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DS. Senado, Pleno, núm. 80, de 09/10/2013
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Página
7058




PLENO


PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO
MÁRQUEZ


Sesión núm. 39


celebrada el miércoles, 9 de octubre de 2013


ORDEN DEL DÍA


6. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN


6.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas en relación con la reclamación de deudas
tributarias al colectivo de pensionistas emigrantes retornados.


(Núm. exp. 671/000089)


Autor: GPS


6.3. Moción por la que se insta al Gobierno a retirar el
Proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).


(Núm. exp. 671/000090)


Autor: GPCIU


7. SUPLICATORIOS


7.1. DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE SUPLICATORIOS


7.1.1. En relación con la Excma. Sra. D.ª María Elena Diego
Castellanos.


(Núm. exp. 504/000002)


8. MOCIONES


8.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas relacionadas con el tabaquismo.


(Núm. exp. 662/000103)


Autor: GPP


8.2. Moción por la que el Pleno del Senado acuerda condenar
todo tipo de actos terroristas, entre ellos, los llevados a cabo por la
organización Resistencia Galega.


(Núm. exp. 662/000104)


Autor: GPP









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7059




8.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la
bonificación del setenta por ciento del transporte de mercancías entre la
Comunidad Autónoma de Canarias y la península, así como entre las
islas.


(Núm. exp. 662/000105)


Autor: GPMX


9. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY


9.1. DICTÁMENES DE COMISIONES


9.1.1. Proyecto de Ley por la que se establecen
determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan
otras medidas tributarias y financieras. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO
DE URGENCIA.


Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas


(Núm. exp. 621/000047)


9.1.2. Proyecto de Ley por la que se establece la
financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de
determinados costes del sistema eléctrico, ocasionados por los incentivos
económicos para el fomento a la producción de energía eléctrica a partir
de fuentes de energías renovables y se concede un crédito extraordinario
por importe de 2.200.000.000 euros en el presupuesto del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo.


Comisión: Presupuestos


(Núm. exp. 621/000043)


9.1.3. Proyecto de Ley para la garantía del suministro e
incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y
extrapeninsulares.


Comisión: Industria, Energía y Turismo


(Núm. exp. 621/000044)











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7060




SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta
minutos.


6. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN


6.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas en relación con la reclamación de deudas
tributarias al colectivo de pensionistas emigrantes retornados.


(Núm. exp. 671/000089)


Autor: GPS


7066


La señora Fernández Pena defiende la moción.


El señor Bel Accensi defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


El señor Fernández Sánchez defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


La señora Fernández Pena expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas.


En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; la señora
Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV);
el señor Sabaté Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; el señor Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió; la señora Fernández Pena, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y el señor Fernández Sánchez, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Se rechaza la moción, con la incorporación de la enmienda
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, con el
siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 228; a favor, 82; en
contra, 145; abstenciones, 1.


6.3. Moción por la que se insta al Gobierno a retirar el
Proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).


(Núm. exp. 671/000090)


Autor: GPCIU


7076


El señor Alturo Lloan defiende la moción.


El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto, presentada a iniciativa de este senador y el señor
Mariscal Cifuentes.


El señor Alturo Lloan expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de la enmienda.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Peral
Guerra, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen la señora Capella i
Farré y el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; la
señora Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV); la señora Sequera García, por el Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya; el señor Alturo Lloan, por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; la señora Moreno
Ruiz, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Peral Guerra, por
el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se rechaza la moción con el siguiente resultado: presentes,
234; votos emitidos, 234; a favor, 82; en contra, 149; abstenciones,
3.









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7061




7. SUPLICATORIOS


7.1. DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE SUPLICATORIOS


7.1.1. En relación con la Excma. Sra. D.ª María Elena Diego
Castellanos.


(Núm. exp. 504/000002)


7089


Continúa la sesión con carácter secreto.


Continúa la sesión con carácter público.


8. MOCIONES


8.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas relacionadas con el tabaquismo.


(Núm. exp. 662/000103)


Autor: GPP


7089


El señor presidente informa de la presentación de una
propuesta de modificación, consecuencia de la cual no se debate la
enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió.


La señora Armisén Pedrejón defiende la moción.


La señora Chivite Navascués defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.


La señora Almiñana Riqué defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


La señora Armisén Pedrejón expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas.


En turno de portavoces intervienen el señor Cazalis
Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la
señora Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; la señora Rivero Segalás, por el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado Convergència i Unió; la señora Chivite Navascués, por el
Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Armisén Pedrejón, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se aprueba la propuesta de modificación con el siguiente
resultado: presentes, 236; votos emitidos, 234; a favor, 150; en contra,
65; abstenciones, 19.


8.2. Moción por la que el Pleno del Senado acuerda condenar
todo tipo de actos terroristas, entre ellos, los llevados a cabo por la
organización Resistencia Galega.


(Núm. exp. 662/000104)


Autor: GPP


7102


El señor Aznar Fernández defiende la moción.


El señor Anasagasti Olabeaga defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


El señor Aznar Fernández expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de la enmienda.


En turno de portavoces intervienen el señor Unamunzaga
Osoro, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Anasagasti Olabeaga,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor
Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; el señor Sendra Vellvè, por el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado Convergència i Unió; el señor Losada de Azpiazu, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y el señor Aznar Fernández, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Se aprueba la moción, con la incorporación de la enmienda
del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), con el siguiente
resultado: presentes, 236; votos emitidos, 233; a favor, 233.









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7062




8.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la
bonificación del setenta por ciento del transporte de mercancías entre la
Comunidad Autónoma de Canarias y la península, así como entre las
islas.


(Núm. exp. 662/000105)


Autor: GPMX


7111


El señor Quintero Castañeda defiende la moción.


El señor Mateu Istúriz defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


El señor Quintero Castañeda expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de la enmienda y consume su turno de
portavoces.


En turno de portavoces intervienen la señora Iparragirre
Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el
señor Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; la señora Candini i Puig, por el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado Convergència i Unió; el señor Medina Tomé, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y el señor Mateu Istúriz, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Se rechaza la moción con el siguiente resultado: presentes,
230; votos emitidos, 230; a favor, 86; en contra, 143; abstenciones,
1.


9. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY


9.1. DICTÁMENES DE COMISIONES


9.1.1. Proyecto de Ley por la que se establecen
determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan
otras medidas tributarias y financieras. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO
DE URGENCIA.


Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas


7122


(Núm. exp. 621/000047)


El señor De España Moya, vicepresidente primero de la
comisión, presenta el dictamen.


El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto
número 1, de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.


El señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende su propuesta de veto número 2.


El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto
número 4, de este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Bel Accensi defiende la propuesta de veto número
3, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


En turno en contra hace uso de la palabra la señora Angulo
Martínez, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias
Fernández y el señor Martínez Oblanca, por el Grupo Parlamentario Mixto;
el señor Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés
de Catalunya; el señor Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado Convergència i Unió; el señor Vázquez García, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y la señora Angulo Martínez, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Se rechaza la propuesta de veto número 1 con el siguiente
resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 71; en contra,
147; abstenciones, 8.


Se rechaza la propuesta de veto número 2 con el siguiente
resultado: presentes, 230; votos emitidos, 229; a favor, 78; en contra,
145; abstenciones, 6.









Página
7063




Se rechaza la propuesta de veto número 4 con el siguiente
resultado: presentes, 229; votos emitidos, 229; a favor, 78; en contra,
146; abstenciones, 5.


Se rechaza la propuesta de veto número 3 con el siguiente
resultado: presentes, 230; votos emitidos, 230; a favor, 78; en contra,
147; abstenciones, 5.


Comienza el debate de los votos particulares.


La señora Capella i Farré defiende las enmiendas 1 a 9, del
Grupo Parlamentario Mixto, presentadas a iniciativa de esta senadora, y
el señor Iglesias Fernández las números 10 a 35, también del Grupo
Parlamentario Mixto, a iniciativa de este senador y el señor Mariscal
Cifuentes.


La señora Martínez Muñoz defiende las enmiendas 36 a 43,
del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas 96 a 120,
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Montilla Aguilera defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 121 a 138 y la
vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo
modificado por las enmiendas 139 a 144 del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado.


El señor Bel Accensi defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió números 60 a 95 y
la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados.


La señora Marra Domínguez defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista números 44 a 59 y la vuelta al texto remitido
por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 139 a
141, 143 y 144 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Bosch
Lliteras.


En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Montilla Aguilera,
por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Bel
Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió; la señora Marra Domínguez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y
el señor Granados Lerena, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


Se procede a la votación.


7167


Se rechazan todas las enmiendas, salvo las transaccionales
sobre la 71, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, con número de registro 53737, y la transaccional sobre la número
84, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, con
número de registro 53738.


Se aprueba el resto del proyecto de ley.


El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas
aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre
las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el
Rey.


9.1.2. Proyecto de Ley por la que se establece la
financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de
determinados costes del sistema eléctrico, ocasionados por los incentivos
económicos para el fomento a la producción de energía eléctrica a partir
de fuentes de energías renovables y se concede un crédito extraordinario
por importe de 2.200.000.000 euros en el presupuesto del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo.


Comisión: Presupuestos


7171


(Núm. exp. 621/000043)


La señora Guerrero Rosado, presidenta de la comisión,
presenta el dictamen.









Página
7064




El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto
número 1, de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.


La señora Capella i Farré defiende la propuesta de veto
número 2, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentada por esta
senadora.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Utrera
Mora, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Bildarratz
Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor
Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; el señor Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió; el señor López García, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y el señor Utrera Mora, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Se rechaza la propuesta de veto número 1 con el siguiente
resultado: presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 4; en contra,
155; abstenciones, 63.


Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente
resultado: presentes, 221; votos emitidos, 220; a favor, 4; en contra,
153; abstenciones, 63.


Comienza el debate de los votos particulares.


El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 1 a 8,
de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario
Mixto.


La señora Capella i Farré defiende las enmiendas 9 a 11,
del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas inicialmente por esta
senadora.


El señor Guillot Miravet da por defendidas las enmiendas 12
a 20, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Alique López defiende las enmiendas 21 a 25, del
Grupo Parlamentario Socialista.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Utrera
Mora, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Bruguera
Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el
señor Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; el señor Alique López, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y el señor Utrera Mora, por el Grupo Parlamentario Popular en
el Senado.


Se procede a la votación.


7190


Se rechazan todas las enmiendas presentadas.


Se aprueba el proyecto de ley.


El señor presidente informa a la Cámara de que queda
definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.


9.1.3. Proyecto de Ley para la garantía del suministro e
incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y
extrapeninsulares.


Comisión: Industria, Energía y Turismo


7191


(Núm. exp. 621/000044)


El señor Muñoz Martín, presidente de la comisión, presenta
el dictamen.


El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto
número 1, presentada por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del
Grupo Parlamentario Mixto.









Página
7065




El señor Quintero Castañeda defiende la propuesta de veto
número 2, presentada por este senador y el señor Zerolo Aguilar, del
Grupo Parlamentario Mixto.


El señor Medina Tomé defiende la propuesta de veto número
3, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno en contra hace uso de la palabra la señora Pons
Vila, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Alturo Lloan,
por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el
señor Alique López, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora
Pons Vila, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se rechaza la propuesta de veto número 1 con el siguiente
resultado: presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 61; en contra,
137; abstenciones, 14.


Se rechaza la propuesta de veto número 2 con el siguiente
resultado: presentes, 211; votos emitidos, 211; a favor, 61; en contra,
136; abstenciones, 14.


Se rechaza la propuesta de veto número 3 con el siguiente
resultado: presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 61; en contra,
137; abstenciones, 14.


Comienza el debate de los votos particulares.


El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 1 a 5 y
7 a 15, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por este
senador y el señor Mariscal Cifuentes.


El señor Quintero Castañeda defiende las enmiendas 16 a 40,
del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por este senador
y el señor Zerolo Aguilar.


El señor Alturo Lloan defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió números 66 a 71 y
la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo
modificado por las enmiendas 72 a 74 del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado.


El señor Fuentes Curbelo y el señor Manchado Lozano
defienden las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 41 a
58 y 60 a 65 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los
Diputados en lo modificado por las enmiendas 72 a 74 del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Sastre
Álvaro.


En turno de portavoces intervienen el señor Quintero
Castañeda, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Anasagasti
Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el
señor Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; el señor Medina Tomé, por el Grupo Parlamentario Socialista, y
la señora Luzardo Romano, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


Se procede a la votación.


7219


Se rechazan todas las enmiendas.


Se aprueba el resto del proyecto de ley.


El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas
aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre
las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el
Rey.


Se levanta la sesión a las veintitrés horas.











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7066




Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta
minutos.


El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.


Se reanuda la sesión.


6. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN


6.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA RECLAMACIÓN DE DEUDAS
TRIBUTARIAS AL COLECTIVO DE PENSIONISTAS EMIGRANTES RETORNADOS.


(Núm. exp. 671/000089)


AUTOR: GPS


El señor presidente da lectura a los puntos 6. y 6.2.


El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de
interpelación se han presentado dos enmiendas, una del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y otra del
Grupo Parlamentario Popular.


Para la defensa de la moción tiene la palabra, por tiempo
de cinco minutos, la señora Fernández Pena.


La señora FERNÁNDEZ PENA: Gracias, presidente. Buenos días
a todos.


Presento esta moción como consecuencia de la interpelación
del pasado 24 de septiembre al no haber obtenido del ministro una
respuesta a la demanda de cientos de miles de afectados por un error
colectivo que el propio ministerio tardó años en atajar y que ahora
pretende solucionar a base de multas. Personas con nombres y apellidos,
de rentas bajas, que escucharon cómo el ministro no solo no dio respuesta
a su problema, sino que se limitó a lanzar un catálogo de reproches sobre
el estilo dialéctico de esta senadora que, además, adornaba con un tono
misógino que esta Cámara debiera cuestionar. Como debería también
cuestionar cuando quiso reprochar la decisión de la Mesa de admitir esta
interpelación a debate.


Pero más allá de estas consideraciones que la consecuente
defensa de los intereses de los ciudadanos nos obliga a obviar, aunque no
a legitimar, debemos centrar nuestra indignación en lo más preocupante:
que los reproches del ministro también llegaron a los miles de ciudadanos
afectados cuando los tachó de insolventes tributarios, inhibiéndose de
cualquier responsabilidad en la falta de pedagogía tributaria demostrada
del ministerio. O cuando reconoció que, gracias al intercambio de
información con otras agencias tributarias, conocía este problema desde
hace años y, a pesar de ello, ahora les sanciona por no haber hecho sus
declaraciones con carácter retroactivo. Piénsenlo, señorías, si el
ministerio es el que reclama atrasos con atrasos, en el año 2008 tendrían
que haberles informado de que hacían mal sus declaraciones, así no sería
necesario sancionarles cinco años después.


Eso fue lo que denuncié en el Pleno pasado. Y la respuesta
que obtuve, lejos de aclarar o corregir la situación, fue que utilizaba
palabras gruesas. Deduzco que esa consideración deriva de que el ministro
ya no entiende el lenguaje de la gente; tanto tiempo sin querer escuchar
a los ciudadanos que es normal que a uno se le olvide. Lo único que hice
fue hablar de lo que a ellos les preocupa y repetir, con el mismo
lenguaje natural que ellos utilizan, lo que dicen, que es que se sienten
marionetas de una estrategia recaudatoria inmoral, perfectamente
planificada, y destinada a hacer caja con sanciones injustas. Una
estrategia miserable con la que ni siquiera coinciden totalmente los
propios agentes tributarios, que cuestionan textualmente que se ponga
especial atención en este tipo de impagos y no se persiga con más
vehemencia a los grandes defraudadores. Señorías, ¿quién pone más
atención en tratar mejor a los amnistiados que a los pensionistas?
Curiosamente la respuesta la dio el otro día el ministro, cuando insistió
tantas veces en decirme que no existió manipulación política, a pesar de
que nunca me refiriera a ello en todo el discurso. Señorías, excusatio
non petita, accusatio manifesta, y eso es lo que más nos preocupa: ¿qué
razones llevan al ministro a tomar la decisión de sancionar a
pensionistas, al tiempo que permite mayores libertades a grandes
defraudadores? No me digan que es lo obligado por ley, que la ley está
para cumplirse. Ya lo sabemos, como sabemos que también es una ley la de
amnistía fiscal;









Página
7067




una ley que meses después de su aprobación se concretó con
una circular interpretativa, que favorecía aún más a los intereses de los
defraudadores a instancias de sus asesores fiscales. Y ahí pueden estar
todas las respuestas, señorías. Con estos hombres y estas mujeres no se
hace el mismo esfuerzo porque ellos no tienen asesores que puedan
presionar al Gobierno, no tienen fortunas que puedan hacer cambiar
opiniones.


Por eso, señorías, somos nosotros los que tenemos que
ayudarles a que se les trate en igualdad de condiciones y por ello
propongo esta moción, de la que espero su compromiso, que divido en 2
apartados. El primero destinado a devolverles la dignidad que les fue
arrebatada, a reconocer que su error lo fue también de la propia Agencia
Tributaria y, sobre todo, a que sean tratados bajo el amparo y el
cumplimiento de las leyes, pero con los criterios interpretativos que su
situación personal, social y económica exige. Y el segundo, y más
concreto, destinado a instar al Gobierno a que, primero, desarrolle una
campaña informativa que les aclare cualquier duda de futuro; segundo, les
ayude a corregir la situación fiscal sabiendo que no tuvieron intención
de defraudar; tercero, no iniciar ningún expediente sancionador y cerrar
de oficio los ya abiertos sin distinción; y cuarto, darles facilidades de
pago de sus obligaciones con más plazos y sin intereses.


Señorías, está en sus manos ayudarles votando a favor de
esta moción, como hicieron ya en muchos ayuntamientos gallegos o,
incluso, en el Parlamento gallego, todos los grupos por unanimidad.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Fernández Pena.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador
Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.


Seré breve. Hemos presentado una enmienda a tenor de
algunas reflexiones que en todo caso realizaré en el turno de portavoces,
porque creo que es una buena ocasión para hacerlo en las Cámaras
legislativas. Nuestra enmienda simplemente lo que establece en el
apartado segundo de la segunda parte de la moción es especificar e instar
a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria a que no solo
colabore, sino que ayude y confeccione todas aquellas declaraciones
complementarias que deberían efectuar los inmigrantes que se encuentran
en tal situación. Están haciendo las declaraciones dentro del plazo
correspondiente, y sería interesante que, en este caso, contaran con el
asesoramiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria porque,
como se ha indicado anteriormente, la mayoría de estas personas no pueden
costearse ni disponer de asesores que les faciliten este trámite.


Simplemente, se trata de una enmienda de carácter técnico
para la que pedimos su apoyo. En todo caso, les avanzo nuestro voto
favorable a la propuesta que efectúa el Grupo Socialista. Posteriormente,
en el turno de portavoces, haré algunas reflexiones a raíz de situaciones
como esta, que también son trasladables a otros ámbitos. Seguramente
sería conveniente efectuar sin prisa pero sin pausa alguna modificación
legislativa que encaje estrictamente dentro de la ley casos como
este.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.


Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado tiene la palabra el senador Fernández Sánchez.


El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Buenos días, señor presidente,
con la venia.


Señorías, la enmienda que presentamos es importante porque
dejamos de hacer clientelismo político, dejamos, como es lógico, de
entender que al más débil, porque sea ignorante en su actuación, hay que
darle todas las facilidades. Tenemos que olvidar lo que consideramos como
Estado de derecho, como Estado de bienestar y, lógicamente, actuar en
consecuencia con muchísimas propuestas y mociones, como las que ha hecho
la propia proponente de la moción.


El ministro Montoro dijo perfectamente lo que tenía que
decir, que estamos ante una situación compleja y que se había tratado
perfectamente a los emigrantes retornados de otros países, algo que no
solamente se puede circunscribir a Galicia, también los hay en Asturias,
y en la zona de









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Andalucía, donde yo vivo y actúo, hay muchísimos que,
lógicamente, por su condición también han tenido que retornar a España,
tal vez con pensiones ya tramitadas, y haciendo uso de ese derecho que
les amparaba. Lo que es verdad es que cada vez se han ido fraccionando y
ensamblando mejor las directrices entre países, en cuanto a materia
social, laboral y de Seguridad Social y, lógicamente, se ha casado, de
alguna manera, quién tiene o no derecho a prestación y quién tiene que
pagarla.


Por eso, nuestro grupo parlamentario ha propuesto un texto
alternativo, que ha sido consensuado con los afectados, porque entendemos
que existe la necesidad de impulsar al máximo las campañas de
divulgación, información y asistencia al contribuyente que lleva a cabo
la Agencia Tributaria. Es importante que la potenciemos de alguna manera,
con el fin de prestar al colectivo de emigrantes retornados la máxima
información sobre el modo de actuar y hacer frente al cumplimiento de sus
obligaciones tributarias. No podemos olvidar que todos estamos obligados
a una condición tributaria.


También queremos fomentar la participación de las
plataformas y colectivos constituidos en esta campaña de información,
estableciendo un cauce de comunicación que permita un conocimiento
inmediato de sus inquietudes y dificultades. Como ven, señorías, en
ningún momento nos apartamos, como es lógico, de llevar a cabo estas
importantes campañas de información en materia tributaria, porque la
formación ya se entiende que la tienen.


Entendemos también que la exclusión general del régimen de
infracciones y sanciones previsto en la normativa tributaria no estaría
permitida por el ordenamiento jurídico, que contempla como esencial el
examen concreto, individual y particular de la situación tributaria de
cada contribuyente para que los órganos competentes procedan a la
aplicación de este régimen. Para ello, se sugiere a la Administración
tributaria el máximo celo y cuidado en el examen de las circunstancias
concurrentes en los expedientes que se inicien en el marco de las normas
vigentes y de los procedimientos aplicables. Como ven, señorías, una vez
más, incidimos en que sean los órganos competentes los que apliquen la
normativa y que, lógicamente, los colectivos sean receptivos a ello. Y
también del mismo modo se recomienda extremar el celo y el cuidado en la
resolución de las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago
que presenten cada uno de los contribuyentes para que puedan hacer frente
puntualmente a sus obligaciones tributarias con las mayores facilidades y
la necesaria flexibilidad que permita el ordenamiento tributario vigente.
Creo que más flexible no se puede ser en esta alternativa que damos en
esta moción consecuencia de interpelación. Entendemos que también se hará
flexible de alguna manera y recomendamos extremar ese celo importante de
la Agencia Tributaria con las resoluciones que se puedan dictar, para
que, lógicamente, sepamos quién está de cada quién y quién pueden estar
afectado por ello.


Creo que no se puede hacer, como he dicho antes, un
clientelismo político; creo que tenemos que estar, como es lógico,
pendientes de la persuasión, pero también de la ayuda a estos emigrantes
retornados y no porque la ignorancia pueda pensarse que es atrevida, en
este caso, lógicamente, no exime de su cumplimiento. Entendemos que con
esta alternativa que vamos a dar se cubren perfectamente esas necesidades
y que todos los colectivos van a estar perfectamente informados y
canalizados a través de sus asociaciones, contemplando perfectamente la
persuasión que podemos tender desde aquí, desde la Cámara, para que lo
sepa el Gobierno y, de alguna manera, poder llevar a cabo esta moción,
que puede ser perfectamente superada por la alternativa que hemos dado
con esta enmienda que acaba de defender en este Parlamento el Grupo
Popular.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández
Sánchez.


Tiene la palabra la senadora Fernández Pena para indicar si
acepta o no las enmiendas.


La señora FERNÁNDEZ PENA: Gracias, presidente.


He estado analizado la enmienda presentada por Convergència
i Unió, que aceptamos, por supuesto, porque viene a enriquecer nuestro
texto y beneficia además las condiciones en las que será atendido en el
futuro ese colectivo, lo que evitará complicaciones involuntarias como
esta.


También he analizado detenidamente la enmienda del Grupo
Popular y lo cierto es que, por muchas vueltas que le doy, yo no veo más
que un texto con una clara intencionalidad de salir de esta como se
pueda. Es una enmienda que esconde tras el papel a los senadores que
saben que no pueden votar en contra de esta moción; es una enmienda que
esconde a los senadores









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gallegos, a los asturianos, a los cántabros y a los
andaluces, que saben lo que esperan de ellos los afectados de cada
territorio y pretende con este papel limpiar sus conciencias, aún a costa
de no dar soluciones. Me imagino al redactor de esta enmienda delante de
una pantalla o un papel en blanco, pensando cómo podría articular un
texto para quedar bien, aunque fuera a base de palabras vacías y mensajes
clientelares. Me imagino lo difícil que puede ser rellenar un folio y
medio en el que brilla con luz propia el populismo barato y se apaga
frase a frase la intención real de ayudar a esta gente. No es más que una
huida hacia delante, con la clara intención de volver a confundir a este
colectivo al que ya tienen bastante aturdido, primero, por la falta de
información a la que le han sometido y, segundo, por el trato desigual
que está recibiendo.


Presentan una enmienda y, sinceramente, como gallega, creo
que no deberían haberlo hecho, porque nuestra moción viene a pedir lo
mismo que se aprobó en el Parlamento gallego con los votos del Partido
Popular. Algo falla en el Partido Popular si dicen aquí una cosa y otra
diferente en los territorios, o quizás no falle nada y ese sea el
funcionamiento habitual del Partido Popular: que articulan
permanentemente discursos interesados de real clientelismo. En Galicia,
al PP le interesa quedar bien y echar la culpa al Gobierno en caso de que
fracase la propuesta, y en Madrid, al PP le interesa quedar bien y echar
la culpa a los ciudadanos que, al final, son los que pagan sus platos
rotos.


Los ciudadanos no quieren esto, señorías; los ciudadanos
quieren respuestas concretas y adecuadas para dar solución a un problema
que les ahoga económicamente. Lo que ustedes piden ahora tendría que
haberlo hecho el ministerio hace años. ¿Le piden ahora al ministerio que
trate los expedientes con celo y con cuidado? El cuidado lo tendrían que
haber tenido a la hora de informar correctamente y el celo, a la hora de
de hacer bien su trabajo de recaudación y reclamar las cantidades en el
momento en que se detecta el error y no esperar cuatro años para aplicar
sanciones.


Fíjense, además, en la ambigüedad de su discurso y en la
enmienda, cuando en el punto tercero quieren hacer entrever que lo que
pedimos es que se eliminen todas las sanciones, que eso que pedimos es
alegal. Analícenlo. Dicen en la parte dispositiva, como si fuera una
parte expositiva, que la exclusión general del régimen de infracciones y
sanciones no estaría permitida por el ordenamiento jurídico. Y a
continuación proponen sugerir a la Administración tributaria el máximo
celo y cuidado en el examen de las circunstancias concurrentes. Todos los
expedientes concurren en lo mismo: en que pertenecen a gente a la que el
ministerio informó mal.


Nosotros no pedimos que se revisen de un plumazo todos los
expedientes. Nos da igual que los revisen de uno en uno, de dos en dos o
como ustedes consideren. Lo que queremos es que se revisen todos y cada
uno de ellos: los que están por abrir, los que están abiertos e, incluso,
los que están cerrados, todos sin distinción. Le pedimos al ministerio
que busque fórmulas, cumpliendo la ley, a través de directrices y
circulares informativas; ya lo hizo en otras ocasiones. Les pido que
consideren esta enmienda, les pido que analicen a fondo el problema y a
quién afecta. Y aunque les resulte incómodo escucharlo, lo repetiré una y
otra vez: piensen a quién les están negando la posibilidad de resarcir
una injusticia tanto social como moral; piensen que son pensionistas, no
ignorantes, pensionistas a los que machacan a base de sanciones. Resulta
que ahora la ley está para cumplirse, mientras que hace solo unos meses
no solo redactaban leyes para Bárcenas y los grandes defraudadores, sino
que las reinterpretan a petición de sus asesores con una simple circular
informativa.


Por último, hago un llamamiento final y especial al
portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, señor Barreiro,
senador firmante de esta enmienda, para que la retire por dignidad
social. Usted mejor que nadie entiende lo que dije al principio de esta
intervención. Debió ser muy difícil para un gallego como usted tratar un
texto como este, texto que comete de nuevo una injusticia sobre un
colectivo y que no da respuesta a un problema que ellos no generaron. Un
colectivo entre los que se encuentran, además, cientos de miles de
gallegos y gallegas a los que usted y sus trece compañeros representan en
esta Cámara.


Por lo tanto, no aceptaremos esta enmienda por injusta.
(Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Fernández Pena.


¿Turno en contra? (Denegaciones.)


No hay turno en contra.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Iglesias.









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El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Señor presidente, intervengo
brevemente desde el escaño para manifestar mi apoyo a la moción en tanto
en cuanto no pretende que se exima del cumplimiento de la legalidad
fiscal en nuestro país, sino que se aplique la forma menos gravosa para
un colectivo de personas que no son precisamente defraudadores
profesionales. Sobre todo, desde la perspectiva de que el sistema fiscal
—cada vez menos justo y progresivo—, al menos en su
aplicación, tiene que intentar compensar las decisiones políticas que han
beneficiado a otros colectivos con muchas menos razones y mucho menos
fundamento.


Según el Sindicato de Técnicos de Hacienda, Gestha, el 70%
del fraude se produce en las grandes empresas. Sin embargo, ese fraude,
hasta este momento, no ha sido perseguido con la suficiente contundencia
y, desde luego, con bastante menos eficacia que estas prácticas, que
aunque evidentemente irregulares, no son fruto de una voluntad
defraudadora expresa, sino de un conocimiento insuficiente de la
legalidad vigente.


No hace tanto tiempo se concedió una amnistía fiscal que
benefició a esos grandes defraudadores, lo cual nos da un nuevo argumento
en relación con el agravio comparativo: se favoreció con la amnistía
fiscal a grandes defraudadores, que en la mayor parte de las casos tenían
sus fortunas fuera de nuestro país, bien porque hubieran sido generadas
en el extranjero, bien porque hubieran salido de forma irregular del
mismo.


Con este colectivo ocurre todo lo contrario. Es el
colectivo que no tuvo más remedio que marchar de este país a trabajar
fuera porque aquí no tenía ninguna oportunidad de empleo, que durante
mucho tiempo contribuyó al desarrollo de este país con las remesas que
envió y que ahora gasta en nuestro país las pensiones que percibe como
consecuencia de ese trabajo. Situados en los platillos de la balanza de
la justicia el colectivo que se acogió a la amnistía fiscal y este
colectivo, sin ninguna duda, merece más respeto para esta Cámara —y
debiera merecerlo para la Administración del Estado— el colectivo
de pensionistas que han cometido alguna irregularidad en su declaración
en el impuesto sobre la renta de las personas físicas por el monto de las
pensiones generadas en el extranjero y percibidas en España.


Por eso, nosotros respaldamos una moción que pide solamente
que, en el cumplimiento de esas obligaciones fiscales, en este momento se
tenga la mínima consideración para que se realice de la forma menos
gravosa y de la forma que les permita afrontar esas obligaciones con el
menor coste personal.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra la senadora Martínez.


La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Eskerrik asko, presidente
jauna.


Bada, nire talde parlamentarioak alde bozkatuko du mozio
honetan, ze ikusten dugu bi argudio daudela hori egiteko. Alde batetik,
mozioa orekatuta dago. Azken finean, pentsionistekin sortutako arazoa
nahiko larria da, baina guk pentsatzen dugu fede onean edo bere onean
egin zutela IRPFko kontribuzioa ez egitea, eta ikusten dugu orekatuta
dagoela fraude fiskalaren kontra ere jotzen duelako. Horrexegatik, gure
talde parlamentarioak, ikusi eta gero Galiziako Parlamentuan onartutako
ez-legezko proposamena mozio honekin guztiz bat datorrela, bada, gure
apoio eta aldeko botoa emango dugu.


Eskerrik asko.


Muchas gracias, señor presidente.


Mi grupo parlamentario va a votar a favor de esta moción
debido a dos argumentos. Por un lado, es una moción equilibrada, porque
es un problema grave —aunque consideramos que se trata de una
cuestión de buena fe— que no realizaran el pago del IRPF, pero, por
otro lado, creemos que es una moción equilibrada porque también ataca el
fraude fiscal. Por eso mismo, nuestro grupo parlamentario, vista la
votación en el Parlamento gallego, dará su voto a favor de esta
moción.


Muchas gracias.










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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Sabaté.


El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.


Señorías, también con brevedad, y en nombre de nuestro
grupo parlamentario, tal y como avanzamos a la senadora Fernández, vamos
a apoyar esta moción. Y la vamos a apoyar porque es una moción justa y
necesaria; es una propuesta justa y necesaria que responde a una
situación que no debería haberse producido, no debería haberse dado.


Es evidente —y tenemos el absoluto convencimiento de
que esa es la intención de la senadora del Grupo Parlamentario
Socialista— que se tiene que cumplir la ley; eso nadie lo puesto en
duda; y también es evidente que estamos ante un colectivo de ciudadanos
especialmente frágiles, especialmente débiles: estamos hablando de
pensionistas, estamos hablando de personas que han tenido que salir de
nuestra tierra para trabajar y han generado unas pensiones, legítimas,
que luego reciben después de su regreso a nuestro país.


Nuestra Constitución en su artículo 1 establece que España
se constituye como un Estado social y democrático de Derecho. Como Estado
social —evidentemente es un título genérico, una definición
genérica—, quiero interpretar que nuestra Constitución lo que
establece en su artículo 1 es la voluntad de garantizar los derechos de
toda la sociedad y especialmente de los más vulnerables, de los más
débiles. Por eso el derecho constitucional obliga a las instituciones
públicas, obliga a la Administración General del Estado, obliga a la
Agencia Tributaria a prestar el máximo apoyo, por supuesto dentro del
cumplimiento de la ley, a los antiguos emigrantes afectados por esta
situación.


Se trata, tal como pide la moción, y como de alguna forma
ha contribuido a mejorar la enmienda que ha presentado el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, de informar y
sobre todo de favorecer una interpretación lo más favorable posible
—insisto, dentro de los márgenes de la ley—, a los intereses
de unos ciudadanos que son trabajadores, bien intencionados en todos los
casos, y que si han actuado cometiendo una posible infracción fiscal ha
sido por desconocimiento, por ignorancia, por no tener consciencia de que
realmente esas pensiones devengadas en el extranjero debían tributar
también en nuestro país.


Por lo tanto, se merecen ese apoyo, esa atención
individualizada, si fuera necesaria, para que puedan cumplir con sus
obligaciones fiscales sin que eso realmente les coloque en una situación
imposible por unas rentas que, sin duda, tienen que ser limitadas en
todos los casos precisamente por tratarse de pensiones derivadas de
rentas del trabajo.


Estoy seguro de que la sensibilidad de las senadoras y
senadores del Grupo Parlamentario Popular coincide con la nuestra, y la
necesidad de apoyar al Gobierno en este caso no tiene que ser óbice para
animar al Gobierno e impulsar la acción del Gobierno en la dirección de
apoyar a este colectivo de pensionistas. La defensa de los intereses de
los pensionistas debería ser interés del Gobierno, interés de la
oposición y, en definitiva, interés de todos los miembros de esta
Cámara.


Por lo tanto, nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya va a votar favorablemente a esta moción.


Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.


Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la
palabra el senador Bel.


El señor BEL ACCENSI: Moltes gràcies, president.


Senyories, en primer lloc, agrair a la senadora Fernández
que ens hagi acceptat l’esmena. Ja li havíem avançat que votaríem a
favor de la seva proposta però, en tot cas, encara així ho fem amb més
força.


Deia en la meva intervenció anterior que crec que és un bon
moment per fer alguna reflexió entorn a la nostra normativa tributària i
especialment a la Llei General Tributària. És veritat que, de tant en
tant, ens trobem amb situacions d’incompliment no voluntari i
generalitzat de determinada normativa tributària com és el cas que la
senadora Fernández ha aportat aquí a l’hemicicle. Amb determinats
col.lectius, ja sigui per una mala interpretació, ja sigui per
ignorància, jo crec que sí









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que, evidentment, s’ha de tenir una consideració
especial a les persones amb menys capacitat d’interpretar les
normes de quina interpretació efectuen d’aquestes normes i deia que
ens trobem amb situacions en les quals determinats col.lectius no fan una
bona interpretació d’aquesta norma, la incompleixen, i després es
veuen abocats a fer front a un conjunt de sancions que són idèntiques a
les d’aquelles persones que han defraudat conscientment i, de forma
individualitzada, no recollint el conjunt de tot un col.lectiu.


Jo crec que seria bo, no tinc clar com ho hauríem de fer,
però sí que seria bo efectuar una modificació de la Llei General
Tributària per tal que tothom compleixi les seves obligacions
tributàries, ningú no pot fer servir com excusa que ha estat emmarcat en
un determinat col.lectiu per no complir-ho-això seria absolutament
absurd—, però sí que s’hauria d’establir un règim
sancionador molt atenuat per aquests casos que afecten col.lectius i
interpretacions de determinades normes. I que la mateixa Agència Estatal
d’Administració Tributària pogués aplicar aquest règim
d’ofici sempre sota un informe previ de la mateixa Agència Estatal
d’Administració Tributària. Perquè aquí la senadora Fernández ens
ha portat un cas però segur que tots vostès recorden altres casos de
col.lectius, segurament amb poca capacitat econòmica, i que per una mala
interpretació han deixat de pagar alguna de les seves obligacions
tributàries, quan arriba el moment la paguen, però a la vegada han de fer
front a una sanció.


Ja sé que la mateixa Llei General Tributària escalona les
infraccions —en lleus, greus i molt greus— i, per tant, també
escalona les sancions. Jo crec que la proposta hauria de ser que, dins de
les infraccions lleus, hi hauria d’haver unes sancions molt més
petites de les que hi ha fins ara, unes sancions simbòliques per aquests
casos que afecten un col.lectiu de gent, on la importància econòmica és
relativament petita i, per tant, no s’eximís del compliment,
—és obvi—, però que la sanció fos molt molt molt petita.


En aquests moments, la Llei General Tributària no ho
contempla, no ho ha contemplat mai, i ja els dic que el nostre grup
treballarà aquesta idea, i és possible que presentem alguna iniciativa en
aquest sentit amb el qual, segurament, mocions com la que va aprovar el
parlament gallec i que avui tenim aquí ja no farien falta perquè la
mateixa normativa donaria una sortida a aquestes situacions.


Per part nostre res més, agrair al Grup Socialista
l’acceptació de l’esmena i la presentació de la moció.


Moltes gràcies.


Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, en primer lugar, quiero agradecer a la senadora
Fernández que haya aceptado la enmienda. Ya le habíamos avanzado que
votaríamos a favor de su propuesta, pero, en todo caso, desde aquí, de
esta forma lo hacemos con más fuerza.


Decía antes en mi intervención que es un buen momento para
hacer alguna reflexión sobre nuestra normativa tributaria y sobre la Ley
General Tributaria. Es verdad que, de vez en cuando, nos encontramos con
situaciones de incumplimiento no voluntario y generalizado de determinada
normativa tributaria, como es el caso que la senadora Fernández nos ha
presentado aquí, en el hemiciclo. Con determinados colectivos, ya sea por
una mala interpretación, por ignorancia, con esas personas que tienen
menos capacidad de interpretar las normas o que hacen su interpretación
de estas normas creo que sí se ha de tener consideración especial. Nos
hallamos ante determinados colectivos que no hacen una buena
interpretación de esta norma, la incumplen y luego se ven haciendo frente
a un conjunto de sanciones que son idénticas a las de esas personas que
conscientemente han defraudado de forma individualizada. No recogen a
estel colectivo y creo que sería bueno.


No tengo claro cómo se tendría que efectuar, pero sí habría
que hacer una modificación de la Ley General Tributaria a efectos de que,
aunque, obviamente, todo el mundo tiene que cumplir con sus obligaciones
tributarias y nadie puede utilizar como excusa que ha estado en un
determinado colectivo para no cumplir —esto sería absurdo—,
se tendría que establecer un régimen sancionador muy atenuado para
aquellos casos que afectan a colectivos y a interpretaciones de
determinadas normas y que la misma Agencia Estatal de la Administración
Tributaria pudiera aplicar este régimen de oficio siempre que hubiera un
informe previo de la misma Agencia Estatal de la Administración
Tributaria. Porque el caso que tenemos hoy aquí, que nos ha aportado la









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senadora Fernández, es solo uno, pero seguro que todos
ustedes recordarán otros casos de colectivos, seguramente con poca
capacidad económica, que, por una mala interpretación, han dejado de
pagar algunas de sus obligaciones tributarias, y que cuando llega el
momento, lo pagan, pero además tienen que hacer frente a una sanción.


Sé que la propia Ley General Tributaria hace una nivelación
de las infracciones —leves, graves y muy graves—, pero creo
que dentro de las infracciones leves tendría que haber unas sanciones
mucho más pequeñas de las que existen hasta ahora —sanciones
simbólicas— para esos casos, que afectan a un colectivo, respecto
de los que la importancia económica es relativamente pequeña; por lo
tanto, que no se le eximiera del cumplimiento —es obvio—,
pero sí que la sanción fuera muy pequeña.


En estos momentos la Ley General Tributaria no lo
contempla, no lo ha contemplado nunca, pero nuestro grupo trabajará esta
idea y es posible que presentemos alguna iniciativa en este sentido.
Seguramente que mociones como las que aprobó el Parlamento gallego y que
hoy tenemos aquí, si se aplicaran estas estrategias, ya no harían falta
porque darían salida a estas situaciones.


Nada más.


Agradecemos al Grupo Socialista que nos haya aceptado la
enmienda y que haya presentado esta moción.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Fernández Pena.


La señora FERNÁNDEZ PENA: Gracias, señor presidente.


Señor presidente, en primer lugar quiero agradecer el
trabajo realizado y sus conclusiones a todos los portavoces de los grupos
que han defendido y apoyado esta moción.


He de decir al senador Fernández que la semana pasada
mantuve una reunión con una de las plataformas de afectados gallegos
―no ignorantes atrevidos, como usted les ha llamado― y les
dije que defendería una moción consecuencia de interpelación en unos
términos similares a la ya aprobada en Galicia.


Cuando les expliqué que podía suceder que votaran en
contra, en Madrid, me miraron con cara de asombro y no dieron crédito a
esa posibilidad que usted acaba de ratificar. Por eso, me hubiera gustado
escuchar en esta Cámara la opinión de los senadores gallegos sobre que se
esté cuestionando aquí una decisión adoptada por el Parlamento gallego,
una decisión que desacredita al presidente Feijóo y, lo más importante,
que desacredita a miles de ciudadanos.


Estaba convencida de que sería un senador gallego el que
hoy defendiera ante esta Cámara la postura del Partido Popular por ser la
nuestra una de las comunidades más afectadas por esta problemática,
siendo además el portavoz Popular gallego, aparte de redactor y firmante
de la enmienda, es lo que correspondería.


Señor Barreiro, siento mucho que, teniendo una opción clara
de dar la cara por nuestros mayores, al final prefiera guardar un apocado
silencio en la confianza de pasar de puntillas por este problema,
redactando una enmienda vacua. Actúa así porque, para usted y para sus
compañeros, no son más que mayores avergonzados por haber cometido un
error, inducidos por la Agencia Tributaria, que espera que paguen y
callen. Pero se confunden, son hombres y mujeres de Ferrol, de Lugo, de
Vigo, de Ribeira, de Cartelle, de Cospeito o de Leiro, que durante años
fueron sustento de las economías locales al mandar divisas de otros
países y que ahora, señorías, son sus vecinos. A ellos será a los que
tengan que explicar ahora por qué votan en contra de esta moción, tendrán
que explicárselo a esa gente que se les está persiguiendo por un error
que Hacienda fomentó. Más cruel no se puede ser. Y la crueldad azota a
Galicia, pero no solamente a Galicia, señoría, también a Asturias, a
Cantabria, a Andalucía… Por eso, señor Fernández Sánchez, me
sorprendió escuchar sus argumentos para votar en contra de esta
moción.


Habla usted de consenso. ¿Vivimos en diferentes países?
¿Qué consenso? Los ciudadanos no quieren la moción que ustedes han
redactado. Estoy segura, segura, de que le habría gustado a usted
defenderles, pero ya ve, ha preferido seguir las directrices del partido,
y eso va a tener consecuencias sobre sus vecinos. Usted ha decidido hoy
dejar de defender a los más de 10 000 afectados andaluces −1700 de
su provincia, de Cádiz.









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No tienen ustedes argumentos para votar en contra y, sin
embargo, lo van a hacer. Señorías, no es razón suficiente para votar que
no argumentar que son procedimientos administrativos con reglas claras.
En las cartas les dicen que dejar de tributar, dentro del plazo
establecido, la totalidad o parte de la deuda es una infracción
tributaria. Es una regla clara, sí, pero con un fondo muy oscuro porque
nadie les había informado de que existía esa deuda.


Señorías, repito, no es razón suficiente para votar que no
insistir en que este es un procedimiento no planificado en el que no
existieron órdenes políticas. Nunca he hablado de manipulación política,
nunca, eso ya lo hacen los propios agentes tributarios.


¿Por qué, señoría? ¿Dígame por qué? Porque tampoco es razón
suficiente para votar que no justificar insistentemente que las leyes
están para ser cumplidas. En esta moción no pedimos en ningún punto que
se incumpla la ley, en ninguno, estamos simplemente pidiendo al Gobierno
que estudie fórmulas y que ponga soluciones a este caos tributario, que
está dejando a muchos ciudadanos en una situación de absoluta indefensión
económica. Solo les pedimos que les den el mismo trato que a los grandes
defraudadores que se acogieron a la ley de amnistía fiscal o, como
prefiere llamarla el señor ministro ―dentro de ese afán del Partido
Popular de coleccionar eufemismos que confundan a los ciudadanos―
(Aplausos.), la que permitió la declaración tributaria extraordinaria
para pagar impuestos. Pedimos que no se les sancione, como hicieron con
los que sí merecían sanción.


Señoría, les llamo a valorar adecuadamente su intención de
voto. Tengo clara cuál es mi posición y, a partir de hoy, levantaré la
cabeza —porque yo sí podré hacerlo— y volveré a visitarles a
todos y les diré que 14 senadores gallegos del Partido Popular han
preferido votar para que les sigan tratando como delincuentes fiscales;
volveré a visitarles a todos, a todos los afectados y les diré que ni
siquiera el portavoz del Grupo Popular ―gallego, de Lugo― fue
capaz de decir ni una sola palabra y se limitó a escribir deseos.


No estamos en una batalla de posiciones políticas;
confunden su voto. Votarán que no y la moción no saldrá adelante, habrán
ganado, pero estoy segura de que para muchos de ustedes esta será una
victoria amarga, tendrá el sabor de la amargura que sentirán los miles de
jubilados retornados cuando vean que han elegido no defenderles.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Fernández
Pena.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Fernández Sánchez.


El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Con la venia, señor
presidente.


Señorías, ya estamos acostumbrados, señora portavoz, a su
beligerancia en el verbo, sobre todo cuando usted pretende utilizar a los
más desfavorecidos para ir contra determinados senadores. Usted, en esa
demagogia absoluta que le caracteriza, no ha visto un problema social que
está lógicamente planteado por la propia Agencia Tributaria y respecto al
que le he dado las razones —puesto que hemos presentado una
enmienda de sustitución con las mismas características que la suya, y no
la ha aceptado—. Lo que usted quiere es el enfrentamiento absoluto
(Aplausos.) y retornar de alguna forma —nunca mejor dicho— a
lo que significa utilizar la demagogia.


Mire, señora Fernández, usted no ha utilizado aquí el
sentir de los emigrantes retornados. A usted lo único que le vale son sus
emigrantes retornados —en ese clientelismo suyo propio—, los
gallegos, para que se enfrenten con los senadores gallegos del Partido
Popular y así crear una especie de asperezas o ruedas en el molino, con
el fin de que usted salga victoriosa. Pues no. Usted no ha utilizado ni
más ni menos que palabras vacías.


Ha hablado de limpieza de conciencia. Mire usted, aquí no
limpiamos ninguna conciencia, señora portavoz, aquí tenemos buena fe, y
la buena fe se presume siempre; la mala habrá que demostrarla por su
parte.


Es más, la Ley sobre el IRPF de 2006, que ustedes apoyaron,
es clara y contundente. Ustedes la conocen, como también los emigrantes
retornados. Saben perfectamente que no se puede modificar mediante una
simple moción. La ley está ahí, y el ordenamiento jurídico establece cómo
tenemos que aplicar la ley. Hemos dado alternativas, hemos demostrado la
necesidad de impulsar al máximo las campañas de divulgación e
información.


Señora portavoz, antes de que usted hablara, el director
general de la Agencia Tributaria se dirigió el 7 de octubre a la
Conselleria de Hacienda de la Junta de Galicia y les expuso estos









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razonamientos —porque hacemos las cosas en silencio
y, lógicamente, pensamos tanto en los que representan al país como en los
que no lo representan—. Se decía en relación con su escrito de 11
de septiembre sobre la situación tributaria del colectivo de emigrantes
retornados —que también dirigía al ministro de Hacienda— que
estimábamos que había que hacer una campaña de divulgación e información
y de asistencia al contribuyente, con el fin de facilitar al colectivo de
emigrantes retornados la máxima información sobre el modo de llevar a
cabo el feliz cumplimiento de sus obligaciones tributarias al dar las
instrucciones correspondientes a la Agencia Tributaria de Galicia. Y ya
se habían dado órdenes. Y continuaba: Asimismo, y dado que la expulsión
general del régimen de infracciones y sanciones tributarias no estaría
permitida en el ordenamiento jurídico, tengan la seguridad de que los
órganos competentes de la citada delegación actuarán con el máximo celo y
cuidado en un examen individual de cada uno. O sea, que ya la propia
Agencia Tributaria le había dado instrucciones directamente a la
Conselleria de Hacienda de la Junta para que, de alguna manera, esto
estuviese en vigor.


Por lo tanto, no estamos en absoluto ante una
desacreditación de la Cámara gallega, señora portavoz. Nadie ha
desacreditado a la Cámara gallega por haber adoptado un acuerdo. Usted lo
que quiere es el enfrentamiento permanente, usted no busca ni más ni
menos que enfrentarse directamente con los compañeros gallegos. Usted no
ha mirado el interés general de Asturias, de Galicia o de Andalucía. No.
Usted me ha dicho a mí —haciéndome un repaso— que en
Andalucía y en Cádiz hay tantos emigrantes retornados. Pero, mire usted,
allí se informa exactamente igual que se va a hacer en Galicia. Lo que no
puede ser es que usted venga ya preconcebida, con un discurso preparado,
para tener un clientelismo absoluto. Le digo esto porque hemos dado
facilidades en los procedimientos de aplicación del pago de los
impuestos, así como ha habido reuniones con las plataformas de los
afectados por esta situación. Ha habido reuniones con la Delegación
Especial de Galicia, con la plataforma de afectados, reuniones donde se
buscan encuentros, coincidencias, así como soluciones para aclarar la
situación de cada uno. Este es el caso del colectivo afectado de la
provincia de Pontevedra, que fue recibido por la delegada de la Agencia
Tributaria el 12 de julio de 2013, mucho antes de que usted trajera esta
moción, señora portavoz. En julio de 2013 ya estaba trabajando este grupo
parlamentario y tuvo una reunión del 23 de septiembre con la Agencia
Tributaria de Pontevedra en la que participó el propio delegado de la
Junta.


Por lo tanto, señora portavoz, la normativa vigente prevé
la posibilidad de que el contribuyente que tenga dificultades llegue
directamente a acuerdos —porque usted sabe perfectamente que
nuestro fraccionamiento de pago lo pueden hacer aquellos que tengan una
deuda tributaria de menos de 18 000 euros, lo que afecta a todas estas
personas—. Es decir, que pueden estar perfectamente conformes y
tranquilos porque el Partido Popular les apoya directa e indirectamente.
Nuestra enmienda de sustitución es muy clara, hacemos lo mismo que usted,
pero usted no la quiere. Usted quiere, lógicamente, el enfrentamiento. No
le gusta la enmienda. ¿Por qué no le gusta la enmienda? Porque usted sabe
que con este sistema lo que hace es alterar, agitar a la gente, que es su
misión al traerla aquí, ni más ni menos.


Señora portavoz, no haga demagogia, por favor. Defendemos a
los gallegos, a los andaluces, a los asturianos, a todos los españoles, a
cualquiera que esté afectado, y estamos diciéndolo aquí. Se va a negociar
con ellos, si quieren, hasta de forma individual, y hay instrucciones de
la Agencia Tributaria. Lo que hace usted aquí es demagogia, una situación
que no es de recibo, y el que se va triste soy yo porque es la primera
vez que usted interviene en este Parlamento con el que suscribe y ha sido
para hacer el auténtico ridículo.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Fernández
Sánchez.


Llamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas.


Señorías, votamos la moción consecuencia de interpelación
del Grupo Parlamentario Socialista, con la incorporación de la enmienda
aceptada, del Grupo de Convergència i Unió.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228; votos emitidos, 228; a favor, 82; en contra, 145;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.









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6.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RETIRAR EL
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE).


(Núm. exp. 671/000090)


AUTOR: GPCIU


El señor presidente da lectura al punto 6.3.


El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de
interpelación se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario
Mixto, a iniciativa de los senadores señores Iglesias y Mariscal.


Para la defensa de la moción tiene la palabra, por tiempo
de cinco minutos, por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, el
senador Alturo. (Rumores.)


Senador Alturo, espere un momento a que haya un poquito de
silencio. Señorías, guarden silencio, por favor.


El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyor president.
Senyories, molt bon dia.


Intervinc per fer la presentació de la moció conseqüència
d’interpel·lació que vaig fer al ministre d’Educació el ple
passat i, si ho consideren convenient, demanar-los el seu suport, que
espero i desitjo que així sigui.


Hem volgut presentar una moció clara i contundent: retirar
aquest projecte de llei, a la vista que el ministre Wert no vol negociar.
N’hem tingut moltes evidències: no ha acceptat esmenes en el
Congrés dels Diputats —més de 700 esmenes—, només n’ha
acceptat les seves i la d’UPyD. (Després m’hi referiré al
torn de portaveus.) Per tant, el que és evident és que aquest projecte de
llei suposa una transformació molt important, per a la qual sense consens
i sense buscar suports és evident que només podem demanar-ne la retirada.
Cal retirar aquest projecte de llei, primer, perquè hi hagi un ampli
acord. Ara no hi és aquest acord. El ministre ens vol fer veure que ha
negociat; no és així —ha parlat, però no ha negociat—.
Negociar vol dir apropar posicions, i no ho ha fet. Per tant, aquest
projecte de llei no és fruit de consensos i espero que avui podem donar
una mostra que realment el Grup Parlamentari Popular és a un costat i la
resta de grups parlamentaris som a l’altre costat. Esperem que avui
puguem donar aquest missatge i, en definitiva, que la gent i la societat
entengui el que està passant.


Volem que sigui un projecte de llei que tingui estabilitat,
que tingui vocació d’estabilitat, que pugui durar, que sigui
respectuós amb la realitat social i la lingüística de l’Estat, cosa
que no és en aquest moment. Ja vaig dir en la interpel·lació tots els
greuges que suposa contra la llengua catalana. Tot el que suposi llengües
cooficials i, en concret, la llengua catalana és evident que té una clara
voluntat d’ofegar-la, de reduir-la al no-res. Vaig presentar molts
arguments, però permetin que faci un petit resum d’alguns. Suposa
una transformació real del sistema educatiu —una transformació
real, total—; ens canvia els currículums i crea dos nivells
d’assignatures; uniformitza l’ensenyament implantant unes
revàlides, que ja formen part d’una etapa i una altra història de
la vida; no hi ha confiança en els equips docents i el professorat,
perquè han de venir professors de fora per fer aquestes avaluacions. Per
tant, és evident que en els equips docents del mateix centre no hi ha la
confiança que requereix. Això és impensable. És un atemptat amb tota
regla contra les competències que tenim les autonomies. El que és més
greu, suposa un atac i un atemptat —ho reitero perquè ha de ser
així— a totes les llengües cooficials i, en especial, en el que
suposa la Llei d’immersió lingüística de Catalunya.


De ben segur que tots els grups parlamentaris tindran raons
—algunes compartides, algunes diferents— per demanar la
retirada d’aquest projecte de llei. Però el que és important és
visualitzar avui que, una vegada més, el Govern de l’Estat, el
ministre Wert, el Partit Popular, està sol i la resta de grups
parlamentaris estem units en aquest tema. És a dir, que volem aquesta
retirada perquè no hi ha hagut consens, perquè és una llei retrògrada,
que no ens farà millorar la qualitat del sistema educatiu malgrat que
sigui l’argument del ministre Wert.


En definitiva, per tot això jo demano a tots els grups de
la Cambra que ens donin suport en aquesta moció que avui nosaltres
presentem.


Moltes gràcies.









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Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, muy buenos días.


Intervengo para presentar la moción consecuencia de
interpelación que formulé al ministro de Educación en el último Pleno.
Por lo tanto, si lo consideran conveniente, me gustaría solicitarles su
respaldo. Y espero y deseo que me lo den.


Hemos querido traer una moción clara y contundente, a
saber, retirar este proyecto de ley a la vista de que el ministro Wert no
quiere negociar. De ello nos han llegado muchas evidencias: no ha
aceptado enmiendas del Congreso de los Diputados —había más de 700
enmiendas—, tan solo ha aceptado las suyas y las de UPyD. (Después,
durante el turno de portavoces, me referiré a ello.) Por lo tanto, es
evidente que este proyecto de ley supone una transformación muy
importante que nos llega sin consenso, sin buscar apoyos, por lo que lo
único que podemos hacer es solicitar su retirada. Pedimos que se retire
este proyecto de ley, en primer lugar, para que se cuente con un amplio
acuerdo, un acuerdo que hoy por hoy no existe. El ministro quiere
hacernos ver que ha negociado, y no es así —ha hablado, pero no ha
negociado—. Negociar significa acercar posiciones, y esto no lo ha
hecho; o sea, que este proyecto de ley no es fruto de distintos
consensos. Espero que hoy podamos dar una muestra de que realmente el
Grupo Parlamentario Popular está a un lado y los demás grupos
parlamentarios estamos en el otro. Esperamos que hoy podamos transmitir
este mensaje y, en definitiva, que la sociedad entienda lo que está
sucediendo.


Deseamos que sea un proyecto de ley que disponga de
estabilidad, que tenga vocación de estabilidad, que pueda durar, que sea
respetuoso con la realidad social y lingüística del Estado, que hoy por
hoy no lo es. Ya mencioné en la interpelación todos los agravios que
supone para con la lengua catalana. Su voluntad es la de ahogar y reducir
a cero las lenguas cooficiales, pero concretamente la catalana. Al
respecto presenté toda una serie de argumentos, pero, si me lo permiten,
voy a resumir algunos: supone una transformación real del sistema
educativo —transformación real y total—; cambia nuestros
currículos y genera dos niveles de asignaturas; también uniformiza la
enseñanza al implantar unas reválidas, reválidas que pertenecen a otra
etapa, a otra historia de nuestra vida; no se confía en los equipos
docentes ni en el profesorado porque deben llegar profesores externos
para realizar este tipo de evaluaciones, es decir, que es evidente que no
se tiene la confianza necesaria en estos equipos docentes, y esto es
indispensable; es un atentado contra las competencias que ostentamos las
autonomías en toda regla y algo más grave: es un ataque, un atentado
—lo reitero, no debe ser así— a todas las lenguas cooficiales
y, en especial, a lo que supone la ley de inmersión lingüística de
Cataluña.


Seguramente todos los grupos parlamentarios van a tener
razones —algunas compartidas, otras distintas— para solicitar
que se retire este proyecto de ley, sin embargo, lo importante es
visualizar hoy que, una vez más, el Gobierno del Estado, el ministro Wert
del Partido Popular, está solo y que los demás grupos parlamentarios
estamos unidos en esta materia; es decir, que deseamos que se retire este
proyecto de ley porque no se ha basado en el consenso, es una ley
retrógrada y no nos va a permitir mejorar la calidad del sistema
educativo, aunque este sea el argumento del ministro Wert.


Por todas estas razones solicito a todos los grupos de la
Cámara que nos den su respaldo en esta moción que hoy presentamos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.


Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el senador
Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Buenos días, señorías.


Cuando está a punto de llegar a esta Cámara la Lomce
—la ley orgánica de educación, porque ha finalizado su tramitación
en el Congreso—, podemos avanzar ya algunos de los argumentos, que,
en relación con sus contenidos y de forma más pormenorizada, seguramente
desarrollaremos en el debate propio de la Cámara.


La enmienda que formulamos a la moción no altera su
contenido sino que refuerza alguno de los argumentos que subyacen en
ella. Esta enmienda tiene una doble pretensión al resaltar que el
esfuerzo económico en educación en nuestro país está por debajo de la
media europea y que es necesario acercarse en el plazo más breve posible
a la misma. Esa doble pretensión consiste, en primer lugar, en desmontar
el argumento de que en España se gasta mucho y mal en educación,









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uno de los argumentos más manidos a la hora de fundamentar
políticamente la necesidad —dicho entre comillas— de una
reforma del sistema educativo.


La segunda pretensión de la enmienda es evidenciar algo
que, desgraciadamente, en la historia de la legislación en materia
educativa en nuestro país ha quedado patentemente claro: la necesidad de
que cualquier reforma educativa cuente con una financiación suficiente
para su puesta en marcha.


Probablemente el gran problema de todas las reformas
educativas anteriores haya sido que no iban acompañadas de ese compromiso
sostenido en el tiempo de financiación del sistema a la hora de poner en
marcha los contenidos de las sucesivas leyes de educación. La respuesta a
la realidad de hoy de nuestro país no es la de plantear una reforma
educativa que consolide los recortes decididos políticamente en los
últimos tiempos a partir del falso fundamento de que se gasta mucho y
mal, sino dar un paso adelante por desarrollar ese compromiso continuado
de financiación del sistema educativo.


Ayer conocíamos a través de los medios de comunicación un
nuevo informe de la OCDE sobre la comprensión lectora y los conocimientos
matemáticos, no ya de los estudiantes sino de la población adulta. Este
informe, como otros que se han realizado —los informes Pisa que se
vienen presentando periódicamente—, es siempre susceptible y
materia de debate. Ayer el señor ministro, en respuesta a una pregunta
formulada ante este Pleno, al parecer fue más prudente aquí que ante los
medios de comunicación. Fue más prudente porque no pretendió atribuir esa
realidad que reflejaba el informe de la OCDE al fracaso de determinada
ley educativa, e hizo bien, porque, obviamente, esa realidad de la
población adulta en nuestro país seguramente responde en primer lugar de
forma más cierta y real a los déficits con que el sistema democrático
asumió la necesidad de hacer universal la educación y la formación en
nuestro país, una situación que no era la preexistente, y en segundo
lugar responde también a ese déficit en el esfuerzo de financiación del
sistema educativo.


Compartimos, por tanto, la solicitud de retirada de un
proyecto que presenta la moción, puesto que nos parece un proyecto que
ideológicamente expresa una supeditación de la educación al sistema
productivo, como afirmé en alguna ocasión —la Lomce busca formar
productores al servicio del sistema productivo—, y renuncia a
formar ciudadanos con posibilidades de participar en el funcionamiento
del sistema democrático y de ser corresponsables de las decisiones que se
toman. Busca la empleabilidad, y es cierto que hoy el paro es un problema
angustioso, pero no puede servir de excusa para tomar decisiones que, al
final, afectan al propio concepto de ciudadanía y al propio carácter de
las personas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Tiene la palabra el senador Alturo para indicar si acepta o
no la enmienda del senador Iglesias.


El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyor
president.


Senador Iglesias, jo li agraeixo moltíssim
l’aportació que fa al debat amb aquesta esmena de caràcter
econòmic, però crec que en aquests moments són dues coses diferents.


Avui aquí el que presentem és una moció que el que demana
és la retirada d’aquesta llei i, per tant, per raons podríem dir
ideològiques. És una llei que, d’alguna manera, ens situa temps
enrere i no avancem en la línia que caldria. Per tant, es podria
interpretar que si hi ha els recursos econòmics la llei ja va bé. Així
doncs, jo li agraeixo l’aportació, però entenc que en aquests
moments la moció ha de ser clara, en el sentit de retirar-la i prou.
Després ja parlarem dels temes econòmics. Per una raó: perquè no hi hagi
distorsió en el tema.


La segona és que gran part de les competències en educació
i, per tant, també en termes econòmics correspon a les comunitats
autònomes. Ens posem en un terreny, el de les comunitats autònomes, per
la qual cosa crec que ara aquest debat serà un altre. Jo li agraeixo
moltíssim l’aportació, també el diàleg que hem tingut.


En definitiva, crec que en aquests moments no convé
acceptar aquestes esmenes perquè realment la moció sigui clara i
contundent. I que el missatge que puguem donar a la societat sigui
aquesta llei, que a nosaltres no ens interessa, no va bé i no hi ha hagut
consens amb ningú. En definitiva, que quedi tot això clar.


Moltes gràcies.









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Muchas gracias, señor presidente.


Senador Iglesias, le agradezco muchísimo la aportación que
hace a este debate con esta enmienda de carácter económico, pero yo creo
que en estos momentos debatimos dos cosas distintas.


Hoy presentamos aquí una moción que pide la retirada de
esta ley porque, por razones ideológicas, nos sitúa muchos años atrás. No
avanzamos en la línea que queremos y en caso de aceptarla se podría
interpretar que si existieran los recursos económicos la ley nos
parecería correcta. Agradezco su aportación pero entiendo que en este
momento la moción tiene que ser clara, ha de pedir la retirada de la ley
y punto. Luego ya hablaremos de los términos económicos. Esta es una de
las razones, que no exista distorsión en el tema.


Y la segunda razón es que gran parte de las competencias en
materia de educación, y también económica, corresponden a las comunidades
autónomas, y consideramos que se mete en un terreno que es propio de las
comunidades autónomas. Por ello creo que el debate tiene que ser otro,
aunque repito que le agradezco su aportación, así como el diálogo
mantenido.


En definitiva, considero que en este momento no nos
conviene aceptar esta enmienda porque la moción ha de ser clara y
contundente. En este sentido, el mensaje que tenemos que dar a la
sociedad es que esta ley no nos interesa, ni nos conviene, y además no ha
habido consenso. Creo que todo esto debe quedar claro.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.


Para turno en contra, tiene la palabra el senador
Peral.


El señor PERAL GUERRA: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, con el máximo respeto personal a los miembros del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tengo que
decir que nos presentan aquí una moción que perfectamente podría haberla
firmado Groucho Marx, pues más o menos viene a decir: Dígame cuál es su
voluntad de diálogo y sus márgenes de negociación porque los míos son
ninguno, y por eso le pido que retire inmediatamente esta ley.


Más coherente es lo que se pide en relación con esta moción
en el acuerdo firmado el pasado 17 de julio entre el Partido Socialista,
Izquierda Plural, varios partidos nacionalistas y Amaiur. Un acuerdo por
el que se comprometen a derogar la Lomce en el primer período de sesiones
de la próxima legislatura y a paralizar de forma inmediata la aplicación
de la ley. Con lo cual esta moción también podría haberla presentado
Groucho Marx de la forma siguiente: En cuanto pueda le voy a cortar el
cuello, pero entre tanto podemos charlar un poco amigablemente sobre este
asunto.


La verdad es que me cuesta comprender la posición de
Convergència i Unió ante la Lomce. Si —como señaló el señor Alturo
en el Pleno anterior— el número de teóricos beneficiarios de la
disposición adicional trigésimo octava es de 23 alumnos sobre un total de
1 500 000 en Cataluña, no parece un argumento suficiente para que CiU se
apunte a una defensa numantina de la pedagogía Logse. Si excluimos el
nacionalismo, es sobradamente conocido que los votantes de Convergència i
Unió difieren muy poco de los nuestros cuando se desea que en la
educación haya más calidad, más exigencia, más fomento del esfuerzo, más
autoridad del profesor, mejor convivencia en las aulas, más transparencia
en el sistema educativo y más responsabilidad de los centros por los
resultados de sus alumnos; resultados educativos que también en Cataluña,
como en el resto de España, son muy mejorables. Y también en Cataluña,
como en el resto de España, hay un nivel de abandono escolar temprano
—el 24% en Cataluña— francamente alarmante.


Oí el otro día en la Comisión de Educación del Congreso al
diputado de CiU, el señor Martí Barberà, decir que la publicación de los
resultados era antipedagógica y que no estaba de acuerdo con la
potenciación de la figura del director. Me parece que sus electores, los
de CiU, no comparten demasiado esta nueva orientación pedagógica de la
coalición tan impregnada de la pedagogía Logse. Y solo puedo pensar que
este denodado esfuerzo por no tocar la LOE solo es una pieza más del
montaje secesionista promovido por el Gobierno de Cataluña. Tal vez
alguno piense, confundiendo sus deseos con la realidad, que cuando llegue
la independencia ya se encargarán ellos de eliminar de Cataluña la
pedagogía Logse, y que nos la quedemos los de la meseta, como nos llama
el señor Mas-Colell.









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Son muchos los españoles —y entre ellos muchos
catalanes que se consideran nacionalistas— que piensan que hay que
reformar la educación, que el sistema educativo que establecieron la
Logse y sus derivados no da una respuesta adecuada a las necesidades y a
las esperanzas de nuestros jóvenes en el siglo XXI, que hay que modificar
en la LOE lo que ha quedado obsoleto, lo que está perjudicando a nuestro
sistema educativo y conservar lo que tiene de útil. Este es precisamente
el auténtico sentido de la Lomce: conservar lo que tiene de útil la LOE y
reformar aquello que ha sido dañino para nuestro sistema educativo.


Esa Lomce es la que usted nos pide retirar, al tiempo que,
junto con los otros firmantes del acuerdo del 17 de julio, incluyendo a
Amaiur, se conjuran —y esto quiero decirlo especialmente— con
un talante amenazador que de verdad es inédito en nuestra democracia
española —no estamos acostumbrados a este tipo de conjuras
amenazadoras, lo digo con toda sinceridad—; se conjuran para en el
menor tiempo posible derogar esta ley y paralizar de forma inmediata su
aplicación.


Evidentemente no vamos a apoyar esta moción.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Peral.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la
senadora Capella, que va a compartir turno con el senador Iglesias.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Bon dia, senadores i
senadors.


Bé, per nosaltres, per Esquerra Republicana, el Projecte de
Llei per a la Millora de la Qualitat Educativa és una contrareforma
educativa, inflamada per la ideologia neoliberal, centralista, i
uniformitzadora de la dreta espanyola. Per als Països Catalans
representa, a més, l’intent d’acabar amb
l’escolarització en llengua catalana. Quins serien els
qualificatius que mereix aquesta llei? Bé, segregadora, mercantilista,
privatitzadora, antidemocràtica, recentralitzadora, adoctrinadora i
sexista.


Per tant, Esquerra Republicana de Catalunya donarà suport a
aquesta moció amb el benentès que el recorregut d’aquesta serà
curt, l’aprovarem i aquí ens quedarem. Òbviament perquè el govern
del Partit Popular i el ministre Wert ni són aquí ni se’ls espera.
De nou, mostrar tota la nostra solidaritat i recolzar els mestres de les
Illes, quina gran lliçó de dignitat! Totes aquestes marees que últimament
ocupen els nostres carrers són una gran lliçó de dignitat. I haurien de
fer pensar i repensar el Partit Popular que alguna cosa no estan fent
bé.


La Lomce és la llei més contestada i que suma més oposició,
per motius diversos. Però que suma a tota l’oposició. El ministre
Wert està superant, en aquests moments, al ministre Ruiz-Gallardón. La
Lomce és una llei que va contra l’educació i que va contra la
ciutadania, perquè ja se sap que l’educació, la formació ens fa
lliures i això al Partit Popular no li agrada gens. Els fa por la
llibertat i la combaten.


Aquesta llei ha de ser retirada perquè no aposta per una
escola pública, integradora i de qualitat i sí que aposta en benefici
d’una escola privada, segregadora, i discriminadora, a la qual se
li regala diner públic. Aquesta llei retalla assignatures, professorat,
itineraris. Ara bé, això sí, manté professors de religió. Aquesta llei
retalla programes, projectes educatius i investigació, ara això sí,
vostès el Partit Popular, el Govern del Partit Popular subvenciona les
curses de braus, compra i construeix submarins que s’enfonsen i ara
resulta que s’han de desmuntar, gasten el que tenen i el que no
tenen, millor dit, malgasten i no inverteixen en educació.


I perquè em queda poc temps —i l’he de cedir al
meu company—, nosaltres, insisteixo, donarem suport a aquesta
moció, perquè nosaltres defensem i volem una educació pública i de
qualitat, que formi i eduqui ciutadans i ciutadanes lliures. He començat
dient que el recorregut d’aquesta moció seria curt. Però és un pas
més que ens carrega als catalans i a les catalanes de raons. I ens motiva
per continuar en el camí iniciat. Volem decidir i decidirem, i
mentrestant, davant la imposició que representa aquesta llei, defensem i
farem insubmissió.


Moltes gràcies.


Buenos días, senadoras y senadores.


Para nosotros, Esquerra Republicana, el Proyecto de Ley
para la Mejora de la Calidad Educativa es una contrarreforma educativa
inflamada por la ideología neoliberal centralista y









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uniformizadora de la derecha española. Para los países
catalanes representa además el intento de acabar con la escolarización en
lengua catalana. ¿Cuáles serían los calificativos que se merece esta ley?
Pues bien: segregadora, mercantilista, privatizadora, antidemocrática,
recentralizadota, adoctrinadora y sexista.


Por lo tanto, Esquerra Republicana de Cataluña va a apoyar
esta moción, entendiendo que el recorrido de esta será corto; la
aprobaremos, y aquí nos vamos a quedar, obviamente, porque el Gobierno
del Partido Popular y el ministro Wert ni están aquí ni se les espera que
intervengan. De nuevo quiero mostrar nuestra solidaridad plena y apoyo a
los maestros de las Islas Baleares. ¡Qué gran lección de dignidad! Todas
estas mareas que últimamente ocupan nuestras calles son una gran lección
de dignidad y tendrían que hacer pensar y repensar al Partido Popular que
alguna cosa no está haciendo bien.


La Lomce es la ley más contestada y que suma más oposición,
por motivos distintos, pero que suma a toda la oposición. El ministro
Wert está superando al ministro Ruiz-Gallardón. La Lomce es una ley que
va contra la educación y que va contra la ciudadanía, porque ya se sabe
que la educación, la formación nos hace libres y eso al Partido Popular
no le gusta porque le da miedo la libertad y la combate.


Se tiene que retirar esta ley porque no apuesta por una
escuela pública integradora y de calidad y sí apuesta en beneficio de una
escuela privada segregadora y discriminadora, a la que se le regala
dinero público. Esta ley recorta asignaturas, profesorado, itinerarios,
ahora bien, mantiene profesores de religión; recorta programas,
investigación, proyectos educativos, pero, eso sí, el Gobierno del
Partido Popular, subvenciona las corridas de toros, compra y construye
submarinos que se hunden y ahora resulta que se tienen que desmontar;
gastan lo que tienen y no tienen, mejor dicho, malgastan y no invierten
en educación.


Y como me queda poco tiempo —le tengo que ceder el
turno a mi compañero—, insisto, nosotros vamos a apoyar esta moción
porque defendemos y queremos una educación pública y de calidad que forme
y eduque a ciudadanas y ciudadanos libres. He empezado diciendo que el
recorrido de esta moción sería corto, pero es un paso más que nos da
razón a los catalanes y a las catalanas, nos da razones y nos motiva para
seguir en el camino inicial. Vamos a decidir y decidiremos, y mientras
tanto, ante la imposición que representa esta ley, vamos a defender y a
mostrar insumisión.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Capella.


Senador Iglesias, tiene la palabra.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


A pesar de que no se acepta la enmienda, voy a apoyar la
moción porque rechazamos los contenidos esenciales de la Lomce y, en
consecuencia, nos parece oportuna su retirada. Rechazamos que se
extiendan y promuevan los conciertos educativos que podrán concertar la
formación profesional básica; rechazamos que bajo excusa del llamado
conflicto lingüístico se abra la posibilidad de pagar con recursos
públicos la formación en centros incluso no concertados; no estamos de
acuerdo en que se consagre la subsidiariedad de la red pública frente a
la privada-concertada al establecer la ley que las ofertas de plazas
públicas en la educación obligatoria deberán fijarse teniendo en cuenta
la oferta de los centros privados-concertados existentes además de la
demanda social; rechazamos que se introduzcan vías selectivas que
suprimen la formación común en las etapas obligatorias, lo cual
conllevará a excluir a alumnos con mayores dificultades desde edades muy
tempranas; no estamos de acuerdo con la carrera de obstáculos constituida
por las sucesivas reválidas, que también aumentará el fracaso y el
abandono escolar, a pesar de que este era uno de los argumentos con los
que pretendidamente se reforzaba la necesidad de la reforma educativa; no
asumimos que se supriman competencias del Consejo Escolar, que quede con
un carácter meramente consultivo, mientras se da todo el poder no a los
soviets, sino al director; creemos que es equivocada esa apuesta por
fomentar la competitividad entre los centros y su especialización,
estableciendo mecanismos de financiación no según el número de alumnos,
sino según el ranking que se ocupe a partir de estos criterios de
competitividad; pensamos que se busca el adoctrinamiento, eliminando la
Educación para la Ciudadanía y estableciendo una regulación de la
enseñanza de religión que tiene como objetivo propiciar que se









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generalice la enseñanza de religión; no estamos de acuerdo
con que se dé cobertura legal a los conciertos en centros que segregan
por razón de género, y rechazamos la vocación recentralizadora de la ley
a través de que el currículo aumente el porcentaje de contenidos fijados
por la Administración central.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador iglesias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la
senadora Martínez.


La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Eskerrik asko, presidente
jauna.


Mi grupo parlamentario va a apoyar esta moción, por muy
grouchomarxista que le pueda parecer al señor Peral, y lo vamos a hacer
por coherencia con la postura que hemos mantenido a lo largo de los dos
años largos que llevamos trabajando tanto en el anteproyecto de ley como
en el actual proyecto de ley, y reitero cuáles son los argumentos que
hacen que para mi grupo parlamentario esta ley sea inaceptable en todos
sus términos.


Voy a empezar por el final de mi intervención: aspectos
como el tratamiento de la realidad plurilingüe del Estado español; la
configuración del currículo; la organización de los ciclos; el sistema de
evaluaciones; el modelo de formación profesional o el nuevo modelo de
autonomía de los centros, entre otros, nos llevan a rechazar este
proyecto de ley que, además, carece del imprescindible consenso social y
político que requiere una reforma educativa de semejante calado, que
tiene un marcado carácter recentralizador y uniformizador y que produce
la quiebra del principio de equidad, un elemento clave de cualquier
sistema educativo de calidad. De esta forma quería terminar mi
intervención, enumerando cuáles son las cuestiones fundamentales que, a
nuestro juicio, hacen que la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad
Educativa sea inasumible por mi grupo parlamentario.


Sobre todo ello, además, subyace una cuestión elemental. No
estamos diciendo que la educación no necesite reforma; al contrario,
hemos compartido el diagnóstico en muchas ocasiones, tanto respecto de la
situación de la educación en España, como el que se puede hacer de mejora
de la calidad educativa vasca. En lo que no estamos de acuerdo es en cómo
hay que hacer esa reforma. Lo que entendemos es que esta reforma en sus
contenidos no responde a los objetivos manifiestamente declarados por su
grupo y por el ministerio de acabar con las tasas de abandono escolar y
con el fracaso escolar. No creemos que este sea el camino que lo vaya a
conseguir. No compartimos, no ya tanto los objetivos, como los mecanismos
puestos en marcha.


Un gran problema y un gran punto de desencuentro entre
nuestras formaciones es, evidentemente, la cuestión competencial. Hay que
hacer una reforma educativa, pero esa reforma educativa corresponde a las
comunidades autónomas, que son quienes tienen competencia exclusiva en
materia de educación. Las competencias del Estado están bien marcadas
tanto en la Constitución, a través del artículo 149.1.30ª, como en los
respectivos estatutos de autonomía. El Estatuto de Gernika viene a decir
que en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional primera de
la Constitución es de competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco
la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y
especialidades, sin perjuicio del artículo 27 de la Constitución y las
leyes orgánicas que lo puedan desarrollar. Es clara la delimitación
competencial, y para nosotros esa es siempre una línea roja, muy roja. Y
es una línea que, por supuesto, ha provocado que hayamos presentado un
veto a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa en el Congreso,
que presumiblemente se mantendrá aquí en el Senado dada la escasa
capacidad de negociación que ha habido sobre estas cuestiones, no
solamente ya en su debate parlamentario, sino a lo largo de todo el
proceso de elaboración de los sucesivos anteproyectos.


Por lo tanto, sí a la moción que la presentado el Grupo
Parlamentario CiU y sí a cuantas mociones se presenten pidiendo la
retirada de esta ley, independientemente de que los términos le resulten
a usted más graciosos o menos graciosos. Así pues, señor Alturo, cuenta
con nuestro voto favorable.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
tiene la palabra la senadora Sequera.









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La señora SEQUERA GARCÍA: Bon dia senadors, senadores.


D’entrada afirmem que el Grup de l’Entesa
donarà suport a la moció. No entraré en el contingut de la llei, ja
tindrem ocasió de debatre-la en aquesta Cambra, però per què demanem que
es retiri la Lomce? Perquè és un projecte que ha nascut mort. Perquè no
s’ha tingut en compte que el sistema educatiu que tenim no només
està integrat pels polítics del Partit Popular, hi ha alumnes, mares,
pares, professors, associacions, sindicats, altres administracions i
partits polítics. A tots ells no se’ls ha tingut en compte en cap
moment.


Que quedi ben clar que en cap moment estem dient que no es
modifiqui res. Partim del principi que tot és millorable, sempre.
Repeteixo no som immobilistes. I per això creiem que cal avaluar i
implementar mesures per garantir una millor qualitat del servei, en
aquest cas l’educatiu. Però allò que calgui canviar del sistema
educatiu sempre ha de tenir en compte a tots aquells agents que integren
la comunitat educativa. Això requereix diàleg, pacte i consens. Pacte per
a l’educació. I, tal com diu la moció, per assolir tres grans
objectius: ampli acord per a la reforma. Que aquest acord garanteixi
l’estabilitat del sistema i que el sistema tingui una capacitat
d’adaptar-se a la realitat social i lingüística dels
territoris.


No hi ha hagut diàleg. I això ha comportat conseqüències.
Que per primera vegada en la història arreu de l’Estat la comunitat
educativa manifestés el seu rebuig a la reforma, a la Lomce. El govern no
té cap excusa possible, els fets han demostrat que no estan oberts al
diàleg. La prova son les més de 750 esmenes presentades en el tràmit
parlamentari pels diferents partits polítics. Només 21 han estat
transaccionades i aquestes no alteren cap dels elements nous que integren
aquesta reforma. Tan equivocades estan les forces polítiques que estan
representades a les Corts? No, simplement no hi ha la voluntat
d’escoltar. La Lomce s’imposa. Trepitjant, menyspreant els
estatuts d’autonomia de les comunitats autònomes, de totes. Això
també confirma els principis ideològics amb els quals actua aquest
govern: el Partit Popular no creu en les autonomies i, per això, impulsa
canvis legislatius per garantir la centralitat i el control estatal
d’aquelles competències traspassades amb exclusivitat complint el
mandat estatutari.


L’arrel del problema rau en un diagnòstic de les
debilitats del sistema educatiu erroni, està esbiaixat, i
m’atreveixo a dir que ho està intencionadament. Els convido a fer
una reflexió que ens dóna la resposta que confirma aquesta afirmació. Els
professionals de tot l’Estat estan dient no a la reforma. És prou
indicatiu que tots els que estan dia a dia desenvolupant i treballant en
el sistema educatiu estiguin en contra d’aquesta reforma.
Principalment perquè els objectius que persegueix no tenen cap coherència
amb les mesures que desenvolupa. Just al contrari. Es creen problemes
allà on no existeixen.


És incomprensible que un Govern utilitzi la llengua com a
eina política i que no s’adoni que l’únic que aportarà a la
societat és la confrontació. No crec que tinguin clar el que significa el
model d’immersió lingüística català. Ni que s’hagin molestat
en analitzar els resultats que ha tingut la seva aplicació durant aquests
anys. Per sort els estudiosos del tema, a nivell internacional, sí que ho
han fet, atrets precisament pels resultats tant socials com de domini de
les llengües. I jo hem pregunto: és que tota la comunitat educativa està
equivocada i la veritat, l’encert, només està en mans del ministre
Wert i del Partit Popular? No, no, s’equivoquen i el pitjor és que
el Govern ho sap. El cert és que el veritable objectiu no és la millora
de la qualitat, això només son simples paraules; el veritable canvi és la
devaluació del sistema educatiu, com també el sistema sanitari, de
serveis socials, etc. La devaluació dels serveis públics és el que
indueix el govern a la imposició, utilitzant la majoria absoluta,
imposant l’absolutisme i les polítiques neoliberals a les quals ens
oposem rotundament.


Per aquest motiu, l’Entesa també els demana que
retirin la Lomce i els encoratja a aconseguir un pacte per a
l’educació, amb la voluntat de tenir un sistema que ens permeti
igualar-nos als països amb millors resultats. Però per això cal compromís
polític, voluntat d’aconseguir una veritable qualitat del sistema
educatiu, que garanteixi el dret a l’educació per a tothom.


Moltes gràcies. (Aplaudiments.)


Buenos días, senadores y senadoras.


En primer lugar les comunico que el Grupo de la Entesa
apoyará la moción. No voy a entrar en el contenido de la ley, ya
tendremos ocasión de debatirla en esta Cámara, pero ¿por qué pedimos
retirar la Lomce? Porque es un proyecto que ha nacido muerto, porque no
se ha tenido en cuenta









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que el sistema educativo que tenemos no solo está integrado
por los políticos del Partido Popular; existen los alumnos, las madres,
los padres, los profesores, las asociaciones, los sindicatos, otras
administraciones y partidos políticos. A ninguno de ellos se les ha
tenido en cuenta en ningún momento.


Que quede bien claro que en ningún momento estamos diciendo
que no se modifique nada. Partimos del principio de que todo es
mejorable, siempre. Repito, no somos inmovilistas, y por ello creemos que
hay que evaluar e implementar medidas para garantizar una mejor calidad
del servicio, en este caso del educativo. Pero lo que se tenga que
cambiar del sistema educativo siempre tiene que tener en cuenta a todos
aquellos agentes que integran la comunidad educativa. Eso requiere
diálogo, pacto y consenso. Pacto por la educación, como dice la moción,
para alcanzar tres grandes objetivos: amplio acuerdo para la reforma, que
este acuerdo garantice la estabilidad del sistema y que el sistema tenga
una capacidad de adaptarse a la realidad social y lingüística de los
territorios.


No ha habido diálogo, y esto ha comportado como
consecuencia que por primera vez en la historia, en todas partes del
Estado, la comunidad educativa manifieste su rechazo a la reforma, a la
Lomce. El Gobierno no tiene ninguna excusa posible. Los hechos han
demostrado que no están abiertos al diálogo, y la prueba son las más de
750 enmiendas que se han presentado por los distintos partidos políticos
en el trámite parlamentario. Solo 21 han sido transaccionadas, y estas no
tienen ninguno de los elementos nuevos que integran esta reforma. ¿Están
tan equivocadas las fuerzas políticas representadas en las Cortes? No,
simplemente no hay voluntad de escuchar. La Lomce se impone
menospreciando los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas,
de todas. Esto también confirma los principios ideológicos con los que
actúa este Gobierno. El Partido Popular no cree en las autonomías, y por
ello impulsa cambios legislativos para garantizar la centralidad y el
control estatal de esas competencias traspasadas con exclusividad
cumpliendo el mandato estatutario.


La raíz del problema está en un diagnóstico de las
debilidades del sistema educativo erróneo. Está mal planteado, está
sesgado y lo está intencionadamente. Les invito a hacer una reflexión que
nos da la respuesta que confirma esta afirmación. Los profesionales de
todo el Estado están diciendo no a la reforma. Es muy indicativo que
todos los que están día a día desarrollando y trabajando en el sistema
educativo estén en contra de esta reforma, principalmente porque los
objetivos que persigue no tienen coherencia alguna con las medidas que
desarrollan. Justo al contrario, se crean problemas donde no existen.


Es incomprensible que un Gobierno utilice la lengua como
herramienta política y que no se dé cuenta de que lo único que va a
aportar a la sociedad es confrontación. No creo que tengan claro lo que
significa el modelo de inmersión lingüística catalán ni que se haya
molestado en analizar los resultados que ha tenido su aplicación durante
estos años. Por suerte los estudiosos del tema a nivel internacional sí
lo han hecho, atraídos por los resultados tanto sociales como del dominio
de las lenguas. Y yo me pregunto ¿es que toda la comunidad educativa está
equivocada y la verdad y el acierto solo está en manos del ministro Wert
y del Partido Popular? Pues no, se equivocan, y lo peor es que el
Gobierno lo sabe. Lo cierto es que el verdadero objetivo no es la mejora
de la calidad, eso solo son simples palabras; el verdadero cambio es la
devaluación del sistema educativo así como del sistema sanitario, de los
servicios sociales, etcétera. La devaluación de los servicios públicos es
lo que conduce al Gobierno a la imposición, utilizando la mayoría
absoluta, imponiendo el absolutismo y las políticas neoliberales a las
que nos oponemos rotundamente.


Por este motivo también nosotros, la Entesa, pedimos que
retiren la Lomce y que podamos alcanzar un pacto para la educación, con
la voluntad de tener un sistema que permita igualarnos a los países con
mejores resultados; pero es necesario el compromiso político, la voluntad
de conseguir una verdadera calidad del sistema educativo que garantice el
derecho a la educación para todos.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Sequera.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.









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El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyor president,
senyories.


Senyor Peral, vostè, en la seva intervenció, ha dit
paraules molt gruixudes, que faria bé de retirar. Faria bé de reflexionar
abans de parlar, abans de dir i utilitzar determinades expressions. Quina
supèrbia! Quina falta d’humilitat! Quina falta de democràcia!
Senzillament, senyor Peral, una reforma educativa d’aquesta
magnitud, que només té el suport del seu propi grup, és evident que està
condemnada al fracàs, al fracàs més absolut. I, per tant, crec que ja ha
pogut escoltar diferents intervencions i no només ara, sinó en anteriors
ocasions. En definitiva, jo crec que avui, tots plegats aquí, hem de ser
capaços de donar un missatge clar a la societat. El Govern de
l’Estat i el Partit Popular estan sols i al davant hi som la resta
dels grups, en contra d’aquesta reforma educativa que ens estan
plantejant. Avui, en el panell de votació, seria ideal que tot fossin
llums verdes, seria ideal, de veritat. Però, lamentablement, no serà
així. Però el que sí que podem aconseguir és que les llums vermelles
siguin de la majoria dels grups parlamentaris que ens estem manifestant
en contra d’aquest projecte de llei per les raons reiterades que ja
hem anat manifestant.


Mirin, jo voldria fer un parell de comentaris addicionals
que crec que són importants i que venen al cas. Fa quinze dies, quan
estava fent la interpel.lació al ministre Wert, i ell ens deia
textualment que el diàleg és la millor forma de resoldre les
discrepàncies polítiques, deia també que ell estava disposat a un diàleg
constructiu, quan el text arribi a aquesta Cambra. Donccs mentre ens deia
això, i m’ho deia en la interpel.lació, resulta que estava pactant
amb UPyD una esmena per la qual la llengua castellana passava a ser
vehicular a totes les escoles del territori espanyol. Quina hipocresia
actuar així! Per davant ens ofereix diàleg i per la porta del darrere el
que fa és declarar la llengua castellana vehicular a totes les escoles.
Quina és la seva credibilitat després d’aquesta actuació? Després
d’aquest numeret? Que no ens expliqui més històries ni ens digui
que parla català no només en la intimitat, volent justificar
d’aquesta manera l’article 3.3 de la Constitució. Nosaltres
hem presentat esmenes al projecte de llei i les presentarem aquí i estem
disposats a dialogar i a parlar però quan no s’accepten esmenes i
no hi ha possibilitat, doncs el que és evident és que això és una
imposició, no és un diàleg senyor Peral.


I un altre comentari, que crec que val la pena també que
coneguin. Recentment, una enquesta publicada en un diari deia que el 81%
dels catalans dóna suport a la immersió lingüística davant de
l’intent de diluir-la. Un 77% dels catalans veuen molt negatiu,
molt negatiu, el pacte PP-UPyD que estableix el castellà com a llengua
vehicular a les escoles d’Espanya. I fins i tot un 28% dels
electors populars rebutgen el projecte del ministre Wert i un 41% veuen
positiu el sistema d’immersió lingüística. Resulta, per tant, molt
dolorós, per als que hem tingut i tenim com a pròpies la llengua i
cultura catalana, observar que l’Estat i les administracions que
haurien de defensar-la el que fan és intentar erosionar-la i diluir-la al
màxim possible.


Permeti’m, abans de finalitzar, el meu agraïment al
Grup Mixt, al senador Iglesias, pel seu suport, també a la senadora Ruth
Martinez, del Partit Nacionalista Basc, a Entesa, a la Maria Jesús
Sequera, també a l’Ester Capella i també a la portaveu del Partit
Socialista, Maria del Mar Moreno, pel suport que donaran a aquesta moció.
Per tant, moltíssimes gràcies i que realment siguin capaços de
reflexionar i que, en definitiva, valorin el que representa la
democràcia.


Moltes gràcies.


Muchas gracias, señor presidente, señorías.


Señor Peral, usted en su intervención ha utilizado palabras
muy graves y haría bien en retirarlas. Estaría bien que reflexionase
antes de decir y utilizar algunas expresiones. ¡Qué soberbia, qué falta
de humildad, qué falta de democracia! Sencillamente, señor Peral, una
reforma educativa de este calado, que solo tiene el apoyo de su propio
grupo, es evidente que está condenada al fracaso, al fracaso más
absoluto. Por lo tanto, yo creo que ya ha podido escuchar distintas
intervenciones y no solo ahora, sino en anteriores ocasiones. En
definitiva, creo que hoy aquí todos tenemos que ser capaces de transmitir
un mensaje claro a la sociedad: el Gobierno del Estado y el Partido
Popular están solos y enfrente estamos el resto de grupos parlamentarios
en contra de esta reforma educativa que nos están planteando. Hoy en el
panel de votación lo ideal sería que todo fueran luces verdes, sería lo
ideal, pero lamentablemente no va a ser así. Lo que sí podemos conseguir
es que las luces rojas sean de la mayoría de los grupos parlamentarios
que nos estamos manifestando en contra de este proyecto de ley, por las
razones reiteradas que ya he nombrado.









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Quisiera hacer un par de comentarios adicionales que
considero importantes. Hace dos semanas, cuando formulaba la
interpelación al ministro Wert y el nos decía textualmente que el diálogo
es la mejor forma de resolver las discrepancias políticas, decía también
que estaba dispuesto a un diálogo constructivo cuando el texto llegase a
esta Cámara. Pues mientras estaba diciendo esto en la interpelación,
estaba pactando con UPyD una enmienda por la cual la lengua castellana
pasaba a ser vehicular en todas las escuelas del territorio español. ¡Qué
hipocresía actuar así! Por un lado nos ofrece el diálogo y por la puerta
de atrás está tratando de declarar la lengua castellana vehicular en
todas las escuelas. ¿Cuál es su credibilidad después de esta actuación,
después de este número que nos hizo? Que no nos explique más historias,
que no nos diga que habla catalán y no solamente en la intimidad
queriendo justificar así el artículo 3.3 de la Constitución. Nosotros
hemos presentado enmiendas al proyecto de ley, las presentaremos aquí, y
estamos dispuestos a dialogar y a hablar, pero cuando no se aceptan
enmiendas y no hay posibilidad, lo que es evidente es que esto es una
imposición, no es un diálogo, señor Peral.


Voy a comentar otra cuestión que vale la pena que conozcan.
Recientemente, una encuesta publicada en un periódico decía que el 81% de
los catalanes apoyan la inmersión lingüística ante el intento de
diluirla; un 77% de los catalanes ven muy negativo el pacto PP-UPyD para
establecer el castellano como lengua vehicular en las escuelas de España,
e incluso un 28% de los electores populares rechazan el proyecto del
ministro Wert y un 41% ven positivo el sistema de inmersión lingüística.
Resulta, pues, muy doloroso para todos los que tenemos y hemos tenido
como propias la lengua y cultura catalanas observar que el Estado, las
administraciones, que tendrían que defenderlas, lo que hacen es intentar
erosionarlas y diluirlas al máximo posible.


Permítanme, antes de acabar, expresar mi agradecimiento al
Grupo Parlamentario Mixto, en concreto, al senador Iglesias, por su
apoyo; también a la senadora Rut Martínez, del Grupo Parlamentario Vasco;
a María Jesús Sequera, de Entesa; a Ester Capella; y por todas las
conversaciones que mantuvimos, a la portavoz del Partido Socialista,
María del Mar Moreno. A todos ellos, muchas gracias por su apoyo.


Les pido que sean capaces de reflexionar y que, en
definitiva, valoren lo que representa la democracia.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Moreno.


La señora MORENO RUIZ: Gracias, señor presidente.


Buenos días, señorías. Mi saludo cordial a todos ustedes en
esta mi primera intervención ante la Cámara, en la que los senadores
socialistas vamos a votar a favor de la moción de Convergència i Unió.
Quiero sumar, por ello, mi acento andaluz a las hermosas palabras
pronunciadas en catalán, porque los socialistas entendemos y amamos la
diversidad de España, y lamento profundamente que el Gobierno del Partido
Popular vuelva a utilizar el castellano como un látigo para azotar los
caballos del independentismo. (Aplausos.) Desde luego, los objetivos de
una legislación educativa nunca debieran mezclarse con la ideología
territorial del Gobierno ni de su partido.


Señorías, pocas políticas requieren de un consenso más
profundo que la educación, una tarea pública que requiere una mayor
estabilidad. Por eso, pedimos al Gobierno que escuche, que escuche a los
sindicatos mayoritarios de la enseñanza, que escuche a las asociaciones
de padres y madres de la escuela pública, que escuche a los
profesionales, a los profesores, a los inspectores e inspectoras,
etcétera, todos ellos le pedirán que retiren la ley. Escúchenlos de
verdad. Les puedo asegurar que todos no son marxistas, ni de Carlos ni de
Groucho. Escuchen a las comunidades autónomas de España, a Cataluña,
Asturias, Canarias, Andalucía, que, en conjunto, representan casi el 50%
de la población española y que ya les han pedido que retiren la ley.
Estamos a tiempo de evitar un esfuerzo inútil en el sistema educativo
poniendo en marcha una reforma que no va a durar ni un año si los
españoles nos acompañan en ese camino.


Señorías, sin duda, hay mucho que hacer en educación.
Tenemos que mejorar las tasas de abandono escolar, el nivel de formación
de los jóvenes y el nivel de competencias, por cierto, tal y como hemos
venido haciendo en los últimos años, con una evolución positiva que
certifican uno









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tras otro todos los informes de la OCDE. Pero, claro,
parece que esa no es la cuestión principal de esta reforma educativa.


Señorías, ¿de verdad el Partido Popular pretende combatir
el abandono escolar quitando becas y ayudas para libros de texto? ¿Se
pretende combatir el abandono escolar expulsando a miles de jóvenes del
sistema educativo por fallar un día en una reválida contra el criterio de
sus profesores? ¿Se pretende luchar contra el abandono educativo
despidiendo a miles de profesores? ¿Se pretende luchar contra el abandono
educativo eliminando la selectividad, obstaculizando el acceso a la
universidad, engordando los conciertos y adelgazando hasta la escualidez
a la escuela pública? (Aplausos.) ¿Han leído, señorías, algún informe de
la OCDE que recomiende potenciar la religión para mejorar la competencia
matemática? ¿De verdad, señorías, pretenden quitar la Constitución de la
mochila de los estudiantes y así favorecer la formación integral de los
jóvenes en una sociedad democrática?


No, señorías, se lo diré más claro. Se trata más bien de
una cuestión de geografía. Señores del Partido Popular, senadores y
senadoras, hace falta más Pisa y menos Génova. Sí, señorías. (Rumores.)
Más Pisa y menos Génova (Aplausos.) En resumen —tendremos ocasión
de debatirlo en las comisiones—, estamos volviendo a la sociedad
añorada por unos pocos, en la que el mérito se reduce a los apellidos y
la capacidad a la cuenta corriente de las familias
(Rumores.—Aplausos.) Se está construyendo una autopista de peaje
hacia los estudios universitarios para los que puedan y una carretera
secundaria para todos los demás. (Rumores.) Sí, señorías; sí, señorías.
(Rumores y protestas.) Por eso, señoras y señores, el Gobierno, que tanto
ha empeorado la vida de los padres… (Continúan los rumores)


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.


La señora MORENO RUIZ: Señorías, la sal solo escuece en las
heridas (Aplausos.)


Señorías, el Gobierno, que tanto ha empeorado la vida de
las familias españolas en estos años, con esta ley va a empeorar el
futuro de los hijos.


Y termino, creo que todos debemos hacer un esfuerzo
cediendo y concediendo. Si escuchamos de verdad lo que piensa la gente en
materia educativa nos pedirían a todos nosotros que nos encerráramos en
una habitación y tiráramos la llave hasta que fuéramos capaces de
alcanzar un gran consenso para una ley estable, que escuche a los
expertos, una ley que sirva para muchos años en una de las políticas que
requiere más estabilidad. Si ustedes no quieren escuchar la voz alta y
clara de la comunidad educativa, desde luego, el ruido será atronador en
las urnas, porque cada vez que las calles rebosan protestando contra sus
medidas ustedes se aferran a esa mayoría silenciosa. Y se equivocan de
nuevo, porque la mayoría silenciosa en este país está muy pero que muy
mosqueada.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Moreno.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Peral.


El señor PERAL GUERRA: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, yo comprendo que la senadora Mar Moreno respire
por la herida de su reciente cese como consejera de Educación de
Andalucía (Rumores.—Aplausos.), después de dejar a esta región en
unos niveles subterráneos en cuanto a los resultados educativos, en
cuanto al abandono escolar, en cuanto a los recortes. Señora Moreno,
usted no dice aquí que echó a 4500 interinos de Andalucía
(Aplausos.—Rumores.) Los arrepentimientos a toro pasado se
agradecen, pero el momento de haber rectificado era entonces, cuando
usted firmó el cese de los 4500 interinos, cuando ustedes redujeron el
gasto educativo (Aplausos.—Rumores y protestas.) Sí, señorías, sí.
Y lo que me sorprende es que siga habiendo una falta de coordinación en
el PSOE de Andalucía. O sea, justo cuando una andaluza, la nueva
presidenta, tiene el valor personal, que yo le reconozco, de decir cuánto
se equivocó José Luis Rodríguez Zapatero al decir: Pascual, aceptaré el
estatuto que me venga de Cataluña, va usted y nos riñe por eso. Vamos,
por favor, es que verdaderamente es patético (Aplausos.) Comprendo que la
hayan cesado, señoría, lo entiendo perfectamente (Rumores.)









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A continuación voy a contestar a alguno de los portavoces,
que, en general, se han manifestado de una forma bastante más correcta
que la suya, empezando por don Ramón Alturo, el defensor de la
moción.


Senador Alturo, usted sabe que tanto mi talante como el del
ministerio es propenso al diálogo (Rumores.), pero, claro, yo les tendría
que decir que si quieren diálogo, por favor, retiren el pacto antiLomce
que firmaron en un contubernio incluyendo a los representantes de Amaiur
(Rumores y protestas.) Por favor, se lo pido. (Aplausos.)


También le diría que esa enmienda que hemos pactado con
Unión Progreso y Democracia es muy parecida, senador Alturo, a lo que
existía en la Constitución de la Segunda República, donde fue aceptada
una enmienda, defendida, entre otros, por personas tan nacionalistas como
usted, como el señor Companys, por ejemplo,o el señor Esbert; bueno, tan
nacionalista como usted, pero seguro que menos respetuoso con la
Constitución, porque ese señor, en octubre de 1934, se rebeló contra el
Gobierno legítimo de la Segunda República. Pero, vamos, tan nacionalista
como usted me lo va a reconocer. Lea usted, por favor —y si no, yo
se la facilito ahora mismo—, esa enmienda que se incorporó a la
Constitución de la Segunda República, en la que se decía que lengua
castellana sería vehicular en toda España, sin perjuicio de la capacidad
de los Gobiernos de las regiones autónomas —que es como se llamaban
entonces— para establecer sus propios centros de enseñanza.


No me venga con encuestas del CIS, señor Alturo, porque
esas encuestas pueden dar lugar a todo tipo de afirmaciones. Por ejemplo,
a mí no se me olvida una encuesta del CIS en la que aproximadamente el 5%
de los catalanes —solo el 5%— consideraba que era importante
y urgente modificar el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Esa encuesta
existe y usted la conoce exactamente igual que yo. Pero lo que sí le
quiero decir —se lo ha dicho el ministro aquí, se lo vuelvo a decir
yo y se lo diremos cuando debatamos las enmiendas— es que no hay
nada en la Lomce en contra del Programa de inmersión lingüística que no
sea garantizar el derecho de aquellos padres que ha sido amparado por el
Tribunal Constitucional.


Quería contestar también a la señora Rut Martínez. Yo tenía
preparado ya el pinganillo, pero ha salido hablando en castellano y a su
velocidad habitual. Señora Martínez, la reforma responde, como usted sabe
muy bien, a las buenas prácticas de aquellos países de la OCDE que han
conseguido mejorar notablemente sus resultados educativos, con
evaluaciones, potenciando las asignaturas instrumentales, con
transparencia y con responsabilidad respecto a los resultados.


Les voy a dar un dato que a lo mejor ustedes no conocen.
Portugal estaba por detrás de España en el informe PISA del año 2003. Sin
embargo, en el último informe nos ha adelantado, porque precisamente en
esos años se han implantado en Portugal las evaluaciones y la
transparencia. No me comparen ustedes con Finlandia; vayan a Portugal,
que está aquí al lado y somos pueblos bastante parecidos.


Al señor Iglesias le quiero decir que, lógicamente,
Izquierda Unida debe asumir también su responsabilidad por los recortes
educativos en Andalucía; aunque no les hemos oído pronunciarse al
respecto hasta este momento. No se preocupe, cuando lleguen los debates
sobre la Lomce espero que usted se haga también responsable en la parte
que le toca de los recortes educativos en Andalucía.


Y a la señora Capella le quiero manifestar, en primer
lugar, mi solidaridad y la de mi grupo con el Gobierno de las Islas
Baleares frente a la ofensiva de los que, defendiendo una Gross
Katalonien, están perjudicando el futuro de los jóvenes de las islas
Baleares. (Aplausos.)


Y aunque tendremos ocasión de debatir en la Lomce ese
latiguillo permanente de la educación diferenciada, yo les quiero decir
lo que he dicho otras veces: mis hijos han ido a colegios mixtos y no me
hubiera gustado que nadie me impusiera lo contrario. Es que tienen
ustedes una especie de complejo freudiano contra el padre; solo que
algunos de los padres todavía están por aquí sentados.


En España ustedes concertaron treinta colegios de educación
diferenciada. Doce en Andalucía —sí, señora
Moreno—…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor PERAL GUERRA: …tres en Aragón, ocho en
Castilla-La Mancha, dos en Extremadura y cinco en la Comunidad de
Madrid.









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Y fíjense ustedes, señorías, en el año 2006, cuando se
debatió la Ley Orgánica de Educación, el Partido Socialista votó en
contra de una enmienda de Izquierda Unida que hubiera hecho imposible
concertar colegios de educación diferenciada.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Peral.


Llamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas.


Señorías, votamos la moción consecuencia de interpelación
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 82; en contra, 149;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


7. SUPLICATORIOS


7.1. DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE SUPLICATORIOS


7.1.1. En relación con la Excma. Sra. D.ª María Elena Diego
Castellanos.


(Núm. exp. 504/000002)


El señor presidente da lectura a los puntos 7 y 7.1. y
7.1.1


El señor PRESIDENTE: Continúa la sesión con carácter
secreto. Ruego desalojen la tribuna del público.


Comienza la sesión secreta.


Se reanuda la sesión pública.


8. MOCIONES


8.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS RELACIONADAS CON EL TABAQUISMO.


(Núm. exp. 662/000103)


AUTOR: GPP


El señor presidente da lectura a los puntos 8. y 8.1.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado una
propuesta de modificación firmada por el Grupo Popular, el Grupo
Convergència i Unió, el Grupo Parlamentario Vasco y el Grupo
Parlamentario Mixto.


Teniendo en cuenta que originariamente se habían presentado
tres enmiendas, una del Grupo Parlamentario Socialista, otra del Grupo
Parlamentario Convergència i Unió y otra del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya, se mantienen vivas las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Entesa y decae, puesto
que ha firmado la propuesta de modificación, la enmienda del Grupo
Parlamentario Convergència i Unió.


Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra la senadora Armisén.


La señora ARMISÉN PEDREJÓN: Buenos días, señorías.


Me van a disculpar la voz porque tengo un catarro
considerable y, a lo mejor, en algún momento no se me va a entender.


Me corresponde hoy poner voz en nombre del Grupo
Parlamentario Popular a una iniciativa que no es de este grupo, que no es
de esta senadora, que es de una sociedad profesional de la salud,
fundamentalmente, de la sociedad española y, en concreto, en beneficio de
la salud de todas las mujeres.









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Los antecedentes de la moción se basan en la evolución del
papel de la mujer, de su rol, de su incorporación, de sus circunstancias,
también de la evolución de la salud y seguro que esos antecedentes pueden
ser mejorados por cualquiera de mis compañeras de distintos grupos
parlamentarios, estoy segura de ello, pero los antecedentes de una moción
como esta no son cerrados, los antecedentes precisamente forman parte del
contenido de la propuesta de resolución que establece después estudiar
las causas, estudiar los motivos, estudiar las actitudes, estudiar los
datos, investigar. Por lo tanto, lo importante son los datos.


La situación de partida la voy a definir de alarmante, por
lo que este grupo ha decidido poner voz a estos profesionales.
Precisamente, los profesionales que han detectado el grave problema del
incremento del cáncer de pulmón en mujeres. Así nació Icapem,
Investigación para el cáncer de pulmón en mujeres, de la que algunos de
sus representantes científicos y profesionales, sobre todo oncólogos,
están hoy con nosotros, y les quiero agradecer su presencia y su
implicación en la salud de todos.


Además, no ha sido solo esta asociación la que ha dado la
voz de alarma sobre esta enfermedad. El 7 de octubre, hace dos días, la
Asociación Española contra el Cáncer y la Asociación Nacional de
Neumología firmaron un convenio ante estos datos para la prevención del
cáncer de pulmón. Hay tres datos importantes que han puesto de manifiesto
la importancia de que los políticos, los representantes de los
ciudadanos, nos impliquemos en esta problemática. Entre los no fumadores
—o poco fumadores— existe mayor proporción de cáncer de
pulmón en mujeres que en hombres. Las mujeres con cáncer de pulmón se
diagnostican antes que los hombres. En 2015 la principal causa de
mortalidad femenina por cáncer será el cáncer de pulmón, por encima del
cáncer de mama. Solo el 20% de los fumadores desarrolla cáncer de pulmón,
aunque el 85% de los pacientes con cáncer de pulmón tienen historial
tabáquico.


El tabaco es un factor de riesgo importantísimo en el
cáncer de pulmón, pero no es la única causa —así lo han dicho los
profesionales reiteradamente— y la incidencia, o mayor incidencia
en las mujeres es superior, incluso en las no fumadoras.


Como he dicho, estos datos nos obligan como representantes
de los ciudadanos a ocuparnos de sus problemas reales. En Estados Unidos
y en otros países, a fecha de hoy, ya es la primera causa de muerte por
cáncer en mujeres por encima del cáncer de mama. Nosotros todavía estamos
a tiempo; estamos a tiempo precisamente para tomar medidas, para
sensibilizar a la sociedad, para apoyar a los profesionales, para ser
conscientes de que nuestra sociedad todavía puede hacer algo para
intentar impedir esta epidemia tabáquica.


Algún portavoz dirá que no es el momento oportuno para esta
moción, que no es de oportunidad política pero, señorías, lo he pensado
mucho durante los últimos tiempos y ¿el cáncer es alguna vez oportuno?
Creo que no. ¿Es oportuno para los ciudadanos y para las mujeres
españolas que hablemos hoy de su salud? ¿Que hablemos hoy del cáncer de
pulmón? Creo que sí, que siempre es oportuno hablar de la salud. He
reflexionado al respecto y, como les he dicho, hoy tenemos la oportunidad
todos nosotros de demostrar que la política sirve para estar cerca de los
ciudadanos, que hay otros debates que hoy no tocan y que lo único que van
a hacer es impedir que hoy hablemos del cáncer de pulmón.


Hoy tenemos la oportunidad de apoyar el trabajo de muchos
profesionales, de muchos médicos que día a día ven a muchos pacientes y
nos atienden a muchos de nosotros en sus consultas y que después va a ser
difícil que entiendan por qué los políticos no nos ponemos todos de
acuerdo para apoyar esta serie de medidas.


Demostremos que somos capaces de dar una oportunidad a la
política y no mezclemos los debates porque desde el momento en que tuve
contacto con estos profesionales creí que merecía la pena que la Comisión
de Igualdad trajese una iniciativa por la salud de las mujeres y,
precisamente, era conveniente poner de manifiesto la incidencia mayor del
cáncer de pulmón.


Quiero agradecer a los profesionales su dedicación y el
acompañamiento a los pacientes. En este sentido, quiero que todos
nosotros pensemos que con esta moción también podemos acompañarles y,
sobre todo, como luego se verá en la enmienda transaccional que hemos
presentado, quiero agradecer a todos los grupos políticos que apoyen el
contenido de una moción que no tiene otro interés —y lo digo
sinceramente— que aprovechar una oportunidad para hablar, desde la
igualdad, de la incidencia del cáncer de pulmón en mujeres.









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Las medidas afectan al tabaco como causa de riesgo, como
elemento de riesgo. Pero no son solo esas medidas. Nuestras medidas son
en el ámbito educativo; en el ámbito transversal; incorporación de
medidas preventivas y de diagnóstico precoz de la adicción al tabaco;
sensibilización en nuestras adolescentes, que son las europeas que antes
acceden al consumo del tabaco; apoyo a los proyectos de los profesionales
que hoy están investigando las causas, la prevención y el tratamiento del
cáncer de pulmón en mujeres; y, sobre todo, creo que tenemos que cumplir
con nuestra labor hoy, que es sensibilizar a la población en el
Parlamento, la casa de todos, de que merece la pena trabajar día a día
por un problema real, por unos datos que hoy, según los profesionales,
constituyen una epidemia, e intentar evitar que en el 2015 las mujeres
españolas tengan como causa de muerte principal por cáncer el cáncer de
pulmón.


Espero que los grupos que, en su caso, no se han sumado a
la enmienda transaccional, independientemente de las enmiendas que ya
trataremos en el siguiente turno, sean capaces de tener una altura de
miras y, como he dicho, aprovechar la oportunidad que hoy la sociedad
profesional médica nos da para estar cerca de ellos y, sobre todo, de los
pacientes.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Armisén.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la senadora Chivite.


La señora CHIVITE NAVASCUÉS: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.


Apoyar a los profesionales es no recortarles ni medios
humanos ni económicos para que investiguen en temas relacionados con el
cáncer. Eso es apoyarles de verdad.


Quiero explicar el sentido de la enmienda que ha presentado
el Grupo Parlamentario Socialista. Los tres primeros puntos de la
enmienda se refieren a la normativa legal de restricción del consumo de
tabaco. Consideramos imprescindible, si es verdad que pretenden trabajar
en reducir las muertes por cáncer de pulmón u otro tipo de enfermedades
derivadas del consumo de tabaco, no modificar la actual Ley del tabaco
para permitir que se pueda fumar en los espacios en los que ahora no está
permitido. Para nosotros eso es imprescindible.


Las leyes antitabaco, tanto la del 2005 como la del 2011,
han supuesto una reducción de enfermedades cardiovasculares y casos de
asma, según un informe que el propio Ministerio de Sanidad ha dado a
conocer en las Cortes. El trabajo, como digo, que ha hecho el ministerio
pone datos encima de la mesa como los siguientes. La tasa de
hospitalización por cardiopatía isquémica en varones ha disminuido en más
de un 40%; en mujeres ha disminuido también un 40%. Las hospitalizaciones
por infarto entre hombres mayores de 24 años ha experimentado una bajada
del 13,9%; en mujeres el descenso ha sido del 22%. En cuanto al asma,
medido en menores de 65 años, la tasa ha bajado en un 19%; en mujeres, un
21,5%. Esto representa unos descensos medios del 40% en cardiopatía
isquémica, 18% en infartos y 20,22% en asma.


Desde el año 2010 ha disminuido la venta de cigarrillos en
un 25,65%. Ha habido una reducción media del 90% en la contaminación de
locales de hostelería y ocio y la estimación actual es que ha descendido
el número de fumadores en un millón de personas.


Señorías, estos son algunos de los resultados del impacto
que ha tenido la Ley antitabaco. Como digo, son datos que ha aportado el
propio Ministerio de Sanidad. Se valora que han tenido un impacto muy
positivo para la salud de las mujeres y de los hombres, y por eso
consideramos que cualquier iniciativa que vaya relacionada con el cáncer
de pulmón derivado del consumo de tabaco tiene que incluir la
ratificación de la actual normativa en vigor —además, el barómetro
sanitario le da una aceptación de un 7,6— y reconocer los
beneficios que ha aportado.


Los siguientes puntos de la enmienda se centran en el tema
de género dentro del consumo de tabaco y enfermedades relacionadas con el
consumo de tabaco que afectan a las mujeres. Entendemos que es necesario
introducir la perspectiva de género de manera transversal porque las
mujeres no enfermamos igual que los hombres ni morimos de las mismas
cosas que los hombres. Por eso los estudios de morbimortalidad deben ser
diferenciados, porque las causas que llevan a la mujer a fumar son
diferentes a las de los hombres; porque los motivos que llevan a una
mujer a no abandonar el hábito tabáquico son distintos, y por lo tanto la
manera de ayudar a combatir este hábito también tiene que ser diferente.
Aunque resulte obvio, también hay que incorporar el lenguaje de género en
todos los argumentos.









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Ni las causas ni las consecuencias de fumar son las mismas
para los hombres que para las mujeres. Por lo tanto, si queremos hacer
una buena política de prevención o deshabituación, debemos tener en
cuenta todo esto. Así lo refleja el Libro blanco sobre mujeres y tabaco,
realizado por el Ministerio de Sanidad y Consumo junto con el Comité
Nacional para la Prevención del Tabaquismo, que tiene en cuenta todas
estas cosas. Por cierto, todos los puntos que yo he incluido en mi
enmienda y que usted no ha tenido a bien incorporar a la suya, están
recogidos de este documento, del Libro blanco sobre mujer y tabaco; pero
usted no ha tenido a bien incorporarlo en su enmienda transaccional.


No estoy para nada de acuerdo con la primera parte de la
exposición de motivos, donde usted relaciona las diferencias en salud
entre hombres y mujeres con la incorporación de la mujer al mercado de
trabajo. Eso nada tiene que ver, la salud de los hombres y la de las
mujeres han sido diferentes siempre; no comparto la relación directa que
se establece entre la incorporación al mundo laboral, el empeoramiento de
la salud y el fumar. Los planteamientos que ha presentado mi grupo en su
enmienda son lógicos y fundamentales: continuar con las restricciones del
consumo del tabaco, como dice la ley, porque están produciendo
consecuencias muy positivas que dentro de diez años se traducirán en un
menor porcentaje de mujeres que enfermen por cáncer. Si se quiere abordar
de manera eficaz el problema del cáncer de pulmón en mujeres, hay que
tener en cuenta esta enmienda.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Chivite.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora
Almiñana.


La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidente.


Señorías, las enmiendas que ha presentado Entesa han sido
solamente dos. Una de ellas especifica lo mismo que ahora comentaba la
senadora socialista: no cambiar, no modificar la Ley 42/2010, para
garantizar que no se produzca ningún efecto negativo en la protección de
la salud. Esta ley está vigente desde 2010, como vemos, y ustedes también
celebran, al parecer, los buenos resultados que está proporcionando en
cuanto a la salud, aunque la actitud de algunas comunidades gobernadas
por el Partido Popular, como la Comunidad de Madrid, fuera muy
beligerante al aplicarla.


La segunda enmienda, que tampoco han incorporado ustedes a
su transaccional, pretendía simplemente avanzar en la lucha contra el
tabaquismo entre adolescentes y jóvenes. ¿Por qué? Porque la adicción al
tabaco empieza a edades muy tempranas, especialmente entre las mujeres.
Esto tiene muchísimo que ver con la publicidad; la industria tabaquera
tiene muy claro a quién tiene que dirigir sus programas de publicidad.
Cada vez hay más pruebas, lo dice la OMS, de que las chicas adolescentes
son el target, el nuevo objetivo, para la industria tabaquera.


Ninguna de estas dos enmiendas ha sido incluida en el texto
final. Por nuestra parte, no hemos firmado la transaccional por un motivo
muy simple que ya comentamos ayer: no es que la moción no sea oportuna:
lo es, solo faltaría; lo que no es oportuno son las declaraciones de la
ministra anunciando que hay muchas posibilidades de que en Eurovegas se
pueda fumar en algunos espacios.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.


Tiene la palabra la senadora Armisén, para indicar si
acepta o no las enmiendas.


La señora ARMISÉN PEDREJÓN: Muchas gracias, señor
presidente.


Señora Chivite, ayer no quiso usted leer mi enmienda, y veo
que hoy no ha leído la enmienda transaccional; la señora Almiñana sí que
vino a hablar conmigo. Una apreciación: en el texto final, en el que
hemos registrado y que han firmado los demás grupos parlamentarios, está
incorporado lo de las jóvenes y las adolescentes. Hoy esperaba su
contestación, pero se lo adelanto.










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La señora Chivite dice que no hemos incorporado su
enmienda. Les voy a mostrar cómo se perjudica a veces, cuando no se
trabaja, a los ciudadanos; en este caso, con la falta de apoyo a una
iniciativa que va en favor de la salud de las mujeres. Así empieza la
enmienda transaccional que ha propuesto este grupo: «Valorar
positivamente los beneficios en salud logrados con la aprobación de la
Ley 42/2010, de medidas sanitarias frente al tabaquismo, subrayando
expresamente su amplio cumplimiento y el elevado apoyo ciudadano a dicha
norma». Espero que le suene, porque es casi idéntico a lo que dice su
enmienda. Hemos incorporado el punto 1; hemos incorporado la
especificidad de los grupos de mujeres más jóvenes; hemos incorporado la
promoción de conductas saludables a partir del análisis de diferencias de
género; hemos incorporado —como lo han pedido otros grupos
parlamentarios— el respeto a las competencias de las comunidades
autónomas, no podría ser de otra manera; hemos incorporado casi toda la
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, menos dos puntos; pero no lo
puede firmar el Grupo Parlamentario Socialista.


He hablado ya de la oportunidad que hoy tenemos aquí, pero
otros prefieren el oportunismo. Hay que diferenciar entre la oportunidad
y el oportunismo. No hay ningún proyecto de ley encima de la mesa de
modificación de la ley del tabaco: no lo hay. El día que toque
mantendremos ese debate. Desde el punto de vista técnico, están ustedes
utilizando y edulcorando lo que decimos. Ya se lo dije ayer —yo sí
que tengo formación jurídica—: somos legisladores, ¿nos vamos a
autolimitar en la modificación de las leyes? ¡Si es nuestro trabajo!
Precisamente es nuestro trabajo adaptar la legislación a los hechos
nuevos de la sociedad, mejorar nuestra sociedad con nuestras normas.
Debatamos lo que haya que debatir, señora Chivite, señora Armiñana. Sin
embargo, señora Chivite, usted propone en su enmienda impedir cualquier
tentativa —dice; las leyes y el proceso legislativo no tienen
tentativas, las tiene el derecho penal—, y que no hagamos
excepciones a lo que está prohibido; si está prohibido, señora Chivite,
no tiene excepciones.


Vuelvo a lo que me ocupa, no quiero entrar en un debate que
no toca hoy, señorías. Hoy toca apoyar a los profesionales, decirle a la
sociedad que el cáncer de pulmón, y más en mujeres, es un problema social
y real, y, desde luego, apartarnos del oportunismo político de algunos y
apoyar una enmienda transaccional que incorpora —ya se lo digo
desde aquí— el 90% de todas las propuestas de todos los grupos. En
ningún caso ha sido voluntad de esta portavoz utilizar esta enmienda para
otros fines que no sean la salud de las mujeres y la mejora, ¡cómo no!,
de las medidas que debemos adoptar, así como sensibilizar a todos aún más
sobre este tema, una cosa que nosotros y también los medios de
comunicación hacemos habitualmente. Ya en enero del 2012 El Mundo, ABC,
Comercio y los digitales publicaron los datos alarmantes sobre el cáncer
de pulmón en mujeres.


Vuelvo a lo mismo: centrémonos en la oportunidad que
tenemos todos hoy, y no en el oportunismo que parece que a algunos les
interesa más que la salud. Espero que, a la hora de votar, sepan ustedes
retratarse con la incorporación de esta enmienda. Y no hablo de
modificaciones de ley, señora Chivite, que no tocan en este punto del
orden del día; eso es lo único suyo que no he incluido, ni tampoco el
lenguaje de género, porque está incluido por ley. Yo no vengo aquí a
rectificar la legalidad vigente. ¡Solo faltaba, siendo legislador; solo
faltaba! He incorporado muchísimos aspectos de su enmienda, porque mi
voluntad es el consenso y el diálogo, y usted hoy no ha dado muestras de
ello.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Armisén.


Turno en contra. (Denegaciones.)


Turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra el senador Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, mahaiburu jauna. Egun
on, senatari jaun-andreok.


Bueno, gaur hemen aurrean daukagun mozioari buruz nik gauza
batzuk esan nahi nituzke. Lehenengo, erreflexio bat nahi dut egin. Ez
dakit zergatik —izango da nire lanagatik—, berdintasun
ikuspuntua medikuntza munduan nik neuk ez dut ikusten, ez dut ikusten
batere beharrik, ze berdintasun ikuspuntua, nire ustez, diskriminazio
baikorra egiteko da. Eta medikuntza munduan arrisku handiko populazioari
buruz hitz egin ahal dugu, edo intzidentzia handiko taldeei buruz ere









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bai, baina diskriminazio baikorra emakumea edo gizonezkoa
izatearren, egia esan, nik ez dut ikusten. Arazo handi bat da, arazo
handi bat daukagu, eta arazo horri aurre egin behar diogu. Kasu honetan,
adenokartzinoma dela-eta, emakumeetan intzidentzia gehiago dauka, baina
medikuntza ikuspuntu batetik. Hori erreflexio legez.


Bueno, egia da minbizia sortu orduko sortzen diren gauzetan
igual izan ahal dela beste berdintasun ikuspuntu bat, baina medikuntza
munduan niri oso gaitza egiten zait hau sartzea. Bueno, Euskadin arlo
honetan lan handia eginda dago, eta egiten gaude. Minbizia goiz
detektatzeko programa, berez, oso garrantzitsua da. Familia medikuak
dauka tresna hori albait arinen, albait azkarren minbizia detektatzeko
eta minbiziari, soluzioa emateko ez bada, behintzat aurre egiteko. Bai
bertan, Osakidetza barruan, bai herri arloan, eskualde arloan eta
abarretan eta abarretan, egin dira hainbat eta hainbat programa tabakoa
uzteko ahaleginean. Eta horretan daramagu urte pila bat. Horregatik,
lehenengo aurkeztu zen mozioan faltan botatzen genuen beste instituzioek
eta batez ere konpetentzia daukaten administrazioek zer egin duten eta
zer ez. Transakzional honetan hori konpondu da, gutxi gorabehera, eta
alde horretatik pentsatzen dut pozik egon ahal garela.


Baina zuk, Armisén andrea, esan duzun modura, sekula ez
dugu topatzen minbiziari buruz hitz egiteko momentua. Minbiziari buruz
hitz egiteko momentuak denak dira, hau ere bai, eta profesionala babestu
eta bultzatzeko momentua hau ere bada, hau ere bai; beste asko ere bai,
baina hau ere bai. Hortik, mozio hau ez onartzeak esan nahi izatea ez
diogula profesionalari babesa ematen… Bada, hor ez nago ados. Egon
ahal gara ezadostasun batean, baina lanean, eta horretan segitzen
dugu.


Nik, Armisén andrea, mozio hau gaurko egoeran sartuko nuke.
Eta hori da guri kezkarik gehien sortzen digun asuntoa. Zuk esaten duzuna
eta Talde Popularrak eta Gobernuak egiten dutena ez datoz erabat bat.
Atzo bertan Europako Legebiltzarrean eztabaidatu zen tabako eritasunaren
zuzentarau bati buruz, arau hori gogortzeko, eta, Europar Legebiltzarreko
Talde Popularraren presioagatik, planteatzen ziren neurriak ez kendu
baina lasaitu egin dira, eta Espainiako Talde Popularrak hor zeresan asko
eduki du. Ikusiko dugu gero zer egiten duen Gobernuak direktiba hori
irten orduko, zein izango den Espainiako Gobernuaren postura, baina, zure
mozioa kontuan hartzen badugu, atzo Europako Legebiltzarrean Espainiako
Talde Popularrak, Europako Talde Popularrak onartu egin behar zuen
tabakoari buruzko lege hori gogortzea. Eta ez zen hala izan.


Eta zer esanik ez Eurovegas asuntoa mahai gainean ipintzen
badugu. Zure mozioa ez dator bat ministroak esandakoarekin. Ministroak
esan zuen: «Sería insensato e irresponsable rechazar Eurovegas». Baina
Eurovegasen erre ahal izateko legea aldatu egin behar da. Eta lege hau,
egia esan, ez da izan erraza, oso gaitza izan da jende askorentzako. Eta
lege honetan momentu honetan salbuespenak egiten hasteak dauzka arazo bi,
nire ustez. Lehenengo eta behin, salbuespena bera: Espainiako leku
batzuetan erre ahal izango da, eta beste batzuetan, berriz, ez. Baina,
gainera, egiten duena da salbuespenei atea zabaldu. Eta hori oraindik
txarragoa da.


Armisén andrea, mozioaren mamiarekin gu ados gaude, eta,
ados gaudelako, lanean egon gara eta lanean jarraitzen dugu Euskadin.
Momentu honetan mozio hau aurkeztearekin ez dakit hain ados gauden.
Horregatik, guk ezezkoa ez dugu esango, baina baiezkoa ere ez. Guk
abstentziora joko dugu. Espero dugu ez horregatik inork pentsatzerik ez
dugula minbiziaren aurkako lana bultzatzen eta babesten. Momentu honetan
ez dugu ikusten mozio honen egokitasuna.


Eskerrik asko, mahaiburu jauna.


Buenos días, señor presidente; buenos días, señoras y
señores senadores.


Una reflexión, en primer lugar: será por mi oficio, pero no
acabo de ver la perspectiva de la igualdad en el mundo de la medicina.
Creo que la perspectiva de igualdad es, al final, una discriminación
positiva, y en el mundo de la medicina se puede hablar de grupos
vulnerables, de grupos de riesgo o de incidencia, pero no de una
discriminación positiva respecto al sexo; no lo acabo de ver, ya digo.
Este es un gran problema y debemos hacerle frente: se trata del
adenocarcinoma, que tiene mayor incidencia entre las mujeres; pero hay
que hacerlo desde un punto de vista médico, esta es mi reflexión.


También es verdad que las cuestiones que afloran una vez
que aparece el cáncer se podrían tratar desde otro punto de vista. En
Euskadi se ha hecho una gran labor en este sentido, y se sigue haciendo.
El programa de detección precoz del cáncer es muy relevante, y los
médicos de familia









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o de cabecera disponen de este instrumento para detectar el
cáncer lo más precozmente posible; si no para curarlo, para hacerle
frente lo antes posible. Tanto en Osakidetza como en el ámbito municipal
o regional, se han llevado a cabo numerosos programas para estimular el
abandono del tabaco; llevamos muchos años en ello. Por eso echábamos de
menos en el texto inicial la referencia a otras administraciones y a la
labor que habían realizado. Esta enmienda transaccional ha solucionado
este problema, o al menos eso es lo que creemos.


Tal como decía la senadora, nunca encontramos el momento
apropiado para hablar del cáncer. Sin embargo, los momentos apropiados
son todos; también este, y muchos otros. Eso sí, tanto si se aprueba esta
moción como si no, no estoy de acuerdo en que eso quiera decir que
apoyemos o no a los profesionales. Podemos estar en desacuerdo, pero
seguimos trabajando. Yo situaría la moción en el contexto actual, señora
senadora: lo que usted, lo que el Partido Popular afirma y lo que el
Gobierno hace son cosas que no coinciden totalmente. Ayer mismo, en el
Parlamento Europeo se debatía una directiva sobre el tabaco, para
endurecer las normas; y, por la presión del Grupo Popular, las medidas se
suavizaron. Veremos qué hace el Gobierno español; veremos cuál es su
actitud cuando se promulgue la directiva. Pero ayer, en el Parlamento
Europeo, el Grupo Popular no aprobó un endurecimiento de la ley.


¡Y qué decir del asunto de Eurovegas! Su moción no
concuerda con lo que ha afirmado la señora ministra. La ministra
afirmaba: «sería insensato e irresponsable rechazar Eurovegas». Pero,
para que se permita fumar en Eurovegas, la ley debe ser modificada. Hay
que reconocer que la aprobación de esta ley fue muy difícil en muchos
frentes, y comenzar a hacer excepciones en este momento plantearía, en mi
opinión, dos problemas: en primer lugar, la propia excepción, puesto que
en algunos lugares de España se podría fumar y en otros no; y en segundo
lugar, abriría la puerta a las excepciones, y eso sería muy malo.


Señora Armisén, nosotros estamos de acuerdo con el núcleo
de la moción, ese es de hecho el sentido en que trabajamos en Euskadi;
pero no sé si estoy tan de acuerdo con la presentación de la moción. Por
eso no vamos a votarla en contra, pero tampoco a favor. Nos vamos a
abstener, y esperamos que nadie piense por ello que no fomentamos y
apoyamos el trabajo en contra del cáncer; lo que ocurre es que creemos
que no es apropiado presentar esta moción en este momento.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Cazalis.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra la senadora Almiñana.


La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gràcies, president.


Señorías, nosotros, por supuesto, defenderemos siempre
cualquier política en materia de salud pública que vaya dirigida contra
del hábito de fumar. Compartimos, por lo tanto, la preocupación que ha
expresado por lo que significaría continuar con muchas de las políticas
que se han venido implementando.


Al poco tiempo de ponerse en marcha la Ley 42/2010 ya
empezamos a ver algunos resultados importantes por su aplicación. Yo le
voy a hablar de mi comunidad, donde, solo por el hecho de aplicar la ley,
en dos años empezó a bajar el número de infartos. Es verdad que cada vez
que sube el precio del tabaco y, gracias a esta ley, muchísima más gente
deja de fumar. Eso implica que las medidas importantes sobre cuestiones
de salud pública que adoptan los legisladores tienen resultados directos
en la población. En el caso del tabaco, implica sobre todo el resultado
de que la mortalidad cardiovascular está empezando a disminuir.


Me alegro, pues, de que el Grupo Parlamentario Popular
traiga a esta Cámara una moción que habla de tabaco; y me alegro de que
la moción hable de tabaco y mujeres, de políticas de género. Yo sí
comparto la idea —en esto no estoy de acuerdo con el doctor
Cazalis— de que con el tiempo iremos viendo que la política de
género en salud tiene mucha importancia. Es verdad que ya hay
profesionales cuya línea de actuación es esta y creo que tenemos que
agradecerles que trabajen en esa dirección.


Sabemos que el tabaco es importante entre las mujeres,
porque, tal como dice la OMS, de los 1000 millones de fumadores que hay
en el mundo, un 20% son mujeres. También sabemos que las mujeres son un
objetivo para la industria tabaquera, principalmente en su etapa









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adolescente, ya lo dije. Y también sabemos que hay muchas
cosas que mejorar en el cine y en la publicidad, que ofrecen estereotipos
para que las niñas adolescentes lo encuentren muy glamuroso y sexy, y
hasta lleguen a creer que fumar adelgaza. Cualquier política que hagamos
para mejorar todo esto está bien hecha.


Pero hay algo con lo que no estamos de acuerdo; me sabe mal
decirlo, pero es así: la historia se repite en esta Cámara todas las
semanas; todas las semanas nos traen ustedes mociones con muy buenas
intenciones, pero que nada tienen que ver con lo está haciendo su
Gobierno. Resulta muy complicado aceptar todas las semanas mociones que
podríamos compartir pero que solo son buenas intenciones, porque no las
ponen en práctica. Y es verdad que los recortes están afectando a las
investigaciones, de tabaco y de todo; es verdad que los recortes están
afectando a la calidad de la asistencia sanitaria en nuestro país, que es
peor, tuvimos oportunidad de discutirlo ayer con la ministra. Además han
escogido un día malísimo —eso sí que ha sido el azar—: hoy,
que estamos hablando de salud pública y de cáncer, hemos leído o
escuchado la noticia de que en la Comunidad de Madrid se han dejado de
realizar —de momento, pero se han dejado de realizar— más de
30 000 mamografías por la renegociando de un contrato; seguramente,
porque está externalizado o privatizado el servicio, no lo sé. Así que
volvemos a lo mismo: usted me propone una moción para la prevención, para
el estudio del tabaco en la mujer y el del adenocarcinoma de pulmón, pero
las noticias nos dan cada día más señales de que lo que ustedes proponen
en la Cámara no es lo que realizan ni su Gobierno ni los gobiernos de las
comunidades autónomas. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
Presidencia.)


Me ha hecho gracia que haya dicho usted que no tocaba
hablar de Eurovegas; no tocaba hablar de cambiar las legislaciones; o no
era el día oportuno para hablar de Eurovegas. Pero no es que toque o no
toque, es que la política tiene que ver con todo; la política sanitaria,
que tiene que ver con el cáncer, que tiene que ver con las mujeres, y que
tiene que ver con el tabaco, tiene que ver con Eurovegas. No ha ocurrido
todavía, pero estamos todos convencidos de ello, sabemos que la ministra
de Sanidad recibe muchísimas presiones para cambiar esa ley; una ley que
ha demostrado por activa y por pasiva que favorece la salud pública, la
salud de todos los ciudadanos. ¿Ahora qué va a pasar, que los ciudadanos
que vayan a jugar tienen menos derecho a la salud que los otros? A mí me
parece que no. De modo que no podemos votar a favor de esta moción
porque, con todo respeto, senadora, con todo respeto, nos parece un
ejercicio de cinismo.


No voy a alargarme más. Ya le he dicho que aplaudo el
esfuerzo que están haciendo estos profesionales, que estoy de acuerdo en
que se puede trabajar; y perdóneme por no haberlo leído bien, es verdad
que está en la transaccional el esfuerzo de dedicarse a las mujeres
jóvenes, tiene usted razón. Pero en estos momentos no podemos aceptar
otro brindis al sol, otro compromiso global de un Gobierno que ayer nos
demostró que su máxima adicción no era el tabaco, eran los recortes.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Por el Grupo CiU, tiene la palabra la senadora Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.


Senyories, en primer lloc vull agrair als membres
d’Icapem que siguin en aquesta sala i fer extensiu aquest agraïment
a ells i a tants professionals que treballen arreu dels territoris de
forma transversal per donar solució al problema que es tracta.


Els he de dir que aquesta moció m’ha posat en una
contraposició de sentiments. En primer lloc, perquè la moció, en el seu
enunciat, parla de mesures per al tabaquisme i després se centra
únicament en el càncer de pulmó. Efectivament, tenen una relació molt
estreta. Després, tal com ha dit la senadora Armisén, jo vaig ser aquesta
persona que li va parlar d’oportunitat. Quan jo vaig dir que no
veia oportunitat en el moment de presentar aquesta moció, no parlava pas
de l’oportunitat de posar sobre la taula un problema que no és el
menor, com el càncer de pulmó, com qualsevol altre problema que pugui
afectar els ciutadans. Jo parlava de la falta d’oportunitat
justament perquè no és un tema menor, tenint en compte que les mesures
d’ambient polític que tenim al costat d’aquesta moció que ara
discutim ens donen una certa incongruència a tots plegats i ens posen en
una situació complicada.









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No li he de dir que jo vaig ser molt insistent que hi
hagués un esment a la feina que fan les comunitats autònomes perquè és
obvi que tenim competències exclusives tant en sanitat, igualtat, en
serveis socials, per tant, hi ha molta feina feta amb anterioritat sobre
aquest tema. Concretament, a Catalunya s’ha fet molta feina, molt
bona feina. Som conscients que aquest problema s’havia de tractar
des del principi. Hi ha estudis que es remunten al 2001 respecte de dona
i tabaquisme, estudis curosos, amb les seves campanyes de conscienciació
i de prevenció. No es fa mai prou, encara estem treballant en aquest
sentit. Li deia això: primer, no recollia aquesta feina ingent que
s’ha fet des de les comunitats autònomes, especialment en aquest
marc de retallada pressupostària.


Aquí parlo d’oportunitat també. El Grup Popular ens
posa aquest tema que és tan sensible sobre la taula, però venim
d’aprovar uns pressupostos que, novament, des de 2008, deixen sense
partida pressupostària justament la prevenció i l’estudi del
tabaquisme. Per tant, jo crec que de vegades aquestes coses costen
d’explicar. Hi ha una posada en qüestió contínua de la feina que
fem les comunitats autònomes. Ens podríem remetre una altra vegada al
dèficit i a aquest debat que hem tingut aquí fins a la sacietat. De
vegades costa moltíssim i jo sé que vostè ho ha presentat amb molt bona
intenció. Per això ens obliguem, diguem-ne, a practicar aquesta mena de
bonisme parlamentari, perquè no voldríem semblar insensibles, però pensem
que, més enllà de la posada en escena, no hem de participar en aquest
degoteig constant que el Grup Popular ens porta a aquesta cambra per
passar la mà, deixar-ho per demà, un brindis al sol que, per a la premsa
i els titular pot quedar molt bé, però a l’hora de la veritat, quan
gratem, no aporta solucions reals als problemes que es plantegen.


Vostè m’ha parlat d’oportunitat i m’ha
dit també que no cal autolimitar-se en la modificació de les lleis perquè
és jurista i pensa que això no cal fer-ho. Jo no sóc jurista, però estic
absolutament d’acord. I m’agradaria que el seu grup
parlamentari practiqués això de no autolimitar la modificació de les
lleis, perquè podríem parlar aleshores de la modificació de la
Constitució i donar solucions a temes que estan encallats justament per
aquest immobilisme quant a modificar lleis, que sembla que no podem
abordar des de la tasca que tenim, que és posar-les al servei de les
realitats, de les necessitats de la gent. Això, transversalment, afecta
al càncer de pulmó i a qualsevol cosa que preocupa als ciutadans de cada
territori.


En aquest sentit, jo vull dir-li que m’he sumat a la
transaccional perquè ha recollit vostè l’esment a l’àmbit
competencial de les comunitats autònomes, que són qui dia a dia fan
aquesta feina. Però li he de dir que, justament perquè penso que és una
cosa posada amb calçador, que no aportarà les solucions que tots voldríem
que aportessin, perquè no és un tema menor, des del meu grup
parlamentari, i em sap greu, perquè li ho dic des de l’afecte, dóna
gust treballar amb vostè, és una persona dialogant, des de la meva
perspectiva sé que ha portat aquesta iniciativa convençuda i amb molt
bona intenció per aportar solucions, però jo li dic que no les entenc
així. El nostre grup s’abstindrà en la votació.


Moltíssimes gràcies.


Gracias, presidente.


Señorías, en primer lugar, les agradezco a los miembros de
Icapem que estén aquí hoy y hago extensivo mi agradecimiento a los
profesionales que trabajan en todos los territorios de forma transversal
para solucionar este problema.


Esta moción ha suscitado en mí sentimientos encontrados. En
su enunciado habla de medidas contra el tabaquismo, pero luego se centra
solo en el cáncer de pulmón, aunque, efectivamente, existe una relación
muy estrecha. Yo fui la persona que le habló de oportunidad a la senadora
Armisén, tal como ha dicho ella; pero, cuando dije que no me parecía
oportuna la presentación de esta moción, no me refería al hecho de poner
sobre el tapete un problema como el cáncer de pulmón, que no es menor,
como cualquier otro problema que pueda afectar a los ciudadanos, por otra
parte; me refería, precisamente porque no se trata de un tema menor, a la
falta de oportunidad porque el ambiente político que vemos alrededor de
esta moción es incongruente, nos lo parece a todos, y nos colocan en una
situación difícil.


Por supuesto, insistí mucho en que se mencionara la labor
realizada por las comunidades autónomas, porque tienen competencias
exclusivas en sanidad, en igualdad y en servicios sociales; hay una gran
labor previa en esta línea. En concreto en Cataluña, se ha trabajado
muchísimo, se ha trabajado muy bien. Fuimos conscientes de que este
problema había que tratarlo









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desde el principio. Tenemos estudios sobre mujer y
tabaquismo que se remontan al 2001; estudios precisos, con sus
correspondientes campañas de concienciación y de prevención. Pero nunca
se trabaja lo suficiente y seguimos trabajando, eso era lo que quería
decirle: no recoge toda esta labor ingente realizada en las comunidades
autónomas, en especial en este marco de recortes presupuestarios.


Ha hablado también de oportunidad. El Grupo Popular nos
presenta este tema, que es tan sensible, nos lo deja sobre el tapete,
pero acabamos de aprobar unos presupuestos que de nuevo, desde el 2008,
dejan sin partida presupuestaria precisamente a todo lo que respecta a la
prevención y el estudio del tabaquismo, y son cosas que cuesta explicar.
Ya digo que se pone en duda continuamente la labor realizada por las
comunidades autónomas. Podríamos remitirnos una vez más al déficit, un
debate que hemos mantenido aquí hasta la saciedad. Yo sé, por otra parte,
que usted ha presentado la iniciativa con muy buena intención, y eso nos
obliga, en cierto modo, a practicar el buenismo parlamentario, por
decirlo así, porque tampoco quisiéramos parecer insensibles. Pero, más
allá de la puesta en escena, no debemos participar en este goteo
constante que trae el Partido Popular a esta Cámara mientras deja las
cosas para mañana; en este brindis al sol continuo que luego a lo mejor
queda muy bien en los titulares de prensa, pero, a la hora de la verdad,
cuando uno rasca la superficie, no aporta soluciones reales a los
problemas.


Ha dicho también que no debemos autolimitarnos en la
modificación de las leyes, porque es jurista y cree que no debemos
hacerlo. Yo no soy jurista, pero estoy absolutamente de acuerdo con
usted, y me gustaría que su grupo parlamentario practicara también esto
de no limitar la modificación de las leyes. Entonces podríamos hablar
tranquilamente de la Constitución y dar soluciones a cuestiones que están
envaradas precisamente por ese inmovilismo a la hora de modificar leyes;
parece que no se puede abordar esa tarea que es nuestro cometido
precisamente: hacer que las leyes estén al servicio de la realidad y de
las necesidades de la gente. Esto transversalmente afecta al cáncer de
pulmón y a cualquier preocupación de los ciudadanos de cada uno de
nuestros territorios.


Me he sumado a la transaccional, porque usted ha recogido
este aspecto, ha mencionado el ámbito competencial de las comunidades
autónomas, que son las que realizan esta labor a diario. Pero, justamente
porque opino que está metido con calzador y que no va a aportar todas las
soluciones que nosotros desearíamos, porque no se trata de un tema menor,
mi grupo parlamentario se abstendrá en la votación. Lo lamento, y se lo
digo con el cariño que le profeso, porque da gusto trabajar con usted; es
una persona dialogante y sé que usted ha llevado esta iniciativa
convencida y con la mejor intención de aportar soluciones.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Rivero.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la senadora
Chivite.


La señora CHIVITE NAVASCUÉS: Gracias, señor presidente.


Señora Armisén, desde ayer por la tarde le he enviado tres
correos pidiéndole volver a hablar del asunto, y usted no me ha
contestado a ninguno de los tres. Por lo tanto, no me pude decir que no
estaba abierta a la negociación. De hecho, hoy a las 9 de la mañana le he
vuelto a remitir un correo con una nueva redacción que podríamos acordar,
y usted ni siquiera ha contestado.


Dice que ha incluido parte de la enmienda. De los diez
puntos de la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista, usted ha
incluido uno; uno de los puntos. No ha incluido nada sobre investigación
sobre las particularidades biológicas y de género en la morbimortalidad;
no ha incluido nada sobre conductas saludables partiendo del análisis
diferencial de género; no ha incluido nada sobre las diferentes
necesidades de género para cesar en el hábito tabáquico. No ha incluido
más que un punto.


Voy a citar datos en mi intervención que he extraído de la
página de la Asociación Española contra el Cáncer: el tabaco es la
primera causa de muerte evitable en España. Cada año mueren en nuestro
país a causa del tabaco 60 000 personas y 1500 de ellas son fumadoras
pasivas. El tabaco es responsable aproximadamente del 30% de las muertes
por cáncer, del 20% de las producidas por enfermedades cardiovasculares y
del 80% de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. El 50% de
las personas que fuman regularmente morirán a causa del tabaco. La
exposición al humo ambiental del tabaco aumenta el riesgo de padecer
cáncer de









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pulmón, enfermedades coronarias y respiratorias, y en la
edad infantil el síndrome de muerte súbita del lactante. En España el
24,3% de la población femenina es fumadora. De hecho, en el grupo de edad
entre 14 y 18 años hay más mujeres que fuman que hombres. La adquisición
del hábito de fumar por parte de la mujer supone no solo que sea
susceptible a las mismas enfermedades que los hombres sino que, además,
se ve afectada por patologías específicas de su género como el cáncer de
cuello de útero y en la función reproductora con alteraciones en la
gestación y en el futuro del bebé.


Eurostat calcula que el gasto sanitario y social del tabaco
supone el 1,7% del PIB. Según ha informado el Comité Nacional para la
Prevención del Tabaquismo, de los casi 100 000 millones de euros del
presupuesto sanitario anual, sumando el público y el privado, en torno al
15% está relacionado con el diagnóstico y el tratamiento de las
enfermedades asociadas al consumo del tabaco. Con estos datos lo que
quiero poner encima de la mesa es la importancia del tema que estamos
debatiendo: el consumo del tabaco y las enfermedades derivadas de dicho
consumo. Creo que con estos datos coincidirán en que tenemos que
esforzarnos en evitarlo; yo creo que en eso todos estamos de acuerdo.


Para que sean efectivas las políticas de prevención del
tabaco han de basarse en un marco global del control del tabaco que,
junto con medidas de prevención y ayuda, se dirijan principalmente a
cubrir tres objetivos: prevención en el inicio del consumo, asistencia
para aquellas personas que quieren dejar de fumar y la protección de toda
la población frente al humo ambiental del tabaco. Yo no sé hasta qué
punto es coherente —ya lo han señalado el resto de portavoces en
esta tribuna— decir que se quiere luchar contra el tabaco, que se
quiere luchar contra el cáncer de pulmón de las mujeres, derivado del
consumo del tabaco, con las afirmaciones que está haciendo el Partido
Popular: Mato admite en el Congreso de los Diputados que busca relajar la
ley antitabaco; Ana Mato abre las puertas a la modificación de la ley
antitabaco; El consejero de Sanidad de Madrid ve necesario fumar en
Eurovegas; El consejero de Sanidad de Madrid defiende que se modifique la
ley antitabaco. Y usted dice que no está en el debate, pero está en el
debate. La propia ministra ha admitido que está en el debate. No es
coherente salir aquí y debatir una problemática —que es cierto que
es muy grave— como el cáncer del pulmón en las mujeres, con unos
datos que nos preocupan, consecuencia del tabaco, y no querer
comprometerse con una ley antitabaco que está teniendo unos resultados
muy positivos para la salud de las personas, con unos descensos medios
del 40% en cardiopatía isquémica, 18% en infartos y 20% en asma.


Usted dice que este Senado no se puede cerrar a modificar
leyes. Estoy de acuerdo con usted. Por eso le he pasado hoy a las 9 de la
mañana un texto alternativo que señala lo siguiente: no modificaremos las
leyes en el sentido de permitir fumar donde ahora está prohibido, porque
sería un paso atrás. Sería un paso atrás y, además, iría en el sentido
contrario al que usted ha presentado esta moción aquí. Es necesario hacer
una revisión continua de las políticas de control del tabaco en España y,
por supuesto, es necesario también que esta continua revisión la hagamos
desde un punto de vista sensible a las desigualdades de género y a las
diferencias de sexo.


En España la incorporación de la mujer al hábito tabáquico
ha tenido dos momentos fundamentales: por una parte, durante los años
treinta, coincidiendo con la Tercera República y los avances sociales y
políticos que supuso, y a finales de los años sesenta y durante los
ochenta, cuando se produce una apertura a la modernidad en los últimos
años del franquismo y en el período de la Transición democrática. El
cigarrillo en estos últimos años ha adquirido un significado de
resistencia y de ruptura frente a la tradición y a la dominación
masculina, y se entendió —equivocadamente— como un nuevo
símbolo a una señal de estilo de feminidad y un nuevo estilo de mujer.
Esta expansión del consumo del tabaco entre la población femenina ha sido
tal que hoy incluso —depende de qué franjas de edad, como ya he
dicho antes— hay un mayor número de mujeres que fuman. En España el
27% de las mujeres son fumadoras, pero este dato es engañoso, porque
apenas un 2% de mujeres mayores de 65 años fuma y, en cambio, sí tenemos
un 45% de mujeres, entre 25 y 40 años, que fuman.


Se ha producido una convergencia estadística entre mujeres
y hombres fumadores, pero esta convergencia estadística, no nos
confundamos, nada tiene que ver con la igualdad, sino que hay numerosos
estudios que proponen que esto desvela una situación de desigualdad. Por
eso es preciso plantear estrategias de investigación que profundicen y
comprendan las diferencias, similitudes y desigualdades de género en todo
lo relacionado con el tabaco.









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Según el estudio Entre humos y espejos de igualdad,
realizado por María Luisa Jiménez, hay elementos que configuran las
nuevas formas de discriminación y sexismo contra las mujeres sustentadas
en las políticas del tabaco: consumo de cigarrillos como instrumento
modelador del cuerpo, la erótica del cigarrillo en los modelos femeninos
de éxito sexual, el consumo del tabaco como válvula de escape, la
estigmatización de la mujer fumadora como mala madre o mujer al borde de
un ataque de nervios.


No podemos obviar que el consumo del tabaco está ligado a
una mayor probabilidad de enfermedad y de muerte, y que cada vez más las
mujeres enferman y fallecen como consecuencia de enfermedades
relacionadas con el tabaquismo. Por lo tanto, el consumo del tabaco no
puede entenderse como señal de igualdad sino todo lo contrario; es uno de
los más importantes indicadores contemporáneos de desigualdad social y de
género. Fuman más quienes menos tienen, y son quienes menos tienen los
que sufren más dificultades y obstáculos para dejar de fumar. Son
precisamente las mujeres y, entre las mujeres, las de menor estatus
social las que presentan una creciente tasa de consumo del tabaco.


Pero, señorías del PP, si quieren hacer una verdadera
política preventiva del tabaco para que las mujeres no se mueran por
cáncer de pulmón tienen un documento buenísimo que es el que les he
planteado antes: Libro blanco sobre mujeres y tabaco, realizado entre el
Ministerio de Sanidad y Consumo junto con el Comité Nacional para la
Prevención del Tabaquismo. Cojan las recomendaciones que se incluyen en
ese libro y pónganlas en práctica, que son, por cierto, las mismas que
proponía la enmienda del Grupo Socialista que usted no ha tenido a bien
incorporar. No tienen más que poner en marcha esas recomendaciones. Si
quieren comprometerse háganlo de verdad, háganlo rechazando la
modificación de la ley del tabaco para que no se permita fumar donde
ahora está prohibido, por cierto, tal y como se lo están pidiendo al
presidente Rajoy los mayores expertos del mundo en control de tabaquismo,
que le escribieron una carta advirtiéndole que sería una iniciativa
insensata y con consecuencias negativas a largo plazo para la salud de
los españoles. Porque lo que no se puede hacer es defender que se lucha
contra el cáncer de pulmón y, a la vez, dejar a más de 30 000 mujeres sin
su mamografía preventiva, porque no se puede defender la incorporación de
la perspectiva de género en el estudio y no tener a bien incorporar lo
que se dice en el Libro blanco sobre mujeres y tabaco. Si lo que
verdaderamente pretenden es hacer un paripé en el tema del cáncer de
pulmón de las mujeres con esta moción carente de compromiso alguno, desde
luego con nosotros no cuenten. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Chivite.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Armisén.


La señora ARMISÉN PEDREJÓN: Gracias, señor presidente.


Si me permite, voy a contestar a los intervinientes
empezando por la señora Chivite.


Señora Chivite, respecto a la última parte de su
intervención, ya sabemos que con ustedes no podemos contar ni siquiera
para intentar mejorar la salud de las mujeres españolas ni para luchar
contra el cáncer de pulmón. (Aplausos.) Es tristísimo, pero es la
realidad.


Señorías, este argumento va a servir para la señora Chivite
y para la señora Almiñana, con la que realmente dialogo y creo que en
algunos casos incluso nos convencemos recíprocamente, para las dos. Su
argumento es que se dejan de hacer mamografías, luego no apoyo una moción
contra el cáncer de pulmón. ¿Cree usted que los ciudadanos de España van
a entender esto? ¿Cree usted que es un argumento decir que como hay una
política respecto a una patología sanitaria con la que yo no estoy de
acuerdo, no apoyo una moción contra el cáncer de pulmón en mujeres?
Señora Chivite, usted dice que esta es una de las mayores medidas de
desigualdad, pues apóyela que viene desde la Comisión de Igualdad. Apoye
una iniciativa a favor de las mujeres y en contra del oportunismo
político que usted hoy ha manifestado aquí.


Voy a hacer una cosa que no ha hecho usted. Por el respeto
parlamentario y los años que llevo en un Parlamento no voy hacer
referencia ni a las posibles conversaciones ni a los correos con mis
compañeros. Solo lo dejo ahí, si usted me ha tenido que mandar un correo
es porque a lo mejor no me ha atendido cuando yo he ido a hablar con
usted. (Aplausos.) No voy a hablar ni de su actitud ni de los correos,
porque creo que eso está dentro del respeto parlamentario que debemos
tener en esta Cámara y que usted hoy no ha tenido conmigo. Lamento su
actitud y su comportamiento parlamentario.









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Por último, me gustaría decirle, señora Chivite, que no es
cierto. No sé si se ha leído la comparecencia de la ministra del pasado
día 18 de septiembre, no sé si se ha leído la pregunta que un miembro de
su grupo hizo a la ministra respecto a ese asunto. Le diré que la
ministra hizo una valoración muy positiva de los datos de aplicación de
esa ley en sede parlamentaria; yo me remito a las palabras de la ministra
en sede parlamentaria. Usted se ha leído la noticia periodística, pero no
se ha leído el Diario de Sesiones porque, si no, no hubiera dicho lo que
ha dicho hoy, aquí, porque no es cierto. No es cierto. La ministra hizo
una valoración muy positiva y primó por encima de todo, como no puede ser
de otra manera por parte del Gobierno de España, la salud pública y la
salud de los españoles.


Señoría, no sé si es que sigue sin leerse la enmienda
transaccional y la suya, o es que no las conoce, porque valorar
positivamente, como ya he dicho, es el primer punto del PSOE; el segundo
punto es el apartado 9 del PSOE; el tercer punto es el apartado 8, e
incluye perfectamente el apartado del PSOE; el punto 6 incluye los
apartados 6 y 7 del PSOE, porque los proyectos profesionales, señora
Chivite, también son proyectos de investigación. Los proyectos
profesionales son todos y, por tanto, si usted lo que quiere es que
pongamos más números, habérmelo dicho, pero el contenido esencial de la
enmienda del PSOE está absolutamente recogido en la transaccional. Usted
ha dicho que solo hemos incorporado uno, y eso no es cierto. Ya le digo
yo que no es cierto, y seguramente lo va a ver todo el mundo porque está
escrito negro sobre blanco.


En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista y la Entesa —lo siento más por Entesa
porque ha presentado una enmienda con dos puntos—, les diré que el
punto relativo a las comunidades autónomas está reconocido, señora
Almiñana, y el de los jóvenes, también. Se han obcecado ustedes, como he
dicho, en un oportunismo que no les lleva a nada. Yo les diría a las dos,
señorías, en cuanto a su planteamiento, que lo perfecto es enemigo de lo
posible. Hoy, lo posible es apoyar el cáncer de pulmón en mujeres. Siguen
ustedes queriendo lo perfecto y olvidan lo que es el día a día, la
realidad de los ciudadanos. Hoy es su enfermedad; hoy es la de las
familias. (La señora Chivite Navascués pronuncia palabras que no se
perciben.) Yo la he escuchado con mucho respeto, señora Chivite. Se está
usted retratando con su comportamiento hoy, señoría. Yo la he oído con
mucho respecto, se lo digo sinceramente. (Aplausos.)


Por último, me gustaría hacer referencia al portavoz del
Grupo Parlamentario Vasco. Le quiero dar las gracias por su exposición
porque sé que era difícil desde su planteamiento sanitario asumir
determinadas cuestiones, y también decirle que, como he dicho a la señora
Almiñana en relación con una parte de su intervención, nosotros somos el
Parlamento; nosotros tenemos que traer las iniciativas de los ciudadanos.
Hoy, Icapem y el resto de sociedades científicas quieren hacer un
llamamiento por los datos obtenidos respecto al cáncer de pulmón en
mujeres. Icapem ha publicado un libro, y he traído aquí dos ejemplares,
que voy a entregar a la señora Chivite y a la señora Almiñana al acabar
mi intervención, para que vean que sí que existe y que es un problema de
cuestiones diferenciales en el cáncer de pulmón.


Cuando he dicho, señora Almiñana, que hoy no tocaba, no me
refería a que no tocara por no hablar de ello, me refería a que hoy no
toca ponerlo como excusa para no apoyar una iniciativa contra el cáncer
de pulmón. A eso me he referido hoy, no a que usted —faltaría
más—, como parlamentaria, hable de lo que le parezca. Para eso
estamos, pero lo que le digo es que como excusa para no apoyar esta
iniciativa me parece muy pobre para un grupo de mujeres y hombres que
estamos aquí, hoy, en representación de los ciudadanos y que esperan algo
más de nosotros que no solo poner meras excusas sobre una ley o sobre una
presunta modificación de una ley que hoy no estamos debatiendo en esta
Cámara. No toca porque no está incluido en el orden del día; no toca
porque me parece una excusa pobre. Sinceramente, esperaba una mayor
altura de miras de algunas de ustedes sobre todo cuando en muchas
ocasiones y en muchos temas intentan dar lecciones de igualdad a las
mujeres y al Grupo Popular de esta Cámara.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Llamen a votación. (Pausa.—El señor presidente ocupa
la Presidencia.)









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El señor PRESIDENTE: Por favor, cierren las puertas.


Señorías, votamos la propuesta de modificación presentada y
firmada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado y el Grupo Parlamentario Mixto.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 236; votos emitidos, 234; a favor, 150; en contra, 65,
abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


8.2. MOCIÓN POR LA QUE EL PLENO DEL SENADO ACUERDA CONDENAR
TODO TIPO DE ACTOS TERRORISTAS, ENTRE ELLOS, LOS LLEVADOS A CABO POR LA
ORGANIZACIÓN RESISTENCIA GALEGA.


(Núm. exp. 662/000104)


AUTOR: GPP


El señor presidente da lectura al punto 8.2.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado una
enmienda por parte del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el
Grupo Parlamentario Popular, el senador Aznar, por tiempo de quince
minutos.


El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Señor presidente, señorías, hace
escasamente una semana el senador Anasagasti nos proponía una moción, que
apoyamos mayoritariamente los grupos de la Cámara, de condena de la
violencia en España. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
Presidencia.)


Hoy, subo a esta tribuna en nombre de mi grupo a traerles
otra moción, por la que vamos a condenar o les vamos a proponer condenar
el terrorismo en España, un terrorismo reciente, un terrorismo de nuevo
cuño, del que incluso puede que alguno de ustedes no haya oído hablar. Y
yo tengo que decirles que en nuestro grupo teníamos la duda de si era
oportuno en tan corto espacio de tiempo traer dos mociones de un
contenido de fondo muy similar. Pues bien, señorías, hace apenas tres
días los acontecimientos sucedidos en el Ayuntamiento de Beade nos han
dado la razón y nos han dicho que sí, que esta moción es oportuna.


Señorías, Galicia, un territorio históricamente laborioso y
pacífico, está sufriendo en los últimos tiempos distintos tipos de
desgracias y no es ajena, entre estas desgracias, al terrorismo, una de
ellas. Desde el año 2006, en el territorio gallego viene desarrollando su
labor criminal un grupo que se autodenomina Resistencia Galega. Desde ese
momento han puesto bombas, explosivos en cajeros, en bancos, en empresas
y en sedes sindicales, han volado sedes de partidos políticos
—concretamente del Partido Socialista en Betanzos, en Teo, en
Corral, en Nogueira— y del Partido Popular también. En definitiva,
están actuando últimamente con más saña. No obstante, tengo que decirles
que existe ya una condena seria, dieciocho años de prisión, de la
Audiencia Nacional a cuatro de sus miembros.


En relación con esta cuestión hay dos cosas que al Partido
Popular le preocupan expresamente. La primera de ellas es la violencia en
sí misma. La violencia atenta contra lo más sagrado del ser humano: el
derecho a la vida y a la integridad física y moral; algo que consagra
nuestra Constitución, que impregna cada una de sus páginas y que se ha
convertido en el eje vertebrador de nuestro Estado de derecho y en la
base de la convivencia en la que queremos vivir la inmensa mayoría de los
españoles.


El que pone una bomba, señorías, atenta contra todo y
contra todos. Atenta contra el que sufre directamente el impacto personal
o en sus bienes, y atenta contra todos porque va al corazón mismo de la
convivencia de los españoles.


Esta sería nuestra primera preocupación. La segunda, y
unida a ella directamente, es el amparo y la cobertura que desde algún
sector político se está dando a estos criminales.


Señorías, no vale todo en democracia. Y no entendemos cómo
un portavoz de un partido democrático —al menos en teoría—
como es ANOVA, de una coalición que tiene y ejerce su









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acción política en el Parlamento galego como es AGE,
compuesta por ANOVA e Izquierda Unida, un partido de ámbito nacional, un
partido que respeta la Constitución en el territorio, esté dando amparo y
cobertura a estos criminales, a estos terroristas.


No tiene ningún sentido, señorías, dibujar a estos
delincuentes como ciudadanos indignados olvidando que están prostituyendo
en esencia ese movimiento que nace —como ustedes saben, inspirado
por Stéphane Hessel— como un movimiento pacifista y solidario. No
tiene ningún sentido prostituirle de esta manera. No tiene ningún
sentido, a nuestro entender, el disculpar los atentados contra las
empresas acusándolas en el siglo XXI de ser una nueva forma de ocupación
colonial en un territorio español como Galicia. Este absurdo no tiene
sentido ni cabida en la acción política.


Tampoco tiene justificación explicar la violencia
terrorista por su relación directa con la crisis económica que está
viviendo España y con la crisis de valores que está viviendo una buena
parte de nuestra sociedad. Justificar la violencia basándose en ese
argumento es atentar contra todos los gallegos, es atentar contra todos
los españoles que se levantan cada mañana para trabajar honradamente o
para buscar trabajo con dificultad de modo y manera que puedan sacar
adelante a sus familias.


Nosotros, señorías, pertenecemos a esa España, pertenecemos
a la España que quiere salir de la crisis con esfuerzo, con trabajo.
Pertenecemos y defendemos la España que quiere mirar hacia el futuro con
esperanza. Pertenecemos a esa España que no merece ni ser violentada, ni
ser herida por estos terroristas criminales. Nada, señorías, justifica la
violencia en democracia. Ninguna idea se puede defender desde
presupuestos terroristas en un Estado de derecho como el nuestro. Los
responsables públicos, además —ustedes lo saben y lo
practican—, tenemos la obligación de defender el Estado de derecho.
Por tanto, es más deplorable si cabe la actitud de aquellos que defienden
o disculpan a los terroristas.


Por estas razones, señorías, les pedimos el apoyo a esta
moción. Una vez más, el Senado de España, como Cámara territorial, y
haciéndose eco del dolor que se está viviendo en alguno de nuestros
territorios, como es el caso de Galicia, tenemos que trasladar a los
ciudadanos, a nuestros ciudadanos, a los que nos han traído aquí, que sus
instituciones y, en concreto, el Senado condenan sin paliativos la
violencia. Una vez más yo les pido que traslademos a nuestros ciudadanos
que desde el Senado no se va a dejar ningún resquicio al que se salte las
reglas del juego que los españoles nos hemos dado.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Aznar.


Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador señor Anasagasti.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor
presidente.


Como ha dicho el senador Aznar, nosotros presentamos en el
Pleno anterior una moción después de los incidentes de la librería
Blanquerna. Y quiero recordar los dos últimos puntos de la moción:
Solicitar de todas las instituciones no solo la aplicación diligente de
la ley sino una especial sensibilidad y contundencia ante estos hechos
que resultan deleznables. Y el cuarto: Hacer una apelación a la paz y a
la convivencia basada en el respeto al adversario y en el libre juego
democrático.


En este Pleno tenemos esta iniciativa del Grupo
Parlamentario Popular. Nosotros tenemos una cierta curiosidad en ver qué
pasa con las mociones, porque tenemos cierta sensación de que en cuanto a
las mociones hay un aparato triturador en el Ministerio de la Presidencia
de tal manera que una moción aprobada en el Senado llega, la introducen
en la máquina trituradora y ahí queda todo. Pero no, resulta que el
artículo 178.2. del Reglamento del Senado establece que dentro de los
seis meses siguientes, el Gobierno o el órgano correspondiente deberán
informar sobre el cumplimiento dado a las mismas, y dicho informe será
publicado por la Cámara. Yo la verdad es que llevo muchos años aquí, en
el Senado y en el Congreso, y, sin embargo, no he visto ningún informe
sobre este tipo de cosas.


Por lo tanto, nos parece bien esta iniciativa del Grupo
Parlamentario Popular en el sentido de que los actos de violencia tienen
que ser condenados. Pero como se ha venido produciendo otro tipo de actos
de violencia, nosotros hemos presentado una enmienda de modificación para
completar el punto 1 que, en la iniciativa del Grupo Popular dice lo
siguiente: «1.—Manifestar su









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rechazo y condena de todo tipo de actos terroristas, entre
ellos los llevados a cabo por la organización terrorista Resistencia
Galega.» Y a continuación nosotros introducimos con nuestra enmienda lo
siguiente: «…así como por la explosión de bombas caseras en la
Basílica de La Almudena y el Pilar de Zaragoza, y en la Casa Consistorial
del Ayuntamiento de Beade.»


Quizás nos hayamos equivocado en lo de Basílica de La
Almudena, porque debe ser catedral, pero estamos un poco deformados
porque pensamos que la única catedral es San Mamés, pero no, también es
La Almudena. (Risas.) Y lo del Pilar de Zaragoza es público y notorio,
así como lo del Ayuntamiento de Beade.


Por lo tanto, aprovechando que se ha presentado esta
moción, y teniendo la sensación de que el Gobierno no va a hacer
absolutamente nada, es bueno que de alguna forma este tipo de hazañas
—entre comillas— se denuncien.


Lo que sí nos llama la atención es que esto está movido por
un grupo insurreccional llamado Mateo Morral; estas dos últimas
iniciativas que se han tomado aquí. Teóricamente, este grupo dice que son
anarquistas. Pero nada más lejos del anarquismo que la violencia, porque
si algo pretende el anarquismo es todo lo contrario. De todas las
maneras, también hay que recordar —y aprovecho para hacérselo
presente a la Mesa de la Cámara— que en la Plaza de la Marina
Española hay una estatua dedicada a Cánovas del Castillo y no pone que lo
mató Angiolillo sino que lo mató el anarquismo. No estaría mal precisar
mucho más, porque el anarquismo es una ideología muy respetable, pero lo
que hacen ciertos anarquistas —entre comillas— no está nada
bien, y eso hay que denunciarlo. Nosotros siempre hemos tomado
iniciativas en la Mesa para que esa placa fuera renovada y, sin embargo,
no es renovada y sigue ahí como si Cánovas del Castillo hubiera sido
víctima del anarquismo.


En esta moción se recuerda algo que es muy importante: que
no hay democracia con violencia. Y, efectivamente, nosotros lo que
queremos con este añadido que hemos presentado a la moción, y sobre todo
apoyando esta moción, porque nuestro grupo va a apoyar la moción, es
decir que en una sociedad democrática la palabra y el voto es lo único
que tiene que funcionar, y que la violencia sobra allí donde se
ejecute.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Anasagasti.


Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, autor de la moción originaria, para manifestar si
acepta o no la enmienda del señor Anasagasti.


El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Señor Anasagasti, debo manifestarle que vamos a aceptar la
enmienda. Nos parece absolutamente pertinente y, además, completa la idea
que nosotros traíamos con la condena del terrorismo galego. Cualquier
tipo de acto terrorista o violento que surja y que sus señorías propongan
—lo dijimos el otro día y lo reiteramos hoy—, en esa condena
encontrarán al Partido Popular.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Aznar.


¿Turno en contra? (Pausa.)


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Unamunzaga.


El señor UNAMUNZAGA OSORO: Muchas gracias, señor
presidente. Con su permiso, intervengo desde el escaño.


Tal y como hemos manifestado reiteradamente en esta Cámara,
no nos van a encontrar en debates que no aportan; y no nos van a
encontrar, porque desde Amaiur tenemos claros dos principios elementales
que son evidentes y deberían ser compartidos por todos los grupos de esta
Cámara. El primer punto es el compromiso con los medios democráticos, con
los medios radicalmente pacíficos y el diálogo para resolver las
diferencias políticas, así como el rechazo al uso de toda violencia; y
repito: de toda violencia. El segundo punto es el derecho que tienen
todas y cada una de las víctimas, sin exclusiones, a la verdad, a la
justicia y a la reparación.









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Por todo ello, ratificándonos en lo dicho hasta la fecha en
esta Cámara, y sobre todo en los principios anteriormente expresados,
anuncio que no vamos a tomar parte ni en este debate ni en esta
votación.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Anasagasti.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor
presidente.


Nosotros sí vamos a tomar parte en este debate porque,
aunque la verdad es que no tenemos mucha información en relación con el
exército revolucionario galego, o como se quiera llamar, sí tenemos
noticias de que han aparecido en La Almudena y en la Basílica del Pilar.
Y como consideramos que esta Cámara tiene que ser una ampliación de las
iniciativas, y generalmente las mociones —vuelvo a repetirlo—
suelen tener una vida muy lánguida y muy triste, es bueno insistir. Por
eso, nosotros no solamente participamos en este debate, sino que
denunciamos y vamos a apoyar esta iniciativa.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Anasagasti.


Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra
el senador Bruguera.


El señor BRUGUERA BATALLA: Gràcies, senyor president.


Senyories, tant en el ple passat com en el d’avui,
tractem temes derivats de l’ús, de la utilització de medis violents
esdevinguts recentment, fa uns dies, o fa unes setmanes. La veritat és
que es fa molt difícil no estar d’acord tant amb la moció del Ple
passat com amb aquesta. El nostre grup parlamentari i les dues formacions
polítiques que el conformen sempre, repeteixo, sempre ens hem manifestat,
hem manifestat el nostre rebuig i la nostra condemna contra qualsevol
tipus d’acte terrorista, hem manifestat també la nostra solidaritat
amb les víctimes, hem ratificat reiteradament el nostre suport i
reconeixement a les forces de seguretat i hem rebutjat de ple qualsevol
tipus d’acció o declaració que pugui justificar, emparar o
infravalorar la violència. Efectivament, com ha dit també el senyor
Aznar, la democràcia, senyories, és la millor garantia per a la defensa
de totes —repeteixo, de totes— les idees, sempre que aquesta
defensa es faci de forma pacífica, sense violència i en el marc de les
normes democràtiques de les quals entre tots ens hem dotat.


Per tant, per descomptat, votarem afirmativament la moció
presentada pel Partit Popular i, encara més, amb la incorporació de
l’esmena presentada pel senador Anasagasti, del Partit Nacionalista
Basc. Per tant, el nostre vot afirmatiu, sense embuts, cal interpretar-lo
en el sentit que acabo de comentar.


Però no voldria deixar passar aquesta ocasió perquè el
nostre vot també volem que sigui interpretat per aquesta Cambra com el
rebuig a qualsevol acció, especialment si la realitzen càrrecs electes o
institucionals, o institucions públiques, de propaganda, publicitat,
foment o enaltiment de règims totalitaris i dels símbols que els poden
caracteritzar, que els caracteritzen. Règims totalitaris com el feixisme,
com el nazisme o el franquisme, que han utilitzat sistemàticament la
violència i la repressió contra els que consideraven els seus enemics,
precisament els consideraven enemics perquè defensaven la llibertat, els
drets humans i la democràcia. Per tant, també volem que sigui interpretat
el nostre vot afirmatiu a la moció en aquesta segona vessant que ens
sembla que acaba de completar el pensament global del nostre grup
parlamentari i crec que també el del conjunt d’aquesta Cambra.


Moltes gràcies.


Gracias, señor presidente.


Señorías, tanto en el Pleno pasado como en el de hoy
tratamos temas derivados del uso, de la autorización de medios violentos
que han pasado recientemente, hace unos días o unas semanas. Y la verdad
es que tanto respecto de la moción del Pleno pasado como de esta se hace
muy difícil, se hace absolutamente imposible no estar de acuerdo con
ellas. Nuestro grupo parlamentario y las dos formaciones políticas que lo
conforman siempre —repito, siempre— hemos manifestado nuestro
rechazo y nuestra condena contra cualquier tipo de acto terrorista. Hemos
manifestado también nuestra solidaridad con las víctimas. Hemos
refrendado reiteradamente nuestro apoyo y









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reconocimiento a las fuerzas de seguridad. Y hemos
rechazado de lleno cualquier tipo de acción o declaración que pueda
justificar, amparar o infravalorar la violencia. Efectivamente, como ha
dicho el señor Aznar, la democracia, señorías, es la mejor garantía para
la defensa de todas —repito, de todas— las ideas, siempre que
esa defensa se haga de forma pacífica, sin violencia y en el marco de las
normas democráticas de las cuales todos nos hemos dotado.


Por lo tanto, vamos a votar a favor de la moción presentada
por el Grupo Popular, más aún con la incorporación de la enmienda
presentada por el senador Anasagasti, del Partido Nacionalista Vasco. Y
nuestro voto afirmativo, sin embudos, hay que interpretarlo en el sentido
que acabo de comentar.


Pero no quisiera dejar pasar esta ocasión sin manifestarlo,
porque también queremos que nuestro voto sea interpretado en esta Cámara
como el rechazo a cualquier acción, especialmente si se realiza por parte
de cargos electos o instituciones públicas, de propaganda, publicidad,
fomento o elevación de los regímenes totalitarios y de los símbolos que
los caracterizan, regímenes como el fascismo, el nazismo o el franquismo,
que han utilizado sistemáticamente la violencia y la represión contra los
que consideraban sus enemigos porque defendían precisamente la libertad,
los derechos humanos y la democracia. Por lo tanto, también queremos que
nuestro voto afirmativo a la moción sea interpretado en esta segunda
vertiente, que nos parece que acaba de completar el pensamiento global de
nuestro grupo parlamentario y creo que también el del conjunto de esta
Cámara.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
senador Bruguera.


Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la
palabra el senador señor Sendra.


El señor SENDRA VELLVÈ: Gracias, señor presidente.
Senyories, els avanço que el nostre grup, com no pot ser d’altra
manera, votarà afirmativament a aquesta moció inclosa l’esmena del
Partit Nacionalista Basc.


El terrorisme és incompatible amb els valors democràtics de
la nostra societat. Desafortunadament, és una xacra que durant molts anys
hem patit, estem patint. També a Catalunya, amb 121 morts i més de 300
ferits.


En relació al primer acord d’aquesta moció,
Convergència i Unió sempre ha rebutjat i condemnat qualsevol acte
terrorista, vingués d’on vingués, es digués ETA o es digués Grapo,
es digués Al Qaeda, es digués Resistencia Galega, fos a Galicia, fos al
Pilar, fos a Beade o fos a Vic.


En relació al segon acord, el nostre grup parlamentari
també ha manifestat sempre un compromís ineludible, permanent i inequívoc
amb totes aquelles persones que han patit una acció terrorista.
Precisament, —i així ho vaig recordar en aquesta estrada defensant
el posicionament del meu grup en la seva darrera moció sobre les víctimes
del terrorisme— la legislatura passada es va tramitar la Llei
29/2011, de 22 de setembre, de Reconeixement i Protecció Integral a les
Víctimes del Terrorisme, i nosaltres en tot el tràmit parlamentari vam
defensar la necessitat que aquesta llei entrés en vigor, tenint en compte
la seva importància. Deia aleshores en la meva intervenció, que el
terrorisme és una xacra social i que la dignitat de la societat es mesura
també per la dignitat amb la qual empara i protegeix als qui han estat
víctimes de les accions del terrorisme.


També hem manifestat sempre el nostre suport a la tasca que
fan totes les forces policials i cossos de seguretat de l’Estat en
aquesta lluita.


I, finalment, en relació al tercer acord d’aquesta
moció, rebutgem qualsevol acció o declaració que pugui justificar,
emparar o menystenir la violència terrorista, o que frivolitzi amb aquest
tema, especialment si procedeix de representants públics. Precisament, i
en relació amb aquesta darrera proposta que vostès ens fan, i que reitero
que nosaltres recolzem, els vull dir que poden començar per casa seva.
Tant PP com PSOE. I per què ho dic? Perquè vostès s’han acostumat
amb massa reiteració a barrejar terrorisme amb nacionalisme català. Dir
que el sobiranisme de Catalunya és més difícil d’abordar que el
d’Euskadi, perquè Esquerra és dins del govern, pel seu suport a
l’executiu de CiU, mentre que ETA mai no ha governat al País Basc,
com va dir Enric Millo, diputat del Parlament de Catalunya pel Partit
Popular, és una vergonyosa aberració, indigne d’un representant
dels ciutadans de Catalunya. Com és vergonyós i indigne que
l’eurodiputat del PP, Jaime Mayor Oreja, equipari el sobiranisme
català a ETA, tot dient que cal fer front a









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l’independentisme català com es va fer amb el
terrorisme d’ETA. O que un senador socialista, alcalde de
Saragossa, compari una causa democràtica i pacífica com és el procés
català, amb la banda terrorista ETA, perquè defensen els mateixos
objectius. No cal ni recordar l’esment de la potestat que té el
Senat de suspendre l’autonomia catalana que aquest mateix senador
va fer fa pocs dies. No es pot ser tan frívol senyor, Belloch! No es pot
parlar amb tanta lleugeresa, senyor Belloch!


Finalitzo, doncs, demanant rebuig i repulsa a aquells
representants públics que trivialitzin i frivolitzin coses tan sensibles
i tan sèries como el terrorisme. O com el nazisme, quan es compara
l’hipernacionalisme alemany de la segona guerra mundial amb el
sobiranisme d’Artur Mas. No es pot parlar amb tanta frivolitat! Per
això els dic que, amb aquests temes, són vostès esclaus de les seves
desafortunades paraules quan podrien ser amos dels seus silencis. I,
efectivament, això s’ha de rebutjar i rebutjar molt clarament.


Repeteixo que votarem a favor de la moció perquè és molt
just que rebutgem clarament qualsevol acció que no es faci a través de
mètodes democràtics, que no es faci amb la paraula i que es faci amb les
armes.


Gràcies, senyor President.


Señorías, les avanzo que nuestro grupo, como no puede ser
de otra forma, votará a favor de esta moción, incluida la enmienda del
Grupo Parlamentario Vasco.


El terrorismo es incompatible con los valores democráticos
de nuestra sociedad. Desafortunadamente, es una lacra que durante muchos
años hemos sufrido y estamos sufriendo, también en Cataluña, con 121
fallecidos y más de 300 heridos.


En relación con el primer acuerdo de esta moción,
Convergència i Unió siempre ha rechazado y condenado cualquier acto
terrorista, viniera de donde viniera, se dijera ETA, Grapo, Al Qaeda o
bien Resistencia Galega, tanto si fuera en Galicia, en el Pilar, en Beade
o en Vic.


En relación con el segundo acuerdo, nuestro grupo
parlamentario también ha manifestado siempre un compromiso ineludible,
permanente e inequívoco con todas aquellas personas que han sufrido una
acción terrorista. Precisamente —así lo recordé en esta tribuna,
defendiendo el posicionamiento de mi grupo en su última moción sobre las
víctimas del terrorismo— durante la legislatura pasada se tramitó
la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección
Integral a las Víctimas del Terrorismo, y durante todo su trámite
parlamentario nosotros defendimos la necesidad de que esta ley entrara en
vigor dada su importancia. Decía entonces, en mi intervención, que el
terrorismo es una lacra social y que la dignidad de la sociedad se mide
también por la dignidad con la que ampara y protege a los que han sido
víctimas de las acciones del terrorismo.


También hemos manifestado siempre nuestro apoyo a la tarea
que hacen todas las fuerzas policiales y cuerpos de seguridad del Estado
en esta lucha.


Finalmente, en relación con el tercer acuerdo de esta
moción, rechazamos absolutamente cualquier acción o declaración que pueda
justificar, amparar o menospreciar la violencia terrorista, que frivolice
con este tema, especialmente si procede de representantes públicos.
Precisamente, y en relación con esta última propuesta que ustedes hacen,
que repito que nosotros apoyamos, les quiero decir que pueden empezar por
su propia casa, tanto en el PP como en el PSOE. ¿Y por qué lo digo?
Porque ustedes se han acostumbrado con mucha reiteración a mezclar
terrorismo con nacionalismo catalán. Decir que el soberanismo en Cataluña
es más difícil de abordar que el de Euskadi porque Esquerra está en el
Gobierno y porque apoya al Ejecutivo de CiU mientras que ETA nunca ha
gobernado en el País Vasco, como dijo Enric Millo, diputado en el
Parlamento de Cataluña por el Partido Popular, es una aberración
vergonzosa, indigna de un representante de los ciudadanos de Cataluña.
Como también es vergonzoso e indigno que Jaime Mayor Oreja, eurodiputado
del PP, equipare el soberanismo catalán a ETA diciendo que hay que hacer
frente al independentismo catalán como se hizo con el terrorismo de ETA.
O que un senador socialista, alcalde de Zaragoza, compare una causa
democrática y pacífica como es el proceso catalán con la banda terrorista
ETA porque defiende los mismos objetivos. Y no hay ni que recordar la
mención de la potestad que tiene el Senado de suspender la autonomía
catalana que este senador hizo hace pocos días. No se puede ser tan
frívolo, señor Belloch, no se puede hablar con tanta ligereza, señor
Belloch.









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Termino diciendo que pedimos el rechazo y la repulsa para
aquellos representantes públicos que trivialicen y frivolicen con cosas
tan sensibles y serias como el terrorismo, o como el nazismo, cuando se
compara el hipernacionalismo alemán de la segunda guerra mundial con el
soberanismo de Artur Mas. No se puede hablar con tanta frivolidad. Por
eso les digo que en estos temas son ustedes esclavos de sus palabras
desafortunadas, cuando podrían haber sido amos de sus silencios. Y esto
lo tenemos que rechazar y rechazar muy claramente.


Vamos a votar a favor de la moción, porque hay que rechazar
cualquier acción que no se haga por métodos democráticos, que no se haga
con la palabra y que se haga a través de las armas.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
senador Sendra.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Losada.


El señor LOSADA DE AZPIAZU: Presidente, señorías, vaya por
delante nuestra posición ante esta moción del Grupo Popular: será su
apoyo; no por el hecho en sí del contenido —que también, como luego
explicaré—, sino por nuestra trayectoria política inequívoca contra
el terrorismo, como propiciadores de la unidad de acción política y
gubernamental contra el terrorismo y de una convicción radical para no
dar ninguna argumentación política a lo que es, simple y llanamente, una
acción criminal, pues eso es el terrorismo. Y cuando se habla del
terrorismo no hay un terrorismo de baja, de alta o de media intensidad.
Lo hay o no lo hay. Y en el caso que nos ocupa así fue dictaminado por la
justicia.


Por eso, señorías del Grupo Popular, ante lo obvio de lo
por ustedes propuesto para la aprobación de este Pleno, solo me queda
coger el refranero y con total énfasis, pero con perplejidad, decir que
para semejante viaje no son menester tales alforjas. Solicitar del Grupo
Socialista que manifestemos nuestro rechazo y condena de todo tipo de
acción terrorista, que expresemos nuestra solidaridad con las víctimas
del terrorismo y apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado,
y, asimismo, que rechacemos cualquier tipo de acción o declaración que
justifique, ampare o minusvalore la violencia terrorista, especialmente
si proviene de representantes públicos, necesariamente —y lo digo
sin ninguna acritud— solo puede interpretarse como una cortina de
humo, una más para distraer la gestión de los Gobiernos. Y digo
Gobiernos, porque la moción que viene —luego lo precisaré—
inducida, por supuesto, por la acción terrorista de Resistencia Galega, y
a partir de una rechazable e inadmisible opinión de un dirigente político
en Galicia, también viene por una decisión del Partido Popular de Galicia
de generar discusión entre partidos en mi tierra. Porque, señorías, a
todo eso que he dicho anteriormente y que se dice en la moción mi grupo
dice sí. Mi partido ha luchado intensamente contra el terrorismo, ha
sufrido y sufrimos intensamente en nuestras filas su terrible acción, y
no vamos a permitir que nadie ponga en duda ni que nadie proponga
retratarnos con nuestro voto ante una moción para saber cuál es nuestra
posición. No tenemos que demostrar nada, y por eso, señor Aznar, no
entendemos esta moción, partidista, salvo por el deseo de quien la
propone de réditos ajenos al verdadero sentir que debemos tener los
demócratas ante el terrorismo: la unidad de acción, la lealtad al
Gobierno de turno en su estrategia antiterrorista, y no dar alas al
pregonero. Es decir, no generar debate político que dé más publicidad al
que hace del terror su seña de identidad.


Muchos de los miembros del Partido Socialista aquí
presentes, como de otros grupos, fuimos objetivo del terrorismo. Y hoy,
con la irrupción en el Pleno de este debate, da la sensación con su
moción de que solo el Grupo Popular es el que se preocupa. Ya se han
olvidado de cuando los anteriores Gobiernos socialistas lucharon para
acabar con las bandas terroristas utilizando los acuerdos de todas las
fuerzas democráticas y ustedes no hacían más que poner obstáculos, para
volver a generar hoy un debate en el que estamos todos de acuerdo, como
hemos escuchado en esta Cámara.


Por supuesto que aprobamos la moción, señor Aznar. Por
demócratas, por coherencia, y en recuerdo de miles de víctimas que han
sufrido por muertes, por lesiones, por pérdida de familiares, de amigos,
de compañeros, por culpa del terror producido por unos desalmados cuyo
único objetivo era crear miedo y terror.


Muchos de nosotros, como de ustedes, como miles de
ciudadanos, hemos tenido que mirar cada día debajo de nuestro coche para
poder entrar en él, cambiar de itinerarios, variar hábitos de vida. Y
entre todos, con determinación democrática, acción policial y judicial,
les hemos ganado. Y









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por supuesto que no podemos permitir que en Galicia haya ni
la más mínima posibilidad de que esto vuelva a ocurrir, pero para ello se
necesita unidad de acción, defensa de la actuación del Gobierno y no
discusión política. Porque a nosotros, no solo a ustedes, se nos encogía
el corazón cuando escuchábamos que un servidor público, un responsable de
seguridad, un responsable político o un ciudadano que pasaba por el lugar
inadecuado era asesinado por una acción terrorista. Lo mismo cuando se
coartaba la libertad para vivir en un pueblo o en un ciudad, o para
expresar las ideas por el miedo o la amenaza, o cuando se atemorizaba a
los militantes de los partidos y se acosaban nuestras sedes o las de
otros partidos. Por ello hoy les traslado una afirmación y una reflexión.
La afirmación es que les pido que no pretendan impartir docencia en tal
materia al Grupo Socialista. No necesitamos que nadie nos dé argumentos
para compartir los puntos de la moción, porque han sido nuestra forma de
combatir esta lacra. Lo que ya no nos parece correcto es que lo hagan
partidariamente. Porque si piensan lo que dice su moción, señor Aznar, y
creen en la unidad de acción, esto no se trata como una moción; se
acuerda y se redacta conjuntamente y se trae aquí como se trajo en la
anterior sesión, como una declaración institucional. Sí, señorías, y digo
partidariamente, porque nunca, nunca, y he revisado todas las actas del
Senado y del Congreso, nunca se ha llevado una moción a las Cámaras con
este contenido, porque el antecedente del Partido Nacionalista Vasco
hablaba de la observancia en el ejercicio del Gobierno de garantizar la
legalidad. Nunca se ha utilizado un cupo parlamentario para poner en
votos lo que es un acuerdo generalizado y, además, cumplido, que es la
unidad de acción.


Posiblemente algunos grupos de la Cámara estén sorprendidos
porque tratamos este tema, que tiene que ver con más intensidad en
Galicia, además de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Vasco, y es que durante estos meses hemos visto en Galicia cómo el grupo
que sustenta al Gobierno gallego trasladaba esa dinámica política a los
ayuntamientos y diputaciones. Es más, tuvimos que escuchar con desagrado
cómo un dirigente político gallego decía que nos teníamos que retratar
ante el terrorismo existente en Galicia. Pues bien, señorías del Grupo
Popular, el Partido Socialista Obrero Español no necesita retratarse ni
demostrar con sus votos dónde está contra el terrorismo, porque a través
de los años, de las diferentes responsabilidades como Gobierno o desde la
oposición mi grupo siempre mantuvo una postura homogénea al respecto.
Rechazo del terrorismo y defensa de las víctimas; apoyo incondicional a
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para luchar con las mayores
garantías contra esta lacra que padeció España y que según la reciente
sentencia de la Audiencia se sigue padeciendo en mi Galicia natal. Y, por
supuesto, rechazamos, como no podía ser de otra forma, cualquier tipo de
acción o declaración que lo justifique, ampare o minusvalore,
especialmente si procede de responsables políticos. Por eso, claro que
votaremos a favor de esta moción y de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Vasco, pero les digo de todo corazón que el Grupo
Socialista cree que flaco favor le hacemos a la estrategia
antiterrorista. ¿Creen ustedes que luchar contra el terrorismo
adecuadamente es propiciar el debate político en torno a él? ¿No hemos
aprendido y comprobado hasta la saciedad que una de las mejores
herramientas que ha funcionado para derrotar al terrorismo, como lo hemos
derrotado entre todos, es quitarlo del debate político? Traer al debate
político algo que todos los demócratas tenemos claro solo tiene un fin, y
lo digo sin acritud, señor Aznar: intentar réditos electorales. Y mi
partido no lo va a hacer, porque nosotros seguimos siendo leales al pacto
antiterrorista que propusimos, pacto que propició que gracias a él hoy el
terrorismo esté en una situación marginal o derrotado en España. Y para
que no emerja en Galicia ni en ningún lugar de España esa debería ser la
misma forma de actuación: unidad, lealtad, no discusión y apoyo al
Gobierno, a las fuerzas de seguridad y a los fiscales y los jueces en sus
decisiones. Votaremos sí a esta moción, sin ninguna enmienda o duda
respecto a ella, pero también le digo, señor Aznar, que nosotros nunca la
hubiésemos presentado, porque sabemos bien dónde están los partidos
democráticos: contra el terror, contra los criminales y contra el
terrorismo.


Señorías, en el juego parlamentario de una democracia
consolidada como la nuestra caben hasta este tipo de mociones, pero
termino como comencé: para este viaje no es necesario tales alforjas.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Losada.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra el senador señor Aznar.









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El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, primero, muchas gracias por el apoyo que todos
los grupos, salvo uno, han manifestado a la moción que hoy estamos viendo
aquí.


Señor Anasagasti, estoy de acuerdo con usted básicamente en
todo lo que ha dicho. Además, creo que en esta Cámara podemos hacer un
ejercicio: el seguimiento durante los próximos meses para ver en qué
terminan tanto la moción del otro día, de la que usted pidió que se
hiciera un seguimiento, como esta. Creo que es un ejercicio democrático y
que es bueno. Vamos a hacerlo. También le quiero decir que no tengo la
más mínima duda de que mi Gobierno, de que nuestro Gobierno, el Gobierno
que apoya el Partido Popular, se toma absolutamente en serio las
decisiones que salen de esta Cámara y, si cabe, de forma más especial las
que tienen algo que ver con la violencia o con la violencia terrorista.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.)


Señor Unamunzaga, he de decirle, sin ninguna acritud y con
el máximo respeto personal, que entiendo que lo suyo es un problema
serio. Usted no puede apoyar esta moción, no se atreve ni a votar esta
moción, no porque probablemente en el fondo no esté de acuerdo con ella,
sino porque esto llevaría una condena implícita de ETA que usted no puede
o no quiere hacer. Ese es el tema. (Aplausos.) Ese es el tema. Y yo,
créame, lo lamento, porque este es el juego democrático, y cuando ustedes
lo están intentando, inténtenlo sin cobardía. Vamos a todas. Condenemos
lo que hay que condenar, que es la violencia terrorista, del signo que
sea. Ese es el problema que tienen ustedes y no otro.


Señor Bruguera, muchas gracias. Estamos de acuerdo en lo
básico y también en lo de los símbolos fascistas. Lo dije aquí el otro
día en nombre de mi grupo: las líneas rojas las traza nuestra legalidad,
la legalidad vigente, que se basa en la Constitución. En el ámbito de lo
estrictamente íntimo y personal cada uno puede rezar al santo que quiera
o puede tener las creencias que quiera o los amores que quiera, pero
nunca traspasar la línea que marca la Constitución en cuanto a la defensa
de los valores democráticos. Y en eso estamos nosotros también, tenga la
absoluta seguridad.


Señor Sendra, ha aludido usted al tema de las víctimas y a
la elaboración de la ley. Como usted sabe —y le consta— que
es una preocupación del Partido Popular, sabe que recientemente se ha
aprobado el reglamento que desarrolla la ley y que desde el Gobierno se
está tratando ahora con las asociaciones de víctimas y dando la máxima
cobertura posible; y en ese terreno vamos a seguir encontrándonos. Por
tanto, desde ese punto de vista tenga absoluta tranquilidad. Y sabe usted
que este grupo, el Grupo Popular en el Senado, respeta profundamente
todas las manifestaciones cívicas que se han producido recientemente en
Cataluña como la defensa de cualquier idea, siempre dentro de los
márgenes de la Constitución; y ahí vamos a seguir. En democracia
—lo hemos dicho— se puede debatir todo, se puede hablar de
todo, todo es cuestionable, pero los límites nos los hemos dado nosotros;
y ahí vamos a seguir. Por lo tanto, no entienda usted de ninguna
intervención de nadie del Grupo Popular —al menos aquí así no se ha
producido— que comparemos sus posturas con ninguna otra y menos que
tengan origen violento o ámbito terrorista.


Y, señor Fidalgo, su problema es otro, como lo fue la
semana anterior el de mi compañero en la Comisión de Interior, el señor
Cascallana. El problema es que a ustedes les salen ronchones cada vez que
tienen que votar con el Partido Popular. Ese es el problema. Y aunque sea
un hecho tan claro como este no llevan con calma el verse votando juntos
y que aparezca en el panel el mismo color en una bancada y en la otra.
Ese es el problema. ¿Por qué tenemos que hurtar el debate político? ¿Por
qué hay que tapar nada? Hay un hecho que se está produciendo en Galicia,
que es la aparición emergente de un grupo terrorista que nos preocupa, y
no hay que ocultarlo. Y es bueno lanzar desde aquí los mensajes a quien
corresponda, máxime cuando representantes políticos como el señor Beiras
—usted lo ha reconocido— desde Galicia está disculpando y
amparando a estos terroristas. Por tanto, ¿dónde está la incongruencia?
Señoría, en política y en democracia se puede hablar de todo, de todo
dentro de los márgenes de los que estamos hablando. Su problema, pues, no
es que en el debate político salga el terrorismo, su problema es que no
les gustar votar con el Partido Popular. Y no hay otra. Yo lo siento,
pero en este caso, y me alegro, así va a ser.


Señorías, termino como empecé. Nuestro agradecimiento a los
grupos políticos por el apoyo a algo que es importante a nuestro modo de
ver: lanzar el mensaje a la ciudadanía de que aquí









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nadie se puede saltar las reglas del juego; lanzar el
mensaje a la ciudadanía de que los grupos políticos en esta Cámara están
unidos en una cuestión tan seria como es la violencia, la violencia
terrorista. Creo que con las aportaciones que ha hecho el Grupo
Parlamentario Vasco se completa la moción que nosotros hemos presentado
sin ningún afán partidista, porque en esa misma línea habríamos podido
aceptar cualquier enmienda que ustedes hubieran presentado y que hubiese
complementado nuestra propuesta, no tengan la más mínima duda, como
hicimos el otro día con la moción que presentó el Grupo Parlamentario
Vasco.


Por tanto, yo me alegro, a pesar de la tristeza que se
llevan ustedes, de que hoy aprobemos con una inmensa mayoría esta moción,
y de que el mensaje que lancemos a la ciudadanía sea que los grupos de la
Cámara están fuertes, están sólidos y siguen defendiendo los valores
democráticos.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Aznar.


Llamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas.


Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción del
Grupo Parlamentario Popular con la incorporación de la enmienda del Grupo
Parlamentario Vasco.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 236; votos emitidos, 233; a favor, 233.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada. (Fuertes
aplausos.)


8.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
BONIFICACIÓN DEL SETENTA POR CIENTO DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS ENTRE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Y LA PENÍNSULA, ASÍ COMO ENTRE LAS
ISLAS.


(Núm. exp. 662/000105)


AUTOR: GPMX


El señor presidente da lectura al punto 8.3.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado una
enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador
Quintero por tiempo de quince minutos.


El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, pronto llegaremos al ecuador de esta legislatura
y poco ha aportado esta Cámara a la actividad política de este país.
Desgraciadamente, el Partido Popular, el partido que sustenta al Gobierno
con su aplastante mayoría —legítima, eso sin ninguna duda— ha
condenado al Senado a ser un actor secundario que se limita a ratificar,
sin apenas cambios trascendentes, los proyectos de ley que redacta el
Gobierno y que aprueba previamente el Congreso, si no los modifica. El
resto de las iniciativas casi están condenadas de antemano al fracaso,
por la incapacidad de diálogo que tiene el Grupo Parlamentario Popular y
que tenemos todos. Y, desgraciadamente, esta incapacidad de diálogo y de
llegar a acuerdos está convirtiendo a esta Cámara en algo que no nos
gusta, o a mí por lo menos no me gusta. Creo que esta actitud no
beneficia a la imagen que tienen los ciudadanos y los poderes públicos de
esta Cámara; Cámara que respeto y que creo que es necesaria.


Pese a ello, a que piense que esta moción no puede salir
adelante, lo seguimos intentando y esperamos que suceda el milagro, o que
entiendan alguna de las realidades que aquí venimos a plantear. Esperamos
un milagro en forma de diálogo y de debate entre todos los grupos
políticos a los que acuda también el PP sin ese no que muchas veces
encontramos por respuesta, dado que tiene la mayoría. Pretendemos hacer
entender a este Gobierno que existen alternativas, que no solo es posible
salir de la crisis con ajustes presupuestarios o subidas impositivas,
sino que existen otras maneras que aquí intentamos expresar.









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Esta, una vez más, es mi intención con la moción que
presento hoy ante la Cámara para su debate. En esta moción demando una
reivindicación justa y necesaria para un archipiélago cuyos derechos
están siendo vulnerados en nombre de la crisis y de los ajustes
presupuestarios. No voy a profundizar mucho en mi intervención en un
hecho que, pese a ser tan obvio, no siempre está presente en las
políticas diseñadas por el Gobierno del Estado. Me refiero a que Canarias
es un territorio fragmentado, integrado por islas y que se encuentra a
más de 1000 kilómetros de la Península y el continente. Esta realidad es
innegable, incluso para aquellos que son capaces de vendernos que los
presupuestos de este año, pese a que son mucho más escasos, son mejores
que los de años anteriores.


Tampoco es mi intención mendigar gratuitamente en esta
Cámara una subvención al Estado en tiempos de crisis y de fuertes
recortes. La moción que hoy presento en esta Cámara está más que
justificada y los porcentajes que señalo en la exposición de motivos no
se plantean al azar ni salen de la nada; son los porcentajes que figuran
en los compromisos adquiridos por el Gobierno del Estado, incluido el
Partido Popular, y cuentan con el aval de la Unión Europea, que así lo ha
ratificado. Pese a que la Unión Europea está poniendo muchas
restricciones a todas las instituciones comunitarias en las ayudas
directas a los fondos públicos para empresas privadas, en este caso
concreto tenemos el aval de la Unión Europea.


La partida de 19 millones de euros que el Gobierno del
Estado ha incluido en los presupuestos, tanto de 2013 como en estas
cuentas actuales de 2014, no es suficiente y apenas servirá para cubrir
un 26% del transportes de mercancías a Canarias y entre las islas.


El Gobierno y el propio Partido Popular son muy conscientes
de que se trata de un golpe muy duro para muchas empresas exportadoras
canarias y sobre todo para la cesta de la compra más elevada de España.
Ustedes saben que sin la ayuda, o con esta tan reducida, las empresas
exportadoras canarias no podrán competir en igualdad de condiciones en un
territorio continental y lo cierto es que su futuro es hoy mucho más
incierto que nunca por tres motivos fundamentales: evidentemente, por los
efectos de la crisis, por la reducción que está haciendo el Gobierno del
transporte de mercancías y por la reducción de los aranceles que están
haciendo a productos que se importan desde terceros países fuera de la
Unión Europea y que en Canarias están afectando duramente.


Con estos condicionantes tan adversos muchas empresas se
plantean seriamente el futuro de sus exportaciones y, por tanto, el
cierre de la mayoría de sus producciones. Las consecuencias serían: la
pérdida de más puestos de trabajos, el desmantelamiento del sector
agrario y un duro revés para las empresas de transportes y para el sector
industrial. Y esto nos llevará a lo que no queremos y hemos intentado
evitar: una mayor dependencia del turismo. Y yo me pregunto: ¿esta es la
apuesta de futuro que queremos para una economía en Canarias actualmente
débil, dependiente del comercio y del transporte, y que aspiramos a que
tenga una mayor diversificación para ser más fuertes en futuros períodos
de recesión económica como los que hoy vivimos? Creo que no. De ahí que
insista: el Gobierno del Estado lo sabe y es plenamente consciente, por
ello permítanme que con esta moción intente hacer entender la realidad y
su rectificación.


Pero no serán únicamente las empresas y sus miles de
trabajadores quienes sufran las consecuencias de la reducción de las
subvenciones. Los canarios pagamos 90 euros más al mes que la media de la
cesta de la compra del Estado y 148 euros más que la comunidad autónoma
más barata. Para una familia del archipiélago incluir en su carro de la
compra algo tan esencial como carne, pescado, frutas o verduras supone un
desembolso mensual de unos 1234 euros, mientras que la misma compra en
una comunidad media de la península española supone 1086 euros;
estaríamos hablando, evidentemente, de que son más de 180 euros mensuales
los que una familia canaria paga de más.


Cada vez que los canarios acudimos al supermercado los
productos de la cesta de la compra son más caros, suben tan a menudo que
se pierde la cuenta de lo que costó el año pasado o años anteriores
—incluso, evidentemente, ya hemos perdido la cuenta de lo que
costaban antes de la entrada del euro—. En un estudio del Instituto
Nacional de Estadística —son datos oficiales— se han
comparado los precios en Canarias de los últimos diez años. La conclusión
es abrumadora: la cesta de la compra ha subido y se ha incrementado en un
50% durante este período, mientras, paradójicamente, la inflación solo ha
subido en un 30%. Y si analizamos la diferencia de la cesta de la compra
entre Gran Canaria y Tenerife, que tienen el 85% de la población de
Canarias, y que









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son estos datos que les he dado, yo les invito a pensar y a
imaginar lo que supone para las otras islas periféricas, donde tienen
doble transporte que pagar y eso no está incluido en estas estadísticas
oficiales. Les puedo asegurar —porque vivo en una de ellas y viajo
diariamente— que la diferencia entre el coste en Tenerife y Gran
Canaria y el de una isla no capitalina supone mensualmente unos 60-70
euros más de media —y esto por lo bajo— si sumamos lo que nos
cuesta a las familias de estos territorios.


El motivo de esta trepidante subida de los precios de la
cesta de la compra se encuentra en los suplementos que debemos abonar
cada vez que adquirimos un producto, sea cual sea, en todas las islas, y
es el transporte. Hablamos, por tanto, de una cuestión básica y de
especial importancia para las economías familiares, sobre todo para
aquellas que carecen de un empleo —en Canarias actualmente son
muchos— o que han visto mermados sus ingresos.


Señoras y señores senadores, la economía del futuro pasa
por adoptar mayor peso específico de la industria, pero además requiere
que impulsemos el papel de las energías renovables, la
internacionalización de nuestra economía, de nuestro propio escenario
geográfico, del desarrollo de la I+D+i, el avance de la cualificación de
nuestro sector turístico, la conectividad aérea, la potenciación y
protección del sector primario, que es fundamental, y otras muchas más.
Apostar por otro camino, en el que se reduzca el número de actores que
generan economía en Canarias, nos abocaría tarde o temprano a un nuevo
fracaso.


Debemos tener la valentía de mirar mucho más allá del
presente o de lo que resta de esta legislatura. Tenemos que definir el
futuro para que en próximos períodos de recesión económica y prolongada,
como los que vivimos actualmente, no volvamos a ser tan vulnerables como
lo somos actualmente. Esta es una tarea en la que tenemos que estar
todos, y cuando digo todos también me refiero al Gobierno de Canarias, lo
digo antes de que lo haga el Partido Popular, y todos los sectores
económicos de Canarias e instituciones, me refiero a todos. Tenemos que
realizar un ejercicio de autocrítica sobre los errores que hemos cometido
y mirar hacia el futuro con optimismo. Creo que es una tarea donde sobran
las guerras partidistas y solo existe una realidad, una realidad de un
archipiélago, el canario, que si yo mal no recuerdo sigue estando a más
de 1000 kilómetros y son ya 8 islas fragmentadas repartidas por el
océano. Espero que el Grupo Popular y los demás partidos sean conscientes
de todo esto y apoyen esta moción.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el senador Mateu.


El señor MATEU ISTÚRIZ: Señor presidente, muchas
gracias.


Buenos días, señorías.


Comparezco esta mañana para presentar una enmienda de
sustitución a la moción presentada por el senador Quintero. Señorías, no
hay Pleno que se precie en el cual no se hable de la conectividad con las
Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. En definitiva, creo que todos
tenemos la misma preocupación, lo que pasa es que unas preocupaciones se
exponen de una manera y otras de otra. Pero creo que al hablar en este
Pleno de la inquietud que tiene el senador Quintero con respecto a la
bonificación al transporte marítimo, se habrán disipado ya todas las
dudas respecto de la bonificación al transporte aéreo, con lo cual vamos
adelantando.


Señoría, de todas maneras, como siempre, le agradezco su
trabajo y le comunico que la preocupación que tiene el Gobierno de España
es como la suya: generar siempre el bienestar de las empresas y de los
ciudadanos y velar por los intereses de nuestros queridos territorios
extrapeninsulares. Pero le tengo que insistir nuevamente, señor Quintero,
en que para el Gobierno de España es una absoluta prioridad la mejora de
la conectividad, tanto aérea como de transporte terrestre de los
ciudadanos, porque generan mejor calidad de vida, mejor conectividad y la
felicidad de muchas familias, porque, a su vez, generan empleo. Por
tanto, señor Quintero, compartimos el mismo interés, compartimos la misma
preocupación.


El Ministerio de Fomento, entre sus principales
prioridades, como he repetido en múltiples ocasiones en esta Cámara,
tiene la misión de garantizar la adecuada conectividad de todos los
territorios de nuestra querida España, con especial atención, por
supuesto, a las regiones no peninsulares y especialmente con respecto a
las islas Canarias. Con su política de subvenciones









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en este supuesto al transporte de mercancías, se consigue
un desarrollo y un equilibrio regional, fundamentalmente se mejora la
estabilidad y la calidad del empleo debido a las características de los
sistemas de producción de la industria en particular, ayuda a reducir el
aislamiento de las islas que dificultan la libre circulación de personas,
bienes y servicios y palía el incremento de los costes de producción
derivados de un sistema de transporte insular, que es menos eficaz y más
engorroso en comparación con el transporte por carretera, las vías
férreas y desde luego las redes transeuropeas continentales.


Señor Quintero, no voy a repetir aquí cuál es la
legislación que regula el transporte de las mercancías incluidas en el
Anexo I del Tratado de la Comunidad Europea, vamos a decir las agrícolas,
con respecto a las no incorporadas al anexo de ese mismo tratado, que son
las industriales, porque sí establecen una bonificación de hasta el 70%.
Pero también es cierto que, conforme a una autorización comunitaria de la
Comisión Europea, la 1475, del año 2009 y la contestación 2009/651, tanto
para productos agrícolas como para productos industriales, permite la
ampliación hasta el 100% de las mismas en cuanto a la subvención. Pero,
señorías, debemos decir que toda bonificación, aunque inicialmente no sea
querida, está sometida a las disponibilidades presupuestarias del momento
en cada ejercicio. Eso no significa que no tenga interés o que no se le
dé importancia a la trascendencia que tiene el posible incremento de
estas ayudas. Señorías, estamos supeditados al cumplimiento de unos
objetivos muy claros que se llevan haciendo a través de los diversos
presupuestos elaborados por el Gobierno del Partido Popular.


Por todo ello, señorías, señor Quintero, el Grupo Popular
en el Senado propone la siguiente enmienda de sustitución:» El Pleno del
Senado insta al Gobierno a que bonifique con la cantidad máxima posible
el transporte de mercancías entre Canarias y la Península, y entre las
Islas, para garantizar la competitividad de las empresas canarias en el
mercado español y comunitario, y la sostenibilidad de la cesta de la
compra en el Archipiélago, de manera que esta bonificación sea compatible
con las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio y, además, a
que se incremente el porcentaje de bonificación progresivamente, a medida
que la mejora de la situación económica y presupuestaria del país así lo
permita».


Señor presidente, muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mateu.


Tiene la palabra el senador Quintero para indicar si acepta
o no la enmienda.


El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente.


Senadores y senadoras de Grupo Popular, señor Mateu,
agradezco el esfuerzo que siempre realiza para tratar de alcanzar un
acuerdo, sin embargo, no puedo aceptar la enmienda que me plantea.
Ustedes, en el caso de que no estuviesen —se lo digo
sinceramente— condicionados en este caso por las imposiciones del
Gobierno, estoy seguro de que tampoco la hubieran aceptado.


Es insuficiente. Tiene contenido, pero está vacía de
cualquier tipo de compromiso. Sé que son conscientes del problema
—lo dije en mi primera intervención— que esto acarreará a
Canarias, por lo que han tratado de presentar una enmienda que les ha
permitido el Gobierno un poco parecida al texto, pero que no puedo
aceptar porque no contiene ningún compromiso. Se lo agradezco de todas
maneras, pero, desgraciadamente, no la puedo aceptar.


Tengo aquí un acuerdo del Congreso de los Diputados firmado
por todos los partidos y, paradójicamente, las propuestas eran
mayoritariamente del Grupo Popular. Y una de las propuestas que firmaba
el Grupo Popular, y que está incumpliendo, hablaba de la aprobación de
las nuevas normativas europeas —usted ha citado perfectamente la
normativa— que permite a algunos llegar hasta el 70% y ese era el
compromiso del Gobierno de España: llegar hasta el 70% — ahora les
diré estos 19 millones en qué tanto por ciento se queda— y en
algunos casos podría llegar al 100%. Esta es una propuesta, presentada
por Coalición Canaria, aprobada por todos los grupos el 3 de abril de
2009, firmada también por el Grupo Popular, que hoy la echa abajo. Yo de
verdad no lo entiendo.


La partida actual de19 millones apenas servirá para cubrir
un 26% del transporte de mercancías, y esto no me lo invento yo. He
estado hablando con todas las asociaciones de transportistas, con el
sector industrial de Canarias y con el sector agroalimentario. Estamos
hablando de algo más que poner siempre la excusa del objetivo
presupuestario. Si hay que









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priorizar, hay que priorizar en algo y esto, para Canarias,
es prioritario. Igual que ahora, como usted decía, estamos hablando del
transporte de mercancías, es verdad que hace dos semanas, en la Comisión
de Fomento, el secretario de Estado de Transporte garantizó —lo
dije públicamente allí, lo dije a los medios y aprovecho para decirlo
aquí— que volveremos a tener el 50% de bonificación en el
transporte aéreo para no entrar en el debate de los pasados presupuestos
que si sí, que si no.


Cuando las cosas se prometen se hacen, pero
desgraciadamente el compromiso del Partido Popular en Canarias fue llegar
al 70% y en algunos casos al 100%, porque así lo exige Europa y la
normativa europea para Canarias. Así se ratificó y desgraciadamente no lo
están cumpliendo. A veces pienso que lo que el Partido Popular promete en
Canarias se le olvida cuando toma el avión, porque cuando llega aquí
habla de cosas completamente diferentes. Yo entiendo que tienen una
imposición del Gobierno y que desgraciadamente no son libres, pero hay
cosas fundamentales.


En el transporte de mercancías hay dos puntos clave: el
primero y para mí fundamental es la cesta de la compra. En esta situación
de crisis, con más del 30% de paro en Canarias, las familias no pueden
acceder a los elementos básicos porque se están encareciendo, pero con
esta medida del Partido Popular en los presupuestos todavía se van a
encarecer más. Si ya son caros de por sí en las islas capitalinas
—a algunos representantes políticos en Canarias desgraciadamente se
les olvida que hay más de dos islas—, en Tenerife y Gran Canaria,
lo son mucho más en las islas de la periferia.


Este factor de la cesta de la compra para las familias me
preocupa mucho, pero hay otro fundamental referido al tejido industrial y
las exportaciones. Las empresas de todo lo que se elabora o se transforma
en Canarias están pensando en irse o en cerrar porque no pueden ser
competitivas en un mercado comunitario, cuando al coste de producción hay
que sumar el coste del transporte. En esta época de crisis solo les
quedará una solución que es cerrar. Si en estos momentos no ayudamos a
esas industrias de exportación y de transformación agroalimentaria en
Canarias, de verdad estaremos abocados a que cierren. Y una vez se
cierren, se instalarán en otros países y no volverán a Canarias, de lo
que se derivará más paro y la pérdida del objetivo de diversificación
económica y no basarnos, como ha sucedido hasta ahora y que ha sido un
error, única y exclusivamente en el sector turístico. Es un error que
hemos cometido todos, también el Gobierno de Canarias. No estoy
echándoles la culpa directamente, pero estamos en el Senado y corresponde
al Gobierno de España y a esta Cámara debatir sobre los presupuestos y
las competencias del transporte marítimo de mercancías tanto entre la
Península y Canarias como entre las islas porque son competencia del
Estado. Por eso les pido que rectifiquen y aprueben esta moción que no va
más allá de lo que ustedes aprobaron en el 2009, de lo que el Partido
Popular ha aprobado y ha exigido muchas veces en el Parlamento de
Canarias. Que después de tres horas de avión no se nos olvide que todavía
estamos muy lejos de lo que allí prometemos y decimos.


Sin más, señor Mateu, le agradezco el esfuerzo que siempre
hace, pero no puedo aceptar su enmienda y pido a su grupo parlamentario
que rectifique y apruebe esta moción porque no se lo pide un senador,
sino las familias canarias y un sector tan importante como el de
transportes, la industria y las exportaciones de Canarias.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.


Entiendo que ha consumido también su turno de portavoces.
(Asentimiento.)


Pasamos a turno del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.
Tiene la palabra la senadora Iparragirre.


La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Eskerrik asko, mahaiburu
jauna.


Zure baimenarekin, hemendik bertatik, lau ideia besterik ez
ditudalako aipatuko. Quintero senatariak aipatu duen modura, Kanariar
Irlek geografikoki duten egoerak arlo ekonomikoan eragina duela ezin da
ukatu, desberdintasun egoera batean kokatzen baititu, hain zuzen ere.
Irlen beren arteko garraioa eta baita irlen eta penintsularen arteko
garraioa egoera berezi batean jartzen du; hau da, produktuak garestitzen
ditu, eta, horren ondorioz, berak hain zehazki aipatu duen modura,
bizitza garestitzen du. Gaur egun zaila bada, berena oraindik
gehiago.









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Horregatik guztiagatik, eta, berak eta baita senatari
popularrak aipatu duen modura, Europar Batzordeak baimentzen duenez,
garraioaren kostuak nolabait konpentsatzeko hobariak jasotzeko eskubidea
onartzen da. Eta akordio batera iritsi zen. Beraz, gure ustez, mozio
honek eskatzen duena errebindikazio oso logikoa iruditzen zaigu. Gehiago
esango nuke: hainbat aldiz eta azkenekoetan hemen bertan entzun izan
dugun erkidegoen arteko solidariotasunaren edo erkidegoak solidarioak
izan behar duten edo izan behar dugun ildotik, erabat ados gaude, oreka
hori nolabait lortu nahian; errebindikazio hori —berriz diot—
logikoa iruditzen zait.


Eta, aurreko plenoan nik neuk aipatzen nuen esaldiari
jarraituz, edo horrekin geratuz, hitzetatik ekintzetara pasatzeko garaia
edo momentua da. Kasu horretan aurreko plenoan gure taldeak egiten zuen
eskaera batekin, eta kasu honetan Quintero senatariak egiten duenarekin,
bat gatoz mozio honek eskatzen duenarekin. Zalantzarik gabe, konpromisoak
hartzen direnean, aurrera eraman behar dira, onartuz egoera zailak direla
ere, eta moldaketak egin behar direla. Baina beti ezin dugu ibili
hartutako konpromisoak atzera botatzen aurrekontuen arabera edo
aurrekontuak aipatuz.


Beraz, kantitateak murrizten badira-edo ere, iruditzen
zaigu zilegitasun handikoa dela eta bat gatozela kasu honetan Quintero
senatariak eskatzen duenarekin bere herriaren alde.


Mila esker.


Gracias, señor presidente.


Con su permiso, me gustaría aportar cuatro ideas desde este
mismo escaño. Tal y como decía el senador Quintero, la situación de
Canarias no se puede negar que tiene influencia en la situación económica
y en una situación de desigualdad. El transporte entre las islas y entre
estas y la Península está en una circunstancia especial porque los
productos se ven encarecidos y, tal como y decía el senador Quintero,
ello provoca un encarecimiento de la vida cuando a día de hoy ya es
difícil de por sí.


Como afirmaban ambos senadores, la Unión Europea autoriza
las bonificaciones al transporte y alcanza un acuerdo, por lo que creemos
que la reivindicación de esta moción es muy lógica. Es más, diría que en
diversas ocasiones y aquí mismo se ha hablado de la solidaridad
intercomunitaria. En este sentido debemos afirmar que estamos totalmente
de acuerdo con alcanzar este equilibrio y consideramos lógica esta
reivindicación.


Al hilo de la afirmación que yo lanzaba en el último Pleno
relativa a pasar de las palabras a las acciones, he de señalar que
entonces me refería a una petición de nuestro partido. En este caso,
respecto a la petición del señor Quintero, he de decir que estamos de
acuerdo. Sin duda, cuando se adquieren compromisos, deben ser cumplidos,
aun admitiendo que la situación es difícil y hay que realizar
adaptaciones, pero no siempre podemos echarnos atrás en los compromisos
que adquirimos por mor de los presupuestos.


Por tanto, aunque las cantidades se vieran reducidas,
consideramos que estas solicitudes cuentan con una absoluta legitimidad,
y estamos de acuerdo con lo que el señor Quintero solicita para su
pueblo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Martí.


El señor MARTÍ JUFRESA: Gràcies, senyor president.


El Grup Parlamentari de l’Entesa considera que un
dels papers de l’Estat és intervenir en la regulación de
l’economia i, en particular, compensar els greus desequilibris que
moltes vegades provoca el mercat. Aquest és un cas claríssim, està
plenament justificada, des del nostre punt de vista, la intervenció en el
marc dels recursos disponibles en els Pressupostos Generals de
l’Estat i, per tant, assolint tot el que preveuen les lleis, en
aquest cas, el 70% de bonificació per compensar aquesta flagrant
desigualtat que genera el mercat.


Per tant, el nostre grup subscriu aquesta moció i donarà
ple suport votant-hi a favor.


Moltes gràcies.


Gracias, señor presidente.


El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
considera que uno de los papeles del Estado es intervenir en la
regulación de la economía, y, concretamente, compensar los graves









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desequilibrios que genera el mercado en muchas ocasiones.
Este es un caso clarísimo, en el que desde nuestro punto de vista está
plenamente justificada la intervención en el marco de los recursos
disponibles en los Presupuestos Generales del Estado, alcanzando, por
tanto, todo lo que prevén las leyes, ese 70% de bonificación para
compensar esa flagrante desigualdad que genera el mercado.


Por ello, mi grupo parlamentario suscribe esta moción y va
a darle pleno apoyo votando a favor.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini.


La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, president.


Per part del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
donarem suport a la moció del senador Narvay per diverses qüestions que
en altres moments ja hem manifestat.


Nosaltres considerem que no hi ha res més injust que
tractar tothom per igual, perquè les circumstàncies no sempre són iguals.
És evident que 1000 quilòmetres de distància, el context de la mateixa
insularitat, fa que sigui enormement difícil. Per tant, creiem que
l’equitat territorial és un element que sempre ha d’anar
incorporat en la presa de decisions. L’equitat territorial el que
ve a dir és incorporar aquells elements que puguin fer que les propostes
polítiques acabin sent molt més justes. No és la primera vegada que, per
part del nostre grup, ens agrada recordar si més no que ens agradaria
sentir-nos útils en els debats d’aquí. Per sentir-nos útils, pensem
que la política de la precisió és aquella en què subratllem, incorporem
determinades qüestions que acaben de marcar molt més la diagnosi sobre el
resultat i l’objectiu. Ho dic perquè moltes vegades, a l’hora
de plantejar qüestions, quan ens diuen estem totalment d’acord,
però depèn de les disponibilitats pressupostàries, sabem certament que
sempre van lligades a les prioritats. Les prioritats són el que marca el
valor de la política i d’allò que és essencial, just i
necessari.


El senador Quintero ha parlat de la necessitat —ho
comprenem i valorem en aquesta mateixa línia— que les illes
Canàries no tinguin només el monocultiu del turisme, la diversificació
econòmica és un element absolutament necessari. Evidentment, si tot el
que representa l’economia productiva del transport de la mercaderia
i dels percentatges de descompte de la bonificació tot just arriben al
26%, és evident que el que estan fent és una política de gestos, no
únicament tímida, sinó que absolutament injusta i, a més a més, que no
dóna sortida a les necessitats. Si a més això és arran d’una
promesa electoral que no es compleix, tot això va sumant.


Aquesta moció que es presenta no és únicament una moció a
la qual el senador Quintero ens té acostumats, aixecant el dit i dient:
Teruel también existe, perdó, Canarias también existe, sinó que a més,
senador Quintero, a nosaltres ens agrada defensar la política de
l’equitat territorial, de la justícia i d’entendre que per on
passa l’economia, les oportunitats, la gent, per on viu la gent, és
el conjunt d’aquest reequilibri territorial que sempre creiem que
és necessari.


Evidentment, donem el suport plenament a aquesta moció.


Gràcies.


Gracias, señor presidente.


El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió va a dar también apoyo a la moción del senador Quintero por varias
cuestiones que ya hemos manifestado en otras ocasiones.


Mi grupo considera que no hay nada más injusto que tratar a
todo el mundo por igual porque las circunstancias no siempre son iguales;
es evidente que 1000 kilómetros de distancia y la propia insularidad
hacen que sea enormemente difícil, por tanto, consideramos que la equidad
territorial es un elemento que siempre debe incorporarse en la toma de
decisiones. Equidad territorial significa incorporar aquellos elementos
en los que las propuestas políticas puedan redundar y ser más justas; no
es la primera vez que a mi grupo parlamentario le gusta recordarlo, y nos
gustaría sentirnos útiles en estos debates, y para ello pensamos que la
política de la precisión es aquella que subraya y permite incorporar una
serie de cuestiones que pueden dar un mejor diagnóstico sobre el
resultado y el objetivo. Y digo esto porque en muchas ocasiones en
algunas cuestiones









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que se plantean estamos totalmente de acuerdo pero depende
de la disponibilidad presupuestaria y sabemos que ésta siempre va ligada
a unas prioridades que marcan el valor de esa política y hay que saber
qué es esencial, justo y necesario.


El senador Quintero ha hablado de la necesidad —y
nosotros lo valoramos también— de que las islas Canarias no tengan
únicamente ese monocultivo del turismo sino que deben diversificar su
economía como un elemento absolutamente necesario; más allá de todo lo
que representa la economía productiva, el transporte, la mercancía y los
porcentajes de descuento, de bonificación, apenas llegan al 26%, con lo
cual es evidente que la política es de gestos, ya no tímida, sino
completamente injusta, no da salida a sus necesidades, y, además, le
sumamos el hecho de que todo esto es consecuencia de una promesa
electoral que no se cumple.


Esta no es solo una moción a la que el senador Quintero nos
tiene acostumbrados, a levantar la mano y decir: Teruel también existe,
en este caso, Canarias también existe, sino que a nosotros nos gusta
defender la política de la equidad territorial y la justicia y entendemos
que por donde pasa la economía, las oportunidades y donde viven las
personas este equilibrio territorial siempre es necesario.


Mi grupo va a votar a favor de esta moción.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Candini.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Medina.


El señor MEDINA TOMÉ: Gracias, señor presidente.


Señorías, procuraré ser breve. En primer lugar, anuncio que
el Grupo Parlamentario Socialista apoyará la presente moción, aunque,
visto lo visto, señor Quintero, nuestro esfuerzo va a ser inútil. Y le
digo esto porque en Canarias se tiene la impresión —como en algunos
otros territorios— de que la situación económica es la excusa para
todo.


Yo les voy a enseñar unas barras, que no son las del señor
Montoro, pero que sí son reveladoras del trato, del tratamiento, de la
voluntad política que tiene el Gobierno del Partido Popular hacia nuestra
tierra (El señor Medina Tomé muestra un documento a la Cámara.) Espero
que se vea desde aquí. Esta es la evolución de las inversiones
territorializadas desde el año 2011 hasta el 2014. Esta es la realidad,
estos son los números, esto no es filosofía. Les muestro este documento
también para que se grabe, para que se tenga.


En Canarias tenemos la percepción de que este Gobierno no
nos trata bien. Yo sé que mis compañeros y compañeras canarias y canarios
del Partido Popular no ven bien que uno, desde esta tribuna, haga algunas
calificaciones como las que voy a hacer. Es posible que haya una mano
negra en el Gobierno de España (Varios señores senadores: ¡No! ¡No!)
—sí, ya sé que no les gusta— que no quiere que en Canarias
ahora, precisamente cuando gobernamos en coalición el Partido Socialista
y Coalición Canaria, las cosas salgan bien, porque en Canarias no se
entiende cómo es posible que el propio Gobierno del Estado incumpla
convenios firmados con anterioridad. La reducción drástica en la
aportación del Estado al convenio de carreteras es evidente: de 200
millones de euros en el año 2011 hemos pasado a 54; en el convenio de
aguas, de 60 millones a 21; en políticas de empleo, de 82 millones a
cero; en políticas de vivienda, de 11 millones a cero; y la reducción
—por poner algunos ejemplos— en políticas que afectan al
transporte regular de viajeros, concretamente aquella parte que nos
ayudaba a renovar la flota del conjunto de empresas que se dedican al
transporte público, ha sido de 5 millones de euros.


Viendo esto, a uno le vienen a la memoria algunas
declaraciones públicas de hace no mucho tiempo que ponían en cuestión la
conveniencia y la posibilidad de que el Gobierno central ayudara a
Canarias. Yo voy a recordar dos. La primera, las famosas declaraciones
—se acordarán— del alcalde de Toreno, en junio de 2012.
Escuchen bien lo que decía. Es verdad que pidió perdón, pero escuchen
bien lo que decía: No hay en España nada más caro que las islas Canarias.
Estamos manteniendo la insularidad. Unos derechos adquiridos que tienen
—decía— que muchas veces te dan ganas de que se las lleve el
moro o vendan La Gomera y El Hierro a los alemanes y así evitar el
déficit. Pero es que el otro día, en la Comisión de Fomento del pasado
jueves 26 de septiembre, un secretario de Estado, en relación con la
bonificación del transporte aéreo en Canarias, afirmó: Estamos dedicando
3,4 millones de euros de los impuestos de los españoles a atender la
subvención del 50% de los vuelos. Claro, esta afirmación tiene su miga
porque, hasta donde yo sé,









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los canarios y canarias pertenecemos todavía al Estado
español y, hasta donde yo sé, pagamos nuestros impuestos que sirven, por
ejemplo, para financiar las bonificaciones entre el 30% y el 70% de los
billetes de los trenes de alta velocidad; bonificación anunciada a bombo
y platillo por la señora ministra de Fomento. Cuando la señora ministra
anunció esto, los canarios no nos rasgamos las vestiduras, no dijimos que
eso era un disparate, y también se están pagando con los impuestos de los
canarios y de las canarias.


Y quiero decir otra cosa, para que se tenga claro que los
canarios no estamos pidiendo nada que no nos corresponda. Las
aportaciones del Estado a Canarias no se conceden ni por la gracia de
Dios, ni por la gracia de ningún Gobierno de este país: ni del Gobierno
del Partido Popular ahora ni del socialista antes. No es una medida de
gracia que nos concedan, no. Tenemos derecho, en primer lugar, por un
concepto de solidaridad que deben regir las actuaciones de este país y,
en segundo lugar, porque la ley nos ampara, cosa que se olvida con
frecuencia. Es conveniente recordar a esta Cámara que los artículos 5, 6,
7 y 8 de la Ley 19/1994, de modificación del régimen económico y fiscal
de Canarias, concede a los transportes públicos de personas y mercancías
la calificación de esenciales y, consecuentemente, los Gobiernos tienen
la obligación de consignar en los Presupuestos Generales del Estado la
financiación pertinente para que Canarias pueda ejecutar con mayor
garantía las competencias atribuidas de acuerdo con el artículo 30.18 de
nuestro estatuto de autonomía.


Señor Quintero, de canario a canario le digo lo siguiente.
El Gobierno del Partido Popular nunca ha tenido especial interés en
ayudarnos ni en bonificar los transportes en Canarias; nunca. Y si no se
llega a armar aquí y en Canarias la carajera que se armó como
consecuencia de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado
en el año 2013 —recuerden la disposición adicional
decimotercera—, hoy la señora ministra hubiese tenido en sus manos
un instrumento poderoso para hacernos daño.


En fin, señorías —voy acabando, señor
presidente—, reiteramos el voto favorable del Grupo Parlamentario
Socialista a esta moción. Lo que sí le pido al Partido Popular es que no
utilice el argumento de la situación económica como excusa y realice el
mismo esfuerzo que, qué casualidad, llevó a cabo un Gobierno socialista
presidido por José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2007. Es conveniente
que se recuerde aquí eso. Un Gobierno presidido por José Luis Rodríguez
Zapatero elevó, del 33% en el año 2004 al 50% en el año 2007, las
bonificaciones al transporte aéreo. Esto es una realidad y no se puede
cuestionar. Y elevó del 10% al 25% las bonificaciones al transporte
marítimo.


Señorías del Grupo Parlamentario Popular, háganlo ahora,
ayúdennos ahora que es cuando lo necesitamos; no nos pongan el sombrero
cuando no tengamos cabeza. Me refiero, señor Mateu, a la enmienda
presentada por ustedes, que hace lo de siempre: supeditar todo a la
situación económica del país. Canarias lo necesita porque es una
comunidad singular; Canarias lo necesita porque apelamos a la
solidaridad; y Canarias lo exige porque la ley nos ampara.


Gracias, señorías.


Gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Medina.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Mateu.


El señor MATEU ISTÚRIZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, comienzo por un asunto que antes se me olvidó. Ya
saben que de la Dirección General de la Marina Mercante, dentro del
Ministerio de Fomento, depende el organismo de Salvamento Marítimo,
Sasemar. Y como responsable de la materia de Fomento en esta Cámara,
quiero trasladar nuestro empuje, nuestro cariño y nuestra solidaridad a
los servicios de rescate italianos, que están trabajando muy intensamente
en esa tragedia sucedida a los inmigrantes en la isla de Lampedusa. Desde
aquí les mandamos todo nuestro afecto y agradecimiento por la tarea
humanitaria que están desarrollando.


Dicho lo cual, paso a contestar a todos los portavoces y,
desde luego, a la senadora Iparragirre, al señor Martí Jufresa y a la
señora Candini. Ellos tienen sus planteamientos de equidad, cosa que
también tiene el Partido Popular, en la distribución de las inversiones
en todo el territorio nacional. Lo que pasa es que no están en tareas de
Gobierno, y hay algo que se llama presupuestos;









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presupuestos para coordinar todas las inversiones en España
y con una máxima importante nunca vacía de contenido, que es sometido a
las disponibilidades presupuestarias.


Señor Quintero, le quiero recordar que usted ha aludido a
una moción consecuencia de interpelación urgente que suscribió el Partido
Popular y se debatió en una sesión que se celebró en el Congreso el 24 de
marzo del año 2009, y allí se presentó por la señora Oramas. Inicialmente
no pensé que era esta, porque se hablaba de un 100% de ayudas, y usted en
su moción hablaba de 70%. Pero sí, tal y como ha reflejado usted, porque
lo tomó del Diario de Sesiones del 3 de abril, es la misma.


En esta quiero recordar cómo ha sido la evolución de la
intervención de la señora Oramas, la propuesta de sustitución que hace el
Partido Popular y la transaccional que luego se aprueba por todos los
grupos, incluso apoyada —no hay que negarlo— por el Partido
Popular. La moción inicial decía: La ampliación de las ayudas al
transporte de mercancías entre las islas y la Península después de la
reciente autorización de la Comisión Europea para que puedan alcanzar
hasta el 100% de su importe.


A esta moción el Grupo Parlamentario Popular presenta una
enmienda de modificación que rezaba de la siguiente manera: La ampliación
de las ayudas al transporte de mercancías entre las islas y hasta
Península hasta llegar al 100% de su importe al final de la legislatura,
con inclusión expresa del plátano como producto subvencionable en
igualdad de condiciones que el resto de los productos agrarios.


Dentro del debate parlamentario que hubo, de los acuerdos,
del diálogo, de las conversaciones, lo que siempre es aconsejable
realizar, queda aprobada de la siguiente manera: Tras la aprobación de la
nueva normativa que amplía y mejora las compensaciones al transporte de
mercancías entre las islas y hasta la Península, realizar —ya
empezamos un poco a divagar— un estrecho seguimiento de la misma
para evaluar sus necesidades de adaptación, así como analizar la
aplicación de la reciente autorización de la Comisión Europea para que
pueda alcanzar el 100% de su importe.


Como vemos, ha sufrido una variación; variación que nuestro
compañero del Congreso de los Diputados, en su momento el señor Mato
Adrover, calificó o describió y dijo: Lamentablemente, tal y como ha
anunciado Coalición Canaria, ha preferido transigir a la imposición del
Partido Socialista para sacar adelante una moción de mínimos
absolutamente descafeinada, pactando esa enmienda transaccional que se va
a votar; una enmienda que nuestro grupo ha suscrito sin convicción y que
va a apoyar pero que es absolutamente insuficiente.


De acuerdo. Ustedes pueden analizar lo que yo acabo de
decir. Pero ahora, señor Quintero, con toda la razón, me podrá decir:
Bueno, de lo dicho en aquel momento a lo hecho ahora con el Gobierno del
Partido Popular, ¿qué ha sucedido? Pues sencillamente algo muy
interesante. En los Presupuestos del año 2010, el Gobierno del Partido
Socialista, efectivamente, consignó una partida para este menester del
que estamos hablando de 52 650 000 euros. Pero en ese mismo mes de mayo
del año 2010, el señor Rodríguez Zapatero recibió una llamada de las
autoridades comunitarias diciéndoles que ya estaba bien de ese
despilfarro, de esa huída hacia delante a costa del gasto público. Y ya
para los Presupuestos del año 2011, el señor Zapatero y su Gobierno
consignaron 37 650 000 de euros, con lo cual usted va viendo cuál es la
evolución.


Pero ¿qué pasó cuando llegó el Gobierno del Partido Popular
y ganó las elecciones del año 2011? Pues que se encontró con una
situación caótica; se encontró con un déficit de hasta el 9% y tuvo que
hacer un análisis, un diagnóstico y tomar decisiones, como bien nos
relataba ayer el presidente del Gobierno de España. Así, en esos
presupuestos, los primeros que elaboró, del año 2011, tenía claros cuáles
eran sus objetivos: sacar a España adelante; corregir el déficit
presupuestario, el déficit de nuestro PIB; y generar crecimiento, y con
ese crecimiento generar ese circuito virtuoso de la economía, que es
generar empleo, para también llenar nuestra arcas con el posible pago de
impuestos; algo que siguió haciendo en los Presupuestos del año 2012,
2013 y ahora en los Presupuestos del año 2014. Y en esta elaboración, en
el aspecto macroeconómico vemos que hay atisbos de una recuperación, sin
negar la existencia de una crisis, pero entendemos que vamos por el buen
camino. Y estos presupuestos, lo mismo que los anteriores elaborados por
el Gobierno del Partido Popular, son unos presupuestos con prioridades
muy claras, muy tasadas y muy definidas: el empleo, el crecimiento y el
bienestar social.









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El compromiso del Gobierno de España en este Proyecto de
Ley de Presupuestos para 2014 es consignar una partida presupuestaria de
19,15 millones de euros para la ocupación de la que estamos hablando y
6,16 millones para la ayuda a las autopistas del mar. Pero para ustedes
no es suficiente, señorías. Al Gobierno de España le hubiera gustado
encontrarse con otra caja y no tener que luchar contra los elementos,
como está haciendo. Y, evidentemente, trataremos de que estos
presupuestos se apliquen a los transportes que realmente más lo necesitan
para generar estabilidad y localización de la industria, al igual que
para ayudar a rebajar o a mantener, por lo menos, la cesta de la compra.
Pero, señorías, la elaboración presupuestaria ha de tener un equilibrio,
un ten con ten, y por eso quiero recordarles —cosa acerca de la que
ustedes, evidentemente, tienen el sosiego y la tranquilidad— las
cantidades destinadas a la bonificación del transporte aéreo para los
pasajeros que vuelan entre las Canarias, que vuelan entre Ceuta y Melilla
o las Islas Baleares. Hay señalados más de 430 millones de euros,
cantidad realmente importante para compensar el hecho de la insularidad
que tienen todos ustedes. Y, desde luego, el Gobierno de España va a
mantener ese 50%, como han insistido la señora ministra y el secretario
de Estado.


Por tanto, el compromiso cierto del Gobierno de España está
reflejado en estos Presupuestos Generales para el año 2014, como no puede
ser de otra manera —si no, sería una auténtica insensatez, una
auténtica huida hacia delante, como ha sucedido en las dos últimas
legislaturas antes del Gobierno del Partido Popular—, siempre, por
supuesto, adaptado a las disponibilidades presupuestarias, señorías, y
todos conocen, porque han tenido responsabilidades de Gobierno, lo que
significa no tener consignación presupuestaria y disponer de más dinero
del necesario, situación que aboca a un déficit estrepitoso, cosa que
actualmente no está autorizado por las autoridades europeas.


Lo que hace este grupo parlamentario, que, desde luego,
apoya absolutamente la línea seguida en la elaboración de estos
presupuestos, esos principios a perseguir por los mismos presupuestos, es
aconsejar y decir al Gobierno que dentro de esas aplicaciones
presupuestarias consigne la mayor partida presupuestaria posible para el
transporte de mercancías de uso industrial y de uso agrícola y que, en
cuanto se incrementen las posibilidades económicas y presupuestarias de
España, aumente progresivamente las cantidades a aplicar a este tipo de
transportes a los que nos estamos refiriendo en la mañana de hoy.


He escuchado la intervención del señor Medina y no estoy
dispuesto a aceptar afirmaciones como que la ministra de Fomento quiere
hacer daño. La ministra es una persona totalmente ecuánime y tiene un
equipo que supervisa y analiza la cohesión y vertebración territorial de
toda España atendiendo a sus necesidades. No sé si el señor Medina
escuchó ayer al presidente del Gobierno de España cuando dijo que nadie
se tiene que sentir agraviado si un año el presupuesto no alcanza las
cantidades que se deseaban. Eso significa que ya se han culminado obras,
se han ejecutado y han sido pagadas. Por tanto, no hay que repetir la
ejecución, por ejemplo, de estaciones de trenes faraónicas tres veces más
para seguir incrementado ese presupuesto. No es un ranking; los
presupuestos responden a necesidades reales, advertidas por quien tiene
la responsabilidad, que es el Gobierno de España. Desde luego,
declaraciones desafortunadas, como las del alcalde de Toreno, en todos
los partidos políticos las hay, y las distintas opiniones se respetan por
el principio de libertad y de democracia interna. No obstante, el amor
que siente el Gobierno de España actual por las islas Canarias creo que
se demuestra día a día.


Por último, senador Quintero, quiero recordarle el viaje de
la ministra a las islas Canarias y todos los anuncios que hizo. Creo que
podemos terminar el debate de esta moción en la mañana de hoy con un
recordatorio que es muy sencillo. Hace dos días la ministra estuvo
visitando las islas Canarias, visitó instalaciones portuarias, la dársena
de Los Mármoles, el puerto Naos; 17 millones de euros, 36 millones de
euros de inversión, inversión privada… En definitiva, creo que nos
debemos quedar con lo siguiente: la ministra anunció —y está
reflejado en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado— que
este año se destinarán a las islas Canarias cerca de 600 millones de
euros, lo que significa un 11% más que lo establecido en los presupuestos
del año pasado.


Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.
Anuncio que votaremos en contra de la moción. (Aplausos.)









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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mateu.


Llamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas.


Señorías, vamos a votar la moción que ha presentado el
Grupo Parlamentario Mixto.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 230; votos emitidos, 230; a favor, 86; en contra, 143;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


9. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY


9.1. DICTÁMENES DE COMISIONES


9.1.1. PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECEN
DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE FISCALIDAD MEDIOAMBIENTAL Y SE ADOPTAN
OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO
DE URGENCIA.


COMISIÓN: HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS


(Núm. exp. 621/000047)


El señor presidente da lectura a los puntos 9., 9.1.y
9.1.1.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen,
tiene la palabra el senador De España.


Señorías, después de la presentación del dictamen
entraremos en el debate de las propuestas de veto, que no se votarán
antes de las 16:00 horas; es decir, que si el debate de los vetos
concluye antes de esa hora, se suspenderá la sesión hasta ese
momento.


El señor DE ESPAÑA MOYA: Gracias, señor presidente.


Compañeros de los diferentes grupos políticos, buenas
tardes.


Tengo el honor de presentar el dictamen del Proyecto de Ley
por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad
medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.


El proyecto de ley que se presenta tuvo su entrada en esta
Cámara el día 20 de septiembre de 2013, fecha asimismo de su publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Se tramita por el
procedimiento de urgencia. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa
la Presidencia.)


El plazo de presentación de enmiendas finalizó el 24 de
septiembre. Se han presentado cuatro propuestas de veto y ciento cuarenta
y cuatro enmiendas. De ellas, treinta y cinco corresponden a distintos
senadores del Grupo Mixto; ocho al Grupo Vasco en el Senado; cuarenta y
tres al Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya; treinta y seis al Grupo
Catalán en el Senado Convergència i Unió; dieciséis al Grupo Socialista;
y seis al Grupo Popular.


El pasado día 3 de octubre la comisión designó ponencia,
que quedó integrada de la siguiente manera: por el Grupo Popular, doña
María del Mar Angulo Martínez, don Francisco José Granados Lerena y don
Lorenzo Bosch Lliteras. Por el Grupo Socialista, don Joan Lerma Blasco y
don Juan María Vázquez García. Por el Grupo Catalán Convergència i Unió,
don Ferran Bel Accensi. Por el Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya, don
José Montilla Aguilera. Y por el Grupo Mixto, don Isidro Manuel Martínez
Oblanca.


Dicha ponencia elevó a la comisión informe en el que se
introducían, como modificaciones en el texto remitido por el Congreso de
los Diputados, las seis enmiendas presentadas por el Grupo Popular. La
comisión se reunió a continuación para dictaminar y, tras rechazar las
propuestas de veto, emitió dictamen de conformidad con el informe de la
ponencia por 16 votos a favor y 9 en contra.


Han presentado votos particulares a este dictamen los
señores Iglesias Fernández, Mariscal Cifuentes y Martínez Oblanca, todos
ellos del Grupo Parlamentario Mixto. Los señores Guillot Miravet y Saura
Laporta del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Y los
grupos









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parlamentarios Mixto, Vasco en el Senado, Entesa pel
Progrés de Catalunya, Catalán en el Senado Convergència i Unió y
Socialista.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Iniciamos el debate de la propuesta de veto número 1 de los
señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo
Parlamentario Mixto. Para la defensa de este veto, tiene la palabra el
señor Iglesias. (Rumores.) Silencio, señorías.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías.


Defiendo el veto que hemos presentado dos senadores del
Grupo Mixto al Proyecto de Ley por la que se establecen determinadas
medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras
medidas tributarias y financieras.


La primera consideración que quisiera realizar es que la
guinda que da nombre al pastel, la de medidas de carácter de fiscalidad
medioambiental, no está justificada por el contenido del proyecto. No es
la primera vez que llega a esta Cámara un proyecto de medidas tributarias
en cuya denominación se pretende destacar una supuesta apuesta del
Gobierno de la nación por las medidas de carácter de fiscalidad
medioambiental.


Intuyo que eso debiera ser motivo de alegría, lo que ocurre
es que más bien genera frustración. Debiera ser motivo de alegría en
tanto en cuanto, sin ninguna duda, expresa el convencimiento por parte
del Gobierno de que las medidas de fiscalidad medioambiental cuentan con
un consenso social amplio, y, por eso, utilizan la denominación como
cobertura. Pero es inevitable la frustración cuando uno comprueba que el
contenido del proyecto no guarda relación con esa denominación.


Llevamos en esta legislatura en torno a diez reformas
tributarias que no han significado que el sistema fiscal español sea más
justo y progresivo. Por contra, se ha profundizado en la apuesta por los
impuestos indirectos, que cada vez tienen más peso en la recaudación,
frente a los impuestos directos. Se apuesta por sostener un trato
privilegiado para las rentas del capital a costa de gravar las rentas del
trabajo. Se apuesta por una vertebración del impuesto sobre sociedades,
cuyo cúmulo de deducciones y bonificaciones priman, fundamentalmente, a
las grandes empresas frente a las pymes y a los trabajadores
autónomos.


Por ello, aunque compartimos algunas de las medidas que
contiene el proyecto, como las que se refieren a suprimir deducciones por
deterioro de la cartera en el impuesto sobre sociedades, por la venta de
participaciones con pérdidas en el supuesto de que se hayan repartido
dividendos, o por la deducción por rentas negativas generadas durante el
plazo de mantenimiento de establecimiento permanente en el extranjero, o
la que limita la deducción por el fondo de comercio, entendemos que tales
reformas, que tal modificación o reducción de deducciones y
bonificaciones en ningún caso corrigen los desequilibrios y la injusticia
del sistema contemplado con carácter global.


Obviamente, con estas medidas no se soluciona una situación
en la que existen noventa y cinco tipos diferentes de beneficios fiscales
entre deducciones, exenciones, reducciones en la base imponible,
bonificaciones y tipos reducidos, que suponen en su conjunto renunciar a
recaudar entre 150 000 y 200 000 millones de euros al año.


Estas reformas no salen al paso de decisiones que han
conllevado incoherencias serias —algunas incluso se ven agravadas o
tienen una nueva expresión en este proyecto de ley—, incoherencias
como que la Comisión Europea haya tenido que abrir un expediente
sancionador a España por el hecho de que nuestro país reconociera
deducciones fiscales multimillonarias a las multinacionales españolas
sobre la base de la amortización del fondo de comercio en compra fuera de
la Unión Europea hasta el año 2010. O que este proyecto, desmintiendo su
denominación presuntamente de búsqueda de avanzar en el camino de la
fiscalidad medioambiental, establezca una nueva exención para las
embarcaciones de recreo dedicadas al alquiler en el impuesto especial
sobre determinados medios de transporte. No son precisamente las
embarcaciones de recreo un elemento que sea inocuo frente al deterioro
del medio ambiente. Y que también en este proyecto de ley se incluya el
establecimiento de un régimen fiscal a la Sareb para que pueda deducir
los gastos financieros derivados de su actividad como si fuera una
entidad financiera o aseguradora. A pesar de que en la Sareb hay una
participación de las entidades financieras, hay también una participación
de la Administración del Estado y su actividad no es de carácter









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financiero, sino de carácter inmobiliario. (La señora
vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.) Que se excluya,
por tanto, del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y del de actos
jurídicos documentados las hipotecas que se suscriban como consecuencia
de las ventas de inmuebles que la Sareb realice, que se excluya de estas
mismas figuras fiscales la garantía de financiación de la compra de
activos, ni guarda relación con el medio ambiente ni contribuye a tener
una fiscalidad más justa y progresiva. Además, conlleva un nuevo agravio
comparativo en tanto en cuanto coloca en una situación de privilegio a la
Sareb frente al resto de entidades, empresas que tienen una bolsa amplia
de inmuebles y que en este momento —desde el sector inmobiliario ya
se dice con toda claridad y contundencia, y basta leer las publicaciones
de las entidades del sector— creen que la Sareb se está
convirtiendo en una amenaza para la supervivencia de un sector ya
profundamente deteriorado como es el inmobiliario. En la práctica, en los
próximos años solo se van a enajenar los pisos de la Sareb, enajenaciones
que van a contar con los beneficios a los que acabo de hacer referencia
y, por lo tanto, la bolsa de inmuebles que tienen todavía las empresas
inmobiliarias como consecuencia —constructores y promotores—
de la propia crisis va a ser un lastre que pondrá en riesgo la
supervivencia del sector. Una cosa es que no busquemos un desarrollo
económico cuyo modelo fundamental sea el de la especulación urbanística o
el del desarrollo inmobiliario y otra que por razones estrictas de
mantenimiento del empleo se pueda prescindir de raíz del sector de la
construcción en nuestro país.


Incoherente resulta también que se aproveche la ley en la
tramitación en el Congreso para introducir bonificaciones en el IBI y en
el impuesto sobre actividades económicas para el proyecto Eurovegas. Se
trata, aunque no se mencione, de una reforma legislativa claramente
orientada a convertirse en un apoyo o sustento más de ese discutible y
cuestionable proyecto.


En relación con el IBI, y con carácter general, tampoco
compartimos que se introduzcan en el proyecto reformas que supondrán
nuevas subidas sobre las que ya se produjeron en diciembre de 2011.


Dejo para el final precisamente la guinda: la creación de
ese impuesto sobre los gases fluorados con el que se pretende que este
proyecto sea un proyecto de fiscalidad medioambiental. Lo primero que hay
que decir es que llega tarde. El Parlamento Europeo ya ha aprobado una
recomendación para prohibir estos gases fluorados a partir de 2020. En
consecuencia, la estrategia razonable del Gobierno sería la puesta en
marcha de iniciativas que no se conformen con gravar fiscalmente su
producción y gestión, sino que apunten ya a que se prescinda de su
utilización en el marco temporal fijado por la Unión Europea.


Si con esto pretendían que fuera un proyecto de fiscalidad
medioambiental no deberían haber incurrido en otra grave incoherencia que
confronta absolutamente con los objetivos, a los que me referiré de forma
muy breve a continuación, de la fiscalidad medioambiental, como es la
introducción en el Congreso del artículo 10 para favorecer fiscalmente a
la energía generada por centrales nucleares. Desde cualquier perspectiva
medioambientalista, mínimamente seria y rigurosa, la apuesta por primar y
favorecer la generación de energía eléctrica a partir de las centrales
nucleares es absolutamente rechazable.


He dicho que iba a referirme de forma muy sucinta a las
motivaciones que debieran inspirar el desarrollo de una normativa de
fiscalidad medioambiental. Ojalá que esto hubiese sido un proyecto de
verdad de fiscalidad medioambiental porque a partir de estas figuras se
busca modificar de alguna manera el comportamiento de los ciudadanos y de
las empresas en su expresión en el consumo de bienes y servicios, de tal
manera que se busque que estos ciudadanos y empresas sustituyan unos que
tengan un mayor impacto ambiental por otros que tengan menor impacto
ambiental y sean más eficientes energéticamente.


La fiscalidad medioambiental conlleva internalizar los
costes medioambientales, pero también otros costes estrictamente
económicos o sociales que hacen que se proyecte sobre la sociedad la
necesidad de afrontar los mismos porque el uso de ciertos productos, el
uso de suelo en determinada dirección o el sobreuso, la utilización de
algunos sistemas de transporte, conlleva que las arcas del Estado tengan
que afrontar inversiones. La fiscalidad medioambiental debiera orientar a
los usuarios de todo ello para que busquen alternativas que resultan más
sostenibles.


Como a los senadores que represento, al señor Mariscal y a
mí mismo, y al grupo parlamentario en el Congreso, nunca nos ha faltado
moral, aprovechamos el paquete de enmiendas, al que luego me referiré,
para reproducir enmiendas que ya hemos formulado a otros proyectos de ley
de









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carácter fiscal que llegaron aquí y que pretendieron,
algunos de ellos, cobijarse bajo el paraguas o la etiqueta de la
fiscalidad medioambiental, aun cuando sabemos que, obviamente, no tienen
muchas posibilidades de prosperar. No obstante, con un cierto ejercicio
de entusiasmo introducimos nuevas propuestas de auténtica fiscalidad
medioambiental.


Muchísimas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Propuesta de veto número 2, del senador Martínez Oblanca,
del Grupo Parlamentario Mixto.


Senador Martínez Oblanca, tiene la palabra.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora
presidenta.


El año anterior a hacerse cargo del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas el entonces portavoz del Partido Popular en
Asuntos Económicos, Cristóbal Montoro, afirmaba rotundo desde la tribuna
del Congreso de los Diputados lo siguiente: El Estado recaudará más
bajando impuestos, y recaudará más IVA promocionando un IVA inferior. No
saldremos de la crisis subiendo impuestos, señorías. Bajando impuestos se
promueve más actividad económica; bajando impuestos el Estado recauda
mejor; bajando impuestos se lucha mejor contra el fraude. La propuesta
del Grupo Parlamentario Popular es muy clara y expresa: bajar
impuestos.


Hoy, tras veintiún meses de gobierno de Rajoy, en España se
ha subido cinco veces el impuesto sobre la renta de las personas físicas,
cuatro veces el impuesto sobre sociedades, tres veces los impuestos
especiales, dos veces el impuesto sobre el valor añadido, IVA, también el
impuesto sobre bienes inmuebles, extendió el impuesto sobre el patrimonio
y se han creado doce nuevas tasas. Junto con las medidas que contiene
este proyecto de ley al que hemos presentado este veto, el Gobierno de
Rajoy ha impulsado casi medio centenar de subidas impositivas, lo que
convertirá el próximo ejercicio de 2014 en el de mayor presión fiscal de
la historia democrática española. Por cada 100 euros que ingrese un
contribuyente, casi 36 euros irán a Hacienda y a la Seguridad Social, en
concreto, 35,6 euros. El adalid de este mayúsculo récord tributario, el
señor Montoro, es el mismo que recetaba insistentemente en la oposición
la bajada de impuestos como único remedio para salir de la crisis.
Entonces se le aplaudía desde los escaños del Grupo Parlamentario
Popular, y ahora, ya reconvertido en el antihéroe de los impuestos,
también.


El Proyecto de Ley por la que se establecen determinadas
medidas en materia de fiscalidad ambiental y se adoptan otras tributarias
y financieras supone otro punto de presión mediante los tributos que ya
asfixian, y de qué manera, a la sociedad española. Tras el camuflaje
medioambientalista de su título se encubren nuevas medidas recaudatorias
que afectan al impuesto sobre sociedades, es decir, al tributo que grava
la renta de las sociedades y demás entidades jurídicas del que se derivan
diferentes deducciones, incluida la de pérdida por deterioro de cartera.
Ahora se eliminan las medidas temporales al impuesto sobre sociedades que
se establecieron en 2012 y cuya vigencia finalizaba dentro de dos
meses.


Este proyecto de ley corrobora el incumplimiento de las
ofertas de Rajoy y Montoro cuando estaban en la oposición, y reduce a la
categoría de parodia grandilocuente las propuestas sobre fiscalidad e
impuestos que se escondían tras las proposiciones y mociones presentadas
por el PP ante las Cortes Generales, en el Senado y en el Congreso de los
Diputados. Este proyecto de ley, junto con todas las subidas tributarias
acumuladas en 2012 y 2013, medio centenar, rebaja a la categoría de saldo
el discurso de investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.
Entonces proclamó solemnemente su intención de no subir los impuestos,
intención que se sustentaba en el conocimiento de las cuentas públicas
derivadas del traspaso de poderes, un proceso que se calificó de modélico
y transparente y que estaba complementado con el conocimiento directo de
las cuentas en muchas comunidades gobernadas por el Partido Popular y en
muchísimos ayuntamientos también gobernados por el PP tras las elecciones
autonómicas y municipales de mayo de 2011.


De no menor relevancia es la quiebra de los compromisos
electorales que Rajoy y el Partido Popular adquirieron ante los españoles
y plasmaron en su programa electoral «Lo que España necesita». ¿Y qué
necesita España? Bajar impuestos es el santo y seña del PP, proclamaba
Cristóbal Montoro. Bajar impuestos es el santo y seña del PP porque es
una forma de estimular la actividad económica, afirmaba. Aquí, sin
embargo, el Gobierno lleva veintiún meses subiendo, subiendo y subiendo
impuestos. Y así nos luce el pelo a los españoles, que supimos hace dos









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semanas que a este Gobierno, que viola y quiebra sus
principales compromisos, que incumple flagrante y clamorosamente sus
propias recetas no le han salido las cuentas. Tal y como vaticinaba
cuando estaba en la oposición, exactamente así, exactamente ese es el
resultado perverso de la subida de impuestos, del fracaso de los cálculos
y de lo agudo de la recesión de la economía en los dos primeros meses de
2013, lo que ha provocado una caída del consumo y ha profundizado el
descenso de las bases imponibles hasta un 5,5% pese a que en esta X
Legislatura el Gobierno ya había eliminado diferentes desgravaciones y
deducciones para tratar de recaudar más.


Bajar impuestos es el santo y seña del PP, proclamaba el
señor Montoro, de ahí que tragándose su propio programa, sus propios
compromisos y sus propias palabras: el santo, la seña y todo lo que se le
ponga por delante, el Gobierno de Rajoy presentó hace diez días, en
concreto el lunes de la pasada semana, el Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2014, en el que se ratifica una presión fiscal
sobre los españoles desconocida en los últimos treinta años. ¡Toma santo
y seña!


Llega este proyecto de ley que sube aún más los impuestos
en un momento en el que algunas comunidades y ayuntamientos se plantean
exactamente lo contrario: bajarlos. ¿Y qué hace el Gobierno? Frenar esas
intenciones, detener las intenciones de reducir los impuestos autonómicos
y locales. Si bajan impuestos es que les sobra el dinero, señaló el
ministro de Hacienda ante los periodistas, visiblemente molesto por las
iniciativas de recortes tributarios que se están planteando. Y todo eso
en vísperas de empezar a negociar el sistema de financiación autonómica,
otro compromiso principal del Partido Popular en el olvido y, por lo que
hemos leído y escuchado en las últimas horas, un galimatías en ciernes, a
tenor de las propuestas dispares y claramente inconstitucionales que se
están planteando.


Con las nuevas medidas fiscales derivadas de estas
modificaciones de la fiscalidad medioambiental y los tributos colaterales
que se añaden y aumentan aprovechando el viaje legislativo, este proyecto
de ley arrastrará a todos los españoles a una mayor carga tributaria. Y,
a partir del ejercicio de 2014, se concentrarán todas las subidas
fiscales que el Gobierno ha venido aplicando: aumento de los tipos
marginales del IRPF al máximo, subida de los tipos del IVA, supresión y
limitación de varias deducciones en el impuesto sobre sociedades y
aumento de los impuestos especiales.


No quiero dejar de mencionar que esta reforma legislativa
promueve exenciones para la Sareb, el banco malo. Una entidad pública
creada a instancias del Gobierno que, como ya advertimos, consolida más
aún la insolidaridad entre españoles. Ha creado una competencia desleal
con las empresas de promoción inmobiliaria y está generando un efecto
arrastre que repercute negativamente sobre el crecimiento económico y el
empleo, y no recuerdo una vez más que el banco malo es dañino para los
ciudadanos que han invertido tradicionalmente sus ahorros en bienes
inmuebles, pues el exceso de oferta a precios muy reducidos tendrá un
gran impacto en el patrimonio de las familias. Menos de un año después de
aprobarse la ley por la que se creó la Sociedad de Gestión de Activos
Procedentes de la Reestructuración Bancaria el Gobierno nos viene ahora
con nuevas exenciones que van a profundizar, a nuestro juicio, en las
medidas dañinas y humillantes que favorecen la especulación a costa de
los más débiles y se convierten en una auténtica ofensa para los
contribuyentes españoles, que se verán discriminados frente a los
extranjeros, singularmente frente a los denominados fondos buitre, fondos
de especulación.


Este proyecto de ley promueve nuevas herramientas de
recaudación a destajo para un Gobierno que acaba de presentar unos
Presupuestos Generales del Estado genuinamente discriminatorios,
insolidarios y nefastos que empobrecerán a Asturias con un recorte brutal
del 31,6% en la inversión pública real; es, con diferencia, el recorte
más profundo de España. Se penaliza a una comunidad cumplidora con los
objetivos de déficit y a la que el Gobierno también ha castigado
recientemente con su déficit a la carta. Es una comunidad atropellada por
Rajoy desde su primer Consejo de Ministros, en el que se eliminaron
unilateralmente las ayudas pactadas y se paralizaron imprescindibles
obras de infraestructuras que ya estaban en marcha. Es una comunidad que
según comprobamos hace seis días, por los datos sobre el paro registrado
en el mes de septiembre, quintuplica —repito, quintuplica— la
media nacional de personas desempleadas. ¿Cómo confiar en un Gobierno que
incumple uno de sus reclamos electorales principales y multiplica los
impuestos en lugar de bajarlos, como prometió? ¿Cómo fiarnos de un
Gobierno que nos conduce a recortes brutales y de un ministro de Hacienda
prepotente que









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reprende a los asturianos reprochándoles que se equivocan
si creen que tendrán más crecimiento y empleo por un poco más de
inversión pública? ¿Pero qué es esto? ¿Ustedes creen que un representante
de Asturias puede transigir con semejantes argumentos y que puede avalar
una ley que incide y reincide en subidas de impuestos para proporcionar
recursos que pretenden ser repartidos con inaceptable discriminación
sobre nuestra tierra? ¡Ni hablar!


Fiel a una lamentable estratagema de pura politiquería, muy
del estilo del señor Montoro —a quien en Asturias le conocemos muy
bien, singularmente por su inaceptable intromisión en el proceso de
negociación tras las elecciones autonómicas de marzo de 2012, amenaza de
intervención incluida—, este proyecto de ley se tramita por el
procedimiento de urgencia — la urgencia es, sin duda, para recaudar
cuanto antes—, una urgencia que en el caso de esta Cámara, la
Cámara Alta, ha sido vertiginosa —no tan vertiginosa como la ley de
emprendedores y su internacionalización, que se aprobó en el último
Pleno, pero casi casi—, por lo que en solo veinte días este
proyecto de ley va a completar su paso por el Senado en un nuevo
ejercicio de burda utilización de una reglamentación que degrada la
consideración del Senado como Cámara de reflexión y que va en su
detrimento. Esta lamentable estratagema del Gobierno empequeñece la labor
parlamentaria, comenzando por la que realizan los propios parlamentarios,
los propios senadores del Grupo Popular, que tienen una capacidad probada
para aportar y mejorar los textos legislativos. Pero, al igual que el
resto de senadores, nos vemos empujados a instancias del Gobierno por
estas urgencias por hacer caja, por hacer recaudación con nuevos
tributos.


Concluyo, señora presidenta, señalando que la gran
prioridad del Gobierno es proporcionar solución a nuestro principal
problema: el paro; es una cuestión de emergencia para millones de
familias. Hace una semana se hicieron públicos los datos sobre el paro
registrado, con 4 724 355 desempleados en septiembre; en mi comunidad,
Asturias, aumentó hasta casi las 102 000 personas y quintuplicó
—como dije antes— la media nacional en el mes de septiembre.
Datos, en todo caso, dramáticos.


Las decisiones restrictivas y procíclicas adoptadas por el
Gobierno de Rajoy junto con su política tributaria están resultando
obstáculos insuperables para el crecimiento económico, una merma a la
competitividad de nuestras empresas y una restricción a la creación de
empleo. Este proyecto de ley reincide en esa línea negativa, de ahí la
necesidad de esta enmienda a la totalidad, de este veto.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Propuesta de veto número 4, de los senadores Guillot
Miravet y Saura Laporta, ambos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés
de Catalunya.


Tiene la palabra, senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señora presidenta.
Señorías.


Yo quiero empezar también criticando el proceso, como hacía
el senador del Foro Asturias. Esta Cámara, evidentemente, no es una
Cámara territorial, pero tampoco es una Cámara de segunda lectura, es una
Cámara de lectura rápida, de lectura rauda, de lectura veloz, lo que
impide que hagamos un buen trabajo parlamentario, aspecto que para mí es
una gran irresponsabilidad.


Señorías, más allá de la pomposidad con la que este
Gobierno suele titular sus proyectos de ley, creo que en el mismo título
de este proyecto se explican las políticas erráticas del Gobierno en
materia fiscal. Nos proponen determinadas medidas por lo que atañe a la
fiscalidad ambiental y nos proponen otras medidas tributarias y
financieras —determinadas y otras—, en definitiva, parches e
improvisaciones.


Señorías del Partido Popular, a ustedes se les acumulan las
propuestas en materia tributaria: en lo que va de legislatura ya llevan
diez cambios, es decir, casi una media de una cada dos meses,
improvisaciones que generan, evidentemente, un marco de inseguridad.


Para el senador Saura y para mí lo necesario, lo
imprescindible y más en esta situación de crisis y de caída de los
ingresos públicos debería ser una reforma fiscal en profundidad que
resuelva los problemas de injusticia, regresividad e ineficacia del
actual modelo; una reforma fiscal completa que garantice la
sostenibilidad, equidad y eficacia, inspirada en los principios
constitucionales de suficiencia, igualdad y progresividad; una reforma
fiscal que nos acercara a









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Europa —hoy el diferencial de presión fiscal es de
más de 6 puntos, por debajo de nosotros solo están Lituania, Eslovenia y
Bulgaria; no es la mejor compañía en materia fiscal—. Señorías, una
nueva oportunidad perdida para abordar la reforma fiscal que necesita
España.


A su vez, creemos que una reforma fiscal debería incorporar
con decisión la fiscalidad verde, al igual que hacen los países más
avanzados de la Unión Europea; una fiscalidad verde que incorpore la
responsabilidad ambiental, que internalice los costes reales en las
actividades económicas y que permita la inaplazable transición hacia un
nuevo modelo productivo basado en la sostenibilidad, y una política
fiscal que abordara con firmeza y contundencia la lucha contra el fraude
fiscal y la evasión de impuestos.


Señorías, en España los principales contribuyentes son la
clase trabajadora y las capas medias. Con los incrementos del IVA se
sangra a los consumidores. Las rentas del trabajo son hoy la principal
fuente de ingresos. El trato fiscal a las empresas no es el mismo que
para los trabajadores. Que en un país en crisis y con graves problemas
para la obtención de ingresos el fraude fiscal se calcule que alcanza más
del 20% del PIB y que más del 80% del fraude lo realicen las grandes
corporaciones y fortunas es insostenible e inmoral. Para Iniciativa per
Catalunya Verds las tres grandes prioridades que debería abordar toda la
legislación del Gobierno en materia fiscal son: reforma fiscal completa y
en profundidad; incorporación decidida de la fiscalidad verde y lucha
contra el fraude.


Entrando ya en lo concreto del proyecto de ley que presenta
este Gobierno, en primer lugar quiero afirmar que compartimos algunas de
las propuestas planteadas en lo que se refiere a la supresión de
deducciones, en esto tiene nuestro apoyo, así como en la reforma menor,
pero reforma, del IRPF. Estamos de acuerdo con algunas supresiones como
las pérdidas por deterioro de cartera, venta de participaciones con
pérdidas si se reparte el dividendo por las rentas negativas generadas
durante el plazo de mantenimiento de establecimientos permanentes en el
extranjero o la limitación de la deducción fiscal del fondo de
comercio.


Dicho esto, quiero recordarles, señorías, que nuestro
sistema tiene noventa y cinco tipos diferentes de beneficios fiscales
entre deducciones, exenciones, reducciones de la base imponible,
bonificaciones y tipo reducido, un entramado complejo y tantas veces
arbitrario que supone dejar de ingresar entre 150 000 y 200 000 millones
de euros cada año. Los excesos de nuestro sistema fiscal en materia de
beneficios fiscales ha llevado a la Comisión Europea —antes lo
recordaba el senador Jesús Iglesias— a abrir un expediente
sancionador contra España por permitir la aplicación de deducciones
fiscales a la internacionalización de empresas españolas.


Analizando las medidas en materia fiscal y ambiental,
permítanme dos comentarios: en primer lugar, en todo el proyecto solo se
plantea un gravamen, el que afecta a los gases fluorados, medida
insuficiente —también lo decía el señor Iglesias—. La Unión
Europea se ha planteado para el 2020 su prohibición. En segundo lugar,
por poner deducciones fiscales para embarcaciones de recreo o deportes
náuticos que se dedican al alquiler. ¿Qué tiene que ver esto con la
sostenibilidad? Es un misterio que espero me aclare él o la portavoz del
Partido Popular.


Respecto a la tributación no local, no compartimos la
modificación del tipo del IBI, que viene a ser una repetición de lo que
hicieron en el 2011 y que representó incrementos del 10% de la cuota en
plena crisis y justo cuando muchos ayuntamientos ya habían realizado la
revisión catastral. Sin consenso con el municipalismo y de espaldas a los
ayuntamientos, proponen una modificación del IBI que va a poner en
dificultades a muchas familias y deja a los ayuntamientos sin capacidad
de respuesta.


Respecto a las otras medidas tributarias y financieras, voy
a hacer referencia a las dos que para mí son más sangrantes. En primer
lugar, la Sicav, que es una de nuestras verdaderas vergüenzas fiscales,
es el paraíso fiscal más cercano para nuestras grandes fortunas. En su
proyecto de ley plantean exclusivamente solo información, sin resolver el
verdadero reto de elevar su tributación. Señorías, según la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, han tributado 5,9 millones de euros.


Y en cuanto a la disposición final sobre el régimen fiscal
de la Sareb, del banco malo, equiparándolo al nivel fiscal con las
entidades de crédito, estamos en contra de que se pueda permitir la
deducción de todos los gastos financieros derivados de su actividad.
Estamos en desacuerdo con ese trato fiscal favorable a una Sareb que
ustedes, señorías del Partido Popular, decidieron que fuera una entidad
privada.









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Por todas estas razones, pido su voto a este veto, e
intentaremos corregir este proyecto de ley de no salir adelante los
vetos, que evidentemente no saldrán, con toda la batería de
enmiendas.


Gracias, presidenta. Gracias, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado Convergència i Unió.


Tiene la palabra el senador Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.


Antes de empezar a explicar las razones del veto, quisiera
hacer una reflexión, como la han hecho alguno de mis compañeros
anteriormente, en cuanto a la forma de tramitar determinados textos
legislativos en esta Cámara. No tengo el recuento —lo vamos a hacer
en mi grupo—, pero creo que prácticamente de estas diez
modificaciones tributarias, si descontamos los Presupuestos Generales del
Estado, todas se tramitan por urgencia. Y seguramente algunos de estos
trámites por urgencia se han hecho en el Congreso —la mayoría no,
son exclusivamente del Senado—. No ayuda a esta Cámara, no da
seriedad a esta Cámara, da poca confianza de que podamos aportar mejoras
en esta Cámara. Y esta ley que hoy vamos a discutir es un ejemplo claro
de que francamente se podrían haber hecho mejoras si hubiésemos tenido
más tiempo para trabajar, incluso el mismo Grupo Popular con el
ministerio. Por lo tanto, lanzo esta reflexión para todos —para la
Mesa y para los diferentes grupos— para ver si realmente estamos
beneficiando a esta Cámara tramitando por urgencia prácticamente todas
las leyes.


Nosotros presentamos veto a esta ley por diferentes
razones: una, previa y de carácter general, y otras tres
—concretas— que hacen referencia a esta ley.


La razón previa y de carácter general se debe a nuestra
discrepancia absoluta con la política fiscal y con la política tributaria
que está llevando a cabo el Gobierno, política que yo no digo que sea de
carácter errante, pero sí un poco dispar. Han hecho diez modificaciones,
pero incluso podíamos añadir alguna más, una ley que no es estrictamente
de carácter tributario pero que ha tenido alguna connotación en el ámbito
tributario en menos de dos años.


Yo puedo entender que uno, cuando asume la responsabilidad
de gobernar un Estado que está en una situación muy complicada, como la
del Estado español, tenga que hacer modificaciones por el procedimiento
de urgencia, pero hacer tantas modificaciones sin tener claro un marco
general —entendemos que en este momento no hay una dibujo claro de
cuál es el marco fiscal al cual pretendemos llegar—, nos lleva a
que tengamos que vetar ya todas las leyes de carácter tributario. Lo que
se requiere en este momento es una modificación tributaria global,
rediseñar el sistema fiscal español y no hacer modificaciones puntuales
ya que en algún caso estamos echando para atrás alguna modificación hecha
hace pocos meses y porque, primero, no da sensación de seriedad; segundo,
no deja de crear una cierta inseguridad jurídica a los administrados que
están percibiendo que se les cambia la legislación fiscal de forma
constante, incluso que se crean impuestos nuevos. A lo largo de este
tiempo han creado impuestos y algo que yo creo que todavía no se había
hecho: han creado un impuesto a tipo cero para no recaudar nada, en todo
caso, para que no recauden las demás administraciones. Por tanto, el
motivo de carácter general es la discrepancia absoluta respecto a la
política fiscal. Entendemos que en estos momentos se necesita una reforma
global del sistema fiscal español, y es lo que tendría que entrar en
estas Cámaras.


Dicho esto, los tres motivos concretos o específicos con
relación a esta ley por los cuales nuestro grupo presenta el veto:
primero —creo que en castellano hay un refrán que dice que el
hábito no hace al monje—, el nombre no hace que la ley sea lo que
pretende ser en su denominación. Ustedes plantean una ley de medidas en
materia de fiscalidad medioambiental que, entre otros, y sin carácter
medioambiental, modifica el impuesto de sociedades, el impuesto sobre la
renta de las personas físicas, el impuesto sobre la renta a los no
residentes, el impuesto sobre el patrimonio, la Ley de haciendas locales,
el IBI, y el impuesto sobre la electricidad en una línea diferente. Por
tanto, no están tomando medidas medioambientales, y precisamente nuestro
grupo está absolutamente en contra de la que toman.


Yo no sé si son conscientes de lo que va a suponer la
implantación de este impuesto de nueva creación, el impuesto sobre los
gases fluorados de efecto invernadero. Va a tener un efecto sobre la
economía real —esta economía que es tan necesaria para sacarnos de
la crisis— que yo creo









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que van a lamentar. A lo largo del debate tendremos ocasión
de hablar de ello, pero ya les quiero avanzar que eso va a tener un
efecto negativo. Más allá —como también ha salido en este
debate— de que ustedes pretendan teóricamente desincentivar la
utilización de unos gases que ya van a estar prohibidos en el marco de la
Unión Europea con una reglamentación propia, lo suyo sería mantener las
medidas medioambientales de acuerdo con la normativa europea, pero como
realmente el objetivo de esta ley es recaudar, es tener más recursos
—legítimo, pero es el objetivo último de la ley—, pues
ustedes crean un impuesto, que, como digo, va a generar muchos problemas.
Tendremos posibilidad de comentarlos, pero ya les avanzo alguno: es un
impuesto que incrementa el precio del producto final de forma
importantísima. Es un impuesto que requiere una financiación adicional a
todas las empresas —desde las productoras, a las distribuidoras,
las instaladoras—, que en estos momentos no van a encontrar en el
mercado, porque saben ustedes que el mercado financiero está
absolutamente cerrado, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas.
Desde nuestra perspectiva —se lo digo sinceramente— esto va a
generar una falta de competitividad de nuestras empresas con relación a
las empresas de otros Estados, también supondrá una disminución de la
actividad económica y, obviamente, va a generar desempleo, les guste o no
les guste. Yo no digo que sea malintencionada la formulación inicial,
pero como lo están planteando, como están diseñando el impuesto, va a
tener unos efectos nocivos, absolutamente nocivos para la actividad
económica, y desde nuestra perspectiva —es una visión muy personal
si quieren— va a incentivar claramente la economía sumergida en
determinados sectores, con lo cual no van a recaudar el impuesto esperado
y van a dejar de percibir otros impuestos como el IVA, el impuesto sobre
sociedades o el impuesto sobre la renta. Este es el primer motivo.


El segundo motivo específico por el que presentamos un veto
a este proyecto de ley es que reiteran la deslealtad institucional con
relación a otras administraciones, y se lo voy a justificar. Nos hemos
acostumbrado a que desde las Cámaras se legisle en favor de incrementar
la recaudación de la Administración central pero que dichos aumentos
nunca beneficien ni a la Administración autonómica ni a la Administración
local, de la cual también hablaré después. Este es un ejemplo más:
ustedes modifican impuestos como el impuesto sobre transmisiones
patrimoniales, que van a dejar de recaudar las comunidades autónomas sin
haber hablado con ellas previamente —me refiero esencialmente a la
exención que establecen para la Sareb, de la que después tendremos
ocasión de hablar—; crean impuestos que se podrían equiparar a
impuestos especiales —como es el caso del impuesto sobre los gases
fluorados—, sobre los cuales tampoco van a participar las
comunidades autónomas. Por tanto, con relación a todas estas comunidades
autónomas, una vez más, son absolutamente desleales con una normativa
tributaria. Lo son también con las corporaciones locales porque —la
verdad es que quien haya redactado el preámbulo tiene también su
mérito— intentan vender que se les da más flexibilidad, más
capacidad de decisión, más autonomía local a todas las corporaciones
locales ya que podrán establecer una bonificación en el impuesto sobre el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, pero a la vez
cercenan cualquier autonomía local y obligan a todas las corporaciones
locales a que el impuesto sobre bienes inmuebles —el impuesto más
importante de que disponen los ayuntamientos— tenga un sobretipo,
como pasó hace dos años. Hace dos años se nos vendió como una medida
transitoria —como algunas de las que vemos después en el impuesto
sobre sociedades, y esto es una medida transitoria—, pero no era
tan transitoria: han pasado dos años y lo renuevan por dos años más,
porque, claro, las corporaciones locales son unas incumplidoras, no
cumplen sus objetivos de déficit, y porque están provocando que España no
los ejecute. No, no debe ser eso. Ayer escuchamos al señor Montoro decir
que las corporaciones locales habían generado 2 décimas de superávit y
que van a generar más superávit en 2013 y mucho más en 2014 y en 2015.
Por tanto, si las corporaciones locales generan superávit, no tienen
problema de déficit, están disminuyendo la deuda y están contribuyendo a
que el déficit asignado al Estado español sea menor, ¿por qué las
penalizan? ¿Por qué les obligan a mantener la subida de tipos impositivos
del IBI? ¿No será que pretenden generar todavía más superávit en las
corporaciones locales, que va a compensar el mayor déficit de la
Administración central y las comunidades autónomas? Seguramente la
explicación será esa, porque en la autonomía local, cuando se está
cumpliendo con los objetivos de déficit, no tiene absolutamente ningún
sentido este incremento de tipos en el impuesto sobre bienes
inmuebles.









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Por tanto, entendemos que una vez más son desleales. Pero
no lo son solo sobre el IBI. Ustedes también —y aquí vamos a hablar
un poco más de la Sareb— establecen que todas las operaciones que
efectúe la Sareb no van a computarse a efectos de los epígrafes 833 del
IAE; es decir, la Sareb no va a tributar en el IAE, por tanto, no se van
a beneficiar los ayuntamientos por promoción inmobiliaria; va a comprar y
va a vender terrenos y pisos como cualquier otra inmobiliaria, pero no va
a tributar. Las otras inmobiliarias tributarán por el IAE, en cambio, la
Sareb no. Claro, deja de tributar por el impuesto sobre transmisiones
patrimoniales. ¿Quién lo recauda: la Administración Central? No. ¿Coste
para el señor Montoro? Cero. Deja de tributar el IAE. ¿Quién lo recauda:
el señor Montoro? No. ¿Coste para la Administración central? Cero. Son
medidas que se están tomando, que afectan a otro nivel de Administración,
y a estos niveles de la Administración ni se les ha consultado ni se les
ha pedido parecer al respecto. Por tanto, si esto no es una deslealtad,
alguien tendrá que venir y explicarlo.


En tercer lugar, los motivos específicos por los cuales
presentamos el veto son las modificaciones que efectúan ustedes en los
artículos 1 y 2 de la ley —especialmente, en el artículo 1— y
que hacen referencia al impuesto sobre sociedades. Introducen algunas
modificaciones que sí que cuentan, curiosamente, con el beneplácito de
algunos otros grupos que también presentan vetos y con las que nuestro
grupo discrepa absolutamente porque van a limitar la capacidad de
inversión futura de muchas sociedades que, sabiendo que si hay un riesgo
de pérdidas en la participación de otras sociedades, no van a poder
deducírselo del impuesto sobre sociedades, lo que, seguramente,
incrementará su riesgo y, entre comillas, su prima de riesgo, y no
llevarán a cabo estas inversiones. En mi opinión —y luego tendré
tiempo para hablar del impuesto sobre sociedades—, este es el otro
motivo por el cual presentamos el veto a este proyecto de ley.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Turno en contra.


Senadora Angulo, tiene la palabra.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, intervengo para expresar el voto del Grupo
Popular en el Senado en contra de las cuatro propuestas de veto que se
han formulado y a favor del proyecto de ley que hoy se somete a debate;
un proyecto de ley que, indudablemente, contiene medidas fiscales
relevantes —a pesar de lo que se ha dicho— en el capítulo
medioambiental. También incluye modificaciones relevantes en otras
figuras tributarias de nuestro sistema fiscal: en algunos casos es la
prórroga de determinadas figuras o de determinados elementos del tipo de
sociedades y en otros casos son bonificaciones o exenciones importantes
dirigidas a mejorar la competitividad de sectores industriales de
importancia en nuestro país. No se puede simplificar el debate a que esto
es una subida de impuestos o hacer una simplificación —yo
diría— tan burda y tan ramplona como en algunos momentos ha tenido
lugar aquí.


Comenzaré diciendo que es, sobre todo, globalmente, un
proyecto de ley que nos permite avanzar hoy en el proceso de
consolidación fiscal y de saneamiento de nuestras cuentas públicas, en un
momento muy diferente del que estábamos hace veintiún meses de Gobierno
del Partido Popular, proceso que no ha terminado y del que no es momento
para desmarcarse, señorías; un proceso que nos convoca a todos, porque la
consolidación fiscal y el saneamiento de esas cuentas, que el Gobierno
socialista anterior dejó completamente en quiebra, completamente
arruinadas, es un compromiso unánime de los responsables autonómicos,
asumido en la Conferencia de Presidentes del año pasado. Esa
consolidación fiscal es también porque no podemos resignarnos a estar
pagando más de 30 000 millones de euros en intereses, que es el gasto de
todos los ministerios, y a continuar en esa línea. Y esa consolidación
fiscal sigue siendo necesaria porque la situación que se generó en España
—por el Gobierno socialista— de dejar todo a deber y de ese
déficit desbocado e incontrolado sencillamente no puede volver a ocurrir:
fue demasiado tiempo viviendo a crédito, fue demasiado tiempo jugando a
la fiesta del despilfarro y fue demasiado tiempo dejando las facturas sin
pagar. Y ese proceso de consolidación es necesario.


Señorías, la legislatura no empieza hoy. Algunos de ustedes
pretenden hacer olvidar y borrar una parte de la historia, pero no es
posible, nunca es posible, porque en este país todos hemos









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tenido que hacer el mayor esfuerzo estructural de
consolidación fiscal de la historia de España, también el mayor esfuerzo
fiscal que se ha hecho nunca en la OCDE. Y hemos tenido que hacerlo,
señorías, en un momento de recesión, a la vez que el propio Gobierno
abordaba todas y cada una de las reformas estructurales necesarias
—porque también estaban todas sin empezar—. Y hemos tenido
que hacerlo porque la situación de diciembre de 2011 era la que era,
porque algunos no veían más posibilidad que el rescate —y miro
hacia la izquierda—, no veían más posibilidad que estábamos
abocados al rescate, que éramos incapaces de cumplir nuestros compromisos
de pago y que se estaban dejando de atender y de pagar en este país los
servicios públicos. Esa era la situación con la que nos encontramos y esa
es la situación a la que se ha hecho frente con un esfuerzo sobre todo de
ahorro en todos los niveles de la Administración —sobre todo de
ahorro—.


Pero también ha sido necesario, señorías, tomar decisiones
para recuperar el pulso de los ingresos, porque eso suponía asegurar los
servicios fundamentales que estaban al borde de la quiebra. Se han tomado
decisiones difíciles. En materia tributaria se han tomado decisiones que
ni a este ni a ningún otro Gobierno le hubiera gustado tomar. Son
decisiones que se han tomado en una situación que a ningún Gobierno le
hubiera gustado encontrar, pero han sido decisiones necesarias,
decisiones urgentes y decisiones inexcusables para poder garantizar en
todos los rincones de este país la prestación de servicios públicos
fundamentales para poder pagar facturas pendientes en educación, en
servicios sociales y en dependencia.


Y aquí se dice que en alguna comunidad autónoma se conoce
al ministro Montoro no recuerdo por qué. Quiero decirle que estoy
convencida —porque lo he vivido así en el ayuntamiento de la ciudad
donde vivo y también muchas comunidades autónomas— de que al señor
Montoro, además de por la convicción, además de por la experiencia de
haber sacado a España y haber contribuido de manera muy importante a
poner los cimientos para generar una etapa de prosperidad en este país,
se le conoce y se le va a conocer por haber conseguido que nos salgan las
cuentas a todos, no solo al Partido Popular, senador Martínez; se le va a
conocer por haber conseguido que se pueda haber pagado a los proveedores
las facturas que tantos gobernantes tenían a deber, por haber logrado que
de cada 100 facturas, 60 correspondieran al pago de servicios
fundamentales y por haber garantizado que se pagaran los servicios
públicos de las personas que iban al colegio o al hospital en su
comunidad autónoma con cargo a ese fondo a proveedores que puso en marcha
el ministro Montoro. Yo creo que por eso va a ser conocido, por eso es ya
conocido.


Era necesario recuperar el pulso de los ingresos, y eso
también lo decía nuestro programa electoral, senador Martínez. En la
página 1 del programa del Partido Popular todos nos comprometemos
—el Gobierno y todos los que formamos el Partido Popular— a
un Gobierno serio y responsable, que dé respuestas creíbles a problemas
reales —dígame si no es eso lo que estamos haciendo—; un
programa para crecer y generar empleo —estamos empezando a crecer y
estamos a punto de crear empleo neto en este país—, para apoyar a
nuestros emprendedores —recuerde la ley que aprobamos hace
escasamente dos semanas— y para garantizar la educación, la sanidad
y el bienestar de todos sin excepción. A eso me refería hace unos
minutos, a garantizar los servicios fundamentales para todos sin
excepción. Eso es lo que aparece en el programa del Partido Popular y lo
que está guiando desde el minuto uno la acción del Gobierno de Mariano
Rajoy. Desde luego, lo que no va a hacer ni el ministro Montoro ni el
Gobierno de Mariano Rajoy es romper ese compromiso y tampoco dejar las
cosas abandonadas, marcharse y convocar elecciones a mitad de legislatura
como hicieron otros cuando no le salen las cuentas. Eso no lo va a hacer
el Gobierno del Partido Popular, va a responder a este primer compromiso
del primer apartado del programa electoral del Partido Popular. Y ahí
estamos con nuestro primer compromiso, ahí estamos cumpliendo con nuestro
compromiso: sacar adelante a este país, salir todos juntos de la crisis y
recuperar el crecimiento.


Hoy se ha puesto en marcha toda una segunda generación de
reformas que nos sitúan además a la vanguardia —también se ha
hablado de eso— para reactivar la economía, para apoyar a los
emprendedores y para reconstruir el tejido productivo. Toda esa agenda de
reformas también ocupa un papel prioritario y central en la política del
Partido Popular. Así, semana a semana, en cada Consejo de Ministros, en
el Congreso y en el Senado, hemos sido capaces de proponer y aprobar 120
iniciativas en menos de dos años —ni mucho menos son subidas de
impuestos— para sentar las bases, para recuperar el crecimiento y
el empleo.









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Estos veintiún meses no se pueden resumir en medidas
tributarias y, menos aún, se pueden simplificar como se ha hecho, repito,
de manera bastante burda. Sí hay que decir que todo lo que se está
haciendo ahora es posible porque ha habido un Gobierno que ha puesto bajo
control las cuentas públicas, y hoy, más que nunca, tenemos que seguir
avanzando en ese proceso de consolidación porque está dando resultados.
De ahí la necesidad de esta ley, dirigida a avanzar en ese proceso de
consolidación e instrumento, señores senadores —porque muchos han
dicho lo contrario—, que va a contribuir a la recuperación del
crecimiento y la reactivación de la economía por cuanto supone un avance
y un paso más en la consolidación fiscal.


No hablamos de subidas de impuestos —ya lo decía en
la comisión y lo reitero hoy—. El Partido Popular ha adoptado
medidas tributarias dentro de la política fiscal. Pero dentro de la
política fiscal del Gobierno también aprobábamos una primera bajada de
impuestos en la Ley de emprendedores hace escasamente un mes —una
auténtica bajada de impuestos—, estructurada en un importante
número de bonificaciones y de incentivos fiscales a todos los autónomos y
a las pequeñas y medianas empresas.


Abordar una revisión del sistema fiscal en profundidad es
algo que también está impulsando el Gobierno a través de esa comisión de
expertos y del compromiso que el ministro Montoro anunciaba ya para
comienzos del año próximo, esa reforma fiscal que se está preparando y
que es lo que prometimos, señorías. Página 43 del programa electoral:
Impulsar una reforma fiscal integral para modernizar nuestro sistema
tributario y hacerlo más equitativo y más eficiente. Y en esa misma
página 43 lo dice muy claro: Ritmo de aplicación de la reforma fiscal,
acompasado al cumplimiento de objetivos de reducción del déficit y gasto
público —acompasado al cumplimiento de los objetivos que son
absolutamente necesarios, como digo, si queremos garantizar el Estado del
bienestar, si queremos garantizar el Estado que conocemos.


Han hablado ustedes también de una oportunidad perdida en
fiscalidad medioambiental. Tengo que decir que alguno de ustedes en todas
las leyes habla de oportunidades perdidas, pero es el Gobierno y el Grupo
Popular el que aprovecha todas las oportunidades y son ustedes
—desmarcándose, votando en contra o mirando para otro lado—
normalmente los que pierden todas las oportunidades. Esa es la realidad
que llevamos viviendo veintiún meses. Yo entiendo que a ustedes les
descoloca que se esté legislando tanto y en todos los sentidos, sobre
todo a quienes estaban tan cómodos viendo cómo aquí pasaban incluso
cuatro o cinco Plenos sin que viniera un solo texto legislativo. Pero
¡anda que han llenado páginas hablando de la necesidad de introducir
temas como la fiscalidad medioambiental! Y hoy cuestionan la ley que
incluye aspectos importantes en fiscalidad medioambiental. Y lo hace
introduciendo en nuestro ordenamiento ese impuesto de gases fluorados de
efecto invernadero, que están —lo han dicho alguno de ustedes
también— en el punto de mira por su potencial de calentamiento,
mucho más elevado que el CO2. Y por eso se grava su consumo y por eso se
incentiva —vía deducción o devolución— la destrucción de esos
productos.


Se establece, como saben, una exención en la primera carga
en los equipos y exenciones para gases utilizados en medicamentos
—concretamente en los dosificadores para inhalación—, o una
exención parcial en un 90% para los que se incorporen en sistemas de
extinción de incendios.


Pero se aborda también la fiscalidad medioambiental
mejorando la regulación de la fiscalidad del gas natural para usos con
fines profesionales. Saben que se estableció un tipo reducido de 0,15
euros por gigajulio, y se modifica ese apartado para precisar qué es lo
que se entiende por gas natural destinado a usos con fines profesionales,
en definitiva, para asegurar la diferenciación en la imposición basada en
estos fines y que resulta aplicable a los sectores industriales.


Se modifica también el impuesto sobre la producción de
combustible nuclear gastado y residuos radioactivos para clarificar de
manera importante la regulación y la aplicación práctica del impuesto,
puesto que la producción de combustible nuclear gastado presenta
características muy distintas o muy diferentes de la producción de los
residuos radioactivos; o se aplica una exención en el impuesto sobre
electricidad —una exención que yo quiero remarcar, porque es
verdaderamente importante— respecto del 85% de la electricidad que
se destine a determinados procesos industriales, que es una posibilidad
que contempla la directiva europea y a la que se va a acoger el Estado
español con esta norma, en concreto, los sectores de consumo intensivo
como la reducción química, como los procesos electrolíticos, como los
procesos mineralógicos o









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metalúrgicos van a tener una exención en el impuesto sobre
electricidad respecto del 85% de la electricidad que consuman. Creo que
es verdaderamente importante.


Por lo tanto, hablamos de consolidación fiscal, pero no
solo, o de aumentar la recaudación, sino de medidas que mejoran la
aplicación de determinadas figuras tributarias; estamos hablando también
de medidas que nos aproximan en la tributación a la de otros Estados
miembros y así permiten mantener o incluso mejorar la competitividad de
determinados sectores industriales. Estamos, en definitiva, aplicando
medidas y dando soluciones reales a problemas reales y mejorando en
muchos casos la aplicación de algunos impuestos.


Han hablado también de la inequidad del sistema tributario.
Ese es un argumento recurrente. Hablan de la inequidad e incluso de la
injusticia del sistema tributario. Señorías, yo les diría que hay
argumentos que no se sostienen, muchas veces porque son radicalmente
inciertos, y en algunos casos creo que deberían eliminar de su discurso,
porque cuando son los datos los que les desmienten, a uno le dejan en muy
mal lugar. En este sentido me voy a referir a las modificaciones que se
incluyen en el impuesto sobre sociedades.


En este proyecto de ley —lo han dicho algunos de
ustedes también— se contienen medidas importantes en este ámbito.
De hecho, hay una novedad sustancial y es que se suprime la deducibilidad
de las pérdidas por deterioro del valor de las participaciones en el
capital o en los fondos propios de una entidad y se suprime también la
deducibilidad de las rentas negativas generadas en el extranjero por los
establecimientos permanentes. Se minoran las pérdidas solo por los
dividendos percibidos en periodos no prescritos y solo por los dividendos
que no hayan sido objeto de algún tipo de tributación. Con esta medida se
trata de evitar la doble deducibilidad de pérdidas, una vez en sede de la
entidad o del establecimiento permanente y luego en sede del
inversor.


¿Por qué hablo de esto cuando me estaba refiriendo a la
falta de equidad del sistema tributario que ustedes denunciaban? Porque,
¿a qué tipo de empresas va a afectar fundamentalmente esta medida? ¿Qué
empresas eran, en mayor medida, las que se acogían a esta deducción, a
esta deducibilidad? Fundamentalmente, las grandes empresas. Según datos
del Registro Mercantil, el 92% de las inversiones financieras se
concentra en las grandes empresas, y en menor medida en las empresas
medianas de nuestro país. Luego, el mayor esfuerzo recae una vez más en
los contribuyentes con mayor capacidad económica. Eso es algo que
tuvieron oportunidad de hacer desde la izquierda pero no supieron o no
quisieron; y digo: una vez más, porque la prórroga de algunas medidas
temporales en el impuesto sobre sociedades, en concreto las medidas que
ha ido adoptando el Gobierno del Partido Popular en el impuesto sobre
sociedades, que hoy se prorrogan en su mayoría a los ejercicios de 2014 y
2015, como la limitación a la compensación de bases imponibles negativas,
el aumento de porcentaje y base para el cálculo de pagos fraccionados, la
eliminación de la libertad de amortización o la limitación de la
deducción del fondo de comercio, son modificaciones que también suponen
eliminar deducciones, fundamentalmente a las empresas con mayor capacidad
de pago.


Por eso, en relación con estas modificaciones en el
impuesto sobre sociedades, las que se incorporan ahora y las que ya se
adoptaron en textos anteriores, me gustaría hacer dos reflexiones sobre
algunos de los comentarios que han hecho los autores de las enmiendas a
la totalidad, que en algunos casos, senador Guillot, senador Iglesias, no
son enmendantes a la totalidad, porque en el texto del veto, que además
es totalmente coincidente, hay dos bloques enteros con los que ustedes
afirman estar de acuerdo, y uno es precisamente sobre cómo se han ido
modificando estas deducciones.


Ustedes hablan de avances en el impuesto sobre sociedades
en cuanto a las medidas que se han tomado en relación con estas
deducciones. Pues bien, me gustaría hacer dos reflexiones: la primera,
sobre la recaudación del impuesto sobre sociedades. No podemos ignorar
—como se ha hecho durante años— la caída en la recaudación en
el impuesto sobre sociedades, que durante los últimos tres o cuatro años
del Gobierno socialista fue impactante; una recaudación que cayó desde
los 45 000 millones de euros hasta los 16 000 millones; impactante y
dramática y sin que se tomara una sola medida para recuperarla.


Pues bien, todas estas medidas que aprobó desde el primer
momento el Gobierno del Partido Popular han permitido cumplir —al
contrario de lo que ustedes decían hace escasamente un año cuando
debatíamos el presupuesto— las previsiones de ingresos, unos
ingresos impositivos que









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en 2012 aumentaron en 6856 millones de euros, de los cuales
4800 millones corresponden a la recaudación del impuesto sobre
sociedades. En la misma línea avanzaba el ministro Montoro el pasado 12
de septiembre en el Congreso en cuanto a la evolución del tributo en
2013, una cuota diferencial neta resultante de la diferencia entre
ingresos y devoluciones de la campaña de 2012, que va a superar la
previsión recogida en los Presupuestos para 2013 en torno a 2500 millones
de euros; en definitiva, señorías, recuperando el pulso del impuesto
sobre sociedades y permitiendo que ese dinero vaya a pagar todo lo que
había pendiente, así como los servicios públicos fundamentales que se
estaban dejando de atender en algunas comunidades autónomas, en algunos
ayuntamientos y en muchos rincones de España.


La segunda reflexión que quería hacer sobre esta cuestión
es que esas modificaciones del impuesto sobre sociedades se están
haciendo por la vía de aumentar la tributación efectiva de las empresas
con mayor capacidad de pago. ¿Saben ustedes, señorías de la izquierda,
las veces que prometieron esto ustedes, las veces que lo reclamaron y las
veces que luego lo ignoraron cuando tuvieron oportunidad de eliminar la
distorsión que suponía que la tributación efectiva de las grandes
empresas —en algunos casos, por la vía de todo ese sistema de
deducciones— fuese incluso notablemente inferior a la de las pymes?
¿Saben ustedes las veces que lo comprometieron y las veces que lo
incumplieron? Estas limitaciones o supresiones son medidas que apuestan
por la equidad y, por lo tanto demuestran que es el Gobierno del Partido
Popular el que está dando respuesta a la grave situación económica y
además lo está haciendo por el camino de la equidad, es el que está
poniendo equidad en cada una de esas medidas tributarias, e incluso
ustedes reconocen que se han producido avances importantes en ese
sentido.


De hecho, se están limitando o suprimiendo deducciones de
las que solo se beneficiaban grandes empresas y, sin embargo, se están
aplicando bajadas de impuestos importantes —y lo seguiremos
haciendo— a pequeñas y medianas empresas, a los autónomos. Así, en
la Ley de emprendedores aprobábamos todo un catálogo de medidas, como
esas reducciones del 100% en las cotizaciones a las pymes que contratan a
jóvenes de forma indefinida o que contratan a tiempo parcial a jóvenes
parados, como esa tarifa plana para los nuevos autónomos que extendíamos
ya a todos los mayores también de 30 años, o como esa tributación
reducida en sociedades los dos primeros años para las pequeñas y medianas
empresas de nueva creación.


Por cierto, hoy están ustedes en contra de estas medidas
tributarias, pero hace escasamente un mes también estuvieron en contra de
esas bajadas de impuestos para las pequeñas y medianas empresas y para
los autónomos de este país, también trataron de vetar la ley en la que el
Gobierno del Partido Popular bajaba los impuestos y aplicaba
bonificaciones importantes a las pequeñas y medianas empresas de este
país.


Hoy, en los vetos de Izquierda Unida y de los senadores
Guillot y Saura se habla de otra cuestión positiva, de información y
transparencia en relación con la cuenta ómnibus. Ustedes recalcan en su
argumentación lo positivo de establecer la obligación de proporcionar
información a las entidades comercializadoras para las Sicav domiciliadas
en España y no solo para las ubicadas en el extranjero. Una vez más
siguen con sus vetos pero, también una vez más, son ustedes los que
reconocen las medidas positivas que aplica el Gobierno.


Me quiero referir a una cuestión que creo que es importante
y a la que se refería alguna de sus señorías y más extensamente el
senador Bel, de Convergència i Unió. Vuelve a hablar de deslealtad. Es un
debate que ya hemos mantenido en otras ocasiones, pero en el que quiero
insistir y hablar con total claridad y contundencia. Creo que el apoyo
del Gobierno a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, desde el
minuto cero, ha sido firme, ha sido inequívoco y ha sido responsable. Se
trata de un apoyo con exigencia de saneamiento de las cuentas. Pero eso
ha supuesto también un giro de 180 grados con respecto a un Gobierno que
permitía que se acumulara el déficit y las facturas sin pagar, y que
abandonaba a cada uno a su suerte. Pero precisamente se han dado pasos
muy importantes en la dirección de la lealtad institucional, y pasos muy
importantes que están dando resultados, como vemos en los datos. Por lo
tanto, creo que esa acusación de deslealtad, senador Bel, —y lo
digo con total sinceridad— es profundamente injusta e incierta.
Ustedes saben perfectamente que los ingresos a mayores que se producen
van a parar en el porcentaje cedido a las comunidades autónomas, en
cumplimiento de la Ley de financiación.


Ustedes lo saben. Pero, es más, saben que los sucesivos
cambios que se han ido produciendo en las leyes de financiación
—porque usted me va a hablar del fondo de suficiencia, lo ha hecho









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otras veces y lo volverá a hacer— provocan que el
sistema de financiación esté cada vez más presidido por la
corresponsabilidad, y de los recursos que reciben las comunidades
autónomas, es cada vez mayor la parte que procede de los recursos
tributarios y menor la parte que procede del fondo de suficiencia. Por
eso le decía, e insisto, que nunca ha sido tan importante tener claro que
nos jugamos lo mismo. Que si aumentamos las bases, que si aumenta el
número de cotizantes, que si aumentan los recursos y somos capaces de
generar los recursos necesarios para asegurar los servicios públicos,
también los recursos que reciben las comunidades autónomas serán mayores.
Y si los recursos caen a mínimos y uno mira impasible, como hizo el
Gobierno anterior, cómo caen a mínimos, las comunidades autónomas
recibirán la mitad o poco más de esos mínimos. Esa es la realidad, que
usted conoce muy bien.


Pero es que además usted sabe también muy bien que es el
Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de Mariano Rajoy, el que ha
puesto en marcha instrumentos vitales para resolver los problemas de
liquidez de las comunidades autónomas. Sobre todo el mecanismo de
financiación de pago a proveedores, así como el Fondo de Liquidez
Autonómico. Ha sido el Gobierno, con esos mecanismos, el que ha acudido
en auxilio de aquellas comunidades autónomas que no es que encontraran
todas las puertas cerradas a la hora de buscar financiación, sino que
tenían serias dificultades para hacer frente a los vencimientos de deuda,
e, incluso para hacer frente, como he dicho antes, al pago de los
servicios.


Por eso, creo que con toda justicia puedo decir que el
Gobierno del Partido Popular ha dado pasos muy importantes para asegurar
los pilares del Estado de bienestar y los pilares del Estado autonómico.
Y ha sido profundamente leal, profundamente responsable y profundamente
comprometido con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, y más
aún, con todas esas personas que estaban teniendo problemas con la
prestación de los servicios en cada una de las comunidades autónomas y en
cada uno de los ayuntamientos. Eso es lo más importante y quiero decirlo
con total claridad.


En cuanto al ámbito local, nunca hemos dicho nosotros que
las corporaciones locales fueran las responsables del problema del
déficit, como alguno de ustedes ha señalado. Nunca se ha dicho por parte
del Partido Popular. Nunca. Es más, al igual que con a las comunidades
autónomas, hay un Gobierno absolutamente comprometido con las
corporaciones locales. Hubo años en que los ayuntamientos fueron los
grandes ignorados y los grandes abandonados de este país, a los que el
anterior presidente del Gobierno les prometió resolver su financiación
hasta una docena de veces y a los que más de una docena de veces se les
dejó igual que estaban.


También en esta ley hay medidas importantes en el ámbito
local. Ya se ha hecho referencia a ellas. Medidas como la prórroga del
IBI en los periodos impositivos iniciados en 2014 y 2015 van a mejorar
esa capacidad de generar recursos por parte de los ayuntamientos.
También, en determinadas circunstancias, en proyectos de especial interés
por creación de empleo o por su carácter económico, social o cultural, la
posibilidad de que los ayuntamientos puedan establecer una bonificación
de hasta el 95% en la plusvalía municipal. Una posibilidad —la
bonificación de hasta el 95%— que se estableció ya para esas
actividades de especial interés en otros impuestos, como el IBI, el IAE,
o el impuesto sobre construcciones.


Una modificación que incrementa y potencia la autonomía
local. Desde luego, se ha hecho pensando en los ayuntamientos, no
pensando en nadie en particular, como parece indicar el senador Iglesias,
que parece dar a entender siempre que cada medida va dirigida a alguien
en particular. Quizá eso sería lo que harían ustedes si gobernaran. Pero
no es el caso. Estamos hablando de mejorar la capacidad de los municipios
para generar recursos y también de la potenciación de la autonomía
local.


Termino, señorías, pidiendo que reconsideren el sentido de
sus vetos y, desde luego, manifestando el voto a favor de la ley y en
contra de los vetos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el
senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora
presidenta.


Intervendré muy brevemente y desde el escaño, señora
presidenta.









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Me extraña que nos reproche que expresemos alguna
coincidencia con el proyecto. Eso demuestra que ni somos dogmáticos ni
sectarios. Cuando alguna cuestión en el proyecto nos parece digna de ser
reconocida como positiva lo hacemos con absoluta normalidad, sin
perjuicio de que en una valoración global del proyecto entendamos que los
elementos negativos no son suficientemente compensados con esos elementos
positivos; pero no se trata de ninguna incoherencia, todo lo contrario,
es un ejercicio de coherencia en el razonamiento y en el discurso.


Segunda cuestión que quería aclararle, porque se ha
dirigido directamente a mí en su afirmación: nosotros nunca hemos tenido
muchas oportunidades de legislar a la carta y, desde luego, expreso el
firme compromiso de que cuando la tengamos no lo vamos a hacer. Por más
que usted y el Partido Popular reafirmen la inocencia del planteamiento
del reconocimiento de determinadas deducciones y bonificaciones, lo
cierto es que cronológicamente en el tiempo coinciden con requerimientos
planteados por quienes han formulado la posibilidad de un proyecto en la
Comunidad Autónoma de Madrid, que conlleva una serie de reformas
legislativas en el ámbito fiscal y sanitario. Permítame usted que sea un
poco peor pensado que su señoría y un poco peor pensado que el Gobierno
de la nación, y que establezca una relación lógica entre esos
requerimientos y las reformas legislativas.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Senador Martínez Oblanca, tiene la palabra.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora
presidenta.


El gran objetivo de la política económica tiene que ser
combatir el desempleo, fomentar las condiciones para recuperar con
urgencia los puestos de trabajo y dar salida a tantísimas familias que en
la actualidad se encuentran en el desempleo.


Usted, senadora Angulo, lo calificará como quiera, pero
para burda, la amenaza del Gobierno cuando propios y extraños plantean
bajadas de impuestos y el Gobierno las frena; y para ramplón, el disfraz
copernicano del señor Montoro, que practica en el Gobierno exactamente lo
contrario de lo que recetaba en la oposición. Resultado: las reformas que
plantea el Gobierno no son las que necesita España; nos van a llevar a
unas cargas fiscales insoportables, desconocidas en la democracia
española, congeladoras del consumo, disuasorias de la inversión privada y
«espantacréditos»; generan incertidumbre en la sociedad y no crean
empleo.


El megaesfuerzo tributario que el Gobierno ya exige a los
españoles y que aumentará con las repercusiones de estas medidas que
aprobaremos hoy supondrá que, tal y como reflejaba gráficamente el diario
El Mundo el pasado domingo, los ciudadanos trabajarán para el Estado
cuatro meses y medio al año. Solo a partir de mayo los ciudadanos
trabajarán para sí mismos. Ese es el resultado de esta vorágine
recaudatoria del Gobierno de Rajoy. Causa pasmo que este Gobierno haya
arrastrado a la renuncia ideológica a su propio partido con la renuncia
de sus principios, cuando proclamaban siempre la bajada de impuestos como
el anticipo imprescindible para la mejora de la economía y la creación de
empleo.


Concluyo, señora presidenta. Lo peor de la política de
Rajoy, esta política de subidas y subidas de impuestos, a la que hoy se
le da otra vuelta de tuerca, es que no va a facilitar la recuperación del
empleo. Tiene, además, efectos y daños colaterales, singularmente porque
recae en la clase media asalariada, a la que se dirigen mayormente las
cargas tributarias que plantea este Gobierno y que han adquirido ya la
categoría de insoportables. Las consecuencias se miden en un aumento de
la desconfianza, que se traduce en una sociedad con los hogares más y más
empobrecidos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado?
(Denegaciones.)


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señora presidenta.


Señora Angulo, usted abusa de los adjetivos calificativos.
Le ruego que se inspire en el Padre nuestro, que vea que no hay ningún
adjetivo calificativo y que a partir de ahí argumente.









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Dice que argumentamos de manera burda, ramplona. Su
lenguaje lo único que consigue es irritarnos. La justificación de que
fruto de la mala herencia ustedes se han visto forzados a tomar medidas
no deseadas es una excusa gastada y de muy escasa credibilidad.


Oportunidades pérdidas, sí; en esta ley ustedes pierden,
como en ocasiones anteriores, la oportunidad de abordar una reforma
fiscal en profundidad. Una propuesta cada dos meses, señora Angulo, no es
razonable, no es comprensible, diga usted lo que diga. Ustedes han
perdido oportunidades; lo único que nosotros hemos perdido han sido
votaciones porque ustedes tienen la mayoría absoluta; pero el que tengan
la mayoría absoluta no quiere decir que nosotros no tengamos razón en
muchos otros aspectos que aquí planteamos.


Hace usted una loa de la consolidación fiscal y el
cumplimiento del déficit, pero ni lo han cumplido ni lo van a cumplir;
hasta ahora no lo han cumplido ningún año, y a mitad de año ya llevamos
el 5,72% comido, es decir, que tampoco lo van a cumplir. Entonces, ¿de
qué se vanaglorian? Hoy por hoy no han cumplido ustedes ninguna de las
afirmaciones que han hecho ni en el debate de investidura ni al inicio de
cada legislatura. Por otra parte, también le recuerdo que cuando habla de
esfuerzo fiscal, cuando dice eso de: entre todos… No, entre todos
no. El esfuerzo fiscal en este país lo realizan las rentas del trabajo;
las que aportan la mayor cantidad de ingresos en este país son las rentas
del trabajo. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)


Senadora Angulo, ¿en qué país vive usted? ¿Cree usted que
estamos en una etapa de prosperidad con los índices de desempleo que
tenemos? ¿Cree usted que acumular tres trimestres consecutivos en que los
indicadores económicos varían del 0,1% al 0,2% significa estar saliendo
de la recesión? ¿En qué país vive usted? ¿No sabe usted que en España hay
pobreza, que en España no solo somos más pobres fruto de la crisis sino
que somos más desiguales gracias a sus políticas? Creo que tendrían
ustedes que aterrizar en la realidad y a partir de ahí abordar y valorar
cuáles han sido las decisiones de este Gobierno. Y le repito, señora
Angulo: sin crédito ni consumo no hay salida a la crisis, y hoy no hay
crédito y no hay consumo por la caída de las rentas. Por eso le insisto,
¿en qué país vive usted y de qué país nos habla?


Señora Angulo, usted quiere darnos una lección de equidad,
pero ¿qué entiende usted por equidad? ¿El despido libre, la desregulación
del mercado de trabajo, los recortes salariales por decisión unilateral
del empresario, el fraude fiscal, al que he hecho referencia, el que el
85% de las empresas que cotizan en el Ibex 35 estén presentes en paraísos
fiscales, la privatización de servicios públicos? ¿Qué entiende usted por
equidad? A ver si podemos ponernos de acuerdo respecto a este
concepto.


Señora Angulo, algunas propuestas que hace el Gobierno en
materia de fiscalidad verde las defendemos por encontrarlas positivas,
pero la propuesta que hemos presentado el senador Saura y yo significa
abordar con decisión la fiscalidad verde en la misma lógica que los
países de la Unión Europea. Nosotros proponemos una fiscalidad que
permita internalizar los costes para hacer reales los costes de los
bienes y servicios, una fiscalidad que disuada las actividades
insostenibles, que promueva las actividades sostenibles y, sobre todo,
que permita favorecer la imprescindible transición hacia un modelo
productivo más sostenible. Y esta fiscalidad urge.


Y si hay una cuestión de la que ustedes nunca hablan es el
cambio climático. De los dos principales riesgos que tiene la humanidad,
el cambio climático es el gran ausente en los debates del Congreso y del
Senado, y no será por culpa de la oposición. Y es que este Gobierno en lo
que a esto se refiere, ni sabe ni contesta, cuando el cambio climático es
uno de los principales problemas y su evolución es negativa, como nos
indica Naciones Unidas, motivo por el que necesitamos abordarlo con mayor
decisión.


Por último, señora Angulo, las Sicav. Es cierto que
nosotros valoramos positivamente que haya mayor información, pero se ha
olvidado de acabar el párrafo. No solo queremos mayor información sino
que el control y la supervisión pasen a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores y a la Agencia Tributaria por razones obvias. Se entiende
perfectamente el porqué de esta propuesta, pero ustedes a esto, ni caso.
Y queremos la mayor recaudación porque creemos que es del todo injusto
que solo se recauden 6 millones de euros de las Sicav.


Aunque antes ya se lo he dicho al señor Iglesias, lo
repito. Si decimos a todo que no, es que vamos a golpe de brochazo y
somos negativos. Si decimos que algunos aspectos los vemos bien, entonces
intentan manipularnos y justificar que debemos retirar el veto o hacernos
ver que es un veto parcial. No, es un veto total porque creemos que con
el contenido de esta ley se pierde una









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oportunidad ya que no aborda con decisión y rigor los
objetivos que hoy en día debería tener la fiscalidad en España. Creemos
que este es un grave error de este Gobierno, como tantos otros, y le
ruego que no nos dé lecciones, porque autoridad para darlas tiene muy
poca.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.


Quiero adelantar que nuestro grupo va a votar a favor de
todos los vetos, no solo del presentado por nosotros, aunque como han
podido comprobar no coincidimos exactamente con todos los términos del
diagnóstico hecho a la ley. Sí compartimos, en cambio, el amplio rechazo
al proyecto legislativo. Por ello vamos a votar a favor de todos los
vetos.


Dicho esto, quiero hacer algunas reflexiones en torno a la
intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el turno
en contra de estos vetos porque creo que sobre algunos argumentos debemos
reflexionar seriamente. La portavoz nos ha dicho que este proyecto
incrementa la competitividad de nuestras empresas y que va a posibilitar
el crecimiento económico y el incremento de la ocupación. He repasado el
proyecto y al leer el artículo 5 veo que creamos un impuesto sobre gases
fluorados con efecto invernadero. Me repaso el impuesto, aunque ya lo
había estudiado antes, y no veo por ningún sitio el incremento de
competitividad. Y creo que se lo tendrán que explicar a los veinte mil
instaladores de este tipo de gas que hay en España, se lo tendrán que
explicar a las ocho empresas productoras de este gas, se lo tendrán que
explicar a los doscientos distribuidores de este gas y se lo tendrán que
explicar a los miles de trabajadores que en este momento están ocupados
por este sector. Pero tendrán que explicarles que también se incrementa
la competitividad de las empresas de distribución alimentaria y que a
partir de ahora con este impuesto van a ser más competitivos. Y tendrán
que explicárselo a todas las cooperativas agrarias, a todos los
mataderos, a todas las empresas de fabricación de aparatos del frío y a
todas aquellas que a lo largo de los últimos años han hecho inversiones
en maquinaria que utiliza este tipo de gas, que no estaba sujeto a este
impuesto, y que todavía no han amortizado, porque no les va a dar tiempo
a cambiarla por maquinaria que utiliza CO2, más allá de si es posible o
no utilizarlo en un Estado como el español por el clima.
Independientemente de esto, van a tener que explicarles que la maquinaria
que instalaron hace dos años y que todavía están pagando la van a tener
que cambiar y que eso les hará más competitivos, les hará crecer más y
seguramente les generará más empleo. Se lo tendrán que explicar ustedes
porque yo no me siento capaz de hacerlo. Creo que resulta difícil
explicar a todos estos sectores la reflexión que hace el Partido Popular:
que con este impuesto van a ser más competitivos y van a crecer más.


Este impuesto, solo este impuesto, genera un problema de
financiación para todas estas empresas, especialmente las pequeñas y las
medianas, los instaladores, estas 20 000 empresas que tenemos en España,
la mayoría autónomos, del que yo creo que no son ni conscientes. A estas
empresas se les hace repercutir un impuesto mayor que el de su
facturación, que efectivamente lo va a pagar el consumidor final, pero
que tendrán que financiar ellas con sus facturas y tendrán que ingresar
independientemente de si las han cobrado. A estas empresas, a algunos de
estos pequeños instaladores, ustedes les dicen: A partir de ahora no van
a pagar el IVA hasta que no lo cobren, pero para compensarlo —no
sean felices— van a tener que pagar un impuesto que no pagaban y lo
van a tener que financiar, y lo van a tener que ingresar en la Hacienda
Pública independientemente de que no lo hayan cobrado de su cliente. Y
después de esto le dicen al empresario: Pero bueno, serás más competitivo
y la financiación te la vamos a facilitar. Ya se sabe que todas las
entidades financieras están a disposición de la pequeña y mediana empresa
para incrementar su financiación, pero es que van a tener que duplicar su
financiación, van a tener que duplicar sus pólizas de crédito, sus líneas
de descuento, simplemente por la implantación de este impuesto. Claro,
decir que esto va a generar más competitividad… No voy a abundar en
mis argumentos.


En segundo lugar, la deslealtad institucional que ustedes
no quieren reconocer y no quieren ver. Señoría, que el señor Montoro, que
todo el Gobierno del Estado español haya legislado y haya acertado en
algunos aspectos en relación con las corporaciones locales o las
comunidades









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autónomas no les da patente de corso para hacer lo que
quieran después. Decir que esta ley no es desleal con los ayuntamientos,
decir que el artículo 8 de esta ley no es desleal con los ayuntamientos
yo no sé qué explicación tiene. Ustedes tienen muchos alcaldes y a estos
alcaldes les dirán: Oye, tú has liquidado con superávit, pero lo tenemos
congelado y no lo puedes utilizar, ya lo utilizarás el año que viene que
vamos a modificar la Ley de estabilidad presupuestaria; tú estás
cumpliendo, has reducido tu deuda, pero vas a subir el IBI; si tienes una
ponencia más antigua del 2002 vas a subir un 10%. Ellos les contestarán:
Hombre, pero eso lo voy a decidir yo, que soy alcalde, me he presentado y
voy a tener que responder ante mis conciudadanos. ¡No, no, eso lo decide
el señor Montoro! Pero si yo estoy cumpliendo. No, no, de momento durante
dos años tienes la obligación de poner el recargo del 10% en el IBI o del
6% o del 4%.


¿Eso es leal? ¿Eso es autonomía local? Si ustedes están
reconociendo que las corporaciones locales están cumpliendo, ¿por qué se
les obliga a tener estos mayores ingresos? ¿Qué conllevará esto? Que si
un alcalde quiere rebajar la presión fiscal —que automáticamente se
la incrementa la Administración central, en este caso el Gobierno del
Estado español— tendrá que rebajar otros impuestos, otros impuestos
que no son sobre la propiedad. Y aquí entramos en la falta de equidad del
sistema local: no se le dan las armas a los alcaldes, a los concejales,
para poder actuar de acuerdo con la elección de sus conciudadanos. Por
tanto, eso es una absoluta falta de lealtad institucional.


Yo no quería referirme a ello, pero como lo han nombrado
ustedes hablaré de este tema: Podrán bonificar un 95% la plusvalía. Hay
algún grupo que ve aquí un fantasma por si esto es para beneficiar algún
proyecto en concreto. Y a mí se me hace difícil de entender, porque si no
recuerdo mal el sujeto pasivo de este impuesto es quien vende los
terrenos; por tanto, si quien vende los terrenos tiene una bonificación
para que aquellos terrenos después se utilicen para una instalación
industrial, no se beneficia a quien efectúa la instalación industrial o
la instalación económica, se beneficia al propietario de los terrenos.
Habrá que ver de quién son todos estos terrenos que se van a vender y se
van a bonificar, porque no se beneficia la actividad económica. Ustedes
me pueden decir: Hombre, se va a beneficiar porque así el propietario va
a cobrar un menor precio. Este es un argumento un tanto rebuscado.


Dicho esto, en relación con las comunidades autónomas,
tengo que decir que no le he hablado todavía del fondo de suficiencia y
con las modificaciones que ustedes efectúan hoy aquí el fondo de
suficiencia tendrá que crecer en el presupuesto del año que viene.
Fíjese, están estableciendo una exención en el impuesto sobre
trasmisiones patrimoniales. Por tanto, van a reducir los ingresos de las
comunidades autónomas y en este caso va a subir el fondo de suficiencia
el año que viene. ¿De qué me quejo? De que están modificando un tributo
que corresponde a las comunidades autónomas sin consultarlas. De eso me
quejo. ¿Que el fondo de suficiencia se ve rebajado sustancialmente a
consecuencia de las medidas que se han tomado a lo largo de este año, por
ejemplo, el incremento del IVA? Clarísimo, y lo vamos a discutir cuando
tengamos los Presupuestos Generales del Estado. Solo en Cataluña el fondo
de suficiencia se reduce un 22%. Lo que va a ingresar la comunidad
autónoma es lo mismo. Todos los catalanes habrán pagado un 10 o un 11%
más de IVA, depende del producto, y esta mayor recaudación del IVA solo
habrá repercutido sobre el Presupuesto General del Estado, sobre los
ingresos de la Administración del Estado. Por tanto, la deslealtad es
clarísima, la quieran o no reconocer.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Vázquez.


El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidente.


Señorías, mi capacidad de asombro con la senadora Angulo ya
está agotada, pero la verdad es que me quedo absorto cuando aparte de
dedicar el 80% de su intervención a hablar de la herencia y a
justificarse de estas medidas, cosa a la que ya estaba acostumbrado,
dedica otra buena parte a alabar al señor Montoro. El señor Montoro se
basta solo para alabarse. No se preocupe, le vamos a dar dos medallas:
una por los errores que está cometiendo en su ministerio y otra por si la
pierde. No se preocupe, se las daremos.


Voy a hablar de la ley que estamos debatiendo y hay que
decir, como han dicho otros portavoces, que se hace nuevamente por
urgencia, nuevamente sin diálogo con los sectores









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afectados, con errores que dicen poco de la seriedad de
esta Cámara, en definitiva, nuevamente utilizando las enmiendas de última
hora en el Congreso para hurtar el debate de los asuntos polémicos.


Nos creíamos de verdad, sinceramente, que esta ley iba a
legislar sobre la tributación verde, que nosotros estamos de acuerdo que
hay que hacer, y la verdad es que no presentamos enmienda a la totalidad
en el Congreso ni hemos presentado veto porque también estábamos de
acuerdo con que se eliminasen algunas bonificaciones y deducciones
fiscales. Vamos a apoyar los vetos que se han presentado y también quiero
decir que aunque no estamos de acuerdo con los fundamentos de algunos de
ellos, sí estamos de acuerdo con que esto no se siga debatiendo y se
devuelva esta ley por lo que a continuación voy a decir.


Yo creo que las urgencias recaudatorias que el ministro de
Hacienda tiene cuando ve que no le cuadran las cuentas, que los ingresos
no se van cumpliendo, hacen que se traigan a esta Cámara, al Parlamento,
medidas que afectan al ámbito tributario cuyo objetivo es recaudar, cuyo
objetivo es ir cuadrando esas cuentas y a veces no se calculan bien los
efectos que pueden tener estas nuevas medidas o estos nuevos impuestos,
además de que causa una inseguridad y una desconfianza, afectando al
mundo empresarial, a los ciudadanos en general, e incluso a los propios
gabinetes de asesoría cuando en una ley como la que aquí estamos
debatiendo se crea una maraña de disposiciones, de modificaciones, y los
dos primeros artículos —tiene nueve artículos— afectan a la
ley de sociedades, el 3 y el 4 a la Ley del IRPF, el 6 a los impuestos
especiales, el 7 a la Ley de Haciendas Locales, el 8 prorroga el IBI y el
9 afecta a la Ley del Catastro y en sus seis disposiciones también afecta
a unas cuantas leyes de ámbito tributario.


Ahora mismo me voy a centrar en lo que supone el artículo 5
y el nuevo impuesto sobre gases fluorados. Señorías, es una auténtica
barbaridad lo que, si nadie lo remedia, se puede aprobar aquí esta tarde.
Y reconozco que lo digo después de haberme reunido con representantes de
las asociaciones que distribuyen y comercializan el frío, con
representantes de FIAB, la Federación Española de Industrias de la
Alimentación y Bebidas y con representantes de cooperativas
agroalimentarias. No era capaz de valorarlo antes de reunirme con ellos,
hasta que nos lo han explicado. Por cierto, también se lo han explicado
al Grupo Popular, y estoy convencido de que, como nosotros, se quedarían
realmente asombrados si esto se lleva a cabo y se lleva a cabo de esta
forma.


¿Ustedes saben, señorías, lo que se va a aprobar aquí hoy
en este artículo 5, en este nuevo impuesto? ¿De verdad conocen los
efectos letales que va a suponer su aplicación a sectores tan importantes
como toda la industria agroalimentaria que utiliza frío? Evidentemente,
el turismo, la distribución, la hostelería, la logística, a todas las
empresas, como mataderos, cooperativas, al comercio en general, pero
también a todas las carnicerías, pescaderías, fruterías, pastelerías,
supermercados, hipermercados, grandes superficies, bares, cafeterías,
restaurantes, y todo local de hostelería con equipo de refrigeración.


Este Gobierno siempre es muy sensible, y lo comentaremos
ahora, con lo que plantean las grandes compañías, pero muy poco sensible
cuando se trata de pequeñas empresas, de pequeñas industrias y también
cuando se trata de los consumidores. Porque este nuevo impuesto va a
suponer, y quiero que se queden con el dato, una tasa que supera en ocho
o diez veces el precio de mercado. Por poner algunos ejemplos que nos han
dado: el incremento de coste de una instalación nueva de un comercio va a
oscilar entre 15 y 190 000 euros según las dimensiones, multiplicará por
10 el coste de los gases utilizados, y en el caso de una tienda pequeña
la aplicación de este impuesto supondrá entre 5 y 6000 euros anuales
cuando se cargue ese frío o, lo que es lo mismo, el 25% de sus
beneficios. Cuando nos lo explicaron entendimos el pánico —esta es
la palabra que quiero utilizar— de los representantes de este tipo
de empresarios porque van a tener, sin lugar a dudas, que cerrar. Hay
más, señorías, aún hay más: todavía no se ha aprobado la directiva
comunitaria que establece este tipo de imposición medioambiental.
Solamente un país como Dinamarca lo tiene establecido; evidentemente, no
tienen nada que ver las condiciones climatológicas de ese país ni sus
necesidades de frío con las nuestras.


Ya denominan tasazo a aplicar este gravamen tan elevado
que, repito, va a suponer una media de 76 euros por kilo de gas fluorado
cuando el precio de mercado al que se está vendiendo ese mismo kilo está
entre 6 y 8 euros. De esta forma, sin anestesia, aunque en el Congreso se
ha establecido que durante los años 2014 y 2015 habrá una reducción, un
coeficiente reductor, vamos









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a tener a todas nuestras empresas que utilizan frío en
todos esos sectores con un impuesto que va a hacerlas mucho menos
competitivas, como ya se ha dicho aquí también, máxime cuando los países
cercanos a nosotros: Francia, Portugal, Italia, no la tienen, y van a
poder comercializar el gas a unos precios mucho más competitivos en
nuestro propio país. Como dije, creo que es una barbaridad; quedan
advertidos. Todavía estamos a tiempo de llegar a alguna transaccional,
porque ya les advierto que de no hacerlo ahora se verán obligados a
hacerlo y a modificarlo en una próxima ley, incluso en la propia Ley de
Presupuestos Generales del Estado y, si no, ya veremos.


Podemos hablar de a quién más afecta esta ley, pues esta
ley afecta también a todos los ciudadanos que tienen algún tipo de bien
inmueble porque ese recargo excepcional, extraordinario y temporal en el
impuesto se prorroga durante 2014 y 2015. Afecta, en definitiva, a todos
los ciudadanos que tienen alguna vivienda o algún bien inmueble. Y en
positivo, ¿a quién beneficia esta ley que estamos debatiendo? Pues se lo
voy a decir también: afecta a ese banco malo, ese banco que quiso el
Gobierno que fuese privado, y que mediante una serie de beneficios
fiscales puede ganar mucho más en el futuro. Afecta a las grandes
eléctricas, Endesa e Iberdrola, propietarias de Garoña al 50%, a las que
también da beneficios importantes y un ahorro considerable. Afecta a los
propietarios de embarcaciones de más de 15 metros de eslora. Y afecta,
como se ha comentado, a proyectos como Eurovegas al establecer
bonificaciones del 95% del llamado impuesto de plusvalía. Este Gobierno,
lo decía antes, siempre ha sido muy poco sensible con aquellos que
representan a las clases medias, que representan a los trabajadores y a
los pequeños y medianos empresarios, pero siempre es muy sensible con las
llamadas que le llegan de las grandes empresas, de la banca, de las
eléctricas, etcétera.


Por eso nosotros vamos a votar a favor de estos vetos y
esperamos que, al menos en lo que se refiere al nuevo impuesto sobre los
gases fluorados, el Grupo Parlamentario Popular reconsidere su postura.
(Aplausos.)


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vázquez.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la
senadora Angulo.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, hemos hablado de todos y cada uno de los puntos
que recoge esta ley, pero yo sí quería responder a algunas cuestiones en
las que se sigue insistiendo y a otras que hemos tenido la oportunidad de
escuchar en este turno de portavoces.


Yo creo que se desmarcan en la oposición los que fueron
irresponsables en el Gobierno. Señorías de la izquierda, permítanme que
se lo diga. Gobernar es tomar decisiones, gobernar es tener un proyecto
político, y gobernar es tener claras las prioridades. Y se desmarcan hoy,
como lo están haciendo, de decisiones que, como digo, van dirigidas
fundamentalmente a avanzar en ese proceso de consolidación fiscal que es
un compromiso unánime asumido en la Conferencia de Presidentes, y que
tiene que ser un compromiso de todos porque estamos hablando del futuro
de este país. Y cuando se ven resultados y cuando se ve que vamos en la
dirección correcta, más equivocado es todavía desmarcarse y no hacer
nada. Ustedes hablan de decisiones inútiles y buscan ese argumento
repetido de la inutilidad de los esfuerzos. A eso me referiré, pero la
decisión más inútil es la que nunca se toma y la política más injusta es
mirar para otro lado, como ustedes hicieron. Entonces, no es que nos
guste hablar de la herencia, senador Guillot, es que la herencia la
estamos pagando todos los españoles con un esfuerzo importante. Es que la
herencia del Gobierno socialista anterior vamos a tener que seguir
pagándola todavía durante mucho tiempo, como van a tener que seguir
pagando en Cataluña la herencia que dejó el Gobierno tripartito del que
su partido formó parte. Que un Gobierno multiplique la deuda por 3 o por
4, como hacen ustedes allá donde gobiernan, es lo más injusto y lo más
desleal; así como dejar todo a deber y que sean otros los que paguen esa
herencia y luego, además, decir que no se hable de ella y que por lo
menos no se mencione. Esa es la verdad de la que ustedes no quieren oír
hablar, pero que todos los ciudadanos que la estamos pagando tenemos
derecho a saber y derecho a decir. Esa es la verdad, sí.


Ustedes siempre siguen con su argumento, como siguen
insistiendo en ese tema de la injusticia y la inequidad, pero lo cierto
es que han estado ocho años en el Gobierno y les fue mejor con ustedes a
las personas que hacían esas operaciones que ustedes calificaban de
especulativas









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en tiempos menores de un año, a lo que puso freno el
Gobierno del Partido Popular. Y les iba mejor con ustedes a las personas
que tenían indemnizaciones millonarias, a las que bonificaron con una
reducción del 40% que quitó el Partido Popular.


La verdad es que ustedes siguen insistiendo en ese discurso
de las grandes y las pequeñas fortunas pero, después de ocho años de
Gobierno, todo el mundo sabe que no fueron precisamente las grandes sino
las pequeñas fortunas las que resultaron paganas de sus políticas y las
que pagaron los beneficios fiscales que ustedes sí apoyaron, aprobaron y
aplaudieron para las grandes. Esa es la realidad que tampoco quieren
decir y la realidad que tampoco quieren confesar.


Senador Martínez, yo le he hablado del compromiso
irrefutable para el cumplimiento del programa del Partido Popular:
medidas como el IVA de caja; medidas como las bonificaciones para los
emprendedores que reinviertan; medidas como la tarifa plana para
autónomos; medidas como esas ayudas importantísimas a la contratación de
jóvenes, bonificaciones a las empresas que contraten a jóvenes o parados
de larga duración, etcétera. Se trata de una auténtica bajada de
impuestos que se aprobó hace escasamente un mes, y son medidas cumplidas
al lado de medidas comprometidas. Se lo he dicho, señoría, no hemos
negado nunca que haya habido que tomar decisiones difíciles en materia
tributaria, especialmente, que a ningún Gobierno le hubiera gustado tomar
y en una situación que a ningún Gobierno le hubiera gustado encontrar y
que, ¡ojalá!, ningún otro Gobierno tenga nunca que tomar.


Pero no me ha quedado muy claro si está usted a favor de
subir o de bajar los impuestos, porque lo que le he dicho, y lo reitero,
no ya solo en favor del ministro Montoro —su gestión le avala tanto
en la etapa anterior de Gobierno del Partido Popular como en la
actual— sino de todo el Partido Popular y del Gobierno de Mariano
Rajoy, es que el avance en esa consolidación fiscal y la adopción de las
medidas oportunas están contribuyendo a ese primer objetivo, que es salir
de la crisis y sentar unas bases sólidas para la recuperación de
crecimiento y empleo. Y digo que no me ha quedado claro porque lo que no
va a hacer el Gobierno del Partido Popular es marcharse a mitad de
legislatura y dejar, como hicieron otros, los impuestos autonómicos más
altos de toda España cuando tuvieron responsabilidades de Gobierno. Por
tanto, cuando critica usted los impuestos altos, a mí me queda la duda de
si está conforme con esa situación que dejaron en Asturias algunos
Gobiernos, donde todos los impuestos de carácter autonómico están en los
tramos más altos de todas las comunidades autónomas de España.


Estamos hablando de una ley que forma parte de una política
fiscal, que forma parte de una política económica y que habla bien claro
también de ese compromiso del Gobierno con la credibilidad y con la
responsabilidad. Fíjense, señorías, que he hablado de medidas muy
concretas que suponen aumento de competitividad, no precisamente del
impuesto sobre gases fluorados, senador Bel, sino de esa exención
importante en el 85% del consumo de electricidad, por cuanto esa
bonificación fiscal que ya está incorporada en algunos otros Estados
miembros, en algunos otros países europeos, supone mantener la
competitividad de importantes sectores industriales de este país. Hay
otras medidas también en este texto legal que contribuyen a mejorar la
competitividad; hay medidas que contribuyen a mejorar la capacidad de
financiación y a generar los recursos necesarios por parte de los
ayuntamientos o de las comunidades autónomas, pero la única forma de
cumplir esos objetivos de consolidación fiscal que contribuyen a la
competitividad y en general a los objetivos de política económica
—lo decía muy claro el año pasado el gobernador del Banco de
España— es continuar con el proceso de saneamiento del sistema
bancario y con el desendeudamiento y profundizar en las reformas, porque
eso nos permitirá volver al crecimiento económico y a crear empleo en
2014. Y eso con la más absoluta lealtad a comunidades autónomas y a
ayuntamientos, con instrumentos que han permitido salvar esa situación de
petición de auxilio en la que se encontraban, sin atender vencimientos de
deuda y, sobre todo, sin atender y pagar los servicios públicos
—usted lo sabe— en Cataluña: conciertos con colegios,
conciertos con hospitales; 400 millones de euros que en un momento
dejaron sin atender y sin pagar.


Señorías, nada proporciona dignidad tan respetable ni
independencia tan importante como no gastar más de lo que ganamos, lo
decía Calvin Kulich, y es una verdad que yo creo que debería considerarse
como un principio a seguir por toda persona con responsabilidades de
gestión.


Y me decía el senador Guillot: ¿en qué país vive? Pues vivo
en un país, senador Guillot, en el que después de veintiún meses de un
Gobierno comprometido, de decisiones responsables y de una política
económica que ha supuesto dar un giro de 180 grados respecto a lo que
había, las









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cuentas públicas se han puesto bajo control. Ese fue
nuestro primer compromiso, una Ley de estabilidad presupuestaria, y ese
fue nuestro primer proyecto de ley, que se aprobó en esta Cámara y en el
Congreso de los Diputados. Vivo en un país donde hoy el sistema
financiero ha dejado de ser un pozo de incertidumbre y donde se va
culminando el saneamiento; en un país donde hoy tenemos mejor
financiación, donde este año vamos a pagar 5000 millones de euros menos
en intereses y vamos a poder destinarlos a políticas sociales, como hace
el presupuesto de 2014, gracias a esa gestión económica que ustedes tanto
denostan; en un país en el que exportamos más y en el que exportamos cada
vez a más países y en el que exportamos cada vez más que nuestro socios
europeos o en el que por primera vez, desde 1998, no necesitamos
financiación externa y hemos pasado de tener números rojos con el resto
del mundo a empezar a devolver nuestra deuda.


Pero le digo también cuál es el país en el que quiero
vivir. El país en el que quiero vivir, desde luego, no es un país en el
que gobernantes irresponsables, como hicieron algunos, como hicieron
ustedes, dejen la deuda multiplicada por 3 y dejen a los que vengan
detrás la responsabilidad de arreglar la situación que dejaron y además
se desmarquen con una crítica despiadada a las decisiones que se toman
para corregirla.


Yo creo que es un grave error. Es un grave error negar que
los esfuerzos estén dando resultados, porque detrás de esos esfuerzos hay
además mucha voluntad política y, desde luego, la determinación y la
capacidad de un Gobierno, pero también la convicción de muchos ciudadanos
que están trabajando duro para que esta situación sea posible.


Termino, señorías, pidiendo el apoyo —sé que es mucho
pedir para quienes se desmarcan— para un proyecto de ley que, como
decía, tiene un objetivo claro, que es avanzar en la consolidación
fiscal, pero que también contiene medidas importantes como ese impulso de
la fiscalidad medioambiental, medidas importantes de carácter
medioambiental de protección del medioambiente y tiene también medidas
importantes para mejorar la competitividad, para mejorar la capacidad de
los ayuntamientos para generar sus recursos y medidas importantes que
forman parte de esa política fiscal, de esa política económica que nos
está llevando por el rumbo correcto hacia un mejor futuro que es el que
queremos tener.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Angulo.


Llamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas.


Señorías, vamos a proceder a votar las propuestas de veto
en el orden en que han sido defendidas. Por tanto, votamos en primer
lugar la propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias y
Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 71; en contra, 147;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.


Votamos, a continuación, la propuesta de veto número 2, del
senador Martínez Oblanca, también del Grupo Parlamentario Mixto.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 230; votos emitidos, 229; a favor, 78; en contra, 145;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.


Votamos, a continuación, la propuesta de veto número 4, de
los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés
de Catalunya.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 229; votos emitidos, 229; a favor, 78; en contra, 146;
abstenciones, 5.









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El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.


Finalmente, votamos la propuesta de veto número 3, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 230; votos emitidos, 230; a favor, 78; en contra, 147;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.


Rechazadas las propuestas de veto, entramos en el debate de
las enmiendas. En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
números 1 a 35, que han sido presentadas por la senadora Capella
—de la 1 a la 9— y por los senadores Iglesias y Mariscal
—de la 10 a la 35—.


Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra la
senadora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Bona tarda, senadors. Voy a ver
si tengo suerte con las enmiendas y me aprueban alguna.


Este proyecto de ley, como tantos otros proyectos de ley
del Partido Popular… (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Este proyecto de ley, como
tantos otros del Partido Popular, no aborda el problema real;
seguramente, en la mayoría de los casos porque lo quieren así: no abordar
el problema real; en este caso, la necesidad de una profunda reforma
fiscal. Igualmente, y como ocurre también en otras ocasiones, lo que dice
el título de la ley y su contenido nada o muy poco tienen que ver entre
sí. Criticable también, se ha dicho en el turno de defensa de los vetos,
es el procedimiento de urgencia, que está lejos de un debate
transparente, de un debate riguroso, de un debate sereno, en definitiva
de todo diálogo. (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Ustedes se dedican a efectuar
modificaciones parciales, a poner añadidos, para que no se produzcan los
cambios que se deberían producir.


En este proyecto de ley no se atisba la progresividad ni el
control de la economía sumergida ni la persecución del fraude fiscal; en
opinión de Esquerra Republicana de Catalunya, la fiscalidad dejar de ser
una vez más un instrumento de distribución de la riqueza.


Las enmiendas presentadas por Esquerra Republicana de
Cataluña al Proyecto de Ley por la que se establecen determinadas medidas
en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas
tributarias y financieras pretenden una mayor progresividad y reproducen
la proposición de ley presentada en la anterior legislatura en el
Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y defendida
por el diputado Joan Ridao. En primer lugar, pretenden gravar a las
empresas que tienen beneficios enormes, por encima de los 100 millones de
euros; y establecer mayor progresividad en el impuesto sobre la renta de
las personas físicas, introduciendo un gravamen progresivo a la base
imponible del ahorro, mejorando así la progresividad de la tributación y
calificando como renta del ahorro las transmisiones de bienes o derechos
que tengan una antigüedad mínima de dos años, que se amplían a seis en el
caso de transmisiones de inmuebles, porque no parece justo ni equitativo
que las ingentes plusvalías generadas por operaciones especulativas deban
considerarse renta del ahorro y beneficiarse de un tipo impositivo más
favorable que el que grava la renta general. Además, proponen suprimir el
régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a
territorio español; si bien este régimen favorable se justificó en su día
con la pretensión de atraer hacia el Estado español talento y a los
directivos de multinacionales, y con ellos las sedes de estas, la
experiencia ha acreditado que esas expectativas no se han cumplido y que
dicho beneficio es utilizado ampliamente por los clubs deportivos que
fichan a jugadores extranjeros con altísimas retribuciones libres de
impuestos por un plazo máximo de seis años para aprovechar la ventaja
fiscal. Esas personas son tan residentes como cualquier trabajador al que
se le aplica la tarifa general del tributo y no existe ninguna
justificación para que este beneficio fiscal para personas de altísimos
ingresos prevalezca sobre el interés general.









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7146




Asimismo, nuestras enmiendas pretenden discriminar la
fiscalidad sobre las sociedades productivas y no productivas, estas
últimas creadas para eludir impuestos. También presentamos enmiendas
sobre la Sicav, y una enmienda especial para articular una serie de
medidas estructurales, organizativas y normativas para intensificar la
lucha contra el fraude fiscal y la especulación financiera. Asimismo,
presentamos una enmienda específica para reclamar la transferencia de
competencias a la Generalitat de Catalunya en materia de gestión,
recaudación, liquidación e inspección de todos los tributos recaudados en
Cataluña.


En consecuencia, solicitamos que todas estas enmiendas sean
votadas favorablemente.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.


Senador Iglesias, tiene la palabra.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. No
agotaré, ni mucho menos, el tiempo de que dispongo.


Las enmiendas, tal como apuntaba en la defensa del veto,
intentan cambiar el proyecto de ley que se nos presenta para hacerlo más
acorde con el enunciado bajo el que aparece. Buscan fundamentalmente
introducir criterios de fiscalidad medioambiental en el sistema fiscal
español y afectan a los impuestos más relevantes o más trascendentes.


En relación con el impuesto sobre sociedades, nuestras
enmiendas proponen un incremento en las deducciones desde el 8% al 10%
para las inversiones ambientales, así como la ampliación a aquellas
inversiones en eficiencia energética y movilidad sostenible. Igualmente,
defendemos una ampliación del 8% al 10% en las deducciones por
inversiones ambientales en eficiencia energética, en la producción de
biomasa, en el tratamiento de residuos biodegradables y en el de los
biocarburantes. Dentro de la misma figura fiscal, pretendemos crear una
nueva deducción para promocionar el transporte público.


El impuesto sobre la renta de las personas físicas se
enmienda para crear una deducción que responda a los costes del
transporte público.


En el paquete de impuestos especiales cuestionamos, por un
lado, y por tanto pretendemos eliminar, la exención que crea el proyecto
de ley al impuesto de matriculación de las embarcaciones de recreo para
el alquiler. Como alternativa, una de las enmiendas propone que en el
impuesto de matriculación se establezca una tarifa en la que se grave más
a los vehículos más contaminantes y se reduzca el gravamen de aquellos
vehículos que resulten menos contaminantes.


En relación con la fiscalidad municipal, como tuve ocasión
de argumentar en la defensa del veto, rechazamos la prolongación de la
subida del IBI acordada en 2011, y no compartimos la ampliación de la
bonificación potestativa sobre el impuesto que grava el incremento del
valor de los terrenos, el de la plusvalía. En cambio, aspiramos a
extender a todos los municipios la tasa de recogida de residuos sólidos
urbanos, porque entendemos que esta tasa sí responde a la finalidad de
intentar que el comportamiento de los ciudadanos resulte más respetuoso
con el medio ambiente; proponemos que se utilicen las posibilidades que
abre esta recogida para potenciar la recogida selectiva y el reciclaje de
los residuos.


A través de las enmiendas aspiramos a que se produzca una
reforma desde la perspectiva medioambiental del impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica, rebajando el impuesto a aquellos que tengan menores
emisiones a la atmósfera y, por el contrario, que se grave más a aquellos
que emitan más.


En relación con el impuesto de actividades económicas, el
objetivo de las enmiendas es bonificar las inversiones en movilidad
sostenible, así como bonificar a aquellas empresas adheridas al sistema
comunitario de gestión y auditoría medioambiental.


Trasladamos el mismo planteamiento al impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras, para bonificar a quienes
incorporen aprovechamientos de energías renovables y la recuperación y el
uso de las aguas grises.


Creemos que con todas estas enmiendas de verdad se podría
producir un cambio, desde la perspectiva medioambiental, en el sistema
fiscal español, como hemos planteado en el debate de proyectos
anteriores; aunque somos conscientes de que no tienen ninguna posibilidad
de prosperar.


Muchas gracias.









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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado ha presentado las
enmiendas números 36 a 43.


Para su defensa, tiene la palabra la senadora Martínez.


La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Intervendré con brevedad.


Hemos presentado un total de ocho enmiendas, todas ellas al
apartado 2 del artículo 1. Son unas enmiendas que vienen a corregir
técnicamente el proyecto de ley.


Si bien es cierto que las medidas tributarias corresponden
en este caso a la Hacienda foral de Navarra, no es menos cierto que se da
un caso, el de aquellas empresas que, pese a ser de titularidad vasca,
puedan tener establecimientos permanentes en el extranjero e incluso en
el Estado español, y podrían verse afectadas negativamente por esta nueva
legislación. Nuestras enmiendas tienen por finalidad regular el
tratamiento de las pérdidas obtenidas por empresas españolas que realizan
actividades en el extranjero a través de establecimientos permanentes o a
través de una UTE, garantizando que no sean solo objeto de un doble
aprovechamiento y que no generen un exceso de imposición, y permitiendo
la posibilidad de compensación al menos una vez. El proyecto de ley
aborda una cuestión esencial para estas empresas, al afectar
dramáticamente a su proceso de internacionalización en un momento crítico
para la economía. Y creemos que no lo hace de manera ponderada, pues
revirtiendo una línea constante del impuesto de sociedades, pretende
restringir hasta tal punto la posibilidad de deducir las pérdidas
derivadas de actividades empresariales realizadas en el extranjero, que
coloca a estas empresas en peor situación de la existente en su entorno.
Además, con las enmiendas presentadas se consigue la finalidad pretendida
por el Gobierno: evitar el doble aprovechamiento de estas pérdidas desde
un punto de vista fiscal, pero haciéndolo al mismo tiempo compatible con
otros principios y otras finalidades igualmente dignas de protección.
Aceptando esta enmienda se respetaría, en primer lugar, el principio de
capacidad económica y neutralidad frente a las decisiones empresariales
de inversión, al dar un trato fiscal equivalente a la inversión de las
empresas españolas en el extranjero y en el territorio español. Por otro
lado, se respetaría la legalidad comunitaria, y en concreto el principio
de libertad de establecimiento en la Unión Europea. En tercer lugar, se
evitaría encarecer, como haría el proyecto del Gobierno en el caso de no
aceptarse esta enmienda, la realización de actividades empresariales en
el extranjero, desalentando las iniciativas de internacionalización y de
emprendimiento. En cuarto lugar, se evitaría penalizar las actividades
que implican un mayor riesgo empresarial y, por lo tanto, con mayor
probabilidad de generar pérdidas o con mayores plazos de maduración en
aquellos procesos de implantación como, por ejemplo, en nuevos mercados y
en el desarrollo de proyectos de inversión industrial, que son
fundamentales en el contexto económico que estamos viviendo. Además, se
evitaría discriminar negativamente a los procesos de expansión
internacional que optan por el crecimiento orgánico de nuevos mercados en
el extranjero, frente a los que utilizan el crecimiento inorgánico que
encarece la inversión y que solamente están al alcance de grandes
empresas y que pueden afectar negativamente a la competitividad de la
economía. Se evitaría, en suma, que la economía de las empresas, y
destacadamente de las pequeñas y medianas empresas, pierda competitividad
internacional al colocarlas en peor situación que la de las empresas de
nuestro entorno. Y, por citar solo algunos casos, estarían en desventaja
respecto de legislaciones más favorables, como el régimen existente en
Portugal, en Italia, en Bélgica, en el Reino Unido e incluso en Estados
Unidos.


Hay que señalar que con la aceptación de estas enmiendas no
se limita la finalidad de lucha contra el fraude y la elusión fiscal, que
anima la propuesta del Gobierno. En efecto, se garantiza que las pérdidas
no serán objeto de un doble aprovechamiento en ninguno de los regímenes
fiscales, y que las pérdidas que la empresa logre revertir con beneficios
futuros darán lugar al pago del impuesto; también que la Administración
tributaria, española en este caso, podrá controlar también la actuación
de las empresas al estar sometidos los establecimientos permanentes y las
UTE a su potestad de comprobación. Es una medida de carácter técnico,
insisto; es una corrección y una cuestión que seguramente no les habrá
pasado desapercibida, porque he visto que el Partido Popular ha enmendado
también parte del artículo 2 en este sentido y, por lo tanto, las someto
a su consideración porque es uno de los grandes hándicaps que se van a
encontrar









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nuestras empresas en su proceso de expansión, de
internacionalización y de competencia con las empresas del entorno.


Aprovecho la ocasión para decir que mi grupo parlamentario
se abstendrá en la votación de este proyecto de ley.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.


El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha
presentado dos bloques de enmiendas. Al primero corresponden las
enmiendas 96 a 120, y al segundo las enmiendas 121 a 138 y vuelta al
texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las
enmiendas 139 a 144 del Grupo Parlamentario Popular.


Senador Guillot, ¿va a defender todas las enmiendas en
conjunto o los dos bloques por separado?


El señor GUILLOT MIRAVET: Voy a defender el primero.


El señor PRESIDENTE: Tiene usted la palabra, senador
Guillot, para defender las enmiendas 96 a 120.


El señor GUILLOT MIRAVET: Graciès, senyor president.


Señorías, conocidos hoy los datos del Fondo Monetario
Internacional variación del PIB en 2013 −1,3%, tasa de paro 2013
26,9%, déficit público para este año 6,7%, deuda pública 93,7%, tasa de
empleo 16,6 millones de trabajadores —en 2011, el año de la
herencia, eran 18,1%—; analizada la responsabilidad de un partido
que ha sido y es capaz de una gestión tan nefasta como la de la Comunidad
Valenciana o la del Ayuntamiento de Madrid, y vistos el fracaso de las
reformas realizadas por el Gobierno de Rajoy y el sufrimiento social que
conllevan, así como este proyecto de ley, voy a justificar las siguientes
enmiendas.


El senador Saura y yo hemos presentado 24 enmiendas,
coherentes con la explicación de veto, que voy a agrupar en cinco bloques
para hacerlas más comprensibles, y después me referiré a la Sareb y las
Sicav. El primer bloque hace referencia al incremento de las deducciones
practicables orientadas a la sostenibilidad y la preservación del
medioambiente: la 96, la 97, la 98 y la 99. En la primera de ellas
planteamos el incremento de las deducciones en todo lo que represente
inversiones medioambientales: residuos, reducción de consumo de agua y
energía, movilidad sostenible; en la 97 lo ampliamos a los residuos
biodegradables, producción de biomasa y biocarburantes; la 98 se refiere
a la movilidad sostenible, y la 99 propone deducciones en el IRPF para
los costes del transporte público.


El segundo bloque lo constituye una sola enmienda, que
propone anular las exenciones a matriculaciones de embarcaciones y buques
de recreo y actividades náuticas de alquiler.


El tercer bloque se refiere al artículo 7, sobre la
fiscalidad municipal. Son las enmiendas 101 a 106. Con la primera de
ellas propongo la supresión del artículo 7, por lo ya explicado en la
defensa del veto: no hay ningún consenso con el mundo local, y estamos en
contra de ampliar las bonificaciones a las plusvalías y de modificar los
coeficientes reductores en el cálculo del IBI. Con la 102 proponemos el
establecimiento obligatorio de las tasas municipales a los residuos. Con
la 103 proponemos exenciones y rebajas de cuotas de los impuestos sobre
vehículos de tracción mecánica, para favorecer el uso de vehículos poco
contaminantes y, evidentemente, gravar a los más contaminantes. Con la
104 proponemos bonificar la movilidad sostenible y a las empresas
adheridas al sistema EMAS. Con la enmienda 105 proponemos una reforma
ambiental del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Y con
la 106, respetando la competencia de las comunidades autónomas,
proponemos la incorporación de una tasa turística.


El cuarto bloque lo constituyen las propuestas de
clarificación de conceptos que contiene la ley. En la 109 proponemos
clarificar qué se entiende por inmuebles desocupados y por inmuebles de
segunda residencia. En la 110 proponemos pautar y reglar para garantizar
el rigor en la medición de las emisiones. Y en la 112 proponemos definir
el concepto de trama urbana consolidada.


El quinto bloque se refiere a propuestas legislativas. En
la enmienda 107 proponemos una reforma ambiental del IVA con rebajas a
los productos con menor impacto ambiental, así como a









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los de necesidad social. En la 113 proponemos acciones
frente a la Unión Europea para la aplicación de esta rebaja del IVA. En
la 108 proponemos crear un impuesto sobre cambio de usos del suelo. En la
111 proponemos una reforma ambiental del impuesto sobre actividades
económicas. En la 114 planteamos calificar a partir de los 80
gramos/kilómetro las emisiones de CO2 a los vehículos menos
contaminantes. Con la 115 proponemos una vez más la ley de financiación
del transporte público. Con la 116 proponemos aplicar gravámenes a los
vehículos pesados de transporte de mercancías, para internacionalizar los
costes ambientales y el desgaste de las infraestructuras. Y en la 118
proponemos elaborar una ley para establecer el régimen transitorio de la
supresión de los gases fluorados, o hidrofluorocarbonos, antes de 2020,
como pide el Parlamento Europeo.


Por último, las enmiendas relativas a la Sareb y a las
Sicav. La enmienda número 119 propone la supresión de la disposición
final segunda, que propone incentivos fiscales a la Sareb; ya he
presentado mis argumentos en la defensa del veto. Y en la enmienda 120,
sobre las Sicav, proponemos un límite máximo de participación del 5% en
el capital y, como también decía anteriormente, el traspaso de las
competencias de control y supervisión, que actualmente ejerce la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, a la Agencia Tributaria.


No me quiero alargar más en la explicación de estas
enmiendas, que por sí mismas son suficientemente claras. En definitiva,
el señor Saura y yo hemos propuesto esta batería de enmiendas para
impulsar la fiscalidad verde, para mejorar la propuesta de fiscalidad
municipal y para ampliar nuestro marco normativo y abordar los casos de
la Sareb y las Sicav.


Les pido su voto a favor de estas enmiendas.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.


Para la defensa del resto de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Entesa, tiene la palabra el senador Montilla.


El señor MONTILLA AGUILERA: Señor presidente, señorías, las
senadoras y senadores socialistas de Entesa hemos presentado dieciocho
enmiendas, de la 121 a la 138, inclusive, para intentar corregir el texto
presentado por el Gobierno y también las modificaciones incorporadas por
el Partido Popular en la tramitación parlamentaria del proyecto en el
Congreso de los Diputados, que en su mayoría tienen poco o nada que ver
con el objeto del proyecto de ley, como viene siendo habitual ya en el
trabajo parlamentario durante esta legislatura.


Quiero destacar la enmienda 126, con la que pretendemos
reformar de un modo más justo la tributación de las grandes empresas
mediante el Impuesto sobre sociedades, creando un impuesto mínimo, de
base amplia y tipo reducido al 15%. Este mínimo supone un límite global
para la gran cantidad de deducciones en base y en cuota, así como para
las bonificaciones que existen actualmente y que provocan que, en la
mayoría de ocasiones, la tributación de los grandes grupos empresariales
sea relativamente inferior a la de las pymes; como ustedes saben, el 4%
el año pasado.


Con la enmienda 127 pretendemos cambiar la tendencia en el
IRPF de los límites máximos de las deducciones, aportaciones y
contribuciones a sistemas de previsión social, que son aprovechados casi
exclusivamente por los contribuyentes de mayor capacidad económica. Con
la enmienda se amplían los límites para cubrir a todos aquellos
contribuyentes que utilizan este mecanismo como auténtica previsión
social complementaria, y no como un producto más de ahorro.


Con la enmienda 128 también modificamos el IRPF, para
eliminar privilegios que benefician exclusivamente a altos directivos por
las primas o bonos percibidos; se limita la reducción de los rendimientos
por alquiler de viviendas a las que tengan un precio asequible para los
inquilinos y se elimina la injusta posibilidad de deducción de las
pérdidas de juego.


En la enmienda 125 modificamos el texto del proyecto, para
mantener el porcentaje de deducción del 20% de la inversión en
producciones de cine en nuestro país. La reducción propuesta por el
Gobierno no hace sino apuntillar el hundimiento de nuestra industria
cinematográfica, esa que tan poco le gusta al ministro de Hacienda, que
dice que el problema es que se hacen malas películas; muy poco debe de ir
al cine el señor Montoro.









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En las enmiendas 129, 130 y 131 se suprimen, por
innecesarias, las modificaciones propuestas en la Ley de Impuestos
Especiales.


La enmienda 132 incorpora al sector estratégico de la
fabricación de pasta, papel y cartón a los beneficios fiscales por el
elevado consumo energético que autoriza la Directiva Comunitaria
2003/96/CE de la Comisión y del Parlamento.


En el siguiente grupo de enmiendas, la 133, la 134, la 135,
la 136 y la 137, suprimimos una serie de bonificaciones tributarias que
no buscan el interés general que deberían.


Por un lado, planteamos la supresión injustificada de la
exención en el impuesto especial sobre determinados medios de transporte,
de la exigencia de un máximo de quince metros de eslora de las
embarcaciones deportivas o de recreo, para alquiler. También se suprime
la prórroga de las subidas del IBI hasta el año 2015, que tanto
publicitaron ustedes como temporal.


El Gobierno, en su ánimo de privilegiar, seguramente, a
determinados grupos de poder, ha incluido bonificaciones fiscales en el
IBI y en el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana, para beneficio de proyectos como el conocido
Eurovegas, cuya supresión también planteamos por injustos.


O la supresión del artículo 10, introducido por el Grupo
Parlamentario Popular en la tramitación del Congreso, para rebajar la
presión fiscal a la generación de energía nuclear y favorecer la
reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña.


Finalmente, con nuestra enmienda 138 instamos al Gobierno a
presentar en un plazo de cuatro meses un verdadero proyecto de ley sobre
imposición medioambiental, que incluya criterios de política ambiental en
el sistema tributario.


Las demás consideraciones generales sobre el proyecto de
ley las expresaremos, obviamente, en el turno de portavoces.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.


El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió ha presentado las enmiendas números 60 a 95 y vuelta al texto
remitido por el Congreso de los Diputados.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.


Señorías, efectivamente, hemos presentado a esta ley 36
enmiendas que podríamos distribuir en varios bloques. Unas que hacen
referencia al impuesto de nueva creación sobre los gases fluorados de
efecto invernadero, otro bloque que hace referencia al impuesto sobre
sociedades, un tercer bloque en el que hay enmiendas referentes al
impuesto sobre la electricidad, al IBI, otro en relación con el impuesto
sobre actos jurídicos documentados y una enmienda relacionada con la
lealtad institucional, que después voy a explicar.


Las enmiendas más importantes en cuanto a su número, es el
bloque referente al impuesto sobre los gases fluorados, impuesto que,
como ya habrán podido apreciar en nuestras intervenciones anteriores, nos
preocupa muchísimo. Hemos presentado 22 enmiendas, algunas alternativas
unas a otras por si no les parecía bien una poder coger otra. Son las
enmiendas números 60 a 70 y 85 a 95. Todas ellas, como ustedes
comprenderán, son enmiendas al artículo 5 de la ley.


Vamos a centrarnos, en primer lugar, en estas 22 enmiendas.
La realidad es que nosotros presentamos alguna enmienda para eliminar
íntegramente el impuesto, porque nos parece que es un impuesto que va a
generar muchísimas dificultades, que no va a tener un efecto
medioambiental en tanto en cuanto va a haber un efecto sustitutivo de
estos gases producidos, distribuidos e instalados por empresas españolas,
por gases de otras producciones e instalaciones, de otras empresas de
países terceros, y que no todas ellas van a estar tributando.


No obstante, hemos presentado algunas enmiendas para
intentar paliar este efecto. Así, la enmienda 60 tiene como objetivo
cambiar los tipos impositivos, reducirlos. Los tipos impositivos tienen
un grave efecto. Yo creo que, en cierto modo, el Grupo Popular lo
reconoció, porque transaccionó una enmienda en el Congreso para que
hubiese una repercusión durante tres años. Nosotros entendemos que estos
tres años son insuficientes, el primer año, el 33%, el segundo, el 66% y,
el tercero, el 100%. Por tanto, en lugar de aplicar este impuesto hasta
el 2014, 2015









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y 2016, proponemos que la aplicación sea escalonada hasta
el 2018, al objeto de que los diferentes sectores afectados puedan
adaptarse a esta nueva situación.


La enmienda 61 también es una alternativa a la anterior.
Pretende establecer un tipo impositivo diferente y reducirlo al 50%, que
es lo que entendemos que como máximo podrían soportar en el último
momento, en 2018, los sectores afectados.


La enmienda 62 es técnica en cuanto a la repercusión en
factura. También la 63 y, por lo tanto, las doy por defendidas.


En cuanto a la enmienda 64, tiene por objeto —esto me
parece que sí es interesante— establecer una deducción o una
exención para todos los adquirientes de gases fluorados que hayan
soportado el impuesto y que estén acogidos al régimen de estimación
objetiva. No hace falta recordarles que el régimen de estimación objetiva
es al que se acogen los empresarios que bajo su titularidad personal, la
de personas físicas, ejercen la actividad económica, que estén facturando
menos de 600 000 euros, que las compras sean inferiores a 300 000 euros o
que tengan menos de 5 trabajadores. Entendemos que para un pequeño
instalador este impuesto no tendría que ser objeto de gravamen. Por ello,
o bien planteamos una deducción o una exención.


La enmienda 65, también centrada en este impuesto, intenta
subsanar uno de los muchos problemas que crea este impuesto. Pretende
establecer una deducción en la cuota del impuesto de los adquirientes de
este tipo de gases que hayan soportado el impuesto y que acrediten que
sus instalaciones tienen una antigüedad inferior a cinco años, porque a
lo largo de estos últimos cinco años se han efectuado muchas nuevas
instalaciones, en muchas ocasiones por imperativo legal, ya sea por
eficiencia energética, ya sea por seguridad alimentaria o ya sea por
adaptación a la normativa sectorial de cada uno de los sectores, ya sea
el cárnico, el de las frutas y verduras o cualquiera de ellos. Se trata
de que estas empresas que han efectuado estas instalaciones sin saber que
iba a existir este impuesto sobre este tipo de gases puedan tener cinco
años para acabar de amortizar sus instalaciones y no se vean afectadas
por este impuesto. En consecuencia, entendemos que es razonable, que no
subsanaría todos los problemas que genera el impuesto, pero sí para todas
aquellas empresas que han invertido, que se han visto obligadas a
invertir, cuando recarguen sus instalaciones con estos gases no se sean
gravadas porque no tienen la posibilidad de invertir en otro tipo de
instalación que no utilice estos gases y use otros, como el CO2. Por
tanto, esto es lo que pretende la enmienda 65.


La enmienda 66 también es alternativa a alguna otra.
Pretende establecer una deducción en la cuota del impuesto sobre el
rendimiento de la actividad económica que corresponda a los adquirientes
de gases fluorados de efecto invernadero que hayan soportado el impuesto
y que acrediten porcentajes de fuga de menos del 15%, porque si el
objetivo es medioambiental, a todos aquellos que estén acreditando un
porcentaje de fuga inferior a este 15%, entendemos que se les podría
establecer una deducción del propio impuesto.


La enmienda 67 es alternativa a la 65 y tiene por objeto
establecer una deducción del cien por cien de la cuota a las operaciones
de carga y mantenimiento de instalaciones de refrigeración. Estamos
pensando en la gran distribución alimentaria, pero también en la pequeña
carnicería, en el pequeño supermercado, en la pequeña pescadería, que
tienen instalaciones y que cada recarga va a ser gravada por un impuesto
que, como se ha dicho aquí, en algunos casos puede multiplicar por diez
el coste del producto.


La enmienda 68 es alternativa a la 67 y a la 65. También
tiene por objeto establecer una deducción del cien por cien en las
operaciones de carga y mantenimiento de instalaciones de
refrigeración.


Paso a defender las enmiendas 69 y 70. La enmienda 69 tiene
por objeto extender este período transitorio para algunas empresas que
fabriquen poliuretano hasta 2020. La enmienda 70 no se ha formulado
estrictamente a este impuesto, sino que quiere saber a qué se destina la
recaudación de este impuesto. Como al igual que ocurre con muchos
impuestos, con el resto de los impuestos especiales, se pretende que,
dado que las comunidades autónomas participan en un 58% de su
recaudación, sea cedido el 58% de la recaudación de este impuesto a las
comunidades autónomas.


Las enmiendas 85 a 95 hacen referencia a los gases
fluorados. Doy todas ellas por defendidas, pero quiero reiterar que en el
caso de que se apruebe la ley tal y como está planteada y no se acepte
ninguna de estas 22 enmiendas que hemos presentado, más allá de la
supresión del









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impuesto, esto va a generar un problema grave, un problema
gravísimo a muchas empresas, a muchas pequeñas empresas y una mayor
desocupación en algunos de estos sectores. En todo caso, les avanzo que
si ninguna de estas enmiendas tiene el apoyo mayoritario de estas
Cámaras, vamos a presentar alguna de ellas modificada, para que tengan
tiempo para reflexionar, a los Presupuestos Generales del Estado dado que
la misma ley que aprueban hoy habilita que los Presupuestos Generales del
Estado podrán modificar las exenciones, las bonificaciones, los tipos
impositivos de este impuesto que aplicamos hoy.


Por tanto, ya les avanzo que vamos a ser reiterativos con
ánimo constructivo porque estoy seguro de que a lo largo de estas
próximas semanas el grupo mayoritario de la Cámara va a tomar conciencia
del problema que está generando con este impuesto, impuesto que
—repito— en la medida que traslada la recaudación a las
empresas afectadas, aunque el que soporte el impuesto sea siempre el
consumidor final, va a generar un problema gravísimo de financiación. Ya
no digo que van a ser menos competitivos porque estos productos van a
tener un mayor precio, que por supuesto. Algunos lo podrán trasladar al
consumidor final y otros no, pero sí que les digo que todas ellas van a
tener un problema grave de financiación. Si se hubiese cambiado el
sistema de recaudación impositiva también se hubiese minorado este
efecto. Por tanto, doy por defendidas estas 22 enmiendas y les avanzo que
vamos a ser reiterativos.


Hemos presentado también 10 enmiendas al impuesto sobre
sociedades, concretamente las enmiendas 75 a 84, todas ellas a los
artículos 1 y 2 del impuesto sobre sociedades. Estas enmiendas tienen
también por objeto suprimir algunas de las nuevas incorporaciones que
efectúan ustedes al impuesto sobre sociedades, algunas pretenden
precisamente eliminar o limitar alguna compensación por pérdidas. Me
explico. Ustedes eliminan la posibilidad de deducir las provisiones por
depreciación de los valores de participación en el capital de otras
empresas. Si una sociedad A compra acciones de una sociedad B y estas
acciones de la sociedad B disminuyen su valor, la empresa sociedad A no
podrá considerar esta disminución de valor como pérdidas. Seguramente
esto no es un incentivo para que se fomente la inversión por parte de las
sociedades. El argumento de que ya ha sido deducida la pérdida en la
sociedad B quizás les valdrá a algunos de los accionistas de la sociedad
B, a algunos, pero no a todos, porque aquellas pérdidas quedarán
pendientes de compensar, y como la sociedad B nunca va a tener
beneficios, nunca serán compensadas estas pérdidas.


Por tanto, entendemos que tarde o temprano acabarán
modificándolo. Y creo que toda eliminación de la posibilidad de compensar
las pérdidas generadas en establecimientos permanentes en otros países
seguramente tampoco va a favorecer la internacionalización de nuestras
empresas. Por consiguiente, hemos presentado diferentes enmiendas a los
efectos de que se permita, bajo algunas restricciones razonables,
empresas vinculadas en un cierto porcentaje, paraísos fiscales, etcétera,
la deducibilidad de las pérdidas sufridas por estas filiales.


Aparte de las enmiendas que hemos presentado al impuesto
sobre sociedades también hemos presentado un tercer bloque de enmiendas
más puntuales que afectan a diferentes impuestos. Una de ellas se refiere
a la simple supresión del artículo 8, que es el que obliga a los
ayuntamientos a establecer un recargo sobre los tipos impositivos. No me
extenderé en la defensa de la enmienda porque creo que el planteamiento
ha quedado claramente fijado en el turno de portavoces de los vetos, pero
ustedes están obligando a que todos los ayuntamientos, incluso los muy
saneados, incrementen el impuesto sobre bienes inmuebles a sus
conciudadanos y eliminen la autonomía local. Creo que desde la
perspectiva de cualquier corporación local eso no se puede entender
nunca. Ustedes habrían podido justificarlo hace dos años, cuando las
corporaciones locales presentaban déficit, pero actualmente, al presentar
superávit esto es injustificable. Por tanto, pedimos la supresión.


Hemos presentado también la enmienda 71, que coincide con
una enmienda de algún otro grupo parlamentario. Aunque hoy no vamos a
poder transaccionar de forma definitiva, espero que en un futuro cercano
esto se pueda resolver. Con esta enmienda se pretende establecer una
bonificación de un 85%, tal y como se fija en este proyecto de ley para
sectores intensivos en la utilización de la energía eléctrica en el
impuesto sobre la electricidad. Creo que esta enmienda es de justicia. Si
no se incluye el sector de fabricación de pasta papelera, papel y cartón
dejaremos fuera el único sector intensivo en la utilización de la energía
eléctrica. Si la energía eléctrica supone un 10% de su coste de
producción, lo haremos menos competitivo sobre todo con los sectores de









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otros países. Entiendo, pues, que esta enmienda podría ser
compartida, y si hay alguna restricción legal de carácter inmediato
podría ser solventada a corto y medio plazo.


Hemos presentado también otras enmiendas referentes a otros
aspectos. Una se refiere a la lealtad institucional. Como he dicho antes,
con ella se pretende que las comunidades autónomas participen también en
un 58% en la recaudación de este impuesto claramente especial. Y hemos
presentado igualmente otra serie de enmiendas que son de carácter
técnico. Una de ellas afecta al impuesto sobre actos jurídicos
documentados. También las doy por defendidas.


Les pido el voto favorable para las treinta y seis
enmiendas y, si no es posible para todas, espero que sí para alguna en
especial y que al menos seamos capaces de transaccionar alguna de
ellas.


Hemos presentado una enmienda, la número 84, que hace
referencia al impuesto sobre sociedades y que antes no he citado pero sí
tengo especial interés en hacerlo. Alguien podría entender que esta
enmienda es un poco técnica pero no lo es, lo que pretende es que se
establezca una limitación a la compensación de bases imponibles negativas
para los ejercicios anteriores; se prorroga ahora y se establece también
para los ejercicios venideros, 2014 y 2015, y se trata de que esta
limitación a la compensación de bases imponibles negativas no opere
cuando estas tengan origen en rentas correspondientes a quitas
consecuencia de un convenio de acreedores. Si no lo hacemos así, todavía
dificultamos más la firma de estos convenios en procesos concursales, así
como la viabilidad de todas aquellas empresas que han entrado en procesos
concursales; las dirigimos claramente a su disolución, en lugar de buscar
su viabilidad. Si pudiésemos aprobar esta enmienda, seguramente
facilitaríamos que algunos de estos procesos concursales, en lugar de
terminar en liquidación, terminasen en la viabilidad de la empresa.


Les pido el voto favorable para todas estas enmiendas o al
menos para alguna de ellas. Pero quiero finalizar insistiendo en que si
las enmiendas al artículo 5, que hace referencia al nuevo impuesto sobre
gases fluorados, no son aprobadas volverán a ser presentadas con alguna
modificación en el trámite de la ley de Presupuestos Generales del Estado
para el 2014.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.


El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las
enmiendas 44 a 59 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los
Diputados en lo modificado por las enmiendas 139 a 141, 143 y 144 del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Para la defensa de estas enmiendas, tiene la palabra la
senadora Marra.


La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


El Grupo Parlamentario Socialista presentó un paquete de
dieciséis enmiendas, las números 44 a 59, ambas incluidas, que tienen por
objeto mejorar y contribuir a dar sentido a este proyecto de ley
profundamente arbitrario, incoherente y caótico. Doy por defendidas estas
enmiendas y manifiesto mi máxima disposición para llegar a los consensos
y acuerdos que son necesarios para mejorar este proyecto de ley.


Sin embargo, antes de pasar a sintetizar cuál es la
orientación que desde nuestro grupo damos a estas enmiendas, así como de
posicionarme sobre el contenido del proyecto de ley, no puedo por más que
denunciar el abuso que por parte del Gobierno se viene haciendo en los
trámites legislativos de urgencia. Con los procedimientos de urgencia
secuestran de forma reiterada el debate político y la posibilidad de
estudiar en detalle los contenidos de las leyes, y cuando lo hacen no
solo degradan a la propia institución Congreso— Senado sino también
el rigor con el que tienen que elaborarse las leyes. Pero esta forma de
proceder, el procedimiento de urgencia es si cabe más sensible cuando
hablamos de política fiscal. Digo esto porque en lo que llevamos de
legislatura, señorías, el Partido Popular ha emprendido muchísimas
modificaciones, la mayoría por procedimientos de urgencia; llevamos más
de diez cambios regulatorios en materia fiscal y se han producido hasta
treinta y tres subidas arbitrarias de impuestos mediante la creación,
modificación o prórroga de los existentes. Y el objetivo siempre es
claro, señorías del Partido Popular: incrementar la recaudación.


Señorías, si por algo se ha caracterizado esta política
tributaria del Gobierno del Partido Popular ha sido por un incremento
desmesurado, caótico y discriminatorio de impuestos. Han incrementado
tipos de gravamen de IRPF, cuando en todos los restantes países de la
Unión









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Europea nos están diciendo que debemos reducirlos. Subieron
también impuestos de IVA —en este caso, septiembre de 2012—,
impuestos de sociedades, tasas universitarias, copago, impuestos de
bienes inmuebles, impuestos especiales, que han sumido a este país en una
inseguridad jurídica sin precedentes en la historia de España. Y eso
cuando el Partido Popular juró, perjuró que no subiría impuestos.


Y no puedo por más que recordar aquí unas palabras que
pronunció el hoy presidente del Gobierno, el señor Rajoy, el 11 de julio
de 2009 en Málaga, diciendo que: En una situación de crisis, donde todo
el mundo lo está pasando muy mal, donde todo el mundo tiene dificultades,
donde mucha gente ve cómo no le paga ni siquiera la Administración, es un
disparate quitarles recursos a los particulares y subir los impuestos. Y
eso va contra el empleo.


Contradicciones y más contradicciones. Pero aún podemos
recordarlo, hace muy poco, en una localidad gallega, donde nuevamente el
presidente del Gobierno prometió que no subiría impuestos. Incumple,
incumple y nuevamente lo vamos a ver con este proyecto de ley.


De hecho, este proyecto de ley es quizás el ejemplo más
elocuente de la política tributaria del Partido Popular, con subidas
discriminadas de impuestos que afectan principalmente a clases medias,
con arbitrariedades fiscales e improvisaciones, pero también con
subvenciones y privilegios fiscales que atentan contra el principio de
justicia y equidad fiscal, que debe exigirse siempre cuando se legisla en
materia de política tributaria.


Paso a continuación, señorías, como dije al iniciar mi
intervención, a sintetizar cuál es la orientación de las enmiendas que
presentamos desde el Grupo Socialista, para posteriormente posicionarme
sobre el contenido de esta ley.


Las enmiendas que presentamos se articulan en torno a tres
retos, a tres grandes problemas que nosotros siempre hemos dicho que
tiene nuestro sistema fiscal: el primero de ellos es la consecución de la
estabilidad en la recaudación; el segundo, la suficiencia de ingresos
para hacer frente al gasto público y, por último —y de
verdad—, es alcanzar la equidad fiscal, la justicia distributiva,
esto es, una mayor progresividad en nuestro sistema tributario. Para ello
he articulado estas enmiendas atendiendo a los distintos impuestos que
toca este proyecto de ley.


En primer lugar, en relación con el impuesto sobre
sociedades, lo que proponemos desde el Grupo Socialista es crear una
tributación mínima del 15% para las grandes corporaciones. Como ustedes
saben, señorías, en la escena internacional España aparece asociada a un
impuesto de sociedades que se sitúa en la banda alta de los países
europeos, sin embargo y como consecuencia de innumerables deducciones
—y, por tanto, vías de elusión fiscal que tienen las grandes
empresas— la tributación efectiva, la tributación real se sitúa por
debajo del 10%. Esto supone claramente una arbitrariedad y lo que estamos
exigiendo con esta enmienda es precisamente que estas grandes
tributaciones tributen al menos en un 15%, al menos un 15% en el impuesto
sobre sociedades.


En segundo lugar, lo que proponemos es revisar todas las
deducciones que existen en el impuesto sobre la renta con una finalidad
principal, que es eliminar privilegios fiscales injustificados.
Privilegios fiscales injustificados como, por ejemplo, cuando modificamos
determinadas primas o bonos percibidos por directivos de grandes
corporaciones y que se generan en más de dos años; de hecho, lo que
estamos haciendo es que esa reducción, que hasta ahora está en el límite
de 300 000, se sitúe en 60 000 euros anuales. Pero también proponemos
dentro del impuesto sobre la renta suprimir la deducibilidad de pérdidas
en el juego, que es inaceptable y que atenta contra el principio de
justicia del sistema tributario.


En tercer lugar y en cuanto a medidas relacionadas con la
imposición local, planteamos suprimir la prórroga del incremento en los
tipos de gravamen en el impuesto sobre bienes inmuebles, algo que desde
el Gobierno y de una manera extraordinaria y temporal se introdujo con el
Real Decreto 12/2012 y que lo que hizo fue convertir lo que antes era
temporal en definitivo, con una subida no solamente para el año 2014,
sino que se extiende también hasta el año 2015. En consecuencia,
proponemos su supresión.


También proponemos la supresión de la ampliación de
bonificaciones de hasta el 95% a proyectos empresariales, unos proyectos
empresariales que tienen nombres y apellidos, que están hechos a la
medida de favorecer intereses particulares. Podemos dar esos nombres y
esos apellidos y en concreto la región en la cual se van a aplicar:
región de Madrid, proyecto Eurovegas, y el señor Adelson. Antes eran
bonificaciones que, de hecho, otorgaron en el IBI y en el impuesto









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sobre actividades económicas, y con este proyecto de ley lo
que hacen es ampliar al impuesto sobre incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana estas bonificaciones, que nuevamente
recogen esa arbitrariedad, esa discriminación, que es incomprensible a la
hora de legislar en materia de política fiscal.


En cuarto lugar, el Gobierno del Partido Popular ha
aprovechado este proyecto de ley para introducir dos medidas
diametralmente opuestas a la fiscalidad ambiental. La primera de ellas es
la que internacionalmente se conoce como subvención ambiental perjudicial
y que el Gobierno tiene la desfachatez de presentar como bonificaciones a
embarcaciones de más de 15 metros de eslora a efectos de actividades de
alquiler, para las que ahora propone también que estén exentas. Estas
medidas, señoría, afectan a unas veinte embarcaciones deportivas
dedicadas al chárter náutico, es decir, motoveleros. El valor estimado de
estas embarcaciones se sitúa en torno a 600 000 euros por embarcación, y
supondría que las comunidades autónomas no puedan recaudar en torno a 1,2
millones de euros, esto es, dejarían de recaudar 72 000 euros por
matriculación. Es una medida, señorías, que supone un nuevo ejemplo de
cómo gobierna el Partido Popular, esa manera de gobernar, de favorecer a
los más poderosos, de establecer privilegios fiscales precisamente para
una actividad que ciertamente no beneficia a los ciudadanos
principalmente de clases medias, trabajadores, que son los que más están
sufriendo los efectos de esta crisis.


Y la segunda, abundando más en esa arbitrariedad que
podemos recoger en este proyecto de ley, es que en este proyecto se
permite rebajar la presión fiscal, los impuestos a las centrales
nucleares, con una disposición hecha a la medida para una empresa en
concreto, para la empresa nuclear de Garoña, y con un objetivo último,
que es el de alterar el reglamento sobre las instalaciones nucleares y
radiactivas en nuestro país. En definitiva, señorías, lo que pretende el
Gobierno del Partido Popular con esta última medida es abrir la puerta a
que Garoña sea abierta cuando, como saben ustedes, pesa una orden
ministerial definitiva de cese de esta central nuclear.


Pero si leemos con detenimiento este proyecto de ley vemos
que va mucho más allá en ese establecimiento de privilegios fiscales al
impedir aplicar con retroactividad el impuesto que grava con 2190 euros
cada kilogramo de metal pesado —uranio y plutonio— gastado en
los reactores nucleares, aplicando un coeficiente corrector, de modo que
solo se pagará por lo gastado a partir del 1 de enero del 2013 y extraído
del redactor a partir de esta fecha. Es decir, primer período impositivo
para el impuesto sobre residuos radiactivos.


Esta medida, señorías, da lugar a que se deje exenta de
impuestos a esta central nuclear, la central nuclear de Garoña, que ya
descargó todo el combustible objeto de gravamen en la primera quincena
del mes de diciembre de 2012, precisamente tres días antes de que vaya a
entrar en vigor esta medida de aprobarse este proyecto de ley. Es decir,
que lo que se está proponiendo por parte del Gobierno y del Grupo
Parlamentario Popular es que la propietaria de esta empresa, Nuclenor,
que, como ustedes saben, está participada en un 50% por Iberdrola y
Endesa, se ahorre más de 153 millones de euros, que es el cálculo que en
su día esta empresa había estimado que tendría que pagar en el caso de
que se aplicare dicho impuesto.


Adicionalmente, señorías, se modifica el período impositivo
del impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado, pasando
de ser de un año natural a un ciclo operativo. Con esta medida lo que se
está pretendiendo nuevamente es beneficiar a Garoña modificando el ciclo
operativo, y en lugar de tener que tributar en un año tendría que
tributar precisamente dentro de dos, que es cuando se hace la recarga
nuclear en esta central nuclear. Esta medida está facilitando nuevamente
—lo reiteramos— que esta central nuclear pase a estar
operativa y, por lo tanto, que no se establezca esa orden ministerial
definitiva de cese de la central nuclear. (El señor vicepresidente, Lucas
Giménez, ocupa la Presidencia.)


Por último, entrando en materia de fiscalidad ambiental, y
centrándome en el artículo 5, este proyecto de ley únicamente contempla
un nuevo impuesto: el impuesto sobre gases fluorados, un impuesto que en
el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que está mal diseñado, con
un impacto económico que no se ha medido correctamente y que está
generando un rechazo —como se ha recogido por una gran mayoría de
los grupos presentes en esta Cámara— sin precedentes en sectores
claves, en sectores estratégicos de nuestra economía, en su gran mayoría
pequeñas y medianas empresas, empresas comerciales que se van a ver
abocadas al cierre y, por lo tanto, también a despidos en esos sectores
estratégicos —reitero— de nuestra economía.









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Señorías, como ha comentado anteriormente el portavoz del
Grupo Socialista, esta semana hemos tenido ocasión de reunirnos con
algunas de las asociaciones de empresas afectadas, empresas de sectores
estratégicos, como ya he dicho. Algunas de ellas son de hostelería, de
distribución, de logística, en general todas las empresas relacionadas
con el frío, refrigeración, aire acondicionado doméstico… Y todas
coinciden en señalar —e intentaré sintetizar— los siguientes
perjuicios que les van a afectar de llevarse adelante este proyecto.


En primer lugar, no se ha contado con la experiencia y los
datos de la industria para la valoración del impacto de esta medida. En
segundo lugar, de implementarse, el impacto sería extremadamente
negativo: incrementaría de forma inmediata los costes de producción y
abocaría al cierre a muchas empresas, pequeñas y medianas empresas
—insisto— principalmente del sector del frío. Y quiero poner
un ejemplo: en el caso de que se aplicara este impuesto el gravamen medio
estimado sería de 76 euros/kilogramo al gas fluorado utilizado para
generar frío industrial, un impuesto casi ocho veces superior al precio
del mercado de este componente —8 euros/kilogramo—, lo que
repito que haría subir los costes de producción de una forma espectacular
y abocaría al cierre de estas pequeñas y medianas empresas.


Por último, se configura este impuesto al margen del ámbito
y propósito de la revisión del reglamento de gases fluorados europeo, que
plantea una transición hasta el año 2017, mientras que desde este
Gobierno lo que se está introduciendo es un período de transición a los
años 2015 y 2016 con coeficientes dispares, según el sector, dispares y
profundamente arbitrarios con los que nos manifestamos rotundamente en
contra.


Señorías, toda esta precipitación, esta incoherencia, esta
discriminación y arbitrariedad con la que se pretende legislar en materia
de política fiscal, pero no solamente en materia de política fiscal, sino
también —lo vemos ahora— en materia de política ambiental, es
lo que nos ha llevado a pensar que el único objetivo que tiene este
proyecto de ley es un objetivo de recaudación, un afán recaudatorio, y no
avanzar de verdad en una fiscalidad verde, una fiscalidad verde en la
línea de lo que se viene haciendo en los demás países de la Unión Europea
que luchan contra el cambio climático siguiendo el Protocolo de Kioto, y
también con un objetivo, el 20-20-20, para su renovación.


Concluyo ya, señor presidente, diciendo que desde el Grupo
Parlamentario Socialista estamos convencidos de que es posible que de
verdad se avance en fiscalidad verde, con una reforma en profundidad que
internalice los costes reales de las actividades, y se avance en el
desarrollo de una economía sostenible. Ahora bien, señorías, también
estamos convencidos de que con este proyecto de ley, que es un cajón de
sastre impositivo que nos trae el Gobierno del Partido Popular, no va a
ser posible.


Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista
vamos a votar en contra. Y vamos a tratar también de llegar a acuerdos o
consensos para que se acepten las enmiendas que hemos presentado hoy
aquí, al tiempo que vamos a proponer abrir un debate de verdad en esta
Cámara sobre imposición medioambiental, imposición verde, siguiendo
—reitero— las directrices de la Unión Europea, es decir,
introduciendo criterios de política ambiental en el sistema tributario
español, de manera que se internalicen los costes externos y se
incentiven comportamientos más respetuosos por parte de las empresas con
el medioambiente.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Turno en contra.


Tiene la palabra el senador señor Bosch.


El señor BOSCH LLITERAS: Gracias, presidente.


Señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición del
Grupo Popular con respecto a las enmiendas presentadas al proyecto de ley
que nos ocupa, de fiscalidad medioambiental y otras medidas tributarias y
financieras. Quiero hacer una salvedad, y es que estamos pendientes de
poder transaccionar quizá las enmiendas números 71 y 84 con CiU, pero,
por lo demás —y vamos a fijar la posición en el turno de
portavoces, están pendientes de negociaciones de última hora—,
lamento decirles que nuestro grupo parlamentario votará en contra de las
demás enmiendas presentadas por los grupos de la oposición. E intentaré
de forma sintética analizar y fijar nuestra posición.









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En primer lugar me voy a referir a que ustedes, señorías,
la oposición, disparan a todo, a diestro y siniestro, y me refiero,
evidentemente de forma metafórica, al título. El título reza: Proyecto de
Ley por la que se establecen determinadas medidas en materia de
fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y
financieras. Así pues, tanto monta, monta tanto, y el orden de los
factores no altera el producto, entiendo yo. A partir de ahí la
exposición de motivos es clarísima, es decir, no tiene desperdicio: habla
de medidas adicionales para la consolidación de las finanzas públicas, en
línea con los principios básicos que rigen la política fiscal, energética
y ambiental de la Unión Europea. Y hay un desarrollo completo en el
preámbulo, en la exposición de motivos, de todos y cada uno de los
impuestos o de las medidas.


La parte positiva, la tercera de todo ello, señorías, es
que coincidimos plenamente con el resto de los grupos en la necesidad de
una reforma fiscal integral. El propio ministro Montoro ya dijo en su
comparecencia, al presentar dicho proyecto de ley, que se ha nombrado un
comité o una comisión de expertos y que posiblemente esa reforma fiscal
integral podría ver la luz a principios del próximo año, 2014, cosa que
yo creo que es un punto de unión, un punto de coincidencia; y lo
reconocemos sin ningún paliativo. A partir de ahí, el problema —y
lo digo con todo el respeto—, a mi modo de ver, es que ustedes, los
grupos de la oposición, están instalados en cierta forma en el no
permanente. Han presentado cuatro vetos y ciento cuarenta y cuatro
enmiendas. Es decir, son casi cuatrocientos folios de enmiendas
—menos mal que se tramita por la vía de urgencia, si fuera por la
vía ordinaria serían mil enmiendas, entiendo yo—, evidentemente
legítimas y de forma totalmente legal. Y el Grupo Socialista, que no
presentó veto alguno, decía que si hubiera sabido de alguna autoenmienda
del Grupo Popular también la habría presentado. Por tanto, entiendo que
el problema es esta negatividad total, estar permanentemente en contra de
todo lo que hace el Gobierno, que puede no hacerlo todo bien,
evidentemente, pero esta negatividad se traslada a posteriori vía
enmienda, no solo veto. Y es que dicha agresividad
—permítanme— en la redacción o en el argumentario después se
transmite a la enmienda, por lo que esas enmiendas no son solo enmiendas
parciales sino además enmiendas de supresión total de articulados, de
impuestos completos. Se redunda en ello, y al final estoy convencido de
que eso crea ciertas dificultades a la hora de llegar a un acuerdo. Pero,
allá cada cual con su responsabilidad y su forma de hacer, algo que yo
respeto, evidentemente.


Voy a entrar en el análisis de los distintos grupos de
enmiendas que se han presentado, aunque entenderán que no lo haga de
forma exhaustiva. Pero, grosso modo, en cuanto al primer grupo, en el que
se hace referencia al aumento al 35% en el impuesto sobre sociedades
cuando se está tratando de bases imponibles superiores a cien millones,
he de decir que para nuestro grupo la tendencia es la contraria; este
impuesto es proporcional, no un impuesto progresivo, y además ello puede
ocasionar efectos económicos negativos. Para tener una referencia
simplemente les diré que en el impuesto sobre sociedades dichas medidas,
juntamente con otras, podrían reportar en torno a 3500 millones de euros,
una cifra nada despreciable.


En cuanto a las enmiendas referidas a que se suprima,
además, el límite del gravamen máximo de los 100 euros por kilogramo en
el impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero, he de decir que
precisamente la razón de mantener un límite de gravamen de 100 euros por
kilogramo es no penalizar en exceso aquellos productos y, con ellos, a
las industrias que los utilizan, con un potencial de calentamiento
atmosférico muy alto pero que en la actualidad carecen de productos
sustitutivos. Además, hay otra enmienda referida a modificaciones legales
que discriminen la fiscalidad de las sociedades productivas respecto de
aquellas cuyo objeto es estrictamente la elusión de impuestos. En este
caso, hacemos referencia a la comisión de expertos y a la reforma fiscal
integral.


Respecto de la prohibición de ventas en corto y la creación
de un nuevo tributo sobre beneficios obtenidos en operaciones bursátiles
a corto, les diré que es complejo diferenciar en este caso qué
operaciones tienen efectos negativos en la economía real para someter
solo esas a tributación. Desde principios de 2013 España participa en un
procedimiento de cooperación reforzada para la implantación de un
impuesto sobre transacciones financieras armonizado.


En relación con la modificación de la deducción por
inversiones medioambientales para ampliarla a la reducción de consumo de
energía o agua, o para hacer pautas de movilidad sostenible y elevar el
porcentaje de deducción, se rechaza por razones presupuestarias. Pero,









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además, la reducción de costes por consumo de energía o
agua vendrá impuesta por el mercado sin necesidad de incentivar tal
reducción, y las pautas de movilidad sostenible son muy ambiguas.


En cuanto a las deducciones en el impuesto sobre sociedades
por gastos relacionados con la movilidad sostenible en el trabajo, esas
enmiendas son contrarias a la tendencia de supresión de deducciones, su
alcance es indeterminado y no controlado por la empresa que soporta el
gasto, e introduce inseguridad jurídica, así como posibles abusos al
amparo de esa indeterminación. Y en cuanto a una nueva deducción en el
IRPF por compra de abono de transporte, he de decir que estos gastos ya
se tienen en cuenta en la cuantificación del mínimo personal, por lo que
se estarían duplicando los beneficios fiscales.


Hay otro paquete de enmiendas de distintos grupos que están
criticando una subida o la creación de nuevos impuestos, todas en cierta
forma referidas a la creación de nuevos impuestos. Una es sobre convertir
en obligatoria la tasa de recogida, tratamiento y eliminación de residuos
urbanos. Otra, de reforma medioambiental en el impuesto sobre actividades
económicas. Otra, sobre el impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras. Y además se propone la creación de un nuevo impuesto sobre la
estancia en establecimientos turísticos. He de decir que unas medidas
como las que se proponen reducen la autonomía local —de la que
tanto se ha hablado, por cierto— y ello debería analizarse en el
marco de la reforma de la financiación local con la participación de
entidades locales a través de la FEMP.


En cuanto a la modificación de la estructura de tipos
impositivos aplicable en el IVA, reservando el 10% a determinados
productos de menor impacto ambiental, he de decir que la estructura de
tipos no puede venir determinada solo por razones de índole
medioambiental. La reciente reforma de tipos requiere de un período para
su valoración antes de abordar nuevas propuestas.


Por lo que se refiere a un impuesto nuevo sobre cambio de
usos del suelo, entendemos que también debe ir dentro del paquete de la
reforma fiscal integral.


Con respecto al impulso en el marco de la Unión Europea de
nuevos incentivos fiscales para los productos medioambientales en
relación con el IVA, el ámbito de aplicación que han de tener los tipos
reducidos está siendo debatido en el seno de la Unión Europea, donde la
Comisión propugna una reducción de su aplicación, entendiendo que
incentivos como los de carácter medioambiental pueden impulsarse con
otras políticas.


En cuanto a las emisiones oficiales de CO2, y modificar en
el impuesto especial de determinadas medios de transporte, rebajando de
120 a 80 gramos/kilómetro, dichas emisiones, las valoraciones de
emisiones de limitadores de cada uno de los epígrafes impositivos de los
vehículos están determinados con base en objetivos establecidos por la
Unión Europea y otras circunstancias, todas ellas consideradas en
relación con los turismos y derivados de los mismos y motocicletas. Una
modificación como la propuesta, junto con la actual crisis, podría
provocar un fuerte descenso de las cifras de ventas y, consecuentemente,
en la producción.


Se está hablando además de modificaciones del sistema
financiero, del régimen financiero de instituciones de inversión
colectiva. Se trata de una propuesta de modificación de carácter
financiero y que el régimen fiscal de estas instituciones de inversión
colectiva obedece a la naturaleza de este tipo de vehículo de inversión.
Y respecto de las competencias de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, la disposición adicional tercera de la Ley 23/2005 ya regula
la coordinación de las competencias entre la Agencia Tributaria y la
Comisión Nacional del Mercado de Valores.


Señorías, también hay enmiendas que se refieren a límites
en el IRPF para rendimientos del trabajo, bajando dicho límite a los 60
000 euros. Entendemos que el límite actual, de 300 000 euros, es un
límite adecuado. En estos momentos no debe limitarse la reducción por
alquiler de vivienda. Y la compensación de las pérdidas es necesaria para
atender el principio de capacidad económica; me refiero a compensación de
pérdidas del juego.


También se propone mantener el límite de los 15 metros de
eslora para embarcaciones y buques de recreo en actividades dedicadas al
alquiler. Nosotros entendemos que es una medida muy positiva para el
sector, que puede dinamizarlo y además crear riqueza en torno a los otros
sectores relacionados con él.


Por otro lado, un mandato al Gobierno para que presente en
el plazo máximo de cuatro meses un proyecto de ley de imposición
medioambiental resulta también innecesario, ya que se abordará en un
futuro en la reforma fiscal integral.









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Y en cuanto a la medida del impuesto sobre gases fluorados
de efecto invernadero, que ha presentado CiU juntamente con otros,
evidentemente no aceptamos la supresión, pero bastantes de sus peticiones
ya estaban incorporadas en la enmienda número 75, que se presentó en el
Congreso, entre ellas, el régimen transitorio que se previó para la
aplicación de dicho impuesto.


A partir de ahí, señorías, grosso modo, se ve que estamos
lejos, que estamos en las antípodas. Tenemos planteamientos totalmente
distintos. Mientras ustedes se hayan instalados en el no permanente, sin
rumbo alguno, salvo contrariar permanentemente al Gobierno, nuestro grupo
parlamentario y el Gobierno del Partido Popular siguen trabajando sin
descanso en la senda ya iniciada en aras de conseguir la consolidación y
el saneamiento de las cuentas públicas, el equilibrio presupuestario y,
en definitiva, persiguiendo entrar en la senda del crecimiento, de la
creación de empleo y del reforzamiento de nuestra credibilidad
exterior.


No quisiera terminar sin hacer una referencia a la lealtad,
a lo que entendemos por lealtad institucional, señorías. Y, sin ánimo de
ofender a nadie, cuando desde el Estado se ha impulsado el FLA, el fondo
de liquidez autonómica, cuando se ha impulsado el plan de pago a
proveedores, y cuando lo que se pretende con la prórroga del IBI es en
realidad poder fortalecer las finanzas de las corporaciones locales y
distintas medidas que han dado tan buenos resultados, entendemos que no
se puede acusar al Gobierno, y en este caso, al Grupo Popular, de
deslealtad institucional. Deslealtad institucional es más bien lo que
practican algunos en distintas comunidades autónomas.


Por todo ello, señorías, ratifico una vez más que nuestro
grupo parlamentario votará en contra de todas las enmiendas presentadas
por los grupos de la oposición.


Gracias. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
señoría.


Pasamos al turno de portavoces.


Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
el senador señor Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Solo quiero exponer tres ideas al calor de la intervención
del portavoz popular anunciando el rechazo de nuestras enmiendas.


El Gobierno y el grupo que lo sustenta es muy libre de
traer a esta Cámara los proyectos que considere oportunos con los
contenidos que considere oportunos, pero la misma libertad tenemos los
demás grupos de presentar las enmiendas en los términos que mejor
coincidan con nuestro planteamiento y que mejor expresen nuestra
discrepancia con los proyectos de ley. Por lo tanto, todo normal: normal
que el Gobierno presente este proyecto, y normal que quienes tenemos una
alternativa política diferente formulemos vetos, formulemos enmiendas en
el número que consideremos oportuno. No comprendo, en consecuencia, que
nos riña, que el portavoz popular venga a reñirnos por enmendar
mucho.


Segunda cuestión. Lo que sí ha quedado claro de los
argumentos barajados, al menos para rechazar las enmiendas que desde la
posición política que represento pretendían precisamente escenificar qué
es la fiscalidad verde a través de la introducción de contenidos en el
proyecto de ley, es que su visión de la fiscalidad verde es absolutamente
diferente. Para ustedes la fiscalidad verde es sobre todo fiscalidad,
posibilidad de obtener unos ingresos. Para nosotros, como tuve ocasión de
argumentar —aunque he de reconocer que como el auditorio era tan
escaso comprendo que mis ideas no se hayan difundido en exceso—, el
objetivo fundamental de la fiscalidad verde, desde nuestra visión, no es
recaudar, es sencillamente utilizar esos gravámenes para hacer más
gravoso el desarrollar actividades de producción o de consumo que tengan
impactos ambientales importantes y, en consecuencia, disuadir fiscalmente
de la realización de tales producciones o tales prácticas y buscar como
alternativa, mediante la bonificación fiscal, la modificación de los
procesos productivos y la modificación de los hábitos de consumo. Es
legítimo que ustedes tengan otra visión, pero yo le aseguro que desde los
ámbitos medioambientalistas, incluso desde los ámbitos de la doctrina
fiscal medioambiental, la posición que con bastante consenso se defiende
está más cerca de lo que yo acabo de explicar que de lo que usted ha
argumentado.


Tercera cuestión. Con la misma libertad que se presentan
proyectos, con la misma libertad que se enmiendan, se argumentan en
defensa de una posición y de otra; y eso no solamente es legítimo sino
imprescindible, la razón de ser de esta tribuna de oradores. Pero
conviene no hacernos trampas en el argumento, sobremanera cuando resulta
fácil dejar en evidencia esas trampas.









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En su argumentación nos decía que algunos de los contenidos
que planteábamos a través de las enmiendas y que significaban
modificación de figuras fiscales se debatían mejor en el paquete de
reforma fiscal integral. Si eso es así, su proyecto de ley, con todos y
cada uno de sus contenidos, mejor se debatiría en el paquete de reforma
fiscal integral, y así no nos irían adelantando —lo decíamos
antes— más de diez reformas fiscales que van a significar que el
paquete de reforma integral que han encomendado a unos expertos
—imagino que parecidos a los que elaboraron la alternativa de las
pensiones— va a estar condicionado por esas reformas previas que
ustedes han realizado; si no, habrá una desautorización de la política
fiscal de ese Gobierno como ese grupo de expertos haga un planteamiento
rupturista, con todo lo que ustedes han reformado, que es mucho, a lo
largo de este tiempo.


Segunda trampa dialéctica, legítima pero fácil de
descubrir. En las enmiendas que hacían referencia a la modificación de
figuras impositivas propias de los ayuntamientos en la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, usted nos pedía que esperáramos también a contar
con el consenso y la aquiescencia de las corporaciones locales. Consenso
y aquiescencia que ustedes no tienen a la hora de introducir en este
proyecto de ley modificaciones y reformas que también afectan a esa
fiscalidad local.


Por tanto, agradezco el esfuerzo pedagógico que ha
realizado pero, como supongo que usted también preveía, he de decirle,
lamentándolo mucho, que no nos ha convencido.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
senador Iglesias.


¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado?
(Denegaciones.)


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Montilla.


El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.


Señorías, estamos acercándonos al ecuador de esta
legislatura, a finales de año se cumplirán los dos primeros años de
Gobierno de Mariano Rajoy, y en esta ocasión nuevamente el Partido
Popular trae a esta Cámara un proyecto de ley que comporta un incremento
de la presión fiscal: más impuestos; impuestos más elevados; incrementos
de impuestos que iban a ser temporales —de hecho, todos los
impuestos lo son hasta que se decide lo contrario— para los años
2012 y 2013 pero que ahora se aplicarán también en 2014; en fin, todo lo
contrario de lo que el Partido Popular prometió en la campaña electoral
con la que ganó las elecciones. Uno más de los muchos incumplimientos de
este Gobierno, que en muchos temas está haciendo lo contrario de lo que
prometió. Y la excusa siempre es la misma: la herencia recibida, se ve
que ustedes eran los únicos que no eran conscientes de la crisis
económica y de lo que ello había comportado, que era el hundimiento de
los ingresos públicos en más de 70 000 millones de euros; el ministro
Montoro lo ha reconocido en algunas ocasiones en esta Cámara, caída de
ingresos, que es lo que dispara el déficit.


El problema, señorías, no es que nuestro gasto público sea
disparatado respecto a la media europea, que el número de funcionarios
sea más elevado, o que todos nuestros servicios públicos estén por debajo
de la eurozona, y más con las políticas de recortes que ustedes están
aplicando. El problema son nuestros ingresos públicos, estos sí, muy por
debajo de la media europea, entre 8 y 10 puntos de nuestro PIB.


Hoy, después de dos años de Gobierno, vienen ustedes con
una más de esa larga lista de modificaciones de la legislación
tributaria; una más, parcial y, por supuesto, discutible, y además si la
idea inicial era la creación de un determinado impuesto ambiental,
aprovechando el trámite en el Congreso de los Diputados, vuelven a
realizar algo que ya empieza a ser habitual: introducir enmiendas
regulando cuestiones ajenas al proyecto inicial enviado por el Gobierno a
las Cortes. Y se nos dice que la propuesta de reforma fiscal global no
estará lista hasta el segundo semestre de 2014, supongo que para
aprobarla así unos meses antes de las elecciones legislativas de 2015, me
imagino que basándolo en que la economía ya estará recuperada —es
lo que piensan y lo que predican— y podrán bajar impuestos para la
próxima campaña electoral, aunque los ciudadanos no lo noten hasta
después de las elecciones legislativas. Fantástico, porque no deja de ser
un cuento de la lechera.










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Ya sé que hay ministros y ministras que hablan del final de
la crisis, que la recuperación ya es una realidad, pero la realidad es
que el paro continúa creciendo, los afiliados a la Seguridad Social
bajando, el consumo privado cayendo, las rentas salariales también, los
recortes y ajustes continúan, y la deuda pública crece y crece, y el
crédito, como ustedes saben, sigue sin llegar a nuestras empresas. Más
paro, más deuda, menos consumo, más dificultad para pagar las pensiones,
teniendo que recurrir al Fondo de Reserva. Esa es la realidad que a
ustedes no les gusta escuchar.


Los ciudadanos no creen que España esté hoy mejor que hace
dos años —lo dicen todas las encuestas, los sondeos y los estudios
de opinión—, ni tienen más confianza en que sus problemas se
solucionen en el futuro.


Yendo ahora al contenido concreto de esta ley, en primer
lugar, he de decirles que esta es una ocasión perdida para abordar una
cierta fiscalidad verde. Si bien tiene sentido gravar la emisión de gases
fluorados, con los problemas de competitividad que se han puesto de
relieve en el debate, lo cual significará tarifas diseñadas para algunos
sectores como el agroalimentario o la distribución, haciendo un poco de
conejillos de indias en la Unión Europea —no olvidemos que no ha
sido posible todavía llegar a un acuerdo entre los Estados sobre la
elaboración de la directiva—, este impuesto no deja de ser un tema
concreto o aislado de la necesaria reforma fiscal ambiental que España
necesita.


Por otra parte, tampoco consideramos que la reconfiguración
de algunas de las deducciones del impuesto sobre sociedades sea
necesaria. El problema de este impuesto sobre sociedades es más general.
A pesar de disponer de unos tipos nominales del 30% y del 25% —que
se situarían en la banda alta de la Europa comunitaria—, esto es
una ficción, no se corresponde con la realidad. Se trata de un impuesto
al que la maraña de deducciones, bonificaciones y exenciones ha vaciado
de contenido. Ello provoca, por ejemplo, que las grandes sociedades hayan
pagado el año pasado un tipo real del 4%. Es verdad que esta situación no
es solo responsabilidad de ustedes, lo es del Gobierno anterior y de
todos aquellos que consiguieron colocar a un Gobierno sin mayoría
absoluta esa maraña de bonificaciones, deducciones y exenciones; algunas
lógicas y defendibles, pero otras que en absoluto responden a nada que se
pueda alegar como de interés general.


Todo ello, acompañado de la crisis y la caída de la
actividad y de los beneficios, ha dinamitado el propio impuesto. Si bien
el impuesto sobre sociedades es el emblemático y el más importante
afectado por esta anomalía, otras figuras tributarias disponen de decenas
y decenas de bonificaciones, exenciones, también agujereadas como un
gruyer por las mismas. Todo ello explica en parte nuestra baja
recaudación. Si nuestros ingresos públicos en relación con nuestro PIB se
correspondieran con la media comunitaria desaparecería nuestro déficit
público o no nos veríamos obligados a recortar nuestros servicios
públicos, y eso no quiere decir solo subir los impuestos, ni muchísimo
menos.


Por otra parte, existen otras cuestiones no centrales pero
sí importantes que aborda también el proyecto de ley: desde articular
nuevas ventajas fiscales, al Sareb —el denominado banco
malo—, a las nucleares, a las empresas de yates de alquiler o a
continuar creando estímulos fiscales de carácter general, aparentemente,
pero con destinatarios concretos conocidos por todos. Lo dicho
anteriormente, desde una perspectiva general: defensa de beneficios a
colectivos o a empresas concretas, ayudando en alguno de los casos a que
pueda darse también una competencia fiscal a la baja entre municipios
para la atracción de actividades, fenómeno que en algunos casos puede ser
positivo pero no siempre.


Se aprovecha el proyecto de ley no para la invasión
competencial, pero sí para introducir medidas que reducirán los ingresos
de las comunidades autónomas. Las exenciones en el impuesto especial
sobre determinados medios de transporte, la exención del impuesto de
actos jurídicos documentados en la novación de préstamos de la Sareb son
algunos ejemplos.


Igualmente, puede ser cuestionable la situación que se
creará para numerosos ayuntamientos fruto de lo regulado en los artículos
7, 8 y 9 del proyecto de ley, ya que limitan enormemente la autonomía
municipal en referencia a un impuesto esencial para la Hacienda local
como es el IBI, tal y como se ha puesto de relieve a lo largo del
debate.


Este es un proyecto de ley manifiestamente mejorable. Por
ello hemos presentado un conjunto de enmiendas que pensamos lo mejoran.
El destino de ellas ya nos lo ha anunciado el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular: van a ser, como casi siempre, por no decir
siempre,









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desestimadas; nada que provenga de los diferentes grupos de
la oposición, salvo alguna anécdota, es aceptable para ustedes.


Señorías, pienso que se equivocan. Obviamente, nosotros, en
este contexto no daremos apoyo a este proyecto de ley.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Montilla.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.


Voy a intentar no reiterar algunos de los argumentos
mencionados en los turnos anteriores pero, en todo caso, debo mostrar un
poco de perplejidad por la intervención del senador Bosch, porque nos
dice que estamos en contra de todo, que somos los del no, que presentamos
vetos y que incluso no nos conformamos con presentar vetos sino que
volvemos a presentar enmiendas. Si fuéramos del no del no del no
presentaríamos un veto, diríamos que no y no nos esforzaríamos en
presentar enmiendas. Si presentamos enmiendas es porque entendemos que
podemos mejorar un texto que globalmente no nos gusta, pero que
puntualmente —y espero que al final sea así— se pueda mejorar
aunque sea solo un poco. Y claro, el argumento de que se tramita por
urgencia y se presentan solo ciento y pico enmiendas, y si no se
tramitara por urgencia se presentarían cuatrocientas, si les sirve el
argumento, yo les propongo que las tramiten por el procedimiento
ordinario y nos limiten el número y digan: solo pueden presentar cien
enmiendas, y ya nos apañaríamos, pero tendríamos el tiempo suficiente
para estudiar y analizar todas las propuestas. De verdad, pónganse en
nuestro lugar. ¿No se sentirían muy incómodos si se tramitasen todas las
propuestas legislativas, o la mayoría, por el procedimiento de
urgencia?


Y se lo he dicho esta mañana y se lo repito ahora. Eso ni
beneficia ni prestigia ni refuerza a esta Cámara, porque cuando estos
días hemos tenido que hacer de interlocutores con algunos sectores y les
hemos explicado el calendario, la pregunta que nos hacen es: ¿Y usted
tiene tiempo de estudiarse todo el proyecto de ley en tres días y
preparar las enmiendas? ¿Y tiene tiempo de estudiarse las ciento cuarenta
y pico enmiendas que se presentan para posicionarse en solo cuarenta y
ocho horas? Pues difícil, contesto, pero también lo tiene difícil el
Grupo Popular. Sé que tendrán, como tenemos nosotros, algún asesor en el
grupo parlamentario. Eso no da seriedad a esta Cámara; se puede hacer
alguna vez de forma excepcional pero no con carácter ordinario.


Por lo tanto, yo les agradecería que si tenemos que llegar
a un pacto lleguemos; lo tramitan por procedimiento ordinario y nos
dicen: solo presenten cien enmiendas, y ya hablaremos los grupos de la
oposición cómo nos repartimos las enmiendas. Al Grupo Socialista le va a
tocar unas cuantas más; a nosotros nos tocarán unas cuantas menos;
seremos más selectivos, limitaremos las enmiendas, pero creo que tenemos
que ser serios en los planteamientos.


Más allá de esto, usted nos reprochaba —imagino que
era a nuestro grupo— que habíamos presentado una enmienda a todo el
artículo 5 para suprimir el impuesto. Y la verdad es que tenemos esta
obligación. Si nosotros entendemos que es un impuesto que va a generar
muchos más problemas que beneficios, que va a generar muchos más
inconvenientes al crecimiento económico y a la recuperación económica que
beneficios en cuanto a recaudación, estamos en la obligación de presentar
enmiendas; enmiendas para suprimir el impuesto, enmiendas para atenuar el
efecto de este impuesto; y eso es lo que hemos hecho. Para nosotros
seguramente es más cómodo venir aquí y hacer un discurso absolutamente
negativo diciendo que todo es un desastre, que la ley va a ir muy mal y
no presentar ninguna enmienda. El hecho de presentar enmiendas y
prepararlas con tan poco plazo, la verdad es que sería como para
felicitarnos y agradecerlo. Después no nos las aprueben, pero reconozcan
que hemos trabajado y hemos hecho lo posible, porque no vale copiar las
enmiendas del Congreso. No es suficiente, máxime cuando ha habido
novedades a lo largo del procedimiento. Esta es una reflexión de carácter
global.


Más en concreto, estamos pendientes, pero espero que, al
menos, podamos transaccionar algunas; si no muchas, una o dos. Parece que
tenemos la posibilidad de que sean dos, lo que ya justificaría las
treinta y seis enmiendas presentadas. Si de treinta y seis me dejan
transaccionar dos, es una proporción que en todo caso yo firmaría de aquí
a final de legislatura.









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Algunas propuestas son coincidentes con lo que había
planteado algún otro grupo, como la relativa a la bonificación del 85% en
el impuesto sobre electricidad en el ámbito del sector del papel, la
pasta y el cartón, que no va a ser de aplicación inmediata, como nos
gustaría, pero entendemos que habrá un compromiso de que así sea, y, por
tanto, la daríamos por buena.


La enmienda 84 es a los efectos de que las pérdidas sean
deducibles en el impuesto sobre sociedades en los próximos ejercicios,
siempre y cuando estas pérdidas tengan su origen en un proceso concursal.
Esto favorecería seguramente que algunos de estos procesos concursales
pudiesen cerrarse con acuerdos de viabilidad, en lugar de con acuerdos de
liquidación.


Dicho esto, lamentamos otra vez que no nos acepten la del
impuesto sobre bienes inmuebles. No voy a reiterar los argumentos, creo
que es una clara invasión de la autonomía local.


También lamentamos que, en referencia al impuesto sobre
sociedades, no hayan aceptado algunas de las enmiendas que planteamos,
que son ciertamente razonables.


En general, estamos de acuerdo con una parte de su
argumentación, señor Bosch, cuando dice que esto tiene que formar parte
de la reforma tributaria integral. Seguramente, muchas de las
modificaciones que están efectuando en esta ley también deberían formar
parte de esa reforma tributaria integral. Lo único que espero, que espera
mi grupo y supongo que toda la Cámara es que esta reforma tributaria
integral tenga entrada en esta Cámara y la podamos discutir. Espero que
no sea por urgencia si es integral, que agotemos todos los plazos y
podamos hacer las aportaciones oportunas. Seguramente, eso facilitaría
también los acuerdos y el tener una visión general de todo nuestro
sistema tributario, y, lo más importante, daría seguridad jurídica a
todos los contribuyentes, a todos los administrados, que no tienen que
estar siempre pendientes de a ver qué han modificado esta semana, a ver
qué cambios se han hecho en la legislación tributaria en los últimos
meses, porque eso les afecta en el día a día pero también les afecta en
su planificación fiscal. Uno toma decisiones en función de una situación
financiera concreta, en función de una situación urbanística concreta, en
función de una situación laboral concreta y también en función de una
normativa fiscal concreta. Si estamos modificando constantemente la
normativa fiscal, seguramente no estamos generando confianza para los
futuros inversionistas en el Estado español.


En todo caso —repito—, si llegamos a
transaccionar estas dos enmiendas, obviamente, lo agradecemos. El sentido
del voto de toda la ley no lo vamos a modificar por estas dos
transacciones pero agradecemos el gesto. Insisto en que en el debate del
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado vamos a presentar
enmiendas relativas al artículo 5 de esta ley, es decir, sobre el
impuesto sobre gases fluorados con efecto invernadero que ustedes acaban
de crear y que, a nuestro entender, generará grandes inconvenientes en
todas las empresas del sector y en todas aquellas que sean usuarias de
este tipo de gas.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Marra.


La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Gracias, señor presidente.


No puedo por menos que volver a hacer hincapié, después de
escuchar a la portavoz del Grupo Popular, en los procedimientos que se
están utilizando, procedimientos de urgencia que, reitero, coartan el
debate político.


Hace escasamente unas semanas, tras una tramitación exprés,
nuevamente sin acuerdos y hurtando otra vez el necesario debate
parlamentario, se aprobó en la Comisión de Hacienda del Congreso, y solo
con los votos del Grupo Popular, un proyecto de ley que hoy se trae a
esta Cámara, en el que de nuevo por procedimientos de urgencia, señorías,
ustedes deciden introducir, de forma arbitraria y discriminatoria,
subidas de impuestos sin precedentes para una gran parte de los
ciudadanos de este país; en su mayoría, clases medias y trabajadores,
pero estableciendo subvenciones y privilegios fiscales para las grandes
compañías.


Como avanzábamos en el debate en el Congreso de los
Diputados y lo reafirmamos aquí, realmente este proyecto de ley es un
cajón de sastre, un mero parche, y ya van muchos, señorías, porque a
pesar del título, un título elocuente, «…en materia de fiscalidad
medioambiental…», este proyecto de ley únicamente incorpora una
medida: el impuesto sobre gases fluorados. Además, se trata de una medida
equivocada en su diseño, que ha generado, reitero, un rechazo unánime en









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sectores que son estratégicos y que se van a ver afectados
por este impuesto. De hecho, muchos de ellos están compuestos por
pequeñas y medianas empresas; empresas en sectores clave como la
hostelería, la logística, la distribución o empresas del sector del frío,
que se van a ver abocadas al cierre debido al incremento de costes de
producción que van a dar lugar a pérdidas de impuestos sumamente
importantes en este país, máxime cuando hace poco ya vimos con la Ley de
emprendedores que lo que pretendía el Partido Popular era precisamente
que estas pequeñas y medianas empresas pudiesen fácilmente mejorar su
actividad económica. Sin embargo, lo que se está haciendo con este
impuesto es gravar a sectores que, insisto, son clave y que van a sufrir
un perjuicio muy grave que repercutirá sobre la economía española.


Este proyecto de ley es un nuevo parche porque no aborda
una reforma en profundidad del conjunto del sistema fiscal. Una reforma
equilibrada, con visión de largo plazo, ampliamente consensuada por todos
los grupos, que es lo que a lo largo de este último año venimos
solicitando y exigiendo desde mi grupo parlamentario.


Señorías, el Gobierno del Partido Popular ha perdida una
nueva oportunidad para resolver los tres grandes problemas a los que
nosotros ya dijimos que se enfrenta nuestro sistema fiscal y que no son
otros que la inestabilidad de la recaudación, la insuficiencia de
ingresos públicos frente al gasto público y la inequidad e injusticia en
la tributación al ser un sistema muy poco progresivo. Por el contrario,
en esta legislatura el Gobierno, de una manera precipitada, desordenada y
poco meditada —y muestra de ello es este proyecto de ley— ha
venido acrecentando estos problemas con la única finalidad de aumentar,
de forma discriminatoria y a corto plazo, la recaudación, para cumplir
con unos objetivos que son los de déficit y los de consolidación
fiscal.


La verdad es que no hay mayor contradicción que la de oír
hablar al Gobierno de consolidación fiscal y de objetivos de déficit pero
después ver que lo que realmente están haciendo es subir impuestos, de
una forma discriminatoria, de nuevo, a los contribuyentes de nuestro
país,principalmente, a clases medias, a trabajadores. Pero también,
estableciendo subvenciones y privilegios fiscales a las nucleares, a la
Sareb, a embarcaciones de recreo, que superan precios de cerca de 600 000
euros, a grandes corporaciones y a proyectos concretos, como es el caso
de Eurovegas.


Porque, señorías, escucharle decir en la intervención de la
portavoz del Grupo Parlamentario Popular que nuestra economía avanza
hacia la consolidación fiscal y hacia la recuperación económica, cuando
tenemos un déficit público del 7,4% del producto interior bruto acumulado
anual, con 17 000 millones de euros que me pregunto de dónde los va a
sacar el Gobierno, cuando tenemos una deuda pública que está por encima
del 92% del producto interior bruto, con incrementos de más de 400
millones de euros diarios desde que gobierna el Partido Popular, con una
previsión de situarse en el año 2014 próxima al 100% del PIB, y que, de
acuerdo con las previsiones de paro para el próximo año, se seguirá
destruyendo empleo, por lo que no se conseguirá reducir la cifra de 6
millones de desempleados, con la que en estos momentos cuenta este país,
no es más que paradójico y contradictorio.


Como no hay contradicción mayor, señorías, que oírles
hablar de lo bien que va el sector exterior, y, acto seguido, en este
proyecto de ley, lo que hacen es subir impuestos a las empresas tractoras
de esta internacionalización. Contradictorio es también escuchar decir
que este proyecto de ley camina hacia la equidad del sistema. En cambio,
lo que hacen ustedes es, por un lado, prorrogar subidas del IVA, no
solamente para el periodo 2012-2013, sino hasta el año 2015. Acto
seguido, extender bonificaciones. Ya no solamente al IBI y al IAE, como
lo hicieron en el Real Decreto 12/2012, sino ampliarlo ahora al impuesto
sobre el incremento de valor de los bienes de naturaleza urbana. O
establecer bonificaciones fiscales que tienen nombres y apellidos: señor
Anderson, Eurovegas y región de Madrid.


Como contradictorio es decir que avanzamos hacia una
fiscalidad medioambiental y plantear en este proyecto de ley privilegios
fiscales, regalos fiscales ambientalmente perjudiciales a colectivos ya
privilegiados. Porque no nos podemos explicar cómo se pueden establecer
exenciones, beneficios fiscales, a yates o embarcaciones de recreo con
esloras superiores a 15 metros de longitud. Un nuevo ejemplo de cómo
gobierna el Partido Popular en materia de política fiscal, favoreciendo,
precisamente, a los poderosos e incrementando impuestos, de nuevo, a las
clases medias, a las que menos tienen.









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Y, qué decir, señorías, de la arbitrariedad, de las
contradicciones manifiestas con las que se articula este proyecto de ley,
que permite rebajar la presión fiscal a impuestos a centrales nucleares,
con medidas que se establecen a la medida de la central nuclear de
Garoña, que favorecen arbitrariamente a que a esta corporación, a que
estas dos grandes entidades, que están participadas, no paguen cerca de
153 millones de euros por todo el combustible nuclear gastado y que
recargaron en la segunda quincena de mes, de una forma premeditada ante
la entrada en vigor de este real decreto, el 1 de enero de 2013.


Por último, señorías, este proyecto de ley, lo titulen como
lo titulen, sobre medidas de fiscalidad medioambiental, la única medida
que incorpora es un impuesto sobre gases fluorados. Reitero,mal diseñado.
Equivocadamente diseñado. Articulado al margen de directrices de la Unión
Europea. Reitero nuevamente que está generando un rechazo sin precedentes
y que va a tener unas consecuencias sumamente negativas para sectores
clave en la economía.


Todo esto, señorías, esta precipitación, incoherencia,
discriminación, arbitrariedad… tengo que reiterar nuevamente que se
manifiesta en este proyecto de ley de medidas ambientales. Y esconde un
único objetivo, el de incrementar la recaudación. Ese afán recaudatorio
que a lo largo de toda esta legislatura el Partido Popular ha llevado a
cabo con numerosos cambios fiscales, de una forma discriminada y
arbitraria, y que nuevamente no puedo más que criticar aquí, en este
proyecto de ley, en donde se está escondiendo precisamente no querer
avanzar en la fiscalidad verde.


Concluyo ya, señor presidente, diciendo que el Grupo
Parlamentario Socialista está convencido de que es posible, de verdad,
avanzar en fiscalidad verde con una reforma profunda que internalice
costes reales externos de las actividades y posibilite el desarrollo de
una economía sostenible que incentive comportamientos más respetuosos con
el medio ambiente, algo que, señorías, vemos sumamente difícil a la vista
de este proyecto de ley.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Granados.


El señor GRANADOS LERENA: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, intervengo para recapitular un poco la opinión de
mi grupo con referencia a esta ley, empezando también por alguna de las
cosas que se han dicho por los grupos de la oposición. Lo primero, en
cuanto a la tramitación, señor Bel, señor Iglesias, señora Marra, no es
por fastidiar, en absoluto es porque les queramos fastidiar, ni siquiera,
como decía algún portavoz, porque se intente cercenar el debate
parlamentario ni es, como decía el senador Iglesias, porque el senador
Bosch le quiera echar la bronca por las enmiendas o los vetos que han
presentado. Lo único que ha querido decir es que parece que han tenido
ustedes el tiempo necesario cuando han presentado un número importante de
enmiendas y de vetos —están ustedes en su derecho—. No es esa
la cuestión. Es una cuestión de que, efectivamente, hay una urgencia.
España necesita que tomemos medidas con urgencia, por mucho que a
nosotros nos fastidie tener que estudiarnos una ley en tan poco
tiempo.


Señor Bel, usted comprenderá y estará de acuerdo conmigo en
que ni los proveedores, ni los emprendedores, ni los que necesitan una
nueva ley de educación, ni los parados, ni los jóvenes pueden esperar.
Necesitan que aprobemos leyes con urgencia. Entiendo que al Partido
Socialista esto de aprobar leyes con urgencia le parezca fatal porque no
hizo nada durante tantos años, pero nosotros, en nuestra responsabilidad,
vamos a seguir con este proceso reformista que ya está dando sus
frutos.


En referencia a la ley, es evidente que supone continuar en
la senda del reequilibrio presupuestario y la consolidación fiscal que
iniciamos al comienzo de la legislatura. Ya sé que al Partido Socialista,
señora Marra, esto de la consolidación fiscal y del reequilibrio
presupuestario le parecía fatal, pero es que, en contra de lo que ustedes
creen, esto no es una opción, esto es una obligación y ha sido una
obligación desde el primer día si no nos queríamos ver abocados al abismo
de la intervención, un abismo al que, como sus señorías saben, España se
asomó peligrosamente simple y llanamente por la irresponsabilidad del
Partido Socialista cuando estuvo en el Gobierno. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.)










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A ustedes no les gusta oír lo de la herencia —lo
dicen aquí todos los días—, pero es que no hace tanto que se han
ido. A ustedes se les está haciendo muy largo, pero hace muy poco estaban
ustedes aquí. Por lo tanto, lo vamos a seguir repitiendo mientras
tengamos que pagar sus facturas. (Aplausos.)


Señorías, a ver si lo entienden de una vez. Si ustedes no
hubieran negado la crisis durante tanto tiempo, si ustedes no hubieran
gastado el dinero de los contribuyentes a manos llenas como si se fuera a
acabar el mundo, si ustedes hubieran reformado en su momento el sistema
financiero cuando lo hicieron otros muchos países de nuestro entorno, si
ustedes hubieran cumplido con sus obligaciones en vez de mentir de manera
reiterada a los españoles, probablemente hoy nos podríamos evitar una
parte al menos del sufrimiento que todos estamos viviendo como
consecuencia de las políticas que ustedes aplicaron desde el Gobierno de
España.


Es verdad que hemos tenido que tomar decisiones muy
difíciles que han supuesto un esfuerzo social a todos los españoles, pero
creo sinceramente que, en contra de estas visiones apocalípticas como la
que nos ha expresado el senador Montilla, las medidas están dando sus
frutos, y no solo desde el punto de vista de la recaudación, que es muy
importante, sino también, y mucho más importante, desde el punto de vista
de la posición de España en términos de financiación internacional.


En contra de lo que ustedes dicen, no es verdad que estas
medidas pongan en riesgo el crecimiento de España. No, señorías, todo lo
contrario. Estas medidas de consolidación fiscal lo que hacen es explicar
por qué en este momento se está produciendo un cambio de tendencia en el
comportamiento del PIB y del empleo. Son medidas, en contra de lo que
ustedes han dicho, basadas en la justicia social; medidas basadas en la
equidad, en la progresividad, en que paguen más aquellos que más tienen
y, sobre todo en este caso al que me voy a referir ahora mismo, sobre el
que llevamos debatiendo toda la tarde, que paguen más aquellas empresas
que más ganan. De ahí la necesidad de reformar algunos aspectos del
impuesto sobre sociedades, un impuesto que había perdido durante los
últimos años su capacidad recaudatoria, no por una cuestión de la
naturaleza, señora Marra, sino porque ustedes han conseguido que con
ustedes en el gobierno las grandes empresas y las grandes fortunas paguen
menos de lo que han pagado nunca, pero porque ustedes han hecho reformas
para que paguen menos los que más ganan. Con ustedes, señorías, el
impuesto sobre sociedades bajó la recaudación el 65%. Con ustedes Y con
ustedes, señorías —como ha reconocido la señora Marra, aunque no ha
dicho que era por culpa del Partido Socialista—, el tipo efectivo
del impuesto sobre sociedades se situó por debajo del 10%. Por eso, no
puedo entender por qué, sobre todo los grupos de la izquierda, están en
contra de estas medidas de equidad, medidas que suponen que paguen más
las grandes empresas para que paguen menos los emprendedores, las
pequeñas empresas o los autónomos.


La realidad, si ustedes no cambian el sentido de su voto
—que yo estoy seguro de que lo van a cambiar después de mi
intervención—, es que el Partido Socialista, entre otros grupos, y
fundamentalmente la izquierda, ha votado en contra de que se bajen los
impuestos a los pequeños empresarios, a los emprendedores y a los
autónomos, y ahora vota en contra de que se suban los impuestos a las
grandes empresas. Esa es la realidad y lo que va a quedar. (La señora
Menéndez González-Palenzuela hace gestos desde su escaño.) Usted diga,
señora Menéndez, que tengo mucha cara, pero lo que yo le estoy diciendo
es una verdad tan grande como la cara que usted cree que tengo; así de
grande. (Aplausos.)


Ustedes votan en contra de que se suban los impuestos a las
grandes empresas, que es lo que llevamos en este proyecto de ley. Si no,
señorías, díganme ustedes qué no les parece bien de las medidas que se
toman en este proyecto de ley y de algunas que se refuerzan o que se
extienden en el tiempo. ¿Les parece bien o mal? Parece ser que les parece
mal que se limite la deducción del fondo de comercio, que se limite la
deducción de gastos financieros, eso que beneficia el desapalancamiento
de nuestras empresas, que se limite la compensación de bases imponibles
negativas, que se limite la libertad de amortización, que se extiendan
los pagos fraccionados, que se limite, señor Bel, y se supriman las
dobles deducciones, que no es que se quiten, sino que hay que evitar que
se produzca la doble deducción en algunos de esos gastos, pérdidas o
también minoración de patrimonio como consecuencia de establecimientos
situados en el exterior.


La señora Marra ha dicho, y también algún otro de los
portavoces, que todas las subidas de impuestos que hemos aprobado han ido
sobre todo a perjudicar a las clases trabajadoras; lo de









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siempre; ese discurso de siempre de que lo que queremos es
beneficiar a los poderosos, a los ricos, a las grandes empresas, esa
cantinela que no hay ya quien se la crea. Yo solamente les voy a dar un
dato. De los 6856 millones de euros que aumentaron los ingresos en 2012,
4800 fueron por el impuesto sobre sociedades y el 80% del incremento del
IRPF lo pagaron el 20% de los contribuyentes de mayor renta, lo que pone
de relieve y justifica el hecho de que el impuesto no solamente es
progresivo, sino que responde a una elevada justicia social.


Ustedes han hecho críticas, el señor Bel y también algunos
otros portavoces, a las medidas relacionadas con el IBI. Tiene usted
razón. Efectivamente, ayer el ministro dijo que hemos pasado de
–0,8 a +0,2 en cuanto al déficit de las entidades locales. Claro,
pero es que en esa línea hay que continuar, señor Bel, porque no está
todo hecho por el simple dato de que ya hayamos acabado con el déficit.
Es solo el 0,2. Tenga usted en cuenta, además, que el año que viene es
cuando entra en carga también el período de amortización de ese plan de
proveedores que pusimos en marcha. Por lo tanto, es evidente que los
ayuntamientos necesitan continuar ese proceso de saneamiento. Han hecho
un gran esfuerzo pero, sin duda, hay que continuar haciéndolo.


Luego han hecho ustedes varias críticas en referencia a
otro tipo de deducciones, también la de las plusvalías en cuanto a los
impuestos locales. No entiendo por qué en un lado defienden usted, señor
Bel, y otros portavoces la autonomía local y luego cuando la autonomía
local supone que uno pueda establecer deducciones en función de los
intereses de inversión de cada municipio a ustedes les parece peor.


Ahora bien, esto de que cada vez que se toma una medida
estemos otra vez con esa cantinela de Eurovegas, tan recurrente en el
Partido Socialista en ese ataque de puritanismo que le ha dado a la
izquierda últimamente con esto del juego…(Rumores.) Yo no sé cómo
no les dio a ustedes este ataque de puritanismo con el proyecto de Los
Monegros, donde iba un macrocomplejo del juego, promovido por su
portavoz. No sé si es que ustedes pensaban que ahí se iba a jugar con
billetes del Monopoly (Rumores.—Risas.—Aplausos.) y que no
iba a haber ni prostitución ni tráfico de drogas. Ahí no; aquello iba a
ser prácticamente un convento. Sin embargo, esto de Eurovegas, donde ni
siquiera se destina al juego un 10%, a ustedes les parece mal, pero les
parece mal solo y llanamente porque es una propuesta del Partido Popular.
(Fuertes rumores.) No hay otro motivo más que ese para que a ustedes les
parezca mal. Esto es así. Pero ustedes no han entendido algo que les ha
explicado muy bien el señor Bel y que no han querido escuchar. Es que
este es un impuesto que grava supuestamente al que vende, no al que
compra. Este señor que a ustedes les parece tan mal es el que compra, no
el que vende. Por tanto, para esto no les vale este argumento.


Termino, señorías, porque ya no me queda más tiempo.


En cuanto a los gases fluorados, vamos a ver cómo funciona
el impuesto durante el primer año. Hay ahí un período transitorio donde
el primer año solo se aplica el 33% si se producen esos
efectos…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor GRANADOS LERENA: Termino muy rápidamente, señor
presidente.


Si se producen esos efectos a los que ustedes se refieren,
lógicamente se corregirán y estaremos en conversaciones con el sector,
como es lógico.


Agradezco al señor Bel la flexibilidad que ha tenido en
cuanto a las enmiendas que finalmente hemos podido transaccionar
—creo—, las números 71 y 84, y ese compromiso de que el
Gobierno estudie, previa consulta a la Comisión Europea, que se pueda
incluir, como es de justicia, el sector papel entre los excluidos del
impuesto sobre la electricidad.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Granados.


Llamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas.


Señorías, vamos a proceder a la votación de las
enmiendas.


Empezamos con las de la senadora Capella, del Grupo
Mixto.


Votamos, en primer lugar, las enmiendas números 1, 2, 5, 7
y 9.


Se inicia la votación. (Pausa.)









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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 231; votos emitidos, 231; a favor, 4; en contra, 145;
abstenciones, 82.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos, a continuación, las enmiendas números 3 y 4.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 230; votos emitidos, 230; a favor, 68; en contra, 145;
abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos, a continuación, la enmienda número 6.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 231; votos emitidos, 231; a favor, 15; en contra, 146;
abstenciones, 70.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 8.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 231; votos emitidos, 231; a favor, 14; en contra, 209;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


De los senadores Iglesias y Mariscal, votamos las enmiendas
números 10 a 19 y 22 a 35.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 231; votos emitidos, 231; a favor, 4; en contra, 146;
abstenciones, 81.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 20.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 231; votos emitidos, 231; a favor, 3; en contra, 156;
abstenciones, 72.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 21.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 230; votos emitidos, 230; a favor, 14; en contra, 146;
abstenciones, 70.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario Vasco, comenzamos votando la
enmienda número 36.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 230; votos emitidos, 230; a favor, 7; en contra, 157;
abstenciones, 66.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 37, 41 y 43.


Se inicia la votación. (Pausa.)










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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 231; votos emitidos, 231; a favor, 80; en contra, 147;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 38 a 40 y 42.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 231; votos emitidos, 231; a favor, 17; en contra, 146;
abstenciones, 68.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Entesa, comenzamos votando las
enmiendas números 96 a 105 y 107 a 120.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 231; votos emitidos, 231; a favor, 4; en contra, 146;
abstenciones, 81.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 106.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 231; votos emitidos, 231; a favor, 4; en contra, 155;
abstenciones, 72.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 126, 129, 130 y 131.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 231; votos emitidos, 231; a favor, 65; en contra, 147;
abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 121 a 125, 127, 128, 133, 134
y 136 a 138.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 231; votos emitidos, 230; a favor, 69; en contra, 144;
abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 132 y 135.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 231; votos emitidos, 231; a favor, 80; en contra, 145;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Convergència i Unió, comenzamos
votando las enmiendas números 60 y 76 a 82, porque la 84 soporta una
transaccional y la votaremos al final. Por tanto, repito, votamos las
enmiendas números 60 y 76 a 82.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 231; votos emitidos, 230; a favor, 12; en contra, 214;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 61, 63 a 69, 74, 83 y 85 a
95.


Se inicia la votación. (Pausa.)









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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 230; votos emitidos, 230; a favor, 11; en contra, 147;
abstenciones, 72.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la número 62.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 231; votos emitidos, 231; a favor, 76; en contra, 148;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 70.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 230; votos emitidos, 230; a favor, 14; en contra, 145;
abstenciones, 71.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


La enmienda número 71 también soporta una transaccional y
la votaremos al final.


Votamos, por tanto, la enmienda número 72.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 231; votos emitidos, 230; a favor, 80; en contra, 144;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 73.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 231; votos emitidos, 231; a favor, 12; en contra, 212;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 75.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 231; votos emitidos, 231; a favor, 81; en contra, 149;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario Socialista, comenzamos votando las
enmiendas números 49 y 52.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 230; votos emitidos, 230; a favor, 66; en contra, 144;
abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 44 a 48, 50, 51, 54, 55 y 57
a 59.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 229; votos emitidos, 228; a favor, 68; en contra, 141;
abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Finalmente, votamos las enmiendas números 53 y 56.


Se inicia la votación. (Pausa.)










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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 230; votos emitidos, 230; a favor, 80; en contra, 145;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado
por las enmiendas 139 a 141, 143 y 144 del Grupo Parlamentario Popular,
solicitada por los grupos de Entesa, Convergència i Unió y
Socialista.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 231; votos emitidos, 230; a favor, 79; en contra, 144;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado
por la enmienda número 142 del Grupo Parlamentario Popular, solicitada
por los grupos de Entesa y Convergència i Unió.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 231; votos emitidos, 231; a favor, 79; en contra, 146;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda transaccional sobre la enmienda número
71, del Grupo Parlamentario Convergència i Unió, con número de registro
53737.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 230; votos emitidos, 230; a favor, 224; en contra, 1;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la enmienda transaccional sobre la base de la
enmienda número 84, del Grupo Parlamentario Convergència i Unió, con
número de registro 53738.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 231; votos emitidos, 231; a favor, 158; en contra, 58;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Señorías, votamos a continuación, en un solo acto, el resto
del proyecto de ley.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 231; votos emitidos, 231; a favor, 144; en contra, 80;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará
traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a
la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


9.1.2. PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECE LA
FINANCIACIÓN CON CARGO A LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DE
DETERMINADOS COSTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO, OCASIONADOS POR LOS INCENTIVOS
ECONÓMICOS PARA EL FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR
DE FUENTES DE ENERGÍAS RENOVABLES Y SE CONCEDE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO
POR IMPORTE DE 2.200.000.000 EUROS EN EL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO.


COMISIÓN: PRESUPUESTOS


(NÚM. EXP. 621/000043)


El señor presidente da lectura al punto 9.1.2.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen,
tiene la palabra la senadora Guerrero.









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La señora GUERRERO ROSADO: Señor presidente, señorías,
buenas tardes.


Muy brevemente, brevísimamente, quiero agradecer a la
Comisión de Presupuestos que me haya dado su confianza para presentar
ante el Pleno el dictamen del proyecto de ley que se somete en este acto
a su consideración. (Rumores.)


Este proyecto de ley tuvo su entrada en el Senado el día 27
de junio de 2013, siendo publicado en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales en la misma fecha y tramitándose por el procedimiento
ordinario. El plazo de presentación de enmiendas finalizó el día 10 de
septiembre de 2013, y durante dicho plazo se presentaron dos propuestas
de veto, una presentada por los senadores Iglesias Fernández y Mariscal
Cifuentes del Grupo Parlamentario Mixto… (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.


La señora GUERRERO ROSADO: … y la otra por la
senadora Capella i Farré, también del Grupo Parlamentario Mixto. Se
presentaron también 25 enmiendas por estos mismos senadores y por los
grupos parlamentarios Entesa pel Progrés de Catalunya y Socialista.


La ponencia, constituida por la señora Martín Gómez y el
señor Utrera Mora, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, los
señores Alique López y López García, del Grupo Parlamentario Socialista,
el señor Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, el señor Bruguera Batalla, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, el señor Bildarratz Sorron, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado y el señor Iglesias Fernández, del Grupo
Parlamentario Mixto, y reunida el día 26 de septiembre, acordó por
mayoría aceptar como informe el texto remitido por el Congreso de los
Diputados. Asimismo, por unanimidad, se acordó llevar a cabo una serie de
correcciones de carácter meramente técnico y gramatical. Ese mismo día la
comisión dictaminó el proyecto de ley y acordó aceptar como dictamen el
texto propuesto por la ponencia. El dictamen de la comisión y los vetos
presentados han sido publicados en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales los días 30 de septiembre de 2013 y 1 de octubre del mismo año,
respectivamente.


Nada más, señor presidente, señorías, muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Vamos a entrar en el debate de las propuestas de veto. En
primer lugar, la propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias y
Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias por
tiempo de quince minutos.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Buenas tardes, señorías.


Formulamos una propuesta de veto ante un proyecto de ley
que responde a una materia conexa parcialmente con el proyecto anterior y
con una realidad política y legislativa similar desde la perspectiva de
que, si en materia tributaria y fiscal han sido numerosos los proyectos
de ley que el Gobierno ha remitido a las Cámaras, en materia energética
también ha sido abundante la elaboración del Gobierno. El proyecto que
discutiremos a continuación se refiere al mismo ámbito. Hay tres reales
decretos que también han afectado a la regulación del sector energético y
al sector eléctrico en nuestro país. En un caso y en otro, en el fiscal y
en el eléctrico, hay necesidad de dar respuestas sucesivas y plurales a
la situación, porque no se acaban de resolver los problemas que en el
fondo motivan estas iniciativas legislativas del Gobierno.


En lo que va de año, en el caso energético se han producido
cuatro subidas y una reducción de la tarifa eléctrica, y ello no porque
España sea un país en el que la energía resulte barata. También en el
Pleno de ayer el ministro de Industria lo reconocía en una de sus
intervenciones. Lo cierto es que en España la energía, en el ámbito de
Europa, es la tercera más cara, detrás de Malta y, si no me equivoco, de
Chipre, que obviamente por sus peculiaridades insulares, a las que se
hará referencia en el siguiente proyecto de ley, tiene unos costes de
producción que no son homologables con la realidad española. Pero a pesar
de todo ello hay un déficit tarifario, las cifras bailan. Ayer, el
presidente del Gobierno en una de las respuestas volvía a hablar de 24
000 millones de euros, en otros casos se habla de 28 000 millones de
euros. Según el ministro de Industria, en este año, a pesar de todas
estas medidas, los tres reales decretos y otras reformas normativas, el
déficit tarifario aumentará en 3000 millones más.









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Una de las razones del veto es que desde nuestro análisis
político, desde nuestra perspectiva, y a la vista de que por más que se
adoptan medidas no se consigue salir al paso del déficit tarifario, habrá
que pensar que hay razones de fondo en la generación del mismo que tienen
mucho que ver con la forma en la que se establecen los costes y la
tarifa. Además, la respuesta lógica a una situación tan confusa y difusa,
la respuesta inteligente debería ser la de realizar una auditoría de ese
déficit tarifario, antes de afrontar un pago como el que se plantea con
este proyecto de ley de modificación presupuestaria por importe de 2200
millones de euros, que no es una cantidad en absoluto baladí —ponía
el mismo ejemplo no recuerdo si en el debate de la ponencia o en el de la
comisión—: representa prácticamente el 60% del presupuesto anual de
la Comunidad Autónoma por la que soy senador. Y digo que es una situación
confusa pues no solo el usuario doméstico es el que no entiende el recibo
de la luz —desde luego el que se ponga como ejemplo ayer en la
valoración del informe del Osce, relativo a la comprensión matemática de
los españoles, las dificultades para comprender el recibo de la luz no me
parece un buen ejemplo—, ya que creo que ni los finlandeses, que
obtienen los mejores resultados en estas encuestas del informe Pisa para
la OCDE, serían capaces de entender los recibos del consumo energético
que nos regalan las compañías eléctricas cada dos meses.


La respuesta a todo ello no nos parece que sea, como de
forma un tanto simplista hace el proyecto, culpabilizar a las energías
renovables del incremento del déficit tarifario. Las energías renovables,
sea mayor o menor el acierto con el que se estableció en su momento la
regulación y se pretendió promover su desarrollo en España, han tenido
consecuencias positivas que en ningún momento en el discurso político del
Gobierno, mucho menos en este proyecto, se reconocen. Las energías
renovables han creado un sector industrial en nuestro país moderno y
puntero en I+D, sector que está en riesgo como consecuencia de las
reformas impulsadas por el Gobierno. Las energías renovables resultan
imprescindibles para garantizar la autonomía energética. La alternativa,
como ha apuntado algún portavoz del Gobierno, a las necesidades de
incrementar la autonomía energética no está en el fracking, con todos los
riesgos que ello conlleva —hablaremos más tarde de esta
circunstancia—, ni en las prospecciones e investigaciones
petrolíferas que se están autorizando enfrente de las costas
canarias.


Y en el caso de las energías fotovoltaicas, les diré que el
castigo ha sido desde el minuto cero de la acción del Gobierno, desde el
primer Real Decreto Ley 14/2010, de 23 de diciembre, poniendo en riesgo,
además, a lo largo de todas estas reformas legislativas, un principio
jurídico que en otros momentos ha sido argüido precisamente para defender
a las empresas españolas, a las multinacionales españolas con presencia
en otros países: el principio de seguridad jurídica que, curiosamente, sí
se ha respetado en esta materia concreta de la remuneración de las
fotovoltaicas para una gran multinacional estadounidense, a la que hacían
referencia los famosos cables de wikileaks, que tiene una planta
fotovoltaica, si no me equivoco, en Ciudad Real.


Pareciera que son las energías renovables las únicas que
perciben pagos regulados; todo lo contrario. Todas las centrales
eléctricas, de una forma o de otra, han percibido, bajo diferentes
denominaciones, este tipo de ayudas. Y todos sabemos —y de ahí la
necesidad, una vez más, de una auditoría— que en los famosos costes
de transición a la competencia, los CTC, hubo — utilicemos un
término no agresivo para nadie— complacencia con la forma en la que
se calcularon y establecieron esos costes de transición y se determinaron
las compensaciones que de ello se derivaban. Sin ninguna duda, esa sería,
de aprobarse la necesidad de realizar una auditoría en esta materia, una
de las cuestiones que primero habría que dilucidar.


Antes de dar ningún paso más, quiero manifestar que es
imprescindible que, además de la auditoría, se plantee una reforma
integral de la Ley del Sector Eléctrico desde parámetros que permitan
configurar un mercado competitivo. No es cierto que la liberalización del
sector energético y la privatización de las empresas públicas que en el
mismo existían hayan significado la introducción de las reglas del libre
mercado en su funcionamiento. Se ha configurado un oligopolio auténtico,
cada vez más fuerte, porque tan pronto se han planteado algunas
alternativas que pudieran debilitar su capacidad de influencia en todos
los ámbitos, desde el económico al político, se han adoptado medidas
correctoras, y es el caso del tratamiento que se ha dado a las energías
renovables para contrapesar esas posibles alternativas. Que sea una
reforma que permita crear un sector transparente, que internalice los
costes ambientales y sociales derivados de cada una de las tecnologías
puesto que no son iguales en todas ellas, y que fomente el ahorro, la
eficiencia y la









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independencia energética, todo ello desde una visión del
sector energético como un sector estratégico, visión que se ha perdido y
que, sin embargo, en multitud de decisiones políticas, de proyectos, e
incluso en el proyecto que hemos discutido con anterioridad, emerge y se
manifiesta.


La decisión desde el ámbito político y legislativo de
intervenir fijando determinadas compensaciones en unos casos,
bonificaciones y deducciones en otros, para incentivar, corregir o, por
el contrario, intentar disuadir, son ninguna duda la expresión más clara
de que el sector es energético y los poderes públicos, inevitablemente,
tienen que tener instrumentos y mecanismos de presencia en el mismo.


Señorías, planteada esta disyuntiva desde la posición
política que represento, preferimos los instrumentos públicos,
transparentes, y sometidos al control de los ciudadanos, a las posibles
influencias más o menos claras de lobbies e intereses económicos.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Para la defensa de la propuesta de veto número 2, tiene la
palabra la senadora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.


Senadores, senadoras, este proyecto de ley representa un
nuevo parche que no resuelve el grave problema del déficit tarifario
eléctrico, con el agravante de pretender culpabilizar a las energías
renovables. Ustedes nos presentan un proyecto de ley para aprobar un
crédito de 2200 millones de euros para entregarlo a las empresas
eléctricas, a costa de la deuda pública. Esto es una indecencia. Están
recortando en todo, en educación, en sanidad, en pensiones, en derechos y
libertades, y nos piden que aprobemos un crédito de 2200 millones de
euros para las eléctricas. Ustedes vuelven a escurrir el bulto. Lejos de
abordar el verdadero problema del sector eléctrico, que no es otro que
una necesaria reforma en profundidad, ustedes se dedican a parchear, a
hacer apaños que en nada benefician a la ciudadanía. Seguro que dentro de
nada tendré que oír que con esta reforma es la Administración la que paga
y no el consumidor. Ya saben ustedes también que esta afirmación tiene
corto recorrido. ¿Es necesario que les recuerde cuantas subidas hemos
tenido de la tarifa eléctrica y quién las paga? ¿Acaso la Administración
no somos todos y que la deuda que contrae el Estado la pagamos todos?
Todos. Permitan que les vuelva a recordar de nuevo que algunos pagamos
más que otros y, en este caso, les vuelvo a reiterar y repetir lo que ya
tantas veces les he dicho: los catalanes y las catalanas pagamos siempre
más que otros.


Obviar, no abordar la necesaria y urgente reforma que
necesita el sector eléctrico, impide que podamos evitar en un futuro
próximo generar más deuda, como estos 2200 millones de euros y los otros
24 000 millones de euros acumulados como déficit de tarifa. En relación
con esto y con la deuda, ya he dicho antes que es una indecencia, pero,
además, la deuda debe ser considerada, y así lo consideramos en Esquerra
Republicana de Catalunya, absolutamente ilegítima. Resulta que la inmensa
cuantía de deuda que tenemos con las cinco grandes compañías eléctricas
se corresponde con la cuantía o el importe de los inmorales beneficios
que estas compañías acumulan. Pero, además, resulta ilegítima, porque
perjudica a los ciudadanos y ciudadanas. El oligopolio eléctrico
—cinco compañías— determina el precio de la luz y el Gobierno
lo acepta sin rechistar, sin saber cuál es el precio real de la
electricidad.


Es necesario —y así se pide en las enmiendas que
Esquerra Republicana ha presentado a este proyecto de ley— que sin
demoras se haga una auditoría pública para saber el coste real de la
electricidad y ello pueda permitir determinar su precio y que además sea
razonable. El Gobierno lo sabe y lo tolera. Las grandes empresas
eléctricas acuerdan el precio entre ellas, atentando contra la
legislación en materia de competencia. La vulneración de la normativa
sobre competencia les sale barata; la multa que puede serles impuesta,
cuando ello excepcionalmente ocurre, es tan ridícula que les compensa
arriesgarse. Y esto es lo que hacen las eléctricas. La auditoría es
necesaria para determinar el coste de la electricidad, pero también para
la determinación del propio déficit de la tarifa: los costes de
interrumpibilidad, el pago de capacidad, conceptos por los que pagamos en
beneficio de las cinco grandes empresas eléctricas. Los beneficios de las
eléctricas provienen, además, de los costes externalizados, es decir,
aquellos costes que las eléctricas no pagan, pero los paga la
Administración, es decir, todos —y, repito, algunos pagamos más que
otros—, costes externalizados, como los perjuicios
medioambientales, las compensaciones a los territorios nuclearizados, el
coste de cementerios nucleares y sus nuevas









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compensaciones, los planes de reindustrialización o
recolocación en las zonas desnuclearizadas o con cierre de minas, el
ahorro en costes de seguros, al limitar la responsabilidad de las
empresas en caso de accidente nuclear, en perjuicio siempre de la
Administración.


El Gobierno en su proyecto de ley nos quiere hacer creer
—en este caso, solo basta leer la exposición de motivos— que
la culpa es de las energías renovables. Saben ustedes que eso no es así,
por cuanto, en primer lugar, el déficit tarifario existía antes de las
primas a las renovables y ya era de unos 14 000 millones de euros.
Segundo, las energías renovables abaratan el mercado y así ha pasado, el
ahorro ha sido mayor que las primas entregadas —entre 2005 y 2011,
más de 7500 millones de euros—. Tercero, las energías renovables no
son un gasto, son una inversión. Invertimos en el futuro, en un futuro
limpio, sostenible y barato. Este es el problema de las renovables, que
amenazan los beneficios de las grandes compañías. Así de simple y así de
claro, amenazan los beneficios de las grandes compañías.


Para frenar las renovables ustedes han hecho de todo:
adoptar medidas retroactivas, recortes de horas de producción y de
primas, nuevos impuestos, moratorias, etcétera, que han vulnerado
principios jurídicos esenciales: la seguridad jurídica. En este sentido,
la defensora del pueblo ha iniciado las actuaciones oportunas, y veremos
qué pasa con la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea.


El futuro son las energías renovables por el agotamiento de
las energías fósiles, también por la necesidad que tenemos de reducir la
dependencia energética y la necesidad de cumplir con los objetivos
medioambientales comprometidos internacionalmente y por una razón más
poderosa que no es otra que una mejor calidad de vida para todos
nosotros. Existe un elemento más, la necesidad de que las renovables
estén en manos de la ciudadanía, como ocurre en Alemania; en España pasa
todo lo contrario, se penaliza, se obliga a los autoproductores a regalar
a las compañías eléctricas su energía excedentaria y a pagar por el
servicio. Es evidente el interés perseguido por las compañías eléctricas,
a nadie se le escapa: obtener mayores beneficios, como a nadie se le
escapa que la ascendencia a las compañías eléctricas proviene o trae
causa del hecho de que expresidentes y exministros del Gobierno español
ocupen cargos, más que bien pagados, como consejeros de estas
compañías.


De manera que la conclusión, por tanto, es que el Estado
español es el Estado de la Unión Europea continental donde la luz es más
cara. En los últimos cinco años, el precio medio ha subido más del 60%, y
ello afecta a la vida de los ciudadanos y ciudadanas, a su capacidad
económica y termina como siempre perjudicando a quien más lo necesita, a
la población más necesitada.


Estas son las causas, existen muchas más, y los motivos
para no apoyar el presente proyecto de ley y haber presentado un veto al
mismo. Por tanto, solicito a la Cámara el apoyo al veto presentado por
Esquerra Republicana de Catalunya.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.


Para turno en contra, tiene la palabra el senador
Utrera.


El señor UTRERA MORA: Gracias, señor presidente.


Intervengo desde el escaño y con rapidez para reiterar los
argumentos que utilicé en la pasada Comisión de Presupuestos, del 26 de
septiembre, en los cuales tuve ocasión de manifestar la posición en
contra del Grupo Parlamentario Popular a los dos vetos presentados.
Luego, en el turno de portavoces, quizás dé alguna explicación adicional,
pero no me resisto ahora a decir que el último debate en el que yo me
esperaba que volviera a salir el asunto de: España nos roba, era
precisamente cuando estamos debatiendo un crédito extraordinario para el
sector eléctrico. Por tanto, manifiesto mi perplejidad, pero los
argumentos, aunque ya los manifesté en comisión, los reiteraré, si lo
desean, en el turno de portavoces.


Nuestro voto será contrario.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Utrera.


Pasamos a turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.) No hay
intervenciones.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra el senador Bildarratz.









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El señor BILDARRATZ SORRON: Buenas tardes, señor
presidente.


Lo que en un principio parece un proyecto de ley sencillo,
tal y como se comunicó por el portavoz del Partido Popular en la
comisión, un proyecto de ley que únicamente tiene dos artículos, en
nuestra opinión, además de que se haya tratado en la Comisión de
Presupuestos, quizá debiera de haberse debatido en alguna otra comisión.
¿Por qué? Porque estamos hablando de 2200 millones de euros pero
provocados por un déficit tarifario que lleva años que se repite, que
lleva años sin solución, y algún tipo de solución habrá que encontrar al
mismo.


Lo que es evidente es que, si este proyecto de ley necesita
una dotación de 2200 millones de euros en los presupuestos, estamos
hablando de un parche; a fin de cuentas, estamos hablando del reflejo de
un fracaso de una política energética, porque, si no, no podríamos
entenderlo de otra manera. Que prácticamente sea un cien por cien de lo
inicialmente presupuestado, a los que hemos estado en la cosa pública nos
cuesta entenderlo y, como estamos diciendo, para nosotros no refleja más
que una falta de estrategia energética. Antes se ha puesto un ejemplo,
pero son 2200 millones de euros; Euskadi, el País Vasco tiene unos
presupuestos de 9300 millones de euros, que no es ninguna tontería,
evidentemente. Lo que se está aportando en estos momentos o lo que se
debate son esos 2200 millones de euros que, como ustedes saben, se
destinan a pagar la deuda y que vamos a pagar a escote entre todos y
todas.


Por tanto, en nuestra opinión, hay una ausencia total de
cualquier visión estratégica del sector energético, y para muestra vale
un botón: el propio ministro del ramo lo reconoció cuando dijo que hay un
exceso de capacidad instalada en relación con el consumo energético. Eso
es lo que decía el ministro del ramo, y es evidente, y no lo voy a
achacar ni al Gobierno anterior ni al presente; hay una falta de
estrategia y, en ese sentido consideramos que hay que darle una solución.
Y esta solución pasa por algo que no se ha hecho, al menos en esta
Cámara, que es la elaboración de un plan energético a largo plazo, y
mientras que en estos momentos estamos pidiendo a la Cámara una
aportación de 2200 millones de euros, cuando prácticamente la totalidad
del marco legislativo energético ni se ha tratado ni se ha visto, porque
la mayor parte de las reformas legislativas han ido vía real decreto, es
curioso que habiendo ido todas las reformas energéticas vía real decreto,
sea lo que tengamos que pagar lo que únicamente se articule mediante un
proyecto de ley.


Hoy, el Estado español, se ha dicho una y otra vez y ayer
el propio presidente del Gobierno lo reconoció, tiene un doble mérito:
por una parte, es uno de los países de la Unión Europea en el que más se
ha encarecido la electricidad en los últimos años y, por otra, según el
Eurostat, tal como comentamos ayer, el Estado español está dentro de los
países donde la energía es más cara. Doble mérito: no tener una política,
no tener una estrategia energética clara es evidentemente un problema
grave, con una serie de consecuencias directas sobre el bienestar de la
ciudadanía, sobre el medio ambiente, y sobre una cuestión en la que me
gustaría profundizar, su relación con el ámbito económico.


Y quiero dirigirme a los senadores y senadoras del Partido
Popular porque continuamente —al menos esta tarde— estamos
oyendo que gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular y a su
voluntad reformista se están adoptando una serie de leyes que están
beneficiando a la sociedad española. ¿Y qué pasa con esto? Tenemos unas
cantidades ingentes de déficit tarifario pero continuamos ahondando en el
mismo problema, y hoy el Estado español tiene una de las energías más
caras de toda Europa. Y además quiero hacer una pregunta: ¿por qué las
eléctricas españolas casi doblan el margen de beneficio de las europeas?
Firmas como Iberdrola y Endesa consiguieron situar sus márgenes en el
6,78% en el conjunto del año 2012, mientras que las grandes eléctricas
del viejo continente, como son E.ON, Enel, EDF dejaron este ratio en el
2,62%. Las previsiones que realizan los analistas para 2013 sitúan los
márgenes de las eléctricas made in Spain en el entorno del 6,23% y el de
las europeas en el 3,49%.


A modo de conclusión y de respuesta a esta pregunta que les
lanzaba podemos decir que los márgenes del sector en las grandes empresas
europeas han ido retrocediendo de una manera importante, mientras que en
el Estado español estos márgenes aumentaron en 2008 y apenas cayeron en
los ejercicios de 2010 y 2012, porque este proyecto de ley establece en
su preámbulo la justificación de la necesidad del mismo, ya que el
Gobierno entiende que no se debe penalizar ni a las economías domésticas
ni a los costes de las empresas. Por ello este proyecto de ley apuesta
por un crédito extraordinario. Además, el mismo plantea que durante el
año 2013 se abordarán nuevas medidas regulatorias para ajustar los costes
del sistema eléctrico, con el









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objetivo principal de minorar el impacto de la factura
eléctrica sobre los consumidores y contribuir a la mejora de la
competitividad de las empresas y al desarrollo de la actividad económica.
¿Pero cómo, si todos estamos viendo justamente lo contrario?


Les trasladaré los ejemplos que comentaba ayer. Cuando la
media de las empresas —al menos en el ámbito vasco— está
viendo incrementada un 20% su factura, incluso un 75% algunas empresas,
es evidente que el preámbulo y la voluntad contenida en el preámbulo no
visualizan lo que verdaderamente está ocurriendo. Esto es lo que les ha
sucedido a las empresas vascas —y me imagino que también a las
empresas en general— con la factura de septiembre. En la factura de
septiembre están pagando un 20% más y algunas, incluso, llegan hasta el
75%.


Está claro que los datos objetivos son que existe una deuda
tarifaria que arranca en el año 2005 y que, año tras año, hasta llegar a
2013 acumula un total de 28 000 millones de euros. Este año, el
Ministerio de Hacienda se encuentra con la necesidad de hacer frente al
déficit de 4500 millones de euros que sigue generando por este concepto.
¿Y cómo se solucionan esos déficits que tiene Hacienda? Como estamos
viendo, asumiendo una parte en los propios Presupuestos Generales del
Estado, eliminando por otra parte las primas y bonificaciones a las
energías —hasta el momento suprabonificadas—, cargando parte
a los propios consumidores y, como les he dicho, haciendo que las
empresas, la industria, asuma el coste de 900 millones de euros. Y ahora
háblenme de las bondades que contiene este proyecto de ley.


Está claro que existe una decisión únicamente en términos
contables —ni de política energética ni de política
industrial—, según criterios estrictamente hacendísticos, que
desoye cualquier criterio lógico que tenga que ver con una política
industrial seria, necesaria y urgente para solucionar problemas tan
complicados como los que vivimos. Pero, evidentemente, además de la falta
de una política industrial, etcétera, lo que verdaderamente se echa de
menos y de lo que carece este proyecto de ley es de una verdadera
política energética. Es una decisión además que no está atendiendo a las
recomendaciones de la Unión Europea y es una decisión que nos aleja de
todas las convenciones en el ámbito europeo. Entendemos que sobre la base
de los compromisos que existen, sobre la base de la normativa vigente
haya una necesidad del Gobierno de atender, como digo, algo que en estos
momentos les aprieta, entendemos, pero comprenderán también…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor BILDARRATZ SORRON: Termino, señor presidente.
Gracias.


Pero comprenderán también que además de que se pongan estos
dos artículos en cuestión, habrá que dotar a esta Cámara de un debate, de
una reflexión seria, que por fin —con la mayoría absoluta que
ustedes tienen y que tanto comentan— dé una solución a la cuestión
tarifaria. Porque en estos momentos no nos vale que digan: Es que el
Gobierno anterior me dejó…No, no, porque son ustedes los que están
gobernando, son ustedes los que están modulando y los que tienen la
responsabilidad de dar solución a este problema.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Bildarratz.


Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra el
senador Bruguera.


El señor BRUGUERA BATALLA: Señor presidente, señorías,
buenas tardes.


Brevemente, como de hecho es este proyecto de ley, que
consta solo de dos artículos. Es un proyecto de ley que tiene por objeto
la concesión de un crédito extraordinario de 2 200 millones de euros al
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, dentro de los Presupuestos
Generales del Estado de este año, crédito que está previsto financiar a
través de deuda pública, con la finalidad de cubrir determinados
sobrecostes del sistema eléctrico.


Alguno de los portavoces que me han precedido ha iniciado
de alguna manera el debate de fondo. Nosotros no lo vamos a hacer. El
debate sobre el futuro energético de nuestro país de hecho no es el tema
que toca hoy. De todas las maneras, sí queremos decir que esperamos que
el Gobierno, en primer lugar, deje de legislar en esta materia a través
de decreto ley y que cumpla su promesa de presentar a las Cortes
Generales, en breve plazo, el proyecto de ley que sustituya a la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. Este es el verdadero
debate de fondo que debemos hacer: sobre una nueva ley que pueda
modernizar, reordenar y dotar de









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competitividad y sostenibilidad a nuestro sector
energético. Entonces será el momento de este debate de fondo y de
contrastar los distintos proyectos, las diferentes estrategias, las
posiciones de los grupos parlamentarios. Mientras tanto estamos ante un
proyecto de ley que, a nuestro juicio, es la constatación, es la prueba
del nueve de un fracaso —ya se ha dicho—, un fracaso que hace
que tengamos que poner un parche a este problema. Fracaso del Gobierno.
Los Presupuestos Generales del Estado de 2013, de este año, contemplaban
y contemplan una errónea previsión de ingresos y un cálculo equivocado de
las previsiones macroeconómicas, que, por cierto, algunos grupos
parlamentarios denunciamos en su momento sin éxito ninguno.


¿Qué ha pasado? Pues que se ha producido una disminución de
la recaudación y de los ingresos como consecuencia fundamentalmente de
dos factores: en primer lugar, del incremento de los costes del régimen
especial de producción energética; y en segundo lugar, de la disminución
de la demanda energética prevista por el Gobierno y, consecuentemente, de
la reducción de ingresos. Es decir, se trata, por consiguiente, de
resolver un problema y de dotar de 2200 millones de euros adicionales al
Ministerio de Industria, Energía y Turismo con cargo, repito, a deuda
pública.


Nuestro grupo parlamentario es consciente del problema y de
que, aunque no nos guste, debemos resolverlo y encontrar la manera de
hacerlo, y la fórmula que se propone es posible. Hemos actuado en ese
sentido con responsabilidad y por eso no hemos presentado veto. Se deduce
de la no presentación de veto que no nos oponemos, que nos parece bien,
que entremos en el debate del articulado del proyecto de ley y de las
enmiendas, aunque debemos decir que compartimos una buena parte de la
argumentación presentada y esgrimida en los dos vetos que se han
presentado. Por lo tanto, nuestra posición ante los vetos será la de la
abstención.


Esperamos, pues, que en el trámite de las enmiendas se
mejore el texto, especialmente las referencias en las que se pretende
tanto en el título del proyecto de ley como en su artículo 1 culpabilizar
de esta situación de déficit tarifario a las energías renovables al
señalarlas —a las renovables— como las únicas causantes del
incremento del déficit sin tener en cuenta otros costes del sistema
eléctrico que también tienen incidencia en este déficit. Esta es la
posición de nuestro grupo parlamentario ante los vetos, consecuentemente,
repito, nos vamos a abstener.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.


Intervengo brevemente para posicionarnos en torno a los
vetos.


Más allá de que algunas de las reflexiones que incorporan
estos vetos las podríamos compartir, la realidad del veto es devolver la
ley al Congreso y no tramitarla. Nos planteamos cuál es la consecuencia
de no tramitarla, cuando lo único que persigue —lo mucho— es
un suplemento de crédito a cuenta de mayor déficit de 2200 millones de
euros, cantidad a la que el Estado tendría que hacer frente igualmente.
Si no se tramita la ley y no se habilita crédito, habría un mayor déficit
no reconocido en este momento pero que saldría, que afloraría en el
momento de la liquidación. Si sale un mayor déficit en el momento de la
liquidación y no a efectos previos en el presupuesto, seguramente que con
2200 millones de euros mucha credibilidad no vamos a ganar; seguramente,
vamos a empeorar la situación.


Coincidimos en que hará falta una reforma del sector, en
que harán falta medidas para afrontar el déficit tarifario, pero hoy, en
el mes de octubre de 2013, tenemos que solventar un problema que algunos
ya apuntamos en el momento de tramitar los Presupuestos Generales del
Estado, donde había una partida, a nuestro entender, infradotada. Lo que
tenemos que hacer en estos momentos es dotarla, y, evidentemente, sin
gustarnos, sin ser de nuestro agrado, la única forma será —después
lo hablaremos— en contra de un mayor déficit público.


Frente a este argumento de que si no se tramita la ley va a
empeorar la situación y no va a suponer tampoco ningún ahorro al erario
público, lo que parece más razonable es que la ley se tramite. Por tanto,
vamos a votar en contra de los vetos, más allá, como he dicho, de que
algunas de las reflexiones que se incorporan en los vetos son razonables
en una reflexión global sobre el déficit tarifario y el sistema eléctrico
en el Estado español. Pero en estos momentos no tramitar









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esta ley, no aprobar un suplemento de crédito, no reconocer
este déficit creo que sería mucho peor. Por ello nuestro grupo va a votar
en contra de estos vetos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador López García.


El señor LÓPEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor
presidente.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, voy a fijar
la posición sobre los vetos presentados por el Grupo Mixto y vamos a
plantear la abstención, y no porque no coincidamos en el fondo con una
buena parte de los argumentos que avalan la presentación del veto por
parte del Grupo Mixto. Hemos decidido no presentar veto por una única
razón: porque, aunque desde luego queremos ejercer la crítica
constructiva, al mismo tiempo no queremos —por un sentido elemental
de la responsabilidad— que haya dilaciones en la obligación del
cumplimiento que el Estado tiene, en este caso, con aquellas deudas que
se pueden generar si no se habilita, tal como establece la Ley General
Presupuestaria, un crédito extraordinario para hacer frente a esos 2200
millones de euros, que estimaba la Comisión Nacional de la Energía que
eran necesarios, dada la diferencia de evolución entre los gastos y los
ingresos del sistema eléctrico, y, por tanto, que la cantidad contenida
en los Presupuestos del Estado de 2921 millones de euros previstos para
2013 era insuficiente para financiar lo que se preveía.


Por tanto, en nuestra posición de responsabilidad, no
presentamos veto, no queremos dilaciones, queremos que el Estado cumpla
sus obligaciones, pero, al mismo tiempo, naturalmente, no vamos a
renunciar a hacer una crítica de lo que entendemos que es un parche,
porque debía haber un planteamiento global a fondo de lo que tiene que
ser una revisión de todo el sistema eléctrico nacional que dé
estabilidad, seguridad y sostenibilidad a una situación que creemos que,
sin ninguna duda, es manifiestamente mejorable. Insisto en que este es un
parche, quizá necesario, coyuntural, pero no por ello deja de ser un
parche.


¿Cuál es el elemento de fondo de nuestra discrepancia
radical con la filosofía de esta ley, que, como antes he señalado, consta
de dos artículos y un título absolutamente significativo en su
formulación? Quizá a alguien le pueda parecer irrelevante cuál era el
contenido del título, pero creo que denota una posición claramente
ideológica. Por tanto, no se trata solo de un debate contable o de un
debate numérico de insuficiencia de crédito que hay que suplementar con
un crédito extraordinario, estamos en un debate ideológico.


¿Por qué se mantiene en el título y se reitera en los dos
artículos —no se insiste más porque solo hay dos artículos en la
ley— esa fijación sobre y contra las energías renovables como las
causantes del déficit que ahora hay que corregir con este crédito
extraordinario? Me parece que esa posición no es inocente en absoluto e
incluso no lo es asumiendo un riesgo. Como señalábamos al grupo que
sustenta al Gobierno en la Comisión de Presupuestos, no es lógico
mantener esa fijación respecto a las energías renovables cuando lo
razonable sería que esos 2200 millones de euros de crédito
extraordinario, financiado con deuda pública para sostener las
necesidades del sistema eléctrico nacional, se destinasen a todos los
componentes y todos los costes del sistema eléctrico nacional
—todos, no solo las primas a las energías renovables—, porque
hay otros costes, como bien se sabe: los costes de insularidad, los
costes de interrumpibilidad y también, por supuesto, el coste de las
primas a las renovables.


Decía que no es inocente y que se asume un riesgo
innecesario porque no sé cuál es el porcentaje de riesgo. Pero podría ser
eventualmente considerado como ayudas de Estado. Es más, ese riesgo está
también complementado con otra atadura de manos, manteniendo esta
formulación que implica poder dedicar esos 2200 millones de euros solo a
los costes de las primas y no a otros costes que es posible que también
estén necesitados de atención, como los que antes les señalaba: los
derivados de la insularidad, de la interrumpibilidad o de cualquier otro
de los costes del sistema eléctrico.


El debate de fondo es, al final, un conflicto de intereses,
que creo que el Estado, el Gobierno tiene que tratar de armonizar
—un conflicto de intereses si se quiere legítimo.


Yo creo que la posición del grupo mayoritario sosteniendo
esta forma de formular la denominación de la ley al final pretende seguir
culpabilizando al Gobierno anterior, seguir culpabilizando y focalizando
a la energía renovable como la causa de todos los males del déficit de









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tarifa y, naturalmente, evitando el riesgo de que la cuenta
de resultados del oligopolio de la generación acabe sintiéndose amenazada
en el medio plazo. Yo creo que la función del Gobierno no tiene que ser
proteger intereses —por legítimos que sean— de ningún sector
—en este caso, del sector de la gran generación eléctrica en
España—, tiene que haber una posición más equilibrada, que, al
final, defienda los intereses de los ciudadanos.


Señalar al sector de las renovables es focalizar la
atención en un punto para desviarla de otro. Le voy a dar un dato. En la
sesión de control de ayer, el señor presidente del Gobierno hacía ayer
alusión, y se ha reiterado aquí, que el precio de la energía en España en
términos comparativos, respecto a otros países de la Unión Europea, está
muy por encima y tiene que ver con la tarifa que soportan los ciudadanos,
con lo que pagamos los ciudadanos por dos vías —por la tarifa como
consumidores y como ciudadanos cuando aportamos recursos a los
Presupuestos Generales del Estado—. Pero el elemento limitante que
representa para las empresas tener que acceder a una energía mucho más
cara que en otros sitios tendría que formar parte también de los
interrogantes y de las propuestas de solución que diera el Gobierno,
máxime cuando estamos hablando de competitividad en la economía, en lugar
de mirar únicamente a la bajada de salarios.


Y esa situación de falta de transparencia en el sector
eléctrico, en la gran generación, se viene reiterando una y otra vez.
Hace pocos días se hacía la subasta, con un comportamiento nuevamente
sospechoso a la hora de fijar en el mercado de mayoristas de electricidad
cuáles iban a ser los precios para el siguiente trimestre, comportamiento
en un espacio de opacidad que ha dado lugar a que en pocos días lo que
estaba siendo un precio de 50 a 52 euros megavatio/hora, según se tratara
de horas punta o de horas valle, se situara en 57 euros megavatio/hora,
es decir, una subida muy importante en muy pocos días, que no es más que
el resultado y la sospecha de lo que todo el mundo viene diciendo desde
hace mucho tiempo: de la falta de transparencia, de la opacidad de ese
mercado.


Esas cosas al final son las que deberían ser objeto de
análisis, de revisión, para defender lealmente los intereses de los
ciudadanos. Se ha señalado también antes aquí la presencia de
determinadas personas, significadas políticamente, en algunos de los
consejos de administración. Hace pocos días aparecía en la prensa el
marido de la señora Cospedal en un consejo de administración de
Iberdrola. Yo creo que no ayuda en un momento complicado como es este
para los ciudadanos, en el que están teniendo que soportar recortes en
servicios públicos básicos, en el que están teniendo bajadas globales de
salario, que acabe habiendo sospechas de que el comportamiento de los que
están en una posición dominante, de oligopolio, no tiene la suficiente
transparencia para conformar los precios de algo que todos tenemos que
consumir —también el sector productivo. No sé si la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia tiene suficiente independencia
de criterio como para ser capaz también de controlar estos
comportamientos supuesta o presuntamente abusivos de los que están
instalados en ese sector.


Por tanto, este es un proyecto de ley cortito pero
significativo desde el punto de vista político —porque estamos
hablando de posiciones que no son inocentes, que señalan de forma
culpable a un sector y desvían la atención de otro que tendría que ser
analizado con bastante más detenimiento—. Tendría que verse por qué
hay que estar soportando costes en la conformación de esos precios de
tecnologías que están sobradamente amortizadas —como la nuclear o
como la gran hidroeléctrica— y seguro que todavía están siendo
repercutidos de forma abusiva en los precios y soportados por los
ciudadanos.


Por consiguiente, nuestra posición en relación con estos
vetos, manteniendo en lo esencial las razones que los alimentaban pero
haciéndola compatible con una posición responsable para que no haya
dilación en el cumplimiento de las obligaciones del Estado, va a ser de
abstención y la vamos a mantener también para el proyecto de ley cuando
se vote el dictamen en el siguiente turno. Pero creemos que la Ley del
sector eléctrico, que la Mesa del Congreso ha calificado para su
tramitación el día 1 de octubre, tiene que ser la ocasión para que haya
transparencia y un abordaje suficientemente serio donde se defiendan los
intereses de la sociedad, de los españoles, empresarios, ciudadanos,
usuarios…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.









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El señor LÓPEZ GARCÍA: Termino, señor presidente.


En definitiva, que permitan que seamos capaces de hacer una
aportación al crecimiento de la economía, a la competitividad de las
empresas y a la transparencia de los mercados, aunque estén también
dominados por grandes corporaciones industriales.


Gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador López García.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Utrera.


El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores senadores, este es un proyecto de ley
—algunos portavoces lo han mencionado ya— sencillo, de solo
dos artículos, cuyos objetivos además son relativamente modestos: dotar
de crédito a una partida —ciertamente es un crédito cuantioso, muy
importante—, que, por otro lado, se regula en su cuantía por otras
leyes y por otros decretos. En consecuencia, simplemente se convierte en
contabilidad presupuestaria, se le da cuerpo presupuestario a algo que en
todo caso hay que hacer, porque el cuerpo legal en la regulación del
sistema eléctrico así obliga. Por tanto, le agradecemos la postura
realista que han manifestado tanto Convergència i Unió como algunos otros
portavoces acerca de lo que es este proyecto y de lo que pretende. Sin
embargo, respecto a los vetos y también a los enunciados, que incluso
oponiéndose a los vetos, o no apoyando los vetos, se han hecho en este
turno de portavoces, me gustaría hacer algunas consideraciones.


En primer lugar, los vetos se concentran en tres
argumentos: dos principales y uno que solamente en el de Esquerra
Republicana se menciona. Principal por reiterado, no por importante, es
el argumento de que a través de este proyecto de ley se pone en denuncia,
se pone en evidencia o se trata de imputar al sector de las renovables
—al sector primado de régimen especial de energía renovable—
unos costes de tarifa y, por tanto, unos costes adicionales que son los
que ahora se financian con este proyecto. Me da la impresión, y les ruego
que lo hagan, de que han leído mal el preámbulo de esta ley de crédito
extraordinario, concretamente el párrafo segundo —léanlo con
atención—, porque ahí se dice que en la disposición adicional
quinta de la Ley de presupuestos para el año 2013 se habilita con
carácter indefinido, precisamente para financiar los costes que suponen
las renovables —y por esa naturaleza se les mete en presupuestos,
para financiar las renovables—, por lo que se entiende que las no
renovables quedan fuera de presupuestos y por tanto irían a la tarifa y a
los costes del usuario. Precisamente para meterlos en presupuestos, la
adicional quinta establece que es en la parte de sobrecoste que suponen
para el sistema las energías renovables la que se va a financiar a través
de los presupuestos del Estado, lo cual parece natural e incluso sensato.
Sabemos que los extracostes del sistema, el coste de la regulación y, por
tanto, todos los costes tanto de la producción, de la generación en
régimen especial como otros costes del sistema, todos ellos gravitan y
dan lugar al déficit de tarifa, pero es precisamente el régimen especial
en lo que se refiere a las energías renovables —precisamente
eso— lo que se recoge como de naturaleza presupuestaria, lo que hay
que financiar presupuestariamente. Eso es lo que se hizo en la Ley de
presupuestos del año 2013, la vigente, en la disposición adicional
quinta, y es lo que se reproduce en este texto de proyecto de ley de
crédito extraordinario. Es eso mismo. Por tanto, no hay imputación en el
sentido de acusación o de trasladar la conciencia a los españoles, a los
ciudadanos, de que son las renovables las causantes. No, no. Si ya
sabemos que la causa del déficit de tarifa es múltiple y puede venir por
varias fuentes, que son los extracostes del sistema. Uno de ellos,
posiblemente el más importante en cuantía, es el que se deriva de la
prima de las renovables. Pero lo que se decidió en la Ley de presupuestos
2013 con carácter indefinido para el resto de presupuestos fue que se
financiaba solo renovables y solo en la cuantía —por eso ahora hay
que hacer un crédito extraordinario— que suponga la recaudación de
las figuras tributarias aprobadas por la ley de sostenibilidad financiera
del sistema eléctrico, más el 90% de las subastas de carbón. Eso ya queda
asignado, y queda asignado para la retribución de las renovables, y ahora
lo que se hace es ampliar en otros 2200 millones por crédito
extraordinario para las renovables, que es lo que se financia
públicamente a través de los presupuestos. Si alguno ha entendido que
esto supone atribuir a las renovables ser el único factor de extracoste
en el sistema, pienso que no ha entendido bien el texto, no ha entendido
bien el preámbulo y no ha entendido bien lo que se quiso hacer en el
texto de la Ley de









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presupuestos del año 2013 y lo que se quiere hacer ahora
con este proyecto de ley de crédito extraordinario. Espero que esto quede
claro y nos quite ya ese debate ideológico que alguno ha planteado, que
más que ideológico parece un debate en un vaso de agua, una gran tormenta
en un vaso de agua, porque es puramente nominalista.


Las cosas son como son. Se financia precisamente la parte
de renovables y no en sentido negativo, sino positivo; solo esa parte se
va a financiar públicamente a través de los Presupuestos Generales del
Estado. Espero que hayan entendido esta reflexión. Esta es precisamente
la motivación de que el proyecto de ley tenga ese título y no otro, de la
misma forma que la disposición adicional 5ª de la Ley de Presupuestos
para 2013, que habilita para que en lo sucesivo se retribuya a través de
presupuestos el déficit de tarifa correspondiente a las renovables en la
parte que se consiga de recaudación en los tributos de la Ley de
sostenibilidad del sistema eléctrico, más las subastas de carbón es lo
que se está financiando públicamente, y el resto se hará a través de los
costes en la tarifa eléctrica que paga el usuario, ya sean industriales o
domésticos.


Por lo tanto, esta es la primera cuestión, además
reproducida no solamente en los vetos, sino en la mayoría de las
enmiendas que ahora vamos a debatir. Yo invito a todos los grupos que han
presentado enmiendas en este sentido a que las retiren, puesto que si han
entendido lo que les estoy explicando se darán cuenta de que aquí ni hay
ideología ni hay pretensión ninguna de culpabilizar a nadie de los costes
de tarifa del sistema. Les sugiero que retiren esas enmiendas de veto
parciales porque en realidad no tienen ningún significado.


La segunda cuestión que se trata en los dos vetos
presentados, y que se reitera en las enmiendas parciales —por lo
que en el debate de las enmiendas que seguirá inmediatamente después de
la votación de los vetos avanzaremos mucho y podremos ir muy
rápido—, se refiere a la cuestión de la regulación del sistema
eléctrico. No voy a entrar, aunque podría hacerlo, en si el régimen de
subasta eléctrica donde se casan ofertas y demandas es el adecuado o no
lo es, en si el sistema de extracostes, el reconocimiento de costes,
tanto en transporte como en generación o en capacidad, es el adecuado o
no.


El portavoz del Partido Nacionalista Vasco, el señor
Bildarratz, ha proporcionado unos datos muy interesantes, que voy a
contrastar, en relación con los márgenes. No sé si le he entendido decir
que usted desea que bajen los márgenes de las compañías eléctricas
españolas para homologarlos a las europeas. Si ese es el caso, lo
podríamos debatir en el futuro. En lo que se refiere a una nueva
regulación del sector eléctrico, que ha sido —como digo—
justificación de parte de las enmiendas de veto y de prácticamente del
resto de las enmiendas parciales, creo que entre todos los grupos
podríamos al menos llegar al acuerdo de que ahora no toca, sencillamente
no toca. Esta es una ley de crédito extraordinario para hacer lo que está
previsto que se haga: financiar unos costes que vienen determinados por
la regulación eléctrica actual. La nueva regulación del sistema eléctrico
se hará en una ley, una ley que ya ha tenido entrada en el Congreso de
los Diputados y que debatiremos en los próximos meses en el Congreso y en
el Senado. En el debate de esa ley de regulación será cuando todos los
grupos parlamentarios podrán expresar claramente su posición en relación
con el déficit de tarifa y en relación con todos los costes que genera
ese déficit de tarifa, porque, en definitiva, puedo asegurarles que la
intención del Grupo Parlamentario Popular y del Gobierno es que el
déficit de tarifa desaparezca cuanto antes; es una anomalía que hay que
corregir.


Por último —y termino, señor presidente—, un
tercer argumento que se utiliza en vetos, en este caso el veto presentado
por Esquerra Republicana, es si los ciudadanos pagan, o pagan los
usuarios de energía eléctrica por el déficit de tarifa, en este caso por
el déficit ocasionado, en parte por las renovables y en parte por otros
costes, sobre todo los de transporte, los de capacidad y los de
interrumpibilidad. Dejémoslo así. Nosotros pensamos que precisamente la
parte de renovables es bueno y conveniente que se financie, al menos
parcialmente, a través de los presupuestos. Creemos que es lo
adecuado.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor UTRERA MORA: Entiendo que Esquerra Republicana
quiere que sea en la tarifa de los ciudadanos donde se pague la totalidad
de los costes del sistema y que luego en la Ley de regulación eléctrica
se modifiquen esos costes. Por tanto, no estamos de acuerdo y votaremos
en contra.









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En definitiva, votaremos en contra de los vetos y sugerimos
a los grupos parlamentarios que retiren esos dos grupos de enmiendas, en
primer lugar, porque es un debate sobre la nada, un debate sobre el
título del proyecto de ley de crédito extraordinario.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor UTRERA MORA: Y en segundo lugar también les
sugiero que no tomen excesivamente en consideración, que incluso las
retiren, las enmiendas que se refieren a la regulación del sistema
eléctrico en su conjunto, porque eso lo vamos a ver en una ley que ya se
está debatiendo en el Congreso de los Diputados y que vendrá al
Senado.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Utrera.


Llamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas.


Señorías, votamos las propuestas de veto en el orden en que
han sido defendidas.


En primer lugar, propuesta de veto número 1, de los
senadores Iglesias y Mariscal.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 4; en contra, 155;
abstenciones, 63.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 2, de la senadora
Capella.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 221; votos emitidos, 220; a favor, 4; en contra, 153;
abstenciones, 63.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Pasamos, por tanto, al debate del dictamen de la
comisión.


En primer lugar, para la defensa de las enmiendas números 1
a 8, de los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Buenas tardes, señorías.


Lamento no poder dar satisfacción a los deseos del portavoz
Popular, cuya argumentación comprendí y estoy seguro de que la defiende
con honestidad y buena fe, pero no puedo asumirla al cien por cien por
distintas razones.


Primera razón. Recordará el señor portavoz del Grupo
Popular cómo surgió esta disposición adicional en el debate de los
Presupuestos Generales del Estado para 2013, cómo apareció de forma
sorpresiva en la reunión de la ponencia. No es, por tanto, una iniciativa
—legítima lo es, sin ninguna duda— que haya podido ser
analizada y debatida ab initio, sino que nos la encontramos cuando
llevábamos caminados al menos dos tercios del recorrido, lo cual no es
precisamente una llamada a la confianza.


La segunda motivación la encontramos en que la ley no viene
de la nada, sino que se enmarca en un discurso político y en una
argumentación sostenida por el Gobierno e instrumentalizada en reales
decretos en los que se expresa una clara vocación de reducir el peso de
las energías renovables en el mix energético y de hacerlo reduciendo las
compensaciones establecidas con una coartada: sostener que son
responsables de gran parte del déficit tarifario, lo cual, como muy bien
ha explicado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, no es
cierto.


Por otro lado, como señalaba el portavoz del Grupo
Parlamentario Vasco —y yo conocía los datos que ha barajado—,
es cierto que los márgenes de beneficio de las compañías energéticas y
eléctricas españolas son aproximadamente el doble que los del resto de
Europa. Pero no solo eso, tienen esos márgenes a la vez que se genera un
déficit tarifario tan importante y simultáneamente se produce un reparto
de dividendos año tras año por parte de estas compañías eléctricas; de
hecho, hasta hace muy pocos meses se traducía en un peso en el Ibex 35
cada vez más notable. ¿Por qué? Resulta llamativo y chocante que
importantes márgenes de beneficio y un voluminoso









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reparto y distribución de dividendos cohabiten con un
déficit tarifario galopante. Como explicaba el presidente de la patronal
eléctrica, el elemento que permite casar todas esas cuestiones lo
encontramos en que, además de contar con la garantía de los Presupuestos
Generales del Estado, cuentan con una garantía general de responsabilidad
por parte de las administraciones públicas, que les permite no reflejar
en su contabilidad y en el cálculo de los dividendos toda esa realidad
del déficit tarifario. Esa es una clara anomalía que en algún momento
habrá que corregir, y yo no pretendo que se corrija en este proyecto de
ley, ni siquiera se baraja en el veto. Es un argumento que surge en el
debate cuando se plantean las razones en uno y otro sentido.


Por eso sostenemos las enmiendas que se oponen a que
aparezcan reflejadas las energías renovables como responsables del
déficit tarifario, porque, más allá de todo lo que ha dicho su señoría y
de todo lo que hemos argumentado, lo cierto es que la asunción de las
enmiendas y, por lo tanto, la supresión en el texto de esas referencias,
en ningún caso afectaría al monto económico de los 2200 millones, que se
supone que es el objetivo que pretende alcanzar el Gobierno: conseguir la
autorización de las Cámaras para generar ese crédito extraordinario de
2200 millones que se suma a la previsión presupuestaria introducida a
partir de la adicional —creo recordar que su señoría ha señalado
que era la quinta— del proyecto de Presupuestos Generales del
Estado para 2013.


No voy a abundar en los argumentos que se reflejan en las
enmiendas que reclaman un cambio en el sistema regulatorio, porque acepto
la posición de su señoría de que, dado que hay en marcha un proyecto de
ley, ahí las debatiremos en profundidad, pero no renuncio a adelantar mi
posición política a través de estas enmiendas.


Concluyo. Otra enmienda plantea que se realice —como
señalaba en la argumentación del veto— una auditoría independiente
de la composición del déficit tarifario. Y finalmente, como algún otro
grupo político, planteamos enmiendas para que se deroguen los reales
decretos que han reducido los pagos regulados de las energías
renovables.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Para la defensa de las enmiendas 9 a 11, del Grupo
Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por la senadora Capella,
tiene la palabra esta senadora.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.


Intervendré desde el escaño, si se me permite.


Debemos tener muy mala suerte, al menos los de Esquerra
Republicana, porque siempre tenemos un problema de comprensión lectora
con sus leyes, pero va a ser que la comprensión lectora abarca a toda la
oposición, que ha tenido el mismo problema que la senadora de Esquerra
Republicana. No vaya a ser que ustedes tampoco redacten muy bien o no
vaya a ser que lo que ustedes dicen en la exposición de motivos es lo que
realmente quieren decir. En todo caso, me ceñiré a las tres enmiendas que
he presentado al proyecto de ley, que creo que son muy claras y que, por
tanto, no dejan lugar a dudas y van en consonancia con el contenido del
veto presentado.


La primera, que en el plazo máximo de un año el Gobierno
presente ante el Congreso de los Diputados una reforma global del sector
eléctrico. Esta reforma eléctrica deberá prohibir el incremento del
déficit tarifario y la externalización de costes por parte de las
compañías eléctricas.


La segunda, que el Gobierno en el período de tres meses
encargue la realización de una auditoría pública independiente sobre los
costes de producción eléctrica, que deberá ser concluida antes de seis
meses. Y hay otros dos puntos más en este artículo concreto, que van en
consonancia y en la misma línea de la argumentación mantenida en la
defensa del veto.


Y la tercera y última enmienda, que el Gobierno en el
período de tres meses encargará a la Comisión Nacional de Energía que
realice una auditoría pública sobre la globalidad de la deuda tarifaria
eléctrica y que en el plazo de seis meses la Comisión Nacional de Energía
deberá presentar dicha auditoría con los votos particulares que se
estimen oportunos en el Congreso de los Diputados, dando lugar a las
propuestas de resolución que se estimen oportunas.


Es decir, que si ustedes aceptan estas tres enmiendas
nosotros votaríamos favorablemente porque, en definitiva, irían realmente
en la línea que usted nos apuntaba cuando en esta última intervención
decía que, evidentemente, nosotros no le habíamos entendido. Si ustedes
aceptan las tres enmiendas, nosotros votaremos favorablemente el proyecto
de ley que presentan.


Gracias.









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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.


El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés ha presentado las
enmiendas números 12 a 20. Para su defensa, tiene la palabra el senador
Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.


Como son enmiendas idénticas a las presentadas y defendidas
por el señor Iglesias, creo que con su argumentación, con las
explicaciones y justificaciones que ha dado también se explican las que
hemos presentado el senador Saura y yo. Las doy por defendidas.


Gràcies, president.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.


El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las
enmiendas números 21 a 25. Para su defensa, tiene la palabra el senador
Alique.


El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado
cinco enmiendas a este proyecto de ley por el que se solicita un crédito
extraordinario de 2200 millones de euros para financiar determinados
costes del sistema eléctrico que el Gobierno capciosamente achaca a las
energías renovables. Si ustedes admiten las números 21, 22 y 23, que van
al meollo de la cuestión, como ahora explicaré, nosotros retiraríamos el
resto de enmiendas y podríamos aprobar el proyecto de ley por las razones
que posteriormente expondré.


Precisamente en esa vinculación con las energías
renovables, con la insuficiencia de ingresos y con los costes del sistema
es donde, desde nuestro punto de vista, está el matiz principal que
convierte a este proyecto de ley en un despropósito semántico y
conceptual más de las políticas del Gobierno.


Este proyecto de ley, señorías, es hijo, precisamente, del
fracaso de las medidas erráticas que ha introducido este Gobierno y que
han sido insuficientes e ineficaces para reducir el déficit de tarifa y
es también el fracaso de la política energética de este Gobierno, que no
va a la raíz del problema, a cambiar el modelo regulatorio, que haría que
la sobrerretribución de algunas tecnologías como las nucleares y las
hidroeléctricas no fuesen a la tarifa y, por tanto, no la pagasen los
ciudadanos. Pero ¡Claro! El agujero está ahí y somos conscientes de que
debido a esa mala gestión del Gobierno del Partido Popular es necesario
hacer esa transferencia de 2200 millones de euros para tapar parte del
agujero, digo parte porque ya el propio ministro ha reconocido que este
año, a pesar de esta medida, habrá 3000 millones de euros de déficit
tarifario.


El hecho de que este crédito de 2200 millones se destine
específicamente a pagar parte de las energías renovables nos preocupa, y
nos preocupa mucho no solo por lo que tiene de reaccionario sino también
por lo que tiene de congruente con un Gobierno que lo único que ha hecho
es atacar e intentar eliminar un sector como el de las energías
renovables, que no van a ser ustedes capaces de eliminar porque va a
formar parte del panorama de la economía mundial y también, por supuesto,
de la española.


Y nos preocupa también porque, tal como lo hacen, esta
financiación pública de las renovables podría —ya lo ha dicho mi
compañero— ser considerada como ayudas de Estado, con la
consiguiente sanción al Estado español por parte de la Unión Europea. En
particular no entendemos que si la finalidad del crédito extraordinario
es procurar ingresos complementarios al sistema eléctrico, como dice el
propio proyecto de ley, por qué se afecta a la financiación de unos
costes concretos, es decir, al de las energías renovables, limitando la
posibilidad de actuación, algo que se evitaría con una referencia de
carácter más genérico.


Eso es lo que pedimos nosotros en las enmiendas específicas
que le he dicho, las números 21, 22 y 23, que haya una afectación
genérica al conjunto de los costes del sistema eléctrico y no
exclusivamente al de las energías renovables. ¿Por qué? Por tres razones:
en primer lugar, porque vincular el crédito de esos 2200 millones de
euros a financiar las energías renovables veta cualquier otro uso, aunque
fuese necesario. En segundo lugar, porque una afectación genérica a todos
los costes del sistema eléctrico se traduce en una no necesidad de
recurrir a mecanismos adicionales de financiación, con independencia de
cuáles sean los costes que se hayan de retribuir. Y por último —ya
lo mencioné anteriormente—, porque nos blindamos frente a









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una eventual consideración de la financiación pública de
estas primas de las renovables que vamos a financiar con este crédito, y
las pueda considerar de esta manera ayudas de estado a la Unión
Europea.


Además, es bueno recordar, y esto es importante, que la Ley
del Sector Eléctrico de 1997, que aprobó el Gobierno de Aznar, no
establece ningún orden de pagos que permita dilucidar cuáles son los
costes para los cuales no ha de haber cobertura suficiente en el sistema.
No lo establece la Ley del Sector Eléctrico y esa es la razón fundamental
por la que nosotros creemos que vincular este crédito a las energías
renovables no es fruto de la casualidad ni de una interpretación más o
menos cuestionable de la norma. No, al contrario, a este Gobierno, como
hemos visto en lo que legisla, le molesta el sector de las energías
renovables, diría yo más, le molesta tanto o más que al oligopolio
eléctrico y en su política de acoso y derribo al sector de las energías
renovables este proyecto de ley forma parte de un nuevo jalón, un nuevo
jalón que nos aleja de la recuperación, de la competitividad y del
futuro.


Señorías, como les he dicho al principio, reflexionen,
admitan las enmiendas del Grupo Socialista, que en nada vienen a
menoscabar el objetivo fundamental de este proyecto de ley y sí a
mejorarlo, porque, señorías, detrás de la vinculación de ese crédito
extraordinario a las energías renovables no hay economía y sí hay
ideología, y ya estamos viendo con preocupación en Estados Unidos lo que
la derecha es capaz de sacrificar por pura ideología.


Por eso, señorías, señores del Grupo Popular, les pedimos
que no condenen a este país a vivir eternamente pendiente del ladrillo
para salvar la cuenta de resultados de las grandes eléctricas. Apuesten
por el futuro, apuesten por las energías renovables, porque son
beneficiosas para este país, reducen la dependencia energética, reducen
las emisiones de CO2, ayudan a abaratar el precio de la electricidad,
mejoran nuestra balanza comercial y son muy importantes en términos de
empleo, como, por ejemplo, en el año 2011, donde había más de 110 000
personas trabajando en las energías renovables.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alique.


Turno en contra. Tiene la palabra el senador Utrera.


El señor UTRERA MORA: Gracias, señor presidente.


Voy a ser breve.


Vamos a votar en contra de todas las enmiendas. Estoy
mirando específicamente las tres que ha mencionado el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista y las tres que ha mencionado la portavoz de
Esquerra Republicana, y también esas seis las vamos a rechazar.
Concretamente, las de Esquerra Republicana, porque si las repasamos una a
una, aparte de las auditorías —esos informes sobre la eficiencia
del sistema de generación español existen—, aproximadamente estamos
al mismo nivel que el promedio europeo; por debajo del francés,
ciertamente, donde la generación de energía, al provenir de fuentes
nucleares, es más barata. Pero estamos al mismo nivel aproximadamente que
Alemania y un poco por debajo de países más intensivos en el uso del
carbón; y, desde luego, algo más caros en la introducción de energías
renovables, precisamente por las primas que se pagan. Ese es el resultado
de unas decisiones de inversión que se han adoptado en los últimos siete
u ocho años, aunque es verdad que el grueso de la inversión en energías
renovables, sobre todo fotovoltaica, se realizó en el año 2008. Por
tanto, esas enmiendas deben ser tratadas en el proyecto de ley de
regulación del sector eléctrico que vamos a tener ocasión de debatir en
los próximos meses en el Congreso y el Senado.


Efectivamente, como muy bien señalaba el portavoz del Grupo
Socialista, desde el año 1997 no se ha hecho nada en el sistema
eléctrico, prácticamente nada, más que tomar unas decisiones de gasto que
en los últimos años han subido los costes del sistema de forma muy
notable, mientras que la demanda del sistema se sobrestimó y
prácticamente no ha crecido, está al mismo nivel que en los años 2004 y
2005. Pues bien, en el debate de la ley eléctrica tendremos ocasión de
concretar todos los elementos de costes de tarifa. Por tanto, creo que
estas tres enmiendas no es que sean ni buenas ni malas, es que no
corresponden a un proyecto de ley de crédito extraordinario. Esa es la
única razón por la cual no las vamos a aceptar. Votaremos en contra.


A los dos portavoces del Grupo Parlamentario Socialista me
gustaría decirles que, a pesar del buen tono utilizado, son muy dados a
hacer juicios de intenciones, juicios de intenciones sobre









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personas concretas, como ha hecho el primer portavoz
socialista, y juicios de intenciones sobre presuntas tramas que existen
en relación con determinadas cuestiones por parte del Gobierno de la
derecha, que quiere acabar con no sé sabe qué cosa. Mire usted, Las
energías renovables son, ciertamente, una promesa de futuro. Nosotros en
ningún momento nos hemos opuesto a las energías renovables, lo que sí
hemos hecho en los sucesivos decretos leyes que se han aprobado durante
los años 2012 y 2013 es poner orden. Poner orden, porque lo que no vamos
a hacer es lo que hicieron ustedes: meter facturas en el cajón; es decir,
generar una pelota que llega un momento que es «infinanciable» y que
repercute sobre la economía española, sobre el empleo, sobre el bienestar
y sobre la capacidad de nuestro país de mantenerse como un país con
sustancia y serio en el contexto internacional; eso es lo que ha pasado
con ustedes. Y el déficit de tarifa, igual que el déficit en el sector
farmacéutico, igual que el déficit incorporado en las facturas no
pagadas, todo eso, hay que pagarlo; y como hay que pagarlo, hay que
pagarlo. Lo que se ha hecho este año 2013 ha sido reducirlo,
efectivamente —alguno de los portavoces lo ha apuntado—, a
unas cifras en torno a 10 000 millones de euros, y 5000 millones se van a
financiar presupuestariamente. Pero estamos en el camino de reducirlo. Y
precisamente el debate que estamos realizando y el que se realizará en la
Ley del sector energético será para eliminar el déficit de tarifa, y para
hacer consistente un sistema que aunque esté jurídicamente regulado en su
esencia, tiene que generar precios que casen ofertas y demandas, y no que
haya necesidad de establecer mecanismos artificiales tanto de
financiación como de reconocimiento de costes, como es la tarifa y como
son los fondos de amortización de la deuda eléctrica. Eso tendremos
ocasión de hacerlo ahora en el debate del sistema eléctrico.


Por tanto, creo que no han entendido lo que les he
explicado en relación con la financiación pública vía presupuestos de las
energías renovables, con lo que se les está otorgando la naturaleza
primada, privilegiada, que supone aportar fondos públicos para pagar las
primas correspondientes a las fuentes renovables. Creo que no lo han
entendido; ustedes han creído encontrar un debate ideológico donde no lo
hay y van a seguir presentando sus enmiendas. Por lo que he entendido
están dispuestos a renunciar a todas, excepto a estas tres, las números
21, 22 y 23, que son precisamente las nominalistas, es decir, las que lo
único que pretenden es cambiar el título del proyecto de ley para que no
incluya la mención a energías renovables. Pero es que el título de esta
ley tiene que incluirlo porque en la disposición adicional quinta de la
Ley de presupuestos se dice claramente que la financiación pública vía
presupuestos es para las energías renovables. ¿De acuerdo? Muy bien.
Muchas gracias. Votaremos en contra de todas las enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Utrera.


Pasamos al turno de portavoces. ¿Grupo Parlamentario Mixto?
(Denegaciones.) No hay intervenciones.


¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegaciones.)
Tampoco interviene.


¿Grupo Parlamentario de la Entesa? Senador Bruguera, tiene
la palabra.


El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.


Intervendré brevemente, señorías, para indicar que vamos a
votar a favor de las enmiendas de todos los grupos parlamentarios.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.


Intervendré desde el escaño simplemente para manifestar que
nosotros vamos a apoyar esta ley; lo hicimos en el Congreso, y entendemos
que es necesaria su tramitación. No obstante, hay algunas enmiendas,
concretamente cuatro, que sí vamos a apoyar porque nos parecen
razonables, porque no modifican el fondo del proyecto y porque hacen
alguna propuesta de futuro que nos parecería interesante. Por este motivo
vamos a votar a favor de la enmienda número 11, en la que se solicita que
se efectúe por parte de la Comisión Nacional de la Energía una auditoría
pública respecto a la deuda tarifaria eléctrica. Nos parece razonable,
como asimismo nos parece razonable









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que en base a esta auditoría la misma Comisión Nacional de
la Energía pueda presentar a ambas Cámaras una propuesta de modificación
posterior de la legislación.


En este sentido también votaremos a favor de la enmienda
número 15 de la Entesa porque modifica una parte del preámbulo, no
modifica el contenido de la ley, y también la consideramos razonable.


Finalmente votaremos a favor de las dos enmiendas, números
24 y 25, que propone el Grupo Parlamentario Socialista. Son dos enmiendas
que van a favorecer la cogeneración y en esta línea van a recibir nuestro
apoyo. También entendemos que de aprobarse e incorporarse estas
enmiendas, no modificarían en lo sustancial el texto normativo que
aprobamos en este momento.


Por tanto, vamos a votar a favor de las cuatro enmiendas
que he mencionado anteriormente e, independientemente de la suerte que
estas tengan, vamos a aprobar igualmente el texto legislativo propuesto
por el grupo mayoritario.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Alique.


El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, el Gobierno, como ya hemos dicho, viene a pedir
un crédito extraordinario para resolver uno de los grandes problemas del
sistema energético, que no es otro que el déficit de tarifa. Yo creo que
sobre esto tenemos que hablar claro y el Gobierno tiene que llamar a las
cosas por su nombre y no jugar al ratón y al gato con los ciudadanos y
las empresas de este país en temas energéticos.


Hace ya casi dos años que llegó el Partido Popular al
Gobierno con el compromiso de resolver el déficit de tarifa, y casi dos
años después, las cosas no solo no están igual sino que están mucho peor,
con una sangría en términos de competitividad, de puestos de trabajo y de
credibilidad internacional. Los datos del año 2012 del déficit tarifario
son desastrosos y, por lo que anuncia el ministro, los de 2013 seguirán
por ese camino, así lo dicen las cifras. A pesar de las medidas que ha
introducido el Gobierno, que son muchas, se había comprometido a un
déficit cero en el año 2013 y va camino de los 30 000 millones,
correspondiendo 5511 millones a 2012, que es un 60% más de lo que había
en 2011. Y ya el ministro ha reconocido, como he dicho, que este año
habrá 3000 millones de euros de déficit, y todo ello en un país que, a
pesar de diferir parte del pago de la luz, es la nación de Europa en la
que más ha crecido el precio de la electricidad.


Por tanto, crecen los precios y crece la deuda en un
contexto en el que parece que solamente importan los intereses del
oligopolio eléctrico español, y así vamos mal, fijando objetivos e
incumpliéndolos. Por ejemplo, se dijo que, en el año 2012, el déficit iba
a ser de menos de 1500 millones y fue de más de 5000; o en este año,
2013, que tenía que ser cero, ha sido de más de 2500 millones.


Señorías, son estas y no otras las razones por las que
vienen a pedir aquí un crédito extraordinario. No hace falta buscar
culpables para justificar errores propios; los culpables tienen nombre y
apellidos, no son las energías renovables, es el Gobierno y la gestión
del Partido Popular, como así han señalado, por cierto, la Comisión
Nacional de la Energía y la Unión Europea, que han dicho que el
responsable es quien tiene la solución en su mano y no la adopta, que es
este Gobierno. Por ello, me parece que es tener mucha desfachatez culpar
a las energías renovables de ser las causantes del déficit, porque eso es
en realidad lo que dice esta ley, y hay que tener poco conocimiento del
sector eléctrico para venir aquí y defender esa tesis porque ya no les
cree nadie, nadie cree esa falsa política reformista de la que presume el
Partido Popular, porque es simplemente humo y propaganda.


Hablemos claro, el déficit se genera porque hay un exceso
de retribuciones en el conjunto del sistema eléctrico, y ese exceso de
retribuciones no requiere solo un ajuste a corto plazo, como hace el
Gobierno, sino un ajuste estructural de carácter estratégico que dé lugar
a un nuevo modelo energético. Frente al relato dominante y
propagandístico de las eléctricas, del que también es reo y cómplice este
Gobierno, cada vez hay más expertos que dicen que no hay que hablar de
déficit de tarifa sino de superávit de retribuciones reconocidas. ¡Ojo!,
el descuadre final de las cuentas es el mismo pero las consecuencias, no.
Señorías, un superávit de retribuciones reconocido no se aborda
castigando a los ciudadanos, como hace este Gobierno, subiendo y









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subiendo la luz o subiendo los impuestos y, mucho menos,
demonizando a un sector, como el de las energías renovables. Un problema
de este tipo se solventa reduciendo los ingresos que reciben determinadas
tecnologías —hablemos claro— nucleares e hidroeléctricas que
están sobrerretribuidas.


Señorías, hay algo muy claro: todas las tecnologías cobran
de una manera u otra pagos regulados, también las convencionales; es más,
todo lo que han recibido las tecnologías convencionales por distintos
conceptos, llamados pagos por disponibilidad o incentivos a la inversión,
costes extrapeninsulares o los famosos costes de transición a la
competencia, suman más de lo que han recibido las energías renovables,
pero de eso el Gobierno no habla y, mucho menos, se queja.


Hay que decir a los ciudadanos la verdad, y es que
precisamente las hidroeléctricas y las nucleares son las principales
causantes porque parte de lo que pagamos hoy los ciudadanos y las pymes
en el recibo de la luz tiene que ver con un origen de exceso en ese tipo
de retribuciones de ese tipo de centrales nucleares, y eso está también
produciendo que suba el precio de la luz y que cada vez haya más personas
que rocen la pobreza energética. Por tanto, señorías, no se solucionan
los problemas del sistema energético demonizando a las energías
renovables; no, al contrario, se hace apoyándolas. Ya le he dicho los
beneficios que tenían anteriormente. Y como tienen beneficios, solo hay
que ver que detrás de la vinculación de este crédito extraordinario a las
energías renovables no hay economía y sí ideología. Nadie en su sano
juicio puede culpar a las energías renovables por este hecho; al
contrario, cada día que pasa es un día perdido y un día más en que este
Gobierno pone en riesgo un sector, el de las energías renovables, que aún
tiene importante ventajas competitivas y que, según Bloomberg, va a
suponer el 70% de la inversión en nuevas centrales de aquí al año 2030 en
todo el mundo.


Y, precisamente, apoyando —y ya termino, señor
presidente— a las energías renovables, ningún otro Gobierno tendrá
que venir aquí a pedir un crédito extraordinario para solucionar no los
problemas de las energías renovables…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor ALIQUE LÓPEZ: …sino de los costes totales
del sistema eléctrico.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alique.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Utrera.


El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor presidente.


En este último turno quiero reiterar lo ya dicho, votaremos
en contra de todas las enmiendas presentadas, pero, al mismo tiempo,
quiero reafirmarme en los argumentos que antes he venido utilizando.


Concretamente, el portavoz socialista, que acaba de
intervenir, ha vuelto a repetir una y otra vez ese juicio de intenciones
sobre el hecho de que nosotros no estamos de acuerdo, perseguimos, o, en
definitiva, minusvaloramos la importancia de las renovables en España y
en el mundo; por lo que se ve, también minusvaloramos su importancia en
la aportación energética mundial. No deja de ser un juicio de
intenciones, desprovisto de toda prueba consistente y, en definitiva, se
insiste y se incide una vez más en el hecho de que hay que cambiar el
título de un proyecto de ley, incluso, no sé siquiera si se oponen al
propio crédito extraordinario. Pero, sea como sea, nosotros sí sabemos
que un crédito extraordinario como este viene causado por actuaciones que
se derivan, efectivamente, de una regulación energética, que es
perfeccionable, sin ninguna duda, y yo estoy convencido de que entre
todos podremos perfeccionarla en el debate del proyecto de ley sobre el
sistema eléctrico que nos toca ahora, en los próximos meses y creo que es
ahí donde muchas de las enmiendas presentadas tienen su encaje.


En cuanto a las enmiendas a este proyecto de ley de crédito
extraordinario, sencillamente, o son extemporáneas, en muchos casos o, en
otros, no aciertan en el argumento principal. Y es que, como antes
señalaba, alguien ha creído ver fantasmas, alguien ha creído ver una
imputación de culpabilidad hacia unas fuentes energéticas que no existe
en realidad. Tampoco me atrevo a decir que haya una prima a favor de esas
fuentes energéticas, pero sí hay un hecho, que por presupuesto









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se ha decidido —y a mí me parece razonable y
encuentro sorprendente que no les parezca razonable a los demás grupos
parlamentarios— que la parte que se financia de déficit tarifario
será la correspondiente al déficit que corresponda a las energías
renovables, es decir, apoyo público a una determinada fuente de energía
que se considera necesaria y que se considera conveniente y con
futuro.


Todas las demás reflexiones no dejan de ser juicios de
intenciones baldíos que no tienen absolutamente ninguna prueba de
contraste.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alique.


Llamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas.


Señorías, vamos a proceder a la votación de las
enmiendas.


Votamos, en primer lugar, las enmiendas de los senadores
Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto, números 1 a 8.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 210; votos emitidos, 210; a favor, 57; en contra, 139;
abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


De la senadora Capella, también del Grupo Parlamentario
Mixto, comenzamos votando las enmiendas números 9 y 10.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 210; votos emitidos, 210; a favor, 57; en contra, 139;
abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la número 11.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 210; votos emitidos, 210; a favor, 66; en contra, 139;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario Entesa, comenzamos votando las
números 12 a 14 y 16 a 20.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 210; votos emitidos, 210; a favor, 57; en contra, 139;
abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la número 15.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 66; en contra, 139;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario Socialista comenzamos votando la
enmienda número 21.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 210; votos emitidos, 210; a favor, 56; en contra, 140;
abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 22 y 23.


Se inicia la votación. (Pausa.)









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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 208; a favor, 56; en contra, 138;
abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Finalmente, votamos las enmiendas números 24 y 25.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 210; votos emitidos, 210; a favor, 66; en contra, 139;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Señorías, votamos a continuación, en un solo acto, el
proyecto de ley.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 210; votos emitidos, 210; a favor, 146; en contra, 6;
abstenciones, 58.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley por la que se
establece la financiación con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado de determinados costes del sistema eléctrico ocasionados por los
incentivos económicos para el fomento a la producción de energía
eléctrica a partir de fuentes de energías renovables y se concede un
crédito extraordinario por importe de 2200 millones de euros en el
presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.


9.1.3. PROYECTO DE LEY PARA LA GARANTÍA DEL SUMINISTRO E
INCREMENTO DE LA COMPETENCIA EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS INSULARES Y
EXTRAPENINSULARES.


COMISIÓN: INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO


(Núm. exp. 621/000044)


El señor presidente da lectura al punto 9.1.3.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen
tiene la palabra el senador Muñoz.


El señor MUÑOZ MARTÍN: Gracias, señor presidente.


Señorías, el Proyecto de Ley para la garantía del
suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos
insulares y extrapeninsulares tuvo su entrada en esta Cámara el pasado 23
de julio. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la
Presidencia.) El plazo de presentación de enmiendas finalizó el 12 de
septiembre. Se presentaron un total de tres vetos y setenta y cuatro
enmiendas, distribuidas de la siguiente manera: veto número 1, de los
senadores don Jesús Enrique Iglesias Fernández y don José Manuel Mariscal
Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; veto número 2, de los senadores
don Narvay Quintero Castañeda y don Miguel Zerolo Aguilar, del Grupo
Parlamentario Mixto; veto número 3, del Grupo Parlamentario Socialista.
Enmiendas números a 1 a 15, de los senadores don Jesús Enrique Iglesias
Fernández y don José Manuel Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario
Mixto; enmiendas números 16 a 40, de los senadores don Narvay Quintero
Castañeda y don Miguel Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto;
enmiendas números 66 a 71, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; enmiendas números 41 a 65, del Grupo Parlamentario
Socialista; enmiendas números 72 a 74, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado. De las referidas enmiendas se inadmitieron a trámite por
carecer de conexión material con el proyecto de ley las enmiendas números
6, del Grupo Parlamentario Mixto, y 59, del Grupo Parlamentario
Socialista.


El día 24 de septiembre se reunió la Comisión de Industria,
Energía y Turismo para designar la ponencia, quedando esta
definitivamente integrada por los siguientes senadores: don Jesús Alique
López, del Grupo Parlamentario Socialista; don Ramón Alturo Lloan, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; don Iñaki
Mirena Anasagasti Olabeaga, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado;
doña Josefa Luzardo Romano, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado;
don José Antonio Manchado Lozano, del Grupo Parlamentario Socialista; don
Gregorio Ramón Medina Tomé, del Grupo Parlamentario Socialista; don José
Montilla Aguilera, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; doña Juana Francisca Pons Vila, del









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Grupo Parlamentario Popular en el Senado; doña Amelia
Salanueva Murguialday, del Grupo Parlamentario Mixto; y don José Luis
Sastre Álvaro, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Dicha ponencia elevó a la comisión un informe en el que se
introducían modificaciones al texto remitido por el Congreso de los
Diputados, en concreto, se incorporaron las enmiendas números 72 a 74,
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


La Comisión de Industria, Energía y Turismo se reunió para
dictaminar el proyecto el día 3 de octubre, defendiéndose en dicha sesión
todos los vetos y enmiendas presentadas. La comisión emitió el
correspondiente dictamen de conformidad con el texto propuesto por la
ponencia. El referido dictamen, junto con los votos particulares
presentados, ha sido objeto de publicación en el boletín oficial de las
Cortes Generales.


Este proyecto de ley tiene como objetivo, según se expone
en su preámbulo, reducir la vulnerabilidad asociada a los sistemas
eléctricos insulares y extrapeninsulares y garantizar una mayor eficacia
técnica y económica al conjunto que redunde simultáneamente en una mejora
de la seguridad del suministro. El proyecto incluye seis artículos y lo
completan dos disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias,
una disposición derogatoria, y seis disposiciones finales.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Propuesta de veto número 1, presentada por los señores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, de Izquierda Unida.


Senador Iglesias, tiene la palabra.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora
presidenta.


Señorías, intervendré de forma absolutamente sintética.


Fundamentamos el veto, en primer lugar, porque aunque he de
reconocer que de forma retórica el proyecto parece apartarse del discurso
culpabilizador de las renovables al reconocer sus beneficios en la
exposición de motivos, no avanza nada en cuanto a la garantía de una
remuneración más favorable que la que los reales decretos aprobados le
garantizan como consecuencia de los recortes en la remuneración que de
esos reales decretos se ha derivado. No se aprovechan las condiciones
físicas y climáticas de las islas para hacer una apuesta por un sistema
energético insular basado precisamente en las energías renovables. Las
dimensiones de las islas y su carácter aislado del resto de la Península
ofrecían la posibilidad de que, en el ámbito de una planificación
energética, sirvieran como terreno más apropiado para hacer una apuesta
clara por esas energías renovables. Por el contrario, la apuesta se hace
por la gasificación, lo cual incrementará la dependencia energética del
exterior —en una coyuntura fruto de la geopolítica y de los
conflictos que se están generando en amplias áreas en las que se produce
gas— y significará un incremento importante de los riesgos de
suministro y también de los costes que pueden derivarse de esas
dificultades en el mismo. Por el contrario, el proyecto no resuelve de
forma razonable los desajustes generados por los costes
extrapeninsulares.


Finalmente, se cuela de rondón una apuesta por regularizar
el fracking, rescatándolo del limbo normativo en el que vivía. Ya tuvimos
un debate en relación con una moción que hablaba precisamente del
fracking, por lo que no considero imprescindible reproducir todos los
argumentos que nos llevan a rechazar esta técnica. Recordaré de forma muy
somera que el uso de metales pesados, la posibilidad de contaminación de
las aguas subterráneas, la contaminación de los suelos, las emisiones a
la atmósfera, el hecho de que determinados Estados de la Unión Europea
hayan, o bien fijado moratorias, o bien rechazado esta técnica y que haya
pronunciamientos de Parlamentos de comunidades autónomas españolas que la
rechazan —incluso, una ley del Parlamento de Cantabria que aspira a
prohibirlo— debieran llevar a entender que es una técnica que no
debe contar con el respaldo de las administraciones públicas. No basta
con que se demande un estudio de impacto ambiental.


En este momento vivimos una experiencia muy negativa como
consecuencia de los movimientos sísmicos generados por el proyecto
Castor, que ya tuvimos oportunidad de debatir ayer, a pesar de que este
proyecto, como señalaba el ministro de Industria, ha tenido una









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tramitación escrupulosa y contaba con los estudios de
impacto ambiental. Ello acredita que no constituyen garantía
suficiente.


Muchísimas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Propuesta de veto número 2, presentada por los senadores
Quintero y Zerolo, de Coalición Canaria.


Senador Quintero, tiene la palabra.


El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señora
presidenta.


Señorías, el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de
marzo el Proyecto de Ley para la garantía de suministro e incremento de
la competencia de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares
que regula determinados aspectos de la actividad de producción eléctrica
de estos denominados sistemas. Este proyecto de ley presenta un texto muy
particular. Después de todos los reales decretos leyes desarrollados en
materia energética, la mayoría de ellos sin consenso y muchos de ellos
perjudican a Canarias, evidentemente, este proyecto de ley no nos parece
el más adecuado.


Mi grupo, Coalición Canaria, y las Agrupaciones
Independientes de Canarias defienden que el sistema eléctrico canario sea
más eficaz y más eficiente, y que tenga el menor coste posible.
Propugnamos, con otros, que hay que publicar una ley exclusiva para los
territorios extrapeninsulares y para los territorios insulares, pero no
esta concretamente.


En este proyecto de ley se intenta igualar a las islas
Baleares, a Ceuta, a Melilla y a Canarias en materia energética. Y
perdonen que les diga —nadie puede cuestionarlo— que hay
muchísimas diferencias: la distancia con el territorio peninsular, su
población, su realidad económica, la demanda energética, el desarrollo de
cada subsistema energético de estas regiones; por ejemplo, el de Canarias
tiene seis sistemas completamente aislados, y Canarias no está conectada
a la península, las islas no están conectadas entre sí y tampoco con la
península. Esto provoca muchas diferencias. Por eso creemos que estaría
perfectamente justificado que cada uno tuviera un apartado exclusivo para
una mejor eficiencia y eficacia de los sistemas energéticos, tanto
Canarias como los demás territorios insulares y extrapeninsulares. Sería
mucho más lógico. Este proyecto de ley perjudica a todos los territorios
extrapeninsulares e insulares, porque, al final, ninguno tiene el trato
singularizado que merece para la eficiencia energética, sino que se
igualan todos.


En Gobierno de España impulsa un proyecto de ley que invade
competencias autonómicas, que provoca la descapitalización del sector
eléctrico en Canarias, que paraliza inversiones que son determinantes en
este momento para la economías de las islas, para su planificación
energética y para el fomento de las energías y el desarrollo sostenible,
y que crea un riesgo de desabastecimiento e incentivará la inseguridad
jurídica. No podemos apoyar un proyecto de ley que entra viciado por la
invasión de las competencias que sobre la materia energética tienen las
comunidades autónomas, lo que constituye un vicio de inconstitucionalidad
y de poco respeto entre las administraciones públicas. En Canarias, como
ustedes saben, existe una ley del sector eléctrico; en este caso, el
Partido Popular lo conoce muy bien porque ha pertenecido al Gobierno de
Canarias en muchas ocasiones y ha participado en la elaboración de esta
ley. Por lo tanto, lo que hace con este proyecto de ley es una
recentralización encubierta en materia energética, pues le otorga a la
Dirección General de Minas competencias que antes eran de las comunidades
autónomas —por explicarlo de una manera rápida y sencilla—;
eso sí, sin consultar y sin consensuar con la comunidad autónoma. Este
proyecto de ley elaborado unilateralmente por el Gobierno del Estado ha
provocado que no tenga el informe del Consejo de Estado ni de la Comisión
Nacional de la Energía. Y, lo que es peor, tampoco existe un informe
previo de la Comunidad Autónoma de Canarias, y este informe sí es
preceptivo.


En relación con el objeto de este proyecto de ley y su
título, incremento de la competencia, ustedes saben —o deberían
saber— que Canarias es lo que se puede denominar actualmente un
monopolio natural y, desgraciadamente, así lo demuestra la historia.
Antes había un monopolio público, Unelco; más tarde, el Gobierno del
Partido Popular transformó ese monopolio público en lo que es ahora un
monopolio privado. Y, a pesar de que existen leyes antimonopolio, y
también en Canarias, desde hace muchos años no se ha producido la
competencia, porque la competencia es extremadamente difícil en las
energías en las islas Canarias y en territorios fragmentados como









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ellas, por el coste que tienen estas energías, energías
sucias, por cierto. Son territorios aislados, no están conectados al
continente porque no es viable, como tampoco lo es poder conectar todas
las islas entre sí. Algunas sí; de hecho, algunos sistemas eléctricos
—tenemos seis—, como Lanzarote y Fuerteventura ya están
conectados y, de hecho, los estudios técnicos dicen que se podrían
conectar algunas otras, pero los estudios técnicos son rotundos: no se
podrían conectar en ningún caso todas las islas Canarias, por la
profundidad de sus aguas —estamos en el mar Atlántico—, por
el oleaje, etcétera; los estudios son contundentes. Por lo tanto, estamos
de acuerdo en que hay que acabar con los monopolios —es
evidente—, pero creemos que el Gobierno ha elegido en esta ley una
vía que es poco eficaz.


Canarias debería ser el paraíso de las energías renovables,
por las condiciones que tenemos de luz, por los vientos alisios,
etcétera. Sin embargo, en estos momentos no llega al 4,5% la penetración
de este tipo de energías en nuestro territorio, es dramático. En esta ley
no existe ni una sola mención al estímulo de las energías renovables
—solo en el preámbulo—, y se mantiene el incumplimiento de
garantizar la bonificación para estas energías renovables que quitó el
real decreto ley de 2012. Además, hay un impulso obsesivo de las energías
sucias, las energías caducas. Da la sensación de que solo nos preocupamos
por este asunto, y no por lo que deberíamos preocuparnos todos los
canarios, que es la independencia energética de Canarias; es lo que
perseguimos: la disminución de la dependencia exterior y la producción
energética a un coste muchísimo más económico. Por eso creemos que la
mejor política antimonopolio es promover la competencia donde tiene
sentido, esto es, en las energías renovables. Les voy a poner un ejemplo
muy sencillo, que pueden ver en la exposición de motivos. En el concurso
eólico que se hizo en Canarias, de los 440 000 megavatios que salieron a
consumo, la operadora que hoy tiene el 93% del sistema en Canarias solo
obtuvo el 20%; el resto fueron operadores privados, pequeñas y medianas
empresas, cooperativas, corporaciones locales y empresas públicas. Si el
Gobierno quiere de verdad trabajar en esta línea y acabar con el
monopolio, en Canarias precisamente deberíamos apostar más por las
renovables, porque está completamente demostrado que son rentables.


Es verdad que este proyecto de ley se mejoró —tengo
que decirlo— con iniciativas y propuestas que pactamos en el
Congreso: más de trece iniciativas, enmiendas que se han pactado, y el
texto inicial se ha mejorado; muchas de ellas muy significativas, que
hemos presentado nosotros; significativas como, por ejemplo, la de Gorona
del Viento, un proyecto cien por cien con energía renovable, que
demuestra que es viable en Canarias la energía renovable y que es más
barata que la convencional. Y les voy a dar los datos: actualmente
estamos pagando a la empresa privada la exageración de 330
euros/megavatio/hora; nosotros proponíamos un proyecto de energías cien
por cien renovables y que es gestionable, y la palabra gestionable es
fundamental, porque, aunque es verdad que dependemos mayoritariamente de
lo eólico, la energía se almacena en una balsa superior y vuelve a
descender, de modo que es gestionable y aplicable al resto de las islas,
aunque es verdad que no a todas. Este proyecto costaba menos de 200
euros/megavatio/hora, con la salvedad de que tenía beneficios para la
sociedad, beneficios para el Estado, porque se estaba ahorrando 130
euros/megavatio/hora, y beneficios para la institución pública, que en
este caso era el Cabildo de El Hierro, que es el máximo accionista, con
el 80% de esta central de Gorona del Viento. Desgraciadamente, querían
darle el proyecto a Red Eléctrica, pero Bruselas dijo que no se podía
gestionar y ser distribuidor y operador de la energía. Por eso se ha
enmendado en el Congreso, es verdad, y Gorona del Viento será de
titularidad pública y esperamos que ocurra lo mismo con el proyecto
Chiva-Soria, de Gran Canaria. Son dos proyectos pilotos —el de El
Hierro con fondos europeos en un 75%— que demuestran que en
Canarias esta es la alternativa, no las energías caducas, sino las
energías renovables.


Creo que este veto está bastante fundamentado y espero que
lo apoyen.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Propuesta de veto número 3, del Grupo Socialista. Tiene la
palabra el senador Medina.


El señor MEDINA TOMÉ: Muchas gracias, señora
presidenta.


Señor Mateu, voy a reconocerle que esta mañana no fue muy
afortunada mi expresión sobre la señora ministra. Le pido disculpas y, si
a usted le parece, sustituimos lo de querer hacernos









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daños, ya que habló usted del amor del Gobierno de España a
Canarias, por no nos quiere como nos merecemos.


Señorías, buenas noches. Vamos a ver si somos capaces
captar la atención que nos merecemos, por la hora que es. Quiero que mis
primeras palabras sean de agradecimiento por el trabajo que un diputado
canario, don José Segura Clavell, portavoz socialista de la Comisión de
Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados, ha realizado
para este proyecto de ley. También quiero felicitar a los responsables de
los gobiernos de las comunidades autónomas y ciudades autónomas de
Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla por haberle recordado al señor
ministro de Industria, Energía y Turismo, en público o en privado, que
las comunidades y ciudades autónomas todavía existen, que tienen sus
competencias, que también son Gobierno y que merecen ser tratadas con
respeto y lealtad institucional; entre otras cosas, porque nuestro
ordenamiento jurídico así lo establece. Y permítanme que felicite de modo
muy especial a la consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno
de Canarias, doña Francisca Luengo Orol, por haber conseguido con su
presión y tesón que algunas de sus propuestas para Canarias hayan servido
para mejorar un texto que el devenir del tiempo ha demostrado que fue
redactado deprisa y corriendo, con no se sabe qué objetivo. Un 10 para la
señora consejera.


Señorías, antes de fundamentar las razones que nos han
conducido a presentar en esta Cámara el veto que ahora debatimos, y que
en el Congreso de los Diputados fue acompañado por un texto alternativo
riguroso, moderno y práctico para los sistemas energéticos insulares y
extrapeninsulares ―texto alternativo que es la propuesta socialista
en este país para los referidos sistemas―, convendría destacar
algunos hechos constatables de especial relevancia para el asunto que nos
ocupa. Primero: el Gobierno del Partido Popular ―y ya se ha dicho
aquí― ha aprobado en materia energética en lo que va de
legislatura, entre proyectos de ley y reales decretos, unas doce
iniciativas. Sin embargo, los españoles vivimos en el tercer país de
Europa que más paga por kilovatio/hora, después de Irlanda y Chipre; y,
en lo que va de año, el recibo de la luz ha subido de media un 3,5%. El
señor ministro ha anunciado que el déficit tarifario será pagado por el
Estado mediante vales y que ―cito textualmente―: «Dada la
tendencia actual, probablemente estaremos en torno a unos 2500-3000
millones de euros de déficit tarifario». Y ello se dice, señorías, a
pesar de que el Gobierno había afirmado que en 2013 se alcanzaría el
equilibrio entre costes e ingresos, gracias ―se dijo― a todas
las medidas puestas en marcha desde finales de 2011.


Segundo: el sistema eléctrico está pagando la energía
generada en Canarias ―96% en régimen ordinario― muy cara.
Tiene un coste muy superior al peninsular, existe una diferencia que
podría rondar los 150 euros/megavatio/hora, con un sobrecoste de
generación eléctrica que en el año 2012 se cuantificó en aproximadamente
1300 millones de euros. Sin embargo, hay que decir que la producción con
renovables reduce los costes a la mitad o a la tercera parte.


Tercero: algunas comunidades autónomas, en virtud de las
competencias asumidas, cuentan con documentos específicos de
planificación energética y leyes que regulan al sector. En Canarias,
concretamente, el Plan Energético de Canarias, Pecan 2006-2015, aprobado
en el año 1997 por unanimidad y revisado en el año 2012, y la Ley,
11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario. Y
siempre ha gobernado en estos años el Partido Popular.


Cuarto: les daré algunos datos de interés. La población de
Ceuta y Melilla ronda los 84 000 habitantes; Baleares, 1,1 millón de
habitantes; y, Canarias, 2,2 millones de habitantes. La superficie de
Ceuta no supera los 30 kilómetros cuadrados; la de Melilla no llega a 15
kilómetros cuadrados; la de Baleares se acerca a los 5000 kilómetros
cuadrados; y, la de Canarias, ronda los 7500 kilómetros cuadrados. La
densidad de población, sin embargo, es superior en Ceuta y Melilla a la
de Baleares y Canarias. La distancia, por ejemplo, entre Ceuta y Tarifa
es de 29 kilómetros; entre Melilla y Málaga, 206 kilómetros; entre Soller
y Barcelona, 186 kilómetros; y si medimos la distancia que existe entre
Tarifa, en la Península, y el municipio más cercano de la isla de
Lanzarote, Órzola, la distancia ronda los 1100 kilómetros.


Quinto: el PP ha presentado a este proyecto de ley 17
enmiendas en el Congreso y 3 en el Senado; en total, 20. En el Congreso
de los Diputados, Izquierda Plural, Coalición Canaria, Convergència i
Unió, Grupo Parlamentario Vasco, Grupo Socialista y Esquerra, presentaron
cerca de 81 enmiendas. Para el Grupo Popular ninguna mereció la
consideración de ser incluida en el texto que se remitió a esta Cámara.
Solo una modificación, más de forma que de fondo.









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Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista reconoce que en
la tramitación de este proyecto de ley en el Congreso de los Diputados el
texto inicial presentado por el Gobierno se ha mejorado, si bien
entendemos que la mejoría sufrida ha sido más fruto de las presiones que
de la voluntad del Gobierno. Y, sin embargo, entendemos que las
modificaciones introducidas no son suficientes para corregir determinados
defectos y carencias, que son precisamente los que justifican las razones
del veto que a continuación voy a desarrollar.


Primera: el proyecto de ley ha sido elaborado a espaldas de
las comunidades autónomas y ciudades autónomas afectadas, y trata igual a
quienes son diferentes. El artículo 12.1 de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, establece que las actividades para el
suministro de energía eléctrica que se desarrollen en territorios
insulares o extrapeninsulares serán objeto de una reglamentación
singular, etcétera. Y añade al final que la reglamentación de estas
singularidades tendrá que hacerse siempre previo acuerdo con las
comunidades o ciudades autónomas afectadas. Debería ser así en tanto en
cuanto el proyecto de ley propone modificaciones que afectan, sin lugar a
dudas, a las competencias de estas comunidades autónomas. No se tiene
constancia administrativa de que el Gobierno haya cursado la referida
consulta previa. No se tiene constancia de la participación oficial y
reglada de las comunidades autónomas y, consecuentemente, el acuerdo
previo al que hace referencia el artículo 12.1 no se ha producido.


Pero no solamente se ha producido la vulneración en este
asunto, sino que el proyecto de ley pretende regular determinadas
actividades para el suministro de energía eléctrica en Canarias,
Baleares, Ceuta y Melilla, sin tener en cuenta las especificidades
territoriales de cada una de ellas. Porque, señorías, una de dos: o el
proyecto de ley está planteado solo para Canarias, y, consecuentemente,
debe cambiarse su título y su contenido, o se quiere aplicar éste a todos
los territorios aludidos por igual, lo que, a priori, parece un auténtico
desatino. El proyecto de ley tendría que haber distinguido, y no lo ha
hecho, los sistemas, los subsistemas eléctricos existentes: el canario,
el balear, y los de Ceuta y Melilla. Porque son tres realidades distintas
y porque las diferencias entre ellas existen, también entre los insulares
y Ceuta y Melilla. La distancia importa, y mucho, pero también importan
la población, las características socioeconómicas de cada uno, las
particularidades de cada territorio, etcétera.


Así es, señorías. El sistema eléctrico balear —se
sabe y se ha dicho— ya tiene interconectadas varias islas. Además,
existe la conexión entre Mallorca y la península y, a corto plazo, tendrá
a todas las islas interconectadas. Y, lo más importante, no resulta una
quimera pensar en la posibilidad de conectar el sistema balear con el
sistema peninsular. Sin embargo, y también se ha dicho aquí, el sistema
canario es el único sistema del país totalmente aislado, que, a su vez,
está compuesto por seis sistemas independientes. El 96% de la energía
eléctrica en Canarias es producida por combustible fósil, gasoil y
fueloil principalmente, y por solo un 4% de energías renovables. Ya hemos
dicho que nos separan 1100 kilómetros, que es suficiente distancia para
reconsiderar este proyecto de ley en lo que afecta a Canarias. A Ceuta y
Melilla les afecta poco o nada.


Segunda razón: el proyecto de ley genera inseguridad
jurídica por posible vulneración de competencias autonómicas, contradice
derechos europeos y podría crear conflictos de intereses. Señorías, el
proyecto de ley que nos ocupa fue sometido a informe del Consejo de
Ministros por primera vez el 1 de marzo del 2013, en primera vuelta, y
aprobado en segunda vuelta el 15 de marzo. Solo transcurrieron nueve días
efectivos entre ambas consideraciones. Razones de urgencia, según
palabras del propio ministro, pronunciadas en la Comisión de Industria,
Energía y Turismo el pasado 30 de mayo, determinaron que el Gobierno de
España prescindiera de la consulta no preceptiva a la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia, a la Comisión Nacional de la Energía y
al Consejo de Estado, dictamen este último que es aconsejable solicitar
como garantía de la legalidad del contenido de los proyectos de ley.
¿Cuáles son, nos preguntamos, las razones de urgencia insinuadas por el
señor ministro, cuando casi en paralelo se está tramitando el Proyecto de
Ley del Sector Eléctrico? ¿Por qué no esperar a tramitar este, para luego
abordar la reforma de los sistemas eléctricos insulares y
extrapeninsulares? También en esta materia —y es una opinión del
Grupo Parlamentario Socialista— el PP está confuso y difuso. No lo
han hecho, y sobre algunas cuestiones, sobre algunos artículos, existen
dudas razonables de legalidad que ya se han puesto aquí de manifiesto y
en las que no voy a entrar por razones de tiempo, porque quiero citarles
también el tercer argumento que justifica nuestro veto: la falta de









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garantía de la competencia; no van a disminuir los costes
de generación y esto podría provocar la descapitalización del sector
eléctrico —también se ha hablado de ello aquí—.


En el tiempo que me queda me voy a centrar en otros dos
argumentos que entendemos trascendentales, porque un veto no se propone
solo a lo que contiene la ley, sino también sobre lo que no contiene,
sobre lo que le falta. Y a este proyecto de ley le falta una atención
especial a las renovables, máxime tratándose de comunidades autónomas
como la nuestra; y no establece una mínima planificación de
infraestructuras a medio y corto plazo. Ya sabemos, señorías, que es
mucho pedir. Sabíamos de antemano que el Gobierno se olvidaría una vez
más de las renovables, y no es de extrañar que así sea. La primera medida
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo fue, recordémoslo, la
promulgación del Real Decreto Ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se
procedió a la suspensión de los procedimientos de preasignación de
retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas
instalaciones. Nunca, desde enero de 2012, estableció el Gobierno los
regímenes económicos específicos para determinadas instalaciones
recogidas en el real decreto ley anunciado. Y la pregunta que nos hacemos
es por qué el Gobierno no aprovechó este proyecto de ley para impulsar
las energías renovables en regiones como la canaria. Y las
infraestructuras han sufrido igual tratamiento. Entendíamos conveniente
que en este proyecto de ley se diseñaran las infraestructuras mínimas
necesarias para alcanzar el objetivo que esta ley persigue: en el fondo,
persigue el objetivo de un suministro de energía eléctrica con calidad y
al menor coste posible. Nosotros, en distintas enmiendas que hemos
presentado al texto articulado, recogemos cuáles son, según nuestro
criterio, las infraestructuras necesarias para que esto sea posible.


Y termino. El proyecto de ley modifica leyes que nada
tienen que ver con el objeto que en él se plantean. Señorías, esto no es
nada nuevo. Este procedimiento no nos debe sorprender, es habitual en
esta Cámara. El Gobierno del Partido Popular propone textos normativos
cuya finalidad nada tiene que ver con algunos preceptos que en ellos se
incluyen. Llama la atención, y se ha dicho aquí también, que se utilice
este proyecto de ley para modificar la Ley del sector de hidrocarburos.
¿Para qué? Para dar cobertura, entre otras, a la técnica del fracking,
cuestionada por muchos, de dudosa aplicación en los territorios a los que
nos estamos refiriendo y cuyas consecuencias podrían resultar
devastadoras para los referidos territorios. Solo estas modificaciones
hubieran sido suficientes para presentar un veto. Los socialistas estamos
convencidos de que si la Presidencia de la Cámara se hubiera percatado de
ello, de inmediato habría solicitado un informe que determinara si estas
disposiciones finales, segunda y tercera del presente proyecto de ley,
carecían o no de conexión con su objeto. No ha sido así y es una pena.
Sin embargo, en una enmienda que hemos presentado nosotros se nos aplicó
el criterio. La pregunta, señorías, que nos hacemos —y
termino— es: ¿para qué se introduce en esta ley, que tiene un
objetivo claro, la posibilidad de la técnica del fracking?


Sé que no vamos a convencer y, a esta hora, menos. Depende
de la mayoría del Partido Popular, pero hemos creído conveniente
presentar este veto que, además —insisto una vez más en ello—
ha ido acompañado, en el Congreso de los Diputados, de un texto
alternativo.


Gracias, señora presidenta. Gracias, señorías.
(Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas
gracias, señoría.


Turno en contra. Tiene la palabra la senadora Pons.


La señora PONS VILA: Gracias, señor presidente.


Buenas noches, señorías. Comparezco aquí para fijar la
posición del Grupo Parlamentario Popular en el Senado en contra de los
vetos presentados. Primero empezaré explicando qué es lo que se ha
pretendido hacer con la ley y después explicaré, de manera conjunta, por
qué no estamos de acuerdo con el contenido de sus vetos.


Con la tramitación de este proyecto de ley se busca
garantizar el suministro de energía eléctrica y su calidad, e impulsar la
instalación de nueva generación más eficiente y la entrada de nuevos
operadores en los sistemas para aumentar así la competencia. Además, se
fija la obligación de que los proyectos de extracción de hidrocarburos
que requieren la utilización de técnicas de fracturación hidráulica estén
sometidos a evaluación de impacto ambiental, lo cual es una novedad, y
luego me referiré a ello.









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Por su singularidad, los sistemas insulares y
extrapeninsulares son objeto de una regulación específica, con el doble
objetivo de garantizar el suministro de energía eléctrica y su calidad al
menor coste posible. Por razones de cohesión territorial, y siguiendo el
principio de tarifa única en todo el territorio nacional, los mayores
costes de suministro eléctrico en los sistemas insulares y
extrapeninsulares son socializados entre todos los consumidores y
considerados un coste permanente del sistema eléctrico; es decir, todos
los ciudadanos de cualquier zona del Estado español pagan la misma tarifa
de la luz, pero no cuesta lo mismo generar esa luz en todos los
territorios. Para que ese sobrecoste, que sí se produce en territorios
extrapeninsulares e insulares, sea menor resulta necesario incrementar la
competencia y la eficiencia de estos sistemas.


El proyecto de ley pretende así sentar las bases para el
desarrollo de nuevos regímenes retributivos, así como el refuerzo de las
herramientas de actuación de la Administración ante situaciones de
riesgo. Para lograr la consecución de todos estos objetivos que pretende
el proyecto de ley se incluyen las siguientes medidas. Primero, un parque
de generación más eficiente. Para posibilitar una introducción paulatina
de nueva generación en los sistemas eléctricos insulares y
extrapeninsulares y que esta vaya desplazando a la generación ineficiente
y se logre así un abaratamiento en el coste de generación, se permitirán
nuevas instalaciones en zonas en donde se supere el índice de cobertura,
ratio potencial disponible sobre demanda punta; actualmente solo se
retribuyen nuevos grupos cuando este no supera el índice de cobertura.
También se quiere favorecer la entrada de nuevos operadores. Para
favorecer la entrada de estos nuevos operadores en los sistemas
eléctricos insulares y extrapeninsulares e incrementar así la competencia
no se podrá otorgar un régimen retributivo adicional o primado destinado
a la actividad de producción a nuevas instalaciones en estos sistemas que
sean titularidad de una empresa o grupo empresarial que posee un
porcentaje de potencia de generación de energía eléctrica superior al 40%
en ese sistema, excepto que sea el único. Se exceptúan de esta limitación
instalaciones que hayan sido adjudicadas en concurso de renovables, las
que dispongan de autorización administrativa o las que hayan sido
inscritas en el régimen de preasignación de retribución de régimen
especial.


También se prevén mecanismos retributivos para nuevas
instalaciones. Se habilita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo
para que establezca mecanismos retributivos para nuevas instalaciones de
producción, con la finalidad de disminuir así el coste de generación y la
introducción de señales económicas de ubicación que resuelvan problemas
de restricciones técnicas en determinados puntos de la red. Se pretende,
asimismo, la resolución para tener derecho a retribución. Se establece la
necesidad de una resolución de compatibilidad de la Dirección General de
Política Energética para tener derecho al régimen retributivo con
carácter previo a la autorización administrativa, con el fin de
compatibilizar criterios medioambientales y de ordenación del territorio
con criterios técnicos de necesidad del sistema y coste para el mismo.
Este procedimiento no afectará, sin embargo, a las instalaciones que ya
estén en funcionamiento.


Se busca una optimización en el cálculo del coste de
combustible. El coste de combustible que suponga más del 60% del coste de
generación en estos sistemas eléctricos se determinará mediante un
mecanismo de concurrencia competitiva. También se habilita a la Dirección
General de Política Energética y Minas a minorar el concepto retributivo
adicional destinado a la actividad de producción en el caso de que se
produzca una reducción sustancial en la disponibilidad de las
instalaciones, en la seguridad del suministro o en los índices de
calidad. Además, el operador del sistema dará órdenes de arranque a las
instalaciones de generación en sistemas eléctricos insulares y
extrapeninsulares sobre las que existan indicios de que no se encuentran
realmente disponibles y, en su caso, se suprimirá la retribución por
garantía de potencia. Si la instalación no corrige sus deficiencias se
deberá solicitar la baja en el registro.


También se refuerza la capacidad de actuación del Gobierno
en los casos de riesgo para la seguridad del suministro, para los que se
modifica la Ley del sector eléctrico de 27 de noviembre de 1997, que
establece que en casos de riesgo elevado el Gobierno puede realizar la
operación directa de instalaciones de generación, transporte y
distribución e intervenir una empresa. En esta misma línea se contempla
que la Administración General del Estado podrá imponer las sanciones
correspondientes cuando se produzcan infracciones muy graves que
comprometan la seguridad del suministro.


Dada la importancia de las instalaciones de bombeo y las
plantas de regasificación en los sistemas eléctricos insulares y
extrapeninsulares, para garantizar la seguridad de suministro la









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titularidad de los activos corresponderá al operador del
sistema eléctrico y al gestor técnico del sistema gasista separada y
respectivamente.


Por último, se introduce el control ambiental para la
fractura hidráulica. Se incluyen medidas para reforzar el seguimiento y
control de la investigación de recursos de hidrocarburos no
convencionales. Con el objeto de evaluar los impactos sobre el
medioambiente de los proyectos que requieren la utilización de técnicas
de fracturación hidráulica, más conocido como fracking, se incluye la
obligación de someterlos al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental. Señorías, por eso he dicho que era una novedad porque aunque
ustedes se quejen mucho, antes ni siquiera se pedía esto, con lo cual
dentro de las posibilidades se ha avanzado en pedir al menos una
evaluación de impacto ambiental cosa que, como digo, antes no se hacía.
Además, se incluye la técnica de fracturación hidráulica en el ámbito
objetivo de la Ley del sector de hidrocarburos, de 7 de octubre de
1998.


Esto es lo que desde el Gobierno, y evidentemente desde el
grupo que lo respalda se pretende con la ley, pero dada la reiteración de
los argumentos que se han planteado a la hora de exponer los vetos haré
una explicación conjunta de cómo lo vemos nosotros.


En el momento actual, y detectadas en los sistemas
eléctricos insulares y extrapeninsulares una serie de carencias que
amenazan la seguridad de suministro y dificultan la reducción de los
costes de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica,
resulta preciso, a nuestro juicio, llevar a cabo una reforma en
profundidad del marco regulatorio para estos sistemas con objeto de
reducir su vulnerabilidad y mejorar la seguridad de suministro. Además,
en estos sistemas energéticos creemos que es necesario introducir una
mayor competencia y transparencia y, simultáneamente, una mayor
eficiencia técnica y económica.


Estos sistemas, dada su singularidad, requieren una
regulación específica, y aunque no corresponden con el objeto de esta ley
cuestiones de regulación general del sistema eléctrico que no estén
relacionadas con el aumento de la competencia y la garantía de
suministro, las medidas introducidas en este proyecto de ley tienen como
objetivo, a nuestro entender, sentar las bases para posteriores
desarrollos normativos que se irán produciendo, teniendo en cuenta la
singularidad de dichos sistemas respecto al sistema peninsular y también
la obligatoriedad de todo gobernante de tratar de solventar los problemas
específicos también con legislaciones específicas si así se considera
beneficioso para los ciudadanos. Pensamos que la situación de los
sistemas insulares y extrapeninsulares sí requiere una legislación
específica. De ahí el contenido y el planteamiento de esta ley.


Para el sector eléctrico las medidas introducidas en este
proyecto de ley complementan lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del sector eléctrico, e impulsan el desarrollo de proyectos de
instalación de bombeo y su entrada en servicio. Son fundamentales para
garantizar la seguridad del suministro y la gestión eficiente de estos
sistemas insulares y extrapeninsulares que, como he mencionado, es una de
las motivaciones de este proyecto legislativo.


En relación con la titularidad de las instalaciones por
parte del operador del sistema, la finalidad principal de estas he dicho
que era la garantía del suministro, la seguridad del sistema y la
integración de energías renovables no gestionables. Tenemos que señalar
también que la naturaleza de los bombeos no es necesariamente la propia
de una actividad de generación. Y como se ha manifestado ya por parte de
la Comisión Europea, los bombeos se consideran instalaciones consumidoras
netas de electricidad cuyo objeto es el almacenamiento de energía para
regular la curva de carga y mantener así una reserva de acoplamiento
rápido a la red, actividades necesarias para salvaguardar la seguridad
del suministro eléctrico. Las directivas e interpretaciones realizadas
por la Comisión Europea permiten a los operadores del sistema desarrollar
esta tarea, así como ostentar la titularidad de las unidades de bombeo.
La finalidad y ventajas que, a nuestro juicio, ofrecen los bombeos para
la operación y seguridad del suministro eléctrico son aún más relevantes
en el caso de sistemas eléctricos aislados como de los que estamos
hablando.


También pensamos que este proyecto de ley favorece la
entrada de nuevos operadores, y esa es nuestra intención al apoyarlo.
Además, se prevé la creación de mecanismos concurrenciales destinados a
disminuir los costes de los combustibles empleados para las centrales de
generación eléctrica.









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En el contenido de este proyecto de ley sí creemos que se
tienen en cuenta las especificidades de los distintos sistemas insulares
y extrapeninsulares: Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.


El contenido de este proyecto de ley, al contrario de lo
que contempla alguno de los vetos respecto a que invade competencias, sí
se ajusta a un reparto competencial establecido en el ordenamiento
jurídico español, porque tiene un carácter básico al dictarse al amparo
de las competencias que le corresponden al Estado en base al artículo
149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución Española, que atribuye la
competencia exclusiva para determinar las bases y la coordinación de la
planificación general de la actividad económica y las bases del régimen
minero y energético respectivamente.


Asimismo, los procedimientos administrativos que se
establecen en este proyecto de ley garantizan la consulta a las
administraciones y ciudades autónomas afectadas en relación con los
aspectos que inciden especialmente en su territorio, en virtud del
principio de lealtad institucional y de colaboración entre
administraciones previsto ya en el artículo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, como así me consta que se ha hecho
por parte del Gobierno tanto con los Gobiernos de las comunidades
autónomas de Canarias y de Baleares como con los de las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla.


Las medidas contenidas en este proyecto de ley permitirán
acelerar el proceso de penetración de las instalaciones de producción a
partir de fuentes de energía renovable, aprovechando las favorables
condiciones de los recursos existentes precisamente en esos territorios,
lo que redundará en una disminución de la dependencia exterior de los
combustibles fósiles y una mejora medioambiental del mix energético en
estos sistemas. Nosotros sí pensamos que esta ley apuesta por las
renovables y que precisamente las islas son territorios especialmente
adecuados para la implantación de renovables.


En lo que se refiere al equilibrio financiero del sistema
eléctrico —y esto es muy importante—, tal y como se reconoce
en la exposición de motivos de este proyecto de ley, las medidas
previstas reducirán los costes de generación eléctrica de estos sistemas,
lo cual a su vez implica la reducción de las partidas a cargo de los
Presupuestos Generales del Estado que se destinan a la financiación del
extracoste de generación al que me he referido antes en los regímenes
insulares y extrapeninsulares, en virtud de lo que se establece en la
disposición adicional primera del Real Decreto Ley 6/2009, de 30 de
abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético
y se aprueba el bono social.


Por último, dado el intenso debate social que se ha
suscitado en relación con la utilización de la tecnología de fracturación
hidráulica, fracking, y aunque no sea estrictamente un tema que afecta o
pueda afectar en exclusiva a territorios insulares y extrapeninsulares,
aunque también, se ha considerado necesario mejorar y actualizar, lo
antes posible —de ahí la razón de incluir en esta ley un tema de
urgencia—, las disposiciones normativas que regulan la tecnología,
en particular en relación con sus aspectos medioambientales (Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos y Real Decreto Legislativo
1/2008, de 11 de enero, por el que ya se aprueba el texto refundido de la
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental), clarificando así los aspectos
jurídicos relacionados con su aplicación y garantizando una unidad de
criterio en todo el territorio español. De ahí viene el planteamiento del
fracking aquí.


Por ello y a tenor de los argumentos expuestos, el Grupo
Parlamentario Popular rechazará los tres vetos presentados por los
senadores del Grupo Parlamentario Mixto, de Izquierda Unida y de
Coalición Canaria, así como el del Grupo Parlamentario Socialista y
votará en contra de los mismos.


Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Pasamos al turno de portavoces.


¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)


¿Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado?
(Denegaciones.)


¿Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya? (Denegaciones.)


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.









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El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señora
presidenta.


Intervengo brevemente para anunciar que nuestro grupo se va
a abstener en la votación de los vetos. Y nos vamos a abstener no porque
estemos medianamente de acuerdo con el proyecto de ley que estamos
debatiendo y que aquí se presenta, sino porque quizá la proximidad en el
territorio permite conocer detalles y el hecho de no tenerla, como es
obvio por parte de nuestro grupo parlamentario, puede hacer que perdamos
determinados aspectos que puedan ser sensibles y tremendamente
importantes por lo cual nosotros nos abstendremos.


Es evidente que el proyecto de ley lo que persigue es
garantizar el suministro, pretende también fomentar la competencia para
disminuir los costes y fomentar las energías renovables. Tenemos serias
dudas de que realmente este proyecto de ley pueda conseguir estos
objetivos, tenemos dudas en otros ámbitos —como, por ejemplo,
procesos de expropiación que se plantean para fomentar también la
competencia— y, desde luego, en procesos como el fracking nosotros
nos vamos a manifestar en contra. Por ello hemos presentado enmiendas que
defenderemos en su momento, pero quería dejar claro que nuestra posición
en estos vetos será la abstención precisamente por el hecho de no conocer
determinados detalles que pueden ser muy relevantes en este proyecto de
ley que estamos debatiendo.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Alique.


El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señora
presidenta.


Yo entiendo que son unas horas seguramente para no subir a
la tribuna y echar un rollo, pero me parece que estamos debatiendo algo
muy importante, porque una vez más —y hoy son dos leyes, y no sé
cuántas en lo que llevamos de legislatura— este Gobierno, el
Gobierno del Partido Popular trae una ley sobre temas de energía. Y una
vez más, como en tantas otras, tenemos que oponernos y decirles que vamos
a votar en contra de este proyecto de ley, y lo vamos a hacer porque una
vez más el Gobierno comete un error, en concreto en el tiro, y
prescindiendo o presionados precisamente por su incapacidad para resolver
el problema del déficit tarifario — porque estamos hablando de eso
en este proyecto de ley—, nos proponen un conjunto de nuevas y
desesperadas medidas. Un problema, por cierto, el del déficit tarifario
que, conviene recordar, idearon y crearon desde el Partido Popular en la
legislatura del señor Aznar. Sí, podemos discutir de quién y por cuánto
se ha incrementado y quién es el responsable, podemos discutir de todo
eso, pero ustedes lo que no podrán negar es la paternidad de esa nefasta
ocurrencia, que hicieron concretamente en el año 1997. Una nefasta
ocurrencia del Partido Popular que casi dos años después de gobierno del
señor Rajoy ya está en casi 30 000 millones de euros, y en esas
circunstancias, señorías, el Gobierno tiene un problema, las pymes tienen
un problema y los ciudadanos tienen un gravísimo problema, un gravísimo
problema al que este Gobierno en dos años —como he dicho
anteriormente— de despropósitos normativos y de mala gestión solo
ha sabido dar dos tipos de soluciones: primera, subir el recibo de la luz
y, segunda, intentar desmontar un sector como es el de las energías
renovables, que molesta mucho al oligopolio eléctrico y parece que
también a este Gobierno. Pero ni por esas ustedes han sido capaces de
frenar el déficit de tarifa, que este año debería ser cero y el propio
ministro ya ha dicho que va a estar situado en torno a los 3000 millones
de euros. En fin, un verdadero fracaso de la política energética de este
Gobierno. Y por eso ahora viene otro arreón normativo de los suyos, de
los del Partido Popular, que ya les anuncio que va a ser igual de
inoperante y de ineficaz que los que le han precedido.


Por eso pedimos su devolución, la de este proyecto de ley,
porque entre otras razones no alcanza los objetivos que se plantean sino
más bien todo lo contrario y, además, porque esta norma está elaborada
como hacen habitualmente desde el Partido Popular: de manera autocrática
y sin ningún tipo de consultas. Por no consultar no han consultado ni
siquiera con las comunidades autónomas afectadas, es decir, con Canarias,
con Ceuta, con Melilla y con Baleares; incluso Baleares, en que gobierna
el Partido Popular, ha manifestado por escrito su malestar por el hecho
de no haber sido consultada —les vuelvo a recordar que gobierna el
Partido Popular—.


La verdad es que este Gobierno eso de discutir, de
confrontar ideas, de dialogar, como que no va con él, y sobre todo cuando
enfrente tiene a algún responsable autonómico. Y cuando un









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Gobierno no admite interlocutores, pocas veces alcanza el
éxito, y así les ocurre, que cada día fracasan más en el conjunto de las
políticas y en lo que estamos hablando esta tarde, en las políticas
energéticas. Y ahora, sin capacidad para controlar el déficit, intentan a
través de este proyecto de ley una reducción de más de 1700 millones de
euros de los extracostes peninsulares y extrapeninsulares. Pero ustedes
lo hacen como pollo sin cabeza, con un conjunto de medidas descabezadas y
no contrastadas, que tienen un buen objetivo, y es que haya más
competencia y que se reduzcan los costes del sistema. Pero aunque la
intención es buena, no todo vale. Ya sabemos que ustedes fracasan en el
déficit público, en la deuda pública, también fracasan en el déficit de
tarifa, pero las prisas para intentar resolver lo que no han sido capaces
de solucionar en dos años no pueden dar como resultado la presentación de
una chapuza normativa como la que hoy quieren ustedes que aprobemos.


¿Y a qué me refiero cuando hablo de una chapuza normativa?
Pues permítame que se lo detalle. Señorías, estamos hablando de un
proyecto de ley que dice referirse a los costes de los sistemas
extrapeninsulares e insulares, sin embargo, solo se refiere casi en
exclusiva a Canarias, porque casi no se puede aplicar en Baleares y desde
luego es de muy dudosa aplicación en Ceuta y en Melilla. Se refiere
fundamentalmente a Canarias y, sin embargo, ustedes no aplican o no
tienen en cuenta el plan estratégico canario ni tampoco a las autoridades
canarias, aunque la ley en este caso, como ya se ha dicho, lo exige. Y,
por supuesto, me imagino que también para no tener otro revolcón de los
organismos reguladores y asesores del Estado, ustedes tampoco piden
informe en este proyecto de ley a la Comisión Nacional de la Energía y al
Consejo de Estado, y eso que como consecuencia de la aprobación de esta
ley tendrán que ser modificadas sustancialmente normas de rango
reglamentario.


El resultado de este modo de operar no es otro que tenemos
encima de la mesa un proyecto de ley de dudosa solidez jurídica porque,
señorías, en primer lugar, probablemente muchos de sus preceptos vulneren
la tutela judicial efectiva, en segundo lugar, porque ampara actuaciones
arbitrarias y discriminatorias y, en tercer lugar, porque plantea graves
problemas de constitucionalidad al asumir o limitar competencias que son
propias de las comunidades autónomas. ¿Y todo eso para qué? Esa es la
pregunta. Ustedes dicen que es para introducir competencia y para reducir
los costes del sistema, pero cuando vas a la letra pequeña de la ley ves
que no está garantizado que vaya a haber más competencia o que se vayan a
reducir esos costes.


Señorías, liberalización normativa no es sinónimo de
competencia. Tenemos el ejemplo. Desde 1997 hay liberalización normativa
en el sector eléctrico en el conjunto de España y hay oligopolio
eléctrico, y en el sistema eléctrico canario hay un único operador, y lo
que puede pasar es que si no funcionan los incentivos que establece este
proyecto de ley no solamente no tendremos más competencia, sino que
posiblemente tengamos más costes. Al mismo tiempo que ustedes se olvidan
de las infraestructuras que son necesarias, infraestructuras eléctricas
en Canarias, también se olvidan de la potencialidad que tendrían las
energías renovables en Canarias, pero sí utilizan este proyecto de ley
para meter por la puerta de atrás una reglamentación que nada tiene que
ver con lo que estamos hablando, me refiero en concreto al fracking, una
técnica tremendamente agresiva, que tiene importantes riesgos para el
medioambiente y también para la salud humana.


Ya hemos dicho en más de una ocasión que en este asunto se
necesita un gran debate parlamentario, un gran debate de la comunidad
científica y académica antes de tomar una posición y, sin embargo, el
Partido Popular actúa desde la improvisación y desde la clandestinidad en
un asunto en el que nos jugamos mucho. No es de recibo que se diga que a
partir de ahora a los proyectos de fracking se le exigirá evaluación de
impacto ambiental, algo que, por cierto, hoy ha aprobado la Eurocámara, y
con otra ley, la que se está tramitando en este momento en el Parlamento,
estén ustedes reduciendo la calidad de esas evaluaciones, estén
reduciendo los plazos y estén creando bancos de conservación que son una
moneda de cambio para autorizar daños ambientales graves como es el caso
del fracking. Ustedes creen que con el dinero se soluciona todo y no todo
vale, como ya han reconocido países como Francia, Alemania o
recientemente Italia, que se han opuesto al fracking y muchas comunidades
autónomas, algunos incluso del Partido Popular, como Cantabria, Aragón o
La Rioja.









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Nosotros, señorías —voy terminando—, creemos
que el futuro o el crecimiento futuro debe ser sostenible. Sabemos lo que
significa crecer a cualquier precio y no lo queremos, nosotros queremos
un crecimiento en igualdad, con respeto al medioambiente, que beneficie a
la mayoría de la población y no a unos pocos, en definitiva, queremos
defender el interés general y por eso nos oponemos a este proyecto de
ley, que legaliza el fracking y nos opondremos a ese proyecto de ley que
se está tramitando ahora, que reduce la calidad de las evaluaciones
ambientales, porque queremos garantías y queremos garantías sobre todo
después de lo que está ocurriendo enfrente de las costas de Castellón con
el proyecto Castor.


Termino. Nuestra apuesta es por las energías renovables,
por las energías de futuro y creemos que no debe haber una apuesta por
unas energías plagadas de incertidumbres, como es el fracking, que
beneficia, como he dicho, a unos pocos pero que perjudica al conjunto, a
la mayoría. La experiencia la tenemos en un país como Estados Unidos,
donde se está comprobando que tiene graves riesgos esta técnica para el
medioambiente y para la salud humana.


Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Pons.


La señora PONS VILA: En el turno de portavoces intentaré
explicarles cuál es la visión. Antes he tratado de explicarles qué
pretendíamos con la ley y he intentado rebatir sus vetos. Ahora, si me
permiten, les voy a pedir, si eso es posible, un ejercicio de coherencia.
Según mis informaciones —algunos de sus senadores lo ha reconocido
aquí—, hemos hablado con el Gobierno de Canarias en relación con
esta ley. Tengo entendido que en el Gobierno de Canarias gobierna el
Partido Socialista y gobierna Coalición Canaria y, curiosamente, tanto el
Grupo Socialista como Coalición Canaria son los redactores de dos vetos a
esta ley. Yo me permitiría pedirles un poco de coherencia. Si ustedes han
participado de una u otra manera en esa ley —a través de la
consejera, como ha dicho el senador antes, o a través del partido, o no a
través del partido, pero sí a través de la consejera, a mí esto no me
interesa—, y se ha aceptado un número considerable de enmiendas en
el trámite del Congreso, me parece que un ejercicio de coherencia sería
que ustedes mismos, tanto Coalición Canaria como el Grupo Socialista,
retiraran los vetos, porque se entiende como una enmienda a la totalidad
de esta ley. Está muy bien que debatamos y que presenten ustedes
enmiendas porque en una negociación nunca se consigue todo, pero creo que
presentar un veto a una ley de la que ustedes son de alguna manera
corresponsables o en la que, por lo menos, han actuado de autores
materiales, me parece, repito, un ejercicio de incoherencia por su
parte.


Tampoco entiendo ni comparto que puedan oponerse
frontalmente a un proyecto de ley que, como he dicho, ha recibido
enmiendas en el Congreso. Esta ley lo único que pretende es mejorar la
situación en territorios isleños y peninsulares. Eso es algo a lo que
ustedes se oponen. Sinceramente, como residente en un territorio insular
y como muchos de mis compañeros, no puedo entender que cuando un Gobierno
por primera vez decide legislar teniendo en cuenta territorios insulares
y extrapeninsulares, que son siempre —me duele decirlo— los
grandes olvidados de este país, no puedo entender que precisamente sean
ustedes los que estén radicalmente en contra y que un partido como
Coalición Canaria presente un veto, porque cuando alguien decide, como
digo, legislar precisamente para esos territorios y tener la sensibilidad
que en otros momentos ha faltado, sinceramente me parece que hacer eso
es, por su parte, otro ejercicio de incoherencia.


Uno de los objetivos de la ley —lo he intentado
explicar antes— es caminar hacia la igualdad en las condiciones de
los territorios extrapeninsulares e insulares con el territorio
continental. Parece que ustedes eso lo ven mal, nosotros personalmente
consideramos que es un gran paso y, evidentemente, vamos a apoyar esta
ley. La responsabilidad del Gobierno y del grupo que en este caso le
apoya es trabajar duro para mejorar situaciones de desigualdad. Creo que
todos son conscientes —incluso los senadores de las islas— de
que las situaciones de desigualdad que se dan en los territorios
insulares son flagrantes en algunos temas. En este caso alguien ha
decidido ponerle coto, y yo creo que vale la pena presentar enmiendas,
pero no negar la mayor como están haciendo ustedes. Además, el Partido
Socialista ha tenido la oportunidad de hacerlo —ya sé que eso no
les va a gustar— durante los ocho años en que ha estado gobernando,
y no ha presentado ni una sola iniciativa, ni un solo proyecto de ley
para intentar solucionar precisamente estas









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desigualdades en territorios insulares y extrapeninsulares.
El Partido Popular lo está intentando y ustedes y Coalición Canaria se
oponen frontalmente a ello. Repito —ya se lo he dicho antes—,
no hay nada en esta ley que perjudique a las energías renovables.
Precisamente las energías renovables son una apuesta de los Gobiernos
populares allí donde gobernamos.


Lo siento mucho, señor Alique, pero le puedo asegurar que
el Gobierno de Baleares, que precisamente sí es del Partido Popular, está
contento con esta ley. Esta ley ha sido hablada con ellos y el Gobierno
de Baleares la apoya; y es un Gobierno del Partido Popular. Lo lamento,
pero por ahí no va.


Usted también dice que esto no servirá para nada. Me parece
que sus dotes de visionario y de futurólogo… vamos a ver qué pasa.
En este momento la ley está ahí, vamos a dejarla caminar para ver cuál es
el resultado; pero usted ya lo conoce antes de que suceda.


Otro tema que también es recurrente es la invasión de
competencias. He explicado que era una legislación de carácter básico y
nosotros entendemos que no invade competencias de las comunidades
autónomas.


Y, por último, sobre el fracking, que parece que es lo que
más les preocupa de una ley que trata aspectos mucho más importantes
sobre todo para los ciudadanos de territorios insulares y
extrapeninsulares, y que no son precisamente el fracking, nosotros
pedimos una evaluación de impacto ambiental cuando ustedes en su
legislación no lo contemplaban. Es decir, no tenían ninguna norma en este
aspecto. El Partido Popular, por una cuestión de prisa y por el interés
en hacer fracking, quiere que esto esté regulado y ustedes lo ven mal y
se oponen. Además, me está hablando de una ley que en estos momentos se
está tramitando en el Congreso, que todavía no se sabe cómo se va a
resolver, y usted ya está mezclando una ley con la otra y diciendo que
esto no va a resolver nada. Le repito que nosotros ponemos una condición
que no estaba en la legislación y que ustedes, cuando gobernaron,
obviaron. Ahora intentamos de alguna manera poner un freno con la
necesidad de una evaluación de impacto ambiental, que me parece un hecho
coherente. Y, además, la decisión de si una comunidad autónoma quiere
fracking o no es una decisión autonómica. El otro día en la comisión
usted estuvo hablando de un montón de comunidades en las que no quieren
fracking. Hay comunidades que quieren fracking y hay comunidades que no,
pero eso sí es una decisión autonómica y eso sí sería una invasión de
competencias. Nosotros estamos actuando en el marco de nuestras
competencias pidiendo una evaluación de impacto ambiental.


Por todas estas razones expuestas, y dado el interés que
para algunos senadores tienen los temas que afectan a las islas y a los
territorios extrapeninsulares, termino mi intervención diciendo que vamos
a rechazar todos los vetos que ustedes han presentado.


Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Llamen a votación. (Pausa.—El señor presidente ocupa
la Presidencia.)


El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.


Señorías, votamos las propuestas de veto en el mismo orden
en que han sido defendidas.


Votamos en primer lugar la propuesta de veto número 1, de
los senadores Iglesias y Mariscal.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 61; en contra, 137;
abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos ahora la propuesta de veto número 2, de los
senadores Quintero y Zerolo.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 211; votos emitidos, 211; a favor, 61; en contra, 136;
abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Finalmente, votamos la propuesta de veto número 3, del
Grupo Parlamentario Socialista.


Se inicia la votación. (Pausa.)









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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 61; en contra, 137;
abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.


Señorías, una vez rechazadas las propuestas de veto,
pasamos al debate del dictamen de la comisión.


Comenzamos con las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.
Enmiendas números 1 a 5 y 7 a 15, de los senadores Iglesias y Mariscal, y
16 a 40, de los senadores Quintero y Zerolo.


Para la defensa de las primeras, tiene la palabra el
senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Buenas noches, señorías. Voy a intervenir de forma sucinta,
dada la hora. Tengo que empezar diciendo que a nosotros nos pasó algo
similar a lo que planteaba el portavoz del Grupo Socialista en relación
con la inadmisión de una enmienda. No fue admitida una enmienda que
planteaba el cierre de la central de Garoña por técnica legislativa, por
no guardar relación con el objeto del proyecto de ley. Acatamos, pero no
compartimos desde la perspectiva de que la introducción de unos
contenidos tan exóticos a la realidad insular y extrapeninsular como
puede ser el fracking, igual que la central de Garoña, hace pensar que no
era el lugar adecuado para encajar en esta ley la regulación del
fracking.


Planteaba la portavoz popular que esta regulación suponía
un avance en tanto en cuanto se exigía una evaluación de impacto
ambiental. Pues bien, la exigencia de evaluación de impacto ambiental se
acaba convirtiendo en la pista de aterrizaje para colar en la Ley de
Hidrocarburos del año 1998 la técnica del fracking, de la fractura
hidráulica, que hasta este momento vivía en una situación de limbo legal
y de cuestionamiento político, con lo que, sin ninguna duda, más allá de
las posibilidades de que las comunidades autónomas ejercieran sus ámbitos
competenciales en relación con esta materia, que alguna tienen, habría un
escenario de impugnaciones jurisdiccionales frente a una realidad que
estaba al margen de la normativa. Ustedes, con la introducción en la ley
para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los
sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares de la exigencia de
evaluación de impacto ambiental y la introducción en la Ley de
Hidrocarburos de la técnica del fracking, superan, solucionan, desde su
perspectiva, ese problema. Por tanto, nosotros hemos formulado tres
enmiendas que tienen como objetivo conseguir la prohibición del fracking,
salir al paso de ese intento de legalización. Porque, además de los
argumentos que hemos barajado distintos portavoces respecto de las
cuestiones de carácter medioambiental, lo cierto es que en los últimos
tiempos se empieza a hablar de que en torno al fracking se está generando
una burbuja de características similares a la burbuja inmobiliaria, y
como deberíamos estar vacunados contra fenómenos de estas
características, el principio de precaución debe ser aplicado en este
caso, no solo desde la perspectiva medioambiental sino también desde la
perspectiva de la estabilidad económica y financiera.


Tercera cuestión. Otro bloque importante de enmiendas busca
fundamentalmente el impulso de las energías renovables. Lo busca
recabando una mejor remuneración de estas energías. Lo busca planteando
la derogación de los tres reales decretos que han reducido su
remuneración. Lo busca desde la perspectiva de enmendar para conseguir
que se reconozca la prioridad de las energías renovables en el acceso a
las redes de transporte. Y lo busca también planteando con otra enmienda
que se cree una comisión de trabajo para elaborar un plan que permita que
en 2025 en Canarias toda la energía eléctrica se produzca a partir de
energías renovables.


Otras enmiendas —dos, en concreto— plantean
salir al paso de lo que es una invasión competencial. Decía la portavoz
del Grupo Popular que se trataba de aplicar normativa básica, por lo
tanto, competencia que reside en la Administración del Estado. Pero en
tanto en cuanto aquí se establece la participación de esa Administración
del Estado, tanto en la autorización de instalaciones de producción como
en las sanciones que se puedan derivar de la actividad de esas
instalaciones de producción, ya se está abandonando el escenario de la
norma básica para ir bastante más abajo y entrar en lo que son
estatutariamente competencias de las comunidades autónomas.


Finalmente, planteamos otras dos cuestiones. En primer
lugar, que la titularidad de las estaciones de bombeo por Red Eléctrica
Española quede condicionada al mantenimiento de una participación pública
en Red Eléctrica Española que como mínimo represente el 20% de su
capital.









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Y en último lugar, en esa apuesta por las energías
renovables, que se haga un desarrollo del autoconsumo en Canarias,
permitiendo ceder los excedentes, no computando los costes de los peajes
de acceso para la energía autoconsumida y estableciendo que la tarifa que
se pague por la energía de fuera, la que utilice quien dispone de estas
instalaciones de autoconsumo, sea la misma que tendría que pagar si no
dispusiera de esas instalaciones de autoconsumo.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Para la defensa de las enmiendas números 16 a 40, tiene la
palabra el senador Quintero.


El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor
presidente.


Muy brevemente, desde el escaño, voy a enumerar las
enmiendas que presentamos y que creemos que mejoran este proyecto de ley.
Son enmiendas con las que queremos prohibir el monopolio. Estamos de
acuerdo, pero nosotros presentamos enmiendas reales que lo pueden
regular.


Presentamos también enmiendas que se refieren la
inseguridad jurídica que crea esta ley para los sistemas eléctricos.
Proponemos medidas reales para las energías renovables; así, presentamos
diferentes enmiendas que avalan las energías renovables no solo en el
preámbulo y en intenciones, sino en acciones concretas. Hacemos hincapié
en la necesidad de las infraestructuras que son necesarias en Canarias y
que este proyecto de ley omite completamente. Corregimos la invasión de
competencias de las comunidades autónomas, concretamente de la Comunidad
Autónoma de Canarias, que tiene una ley energética propia. Y también
presentamos enmiendas para buscar la eficiencia y el coste más económico
de las energías en nuestras islas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.


El Grupo Parlamentario Convergència i Unió ha presentado
las enmiendas números 66 a 71, y vuelta al texto remitido por el Congreso
en lo modificado por las enmiendas números 72 a 74, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Alturo.


El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, nosotros hemos presentado seis enmiendas. Las
enmiendas números 66 y 67 hacen referencia al artículo 1, un artículo que
entendemos que tiene una incidencia significativa en el desarrollo de la
generación de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. Con
la enmienda 66 proponemos la supresión de este artículo, porque se
establece una limitación en la inversión por los agentes y los distintos
operadores, no superar el 40%, según se indica en la exposición de
motivos y que se justifica para incrementar la competitividad, por lo
tanto, restringiendo la participación de aquellos operadores con una
posición dominante.


Nosotros entendemos —y así lo establece la Ley 54/97,
de 27 de noviembre, del sector eléctrico— que la actividad de la
generación en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares es
libre y cualquier agente es libre de instalarse en ellos, y que la
ausencia de competitividad se debe a otros factores, precisamente por su
situación geográfica, entre otros, o por otras razones. Por lo tanto,
creemos que este artículo debe suprimirse, la limitación debe desaparecer
y, en definitiva, también la posibilidad de reconocer el régimen
retributivo específico a las nuevas instalaciones, incluso en los
supuestos en que se supere la potencia necesaria.


Y por si no se acepta la enmienda 66, hemos presentado la
67, de modificación, es decir, es un mal menor. Por lo tanto, entendemos
que hay que valorarla.


Las enmiendas 68 y 69 hacen referencia al artículo 5. La
enmienda 69 es de supresión y, por si no se acepta, planteamos la 68, de
modificación, para que pueda tenerse en cuenta. Pero lo que proponemos es
suprimir, porque con el artículo 5 se procede a asignar la titularidad de
las centrales de bombeo al operador del sistema, imponiendo a los agentes
actualmente titulares de estas instalaciones la obligación de transmitir
dicha titularidad en un plazo máximo de seis meses. Por lo tanto, esta es
una medida de expropiación que atenta contra la libertad de empresa y el
ejercicio de la iniciativa privada. Es evidente que las directivas
europeas no permiten que el operador del sistema opere centrales de
producción eléctrica, ya que en este caso sería juez y parte, existiendo









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un claro conflicto de intereses. Por lo tanto, es clave e
importantísima la independencia del operador del sistema, y solo se puede
garantizar desde la no titularidad en ninguna de las instalaciones.


Finalmente, las enmiendas 70 y 71 son de supresión y
afectan a las disposiciones finales segunda y tercera. El objetivo de la
disposición final tercera es incorporar una evaluación de impacto
medioambiental en los proyectos consistente en la realización de
perforaciones para la exploración, investigación o explotación de
hidrocarburos que requieran la utilización de las técnicas de
fracturación hidráulica, es decir, del fracking. Nosotros, Convergència i
Unió, creemos que en la actualidad esta técnica de extracción de gas no
está exenta de riesgos, y más en territorios poblados. En este sentido
conviene tener presente lo que dijo la Comisión Europea, que consideró
necesario crear un marco legislativo sobre esta práctica, marco
legislativo que todavía no está operativo; por lo tanto, entendemos que
el Gobierno, antes de proceder a implantar técnicas de fracking, debiera
esperar a que esté elaborado dicho marco regulatorio.


Damos por defendidas estas enmiendas, y pedimos que se
tengan en cuenta.


Nada más, muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.


El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las
enmiendas 41 a 58 y 60 a 65 y la vuelta al texto remitido por el Congreso
en lo modificado por las enmiendas 72 a 74, del Grupo Parlamentario
Popular.


Para la defensa de estas enmiendas, tiene la palabra en
senador Fuentes.


El señor FUENTES CURBELO: Gracias, señor presidente.


Señorías, buenas noches. En nombre de mi grupo
parlamentario, el Grupo Parlamentario Socialista, voy a hacer lo más
brevemente posible algunas consideraciones previas sobre el proyecto de
ley para la garantía del suministro e incremento de la competitividad en
los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. Y luego me
centraré en las veinticinco enmiendas parciales que ha presentado mi
grupo, principalmente las que hacen referencia a la Comunidad Autónoma de
Canarias, en la medida que será mi compañero, José Antonio Manchado, el
que defienda las relativas a las islas Baleares.


En realidad lo que estamos viendo en el Senado, este
proyecto de ley que ha entrado en el Registro de la Cámara, es otro
proyecto, no el que aprobó el Gobierno ni el que entró en el Registro del
Congreso de los Diputados. Se trata en realidad de un proyecto de ley
enmendado casi en su totalidad por el partido que apoya al Gobierno. Yo
diría, señorías, que se trata casi de un texto alternativo por las
presiones que recibió el Gobierno por parte de las comunidades autónomas
afectadas principalmente, Canarias y Baleares, cuyos Gobiernos, una vez
que conocieron las intenciones del Gobierno, reaccionaron exigiendo,
primero, respeto para sus competencias, y segundo, modificaciones
sustanciales en un proyecto de ley que no daba respuesta a los problemas
que plantean los sistemas eléctricos de las islas y ciudades autónomas,
que son sistemas frágiles y vulnerables.


El proyecto de ley remitido a las Cortes por el Gobierno
era un mal proyecto, que además incumplía muchos de los trámites
pertinentes, principalmente, desde nuestro punto de vista, el referido al
diálogo con las comunidades y ciudades afectadas. Podríamos decir que el
que tenemos delante es, efectivamente, mejor, pero solo en algunos
aspectos; pero presenta algunas lagunas que el Grupo Parlamentario
Socialista en el Senado ha pretendido corregir a través de la
presentación de las veinticinco enmiendas que me toca defender, una más
de las que presentamos en el Congreso de los Diputados.


He escuchado en el debate previo algunos reproches que se
nos hacen a los grupos parlamentarios de la oposición que hemos
presentado vetos a las enmiendas parciales porque supuestamente el
Gobierno ya ha llegado a acuerdos con las comunidades autónomas y
ciudades afectadas por el proyecto de ley. Esos reproches, señorías, no
tienen sentido y están totalmente fuera de lugar. Tampoco tienen sentido
los reproches que nos acaba de hacer la portavoz del Grupo Popular, la
señora Pons, porque nosotros consideramos que una cosa es la capacidad de
diálogo de los Gobiernos, y además es necesario el diálogo entre las
instituciones, y otra cosa muy distinta es el cometido de las Cortes
Generales. No es de recibo negar el debate parlamentario o el desprecio a
la posibilidad de mejorar un proyecto de ley mediante vetos y enmiendas,
porque si









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se considera que el procedimiento para aprobar las leyes es
la negociación directa del Gobierno con los consejeros correspondientes
de las comunidades autónomas estamos cuestionando el Congreso y el
Senado, estamos negando la propia esencia del Congreso y del Senado.


Con las notificaciones y modificaciones que fueron pactadas
por el Gobierno de Canarias —como ya se ha dicho desde esta
tribuna, recalco que la consejera de Industria del Gobierno de Canarias
es del Partido Socialista— y con esas modificaciones introducidas
en el debate en el Congreso, el espíritu de algunas de las enmiendas
presentadas allí por el Grupo Parlamentario Socialista está recogido. Sin
embargo, hay algunos aspectos que no han sido recogidos, y mi grupo sigue
considerando e insistiendo en la necesidad de que se incluyan en el texto
para que la ley resultante pueda alcanzar los objetivos que se recogen en
el preámbulo del proyecto de ley, esto es, garantizar el suministro
eléctrico a los territorios afectados —como he dicho hace un
momento, son sistemas frágiles y vulnerables—; introducir la
competencia en un mercado monopolista casi por naturaleza, facilitando la
entrada de nuevos operadores; abaratar los costes de producción; y, sobre
todo, al menos desde nuestro punto de vista, facilitar el desarrollo de
las energías limpias en una comunidad —y me refiero en este caso a
Canarias— que, a pesar de contar con el mayor potencial de
desarrollo de las renovables, tiene una penetración ridícula, de poco más
del 4%, frente al 30% en la Península.


En el proyecto de ley se desaprovecha la oportunidad de
establecer prioridades para las renovables, cuando hasta los niños de
Primaria en Canarias saben que si hay algo barato en las islas es
producir energías renovables, energías limpias. Además, no se nos puede
reprochar que haya habido una negociación previa con el Gobierno de las
ciudades autónomas y las comunidades afectadas, porque lo que no se ha
negociado es lo que han introducido ustedes en dos disposiciones, que
desde luego no fueron pactadas, referidas al fracking o fracturación
hidráulica, del que aquí ya se ha hablado largo y tendido.


Nuestras veinticinco enmiendas parciales van en la misma
línea de las presentadas en el Congreso con la enmienda a la totalidad y
el brillante texto alternativo, de gran altura intelectual, presentado
por nuestro compañero y portavoz de Industria, José Segura.


Centraré mi intervención en alguna de las veinticinco
enmiendas, que al menos merecerían una última reflexión por parte de sus
señorías y, tal vez, en algún caso su aprobación.


La enmienda número 44 se refiere al fomento de la libre
concurrencia a través de concursos públicos abiertos y objetivos que
favorezcan la introducción de la competencia en mercados limitados y
especialmente complicados. La enmienda número 44, al artículo 6, con el
que estamos de acuerdo, mejora su redacción y hace referencia a las
instalaciones de regasificación que hasta ahora no han podido penetrar en
las islas.


La número 53 se refiere a la regulación del autoconsumo. El
proyecto de ley soslaya totalmente una cuestión tan importante,
eliminando todo tipo de posibilidades de que las barreras de entrada para
el autoconsumo sean suprimidas, lo que indudablemente tendría una gran
incidencia en el ahorro y en la eficiencia energética.


La enmienda número 58 insiste en el aprovechamiento de
otros tipos de energía a los que no hace referencia en absoluto la ley,
como son la geotérmica, la mareomotriz o la undimotriz, que es la energía
de las olas, en coherencia con las recomendaciones que hace la Unión
Europea para el aprovechamiento de todo tipo de energías.


Respecto de la enmienda número 59, no fue admitida a
trámite, con todo el respeto a la Presidencia porque su inadmisión está
en las facultades que tiene conferidas. Nosotros no estábamos de acuerdo
con esa supresión por dos razones: porque lo que se plantea en esta
enmienda sí tiene que ver con el objeto de la ley, y porque es una medida
que también contribuye al ahorro energético y la eficacia energética,
pues en ella se propone el impulso a los contadores inteligentes, que
cuentan con cobertura legal en España en una época de grandes avances
tecnológicos, lo que puede producir también un ahorro significativo.


La enmienda número 60 es una enmienda ambiciosa, que hemos
presentado especialmente en el Senado, que recoge la planificación de las
infraestructuras energéticas de las islas Canarias entre 2014 y 2020.
Están recogidas en lo que se conoce como el Plan Energético de Canarias,
el Pecan. Dicho plan fue votado en el Parlamento de Canarias; fue votado
además por todos los grupos políticos, y aquí se puede dar la paradoja de
que los diputados y senadores canarios están votando en Madrid lo
contrario de lo que están votando en el Parlamento de Canarias.









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Con la enmienda número 63 solicitamos la derogación del
Real Decreto-ley 1/2012, ya que si en toda España este decreto representó
un hachazo al desarrollo de las energías limpias, en Canarias cercenó
toda posibilidad de colocarnos en la media del país en materia de
energías renovables. En las comunidades afectadas por este proyecto de
ley han dejado de instalarse 1400 megavatios, con lo que eso implica de
oportunidades perdidas para la creación de riqueza y empleo.


Finalmente, con las enmiendas 64 y 65 se propone la
supresión de las disposiciones adicionales segunda y tercera, referidas
al fracking o fracturación hidráulica. No es de recibo, al menos desde
nuestro punto de vista, utilizar un proyecto de ley que tiene un ámbito
territorial limitado para modificar la Ley de hidrocarburos con el
objetivo de dar cobertura legal a una técnica peligrosa de extracción de
gas mediante la fracturación hidráulica, cuando vemos que muchos países
la están prohibiendo, que en otros, como Estados Unidos, se ha quedado en
un reguero de pozos abandonados, y cuando la Unión Europea no ha definido
aún el marco legal de esta práctica, lo que genera no solo inseguridad
jurídica sino inseguridad ciudadana, aparte de que este sistema de
fracking ya se ha prestado a la especulación y las licencias están
sirviendo precisamente para especular en los mercados financieros.


En fin, señorías, estamos ante un proyecto de ley que,
aunque ha sido mejorado con las aportaciones que hicieron los territorios
afectados, que tuvieron que utilizar esa negociación y traducirla a
través de las enmiendas que presentó el Partido Popular en el Congreso de
los Diputados, seguimos pensando que no refleja suficientemente la
necesidad de diálogo entre las distintas administraciones en un asunto
tan relevante y estratégico para el desarrollo de nuestras
comunidades.


Desde el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado
advertimos que es una ley sin ambición a la que no le auguramos mucho
recorrido, y sobre todo dudamos de que se vayan a alcanzar ninguno de los
objetivos que se propone, ya que el Gobierno y el grupo que le apoya no
ha explorado, no se ha molestado en explorar todas las posibilidades y
alternativas que merecía una ley como esta, que se ha quedado en más de
lo mismo, anclada en el siglo pasado y renunciando a los desafíos de la
modernidad, que pasa indudablemente por el impulso de las energías
limpias. Si ustedes —y me refiero a la bancada del Partido
Popular— hubieran puesto en esta ley el mismo empeño que pusieron,
especialmente el señor Soria, en el asunto de las prospecciones
petrolíferas en las costas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura, en
Canarias, aquí hubiera salido una ley muy distinta y se hubiera insistido
y dado una oportunidad mejor al desarrollo de las energías limpias.
Ustedes siguen abriendo puertas a las energías fósiles y contaminantes y
cerrando puertas a las energías limpias.


Lamento que no hayamos conseguido el apoyo de sus señorías,
sobre todo del grupo que sostiene al Gobierno, pues el rechazo frontal a
cualquier aportación que hacen los grupos políticos de la oposición, como
viene ocurriendo sistemáticamente en esta Cámara, implica un deterioro de
la calidad democrática.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fuentes.


Tiene la palabra el senador Manchado.


El señor MANCHADO LOZANO: Intervendré muy brevemente
—voy a consumir un par de minutos—, porque creo que es
importante decir que en este proyecto de ley, en principio, y a pesar de
lo que nos ha dicho la señora Pons acerca de que el Gobierno de las Islas
Baleares, el Govern, estaba muy contento con el proyecto, creemos que hay
algunas lagunas en el sistema balear de suministro eléctrico que se
pueden paliar con las tres enmiendas que presentamos, que entendemos que
son razonables y pueden ser objeto de aprobación para mejorar la alegría
del Govern balear, que estará todavía más contento si se aprueban.
Además, tienen que ver —y lo quiero decir a estas horas, porque es
importante— con la calidad de vida de los ciudadanos. Por lo tanto,
creo que es bueno poner el acento en esto.


Son tres enmiendas muy sencillas. La primera propone una
nueva adicional que prevé convocar la preasignación de retribución para
nuevas instalaciones de tecnología eólica y fotovoltaica, las famosas
renovables, que este proyecto de ley olvida, estableciendo un objetivo de
potencia de 150 megavatios. Esta no es una enmienda muy rara; de hecho,
parece ser que hay un









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acuerdo con el Govern de las Islas Baleares de hacer algo
parecido con un poquito menos de potencia. Pedimos, como digo, que la
potencia pueda ser de 150 megavatios y pedimos, obviamente, que el
régimen económico de estas nuevas instalaciones sea el Real Decreto
661/2007 y, obviamente, no les sea de aplicación el Real Decreto
1614/2010.


La segunda y tercera enmiendas tienen que ver con la tierra
de la señora Pons y entiendo que estará muy contenta de que presentemos
esta enmienda. No entendemos cómo no lo ha hecho el Govern balear, pero
bueno. Hay una laguna importante en el suministro energético de las islas
en lo relativo a la conexión por gasoducto entre Mallorca y Menorca, que
no tiene gasoducto. Nosotros proponemos en una nueva adicional
—también con prudencia— que en la planificación de
infraestructuras entre los años 2014 y 2020 se incluya la conexión
gasista entre estas dos islas, porque entendemos que supone una mejora
sustancial, en este caso de las condiciones de los ciudadanos y
ciudadanas de Menorca.


Finalmente, como tercera enmienda también de adición,
presentamos una adicional para mejorar y garantizar la calidad del
suministro eléctrico a Menorca —otra vez esta isla—,
proponiendo que se incorpore la conexión eléctrica entre Mallorca y
Menorca en el Mercado Ibérico de la Electricidad, en el Mibel, como
tercera zona.


Estamos convencidos de que son enmiendas que tampoco tienen
un contenido económico importante y que, desde luego, sí vienen a paliar
la laguna que tenía la ley, que habla de sistemas extrapeninsulares e
insulares pero que prácticamente solo se refería a Canarias.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Manchado.


Para turno en contra, en nombre del Grupo Popular, tiene la
palabra el senador Sastre.


El señor SASTRE ÁLVARO: Buenas noches, señorías.


En este turno en contra, el Grupo Popular lo primero que va
a hacer es explicar sus tres enmiendas, números 72, 73 y 74, que tienen
un contenido meramente técnico. La número 72 modifica el último párrafo
del título I del preámbulo y se justifica porque la aprobación del Real
Decreto 9/2013, de 12 de julio, modifica el Real Decreto 6/2009, de 30 de
abril, por lo que se necesita esta adaptación en el sector energético y
se aprueba el bono social.


La enmienda 73 también es una mejora técnica, modificando
los números 2, 3 y 4 del artículo 5, para recoger la correspondiente
habilitación reglamentaria que regule los procedimientos de concurrencia
competitiva. De alguna manera se sacan de la ley y se pasan al régimen
reglamentario, que es donde deben estar contemplados. Y lo mismo sucede
con el número 3, a fin de que este procedimiento se determine por el
desarrollo reglamentario. Y, en coherencia con lo anterior, se deja al
ámbito reglamentario la determinación concreta del órgano competente para
modificar en todo o en parte los calendarios previstos en el número
4.


Voy a pasar ahora a tratar de contestar a las diversas
enmiendas de todos los grupos políticos, y, aunque lo voy a hacer de
forma breve, será suficiente, porque voy a ir tocando una por una todas
las enmiendas que han sido presentadas, aunque luego algunas no han sido
defendidas.


El Grupo Mixto, Izquierda Unida, ha presentado un total de
cuarenta enmiendas, sobre las que paso a explicarles rápidamente el
porqué de nuestro voto en contra.


Su primera enmienda pretende modificar el artículo 1,
número 2, primando las fuentes renovables. El informe de nuestro grupo es
negativo por cuanto que en la actual situación de desajuste entre
ingresos y gastos en el sector eléctrico, claramente deficitario, al
objeto de garantizar el equilibrio financiero futuro en los sistemas
energéticos insulares y extrapeninsulares, es necesaria la actualización
referida a que todas las instalaciones de generación de energía eléctrica
—repito, todas las instalaciones— sean contempladas; no
solamente las de producción eléctrica de origen renovable, como se
propone en la enmienda.


Las números 2, 3 y 13 piden la supresión de los números 1 y
2 del artículo 12, ya que niegan la competencia del Estado. Este punto
también lo vamos a ver respondiendo a otros grupos. Ahora bien, el
contenido de este Proyecto de Ley para la garantía del suministro e
incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y
extrapeninsulares se ajusta al reparto competencial establecido en el
ordenamiento jurídico español y su contenido tiene carácter básico
—no hay que olvidarlo—, a tenor de lo establecido en el
artículo 149.1 de la Constitución Española, que establece y atribuye al
Estado la competencia exclusiva para determinar las bases y la









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coordinación de la planificación general de la actividad
económica y las bases del régimen minero y energético
respectivamente.


En la enmienda número 4 solicitan la creación de una
comisión de trabajo. Señores senadores, no se necesita ninguna
habilitación especial y no se requiere un mandato legal para establecer
una comisión en los términos planteados en esa enmienda.


En la enmienda número 5 piden la prohibición del fracking
para todo el territorio español. Técnicamente, el Grupo Parlamentario
Popular no considera justificado el establecimiento de prohibiciones
absolutas —y vuelvo a repetir, absolutas— en relación con la
utilización de esta técnica en la realización de actividades de
investigación y explotación de hidrocarburos. Si quieren, pueden fijarse
en el caso de Estados Unidos, ya que les gusta tanto recurrir a otros
países.


Tanto en Europa como a nivel mundial los recursos no
convencionales y su posibilidad de explotación a través de esta técnica
están despertando notable interés por su contribución al
autoabastecimiento energético de los países que las explotan, por el
desarrollo económico que ello implica. España, como todos saben, es un
país altamente dependiente de los suministros exteriores de
hidrocarburos; nuestra dependencia supera el 95% y, además, de países que
vamos a llamar no estables políticamente. Por tanto, es innegable el
interés estratégico de este tipo de proyectos para el control del déficit
de la balanza comercial y necesitan ser de alguna manera reforzados y
potenciados, garantizando con ello la seguridad del suministro y
diversificando, al ser una fuente autóctona de energía.


Las enmiendas números 6, 8, 9 y 10 se refieren a cuestiones
que no corresponden con el objeto de la presente ley; cuestiones de
regulación general del sistema eléctrico, que no están relacionadas con
el aumento de la competencia ni la garantía del suministro en los
sistemas insulares y extrapeninsulares.


La enmienda número 7 habla de instalaciones de bombeo y no
tiene en cuenta que, dado el retraso de determinadas instalaciones que ha
venido acumulándose —hablo especialmente de Canarias— se
establece que el operador sea el titular de nuevas instalaciones de
bombeo cuando su finalidad cumpla tres requisitos: la garantía del
suministro, la seguridad del sistema o la integración de energías
renovables no gestionables. En los otros supuestos, y previa
convocatoria, se dará el segundo procedimiento, de concurrencia
competitiva, donde se admitirá la existencia de otros titulares previa la
presentación de un calendario de ejecución y un aval que asegure que esto
se va a llevar a cabo.


La enmienda número 12 pide la prioridad de las energías
renovables en el acceso a las redes de transporte. El Grupo Parlamentario
Popular no tiene nada en contra, todo lo contrario, está a favor de las
energías renovables; lo único que dice y vuelve a repetir es que esta
enmienda no tiene en cuenta el apartado dos de la disposición final
primera, que modifica el artículo 10.3 de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del sector eléctrico y, por tanto, en base a razones de
seguridad de suministro, no resulta aceptable.


Las enmiendas números 14, 15 y 38 piden la prohibición de
nuevas actividades como el fracking. He de decirles que la disposición
final segunda, que modifica la Ley 34/1998, a la que ya nos hemos
referido, en relación con la utilización de la fracturación, del
fracking, no dice en absoluto que no se pueda o se deba hacer y, de
hecho, ya se contemplaba. En el momento actual se considera necesario
mejorar y actualizar la regulación de esta tecnología lo antes posible y
clarificar los aspectos jurídicos relacionados con su aplicación. Por
eso, lo que de alguna manera se va a conseguir con esta ley es que se
tengan que mirar y estudiar muy seriamente los aspectos medioambientales,
como ya se ha dicho en el turno en contra de los vetos. Por ello, este
proyecto de ley modifica la Ley 34/1998, del sector de hidrocarburos y el
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de
proyectos, para que se recoja en estas.


Las enmiendas números 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 28,
29, 32 y 33 se alegan como mejora técnica, pero no lo son en absoluto ni
vienen a mejorar el texto. Este texto legal ya cuenta con cuestiones
propuestas en la nueva redacción, que se encuentran recogidas, o en el
preámbulo, o en el resto de los puntos planteados, o, en algunos casos,
no se corresponden con el objeto de la presente ley.


Enmiendas números 25 y 26. Piden la supresión
—también lo hace El Grupo Catalán Convergència i Unió— de los
artículos 5 y 6 respectivamente, relativos a la titularidad de las









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instalaciones de bombeo. Por razones de seguridad del
suministro se considera necesario que la titularidad de las instalaciones
de bombeo corresponda al operador del sistema. Esto es algo fácil de
entender que, por lo visto, cuesta mucho que los señores de la oposición
lo vean claro.


En su referencia en esta misma enmienda a la instalación
hidroeólica de Gorona del Viento, le diré que ya se encuentra
prácticamente finalizada, señores senadores, que, por lo tanto, su
régimen retributivo está aprobado, y, que, previsiblemente se pondrá en
servicio con anterioridad a la entrada de esta ley, con lo cual, no se
verá afectada por ella.


El contenido de la enmienda número 27 ha sido incluido en
la disposición final quinta, con lo cual, no creo que deba ser mencionada
con más profusión. El contenido de la prolija enmienda número 30, o parte
de ella, ya está recogida en el actual proyecto de ley. Por lo que se
refiere al resto de las propuestas, les recordaré que sigue en vigor y
que está vigente la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. En particular, su artículo 4, donde habla del principio de lealtad
constitucional, que tanto se menciona y que, por lo visto, tanto se
olvida por algunos grupos políticos de la oposición a la hora de
aplicarlo.


Enmienda 31. Podemos decir que vale todo lo mencionado para
la número 30. Las enmiendas 34 y 35 ya se encuentran recogidas en la
disposición transitoria primera, antes única, por lo que les diría a los
señores participantes y ponentes de estas enmiendas de los diversos
grupos que se debían haber leído un poquito antes lo que ha salido del
Congreso.


En cuanto a las enmiendas 36 y 37, nuestro grupo votará en
contra porque las medidas contempladas en este proyecto de ley tienen
como objeto complementar lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, no anularlo.


La enmienda 39, relativa a la participación de las
comunidades autónomas y de las ciudades autónomas en el desarrollo
legislativo, tiene que estar ajustada, no haciendo falta mayor
concreción, a lo dispuesto en la mencionada Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.


Respecto a la enmienda 40, relativa al régimen de
retribuciones de la Central Hidroeólica de Garona del Viento, he de
recordarle al Grupo Mixto, Coalición Canaria, la existencia de la Orden
IET/1711/2013, de 23 de septiembre, por la que se establece el método de
cálculo de costes fijos y variables de la instalación de producción
eléctrica e hidroeólica de Gorona del Viento, publicada en el boletín de
fecha 25 de ese mismo mes.


Paso a rebatir brevemente las enmiendas del Grupo
Parlamentario Catalán Convergència i Unió. En primer lugar, he de
agradecerles la claridad con la que las han expuesto, habiéndolas
agrupado perfectamente en los grupos a los que ahora voy a hacer mención.
Las enmiendas 66 y 67, primero piden la supresión del artículo 1, y, si
ello no fuera posible, la número 67 pide una nueva redacción. Pues bien,
se considera necesario actualizar los mecanismos retributivos. Es
necesario mantener este artículo porque en él se establece su régimen
económico, teniendo en cuenta las singularidades específicas de los
sistemas insulares y extrapeninsulares.


Las enmiendas 68 y 69 siguen el mismo sistema, primero,
suprimir y luego enmendar. Ya le contesté al anterior grupo acerca de la
titularidad de las estaciones de bombeo. Les adelanto que nuestro voto
será en contra, porque respecto a los objetivos de garantía del
suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos
insulares y extrapeninsulares, se considera necesario mantener la actual
redacción. Les recuerdo a ambos grupos que la naturaleza de los bombeos
no es necesariamente la propia de una actividad de generación. Como ha
señalado la Comisión Europea, de la que a veces nos olvidamos, los
bombeos se consideran instalaciones consumidoras netas de electricidad,
cuyo objeto es el almacenamiento de energía para regular la curva de
carga y mantener una reserva de acoplamiento rápido a la red. La
directiva e interpretación realizadas por la Comisión Europea permiten a
los operadores del sistema desarrollar esta tarea. Esto es muy importante
y va a tener más importancia de la que le han dado, sobre todo, en las
islas Canarias, para todos los ciudadanos que en ellas residen.


Asimismo, se considera urgente y necesaria la incorporación
de generación de bombeo al mix eléctrico español en los sistemas
insulares y extrapeninsulares, dada la capacidad rápida de respuesta
favorable al impacto medioambiental y la reducción de costes del
sistema.


Enmiendas 70 y 71. Podemos remitirnos a lo dicho ya para
las enmiendas números 5, 14, 15, 38, 64 y 65 sobre la fractura
hidráulica. Por decirles algo nuevo, les comentaré que el Comité de









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medio ambiente del Parlamento Europeo aprobó el 19 de
septiembre de 2012 una propuesta de resolución, posteriormente adoptada
por el Parlamento Europeo el 21 de noviembre de 2012 —estoy
hablando prácticamente del año pasado—, sobre las repercusiones
ambientales de la extracción de gas y petróleo de esquisto. Asimismo, el
21 de noviembre se aprobó otra resolución adicional a la anteriormente
citada sobre los aspectos industriales energéticos y otros del gas y del
petróleo de esquisto.


En estas dos resoluciones aprobadas se concluye que la
decisión de explotar el gas no convencional corresponde a cada uno de los
Estados miembros de la Unión Europea, y que se puede dar respuesta a las
preocupaciones medioambientales derivadas de su explotación aplicando las
mejores prácticas y estableciendo una normativa europea suficientemente
estricta. Mientras esto no llega, creo que es conveniente que sigamos
reforzando y reformando nuestra Ley de impacto medioambiental.


Al Grupo Parlamentario Socialista, tanto al señor Fuentes
como al señor Manchado, quiero decirles en relación con sus enmiendas que
las números 41, 42, 46, 47, 49, 52, 53, 59 y 63 —a veces me parezco
al presidente cuando digo tantas enmiendas seguidas— no se
corresponden con el objeto de la presente ley porque no son cuestiones
que deban ser reguladas en esta norma, que se refiere al sistema
eléctrico insular y extrapeninsular.


La enmienda 43 propone la modificación del artículo 4.
Desde el Grupo Parlamentario Popular quiero decirles que el texto de esta
enmienda es exactamente idéntico al artículo 4 del proyecto de ley
publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los
Diputados, de fecha 5 de abril del 2013, luego no tiene razón de ser.


Enmienda 44. Se solicita la modificación del artículo 6.
Nuestro grupo no está de acuerdo y su justificación viene porque el
artículo 65 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de
hidrocarburos, establece que la competencia del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo será para la aprobación de la normativa de gestión
técnica del sistema. Esta normativa tiene como objeto propiciar el
correcto funcionamiento técnico del sistema gasista y garantizar la
continuidad, calidad y seguridad del suministro.


Enmienda 45. Propone la adición de un nuevo artículo para
reducir costes. No se reducen tales costes con esa enmienda y no
consideramos adecuado para una disposición normativa de rango de ley el
nivel de detalle que se propone en el punto primero.


Enmienda 48. En cuanto a su propuesta de un nuevo artículo
sobre cupos e incentivos, quiero recordarles que el contenido de esta
enmienda está también regulado en el artículo 3.3 del Real Decreto Ley
1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los
procedimientos de preasignación de retribución y de los incentivos
económicos para nuevas instalaciones de producción de energía.


Enmienda 50. En este punto quiero recordarles que ya
existen mecanismos de colaboración y de coordinación del operador del
sistema con las administraciones públicas. Antes he mencionado la Ley de
régimen jurídico y quiero recordárselo también ahora.


Enmienda 51. Pretende resaltar la participación de las
comunidades autónomas y las ciudades autónomas en las órdenes de
arranque, sin tener en cuenta que la participación de las comunidades
autónomas y de las ciudades autónomas viene ya recogida y propuesta en el
número 2 de esta disposición adicional que, a su vez, se encuentra
recogida en el número 4 de otra disposición.


Enmiendas 54 y 58. Estas enmiendas también están reguladas
por el citado artículo 3.3 del Real Decreto Ley 1/2012.


Enmienda 55 —para el señor Manchado—, relativa
a la conexión gasista entre las islas de Mallorca y Menorca. Al igual que
el resto de las infraestructuras del sistema gasista español, esperemos
que se incluyan en esa planificación de infraestructuras 2014-2020, donde
se va analizar y se va a determinar, de acuerdo con ese proceso de
planificación establecido en la Ley 30/1994. Confiamos en que así
sea.


Enmiendas 56, 57 y 62. En ellas piden estudios para la
incorporación del sistema eléctrico Mallorca-Menorca en el Mibel, y creo
que para que no vean que solamente piensan en Mallorca-Menorca, también
la incorporación del sistema eléctrico de Ceuta en el Mercado Ibérico de
la Electricidad, Mibel. Para realizar estos estudios no es necesaria
ninguna habilitación legal porque pueden hacerse perfectamente.









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También quiero señalarles —como ya recogió nuestro
portavoz, el señor Mariscal Anaya, en el Congreso de los Diputados—
que se espera que Ceuta se incorpore al Mibel en el año 2015. Quiero
dejárselo claro.


Enmienda 60. Esta larga y pormenorizada enmienda pide la
inclusión de un montón de proyectos de infraestructuras para la Comunidad
Autónoma de Canarias en la planificación del período 2014-2020. Esperamos
que así sea, pero lo que le decimos es que tiene que ajustarse a los
procedimientos establecidos en la normativa vigente.


Enmienda 61. Esta enmienda, por razones de seguridad, se
refiere a la fecha de 1 de marzo de 2013 que se establece como tope. Por
razones de seguridad hay que seguir manteniendo esa fecha.


Enmiendas 64 y 65. En ellas volvemos a hablar otra vez del
fracking, con lo cual me remito a todo lo dicho anteriormente sobre el
tema.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sastre.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Quintero.


El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente.


Voy a intervenir muy rápidamente, aunque no pensaba
hacerlo, para concretar algunas de las cosas que aquí se han dicho. En
primer lugar, se ha dicho que este proyecto tiene el acuerdo de la
Comunidad Autónoma de Canarias. No tiene el informe, y es perceptivo, de
la Comunidad Autónoma de Canarias. No lo tiene. Es verdad que la
consejera ha tenido reuniones con el ministerio, que se ha modificado y
mejorado la ley. Esta es una realidad —lo dije en mi primera
intervención— pero no tiene el informe. Eso es evidente. Nosotros
perseguimos, evidentemente, la eficacia, la eficiencia, que tenga el
menor coste posible, y el monopolio. Lo he dicho —por si no se ha
entendido— en mi primera intervención. Lo queremos también, pero no
se va a conseguir con esta ley desgraciadamente porque los costes de lo
que aquí se habla, que es la energía convencional, son mucho más caros
que los que nosotros proponemos, que son las renovables. Está
completamente demostrado, entonces no entendemos cómo se sigue apostando
por los hidrocarburos y el coste de la energía convencional que la
tenemos que exportar toda desde fuera cuando apostar por las energías
renovables y por esas infraestructuras sería mucho más rentable y más
económico, con lo cual cuando se habla de eficiencia y de bajar los
costes no entendemos por qué se apuesta solo en el preámbulo, pero no en
la ley, por las energías renovables. No hay ninguna medida en esta ley
que beneficie a las energías renovables.


Se ha hablado aquí de Gorona del Viento, que es una obra
que hace mucho tiempo que se puso en marcha, pero el sistema tarifario se
ha retrasado más de cuatro meses. Hemos puesto en peligro una obra
pionera en el mundo que puede servir —como dije antes— a
muchas islas, a muchos territorios, no solo de Canarias, sino del mundo.
Se ha puesto en peligro por no concederles un régimen retributivo. El
artículo 5 de esta ley se ha redactado así porque Bruselas no permite que
el operador sea distribuidor. No nos engañemos. El operador no puede ser
distribuidor. Lo tumbaría Bruselas y por esto se ha cambiado. Lo cierto
es que hasta el final se ha intentado, en el primer borrador venía,
quitar esto. Gorona se ha salvado porque se ha terminado. Gorona del
Viento está completamente terminada. Si no evidentemente se la cederían
en este caso a Red Eléctrica.


Entendemos que esta ley no garantiza el suministro de
Canarias. Hemos dicho que estamos de acuerdo en evitar el monopolio, pero
en Canarias hay un monopolio histórico. Hay leyes antimonopolio y si la
historia de Canarias nos dice que ninguna empresa más ha entrado en
Canarias es porque es muy caro. Antes les dije que en El Hierro cuesta
330 euros megavatio/hora cuando en la Península no llega a 30.
Evidentemente no es rentable para ninguna empresa. Pero tampoco lo va a
ser con lo que ustedes proponen. El senador del Grupo Catalán
Convergència i Unió proponía cuatro enmiendas idénticas a las nuestras a
los artículos 1 y 5. Voy terminando.


Dice usted también que no se invaden competencias. Voy a
leer textualmente el artículo 4 del proyecto de ley de la Comunidad
Autónoma de Canarias que aparece en la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de
Regulación del Sector Eléctrico Canario: «Se reconoce la libre iniciativa
empresarial en las actividades a que se refiere el artículo anterior,
condicionando su ejercicio, con carácter









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general, al otorgamiento de una autorización administrativa
por la Consejería competente en materia de industria del Gobierno de
Canarias». Y ustedes en esta ley esto se lo dan a la Dirección General de
Minas. Si esto no es invadir competencias yo estoy muy equivocado.


Por todas estas razones hemos presentado una serie de
enmiendas para mejorar. No se confundan ustedes, he dicho que se ha
mejorado en el Congreso, y es verdad, debido a muchas enmiendas que hemos
presentado nosotros y que han sido incluidas en el texto. Pero,
evidentemente, esta ley no va a conseguir los fundamentos de su
introducción. Nosotros hemos presentado el veto y estas enmiendas para
intentar mejorarla.


Y vuelvo a repetir: esta ley no beneficia en nada a las
energías renovables en Canarias, cuando resulta que son las energías más
baratas, las que mayor eficiencia tendrían y las que, evidentemente,
menos daño harían al medioambiente.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado tiene la
palabra el senador Anasagasti.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, señor
presidente.


El Proyecto de Ley para la garantía del suministro e
incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y
extrapeninsulares que hoy nos trae a debate en esta Cámara, debería
servir para mejorar el suministro eléctrico, asegurar la introducción de
competencias en las actividades liberalizadas, como la generación y
comercialización, y también para reducir los costes regulados.
Actualmente, esos extracostes, por valor de 1750 millones de euros, son
también pagados por el consumidor eléctrico peninsular y, por tanto, son
parte directa del famoso déficit de tarifa, aunque esperemos que se
cumpla lo establecido en el real decreto ley, y por fin estos sean
pagados por los Presupuestos Generales del Estado. En cualquier caso, el
texto propuesto no cumple las expectativas técnico-regulatorias
necesarias, y como viene siendo ya habitual en los proyectos que impulsa
este Gobierno, invade competencias infringiendo nuevamente el reparto
previsto en el bloque de constitucionalidad. Pero veamos más
concretamente cuáles son las razones que avalan nuestra posición.
Comenzaré la exposición por el análisis de la vulneración de las
competencias que en la materia tienen las comunidades autónomas, aspecto
nuclear, como ustedes bien conocen para este grupo parlamentario.


En primer lugar, es necesario señalar que no nos consta que
se haya consensuado con las comunidades autónomas afectadas el presente
proyecto de ley, consenso por otra parte de carácter preceptivo de
conformidad con lo previsto en el artículo 12.1 de la Ley 54/1997, que se
debería haber alcanzado con carácter previo con las comunidades autónomas
y ciudades autónomas afectadas, como se señala.


En segundo lugar, quisiera también apuntar la más que
probable inconstitucionalidad del proyecto de ley, pues trata de buscar
el amparo de las competencias que en virtud de los títulos competenciales
reservados al Estado por los apartados 13ª y 25ª del artículo 149 de la
Constitución han sido reconocidos jurisprudencialmente en relación con el
régimen económico y con la garantía de suministro del sector eléctrico.
Pero en nuestra opinión, los citados preceptos invocados no amparan en
ningún caso muchos de los desarrollos establecidos en el proyecto de ley,
lo cual, a nuestro modo de entender, no es más que un paso adicional en
la clara e inequívoca voluntad política centralizadora que anima al
Gobierno, cuestión que no aceptamos bajo ningún concepto.


Por poner algún ejemplo citaré la vulneración de
competencias en relación con las autorizaciones de instalaciones de
producción de energía eléctrica que, según el reparto competencial
establecido, son asumidas por las comunidades autónomas afectadas,
impidiéndose de facto y de iure su ejercicio al incorporar la exigencia
de un informe preceptivo y vinculante del Ministerio de Economía cuando
dispone que el Ministerio de Economía, previo informe de la Comisión
Nacional de Energía autorizará los parámetros técnicos resultantes de la
puesta en marcha de nuevos grupos o, en su caso, de la modificación de
los existentes que tengan incidencia en la retribución económica. La
invocación a la afectación a la seguridad del suministro no puede exceder
en estos casos del ámbito de estas y, por tanto, la Administración
central no está, a nuestro juicio, ni jurídica ni constitucionalmente
habilitada para adoptar medidas de esta naturaleza.


En cuanto a algunos de los aspectos más técnicos del
proyecto de ley, que no compartimos, quisiera señalar,en primer lugar,que
resulta sorprendente que se pretenda dar un trato igualitario y









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uniformador a Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla desde el
punto de vista regulatorio, cuando por sus especificidades de diseño y
desarrollo eléctrico y energético, además de por la distancia con el
territorio peninsular, su población, su realidad económica o su demanda,
estaría más que justificada una regularización singularizada para cada
uno de los ámbitos territoriales. Por señalar algunas de estas
diferenciaciones técnico-regulatorias indicaremos a modo de ejemplo que,
a diferencia del sistema de las islas Canarias, el sistema de las Islas
Baleares dispone ya de una interconexión eléctrica en corriente continua
y gasista con la península ibérica. Y además, en la planificación en la
actual implementación tendrá a corto plazo todas las islas conectadas,
por no hablar de Ceuta y Melilla, que presentan una realidad energética
totalmente diferente.


Igualmente, nos sorprende la cuestión del bombeo y su
asunción por Red Eléctrica de España. Las instalaciones de bombeo son
instalaciones de generación, por lo que entendemos que su atribución al
gestor de la red de transporte vulnera el principio de separación
funcional obligatoria recogida en la Directiva 2009/72, del Consejo
Europeo, y además contraviene lo establecido en la Ley 54/1997, del
sector eléctrico. Asimismo, creemos que esta asignación puede generar un
posible conflicto de intereses entre los agentes y el gestor de la red de
transportes. Este se podría producir por el hecho de que el transportista
pertenece a la misma sociedad que el operador del sistema, es decir a Red
Eléctrica de España, y teniendo en cuenta que es el operador del sistema
responsable de conceder acceso y conexión o no a la red de transporte a
posibles competidores de las instalaciones de bombeo es seguro que se
producirán colisiones de intereses de compleja solución.


Voy concluyendo, señor presidente. Consideramos que las
instalaciones de generación de bombeo no deben corresponder al operador
del sistema. Es cierto que se podrían enunciar unos cuantos más, pero
creo que no es el momento de cansarles, agotando a su vez toda mi
intervención. Estoy seguro de que sus señorías los tienen
diagnosticados.


A pesar de lo dicho, queremos darle al Gobierno un cierto
margen de maniobra —no sabemos si demasiado merecido—, pero
lo queremos hacer con la confianza de que en el futuro renuncien a la
ilegítima invasión competencial en la que el proyecto incurre y se
otorgue un tratamiento diferencial a los respectivos subsistemas
eléctricos estatales respetando sus especificidades, y con carácter
general se mejoren los contenidos técnicos y regulatorios del proyecto.
Por lo tanto, anunciamos que nos vamos a abstener en la votación de este
proyecto de ley.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Anasagasti.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Montilla.


El señor MONTILLA AGUILERA: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, el hecho de que mi grupo no haya presentado veto
ni enmiendas al proyecto de ley no quiere decir que no tengamos
objeciones de fondo hacia el mismo. El hecho de no haberlas formulado
tiene que ver más con las características territoriales de mi grupo, así
como con la singularidad de los territorios, comunidades autónomas y
ciudades autónomas afectados por el proyecto de ley.


El proyecto de ley persigue los objetivos de garantizar el
suministro y aumentar la competencia en los sistemas eléctricos insulares
y extrapeninsulares, pero las medidas que propone y los instrumentos que
crea no se señalan junto con los objetivos que dice perseguir, empezando
por el título de la ley, ya que la mayoría de disposiciones afectan a las
islas Canarias, con una situación muy diferente a la de Baleares por el
tipo de conectividad; y lo mismo cabe decir si atendemos a las
peculiaridades de los subsistemas de Ceuta y Melilla, como muy bien nos
ha explicado el portavoz socialista en la presentación de su veto. Lo
lógico hubiera sido plantear la ley separando claramente los tres
sistemas o subsistemas, teniendo en cuenta que los problemas son
singulares en cada uno de ellos si exceptuamos el derivado del déficit
tarifario; este sí que es común y supone los más altos costes de
generación en estos territorios.


Ello hubiera permitido singularizar, por ejemplo, el papel
que las energías renovables pueden tener en el subsistema canario por sus
propias características. La existencia de proyectos como el de
Chira-Soria o Gorona del Viento así lo pone de relieve. Seguramente,
pocos territorios de nuestro país pueden plantearse la posibilidad de
producir toda la energía que necesitan con fuentes renovables y ser
autosuficientes sin utilizar combustibles fósiles. También hubiera podido









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permitir analizar más detenidamente la discutible apuesta
por la gasificación, desde mi punto de vista básicamente destinada a la
generación eléctrica, ya que la demanda residencial industrial será
limitadísima por las características socioeconómicas y climáticas de las
islas. Seguramente, si no se hubiera primado la urgencia del proyecto,
prescindiendo de dictámenes como el de la extinta CNE y otros de carácter
consultivo y preceptivo, y se hubiera dialogado más con los
interlocutores, la ley podría ser más completa y dispondría de más apoyos
en esta Cámara.


Además, como viene siendo habitual, el Gobierno utiliza el
vehículo de este proyecto de ley para regular aspectos que nada tienen
que ver con los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. Me
estoy refiriendo a lo recogido en las disposiciones finales segunda y
tercera, relativas a la actividad que precisa de técnicas de fracturación
hidráulica, el denominado fracking.


Señorías, decía que la ley difícilmente cumplirá sus
objetivos ni solventará los problemas existentes, empezando por el
desajuste que provocan los costes adicionales de los sistemas insulares y
extrapeninsulares: 1750 millones de euros en 2013 según la CNE, que
figuran en el limbo ya que ni los presupuestos generales ni las
previsiones del déficit tarifario lo recogen en su totalidad. Es más, el
proyecto de ley comportará con su aplicación un incremento de los costes
de generación que, sumados al incremento de costes que supondrán algunas
de las decisiones en materia de transporte avanzadas por el ministerio
con la revisión del plan, harían todavía más difícil solventar un
problema que ya nos ha ocupado en el anterior punto del orden del día de
este Pleno.


Además, este proyecto —como también viene siendo
habitual por este Gobierno— no se sustrae a la invasión
competencial de las comunidades autónomas, en este caso especialmente de
Canarias. Nuevamente el Gobierno utiliza, a mi modo de ver, el artículo
149.1 de la Constitución en vano, y lo hace para atribuirse la
autorización de nuevas instalaciones, cosa que no ocurría hasta ahora con
la legislación vigente, ignorando tanto la estatal como la regulación
autonómica en este sector; en estos sistemas insulares las comunidades
autónomas tendrán menos competencias que sus homólogas en la
Península.


Se nos dice que uno de los objetivos principales de la ley
es el incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y
extrapeninsulares, pero la verdad es que lo impide en aquellas
tecnologías donde ello sería posible, que son las renovables, ya que no
corrige la suspensión de los procedimientos de preasignación de
retribución con las nuevas instalaciones de producción eléctrica de
régimen especial. Y ello es así porque en la generación de régimen
ordinario la retribución de las plantas generadoras es regulada sobre la
base de costes auditados, por lo cual no existe ningún incentivo que
afecte al precio del suministro. Y sin la percepción de los conceptos
retributivos que prevé la actual Ley del sistema eléctrico para los
grupos empresariales que tienen más del 40% de cuota en generación, nos
podemos encontrar con una restricción a la libertad de empresa.


La verdad, señorías, es que la entrada de nuevos operadores
solo será posible si se incrementa sustancialmente la retribución
actualmente reconocida, y ello es así porque desde 1997, año de entrada
en vigor de la Ley vigente del sector eléctrico, esta entrada no se ha
producido…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando.


El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias.


…no por la existencia de barreras a nuevos entrantes,
sino por la falta de incentivo a nuevos proyectos de generación al no
resultar atractiva ni rentable la retribución vigente.


Asimismo, creo que determinadas opciones de separar la
responsabilidad entre el aprovisionamiento de combustible y la
responsabilidad de generar la energía podría afectar también a la
seguridad del suministro. Y además se invaden, por supuesto, competencias
o se ignora el derecho comunitario, como también se ha puesto de relieve
en otras intervenciones.


Todas estas razones y algunas más motivan que no podamos
dar nuestro apoyo a este proyecto de ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.


Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la
palabra el senador Alturo. (Denegaciones.)


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Medina.









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El señor MEDINA TOMÉ: Gracias, señor presidente.


Señor Sastre, son las once menos veinte de la noche,
llevamos aquí desde las nueve y media de la mañana. Esta tarde
—como siempre ocurre en esta Cámara— hemos estado sometidos
—yo diría que todos, pero voy a hablar por mí— a la
incertidumbre de no saber cuándo acaba esto. Yo no sé de quién es la
indefinición, no lo sé, lo que sí sé es que después de este trance, que
usted venga a afirmar que no se han aceptado enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista porque su contenido no se corresponde con el
objeto de la ley, perdóneme, señor Sastre, pero eso no es serio. Porque
si hay en el proyecto de ley alguna disposición que no se adapta al
contenido de la ley no son las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, sino que son algunos artículos que vienen desde el Gobierno
de este país y que no entiendo por qué nadie los ha impugnado. No lo
entiendo.


Señora Pons, las consultas a las comunidades autónomas no
se hacen al estilo compadre, no se coge el teléfono y se dice: oye, vente
para acá que vamos a hablar de una ley y vamos a ver qué te parece. No,
se hacen con la formalidad que establece la norma, es decir, aprobación
en Consejo de Ministros en primera instancia y traslado con acuse de
recibo a las comunidades autónomas. Así se hace y en este caso no se ha
hecho así.


No intenten desvirtuar nuestras razones con el argumento de
decir: no, los socialistas canarios y el señor Quintero se equivocan
porque el señor ministro se sentó con la consejera de Empleo, Industria y
Comercio del Gobierno de Canarias. Falso. Porque ese acto, que ocurrió,
no significa en absoluto que haya habido formalmente esa consulta a la
comunidad autónoma. El Grupo Parlamentario Socialista —y ya lo
dijimos— aplaude, alaba y considera el gesto de la consejera. El
que desaprobamos es el gesto del señor ministro que, siendo canario y
afectando esta ley principalmente a Canarias, no hizo un esfuerzo para
salir de aquí con un proyecto de ley digno para nuestra comunidad.


¿Alguien cree que la consejera del Gobierno de Canarias iba
a aprobar el fracking? ¿Alguien lo cree? ¿Alguien cree que la consejera
del Gobierno de Canarias, como es, iba a admitir un proyecto de ley en el
que no quedara manifiestamente claro el impulso a las renovables?


El Grupo Parlamentario Socialista aspiraba a más y en esta
ocasión no nos hemos quedado con el no, ya lo dijimos en comisión. Hemos
presentado un texto alternativo que merece la pena ser leído. Planteamos
también una estrategia en relación con este proyecto de ley, y dijimos:
desde nuestro punto de vista hubiese sido aconsejable, primero, aprobar
la ley del sector energético general y después las singulares, y la de
Canarias lo es.


Acabo. La sensación que tiene uno hoy es de haber perdido
una gran oportunidad, una gran oportunidad de hacer un buen proyecto de
ley para Canarias. Y el impulso de ese gran acuerdo, la iniciativa de ese
gran acuerdo, entiendo y entendemos, no lo tenía que tomar el Grupo
Parlamentario Socialista, sino el Gobierno y principalmente el señor
ministro de Industria, Energía y Turismo, que es de Canarias.


Dada la hora, nada más y muchas gracias, señor presidente y
señorías. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Medina.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Luzardo.


La señora LUZARDO ROMANO: Gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo a estas horas en el turno de
portavoces, en nombre del Grupo Popular, para fijar nuestra posición a
favor de este proyecto de ley.


Esta norma marcará, sin duda, un antes y un después. El
Ministerio de Industria ha decidido abordar de una vez el eterno problema
de los sobrecostes de la generación de la energía en Baleares, Ceuta,
Melilla y Canarias. Estamos hablando de poner coto a más de 1700 millones
de euros al año que cuesta nuestra energía, y que además en el caso de
Canarias son 1300 millones de euros que todos sufragamos a través de los
Presupuestos Generales del Estado, porque, como su señorías saben, en
España se paga lo mismo por la factura de la luz, independientemente de
la residencia. Para que se hagan una idea, la generación de energía en
Canarias es muy superior a la Península: 224 euros megavatio/hora frente
a los 55 euros que cuesta en la Península. Este es el sobrecoste de
nuestra energía eléctrica, además de la fragilidad que procede de nuestro
sistema, precisamente porque tiene —ya se ha dicho— unas
características propias, ya que son territorios, son islas, tenemos
sistemas que están aislados y no están interconectados.









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Recientemente esta dificultad también supuso que, por
ejemplo, la isla de La Palma sufriese un cero energético y estuvo más de
cinco horas y media sin energía.


Desde nuestro punto de vista, el Ministerio de Industria ha
sido valiente, ha cogido el toro por los cuernos al acometer una reforma
que es necesaria y que no beneficia ni deja contentos al sector de las
eléctricas, empresas que hasta ahora han estado acostumbradas a ser
subvencionadas a través de los Presupuestos Generales del Estado.


Señoría, este proyecto de ley fue consensuado con las
ciudades y las comunidades autónomas afectadas para enriquecer y mejorar
el texto definitivo. Ya se ha dicho: para enriquecer y mejorar el texto
definitivo.


Este acuerdo se plasmó en diecisiete enmiendas que presentó
el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Yo creo que a los
senadores, tanto de Coalición Canaria como del Grupo Socialista, en el
fondo lo que no les ha gustado es la discrepancia de la señora consejera
de Industria del Gobierno de Canarias que alabó públicamente el contenido
de esta norma, resaltando la buena predisposición con el ministerio y la
apuesta conjunta por las energías renovables para contribuir a rebajar el
sobrecoste actual. Esto fue lo que dijo la consejera del Gobierno.


Esta ley, como ya se ha dicho, garantiza el suministro de
la energía eléctrica y su calidad al menor coste posible, impidiendo la
debilidad que tiene nuestro sistema, especialmente por su aislamiento, y
también se pretende que tengan mayor penetración las energías renovables.
Por eso, es imperioso desarrollar la eficiencia, que haya competitividad,
que haya más operadores, que disminuyan los costes y, sobre todo, que
haya seguridad y no suponga ningún riesgo. Es necesario que se pongan
instalaciones de nueva generación. Y, sobre todo, yo quería resaltar dos
cuestiones que en estos meses de verano se han resuelto en Canarias y que
han sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado, como es la
retribución económica que se aplicará a la central hidroeléctrica de
Gorona del Viento y también la Orden que se publicó el 12 de julio que
establece el incentivo a las energías renovables en Canarias, que ha
quedado fijado en 85 euros megavatio/hora; desaparece el sistema de
primas y se sustituye por otro sistema que garantiza una rentabilidad
razonable y que permitirá que nuestro 4% de penetración se amplíe frente
al 30% que se desarrolla en el resto de España.


Señorías, la Comisión Nacional de la Energía no tenía que
hacer ningún informe preceptivo, solo era preceptivo el informe de la
Secretaría General Técnica que está en el expediente. El propio ministro
Soria, con relación al informe que hizo la Comisión Nacional de la
Energía de las retribuciones a las energías renovables, dijo que esta
Comisión Nacional de la Energía no tuvo en cuenta el hecho diferencial
canario que sí establece la disposición adicional tercera.


Señorías, esta es una norma oportuna y salva que los costes
sigan creciendo. Este Gobierno de España conseguirá acometer la mayor
transformación del sector energético con el nuevo proyecto de ley que
acaba de aprobar el día 20 de septiembre y, como ha dicho el propio
secretario de Estado de la Energía, el rescate del sistema eléctrico ante
una situación de auténtica emergencia financiera provocada por los
desaguisados de administraciones anteriores. El objetivo está muy claro:
que nunca más se vuelva a producir un desfase, y, como explicó muy bien
el presidente del Gobierno Mariano Rajoy ayer, que tuvo que poner orden
en la bola de nieve que iba creciendo porque lo contrario hubiese sido un
incremento del recibo de más del 42%, algo que sería inasumible para
todos los españoles.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luzardo.


Llamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas.


Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas
empezando por las del Grupo Parlamentario Mixto, de los senadores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes. Comenzamos votando las enmiendas
números 1 a 4, 7, 11 y 12.


Se inicia la votación. (Pausa.)










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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 206; votos emitidos, 205; a favor, 59; en contra, 133;
abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 5.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 206; votos emitidos, 206; a favor, 59; en contra, 142;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos a continuación las enmiendas números 8 a 10 y
13.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 206; votos emitidos, 206; a favor, 67; en contra, 134;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos finalmente las enmiendas números 14 y 15.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 206; votos emitidos, 205; a favor, 67; en contra, 131;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


De los senadores Quintero y Zerolo, votamos la enmienda
número 38.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 206; votos emitidos, 206; a favor, 72; en contra, 132;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 16 a 37, 39 y 40.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 206; votos emitidos, 206; a favor, 72; en contra, 134.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, comenzamos
votando las enmiendas números 66 a 69.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 206; votos emitidos, 206; a favor, 66; en contra, 134;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos a continuación las enmiendas números 70 y 71.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 206; votos emitidos, 206; a favor, 67; en contra, 132;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Socialista, comenzamos votando las
enmiendas números 41 a 52, 54 a 58 y 60 a 63.


Se inicia la votación. (Pausa.)










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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 206; votos emitidos, 206; a favor, 58; en contra, 134;
abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A continuación, votamos la enmienda número 53.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 204; votos emitidos, 204; a favor, 67; en contra, 132;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


A continuación, votamos las enmiendas números 64 y 65.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 206; votos emitidos, 206; a favor, 67; en contra, 132;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Señorías, votamos la vuelta al texto del Congreso en lo
modificado por las enmiendas números 72 a 74, del Grupo Popular, a
solicitud de los Grupos Convergència i Unió y Socialista.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 206; votos emitidos, 206; a favor, 66; en contra, 135;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Señorías, votamos a continuación en un solo acto el resto
del proyecto de ley.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 206; votos emitidos, 206; a favor, 132; en contra, 60;
abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado.


Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la
Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado
al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas
en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el
Rey.


Señorías, buenas noches a todos.


Se levanta la sesión.


Eran las veintitrés horas.