6.1.2. Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, hecho en
Nueva York el 19 de diciembre de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000054)

6.1.3. Convenio complementario de revisión del Convenio de
Seguridad Social firmado el 16 de mayo de 1991 entre el Reino de España y
la República Federativa de Brasil, hecho en Madrid el 24 de julio de
2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000055)

7. COMISIONES ESPECIALES

7.1. SOLICITUDES DE CREACIÓN

7.1.1. Comisión Especial de Estudio sobre las medidas a
desarrollar para evitar la despoblación de las zonas de montaña.

(Núm. exp. 650/000004)

Autores: JOSÉ MONTILLA AGUILERA (GPEPC) Y TREINTA Y CINCO
SENADORES MÁS

8. DECLARACIONES INSTITUCIONALES

8.1. Declaración institucional en apoyo a la candidatura de
La Geria, en la isla de Lanzarote, en representación de España al Premio
Europeo del Paisaje 2013.

(Núm. exp. 630/000008)

Autores: GPP, GPS, GPCIU, GPEPC, GPV y GPMX

Página
4509

La señora Leanizbarrutia de Bizkarralegorra defiende la
enmienda del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Martí Jufresa defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Candini i Puig defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Ibarrondo Bajo expone la posición de su grupo
respecto de las enmiendas, aceptando las de los Grupos Parlamentarios
Vasco en el Senado (EAJ-PNV) y Mixto, con número de registro de entrada
28338, a iniciativa de los señores Iglesias Fernández y Mariscal
Cifuentes, y rechazando las restantes.

En turno de portavoces intervienen la señora Leanizbarrutia
de Bizkarralegorra, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV); el señor Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya, y la señora Candini i Puig, por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; así como los
señores Espadas Cejas, por el Grupo Parlamentario Socialista, e Ibarrondo
Bajo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción, con la incorporación de una de las
enmiendas del Grupo Mixto y la del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
por los siguientes votos: a favor, 156; en contra, 74; abstenciones,
14.

5.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas en materia de Administración Local.

Autor: GPEPC

4563

El señor Saura Laporta defiende la moción.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto, a iniciativa de los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes.

El señor Belloch Julbe defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista.

El señor Saura Laporta expone la posición de su grupo
respecto de las enmiendas.

En turno de portavoces intervienen la señora Capella i
Farré, por el Grupo Parlamentario Mixto; los señores Cazalis Eiguren, por
el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), y Saura Laporta, por
el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rivero
Segalàs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió; y los señores Belloch Julbe, por el Grupo Parlamentario Socialista,
y Sanz Cabello, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción por los siguientes votos: a favor, 83;
en contra, 147; abstenciones, 9.

6. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

6.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

6.1.1. Declaración de aceptación por España de la adhesión
de Montenegro al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero
en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de
1970.

Comisión: Asuntos Exteriores

4581

6.1.2. Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, hecho en
Nueva York el 19 de diciembre de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

4581

6.1.3. Convenio complementario de revisión del Convenio de
Seguridad Social firmado el 16 de mayo de 1991 entre el Reino de España y
la República Federativa de Brasil, hecho en Madrid el 24 de julio de
2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

4581

El señor Muñoz-Alonso Ledo presenta los dictámenes.

Se aprueban los dictámenes por asentimiento de la
Cámara.

El señor presidente informa de que quedan concedidas las
autorizaciones.

7. COMISIONES ESPECIALES

7.1. SOLICITUDES DE CREACIÓN

7.1.1. Comisión Especial de Estudio sobre las medidas a
desarrollar para evitar la despoblación de las zonas de montaña.

Autores: JOSÉ MONTILLA AGUILERA (GPEPC) Y TREINTA Y CINCO
SENADORES MÁS

4582

El señor Boya Alós defiende la solicitud.

En turno de portavoces intervienen la señora Rivero
Segalàs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió; el señor Fidalgo Areda, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la
señora Sampedro Redondo, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

Se aprueba la creación de la Comisión Especial de estudio
sobre las medidas a desarrollar para evitar la despoblación de las zonas
de montaña, por asentimiento de la Cámara.

8. DECLARACIONES INSTITUCIONALES

8.1. Declaración institucional en apoyo a la candidatura de
La Geria, en la isla de Lanzarote, en representación de España al Premio
Europeo del Paisaje 2013.

Autores: GPP, GPS, GPCIU, GPEPC, GPV y GPMX

4584

El señor presidente da lectura a dicha declaración, que se
aprueba por asentimiento de la Cámara.

Se levanta la sesión a las catorce horas y quince
minutos.

Página
4512

con este senador socialista, una nueva estación del AVE
para Loja ya y que se liciten los tramos de la variante de Loja ya. No
hay ningún motivo para que esto no se haga.

Con Álvarez-Cascos, Granada iba a ser la única provincia
andaluza que no iba a tener AVE, solo una lanzadera. Y hoy la propuesta
del Gobierno es todavía peor, es una Diésel-Lanzadera, con una parte de
su trazado sobre la vía convencional. Señorías, esto no es razonable y no
ocurre en ningún otro lugar de España.

Con respecto a la integración del AVE en Granada, en 2010
quedó aprobado el estudio informativo, y lo que han hecho ha sido
enredarlo. Asistimos en el pasado Pleno al esperpento de que el alcalde
de Granada anunciase a media mañana que tenía un acuerdo con el Gobierno,
y la ministra lo desmintiera pocas horas después en esta sala; un
ridículo que nos avergüenza y nos abochorna a todos, y que se repite hoy.
Hoy es portada en los periódicos y titular otra vez con el mismo
bochorno: Fomento primero avala la estación —en la página
web— y unas horas después retira ese aval. El Partido Popular no
deja de repetir el esperpento. Yo no sé qué necesitamos para que haya un
poco de rigor entre el Gobierno y el alcalde, un poco de rigor, un poco
de seriedad y más trabajo.

La propuesta que hace el Ayuntamiento de Granada es
absolutamente insolvente. Proponen un túnel mayor…

El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Termino enseguida, señor
presidente.

Nos propone el alcalde, y nos insiste, que lo importante es
que sea pasante para que las mercancías pasen por la ciudad de Granada,
algo que va contra el sentido histórico de todas las decisiones que se
están adoptando en cualquier ciudad de España. Y los socialistas
demandamos que se acabe con esta paralización impuesta por el Partido
Popular al AVE de Granada.

Les pedimos que apoyen la moción que presentamos hoy para
que Granada tenga obra pública, para que haya inversión, para que se cree
empleo, para que se respeten los acuerdos que se habían alcanzado hasta
ahora y se redacten los proyectos de integración del AVE de acuerdo con
el estudio informativo que se aprobó en 2010.

Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández
Ortega.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el senador Rodríguez González.

El señor RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta
enmienda a la moción consecuencia de interpelación del Grupo Socialista
porque creemos en el desarrollo ferroviario de Granada, de Andalucía y de
toda España.

En enero de 2012, para que el AVE llegara a Granada
quedaban por invertir más de 2057 millones de euros, que se desglosaban
del siguiente modo: 1322 millones correspondían a la línea de alta
velocidad Antequera-Granada, de los cuales 954 estaban todavía pendientes
de licitar; 735 millones de euros era la cantidad presupuestada para el
acceso a la ciudad de Granada, que incluía una estación que por sí sola
costaba 260 millones de euros, una estación de lujo, que es, a todas
luces, un capricho difícil de entender en las circunstancias actuales y
en la situación por la que atraviesan miles de familias, no solo
granadinas sino andaluzas y de toda España.

Desde que se iniciaron las primeras obras de la línea a
finales del año 2006 hasta finales de 2011 se habían invertido unos 728
millones de euros. Haciendo un cálculo sencillo, eso supone una media
anual de inversión de 138,7 millones de euros. El coste medio por
kilómetro de la línea de alta velocidad Antequera-Granada, sin incluir el
acceso a Granada, es de 16,4 millones de euros, y el de la variante de
Loja de 23,27 millones.

En el año 2012 se han invertido un total de 222 millones de
euros, por encima incluso de lo presupuestado ese año y aumentando casi
en un 53% la media anual de inversión del periodo 2006-2011, que, como he
dicho antes, fue de 138,7 millones de euros. De este modo, a 31 de
diciembre de 2012 ya se han invertido casi 950 millones de euros.

Estos datos, señoría, casan mal con la afirmación contenida
en su moción en la que asegura que la llegada al ministerio de la señora
Pastor ha frenado el proyecto del AVE a Granada. Yo diría que es más bien
lo contrario. La inversión realizada en 2012 ha permitido iniciar las
obras de plataforma del tramo Quejigares-variante de Loja; avanzar en la
ejecución de las obras de plataforma, que han alcanzado este año unos
grados de ejecución entre el 46 y el 98%, y finalizar obras de plataforma
de otros 15,7 kilómetros más. Y para continuar con estas actuaciones, en
los Presupuestos Generales del Estado para este año, 2013, se han
previsto 155 millones de euros, que es más que la media anual de
inversión durante los años del Gobierno socialista.

Además, en el año 2012 se ha trabajado para resolver las
dificultades existentes para que el AVE llegue a Granada lo antes
posible. Hay actuaciones como la variante de Loja, donde, como todos
ustedes saben, existen problemas geotécnicos que hacen que tenga un
desmesurado coste, de más de 400 millones de euros para unos 18
kilómetros, y que no está paralizada arbitrariamente, como indica el
senador Fernández; esa no es la forma de actuar del Partido Popular. Las
actuaciones que estaban previstas en el ámbito de la ciudad de Granada,
con un coste de 735 millones de euros, no contaban ni con el acuerdo del
ayuntamiento ni con garantía de financiación. Recientemente, el
Ayuntamiento de Granada ha entregado al Ministerio de Fomento una
propuesta, que está siendo estudiada por los técnicos del ministerio, que
contempla que la llegada del AVE a Granada se realice en una estación del
entorno de la plaza de Europa; propuesta, desde luego, mucho más acorde
con la difícil situación económica que estamos atravesando.

Por todo lo expuesto y porque creemos en este proyecto, se
propone el siguiente texto alternativo: Avanzar en los trabajos de la
línea de alta velocidad Antequera-Granada para que el AVE llegue a
Granada lo antes posible; estudiar la propuesta de ubicación de la nueva
estación de Granada en la plaza de Europa y definir una solución de
integración del ferrocarril en la ciudad económicamente viable;
continuar, una vez que se analice dicha solución técnica, con los
estudios que permitan la tramitación administrativa y ambiental de la
solución integral del ferrocarril en Granada.

Y ya adelanto que si el Grupo Socialista no acepta esta
enmienda, vamos a votar en contra de la moción.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez
González.

Tiene la palabra el senador Fernández Ortega para indicar
si acepta o no la enmienda.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracia, señor presidente.

Señorías, hoy asistimos a un silencio estruendoso de la
derecha granadina. Pocas ocasiones habrá más pertinentes para el uso de
este oxímoron. El silencio de los senadores del PP granadino es un
silencio estruendosamente sumiso ante la soberbia del Gobierno de Rajoy,
que perjudica injustificadamente a Granada y es un silencio
clamorosamente cómplice con la insolvente propuesta del alcalde de
Granada.

Los socialistas no aceptamos la enmienda que ha presentado
el Grupo Popular. Señoría, nos proponen cambiar una redacción clara, que
define los compromisos económicos y respeta los acuerdos alcanzados, por
una redacción llena de eufemismos banales y farisaicos. Ustedes hablan de
avanzar en los trabajos y han recortado la inversión en el AVE a Granada
un 52% en un año; se han perdido más de 5000 empleos directos por la
decisión directa de la ministra de Fomento, y para el año que viene, si
la presión que ejercemos sobre la ministra de Fomento no acaba rompiendo
los tapones que tiene en los oídos y no acaba con su sordera política, la
inversión del Gobierno en el AVE a Granada será cero. Veremos una
infraestructura al 84% de ejecución y paralizada. Creo que habrá pocos
casos como este en España.

Por eso rechazamos su enmienda, porque no se compromete con
la inversión que necesitamos, con un aumento del paro del 29% en el año
2012, con más de 40 000 granadinos y granadinas que han ido al paro en
2012, en gran parte responsabilidad de la ministra de Fomento por negar
la inversión pública y recortarla de una forma tan abrupta en un solo
año.

Rechazamos su enmienda, señorías del Partido Popular,
porque nos proponen seguir estudiando la integración del ferrocarril en
Granada sine die. Llevan catorce meses en el Gobierno mareando la perdiz,
discutiendo sobre el sexo de los ángeles. Cuando se aprobó el estudio
informativo de la integración del AVE en Granada en 2010 ya había un
acuerdo. ¿Cómo vamos a

aceptar seguir hablando cuando todo está ya discutido? ¡Si
en noviembre del año 2011 el propio alcalde de Granada era el que
reivindicaba que se cumpliera el acuerdo y que se llevara el AVE
soterrado a la actual estación! ¿Qué ha pasado para que ahora esté
haciendo propuestas distintas? Nada, solo la voluntad del Gobierno de no
invertir en Granada. Nosotros pedimos rigor y seriedad y no reabrir los
debates continuamente para que no se invierta nada, sobre todo si lo que
se ofrece es una solución claramente peor. Granada lo que necesita hoy es
inversión, creación de empleo e infraestructuras para competir en
igualdad de condiciones mañana.

Señorías del Grupo Popular, no aceptamos su enmienda.
Rechazamos radicalmente volver a reabrir los debates. Queremos que se
apliquen los acuerdos que ya se han alcanzado y exigimos su cumplimiento.
No aceptamos su enmienda de sustitución porque se olvidan de la variante
de Loja y de la nueva estación de Loja. Los socialistas no nos olvidamos
del Poniente Granadino ni de Loja. Ustedes en su propuesta no hacen
ninguna referencia a que se ejecuten ya las obras de la variante de Loja;
se olvidan de ella y de su nueva estación, que supone una oportunidad de
desarrollo impresionante para una comarca muy desfavorecida en Granada.
Se pondría a veinte minutos del AVE y a menos de diez euros de la Costa
del Sol, que tiene más de 9 millones de turistas al año, y esa sería una
oportunidad de desarrollo impresionante. ¿Saben ustedes a qué distancia
está la obra del AVE de Loja? A un kilómetro. Y este Gobierno de la
derecha, que maltrata a Granada, se niega a hacer ese kilómetro y a hacer
la estación de Loja con una inversión pequeña de unos 20 o 30 millones de
euros. Su conducta no tiene explicación. Ustedes están maltratando a
Granada de una forma que no tiene ninguna justificación. Un kilómetro
para que llegue el AVE a la estación y se niegan a ejecutarlo. ¿Con qué
cara puede ir la ministra a visitar Granada? Por eso no recibe tampoco al
alcalde de Granada, porque no tiene forma de explicar su conducta.

Para terminar, no acepto su enmienda porque ustedes
proponen en su punto tercero repetir todo el proceso administrativo a
partir del día en que ustedes tengan a bien, después de haber discutido
el PP con el PP, llegar a un acuerdo, y España y Granada no están para
esperar sus tiempos. Llevan catorce meses —hablando o sin hablarse,
porque no sabemos si al final habla el alcalde con la ministra o no
habla—, y ya está bien de hacernos esperar. No podemos seguir
esperando en Granada a que el PP hable con el PP para llegar a un acuerdo
y luego volver a repetir un proceso administrativo que tarda años. Por
eso votamos en contra de su enmienda y pedimos a todos los grupos que
apoyen la que plantea el Grupo Socialista. Una propuesta digna, que lo
que pretende es que haya inversión en Granada.

Le aseguro que la voz de los granadinos se va a seguir
escuchando. Todas las organizaciones de Granada están en contra de la
propuesta del Partido Popular. Y el Partido Socialista va a levantar la
voz con ellos en contra de lo que nos ofrece el Partido Popular. Queremos
un AVE de verdad, lo queremos ya y lo queremos en su actual ubicación,
que era el acuerdo al que se había llegado. Eso es lo que vamos a seguir
exigiendo al Partido Popular y al Gobierno de España porque Granada
también es España, señorías, y es Andalucía, aunque le pese a la
derecha.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández
Ortega,

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) No hay
intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra la senadora Leanizbarrutia.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Eskerrik asko
presidente jauna,senatariok, egun on.

Beno, hemen natorkizue, senatariok, nire jarrera baino,
gure taldearen jarrera mozio honen aurrean aurkeztera. Nik uste dut gure
diskurtsoa pleno honetan beti izan dela agertzea garapenerako behar diren
neurri guztiak betetzearen alde. Gure hitza beti izan da garapenerako
baliagarriak baldin badira, eta gizakiaren onerako baldin badira,
agertzen diren mozio edo eskaera guztiei baietza ematea.

Mugikortasuna da kasu honetan agertzen den arazoa,
azpiegiturak eta bereziki trena. Hau garraio publikoa denez,eta gu oso
defendatzaileak garenez,garraio publikoaren aldeko agertu gara beti ere.
Ekonomiarako ere ezinbestekoa denez azpiegitura hauek lortzea, guk ere
beti egin dugu trenaren aldeko apustua. Lehiakortasunari buruz hitz
egiten dugunean, azpiegiturak onak izatea iruditzen zaigu ezinbesteko
baldintza dela. Azpiegiturarik gabe ez dago ekonomiari bultzada

emateko edo lehiakortasuna lortzeko biderik. Beraz, herrien
kohesiorako ere oso garrantzitsuak dira kohesiorako azpiegiturak.

Nik ulertzen dut alderdi sozialistak planteatzen duen
mozioa pleno honetan. Kezkatuta daude, ikusten dutelako azpiegitura bat,
beraientzat oso garrantzitsua dena, ba hor dagoela geldirik —14
hilabete aipatu du senatari sozialistak— dabiltzala hor hitz egiten
eta inolako erabakietara iristen, eta agertzen du bere kezka, eta nik
ulertzen dut.

Baina, senataria, guk agertu nahi dugu hemen gure kezka eta
zein izango den gure jarrera mozio honen aurrean. Atzo gure
bozeramaileak, Bildarraitz senatariak, aipatzen zuen hemen zein eratako
egoeran dagoen guretzat ezinbesteko eta lehentasunezko azpiegitura bat.
Ez bakarrik euskotarrontzat, azpiegitura hau oso garrantzitsua da
geopolitikoki begiratuta. Baina badirudi bai alderdi sozialistak,
boterean egon denean, bai alderdi popularrak, boterean egon denean, muzin
egin diotela halako azpiegitura bati, eta «Y»-ari buruz ari naiz. Jaun
andreok, iruditzen zaigu, bat, ez dela Europak duen lehentasunetako
aholku hori betetzen, eta 14 hilabete ez, gabiltzala 24 urte gauza honen
atzetik. Eta ez da gure kapritxoa, hau da, 24 urtetan ikusi da politikoki
garrantzitsua dela. Senatariok, bakarrik jakin dezazuen, munduko
garraioa, merkantzia, mugitzen dela itsasotik, munduko garraioren %90a,
itsasokoa da. Atlantiko aldera begira, atlantiar ardatzak mugitzen du
ekonomiaren %30a Europan. Askotan, ardatz hau gabe, ezin izango dugu
lortu atlantiar eta mediterranear ardatzen arteko lotura hori. Guretzat
hau koherentea da, ez da zentzugabekeria, hau da sentido común esaten
dena.

Beraz,gure jarrera izango da abstentzioarena. Ulertzen dugu
Granada eta Antequeraren arazoak zeintzuk diren, baina gaur egun
austeritatea askotan aipatzen denean, eta nik inoiz baino gehiagotan
hemen aipatu dudanean austeritate inteligentea behar duela izan, ezin
dugu honen aldeko botoa eman, zeren eta agerian utzi behar dugu halako
politikak ez dutela konpontzen benetan estrukturalak edo, diren
politikak, bai garraio moduan, bai ekonomian eta bai lurralde
kohesioan.

Ezin daiteke eduki, ezin daiteke eduki, berriz ere,
iparraldea eta atlantiko eta mediterraneoaren arteko bide hori martxan
jarri gabe, ekonomiaren kontrakoa da, kohesioaren aurkakoa da, eta gure
ustetan denbora galtzen ari gara gehiegi baldin eta onartzen baldin
badugu estrategikoki eta geopolitikoki iparraldea eta Euskadi dela gune
oso garrantzitsua ditugun portuekin eta Frantziarekin ditugun
harremanekin.

Beraz, jaun-andreok, sentituz, baina guk gure abstentzioa
agertzen dugu mozio honen aurrean.

Eskerrik asko.

Muchas gracias, señor presidente. Buenos días,
señorías.

Voy a explicar nuestra posición en relación con esta
moción. Nuestro discurso en esta Cámara y en este Pleno siempre ha sido
el mismo, siempre hemos estado a favor de las medidas que fomentan el
progreso y el desarrollo. Si esas medidas van en beneficio de las
personas y del desarrollo, siempre hemos mostrado una posición
favorable.

En el caso de la movilidad y de los problemas que se
plantean —hablamos aquí de infraestructuras particulares, el tren y
el transporte público—, nosotros defendemos el transporte público,
siempre lo hemos hecho. Es fundamental desde el punto de vista de la
economía poner en marcha este tipo de infraestructuras, por eso siempre
hemos apostado por el tren. Y hablando de competitividad, nos parece que
es fundamental, una condición sine qua non, que las infraestructuras sean
adecuadas. Sin infraestructuras no podemos impulsar la economía ni
tampoco podemos conseguir la competitividad que queremos. De modo que
disponer de infraestructuras es importante también desde el punto de
vista de la cohesión de los pueblos.

Entiendo la moción que plantea el Grupo Parlamentario
Socialista y su preocupación porque ven que una infraestructura que para
ellos reviste especial importancia está paralizada. El senador socialista
ha mencionado que han sido catorce meses de negociaciones sin llegar a
ninguna decisión. Por lo tanto, es una preocupación que entiendo.

Señoría, nosotros queremos compartir esa preocupación y
fijar nuestra postura ante esta moción. Ayer nuestro portavoz, el senador
Bildarratz, mencionaba aquí la situación en que se encuentra ahora una
infraestructura que para nosotros es prioritaria y fundamental, una
infraestructura no solo importante para los vascos, sino desde el punto
de vista geopolítico, pero parece que tanto el Partido Socialista cuando
estaba en el poder como el Partido Popular han

hecho caso omiso o no han querido fomentar esa
infraestructura. Me estoy refiriendo a la Y vasca. Señorías, ahora no se
está cumpliendo esa recomendación europea en materia de infraestructuras,
y nosotros no llevamos catorce meses con una infraestructura paralizada,
sino veinticuatro años. Veinticuatro años. Desde el punto de vista
político se ha considerado una infraestructura importante, pero llevamos
todo este tiempo. Señorías, sepan ustedes que el 90% del transporte
mundial se hace por vía marítima. El 30% de nuestra economía pasa por la
fachada o eje atlántico, y no vamos a conseguir ese movimiento si no
tenemos ese vínculo con el eje atlántico. Así que para nosotros es
coherente, es de sentido común.

Por lo tanto, vamos a abstenernos en esta moción.
Entendemos ese caso concreto de Granada y Antequera, pero hoy por hoy y
en el marco de medidas de austeridad que tanto se mencionan aquí
—yo muchas veces he hablado de una austeridad inteligente— no
podemos emitir un voto favorable, porque lo que hay que poner de
manifiesto es que este tipo de políticas no solucionan lo que realmente
es un problema estructural tanto en el marco de la cohesión territorial
como del transporte y de la economía.

Lo que no puede ser es que el norte y el sur, ese eje de
transporte meridional y septentrional, se deje así; tiene que poder
hacerse ese vínculo. Yo creo que es importante y que estamos perdiendo
demasiado tiempo, porque desde el punto de vista estratégico y
geopolítico Euskadi es muy importante de cara a ese eje, porque tenemos
puertos y, además, tenemos una relación con Francia concreta.

Así que lo siento, señorías, pero hemos de abstenernos ante
esta moción.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Leanizbarrutia.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Martí Jufresa.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, señor presidente.

Entesa va a dar su total apoyo a esta moción, que le parece
absolutamente justa y acertada en su tono y en su tiempo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí
Jufresa.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI PUIG: Gràcies, senyor president.

Efectivament, el senador Juan Manuel Fernandez fa una
proposta lògica. Cadascú, el que vol, és que en el seu territori tingui
les infraestructures necessàries per al desenvolupament.
Infraestructures, sigui on sigui, i sigui el tipus
d’infraestructures que sigui, perquè sabem que porten cohesió
territorial, la qual cosa va lligada a les oportunitats, al progrés i a
la modernitat.

Però també és cert, senador Fernández, que el context de
l’economia és el que és i per això a nosaltres ens sembla que,
sigui quina sigui l’Administració —i, si em permet, li dic
fins i tot com a alcaldessa—, en un moment donat cal prioritzar
aquelles qüestions que, atès el context de l’economia, pot tenir un
major impacte segons d’interès general. Amb això, em refereixo, per
exemple, al fet que totes les qüestions pendents dels grans eixos
d’infraestructures de connectivitat del conjunt de l’Estat
espanyol, —i li puc parlar del corredor del Mediterrani, o de
qualsevol altres— ens sembla prioritàries.

Vostè diu, senyor Fernández, que fa catorze mesos que està
aturat, i jo m’ho crec si vostè ho diu, però tenim una miqueta la
sensació que sembla que no tinguem passat, els uns i els altres. A mi
se’m fa difícil creure que després de força anys de Govern del
Partit Socialista Obrer Espanyol no s’hagi avançat una miqueta més.
Què vull dir amb això? Vull dir que hem d’intentar trobar
l’equilibri entre tots plegats per no fer un oportunisme molt,
molt, molt, molt apurat i molt estrictament territorial en determinades
demandes.

Per tot això, nosaltres ens abstindrem. Entenem la seva
inquietud i entenem que això representa cohesió territorial,
oportunitats, progrés, modernitat i, per tant, també capacitat de generar
economia. Però com estem en un gran moment de crisi i, alhora, de
dificultat, des d’una

visió molt més global, posem allò que realment pugui ser
més prioritari amb el benentès que, de ben segur, vostè com a senador,
quan governava el Partit Socialista, ja ho defensava.

Gràcies, senyor president.

Gracias, señor presidente.

En efecto, el senador Juan Manuel Fernández hace una
propuesta lógica. Lo que cada uno quiere es que su territorio disponga de
las infraestructuras necesarias para su desarrollo, sea donde sea, porque
las infraestructuras siempre traen cohesión territorial. Esto lo sabemos.
Por tanto, es algo vinculado a la modernidad y al progreso.

También es cierto, señor Fernández, que el contexto de la
economía es el que es y, a nuestro juicio, independientemente de cuál sea
la Administración —lo digo también como alcaldesa—, hay que
priorizar aquellas cuestiones que, teniendo en cuenta el contexto de la
economía, pueden tener un mayor impacto para el interés general. Por
ejemplo, todas las cuestiones pendientes en todos los ejes de
conectividad del conjunto del Estado español —y puedo hablar, por
ejemplo, del corredor mediterráneo o de cualquier otro— son muy
prioritarios.

Usted, senador Fernández, dice que hace catorce meses que
está parado. Yo, evidentemente, lo creo si usted lo dice, pero tenemos un
poco la sensación de que parece que no tengamos pasado ni unos ni otros.
Me resulta difícil creer que después de tantos años de Gobierno del PSOE
no se haya avanzado un poco más. Con esto quiero decir que es necesario
encontrar el equilibrio entre todos para no llegar a un oportunismo muy
apurado y muy estrictamente territorial en ciertas peticiones.

Por todo eso, nos vamos a abstener. Entendemos su
preocupación, entendemos que esto supone una cohesión territorial
progreso-modernidad y, por consiguiente, capacidad también de generar
economía, pero como estamos en un gran momento de crisis y, al mismo
tiempo, de grandes dificultades, desde una visión mucho más global, hay
que sentar las prioridades, entendiendo obviamente que usted, como
senador, cuando gobernaba el Partido Socialista, ya lo defendía, sin duda
alguna.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Tiene la palabra el senador Fernández Ortega.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señor presidente.

Agradezco el tono y las intervenciones de los grupos, al
margen del Grupo Popular, y solo quiero puntualizar una cosa. Granada
tiene 1 millón de habitantes, 2 millones de turistas al año y también
somos España. Nosotros no pedimos una inversión extraordinaria. Yo no he
subido a este atril para pedir un esfuerzo extraordinario al Gobierno de
España con una provincia que tiene un 37% de paro y que ha visto aumentar
el paro un 29% en un solo año. Yo solo pido lo que me corresponde, lo que
entiendo que le corresponde a una provincia en esas circunstancias, y me
parece justo reivindicar que haya inversión pública. Una caída de un 50%
no es una caída que se explique con la crisis. Eso no es un recorte, es
un maltrato. Nosotros también somos parte del corredor mediterráneo y
también tenemos oportunidades importantes que explotar con el turismo, y
reivindicamos ese derecho.

Agradezco sus posiciones y sus respetos a lo que yo
defiendo, pero quiero que entiendan que estamos pidiendo para Granada lo
que es nuestro, lo que merecemos, no pedimos nada extraordinario.

Señorías, la ministra de Fomento ha tratado de confundirles
diciéndoles que el AVE de Granada es muy caro, lo ha dicho también el
interviniente del Grupo Parlamentario Popular. Es mentira. Tengo
respuestas por escrito del Gobierno que cualquiera de ustedes puede
consultar en la página web del Senado, en las que se me dice que el coste
medio de la infraestructura de la línea del AVE Granada-Antequera es de
9,5 millones de euros y 5 millones la superestructura, como en cualquier
otra superestructura de España, coste que está por debajo de la media del
AVE de España. Dijo la ministra: oiga, es que, con la variante de Loja,
se van a ahorrar cinco minutos en 18 kilómetros. ¿Quieren decirme en qué
lugar del mundo se ahorra con el AVE más de cinco minutos en 18
kilómetros? En cualquier lugar del mundo, con 18 kilómetros de AVE, se
ahorran entre seis y ocho minutos, en cualquier sitio. La ministra nos lo
contó como si fuera un despropósito.

Entonces, todas las líneas de AVE del mundo son un
despropósito. Solo quiere confundirles, señorías, para que piensen que la
inversión en Granada es un disparate. Pero es mentira: la inversión en
Granada es justa y necesaria; los granadinos también son España. Ya está
bien de mentiras del Partido Popular. Si no quieren invertir, díganlo con
todas las palabras, y entonces recibirán el rechazo total de los
granadinos, que tenemos derecho a saber la verdad y a responder después
de que se nos diga la verdad, y no a las mentiras como se nos están
diciendo.

La integración del AVE en Granada. Miren, el pasado 19 de
febrero el alcalde de la ciudad anunció una nueva estación del AVE. Lo
sabía todo de ella, dijo hasta el precio: 120 millones de euros. Y cuando
oyó las críticas, replicó que cómo iba a saber él lo que valía. Es un
insolvente. (Rumores.) Presentó una propuesta que no estaba pactada con
el Gobierno y que, seis horas después, desmintió la ministra. Y hoy hemos
vuelto a ver un espectáculo en los medios de comunicación: el Gobierno
anunciando que ya tiene nueva ubicación la estación de Granada, para
cambiar el anuncio horas después. Ese es el trato que le da a Granada el
Partido Popular: falta de rigor y una absoluta carencia de seriedad. Las
granadinas y los granadinos no nos merecemos eso. Es patético lo que está
haciendo el Gobierno con el AVE y con las demás infraestructuras, es
insultante para los ciudadanos de Granada. (Rumores.)

Nosotros pedimos seriedad. Dígannos qué quieren ustedes,
aclárense; dígannos qué quieren para el AVE de Granada, que ya
responderemos en consecuencia los granadinos; pero dígannos de una vez
qué piensan. Ya está bien de decir: soterrado, en superficie, en un
sitio, en otro… Y mientras, no se gastan ni un euro, que es lo
sustantivo y lo importante en este momento. Les he dicho las cifras del
paro. En Granada, con un millón de habitantes, hay que invertir; el
Estado tiene que gastar para crear empleo. (Rumores.) ¡Ya está bien de
marear la perdiz! Granada merece una estación del siglo XXI, no un
apeadero. Un apeadero que no va a aportar nada al patrimonio de Granada,
un apeadero estrictamente funcional; eso es lo que propone hoy el
alcalde. Pero no era esa la propuesta que hacía hace dos años. En 2011
también había crisis, pero entonces oíamos a la derecha de Granada
reivindicar el mejor AVE para Granada y la mejor estación. Pues hoy se
les han caído los anillos, hoy son incapaces de pedir nada para Granada.
Hoy nos ofrecen un triste apeadero que no aceptaría nadie en este país.
Eso es lo que nos ofrecen para Granada: una estación que, cuando se
construya, estará ya obsoleta y habrá quedado pequeña. Granada, con dos
millones de turistas, puede alcanzar más de un millón de pasajeros en esa
estación el primer año. Además, se abrirían nuevas líneas con poniente y
con Málaga, con la Costa del Sol, lo que permitiría un desarrollo
importante de la economía granadina. No hemos oído más que mentiras del
alcalde de Granada. (Rumores.) Nos dijo que tenía un acuerdo con la
ministra, pero mintió; nos dijo que el AVE iba a llegar soterrado, y es
mentira.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Enseguida termino, señor
presidente.

Nos dijo que entraría soterrado en la ciudad, y es mentira.
La avenida de Maracena va en superficie, el municipio de Maracena
mantendrá el AVE en superficie con la propuesta del Partido Popular. Y
mintió en el coste; nos dijo que eran 120 millones de euros y nos
proponen un túnel más largo que el anterior, de 1,7 kilómetros, que ya
costaba 137 millones. Mentira tras mentira. Nos dijo que las mercancías
no entrarían en la ciudad, y las va a pasear por la ciudad, en superficie
y soterradas. Señorías, el Partido Popular quiere que las mercancías
pasen a lo largo de cinco kilómetros por la superficie de Granada y
también soterradas. ¿Se imagina alguien, si han pensado en ello, qué
ocurriría de ocurrir un accidente en el túnel...

El señor PRESIDENTE: Concluya, señoría.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Enseguida, señor presidente.

... con dos kilómetros de largo y dos codos de 90 grados?
¿A quién se le ocurre meter mercancías en la ciudad? Eso va contra la
historia, pero es lo que propone el Partido Popular para Granada.

Repito para terminar: Granada también es España. Merecemos
esa inversión del Gobierno y tener un AVE como corresponde a un momento
como este, en que hay que tomar una decisión

histórica. Tenemos que tomar la mejor decisión para hoy y
para mañana. Eso es lo que propone el Partido Socialista.

Gracias, señorías, gracias, señor presidente.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández
Ortega.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Rodríguez González.

El señor RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias,
presidente.

Señor Fernández, oyéndole, cualquiera diría que al AVE a
Granada solo le faltaba cortar la cinta inaugural cuando se produjo el
cambio de Gobierno y que, como somos tan malos, lo paralizamos.
(Aplausos.) Le vuelvo a repetir que cuando el actual Gobierno tomó
posesión se encontró con que quedaban más de 2057 millones de euros por
invertir en esta obra. Pero eso no es todo. Se encontró más cosas,
señoría. Se encontró con que la deuda de ADIF era de 14 600 millones de
euros y la de Renfe de 5200 millones. La deuda total del Grupo Fomento
alcanzaba los 40 000 millones de euros, por si ya no se acuerda. En los
últimos años, de los 4000 millones de inversión que se realizaron, 2000
millones provenían del endeudamiento. Se transformó así un modelo de
crecimiento basado en la generación de recursos propios y aportaciones
del Estado en un modelo de endeudamiento. Con estos datos, cabe concluir
que el último ministro de Fomento socialista, el señor don José Blanco,
fue un campeón de la deuda.

Los granadinos saben que en el Partido Popular no solo
estamos implicados, sino que estamos comprometidos con la llegada de la
alta velocidad a Granada. Y quiero explicarles cómo se materializa ese
compromiso. Nos sorprende que el Grupo Socialista sea tan olvidadizo y no
se acuerde —o no se quiera acordar— de que, de haberse
mantenido el nivel de inversión del Gobierno anterior en esta
infraestructura, con una media anual de inversión de 138,7 millones de
euros, como dije antes, la alta velocidad no hubiera llegado a Granada
hasta 2025, es decir, dentro de doce años. Ahora que están en la
oposición, señoría, le entran las prisas. Ustedes trabajan y tienen ideas
cuando están en la oposición. Los Gobiernos socialistas estuvieron a
punto de cerrar la línea Bobadilla-Granada y fue el Gobierno del Partido
Popular quien puso el AVE a Granada en primera línea de la planificación
ferroviaria. En 2013, están en ejecución las obras del AVE a Granada
gracias al Gobierno del Partido Popular.

A día de hoy, la Junta de Andalucía le debe al Gobierno de
España 30 millones de euros, fruto del convenio inicial para que la línea
no se cerrara. Y dice usted que el ministerio no cumple sus compromisos.
Señoría, yo creo que quien no cumple es quien no paga. Tuvo que ser un
Gobierno Popular el que en el año 2000 elaborara el Plan de
Infraestructuras y Transporte como instrumento de planificación
ferroviaria e integrara en él a Granada dentro de la red de alta
velocidad. Porque en el plan anterior, el de 1994, socialista de, Granada
no figuraba en la red AVE. En abril de 2004 se redactaron los proyectos
que habrían permitido que las obras del AVE a Granada hubieran estado en
ejecución a lo largo de ese año, y no casi tres años después. Y por lo
que respecta a las obras de integración en Granada, a finales de 2011 no
se habían redactado ni sometido a información pública los dos estudios
informativos, y el solo diseño de una estación de 260 millones de euros
sirve para ilustrar la clase de sueños megalómanos que han llevado a
España al borde de la quiebra.

Señor Fernández, me consta, y creo que a usted también, que
se está haciendo un esfuerzo considerable para que el AVE llegue a
Granada lo antes posible. Con soluciones técnicas y económicas viables.
La nueva estación que se proponga atenderá, desde luego, a criterios
funcionales. En ese emplazamiento que se ha dicho, del entorno de la
Plaza de Europa, cercana a la estación de autobuses, que permitirá su
conexión con Madrid y con el corredor Mediterráneo. Emplazamiento, por
cierto, según he podido ver en la prensa, que no ha disgustado a la
asociación de empresarios de Granada, cuyos miembros algo sabrán, digo
yo, de turismo y de oportunidades de negocio en la ciudad de Granada y en
su provincia.

Lamento que uno de los argumentos —falaces, por
supuesto— que usted emplea para defender esta moción sea el de la
alta tasa de paro de Granada. Usted sabe que la obra del AVE a Granada
por sí sola no va a solucionar los problemas de paro de una provincia
maltratada por largos años de gobierno socialista. Una provincia a la que
ustedes dejaron en el último trimestre de 2011 con casi un 29% de paro,
mientras que en España el paro era del 22%. Y no me gustaría tener que
recordarle —no me gustaría, porque se ha desarrollado

el debate en un tono amable— lo que pasó con los
fondos que debían haber ido a la promoción y a la creación de empleo, y
que tuvieron otros destinos menos loables en Andalucía.

Señoría, el AVE busca abolir distancias, y los raíles no
solo son vías de prosperidad, sino también de entendimiento. En ese
terreno nos van a encontrar: en el del entendimiento, y no en el de la
confrontación.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Rodríguez
González.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción consecuencia de interpelación
del Grupo Parlamentario Socialista tal y como ha sido presentada.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 228; a favor, 64; en contra, 144; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

5. MOCIONES

5.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE IMPULSE
LA PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DEPENDIENTES DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO EN LA IMPLANTACIÓN DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL DUAL.

(Núm. exp. 662/000068)

AUTOR: GPP

El señor presidente da lectura a los puntos 5. y 5.1.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

Tiene la palabra la señora Sáinz.

La señora SÁINZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
(Continúan los rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señoría.

Señorías, guarden silencio, por favor. Abandonen el
hemiciclo en silencio.

Cuando quiera, senadora Sáinz.

La señora SÁINZ GARCÍA: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, tomo la palabra para defender, en nombre del
Grupo Parlamentario Popular, una moción en la que se solicita que el
Ministerio de Educación impulse la participación de las empresas públicas
dependientes de la Administración general del Estado en la implantación
de la formación profesional dual.

Señorías, compartirán conmigo que la educación es uno de
los pilares del progreso de un país. En las sociedades modernas y
avanzadas, el conocimiento es el elemento que determina las posibilidades
de progreso de sus ciudadanos y las capacidades de éxito de un país. Las
evaluaciones internacionales sitúan a España desde hace tiempo muy por
debajo de la media... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.

Continúe, señoría.

La señora SÁINZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Decía que las evaluaciones internacionales sitúan desde
hace tiempo a España muy por debajo de la media de los países de la OCDE.
A este hecho se añade que un 26% de los alumnos no terminan la educación
obligatoria y otro 28,4% no continúan los estudios. En definitiva, el
modelo actual ha llevado a que España tenga un sistema educativo de
escasa calidad, que no promueve la excelencia y que no prepara a los
alumnos para el mundo laboral como debería. Y

algo preocupante es, además, que el mercado de trabajo en
España se caracterice por altas tasas de desempleo y por una carencia de
cualificación de los trabajadores, algo, señorías, que también nos aleja
de Europa porque, mientras que en Europa en torno al 49% de la población
ocupada tiene una cualificación intermedia, en España este porcentaje
solo alcanza el 23%, y los niveles bajos de cualificación son también
mucho más elevados en España que en Europa. No podemos olvidar que una
deficiente formación dificulta al final el desarrollo personal, la
igualdad de oportunidades —algo que a nuestro grupo le preocupa
mucho— y la movilidad social.

Por tanto, al Grupo Popular le resulta prioritario ofrecer
a los alumnos un sistema educativo atractivo, flexible, que les invite a
permanecer en las aulas hasta llegar al menos a los índices de
cualificación de aquellos países europeos con menor tasa de paro juvenil.
El Gobierno, afortunadamente, ha otorgado suma importancia a la formación
profesional, porque es un asunto clave para mejorar la competitividad de
las empresas y facilitar el tránsito de los jóvenes al mundo laboral. Una
cosa es cierta: el actual modelo de formación profesional no resulta
atractivo ni para los alumnos ni para las familias ni para la sociedad en
general. Tenemos una deficiencia grave. Como recientemente recordaba en
esta Cámara la secretaria de Estado de Educación, en la actualidad, el
porcentaje de alumnos que elige la formación de grado medio en España se
sitúa en el 30% —aunque, en los últimos años se ha incrementado
ligeramente—, mientras que en otros países, con tasas de desempleo
juvenil mucho más bajas, las tasas de elección de formación profesional
se encuentran, señorías —vean la gran diferencia—, entre el
60 y el 70%. A nuestro juicio, por tanto, la formación profesional tiene
que convertirse en un poderoso instrumento para el empleo de los jóvenes,
cosa que hasta el momento no es, y debe ser concebida como un camino
hacia el éxito profesional.

Pues bien, señorías, el Gobierno, con acierto, desde el
primer momento, consideró imprescindible incrementar su consideración
entre los alumnos, revalorizar su papel en esta sociedad, dotarla de
mayores incentivos y orientarla de un modo eficaz para el empleo. Y
también, de una manera adecuada, propuso acercar las empresas a los
centros educativos, de forma que participaran más en el proceso de
formación de los jóvenes. En definitiva, formación y trabajo fue
propuesto como un binomio necesario e inseparable también de las
enseñanzas de la formación profesional de grado medio y superior. A ello
responde el Real Decreto 1529/2012, que al principio citaba, por el que
se desarrolla el contrato para la FP y el aprendizaje se establece en las
bases de una nueva formación profesional de carácter dual para que la
primera experiencia laboral pueda desarrollarse dentro del proceso
formativo. Con esta regulación se quiere propiciar que la empresa
participe de forma activa, mucho más activa, en el proceso formativo del
alumno, lo que va a permitir que la corresponsabilidad centro
educativo-empresa en la formación de los jóvenes, cada vez más adaptada a
las demandas de los sectores productivos y a las necesidades específicas
de las empresas, sea una realidad en nuestro país. Entendemos que un
modelo dual beneficia tanto a alumnos, como a profesores, como a los
centros docentes, como a las propias empresas. A los primeros, es decir a
los alumnos, porque les pone en una situación real de trabajo en el
proceso de enseñanza y aprendizaje. A los segundos, porque les permite
conocer de antemano a los que muy posiblemente sean sus futuros
trabajadores y contribuir a formarlos en las competencias que realmente
se van a necesitar y de la manera, además, en que se va a necesitar. A
ambos, alumnos y empresas, por la transferencia de conocimiento que
suponen los centros a las empresas.

Este sistema no trata solo de reproducir las condiciones
del centro de trabajo, sino que además, señorías —y a mí me parece
importante este aspecto—, una parte muy importante de los
contenidos se va a impartir en los centros de trabajo. Se orienta a
módulos innovadores y garantiza la adecuación de la oferta formativa al
mercado de trabajo, dado que se realiza según la demanda de las empresas.
La FP necesitaba una reforma para adaptarla a las nuevas necesidades
profesionales de las empresas, y la formación dual se está empezando a
implantar ya de una forma progresiva. Conocemos que en muchas comunidades
autónomas hay numerosos centros que están llegando a acuerdos con grandes
industrias, lo que está permitiendo aplicar en proyectos la formación
profesional dual, y con ello, al final, mejorar la formación de los
alumnos, que es lo que nos tiene que interesar. Un dato: el número de
alumnos acogidos en este momento a esta nueva modalidad que acaba de
comenzar asciende ya a 1500, repartidos en más de 50 centros y 500
empresas en proyectos vinculados a 18 de las 26 familias profesionales. Y
acaba de empezar. Hay grandes empresas que ya están trabajando en
proyectos piloto, pero esta modalidad

empieza también a interesar —y esto es importante,
dada la peculiaridad del tejido empresarial español— a empresas de
tamaño medio, como ocurre ya en Suiza. De hecho, hay proyectos
experimentales, como le acabo de decir, en la mayoría de las familias
profesionales. Hay una compensación económica para los alumnos, y esta
compensación económica toma distintas formas: por ejemplo, becas, ayudas
o contratos de formación; es flexible, y lo seguirá siendo en el
futuro.

Señorías, al considerar que este modelo es sin duda una
buena herramienta, parece de interés que, dado que en España existen
numerosas empresas e importantes y bien valoradas empresas públicas,
estas se esfuercen por participar y se impliquen en el proceso de esta
nueva modalidad de formación profesional. Por ello, a través de esta
moción, solicitamos que el Gobierno impulse la participación de las
empresas públicas dependientes de la Administración general del Estado en
la implantación de la formación profesional dual mediante convenios de
colaboración con las comunidades autónomas interesadas en la
participación de proyectos de este tipo de enseñanza.

Las empresas públicas, señorías, como bien saben, son
entidades institucionales que cuentan con su propia identidad jurídica;
están constituidas con capital del Estado y tanto su gestión como la toma
de decisiones corresponde al Gobierno. Su actividad, por lo tanto, puede
ir dirigida tanto al sector básico estratégico del país como a
determinados servicios que beneficien a la población. Por ello,
consideramos de suma importancia su participación en la implantación de
la formación profesional porque con ello pueden contribuir a consolidar
la formación profesional dual, apoyando experiencias piloto y colaborando
con las comunidades autónomas en su desarrollo.

Sabemos que este es, señorías —y con ello voy
terminando—, un objetivo del ministerio. Por ello, nos parece de
sumo interés hacer una llamada a las importantes empresas del sector
público para que en estos momentos colaboren activamente en este nuevo
modelo, puesto que nuestros jóvenes necesitan oportunidades de empleo,
necesitan una formación más práctica, necesitan una formación adaptada al
mercado de trabajo, no solo en materias específicas, sino también
—y esto es algo importante en esta nueva modalidad— en
actitudes y en competencias que les preparen para su vida laboral futura,
no solo para una empresa determinada.

Pero esta modalidad no acaba con la formación profesional
tradicional —y con ello termino, señor presidente—, sino que
la enriquece. Hay países en los que la formación profesional dual
funciona muy bien, como Austria o Alemania, o como Suiza, país que tiene
también más pequeñas y medianas empresas, como España, y es así desde
hace décadas. Nosotros iniciamos hoy un camino, y no puede decirse que es
tarde si los éxitos van a ser beneficiosos para los jóvenes.

Solicito, por lo tanto, el apoyo para una iniciativa que
pretende abrir caminos para dotar entre todos, porque esta es una
cuestión de todos, a nuestra sociedad de una formación profesional
adaptada al siglo XXI; una formación profesional que prepare mejor a los
jóvenes para el empleo y que contribuya a que nuestro mercado de trabajo
funcione mejor, de modo que se incrementen la productividad y la
competitividad en España.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sáinz.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado
una enmienda a esta moción.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Álvarez
Areces.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presenta una
enmienda a esta moción del Grupo Parlamentario Popular partiendo de la
base de que lo que se plantea en ella, desde el punto de vista de lo que
hoy afecta a la formación profesional en nuestro país, es un hecho poco
significativo. Vamos a apoyarlo y lo incorporamos de hecho en el punto
número 1, tal y como ha sido formulado, pero comprenderán ustedes que
incorporar las empresas públicas al conjunto de empresas que están
colaborando en este sistema de formación profesional dual a través de
experiencias no va a añadir, desde un punto de vista cuantitativo o
cualitativo, grandes elementos.

Hay que tener en cuenta los datos que se han facilitado:
apenas algo más de 1500 alumnos, que no llega al 0,3% de la matrícula
total de FP, y que el número de empresas, a pesar de que es el primer
año, se irán incrementando, pero en modo alguno puede compararse con las
que, por ejemplo, en Alemania funcionan con el sistema de FP dual, que
superan las 450 000.

Estamos hablando de que para llegar a los escenarios de lo
que se presentó como modelo de referencia de FP dual en Alemania
necesitaríamos un largo proceso de transición, y por eso nosotros
consideramos que hay que subrayar algunas cuestiones para clarificar este
debate.

En primer lugar, no comparto en modo alguno el discurso que
se ha hecho sobre la situación de la formación profesional en España. La
formación profesional en España no es la de los años ochenta, la
formación profesional ha ganado prestigio, ha ganado calidad, ha sido una
formación profesional que hasta el año 2009 prácticamente ha tenido
altísimos niveles de inserción, en un promedio del 70% y en algunas
modalidades hasta el cien por cien. La formación profesional lo que
necesita es seguir invirtiendo en recursos y planteamos en nuestras
enmiendas una serie de precisiones y de mecanismos que creemos que pueden
perfeccionar la moción y, por tanto, mejorar la situación de la FP en
nuestro país.

En segundo lugar, en nuestra enmienda tenemos un
planteamiento que es realizar un estudio riguroso de los sectores
productivos específicos para cada comunidad autónoma que facilite luego
una línea de trabajo, de implementación consensuada con las distintas
comunidades autónomas y con los agentes sociales y empresariales, ya que
la introducción de ese modelo de formación profesional dual —como
se define y se acepta comúnmente— va a ser un largo proceso y
necesita una estrategia, como decía, de años y no tenemos que olvidarnos
de que nuestra potencialidad está en el sistema ordinario. Ese estudio
debe ser aceptado porque lo contrario produciría situaciones como las que
se están dando hoy en el conjunto de comunidades autónomas, donde hay una
enorme dispersión, circunstancias distintas y una falta de coordinación
en la implementación del modelo que, creo, debe superarse.

También quisiera establecer algunas precisiones sobre esa
alternativa que se presenta como una novedad y que queda reflejada en el
real decreto al que se ha hecho de referencia, de contrato y aprendizaje,
y también en el de desarrollo de la FP dual en los centros educativos, la
llamada FP dual educativa.

En primer lugar, tengo que decir que el modelo de la FP
dual en general tiene buenos resultados europeos en términos de
empleabilidad, pero importar el modelo dual alemán sin tener en cuenta
las características particulares de España puede llevar a consecuencias
negativas si no se hace con la debida mesura y, sobre todo, con el
análisis de lo que es en España el sector empresarial, el tejido
empresarial en su conjunto. Hay potenciales complicaciones en su
implantación, principalmente por el mecanismo de financiación en el que
está previsto que el Estado pueda asumir la totalidad de la financiación,
que dista mucho del caso alemán, donde las empresas soportan hasta el
85-86% del coste de formación y el Estado o los länder el 14-15%
restante. En consecuencia, es imprescindible ese compromiso sólido del
tejido empresarial.

Y, desde luego, según nuestro punto de vista, el real
decreto tiene una gran ambigüedad.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Decimos en nuestra enmienda que no
podemos olvidar que la formación profesional dual a través de
experiencias desarrolladas en otros países —y voy terminando—
tiene dos requisitos: la extensión de la formación en el centro de
trabajo y la vinculación mediante un contrato que regula la actividad
laboral. Eso no se cumple en lo que está implantándose en España, que
presenta una gran confusión porque lo que se interpreta como FP dual
educativa carece del sistema contractual y, por tanto, de tener un
vínculo laboral.

Finalmente, señalo lo que planteo en el último punto, que
es aprobar de forma consensuada con las comunidades autónomas un plan
estatal para el fomento de la FP que contemple aumentar la oferta de
plazas.

El señor PRESIDENTE: Concluya, señoría.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Hoy existe una gran demanda, hay
decenas de miles de jóvenes que no pueden acceder a la FP porque no se
están dotando las plazas de la FP reglada. Y este es un punto crucial si
queremos mejorar la formación profesional en nuestro país.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez
Areces.

Tiene la palabra la senadora Sáinz para indicar si acepta o
no la enmienda.

La señora SÁINZ GARCÍA: Muchas gracias, señor
presidente.

Nuestro grupo siente no poder aceptar esta enmienda. De
hecho, el Grupo Socialista tampoco se acercó para ver qué posibilidades
había de acuerdo. Entendía que no era posible —está claro—
porque la verdad es que al portavoz del Grupo Socialista y a mí nos une
una magnífica relación desde muchos años, que, desde luego, por mi parte
valoro.

El primer punto no añade nada.

El segundo punto insta al Gobierno a hacer un estudio;
pero, vamos a ver, en cualquier caso ni siquiera ponen que el estudio hay
que hacerlo en colaboración con las comunidades autónomas; el Gobierno no
puede hacer un estudio sin contar con las comunidades autónomas. Por lo
tanto, siempre habrá que hacerlos con ellas y siempre con aquellas que
estén interesadas. Pero, por otro lado, yo conozco el caso de muchas
comunidades autónomas que ya realizan estos estudios, que los vienen
haciendo como, por ejemplo, Madrid, en colaboración con las distintas
universidades públicas, y que es lo que les permite ir adecuando las
ofertas que luego hacen de formación profesional.

No podemos apoyar el punto tercero, entre otras cosas,
porque, señor Álvarez Areces —se lo digo con toda
delicadeza—, por un lado, usted critica el modelo alemán, porque
dice —y una parte es cierta— que la estructura de las
empresas alemanas no es como la española. Nosotros lo sabemos y por eso
hay diferencias. Y, al final, la enmienda señala que hay que hacer
cambios en la formación dual que presentamos para que se adapte a la
alemana. Pues bien, en primer lugar, Alemania no tiene un modelo único de
FP, tiene un modelo de FP en la empresa y otro —u otros— en
los centros educativos. Nuestro modelo no es el alemán, es el adecuado al
sistema español, conciliable —eso sí— y comparable con el
sistema alemán, con el que comparte muchos aspectos, pero que también
comparte —y en el que también nos hemos inspirado— con el que
existe en Suiza, donde hay muchas micropymes y, en todo caso, adaptado a
nuestra realidad y a nuestro tejido empresarial, con lo cual, no creemos
que sea ni conveniente ni adecuado, ni tampoco es verdad que no se puedan
hacer contratos, como ustedes dicen.

Respecto al punto cuarto, por una parte, usted tiene que
saber muy bien que en este momento sería irrealizable, porque no habría
ni financiación para lo que pide. Pero, además, le diré que muchas veces
la demanda de los jóvenes, es decir, atender a la demanda que todos
quieran tampoco se corresponde con las ofertas de trabajo. Esto es
fundamental, y tenemos experiencias claras. Hubo un momento en que en
España se puso de moda estudiar Imagen y Sonido; todo el mundo quería
estudiar Imagen y Sonido, pero los expertos, las personas que estaban
inmersas en esta materia, decían: no es posible, porque no hay puestos de
trabajo para todos, no se necesitan tantos. Con los universitarios ocurre
igual, si hay una carrera universitaria en la que la vocación es básica
es en la de medicina, y no todo el mundo que quiere puede estudiar
medicina.

Pero, además, señorías —y ya termino—, la
prioridad del Gobierno, en primer lugar, es la implantación de la LOMCE,
para intentar dar mayor crédito a la formación profesional y, en segundo
lugar, implantar también, con variaciones, mejorándola, la formación
profesional básica, que es una apuesta más para reducir las tasas de
abandono temprano, con lo que estamos comprometidos internacionalmente, y
porque es una necesidad para mejorar la preparación y la empleabilidad de
nuestros jóvenes.

Y, por último, y con ello termino, señor presidente, el
portavoz del Grupo Socialista decía: pero si es esto de la formación
profesional dual no es nada, es que son solo 1500… Es que acabamos
de imponerla. Las cosas nos irían mucho mejor si ustedes, cuando se
tramitó la LOE en el Congreso de los Diputados, hubieran aceptado una
enmienda del Grupo Popular que quería la formación profesional en
alternancia. Es decir, la educación en formación profesional dual. Y hoy
no estaríamos hablando de un inicio, sino que ya estaríamos en el camino
en el que están todos los países europeos en los que hay una formación
profesional de éxito que permite la integración de los jóvenes en el
mundo laboral. Lamentablemente ustedes fueron un freno, pero hoy se abre
un camino en el que todos debemos unirnos y apostar decididamente por
ello. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sáinz.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Iglesias por tiempo de diez minutos.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. Si el argumento fundamental del
Partido Popular para solicitar el apoyo a esta moción es que forma parte
del paquete de la reforma educativa contenida en la LOMCE, obviamente nos
está dando el argumento más poderoso para votar en contra de una
propuesta que, además, incluso aunque se llevara a la práctica, tendría
una virtualidad mínima. ¿De qué empresas públicas estamos hablando?
¿Cuántas empresas públicas quedan en nuestro país tras la desamortización
que significó la privatización de las industrias más importantes, como el
sector eléctrico, el siderúrgico, las comunicaciones, etcétera. Los
sectores estratégicos de nuestro país donde había una presencia pública
importante ya están dentro de la estrategia económica del Partido
Popular, en algunos casos compartida por el Partido Socialista, en manos
de la iniciativa privada.

Queda otra bolsa de empresas públicas. De ellas hablaremos
en otra moción que está incluida en el orden del día de este Pleno. Las
empresas públicas municipales claramente amenazadas en este momento, como
tendré oportunidad de argumentar posteriormente, por la reforma del
régimen local que el Partido Popular plantea.

Por consiguiente, estamos ante una moción que incluso
saliendo adelante, como sin duda lo hará, incluso consiguiendo que el
Gobierno la lleve a la práctica, va a tener unas consecuencias muy
reducidas, prácticamente mínimas. Pero nos da la oportunidad de hablar
del cambio en la formación profesional que el Partido Popular plantea, y
yo quiero aprovechar esa oportunidad para trasladar a la Cámara una
reflexión sobre de dónde venimos y hacia dónde nos quieren llevar. La
formación profesional durante el franquismo se delegaba en los
empresarios a través de la figura del aprendiz —en mi tierra
diríamos del pinche— que en las pequeñas empresas acudía a trabajar
con 13 o 14 años —mándame al guaje al taller que allí aprenderá
algo— durante muchos años en situación de alegalidad y sin ningún
tipo de remuneración más allá de alguna propina, y sin cobertura de la
Seguridad Social.

En las grandes empresas, públicas entonces, sí se
constituyeron y crearon eficaces escuelas de aprendices. (El señor
vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.) Ensidesa tenía una
magnífica escuela de aprendices; Santa Bárbara, empresa hoy en cuestión
—acudiré luego a la concentración de sus trabajadores aquí en
Madrid ante la sede de General Dynamics—, tenía una magnífica
escuela de aprendices que formaron profesionales de gran nivel en
oficios, eso sí, al servicio de la empresa. Normalmente eran hijos de los
entonces llamados productores que con una visión paternalista, pero no
exenta de visión empresarial también, eran formados a tenor de las
necesidades de la empresa con cargo a los recursos de la propia empresa.
El sistema educativo delegaba en la iniciativa privada empresarial la
formación profesional, con una excepción, que reconozco también
importante: las universidades laborales del momento, que formaron buenos
profesionales.

Eso acabó con la reivindicación lógica por parte de los
poderes públicos, ya en un régimen democrático, de la planificación y
desarrollo de la totalidad del sistema educativo y, por tanto, la
formación profesional pasó a ser una pata del sistema educativo; he de
reconocer que siempre una pata coja, siempre una pata devaluada, siempre
una pata con menos recursos de los que precisaba. Pero, aun siendo una
oferta formativa limitada, era una oferta educativa plenamente integrada,
cohesionada y coherente con el conjunto del sistema educativo, merecedora
de reformas, merecedora de mejoras, pero no desde luego merecedora de una
descalificación global y del planteamiento de lo que pretende ser una
alternativa cuyos resultados son, al menos en la actualidad, bastante
inciertos.

En opinión de mi fuerza política, el Partido Popular da en
este momento un salto en el vacío. Decía la portavoz popular que no solo
han tenido como referente el modelo alemán, que han utilizado otros
modelos. Pues habrán buscado otros modelos pero la columna vertebral de
la propuesta no se diferencia de algo que en Alemania funcionó durante
muchos años pero que hoy está sometido a revisión. De nuevo, con un
espíritu muy latino actuamos de forma pendular, copiamos un modelo
formativo que responde a una realidad económica diferente, alejándonos de
aquel más próximo que en nuestro país se intentó consolidar. Basta con
ver la estructura empresarial de Alemania o de Suiza, si quiere la señora
portavoz del Partido Popular. En nuestro país el 85% de las empresas
tienen como máximo dos trabajadores. Pregunta lógica: ¿en una empresa de
dos trabajadores quién va a dar formación profesional?

En segundo lugar, sabemos lo que está pasando en nuestra
realidad empresarial latina con el uso de los contratos a tiempo parcial,
con la prolongación en una situación de crisis de una jornada más allá de
la pactada, sin remuneración. Esa práctica, trasladada al modelo que
ustedes plantean, va a significar la sustitución por los mismos
empresarios desaprensivos que desarrollan esos usos de empleo estable por
aprendices que dedicarán gran parte de las teóricas 33 horas de formación
a la actividad laboral.

Nos tememos que se está impulsando de forma más o menos
encubierta una desregularización de la formación profesional; de nuevo
volvemos al modelo de delegar en los empresarios, con una diferencia:
asumiendo el coste desde los recursos públicos, la formación profesional,
y eso no va a significar una mejora de la calidad de la misma; va a haber
inevitablemente y como consecuencia de ello —y supongo que es otro
de los objetivos— una reducción de los profesionales que en este
momento forman parte de la docencia en la formación profesional; si se
generaliza el sistema, obviamente, los formadores de talleres o de
laboratorio van a tener escasa tarea.

Creemos —y con ello concluyo— que la
alternativa no es cambiar radicalmente el modelo sino mejorar este;
mejorarlo superando lo que es cierto, —y la portavoz del Partido
Popular tenía razón al sostenerlo— una concentración de la oferta
formativa en unos pocos procesos o ciclos productivos, y también una
clara escasez en el número de plazas de grado medio. La alternativa,
pensamos, no está en romper lo que existe sino en mejorar y perfeccionar
el sistema del que nos hemos dotado en los últimos años.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la
senadora señora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Eskerrik asko, presidente jauna,
senatariok.

Hezkuntza profesionala Euskadin oinarrizkoa, inportantzia
handiko gaia da. Gure sistema, urteotan, eredu bihurtu da, eta ez gatoz
hona lezioak emateko, edo gure eredua inposatzeko, baizik eta geure
eredua defendatzeko. Urte asko eman dugu hezkuntza profesionalean eredu
propio bat eraikitzen. Kalitate handiko sistema bat lortu dugu, beraz ez
dugu onartuko atzera joaterik ildo horretan.

Gracias, señor presidente.

Señores senadores, en Euskadi, la formación profesional es
un tema de gran importancia. Nuestro sistema, en estos últimos años, se
ha convertido en una referencia. Y no venimos aquí a dar lecciones, por
supuesto, ni tampoco a imponer nuestro modelo, sino a defender nuestro
modelo. Llevamos muchos años construyendo este modelo de formación
profesional y hemos conseguido un sistema de gran calidad. Por lo tanto,
no queremos dar pasos hacia atrás, no lo vamos a aceptar.

La formación profesional en Euskadi es un tema fundamental,
es una cuestión de importancia básica. Venimos aquí con un planteamiento
propio de formación profesional a explicar lo que hemos conseguido
durante estos últimos veinte años sin afán de imponer ni de vender
nuestro modelo, simplemente de defenderlo.

Porque entre los textos y las posturas que ustedes
defienden públicamente, en todo el discurso educativo del Partido
Popular, hay una gran diferencia entre lo que ustedes dicen y lo que
ustedes hacen. Y quiero poner de manifiesto la gran diferencia que hay
entre lo que usted ha manifestado, con estas palabras, incluso lo que
dice la moción, con lo que luego están haciendo vía legislación.

Porque hablar de formación profesional dual es importante,
pero para hablar de la formación profesional dual —como usted ha
mencionado antes— tenemos que hacer referencia también a la LOMCE,
porque todo esto forma parte de un sistema de medidas educativas, y lo
que no veo es coherencia entre sus palabras y sus hechos. Hablamos de una
formación profesional que, según sus propias palabras, tiene que ser una
formación profesional prestigiada y de primer nivel. Sin embargo, nos
encontramos —como voy a mencionar más adelante— con una
incoherencia respecto a lo que luego los reales decretos y la propia
LOMCE están planteando.

La formación profesional en alternancia, la formación
profesional dual son distintos conceptos que se están manejando pero, en
definitiva, nosotros entendemos que la formación profesional

tiene que ser una oferta o un pack integrado donde esté
tanto la formación inicial, que se llama formación profesional normal,
como la formación para el empleo, y para ello es fundamental la
colaboración entre los centros, los departamentos de educación y los
departamentos de empleo.

Hay que hacer hincapié —como usted ha señalado—
en la relación entre el centro de formación profesional y las empresas.
Es importante mantener esta dualidad, pues los centros de formación
profesional no tienen por qué desaparecer —como ha comentado el
senador Iglesias—, no tenemos por qué delegar la formación
profesional en las empresas, sino que tiene que establecerse un vínculo
de cooperación y de convenio entre ellas. El papel activo de las empresas
en la formación profesional no solo es suministrar formación, sino
también participar activamente en la creación de itinerarios y en el
currículum que van a estudiar estos alumnos. Y se tiene que hacer,
además, bien; habrá empresas que puedan hacerlo de una forma individual
porque su tamaño o su volumen así lo permite, pero habrá otras empresas
que no. En este sentido, es importante el papel de las organizaciones
empresariales y el papel de las organizaciones sectoriales,
evidentemente, de los diferentes sectores. Fundamentalmente hablamos
siempre de la empleabilidad en el sector privado, pero no entiendo por
qué no puede incluirse el sector público; si su moción va encaminada en
ese sentido, no lo veo mal. Tiene que haber un consenso en el que estén
incluidas las administraciones públicas —como no puede ser de otra
forma—, pero también las empresas, los sindicatos y los propios
centros educativos de formación profesional.

En cuanto a la orientación, usted ha mencionado brevemente
la cuestión de la orientación profesional en su réplica a la enmienda del
Partido Socialista. La orientación es fundamental en el prestigio de la
formación profesional, pero no hay que orientar ya en la formación
profesional, sino que la orientación tiene que ser incluso previa; ya en
primaria, en secundaria y en el propio bachillerato, la formación
profesional tiene que ser una parte integrante de los itinerarios de
prestigio de cualquier alumno; es una alternativa siempre y es una
alternativa para todos; no es una alternativa exclusivamente para cuando
se ha fracasado o para aquellos alumnos derivados del sistema de
educación secundaria.

En cuanto a la internacionalización, es una cuestión que
ustedes no han mencionado aquí. Se habla de una internacionalización de
las empresas, pero también de los trabajadores y, por lo tanto, de las
personas que van a formar parte de esas empresas; la internacionalización
de la formación profesional a través de la participación en sistemas de
intercambios tipo Erasmus, o lo que antes eran los Leonardo, es muy
importante, pero también la internacionalización de los centros de
formación profesional; la participación en convenios de intercambio de
experiencias educativas, la formación del profesorado en países en los
que la formación profesional está funcionando; la participación en
programas y en convenios con parques tecnológicos internacionales con
modelos exitosos es también una cuestión relevante. El catálogo de
cualificaciones tiene que estar en constante renovación y en la revisión
de este catálogo tienen que participar las empresas, que, al fin y al
cabo, son las que entienden de esta cuestión.

En cuanto a la formación en alternancia, este concepto no
solo tiene por qué considerar que se alterna la formación en los centros
profesionales con la formación en los centros de trabajo, no solamente
tiene que ser aplicable a la formación profesional; también puede ser
aplicable a la formación universitaria. Es un concepto educativo amplio.
Y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es trabajar para que este
concepto de formación en alternancia se adapte a los requerimientos no ya
del Estado, sino territoriales, es decir, tiene que ser una cuestión tan
flexible que permita modificaciones y adaptaciones puntuales sectoriales
y territoriales. Para todo hace falta flexibilidad y también en lo que se
refiere al contrato que se va a establecer entre los centros de
formación, las administraciones y las empresas que van a prestar esa
formación, cuestión que me lleva a hacer un planteamiento general sobre
la LOMCE, a la que usted también se refería. Como decía el senador
Iglesias, difícilmente vamos a poder apoyar esta moción si realmente
usted la vincula con la LOMCE, con la que somos sumamente críticos. Por
lo tanto, vamos a dejar este asunto aparte y vamos a hablar,
efectivamente, de lo que supone el real decreto de formación dual, que,
al fin y al cabo, es el origen de toda esta cuestión; un real decreto en
el que se regula no solamente la formación dual, que lo hace en el Título
III, sino también el contrato para la formación y el aprendizaje, que de
formación y aprendizaje solo tiene el nombre, porque, cuando se
sustancia, nos encontramos con que en el primer año el trabajo efectivo
puede llegar a ocupar el 75% y la formación solamente un 25% del tiempo y
durante el segundo y tercer año las horas

dedicadas a formación podrán ser hasta un 15%, mientras que
un 85% las dedicadas al trabajo, con una remuneración salarial además que
se prorratea respecto del Salario Mínimo Interprofesional. Por lo tanto,
estamos hablando de un contrato de trabajo, no es un contrato de
formación y aprendizaje, porque el tiempo dedicado a ello es sumamente
reducido. Además, este real decreto admite la implantación de formación
en los centros de las empresas no referida al Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales. Entonces, ¿qué tipo de formación se les va
a dar? ¿Será una formación que no esté relacionada ni siquiera con las
cualificaciones profesionales que van a requerirse más adelante?

El Título III, que es el que regula la formación dual,
apenas ocupa dos páginas. Es cierto que este documento parte de las bases
de lo que se entiende que es formación dual, pero, como ya hemos dicho
aquí en otras ocasiones, esta es una formación sujeta a diferentes
cambios, y casi hay tanta formación dual o tanta formación en alternancia
como centros; usted lo ha comentado en referencia al caso de Francia. En
la formación que nosotros tenemos, que no es dual ni en alternancia, es
la formación profesional que hemos hecho en Euskadi durante 20 años,
pretendemos que un chaval no se forme en una empresa, sino en muchas
empresas. De esa forma, conseguiremos que, efectivamente, la
empleabilidad de los estudiantes sea mucho mayor, porque no será formado
por una empresa para el desempeño de un trabajo específico, sino que
adquirirá conocimientos de diferentes empresas para desarrollar trabajo
en el sector, que es lo que nos interesa. La empleabilidad ha de estar
siempre orientada al sector, no a funciones específicas de trabajo.

Además, nos encontramos con que el prestigio que se quiere
dar a la formación profesional no casa para nada con la forma en que se
han regulado los itinerarios y las pasarelas entre los diferentes
itinerarios en la LOMCE, que es otro de los grandes problemas que
tenemos. Antes contábamos con la formación en los programas de
cualificación profesional inicial, los PCPI, que funcionaban muy bien
porque garantizaban que todo el mundo tuviese una titulación, no como
ahora, cuando la formación profesional básica solo garantiza los
conocimientos que puedan llevar a ese alumno a conseguir una titulación.
Y no es lo mismo, no tiene absolutamente nada que ver. Por lo tanto,
cuidado, porque estamos volviendo a un sistema de formación profesional
que hace ya muchos años que dejamos atrás, el famoso FP1 y FP2. Hablando
con profesores de formación profesional que llevan ya muchos años
trabajando en el sector, sabemos que están preocupados porque se
encuentran con alumnos que les llegaban —cuando teníamos FP1—
con un nivel de formación de 5º de EGB. Y hacíamos formación de
emergencia. Además, están eliminando, han desaparecido todas las
asignaturas de tipo profesional incluidas en los PCPI y ahora solamente
nos encontramos con asignaturas académicas. ¿De qué estamos hablando,
entonces? ¿De una especie de itinerario que permite a los alumnos que no
han conseguido superar o que han fracasado en educación secundaria pasar
a un sistema, que vamos a llamar de formación profesional básica, para
que adquieran una especie de kit básico de nociones académicas y no
profesionales? ¿Y, luego, a esa gente, además, le vamos a dar la
posibilidad de que pasen a la formación de grado medio? El 40% de las
ofertas de trabajo son para técnicos de grado medio; el 30% restante son
para técnicos de grado superior. Estamos hablando de un 70% de las
ofertas de trabajo. Por lo tanto, tenemos que garantizar que esta gente
sea, efectivamente, cualificada, y los itinerarios que ustedes están
defendiendo a través de la LOMCE no lo consiguen. Vamos a ir hacia
atrás.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por
favor, vaya finalizando.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Termino.

Me voy a referir concretamente al texto de la moción:
posibilidad de que las comunidades autónomas que están interesadas
suscriban convenios con la Administración General del Estado para la
incorporación de las empresas públicas en la formación en alternancia.
Por supuesto, todo lo que sea incorporar la formación profesional y todo
lo que sea abrir caminos para convenios de mutuo acuerdo entre la
Administración General del Estado y las comunidades autónomas,
evidentemente, no vamos a decir que no. Lo que sí pedimos es coherencia
entre lo que dicen, entre las mociones fantásticas y los discursos
maravillosos, con lo que luego ustedes están regulando.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra la senadora Sequera.

La señora SEQUERA GARCÍA: President, senyories, la moció
presentada, com la majoria de les que hem pogut debatre a la Cambra,
insta al Govern a emprendre accions com si el ministeri fos
inoperant.

El marc legal que es desenvolupa en el Reial Decret
1529/2012 permet que la iniciativa sorgeixi de l’empresa,
concertant un conveni amb l’administració educativa que
correspongui. Per tant la part dispositiva de la moció simplement aspira
que la direcció de les empreses públiques i administracions educatives
materialitzin els convenis establerts en aquest Reial Decret. En
conseqüència no depèn del Ple del Senat sinó de la voluntat
d’ambdues parts. A partir d’aquí tornen a reiterar, una
vegada més, l’obsessió per la invasió de competències autonòmiques.
Han dissenyat un format complementari de la formació professional sense
comptar amb les Comunitats Autònomes que són les que tenen competències
exclusives en matèria educativa.

Però, dit això, vull aprofitar l’ocasió per
endinsar-nos més en aquest tema, intentant treure la cortina que, de
manera conscient, han posat davant d’una realitat més
punyent,intentant dissimular la veritable magnitud del drama de
l’atur juvenil. En primer lloc, l’objectiu real és millorar
les estadístiques baixant els índex d’atur jove. Com?
Comptabilitzant com a treballadors en actiu els estudiants que estiguin
en alguna de les modalitats de la formació professional dual. Per altra
banda, una disminució del professorat de formació professional disminuint
la despesa pública. I per tal de fer-ho atractiu i que la demanda tingui
èxit introdueixen com esquer un mini sou. Vull fer un incís per tal de
manifestar que actualment hi ha més de manda de places de formació
professional que no pas oferta per part de les administracions. Tampoc és
cert que el problema sigui una falta de qualificació. Entre els joves
aturats també n’hi ha molts amb sobrequalificació, que per cert,
son els que s’emporta l’Angela Merkel a treballar al seu
país. Tornen a prioritzar les estadístiques abans que les persones i el
seu benestar.

El plantejament que han fet és simple: Alemanya té un índex
d’atur jove molt baix. Té un sistema d’FP dual que
contribueix a obtenir aquests índex i a més també obtenen un millor
nivell d’estudis entre la població jove. Doncs importem el sistema.
Això ens posarà als mateixos nivells d’atur i d’ocupació que
Alemanya? No. Hi ha dos factors que juguen un paper transcendental: les
empreses i l’administració educativa. Si falla algun dels dos el
fracàs està garantit. En el nostre cas ni tenim teixit empresarial amb
capacitat i disposat per donar resposta a tot el territori —ja en
tenen prou amb aguantar, amb subsistir, amb reducció de plantilles, amb
ERE, etc.—, ni la majoria d’ administracions educatives,
governades per la dreta aposten per destinar recursos per
l’educació.

Estem lluny d’una cosa que sí té Alemanya: una
cultura de col·laboració, de treball conjunt, de compromís social per
part de tots els sectors implicats. És més, en el nostre cas es prioritza
clarament posar a disposició de les empreses mà d’obra barata,
abans que garantir una bona formació. És a dir, prioritzar
l’interès de l’empresa abans que els interessos educatius. A
dia d’avui disposem d’una formació professional que ja
combina l’alternança de la formació amb les practiques a les
empreses. Aquí han jugat un paper fonamental els professors. Són ells els
que s’han implicat, els que han cregut en el projecte, els que han
sortit al carrer a contactar amb empreses per garantir que aquestes
pràctiques estiguessin a l’abast de l’alumnat. Han estat ells
i elles els qui han fet un seguiment les alumnes en coordinació amb les
empreses. I tot amb un únic objectiu: treure el màxim rendiment dels
alumnes i tinguin millors oportunitats en el món laboral. Aquí està la
clau de l’èxit: treball conjunt i voluntat. Així ho demostren els
resultats. L’índex d’atur dels joves que han cursat formació
professional és més baix que el d’altres joves que han optat per
altres opcions formatives. Vull fer esment de les Escoles Taller, dels
Tallers d’ocupació, de les Cases d’oficis, que combinen el
salari amb formació i estan adreçades a aquells que han sortit del
sistema educatiu abans d’hora i que es troben en atur per tal
d’ajudar-los a accedir al món laboral amb més formació. Totes
aquestes opcions ja s’han posat en pràctica i amb èxit. No tot el
que ve d’Alemanya és el millor. El que allí funciona no té per què
fer-ho aquí. Crec que es tracta més d’una falta de confiança en els
recursos propis que, evidentment, sempre cal millorar.

I el que està clar és que el Govern té l’obligació i
ha de ser capaç de elaborar amb diàleg, complicitat, col·laboració,
flexibilitat... una formació professional pròpia, adaptada i consensuada

amb els diferents territoris. Perquè m’entenguin, com
els agrada dir a vostès: amb la marca Espanya. Per tant, mentre per part
del Govern no hi hagi mostres reals de diàleg amb tots els agents
implicats per lluitar de forma conjunta un pla per lluitar contra
l’atur juvenil i la millora de l’oferta educativa per part
del Govern, el nostre grup no participarà en experiments amb resultats
estèrils.

Gràcies. (Aplaudiments.)

Presidente, señorías, la moción presentada, como la mayoría
de las que hemos podido debatir en esta Cámara, insta al Gobierno a tomar
acciones como si el ministerio fuera inoperante.

El marco legal que desarrolla el Real Decreto 1529/2012,
permite que la iniciativa proceda de la empresa, concertando un convenio
con la administración educativa que convenga; por tanto, la parte
dispositiva de esta moción simplemente aspira a que la dirección de las
empresas públicas y las administraciones educativas materialicen los
convenios establecidos en este real decreto. En consecuencia, no depende
de este Pleno, sino de la voluntad de dos partes; sin embargo, a partir
de aquí reiteramos una vez más la obsesión por la invasión de
competencias autonómicas por parte del Partido Popular. Han diseñado un
formato complementario de formación profesional sin contar con las
comunidades autónomas que son las que tienen las competencias exclusivas
en materia educativa.

Dicho esto, sin embargo, quisiera aprovechar la ocasión
para adentrarnos más en este tema e intentar sacar la cortina que de
forma consciente han puesto ustedes ante una realidad más potente,
intentando disimular la verdadera magnitud del drama del paro juvenil. En
primer lugar, el objetivo real es mejorar las estadísticas bajando el
índice de desempleo juvenil. ¿Cómo? Contabilizando como trabajadores en
activo a los estudiantes que estén en algunas de las modalidades de la FP
dual; por otra parte, mediante una disminución del profesorado de
formación profesional, reduciendo el gasto público, y para hacerlo
atractivo y que la demanda tenga éxito, introduciendo un minisueldo.
Quisiera hacer un inciso para manifestar que en la actualidad hay más
demanda de plazas de formación profesional que la oferta existente por
parte de las administraciones. Tampoco es cierto que el problema del
desempleo sea una falta de cualificación; entre los jóvenes desempleados
también hay muchos con una sobrecualificación que son los que se lleva
Angela Merkel a trabajar a su país. Vuelven a priorizar las estadísticas
antes que las personas y su bienestar.

El planteamiento que se ha hecho es muy simple: Alemania
tiene un índice de paro joven muy bajo; tiene un sistema de FP dual que
contribuye a que los índices sean precisamente estos, y obtienen también
un mejor nivel de estudios entre la población joven. Así que importemos
el sistema. ¿Esto nos llevará a los mismos niveles de desempleo y
ocupación que en Alemania? No. Hay dos factores que desempeñan un papel
fundamental: las empresas y la administración educativa. Si falla uno de
los dos, el fracaso está garantizado. En nuestro caso ni tenemos tejido
empresarial con capacidad y dispuesto para dar respuesta a todo el
territorio —ya tienen bastante trabajo con aguantar, con subsistir
a reducciones de plantilla, ERE y demás— ni la mayoría de las
administraciones educativas, gobernadas por la derecha, apuestan por
destinar recursos a la educación.

Estamos lejos de algo que sí tiene Alemania, a saber: una
cultura de colaboración, de trabajo conjunto, de compromiso social por
parte de todos los sectores implicados. Es más, en nuestro caso se
prioriza claramente el poner a disposición de las empresas mano de obra
barata antes que garantizar una buena formación; es decir, priorizar el
interés de la empresa antes que los intereses educativos. Y es que, a día
de hoy, disponemos de una formación profesional que ya combina la
alternancia de la formación con las prácticas en las empresas. Aquí han
desempeñado un papel clave los profesores. Son ellos los que se han
implicado, son ellos los que han creído en el proyecto, los que han
salido a la calle para contactar con empresas, para hacer que las
prácticas estuvieran al alcance del alumnado. Han sido ellos y ellas los
que han hecho un seguimiento del alumnado en coordinación con las
empresas. Y todo ello con un único objetivo: sacar el máximo rendimiento
de los alumnos para que tengan mayores oportunidades de acceso al mundo
laboral. Esa es la clave del éxito, trabajo conjunto y voluntad, y así lo
demuestran los resultados. El índice de desempleo joven de los alumnos
que han cursado formación profesional es más bajo que el de otros jóvenes
que han optado por otras opciones formativas. Y quisiera mencionar las
escuelas

taller, los talleres de ocupación, las casas de oficio, que
combinan salario con formación para aquellos que han salido del sistema
educativo antes de tiempo y se encuentran en el paro, para ayudarlos a
volver al mundo laboral con más formación. Estas opciones ya se han
puesto en práctica y con éxito. Todo lo que viene de Alemania no es
siempre lo mejor. Lo que allí funciona no tiene por qué funcionar aquí.
Creo que se trata más de una falta de confianza en los recursos propios
que, sin duda, siempre hay que mejorar.

Lo que queda claro es que el Gobierno tiene la obligación y
debe ser capaz de elaborar con diálogo, complicidad, colaboración y
flexibilidad una formación profesional propia adaptada y consensuada con
los distintos territorios. Y ello para que me entiendan, y como a ustedes
les gusta decir, con la marca España. Por consiguiente, mientras que por
parte del Gobierno no haya muestras reales de diálogo para elaborar
conjuntamente con todas las partes implicadas un plan para luchar contra
el paro juvenil y una mejora de la oferta educativa, nuestro grupo
parlamentario no va a participar en experimentos con resultados
estériles.

Gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador señor Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Gràcies, senyor president.
Senyories, molt bon dia.

Senadora María Jesús Sáenz, després de veure el text
d’aquesta moció i constatar el que realment s’està demanant
al Govern, tinc un pensament dual, i m’explico. D’una banda
tinc la impressió que, de tant en tant, tenen una mala consciència perquè
en els grans debats, en les grans lleis, en la LOMCE, per exemple, que
ara està en marxa, doncs veiem que no hi ha una actitud de diàleg, no
accepten esmenes. Aleshores, ens presenten una moció molt light, amb
l’objectiu, imagino, d’una banda de tranquil·litzar aquesta
mala consciència i, de l’altra, fer aquesta falsa aparença per dir
a la societat que estem pactant, que aquí ens posem tots d’acord i,
de tant en tant, aconseguim el suport dels uns i dels altres... Això,
d’una banda. Per l’altra, és evident que el contingut
d’aquesta moció fa avançar molt poc la formació professional. Vostè
mateixa, en el seu discurs, ens feia una referència a la importància del
fet i a un munt de coses, però és que només faltaria que a les empreses
dependents de l’Administració General de l’Estat no poguessin
col·laborar en la formació dual.

En fi, ja que tenim la moció i tenim el debat, parlem-ne
perquè és un tema molt important. En primer lloc, cal dir que si la
formació ja és important sempre, en aquests moments de crisi això és
encara més important, i és evident que la formació professional és la
clau des de molts punts de vista i és una formació tremendament important
en aquests moments. Per exemple, per la inserció dels joves en el món
laboral. Ja n’hem parlat aquí. Tenim un gran problema amb la
inserció laboral dels joves i la formació professional és clau per
aconseguir la seva inserció, per fomentar la emprenedoria, per aixecar la
nostra indústria i les nostres empreses i, en definitiva,
l’economia productiva. És d’una gran importància. Per tant,
no parlem tant i fem actuacions més concretes perquè realment tiri
endavant.

Li diré el que, des del meu punt de vista, modestament,
caldria fer amb la formació professional. Crec cal tenir un bon catàleg
de qualificacions professionals adaptat a la realitat, flexible i àgil, i
això implica feina i treballs de prospecció que en realitat detectin
aquelles professions emergents i que, per tant, el catàleg de professions
vagi per endavant, per tal que estem formant gent per aquells possibles
llocs de treball que després es crearan. Cal un bon sistema
d’acreditació de competències professionals i vincular i facilitar
encara més la experiència professional amb els crèdits reglats per tal de
facilitar l’obtenció dels títols professionals. És bàsic,
importantíssim. Cal establir també moltes més passarel·les i moltes més
facilitats entre els cicles formatius de grau mitjà, els cicles de grau
superior, l’ensenyament en general i l’accés a la
universitat. És clau. Cal facilitar molt més això, perquè no hem
d’oblidar que la formació professional, a més a més de ser una via
professionalitzadora, també és una via per accedir a la universitat, de
manera que cal facilitar l’accés a la formació professional i
alhora permetre que els joves estiguin el màxim temps possible en el marc
de l’ensenyament. Cal també l’aprenentatge de les llengües
estrangeres. Ja no és tracta d’un mèrit, sinó d’una
necessitat. Això és fonamental. Cal fomentar l’intercanvi. Els
intercanvis escolars amb altres països. És clau perquè puguin veure
empreses, perquè les puguin

conèixer, perquè puguin fer pràctiques en d’altres
empreses, per veure la realitat social i econòmica d’altres
empreses, per facilitar també l’aprenentatge de les llengües
estrangeres. Tot això és bàsic i fonamental. Facilitar els intercanvis
escolars en el marc de la Unió Europea, per exemple. I, evidentment, cal
ajudar a les empreses a que participin més i, en definitiva, vegin que la
formació professional i els alumnes de formació professional doncs és una
part de formació que no hauran de fer les empreses, i per tant,
d’això es beneficien tant els joves i estudiants com les empreses.
Aquests són doncs alguns dels aspectes que hem de millorar per tal que la
formació professional realment tingui el sentit que tots volem
donar-li.

Permeti’m que li posi també breument alguns exemples
d’algunes qüestions o alguns dels temes que estem fent a Catalunya.
Tenim experiències de coses que estan funcionant bé i val la pena que les
diguem.

El Govern de la Generalitat està impulsant la formació
professional dual per afavorir la reactivació econòmica. Hi ha més de
trenta empreses, dues agrupacions empresarials que ja estan col·laborant
en aquest curs en la implantació de la formació professional de tipus
dual i, per tant, molts alumnes, mitjançant un contracte o també de
beques-salari fan una part de la seva formació a l’empresa, ja
sigui teòrica o pràctica. Això, per tant, ja s’està fent i és molt
important per a l’economia productiva com deia abans. També estem
iniciant un servei d’assessorament en formació professional per
ajudar a millorar la qualificació d’usuaris, adreçat especialment a
persones adultes, en la línia del que deia abans. Es tracta que puguin
reconèixer qualificacions professionals i, en definitiva, convalidar
determinats crèdits, reconèixer-los, facilitar passarel·les i que puguin
obtenir títols. Això és molt important i també ho estem fent. La
col·laboració amb moltes empreses que fan una doble cosa: per una banda,
subministren materials a instituts de formació professionals, la qual
cosa sempre és bona i, d’altra banda, faciliten que els alumnes
puguin anar a fer pràctiques a les seves empreses. Hi ha doncs un doble
joc aquí per ajudar en aquesta formació, i aquest és un tema
important.

Un altre tema és el de la col·laboració amb moltes empreses
des del punt de vista de suports addicionals en formació i en el que
sigui. En definitiva, el sector empresarial juga un paper molt important
en la formació professional, cosa que és clau. La moció fa referència a
un Reial Decret, el Reial Decret 1529/2012, de 18 de novembre, pel qual
es desenvolupa el contracte de la formació professional i
l’aprenentatge i s’estableixen les bases de la formació
professional dual; és el Reial Decret base de la moció que ens
presenta.

Nosaltres hem de dir que nosaltres l’hem portat al
Tribunal Constitucional per una invasió clara de competències. Nosaltres
considerem que aquesta normativa vulnera les comptetències
constitucionals i estatutàries i és una invasió en l’organització i
en l’execució de la formació professional. En podríem posar molts
exemples, però crec que ara no és el tema. El que està clar és que està
envaint unes competències que són de la Generalitat de Catalunya, és a
dir que, en definitiva, són nostres, i això s’ha de tenir en compte
en la línia del que deia abans.

I finalment, un cop més, hem de constatar que estem
observant, com a línia d’actuació general, que centrifuguen els
problemes a les comunitats autònomes i a l’hora de parlar de
determinades lleis estan descentralitzant competències que nosaltres ja
teníem des de la Generalitat de Catalunya. Nosaltres, evidentment, no ens
oposarem al que ens està demanant, però és evident que es tracta
d’una moció que, com ja deia abans, sincerament, ens fa avançar
molt poc en la línia de la formació professional.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Señorías, buenos días. Senadora María Jesús Sáenz, después
de ver el texto de esta moción y constatar lo que realmente se está
pidiendo al Gobierno, yo tengo un pensamiento dual, y me voy a explicar.
Por un lado tengo la impresión de que de vez en cuando tienen ustedes
mala conciencia porque en los grandes debates, en las grandes leyes, en
la LOMCE, por ejemplo, que ahora está en marcha, vemos que no existe una
actitud de diálogo, no aceptan ustedes enmiendas. Entonces ustedes nos
presentan una moción muy light, que imagino tiene por objetivo, por un
lado, tranquilizar esta mala conciencia y, por otro, dar esta falsa
apariencia para con la sociedad de que estamos pactando y de que de vez
en cuando conseguimos el apoyo de unos u otros, etcétera. Eso por un
lado, por otro lado es evidente que el contenido de esta moción hace que
la

formación profesional avance muy poco. Usted misma hacía
referencia en su discurso a su importancia y a un montón de cosas, pero
entiendo, francamente, que solo faltaría que las empresas que dependen de
la Administración General del Estado no pudieran colaborar con la
formación dual.

Pero ya que tenemos la moción y tenemos aquí el debate,
pues hablemos de ello. Evidentemente se trata de un tema muy importante.
Cabe decir en primer lugar que si la formación es siempre importante, en
tiempos de crisis si cabe todavía es más importante. Y lo que es evidente
es que la formación profesional es la clave desde muchos puntos de vista,
una formación sumamente importante en estos momentos; por ejemplo, para
la inserción de los jóvenes en el mundo laboral. Ya hemos hablado de
esto. Tenemos un grave problema con los jóvenes y su inserción laboral;
por tanto, la formación profesional es clave para conseguir esta
inserción, para fomentar la emprendeduría, para levantar nuestra
industria y nuestras empresas y, en definitiva, la economía productiva,
con lo cual tiene una importancia fundamental. Así que hablemos menos y
actuemos más, concretamente para que las cosas vayan adelante.

Modestamente, también desde mi punto de vista, voy a
decirle lo que creo que deberíamos mejorar. Por un lado, es necesario
tener un buen catálogo de cualificaciones profesionales adaptado a la
realidad, flexible, ágil, lo que implica trabajos de prospección que
detecten, en realidad, esas profesiones que son emergentes y que, por
tanto, el catálogo de profesiones vaya por delante para que, en
definitiva, estemos formando personas para esos posibles puestos de
trabajo que se van a crear. Es necesario un buen sistema de acreditación
de competencias profesionales, y vincular y facilitar todavía más la
experiencia profesional a los créditos regulados, a fin de facilitar la
obtención de los títulos profesionales; es algo básico, sumamente
importante. Hay que establecer todavía más pasarelas y facilidades entre
los ciclos formativos de grado medio, de grado superior, la enseñanza en
general y el acceso a la universidad; eso es clave. Hay que facilitar
esto mucho más, porque no hay que olvidar que la formación profesional
además de ser una vía profesionalizadora, también es una vía de acceso a
la universidad, con lo cual hay que facilitar este acceso a la formación
profesional y hay que permitir que los jóvenes estén cuanto más tiempo
mejor en el marco de la enseñanza. Es necesario aprender lenguas
extranjeras; ya no es un mérito sino que se ha convertido e una
necesidad; esto es así; así que es algo fundamental. Hay que fomentar los
intercambios escolares con otros países en el marco de la Unión Europea;
esto es necesario para que puedan ver empresas, para que las puedan
conocer, para que puedan hacer prácticas, para que conozcan la realidad
social y económica de otras empresas, para facilitar el aprendizaje, como
decía también, de las lenguas extranjeras. Y, lógicamente también, hay
que ayudar a las empresas a que participen más, para que, en definitiva,
vean que el aprendizaje de los alumnos de formación profesional es una
parte de la formación que las empresas no deberán hacer, con lo cual eso
va a beneficiar tanto a empresas como a jóvenes estudiantes. Así que
estos son, creo, modestamente, algunos de los aspectos que debemos
mejorar para que la formación profesional tenga realmente el sentido que
todos queremos.

Permítanme, asimismo, exponer brevemente algunos ejemplos,
algunas cuestiones o temas que estamos abordando en Cataluña, porque hay
experiencias que están funcionando bien y vale la pena citarlas.

El Gobierno de la Generalitat está impulsando la formación
profesional dual para favorecer la reactivación económica, y hay más de
treinta empresas y dos agrupaciones empresariales que ya están
colaborando en este curso en su implantación. Por lo tanto, muchos
alumnos, a través de un contrato o de becas salario, realizan una parte
de su formación en la empresa ya sea teórica o práctica. Esto es algo que
se está haciendo, y es muy importante para la economía productiva, como
decía antes. También estamos iniciando un servicio de asesoramiento en
formación profesional para ayudar a mejorar la cualificación de usuarios,
dirigido especialmente a personas adultas, es decir, avanzando en la
línea de lo que apuntaba anteriormente, o sea, que se puedan reconocer
cualificaciones profesionales y, en definitiva, se convaliden ciertos
créditos y, por tanto, se trata de reconocerlos, facilitar esas pasarelas
y que puedan obtener títulos. Esto es muy importante y es esto es algo
que estamos haciendo. También, la colaboración con muchas empresas,
empresas que lo que hacen es algo doble, por un lado, suministran
materiales a institutos de formación profesional que en definitiva
siempre es algo positivo y, además, facilitan

pues que los alumnos puedan ir a realizar prácticas en las
empresas. Con lo cual, aquí hay un doble juego para ayudar en esta
formación. Así que este tema me parece importante.

Otro tema es el de la colaboración con muchas empresas
desde el punto de vista de apoyo adicional en formación en diversos
ámbitos. Es decir, que el sector empresarial desempeña un papel muy
importante en la formación profesional; esto es clave. Y también quiero
decir que la moción se refiere al Real Decreto 1529/2012, de 18 de
noviembre, por el que se desarrolló el contrato de la formación
profesional y el aprendizaje y se establecen las bases de esa formación
profesional dual. Es decir, es el decreto base de la moción que nos
presentan.

Respecto de este real decreto debo decir que hemos llegado
hasta el Tribunal Constitucional por una invasión clara de competencias.
Consideramos que esta normativa vulnera las competencias constitucionales
y estatutarias y que es una invasión en la organización y ejecución de la
formación profesional. Podríamos ilustrarlo con amplios ejemplos, aunque
no es el momento, pero lo que quiero decir es que se están invadiendo
competencias que corresponden a la Generalitat de Cataluña que, por
tanto, son nuestras. Eso hay que tenerlo en cuenta en la línea de lo que
antes apuntaba.

Por último, también debemos constatar que estamos
observando, como una línea de actuación general, que los problemas se
centrifugan hacia las comunidades autónomas, y que cuando se trata de
hablar de diversas leyes, como estamos haciendo, estamos recentralizando
competencias que ya teníamos nosotros en la Generalitat de Cataluña. Así
es que nosotros no vamos a oponernos a lo que ustedes nos piden, pero es
evidente que se trata de una moción de esas en que, francamente, se
avanza muy poco en la línea de la formación profesional.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Por el Grupo
Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Álvarez Areces.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Continuando con el debate vamos a
centrarnos en lo que se plantea, una moción con un punto que asumimos.
Nosotros decimos que en el contexto de la formación profesional es poco
significativo desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo, como he
indicado antes refiriéndome a los porcentajes. Pero no se trata solamente
de eso, es que en las empresas públicas los alumnos no pueden tener
continuidad, como ocurre en las empresas privadas. El sistema de acceso a
la función pública y a los empleados públicos está determinado por otros
parámetros. Y quede claro que lo asumimos; ahora bien, el debate es otro.
Nosotros planteamos un estudio en profundidad del sistema productivo ya
que al final se trata de eso, y lo planteamos para que su implementación,
de forma consensuada con las comunidades autónomas y los agentes sociales
y empresariales, lo digo explícitamente, señorías, se haga de una manera
ordenada y coherente, punto que me parece difícil de rechazar.

En tercer lugar, estamos planteando una cuestión
significativa, las experiencias de formación en alternancia al sistema
dual. Decimos: bien, pero háganse también sabiendo que estamos hablando
de un largo proceso de adaptación del tejido empresarial español en su
conjunto, que estamos hablando de que lo sustantivo es el sistema
ordinario aunque aceptamos experiencias en comunidades autónomas y aunque
aceptamos experiencias que procedan de la formación dual sistema alemán u
otros parecidos en alternancia de manera coherente. Es más, consideramos
positivo porque la OCDE lo ha recomendado como una buena práctica, y
España ha firmado en diciembre un memorándum con otros países, entre
ellos Alemania, que suscribimos, pero hágase de manera coherente y con
una legislación adecuada.

El Real Decreto de 8 de noviembre de 2012 no es adecuado,
porque contiene toda una serie de ambigüedades que no son adaptables a lo
que es específicamente una formación dual. Nosotros entendemos que en ese
real decreto, además de otras consideraciones de los intervinientes
anteriores, hay cuestiones que consideramos que deben examinarse. Voy a
resumirlo muy brevemente.

Desde el punto de vista de la formación profesional hay
tres requisitos para que sea dual. Primero. La relación entre la empresa
y la persona que va a formarse es una relación laboral. Las personas que
se forman tienen la consideración de trabajadores, de aprendices. Por
eso, están sujetos a la legislación laboral. Y, en el Real Decreto 1529
esta condición se cumple en sistemas

de formación para el empleo, pero se excluye explícitamente
en el sistema de formación profesional dependiente de educación.

Segundo. La formación recibida, si el sistema es dual, debe
conducir a títulos tanto de grado medio, lo que se llama CINE 3, como de
grado superior, CINE 4, y su duración está marcada por las condiciones y
requisitos de esas titulaciones. En ese real decreto esta condición se
cumple en el sistema de formación profesional dependiente de la
Consejería de Educación —que, en cambio, no cumple la condición
contractual— pero no se cumple en el sistema de formación para el
empleo. En este segundo caso, la norma define todas las opciones posibles
para que sea el contrato laboral el que defina en cada caso el tipo de
titulación que el estudiante podrá obtener. La existencia de esto es un
verdadero cajón de sastre.

Tercero. La evaluación de los aprendizajes y buena parte de
la formación se realiza en las empresas y por personal debidamente
cualificado y acreditado. Esta tercera condición no se cumple en ninguno
de los dos sistemas previstos, dado que la evaluación siempre se atribuye
a los centros de formación y serán los organismos públicos los
responsables de garantizar la existencia de procesos de evaluación
adecuados.

En el real decreto hay nada menos que cinco modalidades de
formación y la mayoría de ellas no pueden considerarse formación dual,
porque excluyen algunas de las condiciones más elementales. No alternan
la formación de las empresas con la formación en los centros. Es más.
Parece evidente que cuando se referencian las cinco modalidades, la a, la
b, la c, la d y la e, difícilmente pueden denominarse formación
profesional dual.

Por eso, nosotros llamamos a la enmienda de modificación,
porque si verdaderamente queremos una formación en alternancia, coherente
con los modelos más positivos, debe modificarse este real decreto.
Creemos que no está bien adaptado a nuestro caso y, por eso, decimos que
tanto las experiencias en las comunidades autónomas —se ha citado
aquí al País Vasco, a Cataluña, etcétera—, como otras que pueda
haber, así como las de países de la Unión Europea, debemos saber que son
largos procesos de transición y que debe modificarse la legislación.

En cuanto a la formación profesional dual en Alemania, no
queremos descalificar el sistema, porque es verdad que allí el
reconocimiento de la formación profesional es elevado entre la población
y en el sistema productivo en general. El sistema dual se adapta bien a
las profesiones industriales en las que es necesario utilizar procesos
tecnológicos complejos, maquinaria compleja. En este sentido, Alemania
tiene la ventaja de contar con un amplio tejido industrial y con grandes
empresas que cuentan con instalaciones adaptadas a la formación de
aprendices.

Pero también es verdad que tiene inconvenientes que
conviene soslayar porque no coinciden para nada con nuestra
interpretación de un sistema de formación profesional integrada. Allí es
el alumno el que a edades tempranas tiene que buscar la empresa que pueda
acogerlo como aprendiz. No existe una oferta de plazas de FP a la que los
alumnos puedan acudir. La formación va detrás de los requerimientos de
las empresas. Los alumnos no se preparan para las necesidades futuras de
la economía. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

En el sistema alemán son las empresas y las cámaras de
comercio las que marcan el perfil de la formación, muy ligado a la
empresa y, por tanto, es una formación poco funcional para adaptarse a
las distintas situaciones laborales. Las plazas ofertadas por las
empresas dependen de la situación de la economía. En épocas de
contracción de la economía, las empresas no ofrecen puestos de
aprendices, y los alumnos son segregados a edades muy tempranas. Por
tanto, debemos tomar el sistema con cautela y adaptarlo a la situación
específica de nuestro país, a pesar de que ha tenido muy buenos
resultados de empleabilidad que nosotros reconocemos como tales.

Por otra parte, quisiera llamar la atención sobre el hecho
de que siempre se trata de innovar en el sistema educativo español. Con
esto pasa lo mismo que con el debate que vamos a tener con el señor
ministro, que por cierto va a comparecer aquí el día 21 en la Comisión de
Educación y allí tendremos ocasión de hablar de la LOMCE y de nuestras
discrepancias. No quiero profundizar en ello, pero rebato absolutamente
la idea de que lo que teníamos en la formación profesional era malo; es
todo lo contrario. Yo he vivido la formación profesional desde hace
muchísimos años y he seguido su trayectoria de mejora, cada vez más
acentuada, y de reconocimiento social en nuestro país desde el punto de
vista social y empresarial. En contra de lo que se dice, la formación
profesional ha tenido un altísimo nivel de inserción, prácticamente hasta
el año 2009. Cuando

ustedes dicen que el desempleo juvenil, en España
acentuadísimo, es un drama y que obedece en gran medida a los sistemas
formativos, yo digo que es justo lo contrario, que la formación
profesional no es la causante del desempleo juvenil. La causa del
desempleo juvenil es un sistema productivo obsoleto ligado al sector del
ladrillo que provocó que muchísimos jóvenes se fueran a él, abandonando
prematuramente los estudios, a los que ahora, por cierto, retornan, y a
que ustedes no quieren dotar las plazas para que esos estudiantes se
inserten en la formación, que es lo verdaderamente grave y lo que yo
planteo en el último punto de nuestra enmienda. Lo que yo planteo en este
último punto es que tenemos que hacer un gran pacto por la formación
profesional en España consensuadamente con comunidades autónomas, con
empresarios, con sindicatos, para dotar plazas adecuadas que satisfagan
la demanda. En unos estudios realizados a finales de 2011, se determinaba
la necesidad de 200 000 nuevas plazas de FP, fundamentalmente en el grado
medio. Entremos en esa materia porque si no arreglamos eso, lo demás son
maniobras de distracción.

Con todo el respeto —lo digo sinceramente,
créanme—, este debate, que debe ser el preliminar de un fuerte
debate sobre la formación profesional, debería ser tomado con todo rigor.
Creo, desde luego, que es muy razonable lo que presenta el Grupo
Parlamentario Socialista en estas enmiendas. Es muy razonable y creo
sinceramente que el Grupo Parlamentario Popular en el Senado no incurre
en ninguna contradicción si vota a favor, si es que ustedes quieren
puntos de encuentro, porque nosotros incorporamos el punto único que
ustedes establecen. Ahora, si no quieren ningún entendimiento, si
realmente lo que pretenden es traer aquí...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando.

El señor ALVAREZ ARECES: ... una moción —termino ya,
señor presidente— y que como es tan sencilla hay que votarla, me
parece que eso es demasiado simple para la complejidad del problema; y
los problemas complejos no se pueden resolver de forma simple.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez
Areces.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra la senadora Sáinz.

La señora SÁINZ GARCÍA: Muchas gracias, señor
presidente.

En primer lugar, quería decirle a la senadora Martínez que
la LOMCE prevé la formación profesional básica que está basada en los
PCPI, pero mejorándolos, porque se trata de mejorar nuestro sistema
educativo. Sí, señoría, de mejorar: más calidad, parte teórica, títulos y
abrir algo que es fundamental: caminos para el futuro, pasarelas
—como decía el senador Alturo—, muchas más pasarelas para que
sea eficaz y para dar posibilidades para el futuro.

A todos aquellos intervinientes que mostraban una cierta
suspicacia acerca de esta formación profesional y su desvinculación
también del mundo educativo, quiero decirles que la formación profesional
dual debe ser autorizada por la administración educativa
correspondientemente que se formalizará a través de un convenio con la
empresa colaboradora. El alumno deberá, además, cursar previamente la
formación necesaria que le garantice el desarrollo de la formación en la
empresa con seguridad y con eficacia. Las administraciones educativas son
las que se responsabilizarán de realizar el seguimiento y la evaluación
de estos estudios.

Por tanto, además, senadora Martínez, yo le diría que no
hay ninguna suspicacia. Decir que estamos intentando implantar la
formación dual para eliminar a los profesores es casi caer en el
esperpento. Nosotros lo que buscamos es la eficacia de la formación de
los alumnos, y además hay un control, se lo acabo de decir claramente.
Nuestro gran desafío es conseguir que los jóvenes españoles tengan una
cualificación que les permita su plena inserción laboral ante los retos
de un entorno global, además, cada vez más exigente; un modelo de
formación profesional que ayude a la inserción en el empleo, con carácter
eminentemente práctico, vinculado a las necesidades de las empresas y que
haga también más competitiva nuestra economía.

Creemos que se trata de una alianza robusta, sana, eficaz,
entre los alumnos, las empresas y las administraciones educativas y que
va a garantizar el éxito de la formación profesional. Claramente, la
secretaria de Estado clarificó que el modelo dual no sustituía a la
formación tradicional, ya se lo he dicho, señoría. Hay objetivos
importantes: abrir una vía de formación

atractiva, motivadora, para los más jóvenes para que no
abandonen el sistema escolar, que contribuya, por tanto, a reducir el
abandono escolar que es tan alto en este momento; propiciar una mayor
implicación de las empresas en la formación de los alumnos porque, al
menos, habrá un 33% de horas prácticas; favorecer la empleabilidad,
etcétera. La verdad es que considero que aprender trabajando es algo que
puede, además, incentivar a los jóvenes a adquirir niveles superiores de
cualificación y formación, y eso va a ser fundamental para su futuro; un
modelo dual para cuya aplicación se contempla el establecimiento y
colaboración con las empresas, naturalmente, siempre de acuerdo con las
comunidades autónomas.

Me felicito y nos felicitamos por su desarrollo en muchas
comunidades autónomas, en concreto, señor Alturo, en Cataluña. Nos
alegramos de su satisfacción y de su coincidencia en esos objetivos.
También quiero decir al senador Alturo y a la senadora Sequera, porque ha
hecho referencia a ello, que el real decreto —creo— es
respetuoso con las competencias de las comunidades autónomas. No pueden
acusar permanentemente de invadir competencias de las comunidades
autónomas porque saben que, al final, el tiempo da la razón, eso no es
así. Ustedes, en Cataluña, tienen interesantes proyectos piloto
coincidentes con la nueva formación profesional; vamos a la par. En todo
caso, señor Alturo, le digo algo que usted sabe perfectamente: hay cauces
para el diálogo entre las dos administraciones. Existe también la
conferencia sectorial de educación, que es el marco adecuado para
cualquier debate respetuoso, firme, y casi diría, flexible, donde podrán
llegar a acuerdos —eso deseamos— para que todos juntos
podamos continuar adelante en la organización de una moderna y eficaz
formación profesional, cuyo objetivo nos une a su grupo y al mío.

Respecto a su implementación, como le decía, son las
comunidades y las empresas que muestren su interés en participar las
encargadas de realizarlo dentro de una flexibilidad normativa; proyectos
piloto que son heterogéneos, y con el tiempo se comprobará si el modelo
de la formación dual se puede o no adecuar a nuestro tejido empresarial
de gran diversidad y en el que las pymes tienen un papel importante. Yo
ya le he dicho anteriormente, que el Gobierno ha tomado muchas ideas del
sistema suizo, no solo del de Alemania, adaptándolo a nuestra realidad,
que puede ser acertado, algo que me parece también importante, para que
los jóvenes puedan optar libremente por un itinerario educativo concreto,
partiendo de sus afinidades, que atraiga su atención, que facilite, que
continúe, el sistema educativo y que entren en contacto directo con las
empresas para formarse.

Por lo tanto, señorías, el objetivo es abrir una vía, que
en este momento no existía, atractiva y motivadora para los más jóvenes,
y propiciar esa mayor implicación de las empresas que evite y que ayude a
reducir el paro, que nos permita tener un sistema productivo sostenible y
que dé una respuesta —esto me parece importante— a miles de
jóvenes que en este momento tienen una alta tasa de abandono escolar.
Porque en España, señorías, señor Álvarez Areces, uno de cada tres
jóvenes abandona los estudios sin ninguna titulación. Por tanto, es
necesario y urgente eliminar barreras para mejorar las perspectivas del
mercado de trabajo de los jóvenes, y esta nueva formación profesional
creo que es uno de los caminos. Desde luego, no es el único; desde luego,
hay que trabajar en muchos frentes, como está haciendo el Gobierno,
porque el Gobierno está actuando de forma urgente con muchas medidas de
calado que creemos que pueden ayudar a reducir el desempleo.

Señor Álvarez Areces, en Alemania lo estarán haciendo muy
mal, se estarán equivocando mucho, como usted acaba de decir, pero ya
querríamos en España tener el índice de paro que tienen sus jóvenes y la
inserción en el mundo laboral que tienen los jóvenes alemanes.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio,
por favor.

La señora SÁINZ GARCÍA: La verdad es que la importancia de
una formación profesional es eficaz también para el mundo del empleo y
para la economía. Y con todo respeto, senador socialista, sus políticas
de formación profesional hasta el momento fueron de parálisis. Lejos
quedaron de la eficacia, de la adaptación que ahora usted reclama
permanentemente en relación con las demandas a la innovación constante
que este tipo de formación y estos títulos requieren. Y no lo dice esta
portavoz, naturalmente, que no tendría credibilidad por sí misma, sino
que lo dicen todos los indicadores, algo que el tiempo ha demostrado que
era cierto. Sus acciones y las medidas que durante sus años de Gobierno
dirigieron a la formación profesional no ayudaron a

mejorarla, no sirvieron para dar respuesta a los problemas
que ustedes multiplicaron en muchos años de abandono de unos estudios
que, recuerdo, son básicos, son fundamentales para la inserción en el
mundo laboral, pero que hasta ahora, con su modelo, fue imposible
hacerlo, y es fundamental. Eso es lo que nosotros queremos, cambiar el
ritmo. No fueron capaces de ver que solo saldríamos de la crisis creando
empleo cualificado, y con un 40% de jóvenes sin cualificación que nos
dejaron no podemos ir a ninguna parte. No podemos ir a ninguna parte si
no cambiamos sus políticas porque fueron de parálisis, fueron de freno,
fueron lo más lejano a la eficacia y a la demanda permanente que el mundo
laboral exige.

Pues bien, ustedes han sido incapaces de articular una
formación más dirigida a la adquisición de las destrezas, a las aptitudes
profesionales y a la implicación de las empresas. Lo estamos haciendo
ahora y creo que es fundamental.

Termino, señor presidente, diciendo que agradezco el apoyo
de los grupos que así lo han manifestado y hago una llamada a todos para
que voten a favor de la iniciativa porque creo que es difícil dar la
espalda a que las empresas públicas abran sus puertas, y hay muchas.

Por último, quisiera decirles lo siguiente como reflexión
para todos.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora SÁINZ GARCÍA: Sí, señor presidente. Termino con
esta cita.

El lunes, en un diario nacional, en un reportaje sobre la
formación profesional dual, después de enumerar diferentes proyectos
piloto y distintas iniciativas autonómicas, concluía: Es pronto para
valorar su expansión y su futuro. Los más entusiastas con ellos —y
atiendan, señorías, atiendan— son los propios estudiantes. Citaba
dos nombres y añadía:

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora SÁINZ GARCÍA: No se plantean su futuro pero dicen
que están encantados con su presente.

Señorías, hagamos que más estudiantes estén encantados con
su presente y con su futuro con la nueva formación profesional dual.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sáinz.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Popular
tal y como ha sido presentada.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 242; a favor, 170; en contra, 71; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.
(Aplausos.)

5.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS DE FOMENTO DEL ALQUILER Y LA REHABILITACIÓN
RESIDENCIAL.

(Núm. exp. 662/000069)

AUTOR: GPP

El señor presidente da lectura al punto 5.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado siete
enmiendas. (Rumores.)

Señorías, silencio, por favor. (Rumores.)

A esta moción se han presentado siete enmiendas: tres del
Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los señores Iglesias y
Mariscal; una del Grupo Parlamentario Socialista; otra del Grupo
Parlamentario Vasco; otra del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya, y, finalmente, otra del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió.

Para la defensa de la moción tiene la palabra, en nombre
del Grupo Parlamentario Popular y por tiempo de quince minutos, el
senador Ibarrondo.

El señor IBARRONDO BAJO: Presidente, señorías, muy buenos
días, muchísimas gracias. (Rumores.)

Presento en nombre del Grupo Popular una moción para su
debate sobre vivienda. Permítanme unos datos muy significativos que nos
obligan moral y políticamente a tomar medidas efectivas ante situaciones
sociales y familiares muy difíciles y en algunos casos muy duras. Sí me
gustaría afrontar el debate con claridad en los datos y en el
conocimiento del medio —que lo conocemos— y poniendo sobre la
mesa a los más necesitados y a los más vulnerables en materia residencial
alejándome de todo tipo de alarmismo. (Rumores.)

Estos últimos años se han perdido un millón y medio de
puestos de trabajo relacionados con la construcción: el
sobreendeudamiento de las familias, las ejecuciones hipotecarias, los
desahucios, la rigidez del mercado de alquiler, la inmensa cantidad de
viviendas construidas, terminadas y vacías en el patrimonio edificado de
España de hace treinta, cuarenta e incluso cincuenta años. Démonos cuenta
de que el parque residencial en España es de 25 millones de viviendas.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.
Es imposible oír al senador Ibarrondo. Guarden silencio.

El señor IBARRONDO BAJO: Muchas gracias, presidente.

El 58% de ellas de más de treinta años y seis millones de
más de cincuenta años.

Todo esto nos ha llevado y nos lleva a solicitar al
Gobierno una reorientación en las políticas de vivienda. Es necesario
subsanar errores pasados y adecuarnos a la actual situación corrigiendo
debilidades estructurales donde las actuales y futuras leyes y los
futuros acuerdos beneficien a quien verdaderamente lo necesita.

La ambiciosa política de vivienda tiene tres ejes: fomentar
el mercado del alquiler, concentrar las ayudas al alquiler entre los
grupos sociales más vulnerables e impulsar la rehabilitación residencial,
la regeneración y la renovación urbana. Estos tres ejes tienen tres
claras actuaciones: Ley de medidas de flexibilización y fomento del
mercado del alquiler de viviendas, el Plan de Vivienda 2013-2016 y la Ley
de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

Queremos una vivienda más social y accesible, más
respetuosa con el medio ambiente y que contribuya a regenerar seguridad
vital, empleo y riqueza. El fomento del alquiler permitirá y contribuirá
a la dinamización de este sector. Los datos actuales en materia de
alquiler nos dicen que solo el 17% de la población reside en una vivienda
en régimen de alquiler, frente al 83% que lo hace en una vivienda en
propiedad. Otro dato muy interesante y menos leído es que en torno al 41%
de los emancipados inician su andadura a través del alquiler; la media
europea se mueve en torno al 30%. Esto nos debe hacer pensar en dos
debilidades estructurales de nuestro sistema: el escaso peso que tiene el
mercado del alquiler de la vivienda y la reducida proporción de familias
con bajos niveles de ingresos que accede al alquiler. No podemos seguir
propulsando como objetivo único la propiedad, pues lamentablemente la
actual coyuntura a algunos de ellos les está llevando a situaciones
verdaderamente duras, incluso insostenibles. En España el 25,6% de las
personas con rentas bajas alquilan viviendas, frente al 52,9 en la Unión
Europea. Por otro lado, en España tenemos un patrimonio de alrededor de
tres millones de viviendas vacías, un stock de vivienda nueva sin vender
de casi 700 000 unidades. Podríamos decir que materia prima tenemos y la
tenemos en abundancia, incluso de buena calidad.

Los puntos de esta moción se encaminan a ampliar la oferta
de vivienda en alquiler y así obtener precios más competitivos, un
mercado más profesionalizado, seguro y eficiente. Es evidente que el
mercado necesita y puede dar una gran oferta de vivienda en alquiler.
Esto se refleja en mejoras y en mayor capacidad de elección de los
futuros arrendatarios, también se refleja en la disminución del precio de
alquiler; mejoramos la situación económica y social de muchas personas
que por el alto coste de la vivienda en propiedad no le permite el acceso
a la misma y sin embargo no ve aliciente en un mercado de alquiler
actualmente tan rígido como inseguro, o cuanto menos poco atractivo.
Permitir mayor movilidad de los trabajadores —es otra de las
cuestiones— y ofrecer un acceso más rápido a una vivienda para
aquellos que por cualquier motivo estén obligados a residir fuera de su
residencia habitual.

Estamos obligados a reorganizar la política de vivienda
para dar la vuelta a una situación consolidada por políticas, a veces
inadecuadas, en las que no se tomaron medidas eficaces para

contrarrestar la crisis económica, ni tampoco se adoptaron
medidas para impedir la burbuja inmobiliaria; a generar un buen marco del
derecho actualizado, donde se contemple la libertad de las personas a
poder acordar, insisto, libertad de las personas a poder acordar, a poder
negociar, a poder resolver su propio alquiler.

Transmitamos un mensaje de confianza a la ciudadanía, ya
que ellos lamentablemente están perdiendo la confianza en nosotros y así
poder ir dando pasos en ese nuevo entendimiento. Tenemos que acomodarnos
a la realidad de cómo somos y cómo vivimos actualmente, en estos
momentos.

Señorías, otro punto de la moción es impulsar y fomentar la
rehabilitación con prioridad de la vivienda residencial y así poder
solucionar graves problemas de conservación, accesibilidad e ineficiencia
energética que padece nuestro parque de vivienda. Lo expertos consideran
que España tiene unos 10 millones de viviendas construidas antes de 2001,
que pueden —y deben— ser transformadas en vivienda de bajo
consumo y de baja emisión de gases efecto invernadero. Hacer esto
aportaría beneficios no solo a los propietarios y ocupantes, sino también
al país, generando puestos de trabajo. La rehabilitación de vivienda y la
regeneración urbana son actividades que pueden impulsar el mercado a la
vez que son más sostenibles y, desde el punto de vista ambiental, más
intensivas en empleo; son generadores de empleo de mayor valor y se trata
de actividades más estables, es decir, menos dependientes de los ciclos
económicos.

En la Unión Europea la actividad de rehabilitación en
términos de valor añadido bruto supone en torno al 41% de todo el sector
de la construcción —Alemania llega al 56%. En España, este
porcentaje es del 28%. A pesar de este dato, que es bajo, ha subido
recientemente debido a la reducción de la inversión en nueva vivienda,
como decíamos.

Hay una estimación de 25 millones de viviendas donde más de
la mitad superan los treinta años y cerca de seis millones —como
decía— tienen más de cincuenta años. Por lo tanto, estos datos
demuestran que existe margen para aumentar el volumen del sector.

Los nuevos fines de este patrimonio deberían ser procurar a
los residentes un servicio de vivienda suficiente y de calidad y
accesible; crear con ello una actividad económica, pública o privada,
generadora de empleo, y asumir los objetivos ambientales europeos para
2020—2050, colaborando en reducir la huella ecológica española y
protegiendo la biodiversidad.

La moción, en su punto sobre rehabilitación, tiene como
objetivo proponer una visión estratégica del sector de la edificación en
su vertiente rehabilitadora, buscando la puesta en marcha de un nuevo
sector de la vivienda en España siguiendo las líneas marcadas por la
Comisión Europea en 2011, donde reconoció la necesidad de redoblar sus
esfuerzos en cuanto a eficiencia energética, donde se acordó poner en
marcha una acción ejemplar del sector público rehabilitando al menos el
3% del área construida en su parque de edificios existente a partir de
2014.

El sector de la edificación tiene dos caras: un sector
productivo, el sector de la construcción de nuevos edificios, ordenado
por la Ley de Ordenación de la Edificación y regulado técnicamente por el
Código Técnico de la Edificación, que en el plan de vivienda también hay
intención de seguir ampliándolo, modificándolo y adecuándolo. Esta cara
—la de la nueva construcción—, que generaba más del 10% del
producto interior bruto español y más del 12% del empleo español en el
año 2008, se ha estancado, teniendo como resultado ese stock de 680 582
viviendas nuevas vacías.

Por otro lado, la otra cara de esta moneda representa un
parque de viviendas — y otros edificios existentes— que
requieren ser rehabilitados.

Lo que no se ha promovido en España es un sector económico
propio y autónomo para el mantenimiento y mejora del parque, quedando la
rehabilitación apenas como un hecho marginal.

Por todo ello, el sector de la edificación no puede
—ni debe— reconstruirse sobre las mismas bases de su
desarrollo hasta la actualidad. (La señora vicepresidenta, Vicente
González, ocupa la Presidencia.) El nuevo subsector que se crea y que
debe mantener la habitabilidad de la sociedad que demanda debe tener los
instrumentos necesarios para el cambio hacia una economía eficiente y
sostenible, como un factor clave de mejora de la competitividad de
nuestra economía y un entorno global.

Por último, señorías, es necesario poner en marcha un nuevo
plan de vivienda que lleve a cabo una reorientación de la política de
vivienda, apoyando el alquiler, la rehabilitación, la

regeneración y la renovación urbana. Y por todo ello
—y con esto concluyo— hemos presentado esta moción con la
sincera ilusión de que todos ustedes puedan sumarse a este proyecto tan
de actualidad y necesario para la sociedad.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Para la defensa de sus enmiendas del Grupo Mixto, tiene la
palabra el senador Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, en primer lugar quisiera mostrar, desde Izquierda
Unida, y en nombre de mi formación política en esta Cámara, nuestras
condolencias hacia el pueblo venezolano, el pueblo bolivariano y el
pueblo latinoamericano por la muerte de un importante dirigente
democrático de América Latina. (Rumores.)

El contexto en el que estamos hablando y en el que se
presenta esta moción es la aprobación del plan estatal de fomento del
alquiler y de regeneración urbana, que es inminente, no sabemos si en el
Consejo de Ministros de esta semana o quizá en el siguiente. Quizá si el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular lo supiera, sería interesante
que nos facilitara esa información. De hecho esta moción ayuda a saber
por dónde van a ir los tiros de ese plan.

Efectivamente el Grupo Popular habla por primera vez de la
necesidad de abordar el stock de viviendas. Un cambio de modelo en la
tenencia de viviendas que prime el alquiler sobre la propiedad. Revisando
datos para abordar este debate me he encontrado con que en el censo de
1950 figura que en ciudades como Madrid o Barcelona solamente el 5% o el
6% del stock de viviendas eran en propiedad; y en Sevilla un 10%. Y este
es un dato curioso porque desde entonces hasta ahora se ha ido
implementando y desarrollando la cultura que puso en marcha aquel
ministerio de la vivienda franquista sobre lo importante que era tener
una vivienda en propiedad, una cultura que en nuestro país ha ido
calando, y que ha tenido bastante éxito en nuestra sociedad. Y ahora
vemos que quizá eso no estuviera muy bien hecho, ni siquiera para
integrarnos en esas sociedades europeas, donde la cultura de la propiedad
no es tan grande y donde se facilita el acceso al alquiler desde el
mercado público.

De todas formas creemos que lo que se esconde en las
medidas que el Partido Popular está poniendo en marcha, como la Ley de
Arrendamientos Urbanos, el fomento del mercado de alquiler mediante
sociedades de gestión de capital variable que han pasado de tributar un
19% al 0%, o la rehabilitación basada en el modelo público-privado, es
construir la segunda burbuja inmobiliaria; esto es lo que hay detrás de
este plan que se va a aprobar de forma inminente por el Consejo de
Ministros. Y lo que se pretende, por tanto, es seguir delegando en el
mercado la regulación de un derecho fundamental, como es el derecho a la
vivienda con medidas ultraliberales.

Cuando hablamos de vivienda cualquier medida que no aborde
la cuestión de los desahucios ni el alquiler social es una iniciativa que
no va a solucionar el problema en nuestro país. Porque el stock de
vivienda, señorías, es importante, pero no se habla, no se debate, no se
dice nada de los cinco millones estimados de viviendas vacías que hay en
nuestro país ni de la función social que tiene que cumplir la vivienda ni
del derecho a la vivienda como derecho social. ¿Y qué hacemos con esos
cinco millones de viviendas vacías que aproximadamente hay en nuestro
país?

Nosotros consideramos que hay que regularlas, que hay que
imponer sanciones a aquellos que tienen segundas, terceras y cuartas
viviendas sin introducir en el mercado, y que esa sería la manera de
dinamizar el mercado del alquiler.

Por tanto, mi grupo parlamentario presenta una enmienda
suave, que dice que hay que contribuir a la ampliación del parque de
vivienda en alquiler del que son titulares públicos comunidades autónomas
y ayuntamientos, y otras dos enmiendas que consideramos que son las
únicas que pueden solucionar —porque estamos hablando de un derecho
social— la incapacidad de garantizarlo por parte de las
instituciones, y que hablan de impulsar las medidas necesarias para la
paralización inmediata de los desahucios, siempre que se trate de la
vivienda habitual y de los deudores de buena fe, e introducir la dación
en pago en la legislación hipotecaria con efectos retroactivos. Estas dos
medidas a su vez aparecen en la iniciativa legislativa popular que fue
admitida a trámite en el Congreso de los Diputados recientemente, cuya
inclusión en esta moción nos serviría para saber cuál es la intención del
Partido Popular a la hora de introducir estas medidas en la legislación
hipotecaria de nuestro país.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Para la defensa de su enmienda, por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador Espadas.

El señor ESPADAS CEJAS: Gracias, señora presidenta.

Senador Ibarrondo, vaya por delante nuestra felicitación
por traer a esta Cámara una moción para intentar dinamizar el sector de
la vivienda, para fomentar el mercado de alquiler, para hablar de la
rehabilitación residencial, porque me parece una cuestión enormemente
importante y relevante. Pero, como ha dicho un senador del Grupo
Socialista, es un tema bien complejo, bien importante que, a nuestro
juicio, requiere sin duda de una moción que profundice más, que se moje
con la realidad actual, porque entendemos que esta moción aporta poco
para conseguir el objetivo ambicioso que usted plantea y que podemos
compartir; de hecho, verá en nuestra enmienda de sustitución que
compartimos muchos elementos.

Señorías, mi grupo parlamentario considera que la necesidad
de contar con una oferta más amplia de vivienda en alquiler a precio
asequible y la generación de empleo que pueda conllevar sin duda merece
un compromiso más concreto del Gobierno de España y desde luego de esta
Cámara. Por tanto, nuestra enmienda de sustitución intenta ir en esa
dirección, en el sentido no solo de aceptar lo que usted nos plantea con
carácter general, sino avanzar algo más.

En primer lugar, no es por casualidad que ustedes presenten
esta moción en esta Cámara en estos momentos. Se acaba de debatir y
aprobar en la comisión correspondiente en el Congreso ese Proyecto de Ley
de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de
Viviendas y supongo que, obviamente, usted comparte su contenido, a pesar
de que en el texto de la moción ni siquiera se cite. Pero entiendo que
los incentivos de los que habla y a los que se ha referido en su
presentación irán por el mismo camino del proyecto de ley; y, si es así,
le planteo en mi enmienda las dudas que me genera que eso pueda
—como usted loablemente quiere conseguir— dinamizar el
mercado de alquiler. Por cierto, el Consejo Económico y Social opina lo
mismo; también tiene dudas de que estas medidas vayan a conseguir ese
objetivo, y por una razón evidente, y es que para conseguir el objetivo
—coincidirá conmigo, señoría— no solo hay que dinamizar la
oferta sino que al mismo tiempo habría que no restar incentivos a la
demanda, a los potenciales arrendatarios que estuvieran dispuestos a
alquilar en determinadas condiciones.

Por ello, le propongo añadir a su texto que esos incentivos
a los propietarios de viviendas vacías se hagan sin desequilibrar la
relación arrendador-arrendatario y garantizando una protección
constitucional del derecho a la vivienda, cosa que obviamente usted tiene
que compartir conmigo.

Por esta razón le proponemos la retirada del proyecto de
ley que se está tramitando en estos momentos en el Congreso, porque
pensamos que precariza notablemente la situación del arrendatario y no
justifica, salvo que usted me diga lo contrario en su intervención, que
vaya a conseguir activar mejor el mercado de alquiler.

En segundo lugar, nuestra enmienda plantea impulsar nuevas
modificaciones legislativas en la Ley del Suelo, porque creemos que no
basta con garantizar una reserva de suelo para vivienda protegida en
régimen de alquiler, sino que es necesaria una mayor capacidad para
garantizar que esto se produzca, incluso para sancionarlo si no se
produjera. Consideramos asimismo importante revisar el marco regulatorio,
desde el punto de vista del tratamiento fiscal de la vivienda, para
incentivar la oferta en alquiler de la vivienda actualmente desocupada;
una cuestión que probablemente usted también comparte.

En tercer lugar, planteamos que si de verdad queremos
—como manifestó el señor secretario de Estado— un cambio real
para avanzar en un mercado de alquiler más potente, necesitamos una
sociedad de promoción pública y de gestión de vivienda protegida en
alquiler en España; y consideramos que sería posible tenerla dentro del
propio Ministerio de Fomento con los recursos que ahora mismo tiene el
propio ministerio —los que tenía de Sepes—, y hacerlo,
además, financiándose a través de fondos ICO.

En cuarto lugar, entendemos que su moción debería
reforzarse —y lo hacen también otros grupos— hablando de
mejorar e intensificar la colaboración con las comunidades autónomas y
con los ayuntamientos, fundamentalmente para optimizar la producción
pública y la obtención de

suelo urbanizado. Pero sobre todo le hago hincapié en una
cuestión: creemos fundamental que se ceda a las comunidades autónomas el
mayor número posible de viviendas en manos de las entidades financieras.
Esa es la realidad que ahora mismo tiene nuestro país. Creemos que esas
entidades financieras que han recibido ayudas de FROB deberían hacer
justamente lo que el país necesita ahora mismo, y es destinar el mayor
número posible a alquiler social con prioridad para las personas víctimas
de desahucios.

Señorías, para nosotros este es un tema muy importante que,
sin duda, debería incluirse en esta moción; si no, estaremos hablando
—si me lo permite— de cuestiones legítimas, loables, que
podemos compartir, pero que los ciudadanos que están en la calle no ven
como la realidad del problema que tenemos ahora mismo.

En quinto lugar, entendemos que es necesaria una referencia
a la preservación del derecho a la vivienda, y debe venir acompañado de
medidas legislativas para facilitar, en este caso, la permanencia en ella
como arrendatario de quienes, por insolvencia sobrevenida, no puedan
hacer frente a su deuda hipotecaria. Esa es la realidad y, si queremos
hablar de alquiler, hablemos también de esos arrendatarios, porque podría
ser una fórmula o una salida posible cuando se ven ante la imposibilidad
del pago de su deuda hipotecaria y la entidad financiera, en este caso
con el marco regulatorio...

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya
terminando.

El señor ESPADAS CEJAS: ... que así lo previera, tendría
que darle esa solución.

Termino, señoría. Por último, evidentemente, compartimos,
desde el punto de vista de la generación de empleo, del ahorro y la
eficiencia energética y de las posibilidades que ahora mismo tiene
nuestro país, lo que se refiere a incrementar la rehabilitación
residencial. Entendemos que es necesaria una gran operación de Estado en
esta materia y hacerlo en colaboración con las comunidades autónomas y
con los ayuntamientos. Nosotros sí creemos que es posible, y además debe
analizarse cómo financiarlo no exclusivamente desde las administraciones
o los propietarios, sino intentando incentivar la búsqueda de una
financiación público-privada, en este caso a diferencia de lo que plantea
el representante de Izquierda Unida. Creo que sobre ese tema deberíamos
ser capaces de debatir en esta Cámara, y así lo vamos a intentar.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, para la
defensa de la enmienda, tiene la palabra la senadora Leanizbarrutia.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Eskerrik
asko.

Hemos presentado una enmienda al tercer punto en la que se
pide que en el plan estatal que se vaya a realizar se respeten
escrupulosamente las competencias que en este tipo de materias tienen las
comunidades autónomas, precisamente porque entendemos que en el País
Vasco, en Euskadi hemos tenido una buena política de vivienda, y no
queremos que un plan estatal no contemple ni respete sus
competencias.

Y sí quiero advertir al Grupo Parlamentario Popular que
siempre se les escapa la mención a las comunidades autónomas. Es decir,
no es solo colaborar y participar; es colaborar y participar, pero cada
uno con sus competencias.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Para la defensa de su enmienda, por el Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gràcies, senyora presidenta. Bon
dia, senadors i senadores.

Abans de res, senyor Ibarrondo, li vull transmetre la meva
perplexitat. Quin sentit té realment presentar aquesta moció quan els dos
projectes de llei que suposadament l’han de sostenir, un ja ha
sigut discutit al Congrés i està a punt d’arribar i l’altre
està a punt de ser presentat com a avantprojecte pel Consell de
Ministres? Realment, quin sentit té aquest debat? Per això hem presentat,
senyor Ibarrondo, l’esmena al punt cinquè, que demana, si vol que
li donem suport a la

seva moció, la suspensió del debat del projecte de llei que
s’està tramitant al Congrés, perquè si no què estem fent? Què estem
discutint, si el projecte de llei ja camina, ja està sent debatut en
aquest Parlament?

A banda d’això, senyor Ibarrondo, li vull expressar i
intentar explicitar de manera succinta els motius pels quals hem
presentat un seguit d’esmenes a la seva moció.

És obvi que compartim els objectius de fons que expressa la
moció: hi ha d’haver més lloguer per reequilibrar el mercat
immobiliari a Espanya. És evident que hi ha d’haver un nou impuls a
la rehabilitació i la regeneració urbana al nostre país. Però que
compartim aquests objectius no vol dir, primer, em sembla que compartim
del tot els motius pels quals es proposen aquestes accions. Vostès en la
seva exposició de motius precisament només parlen de qüestions
econòmiques, de fonaments estrictament econòmics, quan per nosaltres els
motius també tenen a veure amb l’àmbit social, el dret a un
habitatge digne, l’accés a l’habitatge i les condicions
d’aquest habitatge, i també el model de societat i urbanisme que
configura les polítiques de lloguer i de rehabilitació. Enfront de la
cultura de la propietat, enfront d’un urbanisme difús, depredador
del territori, que desarticula els vincles socials, nosaltres proposem,
defensem, un urbanisme dens, dens en la ciutat, dens en les relacions
humanes. Per això em sembla que no compartim els motius pels quals es
busquen aquests dos objectius.

Però em sembla que encara menys compartim els camins a
través dels quals s’han d’aconseguir aquests objectius. En el
seu text, senyor Ibarrondo, en la moció del Grup Popular, hi ha quatre
paraules que no hi són i que per nosaltres són clau. No hi surt la
paraula demanda, només parlen d’estimular l’oferta. Nosaltres
creiem que també s’ha d’estimular per la part de la demanda
dels potencials adquirents d’habitatge en règim de lloguer. No
parlen dels arrendataris, no surten els drets i les garanties que també
han de tenir els arrendataris. No parlen d’estímuls fiscals,
absolutament imprescindibles en qualsevol política profunda i seriosa de
foment del lloguer i la rehabilitació i la regeneració urbana.
Evidentment, no surt la paraula pressupost per enlloc i tampoc la paraula
públic, com si tot ho hagués d’arreglar el mercat. I a hores
d’ara ja salvem perfectament i hem viscut en les nostres carns com
a societat que el mercat per si sol no només no arregla res, sinó que
empitjora moltíssim les condicions de les persones i, a més,
l’eficàcia de la nostra economia.

És per això, senyor Ibarrondo, que hem presentat la resta
d’esmenes, perquè surtin aquestes paraules, perquè si vostè creu i
pensa que ens podem sumar a la seva moció de manera per nosaltres
irrenunciable hi ha de sortir el conjunt d’enfocaments que tenen a
veure amb estimular la demanda, garantir els drets dels arrendataris,
impulsar polítiques fiscals i defensar el paper de l’esfera pública
en les polítiques de lloguer i de regeneració urbana.

Gràcies, senadors i senadores.

Gracias, señora presidenta. Buenos días, señoras y señores
senadores.

Ante todo, senador Ibarrondo, me gustaría transmitirle mi
perplejidad. ¿Qué sentido tiene en realidad presentar esta moción cuando
los dos proyectos de ley, que supuestamente deben fundamentarlo, uno ya
ha sido discutido en el Congreso y está a punto de llegar aquí, y el otro
está a punto de ser presentado como anteproyecto en el Consejo de
Ministros? ¿Qué sentido tiene realmente este debate? Por eso, señor
Ibarrondo, hemos presentado una enmienda al punto quinto que, ya que
usted solicita nuestro apoyo, pide la suspensión del debate del proyecto
de ley que se está tramitando en el Congreso, porque, si no, ¿qué estamos
haciendo?, ¿qué estamos discutiendo, si el proyecto de ley ya está
andando y está siendo debatido en este Parlamento?

En otro orden de cosas, senador Ibarrondo, me gustaría
intentar explicarle de forma sucinta los motivos por los que hemos
presentado una serie de enmiendas a su moción.

Es evidente que compartimos los objetivos de fondo que
expresa la moción: debe haber más alquiler para poder reequilibrar el
mercado inmobiliario en España, y también es evidente que debe darse un
nuevo impulso a la rehabilitación y la regeneración urbana en nuestro
país. Sin embargo, compartiendo estos objetivos, ello no significa que
compartamos del todo los motivos por los que se proponen dichas acciones.
Ustedes, en su exposición, solo hablan de cuestiones económicas, de
fundamentos estrictamente económicos, cuando para nosotros los motivos
también guardan relación con el ámbito social, el derecho a una vivienda
digna, el acceso a ella y sus condiciones, y tiene que ver también con el
modelo de sociedad y urbanismo que configuran

las políticas de alquiler y rehabilitación. Ante la cultura
de la propiedad, de un urbanismo difuso, depredador del territorio que
desarticula los vínculos sociales, nosotros proponemos y defendemos un
urbanismo denso, denso en la ciudad, denso en relaciones humanas. Por
eso, me parece que no compartimos los motivos por los que se buscan estos
dos objetivos.

Pero me parece que aún menos compartimos los caminos a
través de los cuales deben lograrse esos objetivos. En su texto, señor
Ibarrondo, en la moción del Grupo Popular hay cuatro palabras que no
están y que para nosotros son clave. No aparece la palabra demanda; tan
solo hablan de estimular la oferta. Nosotros pensamos que también debe
estimularse la demanda, los potenciales adquirentes de vivienda en
régimen de alquiler. Y tampoco habla de los derechos y garantías de los
arrendatarios, ni de estímulos fiscales, absolutamente imprescindibles en
cualquier política profunda y seria de fomento del alquiler y de
rehabilitación y regeneración urbana, ni aparecen por ningún lado las
palabras presupuesto y público, como si todo lo debiera arreglar el
mercado. A estas alturas sabemos, porque lo hemos vivido en nuestras
propias carnes como sociedad, que el mercado por sí mismo no solo no
soluciona nada sino que, de hecho, empeora, y muchísimo, las condiciones
de las personas así como la eficacia de la economía.

Por ese motivo, señor Ibarrondo, hemos presentado las demás
enmiendas, para que aparezcan estas palabras, porque, si usted cree que
realmente podemos sumarnos a su moción, para nosotros, de forma
irrenunciable, deben aparecer todos estos enfoques que tienen que ver con
estimular la demanda, garantizar los derechos de los arrendatarios,
impulsar políticas fiscales y defender el papel desempeñado por la esfera
pública en las políticas de alquiler y regeneración urbana.

Gracias, senadoras y senadores.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra la
senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, presidenta.

Voldria, abans d’entrar al detall de les qüestions
que planteja el senador Ibarrondo, també fer unes reflexions.

Per part del Grup Parlamentari Català de Convergència i
Unió quedem molt parats que es pugui presentar aquesta moció tenint en
compte que el Projecte de llei de mesures de flexibilització i foment del
lloguer va ser aprovat el passat dia 27 i, si no estem equivocats, entra
aquí al Senat aquest mateix divendres, d’aquí a tres dies. És
veritat que tota aportació que permeti sacsejar aquesta informació pot
ser benvinguda, però d’altra banda trobo que és molt sorprenent,
tenint en compte la immediatesa d’aquest debat.

Dit això, una segona reflexió que li vull fer al senador
Ibarrondo és que em sorprèn molt, òbviament el que estem fent ara és el
que toca, que cadascú de nosaltres aporti les reflexions a partir de les
esmenes que hem incorporat en la moció que vostè ha presentat, però
arribar aquí quan vostè ni tan sols una sola vegada s’ha acostat a
parlar amb aquelles persones —almenys parlo pel meu grup— per
intentar transaccionar si més no entre el que vostès diuen i el que
nosaltres diem, o senzillament dir: nosaltres d’aquí no ens mourem
gens, ni un punt, ni una coma, però almenys poder tenir aquesta petita
aproximació des del punt de vista del debat.

I tercer element que també vull comentar —jo ja ho he
dit més d’una vegada, però veig que, és clar, serà tantes vegades
com sigui necessari, òbviament—, que crec que és una cosa que fa
molt mal als debats i les cambres parlamentàries, i la política en
general, que són aquestes mocions retòriques. Una vegada més, permetin-me
dir que crec que vostè presenten una moció retòrica, una moció en què diu
apostar pel mercat de lloguer per tal que sigui una alternativa eficaç al
de la propietat, però que a l’hora de la veritat després no
s’acaba d’explicar ben bé. Impulsar i fomentar la
rehabilitació residencial, la renovació i la regeneració, però sense
entrar en el detall. I després el Pla d’habitatge, però evidentment
sense les partides pressupostàries i el compromís respecte a les
comunitats autònomes que vostès anomenen. Per tant, una vegada més és la
filosofia, la política de la retòrica, però sense compromís puntual.

Permeti’m que expliqui breument quines són aquelles
aportacions que hem fet al primer punt. Nosaltres hem afegit al primer
punt: «garantir una situació equilibrada entre el propietari i el
llogater, com la que estableix l’actual Llei d’arrendaments
urbans». Per nosaltres és un equilibri entre drets i deures, que és més
just, més equitatiu, i pot garantir protegir molt més els dèbils.

Incorporem a aquest punt: «cedir temporalment un
percentatge dels habitatges propietat del SAREB amb programes de política
social d’habitatge per ser utilitzats com a habitatge social. Les
administracions territorials corresponents podran gestionar dits
habitatges amb caràcter social directament o mitjançant entitats sense
fins de lucre».

Al segon punt afegim on vostès diuen impulsar i fomentar la
rehabilitació residencial que per nosaltres: «es fa necessari que els
contractes d’habitatges urbans garanteixin una duració mínima de
cinc anys per tal que els arrendataris tinguin incentius per poder
invertir en els seus habitatges» i, per tant, la rehabilitació
residencial de ben segur queda a llarg termini molt més garantida.

Finalment, quan vostès parlen d’aprovar un nou pla
estatal de foment del lloguer d’habitatges, aquí nosaltres
incorporem, efectivament, un cop: «aclarit el tancament pressupostari del
Pla d’habitatge 2009-2012, garantir el pagaments dels compromisos
adquirits, simplificar el projecte del Pla 2013-2016, limitant-ne els
continguts a aquells que corresponen a la reserva competencial de
l’Estat, i sobre aquestes bases de planificació en matèria
d’habitatge dotar adequadament de fons el Pla 2013-2016, incloent
els instruments de crèdit». És a dir, més enllà de la filosofia, que la
bondat se’ns suposa a tots, més enllà dels bons propòsits, que
se’ns suposa que els tenim tots, clarificar de manera molt més
puntual, exactament, què representa cada una d’aquestes coses i de
quina manera es pot fer.

Senyor presidenta, gràcies.

Gracias, señora presidenta.

Antes de entrar en el detalle de las cuestiones que plantea
el senador Ibarrondo, me gustaría hacer algunas reflexiones.

También sorprende al Grupo de Convergència que se presente
esta moción, teniendo en cuenta que el Proyecto de Ley de Medidas de
Flexibilización y Fomento del Alquiler fue aprobado el pasado día 27 y,
si no nos equivocamos, entra en el Senado este mismo viernes, es decir,
dentro de tres días. Es verdad que cualquier aportación que permita
tratar este tipo de información puede ser bienvenida, pero, por otro
lado, me parece bastante sorprendente, teniendo en cuenta la inmediatez
de este debate.

Dicho esto, me gustaría hacerle una segunda reflexión al
senador Ibarrondo. Obviamente lo que estamos haciendo ahora es lo que
debe hacerse, que cada uno de nosotros aporte sus reflexiones a partir de
las enmiendas que hemos incorporado a la moción que usted ha presentado.
Sin embargo, usted ni una sola vez se ha acercado a hablar con estas
personas —yo, hablo en nombre de mi grupo—, ni siquiera se ha
acercado para intentar transaccionar entre lo que ustedes dicen y lo que
decimos nosotros, o sencillamente para decir: mire usted, nosotros no nos
vamos a mover un ápice, no vamos a mover ni una coma ni un punto, pero,
al menos, hubiéramos podido tener esta pequeña aproximación para un
posible debate.

Un tercer elemento que me gustaría mencionar —lo he
dicho en varias ocasiones, pero lo voy a repetir todo lo que sea
necesario— y que afecta en negativo a los debates en las Cámaras
parlamentarias son las mociones retóricas. Y una vez más, si me lo
permite, me parece que usted presenta una moción retórica. Se dice:
apostar por el mercado del alquiler para que sea una alternativa eficaz a
la propiedad, pero a la hora de la verdad esto no se acaba de explicar
exactamente. Luego habla de impulsar y fomentar la rehabilitación
residencial, la renovación y la regeneración, pero, una vez más, sin
entrar en detalle. Después, habla del Plan de Vivienda, pero sin las
partidas presupuestarias. Y luego está el compromiso respecto a las
comunidades autónomas, que usted ha mencionado, lo cual, una vez más, es
filosofía; es la política de la retórica, pero sin un compromiso
puntual.

Si me lo permite, me gustaría también explicar brevemente
cuáles son las aportaciones que hemos realizado. En el primer punto,
nosotros hemos añadido: «garantizando una situación equilibrada entre el
propietario y el inquilino como la que establece la actual Ley de
Arrendamientos Urbanos». Para nosotros es un equilibrio entre derechos y
deberes más justo, más equitativo y puede garantizar y proteger mucho más
a lo débiles. Añadimos también en este primer punto: «Ceder temporalmente
un porcentaje de las viviendas propiedad del Sareb, a ayuntamientos y
comunidades autónomas con programas de política social de vivienda para
ser utilizadas como viviendas sociales. Las administraciones
territoriales correspondientes podrán gestionar dichas viviendas con
carácter social directamente o mediante entidades sin fines de
lucro».

En el segundo punto, ustedes hablan de impulsar y fomentar
la rehabilitación residencial, y nosotros añadiríamos: «Para ello se hace
necesario que los contratos de viviendas urbanas garanticen una duración
mínima de cinco años para que los arrendatarios tengan incentivos para
poder invertir en sus viviendas»; por lo tanto, todo lo que tiene que ver
con la rehabilitación residencial, evidentemente, a largo plazo, queda
así más garantizada.

Por último, ustedes hablan en el último punto de aprobar un
nuevo plan estatal de fomento de alquiler de viviendas, y nosotros
añadimos: «Aclarar el cierre presupuestario del Plan de vivienda
2009-2012, garantizando el pago de los compromisos adquiridos.
Simplificar el proyecto del Plan 2013-2016, limitando sus contenidos a
aquellos que corresponden a la reserva competencial del Estado, sobre
bases de planificación en materia de vivienda. Dotar adecuadamente de
fondos el plan 2013-2016, incluyendo los instrumentos de crédito». Es
decir, más allá de la filosofía, porque la bondad se nos supone a todos,
más allá de los buenos propósitos, que, una vez más, suponemos que los
tenemos todos, calificar de forma mucho más puntual lo que exactamente
representa cada una de estas cosas y cómo se pueden lograr.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Para
manifestar si acepta o no las enmiendas del resto de los grupos, senador
Ibarrondo, tiene la palabra.

El señor IBARRONDO BAJO: Muchísimas gracias, señora
presidenta.

Señorías, estudiando con atención y mucho interés todas sus
enmiendas, es evidente que todos hemos perseguido el mismo fin. La
finalidad es claramente apostar por el alquiler, por la rehabilitación, y
tener un acertado plan de vivienda, focalizándonos, como decíamos con
anterioridad, en estas personas más vulnerables o que persiguen el acceso
a la vivienda, pero para las que el camino ha sido hasta el momento
bastante difícil. Y como es normal en política, cada grupo parlamentario
tiene su visión, su recorrido y sus alternativas, y así se ha visto.

Paso a decirles, una vez estudiadas estas enmiendas, las
que consideramos que debemos aceptar en su justa medida. Habría que
incluir la redacción íntegra de la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco
para el punto 3: «Aprobar un nuevo plan estatal que, respetando las
competencias que en esta materia tienen las comunidades autónomas…»
Yo creo que el Grupo Parlamentario Popular siempre ha respetado esas
competencias y ha tenido en cuenta lo que manda la Constitución.

Aceptaríamos una segunda enmienda del Grupo Parlamentario
Mixto, presentada por Jesús Enrique Iglesias Fernández, y que ha
defendido el senador Mariscal, que pretende añadir un quinto punto que
dice textualmente: «Contribuir a la ampliación del parque de viviendas en
alquiler del que son titulares comunidades autónomas y ayuntamientos».
Estas serían las enmiendas que aceptamos.

Respecto de las otras enmiendas, al senador Espadas, a la
senadora Candini y a los portavoces de los demás grupos parlamentarios,
les diría que estamos muy cerca y en una línea muy similar. Sin embargo,
no podemos aceptar enmiendas en las que nos piden que paralicemos. Se
propone paralizar una ley que está llegando, y no lo digo por la señora
Candini a la que veo gesticular. Es evidente que nosotros nos situamos en
positivo, en traer más medidas. Porque usted, señora Candini, decía que
igual no procedía esta moción, que tenía mucha retórica, pero sepa que el
portavoz de su grupo parlamentario en el Congreso, el otro día, en esa
comisión donde se aprobaba esta ley de flexibilización, proponía revisar
algunas cosas en el Senado. Por lo tanto, es oportuno cuando se traiga
aquí.

Respecto a la revisión de ese fondo de viviendas sociales,
su grupo parlamentario ha propuesto dos veces esa enmienda, las números
41 y 71, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, para
que esas viviendas sociales del acuerdo alcanzado con la FEMP y el FROB
se pongan a disposición de los ayuntamientos. Nosotros les contestamos
que en estos momentos hay dos comisiones abiertas en las que está
involucrada la FEMP; una comisión de seguimiento para que estemos atentos
a que esas viviendas y su adecuación puedan llegar a las personas que
verdaderamente las necesiten. Por lo tanto, hay una comisión constituida
para ese seguimiento.

Al Grupo Parlamentario Socialista le diría, como le decía
antes en los pasillos a su portavoz, que podíamos llegar a coincidir en
un 60% de sus enmiendas —incluso él me hablaba de más de un 60%, y
puede ser—, pero no podemos volver a tropezar en la misma piedra.
No podemos

volver —y voy a ser muy respetuoso— al error de
la Sociedad Pública de Alquiler, de la que todavía tenemos un agujero
presupuestario importantísimo y cuyo resultado fue pésimo. Por lo tanto
volver a hacer una sociedad para potenciar el régimen de alquiler en los
términos que ustedes nos plantean es volver a incidir en un error que
damos por pasado, por reconocido, y que no tenemos que repetir. Por eso
hemos rechazado esa enmienda.

Y por último, al portavoz de la Entesa pel Progrés le diré
que agradezco su interés, pero que nosotros no podemos paralizar nada,
sino todo lo contrario. Ahora bien, seguimos abiertos a su ofrecimiento
de colaborar con el equipo de Gobierno.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

¿Turno en contra? (Denegaciones.) No hacen uso de la
palabra.

Turno de portavoces. ¿Grupo Parlamentario Mixto?
(Denegaciones.) No hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra la senadora Leanizbarrutia.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Eskerrik asko,
presidenta, egun on, senatariok.

Hemen natorkizue gure taldearen jarrera agertzera.

Talde popularrari esan mozio honetan jasotzen diren puntu
ezberdinetan, bada oro har, bat gatozela, eta baita ere, legea hor
dagoela eta pentsatzen dugula legearen aurrean gaudenean hobetzeko bideak
izango ditugula baina espiritua behintzat, mozioarena, iruditzen zaigu
egokia badela. Hobetu egin behar da, baina etorriko da bere momentua.

Senatariok, zergatik uste dugu puntu batzuk hemen
onargarriak izan daitezkeela, birplanteatu egin behar dugulako
etxebizitza-politika. Egoera ekonomikoak horrela eskatzen duelako eta
egoera sozialak ere eskatzen duelako.

Argi dago etxebizitzen politika beti ere gauza bizia denez,
pertsonen bizitzan eragin zuzena duenez, ezinbestekoa dela egokitze-lanak
egitea behin eta berriz. Beraz, egokitu egin behar dugu, gizartea
aldatzen den, gorputz bizi bat bezala aldatzen den neurrian, egokitu egin
behar ditugu guk ere legeak eta egokitu behar ditugu, tresnak jarri behar
ditugu erantzuteko, giro edo garai berriei.

Argi daukagu etxebizitzen politika izugarri aldatu dela.
XIX. mendean, nik beti egiten dut hemen aipamen historikoa, zeren uste
dut oso inportantea dela legeen espiritua, gero ere kontuan izan dezan,
aurrekari batzuk. Ikusten dugu XIX. Mendean meategiak eta industria oso
pisutsuaren inguruan enpresek egiten zituztela beren etxebizitzak
langileentzako. Ikusten dugu, ere Estatuan ematen dela izugarrizko
immigrazioa, langileria nekazaritza mundutik industrializazio-tokietara
doa eta orduan horrek izugarrizko arazo soziala sortzen du
etxebizitza-ezagatik.

Gure emendakin horretan esaten genuen gure eskumenak
errespetatu behar ditugula. Betiere, Estatuak errespetatu behar du
Konstituzioak eta Estatutuek ematen dizkiguten eskumenak. Gainera, gure
kasuan uste dugu politika polit bat egin dugula eta politika hori hobetu
egin behar dugula, eta beharbada ere izan daitekeela eredugarri Estatuko
zenbait lurralde eta komunitateentzat.

Aipatu nahi dut eta omenaldi bat egin nahi dut, gure oso
gizon maitatua, Ricardo Bastida. Eta hau dator honetara: Bilboko
Udaletxeak, XIX. mendearen bukaeran edo XX. mendearen hasieran, ikusita
Bizkaian zetorren migrazio handi hura, Udaletxeak planeatu zuen
Torreurizar etxebizitzen obra soziala. Egin zituen 1381 pertsonentzako
bizitzeko, 265 etxebizitza, 24 bloke ederrak. Torreurizar, Bilboko
proiektu hori, izan zen Europa mailan, saritua. Saritua, Udaletxeak
egindako apustua duintasuna emateko langileriari. Lan soziala benetan.
Adibidez, Ricardo Bastidak diseinatu zuen auzo horretan, langile
bakoitzak zituen 4 logela, etxe bakoitzak, sukaldea, bainugela eta baita
ere sarrera eta bestibuloa. Hori, jaun-andreok, frankismo denboran
gogoratuko duzue 60 metrotan egiten ziren etxebizitza haietan, familia
handiek nola bizi izan diren. Askoz ere lehenagotik, udal politika batek
egin zituen benetan duintasuna eman langileari. Beno, hori aipatu egin
behar dugu zeren ezin dugu ahaztu politikan egin diren gauza onak ere,
aldarrikatu egin behar ditugulako. Eta eredugarri behar dutela izan
guretzako.

Hor lehenengo puntuan ere alokatzeko sistemaren aldeko
apustua egin behar dela, noski baietz. Eta hori ez da hemengo arazoa
baizik eta Europa mailan, estatu askotan, planteatzen ari den behar bada,
berregokitu egin behar da hori. Baina nik hemen ikusten dudana da, beti
begiratzen ari garela kanpora. Alemanian, badakigu alokatze sistema %
57koa dela, Frantzian %

44koa, Dinamarkan % 46koa. Eta Espainian, propietatean
daudenak direla % 82a. Orduan da Europan mailan propietatean daukagun
etxebizitzan gaude 8. postuan. Gainontzeko guztiak alokairu sistema
handiagoa dute. Nik esaten dudanean begira kanpora joan gabe, gogoratu
Europan Alemanian eta Frantzian gerrate mundial bat egon dela, eta han
txikizio izugarria gertatu zela; txikizio horretan Bremen,
Wurzburg… hiri handi-handiak txikitu egin ziren eta orduan Estatuak
berregokitzeko eta berriz Alemania jartzeko martxan egin behar izan zuen
kapital pribatuarekin kontatu, bloke handiak armatu… orduan egoerak
desberdinak dira.

Nik uste dut hemen badaudela formulak nolabait erantzuteko
behar horri. Eta garbi daukagu lehen langileriarentzat baldin baziren
etxebizitzak, gaur egun esklusio soziala eta diskriminazioari aurre
egiteko politika bezala hartzen ari direla etxebizitzen politika hau.
Kohesio soziala eta lurraldearena betiere, udal lurralde eta nazio marko
baten barruan. Hori da berriz esan nahi dudana. Baita ere, Europako
Estatu guztietan jasaten ari da etxebizitzen krisia, lehen esan dudan
bezala ez da bakarrik Estatuan. Arazoa ez da maila sozialarena orain arte
bezala, arazoa da nola erantzun familia tipo berriei, nola erantzun
tipologia ezberdin horri, lan mugikortasunari nola erantzun. Hirien
garapen eta jasangarria izan daitezen, nola erantzun. Hor badaude zenbait
erronka, erantzun beharko diola Estatu bakoitzak lurralde bakoitzak eta
nazio bakoitzak beren egoerari.

Bigarren puntuan aipatzen da etxebizitzak biziberritzea.
Nik uste dut Euskal Herrian, Euskadin egin genuela apustu bat, orain dela
20 bat urte, edo gehiago, etxebizitzak biziberritzeko plan batekin. Egia
esan, horrekin guk lortu genuen helburu dezente, nolabait lortu genuen.
Bat, patrimonioa hirien zentro historiko horiek, biziberritze plan on
batekin, sostengarriak oso interesgarriak bizitzeko, gainera era merkeago
batean, patrimonioa zaindu egiten zen eta gainera eskuragarria zen jende
gaztearentzat. Politika energetiko bat egin daiteke hori, martxan jartzen
denean eta konstrukzioaren sektorea nolabait bultzatu egin daiteke, eta
gainera erabili, nolabait politika energetiko eta «ahorro energético»
deritzon horretan, egokitzeko gure hiriak. Orduan udal auzoak ere
biziberritu, ez bakarrik zentro historikoak, badaude langileen
etxebizitzak agian urbanizaziorako plangintza horretan sartu ez zirenak
eta horiek denak apur bat dekadente dauden horietan ere eskua sartu,
egokitu, txukundu, eta jendeari erantzuna eman. Erantzun erraz bat, eta
eskuragarria, zeren azkenean hemen ikusten dena da gaztearentzako hitz
egiten ari garenean, politika hau ezinbestekoa dugu, ze gazteek azkenean
lanik gabe, erreferentziarik gabe, ezinezkoa dute alokairu batean etxe
bat hartzea. Eta bueltatzen dira berriz gurasoen etxera. Eta hori ez da
soluzioa. Hemen egin behar duguna da egokitu aro berriei eta ez da gaurko
gaztea eta orain dela hogeita hamar urteko gaztea ez da berdina. Orduan,
iruditzen zaigu biziberritze-plan horretan egokituko direla, eta
eskuragarriagoak izan daitezkeela denontzako etxebizitza duin bat
edukitzea.

Estatu mailako plan hori ezinbestekoa da demografia nolakoa
den, kultura, lurralde ezberdinetako kulturak nola erlazionatzen da
gizakia, ezin daiteke eduki etxebizitza tipologia bat Eskandinavian edo
Euskadin. Hori egokitu egin behar dugu. Beraz, kopiak niri ez zaizkit
gustatzen, orijinalak baizik. Eta bakoitzak behar du izan orijinala,
lortuz jasangarritasunari erantzun baina baita ere egokitu gure eratako
harremanei, gure kultura errespetatuz eta ezberdintasunak ere
errespetatuz.

Gracias. Buenos días.

Senadores, vengo aquí para reflejar la postura de nuestro
grupo.

Quería decirle al Grupo Popular que en esta moción se
recogen una serie de puntos con los que nosotros, en general, estamos de
acuerdo; también quiero decir que la ley está ahí, y que pensamos que
cuando nos encontramos ante la ley, tendremos probablemente formas de
mejorarla, pero por lo menos el espíritu de esta moción puede ser
adecuado; hay que mejorarla, eso sí, pero eso ya llegará en su
momento.

Señores senadores, ¿por qué nos parece que unos puntos se
pueden aceptar aquí? Pues porque nos tenemos que replantear la política
de viviendas, efectivamente, ya que la situación económica nos lo exige y
también la situación social.

Es evidente que la política de vivienda es algo dinámico,
es algo que tiene que ver con la vida de las personas y que tiene una
incidencia directa en la vida de todas ellas. Por lo tanto, es
imprescindible hacer tareas de adaptación una y otra vez. Así, ahora
mismo, tenemos que adaptarnos, ya que se trata de una medida conectada
con la vida de la sociedad, y las leyes hay

que modificarlas y adaptarlas en esa medida; tenemos que
poner en marcha instrumentos que puedan dar una respuesta a las nuevas
épocas, a las nuevas fases.

Tenemos muy claro que la política de vivienda ha cambiado
muchísimo. Yo siempre hago aquí citas históricas, porque me parece que
para ver cuál es el espíritu de la ley es importante saber cuáles son los
antecedentes. En el siglo XIX había minas y había una industria muy
pesada, y alrededor de esta industria las empresas construían viviendas
para los trabajadores. También sabemos que en el Estado hubo una
inmigración enorme, que los trabajadores se movieron desde un ámbito
rural a unas zonas más industrializadas y que ello produjo una
problemática social enorme por la falta de vivienda.

En la enmienda decíamos que había que respetar nuestras
competencias; el Estado siempre tiene que respetar estas competencias
porque el estatuto y la Constitución nos dan esos derechos. En nuestro
caso, además, pensamos que hemos hecho una buena política de vivienda y
que hay que mejorarla. Quizá la política de vivienda que hemos realizado
podría ser una referencia para algunas comunidades o territorios del
Estado. A mí me gustaría hacer aquí un homenaje a un hombre muy querido,
a Ricardo Bastida. El Ayuntamiento de Bilbao, a finales del siglo XIX o a
principios del siglo XX, teniendo en cuenta la migración que estaba
recibiendo Vizcaya, planeó la obra social de las viviendas de Torre
Urizar. Hizo viviendas para 1365 personas; se construyeron 263 viviendas,
con 24 bloques enormes. Torre Urizar fue un proyecto enorme en Bilbao; a
nivel europeo recibió premios por la apuesta que hizo el ayuntamiento
para dar dignidad a los empleados. Fue realmente una labor social.
Ricardo Bastida diseñó en aquella zona viviendas con cuatro habitaciones,
con cocina, un vestíbulo y un baño, y en la época del franquismo, como
recordarán, se hacían viviendas de 60 metros cuadrados, y en ellos las
familias, que eran muy numerosas, tenían que convivir. Así que se ve que
la política municipal desde hace muchísimos años ha sido capaz de dar
dignidad en algunos casos a los trabajadores, a los empleados. Es algo
que no podemos olvidar. Es decir, las labores beneficiosas que se han
hecho en política hay que reivindicarlas ya que han sido una referencia,
un modelo a seguir.

También, respecto al primer punto, se ha dicho que hay que
apostar a favor del sistema de alquiler. Por supuesto que sí; no es algo
que haya que hacer aquí; es algo que se plantea a nivel europeo en muchos
Estados; es algo que quizás haya que remodelar. Pero lo que veo es que
siempre miramos al exterior. Hablamos de Alemania, país que sabemos tiene
un sistema de alquiler con un 50%, de Francia con un 44%, de Dinamarca
con un 46%, en tanto que en España tenemos un 82% de viviendas en
propiedad. Por tanto, a nivel europeo estamos en el puesto octavo en tasa
de propiedad mientras que el resto de Estados tienen tasas mayores pero
de alquiler. Hemos de recordar que no tenemos que mirar al exterior; en
Alemania y en Francia han pasado una segunda guerra mundial, en la que se
destruyeron muchísimas zonas, por ejemplo, la ciudad de Würzburg, que fue
literalmente destruida. En ese caso, el Estado, para remodelar y
reconstruir Alemania y para ponerla en marcha, tuvo que contar con
capital privado y construir grandes bloques. Por tanto, se trata de
situaciones completamente diferentes.

Creo que a este respecto puede haber fórmulas para dar
respuesta a estas necesidades. Lo que vemos es que antes se ofrecían
viviendas para empleados, pero a día de hoy tenemos que responder a la
discriminación social, y precisamente la política de vivienda es un
instrumento para luchar contra eso. La cohesión social hay que impulsarla
siempre dentro de un marco nacional —quería subrayarlo.

Y quiero decir también que en todos los Estados europeos se
está viviendo una crisis de vivienda, como decía antes, es decir, no solo
está ocurriendo en este Estado, y no se sitúa como una problemática
social. La cuestión es cómo responder a los nuevos tipos de familia
—porque tenemos diferentes tipologías de familia—, cómo
responder a la movilidad laboral y pensar cómo hacer que las ciudades
sean sostenibles. Por tanto, hay una serie de desafíos y tenemos que ver
cómo cada nación y cada país tienen que responder a su propia
situación.

En el punto 2 se habla de que hay que remodelar, renovar y
reformar las viviendas. En Euskadi hemos hecho una apuesta hace veinte
años o quizá más: un plan para la remodelación de viviendas. Con ello
conseguimos varios objetivos: por una parte rescatar patrimonio —es
decir, los centros históricos de las ciudades se volvieron más
interesantes y más sostenibles para vivir gracias a unos planes de
remodelación—, cuidar el patrimonio, que se consiguió de una forma
más económica, y hacerlo más accesible, por ejemplo, para los jóvenes.
Pero también puede

hacerse una política energética a la hora de poner en
marcha estos planes y promover el sector de la construcción, así como
utilizar esta estrategia de cara al ahorro energético para tratar de
adaptar nuestras ciudades. Asimismo se puede intentar dar un impulso a
los barrios que estén en una situación más decadente y no tratar
solamente de introducir nuevas zonas, nuevas viviendas. Podemos
aprovechar este momento para introducir esas viviendas en los planes de
urbanización haciéndolas más accesibles, más atractivas. Porque al fin y
al cabo esta política es imprescindible para los jóvenes puesto que ellos
no tienen empleo, no tienen referencias, con lo cual, como les es
imposible acceder a una vivienda alquiler tienen que volver a casa de sus
padres. Eso no puede ser. Tenemos que adaptarnos a las nuevas épocas; no
tenemos que pensar que los jóvenes de hoy y los de hace treinta años son
diferentes, no. Tenemos que adaptar esos planes de vivienda para que
estas sean más accesibles para todos y todos podamos tener una vivienda
más digna.

Por lo tanto, ese plan a nivel estatal es imprescindible,
teniendo en cuenta la demografía y también cómo se relacionan las
diferentes culturas, cómo se relacionan las personas. No podemos tener el
mismo tipo de vivienda en Escandinavia y en Euskadi. Tenemos que
adaptarlo. De hecho, a mi las copias no me gustan. Me gustan los
originales. Tenemos que tener siempre el original, respondiendo, eso sí,
a la sostenibilidad. Tenemos que adaptar los modelos a nuestra cultura
respetando la diversidad.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya
terminando.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Eskerrik asko
presidente andrea, bukatzen dut.

Eta tresna legalarena, egia esan, esan alokatzen duenari
fiskalki erraztasunak emango balitzaizkio, nik uste dut jende askok
jarriko zuela lehen hemen Mariscali, Cifuentes senatariak esan duen
moduan, egon daiteke aukera etxebizitza zentro historikoetan eta
zentroetan, horren garestiak direnak, baleude halako fiskal tresna batzuk
nik uste dut jende asko animatuko litzatekeela. Bermatu egin behar da
hori ere.

Ibarrondo senataria, arabarra zara, ikusi duzu han ze
politika bizitza daukagun, Euskal Herrian. Espero dugu lege hau benetan
erantzutea aro berriei, jakinaren gainean beharbada hamar urte barru
berriz zahartu egingo dela eta berritu egin beharko dela.

Beraz gure taldeak honen aldeko botoa emango du.

Eskerrik asko.

Gracias, señora presidenta. Voy terminando.

Por otra parte, quería decir que si desde el punto de vista
legal y fiscal damos facilidades, me parece que muchísima gente se
animaría, tal y como decía el senador Mariscal. Nos parece que si en los
centros históricos, en los centros de las ciudades, donde la vivienda es
tan cara ofrecemos instrumentos legales y fiscales, mucha gente se
animaría,

Senador Ibarrondo, es usted alavés y ha visto la política
de vivienda que tenemos allí, en el País Vasco. Esperamos que esta ley
pueda dar realmente una respuesta a las nuevas épocas sabiendo que dentro
de diez años se quedará obsoleta otra vez y tendremos que
remodelarla.

Por lo tanto, nuestro grupo va a dar su voto a favor.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gràcies, senyora presidenta.

Senyor Ibarrondo, ¿usted ha deducido de mi intervención que
estábamos cerca en nuestras posiciones?

Temo molt sincerament que no. Jo li he sentit dir les seves
paraules en la primera intervención: El mercado es muy rígido y poco
atractivo —y eso a mí me suena automáticamente a
desregularización—. Hay que concentrar las ayudas en quien más lo
necesita —y me suena, automáticamente, a recortes presupuestarios,
como los que ustedes practican en muchos otros campos—.

Per tant, senyor Ibarrondo, no estem a prop. El nostre vot
serà negatiu.

Jo li vull explicar molt succintament també quines són les
nostres premisses, quines són les nostres alternatives en política
d’habitatge per fomentar realment el lloguer i la regeneració i la
rehabilitació urbana.

Hi ha factors i motius econòmics? Evidentment que hi són.
Oportunitat de dinamització d’un determinat sector econòmic,
d’aprofitament d’uns recursos, però per nosaltres aquestes
polítiques han d’anar molt més enllà i per tant no es poden fer de
qualsevol manera. Com he dit abans a l’altra intervenció, hi ha
camins absolutament diferenciats per arribar a aquests objectius.

Per nosaltres, el lloguer representa en primer lloc la
possibilitat de satisfer opcions personals diferenciades, de donar peu a
la pluralitat de la nostra societat, de donar facilitats a la mobilitat,
aquesta mobilitat imprescindible i que tant augmenta al nostre país. Però
evidentment també el lloguer significa donar més possibilitats a un
habitatge digne per a la gent amb menys recursos, menys poder adquisitiu,
i també per al primer accés, per a les persones que per primera vegada a
la seva vida han d’accedir a un habitatge.

També la política de lloguer evita les bombolles,
l’especulació immobiliària i tots els efectes perniciosos
d’aquests cicles del mercat immobiliari estrictament basats en la
propietat que acaben comportant, en èpoques de bonança, que els poders
públics hagin de posar molts diners per fer polítiques compensatòries al
mercat, i que en èpoques de vaques magres com ara molta gent es vegi al
carrer per culpa dels desnonaments i les impossibilitats d’assumir
els seus deutes hipotecaris.

Pel que fa a les polítiques de rehabilitació, per què per
nosaltres són més, encara que no és menyspreable, evidentment, que una
política amb incidència econòmica? Primer, perquè tenen a veure amb la
millora i la conservació del patrimoni i dels paisatges urbans, la
preservació de determinats entorns absolutament imprescindibles per
entendre la nostra història i la nostra identitat. En segon lloc —i
en això hem coincidit perquè vostè també ho ha esmentat—, totes les
qüestions relacionades amb l’eficiència mediambiental, en termes
d’energia, de limitar els desplaçaments i l’ús dels cotxes i
els transports privats, etc. I, finalment, el més important de tot: la
possibilitat de millorar les condicions de vida i la dignitat dels
habitatges i, per tant, de conferir més igualtat a totes les persones i
totes les famílies —ascensors, serveis, il·luminacions,
ventilacions—. Tots aquests elements són absolutament positius que
aporten les polítiques de rehabilitació i regeneració. Per tant, per
nosaltres, senyor Ibarrondo, les polítiques de lloguer i les polítiques
de rehabilitació són molt més que un simple estímul econòmic,
d’altra banda, també necessari. (El senyor president ocupa la
Presidència.)

I li vull recordar d’on partim: entre l’any
2004 i el 2011, amb polítiques molt similars al que ara jo li exposaré,
el mercat de lloguer a Espanya va passar del 10 al 17% —set punts
en aquests anys—. Això són fets, són els resultats positius
d’unes polítiques. Les seves encara estan per veure, més enllà de
declaracions. Per tant, és veritat, existeix un parc d’habitatges,
existeix la matèria prima, potser l’únic positiu —entre
cometes— d’aquest boom immobiliari absolutament embogit que
hem viscut en els últims anys. I no vivim en èpoques d’escassetat
d’habitatges, però evitem que es facin malbé. Actuem de manera
ràpida i contundent per evitar que aquest únic benefici —repeteixo,
entre cometes— fins i tot es malgasti.

Perquè, més enllà de les declaracions d’aquesta moció
que vostè ens ha presentat i de tot el que diuen els prolegòmens de la
llei que ja s’ha discutit al Congrés, l’autèntica pregunta
és: aquestes mesures, aquestes declaracions, tindran alguna eficàcia real
per invertir aquesta situació de desequilibri entre la propietat i el
lloguer? A nosaltres ens sembla que no, que la llei que ens proposen és
estrictament una política de liberalització i, alhora, de precarització.
L’única dada rellevant d’aquesta llei és passar la durada
dels contractes de lloguer de 5 a 3 anys. I això és anar completament en
contra de l’enfortiment, precisament, de l’augment de la
demanda d’habitatge de lloguer.

Sobre l’altra llei, de rehabilitació i regeneració,
veurem en què es concreten aquestes declaracions. De moment, res fa
intuir que sigui per allà on nosaltres creiem que s’ha
d’anar, pel nucli de la resposta, que és, sense cap mena de dubte,
les mesures fiscals i, per tant, les disponibilitats pressupostàries amb
un sector públic que marca el pas i que no és simplement compensador del
que va movent el mercat. Estic parlant, evidentment, de desgravacions per
a llogaters i arrendataris —desgravacions fortes i potents per al
lloguer— i de cap desgravació per a les polítiques de compra
d’habitatge. Estic parlant d’ajuts al lloguer, de la renda
bàsica

d’emancipació dels joves i ajuts a altres col·lectius
desfavorits. Estic parlant de la posada en marxa d’operadors
públics al Govern d’Espanya, les comunitats autònomes i de tots i
cadascun dels municipis que ho creguin oportú i tinguin la mida per
fer-ho. Estic parlant d’una oferta no només minorista, sinó
majorista d’habitatge de lloguer. Estic parlant de les polítiques
d’ajuts directes a la rehabilitació per als llogaters i els
propietaris dels habitatges que ho necessitin. Aquesta és
l’autèntica i vertadera política de foment del lloguer i la
rehabilitació i la regeneració urbana a qualsevol país. I aquí ja
l’havíem començat a posar en marxa i el que cal ara, el que
caldria, és desenvolupar-la a fons, sense haver d’estar fent
contraprestació a un mercat que estirava cap a la propietat, sense haver
de compensar les dificultats per accedir a l’habitatge en un mercat
absolutament dirigit i una cultura absolutament basada en la compra de
l’habitatge.

És un gran esforç per a una societat? Sí, però és
l’únic possible per fer aquest canvi. I li ben asseguro que té un
gran retorn: incorporar un gruix importantíssim —és a dir, les
classes mitjanes i totes aquelles persones que tenen necessitat en un
moment donat de la seva vida per condicions econòmiques o per situació
vital— perquè puguin accedir a un habitatge de lloguer,
incorporar-los amb normalitat, en condicions de dignitat, al dret a
l’habitatge és altament beneficiós per a una societat. Més enllà
dels beneficis econòmics, aporta sobretot beneficis socials immensos, de
dignitat, de sentiment de pertinença a un col·lectiu, en definitiva,
d’igualtat d’oportunitats i de possibilitat de
desenvolupar-se.

En aquestes polítiques ens hi trobaran. Són les que sempre
hem practicat, les que sempre hem defensat i les que continuarem
defensant.

Gràcies, senadors i senadores.

Temo sinceramente que no es así. Le he escuchado decir en
la primera intervención: El mercado es muy rígido y poco atractivo
—y eso a mí me suena automáticamente a desregularización—.
Hay que concentrar las ayudas en quien más lo necesita —y me suena,
automáticamente, a recortes presupuestarios, como los que ustedes
practican en muchos otros campos.

Por lo tanto, señor Ibarrondo, no estamos cerca. Nuestro
voto va a ser negativo.

Me gustaría explicarle también, de forma muy sucinta,
cuáles son nuestras premisas y nuestras alternativas en política de
vivienda para fomentar realmente el alquiler, así como la regeneración y
la rehabilitación urbanas.

Existen factores y motivos económicos, claro que existen,
oportunidades de dinamización de un determinado sector económico y de
aprovechamiento de unos recursos, sin embargo, para nosotros estas
políticas deben ir mucho más allá y no pueden realizarse de cualquier
forma. Como ya dije anteriormente en mi otra intervención, existen
caminos absolutamente diferenciados para alcanzar esos objetivos.

Para nosotros el alquiler representa en primer lugar la
posibilidad de satisfacer opciones personales diferenciadas y dar pie a
la pluralidad de nuestra sociedad, así como facilidades a la movilidad,
la cual es imprescindible y que tanto está aumentando en nuestro país.
Pero, evidentemente, alquiler también significa dar mayores posibilidades
de una vivienda digna para las personas con menos recursos, menos poder
adquisitivo y también para aquellas personas que por primera vez en su
vida quieren acceder a una vivienda.

Es evidente que la política de alquiler también evita las
burbujas, la especulación inmobiliaria y todos los efectos perniciosos de
estos ciclos del mercado inmobiliario estrictamente basados en la
propiedad, que acaban comportando en épocas de bonanza que los poderes
públicos deban invertir dinero para políticas compensatorias en el
mercado y que, en época de flacas vacas, como las de ahora, muchas
personas se encuentren en la calle por culpa de los desahucios ante la
imposibilidad de asumir sus deudas hipotecarias.

Para nosotros las políticas de rehabilitación son mucho más
que una política con incidencia económica: en primer lugar porque tienen
que ver con la mejora y la conservación del patrimonio y de los paisajes
urbanos, la preservación de determinados entornos que son absolutamente
imprescindibles para entender nuestra historia y nuestra identidad. En
segundo lugar —y en eso hemos coincidido porque usted también lo ha
mencionado— todo lo relativo a la eficiencia medioambiental en
cuanto a energía, a limitar los desplazamientos y el uso de los coches y
el transporte privado, etcétera. Por último, lo más importante de todo,
la posibilidad de mejorar las

condiciones de vida y la dignidad de las viviendas, por lo
tanto, conferir mayor igualdad a todas las personas y familias
—ascensores, servicios, iluminaciones, ventilaciones—. Todos
esos elementos que aportan las políticas de rehabilitación y regeneración
son absolutamente positivos. Por consiguiente, para nosotros, señor
Ibarrondo, las políticas de alquiler y rehabilitación son mucho más que
un simple estímulo económico, aunque también es necesario. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.)

Me gustaría recordarle de dónde partimos. Entre los años
2004 y 2011, con políticas muy semejantes a las que yo les voy a exponer,
el mercado de alquiler en España pasó del 10 al 17% —siete puntos
en esos años—. Estos son hechos, son los resultados positivos de
unas políticas, y quedan por ver los de las suyas, más allá de las
simples declaraciones. Por lo tanto, es verdad que existe un parque de
viviendas, que existe la materia prima, y esto quizás es lo único
positivo de todo este bum inmobiliario absolutamente enloquecido que
hemos vivido en los últimos años. No vivimos en épocas de escasez de
viviendas, evitemos que se deterioren, actuemos con celeridad y con
contundencia para que este único beneficio —entre comillas—
que nos queda se eche a perder.

Más allá de las declaraciones de esta moción que usted nos
ha presentado y también de todo lo que mencionan los prolegómenos de la
ley que ya ha sido discutida en el Congreso, la auténtica pregunta es:
Estas declaraciones ¿van a tener una eficacia real para poder invertir
esta situación de desequilibrio entre propiedad y alquiler? A nosotros
nos parece que no, que la ley que nos proponen es estrictamente una
política de liberalización y, a la vez, de precarización. El único dato
relevante de esta ley es la duración de los contratos de alquiler, que
pasan de 5 a 3 años. Esto va totalmente en contra del fortalecimiento
precisamente del aumento de la demanda de la vivienda de alquiler.

Ya veremos en qué se concretan esas declaraciones sobre la
otra ley de rehabilitación y regeneración. De momento nada nos permite
intuir que los resultados irán por donde nosotros pensamos que deben ir,
que es hacia el núcleo de la respuesta, que son las medidas fiscales y
las disponibilidades presupuestarias con un sector público que marca el
paso y que no es tan solo compensador de lo que el mercado mueve. Me
refiero evidentemente a desgravaciones para inquilinos y arrendatarios
—desgravaciones fuertes, potentes para el alquiler— y a
ninguna desgravación para políticas de compra de vivienda, así como a
ayudas al alquiler, a la renta básica de emancipación de los jóvenes y
otros colectivos desfavorecidos. Me refiero evidentemente a la puesta en
marcha de operadores públicos por el Gobierno de España, por las
comunidades autónomas y por todos y cada uno de los municipios que lo
consideren oportuno y tengan el tamaño y la dimensión para hacerlo. Me
refiero, evidentemente, a una oferta no tan solo minorista, sino también
mayorista de vivienda de alquiler. Me refiero a las políticas de ayudas
directas a la rehabilitación para los inquilinos y los propietarios de
las viviendas que lo necesiten. Esa es la auténtica y verdadera política
de fomento del alquiler y de rehabilitación y regeneración urbana en
cualquier país. Aquí ya habíamos empezado a ponerla en marcha y ahora es
necesario desarrollarla a fondo sin tener que recurrir a las
contraprestaciones para un mercado muy escorado hacia la propiedad sin
tener que compensar las dificultades para acceder a la vivienda en un
mercado absolutamente dirigido y a partir de una cultura totalmente
basada en la compra de la vivienda.

¿Es un gran esfuerzo para una sociedad? Sí, y es lo único
que puede obrar este cambio, y le aseguro que tiene un gran retorno:
incorporar a un grueso importante —es decir, a las clases medias y
a todas aquellas personas que tienen necesidad en un momento de sus
vidas, por condiciones económicas o por su situación vital—, para
que puedan acceder a una vivienda de alquiler desde la normalidad, en
condiciones de dignidad es altamente beneficioso para una sociedad, más
allá de los beneficios económicos, porque aporta, sobre todo, inmensos
beneficios sociales de dignidad, de sentimiento de pertenencia a un
colectivo, en definitiva, de igualdad de oportunidades y posibilidad de
desarrollarse.

Estaremos a favor de esas políticas porque son las que
siempre hemos practicado, defendido y las que vamos a seguir
defendiendo.

Muchas gracias, senadoras y senadores.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí
Jufresa.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.

Senador Ibarrondo, jo crec que la seva resposta forma part
una miqueta en la mateixa línia de la moció, és a dir, doble retòrica.
Retòrica en l’exposició de la moció, retòrica ha sigut la seva
intervenció a l’hora de rebutjar les esmenes dels diferents grups.
És clar, quan un diu cada grupo tiene su visión, home, fins aquí, sí, és
veritat, però quelcom més, no? Potser podem comparar què vol dir el
perquè de no de cada cosa, perquè si no, permetin-m’ho, però ha fet
una intervenció de titulars.

Estamos muy cerca. Però no, perquè a l’hora de la
veritat, res de res, ni en els gestos anteriors, ni en els gestos
posteriors. L’actitud és en positiu, però va a ser que no, perquè
res de res. Per tant, insisteixo novament que jo crec que, al meu
entendre —de manera molt humil, si m’ho permet, senador
Ibarrondo—, no és la manera de portar mocions aquí a la Cambra. En
l’exposició ja és molt retòrica; si a més s’escau que aquest
mateix divendres tindrem el projecte de llei aquí, per tant, no toca, i
vostè ho acaba justificant dient que el meu company al Congrés va dir
que, certament, en el Senat seria l’oportunitat per acabar,
òbviament, de seguir reflexionant i incorporar aquelles coses que ens
puguin interessar de cara a totes les qüestions del foment del lloguer.
Efectivament, en el marc del projecte, deia, però si vostè creu que és en
el marc d’aquesta moció, home, presenti coses de debò, que siguin
tangibles, que es puguin agafar de debò, perquè no aporta res, no admet
res, això sí, tot plegat de bon rotllo.

Sap què passa al final? Que més enllà que el to —que
ho és— de la seva exposició i les seves exposicions —que ho
són, molt acurades, elegants políticament—, vostès el que fan en
realitat és el que estan fent sempre des de fa dies rere dies i que jo
els vaig dient que es pensen que, com que tenen tres anys i escaig per
endavant, que tenen molt de temps, i això és veritat, però estic
convençudíssima que els passa preu, que els passarà factura, aquesta
actitud que no cal entendre’ns amb ningú perquè senzillament
premerem el botó, és veritat, i el resultat serà el que serà,
majoritàriament vostès guanyaran. Això, en terminologia o en expressió
catalana, s’anomena el rodet parlamentari. Bé, vagin utilitzant el
rodet parlamentari, temps al temps, i ja veurem com acabarà tot això.

Permeti’m que ara ja passi a aprofundir molt més el
perquè de les nostres aportacions a aquest debat pel que fa al tema de la
moció. Abans he comentat el tema del SAREB. Per nosaltres això és molt
important. Creiem que és una oportunitat única per a la creació
d’un gran parc d’habitatges social de lloguer la creació de
poder tenir aquest fons. El passat mes de novembre, la Societat de Gestió
d’Actius, com bé saben vostès, procedents de la reestructuració
bancària que opera l’Estat espanyol, proposa el Govern de
l’Estat que aquests habitatges i els de les entitats financeres,
això per part del Govern de la Generalitat, que siguin intervingudes es
destinin a lloguer social. Si l’Estat de debò aposta pel mercat de
lloguer, l’instem que gran part dels habitatges gestionats pel
SAREB —insisteixo, són coses puntuals, concretes, no
filosofies— puguin ser gestionats per part dels ajuntaments i el
Govern de la Generalitat.

També vostès parlaven de la nova regulació i
d’incentius. Fixi’s, regulació, incentius, rehabilitació...
tot això són titulars. Perfecte. No ha desgranat res de cadascuna
d’aquestes coses. Si vol li explico què entenem nosaltres per
incentius entre altres coses. Per exemple, incentius per als propietaris
que disposen d’habitatges buits. El Govern de Catalunya ja gestiona
un programa que s’anomena de mediació, amb l’objectiu de
treure habitatges privats desocupats al mercat de lloguer social, oferint
contraprestacions als propietaris que s’acullin a aquest programa.
Pensi que l’any 2012 es van mobilitzar 2587 pisos dels 10 000
habitatges que formen part d’aquest programa. Per tant, parlem
d’incentius, però d’una política i uns resultats concrets. No
retòrica, no titular, sinó coses concretes. Jo li explico com a exemple,
perquè aquí tots venim amb molt bona voluntat a fer grans titulars.

El Govern de la Generalitat també gestiona un altre
programa que s’anomena l’Avantlloguer, una cobertura que
consisteix a assegurar als arrendadors d’habitatges la percepció de
fins a sis mesos, sis mensualitats de lloguer, en cas d’instar un
procés judicial per a l’obtenció de sentència de desnonament per
impagament de rendes per part de l’arrendatari. Un altre exemple.
Digui’m

exemple, digui’m propostes, quelcom que es pugui
millorar. Això sí que seria parlar de propostes i de tenir oportunitats,
perquè quan passa pel Senat incorporem no únicament filosofia, sinó també
resultat.

Vostè parlava també d’impulsar i fomentar la
rehabilitació residencial, que ja li he comentat abans que per nosaltres
és important que els contractes d’habitatges garanteixin un mínim
de 5 anys per tot allò que tenia a veure amb la inversió, els incentius
per invertir en els propis habitatges. En aquest sentit també vull dir-li
que, per part del Govern de la Generalitat, aposten pel foment de la
rehabilitació, però que òbviament hi ha un tema d’instruments de
crèdit i de pla de rehabilitació que, més enllà del que faci el Govern de
la Generalitat, vostès també tenen instruments econòmics que podrien
ajudar, ja que parlen tant en coordinación con las comunidades autónomas,
la coordinació passa per polítiques reals de coresponsabilitat també des
del punt de vista de la partida econòmica.

Aprovar un nou pla estatal de foment del lloguer
d’habitatges, que ja he esmentat abans, en què nosaltres dèiem que
el que ens interessava, sobretot, era saber exactament on ens havíem
quedat, on som del resultat de 2009-2012, quina és realment
l’auditoria interna del treball i que és el que ha quedat, i a
partir d’aquí fer un calendari de compromisos en el temps, a partir
de polítiques que pugui ajudar a tirar endavant el foment del lloguer amb
aquest pla 2013-2016. És clar, la retòrica amb què vostès es despatxen
tots aquests compromisos de futur ho fa tot molt i molt difícil.

I, després, una darrera reflexió, si m’ho permet,
senador Ibarrondo. Si una cosa té el Senat —ja sap que no tenim
massa bona impressió, els sembla que els senadors o no fem massa bona
feina o que la nostra feina aquí en tot cas pot ser substituïda
perfectament per la cambra parlamentària del Congrés dels
Diputats—, jo crec que el que pot aportar de manera especial
—no vull dir que l’altra cambra parlamentària o les altres no
ho facin— és reflexió. Permeti’m una darrera cosa: reflexió
sempre vol dir, comporta, comprensió. En la reflexió que comporta
comprensió ens podem trobar. Si la reflexió deixa de ser reflexió
—quan un ve aquí, parla, diu jo el que presento és això, són uns
grans titulars, o ho agafen o, si no, em quedo com estic—, li vull
dir, senador Ibarrondo, que amb aquesta actitud vostè ajuda molt perquè
la imatge del Senat sigui la que alguns es pensen que és.

Moltes gràcies. Nosaltres ens abstindrem.

Gracias, señor presidente.

Senador Ibarrondo, creo que su respuesta forma parte de la
misma línea de la moción, que es la doble retórica: retórica en la
exposición de la moción y retórica ha sido su intervención a la hora de
rechazar las enmiendas de los distintos grupos. Cuando uno dice: cada
grupo tiene su visión, hasta aquí es verdad, pero algo más, ¿no? Quizá,
contrastar qué significa y por qué el sí o el no de cada cosa, porque si
no, si me lo permite, ha hecho usted una intervención de titulares.

Usted dice que estamos muy cerca. Muy cerca no porque, a la
hora de la verdad, nada de nada, ni en los gestos anteriores ni en los
posteriores. Usted dice que la actitud es positiva. Pues va a ser que no,
porque, al final, nada de nada. Insisto una vez más: a mí me parece que
esta no es la forma, a mi entender —muy humildemente, si me lo
permite, senador Ibarrondo—, de presentar mociones en esta Cámara.
La exposición ya es retórica, pero si resulta que este viernes vamos a
traer el proyecto de ley de aquí, ya no toca. Y usted, al final, lo
justifica diciendo que mi compañero en el Congreso dijo que en el Senado
íbamos a tener la oportunidad para acabar de seguir reflexionando e
incorporar aquellos puntos que nos pudieran interesar a todas estas
cuestiones relativas al fomento del alquiler. Sí, efectivamente, en el
marco del Senado, pero si usted cree que va a ser en el marco de esta
moción, al menos, presente propuestas de verdad, tangibles, porque si no,
no aporta nada. Y luego tampoco admite nada, eso sí, siempre desde el
buen rollo.

¿Sabe qué sucede? Que, al final, más allá del tono
—que es así— de su exposición y de sus explicaciones
—que también lo son; es decir, son muy precisas, muy elegantes
políticamente—, ustedes lo que hacen en realidad es lo que están
haciendo siempre, lo que llevan días y días haciendo. Y yo se lo dije:
ustedes creen que, como les quedan más de tres años por delante, tienen
mucho tiempo, y es verdad, pero estoy convencida de que luego van a tener
que pagar un precio, les va a pasar factura esta actitud de que no hace
falta entenderse con nadie porque,

sencillamente, luego vamos a apretar el botón y el
resultado será el que será, habrá una mayoría y ustedes van a ganar.
Esto, en catalán, lo llamamos el rodillo parlamentario. Es así. Es decir,
utilícenlo, pequen de esta actitud, y tiempo al tiempo, ya veremos cómo
acaba todo esto.

A continuación, voy a profundizar sobre nuestras
motivaciones para este debate y las aportaciones para la moción.
Anteriormente he hablado del SAREB, que para nosotros es muy importante.
Pensamos que la posibilidad de contar con ese fondo es una oportunidad
única para la creación de un gran parque de vivienda social de alquiler.
El pasado mes de noviembre, la Sociedad de gestión de activos, como muy
bien saben ustedes, procedentes de la reestructuración bancaria que opera
en el Estado español, propuso al Gobierno del Estado que estas viviendas
y las de las entidades financieras que fueran intervenidas por la
Generalitat se destinasen a vivienda social. Si el Estado realmente
apuesta por el mercado de alquiler, instamos a que gran parte de las
viviendas gestionadas por el SAREB —insisto en que son cosas
puntuales, concretas y ya no filosofías— puedan ser gestionadas
tanto por los ayuntamientos como por el Gobierno de la Generalitat.

Ustedes también han hablado de la nueva regulación y de
incentivos. Fíjese, regulación, incentivos, rehabilitación. Todo esto son
titulares, que es magnífico, pero luego no ha desgranado nada de todas
estas cosas. Y si me lo permite, me gustaría explicar qué entendemos
nosotros por incentivos, entre otras cosas. Por ejemplo, incentivos para
los propietarios que disponen de viviendas vacías. El Gobierno de
Cataluña ya gestiona un programa llamado de mediación que persigue sacar
estas viviendas privadas desocupadas al mercado como vivienda social
ofreciendo contraprestaciones a los propietarios que se acojan a ese
programa. Piense usted que en el año 2012 se movilizaron 2587 pisos de
las 10 000 viviendas que forman parte de este programa, o sea que estamos
hablando de incentivos, pero de una política concreta con resultados
concretos, o sea que ya no es retórica, no son titulares, sino cosas
concretas. Yo se lo digo como ejemplo, porque aquí todos venimos con muy
buena voluntad. Son grandes titulares.

También gestiona otra programa llamado el antealquiler,
avantlloguer. Es una cobertura que garantiza a los arrendadores de
viviendas la percepción de hasta seis mensualidades de alquiler en el
caso de que hubiera un proceso judicial para la obtención de sentencia de
desahucio por impago de rentas por parte del arrendatario. Otro ejemplo.
Deme usted ejemplos, deme propuestas, deme algo que se pueda mejorar y
entonces sí que estaríamos hablando de propuestas y de oportunidades para
que cuando pasen por el Senado sí incorporemos no tan solo filosofía sino
resultados.

Usted también ha hablado de impulsar y fomentar la
rehabilitación residencial. Ya se lo he comentado antes: para nosotros es
importante que los contratos de vivienda garanticen un mínimo de cinco
años por todo lo relativo a la inversión y dar incentivos para que
invirtiera en sus propias viviendas. En este sentido, me gustaría decirle
que el Gobierno de la Generalitat también apuesta por el fomento de la
rehabilitación, pero evidentemente también hay otros temas, como los
instrumentos de crédito y el plan de rehabilitación, y, más allá de lo
que haga el Gobierno de la Generalitat, ustedes también tienen
instrumentos económicos que podrían ayudar. Dicen ustedes que en
coordinación con las comunidades autónomas. Pues esa coordinación pasa
por políticas reales de corresponsabilidad también desde el punto de
vista económico.

Aprobar un nuevo plan estatal de fomento de alquiler de
viviendas. Ya he mencionado antes que a nosotros lo que nos interesaba
sobre todo era saber con exactitud dónde nos habíamos quedado, dónde
estábamos con respecto al resultado del 2009-2012, qué ha quedado de esa
auditoría interna del trabajo y a partir de aquí, elaborar un calendario
de compromisos con el tiempo, es decir, a partir de políticas que puedan
realmente ayudar a fomentar el alquiler con este plan 2013-2016. La
retórica con la que ustedes despachan todos estos compromisos de futuro
pone todo muy difícil.

Para terminar, una última reflexión, si me lo permite,
senador Ibarrondo. Si algo tiene el Senado —sabe usted que los
senadores tampoco damos buena impresión de que realicemos todos una gran
labor y hay mucha gente que cree que se puede sustituir perfectamente el
Senado—, si algo puede aportar especialmente con los debates que
surgen aquí —no digo que las demás Cámaras no lo hagan— es
una gran reflexión, y la reflexión siempre conlleva comprensión. La
reflexión, cuando conlleva comprensión, puede aunar a la gente. Si la
reflexión deja de ser reflexión —cuando uno viene aquí, habla y
dice: yo presento esto, esto son grandes titulares y o lo toman o

me quedo tal cual—, entonces debo decirle, senador
Ibarrondo, que con esta actitud usted ayuda mucho para que la imagen del
Senado sea la que algunos creen que es.

Muchas gracias. Nosotros nos vamos a abstener.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Candini.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Espadas.

El señor ESPADAS CEJAS: Muchas gracias, señor
presidente.

Señor Ibarrondo, el alquiler y la rehabilitación ya eran
objetivos del anterior Plan 2009-2012. Por lo tanto, lo que usted trae
hoy aquí como moción no resulta novedoso.

Si no fuese porque recientemente ha habido un debate en el
Congreso, como hemos dicho aquí, sobre el proyecto de ley de
flexibilización de medidas para el alquiler y porque hemos analizado el
presupuesto del Ministerio de Fomento para saber cuál es la apuesta real
del Gobierno de España, tanto para el alquiler como para la
rehabilitación, las cuatro cuestiones que usted plantea en su moción,
desde un punto de vista general, tendrían nuestro apoyo. El problema es
que cuando hemos querido concretar lo que, a nivel de titulares —y
lo ha dicho la senadora de Convergència i Unió—, se anuncia, usted
no concreta. Bueno, sí concreta, por omisión, concreta porque no acepta
ninguna de las cuestiones que nosotros le planteamos y sobre las que a mí
me gustaría debatir y reflexionar aquí. Podemos estar más cerca o más
lejos, pero sería bueno conocer hasta dónde nos acercamos en ese
sentido.

Ustedes llevan gobernando catorce meses, por tanto, ¿por
qué no aprovecha su intervención para concretar ese plan que usted ya
debe compartir con el Gobierno? Dice que el plan se va a presentar en
abril, o sea ya, así que concrétenos un poco de qué van esos incentivos
para ver si efectivamente coincidimos.

Nosotros le hemos planteado algunas cosas concretas y usted
no me contesta, simplemente dice que rechaza la idea de una sociedad de
promoción pública y me habla de que Sepes estaba en una situación
financiera delicada. Pero eso es así, probablemente porque Sepes hacía
otras muchas cosas. Yo le hablo respecto a lo que significa la promoción
del alquiler público y de si usted considera que tiene que haber una
unidad o un organismo en la Administración del Estado que gestione ese
parque público de viviendas, específicamente.

Señorías, el verdadero objetivo que tenemos que conseguir y
que no se ha conseguido todavía en España es consolidar un gran parque
público de vivienda en alquiler en nuestro país. Por tanto, es evidente
que hemos avanzado con planes anteriores pero no se ha conseguido dicho
objetivo. ¿Tiene que ser ese el objetivo del nuevo plan? Sí, pero
dígannos, porque para eso gobiernan, cómo piensan ustedes avanzar y
conseguirlo.

Igualmente, se ha avanzado en las reservas de suelo para
vivienda protegida en alquiler, pero todos sabemos que hacen falta más
garantías de cumplimiento. Pues díganos si está o no dispuesto. Parece
que no porque ha rechazado la enmienda que hemos planteado.

Nosotros creemos que solo cuando de verdad haya un parque
público potente de vivienda en alquiler podremos garantizar una
regulación a la baja del precio y una profesionalización adecuada del
mercado. En eso estamos de acuerdo.

En las actuales circunstancias de parálisis del sector de
la construcción y con el stock de viviendas que hay construidas y sin
vender, el nuevo plan, el que próximamente debe ver la luz,
necesariamente pasa por tomar una decisión valiente que no se tomó en los
planes anteriores. Ahí tiene usted la autocrítica de serie, así que no me
la haga. ¿Por qué no, definitivamente, apostar exclusivamente por la
promoción de viviendas en alquiler? Ese podría ser un avance si
efectivamente se lo cree y hoy anuncia en la tribuna que el plan estatal
apostará exclusivamente por apoyar y promocionar con ayudas públicas la
construcción de viviendas en alquiler. A mi juicio es el momento de
apostar por que todos los euros destinados a la política social de
vivienda pública lo sean para incrementar nuestro parque público de
vivienda en alquiler. Lo creo firmemente.

Es el momento también —y le aporto en este caso otra
concreción— de corregir lo que no hemos conseguido en el pasado, y
es que las ayudas al alquiler no sean trasladables a los precios de forma
que sean los propietarios los que finalmente se beneficien. No sé si
usted comparte o no conmigo que hay que mejorar esto en el plan respecto
a lo que figura en planes anteriores. Ustedes gobiernan y deberían ser
capaces de plantear esa mejora.

Asimismo es preciso cambiar el grueso del importe de los
beneficios fiscales que se dirigía hacia una política que fomentaba más
la adquisición, la compra de viviendas. Si creemos, señorías, que vamos a
incentivar el alquiler, ¿cómo piensan ustedes plantear esas medidas
fiscales que realmente fomenten la vivienda en alquiler y que, por tanto,
reorienten esas políticas hacia el objetivo que perseguimos? A mi juicio
eso es incluso más importante que las políticas presupuestarias de
vivienda del Ministerio de Fomento.

Los planes de vivienda anteriores consiguieron incrementar
—aunque de forma insuficiente, es verdad— el parque público
de vivienda de alquiler, pero no rebajaron el encarecimiento de esa
vivienda en alquiler; solo empieza a frenarse a comienzos de 2009, cuanto
ya superaba el 4% del interanual. Desde entonces ha variado muy poco
—creo que coincide conmigo—, y en las actuales circunstancias
de desempleo y de merma de ingresos en las familias es más urgente que
nunca corregirlo y conseguir que baje para garantizar el derecho
constitucional a la vivienda, que en demasiados casos en la actualidad se
está convirtiendo en una emergencia social. Por tanto, tendríamos que
plantearnos eso como elemento indispensable.

Señoría, el Gobierno debe explicar cómo va a aprobar un
plan estatal que anuncia que apuesta por el alquiler y la rehabilitación
pero que el primero lo ha reducido en el presupuesto en un 30% y el
segundo en un 60%. De entrada coincidirá conmigo en que algo debe cambiar
en ese plan, porque no coincide con las líneas del presupuesto.

También se ha planteado aquí una cuestión, a mi juicio
importante, y yo no le he escuchado nada al respecto. Dígame por qué la
palabra clave en este momento cuando se habla de vivienda en España, que
no es otra que desahucio, señoría, desahucio, no se cita ni siquiera en
la moción. Si no hablamos de eso —y no lo hacemos en el plan
estatal—, ya me dirá usted de qué vamos a hablar. Señoría, si usted
lee los periódicos digitales, sabrá que hoy, por desgracia, ha tenido
lugar otro suicidio en Bilbao de una persona víctima de un desahucio. De
eso tenemos que hablar, y me gustaría que nos dijera si usted está de
acuerdo o no en lo que le hemos planteado específicamente respecto de ese
parque de viviendas de las entidades financieras sujetas al FROB, ese
parque que en algunos casos parece que está planteando la venta de
viviendas a un precio superior al que llegaron en el Sareb. Desde luego,
este no es el objetivo que nosotros creemos que se debería perseguir con
ese parque existente, con ese parque residencial instalado, que, sin
duda, podría ser una solución para el fomento de la vivienda en
alquiler.

Señoría, es una cuestión de prioridades. Para incentivar el
mercado de alquiler podemos dedicarnos solo a beneficiar a los
propietarios —por otra parte legítimos gestores de su
patrimonio—, que es lo que a nuestro juicio ustedes nos proponen en
su proyecto de ley, o podemos intentar que los arrendatarios puedan
acceder en condiciones económicas más favorables a una vivienda. Lo
primero puede ser un problema económico, sin duda, señoría, pero lo
segundo, a mi juicio, es un grave problema social, que es el que en estos
momentos tenemos que atender. Y eso es lo que me gustaría ver reflejado
de alguna manera, al incorporar propuestas en el debate en el Senado, en
el proyecto de ley de flexibilización del mercado de alquiler.

En etapas anteriores sin duda el alquiler no creció porque
se potenció la compra, todo orientaba hacia un mayor interés a la compra
de vivienda, pero cuando ahora el grave problema es la carencia de
recursos para una hipoteca, o el alquiler es la solución, ya me dirán qué
hacemos con nuestro derecho constitucional a una vivienda. Preocúpense,
señorías, de qué se va a hacer con ese parque de viviendas del Sareb
porque, a nuestro juicio, en estos momentos la ciudadanía sencillamente
lo rechazaría de plano si no se convirtiese en una oportunidad para un
gran parque de vivienda social en nuestro país.

Por último, respecto a la rehabilitación, nos parece un
tema que no se puede resolver con una frase o un párrafo de su moción,
que en este caso comparto —o puedo compartir— al cien por
cien. A mi juicio, tenemos que hablar aquí de si ese proyecto de ley de
rehabilitación, que ustedes anunciaban para el Consejo de Ministros del
28 de diciembre y que aún no se ha producido, no se puede presentar
porque el presupuesto ha pegado un recorte del 60% a las ayudas públicas
en esa materia o sencillamente porque ustedes no tienen claro los cambios
legales que habría que hacer para incentivar y conseguir financiación
privada que haga posible la rehabilitación a la escala que nosotros
consideramos que sería una oportunidad en este momento en el país para
generar empleo, para ahorrar energía, para luchar contra el cambio
climático y para buscar soluciones al sector de la construcción.

Por tanto, si ustedes trabajan valientemente en alcanzar
objetivos que no se han conseguido con planes anteriores en materia de
rehabilitación, si caminan por esa senda, sin duda en el futuro tendremos
puntos de encuentro, porque creemos que ese es claramente el elemento de
las políticas de crecimiento, un magnífico ejemplo de políticas de
crecimiento para activar la economía y generar empleo diferente
completamente al que el sector de la construcción había seguido hasta
ahora, y si no alcanzamos un punto de acuerdo, flaco favor le estaremos
haciendo a la ciudadanía.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Espadas.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Ibarrondo.

El señor IBARRONDO BAJO: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, en primer lugar quiero decir que es una suerte
poder debatir sobre vivienda, rehabilitación y reconstrucción, porque,
aunque no lo consideren, coincidimos en algunos análisis y en el punto de
partida y, por lo tanto, estamos en líneas estratégicas muy
similares.

Agradezco la actitud y el talante de todos ustedes y sus
moderadas intervenciones.

Desde el año 2000, la Administración General del Estado ha
destinado a las políticas de acceso a la vivienda y fomento de la
edificación más de 12 000 millones de euros, que se canalizaban a través
de diversas líneas contenidas en planes de vivienda cuatrienales, y que
han prestado ayuda a más 1 700 00 personas. Por lo tanto, todos hemos
sido encaminados hacia ese objetivo.

Otro dato: entre los años 2008 y 2011 el Ministerio de
Fomento destinó 1720 millones de euros a la adquisición de vivienda,
frente a los 337 millones dirigidos al alquiler. Ahí está ese cambio de
reorientación hacia las políticas de vivienda en alquiler. Se han hecho
muchas cosas, y yo creo que se han hecho razonablemente bien, con algunas
excentricidades, de las que ya hemos hablado antes.

Dicho esto, los tiempos cambian y por ello, tras ver los
resultados de estas ayudas y el parón del acceso y la compra de vivienda
en propiedad, el Ministerio de Fomento, adecuándose a los tiempos, está
desarrollando una serie de políticas orientadas a fomentar el alquiler,
la rehabilitación y la regeneración. No son titulares, señora Candini. Es
una moción —yo no sé qué entiende por moción— en la que
detrás hay una batería de leyes, de normativas de reglamentos, parte de
las cuales en estos momentos están en el Congreso de los Diputados y
parte van a venir al Senado, y a lo largo del plan de vivienda se van a
ir desarrollando en esta Cámara.

En 2012 se vendieron 361 631 viviendas, y esas ayudas, ese
incentivo que mantuvo el Consejo de Ministros introduciendo estímulos
fiscales —porque hay estímulos fiscales para la compra de
vivienda—, como la prórroga del IVA del 4%, provocó que hubiese una
venta muy importante de 117 000 viviendas en mercado libre —88% del
total— en el último trimestre y de 14 784 de vivienda protegida. Es
otro dato: 88%, de vivienda libre y 11%, de privada.

Se dice que no hemos querido hablar aquí de los desahucios.
Es que yo creo que está implícito. Todo el trabajo de esta moción va
dirigido a las personas más vulnerables y más desfavorecidas; nadie
quiere omitir aquí esto. Pero el partido que más ha trabajado en relación
con esta problemática es el Partido Popular y eso se constata con los
datos que les voy a dar ahora.

En estos momentos se está tramitando la Ley de Medidas
urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios,
procedente del Real Decreto Ley 27/2012, que se ha acordado tramitar como
proyecto de ley. Nada de buen rollito; operaciones; porque yo de buen
rollito con usted, nada, señora Candini. Estos son acuerdos operativos,
nada de buen rollito; operatividad. El Real Decreto dirigía sus
propuestas en dos puntos: la suspensión inmediata durante dos años del
lanzamiento —la fase final del desahucio— y la creación de un
fondo social y una comisión de seguimiento. A usted le preocupa, y yo le
digo que hay dos comisiones de seguimiento. No es buen rollito, hay dos
comisiones de seguimiento, y además están acordadas con la FEMP. Estos
son más datos.

La creación de este fondo social tenía cuatro grupos de
medidas que están implícitas en esa moción y que se van a aprobar en esas
leyes. Son: la reforma de la Ley Hipotecaria, la reforma de la Ley de
Regulación del Mercado Hipotecario —no sé si le parecerá poco
trabajo esas dos leyes—, la modificación de la Ley de
Enjuiciamiento Civil —no son titulares, son

cosas implícitas en la moción—, la introducción de
medidas de prudencia financiera —que ya se han introducido— y
plantear más fórmulas encaminadas a perfeccionar el Código de Buenas
Prácticas puesto en marcha en 2012. Nada de buen rollito; son
actuaciones.

Y por último, tras el debate sobre el estado de la nación,
se acuerdan cuatro puntos que son fundamentales: facilitar la
reestructuración de la deuda hipotecaria y ofrecer un proceso de
ejecución más beneficioso para el deudor —se protegerá a los
colectivos sociales más vulnerables aplicando el Código de Buenas
Prácticas—; aprobar la ley de rehabilitación antes de que finalice
2013; poner en marcha el plan de vivienda 2013-2016, e impulsar el Fondo
Social para la Vivienda, creado el 17 de enero de 2013, con esas dos
comisiones de seguimiento.

Por tanto, no hay retórica en mi intervención. En el
formato de esa moción están todas estas cosas que les estamos contando,
junto con ese plan de vivienda, que mantiene en los Presupuestos para
2013 esos 300 millones de euros. Pero ese plan en estos momentos se está
redactando, así pues, no tiene asignadas unas cantidades, pero sí va a
recoger las buenas prácticas de las anteriores corporaciones.

Señora Candini, creo que rezuma usted un aire de gato
escaldado cuando habla de que esto nos va a pasar factura. No sé si lo
dice por lo que le ha sucedido a usted en su región, pero yo le digo que
nosotros tenemos los pies en la tierra y escuchamos muy sinceramente no
solo lo que dicen ustedes, sino también lo que se dice en la calle, y la
respuesta a todo eso que se nos dice está en estas leyes. En cualquier
caso dentro de tres años se verán los resultados de lo que ha hecho este
grupo.

En cuanto a lo dicho por el Grupo Parlamentario Socialista,
están muy bien esos diez puntos, y vuelvo a insistir en que en muchos de
ellos coincidimos, pero no me hablen del parque de vivienda protegida en
régimen de suelo cuando hace dos años el que fue lendakari, Patxi López
—no sé si es delfín o va a ser el próximo díscolo—, puso en
venta 16 602 viviendas. Es decir, que del patrimonio público de los
ayuntamientos del Gobierno vasco, de cesiones del ayuntamiento, ha puesto
en venta 16 602 viviendas, de las cuales un 10% han sido compradas por
sus inquilinos. Por tanto, no me propongan hacer una oficina de la
vivienda en alquiler cuando ustedes están vendiendo esas viviendas. Eso
carece de peso. Como tampoco en Andalucía tienen una sociedad de vivienda
pública cuando hay 5172 viviendas paradas, cerradas, y que ni siquiera
están dispuestos a ceder para estas personas que están en trámites de
desahucio. Por tanto, tengan un poco de coherencia, señorías.

Y por último, quiero agradecer al Partido Nacionalista el
apoyo que está prestando a esta moción, y decirle, en cuanto a ese
Ricardo Bastida, que ha habido muchos Ricardos Bastida en España, ha
habido muchas personas muy altruistas que demuestran que la colaboración
entre lo público y lo privado funciona, y es otra de las cosas implícitas
que recoge esta moción, la colaboración entre la Administración y lo
privado, porque yo creo que dando esa libertad —de la que
hablábamos antes— respecto de la gestión del alquiler se va a
permitir solucionar la carestía y el problema que tenemos con la
vivienda.

Muchísimas gracias y buenos días. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ibarrondo.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 244; a favor, 156; en contra, 74; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

5.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL.

(Núm. exp. 662/000067)

AUTOR: GPEPC

El señor presidente da lectura al punto 5.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado seis
enmiendas: una del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los
senadores Iglesias y Mariscal, y cinco del Grupo Parlamentario
Socialista.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Saura.
((Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor.

Cuando quiera, señoría.

El señor SAURA LAPORTA: Gràcies, senyor president.

Senyores i senyors, senyories, passo a defensar en nom del
grup de l’Entesa una moció en relació a l’Avantprojecte de
llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
local.

No és gaire habitual que es presentin mocions en relació a
avantprojectes de llei, però en aquest cas l’hem presentada per la
gravetat del contingut del projecte de llei i, sobretot perquè —si
m’ho permeten— es tracta d’una barbaritat…
(Rumors.)

Gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores, paso a defender en nombre de
Entesa pel Progrés de Catalunya una moción en relación con el
anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la
Administración local.

No es muy habitual que se presenten mociones sobre
anteproyectos de ley pero en este caso lo hemos hecho por la gravedad del
contenido del proyecto de ley y, sobre todo, porque —si me lo
permiten— se trata de una barbaridad… (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

El señor SAURA LAPORTA: Deia que hem presentat aquesta
moció davant de la gravetat de l’avantprojecte de llei que, si
m’ho permeten, i no m’agrada utilitzar aquests qualificatius,
es tracta d’una veritable barbaritat. D’una barbaritat greu i
d’una barbaritat gran.

Hi ha moltes raons per demanar la retirada de
l’avantprojecte de llei i la primera és la següent: quan
s’aprova una llei, automàticament han d’aparèixer millores
des del punt de vista de la ciutadania i aquesta llei el que fa és
empitjorar les condicions de vida, la qualitat de vida, de la ciutadania,
i molt especialment de la ciutadania més vulnerable. I per què empitjora
les condicions de vida? (El senyor vicepresident, Lucas Giménez, ocupa la
Presidència.) Perquè aquesta llei, o avantprojecte de llei, fulmina
competències i capacitats dels ajuntaments per desenvolupar polítiques
especialment sensibles en el tema social i, per tant, els ciutadans i les
ciutadanes rebran menys polítiques socials.

A quines competències em refereixo? Mirin,
l’avantprojecte de llei fulmina la competència de prestació de
serveis socials, treu de competències locals els temes d’educació o
de sanitat, la igualtat home-dona,els temes de la promoció econòmica, és
a dir, treu totes les polítiques que tenen a veure amb la necessitat
d’un desenvolupament amb cohesió social dels ajuntaments. Els
ajuntament han de contribuir, han contribuït i estan contribuint a la
cohesió social, a municipis més igualitaris, a ciutats inclusives, a
ciutats convivencials, i aquest avantprojecte de llei treu totes aquestes
competències del mandat dels ajuntaments.

Què deixa l’avantprojecte de llei als ajuntaments?
Fonamentalment les competències d’enllumenat públic, de
l’aigua potable, dels residus, dels cementiris, de
l’ordenació del trànsit. Són coses necessàries però absolutament
insuficients. Per tant, ens trobem amb una proposta política del govern
del Partit Popular de canvi d’un model d’ajuntaments que en
aquests gairebé quaranta anys ha estat exitós. La transformació
urbanística, la transformació social, la transformació cultural de les
nostres ciutats i dels nostres pobles han estat fonamentalment producte
del treball dels ajuntaments. Només això ja justificaria la retirada.
Estem en contra d’uns ajuntaments que no

tinguin competències bàsiques per donar respostes des del
punt de vista de les polítiques socials en els municipis.

Però hi ha més. L’avantprojecte de llei planteja una
altra disbarat. Diu que un decret determinarà el coste estándar de la
prestació de serveis i que, si els ajuntaments no compleixen aquest coste
estándar, aquesta competència passarà a mans de la Diputació. Per tant,
un coste estándar per un servei i, si el servei no es compleix, això
passa a mans de la diputació.

Cal fer aquí dues observacions. La primera és que és
impossible —repeteixo, impossible— fer costos estàndards des
del punt de vista municipal en un país amb la diversitat territorial
nostra. Per què, pot ser el mateix coste estándar l’enllumenat
públic d’un municipi de muntanya que d’un municipi costaner?
Pot tenir el mateix coste estándar la recollida de residus de Calella
—i aquí tenim la seva alcadessa— que d’un municipi de
muntanya o de Galícia? Pot tenir el mateix coste estándar el cost de la
policia local d’una ciutat diguem-ne turística a l’estiu que
d’un municipi de cent habitants? És impossible. És impossible fer
un cost estàndard per prestació de serveis per la diversitat. Ja sé que
el Govern del Partit Popular odia la diversitat, no en vol ni sentir a
parlar. Però la diversitat municipal impossibilita el coste estándar.

Però hi ha una segona observació. Imaginin que a un
ajuntament li diuen: coste estándar de l’enllumenat públic 5, coste
estándar dels residus, 7. I si aquell ajuntament vol fer una política de
residus més avançada, que serà 8, i en canvi disminuir el cost estàndar
de l’enllumenat públic perquè té un bon enllumenat públic? Doncs no
ho pot fer. Què està passant? Que des del govern central s’està
decidint via costes estándares quines polítiques i com fan les polítiques
els ajuntaments. Per tant, a part de fulminar competències
imprescindibles dels ajuntaments, i més ara davant d’una situació
de crisi, el que fa el govern central és condicionar les polítiques dels
ajuntament amb aquesta idea del coste estándar.

Amb què queden els ajuntaments? Amb tot això que serien els
ajuntaments? Doncs mirin vostès, els ajuntaments deixarien de ser unes
institucions polítiques democràtiques compromeses amb la ciutadania per
passar a ser una oficina administrativa concentrada desconcentrada sense
autonomia per aplicar polítiques. Una oficina administrativa
desconcentrada sense autonomia, en definitiva, per aplicar les
polítiques.

I a més a més, el projecte de llei diu una cosa i és que un
dels quatre objectius de l’avantprojecte és afavorir la presència
de l’empresa privada econòmicament en els ajuntaments. No cal ser
gaire llest, ni gaire endeví, per imaginar-se serveis que els ajuntaments
no fan al cost d’estàndard xuclats per les diputacions i
privatitzats. És a dir, aquí s’obre una finestra de traspàs de
competències a les diputacions i de privatitzacions dels serveis. Com
justifica el Govern aquesta proposta? Utilitza dues justificacions: la
primera, una competencia, una administración. I els vull llegir, perquè
ho explica millor que jo, un paràgraf d’un article de Joan
Subirats, catedràtic de Dret de Ciència Política de la Universitat
Autònoma de Barcelona, que diu el següent: ¿A quién se le puede ocurrir
en plena lógica de Gobierno multinivel, con competencias cruzadas de un
sinfín de administraciones en cada espacio territorial postular esa
simplista idea de una competencia, una Administración? Pero cualquiera
que conozca un poco el funcionamiento real de las políticas públicas hoy
sabe que eso es pura demagogia, apta solo para ciudadanos cándidos y de
esos cada vez quedan menos.

Imagini’ns la política de seguretat en un ajuntament
s’ha de compartir necessàriament, en les juntes locals de seguretat
hi ha diverses administracions, no hi ha una sola administració amb
competència exclusiva. Però és que, a més a més, la nostra Constitució
descarta la competència única i exclusiva, la nostra Constitució parla de
competències exclusives, de competències executives i de competències
compartides. I avui la gran majoria de competències dels ajuntaments són
competències compartides. Per tant, primera justificació, segons Joan
Subirats, una idea simplista d’una competència, una administració,
quan en aquests moments el Govern és un multinivell. Segona justificació:
ahorraremos dinero, disminuiremos el gasto de los ayuntamientos. Quines
dades tenim en relació a això? Des del punt de vista de la despesa, en
aquests moments hi ha exactament només el 13% de despesa pública de
l’administració local, el 50% de l’administració central i el
35%. Però, anem al deute públic, el deute públic espanyol està situat a
prop de 900 000 milions d’euros dels quals només 40 000 són dels
ajuntaments, és a dir, els ajuntaments participen en un 5% del deute
públic quan fan un 13% de despesa pública.

Si comparem Espanya amb França o Alemanya les comparacions
són aquestes: Espanya, participació del deute local en el deute públic,
5,4%; França, 8,9%; Itàlia, 6,7%; Alemanya, 6,6%. Si comparem el deute
públic de l’administració local amb el producte interior brut la
comparació és aquesta: Espanya, 4,1%; França, 8%; Itàlia, 8,6%; Alemanya,
5,6%. És a dir, les dues justificacions que el Govern intenta utilitzar
per justificar la seva llei són justificacions que no aguanten cap mena
de debat.

I en l’última part de la intervenció voldria dir, o
voldria assenyalar, les vulneracions legals que aquest avantprojecte fa i
el dret comparat amb altres estats. En primer lloc vulnera la Carta
Europea de la Administración Local. En l’article 3 diu
claríssimament que el ajuntaments han de ordenar y gestionar una parte
importante de los asuntos públicos i, evidentment, aquest no és ni
l’esperit ni la lletra de l’avantprojecte. A l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya diu, en l’article 160, que correspon
a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de règim local que
respectant el principi d’autonomia local inclou la determinació de
les competències i de les potestats pròpies dels municipis. És a dir,
l’Estatut d’Autonomia dóna competència exclusiva a la
Generalitat a l’hora de determinar les competències, per tant,
aquest avantprojecte de llei vulnera i també vulnera l’esperit de
la Carta Municipal de Barcelona. Vam trigar com vint anys des de la
reivindicació d’una carta municipal d’un règim especial per a
Barcelona, perquè hi hagués carta municipal, i ara fa pocs anys que la
vam aprovar.

Hi ha una disposició derogatòria a l’avantprojecte de
llei que deroga tot allò que no coincideix amb l’avantprojecte de
llei.

I si anem a què passa a la resta de països —només els
hi llegiré tres o quatre països—, a Alemanya, per exemple: la
legislación sobre derecho local se atribuye a la competencia de los
estados —per tant, de los Länder—. La Federación
—l’estat federal gran— no puede establecer de forma
directa relaciones con las municipalidades o con otras entidades locales.
La Federación no puede atribuir responsabilidades o deberes a las
entidades locales y tampoco puede intervenir respecto de las
competencias. Suïssa: la Constitución Federal solamente menciona la
existencia de municipalidades, la regulación de su extensión,
organización, función y autonomía es competencia de los estados. Bèlgica:
la organización de las administraciones locales en lo que comprende a la
definición de sus atribuciones es enteramente de competencia regional.
Itàlia, etcètera.

Pràcticament a tots els països que ens envolten de la Unió
Europea la competència del règim local és competència regional o dels
Länder.

He de dir que aquest avantprojecte de llei també forma part
de les conseqüències de la Llei d’estabilitat i de la reforma de
l’article 135 de la Constitució. Com no hem pogut devaluar la
moneda s’han produït ja tres devaluacions: la devaluació dels
salaris, la devaluació de la reforma laboral, dels drets laborals, i la
devaluació dels serveis, amb la privatització dels següents: quedava un
àmbit que no s’havia devaluat, que era l’àmbit del món
municipal, aquest avantprojecte de llei és una devaluació del món
municipal que coincideix amb l’estratègia o amb la dinàmica de la
Llei d’estabilitat.

Quines coses proposem? En proposem dotze, després
m’hi referiré en el torn de portaveus, quan la defensa de les
esmenes, però volia fonamentalment assenyalar la necessitat de retirada
d’allò que és un retrocés democràtic, una demolició de
l’estructura dels ajuntaments, que he de dir que ha tingut èxit.
Els ajuntaments de tots els colors polítics, amb problemes i amb
insuficiències, han fet una gestió amb èxit de canvi insisteixo del
paisatge urbà, social, cultural dels ajuntaments i, per tant, des
d’aquest punt de vista és absolutament inconcebible.

Per tant, els hi demano que votin aquesta moció, que donin
suport perquè no es produeixi un error de fons, una barbaritat
d’avantprojecte legislatiu que va en contra de l’experiència
municipal, no d’uns partits, sinó de tots els partits i de
recolzament dels ajuntaments des de la proximitat, des d’instàncies
que coneixen els problemes de la ciutadania, que tenen sensibilitat, que
avui no estan gastant diners excessius —menys de la mitjana
europea— i que tampoc tenen un deute públic exagerat. Visca els
ajuntaments per les coses que han fet i visca els ajuntaments per les
coses que espero que facin amb l’acord i amb el suport de tots
vostès. (Aplaudiments.)

Decía que hemos presentado esta moción ante la gravedad del
texto del anteproyecto de ley y, si me lo permiten, aunque no me gusta
utilizar estos calificativos, se trata de una barbaridad, una barbaridad
grave y grande.

Hay muchos motivos para pedir la retirada del anteproyecto
de ley, y el primero es el siguiente: cuando se presenta una ley,
automáticamente tienen que aparecer mejoras para los ciudadanos; en
cambio, esta ley empeora las condiciones de vida, la calidad de vida de
la ciudadanía, y muy especialmente de la ciudadanía más vulnerable. ¿Y
por qué empeora dichas condiciones de vida? (El señor vicepresidente,
Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.) Empeora las condiciones de vida
porque este anteproyecto de ley fulmina competencias y capacidades de los
ayuntamientos para desarrollar políticas especialmente sensibles en el
ámbito social, y, por consiguiente, los ciudadanos y ciudadanas tendrán
menos políticas sociales.

¿A qué competencias me refiero? El anteproyecto de ley
fulmina la competencia de prestación de servicios sociales; retira de las
competencias locales materias como la educación, la sanidad, la igualdad
entre hombre y mujer, la promoción económica; es decir, saca todas las
políticas que tienen que ver con la necesidad de un desarrollo con
cohesión social de los ayuntamientos. Los ayuntamientos deben contribuir,
han contribuido y están contribuyendo a la cohesión social, a unos
municipios más igualitarios y a unas ciudades con buena convivencia, y
este anteproyecto saca todas estas competencias del mandato de los
ayuntamientos.

¿Qué deja el anteproyecto de ley a los ayuntamientos? Pues
agua potable, luz pública, residuos, cementerios, regulación del tráfico;
cosas necesarias pero absolutamente insuficientes. Por lo tanto, nos
encontramos ante una propuesta política del Gobierno del Partido Popular
de cambio de un modelo de ayuntamientos que a lo largo de cuarenta años
ha tenido éxito. La transformación urbanística, la transformación social,
la transformación cultural de nuestras ciudades y pueblos han sido
fundamentalmente producto de la labor de los ayuntamientos. Solo por esto
se justifica la retirada. Estamos en contra de unos ayuntamientos que no
tengan competencias básicas para dar respuesta, desde el punto de vista
de las políticas sociales, a los municipios.

Pero hay más. El anteproyecto de ley plantea otro
disparate. Dice que un decreto determinará el coste estándar de la
prestación de servicios, y que si los ayuntamientos no cumplen con este
coste estándar esta competencia pasará a manos de la diputación. Por lo
tanto, un coste estándar por un servicio, y si este servicio no se cumple
pasa a manos de la diputación.

En este punto quisiera introducir dos observaciones.
Primera, es imposible —repito, imposible— hacer costes
estándar desde el punto de vista municipal, en un país con nuestra
diversidad municipal. Porque ¿puede tener el mismo coste estándar la
iluminación pública de un municipio de montaña que la de un municipio de
costa? ¿Puede tener el mismo coste estándar la recogida de residuos de
Canillas —y aquí tenemos a su alcaldesa— que un municipio de
montaña o un municipio de Galicia? ¿Puede tener el mismo coste estándar
la Policía Local de una ciudad turística en verano que la de un municipio
de cien habitantes? Es imposible tener un coste estándar por prestación
de servicios por la diversidad, y sé que el Gobierno del Partido Popular
odia la diversidad, no quiere oír hablar de ella, pero la diversidad
municipal imposibilita ese coste estándar.

Pero es que, además, hay una segunda observación.
Imagínense ustedes que a un ayuntamiento le dicen: el coste estándar de
iluminación pública es 5, y el de residuos, 7. ¿Y si ese ayuntamiento
quiere hacer una política de residuos más avanzada y en cambio disminuir,
por ejemplo, el coste estándar de la iluminación pública porque tiene una
buena iluminación pública? ¿No puede hacerlo? ¿Qué está sucediendo? Pues
que el Gobierno central está diciendo, vía costes estándares, qué
políticas deben aplicar los ayuntamientos; además de fulminar
competencias indispensables en los ayuntamientos, especialmente ahora, en
situación de crisis, lo que hace el Gobierno central es condicionar las
políticas de los ayuntamientos con esta idea del coste estándar.

¿Con qué se quedan los ayuntamientos? ¿Qué serían, con todo
esto, los ayuntamientos? Pues, señorías, los ayuntamientos dejarían de
ser unas instituciones políticas democráticas y comprometidas con la
ciudadanía para pasar a ser una oficina administrativa desconcentrada,
sin autonomía para aplicar políticas; sería una oficina administrativa
desconcentrada, en definitiva, sin autonomía para aplicar las
políticas.

Además, el proyecto de ley dice lo siguiente: Uno de los
cuatro objetivos del anteproyecto es favorecer la presencia de la empresa
privada económicamente en los ayuntamientos. No hace falta ser muy
avispado ni adivino para imaginar servicios que no se hacen a coste
estándar, absorbidos por las diputaciones y privatizados. Es decir, aquí
se abre una ventana de traspaso de competencias a las diputaciones y de
privatización de servicios. ¿Cómo justifica el Gobierno esta propuesta?
Utiliza dos justificaciones. La primera, «una competencia, una
Administración». Voy a leer el párrafo de un artículo de Joan Subirats,
catedrático en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona,
que lo explica mejor. Reza lo siguiente: «¿A quién se le puede ocurrir en
plena lógica de Gobierno multinivel, con competencias cruzadas de un
sinfín de administraciones en cada espacio territorial, postular esa
simplista idea de “una competencia, una Administración”? Pero
cualquiera que conozca un poco el funcionamiento real de las políticas
públicas hoy sabe que eso es pura demagogia, apta solo para ciudadanos
cándidos, y de esos cada vez quedan menos.»

Imagínense ustedes la política de seguridad en un
ayuntamiento. Necesariamente, hay que compartir. En las juntas de
seguridad hay diversas administraciones, no hay una única Administración
con competencia exclusiva. Además nuestra Constitución descarta la
competencia única y exclusiva. Nuestra Constitución habla de competencias
exclusivas, de competencias ejecutivas y de competencias compartidas. Y
la gran mayoría de las competencias de los ayuntamientos hoy en día son
compartidas. Por lo tanto, en cuanto a la primera justificación, según
Subirats, se trata de una idea simplista, la de «una competencia, una
Administración», cuando en la actualidad tenemos un Gobierno multinivel.
La segunda justificación es que ahorraremos dinero, que vamos a disminuir
el gasto de los ayuntamientos. ¿Qué datos tenemos al respecto? Desde el
punto de vista del gasto, en la actualidad solo el 13% de gasto público
corresponde a la Administración local; el 50% a la Administración central
y el 35% a las comunidades autónomas. La deuda pública gira en torno a
900 000 millones de euros, de los cuales solo 40 000 corresponden a los
ayuntamientos, es decir, participan en un 5% de la deuda pública, cuando
hacen un 13% de gasto público.

Si lo comparamos con otros países, en España la
participación de la deuda local en la deuda pública es del 5,4%, frente
al 6,6% en Alemania. Y si comparamos la deuda pública de la
Administración local con el PIB: España, 4,1%; Francia, 8%; Italia, 8,6%;
Alemania, 5,6%. Es decir, las dos argumentaciones que el Gobierno intenta
utilizar para justificar su ley no aguantan ningún tipo de debate.

Y en la última parte de mi intervención quisiera señalar
las vulneraciones legales que hace este anteproyecto en el Derecho
comparado con otros Estados. En primer lugar, vulnera la Carta Europea de
la Administración Local. Su artículo 3 establece que los ayuntamientos
deben ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos,
y, evidentemente, este no es el espíritu ni la letra del anteproyecto.
Asimismo, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en su artículo 160
establece que corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en
materia de régimen local, que, respetando el principio de autonomía
local, incluye la determinación de las competencias y de las potestades
propias de los municipios. Es decir, este estatuto otorga competencia
exclusiva a la Generalitat a la hora de determinar las competencias, de
modo que este anteproyecto de ley vulnera este principio, como vulnera
también el principio de la Carta Municipal de Barcelona. Hace unos veinte
años que reivindicamos un régimen especial para Barcelona en la carta
municipal y se aprobó hace pocos años.

Pues bien, hay una disposición derogatoria en el proyecto
de ley que deroga todo aquello que no coincide con ese anteproyecto de
ley.

Si nos comparamos con otros países —solo leeré tres o
cuatro—, en Alemania, por ejemplo: la legislación sobre derecho
local se atribuye a la competencia de los estados —por tanto de los
Länder—. La Federación —el Estado Federal— no puede
establecer relaciones directas con las municipalidades o con otras
entidades locales. La Federación no puede atribuir responsabilidades o
deberes a las entidades locales y tampoco puede intervenir respecto de
las competencias. Suiza: la Constitución federal solamente menciona la
existencia de municipalidades. La regulación de su extensión,
organización, función y autonomía es competencia de los Estados. Bélgica:
la organización de las administraciones locales en lo que se refiere a la
definición de sus atribuciones es enteramente de competencia regional.
Italia, etcétera.

En todos estos países la competencia del régimen local es
competencia regional o de los länder.

Este anteproyecto de ley forma parte también de las
consecuencias de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de la reforma del
artículo 135 de la Constitución. Como no han podido devaluar la moneda,
se han producido ya tres devaluaciones: la de los salarios, la de los
derechos laborales a través de la reforma laboral y la de los servicios
con las privatizaciones. Quedaba un ámbito que no se había devaluado, que
es el del mundo municipal, y este anteproyecto de ley es una devaluación
del mundo municipal. Coincide con la estrategia o con la dinámica de la
Ley de Estabilidad.

¿Qué proponemos? Proponemos doce puntos, a los que me
referiré más adelante. Ahora quiero mencionar sobre todo la necesidad de
detener un retroceso democrático, una demolición de la estructura de los
ayuntamientos, que ha sido una estructura de éxito. Los ayuntamientos de
todos los colores políticos, con sus problemas y con sus cosas, han
realizado con éxito una gestión de cambio de la institución. Desde este
punto de vista, la pretensión es absolutamente inconcebible.

Por consiguiente, les pido que voten esta moción, que le
den su apoyo, para que no se produzca un error de fondo ante esta
barbaridad de anteproyecto legislativo, que va en contra de la
experiencia de todos los partidos, no solo de algunos, y en contra de los
ayuntamientos como instituciones de proximidad, como instancias que
conocen los problemas de los ciudadanos, que tienen sensibilidad, y que
no están gastando dinero en exceso —están por debajo de la media
europea—. Así que ¡viva los ayuntamientos! por toda la labor
realizada y ¡viva los ayuntamientos! por el trabajo que espero sigan
realizando con el apoyo de todos ustedes. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Para la defensa de
su enmienda, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el senador
Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Compartimos el espíritu de la moción, y hemos propuesto
algunas enmiendas que buscan fundamentalmente clarificar alguno de los
extremos o reforzar alguno de los planteamientos. Lo compartimos porque
entendemos que estamos ante una auténtica desamortización. No hay que
remontarse a Mendizábal o a Madoz. Hemos tenido en nuestro país en
tiempos más recientes otras desamortizaciones. Desamortización fue
—lo apuntaba en una intervención anterior— la venta de las
empresas públicas; desamortización fue también lo que se hizo con las
cajas de ahorro en nuestro país. Y ahora asistimos a otra
desamortización, la tercera, la desamortización de Montoro en torno al
patrimonio, en torno a la existencia de los propios municipios.

Nuestras enmiendas buscan salir al paso del recorte
competencial a los ayuntamientos recordando el principio de
subsidiariedad, que dispone que un asunto debe ser resuelto por la
Administración más próxima al problema. Los ayuntamientos tienen las
competencias que tienen fruto de una experiencia política consolidada.
Son expresión de la democracia más próxima a los ciudadanos. Tuvimos
elecciones generales en 1977, hubo una Constitución y elecciones
posteriores; pero, para una gran parte de nuestra sociedad, la democracia
vino de verdad en 1979 cuando se eligieron los ayuntamientos
democráticos. Ahora, con nuestras enmiendas, pretendemos que se sostenga
el compromiso presupuestario de la Administración del Estado, que es algo
que se quiere evitar, en relación con todos los planes y proyectos
tradicionalmente reflejados en los Presupuestos Generales del Estado como
acciones compartidas entre la Administración central y la municipal, como
reconocimiento de que los municipios no contaban con recursos
suficientes. Y pretendemos que se sostenga ese compromiso hasta que esté
perfectamente garantizada la suficiencia financiera del funcionamiento de
las Administraciones locales.

Igualmente, presentamos una enmienda reforzando la voluntad
de la moción de propiciar la supresión de las diputaciones provinciales,
matizando cómo se acota esa desaparición, de tal manera que la misma se
produzca existan o no existan estructuras intermedias. Prodúzcase la
transferencia de competencias y patrimonio de las diputaciones a las
comunidades autónomas y sean éstas, las comunidades autónomas, las que
decidan a partir de ese momento cómo afrontar el desarrollo y gestión de
esas competencias y de ese patrimonio, de tal manera que no sean solo las
comunidades autónomas que ya hayan avanzado en esa dirección las que
asuman competencias y patrimonio de las diputaciones provinciales.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Belloch.

El señor BELLOCH JULBE: Gracias, señor presidente.

Presidente, portavoz de Entesa, autor de la moción,
senadores y senadoras, mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, va a
votar a favor de esta moción. Una moción que tiene como objetivo
fundamental, lo decía el ponente, rechazar el anteproyecto de reforma de
la Administración local. Con un cierto grado de cinismo, diría yo, se le
llama Ley de racionalización de la Administración local. Francamente el
mecanismo no es racional, no es razonable siquiera, aunque sí que tiene
razones o motivos para estar. El primero de ellos es incluso exógeno a
este país, y se refiere a la conveniencia para el señor Montoro de
presentar en las instancias europeas que sí afrontamos reformas
estructurales capaces de ahorrar, en este caso 7000 millones de euros,
han dicho; podrían haber dicho la cifra que quisieran, porque en ningún
momento se aclara cuál es el origen o procedencia. Eso quizá va a influir
en la urgencia, en que probablemente el Gobierno intente terminarla este
mismo año.

Hay otras razones o motivos de carácter estrictamente
ideológico. Concretamente, se trata de llevar también a este terreno la
ideología del liberalismo más radical, posibilitando —como en la
segunda intervención concretaré con más detalle— que se saquen a
concurso los servicios públicos municipales rentables, es decir, aquellos
que se pagan con tasas. El problema es qué pasa con el resto de servicios
esenciales.

En tercer lugar, siguiendo también una cierta tradición de
esta legislatura, trata de trasladar las culpas a quien no las tiene. En
este caso, creo que nadie serio puede pensar que el motivo de la
situación de la deuda de las Administraciones públicas en España descansa
en los municipios. Todos sabemos que escasamente llega al 4,5% y, además,
un municipio absorbe el 25% de esa cantidad total. Es evidente que la
causa no está en la Administración local.

Además, es contrario —se ha dicho ya— al
principio de autonomía municipal. En muchos temas, pero yo quiero
concretar que lo es en algo muy específico: la necesidad de que las
decisiones tomadas por el alcalde o tomadas por el Pleno del
ayuntamiento, órganos legitimados democráticamente por los votos, deban
ser sometidas a un informe previo de funcionarios públicos pertenecientes
a otras administraciones. Con toda sinceridad y sin ánimo alguno de
populismo, recuerda mucho la situación de los gobernadores civiles
respecto de los municipios en el régimen anterior. La verdad es que lo
recuerda desgraciadamente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor
Belloch.

El señor BELLOCH JULBE: Perdón, ¿no puedo terminar?

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Perdón, sí puede
terminar. Creí que había terminado.

El señor BELLOCH JULBE: Enseguida termino.

Paso a las enmiendas, y ya tornaré a este discurso en la
medida en que tenga tiempo. Una de las enmiendas es una simple reforma
gramatical, la número 2; la número 3 pretende ser una mejora técnica,
para dejar claro que afecta a todas las administraciones; la 4 y la 12 se
refieren exclusivamente a la conveniencia de no mezclar los temas
municipales con los autonómicos; y la 9 es una enmienda parcial, que lo
que pretende es ampliar el contenido de ese número a todos los estatutos
de autonomía que reconocen competencias en materia de entidades
supramunicipales.

Nada más y muchas gracias por su comprensión, señor
presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, y
disculpe, señor Belloch.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, señor Saura, para manifestar si acepta o
no las enmiendas.

El señor SAURA LAPORTA: Gràcies senyor president.

De les esmenes del Grup del Partit Socialista,
l’esmena primera l’acceptarem, és una correcció tècnica de la
nostra esmena. L’esmena segona que diu plantear una reforma tan
importante y definitoria de la propia excelencia del Estado requiere la
concurrencia de la propia administración

local y de las administraciones autonómicas també
l’acceptarem. I l’esmena quatre, que és un punt de
substitució on a la moció inicial allò que plantejava en definitiva era
la necessitat de facilitar la desaparició de les diputacions i de
respecte a les competències de les comunitats autònomes, el Grup
Parlamentari Socialista fa una esmena conjunta que diu respetar
escrupulosamente los estatutos de autonomía que disponga la legislación
propia referente a los diferentes tipos de administración supralocal y
facilitar su desarrollo. Jo l’accepto amb la interpretació que
estic segur que el Grup Parlamentari Socialista fa: en primer lloc,
respetar y cumplir, és a dir, s’han de respectar les competències
però s’han de complir, no només respectar-les. I en segon lloc que
en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i en altres molts
ajuntaments, es proposa la modificació, la transformació de les
diputacions en altres ens supralocals i supramunicipals i que, per tant,
en aquesta esmena que accepto està inclòs evidentment, per exemple en el
cas català, en anar cap a la substitució de les diputacions per les
vagueries. I el punt cinquè, l’esmena cinquena que és un punt de
supressió de l’article 12, la moció inicial deia la necessitat de
fer una conferència de presidents per parlar de la reforma local. El Grup
Socialista planteja la supressió i algun altre grup no ho veu clar des
del punt de vista de les competències. No tinc cap inconvenient en
acceptar aquestes esmenes tot i que penso que un dels dèficits que té
l’Estat de les Autonomies espanyol és la manca de reunions, de
conferències de presidents horitzontal que determini posició política en
relació a grans temes i crec que aquesta podria ser-ne una però anant cap
al consens, l’accepto.

I del Grup Mixt, accepto la primera i la segona esmena
tranquil·lament i la tercera, la que diu facilitar la supresión de las
diputaciones provinciales abordando las transferencias patrimoniales y de
competencias que se derive de las comunidades autónomas no
l’acceptaria però quedaria inclosa en l’esmena quarta del
Grup Parlamentari Socialista.

Per tant, les esmenes són millores tècniques, altres
redactats, però quedant clar la necessitat de respectar i complir la
legislació de les comunitats autònomes i de fer una llei de bases
consensuada amb una organització territorial que contempli la substitució
de les diputacions allà on les comunitats vulguin i, en el cas català,
això queda contemplat en l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya.

Gràcies.

Gracias, señor presidente.

Respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, la número 1 la aceptaremos, porque es prácticamente una
corrección técnica de la nuestra. La número 2, que dice: «Plantear una
reforma tan importante y definitoria de la propia esencia del Estado
requiere de la concurrencia de la propia administración local y de las
administraciones autonómicas», también la aceptaremos. La enmienda 4, que
es un punto de sustitución, puesto que la moción inicial planteaba la
necesidad de facilitar la desaparición de las diputaciones y la necesidad
de respeto a las competencias de las comunidades autónomas, pues el Grupo
Parlamentario Socialista hace una enmienda conjunta: «Respetar
escrupulosamente los Estatutos de autonomía que dispongan de legislación
propia referente a los diferentes tipos de administración supralocal, y
facilitar su desarrollo». Yo la acepto con la interpretación que creo que
hace el Grupo Parlamentario Socialista, diciendo: respetar y cumplir; hay
que respetar las competencias, pero hay que cumplirlas, no solo
respetarlas. En segundo lugar, en muchos ayuntamientos se propone la
modificación, la transformación de las diputaciones en otros entes
supralocales y supramunicipales y, por consiguiente, en esta enmienda que
acepto se incluye, en el caso catalán, por ejemplo, la sustitución de la
diputación por las veguerías. Por fin, la enmienda 5, propone la
supresión del punto 12 de la moción, que habla de la necesidad de hacer
una conferencia de presidentes para hablar de la reforma local. No tengo
ningún inconveniente en aceptar esta enmienda también, aunque creo que
uno de los déficits que tiene el Estado de las autonomías español es la
falta de reuniones de conferencias de presidentes horizontal que
determine una posición política en cuanto a los grandes temas. No
obstante, en aras del consenso, acepto también esta enmienda.

Del Grupo Mixto, acepto la primera y la segunda enmienda.
No acepto la tercera, la que dice: «Facilitar la supresión de las
Diputaciones Provinciales, abordando las transferencias patrimoniales y
de competencias que de ello se derive a las comunidades autónomas», pero
queda incluida en la enmienda 4 del Grupo Parlamentario Socialista.

Por tanto, las enmiendas son mejoras técnicas, pero queda
clara, en cualquier caso, la necesidad de respetar y cumplir la
legislación de las comunidades autónomas y de hacer una ley de bases
consensuada, con una organización territorial que contemple la
sustitución de las diputaciones allí donde las comunidades lo quieran; y
en el caso catalán, esto se contempla en el Estatuto de autonomía.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

¿Turno en contra? (Pausa.)

No se hace uso de la palabra en turno en contra.

Iniciamos, pues, el turno de portavoces. Por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Bon dia, senadores,
senadors,

L’Avantprojecte de llei de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local suposa un atac frontal a
l’autogovern, a l’autonomia local. Però no únicament a
aquesta. Pel que fa al meu país, Catalunya, suposa el laminament de
l’autogovern i una voluntat clara de minvar l’Estatut vigent.
És, per tant, el menysteniment del que representa les competències
pròpies de Catalunya. També, com ha esmentat el senador Saura, suposa la
vulneració i, per tant, també la laminació del que ha estat la Llei de
règim especial del municipi de Barcelona, l’anomenada Carta de
Barcelona.

Com no pot ser d’altra manera, Esquerra Republicana
de Catalunya comparteix fil per randa la moció presentada en aquesta
cambra altra per l’Entesa de Progrés de Catalunya per a la seva
aprovació. I és per això que el nostre vot serà en aquest sentit
favorable. L’avantprojecte de llei suposa, com he dit abans, un
greu atac al que és l’autonomia a l’autogovern, a la
capacitat d’autoorganització, a la capacitat de fixar normativa, a
la proximitat, i a la cohesió social. En definitiva, a totes aquelles
polítiques actives que han fet del meu país, del nostre país, un país
diferent. L’Administració local ha estat l’artífex d’un
sol país —i parlo en aquests termes de Catalunya— i a ningú
no se li escapa de veritat que l’estructura administrativa central
està plena de duplicitats. És una administració burocràtica, cara i poc
eficaç. L’Estat ha estat incapaç d’adaptar-se al
desenvolupament de l’Estat de les autonomies. I malgrat el
reconeixement i exercici decentralitzador, des del punt de vista del dret
positiu i del paper que tot ho aguanta, a favor dels diferents estatuts
d’autonomia es continuen mantenint serveis i prestacions de serveis
de competències ja transferides. L’Estat també reté els recursos
necessaris per al desenvolupament d’aquests serveis. L’Estat
no compleix, manté estructures burocràtiques, sense competències i no
adaptades a les realitats territorials, i són aquests òrgans els que
haurien de desaparèixer i no pas els de l’Administració local, que
sí evita burocràcia, despesa i, en definitiva, millora la prestació dels
serveis. És a dir, millora la vida dels ciutadans i ciutadanes, perquè no
només són coneixedors del terreny, sinó que també són coneixedors de les
persones que atenen.

Per tant, totalment a favor de la moció. Sol·licitem la
retirada de l’avantprojecte perquè reflecteix i és l’exemple
d’una voluntat regressiva i recentralitzadora d’un Govern de
l’Estat espanyol que va a la deriva, que centrifuga culpes i
responsabilitat per tapar la seva incompetència manifesta. I ara, què
volen que els digui? Continuïn així, perquè els catalans i les catalanes
cada vegada més, de forma majoritària, ens sentim desafectes
d’Espanya i veiem cada vegada més possible un divorci que està ja a
la cantonada.

Gràcies.

Buenos días, senadoras y senadores.

El Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad
de la Administración local supone un ataque frontal al autogobierno, a la
autonomía local, pero no únicamente a esta. Respecto a mi país, Cataluña,
significa también una voluntad clara de laminar el autogobierno y el
Estatuto vigente. Por tanto, se desprecian las competencias propias de
Cataluña. Asimismo, tal y como ha dicho el senador Saura, supone la
vulneración y la eliminación de la Ley de régimen especial del municipio
de Barcelona, la llamada Carta de Barcelona.

Esquerra Republicana comparte al cien por cien la moción
presentada en esta Cámara Alta por Entesa. Precisamente por eso nuestro
voto será favorable. El anteproyecto de ley supone, como ya he dicho, un
grave ataque a la autonomía, al autogobierno, a la capacidad de

autoorganización, a la proximidad y a la cohesión social y,
en definitiva, a todas estas políticas activas que han hecho del nuestro
un país distinto. La Administración local ha sido artífice de un único
país —estoy hablando de Cataluña—, y a nadie se le escapa que
la estructura administrativa central está llena de duplicidades. Es una
administración burocrática, cara y poco eficaz. El Estado ha sido incapaz
de adaptarse al desarrollo del Estado de las autonomías, y a pesar del
reconocimiento y del ejercicio descentralizador, desde el punto de vista
del derecho positivo y del papel, que todo lo aguanta, a favor de los
estatutos de autonomía, se siguen manteniendo competencias ya
transferidas y el Estado sigue manteniendo los recursos necesarios para
el desarrollo de estos servicios. El Estado no cumple, mantiene
estructuras burocráticas sin competencias y no adaptadas a las realidades
competenciales. Son estos órganos los que deberían desaparecer, y no los
de la Administración local, que sí evitan burocracia y gasto, y que
mejoran la prestación de los servicios que, en definitiva, no son otra
cosa que la mejora de la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Y es que en
ellos no solo se conoce el terreno, sino también a las personas a las que
asisten.

Por tanto, estamos absolutamente a favor de la moción.
Solicitamos la retirada del anteproyecto, puesto que refleja y es el
ejemplo de una voluntad regresiva y recentralizadota de un Gobierno del
Estado español que va a la deriva y que centrifuga culpas y
responsabilidades para tapar su incompetencia manifiesta. ¿Y que debería
decirles yo ahora? Continúen ustedes así, porque los catalanes y
catalanas sentimos cada vez más esta desafección respecto a España y
vemos cada vez más posible un divorcio que está ya a la vuelta de la
esquina.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Bai, mahaiburu jauna, aulkitik,
uzten badidazu, labur— labur.

Saura senataria, mozio honen irakurketa baikor bat egin
gabe,ulertezina aurkitzen dugu testu honetan Euskadiko foru berezitasuna
espresuki ez batzea, guretzat ezinbestekoa den gauza bat. Zeren eta
esperientziak esaten digu, zuen mozioaren 4. puntuan batzen denarekin
bakarrik ez dela nahiko Euskadiko errealitate instituzionala
defendatzeko.

Begira, senatariok, aurtengo urtarrilaren 15ean, kamara
honetan, Yanguas senatariak aurkeztutako mozio bat onartu genuen. Mozio
hartan, lehenengo puntuan, hau esaten zen: «en la reforma de la
administración local se respeten las competencias de las Comunidades
Autónomas, las singularidades Forales vascas y de la Comunidad Foral de
Navarra». Ildo berean, pasa den astean, kongresuan, nazio egoeraren
eztabaida barruan onartutako erabaki proposamen batean ere, gauza bera
onartzen zen, Kasu bietan talde politikoen gehiengoaren adostasunarekin,
Senatuan aldiz, aho batez.

Mozio honetan Entesak ahaztu egin du guretzat hain
garrantzitsua den gauza hau zoritxarrez. Ez goaz baloratzen mozioaren
beste puntu guztiak, zeren eta, gure kasuan, finantzazioaren asuntoa
barne, foru salbuespenarekin konpontzen ez badira ere, sortzen den egoera
askoz hobea da gure udalentzat, estatuko udalek bizi dutena baino.

Esan genuen urtarrilean, egin behar dena da, Tokiko
Autonomiaren Europako Gutunak dioena bete. Udalak ez dira instituzio jaio
berriak, udalak beste edozein gobernuren besteko eraginkorrak,
arduratsuak eta garrantzitsuak dira, ez gutxiago, bada ere, gehiago.
Guzti honengatik, urtarrileko mozioan jasotzen zen testuarekin gelditzen
gara.

Gure postura, mahaiburu jauna, abstentzioa izango da,
eskerrik asko.

Gracias. Si me lo permite, hablaré desde el escaño y seré
breve.

Senador Saura, sin hacer una lectura positiva, nos parece
incomprensible que en ese texto no se haga mención expresa de la
característica especial foral del País Vasco, algo que a nosotros nos
parece fundamental; porque, a la luz de la experiencia, vemos que solo
con lo que se recoge en el cuarto punto de su moción no basta para
defender la realidad institucional del País Vasco.

Señorías, el día 15 de enero de este año aprobamos una
moción que presentó el senador Yanguas, en cuyo punto primero se decía lo
siguiente: «Se respetan las competencias de las comunidades autónomas, la
singularidad de las diputaciones forales vascas y de la Comunidad Foral
de Navarra». Y la semana pasada, en el Congreso de los Diputados, en el
debate sobre el

estado de la Nación, hubo una propuesta por la se aprobaba
justamente eso, con el visto bueno de la mayoría de los grupos políticos.
En el caso del Senado, hubo unanimidad.

En esta moción Entesa ha olvidado algo que para nosotros es
muy importante, y es lamentable que se lo hayan dejado en el tintero. No
vamos a valorar los demás puntos de la moción, porque, en nuestro caso,
la situación es mucho más favorable para nuestros municipios que en el
caso de otros municipios del Estado, incluida la cuestión de la
financiación, gracias a la excepción foral, aunque esta no arregle todos
los problemas.

Como dijimos en enero, lo que tenemos que hacer es seguir
lo establecido en la Carta Europea de la Autonomía Local. Los municipios,
los ayuntamientos no son algo nuevo. Son tan eficaces y tan responsables
e importantes como otros entes, y, en algunos casos, más importantes aún.
Por todos estos motivos, nos quedamos con el texto recogido el 15 de
enero.

En este caso, nuestra posición, señor presidente, será la
abstención.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
senador Cazalis.

Por el grupo de Entesa, tiene la palabra su portavoz, el
señor Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero repetir esquemáticamente mi
intervención anterior. Ayuntamientos sin competencias básicas
importantísimas sociales en estos momentos. Competencias reducidas con un
control exhaustivo de la Administración central. Resurgimiento de las
diputaciones, quién nos iba a decir que el futuro del municipalismo
serían las diputaciones; es sorprendente que las diputaciones sean el
futuro del municipalismo. No justificación, ni desde el punto de vista de
la competencia de una Administración, ni desde el punto de vista
financiero, de este anteproyecto de ley que nace de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria. Incumplimiento y vulneración de los estatutos de
autonomía, de la Ley de Bases del Régimen Local, de la Carta Municipal de
Barcelona, de la Carta Europea; lo vulnera todo, absolutamente todo. Y no
concordancia ni coherencia con la distribución de competencias que en
relación con este tema existe en Italia, en Francia, en Bélgica, en Suiza
y en la mayoría de los países de la Unión Europea. Todo esto significan,
no una sino centenares de razones para plantear la retirada de este
anteproyecto de ley.

Pero, además, quiero decir otra cosa. Noticias de hoy en
los medios de comunicación: los alcaldes comienzan a armar un frente
común contra la reforma local; ayuntamientos del PP atacan el plan de
Gobierno desde Galicia y desde Canarias; el ambiente de crispación
anticipa una gran tormenta en la sede de la Federación Española de
Municipios, que hoy reúne su consejo territorial. Estoy seguro de que,
independientemente de que sean del Partido Socialista, de Entesa o del
Partido Popular, las personas que tienen experiencia municipal no pueden
aceptar esta ley; sean del partido que sean. Esta ley supone
—insisto— la demolición de una cosa que ha funcionado bien en
este país y que ha dado resultados positivos.

Pero, además, quiero denunciar el carácter economicista, no
humano, de este anteproyecto de ley. En toda la exposición de motivos,
que consta de tres o cuatro páginas, en ningún momento se habla de los
ciudadanos. Solo se habla cuando dice que no saben a qué administración
ir. No se plantea ningún objetivo de mejora de las condiciones, de la
calidad de vida de los ciudadanos. Se plantean cuatro objetivos. Primero,
evitar duplicidades. Esto significa el desmantelamiento de muchos
servicios sociales. Segundo, racionalizar. Por racionalizar se entiende
suprimir y reducir al máximo la Administración local. Tercero, control
financiero. Los interventores, la comunidad autónoma y las diputaciones
controlan a los ayuntamientos. Y cuarto, favorecer la iniciativa privada
económica. Como les decía antes, estoy absolutamente seguro de que
asistiremos a una transferencia de prestación de servicios a las
diputaciones y, en definitiva, a la privatización.

Cuando digo esto no estoy diciendo que todo vaya bien.
Seguro que es necesario reformar la Administración local después de años
de funcionamiento. Pero ha de hacerse sobre la base de los principios de
proximidad, de subsidiariedad —una palabra que tampoco aparece en
el anteproyecto de ley—, de austeridad, de ejemplaridad. El
anteproyecto hace todo lo contrario. No es un anteproyecto de la derecha
contra la izquierda, insisto, sino que es un anteproyecto contra los
ayuntamientos. Y digo más: contra los ciudadanos, porque quienes van a
sufrir en definitiva la disminución de capacidades y potencialidades de
la Administración local van a ser los ciudadanos, en un momento
especialmente difícil. ¿Alguien puede explicar por qué se elimina de los
ayuntamientos la prestación de servicios sociales, en un momento de
crisis como el que tenemos?

¿Quién puede explicar esto? ¿Alguien puede explicar por qué
en muchos ayuntamientos, en los que se han hecho políticas de escoles
bressol, de escuelas primarias, estas van a dejar de existir? ¿Alguien
puede explicar, por ejemplo, por qué en Barcelona las 70 000 personas
mayores de 75 años con teléfono de teleasistencia dejan de ser, al día
siguiente de la aprobación de la ley, competencia del Ayuntamiento de
Barcelona? ¿Quién puede explicar esto? Esto no lo puede explicar
absolutamente nadie. Por lo tanto, estamos ante un anteproyecto de ley de
un gran retroceso democrático, antisocial y que rompe lo que han sido los
ayuntamientos. Espero, por tanto, que de esta Cámara salga un rechazo a
este anteproyecto de ley y, sobre todo, que haya una modificación del
Gobierno para no echar atrás una experiencia positiva de la democracia
española, que es el trabajo de los ayuntamientos en estos años de
vigencia. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Saura.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.

Senadors, senadores, certament, s’amunteguen els
sentiments i les inquietuds des d’una doble vessant, de la vessant
de regidora i de la vessant de catalana. Aquest grup parlamentari català,
el Grup Parlamentari de Convergència i Unió, fa temps que mostra la
nostra sensibilitat davant de l’Administració local, —de fet,
la primera iniciativa que vam dur a aquesta cambra versava sobre el món
local— i de la necessitat d’afrontar una reforma estructural
d’aquesta Administració.

Hauran de convenir amb mi i estarem d’acord que la
llei que regula aquesta Administració és del 1985 i des d’ençà a
ara han canviat els costums i també els escenaris i hauríem de ser
capaços, com en tantes altres coses, des d’aquí, des del Parlament,
des de la funció legislativa, de donar respostes actuals a les
necessitats actuals. Si bé és cert que ens vam posar d’acord en fer
el diagnòstic i consensuar la necessitat que això s’assumís, perquè
em penso que el trist de la problemàtica de l’Administració local
va molt més enllà dels colors polítics que, després, a l’hora de
legislar, sembla que d’això ens n’oblidem, no ens posem
d’acord a l’hora de buscar solucions que vulguin donar una
resposta i no encabeixin ideologies i pretensions un altre cop
centralitzadores.

Estic d’acord amb tot l’argumentari que han
exposat els anteriors senadors. Jo mateixa vaig traslladar-li al
ministre, amb una breu pregunta de tres minuts, la meva inquietud i li
vaig intentar traslladar la realitat d’aquesta pretesa reforma
portada al món local, i em sembla que vam evidenciar que no servia, que
no era eficaç, i que, a més a més, atemptava al principi primer de la
democràcia i l’allunyava dels ciutadans.

En l’argumentari trobem que hi ha una voluntat
recentralitzadora del Govern, no només creua la línia vermella de les
competències que ens són pròpies en el cas de Catalunya, sinó que
s’instal·la per anar més enllà cada cop que regula sota
l’obsessiva excusa de compliment del deute que li ve imposat.
Aquest fet, a més a més, avui queda reforçat pels darrers esdeveniments
que, més enllà de la invasió competencial, posen de manifest un constant
menysteniment a la realitat catalana. I ja els avanço que no entenen
aquesta realitat i que va molt més enllà dels fets econòmics o de
l’ofegament econòmic. És cert també que un dels exemples més clars
de la voluntat d’aprimament de les autonomies és el repartiment de
dèficit i la deslleialtat que en aquest tema s’aplica. En nom
d’aquest Grup Parlamentari el senador Ferran Bel ja ha posat negre
sobre blanc aquest tema i n’ha insistit fins a la sacietat en
aquesta cambra. L’Estat central es reserva un increment del 10% de
la capacitat d’endeutament per al 2013 i, en canvi, a les
Comunitats Autònomes, els hi redueix en un 50%. Es reserva el 85% de la
capacitat de generar deute i gestiona un 50% de la despesa pública. A les
Comunitats Autònomes els dóna un 15% d’aquesta capacitat de generar
deute i gestionen un 32%. Això, mica en mica, va esquitxant fins a
arribar al gran patidor d’aquestes conseqüències que és
l’Administració local. Aquesta Administració té zero capacitat
d’endeutament i fa front a competències pròpies i impròpies
respecte a les quals aquesta pretesa reforma tampoc no els dóna
resposta.

Aquest repartiment de dèficit és, i ho saben bé aquells que
el proposen, molt difícil de complir. I no es pot complir sense, en el
millor dels casos, provocar un alt nivell de patiment en els ciutadans
als quals, a més a més, ara, amb aquesta proposta, els demana que
s’allunyin de la seva Administració de referència, aquella en la
que, malgrat tot, encara troben solucions. Si parlem de

deute i de la presentació que es fa de
l’Administració local com la gran culpable del deute, ens trobem
que qui té el gran gruix del deute de les administracions és
l’Administració central, amb un 76%, mentre que
l’Administració local, ajuntaments, diputacions i altres ens
locals, suposem un 4,7% d’aquest endeutament. (El senyor president
ocupa la Presidència.)

Si es tracta d’incidir en el tema del deute, no cal
ser cap astoret per caçar al vol que els resultats serien més rellevants
si la prioritat es fixés en el deute que genera l’Administració
central. A Catalunya, aquests tan qüestionats municipis de menys de 20
000 habitants suposen el 0,18% de l’endeutament global de les
administracions públiques. Realment creuen que el que l’Estat ha de
fer amb aquests municipis és revitalitzar les Diputacions i un altre cop
vulnerar l’Estatut d’Autonomia? Per què no posen mans en
l’assumpte en l’endeutament de l’ajuntament de Madrid,
que supera en més d’un 25% l’endeutament total dels 947
municipis catalans, inclosos Badalona, L’Hospitalet, Barcelona,
Girona, Tarragona i Lleida? Aquesta reforma, senyories, a més
d’envair competències, vulnera el principi d’autonomia local
recollit en la Constitució, vulnera l’autonomia de la ciutat de
Barcelona i la seva singularitat, que va quedar recollida a la seva Carta
d’autonomia que va costar tant d’aconseguir, i a la qual ja
han fet referència altres senadors. No suposa un avanç en el
municipalisme, trenca amb el municipalisme democràtic i allunya la
democràcia dels ciutadans. Ens dibuixa uns municipis buits de continguts,
amb uns electes allunyats dels ciutadans. Dóna rellevància als
funcionaris dependents de l’Estat, la qual cosa, lligada al que
deia anteriorment, suposa una intervenció i una fiscalització amb una
gran falta, preocupant falta d’esperit democràtic. Denota una manca
de sensibilitat i una gran ignorància respecte de la realitat del món
local. Diu que no treuen municipis, efectivament només els anul·len i els
maten d’inanició. Presenta l’Administració local com la gran
generadora de deute i no és així. I posa en entredit l’estadi més
bàsic de la participació dels ciutadans en la política qüestionant la
rendibilitat dels regidors, la gran majoria dels quals no només no cobra,
sinó que, els asseguro, hi posen diners de la seva butxaca. Ja tindrem
temps de parlar abastament d’aquesta proposta, esperem. Una
proposta que, segons el nostre parer, com els dic, està feta des de la
insensibilitat, el desconeixement del món local, però sobretot està feta
comptablement, oblidant que ara més que mai cal pensar que darrere de
cada xifra hi ha ciutadans als que ens devem més que mai i als que no
podem, mentre ens quedi un mínim de maniobra, sotmetre a més
patiment.

El senyor Montoro ho hauria de contrastar tot plegat amb
els regidors. No em cansaré de dir que ells trepitgen el carrer i miren
els ulls de la realitat cada dia, tocant de peus a terra, sense moquetes
de per mig ni grans despatxos. Aquesta proposta és injusta,
recentralitzadora i fiscalitzadora. No recull les diferents realitats
territorials i no les respecte. No dóna resposta a les reclamacions reals
del món local.

Ja els avanço que des de Catalunya, amb les competències
que tenim transferides pel nostre Estatut, estem endegant, i entrarà en
breu al nostre Parlament, una reforma de l’Administració local feta
des d’allà amb el coneixement del territori i amb la sensibilitat
que ha de tenir una reforma d’aquest tipus.

Vostès no es cansen de dir que tenemos que ir todos juntos.
Absolutament d’acord. Però para ir juntos tenen que deixar
d’entendre la diferència com una amenaça. I, davant de les amenaces
reals, han d’aprendre a sumar diferències perquè cadascú, des
d’allà on triï, pugui sumar per sortir d’aquest gran sot. És
en aquest exercici democràtic en el que el Grup Parlamentari de
Convergència i Unió es troba còmode, i on està disposat a treballar amb
qui sigui per solucionar un problema que és comú per a tothom. Però
sembla que el govern defuig un i un altre cop aquest escenari democràtic
en pro, un altre cop, del ja anomenat avui en alguna altra intervenció,
el rodet parlamentari, que més enllà de buscar solucions i buscar diàleg
i trobar ponts d’unió, el que fa és utilitzar la majoria
parlamentària amb una arrogància que no ens porta enlloc.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

Senadoras, senadores, sin duda se sumarán a los
sentimientos e incertidumbres que como concejala y como catalana voy a
mostrarles. Este Grupo Parlamentario Catalán, el Grupo de Convergència i
Unió, hace tiempo que mostró su sensibilidad con el mundo local —de
hecho, la primera iniciativa que presentamos en esta Cámara giraba en
torno al mundo local— y la necesidad de afrontar una reforma
estructural de esta Administración.

Puesto que la ley que regula esta Administración es de
1985, convendrán conmigo en que desde entonces han variado costumbres y
escenarios y en que deberíamos ser capaces, como en tantas otras cosas,
de actuar de tal manera que pudiéramos dar respuestas actuales a las
necesidades actuales. Es cierto que llegamos a un acuerdo sobre el
diagnóstico y sobre la necesidad de asumir esto, pero lo triste es que la
problemática de la Administración local va mucho más allá de los colores
políticos. Cuando legislamos parece que nos olvidamos de esto y no nos
ponemos de acuerdo a la hora de buscar soluciones para dar respuestas, en
lugar de interponer pretensiones centralizadoras.

Estoy de acuerdo con todo lo planteado por los senadores
anteriormente. Yo misma trasladé al ministro con una breve pregunta de
tres minutos mi preocupación e intenté también plasmar la realidad de
esta pretendida reforma llevada al mundo local. Creo que pusimos de
manifiesto que no servía, que no era eficaz y que, además, atentaba
contra el principio primero de la democracia y, además, la alejaba de los
ciudadanos.

Los argumentos muestran que hay una voluntad
recentralizadora del Gobierno, que no solo cruza la línea roja de las
competencias que no son propias en el caso de Cataluña, sino que se
instala más allá cada vez que regula bajo la obsesiva excusa del
cumplimiento del objetivo de déficit que le viene impuesto. Además, esto
viene reforzado por los últimos acontecimientos que, aparte de la
invasión de competencias, ponen de manifiesto un desprecio de la realidad
catalana; una realidad que les adelanto que no entienden y que va mucho
más allá de un hecho económico. Uno de los ejemplos más claros de la
voluntad de adelgazamiento de las autonomías es el reparto del déficit y
la deslealtad que se aplica en este sentido. El senador Ferran Bel ya ha
mostrado con toda claridad este tema hasta la saciedad en esta Cámara. El
Estado central se reserva un incremento del 10 por ciento de la capacidad
de endeudamiento para 2013 y, en cambio, a las comunidades autónomas se
lo reduce en un 50 por ciento. Se reserva el 85 por ciento de la
capacidad de generar deuda y gestiona un 50 por ciento del gasto público.
A las comunidades autónomas les da el 15 por ciento de esta capacidad de
generar deuda y generan el 32 por ciento. Esto, poco a poco, salpica
hasta llegar al que más sufre estas consecuencias, que es la
Administración local, que tiene cero de capacidad de endeudamiento, y que
hace frente a competencias propias e impropias, situación a la que con
esta pretendida reforma tampoco se da respuesta.

Este reparto del déficit, y quienes lo proponen lo saben
bien, es muy difícil de cumplir; no se puede cumplir sin, el mejor de los
casos, provocar gran sufrimiento a los ciudadanos, que son los que más
sufren. Y se les pide con esta propuesta que se alejen de su
Administración de referencia; una Administración que todavía intenta
encontrar soluciones. Si hablamos de deuda y de la presión que se le hace
a la Administración local como gran culpable del déficit, vemos que quien
alberga, quien tiene el gran grueso de la deuda de las administraciones
es la Administración central, con un 76%, mientras que la Administración
local, ayuntamientos, diputaciones y otros entes locales, suponen un 4,7%
de este endeudamiento. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Si se trata de incidir en el asunto de la deuda, no hace
falta ser un lince para cazar al vuelo que el resultado sería más
relevante si la prioridad se fijara en la deuda de la Administración
central. En Cataluña, estos tan cuestionados municipios de menos de 20
000 habitantes representan el 0,18% de ese déficit. ¿Creen ustedes que lo
que tiene que hacer el Estado es vulnerar de nuevo el Estatuto de
Autonomía y despreciar estas administraciones? ¿Por qué no habla
—por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid supera el 25%— del
total de los 945 ayuntamientos locales, incluyendo Lérida, Badalona,
entre otros? Este principio vulnera el principio de autonomía local
recogido en la Constitución, vulnera la autonomía de la ciudad de
Barcelona y su singularidad, que fue recogida en la carta de autonomía
que mucho costó conseguir y al que ya se han referido otros senadores. No
supone un avance en el municipalismo, rompe con el municipalismo
democrático, aleja la democracia de los ciudadanos, dibuja unos
municipios vacíos de contenido, con unos concejales alejados de los
ciudadanos, da relevancia a los funcionarios que dependen del Estado y,
vinculado al apartado que ya he apuntado anteriormente, supone una
fiscalización y una intervención con una gran y preocupante falta de
espíritu democrático, denota una falta de sensibilidad y una gran
ignorancia respecto a la realidad del mundo local. Dicen que no eliminan
municipios. No, los anulan y los matan de inanición. Presentan una
Administración local como generadora de deuda, cuando no es así. Ponen en
entredicho la fase más básica de la participación de los ciudadanos

en la política, cuestionando la situación de los
concejales, cuya mayoría no cobran; es más, ponen dinero de su propio
bolsillo. Ya tendremos tiempo de hablar ampliamente de esta propuesta,
así lo espero; una propuesta hecha, a nuestro juicio, desde la
insensibilidad, lo que denota un desconocimiento del mundo local, pero,
además, contablemente, olvidando que ahora, más que nunca, hay que pensar
que detrás de cada cifra hay personas, ciudadanos, a quienes nos debemos
más que nunca y a quienes no podemos, mientras nos quede un mínimo de
maniobra, someter a más sufrimiento.

Creo que el señor Montoro debería contrastarlo con los
concejales. No me cansaré de decir que pisen la calle y vean con sus ojos
la realidad, con los pies en el suelo, sin moquetas de por medio, sin
grandes despachos. Esta propuesta es injusta, recentralizadora y
fiscalizadora. No recoge las diferencias, las distintas realidades
territoriales y no las respeta. No da respuesta a las reclamaciones
reales del mundo local.

Avanzo ya que desde Cataluña, con las competencias que
tenemos conferidas por nuestro Estatuto, estamos iniciando, y en breve
entrará en nuestro Parlamento, una reforma de la Administración local
realizada desde allí, con el conocimiento del territorio y con la
sensibilidad que debe tener una reforma de este tipo.

Ustedes no se cansan de decir que tenemos que ir todos
juntos. Estoy absolutamente de acuerdo, pero para ir juntos tienen que
dejar de entender la diferencia como una amenaza y, ante las amenazas
reales, deben aprender a sumar diferencias para que cada cual, desde allí
donde escoja, pueda sumar para salir de este gran agujero. Este ejercicio
democrático es el ejercicio en el que nuestro grupo parlamentario de
Convergència i Unió se siente cómodo y, desde este punto de partida,
estamos dispuestos a trabajar con quien sea para resolver un problema que
nos afecta a todos, pero el Gobierno parece que una y otra vez huye de
este escenario democrático en favor, una vez más, del, ya, llamado en
alguna intervención más rodillo parlamentario, que, más allá de buscar
soluciones y puentes de diálogo y de unión, lo que hace es utilizar esta
mayoría parlamentaria con una arrogancia que no nos lleva a ninguna
parte.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Belloch.

El señor BELLOCH JULBE: Muchas gracias, señor
presidente.

Antes de nada quiero dar las gracias al señor Saura por la
generosidad a la hora de aceptar las propuestas que hemos realizado. La
verdad es que eran todos temas de matiz. En lo sustancial estábamos de
acuerdo y la aceptación de las enmiendas no hace sino ratificar nuestra
voluntad de apoyar esta moción sumamente importante.

Estaba en el primer turno tratando de explicar los motivos
que justificaban el apoyo a su moción, que era lo mismo que decir los
motivos que han determinado por el Partido Popular la puesta en marcha de
este proyecto. Me faltaba por indicar uno que me parece sustancial.
Además de lo dicho antes, es decir, además de quebrar la autonomía
municipal, además de castigar a quien no se debe porque no tiene la
culpa, además de todos los otros inconvenientes, puede producir una
auténtica jibarización de la Administración local. Me parece que ese es
el tema clave.

Se establecen, como saben ustedes, tres escalas. En la
primera están incluidos los municipios de hasta 5000 habitantes, el 83%
de los municipios en España tienen menos de 5000 habitantes. La redacción
anterior era aún peor porque se preveía directamente la extinción si no
tenían equilibrio presupuestario. Ahora se habla de intervención que, en
la práctica, equivale a una extinción de hecho no jurídica. En la segunda
escala están los que tienen de 5000 a 20 000 habitantes. Aquí lo que se
prevé —lo ha comentado el señor Saura— es fijar unos
estándares de calidad que, si no se cumplen, pueden justificar que esas
competencias pasen a la diputación provincial. Ha dicho el señor Saura
que era imposible. Yo añadiré que es imposible y completamente arbitrario
porque, en todo caso, dependería del ministerio qué ayuntamientos
sobreviven con competencias reales y cuáles no tienen competencias
reales.

Finalmente, para todas las ciudades, por encima de los 20
000 habitantes, se nos suprime la competencia en materia de educación, de
sanidad, de servicios sociales —salvo casos concretos de
emergencia— o derechos derivados de la Ley de dependencia, entre
otras competencias. Aquí podría resolverse el problema de dos maneras. Se
podría decir que en relación con estos servicios

alguien me garantiza que no vas a expulsar a los
funcionarios o trabajadores que los prestan y alguien me garantiza que va
a financiarlos —en definitiva, la comunidad autónoma—. Si eso
estuviera garantizado sería una cuestión de modelo: unos creemos en la
subsidiariedad y, por lo tanto, creemos que es más conveniente que ejerza
la competencia la administración más cercana; otros piensan en
determinados grados de centralización. Serían dos opiniones discutibles,
como casi todas en esta vida. El problema es que en este caso no es eso,
sino que nadie garantiza la pervivencia de los servicios públicos. Nadie.
Los Gobiernos autónomos ya están afirmando que no tienen dinero para
pagarlos —muchos lo están diciendo—, y ya veremos qué opinan
los presidentes autonómicos cuando estudien a fondo la ley que se les
viene encima, que, si es perjudicial para los ayuntamientos, también lo
es para las comunidades autónomas. Nadie nos garantiza que se vayan a
mantener los puestos de trabajo, y nadie nos garantiza que los ciudadanos
vayan a tener los servicios tan básicos como los que usted ha comentado
en su intervención.

Y eso mismo pasa respecto de las diputaciones. ¿Qué van a
hacer las diputaciones? Yo lo he dicho deprisa por motivos de tiempo,
pero la cuestión es muy clara: solo en los servicios públicos en los que
sea rentable sacar a concurso se hablará de iniciativa privada. ¿Y el
resto? ¡Si la ley prohíbe incrementar el gasto! Entonces, ¿qué hace la
diputación con el resto? ¿Cómo los gestiona si no puede incrementar
funcionarios que serían necesarios para iniciar actividades de gestión,
que nunca las ha tenido? De nuevo, el problema sigue siendo el central:
quién garantiza que se mantengan los servicios, en escala, tanto los
pequeños y medianos como los grandes. Por lo tanto, estamos ante una ley
realmente muy peligrosa desde el punto de vista del municipalismo.

En esta segunda intervención quiero referirme solamente a
un tema. Se dice que ahorra. Se ha vendido así —y, además, es una
venta inteligente porque los ciudadanos piensan que en este momento las
medidas de ahorro son muy convenientes—, ¿pero dónde se ahorra? En
el sueldo de los alcaldes, desde luego que no. Más del 90% nunca cobra y
muchos de ellos se pagan hasta la gasolina para ir al despacho; no cobran
ni dietas. Por lo tanto, ahí mucho ahorro no hay. Luego está el tan
traído tema de los eventuales. En cuanto a los eventuales —y les
hablo de mi caso pero pueden repasar todas las ciudades—, con el
sistema que han establecido del 0,7 el resultado es que yo podría
multiplicar por dos los eventuales que tengo. No solo no los reduce sino
que podría multiplicarlos por dos. Naturalmente que no haré ese dislate
pero la ley lo permite. O también cabe hablar de la reducción de los
concejales con dedicación exclusiva, otro camelo. Es verdad que en alguna
ciudad grande se puede notar pero al tiempo hay otras muchas que no
tenían ni un solo concejal con dedicación exclusiva y que ahora se les
otorga. Les voy ha hablar de un caso que me parece gracioso porque afecta
al secretario general de mi partido en Aragón, que es el de Ejea de los
Caballeros. Para Ejea de los Caballeros la ley concede la posibilidad de
designar siete concejales con dedicación exclusiva. Yo les pregunté: ¿Y
ahora cómo estáis? Y su respuesta fue: Pues no tenemos ninguno. Esa es la
situación y no es un ejemplo anecdótico. Si se repasa, veríamos que
tampoco se ahorra en ese concepto. Entonces, ¿en qué se ahorra? Seamos
claros, o en cargarse a los 250 000 trabajadores o en cargarse los
servicios que hasta ahora prestaban los ayuntamientos. Ese es el fondo de
los fondos de esta desdichada ley.

Señorías, no voy a agotar el tiempo, y me quiero dirigir a
toda la Cámara. La regulación de la autonomía de la vida municipal es una
de esas cosas que se llaman cuestión de Estado. Me parece evidente. Las
cuestiones de Estado tienen algunos rasgos en común. En primer lugar,
debe intentarse lograr, en serio, un amplio consenso; en este caso, con
los ayuntamientos y las autonomías para llegar a una ley que sea sensata,
razonable y aceptable por todos, y además con los diferentes grupos
parlamentarios. Yo creo que el Partido Popular debería reflexionar hoy en
serio si es bueno estar tan solo en un proyecto de ley de esta
naturaleza. La mayoría de los grupos de la oposición vamos a estar en
contra. ¿No es el momento de intentar retomar ese acuerdo? Yo creo que
podemos, y se lo debemos al municipalismo.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Belloch.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Sanz.

El señor SANZ CABELLO: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular entiende que no es
admisible la moción presentada por el Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya por la que se insta al Gobierno a

adoptar determinadas medidas sobre la Administración local.
Y no es admisible ni por los argumentos que esgrime, ni por las
peticiones que solicita.

Señorías, esta moción tiene un problema muy grave y es que
parte de premisas falsas. Inventa medidas que no existen, simplemente por
criterios de oportunidad política, y se precipita al vislumbrar
consecuencias irreales, solo comprensibles viniendo de quienes hace
tiempo aplaudieron y pactaron muchas veces con los que fueron los
auténticos responsables del hundimiento de la economía española y de los
ayuntamientos. Atendiendo a la intervención del grupo proponente, parece
que no hay que hacer nada, solo cruzarse de brazos, y así es imposible
sacar adelante y salvar a los ayuntamientos.

Señorías, digamos las cosas claras desde el principio. Es
falso que la reforma de la Administración local esté planteada como un
intento recentralizador del Gobierno; es falso que se vacíe de
competencia a los municipios; es falso que se pretendan privatizar los
servicios; es falso que se vaya a realizar una intervención de los
Estados sobre los agentes locales. Hablan ustedes de ley, ¿pero qué ley?
Si no existe ley, existe simplemente un informe y todavía queda abierto
un debate muy grande. No se inventen ustedes ni las consecuencias ni las
causas porque, evidentemente, están jugando a falsear la realidad.

Señorías, el Gobierno del Partido Popular lo que ha puesto
en marcha es una ambiciosa agenda de reformas estructurales que son
imprescindibles para recuperar la economía española y la creación de
empleo, una de ellas la reforma integral de las administraciones
públicas. Y es una reforma muy importante que ya se inició con la ley de
estabilidad presupuestaria, luego vino la ley de transparencia, luego la
ley de unidad de mercado y, al mismo tiempo, medidas que se están tomando
ahora que son claves, como esta reforma de la Administración, que
pretende racionalizar las estructuras administrativas, evitar
duplicidades, el solapamiento en tramitaciones y que va a dotar de
financiación suficiente a las entidades territoriales, algo que hasta
ahora no se ha podido garantizar nunca.

El planteamiento inicial para la reforma es determinar, en
definitiva, cuál es la escala territorial apropiada para la ejecución de
competencias y, una vez determinada, aplicar —sí— la premisa:
una administración, una competencia. Y así es como se ha plasmado en el
texto del informe, intentando acabar de una vez por todas con las
duplicidades y con las competencias impropias y señalando limitaciones a
la delegación de competencias. Por eso, señorías, no podemos admitir que
se nos acuse de vaciar de contenido a los municipios ni de ir contra los
municipios pequeños ni de eliminar competencias que eran propias de
estos, como ustedes intentan hacer creer con el texto de esta moción, una
moción que es exclusivamente interesada para confundir a la opinión
pública. (Rumores.)

No se les vacía de competencias, y lo digo rotundamente,
ningún municipio por pequeño que sea dejará de tener competencias, lo que
pretende la reforma es que los servicios se presten con la calidad que el
ciudadano reclama y por ello se examinarán los servicios y no serán
prestados por las entidades que no cumplan con unos estándares de calidad
aprobados. Por tanto, es todo lo contrario a lo que ustedes quieren hacer
creer. La reforma fija, clarifica y consolida las competencias
determinando por fin aquellas que van a ser obligatorias y exclusivas de
los ayuntamientos. (Rumores.)

Pero no nos engañemos, lo importante no es quién tiene la
titularidad de una competencia, sino que esta se preste de la mejor
manera posible, de forma eficiente y con el menor coste, algo que parece
que a ustedes no es lo que les importa, señorías. Eliminar duplicidades
administrativas, como busca la reforma, lo que facilita al ciudadano es
saber quién es el titular de una competencia y por lo mismo poder exigir
la responsabilidad. A eso no se pueden oponer, señorías. La reforma acaba
con el riesgo de las competencias impropias garantizando que, en caso de
ejercerlas, no se ponga en riesgo financiero el ejercicio de las propias,
no implique duplicidad con competencias autonómicas y se garantice la
sostenibilidad financiera de las nuevas competencias.

En cuanto a la delegación de competencias, por fin se
regula el régimen de la misma con garantías para todos los municipios,
puesto que las delegaciones de competencias deberán conllevar —y
parece que no han leído, no han querido leer el informe— el cien
por cien de la financiación de la competencia delegada y garantía de
cumplimiento, incluso con la retención en la PIE de la Administración
delegante si incumple el acuerdo de financiación de la competencia
delegada. Ustedes no han leído, no han querido leer y por eso inventan.
(Rumores.)

Nos acusan de que con esto intentamos hacer desaparecer a
los pequeños municipios y privatizar servicios. Ustedes leen lo que
quieren, inventan. (Rumores.) Falso, señorías.

Desde el Grupo Popular defendemos a las entidades locales,
la reforma no se hace para hacer desaparecer ningún municipio ni se les
obliga a fusionarse. Desde el Partido Popular siempre hemos defendido que
los ciudadanos deben tener los mismos derechos y oportunidades
independientemente del territorio en el que vivan, es que no queremos
ciudadanos de primera y de segunda. Es precisamente esa la razón por la
que se establece que cuando un ayuntamiento no pueda prestar un servicio
o no pueda hacerlo con la calidad que los ciudadanos merecen este sea
prestado por una entidad superior. Esto no supone, señorías, vaciarlos de
competencias, además la competencia puede volver al municipio
transcurridos cinco años, lo que supone es mejorar los derechos de los
vecinos y parece que ustedes no se dedican a eso. (Rumores.) Simplemente
se trata de que el ciudadano que paga sus impuestos exige la prestación
de unos servicios eficientes. ¿Qué es lo importante para el ciudadano,
señorías, quien preste el servicio o que este se preste de la mejor
manera posible, de forma eficiente y con el menor coste?

Por eso no debemos hacer debates estériles. Las
diputaciones están legitimadas nada más y nada menos que por el artículo
141 de la Constitución. Por eso, señorías, el fortalecimiento de las
diputaciones provinciales aparece como una solución para garantizar la
cohesión territorial y social. En reuniones de la Comisión Nacional de
Administración Local en abril de 2010 y enero de 2012 las corporaciones
locales se comprometieron con la estabilidad y el déficit público y se
comprometieron a adoptar medidas en materia de reordenación y de
racionalización del sector público local. Por eso, la reforma limita el
crecimiento del sector público local, exige su saneamiento y elimina
organismos que sean deficitarios.

La reforma apuesta, pues, por el redimensionamiento del
sector público. Hay que recordar que en España tenemos un número de
entidades públicas que supera las 4000 y en el sector público local hay
más de 1400. Las mancomunidades y entidades locales menores no
desaparecen directamente como se pretende hacer ver —otra gran
falsedad de la oposición—, sino que van a tener que presentar
cuentas y estar senadas como el resto de las entidades locales. Esto es
lo que se pide. Actualmente, el 71,3% de las mancomunidades y el 85% de
las entidades locales menores incumplen con la obligación de presentar
cuentas. ¿Quién se puede oponer a eso, a que presenten cuentas? A esto es
a lo que de verdad encamina la reforma.

En cuanto a los cargos electos, señorías, no se reduce el
número de concejales, se limitan sus retribuciones máximas con el tope de
sueldo de secretario de Estado hacia abajo, dependiendo de la población;
se limitan dedicaciones exclusivas y el número de eventuales. No hagamos
simpleza, hay más de 8000 municipios, no traigamos un ejemplo, hablemos
de cómo equilibramos de verdad el número de eventuales, de cómo
racionalizamos el número de personal liberado y del sueldo de los
alcaldes. Esa es la verdad y eso es lo que hace la reforma. Todo lo demás
son inventos partidistas para confundir y engañar en estos momentos a los
ciudadanos. Además, la reforma, señorías, contempla la ordenación,
homologación y equiparación de las retribuciones, por tanto, también de
todos los empleados públicos.

Señorías, el texto que estamos debatiendo es un borrador,
ni siquiera un anteproyecto; lo que se ha presentado al Consejo de
Ministros es el informe al anteproyecto de la ley, por lo que estamos a
tiempo de debatir y mejorar la propuesta, porque, además, aún tiene que
ser informado por el Consejo de Estado y por la CNAL. Esto, señorías,
desvirtúa su primera petición de retirada de un anteproyecto, que ni
siquiera es tal. Por eso, señorías, difícilmente se puede retirar algo
que está en fase de elaboración todavía, que no se ha presentado. Ustedes
se han precipitado.

Por otro lado, las duplicidades funcionales y ejecutivas
están más que identificadas.

En cuanto a su petición cuarta, señorías, la reforma
respeta la distribución competencial de los estatutos de autonomía. Piden
la supresión de las diputaciones y su sustitución por otra administración
supralocal. Señorías, pretendemos respetar nuestro modelo de distribución
territorial y racionalizar la estructura organizativa. No inventen nuevas
entidades. Entre sus peticiones también solicitan una nueva ley de
financiación local. Señorías, el sistema de financiación de las
administraciones públicas tiene que hacerse de manera coordinada e
integral. Lo que no tiene sentido y, además, es incoherente es que
ustedes sean los que lideren propuestas de financiación cuando con el
anterior Gobierno se alcanzó un modelo de financiación con el
nacionalismo y el independentismo que hoy es insatisfactorio para todos y
que no cambió ni una

sola coma de la Ley de financiación local; ahora sí la
piden, entonces aceptaron que no. Estos los cambios, señorías. Por tanto,
nosotros abogamos por un gran pacto de todas las administraciones:
comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones.

Si queremos hacer las cosas bien hay que hacerlas
dialogando. Señorías, es una cuestión de Estado, es verdad, pero si
ustedes no tuvieran el lío monumental que tienen dentro de su partido ya
hubiéramos llegado a un acuerdo entre el PP y el PSOE.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor SANZ CABELLO: Pero ustedes no tienen capacidad
para llegar a ningún acuerdo en algo que es una cuestión de Estado,
señorías. (Protestas.—Aplausos.)

Por eso, y en conclusión, en contra de sus argumentos
demagógicos hago una apuesta por el municipalismo. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.

El señor SANZ CABELLO: Y esa apuesta por el municipalismo
tiene que partir —sí— de una voluntad real de diálogo, pero
también de una voluntad real de reforma, porque desde el inmovilismo no
conseguiremos salvar a los ayuntamientos y a las corporaciones
locales.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sanz.

Llamen a votación. (Pausa.)

Por favor, cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya con la incorporación de las enmiendas aceptadas
del Grupo Parlamentario Socialista y la primera y la segunda del Grupo
Parlamentario Mixto.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 239; a favor, 83; en contra, 147; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

6. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

6.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

6.1.1. DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN
DE MONTENEGRO AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO
EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE
1970.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000053)

6.1.2. PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS
DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A UN PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES, HECHO EN
NUEVA YORK EL 19 DE DICIEMBRE DE 2011.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000054)

6.1.3. CONVENIO COMPLEMENTARIO DE REVISIÓN DEL CONVENIO DE
SEGURIDAD SOCIAL FIRMADO EL 16 DE MAYO DE 1991 ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y
LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL, HECHO EN MADRID EL 24 DE JULIO DE
2012.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000055)

El señor presidente da lectura a los puntos 6., 6.1.,
6.1.1., 6.1.2. y 6.1.3.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación de los dictámenes
tiene la palabra el presidente de la comisión, senador Muñoz-Alonso.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Muchas gracias, señor
presidente. Muchas gracias por su atención, señorías. Esto va a ser tan
breve como un suspiro.

Los tratados y convenios internacionales a los que acaba de
referirse el señor presidente de la Cámara, y que se someten en este acto
a la consideración del Pleno del Senado, tuvieron su entrada en esta
Cámara el día 17 de diciembre de 2012, siendo publicados ese mismo día en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Se han tramitado por el
procedimiento ordinario.

El plazo de presentación de propuestas a los referidos
tratados y convenios internacionales expiró el día 29 de diciembre de
2012, no habiéndose presentado ninguna.

La comisión dictaminó dichos tratados y convenios
internacionales en su sesión del día 18 de febrero de 2013, y acordó
elevar al Pleno propuestas favorables a la concesión de autorización al
Gobierno para que preste el consentimiento del Estado a obligarse por
medio de los mismos.

Nada más que comunicarles, señorías.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Muñoz-Alonso.

¿Turno a favor? (Pausa.)

¿Turno en contra? (Pausa.)

¿Alguna de sus señorías desea tomar la palabra en el turno
de portavoces? (Denegaciones.)

¿Pueden entenderse los dictámenes aprobados por
asentimiento? (Asentimiento.)

Muchas gracias.

En consecuencia, quedan aprobados y se entienden concedidas
las autorizaciones.

7. COMISIONES ESPECIALES

7.1. SOLICITUDES DE CREACIÓN

7.1.1. COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIO SOBRE LAS MEDIDAS A
DESARROLLAR PARA EVITAR LA DESPOBLACIÓN DE LAS ZONAS DE MONTAÑA.

(Núm. exp. 650/000004)

AUTORES: JOSÉ MONTILLA AGUILERA (GPEPC) Y TREINTA Y CINCO
SENADORES MÁS

El señor presidente da lectura a los puntos 7, 7.1 y
7.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de esta solicitud,
tiene la palabra el senador Montilla. (Denegaciones.)

Tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.

Voy a intervenir muy brevemente. En primer lugar, quiero
agradecer al conjunto de la Cámara, y muy especialmente a la totalidad de
los grupos parlamentarios, haber dado soporte a esta iniciativa para
crear esta comisión de estudio. Una comisión que tiene que abordar
—como quedó claro en la interpelación formulada al ministro—
una cuestión relativa a la equidad de los servicios públicos en los
territorios de montaña, y también las dificultades que han ocasionado
precisamente este despoblamiento tan grave en estas zonas de orografía y
climatología complicadas.

Y tiene que abordarlo desde una perspectiva que pueda
valorar las dificultades y las oportunidades de una forma realista y
también transversal, porque esta no es una cuestión que tenga que
suscitar una confrontación política, más bien, al contrario, lo que debe
hacer es sumar opiniones y sensibilidades para encontrar soluciones y, en
definitiva, ofrecer a nuestros ciudadanos alternativas para que este sea
un país más equilibrado en el reparto de su población; un país que pueda
gestionar su territorio con un grado de eficiencia suficiente como para
evitar las consecuencias fruto del abandono de las tierras; un país donde
todas las oportunidades que nos brinda el territorio sean utilizadas para
generar riqueza y dar oportunidades a quien quiera aprovecharlas; un país
que sepa valorar todo aquello que durante siglos han construido las
generaciones que nos han precedido y, por tanto, sea capaz de proyectarlo
hacia el futuro.

Por todo ello, reitero mi agradecimiento y la sensibilidad
de todas sus señorías con estos territorios de montaña.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.

¿Algún grupo desea utilizar el turno de portavoces?
(Pausa.)

Tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidente.

Voy a intervenir muy brevemente para hacer constar nuestro
apoyo a la creación de esta comisión. Efectivamente, pensamos que estas
zonas de montaña tienen que batallar con problemáticas añadidas a las de
otras zonas, en el sentido de que tienen extensiones de terreno muy
grandes, una orografía y una climatología especial, una densidad de
población muy baja y dispersa, a lo que además hay que añadir muchas
medidas de protección especiales que hacen que encontrar el equilibrio
entre la sostenibilidad y la supervivencia de los habitantes de estas
zonas no sea a veces tan fácil.

En este sentido, creo poner voz a casi todas las zonas de
montaña, por ejemplo, al Pirineo de Lleida, y el señor Boya compartirá
conmigo que estas zonas de montaña no quieren economías de subsidio ni
economías especulativas, lo que pretenden únicamente son oportunidades,
economías productivas y, tal como figura en la propuesta, estas
oportunidades pasan por regular bien el sector primario, que
históricamente ha sido el sostén económico de estas zonas, y también el
sector terciario, y aquí quiero hacer una pequeña mención.

Se hace una propuesta relativa al turismo de montaña.
Convergència i Unió ha demostrado siempre la capacidad y la sensibilidad
hacia el reequilibrio territorial para sumar todos estos inputs que
constan en la exposición. Pero sí le diré, señor Boya, que hay que tener
en cuenta que el turismo —el turismo de montaña en el caso de
Cataluña— es una competencia que tenemos en exclusividad. Usted es
vecino mío de montaña, pertenece al Valle de Arán, y sabe que este,
además, tiene una singularidad especial en cuanto a la gestión del
turismo. Si somos selectivos y tenemos cuidado con las competencias,
estaríamos absolutamente de acuerdo en que no se pueden poner palos a las
ruedas en la creación de esta comisión.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

¿Algún otro grupo desea intervenir? (Pausa.)

Tiene la palabra el senador Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Intervengo en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista para manifestar nuestro apoyo a la creación de
esta comisión, pero debo señalar que no es una comisión para aparcar
estos problemas, sino que lo vamos a combinar con la acción política
proponiendo iniciativas, porque se debe seguir actuando para que las
personas que viven en el medio rural, en zonas desfavorecidas o
despobladas, no tengan que ser auténticos héroes para poder vivir ahí.
Porque, cada vez que hay un recorte en el medio rural, siempre son los
primeros a los que les quitan los servicios sanitarios, a los que les
cierran los colegios, a los que les quieren suprimir ahora también
ayuntamientos o, como en el caso de nuestra provincia, a los que les
quitan el tren, como sucede con el servicio que existe ahora entre dos
provincias afectadas, que son Ourense y Zamora.

Debe ser una acción conjunta de todas las administraciones
y, en ese sentido, vamos a luchar para que se cumpla un nuevo derecho,
que es un derecho constitucional, que es el derecho a residir. Sí, que se
cumpla el derecho a residir en el medio rural.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fidalgo.

¿Alguna intervención más? (Pausa.)

Tiene la palabra la señora Sampedro.

La señora SAMPEDRO REDONDO: Gracias, señor presidente.

Señorías, tomo la palabra para decir que el Grupo
Parlamentario Popular considera que, efectivamente, con un territorio de
montaña de prácticamente el 40% —llega casi al 80% en el

caso de Asturias—, tenemos buenas razones todos para
estar implicados en la continua mejora de las condiciones de vida que se
desarrollan en estos territorios.

En ese sentido, tengo que recordarles que el Gobierno está
trabajando en la reforma de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, sobre el
desarrollo sostenible del mundo rural para hacerla, como señaló el
ministro en el pasado Pleno, más operativa y convertirla en una
herramienta fundamental que establezca una política nacional, por
supuesto, sin menoscabo de las distintas competencias de las comunidades
autónomas.

Nos parece que, efectivamente, esta comisión puede ser un
buen instrumento para ahondar en los problemas específicos de la
población de montaña, pero quiero recordar —creo que es
importante— que la población de montaña no deja de ser una parte
integrante y consustancial de la población rural, y en ese sentido está
establecida y puesta en marcha desde enero por este Pleno una ponencia
para fomentar y motivar la población en el mundo rural.

Quiero recalcar que es importante partir de la premisa de
que deberíamos coordinar los dos equipos de trabajo, ya que los dos se
tienen que complementar, pero la ponencia está establecida primero y
como, además, responde a un conjunto de población más grande, habrá que
tener en cuenta siempre las directrices de esa ponencia. Bajo esta
premisa, por supuesto que cuentan con nuestro voto favorable.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sampedro.

Señorías, ¿puede aprobarse por asentimiento la solicitud de
creación de esta comisión? (Asentimiento.)

Queda aprobada la solicitud de creación de una Comisión
Especial de Estudio sobre las medidas a desarrollar para evitar la
despoblación de las zonas de montaña.

8. DECLARACIONES INSTITUCIONALES

8.1. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN APOYO A LA CANDIDATURA DE
LA GERIA, EN LA ISLA DE LANZAROTE, EN REPRESENTACIÓN DE ESPAÑA AL PREMIO
EUROPEO DEL PAISAJE 2013.

(Núm. exp. 630/000008)

AUTORES: GPP, GPS, GPCIU, GPEPC, GPV Y GPMX

El señor presidente da lectura a los puntos 8 y 8.1.

El señor PRESIDENTE: La Geria es un espacio volcánico y
agrícola de interés excepcional, es una ejemplar combinación de belleza y
potencia del territorio con la sabiduría y el ingenio del ser humano para
su dedicación agrícola. Dentro del bagaje de potencialidades para el
desarrollo sostenible, este territorio es uno de los espacios agrarios y
paisajísticos más originales del mundo y fue determinante para la
designación de Lanzarote como Reserva Mundial de la Biosfera en el año
1993.

La tercerización de la economía lanzaroteña, en la segunda
mitad del siglo XX, opacó la importancia de este paisaje y de la
agricultura en general. Para invertir esa tendencia, agentes públicos y
privados se han esforzado en impulsar acciones que pongan en valor las
singularidades históricas de un sistema agrícola único. Esta estrategia y
modelo de gestión ha permitido actuar de forma dirigida y autónoma hacia
la conservación y potenciación de los valores morfológicos del paisaje y
de su ecosistema, apoyados en formas de explotación agrícola tradicional
como garantía de protección del suelo, y en políticas de movilidad
sostenible y conservacionistas.

Tal planteamiento contribuye, con elementos cualitativos, a
la diferenciación de Lanzarote como destino turístico y escenario de una
economía primaria moderna. Son muchas las formas de protección del
territorio que existen en España y en especial en Canarias, pero pocas
plantean, de hecho, un sistema de gestión que haga posible desarrollar y
mantener las fórmulas legisladas.

La Geria es, además, un ejemplo inmemorial de desarrollo
sostenible que genera riqueza y contribuye a la integración social de los
actores, que preservan este patrimonio natural y cultural porque esa
acción les retribuye más que cualquier otra iniciativa. La vinculación
del territorio y del sector primario con la industria turística, de forma
ordenada, es el eje sobre el que se presenta

esta candidatura y un ejemplo del camino a seguir para que
una actividad invasiva —como algunos consideran el turismo—
sea también motor de la revitalización del paisaje.

Si consideramos que Lanzarote es visitado anualmente por
más de dos millones de turistas, de los que más del 95% proceden de
Europa, es indudable que el resultado de cuanto aquí se expone podría
resultar una experiencia piloto para proyectarse en nuestro entorno
político y económico.

El Senado de España declara institucionalmente su apoyo a
la candidatura oficial de La Geria, en la isla de Lanzarote,
representando a España como candidata al Premio Europeo del Paisaje
2013.

¿Puede aprobarse por asentimiento? (Asentimiento.)

Muchas gracias. Queda aprobada.

Se levanta la sesión. Buenas tardes, señorías.

Eran las catorce horas y quince minutos.