de la propia Comunidad de Madrid, la tasa de
diagnóstico de cáncer de mama es del 6,4% por cada 1000 mujeres que se
someten a este cribaje. Hagan ustedes números.

No estamos hablando de una cuestión menor ni de un
incidente, como dijo ayer la ministra, porque sabemos que el diagnóstico
precoz es sinónimo de curación, en el caso del cáncer de mama, en casi un
98% de los casos. Por eso, me gustaría que me dijeran si creen que
podrían mirar a la cara a cualquiera de esas 30 000 mujeres y decirles
que su mala gestión y sus recortes no están poniendo en riesgo su
salud.

Pero no termina ahí la lista. Hace pocos días conocimos que
el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa ha publicado
un informe en el que alerta —y leo textualmente—: que los
recortes en sanidad, educación y políticas sociales han conducido a un
preocupante crecimiento de la pobreza de las familias en España.

En resumen, cada día conocemos más noticias, y más
preocupantes, sobre la situación de la sanidad en nuestro país. Todas las
evidencias señalan el impacto negativo que están teniendo sus políticas.
Pero la señora Mato no se da por aludida; sigue con su argumentario sobre
la herencia recibida, sobre la eficiencia y sobre la gran aportación que
son sus reformas. El otro día casi vino a decirnos que ella había salvado
la sanidad española. Nada más lejos de la realidad. Solo hace falta estar
mínimamente informado o darse una vuelta por cualquier centro sanitario
para ver que no es así. O vayan y pregunten a una de las 800 000 personas
que ustedes han dejado sin tarjeta sanitaria, y que les digan si les
atienden mejor hoy que antes. O hablen con los médicos; que les expliquen
que ahora recetan medicamentos más caros porque los que ustedes han
excluido ya no se fabrican.

Señorías, esto es lo que está pasando en nuestra sanidad y
no el cuento de hadas que vino a contarnos la ministra. Lo que nos ha
quedado claro en estos dos años de su Gobierno es que el Partido Popular
no tenía ni tiene ninguna solución para la sanidad; lo que sí tenían y
tienen es un plan para desmantelarla.

Por eso, la moción que hoy presentamos tiene como objetivo
derogar todas y cada una de las decisiones que ha adoptado el Partido
Popular y que están llevando a nuestra sanidad a una situación crítica.
Insisto, nos oponemos a sus medidas porque no representan ninguna
reforma, ninguna mejora para nuestro modelo sanitario.

Por tanto, a través de nuestra moción hoy volvemos a
decirles una vez más: sí al derecho universal de la sanidad, sí a las
reformas del sistema sanitario de la mano de las comunidades autónomas, y
sí a la eficiencia sin mermar la calidad asistencial; y un no rotundo y
firme contra sus medidas para desmantelar la sanidad pública y favorecer
la privatización.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar, por el
Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días de nuevo, señorías.

La enmienda que presentamos de alguna forma conecta con uno
de los debates que se produjeron ayer durante una pregunta a la señora
ministra de Sanidad. En el fondo lo que la enmienda pretende es aclarar
si de verdad estamos dispuestos a mantener el carácter para el conjunto
del territorio del sistema público sanitario o no y si, por lo tanto, el
Gobierno debe intervenir en aquellos casos en los que no exista garantía
de igualdad en la atención sanitaria en un territorio en relación con
otro.

El ejemplo de ayer era muy gráfico y muy claro. ¿Puede la
comunidad autónoma de Madrid, desarrollando su estrategia privatizadora
de la sanidad, llegar a una situación por la que se suspenda la
prestación del servicio de realización de mamografías preventivas a las
madrileñas? ¿Y debe el Gobierno de la nación, el Ministerio de Sanidad,
permanecer como un mero espectador de esa realidad o ha de jugar el papel
de velar porque haya una garantía absoluta de ese principio de
universalidad y de igualdad que ha de caracterizar al Sistema Nacional de
Salud? Es verdad que, dialécticamente, se podría argumentar que ello
quiebra el principio de atribución de las competencias sanitarias al
conjunto de las comunidades autónomas. De cualquier forma, entiendo
—por eso formulé la enmienda— que en este caso ha de
prevalecer ese principio de igualdad, porque lo contrario llevaría a
situaciones de absoluta injusticia.

Por otro lado, compartimos el sentido general, la
exhaustiva argumentación y las propuestas que la moción realiza.
Compartimos esa denuncia general sobre el deterioro del Sistema Nacional
de Salud y la necesidad de derogar el Real Decreto-ley 16/2012 para
garantizar el carácter universal y acabar con esos nuevos copagos que, a
lo largo del periodo de la acción del Gobierno del Partido Popular, se
han ido imponiendo a las comunidades autónomas. Es decir, el Gobierno no
tiene ningún rubor en actuar sobre el ámbito competencial de las
comunidades autónomas precisamente para introducir obstáculos al acceso a
la prestación sanitaria en el conjunto del

territorio a través de estos mecanismos de financiación y,
sin embargo, se viste del manto blanco de las vestales frente a esas
comunidades autónomas cuando su actuación supone la ruptura del principio
de igualdad en la prestación del servicio de atención sanitaria.

Todo eso se está traduciendo en un deterioro objetivo de la
prestación, y todo eso se está traduciendo, además, en una percepción
entre los ciudadanos —en el turno de portavoces argumentaré con
algo más de detenimiento esta realidad— sobre el sistema público,
lo cual, sea esa la voluntad del Gobierno o no, se está traduciendo en el
crecimiento de la alternativa de la opción privada para la atención de
las necesidades sanitarias de la población. De hecho, hace pocos días
leía en una revista del sector sanitario que las compañías de seguros
españolas se habían beneficiado a lo largo del presente ejercicio de un
crecimiento de los seguros privados para la atención sanitaria
—creo recordar bien el dato— de casi un 3%.

Ese es el resultado del conjunto de estas políticas: romper
una nueva seguridad. Los españoles tenían asumida la seguridad de que
iban a tener una pensión cuando se jubilaran; esa seguridad se está
quebrando. Los españoles tenían la seguridad absoluta de que si caían
enfermos iban a contar con la atención de un Sistema Nacional de Salud;
esa seguridad se está quebrando. Y los españoles tenían la seguridad de
que sus hijos, tuvieran ellos recursos o no, iban a poder acceder a una
enseñanza adecuada y de calidad; esa seguridad se está quebrando con el
proyecto de la Lomce, del que hablaremos en otro momento.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Socialista,
tiene la palabra la senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, buenos días.

En primer lugar, quiero agradecer al Grupo de la Entesa y a
su portavoz, la senadora Almiñana, que hayan traído esta moción, que nos
permite denunciar una vez más de forma clara y rotunda los graves
recortes que está implantando el Gobierno de Rajoy, con la colaboración
de los senadores y senadoras del Partido Popular.

Decimos esto, porque el Real Decreto 16/2012, del que hemos
hablado muchísimas veces, supone un cambio sin precedentes en lo que
entendíamos del Sistema Nacional de Salud: un sistema nacional público,
equitativo, sin accesos, de calidad…, un sistema universal. Y hemos
pasado de un sistema universal a un sistema de aseguramiento; y eso,
desde luego, no lo podemos permitir bajo ningún concepto.

Por tanto, estamos totalmente de acuerdo con la moción,
porque su espíritu es el de recuperar el Sistema Nacional de Salud que
estaba implantado antes de que el Partido Popular tuviera las
responsabilidades de gobernar. Y decimos esto, porque es muy importante
hablar de equidad, de cohesión, de calidad, de eficiencia, de
transparencia, de coordinación y de cooperación. Y eso, en definitiva, es
lo que pretende esta moción.

Nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda que
entendemos que complementa y mejora la redacción inicial. Así, en el
punto 3 añadimos que hay que evaluar el impacto de los recortes y fijar
un marco temporal —tres meses—, porque de forma permanente, y
la verdad es que es indignante, la ministra de Sanidad es capaz de decir
que los recortes no están afectando a las personas, cuando ya hemos
constatado que casi 900 000 personas han sido excluidas de la sanidad
pública. Repito: son casi 900 000 las personas a las que se ha dejado en
la cuneta por no tener tarjeta sanitaria.

Les decía que hemos presentado esta moción porque, además,
la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública —que el
Partido Popular ha fulminado y que es una magnífica ley— en su
artículo 35 establece que hay que evaluar el impacto de los recortes.
Pero el Gobierno lo niega y no lo está haciendo.

Por otro lado, hemos tenido constancia de las
recomendaciones del comisario de Derechos Humanos de la Unión Europea. Y
solamente les diré que el Consejo de Europa asegura que la reforma de
Mato socava los derechos humanos. La ministra, ayer, sin pestañear, lo
negó. ¿Y qué hace? Lo que hace siempre: ante la falta de argumentos ¿cuál
es su mecanismo de defensa? Atacar a Andalucía. No tiene otro mecanismo
de defensa más que atacar a Andalucía, una comunidad de la que, por
cierto, los socialistas nos sentimos inmensamente orgullosos y
orgullosas. (Aplausos.)

Y también hemos presentado una enmienda porque es necesario
que se evalúen las listas de espera y se establezcan los criterios para
garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones sanitarias,
porque tenemos constancia de que hay artimañas contables para enmascarar
las graves listas de espera que existen, y muy especialmente en la
comunidad valenciana.

Fíjense. Tirón de orejas de Becerril al ministerio: Las
quejas al Defensor del Pueblo por la sanidad aumentan un 59%. Estas son
las declaraciones de la defensora del Pueblo ayer, en el Congreso de los
Diputados, y se dice: Becerril ha denunciado en su comparecencia que las
listas de espera en algunos hospitales son extraordinariamente altas.

Por eso es necesario un plan para garantizar unos tiempos
máximos de espera, pero también es necesario —como hemos
añadido— un presupuesto específico del Ministerio de Sanidad porque
las comunidades autónomas están sufriendo los recortes bestiales del
Gobierno. Solamente les daré un dato: el Plan de calidad del Sistema
Nacional de Salud, que en el año 2011 era de 30,7 millones de euros, en
el año 2014 será de 5,1 millones de euros.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya
terminando.

La señora LLINARES CUESTA: Sí, termino.

Por tanto, entendemos que nuestra enmienda mejora la
moción, pero les aseguro que, en cualquier caso, es una moción muy
completa a la que nuestro grupo parlamentario votará favorablemente.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on mahaiburu andreak. Egun
on senatari jaun-andreok.

Nosotros hemos presentado dos enmiendas a los puntos cuarto
y quinto de la moción original. Y en este turno de defensa me voy a
detener especialmente en la que presentamos al punto 4, sobre las listas
de espera.

En la moción se menciona el Decreto 1039/2011, y se pide en
la reducción de las listas de espera lo recogido en ese decreto, en el
que se decía que la cirugía cardíaca valvular y coronaria, las prótesis
de cadera y de rodilla, y las cataratas deberían atenderse en un tiempo
máximo de acceso de ciento ochenta días naturales. Bien, voy a dar unos
datos, unos datos que, como ha dicho la senadora Llinares, siempre están
maquillados, pero en todas las direcciones; por tanto, como todos están
maquillados, podemos seguir comparándolos. El desvío es siempre el
mismo.

En Euskadi, por el Decreto 65/2006, la cirugía oncológica
tenía un plazo máximo de treinta días naturales, la cirugía cardíaca, de
noventa días, y otras cirugías, de ciento ochenta días. Desde 2012,
también por decreto, treinta días era el plazo de espera máximo para las
primeras consultas de oncología y cardiología, y lo mismo para las
pruebas de esfuerzo y hemodinámicas, las mamografías y las colonoscopias
diagnósticas, no de cribado, no de screening. Por eso, a este portavoz le
parecía —lo comenté con la senadora Almiñana— que los plazos
de ciento ochenta días eran muy abultados. Pero parece ser que no. Ayer,
la defensora del Pueblo, durante su comparecencia, en la que me tocó
estar como portavoz de mi grupo, nos presentó las recomendaciones que
había hecho desde comienzos de 2013; y había propuesto trece
recomendaciones a diez hospitales de seis comunidades autónomas. Hablaba
la defensora, aunque no dio cifras concretas —espero que las dé
cuando presente en informe completo—, de un año y medio de espera
para neurocirugías —hablamos de neurocirugías—, de dos años
en cirugía protésica y oftalmológica, de plazos imposibles en resonancias
magnéticas. En fin… Vuelvo a decir que, a la luz de las cifras que
tenemos en Euskadi, los ciento ochenta días me parecían una barbaridad,
pero estoy viendo que no lo es. Por eso consideramos pertinente la
inclusión del punto 4 en la moción, pero también especificar que se
elabore un plan conjuntamente con las comunidades autónomas que lo
necesiten; si no, acabaremos, como siempre, en el fango del café para
todos y perdiendo todos. Pasar de las seis comunidades autónomas que
están en esta lista

de la defensora del Pueblo, que ya son muchas, excesivas, y
muy importantes, a todas las demás creo que sería extrapolar mucho el
tema.

En cuanto a mantener los objetivos de inversión del PIB, es
más una precisión para aclarar, porque en realidad en la Estrategia
Europea 2020 se habla del 3% del PIB en I+D —veo que no está el
senador Alarcó; tendríamos que poner I+D+I+D, aunque vamos a dejarlo en
I+D—. Lo que no se especificaba es que tuviera que ser I+D
biomédica. Ya nos gustaría que fuera un 3% del PIB en investigación
biomédica; en cualquier caso, creo que con esta redacción queda un poco
más claro y mejor.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el senador Aguirre.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, a lo largo de este año y medio o año y ocho meses
el Gobierno ha emprendido un núcleo duro de reformas, siempre dirigidas a
la sostenibilidad de nuestro magnífico sistema sanitario nacional,
buscando, como ahora demostraré, la eficiencia en la gestión, la
aplicación de las nuevas tecnologías al sistema nacional, mantener la
cohesión y equidad entre todas las comunidades autónomas coordinando los
servicios sanitarios y sociales y buscando siempre la igualdad,
independientemente de la comunidad autónoma de que se trate, y también
buscando siempre una cartera de servicios única dentro del sistema
nacional. Este Gobierno, a lo largo de este último año y medio ha puesto
los mimbres para que las comunidades autónomas, con la sanidad
transferida, hagan los cestos y garanticen esta sostenibilidad.

Cuando llegamos nos encontramos, como ustedes saben, con un
Estado agónico desde el punto de vista sanitario —la sanidad estaba
agónica—, quizá por inacción del propio Partido Socialista, por
siete años de inacción del Partido Socialista, de ver pasar las nubes
pero no coger el toro por los cuernos, como ha hecho perfectamente el
Gobierno actual. ¿Cómo empezamos? Empezamos con el Plan de pago a
proveedores, con el Fondo de Liquidez Autonómica, etcétera, para sacar
las castañas del fuego a las comunidades autónomas, muchas con grandes
déficits, sobre todo Cataluña y Andalucía. En este año y ocho meses hemos
conseguido este Estado de bienestar, que ustedes dejaron moribundo, como
he dicho antes, por dejación de funciones. Hemos desarrollado de forma
eficiente una cartera de servicios única y homogénea para todas las
comunidades autónomas, con criterios exclusivamente médicos y sanitarios
con las sociedades científicas, para llegar a convenios y consensos con
los profesionales a la hora de implementar esa cartera de servicios y sin
ninguna injerencia desde el punto de vista político. Hemos conseguido la
universalización de la asistencia sanitaria a todos los españoles y a
todos los residentes extranjeros legales en España. Hemos adaptado la
normativa europea —a ustedes se les olvidó trasponer la directiva
europea referente al turismo sanitario—. Según el informe del
Tribunal de Cuentas, en el año 2009 suponía un gasto de 1000 millones
atender a 700 000 personas de otros países con derecho a asistencia
sanitaria y hacerles la facturación, o a través de seguros privados.
Siempre pongo este ejemplo: Alemania facturaba un 600% más que España a
los españoles que iban a Alemania en comparación con los alemanes que
venían a España. ¿Qué pasaba? Sencillamente, que nosotros no emitíamos,
porque a ustedes se les olvidó —repito— trasponer esa
directiva europea.

Se ha conseguido una aportación mucho más justa y
equitativa de farmacia no solamente en la distribución social del copago,
sino también en la cartera de servicios. Se ha concienciado al personal
sanitario; ha bajado el gasto de recetas un 6%, es decir, hay 152
millones menos de recetas. Ha habido una bajada del 20% en el uso
adecuado de medicamentos, lo que supone en farmacia extrahospitalaria
2300 millones en estos últimos catorce meses. Era absurdo que se quemaran
3700 toneladas de medicamentos en los puntos Sigre todos los años. Eso
tenía un coste de 1000 millones; se estaba dilapidando dinero del
presupuesto, porque al final lo pagamos todos con nuestros impuestos. Y
se han incluido muchos medicamentos innovadores en el Sistema Nacional de
Salud. Se ha constituido una central de compras que está suponiendo un
ahorro de cerca de 1000 millones a las comunidades autónomas. Y se están
poniendo en marcha estrategias de salud, en las que está trabajando
también la ponencia de Sanidad de esta Cámara.

Como ve, señora Almiñana, por mucho que lo intente a través
de su demagogia en un tema tan serio como es la sanidad, la realidad es
muy tozuda y, al final, el sentido común acaba imponiéndose. Por lo
tanto, no tenga dudas de que los españoles confían en la sanidad, confían
en nuestros profesionales y confían en el Gobierno que actualmente está
llevando la batuta, después, como he dicho antes, de siete años de
dejación de funciones por parte de un Gobierno socialista. De ahí la
importancia de que usted admita sin ningún problema la enmienda de
sustitución que presenta el Grupo Popular, la cual dice textualmente:
«…seguir trabajando con medidas que garanticen la sostenibilidad
del Sistema Nacional de Salud, y mejoren la calidad y seguridad de las
prestaciones sanitarias, con el fin de garantizar la sanidad universal de
todos los ciudadanos españoles y extranjeros con derecho a prestación
sanitaria, con una aportación en farmacia justa y equitativa, manteniendo
la gratuidad de la cartera de servicios básica y la equidad y cohesión de
las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud en todas las
comunidades autónomas.»

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Para indicar si acepta las enmiendas presentadas, por parte
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya tiene la palabra
la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidenta.

En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los grupos
que han presentado enmiendas. Vamos a aceptar todas las enmiendas,
excepto la del Grupo Popular, porque consideramos… (Rumores.) ¿Me
dejan terminar? Consideramos que todas las enmiendas aportan y enriquecen
la moción original. Les voy a explicar por qué no vamos a aceptar la
enmienda del Grupo Popular: porque ustedes redactan de la misma manera
que hacen política, haciendo trampas. (Aplausos.) Y han hecho una
redacción excelente que está llena de trampas. Cuando ustedes redactan
algo así como: …con el fin de garantizar la sanidad universal a
todos los ciudadanos españoles y extranjeros con derecho a prestación
sanitaria, el problema es que ustedes han decidido que el derecho a la
prestación sanitaria no es universal y no la tienen todos los ciudadanos
de este país.

Y para terminar, continúan hablando como si nosotros en
algún momento hubiéramos propuesto que nuestra cartera de servicios de
salud no fuera básica, no fuera equitativa y, por supuesto, no fuera
gratuita. Dejen ese neolenguaje, porque le aseguro que los ciudadanos no
tienen ni un pelo de tontos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora
presidenta.

Utilizaba en su argumentación —de forma
acertada— el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco el informe de
la defensora del Pueblo, que probablemente sea la mejor respuesta a los
argumentos del Grupo Popular. Yo añadiré un dato más a lo que él decía:
la defensora del Pueblo afirmaba en ese avance del informe que las quejas
de los ciudadanos en relación con la sanidad han aumentado un 60%. Eso
desmiente la afirmación de que la sociedad española sostiene su confianza
en el sistema sanitario público. Es imposible; por crédula que sea la
sociedad española, las acciones del Gobierno son constantes llamadas a
que desconfíe del futuro de un Sistema Nacional de Salud que no para de
recibir recortes, que no para de recibir golpes.

Más datos. Barómetro sanitario del CIS, que realizó 7850
encuestas entre febrero y octubre de 2012, y que presentaba hace poco
tiempo, un mes o mes y pico. Los que pensaban que el sistema sanitario
español funcionaba bien o bastante bien bajan del 73,12, en 2011, al
70,65 en 2012; son casi tres puntos de caída en solo un año. El 54,5% de
los encuestados rechazaba que los pensionistas pagasen parte de los
fármacos. Sin embargo, la sociedad española, que efectivamente durante
mucho tiempo mantuvo una fe ciega, justificada y razonable, en el Sistema
Nacional de Salud, sigue siendo partidaria del sistema público frente al
privado. El 64,4% prefiere el sistema público a la hora de ir al médico
de cabecera; el 60,7%, a la hora de acudir a un hospital;

y el 60,1%, a la hora de acudir a urgencias. ¿Por qué
razones? Por la tecnología y por los medios disponibles,
fundamentalmente. Es decir, por las inversiones que esta sociedad ha
hecho en recursos públicos a lo largo de la historia del Sistema Nacional
de Salud, una sanidad pública que, además —reitero argumentos de
otros debates—, no es cara. El modelo privatizador de los Estados
Unidos —ahora en debate como consecuencia del cierre de la
Administración—, un modelo que deja al 20% de la población sin
ningún tipo de atención, sin cobertura, supone que se tenga que dedicar
el 17% del producto interior bruto a sanidad. Nuestro país dedica el 9,5%
del PIB, es decir, casi la mitad que los americanos y muy por debajo del
Eurogrupo, que dedica el 12% de su producto interior bruto. El gasto
sanitario por persona en España se sitúa en 1673 euros anuales, 600 menos
de la media europea. Es decir, con menos recursos hemos conseguido tener
un sistema sanitario fiable, con un elevado nivel de atención, que ha
generado la confianza de la mayoría de los ciudadanos frente a los otros
modelos, frente a los modelos privatizadores y frente a los esfuerzos
realizados por Estados que tienen un nivel de desarrollo económico y de
riqueza muy superior al nuestro y que, sin embargo, tienen un nivel
asistencial en sanidad por debajo del nuestro. En algo en lo que de
verdad podíamos ser el asombro del mundo el Partido Popular se ha
empeñado en desarrollar una estrategia de deterioro al calor de la
crisis, porque en la crisis los recursos se reducen, pero las prioridades
deben ser las que marquen las estrategias de los Gobiernos.

La sanidad pública no es una estrategia para este Gobierno,
al contrario, este Gobierno en la sanidad, así como en la dependencia y
en el conjunto de los servicios públicos esenciales sigue viendo la
posibilidad de abrir unas oportunidades de negocio a la iniciativa
privada. De ahí los recortes, de ahí el deterioro real del sistema
sanitario —y concluyo— que ni siquiera es combatido con un
esfuerzo de imagen del Gobierno frente a la sociedad. Parece que el
Gobierno está cómodo con esa imagen de deterioro, que tiene una base
real, y es esa imagen la que de verdad va a abrir la oportunidad al
negocio privado en sanidad. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on berriro, senatari
jaun-andreok.

Hemos hablado muchas veces en esta Cámara de la mayor parte
de las cosas que aparecen en esta moción, sobre todo del Decreto 16/2012
o de la lista de medicamentos excluidos, etcétera. El Grupo Parlamentario
Vasco siempre se ha definido en contra del contenido y a veces también de
la forma. Es más, el Gobierno vasco y quien lo sustenta está empeñado en
cambiar esta normativa por la vía judicial y está trabajando para paliar
los efectos secundarios —negativos en este caso— que estas
medidas pueden provocar en la ciudadanía, buscando alternativas para
reducir el impacto en la salud de los vascos y las vascas y también el
impacto en sus carteras, que no es menos importante.

Ya hace meses —creo que fue en febrero o marzo, la
verdad es que no he pillado el dato— preguntamos en esta Cámara
sobre los indicadores de salud que manejaba el Gobierno para valorar el
impacto de las medidas que había implantado en la salud de los
ciudadanos, recogido en el punto 3 de la moción original, y no obtuvimos
una respuesta —bueno, mentira, sí obtuvimos una respuesta, nos
dijeron lo que se habían ahorrado las arcas del Estado y lo que había
ingresado de más el ministro Montoro—. Ayer, en cambio, la
defensora del Pueblo nos dio el dato que ha comentado antes el senador
Iglesias, nos dijo que en lo que llevamos del 2013 las quejas en el
ámbito de la sanidad habían aumentado un 59%. Es una cifra bárbara. Solo
habían aumentado las quejas en sanidad y en el registro civil —no
sé exactamente por qué—; habían disminuido en asuntos sociales y
otras cuestiones y subido en sanidad un 59%. Por eso, nosotros
consideramos que ahora es más importante que nunca conocer el impacto de
las medidas que se han implantado en relación con la salud de los
ciudadanos, porque los ciudadanos se están quejando, y se están quejando
ante la Defensoría del Pueblo, no en la calle o en la panadería, algo que
yo creo que es importante.

Y queremos conocer su impacto, no en las arcas de Hacienda,
sino en la salud de los ciudadanos, y antes de que se modifiquen
indicadores mayores como la morbilidad o la mortalidad. Porque
indicadores hay para saber cómo va la cosa —los tenían en la
Encuesta Nacional de Salud y el Gobierno ya debería tener listos
indicadores—, así como el tiempo entre consultas sucesivas

o el consumo de medicamentos en las dos últimas semanas. Ya
sé que eso no ofrece una foto fija de cuál es la salud de los ciudadanos
pero sí nos puede indicar por dónde van las cosas. Pero el indicador que
a mí más me gusta es la valoración del estado de salud percibido por el
paciente, porque la percepción de salud provoca peor o mejor estado de
salud a su vez. Así, podríamos relativizarlo y darnos cuenta del alcance
de las cifras de las que nos está hablando la defensora del Pueblo, es
decir, podríamos tener datos para saber cuál ha sido el impacto, además
del económico. Tenemos que saber, y lo hemos dicho alguna vez aquí, cuál
es el estado de salud de los ciudadanos, no solo cuál es el estado de
salud de la sanidad, aunque tengamos que preocuparnos por el estado de
salud de los ciudadanos y también por el estado de salud de la sanidad
evidentemente, porque, si no, vamos mal. Y todo esto hay que hacerlo
antes de que no haya remedio.

He hablado en mi turno de defensa de las enmiendas de las
listas de espera y de las cifras comentadas por la defensora del Pueblo,
etcétera. Las cifras de los diez hospitales de las seis comunidades
autónomas son sin duda muy preocupantes y hay que hacer algo
—aunque en realidad ya lo teníamos que haber hecho—. Es que
ya se tenía que haber hecho algo —se tenía que haber hecho algo
desde hace tiempo y se puede hacer, porque si en Euskadi se ha hecho, en
el resto del Estado se puede hacer—. Vuelve a ser otra vez una
cuestión de prioridades, como comentamos la semana pasada con el tema de
la dependencia.

Y no era mi intención, no quería aburrir con cifras, pero
sí voy a dar algunas más. En diciembre de 2012 la lista de espera media
en el Estado fue de 100 días y había subido 30 días de junio a diciembre;
en Euskadi, en el mismo momento, para las cirugías era de 52 días
—triste consuelo para el que espera 52 días para una cirugía, pero,
evidentemente, bastante mejor que la cifra general—; para las
consultas especializadas de 26 y para las pruebas diagnósticas no
screening de 8,5. En junio de 2013 esta demora de la media de lista de
espera en cirugía había bajado tres días.

Por eso estamos de acuerdo con que se elabore un plan, un
plan con las comunidades autónomas, no para las comunidades autónomas,
para aquel que lo necesite. Y vuelve a ser un tema de prioridades, porque
el objetivo no es una lista de espera cero —esto sería muy eficaz,
pero tener a los especialistas esperando a que vengan los pacientes
probablemente sería muy poco eficiente—, lo que no obsta para
seguir el camino tendente —todos: vascos, en Euskadi, y en el resto
del Estado— para intentar reducir todas estas listas de espera,
porque los pacientes no entienden de estadísticas, sino de lo que tienen
que esperar para operarse.

Ya he comentado antes lo relativo a la recuperación de la
I+D+i+d, por lo que, para que no se enfade nadie,…

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya
terminando.

El señor CAZALIS EIGUREN: …no voy a decir más.

Por supuesto votaremos a favor.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidenta.

En mi primera intervención ya les he hablado de cuál era el
sentido de esta moción.

Quiero aprovechar este turno de portavoces para hablar de
la cuestión de fondo, de la cuestión que nos preocupa a nosotros y a
muchísimos ciudadanos, y es que la sanidad continúe siendo un derecho
universal y que no dependa del nivel de renta de los individuos, como
parece que pretende el Partido Popular. Este es el debate real que nos
ocupa, porque, detrás de austeridad, sostenibilidad, racionalización
—que son algunas de las palabras tras las cuales la señora Mato se
esconde—, yo creo sinceramente que se encubre una estrategia para
descapitalizar y deteriorar el Sistema Nacional de Salud, para
conducirnos inexorablemente a una sanidad dual: una sanidad para ricos y
una sanidad para quien no pueda pagarla.

Señorías, después de la Segunda Guerra Mundial, los
sistemas de salud pública se convirtieron en un instrumento de cohesión
social y de socialización del riesgo en la mayoría de países avanzados.
Fue en ellos en los que quisimos reflejarnos cuando incluimos en nuestra
Constitución el derecho a la protección de la salud y cuando a mediados
de los años ochenta un ministro socialista y catalán impulsó la Ley
General de Sanidad. Tres décadas más tarde, cuando hemos sido capaces de
poner en marcha uno de los sistemas sanitarios más eficientes en términos
de coste-resultado, cuando hemos alcanzado niveles de calidad asistencial
y de excelencia biomédica, el Partido Popular, aprovechando la coartada
de la crisis, quiere acabar con nuestro modelo sanitario. Porque quiere
conducirnos desde un modelo de sanidad pública, universal y de gran
calidad a otro modelo de provisión privada, donde la sanidad sea un
negocio para unos pocos y la calidad solo esté al alcance de quien pueda
pagarla, y para eso lo primero que hay que hacer es desmantelar,
debilitar el sistema, ¿volviéndolo cómo? Ineficiente. ¿Y eso cómo se
hace? Con recortes. ¿Qué implica? Menos recursos, menos profesionales,
menos prevención. ¿Y qué se consigue con esto? Más listas de espera
—tema que ha salido reiteradamente durante la discusión de esta
moción—, más pacientes, más enfermos y más coste para el sistema,
por no hablar del trasvase que se produce hacia la sanidad privada.
Fíjese, hace dos días supimos que en Cataluña los seguros médicos
privados han ganado más de 100 000 asegurados desde 2010.

También se debilita el sistema con nuevos copagos; estos
copagos no solo son una nueva barrera de acceso al sistema, sino que
suponen más coste a la larga para el sistema y hacerlo menos eficiente.
Fíjese, señoría, si dificultamos el acceso a los medicamentos o al
transporte sanitario, lo que ocurre es que algunos enfermos acabarán
dejando tratamientos. Nosotros no podremos hacer el seguimiento adecuado,
no podremos tratar bien esas patologías y estas enfermedades se agravan.
Al final, lo que redunda es solo en más costes y menos salud.

Ustedes no están apostando por la eficiencia del sistema
por una razón muy simple: porque no creen en el sistema sanitario
público. Si lo hicieran, habrían hecho un diagnóstico en profundidad
antes de empezar a hacer recortes; habrían impulsado reformas en la
gestión y en la administración de recursos de la mano de las comunidades
autónomas; habrían profundizado en las prácticas y experiencias
innovadoras que se están desarrollando en nuestro país y a nivel
internacional. Eso sí permitiría garantizar la calidad asistencial a
menor coste, pero ese no es su plan. Su plan no pasa por solventar las
ineficiencias, en absoluto, pasa por agrandarlas, pasa por privatizar
aquellos servicios que generan beneficio y derivar los tratamientos más
complejos a la sanidad pública para que cada vez sea más difícil
sostenerla. Lo que hay detrás de sus planteamientos no es racionalidad
económica, es ideología, ideología conservadora que va en contra del
sentido y de los tiempos.

Señorías, hace apenas una semana, Estados Unidos estuvo al
borde del abismo por el bloqueo republicano en la Cámara de
Representantes. El principal caballo de batalla de los republicanos ha
sido y es la reforma sanitaria de Obama, el Obamacare, que simplemente
pretende dar cobertura sanitaria a los millones de americanos que no
tienen seguro médico. Esa es la gran paradoja: mientras el presidente de
la principal potencia del mundo intenta dar cobertura a todos sus
ciudadanos, ustedes están empeñados en hacernos retroceder, en
desmantelar nuestra sanidad.

Créanme, señorías del Partido Popular, renunciar a una de
nuestras principales conquistas sociales, además de ir en contra del
interés común, va en contra del sentido y de los tiempos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Moltes gràcies, presidenta.

Des del nostre grup ja els anuncio que votarem en contra
davant d’una moció amb la qual compartim molts dels aspectes que es
plantegen, però evidentment no tot i, i el canvi de vot ha estat en
funció del seu discurs i de la presentació que ha fet en la presentació
de la moció.

A grosso modo, analitzant la moció, podríem assenyalar dos
grans aspectes: no estem d’acord amb les polítiques absolutament
restrictives del Partit Popular, han deixat a les Comunitats Autònomes
sense recursos. I voldria aprofitar l’avinentesa per dir-li al
portaveu del Partit Popular

que tampoc no compleixen, per exemple, amb el FLA
—atès que ens acaben d’anunciar que no compliran el seu
compromís en aquest aspecte—. Però tampoc estem d’acord amb
la manera de fer i amb la manera de gestionar que va caracteritzar el
Govern del tripartit quan va ser a la Generalitat. Des del nostre grup
—com ja hem expressat en altres ocasions, com ara quan es va
aprovar el reial decret—, creiem que el retorn d’un Sistema
Nacional de Salut a un sistema basat en la Seguretat Social és un gran
error. La normativa catalana del 2010 protegeix la universalització de
l’assistència sanitària i creiem necessari que la normativa estatal
comparteixi aquest mateix esperit. En aquest sentit, creiem que ara
mateix no és així. De fet, des de Catalunya, a través de CatSalut
s’ha garantit des de l’aplicació del reial decret
l’accés al sistema per a unes 600 000 persones que no tenen
reconeguda la condició d’assegurat o de beneficiari segons el reial
decret; per tant, vostès estaven deixant fora ciutadans, catalans i
catalanes, que no podien accedir a aquest sistema.

Respecte als diferents copagaments als que fa referència la
moció, ja saben que nosaltres entenem que és necessari establir
copagaments que permetin aconseguir una millor utilització i més eficient
dels medicaments per tal d’optimitzar, d’aquesta manera, els
recursos que el sistema sanitari destina a la prestació farmacèutica.
Saben quin va ser el nostre plantejament, que vostès no han compartit.
També és cert que nosaltres en cap cas no compartim el plantejament del
Grup Parlamentari Popular. No creiem convenient que s’estableixin
copagaments que puguin suposar una barrera econòmica d’accés als
tractaments i això és el que creiem que passarà amb els copagaments
plantejats des del Govern del senyor Rajoy. Creiem que no tindran un
efecte dissuasori. A més a més, s’han plantejat tots —els de
fa un any i els d’ara— de pressa i corrents, sense consens,
sense ni tan sols plantejar-los en el Consell Interterritorial i, a més a
més, amb una exigència d’aplicació immediata que en molts casos
—com vam veure ara fa un any—, és molt difícil de complir.
Jo, en aquest sentit, només voldria recordar —i la ministra ho fa
constantment— a la senyora Almiñana que la consellera Geli ja va
plantejar alguns copagaments i, per tant, reconeixia que era necessari
fer aquest plantejament.

Respecte a les llistes d’espera, vull dir-li a la
senyora Almiñana que nosaltres ni camuflem dades ni som irresponsables. A
mi em sembla que vostès haurien d’explicar-ho tot però, evidentment
no els interessa. Vostè deia que els del Partit Popular fan trampa i jo
li dic que vostè també la fa. Vostè és conscient que les nostres
decisions, els nostres ajustaments, els hem hagut de fer per culpa del
PP, d’ara, però també per culpa del tripartit, del passat.
Catalunya va patir una etapa expansiva del creixement de la despesa
sanitària. Va créixer un 76% entre el 2003 i el 2010, i vostès van deixar
un dèficit de 1296 milions d’euros i una despesa compromesa a pagar
de 5189. Vostè sap que això és una situació molt complicada
d’afrontar.

Jo només li voldria recordar, senadora Almiñana, que vostès
anunciaven la construcció de nous hospitals i, a Girona, la senadora Geli
parlava de la catedral del segle XXI, la mateixa setmana que la
Generalitat es veia amb l’obligació d’emetre bons per la seva
falta de liquiditat. Per tant, em sembla absolutament irresponsable.
Aquestes són unes accions que ara nosaltres ens veiem en
l’obligació de denunciar perquè ni van actuar bé ni proposen ara
accions siguin correctes per encarar la situació. Des de Catalunya estem
treballant per reduir les llistes d’espera. És veritat que
s’ha realitzat un estudi per a la priorització de les llistes
d’espera segons els criteris clínics i, per tant, hem de treballar
en aquest sentit. Volem resoldre aquest punt feble. Ara, només vull
acabar dient-li que hi ha una relació causa efecte entre el que vostès
van fer i el que nosaltres hem de gestionar ara. Per tant, em sembla molt
demagògic que tregui aquest tema a dia d’avui.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señora presidenta.

Les anuncio que nuestro grupo va a votar en contra de una
moción con la que compartimos muchos de los aspectos que se plantean,
aunque, evidentemente, no todo. En efecto, el cambio de voto se ha
producido en función de su discurso y de la introducción que ha hecho en
la presentación de la moción.

Podríamos decir grosso modo, analizando la moción, que hay
dos grandes aspectos: en primer lugar, no estamos de acuerdo con las
políticas absolutamente restrictivas del Partido Popular, pues han dejado
a las comunidades autónomas sin recursos. Y quiero aprovechar la ocasión
para decirle al portavoz del Partido Popular que tampoco cumplen con el
FLA —acaban de anunciar

que no van a cumplir con el compromiso en este
aspecto—. Pero tampoco estamos de acuerdo con la manera de
gestionar las cosas que caracterizó al Gobierno del tripartito cuando
estuvo en la Generalitat. Mi grupo —y esto es algo que ya hemos
expresado en otras ocasiones cuando se aprobó el real decreto—
considera que el retorno de un Sistema Nacional de Salud a un sistema
basado en la Seguridad Social es un gran error. La normativa catalana de
2010 protege la universalidad de la asistencia sanitaria, y creemos
necesario que la normativa estatal comparta este mismo espíritu, algo que
ahora mismo no es así. De hecho, en Cataluña, desde la aplicación del
real decreto, a través del CatSalut, se ha garantizado el acceso al
sistema a unas 600 000 personas que no tienen reconocida la condición de
asegurado o beneficiario en función del real decreto; es decir, ustedes
estaban dejando fuera a ciudadanos, a catalanes y catalanas, que no
pueden acceder a este sistema.

En cuanto a los distintos copagos a los que hace referencia
la moción diré que ya saben ustedes que nosotros entendemos que es
necesario establecer copagos que permitan conseguir una mejor utilización
y más eficiente de los medicamentos, a fin de optimizar los recursos que
el sistema sanitario destina a la prestación farmacéutica. Saben cuál fue
nuestro planteamiento, aunque ustedes no lo hayan compartido, pero
nosotros tampoco participamos del planteamiento del Grupo Parlamentario
Popular. No creemos conveniente que se establezcan copagos que puedan
suponer una barrera económica de acceso a los tratamientos, y esto es lo
que, a nuestro juicio, pasará con los copagos que ha planteado el
Gobierno del señor Rajoy. Creemos que no van a tener un efecto
disuasorio. Además, todos se han planteado —los de hace un año y
los de ahora— deprisa y corriendo, sin consenso, ni siquiera sin
plantearse en el Consejo Interterritorial y con una exigencia de
aplicación inmediata que en muchos casos —como vimos hace un
año— es algo muy difícil de cumplir. En este sentido, quiero
recordarle a la señora Almiñana —la ministra lo hace
constantemente— que la consejera Geli ya planteó algunos copagos y,
por tanto, reconocía que era necesario hacer este planteamiento.

Quisiera decirle a la señora Almiñana en cuanto a las
listas de espera que nosotros ni camuflamos datos ni somos
irresponsables. A mí me parece que ustedes deberían explicarlo todo, pero
evidentemente no les interesa. Usted decía en cierto modo que los del
Partido Popular hacen trampa y yo le digo que usted también. Usted es
consciente de que nuestras decisiones, de que nuestros ajustes, los hemos
tenido que hacer por culpa del PP y también por culpa del tripartito en
el pasado. El gasto sanitario aumentó en un 76% entre 2003 y 2010.
Ustedes dejaron un déficit de 1296 millones de euros y un gasto
comprometido para pagar de 5189. Ustedes saben, por tanto, que se trata
de una situación muy compleja de afrontar.

Quisiera recordarle que ustedes anunciaban la construcción
de nuevos hospitales. En Gerona, por ejemplo, la señora Geli hablaba de
la catedral del siglo XXI la misma semana en la que la Generalitat se
veía en la obligación de emitir bonos por su falta de liquidez. Por
tanto, me parece algo absolutamente irresponsable; acciones que ahora
nosotros nos vemos en la obligación de denunciar porque ni actuaron bien
ni proponen ahora acciones que sean correctas para hacer frente a esta
situación. Quiero decirle que en Cataluña estamos trabajando para reducir
las listas de espera. Es verdad que se ha hecho un estudio para la
priorización de las listas de espera en función de los criterios
clínicos. Tenemos que avanzar en este sentido. Queremos resolver este
punto débil. Ahora bien, quisiera finalizar diciendo que hay una relación
causa—efecto entre lo que ustedes hicieron y lo que nosotros
tenemos que gestionar hoy. Por tanto, me parece muy demagógico que saque
este tema a día de hoy.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas
gracias.

Tiene la palabra la senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, hace un año y medio que el Gobierno del Partido
Popular, utilizando el rodillo de sus votos, aprobó en solitario el Real
Decreto 16/2012. Pues bien, ¿cómo pueden a estas alturas, después de
todos los informes, ser capaces —lo ha hecho el senador del Partido
Popular— de presumir de este real decreto? Es un real decreto
cruel, inmoral, injusto, de desmantelamiento y de recortes del Sistema
Nacional de Salud. De verdad es indignante tener que escucharles a
ustedes cómo presumen de haber desmantelado nuestro Sistema Nacional de
Salud; cómo

presumen de haber expulsado a 900 000 personas, de dejarles
tirados —insisto— en la cuneta, con un riesgo para su salud,
pero también con un riesgo para la salud de todos y todas los ciudadanos
españoles porque hablamos de enfermedades infectocontagiosas. (Rumores.)
Ustedes de esto no quieren hablar. Ustedes de esto presumen. De verdad
que hay que tener valor. Hay que tener valor. (Rumores.)

Fíjense ustedes en la ocurrencia de la ministra —la
ministra que dice que todo el mundo tiene derecho a la asistencia
sanitaria y que es universal, gratuita y de calidad—: el 27 de
julio de este año se publica un convenio para regular la asistencia
sanitaria para las personas que no tengan la condición de asegurado, eso
sí, pagando: si es menor de 65 años, pagan 60 euros al mes —más que
cualquier seguro privado—, y si es mayor de 65 años, 157 euros al
mes. ¿Alguien, de verdad, con un poco de sentido común puede pensar que
un inmigrante irregular, que la mayoría de las veces no tiene para comer,
puede pagar ese dinero para ser atendido? ¿Ustedes presumen de esto? De
verdad, hay que tener valor y lo que tenemos que escuchar aquí día sí y
día también, cuando tenemos constancia —y lo dicen todos los
indicadores sanitarios, lo dicen las organizaciones no gubernamentales,
lo dicen las sociedades científicas, lo dicen los profesionales— de
que es un real decreto de recortes y desmantelamiento de nuestro Sistema
Nacional de Salud.

Por cierto, nos alegramos de que muchas comunidades no
apliquen el real decreto y que atiendan a los inmigrantes irregulares,
porque entendemos que es de justicia social. Es un real decreto de
copagos en medicamentos para los pensionistas por primera vez, de
exclusión de 423 medicamentos de la financiación, que lo pagan porque son
medicamentos que tienen eficacia terapéutica, eso sí, lo pagan los
ciudadanos de su bolsillo.

La última cuestión que hemos conocido es que pretenden que
se paguen los medicamentos de uso ambulatorio que se dispensan en la
farmacia hospitalaria. Son unos 50 medicamentos para enfermedades graves,
para muchos tipos de cáncer, para hepatitis, para esclerosis múltiple,
etcétera. De verdad, hasta las comunidades del Partido Popular se oponen,
como el presidente de Castilla y León que dice que no lo va a aplicar por
justicia social y por coherencia. ¿Con quién? Que nos lo diga.

Luego está la retahíla de la deuda. Mire usted, la mala
gestión y el despilfarro tiene dos nombres: Comunidad Valenciana y
Comunidad de Madrid. (Aplausos.) Informe de la Sindicatura de Cuentas de
la Comunidad Valenciana del año 2011: obligaciones no reconocidas
pendientes de contabilizar al 31 de diciembre de 2011, 2147 millones de
euros. (Informe oficial, colgado en la página web.) Sabemos que la
Comunidad de Madrid presentó —ahí sí que es imposible saber, no hay
nada colgado, es una falta de trasparencia absoluta— 1200 millones
de euros, mayoritariamente de deuda sanitaria, en el plan de
proveedores.

Le podía dar muchos indicadores, pero la herencia del PP en
sanidad en la Comunidad Valenciana —informe de la Sindicatura de
Cuentas— es que ya tiene comprometido un gasto de 6255 millones de
euros. ¡Fíjense qué herencia! ¡Eso sí que es una herencia! Y cuando
hablan de los 16 000 millones de euros —que ya está bien—,
ustedes en dos años llevan ya acumulado 8000 millones de euros. ¿Pero de
qué estamos hablando? ¿Es que se creen que los demás no tenemos datos,
que no miramos indicadores? ¿De qué estamos hablando? Ya está bien de
tomar el pelo, no a los grupos, sino a la ciudadanía, porque es una
burla…

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya
terminando.

La señora LLINARES CUESTA: Para terminar, el presidente
Rajoy, en enero de 2008 —poco antes de las elecciones
generales—, en ese congreso que se hizo en Valencia ponía como
ejemplo de buena gestión económica al Consell de Francisco Camps y
afirmaba: Ese es el modelo que yo quiero aplicar para el Gobierno de
España. (Protestas.) Sí, sí, señorías. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya
terminando.

La señora LLINARES CUESTA: Y hoy podemos decir que Rajoy se
ha convertido en el alumno aventajado, porque una de las pocas promesas
que ha cumplido ha sido desmantelar el Sistema Nacional de Salud.
(Aplausos.) Por tanto, señorías, menos demagogia y trabajen de verdad por
la sanidad de este país. (Aplausos.—Protestas.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Aguirre.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, quiero contestar a la señora Almiñana.
Siento mucho que no hayan admitido la magnífica enmienda de sustitución
que ha presentado el Partido Popular. Voy a intentar combatir algunas de
las muchas falsedades que usted ha dicho.

Sé que les molesta que digamos la verdad. Hemos dicho la
verdad y usted ha cogido un rebote, lo siento, pero los ciudadanos
siempre llevan razón, y la prueba está, primero, en las elecciones que
tuvimos hace un año y medio, en la que nos dieron una confianza absoluta,
y segundo, en la Encuesta de satisfacción, si la comparamos sobre todo
con los datos del Grupo Parlamentario Socialista al que usted representa.
Esto significa que progresamos adecuadamente.

Lo segundo que quiero hacer es tranquilizar a sus señorías
y a la población en general ante la alarma social provocada de forma
intencionada por el Grupo Socialista por el llamado copago
extrahospitalario. Lo digo con claridad y taxativamente: ningún paciente
ingresado paga ni pagará ningún medicamento hospitalario. En la relación
de medicamentos extrahospitalarios lo que se ha hecho ha sido poner un
punto negro con una bonificación, de tal forma que aunque un medicamento
cueste 40 000 euros, ningún paciente va a pagar más de 4,2 euros. Por lo
tanto, ningún paciente va a sufrir el hecho de no poder adquirir el
medicamento extrahospitalario. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez,
ocupa la Presidencia.)

Ustedes tratan de meter miedo a la ciudadanía, como a
ustedes les gusta decir, pero yo voy a hablar únicamente de dos
comunidades autónomas —ya que ustedes también las han sacado—
que quizá son las más beligerantes con las magníficas medidas puestas en
marcha por el Gobierno del Partido Popular, las comunidades autónomas de
Cataluña y de Andalucía. Si ustedes leen el informe de la Sociedad
Española de Oncología Médica —es un informe de la semana
pasada—, son las dos comunidades autónomas que están limitando el
acceso de los pacientes a los medicamentos oncológicos. Son las dos
únicas comunidades autónomas que se niegan a cumplir el objetivo de
déficit presupuestario. Esto sí es descapitalizar el Sistema Nacional de
Salud y, no pagando, acabar con el modelo sanitario y desmantelarlo. Eso
sí que es descapitalizar el modelo sanitario. El Gobierno lo capitalizó a
través del Fondo de Liquidez Autonómica y el Plan de Pago a Proveedores.
Pondré algunos ejemplos. A finales de 2011, en mi querida Comunidad
Autónoma de Andalucía se dejó a cero el contador con el pago a
proveedores y actualmente, solo a Farmaindustria y Fenin se les debe ya
1761 millones de euros y tienen una demora de pago de 514 días. Es decir,
desde que pusimos el contador a cero no se ha pagado nada. Eso sí es
desmantelar el Sistema Andaluz de Salud.

Lo mismo ocurre en la comunidad catalana. Ustedes dejaron
un débito grandísimo siendo usted consejera delegada del Consorcio
Sanitario Integral, nombrada por la subconsejera Marina Geli, que, por
cierto, es igual que Ramón Jáuregui, igual que Trinidad Jiménez, los
únicos políticos que se han posicionado de forma clara y contundente a
favor del copago asistencial. Hay que decirlo, y es la misma persona que
a usted la nombró.

Hay que poner en valor el pacto conseguido por el
ministerio con los profesionales sanitarios, con el Consejo Nacional de
Médicos, los cuales están en la tribuna y aprovecho para saludar porque
nos acompañan en esta sesión. Se trata de un pacto histórico al que
espero que la bancada socialista se sume en pro de los profesionales y,
por supuesto, de los pacientes porque constituyen nuestra razón de ser.
Esta es la antesala del gran pacto sociosanitario que quiere el
ministerio y al que espero que se vayan sumando ustedes.

Señorías, termino ya.

Ustedes están anclados en el no absoluto, en el no a la
reforma, en el no a los cambios, en el no al pacto sociosanitario, en el
no a que los parados no paguen por sus medicamentos, en el no a
garantizar el acceso en condiciones de igualdad a los medicamentos más
costosos, en el no a que todos los ciudadanos tengan las mismas
prestaciones sanitarias en toda España, en el no a solucionar la realidad
de muchos españoles que tenían problemas cuando se desplazaban a otras
comunidades autónomas. Ustedes solo saben criticar y tratar de poner
piedras en el camino.

Señorías, malinformar de temas sanitarios, como ustedes
hacen; jugar con la salud pública, como ustedes hacen; crear confusión y
alarma social en los pacientes, como ustedes hacen;

anteponer intereses políticos sobre intereses sanitarios,
como acostumbra a hacer la bancada de izquierdas; hablar a boca llena de
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud sin pagar lo que se debe,
como ustedes han hecho y hacen en Cataluña y en Andalucía, señorías, daña
la salud de todos los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Aguirre.

Por favor, llamen a votación. (Pausa.—El señor
presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción consecuencia de interpelación
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya con la
incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, Grupo
Socialista y Grupo Parlamentario Vasco.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 79; en contra, 168;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

5. MOCIONES

5.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A AGILIZAR LA
PUESTA EN MARCHA DEL PRIMER REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONALES
SANITARIOS.

(Núm. exp. 662/000107)

AUTOR: GPP

El señor presidente da lectura a los puntos 5.y 5.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se habían presentado en
origen dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Socialista y otra del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.
Posteriormente se ha presentado una propuesta de modificación firmada por
todos los grupos. Por tanto, decaen las enmiendas.

Para la defensa de la moción tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular, el senador Alarcó.

El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, es para mí, aparte de una responsabilidad, un
auténtico placer poder presentarme ante ustedes una vez más en nombre del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado con una moción de las
características que hemos planteado a todos los grupos parlamentarios y
con la que, como ustedes saben, hemos llegado a un consenso.

Una vez más el Senado, Cámara cuestionada en muchas
ocasiones, se adelanta a los problemas sociales y profesionales que
tenemos en nuestro país y que son muchos. Creemos que esto es hacer con
mayúscula una parte de la política; política en la que nos tenemos que
exigir representar las necesidades reales de los ciudadanos. Y con esta
moción, una vez más, el Senado, no solamente en temas de ciencia e
innovación, de universidad, etcétera, como Cámara de la ciencia ha estado
a la altura de las circunstancias.

El tema de hoy es el intrusismo profesional, sobre todo en
sanidad. Debemos quitar, mitigar, y sobre todo exigir y poner las medidas
adecuadas —y en esta Cámara se está haciendo en estos
momentos— para solucionar esta lacra social porque es un problema
fundamental que repercute directamente sobre los ciudadanos. Por un lado,
hay que diagnosticar el problema, y se ha hecho. Por otro lado, hay que
hacer un descubrimiento serio de las pseudociencias y del intrusismo que
tanto influyen en la sanidad y que tanto perjudican, y crear por primera
vez un registro estatal de profesiones sanitarias, que servirá, sobre
todo, para evitar ese intrusismo y dar garantías a los que nos debemos,
que son los ciudadanos a los que representamos, y utilizar, cómo no,
correctamente lo que significan los servicios sanitarios, tanto públicos
como privados y concertados.

Esto, evidentemente, tiene algún que otro antecedente y hay
que decirlo. El primer antecedente que hay al respecto es una moción, que
se presentó en la anterior legislatura, el 11 de noviembre de 2010 en la
Comisión de Sanidad, que se aprobó por unanimidad y que tiene un punto
concreto: una lucha contra el intrusismo en cirugía estética y plástica.
En estos momentos la estamos ampliando con la moción que se ha presentado
ante todos ustedes y que todos los grupos han transaccionado y firmado.
Otro antecedente importante es el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de
abril, donde se dice que se adoptan medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, mejorar la calidad y
seguridad de sus prestaciones, y se introduce una nueva disposición,
donde se habla ya de la creación de un registro estatal de profesiones
sanitarias, estableciendo su regulación clara y concisa.

Se trata, señorías, de buscar una iniciativa que garantice
el acceso a la ciudadanía de los profesionales adecuados de una forma
clara, segura, trasparente, rápida a nivel nacional y, además, fácil,
como es lógico, como queda claro en la moción, siempre coordinado con las
comunidades autónomas, a través de mecanismos que se estipulen a tal
efecto para una correcta coordinación, y todo dentro del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Como se ha podido comprobar en el texto, lo que se busca
es, por un lado, luchar contra el intrusismo; por otro lado, la creación
de un registro estatal de profesiones y lucha contra el intrusismo
profesional y, además, evitar una práctica intolerable que puede
repercutir, y de hecho repercute gravemente, sobre la salud de los
ciudadanos. En definitiva, señorías, el intrusismo externo es esa
práctica ejercida sin titulación ninguna, preceptiva para llevarla a
cabo, pero también hay un intrusismo interno que, teniendo titulación, no
tiene la capacitación adecuada, y este tema que es menos grave también
hay que evitarlo con este registro. Posibilita además una multiplicidad
de acepciones que también aclararemos.

En definitiva, se trata de un problema de salud pública,
claro y conciso. Por eso, es muy importante que, una vez más, esta Cámara
se adelante a ese tipo de problemas, tomando medidas concretas, con
economías concretas y, además, por unanimidad, para evitar claramente que
esa pseudociencia —en el fondo son pseudociencias—, que
ocasiona un aumento de la morbimortalidad de nuestros ciudadanos y
origina también un aumento de complicaciones, está haciendo un daño
enorme y, por cierto, traficando —y utilizo esa palabra— con
esperanzas e ilusiones de muchos pacientes bajo el paraguas de humo, sin
ningún método científico que, como tal, tanto perjudica. Hay excepciones
en algunas especialidades, que aunque son menos graves, son borderline,
también suponen intrusismo: otorrino, maxilofacial, ginecología, urología
y cirugía, y que este catálogo estatal permitirá erradicar.

Señorías, como todos saben, las disciplinas que más se
están viendo afectadas por intrusismo, casi un 90%, y que además son muy
demandadas, son los nutricionistas, dietistas y, cómo no, la cirugía
estética, que permiten mediante engaño soluciones fáciles no científicas
y complican claramente la calidad sanitaria. La calidad sanitaria para el
ciudadano es una necesidad objetiva del sistema, no es nada graciable, y
obliga a establecer estrategias dentro de la sanidad pública universal y
también a realizar de forma rápida un registro nacional de profesiones
acreditadas. Con esto logramos muchas cosas, una de las cuales, y nada
baladí, es conseguir un censo claro, fiable, único de todos los
profesionales sanitarios de nuestro país en todas nuestras comunidades
autónomas, contando con ellas, un censo que no existe en estos momentos,
y que será utilizado para planificar ciertas especialidades del mir,
etcétera, aspecto que es tan importante.

Por otro lado, permite llegar a la accesibilidad y a la
transparencia de la sanidad, imprescindibles para llevar a buen puerto
nuestra sanidad pública, que, por cierto, es una magnífica sanidad
pública, situada dentro de las cinco primeras del mundo, y que contradice
mucho de lo que se ha dicho aquí esta mañana, porque para criticar la
actitud de un partido no es necesario emplear argumentos baladíes falsos.
Creo que podemos hacer una política sanitaria pero no debemos hacer
política con la sanidad, son temas que hacen un daño enorme e
irreversible, y para fortalecer nuestros argumentos no tenemos que
utilizar artilugios pseudocientíficos como los que he oído esta mañana,
con los que como profesional de la sanidad me he quedado hondamente
preocupado pues no añaden nada sino complicaciones. En definitiva,
disminuirá la morbimortalidad, habrá un aumento de la calidad y, cómo no,
nos permitirá racionalizar de forma clara nuestros recursos. Por tanto,
la atención de la calidad sanitaria es un punto que debemos
conseguir.

Esta mañana tenemos entre el público —de lo cual me
alegro mucho— a representantes destacados de la Asociación Española
de Cirugía Estética Plástica. No es baladí que estén aquí, es una de las
especialidades que más se está viendo afectada por el intrusismo; no se
olviden de que en España hay unos mil profesionales cualificados para
ejercer esta cirugía y sin embargo hay más de seis mil que lo están
haciendo sin estar capacitados para ello, lo cual tenemos que denunciar.
No en vano —por eso les agradezco su presencia— nuestro país
es el primero en Europa con mayor demanda de intervenciones estéticas,
más de 300 000 al año, por tanto, cualquier tipo de intrusismo puede
damnificar gravemente a mucha gente.

En definitiva, señorías, termino agradeciendo a todos los
grupos parlamentarios la sensibilidad que han demostrado hacia una
cuestión que no tiene ideología; posteriormente en el turno de portavoces
me extenderé más al respecto, porque nuestros ciudadanos, a los cuales
representamos, nos exigen llegar a acuerdos globales y serios a este
respecto.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alarcó.

Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, mahaiburu jauna; egun
on, senatari jaun-andreok.

Quiero dar la bienvenida a los especialistas en cirugía
estética que nos acompañan, espero que no sea por el enorme potencial que
hay en esta Cámara, entre los que me incluyo, como paciente quiero
decir.

A mí sí me gustaría, senador Alarcó, aparte de felicitarle
y sobre todo darle la enhorabuena por haber conseguido una moción con
suficiencia presupuestaria, algo que no siempre se consigue —es
usted un fenómeno—, aparte de eso, sí quería hacer algunas
reflexiones.

Señorías, los registros autonómicos y estatal de
profesionales sanitarios nacen al amparo de dos leyes de 2003: la de
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y la de ordenación de
las profesiones sanitarias —y alguna que otra más
probablemente—, sobre todo tienen su empuje principal en el acuerdo
plenario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 2007.
Y después ha tenido una normativa no sé si completada, o por lo menos a
la hora de forzar su cumplimiento, con la directiva 24 de la Unión
Europea; una directiva aprobada en marzo de 2011, relativa a los derechos
de los pacientes a la asistencia sanitaria transfronteriza, pero que
obligaba a los países de la Unión a crear estos registros de
profesionales sanitarios; una directiva que tiene que cumplimentarse
antes de pasado mañana, 25 de octubre de 2013. Por lo tanto, desde 2011,
parece que ya va siendo hora.

El Gobierno parece ser que tiene también ultimado un
borrador de proyecto de real decreto para regular el registro estatal de
profesionales sanitarios, algo que también es una buena noticia.
Evidentemente, es tarde para cumplir la directiva, pero nunca es tarde
para que pueda ser una herramienta eficaz e importante. Por supuesto
miraremos con interés y con detalle el decreto que vaya a emitir el
Gobierno para ver si todo está como todos queremos que esté. Pero también
es tarde porque, si la Comunidad Autónoma del País Vasco publicó su
decreto en julio de 2011, después de que la directiva europea se
publicara en marzo de 2011, el Gobierno español podía haber hecho lo
mismo y no lo hizo. Por consiguiente, se ha perdido mucho tiempo en
esto.

Usted ha hablado mucho de intrusismo; estoy absolutamente
de acuerdo y, por lo tanto, no me voy a meter en eso. Estamos
absolutamente de acuerdo. Lo que no sé es si esta medida va a ser la
panacea de todo esto, porque los colegios profesionales también tienen
sus ventanillas, y las tienen desde hace mucho tiempo, y la situación,
como usted dice en la parte expositiva de su moción, no parece que haya
mejorado demasiado; en todo caso, ha empeorado. Pero esperemos que al
tener un registro oficial, legal y bien estructurado, este objetivo que
se plantea de la eliminación o la disminución o la tendencia a cero del
intrusismo pueda ser posible. Pero este registro no es solo importante
para combatir el intrusismo, precisamente es importante, como dice el
título de la directiva europea, para garantizar los derechos de los
pacientes en la asistencia sanitaria, en aquel caso transfronteriza, pero
también intrafronteriza. Es esencial que los pacientes puedan conocer
quién les va a tratar y cómo; los ciudadanos de cualquier parte del
Estado y por

supuesto de cualquier parte de Europa en correspondencia:
los ciudadanos del Estado español en Europa y los de Europa en el Estado
español.

Por lo tanto, también es importante que España, que el
Gobierno español con este registro único intente a su vez conseguir que
exista un registro único a nivel europeo. Sería otro reto también muy
importante y evitaría muchos problemas.

A mí sí me preocupa, senador Alarcó, señorías, la
responsabilidad que implica el reflejo público de datos relevantes como
titulaciones, especialidades o títulos profesionales. No me preocupa
porque se publiquen, me preocupan por lo que eso pueda suponer, y sobre
todo porque nos da un poco de miedo que ahora nos pongamos a regular
deprisa y corriendo. En el borrador de decreto del Gobierno se plantean
nueve meses de recorrido desde el momento en que se apruebe. Previamente
tiene que ser o debería ser refrendado por el Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud, imagino que por el Consejo de Estado, por
supuesto por el Consejo de Ministros, etcétera.

Pero creo que hay que hacerlo sin prisa —ya estamos
fuera de los plazos pero no es tarde para hacerlo, estamos fuera de los
plazos a nivel de directiva—, sin prisa pero sin pausa y con un
impulso definitivo y serio para conseguir de una vez lo que queremos
lograr, sin poner en riesgo la responsabilidad que tiene la
Administración pública de mantener los datos confidenciales de los
profesionales cuando han de serlo, pero que sean exactos y, por supuesto,
con decisión, haciéndolo, no como ha sucedido hasta ahora: se aprobó la
ley en 2003, se impulsó en 2007, hubo que esperar una directiva hasta
2011 y se sigue sin acabar de confeccionar un decreto, que viene de suyo,
porque además las comunidades autónomas —muchas de ellas, por lo
menos— ya tienen los registros hechos, lo cual facilita mucho la
labor.

En principio, senador Alarcó, me alegra que haya conseguido
una transaccional. Le vuelvo a felicitar por la dotación presupuestaria
suficiente —es usted un héroe— y esperemos que esto se repita
muchas veces en el Grupo Parlamentario Popular.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, una mujer se hace pasar por médico y trabaja
cinco meses en un hospital de Valencia.

Porto aquesta notícia a tall d’exemple. Això passava
fa tres anys a l’agost, a l’estiu, a l’hospital de
València; és per donar un exemple clar d’allò que molt bé ha
explicat el senador Alarcó. És a dir, és veritat que tenim intrusisme
dins de la professió mèdica i, per tant, tot allò que sigui per
eliminar-ho serà benvingut.

A mi m’agradaria parlar de la importància que té
sobretot el registre de professionals sanitaris per a altres coses, per a
una cosa importantíssima en un país com el nostre, que és la planificació
sanitària. Aquest registre de professionals, com ja ha comentat el meu
antecessor, porta un llarg recorregut: el 2003 comença a introduir-se la
necessitat d’aquest registre amb la Llei de cohesió i qualitat del
Sistema Nacional de Salut, i més tard es torna a fer un intent i es
publica al BOE —l’any 2007, si no vaig errada— per
intentar tornar-ho a impulsar. Els registres d’aquesta categoria de
professionals impliquen un cost econòmic, per això és important que en
aquest cas el Govern hagi acceptat a la moció reconèixer un cost
econòmic, perquè sobretot implica una inversió informàtica important, per
poder tenir aquest registre.

Fixin-se que Catalunya des de l’any 2005 hi està
treballant i, si no vaig errada, en breu el podrem ja gaudir. És
important, doncs la planificació sanitària en professions com la Medecina
és molt complexa, començant per una cosa molt senzilla, i és que tenim
molt de temps des que un estudiant comença la carrera fins que
l’acaba, ja que casi passen 10 anys, i en aquests 10 anys poden
haver canviat moltíssim les necessitats del país. Vostès recordaran que,
no fa molt de temps, en el nostre país ens feien falta metges. Van venir
molts metges d’altres països a treballar amb nosaltres, perquè la
nostra població va créixer molt ràpid. Ara, en canvi, tenim atur a totes,
absolutament a totes les especialitats. Un altre exemple, els pediatres:
no fa gaires anys, cinc o sis, els pediatres no tenien nens i volien
allargar el seu tractament, la seva cobertura, fins als 18

anys; fa menys de tres anys ens sobraven nens i no teníem
pediatres, perquè havia vingut tota la immigració amb un alt increment de
la natalitat, i això havia fet que en aquell moment tinguéssim una manca
de pediatres. Per tant, és important saber què tenim exactament al nostre
país per poder avançar en la planificació de recursos tot i les
dificultats.

Tot això que ha explicat el senador Alarcó sobre
l’intrusisme evidentment serà molt més fàcil i evitable gràcies a
aquest registre de professionals i ho serà, sobretot, si en podem fer
propaganda perquè els ciutadans puguin accedir-hi i comprovar si realment
aquell professional al qual s’adrecen té els títols que especifica
a la seva consulta.

Per tot això, nosaltres des del Grup de l’Entesa
considerem que és una bona moció, que tot allò que impliqui un impuls al
Govern amb un compromís econòmic que ens permeti avançar amb el registre
de professions serà beneficiós per a tots i, per tant, hi votarem
favorablement. Esperem que compleixin i estarem atents que així ho
facin.

Moltes gràcies.

Traigo esta noticia a modo de ejemplo. Esto pasaba hace
tres años en agosto, en verano, en el hospital de Valencia; es para poner
un ejemplo claro de lo que muy bien ha explicado el senador Alarcó. Es
decir, es cierto que tenemos intrusismo dentro de la profesión médica y,
por lo tanto, todo aquello que sirva para eliminarlo será bienvenido.

Me gustaría hablar de la importancia que tiene sobre todo
el registro de profesionales sanitarios para otras cosas, para un hecho
importantísimo en un país como el nuestro, que es la planificación
sanitaria. Este registro de profesionales, como ha comentado mi
antecesor, lleva un gran recorrido: en 2003 comienza introduciéndose la
necesidad de este registro mediante la Ley de cohesión y calidad del
Sistema Nacional de Salud y más tarde —en el año 2007, si no me
equivoco— se intenta volver a impulsar. Pero además los registros
de esta categoría de profesionales implican un coste económico y, por
ello, es importante que el Gobierno haya aceptado en la moción reconocer
un coste económico, porque sobre todo implica una inversión importante en
materia informática.

Fíjense, señorías —Cataluña viene trabajando en esta
materia desde el año 2005 y, si no me equivoco, podremos gozar de él en
breve—, en que la planificación sanitaria en profesiones como la
Medicina es muy compleja, empezando por un hecho muy sencillo, y es que
pasa mucho tiempo desde que un estudiante empieza la carrera hasta que la
termina, casi diez años, tiempo en el que pueden haber cambiado mucho las
necesidades del país. Ustedes recordarán que no hace mucho en nuestro
país necesitábamos médicos. Entonces vinieron de otros países para
trabajar con nosotros, porque nuestra población creció muy rápido. Ahora,
en cambio, tenemos paro en todas, absolutamente todas las especialidades.
Otro ejemplo podrían ser los pediatras: no hace muchos años, cinco o
seis, no había suficientes niños y querían alargar su cobertura hasta los
18 años de edad; hace menos de tres años nos sobraban niños y no teníamos
suficientes pediatras, porque había venido un alto número de inmigrantes,
lo que supuso un incremento muy alto de la natalidad, que ocasionó una
falta de dichos profesionales. Por tanto, es importante saber lo que
exactamente tenemos en nuestro país para poder avanzar en la
planificación de recursos a pesar de las dificultades.

Todo lo que ha explicado el senador Alarcó sobre el
intrusismo evidentemente resultará mucho fácil gracias a este registro de
profesionales, sobre todo si podemos hacer propaganda de ello para que
los ciudadanos puedan acceder y comprobar si aquel profesional al que se
dirigen tiene los títulos que especifica en su consulta. Por todo
ello,desde el Grupo de la Entesa consideramos que es una buena moción,
consideramos que todo lo que implique un impulso al Gobierno, con un
compromiso económico que nos permita avanzar con el registro de la
profesión, será beneficioso para todos y, por lo tanto, votaremos a
favor. Esperemos que cumplan y estaremos atentos a que así lo hagan.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Gràcies, senyor president.

També voldria agrair al senador Alarcó que ens hagi
presentat aquesta moció i evidentment agrair-li també la capacitat
d’arribar a aquesta transaccional: en primer lloc, per haver
incorporat la nostra esmena i, en segon lloc, per haver aconseguit un
pressupost, que tan necessari és per afrontar moltes de les iniciatives
que s’aproven aquí en el Ple.

Com feien referència els altres portaveus, aquesta moció
ens sembla que afronta un tema molt important i que, com bé deia el
portaveu del Grup Popular, afecta a tantíssims ciutadans.
L’intrusisme és real —la senadora Almiñana ara ens aportava
un exemple relativament recent— i, per tant, és necessari afrontar
aquest tema.

Com bé diu el senador Alarcó, és una necessitat objectiva
del sistema; comparteixo aquesta afirmació i, per tant, ens sembla molt
correcta la moció que avui ens presenta. De fet, des de Catalunya ja fa
temps que s’està treballant en aquest sentit; tenim la voluntat de
treballar-ho des del 2005 però sí que és veritat que ara s’han
iniciat ja els processos per convertir aquesta necessitat en una realitat
i, per tant, aprofitaré aquest torn de portaveus per explicar què estem
fent nosaltres a Catalunya.

Comparteixo també amb el senador Cazalis la necessitat
d’afrontar-ho, però establint bé els processos, i potser allò que
fem nosaltres a Catalunya pot ser un exemple de quins processos
s’haurien de seguir a nivell estatal.

Algunes reflexions: la Llei de cohesió i qualitat del
Sistema Nacional de Salut, la Llei d’ordenació de les professions
sanitàries i la Llei de l’Estatut marc del personal estatutari dels
serveis de salut fan referència, totes elles, a l’establiment
d’un sistema d’informació sanitària que ha d’incorporar
dades referents als recursos humans que presten serveis en les diferents
organitzacions sanitàries. En aquest marc, s’ha elaborat un decret
per regular el registre de professions sanitàries a Catalunya, el qual es
troba, com deia, en fase de tramitació a la comissió jurídica assessora
per a la seva posterior elevació al Govern.

El sistema d’informació que conforma aquest registre
català inclourà les dades dels professionals que desenvolupen la seva
activitat a Catalunya, ja siguin centres públics o privats, per compte
propi o aliè. Aquest registre català disposarà de la informació que li
sigui facilitada exclusivament pels registres públics de professionals
sanitaris en l’àmbit de Catalunya, és a dir, col·legis, consells de
col·legis i centres sanitaris. Aquest registre —i aquesta era la
nostra esmena— ja es planteja que transferirà les dades al registre
estatal de professionals sanitaris del Sistema Nacional de Salut, entre
altres finalitats.

Cal tenir present que les dades del registre tindran
caràcter merament declaratiu i només les dades d’adscripció
obligatòria a una corporació de dret públic, col·legis professionals,
seran de naturalesa constitutiva. És a dir, el registre facilitarà
informació als professionals sanitaris que treballen a Catalunya, però la
garantia d’estar en possessió de la titulació necessària per al
corresponent exercici professional correspondrà i correspon, de fet, als
col·legis professionals.

En conclusió, aquest registre ajudarà a disposar
d’informació actualitzada als professionals sanitaris a Catalunya i
constituirà una eina fonamental per a l’assoliment de les
finalitats previstes en el seu decret de creació i, en tot cas, ajudarà a
la desaparició o a minimitzar l’intrusisme professional. Per tant,
entenem que nosaltres, des de Catalunya, estem fent feina, ens hem
avançat, ja ho estem treballant, i ens semblava molt important plantejar
l’esmena que ha quedat incorporada a la transaccional que, en
realitat, demanava i pretén que les comunitats autònomes que ja disposin
d’un registre de professionals de salut propi donaran trasllat de
les dades incloses en aquest registre, de forma periòdica, al registre
estatal que avui estem instant al Govern que tiri endavant. En aquest
sentit, agrair que hagin incorporat la nostra esmena.

Hem de treballar en aquest intrusisme que suposa un alt
risc per a tots els pacients, per a tots els malalts i, per tant, per a
tots els ciutadans i, per això, estem molt contents que aquest registre
finalment tiri endavant i, evidentment, donarem suport a aquesta
moció.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

También quiero agradecer al senador Alarcó que haya
presentado esta moción y su capacidad de llegar a esta transaccional: en
primer lugar, por haber incorporado nuestra enmienda y, en

segundo lugar, por haber conseguido un presupuesto, que es
tan necesario para afrontar muchas de las iniciativas que se aprueban en
el Pleno.

Como mencionaban otros portavoces, esta moción nos parece
que afronta una cuestión muy importante y que, como bien decía el
portavoz del Partido Popular, afecta a muchísimos ciudadanos. El
intrusismo es real ―la senadora Almiñana explicaba ahora un ejemplo
relativamente reciente― y, en consecuencia, es necesario que
afrontemos el asunto.

Tal y como menciona el senador Alarcó, es una necesidad
objetiva del sistema; comparto esta afirmación y, por lo tanto, me parece
muy correcta la moción que hoy se presenta. De hecho, en Cataluña ya hace
tiempo ―desde 2005― se está trabajando en este sentido, pero
es cierto que ahora se han iniciado ya los procesos para convertir esta
necesidad en una realidad y, por lo tanto, aprovecharé este turno de
portavoces para explicar qué estamos haciendo nosotros en Cataluña.

Comparto también con el senador Cazalis la necesidad de
afrontar la cuestión, pero estableciendo bien los procedimientos, por lo
que es posible que lo que nosotros hacemos en Cataluña pueda ser un
ejemplo de los procesos que se deban seguir en el ámbito estatal.

Todas las leyes de ordenación del personal estatutario de
los servicios de salud hacen referencia al establecimiento de un sistema
de información sanitario que incorpore datos referentes a los recursos
humanos que prestan servicios en las distintas organizaciones sanitarias.
En este marco, se ha elaborado un decreto para regular un registro de
profesionales sanitarios en Cataluña que, como decía, se encuentra en
fase de tramitación en la comisión jurídica asesora para su posterior
elevación al Gobierno.

El sistema de información que conforma este registro
catalán incluirá los datos de los profesionales que desarrollan su
actividad en Cataluña, ya sea en centros públicos o privados, por cuenta
propia o ajena. Este registro catalán dispondrá de la información que le
sea facilitada exclusivamente por los registros públicos de los
profesionales sanitarios en el ámbito de Cataluña ―es decir,
colegios profesionales y centros sanitarios― y, como constaba en
nuestra enmienda, ya se plantea que este registro transfiera los datos al
registro estatal de los profesionales sanitarios del Sistema Nacional de
Salud, entre otros fines.

Se debe tener presente que los datos del registro tendrán
un carácter meramente declarativo y solo los datos de adscripción
obligatoria a una corporación de derecho público, colegios profesionales,
serán de naturaleza constitutiva. Es decir, que el registro facilitará
información a los profesionales sanitarios que trabajan en Cataluña, pero
la garantía de estar en posesión de la titulación necesaria para el
correspondiente ejercicio profesional corresponderá y corresponde a los
colegios profesionales.

En conclusión, este registro ayudará a disponer de
información actualizada de los profesionales sanitarios en Cataluña y
constituirá una herramienta fundamental para conseguir las finalidades
previstas en su decreto de creación y, en todo caso, ayudarán a la
desaparición o a minimizar el intrusismo profesional. Por lo tanto,
entendemos que en Cataluña estamos trabajando en ello, que nos hemos
adelantado y nos parecía muy importante plantear la enmienda que ha
quedado incorporada en la transaccional, que en realidad lo que
solicitaba y lo que pretende es que las comunidades autónomas que ya
dispongan de un registro propio de profesionales de la salud den traslado
de los datos incluidos en él, de forma periódica, al registro estatal que
hoy instamos al Gobierno para que saque adelante. Por tanto, de nuevo les
agradezco que hayan incorporado nuestra enmienda.

Debemos trabajar sobre este intrusismo, que supone un alto
riesgo para todos los pacientes, para todos los enfermos y, por lo tanto,
para todos los ciudadanos y, por ello, estamos muy satisfechos con que
esta moción, a la que daremos nuestro apoyo, salga adelante
finalmente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Cunyat.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador González Bethencourt.

El señor GONZÁLEZ BETHENCOURT: Gracias, señor
presidente.

Señorías, quiero saludar también, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, a los representantes de la Sociedad de Cirugía
Plástica, Estética y Reparadora; en la tribuna hay un cirujano junto con
el cual operé en una época. Saludos en nombre del Grupo Socialista.

Con retraso, con mucho retraso, hoy abordamos una
asignatura pendiente desde hace muchos años: saber qué titulación tienen,
qué trabajo realizan, en qué sector público, privado o mixto se
encuentran los casi 1 200 000 profesionales que atienden la salud de los
españoles. Con alguna iniciativa tibia anterior, nos remontamos al 14 de
marzo de 2007, cuando con el Gobierno socialista se acuerda por el
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud elaborar el
registro estatal de profesionales sanitarios. Suponía satisfacer una
necesidad muy demandada desde siempre para ordenar las distintas
profesiones sanitarias, los especialistas en formación, la acreditación
de los centros y, lo que es fundamental, partiendo de la realidad de los
recursos humanos disponibles, garantizar las necesidades futuras de
profesionales.

Este objetivo, lamentablemente, no se ha conseguido. Así,
hoy vemos, por ejemplo, cómo en algunas especialidades médicas faltan
especialistas y en otras pasan al paro después de una carrera
universitaria de seis años y varios de especialización. Y esto, ¿por qué?
Evidentemente, porque no ha existido la imprescindible coordinación entre
los Ministerios de Educación y Sanidad, por lo que, de nuevo, el Consejo
Interterritorial del 18 de marzo de 2010, a iniciativa del Gobierno
socialista, propone un acuerdo marco con las comunidades autónomas para
lograr una mayor calidad, equidad, cohesión y sostenibilidad del Sistema
Nacional de Salud, insistiendo en la necesidad de realizar
definitivamente el registro.

Por fin, el primer texto del proyecto de real decreto para
el registro estaba ultimado en septiembre de 2011, justo antes de
finalizar su mandato el Gobierno socialista. La alarma surge cuando
Gobiernos de comunidades autónomas —y eso lo hemos vivido mucho en
Canarias— tienen que recurrir a profesionales formados en países
con dudosa capacitación y formación y, desde luego, menor, en cualquier
caso, que los niveles que afortunadamente tenemos en España. Otra
cuestión con luces y sombras que acometeremos en otra ocasión es,
precisamente, la acreditación de titulaciones extranjeras.

Ante esta debilidad del sistema, surge un serio problema
del que hoy hemos hablado con suficiente claridad, cual es el intrusismo
sanitario, el cual, señor Alarcó, no se da solo en la cirugía estética,
que es en lo que parece que usted más ha abundado, sino que lo hay en
Enfermería, en Fisioterapia, en Medicina, en Cirugía, en Psicología
Clínica y en muchas profesiones relacionadas con el mundo de la
sanidad.

Es evidente que el intrusismo sanitario, sobre todo, en lo
que se refiere a las intervenciones quirúrgicas, tiene un riesgo muy
evidente, incluso para la vida de las personas. De hecho, en España ha
habido casos de intervenciones quirúrgicas no realizadas por
especialistas en cirugía en las que los pacientes han fallecido.

Está claro que hay centros clandestinos donde se realizan
intervenciones sin la suficiente capacitación quirúrgica
—lamentablemente, sigue habiéndolos—, así como tratamientos
de medicina estética que se hacen en peluquerías. Los ejemplos están
claros. Sin ir más lejos, en Canarias hemos vivido esta lacra con
bastante intensidad. Les recuerdo un caso a primeros de año en Lanzarote,
en el que tres personas fueron detenidas porque realizaban sin ninguna
titulación cirugía estética en dos peluquerías. Asimismo, hoy en día, con
el tremendo problema de obesidad que tenemos, una epidemia terrible, hay
muchos casos de dietas milagrosas que pueden poner aún más en riesgo la
salud de todas las personas afectadas.

Pero hoy, realmente, entramos en la cuestión del registro
de profesionales sanitarios, y el Gobierno del Partido Popular ha
incumplido; ha incumplido su compromiso de aprobarlo este año. La
secretaria general de Sanidad, del Partido Popular, Pilar Farjas, dijo
que este año estaría acabado, pero llegamos al 25 de octubre, fecha en
que la Unión Europea obliga a todos los países miembros a regular el
flujo de información de sus profesionales. El 25 de octubre es la fecha
definitiva, con lo cual el Gobierno de Partido Popular merecerá algún
tirón de orejas por parte de Europa. (Rumores.)

En cualquier caso, la moción inicial del Partido Popular no
garantizaba la dotación presupuestaria, pero reconocemos que se ha
incluido en el texto —era fundamental garantizarla—, y
también está garantizada la participación de las comunidades autónomas.
Nosotros pensábamos que era conveniente poner un plazo máximo de seis
meses, pero entendemos cómo funciona un proyecto de real decreto como
este.

Por lo tanto, como las tres ideas que presentamos como
enmiendas han sido aceptadas por el Grupo Popular, vamos a votar a favor
de esta moción.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador González
Bethencourt.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Alarcó.

El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, en primer lugar, y de modo general, me gustaría
agradecer a todos los portavoces que han intervenido su tono, con alguna
matización.

En segundo lugar, creo que es oportuno recordar una vez más
en esta Cámara que estamos en un distrito único sanitario europeo, que
fue firmado en Maastricht, fue ratificado en Amsterdam y después
modificado en Lisboa, en donde tuve la oportunidad de participar
representando a esta Cámara, y la financiación en los países signatarios
de Maastricht, Amsterdam y Lisboa es pública. Creo que es absurdo estar
dándole vueltas a si sí, o si no; es pública, con provisión de servicio
libre.

En tercer lugar, y creo que es oportuno recordarlo, la
unidad de medida del tiempo en política es una legislatura, no un año ni
dos; es una legislatura. Se lo digo, señor González Bethencourt, porque
ustedes gobernaron ocho años; no venga a decirnos en este momento lo que
hicieron y lo que no, y que merecemos un tirón de orejas. No voy a hacer
política con esto, pero ya que usted introdujo ese factor disuasorio,
tengo que decirle que la unidad de medida es una legislatura; ustedes
estuvieron cuatro, nosotros llevamos un año y ocho meses y ya está en la
mesa. Si quiere lo discutimos, pero no estoy por la labor. Estamos
buscando el consenso; los ciudadanos nos obligan a llegar consensos de
verdad, y seguiremos por esa vía.

Dejando estas dos cosas claras, y respecto a cada una de
sus señorías, señor Cazalis, gracias por su tono una vez más. Somos
compañeros y nos entendemos fácilmente, independientemente de nuestra
ideología. El real decreto está ahí, pero vamos a matizarlo entre todos,
a discutirlo; luego vendrá a Pleno y lo discutiremos también aquí.

La Ley de Protección de Datos está por encima de eso, tiene
usted toda la razón, pero entre la Ley de Protección de Datos y que en
una peluquería se haga cirugía… Yo no solamente hablé de estética,
hablé en general de todas las profesiones. Llevo treinta y cinco años,
usted lo sabe, en esta maravillosa profesión y la conozco muy bien. Me he
referido a todas las profesiones, pero mayoritariamente dietista,
nutricionista y estética, porque es donde está el 90% del intrusismo. Por
cierto, intrusismo que se facilitó en un momento determinado —y
abro paréntesis— en la legislatura anterior, cuando vinieron
muchísimas personas sin título o con títulos dudosos que están ejerciendo
en estos momentos, y que ocasionaron un problema muy serio. No quería
poner ningún factor disuasorio, pero usted lo introdujo, señor González
Bethencourt.

Señor Cazalis, totalmente de acuerdo: las cosas son como
son. Tenemos unanimidad. Al real decreto le da fuerza que estemos
trabajando en una línea común todos los partidos políticos. Vaya por
delante el agradecimiento por las sugerencias y modificaciones que nos
han hecho, lo que hace más grande el texto; con lo cual, encantado, y
como tal, lo agradecemos.

A la senadora Almiñana que, por cierto, también es
compañera, le agradezco también su tono, y le diré que claro que el censo
es importantísimo. El coste económico está incluido porque estamos para
eso, para conseguir cosas entre todos. Vaya por delante el empeño del
Gobierno del Partido Popular, porque usted se empeña muchas veces en
decir que no. Cuando le oigo hablar a usted de que queremos privatizar la
sanidad, pienso que no es propio de usted decir eso. No podemos ni
queremos porque en nuestro tuétano y en nuestro ADN estamos defendiendo
una sanidad pública, universal y sostenible. Y si a estas alturas de la
película tengo que repetírselo sesenta veces, lo voy a hacer, porque
estamos en eso y siempre estaremos en eso. Decir lo contrario es intentar
sacar las cosas de quicio, que creo que no conviene, pero cada uno es
dueño de sus actos.

En cuanto a las titulaciones, sin duda hay que hacerlo
pronto. Hay que hacerlo bien, pronto y en un tiempo determinado.

A la senadora Cunyat también le doy las gracias.
Efectivamente usted ha hecho hincapié en que tenemos que basarnos en lo
que ya hay hecho, porque hay cosas bien hechas en la Comunidad Autónoma
de Cataluña. Yo conozco bastante bien la parte sanitaria, no en vano he

estado formándome allí para el trasplante de páncreas.
Fueron pioneros en muchas cosas. Eso hay que recogerlo, incluirlo, y lo
hemos valorado en el Partido Popular porque la experiencia ya acumulada
se traspasará de forma correcta y coordinada en donde se tiene que hacer
para sacarle provecho, que es mucho. Lo importante es que vamos a tener
un censo universal —que no ha habido—, con protección de
datos, para poder planificar. Sabremos qué especialistas hay de una cosa
y de otra, porque con las estadísticas y con los ficheros cruzados
todavía no se consigue. En definitiva, estoy totalmente de acuerdo con
usted.

Al senador González Bethencourt casi le he contestado. En
cuanto a lo de tarde no sé qué quiere decir. Para otras profesiones sin
duda es muy importante. No se olvide usted de que el 11 de noviembre de
2010, como le he comentado, se presentó una moción por el Grupo
Parlamentario Popular, que fue aprobada por unanimidad, para luchar
contra el intrusismo en cirugía plástica. En aquel caso se hablaba de
cirugía plástica, pero si usted quiere extenderlo a otros ámbitos debería
nombrarlos, porque eso es muy bueno. Este no es un problema de medallas,
sino de tejer una hoja de ruta entre todos y trabajar por los
ciudadanos.

En definitiva, como hay un consenso que yo agradezco,
además por unanimidad y de forma clara, con el que nos hemos enriquecido
todos, termino diciendo que con esta moción conseguimos llenar alguna
laguna importante. Por un lado conseguimos un censo y, por otro,
transparencia e información para los ciudadanos, para que la ciudadanía
tenga acceso de forma clara a los profesionales adecuados, con garantías
y, además, de forma segura, fácil, universal y transparente. Y lo
principal es que esa transparencia va de forma directa a mejorar la salud
de todos los ciudadanos porque ciudadanos somos todos, incluidos los
políticos, aunque algunos nos quieran sacar del entorno de forma tal que
perdamos los derechos de ciudadanía, cuando los tenemos íntegramente,
pero con más responsabilidad.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alarcó.

Señorías, entiendo que puede aprobarse la propuesta de
modificación a la moción del Grupo Parlamentario Popular por asentimiento
si todos los grupos están de acuerdo, teniendo en cuenta que ha sido
firmada por todos los grupos parlamentarios.

¿Es así? (Asentimiento.)

Pues entiendo, entonces, que queda aprobada por
asentimiento.

5.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR UNA
POLÍTICA INTEGRAL DE DEFENSA Y APOYO A LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
(CEE) DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES NORMATIVAS Y ECONÓMICAS MÁS
URGENTES.

(Núm. exp. 662/000106)

AUTOR: GPS

El señor presidente da lectura al punto 5.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado cuatro
enmiendas, dos del Grupo Parlamentario de Entesa pel Progrés de
Catalunya, una del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència
i Unió, y otra del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Para la defensa de la moción tiene la palabra el senador
Martínez-Aldama.

El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Gracias, señor
presidente.

Señorías, el objetivo de esta moción que defiendo en nombre
del Grupo Parlamentario Socialista es doble: en primer lugar llamar la
atención del Gobierno de España ante las dificultades por las que están
atravesando los Centros Especiales de Empleo. Y en segundo lugar aportar
una serie de ideas, de propuestas, de soluciones, la mayor parte de ellas
reivindicadas por el sector, que ayudan a mejorar su situación y a
encarar con más posibilidades el presente y el futuro.

Lo que tenemos claro en el Grupo Parlamentario Socialista,
señorías, es que estos centros resultan vitales, más vitales que nunca,
para miles de trabajadores con discapacidad.

Señorías, es indudable que los centros especiales de empleo
han sido y son un referente imprescindible en la contratación de personas
con discapacidad en España. En el año 2011, de cada cien personas con
discapacidad, casi veinte lo hacían en un centro especial de empleo,
aunque es verdad que esta realidad no es homogénea en el conjunto del
país. Así, por ejemplo,

mientras que en el País Vasco de cada cien trabajadores con
discapacidad treinta y dos lo prestan en un centro especial de empleo, en
Murcia tan solo cuatro. Es decir, el modelo de los Centros Especiales de
Empleo ha tenido más o menos desarrollo o extensión en función de las
comunidades autónomas.

Lo que también es innegable, y este es un punto
tremendamente positivo, es que las plantillas han experimentado un
crecimiento destacable y, a pesar de la profunda crisis económica que
estamos atravesando a nivel general, los Centros Especiales de Empleo han
generado empleo, y les voy a dar algunos datos. Desde el 2008, momento en
el que empiezan a notarse los efectos de la profunda crisis económica,
hasta el año 2011, el número de Centros Especiales de Empleo crece el
20%, pasando de 1775 a 2172. Y este importante crecimiento contrasta, sin
duda, con la caída del 5% en el número de empresas en España que caen
durante el mismo período. El dato correspondiente al cierre del año 2012
es el mejor testigo para demostrar la importancia de lo que estoy
hablando aquí: 1912 Centros Especiales de Empleo, 61 851 trabajadores con
discapacidad ocupados, 8003 trabajadores sin discapacidad también
ocupados; es decir, casi 2000 centros especiales de empleo y más de 70
000 empleados. Y en lo que va de 2013, señorías, podemos volver a
comprobar el dinamismo en la contratación de los Centros Especiales de
Empleo, a pesar de las muchas y variadas dificultades que luego voy a
enumerar.

Si analizamos la contratación a junio de 2013 y usando como
fuente el Servicio Público de Empleo Estatal, se observa lo siguiente.
Uno, que la contratación de personas con discapacidad en Centros
Especiales de Empleo, a junio de 2013, fue de 22 156 contratos, lo que
supone un crecimiento del 11,68% sobre junio de 2012. Además, esta
realidad global del país tiene una distribución territorial bastante
homogénea, porque a excepción de Asturias, Canarias, Murcia, Ceuta y
Melilla, este tipo de contratos ha subido en el resto de las comunidades
autónomas de España, es decir, ha subido en catorce comunidades
autónomas. Dos, si analizamos el acumulado a junio de 2013 respecto del
acumulado a junio de 2012, observamos que la contratación general en
España cae el 0,36%, pero la contratación de personas con discapacidad en
este tipo de centros crece más del 11%. Y si lo que analizamos, por
último, no es el acumulado sino junio de 2013 sobre junio de 2012, se
observa lo siguiente. La contratación general en España cae casi el 8%
pero la contratación de personas con discapacidad sube el 16%.

Señor presidente, señorías, son datos concluyentes y
clarificadores sobre la importancia y el papel que a día de hoy juegan
los centros especiales de empleo. Porque han sido y son el motor del
empleo de las personas con discapacidad en España y porque han
contribuido y contribuyen a la cohesión social y al desarrollo local.
Porque incluyen mayor diversidad de discapacidades en sus plantillas y
esto permite aumentar la competitividad, generar por tanto más actividad
y, evidentemente, más oportunidades de empleo para aquellos
discapacitados que presentan menores condiciones de empleabilidad. Porque
existe una red de Centros Especiales de Empleo extendida por toda España,
aunque su nivel de desarrollo sea dispar. Y, finalmente, porque los
Centros Especiales de Empleo son en términos sociales un modelo de éxito
que puede transferirse a otros colectivos.

Señor presidente, señorías, sin embargo muchos de estos
centros están atravesando a día de hoy una difícil situación por las
políticas del Gobierno del Partido Popular y por los recortes
presupuestarios del Partido Popular. En el año 2011, último presupuesto
del Gobierno socialista, había una partida específica denominada
literalmente Aportación a los Centros Especiales de Empleo, dotada con
300 millones de euros —si lo ponemos en pesetas, 50 000 millones de
las antiguas pesetas—. En el presupuesto del año 2012, primero del
Partido Popular, el recorte de esta partida fue del 30% y en 2013 no
solamente hay un recorte, es que desaparece la partida específica que
había para Centros Especiales de Empleo y se crea una nueva para la
contratación de personas en situación de exclusión social y de víctimas
de malos tratos, es decir, una partida para más personas pero con mucho
menos dinero, 234 millones de euros.

Por eso, señorías, hoy podemos afirmar que la partida de
fondos destinados en España a los Centros Especiales de Empleo se ha
reducido en 100 millones desde que gobierna el Partido Popular —si
lo ponemos en pesetas, más de 16 000 millones de pesetas en dos años
gobernando el Partido Popular—. Esto supone —y quiero
denunciarlo, señorías— que los recursos públicos para atender a
todas las modalidades de ayuda a los centros especiales de empleo, a
todos los centros especiales de empleo y a todos los trabajadores de los
centros especiales de empleo son

unas partidas claramente insuficientes. Y por si esto fuera
poco, señorías, y en línea con los recortes en políticas activas de
empleo, a finales del año 2012 el Gobierno del Partido Popular no renovó
la vigencia del plan extraordinario de inserción social que el PSOE creó
en el año 2008 y supuso la contratación de 1500 orientadores.

Señor presidente, señorías, ante la insuficiencia de
recursos estatales y también de las comunidades autónomas, porque en
algunos casos complementaban con recursos propios, algunas comunidades
autónomas están adoptando medidas que no son precisamente de apoyo a
estos centros, medidas como la congelación de plantillas en un momento
determinado, lo que significa el no reconocimiento de ayudas económicas
correspondientes a los incrementos de plantilla desde esa fecha, o bien
la no calificación de nuevos centros e incluso la descalificación de
Centros Especiales de Empleo ya existentes.

Durante estos últimos años los Centros Especiales de Empleo
han tenido que hacer frente a muchas y muy variadas dificultades. Yo
destacaría las siguientes: retraso generalizado en el cobro de
subvenciones; retraso generalizado en el cobro de los servicios o
suministros a las administraciones públicas —ni que decir tiene que
ambos retrasos han provocado un incremento desmesurado de su deuda, de la
deuda de los Centros Especial de Empleo—; limitación para acceder
al crédito bancario, y cuando se accede es con un tipo de interés
excesivamente elevado; pérdida de clientes en un mercado, por desgracia,
cada vez más contraído, cada vez más maduro y de escaso valor añadido
—dicho de otra forma, actividades económicas en muchas ocasiones
escasamente competitivas—; dificultades para acceder a la
financiación pública para la formación y la mejora de la competitividad y
la productividad de estos trabajadores; limitada inversión en
investigación, desarrollo e innovación; aumento constante de la
competencia externa, con bajadas de precios inasumibles; muy poca
presencia en mercados nacionales y nula, cero, en los mercados
internacionales; sector atomizado y problemas de dimensión —son
centros en ocasiones muy reducidos y esto es una desventaja
competitiva—.

En resumen, señorías, el actual modelo de empleo protegido
en España camina hacia la insostenibilidad, la crisis no ha hecho sino
agravar esta situación, y también sus decisiones, las decisiones del
Partido Popular, sus recortes, señorías, están contribuyendo a ello. Y
quizás sea este, y es el objetivo de la moción, un buen momento para
redefinir, para repensar, todo lo que tiene que ver con empleo y
discapacidad en nuestro país.

A este objetivo se dirigen las propuestas que presenta aquí
hoy el Grupo Parlamentario Socialista, las que recoge la moción y para
las que les pido su apoyo unánime, porque sirven para superar obstáculos
actuales ya descritos y suponen una apuesta decisiva y decidida por los
Centros Especiales de Empleo como fuente de empleo para las personas con
discapacidad; por tanto, sin duda, como motor de empleo, de cohesión
social, a través de la inserción laboral.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Martínez-Aldama.

Para la defensa de sus dos enmiendas, por el Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el
senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Les nostres esmenes s’expliquen per sí mateixes, però
amb tot, permetin-me que faci una breu explicació. La primera és la
supressió del punt cinquè. Entenem que la paralització de permisos per
obrir nous Centres Especials d’Ocupació representa un problema per
al creixement del sector. Això està passant també a Catalunya, però no
crec que la solució passi per crear una qualificació estatal, sinó per
avocar majors recursos —això el senador Martínez-Aldama ho
reivindicava en l’exposició de la justificació de la seva
moció— i per una millor distribució dels recursos i els ajuts que
s’hi destinen.

La segona esmena és incorporar al punt número 13 el fet de
tenir en compte, en parlar de finançament, dos criteris: el primer
criteri el d’ocupació assolida, i el segon criteri el de
discriminació positiva a favor de les persones amb discapacitat
d’especials dificultats.

Creiem que amb aquestes dues esmenes millorem la proposta
que ha defensat el senador Martínez-Aldama i li demanem, li preguem, que
les pugui acceptar.

Gràcies president.

Gracias, señor presidente.

Nuestras enmiendas se explican por sí mismas. Sin embargo,
permítame una breve explicación. En primer lugar, la supresión del punto
5. Entendemos que la paralización de permisos para abrir nuevos Centros
Especiales de Empleo representa un problema para el crecimiento del
sector. Esto está sucediendo también en Cataluña, pero no creo que la
solución pase por una cualificación estatal sino por mayores recursos,
tal como se comentaba en la justificación de la moción, y también por una
mejor distribución de los recursos y ayudas que se dedican.

La segunda enmienda pretende incorporar al punto número 13,
cuando se habla de la financiación de dos criterios, el criterio de
ocupación y el de la discriminación positiva a favor de las personas con
discapacidad de especiales dificultades.

Creemos que con estas dos enmiendas mejoramos la propuesta
que ha presentado el senador Martínez-Aldama, y le rogamos que las
acepte.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora
Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente. En
referència a aquesta moció, hem presentat una esmena de modificació
proposant una redacció consistent en la supressió del punt 3, la
modificació de la redacció del punt 4, la supressió dels punts 5 i 6 i la
modificació del punt 13. Cal dir que donades les negociacions amb el Grup
Parlamentari Socialista i amb l’objectiu d’aconseguir el
consens en un tema tan important, el meu grup retira la supressió del
punt tres i retira també la supressió del punt 6. Mantenim doncs a la
nostra esmena, la modificació de la redacció del punt 4, la supressió del
punt 5 i la modificació en la redacció del punt 13.

Pel que fa al punt 4, en relació a la legislació de la
contractació en el sector públic, volem que consti que no només es
garanteixi que efectivament els òrgans de contractació reservaran
l’adjudicació d’un percentatge d’un 10% de
l’import total anual de la seva contractació a Centres Especials
d’Ocupació, sinó que es farà extensible també a les empreses
d’inserció. Així mateix hem considerat convenient incloure que se
supediti la contractació a Centres Especials d’Ocupació, al fet que
al menys el 70% dels treballadors siguin persones amb discapacitat. Es
proposa suprimir «de iniciativa social», que els Centres Especials
d’Ocupació siguin d’iniciativa social, ja que considerem que
no és tan important la forma jurídica del Centre Especial de Treball com
sí ho és la tipologia de persones amb discapacitat que tenen
contractades.

Pel que fa al punt 5, consistent en permetre una
qualificació estatal com a Centres Estatals d’Ocupació a promotors
que disposen de diversos Centres Especials d’Ocupació en diverses
comunitats autònomes, la nostra esmena va en el sentit de suprimir el
mateix, donat que les comunitats autònomes tenen les seves especificitats
territorials i aquestes han de quedar reflectides en els seus registres
autonòmics.

Finalment, pel que fa al punt 13 de la moció, hem presentat
esmena de modificació consistent en suprimir els termes «homogéneo» y «al
menos», donat que considerem que si bé cal garantir a les comunitats
autònomes els recursos financers necessaris per impulsar un sistema de
finançament suficient que asseguri un nivell mínim de recolzament
econòmic, que garanteixi el marc vigent de finançament en tots els seus
nivells i àmbits, entenem que, justament per les competències i
especificitats territorials de cada comunitat autònoma, aquest sistema de
finançament, per definició, no pot ser homogeni.

Con referencia a esta moción, hemos presentado una enmienda
de modificación, proponiendo una redacción consistente en la supresión
del punto 3, la modificación de la redacción del punto 4, supresión de
los puntos 5 y 6 y modificación del punto 13. Teniendo en cuenta las
negociaciones con el Grupo Parlamentario Socialista para conseguir un
consenso en un asunto tan importante, he de decir que mi grupo retira la
supresión de los puntos 3 y 6. Mantenemos, pues, en nuestra enmienda la
modificación de la redacción del punto 4, la supresión del punto 5 y la
modificación en la redacción del punto 13.

En cuanto al punto 4, en relación con la legislación de la
contratación del sector público, queremos que no solo se garantice que se
reservará un porcentaje del 10% de la contratación total

a los centros, sino también a las empresas de inserción.
Creemos conveniente que se incluya en la contratación de los CEE el hecho
de que al menos el 70% de los trabajadores sean personas con
discapacidad. Se propone suprimir la iniciativa social, que los centros
especiales de ocupación tengan que ser de iniciativa social, puesto que
no es tan importante la forma jurídica del centro como la tipología de
las personas con discapacidad que tienen contratadas.

En cuanto a la redacción del punto 5, nuestra enmienda
pretende suprimir lo mismo, puesto que las comunidades autónomas tienen
sus especificidades territoriales y estas tienen que quedar reflejadas en
sus registros autonómicos.

Por último, en cuanto al punto 13 de la moción, les
comunico que hemos presentado una enmienda de modificación para suprimir
«homogéneo» y «al menos», puesto que consideramos que hay que garantizar
a las comunidades autónomas los recursos financieros necesarios para
impulsar una financiación suficiente que garantice un nivel mínimo de
apoyo económico, que garantice el marco vigente y necesario para todos
los ámbitos, entendiendo que precisamente por las especificidades de cada
comunidad, este sistema de financiación no puede en modo alguno ser
homogéneo.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Rieradevall.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora Romero.

La señora ROMERO BAÑÓN: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero decir, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, que los Centros Especiales de Empleo
son prioritarios para el Gobierno de España, Gobierno del Partido
Popular, porque así lo ha manifestado la ministra en las innumerables
intervenciones que ha tenido ante esta Cámara y, por supuesto, son
prioritarios para el Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Son
prioritarios porque creemos —apostamos por ello— que son la
fórmula para avanzar en el empleo en el colectivo de la discapacidad. Se
ha trabajado y se continúa trabajando intensamente en ello. Se hace,
señor Martínez-Aldama con rigor, con seriedad, para evitar que vuelvan a
repetirse las malas situaciones y las malas decisiones que se produjeron
y se adoptaron en el pasado.

Si considerásemos individualmente algunas de las propuestas
que se recogen en su moción podrían, algunas de ellas, ser aceptadas,
pero en su conjunto, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado no va a
aceptar esta moción porque ni la exposición de motivos ni las propuestas
incluidas en la misma responden a la realidad, son incorrectas, falsas,
así como desacertado es el análisis que hace de la situación de los
Centros Especiales de Empleo, lo que voy a intentar demostrarle a lo
largo de mi intervención.

Por eso, nosotros presentamos una enmienda mucho más real,
mucho más rigurosa, que obedece a un estudio profundo y detallado y a un
trabajo conjunto de la situación por la que están atravesando los Centros
Especiales de Empleo. Lamentablemente esta enmienda no ha sido aceptada
por ustedes, pero voy a explicar en qué consistía. En el año 2012 se
procede, por acuerdo de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos
Laborales a la constitución de un grupo de trabajo sobre los Centros
Especiales de Empleo. En este grupo de trabajo han participado, además de
la Administración central, el Servicio Público de Empleo Estatal, el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, representantes de
las comunidades autónomas y del sector de la discapacidad, Cermi, Feacem,
Conacee, Asociación Adintre y Dincat. Dicho grupo ha efectuado un
análisis tanto del funcionamiento de los centros como de los programas
que actualmente están establecidos para favorecer la inserción laboral de
las personas con discapacidad en estos centros.

En esa primera fase de estudio este grupo de trabajo ha
considerado que si bien la fórmula de empleo, a través de los Centros
Especiales de Empleo, es una de las más eficaces para la creación de
puestos de trabajo para personas con discapacidad, es necesario una
actualización de la normativa para adaptarla tanto a la nueva realidad
social de las personas discapacitadas como a las sucesivas modificaciones
del mercado laboral.

A la vista de los resultados obtenidos en esta primera
fase, en una segunda fase se va a proceder a analizar la situación
concreta de determinadas cuestiones, como algunas de las planteadas en la
moción: la revisión de la relación laboral de carácter especial de
personas con discapacidad que trabajen en Centros Especiales de Empleo y
la posible regulación de los supuestos de sucesión o subrogación
empresarial que afecten a trabajadores con discapacidad o a los Centros
Especiales de Empleo.

En el momento actual también está en fase de elaboración un
proyecto de texto refundido en el que se va a recoger toda la normativa
que afecte a las personas con discapacidad, de acuerdo con lo dispuesto
en la disposición final quinta de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, que
modificaba la disposición adicional segunda de la Ley 26/2011, de 1 de
agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad.

Por otro lado, el apartado 3 de la disposición final
duodécima de la Ley 3/2012, recoge un mandato al Gobierno para que
durante la legislatura se reforme y actualice la normativa de las
personas con discapacidad. Por eso, nosotros presentamos una enmienda
basada en el trabajo que han realizado todos estos agentes sociales,
enmienda que, lamentablemente, ustedes no han aceptado y que recogía
actualizar la normativa, la elaboración de este proyecto de ley, seguir
impulsando las medidas de discapacidad y seguir impulsando y apostando
por las bonificaciones para los puestos en los Centros Especiales de
Empleo.

Nos hubiese gustado, señor Martínez-Aldama, que hubiesen
aceptado esta enmienda, que yo creo que enriquecería y aportaría lo que
los Centros Especiales de Empleo necesitan en estos momentos.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Romero. Tiene
la palabra el senador Martínez-Aldama para indicar si acepta o no las
enmiendas.

El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Gracias, señor
presidente.

Quiero agradecer, en primer lugar, las palabras del senador
Guillot y de la senadora Rieradevall porque en sus propuestas hay una
voluntad de acuerdo y diálogo y creo que es ese el espíritu que debe
reinar en esta Cámara cuando hablamos de empleo y discapacidad. Por
tanto, quiero anunciar que asumimos las enmiendas de Entesa, las dos, y
también lo que apuntaba aquí la senadora Rieradevall, y es que los puntos
4, 5 y 13 se mantienen, previa retirada de los puntos 3 y 6, por parte de
Convergència i Unió.

Pero me quiero detener, fundamentalmente, en la propuesta
del Partido Popular. Senadora, no nos tome el pelo, no había ninguna
voluntad de acuerdo desde el principio, porque usted no ha planteado
ninguna modificación, ni adición, ni supresión, ni mejora, plantea una
sustitución, es decir, que la propuesta del Grupo Socialista se aparque
para poner encima de la mesa la del Partido Popular. Para eso, ustedes,
que tienen un grupo amplísimo, preséntenla. Por tanto, desde el punto de
vista formal me parece un error buscar acuerdos pretendiendo que el
proponente retire su moción, cosa que, como comprenderá, no va a
ocurrir.

Entrando en el fondo, quiero decirle —créame—
que hay cosas que me preocupan seriamente y demuestran, desde mi punto de
vista, su falta de voluntad de acuerdo. El Partido Popular propone en su
punto número 2 la elaboración del texto refundido que deberá recoger toda
la normativa que afecta a las personas con discapacidad, de acuerdo con
el mandato de la disposición final segunda de la Ley 26/2011, de 1 de
agosto. Y yo le pregunto, lleva gobernando el Partido Popular 2 años: ¿en
2 años el Gobierno no ha podido actualizar el texto legal? Ha tenido
tiempo, pero no ha querido hacerlo. Y la última, el punto 3, es de traca,
señorías, porque hace referencia al impulso al desarrollo de políticas
activas de empleo dirigidas a personas con discapacidad. ¿Cómo es posible
que plantee esto el Partido Popular, que en 2 presupuestos ha recortado
el 50% las políticas activas de empleo? ¿De qué impulso me habla,
señoría?

Por eso, le decía que no nos tome el pelo. Usted decía que
los centros especiales de empleo son prioritarios para el Partido
Popular, pero será de palabra, no de obra. De palabra, sí; de obra, no,
porque le he demostrado con datos presupuestarios que en 2 años de
gobierno del Partido Popular han recortado 100 millones de euros lo que
el Gobierno del PSOE destinaba a los Centros Especiales de Empleo. Por
tanto, prioridad ninguna, en el baúl de los recuerdos tiene el Partido
Popular los Centros Especiales de Empleo.

Y dicen: queremos superar errores del pasado. Pues muy
bien. ¿De qué pasado me habla? ¿Del de Galicia, que gobierna el Partido
Popular desde hace 20 años? ¿Del de Castilla y León, del de La Rioja, del
de Valencia, del de Madrid, que son competencia de las comunidades
autónomas y en esas gobierna el Partido Popular? O sea, que el Partido
Popular viene a reconocer la mala gestión que hace el Partido Popular,
allí donde gobierna, de los Centros Especiales de Empleo.

Señorías, sé que a veces es complicado llegar a acuerdos en
política. Esta moción tenía un objetivo muy sencillo, lo he dicho al
principio, y es poner encima de la mesa un debate, a nuestro juicio,
necesario y proporcionar los recursos suficientes. Ustedes han encontrado
en este papelito una coartada para votar no a una moción limpia del
Partido Socialista. Desde luego, si yo fuese una persona discapacitada
estaría esperando más argumentos en su segunda intervención, porque aquí
no ha dado ninguno para votar en contra. Se ha dedicado a deslegitimar la
propuesta del Partido Socialista y a buscar una coartada para votar no a
nuestra moción. Allá cada cual con su conciencia, señoría.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Martínez-Aldama.

¿Turno en contra? (Pausa.)

No hay turno en contra, por lo que pasamos al turno de
portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Eskerrik asko, presidente
jauna.

En primer lugar, quería felicitar al senador Aldama por la
aceptación de las enmiendas tanto de Entesa como de CiU porque entiendo
que, efectivamente, todas ellas mejoran sensiblemente el texto y eliminan
algunos de los inconvenientes que desde mi grupo parlamentario estábamos
teniendo respecto de esta moción. Por lo tanto, en principio puedo
anunciarles que al final nuestro voto va a ser positivo.

Respecto a la intervención en contra que ha hecho la
senadora del Partido Popular, tengo que decir que es cierto que con la
incorporación de las personas con discapacidad al mercado laboral se han
conseguido grandes logros y grandes avances. Los propios colectivos de
personas con discapacidad son los primeros en reconocerlo, pero también
reconocen que los principales avances se han hecho desde el ámbito
privado y han sido promovidos fundamentalmente por entidades sin ánimo de
lucro, por la cultura asociativa y por la dimensión social de la
economía. Se ha conseguido una buena orientación y una buena formación
para las personas con discapacidad, así como un buen desarrollo de los
diferentes itinerarios de inserción laboral.

También se han elevado sensiblemente a lo largo del tiempo,
aunque quizá en los últimos ejercicios presupuestarios las circunstancias
de la crisis han hecho que esos incrementos se hayan visto disminuidos,
las dotaciones económicas necesarias para conseguir que se incorporen los
trabajadores o las personas con discapacidad a la empresa ordinaria.

Igualmente se ha avanzado mucho en lo que respecta a la
visibilización y concienciación en la sociedad de la imagen de las
personas con discapacidad. Se considera, y asimismo lo ven ellas, que las
personas con discapacidad son personas empleables y contratables por
parte de las empresas, no solo en el ámbito de la Administración Pública,
y esto era algo que hasta hace unos años no ocurría, por lo que entiendo
que todos como sociedad estamos ganando.

También es cierto que cada vez hay más personas activas
entre las personas con discapacidad, fundamentalmente a través de las
entidades que trabajan en el ámbito del empleo con apoyo, pero todavía
sigue siendo muy alto el porcentaje de las personas inactivas. En ese
sentido, tenemos que decir que la tasa de desempleo de las personas con
discapacidad triplica al del resto de las personas. La reforma laboral,
además, no ha sido una ayuda para todo ello y, en particular, se ha
cebado con personas con discapacidad y otros colectivos desfavorecidos.
La tasa de actividad de las personas con discapacidad sigue siendo muy
baja. Dicha inactividad puede venir muchas veces producida por motivos
familiares, porque todavía hay cierta tendencia a que las familias actúen
como refugio de estas personas, pero también es cierto que desde la
Administración Pública se tiene que hacer mucho más.

Es cierto que muchas veces en la Administración Pública nos
ponemos las medallas porque cumplimos con lo establecido en la Lismi y
que la Oferta de Empleo Público se mantiene y se está

cumpliendo la normativa en ese sentido. Sin embargo, no ha
habido avances, y es que sigue vigente la misma ley desde el año
1987.

En este sentido, mi grupo parlamentario entiende y se hace
eco además de las conclusiones extraídas del Libro Blanco sobre la
Discapacidad en Euskadi que se acaba de presentar hace escasas semanas,
en el que todas las administraciones públicas, no solamente la vasca,
entiendo que deberíamos mirarnos porque van muy bien orientadas a lo que
podemos hacer para mejorar la situación no solamente en relación con el
empleo ya que obviamente en el libro blanco se abordan otro tipo de
ámbitos como el fiscal, la salud, la dependencia, la ayuda a las
familias, el educativo respecto de la formación, pero ya que la moción
hace referencia a las medidas del empleo sí quiero hacer mías algunas de
las reivindicaciones que en materia de empleo plantean estos colectivos,
vuelvo a decir, en el caso de Euskadi a través de la asociación
Elkarlanean. Ellos están pidiendo que se desarrollen políticas activas de
empleo que fomenten la incorporación laboral de las personas con
discapacidad de forma prioritaria en la modalidad de empleo ordinario, no
solamente en los Centros Especiales de Empleo y en los centros de
orientación laboral sino, repito, en la modalidad de empleo ordinario.
Hace falta establecer mecanismos que incrementen el número de personas
con discapacidad en empleo ordinario y en plazos concretos —es
importante la cuestión de los plazos—. En ese sentido, se han de
incrementar los incentivos a la contratación de personas con
discapacidad, tanto física como orgánica, además de regular instrumentos
de ayudas económicas a empresas para la adaptación de puestos de trabajo
y la promoción de la accesibilidad. Esas son algunas de las cuestiones
que estaban recogidas ya en el texto de la moción.

Hay que realizar por parte de las diferentes
administraciones públicas un balance de la aplicación de la cuota de
reserva y arbitrar medidas para que se cumpla de verdad esa cuota. Hay
que repensar esos mecanismos para instalar el cumplimiento de esta cuota
de reserva, revisar en esta clave las cuantías a las sanciones por
incumplimiento, así como el papel que tienen que tener los diferentes
órganos de Inspección de Trabajo. Además, por parte de las
administraciones públicas se deberían poner encima de la mesa todas las
herramientas que favorezcan que las empresas que cumplen la cuota sean
beneficiadas de alguna forma y discriminadas las que no la cumplen. Por
ejemplo, ellos llegan a proponer favorecer la contratación pública al
cumplimiento de la cuota no solo para la adjudicación preferente, sino
también condicionar la concesión de subvenciones al cumplimiento de esta
cuota.

Es importante también que la sociedad conozca cuáles son
los datos sobre empleo de las personas con discapacidad, con desgloses
suficientes de variables por sexo, por territorios, por edad, por
modalidad de empleo, incluso por municipios, para favorecer todavía más
ese camino de visibilidad de la gente con discapacidad como personas
empleables.

Y al mismo tiempo otra de las medidas que ya estaban
incluidas en la moción y que es uno de los motivos que nos impulsan a
votar favorablemente es que hay que revisar el marco normativo relativo a
las medidas alternativas. Entre otras cuestiones lo que hay que hacer es
mejorar el modelo y los requisitos para justificar por parte de una
empresa el incumplimiento de la cuota de reserva de manera que no les
resulte tan fácil acudir a estas medidas alternativas.

Otra medida es la inclusión de personas con discapacidad en
los Centros Especiales de Empleo entre las personas demandantes de empleo
de los diferentes servicios de empleo, sea el estatal, sea el de las
comunidades autónomas. De esta forma se van a ampliar, y mucho, las
posibilidades de los diferentes perfiles para cumplir con esta cuota de
reserva y como una forma de rotación y de activación e inclusión de las
personas trabajadoras con discapacidad.

También hay que desarrollar un acompañamiento especializado
en la orientación del itinerario laboral. Esto es fundamental. Hay que
orientar laboralmente a las personas con discapacidad. Y también hay que
hacer una labor importante de intermediación entre las personas con
discapacidad y el mercado laboral de manera complementaria, lo que se
puede estar haciendo ya de forma ordinaria en los diferentes servicios de
empleo. Además, en todos los casos se ha de asegurar a todas las personas
con discapacidad el pleno acceso a los servicios de orientación
profesional ordinarios garantizándoles una información accesible y
adecuada sobre los recursos para la inserción laboral que tienen a su
disposición.

Hay que apoyar decididamente la formación y la
cualificación profesional de las personas con discapacidad. Asegurar que
no existen problemas de accesibilidad a los centros formativos.

Impulsar la formación dual o en alternancia para las
personas con discapacidad. Esto es fundamental porque no solo es una
formación de tipo teórico sino que también se van a enfrentar a los retos
que supone para ellos y para la propia empresa la adecuación de los
puestos de trabajo a las especiales necesidades que ellos tienen. En ese
sentido hay que desarrollar formatos de formación mejores acompañados de
prácticas remuneradas en la empresa, trabajar su motivación, su
autoestima y el empoderamiento de estas personas.

Hay que apoyar la visibilización del valor añadido de las
personas con discapacidad en el empleo, visibilizar y premiar las buenas
prácticas, trasladar mejor a las empresas el valor que suponen estos
trabajadores para ellos en cuanto a la producción, clima laboral,
actitudes hacia el trabajo y rendimiento. Hay que acercar al empresario
también el talento, la capacidad y la potencialidad de las personas con
discapacidad.

Habría que vigilar también las condiciones laborales en el
empleo protegido y visibilizar los logros en clave del tránsito al empleo
ordinario. En la moción se menciona la importancia que tiene el tránsito
de ida y vuelta desde los centros ocupacionales hasta los Centros
Especiales de Empleo, pero tenemos que ir más adelante. Tenemos que
incorporar a las personas con discapacidad también en el empleo
ordinario. En ese sentido es fundamental, evidentemente, la implicación
de todos los ámbitos de la Administración pública y también del sector
privado.

Por último, y respecto del empleo público, la aplicación de
las tasas de cuotas hay que hacerlas estableciendo diferencias entre
grupos y categorías puesto que no todas las discapacidades son iguales.
Hay que adaptar efectivamente las pruebas de acceso; hay que valorar que
existen déficits respecto a las discapacidades psíquicas en relación con
las físicas; hay que respetar la igualdad de méritos, pero al mismo
tiempo hay que garantizar el acceso de estas personas al empleo público.
Habría que arbitrar reservas no solamente de puestos de trabajo
consolidado sino también en las bolsas de empleo público y garantizar la
adaptación de los puestos de trabajo incorporando cuantos ajustes sean
necesarios.

Hay que analizar por lo menos la posibilidad de hacer las
modificaciones normativas necesarias para compatibilizar en algunos casos
específicos la actividad laboral con el cobro de pensiones en diferentes
modalidades. En este sentido, habría que apoyar desarrollos en innovación
tecnológica para que la adaptación de los puestos de trabajo sea
efectiva, potenciando el I+D+i en todo el proceso.

Son las propias asociaciones de personas con discapacidades
las que nos están diciendo por dónde tenemos que ir. No son medidas que
impliquen grandes cambios normativos, son medidas que lo que hacen es
mejorar y dar un paso más respecto a lo que ya se está haciendo.

Efectivamente, es el momento de profundizar en los
mecanismos que ponemos en marcha o que desde las administraciones
públicas están poniendo en marcha para garantizar el acceso al trabajo
ordinario de las personas con discapacidad.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez. Por
el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra
el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Senyories, crec que tots podem compartir el diagnòstic que
ens feia el senador MartínezAldama. Els Centres Especials
d’Ocupació són avui, a Espanya, un referent per a la incorporació
al món del treball de les persones discapacitades. Per a totes les
persones, també per a les persones discapacitades, el treball és un
factor clau de socialització. És evident també, i podem compartir, que
aquests col·lectius pateixen situacions d’especial dificultat per
poder accedir al món del treball, que hi ha una responsabilitat social i
política i que hi ha un compromís de la societat. Crec que aquests són un
primer apartat de factors que tots i totes, que tots els grups
parlamentaris podríem compartir. Hi ha una altra afirmació que crec que
també compartim tots, que és la valoració globalment positiva del model
actual d’ocupació protegida.

És evident també, i així ho indica el senador
Martínez-Aldama en la seva moció, que per garantir la seva sostenibilitat
caldrà avançar amb canvis i reformes que vagin millorant el model
actual.

Però no ens enganyem. El que no compartim, especialment amb
el Partit Popular, és que aquest model, com tantes altres polítiques,
estiguin afectats per les seves retallades. Aquest és un

fet evident. Tot allò que afecta a la creació
d’ocupació i tot allò que afecta a la protecció social, vostès ho
han anat retallant sistemàticament en tots els pressupostos que hem anat
aprovat d’ençà que hi ha Govern del Partit Popular. El que els puc
reconèixer és que són coherents, ho retallen tot, tant si afecta a
persones discapacitades com a persones no discapacitades.

Perquè, senyora Romero, creu vostè que amb una retallada de
100 milions en aquestes partides, any rere any, de les polítiques actives
d’ocupació en un país que pateix aquests nivells d’atur, tot
això és compatible? Creu vostè que això es correspon realment a aquest
afany que vostè aquí proclamava d’aquesta gran preocupació
d’aquest Govern per crear llocs de treball i per donar sortida
concreta i de manera especial a les persones discapacitades? No, és
impossible. Ni con el menos haremos más, que, presupuestariamente,
permítame que le diga, es una majadería, ni amb aquestes retallades
vostès poden garantir res de res.

I què està passant? Que els Centres Especials
d’Ocupació es veuen afectats. El senador Martínez-Aldama ho deia:
accés difícil al finançament, crèdits cars, retards en els pagaments,
però, sobretot es veuen afectats per les polítiques de retallades que el
Govern del Partit Popular està duent a terme. I això ens porta a que el
nivell d’atur entre aquests col·lectius és molt superior que al
d’altres. Crec que aquest és un factor que vostès han de retenir.
Ho dic perquè a l’hora d’argumentar siguin comprensibles
perquè, si no, és pura retòrica.

Aquí al Senat portem instal·lats ja molt temps entre el que
és formal, que és el que decideix el Partit Popular amb la seva majoria
absoluta, i el que és real. I el que és real, el que és evidentment real
—i tindrem oportunitat d’analitzar-ho i debatre-ho
d’aquí a molt poques setmanes— són els Pressupostos Generals
de l’Estat i, concretament, tot allò que es veu afectat per aquest
tipus de partides.

Permeti’m també exposar preocupacions de cara al
futur. Ens preocupa un canvi de model en el qual l’atenció a les
persones amb discapacitat esdevingui un objectiu en lloc de ser un mitjà,
per al lucre de les iniciatives privades. I ens preocupa molt que hi
pugui haver un canvi d’enfocament; en aquests moments, aquestes
polítiques són, en si mateixes, un objectiu i el que ens preocuparia és
que passessin a ser un mitjà per al lucre de les iniciatives privades. I,
en segon lloc, cal obrir de bat —i amb això no estic negant, ni
excloent la iniciativa privada en aquest sector— les portes a
iniciatives empresarials amb afany de lucre.

Tot plegat comportarà que la inserció laboral de les
persones discapacitades més greus, que sempre és la més difícil i la més
costosa, es veurà perjudicada.

Amb tot, nosaltres votarem el resum que ha fet el senador
Martínez-Aldama d’incorporació de les esmenes. Vull agrair al
senyor Martínez-Aldama que hagi incorporat les esmenes de Convergència i
Unió i les nostres mateixes, i creiem que caldria votar aquesta moció
perquè és una moció coherent, conseqüent i una moció que aporta propostes
del tot necessàries.

Gràcies, senyor president.

Gracias, señor presidente.

Señorías, creo que todos podemos compartir el diagnóstico
que hacía el senador Aldama. Los CEE en España hoy son un referente para
la incorporación en el mundo del trabajo de las personas discapacitadas.
También para las personas discapacitadas es un factor clave de
socialización. Es evidente y podemos compartir que estos colectivos
sufren situaciones de especial dificultad para poder acceder al mundo del
trabajo. Existe una responsabilidad social y política y un compromiso de
la sociedad. Este sería un primer apartado de factores y valoraciones
respecto a los cuales todos los grupos parlamentarios podemos estar de
acuerdo, podemos compartir. Hay otra afirmación que también podemos
compartir, y es la afirmación globalmente positiva del modelo actual de
ocupación protegida.

También para garantizar la sostenibilidad de esta moción
tendremos que avanzar con cambios y mejoras que mejoren, valga la
redundancia, el actual modelo.

Pero no nos engañemos, lo que no compartimos en especial
con el Partido Popular es que este modelo, como muchas otras políticas,
está afectado por los recortes. Éste es un hecho evidente. Todo lo que
afecta a la creación de empleo y ocupación social es algo que ustedes han
recortado sistemáticamente en todos los presupuestos que se han aprobado
desde que está en el Gobierno el Partido Popular. Lo que debo
reconocerles es que son coherentes, lo recortan todo tanto si afecta a
personas discapacitadas como a personas no discapacitadas.

Señora Romero, con un recorte de 100 millones en estas
partidas, con un recorte año tras año de las políticas activas de
ocupación en un país que sufre estos niveles de desempleo, ¿cree usted
que esto es compatible?, ¿cree que realmente esto responde a este afán
que usted proclamaba aquí de esta gran preocupación de este Gobierno por
crear puestos de trabajo y por dar salida de forma especial a las
personas con discapacidad? No, es imposible. Ni con menos haremos más,
que presupuestariamente es una verdadera majadería, ni con estos recortes
ya que con ellos no pueden garantizar absolutamente nada.

¿Qué sucede? Pues que los CEE se ven afectados, como decía
el senador Aldama, con un acceso difícil a la financiación, créditos
caros, retrasos en los pagos, pero se verán afectados sobre todo por las
políticas de recortes que el Gobierno del Partido Popular está llevando a
cabo. Y esto nos lleva a que el nivel de desempleo entre estos colectivos
es muy superior a los de otros. Éste es un factor sobre el que ustedes
tienen que tomar nota porque, si no, estamos hablando de pura
retórica.

En el Senado llevamos mucho tiempo entre lo formal, que es
lo que decide el Partido Popular con su mayoría absoluta, y lo real. Lo
real, lo evidentemente real, que tendremos ocasión de analizarlo y
debatirlo en pocas semanas, son los Presupuestos Generales del Estado y,
concretamente, lo que afectan a este tipo de partidas.

Debo exponer también preocupaciones de cara al futuro. Nos
preocupa que con estas iniciativas un cambio de modelo en la atención de
personas con discapacidad pase a ser un objetivo en lugar de un medio, y
nos preocupa mucho que pueda haber un cambio de tercio; en la actualidad
estas políticas son en sí mismas un objetivo, y no quisiéramos que se
convirtieran en un medio para el lucro de las iniciativas privadas. En
segundo lugar, creo que tendríamos que abrir plenamente las puertas
—y con esto no estoy excluyendo la iniciativa privada en este
sector— a iniciativas empresariales.

Todo ello supondrá que la inserción laboral de las personas
con discapacidad en situación más grave, las más difíciles, las más
costosas se verán perjudicadas.

Con todo, vamos a votar la incorporación propuesta por el
senador Aldama. Quiero agradecer la incorporación de las enmiendas de
Convergència i Unió y las nuestras propias, y vamos a votar esta moción
porque es coherente, consecuente y porque aporta propuestas absolutamente
necesarias.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.
Tot i ser els Centres Especials de d’Ocupació en els darrers anys
un referent imprescindible en la contractació de persones amb
discapacitat a Espanya, malauradament Espanya ocupa un dels darrers llocs
de la OCDE en l’atenció al treball protegit a través dels Centres
Especials d’Ocupació d’iniciativa social. I malauradament
també s’ha de dir que el problema principal rau en la manca de
finançament suficient dels mateixos. La política d’ajuts, i per
tant, les modalitats i quanties dels programes de subvencions dels
Centres Especials d’Ocupació, les fixa la normativa de caràcter
estatal, i correspon a la Generalitat de Catalunya —en el cas de la
Comunitat Autònoma de Catalunya— la seva execució.

La normativa actual dicta la subvenció del 50% del salari
mínim interprofessional per a totes les persones amb discapacitat. Des de
juliol de 2009 fins a desembre de 2011, com a mesura extraordinària, es
va subvencionar el 75% del salari mínim interprofessional per a les
persones amb discapacitat d’especials dificultats. Les necessitats
de despesa d’aquestes polítiques actives són de 73,45 milions
d’euros. L’Estat només en finança 44,28 segons l’Acord
de la Conferència Sectorial de juliol de 2013. La diferència de 27
milions d’euros ha de finançar-se amb recursos propis de la
Generalitat. Aquest percentatge de cobertura, entorn del 40%, ha de
cobrir-se amb recursos propis cada any; els anys 2010 i 2011
l’aportació pròpia va ser fins i tot superior al 40%.

En relació amb els Centres Especials de Treball, cal dir
que el Grup Parlamentari Català de Convergència i Unió tant al Congrés
com al Senat s’ha mostrat actiu i sensible vers els mateixos i així
ho ha demostrat mitjançant diverses iniciatives parlamentàries
relacionades amb els ajuts a

l’ocupació. Per exemple, Convergència i Unió ha
proposat insistentment incrementar l’ajut salarial als centres al
75% del salari mínim interprofessional pel 2012 i 2013; per exemple
mitjançant una moció al Senat, aprovada el 28 de març de 2012. Mitjançant
el projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 2012 amb
l’esmena 2864 es va sol·licitar una dotació que permetés que els
Centres Especials de Treball passessin a percebre el 75% del salari mínim
dels treballadors, esmena que fou refusada pel Partit Popular. Mitjançant
l’esmena 427 al projecte de llei de reforma laboral CiU proposava
que l’import dels ajuts al manteniment de llocs de treball en
Centres Especials d’Ocupació fos del 75% del salari mínim
interprofessional, esmena que també fou refusada pel Partit Popular. Amb
esmenes de Convergència i Unió a mocions presentades pel Grup
Parlamentari Basc al Congrés com, per exemple, aquella en la qual CiU va
demanar un ajut equivalent al 75% del salari mínim interprofessional al
març de 2012. S’ha proposat també l’augment de les deduccions
per a creació d’ocupació per a treballadors amb discapacitat.
Mitjançant l’esmena 2775 al Projecte de Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat de 2012, esmena que fou refusada també pel
Partit Popular. CiU va impulsar una nova regulació per a les empreses
d’inserció i per a la inclusió laboral de les persones amb
discapacitat, mitjançant les esmenes 413, 414, 415 i 416 del projecte de
llei de reforma laboral sobre empreses d’inserció, que foren
transaccionades en la disposició addicional tretzena del text remès al
Congrés. Mitjançant l’esmena 473 també es va transaccionar en
l’addicional dotzena i setzena del text del Congrés.

CiU ha impulsat facilitant la successió d’empreses i
contractes quan hi intervingui un Centre Especial d’Ocupació
mitjançant l’esmena 474 que també fou refusada al Congrés.

També ho hem demanat com a esmena a d’altres
projectes de llei d’emprenedors i de creació d’ocupació i de
protecció de treballadors a temps parcial. Entenem que s’ha de
millorar substancialment la situació dels Centres Especials
d’Ocupació i així, sempre insistim.

Segons el document que ha estat elaborat per KPMG Assessors
en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu de Lluita contra
la Discriminació, i cofinançat per la Fundació ONCE i el Ministeri
d’Ocupació i Seguretat Social, amb la col·laboració de la Federació
Empresarial Espanyola d’Associacions de Centres d’Ocupació,
els Centres Especials d’Ocupació retornen a la societat 1,44 euros
per cada euro que perceben de les administracions públiques, segons es
desprèn de l’estudi «Presente y Futuro de los Centros Especiales de
Empleo» presentat ahir mateix a Madrid. És incontestable la funció social
d’aquests centres i la seva rellevància ha pres més força donada la
crisi en la qual estem immersos.

Faig doncs meves les paraules del vicepresident executiu de
la Fundació ONCE, el Sr. Alberto Duran, quan afirma que els Centres
Especials d’Ocupació són una realitat econòmica i social rellevant
i que s’han posicionat com una figura imprescindible per integrar a
persones amb discapacitat en el mercat laboral; o les paraules del
president de FEACEM, el senyor Emilio Sáez, manifestant que els Centres
Especials d’Ocupació són un model de l’economia social de la
qual ens hem de sentir orgullosos perquè està donant els seus fruits, com
ho demostra comptar amb més de 65 000 treballadors amb discapacitat.

Així doncs, donat que el Grup Parlamentari Socialista
incorpora les propostes incloses en la nostra esmena de modificació, i
entenent que ha de prevaler en aquests moments el consens per a
l’adopció d’una política integral de defensa i recolzament
dels Centres Especials de Treball, votarem a favor de la moció.

Gràcies.

A pesar de que en los últimos años los CEE son un referente
indispensable en la contratación de personas con discapacidad en España,
desgraciadamente nuestro país ocupa uno de los últimos lugares de la OCDE
en atención al trabajo protegido a través de los centros de atención
especial. Desgraciadamente también hay que decir que el problema
principal radica en la insuficiente financiación. La política de ayudas y
la modalidad y cuantías de los programas de subvenciones en los centros
especiales de ocupación los fija la normativa estatal, y en nuestra
comunidad autónoma corresponde a la Generalitat de Catalunya su
ejecución.

La normativa actual dicta la subvención del 50% del salario
mínimo interprofesional para todas las personas con discapacidad. Desde
julio de 2009 hasta diciembre de 2011 se ha subvencionado el 75% del
sueldo mínimo para las personas con especiales dificultades, esto de
forma excepcional. Hay unas ayudas de 73,45 millones de euros pero el
Estado solo financia una parte, la diferencia

de 27 millones de euros debe financiarse con recursos
propios de la Generalitat, este porcentaje de cobertura en torno al 40%
debe cubrirse con recursos propios cada año; en los años 2010 y 2011 la
aportación propia fue incluso superior al 40%.

En relación con los centros especiales de trabajo, hay que
decir que el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió en el
Congreso y el Senado se ha mostrado activo y sensible, y lo ha demostrado
así por medio de una serie de iniciativas parlamentarias relacionadas con
las ayudas a la ocupación. Por ejemplo, CiU ha propuesto incrementar la
ayuda salarial al 75% del sueldo mínimo interprofesional para 2012 y 2013
mediante una moción aprobada en el Senado el 28 de marzo de 2012.
Mediante los Presupuestos Generales de 2012 con la enmienda número 2864
se solicitó una dotación que permitiera que los centros especiales de
trabajo pasaran a percibir el 75% del sueldo mínimo de los trabajadores,
enmienda que fue rechazada por el PP. Por medio de la enmienda número 427
al proyecto de ley de reforma laboral se propuso que el importe de ayudas
y mantenimiento de los puestos de trabajo fuera del 75% del sueldo mínimo
interprofesional, enmienda que también fue rechazada por el PP. También
CiU ha presentado enmiendas al Grupo Parlamentario Vasco en el Congreso,
por ejemplo, una en la que solicitaba una ayuda del 75 por ciento del
sueldo mínimo interprofesional en marzo de 2012. Se ha propuesto también
el aumento de las deducciones para trabajadores con discapacidad. La
enmienda número 2775 también fue rechazada por el Partido Popular. CiU
impulsó una nueva regulación para las empresas de inserción y para la
inclusión laboral de las personas con discapacidad mediante las enmiendas
números 413, 414, 415 y 416 a este proyecto de ley, que fueron
transaccionadas en la disposición adicional número 13 de un texto
remitido al Congreso. Por medio de la enmienda número 473, también se
transaccionaron la adicional duodécima y la decimosexta en el
Congreso.

Hemos presentado otras propuestas para la protección de
trabajadores, entre otros, y CiU ha impulsado facilitar los contratos en
la sucesión de empresas cuando intervenga un centro especial de ocupación
con la enmienda número 474, que también fue rechazada en el Congreso.

Lo hemos pedido también con otros proyectos de creación de
empleo, protección de trabajadores a tiempo parcial, entre otros. Creemos
que hay que mejorar la situación de los Centros Especiales de Empleo e
insistimos en ello constantemente.

Según el documento elaborado por KPMG,en el marco del
Programa Operativo del Fondo Social Europeo de Lucha contra la
Discriminación, y cofinanciado por la Fundación ONCE y el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, con la colaboración de la Federación
Empresarial Española de Asociaciones de Centros de Empleo, los CEE
retornan a la sociedad 1,44 euros por cada euro que perciben de las
administraciones públicas, según se desprende del estudio «Presente y
futuro de los Centros Especiales de Empleo» presentado ayer mismo en
Madrid. Es incontestable la función social de estos centros y su
importancia ha tomado más fuerza teniendo en cuenta la crisis en que
vivimos.

Por lo tanto, hago mías las palabras de señor Durán, de la
ONCE, cuando dice que los CEE son una realidad económica y social
importante y que los CEE se han posicionado como una figura indispensable
para integrar a personas con discapacidad en el mercado laboral; o las
palabras del presidente de Feacem, el señor Emilio Sáez, cuando
manifiesta que los CEE son un modelo de la economía social de la que nos
tenemos que sentir orgullosos porque da sus frutos, como lo demuestra
contar con más de 65 000 trabajadores con discapacidad.

Así pues, teniendo en cuenta que el Grupo Parlamentario
Socialista incorpora las medidas de nuestra enmienda de modificación, y
entendiendo que hay que primar en estos momentos el consenso para
defender los CEE, vamos a votar a favor de la moción.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el senador Martínez-Aldama.

El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Gracias, señor
presidente.

Señorías, las ideas y propuestas que se recogen en la
moción del Grupo Parlamentario Socialista tienen por objeto hacer una
política integral de defensa y apoyo a los Centros Especiales de Empleo.
Pero antes de citar algunas de ellas, permítanme dos consideraciones
previas.

En primer lugar, hemos querido dejar muy claro en el texto
de la moción que esto nos afecta a todos, y por esto, aunque esta Cámara,
aunque el Senado inste al Gobierno de España, no

queremos pasar por alto que ha de hacerse en colaboración
con las comunidades autónomas, porque son las que tienen las
competencias, y también con los ayuntamientos, con la Administración
local, porque es justamente en el ámbito local donde se produce la
cohesión social y la inserción laboral de las personas
discapacitadas.

En segundo lugar, las personas con discapacidad en España
son las más vulnerables de la OCDE. España, señorías, lidera el ranquin
de países de la OCDE donde hay más porcentaje de discapacitados que no
reciben ningún tipo de ayuda. En España, la tasa de discapacitados que no
reciben ninguna ayuda pública y que además no tienen empleo multiplica
por tres la de Alemania, por ocho la de Reino Unido, por veinte la de
Suecia, y es un 50% mayor que la de Italia. Es decir, que en España
también tenemos —si se puede usar la expresión—
discapacitados nini, que ni tienen ayuda ni tienen trabajo.

Señor presidente, señorías, senadoras y senadores del
Partido Popular, a ver si ahora logro convencerles, y lo haré no con
argumentos míos, lo haré con argumentos de un informe, del informe de
KPMG que ha sido cofinanciado por el propio Ministerio de Empleo y
Seguridad Social y que ayer mismo se daba a conocer en nuestro país. Ayer
mismo, la número dos del ministerio reconocía el papel tan importante de
estos centros y avalaba justamente lo que pone este informe que ha sido,
como decía anteriormente, cofinanciado por el propio ministerio.

De este estudio yo destacaría dos cosas. Primera, los
Centros Especiales de Empleo en España son un modelo de éxito, un modelo
único en Europa en la integración laboral de las personas con
discapacidad. Y, en segundo lugar, los Centros Especiales de Empleo
—y esto es muy importante— no son un gasto, son una excelente
inversión.

Si comparamos las ayudas públicas que reciben estos centros
con los retornos que producen vía impuestos y ahorro de gasto social, la
conclusión es que los Centros Especiales de Empleo son contribuyentes
netos a las arcas públicas. Es decir, si comparamos las ayudas públicas
que salen de caja hacia los centros de empleo con lo que estos devuelven
vía impuestos, contribuciones sociales y el ahorro de gasto social que
generan como consecuencia de dar empleo a gente con discapacidad, los
Centros Especiales de Empleo son contribuyentes netos. Así lo avala el
informe, así lo reconoce el propio Ministerio de Empleo y Seguridad
Social.

Señorías, tenemos los datos: las ayudas practicadas desde
administraciones públicas hacia los centros supusieron 528 millones de
euros. Pero, señorías, ¿a cuánto ascienden los retornos? Por IRPF, más de
59 millones de euros; por cuotas a la Seguridad Social, más de 120
millones de euros. Por IVA, más de 239 millones de euros; por impuesto
sobre sociedades, 40 millones de euros; retorno derivado de ayudas Lismi,
casi 2 millones de euros; retorno de pensiones no contributivas, casi 23
millones de euros; retorno de pensiones contributivas, más de 43 millones
de euros; retorno derivado de ahorro sanitario, casi 98 millones de
euros; retorno por ahorro en plazas ocupacionales, más de 135 millones de
euros; total del retorno, más de 760 millones de euros. Es decir, la
contribución neta anual de los Centros Especiales de Empleo en España
supone más de 230 millones de euros. Dicho de otro modo, por cada euro
que gastamos —yo diría que invertimos— en los Centros
Especiales de Empleo recibimos entre 1,40 y 1,50 euros. Luego, los
Centros Especiales de Empleo son una excelente inversión, señorías, y así
les pido que lo vean ustedes, a los senadores del Partido Popular.
Ustedes, que beben de las fuentes del economicismo no vean este tipo de
centros como un gasto, porque no lo son; véanlos como una excelente
inversión y apoyen esta moción.

Pero, además de todo lo anterior, hay otras dos cosas a
considerar, ambas muy importantes: la primera, el ahorro en prestaciones
por desempleo de estos centros supera los 400 millones de euros al año,
estimación hecha teniendo en cuenta lo que deberían percibir en caso de
que su actividad cesara; en segundo lugar, los trabajadores de estos
centros reciben, en concepto de nóminas, casi 800 millones de euros al
año, dinero que evidentemente se inyecta en la economía real de nuestro
país, en el consumo de nuestro país.

Por tanto, señor presidente, señorías, ya hay conclusiones
claras. Los Centros Especiales de Empleo juegan un papel extraordinario
para ubicar laboralmente a personas con discapacidad y, en segundo lugar,
son tremendamente rentables; son rentables, no son un gasto. Por eso,
señor presidente, señorías, y como decía al inicio de mi intervención,
proponemos en la moción un paquete integral de medidas para garantizar el
presente, por supuesto, pero fundamentalmente el

futuro. Destacaría unas de carácter económico-financiero y
otras de carácter más técnico-administrativo, si ustedes quieren llamarlo
así.

En primer lugar, algo razonable y lógico, garantizar los
recursos económicos necesarios para impulsar una financiación homogénea y
suficiente, sobre todo suficiente, después de que ustedes, el Partido
Popular, hayan recortado más de 100 millones de euros en dos años. ¿Les
parece mal que tengan más recursos? Luego nos lo cuenta. En segundo
lugar, impulsar nuevas líneas de financiación vía ICO o instituciones
similares autonómicas, también —si se puede— mediante
acuerdos con entidades financieras. ¿Y para qué? Para que puedan disponer
de manera inmediata del importe de sus ayudas para avalar créditos para
nuevas inversiones o para apoyar iniciativas emprendedoras. ¿Les parece
mal que el ICO abra una línea de apoyo a estos centros? A mi grupo le
parece perfecto. Ampliar los conceptos de subvención para ayudar en la
adaptación de los puestos de trabajo: intérpretes de lengua de signos,
EPI, máquinas de producción adaptadas, transporte a los centros de
trabajo. ¿Les parece mal que tengan más fácil hacer su trabajo? A mi
grupo le parece estupendo dar facilidades.

Aumentar las partidas de políticas activas de empleo,
especialmente aquellas destinadas al mantenimiento del empleo para
aquellos trabajadores que presentan especiales déficits de empleabilidad.
¿Les parece mal que se destinen más recursos a políticas activas de
empleo para las personas con discapacidad? A mi grupo parlamentario le
parece necesario y fenomenal.

Como les decía, además de medidas económicas hay otro tipo
de medidas también muy importantes. Por ejemplo: solventar los problemas
derivados de la sucesión de empresas en adjudicaciones de contratos de
servicios cuando interviene un centro especial de empleo,
fundamentalmente en lo que se refiere a la subrogación de sus
trabajadores. ¿Les parece mal ponerlo más fácil? A mi grupo le parece
estupendo.

Promover la interrelación entre el centro ocupacional y el
centro especial de empleo, fomentando el paso de uno a otro y
garantizando el retorno en caso de que la integración no sea exitosa.
¿Les parece mal? A mi grupo le parece necesario.

En relación con la contratación del sector público:
garantizar una reserva del 10% de la adjudicación del total de la
contratación pública; crear igualmente un registro estatal de Centros
Especiales de Empleo y fomentar el teletrabajo en estos centros como
medida para el futuro.

Señor presidente, señorías, voy concluyendo.

El diagnóstico que hemos hecho aquí obedece a un trabajo
intenso, riguroso y avalado por un informe —un informe cofinanciado
por el propio Gobierno de España, del Partido Popular—; un informe
presentado ayer mismo y según palabras de la número dos del ministerio:
los Centros Especiales de Empleo pagan impuestos, crean recursos y
permiten retornar la inversión pública que se ha hecho en ellos, a la vez
que realizan una destacada labor a favor de la integración de las
personas con discapacidad.

Por eso, nada más que por no enmendar la plana a su propio
ministerio y por coherencia política, deberían apoyar la propuesta del
Grupo Socialista; pero hay más, también debe apoyarse por justicia social
porque si existen especiales dificultades ahora para todos los españoles,
sin duda son mayores para las personas con discapacidad.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: En este sentido, señorías,
me atrevo a decirles que menos fotos y más votos; más votos para apoyar
esta moción, que solamente pretende dos cosas: más recursos para la gente
que los necesita y cambios normativos para hacer más fácil el presente y
el futuro de estos centros.

Espero, además con ganas, el apoyo del Grupo Popular.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Martínez-Aldama.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Romero.

La señora ROMERO BAÑÓN: Gracias, señor presidente.

Señor Martínez-Aldama, usted dice que quiere recursos y
cambio normativo y, yo le pregunto, si quiere recursos y cambio normativo
¿por qué fueron ustedes los que quitaron las medidas de

fomento de empleo para la discapacidad? Lo hicieron
ustedes, a través del Real Decreto de 2011 pero, además, lo hicieron con
semejante manipulación que pospusieron su entrada en vigor hasta que se
aprobase la estrategia de empleo, con lo cual —y estos también son
datos objetivos, avalados por un informe del ministerio— nos vimos
obligados a realizar una rebaja de la dotación presupuestaria por una
cuestión técnica y por las reformas normativas que había hecho el Partido
Socialista.

Ustedes fueron los que quitaron las medidas de fomento de
creación de empleo a los discapacitados y ha tenido que ser un Gobierno
del Partido Popular el que haya recuperado la vigencia de esas medidas, a
través de la ley de 2012. Insisto, señor Martínez-Aldama, ustedes fueron
los que quitaron las medidas de fomento de creación de empleo para los
discapacitados y, además, elaboraron la normativa para que eso no se
volviese a establecer. Precisamente por esas cuestiones técnicas hemos
estado obligados durante dos años a reducir la dotación presupuestaria.
E, insisto, ha sido un Gobierno del Partido Popular el que ha recuperado
la plena vigencia. Sé que a usted no le gusta esto, pero es que es así;
es así y es un hecho objetivo.

Ustedes presentaron la reforma del Real Decreto Ley 3/2011,
de 18 de febrero, y nosotros elaboramos la Ley 3/2012, de 6 de julio, por
la que restablecimos las medidas que ustedes habían quitado.

Por eso se tuvo que rebajar la dotación presupuestaria.
Pero, además, le vuelvo a decir: prioridad y acción. No palabras vacías.
No votar y aumentar una partida y luego no dotarla presupuestariamente.
Prioridad y acción. Eso es lo que ha hecho el Gobierno del Partido
Popular.

En materia de empleo, se ha aprobado el convenio especial
de la Seguridad Social para trabajadores con discapacidad, que garantiza
a los trabajadores con especiales dificultades su inserción laboral. En
el ámbito del empleo público, se ha aprobado una reserva de empleo del 7%
en plazas de formación sanitaria especializada, habiendo accedido en la
convocatoria de este ejercicio, más de 100 personas con discapacidad.

Pero, además, el 26 de julio de 2013, el Consejo de
Ministros aprobó un real decreto que da una regulación estable y
permanente a dicha reserva de plazas en futuras convocatorias. Esta es la
diferencia entre las reformas legislativas que hace el Partido Popular y
las reformas normativas que hace el Partido Socialista. Ustedes crean
inseguridad, eliminan beneficios y quitan las medidas de fomento a los
discapacitados. Nosotros reestablecemos esas medidas y, además, las
blindamos, para que no puedan volver a reducirse en un futuro.

Asimismo, en la Ley de apoyo al emprendedor y de estímulo
del crecimiento y de la creación de empleo, también se recogieron medidas
concretas de acción positiva a los jóvenes con discapacidad, ley que
ustedes votaron en contra. En la Ley de apoyo a los emprendedores se han
establecido numerosas deducciones fiscales para aquellas empresas por la
creación de empleo con personas con discapacidad, ley que también votaron
ustedes en contra. Este aumento de la deducción es de 3000 euros y puede
suponer hasta un incremento del 100% respecto a la cuantía vigente hasta
ahora.

Pero, además, he de decirle que en agosto de 2013, también
con datos objetivos, la contratación de personas con discapacidad ha
crecido un 10,4% con respecto al mismo mes del año anterior. La atención
a las personas con discapacidad, señor Martínez—Aldama, señores
senadores de los otros grupos parlamentarios, les guste o no es una
prioridad y así se ha considerado dentro de las políticas activas de
empleo. Y no lo decimos con palabras vacías. Lo decimos con datos y
hechos objetivos que no son opinables.

Le puedo decir que entre 2012 y 2014 los créditos que
integran la política de fomento del empleo, en la parte relativa a la
discapacidad se ha incrementado en un 10,89%. Señor Guillot, eso es una
realidad, incrementar realmente las partidas y no aumentarlas
virtualmente para luego vaciarlas de contenido.

En cuanto a la homogeneidad en las comunidades autónomas,
he de decirle que responsables de sus centros de empleo han rechazado lo
que usted recoge en su moción porque entienden que invaden las
competencias de las comunidades autónomas y que, además, impiden que
puedan crecer autonómicamente los Centros Especiales de Empleo.

Este es, señor Martínez-Aldama, el modelo de gestión del
Partido Popular. ¿Quiere que les explique cuál es el modelo de gestión
del Partido Socialista? Se lo voy a decir en base a tres datos. En estos
momentos, la Junta de Andalucía debe a los Centros Especiales de Empleo,

según datos objetivos que usted y todos manejamos, más de
15 millones de euros. ¿Sabe lo que está ocasionando esta deuda? Que los
Centros Especiales de Empleo estén cerrando, que estén en concurso de
acreedores. Sin ir más lejos, el último centro especial de empleo del que
tenemos conocimiento que está a punto de entrar en concurso de acreedores
es el Centro San Telmo Integral de Sevilla, que creo que ustedes conocen.
¿Esa es su política? ¿Es ese el modelo de gestión del Partido Socialista?
¿Deber más de 15 millones a los Centros Especiales de Empleo? ¿Saben qué
ha conllevado esto? Que en Andalucía, el paro en personas con
discapacidad esté en torno al 70%.

Pero es que, además, en segundo lugar, en Andalucía, que es
el modelo de gestión del Partido Socialista, porque ahí están gobernando
ustedes, la acreditación de nuevos Centros Especiales de Empleo hace año
y medio que está suspendida. Eso quiere decir, señorías, que hace año y
medio que no puede crearse empleo a través de los Centros Especiales de
Empleo y que, por supuesto, la Junta de Andalucía no está apostando por
la creación de empleo a través de los Centros Especiales de Empleo.

Y el último dato, el más sangrante, el que todos conocemos,
el que está en los tribunales: el fraude del dinero público. El fraude
del dinero público, que ha pasado por los ERE, y ha llegado a las
personas con discapacidad. Los fondos europeos no han llegado a las
personas con discapacidad. Los fondos, cuando los había, que ya no los
hay en la Junta de Andalucía, tampoco han llegado a las personas con
discapacidad. ¿Este es el modelo de gestión que plantea usted, señor
Martínez-Aldama, el modelo de gestión que plantea en su moción?
(Aplausos.) ¿El modelo de gestión que es paro, que es fraude, que es
paralización de las políticas sociales? Evidentemente, nosotros no vamos
a apoyar este modelo de gestión.

No vamos a apoyar la moción porque, además, nosotros
abogamos por un consenso y por un estudio riguroso de la situación real
de los centros especiales. Por eso ha habido un grupo de trabajo y la
enmienda que nosotros presentamos estaba basada en las conclusiones de
ese grupo de trabajo; una enmienda que ustedes no aceptaron porque no les
interesaba. Porque a ustedes realmente los Centros Especiales de Empleo,
como las personas con discapacidad, como las políticas sociales, no les
interesan porque lo han demostrado cuando han estado en el Gobierno de
España y lo están demostrando cuando gobiernan en las comunidades
autónomas. En Andalucía: fraude, paro y, además, ningún apoyo a las
políticas sociales. Ese es su modelo de gestión, y nosotros no vamos a
apoyarlo.

Nosotros queremos, en primer lugar, escuchar a los agentes
sociales; por eso nuestra enmienda estaba basada en las conclusiones de
ese grupo de trabajo. En segundo lugar, hacer acciones concretas y
positivas, como las que hemos introducido en las diferentes normas que
hemos aprobado por esta Cámara y que ustedes han votado en contra.
(Rumores.) En tercer lugar —ya sé que no le gusta; sé que no le
gusta— la adopción de un texto refundido que va a recoger toda la
normativa vigente relativa a los Centros Especiales de Empleo. Sé que
esto no le gusta, pero esa es la realidad: nuestro modelo de gestión
frente al suyo. Nuestro modelo de gestión: eficacia, apoyo y recuperar
las medidas de fomento; el modelo de gestión socialista: fraude, paro y
normas que lo que hacen es eliminar las medidas de fomento y apoyo a los
centros de empleo.

Por eso, señor Martínez-Aldama, nuestro grupo no va a
apoyar la moción presentada por el Grupo Socialista. (Aplausos.)

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Romero.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, antes de proceder a la votación de la moción, les
informo que a continuación someteremos a autorización los tratados y
convenios internacionales, pero hay que votar uno de ellos porque lo ha
solicitado un miembro del Grupo Parlamentario Mixto. Posteriormente se
entrará en el debate del informe de la Comisión Especial de estudio sobre
las nuevas formas de exclusión social, cuyas votaciones no se realizará
antes de las cuatro de la tarde. ¿De acuerdo? (Asentimiento.)

Sometemos a votación ahora mismo la moción del Grupo
Parlamentario Socialista con la incorporación de las dos enmiendas del
Grupo Parlamentario de Entesa pel Progrés de Catalunya y la enmienda del
Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 239; a favor, 89; en contra, 149;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.
(Rumores.)

Señorías, guarden silencio por favor.

6. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

6.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

6.1.1. ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS
ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y COLOMBIA Y EL PERÚ, POR OTRA, HECHO EN
BRUSELAS EL 26 DE JUNIO DE 2012.

(Núm. exp.610/000088)

El señor presidente da lectura a los puntos 6.,6.1.y
6.1.1.

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
presentes, 239; votos emitidos, 239; a favor, 234; en contra, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, autorizado.

6.1.2. ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ÁRABE DE EGIPTO SOBRE LA EXENCIÓN RECÍPROCA DE
LOS VISADOS PARA LOS TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS Y DE SERVICIO,
HECHO EN MADRID EL 7 DE MARZO DE 2013.

(Núm. exp. 610/000089)

6.1.3. ACUERDO DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA, POR UNA PARTE, LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR
OTRA, ISLANDIA, POR OTRA, Y EL REINO DE NORUEGA, POR OTRA, HECHO EN
LUXEMBURGO Y OSLO EL 16 DE JUNIO DE 2011 Y 21 DE JUNIO DE 2011.

(Núm. exp. 610/000090)

6.1.4. DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN
DE LA REPÚBLICA DE ARMENIA AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN
EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE
MARZO DE 1970.

(Núm. exp. 610/000091)

6.1.5. ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE SUDÁFRICA SOBRE SUPRESIÓN DEL REQUISITO DE
VISADO A LOS TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, HECHO EN PRETORIA EL
22 DE FEBRERO DE 2013.

(Núm. exp. 610/000092)

6.1.6. DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN
DEL REINO DE LESOTHO AL CONVENIO DE LA HAYA SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE
LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE
OCTUBRE DE 1980.

(Núm. exp. 610/000093)

6.1.7. ACUERDO INTERINO CON MIRAS A UN ACUERDO DE
ASOCIACIÓN ECONÓMICA ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS,
POR UNA PARTE, Y ÁFRICA CENTRAL, POR OTRA, HECHO EN YAUNDÉ EL 15 DE ENERO
DE 2009 Y EN BRUSELAS EL 22 DE ENERO DE 2009.

(Núm. exp. 610/000094)

6.1.8. CONVENIO EUROPEO RELATIVO A LAS CUESTIONES DE
DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS SIMILARES EN EL MARCO DE LA RADIODIFUSIÓN
TRANSFRONTERIZA POR SATÉLITE, HECHO EN ESTRASBURGO EL 11 DE MAYO DE 1994,
Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR.

(Núm. Exp. 610/000095)

El señor presidente da lectura a los puntos 6.1.2., 6.1.3.,
6.1.4., 6.1.5., 6.1.6., 6.1.7. y 6.1.8.

El señor PRESIDENTE: No se han presentado propuestas a
estos tratados internacionales. ¿Algún grupo parlamentario desea
intervenir? (Denegaciones.)

¿Se puede entender concedida la autorización a que se
refiere el artículo 94 de la Constitución? (Asentimiento.)

En consecuencia, quedan autorizados.

Muchas gracias.

7. COMISIONES ESPECIALES

7.1. INFORMES

7.1.1. COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIO SOBRE LAS NUEVAS FORMAS
DE EXCLUSIÓN SOCIAL COMO CONSECUENCIA DEL FUERTE INCREMENTO DEL
DESEMPLEO.

(Núm. exp. 650/000001)

El señor presidente da lectura a los puntos 7., 7.1. y
7.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del Informe tiene
la palabra la presidenta de la comisión, doña María José García-Pelayo.
(Rumores.)

Señorías, guarden silencio por favor. Abandonen el
hemiciclo en silencio.

La señora GARCÍA-PELAYO JURADO: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, el Informe de la Comisión Especial de estudio
sobre las nuevas formas de exclusión social como consecuencia del fuerte
incremento del desempleo es fruto de los trabajos desarrollados por el
Senado durante la presente legislatura, pero también durante la pasada,
en relación con esta cuestión que es de trascendental importancia social.
(La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.)

Efectivamente, en la pasada legislatura esta comisión
especial de estudio se constituyó por acuerdo del Pleno de la Cámara
adoptado en la sesión celebrada el día 11 de marzo de 2009, a solicitud
de veinticinco senadores pertenecientes a diversos grupos parlamentarios,
siendo el primer firmante de la misma el senador don Pío García-Escudero
Márquez. La propuesta fue apoyada por todos los grupos parlamentarios y,
en consecuencia, resultó aprobada por el asentimiento de la Cámara.

En la presente legislatura, y también por acuerdo del Pleno
de la Cámara adoptado en la sesión del 10 de febrero de 2012, se aprobó
la creación de esta misma comisión especial de estudio, a propuesta de
los portavoces de todos los grupos parlamentarios y de veinticinco
senadores, encabezados por el senador don José Luis Sastre Álvaro. La
comisión creada de nuevo en la X Legislatura se constituyó y designó su
Mesa el 8 de febrero de 2012. Durante la pasada legislatura la comisión
estuvo presidida por la senadora doña María Jesús Sáinz García, del Grupo
Parlamentario Popular, y en la presente legislatura me ha correspondido
el honor de presidirla.

La Comisión Especial de estudio sobre las nuevas formas de
exclusión social como consecuencia del fuerte incremento del desempleo
celebró en la anterior legislatura veintidós sesiones entre los días 21
de septiembre de 2009 y 21 de marzo de 2011. Comparecieron en ella
cuarenta y nueve personas, entre las cuales se encontraban representantes
de diecinueve organizaciones no gubernamentales, asociaciones,
federaciones, entidades de acción social y órdenes religiosas dedicadas a
la atención de las personas desfavorecidas, tres representantes de
sindicatos y dos de organizaciones empresariales, doce expertos y trece
altos cargos y autoridades pertenecientes a las administraciones
autonómicas y locales y también a la Administración General

del Estado. Una vez constituida de nuevo en la actual
legislatura, la comisión ha cerrado dichas comparecencias en la sesión
celebrada el 17 de diciembre de 2012, en la que intervinieron
representantes de dos importantes entidades de acción social de ámbito
nacional con el fin de poner al día la información de que se
disponía.

En esa misma sesión la comisión designó a la ponencia
encargada de redactar el informe, que, una vez debatido y aprobado por
aquella en la sesión celebrada el 3 de junio de 2013, se somete a la
consideración del Pleno del Senado. Formaron parte de esta ponencia las
senadoras doña Virginia Romero Bañón y doña Carmen Belén Torres Sánchez,
por el Grupo Parlamentario Popular; el senador don José Fernández Blanco
y la senadora doña María Isabel Flores Fernández, por el Grupo
Parlamentario Socialista; la senadora doña Mónica Almiñana Riqué, por el
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la senadora doña
Coralí Cunyat Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; el senador don Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga, por
el Grupo Parlamentario Vasco; y el senador don Pedro Eza Goyeneche, por
el Grupo Parlamentario Mixto.

El informe de la comisión tiene cinco epígrafes que dan
cuenta de su constitución y composición durante la X y XI legislaturas,
de las sesiones celebradas y de las comparecencias de las personas que se
indican, transcribiendo los correspondientes Diarios de Sesiones de la
constitución de la ponencia y de las conclusiones y recomendaciones
extraídas de los trabajos realizados.

Deseo agradecer la aportación de los grupos parlamentarios
a este informe, la del letrado don Alfredo Pérez y la de cuantas personas
han comparecido ante la comisión, por supuesto. Aunque el problema
abordado por esta comisión es de difícil solución en las circunstancias
socioeconómicas actuales, confiamos en que las recomendaciones contenidas
en este informe, a la vista de las conclusiones de los trabajos
realizados y de las aportaciones recibidas, puedan ser útiles para
abordar los graves problemas que presentan las nuevas formas de exclusión
social como consecuencia de la crisis económica iniciada en el año 2008,
y en particular del fuerte incremento del desempleo en nuestro país desde
ese mismo año.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

En primer lugar, habrá un debate sobre la totalidad del
informe; en segundo lugar, sobre los votos particulares presentados por
los grupos parlamentarios Entesa pel Progrés de Catalunya, Catalán en el
Senado Convergència i Unió y Socialista; y seguidamente, un turno de
portavoces.

Comenzamos con el debate de totalidad del informe. En
primer lugar, en el turno a favor, tiene la palabra la senadora
Torres.

La señora TORRES SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora
presidenta.

Es preciso recordar que el pasado 17 de octubre se
celebraba el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, con el
propósito de promover mayor conciencia sobre las necesidades para
erradicar la pobreza y la indigencia. No solo para promover mayor
conciencia, sino para ofrecer soluciones a los ciudadanos más
necesitados, presentamos esta mañana este informe.

Desde el 9 de febrero del año 2009, fecha en la que se
solicitó la creación de la Comisión Especial de estudio sobre las nuevas
formas de exclusión social como consecuencia del fuerte incremento del
desempleo, han comparecido un buen número de representantes de diferentes
entidades y sectores vinculados con la acción social y a las que hoy es
preciso agradecer su colaboración y contribución a esta comisión.

Entrando ya en el ámbito de las conclusiones, es preciso
señalar que el marco de la profunda crisis económica está comprometiendo
los retos en materia de lucha contra la pobreza y la exclusión social,
particularmente contra la pobreza infantil. La intensificación de la
crisis económica y su larga duración acentúan las dificultades que sufren
las familias. Las dificultades del mercado de trabajo, la precariedad, la
existencia de trabajadores pobres, los nuevos modelos de familia y la
creciente y compleja exclusión social son parte consustancial de la nueva
realidad.

La exclusión social constituye un proceso multidimensional
y complejo. La corrección de estas situaciones requiere modelos de
intervención que articulen diferentes ámbitos de actuación relacionados
tanto con la persona o la familia como con su entorno laboral, educativo,
de salud o de vivienda, entre otros. Es necesaria la implementación de
estrategias coordinadas que proporcionen respuestas integrales a las
distintas dimensiones y factores causales del fenómeno.

Es preciso evitar el excesivo gasto de recursos públicos y
el bajo nivel de eficacia que producen la desorganización, la
descoordinación y la duplicidad de acciones en el mismo territorio.
Conocer y evaluar para qué sirve lo que se está haciendo, si se han
alcanzado los objetivos propuestos, a qué coste y cómo, hoy es
esencial.

Señorías, el desempleo se está cebando principalmente en
los trabajadores con un nivel de formación medio bajo y bajo, que les
dificulta la inserción laboral y acentúa la carencia de habilidades
sociolaborales. Lo decían instituciones como Cáritas, en cuanto que el
desempleo es una de las principales causas del empeoramiento y la
precarización progresiva de la situación de las personas atendidas en
Cáritas. Falta de trabajo, en definitiva, que implica una disminución del
nivel medio de ingresos, una notable y creciente pérdida del bienestar y,
en definitiva, desigualdad social. Falta de trabajo que ha supuesto que
el porcentaje de población en situación de pobreza, que los hogares en
los que al menos un miembro está en paro o en los que no se percibe
ningún tipo de ingresos alcancen cifras preocupantes que no nos permiten
mirar hacia otro lado. Y finalmente, una falta de empleo que está
afectando también a los más pequeños: según el informe de Unicef existe
un considerable aumento de la pobreza entre los niños desde el comienzo
de la actual crisis. El aumento de las tasas de pobreza entre la
población infantil en España ha sido mayor que el promedio de la Unión
Europea.

Analizada a grandes rasgos la situación social que existe
actualmente, invito a sus señorías a que dejen a un lado los números
—que constan en el informe y a él me remito, sin perjuicio de que
estos datos hoy ya dejen de estar actualizado o incluso hayan podido
mejorar aun levemente— y sean —seamos— conscientes de
la problemática existente y de que hay que poner sobre la mesa fórmulas
de tratamiento de los problemas de exclusión social. Les pido, pues, un
debate sobre la base de la sensibilidad y la responsabilidad de las
fórmulas de tratamiento que, bajo la denominación de recomendaciones, ha
propuesto el grupo al que represento y a las que se han incorporado
algunas modificaciones procedentes de la aceptación de medidas y
propuestas contenidas en las recomendaciones presentadas por los grupos
parlamentarios Entesa, CiU y Socialista.

Señorías, a la vista del informe, instamos a la necesaria
elaboración y ejecución de un plan nacional para la inclusión social, que
supondrá un marco estratégico entre las administraciones públicas
destinado a la inclusión social activa. Entendemos que una estrategia de
inclusión activa real requiere promover una coordinación política, tanto
vertical como horizontal, e integrada de acciones en el ámbito de la
protección social del acceso a los servicios de calidad e inserción
laboral, a todos los niveles de gobierno, y consiguientemente una mejor
gobernanza, más activa y más abierta, y un mejor conocimiento del papel
de cada actor implicado en este campo: las personas que está
experimentando pobreza, los agentes sociales, las ONG y los prestadores
de servicios.

Por eso instamos al Gobierno a la elaboración de un plan de
acción para la inclusión social. A la vista de las diferentes
comparecencias realizadas en esta comisión, se hace más que necesaria la
integración de las políticas sociales con las políticas de empleo. Es
necesario impulsar la inclusión social a través del empleo de las
personas más vulnerables, y para ello es preciso adaptar las políticas
activas de empleo a las necesidades específicas de cada persona,
adecuando la orientación e intermediación laboral a sus niveles de
empleabilidad. ¿A qué equivale esto, señorías? A un trabajo de los
servicios sociales, que son los que mejor conocen a las personas
vulnerables, de la mano de los servicios de empleo. Hay que procurar una
adecuada combinación de prestaciones económicas y empleo, según las
necesidades de las personas y de sus familias, revisando la fiscalidad
individual y familiar, garantía de ingresos mínimos ligados a la
activación.

Por eso es preciso impulsar, con pleno respeto al marco
competencial, el catálogo de referencia de servicios sociales
establecidos por el ministerio, que distingue entre prestaciones de
servicios orientadas a atender las necesidades sociales y favorecer la
inserción social de los ciudadanos, y prestaciones económicas que
pretenden garantizar mínimos de subsistencia, como la renta mínima de
inserción. El acceso al servicio de calidad en educación, sanidad,
justicia y vivienda, todo ello de forma coordinada, también es
esencial.

Por otra parte, hay que resaltar, como reto prioritario de
este plan, además de la atención a los grupos más vulnerables, como las
personas mayores, personas con discapacidad, población gitana o personas
sin hogar, la reducción de la pobreza infantil. Para ello, hay que
apostar por mejorar la empleabilidad de los grupos vulnerables,
asegurando el acceso a los servicios sociales

y de empleo de las personas con menores a su cargo y
mejorando las condiciones de conciliación de vida personal y laboral de
estas personas; hay que impulsar un apoyo efectivo de servicios para la
infancia y la familia, para evitar la transmisión intergeneracional de la
pobreza y la pérdida de capital humano; en este sentido, es preciso
promover que los poderes públicos promuevan la máxima satisfacción de las
necesidades básicas de la familia y la garantía total de sus derechos,
con el fin de facilitar un ambiente sociocultural favorable y seguro para
un óptimo desarrollo de sus capacidades. Por ello, es necesario avanzar
en las líneas marcadas por el II Plan Estratégico Nacional de Infancia y
Adolescencia 2013-2016. Porque la pobreza infantil no debe abordarse solo
desde un punto de vista económico, sino de forma integrada, apoyando a
las familias con hijos, fomentando el acceso al mercado laboral de los
progenitores o fomentando la participación de los niños. Por todo ello,
se estima necesario desarrollar un plan integral de apoyo a la
familia.

Avanzando en el ámbito de las actuaciones de iniciativa
social y en aras del reconocimiento de la gran labor de iniciativa social
en el ámbito de la inclusión social de las entidades del tercer sector de
acción social, que son una herramienta eficaz y también un aliado
necesario de las administraciones públicas para actuar ante las
situaciones de precariedad, se hace necesario progresar hacia un sistema
de diálogo y participación permanente con este sector. Por ello, hay que
seguir apostando por la participación de la sociedad civil en el diseño y
aplicación de las políticas públicas de inclusión social, a través de la
Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector.

En último lugar, bajo la denominación de medidas para
favorecer el emprendimiento y el empleo y el desarrollo rural, se
engloban una serie de medidas muchas de las cuales son fruto de
propuestas aceptadas por el resto de grupos parlamentarios y que giran en
torno a fomentar la creación de empleo, a mejorar la capacidad de
ocupación de personas desempleadas, a programas de formación y trabajo
para personas en paro de larga duración con baja cualificación y sin
experiencia profesional, a la apuesta por el emprendimiento y el empleo
joven, a continuar apoyando el fomento del empleo en el ámbito rural, o a
continuar con el programa Prepara, entre otras iniciativas.

En definitiva, una serie de recomendaciones, de propuestas,
de herramientas de trabajo, que pretenden el fomento de la inclusión
activa; que pretenden ofrecer soluciones verdaderas, prácticas y dignas a
todas aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad;
y que giran todas ellas en torno al empleo como la mejor política en la
lucha contra la exclusión social. Sabemos que es la mejor manera de
luchar contra la pobreza y contra la exclusión social, por eso es el
primer objetivo: la creación de empleo.

Por estas razones, solicito el voto favorable a este
informe.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Turno en contra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, la senadora Flores
comparte el turno de diez minutos con el senador Iglesias.

¿Hay algún grupo más que quiera intervenir en el turno en
contra? (Denegaciones.)

Tienen, entonces, diez minutos los dos senadores: la
senadora Flores y el senador Iglesias.

La señora FLORES FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

En primer lugar y como cuestión previa, quisiera manifestar
la repulsa de mi grupo parlamentario y la mía propia por la muerte, ayer,
a manos de su pareja, de una joven mujer de 26 años, en Villajoyosa.
Desgraciadamente, tenemos que hablar cada vez más de esta lacra.

Señorías, subo a esta tribuna para utilizar el turno en
contra del dictamen de la Comisión Especial sobre nuevas formas de
exclusión social como consecuencia del fuerte incremento del desempleo, y
lo hago con una sensación amarga: no ha sido posible, no ya el acuerdo,
sino ni tan siquiera el diálogo. Este informe, que se aprobó con los
votos del Grupo Parlamentario Popular en el Senado en la sesión de la
comisión del 3 junio, en la que mi grupo se abstuvo porque quiso apurar
hasta última hora la posibilidad de llegar a un acuerdo, vino al Pleno de
los días 10 y 11 de septiembre pero se retiró del orden del día para,
supuestamente, intentar llegar a algún acuerdo. Desde esa fecha hasta
hoy, nada; ni un solo intento de negociar con este grupo parlamentario, y
creo que tampoco con ninguno de los que habían presentado votos
particulares. ¿Por qué?

Nosotros, desde luego, no lo sabemos; pero a mi grupo y a
mí nos parece, más que un despropósito, un auténtico desprecio a esta
Cámara: ahora lo quito, ahora lo pongo, en función de no se sabe qué. ¿Y
qué ha pasado, a nuestro juicio, en este mes y medio? Ha pasado que todos
los informes que se han ido publicando ponían de manifiesto una realidad
dura y cruel, que nada tiene que ver con las proclamas del Gobierno y de
su grupo. Los pobres, señorías, son más pobres, y los ricos son más
ricos. Las medidas impulsadas por el Gobierno han dado resultados
negativos. Después, en el turno de portavoces, me extenderé. Las medidas
que están ustedes impulsando ahora, no solamente no van a aliviar, sino
que van a acentuar esta situación: la Lomce, la reforma local, pensiones,
etcétera.

Esta casa, señorías, siempre ha estado a la altura. Los
informes han recogido buena parte de las indicaciones y recomendaciones
que nos hacían los comparecientes, y también han recogido buena parte de
las aportaciones de los grupos. Por cierto, no nos digan más que han
recogido aportaciones, porque no han recogido nada: han recogido frases
que han adaptado a lo que ustedes querían. Siempre se han elaborado los
informes sobre la base de amplios consensos; esta vez no ha sido así. A
mí me gustaría, señorías del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
saber por qué. Por eso hemos tenido que mantener nuestro voto particular,
que defenderá mi compañero. Hemos tenido tiempo, señorías; y, por nuestra
parte, hemos tenido también toda la voluntad. Espero que por la suya
también.

A estas alturas los datos de desempleo, de personas en
riesgo de exclusión, de familias en las que todos sus miembros están en
paro han cambiado, pero han cambiado, señorías, a peor. Volvemos a tener
—como ya les dije en la comisión— un diagnóstico equivocado
y, por tanto, el tratamiento es errado. Las organizaciones sociales
hablan, todas ellas, de que esto no puede continuar así. Cáritas lo dice
en su informe, lo dice Cumbre Social, etcétera. Y para rematar, el
informe que hace el comisario para los derechos humanos del Consejo de
Europa, que dice: «En España la austeridad tiene impacto negativo en los
derechos humanos, sobre todo en niños y personas con discapacidad». Su
ministro, encima, presenta unos presupuestos para el año 2014 en los que,
excepto el plan de infancia y adolescencia, no se recogen las partidas
presupuestarias necesarias para poner en marcha estos planes.

Por todo ello, no podemos aprobar el dictamen. Nos
presentan un horizonte negro para los más vulnerables, no van a poder
paliar la situación que tienen. En definitiva, señorías, y para dejar
tiempo al senador Iglesias, por estos motivos y por otros que les
explicitaré después, votaremos en contra del informe y a favor de los
votos particulares.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, en primer lugar, reconozco el esfuerzo y el
trabajo realizado por la comisión especial en la legislatura anterior y
en esta, y la prolija información de comparecencias que ha barajado para
la elaboración de este estudio.

No obstante, creo que los datos que se aportan merecían
otras conclusiones. El diagnóstico que se realiza es acertado: hay una
grave situación, que está provocando una quiebra social e incrementando
el número de personas que se ven excluidas del sistema económico y
social. Frente a eso, que es un cáncer y que tiene como motivo
fundamental el elevado nivel de desempleo y la duración cada vez mayor de
esta situación de desempleo, las conclusiones que se sacan son el parto
de los montes: frente a un cáncer, se recetan aspirinas.

Discrepo en que el conjunto de medidas que se proponen sean
una solución adecuada, porque sostienen, además, que el origen está de
forma exclusiva en la crisis. La crisis es el marco; la crisis es la que
genera las situaciones que dan lugar a estos resultados; pero es la
manera en que se afronta la crisis, son las políticas la que multiplican
los efectos negativos de esa misma crisis sobre determinados colectivos.
Por eso, es lógico que el Partido Popular saque como conclusión esta
serie de medidas meramente paliativas, para no tener que aceptar que la
única respuesta lógica al análisis sería una enmienda de totalidad al
conjunto de políticas desarrolladas por el Partido Popular frente a la
crisis; porque en el origen, en las raíces de estas situaciones de
exclusión, está la propia reforma laboral, que tiene mucho que ver con el
aumento del paro, pero

también con ese novedoso fenómeno de los trabajadores
pobres, casi un millón dice el propio informe, porque ha contribuido a
una degradación de los salarios, al descuelgue de los convenios. Acaba de
publicarse otro informe, de una consultora que se llama Towers Watson,
que dice que los empleados de las categorías más bajas están siendo
contratados en el 2013 cobrando un 15% menos que sus compañeros de las
mismas categorías contratados con anterioridad, una doble tabla salarial
que cada vez es más frecuente.

Los recortes en las prestaciones por desempleo no son
ajenos a esa realidad de los parados abocados a la exclusión social. La
hibernación de la ley de atención a la dependencia está contribuyendo a
que quienes se beneficiaban de esta ley tengan ahora más dificultades
para afrontar sus necesidades básicas vitales. Los copagos y repagos de
la sanidad no son ajenos a que se degraden las condiciones de vida de
muchas personas. Los recortes en las becas o la subida del IVA en materia
escolar sitúan en posición de dificultad a muchas familias para afrontar
estas necesidades. Y luego están —lo apuntaba perfectamente la
portavoz socialista— las nuevas medidas en marcha, que no solamente
no van a contribuir a frenar esta realidad, sino que van a agravarla. La
reforma local supone que los ayuntamientos, que son la red básica de
servicios sociales en nuestro país, se van a ver privados de competencias
sin que las comunidades autónomas estén en condiciones ni
estructuralmente, porque son una administración más alejada de los
ciudadanos, ni económicamente, de afrontar las necesidades que se van a
derivar de esa retirada forzosa de los ayuntamientos de la prestación de
servicios sociales. Los ajustes a las propias comunidades autónomas
—y se anuncia que se les pedirán más en los dos próximos
años— están significando que las rentas básicas, los salarios
sociales, los ingresos mínimos de inserción que se habían ido creando en
las comunidades autónomas, con cuantías y requisitos diferentes, no
puedan ser afrontados en este momento con la prontitud que sería deseable
y que personas en situaciones de extrema necesidad, que solicitan estas
prestaciones y cumplen los requisitos para hacerlo, tengan que esperar
períodos dilatados —un año o año y pico— para empezar a
cobrarlas.

Por otro lado, el estrangulamiento de los mecanismos de
redistribución de riqueza está dando lugar a situaciones absolutamente
paradójicas. A lo largo de la crisis, los informes a los que hace
referencia el presentado por la comisión y lo que han publicado
posteriormente distintas organizaciones, entre ellas Cáritas, nos dicen
que durante la crisis se ha duplicado el número de pobres, pero que en
los dos últimos años hay ya un 13% más de ricos en nuestro país, en plena
crisis. Lo que demuestra que la crisis, obviamente, no afecta por igual a
toda la sociedad, pero que las políticas del Gobierno están ayudando a
que los sectores que ya eran privilegiados antes de la crisis, no
solamente mantengan esos privilegios, sino que además los refuercen y
vean de una forma clara cómo sus recursos económicos se ven
incrementados.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

A continuación, se realizará el debate de los votos
particulares.

En primer lugar, el voto particular del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya. Tiene la palabra la senadora
Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidenta.

En primer lugar, me gustaría enmarcar mi explicación del
voto del Grupo Entesa al informe de exclusión. La derecha ha conseguido
instalar la creencia de que el coste de nuestro Estado de bienestar es
inasumible. Lo ha conseguido con gran habilidad y a costa de grandes
dosis de reiteración: insisten una y otra vez en la idea de que todos
hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y que no podemos
permitirnos el sistema actual de protección social; lo mismo ocurre con
la sanidad o con la educación. Pero en realidad, lo que es verdaderamente
insostenible es el coste que tiene la desigualdad para la sociedad en su
conjunto. Numerosos estudios, como el de Wilkinson y Pickett, demuestran
que la desigualdad genera grandes disfunciones en muchos aspectos del
entramado social: la tasa de enfermedades mentales para la sociedad es
cinco veces mayor en los países más desiguales; en estos países los
individuos tienen cinco veces más posibilidades de acabar en la cárcel y
seis veces más de ser obesos o de estar implicados en homicidios. Esto sí
que resulta caro desde todos los puntos de vista.

Señorías, nuestra aspiración como sociedad debe ser
garantizar las condiciones que permitan a los individuos el desarrollo
pleno de sus capacidades y el ejercicio de sus derechos. Sabemos

que esto no es posible sin unos mínimos materiales, sin un
sistema de protección que prevenga de la exclusión y de segundas
oportunidades. Partiendo de esta convicción, en el año 2009, cuando
empezaban a hacerse evidentes los efectos de esta crisis, esta Cámara
aprobó por unanimidad poner en marcha la Comisión Especial de estudio
sobre las nuevas formas de exclusión social como consecuencia del fuerte
incremento del desempleo. Nosotros apoyamos su creación, entendimos que
era necesaria. Y si lo creíamos entonces, cuando teníamos una tasa de
paro del 18,8%, hoy, con una tasa de desempleo del 26% y un paro juvenil
del 57%, aún consideramos que es más urgente encontrar respuestas a la
exclusión social. Y es más urgente porque, además de tener más desempleo,
hoy también hay menos protección social para los que no tienen trabajo,
menos políticas activas, menos sanidad y menos servicios sociales.

Señorías del Partido Popular, hace casi dos años ustedes se
presentaron con la promesa de que tenían la solución inmediata a la
crisis. Decía el señor Rajoy que tenía un plan. Hoy sabemos que no tenían
ningún plan contra la crisis, sino una estrategia para desmantelar
nuestro modelo social; sirviéndose, eso sí, de la crisis, que es muy
distinto. En ese punto es donde nos encontramos ahora: tras dos años de
Gobierno del Partido Popular, los ciudadanos siguen sufriendo la crisis
económica y, además, tenemos una mayor crisis social. Ante eso, ¿qué es
lo que nos ofrece hoy el Grupo Parlamentario Popular? Un informe lleno de
palabras vacías, pocas ideas y, con todo respeto, mucha hipocresía. Un
informe que saldrá adelante, una vez más, gracias a su mayoría, a su
rodillo.

Pero vayamos por partes. ¿Cuál es la principal aportación
que ustedes nos proponen en este informe para combatir la exclusión
social? Un plan nacional de acción para la inclusión social que tendrá
tres ejes, y leo literalmente: el acceso al mercado laboral y a la
promoción de unos mercados inclusivos, la garantía de ingresos mínimos
ligados a la activación y, por último, el acceso a servicios de calidad
en educación, sanidad, justicia y vivienda. Resumiendo: todo lo contrario
de lo que llevan haciendo estos dos años. O sea, que si les hacemos caso
se van a pasar lo que queda de legislatura derogando los reales decretos
y las leyes que han aprobado hasta el día de hoy.