7.2. DICTÁMENES DE COMISIONES

7.2.1. Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del
litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas.

Comisión: Medio Ambiente y Cambio Climático

(Núm. exp. 621/000026)

8. TRIBUNAL DE CUENTAS

8.1. DICTÁMENES SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO

8.1.1. Declaración sobre la Cuenta General del Estado
correspondiente al ejercicio 2010, así como la Resolución adoptada por la
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

(Núm. exp. 770/000002)

Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS

9. COMISIONES ESPECIALES

9.1. SOLICITUDES DE CREACIÓN

9.1.1. Comisión Especial de Estudio para la observancia y
mejora de la calidad democrática.

(Núm. exp. 650/000005)

Autores: JOSÉ MIGUEL CAMACHO SÁNCHEZ (GPS) Y VEINTICUATRO
SENADORES MÁS

Página
5067

El señor Lerma Blasco defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.

El señor Bel Accensi defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

La señora Capella i Farré expone la posición de su grupo
respecto de las enmiendas.

En turno de portavoces intervienen los señores Montilla
Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Bel
Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió; Lerma Blasco, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Utrera Mora,
por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con la incorporación de la enmienda
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 15; en contra, 150; abstenciones, 75.

7. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

7.1. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

7.1.1. Proposición de Ley Orgánica de reconocimiento y
amparo de la pluralidad lingüística de España.

(Núm. exp. 622/000005)

Autor: GPEPC

5120

El señor Martí Jufresa defiende la toma en consideración de
la proposición de ley.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Agramunt
Font de Mora.

En turno de portavoces intervienen las señoras Capella i
Farré, por el Grupo Parlamentario Mixto, y Martínez Muñoz, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); así como los señores Martí
Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya;
Bagué Roura, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència
i Unió; Antich Oliver, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Agramunt
Font de Mora, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la toma en consideración por los siguientes
votos: a favor, 91; en contra, 147; abstenciones, 4.

7.2. DICTÁMENES DE COMISIONES

7.2.1. Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del
litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas.

Comisión: Medio Ambiente y Cambio Climático

(Núm. exp. 621/000026)

5134

La señora Ruiz Ruiz, presidenta de la comisión, presenta el
dictamen.

Se inicia el debate de las propuestas de veto al proyecto
de ley.

El señor Saura Laporta defiende la propuesta de veto número
4, presentada por los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Sabaté Borràs defiende la propuesta de veto número
5, presentada por la señora Almiñana Riqué, los señores Boya Alós,
Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs, así
como la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés
de Catalunya.

La señora Capella i Farré defiende la propuesta de veto
número 1, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por
dicha senadora.

El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto
número 2, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por
este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

El señor Fidalgo Areda defiende la propuesta de veto número
3, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Sanz
Cabello.

En turno de portavoces intervienen la señora Capella i
Farré y el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto;
así como los señores Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en
el Senado (EAJ-PNV); Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya; Maluquer Ferrer, por el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado Convergència i Unió; Fidalgo Areda, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y Aparici Moya, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.

Se procede a votar las propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, de los señores
Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 65; en contra,
153; abstenciones, 6.

Se rechaza la propuesta de veto número 5, de la señora
Almiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa,
Montilla Aguilera y Sabaté Borràs, así como la señora Sequera García, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes
votos: a favor, 65; en contra, 153; abstenciones, 6.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, del Grupo
Parlamentario Mixto, originariamente presentada por la señora Capella i
Farré, por los siguientes votos: a favor, 65; en contra, 154;
abstenciones, 6.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, del Grupo
Parlamentario Mixto, originariamente presentada por los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 65; en
contra, 153; abstenciones, 6.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, del Grupo
Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 65; en
contra, 154; abstenciones, 6.

Comienza el debate del articulado.

El señor Quintero Castañeda defiende las enmiendas números
26 a 42, 44 y 45, de este senador y el señor Zerolo Aguilar, del Grupo
Parlamentario Mixto.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas números
1 a 25, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por
este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

El señor Cazalis Eiguren defiende las enmiendas números 46
a 55, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Saura Laporta defiende las enmiendas números 83 a
100 y 101 a 123, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.

El señor Maluquer Ferrer defiende las enmiendas números 124
a 164 y 166 a 168, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió.

El señor Espadas Cejas defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista números 56 a 82 y la vuelta al texto remitido
por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 169 a
185, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y por la enmienda
transaccional formulada sobre la base de la enmienda número 165, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor López
Veiga.

En turno de portavoces intervienen los señores Unamunzaga
Osoro, Quintero Castañeda e Iglesias Fernández, por el Grupo
Parlamentario Mixto; Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en
el Senado (EAJ-PNV); Maluquer Ferrer, por el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado Convergència i Unió; Espadas Cejas, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y aparici Moya, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.

Se procede a votar.

Se rechaza la enmienda número 26, de los señores Quintero
Castañeda y Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto, por los
siguientes votos: a favor, 7; en contra, 154; abstenciones, 68.

Se rechaza la enmienda número 27, de los señores Quintero
Castañeda y Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto, por los
siguientes votos: a favor, 73; en contra, 153; abstenciones, 3.

Se rechaza la enmienda número 28, de los señores Quintero
Castañeda y Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto, por los
siguientes votos: a favor, 20; en contra, 207; abstenciones, 3.

Se rechaza la enmienda número 29, de los señores Quintero
Castañeda y Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto, por los
siguientes votos: a favor, 7; en contra, 219; abstenciones, 3.

Se rechazan las enmiendas números 30, 32, 39 y 40, de los
señores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario
Mixto, por los siguientes votos: a favor, 22; en contra, 139;
abstenciones, 67.

Se rechazan las enmiendas números 31 y 34, de los señores
Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto, por
los siguientes votos: a favor, 22; en contra, 205; abstenciones, 3.

Se rechazan las enmiendas números 33, 37 y 44, de los
señores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario
Mixto, por los siguientes votos: a favor, 86; en contra, 141;
abstenciones, 3.

Se rechaza la enmienda número 35, de los señores Quintero
Castañeda y Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto, por los
siguientes votos: a favor, 2; en contra, 225; abstenciones, 3.

Se rechaza la enmienda número 36, de los señores Quintero
Castañeda y Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto, por los
siguientes votos: a favor, 7; en contra, 154; abstenciones, 68.

Se rechaza la enmienda número 38, de los señores Quintero
Castañeda y Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto, por los
siguientes votos: a favor, 7; en contra, 220; abstenciones, 3.

Se rechaza la enmienda número 41, de los señores Quintero
Castañeda y Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto, por los
siguientes votos: a favor, 20; en contra, 207; abstenciones, 3.

Se rechaza la enmienda número 42, de los señores Quintero
Castañeda y Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto, por los
siguientes votos: a favor, 7; en contra, 141; abstenciones, 82.

Se rechaza la enmienda número 45, de los señores Quintero
Castañeda y Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto, por los
siguientes votos: a favor, 7; en contra, 154; abstenciones, 69.

Se rechazan las enmiendas números 1, 3 y 25, del Grupo
Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 3; en
contra, 158; abstenciones, 69.

Se rechazan las enmiendas números 2, 4 a 9, 12 y 14 a 16,
del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por los
señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por los siguientes
votos: a favor, 66; en contra, 159; abstenciones, 5.

Se rechaza la enmienda número 10, del Grupo Parlamentario
Mixto, originariamente presentada por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 86; en contra,
141; abstenciones, 3.

Se rechaza la enmienda número 11, del Grupo Parlamentario
Mixto, originariamente presentada por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 66; en contra,
159; abstenciones, 5.

Se rechazan las enmiendas números 13 y 22, del Grupo
Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 3; en
contra, 222; abstenciones, 5.

Se rechaza la enmienda número 17, del Grupo Parlamentario
Mixto, originariamente presentada por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 16; en contra,
146; abstenciones, 68.

Se rechazan las enmiendas números 18, 20 y 21, del Grupo
Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 86; en
contra, 141; abstenciones, 3.

Se rechaza la enmienda número 19, del Grupo Parlamentario
Mixto, originariamente presentada por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 21; en contra,
142; abstenciones, 67.

Se rechaza la enmienda número 23, del Grupo Parlamentario
Mixto, originariamente presentada por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 8; en contra, 141;
abstenciones, 80.

Se rechaza la enmienda número 24, del Grupo Parlamentario
Mixto, originariamente presentada por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 3; en contra, 217;
abstenciones, 10.

Se rechazan las enmiendas números 46, 49 y 52 a 55, del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes
votos: a favor, 86; en contra, 141; abstenciones, 3.

Se rechazan las enmiendas números 47, 50 y 51, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a
favor, 7; en contra, 207; abstenciones, 16.

Se rechaza la enmienda número 48, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 19; en
contra, 142; abstenciones, 69.

Se rechazan las enmiendas números 83, 89 y 91, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 71; en contra, 154; abstenciones, 5.

Se rechaza la enmienda número 84, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 81;
en contra, 146; abstenciones, 3.

Se rechazan las enmiendas números 85, 88, 90, 92 a 98 y
100, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los
siguientes votos: a favor, 67; en contra, 158; abstenciones, 5.

Se rechaza la enmienda número 99, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 80;
en contra, 141; abstenciones, 9.

Se rechazan las enmiendas números 101, 103, 107 y 123, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes
votos: a favor, 3; en contra, 160; abstenciones, 67.

Se rechazan las enmiendas números 102, 104 a 106 y 108 a
110, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los
siguientes votos: a favor, 66; en contra, 158; abstenciones, 5.

Se rechazan las enmiendas números 111, 116, 118 y 119, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes
votos: a favor, 84; en contra, 141; abstenciones, 5.

Se rechazan las enmiendas números 112 y 113, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 66; en contra, 159; abstenciones, 4.

Se rechazan las enmiendas números 114 y 120, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 3; en contra, 222; abstenciones, 5.

Se rechaza la enmienda número 115, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 16;
en contra, 146; abstenciones, 68.

Se rechaza la enmienda número 117, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 21;
en contra, 138; abstenciones, 67.

Se rechaza la enmienda número 121, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 8; en
contra, 141; abstenciones, 81.

Se rechaza la enmienda número 122, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 8; en
contra, 216; abstenciones, 5.

Se rechazan las enmiendas números 124, 125, 127, 129, 130,
132, 138 a 141, 144 a 149, 151, 152, 154 a 156, 158 a 163 y 166, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 20; en contra, 206; abstenciones, 3.

Se rechazan las enmiendas números 126, 128, 133 a 137, 142,
143, 157 y 167, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència
i Unió, por los siguientes votos: a favor, 20; en contra, 142;
abstenciones, 68.

Se rechazan las enmiendas números 150 y 153, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 84; en contra, 141; abstenciones, 5.

Se rechazan las enmiendas números 164 y 168, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 28; en contra, 197; abstenciones, 5.

Se rechazan las enmiendas números 56, 58 a 62, 64 a 66, 70
a 72 y 74 a 78, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes
votos: a favor, 66; en contra, 159; abstenciones, 5.

Se rechazan las enmiendas números 57, 63, 67 a 69 y 73, del
Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 71; en
contra, 153; abstenciones, 6.

Se rechaza la enmienda número 79, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 56; en contra, 165;
abstenciones, 9.

Se rechaza la enmienda número 80, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 85; en contra, 141;
abstenciones, 4.

Se rechaza la enmienda número 81, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 71; en contra, 154;
abstenciones, 5.

Se rechaza la enmienda número 82, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 66; en contra, 158;
abstenciones, 5.

Se rechaza enmienda del Grupo Parlamentario Socialista de
vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por la
enmienda número 174, del Grupo Parlamentario Popular, por los siguientes
votos: a favor, 88; en contra, 141; abstenciones, 5.

Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista
de vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por las
enmiendas números 172, 173, 175, transaccional sobre la

número 178, 181, 182 y 185, del Grupo Parlamentario
Popular, por los siguientes votos: a favor, 73; en contra, 155;
abstenciones, 4.

Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista
de vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por las
enmiendas números 176, 177 y 180, del Grupo Parlamentario Popular, por
los siguientes votos: a favor, 90; en contra, 141; abstenciones, 3.

Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista
de vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por las
enmiendas números 179, 183 y 184, del Grupo Parlamentario Popular, por
los siguientes votos: a favor, 74; en contra, 154; abstenciones, 5.

Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista
de vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por las
enmiendas números 169 a 171, del Grupo Parlamentario Popular, por los
siguientes votos: a favor, 77; en contra, 141; abstenciones, 16.

Se aprueba la enmienda transaccional sobre la base de la
enmienda número 165, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 141; en contra,
84; abstenciones, 3.

Se aprueba la propuesta de modificación del dictamen con
número de registro 37484, por los siguientes votos: a favor, 229; en
contra, 3.

Se aprueba la propuesta de modificación del dictamen con
número de registro 37509, sobre la enmienda número 131 del Grupo
Parlamentario Catalán Convergència i Unió, por los siguientes votos: a
favor, 158; en contra, 69; abstenciones, 3.

Se aprueba el resto del proyecto de ley por los siguientes
votos: a favor, 143; en contra, 77; abstenciones, 14.

El señor presidente informa de que, tal como dispone el
artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se
pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto
definitivo por S.M. el Rey.

8. TRIBUNAL DE CUENTAS

8.1. DICTÁMENES SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO

8.1.1. Declaración sobre la Cuenta General del Estado
correspondiente al ejercicio 2010, así como la Resolución adoptada por la
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

(Núm. exp. 770/000002)

Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS

5192

En turno a favor hace uso de la palabra el señor Parro del
Prado.

En turno de portavoces intervienen el señor Bruguera
Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Bel
Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió; Sen Vélez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Parro del
Prado, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba el dictamen con la Resolución propuesta por la
Comisión Mixta por los siguientes votos: a favor, 211; en contra, 2.

9. COMISIONES ESPECIALES

9.1. SOLICITUDES DE CREACIÓN

9.1.1. Comisión Especial de Estudio para la observancia y
mejora de la calidad democrática.

(Núm. exp. 650/000005)

Autores: JOSÉ MIGUEL CAMACHO SÁNCHEZ (GPS) Y VEINTICUATRO
SENADORES MÁS

5199

En turno a favor interviene el señor Ortiz Molina.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Sanz
Pérez.

En turno de portavoces intervienen la señora Martínez
Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), y los
señores Sabaté Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; Cleries i Gonzàlez, por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió; Ortiz Molina, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y Sanz Pérez, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

Se rechaza la solicitud de creación de la comisión por los
siguientes votos: a favor, 63; en contra, 128.

Se levanta la sesión a las veinte horas y veinticinco
minutos.

Página
5075

minutos—, han sido violadas en una zona donde la
violencia sexual se utiliza como arma de guerra. Se producen contagios
voluntarios de sida, fístulas vaginales, lesiones gravísimas en los
aparatos genital y digestivo de las mujeres y traumas psicológicos de muy
difícil superación. Como destacó Radio Nacional de España, toda mujer,
desde niñas de dos años a personas mayores de setenta años, corre
potencialmente el peligro de ser violada. Muchas de estas violaciones,
señorías, no se denuncian por el temor que tienen algunas mujeres al
rechazo social y familiar.

Pero debemos congratularnos todos, porque el pasado 11 de
abril se acordó en Londres, en una reunión de los ministros de Asuntos
Exteriores del G8, equiparar la violación a un crimen de guerra,
considerándola como una infracción muy grave a efectos de la Convención
de Ginebra y, también, establecer una partida de 27,5 millones de euros
para luchar contra las agresiones sexuales en los conflictos bélicos.
Según la ONG Save the Children, el 80% de las víctimas de estos abusos y
violaciones en los años 2011 y 2012 tenían menos de 17 años.

Otro gravísimo atentado a los derechos humanos se produce
por el reclutamiento forzoso de niños y niñas para servir como soldados
en los ejércitos y en los grupos guerrilleros de la zona. Estos menores,
algunos de 9 años, son utilizados para cometer actos de una violencia
extrema y sufren malos tratos, vejaciones y violaciones, y las niñas en
muchas ocasiones son obligadas a servir de esclavas sexuales. También
continúan produciéndose ataques a campamentos de refugiados y
desplazamientos forzosos de unas poblaciones que no conocen la paz desde
hace décadas.

La Unión Europea, a la que pertenecen las antiguas
potencias coloniales de la zona, tienen la obligación moral de intervenir
en la medida de sus posibilidades para intentar poner fin a una situación
de genocidio y de violación de los derechos humanos que dura ya muchos
años y que perjudica muy gravemente las posibilidades de desarrollo
económico y social de la región, y España no debe quedar al margen de ese
objetivo.

Por este motivo el Grupo Parlamentario Popular preparó una
moción que posteriormente, gracias a una negociación que yo agradezco muy
especialmente a todos los grupos, se ha convertido en una enmienda
transaccional que ha sido ya presentada. El texto de la moción, una vez
incorporada la enmienda transaccional, es el siguiente.

En primer lugar, proponemos al Consejo de Ministros de
Asuntos Exteriores de la Unión Europea la máxima cooperación, con
celeridad y con eficacia —son importantes estas dos
palabras—, con las Naciones Unidas en las misiones de
estabilización y seguridad en la República Democrática del Congo y en las
que pudieran establecerse en la República Centroafricana.

En segundo lugar, apoyar la recomendación del Parlamento
Europeo del pasado 18 de abril, dirigida al Consejo, a la Comisión y a
los Estados miembros, sobre la aplicación del principio de las Naciones
Unidas «responsabilidad de proteger», para contribuir a un mundo más
pacífico basado en la protección de las poblaciones que sufren los
crímenes de la guerra y en la responsabilidad de los Estados y de la
comunidad internacional al respecto.

En tercer lugar, incluir entre las prioridades de la
cooperación multilateral española al desarrollo la protección y ayuda de
las personas afectadas o desplazadas por los enfrentamientos armados en
general, e impulsar en el marco de la Unión Europea la citada
prioridad.

En cuarto lugar, promover que las instituciones de la Unión
Europea dediquen una especial atención y pongan en marcha iniciativas
para combatir la violencia sexual contra las mujeres y el reclutamiento
de niños como soldados en los países de África Central y en la Región de
los Grandes Lagos, e impulsar que dentro de la Agencia de Cooperación
Internacional los tratados y acuerdos que aborden la prevención de la
utilización de niños y niñas como soldados, así como la rehabilitación y
reintegración en la sociedad de estos menores que han sido víctimas de
estas rechazables actuaciones, sean una prioridad dentro de las agencias
española y europea de cooperación internacional, estableciendo
condicionamientos en la ayuda al desarrollo en base a la cooperación, o
no, de los países en los que están acreditadas estas prácticas tan
rechazables, y la colaboración para que sean erradicadas.

En quinto lugar, plantear en el marco de la Unión Europea
la necesidad de reclamar de las empresas mineras que trabajan en la
región, tanto en explotación y manufacturación como en utilización de las
riquezas mineras, una mayor responsabilidad social corporativa en el
desarrollo de su actividad, especialmente en lo referente al trabajo de
menores y al desarrollo sostenible de la región, y promover la aplicación
efectiva de las orientaciones del Informe Ruggie sobre principios

rectores, sobre empresas y derechos humanos de Naciones
Unidas, el control del comercio de armas a través de las legislaciones
nacionales y el código de la Unión Europea al respecto, impulsando la
ratificación y aplicación del Tratado Internacional sobre Comercio de
Armas, aprobado por la Asamblea de Naciones Unidas el pasado 2 de abril
de 2013.

Finalmente, y esto es una solicitud especial del Grupo
Convergència i Unió, solicitar a la Unión Europea que sus instituciones
continúen apoyando la labor de Awepa —Asociación de Parlamentarios
Europeos para África— en sus objetivos de consolidar la democracia
y los derechos humanos en el continente africano.

Hemos sido capaces todos los grupos parlamentarios de esta
Cámara de ponernos de acuerdo en algo que verdaderamente llama a nuestras
conciencias, que parece, de alguna forma, que queda lejos de las
preocupaciones inmediatas de los españoles, pero que constituye un
permanente atentado a los derechos humanos que no debemos ignorar.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Peral.

Senador Losada, la enmienda transaccional que ha anunciado
el senador Peral todavía no ha llegado a la Mesa, por lo tanto tiene
usted derecho a defender su enmienda.

El señor LOSADA DE AZPIAZU: Estamos de acuerdo con la
enmienda transaccional, e imagino que en el transcurso del debate llegará
a la Mesa, por lo que declino de defender la enmienda.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Losada.

Entiendo que no hay turno en contra.

Pasamos, por tanto, al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías.

Anuncio la abstención de los dos senadores de Izquierda
Unida, no por lo que dice la moción, que, efectivamente, nos parece un
avance sobre lo inicialmente planteado, sino por lo que no dice.

Reconocer los crímenes contra la humanidad que se están
cometiendo en África, como en otros conflictos a lo largo del mundo, y a
la vez no hacer una reflexión sobre las motivaciones y los intereses
económicos que dan lugar a esos conflictos, y por lo tanto a los crímenes
que se producen en ellos, amparándose en el manido concepto de la
intervención humanitaria, nos parece que es un ejercicio de fariseísmo.
No reflejar en la moción que esos mismos Estados que expresan su
preocupación por esos crímenes, que esos mismos Estados que reflexionan
sobre la necesidad de realizar una intervención humanitaria para acabar
con ellos, se benefician económicamente, a través de sus multinacionales,
de las materias primas, que son precisamente el origen del conflicto,
proporcionan las armas imprescindibles para que esos conflictos se
desarrollen e importan esas materias primas para sostener su industria,
es un ejercicio de fariseísmo. Que esos mismos Estados intervengan bajo
la coartada humanitaria, no tanto por la preocupación humanitaria, no
tanto para proteger los derechos humanos de esas víctimas, sino para
sostener y mantener sus intereses económicos y garantizar el suministro
de esas materias primas, no sea que el conflicto se vaya de las manos y
acabe derivando en la imposibilidad de apropiárselas, es un ejercicio de
fariseísmo.

Por todo ello, nosotros nos abstendremos en la votación de
esta moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Presidente jauna, senatari
jaun-andreok. Lau puntu horiek irakurriz, edozein gizaki hunkitu behar da
Belgika eta Frantzia bezalako europar herrialde garrantzitsuek utzitako
herentzia kolonialaren aurrean. Herentzia kolonial beldurgarria, bi
herrialde hauek besteengan utzitako min eta herentziaren aurrean,
bereziki sentiberagoak izatera mugitu beharko lituzkeena. Gehikuntza
emendakin bat izango balitz, Frantziak eta Belgikak plus kolonial

bat jartzea eskatu beharko litzateke, beraien presentzia
bidegabeek eta arrazistek aberastasuna eta etorkizuna lapurtu zieten
herrialdeei. Ez ziren gai izan erabili eta botatzeko objetu bizigabetzat
hartzen zuten jendea balore eta demokrazian hezteko.

Testuinguru honetan, emakume eta haurren egoera bereziki
patetikoa da. Hau dela-eta hirugarren puntuaren alde egingo dugu; eta,
laugarrenari dagokionez, oso labur geratzen dela iruditzen zaigu Kivú
inguruko meatzetako aberastasunak ustiatzen dituzten enpresei
erantzukizun sozial korporatiboa eskatzen zaienean. Badirudi erregu bat
dela agindu moral bat izan behar lukeneean. Ez erantzukizun handiago bat,
baizik eta erantzukizun osoa

Bestalde, deigarria da PPko Gobernuak kooperaziorako
aurrekontua horrenbestean gutxituta, mozio hauekin agerian geratzen dela
zelako errakuntza izan den bankuei lagundu eta mota honetako laguntzak
ezabatzen dituen murrizketen politika hau, gizaki legez derrigorrezkoak
zaizkigun laguntzak, askatasun eta beharrizan guztiak solidarioak
direlako.

Señor presidente, señorías, leyendo sus cuatro puntos
cualquier ser humano se tiene que estremecer ante la herencia colonial
dejada por países de Europa tan importantes como Bélgica y Francia. Una
herencia colonial horrorosa que les debería mover a estos dos países a
ser especialmente sensibles al dolor ajeno y también a la herencia
dejada. Y si de una enmienda de adición se tratara, habría que solicitar
que Francia y Bélgica pusieran el plus colonial que su injusta y racista
presencia les supuso a unos pueblos a los que, encima, se les robó su
riqueza y se les robó su futuro. No fueron capaces de educar en valores y
en democracia a personas a las que consideraban objetos inanimados de
usar y tirar.

En este contexto, la situación de las mujeres y de los
niños es especialmente patética, por lo que apoyamos especialmente el
punto tercero. Y en relación al cuarto, nos parece que se queda muy corto
cuando se les pide a las empresas que explotan las riquezas mineras de la
zona de Kivu una mayor responsabilidad social corporativa. Parece un
ruego cuando en realidad debería ser una orden moral. Nada de una mayor
responsabilidad, sino una total responsabilidad.

Por lo demás, llama la atención que, reducido tan
dramáticamente el presupuesto de cooperación por parte del Gobierno del
PP, con estas mociones se nos indica el error que ha supuesto esta
política de recortes que ayuda a los bancos y anula ayudas de este tipo
que, como miembros del género humano, nos son obligadas porque todas las
libertades y todas las necesidades son solidarias.

Señor presidente, como me quedan siete minutos y he visto
que el senador Rabanera no se ha puesto el pinganillo, para que se entere
de lo que queremos decir respecto a esta moción del Grupo Popular, lo voy
a exponer en castellano.

Señor Peral, leyendo sus cuatro puntos cualquier ser humano
se tiene que estremecer ante la herencia colonial dejada por países de
Europa, entre ellos España, pero no solo España, sino fundamentalmente
países tan importantes como, en este caso que usted plantea, Bélgica y
Francia; una herencia colonial horrorosa que debería mover a estos dos
países a ser especialmente sensibles al dolor ajeno y a la herencia
dejada. Y si de una enmienda de adición se tratara —que quizás en
nuestro caso podíamos haber trabajado, aunque también hemos suscrito la
enmienda que se ha presentado por todos los grupos parlamentarios, porque
además la iniciativa es lógica y es necesaria— habría que solicitar
que Francia y Bélgica pusieran el plus colonial que su injusta y racista
presencia les supuso a unos pueblos a los que, encima, se les robó su
riqueza y fundamentalmente se les robó su futuro. No fueron capaces estos
dos países de educar en valores y en democracia a personas a las que
consideraban objetos inanimados de usar y de tirar.

En este contexto, la situación de las mujeres y de los
niños es especialmente patética, por lo que apoyamos especialmente el
punto tercero. Y en relación al cuarto, nos parece que se queda quizás un
poco corto cuando se les pide a las empresas que explotan las riquezas
mineras de la zona de Kivu una mayor responsabilidad social corporativa.
Parece un ruego, cuando debería ser una especie de gran orden moral. Nada
de una mayor responsabilidad, sino una total responsabilidad, porque
estas empresas tienen responsabilidad; no solamente se explotan recursos
humanos y públicos, se tiene que reconocer que lo que están haciendo en
África es un auténtico expolio.

Por lo demás, y finalmente, señor presidente, llama la
atención que, reducido tan dramáticamente el presupuesto de cooperación
por parte del Gobierno, con estas mociones se

nos indican, quizás, el error que ha supuesto esta política
de recortes, que da la impresión de que solo ayuda a los bancos y anula
ayudas de este tipo tan necesarias que, además, como miembros del genero
humano, nos son obligadas porque todas las libertades y todas las
necesidades son solidarias y no podemos permanecer ajenos a lo que ocurre
en África.

En estos días ha ocurrido un atentado terrible en Boston,
han fallecido personas, se ha herido a otras, y todos los días es
noticia. Desgraciadamente, lo que ocurre en África no es noticia y lo que
vamos a discutir en este primer punto del orden del día de hoy,
miércoles, tampoco va a ser noticia. Aquí los medios de comunicación no
están, no interesa. Tiene que ser algo que ocurra en los Estados Unidos
para que estos hechos se sigan. Sin embargo, esta iniciativa que ustedes
han propuesto nos parece importante y la vamos a apoyar.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gràcies, senyor president.

Senyores i senyors senadors, estem davant d’una
proposta que afecte un tema d’extrema gravetat, un tema
d’importància estratègica en l’àmbit internacional. En aquest
sentit, la iniciativa del senador Peral és de lloar i, per això, hem
subscrit l’esmena transaccional que es plantejava.

Estem parlant d’un conflicte que, com es diu
l’exposició de motius de la moció, que s’arrossega fa
dècades, que ha comportat milions de morts, que n’està comportant
encara avui i que realment també té afectacions realment terribles, tot i
que segurament no hi ha res més terrible que la mort, com és
l’afectació als nens soldats o les afectacions a les dones violades
o sotmeses a l’esclavatge sexual. Per tant, estem parlant
d’una situació tremendament dramàtica. Fa uns moments al·ludia a
això el senador Anasagasti en parlar precisament d’aquesta doble
moral quan ens referim a situacions criminals al primer món i hi ha
milions de persones afectades per aquests crims, i sembla que ho tractem
amb menor rellevància respecte a altres situacions.

Per tant, tot allò que puguem fer és important, és
important instar el Govern, i sobretot és un oportunitat que hem
d’aprofitar perquè el Govern espanyol, sempre dins del marc de la
Unió Europea, sempre dins d’aquest marc, insisteixo, i evidentment
col·laborant amb les missions de Nacions Unides, tal com estableix la
moció i sobretot la transaccional signada, pugui comportar accions
efectives. I voldria referir-me especialment a això.

Si algun defecte té la moció —i ja dic que la
compartim i la votarem— és precisament la manca de concreció;
certament és concreta en molts aspectes, i és important l’exposició
de motius, però hauríem de ser capaços —i insto la Cambra i els
grups parlamentaris a fer-ho en una ocasió no molt llunyana—,de
concretar propostes amb accions específiques que contribueixin a alleujar
el patiment d’aquestes persones. Sens dubte, hauríem de ser capaços
de concretar actuacions mitjançant el Fons Espanyol de Cooperació i el
fons de cooperació internacional d’ajuda al desenvolupament,
precisament per contribuir, per exemple, a la reinserció de nens soldats
o a la reinserció de dones que han estat violades o que han patit
agressions sexuals i que requereixen un esforç important, des del punt de
vista internacional, per poder reintegrar-se a la societat.

No hauríem d’abandonar, doncs, aquesta qüestió i
hauríem d’avançar en aquesta concreció, ja que la preocupació que
expressem aquí, en aquest debat, i en la resolució que aprovarem,
realment comporta una millora per a les persones que pateixen aquestes
actuacions. No n’hi ha prou amb la reflexió, tot i que la reflexió
és important i necessària; hem de instar el Govern, i sempre en el marc
de la Unió Europea, perquè d’aquesta manera la nostra actuació serà
més efectiva. Però l’Estat espanyol també pot exercir accions
concretes precisament a partir d’aquest ajuda al desenvolupament,
l’ajuda a la cooperació i al desenvolupament internacional per
aconseguir, encara que sigui amb accions més petites, millorar les
condicions de vida d’aquestes persones. En qualsevol cas, insistim
que l’assumpte és d’una extraordinària importància. Compartim
la preocupació del senador Peral i l’expressada per tots els grups
en la transaccional.

Evidentment, votarem a favor d’aquesta proposta.

Gràcies.

Gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores, nos encontramos ante una
propuesta que afecta a un tema de suma gravedad, un tema de importancia
estratégica en el ámbito internacional, y en este sentido, la iniciativa
del senador Peral es loable. Por ello, hemos suscrito la enmienda
transaccional que se ha planteado.

Hablamos de un conflicto que, como se apunta en la
exposición de motivos de la moción, se arrastra desde hace décadas, ha
comportado, y sigue haciéndolo, millones de muertos y también tiene
afectaciones terribles, aunque seguramente no hay nada más terrible que
la muerte, pero sí son terribles la afectación de niños soldados y de
mujeres violadas o sometidas a la esclavitud sexual. Por tanto, estamos
hablando de una situación tremendamente dramática. Hace unos momentos
aludía a ello el senador Anasagasti al hablar precisamente de esta doble
moral cuando nos referimos a situaciones criminales en el primer mundo y
a millones de personas afectadas por estos crímenes, y parece que lo
tratamos con menor relevancia respecto a otras situaciones.

Por lo tanto, todo aquello que podemos hacer es importante,
es importante instar al Gobierno, y sobre todo es un oportunidad que
debemos aprovechar para que el Gobierno español, siempre dentro del marco
de la Unión Europea, siempre dentro de este marco, insisto, y colaborando
con las misiones de Naciones Unidas, tal como establece la moción y la
transaccional también, pueda realizar acciones efectivas. Y quisiera
referirme especialmente a esto.

Si algún defecto tiene la moción —y digo que la
compartimos y la vamos a votar— es precisamente la falta de
concreción; sí es concreta en muchos aspectos; es importante la
exposición de motivos, pero deberíamos ser capaces —e insto a la
Cámara y a los grupos parlamentarios a que en una ocasión no muy lejana
lo seamos— de concretar propuestas con acciones específicas que
contribuyan a aliviar el sufrimiento de estas personas. Sin duda,
deberíamos ser capaces de concretar actuaciones mediante el Fondo Español
de Cooperación y el fondo de cooperación internacional de ayuda al
desarrollo, precisamente para contribuir, por ejemplo, a la reinserción
de niños soldados o a la reinserción de estas mujeres que han sido
violadas o que han sufrido agresiones sexuales y que requieren un
esfuerzo importante, desde el punto de vista internacional, para poder
reintegrarse en la sociedad.

No deberíamos abandonar, pues, esta cuestión y deberíamos
avanzar en esa concreción, ya que la preocupación que expresamos aquí, en
este debate, y en la resolución que vamos a aprobar comporta
efectivamente una mejora para las personas que sufren estas actuaciones.
No basta con la reflexión, aunque la reflexión es importante y necesaria;
tenemos que instar al Gobierno y siempre en el marco de la Unión Europea,
porque de esta forma nuestra actuación será más efectiva. Pero el Estado
español también puede desempeñar acciones concretas precisamente a partir
de esta ayuda al desarrollo, la ayuda a la cooperación y al desarrollo
internacional para conseguir, aunque sea con acciones menores, mejorar
las condiciones de vida de estas personas. En cualquier caso, insistimos
en que el asunto es de suma importancia. Compartimos la preocupación del
senador Peral y la expresada por todos los grupos en la
transaccional.

Evidentemente, vamos a votar a favor de esta propuesta.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maldonado.

El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías; aunque para un barcelonista como el
que les habla no es la mejor forma de empezar el día después del partido
de ayer. Pero aparquemos el fútbol y entremos en lo importante, que es la
materia parlamentaria.

Iniciem el debat d’aquesta moció que pretén
essencialment quatre objectius. Primer, que Europa ajudi a estabilitzar i
donar seguretat a la zona ara en conflicte de les Repúbliques del Congo i
Centreafricana, encara que podríem parlar també d’altres països com
Rwanda, Uganda, Sudan i un llarg etcètera. Segon, ajudar les persones
afectades pels conflictes bèl·lics d’aquestes zones. Tercer, posar
en marxa iniciatives per evitar la violència sexual, tan freqüent,
malauradament, en aquests enfrontaments, i evitar que es reclutin nens
per convertir-los en nens soldats. I quart i

últim punt, intentar que les empreses que cooperen a la
zona no utilitzen a menors d’edat com a mà d’obra i que, a
més, tinguin una major responsabilitat social corporativa.

Voldria començar la meva intervenció agraint al senador del
Grup Parlamentari Popular, el senyor Luís Peral, diverses qüestions.
Sobretot, el seu esforç ingent per arribar a un acord unànime.
Malauradament, no estem acostumats en aquesta Cambra a les unanimitats
polítiques i atès que aquesta moció no és partidista ni té ànim de
partit, sinó que afecta persones, al seu patiment i els seus sentiments,
li agraeixo al senyor Luís Peral el seu esforç per arribar a aquesta
unanimitat que hem aconseguit. No ha estat fàcil, segur, però s’ha
aconseguit.

Voldria agrair també el fet que hagi acceptat la nostra
transacció, tenint en compte que el grup que jo represento ha pogut
introduir una esmena en la qual es demana el suport de les institucions
europees a la tasca de l’Awepa, l’Associació de Parlamentaris
Europeus per Àfrica. Com a responsable de Awepa Espanya, aquesta és una
bona oportunitat per mi per deixar constància en el Diari de Sessions de
la tasca d’aquesta entitat, formada per més de 1550 parlamentaris
de tot Europa, de tot l’arc parlamentari europeu i, per tant, amb
representació de tots els parlaments europeus, una entitat en la qual el
Parlament i el Senat espanyol també són presents amb un grup nombrós de
senadors i diputats que formen part d’Awepa Espanya, que
m’honoro presidir.

Fa anys que aquesta organització treballa per assolir els
mateixos objectius que té aquesta moció. Per això, hem demanat la
introducció de l’últim punt: el reconeixement i el suport a la
Awepa, és a dir, la consolidació de la democràcia i els drets humans en
el continent africà, un bell continent però farcit de problemes socials,
de misèria i de lluites per les llibertats i per les vides de les
persones.

La moció del Grup Parlamentari Popular, quant a la violació
de drets humans a la República del Congo i de la República
Centreafricana, té, com totes les mocions, punts febles i punts forts,
aspectes positius i aspectes negatius. El meu grup parlamentari valora
positivament quatre dels punts expressats. Un, col·laborar en missions
d’estabilitat i seguretat. Dos, incloure com a prioritat la
cooperació de l’Estat. Tres, promoure a les institucions de la Unió
Europea a combatre aquests crims. I quatre, acabar amb les dones i els
nens explotats a les mines i també, evidentment, amb la violència
sexual.

Punts febles. Què falta? Ens agradaria que aquesta moció no
se centrés exclusivament en aquests dos països, ja ho he dit abans: hi ha
altres països. Hem esmentat Uganda, Rwanda, Sudan però, malauradament, al
continent africà hi ha molts més.

Sigui dit de passada —encara que no sigui motiu
d’aquesta moció— el meu grup parlamentari segurament
introduirà una nova moció perquè pensem que caldria posar l’accent
en altres països també, com els d’Amèrica Llatina, amb els quals
l’Estat espanyol té més contacte i relació per raons històriques, i
emplacem al Grup Parlamentari Popular que aquesta propera moció pogués
també parlar de situacions semblants en el continent i en els països
d’Amèrica Llatina.

Pel mateix motiu, vull fer extensiu a tots els continents
la denúncia de la utilització forçosa de dones i nens a les mines, i la
promoció de sancions a les empreses que la practiquen. És una vergonya
aquesta situació d’abús laboral en mines en què hi ha grans
riqueses, usant la misèria humana i esclavitzant a dones i menors
d’edat.

Si ens centrem en els dos països a què es refereix la
moció, la República Democràtica del Congo i la República Centreafricana,
destaca el conflicte permanent que pateixen aquests països i, sobretot,
els centenars de milers de persones que pateixen la persecució, la
violència, desplaçaments, etcètera, i sempre dins d’aquesta
població destaca el segment més feble, més vulnerable, que són les dones
i els nens i les nenes.

He dit abans que podríem parlar d’Uganda, de Rwanda,
de Sudan i de molts altres països, però parlaré essencialment de la
República Democràtica del Congo i de la República Centreafricana, als
quals es refereix aquesta moció. Segons informació de les Nacions Unides
i d’algunes ONG presents en el terreny, veiem que hi ha grups
armats que vulneren els drets humans, especialment el grup armat LRA, que
està present en aquests dos territoris.

A títol de resum, però que il·lustra perfectament el drama
humà, observem que a la República Democràtica del Congo, en les zones o
districtes de l’Alt Uelé i del Baix Uelé, el 25% d’aquesta
població, sobretot a l’Alt Uelé, ha hagut de desplaçar-se, de
fugir, i el 45% dels que vivien al Baix Uelé també ha hagut de fugir
davant la violència d’aquest grup armat. A la República
Centreafricana constatem que l’LRA també té presència i, entre
altres coses, ha limitat l’accés a l’ajuda humanitària i
l’ajuda a les persones afectades i que, a més, a la zona del
sud-est hi ha 8800 desplaçats a la

prefectura d’Alt Kotto, 6272 a la zona de Mbomou, i
11.595 a l’Alt Mbomou, persones que van haver de fugir davant la
violència, la mort, la violació, davant de totes aquestes situacions.

I podria seguir, i fer-ho molt llarg, però atès que tot
just em queden dos minuts voldria concloure demanant públicament en nom
del grup al qual represento, i com a senador que viu, pateix i sent
Àfrica de molt a prop pel meu coneixement i per les meves visites
continuades a aquest continent, que finalitzi d’una vegada per
totes la passivitat internacional i que es procedeixi a una actuació
ràpida i contundent d’ajuda a les persones que pateixen violència,
persecució i mort. Cal defensar els drets humans en els països en
conflicte a Àfrica; cal prioritzar el dret a la vida, sobretot, dels
segments socials més febles: les dones, les nenes i els nens.

Senyories, la presència de la figura del nen soldat a
l’any 2013 és una vergonya per a la humanitat però sobretot ho és
per a les grans potències, per al món occidental, i no podem permetre que
quan parlem de riquesa, de benestar, quan diem que som una societat
moderna, pròspera i avançada, si cap enrere veiem que hi nenes i nens que
són utilitzats com a soldats, hi ha nenes i nens violats, i dones que
pateixen agressions sexuals, que pateixen marginació laboral i
esclavitud.

És un bon moment, doncs, per demanar al món occidental, a
les potències i, per tant, també a Espanya, una lluita frenètica en pro
dels drets humans a tot el món. Avui parlem d’Àfrica, parlem de
països en situació de conflicte armat.

Moltes gràcies.

El debate de esta moción pretende esencialmente cuatro
objetivos. Primero, que Europa ayude a estabilizar y dar seguridad a la
zona ahora en conflicto de las Repúblicas del Congo y Centroafricana,
aunque podríamos hablar también de otros países como Ruanda, Uganda,
Sudán y un largo etcétera. Segundo, ayudar a las personas afectadas por
los conflictos bélicos de estas zonas. Tercero, poner en marcha
iniciativas para evitar la violencia sexual, tan frecuente,
desgraciadamente, en estos enfrentamientos, y evitar que se recluten a
niños para convertirlos en niños soldados. Y cuarto y ultimo punto,
intentar que las empresas que cooperan en la zona no utilicen a menores
de edad para trabajar y que, además, tengan una mayor responsabilidad
social corporativa.

Quisiera agradecer al senador del Grupo Parlamentario
Popular, el señor Peral, diversas cuestiones. En primer lugar, su
esfuerzo ingente para llegar a un acuerdo unánime. Desgraciadamente, no
estamos acostumbrados en esta Cámara a las unanimidades políticas y
puesto que esta moción no es partidista ni tiene ánimo de partido, sino
que afecta a personas, a su sufrimiento y a sus sentimientos, le
agradezco al señor Peral su esfuerzo por llegar a esta unanimidad que
hemos alcanzado. No ha sido fácil pero se ha conseguido.

Quisiera agradecerle también el hecho de que haya aceptado
nuestra transacción, habida cuenta de que el grupo que yo represento ha
introducido una enmienda en la que se pide el apoyo de las instituciones
europeas a la tarea de la Awepa, la Asociación de Parlamentarios Europeos
para África. Como responsable de Awepa España, esta es una buena
oportunidad para dejar constancia en el Diario de Sesiones de la labor de
esta entidad, formada por más de 1550 parlamentarios de toda Europa, de
todo el arco parlamentario europeo y, por lo tanto, con representación de
todos los parlamentos europeos, una entidad en la que el Parlamento y el
Senado español también están presentes con un grupo numeroso de senadores
y diputados que forman parte de Awepa España, que presido.

Hace años que esta organización trabaja para alcanzar los
mismos objetivos que tiene esta moción. Por eso, hemos pedido la
introducción del último punto: el reconocimiento y el apoyo a la Awepa,
es decir, la consolidación de la democracia y los derechos humanos en el
continente africano, un bello continente pero repleto de problemas
sociales, de miseria y de luchas por las libertades y por las vidas de
las personas.

La moción del Grupo Parlamentario Popular, en cuanto a la
violación de derechos humanos en la República del Congo y de la República
Centroafricana, tiene, como todas las mociones, puntos débiles y puntos
fuertes, aspectos positivos y aspectos negativos. Mi grupo parlamentario
valora positivamente cuatro de los puntos expresados. Uno, colaborar en
misiones de estabilidad y seguridad. Dos, incluir como prioridad la
cooperación del Estado. Tres, promover a las instituciones de la Unión
Europea a combatir estos crímenes. Y cuatro, acabar con las mujeres y los
niños en las minas y también, evidentemente, con la violencia sexual.

¿Qué falta? Nos gustaría que esta moción no se centrara
exclusivamente en estos dos países, ya lo he dicho antes: hay otros
países. Hemos mencionado Uganda, Ruanda, Sudán pero, desgraciadamente, en
el continente africano hay muchos más.

Dicho sea de paso —aunque no sea motivo de esta
moción— mi grupo parlamentario seguramente va a introducir una
nueva moción porque pensamos que habría que poner el acento en otros
países también, como los de América Latina, con los cuales el Estado
español tiene más relación, y emplazamos al Grupo Parlamentario Popular a
que esa próxima moción pudiera hablar de situaciones parecidas en el
continente y en dichos países de América Latina.

Por el mismo motivo, quiero hacer extensivo a todos los
continentes la denuncia de la utilización forzosa de mujeres y niños en
las minas, y la promoción de sanciones en las empresas que la practican.
Es una vergüenza esta situación de abuso laboral en minas en las que hay
grandes riquezas, usando la miseria humana y esclavizando a mujeres y
menores de edad.

Si nos centramos en los dos países a que se refiere la
moción, la República Democrática del Congo y la República Centroafricana,
destaca el conflicto permanente que sufren estos países y, sobre todo,
los centenares de miles de personas que sufren la persecución, la
violencia, desplazamientos, etcétera, y siempre dentro de esta población
destaca el segmento más débil, más vulnerable, que son las mujeres y los
niños y niñas.

He dicho antes que podríamos hablar de Uganda, Ruanda,
Sudán y de muchos otros países, pero voy a hablar esencialmente de la
República Democrática del Congo y de la República Centroafricana, a los
que se refiere esta moción. Según información de las Naciones Unidas y
otras ONG presentes en el terreno, vemos que hay grupos armados que
vulneran los derechos humanos, especialmente el grupo armado LRA, que
está presente en estos dos territorios.

A título de resumen, pero que ilustra perfectamente el
drama humano, observamos que en la República Democrática del Congo, en
las zonas o distritos del Alto Uelé y del Bajo Uelé, el 25% de esta
población, sobre todo en el Alto Uelé, ha tenido que desplazarse, que
huir; el 45% de los que vivían en el Bajo Uelé también ha tenido que huir
frente a la violencia de este grupo armado. En la República
Centroafricana constatamos que el LRA también tiene presencia y, entre
otras cosas, ha limitado el acceso a la ayuda humanitaria y la ayuda a
las personas afectadas y que, además, en la zona del sudeste hay 8800
desplazados en la prefectura de Alto Kotto, más de 6000 en la zona de
Mbomou, y 11 595 en el Alto Mbomou; personas que tuvieron que huir ante
la violencia, la muerte, la violación, ante todas estas situaciones.

Y podría seguir, pero puesto que apenas me quedan dos
minutos quisiera concluir pidiendo públicamente en nombre del grupo al
que represento, y como senador que vive, sufre y siente África desde muy
cerca por mi conocimiento y por mis visitas continuadas a ese continente,
que finalice de una vez por todas la pasividad internacional y que se
proceda a una actuación rápida y contundente de ayuda a las personas que
sufren violencia, persecución y muerte. Hay que defender los derechos
humanos en los países en conflicto en África; hay que priorizar el
derecho a la vida, sobre todo, de los segmentos sociales más débiles: las
mujeres, las niñas y los niños.

Señorías, la presencia de la figura del niño soldado en el
año 2013 es una vergüenza para la humanidad pero ante todo lo es para las
grandes potencias, para el mundo occidental, y no podemos permitir que
hablemos de riqueza, de bienestar, que digamos que somos una sociedad
moderna, próspera y avanzada, y que cuando miremos hacia atrás veamos que
hay niñas y niños que son utilizados como soldados y niñas y niños
violados, y mujeres que sufren agresiones sexuales, que padecen
marginación laboral y esclavitud.

Es un buen momento, pues, para pedir al mundo occidental, a
las potencias y también a España, una lucha frenética en pro de los
derechos humanos en todo el mundo. Hoy estamos hablando de África,
estamos hablando de países en situación de conflicto armado.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maldonado.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Losada.

El señor LOSADA DE AZPIAZU: Buenos días, presidente.

Señorías, la moción que se presenta se refiere en concreto
a dos países: la República Democrática del Congo y la República
Centroafricana, pero se podría extender a la mayoría de los países del
continente africano.

Señorías, me van a permitir que, antes de explicar nuestra
posición ante esta moción fruto del consenso, haga unas referencias que
les harán ver la magnitud del problema. La República Democrática del
Congo es el país más pobre del mundo y, curiosamente, es el país más rico
del mundo en recursos naturales. Existen más de 250 etnias y ocupa un
lugar entre los diez primeros países en número de católicos: 31 millones
de personas católicas, cuestión esta última no menos significativa, donde
es precisa una educación sanitaria intensa, sin condicionamientos
religiosos, para utilizar todos los medios precisos contra una de sus
grandes pandemias, mejor dicho, epidemias, la del sida que asola este
país.

En este país se producen, señorías, constantemente
violaciones de mujeres. Se estima por Naciones Unidas unas 1152
violaciones de mujeres diarias. Es un país saqueado durante siglos. Fue
el país en el que se saquearon esclavos, después se pasó al marfil, al
caucho, a los diamantes, al uranio, que se utilizó en la II Guerra
Mundial, ahora la casiterita y el famoso coltán; por cierto, es una
república que no es exportadora del coltán porque es ilegalmente robada
por Uganda y por Ruanda, que son los que lo exportan al mundo, países,
además, estos últimos que son bendecidos por los organismos
internacionales porque crecen y generan economía y, curiosamente, a costa
de saquear la República Democrática del Congo.

Materiales como el coltán, como decían los anteriores
senadores, son fundamentales para la poderosa industria de la telefonía y
del armamento porque son básicos para los misiles teledirigidos. Empresas
que potencian y permiten la explotación de niños, el genocidio, que
explotan minas ilegales, son, señorías, empresas de nuestro mundo
desarrollado. Ahora, además, se suman países, estructuras estatales que
son las que neocolonizan y explotan, con las mismas armas que en décadas
anteriores, las ingentes materias primas y no se produce ninguna
distribución de esa riqueza entre los habitantes, ninguna
infraestructura, únicamente las que valen para sacar los minerales, las
materias primas del país. Son Gobiernos que solo actúan, no cuando hay
problemas de tipo médico o para paliar el hambre o por cuestiones
humanitarias, como hemos visto hace unos meses en Francia, sino cuando
hay que proteger la capacidad de las empresas para poder sacar y seguir
extrayendo materiales. Por cierto, hay avances religiosos
fundamentalistas apoyados por países, como los Emiratos Árabes, con los
que mantenemos relaciones comerciales y acuerdos. Como ven, señorías, una
auténtica farsa internacional.

Hemos visto hace escasamente un mes en la República
Centroafricana un nuevo golpe de estado y pillaje en Bangui. Voy a citar
textualmente las palabras de un español que ustedes conocen
perfectamente, que es el hermano de un compañero de escaño de su grupo
parlamentario, el obispo Aguirre, que reflejaba con precisión la raíz del
problema: rebeldes que van muy bien armados y vestidos; hay importantes
países detrás de ellos —y mencionaba a ricos países islámicos del
Golfo—.

Señorías, usando una terminología médica hipocrática, ¿qué
ocurre?, ¿desde cuándo y a qué se lo atribuimos? Pues a explotar sin
límites los recursos desde décadas y a la codicia de los países
desarrollados. Y, fíjense, en la República Centroafricana el 13,5% tiene
sida; la esperanza de vida está en 43 años; la tuberculosis se ha
duplicado en los últimos 10 años; la malaria hace estragos y únicamente
la sanidad se mantiene porque hay 1400 cooperantes de Médicos sin
Fronteras, y mientras tanto se obtienen diamantes —esos diamantes
de sangre—, oro, uranio y se esclaviza a niños en condiciones
infrahumanas.

Nos queda lejos, pero son más de 5 millones de muertes, es
lo que se llama la guerra mundial africana. Pero, fíjense ustedes, no son
muertes de ejércitos, son muertes de 20 unidades paramilitares que están
defendiendo intereses de las multinacionales de los miles de millones de
dólares que se mueven anualmente en estos dos países. Por eso, mi grupo
cree que se debe pasar de la retórica a la acción.

Por eso, estando con la filosofía de la moción y haciendo
un esfuerzo para llegar a un consenso, deseo precisar ciertas cuestiones:
¿por qué no pone el Gobierno en marcha otro plan África 2013-2017, como
el que existió en los últimos años, en el que se colocaba a la República
Democrática del Congo como acción focalizada? ¿Por qué no mantenemos,
como existía, un convenio bilateral con esta república? ¿Qué ha pasado en
estos últimos 15 meses, en los que hemos cortado y recortado hasta dejar
en menos del 70% la cooperación y el desarrollo en África? ¿Por qué en la
primera moción presentada por el Partido Popular hemos olvidado el valor
de

España, que ha estado en los proyectos sanitarios en Kivu,
en Katanga, en Goma, y llevando con Acnur una verdadera marca España de
solidaridad y de desarrollo?

Nos hubiese gustado que se concretase en esta moción seguir
impulsando una resolución de obligado cumplimiento para los Gobiernos, la
1325 sobre mujeres y paz, para poner en valor el papel de las mujeres. Es
más, creemos que debería haber un avance más en la responsabilidad
corporativa e insistir en la decisión task force contra la explotación
ilegal de los recursos naturales, porque no solo queremos que se actúe
con responsabilidad, como dice el Council of the European Union, que se
lo pide a los Estados miembros, sino que se cartografíen las líneas
ilegales con el fin de crear centros de negocios seguros y seguir
impulsando la lucha para rehabilitar, prevenir y reintegrar a esos niños
soldados.

Señorías, se necesita liderazgo, línea diplomática decidida
y un proyecto de Estado de cooperación y desarrollo que, por desgracia y
siento decirlo en esta Cámara, hemos olvidado en estos 15 meses.
Necesitamos decisiones claras y contundentes contra el blanqueo de
dinero, el blanqueo de capitales de los dirigentes de estas naciones y la
trasparencia financiera de la legislación de los Estados miembros, como
obliga el Council of the European Union

Estamos de acuerdo en poner en la moción que hay que llevar
a cabo los principios de Naciones Unidas de responsabilidad y protección,
así como las orientaciones que contiene el informe Ruggie, pero,
señorías, es importante un liderazgo de España en Europa y en el mundo, y
para ese liderazgo se necesita presupuesto, porque cuando se deja de
invertir en cooperación y desarrollo se pierde liderazgo. Esto es algo
que debemos propiciar junto con procesos democráticos como vacuna contra
el asentamiento de radicales islamistas, que utilizando el miedo y la
desesperación como abono provocan la inestabilidad y un magnífico caldo
de cultivo para depredar estos recursos.

Esto es lo que necesita África, y por eso creemos que
nuestra propuesta mejora la moción presentada por el Partido Popular,
pero en aras del acuerdo aceptamos esta moción, y lo hacemos por
consenso, porque creemos que hay que sensibilizar.

Admitiendo que es una realidad el paso atrás dado por
nuestro país en quince meses en materia de cooperación y ayuda al
desarrollo en general, y en especial en la zona de África, bienvenido sea
este cambio de opinión del grupo mayoritario de la Cámara al presentar
esta moción. Pero esto precisa concreción, porque no vale decir una cosa
y hacer otra, como hemos hecho con el recorte de los recursos
presupuestarios. Por eso nos gustaría que el plan director tuviese una
partida presupuestaria.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor LOSADA DE AZPIAZU: Termino, presidente.

Señorías, frente a retórica y compromisos vagos, objetivos
claros y mecanismos de evaluación, y hacerlo en íntima coordinación con
el sector de la cooperación, con los informes de Naciones Unidas, con los
informes del Parlamento Europeo y con nuestras propias PNL y mociones
aprobadas tanto en el Congreso como en el Senado, y todo ello para estar
orgullosos de lo que España ha hecho de la marca cooperación y
desarrollo, que ha sido mucho y bien. Sabemos que es una moción de
mínimos, una moción de consenso, por eso la apoyamos, para coger impulso
y para salvar a África, esa desconocida y, sobre todo, olvidada.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Losada.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el
senador Peral.

El señor PERAL GUERRA: Señor presidente, señorías,
agradezco las intervenciones de todos los grupos, especialmente el apoyo
que van a dar, estoy seguro de ello, para que esta moción transaccional
sea aprobada por la inmensa mayoría de los votos de este Senado.

Al senador Iglesias, de Izquierda Unida —lamento que
en estos momentos no se encuentre presente—, quisiera decirle que
al igual que los demás grupos parlamentarios, su grupo podía haber
presentado alguna enmienda a esta moción y sin duda la habríamos
estudiado con la máxima atención y, en la medida de lo posible, yo
hubiera hecho todo lo que hubiera estado a mi alcance por que se hubiese
incorporado al texto.

Señorías, creo que en este problema tan grave que se
produce en la zona de África central, especialmente en la región de los
grandes lagos, no tiene sentido enfocarlo con buenismos respecto a que
unos países son buenos, otros son malos, el capitalismo, el comunismo,
etcétera. Creo que todos ustedes lo saben, y seguro que el señor
Anasagasti, que tiene un gran conocimiento de la realidad internacional,
conoce también que la República Democrática del Congo ha firmado acuerdos
con China precisamente para adjudicarle concesiones para extracción del
coltán a cambio de la construcción de carreteras. O sea, que aquí no hay
buenos y malos. El coltán es un mineral que estamos usando todos en los
aparatos que utilizamos a diario. Yo mismo tengo aquí un móvil y
probablemente para su fabricación se han hecho cosas que no serían
razonables. ¿Qué quieren ustedes, que lo tire o que denuncie aquí, en
este ámbito, en el Senado o en la Unión Europea, las prácticas
inaceptables que se están produciendo? Porque la Unión Europea es el
ámbito donde probablemente se puede actuar con mayor eficacia. Ustedes
habrán podido comprobar que en los seis puntos de la moción se menciona a
la Unión Europea, porque ese es el ámbito donde se puede actuar con mayor
eficacia y con mayor celeridad sobre este problema tan grave, porque allí
están las antiguas potencias coloniales de la zona, es decir, el Reino
Unido, Bélgica, Francia e incluso Alemania hasta el año 1919. Y, de
hecho, en el Grupo Parlamentario Popular estamos en contacto con alguna
parlamentaria nuestra, con Teresa Jiménez Becerril, que va a plantear en
el Parlamento Europeo varias preguntas que guardan gran relación con los
puntos de esta moción.

A don Javier Losada, del Grupo Parlamentario Socialista,
quisiera decirle que yo esperaba que en esta moción que hemos consensuado
entre todos, abandonara, aunque fuera por un momento, los dos latiguillos
que el Partido Socialista no se ve capaz de abandonar se hable de lo que
se hable y que son: en primer lugar, hablar de unos recortes que no ha
habido más remedio que adoptar en los presupuestos por la trágica
situación en que quedó la economía española tras los siete años de
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al que todos ustedes apoyaron,
con notorias excepciones. Y en segundo lugar, el laicismo. ¡Hombre, por
Dios! En este tema deben dejarse a un lado esos latiguillos que son, como
dije en una ocasión, muy propios de un vocal vecino de 25 años de una
pedanía o de una junta de distrito, pero con personas como ustedes, en
concreto como usted, que ha sido y es alcalde de La Coruña, no hace falta
que usted recurra a este tipo, repito, de latiguillos.

Quiero defender la inmensa labor de la Iglesia católica no
solamente en todo el mundo sino especialmente en África en la atención
sanitaria, en la promoción de la educación, en la promoción de la mujer,
en la promoción del desarrollo económico sostenible, y también, señorías,
cuando las cosas vienen mal dadas, y es que cuando las cosas vienen mal
dadas resulta que los que nunca abandonan esos países son los religiosos
y los cooperantes católicos. Y aquí tenemos un caso que se ha producido
hace muy pocos días. El obispo católico de Bangassou, Juan José Aguirre,
hermano de mi compañero y amigo Jesús Aguirre, tuvo la oportunidad de
abandonar la República Centroafricana y estuvo en el aeropuerto donde
estaban los soldados franceses que lo custodiaban mientras las milicias
islamistas arrasaban el país. Pues Juan José Aguirre no quiso dejar el
país, él quiso quedarse en su diócesis, con sus cooperantes, con sus
sacerdotes africanos, con los médicos, con las enfermeras, con las
personas que día a día se ocupan de esas personas en Bangassou.
(Aplausos.)

Vamos a trabajar entre todos, vamos a llevar este tema al
Parlamento Europeo. Yo estoy seguro de que los senadores de los demás
grupos van a pedir a sus parlamentarios europeos que este tema esté
permanentemente presente allí, en la Comisión, en el Consejo, en todos
los ámbitos donde se puede actuar con mayor eficacia.

Finalmente quiero decirle al senador, don Javier Losada,
que no ha habido ningún cambio de opinión por parte del Grupo
Parlamentario Popular, todo lo contrario. La moción a que me he referido
antes y que se aprobó por unanimidad el día 2 de febrero del año 2011,
fue presentada y defendida por mi compañero Jesús Aguirre. Es decir, en
nuestro caso no ha habido ningún cambio de pensamiento ni de criterio
sobre este asunto.

Señorías, gracias a todos por el apoyo que estoy seguro le
van a dar a esta moción.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Peral.

Por favor, cierren las puertas. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor.

Señorías, sometemos a votación la propuesta de modificación
a la moción del Grupo Parlamentario Popular firmada por todos los grupos
menos por el Grupo Parlamentario Mixto.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 226; a favor, 220; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Abran las puertas, por favor.

5.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO.

(Núm. exp. 662/000079)

AUTOR: GPP

El señor presidente da lectura al punto 5.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado una
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor.

Para la defensa de la moción tiene la palabra, en nombre
del Grupo Parlamentario Popular, la senadora Sampedro, por un tiempo de
quince minutos.

La señora SAMPEDRO REDONDO: Gracias, presidente.

Señorías, sin duda en estos momentos en nuestro país hay en
el aire debates interesantísimos y muy sugerentes, pero pocos más
urgentes y prioritarios que trabajar para salir de la crisis profunda que
atravesamos y, dentro de ella, hacer descender los niveles de desempleo
que azotan a todos los sectores de la población, pero con especial
incidencia en la juventud que ve lastrada su expectativa de futuro con un
apabullante 50% de desempleo.

Para ello, el Gobierno está trabajando sin descanso en
generar las condiciones que faciliten esa creación de empleo con medidas
y con iniciativas desde todos los ámbitos y desde diversos enfoques,
tanto si se trata de incentivar fiscalmente como de eliminar barreras
administrativas y burocráticas o de fomentar la cultura emprendedora.
Todo suma.

Uno de esos enfoques imprescindibles, un anclaje esencial,
es sin duda la formación y la generación de ideas; ambas, funciones
básicas de la universidad, junto con la difusión de ese conocimiento a la
sociedad y a las empresas. En esa línea es en la que queremos enfocar la
pertinencia de esta moción que presentamos hoy.

No quiero empezar a hablar del sistema universitario
español sin reconocer expresamente los logros conseguidos en las últimas
décadas, que, sin duda, tienen su base en el impulso aportado por los
diferentes Gobiernos. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.

La señora SAMPEDRO REDONDO: Me refiero a la generalización
de los estudios superiores y a la consolidación de sus estructuras y de
sus equipos de investigación. Tenemos un sistema universitario sustentado
por un número creciente de universidades —79, de las que 50 son
públicas y 29 privadas— que agrupan 236 campus dispersos en
diversos municipios y que ofertan, según los últimos datos, unos 2541
grados, 3292 másteres y 1751 doctorados. No voy a abundar en esto,
simplemente se trata de un sistema que ha conseguido que en el curso
2011–2012 el número de estudiantes de grado haya aumentado un 3,1%
y un 7,85% los de máster, lo que nos acerca a la cifra de 1,5 millones de
alumnos, que nos sitúa por encima del objetivo de la Estrategia 2020 de
la Unión Europea y que supone un máximo histórico en cuanto al número de
estudiantes universitarios. Pero sin minusvalorar en lo más mínimo lo
conseguido, creo que debemos ser conscientes de que ninguna sociedad
avanza en la autocomplacencia y que vivimos en un mundo competitivo y
sumamente dinámico en el que todo lo que no mejora, lo que no se

suma al progreso de una manera mensurable de parámetros
comparables es susceptible de quedarse obsoleto a toda velocidad. Por
ello sabemos que debemos buscar, detectar y analizar cuáles son las
debilidades de nuestro sistema universitario y poner camino a su
solución.

Cuando uno se enfrenta con estos datos y cifras del SUE hoy
día observa, sin lugar a dudas, que tenemos serios retos que enfrentar,
como lo demuestran los diferentes estudios, informes e iniciativas de los
distintos Gobiernos durante los últimos años, que coinciden en señalar
algunas debilidades evidentes, como que ninguna de nuestras universidades
figura entre las 150 mejores del mundo, si bien parece que tenemos
departamentos concretos que son excelentes; punto este sobre el que
volveré, porque me parece interesante reflexionar. Tenemos una tasa de
abandono universitario altísima, un 30%, frente al 16% de la media
europea, y solo el 33% de estudiantes obtiene su título sin repetir
curso.

Y, si hice alusión antes a la importantísima oferta de
títulos —siendo esto algo muy positivo en principio—, no es
menos cierto que la ratio en general es muy baja y en algunas carreras no
llega a 20 alumnos de nuevo ingreso. En este sentido, quiero decir que no
se trata tal vez de ser inflexibles en las ratios, pero sí de estudiar
cuál es su realidad para hacerlas más eficaces en términos de inversiones
a la hora de mantenerlas. Porque no es lo mismo, hay que analizar si es
una cuestión de excesiva dispersión en la zona, que hace que los alumnos
se disgreguen en distintos campus, y entonces se podrían agrupar, si
simplemente es que la oferta está desajustada y no hay demanda para ella,
o si se trata de algo muy especializado y muy concreto que merece la pena
impulsar y que puede existir demanda pero que esté poco canalizada.

También parece ser de consenso que estamos
insuficientemente internacionalizados y que tenemos muy poca movilidad.
Hablamos de un 7% de alumnos nada más que se cambian de distrito
universitario en España frente a un 68% del Reino Unido. Es lógico, ha
sido así, porque durante décadas hemos tenido unas políticas de creación
de nuevas universidades y campus cuyo objetivo era cubrir el máximo de
territorio, duplicando incluso a veces la misma oferta en ciudades que
están a pocos kilómetros de distancia. Pero quizás lo más importante sea
la clara evidencia de que no tenemos una correcta adecuación entre la
oferta de estudios y la demanda de trabajo, pues aunque la educación
superior disminuye el riesgo de paro —y así lo afirman las
estadísticas—, no es menos cierto que hay evidencias claras de que
los titulados no desempeñan esa vida laboral en el nivel ni en el sector
para el que están cualificados y se prepararon. Y si hay coincidencia en
señalar las debilidades, observo que tras la lectura de diversos informes
y artículos especializados esta coincidencia no es menor a la hora de
marcarnos los objetivos.

Ya en 2008 la iniciativa Estrategia Universidad 2015
destacaba la necesidad de la modernización del sistema y se definía como
un proyecto ambicioso que partía de una serie de debilidades —que
ya he comentado—, entre las que estaba conseguir situar a nuestras
mejores universidades entre las primeras de Europa, para lo que proponían
promover la especialización, la diversificación, impulsar la movilidad y
fomentar el acercamiento entre la universidad y la empresa. Hace escasos
meses, cuando se publicó el informe del comité de expertos nombrado por
el Consejo de Ministros en esta legislatura, reconoce más o menos las
mismas debilidades y abunda en similares necesidades de corrección,
además de incidir en que la universidad de calidad es ya en sí misma un
elemento que potencia la empleabilidad.

Por todas estas razones, y retomando la idea con la que
inicié esta intervención acerca de la prioridad de generar sostenibilidad
en el empleo, y considerando que la universidad es uno de esos pilares
fundamentales donde se debe sustentar la adecuación de la formación y de
la difusión de ideas a las necesidades productivas y sociales,
consideramos oportuno instar al Gobierno a que, dentro del marco de la
reforma universitaria que está liderando el ministro de Educación, y que
abarca más amplios y distintos ámbitos —como todos ustedes
saben— de mejora dentro de la universidad, y respetando, como no
puede ser de otra manera, los ámbitos competenciales de las distintas
comunidades autónomas, así como la autonomía universitaria, que se
adopte, se ponga en marcha, se impulse y se respalde, dentro de ese marco
de la Conferencia General de Política Universitaria, una serie de medidas
encaminadas a mejorar la empleabilidad de los egresados.

En primer lugar, y en colaboración, como digo, con las
distintas comunidades autónomas, deberíamos acentuar el impulso en
completar un mapa que estudie y aporte datos sobre la oferta y la demanda
de nuestro sector productivo para adaptar así a las necesidades de la
sociedad, de

forma óptima, la oferta de titulaciones; reducir el
desempleo y ajustar esa sobrecualificación o esa distinta cualificación
de empleo a la que he aludido antes.

En este sentido, parece estar siendo una herramienta útil
—que es lo que hay que potenciar— el SIIU, el sistema de
información integrado de la universidad; cuando se complete. Cruzando los
datos indicadores de inserción laboral de todas las titulaciones y de
otros parámetros, estoy segura de que aportará información relevante que
permitirá tres cosas: a las comunidades autónomas, planificar las
enseñanzas que puedan necesitar potenciar atendiendo a su demanda de
producción y socioeconómica; a las universidades, preparar esa oferta
formativa acorde a ellas; y, a los estudiantes, valorar su elección de
forma más ajustada.

En este mismo orden de cosas, hay algo en lo que también
parece haber consenso entre los expertos y que se refleja en los
distintos informes: no es necesario ni conveniente que todas las
universidades sean generalistas y oferten los mismos títulos, sino que
deberíamos animar a cada una a buscar su especialidad o aquella área de
conocimiento en la que destaque y apostar por ella, pues, si bien ninguna
de nuestras universidades, efectivamente, está en el ranking de las
mejores, no es menos cierto, como dije al inicio, que hay departamentos
excelentes. Y ahí creo que es donde está el camino, porque, si cada uno
hacemos lo que sabemos hacer mejor y además nos esforzamos en ello y
mejoramos, el conjunto se complementará y destacará, en lugar de
diseminar esfuerzos sin sinergia.

En este sentido, todos los análisis apuntan a que, por lo
tanto, debería iniciarse un proceso de reorganización de universidades,
agrupándolas, dividiéndolas, asignando a cada universidad o facultad un
objetivo más o menos docente o investigador y teniendo en cuenta que
serán ellas mismas las que se orienten en ello —no estoy diciendo
que se haga así desde el Gobierno, sino que se impulse que estas lo
lleven a cabo— y se adapten, a ver qué tipo de especialidad quieren
fomentar, qué perfil de estudiantes quieren atraer y qué tipo de
profesorado quieren contratar o tener en sus filas para potenciar esa
excelencia de aquello que quieren llegar a ser.

Por último, pero creo que no menos importante y atendiendo
a la igualdad de oportunidades de acceso, creo que es interesante
garantizar el sistema más justo para los alumnos procedentes de
bachillerato, así como para los de formación profesional superior. En ese
sentido, convendría no optar en ningún caso por que la FP, máxime cuando
uno es más joven, sea una vía limitadora para acceder posteriormente a
los estudios universitarios. Y tal vez sería interesante valorar
—lo digo con todas las cautelas— si la ampliación o la
supresión de las cuotas de acceso actuales que tiene la FP podrían ser
susceptibles de ser modificadas o suprimidas, porque habría que valorar
si están siendo un limitador de acceso, que impide esa igualdad de
partida. En ese sentido, de suprimirse la selectividad, como está
previsto en la LOMCE, y con el título de bachillerato refrendado por un
examen final, dejando en manos de las universidades la posibilidad de
establecer un examen de acceso, tendríamos dos vías equivalentes que
concurrirían en igualdad de oportunidades al examen de acceso del estudio
universitario de elección del estudiante.

Tenemos, por lo tanto, señorías, unas fortalezas del
sistema de las que partimos, y no negamos ni minusvaloramos, y una serie
de debilidades que lo están lastrando, que tampoco debemos ni podemos
ignorar, porque en nuestras manos está tratar de corregirlo. El ministro
de Educación comentó hace pocas fechas en esta Cámara que no se trataba
tanto ni se requería una reforma integral, que tuviera formato de ley y
que pudiera abarcar todos los ámbitos de una manera completa, sino que
podría llevarse a cabo por medio de una serie de iniciativas, que no
tenían que suponer necesariamente cambios legislativos o normativos.
Dentro de esta idea y de ese marco de reforma, con esa flexibilidad
instrumental, es con lo que partimos para la formulación de esta moción,
encaminada, como creo que he logrado explicar, a que el Gobierno impulse
o respalde aquellas medidas que dentro de las muchas acciones de reforma
se pueden precisar en el sistema universitario para encaminarlo más
directamente a potenciar la empleabilidad, puesto que en el contexto
socioeconómico en que nos encontramos nos parecen las más
prioritarias.

Espero contar —ya sé que contra muy escaso
pronóstico— con el apoyo de los distintos grupos, puesto que pongo
en valor que el diagnóstico es coincidente —y me consta— con
el que muchos de ustedes y doy por hecho —y también estoy
convencida— de que el objetivo de contribuir a crear empleo también
lo es.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Sampedro.

Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra el senador Álvarez Areces por tiempo de cinco
minutos.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Buenos días, señor presidente,
señorías.

Nuestro grupo ha presentado una enmienda a esta moción del
Grupo Parlamentario Popular considerando que se abre aquí un debate sobre
la universidad que era necesario, que es importante, que vamos a
continuar, pero no podemos ignorar que hay una situación real y concreta
que parte de la base de un gran descontento no solo en la comunidad
universitaria sino en el sistema educativo, en general, y en todos los
sectores y segmentos afectados.

Por eso, en la enmienda que presentamos proponemos añadir
un primer punto que obedece a la precariedad con la que vive hoy la
universidad y, por tanto, a la necesidad de atajar con toda urgencia el
deterioro que sufren las distintas universidades públicas españolas,
motivado por los enormes recortes que se han producido tanto en docencia
como en investigación, reflejados especialmente en los últimos
Presupuestos Generales del Estado y también por la repercusión
presupuestaria y normativa en las distintas comunidades autónomas. Todo
ello está impidiendo la realización de actividades esenciales en nuestras
universidades al reducir los recursos humanos, la reposición de vacantes,
así como el enorme recorte de gastos en las actividades de investigación,
desarrollo e innovación que, de continuar así, desmantelaría numerosos
equipos investigadores ―de hecho ya se está produciendo― e
hipotecaría el desarrollo tecnológico y la investigación, alejándonos
durante muchos años de la convergencia europea.

Otro hecho real que no podemos ignorar es el referente a la
igualdad de oportunidades que, evidentemente, también figura en la moción
como un concepto general ―garantizar la igualdad de oportunidades
en el acceso a la educación universitaria―, pero que para hacerla
efectiva se debe anular de inmediato la subida desproporcionada de tasas
y precios públicos en los diferentes procesos de matriculación, así como
aumentar los créditos presupuestarios de becas y ayudas al estudio que
han disminuido en estos dos últimos años porque sabemos que es ya un
hecho cierto que cientos de miles de jóvenes viven en una situación
dramática debido al desempleo y la pérdida del poder adquisitivo de sus
familias, que les impide el acceso a los estudios universitarios;
incluso, algunas universidades están instrumentando fórmulas de ayuda al
margen del sistema oficial de becas para evitar que estos jóvenes no
puedan matricularse y, por tanto, desarrollar su potencialidad.

En nuestra enmienda también proponemos dos puntos en los
que, a juzgar por la intervención y por conversaciones previas con la
senadora que ha defendido la moción, hay puntos de acuerdo, como el
relativo a impulsar un acuerdo con las universidades españolas y las
comunidades autónomas para desarrollar un plan de reordenación de las
titulaciones oficiales existentes, adaptadas al Espacio Europeo de
Educación Superior, que permita una mayor racionalidad, optimización,
eficiencia y mejora de la calidad de sus enseñanzas, basado en la
cooperación activa entre las propias universidades, compatibilizando el
objetivo de adaptarse a las demandas de la sociedad y de las empresas,
facilitando su mayor internacionalización.

Asimismo, hay que tener en cuenta en todo momento que la
importancia de la universidad para el avance de la sociedad no puede
reducirse exclusivamente, con ser ello importante, a su contribución a
satisfacer las necesidades del sistema productivo, sino que también es
responsable de la formación de actitudes y valores por los que se rige la
sociedad civil, a la vez que debe transmitir el progreso científico.

Además, hemos añadido un punto que es fundamental, y más en
el contexto político en el que se está produciendo hoy el debate en
nuestro país, que implica respetar, en ese debate iniciado en la Comisión
Mixta Gobierno-Universidades sobre las propuestas para la reforma y
mejora de la calidad y eficiencia del Sistema Universitario Español, los
ámbitos competenciales de las universidades autónomas y la autonomía
universitaria como principios sobre los que elaborar un proceso de
diálogo político institucional que permita introducir posteriormente las
mejoras necesarias en el Sistema Universitario Español.

Tengo que decir también que nosotros no compartimos una
frase que se manifiesta en la exposición de motivos en el sentido de que,
a pesar de esos avances «los resultados en el ámbito universitario no
pueden ser más decepcionantes», y no la compartimos porque no es cierta.
La

universidad gastaba en el año 2010 el 1,2% del PIB, un 25%
menos que la media de la OCDE y ahora su financiación pública
disminuye.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Ya termino, señor presidente.

Tenemos una universidad por cada 582 000 habitantes,
mientras que hay una por cada 283 000 habitantes en el Reino Unido y una
por cada 94 000 habitantes en Estados Unidos.

Estamos a la cabeza en la tasa de titulación. Un 79% de
nuestros estudiantes de los países europeos, solo por detrás de Gran
Bretaña y de Dinamarca en rendimiento académico. Los universitarios
tienen una tasa de paro muy inferior al más del 26% del mercado de
trabajo. La universidad española produce el 3,3% de la producción
científica mundial y el 4% de las citas científicas.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Por último, he de decirles algo
que abordaré en mi turno de portavoces: que la universidad española en el
tema de los ranking tiene numerosas facultades en áreas de conocimiento
que se refieren a estar entre las 150 primeras. Por ejemplo, 7 en
matemáticas, 3 en física, 4 en ingeniería química, y otras muchas.
Abundaremos en ello en la segunda intervención.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez
Areces.

Tiene la palabra la senadora Sampedro para indicar si
acepta o no la enmienda.

La señora SAMPEDRO REDONDO: Senador Areces, como bien sabe
usted, hay varios puntos en los que coincidimos, como no podía ser de
otra manera. Ya comenté antes que los distintos informes, tanto los que
se hicieron durante el periodo del Gobierno de su partido, como los
actuales, coinciden en las debilidades y en los objetivos, más que nada,
porque las cosas son como son, y, por mucho que usted quiera dar datos
positivos, sabe que hay una valoración todavía negativa acerca de los
resultados, que es adonde vamos.

De todas maneras, ayer intentamos llegar a un acuerdo y
parece que en los puntos 2 y 4 podríamos entrar en positivo. Pero
quedaban pendientes el 1 y el 3, en los que usted no quería renunciar a,
dicho coloquialmente, darle caña al Gobierno, que es su tarea de
oposición.

Voy a empezar por el final, por el 3. Tasas. Subida
enormemente desproporcionada. En el decreto de medidas urgentes se dice
que el grado de aplicación dependerá de cada comunidad autónoma. Se habla
de un coste de la primera matrícula entre el 15% y el 25%. Para la
segunda, de un 30% al 40%. Para la tercera, del 65% al 75%. Y, para la
cuarta, una subida del 90% al 100%.

De todas maneras, yo vengo de Asturias, como usted, y sabe
perfectamente que las distancias no hacen que las cosas cambien. Por
tanto, quisiera saber qué le parece esto. No es de recibo que una carrera
de cuatro años se haga en ocho. No hemos sabido transmitir lo que cuesta
la universidad. No cuesta lo que los alumnos pagan por matrícula. Tal vez
haya que plantearle a la sociedad si queremos costear cualquier
titulación tenga la demanda que tenga. Los ciudadanos no son conscientes
de lo que cuesta un año de universidad. Las tasas que se pagan por los
alumnos no sufragan prácticamente nada y hay que intentar optimizar ese
dinero.

El fracaso estudiantil en Asturias. El 15% no termina la
titulación conforme al plazo marcado en el plan de estudios. La directora
general de Universidades del Principado de Asturias, Miriam Cueto, en el
2008, cuando usted gobernaba, decía que no estaba muy segura de si se
debería subir la primera, pero sí estaba convencida de que a partir de la
primera sí. Y como es una competencia que está en manos de la comunidad
autónoma, me parece que estaría bien.

Pero no crea que solamente fue ella. El día que usted se
despidió de la universidad en un encuentro con el rector Vicente Gotor,
en abril de 2011, dijo usted: que sepan las familias, estudiantes y todos
los jóvenes de esta generación, que apenas pagan el 15% de sus estudios.
Me parece que cuando uno dice, que sepan, y que, apenas, está muy claro
el sentido y la intención de lo que quiere decir. A usted le parecía
poco.

Respecto a los recortes, yo entiendo que usted tiene que
decir eso. Pero ya era consciente del desastre cuando Zapatero lo fue
también. Y tengo aquí unas frases que me gustaría compartir con la
Cámara: Para dar todo el dinero que me piden, tendría que endeudarme por
encima de lo autorizado, y eso sería ilegal. A España se le exige que
cumpla el objetivo que ha establecido Europa, reducir el déficit al 3%...
bla, bla, bla. Se ha hecho un fuerte ejercicio de austeridad en el gasto
corriente. Lo reconocemos. Pero es lo que hay. Vicente Álvarez Areces,
presidente del Gobierno del Principado de Asturias, a Vicente Gotor,
rector de la Universidad de Oviedo, en la Comisión de Seguimiento del
Campus de Excelencia. Lo publica La Nueva España. En este caso, lo tengo
aquí. 17 de febrero de 2011. Pues eso, senador Areces, que es lo que hay,
y es lo que hay porque es lo que ustedes han dejado, o sea, casi nada.
Por ello, nos hemos visto obligados a recortar.

También le dijo usted al rector en otra ocasión, tres meses
antes, que cuando se explican las cosas y que a veces no hay recursos
para atender todas las peticiones la inmensa mayoría lo entiende, y
nosotros nos hemos entendido así. Yo también espero que usted lo entienda
así y que, igual que le agradeció la lealtad al rector por haberlo
comprendido, usted tenga la misma lealtad con el Gobierno del Partido
Popular, porque las cosas no son muy distintas según quién y cuándo
gobierne, digo yo, ni en Asturias ni en el resto de España. Por eso no le
acepto la enmienda.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sampedro.

¿Turno en contra? (Pausa.)

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Buenos días. Debate gijonés, por lo que estamos viendo.

Nuestra discrepancia con la moción es, en primer lugar,
ideológica. La educación no tiene que ser un instrumento de transmisión
de ideología pero el modelo educativo, la definición de los valores y de
los recursos es netamente ideológica. Por eso es tan difícil —de
hecho, ha sido imposible hasta hoy— alcanzar un pacto educativo en
este país, y yo creo que resultará tremendamente difícil que en el futuro
se pueda producir.

Ya ha utilizado el senador Areces alguno de los argumentos
que yo voy a argüir, precisamente por eso, por el carácter ideológico de
la reflexión o de los planteamientos en torno al sistema educativo. (El
señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

Desde luego, yo no comparto el punto 1 de la moción,
ninguna de sus perspectivas. El punto 1 destaca la visión del sistema
educativo como un instrumento al servicio de las necesidades del sector
productivo. De eso trata, fundamentalmente y de forma literal, el punto 1
de la moción y yo considero que, primero, hay que formar personas. El
sistema educativo tiene como función fundamental formar ciudadanos,
personas libres y capacitadas, en primer lugar, para ejercer sus derechos
y libertades y, en segundo lugar, y como parte del ejercicio de esos
derechos y libertades, para encontrar una integración social mediante el
trabajo. Y ello sin perjuicio de que yo siga reivindicando a Paul
Lafargue y su famoso opúsculo en torno al derecho a la pereza.

Es el derecho al trabajo un elemento fundamental de
integración social, y cuando uno pierde el trabajo inicia el camino hacia
la exclusión social. Por eso, el elevado número de desempleados que en
este momento existe en nuestro país es —y en eso coincidimos todas
las fuerzas políticas, también el discurso del Partido Popular— el
principal elemento de riesgo de exclusión social. Pero, a la hora de
hablar de formación universitaria, no creo que se deba poner el acento en
la producción y en los productores, aunque solo sea porque el concepto de
productores está vinculado al pasado predemocrático de este país. Tenemos
muy cerca el 1 de mayo, que ya no es la fiesta del trabajo sino que es el
día de la movilización de los trabajadores en defensa de sus
derechos.

También trasluce en la moción un escaso respeto hacia las
competencias autonómicas, lo cual no deja de ser coherente con la mayoría
de los textos que llegan a esta Cámara procedentes del Partido Popular.
No creo que el Senado deba decirle al Gobierno que traslade a las
comunidades autónomas qué titulaciones deben impartir en sus
universidades. Como mucho, podrá sentarse con las comunidades autónomas
y, conjuntamente con ellas, realizar una reflexión y un análisis sobre lo
que necesita, no el sector productivo, sino la sociedad española y las
sociedades de cada una de las comunidades autónomas; respuesta que debe
ser dada por las universidades.

Pensamos también que la alternativa está en buscar la
cohesión y la coherencia en el sistema educativo y la cooperación entre
las universidades. La moción trasluce una visión de que las universidades
tienen que competir entre sí en la búsqueda de ese concepto que se baraja
tan frecuentemente desde la derecha —y lo que no es la
derecha— de la excelencia: han de competir para alcanzar la
excelencia. Se utiliza el término expresamente en la moción, dice
literalmente: competir. Las universidades tienen que cooperar entre sí
para ser excelentes. Pero para que sea excelente no una universidad por
los déficits de la otra, sino para ser excelente por la respuesta que
desde el sistema educativo universitario se dé a esas necesidades de la
sociedad.

En un punto anterior la moción reivindica la igualdad de
oportunidades en el acceso a la educación universitaria. Compartimos
plenamente ese planteamiento, pero nos tememos que la práctica política
de este Gobierno no está favoreciendo esa igualdad de oportunidades en el
acceso a la educación universitaria.

La universidad nunca vivió las vacas gordas. La universidad
nunca vivió por encima de sus necesidades. La universidad nunca tuvo los
recursos a los que legítimamente podía aspirar. Por eso la universidad
española en general no es una universidad moderna, sigue lastrada en
muchos aspectos por un modelo heredado de la reforma de las
administraciones. Probablemente, durante un tiempo la universidad estuvo
por delante en modernización de la Administración de Justicia, solo de la
Administración de Justicia, que fue por excelencia la parte de la
Administración y de los poderes del Estado que más se vio condicionada
por los vicios y defectos del pasado. En este momento quizá hasta la
Administración de Justicia haya superado en su proceso de modernización a
las universidades. Nunca contó con recursos suficientes, pero es que
ahora cuenta con menos recursos de los que tuvo en su peor momento.

Hablaba antes la portavoz del Grupo Popular de la situación
en Asturias. Vamos a hablar de la Universidad de Oviedo. Con carácter
general podemos hablar de los Erasmus y de ese recorte del 60% en las
becas Erasmus. Pero si vamos a la Universidad de Oviedo, en el mismo
periódico al que hacía referencia la señora Sampedro habrá leído estos
días de atrás —hace tres o cuatro días— que solamente se pudo
conceder beca en la Universidad de Oviedo al 45% de los solicitantes,
porque una de las consecuencias de la crisis es que las familias tienen
menos recursos para sufragar los estudios universitarios y, además, más
familias cumplen las exigencias económicas porque han visto disminuir sus
ingresos. Eso se ha traducido en que en vez de haber menos solicitudes de
becas, como es lógico en la crisis, hay más, un 20% más de solicitudes de
becas en la Universidad de Oviedo en esta última convocatoria. De 9400
solicitantes, solo se les pudo reconocer beca a 5100 solicitantes. Hasta
tal punto la situación empieza a ser dramática que la propia universidad
hace ya algunos años se ha visto compelida a crear una partida
presupuestaria propia para sufragar las necesidades, para sufragar con
becas propias, a aquellos estudiantes que viven necesidades económicas
acuciantes. Y, aunque ese es un gesto encomiable de la Universidad de
Oviedo —me imagino que otras universidades lo habrán hecho
también— sus recursos desde luego no le permiten en ningún caso
satisfacer las necesidades crecientes de una demanda de becas que cuenta
cada vez con menos recursos públicos para ser satisfecha.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Eskerrik asko, presidente
jauna.

Voy a comentar varias cuestiones, aunque en algunas de
ellas me voy a repetir en lo que han señalado tanto el senador Areces
como el senador Iglesias.

En primer lugar, en el preámbulo aparecen una serie de
datos que nosotros consideramos cuando menos discutibles, al menos en lo
relativo a la tasa de escolarización; por ejemplo, en cuanto al número de
alumnos nuevos hace referencia al 42% de las carreras universitarias que
tuvieron menos de 50 alumnos nuevos. Ese porcentaje se corresponde con lo
que se ha denominado educación terciaria, que serían tanto las
titulaciones de grado como de máster. De todos modos, son datos cuando
menos discutibles y ciertamente muy dispares entre las diferentes
comunidades autónomas.

Nosotros no compartimos el diagnóstico de que la
universidad española sea tan terrible como la pintan tanto en el
preámbulo como en determinados medios de comunicación o en determinados

informes que todos conocemos. Tampoco es cuestión de ser
complacientes ni de ser condescendientes con los resultados educativos en
ninguno de los casos, pero desde luego el panorama no es tan negro; y no
lo digo yo, sino que también lo dice el propio sector. Quisiera hacer
aquí referencia a un artículo que publicaba El Diario, del que se ha
hecho eco la Federación de Jóvenes Investigadores —a través de
ellos es como yo lo he conocido—, con el siguiente título: Las
universidades españolas y los rankings internacionales: una flagelación
infundada y estéril.

Los rankings —el señor Areces comentaba que luego se
iba a referir a ello— no dejan de ser más que instrumentos
sumamente subjetivos. Hay tantos rankings en los que la universidad
española recibe diferentes baremaciones, por así decirlo; es una cuestión
de criterio de cuáles son los elementos que se seleccionan para
fundamentar un ranking. El ranking que se utiliza normalmente es el
ranking de Shangai, en el que ciertamente la universidad pública española
tampoco es que acabe tan mal parada; es cierto que no hay ninguna
universidad española entre las 200 primeras, pero en el puesto 201 sí hay
una universidad española. También está el ranking Times Higher Education,
en el que la universidad pública española consigue unos resultados muy
dignos; el ranking de la Universidad de Leiden; el ranking Web of
Universities, que hace referencia a una serie de publicaciones; el
ranking Scimago, que es el ranking por excelencia y el más prestigioso de
la comunidad científica investigadora, en el que España ocupa el séptimo
lugar a nivel mundial. Es decir, en función de los rankings y en función
de la importancia que den a una serie de indicadores o a otros, la
situación de la universidad española varía. Pero lo cierto es que en la
mayoría de estos rankings España ocupa una situación ciertamente
digna.

Otra cuestión es la excelencia. Por ejemplo, en el ranking
de Shangai, que es el que evalúa las universidades excelentes, el 40% de
la nota, por así decirlo, del ranking deriva de la calidad de su
profesorado; pero es que el 20% de esa nota es quién ha obtenido un
premio Nobel. ¿Ese es un indicador realmente válido e importante? Tengo
mis dudas, teniendo en cuenta además que el Nobel hoy en día se da
solamente en Medicina y en determinadas disciplinas muy vinculadas a la
ciencia más bien pura: Matemáticas, etcétera; queda todavía un rango de
disciplinas muy amplio fuera de esa cobertura. También valora, por
ejemplo, las publicaciones en revistas como Science and Nature, que son
revistas al fin y al cabo con una cierta limitación en cuanto a las
disciplinas que trata. Es decir, mi grupo no comparte la cuestión de los
rankings ni la cuestión del diagnóstico porque tampoco lo comparte el
propio sector universitario, lo cual no significa que no haya que hacer
cosas y que no haya que buscar siempre la mejora del sistema
universitario, por supuesto.

Esto en cuanto al preámbulo. Paso a tratar ahora las
cuestiones propias de la moción.

Ustedes hablan de elaborar un estudio de mapas autonómicos
de oferta y demanda universitaria. ¿Quién va a pagar los mapas
autonómicos? Me extraña que esta moción no venga acompañada de una
valoración económica porque, efectivamente, los costes económicos de
cumplimiento de esta moción son sumamente altos. ¿Quién va a pagar eso?
¿El Gobierno central o las comunidades autónomas? Esa es la primera
cuestión que me gustaría que más adelante, por favor, clarificasen.

Hablan ustedes también de evaluar y revisar las
titulaciones oficiales existentes y adaptarlas al Espacio Europeo de
Educación Superior. En el año 2010 se acabó el mapa autonómico de
titulaciones, y se hizo además obligado por el propio proceso de Bolonia.
Todavía no se ha dado el primer egreso de los titulados de ese nuevo
sistema educativo. Todavía no se ha podido valorar el funcionamiento de
estas nuevas titulaciones, de este nuevo sistema y de este nuevo mapa de
titulaciones. Están pidiendo otra vez introducir cambios en algo sobre lo
que ni siquiera tenemos indicadores para saber si está funcionando o no.
Por lo tanto, nos planteamos la eficacia y la oportunidad de estas
medidas.

Cuando se elaboró el mapa de titulaciones —la mayoría
de las universidades y las comunidades autónomas lo terminaron para el
año 2010—, cada titulación iba acompañada de un extensísimo informe
en el que se valoraba la oportunidad de esa titulación, atendiendo a
factores económicos, a factores académicos, a factores sociales, ¡ojo!, y
también a cuestiones de empleabilidad. Cada titulación iba acompañada de
un informe de empleabilidad en el que se estimaba el porcentaje de
titulados que iban a conseguir trabajo en los seis años siguientes, pero
es que todavía no han pasado ni tres años. Por lo que realmente plantear
cambios o plantearse siquiera la ineficacia de un sistema sobre el que
todavía no hay datos fiables para poder valorar, nos parece ciertamente
poco comprensible.

De todos modos, sí que es cierto que este sistema que, como
digo, es incipiente y todavía se está poniendo en marcha, por lo que es
difícil que podamos juzgar, tiene que ser objeto de atención por parte de
los responsables educativos. La cuestión es en quién radica esta
responsabilidad última. Y a aquí llegamos a una de las cuestiones que
también apuntaba el senador Iglesias anteriormente, que es la cuestión
competencial. Su moción no lo dice expresamente, pero vista la tendencia
que muestra el Ministerio de Educación en cuanto a la capacidad
recentralizadora, nos tememos lo peor. Y viendo además el informe que
publicaron los expertos referido a la reforma universitaria, ¡cuidado!
Existen ya organismos encargados de la evaluación de la calidad y de la
acreditación, en este caso la Aneca, que tiene oficinas territoriales,
agencias autonómicas. Entendemos que correspondería a las agencias
autonómicas, allí donde las hay, hacer frente a cualquier tipo de
evaluación del sistema educativo universitario. Por lo tanto, lo que no
nos parece lógico es que se pretenda unificar o centralizar criterios por
parte de la Aneca y que sean las agencias territoriales, las agencias
autonómicas las que tengan que correr exclusivamente con los gastos.

Y una última cuestión en estos dos minutos que me quedan, a
la que también se ha hecho referencia de forma previa, es la relativa al
consenso sobre el sistema educativo. Cuando hablamos del sistema
educativo vasco normalmente lo hacemos siempre con el orgullo que dan los
buenos indicadores. Puede que sean muchos los factores que influyen en el
hecho de que los indicadores del sistema educativo vasco, tanto en
educación primaria como en secundaria o en educación universitaria, sean
indicadores positivos que nos sitúan en parámetros de los países mejor
situados de la OCDE. Son muchos, como digo, los factores que podrían
explicar ese buen hacer, pero sin duda hay uno que para mí es fundamental
y que explicaría mucho de esos buenos resultados, y es el consenso en
torno al sistema educativo. Insisto, el consenso en torno al sistema
educativo: consenso entre el sector educativo y las comunidades
autónomas. En Euskadi lo que se ha hecho ha sido con el consenso de todos
los grupos parlamentarios. Hay estabilidad en el sistema educativo vasco.
Yo creo que en eso radica precisamente una de las razones del triunfo.
Cualquier cambio que se vaya a introducir en el ámbito universitario
tiene que ser indefectiblemente, para garantizar un mínimo éxito, en
consenso con las comunidades autónomas y con el sector educativo, con el
profesorado, con los rectores, etcétera.

Por tanto, sí que me gustaría que se trasladase desde el
Senado o desde cualquier ámbito al Gobierno la necesidad de que cualquier
cosa que se vaya a hacer se haga siempre con el consenso y el acuerdo de
todos los grupos parlamentarios porque, si no, los cambios introducidos
no tendrán visos de conseguir buenos resultados y, evidentemente, nacerán
ya con fecha de caducidad, que es lo que menos necesita el sistema
educativo en general.

Eso es todo. Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo de la Entesa, tiene la palabra la senadora
Sequera.

La señora SEQUERA GARCÍA: Senyories, bon dia,
president.

Crec que compartim la opinió de què els estudis
universitaris i la educació en general són un dret que l’Estat ha
de garantir a tothom, sense que el nivell socioeconòmic suposi un
impediment per accedir-hi. Actualment, aquest dret no s’està
garantint. Les excuses en què es bases per imposar una reforma són molt
discutibles.

En primer lloc, en la moció presentada es diu que no hi ha
cap universitat espanyola entre les 150 millors del món. Aquí, com ha dit
la senadora del Partit Nacionalista Basc, nosaltres suposem que els
paràmetres que es valoren en els rànquings actuals mesuren per igual
universitats molt diferents, i, per tant, el resultat que donen està molt
distorsionat. Tampoc tenen en compte factors en l’entorn
universitari estatal, com pot ser el marc normatiu, la situació
socioeconòmica, o la pròpia història del país. També es comenta com a
queixa, que el 30% de l’alumnat abandona la universitat, o que el
42% de les carreres van tenir menys de 50 alumnes nous. Però bé, aquí
s’ha de tenir en compte que part d’aquest abandonament ha
estat induït per les mesures que el Govern ha adoptat. Una altra part
correspon també a un canvi de carrera que en molts casos no es
comptabilitza.

També es queixen de la internacionalització que és
insuficient. Amb l’estrangulació econòmica a què se sotmet a la
universitat pública, difícilment podran competir amb altres del món, on
els

seus governs sí que fan una aposta clara per aquestes
universitats. També es queixen que el nombre d’universitats a
Espanya és molt elevat, 79: 50 de públiques i 29 de privades. Bé, però
aquí també hem de tenir en compte que segons la nova llei que vol aprovar
el Govern, LOMCE, de millora de la qualitat educativa, hem de suposar que
contribuirà a què un elevat nombre d’alumnes surtin amb un nivell
acadèmic tal que els hi permeti accedir encara més a la universitat, i,
per tant, això de que hi ha massa, doncs nosaltres ho dubtem.

El que està clar és que el Govern d’un país el primer
pel que deuria apostar és per les seves universitats, estar orgullosos
d’elles i dels seus resultats, que existeixen. Només cal veure la
quantitat de llicenciats espanyols que es demanden des d’altres
països d’Europa, que sí que valoren els alumnes que han estat
formats a les universitats espanyoles. I és que no estem tan malament com
plantegin en la moció. I a més a més, en la moció també reconeixen que
els nivells de estudiants universitaris, el 26,4% del curs 2010-2011
estan per sobre de l’Estratègia Europa 2020 de la Unió Europea. Que
pel que fa a la despesa pública destinada a universitats també estem a
nivells de la OCDE, 1,2%, tot i que hi ha països que estan per sobre del
d’Espanya. Que la despesa per estudiar està en un 40% del PIB,
mentre que la OCDE te un 41%, és bàsicament anivellat. Diuen també a la
moció que les beques s’han incrementat, no diu quant, i donen dades
del curs 2010-2011, en el qual diuen que s’ha destinat 18,7 milions
d’euros. Em sembla estrany que no parlessin de dades del curs
2012-2013.

De totes formes, però, no és suficient. Volen proves: els
màsters han disminuït en un 8%: 6 700 estudiants menys. El preu ha
augmentat una mitjana del 69%, uns 1 000 euros. Pensin que amb 1 000
euros hi ha moltes famílies que passen tot un mes, si són afortunades i
tenen ingressos. Els graus també han disminuït, el preu de la matrícula
ha augmentat un 1,5%, i si es repeteixen assignatures, també és molt més
car. Tot plegat fa un còctel —augment de preu, crisis de les
famílies, enduriment dels requisits per accedir a beques— que tot
plegat s’aboca en unes conseqüències, en l’abandonament dels
estudis, que es matriculen a menys matèries, i que alguns estudiants han
de buscar una feina per poder pagar-se els estudis i compaginar-ho, amb
la qual cosa el rendiment també baixarà.

La situació és crítica, molt crítica. I les conseqüències
de les mesures preses fins ara s’estan deixant veure, només cal
veure els resultats. Si no es canvia el plantejament: retallades
econòmiques als campus, augment de les taxes, atac a la autonomia de les
universitats, en suma, el resultat serà desastrós pel país i per les
generacions futures. Les manifestacions al carrer no són cap casualitat.
La comunitat està demanant diàleg, contribuir a participar en les
decisions que es prenguin, de forma consensuada, però sense traspassar
uns determinats límits, unes línees vermelles.

Retirin o/i paralitzin les reformes que des del Ministeri
es volen portar a terme. Totes, Lomce, Universitats, Decret 14/2012, i
impulsin el diàleg que s’està reclamant. Cal una universitat
pública enfortida, accessible a qui tingui mèrits acadèmics suficients,
sense discriminació econòmica. Cal una política de beques amb recursos
suficients perquè cap jove que vulgui estudiar es vegi privat de fer-ho
per falta de recursos econòmics. Cal garantir l’autonomia de les
universitats públiques amb un funcionament transparent i amb participació
de tota la comunitat. Cal apostar i garantir amb els recursos necessàries
la generació de joves docents i investigadors. De cap manera la
universitat pública ha d’estar manipulada pels interessos
d’empreses o bancs. Cal l’estabilitat de les plantilles de
personal administratiu i de serveis, i del personal docent i
investigador. S’han de baixar les taxes universitàries, i cal una
suficiència financera perquè les universitats puguin competir amb
investigació i docència amb les d’arreu del món. Però el que es
demana a la moció segueix la mateixa línea de les mesures adoptades fins
ara, mesures que la societat ha rebutjat molt clarament i que nosaltres
també rebutgem. Però, per contra, si es paralitzen les mesures anti
universitat pública i s’inicia diàleg amb la comunitat educativa
universitària, amb ganes de reformar en un entorn de consens, ens hi
trobaran al costat. Contribuirem amb propostes. Mentre tant, es continua
la universitat pública. I tal com es manifesta la moció, va en contra de
garantir l’accés universitari als nostres joves, i, per tant,
votarem en contra d’aquestes mesures.

Gràcies. (Aplaudiments.)

Buenos días, señorías, presidente.

Compartimos la opinión de que los estudios universitarios y
la educación en general son un hecho que tiene que garantizar el Estado a
todo el mundo, sin que el nivel socioeconómico

suponga un impedimento a la hora de acceder a la
universidad. Este derecho no se está garantizando. Las excusas en las que
se basa la imposición de una reforma son muy discutibles.

En primer lugar, en la moción presentada se dice que no hay
ninguna universidad española entre las 150 mejores del mundo. A este
respecto, como ha dicho la senadora del Grupo Parlamentario Vasco,
nosotros opinamos que los parámetros que se valoran en los rankings
actuales miden por igual universidades muy distintas y, por lo tanto, los
resultados obtenidos son muy distorsionados. Tampoco tienen en cuenta
factores en el entorno universitario estatal, como el marco normativo, la
situación socioeconómica o la propia historia del país. Asimismo se
comenta como queja que el 30% del alumnado abandona la universidad o que
el 42% de las carreras universitarias tienen menos o tuvieron menos de 50
alumnos de nuevo ingreso. Pero aquí hay que tener en cuenta que parte de
este abandono ha sido provocado por las medidas que ha adoptado el
Gobierno, otra parte corresponde a un cambio de carrera que en muchos
casos no se contabiliza.

También se quejan de que la internacionalización es
insuficiente. Con estrangular a la universidad pública, así como se está
viendo hoy en día este estrangulamiento económico, difícilmente se va a
poder competir con otras universidades del mundo por las que sí apuestan
sus gobiernos.

Igualmente se quejan de que el número de universidades en
España es muy elevado: 79, de las que 50 son públicas y 29 privadas. Pero
aquí también tenemos que tener en cuenta que, según la nueva ley que
quiere aprobar el Gobierno, la LOMCE, de mejora de la calidad educativa,
hemos de suponer que va a contribuir a que un elevado número de alumnos
salgan con un nivel académico tal que les permita acceder todavía más a
la universidad. Por lo tanto, ponemos en duda que haya muchas
universidades.

Lo que está claro es que lo primero que tendría que hacer
el Gobierno de un país es apostar por sus universidades, estar orgullos
de sus universidades y de sus resultados, que existen. Solo hay que ver
la cantidad de licenciados españoles que reciben demandas desde otros
países de Europa que sí que valoran los alumnos formados en las
universidades españolas. Y es que no estamos tan mal como se nos plantea
en la moción. Además, en la moción también reconocen que los mejores
estudiantes universitarios, el 26,4% del 2010—2011, están por
encima de la Estrategia Europea 2020 y de la Unión Europea; que el gasto
público destinado a universidades también está a niveles de la OCDE,
1,2%, aunque hay países que están por encima del nivel de España; que el
gasto por estudiante es de un 40% del PIB, mientras que en la OCDE es del
41%, básicamente está equilibrado. Dicen también en la moción que las
becas han incrementado, no dice cuánto, y dan datos del 2010 y 2011,
1118,7 millones de euros. Me extraña que no se refieran a datos del curso
2012–2013.

De todas formas, no es suficiente. Quieren pruebas. Los
másteres han disminuido en un 8%, 6700 estudiantes menos. El precio ha
aumentado una media del 69%, unos 1000 euros. Piensen que con 1000 euros
hay muchas familias que pasan un mes entero si son afortunadas y tienen
ingresos. Los grados también han disminuido. El precio de la matrícula ha
aumentado un 1,5%, y si se repiten asignaturas también es mucho más caro.
Todo ello constituye un cóctel —aumento de precios, crisis de las
familias, endurecimiento de los requisitos para acceder a becas—
que conduce a unas consecuencias: abandono de los estudios, matriculación
de menos asignaturas, y muchos estudiantes tienen que buscar un trabajo
externo para poderse pagar la carrera y compaginarlo con los estudios,
con lo cual también baja el rendimiento.

La situación es crítica, muy crítica, y las consecuencias
de las medidas tomadas hasta el momento se hacen notar. Solo hay que ver
los resultados. Si no se cambia el planteamiento actual: recortes
económicos a los campus, aumento de las tasas, ataque, en suma, a la
economía de las universidades, el resultado va a ser desastroso para el
país y para las generaciones futuras. Las manifestaciones en las calles
no son una casualidad. La comunidad pide diálogo, pide participar en las
decisiones que se tomen, consensuadamente, pero sin traspasar unos
límites determinados, unas líneas rojas.

Retiren o paralicen las reformas que quieren aplicar desde
los ministerios, todas: la Lomce, Universidades y el Decreto 14/2012, e
impulsen el diálogo que se reclama. Es necesaria una universidad pública
más fuerte, accesible a quien tenga méritos académicos suficientes, sin
discriminación económica. Es necesaria una política de becas con recursos
suficientes para que ningún joven que sí que quiera estudiar se quede sin
hacerlo por falta de recursos económicos.

Hay que garantizar la autonomía de las universidades
públicas con un funcionamiento transparente y con participación de toda
la comunidad. Hay que garantizar, con los recursos necesarios, la
generación de jóvenes docentes e investigadores. De ninguna manera la
universidad pública tiene que estar manipulada por los intereses de
empresas o bancos. Hay que estabilizar las plantillas de personal
administrativo y de servicios y de personal docente e investigador.
Tienen que bajar las tasas universitarias. Es necesaria una suficiencia
financiera para que las universidades puedan competir en investigación y
docencia con las de todo el mundo. Lo que se pide en la moción sigue en
la misma línea de las medidas adoptadas hasta el momento, medidas que la
sociedad ha rechazado muy claramente y que nosotros también rechazamos.
Por contra, si se paralizan las medidas antiuniversidad pública y se
inicia un diálogo con la comunidad educativa universitaria con ganas de
reformar en un entorno de consenso, nos encontrarán a su lado. Vamos a
contribuir con propuestas. Mientras tanto se sigue dilapidando la
universidad pública y, como se manifiesta en la moción, esto va en contra
de garantizar el acceso universitario de nuestros jóvenes y, por lo
tanto, vamos a votar en contra de estas medidas.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la
palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyor president,
senyories, molt bon dia.

És evident que la universitat espanyola ha viscut en els
darrers trenta anys un procés intens de creixement tant des d’un
punt de vista quantitatiu com des d’un punt de vista qualitatiu, és
a dir, ha crescut en el nombre d’estudiants, ha crescut en el
nombre d’universitats. En termes qualitatius ha viscut també una
d’actualització i modernització dels seus continguts, això és
evident, i sobretot, doncs, amb la incorporació de la investigació com a
element central del patrimoni de la universitat.

Aquest procés ha permès situar les universitats espanyoles,
i en particular les de Catalunya, en nivells destacats de presència i
visibilitat tant en l’àmbit social com en l’àmbit i a nivell
internacional. Existeix un convenciment cada cop més generalitzat del
paper central de les universitats vinculat al progrés social i econòmic
d’un país. Per tant, la universitat i el progrés d’un país
estan molt lligats. Aquesta afirmació, reconeguda en general, és en
aquests moments dramàticament crucial i per això és imprescindible dotar
les universitats dels instruments necessaris per entrar amb força a
l’espai internacional. Cal dotar-les de nous instruments que
permetin actuar més estratègicament, i avançar en termes de qualitat i de
posicionament internacional.

Els ajustaments necessaris derivats de la contenció de la
despesa pública han de ser una oportunitat per activar aquelles
polítiques que permetin aconseguir el doble objectiu de la sostenibilitat
econòmica, d’una banda, i la millora de la qualitat acadèmica,
d’una altra.

Permeti’m que li digui, senadora Sampedro, alguns
dels eixos sobre els que entenem que caldria aprofundir en aquest àmbit.
L’estructuració de l’oferta d’estudis —en parlen
a la moció— el model de professorat que requereix la universitat;
l’impuls als serveis universitaris comuns —que no se’n
parla i crec que també és un tema important—; nova política de
preus de matrícula i beques— cal parlar-ne una mica aquí—,
beques que realment han de garantir l’equitat del sistema, han de
garantir la igualtat d’oportunitats, han de garantir que els joves
puguin accedir a la universitat independentment de la seva situació
social o econòmica, i això no s’està produint en molts casos i això
és clau.

I no volem nosaltres tampoc deixar d’insistir en.una
qüestió important, i és en el compliment d’una sentència del
Constitucional, i és en el traspàs de tota la política de beques a les
comunitats autònomes, a la Generalitat de Catalunya, perquè, en
definitiva, aquesta igualtat d’oportunitats en relació als alumnes
catalans no s’està complint. Per tant, estan descriminats en
relació a la política de beques per accedir a la universitat. Aquest un
tema per nosaltres important.

Un altre eix sobre el que caldria treballar és que les
universitats han de ser motor de desenvolupament del país, i ja hi feia
referència abans. És un element important. També, el govern, la gestió i
el finançament de les universitats.

Des de Convergència i Unió defensem la necessitat
d’instaurar un model universitari que opti per
l’excel·lència, la captació i la retenció del talent, i la
internacionalització de les institucions universitàries i la seva oferta
acadèmica, així com la transferència de coneixement al sistema productiu.
És bàsic, això. Transferència de coneixement al sistema productiu. Per
tant, què vol dir?

Ho deia abans: el creixement d’un país cada vegada
està més lligat a la universitat. Una gran vinculació del sistema
productiu, evidentment, amb la universitat i la transferència de
coneixement que realment em pugui gaudir el sector productiu, el sector
empresarial, que no quedi allí. Això és també fonamental. Per fer-ho
possible, cal que es duguin a terme diverses reformes, però respectant
sempre i en tot cas les competències que tenen les comunitats autònomes
en matèria d’autonomia universitària.

Fixi’s Senadora Sampedro si tenim feina en el camp
universitari. He volgut fer aquesta primera part positiva perquè parlar
d’educació i parlar de la universitat ens mereix sempre una
altíssima consideració. Però, lamentablement, tenim la segona part, que
és la moció que vostès ens presenten i que entenem que no està a
l’alçada de les circumstàncies, tal com jo he anat explicant aquí.
La veiem poc potent, i amb una invasió competencial molt important, a la
qual vull fer referència en aquests moments.

Nosaltres considerem que no podem donar suport a la moció
en qüestió ja que tenim una invasió competencial de les comunitats
autònomes, i en tot cas, han de ser aquestes les que duguin a terme les
actuacions que el Grup Parlamentari Popular vol assignar al Govern
l’Estat.

Miri, l’article 172 de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat,
en matèria d’ensenyament universitari, sense perjudici de
l’autonomia universitària, la competència exclusiva sobre la
programació i la coordinació del sistema català en el marc de la
coordinació general. Per tant, instar el govern a dur a terme un estudi
de mapes autonòmics de l’oferta actual i demanda del sector
productiu, a fi d’adaptar l’oferta de les titulacions de grau
i màster a la demanda, vulneraria les competències autonòmiques i
l’autonomia universitària.

D’altra banda, instar el Govern a avaluar i revisar
les titulacions oficials existents adaptades a l’espai, també
vulneraria la competència de les comunitats autònomes sobre
l’elaboració del marc jurídic dels títols propis de les
universitats, d’acord amb el principi d’autonomia
universitària. I en el mateix context, cal destacar que les comunitats
autònomes tenen competència compartida en la regulació del règim
d’accés a les universitats, per tant, són les comunitats autònomes,
respectant l’autonomia universitària, les que han de garantir la
igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació
universitària, que hi feia referència abans, amb la política de
beques.

En definitiva, el sistema universitari, senyora Sampedro,
requereix consensos, abordar les reformes amb esperit constructiu i
sobretot treballar de manera coordinada amb les comunitats autònomes,
diàleg, i no a l’inrevés. Per tant, entenem que aquesta moció està
mal plantejada, és poc ambiciosa, no respecta les competències de les
comunitats autònomes, i nosaltres no podrem votar a favor d’aquesta
moció que vostès avui ens plantegen.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días.

Es evidente que la universidad española ha vivido en los
últimos treinta años un proceso intenso de crecimiento tanto desde un
punto de vista cuantitativo como cualitativo, es decir, ha crecido el
número de estudiantes y de universidades. En términos cualitativos
también se han actualizado y modernizado sus contenidos, lo cual es
evidente, sobre todo con la incorporación de la investigación como
elemento central del patrimonio de la universidad. Este proceso ha
permitido situar a las universidades españolas, y en particular a las
catalanas, en niveles destacados de presencia y visibilidad tanto en el
ámbito social como en el internacional.

Existe un convencimiento, que cada vez está más
generalizado, del papel central que tienen las universidades vinculado al
progreso social y económico de un país. Por lo tanto, la vinculación de
la universidad al progreso de un país es algo que está presente. Esta
afirmación, reconocida en general, es en estos momentos dramáticamente
crucial y, por eso, es imprescindible dotar a las universidades de
aquellos instrumentos necesarios para acceder con fuerza al espacio
internacional. Hay que dotarlas de nuevos instrumentos que permitan
actuar más estratégicamente y avanzar en términos de calidad y de
posicionamiento internacional.

Los ajustes necesarios derivados de la contención del gasto
público tienen que ser una oportunidad para activar aquellas políticas
que permitan conseguir el doble objetivo de la sostenibilidad económica,
por un lado, y la mejora de la calidad académica, por otro.

Permítame que mencione, senadora Sampedro, algunos de los
ejes sobre los que consideramos que deberíamos profundizar en este
ámbito: estructuración de la oferta de los estudios —lo dicen

en la moción—; el modelo de profesorado que requiere
la universidad; el impulso a los servicios universitarios comunes
—no se habla en la moción de esta cuestión y es un tema
importante—; nueva política de precios de matrícula y becas
—que también hay que abordar—, becas que deben garantizar la
equidad del sistema, la igualdad de oportunidades, que los jóvenes puedan
acceder a la universidad, independientemente de su situación
socioeconómica, lo que no se produce en muchos casos, y es clave.

Y no queremos dejar de insistir en una cuestión muy
importante: el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional
sobre el traspaso de la política de becas a las comunidades autónomas, a
la Generalitat de Catalunya. Esta igualdad de oportunidades no se está
cumpliendo en el caso de los alumnos catalanes, con lo cual están
discriminados en la política de becas para acceder a la universidad. Este
es un tema importante para nosotros.

Otro eje en el que tendríamos que trabajar es que las
universidades deben ser motor de desarrollo del país, a lo que me he
referido anteriormente, pues es un elemento importante, así como el
gobierno, la gestión y la financiación de las universidades.

Convergència i Unió defiende la necesidad de instaurar un
modelo universitario que opte por la excelencia, la captación y retención
del talento, y la internacionalización de las instituciones
universitarias y su oferta académica, así como la transferencia de
conocimiento al sistema productivo, que es algo básico. ¿Qué significa?
Como he dicho anteriormente, el crecimiento del sistema productivo de un
país está cada vez más vinculado a la universidad, una transferencia de
conocimiento que el sector empresarial pueda disfrutar. Esto es
fundamental y para hacerlo posible hay que realizar distintas reformas,
pero respetando las competencias de las comunidades autónomas en materia
de autonomía universitaria.

Fíjese, senadora Sampedro, si tenemos trabajo todavía en el
campo universitario. En esta primera parte de la moción he querido ser
positivo porque en nuestro caso hablar de educación y de universidad nos
merece siempre una altísima consideración pero, lamentablemente, la
segunda parte de la moción que nos presentan no está a la altura de las
circunstancias, como ya he ido explicando, porque nos parece poco potente
y con una invasión competencial muy importante, a la que me voy a referir
a continuación.

No podemos apoyar su moción, ya que vemos una invasión
competencial de las comunidades autónomas, que son las que tienen que
aplicar las actuaciones que el Grupo Parlamentario Popular quiere asignar
al Gobierno del Estado.

Señoría, el artículo 172 del Estatuto de Autonomía de
Cataluña establece que corresponde a la Generalitat en materia de
enseñanza universitaria, sin perjuicio de la autonomía universitaria, la
competencia exclusiva sobre la programación y la coordinación del sistema
catalán en el marco de la coordinación general. Por consiguiente, instar
al Gobierno a realizar un estudio de mapas autonómicos de la oferta
actual y demanda del sector productivo con el objetivo de adaptar la
oferta de las titulaciones de grado y máster a la demanda vulneraría las
competencias autonómicas y, por tanto, la autonomía universitaria.

Por otro lado, instar al Gobierno a evaluar y revisar las
titulaciones oficiales existentes adaptadas al espacio también vulneraría
la competencia de las comunidades autónomas sobre la elaboración del
marco jurídico de los títulos propios de las universidades, de acuerdo
con el principio de autonomía universitaria. En el mismo contexto hay que
destacar que las comunidades autónomas tienen competencia compartida en
la regulación del régimen de acceso a las universidades. Por tanto, son
las comunidades autónomas, respetando la autonomía universitaria, las que
deben garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación
universitaria; me referí a ello anteriormente cuando hablé de la política
de becas.

En definitiva, el sistema universitario, señora Sampedro,
requiere consensos, abordar las reformas con espíritu constructivo, sobre
todo trabajar de forma coordinada con las comunidades autónomas, diálogo,
y no al revés. Por ello, entendemos que esta moción está mal planteada,
es poco ambiciosa y, en este sentido, tampoco respeta las competencias de
nuestras comunidades autónomas.

Por todo ello, nosotros no podremos votar a favor de esta
moción que ustedes hoy nos han planteado.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Álvarez Areces.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Gracias, señor presidente.

Comienzo mi intervención manifestando algunas
consideraciones que continúan este debate. Anteriormente, por escasez de
tiempo, no he podido comentar que los rankings están mal utilizados y,
por consiguiente, se trata de un diagnóstico erróneo del que parte la
reflexión sobre que la universidad española no produce los suficientes
rendimientos, a pesar de los recursos invertidos.

En mi última intervención hablaba de que si utilizásemos el
ranking de Shangai por áreas, nos daríamos cuenta de los rendimientos, a
veces brillantes, de nuestras universidades en áreas como Matemáticas,
donde figuran siete en el ranking; Física, con tres; Química, con cuatro;
e, incluso, Informática. Y si uno aumenta en vez de 150 a 200, se
encontrará con contingentes de universidades españolas que tienen
facultades y áreas de conocimiento brillantísimas, con escasos medios, si
nos comparamos con lo que se invierte en otros países en términos de PIB.
Incluso en términos absolutos, no sé por qué, cuando interesa, el listón
del ranking de Shangai se pone en 150, en 200 o en 300 —yo tengo
los listados y cualquier persona puede verlo a través de Internet—,
y comprobamos cómo las universidades españolas, no solo por áreas de
conocimiento sino también en términos globales, pueden tener unos
rendimientos excelentes, basta con poner el listón en términos
razonables.

Hasta hace bien poco, lo habitual era considerar las 500
mejores universidades del mundo. Actualmente, hay aproximadamente más de
19 000 universidades. Pues bien, si utilizamos el dato de 500, nos
encontramos con que la Autónoma de Madrid está entre las 200 y 300
mejores del mundo; la Complutense de Madrid, entre las 200 y 300; la
universidad de Barcelona, entre las 200 y 300; la Universitat Autònoma de
Barcelona, entre las 300 y 400 mejores del mundo; la Politécnica de
Valencia, entre las 300 y 400 mejores del mundo; la del País Vasco, entre
las 300 y 400; la de Valencia, entre las 300 y 400; la de Granada, entre
las 400 y 500; la Pompeu Fabra, entre las 400 y 500; la de Vigo, entre
las 400 y 500; la de Zaragoza, entre las 400 a 500, etcétera. ¿De dónde
se saca que esto no obedece a una correlación entre la inversión en
términos de PIB y excelentes resultados, que se utilizan incluso en el
ranking de Shanghai? Y ya se ha dicho por parte de otros intervinientes
que esos rankings se refieren casi exclusivamente a la actividad
investigadora y que, de los cien primeros puestos, noventa y nueve están
ocupados por universidades que operan en países donde las inversiones en
el sector científico-tecnológico superan en todo caso el 2,3% del PIB, y
en algunos casos, como en Estados Unidos, más del 3% del PIB, mientras
que en España está situado en el 1,3, y a la baja. Esto es importante, lo
mismo que lo es decir que no es cierto que haya un 30% de fracaso, de
abandono de nuestras universidades, porque ese dato está mal utilizado.
El 30% se refiere al cambio de titulación, pero no al abandono de la
universidad; el abandono estrictamente está situado en torno al 12%.

En definitiva, quiero decir que en el debate que se
introduzca en esta Cámara, que va a continuar, conviene partir de
diagnósticos serios y rigurosos y no de diagnósticos erróneos. Yo creo
que hay una ideologización, que se ha ido desgranando con una serie de
valoraciones que pretenden desacreditar al mundo universitario, acusando
a los profesores de cobrar sexenios sin apenas investigar; a los alumnos
y becarios, de falta de esfuerzo y de escaso rendimiento; diciendo que
las publicaciones son escasamente productivas, cosa que no es cierta y
que antes ya he mencionado. Y la intención premeditada es adelgazar el
sistema universitario español para decir que está sobredimensionado, que
es caro, que es ineficiente y que no responde a los niveles de calidad
exigible. No es aceptable un debate serio a partir de esas premisas. Y
todo ello ha impregnado decisiones, que se han tomado en los meses
transcurridos, en materia presupuestaria y en otros aspectos normativos
que afectan a la universidad y que es lo que ha provocado la reacción
unánime de todos los rectores. En España hay setenta y nueve
universidades, cincuenta públicas y veintinueve privadas, pero las
cincuenta públicas han hecho un manifiesto unánime diciendo que su
situación era insostenible para cubrir las necesidades más elementales
del momento. Y en el debate de la universidad no podemos eludir que hay
un gran descontento, que va a culminar en movilizaciones y protestas el 9
de mayo porque se está dando una situación de precariedad hasta tal
punto, que se producen abandonos como consecuencia de la carencia de

recursos económicos por la tremenda crisis que vivimos. Y
son incluso las propias universidades las que tienen que proveer de
recursos, como antes se ha mencionado; y hemos hablado específicamente de
la universidad de Oviedo, pero no solo es esa, sino otras muchas
universidades.

Yo creo que cualquier abordaje, tanto en lo que respecta a
la Lomce como a la universidad, tiene que ser hecho con seriedad y rigor.
Pienso que son políticas cargadas de un fuerte contenido ideológico, que
tratan de provocar una ruptura en nuestro modelo social para ir hacia un
sistema educativo más dual y, por tanto, más desigual, y adelgazar las
capas sociales que pretenden ir a la educación superior y segregar al
resto de enseñanzas hacia otros ámbitos para que resulten más baratas,
utilizando mecanismos que ya hemos debatido en la comparecencia del
ministro.

Creo también que hay un elemento muy significativo, de una
gran injusticia social, y es todo lo que hace referencia al sistema de
becas. Por eso, en la enmienda que he presentado se dice que no puede
mantenerse el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas
urgentes de racionalización del gasto público, ni el 1000/2012, de 29 de
junio, dos piezas que han provocado una agresión en el ámbito de los
recursos para la docencia y la investigación, pero también en el sistema
de acceso, para las becas y ayudas al estudio, porque se han establecido
nuevos umbrales de renta y de patrimonio familiar, y aunque se mantengan
las cuantías generales de las becas y el régimen de las becas y ayudas al
estudio, en el resto se han minorado y además el contingente de alumnos
que pide el acceso a la beca es mucho mayor debido a la crisis, como
antes se ha anunciado.

Quiero recordar algunos datos. El sistema universitario
público presencial contabiliza en las aulas a más del 75% de los
estudiantes universitarios de grado y al 90% de los becarios del
ministerio. Y España destina a la financiación de becas y ayudas solo el
0,08% del PIB, frente al 0,24 del PIB de media de los países de la OCDE.
Si nos comparamos con la OCDE, comparémonos con estos datos. Estamos muy
por debajo de los umbrales que se utilizan en la OCDE en el sistema de
becas y ayudas públicas, y encima estamos dificultando el acceso, porque
aunque en los presupuestos se pongan créditos iniciales, lo que
verdaderamente habrá que medir —y yo preguntaré por ello— es
cuánto se ejecuta de verdad, y es que aunque haya aparentemente
presupuestos que igualan los del año anterior en términos de becas
generales, es indudable que a la hora de hacer liquidación muchas de
ellas no van a ser disfrutadas.

El rendimiento académico de los becados también es mucho
más alto que el de las personas no becadas, e incluso algunos estudios,
como el de los profesores Armenteros y Pérez García, lo cifran en el 35%
de mejora sobre el que registran los universitarios no becados,
acortándose en dos años el tiempo medio empleado para la obtención de la
graduación, que se sitúa en 5,20 años para los becados y en 7,14 años
para los no becados.

Estos son datos rigurosos que, evidentemente, echan por
tierra cualquier consideración peyorativa, que no es que se haya
presentado en esta moción, pero sí se ha hecho tanto en debates previos
por parte del señor ministro como en algunas comparecencias. Creo que
estamos en una situación en la que es necesario hacer un esfuerzo y
evitar que nuestra universidad, que es uno de nuestros grandes capitales
para abordar el futuro, se deteriore.

Los rectores inician un diálogo a través de una comisión
mixta. También hay que dialogar con las comunidades autónomas; hay que
dialogar con los componentes del sistema educativo en todos los sectores,
en la universidad y fuera de ella, con los estudiantes, con los
profesores y con las organizaciones sindicales, porque sin diálogo la
educación no avanza, y en estos momentos hay un gran malestar. Si
queremos mejorar, y siempre hay que mejorar la educación en el ámbito no
universitario y en el ámbito universitario, es necesario dialogar, porque
sin diálogo no hay avances ni mejoras. En estos momentos podemos perder
el tren del desarrollo tecnológico hipotecando tanto la investigación
como el avance hacia una sociedad del conocimiento, que son las premisas
que nos inspira Europa, incluso en un contexto de crisis.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por
favor, vaya finalizando. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor ÁLVAREZ ARECES: Termino ya.

España tiene que hacer un gran esfuerzo para avanzar en esa
dirección, no tanto con legislación ex novo sino fundamentalmente
articulando medidas que se consensúen con los

agentes activos y respetando las competencias de las
comunidades autónomas y la autonomía de la universidad.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez
Areces.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Sampedro.

La señora SAMPEDRO REDONDO: Gracias, presidente.

Con carácter general, en cuanto al comentario —creo
que casi todos los grupos lo han hecho— de que solo valoramos lo
negativo y lo desastroso de los datos de la universidad, debo decirles
que yo he empleado varios párrafos para valorar lo positivo. Lo que pasa
es que uno no trae una moción ni al Senado ni al Congreso para tirarse
quince minutos hablando de todas las cosas buenas. Aquí se traen las
mociones para intentar impulsar medidas que corrijan aquellas cosas que
merecen ser impulsadas, digo yo. Me parece esencial empezar por este
tema.

Con respecto a la intervención del senador de Izquierda
Unida, como en este momento no está, le contestaré luego porque me da
igual el orden.

La senadora Martínez, del PNV, me comenta que cree que no
hay nada que mejorar, que está todo estupendo. No se cree ningún ranking;
ha cogido un montón de artículos, de los que unos van en contra y otros,
a favor de la tesis que postulamos aquí sobre que hay cosas que cambiar.
Usted prefiere, y está en su derecho, creer más a aquellos que dicen que
no hay nada que cambiar —me parece que en eso puede coincidir
incluso con la senadora de Entesa—, y con eso se siente mejor. Lo
entiendo, pero usted sabe, y yo también, que hay cosas que cambiar y que
no es coincidencia que los informes de una inmensa mayoría de expertos y
una inmensa mayoría de artículos digan siempre que hay cambiar una serie
de debilidades que tenemos, que hay que propiciar que dejen de serlo y
que sean fortalezas.

En cuanto a su preocupación respecto del primer punto, lo
del dinero y que hay que pagar por hacer el mapa, ya le comenté el otro
día que se refiere a potenciar el sistema de información integrado de la
universidad, a volcar los datos. En ese sentido, no creo que sea tan
costoso.

Y sobre lo que me comenta acerca de que habría que cambiar
y adecuar y que eso es muy costoso, le diré que hay que hacerlo
continuamente, senadora. Hay que estar siempre alertas y vigilantes.
Porque es cierto que tener que cambiar un título puede costar dinero,
puede generar una inversión, pero lo que le aseguro que es tirar el
dinero es tener titulaciones que no estén adaptadas para la misión que
han de tener, que es formar a las personas para que luego puedan tener un
puesto de trabajo o unos conocimientos que les permitan desempeñar lo que
sea en su vida. Creo que en eso estará usted de acuerdo conmigo.

Y en cuanto al tema de las competencias, voy a aprovechar
para contestar a los senadores de CiU, del PNV y especialmente a la
senadora de la Entesa. Señoría, quiero decirle que por su discurso de
repente me ha parecido que pertenece usted a algún grupo muy conservador,
porque no quiere usted que cambie nada, quiere que todo siga como está.
Pero, como sabe, si nada cambia, ser progresista es un poco difícil; hay
que progresar. Entiendo que es usted conservadora y, desde luego, no creo
que le hagan mucho caso en lo de retirar la ley. (Rumores.)

Invasión competencial. Todos ustedes están en ello. Yo no
sé si es que el párrafo que puse sobre que todo se iba a hacer respetando
los derechos de las comunidades autónomas, la autonomía universitaria y
que todo ha de pasar por la Conferencia de Política Universitaria, no sé
—digo— si no les vale. No sé si eso hay que ponerlo en cada
párrafo o en cada línea, pero lo que sí sé decir es que las competencias
son como cualquier derecho: algo que tiene un límite, que es donde están
los límites de los demás. Y las competencias tienen el límite de que el
Estado también tiene las suyas, y eso hay que respetarlo. Si no, según la
teoría que tiene el senador Alturo, nunca estaríamos debatiendo ni de
educación ni de sanidad ni en el Congreso ni en el Senado. (Rumores.)

Hace poco, el 10 de octubre de 2012, su grupo, CiU,
presentó en el Congreso una moción, que fue aprobada, en la que hablaban
de lo mismo que estamos diciendo hoy aquí: revisión de la oferta
académica con el objetivo de adecuarla a la demanda y orientarla a la
calidad, dotación de las universidades de mayor autonomía para la
captación de talento, colaboración más estrecha entre universidad y
empresa para garantizar más efectivamente la transferencia de
conocimiento al tejido productivo… Lo único que yo me pregunto es:
¿ustedes en el Congreso son un grupo

distinto del de aquí y no se admitían las competencias?
Puedo estar en un error, pero en el documento que tengo aquí dice:
Proposición no de ley de la Comisión del Grupo Parlamentario Catalán CiU
sobre la revisión de la política de la gobernanza de la universidad. Pero
luego podemos aclararlo. (Rumores.)

En cualquier caso, con respecto a su temor sobre las
competencias, que me ha parecido que es lo que más le preocupa a usted,
el Ministerio de Educación ha mantenido distintas reuniones para abordar
la mejora de nuestro actual sistema universitario con la Comisión
Permanente del Consejo de Universidades, con el Consejo de Universidades,
con las comunidades autónomas en la Conferencia General de Política
Universitaria y con la Comisión Permanente del Consejo de Estudiantes
Universitarios. Además, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha
creado grupos de trabajo con la CRUE, con los consejos sociales, con las
comunidades autónomas y con los agentes sociales para analizar y valorar
el informe y proponer medidas de reforma. Me parece que el respeto está
demostrado. Yo quiero entender que usted tendrá otras razones para no
apoyar la moción que no sea lo de las competencias, porque, sinceramente,
no lo entiendo. Ustedes comparten los objetivos y el criterio de cómo son
las debilidades.

Veo que el senador Iglesias ha vuelto al hemiciclo. Quiero
decirle que estoy de acuerdo en que no es el único criterio formar a los
ciudadanos para ser productivos, para tener un trabajo; por supuesto. Lo
que pasa es que, como he dicho al principio, uno va priorizando en el
discurso aquel argumento al que quiere llegar. Formamos personas,
formamos ciudadanos, formamos ciudadanos conscientes de sus derechos,
pero si usted quiere ciudadanos que, efectivamente, puedan encontrar un
mecanismo de trabajo que les haga personas de pleno derecho, con todas
las capacidades, habrá que formarlos en una titulación en la que puedan
conseguir empleo.

Y con respecto a que el término productores y producción es
predemocrático, ¡y tanto! Creo que nos remontamos, y no solamente en este
país, a un tema casi marxista. No creo que haya ningún problema en hablar
de ello. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio,
por favor.

La señora SAMPEDRO REDONDO: En cuanto a las universidades y
la competitividad, creo que tenemos una diferencia de concepto que quizá
deberíamos aclarar. Cuando hablamos de que las universidades tienen que
ser más competitivas no nos referimos a que tengan que competir entre
ellas, al contrario. La idea de especializar es precisamente evitar que
tengan que competir entre ellas por arrastrar a unos estudiantes en un
ámbito casi cercano y disgregar. Lo que queremos es que sean capaces, en
sus propias competencias, de ser excelentes, de competir consigo mismas.
Yo soy una persona muy competitiva, muy competitiva conmigo misma.
Siempre pretendo hacer lo mejor. Ese es mi concepto de la competitividad,
y creo, por lo que leo en los informes, que cuando se habla de
especialización y de procurar tener un campo propio es precisamente para
no competir en el sentido negativo, sino para tener capacidad de competir
en el mundo global con unas armas de excelencia. Eso era lo único que le
quería decir a usted.

Habría otras muchas cosas que querría decir a todos, pero
tengo un tiempo limitado.

Con respecto al Grupo Socialista, aparte de lo que ya le he
indicado antes al senador Areces —le conozco hace muchos años y sé
que su capacidad para negar la mayor y seguir en el plano de decir que
nada está mal y todo es estupendo es inagotable—, quiero decirle
que, se ponga como se ponga, usted sabe que los objetivos que se marcan
en esta moción son compartidos; están en la Estrategia 2015, cuyos
documentos le recomiendo que lea de nuevo atentamente y los coteje. Y
dejan muy claro que hay coincidencia en el análisis del problema y en los
objetivos, y fueron hechos durante el período en que gobernaba
—mal, pero gobernaba— su partido. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.

La señora SAMPEDRO REDONDO: Algunos de ellos son, por
ejemplo, la modernización del sistema universitario español; o el
principio inspirador: la excelencia; un principio necesario: la
internacionalización; y un principio básico y de futuro: la
empleabilidad. Y me dice que ayer en la transaccional que usted y yo
intentamos negociar no le admití que quitase la parte en la que usted
quiere dar caña al Gobierno con el tema de las becas, y una vez más
—no se sabe cuántas veces hay que repetirlo— hay que decir
que las becas son un derecho que no es concurrente; tienen

derecho a ellas todos los que cumplen los requisitos. Y
todas esas personas reciben la beca con su componente de movilidad.

Así pues, lo que le pido, como le he dicho antes, es que
haga usted uso de las propias palabras que utilizó y de sus propias ideas
y tenga la lealtad de asumir que cuando a uno se le explica —como
le dijo usted al rector— que a veces no todas las peticiones se
pueden responder y satisfacer, el otro lo entiende la mayoría de las
veces. Yo le pido a usted que lo entienda, y de hecho sé que lo entiende,
porque el que gobernó sabe perfectamente que muchas veces hay que decir
que no, como usted le dijo al rector; y le agradeció la lealtad. Y vuelvo
a pedirle que tenga usted la misma lealtad para el Gobierno del Partido
Popular.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sampedro.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo
Parlamentario Popular tal y como ha sido presentada.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 245; a favor, 145; en contra, 100.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

6. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

6.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
MODIFICACIÓN DEL OBJETIVO DE DÉFICIT PÚBLICO DE CATALUÑA PARA 2013 Y A LA
ADOPCIÓN DE DIVERSAS MEDIDAS EN MATERIA DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN
AUTONÓMICAS.

(Núm. exp. 671/000066)

AUTORA: ESTER CAPELLA I FARRÉ (GPMX)

El señor presidente da lectura a los puntos 6. y 6.1.

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

A esta moción consecuencia de interpelación se han
presentado tres enmiendas: una del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés
de Catalunya, otra del Grupo Parlamentario Socialista y, finalmente, otra
del Grupo Parlamentario Convergència i Unió.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por tiempo
de cinco minutos, la senadora Capella. (Rumores.) Espere un momento,
señoría.

Señorías, la senadora Capella no va a empezar su
intervención hasta que no haya silencio.

Cuando quiera, señoría.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

En primer lugar, debo decir que esta misma senadora ha
presentado una corrección de errores al punto segundo de la moción, al
haberse omitido una parte del texto, en el que debería decirse:
«…por el incremento de gasto derivado de la deslealtad
institucional».

Doncs bé, la Generalitat de Catalunya —i passaré a
defensar aquí la meva moció— no té el control ni dels seus recursos
ni dels seus impostos. Catalunya genera un total de 36 milions
d’euros d’ingressos, que es poden desglossar de la manera
següent: 33 230 milions recaptats a través de l’impost de
societats, IVA i IRPF, i altres que són recaptats directament per
l’Estat i que representen aproximadament el 92% dels ingressos que
genera Catalunya via impostos i que recapta directament el Ministeri
d’Hisenda a través de l’Agència Tributària. La resta dels
ingressos, 2760 milions d’euros, són recaptats a través dels
corresponents impostos que té assignats o transferits la Generalitat de
Catalunya, que representen al voltant d’un 7% dels ingressos de la
Generalitat.

La Generalitat de Catalunya només disposa per poder
elaborar el seu pressupost de la quantitat de 19 000 milions
d’euros, ja que només rep de l’Estat un 50% dels ingressos
que genera via impostos. El compliment del pressupost de la Generalitat
de Catalunya depèn de les

transferències de l’Estat, i aquestes mai estan
relacionades o majoritàriament no estan relacionades amb el 50% restant
dels ingressos que es generen via impostos, sinó que depenen del Govern
central i de decisions basades en arguments derivats o que tenen
implicació amb la distribució poblacional, amb criteris polítics,
etcètera.

És evident que Catalunya pateix un dèficit fiscal crònic,
un dèficit estructural del 8% anual del seu PIB, un nivell excessiu si
veiem el que passa a Europa. Així que aquest sistema pressupostari separa
de manera molt poc eficient les decisions de política econòmica sobre els
ingressos, nivell d’impostos adequats i la despesa pública.

En resum, Catalunya controla un gran percentatge de la seva
despesa però no controla els seus ingressos. És evident que el 90% del
pressupost de la Generalitat de Catalunya s’inverteix en sanitat,
educació, serveis socials, seguretat, Mossos d’Esquadra, bombers,
presons, etcètera, i, —si es manté l’objectiu fixat pel
Govern de l’Estat, en aquest cas, el 0,7% del PIB fixat per
l’Estat—, comportaria efectuar unes retallades al voltant
dels 4.800.000.000 d’euros. Ja vaig relatar l’altre dia a la
interpel·lació que feia el senyor Montoro el que representa per a
Catalunya retallar 4.200.000.000 d’euros. És evident que complir
amb l’objectiu del sostre de dèficit fiscal, fixat per
l’Estat en el 0,7% del PIB, representa desaparèixer com a país.

Aquesta reclamació de flexibilització del dèficit no la fa
només Esquerra Republicana de Catalunya, sinó el Parlament de Catalunya i
altres grups parlamentaris, així com el Parlament Europeu en la seva
resolució, en l’informe Pallone, en el qual, en relació amb les
finances públiques de la Unió Econòmica i Monetària per als anys 2011 i
2012, estableix, en el punt 28, que els esforços de consolidació fiscal
s’han de repartir de manera justa entre les diferents
administracions públiques, tenint en compte els serveis que aquestes
presten. En aquest mateix informe, en el seu punt 33, es recomana als
estats que redueixin la seva despesa militar, és a dir, que redueixin el
pressupost de defensa i de compra d’armament. Però el Govern de
l’Estat tampoc no ha fet cas a aquest punt. Per tant, atès el que
he exposat, un sostre de dèficit inferior al 3% significaria retallades
importants, tenint en compte que cada dècima representa 200 milions
d’euros més.

El segon punt de la moció no és altre que la reclamació del
compliment de les quantitats degudes per l’Estat i el corresponent
calendari de pagament, atesos els reiterats incompliments, tot i que
l’anunci que duia a terme el ministre d’Hisenda la setmana
passada. S’acumula una llarga llista de greuges i de deslleialtats,
que van des del propi espoli fiscal acumulat, al deutes de l’Estat
exigibles segons la disposició addicional tercera, els fons de
liquiditat, els fons finalistes que l’Estat no paga, i que és allò
que diu a les administracions més properes, als ajuntaments i a la
Generalitat de Catalunya: «pagui vostè, que després ja ho trobarem». En
aquest cas, en l’àmbit de la sanitat, en l’àmbit de la Llei
de l’autonomia personal i atenció a les persones amb situació de
dependència, les compensacions derivades de l’IVA, en aquest cas
d’Hisenda, i els interessos de demora per quotes impagades a la
Seguretat Social, com a conseqüència del retard en les transferències de
l’Estat a la Generalitat.

Pues bien, la Generalitat de Catalunya —y defiendo
aquí mi moción— no tiene el control ni de sus recursos ni de sus
impuestos. Cataluña genera un total de 36 millones de euros de ingresos,
que se pueden desglosar como sigue: 33 230 millones recaudados a través
del impuesto sobre sociedades, IVA e IRPF, y otros recaudados
directamente por el Estado y que representan aproximadamente el 92% de
los ingresos que genera Cataluña vía impuestos y que recauda directamente
el Ministerio de Hacienda a través de la Agencia Tributaria. El resto de
los ingresos son recaudados a través de los correspondientes impuestos
que tiene asignados o transferidos la Generalitat de Catalunya, que
representan en torno al 7% de los ingresos de la Generalitat.

La Generalitat de Catalunya solo dispone para elaborar su
presupuesto de la cantidad de 19 000 millones de euros, ya que solo
recibe del Estado el 50% de los ingresos que genera vía impuestos. El
cumplimiento de la Generalitat depende de las transferencias del Estado,
y estas nunca están relacionadas o mayoritariamente no están relacionadas
con el 50% restante de los ingresos que genera vía impuestos, sino que
dependen del Gobierno central y de decisiones basadas en argumentos
derivados o que tienen implicación con la distribución poblacional, con
criterios políticos, etcétera.

Es evidente que Cataluña sufre un déficit fiscal crónico,
un déficit estructural del 8% de su PIB, un nivel excesivo si vemos lo
que sucede en Europa. Así que este sistema presupuestario separa

de forma poco eficiente las decisiones de política
económica sobre los ingresos, nivel de impuestos adecuados y el gasto
público.

En resumen, Cataluña controla un gran porcentaje de su
gasto pero no controla sus ingresos. Es evidente que el 90% del
presupuesto de la Generalitat se invierte en sanidad, educación,
servicios sociales, seguridad, mossos d’esquadra, bomberos,
cárceles, etcétera; y, de mantenerse el objetivo fijado por el Gobierno
del Estado —en este caso, el 0,7% del PIB—, comportaría
efectuar unos recortes en torno a los 4800 millones de euros. Ya dije el
otro día en la interpelación al señor Montoro lo que representa para
Cataluña recortar 4200 millones de euros. Es evidente que cumplir con el
objetivo del techo de déficit fiscal, fijado por el Estado en el 0,7% del
PIB, representa desaparecer como país.

Esta reclamación de flexibilización del déficit no la hace
solo Esquerra Republicana sino el Parlamento de Cataluña y otros grupos
parlamentarios, así como el Parlamento Europeo en el informe Pallone, en
el que, en relación con las finanzas públicas de la Unión Económica y
Monetaria de los años 2011 y 2012, establece, en su punto 28, que los
esfuerzos de consolidación fiscal deben repartirse de forma justa entre
las distintas administraciones públicas teniendo en cuenta los servicios
que estas prestan. En este mismo informe, en su punto 33, se recomienda a
los Estados que reduzcan su gasto militar, es decir, que reduzcan el
presupuesto de defensa y de compra de armamento. Pero tampoco a este
punto el Gobierno del Estado presta atención. Por tanto, un techo de
déficit inferior al 3% supondría unos recortes importantes, puesto que
cada décima representa 200 millones de euros más.

El segundo punto de la moción no es otro que la reclamación
del cumplimiento de las cantidades debidas por el Estado y el calendario
de pago, teniendo en cuenta los incumplimientos, a pesar del anuncio que
llevaba a cabo el ministro de Hacienda la semana pasada. Se acumula una
larga lista de agravios y deslealtades, que van desde el propio expolio
fiscal, acumulado a la deuda del Estado relativa a la disposición
adicional tercera, al fondo de liquidez, a los fondos finalistas que no
paga el Estado, hasta lo que dice a los ayuntamientos, a la Generalitat:
pague usted, que después ya lo veremos. En este caso, en el ámbito de la
sanidad, de la Ley de la dependencia, las compensaciones derivadas del
IVA, de Hacienda y de los intereses de demora por cuotas impagadas a la
Seguridad Social, como consecuencia del retraso en las transferencias del
Estado a la Generalitat.

El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando. Sí,
acabo.

La señora CAPELLA I FARRÉ: En aquest cas, l’augment
de l’IVA i d’altres impostos dut a terme per l’Estat
central, en aquest cas, pel Govern central, tampoc han produït una
transferència en aquest cas a la Generalitat de Catalunya. I, en el
mateix sentit, el derivat de la regularització, en aquest cas de
l’amnistia fiscal propugnada pel Govern de l’Estat tampoc no
ha tingut cap benefici en cas per a la Generalitat de Catalunya.

Per tant, demanaria el vot favorable a la nostra moció
conseqüència de la interpel·lació.

Gràcies.

Sí, finalizo. En el reparto también injusto del aumento del
IVA y de otros impuestos realizado por el Gobierno central; y tampoco se
ha producido una transferencia en este caso a la Generalitat de Cataluña.
Y, en el mismo sentido, el derivado de la amnistía fiscal propugnada por
el Gobierno del Estado tampoco ha tenido ningún beneficio para con la
Generalitat de Cataluña.

Por tanto, pediría el voto favorable a nuestra moción
consecuencia interpelación.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador
Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Senyor president, senyories,
amb molta brevetat, vull explicar les nostres esmenes d’aquesta
moció conseqüència d’interpel·lació d’Esquerra Republicana,
al Grup Mixt.

Nosaltres compartim el fons de l’objectiu de la
moció, que no és sinó la flexibilització del dèficit públic per a
l’exercici 2013, però no tant la forma; per això hem proposat unes
esmenes que,

òbviament, intenten millorar el text. Compartim el fons
perquè es tracta de flexibilitzar elevant el nostre sostre de dèficit, en
aquest cas d’una manera molt singular per Catalunya i també per al
conjunt de les administracions públiques. De fet, per Catalunya, en el
benentès que és l’única comunitat autònoma que en aquests moments
encara no disposa de pressupost aprovat per a l’any 2013, i està
amb una pròrroga pressupostària amb el 0,7, amb el que això comporta.

Es reclama també els compromisos contrets per part de
l’Estat amb Catalunya en matèria econòmica i financera, tant pel
que fa referència al compliment de la disposició addicional tercera de
l’Estatut com també a convenis de caràcter bilateral que també
estan incomplerts.

I, en tercer lloc, perquè reclama una modificació de la
Llei 22/2009, la llei de finançament vigent, a fi i efecte que es pugui
compensar les comunitats autònomes pels majors ingressos fruit de la
modificació de determinats tributs o impostos compartits per part
l’Estat i, en aquest cas també, segons l’últim punt de la
moció, pel que fa als majors ingressos fruit de l’amnistia fiscal
o, entre cometes, de la regularització fiscal.

Segurament una moció d’aquestes característiques no
necessita ni sol sostre a la negociació perquè, en el fons, aquesta
negociació dependrà en gran mesura de la negociació de la modificació del
dèficit públic per al conjunt d’Espanya, que suposem que està a la
recta final i que ahir va ser objecte també de debat en una
interpel·lació que es va presentar al ministre d’Economia.
Evidentment, el senyor ministre no ens va dir cap a on anaven les coses,
però sí que va donar algunes pistes en parlar del ritme de reducció del
dèficit nominal i del dèficit estructural, la qual cosa segurament vol
dir que estan parlant d’una forquilla del 5,5 o del 6 %; ja veurem
quin és el resultat perquè serà determinant.

Malauradament, no es fa cap al·lusió en aquesta moció a un
fet que des del meu punt de vista és essencial i és que no és el mateix
negociar amb l’Estat espanyol amb la modificació del dèficit
aconseguida a la Unió Europea —com espero— que sense això,
perquè el marge del propi Govern és molt diferent i, per tant, el grau
d’exigència del Govern de Catalunya, evidentment, també ho haurà de
ser. Si l’Estat té marge, haurem de tractar d’evitar que
passi el que va passar l’any passat i és que el marge guanyat en la
negociació amb Brussel·les se’l va quedar l’Administració
General de l’Estat i no les comunitats autònomes. Per tant, aquesta
negociació és clau i la flexibilització a Catalunya dependrà
d’aquest marge, de manera que cal fer al·lusió a això perquè no té
sentit ignorar-ho, com si això no existís.

D’altra banda, existia algun comentari confús en el
text, però la senadora l’ha corregit en l’auto-esmena i crec
que queda força més clar.

Evidentment, compartim els darrers punts de la moció. És a
dir que, nosaltres, amb les nostres esmenes hem procurat que la moció
sigui més precisa, i fins i tot més contundent en algun apartat, com en
el segon.

En qualsevol cas, el nostre posicionament final dependrà de
l’acceptació que tinguin les nostres esmenes.

Moltes gràcies.

Señor presidente, señorías, quisiera explicar muy
brevemente la enmienda a esta moción consecuencia de interpelación de
Esquerra Republicana, en el Grupo Mixto.

Nosotros compartimos el fondo del objetivo, que no es otro
que la flexibilización del déficit público para este ejercicio, el de
2013, pero no tanto la forma; y de ahí precisamente nuestra enmienda, que
intenta mejorar el texto. Compartimos el fondo, porque se trata de
flexibilizar el techo de déficit, y en este caso de una forma muy
singular para Cataluña y para el conjunto de las administraciones
públicas; de hecho, para Cataluña, teniendo en cuenta que es la única
comunidad autónoma que en la actualidad no tiene todavía presupuesto
aprobado para 2013, que está en una prórroga presupuestaria con el 0,7,
con lo que ello conlleva.

También se reclama el cumplimiento de los compromisos
adquiridos para con Cataluña en materia público-financiera, en lo que
respecta al cumplimiento de la disposición tercera del Estatuto o a
convenios de carácter bilateral que también son incumplidos.

Y, en tercer lugar, porque reclama una modificación de la
Ley 22/2009, la ley de financiación vigente, con objeto de que se pueda
compensar a las comunidades autónomas por los mayores ingresos fruto de
la modificación de determinados tributos o impuestos compartidos por
parte del

Estado y, en este caso también, según el último punto de la
moción, por lo que respecta a los mayores ingresos fruto de la amnistía
fiscal o, entre comillas, la regularización fiscal.

Seguramente una moción de estas características no necesita
techo en la negociación porque, en el fondo, va a depender en gran medida
de la negociación de la modificación del déficit público para el conjunto
de España, que suponemos que está en la recta final y que ayer fue objeto
también de debate en una interpelación que se presentó al ministro de
Economía. Evidentemente, el señor ministro no nos dijo hacia dónde iban
las cosas, pero sí dio algunas pistas al hablar del ritmo de reducción de
déficit nominal y de déficit estructural, lo que seguramente significa
que están hablando de una horquilla del 5,5 o del 6%; ya veremos cuál es
el resultado porque será determinante.

Desgraciadamente, no se hace ninguna alusión en esta moción
a un hecho que desde mi punto de vista es esencial y es que no es lo
mismo negociar con el Estado español con la modificación del déficit
conseguida en la Unión Europea —como espero— que sin ello,
porque el margen del propio Gobierno será muy distinto y, por lo tanto,
el grado de exigencia del Gobierno de Cataluña también deberá serlo. Si
el Estado tiene margen, tendremos que tratar de evitar que suceda lo que
ocurrió el año pasado y es que el margen ganado en la negociación con
Bruselas se lo quedó la Administración General del Estado y no las
comunidades autónomas. Por lo tanto, esta negociación es clave y la
flexibilización en Cataluña va a depender de este margen, de manera que
hay que hacer alusión a ello porque no tiene sentido ignorarlo como si no
existiera.

Por otro lado, existía algún comentario confuso en el
texto, pero la senadora lo ha corregido en la enmienda y creo que ha
quedado solucionado.

Evidentemente, también compartimos los últimos puntos de la
moción.Con nuestras enmiendas hemos procurado que la moción sea más
precisa e incluso más contundente en algún apartado, como en el
segundo.

En cualquier caso, nuestro posicionamiento final dependerá
de la aceptación de nuestras enmiendas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador Lerma. (El señor Bel Accensi pide
la palabra.)

Senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Mi grupo parlamentario también ha
presentado una enmienda y supongo que tendríamos que defenderla antes que
la socialista.

El señor PRESIDENTE: La defensa de las enmiendas sigue el
orden de presentación. Por tanto, inmediatamente después de la defensa de
la enmienda socialista podrá usted defender la suya.

El señor BEL ACCENSI: Perdone, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: No hay problema.

Tiene la palabra el senador Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Gracias, señor presidente.

No tengo inconveniente en ceder el turno pero, en cualquier
caso, mi intervención será muy breve.

La enmienda socialista lógicamente generaliza el ajuste al
resto de comunidades autónomas porque, desde mi punto de vista, no es
posible fijar un techo o un suelo en una negociación y pensar que esta se
puede llevar al margen del resto de comunidades autónomas, de
administraciones locales ni, desde luego, del compromiso que el Gobierno
consiga con Bruselas, en el caso de que realmente lo consiga, porque
aunque hoy ya todo el mundo da por hecho la flexibilización, no es la
primera vez que ocurre y, finalmente, parece que las situaciones no
acaban de concretarse. Por lo tanto, es imposible fijar un techo, máxime
sin el acuerdo del resto de comunidades autónomas.

Se da por supuesto que Cataluña pide, de acuerdo con lo que
plantea Esquerra Republicana, lo que creen que necesitan, pero parece que
las necesidades observadas por el resto de partidos catalanes, en este
caso, no coinciden exactamente con la cuantía y, en particular, con el
Gobierno de la Generalitat.

En todo caso, he de decir que por nuestra parte no se puede
fijar un techo, pero, desde luego, sí estamos dispuestos a apoyar la
modificación del reparto actual del déficit, porque ya se ha visto
claramente a lo largo de la evolución de toda esta crisis que, por un
lado, el Estado, como Administración central, ha sido capaz de reducir
drásticamente su déficit, pero, a cambio, este último ha ido
trasladándose paulatinamente a las comunidades autónomas. Esto quiere
decir como mínimo que, puesto que se supone que el esfuerzo se ha hecho
por las dos partes, no está bien repartido, sobre todo en función de la
dificultad de reducir las competencias autonómicas sin tocar algo
especialmente sensible para el presente y para el futuro, como es la
educación y, el Estado del bienestar, en particular, la sanidad y los
servicios sociales.

Por lo tanto, nosotros apoyamos esa modificación. Y en las
otras cuestiones que son específicamente de relación de la Generalitat de
Catalunya con el Estado no vamos a entrar porque pensamos que se trata de
una situación que debe resolverse entre ellos, contando también con el
resto de las comunidades autónomas. Naturalmente sí estamos de acuerdo
con que las comunidades autónomas, aparte de ajustar en materia de
gastos, trabajen también en materia de ingresos. En este sentido, todo lo
que contribuya a liquidar el fraude fiscal nos parece bien y, por eso,
hemos introducido esta enmienda, haciéndonos eco de lo que planteaba la
propuesta de Esquerra Republicana de Cataluña.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Lerma.

Ahora sí, senador Bel, le toca defender la enmienda.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.

Señorías. Vagi per davant que nosaltres compartim
l’esperit i el contingut de la moció. El compartim tant, senadora
Capella, que hem presentat diferents mocions, així com mocions
conseqüència d’interpel·lació que jo mateix li he fet al ministre
d’Hisenda i que fins ara no han tingut molta sort. Li pronostico
que, segurament, tampoc no tindrà fortuna aquesta moció que vostè
presenta i a la que nosaltres donarem suport.

Tanmateix, crec que hem de ser constants, perquè —jo
ja ho he patit i segurament ho patirà vostè també— sortirà algun
portaveu del Partit Popular dient que això de tocar els objectius de
dèficit és tabú, que això no és pot ni plantejar, que no pot ser, malgrat
que constantment hi ha declaracions de membres del Govern que deixen la
porta oberta a que sigui així, o que diuen que si hi ha una
flexibilització per part de Brussel·les no es farà el que es va fer
l’any passat quan l’Administració central es va apoderar de
tota aquesta flexibilització. En qualsevol cas, tindrem temps més
endavant de parlar de la moció en termes més generals.

El que sí que voldria fer és una presentació de
l’esmena respecte a una correcció de l’esmena que hem afegit
al llarg del dia d’avui. Es tracta simplement del fet que en el
punt primer, quan parlen dels objectius de dèficit i els fixen en un
percentatge del 2,3% respecte al PIB de Catalunya, nosaltres pensem, en
la línia del que ha anat generant més consensos al Parlament de
Catalunya, que aquest objectiu de dèficit s’hauria de fixar, com a
mínim, en una tercera part de l’objectiu de dèficit que tingui
assignat l’Estat espanyol per a tot el conjunt
d’administracions. Per què diem que una tercera part? Jo ho he
defensat des d’aquesta mateixa tribuna en diferents ocasions. En
aquests moments, les comunitats autònomes gestionen aproximadament una
tercera part de la despesa pública. L’Administració Central
gestiona poc més del 50% de la despesa pública i les corporacions locals,
aproximadament, un 13%. Veiem que amb l’assignació de dèficit que
es va aprovar en els pressupostos generals de l’Estat —i els
recordo que les previsions macroeconòmiques tornaran rectificades abans
de quatre mesos— l’Administració central es reserva el 85%
dels objectius de dèficit i cedeix a les comunitats autònomes el 15% dels
objectius del dèficit, i a més de forma asimètrica, però després en
parlaré d’això.

Per tant, en la nostra esmena proposem que l’objectiu
del dèficit, que no s’hauria de correspondre amb una xifra
concreta, sigui com a mínim d’un terç de l’objectiu de
dèficit del conjunt de les administracions. Què significaria això? Doncs
que l’objectiu de dèficit per a Catalunya —des

del nostre punt de vista, també hauria de ser així per a
altres comunitats autònomes— hauria de modificar-se amb
independència de la modificació dels objectius de dèficit que es pugui
fer per al conjunt de l’Estat espanyol per part de la Unió Europea.
Per què? Perquè en l’actualitat ja tenim aquest desequilibri, un
15% enfront del 33% de despesa gestionada, i l’Administració
Central té un 85% de l’objectiu del dèficit respecte a un 51, 52 o
53%, depèn una mica de les xifres que es remenin, de la despesa pública
gestionada.

Aquesta és la nostra proposta i va en aquesta línia. No hem
de fixar sostres però sí que sembla raonable fixar com a mínim aquesta
xifra, encara que també és cert que no s’ha respectat en cap altre
exercici anterior, així que plantejar una xifra superior tampoc seria
desgavellat. No obstant això, en aquests moments i per tal de buscar el
major consens possible, aquesta proposta d’un terç seria molt
raonable.

Moltes gràcies.

Vaya por delante que nosotros compartimos el espíritu y el
contenido de la moción. Lo compartimos tanto, senadora Capella, que hemos
presentado distintas mociones, así como mociones consecuencia de
interpelación que yo mismo le he hecho al ministro de Hacienda y que
hasta ahora no han tenido mucha suerte. Le pronostico que, seguramente,
tampoco tendrá fortuna esta moción que usted presenta y que nosotros
vamos a apoyar.

No obstante, creo que debemos ser constantes, porque
—yo ya lo he sufrido y seguramente lo va a sufrir usted
también— saldrá algún portavoz del Partido Popular diciendo que
esto de tocar los objetivos de déficit es tabú, que es algo que no se
puede plantear, que no puede ser, a pesar de que constantemente hay
declaraciones de miembros del Gobierno que dejan la puerta abierta a que
vaya a ser así, a que si hay una flexibilización por parte de Bruselas no
se va a hacer lo del año pasado en el que la Administración central se
apoderó de toda esta flexibilización. En cualquier caso, tendremos tiempo
más adelante de hablar de la moción en términos más generales.

Lo que sí quisiera hacer es una presentación de la enmienda
respecto a una subsanación que hemos añadido a lo largo del día de hoy.
Se trata de que en el punto primero, cuando hablan de los objetivos de
déficit y los fijan en un porcentaje del 2,3% respecto al PIB de
Cataluña, nosotros pensamos, en la línea que ha ido generando más
consensos en el Parlamento de Cataluña, que este objetivo de déficit
debería fijarse, como mínimo, en una tercera parte del objetivo de
déficit que tenga asignado el Estado español para el conjunto de las
administraciones. ¿Por qué decimos que una tercera parte? Yo lo he
defendido desde esta misma tribuna en distintas ocasiones. En estos
momentos, las comunidades autónomas gestionan aproximadamente una tercera
parte del gasto público. La Administración Central gestiona poco más del
50% del gasto público y las corporaciones locales, aproximadamente, un
13%. Vemos que con la asignación de déficit que se aprobó en los
Presupuestos Generales del Estado —y les recuerdo que las
previsiones macroeconómicas se van a rectificar antes de cuatro
meses— la Administración Central se reserva el 85% de los objetivos
de déficit y se cede a las comunidades autónomas el 15% de los objetivos
del déficit, además de forma asimétrica, pero luego hablaré de ello.

Por lo tanto, en nuestra enmienda proponemos que el
objetivo del déficit, que no debería corresponderse con una cifra
concreta, sea como mínimo un tercio del objetivo de déficit del conjunto
de las administraciones. ¿Qué significaría esto? Pues que el objetivo de
déficit para Cataluña —desde nuestro punto de vista, también
debería ser así para otras comunidades autónomas— debería
modificarse con independencia de la modificación de los objetivos de
déficit que pueda hacerse para el conjunto del Estado español por parte
de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque en la actualidad ya tenemos este
desequilibrio, un 15% frente al 33% de gasto gestionado, y la
Administración Central tiene un 85% del objetivo del déficit respecto a
un 51, 52 o 53%, depende un poco de las cifras que se barajen, del gasto
público gestionado.

Esta es nuestra propuesta y va en esa línea. No debemos
fijar techos pero sí parece razonable fijar como mínimo esta cifra,
aunque es cierto que no se ha respetado en ningún otro ejercicio
anterior, así que plantear una cifra superior tampoco sería descabellado.
No obstante, dada la situación actual y en aras de llegar al mayor
consenso posible, este tercio sería muy razonable.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bel.

Tiene la palabra la senadora Capella para indicar si acepta
alguna de las enmiendas defendidas.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gràcies, president.

En primer lloc, vull agrair el to de les intervencions.

Al president Montilla no li accepto l’esmena en el
benentès que nosaltres considerem que, per una posició de país, quan
fixem en la moció aquest topall del 2,3% del PIB, entenem que tot allò
que estigui per sota d’aquesta xifra suposa portar-nos a la
ruïna.

Entenem que l’Estat incompleix les seves obligacions
de manera sistemàtica; i aquest posicionament no només el manté Esquerra
Republicana sinó també la comunitat universitària. Els catedràtics estan
plantejant de manera sistemàtica que acceptar un sostre de dèficit per
sota del 2,3% significa conduir el país al tancament definitiu de tot el
que representa: les universitats, Catalunya Ràdio, etc. Ja vaig fer una
enumeració exhaustiva a la meva interpel·lació al ministre i per aquest
motiu ens posicionem amb aquests mínims infranquejables.

Li agraeixo el to, en tot cas, i el sentit de la seva
intervenció, però no puc acceptar l’esmena. Tanmateix, agraeixo el
posicionament manifestat pel president Montilla en aquest Senat.

Pel que fa al posicionament del Partit Socialista Obrer
Espanyol, al senyor Lerma he de dir-li que tampoc acceptarem la seva
esmena. A Esquerra Republicana mantenim una posició, que és la que he
defensat en la meva intervenció i seguiré defensant. Entenc la seva
posició però vostè ha de comprendre que nosaltres, amb els desideràtum
que plantegem com a Esquerra Republicana, en aquests moments pretenem ser
i volem ser on som. Per tant, mantenim que la nostra negociació va a
banda, tot i que seguim dient que som solidaris, però primer volem ser
solidaris amb nosaltres mateixos per després poder ser solidaris amb la
resta de l’Estat, com ha estat sempre i al llarg de la
història.

Pel que fa a l’esmena del Grup de Convergència i
Unió, l’acceptarem, senyor Bel, per la pròpia correcció de la seva
esmena quan parla d’un mínim equivalent a un terç de
l’objectiu de dèficit fixat per al conjunt de les administracions,
que entenc que no exclou el que nosaltres diem en la moció, i per tant,
en aquest sentit, ens sentim còmodes. A més, entenem que també va en el
mateix sentit de la moció aprovada al Parlament de Catalunya, en aquest
cas també a proposta d’Esquerra Republicana, i defensada pel
diputat Pere Aragonès, tot i que en aquell moment la flexibilització del
dèficit semblava una entelèquia. En tot cas, entenem que la seva esmena
quadra i és coincident amb el que nosaltres plantejàvem al Parlament de
Catalunya.

He oblidat dir-li al senyor Lerma que és evident que la
Generalitat de Catalunya, el Parlament de Catalunya, està buscant la
manera de no dependre de l’Estat pel que fa a la transferència
d’ingressos. En aquest sentit, qualsevol proposta d’increment
d’ingressos, com podria ser l’impost sobre els dipòsits
bancaris, ha estat vetada i parada des de l’inici pel mateix Govern
de l’Estat espanyol. Per tant, per a Esquerra Republicana de
Catalunya l’acord d’estabilitat parlamentària signat amb
Convergència i Unió ha anat en aquesta línia de buscar la manera de fer
que Catalunya per si sola pugui sortir de la seva situació i pugui seguir
donant cobertura a les necessitats dels ciutadans i de les ciutadanes de
Catalunya. Ho hem intentant de totes les maneres possibles, però
l’Estat contínuament ens posa límits, ens impedeix qualsevol
capacitat d’exercir el nostre autogovern i de seguir endavant com a
país.

Per tant, des d’Esquerra Republicana de Catalunya
entenem que s’han trencat totes les possibilitats de diàleg amb
l’Estat i, per tant, nosaltres estem ja en un altre marc de
l’imaginari i col·lectiu que no és altre que anar caminant cap a un
procés de transició nacional que ha d’esdevenir en un Estat propi,
des del desideràtum d’Esquerra Republicana de Catalunya, i, en
conseqüència, en ha de permetre arribar a tenir aquelles eines
d’Estat propi que ens permetran ser un país normal, cosa que en
aquests moments no podem ser.

Gràcies.

Gracias, presidente.

En primer lugar, quiero agradecer el tono de las
intervenciones.

Al presidente Montilla no le acepto la enmienda en tanto
que consideramos que, por una postura de país, fijamos en la moción este
techo del 2,3% del PIB y entendemos que todo aquello que se sitúe por
debajo de esta cifra supone llevarnos a la ruina.

Entendemos que el Estado incumple sus obligaciones de
manera sistemática; postura que no solo mantiene Esquerra Republicana,
también la comunidad universitaria. Los catedráticos están planteando de
forma sistemática que aceptar un techo de déficit por debajo del 2,3%
significa conducir al país al cierre definitivo de todo lo que representa
como país: las universidades, Cataluña Radio, etcétera. Ya hice una
enumeración exhaustiva en mi interpelación al ministro y por este motivo
nos posicionamos con estos mínimos infranqueables.

Le agradezco el tono, en todo caso, y el sentido de su
intervención, pero no puedo aceptar la enmienda. No obstante, agradezco
el posicionamiento manifestado por el presidente Montilla en el
Senado.

En cuanto al posicionamiento del Partido Socialista Obrero
Español, al señor Lerma he de decirle que tampoco vamos a aceptar su
enmienda. En Esquerra Republicana mantenemos una postura, que es la que
he defendido en mi intervención y la voy a seguir manteniendo. Entiendo
su postura pero usted tiene que comprender que nosotros, con los
desiderátum que planteamos como Esquerra Republicana, en estos momentos
pretendemos y queremos estar donde estamos. Por lo tanto, mantenemos que
nuestra negociación va por otro cauce. Nosotros queremos ser solidarios,
en primer lugar con nosotros mismos para luego poder ser solidarios con
el resto del Estado, como siempre lo hemos sido a la largo de la
historia.

En cuanto a la enmienda de Convergència i Unió, se la voy a
aceptar, señor Bel, porque la propia corrección de su enmienda cuando
habla de un mínimo equivalente a un tercio del objetivo de déficit fijado
para el conjunto de las administraciones, entiendo que no excluye lo que
nosotros decimos en la moción; por lo tanto, en este caso nos sentimos
cómodos, y va en el mismo sentido de la moción defendida y aprobada en el
Parlamento de Cataluña, también a propuesta de Esquerra Republicana.
Nosotros en ese momento considerábamos que la flexibilización del déficit
parecía una entelequia. En este sentido, entendemos que su enmienda
cuadra y es coincidente con lo que nosotros planteábamos en el Parlamento
de Cataluña.

He olvidado decirle al señor Lerma que es evidente que la
Generalitat de Catalunya, el Parlamento de Cataluña, está buscando la
fórmula de no depender del Estado en cuanto a la transferencia de
ingresos. En este sentido, cualquier propuesta de incremento de ingresos,
como podría ser el impuesto sobre los depósitos bancarios, ha sido vetada
y parada por el propio Gobierno del Estado español. Por lo tanto, para
Esquerra Republicana de Cataluña el acuerdo de estabilidad parlamentaria
firmado con Convergència i Unió ha ido en esta línea de buscar la forma
de que Cataluña por sí sola pueda salir de su situación y pueda seguir
dando cobertura a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de
Cataluña. Lo hemos intentando de todas las formas posibles, pero el
Estado continuamente nos pone límites, nos impide cualquier capacidad de
ejercer nuestro autogobierno y seguir hacia delante como país.

En Esquerra Republicana de Cataluña vemos que se han roto
todas las posibilidades de diálogo con el Estado; por lo tanto, nosotros
estamos ya en otro marco del imaginario colectivo que no es otro que ir
andando hacia un proceso de transición nacional que tiene que culminar en
un Estado propio desde el desiderátum de Esquerra Republica de Cataluña
y, en consecuencia, llegar a tener esas herramientas de Estado propio que
nos permitirán ser un país normal, cosa que en estos momentos no podemos
ser.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

¿Turno en contra? (Pausa.)

No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)

No hay intervenciones.

Senadora Capella, tiene otro turno. (Denegaciónes.) Muchas
gracias.

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa.)

Tampoco hay intervenciones.

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?

Tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gràcies, senyor president,
senyories.

Ja he dit amb la meva anterior intervenció que nosaltres
compartim la motivació de la moció, i de fet, estem convençuts de què
d’aquest tema no serà la última vegada que hem parlem. Segur que
tindrem més ocasions perquè aquest és encara un procés que està
evidentment obert.

Està clar que no te sentit la distribució actual del
dèficit de l’any 2013. Cal recordar que del 4,5% previst a un 0,7%
és per a les comunitats autònomes, i el 3,8% per l’Estat, i 0% per
les corporacions locals, que fins i tot la previsió que te el quadre
macroeconòmic actual per a l’any que ve encara és molt pitjor: 2,8%
global, 2,7% Administracions General de l’Estat, i 0,1% comunitats
autònomes, i 0 corporacions locals. És evident que és insostenible. Per
això la importància que te la negociació amb Brussel·les. Cal ser
realista: una cosa és que al marge del resultat de la negociació de
Brussel·les, el que les comunitats autònomes demanen, i en singular a la
Generalitat de Catalunya, és que precisen més marge —d’això
n’estic precisament convençut i ho compartim—, y una altra
és, per entendre’ns, que les possibilitats de l’Estat també
són diferents en el marc actual o amb una correcció del dèficit a
l’alça. Cal ser realista, i en aquest sentit, precisament, anava la
nostra esmena.

Ho hem dit en nombroses ocasions que aquesta distribució
del dèficit no te sentit per la pròpia distribució de les despeses del
conjunt dels nivells d’administració, per la limitació també en les
possibilitats de generar ingressos de les pròpies comunitats autònomes.
Les comunitats autònomes tenen molt poca capacitat fiscal, i per reduir
el dèficit han d’actuar amb la reducció de la despesa, amb les
retallades, i això és absolutament injust, perquè l’Estat sí que te
més instruments per corregir aquesta situació per la via de la pujada
d’ingressos.

Pot afectar en el cas de les comunitats autònomes els
serveis essencials com la salut, l’educació i els serveis socials
que no són un 90% de la despesa, però sí pràcticament dues terceres parts
de la despesa no financera en el cas de la Generalitat de Catalunya. I
perquè evidentment les retallades en aquest camp afecten fonamentalment a
les persones i, a més a més, al marge d’altres efectes induïts,
evidentment, que fan que la pròpia economia pugui créixer menys, menys
despesa pública també comporta, entre d’altres coses això, i només
cal repassar els darrers informes dels organismes internacionals que
també parlen d’això. El Govern Espanyol ha de negociar la
flexibilització o està negociant amb Brussel·les, esperem que arribi a
bon port aquesta negociació.

El Govern de Catalunya ha de negociar la flexibilització a
l’alça amb el Govern de l’Estat; malgrat altres projectes
polítics que es puguin tenir, les negociacions són necessàries, són
inevitables i són desitjables, més que la situació actual. La situació
actual de tenir al país, a Catalunya en aquest cas, sense pressupost això
sí que ha tingut cost, perquè el pressupost està prorrogat amb el 0,7%
—cal dir-ho—, amb unes retallades més que substancials. I,
per tant, estar sense pressupost o pressupost prorrogat és pitjor que amb
un pressupost que mai serà en les actuals circumstàncies un gran
pressupost, un pressupost bo.

En aquesta negociació —com repeteixo— el Govern
de Catalunya ha de tenir la nostra comprensió i el nostre suport, i el
tindrà. Esperem que aquesta negociació arribi a bon port i tant de bo es
pugui aconseguir un nivell de dèficit a l’entorn d’una
tercera part del conjunt del dèficit de les administracions públiques. Jo
ho comparteixo. Ara bé, ens hagués agradat poder votar aquesta moció
favorablement, no s’han tingut en compte les nostres esmenes, ho
podem entendre, d’alguna manera s’ha fet al·lusió a una moció
també del Parlament de Catalunya que es va aprovar també amb els vots
d’Esquerra Republicana i de Convergència i Unió; no es van acceptar
tampoc esmenes d’altres formacions polítiques, però
—repeteixo— en qualsevol cas com estic segur que
d’aquest tema continuarem parlant, malauradament, en qualsevol cas
sí que espero que puguem coincidir, perquè l’objectiu, que és
elevar el sostre de dèficit de manera molt singular de les comunitats
autònomes i de Catalunya, evidentment és un posicionament que compartim
—estic segur— amb les formacions polítiques amb les quals
avui no coincidirem amb aquesta petita discrepància.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Señorías, ya he dicho en mi intervención anterior que
nosotros compartimos la motivación de la moción. De hecho estamos
convencidos de que esta no va a ser la última vez que este tema

aparezca en esta Cámara; seguro que vamos a tener más
ocasiones porque este es un proceso que, evidentemente, está abierto.

Está claro que no tiene sentido la distribución del déficit
en el año 2013. Hay que recordar que del 4,5 previsto, un 0,7% va a las
comunidades autónomas, un 3,8% al Estado y 0% para las corporaciones
locales. Incluso la previsión que tiene el cuadro macroeconómico actual
para el próximo año todavía es mucho peor: un 2,8% global, un 2,7% para
la Administración General del Estado, un 0,1% para comunidades autónomas
y 0% corporaciones locales; es evidente que es insostenible. De ahí la
importancia que tiene la negociación con Bruselas, porque hay que ser
realista. Una cosa es que al margen del resultado de la negociación con
Bruselas las comunidades autónomas y la Generalitat de Catalunya precisen
más margen —estoy convencido y lo comparto—, y otra cosa es,
para entendernos, que las posibilidades del Estado sean distintas en el
marco actual o con una corrección del déficit al alza. Hay que ser
realistas, y por ahí iba nuestra enmienda.

Ya hemos dicho en varias ocasiones que esta distribución
del déficit no tiene sentido por la propia distribución de los gastos del
conjunto de los niveles de Administración y por la limitación de las
posibilidades de generar ingresos de las propias comunidades autónomas.
Las comunidades autónomas tienen muy poca capacidad fiscal y para reducir
el déficit deben actuar con la reducción del gasto, con los recortes.
Esto es absolutamente injusto porque el Estado sí que tiene más
instrumentos para poder corregir esta situación por la vía del incremento
de ingresos.

En el caso de las comunidades autónomas afecta a servicios
esenciales como servicios sociales, educación, sanidad, que no son un 90%
del gasto pero sí prácticamente dos terceras partes del gasto no
financiero en el caso de la Generalitat de Catalunya. Evidentemente los
recortes en este campo afectan básicamente a las personas, al margen de
otros efectos inducidos que hacen que la propia economía pueda crecer
menos, menos gasto público supone eso. Y solo hay que repasar los últimos
informes de los organismos internacionales que también lo mencionan. El
Gobierno español debe negociar la flexibilización, lo está negociando con
Bruselas y esperamos que llegue a buen puerto esta negociación.

El Gobierno de Cataluña debe negociar la flexibilización
con el Gobierno del Estado; a pesar de otros proyectos políticos que se
puedan tener, las negociaciones son necesarias, son inevitables y son
deseables, más que la situación actual. La situación actual tiene a
Cataluña sin presupuesto, y eso que se ha prorrogado el presupuesto con
el 0,7% —esto hay que decirlo—, con unos recortes más que
sustanciales. Por lo tanto, sin presupuesto es peor; estar con un
presupuesto prorrogado es peor que con un presupuesto que nunca será en
las actuales circunstancias un gran presupuesto. Esto es lo que yo
creo.

En esta negociación —repito— el Gobierno de
Cataluña tiene nuestra comprensión y va a tener nuestro apoyo. Esperamos
que esta negociación llegue a buen puerto, y ojalá se pueda conseguir un
nivel de déficit de alrededor de una tercera parte del conjunto del
déficit de las administraciones públicas. Yo lo comparto. No obstante,
nos hubiera gustado poder votar favorablemente la moción. No se han
tenido en cuenta nuestras enmiendas, y lo podemos entender. Se ha hecho
alusión a una moción del Parlamento de Cataluña que se aprobó con los
votos de Esquerra Republicana y Convergència i Unió; no se aceptaron
tampoco enmiendas de otras formaciones políticas, pero
—repito— de este tema vamos a seguir hablando en esta Cámara
y, en cualquier caso, espero que podamos coincidir porque el objetivo,
que es elevar el techo de déficit de forma muy singular en las
comunidades autónomas y en Cataluña, evidentemente es un posicionamiento
que compartimos —estoy seguro— con las formaciones políticas
con las que hoy no vamos a coincidir por esta pequeña discrepancia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la
palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Moltes gràcies, President.
Senyories.

Inicií aquest torn de portaveus fent un comentari en
relació amb un tema que jo crec que el Senador Lerma i el Senador
Montilla deien que hi ha una situació a Catalunya que no hi ha
pressupost, i que aquesta és una situació que no és desitjable.
Efectivament, no és desitjable, ara si em pregunten jo no sé que els hi
diria. No sé si és millor estar sense pressupost, que aprovar un

pressupost i als quatre mesos haver de modificar el
pressupost de forma reiterada, perquè això és el que farà
l’Administració Central espanyola i això és el que farà la majoria
d’administracions de les comunitats autònomes d’aquí poques
setmanes, si no ja ho veuran. Per tant, segurament no és bo estar sense
pressupost o amb un pressupost prorrogat, segurament no, però tampoc no
és gens bo estar constantment modificant els pressupostos, i per tant,
davant de les dues opcions segurament el Govern de Catalunya ha optat per
no comprometre’s directament amb un pressupost, fins no tindre clar
quins seran els objectius de dèficit assignats a la Generalitat de
Catalunya.

Respecte a la resta de la moció, senadora Capella,
compartim absolutament el contingut. Entenem que l’Administració,
el Govern Central hauria de complir els seus compromisos
d’inversions i d’aportacions en relació al sistema de
finançament vigent. Si fora així, malgrat un objectiu del dèficit del
0,7%, no s’hauria de fer ni un euro de retallada al pressupost de
la Generalitat de Catalunya. Per tant, recolzem també la proposta de què
es modifiqui. Ho hem demanat, ho hem presentat, se’ns ha rebutjat,
i ara tornem a recolzar la possibilitat de què es modifiqui la Lofca a
efectes de què els increments de tipus impositius en l’IVA, en els
impostos especials, i en altres impostos, tinguin un efecte sobre el
finançament de les comunitats autònomes, i no com ara que simplement el
que els hi fan és augmentar els ingressos per la participació en
ingressos i reduir els ingressos pels fons de suficiència. Per tant,
també compartim aquesta proposta.

Una reflexió en aquesta qüestió respecte a un comentari que
ha fet el Senador Lerma o que m’ha paregut interpretar a mi dient:
no és que l’Administració Central ja ha fet un gran esforç en la
reducció del dèficit i s’està condemnant a què les comunitats
autònomes siguin les incomplidores. D’acord amb la segona part de
l’afirmació, però no estic gens d’acord amb la primera.
Repassem les xifres. Quin és l’esforç que ha fet
l’Administració Central en la reducció del dèficit? Ens estem
movent entorn a un 5%. Ara amb les liquidacions definitives torna a
passar així, perquè recordem que estem liquidant el 7%, i si hi incloem
el rascat bancari, el 10%. Quin percentatge li correspon a
l’Administració Central? Quin percentatge tenia l’any passat?
Quin percentatge tenia a l’any 2010? Per tant, no hi estic
d’acord i voldria que constés en acta que l’Administració
Central està fent un gran esforç o un esforç molt superior al de les
comunitats autònomes a efectes de consolidació fiscal. Li vull recordar
que les comunitats autònomes aquest any passat, fins i tot computant
aquelles que van incomplir —incloc la catalana, que
s’aproxima al 2% del PIB quan teníem un objectiu de
l’1,5%—, la reducció del dèficit de les comunitats autònomes
està entorn al 50% en un any. No redueix a l’Administració Central
un 50% al seu dèficit, ni un 50, ni un 40, ni un 30. Per tant,
evidentment s’està deixant a les comunitats autònomes en una
situació complexa, però l’Administració Central no està
complit.

I una altra qüestió que voldria apuntar: veritat que a la
Unió Europea la distribució del dèficit es fa en funció de la situació
prèvia que te cadascun dels estats? Doncs també seria raonable que la
distribució entre comunitats autònomes del dèficit es fes en funció de la
situació que tingui cadascuna d’aquestes comunitats autònomes, i
per tant, seria raonable una distribució asimètrica d’aquest
dèficit, que fins i tot estan demanat avui presidents de comunitats
autònomes governades pel Partit Popular.

Moltes gràcies i, òbviament, votarem a favor.

Muchas gracias, presidente.

Señorías, comienzo este turno de portavoces haciendo un
comentario en relación con un tema que el senador Lerma y el senador
Montilla han señalado ahora, y es que en Cataluña no hay presupuesto y
esta no es una situación deseable. Efectivamente, no es deseable, pero si
me preguntan, no sé si es mejor estar sin presupuesto que aprobar un
presupuesto y a los cuatro meses tener que modificarlo de forma
reiterada, porque esto es lo que va a hacer la Administración Central
española y es lo que van a hacer la mayoría de administraciones de las
comunidades autónomas dentro de pocas semanas; si no, ya lo verán. Así
que seguramente no es bueno estar sin presupuesto o con un presupuesto
prorrogado, seguramente no, pero tampoco es bueno estar constantemente
modificando los presupuestos. Por tanto, ante las dos opciones, el
Gobierno de Cataluña ha optado por no comprometerse directamente con un
presupuesto hasta no tener claro cuáles serán los objetivos de déficit
asignados a la Generalitat.

En cuanto al resto de la moción, senadora Capella,
compartimos absolutamente el contenido. Entendemos que la Administración,
que el Gobierno central, tendría que cumplir sus compromisos

de inversiones y de aportaciones en relación con el sistema
de financiación vigente. Si fuera así, a pesar de un objetivo de déficit
de 0,7%, no se tendría que hacer ni un euro de recorte al presupuesto de
la Generalitat de Catalunya. Así es que apoyamos la moción, apoyamos
también la propuesta de que se modifique. Lo hemos pedido, lo hemos
presentado, se ha rechazado, y ahora volvemos a apoyar la posibilidad de
que se modifique la Lofca a efectos de que los incrementos de tipos
impositivos en el IVA, en los impuestos especiales y en otros impuestos,
tengan un efecto sobre la financiación de las comunidades autónomas, y no
como en el momento actual en que el incremento de los ingresos se hace
por la participación en ingresos y se reducen por la participación en el
Fondo se suficiencia. O sea que compartimos esta propuesta.

También debemos hacer una reflexión respecto a un
comentario del senador Lerma, o que yo he interpretado así, que dice que
la Administración Central ya ha hecho un gran esfuerzo para la reducción
del déficit y ahora se condena a que sean las comunidades autónomas las
incumplidoras. De acuerdo con la segunda parte de la afirmación, pero no
estoy nada de acuerdo con la primera. Repasemos las cifras, ¿cuál es el
esfuerzo que ha hecho la Administración Central en la reducción del
déficit? Nos estamos moviendo en el entorno del 5% en las liquidaciones
definitivas y vuelve a pasar lo mismo. Recordemos que estamos liquidando
al 7%, y si incluimos el rescate bancario al 10%. ¿Qué porcentaje le
corresponde a la Administración Central? ¿Qué porcentaje tenía el año
pasado, qué porcentaje tenía en el año 2010? No estoy de acuerdo para
nada —y quisiera que constara en acta— con que la
Administración Central esté haciendo un gran esfuerzo o un esfuerzo muy
superior al de las comunidades autónomas a efectos de consolidación
fiscal. Le quiero recordar que las comunidades autónomas el año pasado,
incluso computando aquellas que incumplieron —incluyo la catalana,
que se aproxima al 2% del PIB cuando teníamos un objetivo del
1,5%—, la reducción del déficit de las comunidades autónomas está
alrededor del 50% en un año. No reduce la Administración Central un 50%
su déficit, ni un 50, ni un 40, ni un 30. Así es que sí se está dejando a
las comunidades autónomas en una situación compleja, pero la
Administración Central no está cumpliendo para nada.

Y otra cuestión que quisiera destacar es que en el Unión
Europea la distribución del déficit se hace en función de la situación
previa que tiene cada uno de los Estados. Pues también sería razonable
que la distribución del déficit entre comunidades autónomas se hiciera en
función de la situación que tenga cada una de ellas. Por tanto, sería
razonable una distribución asimétrica de este déficit, que incluso están
solicitando hoy por hoy presidentes de comunidades autónomas gobernadas
por el Partido Popular.

Muchas gracias. Obviamente, vamos a votar a favor de la
moción.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Gràcies, senyor president.

Bo, he de dir que no assumiré jo naturalment la
responsabilitat que li correspon al Govern actual de defensar
determinades qüestions, i en concret la reducció del dèficit que ha fet
l’Estat, però l’Estat ha fet un esforç molt important, i les
comunitats autònomes també. Les comunitats autònomes també, però
l’esforç de l’Estat ha sigut considerable i només cal veure
la situació en què tenim els nostres ciutadans respecte a les retallades
que han ocorregut en serveis que prestava l’Estat.

I si podem fer un descompte del que ha passat, sanitat no,
però pensions per exemple és bastant evident que hi ha hagut un esforç
molt important perquè hi ha molta gent que cobrarà una pensió més baixa
en el futur i que treballarà dos anys més. Això és un esforç
considerable, per cert. Com es poden dir moltes altres coses al respecte
i en particular jo crec que hi ha molt gent que per exemple ja no cobra
l’assegurança de la desocupació, És un esforç molt important, això,
d’una despesa que l’Estat hauria de fer i no fa. I tantes
altres coses que suposen des del punt de vista de l’esforç dels
ciutadans del conjunt d’Espanya han fet i que no correspon a
competències autonòmiques és molt gran i molt evident. Tenint en compte
que com tot el món sap això de la prima de risc no és una cosa que vaja
de broma sinó que cada volta el cost del finançament de
l’Administració central i de les administracions autonòmiques que
corren a càrrec del mateix pressupost en este cas costa molts diners, i
mantenen una situació insostenible des del punt de vista de les finances
públiques quan passem a una prima de risc com la que tenim en este
moment,

per exemple, de uns 300 punts bàsics. Això significa uns
tipus d’interès de més del quatre i escaig per cent i certament amb
el creixement que tenim no és sostenible, això.

Per tant, ha fet un esforç molt important. I eixe esforç
corre a càrrec del finançament de l’Estat i de les comunitats
autònomes que viuen també d’eixe finançament que té l’Estat.
Que després estarem discutint una cosa que es discuteix molt en el
Parlament de Catalunya i que probablement molts es posen d’acord a
dir que és cert, però que la resta no assumim, perquè no es correspon amb
la realitat de les xifres. Eixa és la... Vostès es posen d’acord en
estes coses però les xifres realment no té la culpa de tot Espanya, de
tot el que passa a Catalunya. Hi ha un Govern català que també pot
recaptar, hi ha un Govern català que també gasta, hi ha un Govern català
que pot gastar millor o pitjor en les inversions i això no es discuteix
ací, es deu discutir allí i per això jo no vull entrar, però sí que he de
dir que en els últims anys, de la mateixa manera que hi hagut una despesa
molt gran, hi ha hagut una despesa molt gran, doncs el que ha vingut
ocorrent és que quan et gastes molt diners que després cauen en la
recaptació, resulta que tens un forat, i això és el que passa en moltes
administracions públiques en general, i en les autonòmiques en
particular. Que no vull singularitzar en el cas català, però que sí que
vull deixar bastant clar que durant els anys 2003 a 2008 especialment hi
ha hagut un creixement de la despesa autonòmica del 30 %. Que això a
continuació és molt difícil de finançar, i quan arriba el moment de la
crisi, en què els ingressos cauen, resulta que eixa despesa millor
gastada o pitjor, i decidida certament per qui té la capacitat de
decidir-ho, pesa sobre el finançament. I no pesa sobre els problemes que
genera Espanya a les comunitats autònomes, pesa sobre decisions que ha
pres cada parlament autonòmic o cada govern, i que a continuació ha de
finançar. I això és el que tots hem de tindre en compte, i per tant cal
tindre en compte que si hem gastat malament, ara hem de solucionar eixa
qüestió, i no ho hem fet molt bé, segurament, perquè no generem recursos
suficients per a finançar tots els problemes, tots els gastos, que hem
assumit. Esta és la realitat que naturalment haurem de corregir, perquè
el futur, en cas contrari, es presenta molt complicat.

Res més.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Tengo que decir que yo no asumiré naturalmente la
responsabilidad que le corresponde al Gobierno actual de defender
determinadas cuestiones y, en concreto, la reducción del déficit que ha
hecho el Estado, pero el Estado ha hecho un esfuerzo muy importante y las
comunidades autónomas también; también las comunidades autónomas. Pero,
repito, el esfuerzo del Estado ha sido considerable y solo hay que ver la
situación en que tenemos a nuestros ciudadanos respecto a los recortes
que han ocurrido en servicios que prestaba el Estado.

Si quieren, les puedo contar lo que ha pasado. En sanidad
no, pero en pensiones es evidente que ha habido un esfuerzo muy
importante, porque hay mucha gente que cobrará una pensión más baja en el
futuro y que trabajará dos años más; es un esfuerzo considerable. También
se pueden decir muchas más cosas al respecto. En particular, hay mucha
gente que, por ejemplo, ya no cobra el seguro de desempleo —es un
esfuerzo muy importante—, es un gasto que el Estado debería hacer y
no hace, y tantas otras cosas, que supongo que desde el punto de vista
del esfuerzo que los ciudadanos han hecho y que no corresponde a
competencias autonómicas es muy grande y evidente, teniendo en cuenta,
como todo el mundo sabe, que lo de la prima de riesgo no es algo que vaya
en broma ya que la financiación de la Administración central y de las
administraciones autonómicas —que van a cargo del mismo
presupuesto, en este caso— cuesta mucho dinero. Y mantener una
situación desde el punto de vista de las finanzas públicas, cuando
pasemos a una prima de riesgo como la que tenemos en este momento, por
ejemplo, de unos 300 puntos básicos —esto significa un interés de
más de un cuatro y pico por ciento—, desde luego, con el
crecimiento que tenemos, no es sostenible.

Por lo tanto, se ha hecho un esfuerzo muy importante, y
este esfuerzo va a cargo de la financiación del Estado y de las
comunidades autónomas que viven también de esa financiación. Que después
discutamos algo que se debate mucho en el Parlamento de Cataluña, y que
probablemente muchos se pongan de acuerdo en decir que es verdad pero que
el resto no asumimos porque no se corresponde con la realidad de las
cifras... Ustedes se ponen de acuerdo con estas cosas, pero las cifras
realmente no tienen la culpa de todo lo que pasa en España, de

todo lo que sucede en Cataluña. Hay un Gobierno catalán que
también puede recaudar, asimismo hay un Gobierno catalán que gasta, y hay
un Gobierno catalán que puede gastar mejor o peor en las inversiones.
Esto no se discute aquí, se tiene que debatir allá y por esto yo no
quiero entrar. Pero sí tengo que decir que, de la misma forma que en los
últimos años ha habido un gasto muy elevado, lo que ha venido pasando es
que cuando te gastas mucho dinero que después cae en la recaudación,
tienes un agujero. Y esto es lo que pasa en muchas administraciones
públicas, en general, y en las autonómicas, en particular, y no quiero
singularizar en el caso catalán. Lo que sí quiero dejar bastante claro es
que, especialmente, durante los años 2003 a 2008 ha habido un crecimiento
del gasto autonómico del 30% que a continuación es muy difícil de
financiar, y cuando llega el momento de la crisis, en que los ingresos
caen, resulta que ese gasto, mejor o peor gastado y decidido desde luego
por quien tiene la capacidad de decidirlo, pesa sobre la financiación. Y
no pesa sobre los problemas que genera España a las comunidades
autónomas, pesa sobre decisiones que ha tomado cada parlamento autonómico
o cada gobierno, que a continuación tiene que financiar. Esto es lo que
todos debemos tener en cuenta. Por tanto, debemos tener en cuenta que si
hemos gastado mal, ahora tendremos que solucionarlo, y no lo habremos
hecho muy bien seguramente porque no generamos recursos suficientes para
financiar todos los problemas, todos los gastos que hemos asumido. Esta
es la realidad, que naturalmente tendremos que corregir porque el futuro
se presenta muy complicado.

Nada más.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Lerma.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Utrera.

El señor UTRERA MORA: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores, el Grupo Parlamentario Popular
no va a apoyar esta moción sobre todo, y particularmente, porque
entendemos que la moción en su conjunto, en sus cuatro apartados que
trata, se resume básicamente en un argumento repetido hasta la náusea en
los últimos meses sobre un victimismo que trata de exacerbar sentimientos
que lógicamente nosotros no compartimos. Se basa fundamentalmente en la
creación de obligaciones imaginarias de España para con parte de España
—con Cataluña— y, al mismo tiempo, en la exageración en torno
a ese concepto vagamente definido de espolio fiscal y de desacuerdo con
las relaciones financieras, fiscales, que, dentro de una nación, tienen
que existir y que nosotros no compartimos en absoluto; esa es una
cuestión conceptual.

Entendemos, por tanto, que esta moción está impregnada de
victimismo, y lo que es más sorprendente todavía —y eso nos llena
de perplejidad—, al tiempo que nos hace pensar que no deja de ser
más que una dedicatoria a un público específico. Se repite una y otra
vez, y se olvidan las responsabilidades personales en algunos casos
—y, desde luego, políticas— que el grupo proponente y algunos
otros de esta Cámara tienen en la situación que vivimos.

La senadora de Esquerra Republicana parece olvidar que su
partido ha gobernado con el tripartito en Cataluña y que, gracias a la
acción de su partido en Cataluña, se derivan gran parte de los males que
actualmente tenemos en esa región —y en España en su conjunto, pero
específicamente en Cataluña— en relación con ese Gobierno e imputa
a los demás el teórico espolio fiscal basado en unos estudios académicos
de muy dudoso valor, de muy dudosa eficacia —y podríamos hablar de
las balanzas fiscales durante semanas y no nos pondríamos de acuerdo en
esa materia—. Parece olvidar también que el actual sistema de
financiación —el que data de hace tres años—, ese sistema de
financiación —puntos 3 y 4 de la moción que nos presenta— es
el fruto de una negociación peculiar, de una negociación de parte, de una
negociación que nosotros en su momento consideramos viciada de inicio y
de una negociación que desde su partido y desde el tripartito de Cataluña
se impulsó con entusiasmo. Y no solamente con entusiasmo, sino que las
conclusiones a las que se llegaron, es decir, el acuerdo mismo plasmado
en ley, de financiación de las comunidades autónomas se saludó y se
brindó como un magnífico avance en la financiación de las comunidades
autónomas por parte de Esquerra Republicana, por parte del Partido
Socialista y por parte de Convergència i Unió, de tal forma que nos
encontramos ahora con que los mismos que impulsaban y apoyaban aquella
negociación, que estaban tan satisfechos con sus resultados, reniegan
ahora del sistema de financiación autonómica, que ciertamente hay que
modificar, y no

solo porque toca o puede tocar temporalmente sino porque,
efectivamente, tiene un diseño peculiar, un diseño defectuoso, fruto de
la negociación que ustedes llevaron a cabo con el Partido Socialista que
entonces gobernaba en España.

Parece también olvidar la senadora de Esquerra Republicana
la sentencia concreta del año 2010 del Tribunal Constitucional en
relación con esa presunta o imaginada deuda que cifra en términos
cuantitativos —en euros— cuando claro está —no
solamente por la sentencia sino por el propio sentido común
político— que eso no puede cifrarse en una deuda numérica, que es
un acuerdo político que desde los estatutos de autonomía, y,
concretamente, las disposiciones adicionales, vincula al Gobierno pero no
a la soberanía popular en materia de Ley de Presupuestos Generales del
Estado, que residencia —no lo olvidemos— en el Parlamento de
España —en el Congreso y en el Senado—. Por tanto, no se
puede imponer, y mucho menos se puede concretar, una cifra de déficit
determinado o de deuda específica que haya que atender.

Estas son las razones por las cuales nos oponemos, pero
falta una, la más importante de todas, y es que esta moción está
desenfocada, sencillamente está desenfocada, señora senadora.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor UTRERA MORA: Termino, señor presidente, en un
minuto.

El problema no es este, sino esencialmente la caída de la
actividad económica, la destrucción de empleo, el paro —si usted lo
prefiere en esos términos— y que hay que salir de esta situación.
El Gobierno está poniendo los medios, está aportando la financiación a
las comunidades autónomas a partir de ciertos instrumentos —el
Fondo de Liquidez Autonómico, etcétera—. Y esperamos que algunos
partidos, incluso a pesar de la carencia de memoria histórica que tienen,
pongan de su parte lo que el Gobierno está poniendo de la suya.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Utrera.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de
interpelación del Grupo Parlamentario Mixto, con la incorporación de la
enmienda aceptada del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i
Unió.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 240; a favor, 15; en contra, 150; abstenciones, 75.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

7. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

7.1. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

7.1.1. PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE RECONOCIMIENTO Y
AMPARO DE LA PLURALIDAD LINGÜÍSTICA DE ESPAÑA.

(Núm. exp. 622/000005)

AUTOR: GPEPC

El señor presidente da lectura a los puntos 7., 7.1. y
7.1.1.

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.

No se ha presentado ninguna proposición de ley alternativa,
por lo cual procede someter a debate y votación la presentada por el
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Para la defensa de la toma en consideración, tiene la
palabra el senador Martí por un tiempo de diez minutos. (Rumores.)

Guarden silencio, señorías, por favor. (Rumores.)

Señorías, el senador Martí Jufresa no va a iniciar su
intervención hasta que no haya silencio en el hemiciclo.

Cuando quiera, señoría.

El señor MARTÍ JUFRESA: Muchas gracias, señor
presidente.

Buenos días, señorías.

La proposición de ley para el reconocimiento y amparo de la
pluralidad lingüística de España que presenta el Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya hunde sus raíces en el artículo 3.3 de la
Constitución Española. Señorías, me gustaría leerles este artículo 3 en
toda su extensión. Reza así: «1. El castellano es la lengua española
oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el
derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales
en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos. Y
punto 3. Las riquezas de las distintas modalidades lingüísticas de España
es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y
protección».

Así, pues, señorías, esta ley que presentamos no es una ley
de lenguas, no es una ley que pretenda matizar el punto 1 de la
oficialidad del castellano, no es una ley que interfiera o pretenda
interferir en el punto 2, es decir, en las competencias que delimitan y
marcan cada uno de los estatutos de autonomía de nuestras comunidades
autónomas, sino que esta proposición de ley pretende desarrollar el punto
3.3, pretende facilitar el respeto y la protección a la riqueza de las
distintas modalidades lingüísticas y, por ello, propone el reconocimiento
y ampara, es decir, el establecimiento de derechos y de medidas de
fomento de la pluralidad lingüística de España, de todas sus lenguas
—de las oficiales, cooficiales en algunas de las comunidades
autónomas, o de las lenguas que no siendo oficiales sí están reconocidas
por alguno de los estatutos de estas comunidades autónomas.

Por tanto, señorías, es una ley a través de la cual el
Estado —es decir, la Administración General del Estado, el Poder
Judicial— y sus altas instituciones Casa Real, Tribunal
Constitucional, Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas, Defensor del
Pueblo, Junta Electoral Central—, de acuerdo con las comunidades
autónomas y el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas españoles
—sean o no multilingües, vivan o no en una comunidad
plurilingüe—, todos ellos, tanto el Estado y sus instituciones como
cada uno de nosotros, asumen el carácter plurilingüe de España. (El señor
vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

Esta ley, por tanto, se desarrolla en una doble dimensión,
igual de importante a nuestro juicio: en primer lugar, una dimensión
simbólica, a través de la fuerza de su rango y como muestra de voluntad
política, y en segundo lugar, una dimensión práctico-concreta, a través
de la fuerza de cambio que tiene su carácter legal. Es, pues, una ley
orgánica —porque modifica otras leyes orgánicas—, integral,
transversal, que recoge algunas normas ya vigentes en este momento pero
dispersas y que también aporta cambios y novedades. Y lo hace en tres
ámbitos distintos. El primero determina el uso de las lenguas que son
cooficiales en alguna de las comunidades autónomas en relación con la
Administración General del Estado, en el propio territorio del Estado de
cooficialidad siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional de
territorialidad en el uso de las lenguas, pero también fuera de este
territorio, y, en especial, en relación con las instituciones comunes del
Estado.

Segundo ámbito en el que aporta novedades: promueve el
desarrollo de todas las lenguas —como he dicho antes, las que son
cooficiales en alguna de las comunidades autónomas— con el resto de
las comunidades autónomas, incluyendo, por ejemplo, la promoción del
gallego en Cataluña, y especialmente promueve el desarrollo de las
lenguas reconocidas a todos los niveles en algunos estatutos, aunque no
sean de carácter oficial puesto que son las más débiles las que requieren
más apoyo.

El tercer ámbito en el que aporta novedades es el de la
creación del consejo de las lenguas de España, que sustituye al Consejo
de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado que
existe actualmente, y lo establece como foro de debate, de impulso y de
evaluación del desarrollo de la ley entre el Gobierno de España y todos
sus ministerios y bajo la presidencia de la vicepresidenta del Gobierno y
los Gobiernos de las comunidades autónomas representados también en el
rango de vicepresidente por alguno de sus consejeros.

¿Cómo articula esta ley todos estos cambios o cómo propone
articular, en particular, los usos a los que me refería anteriormente? Lo
hace a partir de la idea de jerarquía, jerarquizando, en definitiva,
sobre la base del concepto de territorialidad y de la naturaleza de la
institución o Administración del Estado, incluidas las empresas públicas
de las que se trate. Establece, en definitiva, cuatro procedimientos
—información, solicitud, respuesta y tramitación—, en los que

cada uno de estos organismos —en función, repito, de
si se encuentran en el territorio propiamente de cooficialidad de alguna
de estas lenguas o no— desarrollan su labor de información de
manera multilingüe, es decir, que los ciudadanos o ciudadanas se dirijan
a ellas en otra lengua que no sea el castellano, la respuesta de la
Administración, en su caso, en esta lengua y, finalmente, la tramitación
del procedimiento que se dedujera también en esta ley. En cada uno de los
supuestos —territorialidad o no territorialidad y según la
naturaleza de la administración— se establecen estos procedimientos
para el uso de las lenguas que no son el castellano y son cooficiales a
partir, por tanto, del reconocimiento explícito del derecho de los
ciudadanos y ciudadanas a usarlas en función de su voluntad.

Además, esta ley, en este apartado, garantiza la
homologación de acreditaciones y certificaciones
—independientemente de la lengua en la que estén escritas—,
garantiza el uso correcto de la toponimia, garantiza que los documentos
personales de todos y cada uno de nosotros puedan ser multilingües
—me refiero al documento nacional de identidad, al carné de
conducir y al pasaporte—, sea cual sea su lugar de expedición.
También establece las distintas versiones del Boletín Oficial del Estado
y, en particular, las medidas para que los funcionarios públicos estén
capacitados en cada uno de los procedimientos de los que les hablaba
antes para atender estos derechos de uso en todas las lenguas
cooficiales.

A su vez, como les decía, esta proposición de ley pretende
fomentar las lenguas que conforman la riqueza del patrimonio lingüístico
español, y lo hace en seis campos distintos: el primero, empresas y
tecnologías de la información y la comunicación —por ejemplo,
incluyendo los usos lingüísticos en las normas ISO de certificación de
las empresas o garantizando software y configuraciones plurilingües en
los aparatos de comunicación, entre otras medidas. El segundo, en el
campo de la enseñanza, en el que también establece distintas medidas de
fomento, entre las que podríamos destacar la voluntad de que, en todas y
cada una de las universidades españolas, exista la enseñanza avanzada y
regulada de todas las lenguas cooficiales en alguna de las comunidades
autónomas, o bien la existencia de una red de escuelas oficiales de
idiomas en las que se ponga al alcance de todos los ciudadanos y
ciudadanas —residan donde residan— la posibilidad de aprender
estos idiomas, que, como saben todos ustedes, también la enseñanza a
distancia y las nuevas tecnologías facilitan de un modo muy importante.
Tercero, en el ámbito de la cultura: por ejemplo, dando apoyo a las
producciones, sea cual sea su lengua de desarrollo. Cuarto, en el campo
de los medios de comunicación social —campo básico—:
establece regulaciones sobre todo para los medios públicos proponiendo,
por ejemplo, programas subtitulados y la posibilidad de disponer de
películas en distintos idiomas. Cuarto, también establece medidas en el
campo de la acción exterior recogiendo, por ejemplo, una medida que ya
está en marcha como es el multilingüismo del Instituto Cervantes, cuya
voluntad es ofrecer conocimiento y aprendizaje de todas las lenguas
oficiales de España en el extranjero a través de sus cursos, aulas e
instituciones. Quinto, también hace una referencia a la marca España en
el sentido de incorporar como valor de la marca España este carácter
multilingüe y plurilingüe. Finalmente, el sexto campo, que está en el
ámbito de la población extranjera: garantizar que todas las personas que
vienen a vivir a España, procedentes de otros países, puedan aprender con
plena capacidad para disponerse en nuestra sociedad tanto el castellano
como la lengua que sea cooficial en la comunidad autónoma donde vivan, si
es que existe.

Hace especial énfasis esta ley —también lo he dicho
antes— en el apoyo, el estudio y la divulgación de las lenguas no
oficiales pero reconocidas por los estatutos, que son las más frágiles, y
lo hace en los campos de la enseñanza, la cultura y los medios de
comunicación.

Quisiera insistir en que se trata de un impulso conjunto
del Gobierno de España y de las comunidades autónomas de acuerdo con lo
que dice esta ley y sus respectivas competencias; se trata, por tanto, de
una ley que promueve el acuerdo, el pacto entre los distintos niveles de
la Administración en relación con la promoción de las lenguas españolas,
que trata de impedir la desresponsabilización de cualquiera de estos
ámbitos administrativos y de garantizar el impulso firme y potente del
Gobierno de España en este campo.

Señorías, es esta una ley muy medida en los términos de
impacto de gestión y presupuestario —de hecho así queda reflejado
en la Memoria económica que acompaña a la ley—. Es esta, como he
dicho antes, una ley que incorpora algunas medidas que ya existen y están
contempladas. Es una ley que incorpora derechos y regulaciones que no
cuestan dinero. Es una ley que puede

perfectamente apoyarse en las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, como, por ejemplo, la traducción
automática y otros programas que ya existen y están plenamente
desarrollados. Es una ley que puede apoyarse en medios ya existentes de
las comunidades autónomas que se pueden compartir. Es una ley que
explicita que su implantación va a ser progresiva y acompasada con las
disponibilidades presupuestarias. Es una ley, en definitiva, que se basa
en nuestra capacidad política —la de este Parlamento y la de las
administraciones públicas— de priorizar, de aplicar y reasignar
recursos disponibles. Es una ley que, como he dicho antes, en el caso del
Consejo y Oficina de las Lenguas de España solo exige su transformación a
partir del consejo y la oficina que ya fueron creados por el Real Decreto
905/2007.

Ciertamente, señorías, quien algo quiere algo le cuesta,
pero ese algo creemos que es perfectamente asumible entre los 380.000
millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado.

En definitiva, señorías, en el Grupo de la Entesa creemos
que esta es una ley cargada de sentido, plenamente constitucional y
absolutamente viable técnica y económicamente. Espero y deseo que sea
tomada en consideración por esta Cámara, la Cámara territorial de nuestro
Parlamento.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

En turno en contra tiene la palabra el senador
Agramunt.

El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Gracias, presidente.

No voy a utilizar el turno en contra, pero quiero
anunciarle al senador Martí que mi grupo votará en contra de la
proposición de ley. Lo que no quiero es que luego me digan que no les he
dicho que voy a votar en contra. En todo caso, no consumiré ahora más
tiempo. Desarrollaré mis argumentos en el turno de portavoces.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Agramunt.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la
senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: (La señora senadora inicia su
intervención en catalán.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, no
estamos en el turno de las de mociones. Se lo digo porque los senadores
no entienden lo que está diciendo.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Había empezado en catalán y no
me había dado cuenta de que, en efecto, no podía utilizar esta lengua,
pero como estamos hablando de lenguas, me parecía que era posible
expresarme en catalán.

Esta proposición de ley a favor de las lenguas oficiales
distintas al castellano quedaría resuelta con la declaración de su
oficialidad con el resto de lenguas del Estado: derecho a su uso ante la
Administración e instituciones del Estado, en los ámbitos de la justicia,
en las nuevas tecnologías, en las empresas, en la educación, en los
medios de comunicación, así como en su protección, promoción y
difusión.

Nos sorprende la creación del consejo de lenguas españolas
presidido por el Gobierno del Estado. Tenemos dudas de que sea
suficientemente fiable.

Por otro lado, echamos en falta en la proposición de ley
que se haga referencia a las lenguas oficiales del resto de comunidades
autónomas, catalana, vasca y gallega, a las que debería incorporarse el
occitá como lengua oficial en Cataluña según el estatuto aprobado en
2006.

La proposición de ley de protección y promoción de lenguas
españolas distintas al castellano fue presentada por Esquerra Republicana
de Catalunya el día 20 de septiembre de 2005 en el Congreso de los
Diputados con el fin de conseguir un reconocimiento explícito y efectivo
de la riqueza y diversidad del patrimonio lingüístico del Estado y
atribuyendo a las lenguas oficiales de las comunidades autónomas el
carácter de lengua oficial del Estado juntamente con el castellano.

Con su oficialidad, las lenguas distintas al castellano
adquirirían plena validez y eficacia en relación a la Administración y al
resto de instituciones del Estado. Y como consecuencia de su

carácter de lengua oficial del Estado, serían lenguas
distintas al castellano que adquirirían la oficialidad de lengua en la
Unión Europea y en Naciones Unidas. Así, la proposición de ley de lenguas
distintas al castellano, presentada en su día por Esquerra Republicana de
Catalunya en 2005, mantiene aún toda su vigencia.

En Esquerra Republicana de Catalunya entendemos que el
catalán debería ser lengua del Estado y, por tanto, tener derecho a la
oficialidad. El artículo 3 de la Constitución Española recoge que las
otras lenguas españolas, aparte del castellano, serán también oficiales
en sus respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos, y
que la riqueza de las diferentes modalidades lingüísticas de España es
patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

A pesar de esta declaración de principios que contiene la
Constitución —calculadamente ambigua—, la Constitución
Española es la única Constitución en el mundo que consagra la oficialidad
de unas lenguas que nunca dice qué lenguas son ni cuántas son; no se hace
referencia —a excepción del castellano, que es la única que se
menciona— a ellas. A pesar de que existen mandatos legales que
dimanan de los propios estatutos de autonomía, todos los Gobiernos
españoles han incumplido sistemática y voluntariamente estos compromisos
legislativos con el pueblo de Cataluña, a pesar de que en algunos casos
se han comprometido a ello a cambio de apoyos a otras leyes como los
Presupuestos Generales del Estado. Así que, a lo largo de los años de
democracia y autonomía, el català continúa sin tener la oficialidad
preeminente que como lengua le correspondería. Solo en una situación
legal de plurilingüismo igualitario en el Estado español, de
reconocimiento de todas las lenguas, con los mismos derechos y deberes,
podría situar a la lengua catalana en una situación de igualdad respecto
a la castellana.

Actualmente hay más de 500 leyes vigentes aprobadas desde
1975 hasta 2009 que discriminan el catalán en su uso social. Por eso, hay
que presentar enmiendas al Estado español para que modifique todas estas
leyes. El Estado español ha de asumir que la lengua catalana es propia
del Estado si realmente quiere ser el Estado que dice ser o que quiere
ser: el catalán, lengua propia de els països catalans, el reconocimiento
de la unidad de la lengua.

En este aspecto, echamos en falta en esta proposición de
ley planteada —y, en este caso, tampoco ninguno de los Gobiernos
que habido ha reconocido la unidad de la lengua catalana, ni oficialmente
ni en la práctica—, el reconocimiento del occità, lengua propia de
la Vall d’Aran y oficial a tota Catalunya. L’occità, lengua
propia de la Vall d’Aran y oficial en toda Cataluña, también está
padeciendo una grave agresión por los recursos de inconstitucionalidad
sobre la preferencia social de esta lengua en su propio territorio.

El proceso de transición nacional iniciado en Cataluña, mal
que les pese a los representantes en el Senado del Partido Popular y a
pesar de que digan que es una cabezonada de Esquerra Republicana de
Catalunya es una realidad práctica, real, que se manifiesta a lo largo de
las votaciones en el Parlament de Catalunya.

A partir de las elecciones del 25 de noviembre de 2012 se
han abierto, efectivamente, expectativas de conseguir un Estado propio;
un Estado propio que hará posible que en el marco de la Unión Europea y
de Naciones Unidas —por cierto, donde ya es oficial el catalá
gracias a la incorporación de Andorra— el català y el occità acaben
siendo lenguas oficiales del Estado y, en consecuencia, oficiales en la
Unión Europea.

La experiencia histórica nos ha llevado a la conclusión de
que es más factible conseguir la independencia que llegar a un acuerdo
con el Estado español que reconozca la oficialidad del catalán y que se
reconozca que el Estado español debería ser un Estado plurinacional y
plurilingüístico.

En todo caso, Esquerra Republicana de Catalunya dará apoyo
a la tramitación de la proposición de ley en el bien entendido de que
esto no significa que no presentemos enmiendas, en el caso de que
prosperase, porque entendemos, efectivamente, que algunos de los apuntes
que he efectuado deberían ser incorporados a esta proposición de ley.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Eskerrik asko, presidente
jauna.

Seguiremos en castellano.

En primer lugar, y antes de utilizar mi tiempo en valorar
esta proposición de ley, quiero decir que no entiendo la actitud del
Grupo Popular cuando dice que no va a votar a favor de la admisión a
trámite de esta proposición de ley, porque es un debate fundamental,
necesario y recurrente. Al fin y al cabo, muchos de los contenidos de
esta proposición de ley han formado parte de las reclamaciones que el
Partido Nacionalista Vasco, en este caso, ha venido haciendo respecto de
lo que debería ser un Estado plurilingüe. Por lo tanto, entiendo que
negar el debate de esta cuestión es algo que califica sumamente mal a
este grupo parlamentario, al Grupo Parlamentario Popular.

En el año 2006, ya los Gobiernos de Cataluña, de Galicia y
del País Vasco reclamaron que España asuma de una vez por todas que es un
Estado plurilingüe. En teoría lo es y, sin embargo, en la práctica
institucional se comporta como si fuese monolingüe. En este sentido, la
intervención de la senadora Capella ha sido bastante exhaustiva y
significativa respecto de lo que consagran textos, tan sacrosantos para
algunas cosas, como puede ser el texto de la Constitución.

Mi intervención lo que va a pedir es el cumplimiento de la
ley, que se cumpla la Constitución, que se cumplan los estatutos de
autonomía, que se cumplan las sentencias del Tribunal Constitucional y
que se cumplan los acuerdos internacionales que España ha suscrito,
avalado y ratificado en órganos internacionales. Vuelvo a decirlo, me
sigue sorprendiendo que, reiteradamente, mi grupo parlamentario, y yo
como su portavoz, tenga que venir aquí a pedir el cumplimiento de la ley
pero, por desgracia, es así: pedimos el cumplimiento de la ley.

Y lo que pedimos es que se arregle una situación de
desigualdad de derechos porque, pese a lo que dice la Constitución
—y en ese sentido tampoco me voy a extender más, porque la señora
Capella ya lo ha hecho suficientemente bien—, en la práctica,
aunque en la teoría dice que España es un Estado plurilingüe, en la
práctica acaba prevaleciendo siempre el derecho de los monolingües a
expresarse en lo que es la denominada lengua común, el castellano, frente
al derecho de los plurilingües a expresarse en cualquiera de las lenguas
oficiales. Evidentemente, me refiero a aquellos territorios históricos, a
aquellas comunidades autónomas que cuentan con dos lenguas oficiales,
siendo la propia Constitución la que establece que en esos territorios la
oficialidad y el uso de las lenguas vendrá establecido por lo que digan
los respectivos estatutos de autonomía.

Por lo tanto, entiendo que, en la práctica, se acaba dando
siempre esta prevalencia del derecho de los monolingües a expresarse en
castellano respecto del derecho de los plurilingües a expresarse en
cualquiera de las lenguas oficiales, lo que se da en realidad es una
jerarquización de derechos, una discriminación de la lengua y, en
consecuencia, una discriminación de las personas. Esta discriminación es
una práctica común y forma parte del día a día de nuestra vida, es
contraria a la Constitución, y así lo vienen avalando determinados
organismos internacionales.

Decía que iba a pedir el cumplimiento de la Constitución en
distintos apartados, y también voy pedir que el Gobierno cumpla los
acuerdos internacionales que él mismo ha suscrito. En este caso, imagino
que todas sus señorías están al tanto de que España, durante el Gobierno
de Aznar —no sé si fue en la primera o en la segunda legislatura,
con Aznar como presidente—, suscribió, avaló, firmó y ratificó la
Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa.
Esta carta establecía que, con una periodicidad bianual se realizarían
informes de evaluación que correrían a cargo del propio Consejo de
Europa, evidentemente, de las administraciones públicas españolas, de las
comunidades autónomas y del secretario de Estado de Administraciones
Públicas.

En los dos últimos informes, las recomendaciones que hace
el Consejo de Europa al Gobierno español incluyen las siguientes.
Primero, instar a las instituciones españolas a que hagan pedagogía
social a favor del multilingüismo. Es cierto que luego la proposición de
ley incluye determinados aspectos en los que se abunda en esta pedagogía
como, por ejemplo, el uso de las lenguas oficiales y cooficiales en las
instituciones públicas. Eso también es hacer pedagogía. Segunda
recomendación del Consejo de Europa —y solamente voy a recoger las
más significativas, porque no tengo mucho tiempo— insta al Gobierno
a que establezca las modificaciones necesarias en la Ley del Consejo
General del Poder Judicial para garantizar que un procedimiento jurídico
pueda ser ejecutado en cualquiera de las lenguas cooficiales siempre y
cuando el que inicia este proceso así lo demande. Esto hoy en día es
imposible; en Euskadi es imposible. Es cierto que las situaciones de las
que parten el euskera y el catalán en sus territorios respectivos no
tienen nada

que ver, pero en Euskadi hoy en día es imposible garantizar
el derecho a nadie a acceder a la justicia en su lengua materna, en este
caso en euskera.

Tercera de las recomendaciones que hace el Consejo de
Europa en este informe de evaluación. Las administraciones del Estado en
las regiones periféricas tienen la obligación de atender en cualquiera de
las lenguas oficiales del territorio donde se encuentra la Administración
periférica, en este caso en euskera. Por lo tanto, insta al Gobierno a
adoptar las medidas necesarias para dotarse del personal que sea capaz de
atender a la ciudadanía en cualquiera de las lenguas oficiales. Pero esto
en Euskadi es imposible en muchas administraciones públicas. Y es la
propia Constitución la que así lo consagra. Pero no solamente es la
Constitución, sino que el Tribunal Constitucional, en la sentencia del
año 1986, sobre la Ley del euskera, viene a decir precisamente eso, que
la Administración periférica del Estado está sujeta a las mismas
obligaciones que las administraciones autonómicas, en este caso la
Administración vasca.

Por lo tanto, en contra de lo decía la señora Capella
—y aquí vamos a discrepar— no son las lenguas los sujetos de
los derechos, sino los ciudadanos. Por lo tanto, cualquier ciudadano
tiene derecho a elegir la lengua en la que puede relacionarse con la
Administración pública. El Estado es el que debe estar sujeto a la misma
normativa lingüística que la Administración autonómica. Por lo tanto, el
derecho del ciudadano es el mismo, independientemente del titular
normativo de esa Administración. Así lo dice el Consejo de Europa, así lo
establece la Constitución y así entendemos que debe desarrollarse. Esto
en cuanto a los principios generales.

Evidentemente, nosotros vamos a votar a favor de la toma en
consideración de esta proposición de ley, pese a que, si hubiese un
procedimiento parlamentario, presentaríamos una serie de enmiendas que a
nuestro juicio mejorasen o adecuasen este texto a la realidad lingüística
de la comunidad autónoma vasca.

En este sentido, en el capítulo II, cuando se habla del uso
de las lenguas cooficiales en las instituciones del Estado, echo de menos
la inclusión del Congreso y del Senado entre las instituciones que
deberían hacer un esfuerzo en esa pedagogía favor de las lenguas
cooficiales. Particularmente en el Senado no deja de tener su gracia que
se pueda intervenir en cualquiera de las lenguas cooficiales durante el
debate de las mociones pero no durante el debate de las leyes, o que se
tenga que interrumpir a la senadora Capella cuando está hablando de una
proposición de ley sobre las lenguas minoritarias porque lo está haciendo
en catalán. Es totalmente absurdo y, desde luego, no es pedagogía sobre
las lenguas cooficiales.

Por otra parte, el título II, capítulo I, artículo 20, se
refiere a los medios de comunicación dependientes del Estado y desarrolla
un articulado relativo al uso que deben hacer los medios de comunicación
de las lenguas cooficiales. Me llama la atención, es decir, se nota que
lo han hecho en Cataluña, porque la situación comparativa del catalán en
los medios de comunicación de titularidad pública del Estado —en
este caso podríamos hablar de Radio Nacional de España y de
Radiotelevisión Española— y del euskera en estos medios de
comunicación en Euskadi es abrumante. Se habla de producción, de
subtitulación, de emisión de contenidos, pero es que hoy en día
Radiotelevisión española en Euskadi no emite absolutamente nada de
programación en euskera; cero: esa es la presencia del euskera a día de
hoy en la Radiotelevisión española, cero patatero, pese a que también hay
un artículo de la Constitución que consagra este principio, el artículo
20.3. Por tanto, entendemos que este punto sería objeto de enmiendas de
ampliación en nuestro caso.

En cuanto a la cuestión de la toponimia —y con esto
ya termino—, el artículo 22 dice que el Gobierno garantizará la
actualización continua, la accesibilidad y la difusión a todos los
sectores potencialmente usuarios de las bases de datos del Ministerio de
Fomento. Cuidado aquí con la cuestión competencial. Al menos en este caso
la competencia corresponde a la comunidad autónoma vasca; no a su
Gobierno, pero sí a sus ayuntamientos y sus diputaciones, siempre en
relación con los principios que pueda establecer Euskaltzaindia, la Real
Academia de la Lengua Vasca.

Nos gusta mucho la proposición de ley. Entendemos que es un
debate todavía necesario. Lamentamos profundamente la cerrazón del Grupo
Parlamentario Popular para admitir a trámite siquiera el debate de esta
proposición y entendemos que negar el debate sobre este tipo de
discrepancias, que tratan sobre temas fundamentales y muy sensibles, y la
posible contrastación de ideas o de pareceres no redunda en beneficio de
nadie.

Gracias, señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Martínez.

Por el Grupo de Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la
palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, señor presidente.

Señorías, mirémonos al espejo aunque solo sea un momento y
hagámoslo como representantes del pueblo español, ¿qué es lo que no
queremos ver o lo que no quieren ver ustedes, señorías del Partido
Popular? ¿Que España es un país plurilingüe? ¿Que 22 millones de
españoles y españolas —es decir, el 47% de los ciudadanos de
España— habitamos territorios bilingües, o multilingües como
Cataluña o Aragón? ¿Que en nueve estatutos de nueve comunidades autónomas
se habla explícitamente de otras lenguas que no son el castellano? ¿Es
que vamos a vivir siempre, señorías, en el mito o en la ficción del
Estado-nación, en esa idea de una lengua, una cultura, un pueblo, un
Estado, que tanto daño ha hecho a la historia de la humanidad?

Señorías, en el mundo hay 6800 lenguas y solo 220 Estados.
¿Acaso existe algún Estado-nación? ¿Acaso ha existido alguna vez algún
Estado-nación? ¿Acaso existirá nunca algún Estado-nación? Repasen, si
quieren mentalmente o si prefieren lo podemos hacer conjuntamente,
cualquier Estado de nuestro entorno europeo, americano, africano y
asiático; repasen y pregúntense si se trata de un Estado-nación, si
habitan en ellos, cohabitan o existe una lengua o varias lenguas y si
varios de estos Estados comparten una misma lengua. Hablemos de nosotros
mismos y del castellano, lengua compartida por ¿cuántos Estados?
Muchísimos. El catalán, lengua compartida por varios Estados; y, el
euskera, lengua compartida por dos Estados.

En definitiva, señorías, no hay Estado monolingüe y no lo
puede haber porque las personas y las gentes venimos, nos movemos, vamos
e iremos. Señorías, no tiene ningún sentido y es una equivocación
política empecinarse en apostar por España como Estado-nación, al igual
que también es un error empecinarse en apostar por Cataluña o por Euskadi
o por donde fuera como Estado-nación. Esta es una idea nociva, separadora
y segregadora que, en definitiva, no está a la altura de los tiempos ni
de la realidad de los pueblos.

Además, señorías, el fortalecimiento de cualquiera de las
lenguas, su uso o la ampliación de su uso no tiene por qué ir en
detrimento de las otras —otro mito, el de la ley de los vasos
comunicantes entre las lenguas—, lenguas que prosperan sobre
lenguas que mueren. No es cierto, señorías, los seres humanos podemos, y
de hecho lo hacemos, hablar muchas lenguas a la vez, nuestro cerebro lo
agradece y nuestras capacidades y potencialidades aumentan con el uso, el
conocimiento y el aprendizaje de más de una lengua.

En definitiva, señorías, España debe apostar por el
plurilingüismo porque es el futuro de Europa; no existirá ninguna Europa
que no acabe resolviendo de manera satisfactoria su plurilingüismo y, de
hecho, el plurilingüismo, el multilingüismo será la clave del mundo
global en el que ya vivimos.

Los ciudadanos y ciudadanas plurilingües tienen más
oportunidades y, está ampliamente demostrado, son personas más cultas,
más libres y, sobre todo, más iguales, con mayores posibilidades de
desarrollarse en su futuro personal, profesional y en cualquier
ámbito.

Por otro lado, señorías, mirémonos también al espejo como
senadores. ¿Por qué no vamos a tomar en consideración una proposición de
ley —digo tomar en consideración para debatirla
posteriormente— que versa sobre la pluralidad y la diversidad
territorial de España? ¿Acaso no somos la Cámara territorial? ¿Acaso no
nos llenamos la boca y aspiramos a tener el protagonismo que merecemos en
la tramitación de las leyes? ¿Por qué, señorías, no vamos a actuar en
consecuencia? ¿Por qué el Pleno de este Senado no tomará en consideración
una proposición de ley que habla de la pluralidad lingüística de España?
Yo no lo entiendo. Espero que el señor Agramunt consiga explicármelo
después.

En definitiva, señorías, estamos perdiendo una doble
oportunidad. Estamos perdiendo la oportunidad de hacer un gesto político
de autorreconocimiento, de participación plena en la lógica del mundo
futuro. Asimismo, estamos perdiendo la oportunidad de hacer un gesto
político claro, como mensaje de integración, de diálogo, de consenso
dentro de España y de cómo entendemos el futuro de Europa y del mundo.
Estamos también, señorías, perdiendo la oportunidad de hacer un gesto de
afirmación como Cámara, como institución, un gesto de afirmación
plenamente legislativo y territorial.

En el grupo de la Entesa opinamos, sinceramente, que es una
lástima, pero no será por falta de empeño. Nosotros sí creemos en una
Cataluña plural. Sí creemos en una España plural y plurilingüe. No en
vano, Lluís Maria de Puig, a quien tengo el honor de citar en este
momento, fue el ponente, por ejemplo, de la Carta Europea de Lenguas
Regionales o Minoritarias a la que antes se ha hecho alusión.

Por todo ello, señorías, y agradeciendo muy sinceramente el
apoyo de todos los grupos que se van a sumar a esta iniciativa, notando
su calor y su aliento, les digo, desde la humildad, que no cejaremos, que
volveremos a insistir, que en el grupo de la Entesa, por lo que
representamos y por lo que somos, no pararemos hasta convencer a esta
Cámara y a este Parlamento de que una proposición de ley así no solo es
lógica y coherente con la Constitución, sino absolutamente imprescindible
en los tiempos políticos en los que vivimos.

Muchísimas gracias, señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Martí.

Por parte del Grupo Catalán Convergència i Unió, tiene la
palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías. El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya presenta esta proposición de ley orgánica. Ante todo, quiero
destacar el carácter absolutamente relevante que nuestro grupo
parlamentario da a la cuestión de la diversidad lingüística en España. A
nuestro entender, esta diversidad lingüística y la condición plurilingüe
del Estado, es una riqueza importantísima si queremos entender el mosaico
diverso que configura el actual Estado español.

En Cataluña, sobre el tema lingüístico, existe un alto
grado de consenso entre las principales fuerzas políticas, y solamente se
apartan de dicho acuerdo, algunos grupos minoritarios y excéntricos a la
realidad catalana. En el grupo de Convergència i Unió compartimos el
objetivo y estamos plenamente de acuerdo con la intención que persigue
esta iniciativa legislativa.

Ahora no vamos a entrar en detalles, a pesar de que, según
nuestro entender, el tratamiento que se da, por ejemplo, al aranés, no es
el adecuado, toda vez que es cooficial en su territorio y, por lo tanto,
colocarlo junto a otras lenguas, como el bable o el aragonés, no es
pertinente. En todo caso, mejoraríamos algunos aspectos de la propuesta
si fuese posible.

Si la intención fuese acordar un modelo federal, o, mejor
todavía, confederal, del Estado español, esta podría ser una buena
propuesta en la que se definiese respeto y amparo ante una realidad como
es la riqueza y la diversidad lingüística existente en España. Desde la
época de la Transición, y con una democracia parlamentaria consolidada
por sus treinta y seis años de recorrido, ningún Gobierno de la UCD, del
PSOE o del PP, ha creído conveniente legislar sobre una riqueza como las
lenguas. Hemos legislado sobre temáticas, a veces, casi inverosímiles.
Por ejemplo, hemos elaborado una proposición de ley relativa al escudo de
España, una proposición de ley de modificación del Código civil en
materia de inscripción de apellidos o un proyecto de ley orgánica
procesal militar. Pero sobre la cuestión de las lenguas no se ha
legislado. Y los únicos grupos que han presentado iniciativas
legislativas han sido, como se ha mencionado, el Grupo de Esquerra
Republicana en el Congreso, en su día, hoy el Grupo Parlamentario Entesa
o, en su día también, mi grupo parlamentario. En todo caso, ninguno de
los dos grandes partidos ha creído nunca en la necesidad de legislar
sobre este asunto. Con la simple constatación de este hecho se puede
comprender todo lo demás. ¿Cuánto ha costado llegar al uso de las lenguas
en esta Cámara? Costó sangre, sudor y lágrimas introducir su uso mínimo.
No es una situación plenamente normalizada.

Tenemos un mandato constitucional clarísimo, el senador
Carles Martí hablaba de ello. Como bien ha dicho él, la Constitución
Española anuncia ya en el Preámbulo, en el tercer párrafo, la condición
compuesta y plurilingüe de España. Asimismo, el artículo 3 enuncia: «La
riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un
patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.»
Repito: «será objeto de especial respeto y protección». Fíjense bien: en
el artículo 3 de la Carta Magna ya se habla de ello. El Senado, por poner
un ejemplo, aparece en el artículo 69 de la Carta Magna.

La defensa y la aplicación efectiva de las principales
columnas constitucionales se han omitido a lo largo de estos últimos
años. Según nuestro criterio, una de las piezas angulares de la
arquitectura institucional, aquello que para muchos es absolutamente
básico, no ha merecido

atención legislativa ni por parte del PSOE ni por parte del
PP en todos estos años. Tenemos la sensación de tener una Constitución a
la carta, según la conveniencia del Gobierno de turno. Ni una sola
iniciativa legislativa encaminada a proteger la diversidad y la riqueza
lingüísticas. La referencia a las lenguas en la Constitución figura en el
artículo 3, imagínense qué hubiese pasado si llega a figurar en la
disposición final de la Constitución. No quiero ni imaginarlo.

No quiero entrar a analizar la postura y el comportamiento
de aquellos Gobiernos autonómicos que tienen una lengua propia y
cooficial en su comunidad y que se dedican a denigrarla, desprotegerla o
agredirla, actuando justo en sentido inverso al mandato de la
Constitución. Solo puede entenderse como cierto odio hacia sí mismo digno
de análisis psicológico. Al cabo de los años, y en buena parte por un
comportamientos partidistas y por el uso de las lenguas como arma
arrojadiza, sin buscar un sentido inclusivo de la diversidad en el Estado
—entendida esta como riqueza que preservar y como valor del que
enorgullecerse—, se ha llegado a una situación pésima en el
tratamiento de una realidad rica y diversa.

Debido al comportamiento y a las aplicaciones sesgadas de
la Constitución, existe cada vez un mayor número de ciudadanos que no se
reconocen en ella, no la sienten como propia. Probablemente, el problema
no ha sido la Constitución misma, sino su aplicación sesgada y su
desarrollo a menudo forzado. ¿Cómo van a sentir la Carta Magna como
propia, si algunas de sus paredes maestras son olvidadas, omitidas o
menospreciadas? A estas alturas, puede constatarse de manera fehaciente
que ningún Gobierno ha calibrado la importancia de desarrollar y hacer
efectivo el respeto a la pluralidad lingüística. Y así nos va, en un
contexto de creciente cansancio y desapego hacia la primera de nuestras
leyes. A base de maltratar el espíritu constituyente, estamos próximos a
un punto sin retorno.

Si me lo permiten, para finalizar mi intervención, les voy
a contar una anécdota. Yo tuve la suerte y el privilegio de tener como
profesor de latín y griego al catedrático Javier Magariños, un excelente
y renombrado conocedor de la cultural clásica grecorromana. Su padre fue
el admirado profesor Antonio Magariños, alma del Estudiantes, jefe de
estudios durante mucho años del Instituto Ramiro de Maeztu, de Madrid,
condecorado con la distinción de Alfonso X el sabio —entre otros
reconocimientos bien merecidos— y ejerció cátedra como adjunto de
Miguel de Unamuno. Mi profesor fue Javier Magariños Ramón, su hijo;
disfruté de su amistad y de su curiosidad intelectual, aparte de
disfrutar de sus enseñanzas de griego y latín. Javier Magariños siempre
me decía que Pompeu Fabra había sido un eminente filólogo y que los
criterios con los que había fijado la normativa gramatical de la lengua
catalana eran de una gran sabiduría. Incluso me contó cómo su padre, en
pleno franquismo, allá por los años cincuenta, le recomendaba las
traducciones de Carles Riba —el eminente escritor y poeta
catalán—, de la Editorial Selecta, de Horacio y de Virgilio y de
los clásicos griegos, por ser la suya la mejor traducción del griego
clásico a una lengua moderna; así lo decía el profesor Magariños. Fíjense
en la paradoja: en mitad de los años cincuenta, un destacado profesor de
latín y griego en Madrid le invita a su hijo a leer las mejores
traducciones del griego a una lengua moderna, la lengua catalana; por
cierto, prohibida entonces. Mi pregunta es: ¿alguien, fuera de Cataluña,
sabe hoy quiénes son Carles Riba o Pompeu Fabra? El profesor Antonio
Magariños y su hijo Javier, sí; ellos lo sabían perfectamente. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.)

Lamentamos el anuncio del portavoz del Grupo Parlamentario
Popular de negar incluso el debate; lo entendemos como un menosprecio
más. Nos encontramos ante otra negativa a afrontar la realidad y a
entender las lenguas, no como un problema, sino como una riqueza.

Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor
presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Antich.

El señor ANTICH OLIVER: Gracias, señor presidente.

Señorías, quiero manifestar ya de entrada que vamos
apoyemos la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica de
reconocimiento y amparo de la pluralidad lingüística de España,
presentada por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
entre otras muchas razones, porque es esta una verdadera asignatura
pendiente, tal como han dicho distintos intervinientes. Como dice el
preámbulo de la iniciativa, España es un país con una extraordinaria
riqueza lingüística. La Constitución, en su artículo 3, y distintos
estatutos de autonomía así lo

recogen, señalando la lengua castellana como la lengua
común de todos los españoles y españolas, y declarando el catalán, el
valenciano, el gallego y el euskera-vascuence lenguas propias de
distintas comunidades autónomas y cooficiales en ellas, y reconociendo de
forma explícita otras lenguas como el bable, el leonés, etcétera, como
parte del patrimonio lingüístico de otras tantas comunidades autónomas.
Un conjunto de hablas que convierten al Estado español en un país
plurilingüe y que conforman su identidad; un patrimonio cultural y social
que requiere acciones y responsabilidades de las instituciones; acciones
y responsabilidades que fortalezcan dicho patrimonio y que representan el
reforzamiento de las posibilidades de enriquecimiento personal y de las
garantías de igualdad de oportunidades sociales y económicas, y un
estímulo para la convivencia.

Desde mi punto de vista, el artículo 3 de la Constitución
dirige un mandato al Estado, que no puede considerarse observado
atribuyendo toda la responsabilidad sobre la promoción, la difusión y las
garantías de los derechos lingüísticos únicamente a las comunidades
autónomas. El artículo 3 impone también a la Administración central unas
obligaciones generales de promoción, difusión y garantías de la
pluralidad lingüística de España. Decía Jordi Solé Tura —uno de los
ponentes de la Constitución—, comentando la Carta Magna, que, en
cuanto a los hechos diferenciales, la relación entre la Administración
central y las comunidades autónomas concernidas ha sido, es y será
básicamente bilateral. Pero esto no quiere decir que tenga que funcionar
totalmente aparte de la cooperación federal. Así, por ejemplo, los
acuerdos entre la Administración central y una comunidad autónoma sobre
cuestiones lingüísticas específicas, o sobre singularidades fiscales o
administrativas, o sobre diferencias geográficas como las que se derivan
del hecho insular, no tienen por qué quedar al margen de los demás, ni
ser vistos como excepciones de la cooperación federal. En realidad, son
elementos singulares dentro del principio general de cooperación y deben
ser aceptados, apoyados e integrados como tales por las demás comunidades
autónomas y por la Administración central. Más todavía: la Administración
central debe considerar como propios todos los hechos diferenciales,
adaptarse a ellos y colaborar a su normalización y a su promoción; es el
caso de las lenguas. O sea, el Estado en su conjunto, no solo debe
aceptarlos, apoyarlos e integrarlos, sino que debe considerarlos como
propios y adaptarse a ellos, colaborando a su normalización y a su
promoción.

Por tanto, la Administración central tiene obligaciones
generales que le obligan a realizar acciones y a asumir
responsabilidades; de aquí la necesidad del desarrollo del artículo 3 de
la Constitución en materia de lenguas. Primero, porque la Administración
central y otras instituciones estatales, de acuerdo con el artículo 3.2
de la Constitución, tienen obligaciones directas en cada uno de los
territorios donde existe la cooficialidad, tal y como expone el Tribunal
Constitucional, cuando dice: la cooficialidad de las demás lenguas
españolas lo es con respecto a todos los poderes públicos radicados en el
territorio autonómico, sin exclusión de los órganos dependientes de la
Administración central y de otras instituciones estatales en sentido
estricto; Sentencia del Tribunal Constitucional 82/1986. En segundo
lugar, porque la Administración General del Estado y otras instituciones
estatales mantienen servicios fuera del territorio de las comunidades
donde existen lenguas cooficiales, que deben servir a la población
española en su conjunto sin menoscabo de sus derechos lingüísticos. Así,
el Tribunal Constitucional mantiene que el régimen de cooficialidad
lingüística establecido por la Constitución y los estatutos de autonomía
presupone, no solo la coexistencia, sino la convivencia de ambas lenguas
cooficiales. Y en tercer lugar, porque el artículo 3.3 mantiene que la
riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un
patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
Protección que se deriva del propio texto constitucional y que, además de
hacerse efectiva por los estatutos de autonomía y leyes que los
desarrollan en cada comunidad donde existan lenguas cooficiales o
protegidas, demanda la acción y la responsabilidad del Estado en su
conjunto. Protección que, a nuestro entender, debe articularse teniendo
en cuenta que no se trata de un patrimonio con efectos muy concretos
solamente sobre la población de determinadas comunidades, sino de un
patrimonio común del Estado español. Por tanto, le obliga al Gobierno de
España a promover acciones sobre la base de sus competencias, dirigidas a
difundir estas lenguas y a fomentarlas, y a garantizar su perdurabilidad
articulando iniciativas para normalizar su uso en la sociedad y
facilitando los servicios pertinentes para atender a la población
española sin menoscabo de sus derechos lingüísticos.

Es oportuna la iniciativa presentada por Entesa, porque el
desarrollo legislativo amplio de las responsabilidades del Estado en esta
materia es una asignatura pendiente que debe facilitar la convivencia de
las distintas lenguas, como establece el Tribunal Constitucional. Una
iniciativa que, como reza el preámbulo, articula el amparo legislativo
del uso de las lenguas españolas, que con el castellano tienen el
carácter de oficiales en alguna comunidad autónoma, de acuerdo con la
Constitución y el correspondiente estatuto de autonomía, en las
relaciones con la Administración General del Estado o con otras
instituciones u órganos constitucionales, y el desarrollo y mantenimiento
de la vitalidad de las lenguas reconocidas en los estatutos aun sin rango
de cooficialidad. Una iniciativa que da un paso más, un paso acertado,
respecto del avance que ya supuso la creación del Consejo de las Lenguas
Oficiales de la Administración General del Estado, creado durante la
Administración socialista; un paso que mi grupo ya había solicitado en el
Congreso, en el mes de marzo, y que comporta la implicación de las
comunidades autónomas y facilita una mayor cooperación entre éstas y la
Administración General del Estado; un paso que la presente iniciativa
concreta con la creación de un nuevo consejo de las lenguas
españolas.

Es oportuna, además, porque en el último informe de
seguimiento de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales,
acuerdo ratificado en Estrasburgo en 1992, suscrito por España, que entró
en vigor el 1 de agosto del 2001, la Comisión de expertos del Consejo de
Europa recomienda al Estado español, entre otras cosas, adaptar el marco
jurídico para que conste de manera expresa que la autoridad judicial,
penal, civil y administrativa de las comunidades autónomas tramitará sus
procedimientos en las lenguas cooficiales, si alguna de las partes así lo
solicita; establecer las medidas jurídicas y prácticas necesarias para
garantizar que, en las autonomías a las que hace referencia el artículo
9, una proporción adecuada de los trabajadores judiciales tienen la
capacidad lingüística necesaria para realizar sus funciones profesionales
en los idiomas correspondientes; y sigue en la misma línea con muchas más
recomendaciones, pero la última es la de garantizar en los servicios
públicos del Estado la presencia de todas las lenguas regionales o
minoritarias. En definitiva, es un conjunto de recomendaciones y
sugerencias muy acordes con la proposición no de ley que estamos
debatiendo. Es un hecho que en muchas comunidades autónomas se ha
avanzado de forma importante; pero es un hecho también que, en relación
con la Administración General del Estado, aún es necesario avanzar mucho
en este tema.

Por último, lamentamos la posición del grupo mayoritario,
de no dejar siquiera que esta proposición de ley se pueda debatir, se
pueda discutir; de no dejar siquiera que se trate un tema que es muy
importante y que no puede seguir siendo tratado...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ANTICH OLIVER: Ya termino.

...que no puede seguir siendo tratado como un tema de
segunda división. Eso explica la poca sensibilidad del grupo mayoritario
en estas materias, que, por cierto, puede explicar las confrontaciones
que también se producen también en otros campos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Antich.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor Agramunt.

El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, esta proposición de ley orgánica pretende ampliar
el conocimiento y el uso de las lenguas propias de cada comunidad
autónoma a todo el territorio español; es decir, llevar el uso de las
lenguas cooficiales fuera de los límites de las autonomías en las que son
oficiales de conformidad con sus respectivos estatutos de autonomía; esto
es clave para entender lo que pretende esta proposición de ley. Esta
proposición de ley de Entesa propone realmente una modificación de la
Constitución por la vía de una ley orgánica, algo que ya se intentó con
el Estatuto de Cataluña aprobado por el Parlament de Catalunya.

Efectivamente, el artículo 3.2 de la Constitución establece
que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las
respectivas comunidades de acuerdo con sus estatutos. Por lo tanto, la
Constitución reserva el carácter de lengua oficial en todo el Estado para
el castellano.

Además, la oficialidad de las demás lenguas se establece en
los estatutos de autonomía, normas con rango de ley orgánica, pero de
aplicación a un ámbito territorial concreto.

La oficialidad en todo el Estado de una lengua, de acuerdo
con la propuesta, se establecería a raíz de su fijación como oficial en
el estatuto de la comunidad autónoma. Por tanto, serían las comunidades
autónomas las que fijarían de facto la oficialidad de las lenguas en todo
el Estado. Y esto, señorías, no encaja en absoluto en el artículo 3 de la
Constitución Española, como supongo que todos ustedes habrán comprendido
inmediatamente.

No se puede, por tanto, pretender que las lenguas
cooficiales pasen a ser oficiales en todo el territorio del Estado. El
Gobierno de España cumple escrupulosamente con el mandato del artículo 3
de la Constitución, y protege y promueve las lenguas cooficiales que
existen en España. La Administración General del Estado y sus organismos
y empresas públicas son muy estrictos y sensibles en el cumplimiento de
ese mandato constitucional, así como en el de la normativa que han
establecido las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias.
La normativa básica del Estado en los diferentes ámbitos también reconoce
y protege esos derechos en todos los ámbitos, y muy especialmente en los
de la cultura y la educación. Como ejemplo le diré que la Administración
General del Estado ofrece en sus sitios la información en las lenguas
cooficiales; el DNI se expide en las lenguas cooficiales; las leyes, en
el Boletín Oficial del Estado, se publican también en esas lenguas, y se
están haciendo en este momento un gran esfuerzo para ofrecer toda la
normativa de las comunidades autónomas. En los aeropuertos y en las
estaciones de tren dependientes del Estado que hay en las comunidades
autónomas con lengua cooficial, la información se ofrece de forma
bilingüe. Los medios de comunicación públicos tienen espacios en esas
lenguas. Concretamente en Cataluña, Radio Nacional de España tiene una
emisora, Radio 4, que emite completamente en catalán, pese a que la
anterior dirección de Radiotelevisión Española amenazó en 2006, durante
el mandato del gobierno socialista, con cerrarla. En Radio 1 también se
emite en catalán y Televisión Española ofrece programación en desconexión
en catalán, gallego, vasco o valenciano.

En el sector privado, las principales empresas de este país
tienen en cuenta esa realidad lingüística y cumplen con las normas
autonómicas y de consumo. Ya existe software en las lenguas cooficiales y
teléfonos que permiten configurar esas lenguas. Sin embargo, sí que es
notorio que algunas comunidades autónomas no cumplen con algunas de las
propuestas que se hacen en esta proposición. El portavoz del grupo
proponente ha sido presidente de una comunidad autónoma en la que los
ciudadanos no tienen todos los derechos linüísticos garantizados: desde
los contenidos completos de la información institucional ofrecida por
Internet u otros medios físicos o electrónicos de la Administración hasta
el cumplimiento de la sentencia de los tribunales en materia de
educación; ni se garantizaban antes ni, por desgracia, se garantizan
ahora, incluso tras sentencias firmes. En Cataluña, señorías, sancionaron
a 811 comerciantes por razones lingüísticas por valor de 720 000 euros,
sanciones que han sido anuladas recientemente por su ilegalidad, ya que
el Tribunal Constitucional anuló el Código de Consumo de Cataluña de
1993.

La iniciativa propone, además, medidas que son inasumibles
desde el punto de vista de su coste económico: la traducción de oficio de
los documentos cuando estos tengan que surtir efectos ante órganos
administrativos o jurisdiccionales fuera de las comunidades autónomas.
Hablamos de procedimientos que pueden contar con miles y miles de folios;
de modo que, para dar cumplimiento a la propuesta, tendría que crearse un
gigantesco cuerpo de traductores del Estado o pagar traducciones externas
a 7 u 8 céntimos la palabra. En cuanto al doblaje a las lenguas
cooficiales, algunas comunidades autónomas hacen un esfuerzo para ofrecer
películas en lenguas cooficiales. Esto tiene, evidentemente, también un
elevado coste para las administraciones. Por ello no se entiende que, en
la memoria económica, se diga que esta iniciativa no tiene impacto
económico, aunque ahora el senador Martí ha reconocido que algún coste
puede tener. Lo tiene, y muy alto, y no son tiempos estos para gastos
excesivos, debido, claro, a la desastrosa gestión de los Gobiernos del
señor Rodríguez Zapatero.

Por ejemplo, se pretende crear por ley un Consejo de
Lenguas Españolas y una Oficina para las Lenguas Españoles; consejo y
oficina que ya existen desde 2007, con la aprobación del Real Decreto
905. No es, por tanto, necesario regular por ley orgánica lo que ya está
regulado por real decreto. Por cierto, esta ley tiene más de veinticinco
antecedentes parlamentarios sobre estas cuestiones en el Senado y en el
Congreso de España; se ha dicho aquí que no se ha debatido,

que no se ha legislado sobre esta cuestión. Esta
proposición, además de pretender una modificación de la Constitución por
la puerta trasera —como dije antes—, pretende explícitamente
modificar un montón de leyes orgánicas, como la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley
Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica reguladora del Derecho de
Petición, la Ley Orgánica reguladora de la Iniciativa Legislativa
Popular, la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, la
del Tribunal Constitucional, la del Consejo de Estado, la del Tribunal de
Cuentas, la del Defensor del Pueblo, la del Régimen Electoral General, la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, etcétera. Todo eso es lo
que supone esta aparentemente inocente proposición de ley presentada por
Entesa Catalana de Progrés.

Y hay otras cuestiones concretas; por ejemplo, en relación
con el Instituto Cervantes, la actividad que esta proposición de ley
propone para este instituto coincide plenamente, línea por línea, con la
que viene desarrollando esta institución desde su creación; por tanto, no
aporta absolutamente nada nuevo. La propuesta es totalmente
innecesaria.

Si hablamos de las telecomunicaciones, nos encontramos con
que lo que pretende esta proposición no resulta conforme a la ley ni a la
normativa comunitaria; es decir, va en contra de las normas de la Unión
Europea que regulan esta cuestión de las telecomunicaciones. Por ejemplo,
el establecimiento de requisitos adicionales o diferentes a los
establecidos en estas normas para la puesta en el mercado de equipos y
aparatos de telefonía móvil o de equipos terminales de
telecomunicaciones, puesto que este fue uno de los primeros sectores
liberalizados, tanto en España como en la Unión Europea. Los fabricantes
de telefonía móvil operan en mercados internacionales altamente
globalizados, e imponer estas nuevas normas sería un absoluto
contrasentido.

En relación con el ámbito audiovisual, el régimen vigente
está formado por la Ley General de la Comunicación Audiovisual, la Ley de
la radio y televisión de titularidad estatal, y el mandato marco de la
Corporación de Radiotelevisión Española. Por tanto, en lo que afecta a
los medios audiovisuales, consideramos que la finalidad perseguida por
esta proposición de ley —es decir, el reconocimiento y amparo de la
pluralidad lingüística de España— se puede entender perfectamente
contemplada en la normativa vigente.

Todo ello, y el posible coste que generarían algunas de las
medidas propuestas son más motivos para oponernos a la presente
proposición de ley.

Lo mismo sucede en el ámbito de la justicia, donde se
pretenden ampliar los supuestos de uso de lenguas oficiales propias de
las comunidades autónomas que estén reconocidas en las actuaciones
judiciales. Al respecto hay que afirmar que, con el más profundo respeto
a todas las lenguas que se hablan en nuestro país, el carácter
evidentemente plurilingüe del Estado es un valor que nos enriquece a
todos y que todos defendemos, pero la Ley Orgánica del Poder Judicial
establece el principio de cooficialidad y dice que los tribunales podrán
utilizar, además del castellano, la lengua oficial propia de las
comunidades autónomas, siempre que ninguna de las partes se opusiera
alegando desconocimiento de ella, que pudiera, por tanto, producir
indefensión. En definitiva, por imperativo constitucional y de acuerdo
con esta ley orgánica, el Ministerio de Justicia no puede adoptar medidas
para favorecer el uso preferente de una u otra lengua.

No quiero finalizar sin referirme a algunas cuestiones que
aquí se han dicho. Señora Capella, usted insiste en esa entelequia
inexistente de los países catalanes. Lo lamento. He de protestar y lo
vuelvo a decir: eso no existe, eso es un invento de algunas personas y
yo, como valenciano, no puedo aceptar en absoluto que usted vuelva a
insistir en la historia de los países catalanes. (Aplausos.)

Señora Martínez, del PNV, entre otras muchas cosas, ha
dicho que la televisión pública en Euskadi tiene cero programación en
vasco. Pues bien, en los últimos cinco meses 1 hora 54 minutos y 15
segundos en el informativo de las 14 a las 14’30; por tanto, lo que
usted ha dicho no se ajusta a la verdad, puesto que sí ha habido
programación en vasco. No es cero, esto que acabo de decir no es
cero.

Señor Bagué, en ningún momento de mi vida me atrevería
—no me hubiera atrevido jamás— a decir de un partido político
que es un grupo minoritario y excéntrico en Cataluña. Yo no lo haré con
el suyo, usted no lo haga con mi partido en Cataluña, que ni es
minoritario ni es excéntrico, señor Bagué. (Aplausos.)

Se ha legislado sobre estas cuestiones, señor Bagué, por
ejemplo aquí, en el Senado, para utilizar los distintos idiomas.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Señor presidente, termino
en treinta segundos.

Pero lo que más me sorprende, lo que más me ha descolocado
de este debate, es la posición del Partido Socialista Obrero Español, del
PSOE. No lo entiendo. Señorías, el Partido Socialista empezó, en su día,
pidiendo y aplaudiendo los pinganillos en el Senado. Han continuado
pidiendo hace dos días el cierre y la desaparición del Senado y ahora
terminan pidiendo que pongamos pinganillos a todos los españoles.
(Aplausos.) Ustedes, señores del PSOE, están en una situación muy
difícil, defendiendo constantemente una cosa y la contraria.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Le hablo del PSOE, no del
PSC. Al señor Martí le entiendo mejor, pero al PSOE, no. Lo que no
entiendo es que ustedes defiendan constantemente una cosa y la contraria;
el valor del oportunismo. No sé lo que opinarán sus senadores de otras
comunidades autónomas, pero supongo que muchos de ellos estarán de
acuerdo conmigo.

Señorías, rechazamos esta propuesta, primero, porque es
innecesaria, pues mucho de lo que se pide ya está regulado y se está
practicando; segundo, lo que es novedoso, implica modificar la
Constitución por la puerta trasera y no me parece lo más correcto; y,
tercero —y acabo ya, no hace falta que usted pida el tiempo—,
otros puntos van en contra, incluso, de la legalidad europea o provocan
riesgos para la seguridad de las personas.

Por todo ello, nuestro grupo votará en contra.

Muchas gracias por su benevolencia. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Agramunt.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la proposición de ley a
efectos de su toma en consideración.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 242; a favor, 91; en contra, 147; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la
toma en consideración de la proposición de ley orgánica de reconocimiento
y amparo de la pluralidad lingüística de España.

7.2. DICTÁMENES DE COMISIONES

7.2.1. PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL
LITORAL Y DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 22/1988, DE 28 DE JULIO, DE
COSTAS.

Comisión: Medio Ambiente y Cambio Climático.

(Núm. exp. 621/000026)

El señor presidente da lectura a los puntos 7.2. y
7.2.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen,
tiene la palabra la presidenta de la comisión, la senadora María Jesús
Ruiz, por tiempo de cinco minutos. (Pausa.)

Señorías, no vamos a interrumpir el Pleno durante el
almuerzo, con lo cual debatiremos los vetos. En todo caso, una vez
finalizado el debate de los vetos, si ocurriera antes de las cuatro de la
tarde, nunca se votaría antes de esa hora. Es decir, suspenderíamos el
Pleno y lo reanudaríamos a las cuatro para proceder a las votaciones.

Tiene la palabra la senadora María Jesús Ruiz.
(Rumores.)

Les ruego que guarden silencio, por favor.

La señora RUIZ RUIZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, el proyecto de ley que se somete en este acto a
la consideración del Pleno del Senado se tramita por el procedimiento
ordinario y tuvo su entrada en esta Cámara el 28 de febrero. Ese mismo
día fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y el
plazo de presentación de enmiendas finalizó el día 19 de marzo, tras una
ampliación de plazo.

A este proyecto de ley se han presentado 5 vetos y un total
de 185 enmiendas, de las cuales se retiró la número 43. Los vetos han
sido presentados, el primero de ellos, por la senadora Capella i Farré,
del Grupo Parlamentario Mixto; el veto número 2, por los senadores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto;
el veto número 3, por el Grupo Parlamentario Socialista; el veto número
4, por los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y el veto número 5, por
los senadores Almiñana Riqué, Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa,
Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y Sequera García, todos ellos del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Las 185 enmiendas se distribuyen de la siguiente forma: 25
enmiendas de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes; 19
enmiendas de los senadores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar; las
enmiendas 46 a 55, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; las
números 83 a 123, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; las números 124 a 168, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió; las números 56 a 82, del Grupo Parlamentario
Socialista y las enmiendas 169 a 185, del Grupo Parlamentario
Popular.

El día 11 de abril se reunió la ponencia para informar del
citado proyecto de ley y se emitió informe introduciendo modificaciones
en el texto remitido por el Congreso de los Diputados, en concreto las
enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, excepto la
número 178.

El día 16 de abril se reunió la Comisión de Medio Ambiente
y Cambio Climático y se emitió dictamen sobre el citado proyecto de ley,
introduciendo, a su vez, modificaciones respecto del informe elaborado
por la ponencia.

Se han presentado un total de 9 votos particulares a este
dictamen: los números 1 y 2, presentados por el Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya; el número 3, de los senadores Guillot
Miravet y Saura Laporta; el número 4, de los senadores Boya Alós,
Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs, la
senadora Almiñana Riqué y la senadora Sequera García, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el voto número 5, del
Grupo Parlamentario Mixto; el voto número 6, de los senadores Quintero
Castañeda y Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto; el voto número
7, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; el voto número 8, del
Grupo Parlamentario Socialista y el voto número 9, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ruiz.

Comenzamos con el debate de las propuestas de veto.

En primer lugar, para la defensa de la propuesta de veto
número 4, de los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Puede sorprender que ante una ley que lleva por título
Protección y uso sostenible del litoral, se hayan presentado diversos
vetos. La pregunta sería: ¿No estamos de acuerdo —y por eso los
grupos hemos presentado vetos— con que se proteja el litoral? La
respuesta es sencilla: esta ley no protege, sino que desprotege y
privatiza. Sé que esto puede ser objeto de debate, pero evidentemente,
estamos ante una ley hipócrita, políticamente hipócrita, porque dice una
cosa en el título y dice absolutamente lo contrario en el texto del
proyecto de ley. Voy a intentar articular mi intervención sobre la base
de cinco preguntas y la respuesta a esas cinco preguntas.

La primera pregunta es si protege o desprotege. La segunda
pregunta insiste en quién pierde y quién gana con la ley. La tercera
intenta responder al argumento del proyecto de ley de que hay que
modificar la Ley de 1988 porque produce inseguridad jurídica. La cuarta
pregunta trata sobre cómo se ha elaborado la ley; y la quinta pregunta
trata sobre si vulnera o no competencias autonómicas. Voy a responder a
estas cinco preguntas de forma rápida.

La primera es si protege o desprotege. No hay un solo
artículo de más y mejor protección del litoral; en cambio, existen
multitud de artículos de reducción y delimitación del dominio público
marítimo-terrestre. Cinco ejemplos en este sentido de desprotección:
primero, limita y reduce el terreno del dominio público
marítimo-terrestre, es decir, va a haber menos terreno público. Segundo,
limita y reduce las servidumbres de protección de 100 metros a 20 metros
prácticamente en todo el litoral. Tercero, prorroga a setenta y cinco
años las concesiones de ocupación. Saben ustedes que a las concesiones
que existían antes de la aprobación de la ley en 1988 se les dio una
concesión de treinta años, y ahora se pasa esa concesión a setenta y
cinco, prorrogables. Se excluyen de esta ley doce núcleos urbanos y se
excluye el 90% de Formentera por sus características geológicas. No he
sido capaz de que nadie me explique qué características geológicas tiene,
ni existe en el proyecto de ley. Cuarto, se permite la transmisión
intervivos, con lo cual la transmisión intervivos y la ampliación a
setenta y cinco años, no tengan ustedes ninguna duda de que van a
significar mayor especulación. Y por último, zonas importantes que hoy
son de ámbito público, como Las Salinas, van a privatizarse y van a
desaparecer del espacio público. Dicho de otra manera, la Ley de 1988
protegía el terreno público frente al interés privado y esta ley intenta
proteger el interés privado frente al interés público. La primera
respuesta a la primera pregunta es que no protege sino que
desprotege.

La segunda es quién gana y quién pierde. No es difícil
adivinarlo. Si se produce una disminución del terreno público, si se
produce una disminución de la servidumbre de protección, que va a
posibilitar la edificación, va a perder la sociedad, van a perder las
personas y van a ganar intereses privados, muchos de ellos con nombre y
apellidos conocidos. Quien gana son los intereses privados, con nombre y
apellidos conocidos y quien pierde es, en definitiva, la mayoría de la
sociedad. Sé que ustedes no la pueden ver (el señor Saura Laporta enseña
a la Cámara una fotografía.), pero es curioso que en el mes de febrero el
Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos muestra una fotografía de
unos bloques a menos de veinte metros del mar que indica: La nueva ley de
costas, oportunidad de negocio. No dice oportunidad de sostenibilidad y
de protección, sino oportunidad de negocios.

Hemos denunciado desde esta tribuna repetidamente que
existe un trasvase de renta de los trabajadores a los sectores
económicamente más poderosos. Pues bien, la ley de costas produce también
un trasvase de patrimonio público a patrimonio privado. Por lo tanto, no
estamos solo ante un trasvase económico, sino, evidentemente, ante un
trasvase ambiental.

¿Cómo se ha elaborado la ley? Esta sería la cuarta
pregunta. No hay ninguna organización ambiental, ni ONG ecologista que
haya recibido el texto antes o que haya podido participar en la
elaboración del texto, cuando, como ustedes saben, el informe Auken
insiste repetidamente en la necesidad de información y de participación
de la sociedad civil en esta cuestión. Yo me quedé sorprendido cuando don
Abel Matutes, exministro de Asuntos Exteriores y exdirigente o dirigente
del Partido Popular —no lo sé—, dijo en unas declaraciones a
un diario de las Islas Baleares lo siguiente: Es una ley en la que yo
mismo he trabajado mucho. Es decir, se ha hecho una ley donde nadie ha
podido participar en el grupo de trabajo del litoral del Consejo Asesor
de Medio Ambiente, donde nadie ha recibido el texto previo y nadie ha
podido participar en su elaboración, pero miren por dónde don Abel
Matutes, no sé en calidad de qué, afirma repetidamente que ha trabajado
de forma muy fuerte y muy importante en la elaboración de esta ley. Creo
que el señor Matutes es uno de esos intereses que tienen nombre y
apellido conocidos a los que yo hacía referencia. (El señor
vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

La quinta pregunta es si invaden o no competencias
autonómicas. La respuesta es absolutamente sí. Solo hay que coger el
Estatuto de Autonomía de Cataluña en la parte en que el Tribunal
Constitucional no ha dicho nada, para ver que el estatuto dice que
Cataluña —y también otras comunidades— tiene competencia
exclusiva en la gestión de los títulos de ocupación y de uso del dominio
público marítimo-terrestre en la ejecución de obras y en la regulación de
la gestión. Es decir, todas esas competencias que ya la sentencia del
Tribunal Constitucional de 1991 dijo que eran competencias autonómicas
hoy se vuelven a vulnerar.

En síntesis, señorías, la respuesta a las cinco preguntas
es la siguiente: no se protege sino que se desprotege y se privatiza.
Insisto en que ni un solo artículo concreto mejora la protección, y
muchísimos otros —he citado cinco o seis pero podría citar muchos
más— desprotegen el litoral y, en definitiva, dan respuesta a la
segunda pregunta. Va a perder mucha gente, porque la sociedad

en general va a perder uso de dominio y de terreno público;
en cambio, van a ganar intereses privados potentes porque van a poder
especular otra vez con la construcción cerca del litoral.

Respecto a la tercera pregunta, si hay o no inseguridad
jurídica, he de decir que lo más importante es que el proyecto de ley
—que seguramente hoy se aprobará— significa una amnistía
generalizada a edificaciones legales y también a edificaciones ilegales,
algunas de las cuales tienen sentencia de demolición. Se dice que la Ley
de 1988 produce inseguridad jurídica. Hay una sentencia del Tribunal
Constitucional que dice que no, hay muchísimas sentencias del Tribunal
Supremo que dicen que no, pero ustedes amnistían independientemente de la
legalidad, de la ilegalidad o de la fecha en que se dio el permiso.

La cuarta pregunta se refiere a la elaboración de la ley.
Es muy curioso que en la exposición de motivos del proyecto de ley se
cite una parte de la resolución Auken pero luego no se contemple ninguna
de las importantísimas recomendaciones de dicha resolución, empezando
porque en ella se dice que hay que suprimir aquellos planes parciales o
urbanísticos que faciliten la especulación, y se insiste en la necesidad
de información, participación y transparencia. Pues bien, en esta ley,
información, cero; transparencia, cero, y participación, cero a los
organismos y a las entidades que están en el Consejo asesor. Pero
información, cien; participación, cien, y transparencia, me imagino que
cien, a determinados intereses privados, empezando por don Abel Matutes,
que se jacta públicamente de que él sí ha intervenido en la elaboración
de esta ley.

La quinta pregunta es si vulnera o no competencias. Les he
leído un par de líneas del artículo 149.3 del estatuto de autonomía que
da competencias exclusivas a Cataluña en toda una serie de aspectos que
esta ley contempla. Por tanto, por todas estas razones: porque no
protege, porque beneficia intereses privados, porque la anterior ley no
crea inseguridad jurídica, porque esta vulnera competencias y, en
definitiva, porque está en contra de los intereses públicos, el señor
Guillot y yo mismo hemos solicitado el veto a un proyecto de ley que nos
regresa a antiguas prácticas que pensábamos que estaban superadas, pero
que una vez más el Partido Popular vuelve a poner encima de la mesa.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Propuesta de veto número 5, de la senadora Almiñana, los
senadores Boya, Bruguera, Martí, Montilla, Sabaté y la senadora
Sequera.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.

Señorías, estamos ante un proyecto de ley que va a tener
unas consecuencias impredecibles; impredecibles por la gravedad del
objeto al que afecta, que es la protección del litoral y de la costa. Sin
duda, va a tener un impacto importante. Hoy me sería difícil situar
exactamente los límites de este impacto, pero, en cualquier caso, va a
ser de mucha gravedad. Es un proyecto de ley que, sin duda, va a
significar un daño irreparable sobre el patrimonio natural; irreparable
porque permite la privatización de espacios que hasta hoy han sido de
dominio publico, lo cual es difícilmente reversible y, por tanto,
difícilmente reparable. Es una afectación sobre un tema altamente
sensible como es un espacio natural importantísimo, de altísima
—como digo— sensibilidad: precisamente todas las costas del
litoral español.

Como decía de alguna forma el senador Saura, llamarla Ley
de protección y uso sostenible del litoral es, sin duda, una ofensa a la
inteligencia, porque es un proyecto de ley que va a desproteger, y
precisamente va a hacer menos sostenible el uso del litoral, de la costa
y de las playas. Es todo lo contrario a lo que el título del proyecto de
ley quiere dar a entender.

Es grave y, como he dicho, puede producir daños
irreparables porque no va acompañado ni tan siquiera de un estudio del
posible impacto del cambio climático. Quiero suponer que el Grupo Popular
y el Gobierno que impulsa la ley no estarán todavía en la teoría
negacionista del cambio climático y sus efectos, como en un momento dado
dio a entender el presidente del Gobierno, el señor Mariano Rajoy.

Pese a haber firmado el Protocolo de Gestión Integrada de
Zonas Costeras del Mediterráneo, que establecía una protección de un
mínimo de 100 metros a partir de un estudio de los posibles efectos del
cambio climático en un futuro inmediato y, por tanto, de sus
consecuencias —protocolo firmado no solo por España y por otros
países mediterráneos, sino también por la Unión Europea,

como tal Unión—, el proyecto de ley ignora esa
posibilidad del cambio climático y los efectos sobre los espacios que
pueden quedar afectados.

La ley, como decía muy bien el senador Saura, en realidad
lo que hace es desproteger; no hay ni una sola medida de mayor protección
—lo ha dicho él y comparto completamente la opinión—.
Precisamente, las principales medidas del proyecto de ley van a
desproteger. De entrada hay una reducción de la zona de servidumbre de la
zona demanial marítimo—terrestre, de 100 a 20 metros en caso de
zonas urbanas existentes, incluso —y luego volveré a referirme a
ello— de las que aún no tienen tal calificación, pero sí que se
permite un plazo determinado para poder proceder a su recalificación como
suelo urbano.

Se reduce asimismo esta zona de servidumbre de la zona
demanial marítimo—terrestre en los cauces fluviales afectados por
las mareas, que forman parte también del dominio de costas y que también
ven la posibilidad de reducir el ámbito de servitud de 100 a 20 metros,
para favorecer, sin duda, el uso privativo de este espacio. Se desprotege
también en la medida en que se hace una ampliación de las concesiones
para el aprovechamiento privativo del dominio público marítimo-terrestre.
Se amplía de 30 a 75 años, evidentemente permitiendo todo tipo de
transición con estas concesiones, lo cual va a favorecer los procesos
especulativos a su alrededor. Se produce una especie de amnistía sobre
las construcciones hasta hoy ilegales ubicadas precisamente en el dominio
público marítimo-terrestre. Se establece que en caso de que no hayan sido
ocupadas por la Administración, estas ocupaciones adquieren un derecho de
ocupación por espacio de 30 años. Por lo tanto, hay una legalización de
situaciones que hasta ahora estaban claramente fuera de la ley y que
habían vulnerado la vigente Ley de Costas. Hay también una desprotección
en el caso de los paseos marítimos en zonas urbanas, al establecer la
posibilidad de que queden fuera de la zona de protección de la zona
demanial marítimo-terrestre.

Y como decía hace un momento, en la disposición transitoria
primera se establece la posibilidad de que suelos que hasta este momento
no son urbanos inicien un proceso que podríamos llamar de recalificación
urbanística, convirtiendo en suelo urbano núcleos o terrenos que se
definen con una definición genérica, lo que produce una importante
inquietud: se habla de terrenos aptos para la edificación que pueden
haber estado ejecutados o aptos para la edificación por lo menos en un
33% del total de la superficie, lo cual permite, en el espacio de dos
años a partir de la publicación en el BOE de la ley —en caso de su
aprobación hoy por esta Cámara—, toda una serie de urbanizaciones
en la zona costera, afectando a lo que hasta hoy era zona protegida, zona
de dominio público o zona de servitud a partir de este dominio público
hasta los 100 metros. Por lo tanto, en todos estos casos hay una
reducción de esta zona de servidumbre de los 100 a los 20 metros.

Finalmente, es un proyecto de ley contrario claramente al
espíritu de la Constitución. El artículo 132.2 de la Carta Magna consagra
precisamente como dominio público la zona marítimo-terrestre; lo que
pretenden los constituyentes es proteger todo ese espacio de costa
evitando precisamente su uso privativo, limitándolo a situaciones muy
especiales y poniéndolo a disposición del interés público. En este caso,
el proyecto de ley que estamos debatiendo favorece el uso privativo del
dominio público marítimo-terrestre.

Asimismo, debo indicar que favorece la invasión de
competencias autonómicas; en concreto, el Estatuto de Autonomía de
Cataluña —al que se ha referido también el senador Saura—, en
su artículo 149.3 adjudica a la Generalitat de Cataluña, en su apartado
a) la regulación de los planes de ordenación territorial en la zona de
costa, y en su apartado b) la gestión de los títulos de ocupación y uso
del dominio público, concesión de autorizaciones y concesiones en
general. Por tanto, se trata de una competencia transferida, en este caso
a la Comunidad Autónoma de Cataluña, que no ha sido ciertamente
cuestionada por el Tribunal Constitucional, y con este proyecto de ley se
pretende invadir esta competencia.

Por consiguiente, estamos ante un proyecto de ley que es
altamente peligroso para la conservación de nuestro litoral; que va en
contra del espíritu de toda la normativa internacional, y especialmente
de la Unión Europea; que se ha venido aprobando en los últimos años; que
contraviene el protocolo de gestión de las zonas costeras del
Mediterráneo —al que he aludido anteriormente—, y que, como
he dicho al inicio de mi intervención, va a producir unos daños
impredecibles, y lo que es peor, sin duda, irreparables, que van a ser de
muy difícil reconducción en el futuro. Se había avanzado mucho a partir
de la aprobación de la Ley de Costas vigente, del

año 1988, se había avanzado precisamente en la protección
del litoral, se había producido un deslinde de, prácticamente, el 95% de
la zona de dominio público marítimo-terrestre; estábamos avanzando en la
buena dirección. Ahora, precisamente intentando plantear un conflicto
entre el interés privado y el interés público, se resuelve en contra del
interés público y a favor de un interés privado que no es el interés
privado de todos y cada uno de los españoles sino el interés privado,
sobre todo, de determinados grupos, que son los que quieren aprovechar
precisamente para la especulación y el uso abusivo de lo que hasta ahora
ha sido el dominio y, por tanto, el derecho del conjunto de la ciudadanía
española.

Por tanto, estamos ante una auténtica barbaridad, ante un
proyecto de ley que nunca debería haberse presentado. Sé que es muy
difícil, señorías del Grupo Popular, pero hago una última apelación a su
sensibilidad, a su conciencia, a su responsabilidad en materia
medioambiental para intentar detener lo que, sin duda, como he dicho, va
a tener consecuencias irreparables.

Muchas gracias, por su atención.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Sabaté.

Propuesta de veto número 1, del Grupo Parlamentario Mixto,
presentada por la senadora Capella, quien tiene la palabra por tiempo de
quince minutos.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Muchas gracias, señor
presidente.

Señoras senadoras, señores senadores, el catedrático de la
Universidad de Granada, Miguel Ángel Losada, auténtica eminencia en la
materia que hoy es objeto de debate y discusión en este proyecto de ley,
envió un informe al Ministerio de Fomento calificando lo que entonces era
el borrador de la ley de antropocéntrico, ya que el hombre es el centro
de la costa y su único amo y señor; unidimensional, ya que solo se
legisla en relación con la propiedad privada y las actividades económicas
en la costa; unidireccional, ya que solo regula reducciones del dominio
público marítimo-terrestre y la zona de servidumbre y no se plantea su
recuperación, restauración ni ampliación; desfasado, ya que no tiene en
cuenta el conocimiento desarrollado en los últimos 20 años;
discriminatorio, ya que excluye determinados núcleos, frente a otros
similares, abriendo la posibilidad de la reclamación por agravios
comparativos; expansivo, ya que amplía en el espacio y en el tiempo los
supuestos relacionados en el borrador con la inseguridad jurídica;
imprudente, ya que no considera la subida del nivel medio del mar
prevista para los próximos 75 años; gravoso para los intereses de todos
los españoles, ya que no considera los riesgos, los costes y las
consecuencias de la reducción del dominio público marítimo-terrestre y la
exclusión de determinados núcleos; reglamentista, ya que contiene
precisiones y detalles en aspectos no esenciales y que deberían ser
objeto de un reglamento, no de una ley; impreciso y ambiguo en los
aspectos esenciales para la delimitación del dominio público
marítimo-terrestre y la exclusión de algunas zonas del mismo; incierto e
imprevisible, sin seguridad jurídica, dejando para el reglamento aspectos
esenciales de su regulación; antieuropeo, ya que la legislación europea
considera la costa como un valor natural en sí misma y su regulación se
hace desde el conocimiento y formación, con un amplio apoyo y discusión
desde todos los ámbitos ambientales, legales, técnicos, etcétera;
descoordinado, ya que prácticamente no hay referencias a la legislación
autonómica; desleal con la Constitución Española, ya que no ubica ni
protege los fundamentos de los artículos sobre dominio público
marítimo-terrestre y el derecho al medio ambiente; insostenible, ya que
el borrador no analiza ni aplica el principio de que las actuaciones
ejecutadas por esta generación no deben comprometer el desarrollo de las
generaciones futuras.

A todo lo anterior, añadiríamos que una modificación tan
sustancial de la legislación no debería ser hurtada al debate de la
ciudadanía, ni solventarlo con un texto parcial, dejando en manos de la
Administración del Estado el desmantelamiento del dominio público
marítimo-terrestre, tal como se ha entendido en todas las épocas.

Los senadores que me han precedido en el uso de la palabra
ya han planteado algunos de los puntos a los que me voy a referir, igual
que algunas de las preguntas que seguramente yo voy a plantear.

Antes de nada deberíamos plantearnos si esta ley genera
seguridad o inseguridad jurídica. Atendiendo a la mayoría absolutista del
Partido Popular que gobierna el Estado español, este es uno de los
principios más devaluados en el actual contexto social y económico. No
hay nada más

lejos de la realidad que la mentada seguridad jurídica, es
decir, la certeza de la existencia de un ordenamiento jurídico que
protege al ciudadano. Este proyecto de ley, que pretende una reforma de
la Ley de Costas, lejos de proteger nuestro recurso natural más preciado,
parece ser que va en dirección contraria.

Por lo que se refiere a los riesgos jurídicos del proyecto
de ley, se resuelven problemáticas singulares, como la de los núcleos
rurales de Galicia, a través de una ley de aplicación al conjunto de los
8000 kilómetros de litoral español, lo que comporta que se defina un
régimen específico pensado inicialmente para núcleos rurales gallegos,
pero que su aplicación ―y así se prevé― pueda ser ampliada a
todo el territorio del Estado; se excluyen sin ningún tipo de
justificación 10 núcleos, lo que implica además una desigualdad evidente
respecto al resto, y abre la puerta a excluir más núcleos en un futuro;
se crea un régimen de deslinde específico para Formentera, lo que también
establece un precedente ampliable en un futuro a otros espacios; se
amplía el plazo de las concesiones ―los 30 años actuales más 75
años, con lo que estaríamos hablando de 105 años―; y se modifica su
régimen jurídico, que ahora también será transmisible intervivos.

La nueva ley también se utiliza para resolver un abanico de
problemas singulares ―como ya ha comentado algún senador― a
lo largo de la costa española, que van desde la incorporación de
disposiciones autonómicas anuladas por el Tribunal Constitucional
―por ejemplo, a Galicia o a las Illes Balears― y que permiten
excluir del régimen de servidumbre a pequeños municipios gallegos o crear
una definición ad hoc del dominio público en la isla de Formentera, hasta
la definición de nuevos regímenes singulares para las urbanizaciones
marítimo-terrestres o en bienes de interés cultural.

En síntesis, se trata de una norma que, lejos de buscar la
igualdad jurídica entre todos, solo resuelve los problemas particulares
de algunos, como si de una lista a los Reyes Magos se tratase; convertirá
la costa en una costa más urbanizada y se pierde la oportunidad de poner
orden.

Según el Gobierno, se hace patente que la Ley de Costas
aprobada en el año 1988 ha tenido un régimen transitorio demasiado amplio
―aspecto que puede compartirse―, pero muchas de las
edificaciones más próximas al mar de los últimos 25 años no deberían
haberse permitido. Ahora bien, la solución que plantea el Ejecutivo no es
introducir nuevos límites a la edificación de una costa muy urbanizada
sino todo lo contrario: facilitar que muchos espacios se puedan
privatizar de nuevo para, posteriormente, edificarlos.

La primera gran novedad de la ley es la redefinición del
concepto de dominio público marítimo-terrestre ―es decir, el
espacio público de libre acceso del que gozamos gratuitamente el conjunto
de los ciudadanos―; se pasa también de rústico a urbano, ya que
flexibiliza la servidumbre de protección para aquellas zonas que puedan
demostrar que tienen algunos, no todos, los servicios básicos. Además,
esta ley equipara el suelo urbano a aquellos terrenos que tengan algún
servicio o que formen parte de una zona transformada en un tercio de su
superficie, de manera que en definitiva se iguala la zona de la franja de
protección, con independencia de si es o no suelo urbano.

Lo que resulta paradójico en esta reforma es que se basa o
se ampara en la necesidad de garantizar la protección del litoral y
otorgar mayor seguridad jurídica cuando hace exactamente lo contrario:
reduce el ámbito de protección de la línea de costa y reabre un debate
sobre las propiedades en dominio público marítimo-terrestre que parecía
superado.

En cuanto a la participación o implicación,
desgraciadamente, una reforma de esta importancia, que en cualquier otro
momento histórico habría comportado un amplio debate público, en el
actual contexto de contrarreforma permanente ha pasado desapercibida para
un amplio sector de la sociedad, motivo por el cual debemos hacer
hincapié también en otros riesgos que implica esta norma.

Riesgos medioambientales. El texto de la ley deja abierta
la posibilidad de reinterpretar, como decimos, vía reglamento, qué es el
dominio público marítimo-terrestre. Se redefine la servidumbre de
protección y se disminuye el ámbito de protección en la margen de los
ríos. Las ampliaciones de puertos deportivos ahora serán buenas para el
cambio climático. En definitiva, estamos delante de un proyecto que pone
en cuestión la protección de un espacio con un alto valor medioambiental
y paisajístico, lo que hará aumentar los litigios entre propuestas
urbanizadoras y estamentos públicos.

Riesgos competenciales. Ya se han referido a ellos también
los senadores que me han precedido en el uso de la palabra. Es un ataque
frontal a la autonomía municipal y a las competencias exclusivas de la
Generalitat en materia de urbanismo, en atención a lo que prevé el propio
Estatuto de Autonomía de Cataluña. Además, plantea contradicciones entre
estamentos del propio Gobierno, graves y profundas contradicciones entre
el proyecto de ley presentado por el ministro de Agricultura, señor Arias
Cañete, y el documento del ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas, señor Montoro, sobre la política de costas.

El proyecto de ley de costas se contradice con el informe
sobre evaluación de la política de costas elaborado por la Agencia
Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los
Servicios, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas. Hagan ustedes una lectura para ver que, efectivamente, existen
contradicciones notorias e importantes entre ambos ministerios.

En resumen, la ley se contradice con el informe sobre
evaluación de la política de costas y otras actuaciones del propio
Gobierno. Ignora los criterios científicos y profesionales de los
expertos. Se contradice con las directivas europeas Directiva Marco del
Agua y Directiva Marco sobre la Estrategia Marina, y la posterior
aprobación del Protocolo del Mediterráneo. Pone en peligro la viabilidad
de la economía del turismo en muchas áreas, siendo contradictoria con el
Plan de Turismo 2020. Ignora las prevenciones internacionales a adoptar
frente a las consecuencias del cambio climático. Añade dudas e
inseguridad jurídica. Ignora competencias transferidas a las comunidades
autónomas, en este caso, a Cataluña y a Andalucía. Añade cemento allí
donde habría de añadir protección. Reduce el área de protección a 20
metros, cuando tendría que ser de 200. Es una ley para unos pocos
amigotes suyos, como el señor Matutes, al que antes se refirió el señor
Saura, y no es una ley para todos.

No se sorprendan entonces que una vez aprobada
definitivamente la ley no les caigan encima un sinfín de reclamaciones,
multas, exigencias de retirada, tanto en el ámbito jurídico como desde
las instituciones europeas o desde otros ámbitos profesionales y
académicos, así como desde Cataluña, por la invasión de competencias que
sugiere.

Por todos los motivos expuestos, Esquerra Republicana de
Catalunya ha presentado un veto al Proyecto de Ley de protección y uso
sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de
julio, la llamada Ley de Costas.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Propuesta de veto número 2 firmada por el Grupo
Parlamentario Mixto, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal
Cifuentes. Para la defensa de esta propuesta de veto, tiene la palabra el
senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Los argumentos que sustentan los vetos son coincidentes, lo
cual, sin ninguna duda, es garantía del apoyo recíproco entre los
distintos proponentes a la hora de votar. Hay un hecho cierto, que
refleja la voluntad expresa de la ley, manifestada en la exposición de
motivos, que en ningún caso voy a discutir, pero que se utiliza para
construir una argumentación falaz y llegar a la conclusión absolutamente
contraria a la que desde un análisis lógico se debiera llegar. El
argumento cierto que refleja la ley en su exposición de motivos es que
nuestro país ha vivido un claro proceso de incumplimiento de la Ley de
Costas de 1988. Pero la pregunta es: ¿por qué no se cumplió la ley de
1988? ¿No se cumplió porque fuese técnicamente inadecuada, porque su
regulación no fuera la que mejor podía responder al objetivo fijado de
proteger la costa española? No. La ley era perfectamente acorde con el
objetivo de conseguir un elevado nivel de protección sobre algo que es
patrimonio común del conjunto de los españoles, de algo que de por sí,
con una gestión adecuada y respetuosa con el medioambiente, se podía
convertir en un mecanismo de generación de actividad económica y de
riqueza —insisto— compatible con el respeto a los valores
medioambientales.

Tampoco se incumplió por el argumento contrario, porque sus
previsiones de protección fueran insuficientes o porque no estableciera
un nivel de protección o unos mecanismos de respuesta a sus
incumplimientos adecuados. Se incumplió porque esta ley estorbaba a los
intereses

económicos, estos sí, incompatibles con el respeto a los
valores medioambientales de nuestra costa, de la costa española.

Y en la balanza, donde por un lado estaba la necesidad de
cumplir la ley y proteger la costa española y por el otro la búsqueda de
propiciar intereses económicos, pesaron más en la voluntad política de
las administraciones, obligadas a velar por su cumplimiento, los
intereses económicos.

Lo que de alguna manera convirtió en inútil la Ley de
Costas no fue que no fuera un instrumento adecuado para su protección,
fue que por el medio se cruzó una burbuja inmobiliaria que vio
precisamente en los terrenos de la franja costera, fundamentalmente en la
mediterránea, el territorio natural para su desarrollo, el territorio
lógico para conseguir unas plusvalías más elevadas. Fue ese ánimo
especulativo lo que acabo dejando sin valor a la Ley de Costas de
1988.

Además, esa oportunidad especulativa no solo contó con esa
complicidad e inoperancia de las administraciones públicas, sino también
con una base legal que la alentaba, la famosa reforma de la Ley 6/1998
del Suelo. Nos encontramos con que, por una parte, había una ley
proteccionista, que era la Ley de Costas, que intentaba velar por la
preservación de los valores naturales de esa costa, y en el mismo marco
normativo otra ley que se reformaba precisamente para lo contrario: para
alentar la idea de que todo el territorio era urbanizable, salvo que
hubiera unos niveles de protección que determinaran especificidades en
ese territorio y, sobre todo —lo que al final es la única
garantía—, que hubiera voluntad política de velar por esos valores
medioambientales.

Se incumplió porque era un obstáculo para la especulación y
todas las administraciones, con distinto grado de complacencia y
complicidad, desde la del Estado hasta los ayuntamientos, pasando por las
comunidades autónomas, no hicieron lo que tenían que hacer para que la
legalidad se respetase y se cumpliesen las previsiones proteccionistas de
la Ley de Costas de 1988.

Esa es la realidad que hoy vivimos. Esa es la realidad a la
que debería hacer frente esta reforma que el Gobierno plantea. Es la
realidad que señala la Unión Europea en ese informe al que algún portavoz
ha hecho referencia antes, donde, además de decirnos que había que velar
por los derechos de los consumidores y ciudadanos europeos que llegaron a
nuestro país y adquirieron bienes inmuebles en la costa española con un
grado de conocimiento, digamos, indeterminado de las condiciones en que
se había producido la urbanización de esas franjas, también decía que
constataba que la costa española es en este momento, a pesar de la ley
proteccionista de 1988, la costa más degradada de Europa.

Ante esa afirmación, ¿cuál es la respuesta del Gobierno del
Partido Popular en este texto que hoy se nos trae? ¿Afirmar políticamente
su voluntad de dar cumplimiento a la Ley de 1988, y a la vez articular
mecanismos de desarrollo de la misma, para la reposición de la costa
española a la situación previa a la degradación generada por el
incumplimiento de la Ley de 1988? No. Lo que se hace es una reforma para
tener una norma más laxa, comprensiva con los flagrantes incumplimientos
ilegales de la Ley de Costas de 1988. Esa es la alternativa que hoy se
nos trae aquí con este texto legal. Ni se repone ni se repara ni se
exigen responsabilidades, se establecen los cauces para la legalización
de la mayor parte de los desaguisados medioambientales que, fruto no de
la Ley de 1988, sino del incumplimiento de la Ley de 1988, que a lo largo
de estos años y al calor de la burbuja inmobiliaria se han venido
produciendo.

La respuesta es otra vez injusta y equivocada, y guarda
paralelismos con la amnistía fiscal: ante un incumplimiento de la
normativa tributaria que hace que en nuestro país entre el 23 y el 25% de
la economía esté sumergida, en vez de garantizar el cumplimiento de las
leyes fiscales tributarias, se les concede una amnistía a quienes las
incumplieron. Estamos ante el mismo modelo, ante el incumplimiento
flagrante de los preceptos proteccionistas de la Ley de 1988 que en vez
de sancionar y castigar a quienes incumplieron la misma, les concede una
amnistía urbanística, les concede una amnistía medioambiental, aunque
ello suponga seguir profundizando en el deterioro de esa costa española
que, para vergüenza de nuestro país, afirman las autoridades europeas es
la más deteriorada de Europa.

Esta reforma —lo decía el portavoz socialista en su
intervención— incumple los compromisos internacionales establecidos
en el protocolo relativo a la gestión integrada de zonas costeras, que
establece que la franja mínima de protección de la costa debe ser de 100
metros. Con esa excepción, que ustedes se sacan del bolsillo para colocar
en el Boletín Oficial del Estado la posibilidad de reducir a 20 metros la
franja de protección, los mismos ayuntamientos que miraron

para otra parte mientras se construía vulnerando la Ley de
Costas de 1988, ahora pueden abrir el cauce de la legalización
—esos ochenta metros que quedarán libres— demostrando
—ya se verá cómo— la preexistencia de algún servicio
municipal, que si existe es porque ese ayuntamiento también incumplió la
Ley de Costas al prestar servicios propios del suelo urbano a zonas que
no lo eran y, por lo tanto, alentar que se vulnerara ese grado de
protección de la costa establecida en la Ley de 1988.

Se disminuye con esta ley la protección no solamente al
permitir esa reducción en los municipios que así lo decidan, sino al
establecer núcleos de protección que se convierten en excepciones al
marco normativo, y que, además, crecen en el Senado: llegan al Senado,
aparte de Formentera, diez núcleos urbanos excepcionados. En virtud de
las enmiendas del Partido Popular se incrementan otros dos núcleos
urbanos excepcionados. Lo decían los anteriores portavoces: es poco
riguroso, desde cualquier técnica legislativa, desde el reconocimiento de
derechos individuales y desde la preservación del interés general, que
ahora se proceda de forma absolutamente sumaria a ampliar los plazos de
concesión. Los 30 años que establecía la Ley de 1988, que concluirían en
el 2018, en virtud de esta ley van a tener una prórroga de 75 años más
absolutamente injustificada. Y para que además esas concesiones puedan
generan los beneficios económicos que el sistema demanda, se propicia, se
facilita, se establece la posibilidad de la transmisión intervivos de la
misma. Es decir, a costa del patrimonio público, a costa del dominio
público, se abre la posibilidad de negocio inmediato de los titulares de
esas concesiones cuyo valor en los últimos casos, en el 2018, era cero.
Gracias a ese regalo de los 75 años, esas concesiones empiezan a tener un
valor de mercado de nuevo importante.

Termino con dos cuestiones nada más. El Partido Popular,
además de esas enmiendas ampliando el número de núcleos excepcionados de
la vigencia de la Ley de Costas, ha aprovechado el trámite de enmiendas
en el Senado —yo me alegro de que se utilice el trámite de
enmiendas en el Senado, aunque solo sea porque legitima a esta Cámara y
le da algo más de sentido, pero no me puedo alegrar del resultado de que
tal posibilidad se ejerza— para corregir un olvido —también
había alguna referencia a ello en la intervención del portavoz
socialista—. Aquí en el Senado descubren lo del cambio climático.
En la tramitación en el Congreso para el Partido Popular el cambio
climático seguía siendo una entelequia abstracta que no debería preocupar
a la sociedad española. En el Senado establecen enmiendas reconociendo
que hay en marcha ya un proceso de cambio climático, que eso va a tener
repercusiones, pero de nuevo las conclusiones normativas que se sacan de
esa realidad siguen sin ser las adecuadas. Se establece una especie de
precepto general según el cual la normativa se adaptará al fenómeno del
cambio climático cuando proceda. Mi pregunta es ¿cuándo va a proceder?
¿Cuándo se dé algún riesgo para la seguridad de los bienes y de las
personas? ¿Cuándo las zonas potencialmente inundables como consecuencia
del cambio climático realmente se inunden? ¿La Ley de Costas va a decir
constatamos que se ha inundado como consecuencia del cambio climático?
Además, entre las valoraciones que al respecto se realizan en las
enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, parece que solo se prevé que
el cambio climático pueda generar una regresión de la costa, es decir,
que queden terrenos liberados —supongo que porque eso abre nuevas
posibilidades y expectativas de concesión, negocio y demás— y no
contemplan que el cambio climático también, incluso es más probable,
puede dar lugar a fenómenos de inundaciones.

Concluyo haciendo la pregunta que Greenpeace formulaba
públicamente hace cinco o seis días, la semana pasada, al ministro del
ramo: ¿con esta reforma el Partido Popular va a permitir que el
Algarrobico sea legalizado por el ayuntamiento correspondiente, al menos
en una gran parte? Como el señor ministro no se ha dignado a dar
respuesta, yo se la traslado en este momento al portavoz del Grupo
Parlamentario Popular por si tiene a bien hacerme esa gracia.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.

Propuesta de veto número 3, que defiende el senador
socialista, señor Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista propone la
devolución al Gobierno de esta propuesta de contrarreforma de la Ley de
Costas. El Gobierno del Partido Popular y el ministro Arias Cañete han
cambiado la legislación de aguas para poder comerciar con ese bien
público.

Ahora quiere tramitar la legislación de montes para también
permitir el comercio de los bienes públicos a la propiedad privada. Y hoy
nos trae una contrarreforma por la que lo que es público, lo que es de
todos, lo regala a la propiedad privada.

Señorías, después de la amnistía fiscal llega la amnistía
litoral. Previamente no se ha realizado ningún estudio, ni en el mundo
científico, para evaluar los riesgos y amenazas de nuestro litoral; no se
han decidido acciones ni programas para proteger más la costa de
amenazas, que sería el único cambio posible, proteger más.

La reforma del señor Cañete va flagrantemente contra la
Constitución, que en el artículo 132.2 establece que son bienes de
dominio público el dominio público marítimo-terrestre, una conquista de
la democracia. El señor Cañete y su ley restablece los privilegios para
unos pocos para que comercien y disfruten ellos solos lo que es de todos;
una ley que nos lleva a lo que fue la Ley Cambó, de 1918, o la Ley de
1969 que se hizo en el Palacio de El Pardo; una ley que va contra las
directivas europeas, que va y ataca los convenios internacionales
firmados por España; una ley que va, señorías, contra los estudios de la
Agencia estatal de evaluación de las políticas públicas sobre la gestión
de la costa; una ley que pone en peligro el turismo de calidad, el
mercado turístico de eso que ahora se llama marca España; una ley que se
tramita no permitiendo la participación pública, no teniendo en cuenta
los estudios científicos, sin escuchar a los colectivos sociales ni a los
colectivos económicos, sin hablar con los ayuntamientos ni comunidades
autónomas que van a tener que gestionar esta ley; una ley que introduce
arbitrariedad y trato diferente para los ciudadanos, que crea núcleos
excepcionados del cumplimiento de la ley, en lo que yo creo que se puede
llamar paraísos antiambientales, lo mismo que hay paraísos fiscales; unas
propuestas que hace el Gobierno y el Grupo Popular por el trámite de la
yenka, adelante y atrás, forzando el Reglamento, modificando sus propias
enmiendas en el trámite en el Senado y sin tener en cuenta ni una sola
enmienda de la oposición, a excepción de dos de Convergència i Unió que
se están transaccionando. Es el caso de la aplicable a la disposición
transitoria tercera de la ley que tuvo tres redacciones diferentes; una
redacción que salió del Congreso redactada por el Gobierno; una enmienda
presentada a ese texto del Gobierno por el Partido Popular, lo que se
llama la enmienda 182, que asimismo fue enmendada por orden del Gobierno
minutos antes de celebrar la comisión, que se forzó a que la ponencia
tuviera que estudiarla casi sin tiempo de leerla, una modificación que
cambia y que es difícil de seguir la evolución en las propuestas: en la
primera propuesta piden servicios de acceso más edificación de un tercio,
luego o servicios de acceso o edificación de un tercio, y ahora servicios
y edificación de un tercio o edificación de dos tercios con planeamiento
o la mitad si es sin planeamiento. La verdad es que algunos miembros del
Partido Popular han recorrido España prometiendo que esto se hacía
gracias a los logros del Partido Popular; en marzo, esto era un logro del
Partido Popular y, en abril, algunos senadores han recorrido Galicia, en
concreto, diciendo que ahora es por culpa del PSOE, es por culpa de los
verdes y es por culpa de los rojos. Por lo tanto, significa también que
aún, encima, son incapaces de defender sus propias enmiendas y sus
propias posiciones, basándose y escondiéndose en esa cobardía que a su
vez esconden detrás de esa mayoría absolutista, como se ha llamado.

Señores del Partido Popular, si quieren hablar de este
tema, lo tienen muy fácil: acepten la enmienda 82, que es la nuestra,
para la que pediremos votación por separado, o modifiquen en este trámite
su propia enmienda, que pueden hacerlo en base a nuestro voto particular,
o llévenlo al Congreso y modifíquenlo en el trámite del Congreso
eliminando algunas palabras que probablemente quieren recorrer y,
mientras tanto, pidan disculpas a los pueblos que a su vez han ido
recorriendo anunciando este logro, sea Vilaboa, Marín, Cangas, Ribeira,
Oia, la Illa de Arousa, Porto do Son, Muros, Ortigueira, Foz o La
Guardia.

Nos oponemos a esta ley también por su contenido. Lo
primero engañoso es su nombre; el nombre de protección del litoral es
indigno de esta ley. Esta ley no superaría ningún estudio mínimo de
impacto ambiental ni de sostenibilidad. Es un ataque a los intereses
públicos. En primer lugar, señorías, empieza por cambiar el concepto de
ribera del mar acercando la línea desde donde se miden todas las
distancias hacia el mar. Le dice al mar por ley hasta donde tiene que
llegar. Es un acto de soberbia total. ¿Cómo le va a indicar el señor
ministro, cuando haya un temporal, al señor mar que no pase de esa línea?
Y no ha de hacerlo porque según la Ley de Costas del señor Cañete pasar
de ahí sería entrar en una propiedad del Estado. El mar, por lo tanto, no
puede estar ahí. Absolutamente ridículo. Reduce el dominio público que
pasa a ser de propiedad privada,