11.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas en favor del sector de la minería del carbón.

(Núm. exp. 662/000052)

Autor: GPMX

11.4. Moción por la que el Senado acuerda la creación de
una Ponencia conjunta entre las Comisiones de Interior, de Educación y
Deporte y de Industria, Energía y Turismo, que aborde el estudio de
diversos ámbitos relacionados con la prevención y la lucha contra los
nuevos delitos cibernéticos.

(Núm. exp. 662/000054)

Autores: GPP, GPS, GPCIU, GPEPC, GPV y GPMX

12. HABILITACIONES

12.1. Comisión de Asuntos Iberoamericanos.

(Núm. exp. 551/000015)

12.2. Comisión de Justicia.

(Núm. exp. 551/000016)

13. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

13.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

13.1.1. Proyecto de Ley de lucha contra el empleo irregular
y el fraude a la Seguridad Social.

Comisión: Empleo y Seguridad Social

(Núm. exp. 621/000020)

13.1.2. Proyecto de Ley por la que se aprueban medidas
urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y
otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas
(procedente del Real Decreto-Ley 25/2012, de 7 de septiembre). SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Interior

(Núm. exp. 621/000024)

13.2. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

13.2.1. Proposición de Ley de modificación del Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, con el fin de prohibir el ejercicio de la prostitución en
zonas de dominio público destinadas a la circulación de vehículos.

(Núm. exp. 622/000004)

Autor: GPCIU

14. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

14.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

14.1.1. Acuerdo de pesca entre el Reino de España y la
República Portuguesa para el ejercicio de la actividad de la flota
pesquera artesanal de Madeira y Canarias, hecho «ad referéndum» en Oporto
el 9 de mayo de 2012. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 610/000052)

14.2. DICTÁMENES DE COMISIÓN

14.2.1. Addendum al Acuerdo de Cooperación Científica y
Técnica entre el Reino de España y la Comunidad del Caribe (CARICOM), por
el que se crea el Fondo Mixto, hecho en Puerto España el 28 de noviembre
de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000046)

14.2.2. Acuerdo entre el Reino de España y la República
Islámica de Mauritania sobre supresión recíproca de visados en pasaportes
diplomáticos, hecho en Nouakchott el 6 de octubre de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000047)

14.2.3. Convenio de Seguridad Social entre el Reino de
España y la República de Corea, hecho en Seúl el 14 de julio de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000048)

14.2.4. Acuerdo entre los Estados Miembros de la Unión
Europea, reunidos en el seno del Consejo, sobre la protección de la
información clasificada intercambiada en interés de la Unión Europea,
hecho en Bruselas el 25 de mayo de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000049)

14.2.5. Acuerdo de cooperación entre el Reino de España y
la República Portuguesa relativo a la constitución del Parque
Internacional Tajo-Tejo, hecho en Oporto el 9 de mayo de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000050)

14.2.6. Acuerdo entre el Reino de España y la Agencia
Espacial Europea relativo a los emplazamientos de la Agencia Espacial
Europea en el Reino de España, hecho en París el 13 de junio de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000051)

15. CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

15.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

15.1.1. Convenio de adhesión del Organismo Andorrano de
Cooperación Transfronteriza al Consorcio de la Comunidad de Trabajo de
los Pirineos (CTP).

(Núm. exp. 592/000008)

Autores: GOBIERNO VASCO, GOBIERNO DE ARAGÓN, GOBIERNO DE
CATALUÑA y GOBIERNO DE NAVARRA

Página
3736

Convergència i Unió; Llinares Cuesta, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y Suárez Valerón, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.

Se aprueba la propuesta de modificación por asentimiento de
la Cámara.

11.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la
derogación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan
determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, o a la prórroga
sine die de su entrada en vigor.

Autor: GPS

3790

El señor Díez Tejera defiende la moción.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Franco
González.

En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias
Fernández y Martínez Oblanca, por el Grupo Parlamentario Mixto, y Zubia
Atxaerandio, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); las
señoras Pineda Balló, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya, y Parera Escrichs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió; el señor Díaz Tejera, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y la señora Franco González, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, por los siguientes votos: a favor,
88; en contra, 141; abstenciones, 1

11.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas en favor del sector de la minería del carbón.

Autor: GPMX

3807

El señor Martínez Oblanca defiende la moción.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto, presentada a iniciativa de este senador.

El señor García del Blanco defiende las ocho enmiendas del
Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Martínez Oblanca expone la posición de su grupo
respecto de las enmiendas.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor
Fernández Rozada.

Interviene el señor Álvarez Areces, por alusiones,
amparándose en el artículo 88. Vuelve a hacer uso de la palabra el señor
Fernández Rozada.

En turno de portavoces intervienen los señores Martínez
Oblanca, por el Grupo Parlamentario Mixto; Sabaté Borràs, por el Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Alturo Lloan, por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; García del
Blanco, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Fernández Rozada, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

13. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

13.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

13.1.1. Proyecto de Ley de lucha contra el empleo irregular
y el fraude a la Seguridad Social.

Comisión: Empleo y Seguridad Social

3825

El señor Sedano Pérez, vicepresidente primero de la
comisión, presenta el dictamen.

Se inicia el debate de las propuestas de veto.

El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto
número 2, de los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Mariscal Cifuentes defiende la propuesta de veto
número 1, del Grupo Parlamentario Mixto, presentada inicialmente por los
señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor
Fernández Sánchez.

En turno de portavoces intervienen los señores Mariscal
Cifuentes, por el Grupo Parlamentario Mixto; Guillot Miravet, por el
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Martínez-Aldama
Sáenz, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Fernández Sánchez, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se aprueba por asentimiento de la Cámara la modificación
del orden del día para la inclusión de la moción que se tramitará como
punto 11.4

11. MOCIONES (Continuación.)

11.4. MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO ACUERDA LA CREACIÓN DE
UNA PONENCIA CONJUNTA ENTRE LAS COMISIONES DE INTERIOR, DE EDUCACIÓN Y
DEPORTE Y DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO, QUE ABORDE EL ESTUDIO DE
DIVERSOS ÁMBITOS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN Y LA LUCHA CONTRA LOS
NUEVOS DELITOS CIBERNÉTICOS.

AUTORES: GPP, GPS, GPCIU, GPEPC, GPV y GPMX

3839

Se aprueba la moción por asentimiento de la Cámara.

11.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS EN FAVOR DEL SECTOR DE LA MINERÍA DEL CARBÓN.
(Votación.)

AUTOR: GPMX

3840

Se rechaza la moción, por los siguientes votos: a favor,
74; en contra, 152; abstenciones, 3.

13. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY (Continuación.)

13.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

13.1.1. Proyecto de Ley de lucha contra el empleo irregular
y el fraude a la Seguridad Social. (Continuación.)

Comisión: Empleo y Seguridad Social

3840

Se procede a votar.

Se rechaza la propuesta de modificación número 2, de los
señores Guillot Miravet y Saura Laporta, por los siguientes votos: a
favor, 4; en contra, 161; abstenciones, 68.

Se rechaza la propuesta de modificación número 1, del Grupo
Parlamentario Mixto, inicialmente presentada por los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 5; en
contra, 160; abstenciones, 68.

Se inicia el debate del articulado.

El señor Mariscal Cifuentes defiende las enmiendas números
1 a 24, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por los
señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes.

La señora Martínez Muñoz, defiende las enmiendas números 72
a 88, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas números 89
a 106, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Bruguera Batalla da por defendidas las enmiendas
números 48 a 71, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.

La señora Rieradevall Tarrés defiende las enmiendas números
107 a 119, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió.

El señor Ruiz Santos defiende las enmiendas números 25 a
47, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor
Fernández Sánchez.

En turno de portavoces intervienen la señora Martínez
Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor
Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, así como los señores
Martínez-Aldama Sáenz, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Fernández
Sánchez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

12. HABILITACIONES

12.1. COMISIÓN DE ASUNTOS IBEROAMERICANOS

Se aprueba la habilitación por asentimiento de la
Cámara.

12.2. COMISIÓN DE JUSTICIA

Se aprueba la habilitación por asentimiento de la
Cámara.

13. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY (Continuación.)

13.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

13.1.1. Proyecto de Ley de lucha contra el empleo irregular
y el fraude a la Seguridad Social. (Votación.)

Comisión: Empleo y Seguridad Social

3855

Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario
Mixto, inicialmente presentada por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 7; en contra, 208;
abstenciones, 12.

Se rechazan las enmiendas números 2 a 4 y 12, del Grupo
Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 66; en
contra, 148; abstenciones, 12.

Se rechaza la enmienda número 5, del Grupo Parlamentario
Mixto, inicialmente presentada por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 6; en contra, 146;
abstenciones, 73.

Se rechazan las enmiendas números 6 y 9, del Grupo
Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 6; en
contra, 159; abstenciones, 62.

Se rechaza la enmienda número 7, del Grupo Parlamentario
Mixto, inicialmente presentada por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 63; en contra,
148; abstenciones, 14.

Se rechaza la enmienda número 8, del Grupo Parlamentario
Mixto, inicialmente presentada por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 79; en contra,
148.

Se rechazan las enmiendas números 10, 11 y 13, del Grupo
Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 6; en
contra, 208; abstenciones, 13.

Se rechazan las enmiendas números 17, 21 y 24, del Grupo
Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 3; en
contra, 208; abstenciones, 15.

Se rechazan las enmiendas números 19 y 20, del Grupo
Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 3; en
contra, 147; abstenciones, 76.

Se rechazan las enmiendas números 22 y 23, del Grupo
Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 3; en
contra, 218; abstenciones, 6.

Se rechazan las enmiendas números 72 a 84, 87 y 88, del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes
votos: a favor, 6; en contra, 209; abstenciones, 11.

Se rechaza la enmienda número 85, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 68; en
contra, 148; abstenciones, 11.

Se rechaza la enmienda número 86, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 6; en
contra, 148; abstenciones, 73.

Se rechazan las enmiendas números 48 a 50 y 59, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 68; en contra, 147; abstenciones, 11.

Se rechaza la enmienda número 51, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 5; en
contra, 209; abstenciones, 12.

Se rechaza la enmienda número 52, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 6; en
contra, 148; abstenciones, 73.

Se rechazan las enmiendas números 53 y 56, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 6; en contra, 158; abstenciones, 62.

Se rechaza la enmienda número 54, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 64;
en contra, 148; abstenciones, 15.

Se rechaza la enmienda número 55, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 78;
en contra, 147.

Se rechazan las enmiendas números 57, 58 y 60, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 6; en contra, 209; abstenciones, 11.

Se rechazan las enmiendas números 61 a 63 y 65, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 3; en contra, 159; abstenciones, 65.

Se rechaza la enmienda número 64, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 3; en
contra, 209; abstenciones, 15.

Se rechazan las enmiendas números 66 y 67, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 3; en contra, 149; abstenciones, 75.

Se rechazan las enmiendas números 68, 69 y 71, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 3; en contra, 208; abstenciones, 16.

Se rechaza la enmienda número 70, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 5; en
contra, 218; abstenciones, 4.

Se rechaza la enmienda número 89, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 68;
en contra, 148; abstenciones, 11.

Se rechazan las enmiendas números 90 y 91, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 67; en contra, 159; abstenciones, 1.

Se rechazan las enmiendas números 92 a 94, 97 a 101 y 103 a
106, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los
siguientes votos: a favor, 64; en contra, 148; abstenciones, 15.

Se rechazan las enmiendas números 95 y 96, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 64; en contra, 158; abstenciones, 4.

Se rechaza la enmienda número 102, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 76;
en contra, 147; abstenciones, 3.

Se rechazan las enmiendas números 107 y 108, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 16; en contra, 210; abstenciones, 1.

Se rechazan las enmiendas números 109 y 118, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 12; en contra, 147; abstenciones, 66.

Se rechazan las enmiendas números 110 a 112, 116 y 119, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 12; en contra, 159; abstenciones, 56.

Se rechazan las enmiendas números 113 a 115 y 117, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 74; en contra, 147; abstenciones, 3.

Se rechazan las enmiendas números 25, 28, 29, 31, 34 a 39 y
41 a 47, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a
favor, 63; en contra, 148; abstenciones, 15.

Se rechazan las enmiendas 26 y 30, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 68; en contra, 146;
abstenciones, 12.

Se rechaza la enmienda número 27, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 66; en contra, 157;
abstenciones, 1.

Se rechazan las enmiendas 32 y 33, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 65; en contra, 158;
abstenciones, 3.

Se rechaza votamos la enmienda número 40, del Grupo
Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 76; en
contra, 146; abstenciones, 4.

Se aprueba en un solo acto el proyecto de ley, por los
siguientes votos: a favor, 147; en contra, 4; abstenciones, 76.

El señor presidente informa de que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.

13.1.2. Proyecto de Ley por la que se aprueban medidas
urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y
otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas
(procedente del Real Decreto-Ley 25/2012, de 7 de septiembre). SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Interior

3860

La señora Iturmendi Maguregui, presidenta de la comisión,
presenta el dictamen.

Se inicia el debate del articulado.

El señor Quintero Castañeda defiende las enmiendas números
1 a 3, de los señores Zerolo Aguilar y Quintero Castañeda.

El señor Bruguera Batalla defiende las enmiendas números 34
a 44 y 45 a 55, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.

El señor Maluquer Ferrer defiende las enmiendas números 22
a 33, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió.

El seños Cascallana Gallastegui defiende las enmiendas
números 4 a 21, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Aznar
Fernández.

En turno de portavoces intervienen los señores Quintero
Castañeda, por el Grupo Parlamentario Mixto; Bruguera Batalla, por el
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Maluquer Ferrer, por
el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió;
Cascallana Gallastegui, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Aznar
Fernández, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor presidente informa de la propuesta de los
portavoces de los grupos parlamentarios de una nueva modificación del
orden del día, consistente en debatir en esta sesión la toma en
consideración de la proposición de ley, los tratados y convenios
internacionales y el conocimiento directo de convenios y acuerdos de
cooperación entre comunidades autónomas.

Se procede a votar.

Se rechazan las enmiendas números 1 a 3, de los señores
Zerolo Aguilar y Quintero Castañeda, del Grupo Parlamentario Mixto, por
los siguientes votos: a favor, 78; en contra, 144; abstenciones, 2.

Se rechazan las enmiendas números 34 a 44, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 80; en contra, 144; abstenciones, 2.

Se rechazan las enmiendas números 45 a 55, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 78; en contra, 146; abstenciones, 2.

Se rechazan las enmiendas números 22, 25, 28, 29, 30, 32 y
33, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por
los siguientes votos: a favor, 79; en contra, 145; abstenciones, 2.

Se rechazan las enmiendas números 23, 24, 26 y 27, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 17; en contra, 197; abstenciones, 13.

Se rechaza la enmienda número 31, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió por los siguientes votos: a
favor, 14; en contra, 145; abstenciones, 67.

Se rechazan las enmiendas números 5 y 19, del Grupo
Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 82; en
contra, 143; abstenciones, 2.

Se rechazan las enmiendas números 4, 6 a 18, 20 y 21, del
Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 77; en
contra, 146; abstenciones, 2.

Se aprueba el proyecto de ley, por los siguientes votos: a
favor, 224; abstenciones, 2.

El señor presidente informa de que definitivamente aprobado
por las Cortes Generales el proyecto de ley.

13.2. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

13.2.1. Proposición de Ley de modificación del Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, con el fin de prohibir el ejercicio de la prostitución en
zonas de dominio público destinadas a la circulación de vehículos.

Autor: GPCIU

3875

El señor Sendra Vellvè defiende la toma en
consideración.

En turno de portavoces intervienen los señores Quintero
Castañeda, por el Grupo Parlamentario Mixto; Zubia Atxaerandio, por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Bruguera Batalla, por
el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Sendra Vellvè,
por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió;
Ángel Batalla, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Ortega
Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la toma en consideración, por los siguientes
votos: a favor, 81; en contra, 142; abstenciones, 1.

14. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

14.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

14.1.1. Acuerdo de pesca entre el Reino de España y la
República Portuguesa para el ejercicio de la actividad de la flota
pesquera artesanal de Madeira y Canarias, hecho «ad referéndum» en Oporto
el 9 de mayo de 2012. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA

3883

14.2. DICTÁMENES DE COMISIÓN

14.2.1. Addendum al Acuerdo de Cooperación Científica y
Técnica entre el Reino de España y la Comunidad del Caribe (CARICOM), por
el que se crea el Fondo Mixto, hecho en Puerto España el 28 de noviembre
de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

3883

14.2.2. Acuerdo entre el Reino de España y la República
Islámica de Mauritania sobre supresión recíproca de visados en pasaportes
diplomáticos, hecho en Nouakchott el 6 de octubre de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

3883

14.2.3. Convenio de Seguridad Social entre el Reino de
España y la República de Corea, hecho en Seúl el 14 de julio de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

3883

14.2.4. Acuerdo entre los Estados Miembros de la Unión
Europea, reunidos en el seno del Consejo, sobre la protección de la
información clasificada intercambiada en interés de la Unión Europea,
hecho en Bruselas el 25 de mayo de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

3883

14.2.5. Acuerdo de cooperación entre el Reino de España y
la República Portuguesa relativo a la constitución del Parque
Internacional Tajo-Tejo, hecho en Oporto el 9 de mayo de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

3884

14.2.6. Acuerdo entre el Reino de España y la Agencia
Espacial Europea relativo a los emplazamientos de la Agencia Espacial
Europea en el Reino de España, hecho en París el 13 de junio de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

3884

Se aprueban por asentimiento de la Cámara y se entienden
concedidas las autorizaciones.

15. CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

15.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

15.1.1. Convenio de adhesión del Organismo Andorrano de
Cooperación Transfronteriza al Consorcio de la Comunidad de Trabajo de
los Pirineos (CTP).

Autores: GOBIERNO VASCO, GOBIERNO DE ARAGÓN, GOBIERNO DE
CATALUÑA y GOBIERNO DE NAVARRA

3884

La Cámara toma conocimiento de la celebración de dicho
convenio.

Se suspende la sesión a las veinte horas y cuarenta y cinco
minutos.

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sueldos, bienes que tenemos, los pocos viajes que se hacen
y todas las demás cuestiones. Creo que a principios de enero podremos
hacer un pequeño ejercicio de transparencia de cara a los ciudadanos.

Las quejas que nosotros recibimos, es decir, las peticiones
que nos hacen llegar los ciudadanos, que son de carácter individual o de
carácter colectivo, más las investigaciones que nosotros hacemos con
ocasión de esas quejas; es decir, las actuaciones que nosotros iniciamos,
en el año 2011 han sumado 24 381. Ese es el total de iniciativas
recibidas y de actuaciones realizadas por nosotros como consecuencia de
lo recibido.

De las quejas que han entrado, han sido admitidas un 41%,
porque hay muchas que no se pueden aceptar por no ser competencia del
Defensor; otros asuntos están sub iudice y no podemos entrar en ellos;
otros no responden a problemas ante administraciones, por ser de carácter
particular y personal, y no son competencia nuestra. A estas quejas
siempre se responde dando la explicación oportuna y diciendo que no
podemos hacernos cargo de esa materia.

Las resoluciones —sobre las que hablaré más
tarde— que nosotros producimos y que transmitimos a las distintas
administraciones para que tomen nota de los problemas, para que
rectifiquen errores y para que corrijan actuaciones, en el año 2011 han
sido un total de 385. Las administraciones suelen contestar —ahora
les daré algunos datos—, y de estas, un 70% son aceptadas, y las
administraciones contestan que van a rectificar o que van a tener en
cuenta los criterios que nosotros les hemos proporcionado. Dado el número
tan alto de administraciones que hay en España, no nos podemos quejar
mucho, ya que de todas las administraciones a las que nos hemos dirigido
a lo largo de 2011 ha habido 55 que se han resistido a contestar, pese a
las reiteraciones que les hemos formulado. Eso no me parece bien, porque
todas las administraciones tenemos la obligación de cumplir la ley; si
los ciudadanos tienen que cumplir la ley, las administraciones tienen que
dar más ejemplo, y tienen que responder al Defensor porque así lo dice la
Ley Orgánica, y si no responden, constituye un desacato. Y, como es un
desacato, yo se lo he comunicado al Fiscal General del Estado y, nada más
comunicárselo, de las 55 administraciones, solo 8 no han respondido, las
demás han respondido inmediatamente. Y tienen que hacerlo, porque todas
las administraciones están absolutamente obligadas a responder a
problemas, a inquietudes o a preguntas de los ciudadanos. Naturalmente,
yo no les puedo decir en qué sentido, pero la respuesta, la explicación o
la información tienen que darla todas las administraciones.

A lo largo de 2011 se han presentado diversas solicitudes
de recurso de inconstitucionalidad; por ejemplo, contra la Ley del
tabaquismo y contra el impuesto sobre el patrimonio, y el Defensor no ha
iniciado ninguna actuación en esta materia, no nos presentamos ante el
Tribunal Constitucional, no recurrimos ninguna ley.

La mayoría de las quejas —que como he dicho antes es
la actuación más usual por parte de los ciudadanos— se realizan por
Internet, prácticamente el 75%; el resto se hace de forma presencial en
las oficinas, o bien por teléfono.

Empezando por el ámbito que tiene más trabajo, es decir el
que recibe más quejas y comentarios, que es el de seguridad y justicia,
les diré que los ciudadanos se quejan fundamentalmente por los retrasos
que se producen en la tramitación de sus asuntos con la Justicia, en las
actuaciones y procedimientos judiciales, pero creo que esto ya viene de
atrás. También hay un lamento por parte de los letrados de oficio, por la
fata de letrados, o porque no se les paga o se les paga con retraso.

Y dentro de este ámbito, hay una cuestión que sé que aquí,
en el Senado, se ha tratado en muchas ocasiones porque es algo que les
preocupa, que es la violencia de género. En esta materia, se nos dice que
no hay suficientes medios, que no hay suficientes juzgados, que el
personal a veces no está suficientemente capacitado y preparado para
tramitar y hacerse cargo de estos asuntos. Se lo comento porque sé que
muchos de ustedes —veo a algunas senadoras que han sido colegas
mías años atrás— se siguen preocupando por el incremento de la
violencia de género, y en particular por cómo ha descendido la edad de
los autores de este tipo de violencia.

En materia de prisiones, uno de nuestros trabajos es
vigilar, visitar y conocer el estado en que se encuentran. A lo largo del
año 2011 se han realizado trece visitas —aparte de otras que
referiré por otros motivos—, y la conclusión que sacamos es que el
trato de los funcionarios es bueno, que se cuidan los procedimientos;
pero en algunas hay una tasa de ocupación excesivamente elevada,

y también tienen problemas las personas con alguna
discapacidad, física o psíquica, que están en las prisiones.

En el área de economía y hacienda —que es una de las
grandes, y a ella me volveré a referir— se reciben quejas de los
ciudadanos porque no entienden el lenguaje que se utiliza y piden que se
lo expliquemos. También preguntan por qué el IBI sube tanto y qué hacen
los ayuntamientos con el impuesto sobre bienes inmuebles. Quizás tengan
ustedes mejores respuestas que nosotros, que observamos lo que dice la
ley, pero las leyes las hacen ustedes, de modo que en esta materia habría
que reflexionar sobre algunas cuestiones en relación con el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.

Respecto a las telecomunicaciones, ¿qué nos dicen? Pues lo
mismo que decimos nosotros —que en los pasillos hablamos de lo
mismo—, que cambiar de compañía telefónica es una historia, que se
necesita un gestor o un santo Job, porque es un trámite larguísimo y
complejísimo.

Y se quejan mucho también de la complejidad de las facturas
eléctricas —de eso nos quejamos todos—, porque es difícil
entenderlas. El ciudadano quiere saber cuánto gasta exactamente por el
enganche, y quiere saber qué son los diferentes conceptos, qué son las
fotovoltaicas y dónde se reflejan las bombillas que dijeron que nos
regalaban. También, seguramente, ustedes saben más que nosotros sobre
esta materia.

En el año 2011 ha habido muchas reclamaciones por parte de
las empresas porque los ayuntamientos no les pagaban. Sin embargo, las
quejas en este sentido están disminuyendo a raíz del plan de pagos de los
ayuntamientos, y creo que a lo largo del año 2012 veremos que descienden,
porque los ayuntamientos están haciendo frente —deben de estar
haciéndolo— a las deudas contraídas con multitud de pequeñas y
medianas empresas. Así que estas quejas están ya disminuyendo.

En el área de sanidad y de políticas sociales, que nos
preocupa tanto a todos, se observa una falta de sintonía o de
coordinación entre algunas comunidades autónomas cuando una persona se
desplaza y recibe asistencia sanitaria. En este sentido, señor
presidente, sería bueno que en esta Cámara, la Cámara de representación
territorial, se propiciara la coordinación en determinadas materias y
actuaciones y, desde luego, en materia de sanidad sería muy necesario
porque hay multitud de quejas en este campo. No sé si el término exacto
es coordinar ―no quiero confundir la terminología―, pero al
menos facilitar los desplazamientos y el que se reciba atención en los
distintos puntos.

En el ámbito de las pensiones, hay personas que lamentan la
subida de la edad de jubilación, o que el número de años que se utiliza
para calcular la pensión sea ahora mayor que tiempo atrás. Recibimos
quejas en este sentido y tratamos de explicar la situación de acuerdo con
la legalidad vigente.

En materia de educación me parecen muy importantes las
quejas de los padres y madres con niños de 0 a 3 años, en el sentido de
que no disponen de las instalaciones necesarias para la educación
infantil, y los centros privados o concertados son muy caros. Tienen
razón y, además, muchos están en malas condiciones. Es lo que en
Andalucía llamamos «caracolas», que se convierten en instalaciones
perennes cuando deberían ser provisionales, para poco tiempo.

Además, en el ámbito de la educación superior hay
complejidades y disfunciones tras la entrada en vigor del Plan Bolonia en
cuanto a los requerimientos de másteres para profesores que imparten
secundaria, etcétera, pero supongo que estas disminuirán a medida que el
plan se vaya conociendo y las universidades lo desarrollen mejor.

No quiero olvidar una cuestión que sé que ha preocupado en
esta Cámara —y supongo que sigue ocupando a senadoras y
senadores—, que es la relacionada con los menores, con la situación
de desamparo de los menores. Desde nuestro punto de vista, es importante
que se armonicen los criterios de las comunidades autónomas a la hora de
declarar cuándo un menor está en situación de riesgo o cuándo está en
situación de desamparo, y que se transmita a la Fiscalía General del
Estado. Es necesario que los criterios no sean muy diferentes de unas
comunidades autónomas a otras, para que, de esa forma, se puedan seguir
los pasos y la situación de ese menor que fue declarado hace años en
situación de desamparo. Esto es importante porque, para nosotros, como
supongo que también para esta Cámara, la situación de los menores
requiere mucha atención.

En materia de medio ambiente, creo que no se presta la
suficiente atención a los condicionantes medioambientales frente al
desarrollo urbanístico. Ustedes pueden decir que ahora apenas hay
desarrollo urbanístico; sin embargo, debemos hacer las cosas bien, y lo
cierto es que no se han tenido en cuenta esas situaciones. Por ponerles
un ejemplo les citaré El Algarrobico, en mi comunidad autónoma, en el
que, desde luego, no se ha tenido en cuenta el impacto medioambiental
porque, de otro modo, esa edificación no estaría a pocos metros de la
playa, como tantas otras. Y eso es lo que nosotros denotamos. En planes
urbanísticos iniciados, tras el comienzo de la crisis algunas
edificaciones se han terminado y han sido vendidas u ocupadas, otras
están desocupadas y otras están inacabadas. Pero el problema no es solo
ese, el problema es que las personas que viven en esas edificaciones no
tienen agua y que se les va la luz. Hemos mantenido varias reuniones con
el presidente de la Federación de Municipios —quien colabora
estrechamente con nosotros— y le hemos hecho llegar un escrito con
una larga serie de recomendaciones que no voy a enunciar aquí. Pero es
una situación verdaderamente muy dramática para muchas familias que se
han ido a vivir a un lugar, que han pagado una vivienda y resulta que ha
desaparecido el promotor, ha desaparecido todo el personal y se han
quedado aislados en medio de la nada. Esta es la situación, y el señor
presidente la conoce bien.

Nos hemos ocupado especialmente de las cuestiones
relacionadas con la extranjería y la inmigración. Nos preocupa la
situación de los aeropuertos. Cuando una persona es retenida en un
aeropuerto y llama al Defensor a cualquier hora del día o de la noche, se
presenta alguien, porque tenemos un equipo permanente dedicado a la
vigilancia, a la presencia en fronteras, tanto en los aeropuertos como en
los puertos y en cualquier lugar.

He visto al entrar al senador y presidente de la ciudad de
Melilla, al que quiero agradecer las facilidades dadas al reducido equipo
que allí estuvimos hace unos días —el adjunto al Defensor, señor
Marugán, y yo misma— en una visita muy interesante que hicimos a la
ciudad de Melilla. Hemos comprobado, fundamentalmente desde el punto de
vista del Defensor —ya que la ciudad la he encontrado magnífica y
muy cuidada. Como antigua alcaldesa, me fijo en esas cosas—, que la
frontera no está en condiciones, y me ha dejado enormemente preocupada
porque no es la frontera española, es la frontera de la Unión Europea, y
las autoridades europeas tienen que saberlo. Ya me he puesto en contacto
con el Ministerio de Asuntos Exteriores y le hemos remitido un informe
comunicándole lo que hemos visto. No me parece justo que las Fuerzas de
Seguridad del Estado y los funcionarios de Melilla sean, en solitario,
los encargados de esa frontera; me parece que aquello sobrepasa todos los
esfuerzos que se puedan hacer.

Lo mismo sucede con el centro de estancia temporal de
inmigrantes que visitamos, a donde se dirigen transeúntes cuya estancia
es temporal. Ese centro tiene capacidad para 500 personas y había 900. Es
absolutamente imposible que aquello esté en condiciones a pesar de los
esfuerzos del personal que nos lo enseñó, quienes nos dieron una
magnífica impresión como funcionarios, como vigilantes y como personas
que tratan debidamente a los 900 inmigrantes de ese CETI. Pero esto no
puede ser, y la Unión Europea tiene que apoyar y ayudar a las autoridades
españolas en estas fronteras. Y creo que en Ceuta pasa algo muy
parecido.

Desde el año 2009 recae en el Defensor el denominado
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, por convenio de Naciones
Unidas, que quiso impulsar la prevención de la tortura y pidió a los
distintos países de Naciones Unidas un organismo que se ocupara de ello.
Nosotros somos este mecanismo de prevención. Nosotros no perseguimos
estos delitos, que corresponden, si los hay, a la Fiscalía, pero somos el
mecanismo que se ocupa de ello. Y este mecanismo ha elaborado un informe
del año 2010 y otro del 2011, que también ponemos a disposición de sus
señorías y que espero desarrollar en la Comisión Mixta Congreso-Senado lo
antes posible. Lo que solicitamos en nuestra documentación es un
tratamiento más cuidadoso en determinadas ocasiones ante personas
detenidas en prisiones o en centros de internamiento de mediana o larga
duración. Creo que el Ministerio del Interior está en condiciones de
aceptarnos esas recomendaciones. Por ejemplo, se trata de que en los
momentos en que se toma declaración con un policía delante y un letrado,
los policías estén perfectamente identificables; es decir, que se pueda
saber quién es el policía que está ahí, cuál es su número y, por tanto,
se le pueda identificar. Este extremo ha sido aceptado recientemente por
parte del Ministerio del Interior y nos alegramos de ello.

Recomendamos también que haya especialistas. Las visitas a
las cárceles las realizamos con especialistas en medicina legal, medicina
forense, psiquiatras y psicólogos, cuando creemos que eso es necesario.
Se trata de un avance porque supone mayores garantías. Y pedimos que haya
videocámaras que estén funcionando constantemente, sobre todo en los
casos de personas incomunicadas. Pero, como decía al principio, en la
parte relativa a este mecanismo de prevención nuestra actuación no es de
persecución del delito, sino de prevención, de modo que se cuiden los
derechos humanos de las personas detenidas en prisiones o en centros de
internamiento de larga o media duración.

Cuando expuse esto en el Congreso, luego alguno de los
intervinientes habló largo y tendido sobre posibles o presuntos delitos
en algunas cárceles. Le dedicó mucho tiempo y escuché con mucha atención.
Pero cuando hablamos de terrorismo, de delitos de terror, cuando hablamos
de víctimas, nosotros desde luego no podemos olvidar a las víctimas del
terrorismo, ni muchísimo menos. No las hemos olvidado, ni las olvidaron
mis predecesores, y ahora hablaré de lo que hemos recomendado al Gobierno
en materia de ayuda y apoyo a las víctimas del terrorismo.

Voy a hacer un breve comentario sobre el año 2012 porque no
quiero alargarme mucho; si no, sus señorías seguramente se levantan y se
van, y no me quiero quedar sola en la sala con el presidente, los
vicepresidentes, los secretarios y los letrados. Ya he visto que eso
ocurría en algunas ocasiones anteriores y voy a procurar que a mí no me
suceda, claro está que fundamentalmente por la buena voluntad de sus
señorías que están aquí sentados aguantando.

Pero, en fin, respecto al avance del 2012, que ya en parte
me va a corresponder a mí, empezaremos con una página web transparente y
en condiciones, dando esos datos de toda índole que creo que hoy tienen
que saber los ciudadanos. Hemos bajado el presupuesto un 4,5% porque
había gastos que no eran necesarios. Hay que tener menos coches, hay que
hacer solo los viajes al extranjero que sean absolutamente
imprescindibles, y van las personas o la persona en solitario, no van
acompañantes. Tampoco hay dietas por viajes, ni otras cosas que sus
señorías saben, y esto es bueno ante la opinión pública. Nosotros no
tenemos inversiones, sino gastos de personal, que, en su mayoría, está
altamente cualificado. Ahí sí tenemos unos gastos que figurarán en la
página web. Sin embargo, gastos corrientes no vamos a tener porque los
hemos eliminado.

Creo que en 2012 va a haber un aumento del número de
quejas. Como dirían en mi pueblo, me lo presiento. Ya explicaré las
razones, que ustedes comprenderán, y que quizá entienden antes de entrar
en ellas. A lo largo de este año hemos hecho algo que a mí me parece que
es una parte fundamental de la actuación del Defensor y que he mencionado
antes. Se trata de las recomendaciones a las administraciones para que
corrijan, eviten o hagan de nuevo algo que no han hecho o que han hecho
mal, a nuestro juicio o a juicio de un ciudadano.

Este es el carácter positivo que puede hacer avanzar,
aunque quizá no por nosotros mismos, pues son muchas las instituciones
que pueden hacer que un país dé pasos hacia delante, que progrese, que
mejore, que las condiciones de vida sean mejores y más acordes con las
circunstancias. Pero esa instancia también debe ser el Defensor. ¿Cómo? A
través de esas recomendaciones; recomendaciones que se basan en quejas,
quejas que pueden ser de dos clases —y no lo digo desde el punto de
vista del procedimiento, sino teórico—. Hay quejas inútiles, no
útiles, como dicen algunos autores, quejas que no van a ninguna parte,
porque son lamentos que no conducen a nada. Y hay otro tipo de quejas que
son las que hacen avanzar, las que hacen progresar, las que ponen
mecanismos en marcha, las que empujan a las administraciones, las que
empujan a las Cámaras, las que empujan a las instituciones. Por eso, le
doy la máxima importancia a estas recomendaciones.

En el año 2012 hemos hecho recomendaciones en materia de
víctimas del terrorismo para ayudar y apoyar a las víctimas en el
seguimiento de los procedimientos judiciales que les afectan. Para que
sepan cuándo se celebra el juicio, para que sepan el cambio de situación
penitenciaria de los autores de los delitos, para que no se encuentren
con que el autor de un delito se va a instalar en su comunidad autónoma
dentro de una semana y que sepan con tiempo que ha salido o que va a
salir, etcétera.

Para nosotros, esta cuestión de las víctimas del terrorismo
es verdaderamente importante y todo lo que podamos hacer por ayudar es
poco, porque reparar el dolor es imposible, metafísicamente imposible.
Por tanto, lo más que podemos hacer es facilitarles la vida,

acompañarles y que no se sientan solas con su situación,
con su drama, con sus vivencias, con el recuerdo de las personas que
tuvieron y que ya no tienen.

En materia de asistencia sanitaria hemos hecho también
varias recomendaciones al Ministerio de Sanidad. Estamos observando qué
pasa con el tratamiento de los inmigrantes en situación no regular. Hemos
oído lo que dijo ayer el Tribunal Constitucional, que ha levantado la
suspensión cautelar que pesaba sobre una decisión del Gobierno vasco.
Nosotros queremos que se garantice la asistencia sanitaria a todas las
personas, también a las que están en situación no regular. Estaremos muy
atentos para ver cómo se desarrolla este asunto.

A lo largo de estos meses de 2012 hay dos cuestiones en
materia económica que nos han ocupado y sobre los que se ha trabajado
mucho. La verdad es que cuando yo llegué ya estaban hechos los informes,
los habían hecho mis predecesores.

Uno es en relación con las participaciones preferentes. No
les voy a comentar los hechos porque ya saben ustedes el fraude que ha
habido, no en todas pero en muchas de las participaciones preferentes.
Han actuado de mala fe en determinadas cajas y entidades financieras.
Pero, afortunadamente, ayer oí decir al ministro de Economía que se va a
establecer un arbitraje entre las personas que han suscrito las
participaciones preferentes y las cajas, fundamentalmente para que les
sean devueltas al cien por cien en aquellos casos de mala fe, en los que
se ha visto que las personas no tenían conocimiento del producto que
estaban suscribiendo. Nosotros, desde luego, lo apoyamos y yo espero que
todas las personas que las suscribieron sin suficiente conocimiento e
información reciban ese cien por cien. Me gustaría que las Cámaras, que
esta Cámara siguiera este asunto porque verdaderamente es grave y
doloroso. Yo he visto, señor presidente, preferentes firmadas con el
dedo; en Andalucía las he visto, firmadas con el dedo ante el banco. Ha
habido mala fe, ocultación, fraude, y eso tenemos que perseguirlo y,
además, corregirlo.

Otro de los informes importantes que hemos hecho es el
relativo a la trata de los seres humanos en España, trata de seres
humanos con objetivos de explotación sexual. Se trata de mujeres jóvenes
que vienen de Centroeuropa, de América del Sur, del África subsahariana y
que son objeto de explotación por parte de las redes. Entran de manera
irregular y nada más llegar son acogidas por determinadas redes y tienen
que pagar unas cantidades semanales; no tienen oficio, ni capacidad, nada
más que ellas, su cuerpo y que sea lo que Dios quiera. Se ha elaborado un
informe largo y extenso —y en su presentación hubo una
representación de esta Cámara, miembros de la Comisión de Igualdad—
con la Fiscalía General del Estado y con los cuerpos de seguridad para
procurar, por un lado, atacar a esas redes y, por otro, ayudar a las
víctimas. Son verdaderas víctimas que necesitan, primero, un tiempo de
tranquilidad, de serenidad y de acogida y, luego, ayuda para emprender
una nueva vida.

La realidad catastral ha sido otra de nuestras ocupaciones
a lo largo del año 2012, y también presentaremos el informe. El catastro
necesita una revisión, una mejora técnica y más medios de los que tiene
porque son muchas las quejas que recibimos.

En fin, señorías, me queda una cuestión importante que
tiene que ver también con materia económica. He de decirles cuál ha sido
nuestra actuación —y no vamos a parar, vamos a insistir en
ello— en la cuestión de los desahucios, los lanzamientos de
personas que no pueden hacer frente a sus deudas hipotecarias. Hemos
actuado con toda la capacidad posible. Nos hemos presentado ante el
gobernador del Banco de España. Lo hemos dicho en la comisión mixta y yo
lo he puesto de manifiesto todas las veces que me ha sido posible. Hemos
dado todos los datos y todas las recomendaciones. Me alegro de que el
Gobierno aprobara un decreto para que se paralizaran por un tiempo esas
expulsiones y de que ahora tramiten ustedes este proyecto de ley. A mi
juicio, debería ser una ley duradera —por eso, hay que
meditarla—, porque no podemos estar cambiando las leyes cada poco
tiempo, y esta va a afectar a varias leyes.

Me gustaría que esa nueva legislación contemplara la
situación de las familias que son deudoras de buena fe y que no pueden
pagar. Tenemos que ser comprensivos y contemplar supuestos y
circunstancias amplias y generosas para estas familias. Además, estos
deberían afectar no solo al hogar sino también al local, si es su modus
vivendi, si es el local de su negocio o empresa. Y que tuviéramos en
cuenta también que los intereses de los bancos devoran las pobres
economías de estas familias. Porque una familia deudora que tiene un
interés de demora de un 3%, en tres meses tiene ya un 33%, y eso hace que
las situaciones sean inviables y que no

tengan salida, lo que lleva a la desesperación que, a su
vez, sabemos muy bien adónde puede llevar a las personas. Nosotros vamos
a mantenernos vigilantes y vamos a actuar en esta materia. Haremos un
segundo informe, en este caso más breve que el anterior, que
presentaremos a la Cámara y al gobernador del Banco de España.

Señor presidente, termino ya. Como decía, las quejas vienen
de la antigüedad. Esta madrugada pensaba que las quejas vienen del teatro
clásico, de la función, de los coros. Algún filólogo clásico o latinista
podría corregirme quizá, pero yo creo que en los coros de la antigüedad,
en el teatro clásico están las raíces de nuestras quejas, lo que Robert
Hughes llama la cultura de la queja, una cultura que se ha extendido.
Esta cultura de la queja puede no dar resultados por inútil, por
exagerada, por desmesurada, o puede, como decía, hacer avanzar, hacer
recapacitar, y en esa línea es en la que nosotros debemos conducirnos.
Hay mucha documentación y mucha historia sobre las quejas. Hay un libro
reciente de 2012 de un inglés llamado Julian Baggini que también medita
sobre la evolución de la cultura de la queja, algo que también hemos
visto en la filosofía europea, que la culpa siempre es de otros, y que
explica estupendamente Sartre. O como dice como dijo el doctor en
Filosofía Javier Gomá en su último ensayo: Yo no he sido, la culpa no es
mía. Pero nosotros no estamos en esa tesis, estamos en la tesis de la
responsabilidad y de conseguir que, a partir de las quejas, hagamos
avanzar a la sociedad, la hagamos progresar.

Gracias, señor presidente. Quedo a disposición de sus
señorías, no ya en el Pleno, porque no es aquí donde corresponde hacerlo,
pero sí en la comisión. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora defensora del
pueblo.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Agradezco a la señora defensora del pueblo la presentación
de este informe y el esfuerzo que supone, además, el hacerse eco y
responsable de una gestión que la precedió.

Siguiendo el esquema con el que ella ha desarrollado su
intervención, pero de forma inversa, es decir, empezando por el final,
coincido con la señora defensora del pueblo en la necesidad de no
quedarse en la queja como expresión del lamento, sino en convertirla en
fundamento del cambio y de la transformación social de todas aquellas
realidades dolorosas e injustas que la motivan. Por eso discrepo con ella
en la reivindicación de su raíz en los coros de la tragedia griega. Los
coros de la tragedia griega se quedaban en la queja, eran los
protagonistas de la tragedia los que cambiaban, los que transformaban. En
todo caso, busquemos más las raíces en la lucha, en la de Espartaco, en
la que tiene como objetivo el cambio y la transformación social a la hora
de dar continuidad y dar utilidad a esas quejas que llegan a la defensora
del pueblo: la reivindicación. Las quejas son reivindicación,
reivindicación de respuesta por parte de las administraciones públicas a
los problemas que viven los ciudadanos en muchas ocasiones —y esas
son además las que dan razón de ser a la institución del Defensor del
Pueblo— como consecuencia de la acción de las administraciones.

Señora defensora del pueblo, creo, como usted, que es
imprescindible que una realidad dramática, la de los desahucios, dé lugar
a la transformación del marco normativo, y espero que cuando esta Cámara,
tras el Congreso, debata el proyecto de ley, vaya más allá de los
planteamientos del Gobierno de la nación. La respuesta a los desahucios
no es solo la respuesta a un problema que se ha visto agravado como
consecuencia de la crisis, sino que tiene que ser también la respuesta a
un marco regulador desfasado en el tiempo, que coloca en una situación de
privilegio injustificado a las entidades financieras frente a quienes han
solicitado y han obtenido un crédito con garantía hipotecaria. Reformemos
y modernicemos nuestra legislación en esta materia homologándola con la
del resto de los países de nuestro entorno, y desde luego una
reivindicación básica, como es la de la dación en pago, tiene que tener
encaje en esa reforma legislativa.

La señora defensora del pueblo hablaba de las
participaciones preferentes y se felicitaba porque el Gobierno pusiera en
marcha un mecanismo de arbitraje. En mi opinión este mecanismo es
insuficiente. Voy a utilizar los términos literales que ha manejado la
defensora: mala fe, ocultación, fraude. Estamos, por tanto, ante víctimas
de la mala fe, de la ocultación y del fraude de las instituciones
financieras, no de la mala praxis de determinado director de una oficina
bancaria,

sino de estrategias impuestas por los máximos responsables
de las entidades financieras, exigiendo a quienes estaban por debajo de
la estructura bancaria que consiguieran resultados y primando esos
resultados, además, con remuneraciones, con bonus, a lo largo de toda la
cadena de la estructura financiera. Cuando hay víctimas no cabe el
arbitraje, cuando hay víctimas no cabe la neutralidad, cuando hay
víctimas las administraciones deben dar una respuesta que propicie la
reposición y la reparación a esas víctimas.

Coincido con la señora defensora del pueblo en que las
medidas en materia sanitaria que se han tomado para excluir a los
inmigrantes en situación no regular no son aceptables y que, por lo
tanto, deben ser revertidas.

Decía la señora defensora del pueblo que augura que va a
haber un aumento del número de quejas. Yo puedo augurar que la señora
defensora del pueblo a estas alturas, en diciembre de 2012, seguro que ya
sabe, que tiene conocimiento exacto de que se ha producido a lo largo del
año 2012 un incremento notable de las quejas, que seguramente van a ir en
gran parte en la misma dirección que fueron a lo largo de 2011, pero
agravadas porque las medidas que se han adoptado, las políticas que se
han desarrollado y que afectan a estos mismos ámbitos que fueron motivo
de queja en 2011, sin ninguna duda han contribuido a empeorar las
situaciones que esas quejas denunciaban. Voy a enumerar algunas a las que
se refería la señora defensora del pueblo en la presentación de su
informe. Estoy seguro de que a lo largo de 2012 la institución ha
recibido un número mayor de solicitudes de recursos de
inconstitucionalidad contra muchas de las normas aprobadas por las
Cámaras a impulso del Gobierno, incluso de normas aprobadas por el propio
Gobierno; recursos de inconstitucionalidad que pueden ser amparados desde
la institución, aunque haya otras instituciones del Estado que estén
legitimadas para plantearlo: las comunidades autónomas y también, en
materia de ámbito local, los ayuntamientos, tras la última reforma al
respecto. Sería bueno que la institución Defensor del Pueblo diera
cobertura a estas demandas de los ciudadanos.

En materia de justicia, los retrasos a lo largo de 2012 se
habrán ido incrementando, puesto que el problema básico, que es la planta
judicial, no ha sufrido modificación, no se ha incrementado el número de
jueces y de magistrados y, por lo tanto, seguramente, a lo largo de 2012,
habrán aumentado esos retrasos. Y estoy convencido de que las tasas
judiciales van a dar lugar a un número importante de quejas.

Factura eléctrica. Las últimas subidas en esta materia y
las reformas legislativas que acabamos de aprobar el pasado jueves van a
dar lugar a nuevas quejas.

Reforma de las pensiones. No tengo ninguna duda de que el
que no se haya producido la actualización de las pensiones para el
próximo ejercicio va a dar lugar también a quejas.

Y, en materia sanitaria, los conflictos y los recortes que
estamos viviendo van a convocar a ciudadanos y ciudadanas a dirigirse a
la institución Defensor del Pueblo.

El presupuesto que se acaba de aprobar en la Cámara para
2013, que recorta en plazas en educación infantil de 0 a 3, no es la
respuesta a esas quejas que a lo largo de 2011 recibió la institución
Defensor del Pueblo.

Voy terminando. Prevención de la tortura. Me parece muy
bien que la defensora del pueblo se comprometa con ello, pero los
recientes indultos a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado condenados por tortura no son una respuesta adecuada al problema.
Exigía la defensora del pueblo garantías al Ministerio del Interior de
una perfecta identificación de los miembros de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado. Cúmplase la ley, cúmplase esa exigencia de la
defensora del pueblo en los interrogatorios, en el período de detención,
pero también en las acciones en la calle, y en las acciones en la calle,
saben sus señorías, que esa identificación no está garantizada. Hay
pruebas gráficas y documentales —todas las que se quieran— al
respecto. Y eso, por más que la defensora del pueblo se congratulara de
que confiaba en que en el Ministerio del Interior iba a haber una
respuesta adecuada, pues la respuesta que conocemos hasta este momento es
una iniciativa para reducir la posibilidad de reproducción en las redes
de material gráfico en el que se reflejan esas actuaciones policiales.
Por lo tanto, mayor dificultad de identificación de los miembros de las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que participan en esas
acciones.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Senador Martínez Oblanca, tiene la palabra.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor
presidente.

Simplemente quiero agradecer a doña Soledad Becerril,
antigua compañera en esta Cámara, su informe y desearle el mayor
éxito.

A nosotros nos gustaría que la institución del Defensor del
Pueblo fuese reconocida más aún por los españoles.

En España hay una curiosa epidemia de defensores del
pueblo, porque, a la que representa esta mañana doña Soledad Becerril,
hay que añadir las que se derivan de las comunidades autónomas, en unos
tiempos en que los ciudadanos, y la propia lógica y el propio sentido
común, demandan más contención de gastos y que no se multipliquen los
organismos. En todo caso, nosotros ponemos nuestra total confianza en la
defensora de pueblo.

Tenemos un recuerdo para sus predecesores, doña María Luisa
Cava de Llano y don Enrique Múgica, y le deseamos el éxito y el ánimo en
su labor, tan importante para todos los españoles.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Martínez Oblanca.

¿Alguna intervención más del Grupo Mixto?
(Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on maiburu jauna. Egun on
senatori jaun andreok.

Desde el escaño. Señor Oblanca, estoy encantado de estar
enfermo de esa epidemia que usted dice; porque, si alguna virtud tienen
los Defensores del Pueblo, es la de estar cerca del pueblo al que tiene
que defender. Creo que es importante que existan. Por lo menos, así lo
reivindico para Navarra y para la Comunidad Autónoma del País Vasco, en
la que casi casi hemos perdido al Defensor del Pueblo, precisamente por
aplicar criterios de austeridad o de recorte. Menos mal que no salió el
proyecto hacia delante.

Señor presidente, antes de nada quiero darle las gracias a
la señora Becerril por su comparecencia, y casi felicitarle, porque
estamos en diciembre viendo el informe del 2011. El año pasado vimos, si
no recuerdo mal, el de 2009 y, desde luego, el de 2010 casi quince meses
después. Por tanto, mi primera reivindicación ante la señora Becerril,
que yo creo que lo puede hacer —y, es más, creo que es su
intención—: que el siguiente informe de la defensora del pueblo se
viera en el primer trimestre del año que viene, lo que nos facilitaría
mucho no estar hablando de historia sino de hechos más o menos recientes.
Por lo demás, no quiero entrar a valorar el informe porque también es de
la señora Cava de Llano, la anterior defensora del pueblo.

Me gustaría, no obstante, comentar algunas de las
recomendaciones e informes de 2012 a los que la señora Becerril ha
aludido ahora, y también en la comisión mixta. No voy a entrar en
detalles; en la comisión hablamos ya de ello; hablamos de la tortura,
hablamos de la recomendación sobre víctimas del terrorismo, etcétera.
Creo que esto deberemos tratarlo cuando en el primer trimestre de 2013
—espero— hablemos del informe del 2012.

Me gustaría pedirle a la señora Becerril que en el próximo
informe incluyera algunas otras cosas. Ella recoge quejas, hace
recomendaciones y las traslada a quien corresponda, y a mí me gustaría
saber, en el próximo informe, cuáles son las quejas y, sobre todo, cuál
ha sido la respuesta de las instituciones a las que han ido dirigidas;
tanto eso como los informes y las recomendaciones que ha hecho.

Otra cosa que echo en falta en este informe es la
pormenorización de las relaciones con esos los defensores del pueblo de
otras comunidades autónomas.

En principio, nada más. En el 2012 deberíamos hablar de
2012, porque hablar del 2011 no tiene mucho sentido. Eso sí, hablemos del
2012 en las fechas en que los hechos estén todavía vigentes. Se van a
producir muchos cambios y, evidentemente, la defensora del pueblo
recibirá más quejas, y habrá que estructurarlas; no se pueden despachar
diciendo: hemos tenido más quejas. No; vamos a ver cuántas son, vamos a
ver exactamente cómo se comparan con las de otros años y cómo van
evolucionando, pero con datos que estén incluidos en el informe del 2012,
que veremos durante el primer trimestre del 2013.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.

Señorías, señora defensora del pueblo y miembros del equipo
que hoy la acompañan, ya tuvimos ocasión el día 6 de noviembre de debatir
sobre este informe en comisión. Lo hicimos ampliamente, y tras una
intervención de la señora Becerril parecida en sus términos a la de hoy,
que contó, como la de esta sesión, creo, con el asentimiento de la
mayoría de los diputados y senadores de la comisión. Ayer, además,
tuvimos la oportunidad de visitara en la sede de la institución, y se lo
quiero agradecer desde la tribuna. Pudimos acercarnos un poquito más a su
metodología de trabajo, a los problemas que tiene sobre la mesa, y
pudimos además apreciar una perspectiva real del reflejo de este país, de
lo que está sucediendo, a través de la queja de los ciudadanos. Fue, en
fin, una reunión cordial y muy interesante, que les agradezco en nombre
de mi grupo.

Me va a permitir —el señor Cazalis ya lo
argumentaba— que no entre en el debate sobre el informe de 2011.
Creo que aportaría poco de nuevo, 2011 ya ha pasado. Así que voy a hacer
algunas reflexiones sobre cómo afrontar los tiempos tan duros que vienen,
y que usted ya anticipaba. Evidentemente, la defensora del pueblo
recibirá más quejas, es ya una realidad. El escenario ciertamente no es
bueno —usted lo ha dicho—, y podemos afirmar sin riesgo a
equivocarnos que la situación está empeorando. La degradación de los
servicios públicos y de las condiciones de vida de nuestros conciudadanos
nos conduce indudablemente hacia una sociedad que será más injusta; todos
aquellos logros en justicia social e igualdad de oportunidades se están
alejando rápidamente de nuestro imaginario, y parece que también de
nuestros valores y principios.

Su informe y sus valoraciones, que he leído con mucha
atención —no podría ser de otra manera—, me han planteado la
pregunta de qué futuro nos espera. El informe pone de relieve algunos de
los problemas graves de nuestro país en 2011, y sabemos que 2011 va a
quedar muy lejos en comparación con la situación real de estos momentos,
con los problemas que aquejan a los colectivos más afectados por la
crisis. He deducido que indica una ruta hacia el desahucio social que
estamos viviendo ya. Desahucio social —ya lo comentamos en la
comisión— ante una lista de dependientes sin atender que supera los
150 000 en 2011, con recursos que siguen descendiendo de forma trágica. O
frente a la discapacidad, un ámbito en el que se está produciendo una
situación alarmante, y muchas organizaciones sociales han advertido de
que corremos el riesgo de un auténtico colapso; hay casos muy concretos y
dolorosos, como el de una señora que está encadenada a la Generalitat
valenciana esperando, supongo, el cobro de algún recurso público que no
le llega; situaciones desesperadas. Estamos viviendo reducciones
presupuestarias realmente agresivas, como la supresión de programas
consolidados durante mucho tiempo; estamos viviendo retrasos e impagos
generalizados al mundo asociativo por los servicios que presta por
delegación de las administraciones; y están desapareciendo entidades que
desempeñaban el rol de atender a las personas más necesitadas, por falta
de financiación. Estamos viviendo recortes genéricos en el ámbito de la
sanidad, del empleo, de la autonomía personal, de la atención a la
dependencia, sectores que, en definitiva, se acercan cada vez más a una
situación de enorme precariedad. Estudios diversos fotografían una
situación que da auténtico pavor. Saben ustedes que el porcentaje de
hogares españoles que sufren pobreza severa es del 22%, mientras que el
25% se sitúa en el umbral de la pobreza, en situación de riesgo. Y hay
otro dato que debe preocuparnos y hacernos reflexionar en el debate de
hoy: el nuestro es uno de los países europeos con mayor tasa de pobreza,
solo le superan Rumania, Letonia y Grecia; además, es el país donde más
están aumentando las desigualdades sociales.

Hay que hablar también de la situación de la infancia,
usted ha mencionado algunos aspectos concretos. En este momento, más de
dos millones de niños viven en España por debajo del umbral de la
pobreza. Los niños son los más vulnerables a sufrir las consecuencias de
la crisis económica. Quiero alertar del problema que tenemos en nuestro
país sobre los derechos de la infancia. Lo pongo de relieve porque me
parece interesante hablar con cierta perspectiva de futuro.

Este debate no es de confrontación política; no lo fue en
el ejercicio pasado ni tiene que serlo en este. Todos estamos
absolutamente convencidos de que hemos de hacer esfuerzos por vivir en

un país justo, que tenga capacidad de dar dignidad a las
personas que viven en él. Pero es cierto, y no puedo evitar mencionarlo:
vivimos un momento en que la ortodoxia económica que aplica el partido
del Gobierno nos está llevando a reducciones presupuestarias, como la de
la política educativa —del 14%— o la de la sanidad y los
servicios sociales, del 22%. Podría seguir, pero no voy a hacerlo porque
no es necesario; acabamos de debatir los presupuestos y todos somos
conscientes de los recortes que hay en materias clave para este debate. Y
el resultado final es que en este momento, hoy, hay más pobres y que son
más pobres que el año pasado. Esto, dicho así, puede sonar simplemente
coloquial, pero es la auténtica realidad. Y lo que es peor: tenemos menos
recursos y menos instrumentos para abordar esta situación.

Señora defensora del pueblo, este país necesita un pacto
para conciliar todos los esfuerzos de las instituciones, de las fuerzas
políticas, contra la pobreza. Y en la mediación a favor de un pacto de
este estilo su institución tiene cosas que decir. Ustedes deberían
proponer —yo lo estoy haciendo aquí, modestamente— un pacto
contra la pobreza; un pacto de carácter nacional que sea capaz de poner
lo mejor de nuestras instituciones, lo mejor de nuestra sociedad, para
luchar contra una lacra que va a generar muchos problemas en el futuro y
que no se va a superar fácilmente. Hay gente que piensa que, cuando
superemos la crisis, las personas que han descendido del tren, que se han
quedado en el andén, en la cuneta, darán un paso adelante con la misma
facilidad con la que cayeron, pero eso no sucederá: la pobreza tiende a
cronificarse, representa un lastre para cualquier sociedad y superarla
requiere décadas; costará generaciones recuperarse de una situación
social así. Este debería ser, pues, un objetivo para 2012. Deberíamos
hacer todo lo posible por construir, en el marco de la realidad difícil
que vivimos, un acuerdo estratégico para superar esta situación.

Usted ha hecho referencia a una serie de cuestiones, en las
que no entraré para no alargar mi exposición; estoy absolutamente de
acuerdo. Solo añadiré que, en el ámbito de la Justicia, nos vamos a
encontrar con el problema de las tasas como una pared para que la
justicia sea universal, y tendrán que tomar buena nota de ello.

No hemos hablado —en la comisión sí lo hicimos—
de la seguridad pública, del uso o abuso de la fuerza pública, que ha
entrado en conflicto —lo hemos podido escuchar en algunos
debates— con el derecho a la manifestación; del uso que el Gobierno
hace de la fuerza pública que, desde mi perspectiva, ha sido abusivo en
algunas ocasiones. Será un tema, y ustedes lo plantearon ayer en la
reunión, sobre el que podremos debatir en el informe de 2012.

Ha hablado usted también de sanidad. Absolutamente de
acuerdo en cuanto a los inmigrantes, en cuanto a la inequidad; también en
cuanto a los copagos y repagos, que será una cuestión que se verá en el
próximo informe y que tendremos que abordar, la de las listas de espera
ya es una realidad. Me sumo también a lo que ha dicho el senador Cazalis
de los defensores, el síndic de greuges de Cataluña, en mi caso. La
cooperación es importante; es importante en este momento especialmente,
porque su trabajo va a aumentar, estoy seguro, y no tendría sentido que
nos planteáramos prescindir de los defensores, del síndic de greuges, de
aquellas personas que trabajan de cerca en una cuestión tan importante
como atender a aquellos ciudadanos que han perdido todas las esperanzas,
a los que únicamente les queda la institución del Defensor del Pueblo del
Síndic de Greuges, para hacer frente a sus problemáticas y a las
cuestiones que reclaman ante la administración.

Ha hablado de bancos; absolutamente de acuerdo —ya se
ha dicho tamibén—, no voy a insistir en el tema.

Quiero felicitarla, ya se lo dije en la sesión de la
comisión, el 6 de noviembre: lo que está sucediendo, el incumplimiento de
las administraciones de algunas recomendaciones y requerimientos o la
falta de respuesta no son de recibo; de modo que llevarlo ante el fiscal
me parece una idea excelente.

Acabo, señora Becerril, diciéndole a usted y a las personas
que la acompañan, a sus colaboradores, que ha sido muy interesante este
baño de realidad. Es un buen momento para reflexionar sobre estas
cuestiones. En esta Cámara lo hacemos de forma habitual, pero, dada la
situación, no sé si lo hacemos lo suficiente. No sé si somos
suficientemente sensibles —este es un planteamiento absolutamente
personal— ante la situación social que vivimos. Si hace unos años
nos hubieran enseñado una fotografía de lo que sucede ahora seguramente
ninguno de nosotros lo hubiera podido creer. Sin embargo, la normalidad
con que asumimos lo que sucede a mí,

personalmente, me sorprende. Creo que es bueno que nos
preguntemos si somos suficientemente sensibles al dolor que nuestra
sociedad en su conjunto.

Ustedes tienen la capacidad de ponerle rostro a la queja;
ayer lo decíamos y yo lo había escrito también, pero me parece una
formulación muy buena; es una cosa que no podemos hacer aquí. Es algo muy
importante; dan ustedes esperanza a aquellos que ya la han perdido;
personas que recurren a la última instancia en que encontrar la
satisfacción del reconocimiento de su razón y de su verdad; ciertamente,
solo puede hacerlo su institución. De modo que insisto en la crítica a la
situación que vivimos, pero también quiero ofrecerle nuestra mano
tendida, nuestra complicidad con su trabajo que en este momento es muy
importante. Insisto igualmente en su necesaria mediación para alcanzar un
pacto nacional contra la pobreza. Abraham Lincoln dijo que la mejor
justicia no siempre es la mejor política. Podemos estar de acuerdo con
esta afirmación, pero creo sinceramente que hoy en España, sin una buena
política, la justicia está indudablemente mucho más lejos de aquellos que
más lo necesitan.

Muchas gracias. Buenos días. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Buenos días, señor presidente.

Nuestro grupo parlamentario da la bienvenida a esta Cámara
a la señora Becerril que, junto con el Congreso de los Diputados, ha
formado parte destacada de la vida política de la defensora del pueblo.
Su capacidad personal y su trayectoria de servicio público la avalan
sobradamente como defensora del pueblo, además del excelente perfil
profesional de sus adjuntos. Le deseamos suerte y acierto en su
tarea.

En primer lugar, tenemos que destacar el notable retraso
con que se da cuenta en esta Cámara del informe de la gestión del año
2011. Sin ninguna duda, el retraso viene motivado por razones ajenas a
nuestra voluntad. Podríamos dar cuenta ya prácticamente del informe de
gestión del Defensor del Pueblo de los años 2011 y 2012, ambos a la vez.
El titular de la defensoría del pueblo era otra persona, por cuyo motivo
las críticas se deben referir necesariamente al período objeto de
análisis, es decir al ejercicio de 2011.

Estamos ante un informe —el de 2011—, entrando
ya en materia, que contiene en conjunto más de 24 000 quejas, de las
cuales se han admitido y tramitado 10 000. Nuestra opción política
siempre ha preconizado la necesidad de que el perfil del defensor del
pueblo fuese lo más independiente y ecuánime posible; libre de prejuicios
ideológicos y de partido a la hora de desempeñar el cargo. No estamos
presumiendo que sus actuaciones vayan a carecer de la necesaria
neutralidad, pero sí creemos que la actuación de los dos últimos
defensores del pueblo no ha sido moderada, ni ecuánime, ni ha intentado
buscar la objetividad; más bien ha parecido a menudo que ejercían
funciones complementarias de las del Poder Ejecutivo, cuando desde un
punto de vista constitucional la figura del Defensor del Pueblo se
estableció en equilibrada contraposición al Poder Ejecutivo y como
contribución al reequilibrio entre los poderes constituidos. Por ejemplo,
no compartimos en absoluto el criterio por el que el defensor del pueblo
presentó en su día recurso contra el Estatut de Autonomía de Cataluña
ante el Tribunal Constitucional. Paradójicamente, estatutos de autonomía
cuyo articulado es idéntico al del catalán no fueron recurridos;
curiosidades o criterios de politización, a nuestro entender.

Cuestiones recurrentes que nos gustaría comentar y
plantear. No existe en España —ya lo han comentado varios
portavoces que me han precedido en el uso de la palabra— una única
figura de Defensor del Pueblo; existen múltiples figuras que en,
distintas comunidades, ejercen funciones semejantes: el Síndic de Greuges
en Cataluña, el Ararteko en Euskadi, el Justicia de Aragón y otras
figuras similares. Habría que buscar —llevamos varios años
diciéndolo— alguna fórmula de articulación del ejercicio de las
respectivas competencias sobre una base territorial. No es pertinente, a
nuestro entender, que ciudadanos vascos, catalanes, aragoneses o de
cualquier otra región acudan a usted, a la defensora del pueblo, y no
acudan al correspondiente defensor de su comunidad autónoma. También
resulta paradójico que existan personas que recurran al defensor
autonómico sin estar, por ejemplo, censados o empadronados en dicha
comunidad, una disfunción clara. La Ley Orgánica del Defensor del Pueblo
no define adecuadamente, a nuestro

entender, los mecanismos de coordinación de funciones. No
somos coherentes en la articulación de la gestión de las funciones, sobre
la base de la realidad del carácter compuesto y plurinacional del Estado
español. Parece razonable que, para aquellas cuestiones que fuesen por su
naturaleza supracomunitarias o desbordasen el ámbito territorial estricto
de una comunidad autónoma, acudan a usted, a la defensora del pueblo.

En relación con la demora en el acceso a los tribunales de
justicia, al mal funcionamiento de la Administración de Justicia,
esperamos que usted recurra ante el Tribunal Constitucional la Ley de
tasas que acaba de publicar el Gobierno, porque entendemos que es
necesario hacerlo. La Ley de tasas debe ser recurrida, tiene muchos
problemas: se pervierte el concepto mismo de tasa, que no puede ser usada
como modo de financiación del servicio de justicia gratuita. Estamos
hablando de uno de los derechos fundamentales, cuyo contenido conoce
usted perfectamente. El artículo 24 de la Constitución prevé el derecho a
la tutela judicial efectiva, que se vería afectado, desde nuestro punto
de vista, por las contraprestaciones económicas exigidas, que pueden
llegar a causar un impedimento del acceso al amparo de los órganos
judiciales para muchos ciudadanos por razones de carácter meramente
económico. Si ya había muchas quejas en el ámbito de la justicia en el
ejercicio de 2011 —como ha comentado usted hace un minuto—,
no es difícil prever que van a aumentar de manera notable estas
quejas.

Violencia de género. Es una cuestión sobre la que tenemos
una gran preocupación. Le pedimos la máxima contundencia y rotundidad a
la hora de proponer actuaciones a todas las administraciones a las que
crea que puede resultar necesario dirigirse. Las estadísticas nos señalan
cifras dramáticas; cifras como que un tercio de las muertes por violencia
contra mujeres corresponde al asesinato de estas por su pareja, es decir
a violencia de género. Le pedimos, le imploramos, actuaciones inmediatas
en este campo.

Celebramos las medidas de transparencia que nos ha
anunciado y que ha iniciado en la institución, y coincidimos con ellas.
En el camino de la transparencia y de la austeridad siempre vamos a
coincidir y siempre va a contar con el apoyo de nuestro grupo.

Por otra parte, consideramos como mínimo curioso el dato
según el cual, en el caso de Cataluña, el aumento de las actuaciones de
oficio del Defensor del Pueblo llega al 8,58%. Parece contradictorio que,
frente a un aumento tan destacado, se siga considerando innecesaria la
articulación de un convenio con el Síndic de Greuges que, a nuestro
entender, podría resolver asuntos y podría resultar beneficioso para
ambas instituciones.

Tema lingüístico. El informe de gestión de 2011 enumera
unos veinte casos —más de la mitad en Cataluña—, y señala que
la mayoría de ellos carecen de documentación. Parece, por tanto, un tema
de índole menor. Sin embargo, posteriormente —creemos que
paradójicamente— se dedican ocho páginas enteras a analizar esta
cuestión. A eso nos referíamos cuando hablábamos de prejuicios o de
actitudes poco neutrales o poco ecuánimes. Lamentablemente, un ambiente
mediático y ambiental tergiversador y distorsionador puede provocar
situaciones como la descrita, que no llevan a ninguna parte.

Tema de las banderas. Primero, se anuncia que no es
competencia del Defensor del Pueblo, y después —parecido al tema
lingüístico— se dedican diez páginas a comentar el asunto. Todos
los edificios oficiales civiles están obligados a tener la bandera de las
comunidades autónomas junto con la bandera española. En el vigente
Estatut d’Autonomia de Catalunya —recordemos que es una ley
orgánica plenamente vigente— se señala, de una manera clara, que
todos los edificios oficiales deben tener la bandera catalana en un lugar
bien visible. Asimismo, la bandera del Estado debe exhibirse también en
dichos edificios. Ambas banderas, con la ley en la mano, deben estar
presentes en todos los edificios públicos. Pero nuestro grupo quiere
reclamar atención también para las distintas banderas autonómicas
—aparte de para la española—; gozan de amparo legal y pedimos
que se estudien los problemas que puedan ocurrir.

Nos preocupa la aplicación de la ley a la carta. Por
ejemplo, tenemos una sentencia clarísima relativamente reciente del
Tribunal Constitucional sobre el 0,7% del IRPF, comentada ya por el
diputado Campuzano, de nuestro grupo parlamentario, en el Congreso de los
Diputados. De manera contundente el Constitucional sentencia que este
0,7% del IRPF debe ir a las comunidades autónomas. Pues bien, como no
interesa a no sé quien —suponemos que al Gobierno—, no se
aplica. Y no pasa nada. En definitiva, no es de aplicación esta sentencia
constitucional. Y es precisamente por la constatación reiterada de
situaciones como la que hemos descrito que nuestro

grupo cree imprescindible que la actuación en el ejercicio
del cargo del titular del Defensor del Pueblo sea sin ideología, evitando
arbitrariedades, sin una doble vara de medir, sin prejuicios ni
fijaciones obsesivas. Según nuestro criterio, la moderación, la
ecuanimidad, la búsqueda de la centralidad y el equilibrio son las
mejores virtudes que deben acompañar el comportamiento y la actuación del
titular del Defensor del Pueblo.

Gracias, señorías, por su atención. Gracias, señora
defensora, adjuntos y todo el equipo. Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Burgos.

El señor BURGOS GARCÍA: Señor presidente, señorías, señora
defensora del pueblo, adjuntos y demás personal que la acompañan, en
primer lugar, y en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quiero
agradecerles su presencia por primera vez en esta Cámara para
presentarnos el informe de 2011.

Los socialistas, como firmes defensores de lo público,
valoramos enormemente la transcendencia de su labor y el valor de los
informes anuales de la institución que usted personifica, con cuya
profesionalidad y minuciosidad se permite obtener una rigurosa
instantánea del presente y de la realidad que viven los españoles, pero
también de los caminos hacia donde discurre nuestro futuro como
ciudadanos.

En este sentido, cabe destacar cómo muchas de las demandas
individuales y colectivas que se presentaron en 2011 ya reflejaron los
efectos de la crisis económica, aunque da la impresión de que seguirán
creciendo de manera exponencial a lo largo de 2012, en la misma medida en
que los problemas de la ciudadanía son cada vez mayores y la respuesta de
la administración es cada vez menor. Como indican los presupuestos de
estos dos años, los objetivos de austeridad y de reducción del déficit
público se imponen por encima de cualquier otra consideración.

Partiendo de esta realidad, los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2013, y las reformas legislativas de este año vía real
decreto, nos anuncian una nueva situación: el incremento de las quejas,
que tendremos la oportunidad de debatir en el futuro, porque la mezcla
explosiva de recortes presupuestarios, recortes de derechos, la puesta en
venta de muchos servicios públicos y nuevas tasas, sin duda harán que
esta institución del Defensor del Pueblo adquiera un protagonismo mayor.
Como ya sospechábamos por los recortes de las políticas sociales
aplicadas por el Partido Popular en las comunidades autónomas donde
gobernaban, la llegada del señor Rajoy al Gobierno de España, con su
política de recortes a escala nacional, incrementará, repito, el número
de quejas al Defensor del Pueblo.

Los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra
ya han desmenuzado con precisión el informe presentado por la defensora
del pueblo. Por ello, me van a permitir que dedique este turno a
detenerme en un asunto que me preocupa como alcalde de un pequeño pueblo
de la provincia de Ávila, recogiendo el malestar de muchos alcaldes y
ciudadanos de mi provincia, que no es otro que el trato recibido por las
entidades de crédito que operan en la ciudad y en la provincia de Ávila,
por la que soy senador desde 2004, porque si alguien está sufriendo de
una forma más directa y negativa las consecuencias de la reforma del
sistema financiero es el ciudadano que reside en el medio rural, que cada
vez observa con mayor intranquilidad el cambio radical que dicha reforma
ha traído consigo en las relaciones, más o menos cordiales, que hasta
ahora mantenía con las instituciones de ahorro. Los ciudadanos de a
pieperciben que bancos y cajas han dejado de lado los intereses sociales
que venían defendiendo, para volcarse en cuestiones macroeconómicas que
no alcanzan a comprender.

Y qué decir del trato que reciben las pequeñas y medianas
empresas de estas entidades que en la mayoría de los casos eran con las
únicas que trabajaban y que ahora no atienden sus necesidades, a pesar de
que una gran mayoría nunca dejaron de cumplir sus compromisos
crediticios.

En opinión del Grupo Parlamentario Socialista esta
situación agrava las desigualdades del medio rural con respecto al urbano
y, lo que es peor, puede derivar en un aumento de la despoblación ante el
déficit de servicios que se prestan y, en consecuencia, ante el descenso
de calidad de vida.

Tampoco debemos olvidar en toda esta situación el proceso
de desnaturalización y desprestigio social que han sufrido las cajas y su
originaria razón social, posiblemente el punto más débil de la estructura
bancaria financiera del Estado, en parte por haberse dedicado a competir
y a jugar en mercados inmobiliarios, a veces de forma temeraria y, otras
veces, bajo premisas que rozan el delito.

El corazón puesto en el mercado de los inmuebles fue
durante años el punto fuerte de las cajas ―ahora su ruina―
favoreciendo, en contra de su filosofía originaria, los intereses del
sistema bancario especulador, sin olvidar la responsabilidad de todos
aquellos que en el proceso de profesionalización de los cargos directivos
de las cajas solo buscaron favorecerse y favorecer a quienes los habían
colocado.

En este proceso especulador experimentado por todo nuestro
sistema bancario, por cajas y bancos, ocupa un papel capital en las
preocupaciones de muchos españoles el asunto de las preferentes. Las
participaciones preferentes son un producto financiero complejo, que aúna
características de la renta fija y de las acciones. Su principal
característica, la que ha generado la mayor controversia, es su carácter
perpetuo o, dicho de otro modo, que no tienen fecha de vencimiento. Por
tanto, si se quiere recuperar el dinero invertido hay que ponerlas en
venta y esperar que alguien las compre, lo que no es posible desde hace
mucho tiempo. Además, se trata de productos no garantizados por el Fondo
de Garantía de Depósitos, por lo que si el banco quiebra te puedes
despedir de tu dinero.

El funcionamiento de las preferentes parecía sencillo, o al
menos se vendía como tal: compras preferentes por un valor determinado,
cobras la rentabilidad al año y así año tras año; si quieres recuperar tu
dinero solo tienes que ponerlas en venta y, en menos de 48 horas, lo
tienes de retorno. Todo muy bonito; sin embargo, solo fue así en la época
de bonanza porque en tiempos de crisis las preferentes se han convertido
en una trampa: si la entidad emisora no tiene beneficios, ese año no se
cobra el cupón, y si se dan muchas órdenes de venta y casi ninguna de
compra, el capital resulta prácticamente irrecuperable. Pues bien, esto
último es lo que ha sucedido a finales de 2011, lo que ha hecho imposible
que miles de ahorradores puedan recuperar su dinero, algo que ha sido
tachado por algunas voces críticas como un auténtico «corralito».

Esto no sería tan grave de no ser por las supuestas
prácticas irregulares de bancos y cajas al colocarlas. Es sabido que los
directivos de los bancos y cajas han abusado de la confianza de sus
clientes. En definitiva, lo que se critica es la falta de información
sobre los riesgos que entrañaban las participaciones preferentes,
especialmente en relación con su liquidez.

A finales de 2011 los bancos comenzaron a lanzar ofertas de
canje a los tenedores preferentes. El motivo no era ayudar a sus clientes
a desprenderse de unos productos a perpetuidad y sin liquidez, sino
adaptarse a la normativa de Basilea III, según la cual las
participaciones preferentes dejarán de servir al banco para reforzar su
capital. Esta normativa entra en vigor el 1 de enero de 2013, de ahí
tanta prisa.

¿Qué ofertas de canje han presentado los bancos? Cada
entidad financiera ha presentado sus propias ofertas para canjear
preferentes por productos que les ayuden a reforzar su capital —aún
están pendientes los antiguos clientes de Caja Madrid—, pero ahora,
tras reconocer el ministro De Guindos ayer en el Congreso de los
Diputados que ha existido mala praxis en parte de la venta de productos
complejos, es decir, refiriéndose a las preferentes y más concretamente a
las de Bankia, y siendo yo senador por la provincia de Ávila, entenderán
ustedes que le pregunte al señor De Guindos qué va a pasar con las
preferentes, ya convertidas en acciones de Bankia, con grandes pérdidas
para los clientes de la antigua Caja de Ahorros de Ávila, integrada
precisamente ahora en Bankia. A partir de 2008, cuando los inversores
institucionales dejaron de comprar preferentes, las entidades se fijan en
los clientes minoristas, precisamente los más vulnerables, sin dar
ninguna clase de información ni siquiera a sus empleados que fueron muy
presionados, y fruto de esta presión empezaron a vender preferentes a sus
familiares y amigos, creyendo ellos mismos que era un producto atractivo.
Se puede afirmar, sin duda, que fueron engañados por sus jefes, si no
¿cómo se explica que los más perjudicados sean sus hermanos, padres,
primos y clientes más fieles? ¿Cómo les explican estos empleados a sus
familias, clientes y amigos que este producto roza la estafa?

Pero siendo esto muy grave, lo es más la salida a bolsa de
Bankia. La imagen que todos tenemos grabada es la del señor Rato y todo
su equipo tocando la campana que daba inicio al

mayor desastre económico de los últimos años. Previamente
habían presionado a sus empleados, fijándoles a cada uno de ellos las
acciones que tenían que colocar entre sus clientes, amigos y familiares,
naturalmente, empezando por ellos mismos. Las acciones, rápidamente
—también hay que decirlo—, fueron compradas por los clientes
a 3,75 euros; estos días una acción vale aproximadamente 0,70 céntimos,
con lo que podemos afirmar que estas mil acciones que costaron 3750
euros, valen hoy 700 euros, perdiendo, por tanto, 3050 euros. Un fiasco
muy bien organizado. Algunos dirán: ¡que no las hubieran comprado!, pero
ya queda explicado cómo se vendieron. La mayoría de la gente —me
consta— las compró confiando en empleados modélicos, que se las
aconsejaban para poder cumplir los objetivos fijados por sus jefes, y así
no ser señalados y poder conservar su puesto. El resultado final —y
en estos días lo veremos— es que a 5000 de ellos no les ha servido
de nada tragar carros y carretas. Desde esta tribuna queremos denunciar
estas prácticas generalizadas hacia los trabajadores, algo intolerable en
democracia.

Para ir terminando, mi grupo quiere agradecer las gestiones
que desde el Defensor del Pueblo se están realizando con el problema de
los desahucios. Mi grupo es consciente de que las entidades financieras y
de crédito, por ser entidades jurídico-privadas, no pueden ser objeto de
supervisión por parte del Defensor del Pueblo —a quien le
corresponde supervisar estas actividades es a las administraciones
públicas—; sin embargo, a pesar de sus limitaciones competenciales,
y como medida de respaldo a cuantas personas se encuentran
imposibilitadas de acceder a los ahorros y en peligro de perderlos o
verlos devaluados, le reclamamos cuantas actuaciones juzgue necesarias
para propiciar una mejor tutela de los derechos de las personas afectadas
por estas prácticas abusivas.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora
defensora.

(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Burgos.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Torme.

La señora TORME PARDO: Gracias, señor presidente.

Señorías, señora defensora del pueblo, lo primero que
quiero hacer es darle la bienvenida. Soy consciente de que su intensa
trayectoria política incluye una brillante actividad parlamentaria, tanto
en el Senado como en el Congreso de los Diputados, pero esta es la
primera vez en que en su condición de defensora del pueblo comparece
aquí, ante el Pleno del Senado, para presentar ese informe relativo a la
gestión que ha venido realizando la institución que usted dirige durante
el año 2011.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular quiero
agradecerles esa ingente labor que ustedes realizan. Una labor que se
plasma en el informe anual que ahora han presentado, que ya debatimos en
la Comisión Mixta del Defensor del Pueblo, pero que acaba de presentar
aquí de una forma bastante detallada. Y ahí nos ha dado usted datos como
esos 24 381 expedientes tramitados, que desde luego dan buena prueba de
esa ingente labor que ustedes realizan. De ellos, más de 16 000
corresponden a quejas individuales, quejas de ciudadanos que tienen
problemas y que acuden a ustedes para que se les resuelvan; 506
investigaciones de oficio ponen de relieve también ese papel proactivo
que está haciendo la institución del Defensor del Pueblo en esa defensa
de los derechos y de las libertades de los ciudadanos, y siempre
trabajando en esas actuaciones de oficio en defensa de los ciudadanos que
están en mayores dificultades o que son más vulnerables, ustedes han
formulado 546 resoluciones con el trabajo que ello implica.

Por eso yo quería agradecer no solo la labor que ha venido
haciendo el equipo anterior, cuando estaba en situación de interinidad o
en funciones la señora Cava de Llano, sino la labor de todos los que han
tomado posesión el mes de julio pasado, es decir, la defensora del
pueblo, sus adjuntos y el resto del equipo. Ayer los miembros de la
Comisión Mixta del Defensor del Pueblo tuvimos una gran oportunidad de
reunirnos con ustedes y compartir una sesión de trabajo en la que pudimos
constatar esa gran labor que están realizando, usted como defensora, los
adjuntos y todas las personas que trabajan en esas seis áreas en que
están estructurados. Creo recordar que, como decía la adjunta segunda,
esa labor de equipo se hace con un compromiso pleno de humanidad hacia
los ciudadanos con dificultades, hacia los ciudadanos indefensos. Yo,
desde luego, les felicito encarecidamente por esa labor de equipo, por
esa labor de humanidad, ese compromiso pleno de humanidad con los
ciudadanos más desfavorecidos.

Todo ello se plasma en ese informe anual del que usted nos
ha estado hablando, pero también en esa labor del día a día, en ese estar
pegados a la calle, pegados al terreno, en atender todas las quejas,
incluso aquellas que no son admitidas porque no entran dentro del ámbito
competencial, como usted nos ha explicado hace unos momentos. Aun en esos
casos, ustedes no desatienden a sus ciudadanos, les aconsejan, les dan
recomendaciones de las pautas que tienen que seguir. Y esa gran labor se
plasma también en esos magníficos estudios monográficos que ustedes
elaboran, porque no solo contienen un análisis riguroso de auténticos
problemas sociales como pueden ser la trata de seres humanos o los
problemas de los deudores hipotecarios, sino que, además, contienen una
amplia batería de recomendaciones que llegan a las distintas
administraciones, y luego se tienen en cuenta y se ponen en marcha.

Esa labor tan pegada al terreno ha quedado también
manifiesta en este informe que nos ha presentado, en el que por segundo
año aparece un epígrafe en el que se incluyen todas las actuaciones
ligadas a la crisis económica. Y es que la situación que está atravesando
la sociedad española desde hace cinco años es la de una grave crisis
económica y, lógicamente, las quejas de los ciudadanos tienen que ver con
las consecuencias de la misma. Quiero también destacar el que, por
primera vez, este año incluyen ustedes un nuevo epígrafe específico para
aquellas personas que están en situación de pobreza y de exclusión
social. Eso demuestra esa gran sensibilidad hacia esos problemas de los
ciudadanos en situación de más vulnerabilidad.

Y si es importante la labor que ustedes hacen y es
importante el volumen de datos y esas estadísticas que ustedes nos han
dado, más importante es que ustedes no hablan de cifras, sino que hablan
y consideran a personas con nombres y apellidos. Por eso tiene gran
relevancia la eficacia de su actuación y, desde luego, yo quiero
destacarla.

El dato que usted nos ha dado de que más del 70% de sus
resoluciones hayan sido aceptadas por el conjunto de administraciones
públicas a las que se han dirigido, desde luego me parece muy
significativo, muy positivo, por lo que todos nos podemos felicitar. En
ese seguimiento de la eficacia de sus resoluciones es importante el que
por primera vez en este informe hayan incluido un seguimiento de las
resoluciones que han sido aceptadas, para así comprobar los resultados
obtenidos y el grado de cumplimiento de las mismas. Yo espero que en los
informes de los años siguientes ya nos puedan dar ustedes información de
ese seguimiento que están empezando a realizar a partir del año 2011.
Creo que es verdaderamente baja la cifra de administraciones públicas que
son incumplidoras o entorpecedoras pero, desde luego, celebramos la
iniciativa que ha tenido la señora Becerril de dar traslado a la Fiscalía
General del Estado de todas aquellas administraciones entorpecedoras que
no cumplen con las recomendaciones formuladas por la institución del
Defensor del Pueblo. Creo que es una iniciativa valiente, firme y que,
además, trabaja para que esas resoluciones respecto a las que la
institución del Defensor del Pueblo no tiene un poder coercitivo, se
lleven a la práctica por los mecanismos de que dispone la Fiscalía
General del Estado.

Dentro de esos grandes logros que ustedes han tenido, sobre
los que ya se ha hablado aquí —algunos portavoces, y usted misma en
su informe, los han destacado—, yo quería destacar algunos ejemplos
concretos en cuatro áreas que me parecen especialmente
significativas.

Una de ellas es la violencia de género, respecto a la cual
también está muy comprometida la institución del Defensor del Pueblo. Yo
creo que hay que felicitarse, porque, por las recomendaciones que desde
esa institución se han hecho se ha adoptado un protocolo de actuación
para coordinar todos los procedimientos de derivación de mujeres víctimas
de violencia de género a centros de acogida de distintas comunidades
autónomas.

Profundizando en esta medida, el Gobierno está trabajando
en la actualidad en coordinar una cartera de servicios mínimos de cara a
ofrecer esa mayor garantía a las mujeres que sufren violencia de género.
Además, con sus recomendaciones se ha conseguido ampliar un mecanismo muy
útil, como es el uso de las pulseras GPS, para que no se utilicen solo
como medidas cautelares de alejamiento, sino también en el caso de los
maltratadores ya condenados.

Otra medida en este ámbito de la violencia de género es la
modificación en la Ley de extranjería, de manera que aquellas mujeres
extranjeras que están en situación irregular y que son víctimas de
violencia de género puedan acudir a la policía a denunciar esa situación
sin tener miedo de que eso conlleve su expulsión. Desde luego, son
medidas por las que hay que felicitar a esa institución y también a los
grupos parlamentarios.

Si hablamos de otro asunto, como es el del tratamiento a
las víctimas del terrorismo, creo que también hay que destacar la
importante labor que realiza el Defensor del Pueblo. Además, yo sé, tal y
como usted manifestó en su comparecencia inicial, que está muy
sensibilizada con esta cuestión. De hecho, fue víctima del terrorismo, y
lo sufrió de forma muy cercana en el brutal atentado contra el señor
Jiménez-Becerril —su mano derecha— y su esposa, cuando estaba
en el Ayuntamiento de Sevilla, por lo que sé que su lucha y su compromiso
van a ser incansables.

Aquí hay que destacar algunos avances que se han producido,
como es esa nueva normativa aprobada por consenso en el año 2011 que
introduce nuevos conceptos de defensa de la dignidad de las víctimas.
Además, crea una nueva figura, la de los amenazados, y unifica e
incrementa el importe de las prestaciones. Ahora mismo, siguiendo también
estas recomendaciones, el Ministerio de Justicia está trabajando en
elaborar un estatuto de víctimas que ha sido muy bien acogido por ellas,
ya que mejora la atención y la información que se les presta.

Si hablamos de otra cuestión en la que ustedes han
trabajado realizando uno de esos informes monográficos, como es la trata
de seres humanos, hay que destacar cómo en la Ley de extranjería se han
introducido modificaciones para mejorar la protección a esas víctimas de
trata de seres humanos, a sus hijos y a sus familiares cercanos, que
pudieran estar amenazados por la actuación de las mafias.

El cuarto capítulo del que yo quería hablar es esencial.
Aquí la institución del Defensor del Pueblo ha tenido una actuación
pionera. Es el relativo a la crisis económica y a la situación de los
deudores hipotecarios. Ahí también han realizado un gran estudio
monográfico, con un análisis muy riguroso y una batería de
recomendaciones que no han caído en saco roto. Desde luego, se plasman ya
en esos dos reales decretos leyes que ha traído el Gobierno a las Cámaras
para su convalidación. El decreto ley de marzo y el de noviembre.

En este sentido, hay avances tan importantes como que se
puedan reestructurar las deudas hipotecarias, que se pueda contemplar la
dación en pago para liquidar esas deudas, la suspensión durante dos años
de esa fase última del desahucio, que es el lanzamiento, o la creación de
un fondo social de viviendas en alquiler para aquellas personas que han
perdido su vivienda.

Creo que todos los grupos parlamentarios pueden valorar
esas recomendaciones que se han hecho desde el Defensor del Pueblo, pero
también esa sensibilidad y esa actuación inmediata por parte del actual
Gobierno presidido por Rajoy.

A veces resulta verdaderamente sorprendente que personas
que han tenido un lugar privilegiado —incluso algún portavoz que ha
podido intervenir hoy, miembro de un consejo consultor de alguna
caja— puedan preguntarse por qué no se atiende o no se controla la
actuación de las entidades de crédito. Pues ha habido un Gobierno que
estuvo ocho años al frente de la nación y que, desde luego, no hizo nada
para mejorar el funcionamiento de las entidades de crédito a fin de
proteger a la parte más débil, que son los ciudadanos que contraen una
hipoteca. Hay algunos portavoces que, teniendo esa posición privilegiada,
solo demandan, no reconocen lo que se hace y han desperdiciado la
oportunidad de plantear en esos órganos medidas que pudieran favorecer a
los ciudadanos.

Señor presidente, señora defensora del pueblo, concluyo
confiando en que podamos debatir sin retraso el informe relativo al año
en curso, al año 2012; esperamos que podamos hacerlo en el primer
trimestre del próximo año. Creo que aquí contamos con el compromiso de
toda la institución del Defensor del Pueblo y, desde luego, con el apoyo
de todos los grupos parlamentarios, así que confío en que pueda ser de
esa manera.

Sin más, les felicito por esa gran labor que hacen y les
animo a seguir en ello, demostrando esa firmeza y esa independencia ante
las administraciones públicas. Yo le puedo asegurar, como persona que
pertenece al grupo que apoya a este Gobierno, que en el Gobierno van a
contar ustedes con un receptor sensible a todos los problemas sociales
que estamos padeciendo los españoles. Así lo ha demostrado en este año
tan difícil de Gobierno, en el que se han aprobado unos presupuestos en
los que más del 60% de los mismos se destinan a gastos sociales y crece,
fundamentalmente el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
en más de un 28%. Ello demuestra la gran sensibilidad de este Gobierno
ante la situación de aquellos ciudadanos que son más vulnerables y que
tienen más dificultades.

Por ello, señora defensora del pueblo, les animo a que
sigan con esa misión para la que van a tener el apoyo de los distintos
grupos parlamentarios.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Torme.

Terminado el punto número 9, despedimos a la excelentísima
señora defensora del pueblo, a sus adjuntos y a sus colaboradores.
Esperamos que el informe correspondiente al año 2012 pueda presentarse lo
antes posible en esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos.)

10. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

10.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA EDUCATIVA.

(Núm. exp. 671/000046)

AUTOR: GPS

El señor presidente da lectura a los puntos 10. y 10.1

El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de
interpelación se han presentado dos enmiendas. Una del Grupo
Parlamentario Mixto, del senador Martínez Oblanca, y otra del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Para la defensa de esta moción, tiene la palabra por tiempo
de cinco minutos el senador Álvarez Areces.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, la moción consecuencia de interpelación que hoy
me corresponde presentar tiene cinco puntos que se justifican en la
exposición de motivos, a los que añadiré algunas otras consideraciones en
esta intervención inicial. (La señora vicepresidenta, Vicente González,
ocupa la Presidencia.)

En el punto 1 se insta al Gobierno a rectificar la política
presupuestaria en materia educativa, tanto la reflejada en las normas
dictadas como en los presupuestos del 2012 y 2013, así como en los
previstos hasta el 2015, que como saben ustedes sufren un recorte en
torno al 1% del PIB, 10 000 millones de euros, según indica el Plan
nacional de reformas enviado a Bruselas.

No creo que necesite demasiadas explicaciones en esta
Cámara para decir lo que hemos debatido, lo que hemos tratado y lo que
hemos conseguido en el reciente debate presupuestario. De las 2850
enmiendas presentadas al proyecto de presupuestos no se ha aceptado
ninguna, salvo las autoenmiendas del Partido Popular. Todas han ido a la
papelera. Desde luego, creo que este modo de proceder, máxime en materia
educativa —para la que se preconiza continuamente la llamada al
diálogo, al consenso, al pacto—, refleja fielmente una actitud
donde todo se convierte en una verdadera apisonadora basada
fundamentalmente en la mayoría del Partido Popular.

Esa es la expresión última de un debate parlamentario en el
que yo creo que no hubo la mínima intención de aproximar posiciones por
parte de la fuerza política mayoritaria. Es el resultado de ese llamado
diálogo parlamentario que algunos senadores aplaudían después de las
votaciones, aunque yo creo que no deberían sentirse demasiado satisfechos
de la imagen que refleja la Cámara, porque no prestigia así su utilidad
para reflejar el pluralismo real de nuestra diversidad y de nuestra
sociedad.

El camino iniciado de seguir haciendo brutales recortes
educativos de forma indiscriminada en la educación, en todos los niveles
y en todos los sectores, es la prueba evidente de falta de credibilidad
de las pretendidas mejoras y reformas educativas que se quieren plantear,
y desde luego niega de forma rotunda el camino que indican todas las
instituciones europeas, que preconizan justo lo contrario. Queremos
emular a Europa en nuestros indicadores y luego despreciamos rotundamente
sus recomendaciones y políticas.

El punto 2 de la moción plantea atender las justas demandas
de la comunidad científica española expresadas en la carta dirigida a la
comisaria de investigación, innovación y ciencia, en la que se refleja la
dramática situación de los recursos humanos de la I+D en España, y se
denuncia cómo están afectados incluso los proyectos financiados por la
Unión Europea a través de convocatorias competitivas.

Después de haber presentado esta moción, salió a la luz el
contundente manifiesto de los rectores de las universidades públicas
españolas denunciando unánimemente estos mismos

hechos y la grave situación de todas las universidades
públicas, que colocan a muchas universidades al borde del colapso.

Las plantillas están congeladas o se producen miles de
despidos de interinos, de profesores asociados, de ayudantes doctores,
etcétera. Las bajas por jubilación no se cubren apenas y los fondos
transferidos en muchas de ellas no llegan para pagar las nóminas, ni los
proveedores cobran desde hace meses. El deterioro también es material, ya
que los gastos de mantenimiento se reducen al mínimo e incluso los
centros se cierran por vacaciones para ahorrar. Esta situación se produce
al tiempo que varias universidades aumentan los alumnos y se atiende a la
implantación en estos últimos años de miles de títulos como consecuencia
de la puesta en marcha del espacio europeo.

Los indicadores de gasto público en educación e
investigación han descendido drásticamente en el año de Gobierno del
Partido Popular, y en vez de avanzar, nos alejamos de Europa a pasos
agigantados. Algunos investigadores dejan de investigar en España; el
goteo empieza a ser una corriente de fuga de cerebros que son bien
recibidos en otros países. El ajuste en investigación está destruyendo lo
que se tardó años en conseguir.

Esta tarde en el Ministerio de Educación parece que algunos
expertos nos dirán el camino a seguir. Tengo verdadera curiosidad por ver
cómo se reproduce ese milagro bíblico y se hace más con menos, evitando
lo que desde la perspectiva del Gobierno significa un despilfarro
educativo. Desde mi punto de vista, el tratamiento que se está dando a la
universidad es muy injusto, y el discurso sobre la universidad pública
tiene que partir de otras consideraciones. Sin duda, no podemos basarlo
exclusivamente en si están o no en el ámbito de las doscientas
universidades de Shangai, porque hay que recordar, por ejemplo, que ocho
universidades españolas están entre las doscientas mejores en matemáticas
y lo mismo sucede con otras áreas en las que nuestro nivel de
investigación es más alto.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya
terminando.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Termino ya esta presentación
reiterando, como pedimos en el punto 3, que se retire el anteproyecto de
la LOMCE por considerar que su implantación en el contexto económico
actual, junto con la oposición generalizada de todos los sectores de la
comunidad educativa, representa un retroceso de la calidad en la
educación pública y en la igualdad de oportunidades en el acceso a la
educación. Su intención es profundamente ideológica, no respeta las
competencias de las comunidades autónomas recogidas en nuestra
Constitución y en los estatutos de autonomía y es regresiva, segregadora
y excluyente.

Por último hay dos puntos que se refieren al absoluto
rechazo a subir las tasas y bajar las becas y a la máxima prudencia en la
reforma educativa, así como un llamamiento al diálogo para que, una vez
retirada esta ley, se incida en los puntos sensibles de nuestra educación
y se dirijan los recursos a mejorar realmente lo que hay, sin despreciar
el pasado ni los logros conseguidos.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra, por el
Grupo Parlamentario Mixto, el senador Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora
presidenta.

El Grupo Socialista, a través de su portavoz en temas
educativos, ha planteado esta moción consecuencia de interpelación en la
que se hace referencia a algunos de los aspectos más preocupantes en
relación con este año 2012, un año en el que el Gobierno de Rajoy ha
tomado decisiones que han influido negativamente sobre el sistema
educativo y que son decepcionantes.

A Foro, la moción le permite participar con algunas
enmiendas al hilo de los puntos propuestos tras el debate con el ministro
Wert en el Senado y que nosotros hemos sustituido porque, estando de
acuerdo con algunos de ellos, no lo estamos con el número 3, en el que se
pide al Gobierno la retirada del anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora
de la Calidad Educativa, de la que el senador Álvarez Areces hace un
diagnóstico demoledor que no compartimos, y menos con esta exposición de
motivos profundamente sectaria.

En este sentido, debo decir que el anteproyecto de la LOMCE
fue presentado la semana pasada en sede parlamentaria y esta moción data
del 14 de noviembre, hace mes y pico, por lo

que cabe señalar que el planteamiento del Partido
Socialista ante esta ley va a ser de rechazo total, incluso antes de
conocer los argumentos del ministro de Educación y Cultura.

Nosotros creemos que el sistema educativo precisa
exactamente de lo contrario que esgrime el Grupo Socialista, hace falta
una cierta disposición al pacto y a la participación de todos los agentes
implicados en este asunto fundamental para España. El objetivo de toda
reforma educativa debería tener vocación de permanencia en el tiempo,
tratando de dar estabilidad a los aspectos positivos de nuestro sistema,
que los tiene, y corregir los negativos, porque al fin y al cabo el
futuro y el desarrollo socioeconómico de nuestro país dependen de una
base muy sólida de su sistema escolar.

Por lo tanto, nosotros discrepamos de esa petición
socialista para retirar la LOMCE, porque es absolutamente precipitado
rechazar de antemano un anteproyecto que se remitió a las Cortes
Generales el 10 de junio, que ha tenido modificaciones importantes a
primeros de diciembre y porque debería ser el Parlamento el lugar en el
que se propiciara el debate y los cambios.

Sin embargo, sí estamos de acuerdo en los otros puntos que
recoge la moción socialista, aunque con algunos matices. Creemos que, en
efecto, los recortes presupuestarios que ha sufrido el sistema educativo
en los dos últimos ejercicios y en el que comenzará en el año 2013, y
cuya aprobación es inminente tras el trámite en el Senado y su vuelta al
Congreso de los Diputados, provocan una paulatina reducción de la
inversión educativa, y es necesario que el Gobierno rectifique para
recuperar las aportaciones perdidas respecto al PIB nacional.

También compartimos la preocupación que se deriva del punto
número 2 de la moción y del sentimiento de la comunidad investigadora y
científica española, así como el descenso del gasto ministerial en ayudas
y becas, que es secuela de dos reales decretos, el primero en abril, de
medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito
educativo, y el de 20 de junio, en el que se establecían los umbrales de
renta y patrimonio familiar y las cuantías y régimen de las becas y
ayudas al estudio universitario. Ambas medidas fueron tomadas
unilateralmente, penalizan y endurecen las exigencias para acceder y
permanecer en el sistema de becas, y plantean dudas de futuro, como es el
caso de las denominadas becas salario.

Coincidimos en términos generales con el planteamiento de
la moción en su punto número 4 e incorporamos con nuestra enmienda de
sustitución un nuevo punto 5, en el que, al hablar de la prevista reforma
universitaria, instamos al Gobierno a que tenga en consideración los
distintos informes al respecto realizados por el comité de expertos y
aquellos provenientes de las comunidades autónomas y de las propias
universidades.

En todo caso y a tenor del contenido de esta moción y del
desarrollo de la interpelación con el ministro Wert, Foro reitera la
necesidad de abordar la mejora del sistema educativo con espíritu de
buscar puntos de encuentro, y el Gobierno tiene ante sí un desafío que no
puede solventarse mediante la aplicación del rodillo.

De momento hemos perdido todo 2012, el sistema educativo
sigue como estaba hace un año pero con menos recursos, más empobrecido, y
el programa del Partido Popular, aquel que decía «La educación, un camino
de oportunidades», continúa siendo una entelequia a los efectos de
afrontar medidas correctoras en una sociedad donde la educación, la
formación, la universidad y la investigación deben ser los instrumentos
para que el paro en España deje de ser la tragedia de cada día.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el senador Peral.

El señor PERAL GUERRA: Muchas gracias, señora
presidenta.

Señorías, fíjense ustedes lo poco propensos al diálogo que
somos que hemos propuesto una transaccional recogiendo, precisamente,
aquellos puntos de la enmienda de don Isidro Martínez Oblanca que también
recoge algunos puntos propuestos por el Grupo Parlamentario Socialista,
especialmente los puntos que buscan que haya un proceso importantísimo de
diálogo entre toda la comunidad educativa, entre el Gobierno, las
comunidades autónomas, las universidades y todos los sectores
representativos, para reformar nuestro sistema educativo, tanto en el
sistema anterior

a la universidad como en la propia universidad. Y, sin
embargo, esta enmienda transaccional no ha sido posible.

Señorías, ya dije en un Pleno anterior que la educación en
España necesita más estadística y menos demagogia y, como ha resaltado el
ministro de Educación en alguna ocasión, el enorme incremento en el gasto
público en educación entre los años 2000 y 2009, en los que hemos pasado
de 27 000 a 53 000 millones de euros, es decir, prácticamente al doble,
no se ha traducido en una mejora en los resultados.

En los mismos años, los resultados de PISA establecieron
que España tenía 493 puntos, 7 por debajo de la media de la OCDE, y en el
año 2009, no solamente no habíamos mejorado, después de invertir el doble
en educación, sino que habíamos bajado a 481 puntos; 12 puntos era la
diferencia que nos separaba de la OCDE. No voy a resaltar aquí lo que ya
dije en Plenos anteriores sobre cómo lo que estamos gastando por alumno
en la enseñanza pública en proporción al producto interior bruto per
cápita, o lo que estamos gastando por alumno en euros en paridad de poder
adquisitivo, está por encima de los países más destacados y más
importantes de la OCDE. La conclusión es que el incremento importante en
el gasto educativo en España no ha producido una mejora de los
resultados, especialmente en las comparaciones internacionales, donde no
vale el oscurantismo pedagógico que durante tantos años ha practicado la
izquierda política y pedagógica. Y, sin embargo, sin una minima capacidad
de autocrítica, esa misma izquierda política y pedagógica sigue sin
proponer alternativas innovadoras para mejorar la educación en España y
solo se le ocurre repetir el consabido mantra de necesitamos más dinero y
nos lo tiene que dar el erario público.

Esta moción es un ejemplo de esa actitud. Empieza por
describir tres datos absolutamente inexactos. Habla de que entre el año
2012 y 2013 se redujo el presupuesto de educación en un 32%; pues no,
señor, la reducción fue del 15,3%, de 1874 a 1587 millones. Habla de una
reducción de las becas y ayudas al estudio del 15%; pues no, señorías,
fue del 3,8%, de 1270 a 1222 euros. Y habla de una reducción en la
investigación científica del 27%; pues no, señorías, la reducción fue del
11%, de 94,9 a 84,4 millones de euros. Si empezamos con estas
inexactitudes, que otros llamarían falsedades, pues mal se puede deducir
que esta moción tiene el rigor necesario para ser presentada aquí.

Y, en el tercer párrafo, la exposición de motivos cita tres
afirmaciones que se apartan totalmente de la verdad. La primera, no ha
habido un diagnóstico serio y rigurosos sobre el sistema educativo; pues
no solo se ha hecho este diagnóstico con profusión de datos y en
múltiples ocasiones por el Gobierno de España, sino que desde hace muchos
años se viene haciendo ese diagnóstico por múltiples instituciones de la
comunidad educativa y de la sociedad civil, ahora bien, de aquellas que
no son sumisas a los principios y las consignas de la secta
pedagógica.

Se afirma también que no se dialogó con la comunidad
educativa; pues el Ministerio de Educación se ha reunido en el año actual
y en múltiples ocasiones no solo con las comunidades autónomas, con los
sindicatos educativos, con las asociaciones de padres, con las
asociaciones de alumnos, con los representantes de directores y
profesores de colegios de todo tipo de especialidades, con representantes
de centros privados y concertados y con todo tipo de expertos en
educación, sino que, además, ha puesto en marcha un buzón de sugerencias
que les voy a citar, por si ustedes quieren hacer las suyas, que se llama
calidadeducacion@mecd.es, que desde el 1 de julio ha recibido más de
cuatro mil correos.

Y la tercera afirmación que no se compadece con la realidad
es la oposición generada a la LOMCE de todos los sectores de la comunidad
educativa. Afirmar esto supone, si se quiere ser comprensivo y tener
cortesía parlamentaria, la mejor prueba de que hay una verdadera falta de
contacto y de diálogo del Partido Socialista con múltiples sectores de la
comunidad educativa, que desde hace muchos años reclaman una reforma de
la Ley Orgánica de Educación.

La moción se refiere también a la universidad, y en un
despiste cronológico, porque yo no me atrevo a llamarlo de otra forma,
afirma que la universidad pública en España ha hecho un gran esfuerzo
para adaptar sus títulos al proceso de Bolonia en un contexto de baja
financiación y con plantillas congeladas o en disminución. Señorías,
justamente, esa adaptación de títulos al Espacio Europeo de Educación
Superior ha tenido lugar durante los años en que el Partido Socialista
ocupaba el Gobierno de España y en los que también estaban al frente de
ocho comunidades

autónomas representantes del Partido Socialista. Yo creo
que ha sido un despiste cronológico y prefiero pensar así.

Y hasta aquí las afirmaciones que reflejan la realidad.
Ahora viene la demagogia del peor estilo en el ataque al proyecto de la
LOMCE. Se habla de una reforma regresiva; se habla de que estamos ante
una reforma que supone una verdadera regresión…

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya
terminando.

El señor PERAL GUERRA: Yo, como soy muy respetuoso con los
tiempos, en el turno de portavoces les explicaré cómo esta reforma ni es
regresiva ni es excluyente ni es segregadora.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Para indicar si acepta las enmiendas de los proponentes,
tiene la palabra el senador Álvarez Areces.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Gracias, señora presidenta.

En este turno de posicionamiento ante las enmiendas que se
plantean, si se juzgan las intervenciones, uno se dará cuenta de que es
difícil aceptar enmiendas transaccionales cuando hay puntos de vista tan
divergentes.

Me referiré, en primer lugar, a las del Foro Asturias, en
el sentido de que lo que pretenden en sus puntos, habiendo retirado un
aspecto sustantivo de lo que planteo en mi moción, y es que sea retirada
la LOMCE, que ellos no aceptan, el resto se limita a reproducir
prácticamente lo que yo he señalado. Por tanto, desde esa perspectiva,
todos los puntos de su enmienda que coincidan con mi propio planteamiento
no es que los acepte por sustitución, los acepto por inclusión, porque lo
he expresado correctamente en mi propia moción. Únicamente hay un punto
de la enmienda, el número 3, que sí podría aceptar como adición, y que
dice: «Consensuar a través del diálogo y del acuerdo con las fuerzas
políticas, sindicales y la propia Comunidad Escolar los cambios a
introducir en el sistema educativo español…».

En definitiva, sostengo mi moción con los puntos, que son
coincidentes con los que plantea Foro; por supuesto, me reitero en mi
petición de que la LOMCE sea retirada, y sí acepto consensuar a través
del diálogo porque está implícito en todo mi planteamiento.

En lo referido a la enmienda del Partido Popular, permítame
que no pueda aceptar una transaccional, aunque haya algún párrafo, alguna
cuestión en términos abstractos que podría ser aceptable, pero en
términos concretos en las políticas que se están aplicando no es posible.
En algún caso no es posible de forma rotunda porque, por ejemplo, el
primer párrafo habla de la mejora de la calidad, y todo me parece bien,
pero, luego, hay una frase que dice que «respete la libertad de elección
de los mismos, así como de sus padres y tutores.» Están planteando un
tema crucial de lo que simboliza en estos momentos esta regresión
educativa, y es la ruptura del pacto educativo de la transición. Yo
recuerdo muy bien lo que significó la LODE en su momento, en la que se
planteó el desarrollo del artículo 27 de la Constitución desde el punto
de vista educativo. Se intentó un acuerdo y se consiguió con otras
fuerzas políticas; en aquel momento Alianza Popular, el señor Fraga, en
modo alguno quiso pactar ningún tipo de elementos; incluso recurrió al
Constitucional, cosa que no consiguió; trató de frenar su implantación;
hubo un debate aquí, en el Senado, de cuatro mil y pico enmiendas, que se
dilucidó a altas horas de la madrugada, y de ninguna manera quiso entrar
en un debate de consenso, porque su estrategia política iba en otra
dirección, como se puso de manifiesto luego en algunos informes de esos
que elaboraba el señor Arriola; estrategias que la historia decantó y que
se repitieron en otros periodos, pero que no tenían nada que ver con la
educación.

Ahora se está planteando una gran regresión. Yo creo que
esta ley es una ley revanchista y profundamente ideológica. En una
reciente entrevista del señor Wert se reconoce que hay fundamentos
ideológicos de su propia posición política. ¡Cómo no los va a haber! No
me digan ustedes que toda la política de recortes no es solo la expresión
de una crisis sino también una contrarreforma ideológica de corte
profundamente conservador que considera la educación un negocio y su
gestión solo quiere responder a criterios de mercado, olvidándose de que
el verdadero objetivo constitucional es la formación integral de las
personas, en el que, naturalmente, hay una

componente de mejora de instrumentos de empleabilidad, pero
no es la razón última de la elaboración de una ley.

También se plasman políticas que aumentan las tasas y
precios públicos y al mismo tiempo minoran las becas y ayudas al estudio.
Eso no es algo ingenuo. Tampoco lo son las barreras establecidas con
brutales recortes a los servicios educativos o dirigir a los alumnos
hacia determinados segmentos del sistema educativo para nutrir las
demandas de un mercado laboral precarizado, lo que hoy se denomina como
gran flexibilidad. Tampoco es ingenuo proponer conciertos educativos y
subvencionar colegios que segregan por sexos —señores de Foro y
UPN, han introducido ustedes una enmienda en el Congreso para que eso
fuese posible—, en contra de sentencias del Tribunal Supremo que
son rotundas —y les cito—: El sistema de educación
diferencial que se refiere a los centros concertados no forma parte del
contenido esencial del derecho a la dirección que corresponde a sus
titulares como una manifestación del derecho a la libertad de enseñanza
reconocida en el artículo 27 de la Constitución. Hay sentencias
clarísimas, pero se trata de obviarlas y colarlas por otro ángulo, o se
trata de no reconocer ahora lo que el Tribunal Constitucional reconoció y
es la legitimidad de Educación para la Ciudadanía. Ustedes la han
lapidado, la han troceado y ahora deciden meterlo en una ley por la
puerta de atrás.

Nosotros no podemos compartir tampoco que las comunidades
autónomas paguen con fondos públicos la escolarización en centros
privados de alumnos…

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya
terminando.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Termino ya, señora presidenta.

…que quieran recibir la enseñanza en castellano, o la
obligatoriedad de cursar religión u otra asignatura de valores que no
sabemos cuáles son —tampoco el ministro, que en su entrevista
desconocía cuáles serían—, mientras hacen desaparecer
definitivamente Educación para la Ciudadanía, que cuenta hoy con todos
los requerimientos legales, después de una bochornosa negociación con la
Conferencia Episcopal, metidos clarísimamente en el confesionario. No
consiguieron sacar adelante esos temas en el año 1982, ni más allá, en
1984 con la LODE. Intentaron sacar gente a la calle, gente que hoy está
no por esos motivos, sino por los contrarios, rechazando sus políticas.
Todas esas cosas son innegablemente ideológicas y suponen un retroceso
total en cuanto a equidad y pérdida de calidad. Detraen ustedes recursos
de la educación pública para derivarlos a la privada y nos retrotraen a
situaciones pasadas. Están rompiendo el pacto educativo de la transición
y tienen que ser conscientes de que, cuando eso sucede, las posiciones
políticas las cambian ustedes, pero también las pueden cambiar los demás.
(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Entiendo, senador Álvarez Areces, que están intentando
llegar a una transaccional.

El señor ÁLVAREZ ARECES: En resumen, puedo decir que acepto
una enmienda de adición del punto 3 de la enmienda de Foro, que se
refiere al diálogo, algo que ya estaba implícito en mi moción. Sin
embargo, no es posible una transaccional con el Grupo Parlamentario
Popular.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría,
tendría que presentar una transaccional con la adición de la enmienda del
senador Martínez Oblanca.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Dado que prácticamente todo está
incluido en mi moción, elaborar una transaccional específicamente para
ese asunto creo que no es posible, aunque recojo políticamente la
voluntad y el deseo de mantener un diálogo permanente una vez retirada la
LOMCE.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, en
todo caso, tiene que presentar una transaccional al tratarse de una
enmienda de sustitución.

Senador Martínez Oblanca, tiene la palabra.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora
presidenta.

La transaccional va a ser imposible, pues es imprescindible
para su tramitación el concurso del Partido Popular y, hasta donde yo sé,
los intentos realizados por su portavoz con el portavoz del

Grupo Parlamentario Socialista en este asunto han sido
inútiles. Nosotros dábamos por descontado que nuestra enmienda no sería
tomada en consideración, ni siquiera una transaccional, pues el texto que
proponemos, singularmente a lo referido a la Ley Orgánica para la Mejora
de la Calidad Educativa, no responde ni mucho menos a la pretensión
trituradora de esta iniciativa socialista, cuyo objetivo principal es que
la LOMCE no se lleve a efecto.

Recordaba el senador Álvarez Areces la posición política de
Alianza Popular y de su presidente Manuel Fraga en temas educativos en la
transición. Pero es que en este momento no está vigente el pacto
educativo de la transición, lo que en España sigue plenamente vigente en
cuestiones educativas es el galimatías legislativo socialista desde 1985;
un galimatías vigente del que no deberían sentirse orgullosos ni los
socialistas ni nadie, porque los resultados de los diferentes informes
elaborados por organismos internacionales, como es el caso del Informe
PISA o el más reciente del Panorama de la Educación de la OCDE, con datos
más actualizados, insisto, no permiten a nadie sentirse orgulloso de
nuestro sistema educativo.

Por tanto, para nosotros el actual sistema tiene que ser
modificado, tanto por los resultados de esos indicadores internacionales
como por la evolución de las leyes socialistas, y porque hace falta, a
nuestro juicio, cambios profundos en la LOE, y no parciales, como apunta
la propuesta del Gobierno.

Nos parece acertado que el Gobierno plantee propuestas en
materia educativa que respondan a sus compromisos electorales, y que
fueron compromisos explícitos del propio Mariano Rajoy en su discurso de
investidura celebrado justamente hace un año.

Queremos que el Parlamento debata la LOMCE, aunque ya
llevamos varios borradores del anteproyecto a la espera de la reunión que
esta tarde celebrará el ministro con los responsables educativos de las
comunidades autónomas, y de donde intuimos que va a salir un nuevo
borrador. Aspiramos a que esa ley, la LOMCE, no sea una ley timorata y
que, por tanto, entre en el fondo de muchos de los grandes problemas que
tenemos en educación, aunque todo apunta a que el planteamiento del
Gobierno va a necesitar una buena batería de enmiendas.

Para nosotros es urgente corregir el actual panorama
educativo, que presenta diecisiete sistemas escolares diferentes, y en
este sentido es de auténtica necesidad fijar que las asignaturas
troncales tengan contenidos comunes en toda España y que las de
especialidad sean, como corresponde, competencia de las comunidades
autónomas.

Aspiramos a un debate social y político para rearmar la
enseñanza porque desde la LOGSE y la LOPEG a la actual LOE, pasando por
la LOCE nonata, no se han concretado cuestiones clave, como es el
principio de autonomía escolar.

Preferimos una ley de nuevo cuño para que no sea producto
del rodillo parlamentario del Grupo Popular y que tenga como una de sus
divisas el diálogo con los demás grupos y representantes políticos, con
participación de los diferentes miembros de la comunidad educativa, con
profesores, familias, trabajadores, con representantes sindicales. Es
urgente hacerlo porque se da la paradoja de que el anterior Gobierno
socialista reconoció el fracaso de sus propias leyes en aspectos tan
importantes como los relativos a los itinerarios y la formación
profesional, hasta el punto de modificarlas en 2011, y eso sí que es,
señor Álvarez Areces, una auténtica puerta de atrás gigantesca, modificar
el sistema escolar mediante la Ley de economía sostenible, tal y como
hizo el Gobierno socialista, insisto, en el año 2011.

Y así seguimos ahora con el Gobierno de Rajoy, a la espera
de que se decida propiciar puntos de encuentro, y para eso, señores del
Grupo Socialista, hay que venir con ánimo de buscar elementos de
conciliación y de acuerdo. Uno puede coincidir plenamente con las
críticas a algunas decisiones del Gobierno, y en este sentido quiero
sumarme a la gran preocupación derivada del recorte de los recursos en
los Presupuestos Generales del Estado, que ya viene del año pasado.
También podemos sumarnos a las llamadas de emergencia de nuestros
investigadores y científicos, y a la alerta sobre las consecuencias
futuras de la dramática situación y la merma de recursos humanos.

Podemos, en definitiva, encontrar argumentos que permitan
apoyar varios puntos de esta moción, pero cuando estamos ante una
reedición de ínfulas de guardianes de la ortodoxia educativa, cuya
aspiración es mantener la misma política que ha arrastrado a España a
datos calamitosos en su sistema educativo, desde luego ahí no van a
contar con nuestro voto.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Eskerrik asko. Gracias, señora
presidenta.

Señorías, aprovecho la ocasión del debate de esta moción,
que compartimos enteramente, señor Areces, para manifestar, una vez más,
la postura de mi grupo parlamentario, y por extensión de mi partido
político, ante la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa en
la última versión que acabamos de conocer.

Coincidimos en la necesidad de mejores resultados, tanto
del alumnado como de centros y del sistema en su conjunto, porque
entendemos que este puede y debe mejorar. Sin embargo, pedimos respeto a
la realidad educativa de nuestra comunidad, que tiene competencias
exclusivas en materia educativa. Para ello consideramos necesario
modificar la redacción del artículo número 6 bis, distribución de
competencias, del que se deriva la prácticamente nula participación
posterior de las administraciones autonómicas en la fijación de
contenidos educativos, en su seguimiento y en su evaluación. Requerimos
un tratamiento y, por tanto, una relación bilateral entre la
Administración española y la vasca en materia educativa que respete
nuestras competencias y la especificidad de nuestro sistema educativo.
Pedimos respeto a la legislación y a la normativa vasca en general y a la
normativa lingüística, concretamente a los modelos lingüísticos en
particular. Pedimos la autonomía necesaria para adoptar medidas que sean
adecuadas para la mejora continua y la búsqueda de excelencia del sistema
educativo al hilo del último informe de McKinsey. Necesitamos
transparencia de datos, profesionalización de docentes y directores con
un programa de formación que sea efectivo, eminentemente práctico
enfocado al aula y basado en datos y la autonomía de los centros. Si hay
que permitir que el alumnado altamente capacitado avance adecuadamente,
entendemos que lo mismo debe ser reclamado para el conjunto de nuestro
sistema educativo, cuyos objetivos y resultados no pueden verse nunca
minorados.

Tenemos dudas también respecto del punto de partida
—lo hemos manifestado anteriormente—, dudas sobre cuáles son
los objetivos reales que presenta este proyecto de ley. Creemos que
adolece de un análisis riguroso, exhaustivo y honesto que justifique de
modo fehaciente la necesidad, la idoneidad y la oportunidad del cambio
propuesto. Cualquier cambio general como el que se propone va a afectar
al conjunto del sistema tanto pedagógica como organizativa y
económicamente. Hay que tener en cuenta que esta sería la séptima
modificación de la legislación educativa.

Por tanto, creemos que el Gobierno español no establece el
modelo que persigue con su reforma. Las medidas propuestas poco o nada
tienen que ver con las presentadas en el último informe McKinsey para la
educación española, que habla de transparencia, de profesionalización y
autonomía de centros.

Por consiguiente, hay un intento de homogeneización y
recentralización de los sistemas educativos. No podemos aceptar
modificaciones legislativas que sean unilaterales. Volvemos otra vez a la
cuestión del consenso que han mencionado tanto el senador Álvarez Areces
como el señor Martínez Oblanca. No aceptamos —decía— estas
modificaciones legislativas que son unilaterales y homogeneizadoras, que
no tienen en cuenta nuestro nivel competencial en materia educativa, ni
las especificidades de nuestro sistema, ni sus resultados.

El Gobierno español propone la misma receta para todas las
comunidades autónomas —lo hemos denunciado aquí
reiteradamente— sin justificar en ningún momento esa reforma con
datos fehacientes, sin debate previo de la comunidad educativa. Unificar
los sistemas educativos supondría en nuestro caso relajar los objetivos,
rebajar la calidad. Obtenemos mejores resultados que el resto del Estado.
¿No sería más adecuado, por tanto, tratar de mejorar estos resultados?
Tal vez podamos ser referente o modelo para uno de estos casos.
Casualmente, ahí donde el ministerio tiene competencias exclusivas en
educación, como son las comunidades de Ceuta y Melilla, los resultados
son peores. De hecho, el sistema educativo vasco puede y debe mejorar
sensiblemente en euskera, en inglés y en ciencias. Así lo recogen todos
los informes internacionales. Por eso, nosotros hemos venido reclamando
al Gobierno vasco anteriormente —y así lo vamos a hacer
ahora— un plan de mejora del sistema. No hemos conseguido todos
nuestros objetivos. La mejora sigue siendo todavía nuestro objetivo
porque, tal y como afirma el informe

McKinsey, un sistema educativo puede mejorar sea cual sea
su punto de partida, aunque la receta no es la misma para todos.

En este sentido, el sistema educativo vasco tiene que
mirar, evidentemente, hacia el norte. Nos interesa el modelo finlandés
que tantas veces se ha adulado desde el ministerio, pero necesitamos un
modelo propio y adecuado para Euskadi. Además, el Gobierno español parece
que quiera tutelar la labor de las comunidades autónomas con pruebas
estatales. En el caso de nuestra comunidad sabemos lo que queremos y
hemos demostrado, además, que sabemos cómo queremos hacerlo. Por eso,
necesitamos, en todo caso, referentes claros y no tutelas. (El señor
vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.) El sistema ha de
garantizar que todo alumnado avance sin menoscabo de que avance
adecuadamente el alumnado altamente capacitado.

La forma de agrupar las asignaturas en tres bloques
troncales, específicos y de especialidad es una clara muestra de la
concepción centralizadora que inspira el proyecto de ley, sobre todo en
relación con la lengua castellana y la literatura, incluso con la primera
lengua extranjera que también es troncal, cuando la lengua cooficial y la
literatura es considerada de especialidad. Desde luego, esto no nos
parece adecuado de ninguna de las formas. La lengua cooficial es tratada
de forma discriminatoria respecto de la lengua castellana en varios
artículos de la ley. Por un lado se comete el error de confundir el
objetivo con el instrumento. El texto debe prestar especial cuidado a la
consecución del objetivo del conocimiento de ambas lenguas y no lo hace
así. En cambio, creemos que cada administración educativa debe determinar
la lengua o las lenguas vehiculares de su sistema educativo en atención a
su realidad sociolingüística y a su estado de normalización
lingüística.

Por otro lado, solamente repara en la imposibilidad de
excluir el castellano y se olvida de citar la imposibilidad de excluir la
lengua cooficial, lo cual es totalmente absurdo.

En aquellas comunidades autónomas con lenguas cooficiales
ambas lenguas deben ser tratadas con rigor. Debemos garantizar que el
alumnado consiga en ambas lenguas los mismos objetivos comunicativos,
desarrollando para ello los itinerarios que sean necesarios. Deberán ser
objetivos ambiciosos para ambas lenguas pero factibles, que se puedan
conseguir, consensuados con la comunidad educativa y adaptados a la
realidad sociolingüística, objetivos mínimos para todos y posibilidad de
establecer otros más ambiciosos en aquellos centros que puedan
permitírselo.

Entendemos, además, que habría que garantizar, para el
alumnado del resto de las comunidades autónomas y lenguas cooficiales,
que el euskera, el catalán y el gallego no sean tan distantes como para
un alumno de otros países europeos. No nos parece apropiada la forma de
introducir el área de religión o valores culturales y sociales en la
educación primaria y el área de religión o valores éticos en secundaria y
que vaya precedida de la expresión —y cito con comillas—
«todos los alumnos deben cursar» cuando la religión siempre debería ser
una opción personal.

Por lo tanto, en lo relativo a la LOMCE, estamos totalmente
de acuerdo con el señor Areces y seguimos reiterando nuestra opinión de
que deben retirar el proyecto. Respecto de los siguientes puntos de la
moción, me parecen exquisitamente redactados, o sea, que la apoyamos sin
reservas.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra la senadora señora Sequera.

La señora SEQUERA GARCÍA: President, senyories, la moció
presentada es fonamenta en quatre punts: rectificar la política
pressupostària en materia educativa per a 2013; atendre a les peticions
de la comunitat científica pel que fa a recursos humans en I+D a Espanya,
retirar l’avantprojecte de la llei de la LOMCE per representar un
retrocés en la qualitat de la educació pública i la igualtat
d’oportunitats, i rectificar en les mesures d’augment de les
taxes universitàries i de la normativa d’accés a les beques.

En relació amb l’austeritat en política
pressupostària en matèria d’educació, utilitzar l’argument
que els recursos impartits són excessius i, en canvi, els nivells
obtinguts no són satisfactoris, i, per tant, que no cal destinar tants
diners a l’educació pública, és un greu error. Un error que marcarà

el futur del molts nois i noies convertint-los en adults
poc formats i, en general, en una societat afeblida i poc
competitiva.

L’argument per no dotar el pressupost
d’educació són els resultats d’avaluació de la OCDE. I
s’ha de ser sincer, és el que s’espera d’un govern, i
dir-ho tot, el que és positiu i el que s’ha de millorar. No deu
funcionar tot tant malament quan hi ha molts joves formats, molt ben
formats, que altres països els valoren i els atorguen oportunitats per
desenvolupar-se professionalment.

Per afrontar qualsevol tipus de reforma cal comptar amb la
complicitat dels agents implicats, en aquest cas, la comunitat educativa,
especialment, el cos docent. Tot i que s’omplin la boca dient que
amb les reformes proposades es vol dignificar els professors, cal
analitzar les mesures específiques de control en l’àmbit de
personal educatiu, com, per exemple: eliminació de complements, ampliació
de jornada i atenció continuada, reducció de les substitucions, increment
de la jornada laboral dels interins, augment del número d’alumnes
per classe, eliminació d’activitats extraescolars, reducció de les
plantilles, supressió de la paga extraordinària d’antiguitat... De
veritat creuen que amb aquestes mesures dignifiquen la figura del docent?
La resposta l’han tinguda als carrers en forma de mobilitzacions.
Necessiten que els hi diguin més clar?

Darrere de totes aquestes mesures s’amaga una altra
realitat molt diferent. L’únic objectiu d’aquest govern és
complir el dèficit, i la forma més ràpida d’aconseguir-ho és
eliminant els serveis públics, en aquest cas l’educació, deixant-la
a mínims. I és que mentre que des del Ministeri d’Educació fan
l’esforç d’inventar-se excuses de difícil credibilitat que
justifiquen les retallades, des del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, a través del seu Secretari d’Estat en
compareixença de 19 de juny, no amaguen les intencions reals dient que:
para garantizar el cumplimiento del déficit del 1,5% acordado con las
Comunidades Autónomas, el pulso reformista no puede ceder y la ampliación
de todas las medidas contenidas en las reformas de sanidad y la educación
serán elementos imprescindibles para poder contar con el apoyo financiero
extraordinario.

D’alguna manera podíem dir que estem davant
d’un xantatge, si volen el Fons de Liquiditat Autonòmic, han de
retallar en salut i educació. A banda cal afegir la oportunitat del
moment i aprofitant l’excusa de la crisi s’emprenen reformes
que el que persegueixen, a banda de complir amb el dèficit, és imposar un
model ideològic, recentralitzant les competències. Ho poden dir clar, no
cal que s’amaguin, a vostès no els agraden els serveis públics de
qualitat, per què malgastar diners públics en serveis públics? De veritat
esperen que la comunitat educativa i la societat en general es creguin
els seus arguments? Encara som a temps de no cometre un error. Que es pot
millorar el sistema educatiu? Sí, sempre, però cal diàleg i no
imposicions. I aquí topem amb la immersió lingüística. Per què volen
canviar el que està funcionant? El que no és lògic és que els canvis que
vulguin dur a terme siguin causa de conflictes en temes que avui per avui
no en causen. I aquí els vull fer reflexionar que tota actuació de
l’Administració ha de respectar el principi d’interès
general, i les propostes al respecte que han plantejat en el context que
crisi que tenim, en cap moment al contemplen.

És absurd dilapidar un sistema reconegut per experts
internacionalment. Els nois catalans quan acaben l’educació
obligatòria saben llegir, escriure i parlar al mateix nivell amb català i
amb castellà, i, tant de bo, sortiren amb el mateix nivell en llengües
estrangeres. Només aconseguiran profunditzar encara més el sentiment de
menyspreu cap a Catalunya, abundant i engrandint el sentiment
independentista. Si de veritat es volen millorar els resultats acadèmics,
lluitar contra l’abandonament escolar, cal que prenguin aquests
reptes els professionals, que els impliquen a trobar mesures per lluitar
contra aquests dos punts negres de l’educació al nostre país. Amb
participació es fonamenta que es treballi conjuntament per arribar als
objectius finals, amb respecte al col·lectiu docent i a les competències
de totes les Comunitats Autònomes. I quan parlo de participació, no em
refereixo a que es puguin enviar missatges electrònics a la pàgina del
ministeri. Em refereixo a una participació activa en el sentit ampli i
amb molts professionals que es dediquen a conduir processos de
participació. Per tant, creiem que el projecte de la LOMCE s’ha de
refer tot,— i tornar a començar amb metodologies de treball
fomentades en la participació i partint de la base que s’ha de
dotar amb els recursos necessàries el preu de la sortida de la crisi no
pot ser abolir el dret a la educació i a la salut.

Moltes gràcies.

Presidente, señorías, la moción presentada se fundamenta en
cuatro puntos: rectificar la política presupuestaria en materia educativa
para el 2013; atender las peticiones de la comunidad científica en cuanto
a los recursos humanos en I+D en España; retirada del anteproyecto de ley
de la LOMCE por representar un retroceso en la calidad de la educación
pública y rectificar las medidas de aumento de las tasas universitarias y
de la normativa de acceso a las becas.

En relación con la austeridad política presupuestaria en
materia de educación, utilizando el argumento de que los recursos
invertidos son excesivos y, en cambio, los niveles educativos obtenidos
no son satisfactorios y, por lo tanto, no hay que destinar tanto dinero a
la educación pública es un error, un error que marcará el futuro de
muchos chicos y chicas, convirtiéndolos en adultos poco formados y, en
general, en una sociedad más débil y poco productiva.

El argumento para no dotar el presupuesto de educación son
los resultados de la OCDE y hay que ser sinceros, es lo que se espera de
un Gobierno, que diga todo, lo que es positivo y lo que se debe mejorar.
No debe funcionar todo tan mal cuando hay muchos jóvenes formados, muy
bien formados que en otros países son valorados y les otorgan
oportunidades para desarrollarse profesionalmente.

Para afrontar cualquier tipo de reforma hay que contar con
la complicidad de los agentes implicados, en este caso la comunidad
educativa, especialmente el cuerpo docente. Aunque se llenan la boca
diciendo que con las reformas propuestas se quiere dignificar a los
profesores, hay que ver qué medidas específicas de control en el ámbito
de personal educativo se establecen como, por ejemplo, eliminación de
complementos, ampliación de jornada y atención continuada, reducción de
las sustituciones, incremento de la jornada laboral de los interinos,
aumento del número de alumnos por clase, eliminación de actividades
extraescolares, reducción de las plantillas, supresión de la paga
extraordinaria de antigüedad. ¿Creen, de verdad, que con estas medidas
dignifican la figura del docente? La respuesta la han tenido en las
calles en forma de movilizaciones. ¿Necesitan que se lo digan más
claro?

Tras todas estas medidas se esconde otra realidad muy
distinta. El único objetivo de este Gobierno es cumplir el déficit y la
forma más rápida de conseguirlo es eliminando los servicios públicos, en
este caso la educación, dejándola en mínimos. Y es que mientras que desde
el Ministerio de Educación se realiza el esfuerzo de inventarse excusas
de difícil credibilidad que justifiquen los recortes, desde el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de su secretario de
Estado en comparecencia el 19 de junio, no esconden las intenciones
reales diciendo que para garantizar el cumplimiento del déficit del 1,5%
acordado con las comunidades autónomas el pulso reformista no puede ceder
y la ampliación de todas las medidas contenidas en las reformas de
sanidad y en la educación serán elementos imprescindibles para poder
contar con el apoyo financiero extraordinario.

De alguna forma podríamos decir que estamos ante un
chantaje: Si quieren el Fondo de Liquidez Autonómico, deben recortar en
salud y en educación. Además, añadiendo la oportunidad del momento y con
la excusa de las prisas, se adoptan reformas que lo que persiguen, además
de cumplir con el déficit, es imponer un modelo ideológico,
recentralizando las competencias. Lo pueden decir claro, no hace falta
que lo escondan. A ustedes no les gustan los servicios públicos de
calidad. ¿Para qué malgastar dinero público en servicios públicos?
¿Esperan de verdad que la comunidad educativa y la sociedad en general
crean estos argumentos? Todavía estamos a tiempo de no cometer un error.
¿Se puede mejorar el sistema educativo? Sí, siempre, pero se necesita
diálogo y no imposiciones. Y vamos con la inmersión lingüística. ¿Por qué
quieren cambiar aquello que está funcionando? Lo que no es lógico es que
los cambios que quieren llevar a cabo sean causa de conflictos en temas
que hoy por hoy no lo son. Y en este punto quiero hacerles reflexionar en
que toda actuación de la Administración debe respetar el principio de
interés general y las propuestas al respecto que se han planteado y en el
contexto de crisis que tenemos en ningún momento lo contemplan.

Es absurdo dilapidar un sistema reconocido por expertos
internacionalmente. Los estudiantes catalanes cuando terminan la
educación obligatoria saben leer, escribir y hablar al mismo nivel en
catalán y en castellano, y ojalá salieran con el mismo nivel en lenguas
extranjeras. Solo conseguirán profundizar todavía más el sentimiento de
menosprecio hacia Cataluña, agrandando el sentimiento independentista. Si
de verdad se quieren mejorar los resultados académicos, luchar contra el
fracaso escolar hace falta que estos retos impliquen a los profesionales,
utilizar medidas

para luchar contra estos puntos negros de la educación en
nuestro país; fomentar que se trabaje la participación para llegar a
objetivos finales con respecto al colectivo docente y a las competencias
de todas las comunidades autónomas. Y cuando hablo de participación no me
refiero a que se puedan enviar correos electrónicos a la página web del
ministerio, me refiero a una participación activa en sentido amplio.
Existen muchos profesionales que se dedican a conducir procesos. Por lo
tanto, creemos que el proyecto de la LOMCE se debe rehacer entero y
volver a empezar con metodologías de trabajo fundamentadas en la
participación y partiendo de la base de que se debe dotar con los
recursos necesarios. El precio de la salida de la crisis no puede ser hoy
el derecho a la educación y a la salud.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador señor Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyor president.
Molt bon dia a tothom.

Intervinc aquí per explicar la nostra posició i els nostres
arguments davant la moció conseqüència d’interpel·lació que el
senador senyor Álvarez doncs avui ens ha presentat aquí.

És evident que la setmana passada varem parlar molt ja dels
temes d’educació, com a conseqüència del debat de pressupostos i
que com les coses de la setmana passada fins ara no han canviat, doncs
podem dir que els arguments són perfectament vàlids i, en definitiva,
doncs reiterarem una mica, el que ja varem dir en el seu moment.

Vaig comentar la setmana passada que l’educació en
l’àmbit espanyol doncs està estancada en la mediocritat, i crec que
això ho van avalar informes que es van posar de manifest justament la
mateixa setmana passada i que, el que és evident, és que amb les
polítiques que en aquests moments s’estan aplicant, per part del
Partit Popular i per part del seu Govern, doncs no aniran a contribuir a
solucionar, a millorar la qualitat i sobretot a resoldre el gran problema
que tenim que és l’abandonament escolar, que és el fracàs escolar,
que doblem la mitjana europea.

Per tant, no solucionarem aquests temes i menys quan podem
constatar i ara podem dir que en els pressupostos no hi va haver diàleg,
no es va acceptar cap esmena i que, per tant, cap possibilitat de
consens, cap possibilitat de parlar i cap possibilitat de fer res.

Dèiem, per exemple, que les retallades que s’estan
aplicant, a través del Reial Decret 14/2012, de 20 d’abril, de
mesures urgents per la racionalització de la despesa pública en
l’àmbit educatiu, n’és un exemple. Posàvem també
d’altres exemples com és la supressió de determinats programes que
són claus per l’ensenyament i per la qualitat de
l’ensenyament, programes per atendre els nouvinguts, programes
PROA, programes en definitiva per les llengües estrangeres, programes per
aplicar determinades experiències sobretot en l’àmbit de les
tecnologies de la informació i de la comunicació en els centres. En
definitiva, podríem fer un llarg resum de la supressió d’aquests
programes que per tant doncs, evidentment, constaten que anem malament en
aquest sentit.

Voldria fer referència sobretot en relació al Projecte de
Llei Orgànica de la Millora de la Qualitat Educativa, que de ben segur,
discreparem dels arguments del Partit Socialista, del senyor Álvarez, pel
qual ell demana la seva retirada, nosaltres també però per diferents
motius. Prioritàriament, voldria remarcar els d’àmbit lingüístic,
és a dir, pel menysteniment de la immersió lingüística a Catalunya. Ho
deia, el 100% de la població parla i entén la llengua castellana, el 90%
entén el català, el 65% l’escriu, un 70% el llegeix. Aquestes
xifres, que són espectaculars, són mèrit de l’esforç de
l’escola catalana i en definitiva també del model d’immersió
lingüística, que alhora és un model de cohesió social i que ningú, ningú
té dret a trencar.

El senyor Wert —ho reitero perquè crec que és
important deixar-ne constància una vegada més— posa un problema on
no n’hi ha i nosaltres volem dir-li una vegada més que no es pot
jugar amb la cohesió de la societat, no es pot jugar amb la cohesió de la
societat catalana i, per tant, li demanem responsabilitat i que no generi
un conflicte on no n’hi ha. La llengua castellana juntament amb la
llengua catalana constitueixen una fortalesa de la cohesió social.

En aquest sentit, vull destacar també que el Govern de la
Generalitat i totes les universitats catalanes es comprometen en la
defensa de la immersió lingüística i d’un model propi i coordinat
d’accés a l’ensenyament universitari. El conseller del
Departament d’Economia i Coneixement i els rectors de totes les
universitats catalanes han signat recentment un compromís per mantenir
les

proves d’accés a les universitats i perquè aquestes
incloguin el català a la part específica de la Selectivitat. Aquest és un
dels aspectes, per un altre doncs pensem que cal un gran pacte per
l’educació, pel que fa referència a diagnòstics i a aplicar les
mesures que s’han d’aplicar.

Finalment, volia fer referència en relació a la pujada de
taxes universitàries que cal que es porti a terme una política de preus
universitària justa i equitativa i es revisi la normativa estatal
d’accés a les universitats. Les beques hauran de finançar
l’import dels preus públics fins al límit determinat per les
forquilles fixada pel Govern i l’aplicació de la nova normativa
d’accés a les beques. En tot cas, s’ha de fer de forma
progressiva en el temps, de manera que la política de beques permeti
garantir l’accés de tots els estudiants als diferents nivells
d’estudi.

Per tot això, en definitiva, els arguments són diferents
dels que presentava el senyor Álvarez, sobretot en relació a la Llei de
la qualitat per a la millora de la qualitat educativa, però nosaltres li
donarem suport a aquesta moció perquè entenem que el Partit Popular i el
Govern de l’Estat han de fer canvis en la manera d’actuar pel
que fa referència a l’educació i a la manera de plantejar-la.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todo el
mundo.

Intervengo para explicar nuestra posición y nuestros
argumentos sobre la moción consecuencia de interpelación que el senador
señor Álvarez nos ha presentado hoy aquí.

Es evidente que la semana pasada hablamos mucho de los
temas de educación como consecuencia del debate de los presupuestos y,
como las cosas de la semana pasada hasta ahora no han cambiado, podemos
decir que los argumentos son perfectamente válidos y, en definitiva,
reiteraremos aquello que ya dijimos en su momento.

Comenté la semana pasada que la educación en el ámbito
español está estancada en la mediocridad. Eso lo avalaron informes que se
pusieron de manifiesto justamente la misma semana pasada, y es evidente
que con las políticas que en estos momentos se están aplicando por parte
del Partido Popular y por parte de su Gobierno no contribuirán a
solucionar y a mejorar la calidad y, sobre todo, a resolver el gran
problema que tenemos, que es el abandono escolar, que es el fracaso
escolar, que dobla la media europea.

Por lo tanto, no solucionaremos estos temas, y menos cuando
podemos constatar y ahora podemos decir que en los presupuestos no hubo
diálogo, no se aceptó ninguna enmienda y, por consiguiente, no hubo
ninguna posibilidad de consenso, ninguna posibilidad de hablar, ninguna
posibilidad de hacer nada al respecto.

Decíamos, por ejemplo, que los recortes que se están
aplicando a través del Real Decreto ley 14/2012, de 20 de abril, de
medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito
educativo es un buen ejemplo. Podríamos poner otros ejemplos como la
supresión de determinados programas que son clave para la enseñanza y
para la calidad de la enseñanza, programas para atender a los recién
llegados, programas PROA, en definitiva, programas para las lenguas
extranjeras, programas para aplicar determinadas experiencias, sobre todo
en el ámbito de las tecnologías de la información, de la comunicación en
los centros; en definitiva, podríamos hacer un largo resumen de la
supresión de estos programas y, evidentemente, constatamos que vamos mal
en este sentido.

Quisiera hacer referencia sobre todo al Proyecto de Ley
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, respecto del cual
seguramente discreparemos de los argumentos del Partido Socialista, del
señor Álvarez, pues cuando él pide su retirada, nosotros también lo
pedimos pero por distintos motivos. Prioritariamente, quisiera remarcar
los de ámbito lingüístico, es decir, por el menosprecio de la inmersión
lingüística en Cataluña. Como ya he dicho, el 100% de la población habla
y entiende la lengua castellana, el 90% entiende el catalán, el 65% lo
escribe, un 70% lo lee. Estas cifras, que son espectaculares, son mérito
de la escuela catalana y de su esfuerzo y, en definitiva, también del
modelo de inmersión lingüística, que, al mismo tiempo, es un modelo de
cohesión social, que nadie tiene derecho a romper.

El señor Wert —lo reitero porque creo que es
importante dejar constancia de ello una vez más— pone un problema
donde no existe y de nuevo queremos decirle una vez más que no se puede
jugar con la cohesión de la sociedad catalana. Por lo tanto, le pedimos
responsabilidad y que no genere un conflicto donde no lo hay, puesto que
la lengua castellana junto con la lengua catalana constituyen una
fortaleza de la cohesión social.

En este sentido, también quiero destacar que el Gobierno de
la Generalitat y todas las universidades catalanas se comprometen en la
defensa de la inmersión lingüística y en un modelo propio y coordinado de
acceso a la enseñanza universitaria. El conseller del Departamento de
Educación y Conocimiento y los rectores de todas las universidades
catalanas han firmado recientemente un compromiso para mantener las
pruebas de acceso a las universidades y que estas incluyan el catalán en
la parte específica de la selectividad. Por otro lado, creemos que hace
falta un gran pacto para la educación, después del diagnóstico, para
aplicar las medidas que hay que aplicar.

Finalmente, quisiera hacer referencia a la subida de las
tasas universitarias, porque se debe llevar a término una política de
precios universitarios justa y equitativa, promoviendo la normativa
estatal el acceso a las universidades. Las becas deberán financiar el
importe de los precios públicos hasta un límite determinado mediante las
horquillas fijadas por el Gobierno y la aplicación de la nueva normativa
de acceso a las becas. En todo caso, se debe hacer de forma progresiva de
manera que la política de becas permita garantizar el acceso de todos los
estudiantes a los diferentes niveles de estudio.

Por todo ello, en definitiva, los argumentos son distintos
de aquellos que presentaba el señor Álvarez, sobre todo, en relación con
la Ley para la mejora de la calidad educativa, pero nosotros daremos
apoyo a esta moción porque entendemos que el Partido Popular y el
Gobierno del Estado deben hacer cambios en la forma de actuar en
referencia a la educación y la forma de plantearla.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador señor Álvarez Areces, el presidente Areces.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Muchas gracias, señor
presidente.

En este turno de portavoces quisiera aprovechar para
reiterar mis posiciones en el debate presupuestario, porque no pienso
gastar un minuto más después del tiempo invertido durante estos días.
Reitero mi intervención en cuanto a la cuantía de los recortes y la
exactitud de las cifras que di y me remito al Diario de Sesiones.
Concluía diciendo que, con el conjunto de recortes producidos por decreto
ley, algunos con memoria económica, con los dos ejercicios
presupuestarios y con las medidas de no disponibilidad, en 2012 habíamos
tenido 5200 millones de euros, un año negro para la educación. Y no
podemos rebatir lo que la evidencia pone de manifiesto.

Quisiera también añadir algunas cuestiones relativas a lo
que ahora hemos debatido, sobre las enmiendas y el posicionamiento
político, en particular, por lo que se refiere al Grupo Popular. Sin
duda, plantea una modificación en el concepto de libre elección de
centro, núcleo central del cambio de paradigma, como dicen, o del cambio
de modelo, además de otras medidas que están reflejadas en un debate que
va a continuar y sobre el que iremos posicionándonos a lo largo del
correspondiente debate parlamentario.

Cuando digo que es una ley revanchista y profundamente
ideológica me refiero a esa libre elección de centro, que fue el nudo
gordiano de las movilizaciones que se produjeron en un momento dado, y
que fueron superadas por una mayoría política y social aplastante que
hoy, utilizando la mayoría absoluta, solo con sus votos, pretenden
modificar, dejando al margen al resto de fuerzas políticas, a
instituciones democráticas ―como las propias comunidades autónomas,
que tienen competencias― y también a los sectores del ámbito
educativo. Creo que ese es un hecho de una gravedad política considerable
porque va a obligar a revisar muchos planteamientos que habíamos
considerado superados gracias a la evolución de la España
democrática.

Además, considero que es un ataque también a la escuela
pública que, desde mi punto de vista, es la columna vertebral de la
formación de ciudadanos. Es preciso un país en el que se garanticen los
niveles adecuados de bienestar, de libertad, de justicia y de equidad. La
escuela, como decía, después del pacto educativo propició una concepción
basada en el desarrollo del artículo 27, con un sistema dual; pero un
sistema dual en el que cada parte juega su papel y con unas reglas del
juego que ahora se pretenden alterar.

El ministro Wert dijo inicialmente que no iba a presentar
ninguna nueva ley, pero esta haría la número 11 de las promulgadas desde
1980: la LOECE ―antes de la llegada de los socialistas―, la
LODE, la LOGSE, la LOPEG, la LOCE, la LOE, la LOCU, la LRU, la LOU y la
LOMLOU. Todas

estas leyes tuvieron su ámbito de aplicación en la
educación no universitaria o en la propia universidad y, desde mi punto
de vista, en este momento no es una nueva ley lo que está demandando la
sociedad española sino políticas que mejoren la educación, pactadas con
la comunidad escolar, con las fuerzas sociales y con los partidos
políticos, para dar sostenibilidad a las reformas y mucho más en un
contexto en el que escasean los recursos públicos.

Se habla de un diagnóstico serio y riguroso, pero no es
cierto. El diagnóstico utiliza elementos aislados del sistema educativo;
se escoge lo que interesa y se deja lo que no interesa. Sólo voy a hacer
un apunte. En este sentido, les remito a las conclusiones del Consejo
Europeo sobre un marco estratégico para la cooperación europea en el
ámbito de la educación y la formación, de 12 de mayo de 2009. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.) Ahí figuran los cinco objetivos
estratégicos de la política educativa europea hacia el año 2020. Pues
bien, de esos cinco grandes objetivos España supera a la media de la
Unión Europea en tres de ellos, está igual en uno y, en el otro, en el
abandono escolar, está por debajo. Por tanto, concentremos nuestros
esfuerzos en ver cómo se combate el abandono escolar que, por cierto, no
es uniforme en el conjunto del país.

Con un promedio no se puede calificar la posición global
del conjunto del territorio español y de las comunidades autónomas.
Vayamos en la dirección de aquellos que han podido superar esos
problemas, estimulando con recursos, prestando atención individualizada,
en el camino que íbamos siguiendo en el programa de cooperación
territorial y que fue literalmente barrido de los Presupuestos Generales
del Estado; todos aquellos instrumentos de mejora fueron barridos. Por
tanto, no es aceptable ese diagnóstico y creo que tampoco es aceptable
ese posicionamiento ideológico.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Voy terminando ya, señor
presidente.

Estamos ante la imposición de un modelo educativo
ideológico, de segregación, de capas sociales, también ideologizado por
la segregación en el acceso a la enseñanza en determinados centros y
entre alumnos sobresalientes y otros que no tienen tantos méritos.

Se trata de una vuelta a una escuela del pasado, en la que
quieren imponer asignaturas obligatorias de valores que todavía ni
siquiera determinan y de una enseñanza pública que quieren convertir en
una enseñanza devaluada y sin calidad, y eso no lo va a aceptar no solo
nuestra formación política sino que no lo va a admitir de ninguna manera
la sociedad española porque supondría un retroceso y, mucho más en esta
etapa, absolutamente inadmisible.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez
Areces.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Peral.

El señor PERAL GUERRA: Muchas gracias, señor
presidente.

Senador Álvarez Areces, es la tercera vez consecutiva que
le oigo hablar en este Pleno de la negociación con la Iglesia en el
confesionario; además de que usted lo ha citado en un artículo que
publicó en El Comercio el pasado domingo. Créame, de verdad, que me da
pena. Considero patético que una persona como usted, que ha ganado tres
veces las elecciones para presidir Asturias, que es un profesor de
universidad en matemáticas, no de cualquier asignatura exotérica
—que algunas tenemos en estos momentos—, tenga que utilizar
esa plantilla ideológica en contra de la Iglesia católica, que no tendría
más remedio que utilizar un vocal vecino de 25 años en cualquier pedanía
o junta municipal de distrito. Sinceramente, no lo comprendo.
(Aplausos.)

También le recuerdo a usted que la obligatoriedad de cursar
religión o una asignatura de valores alternativos se deriva de un tratado
internacional del Concordato que, como usted sabe perfectamente, tiene,
como todo tratado internacional, rango de ley interna en nuestra
Constitución. Además, en estos momentos, más del 75% de los padres eligen
libre y voluntariamente que sus hijos estudien religión católica en
colegios públicos, en colegios concertados y en colegios privados. Y, por
cierto, fueron ustedes, los socialistas, los que a través del ministro
Suárez Pertierra dieron una muy buena solución a esta asignatura de igual
valor académico que la religión, introduciendo la asignatura de Sociedad,
Cultura y Religión. Ya vemos que el PSOE actual, como he dicho en otra
ocasión, dominado por el radical socialismo, está permanentemente
planteando una enmienda a la totalidad de lo que fue el Partido
Socialista con los gobiernos de Felipe

González. Usted tiene ya una edad, igual que yo, para haber
vivido aquellos tiempos, e igualmente tuvo usted mucho tiempo para romper
el carné socialista si no le gustaba lo que entonces se hacía, como, por
ejemplo, en Asturias, concertar el Centro diferenciado de Formación
Profesional de Los Robles, desde el año 1987. (Aplausos.) ¡Qué ocasión de
romper el carné, de llamar diferenciador, discriminador y segregador al
partido al que usted pertenecía! Ahora bien, ya sabe que en aquellos
tiempos también se decía que el que se mueve no sale en la foto.

Tampoco comprendo el rechazo que usted ha expresado aquí, y
que también expresó en el artículo de marras en El Comercio, de que las
administraciones den una solución financiando la enseñanza de aquellos
alumnos que, al amparo de diversas sentencias de altos tribunales, no
pueden elegir el castellano como lengua vehicular. Díganos usted aquí, en
la próxima intervención, por favor, cuál es su alternativa, porque,
mientras se segregaba a estos alumnos en Cataluña, ustedes no hacían
nada. El Gobierno socialista de España miraba para otro lado.

También me ha resultado reveladora la manifestación de la
portavoz del Partido Nacionalista Vasco diciendo que la religión debe
limitarse al ámbito personal. Esto es algo absolutamente opinable y que
yo respeto, pero que sorprende en un partido cuyo lema era: Jaun Goikoia
eta Leche zarra, que significa, Dios y la Ley vieja. Verdaderamente, don
Sabino Arana se habrá revuelto en su tumba al oírle decir esto porque
llueve sobre mojado. Ya en otro Pleno le oí decir aquí, en esta misma
tribuna, que la educación en España debía ser laica.

También tengo que recordarles que su postura respecto a
aquellos alumnos que no pueden estudiar en la lengua vehicular que eligen
sus padres ha sido muy negativa. No se me han olvidado aquellas palabras
de doña Belén Greaves, apellido de recia raigambre eusquérica como
ustedes pueden ver, secretaria del Euzkadi Buru Batzar, cuando en octubre
de 2008 dijo a los miembros de la Plataforma por la Libertad de Elección
Lingüística: Marchaos a Logroño.

Entramos, en el tiempo que me queda, en la moción. Hablan
ustedes de una reforma regresiva. Pues, resulta que es la reforma que han
aplicado aquellos países que han conseguido los mejores resultados en la
educación, basada en reformas parciales, en no echar abajo todo el
sistema educativo anterior, como hicieron ustedes a la llegada de José
Luis Rodríguez Zapatero, quien, a los pocos días de llegar a la Moncloa y
mediante un real decreto ley echó abajo la Ley Orgánica de Calidad de la
Educación. Esos países, ¿qué han hecho? Simplificación del currículo,
refuerzo de los conocimientos instrumentales, flexibilización de
trayectorias mediante pasarelas entre todas las opciones de forma que
ninguna opción sea irreversible, evaluaciones externas y consistentes en
el tiempo, mayor autonomía y especialización de los centros, y rendición
de cuentas. De todo esto, ¿qué le parece a usted que sea regresivo? ¿O le
parecían regresivas estas medidas cuando las aplicaba el Gobierno
laborista —es decir, socialista— inglés en los últimos años?
Porque créanme que conozco el tema de primera mano, y estas medidas y
otras —que les parecerían muy poco recomendables— las aplicó
ese Gobierno; estoy seguro que ustedes no se lo dirían a ningún laborista
inglés.

Tampoco me parece razonable que llamen a una reforma
segregadora. Si lo dicen por la referencia a los centros concertados, que
elige esa pequeñísima minoría de padres menor del 1%, tuvieron ustedes
mucho años para llamar segregadores a los gobiernos presididos por Felipe
González y no lo hicieron. Y tampoco es una reforma excluyente, lo
excluyente es un sistema como el actual que condena al 20% de los jóvenes
de 15 a 19 años a ser expulsados del sistema educativo, un 72% más que la
media de la Unión Europea.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor PERAL GUERRA: Esta situación perjudica
especialmente a los jóvenes de familias desfavorecidas, cuyos padres no
tienen los recursos económicos y sociales para compensar las carencias de
una educación obligatoria que no fomenta ni el esfuerzo ni la exigencia,
verdaderas garantías de la igualdad de oportunidades.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Peral.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a votar la moción consecuencia
de interpelación del Grupo Parlamentario Socialista, tal y como ha sido
presentada al no haber sido aceptada ninguna de las enmiendas.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 242; a favor, 88; en contra, 154.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Abran las puertas. (Rumores.)

11. MOCIONES

11.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA EL ACCESO DE LAS FAMILIAS A LAS UNIDADES
NEONATALES.

(Núm. exp. 662/000053)

AUTOR: GPP

El señor presidente da lectura a los puntos 11 y 11.1.

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.

A esta moción se habían presentado siete enmiendas. Se
acaba de presentar una propuesta de modificación firmada por todos los
grupos parlamentarios; por lo tanto, las siete enmiendas decaen.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra la senadora Suárez. (Rumores.)

Señorías, silencio, por favor.

La señora SUÁREZ VALERÓN: Señorías, a nadie se le esconde
que el ser humano por naturaleza es un ser social, y dentro de la
sociedad las primeras normas de convivencia, así como las pautas de salud
y bienestar, nacen del círculo más cercano a los recién nacidos, la
familia.

La espera y llegada de un nuevo miembro es, sin duda, la
mayor de las revoluciones de la vida de sus padres, de la familia y de la
sociedad en su conjunto. Dar respuesta a este cambio de forma rápida y
acertada es lo que nos convierte en agentes activos del desarrollo
humano, y este es un factor esencial para conseguir una sociedad
saludable y desarrollada. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa
la Presidencia.)

Todos estos aspectos son más complejos si el recién nacido
está ingresado en un servicio de neonatología de un centro hospitalario.
Por lo tanto, se debe hacer especial hincapié en el binomio madre-niño,
para que estos no se separen y así, el grado de estrés y de dolor del
recién nacido sea mínimo.

Los cuidados centrados en el desarrollo neonatal reúnen
todas aquellas prácticas que tienen como objeto favorecer el desarrollo
neurológico y emocional del recién nacido enfermo y también disminuir el
estrés y la carga de sufrimiento que conlleva el ingreso para los recién
nacidos y sus familias.

A ese grado de estrés, con intenso sufrimiento de
culpabilidad, incompetencia, miedo, etcétera que supone para una familia
el nacimiento de un niño enfermo o prematuro, se le suma tener que
afrontar la separación y la dificultad para tener contacto físico e
interaccionar con el niño o con la niña. Sin embargo, siguen existiendo
barreras para el acceso de las familias a las unidades neonatales, y se
debe reconocer a la familia como referencia permanente en la vida del
niño, incluso cuando este está hospitalizado. Como cuidadores naturales,
si se les ofrece el soporte apropiado, ellos serían un apoyo muy valioso
para el niño y para el equipo de profesionales.

Señorías, en ningún caso se ha podido demostrar beneficio
alguno por esta separación; sin embargo, se pueden constatar los
perjuicios que aquella supone.

Por ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha
instado al Gobierno a través el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e
Igualdad a generar un protocolo sanitario con el que reconocer el papel
de la familia como esencial durante el ingreso de los niños, en el que
figuran las siguientes medidas: que los niños puedan estar acompañados
por un familiar cuando se encuentren ingresados en la UCI sin
restricciones horarias y, por supuesto, sin interferir en el

trabajo profesional. Ello permitiría a las madres y padres
vincularse emocionalmente a su bebé, reducir los grados de estrés tanto
del bebé como de los padres y poder facilitar el contacto piel con piel y
así disfrutar del contacto físico con su familia.

También estamos solicitando que la madre, el padre o
cualquier otro familiar pueda acompañar al bebé durante la realización de
ciertas pruebas médicas dolorosas y estresantes como pueden ser
extracciones de sangre, colocación de vías, radiografías o cualquier otra
con fines diagnósticos como manejo del dolor, con el fin de reducir el
grado de ansiedad y estrés y, por supuesto, sin interferir en ningún
momento en el trabajo del profesional.

Asimismo estamos solicitando ofrecer información y apoyo a
las madres y padres que tengan a sus bebés ingresados para que conozcan
sus derechos y los de sus hijos, exponiendo públicamente los derechos del
niño hospitalizado recogidos en la Carta Europea de los Derechos de los
Niños Hospitalizados, de fecha 13 de mayo de 1986, del Parlamento
Europeo, así como otros documentos de interés.

Solicitamos también que el personal esté formado,
sensibilizado y actualizado en lactancia materna, ofreciendo un servicio
de atención y apoyo a las madres desde el primer momento, aportando una
mayor información sobre los beneficios de la lactancia materna para que
la familia, de una manera consciente y formada, pueda promover y
facilitar la lactancia exclusiva a demanda y el amamantamiento del bebé,
asumiendo la leche materna no solo como alimento sino como medicamento
que puede lograr, en casos de hospitalización, disminuir el tiempo de
estancia del ingreso. Asimismo la lactancia materna, según se ha
demostrado en diferentes estudios, proporciona beneficios no solo para el
lactante sino también para la madre en la hemorragia del puerperio, en el
regreso de la fertilidad y como factor protector del riesgo materno de
sufrir cáncer de mama o de ovarios.

Quiero destacar en este sentido la labor desarrollada por
el Servicio de Neonatología del Hospital 12 de octubre de Madrid como
centro formador en el método NIDCAP. Es uno de los nueve centros
mundiales acreditados para garantizar este tipo de formación y fue
reconocido con el Premio a la Calidad del Sistema Nacional de Salud en el
año 2007. Desde entonces viene siendo un servicio de referencia para el
conjunto de profesionales del Sistema Nacional de Salud. Dicho programa
formativo promueve específicamente los cuidados necesarios en las
unidades neonatales, cuidados que son realizados con la participación
directa y principal de las madres y de los padres de los bebés
ingresados.

Pedimos también dar continuidad asistencial en el
nacimiento y lactancia materna a fin de garantizar a la paciente y su
familia una actuación integrada, coherente y coordinada, que debe
prolongarse en el tiempo, desde el principio de la gestación, proceso de
parto en el centro hospitalario y regreso al centro de salud para su
seguimiento por parte del pediatra, ginecólogo, matrona o profesional de
enfermería, todo ello, partiendo de un plan de parto de mínima
intervención y acompañamiento, estrategias que promuevan la lactancia
materna, así como la ayuda que se puede proporcionar a las madres en la
extracción, manejo y conservación de leche materna propia en caso de
ingreso y permitiendo, en todo caso, una mayor capacidad de participación
en la toma de decisiones de la madre y su familia.

También queremos impulsar desde esta Cámara la creación de
bancos de leche materna en los servicios de neonatología de los
principales centros hospitalarios. Existe en algunos países una red
nacional de bancos de leche materna que cubre prácticamente a todos los
bebés que la necesitan y no pueden obtenerla de sus propias madres por
motivos diversos. España es deficitaria en el número de este tipo de
bancos con respecto al resto de Europa y sigue habiendo un aumento, sin
embargo, en Francia, Alemania e Inglaterra. Nuevamente cabe destacar el
papel fundamental desarrollado por el Servicio de Neonatología del
Hospital 12 de octubre, cuyo enfoque de estas unidades neonatales,
centrado en el desarrollo y la familia, contempla los bancos de leche
materna como alimento principal e indispensable, dando un servicio
imprescindible a los bebés ingresados prematuros, o a las madres que han
sufrido traumas físicos como una mastectomía y no desean renunciar a que
sus bebés obtengan los beneficios de la lactancia natural, y ofreciendo
los profesionales sanitarios a las madres lactantes la información
necesaria al respecto, su carácter voluntario, altruista y totalmente
confidencial. Se da la circunstancia de que la presencia de este servicio
y la información que de ello se da a las madres han motivado que cada vez
más mujeres opten por la lactancia materna.

Todas estas medidas permitirían, por un lado, humanizar la
asistencia al nacimiento y la lactancia, en concordancia con la
iniciativa lanzada por la Organización Mundial de la Salud y Unicef, y,
por otro, jugar un papel vital en la futura salud de nuestros niños y
niñas y que las familias que se vean en circunstancias adversas, como las
antes mencionadas, puedan pasar por este terrible trance con el menor
grado de estrés posible para ellas y para los recién nacidos.

Quiero agradecer a todos los grupos la sensibilidad que han
demostrado ante este tema y que hayamos logrado conseguir un consenso
bastante amplio mediante una transaccional.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Se ha presentado una propuesta de modificación, una
transaccional firmada por todos los grupos parlamentarios. Por tanto,
decaen las enmiendas que tenían presentadas los grupos parlamentarios
Socialista, Vasco, Entesa y Catalán Convergència i Unió.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV),
tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, presidente jauna. Buenos
días, señor presidente.

Quiero responder a la alusión del senador Peral sobre el
lema del Partido Nacionalista Vasco, una alusión que considero no tiene
lugar y que no tenía por qué hacer. Pero es que encima lo ha dicho mal,
porque es «Jaungoikoa eta lege zarra». Considero que un partido de más de
117 años, que nunca ha tenido que ver con ninguna guerra, se merece un
poco más de respeto, porque nosotros respetamos al Partido Popular, no
nos hemos metido con él, y tampoco me apetece hacer alusiones a otros
lemas que pueda tener, no el Partido Popular, pero sí el senador Peral en
relación con camisas, soles y todas esas cosas. (Aplausos.) Quede
constancia de ello porque no me ha gustado.

Hemos querido hacer una aportación al tema que nos ocupa
con nuestra enmienda, y la senadora Suárez lo sabe, para intentar mejorar
la moción. Nuestra enmienda iba en dos sentidos —uno ha quedado
incorporado a la moción y el otro no—. Nosotros hablábamos de la
inclusión del tema del abordaje de las situaciones de muerte perinatal
porque nos parece algo muy importante. Queríamos que eso se introdujera
porque muchos de los temas de los que ya se ha hablado aquí se han
estudiado antes y consideramos que esta es la parte más dramática de la
atención de los neonatos. Por ello nos hubiera gustado que se hubiera
incorporado.

Entiendo también que la senadora no lo haya considerado
oportuno, y nosotros respetamos el deseo de la ponente, cosa que nos
gustaría que se hiciera asimismo cuando los ponentes somos nosotros y,
así, fuéramos desechando esto de las enmiendas de sustitución. Pero, como
digo, lo entendemos y nos parece muy bien.

En cuanto al resto de las propuestas, aparte de decir que
estamos de acuerdo —de hecho hemos apoyado la transaccional—,
hay temas que deberían estar ya implantados —y la senadora Suárez
lo sabe porque hemos hablado de ello—, porque ya en el 2007
—se publicó en el 2008—, en la Estrategia de Atención al
Parto Normal en el Sistema Nacional de Salud, sobre todo en lo referente
al contacto precoz de madre-recién nacido, se daban once recomendaciones,
que creo encajan perfectamente en esta moción que ha presentado el
Partido Popular, y también, en cuanto a la atención posnatal inmediata y
a la lactancia, se hacen otras once recomendaciones en esta misma línea
—creo que son cinco y cuatro, seis y cinco, no lo sé.

Entendemos que esto aporta todavía más, sobre todo con el
tema del banco de leche materna, pero nos gustaría que tuviera un poquito
más de éxito que las recomendaciones que el propio Sistema Nacional de
Salud dio en cuanto a la asistencia al parto, porque ahora volvemos a
pedir que se estudie este tema. Pidamos que se estudie este tema, pidamos
que se ponga en funcionamiento lo que se pide en esta moción, pero
también que se retome aquello que se decidió en el 2077 y el 2008 porque
creo que viene muy bien y que ya está perfectamente recogido.

Por lo demás estudiaremos la posibilidad de plantear algo
en la línea de lo que ya hemos aportado sobre la muerte perinatal en esta
moción porque nos sigue pareciendo una asignatura pendiente, junto con la
extrapolación de lo que aquí se habla para los neonatos, o sea, que las
familias estén, por ejemplo, en las unidades de cuidados intensivos en
las que están los neonatos.

Yo tengo la esperanza —porque se puede y de hecho se
está haciendo— de que se pueda ampliar al resto de pacientes que
están ingresados en la UCI. Por suerte, el actual flamante consejero
vasco de Sanidad ya lo implantó en su anterior proyecto y hay una UCI en
la que no solamente puede estar la familia, sino que además tiene
ventanas, algo que parece increíble —todos los que conocemos más o
menos los hospitales por dentro nos extrañamos—. Esperemos que esto
que se pide para los neonatos pueda servir también para el resto, porque
estar en una UCI no es agradable y con quien mejor se está es con la
familia y de la manera más normalizada posible dentro de la gravedad.

Lo dicho, nosotros felicitamos a la senadora por haber
presentado esta moción, me parece que puede ser interesante, luego en
manos de todos nosotros estará insistir para que todas estas
recomendaciones se cumplan.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra la
senadora señora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Hola, bon dia, senyories, bon dia
president.

Primer de tot m’agradaria explicar en què basaré la
meua exposició, la basaré en tres punts: d’una banda,
m’agradaria expressar que aquesta moció —la qual compartim i
després explicaré el perquè— no deixa de ser una moció més de les
que el Partit Popular darrerament ens presenta en aquesta Cambra en
l’àmbit de salut, que fa que sigui molt difícil —i per
descomptat que no és la nostra intenció— no estar-hi d’acord.
Presenta mocions en les quals tots podem consensuar, mentre es continua
fent una política sanitària que saben perfectament que no compartim i que
es basa, entre altres coses, en anar traient drets i retallant
serveis.

Dit això, sí que els hi diré que aquesta moció la
compartim, per descomptat, plenament i votarem a favor de la moció.
Creiem que implica dues coses importants: canvis de cultura en els
professionals i canvis de cultura també en els pares. Però sí que és una
demanda cada vegada més important per part dels pares que tenen nens
ingressats a les unitats de cures intensives dels nostres hospitals.

Per acabar parlaré de la tercera cosa, alguns estudis
comencen a dir que si invertim amb salut pública, si invertim
preventivament podrem tenir menys nens que neixin abans d’hora. I,
per tant, això ens facilitarà que tinguem menys nens a les UCI, menys
pares patint i també serà més eficient.

Deixem que els expliqui primer el context d’algunes
taxes. La taxa de mortalitat infantil és el número de nens que es moren
de cada 100 000 nens que naixen a un país. La nostra taxa de mortalitat a
Espanya és del 3,37 per cada 100 000 nens nascuts vius. És una molt bona
taxa, estem entre els millors països del món, entre els països rics tenim
una taxa molt bona. Hem de dir, una vegada més, que els nens es moren més
que les nenes —3,71 mortalitat de nens, 3,01 de nenes—. I el
que és important és que en els últims 12 anys hi ha hagut una millora
realment important en el nostre país. L’any 2000 teníem unes xifres
de mortalitat quasi del 5 —una taxa de mortalitat de 4,99—
mentre que ara, el 2012, estem en un 3,37. Per tant, és una cosa que crec
que ens hem de felicitar tots plegats. És veritat, a més, que va haver-hi
un punt d’inflexió molt important en aquesta taxa de mortalitat que
va ser l’any 2009, quan es va passar de 4,21 a 3,42.

M’agradaria fer un apunt a les mares, perquè sempre
que parlem de mortalitat infantil moltes vegades ens oblidem de les
mares. I la taxa de mortalitat materna en el nostre país és de 6 per cada
100 000 mares. Quan comptem les mares que perden la vida donant a llum,
les comptem incloent els 42 dies després d’haver parit.

També seria bo que fóssim conscients que en el món naixen
15 milions de nens preterme —de menys de 37 setmanes de
gestació—, i d’aquests 1,1 milions moren. El que és veritat
és que el que s’ha vist recentment en un estudi publicat fa quatre
dies en The Lancet, el 16 de novembre de 2012, és que quasi 60 000
pretermes es podrien evitar. I com es podrien evitar, en els països rics,
estem parlant, no estem parlant en els països pobres, com els podríem
evitar? Doncs els podríem evitar implementant mesures de prevenció,
polítiques de prevenció, polítiques que trobem a faltar a vegades, no, a
vegades no, des de fa un any en aquest Govern. Algunes intervencions que
ells proposen són per exemple, canvis de cultura com ara reduir les
cesàries selectives, els parts induïts, fer que les dones deixin de fumar
durant l’embaràs, limitar les transferències

d’embrions en les fertilitzacions in vitro, i fer
altres tècniques com administrar progesterona o cerclatges profilàctics
per evitar així que es doni a llum de forma preterme.

Jo no em vull allargar, m’agradaria només esmentar
que hi havia una proposta del Grup Socialista, una esmena que a mi
m’agradava, que proposava que es promogués el mètode de les mares
cangur. Deixem que els hi faci un apunt sobre aquest tema perquè crec que
és una d’aquestes boniques històries que la ciència de vegades ens
ensenya.

Les mares cangur és un mètode científic en el qual es posa
el nadó realment sobre la panxa de la mare o del pare, la pell amb pell
—el que importa es que es toquin les dues pells—. Aquest
mètode es va inventar a Colòmbia per manca d’incubadores, es va
inventar per un metge, un ginecòleg que veia com se li morien els nadons,
perquè pesaven menys de dos quilos i va decidir que podia ser una bona
opció. I es va demostrar després, en estudis posteriors, que aquest
mètode feia que aquests nens que havien nascut amb baix pes tinguessin
més possibilitat de sobreviure i, per tant, de tirar endavant, si havien
estat tractats en el mètode de mare cangur, és a dir, que la mare
se’l posés aquí el màxim de temps possible, o el pare, comparat amb
els nens que no havien tingut aquest tracte sinó que havien estat en
incubadores. Per això, el 2004, la OMS ho va incorporar i va fer el
primer manual de mares cangur. En el nostre país és un mètode que
s’utilitza, i s’utilitza poc i els hi dic perquè necessitem
un canvi de cultura dels professionals i també dels pares. Dels
professionals perquè no els hi agrada quan estan tractant amb pacients
que estan molt fràgils tenir —de vegades— els pares; dos
perquè aquests nens, que estan a les UCI moltes vegades, porten sondes,
vies i, per tant, són difícils de manipular. Però, hem d’anar fent
aquest canvi cultural perquè d’una banda els pares puguin entrar a
dins de les UCI i puguin estar amb els seus nadons i dos perquè els
professionals no se sentin ni vigilats ni qüestionats per aquests pares.
I això requereix temps però també requereix que ho impulsin els Governs.
I per aquest motiu nosaltres, com a Grup d’Entesa, votarem a favor
d’aquesta moció.

Moltes gràcies.

Buenos días, señorías, buenos días, presidente.

En primer lugar me gustaría explicar en qué voy a basar mi
exposición. La voy a basar en tres puntos: por un lado, me gustaría
expresar que esta moción —la cual compartimos y después explicaré
el porqué— no deja de ser una moción más de las que el Grupo
Popular nos presenta recientemente en el ámbito de salud en esta Cámara
que hace que sea muy difícil —y por supuesto que no es nuestra
intención— no estar de acuerdo —presenta mociones en las
cuales todos podemos consensuar—, mientras continúa haciendo una
política sanitaria que saben perfectamente que no compartimos y que se
basa, entre otras cosas, en ir sacando derechos y recortando
servicios.

Dicho esto, sí les manifiesto que compartimos esta moción
plenamente y que vamos a votar a favor de la misma. Creemos que implica
dos cosas importantes: cambios de cultura en los profesionales y también
cambios de cultura en los padres. Pero sí es una demanda cada vez más
importante por parte de los padres que tienen niños ingresados en las
unidades de cuidados intensivos de nuestros hospitales.

Para acabar, hablaré del tercer punto. Algunos estudios ya
dicen que si invertimos en salud pública, si invertimos preventivamente,
podremos tener menos niños prematuros. Por lo tanto, esto nos va a
facilitar que tengamos menos niños en las UCI, menos sufrimiento por
parte de los padres y el sistema será más eficiente.

Voy a explicar primero el contexto de algunas tasas. La
tasa de mortalidad infantil —número de niños que mueren de cada 100
000 niños que nacen en un país— en España es del 3,37 por cada 100
000 niños nacidos vivos. Es una muy buena tasa, estamos entre los mejores
países ricos del mundo. Hemos de decir una vez más que los niños se
mueren más que las niñas —3,71 mortalidad de niños, 3,01 mortalidad
de niñas—. Y lo que es importante es que los últimos doce años ha
habido una mejora realmente importante en nuestro país. En el año 2000
teníamos unas cifras de mortalidad cercana al 5 —una tasa de
mortalidad de 4,99— mientras que ahora, en 2012, estamos en una
tasa del 3,37. Por lo tanto, nos tenemos que felicitar todos. Es verdad
que hubo un punto de inflexión muy importante en esta tasa de mortalidad,
que fue el año 2009, cuando pasamos de 4,21 a 3,42.

Me gustaría hacer un apunte sobre las madres, porque
siempre hablamos de mortalidad infantil y muchas veces nos olvidamos de
ellas. La tasa de mortalidad materna en nuestro país es de 6 por cada 100
000 madres. Cuando contamos las madres que pierden la vida durante el
parto incluimos los cuarenta y dos días después del parto.

También sería bueno que fuéramos conscientes de que en el
mundo nacen 15 millones de niños prematuros —de menos de treinta y
siete semanas de gestación— y, de ellos 1,1 millones mueren. Lo que
es verdad, y es que lo que se ha visto recientemente en un estudio
publicado hace cuatro días en The Lancet, el 16 de noviembre de 2012, es
que de casi 60 000 niños prematuros —pretérmino— se podían
haber evitado sus muertes. ¿Y cómo podíamos haber evitado estas muertes
en los países ricos, no en los países pobres? Se podría haber evitado
implementando medidas de prevención, políticas de prevención, políticas
que, a veces, bueno, desde hace un año, las echamos de menos en este
Gobierno. Algunas intervenciones que nos proponen son, por ejemplo,
cambios de cultura, reducir las cesáreas selectivas, los partos
inducidos, hacer que las mujeres dejen de fumar durante el embarazo,
limitar las transferencias de embriones en las fecundaciones in vitro y
utilizar otras técnicas como administrar progesterona u otros
medicamentos para evitar que se dé a luz de forma prematura.

Yo no voy ahora a alargarme, solamente quiero comentar que
había una propuesta, una enmienda del Grupo Socialista que a mí me
gustaba, que proponía que se promoviera el método de las madres canguro.
Voy a hacer un apunte sobre este tema, porque es una de estas historias
bonitas que la ciencia a veces nos enseña.

Las madres canguro es un método científico en el que lo que
se hace es poner al recién nacido sobre la barriga de la madre o del
padre, piel sobre piel —lo que importa es que se toquen las dos
pieles—. Este método se inventó en Colombia porque faltaban
incubadoras, lo creó un ginecólogo que veía cómo se morían los recién
nacidos porque pesaban menos de dos kilos y decidió que podía ser una
buena opción. Y, después, con estudios posteriores, se demostró que este
método hacía que estos niños que habían nacido con bajo peso tenían más
posibilidad de sobrevivir si habían sido tratados con el método de madre
canguro, en el que la madre o el padre se lo ponía en el pecho el máximo
de tiempo posible en comparación con los niños que no había seguido este
tratamiento y habían estado en incubadoras. Por eso, en 2004, la OMS lo
incorporó e hizo el primero manual de madres canguro. Este método se
utiliza poco en nuestro país, porque necesitamos un cambio de cultura de
los profesionales y de los padres. De los profesionales, porque cuando
están tratando con pacientes que son muy frágiles, no les gusta tener
—a veces— a los padres, porque estos niños, que están en las
UCI, muchas veces tienen sondas, vías y son muy difíciles de manipular.
Pero tenemos que ir haciendo este cambio cultural, para que, por un lado,
los padres puedan acceder a las UCI y estar con sus recién nacidos y, por
otro, para que los profesionales no se sientan ni vigilados ni
cuestionados por los padres. Esto requiere tiempo, pero también que lo
impulsen los Gobiernos. Por este motivo, nosotros, el Grupo Entesa, vamos
a votar a favor de esta moción.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.

Senyories, és evident que gràcies a aquesta moció tenim
l’oportunitat de debatre un tema de molta sensibilitat i, fins i
tot, molta tendresa. Si parlar, debatre, o entendre les malalties de
qualsevol classe i les seves conseqüències, ja resulta a vegades un
exercici dur, viure en primera persona la pròpia malaltia o la d’un
familiar trasbalsa enormement i remou sentiments en la seva màxima
profunditat.

La moció d’avui ens permet analitzar algunes
d’aquestes tristes situacions, i, amb molt d’orgull, els puc
dir que ens trobem, novament, davant una moció que insta el Govern a dur
unes accions que a Catalunya fa temps que ja estan consolidades, i en
aquest cas, ens hem de felicitar per la importància que tenen.

Conscients que el grau de maduresa de l’aplicació de
la pròpia carta no es igual a tots els territoris, sí que voldríem
assegurar-nos que aquelles accions que emprengui el Govern siguin en

tot cas sempre a l’alça i no puguin suposar en cap
moment una reculada en les feines que ja hi ha consolidades en diferents
territoris.

El naixement d’un fill comporta per a tots els pares
i mares una sèrie de canvis vitals, que exigeixen clarament un procés
d’adaptació a la nova situació. L’arribada dels canvis
genera, en moltes ocasions, estrès i preocupació, estats emocionals que
ara s’han vist incrementats per l’actual situació de crisis,
que, en definitiva, han provocat que s’instal·lés entre tots un
sentiment generalitzat d’inestabilitat i inseguretat. Aquesta
situació se sol accentuar quan aquest fill ha d’estar ingressat a
una Unitat de Cures de Neonatologia. En aquest cas, els pares, no només
han d’adaptar-se a la nova situació familiar, sinó que han
d’incorporar en la seva rutina diària l’ ingrés hospitalari o
l’estada a la UCI del seu fill.

L’any 1986 es va redactar la carta Europea dels Drets
dels Infants Hospitalitzats, que enumera els drets especials que tenen
els infants quan, per alguna causa, han de ser hospitalitzats. Alguns
d’aquests drets són: evitar hospitalitzacions evitables o
innecessàriament llargues, afavorir el vincle mare-fill i estar
acompanyat en tot moment per la família durant l’hospitalització.
Un drets i uns valors que a Catalunya s’han anat integrant
progressivament en la nostra estratègia sanitària. Una sensibilitat que
al llarg dels diferents Governs, del color que hagi estat, hem sabut
tenir, i tenim, present a Catalunya, tant a nivell de la UCI, on hem
integrat aquestes estratègies, com a les unitats pediàtriques.

Els centres que han avançat en la combinació de
l’atenció neonatològica i pediàtrica d’alt nivell, combinada
amb l’atenció adequada a la necessitat emocional dels nounats, han
posat de manifest que l’atenció centrada en el desenvolupament i
les necessitats dels infants i les seves famílies millora clarament els
processos cap a la curació i n’accelera la maduració. En aquest
sentit, l’any 2004, el Departament de Salut va signar un conveni
amb Unicef, seguint els continguts de la Carta Europea dels Infants
Hospitalitzats, amb la finalitat de promoure la millora de la qualitat
d’atenció assistencial de vida del pacient pediàtric en els
diferents serveis sanitaris, tenint en compte no només la cura física
sinó també les atencions psicoeducatives i socials. Es pretén que els
professionals sanitaris tinguin en compte la millora del vincle entre els
pares i l’infant en les diferents àrees en què poden estar
ingressats, així com també en el desplaçament que comporta el seu
tractament i les proves que se han de realitzar. En concret, a les
unitats de neonatologia, el reconeixement de la individualitat del nadó,
la capacitat de percebre, sentir, patir, gaudir i manifestar les seves
emocions i les emocions que li transmeten els altres, és important. Les
sensacions i les emocions viscudes durant les etapes més precoces de la
seva vida tenen una gran importància en el seu desenvolupament futur,
tant més com més immadur és el nadó i com més greu és la seva situació
inicial. Si aquestes experiències són adequades i enriquidores, el
període viscut a les unitats neonatals interferirà poc en el seu procés
de desenvolupament normal. En canvi, si aquestes són inadequades i
estressants, poden deixar una empremta en el seu procés de
desenvolupament que provoqui conseqüències a mig i llarg termini.

Com els deia, a Catalunya portem treballant aquest tema des
de fa temps, i tenim implantats, o en elaboració, diferents programes en
aquest sentit. Però especialment s’ha fet un esforç per aconseguir
implantar una pràctica assistencial humanitzada, de qualitat, segura, i
centrada en el desenvolupament del nen i en la participació de la família
com un element clau en el procés. Aquesta pràctica rep el nom de «cures
centrades en el desenvolupament», i es basa en el model Nidcap, que és el
més desenvolupat en l’actualitat en els grans hospitals catalans.
L’èxit de l’aplicació depèn tant dels coneixements i la
formació rebuda dels professionals que atenen en el servei, com de les
pròpies actituds front les necessitats dels nadons i les seves famílies.
Per això s’ha fet un gran esforç en aquest sentit, així com en la
millora de la informació i recolzament que es facilita als pares i mares
dels nadons ingressats a l’hospital. No només perquè els pares
coneguin els seus drets o els dels seus fills, que és el que demanem en
la moció, sinó perquè puguin tenir una millor informació en el maneig del
seu fill/a nascut prematurament.

Pel que fa als tres punts referents a la lactància i a la
continuïtat assistencial, dir que també estem absolutament d’acord
amb el que proposa. La lactància materna, junt amb el benestar de la mare
i l’infant, ha de ser un eix prioritari en les estratègies de
salut. Tots en sabem els beneficis, i ha de ser una prioritat. Convé
afavorir l’inicií de l’alletament matern, el més aviat
possible després del naixement, i promoure el seu manteniment al llarg
del creixement del nadó seguint les

indicacions de la OMS: lactància materna durant els sis
primes mesos de vida, i després convé que es complementi amb altres
aliments fins als dos anys de vida.

Per aquest motiu, el departament de salut de Catalunya va
donar suport a la creació del banc de llet materna, integrat en el banc
de sang i teixits. Aquest banc de llet materna vetlla per assegurar
l’alimentació materna d’aquells nadons que per determinades
causes no poden rebre llet materna de la seva pròpia mare. La llet
materna d’aquests bancs de llet contribueix en el desenvolupament
dels nadons amb baix pes, prematurs, amb risc de patologia digestiva o
intestinal, dèficit immunitari o una salut precària, també als nadons que
han estat sotmesos a cirurgies de l’aparell digestiu. També creiem
que és necessari reforçar els coneixements i les habilitats de
professionals i població en general, i dotar a les famílies d’eines
per afrontar una lactància materna amb èxit, a l’igual que
reconduir aquelles situacions que puguin suposar una dificultat per
alletar des del primer moment en que neix el nadó.

Per acabar, estem d’acord que és imprescindible dotar
els futurs pares i mares de coneixements i habilitats en el maneig de les
necessitats dels nadons i a la vegada facilitar-los eines que els
produeixin seguretat, autoconfiança i capacitat per prendre decisions. És
imprescindible per assegurar una bona i correcta recuperació del
nadó.

Per tant, i després de reflexionar i expressar en nom del
nostre grup la nostra satisfacció per haver estat capaços
d’entendre’ns en un tema tan sensible, només em resta esperar
que aquests consensos es puguin repetir en altres temes en els que creiem
que de ben segur també sabrem posar-nos-hi d’acord.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

Señorías, es evidente que, gracias a esta moción, tenemos
la oportunidad de debatir un tema de mucha sensibilidad y de incluso
mucha ternura. Si hablar, debatir o entender las enfermedades de
cualquier tipo y sus consecuencias ya resulta a veces un ejercicio duro,
vivir en primera persona tu propia enfermedad o la de algún familiar
perturba enormemente y remueve sentimientos en su máxima profundidad.

La moción de hoy nos permite analizar algunas de estas
tristes situaciones y, con mucho orgullo, les puedo decir que nos
encontramos nuevamente ante una moción que insta al Gobierno a realizar
unas acciones que en Cataluña hace tiempo que ya están consolidadas, y en
este caso nos tenemos que felicitar por la importancia que tienen.

Conscientes de que el grado de madurez de la aplicación de
la propia carta no es igual en todos los territorios, sí que quisiéramos
asegurarnos de que aquellas acciones que tome el Gobierno sean, en todo
caso, siempre al alza y no puedan suponer en ningún momento un retroceso
en las tareas que ya están consolidadas en otros territorios.

El nacimiento de un hijo comporta para todos los padres y
madres una serie de cambios vitales, que exigen claramente un proceso de
adaptación a la nueva situación. La llegada de los cambios genera en
muchas ocasiones estrés y preocupación, estados emocionales que ahora se
han visto incrementados por la actual situación de crisis, que, en
definitiva, ha provocado que se instalara entre todos un sentimiento
generalizado de inestabilidad e inseguridad. Esta situación se suele
acentuar cuando ese hijo tiene que estar ingresado en una unidad de
cuidados de neonatología. En este caso los padres no solo deben adaptarse
a la nueva situación familiar, sino que deben incorporar a su rutina
diaria el ingreso hospitalario o la estancia en la UCI de su hijo.

En el año 1986 se redactó la Carta Europea de los Derechos
de los Niños Hospitalizados, que enumera los derechos especiales que
tienen los niños cuando por alguna causa tienen que estar hospitalizados.
Algunos de estos derechos son evitar hospitalizaciones evitables o
innecesariamente largas, favorecer el vínculo madre-hijo, y estar
acompañado en todo momento por la familia durante la hospitalización,
derechos y valores que en Cataluña se han ido integrando progresivamente
en nuestra estrategia sanitaria, y una sensibilidad que durante el
transcurso de los distintos Gobiernos, fuera cual fuera su color, hemos
sabido tener presente en Cataluña, tanto a nivel de la UCI, donde hemos
integrado estas estrategias, como en las unidades pediátricas.

Los centros que han avanzado en la combinación de la
atención neonatológica y pediátrica de alto nivel con la atención
adecuada a las necesidades emocionales de los recién nacidos han puesto
de manifiesto que la atención centrada en el desarrollo de las
necesidades de los niños y

sus familias mejora claramente los procesos hacia su
curación y acelera la maduración. En este sentido, en el año 2004 el
departamento de salud firmó un convenio con Unicef siguiendo los
contenidos de la Carta Europea de los Niños Hospitalizados, con la
finalidad de promover la mejora de la calidad de atención asistencial
debida del paciente pediátrico en los distintos servicios sanitarios,
teniendo en cuenta no solo la curación física sino también las atenciones
psicoeducativas y sociales. Se pretende que los profesionales sanitarios
tengan en cuenta la mejora del vínculo entre los padres y el niño en las
distintas áreas en las cuales puedan estar ingresados, así como en el
desplazamiento que comporta su tratamiento y las pruebas que le deban
realizar. En concreto, en las unidades de neonatología el reconocimiento
de la individualidad del recién nacido, la capacidad de percibir, sentir,
sufrir y manifestar sus emociones y las que le transmiten los otros es
importante. Las sensaciones y emociones vividas durante las etapas más
precoces de su vida tienen una gran importancia en su desarrollo futuro,
tanto más cuando más inmaduro es el recién nacido y más grave es su
situación inicial. Si estas experiencias son adecuadas y enriquecedoras,
el periodo vivido en las unidades neonatales interferirá poco en su
proceso de desarrollo normal. En cambio, si estas son inadecuadas y
estresantes pueden dejar una huella en su proceso de desarrollo que
provoque consecuencias a medio y largo plazo.

Como les decía, en Cataluña llevamos trabajando en este
tema desde hace tiempo y tenemos implantados o en elaboración distintos
programas en este sentido, pero especialmente se ha hecho un esfuerzo por
conseguir implantar una práctica asistencial humana de calidad, segura y
centrada en el desarrollo del niño y en la participación de la familia
como un elemento clave en el proceso. Esta práctica recibe el nombre de
curas centradas en el desarrollo, y se basa en el modelo Nidcap, que es
el más desarrollado en la actualidad en los grandes hospitales catalanes.
El éxito de su aplicación depende tanto de los conocimientos y de la
formación recibida por los profesionales que atienden en el servicio como
de las propias actitudes frente a las necesidades de los recién nacidos y
sus familias. Por ello, se ha hecho un gran esfuerzo en este sentido, así
como en la mejora de la información y el apoyo que se facilita a los
padres y madres de los recién nacidos ingresados en el hospital, no solo
para que los padres conozcan sus derechos o los de sus hijos, que es lo
que pedimos en la moción, sino para que puedan tener una mejor
información a la hora de saber cómo tratar a su hijo nacido
prematuramente.

Por lo que se refiere a los tres puntos relativos a la
lactancia y a la continuidad asistencial, estamos absolutamente de
acuerdo con lo que se propone. La lactancia materna, junto al bienestar
de la madre y del niño, tiene que ser un eje prioritario en las
estrategias de salud. Todos conocemos sus beneficios, y debe ser una
prioridad. Hay que favorecer el inicio del amamantamiento materno justo
después del nacimiento y promover su mantenimiento a lo largo del
crecimiento del recién nacido, siguiendo las indicaciones de la OMS:
lactancia materna durante los seis primeros meses de vida, complementada
después con otros alimentos hasta los dos años de vida.

Por este motivo, el departamento de salud de Cataluña apoyó
la creación del banco de leche materna, integrado en el banco de sangre y
tejidos. Dicho banco vela por asegurar la alimentación materna de
aquellos recién nacidos que por determinadas causas no pueden recibir
leche materna de su propia madre. La leche materna de estos bancos de
leche contribuye al desarrollo de los recién nacidos con bajo peso, de
los prematuros con riesgo de patologías digestivas o intestinales, con
déficit inmunitario o con una salud precaria, así como de los recién
nacidos que han estado sometidos a cirugías del aparato digestivo.
También creemos que es necesario reforzar los conocimientos y habilidades
de profesionales y de la población en general y dotar a las familias de
herramientas para afrontar una lactancia materna con éxito, al igual que
reconducir aquellas situaciones que puedan suponer una dificultad para
amamantar al recién nacido desde el momento en que nace.

Para terminar, quiero decir que estamos de acuerdo en que
es imprescindible dotar a los futuros padres y madres de conocimientos y
habilidades en la gestión de las necesidades de los recién nacidos y, a
su vez, facilitarles herramientas que les ofrezcan seguridad,
autoconfianza y capacidad para tomar decisiones. Es imprescindible para
asegurar una buena y correcta recuperación del bebé.

Por lo tanto, y después de reflexionar y expresar en nombre
de mi grupo nuestra satisfacción porque hayamos sido capaces de
entendernos en un tema tan sensible, no me queda más que

esperar que estos consensos puedan repetirse en otros temas
en los que creemos que también sabremos ponernos de acuerdo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Por el Grupo
Popular, tiene la palabra la senadora señora Suárez. (Pausa.) Perdón,
falta el Grupo Socialista.

Gracias, señora Llinares. Tiene la palabra.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señor presidente.

Señorías, buenos días. Intervengo en nombre del Grupo
Socialista en defensa de una enmienda que el Grupo Popular no ha aceptado
y a la que ha hecho referencia la senadora Almiñana.

Es verdad que es un motivo de satisfacción tener la
capacidad de consensuar una moción, la presentada por el Grupo Popular.
Pero también tengo que decir que cuando leí la moción me quedé perpleja,
y les voy a decir por qué. Perpleja, porque todo lo que solicita el Grupo
Popular en su moción se incluye en los documentos elaborados por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, eso sí, del
Gobierno socialista, y concretamente en el siguiente documento: Cuidados
desde el nacimiento. Recomendaciones basadas en pruebas y buenas
prácticas, que forma parte de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y
Reproductiva del Ministerio de Sanidad del Gobierno socialista. Por
tanto, difícilmente podríamos votar en contra de una moción que es
prácticamente una copia de lo que estaba incluido en las resoluciones del
Ministerio de Sanidad de los años 2007, 2010 y 2011. Pero siempre es
bueno que nos acordemos de estas cuestiones y que incidamos en ellas, que
insistamos para que se lleven a la práctica.

También tenemos que recordar que lo que está contemplado en
la moción presentada por el Grupo Popular está reflejado —y así lo
dice— en la Carta Europea de Derechos de los Niños Hospitalizados,
aprobada por el Parlamento Europeo el 16 de junio del año 1986. Por
tanto, hablamos de hace mucho tiempo, y además esto se debería estar
cumpliendo.

Todos los que tenemos contacto con el mundo sanitario
sabemos y somos conscientes de que hay quejas muy frecuentes.
Concretamente, en mi comunidad, en el mes de marzo de este año, más de
cincuenta familias presentaron una queja al Sindic de Greuges, que es el
defensor del pueblo valenciano, porque no se permitía el acceso a los
padres y madres a las unidades de neonatología. Y me consta que en otras
comunidades también ha habido quejas a los defensores del pueblo en este
sentido.

Por tanto, estamos hablando de un tema importante pero en
el que —insisto— tendríamos que ir a más. E ir a más podría
ser, por ejemplo, haber aceptado la enmienda a que se ha hecho referencia
sobre promover el método madre-bebé, piel con piel, preferentemente con
la madre, pero, si no es posible, con el padre. Y eso no se está
realizando.

Lo decía la compañera Almiñana, y es verdad: la historia
del método madre canguro es un claro y bello ejemplo de cómo desde los
países en vías de desarrollo pueden generarse conocimientos aplicables
universalmente. En 1979, los doctores Rey y Martínez, del hospital San
Juan de Dios de Bogotá, Colombia, preocupados por el número insuficiente
de incubadoras para atender a los niños prematuros por la alta frecuencia
de infecciones hospitalarias, iniciaron un programa de cuidados de
prematuros que, en síntesis, consistía en colocar al niño en contacto
piel con piel, entre los pechos de su madre, alimentarle con leche
materna, adelantar el alta y continuar este tipo de cuidados en su
domicilio.

Este método ha demostrado de forma científica que mejora la
termorregulación, acelera la adaptación metabólica, reduce los episodios
de apnea, permite y favorece la lactancia materna, y que con él hay menos
riesgos de infecciones —incluso de las infecciones nosocomiales,
que son aquellas que se producen dentro de los hospitales—, una
mayor ganancia de peso y una reducción de las estancias hospitalarias.
Por tanto, este es un método muy importante, y no puedo entender por qué
el Grupo Popular no ha aceptado nuestra enmienda, una enmienda de mejora,
cuando además está contemplado, como he dicho, en la Estrategia de Salud
Sexual y Reproductiva del Ministerio de Sanidad del año 2011. Repito que
no lo puedo entender.

Solamente veintitrés de las unidades neonatales en España
ofrecen y aplican de forma desigual el método madre canguro, con todas
las ventajas que conlleva, y solo el 11% de las

unidades neonatales permite la visita de los padres las
veinticuatro horas del día sin ningún tipo de restricción, algo que
consideramos conveniente que se especificara en nuestra enmienda.

Es verdad que hace falta la implicación muy, muy específica
de los profesionales sanitarios, del profesional médico pero
especialmente del profesional de enfermería, para dar consejos a los
padres y madres y ayudarles en ese momento de su vida.

Como les decía, lo que solicita el Grupo Popular está
prácticamente contemplado, pero no en todas las comunidades se tiene el
mismo grado de implicación, el mismo grado de compromiso con estas
propuestas de mejora de acceso a las unidades neonatales y todo lo que
tiene que ver con la lactancia materna y la llegada de un nuevo niño o
niña a un hogar.

Pondré algunos ejemplos. La Organización Mundial de la
Salud hace tres recomendaciones específicas: que las unidades estén
abiertas las veinticuatro horas para los padres, que se permita la
lactancia materna a demanda, y que se tenga instaurado el método madre
canguro. Podemos decir que hay hospitales y comunidades que hacen buenas
prácticas y que, aunque les queda camino por recorrer, han avanzado
mucho. Entre esas comunidades les tengo que nombrar a la de Andalucía. Ya
sé que a ustedes cuando hablamos de sanidad y de la comunidad andaluza
les molesta un poco, pero es verdad que en la mayoría de los hospitales
tienen muy buenas prácticas en lo que respecta a esas tres
recomendaciones. Y también hay alguna comunidad que no es que no cumpla
una o dos de esas recomendaciones sino que no cumple ninguna, como la
comunidad de Castilla y León, donde en ninguno de los hospitales que
tienen unidades de neonatología se cumple —repito— ninguna de
las tres recomendaciones. Es verdad que en todas las comunidades unos
hospitales son más de referencia, como el Hospital 12 de Octubre, en
Madrid, o el Hospital La Fe, en Valencia. Pero, en todos los demás
hospitales, en unos se deja que la madre pueda amamantar al bebe a
demanda, que es lo recomendable, en otros se deja entrar en la unidad de
cuidados intensivos cada dos horas, y en otros aplican el método canguro.
Pero, como decía, en Castilla y León ningún hospital aplica las tres
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Por tanto, nos alegramos mucho de la moción pero, como dije
cuando aprobamos la moción del sida, estaremos muy vigilantes para que se
cumpla. Porque es verdad que la competencia sanitaria es de la
autonomías, pero también está el consejo interterritorial, para que, en
colaboración, se pongan en marcha las medidas que hoy aprobamos aquí; si
no, no tiene sentido. Y es que en demasiadas ocasiones aprobamos mociones
muy importantes pero que luego no se cumplen. Por tanto, insisto en que
estaremos vigilantes, como lo hicimos cuando aprobamos la moción del
sida. Afortunadamente, el Tribunal Constitucional le ha dado la razón al
País Vasco, que tiene que dar asistencia sanitaria, aunque no tengan la
cartilla, a los inmigrantes irregulares. Y espero y deseo —y me
alegro muchísimo— que podamos continuar trabajando, sin olvidarnos
de que para que todo esto funcione los profesionales tienen que estar
implicados y motivados. Y hoy, ahora, en estos momentos...

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, vaya
terminando.

La señora LLINARES CUESTA: ...los profesionales no están
motivados por los graves recortes y el gran desmantelamiento de la
sanidad pública en España.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Llinares.

Por el Grupo Popular, ahora sí, tiene la palabra la
senadora señora Suárez.

La señora SUÁREZ VALERÓN. Gracias, señor presidente.

Quiero agradecer nuevamente a todos los portavoces que
hayamos convergido en un tema tan humano como es el desarrollo de
iniciativas y actuaciones que favorezcan el bienestar de los recién
nacidos y las familias, que hayamos logrado un amplio consenso al
respecto. Como la familia es un elemento fundamental de nuestra sociedad,
las actuaciones que fomenten su bienestar repercutirán directamente en el
bienestar social, siendo así una de las mejores inversiones que podemos
realizar.

Señorías, en esta moción hablamos de medidas que afectan a
unos 40 000 niños prematuros que nacen al año en España, a los
innumerables bebés ingresados por diversas causas en los

servicios de neonatología de los hospitales de nuestro país
y, por ende, de medidas que afectan a miles de familias. En esta moción
hablamos de que en España se diagnostican 18 000 casos nuevos de cáncer
de mama y que muchos de ellos podrían haberse evitado con una información
adecuada.

Quiero mostrarles una carta del Servicio Canario de Salud,
dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Esta es
la respuesta a una solicitud de las asociaciones de Gran Canaria Azaral y
Doula Las Palmas, en la que se pedía que se implementara alguna de las
medidas recogidas en las recomendaciones basadas en pruebas y buenas
prácticas del Ministerio de Sanidad, con el fin de mejorar el servicio de
neonatología del complejo hospitalario materno infantil de Canarias.

Pues bien, señorías, la respuesta es que encuentran sus
demandas absolutamente razonables y necesarias. Eso sí, esta carta tiene
fecha de 22 de junio de 2011, y hasta ahora no se ha hecho nada al
respecto, y eso es porque la aplicación de esas recomendaciones de
cuidados desde el nacimiento se ha dejado a la arbitrariedad de las
comunidades autónomas sobre la base de las competencias sanitarias
delegadas a estas. Y no es justo que unas medidas que todos encontramos
humanas y razonables y que vienen avaladas por los profesionales de la
medicina y la comunidad científica se aplique o no a los recién nacidos o
a sus familias en razón de su lugar de nacimiento u hospitalización. Ese
y no otro, señorías, es el motivo principal de esta moción, que es
generar un protocolo sanitario que acabe con este trato desigual que
reciben las familias en las distintas comunidades autónomas.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Dada la presencia en la Mesa de una propuesta de
modificación firmada por todos los grupos, ¿se entiende aprobada por
asentimiento? (Asentimiento.)

Gracias, señorías.

Queda aprobada.

11.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
DEROGACIÓN DE LA LEY 10/2012, DE 20 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE REGULAN
DETERMINADAS TASAS EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DEL
INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES, O A LA PRÓRROGA
SINE DIE DE SU ENTRADA EN VIGOR.

(Núm. exp. 662/000051)

AUTOR: GPS

El señor vicepresidente da lectura al punto 11.2.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Para la defensa de
la moción, tiene la palabra el senador señor Díaz Tejera, su señoría, por
doble razón.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente.

Buenos días. El pasado 22 de noviembre tenía que haber
entrado en vigor la ley que abordamos en esta moción. Así lo
establecieron las Cortes Generales. Pero hete aquí que, sin que las
Cortes Generales establecieran fecha distinta, en instancia ajena a las
Cortes Generales decidieron que su entrada en vigor no debía ser el 22 de
noviembre. El secretario del Gobierno de España, dándose cuenta de que
para aplicar una tasa tenía que haberse dictado una orden del Ministerio
de Hacienda y los formularios correspondientes —algo que es
conocido por cualquier técnico de las Administración pública, sea cual
fuere el ámbito territorial de esa Administración pública—, de
pronto, como se dieron cuenta de eso, decidieron que su entrada en vigor
no fuera ese día y se dejó abierto a cuando se dictara esa orden y se
hicieran los formularios. El 15 de diciembre se publica en el Boletín
Oficial que la entrada en vigor sería el 17 de diciembre. Esa es la
primera chapuza que tiene que ver con la entrada en vigor de esta
ley.

Pero es que ya no es solo el clamor de todos los oficios
jurídicos, sin excepción, los que se oponen a este tasazo, a este
vaciamiento de contenido del derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva, ya no son solo —repito— todos los oficios
jurídicos, sino que el propio presidente del Consejo General del Poder
Judicial y el Fiscal General del Estado califican de excesivas estas
tasas. Digo excesivas, porque casualmente es la expresión que utiliza el
Tribunal Constitucional

en la única sentencia, la 20/2012, que se ha dictado en
torno a las tasas. Fíjense ustedes: de prohibir las tasas en el año 1986,
a las tasas prohibitivas en el año 2012. Antes de 2012 había tasas, pero
estaban excluidas las personas físicas y estaban excluidas también las
empresas que tuviesen una facturación de beneficios inferior a ocho
millones de euros al año; es decir, había muchos españoles excluidos, no
solo personas físicas sino también muchos pequeños y medianos
empresarios.

¿Qué ocurre con esta ley? Esta ley universaliza las tasas
porque afecta también a las personas físicas, y universaliza las tasas en
lo que tiene que ver con todas las personas jurídicas, porque ya no se
plantea la excepción de que por debajo de ocho millones su aplicación
estaba excluida; muy al contrario, se universaliza urbi et orbi y se
aplica en el orden civil, en el orden social, en la segunda instancia, y
en el orden contencioso. Sigue excluido el 72 o el 75% de los nueve
millones de pleitos que hay al año, que es el orden penal. Luego el
argumento fundamental, que es que bajasen los pleitos, ese carácter
disuasorio de que bajen los pleitos no tiene relevancia alguna, porque el
75% de los asuntos están fuera. Con lo cual ese argumento lo dejamos de
lado.

¿Cuál es la razón de ser fundamental de este texto? Como
dice la propia exposición de motivos, recaudar. Y, claro, aquí nos
tropezamos con dos cosas. Hace varias semanas ya argumentaba los
fundamentos números 3, 4 y 10 de la sentencia 20/2012, del Tribunal
Constitucional —vuelvo a reiterar: la única que se ha dictado al
respecto—, donde se plantea la necesidad de que esa tasa no sea un
factor impeditivo, innecesario o excesivo pero que, en cualquier caso, no
obstaculice el acceso a la tutela judicial efectiva. Estas expresiones de
innecesario, expeditivo y excesivo son las que utilizan once de las
sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde se acabará
viendo esto, no solo en el Tribunal Constitucional, sino en la Corte de
Estrasburgo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se encarga
de verificar el respeto al Convenio de Derechos Humanos y Libertades
Fundamentales, de Roma, 1950.

¿Qué dicen estas sentencias? Me voy a limitar solo a citar
tres de ellas. El caso Podbielsky, contra Polonia, de 28 de julio de
2005, página 65. El caso Apostol, contra Georgia, de 28 de noviembre de
2006, páginas 64-65. Y la más reciente, contra Rumania, que es el caso
Georget, de 26 de julio de 2011, página 70.

¿Qué exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con
respecto a la legislación de los países que han suscrito dicho convenio
—cuarenta y siete países— para que respete el artículo 6.2
del Convenio de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de Roma, de
1950? Exige dos requisitos, y son las expresiones exactas. La primera
expresión exacta es: objetivo legítimo; y la segunda expresión exacta:
una relación razonable de proporcionalidad.

Fíjense ustedes en que en relación con el objetivo de la
recaudación en estos casos que he citado y en otros más, hasta un total
de once, el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece que la
recaudación no es un objetivo legítimo.

En términos de explicación, fíjense en que incluso en el
supuesto abstracto de que uno pudiera pensar que el mero afán
recaudatorio pudiera ser suficiente y pudiera ser un objetivo legítimo
para vaciar de contenido un derecho fundamental —cosa que el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos no acepta en esta sentencia—,
lo que ya es de imposible explicación es que haya una relación razonable
de proporcionalidad. ¿Y saben ustedes por qué? Porque el propio Tribunal
Europeo de Derechos Humanos lo que no acepta es el desplazamiento de la
responsabilidad respecto al mantenimiento del sistema judicial a las
espaldas de los justiciables. De ahí que lo que fundamentalmente
argumenta es que no hay una relación razonable de proporcionalidad. ¿Por
qué razón? Porque los criterios que se establecen con la tabla del tasazo
se refieren a relaciones objetivas, que nada tienen que ver con la
condición subjetiva del reclamante, demandante o recurrente, es decir, no
se establecen cuantías en función de las condiciones subjetivas: las
condiciones económicas, la declaración de la renta en mano, y, en función
de tanto se gana al año, se plantea una tasa proporcional a los ingresos.
No es así, sino que, fuere cual fuere el ser humano más pobre o más rico
de España, da igual. En el momento de presentar un recurso, una demanda o
una reclamación, en cualquier caso, tiene que pagar la misma
cantidad.

Estos son algunos de los argumentos que estamos utilizando.
Y esbozo estos argumentos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque
no quisiera que España volviera a hacer el

ridículo en esta Corte de Derechos Humanos cuando este
asunto acabe llegando allí. ¿Por qué razón? Porque antes habría que tener
en cuenta la realidad que se está viviendo en el conjunto de España.
Sepan ustedes que en este año 2012 ha habido un aumento del 134,13% en
las ejecuciones hipotecarias. Y qué cosa tan sorprendente que en un
momento de profunda crisis económica, en un momento en que cientos de
miles de españoles pasan angustia para llegar a fin de mes, en un momento
tan especialmente angustioso, la esperanza —no la espera— de
estos miles de españoles no proviene de ámbitos distintos al de los
propios jueces. Es decir, no se está esperando a que la esperanza llegue
del ámbito legislativo; muy al contrario, la esperanza hoy la están
representando algunos jueces españoles que en el momento de la ejecución
hipotecaria entienden que hay un desnivel, un desequilibrio tan abismal
entre el deudor y el acreedor que están haciendo una interpretación más
razonable, generando —insisto— más esperanza de cara a estos
deudores hipotecarios.

En definitiva, en un momento de especial crisis, en un
momento de especial angustia para millones de españoles, en un momento en
que tanta gente mira con esperanza al tercero imparcial para que le
tutele frente a la criminalidad financiera, en ese momento es cuando se
pone la tasa para impedir que esos españoles puedan acudir al sistema
judicial.

Y voy a referirme a un último argumento porque sé que lo
que diga el fiscal general del Estado no les importa ni tampoco lo que
digan el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, los
notarios, registradores, secretarios judiciales, toda las asociaciones de
jueces y todas las asociaciones de fiscales. Sé que, al final, un
argumento muy importante del que puede que acusen recibo al menos en este
debate, entre los argumentos expuestos —no de temarios de
oposiciones—, los argumentos expuestos aquí y ahora, un argumento
importante es el referido al término inoportuna. ¿Dé donde sale esta
expresión? Esta expresión sale del miembro de la Mesa del Congreso de los
Diputados don Ignacio Gil Lázaro, quien reconoció en un debate sobre las
tasas que es inoportuna. Supongo que un argumento de autoridad de un
dirigente del Partido Popular puede que resulte más relevante a los
efectos de acusar recibo y responder a este argumento en concreto.

Y comoquiera que todavía tengo 3 minutos 51 segundos y que
la petición que en su momento formulé para que don Manuel Altava retirase
del Diario de Sesiones la expresión que utilizó en el Pleno pasado y que
al aprobarse el acta de este Pleno no lo ha hecho, se lo pido ahora
formalmente. Habría preferido que usted lo hiciera motu proprio, sin que
nadie se lo pidiera, pero ahora le pido formalmente que retire del Diario
de Sesiones el comentario que vertió en el pasado Pleno acusando a este
portavoz de justicia del Grupo Socialista de esgrimir argumentos del
nacionalsocialismo.

Tengo muchos argumentos para explicarlo, pero lo dejo a su
espíritu deportivo y a su amor por el rigor. (El señor presidente ocupa
la Presidencia.) De no ser así, esgrimiré un conjunto de argumentos que
no creo que sean gratos, sobre todo para usted. No sé si me he explicado
con suficiente claridad, don Manuel.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Para turno en contra, tiene la palabra la senadora
Franco.

La señora FRANCO GONZÁLEZ: Buenos días, señores
senadores.

Me corresponde realizar el turno en contra respecto a esta
moción, instada por el Grupo Parlamentario Socialista, solicitando la
derogación de las tasas.

Por lo que respecta a la referencia al senador Altava, dado
que él le contestará en persona, no haré ningún comentario al
respecto.

En su defensa de la moción del Grupo Parlamentario
Socialista en relación con la derogación de la recientemente aprobada Ley
10/2012, de tasas judiciales, ha hecho referencia a algo que también
mencionó en el pasado Pleno de presupuestos y en la comisión posterior, y
es que ha calificado a esta ley de chapuza porque aunque sí entró en
vigor el 22 de noviembre, el texto de la ley contiene una remisión
reglamentaria, en el artículo 9.2, que señala que tiene que ser el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el que, a través de
una orden, regule el modelo y la forma de hacer efectivas estas tasas.
Esto, que yo sepa, es una simple remisión reglamentaria

que se utiliza infinidad de veces, en multitud de textos
legales y, fundamentalmente, en el ámbito del derecho administrativo.

Es cierto que la aprobación de la ley no suele ir pareja
con la orden ministerial —no se suele aprobar en la misma
fecha— y, en este caso, ha habido un lapso de tiempo en el que no
se dictó esa orden ministerial y, por tanto, durante el cual los sujetos
pasivos de las tasas no las han hecho efectivas. En este sentido, les
pido que reconozcan que los efectos no han sido perjudiciales sino todo
lo contrario, han sido beneficiosos, entre comillas, ya que durante este
período los sujetos pasivos no las han tenido que abonar.

Conozco multitud de casos, infinidad de textos legales que
contienen remisiones reglamentarias, incluso fijando plazos concretos de
desarrollo reglamentario, que se han incumplido sistemáticamente y de los
que a veces no dependía el cumplimiento de una obligación tributaria sino
el ejercicio de un derecho. Por lo tanto, sí se generaba una situación de
inseguridad jurídica y perjuicios notables para los ciudadanos. En este
caso, la ley contenía una remisión reglamentaria, esa orden se dictó y se
publicó el pasado sábado, y la exacción de las tasas ha comenzado a
cobrarse a partir de este lunes, momento en que entró en vigor la orden
reglamentaria.

Además, ha hecho referencia al conjunto de reacciones de
protesta o de desacuerdo que se han generado en torno a estas tasas
judiciales y también a las opiniones que ha expresado recientemente el
propio fiscal general del Estado. En este sentido, tengo que decirle que,
por supuesto, mi grupo parlamentario respeta y escucha esas opiniones,
como ha respetado y ha escuchado las opiniones de los diferentes
colectivos vinculados al ejercicio de la función jurisdiccional y al
mundo de la justicia que han manifestado esa misma reacción de rechazo y
de protesta. Sin embargo, es cierto que revisar unas tasas, aumentar esa
cuantía y aumentar los sujetos obligados no es un cambio que se pueda
considerar positivo o que nadie acoja con cierto agrado porque al final
supone aumentar un tributo y somos conscientes de ello.

Ayer precisamente el señor Montoro dijo algo similar, y es
que somos conscientes de que gobernar en ocasiones exige tomar este tipo
de decisiones para resolver unos problemas determinados, y eso es lo que
está ocurriendo en este momento. Tenemos un problema grave —y así
también le contesto al otro argumento que señalaba usted en el sentido de
que la función era exclusivamente recaudatoria—, pero la función de
este texto legal no es exclusivamente recaudatoria, tiene muchas más
funciones y una de ellas es racionalizar la litigiosidad. ¿Recaudatoria?
En cierta medida, pero yo me inclinaría más por hablar de razones
presupuestarias porque es verdad que con la recaudación de estas tasas
vamos a incrementar los recursos destinados a la política de justicia.
Esos recursos van a estar, precisamente, vinculados, de acuerdo con el
artículo 11 de la ley, a la financiación de la justicia gratuita porque
en este país tenemos un problema muy grave en cuanto a la financiación de
la justicia gratuita.

A lo largo de este año hemos escuchado noticias muy
preocupantes en algunas comunidades autónomas, por ejemplo, en las que
los propios abogados que ejercen el turno de oficio amenazaban con
negarse a seguir prestando esa asistencia jurídica gratuita, y eso es
algo que no nos podemos permitir. Esta es, como le digo, una de las
razones por las que se ha aprobado esta Ley de tasas; una, es esa función
recaudatoria, sí, pero no es la única, hay otras muchas más razones.

También ha hecho cierta crítica, a parte del aumento de la
tasas, a su extensión a las personas físicas. Vuelvo a decir lo que dije
en el debate de la Ley de tasas. Consideramos que no existe ningún
criterio para excluir a las personas físicas de ser sujetos pasivos de
las tasas judiciales. Las razones, simplemente: el principio de igualdad
y que todos debemos contribuir al sostenimiento de los gastos públicos,
de las cargas públicas.

A continuación, ha hecho usted también referencia a que ese
incremento de la cuantía precisamente va a conculcar el derecho a la
tutela judicial efectiva de muchas personas.Como consecuencia de la
crisis económica es verdad que las familias tienen menores ingresos y que
les estamos limitando ese acceso a la tutela judicial efectiva. Vuelvo a
decir lo mismo. Me dice usted que son argumentarios, ¿de qué, de
oposición? No, son los que son. Yo me remito a lo que dice la
Constitución y la jurisprudencia constitucional. Nuestra Constitución no
reconoce la gratuidad de la justicia, lo que reconoce es la gratuidad de
la justicia en determinados casos: en los supuestos en que hay
insuficientes recursos para litigar y en los demás supuestos que
determine la ley. Al legislador se le reconoce cierto margen de libertad,
siempre respetando, por supuesto, los

márgenes constitucionales para regular los diferentes
tributos, entre ellos estas tasas judiciales; modularlos en función de
una serie de criterios que son los que ha determinado el ministerio y los
que, desde luego, ha apoyado nuestro grupo parlamentario en la
tramitación del proyecto; tener en cuenta el beneficio social, junto con
el coste social, de los diferentes procesos para modular en qué casos se
exige la tasa; determinar en qué casos, porque existe un beneficio
social, un factor o un bien social a proteger, no se debe cobrar esa
tasa; determinar también —o graduar— ese legítimo acceso a la
tutela judicial efectiva. Nosotros consideramos que para aquellas
personas que no tienen recursos se tiene que hacer a través del beneficio
de justicia gratuita; esa es la forma de garantizar el acceso a la
justicia a los ciudadanos que carecen de recursos. Además, está ahora en
vías de elaboración un nuevo texto legal de justicia gratuita que, de
acuerdo con esa situación, que es real, que es cierta, como consecuencia
de la crisis, va a aumentar el umbral para que más ciudadanos puedan
acceder a ese beneficio de justicia gratuita. Aumentar el umbral de renta
por debajo del cual es posible acceder a la justicia gratuita, además de
incluir a otros beneficiarios que consideramos que, por razones del bien
social a proteger, deben formar parte de esos beneficiarios de la
justicia gratuita, como ya dije también en el Pleno de presupuestos, que
alcanza a las mujeres víctimas de violencia de género, a los menores
víctimas de maltrato y abuso y a otra serie de colectivos; las causas con
las que estos colectivos van a acceder a los tribunales representan un
valor social digno de protección y, por tanto, deben tener acceso a ese
derecho a la justicia gratuita.

Respecto a la cuantía de las tasas, como le dije, al margen
de la libertad del legislador para fijar la cuantía en función de los
factores de esos conceptos que le cité anteriormente —beneficio
social, coste social de los procesos—, la ley establece, es verdad,
a través del sistema de tasas, este sistema mixto que ya existía en
nuestro país y que ahora se actualiza y se revisa. Se va a transferir a
los ciudadanos, a los usuarios de la justicia, una parte del coste, que
es, en términos generales, un 10% del coste. ¿Pueden parecer excesivas
las cuantías? Hay gente significada como el fiscal general del Estado, el
presidente del Consejo General del Poder Judicial, que manifiestan que
algunas de estas cuantías les parecen excesivas. Lo sabemos, hemos
escuchado esas críticas, pero no las compartimos. ¿La cuantía de la
segunda instancia es más elevada que la primera instancia? Es cierto, ya
lo he explicado también, porque el derecho a la tutela judicial efectiva
protege en mayor medida el acceso a la primera instancia, salvo en el
caso de la segunda instancia penal, y la segunda instancia pasa a formar
parte, pero en los términos que determina la ley. En este caso el
legislador ha determinado que esta segunda instancia está sujeta a unas
tasas más elevadas.

Para finalizar —porque no voy a repetir todos los
argumentos a los que hice mención en el debate del Proyecto de Ley de
tasas—, me dice que el señor Gil Lázaro ha señalado que esta
modificación que está revisando las tasas judiciales no es oportuna. Me
imagino que es la opinión del señor Gil Lázaro. Yo sí considero que es
oportuna por su finalidad, porque va destinada a financiar la justicia
gratuita y porque va acompañada de una próxima modificación de la Ley de
justicia gratuita, que va a aumentar ese umbral de renta para que más
personas con escasos recursos actualmente puedan acceder a la justicia
sin ningún tipo de coste, ni los públicos ni los privados.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Franco.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Compartiré mi tiempo con el senador Martínez Oblanca.

En efecto, la resolución del Ministerio de Hacienda permite
el inicio de la aplicación de forma efectiva de las nuevas tasas
judiciales, pero eso no resuelve el problema. Eso resuelve la cuestión
burocrático administrativa, pero en ningún caso es la respuesta al
cuestionamiento que de las mismas se ha producido desde su anuncio, desde
su aprobación, con mayor contundencia por parte de todos los operadores
jurídicos, colegios profesionales de abogados, de procuradores,
asociaciones profesionales de jueces, todas. Colectivos todos ellos, como
muy bien saben sus señorías, que se caracterizan por tener como santo
patrono a san Bakunin y como himno: «A las

barricadas». Lo han demostrado a lo largo de toda su
historia e intervención en la sociedad española. El hecho —y el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista hacía referencia a
ello— de que el presidente del Consejo General del Poder Judicial y
del Tribunal Supremo, una opinión en principio autorizada en la materia,
señale que alguna de las tasas es excesiva, como muy bien apuntaba
también el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, significa que
está diciendo que, en su opinión, esas tasas aplicando el pronunciamiento
del Tribunal Constitucional se convierten en inconstitucionales. Y eso
conlleva un riesgo sobre la aplicación de las mismas, en tanto en cuanto
se va a proyectar sobre todos aquellos procedimientos jurisdiccionales
iniciados que se vean gravados con esas tasas.

Por otro lado, ustedes saben ya —los medios de
comunicación lo han reflejado— que va a haber respuesta a la
aplicación de esas tasas. Respuesta por parte de quien desde los órganos
jurisdiccionales va a tener la función de interpretar y aplicar las
mismas. En un caso de insumisión absolutamente sin precedentes en los
ámbitos jurisdiccionales, se ha manifestado que se practicará la
liquidación de la tasa, pero que su no abono no va a significar la
paralización del procedimiento. Se dará parte a la Administración
tributaria y será ésta la que tendrá que, con los procedimientos
administrativos oportunos, ejecutar la liquidación practicada. Eso es una
interpretación de la ley, vamos a decir, acorde con el resto del
ordenamiento jurídico, pero no literal de la ley.

Se ha anunciado que desde los órganos jurisdiccionales se
promoverán recursos de inconstitucionalidad a la ley. Se han anunciado
desde los grupos parlamentarios recursos de inconstitucionalidad. Y sin
ninguna duda, la defensora del pueblo va a recibir solicitudes para que
se formulen estos recursos de inconstitucionalidad. Y ello ¿por qué?
—voy terminando—. Primero, no es verdad que con estas tasas
se vaya a producir una respuesta a la supuesta, entre comillas, necesidad
de racionalizar la litigiosidad. Los datos de la Memoria del Consejo
General del Poder Judicial de 2010 indican que hay una caída en esa
litigiosidad como consecuencia de la crisis. Y, luego, que en la
argumentación se abunde en que las tasas gravan o castigan la segunda
instancia en el fondo lo que demuestra, aún con más claridad, es la
injusticia de estas tasas.

En la segunda instancia, quien de forma poco justificada
acude al mecanismo del recurso es, fundamentalmente, quien tiene que
pagar y pretende dilatar, hacer efectivo el importe de la cuantía fijada
en la sentencia. Por lo tanto, a quien va a beneficiar es a quien puede
pagar esa tasa y puede dilatar el procedimiento. A quien cuenta con más
recursos. Por un lado, la Administración condenada, en unos casos, como
responsable patrimonial y, en otros, con prestaciones que tiene que
abonar y que recurrirá sin problema. En segundo lugar, las entidades con
más recursos, las compañías de seguros que tienen que pagar esas
indemnizaciones. Esto acredita la injusticia del procedimiento.

Por todo ello, me reitero en los argumentos para rechazar
el mantenimiento de las tasas judiciales.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Senador Martínez Oblanca, tiene la palabra.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor
presidente.

Me sorprendió que hace una semana, en concreto, el pasado
10 de diciembre, el Grupo Socialista presentase una iniciativa que tenía
como objeto la derogación o la congelación de la entrada en vigor de una
ley aprobada por las Cortes Generales tres semanas antes, en concreto, el
14 de noviembre, tras el debate que mantuvimos en el Senado, previo
procedimiento relámpago en el Congreso, en una comisión con capacidad
legislativa plena.

Sin embargo, en tan escaso tiempo, la propuesta socialista
ha cobrado mucho sentido tras el correcalles en el que se convirtió el
Ministerio de Justicia en lo que hace referencia a la aplicación de las
propias tasas aprobadas en esta ley, una aplicación que ha tenido que ser
demorada hasta hace apenas unas horas, hasta el pasado lunes, por la
imprevisión del Gobierno y la carencia de los impresos adecuados.

Es lo que tienen las prisas, señores del Partido Popular, y
que el ministro Ruiz-Gallardón agradezca al recaudador colega del
Gobierno, al ministro Montoro, el haberle arrastrado al ridículo por las
prisas para comenzar a cobrar estas nuevas tasas.

Como ya dije en otras ocasiones, ha resultado absolutamente
falso aquel lema de campaña paseado por el Partido Popular hace un año
durante su triunfal campaña electoral que decía que, lo primero, el
empleo. Falso. Lo primero, recaudar. Y la Ley 10/2012, de 20 de
noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la
Administración de Justicia, forma parte de otro cartucho recaudatorio
inspirado por este Gobierno.

En este escasísimo periodo de gatillazo recaudatorio con
cargo a estas nuevas tasas judiciales, se han recrudecido y ampliado las
quejas y protestas por esta ley. Ya no son solamente, como se ha dicho
esta mañana, las derivadas del mundo jurídico, de los colegios
profesionales, asociaciones, autoridades judiciales y otras muchas voces
autorizadas, ahora también son las comunidades autónomas y los
ayuntamientos los que están sumándose con iniciativas y acuerdos en
contra de la aplicación de esta ley.

Incluso se pone en seria duda su constitucionalidad, porque
como ya hemos repetido en esta Cámara, esta ley quiebra el derecho
consagrado en el artículo 24 de nuestra Carta Magna, que hace referencia
a la tutela judicial efectiva.

Por tanto, doy por reiterados los argumentos que expresé
durante el debate del pasado 14 de noviembre en el Senado y, al igual que
entonces rechacé esta ley de tasas judiciales, hoy me parece no solamente
oportuna, sino necesaria e imprescindible, una moción que solicite al
Gobierno la derogación de esta ley que, nacida de la voluntad de mejorar
la justicia, acabará por ser tremendamente injusta.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez
Oblanca.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Zubia. Enhorabuena por el premio de ayer.

El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente, por
partida doble, por el premio y por mi intervención de ahora. (Risas.)

Señor presidente, señorías, creemos innecesario decir que
el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado va a votar a favor de la moción
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Baste recordar que
nuestro grupo presentó hace poco más de un mes una propuesta de veto al
que era entonces Proyecto de Ley de tasas judiciales. A lo entonces dicho
me remito y remito a todas sus señorías.

No voy ahora a reiterar los argumentos esgrimidos,
simplemente diré que estamos ante una ley que lesiona, ciertamente,
derechos fundamentales, que tiene una finalidad —quiérase o
no— recaudatoria, que consagra una justicia para ricos y otra para
pobres y que, en definitiva, impide el acceso a la justicia de un gran
número de ciudadanos.

Son estas razones más que suficientes para rechazar lo que
era un proyecto de ley y hoy ley, cosa que hicimos, y para apoyar esta
moción, cosa que haremos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Zubia.

Amplío la felicitación del senador Zubia al senador
Quintero, también por el premio de ayer.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra la senadora Pineda.

La señora PINEDA BALLÓ: Gracias, presidente.

En primer lugar felicitar a los dos senadores.

Durant tres setmanes es va barallar la possibilitat
—i suposo que d’aquí aquesta moció—, que la Llei de
taxes no entrés en vigor, malgrat que estigués aprovada i fins i tot
publicada. I aquesta possibilitat procedia de la descoordinació entre el
Ministeri de Justícia, que havia aprovat la Llei, i el Ministeri
d’Hisenda, que havia de desenvolupar el reglament per a
l’aplicació d’aquestes taxes.

M’alegro que, malgrat tot, després de la
descoordinació pública i notòria entre ambdós ministeris, almenys hagin
tingut la decència de no aplicar retroactivament les taxes judicials
durant aquest impàs de tres setmanes en què estava en vigor la llei i, en
canvi, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques no havia
habilitat la manera de poder pagar aquestes taxes. La possibilitat de la
qual parlo venia recolzada per múltiples manifestacions des de tots els
sectors de

la justícia, des d’agents judicials a jutges, passant
per fiscals, també des dels col·legis d’advocats i procuradors, que
es van manifestar —i manifestar vull dir manifestar en tots els
sentits— contra aquestes taxes. Però no només des de l’àmbit
de la justícia, també des de l’àmbit de les associacions de
consumidors i usuaris. Crec que la idiosincràsia de la justícia fa molt
difícil que hi hagi associacions d’usuaris de la mateixa forma que
existeixen, per exemple, en altres serveis públics, però precisament en
aquest cas les associacions de consumidors i usuaris generalistes poden
fer aquest paper de ser la veu d’aquells que s’estan quedant
sense veu en l’àmbit de la justícia.

I amb aquest tema he de reconèixer al Govern del Partit
Popular que tenen una virtut; una virtut sense buscar-ho, és clar, ja que
han aconseguit que tothom es posi d’acord amb una cosa: que mostrin
el seu desacord a les taxes judicials. Crec que en l’àmbit de la
justícia això no havia passat mai. Els felicito.

Però allò que resulta més desafortunat de tot plegat
—crec— són les declaracions del propi ministre de Justícia en
aquest sentit. No només ha aconseguit posar d’acord a tots els
actors contra les taxes judicials, no només ha aconseguit que els jutges
no el reconeguin com a interlocutor vàlid per afrontar els canvis
legislatius necessaris en l’àmbit de la justícia, sinó que a més és
profundament desafortunat quan és capaç de dir, en una entrevista
radiofònica, que com vol que els jutges no estiguin enutjats si el que
hem fet és treure’ls la paga doble. Sincerament, quina poca vista
per un ministre que jo el tenia amb una capacitat extraordinària per
propiciar diàleg i trobar consens. Aquestes declaracions
—permeti’m que els digui— no deixen de ser una sortida
endavant que l’únic que aconsegueixen és enrarir, encara més,
l’ambient en relació al Ministeri de Justícia i als jutges.

Finalment, però, sembla que el passat divendres els dos
ministeris finalment es van aconseguir coordinar amb la finalitat de
posar en marxa aquesta Llei de taxes judicials. Hem arribat tard amb
aquesta moció —és cert—, però això no obsta que estiguem en
contra de l’aprovació de la llei, tal i com vam demostrar amb la
presentació de veto i esmenes. Per tant, votarem a favor, evidentment,
d’aquesta moció malgrat que, com deia, ja ha perdut la seva
vigència, ni que sigui per qüestió de dies, perquè de fet va entrar en
vigor el dia 17.

Per primera vegada tots els ciutadans que hagin
d’accedir a la justícia abonaran taxes. Fins ara —és
veritat— només ho feien empreses amb més de 8 milions d’euros
de facturació a l’any. Però és que a més a més les quantitats
d’aquestes taxes es dupliquen. La taxa fixa oscil·la entre els 100
i els 1‏‏200 euros, en funció del tipus de plet i de les
vegades que s’hagi de recórrer la sentència; però, a més a més,
existeix la taxa variable, afegida a l’altra, que pot fer que fins
i tot es dispari. Així, l’Administració de Justícia cobrarà fins a
un 0,5% del valor dels béns que es reclamin en la demanda i, si no
existeix un valor que es pugui determinar, la taxa serà de 90 euros.

D’acord que les taxes no s’apliquen en tots els
plets; no s’apliquen, per exemple, en l’àmbit penal, però,
per primera vegada, s’aplicaran a la jurisdicció social, a les
demandes per deutes inferiors a 2000 euros i, en alguns assumptes,
referits a menors i a drets fonamentals. M’agradaria, per exemple,
determinar que en les demandes per deutes inferiors a 2000 euros
m’agradarà veure com, en aquest cas algunes comunitats de
propietaris que tenen deutes inferiors a aquestes quantitats, es
dirigiran a la justícia. Si a hores d’ara ja era complicat afrontar
les despeses d’un advocat i procurador, si afegim una taxa
directament no hi aniran.

L’objectiu — vostès ho han dit per activa i per
passiva— és dissuadir els ciutadans que presentin demandes, perquè
ho facin només quan sigui realment necessària i s’eviti així
l’abús dels recursos. Com sempre, i com és habitual amb vostès, per
acabar amb els abusos i la picaresca directament barren l’accés al
servei públic, o bé criminalitzen els seus usuaris, com ho van fer la
setmana passada quan vam tractar en aquest Ple la reforma del Codi Penal
i es va aprovar un nou tipus penal per a treballadors aturats i
pensionistes pel cas que es beneficiïn, quan no toca, d’una
prestació de la Seguretat Social ni que sigui per valor d’un
euro.

Aquesta és una alternativa a l’abús, és cert, però al
mateix temps és injusta. Segur que és la més fàcil, això també. I a més a
més desconeix el paper que juguem moltes vegades els advocats, entre els
quals m’incloc, que no presentem demandes per gust, sinó que les
presentem com a últim recurs, i fem vàlida la màxima que val més un mal
acord, que un bon plet. Però no només desconeixen el paper important que
juguem en la justícia com a mediadors, fins i tot, els propis advocats,
sinó que també sembla que desconeixen l’article 24 de la
Constitució espanyola que

consagra el dret a la tutela judicial efectiva quan en el
seu redactat estableix que totes les persones que tenen dret a obtenir la
tutela efectiva dels jutges i tribunals en exercici dels seus drets i
interessos legítims, sense que en cap cas es pugui produir
indefensió.

Quan es va crear en la Transició, a través de la
Constitució Espanyola, el present Estat en el qual vivim —que ens
pot agradar més o menys, o que podem dir que es necessiten d’alguns
canvis, però que en tot cas respectem i acatem les seves lleis—,
vam crear un Estat social i democràtic de dret, on la justícia té una
doble vessant. Una justícia com a dret fonamental, consistent en el dret
d’accés de tots els ciutadans al sistema jurisdiccional, i
l’articulació d’un sistema públic de justícia per tal que els
ciutadans puguin exercir aquest dret d’accés al sistema.

Però sembla que no només desconeixen la Constitució, sinó
que a més a més desconeixen el Tribunal Constitucional, o bé el
reconeixen, en tot cas, quan els convé, ja que té sentències, en aquest
sentit, quan fan referència a l’article 24.1 de la Constitució i de
l’accés a la jurisdicció. I ho hem dit i ho hem repetit amb
múltiples ocasions i ho torno a dir: l’establiment de les taxes per
a persones físiques dificultarà massa l’accés a la jurisdicció a
una gran quantitat de persones que, per una banda, no poden ser
beneficiaris de la justícia gratuïta però, per l’altra, tampoc
disposen de prous mitjans per fer front a uns procediments en el quals, a
més de pagar les taxes han de pagar els honoraris dels advocats i els
honoraris dels procuradors. I a més a més tampoc es té en compte la seva
situació econòmica.

Aquesta llei expulsa de facto del sistema públic de
justícia a un nombre important de persones, que resulta una
menysvaloració d’un dret fonamental, i per qui pugui satisfer els
preus de les taxes, per qui ho pugui pagar, a més a més aquests són un
autèntic repagament, i a Catalunya li hauria de dir un autèntic
«requetepagament», perquè és clar, a Catalunya no només es paga des dels
impostos, no només es paga des de les taxes de l’Estat, sinó que a
més a més tenim les taxes de la Generalitat. En aquest cas sí que la
Generalitat ja ha anunciat que portarà les taxes judicials aprovades pel
seu Govern al Consell de Garanties Estatutàries, en aquest cas pas previ
per anar al Tribunal Constitucional.

I és per tot això que, evidentment, votarem a favor
d’aquesta moció. Gràcies. (Aplaudiments.)

Durante tres semanas se barajó la posibilidad —y
supongo que de ahí está moción— de que la Ley de tasas no entrara
en vigor, a pesar de que estuviera aprobada e incluso publicada. Y esta
posibilidad procedía de la descoordinación entre el Ministerio de
Justicia, que había aprobado la ley, y el Ministerio de Hacienda, que
debía desarrollar el reglamento para la aplicación de estas tasas.

Me alegro de que, a pesar de todo, después de la
descoordinación pública y notoria entre los dos ministerios, por lo menos
hayan tenido la decencia de no aplicar retroactivamente las tasas
judiciales durante este impasse de tres semanas en las que ha estado en
vigor la ley y en cambio el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas no había habilitado la forma de pagar estas tasas. La
posibilidad de la que hablo había sido manifestada por todos los sectores
de la justicia, desde los agentes judiciales y jueces, pasando por los
fiscales, hasta los colegios de abogados y procuradores, que se
manifestaron —y cuando hablo de manifestar quiero decir en todos
los sentidos— contra estas tasas. Pero esta oposición no solo
proviene de la justicia, sino también del ámbito de las asociaciones de
consumidores y usuarios. Creo que la idiosincrasia de la justicia hace
muy difícil que haya asociaciones de usuarios tal y como existen en otros
servicios públicos, pero precisamente en este caso las asociaciones de
consumidores y usuarios pueden ejercer el papel de ser la voz de aquellos
que se están quedando sin ella en el ámbito de la justicia.

Y con ocasión de este tema debo reconocerle al Gobierno del
Partido Popular una virtud; una virtud que, sin duda, no ha buscado, y es
la de conseguir que todo el mundo se ponga de acuerdo en algo y muestre
su desacuerdo con las tasas judiciales. Creo que en el ámbito de la
justicia esto no había sucedido nunca. Les felicito.

Pero lo que resulta más desafortunado de todo esto
—creo— son las declaraciones del propio ministro de Justicia
en este sentido. No solo ha conseguido poner de acuerdo a todos los
actores contra las tasas judiciales, no solo ha conseguido que los jueces
no le reconozcan como interlocutor válido para afrontar los cambios
legislativos necesarios en el ámbito de la justicia, sino que además es
profundamente desafortunado cuando es capaz de decir en una entrevista
radiofónica que cómo quiere que los jueces no estén enfadados si lo que
han hecho es quitarles la paga extra.

Sinceramente, qué poca vista la de un ministro que yo creía
con una capacidad extraordinaria para propiciar el diálogo y buscar el
consenso. Estas declaraciones —permítanme que se lo diga— no
dejan de ser una salida de tono y lo único que consigue es enrarecer
todavía más la relación del Ministerio de Justicia con los jueces.

Por último, parece que el pasado viernes los dos
ministerios finalmente consiguieron coordinarse con la finalidad de poner
en marcha esta Ley de tasas judiciales. Hemos llegado tarde con esta
moción —es cierto—, pero ello no supone que no estemos en
contra de la aprobación de la ley, tal y como demostramos con la
aprobación del veto y de las enmiendas. Por lo tanto, votaremos a favor,
evidentemente, de esta moción, a pesar de que ya ha perdido su vigencia,
aunque sea por unos días; de hecho, entró en vigor el día 17.

Así pues, por primera vez todos los ciudadanos que deban
acceder a la justicia pagarán tasas. Hasta ahora —es cierto—
solo lo hacían empresas con más de 8 millones de euros de facturación al
año. Pero es que, además, las cantidades de estas tasas se duplican. La
tasa fija oscila entre los 100 y los 1200 euros en función del tipo de
juicio y de las veces que se haya recurrido la sentencia; pero, además,
existe la tasa variable, que añadida a la anterior, puede hacer que
incluso se dispare. Así la Administración de Justicia cobrará hasta un
0,5% del valor de los bienes que se reclamen en una demanda, y si no
existe un valor que se pueda determinar, la tasa será de 90 euros.

Es cierto que las tasas no se aplican en todos los pleitos;
no se aplican, por ejemplo, en el ámbito penal, pero por primera vez se
aplicarán en la jurisdicción social, en las demandas por deudas
inferiores a 2000 euros y en algunos asuntos referidos a menores y a
derechos fundamentales. Así que me gustaría ver, por ejemplo, en cuanto a
las demandas por deudas inferiores a 2000 euros, cómo algunas comunidades
de propietarios con deudas inferiores a estas cantidades se dirigirán a
la justicia. Si ya era complicado afrontar los gastos de un procurador,
con la tasa, directamente no se irá a los juzgados.

El objetivo —y ustedes lo han dicho por activa y por
pasiva— es disuadir a los ciudadanos de que presenten demandas para
que lo hagan solo cuando sea realmente necesario y se evite así el abuso
de los recursos. Como siempre, como es habitual en ustedes, para acabar
con los abusos y la picaresca directamente vetan el acceso al servicio
público y criminalizan a sus usuarios, como hicieron la pasada semana
cuando trataron en este Pleno la reforma del Código Penal y se aprobó un
nuevo tipo penal para trabajadores parados y pensionistas en caso de que
se beneficien cuando no toca una prestación de Seguridad Social, aunque
sea por valor de un euro.

Esta es una alternativa al abuso, es cierto, pero al mismo
tiempo es injusta, aunque seguro que es la más fácil. Y además desconoce
el papel que jugamos muchas veces los abogados, que no presentamos
demandas por gusto, sino que lo hacemos como último recurso haciendo
válida la máxima de que más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Pero
no solo desconocen el importante papel que jugamos en la justicia como
mediadores, incluso los propios abogados, sino que también parece que
desconocen el artículo 24 de la Constitución española, que consagra el
derecho a la tutela judicial efectiva cuando en su redactado establece
que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los
jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos
sin que en ningún caso pueda producirse indefensión.

Cuando se creó en la Transición, a través de la
Constitución española, el presente Estado en el que vivimos —que
nos puede gustar más o menos, podemos decir que se necesitan algunos
cambios, pero, en todo caso, respetamos y acatamos sus leyes—,
entonces se creó un Estado social y democrático de derecho donde la
justicia tiene una doble vertiente. Una justicia como derecho fundamental
que consiste en el derecho de acceso de todos los ciudadanos a los
sistemas jurisdiccionales y la articulación de un sistema público de
justicia con el fin de que los ciudadanos puedan ejercer este derecho de
acceso al sistema.

Pero parece que no solo desconocen la Constitución, sino
que, además, desconocen el Tribunal Constitucional, o bien lo reconocen
cuando les conviene, ya que hay sentencias en este sentido, como las que
se refieren al artículo 24.1 de la Constitución y al acceso a la
jurisdicción. Lo hemos repetido en múltiples ocasiones y lo vuelvo a
decir ahora: el establecimiento de las tasas para las personas físicas
dificultará demasiado el acceso a la justicia a una gran cantidad de
personas que, por un lado, no pueden ser beneficiarias de la justicia
gratuita, pero, por otro, tampoco disponen de los medios suficientes como
para hacer frente a un procedimiento en el que,

además de pagar las tasas, deben pagar los honorarios de
los abogados y procuradores, y en la que tampoco se tiene en cuenta su
situación económica.

Esta ley expulsa de facto del sistema público de justicia a
un número importante de personas en menosprecio de un derecho
fundamental, y para quien pueda pagar las tasas judiciales, son realmente
un auténtico repago, y en Cataluña un auténtico «requetepago», porque en
Cataluña no solo se pagan los impuestos y las tasas del Estado, sino que
además tenemos las tasas de la Generalitat. En este caso la Generalitat
ya ha anunciado que llevará las tasas aprobadas por su Gobierno al
Consejo de Garantías Estatutarias, en este caso paso previo para ir al
Tribunal Constitucional.

Y es por todo ello que, evidentemente, votaremos a favor de
esta moción.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pineda.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la
palabra la senadora Parera.

La señora PARERA ESCRICHS: Muchas gracias, señor
presidente. Nosaltres no qüestionem l’existència d’unes taxes
judicials —no s’ha de confondre el que defensem aquí amb
això— ni tampoc no qüestionem la necessitat de revisar, fins i tot,
aquelles que estaven vigents, no ja en l’actualitat, sinó abans de
l’aprovació del projecte de llei. Degut a la situació de crisi
econòmica jo crec que això no ho pot discutir ningú, però crec que
aquesta revisió s’ha de fer amb sentit comú, amb criteri i amb molt
de diàleg amb els agents del sector.

Diu el Partit Popular que ha escoltat a tots els afectats.
Jo els diria que una cosa és escoltar i l’altra és dialogar. El
diàleg comporta molt més que escoltar una persona, el diàleg comporta
valorar allò que t’està aportant aquella persona, fer una reflexió
profunda i, sobretot, partir del punt de vista que no sempre s’està
en poder de la veritat absoluta i que potser els arguments que
t’està donant l’altra persona són vàlids i t’han de fer
canviar el teu criteri. Jo crec que això no ha passat. No s’ha
dialogat amb els altres grups parlamentaris, i la prova són els vetos de
tots els grups parlamentaris que hi va haver a aquest projecte de llei;
no s’ha dialogat amb els afectats, i la prova són les
manifestacions constants que hi ha al carrer i en els jutjats a causa
d’aquesta aprovació del projecte de llei de taxes; no s’ha
dialogat amb les comunitats autònomes, i aquí vull referir-me al problema
de duplicitat de taxes judicials que ens trobem a Catalunya, problema que
vostès resolen molt fàcilment amb un recurs d’inconstitucionalitat
perquè les comunitats autònomes eliminin la seva taxa i així ells
ingressin menys i l’Estat ingressi més, cosa que ara mateix les
comunitats autònomes no necessitem, el que necessitem són molts més
ingressos. Fins i tot arriben a reconèixer que llegeixen vostès
l’informe del Consell General del Poder Judicial, ho consideren i
ho estudien, però arriben a la conclusió que, una vegada més, vostès
estan en poder de la veritat absoluta, vostès tenen raó i els demés no la
tenen i, per tant, el Consell General del Poder Judicial no la té. Com es
pot arribar a la conclusió que no s’està d’acord amb un
informe que diu que una taxa que s’incrementa en un 167% pot portar
a una inconstitucionalitat de la llei, perquè es vulnera un dret
fonamental com és el de l’accés a la justícia per part dels
ciutadans? Jo, amb tots els meus respectes, no ho puc entendre.

Justifiquen vostès l’aprovació d’aquest
projecte de llei per la justícia gratuïta, tota la justificació és
aquesta. Jo ho justifico per una altra cosa, que és la necessitat de
recaptació. Vostès ho justifiquen per l’accés a la justícia
gratuïta i no fan una reflexió. Està molt bé que es financi la justícia
gratuïta, no dic que no s’hagi de fer, és una cosa que s’ha
de fer, però això és a costa d’impedir, a una gran classe mitjana,
l’accés a la justícia? Jo crec que no. Hem de posar una línia
vermella, hem de posar un límit, i hem de veure si per beneficiar un
col·lectiu estem perjudicant a un col·lectiu encara molt més gran.

Parlen reiteradament del respecte a la Constitució. És molt
necessari el respecte a la Constitució, estem totalment d’acord,
però és molt preocupant que quan es parla de drets fonamentals reconeguts
a la Constitució aquest respecte no el tenen tant; ho hem vist amb
l’aprovació d’aquest projecte de llei, ho hem vist amb la
tramitació del projecte de llei de reforma del Codi Penal que vam veure
la setmana passada en aquest Ple, així com amb temes que afecten a drets
fonamentals tant importants, reconeguts en la Constitució, i que es
tramiten amb una celeritat jo crec innecessària, tot per recaptar, i es
tramita sense diàleg, es tramita sense parlar amb ningú i es tramita
sense acceptar esmenes de ningú i donant per assentat, una vegada més,

que el Govern està en possessió de la veritat absoluta i
els demés no en tenim ni idea de res. I a mi, això, em sembla molt
preocupant, sobretot perquè no prenen exemple del que ha passat amb
l’aprovació d’aquest projecte de llei, no només les
manifestacions ni les queixes constants, sinó la patinada que han tingut
a l’hora de posar preses amb l’aprovació d’un projecte
de llei i que després s’estigui un mes amb un buit legal
espectacular, sense poder recaptar res perquè resulta que no hi ha un
formulari fet. Em sembla que fer el ridícul d’aquesta manera no és
el que toca en aquest moment en aquest país —ni en aquest moment ni
mai, però especialment en aquest moment—. Crec que això haurien
d’agafar-ho d’exemple de com les preses no són bones
conselleres i que, potser, tractant els temes amb una mica més de pausa i
diàleg aniríem tots molt millor.

Estem d’acord que hem de racionalitzar
l’Administració de Justícia, però això no s’aconsegueix a
base d’impedir l’accés a ella als ciutadans. Segur que
d’aquí un any veurem un informe o veurem aquí en una compareixença
del Govern o en un informe del Comitè de Govern o en algun mitjà de
comunicació afí, que el Govern es penja una medalla perquè ha aconseguit
rebaixar els retards en l’Administració de Justícia. Però si això
és a costa que molta gent no pugui reclamar o no pugui accedir a un
jutjat, em sembla que no és per posar-se medalles ni per felicitar-se,
sinó per fer una reflexió profunda.

Jo advocaria més per un diàleg, per buscar sistemes
alternatius per racionalitzar l’Administració de Justícia. Pensem
en altres sistemes alternatius de resolució de conflictes, parlem
d’aquestes coses, però no anem tot a la butxaca del ciutadà per
recaptar més nosaltres i posant moltes traves a un accés a la justícia
que en moments de crisi és més necessari que mai perquè hi ha més
impagaments que mai, i només estem aquí beneficiant a les grans fortunes,
a les grans empreses que no tenen problema en pagar una taxa alta, però
sí que estem perjudicant a una gran classe mitjana que ho està passant
malament, a molts autònoms, a moltes petites i mitjanes empreses que
veuran com no poden reclamar allò que els pertoca perquè els suposa unes
taxes excessives. També veurem com afectarà això als despatxos
d’advocats, que la majoria són despatxos petits, a procuradors, a
traductors jurats; com afectarà al consum, perquè no hi haurà crèdit al
consum, etcètera.

Per tant, òbviament i com ja vaig manifestar en la
tramitació del projecte de llei en el seu moment, donarem suport a la
moció presentada pel Grup Socialista, perquè no estem d’acord amb
aquest projecte de llei i seguim mantenint el nostre desacord amb
aquest.

Moltes gràcies.

Nosotros no cuestionamos la existencia de unas tasas
judiciales —no se debe confundir lo que defendemos aquí con
eso— ni tampoco cuestionamos la necesidad de revisar las que
estaban vigentes, no ya en la actualidad, sino antes de la aprobación del
proyecto de ley. Con la situación de crisis económica esto no lo puede
discutir nadie, pero creo que esta revisión se debe hacer con sentido
común, con criterio y con mucho diálogo con los agentes del sector.

Dice el Partido Popular que ha escuchado a todos los
afectados. Yo les diría que una cosa es escuchar y la otra es dialogar.
El diálogo conlleva mucho más que escuchar a una persona, conlleva
valorar aquello que te está aportando esa persona, hacer una reflexión
profunda, sobre todo partiendo del punto de vista de que no siempre se
está en poder de la verdad absoluta y que quizá los argumentos que te da
la otra persona son válidos y pueden hacerte cambiar de criterio. Yo creo
que esto no ha sucedido. No se ha dialogado con los otros grupos
parlamentarios, y la prueba son los vetos de todos los grupos
parlamentarios que se presentaron a este proyecto de ley; no se ha
dialogado con los afectados, y la prueba son las constantes
manifestaciones que hay en las calles y en los juzgados por la aprobación
del proyecto de ley de tasas; no se ha dialogado con las comunidades
autónomas, y aquí quiero referirme al problema de duplicidad de tasas
judiciales que nos encontramos en Cataluña, problema que ustedes
resuelven muy fácilmente con un recurso de inconstitucionalidad para que
las comunidades autónomas eliminen su tasa y así ellas ingresen menos y
el Estado ingrese más, cosa que ahora mismo las comunidades autónomas no
necesitamos, lo que necesitamos son muchos más ingresos. Incluso ustedes
llegan a reconocer que leen el informe del Consejo General del Poder
Judicial, que lo consideran y lo estudian, pero llegan a la conclusión de
que, una vez más, ustedes tienen el poder de la verdad absoluta, ustedes
tienen razón y los demás no la tienen y, por lo tanto, el Consejo General
del Poder Judicial no la tiene. ¿Cómo se puede no estar de acuerdo con un
informe que dice que una tasa que se

incrementa en un 167% puede llevar a una
inconstitucionalidad de la ley porque se vulnera un derecho fundamental
como es el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos? Yo, con
todos mis respetos, no lo puedo entender.

Justifican ustedes la aprobación de este proyecto de ley
por la justicia gratuita, toda la justificación es esta. Yo lo justifico
por otro lado: por la necesidad de recaudación. Ustedes lo justifican por
el acceso a la justicia gratuita y no hacen una reflexión. Está muy bien
que se financie la justicia gratuita, no digo que no se deba hacer, es
algo que hay que hacer, ¿pero a costa de impedir a una gran clase media
el acceso a la justicia? Yo creo que no. Debemos poner una línea roja,
debemos poner un límite y ver si para beneficiar a un colectivo estamos
perjudicando a un colectivo todavía mayor.

Hablan reiteradamente del respeto a la Constitución. Es muy
necesario el respeto a la Constitución, estamos totalmente de acuerdo con
ello, pero es muy preocupante que cuando se habla de derechos
fundamentales reconocidos en la Constitución este respeto no lo tienen;
lo hemos visto con la aprobación de este proyecto de ley, lo hemos visto
con la tramitación del proyecto de ley de reforma del Código Penal, que
debatimos la semana pasada en este Pleno, así como en temas fundamentales
reconocidos en la Constitución y que se tramitan con una celeridad creo
que innecesaria, todo para recaudar, y se tramitan sin diálogo, sin
hablar con nadie y sin aceptar enmiendas de nadie, dando por sentado una
vez más que el Gobierno está en posesión de la verdad absoluta y que los
demás no tenemos ni idea de nada. Esto me parece muy preocupante, sobre
todo porque no toman ejemplo de lo que ha sucedido con la aprobación de
este proyecto de ley, no solo las manifestaciones y las quejas
constantes, sino el resbalón que han tenido al sacar un proyecto de ley
que luego está un mes con un gran vacío lega, sin poder recaudar nada
porque resulta que no existen formularios. No hace falta hacer el
ridículo de esta forma, no toca en este momento —ni en este, ni
nunca, pero especialmente en este momento—. Creo que deberían tomar
ejemplo de que las prisas no son buenas consejeras, y mi consejo es
tratar los asuntos con un poco más de pausa y de diálogo, y así iríamos
todos un poco mejor.

Estamos de acuerdo en que debemos racionalizar la
Administración de Justicia, pero eso no se consigue a base de impedir el
acceso a la misma a los ciudadanos. Seguro que dentro de un año veremos
un informe, o aquí, en una comparecencia del Gobierno, o en algún medio
de comunicación afín, que el Gobierno ha conseguido rebajar los retrasos
en la Administración de Justicia. Bien; pero si eso es a costa de que
mucha gente no pueda reclamar, no pueda acceder a un juzgado, nos parece
que no es para ponerse medallas ni para felicitarse, sino para una
reflexión profunda.

Yo abogaría más por un diálogo, por buscar sistemas
alternativos para racionalizar la Administración de Justicia. Pensemos en
otros sistemas alternativos de resolución de conflictos, hablemos de
estas cosas, pero no vayamos solo al bolsillo del ciudadano para recaudar
más y poner muchas trabas a un acceso a la justicia que en momentos de
crisis es todavía más necesaria, porque hay más impagos que nunca. Y no
solo estamos aquí para beneficiar a las grandes fortunas, a las grandes
empresas que no tiene problemas para pagar una tasa alta, sino que
estamos perjudicando a una gran clase media que lo está pasando mal, a
muchos autónomos, a muchas pequeñas y medianas empresas que verán que no
pueden reclamar aquello que les toca porque les supone unas tasas
excesivas; veremos también cómo afectará esto a los despachos de
abogados, pues la mayoría son despachos pequeños, a procuradores, a
traductores jurados; cómo afectará al consumo, porque no habrá crédito al
consumo, etcétera.

Por lo tanto, obviamente, y como ya manifesté en la
tramitación del proyecto de ley en su momento, daremos apoyo a la moción
presentada por el Grupo Socialista, porque no estamos de acuerdo con este
proyecto de ley y seguimos manteniendo nuestro desacuerdo con él.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Parera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente.

Buenas tardes otra vez, señorías.

Señora Franco, hace pocos días fui a un almuerzo —es
la primera vez que yo he hablado con el señor ministro de Justicia este
año fuera de la sesión pública, aquí en el Plenario o en la

Comisión de Justicia—, un almuerzo en el que invitaba
a los magistrados del Tribunal Constitucional y a los portavoces de los
grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado, así
como a los portavoces de justicia. En la mesa había varias personas
dedicadas a estas tareas. Para no entrar en mayores detalles, le dije
claramente a un alto cargo del ministerio: ustedes han hecho una chapuza
con la entrada en vigor de la ley el 22 de noviembre, que luego ha sido
el 15 de diciembre, según se ha visto más tarde. La explicación que me
dio es que, en primer lugar, ellos calculaban que en la tramitación de
las normas el ritmo iba a ser distinto y que esta ley iría después de
otras normas. Y en segundo lugar, que aunque sabían que se tiene que
hacer una orden y luego los formularios, el ritmo no lo llevaron
adecuadamente y, por esa razón no están. Esa es una explicación. Yo acusé
recibo de la explicación, porque es racional, pero siendo racional la
explicación, no deja de ser una chapuza. ¿Por qué razón? Porque durante
este mes, señora Franco, desde el 22 de noviembre hasta el 17 de
diciembre, no se ha cobrado tasa alguna, ni anteriores ni de esta. ¿Por
qué razón? No por la remisión reglamentaria que generalmente hacen todas
las leyes a otras normas subordinadas a las leyes, que son los
reglamentos, para concretar, desarrollar, precisar y aterrizar los
mandatos abstractos de la ley en una norma de rango reglamentario, se
llame reglamento, se llame orden o se llame decreto. Da igual, todas son
de rango reglamentario. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
Presidencia.) No, lo relevante es que no tuvieron hecho eso y, por lo
tanto, no estaba previsto en la norma, y la explicación está en que en la
propia norma no se dice: la entrada en vigor es a tal fecha. Al
contrario, durante ese mes no se cobró ni una ni otra.

Pero el debate no está en el despiste en torno a la chapuza
primera, que es la entrada en vigor, porque de los que estaban en la mesa
no había nadie que dijera que no era una chapuza, y todos eran
magistrados. Nadie dijo que no era una chapuza. Se reconoce que hay una
chapuza y ya está. No pasa nada; siguiente casilla —¡Claro!, que si
no, nos detenemos en una cuestión menor— ¿Qué es lo relevante?
—en términos canarios, la madre del baifo, y según la traducción
continental, la madre del cordero—.

La madre del cordero de esta norma no es la entrada en
vigor, que, siendo una chapuza, no es lo más relevante. Lo más relevante
es: ¿va o no a impedir que miles y miles de españoles vayan a los
tribunales? Y no me diga usted el argumentario y el temario de oposición,
dígame lo que piensa en su fuero interno, en conciencia. Porque no es
verdad que se vaya a devolver si se gana el pleito; eso es falso, no se
devuelve la tasa. La tasa está como una condición previa de
admisibilidad; o sea, ¿está el impreso, el 695 o el 696, persona jurídica
o no? ¿Está el impreso de que se ha pagado la tasa? Admito a trámite. ¿No
está el impreso? No admito a trámite. De 1282 euros al mes para abajo,
beneficio de justicia jurídica gratuita; eso no lo discute nadie, no
perdamos el tiempo en lo que es evidente. Pero de 1282 euros al mes en
adelante, ¿a usted no le parece que hay mucha gente que pertenece a esa
clase trabajadora, o clase media baja, o clases medias o capas populares
—como se le quiera llamar— que están contando el euro para
llegar a fin de mes? No quien nunca pregunta los precios, no quien entra
en cualquier establecimiento, incluso en los que no tienen precio en el
escaparate, que son siempre los más altos. No, a mí no me preocupan
ellos, porque como les sobra, les da igual. Me refiero a la gente a la
que le cuesta llegar a fin de mes y que solo entra en aquellos
establecimientos previa visión del precio del coste de la cosa que ha
visto en el escaparate; me refiero a esas personas que cobran de 1282
hacia arriba —porque hacia abajo es salario mínimo, y está
cubierto— hasta llegar a las que nunca miran los precios porque les
sobra. En esa franja intermedia hay millones de españoles, y ahí no son
un factor disuasorio estas cuantías como condición previa de
admisibilidad. Si las pagas, te admitimos el pleito, y si no las pagas,
no vemos el pleito.

Y lo peor ahora son los problemas de aplicación, porque el
secretario judicial no va a mirar nada, ningún funcionario del juzgado va
a mirar nada, es un asunto de la agencia tributaria; ellos no van a ver
si la autoliquidación es correcta o no, sea persona física o jurídica, o
si el formulario es adecuado o no; no van a evaluar si hay un supuesto de
exención o no.

Aprovecho a decirle —entre paréntesis— que a
pesar de lo publicado y a pesar de lo dicho, en esta ley no están
excluidas las víctimas de maltrato, no está en ningún lugar de la ley esa
exclusión, se tendrá que hacer en la próxima de asistencia jurídica
gratuita. Y la pregunta es: ¿no habría sido más razonable primero tener
claros los sectores sociales que están excluidos para luego imponer la
tasa? Porque hasta tanto no se excluyan en una ley a las víctimas de
maltrato, están incluidas,

porque donde no distinga la ley, no distinga el jurista.
Luego, esto es un factor disuasorio porque es una condición previa de
admisibilidad. Y no nos engañemos nosotros con los argumentos
—regularizar, amnistía, racionalizar, recortes— porque al
final vamos vaciando de contenido el lenguaje e incorporando otro.

Yo no me voy a pelear por un debate nominalista. Llámelo
como quiera, pero la propia exposición de motivos explica que el criterio
recaudador se orienta hacia dos factores: a) cubrir el coste del servicio
público; b) de forma específica la asistencia jurídica gratuita. Esa es
la explicación de la exposición de motivos —no me salgo de
ella—, son expresiones exactas en sus primeros párrafos y de todo
el texto. Pero le vuelvo a reiterar que en las sentencias del caso
Podbielsky, del caso Apostol y del caso Georget —contra Rumanía,
contra Polonia y contra Georgia— se plantea que el objetivo
recaudatorio pueda no ser legítimo, que no acepta como objetivo legítimo
el recaudatorio, pero que, incluso aunque de manera intelectual y de
forma abstracta aceptásemos que el objetivo recaudatorio fuese legítimo,
no existe proporcionalidad porque se impide y se disuade a las personas
de acceder a la tutela judicial por razón de la cuantía de la
intervención. Eso es lo que no quiere el Tribunal Constitucional, tal y
como argumenta en su sentencia 20/2012 —fundamentos jurídicos 3, 4
y 10, sobre todo este último—, ni tampoco quiere el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, como declara en sentencias de 2005, 2006 y
2011, la última. Por tanto, se trata de no vaciar de contenido el derecho
fundamental y de hacerlo posible, porque si no, se convertiría en algo
retórico, pura poesía, y de la mala, pero no en algo posible en la vida
real de las personas.

Por esa razón, como quiera que el fin —afán
recaudatorio— no justifica el medio —tasa—, porque
vacía el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, considero que
esta ley, no es que sea inoportuna —como dijera el dirigente del
Partido Popular de la Mesa del Congreso de los Diputados— es que es
cruel, injusta y profundamente inmoral en este momento de especial
necesidad —hasta usted lo ha reconocido— y crítico para
millones de españoles que miran con esperanza a los jueces. Algunos de
ellos —no digo yo que los 5200— están haciendo
interpretaciones de la ejecución hipotecaria. Por ejemplo, un juez de
Barcelona, José María Fernández Seijo —cuyas sentencias han sido
citadas en Le Monde como supuesto de esperanza para la situación de
tantos deudores hipotecarios—, interpreta que existe un especial
desequilibrio en dicho contrato y que no hay igualdad entre las partes.
Esto por lo que se refiere al contenido.

En lo que respecta a la referencia que le hice a usted, don
Manuel, me remito —y acabo, señor presidente— a la página
3628 del Diario de Sesiones de 13 de diciembre de 2012, donde dice
textualmente: «Pero, fíjese, usted me ha hecho una apología brutal,
concretamente usted, senador Díaz Tejera, de la doctrina del
nacionalsocialismo». Esto no es digno de usted, no es digno de mí y no es
digno de la Cámara. Por ello le pido que en la primera intervención que
usted haga retire eso del acta.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la
senadora señora Franco.

La señora FRANCO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Durante este turno de portavoces han surgido infinidad de
cuestiones y espero, y me gustaría, poder responder a todas.

Sé que el resto de los grupos de la Cámara —como
ocurrió con el debate de la Ley de tasas judiciales— no está a
favor de la revisión de las tasas judiciales. Defienden ustedes que no
son constitucionales y que afectan al derecho de justicia gratuita. Sin
embargo, el ministerio, mi grupo parlamentario y esta senadora sostenemos
que sí respetan el derecho a la tutela judicial efectiva y que respetan
la constitucionalidad. Se va a interponer un recurso de
inconstitucionalidad; que sea el Alto Tribunal el que decida. Nosotros
seguimos manteniendo que las tasas son compatibles con la regulación
constitucional del acceso a la justicia y con el derecho a la tutela
judicial efectiva.

En segundo lugar, antes de explicar detenidamente las
razones por las que el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra,
quiero hacer de nuevo referencia a esa relación con las tasas
autonómicas, que tanto la senadora Pineda como la senadora Parera han
señalado.

Es cierto que, sobre todo en la Comunidad Autónoma de
Cataluña, los ciudadanos van a quedar sujetos a dos tipos de tasas: una,
que va a recaer sobre el acceso a la potestad

jurisdiccional, que es la tasa estatal, y otra, la tasa
autonómica, que afecta a otros medios personales o materiales que están
al servicio de la Administración de Justicia, y que es donde la comunidad
autónoma tiene competencias. Es decir, va a haber dos tasas diferentes
sobre dos hechos imponibles diferentes.

La única base para fundamentar el recurso de
inconstitucional es en aquellos casos en que hay doble imposición, y de
acuerdo con los informes jurídicos pertinentes, sí se considera que hay
determinados aspectos de la tasa autonómica catalana que pueden incurrir
en doble imposición, y que afectan no a las competencias que tiene
asumida la Comunidad Autónoma de Cataluña sino a la competencia exclusiva
del Estado en materia de potestad jurisdiccional. Esa es la única razón
por la cual en esos aspectos debería eliminarse la tasa catalana. En el
resto de los casos, compatibilidad absoluta, porque los hechos imponibles
son distintos y ambas administraciones tienen potestad tributaria para
establecer los tributos que estimen pertinentes, pero, repito, no cuando
haya un supuesto de doble imposición.

En tercer lugar, voy a dar mi opinión personal de las
razones por las que vamos a votar en contra de esta moción que propone la
derogación de las tasas. En nuestro país existe un sistema mixto de
financiación de la justicia, donde la mayor parte de su coste lo van a
subvencionar los ciudadanos con sus propios impuestos, y un pequeño
porcentaje, un 10%, los usuarios de la justicia con recursos suficientes
para acceder a ella, porque el resto de los ciudadanos, aquellos que no
tienen recursos suficientes, gozan del beneficio de justicia gratuita;
además, como ya he dicho, se encuentra en vías de tramitación una nueva
ley de justicia gratuita que va a incrementar el umbral por debajo del
cual los ciudadanos van a poder solicitar el beneficio de la justicia
gratuita.

Hay una primera razón, es cierto que la ley tiene un
componente recaudatorio, un componente presupuestario. Pero esta es solo
una de las finalidades de la ley. La exigencia de estas nuevas tasas
judiciales va a reportar, por supuesto, un aumento de los ingresos
destinados a justicia, que, además, están vinculados al funcionamiento de
los servicios públicos de justicia, a una parcela muy concreta, que es la
justicia gratuita, como reconoce el artículo 11 de la ley. Pero esta,
repito, es solo una de las finalidades de la ley.

Una segunda razón es precisamente la necesidad de
racionalizar el uso de la Administración de Justicia, de racionalizar la
litigiosidad. El senador Iglesias Fernández ha dicho que estamos
actualmente en un contexto de reducción de la litigiosidad, pero esto no
quiere decir que no haya litigiosidad indebida, porque España es uno de
los países con los índices de litigiosidad más elevados, y ello se debe a
que no ocurre como en otros países, en particular en el ámbito anglosajón
y en otros cercanos a nosotros, como Francia, donde un mayor número de
conflictos no llega a los tribunales porque se resuelven previamente, por
acuerdo entre las partes, a través de otros mecanismos, como la
mediación, que se está tratando de impulsar con la nueva legislación que
ha aprobado el Gobierno.

En este caso, les quiero decir que el porcentaje de
conflictos que actualmente se lleva a resolución de los tribunales de
justicia es muy elevado, posiblemente una cuarta parte. Y enlazo este
punto con esa opinión personal que me ha pedido el senador Díaz Tejera, y
que le voy a dar.

Considerando el número de veces que un ciudadano normal
accede a la justicia, existen otras vías para terminar con ese conflicto,
aunque se tiene que efectuar el desarrollo reglamentario. Pues bien, si
primero acudimos a las otras vías, a la mediación, y conseguimos resolver
el conflicto, se van a limitar en gran medida esos otros conflictos que
tienen que llegar a los juzgados y tribunales, y considerando las
ocasiones en que un ciudadano normal accede a la justicia, no veo
obstáculo alguno en el derecho a la tutela judicial efectiva para todas
aquellas personas que tienen unos recursos por debajo de los cuales hay
derecho a justicia gratuita. No va a ser un obstáculo, así lo considero,
creo que no lo va a ser.

Yo creo que no si tenemos en cuenta una reflexión serena de
todas las excepciones que tiene la ley y si tenemos en cuenta que ahora
hay otras vías posibles para resolver estos conflictos. Sí que va a
racionalizar la litigiosidad porque es cierto que una persona con muy
pocas probabilidades de obtener éxito en un juicio, en particular en una
segunda instancia, se lo va a pensar. Cuando haya pocas probabilidades,
cuando el proceso no tenga una gran utilidad o ese recurso abusivo que ha
habido en ocasiones, esas personas se lo van a pensar. Pero un ciudadano
normal, con el adecuado asesoramiento de su abogado, un asesoramiento
profesional, va a seguir accediendo a la justicia si tiene asesoramiento
profesional que le aconseje ir a una segunda instancia porque va

a ganar el juicio. Creo que sí que va a ocurrir. Dice usted
que no cabe la posibilidad de recuperar el dinero. Sí cabe en el supuesto
de que haya condena en costas. Hay una vía que no va a ser posible en
todos los casos, pero si hay una condena en costas ese ciudadano va a
poder recuperar la tasa pagada. Sinceramente creo que no se va a producir
ese efecto demoledor que ustedes señalan aquí o que constantemente
mencionan los colectivos vinculados al sector de la justicia: abogados,
procuradores y demás. No se va a producir ese efecto demoledor por esas
dos razones, porque hay una serie de conflictos que van a poder terminar
de otra manera sin acudir a los tribunales y porque aquellos que acudan a
los tribunales lo van a hacer de una manera más serena, sin abusar al
acceder a los tribunales de justicia o no llevando aquellos casos
—como les dije— en los que los beneficios sociales son
inferiores a los costes sociales. Los ciudadanos no han de financiar con
sus impuestos que lleguen a los tribunales de justicia asuntos donde los
beneficios sociales son inferiores a los costes sociales. Esta es mi
opinión, una opinión sincera. No se va a afectar ese derecho a la tutela
judicial efectiva.

Quería señalar, en tercer lugar, otra cuestión. Creo que
fue el senador Iglesias quien habló de ese concepto de justicia para
pobres y de justicia para ricos. Yo sigo diciendo que estas tasas tienen
un componente de redistribución del coste de la justicia. ¿Por qué todos
los ciudadanos con sus impuestos, sea cual sea su renta, tienen que pagar
el acceso a la justicia de aquellos que tienen una renta mayor? Ese sería
precisamente un efecto regresivo. Esa es mi opinión. No todos los
ciudadanos con sus impuestos, sea cual sea su renta, tienen que pagar el
acceso gratuito a esos tribunales de justicia de todos los demás
ciudadanos que pueden tener una renta superior. Por esa razón, estas
tasas afirman ese principio de justicia distributiva que permiten que en
función del uso se pague una tasa y no se repercuta todo ese coste en los
impuestos de los ciudadanos vía Presupuestos Generales del Estado. Una
pequeña parte de ese coste ha de asumirse por aquellos que obtienen un
beneficio singular en el acceso a la justicia. Eso es correcto, adecuado
y, además, va a garantizar el efecto no regresivo o ese gasto que sería
regresivo o no focalizado y que atenta contra el concepto redistributivo
que deben tener todas las políticas públicas, incluida la política de
justicia.

Termino ya reiterando la opinión de mi grupo. La revisión
de las tasas no afecta a lo previsto en nuestra Constitución respecto de
la tutela judicial efectiva. La adopción de las tasas no tiene por qué
limitar el acceso a la justicia de aquellas personas que carecen de
recursos porque estas lo van a hacer a través del beneficio de justicia
gratuita. Se va a aprobar una nueva ley que va a ampliar el margen, el
umbral por debajo del cual se puede acceder a la justicia gratuita.
Consideramos regresivo que todos los contribuyentes financien los
litigios entre personas o empresas cuya riqueza o cuya renta es muy
superior a la de aquellos.

Concluyo con la referencia a las víctimas de violencia de
género. El objetivo de este ministerio es que estas mujeres no solamente
queden exentas de las tasas, sino de todos los costes en el acceso a la
justicia. Por esa razón no se contemplan las tasas en la próxima ley de
justicia gratuita.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Franco.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, por acuerdo de los portavoces no vamos a
interrumpir el Pleno durante la hora de la comida. A continuación, se
verá la última moción. Después se entrará en el debate de los vetos del
primer proyecto de ley, Proyecto de Ley de lucha contra el empleo
irregular y el fraude a la Seguridad Social. Y, una vez que termine el
debate de esos dos vetos, habrá que votar los vetos y la moción que se
haya debatido a lo largo de la comida, nunca antes de la cuatro de la
tarde.

Votamos la moción del Grupo Parlamentario Socialista tal y
como ha sido presentada.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 230; a favor, 88; en contra, 141; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

11.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS EN FAVOR DEL SECTOR DE LA MINERÍA DEL CARBÓN.

(Núm. exp. 662/000052)

AUTOR: GPMX

El señor presidente da lectura al punto 11.3

El señor PRESIDENTE: A esta moción… (Rumores.)

Señorías, silencio, por favor.

Señorías, a esta moción se han presentado nueve enmiendas:
una del Grupo Parlamentario Mixto, del senador Iglesias, y ocho del Grupo
Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador
Martínez Oblanca.

Cuando usted quiera. (Rumores.)

Señorías, silencio, por favor.

Señorías, no vamos a empezar hasta que no se reúnan las
condiciones suficientes para escuchar al senador Martínez Oblanca.
(Pausa.)

Cuando usted quiera.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor
presidente.

El año que está en trance de concluir ha sido uno de los
períodos más negros en la larga historia del carbón. No es un recurso
literario fácil: negritud de movilización, de marchas larguísimas, de
incertidumbre y de desesperación. También de lágrimas y de sentimientos
desbordados, como tuvimos ocasión de ser testigos en la tarde noche del
19 de junio durante la tramitación y votación de los Presupuestos
Generales del Estado para 2012, con la visita de las mujeres de la
minería en la tribuna del público, aquí en el Senado. (La señora
vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.)

En este período, como producto de una de las primeras
decisiones del Consejo de Ministros presidido por Mariano Rajoy, se
aprobaron las medidas urgentes de orden económico y social con las que se
eliminó la financiación de infraestructuras en compensación del cese de
la actividad de la minería del carbón. Esas medidas rompieron de forma
flagrante y contraria a ley el histórico acuerdo impulsado por el
Gobierno de José María Aznar y consensuado con los sindicatos y con los
representantes empresariales del sector.

El Plan Nacional de Reserva Estratégica de la Minería del
Carbón 2006-2012, y nuevo modelo de desarrollo alternativo y sostenible
de las comarcas mineras, quedó hecho fosfatina por decisión del Gobierno
del Partido Popular que, sin embargo, a lo largo de la campaña electoral
de noviembre de 2011 había exhibido por todas las cuencas mineras
españolas carteles, discursos y programas que, a la vista está, fueron
traicionados a las primeras de cambio en una clamorosa muestra de
vulneración de los mandatos constitucionales de equilibrio y solidaridad
entre territorios, así como de ruptura unilateral e ilegal de los
acuerdos firmados en 1998 y renovados en 2006, ya por el Gobierno de
Rodríguez Zapatero. Unos acuerdos que —nunca está de más
recordarlo— nacieron en compensación por el enorme sacrificio de la
minería española, que renunció a 9000 puestos de trabajo, cerró pozos y
explotaciones y canceló la producción de varios millones de toneladas de
carbón; todo ello en unos momentos también muy difíciles para la economía
de España.

La situación actual es tremendamente delicada por los
efectos de las decisiones del Gobierno, que están provocando grandes
recortes en la minería, incluso muy superiores a los que se requerirían
para llegar a 2018; recortes que, además, propician y anticipan los
cierres en los pozos y explotaciones públicos y privados.

De ahí nuestra moción en defensa de la minería del carbón,
porque esto de estar siempre al dictado de la señora Merkel o de los
mandatarios de otros países, pues no. España precisa de una política
energética en la que para ser un país soberano necesitamos recursos
energéticos propios, y una parte importante de nuestros recursos propios
pasa por el carbón nacional, guste o no guste.

Por lo tanto, estamos en la obligación de mantener un doble
frente en España y en Europa para hacer los máximos esfuerzos posibles en
defensa de una política energética nacional en la que se contemple al
máximo la participación del carbón. Y este es un punto de partida
inapelable: el carbón como único combustible fósil autóctono que tenemos
en España tiene que ser defendido por el Gobierno.

A día de hoy, en Europa, cuando hablamos de cuestiones
energéticas, el documento de referencia que está en vigor es el Libro
verde de la energía. De hecho, en el Reglamento de ayudas al carbón, que
se aprobó al amparo de este libro verde, se recogía el concepto de
reserva estratégica del carbón, que por razones desconocidas fue
eliminado en la Decisión 787 de la Comisión Europea, con la aquiescencia
del anterior Gobierno Socialista que, como es conocido, no tenía mucha
intención de seguir manteniendo las ayudas al carbón. Y es que dentro del
concepto de reserva estratégica se incluían tanto minas rentables como
aquellas que no lo son, porque ese concepto de reserva estratégica
incluye precisamente su mantenimiento al precio que sea.

Nosotros queremos poner en valor ese documento de
referencia que es el Libro verde de la energía y recuperar su concepto de
reserva estratégica para el carbón, y ya no solo por una cuestión clave
de soberanía energética española, sino también porque la inversión que
haría falta en las centrales térmicas para tamizar la quema de carbón
procedente de otros países es tan enorme que, por mucho que se alarguen
los plazos, incluso hasta veinticinco años, el importe de esa subvención
iba a ser muy inferior a las inversiones y costes de adaptación de las
térmicas para quemar el carbón foráneo. Eso por no citar las infames
condiciones de extracción del carbón en algunos países que vulneran las
características de calidad e infringen las adecuadas condiciones
sociales, laborales, ambientales y de seguridad.

Es, por lo tanto, también una cuestión de racionalidad
presupuestaria, además del sinsentido que tiene la desaparición en España
de nuestra única fuente de combustible fósil, cuando el resto de los
países la tratan de defender y sacar adelante. En Europa puede haber
—de hecho, hay— otros países que disponen de recursos
energéticos propios, como es el caso de Gran Bretaña, con sus espacios
petrolíferos ubicados en el Mar del Norte, y que les importa un comino
esto del carbón; o como Alemania, que tiene abastecimientos carboníferos
y energéticos que, por sus características, no les generan problemas.
Pero en la Unión Europea hay países, como Polonia y España, que sí tienen
que apoyarse en su carbón propio.

Durante el semestre de Presidencia europea que correspondió
al Gobierno de Rodríguez Zapatero se desperdició la oportunidad de aunar
voluntades comunes para afrontar el problema del carbón. Debió hacerse
—tal y como planteó el Gobierno autonómico de Foro Asturias—
con Polonia, porque el carbón es soberanía, pero no por su color o porque
sí; el carbón es soberanía porque es una materia prima energética que no
tiene alternativa en España. Y como carecemos de alternativas, tenemos
que recurrir a comprarlas en el exterior a precios altísimos, siempre al
alza, y siempre pendientes de la geopolítica para poder atender las
enormes necesidades de un país con más de 47 millones de habitantes.

España se ha inhibido en los últimos años en la defensa de
su soberanía energética y se ha sacrificado a la minería bajo el pretexto
de unas subvenciones que se aplican, sin embargo, para otro tipo de
fuentes energéticas que, a diferencia del carbón, ni crean puestos de
trabajo ni fijan empleo. El Gobierno de Rajoy tiene que explicar por qué
no se pueden mantener las subvenciones a la minería del carbón que
afectan a nuestras comarcas y cuencas mineras, en las que no existe
capacidad para sustituir la fuente de trabajo.

No es verdad que el carbón subvencionado no sea
subvencionable. No es verdad. El Gobierno de Rajoy, como antes el de
Rodríguez Zapatero, está financiando actualmente un pingüe negocio, como
el de las subvenciones a las energías eólicas y a las derivadas de las
termosolares y fotovoltáicas; un negocio subvencionado, que tiene la
producción vendida obligatoriamente, al margen de los conflictos entre
las eléctricas y las renovables por discrepancias entre ellos por los
precios; negocio subvencionado y producto vendido para este sector de las
renovables, a la par que el Gobierno sostiene una política de rechazo a
las subvenciones al carbón. Y esto es lo que quiebra los mandatos
constitucionales de equilibrio y solidaridad entre los diferentes
territorios de España. Se recortan las subvenciones para el carbón,
nuestro único combustible fósil autóctono, y se mantienen las
subvenciones al pingüe negocio de las renovables. Y ya ni les cuento,
señores del Grupo Popular, si además la excepción es en Canarias, porque
entonces el ministro Soria debería dar las explicaciones pertinentes.
Para que nos entendamos, el carbón en Asturias es como las energías
renovables en Canarias, no vaya a ser que aquí haya solidaridad con
Canarias, que nos parece fenomenal, y no la haya con Asturias, con
Castilla y León, con Aragón, con Galicia y con las cuencas y comarcas
mineras, que nos parece muy mal y además incumple la Constitución.

Señores del Partido Popular, como consecuencia de sus
incumplimientos electorales y de la renuncia a la propia y genuina
política que el Gobierno del PP llevó a efecto a finales de los años
noventa en defensa del carbón, ustedes plantean ahora planes de cierre de
la minería privada y de la pública. Nos oponemos. Nos oponemos y además
les mandatamos para que defiendan la pervivencia del carbón en España y
en Europa. Tenemos bajo nuestros pies, en el subsuelo, reservas para más
de cincuenta años, y eso es soberanía energética. Defiéndalo. Otra cosa
es que el Gobierno plantee medidas para fomentar mejoras en la eficiencia
de las explotaciones en la minería privada y en la pública. Ahí les
apoyamos, pero no aceptamos planes de cierre.

Nunca, en la larguísima trayectoria de la minería del
carbón, se estuvo tan cerca de su desaparición como en este momento
histórico en el que, a la retahíla de incumplimientos con el sector y las
cuencas mineras durante la etapa de Gobierno de Rodríguez Zapatero, le ha
sucedido la decidida e inaceptable voluntad del Gobierno de Rajoy para
enterrar por siempre al sector y provocar la desertización de las
comarcas de la minería. En Asturias, las sucesivas decisiones de los
Gobiernos de España contra la minería tienen unos efectos calamitosos y
devastadores desde el punto de vista social y económico. La pasada semana
se hicieron públicos los datos del Instituto Nacional de Estadística, del
INE, sobre la evolución de la población española. Con esos datos en la
mano, Asturias ha sido, con enorme diferencia, la comunidad autónoma con
el crecimiento demográfico más bajo en los últimos diez años, desde 2001.
Resulta significativo, además, que en esa década las mayores bajadas en
porcentaje de población se hayan producido en municipios mineros, y no
solamente asturianos: Villablino, en Castilla y León, lidera la mayor
bajada, y entre las diez primeras poblaciones españolas con mayor bajada
de población, siete son carboneras. Valga ese dato para poner de
manifiesto el drama socioeconómico que genera el cierre de la minería y
el fracaso en la aplicación de medidas de reactivación, cuando las había,
que ahora, con Rajoy, ni eso.

En Foro no queremos formar parte de este reparto de
papeles, interpretados antes por el Gobierno de Zapatero y ahora por el
de Rajoy, que ha abandonado el carbón sin posibilidades de negociación,
sin capacidad de afrontar las dificultades y tratando de restar toda
capacidad de lucha para el mantenimiento de los puestos de trabajo a
través de las ayudas a la producción y a la ejecución inversora de los
compromisos adquiridos en infraestructuras, reactivación, proyectos
empresariales y formación.

El futuro del carbón y de las cuencas mineras está
seriamente amenazado con decisiones e indecisiones, anuncios y renuncios,
que no hacen otra cosa que añadir incertidumbre, como es el caso de la
comparecencia en sede parlamentaria del presidente de la Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales, SEPI, camuflando en lo que denominó un
plan de negocio, donde el negocio consiste en el cierre de la empresa
pública minera Hunosa. De hecho, ahí está, con el cese de actividad del
pozo Candín, en Langreo (Asturias) el día 1 de enero; una clausura que ya
estaba programada para los primeros meses de 2013 y que se llevará a
efecto en las primeras horas del año para que no haya demora alguna en la
aplicación del plan liquidador de la empresa pública.

En definitiva, la iniciativa parlamentaria que presento
esta tarde ante el Pleno del Senado es una moción en pos del futuro de la
minería del carbón, en la que se plantean seis puntos entre los que se
incluyen: «La convocatoria inmediata por el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo de la comisión de seguimiento para elaborar una
propuesta consensuada con el sector con relación al nuevo Plan del Carbón
2013-2018, dando participación en dicha comisión al Principado de
Asturias y demás comunidades autónomas afectadas.»

Asimismo: «Defender la pervivencia de la comisión
específica del carbón, frente a la intención del Gobierno de España de
sustituir la actual por una mesa de industrias extractivas.»

En el tercer punto de la moción se insta al Gobierno a
«Elaborar urgentemente un plan de empresa serio y transparente para
Hunosa que contribuya a la ordenación de la minería del carbón asturiana,
teniendo en cuenta la necesidad de mantener una determinada producción de
carbón autóctono que permita garantizar el acceso a reservas, así como el
fomento para la creación de empleo alternativo al carbón. Dicho plan de
empresa no será nunca un instrumento para ocultar el cierre de Hunosa y
acelerar el desmantelamiento industrial de las comarcas mineras
asturianas.»

Señorías, otra de las cuestiones que planteamos ante el
Pleno de esta Cámara Alta son «La elaboración de un plan de carbón para
el período 2013-2018» y «Adoptar las actuaciones políticas y legislativas
necesarias para cumplir el mandato del Parlamento Europeo a la Comisión
Europea sobre el «sello de calidad» para el carbón.»

Finalmente, la propuesta de Foro insta al Gobierno de Rajoy
a «Garantizar el respaldo presupuestario necesario para dar cumplimiento
a los acuerdos reflejados en el Plan del Carbón, que permitan asegurar
tanto el mantenimiento del empleo a través de las ayudas a la producción,
como el cumplimiento de los compromisos adquiridos en infraestructuras,
reactivación, proyectos empresariales y formación.»

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Iniciamos la defensa de las enmiendas.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora
presidenta.

Compartimos en términos generales el sentido de la moción
y, por ello, planteamos una única enmienda en torno a la elaboración del
nuevo plan de la minería 2013-2018.

El 31 de diciembre —faltan muy pocos días—
concluye la vigencia del Plan de la Minería 2006-2012, con graves
incumplimientos en todos sus contenidos, que, además, se han agravado
como consecuencia de la política presupuestaria de los ejercicios 2012 y
2013. Recorte sustancial de las ayudas a la producción y, como resultado
de ello, recorte en la propia producción resultante, mientras se da un
incremento notable del volumen de importaciones del carbón. Desde luego
no podía ser de otra manera. La Agencia Internacional de la Energía
pronostica que en 2017 el carbón será la primera fuente de energía por
delante del petróleo. En consecuencia, hay que sacar la conclusión de que
la política del Gobierno en esta materia va a significar un incremento de
la dependencia energética exterior de nuestro país al renunciar a una de
las pocas fuentes de producción energética autóctona.

Los incumplimientos han afectado también a los fondos
mineros —tuvimos oportunidad de hablar de ello—, tanto en las
inversiones comprometidas en infraestructuras como en aquellas que iban
dirigidas a las iniciativas empresariales o a la formación. Igualmente
hay incumplimientos del plan vigente en lo relacionado con las plantillas
resultantes. No se han cumplido en ningún caso las tasas de reposición de
aquellos mineros que salían del sector, y todo ello ha situado al sector
de la minería del carbón en unas condiciones que —es verdad—
encajan en el modelo de cierre, de extinción, de cese de la actividad que
el Partido Popular quiere imponer, incluso adelantándose a los plazos
comprometidos con la Unión Europea.

La estrategia va a significar que no es que el carbón
autóctono vaya a desaparecer en 2018, sino que seguramente en 2016 la
inmensa mayoría de las explotaciones mineras españolas estarán ya
cerradas; la inmensa mayoría de los mineros que en este momento se
mantienen en actividad se encontrarán fuera ya del sector.

Quedan, como decía, trece días para que acabe la vigencia
del Plan 2006-2012, y no hay ningún acuerdo con los agentes sociales para
la elaboración de ese nuevo plan hasta 2018.

La comparecencia del secretario de Estado de Energía ante
la Comisión de Presupuestos hace unas pocas semanas significó la
expresión de que el Gobierno tenía como objetivo fundamental alcanzar un
acuerdo en la Unión Europea; es decir, traer un plato precocinado a una
hipotética, más que negociación, contacto de presentación a los agentes
sociales. Dudo mucho que al menos las organizaciones sindicales
—seguramente tampoco las organizaciones empresariales— vayan
a jugar el papel de microondas frente a ese plato precocinado. Se lo
comerá solo el Gobierno, asumirá toda la responsabilidad y tendrá que
imponer ese plan a los agentes sociales.

Por ello, la enmienda plantea exclusivamente que la
elaboración de ese nuevo plan sea fruto del consenso con los agentes
sociales, con las comunidades autónomas afectadas y con los ayuntamientos
de las comarcas mineras, y que sea la base para un futuro del sector más
allá de 2018. Quedan muy pocos días, pero si hay voluntad de diálogo y de
negociación, todo ello aún es posible.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, el
senador García del Blanco tiene la palabra.

El señor GARCÍA DEL BLANCO: Buenas tardes, señorías.

Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, quiero decir que el Grupo Socialista
apoyará la moción presentada por el Foro Asturias, porque nos parece una
moción oportuna y correcta. En cuanto a la exposición de motivos, se hace
un relato bastante ajustado del devenir del sector durante este
tiempo.

Es cierto que la decisión que tomó el Consejo de Ministros
el 30 de diciembre del año pasado fue una auténtica puñalada por la
espalda al sector del carbón y un incumplimiento flagrante del compromiso
electoral que había adquirido el Partido Popular en todas las cuencas
mineras. Es verdad también que el Partido Popular, con una sola decisión,
que además no se correspondía ni con el ciclo político ni con el
económico en el que estábamos, puso en una situación agónica al día
siguiente al sector del carbón. Un sector que, por cierto, tenía cierta
certidumbre para los próximos años. Necesitamos, pues, claridad
definitivamente, y no ambigüedades por parte del Partido Popular y de
este Gobierno después de este año de pasión. Por eso entendemos que esta
moción es, como digo, correcta y oportuna.

Hemos presentado una serie de enmiendas, eso sí, que
pretenden clarificar y añadir algún aspecto más a la moción que presenta
el senador Martínez Oblanca. Van dirigidas, en primer lugar, a que cada
comunidad autónoma pueda decidir, dentro del ámbito de su autonomía, qué
quiere hacer sobre su presencia en la mesa de seguimiento y sobre la
negociación que pueda tener con el Gobierno de España. Asimismo, exigimos
—antes se ha hecho una referencia a ello— que la Mesa del
Carbón se reúna, o al menos se convoque, antes del 31 de diciembre de
este año. Después de meses de conflictividad, después de que durante
meses los agentes sociales, las gentes de las cuencas, los partidos
políticos, los sindicatos, e incluso su partido y los gobiernos
autonómicos que ustedes gobiernan, como el de Castilla y León, le hayan
pedido al Gobierno en repetidas ocasiones que convocara la Mesa del
Carbón, solo la arrogancia, solo la petulancia de un ministro que ha
querido echarle un pulso al sector y ganarlo, ha impedido que se
convoque.

Asimismo, pedimos que se añada a la moción que el Gobierno
pague definitivamente al menos lo que comprometió después del tajazo del
63% a las ayudas a la explotación. Ya que se ha incumplido el Plan del
carbón y que se ha ido un punto más allá de lo que la Unión Europea
exigía al Gobierno de España, que se cumpla al menos, un día antes de que
acabe el plazo de 2012, lo que el Gobierno prometió. De igual modo,
solicitamos que se cumpla en todo lo establecido el Plan del carbón para
este año; ya se sabe que el Gobierno ha tomado la decisión de
prácticamente paralizarlo todo. También, y fundamentalmente —y eso
por nos referimos especialmente a ellos—, en lo que tiene que ver
con los proyectos del eje municipal, creadores de empleo, que hay muchos.
Solo en mi provincia se prevé que, de ponerse en marcha aquellos planes
que estaban aprobados, se crearían más de 1000 empleos en las comarcas
mineras.

También queremos también un compromiso claro por parte del
Gobierno en el mantenimiento del I+D+I en lo que tiene que ver con la
tecnología de captura y almacenamiento de C02, cuyo buque insignia, por
cierto, fue la Ciudad de la Energía de Ponferrada, avalada en repetidas
ocasiones por la Unión Europea por medio de financiación, por medio de
inspecciones del proyecto, y que ustedes han puesto en solfa. Las
técnicas de captura de C02 de la Ciudad de la Energía son, en primer
lugar, un valor añadido patrimonial de este Estado; son un valor añadido
que tenemos como país. Además, nos servirían para cumplir nuestros
compromisos con Kyoto sobre eliminación de C02. Por cierto, y eso
queremos exigírselo también, había una parte muy importante que tenía que
ver con el desarrollo territorial, con la reconversión de las cuencas
mineras, que ustedes ahora mismo han paralizado.

De la misma forma, queremos que se garantice y se programe
una producción suficiente y que se queme en las centrales térmicas una
producción suficiente para mantener, por lo menos, lo que hay y lo que
estaba previsto. Ustedes este año han reducido un 10% respecto a lo que
había el año pasado. Del mismo modo, las necesidades de salida de
estocages no son las mismas dependiendo de la comunidad autónoma de que
se trate. Mi comunidad autónoma, por ejemplo, ha salido perjudicada.

Necesitamos, igualmente —ya se ha dicho aquí—,
continuidad legislativa para el real decreto de garantía de suministro.
Para el año que viene necesitamos que al Gobierno no se le pase por la
cabeza, o que no ocurra por lo menos por la voluntad que exprese el
Senado, no darle continuidad al real decreto que da sostenibilidad al
sector. También queremos que se palien al menos las consecuencias de la
última Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Ustedes
han puesto una losa sobre otra losa. Para un sector que está
prácticamente en la agonía, han agravado ustedes su situación con medidas
fiscales.

También queremos un futuro más allá del 2018 para las
empresas que sean viables, que hagan sus deberes, y que, a partir de
2018, sean sostenibles por sí mismas. De modo que por una cuestión de
necesidades de tesorería, de devolución de las ayudas, no tengamos que
cerrar un sector que hayamos saneado previamente.

Lo que les pedimos, en definitiva, y esta es la parte
importante, son cuestiones que no tienen que ver con una inversión mayor,
que no implican más financiación; son cuestiones que solo implican
voluntad política. Si ustedes están realmente a favor del mantenimiento
del sector del carbón, como dicen, seguro que no tendrán ningún
inconveniente en aprobar todas estas enmiendas y la propia moción. Así,
después de este año mariano, que ha sido más negro que el carbón,
tendremos al menos un rayo de esperanza para la gente de las cuencas
mineras.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Para manifestar si acepta o no las enmiendas, tiene la
palabra el senador Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora
presidenta.

Intervendré, si me lo permite, desde el escaño, para
aceptar las siete enmiendas de adición presentadas por el Grupo
Socialista y defendidas por su senador leonés, García del Blanco, porque
son propuestas que van un poco más allá, en una moción que tiene
inequívoca vocación de aunar voluntades para que pueda salir del Senado
un mandato al Gobierno lo más amplio posible.

Como producto de ese deseo de sumar apoyos y buscar puntos
de encuentro, vamos a rechazar la enmienda presentada por el senador
Iglesias Fernández, de Izquierda Unida, porque propone ir más allá del
año 2018, lo que choca con los acuerdos emanados de la Unión Europea; y
eso algo que podría alejar a otros grupos parlamentarios de esta Cámara
del necesario apoyo a una moción que quiere proporcionar argumentos en
defensa de la minería del carbón en España.

También rechazamos la enmienda socialista de modificación,
la número 1, porque para nosotros es clave que las comunidades autónomas
afectadas, Asturias y todas las demás, tengan participación en la
comisión de seguimiento que tiene que elaborar el nuevo Plan del Carbón
2013-2018.

En definitiva, señora presidenta, aceptamos las siete
enmiendas de adición del Grupo Socialista, de la número 2 a la número 8,
ambas inclusive, y que amplían hasta trece los puntos de esta iniciativa
ante el Pleno del Senado para defender la minería del carbón en
España.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Para turno en contra, tiene la palabra el senador
Fernández.

El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Señora presidenta, señorías, la
verdad es que este es un tema recurrente, preocupante, y es un tema en el
que llevamos trabajando muchos años quienes desde hace bastantes nos
dedicamos a la actividad pública. El sector del carbón en concreto
siempre mantuvo una expectativa derivada de la influencia social que
tiene, de lo que ha supuesto la minería en regiones como Asturias,
Castilla y León, Aragón, y otras que, aunque con poca minería, como
Andalucía o Galicia, también tienen esa preocupación. Yo soy testigo de
excepción, y lo fui durante muchos años de la evolución y el quehacer de
las diferentes fuerzas políticas en torno a este sector que ahora nos
ocupa, y en torno a otros también. Y quisiera transmitir a sus señorías
la esperanza de que las contradicciones a lo largo del tiempo sobre temas
tan importantes como este, no debidamente justificadas, tengan también
electoralmente —por qué no decirlo— su influencia.