7. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

7.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

7.1.1. Acuerdo por el que se modifica por segunda vez el
Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del
Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros,
por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 y modificado por
primera vez en Luxemburgo el 25 de junio de 2005, hecho en Uagadugu el 22
de junio de 2010. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 610/000045)

7.1.2. Declaración de aceptación por España de la adhesión
de Ucrania al Convenio de La Haya sobre Ley aplicable en materia de
accidentes de circulación por carretera, hecho en La Haya el 4 de mayo de
1971.

(Núm. exp. 610/000039)

7.1.3. Convenio entre el Reino de España y la República de
Croacia en materia de lucha contra la delincuencia y asuntos de
seguridad, hecho en Madrid el 24 de octubre de 2011.

(Núm. exp. 610/000040)

7.1.4. Acuerdo de Sede entre el Reino de España y el
Instituto Forestal Europeo (IFE) relativo al establecimiento de una
oficina del Instituto en España, hecho en Madrid el 28 de julio de
2011.

(Núm. exp. 610/000041)

7.1.5. Convenio entre el Reino de España y la República de
Kazajstán relativo a la asistencia judicial en materia penal, hecho en
Astana el 17 de junio de 2011.

(Núm. exp. 610/000042)

7.1.6. Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España
y la Organización Mundial del Turismo (OMT) por el que se reconoce el
acceso al ejercicio de actividades remuneradas de los familiares
dependientes de los funcionarios de la OMT, hecho en Madrid el 31 de mayo
y 11 de junio de 2012.

(Núm. exp. 610/000043)

7.1.7. Acuerdo sobre inmunidades y prerrogativas entre el
Reino de España y el Banco Interamericano de Desarrollo, hecho en Madrid
el 15 de junio de 2012.

(Núm. exp. 610/000044)

8. INCOMPATIBILIDADES

8.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

8.1.1. Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades,
emitido en su sesión del día 23 de octubre de 2012, en relación con
varios señores Senadores.

(Núm. exp. 503/000006)

Página
2667

El señor Cotillas López informa de la presentación de una
propuesta de modificación.

En turno de portavoces intervienen la señora Mendizabal
Azurmendi, por el Grupo Parlamentario Mixto; los señores Cazalis Eiguren,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Boya Alós, por
el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y Plana Farran,
por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; así
como la señora Coves Botella, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el
señor Cotillas López, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

Se aprueba la propuesta de modificación por los siguientes
votos: a favor, 239; abstenciones, 4.

5.4. Moción por la que el Senado acuerda la creación, en el
seno de la Comisión de Industria, Energía y Turismo, de una Ponencia de
Estudio sobre la situación del mercado de los carburantes en España.

Autor: GPS

2704

El señor Alique López defiende la moción.

El señor Martínez Oblanca defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto, presentada a iniciativa de este senador.

El señor Alique López expone la posición de su grupo
respecto de la enmienda.

En turno de portavoces intervienen el señor Martínez
Oblanca, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Leanizbarrutia de
Bizkarralegorra, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV);
los señores Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya; Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado Convergència i Unió; Alique López, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y Palacios Zuasti, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

Se rechaza la moción por los siguientes votos: a favor, 89;
en contra, 153.

6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

6.1.1. Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de
medio ambiente (procedente del Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo).
SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Medio Ambiente y Cambio Climático

2723

La señora Ruiz Ruiz, presidenta de la comisión, presenta el
dictamen.

Se inicia el debate de las propuestas de veto al proyecto
de ley.

El señor Saura Laporta defiende la propuesta de veto número
1, de los señores Guillot Miravet y este senador, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Sabaté Borràs defiende la propuesta de veto número
2, de la señora Almiñana Riqué; los señores Boya Alós, Bruguera Batalla,
Martí Jufresa y Montilla Aguilera; la señora Pineda Balló, el senador
Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya.

El señor Fidalgo Areda defiende la propuesta de veto número
3, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Pons
Vila.

En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; Saura Laporta, por el Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Maluquer Ferrer, por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Fidalgo
Areda, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Aparici Moya, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, por los
siguientes votos: a favor, 67; en contra, 152; abstenciones, 18.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, por los
siguientes votos: a favor, 67; en contra, 152; abstenciones, 18.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, por los
siguientes votos: a favor, 66; en contra, 152; abstenciones, 19.

Comienza el debate del articulado.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas números
1 a 24, de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.

El señor Cazalis Eiguren defiende las enmiendas números 52
a 63, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Saura Laporta defiende las enmiendas números 64 a
93, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Sabaté Borràs defiende las enmiendas números 94 a
114, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Maluquer Ferrer defiende las enmiendas números 25
a 51, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió.

El señor Ruiz Santos defiende las enmiendas números 115 a
147 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo
modificado por las enmiendas números 148 a 150, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora
Fernández Cueva.

En turno de portavoces intervienen los señores Fidalgo
Areda, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Aparici Moya, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se suspende la sesión a las quince horas y cuarenta
minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

Comienza la votación.

Se rechazan las enmiendas números 1 a 6, de los señores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto,
por los siguientes votos: a favor, 60; en contra, 139; abstenciones,
17.

Se rechaza la enmienda número 7, de los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por los
siguientes votos: a favor, 20; en contra, 196.

Se rechaza la enmienda número 8 de los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por los
siguientes votos: a favor, 3; en contra, 193; abstenciones, 17.

Se rechazan las enmiendas números 9 a 15, de los señores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto,
por los siguientes votos: a favor, 60; en contra, 154; abstenciones,
2.

Se rechaza la enmienda número 16, de los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por los
siguientes votos: a favor, 60; en contra, 149; abstenciones, 6.

Se rechazan las enmiendas números 17 y 18, de los señores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto,
por los siguientes votos: a favor, 77; en contra, 138.

Se rechazan las enmiendas números 19 a 22, de los señores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto,
por los siguientes votos: a favor, 60; en contra, 152; abstenciones,
2

Se rechazan las enmiendas números 23 y 24, de los señores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto,
por los siguientes votos: a favor, 77; en contra, 138.

Se rechazan las enmiendas números 52 y 53, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a
favor, 75; en contra, 139; abstenciones, 2.

Se rechazan las enmiendas números 54 y 55, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a
favor, 20; en contra, 193; abstenciones, 2.

Se rechaza la enmienda número 56, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 74; en
contra, 141, abstenciones, 1.

Se rechaza la enmienda número 57, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 64; en
contra, 150; abstenciones, 2.

Se rechazan las enmiendas números 58 a 62, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a
favor, 74, en contra, 137; abstenciones, 3.

Se rechaza la enmienda número 63, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 17; en
contra, 196; abstenciones, 2.

Se rechazan las enmiendas números 64 y 65, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 4; en contra, 194; abstenciones, 17.

Se rechazan las enmiendas números 66 y 67, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 76; en contra, 137.

Se rechazan las enmiendas números 68 a 70, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 59; en contra, 138; abstenciones, 18.

Se rechaza la enmienda número 71, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 3, en
contra, 137; abstenciones, 74.

Se rechaza la enmienda número 72, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 60;
en contra, 138; abstenciones, 17.

Se rechaza la enmienda número 73, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 20;
en contra, 196.

Se rechaza la enmienda número 74, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguiente votos: a favor, 3; en
contra, 196; abstenciones, 17.

Se rechaza la enmienda número 75, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 77;
en contra, 138.

Se rechazan las enmiendas números 76 a 81, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 60; en contra, 154; abstenciones, 2.

Se rechazan las enmiendas números 82 y 83, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 77; en contra, 139.

Se rechaza la enmienda número 84, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 9; en
contra, 150; abstenciones, 56.

Se rechazan las enmiendas números 85 y 86, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 74; en contra, 137; abstenciones, 3.

Se rechaza la enmienda número 87, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 60;
en contra, 154; abstenciones, 2.

Se rechaza la enmienda número 88, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 60;
en contra, 139; abstenciones, 17.

Se rechazan las enmiendas números 89 a 91, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 75; en contra, 137; abstenciones, 2.

Se rechazan las enmiendas números 92 y 93, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 60; en contra, 154; abstenciones, 2.

Se rechaza la enmienda número 94, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 59;
en contra, 155; abstenciones, 2.

Se rechazan las enmiendas números 95 a 98, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 58; en contra, 139; abstenciones, 19.

Se rechazan las enmiendas números 99 y 100, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 58; en contra, 156; abstenciones, 2.

Se rechazan las enmiendas números 101 a 104, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 60; en contra, 139; abstenciones, 17.

Se rechazan las enmiendas números 105 y 106, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 60; en contra, 155.

Se rechaza la enmienda número 107, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 77;
en contra, 139.

Se rechazan las enmiendas números 108 y 109, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 58; en contra, 154; abstenciones, 4.

Se rechaza la enmienda número 110, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 60;
en contra, 139; abstenciones, 17.

Se rechaza la enmienda número 111, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 77;
en contra, 139.

Se rechazan las enmiendas números 112 y 113, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 58; en contra, 139; abstenciones, 19.

Se rechaza la enmienda número 114, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor; 11;
en contra, 139; abstenciones, 66.

Se rechazan las enmiendas números 25 a 32, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor; 17; en contra, 197; abstenciones, 2.

Se rechazan las enmiendas números 33 y 34, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 75; en contra, 141.

Se rechaza la enmienda número 35, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a
favor, 17; en contra, 195; abstenciones, 2.

Se rechazan las enmiendas números 36 y 37, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 15; en contra, 196; abstenciones, 4.

Se rechazan las enmiendas números 38, 39 y 42 a 49, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 76; en contra, 138.

Se rechazan las enmiendas números 40 y 41, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 73; en contra, 142.

Se rechazan las enmiendas números 50 y 51, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 17; en contra, 197; abstenciones, 2.

Se rechazan las enmiendas números 115 a 133, del Grupo
Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 60; en
contra, 139; abstenciones, 17.

Se rechazan las enmiendas números 134 y 135, del Grupo
Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 60; en
contra, 153; abstenciones, 2.

Se rechaza la enmienda número 136, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 59; en contra, 138;
abstenciones, 17.

Se rechaza la enmienda número 137, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 74; en contra, 138;
abstenciones, 3.

Se rechazan las enmiendas números 138 y 139, del Grupo
Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 60; en
contra, 153; abstenciones, 2.

Se rechaza la enmienda número 140, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 75; en contra, 138;
abstenciones, 1.

Se rechazan las enmiendas números 141 a 143, del Grupo
Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 60; en
contra, 154; abstenciones, 2.

Se rechaza la enmienda 144, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 60; en contra, 139;
abstenciones, 17.

Se rechaza la enmienda 145, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 76; en contra, 138;
abstenciones, 1.

Se rechazan las enmiendas números 146 y 147, del Grupo
Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 58; en
contra, 136; abstenciones, 22.

Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista
de vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda número
148 del Grupo Parlamentario Popular, por los siguientes votos: a favor,
60; en contra, 139; abstenciones, 17.

Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista
de vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda número
149 del Grupo Popular, por los siguientes votos: a favor, 60; en contra,
142; abstenciones, 14.

Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista
de vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda 150 del
Grupo Popular, por los siguientes votos: a favor, 59; en contra, 139;
abstenciones, 17.

Se aprueban aquellas partes del proyecto de ley enmendadas
en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores, por los
siguientes votos: a favor, 137; en contra, 63; abstenciones, 17.

Se aprueba el resto del proyecto de ley, por los siguientes
votos: a favor, 139; en contra, 60; abstenciones, 17.

El señor presidente informa de que, tal como dispone el
artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se
pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el
Rey.

7. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

7.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

7.1.1. Acuerdo por el que se modifica por segunda vez el
Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del
Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros,
por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 y modificado por
primera vez en Luxemburgo el 25 de junio de 2005, hecho en Uagadugu el 22
de junio de 2010. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA

2763

Se autoriza al haber sido aprobado por los siguientes
votos: a favor, 214; abstenciones, 2.

7.1.2. Declaración de aceptación por España de la adhesión
de Ucrania al Convenio de La Haya sobre Ley aplicable en materia de
accidentes de circulación por carretera, hecho en La Haya el 4 de mayo de
1971

2764

7.1.3. Convenio entre el Reino de España y la República de
Croacia en materia de lucha contra la delincuencia y asuntos de
seguridad, hecho en Madrid el 24 de octubre de 2011

2764

7.1.4. Acuerdo de Sede entre el Reino de España y el
Instituto Forestal Europeo (IFE) relativo al establecimiento de una
oficina del Instituto en España, hecho en Madrid el 28 de julio de 2011

2764

7.1.5. Convenio entre el Reino de España y la República de
Kazajstán relativo a la asistencia judicial en materia penal, hecho en
Astana el 17 de junio de 2011

2764

7.1.6. Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España
y la Organización Mundial del Turismo (OMT) por el que se reconoce el
acceso al ejercicio de actividades remuneradas de los familiares
dependientes de los funcionarios de la OMT, hecho en Madrid el 31 de mayo
y 11 de junio de 2012

2764

7.1.7. Acuerdo sobre inmunidades y prerrogativas entre el
Reino de España y el Banco Interamericano de Desarrollo, hecho en Madrid
el 15 de junio de 2012

2764

Se autorizan.

8. INCOMPATIBILIDADES

8.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

8.1.1. Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades,
emitido en su sesión del día 23 de octubre de 2012, en relación con
varios señores Senadores

2764

El señor Sanz Cabello, presidente de la comisión, presenta
el dictamen.

Se aprueba el dictamen por asentimiento de la Cámara.

Se levanta la sesión a las dieciséis horas y cuarenta
minutos.

Página
2674

desarrolló la Ley de cohesión y calidad ni tampoco el
decreto de 2006, del presidente Rodríguez Zapatero —estaba todo
paralizado—, es cuando llega el Real Decreto 16/2012, de 20 de
abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema
Nacional de Salud y mejora de la calidad y seguridad en sus prestaciones
para intentar desarrollar, tanto la Ley de cohesión y calidad como el
Decreto de 2006, y dar su razón de ser a todo lo que estaba escrito en
papel, sobre todo para sacar las castañas del fuego después del parón
legislativo de siete años que hemos tenido por inoperancia socialista a
la hora de desarrollar leyes tan importantes como la Ley de cohesión y
calidad del Sistema Nacional de Salud.

Definamos qué es la cartera común de servicios. Es un
conjunto de técnicas, tecnologías y procedimientos, entendiendo por tales
cada uno de los métodos, actividades y recursos basados en el
conocimiento y experiencias científicas mediante los cuales se hacen
efectivas las prestaciones sanitarias. La cartera común de servicios,
otro concepto importante, se articula en torno a tres modalidades, según
real decreto de la época de Rodríguez Zapatero; cartera común básica de
servicios asistenciales, en la cual no hay ni habrá ni se le espera
ningún copago; cartera común suplementaria —estamos hablando de
legislación de la época socialista—, en la cual entran las
farmacias, productos dietéticos, ortoprotésicos y transportes no
urgentes, y en la que se dice que se articulará la forma de adecuar el
copago a los propios usuarios, y cartera de servicios accesorios.

La moción se refiere a la cartera común básica de los
servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud, es decir, a todo
aquello que incluye prevención, diagnóstico, tratamiento o
rehabilitación, tanto en centros sanitarios como en centros
sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente, cubierto de
forma completa por la financiación pública. Aquí no hay copago. Ayer se
habló de que Alemania iba a quitar el copago. Alemania ha quitado el
copago en la asistencia sanitaria, no en la farmacia, tanto a nivel
hospitalario como sociosanitario, que aquí siempre nos hemos negado a
implantar. ¿Por qué? Porque entra dentro de la cartera común básica del
Sistema Nacional de Salud. Por tanto, cuando se habla hay que hacerlo con
propiedad y saber de qué se está hablando. El Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud acordará la cartera común de servicios que
se aprobará mediante real decreto.

Por todo ello, el Grupo Popular presenta una moción con
tres puntos. El primero, modernizar la cartera básica común del Sistema
Nacional de Salud a la luz de la evidencia científica, incorporando todos
los procedimientos y técnicas que contribuyan de manera eficaz a la
mejora de la calidad de vida de los pacientes y a reducir la
morbimortalidad, contribuyendo a la cohesión y equidad dentro del Sistema
Nacional de Salud.

En un Estado moderno, en un sistema sanitario avanzado es
necesario incluir los avances tecnológicos. La ciencia avanza que es una
enormidad, por lo que tenemos que estar activos a la hora de incorporar
nuevas tecnologías, siempre en beneficio del paciente, como nuevas
prestaciones, manteniendo por tanto la equidad y cohesión entre todas las
comunidades autónomas.

¿Quién decide qué entra o qué sale en una cartera de
servicios? De acuerdo con el Real Decreto Ley 16/2012, de medidas
urgentes, se está llevando a cabo una revisión de la cartera de servicios
por medio de grupos de trabajo, que son muy importantes. En estos grupos
de trabajo intervienen las comunidades autónomas, las sociedades
científicas, es decir, los profesionales, la Agencia de Evaluación... Son
grupos de expertos que, junto con la Dirección General de Cartera Básica
de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio,
deciden qué entra y qué sale, siempre previo paso por el Consejo
Interritorial del Sistema Nacional de Salud. Esto es desarrollar la Ley
de Cohesión y Calidad y aplicar el sentido común para lo que entra y para
lo que sale dentro de las prestaciones de la cartera de servicios.

El segundo punto es agilizar la actuación científicotécnica
de las mamografías de forma protocolizada como una prueba de gran valor
para el cribado de cáncer de mama de tanta importancia para la mejora y
salud del bienestar de las mujeres. El hecho de que hayamos puesto este
punto es, sobre todo, para acallar esa alarma malintencionada que se ha
escuchado en las últimas semanas en un grupo parlamentario determinado, y
dejar claro que todo lo que es prevención entra dentro de la cartera de
servicios común básica del Sistema Nacional de Salud y que está exenta de
copago. Me voy a referir a las recientes palabras de la ministra de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que dice de forma textual: ya
hemos soportado la gran mentira de

que van a desaparecer las mamografías. Es rigurosamente
falso, porque no hay nada más eficaz para combatir y prevenir esta
enfermedad que las propias mamografías.

Señorías, en lo referente a las mamografías el objetivo del
grupo de trabajo es concretar, hacer el protocolo para el cribado del
cáncer de mama, homogeneizar las indicaciones a la luz de la evidencia
científica disponible, facilitando a las mujeres —para las que así
esté indicado— llevar a cabo un diagnóstico precoz de su enfermedad
y minimizar los posibles efectos adversos de las pruebas radiológicas.
Lógicamente, este grupo de trabajo, como cualquier grupo de trabajo, se
basa en antecedentes familiares, antecedentes personales, edad para hacer
la mamografía, condiciones para hacer la ecografía junto con la
mamografía, qué aparato utilizar para la mamografía, si va a ser un
mamógrafo o un TAC —tomografía axial computerizada—, es
decir, que lo que hacen los grupos de trabajo es evaluar, protocolizar e
incluir, igual que la mamografía, cualquier técnica que esté evaluándose
ahora mismo por grupos de trabajo científico, como he dicho, formados por
comunidades autónomas, por los propios profesionales y, dentro de las
comunidades autónomas, por el Consejo Interterritorial, relativa a cada
una de las pruebas que se hacen actualmente dentro de la cartera básica
del Sistema Nacional de Salud.

Por último, el tercer punto es actualizar la cartera de
servicios del Sistema Nacional de Salud de forma permanente, agregando
nuevas técnicas y procedimientos que cumplan con los criterios de
eficacia, eficiencia, efectividad, seguridad y utilidad terapéutica,
teniendo en cuenta el criterio de la nueva Red Española de Agencias de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional
de Salud.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular considera esencial
la participación de la nueva Red Española de Agencias de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, que
al fin y al cabo hace un análisis de la eficacia, eficiencia,
efectividad, seguridad y utilidad terapéutica; valora las ventajas y
alternativas asistenciales, el cuidado del grupo menos protegido o de
riesgo y las necesidades sociales, así como el impacto económico y
organizativo.

La puesta en marcha de esta red, que es un gran acierto del
Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, optimiza los recursos
existentes. No puede haber 17 agencias de evaluación, una en cada una de
las comunidades autónomas, pues cada una de ellas hace su evaluación, y
una dice que tal o cual medicamento es efectivo, que tal otro no, que
esta técnica sí y esa otra no, y eso lleva a una disparidad de criterios
y actuaciones no científicas, sino por parte de una agencia de evaluación
en cada una de las comunidades autónomas. Lo que se ha hecho es
aglutinarlo todo en una única red, que es la que valora y dice si una
técnica entra o no entra, y si lo hace, lo hace para todo el territorio
nacional. Es lógico y de sentido común.

E igual se hace en otros países. Tenemos la AMM americana o
el NICE inglés, que al fin y al cabo son agencias de evaluación de
reconocido prestigio, y son las que deciden cuándo una nueva técnica o un
nuevo medicamento es eficiente o efectivo para ser integrado dentro del
sistema sanitario.

Nos hemos encontrado ahora años sin actualizar la provisión
de los servicios según la realidad científica, y lo que pretende el
Partido Popular es incluir en la cartera de servicios aquellas técnicas,
tecnologías y procedimientos cuya contribución eficaz a la prevención y
diagnóstico del tratamiento, rehabilitación y curación de las
enfermedades mejoren a la ciudadanía, disminuyan el dolor y eviten
sufrimientos; es decir, algo suficientemente probado como para ser
integrado dentro de la cartera de servicios.

En estos momentos estos grupos de trabajo que están
priorizando determinados aspectos están en funcionamiento y están
haciendo propuestas, están concretando y están mandando información a la
Red Española de Agencias de Evaluación. Esta red elaborará sus
correspondientes informes y decidirán si estos nuevos informes se
incluyen, se excluyen o se modifican las condiciones de uso de estas
nuevas tecnologías a la hora de incorporarlos. El grupo analiza la
documentación disponible sobre cada técnica junto con las respectivas
valoraciones económicas, formulando las correspondientes propuestas que
luego se llevan al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud, pues al fin y al cabo las comunidades autónomas son las que
deciden la inclusión o no de las propuestas que hace la Red Española de
Agencias del Sistema Nacional de Salud.

Por consiguiente, y como ya he indicado, se está trabajando
yo creo que mucho, muy bien y muy rápido para actualizar la cartera de
servicios a la luz de las evidencias científicas disponibles. Este es un
tema muy técnico y muy científico sobre si se es o no eficiente.

Asimismo cabe indicar que las actuaciones no deben implicar
exclusivamente introducir nuevas técnicas, tecnologías o procedimientos,
sino eliminar también aquellas que hayan quedado obsoletas después de
muchos años o cuya ineficacia se haya demostrado o bien modificar las
condiciones de uso de las existentes de forma que los resultados
contribuyan a mantener la cohesión en el Sistema Nacional de Salud, la
eficiencia de las prestaciones sanitarias y la equidad, sin olvidar el
marco socio-sanitario.

Y termino, señorías, valorando de forma muy positiva el
camino de nuestro Gobierno en estos pocos meses a la hora de actualizar
la cartera de servicios de una forma lógica y utilizando lo que hay que
utilizar siempre, y que muchas veces no usamos, que es el sentido común
como forma de garantizar la eficiencia y la sostenibilidad de nuestro
magnífico sistema sanitario español.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aguirre.

Para la defensa de la enmienda tiene la palabra, por el
Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, senyor president.

Senyor Aguirre, en primer lloc li agraeixo la seva bona
predisposició per tal de parlar i haver intentat arribar a un acord en
aquesta esmena. Li he de dir que des del punt de vista amb què vostès
aborden aquesta modificació, modernització i agilització de la cartera
bàsica comuna del Sistema Nacional de Salut, des del punt de vista de
l’evidència científica, tècnicament és impecable i en aquest sentit
nosaltres no hi tenim res més a dir. Però no podem renunciar, senyor
Aguirre, perquè ve passant, que qualsevol modificació que suposi un
augment en el cost per a les comunitats autònomes de nous serveis,
tractaments o medicaments que s’incloguin en aquesta cartera
bàsica, vagi acompanyada del corresponent finançament. No podem renunciar
a això.

Ja sé —en vam parlar ahir—, que qualsevol canvi
en la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut es pren en el sí
del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, en el qual hi
estem representats pel nostre conseller, però això no ens és suficient,
perquè si bé podem ser-hi quan es prenen les decisions, després no tenim
el finançament per dur-les a terme. Resumint, clar i ras: ens les prenem
nosaltres i ens les financem nosaltres, i així triem aquelles que creiem
oportunes en el nostre territori.

Res més. Únicament torno a reiterar el meu agraïment al
senyor Aguirre pel seu to conciliador i per la seva amabilitat a
l’intentar arribar amb nosaltres a un acord amb aquesta esmena.

Moltes gràcies.

Buenos días. Gracias, señor presidente.

Señor Aguirre, le agradezco, en primer lugar, su buena
predisposición para hablar e intentar llegar a un acuerdo sobre esta
enmienda. Debo decirle que desde el punto de vista con el que usted
aborda esta modificación, modernización y agilización de la cartera
básica común del Sistema Nacional de Salud, desde el punto de vista de la
evidencia científica técnicamente es impecable y en este sentido nosotros
no tenemos nada más que decir. Pero no podemos renunciar, señor Aguirre,
porque sucede habitualmente que cualquier modificación que suponga un
aumento en el coste para las comunidades autónomas de nuevos servicios,
tratamientos o medicamentos que se incluyan en esta cartera básica
debería ir acompañada de la correspondiente financiación. No podemos
renunciar a ello.

Ya sé —hablamos sobre ello ayer— que cualquier
cambio en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud se adopta
en el CISNS, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud,
en el cual estamos representados por nuestro consejero, pero ello no es
suficiente, porque si bien podemos estar cuando se toman las decisiones,
luego no tenemos la financiación para llevarlas a cabo. Resumiendo de
forma clara: las tomamos nosotros y nos las financiamos, con lo cual
escogemos aquellas que creemos oportunas en nuestro territorio.

Nada más. Simplemente reitero mi agradecimiento al señor
Aguirre por su tono conciliador y por su amabilidad al intentar llegar
con nosotros a un acuerdo en esta enmienda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
para la defensa de su enmienda tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias.

Bon dia, president. Bon dia, senyories.

Si hem de fer cas a allò que ha explicat el senador del
Grup Popular, el senador Aguirre, sobre l’esperit de la moció, el
Grup de l’Entesa no s’oposa a la modernització dels
procediments ni a l’actualització de la cartera bàsica de serveis.
Dit això, nosaltres creiem que és absolutament irrenunciable que aquesta
actualització es faci sense retallar aquesta cartera. Per tant, el sentit
de les dues esmenes que hem presentat és senzillament, en primer lloc,
demanar el manteniment dels procediments que segueixen essent vigents i
necessaris, i, en segon lloc, sol·licitar que no es retiri cap prestació
d’aquesta cartera de serveis.

Si aquesta és la voluntat del Grup Popular entenem que no
hi haurà, ni hi hauria d’haver, cap dificultat perquè fossin
acceptades aquestes esmenes i la moció, aleshores, tindria el nostre vot;
si no és així, evidentment, el nostre vot serà en contra.

Moltes gràcies.

Buenos días, presidente. Buenos días, señorías.

Si debemos hacer caso a lo que ha explicado el senador del
Grupo Popular, señor Aguirre, sobre el espíritu de la moción, el Grupo de
la Entesa no se opone a la modernización de los procedimientos ni a la
actualización de la cartera básica de servicios. Dicho esto, nosotros
creemos que es absolutamente irrenunciable que esta actualización se haga
sin recortar esta cartera. Por lo tanto, el sentido de las dos enmiendas
que hemos presentado es sencillamente, en primer lugar, mantener los
procedimientos que sigan siendo vigentes y necesarios y, en segundo
lugar, solicitamos que no se retire ninguna prestación de esta cartera de
servicios.

Si esta es la voluntad del Grupo Popular entendemos que no
debería haber ninguna dificultad para que estas enmiendas fueran
aceptadas y en ese caso la moción tendría nuestro voto; si no es así,
nuestro voto será contrario.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador Aguirre
para indicar si acepta o no las enmiendas.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Primero quiero comunicar a mis dos compañeras senadoras,
tanto de Convergència i Unió como de Entesa, que teniendo en cuenta las
dos enmiendas que presentan y teniendo en cuenta el calado, pequeño
calado de las mismas en el conjunto de la moción, me da a entender
perfectamente que están muy de acuerdo con el espíritu de la misma, y que
quizá haya otros motivos —posiblemente esta campaña preelectoral en
la que están inmersos ahora mismo en su comunidad— que hagan que
políticamente no esté prevaleciendo lo que técnicamente tendría que
prevalecer a la hora de establecer la cartera de servicios del Sistema
Nacional de Salud.

A la senadora Rivero le agradezco, por supuesto, las
conversaciones de ayer y que hayamos intentado llegar a puntos de
consenso. Como ya he dicho antes desde la tribuna, en la cartera de
servicios quien al final decide qué entra, qué sale, qué costes, la
eficiencia, la efectividad, no es otro que el propio Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde están representados
aquellos que al fin y al cabo son los que pagan, los pagadores, que son
las comunidades autónomas. La cartera de servicios lo que hace es
homogeneizar y que no haya inequidad entre comunidades autónomas y
mantener la máxima cohesión y equidad en todas las comunidades a la hora
de las prestaciones sanitarias, sobre todo la cartera común básica de
servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud.

Senadora Almiñana, ya se lo dije ayer, no lo comprendo.
¿Cómo vamos a mantener algo que estamos evaluando cuando algunas de las
técnicas llevan ya cuarenta años que ni se practican, que son obsoletas,
y ustedes quieren que pongamos que permanezcan y que no se retire
ninguna. Totalmente absurdo. Si lo bonito de esto es el feedback, una
nueva retroalimentación en la que los expertos técnicos y científicos
deciden qué es valido y qué no lo es. Lo que no es válido,

sencillamente se rechaza, y lo que es válido se implementa.
Esa es la idea de la cartera de servicios. Por lo tanto, no se trata de
decir: como ya está metido en la cartera de servicios, así durante cien
años. No señor, la técnica y la ciencia avanzan una enormidad —como
decía un poeta del siglo pasado— y con ello queremos acelerar al
máximo su implementación dentro de la cartera de servicios en beneficio
de los propios pacientes, al igual que retirar aquellas técnicas que han
quedado obsoletas y que científicamente ya no son óptimas, eficientes ni
eficaces en la prevención, y lo mismo con los medicamentos que han
quedado obsoletos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aguirre.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

No hay intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado tiene la
palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, presidente jauna.

Voy a hablar desde el escaño para agilizar un poco la
mañana, pues va a ser bastante densa.

Señor Aguirre, yo quería escucharle antes de exponer
enteramente lo que quería manifestar hoy. Ayer hablé con usted y creo que
estamos de acuerdo esencialmente en casi todo, pero en este asunto los
matices son importantes.

En su discurso ha dicho que llevamos muchos años sin
renovar la cartera de servicios. En primer lugar, quiero decir que a mí
todo esto de la cartera de servicios básica me parece muy bien, aunque no
siempre se está hablando de la cartera de servicios básica. Nos referimos
a la cartera común de servicios y es ahí donde me parece que empezamos a
hablar y a meternos en asuntos competenciales que no nos
corresponden.

Señor Aguirre, en 1992 se creó Osteba. Hace veintiocho años
se creó Osakidetza y desde entonces se ha producido un proceso de mejora
continua con varios hitos en la historia de Osakidetza: en 1993, con
Osasuna Zainduz —un plan para mejorar la salud de los
vascos—, en 1997, con la Ley de Ordenación Sanitaria, pero, sobre
todo, desde 1992, con la creación de la agencia Osteba —el servicio
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Euskadi—. Este servicio
es miembro fundador de la Red Internacional de Agencias de Evaluación,
miembro asociado a la Red Europea de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias, miembro asociado al proyecto europeo PHGEN II —para
normalizar la introducción de tecnología genética—, así como
miembro de la Red de Agencias de Evaluación que usted mencionaba.

Mi abuelo solía decir en euskera: baketan dagoenari,
baketan itxi, esto es, al que está en paz, déjenle en paz. A nosotros nos
da la sensación de que, después de veintiocho años trabajando y
veinticinco de los cuales ha gobernado mi partido —no durante los
tres últimos, aunque ya haremos una evaluación continua del resultado
dentro de unos meses—, tenemos y hemos tenido en mejor situación
una de las mejores sanidades públicas de Europa. Por ello, señor Aguirre,
nos da cierto miedo esto que usted plantea por lo que pueda tener de
igualación a la baja.

El otro día, la señora Almiñana —que se está haciendo
famosa por sus frases—, habló del tráfico y del benchmarking, y
espero que no ponga copyright, porque voy a volver a repetirlo. Señorías,
hagamos benchmarking, pero al alza, no a la baja, señor Aguirre. A
nosotros nos dan mucho miedo este tipo de mociones.

En cuanto al asunto de las mamografías, al principio me
costó entender por qué incluía esta cuestión dentro de la moción, pero me
parece que es un poco por lo mismo que nosotros hemos tenido que repetir
en la campaña electoral, es decir, que nuestra política se basa en cuatro
pilares de la política humanística que el Partido Nacionalista Vasco
lleva desarrollando durante los veintiocho años que ha estado gobernando:
el apoyo a la sanidad pública, el apoyo a la educación, el apoyo a los
servicios sociales y, en estas elecciones tuvimos que meter una cuarta
pata, la garantía de las pensiones, porque, igual que a ustedes les están
metiendo miedo con que van a quitar las mamografías del Servicio Nacional
de Salud, de nosotros se decía que un sistema vasco de pensiones no sería
sostenible, cuando hemos demostrado que, en todo aquello en lo que
tenemos transferencias, somos capaces de hacerlo mejor que el que mejor
lo hace; no mejor que nadie, pero, por lo menos, como el que mejor lo
hace. Así pues, entiendo lo de las mamografías. Y, le digo lo mismo,
señor Aguirre, en Euskadi, por definición a todas las mujeres entre 50 y
69

años se les realizan mamografías con una periodicidad de
dos años. Sí que se puede replantear hacerlo cada tres años, pero eso lo
tendrán que decir los científicos. Y a aquellas mujeres que en primera o
segunda generación tienen riesgo o han tenido una antecedente de procesos
cancerosos de mama en su familia se les empieza a hace el screening de 40
a 49 años. Se puede mejorar, pero eso ya son criterios científicos,
independientemente de que luego se digan otras cosas.

A nosotros esta moción, señor Aguirre, no nos aporta gran
cosa nueva, nos genera una cierta incertidumbre, por lo que le he
comentado antes, y, por eso, nos vamos a abstener, señor Aguirre.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Bon dia, senyories. Senador
Aguirre, si per campanya electoral vostè entén defensar els drets dels
ciutadans que recolzen les nostres idees i que sempre intentem fer en
aquesta Cambra, doncs sí, estem en campanya electoral, ara i sempre,
perquè és el nostre deure com a partit polític defensar els interessos
d’aquella gent que ha confiat amb nosaltres i amb el nostre ideari
polític. Si per contra, el que vostè insinua és que jo o el meu grup
votarà en contra d’aquesta moció per electoralisme, ja li dic que
no, perquè l’esperit de la moció ja li he dit que el compartíem,
però el que ens fa molta por és quan vostès parlen d’actualitzar i
modernitzar les carteres de serveis; per molt que ho facin d’acord
amb les comunitats autònomes, nosaltres ens posem a tremolar.

En primer lloc, m’agradaria assenyalar que no es cap
novetat que el seu grup, el Grup Popular, porti constantment a aquesta
Cambra iniciatives i propostes que el Govern ja ha anunciat o ja està
duent a terme, com és el cas d’aquesta moció, amb el qual estem
distorsionant el sentit de la Cambra. El paper que correspon al Senat és
fer impuls al Govern, no que el Govern faci i nosaltres l’impulsem,
sinó que em sembla que és al revés. Per tant, el que hauríem de fer és
impulsar l’acció del Govern i no el contrari. I més encara quan,
després de moltes d’aquestes mesures, algunes d’elles
s’acaben aprovant per reials decrets, i llavors no tenim ni temps
de debatre-les a la Cambra.

Això seria una primera reflexió sobre què comporta aquesta
moció, perquè ho diu claríssimament, ja hi ha uns grups de treball de les
comunitats autònomes, les societats científiques i les agències
d’avaluació que estan treballant en la revisió de la cartera bàsica
de serveis. Nosaltres, per suposat, no ens oposem a la modernització de
les tècniques ni dels procediments inclosos actualment a la cartera
bàsica de serveis. És més, les ciències mèdiques, amb les noves
tecnologies, evolucionen i ens permeten donar les respostes més adients a
les patologies existents avui en dia. Els diagnòstics han canviat
moltíssim, i això ho sabem tots dos. Pensem en un tractament molt senzill
com el tractament de l’úlcera, el famós helicobacter pylori que,
temps enrere —jo diria que quan vaig començar a estudiar
medicina—, s’havien de fer endoscòpies per diagnosticar-lo i
avui en dia hi ha un test, el test de l’alè, que permet el
diagnòstic i un tractament antibiòtic que permet eradicar el que
potencialment podria fer una úlcera. Per tant, és veritat que la medicina
canvia a gran velocitat i, a mesura que va canviant, els metges utilitzen
altres tècniques.

El dubte és si darrera de les seves bones paraules i els
eufemismes es torna a amagar la voluntat de retallar la cartera bàsica de
serveis. Perdoni’m, però tinc aquest dubte. Sabem que hi ha aquests
grups que estan revisant la cartera de serveis de les comunitats
autònomes, i ens preocupa quin serà el resultat d’aquesta revisió.
Bàsicament, perquè això no serveixi de pretext, una altra vegada, per
retallar serveis i deixar-ne alguns a banda, i que aquests a banda
requereixin algun copagament. Ja sé que vostès em diran que això no és
així, però també van dir que no hi hauria copagaments, que no retallarien
la sanitat, que no retallarien l’educació, que no retallarien la
dependència, que no revisarien la Llei de l’avortament i, de
moment, ho estan fent tot. Per tant, arribat aquest punt, no sabem què és
millor, si quan el Govern diu que no farà una cosa, o quan no ho diu,
perquè quan diu alguna cosa ens posem a tremolar.

En qualsevol modificació d’una cartera bàsica de
serveis que es faci som conscients que les comunitats autònomes hi han de
dir la seva part, i per suposat que s’han de dotar de les partides
pressupostàries, com ha comunicat abans Convergència i Unió.

Deixi’m que li expliqui una cosa arrel de les
mamografies. Respecte a la consellera Marina Geli, a qui a vostès els
agrada tant esmentar en aquesta Cambra, en la seva legislatura es va

produir un fet importantíssim a Catalunya gràcies al
cribratge del càncer de mama, que vostès diuen que continuaran fent
—i jo me n’alegro, que el continuïn fent—, i una de les
coses que es va produir és que per primera vegada a la història
s’equilibrava la mortalitat per classe social; és a dir, en el
càncer de mama a Catalunya tenien les mateixes possibilitats de
supervivència una persona que viu al Raval, que una persona que viu al
barri de Sarrià, que és un dels barris amb més diners de Catalunya. Això
es va aconseguir amb una bona política de prevenció, que ja es venia fent
des de feia temps, i va ser la Marina Geli qui va acabar impulsant
aquesta política que va fer que les dones catalanes, independentment de
la classe social, tinguessin el mateix índex de supervivència amb el
càncer de mama.

Per tant, estic molt contenta de saber que vostès recolzen
que les mamografies i el cribratge continuïn estant dins de la cartera
bàsica de serveis i que, per tant, els usuaris no n’hauran de fer
cap copagament.

En resum, jo crec que la nostra posició és clara: diem sí a
modernitzar la cartera bàsica comuna del Sistema Nacional de Salut davant
de les evidències científiques, incorporant els procediments i les
tècniques que hi contribueixin i sí a agilitzar les actualitzacions
científiques davant de les tècniques com la mamografia per
protocol·litzar com una prova de gran valor. Estic absolutament
d’acord amb el cribratge en el càncer i el benestar de les dones, i
estem a favor d’actualitzar la cartera del Sistema Nacional de
Salut de manera permanent; però diem no a les retallades dels serveis
sanitaris, i no a l’exclusió de cap prestació del servei públic.
Per tant, si l’actualització passa per aprimar els drets a la
salut, no comptin amb l’Entesa.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Buenos días, señorías. Senador Aguirre, si por campaña
electoral usted entiende lo que es defender los derechos de los
ciudadanos que apoyan nuestra ideas, y que es lo que siempre intentamos
hacer en esta Cámara, pues sí, estamos en campaña electoral, ahora y
siempre, porque es nuestro deber como partido político, defender los
intereses de aquella gente que confía en nosotros y en nuestro ideario
político. Si, por contra, lo que usted insinúa es que mi grupo votará en
contra de esta moción por electoralismo, ya le digo que no, porque ya le
he dicho que compartimos el espíritu de la moción, pero nos da mucho
miedo cuando ustedes hablan de actualizar y modernizar las carteras de
servicios y por mucho que lo hagan de acuerdo con las comunidades
autónomas, nosotros nos ponemos a temblar.

En primer lugar, me gustaría señalar que no es ninguna
novedad que su grupo, el grupo del Partido Popular, traiga constantemente
a esta Cámara iniciativas y propuestas que el Gobierno ya ha anunciado o
ya está llevando a cabo, como es el caso de lo que plantea esta moción,
con lo cual estamos distorsionando el sentido de la Cámara. El papel que
corresponde al Senado es impulsar al Gobierno, no que el Gobierno haga
cosas y nosotros le impulsemos, sino que me parece que es al revés. Así
pues, lo que deberíamos hacer es impulsar la acción del Gobierno y no al
contrario y más aún cuando después de muchas de estas medidas se acaban
aprobando algunas de ellas por reales decretos y ni siquiera tenemos
tiempo de debatirlas en la Cámara.

Esta sería una primera reflexión a lo que conlleva esta
moción, que dice clarísimamente que ya existen unos grupos de trabajo de
las comunidades autónomas, las sociedades científicas y las agencias de
evaluación, que están trabajando en la revisión de la cartera básica de
servicios. Nosotros, por supuesto, no nos oponemos a la modernización de
las técnicas ni de los procedimientos incluidos actualmente en la cartera
básica de servicios. Es decir, las ciencias médicas, con las nuevas
tecnologías, evolucionan y nos permiten dar respuestas más adecuadas a
las patologías existentes hoy en día. Los diagnósticos han cambiado
muchísimo y eso lo sabemos los dos. Pensemos en un tratamiento muy
sencillo, como es el tratamiento de la úlcera, el famoso helicobacter
pylori, que, tiempo atrás, cuando yo empecé a estudiar medicina
necesitaba de endoscopias para diagnosticarse y hoy en día existe un test
que permite un diagnóstico y un tratamiento antibiótico que consigue
erradicar lo que potencialmente podría ser una úlcera. Por lo tanto, es
cierto que la medicina ha cambiado a una gran velocidad y a medida que va
cambiando los médicos utilizan otras técnicas.

La duda es, si tras sus buenas palabras y los eufemismos,
se vuelve a encontrar la voluntad de recortar la cartera básica de
servicios. Perdóneme, pero tengo esta duda. Sabemos que existen estos
grupos que están revisando las carteras de servicios de las comunidades
autónomas y nos

preocupa cuál será el resultado de esta revisión y que esto
sirva de pretexto de nuevo para recortar servicios y dejar algunos aparte
y que estos requieran algún copago. Ya sé que ustedes me dirán que esto
no es así, pero también dijeron que no habría copagos, que no recortarían
la sanidad, que no recortarían la educación, que no recortarían la
dependencia, que no revisarían la Ley del aborto y, de momento, lo están
haciendo todo. Llegados a este punto, no sabemos qué es mejor, si cuando
el Gobierno dice que no hará una cosa o que no diga nada, porque cuando
dice alguna cosa nos ponemos a temblar.

Somos conscientes de que en cualquier modificación de una
cartera básica de servicios las comunidades autónomas tendrán que decir
su parte y, por supuesto, se deberán dotar las partidas presupuestarias,
como ha indicado antes Convergència i Unió.

Déjenme explicar una cosa sobre las mamografías. Respecto a
la consejera Marina Geli, a la que ustedes les gusta tanto mencionar en
esta Cámara, en su legislatura se produjo un hecho importantísimo gracias
al cribaje del cáncer de mama, que ustedes dicen que continuarán haciendo
—y yo me alegro mucho—, y una de las cosas que se produjo es
que, por primera vez en la historia se equilibraba la mortalidad por
clases sociales; es decir, en cuanto al cáncer de mama, en Cataluña hay
las mismas posibilidades de supervivencia para una persona que vive en El
Raval como para una que viva en el barrio de Sarrià, uno de los barrios
con más dinero de Cataluña. Eso se consiguió con una buena política de
prevención, que ya se hacía desde un tiempo atrás, y fue Marina Geli la
que acabó impulsando esta política e hizo que las mujeres catalanas,
independientemente de su clase social, tuvieran el mismo índice de
supervivencia con el cáncer de mama.

Por lo tanto, estoy muy contenta de que ustedes estén a
favor de que las mamografías y el cribaje continúen estando dentro de la
cartera básica de servicios y que los usuarios no tengan que hacer ningún
pago al respecto.

En resumen, nuestra posición es clara: decimos sí a
modernizar la cartera básica común de servicios del Sistema Nacional de
Salud ante las evidencias científicas, incorporando los procedimientos y
las técnicas más novedosas y a agilizar las actualizaciones científicas
ante las técnicas como la mamografía para protocolizar como una prueba de
gran valor. Estoy absolutamente de acuerdo con el cribaje en el cáncer y
el bienestar de las mujeres, y estamos a favor de actualizar la cartera
del Sistema Nacional de Salud de forma permanente, pero no estamos de
acuerdo con el recorte de los servicios sanitarios, ni con la exclusión
de ninguna prestación de servicio público y, por lo tanto, no estaremos
de acuerdo si la actualización pasa por adelgazar los derechos de la
salud.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, senyor president.

Senyor Aguirre, senyora Almiñana, avui li he de dir que
estic d’acord amb moltes de les exposicions que ha fet aquí.
Efectivament, a Catalunya tenim un sistema de salut que jo penso que és
capdavanter i que ha donat resultats i és eficaç, i això es reflecteix en
el pla de salut de Catalunya que recull totes aquestes variables en quant
a la modernització, millora i sobretot paràmetres d’innovació pel
que fa al tema de la prevenció; una política de prevenció que ens fa
ampliar moltes proves en nadons i també amb el tema de les dones.

Però, dit això, al senyor Aguirre jo només li vull dir que
efectivament en l’esperit de la moció nosaltres hi estem
d’acord, i no és perquè la nostra sol·licitud d’esmena
tingui, com diu ell, poc calat en el gruix d’aquesta moció. Per a
nosaltres aquest poc calat no és un tema menor, en tant en quant vostès,
l’Estat, altrament decideix i les comunitats autònomes paguen. Per
tant, per nosaltres no és un tema menor.

Li he de dir que també em permetrà que siguem curosos a
l’hora de tirar endavant temes quan vostès ens han demostrat que
tenen un tarannà altament centralitzador, que cada vegada que parlen
d’homogeneïtzar automàticament tenim incursions en les competències
de les comunitats autònomes, i ja li he dit que en el tema d’anar
centrifugant obligacions i anar passant el pagament íntegrament a les
comunitats autònomes, vostès també saben com es fa.

Per això, malgrat jo —amb tota l’estima, senyor
Aguirre—, li he comentat que amb l’evidència tècnica no ens
hi posarem —a més aquesta senadora no té la preparació per
tècnicament discutir-li segons quins temes en aquesta moció,—, el
que està clar és que nosaltres no acceptarem. Estem d’acord que
vostès sacsegin aquest sistema bàsic de la cartera bàsica de serveis del
Sistema Nacional de Salut, que l’innovin, que detectin proves que,
si són obsoletes, les puguin canviar per altres que tinguin més bons
resultats. El que no estem d’acord és que sota aquesta capa de
modernització, d’actualització, d’agilització de molts
procediments, vostès novament estiguin intentant homogeneïtzar i inferir
en temes que en algunes comunitats autònomes tenim resolts, i sobretot
imposar-nos altres serveis, amb la poca decisió que cadascuna de les
comunitats autònomes tenim en el Ple del Consell Interterritorial de
Sanitat, que sap vostè que en aquest cas el Partit Popular també té bona
cosa a dir perquè vostès decidiran a última hora què s’inclou i què
no s’inclou, i els que no hi tenim la majoria pagarem.

Per tant, sense allargar-me més, senyor Aguirre, li diré
que nosaltres, si bé estem d’acord amb l’esperit, ens
abstindrem en aquesta moció perquè hi veiem alguns paràmetres que ens fan
por, des del punt de vista de les comunitats autònomes. I a més a més, no
ens ha sabut donar resposta amb què passaria si s’ampliava aquesta
cartera bàsica si, efectivament, un altre cop, les comunitats autònomes
íntegrament haurien d’assumir allò que no poden decidir.

Moltes gràcies, res més. Gràcies, president.

Gracias, señor presidente.

Señor Aguirre, señora Almiñana, hoy debo decirles que estoy
de acuerdo con muchas de las exposiciones que han hecho. Efectivamente,
en Cataluña tenemos un sistema de salud que es muy puntero, ha dado
resultado, es eficaz y eso se refleja en el plan de salud de Cataluña,
que recoge todas estas variables en cuanto a la modernización, mejora y
sobre todo parámetros de innovación en la prevención; una política de
prevención que nos hace ampliar muchas pruebas en neonatos y en lo
referente a las mujeres.

Pero, una vez dicho esto, quiero decirle al señor Aguirre
que nosotros estamos de acuerdo con el espíritu de la moción, y no es
porque nuestra enmienda tenga poco calado en el seno de esta moción. Para
nosotros este poco calado no es un tema menor por cuanto que ustedes, el
Estado, deciden, y las comunidades autónomas, pagan. Por lo tanto, no es
un tema menor.

Asimismo, me permitirá que seamos muy cuidadosos en el
momento de llevar adelante cuestiones cuando ustedes nos han demostrado
que tienen un talante altamente centralizador, que cada vez que hablan de
homogeneizar automáticamente tenemos incursiones en las competencias de
las comunidades autónomas. Y, respecto a lo de ir centrifugando
obligaciones e ir pasando el pago íntegramente a las comunidades
autónomas, ustedes también saben cómo se hace.

Por tanto —con todo el cariño, senador
Aguirre—, aunque esta senadora no tiene la preparación para
discutir algunos temas de esta moción desde un punto de vista técnico,
estando de acuerdo en que ustedes innoven en la cartera básica de
servicios del Sistema Nacional de Salud, que cambien pruebas si son
obsoletas por otras de mejores resultados, no estamos de acuerdo con que,
bajo esta forma de modernización, actualización y agilización de estos
procedimientos, ustedes intenten nuevamente homogeneizar e inferir en
asuntos que en algunas comunidades autónomas ya tenemos resueltos y,
sobre todo, imponernos otros servicios, con la poca capacidad de decisión
que cada una de las comunidades autónomas tenemos en el Pleno del Consejo
Interterritorial de Sanidad, donde usted sabe que el Partido Popular
tiene mucho que decir, porque ustedes decidirán en última instancia lo
que se incluye y lo que no, y quienes no tenemos la mayoría
pagaremos.

Por lo tanto, sin extenderme más, senador Aguirre, si bien
estamos de acuerdo con el espíritu de la moción, nos abstendremos en su
votación ya que vemos en ella algunos parámetros que nos dan miedo desde
el punto de vista de las comunidades autónomas. Además, no nos ha sabido
dar respuesta a lo que sucedería si se innovase en esta cartera básica,
si las comunidades autónomas debiesen asumir íntegramente aquello sobre
lo que no pueden decidir.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Muchas gracias, señor
presidente.

Muy buenos días, señorías.

La verdad es que, después de escucharle, senador Aguirre,
tengo que decirle de forma contundente que nosotros también tenemos muy
claro de dónde venimos y hacia dónde vamos. Después de escucharle a usted
parece que en España, en las diferentes comunidades autónomas, no se han
actualizado los procedimientos y tenemos una sanidad tercermundista.
Tenemos un Sistema Nacional de Salud cada vez más deteriorado por las
políticas del Partido Popular. Desde luego, estamos en un Sistema
Nacional de Salud público, gratuito, equitativo, cohesionado y universal,
pero con las políticas del Partido Popular, con el Gobierno del Partido
Popular, a través del Real Decreto 16/2012, vamos hacia un Sistema
Nacional de Salud de aseguramiento, dual, de beneficencia. Les guste o
no, señorías, esa es la realidad de donde venimos y hacia dónde vamos.
(Aplausos.)

Senador Aguirre, esta es una moción absurda, una moción
para enmascarar las duras e injustas medidas impuestas por el Gobierno
del Partido Popular que se contemplan en el Real Decreto Ley 16/2012, de
20 de abril. Para nuestro grupo, esta moción, además de absurda, es
inaceptable. Trata de salir al paso de declaraciones incongruentes de la
ministra de Sanidad y responsables del ministerio en relación a la
revisión de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de
Salud.

Después de analizar la moción y de leer su exposición de
motivos no sé con qué criterio se atreven a decir que en la cartera de
servicios no están incluidas todas las técnicas, tecnologías y
procedimientos para garantizar la prevención, el diagnóstico, el
tratamiento y la rehabilitación para mejorar la calidad de vida, para
mejorar la esperanza de vida y para paliar el sufrimiento de las
personas; no sé con qué criterio se atreven a decir eso. ¿De verdad creen
ustedes que en los diferentes sistemas nacionales de salud de las
distintas comunidades autónomas no tienen agencias de evaluación de las
tecnologías? ¿Creen ustedes o quieren dar a entender que durante los años
del Gobierno socialista, en las diferentes comunidades autónomas, los
procedimientos no han sido los adecuados? ¿Quieren ustedes decir eso? De
verdad, me parece terrible que sean capaces de afirmar con esa rotundidad
que las técnicas y procedimientos que se están desarrollando en las
diferentes comunidades autónomas no están basadas en la evidencia
científica; me parece, de verdad, extraño que una persona que sabe de lo
que habla sea capaz de decir eso para justificar, insisto, los dramáticos
recortes que está haciendo el Gobierno del Partido Popular en algo tan
importante como es el garantizar el derecho a la salud de todas las
personas, con independencia de su condición social y de dónde vivan.
(Aplausos.)

Ustedes saben que eso no lo están garantizando. ¿Por qué?
Porque ya en la cartera básica de servicios han implantado el copago
farmacéutico. En mi comunidad autónoma, en la Comunidad Valenciana, les
tenían que devolver ya 4,5 millones de euros a las personas que habían
pagado de más y no lo han podido hacer porque dicen que el Gobierno
todavía no ha realizado el procedimiento para que se lleve a cabo esa
devolución. Insisto, han adelantado el dinero y no se lo han
devuelto.

Ustedes hablan de que no se gestiona bien, pero en la
Comunidad Valenciana los farmacéuticos están en huelga indefinida porque
les deben 500 millones de euros y ya hay problemas de abastecimiento en
las farmacias. Esa es la política del Partido Popular y esa es la
política del Gobierno del señor Rajoy.

Como les decía, respecto a la cartera común básica no
sabemos qué servicios están todavía incluidos porque se está revisando y,
en la suplementaria: copago farmacéutico; el viernes, Consejo de
Ministros y, el sábado, real decreto ley y copago en las prestaciones
ortoprotésicas. Y traen una moción al Senado para enmascarar lo que está
haciendo el Gobierno vía real decreto, sin contar absolutamente con nadie
y que supone pagar, pagar y pagar, que es la política que ustedes están
desarrollando.

Además, en esa cartera suplementaria y, dentro de muy
poquito tiempo, también se tendrá que pagar por el transporte sanitario
no urgente; transporte sanitario no urgente que, desde luego, para
muchísimas personas y patologías es muy urgente porque no sé si serán
también capaces de decidir que tienen que pagar por utilizar una
ambulancia las personas que han de recibir un tratamiento de
quimioterapia porque sufren una enfermedad oncológica o aquellas que
tienen que acudir a hemodiálisis, etcétera.

Asimismo, dentro de muy poquito, se tendrá que pagar por el
tratamiento dietoterápico y no es que alguien tome algo porque quiera
sino que está justificado, está recetado por los profesionales y con
todas las evidencias clínicas y científicas que avalan que esa persona
necesita ese tratamiento.

Por tanto, señor Aguirre, esta es una moción que es absurdo
que nos la traigan aquí. Es absurda porque hay un batiburrillo en la
cartera básica de servicios, como ustedes mismos han dicho. Yo tengo aquí
el documento donde dicen que se ha creado un grupo de expertos en
genética, en rehabilitación en pacientes con déficit funcional
recuperable, en reproducción humana asistida. Y en algunas cuestiones que
ya están analizando, dice: Principales temas priorizados para
actualización de la cartera de servicios. Uno de ellos es indicaciones en
terapias respiratorias a domicilio, o sea, aquellas personas que
necesitan oxigenoterapia o cualquier terapia respiratoria. Pone una «M»
que significa modificaciones de las condiciones de uso. No sé si esas
modificaciones de las condiciones de uso también querrán decir que
tendrán que pagar por la oxigenoterapia o por la ventiloterapia, porque
ustedes lo pasarán de la cartera básica a la cartera suplementaria o a la
cartera accesoria.

Por tanto, existe muchísima incertidumbre que no crea el
Partido Socialista sino ustedes porque no son claros, porque quieren
enmascarar los dramáticos recortes que están haciendo en lo más sagrado
que tiene una persona, que es el derecho a la salud. Por eso, señor
Aguirre, no le podemos aceptar su moción.

Y en la exposición de motivos, cuando entre comillas se
reproducen las palabras de la señora ministra —creo que ha sido un
error— cuando dice: ya hemos soportado la gran mentira de que van a
desaparecer las mamografías. Es rigurosamente falso; tengo que decir que
claro que no van a desaparecer las mamografías, faltaría más. Pero lo que
sí nos interesa saber, y que ustedes se comprometan, es si el screening,
el cribado poblacional, se va a continuar manteniendo, y si las unidades
específicas para la detección precoz del cáncer de mama, que están
funcionando en muchísimas comunidades y de forma adecuada, se van a
continuar manteniendo dentro de la cartera básica común. No que van a
desaparecer las mamografías, pero ¿qué tontería es esa? Las mamografías
claro que van a estar, pero ¿ustedes van a continuar garantizando el
screening y el cribado poblacional para la detección precoz del cáncer de
mama? Esa es la pregunta. ¿Ustedes van a mantener todo lo que significa
la reproducción asistida en la cartera común básica? ¿Lo van a continuar
manteniendo? Esas son las cuestiones que a nosotros nos preocupan, pero
fundamentalmente a la ciudadanía. Por eso, señor Aguirre, no podemos
aceptar su moción porque no existe ni un solo compromiso real para
mejorar la calidad de vida de las personas y, sobre todo, de las personas
más necesitadas o más vulnerables.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Llinares.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Aguirre.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Creo que mis compañeros no se han enterado mucho de la
diferencia que hay entre una cartera común básica del Sistema Nacional de
Salud y una cartera complementaria o una cartera de comunidad autónoma.
Al señor Cazalis le digo que todas las comunidades autónomas están
aplicando la cartera básica común, de obligado cumplimiento en todas las
comunidades autónomas, del Sistema Nacional de Salud. Hay una cartera que
es la de cada comunidad autónoma, en la que cada una de ellas puede
implementar la técnica que quiera sin ningún problema. Aquí estamos
hablando de la cartera básica y la moción se refiere a ella.

Por eso a mi compañera Llinares le diré que usted mezcla
churras con merinas. Quizás es por no saber de lo que está hablando. La
cartera complementaria es un decreto del año 2006 del señor Rodríguez
Zapatero, donde incluye apartados como el ortoprotésico, la dietoterapia,
el transporte no urgente, farmacia, donde pone que hay una aportación por
parte de los usuarios, etcétera. Eso es suyo, está hablando usted del
decreto de 2006 referido a cómo se estructura la cartera de servicios.
Posiblemente sea fruto del desconocimiento del asunto que estamos
tratando ahora mismo.

A la señora Almiñana le diré que, por supuesto, hay grupos
de trabajo en comunidades autónomas. Lo que se pretende con la red única
a nivel de todo el territorio nacional es que evalúe,

ya que ahora evalúan una misma tecnología 17 grupos de
trabajo y con que lo evalúe uno y diga la eficiencia o no o la eficacia o
no de esa tecnología es suficiente para que se implemente en el resto del
arco de todos los grupos parlamentarios.

Yo me quedo con los compromisos actuales del Gobierno, que
es lo que nos da un poquito de tranquilidad. La propia ministra de
Sanidad cuando en marzo estuvo en la Comisión de Sanidad del Senado dijo
de forma clara que la cartera de servicios básica común era un tema
prioritario y que se iba a desarrollar a la mayor brevedad posible, cosa
que está haciendo, cosa que en cada Consejo Interterritorial van saliendo
nuevos grupos de expertos, grupos de expertos que, vuelvo otra vez a
recalcar, están formados por comunidades autónomas, sociedades
científicas y profesionales que saben perfectamente de lo que están
hablando, que están evaluando cada uno de los procesos para incorporarlos
o no a esa propia cartera de servicios.

En mayo de este año pasado, la propia ministra dijo que no
se había planteado ningún recorte en la cartera de servicios. No sé por
qué se crea ese tipo de alarma social. En octubre se dijo también que la
cartera de servicios no pretendía sacar ninguna prestación, sino que
todos los españoles tuviéramos el mismo acceso, las mismas prestaciones y
los mismos derechos ante la sanidad. Cosa que es de sentido común.

Actualmente y según desarrollo de los grupos de trabajo que
se formaron el 29 de febrero de este año, ya hay varios grupos de trabajo
ocupados en determinados puntos o líneas de trabajo dentro de la cartera
de servicios. Por supuesto que lo primero que se está haciendo es
priorizando el desarrollo de cartera de servicios en temas como son la
genética, como es la rehabilitación en pacientes con déficit funcional
recuperable, como son actividades de detección de enfermedades
presintomáticas mediante cribado o como son la reproducción humana
asistida; son temas en los cuales se está trabajando; los grupos de
expertos emitirán su informe; el informe irá al Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud y ahí las comunidades autónomas darán el
plácet o no para incorporarlo dentro de la cartera de servicios común del
Sistema Nacional de Salud. Pero serán siempre estos grupos de expertos
los que irán trabajando en este tipo de temas.

Quisiera pararme un momento en el tema de la mamografía,
como ha dicho la senadora Llinares. Se lo digo directamente, repudio de
forma clara y contundente esas declaraciones malintencionadas,
insidiosas, reiterativas, catastróficas por parte de gente que ha sido
miembro del Gobierno anterior, que ha sido ministra de Sanidad, por parte
del que ha sido antes secretario general del Ministerio de Sanidad, que
saben que estaban creando una alarma social diciendo que se iban a quitar
las mamografías como screening de prevención del cáncer de mama, y
precisamente se crea esa alarma social en un grupo como son las mujeres y
los posibles pacientes enfermos de cáncer de mama. Eso es lo que ha hecho
que pongamos un punto específico para ratificarnos de forma clara y
contundente en que el Partido Popular no va a quitar la mamografía dentro
de lo que es la prevención y la cartera básica de servicios del Sistema
Nacional de Salud. Todos sabéis que la mamografía es el diagnóstico en
imagen de tumores de mama cuando todavía no son palpables o vistos por
temas de ecografía; se estaba evaluando si se hace por radiografía o si
para irradiar menos a la mujer se hace a través de la tomografía axial
computarizada. Es decir, todos éstos son temas que el grupo de expertos
está ahora mismo evaluando; al igual que si se adelante la edad en la
cual se empieza porque se está viendo cada vez en mujeres más jóvenes
cáncer de mama. ¿Qué se está haciendo? Un protocolo para hacer la
radiografía. ¿Para qué? ¿Cada cuánto hay que hacerla? Lo que no podemos
es irradiar las mamas de todas las mujeres de forma repetitiva. Ese es el
concepto de grupo de trabajo que estamos llevando. Y que se cree una
alarma social, de verdad es que se me rasgan las vestiduras. Además, la
ministra en el congreso de oncología médica lo dijo de forma taxativa
también, que estaba apostando claramente por la prevención especialmente
en temas tumorales como puede ser en el caso de cáncer de mama con las
mamografías.

Continúo refiriéndome a la señora Llinares con respecto a
estos meses en los cuales el Partido Socialista está machacando de forma
continuada el magnífico real decreto ley 16/2012, de medidas urgentes
para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar
la calidad y seguridad de sus prestaciones.

Quiero transmitir a esta Cámara que este decreto ha servido
para el Estado del bienestar sanitario y su sostenibilidad que —hay
que decirlo— dejó moribundo, agónico el Partido Socialista, fruto
posiblemente de una desidia legislativa, como ocurrió con la Ley de
Cohesión y Calidad, ya

que en siete años no se ha desarrollado ninguna de las
leyes básicas. Repito, el Partido Socialista dejó moribundo este sistema
con las técnicas muy socialistas del «yo invito y tu pagas», y ahí está
el agujero de los 16 000 millones de euros, agónico para el sistema
sanitario. Nosotros, a través de este real decreto, estamos tomando las
medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad de este magnífico
sistema sanitario español.

Gracias a este real decreto se está revisando la cartera de
servicios, algo que no se hacía, para que al menos la común sea única y
homogénea dentro del territorio nacional. Gracias a este real decreto, se
universaliza la asistencia sanitaria a todos los españoles y extranjeros
con residencia legal. Gracias a este real decreto se adapta la normativa
europea, que a ustedes se les olvidó trasponer, en lo referente al
turismo sanitario, que genera un ahorro de 1000 millones, según el
informe del Tribunal de Cuentas. Gracias a este real decreto hay una
distribución social del copago en la cartera común suplementaria del
Sistema Nacional de Salud, prestación farmacéutica, ortoprotésica,
dietética, transporte único, y un único catálogo para todas las
comunidades autónomas, porque unas tenían catálogo, otras no, en unas se
pagaba más, en otras menos, etcétera, es decir, se intenta
homogeneizarlas todas de una puñetera vez, llegando a una justicia social
en el copago y que pague más el que más tiene. Gracias a este real
decreto se está haciendo un uso mucho más adecuado de los medicamentos y
hay una concienciación de los prescriptores, de los médicos; ha bajado un
6% el índice de recetas en los últimos meses y también un 20% el gasto en
farmacia, y se calcula que en un año se puede ahorrar solo con el uso
adecuado de medicamentos 1400 millones de euros. Y también gracias a este
real decreto se evitará que tengamos que incinerar 3700 toneladas de
medicamentos todos los años, que paga el Sistema Nacional de Salud, y que
equivale a 1000 millones de euros.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que
me honro en representar en este momento, felicita al Gobierno de la
nación que, siendo valiente, en diez meses está tomando las medidas
oportunas para coger el toro por los cuernos e intentar reflotar esta
sanidad pública moribunda, fruto —lo digo repetitivamente— de
la inacción del anterior Gobierno socialista.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aguirre.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

(550/000008)

El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de proceder a la
votación de la moción, les informo de que se ha presentado otra, firmada
por todos los grupos, que supone una modificación del orden del día del
Pleno. Por tanto, solicito, en primer lugar, la modificación del orden
del día para incluir esta moción. (Asentimiento.)

Muchas gracias.

5.2. MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO INSTA AL GOBIERNO A APOYAR
LA CANDIDATURA DE GRAN CANARIA PARA EL PREMIO REGIÓN EMPRENDEDORA EUROPEA
DEL AÑO 2014.

(Núm. exp. 662/000050)

AUTORES: GPP, GPS, GPCIU, GPEPC, GPV y GPMX

El señor PRESIDENTE: La moción trata sobre lo siguiente. Es
una propuesta del Cabildo Insular de Gran Canaria para que el premio
Región Emprendedora Europea del Año, que convoca el Comité de las
Regiones de la Unión Europea, acepte en una de sus categorías esta
propuesta del Cabildo Insular.

La moción dice textualmente: El Pleno del Senado insta al
Gobierno a apoyar la candidatura de Gran Canaria para el premio Región
Emprendedora Europea del Año 2014, entendiendo que se trata de una
iniciativa de interés estratégico. Instar a los agentes económicos y
sociales, así como a las diferentes instituciones públicas y privadas de
ámbito insular, a manifestar su apoyo a la candidatura de Gran Canaria al
premio señalado, dada su relevancia e interés general.

Como les digo, esta propuesta ha sido presentada por todos
los grupos, por tanto, ¿se puede aprobar por unanimidad?
(Asentimiento.)

Queda aprobada.

Muchas gracias.

5.1 MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DETERMINADAS MEDIDAS EN EL MARCO DE LA REVISIÓN DE LA CARTERA DE
SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. (Votación.)

(Núm. exp. 662/000045)

AUTOR: GPP

El señor PRESIDENTE: A continuación, votamos la moción
presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tal y como ha
sido presentada, al no haber sido aceptadas las enmiendas.

Comienza la votación.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 216; a favor, 147; en contra, 52; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)

5.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA
ECOLÓGICA.

(Núm. exp. 662/000046)

AUTOR: GPP

El señor presidente da lectura al punto 5.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado cuatro
enmiendas: una del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència
i Unió, otra del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, otra del Grupo
Parlamentario Socialista y, finalmente, otra del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Cotillas, por un tiempo
de quince minutos.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Buenos días. Gracias, señor
presidente.

Señorías, intervengo, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, para defender una moción que hemos presentado como
grupo sobre la agricultura ecológica y que espero que pueda acabar como
transaccional de los diferentes grupos... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.

El señor COTILLAS LÓPEZ:...presentes en la Cámara.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio. Espere un momento,
senador Cotillas. Es imposible oír al senador. Guarden silencio.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Como les decía, vamos a intentar
que a lo largo del debate se pueda presentar una moción transaccional a
la que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular en el Senado sobre la
agricultura ecológica y que pretende hacer visible en esta Cámara, y
lógicamente en todo el territorio nacional, la apuesta decidida no solo
del Gobierno, sino también de nuestro grupo parlamentario y de toda la
Cámara por poner en la agenda política al sector agroalimentario, un
sector que en estos momentos sostiene el empleo, genera riqueza y
economía productiva y que, además, lo hace con visos de crecer en el
presente y en el futuro más inmediato.

La agricultura ecológica es una actividad económica que
produce alimentos mediante prácticas agrícolas respetuosas con el medio
ambiente. Se trata, por lo tanto, de un modo de producir alimentos en
muchos casos apoyados en métodos tradicionales que excluyen normalmente
el uso en la agricultura y en la ganadería de productos químicos de
síntesis, como fertilizantes o

plaguicidas, con el objetivo de preservar el medio ambiente
y, al mismo tiempo, ofrecer al consumidor un producto de más calidad.

Hay en España ya más de 32 000 productores, cerca de 33 000
productores agrarios dedicados a la producción ecológica, lo que
representa el 3% de todas las explotaciones agrarias españolas, y da
trabajo a más de 30 000 trabajadores. Pueden ser todavía cifras modestas
en el sector, pero crecen de una manera exponencial; de esos 346
productores del año 1991 hemos pasado a los más de 32 200 de este pasado
año 2011, y afectan a diferentes e importantes sectores de nuestra
producción agrícola como el cereal, el aceite, vino, frutos secos,
ganadería y embutidos. A su vez, la producción ecológica está concentrada
de una manera muy especial en comunidades autónomas como Andalucía,
Castilla-La Mancha, Extremadura, Cataluña, Aragón, Murcia y la Comunidad
Valenciana y entre todas ellas representan más del 90% de la superficie
ecológica inscrita. La agricultura ecológica no es una alternativa, sino
una realidad en producciones extensivas, en producciones en zonas de
montaña, en zonas más desfavorecidas, en zonas en las que el secano es la
más común de las explotaciones y, por lo tanto, aquellas en las que las
condiciones climatológicas, las condiciones que ofrece nuestro país
sirven a la producción agrícola. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez
ocupa la Presidencia.)

Si hace unos años el consumo de productos ecológicos en
España suponía apenas el 1% del total agroalimentario, prácticamente se
ha duplicado ese porcentaje y es mucho mayor. La mayor parte de la
producción va destinada al consumo en mercados internacionales,
fundamentalmente Europa, pero también se da de manera muy importante este
consumo en Estados Unidos o en Japón.

España tiene más de 1 850 000 hectáreas destinadas a
agricultura y ganadería ecológica, lo que supone ser el primer país de la
Unión Europea en este sector y, al igual que ocurría con el número de
productores y de empresas dedicadas a elaborar y transformar productos
ecológicos, también su crecimiento en hectáreas ha sido exponencial.
Hemos pasado de las 4200 hectáreas del año 1991 a esas más de 1 845 000
del año 2011. Es, por lo tanto, como digo, el primer país europeo en
superficie de agricultura ecológica y, como decía antes, su incremento se
produce sobre todo por la demanda del consumidor extranjero, del
consumidor foráneo.

Nuestro país reúne unas condiciones excepcionales para el
desarrollo de este tipo de agricultura, por su climatología, por los
sistemas extensivos de producción, porque se aplica en un gran número de
cultivos y también en la ganadería. Es una actividad relevante para el
mantenimiento de los agroecosistemas que conviene tener presente, dado
que no solo favorece la existencia de un equilibrio entre producción y
sostenibilidad a largo plazo, sino que actúa también en la creación y
mantenimiento de un tejido económico y social en zonas rurales donde la
actividad agraria podría acabar no siendo competitiva si no es porque
este producto tiene una valoración superior, porque este producto puede
tener en su comercialización un valor añadido. Por lo tanto, es
necesario, es importante.

El mayor problema en un sector que crece, porque es
rentable desde el punto de vista económico, es su falta de visibilidad,
darse a conocer, hacer que el conocimiento del consumidor español sea
suficiente para detectar y ver las buenas prácticas que se producen en el
cultivo y en el cuidado del ganado y, al mismo tiempo, también en la
elaboración del producto final que a él lleva. Se contribuye a la
sostenibilidad del medio rural, a la conservación del entorno ambiental y
a la generación de empleo y riqueza proveyendo de alimentos de gran
calidad. Es la visibilidad del sector, hacer posible que se conozca por
parte del consumidor, ayudar a que el sector pueda también ver eliminadas
las barreras burocráticas administrativas que puede tener, lo que nos
lleva a traer esta moción aquí, siendo conscientes también de que la
reglamentación sobre él nos proviene de Europa y que el control sobre la
actividad de la agricultura ecológica está en las comunidades autónomas.
Así, desde el 1 de enero del año 2009 está en vigor el Reglamento de la
Comunidad Económica Europea, del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre
producción y etiquetado de los productos ecológicos, que sustituye a la
normativa anterior. Actualmente, de las comunidades autónomas dependen
las autoridades con competencia exclusiva en la materia y las entidades
de control, consejos o comités en cada comunidad autónoma u organismo
privado autorizado, como ha venido ocurriendo en Andalucía y Castilla-La
Mancha, por ejemplo. El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente es
competente en la coordinación de estas autoridades competentes y de
control y en la autorización de las importaciones.

Quiero agradecer el trabajo de mis compañeros del Grupo
Popular en la Comisión de Agricultura, especialmente a la senadora por
Cuenca Marina Moya, a la hora de tomar esta iniciativa y a la hora de
documentarla adecuadamente. Asimismo, quiero agradecer también muy
especialmente el trabajo de los grupos que han presentado enmiendas a
nuestra moción. Con ello creo que han conseguido lo que buscábamos, que
es que hubiese debate en esta Cámara, que se hiciese visible el trabajo y
el esfuerzo de los productores tanto agrícolas y ganaderos como de las
industrias de elaboración de productos ecológicos. Además, los grupos que
han presentado enmiendas también han mostrado una disposición muy
favorable para llegar a acuerdos y, por lo tanto, quiero agradecer
también esa predisposición y esa disposición. Simplemente espero y deseo
que el resultado de esa disposición sea que podamos firmar todos una
transaccional que viene a decir lo siguiente: El Pleno del Senado insta
al Gobierno, primero, a contribuir al desarrollo de un potente sector
agroalimentario ecológico que le permita acceder a mejoras tecnológicas y
de comercialización. Segundo, a apoyar la presencia de la producción e
industria agroalimentaria ecológica en los mercados tanto nacional como
internacional que permita a los consumidores conocer mejor la riqueza del
sector ecológico español. Tercero, a fomentar la consideración del sector
agroalimentario ecológico por su contribución a la sostenibilidad real
del medio rural, la conservación del entorno ambiental y la generación de
empleo y riqueza en nuestro país. Cuarto, enmarcar en las negociaciones
de las PAC el desarrollo del sector de la agricultura y ganadería
ecológica introduciendo criterios de flexibilidad para los pequeños
productores, pymes y micropymes. Quinto, acometer los estudios y planes
recogidos en los puntos anteriores en coordinación con las comunidades
autónomas y con absoluto respeto al marco competencial vigente. Sexto,
fomentar la información referente al logo europeo sobre agricultura
ecológica como garantía para el consumidor de que el producto ha sido
elaborado al amparo de las normas europeas. Séptimo, fomentar la
armonización de la interpretación y aplicación normativa de las
autoridades competentes de las comunidades autónomas sobre los recursos
aptos para ser utilizados en agricultura ecológica.

Reiterándoles una vez más nuestro agradecimiento, quedo a
la espera de sus intervenciones.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Ante las dudas de esa transaccional, la Presidencia,
siguiendo el Reglamento, dará la palabra al primer enmendante, el senador
Plana, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió.

El señor PLANA FARRAN: Gràcies, president.

En primer lloc, el que vull fer és agrair al senador
Cotillas aquesta proactivitat en pro de l’agricultura ecològica. És
evident que totes les persones que som aquí en aquest hemicicle, tots els
que som a la Comissió d’Agricultura, volem treballar perquè el
sector agroalimentari tingui la millor disposició per encarar tots els
reptes que té de present i de futur. He volgut pujar aquí a
l’estrada, tot i aquesta gairebé transaccional, per mostrar una
certa disconformitat, si m’ho permet, perquè aquesta transaccional
havia arribat gairebé a tots els grups polítics i potser per qüestió de
procés finalment ha arribat a les meves mans aquest matí.

L’argumentació és que demanava que dónes suport
financerament a les comunitats autònomes a l’objecte de tots els
arguments que ben bé s’han presentat per part de tots els grups
polítics. El que no vull és que això representi que únicament el que
demanem són diners. No, el que estem dient és que, per exemple, a la
comunitat autònoma catalana, com en altres comunitats autònomes,
s’està fent una molt bona tasca en agricultura ecològica, hi ha uns
plans preestablerts, en aquest cas a Catalunya, que es van començar
l’any 2008 i que s’han estat continuant, perquè creiem que és
una qüestió, no estructural, però sí necessària per a l’arrelament
territorial i pel foment de les petites i mitjanes empreses, i de
l’emprenedoria local, social i rural, perquè en aquest cas són
productes de molta proximitat i de molta relació entre les dues parts, la
productora i la contractant.

I vull posar damunt de la taula i que quedi clar, no estic
demanant una qüestió exclusivament monetària, sinó que cal posar en
antecedents —segur que el Govern espanyol ho sap— que a
diferents comunitats autònomes s’està fent una tasca en aquesta
línia de suport a l’agricultura ecològica. Li vull posar tres
casos, tres eixos, que estem fent des de Catalunya: foment de la
producció ecològica, foment de la comercialització i desenvolupament del
consum.

No puc fer res més que sumar-me a aquesta transaccional,
però vull que quedi molt clar que no és una qüestió exclusivament
monetària, sinó d’aquesta petita por, si m’ho permet, que al
final s’ha recollit en un punt, i no és així. Es diu que es vol
respectar les competències exclusives de les comunitats autònomes en el
cas de l’agricultura ecològica i la ramaderia, com a respecte a
tota la feina que s’està fent. Es parlava que no hi hagués
duplicitats ni solapaments entre diferents administracions. L’únic
que estava fent, senyor Cotillas, és això: dir-li que en alguns llocs
s’està fent i, per tant, aprofitem les sinèrgies de totes les
administracions, de tots els grups que hi estan treballant, de tots els
grups d’interès, perquè un grup d’interès són les
administracions, és el govern, són els governs autonòmics, però sobretot
els productors i els consumidors.

No em queda res més que congratular-me, sumar-me a aquest
consens i agrair-li que hagi portat aquesta iniciativa, aquesta moció,
perquè pugui sortir-ne un manament ben clar al Govern de l’Estat
espanyol de respecte a les competències exclusives autonòmiques i de
foment de l’agricultura ecològica i, en aquest cas, també de
l’emprenedoria, com ja he dit abans en algun moment en aquesta
estrada, l’emprenedoria social, territorial i del món agrícola,
ramader i rural.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

En primer lugar me gustaría agradecer al senador Cotillas
esta proactividad a favor de la agricultura ecológica. Es evidente que
todas las personas que estamos en este hemiciclo y todos los que formamos
parte de la Comisión de Agricultura queremos trabajar para que el sector
agroalimentario tenga la mejor disposición para poder enfrentarse a todos
los retos que le depara el futuro. He querido subir a este estrado, a
pesar de esta enmienda casi transaccional, para poder mostrar una cierta
disconformidad, si me lo permiten, puesto que esta transaccional había
llegado casi a todos los grupos parlamentarios aunque quizá por razones
de procedimiento tan solo esta mañana ha llegado a mis manos.

La argumentación es que lo que se solicitaba era un apoyo
financiero a las comunidades autónomas, para proseguir con todos los
argumentos que han presentado los grupos parlamentarios. Pero no quiero
que esto signifique que de forma única y exclusiva lo que estamos
solicitando es dinero porque no es así. Lo que estamos diciendo es que en
la Comunidad Autónoma de Cataluña, como también en otras comunidades, lo
que se está haciendo es una muy buena tarea en materia de agricultura
ecológica. Existen unos planes ya preestablecidos en Cataluña que se
iniciaron en el año 2008 y que han proseguido durante estos años, y es
que pensamos que, si no estructural, sí es una cuestión necesaria para el
arraigo territorial y también para el fomento de las pequeñas y medianas
empresas y de la emprendeduría local, social y rural. En este caso se
trata de productos de gran proximidad y de estrecha relación de ambas
partes, la productora y la contratante.

Y me gustaría poner sobre el tapete y dejar muy claro que
no estoy pidiendo tan solo una cuestión monetaria. Es importante ponerles
en antecedentes —y seguramente el Gobierno español lo sabe— y
es que en distintas comunidades autónomas ya se está realizando una labor
de apoyo a la agricultura ecológica en esta línea. Por tanto, me gustaría
hablar de tres ejes sobre los que se está trabajando en Cataluña: fomento
de la producción ecológica, fomento de la comercialización y desarrollo
del consumo.

No puedo sino sumarme a esta transaccional, pero me
gustaría dejar claro que no se trata de una cuestión exclusivamente
monetaria, lo repito. Si me lo permiten diré que hay un pequeño recelo,
un pequeño miedo que ha sido recogido en un punto, pero no es así. Se
dice que se quieren respetar las competencias exclusivas de las
comunidades autónomas en materia de agricultura y ganadería ecológicas,
respetarlas por toda la labor que se lleva a cabo, y se ha hablado de que
no se dieran solapamientos ni duplicidades entre distintas
administraciones. Señor Cotillas, lo único que yo quería decirle es que
en algunas comunidades ya se está trabajando en ello; aprovechemos, pues,
las sinergias de todos, de todas las administraciones y de todos los
grupos que ya están en ello. Y son todos grupos de interés, porque lo son
las administraciones y los gobiernos autonómicos, pero también lo son
sobre todo los productores y los consumidores.

Me congratulo y me sumo a este consenso, y le agradezco que
haya traído esta moción, para que, a partir de aquí, pueda surgir un
mandamiento claro al Estado español de respeto a las competencias
autonómicas exclusivas y de fomento de la agricultura ecológica. Y, en
este caso

también, a la emprendeduría, como ya he dicho en otras
ocasiones en este estrado, a la emprendeduría social, a la emprendeduría
territorial y a la emprendeduría del mundo agrícola, ganadero y
rural.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on mahaiburu jauna.

Voy a explicar por qué presentamos las enmiendas. Nuestras
enmiendas iban esencialmente en dos líneas: una incluir, ampliar y, en
vez de hablar de agricultura ecológica, hablar de sector agroalimentario
ecológico, porque creemos que si hablamos solo de agricultura ecológica
estamos pidiendo a los consumidores que consuman por una especie de acto
de fe ecológico, y en realidad los consumidores consumen los productos
que les interesan por la razón que sea. Pero, además, si no conseguimos
que estos productos ecológicos estén en igualdad de condiciones en cuanto
a lo que los consumidores esperan, que es tener la mismas o parecidas
posibilidades de elección, de calidad y de facilidad de preparación en
los productos, vamos a dejar que sean muy vulnerables estos productos de
la agricultura ecológica. Por eso, creíamos que era importante incluir la
agroindustria, el sector agroalimentario en general, dentro de la
etiqueta de ecológico.

Por otro lado, hablábamos de las comunidades autónomas no
solamente por respeto absoluto al marco competencial, sino porque hay
experiencias muy importantes ya en todo el Estado a este respecto, y no
solo hay que respetar sino en muchos casos copiar, por lo que creemos que
con esto mejoramos la moción del Grupo Popular.

Evidentemente nos alegramos de que se haya conseguido esta
transaccional. También nos alegramos de que hayamos podido hacerlo en la
Comisión de Agricultura, ya que la vez pasada se nos escapó la
posibilidad de hacer con la PAC lo mismo que hicimos con la política
pesquera común, pero esta es la vía y esperemos que podamos seguir
aportando en este sentido tanto en este Pleno como en comisión.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Coves.

La señora COVES BOTELLA: Gracias, señor presidente.

Muy brevemente para explicar el posicionamiento del Grupo
Socialista en esta Cámara.

En primer lugar, quiero darle las gracias al senador
Cotillas por haberse puesto en contacto con nosotros para tratar de
buscar un acuerdo, y también quiero felicitarle porque la verdad es que
hasta ahora no habíamos tenido conocimiento del interés que el Grupo
Parlamentario Popular —al menos en esta Cámara— tenía por la
agricultura ecológica. Esto sí que es una herencia recibida —una
buena herencia recibida— y queríamos ponerlo de manifiesto.

Cuando nos llegó la moción del Grupo Parlamentario Popular,
la verdad es que nos llenó de sorpresa, de una agradable sorpresa, pero
la evaluamos y vimos que tenía algunos aspectos insuficientes, que era
francamente mejorable, y eso fue lo que hizo el Grupo Socialista,
presentar una enmienda de sustitución que tratase de comprometer al
Gobierno para resolver los problemas que tenía el sector. Pero es verdad
que a lo largo de estos días hemos tratado, hemos hablado y hemos llegado
a la conclusión de que el sector se merece un respaldo, si no unánime,
prácticamente unánime de esta Cámara. Por tanto, el Grupo Socialista en
el Senado está dispuesto a firmar esa enmienda transaccional porque
recoge en gran medida muchos de los puntos de la enmienda de sustitución,
y algunos se han visto francamente mejorados. Me refiero a aspectos como
enmarcar la agricultura ecológica en la negociación tan importante y
trascendental que se está llevando en estos momentos, como es la
negociación de la PAC, que además es la evolución natural que está
teniendo en los últimos años. En este marco comunitario comenzó teniendo
solamente un 5% del presupuesto de la PAC y este último año 2012 es un
25%.Es decir, pedíamos que se reflejara la importancia real que la
agricultura ecológica tiene en nuestro país —y eso ha quedado
recogido—, así como una flexibilización en cuanto a los
procedimientos porque en

general la agricultura ecológica está asociada a empresas
familiares de pequeño tamaño, pymes y micropymes, y las exigencias que se
les piden, los trámites burocráticos son prácticamente los mismos que
para las grandes empresas. Y por ello creíamos conveniente incluir
también este aspecto en la moción, que efectivamente ha sido recogido en
la enmienda transaccional que presenta el Grupo Parlamentario
Popular.

Señorías, creo que esta no es la solución definitiva, pero
sí es verdad que recoge algunos compromisos expresos para el Gobierno
que, en mi opinión, van a mejorar la situación de un sector económico de
nuestro país que, a pesar de la crisis económica, sigue creciendo, sigue
generando empleo, y que, por tanto, debe recibir el respaldo mayoritario
de esta Cámara.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.

Nosaltres, en aquest cas, donarem suport també a la
transaccional. Creiem que s’ha fet un esforç important i volem
felicitar el senador Cotillas per aquesta voluntat de consens. És veritat
que no tot allò que proposàvem s’hi ha pogut incloure i, per tant,
encara hi ha qüestions pendents, però en tot cas vull dir que els dos
punts de les nostres esmenes, tant la qüestió dels fons del Programa de
Desenvolupament Rural, dintre dels fons de la PAC, com la inclusió del
que significa el logo europeu de producció ecològica per tal de
promocionar i garantir la qualitat d’aquests productes, són dues de
les esmenes incloses i, per tant, segurament haurem d’abordar la
qüestió relacionada amb la legislació per a l’harmonització de la
certificació o la qüestió del tracte fiscal diferenciat per a la
producció agroalimentària, però això en tot cas formarà part ja
d’un altre debat.

Per tant, el nostre compromís amb aquesta transaccional i
l’agraïment als grups per la voluntat d’un pacte, d’un
acord, que crec que va a favor de l’agricultura ecològica i del
conjunt del sector.

Gràcies, senyor president.

Nosotros en este caso también vamos a dar apoyo a la
transaccional, pues nos parece que se ha realizado un esfuerzo importante
y queremos felicitar al senador Cotillas por esta voluntad de consenso.
Es verdad que no se ha podido incluir todo lo que proponíamos y, por
tanto, quedan cuestiones pendientes. Sin embargo, me gustaría decir que
los dos puntos de nuestras enmiendas, tanto en lo que se refiere a los
fondos del Programa de Desarrollo Rural dentro de las ayudas de la PAC
como también a la inclusión de lo que significa el logo europeo de
producción ecológica para promocionar y garantizar la calidad de dichos
productos, son dos de los incluidos, y por consiguiente vamos a tener que
abordar la cuestión relativa a la legislación para la armonización de la
certificación o, por ejemplo, el tratamiento fiscal diferenciado para la
producción agroalimentaria. En todo caso, esto formará parte de otro
debate.

Así pues, manifiesto nuestro compromiso con esta
transaccional y el agradecimiento a los grupos parlamentarios por esta
voluntad de lograr un pacto, un acuerdo que me parece que va a favor de
la agricultura ecológica y de todo el sector.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

A continuación, tiene la palabra el representante del Grupo
Parlamentario Popular, autor de la moción originaria, para manifestar si
acepta o no las enmiendas, aunque está pendiente la enmienda
transaccional.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Gracias, señor presidente.

Intervengo simplemente para decir que tenemos la
transaccional y que en ella van ya incluidas buena parte de esas
enmiendas.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Pasamos, pues, al
turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la
señora Mendizábal.

La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Mila esker presidente
jauna. Egun on, guztiori.

Bueno, pozten gara Alderdi Popularrak aurkeztu duen mozio
honengatik, bada, batez ere, kontutan hartuta, egungo beraien politikaren
nondik norakoak justu aurkako bidetik doazela.

Zehaztapenak botatzen ditugu faltan, eta erdi-transakzio
bat egin arren, egia da, jatorrizko testuetatik, preseski, zehaztasunak
ezabatu egin direla. Orduan, guretzat, nekazaritza ekologikoa eta batez
ere guk agroekologiaz hitz egiten dugu, ezta? Kontzeptu zabalago bat
bezala, ongarri sintetikoak ez erabiltzeaz gain, bada, eragin sozialak
ere begiratzen dute, bada, lurra lantzen duten pertsonen lan-egoerari
begiratzen dio, ahalik eta gertukoen izatea nahi du. Orduan, guk askotan,
nekazaritza ekologikoaz baino, agroekologiaz hitz egiten dugu. Horren
inguruan esan nahi dut, bada, horren aldeko neurri guztiak positiboak
direla, baina guztiak ongi etorriak izan arren, pausu batzuk eman egin
behar direla, eta preseski, zuek, Alderdi Popularrak, pausu horiek eman
egin behar dituzue, ezin duzue itxurakerietan gelditu. Benetan
aurkeztutako mozioa propagandan geldituko ez bada, nekazaritza ekologikoa
eta agroekologikoaren alde zerbait egin behar duzue, pausuak eman behar
dituzue. Adibidez, genetikoki aldatutako organismoak edo transgenikoak
debekatu egin behar dira. Hainbat azterketek, horien artean nekazarien
kutsadurari dagozkien azterketek adierazten dute, nekazaritza ekologikoa
eta transgenikoak ezin dutela elkarren ondoan biziraun. Beste puntu
batean, esportazioaz hitz egiten duzue. Nola nahi duzue, batetik,
nekazaritza ekologikoa defendatu, eta bestetik, Erdi Europara esportatu
behar dela esan, merkatu potentziala hori delako, Europak transgenikoak
alboratu egiten baditu? Hor daukazue eztiaren kasua. Sekulako kutsadura
arriskua dago polenaren zabalkuntzagatik, nola eramango duzue ezti hori
Europara? Orduan, horien aurrean, pauso batzuk eman behar dituzue. Nola
jokatuko arazo guzti horien aurrean?

Bete puntu bat, produktu ekologikoen eskaera. Merkatu
potentziala nagusiki gertuko merkatua da. Ez gara ari hitz egiten
esportazio handiez, ari gara bertako produktuez. Horretarako, bada,
esplotazioak bertako esplotazioan beharrezko aldaketa batzuk egin behar
dira, higienikoki, sanitarioki, eta zuek egin behar duzuena da hori
erraztu, araudia erraztu, eskabide horiek bete daitezen. Gaur egun,
badago Europako Osasunaren Komisio eta zuzendaritza orokorretik datorren
mandatu bat, non exijitzen zaien estatuei aspektu honen inguruan
sentsibilizazioa. Gobernu honek, ez du bide horretan pausu bat bera ere
eman. Gauza bera eskatzen zaie produktore txikiei eta
multinazionalei.

Pausu txikiak dira, egin daitezke, baina zuek transgenikoak
baimenduz, eta ahalbidetuz, bai salmenta, bai eraldaketa, esplotazioa...,
alegia, moztu egiten duzue bide hori. Azken finean itotzen ari zarete,
justu aurkako bidea ematen ari zarete. Nekazaritza itotzen ari zarete,
bidea erraztu beharrean, itotzen. Horregatik aurkeztutako testuaren
helburuarekin, guztiz ados egon arren, sinesgaitza egiten zaigu.
Aipatutako puntuak landu, horiek baitira nekazal sektorearen gehiengoak
eskatzen dituenak, eta ondoren, hitz egingo dugu. Bien bitartean ez dugu
parte hartuko auto-propaganda ekintza batean, eta ondorioz abstenitu
egingo gara.

Eskerrik asko.

Muchas gracias, señor presidente.

Nos alegramos de que el Grupo Popular haya presentado esta
moción, teniendo en cuenta que las políticas actuales nos llevan
precisamente por el camino contrario. Es cierto que las concreciones del
texto original se han eliminado. Nosotros hablamos de agroecología como
un término más amplio para mirar las influencias ecológicas. Muchas
veces, cuando hablamos de agricultura ecológica, hablamos más de
agroecología; por tanto, habría que decir que todas esas medidas son
positivas, pero a pesar de ello hay que dar algunos pasos, y
especialmente el Partido Popular debe dar esos pasos. No tienen que hacer
un ejercicio burdo de autopropaganda. Para que no sea propaganda hay que
hacer algo a favor de la agricultura ecológica, tienen que dar ustedes
unos pasos. Por ejemplo, hay que prohibir los organismos genéticamente
modificados o transgénicos. Múltiples y recientes estudios —entre
ellos los de contaminación de agricultores— demuestran que la
coexistencia de agricultura ecológica y los transgénicos no es posible.
Por otra parte, hablan ustedes de exportación. ¿Cómo pretenden defender
la agricultura ecológica y su exportación, sobre todo a ese mercado
potencial de Centroeuropa, si Europa rechaza los transgénicos? Por
ejemplo, hay un serio problema de contaminación de transgénicos a través
del polen en el caso de la miel. ¿Cómo van a actuar ante ello?

Otro punto. La demanda potencial de productos ecológicos.
Esa demanda se encuentra principalmente en los mercados cercanos, no
estamos hablando de los productos locales. Por lo tanto hay que hacer una
serie de modificaciones en la exportación, en la normativa higiénico-

sanitaria. Ahora mismo existe un mandato europeo de la
Comisión y de la Dirección General de Sanidad que exige que los Estados
se sensibilicen en ese aspecto, y este Gobierno no ha dado ningún paso en
ese sentido; se les exigen las mismas medidas tanto a los productores
pequeños como a las multinacionales.

Son cosas muy sencillas, que se pueden hacer, pero ustedes,
permitiendo los transgénicos y no posibilitando la transformación de
venta desde la explotación, están haciendo justo lo contrario, están
ahogando la producción de los agricultores, están cerrando el camino a la
agricultura ecológica. Por lo tanto, estando totalmente de acuerdo con el
objetivo de este texto, no es en absoluto creíble. Trabajen en los puntos
expuestos, porque es lo que pide el sector agrario, y después hablaremos.
Mientras tanto no participaremos en un acto de autopropaganda y nos
abstendremos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra el senador señor Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, mahaiburu jauna; egun
on, senatori jaun andreok.

Voy a intentar ser breve, pero sí quisiera dar unos datos
que para eso los tenemos preparados.

Hay una cosa que me resulta curiosa, señorías, y es que
ahora tengamos que redefinir como agricultura ecológica aquello que ha
sido la agricultura tradicional siempre, es curioso. Y es curioso que lo
que se ha hecho siempre y siempre ha sido sostenible, ahora lo tengamos
que llamar ecológico porque las tendencias han ido por otro lado y la
industrialización de la agricultura, como de otras muchas cosas, ha
acabado tapando o solapando aquello que era beneficioso en la
agricultura, en la pesca o en todo lo demás. Por lo tanto, si vamos a
tener que redefinir la agricultura como agricultura ecológica, vamos a
hacerlo porque es bueno para todos.

Hay un informe de la Comisión que nos da unos datos que a
mí me parecen muy importantes y que con la que está cayendo hay que
recordar. La demanda de productos ecológicos crece a un ritmo anual de
entre un 10% y un 15% en la Unión Europea —entre un 10% y un 15% de
crecimiento de la demanda—. En un estudio de la Soil Association
del Reino Unido se dice que las explotaciones ecológicas proporcionan un
32% más de puestos de trabajo —un 32% más de puestos de
trabajo—, y esta cifra sube hasta el 50% si hablamos de puestos de
trabajo en la agricultora que practican los jóvenes. Por lo tanto, no
solamente estamos hablando de un acto de fe, no solamente tenemos que
hablar de que los productos ecológicos son buenos para mantenernos...,
no, no, es que además esto es bueno para la sociedad en general, es bueno
porque es bueno para todos, es bueno para la agricultura, es bueno para
el empleo, es bueno para el dinero, etcétera.

En Euskadi, en 2001 el número de operadores de industrias
agroalimentarias ecológicas —que es por lo que nosotros presentamos
la enmienda— ha crecido un 15% respecto a 2010; en Vizcaya
concretamente un 23%. Tan importante sigue siendo este tema que la
Diputación Foral de Vizcaya ha duplicado las ayudas que destina al
fomento de la industria agroalimentaria, de la producción agroalimentaria
ecológica. En Vizcaya, el 30,6% de los operadores de producción vegetal
tienen el Label Ecológico, el 37,1% de la producción animal, el 26,1% de
los elaboradores y el 7,7% de los comercializadores. La extensión de
cultivo ecológico en superficie en Euskadi —donde la agricultura es
lo que es, porque nuestro país es como es— ha crecido un 11% en
2010 y un 13% en Vizcaya; y los que conocen Vizcaya saben que no tenemos
precisamente grandes extensiones de terreno aprovechables para la
agricultura.

El principal cultivo ecológico está en la vid, que creció
un 12% con respecto al año anterior. Una vez más, el mundo del vino
—no quiero decir nada con ello, pues me refiero al cultivo y a la
industria del vino— nos vuelve a enseñar cuál es la vía que tiene
que seguir la agricultura en general. La única manera de prestigiar un
sector es prestigiar lo que produce; y yo se lo repito siempre a todo el
que me quiera escuchar. En cuanto a la pesca, la única vía para
prestigiar a los pescadores es que el pescado, el producto que ellos
generan, tenga prestigio. En la agricultura sucede lo mismo, lo que
significa que hemos de generar un producto prestigioso y de calidad; así
ocurre con el vino y así debemos intentar que suceda con todo lo demás.
Si prestigiamos el producto prestigiamos al productor; si prestigiamos al
productor prestigiamos el sector; y si

prestigiamos el sector prestigiamos el entorno en el que se
desarrolla todo eso; el entorno rural en este caso y, en el caso de la
pesca, el desarrollo litoral.

Pero no solamente hemos de hablar de dinero o de puestos de
trabajo, sino también del tema medioambiental. Evidentemente, la
agroindustria ecológica es medioambientalmente mucho más sostenible que
cualquier otra y tiene muchísimas más externalizaciones desde el punto de
vista medioambiental que cualquier otra, pero también salimos ganando en
lo que respecta al bienestar animal. A todo esto es a lo que nos
referimos cuando hablamos de la multifuncionalidad de la agricultura y de
todo esto podríamos haber estado hablando no solo al referirnos a la
agricultura ecológica, sino también a la agricultura tradicional, que se
ha acabado sustituyendo por una agricultura más industrializada.

Por otra parte, esta es además una oportunidad de
crecimiento. Siempre nos referimos a los problemas de desarrollo, de
cuotas, etcétera, pero según un documento de la Fundación de Estudios de
Agricultura Orgánica, existe un mercado de agricultura orgánica de 44,5
billones de euros. Entre los diez países con mercado más amplio en
agricultura orgánica se encuentra, en primer lugar, Estados Unidos y
después Alemania, Francia, el Reino Unido, Canadá, Italia, Suiza, Japón,
Austria y, por último, el Estado español. En cuanto al consumo per
cápita, ocho de los diez países que más gastan en agricultura orgánica
son europeos: Suiza, Dinamarca, Luxemburgo, Austria, Liechtenstein,
Suecia, Alemania y Francia. Por otro lado, la agricultura del Estado
español aparece en otro punto del estudio como la tercera productora de
agricultura ecológica a nivel europeo y casi mundial, lo que quiere decir
que las oportunidades de negocio están ahí. Por lo tanto, estaríamos
cubriendo todos los flancos: el empleo, el negocio, la posibilidad de
expansión, y además tenemos un montón de externacionalizaciones desde el
punto de vista medioambiental, desde el punto de vista del bienestar
animal y desde el punto de vista del desarrollo rural.

Yo creo que no podemos ni debemos discutir más este asunto,
lo que tenemos que hacer es desarrollarlo. Se ha presentado una moción,
que evidentemente es buenista y que se ha mejorado en la medida de lo
posible, pero también estoy convencido de que si lo dejamos aquí, volverá
a ser otro papel precioso que entre en el cajón. Los puntos de esta
moción —no recuerdo extactamente cuántos son— deberíamos
desarrollarlos convenientemente en comisión, uno por uno, porque hay
trabajo por hacer y merece la pena porque esta es la vía en la que
debemos trabajar.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor
presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador señor Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gràcies, senyor president.

(El senyor senador pronuncia la seva primera frase en
aranès.)

Senyores i senyors senadors, per posicionar-nos sobre
aquesta moció. Mirin, m’agradaria començar aquesta intervenció en
el torn de posicionament, tot i que no ho podré fer, perquè no és fàcil
des d’aquesta tribuna transmetre l’entusiasme que jo vaig
sentir amb els productors d’aquesta agricultura o tradicional que
deia el senador Cazalis, m’ha agradat la seva expressió, perquè en
realitat és veritat i jo també m’hi refereixo al llarg de la meva
intervenció. Com els deia, vaig veure en l’entusiasme dels
interlocutors amb qui vaig tenir l’oportunitat de parlar una franca
diferència del que passa en l’agricultura convencional, perquè
realment jo crec que perceben la possibilitat i la potencialitat del
treball que estan fent, hi creuen i saben de la importància de la seva
feina. Per aquesta raó, em sembla que, tot i que sovint se’ns fa
feixuc parlar i escoltar d’agricultura, aquesta moció i aquest
debat mereixen la pena, i també fer-los amb tot el respecte per aquestes
persones.

Buscant material a l’hora de preparar el debat, he
trobat un article fantàstic de la senyora Milagros Pérez-Oliva on fa un
paral·lelisme entre el periodisme i la pagesia, i especialment tots els
problemes que té l’agricultura. La veritat és que m’ha
sorprès, perquè la senyora Milagros Pérez-Oliva parla dels tomàtecs i de
quina manera la nostra agricultura ha patit un procés en què els aliments
en aquest moment arriben fins i tot de les Antípodes. Podem menjar
cireres a la tardor o raïm al mes d’abril, però és veritat que en
aquest procés els pagesos han perdut el control de les seves produccions
i, si bé és cert que els productes que tenim al mercat —parlem dels
tomàtecs— tenen més capacitat de resistència, poden guardar-se molt
més temps a les cambres, creixen més de pressa, superen millor les
plagues, la veritat és que quan comprem tomàtecs tots enyorem el

gust dels tomàtecs que menjàvem a la nostra infància o
aquells tomàtecs que podem menjar si encara tenim la sort de fer un petit
conreu a l’hort de casa. Aquesta és una realitat que segurament ha
format part de les seves converses alguna vegada.

És veritat que l’agricultura ecològica s’ha
consolidat, ja se n’han donat xifres. Jo en donaré alguna que no
s’ha dit i que crec que pot ajudar també a fer-nos una idea de
quina és la situació d’aquest sector. Estem parlant d‘1 845
000 hectàrees que s’han inscrit l’any 2011, un creixement
d’un 11,76% i això es produeix en un moment en què justament les
explotacions agrícoles —diguem-ne tradicionals, però serien les de
caràcter industrial— rebaixen les seves expectatives. Per donar una
altra xifra, hem deixat de cultivar exactament en aquests deu últims anys
1,3 milions d’hectàrees del que és l’agricultura
industrial.

Per tant, aquesta moció és important, senyor Cotillas. Li
torno a agrair l’esforç que no havíem fet en aquests últims debats
que hem tingut sobre matèries agrícoles. És un pas important, perquè crec
que amb les aportacions de les diferents esmenes s’ha millorat
substancialment la seva moció, però és veritat també que encara no som ni
de bon tros on hauríem de ser des del punt de vista dels passos que hem
de fer per acabar de consolidar, des de la perspectiva de les
administracions, tota la tasca que es fa en els agricultors, en aquest
cas d’agricultura ecològica.

A mi m’ha agradat que la senadora del Grup Mixt
parlés del problema dels transgènics. És un problema que no és senzill,
però s’ha d’abordar, perquè és fonamental. En aquest sentit,
nosaltres presentarem una moció a la Comissió d’Agricultura perquè
és veritat que en aquest moment —parlo de Catalunya— és
pràcticament impossible sembrar blat de moro que no sigui transgènic,
pels problemes de contaminació, i tot el blat de moro que no sigui
transgènic l’hem d’importar d’Itàlia, amb uns costos
altíssims, i uns problemes evidents per als productors de granges i de
carn ecològica. Són problemes que s’han d’abordar, vostè ho
ha dit, però és cert que estem fent un pas i amb consens, conjuntament,
amb alguns compromisos del Govern, que crec que són importants. Val la
pena que el fem i el fem plegats. Insisteixo, s’han de fer passos
decidits en aquesta direcció. Crec que el senador Cazalis ho ha expressat
molt bé.

Les perspectives de l’agricultura ecològica, tant des
del punt de vista de la creació de llocs de treball, de tot el que té
relació amb els nous mercats que estan creixent, en el cas
d’Espanya també és evident que si només 1 de cada 4 famílies
consumeix productes ecològics, una vegada al mes, i encara hi ha més
d’un 30% de ciutadans d’aquest país que no coneixen les
propietats dels productes ecològics, i el nostre consum és a la cua de
tots els rànquings, és obvi que hem de fer un esforç per conscienciar la
nostra societat que el consum de productes ecològics és positiu. Ho és
per al sector, però sobretot per al medi ambient i per a la nostra salut.
Per tant, crec que aquí alguna de les claus importants d’aquest
debat.

Hem de conscienciar i formar la nostra societat perquè no
consumeixi allò que en l’argot se’n diu alimentació amb
productes chatarra —permetin-me l’expressió, però
s’utilitza en aquest sector—. I és important, perquè com
deia, aquí ens hi juguem moltes coses, però sobretot la més important de
totes és la salut, amb tot el que es deriva d’aquesta
afirmació.

Hem de treballar, hem de veure de quina manera aquests
productes poden arribar al mercat. La seva posició encara no és bona. Els
productors tenen problemes perquè els costa accedir a economies
d’escala, perquè són explotacions petites, i també és veritat que
només un 40% d’aquests productes tenen avui un espai a les grans
superfícies on es pugui accedir amb facilitat. Tenim problemes de poder
canalitzar aquests productes als mercats de proximitat. Espanya només
consumeix un 1% de les seves produccions agràries en circuits curts, de
proximitat, mentre a França aquesta xifra està per sobre del 25%. Aquí hi
ha un repte importantíssim i és un repte, en aquesta, bàsicament de les
administracions, que han de facilitar els camins perquè els productors
puguin accedir o arribar a col·locar els seus productes de manera fàcil a
aquestes grans àrees de producció i, al mateix temps, en circuits curts
de proximitat.

Hi ha hagut alguns moviments —i amb això
acabaré— importants en l’àmbit de la gastronomia i de la
restauració, com són l’slow food i el quilòmetre zero, que crec que
van en aquesta direcció, que ajuden a la sortida i la projecció dels
productes ecològics. És una tendència que anirà a més, indubtablement, i
crec que hem d’ajudar des de les administracions, ho torno a dir,
que sigui més fàcil del que ha estat fins ara. Veient les xifres, Déu
n’hi do l’evolució que s’ha fet.

Senyores i senyors senadors, si és veritat que som el que
mengem, crec que hem de fer passos en la direcció de menjar productes de
qualitat i en aquest sentit hem de fer tot el que sigui

a les nostres mans, perquè tenim l’obligació
d’ajudar aquests agricultors, que han apostat per fer productes de
qualitat i una agricultura respectuosa amb el medi ambient i, sobretot,
amb la nostra salut, els hem d’ajudar perquè el seu producte i la
seva tasca arribi a la gran majoria de la nostra societat, perquè això,
sense cap mena de dubte, serà en benefici de tots.

Gràcies, senyors senadors, senyores senadores, senyor
president. (Aplaudiments.)

Gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores, en este turno nos gustaría
posicionarnos sobre esta moción, aunque no voy a poder hacerlo, porque
evidentemente no es fácil desde esta tribuna transmitir el entusiasmo que
yo sentí con los productores de esta agricultura ecológica o tradicional,
como decía el senador Cazalis. Me ha gustado su expresión. Tiene usted
razón y a lo largo de mi intervención yo también me voy a referir a ella.
Pero, como digo, vi el entusiasmo de esos interlocutores con los que tuve
la oportunidad de hablar y hay una franca diferencia respecto a lo que
sucede con los productores de la agricultura convencional, pues me parece
que ellos sí perciben la posibilidad, la potencialidad de la labor que se
está realizando, creen en su trabajo y conocen la importancia que reviste
su trabajo. Por esta razón, me parece que, aunque a menudo nos puede
resultar fatigoso hablar y escuchar cuestiones relativas a la
agricultura, esta moción y este debate merecen la pena. Y también vale la
pena hacerlo por el respeto que sentimos por todas estas personas.

Buscando material para poder preparar este debate, he
encontrado un artículo fantástico de la señora Milagros Pérez Oliva en el
que realiza un paralelismo entre el periodismo y la agricultura y los
problemas a los que la agricultura se enfrenta. Me ha sorprendido, puesto
que la señora Milagros Pérez Oliva habla de los tomates y de cómo nuestra
agricultura ha experimentado un proceso en el que los alimentos llegan,
incluso, de las antípodas y podemos comer cerezas en otoño o uvas en
abril. Pero es verdad que, como parte de este proceso, los campesinos han
perdido el control de sus producciones, y aunque es cierto que los
productos que encontramos en el mercado —hablemos de los
tomates— tienen mayor capacidad de resistencia, pueden guardarse en
las cámaras durante un mayor lapso de tiempo, tienen mejor resistencia a
las plagas, cuando compramos los tomates todos echamos de menos el sabor
que tenían los tomates de nuestra infancia o aquellos que aún podemos
comer si tenemos la suerte de tener un huerto propio. Es una realidad que
seguramente ha formado parte de sus conversaciones en alguna ocasión. Así
que es cierto que la agricultura ecológica se ha consolidado y ya tenemos
cifras. Yo voy a dar también alguna cifra que no ha sido mencionada y que
me parece que puede ayudar a hacernos una idea de cuál es la situación de
este sector. Estamos hablando de 1 845 000 hectáreas que han sido
inscritas en el año 2011, un crecimiento de 11,76%. Y todo esto tiene
lugar en un momento en el que precisamente las explotaciones agrícolas
—podemos llamarlas tradicionales, pero serían las explotaciones
agrícolas de carácter industrial— están rebajando sus expectativas
y, por dar otra cifra, hemos dejado de cultivar en estos últimos diez
años 1,3 millones de hectáreas de agricultura industrial.

Así pues, esta moción es importante, señor Cotillas, y le
agradezco una vez más su esfuerzo, un esfuerzo que en materia agrícola no
habíamos realizado. Me parece que es un paso importante, porque con las
aportaciones de las distintas enmiendas se ha mejorado sustancialmente su
moción, pero también es verdad que ni de lejos hemos llegado donde
deberíamos estar teniendo en cuenta todos los pasos que deben realizarse
para acabar de consolidar, desde la perspectiva de las administraciones,
toda esta labor realizada por los agricultores y concretamente de la
agricultura ecológica.

Me ha gustado que la senadora del Grupo Mixto hablara del
problema de los transgénicos. Es un problema que no tiene nada de
sencillo pero que debe abordarse, puesto que es fundamental. En este
sentido, nosotros vamos a presentar una moción en la Comisión de
Agricultura, porque es verdad que en la actualidad —y ahora hablaré
de Cataluña— es casi imposible sembrar maíz que no sea transgénico
por los problemas de contaminación, y tenemos que importar de Italia todo
el maíz que no sea transgénico, con unos costes muy elevados y con
problemas evidentes para los productores de granjas y, en este caso, de
agricultura ecológica. Son problemas que deben abordarse —usted lo
ha señalado—, pero también es verdad que estamos dando un paso
adelante, y me parece muy importante hacerlo desde el consenso y de la
mano con algunos

compromisos del Gobierno. Insisto en que debemos dar pasos
decididos en esta dirección, y el senador Cazalis lo ha expresado muy
bien.

Las perspectivas de la agricultura ecológica se pueden
considerar tanto desde el punto de vista de la creación de puestos de
trabajo como de todo lo relativo a los nuevos mercados que están
creciendo. En el caso de España resulta evidente que si una de cada
cuatro familias consume productos ecológicos una vez al mes, y aún
tenemos más de un 30% de los ciudadanos de este país que no conocen las
propiedades de los productos ecológicos y nuestro consumo está en la
cola, al final de todos los ranking, es evidente que debemos hacer un
esfuerzo para fomentar el consumo de productos ecológicos, que es
positivo para el sector y, sobre todo, para el medio ambiente y para
nuestra salud. Esta es una de las claves de este debate.

Tenemos que concienciar y formar a nuestra sociedad para
que no consuma lo que en nuestra jerga se llama alimentación con
productos chatarra —me permitirán la expresión, pero en este sector
esa es la denominación que recibe—. Y es importante porque nos
estamos jugando muchas cosas pero, sobre todo, la más importante de
todas, que es la salud y todo lo que de esta afirmación se deriva.

Así pues, tenemos que trabajar; debemos ver de qué forma
estos productos pueden llegar al mercado. Su posición todavía no es
buena, los productores tienen problemas en acceder a las economías de
escala, son explotaciones pequeñas y tan solo un 40% de estos productos
en la actualidad tienen un espacio en las grandes superficies donde se
puede acceder con facilidad. Tenemos problemas para poder encauzar todos
estos productos en los mercados de proximidad; España tan solo consume un
1% de sus producciones agrarias en circuitos cortos, circuitos de
proximidad, mientras que en Francia esta cifra supera el 25%. Por tanto,
hay un desafío muy importante, fundamentalmente de las administraciones,
que son las que deben facilitar estas sendas para que los productores
puedan colocar sus productos de forma sencilla en estas grandes áreas de
producción y a la vez también en circuitos cortos de proximidad.

Se han visto algunos movimientos importantes —y con
esto termino— en el ámbito de la gastronomía y de la restauración,
el slow food o kilómetro cero va en esa dirección y ayuda a la salida y a
la proyección de los productos ecológicos. Sin duda, es una tendencia que
va a ir a más y, en este sentido, las administraciones tenemos que
ayudar, una vez más, para que esto sea mucho más fácil de lo que lo ha
sido hasta ahora.

Por otro lado, fijándonos en las cifras, considero que
hemos realizado una buena evolución. Señoras y señores senadores, si es
verdad que somos lo que comemos, me parece que tenemos que dar pasos en
esta dirección y comer productos de calidad.

Por tanto, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras
manos porque es nuestra obligación y debemos ayudar a estos agricultores
que han apostado por ofrecer productos de calidad, por una agricultura
que respete el medio ambiente y, sobre todo, nuestra salud. Tenemos que
ayudarles para que su labor y su producto lleguen a la gran mayoría de
nuestra sociedad, porque, sin duda alguna, ello va en beneficio de todos.

Gracias, señoras y señores senadores, señor presidente.
(Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la
palabra el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gràcies, senyor president.

Vull començar la meva intervenció fent un reconeixement
explícit al senyor Cazalis, quan ha dit que la modernitat és tornar als
orígens. Crec que són paraules sàvies i ens posen davant de la tessitura
d’aquesta situació en què ens trobem en l’actualitat.

També vull fer un cant a favor d’aquesta agricultura
i ramaderia, d’aquest sector agrocial. Podríem dir que és la de la
calma, la de la tranquil·litat i de les coses ben fetes, la de la
proximitat, la que té cura del territori, de les persones, com molt bé ha
dit el senador Boya, del que mengem, d’allò que es transmet.

I crec que això no exclou, perquè sembla que es pugui
deduir de tot el que hem estat dient aquí que la resta
d’agricultura no tingui el seu valor, evidentment, la resta de
pagesos i ramaders també estan fent molt bé la seva feina. Però aquesta
és una opció molt assenyada, molt ajustada a la realitat. Entre altres
coses, no vull parlar ni donar més xifres, perquè contínuament
n’estem

donant i la realitat és que aquest tipus
d’agricultura i agroproducció social ens està donant unes línies de
cap on hem d’anar.

L’agroindústria s’està convertint en un refugi
—i perdoneu que utilitzi la paraula refugi— de joves que no
troben feina en altres sectors. Això també ho hauríem de tenir en compte,
com molt bé han dit, són negocis petits, microempreses, familiars, de
proximitat, que no estan fent cap tipus d’estrall en el nostre
entorn. Quan es parla de la petjada de carboni, es parla d’un tipus
de comercialització de tot tipus de productes on la proximitat, la
immediatesa, està renyida amb el que hauria de ser. Estem tornant als
nostres orígens, al que feien els nostres avis, els pagesos, els
ramaders, en diferents territoris. Nosaltres, des de Catalunya, i de
l’entorn de Lleida —d’on jo provinc— som una
demarcació on les distàncies són molt grans. Hi ha diferent orografia,
una forma diferent de produir tant agricultura com ramaderia, però això
no treu que hi hagi, com bé s’ha dit, aquesta il·lusió
d’aquestes persones que han iniciat aquest camí decantant-se per
l’agricultura i la ramaderia ecològiques.

El que sí que voldria comentar al senador Cotillas és que
siguem capaços d’aprofitar el que s’ha fet abans. Abans, la
senadora del PSOE ja ho ha dit, que s’havia fet una bona tasca. Des
del Govern espanyol l’any 2008 ja es va fer un pla per fomentar la
producció agrícola ecològica. Des de Catalunya també ho estem fent. Que
no esdevingui això, el fet que ho hagin fet uns o uns altres, un element
per excloure qualsevol tipus d’actuació. Recuperem-ho, posem damunt
de la taula.

En definitiva, crec que l’esperit que s’ha
deduït de tot això és que s’ha fet molt bé, s’ha felicitat el
senador Cotillas, però que no quedin aquestes manifestacions que
s’han visualitzat mitjançant la moció en paper mullat. Que hi hagi
una actuació decidida i que aquestes mesures que es puguin arribar a
emprendre i aquest mandat que es fa a l’executiu del Govern
espanyol sigui clar, que davant de la negociació fonamental que tenim al
davant nostre, com és la PAC, que es parli d’agricultura
ecològica.

També voldria demanar-li que recordi —i li tornaré a
fer una i diverses vegades més— el social farming. La majoria
d’agricultura social es basa en l’agricultura ecològica i de
proximitat, perquè és l’única manera de sobreviure per a aquest
tipus d’empreses, de negocis, de cooperatives. Per tant, tinguem-ho
en compte, que estan arrelant la gent al territori, perquè volem un
territori que sigui equilibrat territorialment i això ho hem de fer entre
tots nosaltres —des de l’Administració central a les
administracions autonòmiques i locals—. Per tant, anem tots en la
mateixa via.

Crec que hem fixat un full de ruta, tots hem arribat a un
consens, crec que en aquest cas la gent que ens dediquem a
l’agricultura i a la ramaderia en aquesta cambra progressem
adequadament. Que això no quedi en forat, sinó que sigui una actuació que
es pugui fer de forma continuada i a veure si s’arriba a aquestes
condicions per donar el suport a l’agroindústria ecològica, que és
el que tots volem.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

Me gustaría empezar mi intervención haciendo un
reconocimiento explícito al señor Cazalis cuando ha dicho que la
modernidad significa volver a los orígenes. Creo que son palabras de
sabiduría que nos colocan en la situación en la que nos encontramos
actualmente.

También me gustaría hacer una pequeña alabanza de esta
agricultura, de este sector agrosocial, de esta ganadería que es la de la
calma, la tranquilidad, la proximidad, la de las cosas bien hechas, que
cuida de su territorio, de las personas y, como ha dicho el senador Boya,
de todo lo que comemos, de lo que se transmite.

De todo lo que hemos dicho podría deducirse que el resto de
la agricultura carece de valor. Evidentemente, los demás agricultores y
ganaderos realizan una tarea encomiable, lo están haciendo muy bien, pero
es una opción muy sensata, muy ajustada a la realidad. Tampoco quisiera
dar ahora más cifras, porque constantemente estamos refiriéndonos a
ellas. La realidad es que este tipo de agricultura y de producción social
nos están marcando las líneas hacia las que debemos avanzar.

Por otra parte, la agroindustria se está convirtiendo en un
refugio —y lamento tener que utilizar este término— para los
jóvenes que no encuentran trabajo en otros sectores, y este aspecto
también deberíamos tenerlo en cuenta. Como ya se ha dicho, se trata de
negocios pequeños,

familiares, de proximidad, microempresas que no causan
ningún tipo de estragos en el entorno. Por ejemplo, cuando se habla de la
huella de carbono, se está hablando de un tipo de comercialización de
toda clase de productos donde la proximidad y la inmediatez están reñidas
con lo que debería hacerse. Estamos volviendo a nuestros orígenes, a lo
que hacían nuestros abuelos, los agricultores y ganaderos de otros
tiempos en distintos territorios. En Cataluña, el entorno de Lérida
—de donde procedo— es una demarcación donde las distancias
son muy amplias, tenemos una orografía distinta y diferentes formas de
producir tanto en la agricultura como en la ganadería, pero esto no
quita, como ya se ha dicho, que haya una ilusión de todas las personas
que han tomado esta senda y se han decantado por la agricultura y la
ganadería ecológicas.

Me gustaría comentar al senador Cotillas que debemos ser
capaces de aprovechar todo lo que ya se ha hecho, como ha expresado la
portavoz del Grupo Socialista, quien ha dicho que el Gobierno español
trabajó muy bien en el año 2008, que es cuando se elaboró un plan para
fomentar la producción agrícola ecológica. En Cataluña también lo estamos
haciendo; es decir, que lo hayan hecho unos u otros no debería ser un
elemento para excluir ningún tipo de actuación. Por tanto, recuperemos
todo aquello, pongamos sobre la mesa lo ya realizado.

En definitiva, creo que puede deducirse que la labor
realizada ha sido positiva y felicitamos al senador Cotillas por ello.
Pero, por favor, que estas manifestaciones que se visualizan en la moción
no se queden en papel mojado, que haya una actuación decidida y que se
puedan implantar estas medidas, que este mandato que transmitimos al
Gobierno español sea claro, que ante la importante negociación que es la
PAC se hable de agricultura ecológica.

Asimismo me gustaría pedirle que recuerde —y lo voy a
hacer en múltiples ocasiones— el social farming; es decir, que la
mayor parte de la agricultura social se basa en la agricultura ecológica
y de proximidad porque es la única forma de sobrevivir para este tipo de
empresas, de negocios o cooperativas. Por lo tanto, debemos tenerlo en
cuenta. Además, es una forma de arraigar a las personas en su territorio,
que quieren un territorio equilibrado, y tenemos que lograrlo entre todos
—la Administración central y las administraciones autonómicas y
locales—. Así pues, avancemos todos a una.

Me parece que ya hemos fijado una hoja de ruta, todos hemos
alcanzado un consenso y que, en esta ocasión, aquellos que nos dedicamos
a la agricultura y a la ganadería en esta Cámara estamos progresando
adecuadamente. Espero que esto no caiga en saco roto sino que se
convierta en una actuación continua y que alcancemos estas condiciones
para ofrecer todo el apoyo necesario a la agroindustria ecológica, que es
lo que todos deseamos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Coves.

La señora COVES BOTELLA: Muchas gracias, señor
presidente.

Antes de nada quiero manifestar mi agrado por la
transaccional que se ha alcanzado —debe ser que hablar de
agricultura y de buena alimentación nos pone a todos de buen humor porque
prácticamente todos los portavoces estamos de acuerdo.

Se ha hablado de cifras y, hasta la extenuación, de la
importancia que la agricultura y la ganadería tienen para el sistema
productivo español, no solamente porque generan empleo y riqueza sino
porque fijan la población en el territorio —el despoblamiento de
los núcleos rurales es un problema enorme, que va creciendo en
España—, estructuran el territorio —son actividades
difícilmente deslocalizables— y constituyen una reserva de materia
prima de enorme valor para la seguridad alimentaria de nuestro país.

Pero es que la agricultura y la ganadería ecológicas en
nuestro país no solamente son las mejores de la Unión Europea sino que
son muy poco conocidas en nuestro país. Es decir, producimos un volumen
cada vez mayor, generamos cada vez más empleo en la agricultura y la
ganadería ecológicas y en sus industrias de transformación y, sin
embargo, todavía tenemos el problema de que sean mucho más y mejor
valoradas fuera, concretamente en los países de la Unión Europea y en
Estados Unidos, que en España. Por tanto, es una actividad económica que
en España no ha tocado techo, que sigue creciendo exponencialmente en los
últimos años —ya

se ha hablado aquí de los planes de apoyo que se aprobaron
en la anterior legislatura y que es necesario que se
continúen—.

Pero también es necesario afrontar los nuevos retos a los
que se enfrenta el sector ecológico, y uno de ellos, como acabo de
mencionar, es el escaso conocimiento y, por tanto, el escaso consumo que
estos productos tienen en el mercado nacional. Por ello, algunas de las
propuestas que se han incluido en los epígrafes están encaminadas
precisamente a reforzar la presencia de este tipo de alimentos en los
mercados nacionales y en las distribuidoras internacionales. Es verdad
que muchas veces no son suficientemente valorados y apreciados porque hay
una enorme confusión con la catalogación de este tipo de productos.
Cuando uno va a comprar al mercado se encuentra con productos naturales,
biológicos, artesanales, frescos, saludables, y eso genera una enorme
confusión en el consumidor, que no acaba de entender las diferencias que
hay entre unos y otros. Por ello, es bueno que se apueste por el
logotipo, por el eslogan que se ha elegido en la Unión Europea para
apostar por la agricultura ecológica.

Un segundo problema que se recoge, o, al menos, se esboza
su solución en la enmienda transaccional que vamos a apoyar, es la
necesidad que tiene el sector de poner en valor las consecuencias
positivas que tiene para los ciudadanos. Son alimentos seguros, son
alimentos que además tienen un efecto beneficioso sobre el medio ambiente
puesto que no utilizan en su producción sustancias sintéticas, sustancias
químicas como pueden ser plaguicidas o herbicidas, y, por tanto, tienen
un efecto beneficioso para el medio ambiente y, sobre todo, para la lucha
contra el cambio climático.

Podíamos continuar hablando de las bondades de la
agricultura y la ganadería ecológicas en España y de la importancia que
tienen en cuanto a la creación de empleo —es especialmente
importante en estos momentos, puesto que España ya se dirige
prácticamente a los 6 millones de parados—. Esta puede ser también
una buena alternativa o solución para dar empleo a personas jóvenes que
deseen asentarse en el territorio, en el medio rural.

En definitiva, señorías, apoyamos la enmienda transaccional
a la moción que ha presentado el Grupo Popular. Pensamos que desde su
inicio hasta ahora se ha mejorado enormemente y que recoge básicamente
los principales problemas que tiene el sector. Lo importante a partir de
ahora es que hagamos un seguimiento de cada uno de los epígrafes que
componen la moción.

Por tanto, señorías, agradecemos el trabajo que se ha hecho
entre todos. Agradecemos también al grupo proponente, al Grupo Popular
sobre todo que haya aceptado el espíritu general de la enmienda de
sustitución que planteó el Grupo Parlamentario Socialista, que espero que
cuente con el mayor respaldo de la Cámara. La agricultura y la ganadería
ecológicas son un sector agroalimentario en expansión que requiere el
apoyo para que España siga siendo líder en este sector. Por cierto, y
dentro de España, Andalucía y después Cataluña son las comunidades
autónomas que más agricultura y ganadería ecológicas tienen. Por tanto,
aunque sea egoístamente, también es una moción que interesa mucho a mi
comunidad autónoma. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Coves.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el
senador Cotillas.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, decía la senadora Coves en su primera
intervención que le sorprendía que el Grupo Parlamentario Popular hubiera
presentado una moción sobre agricultura ecológica. Le quiero decir, con
todo el cariño y todo el respeto, que no debería sorprenderse, o que se
seguirá sorprendiendo con las propuestas que el Grupo Parlamentario
Popular va a traer a esta Cámara, porque no nos conoce bien. El Grupo
Popular está en el terreno, está con los sectores, está con los
ciudadanos, conoce sus problemas porque los vivimos, conoce también sus
ilusiones y sus deseos porque nos los cuentan, y conoce lógicamente el
resultado de sus esfuerzos porque, como digo, está allí con ellos, en el
territorio. Por lo tanto, realmente nos sentimos lo que debemos ser y lo
que somos, sus servidores y también sus representantes. El Grupo Popular
ya ha traído a esta Cámara en esta legislatura —con modestia, pero
es así— algunas propuestas en materia agrícola —unas a este
Pleno, otras a la Comisión de Agricultura del Senado—, en las que
no nos hemos centrado en aquella parte del sector agroalimentario que más
beneficios produce, que más

personas mantiene en el empleo o que más sale adelante por
sí misma. Nos hemos encargado de traer a esta Cámara, de traer aquí, al
centro de Madrid, al debate en la sede parlamentaria donde están muy
presentes los territorios, a aquellos colectivos, a aquellos sectores,
aquellas propuestas que pueden beneficiar a quienes menos visibles están,
a quienes más dificultad tienen para encontrar los mercados, a quienes
más dificultad tienen para mantener su vida en el medio rural, a quienes
más problemas se les pueden plantear para seguir haciendo lo que hacen
muy bien.

Hoy hablamos de agricultura ecológica, pero hemos hablado
de protección de las razas autóctonas en el ganado; tenemos mociones
relativas a la castaña o a la economía agraria en la montaña. Por lo
tanto, estamos con los ciudadanos en aquello que les preocupa.

Tenemos una idea muy clara de cuál es nuestra actividad
política, la nuestra y la del Gobierno de España: ayudar a los españoles
a salir de la crisis, además, garantizando un mayor bienestar para todos,
independientemente del lugar en donde vivan, independientemente de que lo
hagan en la ciudad, en la gran urbe o en el mundo rural, en ese mundo en
el que todavía en muchos aspectos sigue estando aislado, sigue teniendo
mayores dificultades para subsistir pero que es fundamental para fijar la
población, para mantener cohesionado el territorio, para mantener
nuestras tradiciones, para mantener nuestra cultura y para mantener
también una economía real, sostenible y sostenida en el tiempo. Eso es lo
que entendemos que está haciendo la agricultura ecológica, la agricultura
tradicional: volver a los orígenes. Si hablamos con muchos de los
agricultores y ganaderos de nuestros territorios de poner adjetivo a su
actividad, nos dicen que realmente no les aporta ni mucho ni poco,
generalmente les proporciona discusión, debate y problemas; que
propongamos medidas, soluciones que les ayuden a hacer mejor su trabajo,
con más calidad, a obtener mayores recursos y, por lo tanto, mayor fruto
de su esfuerzo y de su dedicación.

En el territorio del que yo vengo, Castilla-La Mancha, la
agricultura ecológica ha crecido de manera exponencial —somos la
segunda comunidad en extensión en materia de agricultura ecológica de
toda España, la primera si eliminamos la parte que tiene que ver con la
ganadería extensiva, con la parte dedicada al sector forestal y del
ganado—. ¿Por qué está creciendo? Porque hay ayudas de la
Administración, porque esas ayudas de la Administración ahora llegan,
ahora las cobran y, por lo tanto, los agricultores no se ven ahogados
financieramente; porque, además, se dan unas circunstancias
climatológicas del terreno que permiten obtener una mayor rentabilidad en
el sector ecológico —por ejemplo, en el secano y en producciones
como pueden ser la vid o el olivar— que en otras. El haber
ampliado, el haber introducido el sector de agricultura ecológica, más
allá del sector hortofrutícola, en sectores como el vino, el aceite, la
ganadería, evidentemente está generando una mayor oportunidad de riqueza,
una mayor oportunidad de empleo y una mayor oportunidad de permanencia en
nuestro territorio. Sigue siendo un sector modesto en cuanto a los
números, en cuanto a las cifras —el 3% de la población se dedica a
él, 30 000 trabajadores, pequeñas y medianas empresas, agricultores a
título principal—, pero sigue siendo un ejemplo de algo que el
Grupo Popular hemos dicho siempre y seguiremos diciendo, y es que
nuestros agricultores, nuestros ganaderos son los primeros interesados en
mantener su entorno, en mantener el lugar donde viven, en mantener el
lugar donde trabajan, en hacerlo productivo pero para siempre, con
sostenibilidad, en el tiempo. Por ello son los primeros que están
adaptando su actuación a dos ideas: una, al mantenimiento del suelo, al
mantenimiento de los niveles de agua, al mantenimiento de la estructura
rural y, al mismo tiempo, lógicamente, a atender la demanda de productos,
que cada vez es mayor. He aquí la dicotomía entre alimentar una población
creciente que necesita cada vez una producción más intensiva y, al mismo
tiempo, producir de una manera que genere más calidad, aunque menos
producción, que genera, por lo tanto, un valor añadido en la calidad y no
tanto en la producción.

El mayor problema que nos comentan siempre es su
visibilidad, la búsqueda de canales de comercialización, hacerse visibles
para el consumidor, que el consumidor entienda lo que producen, cómo lo
producen, sus ventajas y, por lo tanto, también el valor añadido de
consumir. Y eso es lo que pretendíamos hoy con esta moción que ha
generado este debate y que ya por eso es importante.

Pero, además, quiero agradecer a los grupos parlamentarios
sus propuestas que demuestran claramente que cuando el Grupo Popular
tiene la pretensión —siempre— de ayudar a los ciudadanos lo
hace no desde la verdad absoluta sino escuchando a los demás, y que
cuando

ustedes presentan propuestas que suman, el Grupo Popular
está abierto a aceptarlas, a integrarlas, a hacerlas suyas y
transmitirlas al ministerio. Y, si vuelven ustedes a leer las
intervenciones del señor ministro en el Diario de Sesiones en esta
Cámara, comprobarán que en la hoja de ruta del ministerio tiene una
importancia fundamental todo lo que es poner la agricultura en el debate
político, todo lo que es poner la agricultura en el primer nivel de la
acción política, todo lo que es conseguir los mejores resultados en las
negociaciones en Europa para nuestros agricultores. Y en todo ese todo
entran aquellos sectores más incipientes, aquellos sectores que tienen
más dificultad y aquellos sectores que todavía son modestos en la
producción agropecuaria como puede ser la agricultura ecológica.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cotillas.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la propuesta de modificación
firmada por todos los grupos parlamentarios, menos por el Grupo Mixto, a
la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 243; a favor, 239; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)

5.4. MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO ACUERDA LA CREACIÓN, EN EL
SENO DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO, DE UNA PONENCIA DE
ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN DEL MERCADO DE LOS CARBURANTES EN ESPAÑA.

(Núm. exp. 662/000044)

AUTOR: GPS

El señor presidente da lectura al punto 5.4. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.

A esta moción se ha presentado una enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto a iniciativa del senador Martínez Oblanca.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y por un tiempo de quince minutos, tiene la palabra el
senador Alique.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, quería comenzar mi primera intervención...
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, senador Alique.

Señorías, guarden silencio, por favor, o abandonen el
hemiciclo en silencio, por favor.

Cuando quiera.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, quiero comenzar mi intervención felicitando al
pueblo americano, al pueblo de los Estados Unidos, que ayer votó y, sobre
todo, y de manera muy especial, al presidente Obama, que revalida su
mandato, su Presidencia, lo cual creo que es bueno no solo para el pueblo
americano sino también para la Unión Europea, y para que sepamos que no
solo con austeridad sino fundamentalmente con políticas de estímulo al
crecimiento se sale de la crisis y se crea empleo, como está haciendo el
presidente Obama en los Estados Unidos.

Señorías, durante el pasado mes de octubre, como ustedes
conocen, se emitieron dos informes: uno por la Comisión Nacional de la
Energía y otro por la Comisión Nacional de la Competencia. Ambos tenían
un denominador común, y era poner de manifiesto la opacidad, la falta de
competencia y las ineficacias que caracterizan al sector de los
carburantes de automoción en España. Esta circunstancia ya por sí sola
exige que el Gobierno actúe para defender el interés general, pero,
máxime en un momento como en el que nos encontramos, se necesita una

respuesta urgente; un momento en el que el maltrecho
bolsillo de los ciudadanos, de los consumidores y también de la precaria
competitividad de las pequeñas y medianas empresas, y, sobre todo, de los
autónomos, están siendo profundamente dañados por el elevado coste de los
combustibles. Tanto es así que, precisamente, el coste de los carburantes
es una de las principales causas de la alta inflación que está padeciendo
la economía española, incluso antes de que se dejara sentir la injusta
subida del IVA que puso en marcha el Gobierno del Partido Popular a
partir del día 1 de septiembre. (Por cierto, el precio de los
combustibles en España es de los más altos de Europa antes de
impuestos.)

Quizás convenga recordar que los carburantes de automoción
no son un artículo de lujo, sino un factor de primera necesidad para las
actividades económicas y para la movilidad de las personas, hasta el
punto de que para las economías domésticas representa el coste de los
carburantes un 4,41% sobre el gasto total familiar, es decir, unos 1300
euros anuales.

De todo ello dan buena cuenta los informes a los que he
hecho referencia, dos informes que focalizan la ausencia de eficiencia
competitiva del sector de los carburantes de automoción como la principal
causa de los elevados costes que tienen que pagar los consumidores y las
empresas. Más concretamente, ambos organismos señalan que uno de los
principales orígenes de este problema es el poder significativo de
mercado que tienen los operadores con capacidad de refino para el
aprovisionamiento del carburante tanto en el segmento mayorista como en
la distribución minorista a través de las gasolineras.

Señorías, la Comisión Nacional de la Competencia y la
Comisión Nacional de la Energía subrayan que precisamente los tres
grandes operadores —Repsol, CEPSA y BP— dominan el sector en
su conjunto por tres motivos fundamentales: en primer lugar porque tienen
el control sobre la producción nacional a través de sus refinerías, hasta
el punto de que su capacidad de producción —señala
Competencia— les permite aprovisionar hasta el 90% del gasóleo y
prácticamente el cien por cien de la gasolina. Y eso significa que las
importaciones apenas tienen un reflejo en los precios finales. En segundo
lugar porque estos tres grandes operadores ejercen una importante
influencia sobre una empresa que es CLH, encargada del almacenamiento,
distribución y transporte de los carburantes a través precisamente de su
participación en sus órganos de control y en su accionariado. En tercer
lugar porque estos tres grandes operadores son los propietarios de la
mayoría de estaciones de servicio. Entre estos tres operadores controlan
6 de cada 10 puntos de venta y 7 de cada 10 litros que se venden al
público. Eso —dice Competencia— explica la linealidad de
precios en la venta al público.

En definitiva, señorías, y teniendo en cuenta estas
circunstancias, cabe preguntarse —como han hecho estos dos
organismos que he citado— qué es lo que ha conducido a ello y qué
hay detrás precisamente de esta insuficiente y preocupante falta de
competencia y de dominio de unos pocos operadores. Son precisamente estos
dos informes los que dan una respuesta clara a esta pregunta y es la
siguiente: que hay una existencia de pocos oferentes y también la
existencia de una intensa concentración empresarial que tiene su origen
en importantes barreras de entrada en los sectores del refino y de las
gasolineras. Les doy un dato: no se pone en marcha una refinería desde
los años setenta —el siglo pasado—, a pesar de que ha habido
peticiones.

Señorías, estos dos informes de estos dos organismos abren
un debate sobre la existencia o no de presuntas prácticas contrarias a la
competencia en el sector de los carburantes. En otro informe, la Comisión
Nacional de la Competencia da una respuesta a esta pregunta. Dice que, en
efecto, independientemente de cual sea el comportamiento de estos
operadores, las características estructurales del mercado de los
carburantes en España facilitan situaciones restrictivas de la
competencia. Este es el problema, un problema respecto del cual el
Gobierno no puede mirar para otro lado ni hacer tampoco de don Tancredo,
sino muy al contrario, tiene que tomar una decisión y dar una respuesta
urgente porque es el Gobierno el que tiene la competencia para ello.
Porque, según explican estos organismos, esta situación permite que estos
tres grandes operadores disfruten de unas ventajas sustanciales con
respecto del resto de otros operadores. Les daré otro dato: entre los
tres controlan el 75% de la cuota de mercado. Es un porcentaje
excesivamente alto, máxime si tenemos en cuenta lo que ocurre en los
países de nuestro alrededor, y les cito un ejemplo, el caso de Italia,
que entre los tres principales operadores no llegan a controlar ni
siquiera el 50% del mercado.

Señorías —y esto es importante—, no parece de
recibo que unos pocos, muy pocos, estén haciendo caja a costa de millones
de consumidores y de empresas, especialmente de pymes y de autónomos,
máxime en una situación tan grave como la que estamos sufriendo, en cuyo
contexto es claramente injustificable e incomprensible no ya el precio
alto de la gasolina y del gasóleo, sino, y sobre todo, los excesivos y
crecientes márgenes que tienen los operadores en España con estos
productos.

La propia Comisión Nacional de la Competencia recuerda en
este sentido que precisamente desde el inicio de la crisis —desde
el año 2007— han incrementado sus márgenes de beneficio hasta un
20%, muy por encima de sus homólogos europeos. Y todo ha ocurrido no solo
partiendo de niveles previos mucho más altos que los que presentan otras
economías de nuestro entorno, sino también compatibilizando estas subidas
o incrementos en los márgenes de beneficios con las importantes caídas de
la demanda, incluso llegando al 20% de caídas de ventas.

Señorías, la suma de todas estas circunstancias no hacen
nada más que acentuar la sospecha de que su capacidad para influir en el
precio de los carburantes ante la ausencia de competencia les permite
intentar compensar, y yo diría más que compensar, las caídas de ventas
con aumentos injustificados y tremendamente perjudiciales para el
conjunto de la economía, para los precios. Esta actitud, no solo poco
eficiente desde el punto de vista económico, sino también tremendamente
insolidaria desde el punto de vista de la economía social, está
contribuyendo a que se produzca un deterioro permanente en el poder
adquisitivo de los ciudadanos y en la competitividad, como he dicho
anteriormente, de las empresas, especialmente de las pymes y de los
autónomos, y esto, sencillamente, es inaceptable en unos momentos de
crisis económica en los que crece el paro, crece la recesión, aumenta el
Gobierno los impuestos, las tasas, los precios públicos, se recortan
prestaciones sociales, se aplican políticas de rebajas de salarios, y
todo ello favorecido por las políticas neoliberales y antisociales del
Partido Popular.

En definitiva, la carestía de los carburantes y esa falta
de competencia suponen un deterioro en términos de demanda y de
competitividad que estos dos organismos dicen que hay que ponerles pies
en pared, es decir, que hay que poner punto final. Por eso le proponen al
Gobierno, que es quien tiene la competencia en materia de planificación y
de regulación básica en el sector de los hidrocarburos y también de
ordenación de la economía, 23 medidas precisamente para fortalecer la
competencia, y las proponen no solo en el segmento mayorista sino en el
segmento también minorista, y además le aconsejan estos dos organismos
que se hagan de manera simultánea para que sean efectivas. Es decir,
propone dar una solución global para resolver problemas como, por
ejemplo, romper las barreras existentes y facilitar la apertura de nuevas
estaciones de servicio en hipermercados, centros comerciales o
autopistas, y aquí les vuelvo a dar otro dato. Un país como Francia tiene
un 60% de sus estaciones de servicio en centros comerciales grandes o
medianos, y en España solo tenemos un 3%. Eso hace que no se favorezca,
como sí ocurre en Francia, que se dinamice la competencia y que se
compita por los precios. En segundo lugar, para abrir el mercado y para
fomentar la trasparencia. ¿Cómo? Revisando la duración máxima de los
contratos de suministro en exclusiva que tienen los grandes operadores
con muchas estaciones de servicio y también prohibiendo a las petroleras
que pueden aconsejar precios a las estaciones de servicio. En tercer
lugar, rompiendo las barreras que existen y facilitando la entrada en el
sector del refino para facilitar el aprovisionamiento del carburante a
otros operadores. Y para finalizar, regular y controlar la actividad de
CLH y desarrollar un régimen de incompatibilidades para los órganos de
gobierno de esta compañía y limitar también la participación en el
capital por parte de las grandes operadoras, así como su derecho a
voto.

Estas son algunas de las recomendaciones que merecen una
reflexión serena pero, sobre todo, una respuesta urgente por parte del
Gobierno, porque hay dos cosas que están claras. La primera, que la
distribución de carburantes en las estaciones de servicio en España
presentan de media unos precios muy altos, más elevados que la media de
la Unión Europea antes de impuestos, y en segundo lugar, que la evolución
de los márgenes brutos de distribución a corto y medio plazo indican que
es propio de un mercado poco competitivo. Y precisamente tener un mercado
poco competitivo y al mismo tiempo tener unos precios elevados es esa la
consecuencia, es decir, que se tienen precios elevados de los carburantes
porque precisamente es un mercado prácticamente cerrado para otros
operadores. Y en este sentido hay que actuar y hay que actuar ya, y por
eso desde el Grupo Parlamentario Socialista apelamos al consenso,
apelamos al trabajo

en el Parlamento, en este Cámara, para crear una ponencia
para que en un plazo breve de tres meses estudie precisamente las
propuestas de la Comisión Nacional de la Energía y de la Comisión
Nacional de la Competencia, y lo que es muy importante, para que escuche
a todos los afectados, no solo al sector del carburante, sino también al
sector de los transportistas, a los consumidores, en definitiva, a todo
aquel que tenga algo que decir, y además que se haga, ¡fíjese!, con la
participación del Gobierno. (La señora vicepresidenta, Vicente González,
ocupa la Presidencia.) Creemos que es importante que en esa ponencia
participe el Gobierno, ¿para qué? para determinar las líneas maestras de
las reformas que se deben efectuar con el mayor consenso político de los
grupos parlamentarios. El objetivo no es otro que el precio de los
carburantes no siga siendo un lastre para, como he dicho anteriormente,
el poder adquisitivo de los ciudadanos y para la pérdida de
competitividad de nuestras empresas, de manera muy especial para las
pequeñas y medianas empresas y para los autónomos. Y finalizo. Y con esto
también devolver al mercado de los carburantes a la senda de la
competencia que nunca ha debido ni debe abandonar.

Por eso, señorías, les pido el apoyo a esta moción que creo
que es constructiva, que no adelanta ninguna propuesta, pero que cree que
esa ponencia puede estudiar las propuestas que tenga que poner en marcha
el Gobierno para resolver esta grave situación.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Para la defensa de su enmienda tiene la palabra el senador
Martínez Oblanca del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora
presidenta.

Como certeramente señalaba el senador Alique en su
intervención, debería preocuparnos este asunto de los precios de la
gasolina y del gasóleo dado que es un tema que tiene enorme impacto y
repercusión en las economías familiares, en el sector del transporte, en
la industria, en la agroganadería, en las pymes, en el turismo, en el
comercio y en todo lo referido a la sociedad en su conjunto.

Hace un mes y medio tuve oportunidad de formular en el
Pleno del Senado una pregunta al ministro de Industria, Energía y Turismo
sobre el abusivo incremento del precio de los carburantes producido en
las fechas veraniegas con récords históricos. La misma tarde que el
ministro, señor Soria, respondió a mi iniciativa, se reunió con
representantes de las petroleras para que, según sus propias palabras,
procedieran a un ajuste de precios, pero la cruda realidad es que, tras
muy ligeras oscilaciones, los surtidores han vuelto a alcanzar puntos
próximos al récord de precio durante el mes de octubre, y por eso creo
que es muy oportuno que se hable de nuevo en el Parlamento sobre este
asunto.

Nuestra enmienda de adición respeta el texto propuesto por
el Grupo Parlamentario Socialista en su moción, pero incorpora dos nuevos
puntos que a nuestro criterio son materia especial de la acción de
gobierno y también son claves para comprender una parte de la escalada
feroz del precio de los carburantes en España que grava y agrava el
bolsillo de los ciudadanos. A nosotros nos resulta tan incomprensible
como peculiar que frente a las clarísimas recomendaciones y advertencias
que desde hace años vienen formulando la Unión Europea y nuestra propia
Comisión Nacional de la Competencia, otra Comisión Nacional, en este caso
la de la Energía, cuya función es decisiva en el tema de los carburantes,
no se haya puesto en el lugar de los consumidores, con lo cual en España
tenemos que sufrir unos precios abusivos producto de un oligopolio que ha
encontrado amparo y protección precisamente entre quienes deberían
defender sobre todo y por encima de todo los intereses de los ciudadanos.
La pregunta que cabe formular ante esta escalada de precios es la
siguiente: ¿Quién defiende al consumidor de la voracidad de unas
petroleras que acaparan más del 70% del mercado en España? Aquí no existe
la competencia, no existe ahora ni tampoco se ha permitido que existiera
desde que hace más de cinco años se empezase a alertar, a través de
informes concluyentes, sobre la inexistencia de competencia, lo que
arrastraba a abusivos precios e incrementos de los precios de la gasolina
y del gasoil. Por eso en Foro creemos que hay que darle un repaso y una
actualización a la Ley del Sector de Hidrocarburos del año 1998, y en
todo caso apremiar a la Comisión Nacional de la Energía para que se ponga
de parte de los intereses de los ciudadanos, de los consumidores, y no se
haga el longuis ante este atropello consentido cada vez que un consumidor
doméstico o profesional acude a un surtidor.

Cada reportaje penaliza a las economías familiares,
arrastra a transportistas, agricultores y pescadores, lastra la
competitividad de nuestra industria, y todo ello merma las posibilidades
de crecimiento económico y de creación de empleo en un país que galopa
dramáticamente hacia los seis millones de parados.

El Gobierno tiene también una cuota importante de
responsabilidad en el actual encarecimiento de los precios de los
carburantes. El clamoroso incumplimiento de los compromisos electorales
del PP y de investidura de Mariano Rajoy ha llevado a la subida del IVA
el pasado 1 de septiembre del 16 al 21%, que también se ha aplicado a los
carburantes, incluso a los impuestos estatales sobre consumos específicos
e igualmente a los impuestos autonómicos que ya repercuten en los
consumidores de algunas comunidades, como es el caso de Asturias. Resulta
que el propio ministro de Industria, Energía y Turismo califica los
precios de inasumibles y desproporcionados. Entonces el Gobierno ¿a qué
se dedica para corregirlo? Porque cada vez que un conductor se acerca a
la gasolinera en España se está produciendo un acto inasumible y
desproporcionado en definición del mismísimo ministro del ramo.

Algo más que circunloquios ministeriales de Pasapalabra
está obligado a hacer el Gobierno, y por eso también nosotros le instamos
en nuestra enmienda a que aplique ya medidas de naturaleza fiscal que
rebajen el precio final de los carburantes, singularmente incrementados
tras la subida del IVA en el 5% realizada el pasado 1 de septiembre. Si
eso supone descenso alguno sobre la recaudación de Hacienda, nuestra
enmienda reclama que ese impacto se traslade sobre los beneficios de las
operadoras del oligopolio español.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Para manifestar si acepta o no la enmienda, tiene la
palabra el portavoz del Grupo Socialista, el senador Alique.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señora
presidenta.

El Foro Asturias ha presentado una enmienda y,
efectivamente —he tenido ocasión de hablar con el señor Martínez
Oblanca—, comparto plenamente lo que dice. Ya le he explicado que
el hecho de no admitirla no tiene que ver con su contenido, sino porque
creo que, desde el punto de vista formal, desfiguraría la propuesta
original y adelantar propuestas concretas. Precisamente el Grupo
Parlamentario Socialista ha presentado esta moción para crear una
ponencia de estudio sobre el mercado de los carburantes, con el objetivo
de facilitar el consenso de todos los grupos políticos sobre una moción
que pretende, ya digo, crear esa ponencia para estudiar un tema de
actualidad —de mucha actualidad— sobre el que urge tomar una
decisión de manera urgente, sobre todo después de conocer esos informes
de la Comisión Nacional de la Energía y de la Comisión Nacional de la
Competencia, sobre todo cuando ellos mismos concluyen que es precisamente
la falta de competencia la que hace posible que tengamos precios elevados
antes de impuestos, en España, más caros que el resto de la Unión Europea
o que una buena parte de la Unión Europea, y que haya márgenes de
beneficios de los operadores en España muy superiores a los de sus
homólogos en el resto de Europa.

Todo esto perjudica claramente al poder adquisitivo de los
ciudadanos y perjudica claramente a la competitividad de las empresas
—de las pequeñas y medianas empresas— y de los autónomos. Las
propias asociaciones de transportistas nos han dicho que ha subido de un
30 a un 40% lo que supone el gasóleo en el coste de explotación de este
tipo de empresas, lo cual es muy grave y hace que peligre el futuro de
las mismas, sobre todo porque una de las cosas que van bien en España,
que son precisamente las exportaciones, dependen en una buena parte
también del transporte por carretera.

En segundo lugar, esta moción, que pretende ser
constructiva y que no debería contar con el rechazo de nadie, también
pretende poner en valor a esta Cámara y la utilidad de los senadores en
un trabajo sobre el estudio de una situación de actualidad y de necesidad
de resolver, como es el precio de los carburantes. Por eso yo creo que si
el grupo mayoritario, el Partido Popular, como me ha adelantado, dice que
no, sería, sinceramente, incomprensible, sobre todo porque la moción
también es muy respetuosa.

Fíjense, no adelanta propuestas —ya lo he
dicho—; tiene como objetivo el estudio, y de ese estudio las
propuestas, y lo que pretenden es el consenso de los grupos
parlamentarios. Pero no

se queda ahí, también quiere que participe el Gobierno como
último que tiene que tomar la decisión en esa ponencia, y tampoco se
queda ahí, lo que pretende es que se escuche a todo el que tenga que
decir algo, no solo al sector de los carburantes, sino también que vengan
los transportistas y que vengan también los consumidores.

Por tanto —y termino—, esta ponencia tiene como
objetivo estudiar, tiene como objetivo escuchar y tiene como objetivo
proponer las líneas maestras de lo que debe ser una reforma en toda regla
para que los ciudadanos y las pequeñas y medianas empresas y los
autónomos no sufran estos precios elevados de las gasolinas, de los
gasóleos, de los carburantes, y para que no se siga perdiendo
competitividad por parte de las empresas, y de manera muy especial, de
las pymes y de los autónomos. Pero la decisión final de aprobar o no esta
moción la tendrá lamentablemente el Grupo Parlamentario Popular, que es
el mayoritario.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el
senador Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias de nuevo, señora
presidenta.

El Grupo Parlamentario Socialista en el Senado ha
presentado una moción sobre el precio de los carburantes que toma como
base el informe reciente de la Comisión Nacional de la Competencia. Yo
celebro muchísimo que el Partido Socialista haga caso al fin, en 2012, a
un informe de dicha comisión en el que se ponen de manifiesto las
consecuencias del oligopolio del mercado de los carburantes de automoción
en España.

Se han perdido, eso sí, más de tres años desde que la
comisión elaborase un primer informe en el que con claridad meridiana se
señalaban varias recomendaciones —cinco para ser más
concreto—, dirigidas principalmente a las administraciones públicas
y al Poder Legislativo. Durante todo ese tiempo ni el Gobierno de
Rodríguez Zapatero ni el Grupo Parlamentario Socialista que lo apoyó,
tanto en el Congreso como aquí, en el Senado, hicieron otra cosa que
ignorar este primer y concluyente informe, así como los que
posteriormente elaboró esa misma Comisión Nacional de la Competencia,
constatando lo que es un atropello para los consumidores de gasolina y
gasóleo en España, y que tiene una incidencia total en la economía de
todos los ciudadanos.

Hoy, con un Partido Socialista que tras los resultados de
las elecciones autonómicas y generales de 2011 ya no tiene capacidad
significativa en la mayoría de las administraciones públicas, ni en el
Congreso ni aquí, en el Senado, los socialistas exhiben la necesidad de
aplicarse en combatir a las petroleras y reclaman rapidez y eficiencia al
Gobierno para introducir de forma progresiva la competencia en el mundo
de los carburantes. Bienvenidos al club.

Con absoluta seguridad muchísimos españoles agradecerán al
Grupo Parlamentario Socialista que ahora manifieste ese gran interés por
introducir la competencia en el mercado petrolero de nuestro país, aunque
supongo que esos mismos españoles se preguntarán por qué no movieron
ustedes un dedo en estos años en los que tuvieron amplísima capacidad
parlamentaria para legislar y adoptar medidas ejecutivas para corregir el
oligopolio de los carburantes que ha llevado a los precios históricos de
récord en la gasolina y el gasóleo.

Y ese es el drama contradictorio que ha hecho y hace que
los políticos y la política sea hoy una actividad denostada por nuestros
conciudadanos. La contradicción, el mensaje de quita y pon sobre un mismo
tema dependiendo de si se está en el Gobierno o en la oposición. Ustedes,
los socialistas, reclaman ahora exactamente lo mismo que despreciaron
durante toda la pasada legislatura, y es oportuno recordar que en este
mismo asunto de los carburantes el Partido Popular trató inútilmente
desde la oposición de hacer valer los argumentos, los razonamientos y las
recomendaciones que se recogen en los diferentes informes de la Comisión
Nacional de la Competencia.

Incluso en el verano de 2008, en julio, Mariano Rajoy
propició una sesión extraordinaria en el Congreso de los Diputados ante
la crisis generada por las subidas de precios de los carburantes: julio
de 2008, comparecencia del señor Rodríguez Zapatero a instancias de
ochenta diputados del Partido Popular.

¿Y qué hace ahora el Partido Popular, que está gobernando y
a punto de celebrar el primer aniversario de su victoria electoral? Pues
no ha hecho nada para propiciar la entrada de la

competencia en el mercado petrolero español y la bajada de
los precios de los carburantes. Al revés, con Mariano Rajoy al frente del
Gobierno se ha superado el récord histórico en los surtidores de
combustible para la automoción, y contrariamente a lo que figura en su
programa electoral y en sus compromisos de investidura, se han subido los
impuestos y nada menos que un IVA del 21% repercute hoy en el precio
final de los carburantes.

Cuando Rajoy se quejaba en el año 2008, el IVA estaba en el
16%; hoy está en el 21%, eso sí, tenemos al ministro del ramo quejándose
por las esquinas de las petroleras, pero sin tomar medidas efectivas. Tal
parece que se trata de ganar tiempo anunciando que se están estudiando
medidas de naturaleza impositiva, que se están analizando los llamados
contratos de abanderamiento o que se está pendiente del resultado de
reuniones con los responsables de las compañías que operan en este sector
y que acaparan más del 70% del mercado. Pero la realidad para el
ciudadano que se acerca a un surtidor para repostar es que los precios
por disparatados son disuasorios, hasta el punto de que hay un derrumbe
en el consumo de carburantes, con una caída del 6,3% en los nueve
primeros meses de este año y que en septiembre, en el mes en el que entró
en vigor el 21% de IVA, se produjo un descenso histórico en el consumo,
con un 13,6%. Otro logro ruinoso de la política impositiva de Rajoy y de
Montoro, contraria a su propio compromiso electoral y como se ve de
efectos demoledores para la propia Hacienda pública española.

La moción va a contar con mi voto favorable, más que nada
porque entre la inacción del Gobierno y la actividad parlamentaria, me
quedo por supuesto con la ponencia, aunque tengo todas las dudas del
mundo sobre sus resultados a efectos prácticos para que los ciudadanos no
seamos atracados como secuela de un oligopolio inaceptable. Lamento que
el autor de la moción, el senador Alique, no haya aceptado mi enmienda,
pero como seguro que hablaremos en más ocasiones de los precios de los
carburantes, seguiremos intentándolo.

Me sorprende negativamente que se anuncie el rechazo del
Grupo Popular, lo que supondría una formidable pirueta política para
justificar exactamente lo contrario de lo que reclamaban en la pasada IX
Legislatura por la vía de la iniciativa parlamentaria extraordinaria y
encabezada por el propio Rajoy. Resultaría además incongruente porque
esta renuncia clamorosa del Grupo Popular a esa postura política de estos
años pasados supondría también el bloqueo de una iniciativa parlamentaria
que propone que los senadores se preocupen, se ocupen y trabajemos en una
ponencia parlamentaria a estos efectos.

Creemos que una Cámara representativa como es el Senado
tiene que ejercer en este tema de los carburantes toda su capacidad para
orientar al Gobierno y hacerlo además con urgencia, porque a la paradoja
de los dos grandes partidos cambiándose los papeles en función de si
están en el Gobierno o si están en la oposición, se suma la perplejidad
que causa un Gobierno que por boca de sus ministros —el de
Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y el de Economía y
Competitividad, Luis de Guindos— llevan dos meses quejándose del
elevado precio de los carburantes en España, dos meses desde aquello de
precios inasumibles y desproporcionados y así seguimos, y tiene toda la
pinta de ir para muy largo.

El Gobierno está en la obligación de explicar por qué si en
España tenemos los mismos aprovisionamientos y las mismas tecnologías que
en otros países de nuestro entorno, aquí los ciudadanos españoles pagamos
unos precios finales de los más caros de Europa. Y, naturalmente, el
Gobierno está en la obligación de corregir esos precios de la gasolina y
del gasóleo si los considera desproporcionados e inasumibles, pero
corregirlos con urgencia, porque cada día que pasa es un día que penaliza
a consumidores, transportistas, agricultores, ganaderos, a nuestra
industria, a las economías familiares y a toda España.

No estamos ante un problema exclusivamente de regulación
administrativa de los precios, estamos también ante una Comisión Nacional
de la Energía que lleva años inhibida en el atropello a los consumidores
que supone el oligopolio de los operadores españoles.

Esa comisión se ha creado para defender los intereses de
los ciudadanos y no está cumpliendo de forma efectiva la función para la
que fue creada. Por eso, el Senado debería ir mucho más allá de una
ponencia de estudio, mucho más allá, y actuar con mucha más urgencia;
aunque es de reconocer que esta moción del Grupo Parlamentario Socialista
propone unos plazos ciertamente breves para lo que se estila en los
trabajos parlamentarios. Aun así, cada día que pasa, cada hora, cada vez
que un consumidor, un conductor o una empresa acude a un surtidor se está
produciendo un atropello amparado y consentido que merma la capacidad
económica de los españoles,

penaliza nuestra competitividad y añade un lastre adicional
a nuestra industria, incapaz de competir en los mercados internacionales,
a los que acude en clara desventaja. De ahí a la deslocalización o al
cierre, solamente hay un paso.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado tiene la
palabra la señora Leanizbarrutia.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Eskerrik asko,
egun on senatariok.

Nik uste dut errekinen inguruan hitz egiten ari baino, ari
garela energiari buruzko hausnarketa bat, oso sendoa, egiten, errekinak
direla-eta. Lehiakortasuna, esaten ari gara gure ekonomiak lehiakorra
behar duela izan. Lehiakortasuna izan ahal izateko, kosteak jaitsi egin
behar dira. Batzuetan esaten dugu enplegua ere nolabait, flexibilitatea
edo behar duela, baina ez diogu horrenbeste garrantzia ematen errekinari
edo energiari.

Gure talde honek askotan, nik uste dut, betiko kantinela
horretan esaten ari gara energiaren kostua handiegia dela gure Estatu
honetan. Europako batez besteko prezioaren gainetik ari gara, garestiagoa
da hemengo errekina, eta benetan ulergaitza da ze ikasi izan dugunean
eskaera eta eskaintzaren legearen oinarria, bada konturatzen gara eskaera
gutxitzen denean, eskaintza asko dagoenean, prezioak jaitsi egiten
direla. Baina Espainian ez. Espainian argi dago ekonomiak behera egin
duela, jarduera asko galdu egin dela, baina prezioak ez dira jaitsi, igo
egin dira. Orduan, non dago lege hori? Eskaintza eta eskaeraren arteko
lege hori. Hemen badirudi lege horrek, kasu honetan, ez duela inongo
eraginik izan.

Beste aldetik, esaten ari gara eta aurretik hitz egin duten
senatariok esan dute, bada PYMES edo txikiak edo ertainak diren enpresen
kontra eta baita ere hiritarren aurka. Nik esango nuke hau dela
ekonomiaren hanka bat, beste zutabe bat, baina ez bakarrik PYMES edo
hiritarrena, badirudi txikiaren aurkakoa; bai dala, baina azken batean da
gure ekonomiaren aurka. Gure ekonomia dago oinarrituta txiki eta ertainak
diren enpresetan eta horiek, halako prezioekin, ez dute ezer irabazten,
galtzen. Nik errekinaren atzean ikusten dut beti arrantzale bat, nekazari
bat, garraiolari bat, bai, baina halako makroekonomikoak diren kontuetan,
bada horiek galdu egiten dira eta multzo hori handia da. Zenbat jendek
galdu du lana aspaldi honetan, azkeneko garai honetan? Orduan,
lehiakortasuna ez da bakarrik, ekonomiaz hitz egiten dugunean,
enpleguaren prekarietate, enpleguaren flexibilitate horretan oinarritu
behar. Baita ere hitz egiten dugunean lehiakortasunaz hitz egin behar
dugu energiaren kosteaz.

Egia esan, oso gai konplikatua izan da energia. Kasu
honetan da ponentzia bat errekinaren inguruan. Bale. Baina energiaren
mundu hori, nik askotan eta aitortu behar dut saiatu naizela ikasten,
ulertzen, zenbat diren benetan kilowatio baten kostea, zenbat balio duen,
zein margenekin ibiltzen den, zenbat kostatzen duen benetan. Ze, klaro,
egiten ari gara «deficit tarifario» dela eta ez dela, baina benetan ez
dakigu zein margenekin ibiltzen diren halako enpresa handi hauek.

Orduan, nire zalantzak ditut ponentzia bat antolatuta hori
ere argituko den. Baina nik uste dut ona dala, batez ere ponentzia bat
martxan jartzea, ez bada ezer lortzen ere. Behintzat sentsibilizatuko
dugu. Eta zenbat eta sentsibilizazio gehiago, bada lortuko dugu egunen
batean, PSOE edo PP boterean egonda, halako organismo bai
konpetentziarena, eta bai energiarena, bada jendea sentsibilizatuagoa
izatea eta politika benetan egitea. Azkenean, gure edo Estatuaren
ekonomiaren alde. Eta ipini beti enpresen interesen aurretik, herriaren
interesa. Gure ekonomiaren interesa. Eta azken batez, gure ziurtasunaren
interesa. Hemen energiari buruz hitz egiten ari garenian, ez gara sekula
jartzen pentsatzen zer nolako garrantzia ziurtasunaren inguruan. Zer
garrantzia duen.

Egia esan, beste aldetik ere, oso nahasketa handia dago.
Petrolera batek dauzka interesak gasera batean, hidrauliko energiarekin
sartuta dagoena erosten ditu eolikoak... orduan ez dakigu azkenean baita
ere energia, interes horiek, non hasten diren eta non bukatzen diren. Non
dagoen benetan lehiakortasuna eta non ez. Orduan, nik uste dut edozein
gobernu batek beharko lukeela halako koadro argi bat eta aurretik ipini
herriaren interesa, enpresa handien interesa baino.

Zalantzak agertzen ditut gure taldearen aldetik, honekin
zerbait lortuko ote dugun. Baina iruditzen zaigu informazioa dela
demokraziaren lehenengo oinarria. Informazio zehatz bat izanda beharbada
guk halako operadoreen aurretik ditugun errezeloak ere uxatu egin
ditzakegu. Beraz, ez da bakarrik interes politikoa, baita ere interes
enpresariala. Hemen hitz egiten ari garen

operadora batzuk dabiltzala, lehiakortasun-lege horretan ez
dabiltzala ondo funtzionatzen, badaudela indikadore batzuk non esaten
diguten benetan ez dagoela lehiarik, zeren Europan dauden batez besteko
prezioaren gainetik dabiltza, orduan eurentzako da oportunidade bat,
baita ere operadoreentzako, esplikatzeko azkenean benetan zeintzuk diren
beren politika enpresarialak.

Gure aldeko botoa agertuko dugu hemen eta pena bat da
halako oinarrizkoa, zeren ekonomiaz hitz egiten ari garenean, oinarrizkoa
den gai batetaz, adostasun hori ez lortzea, bada boterean dagoen,
eztakit, taldearen aldetik. Nik uste dut Gobernuari interesatzen zaiola
gehien jakitea benetan nola mugitzen diren enpresa guzti horien politika
enpresarialak. Eta operadoreei ere interesatzen zaie hau aurrera
eramatea, batez ere argitzeko edo garbitzeko beren burua. Baina bueno,
pena bat izango da, Partido Popularrak onartzen ez badu ponentzia hau
martxan jartzea, eta beste batean izango da.

Eskerrik asko.

Muchas gracias. Buenos días.

Señores senadores, yo creo que en lugar de hablar del
asunto de los carburantes estamos haciendo una reflexión acerca de la
energía y de la competitividad. Decimos que nuestra economía ha de ser
competitiva, pero para poder ser competitivos debemos reducir los costes.
Algunas veces nos referimos a que el empleo ha de ser flexible y no damos
tanta importancia al asunto de la energía y los carburantes.

En esta eterna cantinela eterna nuestro grupo siempre está
diciendo que el coste de la energía es demasiado alto en nuestro Estado.
Superamos siempre la media de los precios de Europa. Los carburantes aquí
son mucho más caros, lo cual es difícil de comprender. Como sabemos,
según la ley de la oferta y la demanda, cuando se reduce la demanda la
oferta es mayor y, por lo tanto, los precios se reducen. Sin embargo, en
el caso de España esto no sucede. Es evidente que en España la economía
se ha reducido y que hemos perdido muchísima actividad, sin embargo, los
precios no se están reduciendo sino aumentando. Por lo tanto, ¿dónde está
la ley de la oferta y la demanda? Parece que esta ley no funciona o no
está influyendo en este caso.

Por otra parte, hemos escuchado decir a varios senadores
que las pymes y los ciudadanos están sufriendo las consecuencias. Es
cierto que esta es una de las columnas de la economía, pero no solo
sufren los pequeños empresarios. Al fin y al cabo, estamos actuando en
contra de toda nuestra economía, ya que la misma se basa en el
funcionamiento de estas pequeñas y medianas empresas, las cuales no
tienen nada que ganar con este tipo de precios sino todo que perder.
Cuando nos referimos a este ámbito yo veo siempre al pescador, al
agricultor, al transportista, sin embargo, al hablar de este tipo de
temáticas macroeconómicas siempre nos olvidamos de todos ellos, cuando es
un grupo enorme el que se ve afectado y muchísima la gente que ha perdido
su empleo durante estos últimos meses. Por lo tanto, no deberíamos
referirnos siempre a la flexibilización del empleo, sino también a los
costes que estamos sufriendo.

El asunto de la energía es muy complejo. En este caso se
propone una ponencia sobre los carburantes. Confieso que he tratado
muchísimas veces de saber, de entender realmente, cuál es el coste del
kilowatio, cuánto cuesta y qué márgenes tenemos. Porque, claro, siempre
estamos diciendo que es una industria deficitaria, pero no acabamos de
saber qué tipo de márgenes manejan estas grandes empresas.

Tengo mis dudas acerca de la organización de esta ponencia.
No sé si vamos a conseguir aclarar realmente todos estos aspectos. Pero
creo que es positivo, no obstante, el establecimiento de esta ponencia.
Aunque no consigamos nada en concreto, podremos lograr al menos una mayor
sensibilización; y quizá algún día, tanto si está el PSOE como si está el
PP en el poder, podamos crear un organismo, como el de la competencia o
el de la energía, de modo que la gente esté más sensibilizada y nosotros
podamos realizar políticas más positiva, mejores. Al fin y al cabo,
trabajamos por la economía de nuestro Estado y debemos favorecer los
intereses de los ciudadanos y de nuestra economía, por encima de los
intereses de las empresas. Se trata de nuestros intereses, de nuestra
seguridad. Cuando hablamos de los intereses, nunca pensamos en la
importancia que tiene la seguridad, precisamente.

Por otra parte, lo cierto es que hay una gran confusión.
Por ejemplo, una petrolera tiene intereses en una gasera, una empresa
involucrada en el sector hidráulico puede compra eólicas, etcétera. No
sabemos realmente dónde empiezan ni dónde acaban los intereses de los que

hablamos, dónde hay realmente competitividad y dónde no hay
competitividad. Desde mi punto de vista, el Gobierno, sea el que fuere,
debería diseñar un cuadro claro y favorecer siempre los intereses de los
ciudadanos por encima de los intereses de las empresas.

Como decía, nuestro grupo tiene dudas sobre si
conseguiremos algo con esta iniciativa. Sin embargo, nos parece que una
información concreta es la primera base de la democracia. La información
sería la forma de dejar de lado los recelos que suscitan todos estos
intereses empresariales. Estamos hablando de una serie de operadoras que
manejan el mercado y que no están funcionando bien según la Ley de la
competitividad, puesto que hay una serie de indicadores que nos dicen que
realmente no hay competitividad; en Europa las medias son inferiores a
las nuestras, y eso es una gran oportunidad para estas operadoras. Con
ello, estoy explicando cuáles son las políticas empresariales de estas
operadoras.

Nosotros vamos a votar a favor de la moción. Es una pena
que, cuando hablamos de economía, de cuestiones tan básicas, no podamos
conseguir un consenso mayor con el grupo que sustenta al Gobierno, que
está en el poder. Al Gobierno le interesa más que a nadie saber realmente
cómo se mueven las políticas empresariales de todas estas operadoras. Y
también a las operadoras les interesa apoyar esta iniciativa; sobre todo,
para aclarar la información y para aclararse ellos mismos. Es una pena,
ya digo; porque si el Partido Popular no acepta que se constituya esta
ponencia,si no se puede poner en marcha; será en otra ocasión.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Montilla. (El señor vicepresidente, Lucas
Giménez, ocupa la Presidencia.)

El señor MONTILLA AGUILERA: Gràcies, senyora
presidenta.

Senyories, jo voldria en primer lloc manifestar el nostre
suport a aquesta moció que ha presentat el Grup Socialista. El preu dels
carburants és un motiu de preocupació al nostre país i també és una
preocupació que té un caràcter més global, no ens enganyem. La
preocupació per l’increment dels preus de l’energia, en
general, és una preocupació europea i una preocupació global també.

En el nostre cas, el que sí que podem constatar, anant a
dades dels darrers mesos, és que, per exemple, l’IPC harmonitzat
del mes d’agost, publicat per l’Institut Nacional
d’Estadística, situa la inflació en un 2,7 davant del 2,2 del mes
anterior, i l’atribuïa, el mateix Institut Nacional
d’Estadística, principalment a la pujada dels preus dels
carburants. Com vostès saben, els preus dels carburants depenen
d’una sèrie de factors. Uns primers factors són els costos i els
marges d’aprovisionament que inclouen el preu del cru més els
costos i els marges de refí, si la producció és nacional —en el
nostre cas, desgraciadament, aquesta és irrellevant ja que com vostès
saben suposa exclusivament un 0,2% del consum—, o
l’adquisició del carburant en els mercats internacionals més les
assegurances i els nolis fins al territori del nostre país, tractant-se,
en aquest cas, d’hidrocarburs importats. Depenen també dels costos
i els marges en tota la cadena logística, des de la sortida del carburant
de la refineria fins a la distribució a la benzinera. I depenen també, a
més a més, d’altres factors —els que citava, per exemple, el
senador del Foro Asturias—, aquells que tenen relació amb la
imposició, amb els impostos: l’IVA, l’impost especial
d’hidrocarburs i l’impost sobre vendes minoristes que té, com
vostès saben, un tram estatal i un tram autonòmic; és a dir, el 42% si
parlem del gasoil o el 47% si parlem de la gasolina. Aquesta és la
incidència en el preu final que paga el consumidor.

En nombroses ocasions observem com una evolució a
l’alça en els preus del barril de Brent, que ens serveix de
referència, s’acaba traslladant bastant ràpidament al preu final
del consumidor; mentre que les baixades de la cotització del Brent es
traslladen més lentament i no tan proporcionalment, a vegades, al preu
final al consumidor. Aquesta és la percepció ciutadana que hi ha. I el
que és evident, i així ho assenyalen els darrers informes als quals també
s’ha fet referència per part dels senadors que m’han precedit
en l’ús de la paraula —fonamentalment, l’informe de la
Comissió Nacional de la Competència i també el de la Comissió Nacional de
l’Energia—, és que el marge brut de distribució en el nostre
cas, en el cas d’Espanya, està entre els més alts de la Unió
Europea. Així, mentre que entre 2007 i 2010 el marge brut de distribució
de la gasolina ha crescut en el Regne Unit un 2% i a Itàlia un 12%, a
Espanya ha crescut un 20%, en

allò que fa referència a la gasolina, i aquest increment és
més espectacular en el cas del gasoil, òbviament —entre altres
coses—, per la pròpia composició de les nostres instal·lacions de
refí a les quals després faré referència.

Les causes d’això poden ser diverses. A Espanya,
d’entrada, ha caigut més el consum de carburants que en altres
països; aquesta és una dada a considerar. En segon lloc, Espanya és un
dels països amb un més alt grau de concentració en la propietat de
refineries; de fet no s’ha construït cap refineria nova des dels
anys setanta. Segurament també, una tercera causa és aquella que té
relació amb el nostre mix, al que feia referència abans: Espanya importa
gasoil refinat, i exporta gasolina refinada, i això es deu, com vostès
saben, a la gradual dieselització del parc automobilístic espanyol. Això
incrementa els costos logístics del dièsel i, possiblement, explica una
part d’aquest diferencial de preus respecte d’altres països.
Una quarta causa seria el paper de l’operador logístic, de CLH, i
l’acaparament de les infraestructures d’emmagatzemament i
transport per les grans operadores majoristes, que és un element que
dificulta, evidentment, la transparència i que segurament no afavoreix
les condicions de competència. Una cinquena seria el fet de la integració
de les grans operadores a les quals també s’ha fet referència en
darreres intervencions, que tenen pràcticament tot el procés, des de
l’extracció i l’adquisició, al refí i fins a la distribució.
Aquest també pot ser algun element que pot dificultar la competència. Una
sisena seria les comentades dificultats per a l’obertura de noves
estacions de servei —sobre això s’ha parlat molt— fruit
de la convergència i solapament —les dues coses—, de
legislacions i d’autoritzacions de tot tipus i de totes les
administracions. Això segurament també juga a favor de les estacions ja
establides. Una setena serien els problemes que suposen les vinculacions
contractuals a llarg termini, l’existència de relacions
contractuals a llarg termini en el subministrament exclusiu que
determinades estacions de servei tenen i que poden dificultar a les
operadores establir o ampliar la seva base d’estacions de servei;
les estacions de servei independents, de fet també, com s’ha dit
abans, realment són de l’ordre d’un 20% en el nostre país. I
una darrera causa que potser caldria afegir és el problema derivat dels
vincles entre els operadors, així com les asimetries d’informació i
les recomanacions de preu, en establir preus màxims a les seves estacions
de servei, el tema de les abanderades, per part d’alguns operadors,
fets que també podrien dificultar la competència.

Per tot això, nosaltres subscrivim la moció del Grup
Socialista, una moció que no va contra ningú, ni contra el Govern,
òbviament, ni contra ningú; conscients també que el problema no és nou i
que les mesures a posar en marxa per millorar la competència i, per tant,
per millorar la protecció al consumidor, són i seran limitades també, no
ens enganyem. No ens enganyem perquè també el Govern —els
governs—,en una economia de mercat i en un sector liberalitzat, el
marge que té per incidir en aquests aspectes és un marge reduït. Ara, és
un marge que s’ha d’aprofitar en la mida que es pugui; un
marge en activitats com el transport o tot el conjunt de la logística i
de la distribució per millorar la competència. I en aquest sentit,
analitzar en profunditat aquesta situació, escoltar els actors, tots els
actors de la cadena, jo crec que seria positiu perquè sense cap mena de
dubte podria ajudar a tots plegats a fer propostes que puguin ajudar al
consumidor, i que puguin fer més eficient i més competitiu el sector dels
carburants d’automoció a Espanya.

Res més, gràcies.

Gracias, señora presidenta.

Señorías, manifiesto nuestro apoyo a esta moción que ha
presentado el Grupo Socialista. El precio de los carburantes es un motivo
de preocupación en nuestro país, pero la preocupación tiene un carácter
más global, no nos vamos a engañar. La preocupación por el incremento de
los precios de la energía, en general, es una preocupación europea y una
preocupación global también.

En nuestro caso, yendo a los datos de los últimos meses,
podemos constatar que, por ejemplo, el IPC armonizado del mes de agosto,
publicado por el Instituto Nacional de Estadística, sitúa la inflación en
un 2,7% frente al 2,2 del mes anterior, y este mismo instituto lo
atribuía principalmente a la subida de los precios de los carburantes.
Como ustedes saben, los precios de los carburantes dependen de una serie
de factores. Los primeros son los costes y los márgenes de
aprovisionamiento, que incluyen el precio del crudo, los costes y
márgenes de refinos —la producción nacional, en nuestro caso, es
irrelevante, solo supone un 0,2% del consumo—, o la

adquisición del carburante en los mercados internacionales
más los seguros y los fletes hasta el territorio de nuestro país, al
tratarse en nuestro caso de hidrocarburos importados. También dependen de
los costes y de los márgenes en toda la cadena logística, desde la salida
del carburante de la refinería hasta la distribución en las gasolineras.
Además, dependen de otros factores —como, por ejemplo, los que ha
citado el senador de Foro Asturias—, aquellos que tienen relación
con la imposición: el IVA, el impuesto especial de hidrocarburos y el
impuesto sobre ventas minoristas, que tienen, como ustedes saben, un
tramo estatal y un tramo autonómico: el 42%, si hablamos del gasóleo, o
el 47%, si hablamos de la gasolina. Esta es la incidencia en el precio
final que paga el consumidor.

En numerosas ocasiones observamos cómo una evolución al
alza en el precio del barril de Brent, que nos sirve de referencia, acaba
trasladándose con bastante rapidez al precio final del consumidor;
mientras que las bajadas de la cotización del Brent se trasladan más
lentamente, y algunas veces no tan proporcionalmente, al precio final del
consumidor. Esto es lo que perciben los ciudadanos. Es evidente, y así lo
señalan los últimos informes, a los que también se han referido los
senadores que me han precedido en el uso de la palabra
—fundamentalmente, el informe de la Comisión Nacional de la
Competencia y el de la Comisión Nacional de la Energía—, que el
margen bruto de distribución en nuestro caso, en el caso de España, está
entre los más altos de la Unión Europea. Así, mientras que entre 2007 y
2010 el margen bruto de distribución de la gasolina creció en el Reino
Unido un 2% y en Italia un 12%, en España ha crecido un 20% en lo que se
refiere a la gasolina, y el incremento es más espectacular en el caso del
gasóleo, por la composición de nuestras instalaciones de refino
—entre otros motivos—, a las que me referiré después.

Las causas de esto pueden ser distintas. En España, de
entrada, ha caído más el consumo de carburantes que en otros países; este
es un dato a considerar. En segundo lugar, España es uno de los países
con más alto grado de concentración de refinerías en propiedad; de hecho,
no se ha constituido ninguna refinería nueva desde los años setenta. Y la
tercera causa tiene relación con aquello a lo que me he referido antes:
que España importa gasóleo refinado y exporta gasolina refinada. Esto se
debe, como ustedes saben, a la paulatina dieselización del parque
automovilístico español. Esto incrementa los costes logísticos del diésel
y posiblemente explica una parte de este diferencial de precios respecto
a otros países. La cuarta causa es el papel del CLH, el acaparamiento de
las infraestructuras de almacenamiento y transporte por las grandes
operadoras mayoristas, elemento que dificulta la transparencia y que
seguramente no favorece las condiciones de competencia. El quinto motivo
es el hecho de la integración de las grandes operadoras, a las que
también nos hemos referido en otras intervenciones, que se ocupan
prácticamente de todo el proceso: desde la extracción y la adquisición,
hasta el refino y la distribución. Este elemento también puede dificultar
la competencia. El sexto motivo lo constituyen las comentadas
dificultades por la apertura de nuevas estaciones de servicios. Se ha
hablado mucho sobre ello. Seguramente, el hecho de la convergencia y el
solapamiento —las dos cosas— de legislaciones y
autorizaciones de todo tipo y de de todas las administraciones juega a
favor de las estaciones ya establecidas. El séptimo motivo son los
problemas de la existencia de relaciones contractuales a largo plazo para
el suministro exclusivo que tienen determinadas estaciones de servicio,
que puede dificultarles a los operadores establecer o ampliar su base de
estaciones de servicio; las estaciones de servicio independientes en
nuestro país alcanzan el 20%, como se ha dicho. Y una última causa que
habría que añadir es el problema derivado del vínculo entre los
operadores y las asimetrías de recomendaciones de precios e información
de algunos operadores para establecer precios máximos en las estaciones
de servicio, lo que podría dificultar también la competencia.

Por todo ello, apoyamos la moción del Grupo Socialista, una
moción que no va en contra de nadie —obviamente, no va contra el
Gobierno, ni contra nadie—, conscientes también de que el problema
no es nuevo. Esta cuestión viene de lejos y las medidas para mejorar la
competencia y para mejorar, por tanto, la protección del consumidor son y
serán limitadas; no debemos engañarnos. No nos tenemos que engañar porque
también el Gobierno —los Gobiernos—, en una economía de
mercado y en un sector liberalizado, tiene un margen reducido para
incidir sobre estos aspectos. Ahora bien, es un margen que se debe
aprovechar en la medida en que se pueda; un margen en actividades como el
transporte, o en la logística o la distribución, para mejorar la
competencia. Sería, pues, positivo analizar en profundidad esta
situación, escuchar a los actores,

a todos los sectores de la cadena. Sin duda, podría ayudar
a realizar propuestas a favor del consumidor que puedan hacer más
eficiente y competitivo el sector de los carburantes de la automoción en
España.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado, tiene la palabra el senador
Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Gràcies, senyor president. Molt bon
dia.

És evident que el sector dels carburants a Espanya es troba
caracteritzat actualment per un creixement continuat dels seus preus en
els darrers anys i per una manca de competència del sector, tal com
indiquen la Comissió Nacional de la Competència i la Comissió Nacional de
l’Energia. Aquest fet és significativament important en el context
de crisi econòmica que estem i tenint en compte les importants
conseqüències, tant en el sector productiu com en els ciutadans del
nostre país. És molt difícil entendre que, davant de la davallada
constant de la demanda, els preus que paguem no parin de pujar.

Quatre dades significatives en aquest sentit: des del 2008
fins al 2011 el consum de les gasolines ha caigut un 7,9% el 2008, un
6,2% el 2009, un 7,9% el 2010 i un 6,7% el 2011. I si ens referim a la
caiguda del consum del gasoil, ens trobem en els mateixos anys amb una
caiguda d’un 5,3%, un 7,2%, un 2% i un 6,7%, respectivament. Per
tant, estem funcionant a l’inrevés de les lleis de l’oferta i
la demanda, i tot això, evidentment, cal clarificar-ho: no és normal que
quan baixi la demanda, pugin els preus; alguna cosa no va bé.

D’altra banda, jo crec que convé també saber
d’on surt el preu final dels carburants i quin és el marc legal que
els regula per saber, almenys, o intentar esbrinar on radica el problema
i com es pot actuar. En el preu de venda al públic dels carburants i
combustibles es poden distingir tres components bàsics: el preu abans
d’impostos, l’impost sobre el valor afegit i els impostos
sobre els consums específics. En relació al primer, el preu abans
d’impostos, és cert que es ve situant per damunt de la mitjana
europea, per la qual cosa, i atès que en aquest tram el Govern no pot
incidir de manera directa, el que cal és incentivar la competència de
mercat entre els diferents operadors de carburants, facilitant
l’entrada al mercat de nous operadors en aquest sentit i, per tant,
tots entenem que aquí el Govern alguna cosa hauria de fer. En relació a
l’IVA —altres que m’han precedit en l’ús de la
paraula ja ho han comentat— hem passat del 16% al 21%, i és evident
que això suposa una pujada de preus important i significativa. És a dir,
per posar un símil en el camp de la medicina, els efectes secundaris del
fàrmac potser acabin empitjorant el malalt. I aquesta és la realitat en
la qual ens trobem. I el tercer i, finalment, és en relació als impostos
de consums específics. Els productes petroliers estan gravats aquí per
dos tipus d’impostos: el primer, l’impost sobre hidrocarburs,
regulat per la Llei 38/1992, de 28 de desembre, en què
s’estableixen les taxes per als diferents productes,
diferenciant-se més de quinze tipus impositius segons el tipus de
producte; i el segon, un impost sobre les vendes minoristes de
determinats hidrocarburs creat per l’article 9 de la Llei 24/2001,
de 27 de desembre, de mesures fiscals i administratives que, a la vegada,
té dos tipus d’impostos, un que correspon a l’àmbit estatal i
un altre que correspondria a l’àmbit autonòmic. A tall
d’exemple, i per si pot servir de marc de referència, veiem una
mica quins preus teníem en cadascun d’aquests trams i en cadascun
d’aquests impostos el dia 22 de setembre de 2008. En les gasolines,
per exemple de 95 octans, el preu abans d’impostos es situava a
0,59 euros/litre, l’impost d’hidrocarburs era de 0,37
euros/litre, l’impost especial era de 0,038 euros/litre i
l’IVA del 0,16%, que feia un preu global d’1,16 euros/litre.
I si això ho mirem en el camp del gasoil d’automoció, ens situem
que el preu abans d’impostos era de 0,69 euros/litre,
l’impost d’hidrocarburs era de 0,27 euros/litre,
l’impost especial era de 0,033 euros/litre i l’IVA del 0,16%,
que feia que el preu global fos d’1,16 euros/litre. Per tant, en
aquest context, és fàcil veure des del 2008 i fins a l’actualitat,
els preus que tenim i quina és la situació. És a dir, la demanda ha
baixat i els preus que estem pagant són evidentment molt superiors.

En aquest context també cal destacar que nosaltres som
dependents de l’exterior d’un 85%-90% aproximadament del
conjunt de l’energia que estem consumint en aquest país. I com en
altres ocasions jo ja he reiterat, dic una vegada més que no tenim una
política energètica, atès que no hem definit quin és el nostre mix
energètic amb una previsió de vint anys vista. Malgrat els diferents
treballs que s’han realitzat per les diferents comissions, malgrat
de les proposicions no de

llei aprovades en el Congrés del Diputats i aquí en el
Senat, i malgrat haver-ho parlat de manera reiterada, ni el Grup
Socialista en l’anterior legislatura, ni actualment, sembla que
l’energia sigui un tema d’Estat i una preocupació de país.
Per tant, doncs, és evident que no definir quina és l’estratègia
energètica d’un país afecta, de manera negativa, als preus que
nosaltres estem pagant.

Tot i que les bases de la reforma s’haurien
d’establir pels reguladors sectorials en exercici de les seves
atribucions, es pot considerar, i nosaltres considerem adequada, la
constitució d’aquesta ponència d’estudi sobre la situació del
mercat dels carburants d’Espanya en el si de la Comissió
d’Indústria. (El senyor president ocupa la Presidència.) Entre
altres tasques entenem que aquesta ponència hauria de tenir, entre les
seves funcions, l’anàlisi, amb caràcter urgent i prioritari, de les
causes que han motivat aquesta situació que jo els acabo d’exposar,
així com l’actual marge de benefici de les companyies que operen en
aquest sector. És evident que la ponència també hauria de proposar
actuacions o mecanismes necessaris per incentivar, com deia abans també,
la competència de mercat entre els diferents operadors de carburants,
facilitant l’entrada de nous operadors en aquest sector.

Nosaltres no podem entendre que el Partit Popular sembla
que a priori s’hagi manifestat en contra d’aquesta ponència,
quan en realitat la feina prioritària que també tenim aquí és, quan hi ha
un problema, atendre’l i, a més a més, tal com es planteja el
context de la ponència es tracta d’un estudi, no treu cap
conclusió. En definitiva sempre creiem que és positiu fer aportacions al
Govern en la línia que pot ajudar a arreglar i d’alguna manera a
tenir en compte quina és la situació actual del sector.

Nosaltres donem suport a aquesta ponència, entenem que hi
ha un problema, que les coses no van bé, i que és evident que alguna
actuació cal fer. I l’actuació que ens proposa, en aquest cas, el
senador Alique, nosaltres la compartim i per tant, doncs, li donarem
suport.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente. Muy buenos días.

Es evidente que el sector de los carburantes en España se
ha venido caracterizando durante los últimos años por un crecimiento
continuo de los precios y por la falta de competencia, tal como indican
la Comisión Nacional de la Competencia y la Comisión Nacional de la
Energía. Son hechos significativamente importantes en el contexto de
crisis económica en que nos encontramos y teniendo en cuenta las
importantes consecuencias que tiene tanto en el sector productivo como
entre los ciudadanos de nuestro país. Es muy difícil entender que, ante
el declive constante de la demanda, no dejen de subir los precios que
pagamos.

Hay tres datos significativos. En primer lugar, desde 2008
hasta 2011 el consumo de las gasolinas ha caído un 7,9% en 2008, un 6,2%
en 2009, un 7,9% en 2010 y un 6,7% en 2011. La caída del consumo de
gasóleo durante los mismos años ha sido del 5,3%, 7,2%, 2% y 6,7%
respectivamente. Por lo tanto, estamos funcionando al revés que las leyes
de la oferta y la demanda, y esto se debe clarificar: no es normal que,
cuando baja la demanda, suban los precios; algo no funciona bien.

En segundo lugar, conviene saber de dónde sale el precio
final de los carburantes y cuál es el marco legal que lo regula para
tratar de comprender dónde radica el problema y cómo se puede actuar. En
el precio de venta al público de los carburantes y combustibles se pueden
distinguir tres componentes básicos: el precio antes de impuestos, el
impuesto sobre el valor añadido y los impuestos sobre los consumos
específicos. El precio antes de impuestos se viene situando por encima de
la media europea; hecho que requiere ―visto que el Gobierno no
puede incidir en este tramo de forma directa de forma directa―
incentivar la competencia entre los operadores de carburantes,
facilitando la entrada en el mercado de nuevos operadores; el Gobierno
debería hacer algo en este punto. En el IVA hemos pasado del 16% al 21%,
lo que supone una subida de precios significativa, ya lo han comentado
otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Con un
símil médico, los efectos secundarios del fármaco acaban afectando al
enfermo. En cuanto a los impuestos sobre consumos específicos, los
productos petrolíferos están gravados por dos tipos de impuestos: el
impuesto sobre hidrocarburos, regulado por la Ley 38/1992, de 28 de
diciembre, por la que se establecen las tasas para los distintos
productos, y se diferencian más de 15 tipos impositivos según el
producto; y el impuesto sobre las ventas minoristas de determinados
hidrocarburos, creado por el artículo 9 de la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre, de

medidas fiscales y administrativas que, al mismo tiempo,
crea dos tipos de impuestos, uno de ámbito estatal, y otro de ámbito
autonómico. Como referencia, podemos recordar los precios de cada uno de
estos tramos y de cada uno de estos impuestos el día 22 de septiembre de
2008: en las gasolinas de 95 octanos, el precio antes de impuestos se
situaba en 0,59 euros/litro, el impuesto sobre hidrocarburos era de 0,37
euros/litro, el impuesto especial era de 0,038 euros/litro y el IVA era
de 0,16 euros/litro, lo que daba un precio global de 1,16 euros/litro. El
precio del gasoil de automoción antes de impuestos era de 0,69
euros/litro, el impuesto de hidrocarburos era de 0,27 euros/litro, el
impuesto especial era de 0,033 euros/litro y el IVA era de 0,16
euros/litro, lo que hacía que el precio global fuera de 1,16 euros/litro.
Es fácil ver la situación, al comparar los precios de 2008 con los de
ahora: la demanda ha bajado y los precios que estamos pagando son
evidentemente muy superiores.

El tercer dato significativo a considerar es que dependemos
del exterior para obtener el 85-90% aproximadamente de la energía que
consumimos. Insisto —ya lo he dicho en otras ocasiones— en
que no tenemos una política energética, visto que no hemos definido
nuestro mix energético a 20 años vista. A pesar de los trabajos que han
realizado las distintas comisiones, a pesar de las proposiciones no de
ley aprobadas en el Congreso de los Diputados y en el Senado, y a pesar
de haberlo hablado de forma reiterada, ni para el Grupo Socialista
―en la anterior legislatura― ni para el Gobierno actual
parece que la energía sea un tema de Estado y una preocupación para el
país. Sin embargo, es evidente que la falta de definición de la
estrategia energética del país afecta de forma negativa a los precios que
pagamos.

A pesar de que los reguladores sectoriales, en el ejercicio
de sus atribuciones, deberían establecer las bases de la reforma, se
puede considerar adecuada ―y nosotros así lo hacemos― la
constitución de esta ponencia de estudio sobre la situación de los
mercados de los carburantes en España, en el seno de la Comisión de
Industria. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Desde nuestro
punto de vista, esta ponencia debería tener entre sus funciones el
análisis con carácter urgente y prioritario, de las causas que han
motivado la situación que les acabo de exponer, así como el actual margen
de beneficio de las compañías que operan en este sector. También debería
proponer las actuaciones o mecanismos necesarios para incentivar, como
decía antes, la competencia entre los distintos operadores de
carburantes, facilitando la entrada de nuevos operadores en el
mercado.

No podemos entender que el Partido Popular se manifieste en
contra de esta ponencia, cuando nuestro trabajo prioritario es atender
los problemas cuando se presentan. Además, tal como se plantea, es
evidente que se trata de un estudio, no hay ninguna conclusión. Siempre
es positivo hacer aportaciones al Gobierno para ayudarle, en este caso, a
ver cuál es la situación actual del sector. Por nuestra parte, apoyamos
esta ponencia. Entendemos que existe un problema, que las cosas no van
bien, y que es evidente que hay que actuar. Y la actuación que nos
propone el senador Alique, en este caso, nos parece bien y, por lo tanto,
le daremos nuestro apoyo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Alique.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Gracias, en primer lugar, a los grupos políticos que han
intervenido y que han manifestado su apoyo a esta moción, que creemos que
es constructiva. Esperemos que, a pesar de la conversación de ayer, el
Grupo Parlamentario Popular rectifique y también la apoye.

Señorías, el portavoz de FACUA dijo recientemente que
consideraba que la liberalización que había culminado a finales de los
años ochenta —es decir, con un Gobierno del Partido Popular—,
fue un fraude. Y comentaba él que dijeron que iban a mejorar los
servicios y a bajar los precios, y que no había sido así. Bien, esa es la
opinión del portavoz de FACUA, pero lo cierto y verdad es que la falta de
competencia —lo han dicho la Comisión Nacional de la Competencia y
la Comisión Nacional de la Energía— provoca que los precios de las
gasolinas y de los gasóleos y los márgenes de beneficios de los
operadores del mercado de los carburantes en España sean muy superiores a
la media de la Unión Europea. Esto perjudica, como he dicho
anteriormente, a los consumidores, a los ciudadanos, que dedican al gasto
de carburantes un 4,41% de su gasto total anual. Y

perjudica también la competitividad de las empresas, de
manera muy especial de las pymes y de los autónomos, que reconocen que el
gasóleo supone un coste del 40% de la explotación.

Es conveniente, por tanto, centrar la cuestión. Llenar el
depósito de la gasolina hoy cuesta 10 euros más que hace un año y, si es
de gasóleo, 8,8 euros más; un 14% más, si se trata de gasolina, y un 12%
más si es de gasóleo. Si le preguntamos por qué al que nos sirve la
gasolina o el gasóleo, nos dirá que él no es el responsable, que se le
preguntemos a las petroleras. Y si se lo preguntamos a las petroleras,
nos dirán que trasladan el incremento de la cotización internacional y
los costes de distribución. Entonces, la pregunta sería: ¿por qué tenemos
los precios antes de impuestos de la gasolina y del gasóleo en nuestro
país son más altos que la media de la Unión Europea?

Vamos a entrar en esta cuestión. Los precios de los
carburantes en nuestro país están compuestos de tres elementos
fundamentales: el primero es el coste del carburante en el mercado
internacional; el segundo, el coste de la imposición; y el tercero, el
margen empresarial. El primer elemento, el coste del producto, sea
importado o de refino, es muy similar en España y en el ámbito de la
Unión Europea; por tanto, las diferencias aparecen en los márgenes que
tienen los operadores y en la imposición. Si hablamos de la imposición,
debemos concluir que España es uno de los países que menos grava, hasta
el punto de que el impuesto por litro es inferior en un 23,5% a la media
de la Unión Europea. Por el contrario, los márgenes de beneficio de los
operadores en España son muy superiores, hasta el punto de que, en
términos de precio por litro, el margen de los operadores en el mercado
español es un 27,3% superior a la media de la eurozona. El resultado es
determinante: el margen de beneficios de los operadores del mercado de
los carburantes en España, por cada litro de gasóleo o de gasolina, es 15
céntimos, frente a los 13,3 céntimos, como media, de la Unión Europea.
Esto no lo digo yo, lo dice la página web de La Moncloa, del Gobierno de
España, refiriéndose al 27 de agosto.

La conclusión es evidente: si los márgenes de los
operadores de carburantes en España fueran parecidos a los márgenes de
los operadores de carburantes en el resto de la Unión Europea, quienes se
beneficiarían serían los consumidores, porque podría bajar hasta un 2,4%
el precio de la gasolina y un 1,7% el precio del gasoil, con cifras
referidas al tercer trimestre.

Señorías, señores del Partido Popular, si su respuesta para
negar esta moción, la creación de esta ponencia, es que el ministro ya se
ha reunido con los grandes operadores de las petroleras, pues miren
ustedes: el precio de la gasolina ha sido en este puente un 4,5% superior
al de la misma semana del año anterior, y el del gasóleo un 8% superior
al de la misma semana del año anterior. Si su respuesta es que el
Gobierno va a introducir algunas de las medidas de la Comisión Nacional
de la Competencia o de la Comisión Nacional de la Energía, pues,
sinceramente, no nos vale. ¿Saben por qué? Porque el ministro de
Industria pidió a principios de año otro informe a la Comisión Nacional
de la Energía para que le dijese qué se debería hacer para reducir el
déficit tarifario y ¿saben lo que hizo el ministro con ese informe de la
Comisión Nacional de la Energía?: lo tiró a la papelera. Ni ha aplicado
el céntimo verde, ni ha aplicado los impuestos sobre tecnologías maduras
ya amortizadas, como la nuclear o la hidráulica. ¿Saben lo qué han
hecho?: han hecho un parche fiscal. Un parche fiscal que va a suponer una
mayor recaudación, el 80% de la cuál la pagan los ciudadanos y las
empresas; hasta tal punto, que las empresas se han revelado —como
les decía antes—, porque creen que están poniendo ustedes a la
industria en riesgo con esos altos costes energéticos. Es más, a mí me
han mandado, como a ustedes, un documento con todas las cartas abiertas
al Gobierno que han enviado a los medios de comunicación; la última,
hablando de indolencia, es decir, de insensibilidad del Gobierno.
Esperamos tener, en el trámite parlamentario correspondiente, cuando la
iniciativa llegue a esta Cámara, la oportunidad de introducir
modificaciones y de apostar por que la industria española sea
competitiva; y no lo que ha hecho hasta ahora el Partido Popular, que
supone pérdida de puestos de trabajo en un sector tan importante.

Por tanto, no queremos que los informes se queden en papel
mojado, como ocurrió anteriormente. Además, sospechamos que lo único que
quiere hacer el Partido Popular es marear la perdiz y difundir la idea de
que el Gobierno está haciendo algo para que bajen los precios de la
gasolina y del gasóleo, cuando en realidad saben que no es así. Y afirmo
esto porque precisamente —y esto es importante— lo que el
Gobierno sabe es justo lo contrario: que lo más probable es que los
precios de los carburantes suban. ¿Y saben por qué? Por dos razones. La
primera es porque

la Comisión Europea, con las políticas ultraliberales de la
derecha, encabezadas por la señora Merkel, cuyo alumno aventajado es el
señor Rajoy, les va a presionar para que suban ustedes la carga fiscal
sobre los carburantes, porque es mucho más baja que la que tienen países
como Grecia, Portugal o Italia; sobre todo, en un momento en el que las
Comisión Europea le ha tirado de las orejas al Gobierno y ha presentado
una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2013 diciéndoles que la previsión de déficit será el triple de lo
que dice el Gobierno: que no será del 0,5%, sino del 1,5%, como ya dicen
tambuién el Fondo Monetario Internacional y otros servicios de estudios,
como el del BBVA. ¿Y saben qué consecuencias tendrá eso? Que habrá más
paro, que habrá más recesión, que habrá más recortes y más medidas que
perjudicarán a los ciudadanos. Esto, junto con que el año que viene
desaparecen las ayudas a los biocarburantes.

Estas dos circunstancias, unidas a otras de que hemos
hablado esta mañana, justifican una intervención normativa rápida, y por
eso hemos propuesto esta moción para la creación de esta ponencia: para
fortalecer la competencia y para que los precios de los carburantes no
sigan siendo un lastre para el poder adquisitivo de los consumidores y
para la competitividad de las empresas españolas. Tener los precios antes
de impuestos de las gasolinas y los gasóleos más altos, y tener unos
márgenes de beneficios de las petroleras mayores que el resto de la Unión
Europea es simplemente vergonzoso e inaceptable; máxime, en unos momentos
en los que las pymes y los autónomos lo están pasando mal y muchas
familias tienen dificultades para llegar a fin de mes, porque hay más
paro, hay más recesión, hay más impuestos, más tasas, más precios
públicos, más recortes sociales, menos salarios, y todo eso es fruto de
las políticas antisociales y neoliberales —como decía
anteriormente— del Partido Popular. Y todo esto ocurre mientras que
los oligopolios económicos y empresariales de forma impúdica y
desvergonzada anuncian incrementos en sus cuentas de resultados.

Por eso proponemos esta moción, para que, entre todos,
desde el Parlamento podamos contribuir a bajar el precio de los
carburantes y que no tenga tanta influencia en la inflación, que saben
ustedes que perjudica a la actividad económica.

Y termino ya, señor presidente. Todo esto se puede resolver
a coste cero; solo hay que tener voluntad política, hay que tener
determinación, y actuaciones normativas que en el Grupo Parlamentario
Socialista queremos que se impulsen desde esta Cámara, desde el
Parlamento, con el consenso, para que el Gobierno las lleve a cabo en un
plazo breve. Y, como decía anteriormente el señor Montilla, esta moción
no va contra nadie, señores del Partido Popular, ni siquiera contra el
Gobierno; va a favor de los ciudadanos, va a favor de las empresas, de
las pymes y de los autónomos, que merecen tener unos precios de los
carburantes mucho más bajos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alique.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Palacios.

El señor PALACIOS ZUASTI: Señor presidente, señorías, muy
buenos días a todos.

La Comisión Nacional de la Competencia y la Comisión
Nacional de la Energía, a instancias del actual Gobierno, han emitido
sendos informes en materia de carburantes, que son los que han dado pie
al Grupo Socialista para solicitar la creación de una ponencia.

Es curioso que ahora, cuando están en la oposición, se den
tanta prisa, y parece que están muy preocupados. Es cierto, como se
diagnostica en esos informes, que existe una preocupante falta de
competencia en el sector de los carburantes. Es cierto que los precios
que los consumidores tenemos que pagar por las gasolinas y los gasóleos
son elevados y están muy por encima de la media europea. Y es cierto que
los márgenes y los beneficios de las empresas del sector se han visto
incrementados en estos últimos años. También es cierto que estos asuntos
no son nuevos —ya se ha dicho por algunos de los que me han
precedido en el uso de la palabra— y que estos no son los primeros
informes que esas comisiones nacionales, de la Competencia y de la
Energía, han emitido, como también es cierto que el pasado mes de agosto
—lo recordaba el senador Montilla— los carburantes alcanzaron
un precio récord en nuestro país que supuso cinco décimas de aumento en
el IPC y llevó al ministro Soria a decir que esas subidas eran
inasumibles.

Sí, todo esto es cierto, pero también lo es que entre los
años 2002 y 2011 el precio del petróleo se ha cuadruplicado, que ha
subido un 441%, y que gracias a que el petróleo cotiza en dólares y

el euro se ha apreciado con relación a la divisa americana
esa subida ha sido solo del 300%. Pero es que en esos diez años, según
datos del Instituto Nacional de Estadística, el IPC en este país ha
subido el 32%, por tanto, el precio del petróleo se ha disparado, ha
subido mucho más que el resto de los bienes y, lógicamente, mucho más que
los salarios y que las pensiones, que están ligadas al IPC.

Ahora, cuando el Grupo Socialista parece estar tan
preocupado por este asunto, me van a permitir que recuerde un dato: en el
año 2008, cuando las familias españolas tenían que pagar 400 euros más
que dos años antes por el transporte y los carburantes, el entonces
presidente Zapatero justificó esa subida diciendo que es evidente que
ningún Gobierno puede poner freno a la escalada en el precio de los
carburantes. El señor Alique lo recordará, porque esa frase la pronunció
en el Congreso de los Diputados, y él era diputado el día 2 de julio del
año 2008.

Nosotros estamos de acuerdo con el entonces presidente
Zapatero con eso de que no se puede poner freno a esa escalada de
precios. Pero nosotros vamos más allá, y creemos que además es preciso
tomar medidas para que en nuestro país tengamos una gasolina y un gasóleo
a precios similares a los de los países de nuestro entorno, pues, en caso
contrario —lo han dicho otros portavoces—, no somos
competitivos, y eso lastra a nuestras familias, a las pymes, a nuestra
industria y a la economía en general.

El informe de la Comisión Nacional de la Competencia que ha
dado pie a esta moción dice algo muy importante: que durante el año 2011
los precios y los márgenes de los carburantes de nuestro país siguieron
estando entre los más altos de la Unión Europea y por encima de las
economías de un tamaño comparable al nuestro. Eso sucedía cuando
gobernaba el presidente Zapatero, y esta es una situación con la que es
imprescindible que acabemos cuanto antes.

Creo también que es preciso recordar otro dato importante:
estos informes de las dos comisiones nacionales que han dado pie a esta
moción son los últimos, pero —repito que es muy importante—
no son los únicos que esas entidades han emitido en materia de
carburantes en los últimos años. Estoy seguro de que el Grupo Socialista
recordará —lo ha dicho el señor Martínez Oblanca— que la
Comisión Nacional de la Competencia emitió un informe en el mes de
septiembre del año 2009 en el que denunciaba las numerosas barreras a la
entrada y a la expansión de nuevos operadores en los segmentos minorista
y mayorista del mercado de carburantes. Y en ese informe se decía también
que eso podría estar restando intensidad competitiva y podía explicar en
parte el diferencial de precios y de márgenes con respecto a otros
países. Y no dudo —lo recordará también el Grupo Socialista—
de que en ese informe del año 2009 se recomendaba al Gobierno, es decir,
a su Gobierno, que tomara varias medidas destinadas a paliar los efectos
de esa situación. En un informe posterior, fechado en el mes de marzo del
año 2011, que tenía por objeto valorar el grado de cumplimiento de la
recomendaciones hechas en el del 2009, se decía que, a pesar de los casi
dos años transcurridos desde el informe anterior, el Gobierno socialista
no había tomado medidas efectivas para dar cumplimiento a las
recomendaciones efectuadas. Y ese Gobierno se marchó en el mes de
diciembre del año pasado sin haber tomado tales medidas; es decir, como
diría el señor Alique, mirando para otro lado y haciendo de don
Tancredo.

Lo que les tengo que decir es que el actual Gobierno está
preocupado por el tema y está afrontando la situación. Recordarán ustedes
que el ministro de Industria, Energía y Turismo, el señor Soria, dijo dos
cosas importantes hace dos meses en el Pleno de esta Cámara. La primera,
que desde el año 1998 la distribución de carburantes en España está
liberalizada y tiene que responder a principios de competencia, libertad
de mercado y transparencia, por lo que no se pueden establecer precios
máximos en los carburantes. Y la segunda, que dentro del precio de la
gasolina y del gasóleo hay tres componentes diferenciados. Voy a repetir
lo que dijo el ministro. El coste del carburante —es el primero de
ellos— está referenciado normalmente al precio del barril del
petróleo y es muy similar en todos los países de la Unión Europea. El
segundo componente es el tributario, es decir, la carga fiscal que los
distintos países aplican, que en España es inferior al promedio de la
Unión Europea. Y el tercer componente es el comercial, que va incorporado
a cada litro de gasolina o gasoil. Y recordarán que el ministro dijo que
en este tercer componente es donde existe una diferencia con los países
de nuestro entorno, que es el que hace que el precio final, en términos
de venta al consumidor, sea en España mayor que la media de los precios
de los países de la Unión Europea.

El ministro nos anunció que cuando acabara su comparecencia
en ese Pleno se iba a reunir con los responsables de las principales
operadoras del sector para instarles a que ajustaran los precios y
redujeran sus márgenes comerciales. Esa reunión dio sus frutos, y en tan
solo dos semanas el precio de la gasolina 98 cayó un 7,11% y el del
gasóleo, casi un 3%. Y desde entonces, y a pesar de la subida del IVA, la
rebaja ha oscilado entre el 8 y el 2,6%, según datos del Boletín
Petrolero de la Unión Europea.

A nosotros nos sorprende que el Grupo Socialista, después
de la pasividad de su Gobierno ante las reiteradas recomendaciones que le
hizo la Comisión Nacional de la Competencia en esta materia, ahora quiera
crear una ponencia. Estén ustedes tranquilos, porque el actual
Gobierno... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.

El señor PALACIOS ZUASTI: Gracias, señor presidente.

Estén tranquilos —les decía—, porque el actual
Gobierno no solo ha anunciado sino que también está estudiando las
medidas necesarias para acabar con esa concentración del negocio, de la
que nos hablaban algunos portavoces, en tres compañías que tienen una
posición hegemónica y controlan el 60% de las gasolineras de este país,
para acabar con los elevados márgenes en los carburantes de automoción,
para acabar con las trabas burocráticas que dificultan la competencia
necesaria para rebajar el precio final, y para acabar con ese posible
fenómeno bautizado como cohetes y plumas, es decir, que cuando sube el
precio del petróleo el de la gasolina sube como un cohete, mientras que,
a la inversa, cuando baja el petróleo las gasolinas bajan como una
pluma.

Para tomar estas medidas y, como decía el portavoz
socialista, como es preciso dar una respuesta urgente, se ha constituido
un grupo interministerial que está poniendo una especial atención en el
contenido de las medidas recomendadas en esos informes y en la
implicación jurídica y legislativa que estas tienen. Este grupo planteará
modificaciones legislativas a la Ley de Hidrocarburos del año 1998 y al
Real Decreto Ley 6/2000 que implementarán los efectos deseados para
mejorar las condiciones de funcionamiento del mercado de carburantes y
que sirvan para bajar el precio de las gasolinas y el gasóleo. Por tanto,
no se necesita ninguna ponencia...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor PALACIOS ZUASTI: Sí, señor presidente.

... ya que esta supondría duplicar esfuerzos y además
podría interferir en la marcha del análisis técnico que ese grupo está
realizando, es más, que está ya finalizando. Por eso, vamos a votar en
contra de esta moción.

Nada más. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Palacios.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario
Socialista tal y como ha sido presentada, al no haber sido aceptada la
enmienda del senador Martínez Oblanca.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 242; a favor, 89; en contra, 153.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

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En primer lugar, la propuesta de veto número 1, del senador
Jordi Guillot Miravet y el senador Joan Saura Laporta.

Para la defensa de este veto tiene la palabra, por tiempo
de quince minutos, el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Señorías, el proyecto de ley que hoy debatimos define en su
primer párrafo sus propios objetivos. En él se dice que es un proyecto de
ley para generar empleo y para no disminuir la protección
medioambiental.

El senador Jordi Guillot y yo mismo hemos presentado un
veto por la sencilla razón de que este proyecto de ley —cuando sea
ley— ni genera empleo ni protege medioambientalmente el medio
natural del Estado español. Creo que este proyecto de ley ejemplifica, es
un paradigma de la política medioambiental del Gobierno del Partido
Popular, que tiene cuatro o cinco características. La primera es que el
Gobierno del Partido Popular considera el medio ambiente como una cosa
marginal, como una cosa sin importancia. Eso se demuestra o se refleja
desde el nombre del ministerio. En todos los países importantes de la
Unión Europea hay un ministerio propio de medio ambiente, y en algunos
países, como Dinamarca, hay dos ministerios, de medio ambiente y del tema
del cambio climático, mientras que en el Estado español existe un
ministerio, junto con agricultura y alimentación, que no permite que el
ministro, por más tiempo que le dedique, pueda hacer una política
medioambiental. Por otro lado, creo que el presidente del Gobierno no ha
citado en todo lo que va de legislatura ni una sola vez la expresión
cambio climático o medio ambiente. Merkel, Sarkozy, Hollande y Obama en
su campaña electoral sitúan como uno de los grandes retos de la humanidad
el cambio climático y proponen políticas nacionales en relación con este
tema.

Por tanto, la primera característica de la política
medioambiental del Gobierno es que para ellos, para el Gobierno, la
política medioambiental es una política residual. La segunda
característica es el centralismo. Lo explicaré después y pondré ejemplos,
pero todo el proyecto de ley está atravesado por un eje de centralismo,
de recentralización y de intento de recuperar competencias que hoy son de
los Parlamentos autonómicos. La tercera característica es un retroceso en
las políticas más avanzadas que se han hecho de medio ambiente y
sostenibilidad en el tema de costas, el tema de aguas o el tema de los
residuos. Y una cuarta característica es la no participación. Todas las
directivas que salen de la Unión Europea en relación con el medio
ambiente insisten reiteradamente en la necesidad de la participación,
pero, como luego les demostraré, el Gobierno del Partido Popular y, muy
en concreto, este proyecto de ley no cuentan con ninguna participación.
Por tanto, política marginal, centralismo, retroceso en políticas
sostenibilistas y falta de participación.

Este proyecto de ley me recuerda una frase que dijo Ramón
Folch, creo que uno de los científicos más reconocidos tanto en nuestro
país como internacionalmente, sobre los retos que él llamaba de la
sostenibilidad. Decía que teníamos que superar tres sectores de la
población: uno, los defensores del viejo orden; dos, los que están
asustados por el nuevo orden; y tres, los indiferentes. Y he de decirles
que el Gobierno del Partido Popular, en relación con los temas
medioambientales, está situado en los defensores del viejo orden.

Yendo en concreto al proyecto de ley diré, señorías, que
trata cuatro cosas tan dispares como patrimonio natural, residuos, aguas
y la modificación de la Ley del Mercado de Valores. En relación con este
último ámbito, globalmente estamos de acuerdo, por lo que no voy a poner
ninguna objeción, pero sí quiero hablar del patrimonio natural, de los
residuos y de las aguas.

Patrimonio natural. ¿Qué propone el texto del proyecto de
ley? Dice lo siguiente: En aquellos territorios o en aquellas zonas
territoriales donde haya distintos niveles de protección el Gobierno se
reserva la unificación o la coordinación, pudiendo disminuir el nivel de
protección y al margen de las competencias de las comunidades autónomas.
Es decir, que en patrimonio natural, donde el problema si se quiere crear
empleo está en la gestión de los espacios naturales, del patrimonio
natural, el Gobierno nos propone simplemente quedarse con la competencia,
abrir la posibilidad de disminuir la protección y no dejar la
participación de las comunidades autónomas. Y aquí surge lo siguiente. El
Estatuto de Autonomía de Cataluña, en el artículo 144, apartados 2, 3 y
4, dice clarísimamente que eso es competencia de la Comunidad Autónoma de
Cataluña; que en el caso de que haya un territorio compartido con otra
comunidad autónoma se ha de coordinar, pero sin el

Gobierno central; y que en caso de que la protección afecte
a un nivel de protección del Estado español se ha de solucionar en la
Comisión Bilateral Cataluña-Estado. Lo mismo pasa en el Estatuto andaluz,
es decir, que el Gobierno lo que hace en este punto, insisto, es
simplemente disminuir el nivel de protección y quedarse con la
competencia de las comunidades autónomas. Y surge una pregunta: en este
primer ámbito, de patrimonio natural, ¿cómo se crea empleo? ¿Cómo se va a
crear empleo? No se va a crear empleo de ninguna manera. El empleo se
crearía si el Gobierno hiciera políticas de inversión o políticas de
estímulo fiscal que significaran gestionar los parques naturales, los
espacios naturales, con más gente y con más inversiones. Por lo tanto, en
el primer ámbito, los dos objetivos que motivan, según el Gobierno, la
definición de esta ley no se cumplen, no se crea empleo y, en cambio, se
disminuye el nivel de protección.

Segundo ámbito: el tema de los residuos. Con una
perspectiva de futuro creo que es el más grave, porque ¿en qué se resume
prácticamente la modificación de la Ley de Residuos? Se resume en lo
siguiente. En estos momentos, cada día en el Estado español se producen
de veinticinco a veintiocho millones de envases de bebidas de plástico o
de aluminio; repito: de veinticinco a veintiocho millones. En el año
1997, con un Gobierno del Partido Popular, la ministra entonces, Isabel
Tocino, avanzó de forma voluntaria un sistema de recogida de residuos, de
reutilización de residuos, que se llama depósito, devolución y retorno.
Es decir, cuando se vende el envase lleno se cobra una ínfima parte que,
luego, si se devuelve el envase, se resarza, en definitiva, lo que se ha
pagado. En 1997 la ministra de Medio Ambiente del Partido Popular abrió
esa vía, contando sus bondades. En 2011, el año pasado, con la Ley de
Residuos, se volvió a abrir esta vía, no de forma obligatoria, pero se
abría. Este sistema de reutilización tiene las siguientes ventajas: es
bueno para el medio ambiente —estoy seguro de que se acabaría ese
espectáculo lamentable a menudo en las montañas o en las playas de
envases de aluminio o de plástico abandonados—, es bueno para las
administraciones públicas, porque no tienen que recogerlos, y es bueno
porque pasamos de un material que no se va a utilizar a un buen material
para reciclaje.

Piensen ustedes que en la mayoría de países de la Unión
Europea este sistema se produce y, en concreto, muy especialmente en
Alemania, donde se reutiliza el 98,5% de los envases que se producen;
repito: el 98,5%. La pregunta es: ¿cómo es posible que el proyecto de ley
de residuos que se trae al Congreso y al Senado contemple la supresión
del artículo que abre la posibilidad a ese tipo de reciclaje y de
reutilización? ¿Cómo es posible? ¿Por qué se hace? Luego, en la réplica,
puedo intentar explicar mi versión o mi juicio del porqué. Piensen,
además, que entre los estudios que hemos tenido los miembros de la
Comisión de Medio Ambiente hay estudios solventes —y no solo
uno— que hablan de la creación de 14 000 puestos de trabajo si se
adopta este sistema de depósito, devolución y retorno. Por lo tanto, en
residuos, ¿cómo se va a crear empleo sobre la base del proyecto de ley?
No se va a crear ningún empleo. En definitiva, ¿por qué se elimina un
sistema de reutilización y de reciclaje que se inició en 1997, de forma
lenta, pero en 1987, con una ministra del Partido Popular y,
posteriormente, con una ministra del Partido Socialista?

Tercer ámbito de actuación: la Ley de Aguas. Aquí quiero
destacar dos aspectos de la modificación que se lleva a cabo. El primero
hace referencia a la regulación o a la normativa de las masas de agua
subterráneas. El proyecto propone que la Junta de Gobierno determine en
cada caso si hay sobreexplotación acuífera, y en el caso de que así sea,
que haga planes y programas de actuación. El proyecto de ley suprime un
trámite absolutamente necesario que es la consulta al Consejo del Agua, y
dice además, en contra de la directiva europea, que se puede añadir agua
externa a las masas de agua subterráneas.

Es decir, es un proyecto de ley que concentra otra vez las
decisiones en la Junta de Gobierno; soslaya, en contra de la Directiva
Marco del Agua, la necesidad de participación, y abre la puerta —o
dice que es posible— a una aportación externa de agua cuando eso va
absolutamente en contra de la Directiva Marco del Agua.

El segundo aspecto de la Ley de Aguas que se modifica hace
referencia al Plan Especial del Alto Guadiana, un acuífero sobreexplotado
donde se permite la compra y la venta de derechos de agua. Y la pregunta
es: ¿quien tiene derechos de agua y los quiere vender es porque no
utiliza el agua? ¿Quien compra derechos de agua es porque va a utilizar
agua? El resultado es que va a haber una sobreexplotación de un acuífero
que ya está sobreexplotado. Y la pregunta es por qué.

En todo caso, lo que me interesa destacar es que los
objetivos del proyecto de ley que aparecen en el primer párrafo, y que
fueron las primeras frases que dijo el ministro de Agricultura,

Alimentación y Medio Ambiente en el Congreso, de generar
empleo y de no menguar la protección no se cumplen en absoluto en este
proyecto de ley. ¿Cómo se va a crear empleo en la política de patrimonio
natural con las decisiones que se quieren adoptar? No solo no se crea
empleo en residuos, sino que se aparta o se excluye la posibilidad de un
sistema medioambiental bueno y que va a crear empleo.

Y en tercer lugar, en el tema de aguas, evidentemente no se
va a crear ningún empleo.

Por tanto, señoras y señores senadores, estamos ante un
proyecto de ley que, insisto, refleja la concepción global del Gobierno
en materia medioambiental. Es algo que estorba, que ojalá no estuviera
porque, con la idea de agilizar los trámites, se lleva a cabo una
política de disminución de la protección y una centralización de las
decisiones medioambientales, y como he dicho antes, hago mías las
palabras de Ramón Folch, y es que el Partido Popular hace una política
medioambiental defensora del viejo orden. Ya sé que el ministro de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente no se asusta, pero estaría
bien que empezara a hacerlo ante el nuevo orden y nos trajera propuestas
políticas y proyectos que enlazaran con lo que ha de ser un tipo de
crecimiento sostenible y no con un tipo de crecimiento que repita los
errores que hasta ahora se han producido.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Para la defensa de la propuesta de veto número 2 tiene la
palabra el senador Sabaté por tiempo de quince minutos.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.

Señorías, los senadores del Partido Socialista de Cataluña
presentamos un veto al Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de
medio ambiente porque entendemos que este Proyecto de Ley parte de una
contraposición artificial, maniquea entre el desarrollo económico y la
sostenibilidad medioambiental. Se vuelve a ese viejo orden, como decía el
senador Saura, a esa idea de que para crecer económicamente, para generar
puestos de trabajo, para generar dinamismo económico hay que rebajar el
control medioambiental.

Esta actitud, que en definitiva es la del Gobierno, es
totalmente contraria a la opinión mayoritaria y a la sensibilidad
dominante en este momento en la Unión Europea, y que recoge la Estrategia
20/20 de la Unión, que precisamente fija como uno de los focos de
crecimiento económico, de creación de empleo, de futuro en este horizonte
2020 la economía verde, en definitiva la sostenibilidad medioambiental
también como un elemento de impulso económico, de generación de dinámicas
positivas y, en definitiva, de generación de puestos de trabajo. En
absoluto es incompatible garantizar la protección medioambiental y el
desarrollo económico; tenemos innumerables experiencias en los últimos
años, en que esta conciencia de protección medioambiental se ha ido
extendiendo en nuestra sociedad y en la sociedad europea. Por tanto, este
es un dilema falso y en ningún caso puede resolverse con una marcha atrás
en lo que han supuesto los proyectos de protección del medio
ambiente.

En definitiva, señorías, este proyecto de ley marca una
involución: en realidad lo que se está haciendo es modificar y corregir
una serie de leyes de protección medioambiental que precisamente abundan
en la sensibilidad a la que hacía referencia de mayor protección, entre
otras cosas para garantizar la calidad de vida de la sociedad y también
para impulsar la economía, y que se aprobaron con los Gobiernos
socialistas desde 2004. Una de las primeras medidas que plantea el
Gobierno del Partido Popular en materia de medio ambiente precisamente es
una vuelta atrás, una involución clara en la protección del medio y, por
tanto, también en la calidad de vida, sin que eso necesariamente
signifique en absoluto el estímulo a la economía ni la creación de
puestos de trabajo, porque, evidentemente, la desprotección y el
favorecer determinados tipos de prácticas empresariales dentro del campo
del medio ambiente no necesariamente significa que se vayan a generar
nuevos puestos de trabajo.

Está también el pretexto de la simplificación
administrativa: hay demasiadas trabas burocráticas, la Administración
pone demasiadas pegas —es un discurso y un argumento que venimos
oyendo muchas veces por determinados sectores— y, por tanto, de lo
que se trata es de simplificar. En realidad lo que se está haciendo es
desproteger; desproteger en definitiva los

espacios que estaban afectados por distintas formas de
protección, espacios naturales y en concreto la Red Natura 2000.

Por otra parte, uno de los campos importantes en los que
entra este proyecto de ley es en la cuestión del agua, alejándose
claramente de la directiva marco de la Unión Europea en materia de
gestión del agua, que precisamente hace un esfuerzo importante en
insistir en la calidad del agua, en la calidad de los distintos
acuíferos. Se apuesta por la mercantilización, se apuesta por la compra y
venta de derechos del agua, cuando en realidad de lo que se trataría es
de proteger precisamente la titularidad pública de los acuíferos, eso que
la Ley del Agua recogía ya a partir de los años ochenta, pero sobre todo,
en ningún caso se debería —como hace el proyecto de ley—
favorecer la venta de derechos de explotación de los acuíferos antes de
la posible recuperación de esos derechos. En el supuesto que se aborda en
el proyecto de ley del Alto Guadiana tenemos un caso claro de que en un
momento en que se estaban recuperando los acuíferos, la posibilidad de
esa gestión, de esa mercantilización, de esa venta de los derechos del
agua con prioridad a la posibilidad de recuperar esos derechos para el
dominio público realmente lo que hace es poner en peligro la política de
recuperación de los últimos años.

Asimismo, este proyecto de ley significa una involución en
materia de descentralización hacia las autonomías. El Gobierno cercena
las competencias de las comunidades autónomas en materia de policía del
dominio público hidráulico. Cataluña tiene reconocida esta competencia en
su estatuto de autonomía, el estatuto aprobado en 2006, y precisamente
este proyecto de ley pretende recuperar esta competencia para el Gobierno
central. Por tanto, asistimos una vez más a una vuelta atrás en unas
políticas y en una actitud del Gobierno que preside el señor Rajoy, el
Gobierno del Partido Popular, que marca una clara involución en materia
de política autonómica. Las competencias de las comunidades autónomas se
ven como una clara intromisión que el Gobierno central intenta evitar. En
definitiva, está dando marcha atrás en el despliegue del Estado de las
Autonomías y en el reconocimiento de competencias recogidos en los
estatutos de autonomía, leyes orgánicas que deben respetarse, sin duda
alguna.

En materia de residuos —otro de los campos en los que
interviene este proyecto de ley— se está estableciendo de alguna
forma el carácter voluntario de los sistemas de depósito, devolución y
retorno de envases y otros a los que aludía también el senador Saura. En
definitiva, dificulta la viabilidad del sistema y, una vez más, supone la
involución y la vuelta atrás en un asunto fundamental desde el punto de
vista de la protección y mejora del tratamiento de esa gran cantidad de
envases y residuos que está generando nuestra sociedad, que exige
políticas y una determinación muy clara por parte de los Gobiernos.

Señorías, lo que se hace es rebajar las exigencias a los
operadores en el tratamiento de los residuos. Se supone que se trata de
favorecer la actividad económica y rebajar las trabas administrativas,
pero lo que consigue en realidad es favorecer un tipo de prácticas que
van totalmente en contra de lo que deberían ser las políticas de
sostenibilidad ambiental, en definitiva, de las políticas que
proporcionan la calidad de vida de una sociedad avanzada, como es la
española en el marco de la Unión Europea, que ha legislado y legisla
abundantemente en esa dirección.

Por todo ello, señorías, los senadores del Partit dels
Socialistes de Catalunya presentamos un veto al proyecto de ley para su
devolución al Congreso de los Diputados y para que se modifique de forma
sustancial. En todo lo que pueda modificarse y mejorar la tramitación
administrativa estaremos de acuerdo, pero en ningún caso compartimos la
idea de la involución, la idea de tratar de favorecer el crecimiento
económico rebajando la protección medioambiental y retrocediendo en la
sostenibilidad; en definitiva, abandonando el marco de la Unión Europea
en el que estamos inmersos.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.

Para la defensa de la propuesta de veto número 3, del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Señorías, el Grupo Parlamentario
Socialista utiliza este derecho de veto —al que acude de forma
responsable y en contadas ocasiones— por tratarse este Proyecto de
Ley de medidas urgentes en materia de medioambiente, presentado por el
Gobierno,

de una auténtica revisión de leyes muy diferentes, poco
relacionadas entre sí y que suponen un retroceso grave en la protección
ambiental que rige en nuestro país. Un paso atrás en los avances de años
de conquistas de la democracia, de la entrada y aplicación de las
políticas europeas y de Gobiernos progresistas que han obtenido
conquistas en esta materia. Unas medidas que van en dirección contraria a
Europa y a las directivas europeas.

Señorías, solo hace unos días la Comisión Europea, en la
evaluación del Programa Nacional de Reformas de España, hablaba del
retraso de España respecto de otros países en la aplicación de la
legislación ambiental, criticaba las decisiones del Gobierno en torno a
las energías renovables y decía que había retos pendientes en materia de
gestión del agua, de la contaminación del aire o en la gestión de los
residuos. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la
Presidencia.) Precisamente ayer, el comisario retomaba y repasaba los
mismos retos que acabo de citar.

Este Proyecto de Ley, que modifica la Ley del patrimonio
natural, supone un retroceso que, bajo la tapadera de la coordinación
—concepto que compartimos—, abre la puerta a las rebajas en
cuanto a la protección de los espacios naturales protegidos. Por eso, lo
que nosotros pretendemos y vamos a proponer es que se complete con que
quede garantizada la máxima protección de los espacios naturales.
Consideramos que no se puede admitir que existan otros planes que rebajen
la protección en los municipios afectados y que desactiven la protección
de nuestro medio natural. Los municipios —y la población que vive
en ellos— afectados por entornos de protección necesitan el apoyo
de las administraciones públicas, con medidas presupuestarias, no
rebajando una protección que justamente no es un problema sino más bien
una ventaja.

Respecto a la reforma de los derechos de emisión de CO2,
que nosotros creemos necesaria porque este año se pueden aplicar las
subastas de los derechos de emisión, creemos que debe acompañarse con la
vinculación de los ingresos al gasto en los programas para disminuir esas
emisiones. Y por ello, debe destinarse —y la ley lo debe
recoger— al Fondo de Carbono.

El cambio climático no es un tema baladí, no es una
cuestión menor, es el tema más importante de carácter ambiental que
tenemos que resolver. Y estos días, precisamente, en mi tierra, en Vigo,
el grupo de expertos de Naciones Unidas de la IPPC decía contundentemente
que vamos mal en materia de cambio climático.

La otra medida que el Gobierno introduce en este paquete
antiambiental es la modificación de la Ley de residuos, una ley aprobada
solo hace unos meses, cuando el Gobierno hizo este paquete. Justamente,
en julio de 2011 se concertaron en esta Cámara acuerdos y equilibrios
entre los distintos intereses o puntos de vista, de forma que en la
adaptación en España de la directiva marco —que esta modificación,
por cierto, contradice— se llegó a un equilibrio, concretamente en
diversas enmiendas, en el que participamos el Grupo Socialista, el Grupo
Convergència i Unió, también en muchas de ellas el Grupo Popular, el
Grupo Vasco, Entesa, el Grupo Mixto, Coalición Canaria, prácticamente
todos. Es el claro ejemplo del sistema de depósito de devolución y
retorno que está contemplado con una serie de precauciones necesarias que
dan suficiente garantía de que lo que se va a aplicar y a poner en marcha
tiene todas las coberturas y estudios de viabilidad suficientes. En
concreto, ese texto que figura en la ley y que está en vigor actualmente
es fruto de una transacción entre el Grupo Socialista, Convergència i
Unió y el Grupo Popular, que hemos renunciado a posiciones propias para
llegar a un equilibrio y a un consenso que hoy el Partido Popular y el
Gobierno rompen con esta reforma.

El sistema de depósito es impulsado por una fundación a la
que se le ha hecho una campaña de descrédito y que no tiene otro interés
que defender el medio ambiente. Es un sistema compatible con los sistemas
actuales existentes, un sistema que tiene coste cero para las
administraciones públicas, que supone mejoras y disminución de costes a
los ayuntamientos, que beneficia al pequeño comercio y que crea puestos
de trabajo, como se ha señalado aquí en otras intervenciones.

Por lo tanto, la modificación del texto refundido de la Ley
de Aguas —texto refundido que yo quiero recordar aquí que fue
realizado por un Gobierno del Partido Popular, que presidía el señor
Aznar y en el que el señor Arias Cañete era ministro de
Agricultura— introduce la mercantilización del agua, un bien
público, concepto que es una conquista de la Ley de Aguas y de la
democracia importante, de esas conquistas importantes de la democracia y
de la Transición que hemos conseguido entre todos.

Esta modificación consolida los usos ilegales, la
privatización de ese bien público, pone en riesgo los ecosistemas más
frágiles y perjudica a los agricultores profesionales y, desde luego, a
los jóvenes que quieren incorporarse a la profesión de agricultor, porque
encontrarán una tierra a un precio difícil de comprar, un agua a un
precio que no podrán comprar, mientras hay grandes propietarios que
tienen fincas no trabajadas, con derechos de agua que no usan, que
seguramente ni tienen agua, o que han prescrito o caducado, y que ven
aumentar sus precios de la tierra en base a ese derecho al agua que
pueden vender a otros propietarios. Así pues, la única modificación que
es necesaria es aquella que garantice la gestión pública de este bien
público. Nosotros vamos a proponer introducir medidas que fortalezcan aún
más la gestión pública del agua, medidas como el derecho al tanteo y al
retracto por parte del Organismo de cuenca, que se apoyen más los planes
hidrológicos como instrumento de planificación y la gestión de las
confederaciones hidrográficas. Por lo tanto, a nosotros nos preocupa de
forma especial el ataque al Plan Especial del Alto Guadiana, que
prácticamente se desmonta, y con este sistema lo que se está creando,
señorías, es otra burbuja, la burbuja del agua.

En resumen, pensamos que esta Ley de Medidas urgentes en
materia de medio ambiente no justifica que se mezclen las diferentes
cuestiones que se reforman; desde luego, no son medidas de carácter
ambiental, no han pasado los informes preceptivos previos, y para ello se
ha disfrazado, a través de este trámite de urgencia, para justificarlo;
no ha pasado a los órganos de consulta, al Consejo Asesor de Medio
Ambiente, ni los procesos de participación e información pública; no se
ha contado con las comunidades autónomas, que son competentes en la
mayoría de las materias que son objeto de reforma; además, son contrarios
a las directivas y a los planes de Europa, como hoy decía y ayer
recordaba el comisario europeo de Medio Ambiente. Supone también una
recentralización para gestionar peor algunos bienes públicos, para
gestionar peor los residuos, el agua, los ecosistemas y los espacios
protegidos.

Por lo tanto, pedimos la devolución al Gobierno, al
Congreso, a través de este veto, que es una facultad que tiene el Senado
—que por cierto, el Partido Popular pone en valor— y le pido
especialmente al Grupo Parlamentario Popular que lo ejerza.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Para un turno en contra tiene la palabra la senadora Pons
Vila.

La señora PONS VILA: Buenos días, señorías.

Subo a esta tribuna para manifestar la posición del Grupo
Parlamentario Popular respecto a los tres vetos que han sido presentados
por los grupos de esta Cámara.

En primer lugar explicaré qué es lo que pretende el
Gobierno con este proyecto de ley. Primero fue un real decreto, y en este
momento lo estamos tramitando como proyecto de ley.

El principal objetivo de este proyecto de ley es evitar las
consecuencias devastadoras que se derivan del desorden existente desde el
punto de vista jurídico. A nuestro entender, la legislación ambiental
debe ser clara y debe otorgar seguridad jurídica. Como manifestó el
ministro en relación con este asunto, sin normas claras y sencillas,
fácilmente aplicables, cualquier intento de proteger el medio ambiente
será estéril.

El primer paso para que el desarrollo sea sostenible es que
la legislación medioambiental también lo sea. El Partido Popular se
comprometió con los ciudadanos de este país a procurarles la mayor
seguridad jurídica posible. Consideramos que es el único modo de avanzar,
de recuperar la confianza, tan necesaria en momentos como los actuales. Y
este proyecto de ley es un ejemplo; y vendrán otros, pueden estar seguros
de ello.

Por lo tanto, no se trata de retroceder en materia
medioambiental —como aquí se ha dicho—, sino de avanzar.
Tampoco se pretende una revisión ideológica, sino poner en orden aquello
que hasta el momento no estaba funcionando adecuadamente. Los ciudadanos
nos pusieron en el Gobierno para que lleváramos a cabo otras políticas,
porque para seguir como hasta ahora ya estaban ustedes, y a la vista de
la situación, el cambio era inevitable. Ustedes no tienen el monopolio de
la protección del territorio ni de la defensa del medio ambiente; muchos
antes que ustedes lo hicieron, y gracias a ellos mantenemos la
biodiversidad y la riqueza medioambiental de la que disfrutamos en
España. No son los únicos amantes de la naturaleza ni los únicos que ven

en ella un valor a preservar y que legar a futuras
generaciones. Nosotros también, puedo asegurárselo.

Señorías, les puedo asegurar que de los territorios que
conforman el Estado español, por ejemplo, la isla de la que procedo,
Menorca, la protección del territorio ha venido de la mano de Gobiernos
del Partido Popular. Porque también nosotros, los del PP, queremos a
nuestro entorno y también queremos protegerlo y cuidarlo, pero sin
demagogias ni exclusiones.

En una situación como la actual, de profundas reformas
estructurales encaminadas a la reactivación de la economía y a la
generación del empleo, resulta indispensable la reforma urgente de
ciertos aspectos de la legislación ambiental que contribuya a estos
objetivos, pasando, como he dicho antes, por una simplificación y una
agilización administrativa, una de las bases de nuestro compromiso con
los ciudadanos. Se trata, por tanto, de una modificación de los aspectos
que consideramos más urgentes. No es un cambio completo del modelo
seguido hasta ahora, pero consideramos que todo es mejorable y nosotros
nos hemos puesto a ello cumpliendo el mandato recibido de la
ciudadanía.

Se ha dicho que el proyecto de ley reforma varias leyes. Es
cierto, planteamos la reforma puntual de cinco leyes. El real decreto
planteaba la reforma de cuatro, y en el trámite en el Senado hemos
planteado la reforma de cinco leyes: el artículo 1, la modificación del
texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por el Real Decreto 1/2001,
de 20 de julio; su artículo 2, la modificación de la Ley 42/2007, de 13
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; su artículo
3, la modificación de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados; su artículo 4, la modificación de la Ley 24/1988, de
28 de julio, del Mercado de Valores, y, como he dicho, en el trámite
parlamentario se ha añadido un nuevo artículo, el 5, por el que se
modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen
del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Por lo que he oído a sus señorías y por el contenido de los
vetos presentados, que todos tratan prácticamente de las mismas materias,
daré una respuesta conjunta sobre las modificaciones propuestas, no
directamente sobre lo expuesto por cada uno de los portavoces.

En relación con las modificaciones de la Ley de Aguas, no
se pretende una recentralización de competencias, sino mantener en el
Estado las competencias que la Constitución le atribuye. Hay
jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto de la aplicación del
principio de unidad de cuenca, y eso es lo que hace el Estado, aplicar el
principio de unidad de cuenca para conseguir así una gestión más eficaz,
coordinada, solidaria y eficiente. Creemos que el proyecto de ley
presentado clarifica esta situación. Si las demarcaciones hidrográficas
se hacen con carácter único y las confederaciones hidrográficas
establecen los usos de un determinado río entre las cuencas
intercomunitarias, tiene todo el sentido que la policía administrativa y
el cumplimiento del respeto a los usos aprobados se prevean con un
criterio único. No tiene sentido fragmentar los criterios de aplicación
en materia de aguas en función de los tramos del río, porque este es
único, los caudales del río son únicos y los caudales ecológicos son
únicos. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
Presidencia.)

Respecto al Alto Guadiana, puedo decirles que el
procedimiento establecido para la cesión de derechos en el ámbito del
Alto Guadiana en ningún caso supone una compra-venta libre entre
particulares, ya que la transmisión de derechos entre particulares
adquiere vigor mediante una concesión administrativa otorgada por la
Confederación del Guadiana. Por lo tanto, la asignación de derechos
corresponde en exclusiva a las administraciones públicas. En este mismo
acto también se cancelará por el organismo la concesión del cedente y su
derecho temporal sobre las aguas privadas, lo que favorece la transmisión
de derechos privados en concesionales. De cada cesión el cesionario no
recibe la totalidad del agua cedida, sino que un porcentaje se reserva
para la recuperación del buen estado de la masa de agua, por lo que se
considera que es un mecanismo adecuado para la recuperación de un
acuífero sobreexplotado.

El sistema de declaración de masas de agua en riesgo,
previsto en el artículo 56 del texto refundido de la Ley de Aguas,
pretende agilizar los trámites para dar una respuesta más rápida a los
nuevos problemas que pueden presentarse, frente a la actual declaración
de sobreexplotación, que consideramos de tramitación más lenta. Por
tanto, lejos de poner en riesgo el humedal del Alto Guadiana, creemos que
se introduce un procedimiento con un claro objetivo de recuperación del
mismo. Precisamente, lo que persigue el régimen establecido es permitir
reaccionar con mayor

rapidez ante los problemas que se detecten en las masas de
agua subterráneas, así como una mayor flexibilidad para gestionar la
disponibilidad del agua en las masas que cuenten con un plan de
explotación. Al igual que antes, el régimen establecido busca una gestión
más rápida y flexible, con diversas opciones de actuación, siendo la
incorporación de recursos una de las posibilidades, aunque no la única.
No se debe limitar la flexibilidad ante situaciones graves de deterioro.
No se trata de crear expectativas de que la solución vaya a venir de
fuera. El procedimiento establecido permite excepciones en la aplicación
de recuperación de costes pero siempre de forma motivada y sin perjuicio
de cumplir lo que también establece la Directiva Marco del Agua. De esta
forma se busca agilizar la declaración de estas excepciones, dado que la
Directiva Marco del Agua remite a su inclusión en los planes
hidrológicos, cuya tramitación y modificación se ha demostrado, hasta el
momento, lenta y complicada. Solo se han acometido las reformas más
urgentes y que impone la situación actual. El Gobierno está estudiando la
posibilidad de una reforma más extensa y en profundidad del texto
refundido de la Ley de Aguas. Por otro lado, las modificaciones parciales
no vulneran en ningún caso, a nuestro entender, lo establecido en la
Directiva Marco del Agua, al contrario de lo que se ha afirmado
anteriormente.

En relación con las modificaciones que se prevén en la Ley
de patrimonio natural y biodiversidad, pensamos que la modificación que
se establece no supone en modo alguno una minoración del grado de
protección; antes al contrario, creemos que la nueva norma propone una
coordinación que consiste en que un único instrumento se incorpore al
régimen que se establece en los distintos instrumentos de gestión que
afectan a un mismo territorio. No se prejuzga cuál sea su nivel de
conservación ni se modifica; simplemente se procura que exista un solo
documento de referencia, por lo que no se produce en ningún caso rebaja
en los niveles de protección existentes. Se pretende promover así la
transparencia y la claridad, sin merma de protección: un territorio
protegido, un único documento de planificación, así de sencillo.

En relación con las modificaciones en esta parte de la Ley
de residuos y suelos contaminados les diré que solo pretenden clarificar
la aplicación del régimen de gestión. Ustedes olvidan deliberadamente que
se mantiene la voluntariedad ―ya sé que eso no les gusta― si
bien nosotros precisamos que, por razones jurídicas, las circunstancias
motivarían una imposición obligatoria de un sistema de depósito,
devolución y retorno. No estamos por la labor porque creemos que lo justo
es la voluntariedad y, evidentemente, negamos que la modificación
propuesta responda ―aunque el señor Saura no lo ha citado aquí sí
que aparece en su propuesta de veto― a un secuestro por parte de
los lobbies del reciclaje. Insisto en que no estamos en absoluto de
acuerdo con esta afirmación y más bien pensamos que la voluntariedad
contemplada es lo más razonable en este momento porque optar por un
sistema de SDDR, que solo acepta una parte de los residuos y que rechaza
una gran mayoría, no es la solución más adecuada. En ese caso, ¿qué
hacemos con lo que no responde a los intereses de este sistema? ¿Quién se
hace cargo? ¿Complicamos más la vida a los ciudadanos con más sistemas de
recogida? Pensamos que no es el momento y que no es la solución. ¿Vamos a
implantarlo ―según nos dijeron los defensores del sistema―
porque funciona muy bien en Alemania? Sinceramente, creo que las
realidades alemana y española son distintas en muchos aspectos y,
evidentemente, también en el caso del residuo.

También cabe recordar que es un sistema que si bien está
implantado en Alemania y en otros países, en muchos otros de nuestro
entorno, como es el caso de Francia, el Reino Unido, Países Bajos o
Bélgica no lo está, y no quiero creer que también todos esos países y
todos esos Gobiernos estén secuestrados por los lobbies del reciclaje;
sinceramente, creo que es una respuesta demasiado simple.

En el Grupo Popular estamos siendo consecuentes con lo que
ya manifestamos en la anterior legislatura en los debates sobre la Ley de
residuos. Hablábamos de un establecimiento de carácter voluntario de la
implantación de un sistema de depósito, devolución y retorno, y eso es lo
que hacemos en este caso. Pensamos que el sistema de depósito, devolución
y retorno introduciría unos sobrecostes innecesarios en el sector
industrial, no convenientes en la actual situación de crisis económica;
provocaría perjuicios para la distribución comercial ―como he
dicho, las realidades comerciales de Alemania y España son muy
diferentes― porque haría necesaria una gran inversión que no
repercutiría en eficacia ni en eficiencia empresarial; introduciría
barreras a la libre circulación de mercancías y productos; no minimiza el
impacto ambiental por la cantidad de residuos que no se aceptan en ese
sistema y, como he dicho, deja fuera una gran cantidad de

residuos que en este momento sí aceptan los sistemas
integrados de gestión. Sin duda, apostamos porque mejoren los sistemas
integrados de gestión porque, como he dicho, todo es mejorable y también
en el ámbito del medio ambiente.

Por último, en relación con la modificación de la Ley del
Mercado de Valores, que por lo que he leído en sus vetos solo cuestiona
el portavoz del Grupo Socialista, creemos que va a permitir que nuestra
ley se adapte a la normativa comunitaria y que el Estado español pueda
acceder a participar en las subastas de derechos de emisión de gases de
efecto invernadero, cumpliendo los compromisos adquiridos en el Protocolo
de Kioto y participando así del dinero procedente de estas subastas en la
parte que corresponde a España, que es algo que se debería haber hecho
mucho antes; en este caso, en tiempos del Gobierno socialista que ahora
lo reclama.

En relación al destino de los fondos que se van a obtener
de estas subastas, hay que recordar que, según la directiva comunitaria,
al menos el 50% de estos ingresos deben dedicarse preferentemente a la
lucha contra el cambio climático. Nosotros entendemos que con la
implementación de políticas, que se decidirán en su momento y veremos
cómo es el proceso para tomar esa decisión, no necesariamente deben ir en
exclusividad a un fondo de carbono, como se pretende por parte del Grupo
Parlamentario Socialista y así se recoge en el veto, sino que hay otras
políticas, entre las que podrían estar planes forestales, etcétera, que
también podrían ayudar a luchar contra el cambio climático y que podrían
nutrirse de estos fondos. No estamos por la exclusividad de destinar esos
ingresos al fondo de carbono. Consideramos que en estos momentos lo
prioritario es hacer la modificación legislativa para obtener los fondos
y, en su momento, ya se decidirá el uso al que se deben destinar dentro
de un amplio campo de actuaciones posibles en el marco de la lucha contra
el cambio climático.

Por todos los argumentos expuestos, y a tenor de lo que he
intentado explicar, el Grupo Parlamentario Popular rechazará los tres
vetos presentados y votará en contra de los mismos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Turno de portavoces.

Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Asistimos una vez más a una retahíla de medidas urgentes
por el procedimiento de urgencia. Si en la mayoría de los casos uno no
puede evitar recordar el viejo proverbio atribuido a distintos monarcas,
pero de forma más generalizada a Felipe II, aquel de vísteme despacio que
tengo prisa, en una materia como esta, en materia medioambiental, en la
que las consecuencias de las decisiones que se tomen tendrán
repercusiones durante distintas generaciones y afectarán, según el
acierto o la equivocación, de manera positiva o negativa al medio
ambiente durante mucho tiempo, la necesidad de pensar las decisiones que
se toman resulta un imperativo.

Como suele ocurrir, además, cuando uno lee con detenimiento
el proyecto presentado descubre enseguida que el articulado desmiente la
exposición de motivos, que hay una ruptura en el argumento que empieza a
ser ya algo generalizable en los proyectos legislativos que llegan a esta
Cámara. Si la exposición de motivos dice que las reformas no conllevan
merma del principio de protección, el texto no garantiza que la
unificación de instrumentos de protección que se plantea, más allá de
invadir competencias de las comunidades autónomas a lo que luego haré
referencia, no garantiza que dicha unificación sostenga un mayor grado de
protección que el que establecían y determinaban las distintas figuras
preexistentes. Luego se abre lo que, en mi opinión, es un resquicio harto
peligroso: supeditar las necesidades de protección a las necesidades de
los municipios, porque uno inmediatamente sustituye municipios por
urbanismo, e inmediatamente sustituye urbanismo por especulación, a la
vista de la experiencia de nuestra historia reciente.

En los contenidos de la ley, además, se hacen unos
planteamientos que cronológicamente han tenido bastante mala suerte. Que
este proyecto venga a debate dos días más tarde de la llegada a nuestro
país del comisario europeo de Medio Ambiente, que trae unos
planteamientos públicamente expresados —imagino que trasladados al
ministro del ramo en la reunión que celebraron— que descalifican
absolutamente la estrategia de esta ley, expresa una vez más la absoluta
disociación que se da entre la política —entre comillas—
medioambiental del Gobierno del Partido Popular y las exigencias de la
Unión Europea, por más que en el texto legal, como

siempre, se haga referencia a esa normativa europea. La
modificación que se plantea de la Ley de residuos y suelos contaminados
supone, como ya han dicho los portavoces que han defendido los vetos que,
obviamente, a la luz de mi argumentación vamos a respaldar, una
involución por frenar la implantación del sistema de depósito, devolución
y retorno, a pesar de ser esta una estrategia demandada por la Unión
Europea y por su comisario de Medio Ambiente y no suponer ninguna novedad
en nuestro país.

Los que tenemos ya una edad, podemos recordar que en
nuestra infancia, cuando se acudía a la tienda, uno tenía que llevar los
cascos, que se recogían, y si no había que pagar un precio por ellos.
Esa, además, es una práctica que curiosamente en mi tierra, en uno de sus
productos emblemáticos, la sidra, aún se mantiene, salvo en las grandes
superficies que han roto, como tantas otras cosas, una larga
tradición.

Un reciente informe de la Comisión Europea sitúa a España
como undécima en el ranking de gestión de residuos municipales, y
denuncia que nuestra legislación, antes de esta reforma, ya era muy laxa;
ahora es laxa y permisiva y lo será aún más después de la aprobación.

El comisario, señor Potocnik, de visita a nuestro país
insistió en que es necesario acabar con los vertederos y con la
incineración, y que los residuos deben dejar de ser considerados un
problema para ser vistos como un recurso, más importante aún en tiempos
de crisis, pudiendo generar 54 000 empleos con la mejora de su
tratamiento, algo a lo que, obviamente, este proyecto renuncia.

Si vamos a los contenidos que guardan relación con el agua,
lo primero que hay que decir es que uno se preocupa aún más al escuchar a
la portavoz del Partido Popular anunciar una reforma a fondo de la Ley de
Aguas, porque indica una voluntad seguramente de mantener la estrategia
que vertebra este proyecto y, por supuesto, seguir aplicando medidas que
significan desandar.

El agua en nuestro país no es un problema, más allá de que
ese cambio climático, que ya no niega nadie ni siquiera los primos, sitúa
a nuestro país como uno de los Estados que van a verse afectados de forma
más importante en todo lo relacionado con el agua y con la
desertización.

El texto abunda en los males históricos de tratamiento del
agua en nuestro país, la sobreexplotación y la mercantilización de un
bien que es estratégico y escaso. Las políticas de agua en España se han
basado en el aumento de los recursos hídricos al servicio del consumo, no
en la búsqueda de reducir ese consumo. Somos el cuarto país del mundo con
mayor número de grandes presas, 1200, y obviamente apenas quedan ríos sin
regular. No tenemos un problema de agua, tenemos un problema de regadíos;
basta leer, incluso, los contenidos de la ley. Hay en nuestro país 3,7
millones de hectáreas en regadío que utilizan el 80% del agua consumida.
Los servicios a núcleos urbanos representan solo el 14% y la industria
consume el 6% del agua. El consumo urbano, además, desciende: desde 1987
a 2010 el consumo por habitante cayó un 24%. Se ha intervenido en el
consumo doméstico; se han mejorado las redes de distribución; se han
desarrollado iniciativas de mentalización de los ciudadanos, pero no se
ha incidido en ningún caso sobre ese 80% del consumo de agua dedicado a
regadíos; de esos 3,7 millones de hectáreas en regadío, 1,9 millones, más
de la mitad, son regados por los métodos tradicionales de gravedad o a
manta, con pérdidas por fuga o evaporación que se sitúan entre el 50 y el
70%. Esta ley debería intervenir para reducir esa pérdida del agua
dedicada al regadío porque con inversiones y con cambios de estrategias
se llegaría a limitarla a un 15%.

El comisario europeo también señaló en nuestro país que el
precio del agua no cubre costes; ni lo cubre en la boca de agua, en el
consumo doméstico, ni lo cubre en el regadío. En el consumo doméstico, la
media está en 1,57 euros por metro cúbico. A pesar de todo ello, se sigue
apostando por aumentar la presencia mercantilizadora y privada en el tema
del agua. El 39% de la población es abastecida en el consumo doméstico
por empresas públicas; el 36% por empresas privadas, que han subido en
muy poco tiempo del 33 al 36%, es decir, un 3%; el 13%, por empresas
mixtas y el 8%, directamente por las corporaciones locales. Nuevas
concesiones en materia de regadíos abundarán en esta mercantilización y
privatización de un bien estratégico al que deben tener acceso todos los
ciudadanos de nuestro país.

Concluyo. La ley vuelve la espalda —alguna enmienda
lo plantea— a algo que también demandaba en su visita el señor
Potocnik: la introducción de fiscalidad verde. Y la ley, y es el último
argumento que me lleva a votar a favor, como han dicho otros portavoces,
invade competencias de las comunidades autónomas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? ¿El senador
Cazalis desea intervenir? (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar, quiero agradecer las
argumentaciones de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular —no
siempre estoy acostumbrado a oír argumentos— con algunas coincido,
con otras no, pero, repito, quiero agradecer el tono de su
intervención.

Quiero insistir en el carácter del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, refiriéndome a las cien
propuestas que el ministro planteó en su primera comparecencia en el
Congreso, cuya primera medida era: el ministro también ha alcanzado el
compromiso de simplificar y racionalizar la normativa ambiental, y la
segunda: el ministro se ha comprometido a agilizar los trámites
administrativos de los procedimientos ambientales. Agilizar siempre es
bueno, a pesar de que hay otras cosas más importantes, por ejemplo, una
noticia reciente dice que hay 430 000 peticiones de nacionalidad que
llevan esperando cuatro años; pues bien, posiblemente sea más importante
agilizar la nacionalización de 400 000 personas que los trámites
administrativos.

Se ha citado al comisario europeo de Medio Ambiente quien,
a la pregunta de un periodista relativa a si el discurso es que hay que
suavizar leyes como la de costas o la de impacto ambiental, porque
suponen una carga para las empresas, una visión que el ministro y muchos
tienen muy clara: los aspectos medioambientales como impedimento, en
definitiva, del crecimiento económico, la respuesta del comisario fue
clarísima: obviamente, mi mensaje es diferente; no se trata de poner en
un lado los costes y la economía y en otro el medio ambiente; el medio
ambiente debe ser parte de la política industrial, del transporte, de la
economía, etcétera.

La pregunta es, y me gustaría que me contestaran, porque no
lo sé: ¿qué medida va a tomar —no sé si decir avanzada o de
futuro— el ministro, señor Arias Cañete, en relación con el medio
ambiente? Díganme una; yo no la he encontrado. Lo único que he encontrado
son recortes, simplificaciones para quitar competencias. Y no es que lo
digamos nosotros, los que hemos presentado el veto, las cuatro ONG
ecologistas más importantes califican de atentado del Gobierno la
protección del medio ambiente, y la Fundación Nacional Nueva Cultura del
Agua dice exactamente lo mismo.

Y yendo a la concreción de los ámbitos, ¿no dice el
proyecto de ley en su primer párrafo que el objetivo es la generación de
empleo?, ¿y no dijo el ministro en su presentación que este era el primer
objetivo? Usted me ha argumentado mucho pero no me ha podido decir cómo
van a generar empleo. Es decir, se trata de un patrimonio natural que
usted dice que hay que simplificar, unificar y coordinar; de acuerdo,
pero la pregunta es quién lo hace. ¿Quiere que le lea lo que dice el
Estatuto de Autonomía a este respecto? Artículo 144.2, corresponde a la
Generalitat en materia de espacios naturales la regulación, la
declaración de las figuras de protección, de limitación, planificación y
gestión de espacios naturales y hábitats protegidos y situados en
Cataluña. Artículo 144.3: La Generalitat, en el caso de espacios
naturales que traspasen el territorio de Cataluña, ha de promover los
instrumentos de colaboración con otras comunidades. Y también dice que,
en el caso de que se trate de espacios de protección estatal, ha de haber
una comisión que informe.

¿Ustedes qué hacen con esto? Se lo quedan todo, y usted
dice: es que no se disminuye la protección. La pregunta es: ¿qué
significa —y estoy seguro de que tendremos tiempo de verlo—
cuando ustedes dicen que ese plan se va a hacer con especial disposición?
¿Qué quiere decir especial disposición? ¿No era más fácil decir que se
van a mantener las figuras de protección? Ya estaban las figuras de
protección y unificación sobre la base de las competencias de los
estatutos.

Lo mismo ocurre en relación con los residuos. Fíjese,
señoría, la Comisión Europea, en la comunicación 2009/C107 dice lo
siguiente: Los Estados miembros pueden y deben introducir sistemas de
depósito y retorno. Por tanto, vuelvo a repetir: la Comisión Europea, en
su comunicación 2009/C107, dice: Los Estados miembros pueden y deben
introducir sistemas de depósito y retorno. Y no solo es Alemania, es
también Finlandia, Noruega, y muchos otros países. La pregunta es: ¿por
qué lo eliminan?

Señoría, ha aparecido una información que no sé si es
cierta o no, me gustaría que usted me lo confirmara, que dice lo
siguiente: un determinado lobby entregó un proyecto de ley de
modificación de residuos al anterior Gobierno; el anterior Gobierno no
hizo caso, y el proyecto que se nos trae ahora es literalmente el mismo
que ese lobby ya presentó. No sé si es verdad; está publicado. ¿Es verdad
que el proyecto de ley de residuos que ustedes presentan es exactamente
la copia del proyecto de ley que entregó un lobby al anterior Gobierno?
¿Cómo puede usted despachar este asunto diciendo que Alemania es
Alemania? Pues bien, Alemania, Finlandia, Noruega, muchos otros países lo
hacen, y la Comisión Europea lo recomienda. ¿Cómo puede ser que la
Comisión Europea recomiende ese sistema y ustedes lo eliminen? Porque ya
no estoy diciendo lo que sería nuestra propuesta: que fuera obligatorio;
ya no digo que sea obligatorio, digo simplemente que sea voluntario.
¿Sobre la base de qué lo eliminan? Sobre la base de absolutamente nada.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Por tanto, señoras y señores del PP, y no pretendo tener el
monopolio de preservar el territorio, insisto en que la ecología y el
medio ambiente no son un complemento a la política económica, forman
parte de la salida de la crisis. No he querido hablar, por no extenderme,
de la necesidad de empleos verdes; es decir, en estos momentos, en
Alemania, en Japón, en Holanda, un sector industrial de crecimiento es el
de los empleos verdes. Aquí, de esto no se ha hablado en absoluto; es
decir, el Gobierno plantea un proyecto que tiene como objetivo crear
empleo, pero lo que está haciendo es no solo no crear empleo sino que
está excluyendo propuestas y proyectos políticos que lo crean y no
plantea en absoluto la industria verde como creación de ocupación.

Por tanto, mantenemos el veto. Insisto en que estamos ante
una vieja política y, sobre todo, ante una visión de que el medio
ambiente es contradictorio y que puede entorpecer el desarrollo
económico, cuando yo creo que el medio ambiente es una oportunidad y que
no habrá salida de la crisis sin un cambio de modelo desde el punto de
vista de desarrollo. Y no hace falta ser muy entendido para contrastar lo
que dice el preámbulo de intenciones y lo que se desprende de los
contenidos, en lo que son absolutamente contradictorios.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maluquer.

El señor MALUQUER FERRER: Gracias, señor presidente.

En principio no tenía pensado intervenir porque no
presentamos veto pero, vista la capacidad de negociación que nos ha
ofrecido nuevamente el Grupo Popular, tomo la palabra simplemente para
manifestar nuestra tristeza porque teníamos que haber presentado un veto
a esta ley. Nuestra posición —esto lo diremos en la defensa de las
enmiendas, pues me queda esta duda— era la de votar en contra de
los vetos, pues pensábamos que mejoraríamos realmente la Ley de medidas
urgentes y que no habría invasiones competenciales ya que corregiríamos
aquellos aspectos que nos preocupaban, pero a la vista de cómo se
desarrollan los pasos previos y las posiciones del Grupo Popular en este
momento, no me queda más remedio que adelantar que, en este caso, no
votaremos en contra, sino que nos abstendremos.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maluquer.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Gracias, señor presidente.

Brevemente diré que en lo que respecta al patrimonio
natural está claro que el Partido Popular nos lleva de rebajas. Hay una
rebaja sustantiva de la aportación ambiental. En cuanto a lo que dijo la
portavoz sobre las subastas del fondo de carbono le concreto que estamos
de acuerdo con esa regulación que es fruto de una directiva europea. No
obstante, creemos que se debe garantizar por ley el destino de ese
dinero, no vaya a ser que el señor Montoro, una vez que lo ingrese en sus
arcas, lo dedique a cosas ajenas a la lucha contra el cambio
climático.

Respecto de la modificación de la Ley de Aguas, les
recuerdo que el Partido Popular modifica un texto que aprobó el Gobierno
del Partido Popular en el año 2001. Por cierto, no entiendo el

objeto, y está claro que la mancha húmeda va a quedar en
mancha seca. Si se venden derechos, si se crea un mercado de agua que no
se utiliza, que no existe, que solo existe sobre el papel, está claro que
quien compre esos derechos va a consumir esa agua. Por lo tanto, se van a
intensificar las extracciones y no vamos a cumplir los objetivos fijados
en la directiva marco para el año 2015.

Mejoras, decían ustedes. Evidentemente, quien mejora es
quien tiene una tierra sin cultivar pero tiene derechos de agua, de agua
que no existe y que no usa, que hace subir el precio, que perjudica a los
agricultores profesionales, y que ahora, en concesiones públicas, a
través de procedimientos públicos, les es fácilmente asequible a precios
adecuados; procedimientos públicos conocidos que, por cierto, han
demostrado su eficacia tanto para garantizar la calidad de los acuíferos,
puesto que el 70% de ese agua va a ellos, como para los agricultores, de
los cuales un 30% puede repartirse esas concesiones y no como ahora que
tienen que ir a un mercado entre particulares.

Respecto a la Ley de residuos, evidentemente, el Partido
Popular da satisfacción a una serie de intereses particulares de empresas
que son las que forman los sistemas integrados de gestión porque aunque
administran un bien público, como es la gestión de los residuos, no son
una administración pública, sino la asociación de determinadas empresas
que prefieren, sinceramente, pagar solo lo que pagan, el 30% de lo que
recogen selectivamente, y no pagar el 100% que supone la responsabilidad
ampliada del productor, tal como exige la normativa europea.

Este sistema no es incompatible con los sistemas actuales.
Es más, este sistema de depósito se puede aplicar de forma compatible con
los actuales sistemas, incluso, con los SIG actuales, los propios
productores pueden implantarlo. Por cierto, nosotros creemos que sería
adecuado volver a la redacción anterior, fruto de una serie de
equilibrios que veían adecuados los SIG que existían antes y que se
aceptaron en la modificación legal anterior.

Insistimos en pedir el apoyo al veto y en que cualquier
modificación legal que se establezca de esta serie normativa que el
Gobierno presenta se haga con los procedimientos adecuados, con los
informes y estudios previos, con los órganos de participación y,
asimismo, con la participación de las comunidades autónomas. Esto es lo
que les pido a los senadores y, en concreto, a los del Partido Popular
para ver si hoy, que es un buen día para América, también lo es para el
medio ambiente.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fidalgo.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el
senador Aparici.

El señor APARICI MOYA: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, utilizaré el turno de portavoces para fijar
algunas cuestiones y pronunciarme definitivamente sobre el voto de
nuestro partido, que ya anuncio, lógicamente, que va a ser en contra de
los vetos, porque una cosa es lo que ustedes escriben y otra lo que
después dicen ustedes, y en este momento estamos en el turno de debate de
los vetos que ustedes han presentado, y los vetos que ustedes presentan
son a un proyecto de ley que de lo que trata, en lo que quiere incidir,
es efectivamente, como se ha dicho aquí, en una cuestión de
simplificación, de agilización de medidas ambientales, de eliminar
también inseguridades jurídicas y de mejorar la consecución de un uso más
adecuado del agua. Pero después, cuando ustedes intervienen aquí, lo que
hacen es olvidarse de cuáles son los objetivos de esta ley y dedicarse a
hacer una vez más, en esa especie de mítines a los que nos tienen
acostumbrados, política o demagogia de la política o demagogia de las
intervenciones que nada tiene que ver en absoluto con lo que es el
fundamento y las propuestas que vienen en este proyecto de ley. Y
entonces nos encontramos con que en los vetos ustedes hablan de
recentralizar competencias, de reducir protección, de ignorar las
oportunidades que genera la gestión de residuos o de abrir la puerta a la
privatización. Incluso aquí se nos ha acusado de ser defensores del viejo
orden. Yo les quiero recordar a los señores de Izquierda Unida y a los
señores del Grupo Parlamentario Socialista que han presentado los vetos
que cada vez que ha habido un avance importante en materia ambiental en
este país que se llama España ha sido producido con los Gobiernos del
Partido Popular de forma clara y contundente. Esta es una cosa que quiero
dejar sentada aquí. (Aplausos.)

La segunda cosa que quiero dejar sentada aquí es que cada
vez que hemos ido al desastre económico en este país ha sido con los
Gobiernos de la izquierda, especialmente con los

Gobiernos del Partido Socialista, señor Fidalgo. Esa es la
verdad. (Aplausos.) Porque usted, señor Fidalgo, en su veto habla incluso
de las razones económicas que nos han llevado aquí y ha hablado de dos
burbujas, de la inmobiliaria y de la de agua. No sé si la burbuja de agua
se refiere a estas que hacen los niños con el jabón cuando soplan por el
tubito. No lo sé. Si aquí hay una cosa que nos ha llevado a la situación
que tenemos ha sido un Gobierno del Partido Socialista incapaz de hacer
reformas y que nos ha dejado una situación como la que tenemos ahora. Le
recuerdo, 9,4% de déficit en este país y más de tres millones de parados
generados en el Gobierno del Partido Socialista, y esto es lo que usted
quiere solventar en el veto con una simple frase que se refiere a la
burbuja inmobiliaria. Pues no es una burbuja inmobiliaria, sino una forma
de gestionar que no solo no ha hecho cosas, señor Fidalgo, y que ahora se
hacen en este proyecto de reformas sino que, además, se ha dedicado a
entorpecer iniciativas que estaban en marcha. Le recordaré por ejemplo
una de la que yo fui partícipe. Me refiero a después de aprobar el
Protocolo de Kioto —por cierto, gobernando el Partido Popular, se
lo recuerdo, Protocolo de Kioto, porque cuando alguien pregunta qué han
hecho los Gobiernos del PP le recuerdo que el Protocolo de Kioto se firmó
con un Gobierno del Partido Popular—, y después de tres años
trabajando con alguno de los compañeros que ustedes tienen en la bancada
para diseñar la estrategia española para el cambio climático, en el 2003
llegó el Partido Socialista, la metió en un cajón y nunca más supimos de
ella. Esas son las formas de lo que usted nos viene a explicar aquí, de
lo que se entorpece y de lo poco que se trabaja desde los Gobiernos del
Partido Popular por el medio ambiente. Es absolutamente lo contrario.

Por tanto, señor Fidalgo, he de decirle además que su
propuesta de veto tiene dos características muy específicas que voy a
resumir de forma clara: Primero, por lo que ya le he explicado, hay en él
una falta de rigor total y absoluta, y es que ni fija claramente los
términos por los que estamos en esta situación —cuando resulta que
usted está hablando de que hay que mejorarla—, ni dicho veto hace
nada por el estilo. Segundo, hay una contradicción absoluta en sí mismo,
porque cuando se leen algunas de las afirmaciones que usted expone en él,
uno entiende que lo que ustedes deberían hacer es apoyar la propuesta de
proyecto de ley que hace el ministerio, y es que ustedes hablan en su
veto, señor Fidalgo, de que hay que hacer una profunda revisión de los
fundamentos del paradigma económico y hablan de cambios a nivel nacional
y global en temas ambientales. ¿Y cómo se hace eso, señor Fidalgo? ¿Sin
hacer absolutamente nada, como hicieron ustedes, o planteando reformas
claras y concretas como las que presenta este proyecto de ley para
resolverlo? Por tanto, señor Fidalgo, de ninguna manera podemos estar de
acuerdo en un veto que, insisto, tiene esas dos características que le he
comentado antes. Es así, léalo usted bien. Si lo han escrito ustedes,
léanlo bien; otra cosa es que no lo hayan escrito, pero, repito, si lo
han escrito, por favor, léanlo bien.

Por otra parte, hemos tenido una comparecencia en relación
con los SDDR y se nos han contado muchas cosas que usted oculta aquí. Por
ejemplo, todas sus señorías deberían saber que poner en marcha en España
este sistema costaría la friolera de 800 millones de euros. Yo entiendo
que para ustedes, que durante su gobierno han estado en el despilfarro,
esta les parezca una cuestión baladí, pero a nosotros, señor Fidalgo y
señores de la Entesa, no nos lo parece. Por tanto, se trata de una
cuestión absolutamente clara. Creo que en estos vetos hay simplemente
excusas. Muchas veces yo lo comprendo. Y a los representantes de
Izquierda Unida debo decirles que, efectivamente, siempre dicen lo mismo,
por lo que no voy a acusarles de incoherencia; es el discurso permanente
de la izquierda, que yo entiendo perfectamente, pero que no podemos
compartir de ninguna manera. Esto es así de claro.

Y cuando el señor Saura habla de crear empleo siempre
confundimos el empleo con el empleo público. Senador Saura, crear empleo
en España no es solamente crear empleo público, que es lo que parece que
usted ha venido a decirnos con su discurso. Por tanto, aparte de eso,
entiendo perfectamente que ustedes están en su línea, línea que nosotros
no compartimos, pero al menos no veo ahí ningún sentido más de
discrepancia en esa cuestión.

Voy a resumir todo esto de una forma muy sencilla; se lo
voy a explicar muy claro. Miren ustedes, en el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado defendemos cinco cuestiones básicas, cinco aspectos
clarísimos que entendemos están perfectamente recogidos en este proyecto
de ley. Primero, defendemos el principio de unidad de gestión de las
cuencas hidrográficas. Segundo, apoyamos las actuaciones incluidas de
forma clara, como no puede ser de otra manera, en el Plan

Especial del Alto Guadiana. Tercero, apostamos por la
reforma de la Ley de residuos. Por cierto, señor Fidalgo, no han sido
unos meses sino casi dos años; la Ley de residuos es de mediados del
2011. Luego ha sido año y medio aproximadamente. Cuarto, apostamos
efectivamente por unificar, como ha explicado muy bien mi compañera, los
planes de gestión en los espacios naturales y en la Red Natura 2000 para
que no confluyan en un mismo espacio geográfico dos, tres, cuatro o cinco
figuras de protección como venía haciéndose antes. Por último, y como
también ha explicado mi compañera de manera muy clara, apostamos
decididamente por adaptar la legislación financiera a la subasta de
derechos que va a venir. Partiendo de esas cuestiones coincidimos
absolutamente con el planteamiento que hace aquí el Gobierno. Por tanto,
no comprendemos ni entendemos lo que está escrito en los vetos ni la
defensa que han hecho ustedes aquí de ellos. Reafirmo que el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado vamos a votar en contra de estos
vetos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aparici.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las propuestas
de veto. Les recuerdo que para su aprobación se requiere la mayoría
absoluta de la Cámara.

Vamos a comenzar con la propuesta de veto número 1, de los
senadores Guillot y Saura.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 237; a favor, 67; en contra, 152; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos, a continuación, la propuesta de veto número 2, de
los senadores del Grupo Parlamentario de la Entesa, menos los senadores
Guillot y Saura.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 237; a favor, 67; en contra, 152; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos, finalmente, la propuesta de veto número 3, del
Grupo Parlamentario Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 237; a favor, 66; en contra, 152; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Pasamos, a continuación, al debate de las enmiendas. Les
comunico que, independientemente, de la hora a la que termine este
debate, las votaciones no serán antes de las cuatro de la tarde.

Empezamos con las enmiendas de los senadores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto. Enmiendas
de la 1 a la 24.

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. (La
señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.)

Voy a intervenir de forma muy sintética para decir que las
enmiendas que hemos formulado se corresponden lógicamente con la
argumentación realizada respaldando los vetos planteados por tres grupos
parlamentarios de la Cámara.

Por lo que se refiere a la materia de aguas, nuestras
enmiendas pretenden que se abra la posibilidad de consulta al Consejo del
Agua con carácter previo a la declaración de situación de riesgo para una
masa subterránea, y también cuando se apruebe el programa de actuación en
estas masas de agua subterránea en situación de riesgo.

Pretendemos que se proscriba la aportación de recursos
externos a las masas de aguas subterráneas en riesgo porque entendemos
que ese no es un mecanismo adecuado. Planteamos que se impida el
otorgamiento de nuevas concesiones para la extracción de aguas
subterráneas. Rechazamos las excepciones al principio de recuperación de
costes. Creemos que es necesario mantener las competencias de las
comunidades autónomas en materia de policía de dominio público
hidráulico, apostando como alternativa por la unidad de gestión de la
cuenca mediante el mecanismo de la encomienda de gestión. Finalmente, con
este bloque que tiene relación con la regulación del agua queremos
impedir la comercialización en el ámbito del Plan Especial del Alto
Guadiana porque, como ya se ha dicho en intervenciones anteriores, ello
se traduciría en una intensificación de la explotación de los
acuíferos.

El segundo bloque se refiere a espacios protegidos. Creemos
que la integración de figuras de protección debe hacerse en todo caso
garantizando el mantenimiento del nivel más elevado de protección
preexistente frente a las competencias en materia municipal y a los
intereses municipales. En relación con los residuos, defendemos que se
sostenga el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno y que se avance en
su puesta en marcha. Creemos que es necesario ampliar la responsabilidad
del productor de residuos hasta la finalización del tratamiento adecuado
de los mismos. Demandamos que se exija autorización, y no solo
comunicación, para la actividad del negociante, que es reconocida con la
misma figura como gestor. Demandamos la necesidad de una comunicación
previa a la comunidad autónoma antes de iniciar la actividad también en
los casos de la gestión de residuos no peligrosos. Planteamos un
calendario más ambicioso de sustitución de las bolsas comerciales de un
solo uso para que se sustituyan completamente en el 2018 y, finalmente,
planteamos que a partir del 2016 se cree un impuesto sobre las bolsas de
plástico de un solo uso.

Gracias, señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Para defender las enmiendas que van de la número 52 a la 63
del Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señora
vicepresidenta.

Intervengo desde el escaño para ir aligerando. Haré
únicamente dos consideraciones y daré por encima dos razones por las que
hemos presentado las doce enmiendas que hoy debatimos.

La primera consideración se refiere al marco competencial.
En el Real Decreto 17/2012 no existe prácticamente ninguna mención al
marco competencial de las comunidades autónomas, que tienen competencias
muy amplias en materia medioambiental que les permite legislar de forma
tan eficaz y exigente o más que como pueda hacerlo el Gobierno central.
De hecho así lo han hecho, así lo hacen y esperemos que así lo sigan
haciendo.

Ni en este proyecto de ley que estamos discutiendo ni en el
real decreto en el que se basa se tiene en cuenta el marco competencial.
Si hay disfunciones —que puede que las haya y seguro que las
hay—, soluciónese donde las haya, en las instancias y en los foros
que corresponda, pero no volvamos de nuevo al café para todos porque el
café para todos significa siempre e indefectiblemente una
recentralización de hecho. De estas reflexiones surgen algunas de las
enmiendas que nosotros hemos presentado.

El resto son enmiendas puntuales que tienen que ver con el
agua, que tienen que ver con la biodiversidad, que tienen que ver con los
residuos, destinadas a intentar mejorar o a intentar reducir los efectos
negativos que, a nuestro juicio, tiene la norma que estamos discutiendo.
Y no voy a entrar a discutirlas una a una porque somos pocos y estamos
todos hambrientos, pero sí quiero hacer una reflexión acerca de en lo que
se ha acabado convirtiendo al final esta discusión: los residuos.

El tema de los residuos es vital para esta sociedad y vital
para este mundo en el que vivimos, la gestión de los residuos y también
la gestión de los no residuos, porque no es limpio quien más limpia, es
limpio quien menos ensucia. Pero no podemos analizar este problema con
una discusión por trámite de urgencia —que es lo que nos está
sucediendo—, un análisis que no debe suponer la contraposición
absoluta entre los sistemas SIG y los SDDR, porque al final esta
discusión se está resumiendo en una guerra de siglas, una guerra de
siglas en un problema que es importantísimo y vital y no podemos
reducirlo a cuatro letras, no debemos reducirlo a cuatro letras.

La solución debe empezar por las políticas de minimización
de la generación de residuos —ese es el punto clave, no qué hacemos
con los residuos, sino cómo hacemos para que no existan los
residuos— y debe terminar por la valoración energética del último,
del inservible residuo, del residuo que ya está exhausto como material
aprovechable. Pero esto tiene que conllevar una priorización de la
reutilización y, como segunda derivada, una apuesta clara por el
reciclaje de todo aquello que no se puede reutilizar; insisto, apostando
por la reutilización de forma militante.

Ahora bien, señorías, también tenemos que tener cuidado de
no desvestir un santo para vestir a otro, que es en lo que al final ha
desembocado esta discusión, y por trámite de urgencia no mejora la
situación. Yo creo que el Partido Popular tenía que haber serenado la
discusión: vamos a ver cómo lo hacemos, hagámoslo lo mejor posible, no
desvistamos un santo para vestir a otro, empecemos desde el principio,
pero hagámoslo con calma, no por el trámite de urgencia. Y esto es lo que
a nosotros no nos gusta. Señorías, lo dicho, estaremos en la discusión en
la que tengamos que estar, aportando todo lo que podemos aportar, con
calma.

Nos gustaría que nos aceptaran nuestras enmiendas, pero el
señor Aparici ya ha dicho que no lo va a hacer y, por lo tanto, no voy a
insistir. Ya en la comisión nos avisaron de que no se iba a aceptar
ninguna enmienda, ahora aquí no se va a aceptar ninguna enmienda, la
discusión se va a seguir simplificando en una discusión de siglas y nos
da pena, sinceramente nos da mucha pena. Yo creo que se pierde una
oportunidad para mejorar lo que haya que mejorar, para llegar a consensos
que puedan ser importantes, porque, vuelvo a repetir, no es más limpio el
que más limpia, sino el que menos ensucia, y este tema es muy importante
como para andar jugando con él.

Muchas gracias, señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
para la defensa de las enmiendas que van de la número 64 a la 93, tiene
la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta. Desde
el escaño voy a defender las que considero más relevantes.

En relación con el ámbito del agua, nuestras enmiendas van,
por un lado, a corregir lo que he denunciado, la centralización de poder
en la Junta de Gobierno en relación con la definición de masas de agua
subterráneas sobreexplotadas y, por tanto, queremos que exista un informe
del Consejo del Agua; por otro lado, suprimir la posibilidad de
aportaciones externas porque pensamos que va en contra de la Directiva
Marco del Agua.

La excepción que el proyecto de ley produce también en
relación con la posibilidad de que no se cubran costes, pensamos que
también va en contra de la Directiva Marco del Agua y, por lo tanto,
planteamos su supresión.

En cuanto al sistema de unidad de cuenca estamos de
acuerdo, pero sería razonable que hubiera una encomienda de gestión que
permitiera que las comunidades autónomas continuaran haciéndolo. En
relación con el Plan Especial del Alto Guadiana, ya he explicado los
argumentos por los cuales estamos en contra. Por lo tanto, proponemos su
supresión.

Respecto al patrimonio natural y de la biodiversidad,
nuestra posición está clara. Se deberían poder coordinar o unificar las
distintas zonas de protección, pero con la correspondiente competencia de
cada Administración. Es decir, en aquel espacio competencia de una
comunidad autónoma debería intervenir la comunidad autónoma. Si se trata
de un espacio en el que confluyen dos o tres comunidades autónomas
—según dicen los estatutos—, debería ser solucionado entre
las dos o tres comunidades autónomas y en caso de un espacio de
protección estatal, debería solucionarlo una comisión bilateral.

En cuanto a los residuos, estoy de acuerdo con la
intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Vasco. Es uno de los
temas de futuro. Yo lo he calificado como lo más grave de este proyecto
de ley y nuestra propuesta es mantener e ir más allá de lo previsto hasta
ahora en la ley aprobada en 2011, es decir, que no solo fuera voluntario
sino que en unos determinados ritmos esto pudiera acabar siendo
obligatorio. Asimismo, proponemos un nuevo apartado donde las
responsabilidades del productor del reciclaje se correspondan con el
conjunto de la gestión que este realice. Finalmente, proponemos
—tal y como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto—
un calendario más acelerado de supresión de las bolsas de plástico
comerciales.

Estas son nuestras enmiendas más importantes, cuya
explicación política ya expuse anteriormente.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
para la defensa de las enmiendas que van de la número 94 a la 114, tiene
la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señora presidenta.

También desde el escaño doy por defendidas el conjunto de
las veinte enmiendas que planteamos los senadores socialistas de la
Entesa, en línea con la argumentación que he expuesto en la defensa del
veto. Consideramos que se produce una involución y una marcha atrás en
todas las cuestiones relativas a la sostenibilidad —precisamente
por esa falsa contraposición entre crecimiento económico y protección
medioambiental—, en línea totalmente contraria a lo establecido en
la Estrategia 2020 de futuro de la Unión Europea.

Señorías, me gustaría insistir sobre todo en dos enmiendas.
En una de ellas pedimos la supresión del apartado doce del artículo
primero, que afecta precisamente a las competencias autonómicas en
materia de policía de dominio público hidráulico. Este es un asunto que
ya he planteado con anterioridad y que afecta a las competencias, entre
otros, del Gobierno de la Generalitat de Cataluña reconocidas en el
estatuto de autonomía. Se trata de un claro atentado contra las
competencias, la descentralización y, en definitiva, un aspecto más del
Estado de las Autonomías en línea con lo planteado con anterioridad.
Precisamente así no se favorece el diálogo necesario al que el otro día
aludía el presidente del Gobierno, el señor Rajoy, cuando manifestaba su
voluntad de dialogar con el Gobierno de la Generalitat. No es
precisamente de esta forma como se favorece el diálogo intentando
modificar artículos aprobados y vigentes del estatuto de autonomía de las
comunidades autónomas, en este caso, de Cataluña.

Otra enmienda importante para nosotros —como todas,
pero que me gustaría destacar— es la número 114, en la que
proponemos una nueva disposición final. Se trata de una enmienda de
adición pues, en la medida en que este proyecto de ley hace referencia a
medidas medioambientales, hay un asunto relativo a la gestión del agua
que debería abordar. Me refiero a una cuestión que ya planteamos en esta
Cámara con motivo de una interpelación y una moción consecuencia de
interpelación. En definitiva, hace referencia a la previsión de caudal
ecológico para el río Ebro prevista en el Plan Hidrológico de la cuenca
de la demarcación del Ebro. Planteamos la necesidad de que la Ley recoja
precisamente que cualquier previsión que se pueda hacer en el marco del
Plan Hidrológico de Cuenca respete —como no debería ser de otra
manera— la Directiva marco en materia de aguas de la Unión Europea,
que respete también las conclusiones de la Comisión para la
Sostenibilidad del Ebro, que se reunió hace pocos días precisamente, y a
la que asistieron representantes del Gobierno de la Generalitat y
representantes del Gobierno de España, el presidente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, aparte de miembros de la comunidad científica y
también representantes de los sectores sociales afectados que forman
parte de la comisión, y en cuyas conclusiones, que ya son conocidas, se
ratificó que el caudal ecológico del Ebro no debería ser aproximadamente
de 3000 hectómetros cúbicos anuales, como prevé el proyecto de plan de
demarcación, sino que, en este caso, se entiende que debería oscilar,
según años más húmedos o más secos, entre los 7000 y los 12 000
hectómetros cúbicos, como la única forma de garantizar la pervivencia del
delta del Ebro, un espacio altamente sensible desde el punto de vista
medioambiental y que, en caso contrario, vería amenazada su existencia. Y
cuando hablamos del espacio, hablamos también de los que lo habitan, de
las comunidades humanas que viven en el delta del Ebro. Es un tema
altamente sensible al que el Gobierno debería responder con contundencia
y, evidentemente, con la necesaria sensibilidad, aparte de respetar la
legislación europea.

Finalmente, proponemos en esta enmienda de adición que se
tenga en cuenta, por supuesto, que estamos tratando de una cuenca
supracomunitaria, que hay nueve comunidades autónomas afectadas y que,
por tanto, se escuche a las nueve comunidades autónomas, que se haga
desde el diálogo y desde el respeto, pero atendiendo a las necesidades
medioambientales de la zona baja del Ebro, porque, sin duda, podríamos
asistir a una catástrofe ecológica y social, por tanto humana, de
dimensiones difíciles de prever, pero, en cualquier caso,
considerables.

Sin más, doy por defendidas el conjunto de las
enmiendas.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, para la defensa de las enmienda números 25 a 51,
tiene la palabra el senador Maluquer.

El señor MALUQUER FERRER: Gracias, presidenta.

Yo también doy por defendidas las enmiendas que hemos
presentado, pero sí que quiero destacar algunas, como las que hacen
referencia a los aprovechamientos del agua.

A día de hoy, junto con los servicios que están declarados
como servicio público hay servicios declarados esenciales, como la
generación de energía eléctrica. Por este motivo, hemos propuesto una
enmienda que incluyera esta referencia a los servicios esenciales para
que este tipo de servicios declarados esenciales pudieran disponer de los
mismos regímenes de protección que los declarados como servicio
público.

Hemos presentado otras enmiendas que hacen referencia a que
el otorgamiento de concesiones comportaría la extinción simultánea del
derecho sobre aguas privadas reconocido hasta este momento. Nosotros lo
enmendamos pidiendo que se constituya un nuevo apartado, aunque se
mantuviera la redacción actual, en el que se dijera que la extinción al
derecho solo se produce si hay un requerimiento previo por parte de la
administración hidráulica. Como parece que lo que pretende la norma es
favorecer la transmisión de titularidades de derechos sobre aguas
privadas a públicas, sometido su aprovechamiento a régimen concesional,
lo que queremos es tratar de asegurar que si se produce este incremento
de caudal, o una modificación de las condiciones en el régimen de
aprovechamiento, se extinga este derecho sobre aguas privadas.

Buena parte de la modificación del texto refundido de la
Ley de Aguas que hablaba sobre los acuíferos sobreexplotados, o en riesgo
de estarlo en un futuro, pasa a hablar de masas de agua en riesgo de no
conseguir los objetivos de encontrarse en buen estado. De esta redacción
se desprendía que las masas de agua subterráneas solo podían encontrarse
en dos situaciones: que estuvieran en riesgo de no conseguir los
objetivos de estar en buen estado o que estuvieran en mal estado; y en
ninguno momento se habla de las que están en mal estado. Desde nuestro
punto de vista, las que están en mal estado deberían tener la misma
protección que las que están en riesgo de no conseguir este buen estado.
Son unas correcciones técnicas que entendíamos que podían mejorar el
proyecto de ley, pero no he podido ver que se hayan tenido en cuenta.

Por otro lado, en relación con la cuestión de los residuos
y suelos contaminados, en el informe que nos ha presentado la presidenta
de la comisión observamos que no se han tenido en cuenta nuestras
propuestas, de lo que se deriva una disminución de las competencias de
las comunidades autónomas en materias tan relevantes —algo de lo
que se ha hablado durante toda la mañana— como el sistema de
devolución de depósitos de envases y de la utilización de los sistemas
colectivos.

En el caso de la utilización de los sistemas colectivos, la
modificación propuesta por el artículo 32.3 consiste en trasladar las
autorizaciones a nivel estatal, de manera que dejaría de ser
imprescindible la autorización de los sistemas por cada una de las
comunidades autónomas que operasen. Hace falta insistir en que esta
propuesta es del todo inaceptable, ya que supone una disminución de las
competencias atribuidas a las comunidades autónomas, pues la redacción
originaria de la Ley 22/2011 —que fue objeto de un debate muy
intenso, según he podido constatar—, representa un paso atrás
altamente cuestionable a nivel jurídico, atendiendo a que en la redacción
originaria se hacía compatible tanto la simplificación administrativa
como el derecho de las comunidades autónomas a establecer condiciones
especiales a la autorización teniendo en cuenta las particularidades de
cada territorio.

En este sentido, no puedo aceptar la modificación
consistente en establecer que estas autorizaciones sean válidas para todo
el territorio nacional, porque ya sabemos lo que pasa, que aquellas
comunidades en las que queremos hacer las cosas un poco mejor, que
podemos hacerlas un poco mejor porque llevamos tiempo haciéndolas, se
verán afectadas de alguna forma por permisos que van a ser dados en otro
ámbito.

Asimismo, quiero recalcar que en la nueva redacción
—este texto alternativo al que se ha llegado al final en la
comisión— respecto a la implantación de los sistemas de devolución
de

depósitos y retorno de envases, solamente se determinan dos
supuestos, y entiendo que le sigue confiriendo este papel residual a su
establecimiento. Considero que el esfuerzo que se hace de dar un paso más
para intentar compatibilizarlo no es bastante. A pesar de todo, puedo
apreciar este esfuerzo pero, desde mi punto de vista, estaba bien como
estaba, porque era un texto muy garantista y para aplicar un sistema de
devolución y retorno se exigía una viabilidad económica y se tenía que
demostrar muy bien demostrado. En todo caso, ahora nos estamos
adelantando a una futura aplicación, que todavía no sabemos si va a ser
viable o no. Por tanto, dado que hay toda una industria y unas
asociaciones que lo están promoviendo, deberían poder seguir insistiendo
en esta materia para que, al final, cuando llegue el momento de
implantarlo, con todas las garantías necesarias, se viera la necesidad o
no de compatibilizarlo con los sistemas actuales, para que estos, que
están dando la cobertura integral a todo el sistema de gestión de
residuos, sigan siendo viables, sin la pretensión de que ahora, al
implantar este sistema, se vean incapacitados para seguir siendo viables
y no puedan seguir dando los frutos que están dando hasta ahora que,
evidentemente, son apreciables. Por ello, nosotros queremos seguir
manteniendo la redacción inicial.

En cuanto a estas medidas urgentes, tengo que decir que,
francamente, cuando hacemos leyes que pretenden simplificar la
tramitación administrativa y lo hacemos por la vía de la urgencia, aunque
finalmente lo tramitemos como proyecto de ley, estamos cortando la
previsibilidad normativa que desde el tiempo de los sumerios necesita
cada persona en el devenir de su historia para poder desarrollar su
negocio, para pensar qué inversiones tiene que hacer, etcétera. En la
medida en que vamos dando pinceladas, modificando leyes en una sola
norma, en vez de simplificar administrativamente, lo vamos complicando
cada vez más. Al final, los despachos de asesores se ganan muy bien la
vida, pero, francamente, al administrado, al emprendedor le acaba
costando mucho trabajo posicionarse, sobre todo cuando se hace de esta
manera, de forma urgente y sin buscar esos necesarios consensos. Por
ejemplo, hace unos días el Tribunal Constitucional ha sentenciado a favor
de que la palabra matrimonio sea buena para todos, tanto para las nuevas
uniones entre personas del mismo sexo como para las personas de distinto
sexo, pero durante siete años ha estado este recurso en marcha. ¿Gracias
a qué? Gracias a que en su momento el Partido Socialista tampoco buscó
ese necesario consenso. Y al final estamos creando una angustia en la
sociedad que, francamente, a mí no me gusta. Por eso, querría aprovechar
la defensa de nuestras enmiendas para pedir una vez más al grupo de la
mayoría esa sensibilidad para buscar puntos de encuentro y de diálogo con
el resto de las fuerzas del Senado para reflexionar y, finalmente,
promover iniciativas legislativas que sean buenas para todos, para el
medio ambiente, que es lo que hoy nos ocupa, y para el tejido económico,
que es el fin de esta modificación, como se dice en la parte expositiva
de la ley.

Sin más, doy por defendidas las enmiendas y cedo el turno
al siguiente portavoz.

Muchas gracias, señor presidente.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Socialista, para la defensa de las enmiendas
115 a 147 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados
en lo modificado por las enmiendas 148 a 150, del Grupo Popular en el
Senado, tiene la palabra el senador Ruiz Santos.

El señor RUIZ SANTOS: Muchas gracias, señora
presidenta.

El Grupo Socialista ha presentado treinta y tres enmiendas
a este Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente,
de la 115 a la 147, y en aras de la brevedad, no las voy a reproducir.
Daré por defendidas gran parte de ellas, como hicimos en la Comisión de
Medio Ambiente, aunque me gustaría destacar algunas.

En relación con la protección del patrimonio natural y la
biodiversidad, proponemos la enmienda número 134, de modificación, porque
consideramos que debemos llegar a un documento integrado, que se
realizará cuando en un mismo espacio se solapen distintas figuras de
espacios protegidos, y habrá de recogerse el mayor grado de protección
medioambiental de las figuras de protección acordadas para este
espacio.

En este mismo ámbito, proponemos otra enmienda de adición,
la número 136, con la que pretendemos acotar la tenencia y el uso de
munición que contenga plomo cuando la caza y el tiro olímpico se ejerzan
en zonas húmedas afectadas por el convenio relativo a humedales, de

importancia internacional, así como las recogidas en la Red
Natura 2000 y, por supuesto, las incluidas en los espacios naturales
protegidos.

Consideramos importante la enmienda 137, de adición, porque
hay que regular la actividad cinegética, sobre todo, en parques
nacionales y otras fincas con especies amenazadas, a fin de favorecer el
control de sus poblaciones, y no otras circunstancias, como todos sabemos
que a veces desgraciadamente se producen.

En el ámbito de residuos, sobre lo que ya se ha hablado
mucho esta mañana y seguro que seguiremos haciéndolo en el turno de
portavoces, proponemos una enmienda de modificación, la número 139, para
establecer la posibilidad cierta de que se garantice que se puedan llevar
a cabo los sistemas de depósito y retorno en los supuestos que contempla
el artículo 31.2 de la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados,
así como ese proceso de transición transparente que garantice la libre
concurrencia.