6. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

6.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

6.1.1. Convenio de Seguridad Social entre el Reino de
España y la República de Cabo Verde, hecho en Praia el 23 de noviembre de
2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000079)

6.1.2. Convenio entre el Reino de España y la República
Dominicana para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal
en materia de impuestos sobre la renta y Protocolo, hecho en Madrid el 16
de noviembre de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000080)

6.1.3. Acuerdo entre el Reino de España y el Programa
Mundial de Alimentos para el establecimiento de oficinas del Programa
Mundial de Alimentos en España, hecho en Nueva York el 19 de julio de
2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000081)

6.1.4. Tratado sobre traslado de personas condenadas entre
el Reino de España y la República de Kazajstán, hecho en Madrid el 21 de
noviembre de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000082)

6.1.5. Convenio del Consejo de Europa sobre la
falsificación de productos médicos y delitos similares que supongan una
amenaza para la salud pública, hecho en Moscú el 28 de octubre de 2011, y
declaración que España desea formular.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000083)

6.1.6. Acuerdo sobre una zona de aviación común entre la
Unión Europea y sus Estados Miembros y la República de Moldavia, hecho en
Bruselas el 26 de junio de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000084)

6.1.7. Tratado de extradición entre el Reino de España y la
República de Kazajstán, hecho en Madrid el 21 de noviembre de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000085)

6.1.8. Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de
España y la República Federal Democrática de Etiopía, hecho en Addis
Abeba el 19 de febrero de 2013.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000086)

7. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

7.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

7.1.1. Proyecto de Ley de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Fomento

(Núm. exp. 621/000040)

7.1.2. Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y la
Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

Comisión: Fomento

(Núm. exp. 621/000034)

7.1.3. Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la
Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación de facultades del
Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por
carretera y por cable.

Comisión: Fomento

(Núm. exp. 621/000035)

Página
6009

Se aprueba la moción, con la incorporación de la enmienda
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por el siguiente resultado:
presentes, 236; votos emitidos, 236; a favor, 207; en contra, 28;
abstenciones, 1.

5. MOCIONES

5.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas de política exterior para proteger a las minorías
religiosas cristianas.

(Núm. exp. 662/000091)

Autor: GPP

6042

El señor Muñoz-Alonso Ledo defiende la moción.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas del
Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de este senador y el señor
Mariscal Cifuentes.

El señor Losada de Azpiazu defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.

El señor vicepresidente, Lucas Fernández, informa de que se
ha presentado una propuesta de modificación, por lo que decaen las
enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Muñoz-Alonso Ledo expone la posición de su grupo
respecto de las enmiendas.

En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; Anasagasti Olabeaga, por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Saura Laporta, por el
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Maldonado i Gili,
por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió;
Losada de Azpiazu, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Muñoz-Alonso
Ledo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la propuesta de modificación, por el siguiente
resultado: presentes, 241, votos emitidos, 241, a favor, 176, en contra,
64; abstenciones, 1.

5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a reconocer a
los menores expuestos a la violencia de género la consideración de
víctimas de la misma, garantizándoles el derecho a la asistencia social
integral.

(Núm. exp. 662/000092)

Autor: GPP

6058

El señor presidente informa de la presentación de una
propuesta de modificación, por lo que decaen las enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto y del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Dueñas Martínez defiende la moción.

La señora Cunyat Badosa defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

La señora Dueñas Martínez expone la posición de su grupo
respecto de la enmienda.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Iparragirre
Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV);
Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya, y Cunyat Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió; así como el señor Sen Vélez, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y la señora Dueñas Martínez, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la propuesta de modificación, por el siguiente
resultado: presentes, 235; votos emitidos, 234; a favor, 217;
abstenciones, 17.

5.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas para frenar la pérdida de poder adquisitivo de
los trabajadores.

(Núm. exp. 662/000090)

Autor: GPS

6072

El señor Martínez-Aldama Sáenz defiende la moción.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto.

El señor Martínez-Aldama Sáenz expone la posición de su
grupo respecto de la enmienda.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Peris
Jarque.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Martínez Muñoz,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Guillot
Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la
señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió; el señor Martínez-Aldama Sáenz, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y la señora Peris Jarque, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con la incorporación de la enmienda
del Grupo Parlamentario Mixto, por el siguiente resultado: presentes,
232; votos emitidos, 232; a favor, 70; en contra, 150; abstenciones,
12.

6. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

6.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

6.1.1. Convenio de Seguridad Social entre el Reino de
España y la República de Cabo Verde, hecho en Praia el 23 de noviembre de
2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

6090

(Núm. exp. 610/000079)

6.1.2. Convenio entre el Reino de España y la República
Dominicana para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal
en materia de impuestos sobre la renta y Protocolo, hecho en Madrid el 16
de noviembre de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

6090

(Núm. exp. 610/000080)

6.1.3. Acuerdo entre el Reino de España y el Programa
Mundial de Alimentos para el establecimiento de oficinas del Programa
Mundial de Alimentos en España, hecho en Nueva York el 19 de julio de
2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

6090

(Núm. exp. 610/000081)

6.1.4. Tratado sobre traslado de personas condenadas entre
el Reino de España y la República de Kazajstán, hecho en Madrid el 21 de
noviembre de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

6090

(Núm. exp. 610/000082)

6.1.5. Convenio del Consejo de Europa sobre la
falsificación de productos médicos y delitos similares que supongan una
amenaza para la salud pública, hecho en Moscú el 28 de octubre de 2011, y
declaración que España desea formular.

Comisión: Asuntos Exteriores

6090

(Núm. exp. 610/000083)

6.1.6. Acuerdo sobre una zona de aviación común entre la
Unión Europea y sus Estados Miembros y la República de Moldavia, hecho en
Bruselas el 26 de junio de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

6090

(Núm. exp. 610/000084)

6.1.7. Tratado de extradición entre el Reino de España y la
República de Kazajstán, hecho en Madrid el 21 de noviembre de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

6090

(Núm. exp. 610/000085)

6.1.8. Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de
España y la República Federal Democrática de Etiopía, hecho en Addis
Abeba el 19 de febrero de 2013.

Comisión: Asuntos Exteriores

6091

(Núm. exp. 610/000086)

El señor Muñoz-Alonso Ledo, presidente de la comisión,
presenta los dictámenes.

El señor Unamunzaga Osoro y la señora Capella i Farré
manifiestan su abstención respecto al conjunto de dictámenes.

Se aprueban los dictámenes por asentimiento de la Cámara,
con la salvedad de voto manifestada por los senadores que han
intervenido, y se entienden concedidas las autorizaciones.

7. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

7.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

7.1.1. Proyecto de Ley de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Fomento

6091

(Núm. exp. 621/000040)

La señora Pan Vázquez, presidenta de la comisión, presenta
el dictamen.

Comienza el debate de las propuestas de veto.

El señor Mariscal Cifuentes defiende la propuesta de veto
número 1, presentada por el señor Iglesias Fernández y dicho senador, del
Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto
número 2, presentada por este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Martí Jufresa defiende la propuesta de veto número
3, presentada por la señora Almiñana Riqué, los señores Bruguera Batalla,
Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs, y la señora Sequera
García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Fernández Ortega defiende la propuesta de veto
número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora
Fernández-Cueva Lominchar.

En turno de portavoces intervienen el señor Mariscal
Cifuentes, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Iparragirre
Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el
señor Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya, y la señora Candini i Puig, por el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado Convergència i Unió; así como los señores Fernández Ortega,
por el Grupo Parlamentario Socialista, y Mateu Istúriz, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a la votación de las propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, de los señores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto,
por el siguiente resultado: presentes, 230; votos emitidos, 230; a favor,
69; en contra, 143; abstenciones, 18.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, de los señores
Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes, 228; votos
emitidos, 228; a favor, 64; en contra, 147; abstenciones. 17.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, de la señora
Almiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa,
Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente
resultado: presentes, 229; votos emitidos, 229; a favor, 64; en contra,
147; abstenciones, 18.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, del Grupo
Parlamentario Socialista, por el siguiente resultado: presentes, 230;
votos emitidos, 230; a favor, 65; en contra, 147; abstenciones, 18.

Comienza el debate del articulado.

El señor Mariscal Cifuentes defiende las enmiendas números
1 a 47, presentadas por el señor Iglesias Fernández y dicho senador, del
Grupo Parlamentario Mixto.

La señora Iparragirre Bemposta defiende las enmiendas
números 182 a 187, 189 a 190 y 192 a 209.

Los señores Guillot Miravet y Martí Jufresa defienden las
enmiendas números 48 a 132, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.

La señora Candini i Puig defiende las enmiendas números 210
a 244, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió.

El señor Tovar Mena defiende las enmiendas números 133 a
181, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor
Ibarrondo Bajo.

En turno de portavoces intervienen el señor Martí Jufresa,
por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y la señora
Candini i Puig, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; así como los señores Fernández Ortega, por el Grupo
Parlamentario Socialista, e Ibarrondo Bajo, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.

Se procede a la votación.

Se rechazan las enmiendas números 12 y 19, de los señores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto,
por el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 230; a favor,
16; en contra, 210; abstenciones, 4.

Se rechazan las enmiendas números 38 y 46, de los señores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto,
por el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 230; a favor,
76; en contra, 150; abstenciones, 4.

Se rechazan las enmiendas números 21, 25 y 43, de los
señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario
Mixto, por el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 230; a
favor, 5; en contra, 149; abstenciones, 76.

Se rechazan las enmiendas números 5, 7, 9, 14, 16, 18, 22,
24, 26, 27, 33, 39, 40, 42 y 44, de los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por el siguiente
resultado: presentes, 231; votos emitidos, 228; a favor, 3; en contra,
210; abstenciones, 15.

Se rechazan las enmiendas números 1 a 4, 6, 8, 10, 11, 13,
15, 17, 20, 23, 28 a 32, 34 a 37, 41, 45 y 47, de los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por

el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos,
230; a favor, 68; en contra, 148; abstenciones, 14.

Se rechazan las enmiendas números 182, 183, 187, 190, 195,
196 y 204, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por el
siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 230; a favor, 15; en
contra, 211; abstenciones, 4.

Se rechazan las enmiendas números 198 y 199, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por el siguiente resultado:
presentes, 232; votos emitidos, 228; a favor, 9; en contra, 209;
abstenciones, 10.

Se rechazan las enmiendas números 184, 193, 194, 203 y 205
a 208, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por el
siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 229; a favor, 19; en
contra, 144; abstenciones, 66.

Se rechazan las enmiendas números 185, 186, 189 y 192, del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por el siguiente
resultado: presentes, 233; votos emitidos, 230; a favor, 74; en contra,
145; abstenciones, 11.

Se rechazan las enmiendas números 197, 200 a 202 y 209, del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por el siguiente
resultado: presentes, 232; votos emitidos, 229; a favor, 69; en contra,
146; abstenciones, 14.

Se rechazan las enmiendas números 48, 49, 51 a 55 y 57, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente
resultado: presentes, 232; votos emitidos, 229; a favor, 67; en contra,
144; abstenciones, 18.

Se rechaza la enmienda número 50, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes,
233; votos emitidos, 230; a favor, 11; en contra, 204; abstenciones,
15.

Se rechaza la enmienda número 56, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes,
233; votos emitidos, 230; a favor, 77; en contra, 149; abstenciones,
4.

Se rechaza la enmienda número 58, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes,
233; votos emitidos, 230; a favor, 67; en contra, 153; abstenciones,
10.

Se rechazan las enmiendas números 59 a 62, 64 a 67, 76, 77,
79, 80, 86 a 96, 98, 100, 102, 105, 108, 113 a 117, 119 a 122, 126, 130 y
132, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el
siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 230; a favor, 67; en
contra, 145; abstenciones, 18.

Se rechazan las enmiendas números 63, 68 a 75, 78, 81 a 85,
123 y 131, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por
el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 230; a favor, 77;
en contra, 149; abstenciones, 4.

Se rechazan las enmiendas números 90, 92, 94, 99, 101, 103,
107, 109, 111, 112, 118, 124, 125, 127 y 129, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes,
231; votos emitidos, 228; a favor, 4; en contra, 209; abstenciones,
15.

Se rechazan las enmiendas números 97 y 104, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente
resultado: presentes, 233; votos emitidos, 230; a favor, 14; en contra,
211; abstenciones, 5.

Se rechazan las enmiendas números 106, 110 y 128, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente
resultado: presentes, 232; votos emitidos, 229; a favor, 4; en contra,
148; abstenciones, 77.

Se rechaza la enmienda número 220, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por el siguiente resultado:
presentes, 233; votos emitidos, 230; a favor, 19; en contra, 153;
abstenciones, 58.

Se rechazan las enmiendas números 210, 212, 222 a 224, 226,
227, 232, 233, 237 a 239 y 241, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió, por el siguiente resultado: presentes, 233;
votos emitidos, 230; a favor, 81; en contra, 145; abstenciones, 4.

Se rechazan las enmiendas números 228, 229, 240 y 242 a
244, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió,
por el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 230; a favor,
15; en contra, 145; abstenciones, 70.

Se rechazan las enmiendas números 213, 225, 230, 231 y 236,
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por el
siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 230; a favor, 17; en
contra, 213.

Se rechazan las enmiendas números 211, 214 a 219, 221, 234
y 235, por el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 230; a
favor, 25; en contra, 149; abstenciones, 56.

Se rechaza la enmienda número 149, del Grupo Parlamentario
Socialista, por el siguiente resultado: presentes, 232; votos emitidos,
229; a favor, 65; en contra, 154; abstenciones, 10.

Se rechazan las enmiendas números 147, 156, 158, 159, 163 a
170, 174 y 177 a 181, por el siguiente resultado: presentes, 233; votos
emitidos, 230; a favor, 77; en contra, 145; abstenciones, 8.

Se rechazan las enmiendas números 133 a 146, 148, 150 a
155, 157, 160 a 162, 171 a 173, 175 y 176, del Grupo Parlamentario
Socialista, por el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos,
230; a favor, 66; en contra, 145; abstenciones, 19.

Se aprueba el proyecto de ley, por el siguiente resultado:
presentes, 233; votos emitidos, 233; a favor, 149; en contra, 74;
abstenciones, 10.

El señor presidente informa de que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.

7.1.2. Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y la
Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

Comisión: Fomento

6136

(Núm. exp. 621/000034)

La señora Pan Vázquez, presidenta de la comisión, presenta
el dictamen.

Comienza el debate de las propuestas de veto.

El señor Mariscal Cifuentes defiende la propuesta de veto
número 1, del señor Iglesias Fernández y este senador, del Grupo
Parlamentario Mixto.

El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto
número 2, de este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor
Santamaría Herranz.

En turno de portavoces intervienen los señores Mariscal
Cifuentes, por el Grupo Parlamentario Mixto; Guillot Miravet, por el
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Medina Tomé, por el
Grupo Parlamentario Socialista, y Santamaría Herranz, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a la votación de las propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, de los señores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto,
por el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 223; a favor,
57; en contra, 149; abstenciones, 17.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, de los señores
Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes, 224; votos
emitidos, 223; a favor, 59; en contra, 147; abstenciones, 17.

Comienza el debate del articulado.

El señor Mariscal Cifuentes defiende las enmiendas números
1 a 45, del señor Iglesias Fernández y dicho senador, del Grupo
Parlamentario Mixto.

El señor Quintero Castañeda defiende las enmiendas números
46 y 47, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por
este senador y el señor Zerolo Aguilar.

La señora Iparragirre Bemposta defiende las enmiendas
números 48 a 53, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV).

Los señores Guillot Miravet y Martí Jufresa defienden las
enmiendas números 113 a 130, 132 a 135, 137 a 143, 145, 146, 148 a 155,
157 a 212, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Candini i Puig defiende las enmiendas números 213
a 248 y 251 a 255, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió.

El señor Becana Sanahuja defiende las enmiendas números 54
a 101 y 103 a 112, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor
Ibarrondo Bajo.

En turno de portavoces intervienen el señor Quintero
Castañeda, por el Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Iparragirre
Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), y
Candini i Puig, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; así como los señores Fernández Ortega e Ibarrondo
Bajo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a la votación.

Se rechazan las enmiendas números 1 a 3, 5, 13 a 23 y 26 a
45, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto, por el siguiente resultado: presentes, 226; votos
emitidos, 222; a favor, 59; en contra, 146; abstenciones, 17.

Se rechaza la enmienda número 4, de los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por el
siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 221; a favor, 3; en
contra, 200; abstenciones, 18.

Se rechazan las enmiendas números 6, 8 y 9, de los señores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto,
por el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 222; a favor,
2; en contra, 202; abstenciones, 18.

Se rechaza la enmienda número 7, de los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por el
siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 222; a favor, 19; en
contra, 202; abstenciones, 1.

Se rechazan las enmiendas números 10 y 11, de los señores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto,
por el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 221; a favor,
64; en contra, 146; abstenciones, 11.

Se rechaza la enmienda número 12, de los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por el
siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 222; a favor, 70; en
contra, 147; abstenciones, 5.

Se rechazan las enmiendas números 24 y 25, de los señores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto,
por el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 222; a favor,
2; en contra, 203; abstenciones, 17.

Se rechaza la enmienda número 46, del Grupo Parlamentario
Mixto, originariamente presentada por los señores Quintero Castañeda y
Zerolo Aguilar, por el siguiente resultado: presentes, 226; votos
emitidos, 222; a favor, 19; en contra, 198; abstenciones, 5.

Se rechaza la enmienda número 47, del Grupo Parlamentario
Mixto, originariamente presentada por los señores Quintero Castañeda y
Zerolo Aguilar, por el siguiente resultado: presentes, 226; votos
emitidos, 222; a favor, 65; en contra, 142; abstenciones, 15.

Se rechaza la enmienda número 48, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por el siguiente resultado: presentes, 225;
votos emitidos, 221; a favor, 80; en contra, 141.

Se rechaza la enmienda número 49, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por el siguiente resultado: presentes, 225;
votos emitidos, 221; a favor, 18; en contra, 203.

Se rechazan las enmiendas números 50 a 52, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 222; a favor, 63; en contra, 147;
abstenciones, 12.

Se rechaza la enmienda número 53, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por el siguiente resultado: presentes, 226;
votos emitidos, 222; a favor, 7; en contra, 203; abstenciones, 12.

Se rechazan las enmiendas números 113 a 124, 126 a 130,
133, 134, 137 a 143, 145, 148 a 154, 157 a 165, 167 a 171, 173, 176, 181
a 191 y 194 a 212, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya, por el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos,
222; a favor, 59; en contra, 146; abstenciones, 17.

Se rechazan las enmiendas números 125 y 135, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente
resultado: presentes, 226; votos emitidos, 222; a favor, 71; en contra,
146; abstenciones, 5.

Se rechazan las enmiendas números 132, 178 y 179, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente
resultado: presentes, 226; votos emitidos, 222; a favor, 65; en contra,
146; abstenciones, 11.

Se rechaza la enmienda número 146, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes,
226; votos emitidos, 222; a favor, 58; en contra, 151; abstenciones,
13.

Se rechaza la enmienda número 155, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes,
226; votos emitidos, 222; a favor, 71; en contra, 151.

Se rechazan las enmiendas números 166, 172 y 174, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente
resultado: presentes, 226; votos emitidos, 222; a favor, 2; en contra,
202; abstenciones, 18.

Se rechaza la enmienda número 175, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes,
226; votos emitidos, 222; a favor, 19; en contra, 202; abstenciones,
1.

Se rechazan las enmiendas números 177, 192 y 193, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente
resultado: presentes, 225; votos emitidos, 221; a favor, 2; en contra,
202; abstenciones, 17.

Se rechaza la enmienda número 180, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes,
224; votos emitidos, 220; a favor, 69; en contra, 146; abstenciones,
5.

Se rechazan las enmiendas números 213, 214, 216 a 219, 220,
221, 224, 225, 228, 229, 231, 232, 234, 237, 238, 240, 244, 245, 248, 251
y 255, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió,
por el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 222; a favor,
76; en contra, 146.

Se rechaza la enmienda número 241, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 221; a favor, 71; en contra, 150.

Se rechaza la enmienda número 222 y 223, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por el siguiente
resultado: presentes, 226; votos emitidos, 222; a favor, 72; en contra,
145; abstenciones, 5.

Se rechazan las enmiendas números 215, 226, 227, 230, 233,
235, 236, 239, 242, 243, 246, 247 y 252 a 254, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 222; a favor, 19; en contra, 203.

Se rechazan las enmiendas números 66 y 76, del Grupo
Parlamentario Socialista, por el siguiente resultado: presentes, 226;
votos emitidos, 222; a favor, 71; en contra, 146; abstenciones, 5.

Se rechaza la enmienda número 101, del Grupo Parlamentario
Socialista, por el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos,
222; a favor, 71; en contra, 151.

Se rechaza la enmienda número 90, del Grupo Parlamentario
Socialista, por el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos,
222; a favor, 59; en contra, 151; abstenciones, 12.

Se rechazan las enmiendas números 65, 72 y 73, del Grupo
Parlamentario Socialista, por el siguiente resultado: presentes, 226;
votos emitidos, 222; a favor, 63; en contra, 146; abstenciones, 13.

Se rechazan las enmiendas números 54 a 64, 67 a 71, 74, 75,
77 a 89, 91 a 100, y 103 a 112, por el siguiente resultado: presentes,
226; votos emitidos, 222; a favor, 58; en contra, 146; abstenciones,
18.

Se aprueba el proyecto de ley por el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 226; a favor, 150; en contra, 62;
abstenciones, 14.

El señor presidente informa de que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.

7.1.3. Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la
Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación de facultades del
Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por
carretera y por cable.

Comisión: Fomento

6167

(Núm. exp. 621/000035)

La señora Pan Vázquez, presidenta de la comisión, presenta
el dictamen.

Comienza el debate de totalidad.

En turno a favor hace uso de la palabra el señor Ortiz
Pérez.

Comienza el debate del articulado.

La señora Candini i Puig defiende las enmiendas números 1 y
2, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Ortiz
Pérez.

Se procede a la votación.

Se rechazan las enmiendas números 1 y 2, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por el siguiente
resultado: presentes, 223; votos emitidos, 219; a favor, 17; en contra,
202.

Se aprueba el proyecto de ley por el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 223; a favor, 206, en contra, 17.

El señor presidente informa de que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.

Se suspende la sesión a las veintiuna horas y cincuenta
minutos.

Página
6020

demanava al ministre De Guindos fa 15 dies que el Govern
per una vegada no anés a remolc del que dictés la Unió Europea i no anés
a remolc del que li dictaven els tribunals, i jo crec que aquest cop ha
fet un pas, s’ha avançat al que dirà la directiva europea que en
breu, esperem, surti demanant que s’eliminin les clàusules sòl, i
entenem que aquesta transaccional que ens presenten i que aquesta moció
que espero que s’aprovi avui sigui un gran avanç i permeti eliminar
aquestes clàusules terra a totes les hipoteques de totes les entitats
bancàries, no només aquelles que s’han vist afectades per la
sentència del Tribunal Suprem.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

En el último Pleno presentamos una interpelación al
Gobierno preocupados por la problemática y el clamor popular contra las
cláusulas suelo, debido a reiteradas sentencias, en especial una del
Tribunal Supremo. Considerábamos que la nueva Ley de medidas para
reforzar la protección a los deudores hipotecarios, aprobada escasamente
quince días antes de esta interpelación, era, a nuestro parecer,
insuficiente y no daba cobertura a más de 3 millones de personas con
hipotecas con cláusulas suelo. Por eso presentamos la interpelación y hoy
estamos aquí defendiendo esta moción, pidiendo al Gobierno que interceda
y actúe para dar una solución transversal a todos aquellos afectados por
estas cláusulas suelo, que no estaban incluidas en la nueva Ley de
medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios por
diversos motivos.

Pensamos que la cláusula suelo media en las hipotecas
firmadas hoy en día es de un 3%. Teniendo en cuenta que el euríbor ayer
estaba en el 0,5%, tengo que decir que esto supone un mínimo muy alto,
que perjudica a muchas familias y beneficia a muchas entidades
bancarias.

Según la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros,
el ahorro medio para eliminar estas cláusulas suelo en las hipotecas
estaría entre 80 y 300 euros mensuales. Creemos que esto puede evitar
incluso muchos desahucios. De hecho, BBVA y Cajamar han anunciado ya la
semana pasada que eliminaban las cláusulas suelo de todas sus hipotecas,
y Nova Caixa Galicia ha anunciado ya que les seguirá con esta medida.
Pensamos que solo en el caso de BBVA y Cajamar hay afectadas 600 000
familias. Esto es muchísimo, muchísima gente que se beneficiará por la
retirada de estas cláusulas suelo.

Es cierto que, hoy por hoy, solo lo están haciendo aquellas
entidades bancarias, estas tres concretamente, que han sido objeto de
resolución por parte del Tribunal Supremo. No obstante, el objeto de esta
moción, y el interés que tiene Convergència i Unió al presentar no solo
la interpelación, sino esta moción consecuencia de interpelación, es que
esta medida se extienda a las demás entidades bancarias.

La defensora del pueblo ya ha solicitado al Banco de España
que actúe en defensa de los consumidores y recomiende a las entidades
financieras la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo a todas
las entidades bancarias. La Asociación General de Consumidores ha pedido
al Gobierno que dicte una orden ministerial que obligue a las entidades
bancarias a eliminar la cláusula suelo.

En el último Pleno, en respuesta del ministro De Guindos,
parecía que el Gobierno consideraba que había hecho ya suficiente
dictando la nueva ley de medidas para reforzar la protección a los
deudores hipotecarios. No obstante, han pasado quince días, hoy estamos
aquí, y el Grupo Parlamentario Popular, el grupo que apoya al Gobierno,
ha presentado una transaccional, que nosotros hemos aceptado, como un
paso muy importante. Es cierto que no es todo lo que nosotros hubiésemos
querido porque no contempla medidas que nos hubiese gustado incorporar,
pero también es cierto que es un gran avance. Yo pedí al ministro De
Guindos hace dos semanas que el Gobierno, por una vez, no fuese a
remolque de lo que dictasen la Unión Europea y los tribunales, y creo que
esta vez ha dado un paso, se ha avanzado hacia lo que dirá la directiva
europea, que en breve esperamos que salga pidiendo que se eliminen las
cláusulas suelo, y entendemos que esta transaccional que nos presentan, y
esta moción que espero que se apruebe hoy, sea un gran avance y permita
eliminar estas cláusulas suelo en las hipotecas de todas las entidades
bancarias, no solo aquellas que se han visto afectadas por la sentencia
del Tribunal Supremo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Parera.

Efectivamente, se ha presentado una transaccional firmada
por todos los grupos, menos por el Grupo Parlamentario Mixto. Por lo
tanto, la enmienda presentada por los senadores Iglesias y Mariscal no
decae. Para la defensa de la enmienda tiene la palabra el senador
Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Buenos días. Gracias, señor
presidente.

Efectivamente, mantenemos nuestra enmienda porque, aun
valorando positivamente el contenido de la moción, creemos que deja sin
resolver alguna cuestión importante que es motivo, precisamente, del
texto que se plantea como enmienda.

Durante el boom inmobiliario, prácticamente la totalidad de
las hipotecas suscritas contenían la cláusula suelo. Según el Colegio de
Registradores, el 80% de las hipotecas suscritas tenían esta cláusula. Al
día de hoy hay vivas, aproximadamente, 1 700 000 hipotecas con cláusula
suelo, que reportan un plus inmerecido, injustificado e ilegal a los
bancos de aproximadamente 1700 millones al año. Hay quien ya no está
entre este 1 700 000, hay quien ya terminó de pagar su hipoteca con
cláusula suelo y hay quien ya fue desahuciado por no poder pagar su
hipoteca con cláusula suelo.

La sentencia del Tribunal Supremo declara la ilegalidad de
estas cláusulas pero no da el paso lógico jurídicamente que se debiera
derivar de tal declaración. Si hay una cláusula abusiva en un contrato,
si los bancos percibieron un plus anual de 1700 millones al año, hubo
enriquecimiento injusto, y si hubo enriquecimiento injusto habrá que
compensar a quienes fueron víctimas de ese enriquecimiento injusto, a
quienes pagaron de más 1700 millones de euros al año. Y eso, ese paso no
lo da el Tribunal Supremo, imagino que porque más allá de las
consideraciones jurídicas juegan en este tema cuestiones relacionadas con
la estabilidad del sistema financiero, lo cual no deja de ser una
demostración más de que la justicia no es igual para todos los
ciudadanos.

Quienes no fueron capaces de afrontar la amortización de
estas hipotecas con cláusula suelo padecieron las consecuencias, fueron
ejecutados y desahuciados. Quien, sin embargo, se benefició de una
cláusula abusiva no va a compensar ahora a quienes tuvieron que hacer
frente al pago de las consecuencias que se derivaban de la misma. Por
ello nuestra enmienda plantea que es necesario dar ese paso lógico desde
la perspectiva jurídica y desde la perspectiva de justicia no en términos
jurídicos, sino en términos generales, y que por eso hay que plantear
compensaciones a quienes pagaron de más como consecuencia de esta
cláusula abusiva.

Ahora se pretende que el regulador, que el Banco de España
vigile que las entidades financieras dejen de aplicar esta cláusula
abusiva. Está bien, el problema y la pregunta lógica es: ¿Y por qué no se
hizo antes? ¿Por qué hasta este momento el regulador, el Banco de España,
como en otras tantas actuaciones irregulares de las entidades
financieras, estuvo mirando para otro lado? Según los inspectores del
Banco de España porque expresamente se les dijo que hicieran eso, que
miraran para otro lado.

Hasta tal punto esto es así y resulta escandaloso, que
antes daba el dato de las hipotecas vivas y el porcentaje según el
Colegio de Registradores que presentan cláusula suelo, pero esto son
proyecciones a partir de que el Banco de España no da estos datos; desde
el año 2009 el Banco de España dejó de incorporar en sus informes el
número de hipotecas que presentaban cláusula suelo. Yo creo que eso
tampoco es casualidad, esto formaba parte de la estrategia de mirar para
otro lado, esto formaba parte de dejar hacer, dejar pasar y sobre todo
dejar cobrar a las entidades financieras.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Tiene la palabra la senadora Parera para indicar si acepta
o no la enmienda.

La señora PARERA ESCRICHS: Moltes gràcies senyor
President,

Entenem perfectament l’esmena presentada per el Grup
Mixt, de fet, fins i tot compartim la seva preocupació i el seu criteri.
La sentència del Suprem, com molt bé deia, no te gaire sentit el no
aplicar la retroactivitat, li sembla que fins i tot fa una resolució
sobre un tema, pronunciant-se sobre un tema que no se li planteja en les
demandes i a més a més, en contra del què estableix el propi Codi Civil,
i per tant la pròpia llei. Argumenta trastorns greus de transcendència en
l’ordre públic econòmic per no aplicar la retroactivitat, de fet
BBVA les darreres manifestacions en boca del seu president ja deia que la
no aplicació de la retroactivitat, perdó la no aplicació de la clàusula

terra en el mes de juny, senzillament comportaria una
reducció del seu benefici net, per tant no li suposaria cap pèrdua,
simplement reducció dels beneficis. No obstant, entenem que és molt més
important treure i aprovar aquesta moció i tirar-la endavant, i donar
suport a una transaccional que ens presenta el Grup Popular, amb acord
del ministeri, que sembla que permeti donar un pas endavant, que no per
voler abastar-ho tot, quedant-se en no res i que no s’aprovi
aquesta moció. No obstant, sí que crec que hem de seguir treballant per
aconseguir tot allò que considerem que és just i que la sentència del
Suprem no reflecteix, com és la retroactivitat de la nul·litat
d’aquestes clàusules.

Per tant, no acceptarem aquesta esmena presentada en el dia
d’avui.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

Entendemos perfectamente la enmienda presentada por el
Grupo Mixto, de hecho incluso compartimos su preocupación y su criterio.
La sentencia del Supremo, como muy bien decía, no tiene mucho sentido al
no aplicar la retroactividad, incluso parece que hace una resolución
pronunciándose sobre un tema que no se le plantea en las demandas y
además en contra de lo que establece el propio Código Civil y por tanto
la propia ley. Argumenta trastornos graves en el orden público económico
para no aplicar la retroactividad, de hecho BBVA en las últimas
manifestaciones de su presidente decía ya que la no aplicación de la
cláusula suelo en el mes de junio sencillamente conllevaría una reducción
de su beneficio neto y por tanto no supondría ninguna pérdida, sino
simplemente reducción de sus beneficios. No obstante, entendemos que es
mucho más importante aprobar esta moción aceptando la transaccional que
nos presenta el Grupo Popular, con acuerdo del ministerio, que parece que
permite dar un paso adelante, que no por querer abarcarlo todo quedarnos
en nada y que no se apruebe esta moción. En todo caso, tenemos que seguir
trabajando para conseguir todo aquello que consideramos que es justo y
que la sentencia del Supremo no refleja como es la retroactividad de la
nulidad de estas cláusulas.

Por tanto, no aceptaremos esta enmienda presentada en el
día de hoy.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Parera.

¿Turno en contra? (Denegaciones.)

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, señor
presidente.

Buenos días. Seré muy breve. Estudiando la moción que hoy
se presenta, consideraba que iba hacer una intervención más de forma que
de fondo. Pero tras la aceptación de la transaccional he modificado un
poco el planteamiento. Es verdad que, quizás por mi corta trayectoria, la
visión que yo tenía era la de una continua no aceptación de enmiendas y
un no acuerdo. Ahora, entiendo que, con esta aceptación y con este
acuerdo al que se ha llegado, se modifica el planteamiento que yo tenía.
Yo reflexionaba sobre la negativa a la aceptación por el mero hecho de
ser un planteamiento de la oposición y debo decir que hoy la actitud
manifestada tanto por el grupo proponente como por el Grupo Popular viene
a darle la vuelta, con lo cual la valoración es más positiva.

No obstante, sí que considero, desde mi más modesta
opinión, que nuestra labor aquí debe ser precisamente esa, la de buscar
acuerdos y, a su vez, la de mantener una actitud más proactiva y no tanto
la de ir a remolque, como ha sido, quizás, el caso de las resoluciones
que en sentencias se verifiquen y por ello haya que tomar decisiones.

El portavoz de mi grupo, en la intervención que realizó en
el debate sobre el proyecto de ley en el Pleno de esta Cámara, decía
—atendiendo un poco a la prudencia, porque yo no estaba
presente— que tenemos que dar una solución y acordarnos de aquello
que no estamos solucionando, acordarnos de aquella gente a la que no
podemos llegar con esa solución. También pedía por favor que cuando
vayamos a votar, cuando vayamos a debatir, tengamos siempre enfrente la
cara y los ojos de cada una de las personas a las que vamos a intentar
ayudar. Yo hago

mías esas palabras suyas y, quizás, con un ejemplo como el
de hoy de poder llegar a acuerdos adquiera más valor todavía.

Seguiremos, no obstante, este tema que, sin duda, hoy mismo
es noticia de primera página, y lo vigilaremos de cerca, pero nuestro
voto también va a ser favorable.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Iparragirre.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Bon dia. Gràcies, senyor
president.

Senyories, la moció conseqüència d’interpel·lació que
ens ha presentat la senadora Parera en nom de Convergència i Unió el que
pretén, i és lloable, és generalitzar el que entenem tots que és la
jurisprudència que estableix el Tribunal Suprem en la sentència del
passat 9 de març, en la qual declara nul·les algunes clàusules —no
totes, també cal dir-ho, les que varen ser objecte de la sentència,
produïdes si no recordo malament, a la província de Sevilla—, en la
qual es declaren nul·les les clàusules sòl d’aquestes hipoteques
que afectaven tres entitats bancàries: el BBVA, Nova Caixa Galicia i
Cajamar.

La sentència considera, per tant, que es produeix falta de
transparència, i assenyala una sèrie de motius, concretament sis, que
poden provocar aquesta manca de transparència i per tant la nul·litat de
la clàusula sòl. En primer lloc la creació de l’aparença d’un
contracte de préstec a interès variable en el qual les oscil·lacions a la
baixa de l’índex de referència repercuteixin en una disminució del
preu del diner. En segon lloc, una manca d’informació suficient al
tractar-se d’un element definitori, d’un element clau de
l’objecte principal del contracte. En tercer lloc, la creació de
l’aparença que el sòl té com a contraprestació inescindible, o
hauria de tenir, la fixació d’un sostre, i això no passa, com tots
sabem, en moltes de les hipoteques. En quart lloc, la ubicació de la
clàusula sòl entre una aclaparadora quantitat de dades, entre les quals
queda emmascarada aquesta clàusula sòl, i per tant es dilueix
l’atenció del consumidor. En cinquè lloc, l’absència de
simulacions d’escenaris diversos, relacionats amb el comportament
raonable, previsible, dels tipus d’interès en el moment de
contractar, o en la fase precontractual, i finalment en sisè lloc, la
inexistència d’advertiment previ, clar i comprensible sobre el cost
comparatiu amb altres productes de la mateixa entitat bancària.

Bé, a petició d’alguna d’aquestes entitats, a
més a més, el Tribunal Suprem va dictar una interlocutòria
d’aclariment fa relativament poc, el dia 12 d’aquest mateix
mes, en el qual establia que era suficient l’incompliment
d’un d’aquests sis supòsits, no que s’haguessin de
complir els sis, o una part, sinó únicament un d’aquests sis
supòsits, perquè la clàusula sòl fos considerada nul·la.

Bé, per tant compartim la voluntat de la moció en el sentit
d’aconseguir la generalització d’aquesta sentència, no només
en el cas de les persones afectades per la sentència, beneficiades per la
sentència, i de les tres entitats bancàries dites anteriorment, sinó pel
conjunt d’entitats bancàries del nostre país, que com s’han
dit són majoritàries les que tenen establertes clàusules sòl en els seus
préstecs hipotecaris.

Nosaltres haguéssim donat suport, sense cap mena de dubte,
a la moció presentada per Convergència i Unió tal com ha estat
presentada, com també haguéssim donat suport, suport entusiasta, a la
moció si s’hi hagués incorporat l’esmena dels senadors
Iglesias i Mariscal que planteja mecanismes de compensació als creditors
pels enriquiments injustos que han obtingut amb aquestes clàusules,
algunes, també cal dir-ho, no totes, de les entitats financeres, encara
que sí la majoria. Però tal com ha quedat finalment la moció, nosaltres
tenim seriosos dubtes. Només cal veure per exemple la premsa
d’avui, en la qual fa la sensació efectivament que el Govern es
treu un mica el problema de sobre i el trasllada al Banc
d’Espanya.

Nosaltres estem convençuts que tard o d’hora el
Govern haurà d’actuar. Tenim exemples; la inoperància del Govern,
la falta d’acció de proactivitat del Govern ha fet que hagi hagut
d’actuar després que o bé la Unió Europea en el cas per exemple
dels desnonaments, de los desahucios, o de les preferents, o bé a través
de l’actuació de la justícia espanyola, per tant haurà
d’actuar de tota manera; aquesta moció tal com ha quedat dóna la
porta a eludir les responsabilitats per part del Govern traslladar-les al
Banc d’Espanya. En definitiva, nosaltres el que volem
—termino, señor presidente—, el que pretenem, el que volem,
és que es resolgui. Ens posem del costat i entenem

la preocupació de milers i milers, milions, de ciutadans
espanyols i ens agradaria pensar que aquest titular d’AUSBANC,
«Adiós a la clàusula suelo», per culpa d’aquesta moció, tal com ha
quedat finalment, no quedi en un hasta luego. Nosaltres per tant entenent
i acceptant i volent que es resolgui el fons de la qüestió i que es
generalitzi doncs la sentència del Tribunal Suprem, ens abstindrem perquè
creiem que no és la millor solució perquè el Govern eludeix les
responsabilitats que li pertoquen.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Buenos días, señoría. La moción consecuencia de
interpelación que nos ha presentado la senadora Parera, en nombre del
Grupo Catalán Convergència i Unió, pretende, y es loable, generalizar lo
que entendemos todos que es la jurisprudencia que establece el Tribunal
Supremo en la sentencia del pasado 9 de mayo, en la que declara nulas
algunas cláusulas suelo —no todas, hay que decirlo, solo las que
fueron objeto de la sentencia, producidas, si no recuerdo mal, en la
provincia de Sevilla—, de estas hipotecas que afectaban a tres
entidades bancarias: BBVA, Nova Caixa Galicia y Cajamar.

La sentencia considera que se ha producido una falta de
transparencia y señala una serie de motivos, concretamente seis, que
pueden producir esta falta de transparencia y, por lo tanto, la nulidad
de la cláusula suelo. En primer lugar, la creación de la apariencia de un
contrato de préstamo a interés variable en el que las oscilaciones a la
baja del índice de referencia repercutan en una disminución del precio
del dinero. En segundo lugar, una falta de información suficiente al
tratarse de un elemento definitorio, un elemento clave del objeto
principal del contrato. En tercer lugar, la creación de la apariencia de
que el suelo tiene como contraprestación inescindible o debería tener la
fijación de un techo, y eso no sucede, como todos sabemos, en muchas de
las hipotecas. En cuarto lugar, la ubicación de la cláusula suelo entre
una abrumadora cantidad de datos entre los cuales queda enmascarada esta
cláusula suelo y, por lo tanto, se diluye la atención del consumidor. En
quinto lugar, la ausencia de simulaciones de escenarios diversos
relacionados con el comportamiento razonable y previsible de los tipos de
interés en el momento de contratar, en fase precontractual. Y,
finalmente, en sexto lugar, la inexistencia de una advertencia previa
clara y comprensible sobre el coste comparativo con otros productos de la
misma entidad bancaria.

Pues bien, a petición de algunas de estas entidades, el
Tribunal Supremo dictó además un auto de aclaración hace relativamente
poco, el día 12 de este mismo mes, en el que establecía que era
suficiente el incumplimiento de uno de estos supuestos y no se tenían que
cumplir los seis, sino únicamente uno de ellos para que la cláusula suelo
fuese considerada nula.

Por lo tanto, compartimos el objetivo de la moción en el
sentido de conseguir la generalización de esta sentencia no solo para el
caso de las personas beneficiadas por la sentencia respecto a las tres
entidades bancarias mencionadas anteriormente, sino también por el
conjunto de entidades bancarias de nuestro país, pues, como se ha dicho,
la mayoría tienen establecidas cláusulas suelo en sus préstamos
hipotecarios.

Nosotros hubiésemos dado nuestro apoyo sin ninguna duda a
la moción presentada por el Grupo Catalán Convergència i Unió tal y como
ha sido presentada. También hubiésemos dado nuestro apoyo entusiasta a la
moción si se hubiese incorporado la enmienda de los senadores Iglesias y
Mariscal, que plantean mecanismos de compensación a los acreedores por
los enriquecimientos injustos que han obtenido con estas cláusulas
—también hay que decirlo, no todas, aunque sí la mayoría— las
entidades financieras. Pero, tal y como ha quedado finalmente la moción,
nosotros tenemos serias dudas. Solo hay que ver, por ejemplo, la prensa
de hoy en la que se da la sensación de que, efectivamente, el Gobierno se
quita el problema de encima y lo traslada al Banco de España.

Nosotros estamos convencidos de que el Gobierno tarde o
temprano tendrá que actuar. Tenemos ejemplos de la inoperancia del
Gobierno; la falta de proactividad del Gobierno ha hecho que haya tenido
que actuar después de la Unión Europea, por ejemplo, en el caso de los
desahucios o de las preferentes, o bien de la actuación de la justicia
española. Por consiguiente, tendrá que actuar de todas formas. Y esta
moción, tal y como ha quedado, abre la puerta a eludir las
responsabilidades por parte del Gobierno y trasladarlas al Banco de
España. En definitiva —y termino, señor presidente—, lo que
pretendemos es que se resuelva. Entendemos la preocupación

de millones de ciudadanos españoles, y nos gustaría pensar
que el titular de Ausbanc: «Adiós a la cláusula suelo», gracias a esta
moción, tal como ha quedado finalmente redactada, no quede en un: hasta
luego. Por tanto, nosotros queremos que se resuelva el fondo de la
cuestión y que se generalice la sentencia del Tribunal Supremo, pero nos
abstendremos porque creemos que no es la mejor solución, porque el
Gobierno elude responsabilidades que tiene.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.

Por el Grupo Parlamentario Catalán Convergéncia i Unió,
tiene la palabra la senadora Parera.

La señora PARERA ESCRICHS: Moltes gràcies senyor
president,

Nosaltres entenem que fer política és arribar a acords.
Reiteradament des dels nostres escons, des d’aquí, des
d’aquesta estrada, reclamem que el PP dialogui i transaccioni,
accepti iniciatives presentades per d’altres grups parlamentaris, i
no exerceixi la seva majoria absoluta, sense escoltar ningú. Avui, això
és el què ha passat aquí. Avui ho han fet, i jo crec que els altres grups
parlamentaris hem d’estendre la ma quan es fa aquest pas, perquè és
el què reclamem constantment. Transaccionar —no ens enganyem—
significa cedir per part de totes les parts, per tal de aconseguir un
acord. És evident que no tots aconseguim tot allò que voldríem, però això
és transaccionar. Perquè d’altre manera seria imposar, i nosaltres
no imposem, nosaltres el què volem és dialogar i transaccionar en
benefici dels ciutadans. Jo crec que això és el que avui ha passat.

És cert, com han dit altres companys que la transaccional
al final el que fa és traslladar la solució del problema al Banc
d’Espanya, i treure-se’l de sobre per part del Govern, però
tampoc ens podem oblidar que el Banc d’Espanya és en part gran
culpable de que aquesta situació hagi arribat on ha arribat; el govern
també, però també el Banc d’Espanya, i al final, al consumidor el
que l’interessa és que li donin una solució al problema; i
l’hi és igual si aquesta solució li dona el Govern o li dona el
Banc d’Espanya.

Pensem també que totes aquelles reclamacions que ara
s’estan portant davant d’un Tribunal, amb les despeses que
això suposa: taxes, procuradors i advocats, amb aquesta transaccional es
podran fer davant del Banc d’Espanya, si aquest no actua, i una
reclamació davant del Banc d’Espanya no té costos. Per tant ja li
estem donant un estalvi al ciutadà que vulgui fer una reclamació perquè
consideri que no se li ha donat una solució prou satisfactòria.

És cert que es segueix mantenint una gran protecció als
bancs, i amb això em refereixo a no voler tractar la retroactivitat de
l’anulació d’aquestes clàusules terra. Però la realitat és
que la sentència diu el què diu, i la sentència diu que aquesta
retroactivitat no s’ha d’aplicar. També és cert que el Codi
Civil diu un altre cosa, i que per tant, a més des de CiU ho compartim
així. Entenem que quan una clàusula sòl o una clàusula terra, o una
clàusula es considera nul·la, els efectes que aquesta clàusula ha produït
s’han de quedar anul·lats i s’han de restituir tots aquells
efectes que han produït. Això no és el que està passant. I jo crec, com
he reiterat abans, que hem de seguir treballant per això.

Però ara per ara, el poder donar un estalvi a aquelles
persones que tenen una clàusula terra que els està costant 300 euros al
mes, ja és una gran solució. No siguem avariciosos. Està molt bé voler
donar solucions de màxims, però també és bo donar solucions de mínims, i
a partir d’aquí anar treballant i fem un següent pas i arribem allà
on vulguem arribar, perquè jo crec que al final el sentit comú imperarà;
les sentències es segueixen produint. De fet sentències post resolució
del Tribunal Suprem ja estan aplicant la retroactivitat, per tant, per
molta jurisprudència que hagi dictat el Tribunal Suprem, hi ha molts
jutges que consideren que una clàusula nul·la comporta la retroactivitat
dels efectes que ha produït.

Jo crec que hem de seguir treballant amb això, però no
girem l’esquena a una solució que jo crec que pot ser bona, que pot
estalviar diners a moltes persones, i que els pot ajudar a sortir
d’un gran problema econòmic, d’un gran problema social que
estan generant aquestes clàusules terra actualment aplicades a la
pràctica totalitat de les hipoteques existents, vives avui en dia i
signades des de fa molts anys.

Moltíssimes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

Nosotros entendemos que hacer política es llegar a
acuerdos. Reiteradamente, desde nuestros escaños, desde aquí, desde este
estrado, reclamamos que el PP dialogue y transaccione, acepte iniciativas
presentadas por otros grupos parlamentarios y no ejerza su mayoría
absoluta, sin escuchar a nadie. Esto es lo que ha ocurrido hoy aquí y
creo que los demás grupos parlamentarios tenemos que extender la mano
cuando se da este paso, porque es lo que reclamamos constantemente.
Transaccionar —no nos engañemos— significa ceder por todas
las partes para conseguir un acuerdo. Es evidente que no siempre
conseguimos todo aquello que querríamos pero esto es transaccionar. De
otro modo, sería imponer, y nosotros no imponemos; nosotros lo que
queremos es dialogar y transaccionar en beneficio de los ciudadanos. Y
creo que esto es lo que hoy ha ocurrido.

Es cierto, como han dicho otros compañeros, que la
transaccional lo que hace al final es trasladar el problema al Banco de
España y quitárselo de encima por parte del Gobierno, pero tampoco
podemos olvidar que el Banco de España es en parte el gran culpable de
esta situación y de que haya llegado hasta donde ha llegado; el Gobierno
también, pero lo mismo el Banco de España, y, al final, al consumidor lo
que le interesa es que le den una solución al problema, y le da igual si
esa solución se la da el Gobierno o el Banco de España.

También consideramos, respecto a todas aquellas
reclamaciones que ahora se están llevando ante un tribunal, con los
gastos que ello supone —impuestos, procuradores, abogados—,
que con esta transaccional se podrán hacer en el Banco de España si este
no actúa, y una reclamación ante el Banco de España no tiene coste. Por
tanto, ya estamos procurando un ahorro al ciudadano que quiere hacer una
reclamación porque considere que no se le haya dado una solución
satisfactoria.

Es cierto que se sigue manteniendo una gran protección a
los bancos: me refiero a no querer tratar la retroactividad de la
anulación de estas cláusulas suelo. Pero la realidad es que la sentencia
dice lo que dice, que esta retroactividad no debe aplicarse. También es
cierto que el Código Civil dice otra cosa y desde Convergència lo
compartimos. Entendemos que cuando se considera nula una cláusula suelo
han de quedar anulados aquellos efectos que ha producido. Esto no es lo
que está ocurriendo. Y, como he dicho antes, creo que tenemos que seguir
trabajando para lograrlo.

No obstante, poder proporcionar en estos momentos a
aquellas personas que tienen una cláusula suelo un ahorro de 300 euros al
mes ya es una gran solución. No seamos avariciosos. Está muy bien dar
soluciones de máximos, pero también es bueno dar soluciones de mínimos, y
a partir de aquí ir trabajando y dar un segundo paso, hasta llegar donde
queremos llegar, porque creo que al final el sentido común imperará; las
sentencias se siguen produciendo. De hecho, sentencias posteriores a la
resolución del Tribunal Supremo ya están aplicando la retroactividad. Por
mucha jurisprudencia que haya sentado el Tribunal Supremo, hay muchos
jueces que consideran que una cláusula nula conlleva la retroactividad de
los efectos que ha producido.

Por tanto, creo que tenemos que seguir trabajando en ello,
pero no demos la espalda a una solución que creo que puede ser buena, que
puede ahorrar dinero a muchas personas y que les puede ayudar a salir de
un gran problema económico, que puede ayudar a salir del gran problema
social que están generando actualmente estas cláusulas suelo, aplicadas a
la práctica totalidad de las hipotecas existentes, vivas hoy en día y
firmadas desde hace muchos años.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Parera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Gracias, señor presidente.

Efectivamente, yo creo que lo importante en este caso
concreto es solucionar la cuestión, pero la cuestión se soluciona
fundamentalmente tomando resoluciones claras, concretas y que no deriven
a nadie su responsabilidad. Y aunque nosotros hubiéramos votado
favorablemente la moción presentada por Convergència i Unió —de
hecho, no presentamos ninguna enmienda—, nos parece que, con el
arreglo, esta moción empeora lo suficiente la situación para no poderlo
hacer. Primero, porque lo que intenta el Gobierno es eludir su
responsabilidad pasándosela al Banco de España, que por otra parte no
tiene ningún tipo de posibilidad de cambiar esa situación en los casos en
los que ya se ha producido; y recuérdese que ha sido declarada
ilegal.

Por otra parte, si ustedes tienen la respuesta del Banco de
España, y el ministro en concreto la tiene, no les quepa ninguna duda de
que si se leyeran sus propios informes, y en concreto el emitido a
petición de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera
publicado el 7 mayo de 2010, verían que el Banco de España manifiesta que
la creciente instalación de las cláusulas de limitación en las escrituras
permite concluir que el prestatario no podrá eludir en ningún caso su
incorporación si pretende acceder a un diferencial competitivo. Y añade:
Estas cláusulas son admisibles como elemento de estabilización de los
costes y de los rendimientos de los préstamos a largo plazo. Siempre que
el prestatario haya sido informado de forma adecuada no pueden
considerarse limitativas de los derechos. También añade, por cierto: La
valoración que de estas cláusulas se realiza en este informe no impide
reconocer que estas cláusulas, al igual que otros productos ofrecidos por
las entidades con el fin de limitar los riesgos de subida de tipos de
interés de los préstamos hipotecarios particulares, no han sido efectivas
para conseguir el objetivo perseguido.

Creo que está bastante claro que el Gobierno tiene que
asumir en este caso su responsabilidad, que ha sido claramente mandatado
en este caso por los juzgados, y que no es el Banco de España el
encargado de decir si la cláusula en este caso es ilegal o no lo es. Hay,
además, una cosa bastante clara, que el Banco de España parece que ha
fallado a favor claramente de las entidades financieras, porque del
propio informe se puede deducir —y ya lo sabía el Banco de España
en aquel momento— que la media ponderada del techo es del 13,56%
—es decir, para llegar a ese techo ya tenían que subir los tipos de
interés— y, en cambio, la del suelo es del 3,12; y en el caso de
las cláusulas solo suelo todavía más elevada, del 3,55.

Es claramente un abuso de las entidades financieras, que en
este caso ha sido declarado ilegal, y no es solamente un problema de
información al consumidor, porque aunque la información llegue al
consumidor adecuadamente este no tiene forma de eludir la cláusula si
quiere conseguir realmente la hipoteca. Por tanto, me parece bastante
claro que se trata de un abuso —repito— de las entidades
financieras con el fin de garantizarse unos beneficios extraordinarios, y
nada más.

En esta situación, quiero insistir en que el Gobierno no
puede trasladarle al Banco de España esta responsabilidad y tiene que
asumirla directamente, porque, como he dicho, se sabe claramente lo que
hará y lo que puede hacer el Banco de España. Y, por otra parte, hay una
cosa que el Gobierno no puede hacer, y es no leer sus propias leyes, y en
concreto el estatuto de autonomía del Banco de España, donde queda
bastante clara su independencia. Y el Gobierno no le puede mandatar.

Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Lerma.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Fernández de Moya.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Buenos días. Muchas
gracias, señor presidente.

Me corresponde en nombre del Grupo Parlamentario Popular
posicionar a mi grupo respecto de la moción consecuencia de interpelación
presentada por el Grupo Convergència i Unió. Y quiero que mis primeras
palabras sean de gratitud al grupo convergente y a la senadora Parera,
por lo que ha significado de voluntad de diálogo, capacidad de
negociación y, por lo tanto, poder llegar con un texto ciertamente
producto del consenso y del diálogo que trata de partir de la nada para
poner una hoja de ruta en la solución de un problema extraordinariamente
complejo. Agradezco al grupo convergente lo que ha significado esa
capacidad de diálogo.

Señorías, con respecto al Grupo Parlamentario Mixto, quiero
poner de manifiesto algo que me parece extraordinariamente importante: no
se puede subir a esta tribuna a defender la sentencia del Tribunal
Supremo e inmediatamente después obviar un pronunciamiento tajante y
sólido en la fundamentación normativa de la sentencia del propio Tribunal
Supremo, que dice de manera textual que la sentencia declara que la
nulidad de las cláusulas no afecta a la subsistencia de los contratos ni
a las cantidades ya pagadas. Por lo tanto, pone de manifiesto que no cabe
la posibilidad de la retroactividad.

Y sorprendente, por cínica y demagógica, es la intervención
de la Entesa y del Grupo Socialista. (Rumores.) Por cínica y demagógica.
El senador del Grupo de la Entesa ha subido a la tribuna y se ha limitado
a leer esto, que es la nota de prensa que emitió el Tribunal Supremo.
Usted ha leído literalmente el punto primero de la nota del Tribunal
Supremo con motivo de la publicación de la

sentencia de 9 de mayo. Pero usted ha obviado, al igual que
le ha ocurrido concretamente al portavoz del Grupo Socialista, seguir
leyendo esa nota, porque usted ha dicho que apoyaría efusivamente la
enmienda que presentó el Grupo Parlamentario Mixto. ¿Usted me quiere
explicar cómo apoya la sentencia del Tribunal Supremo, reproduciendo
—porque lo ha leído textualmente— el punto primero, pero no
el punto quinto, que no ha leído? Se lo voy a leer yo: Finalmente decidió
que, además de los pronunciamientos referidos a la nulidad de la cláusula
y las circunstancias valoradas a tal fin, deben publicarse los relativos
a la subsistencia de los contratos y a la irretroactividad de la
sentencia.

¿Cómo iba usted a apoyar una enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto que va contra la sentencia del Tribunal Supremo?
Usted defiende la sentencia para criticar al PP, pero, después, para
apoyar la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto incurre en una
contradicción absolutamente demagógica y cínica. (Aplausos.)

Pero más grave, señor Lerma, es lo del Grupo Socialista, y
le voy a decir algo. Usted dice que el Gobierno se lea sus leyes. El
Gobierno en el Plan Nacional de Reformas de 2013 ha puesto encima de la
mesa la Ley de protección al deudor hipotecario, cosa que ustedes en ocho
años, con el Gobierno de Zapatero y Rubalcaba, nunca aprobaron, nunca
trajeron a las Cortes Generales. Pero ¿usted se ha leído las
intervenciones en la legislatura pasada de sus compañeros en esta
tribuna, a propuestas del Grupo Parlamentario Popular, en septiembre del
año 2009, respecto de la modificación del Real Decreto Legislativo
1/2007, de 16 de noviembre, de modificación de la Ley General para la
Defensa de Consumidores e Usuarios? Porque ustedes votaron en contra, es
decir, ustedes votaron a favor de que siguieran las cláusulas suelo.
Usted, señor Lerma, me imagino que tendrá la posibilidad de irse al
Boletín, en este caso, de las Cortes Generales, de 21 de julio de 2010, y
en concreto a la página 4857. Lea la intervención del señor, senador
socialista, González Melitón. ¿Sabe usted lo que dijo? Esta proposición
de ley propuesta por el Grupo Parlamentario Popular para eliminar las
cláusulas suelo no soluciona absolutamente nada, más bien al contrario;
si se aprobara lo que ustedes pretenden sería causar problemas nuevos, y
se lo voy a demostrar.

Los socialistas defendiendo a los bancos. Léase en la
página 4858 del Diario de Sesiones lo que dice el senador socialista. Se
lo voy a leer, porque no tiene desperdicio: ¿Se ha parado usted a pensar
—refiriéndose al Grupo Parlamentario Popular— qué podría
ocurrir si se eliminan estas cláusulas? Pregunte usted a algún compañero
de su grupo que sea economista, que seguramente le dirá lo mismo que yo.
Los bancos buscarán asegurarse esos ingresos mínimos de otra forma
diferente. Seguramente aumentarán el diferencial que cobran en los
préstamos, y en lugar de pagar el euríbor a +0,5 o a un 1, lo subirán al
2, al 2,5 o al 3.

Señores del Partido Socialista, menos cinismo, menos
demagogia, y un poco de coherencia cuando se suban a la tribuna, porque
ustedes una vez más defendían a las entidades financieras.

Y termino, señor presidente. Dicen ustedes que trasladamos
la responsabilidad al Banco de España. Pero, señor Lerma, usted conoce a
quien fue gobernador del Banco de España, ¿no?, propuesto por el señor
Zapatero y Rubalcaba, don Miguel Ángel Fernández Ordóñez. El Banco de
España defendía los suelos de las hipotecas para favorecer la estabilidad
financiera. Quién los ha visto y quién los ve.

El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Nosotros, al lado de los
españoles para suprimir las cláusulas suelo. Ustedes sigan defendiendo a
los bancos en un claro ejercicio de cinismo y de demagogia política.
(Rumores.—Risas.—Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández de
Moya.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la propuesta de modificación presentada
por todos los grupos menos por el Grupo Parlamentario Mixto.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 219; a favor, 156; en contra, 49;
abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

4.4. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RECOGER EN UN
TEXTO NORMATIVO ESTATAL EL DERECHO DE CUALQUIER ALUMNO CON TRASTORNO POR
DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD (TDAH) A VER GARANTIZADO SU APOYO
EDUCATIVO Y LA ADECUADA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE TODA SU TRAYECTORIA
DE APRENDIZAJE.

(Núm. exp. 671/000076)

AUTOR: PEDRO EZA GOYENECHE (GPMX)

El señor presidente da lectura al punto 4.4.

El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de
interpelación se han presentado cuatro enmiendas: una, del Grupo
Parlamentario Mixto, a iniciativas de los senadores Mariscal e Iglesias.
Otra, del Grupo Parlamentario Socialista. (Rumores.)

Señorías, silencio, por favor.

Otra, del Grupo Parlamentario Convergència i Unió. Y,
finalmente, una más, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
(Rumores.)

Señorías, silencio.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por tiempo
de cinco minutos, el senador Eza. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor.

Cuando quiera, señoría.

El señor EZA GOYENECHE: Gracias, señor presidente.

Señorías, como consecuencia del debate de la interpelación
que presentamos en el último Pleno hoy me corresponde, en nombre de mi
grupo, formular la siguiente moción como paso imprescindible para lograr
el objetivo que nos proponemos.

Les diré que a los argumentos iniciales que utilicé en el
pasado Pleno he sumado gran parte de los expuestos por el ministro en su
intervención, en la que nos demostró que sabía perfectamente de qué
estábamos hablando. Incluso percibí que coincidíamos en el objetivo, y
también deduje de sus palabras que cabía la posibilidad de encontrar un
punto de acuerdo.

En este sentido, tengo que decir —y lo hago al inicio
para no prolongar mi intervención— que he aceptado dos de las
enmiendas presentadas: una, del Grupo Popular, que pide añadir: …o
con otros tipos de necesidades educativas especiales…, y otra, del
Grupo Socialista, en la que se dice lo mismo con otras palabras. Por
tanto, en mi opinión la moción queda más completa, más precisa, y
agradezco a ambos grupos su aportación.

En definitiva, lo que vamos a aprobar será la enmienda de
modificación presentada por el Grupo Popular, que dice básicamente lo
mismo que el texto de nuestra moción, y es del tenor literal siguiente:
El Pleno del Senado insta al Gobierno a recoger, con expresa mención en
un texto normativo estatal, el derecho de cualquier alumno con trastorno
TDAH —y aquí viene la incorporación—, o con otros tipos de
necesidades educativas especiales, con independencia de la comunidad
autónoma donde se halle escolarizado, a ver garantizados los apoyos
educativos y la adecuada evolución y seguimiento a lo largo de toda su
trayectoria de aprendizaje, salvaguardando así su derecho a la igualdad
de oportunidades en materia educativa.

La pretensión de la moción era que se recogiera en un texto
normativo estatal —y estamos hablando del próximo inicio del debate
en esta Cámara de la futura ley de educación— algo que ya han
realizado varias comunidades autónomas, que han establecido disposiciones
legales al respecto, como comenté en su día: tanto la comunidad de
Baleares como Murcia y Canarias; y también en Navarra se promulgó una
orden foral en 2012 para atender a ese alumnado.

Conociendo las aportaciones de grupos tan significativos
como el Grupo Popular y el Grupo Socialista, estoy convencido de que la
Cámara ha percibido perfectamente nuestra pretensión. Se trata de que, en
relación con los alumnos con trastorno TDAH —y ya en la exposición
anterior hablamos de la incidencia tan significativa que están teniendo
en el sistema educativo— estamos dando fundamentalmente a la
comunidad educativa: padres, madres, profesores, profesionales de

las administraciones públicas, una consideración definitiva
para que sepan que cualquier alumno o alumna en esas condiciones tendrá
todo el respaldo legal. Porque se trata precisamente de conseguir que
quede constancia de ese respaldo legal a nivel nacional. Europa nos va a
mirar, evidentemente, porque Europa ha establecido en la Estrategia sobre
Discapacidad 2010-2012 el principio de equidad, que quiere decir el
reconocimiento del derecho que asiste a todo estudiante a que sus
circunstancias particulares no constituyan una dificultad, no le sitúen
en una posición de desventaja para alcanzar las metas educativas. Y
también insiste en la Estrategia europea para un crecimiento inteligente,
en el marco de la iniciativa Juventud en Movimiento, que se dirige a
garantizar una educación y una formación inclusivas; es decir, estamos
hablando de la inclusión y además de la calidad. De esta manera,
considero que es fácil identificarse con el objetivo de la moción,
fundamentalmente porque nos referimos a alumnos de especialísima
vulnerabilidad desde el punto de vista del rendimiento escolar y que
deben ser rescatados a su debido tiempo, en palabras del ministro, señor
Wert.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor EZA GOYENECHE: Por tanto, señorías, tengo que
agradecer —repito— el apoyo a la moción de los grupos que así
lo han manifestado, y a su vez trasladar un mensaje de esperanza a padres
y madres, profesores y profesoras, que están en la vanguardia, en
contacto directo con los alumnos y alumnas con estas circunstancias, que,
como saben ustedes, son muy numerosos; se hablaba de más de 300 000, del
5 al 8% de los alumnos y alumnas, de que es heredable, etcétera.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor EZA GOYENECHE: Doy las gracias a los grupos que
nos han apoyado.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Eza.

Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Buenos días.

La enmienda que hemos formulado pretende incorporar a la
moción el compromiso de financiación por parte de la Administración del
Estado. Nos parece que la incorporación de ese compromiso tiene un doble
sentido: en primer lugar, corregir la decisión tomada en los Presupuestos
Generales del Estado para 2013 de hacer desaparecer la partida
presupuestaria para programas de atención al alumnado con necesidades
especiales. Obviamente, estamos hablando de unos alumnos que tienen esas
necesidades especiales de atención.

En segundo lugar, quiero trasladar a la Cámara una
reflexión genérica: por más que nos esforzamos en ello, resulta difícil
defender con convicción que esta es una Cámara territorial. Tendríamos
que cambiar muchos de nuestros mecanismos de funcionamiento, tendríamos
que modificar competencias para de verdad llegar a ser una Cámara
territorial; y, desde luego, no lo vamos a conseguir convirtiendo a esta
Cámara en la que le pide al Gobierno que ponga deberes a las comunidades
autónomas. Creo que prácticamente en todos los Plenos hay alguna moción
en la que se insta al Gobierno a exigir, a demandar de las comunidades
autónomas que hagan algo. No creo que ese sea el papel de esta Cámara. En
todo caso, pidamos al Gobierno que haga algo él; y luego, cada uno en
nuestros territorios, dirijámonos a nuestros respectivos Gobiernos y
emplacemos a la búsqueda desde un ámbito y desde el otro, desde la
Administración central y desde la autonómica, de mecanismos, de campos de
cooperación y de colaboración. Pero no creo que estas mociones sean el
cauce adecuado para lograrlo.

Hablamos de un trastorno específico. Me parece correcta la
enmienda que se formula, y que es asumida, para extender la
reivindicación al conjunto de los alumnos con necesidades específicas o
especiales, de atención específica y especial, porque esto guarda
relación también con otros debates, y convendría que cuando hablamos de
lo específico fuéramos capaces de no perder la perspectiva de lo general.
Obviamente, estamos haciendo referencia a cuestiones que afectan
—lo decía el proponente en su intervención— al modelo
educativo, y esto tiene mucho que ver con el fracaso escolar. Quitar
recursos en atención a la dependencia significa ayudar a que

aumente el fracaso escolar por muchas reformas educativas
que se quieran impulsar teóricamente para combatir ese fenómeno. Y los
datos son siempre incontestables. Hay un informe de la Comisión Europea
de julio de 2012 que dice que existen 15 millones de alumnos con
necesidades educativas especiales en la Unión Europea. El informe pedía a
todos los Estados miembros políticas educativas integradoras con la
financiación adecuada. Y es que si no hay financiación estaremos haciendo
filosofía pedagógica, pero no política educativa. En ese informe se
reflejaba que en nuestro país están reconocidos como alumnos con
necesidades especiales y, por tanto, cuentan teóricamente con los apoyos
necesarios, el 2,35% del número de alumnos matriculados en la enseñanza
obligatoria. En Alemania son el 5,8%, y no pienso que sea porque los
alumnos alemanes tengan más necesidades objetivamente. En Islandia, el
24%. En Noruega, el 8%. En los Países Bajos, el 4,3%. Es evidente que hay
una escasez de recursos y de atención en nuestro país para cubrir las
necesidades educativas especiales de esos colectivos, de esos alumnos.
Esto sucedía en julio de 2012. Imagino que el estudio habrá sido hecho a
lo largo de 2011, antes de los ajustes de 2012, antes de los ajustes de
2013.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la senadora Flores.

La señora FLORES FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Voy a intervenir con brevedad, porque ya el senador Eza ha
dicho que acepta nuestra enmienda; y nosotros se lo agradecemos. Ya le he
dicho que estábamos dispuestos a apoyar esta moción, porque no nos parece
lógico que las personas que tienen dificultades o trastornos de
aprendizaje, sean del tipo que sean, sufran además discriminaciones por
el lugar en el que vivan. Por tanto, como sabemos que desgraciadamente es
así, nos parece acertado que se incluya esta garantía en una normativa
estatal que obligue en todo el territorio como un derecho de estos
alumnos y alumnas. No nos parecía lógico circunscribir esta garantía a
los afectados por el trastorno de hiperactividad, y de ahí que hayamos
presentado una enmienda, que simplemente pretendía —como muy bien
ha dicho el senador Eza— que se incluyera cualquier otra patología
o trastorno, en el marco, como no podía ser de otra manera, de la
coordinación entre las competencias del Estado y de las comunidades
autónomas.

Esa fue nuestra intención al presentar la enmienda, que ha
sido aceptada por el senador Eza, a quien de nuevo le damos las
gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Flores.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyor president.
Senyories, molt bon dia. Nosaltres hem presentat una esmena de
substitució atès que entenem que aquestes competències són competències
de les comunitats autònomes, és una competència de la Generalitat de
Catalunya. En definitiva, nosaltres entenem que enlloc de recollir amb
expressa menció en un text normatiu estatal el dret de qualsevol alumne
amb TDAH, el que proposem és que es doni el suport a les comunitats
autònomes amb els programes que ja estan seguint i que estan
desenvolupant, en relació a tot allò que fa referència als trastorns de
dèficit d’atenció i hiperactivitat. Per tant, nosaltres
senzillament, després en el torn de portaveus m’hi referiré més
àmpliament i explicaré allò que estem fent a la Generalitat de Catalunya,
entenem que allò que s’ha de fer és ajudar a les comunitats
autònomes que ja tenen en marxa programes d’aquestes
característiques i no fer una guia així en un marc estatal, quan en
realitat ja s’hi està treballant i s’estan fent coses en
aquest àmbit.

Per tant, el que li voldria demanar al senador Pedro Eza és
que realment miri, valori, i que, en definitiva, accepti aquesta esmena
que el que fa és mantenir aquestes competències allà on estan que és a
les comunitats autònomes.

Res més, moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días.
Hemos presentado una enmienda de sustitución ya que entendemos que estas
son competencias de las comunidades autónomas, una competencia de la
Generalitat de Catalunya. En definitiva, donde se dice que hay que
recoger, con expresa mención a un texto normativo estatal, el derecho de
cualquier alumno con TDAH, proponemos que se dé el apoyo en las
comunidades autónomas, con los programas que ya están realizando y
desarrollando, a todo lo que se refiere a los trastornos de déficit de
atención e hiperactividad. Después, en el turno de portavoces, me
referiré a ello más ampliamente y explicaré lo que estamos haciendo en la
Generalitat de Cataluña. Creemos, como digo, que lo que se debe hacer es
ayudar a las comunidades autónomas, que ya tienen en marcha programas de
estas características, y no hacer una guía en un marco estatal cuando en
realidad ya se está trabajando en ello, ya se están haciendo cosas en
este ámbito.

Lo que quiero pedirle al señor Eza es que valore mi idea y,
en definitiva, que acepte esta enmienda que, al fin y al cabo, lo que
hace es mantener estas competencias donde están, en las comunidades
autónomas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Alturo.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra la senadora Aragón.

La señora DE ARAGÓN AMUNÁRRIZ: Gracias, señor
presidente.

Buenos días, señorías.

En primer lugar, el Grupo Parlamentario Popular quiere
agradecer la moción presentada por el senador Eza, el diálogo que ha
habido entre los dos grupos y el apoyo recibido por parte de otros grupos
políticos, en concreto por el Grupo Socialista, que acaba de mostrar su
apoyo. Esta es una moción constructiva y, a diferencia de lo que decía el
senador de Izquierda Unida que pensaba que no es una moción adecuada para
esta Cámara puesto que estamos hablando de competencias de comunidades
autónomas, a nosotros nos parece que es una buena moción, porque la
competencia de esta Cámara, que es una cámara territorial, por supuesto
es velar por la mejor educación, en este caso de todos los jóvenes y
niños que tienen problemas en materia educativa, tanto por TDAH como por
otro tipo de trastornos.

En segundo lugar, queremos agradecer también, cómo no, y
comprometernos con los pacientes, con las familias y con los
profesionales, sobre todo del ámbito educativo y del ámbito sanitario,
así como con la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al TDAH que
tanto han luchado y están luchando para que estos trastornos sean
debidamente atendidos, porque hasta el año 1994 el TDAH parecía que era
un invento, y fue en ese año cuando se reconoció. Se ha avanzado mucho,
pero queda mucho por hacer. El otro día, después de la intervención del
ministro de Educación, señor Wert, se vio claramente cuál era el apoyo
del Gobierno a estos alumnos y a otros con dificultades, porque ese es el
espíritu de la Lomce, a la que me referiré en el turno de portavoces.

La enmienda del Grupo Popular lo único que ha querido es
enriquecer todavía más esta moción presentada por el senador Eza, del
Grupo UPN. Ya se han dado muchos datos, y solamente quiero decir que un
10% del fracaso escolar total en España es debido al TDAH, y que hay una
gran diferencia entre los alumnos jóvenes y niños que tienen este
trastorno y los que no lo tienen. Les voy a poner algún ejemplo: frente a
un 38% de abandono en la ESO de alumnos con TDAH, solamente hay un 5% de
aquellos que no padecen este trastorno; frente a un 42% de repetidores
con TDAH, hay un 3% de alumnos que no tienen este trastorno, y frente a
un 60% de suspensos, hay un 19% solamente de alumnos que no lo tienen;
únicamente acceden a la universidad un 22% de estos alumnos con trastorno
TDAH y solo un 5% se gradúan.

Lo que intenta la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular a esta moción es, como bien decía el ministro en su
intervención, que cualquier alumno con TDAH u otro tipo de necesidades
educativas especiales tenga recogida en la normativa estatal una serie de
ayudas para que haya equidad. La Federación de asociaciones demanda que
no hay equidad territorial entre las comunidades autónomas —en el
turno de portavoces, también me referiré al portavoz de CiU— porque
en las comunidades autónomas las cosas no están ni mucho menos como deben
estar; no hay programas en materia educativa ni sanitaria en todas las
comunidades autónomas,

y aquí volvemos al problema de las competencias. No tengan
tanto miedo en CiU a las competencias. Esta es una ley estatal. Se dice
que se recoja en una normativa estatal que se mejore la calidad educativa
de los alumnos y jóvenes con estos trastornos, porque son nuestro futuro,
y eso es competencia de todos. Y competencia del Gobierno de España es
velar y liderar que todos los alumnos con este trastorno, o cualquier
otro, tengan las mismas condiciones en cualquier parte del territorio
nacional. Pero, además, que tengan también equidad entre ellos; que estos
alumnos, por tener unas circunstancias especiales, no vean mermadas sus
ambiciones educativas, porque eso será un bien para los alumnos de todas
las comunidades de España, para todos los españoles y, en definitiva,
para todos nosotros.

Muchísimas gracias.

Gracias, presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Aragón.

Tiene la palabra el senador Eza, para indicar si acepta o
no las enmiendas defendidas.

El señor EZA GOYENECHE: Sí, señor presidente.

Ya he manifestado antes que acepto las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista y que excluyo
las de CiU e Izquierda Unida. Luego explicaré más concretamente los
motivos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Senador Eza, tenemos un problema,
porque la enmienda del Grupo Parlamentario Popular es de modificación, lo
que supone cambiar completamente el texto de su moción consecuencia de
interpelación. Sin embargo, la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista es de adición al texto de su moción consecuencia de
interpelación.

El señor EZA GOYENECHE: Sí, señor presidente.

Ya lo he explicado en mi intervención anterior. Acepto el
texto de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular porque es idéntico
al nuestro, solamente incorpora un nuevo párrafo, y ese es el párrafo que
incluimos. Acepto, por lo tanto, ese texto.

En cuanto a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista,
ya he dicho también que expresa los mismos objetivos con otras palabras.
Y ayer aceptó que esto quedara así.

Por lo tanto, la moción quedaría con el texto que introduce
la modificación del Grupo Parlamentario Popular.

El señor PRESIDENTE: Entendido. Muchas gracias, senador
Eza.

Pasamos entonces al turno en contra. Entiendo que no hay.
(Denegaciones.)

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? ¿Senador Iglesias?
(Denegaciones.) No hay intervenciones.

¿Senador Eza? (Pausa.)

Tiene la palabra, señoría.

El señor EZA GOYENECHE: Muchas gracias, señor
presidente.

Voy a ser muy breve porque, ante esta unanimidad, pocas
palabras hacen falta.

En resumidas cuentas, en relación con la enmienda de
Izquierda Unida, quiero comentar que este no es el momento procesal para
hablar de incorporaciones económicas, porque, en definitiva, no es un
tema económico el que estamos tratando. Es sobre todo una cuestión de
gestión, y las comunidades autónomas que han tomado iniciativas lo están
haciendo en ese sentido de gestionar, fundamentalmente a partir de todo
el apoyo logístico que tienen con los orientadores. Esa es la
cuestión.

Respecto al apartado de CiU, entendemos, por las
intervenciones del ministro, que no se produce ninguna imposición a las
competencias educativas. Es más, ante la incidencia que está teniendo por
el número de alumnos afectados y de personas mayores en el ámbito del
desarrollo profesional y familiar —incluso se ha hablado de que un
30% de los que están en las cárceles comparten esta circunstancia—,
él puso de manifiesto la necesidad de una acción coordinada —y una
acción coordinada no supone una supeditación— entre la legislación
o las competencias del Estado en materia educativa y las de las
comunidades autónomas como administraciones

educativas. Eso es lo que dijo. Por lo tanto, nosotros
consideramos que el Estado debe garantizar este principio de equidad y
manifestar este síntoma de preocupación por las personas que en un
momento determinado lo necesitan más.

Por eso, nosotros entendemos que es en un texto normativo
de carácter social que se debe referir directamente al alumnado con TDAH
o con otras dificultades o trastornos de aprendizaje, como se refleja en
la exposición de motivos de esta moción. En esta moción se subraya la
importancia del abordaje por parte del legislador y se concreta a su vez
la necesidad de garantizar los derechos de este alumnado. Es más, tiene
un evidente carácter pedagógico, el de toda ley, sea o no educativa, al
transmitir la preocupación y el interés público y social por garantizar
la defensa del derecho de igualdad de oportunidades en materia educativa.
Ello no obsta —y también son palabras del señor ministro— en
modo alguno para el pleno ejercicio de las competencias en materia
educativa de cada comunidad autónoma.

En cualquier caso, señorías, consideramos que este es un
punto de partida importante, porque en un momento de debate del sistema
educativo no podíamos dejar de manifestar el apoyo a estos alumnos con
TDAH, con TA o con cualquier otra dificultad, como dislexia en distintas
circunstancias, etcétera. Y consideramos, además, que la inclusión es el
camino de futuro, y a partir de ahí, garantizar la calidad para todos los
alumnos de acuerdo con los derechos que les corresponden, que es el
fundamento de nuestra pretensión.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Eza.

Por el Grupo Vasco tiene la palabra la senadora
Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Eskerrik asko, presidente
jauna.

Senador Eza, lamento decirle que en esta Cámara no va a
encontrar usted la unanimidad, porque mi grupo parlamentario no va a
votar a favor de su moción. Lo hará la mayoría, sin duda; lo tiene ya
garantizado con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular, pero desde
luego no la unanimidad.

Me explico. En su moción, y también en su intervención, ha
hablado de la necesidad que tienen las familias y los chavales y chavalas
con trastorno por déficit de atención con hiperactividad de tener
garantizado legalmente una atención adecuada a su discapacidad, y yo le
vengo a decir que también en política el movimiento se demuestra andando.
La garantía que necesitan estos alumnos es de atención, no una garantía
legal. Las comunidades autónomas con competencias exclusivas en materia
educativa contamos con los instrumentos legales necesarios para que
nuestra normativa pueda garantizar precisamente esa atención. Pero
insisto en que las familias no necesitan un marco legal adecuado, lo que
necesitan es una atención adecuada, y esa es la diferencia entre el
planteamiento que hace su grupo parlamentario y quienes le apoyan, y el
que hacemos nosotros.

Su moción hace referencia a la necesidad de establecer una
coordinación de legalidad básica. Nosotros entendemos que no, que la
coordinación que las familias están requiriendo, y lo están haciendo
además de forma explícita, es en la atención que se da a esos chavales,
una coordinación que tiene que darse en el ámbito educativo, en el
sanitario y también en el de las familias, atendiendo siempre al contexto
socioeconómico en el que viven estos chavales y chavalas. Para ello es
preciso que todos aquellos que tienen discapacidades y problemas de
aprendizaje, y especialmente a los que se refiere usted en su moción, que
son aquellos que tienen un trastorno de déficit por hiperactividad,
cuenten con un diagnóstico clínico elaborado por personal sanitario que
traslade esa valoración a la comunidad educativa para que así, a través
de las asesorías específicas, puedan elaborar una valoración
psicopedagógica en la que se establezcan las implicaciones educativas que
precisan estos alumnos. De ese modo podrán saber exactamente cuáles son
aquellas necesidades educativas especiales que desde la educación se les
tiene que ofrecer, pero para ello además es preciso que los centros
docentes tengan recursos a su disposición, tanto ordinarios como
extraordinarios, de carácter personal, es decir, personas con la
formación adecuada necesaria; de carácter material, porque precisan
materiales específicos, y metodológicos, que es algo normalmente olvidado
pero fundamental para dar una atención adecuada a estas familias.

Le decía, pues, que las comunidades autónomas que tenemos
competencia exclusiva en materia educativa disponemos de mecanismos
normativos suficientes y adecuados para que las familias respiren
tranquilas respecto de la garantía legal que les vamos a dar. Pero no
solo eso; en el caso de la comunidad autónoma vasca, además de esta
garantía legal, tienen garantizado un servicio adecuado. Y lo tienen así
desde el año 1982, cuando por primera vez en el Plan de Educación
Especial para el País Vasco se establecía que los alumnos con necesidades
especiales iban a tener una escuela inclusiva.

En este sentido, le voy a mencionar la Guía para la
evaluación y mejora de la educación inclusiva. Desarrollando el
aprendizaje y la participación en la escuela, que data del año 2005,
donde ya se recogían los conceptos innovadores establecidos por la Unesco
en materia de escuela inclusiva. Y le voy a hacer referencia también al
último Plan Estratégico de Atención a la Diversidad en el marco de la
Escuela Inclusiva, año 2012-2016. Es un plan estratégico que abarca
cuatro años, y es el que hoy en día está en marcha y que tiene recogidos,
además, mecanismos de actuación para el alumnado con TDAH desde el año
2005, por cierto, a petición de las familias con las que el departamento
de Educación está siempre en contacto directo a través de la asociación
de Euskadi de familias con TDAH.

En este ámbito de colaboración, ya se ha pedido que esta
guía de actuación con el alumnado de TDAH sea revisada y actualizada al
año 2012; se ha pedido que, además de actualizar esta guía de actuación
con el alumnado, se realicen estudios para hacer propuestas de mejora en
la metodología específica para los alumnos con TDAH; se ha pedido por
parte de las familias que se utilicen los mismos criterios en todos los
sistemas de acceso tanto a bachillerato como a formación profesional y a
la universidad para este tipo de alumnos; se han establecido mecanismos
para fomentar la formación del profesorado y la colaboración, en este
caso con la universidad del País Vasco y con su facultad de pedagogía y
se ha puesto en marcha la constitución de un equipo técnico dirigido al
Berritzegune, que es el centro de formación continua para el profesorado
de la escuela pública vasca.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Le vuelvo a decir que las
familias no están pidiendo una coordinación legal, lo que están pidiendo
es una acción coordinada de los departamentos que son fundamentales para
que cualquier persona, no solamente los alumnos con TDAH, cualquier
persona con necesidades especiales tenga garantizada su participación y
su itinerario en el sistema educativo.

Por lo tanto, entendiendo que en el caso de la comunidad
autónoma vasca esto está garantizado, sea por ley o por gestión
educativa. Por ello, sintiéndolo mucho, vamos a votar en contra de su
moción.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra la senadora Sequera.

La señora SEQUERA GARCÍA: President, senyories.

La moció presentada es centra en la necessitat
d’establir un text normatiu estatal per tal que els alumnes amb
TDAH tinguin garantits de forma efectiva el suport educatiu,
l’avaluació i el seguiment durant la trajectòria de l’etapa
educativa.

El Grup de l’Entesa entenem i compartim que aquest
trastorn ve associat als problemes de rendiment i comportament i, en
conseqüència, al fracàs escolar. Si veritablement l’objectiu que
compartim és la lluita contra el fracàs escolar i l’abandonament
dels estudis, cal el compromís de l’Administració per posar a
l’abast dels professionals tots els recursos necessaris per
afrontar, no només els alumnes afectats per TDAH, sinó totes aquelles
deficiències que suposin un problema a l’alumne per aconseguir bons
resultats en tota l’etapa educativa.

L’abast d’aquest trastorn en la població és
prou ampli com per emprendre accions de diagnosi, de tractament i de
seguiment. Tant el cas del TDAH com altres necessitats educatives
especials impliquen problemes no només en l’àmbit escolar sinó
també en l’àmbit social i en el sanitari. Per

tant, és del tot necessari emprendre polítiques
transversals, tant en aspectes educatius com de serveis socials com de
salut.

I si hi ha d’intervenir l’Administració,
estarem d’acord que aquestes tres àrees són competències exclusives
de les comunitats autònomes i, per tant, són les que han de desenvolupar
aquestes polítiques. De fet, així s’està fent a Catalunya. Jo
desconec a Navarra si tenen la competència, si hi dediquen recursos i si
tenen ja projectes tirats endavant. Si establim per normativa estatal
l’obligació cap a les administracions competents, és a dir, les
comunitats autònomes, aquestes han d’anar acompanyades dels
corresponents recursos per garantir el seu compliment, perquè després ve
l’exigència de complir el dèficit.

Actualment estem en plena tramitació parlamentària de la
llei de la suposada millora de la qualitat educativa. En el text
presentat queda palesa l’eliminació dels grups de suport a les
aules, un camí ben diferent al que aquí estem debatent, per la qual cosa,
més que generar més legislació, el que tenim és l’oportunitat
d’incloure com a mesura aquesta intenció de millorar la qualitat
educativa, els recursos i projectes necessaris per fer front a aquelles
deficiències dels alumnes, sigui quina en sigui la causa.

En resum, en la proposta de la moció no es té en compte i,
per tant, no s’ajusta a dret, les competències autonòmiques i la
dotació dels recursos per fer front a l’objectiu. I, per altra
banda, estem en ple tràmit parlamentari d’una llei que pretén
millorar la qualitat educativa i entenem que no cal una nova legislació
sinó que la que s’està tramitant hauria d’incorporar tot allò
que s’ha exposat anteriorment, com a mesura per garantir la
veritable millora d’aquesta qualitat educativa.

Compartim l’objectiu de la moció, però no compartim
les mesures o els mecanismes per dur-la a terme, donat que principalment
es vulnera el contingut de l’Estatut de Catalunya en allò que
respecta a la competència educativa. Per tant, el vot de l’Entesa
serà en contra.

Gracias, señor presidente,

Señorías, la moción presentada se centra en la necesidad de
establecer un texto normativo estatal con el fin de que los alumnos con
TDAH tengan garantizados de forma efectiva el apoyo educativo, la
evaluación y el seguimiento durante su trayectoria en la etapa
educativa.

El Grupo de Entesa entiende y comparte que este trastorno
viene asociado a los problemas de rendimiento y comportamiento y, en
consecuencia, al fracaso escolar. Si el objetivo que compartimos es la
lucha contra el fracaso escolar y el abandono de los estudios, hace falta
el compromiso de la Administración para poner al alcance de los
profesionales todos los recursos necesarios para detectar no solo a los
alumnos afectados por TDAH, sino todas aquellas deficiencias que supongan
un problema al alumno para conseguir buenos resultados en toda la etapa
educativa.

El alcance de este trastorno en la población es lo
suficientemente amplio como para emprender acciones de diagnóstico,
tratamiento y seguimiento. Y lo es tanto en el caso del TDAH, como en
otras necesidades educativas especiales que implican problemas no solo en
el ámbito escolar, sino también en el ámbito social y en el sanitario.
Por lo tanto, es totalmente necesario adoptar políticas transversales
tanto en aspectos educativos, como de servicios sociales y de salud.

Y si debe intervenir la Administración, estaremos de
acuerdo en que estas tres áreas son competencias exclusivas de las
comunidades autónomas y, por consiguiente, son estas las que deben
desarrollar estas políticas. De hecho, así se está realizando en
Cataluña. Desconozco si en Navarra tienen la competencia, si dedican
recursos a ello y si tienen ya proyectos desarrollados. Si establecemos
por normativa estatal la obligación hacia las administraciones
competentes, es decir, las comunidades autónomas, estas deben ir
acompañadas de los correspondientes recursos para garantizar su
cumplimiento, porque después viene la exigencia de cumplir el
déficit.

Actualmente estamos en plena tramitación parlamentaria de
la ley de la supuesta mejora de la calidad educativa. En el texto
presentado queda remarcada la eliminación de los grupos de apoyo en las
aulas, un camino bien distinto al que aquí estamos debatiendo, por lo que
en vez de generar más legislación, lo que tenemos es la oportunidad de
incluir como medida esta intención de mejorar la calidad educativa y los
recursos y proyectos necesarios para afrontar estas deficiencias de los
alumnos, sea cual sea su causa.

En resumen, en la propuesta de la moción no se tienen en
cuenta, y por lo tanto no se ajusta a derecho, las competencias
autonómicas y la dotación de recursos para hacer frente al objetivo.

Por otro lado, estamos en pleno trámite parlamentario de
una ley que pretende mejorar la calidad educativa, y entendemos que no es
necesaria una nueva legislación, sino que la que se está tramitando
debería incorporar todo lo que se ha expuesto anteriormente como medida
para garantizar la verdadera mejora de esta calidad educativa.

Compartimos el objetivo de la moción, pero no las medidas o
los mecanismos para desarrollarla dado que principalmente se vulnera el
contenido del Estatuto de Cataluña en lo que respecta a la competencia
educativa. Por lo tanto, el voto de la Entesa será en contra.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sequera.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyor
president.

Senador Pedro Eza, lamentem que no ens accepti
l’esmena que nosaltres hem presentat. Interpretem i entenem que el
procediment ha d’anar a l’inrevés, és a dir, les comunitats
autònomes amb competències exclusives ja estan fent actuacions en aquest
sentit perquè, és evident, que és un interès i, per tant, cal atendre
aquestes situacions. En definitiva, el que no podem anar és a fer una
recentralització, ara aquí, d’aquestes actuacions que ja
s’estan portant a terme com d’aquí un moment em referiré.

Per tant, dit això, parlem una mica dels aspectes generals
perquè jo crec que és important remarcar algunes de les coses perquè,
després al final, no es pugui interpretar que això és una feina
exclusivament de l’Estat, sinó que són moltes de les coses que ja
s’estan fent a les comunitats autònomes. És evident que els millors
sistemes educatius, els que més èxit tenen, es caracteritzen per moltes
coses però, segons els informes McKinsey, que com vostès saben bé és una
organització que es dedica a estudiar els sistemes educatius que tenen
més èxit amb els seus alumnes, estableixen dos o tres punts que són
bàsics i fonamentals. I un és la detecció precoç d’aquells alumnes
amb necessitats educatives especials i que requereixin d’una
atenció individualitzada i, per tant, la seva immediata actuació i
atenció, de manera individualitzada. Per tant, detecció i atenció, de
manera precoç i de manera individualitzada. Aquest és un dels aspectes
fonamentals. D’altres són el tema del professorat, que és
fonamental, i la seva carrera docent.

Però ocupem-nos de l’aspecte que tenim en aquests
moments aquí al davant. Per tant, dit això, i que això és bàsic perquè el
sistema educatiu i tots els alumnes puguin arribar a assolir els
objectius que estan previstos, deixi’m que li digui, i li posi com
a exemple, allò que està fent la Generalitat de Catalunya en aquests
moments. Fa poc temps, la consellera d’Ensenyament, conjuntament
amb el professor i el psiquiatra Luís Rojas-Marcos, varen presentar la
guia del TDAH, de detecció i actuació en l’àmbit educatiu. Es va
una guia que té un objectiu bàsic i fonamental, una eina que vol dotar el
professorat i les famílies d’un protocol per facilitar, no només la
detecció, sinó les actuacions dins de l’aula amb l’alumnat
amb trastorn de dèficit d’atenció i hiperactivitat.

Jo no entraré ara aquí a analitzar les característiques del
TDAH que, en definitiva, més o menys és conegut. Està clar que hi ha
entre un 3 i un 7% dels alumnes que tenen aquesta situació, fet que
genera greus problemes a les famílies —ho hem de tenir tots molt
clar— i que, per tant, aquesta guia a la qual feia referència
pretén la detecció i actuació del trastorn en l’àmbit educatiu i
contempla tres àmbits docents: la gestió de l’aula, el suport
personalitzat i la col·laboració amb les famílies. Es descriuen tots
aquells obstacles dels alumnes amb TDAH, per al seu desenvolupament
harmònic. L’objectiu és facilitar als docents les eines per tal
d’actuar, per desenvolupar les estratègies educatives que redueixin
els obstacles i les seves conseqüències i impulsar l’èxit personal
i escolar de tot l’alumnat, inclosos els alumnes amb TDAH. Tot i
que el diagnòstic del TDAH ha de ser realitzat per especialistes, la
detecció i la identificació dels primers símptomes acostuma a produir-se
en els entorns habituals de l’alumne: l’espai familiar i els
centres educatius. Per tant, aquesta guia inclou tots aquests
procediments per facilitar la seva detecció i la seva atenció.

Per tant, que quedi molt clar que nosaltres estem en la
línia de fer tot allò que calgui i donar el suport a les seves famílies i
als nens i les nenes afectats per aquesta situació. Això és una
competència de la Generalitat de Catalunya en aquest cas, i per tant,
nosaltres ens oposem al procediment que planteja aquesta moció, perquè ja
ho estem fent i el que pretenem és que des de

l’Estat espanyol es donin els suports necessaris
perquè aquesta atenció es pugui fer des d’un punt de vist econòmic
i des d’un punt de vista com Déu mana, i ara estem davant
d’una llei que, en qualsevol cas, hauria de contemplar aquestes
situacions.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

Senador Pedro Eza, lamentamos que no acepte la enmienda que
hemos presentado. Interpretamos y entendemos que el procedimiento debe ir
al revés, es decir, las comunidades autónomas con competencias exclusivas
ya están realizando actuaciones en este sentido, porque es evidente que
es de su interés y, por lo tanto, se deben atender estas situaciones. En
definitiva, lo que no podemos hacer ahora es una recentralización de unas
actuaciones que ya se están realizando, como explicaré en unos
momentos.

Dicho esto, vamos a hablar un poco de los aspectos
generales, porque creo que es importante remarcar algunas cosas para que
no se pueda interpretar que esto es un trabajo exclusivamente del Estado,
sino que muchas de las actuaciones ya se están realizando en las
comunidades autónomas. Es evidente que los mejores sistemas educativos,
los que más éxito tienen, se caracterizan por muchos aspectos, pero según
los informes McKinsey, que, como ustedes bien saben, es una organización
que se dedica a estudiar los sistemas educativos que tienen más éxito en
sus alumnos, establecen dos o tres puntos que son básicos y
fundamentales. Uno de ellos es la detección precoz de aquellos alumnos
con necesidades educativas especiales que requieran una atención
individualizada y, por lo tanto, su inmediata actuación y atención de
forma individualizada. Por lo tanto, detección y atención de manera
precoz e individualizada. Este es uno de los aspectos fundamentales.
Otros son el profesorado, que es fundamental, y su carrera docente.

Pero ocupémonos ahora del aspecto que tenemos en estos
momentos sobre la mesa. Dicho esto, que es básico para el sistema
educativo y para que todos los alumnos puedan llegar a conseguir los
objetivos previstos, déjeme que le ponga como ejemplo lo que está
haciendo la Generalitat de Cataluña en estos momentos. Hace poco tiempo
la consejera de Enseñanza, juntamente con el profesor y psiquiatra Luis
Rojas-Marcos, presentaron la guía del TDAH, que es la guía de detección y
actuación en el ámbito educativo, una guía que tiene un objetivo básico y
fundamental, una herramienta que quiere dotar al profesorado y a las
familias de un protocolo para facilitar no solo la detección, sino
también las actuaciones dentro del aula del alumno con trastorno de
déficit de atención e hiperactividad.

Yo no voy a entrar a analizar las características del TDAH,
porque básicamente es conocido. Está claro que entre un 3 y un 7% de los
alumnos se encuentran en esta situación, que genera graves problemas para
las familias —todos debemos tenerlo muy claro—, y esta guía
lo que pretende es la detección y actuación del trastorno en el ámbito
educativo. Contempla tres ámbitos docentes: la gestión del aula, el apoyo
personalizado y la colaboración con las familias. Se describen todos
aquellos obstáculos de los alumnos con TDAH para su desarrollo armónico.
Su objetivo es facilitar a los docentes las herramientas para actuar y
desarrollar las estrategias educativas que reduzcan los obstáculos y sus
consecuencias, e impulsar el éxito personal y escolar de todo el
alumnado, incluidos los alumnos con TDAH. Y aunque el diagnóstico del
TDAH debe ser realizado por especialistas, la detección e identificación
de los primeros síntomas se acostumbra a producir en los entornos
habituales del alumno: el espacio familiar y los centros educativos. Por
lo tanto esta guía incluye todos estos procedimientos para facilitar su
detección e intervención.

Que quede muy claro que nosotros estamos en la línea de
hacer todo lo que sea necesario para dar apoyo a las familias y los niños
y niñas afectados por esta situación. Esta es una competencia de la
Generalitat de Cataluña y por ello nosotros nos oponemos al procedimiento
que se plantea en esta moción, en definitiva, porque ya lo estamos
realizando y lo que pretendemos es que el Estado español proporcione los
apoyos necesarios para que esta atención se pueda realizar desde un punto
de vista económico y desde el punto de vista que sea necesario, y ahora
estamos ante una ley que en cualquier caso debería contemplar estas
situaciones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Flores.

La señora FLORES FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.

Señorías, el pasado Pleno el senador Eza presentó una
interpelación al ministro Wert sobre la problemática de los alumnos y
alumnas que sufren un trastorno por déficit de atención con
hiperactividad, interpelación que a los que somos docentes —por lo
menos quien les habla— nos resultó muy sugerente porque su señoría
puso sobre la mesa uno de los problemas más graves que tenemos en el
desarrollo normal del aprendizaje, que es la diversidad y su atención en
la escuela. Y no me refiero solamente al trastorno de déficit por
atención, sino a otros muchos que también necesitan de apoyo y dedicación
y, desde luego, no de recortes.

Agradezco de nuevo al senador Eza la aceptación de nuestra
enmienda. Nos hubiera gustado, senador, que se hubiera podido precisar
algo más la financiación. Usted cree —y es el autor de la
iniciativa— que eso se puede debatir en otro momento, pero nosotros
pensamos que este hubiera sido el momento adecuado.

Y voy a ser muy breve porque ya está todo dicho.

Señorías, cuando hablamos de apoyo a alumnos y alumnas con
dificultades hablamos de apoyo a la diversidad. Eso significa todo lo
contrario a lo que el Gobierno está haciendo, significa más financiación,
más recursos, más profesorado y más formación en educación especial. Y,
diga lo que diga el ministro Wert, que vive otra realidad, otro mundo
—sobre todo porque se lo diseñan en Economía—, lo que pasa
ahora es que hay menos dinero, hay más educación, más alumnos por aula,
menos profesorado, con unas condiciones peores de trabajo, etcétera. Y
esto, a nuestro entender, no es apoyo al alumnado con dificultades y no
garantiza los apoyos educativos, senador Eza, que pide en esta
moción.

Sin embargo, nosotros vamos a mantener el apoyo. Nos fiamos
de usted, senador Eza, y de sus buenas intenciones, aunque tenemos
noticias de que en su comunidad autónoma ha habido algunos recortes en
este sentido, pero yo estoy segura de que a partir de ahora ustedes lo
van a corregir.

De quien no nos fiamos, lamentablemente, es del Gobierno en
general y del ministro Wert en particular. Vamos a poder comprobarlo muy
pronto en la tramitación de la Lomce. ¿Incorporarán o aceptarán enmiendas
que vayan en el sentido de esta moción? ¿Aclararán por fin cómo se va a
financiar y cuánto van a dedicar a apoyar la diversidad, o van a decir a
las comunidades autónomas que paguen ellas? Porque, señorías, si apoyan
la moción que debatimos ahora van a tener que dar marcha atrás en algunas
de las decisiones que han tomado hasta ahora.

Señorías, las recomendaciones del libro blanco se pueden
extrapolar a cualquier otro trastorno, no solamente al de déficit por
hiperactividad. Son recomendaciones e información sobre diagnóstico
precoz, cuidado, apoyo, tratamiento, investigación, etcétera. Pero todo
esto, señorías, es caro en términos economicistas —que no
humanos—, porque, a nuestro juicio, cualquier alumno o alumna,
solamente uno, que tenga dificultades tiene derecho a que se le preste
apoyo. Por lo tanto, nosotros no creemos que sea un gasto susceptible de
recorte, sino que es una inversión de futuro.

Se ha hablado aquí también del marco competencial. Yo puedo
estar de acuerdo en que no se pueden invadir en un texto estatal
competencias que tienen asumidas las comunidades autónomas. Pero,
sinceramente, no creo que reconocer un derecho invada esas competencias;
otra cosa es —y ahí sí les doy la razón— la coordinación y la
financiación a la que me he referido antes. Esto es importante y por eso
me remitía a la tramitación de la Lomce, igual que el senador Alturo.

En definitiva, bienvenido sea el apoyo del Grupo Popular y,
por tanto, del Gobierno. Ahora queda lo más importante, señorías,
comprobar si es un gesto hacia la galería o es un compromiso serio, que
yo espero que sí. Vamos a estar atentos y vamos a trabajar para conseguir
entre todos y todas un sistema educativo bueno y saludable.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Flores.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Aragón.

La señora DE ARAGÓN AMUNÁRRIZ: Gracias, presidente.

Una vez más, quiero dar las gracias al senador Eza y al
Grupo Socialista, en este caso, que van a apoyar el texto que ha
presentado como enmienda de modificación el Grupo Parlamentario Popular a
esta moción.

En primer lugar, voy a hacer una mención a la Lomce, tan
denostada, tan criticada y a la que ha hecho alusión la portavoz
socialista cuando dice —también lo han dicho los portavoces de la
Entesa, de CiU y de otros grupos— que es una ley que precisamente
no va a fijarse para nada en este tipo de educación especial. Pues yo le
tengo que responder que la Lomce si tiene algo especial es que su eje
fundamental es la atención personalizada a los alumnos, la flexibilidad y
la autonomía de los centros, la detección precoz en el aprendizaje, los
planes específicos para el aprendizaje, programas de mejora y de
rendimiento y la adaptación de las evaluaciones a las distintas
necesidades de los alumnos, así como a sus distintos ritmos. Esto se ha
trabajado muchísimo por parte del Gobierno de España con el Cermi,
siguiendo la Estrategia Europea sobre Discapacidad, y en contra de lo que
ha dicho el senador de Izquierda Unida en su primera intervención
—yo creo que ya es una coletilla hablar de los recortes del Partido
Popular y de la Ley de dependencia—, los niños con trastorno TDAH
no son dependientes; no etiqueten los senadores de Izquierda Unida a este
tipo de alumnos como dependientes, porque no lo son. Yo creo que o no
saben muy bien lo que es la dependencia o no saben ya que decir para no
apoyar una propuesta, en este caso de UPN con el apoyo y la mejora de la
enmienda del Grupo Popular.

En cuanto al resto de intervinientes, sí tengo que hacer
alusión a los grupos nacionalistas —PNV, CiU y Entesa—
porque, de verdad, están muy satisfechos con todo lo que hacen: la
educación no tiene ningún problema para los niños con este tipo de
trastorno; en el País Vasco funciona fenomenalmente bien; en Cataluña
todo está estupendamente bien, y viene aquí el Gobierno de España, el
Gobierno del Partido Popular, a estropear todo lo que ustedes hacen bien.
Yo pertenezco a una comunidad autónoma —Castilla y León—
donde los datos educativos no son malos, ni mucho menos, podríamos decir
que hasta son buenos en comparación con los de algunas de sus comunidades
autónomas, y no estamos satisfechos, pero no tenemos ningún miedo a que
el Gobierno de España lidere la educación y mejore la calidad educativa
de nuestros niños y nuestros jóvenes.

Senadora Martínez —no sé qué le ha pasado esta mañana
pero parece que estaba regañando continuamente al senador Eza por
presentar esta moción y a nosotros por apoyarla—, habla usted de
competencias, de comunidades autónomas, lo mismo que CiU y lo mismo que
el Grupo de la Entesa. ¿Qué ponen primero, las competencias o los
derechos de los niños y los jóvenes? ¿Dónde está lo que aquí nos está
ocupando realmente? ¿Qué quieren, que no les quiten a ustedes sus
parcelas de poder y de competencia o que mejoremos entre todos, con el
Gobierno de la nación, que para eso está, la calidad de la educación en
todo el territorio nacional? Porque ese miedo a que se invadan las
competencias es un problema que tienen ustedes, por muy satisfechos que
estén. Pero yo les invito, desde el Grupo Parlamentario Popular, a que no
lo trasladen a los alumnos, a los jóvenes de sus comunidades autónomas y
del territorio español, porque eso sí que es un problema, señorías.
Ustedes están muy satisfechos y hablan continuamente de las competencias,
¿y para que sirve este Senado según ustedes? Porque hablan de Cámara
territorial, de competencias… O yo me he equivocado esta mañana y
me he metido donde no debía, como otros días, o este es el Senado del
Reino de España y estamos en las Cortes Generales. (Aplausos.)

Por lo tanto, se está defendiendo una postura del Gobierno
de España, que en este caso es del Partido Popular por mayoría legítima,
absoluta —a veces parece que los del Partido Popular hemos entrado
a empujones, hemos ocupado más escaños que el resto de los grupos y que
esa es nuestra mayoría—; nuestra mayoría es legítima, democrática,
con casi 11 millones de votos. Pero no solo gobernamos para esos 11
millones de votos, sino para todos los españoles en cualquier parte del
territorio español.

Quiero agradecer al Grupo Parlamentario Socialista el apoyo
a esta enmienda y decirles que no tengan tanto miedo. Cuando ustedes
gobernaban, nada más entrar —el tiempo que tardó el señor Zapatero
en llegar a la Moncloa— se cargaron la ley del Partido Popular sin
haberla aplicado todavía. Pero es más, el Partido Popular, en el año
2010, en la Comisión de Sanidad y Política Social —y termino, señor
presidente—, presentó una moción para mejorar la calidad sanitaria
en materia educativa y en materia judicial para los alumnos, los jóvenes
y los adolescentes o adultos

con trastornos TDAH. ¿Y sabe lo que hizo el Grupo
Socialista? Votar en contra. Porque ahora se nos acusa de que pasamos la
pelota a las comunidades autónomas. No, lo que entonces alegó el Partido
Socialista, que es el que estaba gobernando y podía hacer mucho, es que
era competencia de las comunidades autónomas y se lo quitó de encima. Yo
me alegro muchísimo de que haya vuelto a la razón, como cuando está en la
oposición normalmente, y apoye esta moción de UPN con la incorporación de
la enmienda del Grupo Popular.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Aragón.

Llamen a votación. (Pausa.)

Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de
interpelación del senador Eza Goyeneche, del Grupo Parlamentario Mixto,
con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 236; votos emitidos, 236; a favor, 207; en contra, 28;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

5. MOCIONES

5.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS DE POLÍTICA EXTERIOR PARA PROTEGER A LAS MINORÍAS
RELIGIOSAS CRISTIANAS.

(Núm. exp. 662/000091)

AUTOR: GPP

El señor presidente da lectura a los puntos 5. y 5.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado cinco
enmiendas: dos del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los
senadores Iglesias y Mariscal; una del Grupo Parlamentario Socialista;
otra del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y otra del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
(Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra el senador Muñoz-Alonso, que empezará su
intervención cuando haya silencio en el hemiciclo.

Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Hace ahora exactamente dos años
y medio, día por día, el 19 de enero de 2011 se aprobó por unanimidad en
el Pleno del Senado una moción presentada por mi grupo en la que se
instaba al Gobierno a tomar una serie de medidas en relación con la
persecución de que eran objeto las minorías cristianas en diferentes
partes del mundo, especialmente en Oriente Medio y África. Una serie de
asesinatos en masa, ataques a personas y bienes de las comunidades
cristianas y actos violentos de diverso tipo que se habían producido en
Egipto, Iraq, Nigeria y otros países de África y Oriente Medio
justificaban la iniciativa.

Se trataba de que tanto la comunidad internacional como
específicamente las instituciones europeas y sus opiniones públicas
tomasen conciencia y expresasen su rechazo ante las acciones violentas,
incluidos ataques terroristas, de que venían siendo objeto estas
minorías, y, a partir de ahí, que se tomasen las medidas y se llevasen a
cabo las acciones que fueran necesarias para intentar remediar esta
situación.

Aquellos graves hechos produjeron un amplio movimiento de
opinión y debe señalarse que el Parlamento Europeo y otros representantes
de la Unión Europea, así como otras instancias internacionales, como el
secretario general de Naciones Unidas, las asambleas parlamentarias del
Consejo de Europa y de la OSCE adoptaron resoluciones y manifestaron
públicamente su rechazo a esa persecución y proponían medidas para
remediarlo. Pero, desgraciadamente, en los dos años y medio transcurridos
desde entonces la situación de las minorías cristianas en diversos

lugares del mundo no solo no ha cambiado sino que, según
diferentes fuentes, ha empeorado netamente. Lo que sí es cierto que la
cobertura mediática de estos actos violentos se ha incrementado y apenas
pasa un día sin que los medios internacionales dejen de aportar nuevas
informaciones que nos confirman que no nos hallamos ante hechos
esporádicos sino ante lo que podría considerarse como una campaña general
y sistemática. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
Presidencia.)

Un profesor británico, Rupert Shortt, autor de una
investigación sobre esta cuestión llevada a cabo en 19 países,
cristianos, musulmanes y de todo tipo, ha acuñado el término
cristianofobia y señala que en ocasiones la persecución no es llevada a
cabo por los Estados, sino por otras minorías, incluidas a veces otras
minorías cristianas, como es el caso de los uniatas de Bielorrusia,
discriminados por los ortodoxos, o el de los grupos evangélicos
protestantes de Etiopia, que tropiezan con la animadversión de los viejos
cristianos del lugar. Y es que en esta cuestión de la discriminación, la
intolerancia y la persecución de minorías religiosas, de los que son
diferentes, evidentemente hay grados diversos pero prácticamente ninguna
sociedad está totalmente libre de culpa, y nosotros los europeos tenemos
que plantear esta cuestión con una enorme humildad porque nuestra
historia no es precisamente ejemplar: nuestro siglo XX ha sido
especialmente un siglo convulso de totalitarismos, dictaduras,
persecuciones y expulsiones y, en muy buena medida, ha sido la libertad
de religión una de las víctimas de todas esas convulsiones.

En este momento, el fundamentalismo islamista es
especialmente peligroso al respecto, y como ha señalado otro
investigador, el profesor McMlekin: La igualdad religiosa es anatema para
los musulmanes estrictos porque la consideran contraria a la sharía. No
puede por eso extrañar que uno de los grupos terroristas que forman parte
de la red de Al Qaeda haya proclamado abiertamente ―y ha aparecido
en muchos medios― que su objetivo legítimo es matar a los
cristianos dondequiera que se encuentren.

No hace siquiera dos meses, el 24 de abril, se aprobó una
nueva resolución en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en la
que se afirmaba que en el mundo hay 200 millones de personas perseguidas
por su fe y de esos 200 millones de personas, el 75% de los que sufren
violencia de tipo religioso son cristianas.

Es muy significativo que desde el inicio de la llamada
primavera árabe esta persecución se haya hecho más intensa en algunos
sitios; por ejemplo, los cristianos coptos de Egipto son ahora
frecuentemente objeto de violencia, están discriminados para determinados
puestos públicos, se dilatan los permisos para la construcción de nuevas
iglesias y algunas de ellas son objeto de bárbaros ataques, incluido el
incendio. Y el caso de Egipto no es, desde luego, un caso único.

Hay que tener en cuenta que los cristianos de Oriente
Medio, a quienes nos estamos refiriendo fundamentalmente, han vivido allí
durante los últimos 2000 años; es decir, desde los orígenes del
cristianismo. Las diferentes comunidades de coptos, siriacos,
nestorianos, armenios, maronitas, etcétera, no son, como se subraya en
esa resolución del Consejo de Europa, inmigrantes expatriados o conversos
recientes sino pueblos autóctonos que han vivido en esa zona del mundo
durante milenios. Se puede señalar, por ejemplo, que la ciudad de Belén
ha tenido durante siglos una mayoría cristiana y, sin embargo, ya no la
tiene, la ha perdido, porque los cristianos han tenido que huir. Como ha
escrito un periodista jordano, si esta situación continúa, en Oriente
Medio, la cuna de la Cristiandad, desaparecerán pronto los
cristianos.

La situación de Iraq es especialmente preocupante, como
tendré ocasión de explicar un poco más adelante, porque se han producido
unas expulsiones absolutamente masivas.

Esta situación afecta también a otras minorías religiosas,
no solamente a las minorías cristianas. Por ejemplo, el pasado sábado
―hace bien poquito― el campamento Liberty, de refugiados
iraníes en Iraq, fue atacado con misiles en el contexto de los otros
problemas que existen en la región ―evidentemente, procedentes de
musulmanes suníes― y es que en aquella zona el histórico conflicto
entre musulmanes suníes y chiíes es un ejemplo más del enfrentamiento
religioso, en este caso, entre dos variantes del Islam.

Volviendo a los cristianos, les diré que la situación es
especialmente preocupante y el diario Le Monde, que tiene una clarísima
orientación laica, publicaba hace unos meses un editorial que arrancaba
en primera página clamando contra esta expulsión permanente de los
cristianos, lo que llamaba el éxodo de los cristianos de Oriente, y decía
que más allá del Islam radical, literalmente, se da ahora la cotidiana
confrontación con un Islam político, lo que hace cada vez más difícil la

supervivencia de la cultura y la tradición cristianas.
Además, concluía el editorial: El éxodo de los cristianos de Oriente es
un drama que nos concierne a todos y es que sería una enorme ceguera que
no nos diéramos cuenta de que nos hallamos ante un gravísimo desafío a
nuestro sistema de valores y a nuestro modo de vida. Esas minorías
cristianas de Oriente Medio son, de alguna manera, nuestra vanguardia y
una avanzadilla en la defensa de los derechos humanos, y en este mundo
globalizado, nada de lo que ocurra en otro continente nos puede ser
ajeno, sobre todo cuando nos encontramos ante una sistemática
aniquilación de esas minorías cristianas, que tiene todas las
características de una limpieza étnica y que, a veces, encaja
perfectamente en el concepto de genocidio.

La lista de estos hechos que han costado la vida a
centenares de personas y han causado sufrimiento a comunidades enteras
podría hacerse interminable y lo peor es que desde Europa parece que no
se acaba de tomar conciencia de esta tragedia. Me refiero ahora al
artículo de un catedrático español de la Universidad Autónoma de Madrid,
el profesor Juan José Solozábal, que no es precisamente una persona
inclinada hacia la derecha, que publicaba hace seis meses un artículo
interesantísimo del que me voy a permitir leer el primer párrafo. Decía
así este profesor: «A veces nos quedamos profundamente conmovidos por la
noticia de crímenes cometidos contra los cristianos en diferentes partes
del mundo. Suceden en diversas latitudes y nos impresiona tanto por su
anacronismo como por la debilidad de su diferencia. Y es que tendemos a
considerarlos antes que nada como impropios, pues nos parece a primera
vista que la libertad religiosa es un principio universal e indiscutible
en nuestros días». Después llega a la conclusión de que no está tan clara
esta universalidad, y añade: «Parece que se operase además una implícita
jerarquía de la victimología, de manera que lo cristiano ocupara un rasgo
más bien bajo». Perseguir a los cristianos tendría una especie de permiso
general que a nadie le debería extrañar y señala que eso procede de una
actitud mental equivocada, según la cual la religión podría considerarse
como un rasgo de ingenuidad y de infantilismo intelectual. Esa actitud
—entiende el profesor Solozábal— nos impide ver el carácter
opresivo respecto de la dignidad de la persona que tiene esta
conducta.

Y es que, señorías, la libertad religiosa emana
directamente de la conciencia, casi me atrevería a decir de ese gran
invento occidental que es la conciencia, reducto íntimo de la persona,
fundamento de la personalidad y de su dignidad, que es la base de todos
los derechos humanos. Sin conciencia no hay derechos humanos. No es una
casualidad que los derechos humanos hayan surgido en Occidente, porque es
ahí también donde se ha generado el concepto de conciencia. Unos derechos
que son, como bien sabemos, anteriores a toda ley y que tienen carácter
inalienable. Y hablando de esto, un profesor americano, George H. Sabine,
gran figura en la historia del pensamiento político, dice: «La creencia
en la autonomía espiritual y el derecho de libertad espiritual dejó un
residuo sin el cual serían muy difíciles de entender las ideas modernas
de intimidad y libertad individuales». Es decir, ahí hay una clara
conexión entre esas ideas que tienen una raíz cristiana, como es la de la
conciencia, y la libertad y la intimidad individuales. Y eso es lo que
querían decir también los juristas medievales cuando afirmaban de
internis nequae Ecclesiae. Es decir, en las cosas internas o de
conciencia ni la Iglesia tiene derecho a inmiscuirse. Y lo que se decía
entonces de la Iglesia lo debemos decir ahora del Estado o de cualquier
otra institución. De ahí mismo brota la idea de separación de lo político
y de lo religioso, de la Iglesia y del Estado, porque autonomía de lo
religioso y no confesionalidad del Estado son rasgos ineludibles en
cualquier sociedad moderna y democrática. Lo entendieron muy bien los
Founding Fathers, los padres fundadores norteamericanos cuando en la
misma primera enmienda, en su primer artículo de la Declaración de
Derechos, pusieron juntos la libertad de expresión y de prensa y la no
confesionalidad del Estado. Y de ahí nació un laicismo o laicidad, como
lo quieran llamar, que no es como el europeo de combate contra la
religión, sino de separación respetuosa de los dos ámbitos y de garantía
de la plena libertad para las diversas confesiones. Y eso ha tenido en
nuestra época una concreción muy clara en el artículo 18 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que yo creo que es
oportuno recordar y que les leo: «Toda persona tiene derecho a la
libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho
incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la
libertad de manifestar su religión o su creencia individual o
colectivamente, en público o en privado, por la enseñanza, la práctica,
el culto y la observancia».

Pues bien, señorías, la moción que presentamos tiene 5
puntos: el primero de ellos insta al Gobierno a que en el seno de la
Unión Europea se preste la máxima atención y se lleven a cabo actuaciones
concretas, haciendo un seguimiento permanente y activo de la situación de
las minorías religiosas que puedan estar en peligro, o que son ya
efectivamente perseguidas en distintos puntos a los que me he referido
antes. El segundo punto insta a utilizar todos los medios de la política
exterior, bilaterales y multilaterales, para obtener compromisos
concretos y garantías específicas respecto de las minorías cristianas,
poniendo en juego también a nuestras representaciones diplomáticas en el
exterior. El punto tercero solicita que se considere la inclusión de
estas minorías en los programas nacionales de reasentamiento anual en el
marco de los compromisos internacionales. El punto cuarto solicita que se
negocie, preferentemente desde la UE, para que los cristianos, en los
países en que están especialmente discriminados, gocen de los mismos
derechos y garantías que en nuestros países. Se trata del problema famoso
y delicado de la reciprocidad. A este respecto les diré que, hace un par
de años, Noruega prohibió a un determinado país árabe financiar la
construcción de nuevas mezquitas hasta que no se permitiera en ese país
la construcción de iglesias. Que yo sepa esto solo lo ha hecho Noruega,
pero es una aplicación a este terreno del principio de la reciprocidad.
Finalmente, el punto quinto aclara que cuanto se afirma en los puntos
anteriores de las minorías cristianas lo consideramos y queremos que sea
extensible a cualquier otra minoría religiosa que sea objeto de
persecución y de actos de intolerancia y de discriminación.

Señorías, esta es una ocasión para que el Senado ratifique
aquellas ideas que aprobamos de alguna manera también hace dos años y
medio y que volvamos a expresar nuestra protesta contra ese tipo de actos
que se producen con tanta frecuencia y, al mismo tiempo, manifestemos
nuevamente, una vez más, nuestro compromiso en la defensa de los derechos
humanos y muy especialmente de ese derecho tan importante que es la
libertad religiosa entendida como les acabo de explicar.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Para la defensa de sus enmiendas, por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador señor Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

No tengo ningún inconveniente en reconocer la buena
intención del redactor de la moción y del objetivo que con ella se busca,
pero desde la más firme condena también de cualquier acto violento y
represivo por motivos de conciencia, la redacción que se da ofrece una
visión estrecha de una realidad mucho más compleja. Lo que se está dando
en los países a los que se hace referencia es una persecución de las
minorías. La característica religiosa es solo uno de los componentes de
esa persecución que caracteriza a las minorías. En su exposición de
alguna forma lo reconocía con alguna de sus manifestaciones. Cita la
moción varios ejemplos: Masala, niña cristiana paquistaní, que fue
perseguida no solamente por su condición de cristiana, sino
fundamentalmente por su reivindicación del derecho de las niñas a la
educación. También se persigue y se agrede a las niñas musulmanas que
defienden ese derecho a la educación por parte de quienes tienen una
visión más integrista y violenta del Islam. Asia Bibi es perseguido por
blasfemo, como se persigue a otros musulmanes también por blasfemia.
Acabamos no hace muchos días de ver en los medios de comunicación, cómo
en Siria, uno de esos grupos, que al parecer queremos armar de luchadores
por la libertad, ejecutaba a un joven musulmán por blasfemia. Igual que
Asia Bibi, musulmanes como Hamza Kashgari en Arabia, Nabil Karoui en
Túnez o Muhammad Sami Ullah en Pakistán han sido perseguidos: musulmanes
blasfemos.

Lo que hay en el mundo musulmán, en este momento, es un
enfrentamiento que se da entre los propios musulmanes también, entre
suníes y chiíes, según cada uno tenga la mayoría. Igual que se destruyen
iglesias, se destruyen mezquitas. Suníes destruyendo mezquitas de chiíes;
chiíes destruyendo mezquitas de suníes. Y, luego, hay una componente
política que no podemos obviar. Las organizaciones más radicales, las
organizaciones terroristas califican a las tropas desplegadas en
Afganistán y en Iraq como cruzados y ven a los cristianos como aliados de
los cruzados. Es esa componente política la que alimenta también una
persecución religiosa, y tenemos responsabilidad en ello en cuanto que
participamos en ese despliegue de tropas en

países musulmanes. Iraq es el ejemplo más claro, como muy
bien decía el senador proponente, es bastante evidente; la dictadura de
Saddam Hussein seguramente violaba los derechos humanos por igual; era
una dictadura laica, tenía un vicepresidente y canciller cristiano, Tareq
Aziz, que se está pudriendo en una cárcel, a pesar de ser un anciano
enfermo en este momento. Es el nuevo régimen de al-Maliki, el que
respaldamos y apoyamos, el que hace un mes aprobamos que se ratificara el
convenio de colaboración con la Unión Europea, el que está alimentando
esa confrontación religiosa, esa violación de derechos humanos de los
cristianos. Por tanto, tengamos una visión amplia y asumamos las
responsabilidades.

Concluyo. Nuestras dos enmiendas pretenden, en primer
lugar, el reconocimiento. Si estamos hablando del mundo musulmán,
hablamos de Oriente Medio, Israel persigue a los cristianos palestinos,
fundamentalmente por palestinos, pero también como cristianos. Hagamos
una referencia a esta cuestión. Y para salir al paso de esas reacciones
es conveniente que no alimentemos —y no digo que la moción pretenda
hacerlo, ni muchísimo menos— posiciones islamofóbicas, combatamos
las posiciones islamofóbicas en nuestros países para no dar argumentos
que sirvan para, entre comillas, justificar acciones represivas contra
las minorías cristianas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador señor Losada.

El señor LOSADA DE AZPIAZU: Gracias, señor presidente.

Señorías, mi grupo ha presentado una enmienda de
sustitución que consideramos mejora la propuesta y que, además, es
consecuente con otras aportaciones aprobadas no solo en esta Cámara sino
también en otras, que coloca en su justa medida el problema que surge con
las persecuciones religiosas en los diferentes países de nuestro mundo, y
que detalla soluciones, aporta medidas, y sugiere mecanismos adecuados a
una, que sabemos difícil, solución; en suma, que pasa de ser un brindis
al sol, como las mociones a las que nos tiene acostumbrados a medida que
transcurre la legislatura el grupo mayoritario, e insta al Gobierno a
adoptar medidas concretas, si es que les preocupa de verdad este problema
ahora que están en el Gobierno, y sobre todo son enmiendas que mantienen
la coherencia con el debate que ya se celebró en esta Cámara hace dos
años.

La moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular en
el Senado es similar a la presentada en enero de 2011, pero, qué
casualidad, con tres cambios fundamentales. Han retirado la exigencia a
crear una partida específica a través de los fondos para la promoción al
desarrollo destinada a la protección de las minorías cristianas lo que,
sumado a su posición favorable en el debate presupuestario al mayor
recorte que hubo en la historia de estos fondos y en los de cooperación,
me permite decirles que sus mociones, esta o la anterior, nacen del
concepto que después explicaré en el turno de portavoces, que es el de la
hipocresía ocasional.

Ahora que están en el Gobierno se olvidan de ese punto, que
evaluaban en su moción en un gasto de 950 000 euros —¿se acuerda,
señor Muñoz-Alonso?— y que mi grupo apoyó. Igualmente desaparece de
su moción que nuestro país acoja en asilo a aquellos cristianos
orientales que son significativamente perseguidos, como hacen otros
países de la Unión Europea. Y de paso dejan de poner en valor una
aportación de las Naciones Unidas, que es la Alianza de las
Civilizaciones, como herramienta para garantizar un buen entendimiento y
resolución de estos conflictos, porque les sigue molestando, porque no lo
entienden, y porque siguen instalados en la política de bloques, a pesar
de que no paran de hablar de multilateralismo; es más, desprecian lo que
ha reconocido la ONU como una herramienta esencial, por cierto, el actual
presidente del Gobierno, ¿o acaso en el Plenario de la ONU también mentía
el señor Rajoy?

Por eso mi grupo, manteniendo la coherencia con la anterior
moción, presenta una alternativa que respeta los acuerdos de esta Cámara
y los enriquece, aprovechando el debate. Hemos presentado un texto que va
en sintonía con lo aprobado en la Cámara. Ampliamos el concepto de
perseguidos, no solo a los cristianos. Seguimos considerando que el
Gobierno estudie la posibilidad de acoger en España, de acuerdo con
nuestra legislación de asilo. Creemos que hay que disponer de fondos que
permitan al Gobierno solucionar estos problemas.

Seguimos creyendo que es un instrumento fundamental la
recomendación de las Naciones Unidas de impulsar el Proyecto de la
Alianza de Civilizaciones como punto de encuentro, como punto de
integración, como punto de resolución de los conflictos que tienen origen
en las diferentes creencias religiosas y civilizaciones mundiales.
Instamos a la Unión Europea a que cumpla su obligación, consistente en
mantener un diálogo abierto, transparente y regular, con las iglesias y
las comunidades religiosas; es más, creemos que la Unión Europea debe
reiterar su apoyo a todas las iniciativas destinadas a promover el
diálogo y el respeto mutuo, e instamos a garantizar prácticas religiosas
normales y en público a todas las confesiones religiosas y que haya una
protección adecuada y eficaz en todos los países.

Termino, señorías, con una cita textual que engloba mis
palabras: Es importante que los musulmanes y los cristianos continúen
explorando las preguntas filosóficas y teológicas en conjunto para poder
obtener un conocimiento más objetivo y comprensivo de cada creencia
religiosa del otro. El mejor entendimiento mutuo seguramente llevará a
nivel práctico a una nueva forma de presentar nuestras dos religiones, no
en oposición, como ha sucedido a menudo en el pasado, sino en asociación
para el bien de la familia humana. No es una cita de un izquierdista ni
de ningún peligroso progresista ni de ningún intelectual afín a nosotros,
es de Juan Pablo II.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Losada.

Las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya y por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió decaen dada la propuesta de modificación que
ambos grupos han presentado, junto con el apoyo del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado y del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado para saber si acepta alguna de las enmiendas
presentadas.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Gracias, presidente.

En primer lugar, quiero agradecer la presentación de
enmiendas, pues supone un interés relevante por la cuestión, y voy a
contestar especialmente al Grupo Parlamentario Mixto. La primera enmienda
no se la he aceptado, y es razonable lo que allí se dice, pero es porque
se refiere a la parte expositiva introductoria, a la exposición de
motivos. No es habitual aceptar ese tipo de enmiendas. Yo no tengo nada
en contra, pero no es coherente con la práctica parlamentaria.

En segundo lugar, quiere añadir un nuevo apartado, hablando
de islamofobia en los países de la Unión Europea. Puestos a hablar de
islamofobia, tendríamos que hablar también de antisemitismo, que se sigue
dando, desgraciadamente, en los países europeos, y de cristianofobia,
que, como he dicho, algunos profesores señalan que ahora hay fenómenos
claros de cristianofobia en nuestra propia Unión Europea. Pero es que yo
no he querido hablar de Europa sino de los países de Oriente Medio, Asia,
de África, especialmente. Además, cuando se plantea este problema en los
países europeos, surge una dificultad que ya tiene historia, a partir de
aquel famoso acontecimiento de las caricaturas de Mahoma, y es el choque
de esas cuestiones con la libertad de expresión. Hasta dónde llega la
libertad de expresión y hasta dónde no llegaría. Y por ahí nos meteríamos
en una dificultad realmente muy complicada porque nosotros aceptamos la
crítica a la religión. Nosotros la aceptamos, pero hay algunas otras
religiones que no y que te ponen la etiqueta de islamófobo. Hay ciertas
cosas que son perfectamente criticables y que entran dentro de lo que es
el legítimo uso de las libertades de expresión y de prensa. Nada me resta
por decir por lo que hace a las enmiendas del Grupo Parlamentario
Mixto.

Las enmiendas socialistas dejan de lado totalmente nuestro
texto y presentan una alternativa que tiene cosas positivas, no puedo
decir que no. No obstante, si me ciño a las puntualizaciones que nos ha
hecho el senador Losada, he de decirle que no hemos hablado de cuestiones
de cooperación porque sencillamente en estos momentos no hay una partida
clara destinada a cooperación. Hablar de una cooperación cuando no hay
una partida clara sería un brindis al sol. Desgraciadamente la
cooperación está en una determinada situación porque se han disminuido
muchos de sus capítulos, por lo que no tiene en estos momentos sentido
que hablemos del tema, lo cual no quiere decir que en los programas de
cooperación —me he informado adecuadamente— no esté previsto,
de una manera si no específica, sí más global, la atención a este tipo de
grupos en determinados países y situaciones.

Por lo que hace al asilo, no es que no hayamos hablado de
él. Si el senador Losada se fija verá que hemos englobado todo lo que
hablamos sobre el asilo hace dos años y medio en una la palabra:
reasentamiento. Esta es la palabra que, al aludir a este tipo de
cuestiones, utilizan hoy día nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores y
otros países europeos: reasentamiento, o sea, recoger refugiados que han
salido de su país y que están en el entorno del país del que han salido
porque no han podido ir a otro lado e incorporarles a unos determinados
programas. Para más información le diré que el programa español de
reasentamiento ha sido aprobado en diciembre de 2012 y en él figura que
30 personas serán acogidas con cargo a estos criterios. El cambio de
enfoque está en la ley, en la Ley de asilo y de protección. Ahora se
habla de reasentamiento porque es una fórmula nueva.

En cuanto a la Alianza de las Civilizaciones, nada tengo en
contra, pero lleva vigente varios años y yo todavía no conozco muy bien
cuáles son sus resultados, francamente. No he querido hablar de ello
porque me parecía que nuevamente era un brindis al sol. ¿Qué significa
exactamente en estos momentos la Alianza de las Civilizaciones? Si puede
ser un objeto que sirva de alguna manera para un mayor entendimiento, yo
estaré encantado y lo entenderé, pero hasta ahora no he visto que sea sí.
Resulta que el otro socio que con España había puesto en marcha la
Alianza de las Civilizaciones, que es Turquía, no está en estos momentos
en muy buena posición, no está más cerca de Europa sino más bien más
lejos. No nos ofrece entonces un ejemplo claro de que por ahí se pueda
avanzar. ¿Se podría llegar a avanzar? No digo que no, pero de hecho los
resultados ahora han sido muy escasos y por eso yo he preferido no tocar
el tema.

A los otros grupos con los que hemos podido llegar a una
transaccional, les agradezco su comprensión, su colaboración, y lo que
han hecho para mejorar, porque indudablemente mejora la moción.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por
favor, vaya terminando.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Termino enseguida, señor
presidente. Quiero matizar que nos hemos centrado en las mínorías de
carácter religioso, lo cual no quiere decir que otras minorías de otro
tipo, a veces difíciles de distinguir —estoy de acuerdo— no
merezcan también una protección, pero nuestro objetivo en esta moción
eran las minorías de carácter religioso, específicamente las minorías
cristianas, pero no solo; y ese ha sido el objeto de nuestra
intervención.

Muchas gracias a todos. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

¿Turno en contra? (Pausa.)

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Si me permite, intervendré desde el escaño de forma muy
sucinta. Nos decía el portavoz popular que quería hablar exclusivamente
de África, de Oriente Medio y de Asia en lo que pudiera afectar por la
presencia de musulmanes. Pero yo creo que es imprescindible hablar de
Europa. No podemos analizar la situación en esos países, la realidad de
la minoría cristiana y de otras minorías, sin analizar a la vez el papel
de Europa, la presencia de Europa, la intervención militar europea en
esos países. El caso de Iraq es clarísimo. Lo que rompe los equilibrios
entre las minorías en Iraq es la invasión y la desestabilización de esa
realidad abriendo la posibilidad de una violencia sectaria que ha traído
más de un millón de muertos. Pretender que eso no tiene nada que ver con
Europa, que no tiene nada que ver con España y que no tiene nada que ver
con este Senado es cerrar los ojos a esa realidad.

Y la segunda cuestión, insisto, es la conveniencia de que
la declaración de exigencia de protección a las minorías religiosas y a
las minorías cristianas vaya acompañada de una declaración de rechazo de
la islamofobia. No es imprescindible, a pesar de los argumentos del
portavoz popular, que hagamos referencia a otras fobias: la
cristianofobia o al sionismo, porque la moción de lo que habla es del
islam; no habla de la religión judía en ningún momento. Ahí cabría otro
debate en el que no pienso entrar: si el antisionismo es una respuesta a
la religión judía o al

pueblo judío como tal, sea o no judío creyente y
practicante. Insisto, no voy a entrar en esa materia, pero reivindico la
necesidad de que la declaración de demanda de protección —que
comparto— de las minorías religiosas, y las minorías cristianas
entre ellas, vaya acompañada del compromiso de lucha y combate contra la
islamofobia porque, si no, estaremos devaluando la primera declaración y
estaremos abriendo escenarios en los que será, por desgracia, más difícil
conseguir salir al paso de esa persecución de carácter religioso que,
insisto, no es solo religioso, sino que tiene otra serie de componentes
que no podemos negar.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Presidente jauna, senatari
jaun andreok.

Europar Batasuneko kanpo-politikarako goi mandataria den
Catherine Ashton Anderea Madriletik pasatu berri da. Ritz hotelean egiten
ari diren gosarietako batean, Garcia Margallo ministroa bere anfitrioia
izan zen. Legebiltzarretik pasatu ez izana eta Mozio honetan adierazten
den ezer berari planteatu ez izana bitxia da. Hala eta guztiz ere, guk
oso garrantzitsua dela ikusten dugu, argi eta garbi uzten duelako Europar
Batasuneko kanpo-politika serio, jarrai, lehentasunezko eta iraunkor
baten beharrizana. Ekialde Ertainean, Siriako gudaren inguruan eta Afrika
iparraldean europar polikaren gabezia daukagu. Frantziak bakarrik
erreakzionatzen du Malin gertatzen ari denaren inguruan. Muñoz Alonso
jaunak aurkezten duen mozio honetako bost puntuetan ere europar
politikaren gabezia daukagu.

Gracias, señor presidente.

Señorías, la Alta Comisionada para la Política Exterior de
la Unión Europea, la señora Catherine Ashton, acaba de pasar por Madrid.
En uno de esos desayunos que se celebran en el Hotel Ritz el ministro
García-Margallo fue su anfitrión. No pasó por el Parlamento ni nada de lo
que en esta moción se expone le fue planteado, curiosamente, y, a pesar
de todo, a nosotros nos parece que es algo que reviste especial
importancia, porque evidencia la falta de una política exterior de la
Unión Europea seria, continua, con prioridades y con constancia. En Medio
Oriente, en relación con la guerra de Siria y en el Norte de África
carecemos de una política europea; solo Francia ha reaccionado ante los
acontecimientos de Mali, y, como digo, carecemos de política europea en
los cinco puntos de la moción del señor Muñoz-Alonso.

Como no está el senador Rabanera voy a pasar al castellano.
Acaba de pasar por Madrid la señora Catherine Ashton, Alta Comisionada
para la Política Exterior de la Unión Europea. El ministro
García-Margallo fue su anfitrión en uno de estos desayunos que se
celebran casi semanalmente en el Hotel Ritz; curiosamente no pasó por el
Parlamento ni nada de lo que en esta moción se expone le fue planteado. A
pesar de todo, nosotros la consideramos de la máxima importancia porque
evidencia la falta de una política exterior de la Unión Europea seria,
continua, con prioridades y con constancia. Carecemos en Europa de
política en Medio Oriente, carecemos de política europea en relación con
la guerra en Siria, carecemos de política europea en el Norte de África
—solo reacciona Francia ante los acontecimientos de Mali— y
carecemos de política europea en los cinco puntos de la moción del señor
Muñoz-Alonso.

Si el 19 de enero del año 2011, acabando casi la
legislatura del presidente Zapatero, aprobamos una moción singular del
senador Muñoz-Alonso, hoy volvemos a anunciar que apoyaremos asimismo su
actual moción, doliéndonos de que en estos dos años no se haya hecho nada
en serio. ¿Dónde terminan estas mociones en el Gobierno? ¿Hay un aparato
que recicla estas mociones en el ministerio? ¿Alguien se ocupa de ellas?
¿Quién hace un seguimiento de las mismas? ¿Por qué no se da cuenta de lo
que ha hecho el ministerio, de lo que han hecho las decenas de
funcionarios y diplomáticos que tiene España para instar en Bruselas y en
los distintos países acuerdos parlamentarios logrados por unanimidad como
este? Silencio en la noche.

Estos días es noticia que en Irlanda conservadores y
laboristas trabajan en hacer desaparecer su Senado porque consideran que
no sirve para nada. Si un irlandés viniera a esta Cámara y viera que en
dos años lo aprobado con esta moción no ha servido ni para papel
higiénico, diría lo mismo. Y tenemos el ejemplo del último Pleno con
aquella moción sobre materia aeroespacial, porque, después de que se
aprobara en el Congreso y anunciara el ministro Soria que lo iba a

aprobar, nos sorprendió el senador del PP haciéndose lector
de un papel redactado por un funcionario de quinto escalón. Vino a decir,
con su actitud, que lo que procede en Irlanda procede aquí. Es decir, el
Senado para estas cosas no sirve para nada. Y no es verdad, aunque
también comprobamos que mandan mucho los funcionarios del ministerio y
que algunos senadores de la mayoría solamente se limitan a leer el
papelito que les dan en el ministerio.

Pero no es este el caso. El senador Muñoz-Alonso tiene
vuelo propio y, sobre todo, mucha experiencia en estos temas. Se ve que
la moción es del Partido Popular pero también del señor Muñoz-Alonso, que
entre otras cosas es un cristiano pero no en minoría. Y es que
seguramente esta moción se apruebe, lástima que no sea por unanimidad.
Hace dos años sí fue así. Pero, tratándose de velar por la integridad de
los cristianos, esta moción dormirá el sueño de los justos y preparará el
camino para que dentro de dos años el senador Muñoz-Alonso nos presente
otra moción similar en la que, junto a sus buenas intenciones, nos
informe sobre lo que ha hecho el Gobierno en dos años para paliar este
desastre de la persecución de las minorías.

En esta moción se le insta al Gobierno a liderar en el
ámbito de la Unión Europea, utilizando todos los instrumentos que tiene
de política exterior, la consideración de que se incluya en sus programas
la persecución religiosa. Se propone negociar con la Unión Europea que
los cristianos gocen de los mismos derechos que los musulmanes disfrutan
en los países occidentales para que, ante lo que les ocurre a los
cristianos y a cualquier minoría, se actúe de la misma manera. Es una
moción bastante completa.

No podemos estar más de acuerdo con usted, senador
Muñoz-Alonso. Pero a esta moción, quizá —y no hemos querido
presentar ninguna enmienda—, le falte un broche, un cierre. Es
decir, habría que añadir que el Gobierno nos informe dentro de tres meses
de lo que ha hecho en relación con este asunto que se recoge en la moción
que se va a aprobar hoy. Lo demás va a ser un mero saludo a la bandera.
Porque, a pesar de que el 75% de las víctimas de persecuciones religiosas
son cristianos, el silencio de los medios de comunicación es estruendoso
y poco comprensible en una Europa llena de iglesias, caminos de Santiago,
procesiones, Navidades, cruces y predicación cristiana del amor, la
caridad y el perdón.

Es verdad que las tres grandes religiones monoteístas, en
sus orígenes y durante siglos, han sido intolerantes y brutales con
quienes no pertenecían al círculo de sus creyentes, pero los valores de
judíos y cristianos, en general, tal vez como consecuencia de guerras
espantosas, han evolucionado en dirección a la tolerancia y, sobre todo,
a la aceptación, mientras que la mayoría del islamismo permanece anclado
en la vieja ortodoxia excluyente que hace imposible que arraigue el
modelo de la democracia liberal.

Viene bien esta moción, señor Muñoz-Alonso, pero mucho nos
tememos que en el ministerio que ustedes regentan esta moción irá
directamente a esa máquina trituradora, a dormir el sueño de los justos,
y una vez más no se hará nada. ¿A que no me equivoco, señor
Muñoz-Alonso?

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor
Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra
el señor Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Muchas gracias, señor
presidente.

Yo quiero empezar mi intervención con lo que ha planteado
el señor Anasagasti en el sentido de que deberíamos saber qué ha hecho el
Gobierno en estos dos años y medio. El 19 de enero del 2011 se aprobó por
unanimidad una moción que instaba a que el Gobierno tomara una serie de
medidas y hoy no sabemos si las ha adoptado. El señor Anasagasti presumía
que no las había tomado e imagino que es así, pero ciertamente eso es lo
más importante.

En segundo lugar, coincido con los análisis que se han
hecho desde otros grupos de la oposición en cuanto al carácter
insuficiente o reduccionista de esta moción. Es absolutamente cierto.
Pero eso no puede significar, a mi entender, no dar apoyo a los terribles
hechos que se están sucediendo. Decía el señor Muñoz-Alonso que hay 200
000 cristianos perseguidos; recientemente el periodista Daniel Arasa ha
publicado un libro titulado Cristianos, entre la persecución y el mobbing
en el que da diversas cifras que oscilan entre los 100 000 y los 350 000,
y dice claramente que hay 23 países en los que se persigue
sistemáticamente a los cristianos y donde de cada 100 muertos por motivos
religiosos, 75 son cristianos.

Estamos, pues, ante un hecho del que no podemos escapar a
la hora de tomar medidas. Desde ese punto de vista hemos presentado dos
enmiendas para intentar disminuir este reduccionismo de la moción. La
primera de ellas creo que mejora el texto del 2011, en el que se decía
que hay que exigir que los Gobiernos de los países en los que se persigue
a los cristianos les garanticen los mismos derechos que tienen los
musulmanes en el Estado español o en los países occidentales. Creo que
esta es una redacción incorrecta. No se trata de darles, porque les
damos, sino de que cumplan el artículo 18 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos.

Y nuestra primera enmienda, que ha sido recogida, pretende
sustituir el párrafo que dice:…que los cristianos gocen de los
mismos derechos en los países musulmanes que los musulmanes en los países
occidentales, por uno en el que se diga que tengan los derechos que
determina el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Y aquí quiero insistir en que va a ser muy difícil, por no decir
imposible, que se respete el derecho a la libertad religiosa si no hay un
respeto general hacia los derechos humanos. No es posible que exista un
respeto hacia la libertad religiosa sin el respeto hacia el resto de los
derechos humanos.

Desde ese punto de vista nuestra segunda enmienda planteaba
que la extensión de los derechos que pedimos para las minorías cristianas
lo sea para todas ellas. El señor Muñoz-Alonso ha presentado una
transaccional que habla de las minorías religiosas perseguidas. No me
acaba de gustar, pero en cualquier caso entiendo que ese es un paso
adelante.

En síntesis, señorías, estamos ante un problema importante.
No sabemos lo que ha hecho el Gobierno en estos dos años de gestión.
Insisto en que a mi juicio esta es una moción reduccionista e
insuficiente, pero creo que no podemos dar la espalda a una moción que da
respuesta, aunque sea a título teórico, a uno de los grandes problemas
que existen en este momento, como es la persecución de los
cristianos.

Agradezco la aceptación de la primera enmienda y me hubiera
gustado la aceptación íntegra de la segunda. Anuncio ya que votaremos a
favor.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Saura.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió tiene la palabra el senador Maldonado.

El señor MALDONADO I GILI: Moltes gràcies, senyor
president.

Vull començar la meva intervenció en nom de Convergència i
Unió definint aquesta moció. És una moció que valorem positivament pels
seus objectius. Primer, que és el de denunciar els actes contra els
cristians i contra altres religions que han tingut i que seguiran tenint
a diverses parts del món. Segon, defensar el dret de la llibertat
religiosa a qualsevol persona, en aquest cas fent més èmfasi a la
repressió a la qual s’enfronten les minories cristianes en alguns
llocs.

Si bé he dit que valorem positivament la moció, i la seva
voluntat de protegir els cristians i les minories religioses on estan
sent perseguits, no és la moció que ens hauria agradat debatre. Hi ha
hagut una definició del senador Iglesias amb una paraula que la defineix:
«visión estrecha». Totalmente de acuerdo. És una visió estreta. Nosaltres
hem presentat una esmena amb la qual volíem que fos més àmplia, més
global, aquesta moció. Bàsicament dèiem «en cuanto se dice en los puntos
anteriores de las minorías cristianas es extensible a cualquier otra
minoría religiosa, social, cultural, étnica o nacional que sea objeto de
actos de intolerancia o discriminación». Aquí ens semblava que era no una
visió estreta, com deia el senador Iglesias, sinó que ens semblava que
era una moció molt més ampla, una moció que d’alguna forma recollia
realitats actuals arreu del món. No ha pogut ser.

Sí que ha pogut ser, i agraïm al senyor portaveu del Partit
Popular, el senyor Muñoz-Alonso, que ens hagi acceptat una mica, una
part, d’aquesta moció i que en el punt cinquè, quan es diu que «los
puntos anteriores de las minorías cristianas es extensible a cualquier
otra minoría religiosa protegida». Bé, no és el que volíem però, com ha
dit el senador Saura, és un pas endavant, el valorem positivament. Per
què ens hauria agradat anar més enllà? Per què volíem posar no només la
cristiana (el que parla és un creient)? Doncs per una senzilla raó:
perquè religions perseguides, minories religioses perseguides n’hi
ha moltes arreu. I fins i tot volíem que fos més àmplia, per temes
culturals, ètnics, socials, etcètera, perquè és molt difícil separar
religió de cultura, religió d’ètnia, religió de cultura, etcètera.
Per exemple, els sikhs, que tenen un greu

problema a l’Índia, doncs no es veuen reflectits. Qui
els parla és un defensor convençut del Tibet, aquí no podem encabir la
lluita del Tibet per la seua llibertat cultural, religiosa, nacional...
Tampoc volíem deixar per exemple el problema a l’Egipte dels
cristians i els coptes.

Per tant és cert que és molt difícil, encara que entenem la
bondat de la moció, és molt difícil separar cultura, societat, ètnia i
religió. Per això entenem que és una visión estrecha —és veritat,
és una visió estreta—, però la valorem com un petit pas endavant i
intentarem, d’alguna forma, fer el seguiment perquè no passi el que
ha passat fins ara, que en dos anys i escaig una altra moció semblant ha
quedat, com ha dit el mestre Anasagasti, «en el cajón de los olvidos».
Esperem que això no passi.

També és veritat que creiem —s’ha dit per
altres portaveus i també des de Convergència i Unió ho tenim clar—
que és una de les assignatures pendents de la Unió Europea, orquestrar
instruments de defensa i de lluita a favor de minories, en aquest cas
religioses, per a nosaltres religioses o no, perseguides arreu del
món.

En la moció presentada pel Partit Popular hi ha un aspecte
que no ens agradava, que és la redacció formal que etiqueta uns
continents sencers com a incomplidors del respecte al dret a la llibertat
religiosa. Això dóna lloc a una divisió del món entre regions bones i
regions dolentes. Quan es parla d’»Oriente Próximo, Asia y África».
Home, és que així a Àsia i a Àfrica hi ha molts països on no hi ha
minories perseguides, on es respecta els drets humans, i per tant aquesta
definició jo crec que no és del tot justa, posar dos continents i una
zona àmplia com l’Orient Mitjà com a llocs on no es respecten els
drets humans des del punt de vista de llibertat religiosa. Ens hauria
agradat definir més els àmbits i els espais.

En aquesta mateixa línia, jo deia que la Unió Europea és
una de les assignatures pendents. És veritat. La Unió Europea no actua en
temps i forma davant de minories perseguides, religioses o no religioses.
Recordem el drama de Ruanda i Burundi, entre hutus i tutsis, la
passivitat d’Europa, s’ha dit fa un moment que a Mali només
França ha actuat, etc., etc., i moltes vegades veiem que els Estats Units
han de fer el paper d’àngel protector de països on no hi ha
llibertats i sí persecució en detriment d’Europa.

Jo no em voldria allargar més, sinó defensar el vot
favorable malgré tout, que es diu a França, malgrat tot, perquè no és la
moció que voldríem, no és la millor moció, però és una bona moció. Per
això hem signat la transaccional, per això donarem el vot favorable,
intentant i esperant que no passi el que ha dit el senador Iñaki
Anasagasti, que ha dit textualment, en castellà —perquè ho
entenguéssim la gent que no usem, que no fan servir els auriculars, que
són la immensa majoria—, ha dit: «Espero que no vaya a parar a la
máquina trituradora del Gobierno.» Quizás no, senador Anasagasti; porque
como hay una larga lista de espera trituradora de la inmensa mayoría de
las mociones que van a esta montaña de papeles en espera de triturar,
quizás solo quede en el cajón de los olvidos.

Esperem que no sigui així, esperem que la voluntat
majoritària parlamentària que aquí avui votarà a favor i la consciència
que el Govern hauria de tindre —que espero i desitjo que
tingui— ens permeti orquestrar actuacions de defensa dels drets
humans que a mi m’agradaria que anés més enllà només de les
minories religioses, que anés a favor de minories ètniques... Aquí una
persona que és un coneixedor de l’Àfrica i que presideix AWEPA
(Associació de Parlamentaris Europeus per Àfrica) sap que a
l’Àfrica hi ha moltes minories ètniques que necessiten el suport
d’Occident, i en aquest la Unió Europea, i en aquest cas Espanya,
que forma part d’Europa, haurien d’orquestrar instruments de
suport, projectes i programes de suport de conciliar diferents
pensaments, diferents religions, diferents cultures, per evitar morts
innecessàries i sobretot patiments innecessaris que hi ha en la
humanitat. Espero que sigui així; espero que d’una vegada per totes
avancem, amb aquesta moció i amb d’altres, en un món més just que
tanta falta ens fa.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

Quiero empezar mi intervención en nombre de Convergència i
Unió definiendo esta moción, una moción que valoramos positivamente por
sus objetivos: primero, el derecho a denunciar los actos contra los
cristianos y contra otras religiones que han tenido lugar y seguirán
teniéndolo en diversas partes del mundo. Segundo, defender el derecho a
la libertad religiosa de cualquier

persona, haciendo énfasis en este caso a la situación a la
que se enfrentan las minorías cristianas en algunos lugares.

Pero si bien he dicho que valoramos positivamente la moción
y su voluntad de proteger a los cristianos y a las minorías religiosas
donde están siendo perseguidas, esta no es la que nos hubiera gustado
debatir. El senador Iglesias ha utilizado una expresión para referirse a
ella que la define: visión estrecha. Estoy totalmente de acuerdo. Esta es
una visión estrecha. Nosotros hemos presentado una enmienda porque
queríamos que esta moción fuese más amplia, más global. En ella
básicamente decíamos que cuanto se dice en los puntos anteriores de las
minorías cristianas fuera extensible a cualquier otra minoría religiosa,
social, cultural, étnica o nacional que sea objeto de actos de
intolerancia o discriminación. Aquí nos parecía que había no una visión
estrecha, como decía el senador Iglesias, sino que debía ser una moción
mucho más amplia, una moción en la que de alguna manera se recojan
realidades actuales en todo el mundo. No ha podido ser.

Sí ha podido ser —y agradecemos al portavoz del Grupo
Popular, señor Muñoz-Alonso, que haya aceptado una parte de esta
enmienda— que, en el punto 5, cuando se habla de las minorías
cristianas se haga extensible a cualquier otra minoría religiosa
protegida. No es lo que queríamos pero, como ha dicho el senador Saura,
es un paso adelante, y lo valoramos positivamente. ¿Por qué nos hubiera
gustado ir más allá? Porque no queríamos poner solo a la cristiana, a
pesar de que quien les habla es creyente, por una sencilla razón: porque
religiones perseguidas, minorías religiosas perseguidas hay muchas en
todo el mundo y sobre todo queríamos que se ampliara a temas culturales,
étnicos, sociales, ya que es muy difícil separar religión de cultura,
religión de etnia, etcétera. Por ejemplo, los sijs, que tienen un
problema grave en la India, no se reflejan ahí. Quien les habla es un
defensor convencido del Tíbet. Aquí no podemos poner la lucha del Tíbet
por su libertad cultural, religiosa, nacional. Tampoco queríamos dejar de
lado, por ejemplo, el problema en Egipto de los cristianos y los
coptos.

Es cierto que es muy difícil, aunque entendemos la bondad
de la moción, separar cultura, sociedad, etnia y religión. Por eso,
pensamos que tiene una visión estrecha —es cierto—, pero la
valoramos como un pequeño paso hacia delante e intentaremos hacer un
seguimiento para que no pase lo que ha ocurrido hasta ahora, y es que en
dos años y pico otra moción parecida quedó, como ha dicho el maestro
Anasagasti, en el cajón de los olvidos. Esperamos que esto no ocurra.

También es cierto —otros portavoces lo han dicho y en
Convergència i Unió lo tenemos claro— que una de las asignaturas
pendientes de la Unión Europea es orquestar instrumentos de defensa y de
lucha a favor de minorías, religiosas o no, perseguidas en todo el
mundo.

En la moción presentada por el Grupo Popular hay un aspecto
que no nos gusta, y es la redacción formal que etiqueta a continentes
enteros como incumplidores del respeto al derecho a la libertad
religiosa. Esto da lugar a una división del mundo entre regiones buenas y
regiones malas cuando se habla de Oriente Próximo, Asia y África. ¿Es que
en Asia y África no hay muchos países en los que no hay minorías
perseguidas y se respetan los derechos humanos? Creo que no es del todo
justo poner dos continentes y una zona amplia como Oriente Medio como
lugares en los que no se respetan los derechos humanos desde el punto de
vista de la libertad religiosa. Nos hubiera gustado definir más los
ámbitos y los espacios.

En esta misma línea, decía que es una des las asignaturas
pendientes de la Unión Europea. Es cierto, la Unión Europea no actúa en
tiempo y forma ante minorías perseguidas, religiosas o no religiosas.
Recordemos el drama de Ruanda y Burundi entre hutus y tutsis y la
pasividad de Europa. Se ha dicho hace un momento que en Mali solo Francia
ha actuado. Muchas veces vemos que Estados Unidos tiene que hacer el
papel de ángel protector de países donde no hay libertades y sí hay
persecución en detrimento de Europa.

No querría alargarme más. Querría defender el voto
favorable —a pesar de todo, como dicen en Francia—, porque no
es la moción que querríamos; no es la mejor moción, pero es una buena
moción. Por eso, hemos firmado la transaccional y daremos nuestro voto
favorable, esperando que no ocurra lo que ha dicho el senador Iñaki
Anasagasti, que ha dicho textualmente en castellano —para que lo
entendiera la gente que no utiliza el pinganillo, que es la inmensa
mayoría—: Espero que no vaya a parar a la máquina trituradora del
Gobierno. Quizás no, senador Anasagasti, porque como hay una larga lista
de espera en la trituradora de la inmensa mayoría de las mociones que van
a esta montaña de papeles en espera de triturar, quizás solo quede en el
cajón de los olvidos.

Esperemos que no siga así y que la voluntad de la mayoría
parlamentaria que aquí hoy votará a favor, y la conciencia que el
Gobierno debería tener —espero y deseo que la tenga— nos
permita orquestar actuaciones en defensa de los derechos humanos, que a
mí me gustaría que fuese más allá de las minorías religiosas, que fuese a
favor de minorías étnicas. Aquí hay alguien que es un gran conocedor de
África y que preside la AWEPA, que es la Asociación de Parlamentarios
Europeos para África, y sabe que en África hay muchas minorías étnicas
que necesitan el apoyo de Occidente, en este caso de la Unión Europea, y
en este caso de España, que forma parte de Europa, y deberían orquestarse
instrumentos, proyectos y programas de apoyo para conciliar diferentes
pensamientos, diferentes religiones, diferentes culturas para evitar
muertes innecesarias y, sobre todo, sufrimientos innecesarios que existen
en la humanidad. Espero que sea así, espero que de una vez por todas
avancemos con esta moción y con otras hacia un mundo más justo, que tanta
falta nos hace.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
senador Maldonado.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Losada.

El señor LOSADA DE AZPIAZU: Muchas gracias, presidente.

En este turno voy a fijar la posición y voy a aprovechar
para hacer unas reflexiones inducidas por la moción, su oportunidad y la
opinión que tiene mi grupo sobre la prioridad del grupo mayoritario sobre
los problemas de los españoles, así como del uso del cupo que le
corresponde, legítimamente, en relación con las mociones en los
plenarios.

Desde que entró en el orden del día estuve dando vueltas a
por qué presentaban esta moción. Para buscar las causas indagué en todas
las propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular para ver
cuál era el leitmotiv. Igualmente, hice un recorrido por los últimos
estudios del CIS y por los temas que son prioridad para los españoles,
por las noticias que explican las penurias que pasan las familias
españolas. Y viendo la preocupación de los españoles, creí que el Partido
Popular podía hoy presentar una moción para que los jubilados no pagasen
medicinas, dado que se ha conocido la semana pasada que pagan 328
millones de euros al año, a lo que se le añade lo que contribuyen con sus
impuestos. Pensé que lo lógico, conocido el último estudio científico
publicado la semana pasada por la prestigiosa revista médica British
Medical Journal, sería que se preocuparan e instaran al Gobierno a
retirar los recortes sanitarios, pues es el primer estudio científico que
demuestra que se aumenta la mortalidad por los recortes sanitarios.
También pensé que podían presentar una moción para impedir que se quitara
a los matrimonios pensionistas, que tienen ínfimas pensiones de algún
país extranjero, fundamentalmente temporeros, los complementos que
perciben en España y que está afectando a miles de pensionistas, sobre
todo a las pensiones más bajas —dato aparecido la última
semana—. Pensé que por qué no presentaban una moción para promover
el empleo juvenil, dados los datos de más del 50% conocidos en la última
encuesta de población activa. De verdad pensé que, con lo que está
cayendo en nuestro país, el hecho de que presentaran esta moción y
tuvieran esta prioridad por encima de los temas del paro, las pensiones o
la sanidad era para cubrir el cupo, para pasar otro Pleno más, para no
comprometerse con los problemas reales de los españoles, y lo digo porque
esta Cámara ya debatió este asunto, ya tomó decisiones. El Gobierno no
necesita más recomendaciones, ya las tiene. El Gobierno tiene
instrumentos para llevar a cabo los fines de esta moción. Ya se los dio
esta Cámara por unanimidad de todos los grupos. ¿A qué viene pues esta
propuesta, legítima? ¿A qué viene? ¿Con un texto, con todos los respetos
para todos los grupos que la han consensuado, descafeinado, lavado y
requetelavado de recomendaciones al Gobierno y que nada aporta a lo
aprobado en el 2011? Señorías, una conclusión: ustedes tienen unas
prioridades y los españoles van por otro camino.

Y quiero dejar bien claro que mi grupo defiende la libertad
religiosa, que desde todas las visiones no creemos que en un Estado
aconfesional tenga que establecerse prioridades entre religiones. Es más,
hablando de cristianismo, ¿a quiénes nos referimos como perseguidos? ¿A
los restauracionistas, a los anabaptistas, a los luteranos, a los
pietistas, a los metodistas, a los adventistas, a los pentecostales, a
los del rito oriental, a los del occidental, a los nestorianistas, a los
veterocatólicos, a los de la fraternidad de san Pío X, a los católicos
sedevacantistas? ¿A quiénes nos estamos refiriendo? ¿Por qué no hablamos
de los sunitas y los chiítas, o de los

cristianos ortodoxos que sufren matanzas y persecuciones?
¿Por qué no nos preocupamos de los hinduistas y los islámicos y el
nacionalismo sijs en el subcontinente indio? ¿Qué está ocurriendo, que es
lacerante —lo citó el señor Maldonado—, con el budismo y lo
que es peor, con el islamismo en el oeste chino?

Citan ustedes a un autor que denomina a la cristianofobia
el eje de los males que suceden en el mundo. ¿Pero han pensado ustedes lo
que se ha hecho en nombre y bajo la cultura del cristianismo por el
mundo, cuando está ahí la historia para vergüenza de ciertos personajes y
actuaciones en nombre de nuestras creencias? Por eso, señorías, todas las
religiones deben ser respetadas.

Señoría, su moción puede llevar a una confusión entre lo
que son Estados islámicos y los grupos terroristas internacionales que se
apoyan en el fundamentalismo religioso. Confunden religión y terrorismo y
quienes se amparan en retorcidas visiones de religiones legítimas;
confunden la acción de gobiernos represores, autoritarios y genocidas con
inexistentes recomendaciones religiosas, y lo hacen con el derecho de los
pueblos a tener su religión, la que consideran oportuna, y vivirla
libremente. Mezclan a minorías, a oligarcas, a señores de la guerra con
religiones y preceptos que nada tienen que ver con la violencia. Y mal
favor hacemos a la convivencia en el mundo poniendo como bandera que unos
son buenos porque son cristianos y tienen toda la razón, además de ser la
civilización más perfecta, y otros son los malos porque están desviados,
confundidos por el hecho de tener dirigentes sin escrúpulos y utilizar la
religión para el terrorismo, detentar el poder o para amedrentar a la
población. ¿Pero es que acaso en nombre del cristianismo no lo han hecho
otros? ¿Es que acaso nos olvidamos de lo que ha pasado en los Balcanes en
nombre del cristianismo?

Voy a seguir basándome en pensadores de derechas. Este es
un prestigioso pensador, una postura muy conservadora —seguro que
usted lo conoce, señor Muñoz-Alonso—, catedrático en Eaton y en
Harvard, Samuel Huntington, especialista en estudios de golpes de Estado
y padre de las tesis acerca de los conflictos sociales futuro. Ha sido y
es un gran asesor de presidentes de Estados Unidos, republicanos y
demócratas, y de grandes naciones. Pues bien, Samuel Huntington establece
que todo conflicto es fruto del choque de civilizaciones a partir de dos
fundamentalismos: él los denomina el fundamentalismo islámico y el
fundamentalismo cristiano en sus dos vertientes, católica y protestante,
y es el que define como hipocresía ocasional a la acción y comportamiento
de occidente y de no occidente.

Pues bien, con todos los respetos, es lo que rezuma esta
moción: hipocresía ocasional. Y puedo acercarme más; presentan está
moción ustedes, que tienen alcaldes que cercenan, impiden ritos, cierran
espacios, e incluso hay senadores sentados en esta bancada que los apoyan
en medidas reprobables, como ha pasado en Badalona, señoría.
(Aplausos.)

Señoría, no se puede criminalizar a millones y millones de
seres humanos que optan por creencias, por ritos, por religiones y lo
hacen sin molestar a nadie. Por eso presentamos nuestra enmienda, porque
creemos que la concordia, los diálogos con las civilizaciones y las
creencias son lo contrario a todo eso. Porque un Estado islámico no es un
Estado cristiano; son Estados aconfesionales. Por eso seguimos apostando
por lo que dice el artículo 18 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, porque entendemos que la muerte o la persecución de una
persona por sus creencias es igual de grave tanto si pertenece a una
minoría cristiana como si pertenece a una minoría chií o suní, como ha
pasado en la última semana.

Por eso, creemos —y de ahí nuestra enmienda—
que para llevarlo a cabo aquí, en nuestro territorio, y en la acción
exterior de nuestro Gobierno, son necesarios presupuestos que, junto a
otras naciones, no dejen pudrir conflictos que saben que bajo la excusa
de la guerra civil lo que hay es una guerra religiosa. Lo estamos viendo
en Siria, donde es está dejando pudrir. Por ello, proponemos seguir
profundizando en el mandato de las Naciones Unidas en torno a la Alianza
de Civilizaciones, actuando con contundencia, con respeto a la legalidad
internacional, pero con contundencia contra los Gobiernos que utilizan la
religión para dar base al terrorismo y al genocidio de los pueblos. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.) Por eso, nuestra propuesta es
conseguir que en esta Cámara, ante un tema que sé que tiene intensidad y
apasionamiento, se dictamine un texto que dé efectividad y herramientas
de verdad y que, con todos los respetos, no sea una moción, como decía
anteriormente, descafeinada, lavada y tan lavada, que solo establece
obviedades y permite a su grupo pasar otro Pleno más sin compromisos con
los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Losada.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Muñoz-Alonso Ledo.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Muchas gracias, señor
presidente.

Gracias a los portavoces por sus intervenciones, cargadas
todas ellas, sin ningún duda, de aspectos positivos, y de otros de los
que disiento, evidentemente, pero gracias por sus aportaciones. Por
elemental cortesía, quiero contestarles un poco, con independencia de lo
que yo quería decir.

Señor Iglesias, yo estoy de acuerdo con que podíamos hacer
otra moción —no tenía por qué ser esta— que estudiara estos
problemas en Europa y, en concreto, el de la islamofobia. Permítame que
le diga que yo siempre uniría, como he dicho antes, otros aspectos
similares, como son el antisemitismo, que sigue siendo una cosa endémica
en Europa, aunque en España no sea muy frecuente, por fortuna, e
incluiría ese nuevo concepto de la cristianofobia. Hay un reciente
estudio —y permítame que refiera siempre a los estudios— que
demuestra que el 74% de los británicos cristianos se sienten de una u
otra manera molestos o molestados por su condición, porque en esa
sociedad hay unas actitudes que este autor llama cristianofóbicas.

Yo no tendría inconveniente en estudiar ese problema en
Europa, y si quiere trabajamos en una posible moción en el futuro. Pero
no es urgente y yo no lo he puesto en esta moción por una razón muy
sencilla: aquí tenemos unas normas que son, concretamente, el Convenio
Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
que se están ocupando ya de eso en muchísimos casos concretos y que han
emitido una doctrina, que todos aceptamos, y que es el derecho a creer o
a no creer y el derecho a poner a todos, crean o no crean, en el mismo
plano y el derecho a defenderlos a todos de la misma manera. Por lo
tanto, la situación en Europa es distinta, pero si quiere podríamos
trabajar en ello.

Al señor Anasagasti le agradezco su intervención, y cuando
me dice que no hay política europea, en cierto modo tiene razón. No
conocemos una acción de la Unión Europea como tal en ese sentido. Yo
conozco —y seguro que su señoría también— actos concretos de
este Gobierno español, incluso del anterior y de otros Gobiernos
europeos, que han atendido determinadas circunstancias concretas en este
terreno. Pero a mí me gustaría, como ha expresado su señoría, que Europa
como tal tuviera una política elaborada, que hoy por hoy no parece que
exista.

Y estoy de acuerdo con lo que decía el senador Saura
—al que agradezco su buena voluntad al aceptar los cambios que
hemos introducido y hemos pactado— en que lo primero que tenemos
que hacer las Cámaras parlamentarias es reclamar al Gobierno que nos
informe de lo que hace respecto de las mociones que se aprueban aquí. Y
los partidos de la oposición y, por qué no, también el partido que apoya
al Gobierno, pueden pedir al Gobierno en cualquier momento que nos diga
qué se ha hecho con estas mociones que aprobamos y en las que se insta al
Gobierno a tomar una determinada medida. Estoy absolutamente de
acuerdo.

Me decía el señor Saura que lo importante es subrayar la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en concreto el artículo
18. Yo estoy de acuerdo, y por eso he aceptado su enmienda. Pero quiero
decir algo que también es importante. Yo he viajado —seguramente
como usted— por algunas zonas del mundo árabe y me he encontrado
que cuando hablan allí de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos no le dan la importancia que le damos nosotros. Yo, por ejemplo,
he escuchado en un país del norte de África: Bueno, esa declaración ahí
está, pero nosotros tenemos nada menos que otras dos. Yo me quedé un poco
sorprendido. ¿Y cuáles son esas dos? Pues una es la de la Liga Árabe
—no la conozco con detalle—, que también tiene una
declaración de derechos humanos, y otra es la de la Unidad Africana, que
tiene otra. Es decir, que en esto los europeos en ocasiones vamos un poco
descolocados, porque nos encontramos con que en otras civilizaciones y en
otros Estados tienen planteamientos muy distintos, y hablarles solo de la
Declaración Universal a ellos no les acaba de convencer. Esta es una
realidad.

Yo le agradezco al senador Maldonado que haya retirado su
enmienda y haya aceptado la colaboración. Estoy de acuerdo con una de las
cosas que dice cuando afirma que es muy difícil separar una minoría
religiosa de los aspectos étnicos, culturales, etcétera. Estoy de
acuerdo; eso lo vemos continuamente en la vida práctica. Pero en esta
moción mi grupo quería centrarse específicamente —siguiendo, por
otra parte, una corriente que está muy en boga; ya les he citado

la recentísima resolución del Consejo de Europa y otra
anterior del Parlamento Europeo—, en las minorías religiosas.
Porque las resoluciones de esas asambleas internacionales que he
mencionado se refieren exclusivamente a minorías religiosas. En el ámbito
del Consejo de Europa —su señoría lo sabe perfectamente—, hay
un tratado, del que España es parte, sobre las minorías en general. Pues
bien, a lo mejor algún día habrá que hacer una moción respecto de las
minorías —y les invito a ello—, pero yo quería centrarme en
las minorías religiosas. Ese era el objetivo fundamental.

Por lo que se refiere al senador Losada, señor senador, la
verdad es que me ha dejado un poco atónito. Primero, porque nos ha
hablado de cosas que no tenían nada que ver nada con la moción, como la
situación de los españoles, del servicio sanitario, etcétera. Yo pensé
por un momento que estaba queriendo anestesiarnos —se lo digo con
toda la simpatía y el respeto que le tengo—, porque no venía a
cuento nada de eso. Y después me ha dicho una serie de cosas que me han
llevado a la conclusión de que no había oído mi primera intervención.

Me pregunta usted: ¿a qué cristianos? Yo he dicho que a
todos, y he hecho hasta una lista: los arameos, los coptos, los ciriacos,
protestantes, a todos, me da igual. Yo no he especificado una determinada
tendencia o confesión cristiana. Y después hemos añadido al final:
cualquier minoría religiosa, sea budista, musulmana o hindú. Es decir, no
excluimos a nadie. Y usted me viene aquí como escandalizado porque parece
que solo hablamos de los cristianos. No, señor, estamos hablando de todas
las minorías religiosas, y creo que ha quedado bastante claro.

Y me decía: ¿y qué pasa con los suníes y los chiíes? ¡Pero
si yo hablo de ellos! Lo he dicho aquí, y he señalado que el sábado
pasado ha habido un incidente en el Campo Libertad, en Iraq, que,
evidentemente, era una manifestación más de la lucha entre los suníes y
los chiíes.

Después me dice que hay que distinguir entre Estados y las
minorías fundamentalistas. Por supuesto que sí, pero resulta que hay
Estados que tienen una políticas claramente antirreligiosas, incluso
contra sus propios ciudadanos. Por ejemplo, en las Maldivas no se puede
ser ciudadano de ese Estado si no se tiene la religión musulmana; de
entrada te excluyen. Y en la Resolución del Consejo de Europa —a la
que me ha referido varias veces— se dice expresamente que no se
puede utilizar la religión, por ejemplo, en la lucha contra los derechos
de la mujer y de las niñas, y hablan de los matrimonios forzados, de las
mutilaciones genitales, etcétera. Hemos querido incluir todo y en ese
sentido no hay una visión estrecha. Decía el senador Maldonado que
teníamos una visión estrecha. Si su señoría se refiere a que no hemos
incluido las minorías culturales, sí, porque queríamos hacerlo así; pero
visión estrecha porque hayamos excluido a algún grupo religioso, senador
Losada, no; hemos tenido la voluntad amplísima de incluir a todos, y en
más de una ocasión he insistido en ello, creyentes o no creyentes, es
decir, no solamente a las minorías religiosas, en sentido estricto, sino
minorías que por las razones que les parecen oportunas rechazan cualquier
otra creencia religiosa.

Su señoría me hablaba de Huntington. Le conocí en su
momento —ha fallecido—, y leí libro, que antes fue un largo
artículo publicado en la revista Foreign Affairs, pero nunca estuve de
acuerdo con él, porque hacía un planteamiento, por una parte, muy
americano, desde una perspectiva exclusivamente americana, y por otra
parte, desde un choque inevitable entre civilizaciones, que no tiene por
qué producirse. Estudiando el tema para esta moción, he visto que algunos
cristianos de Oriente dicen: Mucho antes que pediros ayuda a los
cristianos occidentales, vamos a pedir ayuda a nuestros hermanos
musulmanes, que muchos nos ayudan y quieren convivir con nosotros. Es
decir, hemos querido hacer una propuesta muy amplia y, desde luego,
volviendo a la cuestión del choque, no estoy defendiendo, en absoluto,
ningún choque de civilizaciones sino todo lo contrario, fomentando las
posibilidades que existen, que las hay, de que las distintas confesiones
puedan vivir en paz y solidariamente, incluso en un mismo territorio.

Desde este punto de vista, creo que su señoría no ha
acabado de entender el sentido de esta visión. Pero le agradezco que en
su enmienda haya recogido puntos de la moción que aprobamos aquí hace dos
años y medio, que también fue presentada por mi grupo y por mí mismo, en
su nombre; es decir, no estamos tan alejados como parece. Usted ha
querido plantear que estamos en mundos distintos; creo que no somos tan
distintos y que podemos llegar a acuerdos. Por eso, lamento que la
unanimidad de hace dos años y medio —se aprobó por
asentimiento— no podamos conseguirla hoy, porque creo que con un
poquito de esfuerzo lo hubiéramos podido lograr.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Muñoz-Alonso.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la propuesta de modificación
de la moción del Grupo Parlamentario Popular, firmada por los grupos
Popular, Convergència i Unió, Vasco y Entesa pel Progrés de
Catalunya.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 176; en contra, 64;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

5.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RECONOCER A
LOS MENORES EXPUESTOS A LA VIOLENCIA DE GÉNERO LA CONSIDERACIÓN DE
VÍCTIMAS DE LA MISMA, GARANTIZÁNDOLES EL DERECHO A LA ASISTENCIA SOCIAL
INTEGRAL.

(Núm. exp. 662/000092)

AUTOR: GPP

El señor presidente da lectura al punto 5.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se habían presentado
tres enmiendas: la primera, del Grupo Parlamentario Mixto, de los
senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes; la segunda, del Grupo
Parlamentario Socialista; y, finalmente, otra del Grupo Parlamentario
Convergència i Unió. Posteriormente se ha presentado una propuesta de
modificación firmada por los grupos Popular, Socialista, Entesa pel
Progrés de Catalunya y Mixto; es decir, que decaen las enmiendas del
Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo Parlamentario Socialista y se
mantiene viva la del Grupo Parlamentario Convergència i Unió.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra la senadora
Dueñas, del Grupo Parlamentario Popular, por tiempo de quince
minutos.

La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, es para mí una tremenda satisfacción traer de
nuevo a la Cámara esta cuestión porque, a pesar de lo dramática, es
importante que los que formamos parte de la Cámara Alta alcemos la voz en
esta lucha, que es de todos, contra la violencia de género.

Permítanme que comience mi intervención con un sentido
recuerdo y mis condolencias ―que sé que serán de todos― a las
familias de las 27 mujeres asesinadas cobardemente por sus parejas o ex
parejas, y de los cinco menores también asesinados en lo que llevamos de
año —uno de 5 años, otro de 13 años, una niña de 6 años, un niño de
3 años y una bebé de solo 8 meses—. (Aplausos.) Y, cómo no, quiero
también expresar todo nuestro apoyo y afecto a los 26 niños que han
quedado huérfanos tan cruel e injustamente.

Sí, señorías, hoy, de nuevo, subo a esta tribuna, como ya
hice la legislatura pasada ―algunos lo recordarán―, para que
todos alcemos la voz por los hijos e hijas de víctimas de la violencia de
género que —no me cansaré de decir— son víctimas directas de
esta brutal lacra social, porque, como han señalado todos los expertos,
donde hay una mujer, una madre maltratada, siempre hay niños y niñas
maltratados.

Señorías, se estima que alrededor de un millón de menores,
de niños y niñas, sufren de manera directa las consecuencias de la
violencia del maltratador. Los menores no son meros testigos de esta
violencia que en la mayoría de los casos ejerce el padre, en otros, el
marido de la madre o su compañero sentimental, de los que, especialmente
cuando es su padre, el menor espera protección, respeto, seguridad y,
lamentablemente, lo que encuentra en esa figura paterna es agresión.

Señorías, para que vean el alcance de este problema, como
ha señalado la ONG Save the Children, un niño o una niña es víctima
directa aunque esté en el piso de arriba escuchando cómo a su madre la
están moliendo a palos. Lo que victimiza a un niño es vivir en un entorno
de terror, con independencia de que le agredan o no.

La violencia sobre los menores que conviven con una mujer,
con su madre sometida a esa violencia de género aparece en las encuestas
como uno de los grandes problemas. De hecho, en la macroencuesta de 2011,
el 70,66% de las mujeres encuestadas manifestó estar sufriendo violencia
teniendo hijos menores y, más específicamente, el 61,7% de las mujeres en
esa situación afirmaron que sus hijos menores padecieron directamente
situaciones de maltrato.

Hemos avanzado, hay que decir que hemos avanzado. Hemos
avanzado en este trabajo con las mujeres víctimas de violencia de género.
Los esfuerzos se han centrado en su atención social, psicológica y
jurídica, mientras que se ha dejado a un lado, con carácter general
—porque es verdad que siempre hay excepciones—, la situación
específica que viven con sus hijos e hijas, bajo la consideración errónea
—como han dicho los expertos— de que cuando una madre
maltratada se recupera, también lo hacen ellos. Y esto lamentablemente no
es así. Tal consideración, que, como digo, entiendo errónea, les ha
llevado a convertirse en víctimas invisibles, para los que, reitero, con
carácter general no existen recursos específicos y adecuados. Una
violencia —que no voy a explicar porque creo que todos lo
conocen— que les provoca graves problemas de salud, física y
psicológica. El abanico de consecuencias que pueden sufrir estos niños es
muy amplio y variado, yendo desde el daño psicológico hasta la muerte,
pasando por secuelas físicas, educativas, sociales y de relación, de
comportamiento o de vínculo con los propios progenitores.

Y a todo esto hay que añadir algo más y que debe
preocuparnos y es la transmisión generacional, esto es, la repetición de
patrones de comportamiento violento que han presenciado. Así, los niños
pueden reproducir el comportamiento agresor que han visto en su casa en
sus relaciones adultas y, como señaló en su día el profesor Miguel
Lorente, las niñas que presencian cómo su madre recibe malos tratos,
físicos o psicológicos —no olvidemos los malos tratos psicológicos,
tan complicados en su detección—, por parte de un hombre tienen más
probabilidades de acabar convirtiéndose en víctimas de esta violencia de
género.

Hoy, señorías, en nombre de mi grupo parlamentario, y con
el máximo consenso, quiero que demos un paso más en dar visibilidad a
estos niños y niñas que sufren —reitero— directamente esta
violencia. Se han dado pasos importantes, pasos entre todos, a partir de
la Ley integral en el ámbito de algunas comunidades autónomas y a nivel
central —de hecho, desde enero, como saben, los menores, víctimas
mortales, y los huérfanos por violencia de género forman parte de las
estadísticas, algo que no existía antes—. Pero, a pesar de que se
han dado pasos, ciertamente —y lo dicen los expertos—, siguen
existiendo carencias en esa atención necesaria a los menores. Y si en
nuestro país la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género supuso un avance notable contra esta lacra social, y aunque
esta ley menciona a los hijos e hijas de las mujeres víctimas, cierto es
que, como decía antes, el desarrollo de la misma no ha tenido en cuenta
sus verdaderas necesidades ni la respuesta que merecen como víctimas
directas de esta violencia. Y esto es algo que certifican todos los
profesionales que trabajan directamente, en primera línea, en la atención
a sus madres y a estos niños.

Señorías, partimos de nuestro absoluto reconocimiento en
esta cuestión a todos los profesionales que trabajan en esta lucha contra
la violencia de género. Y con esta moción —en la línea que seguimos
de la legislatura anterior— pretendemos reconocer y dar
cumplimiento al mandato que establecen diferentes recomendaciones y
resoluciones de la Unión Europea, así como a la moción aprobada en esta
Cámara en la pasada legislatura en noviembre de 2010. Hablamos de
reconocimiento como víctimas directas, pero también de atención, de
asistencia social integral.

El planteamiento de esta moción es la necesidad de avanzar
en colaboración —siempre en colaboración, porque esto es una lucha
de todos— con todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas,
con un objetivo específico orientado a estos menores, fomentando
actuaciones de prevención, sensibilización y atención especializada a las
necesidades de estos niños y niñas. Porque, señorías, para trabajar con
situaciones de violencia de género e infancia, es imprescindible la
especialización de los profesionales, como también lo es la necesaria
coordinación, porque su falta supone a menudo que estos menores se
encuentren en situaciones de desprotección y desatención. Este es el
objetivo de esta moción que hoy presenta el Grupo Parlamentario Popular:
que ante la necesaria y prioritaria atención a los menores, víctimas
directas de la violencia de género, fijemos un plan coordinado entre el
Gobierno y las comunidades

autónomas, un plan que —quiero avanzar— para
nada pretende invadir competencia alguna. Somos conscientes de las buenas
prácticas que algunas comunidades autónomas están desarrollando en esta
cuestión, pero entiendo que es fundamental homologar criterios. Esto es,
como digo, un elemento esencial en el desarrollo de todas las políticas
públicas y especialmente en una cuestión tan sensible como ésta.

Es necesario fijar de manera homogénea unos mínimos para
—reitero— la prevención, la detección, la intervención, la
atención y la protección a estos niños y niñas, víctimas de la violencia
de género. Con ello, señorías, se reforzaría la posibilidad de detectar e
intervenir de manera eficaz, independientemente del lugar de residencia,
para evitar o poner fin a la violencia de género que se ejerza contra sus
madres y contra ellos.

Me consta la voluntad de consenso que he tenido por parte
de todos los grupos, pero hoy les pido que, por un momento, se pongan en
la piel de esos niños y niñas que en este preciso momento pueden estar
escuchando cómo sus madres son maltratadas o que ellos mismos sean objeto
de un maltrato por parte de su padre; que piensen en todos esos niños, en
esos 26 niños que en este año se han quedado huérfanos de madre y cuyo
padre está en la cárcel por haber matado a su madre; que piensen también
en esas secuelas que a esos niños les quedan de por vida —ansiedad,
depresión, fracaso escolar, vivir con miedo, con baja autoestima y con
tristeza—. Este pensamiento, entiendo —y permítanme que lo
traslade así porque además así lo concibo—, es el que nos debe
llevar a conseguir el máximo apoyo a esta iniciativa, que, como digo, la
presenta el Grupo Parlamentario Popular pero entiendo que es una
iniciativa que debe partir de todos los que formamos parte de esta
Cámara. Podemos hacerlo, debemos hacerlo. Hagámoslo desde el consenso.
Transmitamos esa unidad a las víctimas. Solo así, seremos capaces de
trasladar un auténtico mensaje de confianza. No olvidemos que la Ley
integral es una ley viva y, como tal, debe estar sometida a las
modificaciones necesarias para adaptarse a las nuevas realidades y a los
nuevos retos que se planteen. Hagamos entre todos que los menores entren
con derechos propios en la Ley integral contra la violencia de género.
Porque hablar de menores, señorías, es hablar de futuro. Aportemos hoy,
demos hoy un paso más en firme para conseguir hacer un futuro sin
violencia de género, sin ningún tipo de violencia. Ese es el objetivo de
esta moción que hoy planteo a la Cámara. Espero, como digo, el apoyo de
todos.

Nada más.

Muchas gracias.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Dueñas.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, buenos días.

Yo agradezco a la senadora Dueñas el tono de la
presentación de la moción y la insistencia en dejar claro que se van a
respetar las competencias de las comunidades autónomas, pero no me ha
gustado que argumente o critique de alguna forma nuestra posible
abstención por no ponernos en el sitio o en el lugar de estos niños
—yo no lo entiendo así—, cuando precisamente somos de las
comunidades que antes hemos empezado a trabajar este tema.

Bé, efectivament, com bé anunciava el president, nosaltres
mantenim l’esmena presentada degut a què el text transaccional que
ens proposen no ens acaba de convèncer i entenem que pot envair clarament
les competències que tenim atorgades a la Generalitat. Concretament no
veiem clar el primer punt, que és aquell que de fet presentava
directament la moció del Grup Parlamentari Popular, i tot i que ho
argumentaré en el torn de portaveus bàsicament el que ens preocupa és
aquesta invasió de competències.

Entenem que la nostra esmena millorava, o millora, el
redactat inicial o el redactat d’aquest primer punt; posa èmfasi en
la identificació i definició del menor com a víctima directa,
individualitzada i independent, i també respectant al màxim les
competències atribuïdes a les comunitats autònomes en aquest àmbit
—i que vostès saben que a nosaltres tant ens preocupa—
plantegem un text que compromet l’obligació de garantir per part de
les comunitats tota classe de protecció, recolzament i assistència a
aquests menors. De fet, aquest ha de ser l’objectiu d’aquesta

Cambra parlamentària: assegurar la protecció, el
recolzament i l’assistència als menors; millorar-ne, en definitiva,
els seus drets com a ciutadans. I amb la nostra esmena, amb el text que
nosaltres proposem, es compleix perfectament aquest objectiu.

Em sembla que hauria de ser fàcil que tots els grups
parlamentaris poguéssim arribar a un acord i acceptar el text que
nosaltres proposem. Han d’entendre, i és molt fàcil, que des de
Catalunya defensem no fer passos enrere i ens sembla que això que vostès
ens plantegen ens ho podria provocar. Nosaltres fa temps que treballem
aquesta matèria, que treballem per la protecció dels menors, i el text
que vostès plantegen, tal com el plantegen, possiblement pot anar en
detriment d’allò que hem aconseguit i tot allò que hem fet des de
Catalunya.

Per tant —reitero—, crec que la nostra esmena
podria ser perfectament acceptada i, tot i que evidentment entenc que no
arribarem a aquest acord, plantejo una última reconsideració al
respecte.

Moltíssimes gràcies.

Bien, efectivamente, como anunciaba el presidente, nosotros
mantenemos la enmienda presentada debido a que el texto transaccional que
nos proponen no acaba de convencernos y entendemos que pueden invadir
claramente las competencias que tenemos otorgadas en la Generalitat.
Concretamente, no vemos claro el primer punto, que es el que de hecho
presentaba directamente la moción del Grupo Parlamentario Popular y,
aunque lo argumentaré en el turno de portavoces, básicamente lo que nos
preocupa es esta invasión de competencias.

Creemos que nuestra enmienda mejora el redactado inicial o
el redactado de este primer punto; pone énfasis en la identificación y
definición del menor como víctima directa, individualizada e
independiente. También planteamos un texto que, respetando al máximo las
competencias atribuidas a las comunidades autónomas en este ámbito
—tema que ustedes saben que a nosotros tanto nos preocupa—,
compromete la obligación de las comunidades autónomas de garantizar toda
clase de protección, apoyo y asistencia a estos menores. De hecho, este
debe ser el objetivo de esta Cámara parlamentaria —garantizar la
protección, el apoyo y la asistencia a los menores; en definitiva,
mejorar sus derechos como ciudadanos—, y con el texto que
proponemos en nuestra enmienda se cumple perfectamente este objetivo.

Me parece que debería ser fácil que todos los grupos
parlamentarios pudiéramos llegar a un acuerdo y aceptar el texto que
proponemos. Se debe entender, y es muy fácil, que desde Cataluña
defendamos no dar pasos atrás y creemos que lo que ustedes nos plantean
podría provocarlo. Hace tiempo que nosotros trabajamos en esta materia,
en la protección de los menores, y el texto, tal y como lo plantean,
puede suponer un retroceso en todo lo que hemos conseguido desde
Cataluña.

Por tanto —reitero—, nuestra enmienda podría
ser perfectamente aceptada y, aunque, evidentemente, entiendo que no
llegaremos a un acuerdo, planteo una última reconsideración al
respecto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cunyat.

Tiene la palabra la senadora Dueñas, para indicar si acepta
o no la enmienda.

La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Como bien sabe la senadora Cunyat, este grupo ha hecho un
importante esfuerzo para llegar a un consenso respecto a la enmienda
presentada por Convergència i Unió y también con relación a todas las
enmiendas planteadas por el resto de grupos parlamentarios. De hecho, en
el primer punto de la propuesta de modificación se recoge parte del texto
expuesto en la enmienda de Convergéncia i Unió. Pero el punto de
discrepancia es hablar de plan común, porque el objetivo, como he tratado
de trasladar en mi primera intervención, es simplemente homologar todos
los criterios que en atención, en prevención y en detección están
llevando a cabo las comunidades autónomas. Por eso especificaba en ese
punto primero la necesaria colaboración con las comunidades y ciudades
autónomas. Ese es el objetivo, para nada pretendemos ningún tipo de
superposición o invasión de competencias, y que entiendo que además es el
adecuado para llevar adelante una lucha contra la violencia de
género.

Por tanto, no podemos aceptar su enmienda.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Dueñas.

¿Turno en contra? (Denegaciones.)

Pasamos entonces al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Nos sumamos al consenso en esta materia porque entendemos
que si obligación siempre es buscar puntos de encuentro en materias como
la violencia de género, en la atención a los niños víctimas de la misma,
el esfuerzo es casi un imperativo moral más que político, sobremanera
cuando la realidad que queremos afrontar a partir del debate de esta
moción ha permanecido en un segundo plano —soterrada— desde
hace bastante tiempo. Un estudio de Save the Children de 2005 ya concluía
que el sistema de protección a la mujer no contempla a los niños y niñas
como víctimas de la violencia de género, lo que posibilita una
victimización secundaria; también que los menores en estas situaciones
son tratados como objeto de protección, no como sujetos de derechos.

Otro estudio más reciente —de nuevo— de la ONG
Save the Children, conjuntamente con la Fundación Abogacía Española,
alerta de que está aumentando la cifra de menores víctimas de la
violencia debido a la crisis. En muchos hogares —dice este
informe—, la crispación y la desesperación provocada por el paro y
la pobreza creciente generan situaciones de violencia que afectan
directamente a los niños. Prueba de ello es el aumento en el número de
llamadas efectuadas por los menores a la Fundación ANAR en busca de
ayuda, que registró un incremento del 13,6%, en 2012.

Por otro lado —dice este mismo informe—, las
medidas para el recorte de gasto en las administraciones públicas están
reduciendo la protección jurisdiccional de los niños ya que, debido a
ellas, hay menos medios para financiar psicólogos y asistentes sociales y
estos profesionales disponen de menos tiempo para atender cada caso. Por
otra parte, el sistema judicial español no está pensado para atender a
los más pequeños, según el informe Menores ante la justicia en España, de
Save the Children, que denuncia que carecen de espacios específicos y de
apoyo psicológico.

Por tanto, entendemos adecuada la moción —es urgente
que se afronte esta realidad— y esperamos que el pronunciamiento de
esta Cámara sirva de orientación a la acción del Gobierno de la nación y
de los Gobiernos de las comunidades autónomas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias, señor
presidente.

En mi primera intervención en esta Cámara pregunté a la
ministra Mato sobre la prevención en violencia de género. En aquel caso,
recuerdo que me refería a los jóvenes; hoy, la moción que trae a debate
el Grupo Popular desde mi punto de vista baja una escala en la edad
evolutiva, en la que hay que fijarse y, a la vez, aumenta la
preocupación. Por tanto, la insistencia en la labor preventiva se agudiza
en mayor medida. Sin duda, debemos trabajar firmemente en esa prevención
con estos niños y niñas. No podemos ni debemos permitir que ni un solo
niño o niña sufra y, menos, en silencio. Y ahí, quizás, es donde quiero
incidir: en la invisibilidad que ya se ha mencionado anteriormente. Uno
de los objetivos que se plantearon en la elaboración del Manual de
atención a niños y niñas víctimas de violencia de género en el ámbito
familiar así lo decía. Citaba: Hacer visibles a los hijos e hijas de las
mujeres víctimas de la violencia de género como víctimas directas de la
misma violencia. Si cruzamos dos datos —uno, el que aparece en esta
moción, que aproximadamente un millón de menores conviven con la
violencia de género en sus hogares, y, dos, el que Save the Children
cita, que los niños y niñas, hijos e hijas, de mujeres víctimas de
violencia de género son víctimas directas de la misma, que lo son porque
viven en un entorno donde la violencia es un modo de relacionarse y que
interiorizan en su desarrollo, porque, además, dichos niños y niñas
dependen emocionalmente de sus cuidadores, y porque la violencia ejercida
contra la madre también tiene consecuencias sobre su desarrollo; es el
miedo el que une a mujeres, niños y niñas como víctimas; es el terror en
el que la violencia les obliga a vivir y que paraliza el desarrollo de
ambos—, como decía, si confluimos dichos datos, podemos concluir
que

la importancia del dato que se presentaba en la moción es
aterrador, porque estaríamos ante aproximadamente un millón de
víctimas.

Además, las últimas investigaciones sugieren las
repercusiones negativas que tiene la exposición a la violencia de género.
Sería larguísimo enumerarlas, algunas ya se han citado, pero, quizás, las
más significativas serían las que afectan al desarrollo emocional, social
y académico de los niños y las niñas. Tal exposición tiene consecuencias
a muy largo plazo en su bienestar inmediato y en el funcionamiento de la
vida adulta. Esta debería ser una de las razones de mayor peso para que
incidiéramos en la labor preventiva, puesto que —como alguien ya ha
mencionado anteriormente— son estos niños y niñas las personas
—hombres y mujeres— del futuro y serán los que, cuando se
asiente su proceso evolutivo, se desarrollen de la manera más sana y
equilibrada posible, pero con todas estas carencias y consecuencias
derivadas de la violencia de género, evidentemente no van a poder, salvo
que se implementen terapias muy concretas y demás.

Me voy a parar solamente en uno de los efectos que, como
consecuencia de dicha violencia, aparecen, y lo voy a hacer para ahondar
o reforzar más aquella primera intervención en la que también hablé de la
prevención en los jóvenes. Son las respuestas emocionales y de
comportamiento, que, como consecuencia de dicha violencia, aparecen en
estos niños y niñas. Las relaciones de los padres pueden tener además
—dice el informe— gran influencia en el modo en que los
adolescentes establecen sus primeras relaciones sentimentales. Yo citaba
en aquella ocasión las palabras de Javier Elzo, sociólogo, que decía que
tenemos machistas, chicos y chicas, para rato. Si además constatamos como
consecuencia de la violencia de género en esos niños y niñas ese posible
futuro, aún tenemos mucho trabajo por realizar.

El primer principio sobre el que se sustenta el Plan
Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia —recientemente
aprobado— es el principio del interés superior del niño, según el
cual, todas las medidas concernientes a los niños que adopten las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales,
las autoridades administrativas o los órganos legislativos, atenderán al
interés superior del niño. Ello conlleva el compromiso de asegurar al
niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar,
teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras
personas responsables de él ante la ley, y, con ese fin aplicar todas las
medidas legislativas y administrativas adecuadas.

Sin duda, hasta aquí —y probablemente hasta el
final— estamos todos de acuerdo, que es lo que venía a decir la
senadora Dueñas, y no solo porque las conclusiones de los informes nos
preocupen o porque nos pongamos en la piel de los niños. Tengan la
certeza de que, aunque no estemos totalmente de acuerdo con el contenido
de la moción o con los términos empleados, sin duda nos sentimos en su
piel. Sí que es cierto que ante este tema —antes se ha
mencionado— es necesario —en todos los ámbitos es importante,
pero en este más— que haya el mayor consenso posible.

La presidenta ha hecho intentos para buscar el consenso
—anteriormente lo hemos comentado—, pero a la hora de
elaborar el plan común no estamos de acuerdo. Apelo —así lo he
dicho anteriormente— todavía al consenso porque, con la salvedad de
esa frase, podríamos ponernos totalmente de acuerdo. La labor realizada
por algunas comunidades autónomas —como es nuestro caso— está
ahí, a la vista. Agradezco que alguien haya dicho que ha de considerarse
como buena práctica para aprender. Sinceramente, espero que nuestra labor
no sea causa de enfado ni —como en algún momento se ha mencionado a
lo largo de la mañana— de estar excesivamente contento con lo que
realizamos, siempre hay que seguir en permanente evaluación y con actitud
de mejorar todos los proyectos que se lleven a cabo. Consideramos que la
labor realizada debería mantenerse. Podríamos colaborar, como muy bien
cita en la moción. Apelo a que las discrepancias no conlleven el juicio
negativo de que no nos ponemos en la piel de otros. Más allá del
desacuerdo en alguna terminología, el contenido general no puede
albergar, ni siquiera de modo velado, la duda, pues es un tema que nos
preocupa a todos, vivamos en un lugar o en otro.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Iparragirre.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gràcies, president. Bon dia,
senyories.

Anna, Maria, Joana són noms de dona; de dones que han
perdut la vida en mans de la violència masclista. Durant el que portem
d’any vint-i-set dones al nostre país han perdut la vida. A
aquestes alçades, al mes de juny, l’any passat n’havien mort
vint-i-dos; i fa dos anys, vint-i-nou; i al 2010, trenta-dos. I així
podríem continuar.

Com pot ser que, encara ara, any rere any continuem tenint
tantes morts per violència de gènere al nostre país? Moltes
d’aquestes dones tenien fills. Aquest any hi ha, hores d’ara,
vint-i-sis orfes, fills que han estat víctimes de la violència que es viu
a la llar; víctimes, perquè quan un veu com un dels seus progenitors
agredeix a l’altre, no pot fer una altra cosa que causar-li un gran
sofriment. La setmana passada, la ministra va tornar a anunciar que es
modificarà la legislació per conferir l’estatus de víctima als
menors, així com fer un registre dels menors afectats per la violència de
gènere. Benvingudes les mesures, però complim-les, i benvinguda una moció
que insta al Govern a continuar avançant en la protecció dels menors
afectats per la violència de gènere. Però no oblidem que la Llei Orgànica
1/2004, de 28 de desembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, ja recull en els seus articles 61, 65 i 66 mesures
perquè els menors siguin considerades víctimes. Desgraciadament, la
casuística desborda la previsió del marc legal moltíssimes vegades i per
això cal reforçar-lo i, segurament, ampliar-lo.

Recentment, la presidenta de Dones Juristes manifestava que
amb el Codi Civil i la Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral
Contra la Violència de Gènere ja hi hauria mesures suficients per
eliminar la custòdia dels menors, per part dels pares maltractadors, en
casos de violència de gènere; i lamentava que no s’estigués
aplicant. Per tant, es fa necessari reformar lleis com el Codi Penal, la
Llei Orgànica del Poder Judicial, el Codi Civil, la Llei
d’Enjudiciament Civil i la Llei d’Enjudiciament Criminal, per
garantir que els jutges tinguin al seu abast totes les mesures
necessàries per a la protecció dels menors. I també es fa necessari fer
polítiques fermes sobre la violència de gènere; perquè, senyories del
Grup Popular, com volen que ens creguem que volen treballar de valent
sobre aquest tema si la partida pressupostària dirigida a la prevenció
integral per la violència de gènere s’ha reduït en un 27% des que
vostès governen? Com volen que confiem en vostès si l’any 2012 van
reduir el pressupost respecte l’any anterior en un 21%, i aquests
darrers pressupostos han destinat a la violència de gènere 26% menys que
l’any anterior? Hem passat d’un programa el 2011 amb més de
30 milions d’euros a un programa de 22 milions d’euros. I ja
sabem que la frase de «más con menos» no val; no val per un tema tan
delicat com aquest. Les prioritats, senyories, es demostren en els
pressupostos, i no només amb mocions i amb bones intencions. Tot i així,
deixi’m que els expliqui que el meu grup donarà suport a aquesta
moció. Vostès en part han acceptat part de les esmenes que presentava el
Grup Parlamentari Socialista —que nosaltres compartíem—, i
perquè, com hem repetit en diverses ocasions en aquesta Cambra, en temes
de violència de gènere, sempre que puguem, intentarem arribar a acords,
ni que sigui de mínims, però arribar a acords per avançar.

El que sí que està clar és que no es pot tolerar el silenci
després dels assassinats de les dones per violència de gènere per part
del Govern; no senyories, no es pot tolerar, com ha passat aquesta
darrera setmana; no es pot tolerar ni per una qüestió de dignitat, ni per
una qüestió, fins i tot, de democràcia. La majoria d’aquestes
dones, les que pateixen violència de gènere, es van enamorar en algun
moment del seu maltractador; van confiar en ell, van compartir la vida
amb ell, van tenir fills amb ell. Aquesta societat no ens ensenya a
estimar i a respectar l’altre, i a les dones menys. Des de molt
petits anem absorbint com una esponja pel·lícules, cançons, llibres,
històries que ens ensenyen que patit per amor és normal. I aquí és on
comença tot, on les dones es confonen, i al final entren en un espiral
que és molt difícil de sortir-ne, i massa vegades no se’n surten, i
perden la vida.

Joan, Lluís, Anna són noms de fills d’algunes
d’aquestes dones assassinades, i és el nostre deure treballar
perquè ells visquin en una societat que sàpiga estimar.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Gracias, presidente. Buenos días, señorías.

Ana, María, Joana, son nombres de mujer; de mujeres que han
perdido su vida a manos de la violencia machista. En lo que llevamos de
año, veintisiete mujeres en nuestro país han perdido la vida. A estas
alturas, en el mes de junio, el año pasado habían muerto veintidós; hace
dos años, veintinueve; y en 2010, treinta y dos. Y así podríamos
continuar.

¿Cómo puede ser que todavía ahora, año tras año,
continuemos teniendo tantas muertes por violencia de género en nuestro
país? Muchas de estas mujeres tenían hijos. Este año ya hay veintiséis
huérfanos, hijos que han sido víctimas de la violencia que se vive en su
hogar; víctimas, porque, cuando uno ve cómo uno de sus progenitores
agrede al otro, no puede hacer otra cosa que sufrir. La semana pasada, la
ministra volvió a anunciar que se modificará la legislación para conferir
el estatus de víctima a los menores y para hacer un registro de los
menores afectados por la violencia de género. Bienvenidas sean las
medidas y bienvenida la moción que insta al Gobierno a continuar
avanzando en la protección de los menores afectados por la violencia de
género. Pero no olvidemos que la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ya
recoge en los artículos 61, 65 y 66 medidas para que los menores sean
considerados víctimas. Desgraciadamente, la casuística desborda la
previsión del marco legal muchas veces, y por ello es necesario
reforzarlo y, seguramente, ampliarlo.

Recientemente, la presidenta de Mujeres Juristas
manifestaba que con el Código Civil y la Ley Orgánica de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género había ya medidas
suficientes para retirarles la custodia de los menores a los padres
maltratadores, en casos de violencia de género, y lamentaban que no se
estuvieran aplicando. Por lo tanto, se hace necesario reformar leyes como
el Código Penal, la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Civil, la
Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para
garantizar que los jueces tengan a su alcance todas las herramientas
necesarias para la protección de los menores. También es necesario hacer
políticas firmes sobre la violencia de género; porque, señorías del Grupo
Popular, ¿cómo quieren que nos creamos que quieren trabajar intensamente
en este tema, si la partida presupuestaria dirigida a la protección
integral contra la violencia de género se ha reducido en un 27% desde que
ustedes gobiernan? ¿Cómo quieren que confiemos en ustedes, si en el año
2012 redujeron el presupuesto respecto al año anterior en un 21%, y en
estos últimos presupuestos han destinado a la violencia de género un 26%
que el año anterior? Hemos pasado de un programa en 2011 con más de 30
millones de euros, a un programa de 22 millones de euros. El dicho «más
con menos» no vale; no vale para una cuestión tan delicada como esta. Las
prioridades, señorías, se demuestran en los presupuestos, y no solo con
mociones y con buenas intenciones. Aun así, déjenme decirles que mi grupo
dará apoyo a esta moción. Ustedes han aceptado parte de las enmiendas que
presentaba el Grupo Socialista —en las que estamos de
acuerdo— y, como hemos repetido en distintas ocasiones en esta
Cámara, en temas de violencia de género, intentaremos llegar a acuerdos
siempre que podamos; aunque sea acuerdos de mínimos, pero llegar a
acuerdos para avanzar.

No obstante, está claro que no se puede tolerar el silencio
del Gobierno después de los asesinatos de las mujeres por violencia de
género; no, señorías, no se puede tolerar lo que pasó la semana pasada;
no se puede tolerar, por dignidad y por democracia. La mayoría de estas
mujeres, las que sufren violencia de género, se enamoraron en algún
momento de su maltratador; confiaron en él, compartieron su vida con él,
tuvieron hijos con él. Esta sociedad no nos enseña a querer y a respetar
al otro, y a las mujeres menos. Desde muy pequeños, vamos absorbiendo
como una esponja películas, canciones, libros e historias que nos enseñan
que sufrir por amor es normal. Y aquí es donde empieza todo: las mujeres
se conforman; y, al final, entran en una espiral de la cual es muy
difícil salir, y muchas veces no salen y pierden su vida.

Joan, Lluís y Anna son los nombres de los hijos de algunas
de estas mujeres asesinadas y es nuestro deber trabajar para que ellos
vivan en una sociedad que sepa querer.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la
palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Moltes gràcies, president.

Jo faré una breu intervenció basada bàsicament en dos punts
explicatius per argumentar la nostra abstenció, tal com ja els he
comunicat abans.

En primer lloc, voldria que quedés molt clar que,
evidentment, compartim el fons de la moció i la descripció dels motius i
l’explicació que ens ha fet la senadora que ha presentat la
iniciativa. Tots compartim la necessitat de lluitar contra la violència
de gènere i tot allò que gira al seu entorn. Acaben de donar tristes
dades: vint-i-set dones mortes, cinc menors; la senadora Almiñana ara
feia referència als vint-i-sis fills orfes, per tant les dades són
esgarrifoses. Però bé, en aquest cas en aquesta moció parlem dels
centenars de milers de menors víctimes d’aquesta xacra a casa i,
per tant, en conseqüència, estem d’acord amb la necessitat que
se’ls ha de facilitar en tot moment la màxima protecció i atenció
i, en definitiva, assegurar-los els màxims drets possibles.

És importantíssima la feina feta pel Poder Executiu i pel
Poder Legislatiu. Tots, ambdós casos, podem fer molta feina en aquest
sentit. No només es tracta de protegir-los dels danys directes o
indirectes, físics, psíquics o emocionals, sinó també —i ho
apuntaven fa un moment—, de prevenir la consolidació d’uns
patrons incorrectes que ells poden haver arribat a normalitzar i que, per
tant, poden tenir un efecte negatiu en el futur de moltes famílies.

Així doncs, com els deia, compartim totalment el fons i
l’essència de la moció. Tant és així que des de Catalunya fa molt
temps que ho estem fent, que ho estem treballant; no només amb polítiques
actives i directes en aquest sentit sinó també a nivell legislatiu. Algun
exemple, alguna referència: la Llei 5/2008 del dret de les dones a
eradicar la violència masclista, i que incorpora en molts dels seus
articles drets clarament identificats per a la protecció dels menors
víctimes d’aquesta violència. Un altre exemple: el propi Sistema
Català de Protecció a la Infància i a l’Adolescència, que incorpora
també diferents supòsits clars de protecció a aquests menors. Per tant,
no em sembla just que ens acusi de falta de sensibilitat quan nosaltres
li expliquem la nostra abstenció. Nosaltres sí hem fet polítiques per
protegir-los i, en tot cas, n’hi ha d’altres que no han fet
res.

Fetes aquestes reflexions i consideracions, que pretenen
deixar clar precisament el nostre màxim compromís amb el tema que avui
ens plantegen en aquesta Cambra, els anuncio lamentablement que el nostre
grup votarà una abstenció, però com ja els he avançat abans, bàsicament
és perquè ens sembla que el redactat del primer punt de la moció envaeix
clarament les competències que l’Estatut de Catalunya atorga en
exclusiva a la Generalitat en matèria de violència de gènere. El
plantejament de la redacció d’un pla comú entenem que clarament pot
anar en detriment dels enormes avenços que nosaltres hem fet en aquesta
matèria i, per tant, no ens sentim còmodes amb aquest redactat. I si
realment vostès aquest pla únic o comú consideren que no té com a
objectiu principal recentralitzar les funcions ni establir polítiques a
implantar per igual a nivell estatal, i segons vostè ens diu simplement
busquen un protocol de recomanacions mínimes, o parlava d’homologar
criteris a complir per part de les comunitats autònomes que en realitat
no han avançat en aquest tema, jo els demano, en tot cas, que canviïn el
text i busquin un nou redactat amb el qual ens puguem sentir còmodes la
resta de grups parlamentaris i, per tant, que puguem arribar a un acord
global, tal com s’ha aconseguit en anteriors ocasions en què
s’han presentat iniciatives similars.

Jo, com li deia, agraeixo que vostè en la seva introducció
al text hagi insistit que es busca la col·laboració amb les comunitats
autònomes. Però evidentment, tal com ens el plantegen, nosaltres no
l’entenem així. Perquè, si aquesta moció tira endavant, si aquests
criteris homologats o aquest pla comú tira endavant, què passarà si hi ha
incoherències entre el pla comú i el nostre pla? Què passarà si són
contradictoris? Quin dels dos mana? Hi ha un pla comú que fa de paraigües
de tots els altres? Com funcionarà? Jo no sé si vostès tenen previst i
ens ho podria explicar com afrontar aquesta situació
d’incoherències que, molt probablement, es podrien produir. A mi
allò que em fa por és si ens faran recular a nosaltres. Ens estem
queixant que alguns no han avançat i en canvi ens podem trobar en la
situació d’haver de recular nosaltres que hem fet la feina, que
nosaltres sí hem protegit els menors? És evident que nosaltres el que no
podem fer és donar suport a una iniciativa que al final pot produir que
els nostres menors i els nostres ciutadans perdin drets. I, per tant, és
per això que nosaltres ens abstindrem, evidentment, en aquesta moció,
almenys tal com ens la plantegen. Vostès han d’assegurar que uns
avancin, i no que els altres reculin. Han d’aconseguir assegurar
els serveis, garantir l’atenció i la protecció als menors, però
evidentment cada comunitat autònoma ha de poder decidir com es fa. I, de
fet, torno a la nostra esmena, aquesta era l’essència del text que
nosaltres els plantejàvem.

Jo insisteixo, abans d’acabar, en sol·licitar una
proposta de canvi de text amb el qual ens puguem sentir còmodes. És
evidentment una qüestió de voluntat política; i ho estem intentant, i
sembla que no és possible. Evidentment, en aquest cas, està en la seva mà
la solució a aquest problema. Si vostès rectifiquen el text nosaltres ens
sentirem còmodes per votar-li a favor. Però és evident, i vostè sap
perfectament, que precisament en un moment en el qual l’Executiu
central es queixa diàriament de les duplicitats de les funcions entre les
diferents administracions, no té cap sentit, i és absolutament
contradictori, que vostès avui plantegin la redacció d’aquest pla
comú quan, en realitat, les competències són nostres i nosaltres ja hem
redactat el nostre pla. Vostès en volen un, i nosaltres en tenim un
altre; com encaixa? Per tant, nosaltres no podem admetre ni acceptar que
ens plantegin la moció en aquests termes, i més amb les incoherències que
em sembla que s’estan plantejant.

Per acabar, dos apunts. Un, per al Partit Socialista. En
aquest cas només dir-los que repassant l’hemeroteca observo certa
falta de criteri respecte a aquest tema, respecte al posicionament que
vostès han tingut en aquest tema. Al Congrés s’ha rebutjat en
diverses ocasions aquest plantejament, en canvi aquí al Senat sí és
veritat que hi havíem tots donat suport en altres ocasions. Allò que és
clar és que durant aquests anys de govern i anteriors governs
possiblement no s’havia avançat prou. Em sembla bé que donin suport
a aquesta iniciativa, però en qualsevol cas també crec que serà molt
difícil, o podran ser poc exigents amb el Govern, quan vostès van ser
incoherents o quan en el cas d’estar al Govern tampoc van avançar
massa en aquests temes.

I un últim apunt, i en aquest cas ja dirigit directament a
Entesa: lamento moltíssim veure també aquestes certes incoherències. Ara
fa dues mocions, en la moció del TDAH, vostès han votat en contra de la
moció perquè precisament han argumentat que hi havia invasió de
competències, i en aquest cas signen una transaccional quan, apart
d’invasió de competències, vostès argumenten o critiquen la falta
de recursos. Per tant, jo suposo que, tot i tenir grup parlamentari
propi, en algunes ocasions els interessa quedar bé amb el PSOE i, per
tant, és la única manera d’entendre aquest posicionament.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, presidente.

Voy a hacer una breve intervención, basada fundamentalmente
en dos puntos, para argumentar nuestra abstención, que ya les he
comunicado antes.

En primer lugar, quiero que quede muy claro que compartimos
el fondo de la moción, la descripción de los motivos y la explicación de
la senadora que ha presentado esta iniciativa. Todos estamos de acuerdo
en la necesidad de luchar contra la violencia de género y contra todo lo
que gira en torno a ella. Acaban de darnos unos datos tristes:
veintisiete mujeres muertas, y cinco menores; la senadora Almiñana hacía
referencia a los veintiséis hijos huérfanos; llos datos son muy malos. En
esta moción hablamos de los cientos de miles de menores víctimas de esta
lacra en su hogar, y estamos de acuerdo en la necesidad de facilitarles
en todo momento la máxima protección y la máxima atención: hay que
garantizarles los máximos derechos posibles.

Es muy importante el trabajo que han realizado los Poderes
Ejecutivo y Legislativo; todos podemos trabajar mucho en este aspecto. No
se trata solo de proteger a los menores de los daños directos o
indirectos, físicos, psíquicos o emocionales, sino también —y lo
apuntaban hace un momento— de prevenir la consolidación de unos
patrones incorrectos que ellos pueden haber llegado a aceptar como
normales, y que pueden tener en el futuro un efecto negativo en muchas
familias.

Como les decía, compartimos totalmente el fondo y la
esencia de la moción. Tanto es así, que en Cataluña hace mucho tiempo que
estamos trabajando en ello; no solo con políticas activas y directas,
sino también a nivel legislativo. Un ejemplo puede ser la Ley 5/2008, del
derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, que incorpora
en muchos de sus artículos derechos claramente identificados para la
protección de los menores víctimas de esta violencia. Otro ejemplo lo
tenemos en el Sistema Catalán de Protección a la Infancia y la
Adolescencia, que incorpora distintos supuestos claros de protección a
estos menores. Por lo tanto, no me parece justo que se nos acuse de falta
de sensibilidad, cuando incluso les explicamos nuestra actuación.
Nosotros sí hemos realizado políticas para protegerles, y hay otros que
no han hecho nada.

Hechas estas reflexiones y consideraciones, que pretenden
dejar claro precisamente nuestro máximo compromiso con el tema que hoy
debatimos en esta Cámara, les anuncio que nuestro grupo se abstendrá en
la votación de la moción. Básicamente, como les avanzaba, porque nos
parece que el primer punto invade claramente las competencias que el
Estatuto de Cataluña otorga en exclusiva a la Generalitat en materia de
violencia de género. La propuesta de elaborar un plan común puede ir en
detrimento de los enormes avances que nosotros hemos hecho en esta
materia, así que no nos sentimos cómodos con el texto. Si consideran
ustedes realmente que este plan común no tiene como objetivo principal
recentralizar las funciones ni establecer políticas que deban implantarse
por igual a nivel estatal, y buscan simplemente —según nos
dicen— un protocolo de recomendaciones mínimas u homologar los
criterios que deban cumplir las comunidades autónomas que no han avanzado
en este tema, les pido que cambien el texto y busquen uno con el que
puedan sentirse cómodos los demás grupos parlamentarios. Así podríamos
llegar a un acuerdo global, como en anteriores ocasiones en que se han
presentado iniciativas similares.

Por supuesto, agradezco la insistencia en la introducción
de que se busca la colaboración con las comunidades autónomas. Pero, tal
como lo plantean, no lo entendemos así. Si esta moción sale adelante, si
estos criterios homologados o este plan común salen adelante, ¿qué pasará
si hay incoherencias entre el plan común y nuestro plan? ¿Qué pasará si
son contradictorios? ¿Cuál de los dos prevalecerá? ¿Hay un plan común que
hace de paraguas de todos los demás? ¿Cómo funcionará? No sé si tienen
previsto cómo afrontar estas incoherencias que muy probablemente se
podrían producir; quizá nos lo puedan explicar. Lo que me da miedo, en
definitiva, es que nos hagan recular. Nos estamos quejando de que algunos
no han avanzado, pero ¿podemos encontrarnos con la situación de tener que
recular nosotros, que hemos hecho el trabajo? ¿Nosotros, que sí que hemos
protegido a los menores? No podemos apoyar una iniciativa que puede
producir al final que nuestros menores y nuestros ciudadanos pierdan
derechos. Por eso nos abstendremos en la votación de esta moción, al
menos tal como está planteada. Deben garantizar que algunos avancen, y no
que los otros reculen. Deben asegurar los servicios, la atención y la
protección a los menores, pero cada comunidad autónoma debe poder decidir
cómo lo hace. De hecho, esta era la esencia de la enmienda que les
proponíamos.

Insisto en solicitar un cambio del texto, de modo que nos
podamos sentir cómodos con él. Es una cuestión de voluntad política; lo
estamos intentando, y parece que no es posible. La solución a este
problema está en su mano. Si ustedes rectifican el texto, nosotros nos
sentiremos cómodos y podremos votar a favor. Sabe usted perfectamente
que, precisamente en un momento en que el Ejecutivo central se queja
diariamente de la duplicidad de las funciones entre administraciones, no
tiene ningún sentido la propuesta de un plan común, cuando en realidad
las competencias son nuestras y nosotros ya hemos redactado nuestro plan;
es absolutamente contradictorio. Ustedes quieren uno, y nosotros tenemos
otro; ¿cómo encajan? No podemos admitir ni aceptar la moción en estos
términos, y más con las incoherencias que se están produciendo.

Para terminar, quiero hacer dos apuntes. El primero, para
el Partido Socialista: repasando la hemeroteca, observo cierta falta de
criterio en su posicionamiento respecto de este tema. En el Congreso se
ha rechazado en distintas ocasiones este planteamiento; en cambio aquí,
en el Senado, la perspectiva es diferente y, aunque todos le habíamos
dado apoyo en otras ocasiones, está claro que durante estos años de
gobierno, y con gobiernos anteriores, no se había avanzado lo suficiente.
Me parece bien que den apoyo a esta iniciativa, pero creo que será muy
difícil que puedan ser exigentes con el Gobierno, cuando fueron
incoherentes o cuando no avanzaron mucho en estos temas mientras
estuvieron en el Gobierno.

Y el segundo apunte es para Entesa: lamento muchísimo ver
estas incoherencias. Hace ahora en dos mociones, en la moción del TDAH,
ustedes han votado en contra argumentando precisamente invasión de
competencias, y en este caso firman una transaccional a una moción que,
además de invadir competencias, adolece de la falta de recursos que
ustedes critican. Supongo que, aunque tengan grupo parlamentario propio,
en algunas ocasiones les interesa quedar bien con el PSOE; es la única
manera de entender su postura.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cunyat.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Sen.

El señor SEN VÉLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

En este turno de portavoces queremos dar nuestra opinión
sobre esta moción, sobre la cual hemos llegado a un acuerdo con la
senadora Carmen Dueñas, a la cual quiero agradecer su tono y que haya
escuchado a los demás grupos. Hay que tener en cuenta que la desgracia,
la lacra, de la violencia de género es algo que a todos nos interesa
erradicar; ni a unos más, ni a otros menos, a todos de igual modo.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, fue un modelo
innovador y supuso un avance notable en la lucha contra la violencia de
género. También en el marco de la Unión Europea, en el desarrollo de la
estrategia para la igualdad de género, se ha tomado como referente el
modelo español, como ejemplo de avance fundamental en el tratamiento
jurídico de la violencia de género. Este reconocimiento a nivel
internacional ha ocasionado su inclusión en la base de datos sobre la
violencia contra la mujer, del Secretariado General de la ONU.

Hoy, casi dos décadas después, tenemos que seguir hablando
de violencia, desgraciadamente; de violencia de género y también de
violencia doméstica. Esta ley, la Ley 1/2004, en la exposición de motivos
I, ya dice que las situaciones de violencia sobre la mujer afectan
también a los menores de su entorno familiar, víctimas directas e
indirectas de esta violencia. La ley establece también su protección, no
solo para tutelar los derechos de los menos, sino también para garantizar
de forma efectiva las medidas de protección de la mujer. Para nosotros, y
en este aspecto sí quiero ser claro y conciso, la Ley Orgánica 1/2004 ya
considera a los menores víctimas directas e indirectas y, por
consiguiente, pensamos que esta ley no se debe modificar. Según el
artículo 18.5, también tendrá derecho a la asistencia integral, a través
de estos servicios sociales, los menores que se encuentren bajo la patria
potestad o la guarda y custodia de la persona agredida. A estos efectos,
los servicios sociales deberán contar con personal específico para
atender a los menores, con el fin de prevenir y evitar de forma eficaz
las situaciones que puedan comportar daños psíquicos y físicos a los
menores que viven en entornos familiares donde existe violencia de
género.

También se modificó en el año 2010, con el fin de otorgar
una mayor protección a los hijos e hijas menores de víctimas de delitos
cometidos por quienes tienen su patria potestad, el Código Penal, por
medio de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que estableció la pena
de privatización de la patria potestad, que implica la pérdida de su
titularidad, subsistiendo los derechos del hijo e hija respecto a su
progenitor. Pero hoy en día la casuística desborda casi siempre la
previsión del marco legal. Por esta causa merece y debe ser reforzado y
ampliado. Por este motivo, el Grupo Socialista, en este momento en que el
Partido Popular ha presentado esta moción, ya ha hecho su trabajo: el
Partido Socialista presentó en las Cortes Generales, durante la primera
semana de este mes, junio, una proposición de ley para reformar la
protección a los hijos e hijas frente a los delitos de violencia de
género. Las normas sobre este tema que se publicaron durante pasadas
legislaturas supusieron una revolución y un modelo, pero en este momento
necesitamos seguir legislando con el fin de ampliar la protección de las
víctimas menores de la violencia doméstica y de acorralar legalmente a
los causantes de esta violencia. Debemos desarrollar la Ley 1/2004 y
lograr esa protección, máxima pero lamentablemente no absoluta, de los
hijos e hijas menores expuestos a la violencia de género, llevando una
batería de reformas en el Código Penal, en la Ley Orgánica del Poder
Judicial, en el Código Civil, en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la
Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es lo que hemos presentado en las Cortes
Generales, con el fin de asegurar el pronunciamiento expreso del juez
acerca de la necesidad de adoptar medidas específicas respecto al régimen
de custodia, visitas, cuidado y educación de los hijos e hijas, de modo
que acuerde en interés de los menores las limitaciones que procedan.
Estas modificaciones evitarán una circunstancia y un hecho que se está
produciendo actualmente: la arbitrariedad ante una situación trágica de
estas características; se evitará así que, para algunos jueces, los
menores sean testigos en algunos casos, y en otros víctimas.
Recientemente, el 3 de junio, se firmó en Andalucía un acuerdo innovador
en esta misma dirección. Algunos de los cambios que se proponen, y para
los que esperamos contar con el apoyo del resto de los grupos
parlamentarios figuran en la norma que les acabo de indicar. Ahí podremos
ver cuál es la verdadera voluntad ante un problema como el que nos
encontramos, si queremos darle solución, o no. Hemos solicitado,

concretamente, la modificación del Código Penal, artículo
48.2 y artículo 148.4, y otra serie de modificaciones en el articulado.
Igualmente, modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, del
Código Civil, y de las demás normas que he mencionado. También, medidas
necesarias para la creación de un registro específico de condenados por
impago de alimentos; la colaboración con las comunidades autónomas en
relación con el protocolo para mejorar y garantizar la detección,
notificación y derivación de los servicios de atención especializada a
los hijos e hijas de las mujeres víctimas de la violencia de género; un
seguimiento estadístico sobre el impacto que la violencia de género tiene
en sus hijas e hijos; y un acuerdo entre el Estado y las comunidades
autónomas en relación con las normas que rijan la financiación
—porque, como cualquier modificación legal, tiene que llevar su
correspondiente partida presupuestaria—, el funcionamiento y la
utilización de los denominados puntos de encuentro.

Como pueden ver, proponemos importantes modificaciones
legislativas con el único fin de seguir avanzando en esta dirección.
Fíjense, señorías, si es importante esta proposición de ley y el gran
trabajo que tenemos que hacer, y que confiamos en hacerlo, por supuesto,
de una manera conjunta y consensuada, que, de las múltiples consecuencias
que puede acarrear para los niños y niñas sufridoras de la violencia de
género, opina un experto de las Naciones Unidas: «La violencia que
experimentan en el contexto del hogar y la familia puede tener
consecuencias para su salud y desarrollo durante toda la vida. Puede
perder la confianza en otros seres humanos, que es algo esencial para el
desarrollo normal. Aprender a confiar, en la infancia, a través de los
lazos familiares, es una parte esencial de la niñez y está estrechamente
relacionada con la capacidad de amor y empatía en el desarrollo de las
relaciones futuras a un nivel más amplio. La violencia puede atrofiar el
potencial desarrollo personal y representar altos costos para la sociedad
en su conjunto.»

Finalizo hablando del acuerdo al que llegado con la señora
Dueñas. Esperamos que, en relación con el punto tercero, no ocurra con la
señora ministra lo que viene ocurriendo en esta Cámara hasta la fecha. No
piense que se lo digo por hacer una crítica política —que también
debe hacerse—, pero no nos creemos lo de los 1539 millones, porque,
a día de hoy, de esto no se sabe absolutamente nada. La verdad es que no
confiamos en la ministra en este aspecto; prueba de ello son las más de
treinta y tres iniciativas y preguntas que hay pendientes y la falta de
comparecencia de la ministra en esta Cámara, lo que supone…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor SEN VÉLEZ: Finalizo, señoría.

Decía que supone una falta de respecto a todos los
senadores.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sen.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Dueñas.

La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, quiero comenzar mi intervención dando las gracias
a todos los grupos parlamentarios que nos han apoyado y también a los que
se van a abstener, porque es verdad que ha habido una gran voluntad de
consenso y de trabajo para intentar sacar adelante esta propuesta de
modificación. Es un tema en el que, como decía al principio de mi
intervención, es fundamental aunar criterios y trasladar un mensaje claro
y de unidad: se trata de luchar contra la violencia de género. Lo decía
alguna de las portavoces, y lo decía Unicef: los niños no son víctimas
solo porque sean testigos de la violencia entre sus padres, sino porque
viven desgraciadamente esa violencia en primera persona.

Señorías, lo dije al principio y lo vuelvo a reiterar: este
Gobierno está plenamente comprometido con la consideración de estos niños
y niñas como víctimas directas de la violencia de género. Hoy, entiendo,
damos un gran paso en esta lucha contra la violencia de género, y lo
hacemos para visibilizar a los menores y otorgarles el estatuto de
víctima, lo que supone garantizar la adopción de medidas civiles y
penales, considerándoles un sujeto más del procedimiento. Hablamos de
seguir trabajando en el ámbito normativo, así se recoge en la propuesta
de modificación. Estamos trabajando con el Ministerio de Justicia para
establecer la obligatoriedad del pronunciamiento

judicial sobre la pertinencia y necesaria adopción de las
medidas civiles orientadas a promover la protección y el bienestar de los
menores. También lo estamos haciendo con la introducción de elementos
positivos que suponen un avance real no realizado hasta la fecha para la
lucha contra la violencia de género y que se contienen en el Anteproyecto
de Ley de reforma del Código Penal. Hablamos de atención integral,
también en el ámbito de la detección precoz en la atención primaria: así,
en el Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de
género 2012, aprobado en diciembre de ese año, se atiende específicamente
a las consecuencias de la violencia de género en la salud de los hijos e
hijas, y de sus madres víctimas de violencia de género. Aún más —y
consta así en la propuesta de modificación y lo han referido algunos de
los portavoces—: el Plan estratégico nacional de infancia y
adolescencia 2013/2016, con una dotación prevista de 5000 millones de
euros para los próximos cuatro años, y la Estrategia nacional para la
erradicación de la violencia de género 2013/2016, dotada con 1539
millones de euros. En todas ellas, en todo este paquete de medidas, habrá
que seguir trabajando y proponiendo mejoras para ahondar aún más en la
cuestión. El objetivo específico es diseñar, plantear y utilizar las
buenas prácticas que, como decía al principio, se están desarrollando en
algunas comunidades autónomas, para la prevención, sensibilización y
atención especializada de los hijos menores de edad expuestos a la
violencia de género. Y ya les avanzo que también se está trabajando en la
actualización del Protocolo básico de intervención contra el maltrato
infantil para visibilizar aún más, si cabe, a los menores víctimas de
esta violencia de género.

Lo decía al principio, somos conscientes de que hay que
seguir avanzando y nadie duda de la sensibilidad de ninguno de los
portavoces que se van a abstener en esta cuestión. Sé que es una
sensibilidad compartida por todos, si bien es verdad que no alcanzo a
entender el planteamiento en esa discrepancia —diría mínima
discrepancia— en cuanto al plan común. No lo entiendo, porque, como
he reiterado desde el primer momento, cuando hablamos de plan común, el
objetivo que perseguimos es elaborar un plan homologado en esta atención,
prevención y detección de esta violencia en los menores. Por supuesto que
no supondría ningún paso atrás, sino más bien todo lo contrario, sería
complementar, avanzar y siempre, reitero, en colaboración con las
comunidades y ciudades autónomas. Ya lo he dicho, hay que seguir
avanzando, este Gobierno está comprometido, lo estamos haciendo en todos
los ámbitos y siempre contando con la participación de los agentes
implicados en esta lucha: profesionales, comunidades autónomas,
departamentos ministeriales, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía
y todas las entidades representadas en el Observatorio Estatal de
Violencia sobre la Mujer.

Agradezco la voluntad de todos los grupos, así como la
generosidad y el trabajo realizado por el senador Sen, pero sigo sin
entender las reticencias que mantiene el Grupo Socialista para incluir a
los menores en esa reforma de la ley integral como sujetos directos, como
víctimas de la violencia de género. Decía el senador Sen que consta en la
ley; es verdad, es cierto, yo también lo dije al principio, pero también
es cierto —y no lo dice esta portavoz, lo dicen los expertos en la
materia y lo dice Save the Children en su último informe— que,
desgraciadamente, esas medidas han resultado absolutamente insuficientes.
Y hoy, con esta moción, pretendemos seguir avanzando en esa línea.

Seguimos manteniendo lo que dijimos en un primer momento.
Con este reconocimiento, con esta reforma para incluir a los menores en
la ley integral como víctimas directas no pretendemos ni desvirtuar la
filosofía de la ley ni sus principios rectores ni quitar ni un solo
derecho a las mujeres; lo que sí queremos —y compartirán conmigo,
como lo comparten sus madres— es que esta ley integral sea lo más
eficaz posible para las mujeres y también para las otras víctimas
directas de esta lacra: sus hijos.

La senadora Cunyat ha hablado de ciertas incoherencias. Le
reitero de nuevo —igual que a la senadora Iparragirre— la
petición de apoyo a esta moción. Y, concretamente, a la senadora Cunyat
quiero recordarle —hacía mención a ello en su intervención—
que ya en la pasada legislatura se firmó una transaccional por parte de
algunos grupos de la Cámara, entre los que estaba Convergència i Unió, en
la que se acordaba un protocolo común entre todas las comunidades y
ciudades autónomas para trabajar en esta línea.

Yo quiero reiterar que buscamos esa coordinación, buscamos
acabar con esas diferencias que han reseñado los expertos en el
tratamiento de la atención a los menores víctimas de violencia de género
—de hecho, dentro de las mismas comunidades autónomas existen
diferencias de

tratamiento derivadas de la falta de protocolos específicos
de intervención— y lo que pretendemos con este plan de trabajo
común coordinado es fijar unos estándares mínimos para la prevención,
detección, intervención, atención y protección de estos menores. Ese es,
reitero, el objetivo fundamental.

La senadora Almiñana hablaba también de los recortes en el
presupuesto. El compromiso de este Gobierno, habida cuenta,
lamentablemente, de la precaria situación social y económica que vive
nuestro país, se ha mantenido intacto en esta lucha contra la violencia
de género. El presupuesto de la Delegación del Gobierno para la Violencia
de Género ciertamente se ha reducido en un 7,1%; tiene una partida
asignada de 22 millones de euros. Pero este ahorro, este recorte
—si quiere llamarlo así— se ha producido en el ámbito de los
gastos no relacionados con servicios asistenciales, lo cual quiere decir
que el compromiso del Gobierno con la violencia de género queda reflejado
en todos los servicios fundamentales para la atención a la víctima; la
mayoría se mantienen y algunos incluso incrementan su cuantía. Podría
darle algún dato más, pero no es el objeto del planteamiento.

Y termino de nuevo dando las gracias a todos los grupos
parlamentarios, a los que han firmado la propuesta y a los que no se van
a abstener, apelo de nuevo a su compromiso. Y quiero terminar con un
mensaje, pues cuando hablamos de concienciación, de sensibilización, creo
que está bien que hoy el Senado pueda lanzar un mensaje a las mujeres
maltratadas. Hay que decirles que el silencio es el verdadero cómplice
del maltratador y que la única manera de romper ese silencio es la
denuncia; esa es la mejor forma de activar los protocolos de protección,
para ella y para sus hijos.

Y también hoy debemos terminar con algo en positivo. Es
verdad que el camino, una vez que se denuncia, es difícil, es duro, es
complicado, pero de la violencia de género se sale, hay salida.

Señorías, con ese mensaje quiero terminar mi
intervención.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Dueñas.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a votar la propuesta de modificación a la
moción del Grupo Parlamentario Popular, firmada por los Grupos Popular,
Socialista, Entesa pel Progrés de Catalunya y Mixto.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 235; votos emitidos, 234; a favor, 217; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)

5.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA FRENAR LA PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO DE
LOS TRABAJADORES.

(Núm. exp. 662/000090)

AUTOR: GPS

El señor presidente da lectura al punto 5.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado una
enmienda por parte del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los
senadores Iglesias y Mariscal.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador Martínez-Aldama. (Rumores.)

Guarden silencio, señorías, por favor.

El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, la reforma laboral del Partido Popular está
provocando en España una rebaja generalizada del sueldo de los españoles.
(La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.) The
Economist, un diario liberal conservador, ya titulaba que la reforma
laboral del Partido Popular suponía en el fondo una devaluación interna
del país, basada en una rebaja del

sueldo de los españoles, con la creencia de que con sueldos
más bajos los productos son más baratos, lo que significa mayor
competitividad y capacidad de exportación… (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Senador
Martínez-Aldama, espere un momento.

Señorías, si no quieren escuchar la intervención del
senador, por favor, cállense o, si no, salgan del hemiciclo. Muchas
gracias.

El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Gracias, señora
presidenta.

…y, como les decía, por aquí llegará la recuperación.
Pero permítanme que les diga que este es un error histórico del Partido
Popular, porque intentar que España compita hoy en el mundo con mano de
obra barata, como los chinos o como los indios, es pan para hoy y hambre
para mañana, porque todo lo que ganemos en competitividad a costa de
bajar salarios será tan efímero como el tiempo que tarde otro país en
ofrecer esos productos o servicios tan baratos o más que nosotros. ¿Y
entonces qué? ¿Otra rebaja salarial del conjunto del país? No, señorías
del Grupo Popular. El futuro de España no pasa por devaluarse como país
rebajando el sueldo de los españoles. El futuro de España pasa por
revalorizarse con más información, con más formación, con más
investigación, más desarrollo y más innovación, que es justamente lo que
ustedes, el Partido Popular, están recortando.

Señorías, provocar una rebaja general del sueldo de los
españoles es acometer una devaluación del país vía salarios, y eso es un
profundo error. Se equivocan de plano si piensan que la rebaja salarial
va a ser atractiva para captar inversiones foráneas, una moto que nos
vende el Gobierno todos los días. En una reciente encuesta de
investigación sobre casi mil inversores internacionales se les preguntaba
cuáles eran los factores más importantes que una compañía tiene en cuenta
a la hora de invertir en un lugar determinado, y el resultado era
contundente, señorías: el factor del coste laboral ocupaba el séptimo
lugar, muy por detrás de la educación de sus ciudadanos —que
ustedes recortan—, de la formación de sus ciudadanos —que
ustedes abandonan—, o de la paz social —que ustedes han
dinamitado, porque les recuerdo que han sufrido ya dos huelgas generales
en tan poco tiempo en el Gobierno—. Por tanto, cuando Renault o
Nissan se quedan en España o hacen un producto nuevo en España no es por
la rebaja salarial de sus trabajadores, fruto de la reforma laboral, es
porque el país tiene unas buenas comunicaciones, tiene unos buenos
trabajadores o tiene, por ejemplo, un excelente parque de proveedores del
sector automovilístico. Por consiguiente, señorías, no nos engañen
más.

También se equivocan de plano por tomar esta decisión en
este momento. ¿Por qué? Porque si la economía no crece —decreció el
año pasado y decrecerá punto y medio este año—, si en los
presupuestos del Estado no hay ninguna política de estímulo al
crecimiento, si la subida del IRPF y del IVA supone menor capacidad de
gasto de los ciudadanos españoles, provocar ahora una rebaja general de
su salario significa deprimir más la economía, deprimir más la demanda
interna y, por tanto, que la recesión se acentúe, que es justamente lo
que está ocurriendo, que este año decreceremos un punto y medio del
PIB.

Señorías del Partido Popular, quiero que sepan que nuestras
exportaciones, que es el único motor posible de crecimiento si no hay
demanda interna, ya llevan dos trimestres en negativo. En Italia y en
Irlanda está pasando algo parecido, y si los países que requieren sector
exterior para crecer se ven con problemas de exportaciones, es evidente
que la única forma que tienen para mejorar la balanza comercial es el
recorte de las importaciones, que es lo que está ocurriendo. O, dicho de
otra forma, en España la balanza comercial es positiva no tanto por el
incremento de exportaciones sino por la contracción de las importaciones;
y esta es la verdad, señorías, con lo cual la reforma laboral y su rebaja
salarial ni tan siquiera han servido para aumentar las exportaciones en
nuestro país.

Señor presidente, señorías, llegados a este punto conviene
hacerse una serie de preguntas y reflexiones para poner negro sobre
blanco. Primera pregunta, ¿España es un país caro? ¿Sí o no? Rotundamente
no, y se lo he dicho ya en varias ocasiones. España tenía en el año 2011
un coste laboral por hora de 20,6 euros; la media europea a veintisiete
era de 23,1 euros y la media europea a diecisiete era de 27,6 euros. Solo
hay tres países más baratos que España: Polonia, Portugal y Grecia. Por
tanto, la primera cuestión que ha de quedar clara es que España no es un
país caro. Por si fuera poco, un reciente informe de Adecco viene a decir
que el sueldo medio español está

por debajo incluso del de Irlanda y del de Chipre, dos
países rescatados. Es un informe de solo hace una semana.

Por tanto, señorías, primera cuestión a dejar clara: España
no es un país caro y, si no es un país caro, ¿por qué provocan ustedes de
forma intencionada una rebaja salarial?

Segunda pregunta. ¿Esta rebaja salarial ha servido para
crear empleo? ¿Sí o no? No. Rotundamente no y el certificado es la EPA
del primer trimestre del año 2013 ―y ya veremos el segundo―.
La EPA del primer trimestre viene a decir que en España tenemos 6 202 700
parados, es decir, casi un millón de parados más que hace un año, y la
cifra no ha sido más alta por dos fenómenos que han coincidido en el
tiempo: el abandono de España de muchos inmigrantes que ya no tienen aquí
oportunidades y el exilio forzoso de muchos jóvenes españoles que se
marchan a trabajar fuera de nuestro país; si no fuese así, esa cifra
récord todavía sería mayor. Tenemos una tasa de paro del 27,16%, 5 puntos
más que cuando llegó al Gobierno el Partido Popular y, sin duda, la más
alta de nuestra historia; un paro juvenil del 57% y cerca de 300 000
empleados públicos despedidos también usando la reforma laboral.

Por tanto, segunda pregunta contestada: su reforma laboral
no ha creado empleo.

Tercera pregunta. ¿Esta reforma laboral y esta rebaja de
salarios van a servir para crear empleo? Tampoco, y no es que lo diga yo,
es que ustedes han reconocido ante Bruselas que no van a crear empleo,
han reconocido que en el año 2015 estaremos en el 25,8% de paro. Es
decir, cuatro años de reforma laboral, 3 puntos más de paro. Por tanto,
también queda contestada la tercera pregunta y es que, según ustedes
—no nosotros, ustedes—, la reforma laboral tampoco va a crear
empleo.

Cuarta pregunta. ¿Hay alguna experiencia empírica en Europa
que demuestre que rebajar salarios no es la salida a la crisis? La hay:
Grecia. En Grecia, con políticas similares a las españolas, con una
rebaja salarial del 20% de media en el salario de los griegos, el país
esta hoy peor que nunca. Luego ya hay una experiencia de que ahondar vía
rebaja salarial no ayuda a recuperarse a los países en crisis, a los
países en dificultades, y la experiencia es Grecia.

Señorías, si no se crea empleo, si tampoco se va a crear,
si hay experiencias negativas, la pregunta es muy sencilla: ¿Por qué
aplican ustedes esta reforma laboral? ¿Por qué el Partido Popular provoca
una rebaja intencionada del sueldo de los españoles? Pues muy sencillo de
explicar, porque ustedes han visto en la crisis una coartada perfecta
para aplicar su programa máximo, que es engordar las rentas empresariales
a costa de las rentas de los trabajadores. En el año 2012 el sueldo medio
de los españoles bajó el 8,5%, la mayor caída de la historia. Y lo que ha
pasado es lo que pretendía y quería el Partido Popular, y es que por
primera vez en España el conjunto de las rentas salariales es inferior al
conjunto de las rentas empresariales. Jamás en la democracia española
había ocurrido este fenómeno. Por primera vez, con el PP en el Gobierno,
con su reforma laboral, el sueldo de los españoles está provocando la
transferencia de rentas al bolsillo de los empresarios.

Y se pueden poner cifras oficiales, señoría. En el año
2012, fruto de la reforma laboral, los trabajadores españoles en su
conjunto cobraron 27 582 millones de euros menos que en 2011, sin
embargo, los empresarios obtuvieron 10 406 millones de euros más que el
año anterior. Y obviamente, si hay muchos menos empresarios que
trabajadores, este reparto no hace otra cosa que agrandar la brecha de
desigualdad entre unos y otros, que es lo que está pasando en España; a
más crisis, más desigualdad. Miren qué dato conocíamos hoy mismo que
ilustra esta afirmación: el número de millonarios crece en España un 5,4%
en el año 2012. Esta es la radiografía de su reforma laboral, señores del
Partido Popular.

Y cabe preguntarse: ¿esto es un fenómeno global, esto
también pasa en Europa? Pues rotundamente no, esto solo pasa en España.
Según Eurostat, en Europa a veintisiete el conjunto de las rentas
empresariales supone el 38,3; las otras, las salariales, el 49,5. En la
Europa a quince, en la Europa más rica, las rentas empresariales suponen
el 37,4, mientras que las rentas salariales suponen el 50,4. Es decir, la
Europa más rica es la Europa más justa. En España, en cambio, las rentas
salariales suponen el 44,6 y las rentas empresariales, por primera vez
con ustedes, el 46,1. Es más, según el último informe de Eurostat, el
incremento salarial superó el 3% en países como Austria, Finlandia,
Suecia o Alemania. Y entonces yo me pregunto y les pregunto a ustedes,
señorías, ¿por qué Alemania no se aplica a sí misma lo que le exige a
España? ¿Por qué hacen en Alemania lo contrario a lo que nos impone a los
españoles? Si tan buena es la austeridad, ¿por

qué no se la aplican los alemanes en sus salarios y se
rebajan sus salarios? Señorías del Partido Popular, les hago una
propuesta, si nos gusta fijarnos en los países más avanzados, hagámoslo
en todo. Y hoy las economías más avanzadas de Europa —Alemania,
Francia, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Dinamarca o Finlandia—
presentan un reparto de las rentas donde predominan las rentas del
trabajo sobre el capital. ¿Y por qué esto no ocurre aquí? ¿Nos lo pueden
explicar, señorías del Partido Popular?

Voy concluyendo, señora presidenta. Señora presidenta,
señorías, así no salimos, solo con recortes y rebaja de sueldos no
salimos. Y si salimos, me atrevo a aventurar que será una salida en
falso, una salida efímera, porque falta un patrón de crecimiento robusto.
¿Alguien se ha parado a pensar cómo superó Estados Unidos el crack del
29? ¿Alguien se ha parado a pensar cómo se actuó ante una crisis todavía
menos importante que esta, pero la más importante hasta esta? Pues
justamente por la vía contraria. Estados Unidos llegó a la conclusión de
que en su país trabajaba poca gente y ganaba poco dinero, y tomo dos
decisiones —el famoso New Deal— que, puestas en conjunción,
permitieron la recuperación de la economía norteamericana y, por ende, de
la economía internacional, que fue repartir más el tiempo de trabajo y
aumentar el sueldo de los trabajadores. (El señor vicepresidente, Lucas
Giménez, ocupa la Presidencia.) Más gente trabajando y con más dinero
para poder consumir fue lo que hizo a Estados Unidos y a la economía
internacional despegar y volver a crecer.

Por tanto, señorías del Partido Popular, así no salimos.
Hacen falta medidas expansivas que estimulen la economía y el empleo.
Hace falta reorientar los beneficios empresariales, que han aumentado,
hacia la inversión y hacia el empleo. Hace falta una apuesta decidida por
actividades de mayor valor añadido. Y hace falta abandonar —y es lo
que les pido— la vía de la rebaja salarial por injusta y sobre todo
por inútil, porque hasta la OIT, en su último informe de la semana
pasada, cuando habla de España le recomienda, o mejor, le desaconseja,
ahondar en la devaluación salarial del país. Señorías, esto es, a juicio
del Partido Socialista, lo que el país tiene que hacer.

Lo que no tiene que hacer es lo que hace una hora acaba de
poner encima de la mesa de nuevo el Fondo Monetario Internacional, que
dice a los españoles que hagan más esfuerzos en la reforma laboral para
despedir más barato y para bajar más el sueldo de los españoles. Dígale
al FMI que esto ya lo hicimos hace un año...

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por
favor, vaya finalizando.

El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Termino, señor
presidente.

...y hoy lo que hay en España es un millón de parados más y
la gente mucho más pobre.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Martínez-Aldama.

Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el senador
señor Iglesias por el Grupo Parlamentario Mixto

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

La enmienda que hemos formulado los dos senadores de
Izquierda Unida pretende que el punto número 2 de la moción, en el que se
habla expresamente de la negociación colectiva, tenga la misma
contundencia que el punto número 1; por ello, que plantee la derogación
de los contenidos de la reforma laboral que afectan a la negociación
colectiva, porque están dando como resultado un claro desequilibrio en el
pacto de rentas entre trabajadores y empresarios.

Mi impresión es que cuando el Gobierno dice que la reforma
laboral está funcionando, precisamente lo que está diciendo es esto, que
está sirviendo para una devaluación interna de nuestras condiciones de
vida, de las condiciones de vida de la mayoría de la sociedad y, de forma
muy notable, de los trabajadores sometidos a la negociación colectiva.
Hay un informe de la UGT, de 31 de diciembre de 2012, que da datos muy
esclarecedores sobre lo bien que en esta materia está funcionando la
reforma laboral. Dice que esta reforma está propiciando retrasos en la
negociación colectiva, acumulando etapas sin actualización en tablas
salariales; es decir, congelación salarial. Solamente a finales de 2012
faltaban por firmar 3000 convenios colectivos que afectaban a 5,4
millones de trabajadores. Dice este informe que la pérdida de poder de
compra por el incremento medio pactado en los casos en que sí hubo
negociación significó que en los

convenios nuevos hubiera una pérdida del 1,7%, y que en los
convenios revisados, en los que solo se producía la actualización
salarial, hubiera una pérdida del 0,79%. A lo largo del 2012 se produjo
una reducción notable del porcentaje de trabajadores con cláusula de
garantía, con cláusula de revisión, que ya significaban a finales de año
menos del 50% de los trabajadores sometidos a convenio salarial.

En el año 2013, el alza de los salarios, hasta mayo, fue
del 0,65%. En el mismo periodo de 2012, en el que, como acabamos de ver,
según constata el informe de UGT, hubo una caída importante de la
capacidad adquisitiva, el alza salarial significó el 0,79%; es decir, en
el año en el que estamos se está incrementando la pérdida de capacidad
adquisitiva de los trabajadores.

España tiene un salario medio de 1615 euros brutos al mes,
un 17% menos que el salario medio de la Unión Europea, y, como apuntaba
el portavoz socialista proponente de la moción, ello no está significando
una mejora notable de la competitividad que dé lugar a una dinamización
económica. Es cierto que se han incrementado las ratios de competitividad
exclusivamente a costa de los salarios, sobremanera cuando los ajustes en
la inversión pública han afectado a la I+D+i, que debiera ser el elemento
fundamental en la búsqueda de esa competitividad, pero estos recortes han
ayudado a la recesión económica; el reciente informe de la Organización
Internacional del Trabajo de forma muy destacada abundaba en ello,
situando además como uno de los ejemplos característicos de esta realidad
el caso de España.

Por tanto, pueden ustedes sentirse orgullosos de su reforma
laboral pero no porque cree empleo, no porque genere puestos de trabajo
—y los datos del paro lo demuestran— sino porque,
efectivamente, de alguna forma está dinamitando el pacto que tuvo lugar
en los inicios de la Transición en el marco de los acuerdos de los Pactos
de la Moncloa y del Estatuto de los Trabajadores, que tres años más tarde
dio continuidad a los mismos, de distribución de rentas salariales entre
el capital y el trabajo, por supuesto, para abundar en las desigualdades
que favorecen a las rentas del capital frente a las rentas del
trabajo.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario
Socialista, autor de la moción originaria, para manifestar si acepta o no
la enmienda presentada por el Grupo Mixto.

El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Gracias, señor
presidente.

Por supuesto que sí la vamos a aceptar porque en el fondo
esta enmienda viene a recalcar y dar más fuerza a algo que subyace en la
propuesta del Grupo Socialista, que es recuperar la negociación colectiva
como elemento de pacto de rentas, como siempre ha sido, entre
trabajadores y empresarios. Por tanto, no hay ningún problema en aceptar
esta propuesta del Grupo Mixto porque pretende que se deroguen aquellos
elementos que permiten en el fondo dinamitar la negociación colectiva, y,
como estamos de acuerdo en el fondo no hay ningún problema en aceptar la
forma, que es la que propone el Grupo Mixto porque, efectivamente, si
algo va a ocurrir en los próximos meses y años si se mantiene como está
la reforma laboral es que vía negociación colectiva todavía se va a
ahondar más en este camino erróneo, y como no queremos que ocurra,
evidentemente, aceptamos esta propuesta que exige la derogación de
aquellos apartados que permiten hacer semejante barbaridad.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Martínez-Aldama.

Turno en contra.

Tiene la palabra la senadora Peris.

La señora PERIS JARQUE: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días a todos y a todas.

En primer lugar, quiero manifestar la postura en contra del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado de esta moción, y me voy a
centrar en los tres puntos que se solicitan en el petitum.

Voy a empezar por el tercer punto, que pretende la
planificación de la recuperación de las rentas salariales de los
empleados públicos, y aunque sería de exclusiva competencia del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, me gustaría resaltar
que va a quedar minimizado por dos medidas muy concretas que ya se han
anunciado. La primera es la reforma

del sistema tributario, que nombrará el comité de expertos
y elaborará propuestas que se verán en la primera parte del año 2014, y
que según el ministro estará orientada a disminuir la fiscalidad sobre
los que menos renta tienen y sobre las capas medianas. Y la segunda
medida que minimizará esta pérdida de poder adquisitivo será la reforma
de las administraciones públicas.

En cuanto a los dos primeros puntos que solicitan en la
moción, el primero, derogar los apartados de la reforma laboral que
permiten una rebaja unilateral por parte del empresario de los sueldos de
los trabajadores, he de decir que esto es incierto, porque el artículo
82.3, del Estatuto de los Trabajadores, establece que las inaplicaciones
salariales, en ningún caso, pueden llevarse a cabo por decisión
unilateral del empresario. Por el contrario, el citado artículo establece
que se deberán realizar por acuerdo entre empresa y trabajadores, en su
defecto, bien por acuerdo de la comisión paritaria del convenio
colectivo, bien por acuerdo de los órganos establecidos en los acuerdos
interconfederales para la solución de conflictos, e, incluso, en última
instancia, si no hay acuerdo, tampoco decide unilateralmente el
empresario, se establece un órgano tripartito; en caso de los convenios
estatales, es la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, en
la cual están la Administración y las organizaciones sindicales y
empresariales más representativas. Por tanto, no es cierto, como piden en
su moción, que sea el empresario quien decide unilateralmente los
salarios.

Respecto a su segunda petición relativa a recuperar la
negociación colectiva, he de decir que me alegro de que haya aceptado la
enmienda del Grupo Parlamentario Mixto porque usted hablaba de recuperar
la negociación colectiva como si se hubiera perdido con la reforma
laboral, y el Grupo Parlamentario Mixto hablaba de reformar porque se ha
devaluado. Efectivamente, la admite porque no se ha perdido la
negociación colectiva. No era cierto lo que usted había dicho.

Los datos de la Subdirección General de Estadística del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, desde la aprobación de la
reforma laboral por Decreto Ley 3/2012, de 3 de febrero, hasta el 31 de
mayo de 2013, indican que se han realizado 1913 inaplicaciones de las
condiciones laborales de los convenios colectivos; 1902, el 99,4%, se han
realizado por acuerdo entre trabajadores y empresarios; solo 11 se han
resuelto en el seno del órgano tripartito. Por tanto, la aplicación de
este artículo 82.3, del Estatuto de los Trabajadores, está haciendo que
se manifieste más claramente que nunca la negociación colectiva, y a
través de esta negociación colectiva, con el ajuste de los salarios, se
está acomodando todo a la situación actual y se consigue el mantenimiento
del empleo, evitar despidos. A través de la negociación colectiva, se
está incrementando la flexibilidad interna para evitar la flexibilidad
externa que, como digo, es el despido.

Usted ha hablado de recuperar la negociación colectiva. Los
datos de la Subdirección General de Estadística, establecen que, de enero
a mayo de 2011 se firmaron 105 convenios colectivos; de enero a mayo de
2012 se firmaron 132; y a 31 de mayo de 2013, ya son 229 los convenios
colectivos firmados. Tras la reforma laboral, no solo no ha disminuido la
negociación de convenios colectivos sino que, por el contrario, aumenta
el ritmo de contratación.

Por tanto, el objetivo que se perseguía era que todas las
partes implicadas se sentaran a negociar, con el objetivo claro del
mantenimiento del empleo. Eso es lo que ustedes no deben perder de vista,
y eso es lo que se está consiguiendo. No es cierto, insisto, en que se
rebajen unilateralmente los salarios por parte de los empresarios, la
legislación no lo permite, y no es verdad que se haya perdido la
negociación colectiva. Porque ustedes, ¿qué alternativa proponen? En el
pasado, ya sabemos lo que ha ocurrido. Ustedes han permitido que con la
anterior legislación, cuando un empresario no podía continuar con su
actividad empresarial, salvo modificando las condiciones, le ofreciera al
trabajador: o aceptas las condiciones o te vas a la calle, te despido,
con 20 días de indemnización por año trabajado. Usted lo sabe,
modificación de las condiciones de trabajo. Así se han producido un
millón de despidos, a 20 días por año trabajado, con la legislación
anterior, la que a usted le parece tan bien. Ustedes tienen que entender
que estamos en el siglo XXI; usted ideológicamente se puede seguir
situando en el siglo XIX, o como ha puesto de ejemplo a Estados Unidos,
en el siglo XX, pero es que estamos en el siglo XXI, y hoy se requiere
una negociación colectiva ágil, moderna y eficaz. Y las partes, si usted
pone los instrumentos —como digo, con los datos, no con sus
opiniones—, significa que se están poniendo de acuerdo, se están
sentando a negociar, y prefieren el mantenimiento del empleo que su
pérdida, que es lo que hemos visto con ustedes.

Los resultados de la anterior legislación los conocemos
todos, incluida su reforma del año 2010. Estamos empezando a ver los
resultados de la nueva, pero se tiene que hacer con un análisis riguroso,
en justa correspondencia no con el trabajo del Partido Popular, sino con
el esfuerzo que hace la sociedad en este proceso para evitar despidos. Le
insisto en que ustedes no lo vieron. Hubo 3 500 000 despidos con ustedes
y con la anterior legislación laboral. Se ha ralentizado la destrucción
de empleo aunque usted puede manejar los datos como quiera. Los datos de
la EPA del año 2008 pusieron de manifiesto que en una época en la que la
economía crecía se destruyeron 1 280 000 empleos. En el año 2012, con
recesión, decreciendo, se destruyeron 690 000. Lamentable, dramático,
pero esos son los datos. Eso ha sido gracias, entre otras cosas, a la
reforma laboral y a la solidaridad entre los ciudadanos. Se ha aumentado
—como he dicho-la flexibilidad interna, la negociación colectiva,
se reguló el contrato de emprendedores, se suprimió lo que ustedes
regularon, la encadenación indefinida de los contratos temporales que
ustedes regularon y establecieron en el año 2010, condenando a la
temporalidad a los trabajadores de este país. En la reforma laboral se
reformó el contrato de formación y aprendizaje, el de a tiempo parcial,
se reguló el teletrabajo, se están reformando las políticas activas de
empleo, se publica el plan anual de empleo, la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven, la formación dual, etcétera.

La política laboral del Gobierno es la reforma laboral,
pero es más que la reforma laboral. La reforma laboral a su vez no se
puede entender si no en el contexto del resto de reformas que ha puesto
en marcha el Gobierno con el objetivo de contener el déficit: reforma
financiera, Ley de Estabilidad Presupuestaria, Pago a Proveedores, Ley de
apoyo al emprendedor, reforma de la Administración, reforma tributaria
etcétera. Ustedes insisten en plantear este tipo de mociones porque no
quieren ver los cambios positivos que se están produciendo. No les
interesa. Les interesa más el discurso político, manejar el salario,
aumentar, disminuir, la ideología de derechas... A ustedes ese discurso,
en general, les interesa, pero es el discurso del siglo XIX. La sociedad
de hoy, la española, la del siglo XXI requiere otro tipo de discurso.

¿Es verdad lo que ha dicho usted sobre el Fondo Monetario
Internacional? En parte. Ha avanzado que la economía española crecerá el
segundo semestre. No lo estará haciendo tan mal el Gobierno, algo
estaremos haciendo bien. Eso se produce, sobre todo con el esfuerzo de
todos y dará los resultados que todos esperamos y queremos: el
crecimiento y la creación de empleo.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, en el siglo XIX se construyó el discurso del liberalismo del que
ustedes se supone que son defensores a ultranza y herederos. En el siglo
XIX había unas condiciones sociales y de trabajo inhumanas. A finales del
siglo XIX se empezó a reflexionar en nuestro país a partir de los
trabajos del Instituto de Reformas Sociales sobre la necesidad de crear
un derecho del trabajo; es decir, un cuerpo legal específico que regulara
las condiciones, las relaciones en un contrato, que es un contrato
diferente porque no es un contrato entre iguales, sino entre quien tiene
la capacidad de contratar y de pagar un salario y de quien tiene la
obligación de trabajar para poder vivir. Por lo tanto, la negociación no
es en términos de igualdad. Fue a partir de los trabajos de finales del
siglo XIX y principios del siglo XX como se fue articulando un cuerpo
legal que tenía carácter tuitivo; incluso durante la dictadura
franquista, represora de derechos y libertades, como reequilibrio de las
situaciones de falta de libertad que se daban se mantuvo ese carácter
tuitivo.

Es la destrucción del derecho del trabajo, y esa función
fundamental de superar las desigualdades que desde el momento cero, desde
el inicio de la negociación entre trabajadores y empresarios para
establecer y pactar las condiciones de trabajo, lo que dio lugar a la
necesidad de una negociación colectiva. Porque frente a la fuerza de uno
que tenía el capital y el poder de contratar era necesario, para el
reequilibrio, la fuerza de muchos juntos que establecieran una
negociación colectiva.

Ustedes, con esta reforma laboral que han puesto en marcha
han destruido las bases fundamentales de este sistema. Es cierto que se
mantiene la carcasa formal de la negociación colectiva, pero han hecho
una reforma que fortalece a una de las partes: a la parte del capital
frente a la parte de los trabajadores. Por lo tanto, si alguien nos
retrotrae al siglo XIX son ustedes; son ustedes y esta reforma laboral
que acaba con ciento y pico años de construcción de un sistema social que
garantizaba unas mínimas condiciones de trabajo, y la prueba está en los
datos que les hemos dado. No es que de repente los empresarios se hayan
vuelto malvados, no es que de repente los empresarios se hayan levantado
y hayan decidido un término del siglo XIX: explotar, explotar más a sus
trabajadores, es que ahora los empresarios pueden. Los empresarios pueden
porque hay un elevado nivel de desempleo que hace que haya mucha gente a
la puerta esperando para conseguir un puesto de trabajo, y que, como ya
no tienen la garantía de ese derecho del trabajo tuitivo que declaraba
determinados derechos irrenunciables frente al empresario, se ven
obligados a renunciar a esos derechos para tener un puesto de
trabajo.

En segundo lugar, ustedes les han dado el arma a los
empresarios. La crisis económica ha fortalecido su posición como
tenedores del capital, y la devaluación de las garantías de los
trabajadores en la negociación colectiva, que es fruto de su reforma
laboral, les ha dado ya el arma definitiva. Y no vale que el presidente
del Gobierno, como ocurre con los banqueros, diga a los empresarios: sean
ustedes buenos, no abusen de esa situación de superioridad que la crisis
y la reforma laboral —que ustedes les han dado— les ha
proporcionado, no exploten demasiado a los trabajadores, o como dicen a
los banqueros ahora: presten ustedes, por favor, presten. No, con el arma
que ustedes les han dado, los empresarios hacen lo que está en su
naturaleza. Los empresarios no son ONG, buscan maximizar su beneficio
como los trabajadores buscan aumentar su salario. Y durante esos ciento y
pico años hubo un punto de reequilibrio que fue el derecho del trabajo y,
dentro de este, la negociación colectiva. Ustedes han dinamitado ese
punto de equilibrio y ahora estamos viendo las consecuencias, para ahora
y, por desgracia, para mucho tiempo. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Eskerrik asko, presidente
jauna.

Señor Iglesias, me da la sensación muchas veces de que aquí
replicamos debates que se producen la víspera en el Congreso. Para la
preparación de este punto he estado leyendo el debate que hubo ayer en el
Congreso sobre la proposición no de ley relativa, precisamente, a la
negociación colectiva, donde otra vez volvieron a coincidir el portavoz
de Izquierda Plural, el señor Coscubiela, y el del Grupo Vasco, Emilio
Olabarria, ambos catedráticos de derecho del trabajo. Ambos, además,
tendentes siempre a hacer un análisis de la reforma laboral desde un
punto de vista cuasi filosófico, similar al que ha hecho el senador
Iglesias. Me encantaría tener tanto la formación como la verborrea con la
que cuenta mi compañero Emilio para poder dar una réplica a la altura de
las circunstancias, pero no es el caso, así que casi voy a mostrar mi
acuerdo con el fondo del debate respecto a la evolución del derecho al
trabajo en los últimos años y el impacto negativo que está teniendo la
reforma laboral.

Pero echo de menos un concepto en esa argumentación que
hace el senador Iglesias, y pese a que muestro ya desde ahora mi acuerdo
de fondo, tengo que discrepar en una cuestión y es que cuando hablamos de
negociación colectiva no podemos olvidar nunca que la negociación
colectiva es fundamentalmente un instrumento de acuerdo y de cooperación
entre diferentes.

Si precisamente se llega a un desarrollo normativo, y
también filosófico, desde el punto de vista de la necesidad de establecer
en el derecho de trabajo una relación tuitiva, una relación de protección
del trabajador en este caso, en el fondo lo que se busca es que haya
acuerdo. Y un acuerdo, evidentemente, tiene que estar siempre
contextualizado y tiene que responder siempre a las circunstancias del
momento. De ahí, que la negociación colectiva sea un instrumento de
acuerdo que se repita de forma periódica en el tiempo y en los diferentes
niveles.

Evidentemente, la negociación colectiva está o ha estado
hasta la reforma laboral estructurada en ámbitos geográficos y
sectoriales porque, evidentemente, las circunstancias no son iguales, sea
cual sea el ámbito geográfico o sectorial. Esa cuestión no la podemos
olvidar.

Entrando en la valoración concreta de la moción presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista, tengo que decir que durante la
tramitación parlamentaria de la reforma laboral mi grupo parlamentario ha
mantenido siempre una postura de rechazo frontal a la misma. En el
argumentarlo parlamentario que nosotros trabajábamos y que daba
fundamento a la justificación de las enmiendas que nosotros hemos
presentado, tanto en el Congreso como aquí, en el Senado, se han incluido
entre otras cuestiones los tres argumentos fundamentales que esgrime hoy
en día el Grupo Parlamentario Socialista en su moción.

Para empezar, cabe hablar de la unilateralidad manifiesta
propugnada por la reforma laboral siempre a favor de los empresarios;
también, de la devaluación de la negociación colectiva, concepto que ha
quedado incorporado a través de la enmienda del senador Iglesias; y la
cuestión de la reducción salarial.

A mi entender, la cuestión de la unilateralidad, favorable
siempre en este caso a la patronal y que la moción rechaza en el primer
punto de su parte expositiva, es el principal principio inspirador de la
propia reforma en todos sus ámbitos. En este sentido, es el principio que
subyace a las perversas consecuencias que mencionan los puntos 2 y 3 de
la propia moción. Por lo tanto, me voy a referir con mayor extensión a la
cuestión de la unilateralidad.

Como hemos mencionado antes, la reforma laboral nace con
dos objetivos fundamentales. Uno, la reducción salarial. Y dos, la
desregulación del despido. ¿Por qué? Pues porque Europa así lo ha venido
exigiendo y no solamente a España sino también a otros países del ámbito
europeo. Y eso es justo lo que no habría que hacer en época de crisis, lo
cual no quiere decir que nos tengamos que poner en posiciones máximas y
defender que hay que mantener el poder adquisitivo e incrementar los
salarios como si no hubiese crisis. Evidentemente, como he mencionado
antes, en función de los sectores económicos y geográficos a los que nos
estamos refiriendo, es la negociación colectiva la que tiene que marcar
con sentido hasta dónde se puede llegar, sea vía salarial o medidas
internas de flexibilización. Lo que no puede hacer una ley es adoptar el
papel que le corresponde, en este caso, a la patronal y a los sindicatos.
Lo que tiene que hacer una ley es dar un marco y una cobertura suficiente
para que, en función de las circunstancias territoriales y sectoriales,
sean los sindicatos y la patronal los que resuelvan el caso. Y lo que
tiene que hacer una ley es garantizar, sobre todo en periodos de crisis,
que los poderes públicos gocen de capacidad como agentes mediadores, otra
cuestión que se carga también la reforma laboral. En este sentido, cuando
hablamos de unilateralidad, nos referimos a una unilateralidad que
siempre va en perjuicio de la parte más desprotegida de la balanza.

Tenía más reflexiones que hacer en cuanto a las
implicaciones en el derecho del trabajo, en el que implicada está esta
relación laboral, pero no quiero dejar pasar mis últimos cuatro minutos
sin hacer referencia a una cuestión que nos preocupa mucho. Es evidente
que cuando en materia laboral grupos ideológicamente tan dispares como el
Grupo Parlamentario Vasco o Izquierda Unida coinciden en los criterios o
en el discurso no es porque haya una sintonía ideológica —creo que
es evidente que no es así—, sino que es porque en el fondo subyace
una preocupación importante por el trabajo. El trabajo para nosotros es
fundamental y su defensa, también. De ahí, la defensa acérrima que
hacemos de los principios inspiradores del derecho de trabajo. Y cuando
hablamos de trabajo hablamos de personas y cuando hablamos de negociación
colectiva, en el caso de las comunidades del País Vasco y Navarra,
estamos hablando, concretamente, de 320 000 asalariados que el próximo
día 7 de julio, al margen de que celebremos todos San Fermín, junto con
nuestros compañeros navarros, van a encontrarse con que es probable que
esos 320 000 asalariados se encuentren totalmente desprotegidos. Porque
276 000 de ellos dependen de los 95 convenios colectivos que están a
punto de expirar vía la derogación de la ultraactividad de los convenios
colectivos, y hay otros 46 000 vascos que están sujetos a convenios de
empresa, que también van a acabar caducando el próximo 7 de julio. ¿Qué
margen les queda?, ¿cuál va a ser a partir del 7 de julio su marco de
referencia para garantizar sus condiciones laborales? ¿El Estatuto de los
Trabajadores? ¿Un texto que por su propia naturaleza no llega a regular
todas las cuestiones relacionadas con las condiciones laborales?

Cuando hablamos de negociación colectiva —y lo vuelvo
a repetir— tenemos que hablar de acuerdo, y en este sentido me
habría gustado más una moción que instase tanto a patronal como a
sindicatos a alcanzar un acuerdo en el ámbito que sea, tanto territorial
como sectorial. Pero lo que no podemos obviar es que la reforma laboral
está poniendo frente a las cuerdas a 320 000

trabajadores vascos que a partir del 7 de julio se pueden
encontrar con que su marco salarial sea el regulado por ley como salario
mínimo interprofesional. Hasta ese nivel podríamos llegar.

Se han estado lanzando acusaciones sobre quién está más en
el siglo XIX, si el Partido Popular con su reforma laboral o si los de
Izquierda Unida con los planteamientos que están haciendo en términos de
capital y de manejo de los medios de producción, pero lo que sí es cierto
e innegable, y es una de las cosas que ayer se subrayaron cuando se habló
de negociación colectiva en el Congreso, es que hoy día, y es cierto y
lamentable que esto sea así, hay una serie de trabajadores, hombres y
mujeres que se van a encontrar sin convenio colectivo que les ampare o
sin ese paraguas que les permita un mínimo de garantías respecto de las
condiciones de trabajo, no solo salariales, sino también de flexibilidad
geográfica, de horarios, etcétera. Hoy en día un contrato mercantil o un
contrato civil puede ofrecer más garantías de lo que pueda suponer el
marco jurídico con el que se van a encontrar, que, como les digo, podría
darse la circunstancia de que tengan que recurrir incluso al Estatuto de
los Trabajadores.

Por tanto, hay volver a recuperar, en primer lugar, el
concepto de negociación colectiva como instrumento de acuerdo entre
partes evidentemente desiguales, si no, no haría falta ningún tipo de
acuerdo, y en segundo lugar, hay que volver a recuperar las competencias
de los órganos públicos para ejercer su función mediadora, evitando la
judicialización de las relaciones laborales, que es otro de los efectos
perversos que estamos viendo, y evitando, además, también que se dé la
posibilidad de que una sola de las partes tenga capacidad de bloquear
este proceso negociador.

Por ese motivo vamos a votar a favor de esta moción, porque
hace referencia a tres principios que a nuestro juicio subyacen en el
rechazo que ya manifestó en el debate parlamentario previo nuestro grupo
parlamentario hacia la reforma laboral.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señorías, yo creo que España tiene dos caminos. Podía haber
optado por coaligar a los países del sur de Europa, plantarse frente a
los poderes de Bruselas, pedir una consolidación fiscal compatible con el
relanzamiento económico u optar por aquello por lo que ha optado este
Gobierno, por el sálvese quien pueda.

España es un país del sur de Europa, y como el resto de
ellos, uno por uno, no tiene margen frente a los dictados de la troika.
No tenemos ningún tipo de margen. Somos un país deudor con acceso difícil
y caro al crédito, somos prisioneros de los países acreedores. No podemos
devaluar la moneda y estamos limitados en el uso activo de las políticas
de demanda.

¿Y cuál ha sido su opción? La devaluación interna. Esa es
la opción que ha tomado el Partido Popular. En el escenario europeo no se
ha arriesgado, no se ha jugado fuerte, hemos ido uno a uno, nos han
trinchado, y han optado por la opción de la devaluación interna. En el
escenario interno español, propio, también había dos caminos: se podía
haber convocado a la sociedad, proteger a los más débiles, contar con el
diálogo social, el reparto equitativo de los sacrificios, liberar
recursos y apostar por un nuevo modelo productivo. Ustedes, ¿qué opción
han elegido? ¿Cuál ha sido la opción del Gobierno de Rajoy? La reforma
laboral.

Con lo que he dicho hasta ahora puedo entender que haya
debate. Lo que ya no puedo entender es que entremos en un debate bastante
absurdo, poco razonable, sobre qué representa la reforma laboral y qué
representa la reforma laboral en lo que afecta a la negociación
colectiva, y a partir de ahí en lo que afecta a los salarios. Mire, si
una reforma laboral contempla el descuelgue de los convenios, si una
reforma laboral facilita el despido y lo abarata, y si una reforma
laboral prima el convenio de empresa por encima de convenios superiores,
ustedes están desequilibrando —lo ha explicado muy bien el senador
Iglesias— la correlación de fuerzas dentro de la empresa. Porque
ustedes no pueden olvidar que en España, de los casi tres millones de
empresas que tenemos hay dos millones y medio de empresas que son micros
y pequeñas, que están por debajo de los diez trabajadores. Y vuelvo a
insistir —lo he dicho mil veces en este plenario—: ¿alguien
se cree que hay una libre negociación en un taller con cinco
trabajadores? Si realmente se lo creen, es que están fuera de la
realidad. En un taller con cinco trabajadores está el amo, y un amo que

hoy dispone de un instrumento como es la reforma laboral,
que emplaza al trabajador a aceptar las nuevas condiciones o al
despido.

Ustedes eligieron la opción —antes lo explicaba la
senadora Peris— de una mayor flexibilización interna para evitar la
flexibilización externa, es decir, bajar salarios —hablando en
plata— para evitar despidos. Pero el problema es que con el repunte
de la recesión la reforma laboral ha servido para despedir y para
rebajar; y eso explica los datos, explica que estemos en un nivel de paro
tan alto, explica el crecimiento de los despidos en las empresas, y
explica también los datos respecto de los salarios. Los salarios en
España son un 15,34% más bajos que la media de la Unión Europea. Hemos
ido perdiendo poder adquisitivo desde el 2008. El senador Martínez-Aldama
lo decía: las rentas salariales, por primera vez en relación con la
riqueza, en relación con el PIB, están por encima de las rentas del mundo
del trabajo. El mismo Gobierno había previsto una rebaja de los costes
laborales unitarios del 3,5% en el 2012. Fue del 3,4. Es la única
previsión que ustedes clavan, en el resto de previsiones se han
equivocado. En la única que casi acertaron fue en la rebaja de los costes
laborales unitarios.

Según la OCDE, España está entre los países de la OCDE con
un mayor nivel de desigualdad salarial. De los datos de Hacienda se
extrae que tres de cada diez contribuyentes no alcanzan el salario
mínimo. El coste por hora trabajada ya lo ha explicado el senador
Iglesias. El coste laboral de las empresas bajó un 1,4% en los tres
primeros meses de 2013. El IPC general sube en mayo hasta el 1,7%. Y el
paro sigue creciendo, porque, si bien es cierto —lo digo por si la
senadora Peris tiene la tentación de comentarlo— que en mayo,
respecto de abril, hubo una mejora y accedieron al trabajo 98 265
personas, también hay que recordar que en mayo de 2013 en relación con
mayo de 2012 el paro se incrementó un 3,75%.

¿Cuáles son las conclusiones? Que los trabajadores están
pagando la crisis con la pérdida de empleo, con la reducción de sus
salarios, con el crecimiento de los impuestos y con el incremento de los
precios de los elementos básicos de consumo —transporte, gas, agua,
electricidad—, y esto representa en su conjunto una pérdida de
poder adquisitivo tremenda. Yo tampoco les voy a repetir lo que dicen
muchos economistas, pero debilitar el consumo interno es lo peor que nos
puede pasar de cara al relanzamiento de nuestra economía.

Yo justifico y apoyo esta moción porque coincido con ella y
porque sobre todo es una crítica frontal a las políticas del Gobierno del
PP. Este es el Gobierno de las tres erres: recesión, recortes y reforma
laboral. Ni la crisis ni el paro ni los despidos ni las rebajas
salariales son accidentes que todos lamentamos. Si hay crisis, si hay
paro y si hay despidos es porque se han tomado determinadas decisiones y
porque se ha optado por determinadas políticas. Optaron por la reforma
laboral, facilitaron el despido, lo abarataron, dieron manga ancha a los
empresarios para poder rebajar salarios, para poder descolgarse de los
convenios, para poder modificar las condiciones de trabajo, y debilitan a
los sindicatos.

Ustedes han desequilibrado las relaciones entre capital y
trabajo en la empresa, y eso va a ser así durante un tiempo. ¿Saben cómo
se va a reequilibrar otra vez? Con el conflicto, porque esta reforma
laboral va a ser generadora de conflicto. Y el conflicto, ahora, con el
miedo de la crisis, el paro, etcétera, a lo mejor es menor, pero se irá
incrementando porque los trabajadores no van a aceptar en España estar en
unas condiciones laborales tan deficitarias.

Ustedes pensaron, como he dicho antes, que con la reforma
laboral iban a atajar el número de despidos a cambio de rebajas
salariales, pero eso no ha sido así, y el triste corolario de todo esto
es que tenemos más despidos, más paro, menores salarios, más impuestos y
precios más elevados. Esta es la negativa realidad que sufre hoy la clase
trabajadora en España.

Su modelo es evidente desde el primer día. Ustedes creen
que la crisis conlleva unos costos que hay que pagar, ustedes creen que
la única manera de relanzar la economía es dejar las manos libres a los
empresarios, y por eso no hay una opción real de diálogo y han recortado
el papel de los sindicatos y los derechos de los trabajadores. Y ustedes
creen que la competitividad es la reducción de costes. Y a partir de ahí,
esta es la opción que han tomado, estas son las decisiones que van
llevando a cabo.

Antes hablábamos de en qué siglo estábamos. Todos estamos
en el siglo XXI y todos estamos en 2013, y la gran paradoja es que
Europa, en vez de exportar la sociedad del bienestar en el siglo

XXI, lo que está haciendo es importar la sociedad de la
precariedad. Y lo más lamentable es que la empresa importadora de la
sociedad de la precariedad en España se llama Partido Popular.

Señorías, con más del 25% de paro, por poco bien que lo
hagamos ustedes perderán las elecciones.

Gràcies, senyor president. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Guillot.

Por parte de CiU tiene la palabra la senadora señora
Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor
presidente.

Aquesta moció consta de tres punts. Exposarem la nostre
postura sobre cadascun d’ells. Pel que fa la punt 1 de la moció
presentada per el Grup Parlamentari Socialista, hem de dir que no hi
estem d’acord. I no hi estem d’acord per dos motius: en
primer lloc perquè entenem que els salaris són objecte de la negociació
col·lectiva i del consens entra l’empresa i el treballador, i en
segon lloc perquè la reforma laboral no és la culpable de tots els mals.
La seva aprovació era necessària, i si bé no ha tingut tots els efectes
positius que se’n esperaven, aquest Grup no està d’acord
tampoc de moment en la seva adequació parcial ni total.

Els eixos principals de la reforma, centrats en la
flexibilitat interna de les empreses com a recurs alternatiu als
acomiadaments, en la millora de l’ocupació dels treballadors en
nous drets de formació i en la consecució d’una nova estructura de
la negociació col·lectiva que ajudi a les empreses a adoptar les seves
condicions a les exigències del mercat, han suposat un canvi important en
la manera d’entendre les relacions laborals, que necessitarà més
recorregut per poder examinar els seus efectes. Tanmateix tenim
informació de pactes i acords entre la part social i empresarial en
termes de reducció salarial a canvi del manteniment de les plantilles
existents. La reducció salarial ha possibilitat evitar acomiadaments i
evitar fins i tot el tancament de moltes empreses. Sense aquesta
possibilitat, la taxa d’atur seria avui amb tota seguretat més
elevada.

La reforma laboral ha flexibilitzat el mercat de treball,
tot i que no ha creat ocupació. En el seu moment, el meu Grup va
considerar que era necessari que a Espanya es posés en marxa una nova
reforma del mercat de treball, orientada a millorar la posició
competitiva de les seves empreses i a corregir algunes de les disfuncions
del mercat de treball. En la perspectiva introduir elements de
flexibilitat per fer possible el manteniment de l’ocupació i que
marqués un camí de seguretat per el moment en que arribés la recuperació
econòmica, per crear ocupació. Però els impactes que pot tenir a mitjà i
llarg termini la reforma laboral, han d’anar acompanyats de mesures
a curt termini, enfocades a la immediata creació d’ocupació,
insistim i sempre insistim en el mateix, que és evident que la reforma
laboral no està comportant.

La reforma laboral havia de venir acompanyada d’una
reforma financera que permetés que les petites i mitjanes empreses
poguessin accedir al crèdit. També, apart de fer fluid el crèdit a les
empreses, que són les que creen ocupació, calia no deixar en situació de
caiguda lliure a moltes famílies que no tenen cap mena d’ingrés, i
no retallant polítiques actives d’ocupació, precisament tant
imprescindibles en aquests moments.

Davant d’aquesta situació, però, el Govern en lloc
d’incrementar les partides pressupostàries i les accions per
incentivar l’ocupació, ha portat a terme una forta retallada en
polítiques actives d’ocupació i en prestacions per desocupació. I
no ha dotat dels recursos necessaris a les comunitats autònomes i els
municipis per fer front als ajuts que ha de prestar a les persones en
situació de desocupació que han esgotat tots els subsidis.

Calia doncs, acompanyar la reforma laboral de mesures que
propiciessin l’accés al crèdit per petites i mitjanes empreses, i
sobre tot, un pla de xoc contra l’atur, que a hores d’ara no
hi és, ni se l’espera. Cal insistir que aquest grup parlamentari va
presentar fa tres mesos una moció sobre el pla de xoc a la Comissió de
Treball i Seguretat Social, i que a data d’avui encara no
s’ha pogut veure, donat que la seva presidenta no ha convocat la
Comissió.

Així doncs, podem repartir una mica les culpes, o les
responsabilitats, com millor prefereixin. El Partit Socialista per no
reaccionar a temps i deixar que el fantasma de l’atur s’anés
instal·lant, i el Partit Popular per reaccionar de forma parcial, buscant
l’acord per una reforma laboral que sols podia desplegar tots els
seus efectes positius si a la vegada, i de forma paral·lela, anava
acompanyada de mesures perquè el crèdit fluís per els autònoms i les
PIMES. I molt important: un

pla de xoc contra l’atur a nivell general, per tots
els col·lectius, no sols per els joves, que estan afectats, i de manera
molt intensa, sinó també per majors de 45 anys, per pares i mares de
família, per els no tan joves, que ja no poden ser considerats joves,
etc.

Bé, pel que fa al punt segon de la moció, estem
d’acord en que la negociació col·lectiva és un instrument
d’acord i pacte de rendes entre treballadors i empresaris, però
així ho constatem, perquè és una realitat en sí mateixa,no quelcom a
recuperar. De fet la negociació col·lectiva continua sent l’eina
bàsica sobre la qual gravita l’estructura de les relacions
laborals. De fet, les organitzacions empresarials i sindicals més
representatives en l’àmbit estatal, ja han arribat a un acord que
permeti trobar solucions per aquells convenis que finalitzen el període
d’ultraactivitat i encara no han arribat a un acord, apostant per
mecanismes com la mediació o el recurs de l’arbitratge voluntari.
També a Catalunya s’està treballant per aconseguir un acord en
aquesta mateixa línia, sempre fonamentat en la negociació col·lectiva com
a eix vertebrador de les relacions laborals al nostre país. A Catalunya,
l’acord interprofessional de 2011-2014, signat el novembre de 2011
per Foment del Treball, Comissions Obreres i UGT, disposa literalment:
«la negociació col·lectiva ha de tenir el criteri de que els salaris han
de vincular-se amb l’evolució econòmica de les empreses i sectors
d’activitat, el desenvolupament i situació dels mercats, inflació,
productivitat, la variació dels costos, les inversions i modernització
tecnològica, entre d’altres.

Per altra banda, en l’àmbit estatal, cal remarcar que
patronal i sindicats varen arribar a un pacte de rendes el gener del
2012. L’acord establia una pujada salarial del 0,5% per el 2012 i
del 0,6% per el 2013. I si bé introduïa una clàusula de despenjament,
obrint la porta a la flexibilitat interna pactada, seguint el model de
Catalunya, es va acordar que els salaris tinguessin un component
variable, lligat a la productivitat, i que l’empresari podria
disposar del temps de treball i canviar les funcions dels seus
treballadors. El acuerdo interconfederal para la negociación colectiva va
fixar una pujada salarial del 0,5% el 2012 i el 0,6% el 2013, que a la
pràctica, ja suposava un descens reals dels salaris, degut a la inflació.
A l’acord es preveia una complicada clàusula d’actualització
aplicable al final del exercici, que substituïa a la tradicional clàusula
de revisió salarial. I ja es va preveure que per el 2014 els salaris
haurien d’adaptar-se a la previsible millora de
l’economia.

Pel que fa al punt tres, si bé valorem positivament una
planificació a curt i mitjà termini per a la recuperació del poder
adquisitiu dels treballadors públics, considerem que la recuperació de
les rendes salarials és una matèria a tractar entre empresa i
treballadors, entre patronal i sindicats. Ha de ser objecte doncs, de
negociació col·lectiva. Així el Documento sobre diálogo social bipartito,
de 9 de gener de 2012, que va aglutinar les organitzacions empresarials i
sindicals més representatives en l’àmbit estatal, ja va establir
com a matèria que per la seva pròpia naturalesa correspon fonamentalment
als interlocutors socials, orientar l’evolució dels salaris per els
anys 2012, 2013 i 2014.

És per tot això que, tot i que podem estar d’acord
amb l’esperit de la moció presentada per el Grup Parlamentari
Socialista, no podem malauradament, votar a favor de la literalitat de la
mateixa, i per tant, ens abstindrem a la votació.

Muchas gracias señor presidente.

Esta moción consta de tres puntos, y expondremos nuestra
postura sobre cada uno de ellos.

Por lo que respecta al punto uno de la moción presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista, tenemos que decir que no estamos
de acuerdo. Y no lo estamos por dos motivos. En primer lugar, porque
entendemos que los salarios son objeto de negociación colectiva y del
consenso entre la empresa y el trabajador. Y en segundo lugar, porque la
reforma laboral no es la culpable de todos los males. Su aprobación era
necesaria, y si bien no ha tenido todos los efectos positivos que se
esperaban, este grupo tampoco está de acuerdo, de momento, en su
adecuación parcial o total.

Los ejes principales de la reforma, centrados en la
flexibilidad interna de las empresas como recurso alternativo a los
despidos, en la mejora de la ocupabilidad de los trabajadores con nuevos
derechos de formación y en la consecución de una nueva estructura de
negociación colectiva que ayude a las empresas a adaptar sus condiciones
a las exigencias del mercado, han supuesto un cambio importante en la
manera de entender las relaciones laborales que requerirá más recorrido
para poder examinar sus efectos. Sin embargo, tenemos información de
pactos y acuerdos entre

la parte social y empresarial en términos de reducción
salarial a cambio del mantenimiento de las plantillas existentes. La
reducción salarial ha posibilitado evitar despidos y ha evitado también
el cierre de muchas empresas. Sin esta posibilidad el índice de paro
sería hoy más elevado.

La reforma laboral ha flexibilizado el mercado de trabajo,
aunque no ha creado empleo. En su momento mi grupo consideró que era
necesario que España pusiese en marcha una nueva reforma del mercado
laboral orientada a mejorar la posición competitiva de sus empresas y a
corregir algunas de las disfunciones del mercado laboral, con la
perspectiva de introducir elementos de flexibilidad para hacer posible el
mantenimiento del empleo y que marcase un camino de seguridad para el
momento en que llegase la recuperación económica, para crear empleo. Pero
los impactos que puede tener a medio y largo plazo la reforma laboral han
de ir acompañados de medidas a corto plazo enfocadas a la inmediata
creación de empleo, que es evidente —y siempre insistimos en lo
mismo— que la reforma laboral no está conllevando.

La reforma laboral debía ir acompañada de una reforma
financiera que permitiese que las pequeñas y medianas empresas pudieran
acceder al crédito. También, aparte de hacer fluir el crédito a las
empresas, que son las que crean ocupación, era necesario no dejar en
situación de caída libre a muchas familias que no tienen ningún tipo de
ingresos, y no recortar políticas activas de empleo, tan necesarias en
estos momentos.

Ante esta situación, el Gobierno, en lugar de aumentar las
partidas presupuestarias y las acciones para incrementar el empleo, ha
llevado a cabo un fuerte recorte en políticas activas de ocupación y en
prestaciones para desempleo y no ha dotado de recursos necesarios a las
comunidades autónomas y a los municipios para hacer frente a las ayudas
que han de prestar a las personas en situación de paro que han agotado
todos los subsidios.

Era necesario, pues, acompañar la reforma laboral con
medidas que propiciasen el acceso al crédito para pequeñas y medianas
empresas, y sobre todo un plan de choque contra el paro, que en estos
momentos no existe y que desgraciadamente ni se le espera. Hay que
insistir en que este grupo parlamentario presentó hace tres meses una
moción sobre el plan de choque en la Comisión de Empleo y Seguridad
Social, que a fecha de hoy todavía no se ha podido ver dado que su
presidenta no ha convocado la comisión.

Así pues, podemos repartir un poco las culpas o las
responsabilidades, como lo prefieran: en el Partido Socialista, por no
reaccionar a tiempo y dejar que el fantasma del paro se fuese instalando,
y en el Partido Popular, por reaccionar de forma parcial, buscando el
acuerdo en una reforma laboral que solo podía desplegar todos sus efectos
positivos si a la vez, y de forma paralela, hubiera ido acompañada de
medidas para que el crédito fluyese para los autónomos y las pymes y
también de algo muy importante: un plan de choque contra el paro a nivel
general, para todos los colectivos, no solo para los jóvenes que están
afectados de manera muy intensa sino también para mayores de cuarenta y
cinco años, para padres y madres de familia, para los no tan jóvenes, los
que ya no pueden ser considerados jóvenes, etcétera.

Por lo que respecta al punto segundo de la moción, estamos
de acuerdo en que la negociación colectiva es un instrumento de acuerdo y
pacto de rentas entre trabajadores y empresarios, y así lo constatamos
porque es una realidad en sí misma, no como recuperación. La negociación
colectiva continúa siendo la herramienta básica sobre la que gravita la
estructura de las relaciones laborales. De hecho, las organizaciones
empresariales y sindicales más representativas a nivel estatal ya han
llegado a un acuerdo que permita encontrar soluciones para los convenios
que finalicen su período de actividad y aún no hayan llegado a un
acuerdo, apostando por mecanismos como la mediación o el recurso al
arbitraje voluntario. También en Cataluña se está trabajando para
conseguir un acuerdo en esta misma línea, siempre fundamentado en la
negociación colectiva como eje vertebrador de las relaciones laborales en
nuestro país. En Cataluña, el Acuerdo interprofesional de 2011-2014,
firmado en noviembre de 2011 por Fomento del Trabajo, Comisiones Obreras
y UGT, dispone literalmente: La negociación colectiva ha de atender al
criterio de que los salarios han de vincularse con la evolución económica
de las empresas y sectores de actividad, el desarrollo y situación de los
mercados, inflexión, productividad, variación de los costes, inversiones
y modernización tecnológica, entre otros.

Por otro lado, a nivel estatal hay que subrayar que
patronal y sindicatos llegaron a un pacto de rentas en enero de 2012. El
acuerdo estableció un aumento salarial del 0,5 para 2012 y del 0,6 para
2013, y se introducía una cláusula de descolgamiento. Y abriendo la
puerta a la flexibilidad

interna pactada, siguiendo el modelo de Cataluña, se acordó
que los salarios tuviesen un componente variable vinculado a la
productividad y que el empresario pudiera disponer del tiempo de trabajo
y cambiar las funciones de sus trabajadores. El acuerdo interconfederal
para la negociación colectiva fijó un aumento salarial del 0,5% en 2012 y
del 0,6 en 2013, que en la práctica suponía un descenso real del salario
debido a la inflación. En el acuerdo se preveía una complicada cláusula
al final del ejercicio que sustituía a la tradicional cláusula de
revisión salarial. Y ya se previó que para 2014 los salarios tenían que
adaptarse a la previsible mejora de la economía.

Por lo que respecta al punto tres, si bien valoramos
positivamente una planificación a corto y medio plazo para la
recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores públicos,
consideramos que la recuperación de la renta salarial es una materia a
tratar entre empresa y trabajadores, entre patronal y sindicatos, que
tiene que ser objeto de negociación colectiva. Así, el Documento sobre
diálogo social bipartito, de 9 de enero de 2012, que aglutinó a las
organizaciones empresariales y sindicales más representativas a nivel
estatal, ya estableció como materia que por su propia naturaleza
corresponde fundamentalmente a los interlocutores sociales orientar la
evolución de los salarios para los años 2012, 2013 y 2014.

Por todo ello, podemos estar de acuerdo con el espíritu de
la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, pero no
podemos votar a favor de la literalidad de esta. Por tanto, nos
abstendremos en la votación.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
senadora Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Martínez-Aldama.

El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Gracias, señor
presidente.

Señora Peris, yo no he hecho un discurso del siglo XIX, le
he dado datos de 2013; todos ellos. Es el discurso de la actualidad, y
usted no ha rebatido ni uno solo. ¿Es acaso mentira que hay un millón de
parados más? ¿Es acaso mentira que la rebaja media del sueldo ha sido del
8,5% el año pasado? ¿Es acaso mentira que por primera vez el aporte de la
renta empresarial supera la renta salarial? ¿Qué es mentira en mi
discurso, señora Peris? Ningún dato. Son datos de su gestión, de 2012 y
de 2013, de la realidad que vive y sobrevive en nuestro país. Y no ya al
siglo XIX, sino a antes del XIX nos llevan las políticas del Partido
Popular. Sus políticas, su reforma laboral, nos llevan a antes de la
Revolución francesa. (Rumores.) Sí, sí; ustedes quieren trabajadores
desprotegidos y sin derechos, y eso sí que es ir al siglo XVI; no al XIX,
al XVI. (Aplausos.) Y no engañen más a los españoles, porque ustedes
dicen: no, la rebaja salarial ha permitido que, vía negociación, se
mantengan los empleos. Falso. Hoy hay rebaja salarial, es verdad, y hay
un millón de parados más, también es verdad; luego es falso lo que
ustedes dicen. La rebaja salarial solo perjudica a los trabajadores y no
mantiene empleos. Tenemos un millón de parados más, señora Peris.