6.1.2.Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley
Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos
políticos.

Comisión: Constitucional

(Núm. exp. 621/000010)

Página
2303

El señor presidente informa de que se ha presentado una
propuesta de modificación, por lo que decaen las enmiendas
presentadas.

La señora Llinares Cuesta defiende la moción.

En turno de portavoces intervienen el señor Cazalis
Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), así
como las señoras Almiñana Rique, por el Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya; Cunyat Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado Convergència i Unió; Llinares Cuesta, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y Elorriaga Pisarik, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.

Se aprueba la propuesta de modificación por asentimiento de
la Cámara.

5.3. Moción por la que se insta al Gobierno a abordar el
cumplimiento de los acuerdos de la Comisión de Expertos para el futuro
del monumento del Valle de los Caídos y retirar los restos mortales de D.
Francisco Franco Bahamonde.

Autor: GPV

2339

El señor Anasagasti Olabeaga defiende la moción.

El señor Antich Oliver defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.

El señor Anasagasti Olabeaga expone la posición de su grupo
respecto de la enmienda.

En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; Anasagasti Olabeaga, por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Saura Laporta, por el
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Bagué Roura, por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Antich
Oliver, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Muñoz-Alonso Ledo, por
el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con la incorporación de la enmienda
del Grupo Parlamentario Socialista, por 77 votos a favor, 152 en contra y
5 abstenciones.

6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

6.1.1.Proyecto de Ley sobre saneamiento y venta de los
activos inmobiliarios del sector financiero (procedente del Real
Decreto-Ley 18/2012, de 11 de mayo). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.

Comisión: Economía y Competitividad

2352

El señor Atarés Martínez, presidente de la comisión,
presenta el dictamen.

Se inicia el debate de totalidad.

En turno a favor hace uso de la palabra el señor Fernández
de Moya Romero.

En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; Montilla Aguilera, por el
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Bel Accensi, por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Manchado
Lozano, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Fernández de Moya
Romero, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Comienza el debate del articulado.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas números
1 a 7, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por este
senador y el señor Mariscal Cifuentes.

La señora Leanizbarrutia de Bizkarralegorra defiende las
enmiendas números 24 a 30, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV).

El señor Saura Laporta defiende las enmiendas números 50 a
56, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Montilla Aguilera da por defendidas las enmiendas
números 31 a 47, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.

El señor Bel Accensi defiende las enmiendas números 57 a
65, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Pérez Navas defiende las enmiendas números 8 a 23
y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo
modificado por las enmiendas 67 y 69 a 71, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor
Fernández de Moya Romero.

En turno de portavoces intervienen la señora Leanizbarrutia
de Bizkarralegorra, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV), así como los señores Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió; Pérez Navas, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y Fernández de Moya Romero, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

6.1.2.Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley
Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos
políticos.

Comisión: Constitucional

2375

El señor Piñeiro García-Lago, presidente de la comisión,
presenta el dictamen.

Comienza el debate del articulado.

El señor Quintero Castañeda defiende las enmiendas números
4 a 6, presentadas por este senador y el señor Zerolo Aguilar, del Grupo
Parlamentario Mixto.

La señora Salanueva Murguialday defiende las enmiendas
números 11 a 15, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas
por el señor Eza Goyeneche, la señora Salanueva Murguialday y el señor
Yanguas Fernández.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas números
1 a 3, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por este
senador y el señor Mariscal Cifuentes.

La señora Pineda Balló defiende las enmiendas números 7 a
9, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Parera Escrichs defiende la enmienda número 16,
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Antich Oliver defiende la enmienda número 17,
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, el Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya y el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV).

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Vindel
López.

En turno de portavoces intervienen la señora Salanueva
Murguialday, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Zubia
Atxaerandio, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); las
señoras Pineda Balló, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya, y Parera Escrichs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió; así como los señores Antich Oliver, por el
Grupo Parlamentario Socialista, y Altava Lavall, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

6.1.1.Proyecto de Ley sobre saneamiento y venta de los
activos inmobiliarios del sector financiero (procedente del Real
Decreto-Ley 18/2012, de 11 de mayo). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA. (Votación.)

Comisión: Economía y Competitividad

2386

Se rechazan las enmiendas números 1, 2, 5, 6 y 7, del Grupo
Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por los senadores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, por 3 votos a favor, 143 en contra y 39
abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 3 y 4, del Grupo
Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por los senadores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, por 2 votos a favor, 152 en contra y 59
abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 24 y 25, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por 68 votos a favor, 144 en
contra y 1 abstención.

Se rechazan las enmiendas números 26 a 30, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por 62 votos a favor, 144 en
contra y 9 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 31, 39 y 42, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 71 votos a favor y 144
en contra.

Se rechazan las enmiendas números 32, 34, 35, 36 y 37, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 62 votos a favor
y 152 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 33, 38, 40, 41 y 43 a 47,
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 63 votos a
favor, 143 en contra y 8 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 50 a 56, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 6 votos a favor, 142
en contra y 65 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 57 a 65, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por 13 votos a
favor, 143 en contra y 58 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 8, 10, 12, 15 y 19, del
Grupo Parlamentario Socialista, por 70 votos a favor, 143 en contra y 1
abstención.

Se rechazan las enmiendas números 9, 13, 14, 17 y 20, del
Grupo Parlamentario Socialista, por 61 votos a favor, 152 en contra y 2
abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 11, 16, 18, 21, 22 y 23,
del Grupo Parlamentario Socialista, por 62 votos a favor, 143 en contra y
9 abstenciones.

Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista
de vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo
modificado por la enmienda número 67, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, por 63 votos a favor y 152 en contra.

Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista
de vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo
modificado por la enmienda número 69, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, por 63 votos a favor y 152 en contra.

Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista
de vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo
modificado por las enmiendas números 70 y 71, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, por 63 votos a favor y 150 en contra.

Se aprueba el resto del proyecto de ley por 153 votos a
favor y 65 en contra.

El señor presidente informa de que, tal y como dispone el
artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se
pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto
definitivo por S.M. el Rey.

6.1.2.Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley
Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos
políticos. (Votación.)

Comisión: Constitucional

2388

Se rechazan las enmiendas números 4 y 6, de los señores
Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto, por 6
votos a favor, 152 en contra y 57 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 5, de los señores Quintero
Castañeda y Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto, por 14 votos a
favor, 145 en contra y 56 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 1 a 3, del Grupo
Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, por 2 votos a favor y 212 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 11 a 15, del Grupo
Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por el señor Eza Goyeneche,
la señora Salanueva Murguialday y el señor Yanguas Fernández, por 4 votos
a favor, 208 en contra y 1 abstención.

Se rechazan las enmiendas números 7 y 8, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 2 votos a favor y 213
en contra.

Se rechaza la enmienda número 9, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por 2 votos a favor, 205 en contra y 8
abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 16, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por 71 votos a favor y 144 en
contra.

Se rechaza la enmienda número 17, del Grupo Parlamentario
Socialista, Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió,
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por 70 votos a favor y 144 en contra.

Se aprueba el proyecto de ley orgánica, por 215 votos a
favor y 3 en contra.

El señor presidente informa de que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley orgánica.

Se levanta la sesión a las dieciséis horas y cuarenta
minutos.

Página
2308

Transporte 2000/2007, que fue el propulsor de los avances
hacia la superación del aislamiento de Asturias. Todo lo que sea estancar
la ejecución y el término de estas grandes obras responde a decisiones
inaceptables que penalizan y marginan a nuestra tierra. Es muy urgente,
por lo tanto, la puesta en servicio de todos estos proyectos por una
cuestión de cohesión nacional de España y de justicia histórica regional
con Asturias, toda vez que los retrasos y las paralizaciones de estas
grandes obras inciden en el estrangulamiento de su crecimiento económico,
de la actividad y del empleo. Llegados a este punto, no estará de más
recordar que Asturias fue, lamentablemente, récord nacional de paro este
pasado mes de septiembre.

La moción insta al Gobierno a terminar definitivamente con
el aislamiento de Asturias, y a hacerlo además con urgencia, para
beneficio de nuestros ciudadanos y para el aprovechamiento de nuestra
industria y de nuestras empresas. También insta a que se revoque la
decisión tomada por el Consejo de Ministros por la que se eliminó la
financiación de infraestructuras en compensación del cese de actividad de
la minería del carbón, los denominados fondos mineros. Esta decisión
interrumpe de modo unilateral, y contrario a la ley, todos los proyectos
cruciales para el inmediato futuro de las cuencas y comarcas mineras. La
decisión del Gobierno de Rajoy supone un tremendo impacto negativo para
los intereses, perspectivas y desarrollo de los veintiún concejos mineros
y para todo el Principado de Asturias.

Hace unos días, la ministra de Fomento inauguró en Llanes
un recorrido de poco más de cinco kilómetros en una autovía que comenzó a
gestarse hace casi un cuarto de siglo. Es la muestra más evidente de lo
que hay. Cuando no está parada, la ejecución de las grandes
infraestructuras avanza lentísimamente mientras nuestra tierra se sume en
la decadencia, nuestros jóvenes emigran, nuestras industrias pierden
competitividad y la realidad socioeconómica de Asturias sitúa a nuestra
tierra rezagada, a la cola de España.

Por ello —y concluyo, señor presidente—,
reclamamos que el Gobierno actúe conforme a un mandato expreso de esta
Cámara para poner fin al aislamiento de Asturias; que no desperdicie ni
un solo día en finalizar la variante de Pajares y la autovía del
Cantábrico y que revoque, igualmente, su decisión de eliminar los fondos
que aseguraban la mejora de las infraestructuras en las cuencas y en las
comarcas mineras.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez
Oblanca.

Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Fernández Rozada, por
tiempo de cinco minutos.

El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Señor presidente, en nombre del
Grupo Parlamentario Popular, intentaré defender una enmienda de
sustitución a la moción del Grupo Mixto por un texto que el proponente
habrá analizado con mucha precisión. Tendrá ocasión así de conseguir el
mandato de esta Cámara, con nuestra oferta y con nuestro sincero
reconocimiento al esfuerzo parlamentario para intentar defender las
infraestructuras en el Principado de Asturias, nuestra querida
tierra.

Lo que ocurre es que llevamos dos caminos distintos, y es
una pena. Estos caminos que han divergido los hicimos juntos durante
muchos años el proponente y yo, en nombre del Grupo Popular, con
esperanza y convencimiento, creyendo en un Gobierno Popular, y, en
concreto en Mariano Rajoy, para intentar solventar los grandes y graves
problemas que acucian a Asturias en cuanto a infraestructuras, y
principalmente en tres de ellas: la variante ferroviaria de Pajares, la
autovía del Cantábrico en su tramo oriental y occidental, y los fondos
mineros.

No habrá nadie que pueda desmentir desde esta tribuna que
quienes actuamos en el Partido Popular ejerciendo nuestra responsabilidad
en defensa de Asturias durante los últimos treinta años hemos defendido
siempre la necesidad del desarrollo potencial y económico de Asturias,
consustancial con el desarrollo de esas infraestructuras. Y usted, señor
Martínez Oblanca, conoce muy bien cómo hicimos esa travesía juntos y cómo
durante años, acompañados por Izquierda Unida, nos abandonaron
precisamente los socialistas en la defensa de la variante de Pajares, que
nunca quisieron.

En la minería ocurrió lo mismo y ahora reclaman fondos.
Ellos fueron los que pusieron el límite al cierre precisamente para el
año 2018. Había mucho discurso que llevar adelante, pero hay uno que hoy
es claro: el hecho de que el Gobierno que entre 1996 y 2004 se preocupó
de Asturias, dedicando fondos mineros a un plan de desarrollo alternativo
de las comarcas, que fue alabado por los sindicatos mineros, y a unas
infraestructuras, la de la autovía del Cantábrico y la variante que se
pone en marcha en 2004,

para finalizarla en 2009, pero luego Zapatero dijo que en
2010 y ahora está en la situación que está, que es ajeno totalmente al
discurso político que usted mantiene aquí.

Nuestra coherencia nos lleva a seguir impulsando lo mismo,
a seguir creyendo en el trabajo en esta etapa difícil y dura de la
economía española, reconocida así por todos, y quien no quiera
reconocerlo que se tire al monte; pero si no se tira, tendrá que
reconocer que los pagos de los intereses de la deuda hacen que muchas de
las inversiones que podrían figurar en los presupuestos ahora no podrán,
de modo que hay que ser objetivos y aceptar que tenemos el presupuesto
que tenemos y que hay que priorizar; y en esa priorización, creo que
Asturias sale bien parada, situándose en el octavo lugar respecto a la
media de inversión en otras regiones.

Tengo para mí la completa seguridad de que, si analiza
nuestra enmienda, en la que planteamos continuar trabajando e impulsando
estas obras de la variante de Pajares, garantizamos la dotación
presupuestaria necesaria para la ejecución de esos tramos y priorizamos
tal como aconseja el sentido común en esta etapa, la aceptará. No
resolvemos nada culpando nuevamente al Partido Socialista de ser el eje
canalizador de esta deuda que ahora tenemos que pagar; se trata de
considerar que, con lo que tenemos, esta es la mejor posibilidad para
contar con la variante en el 2014, como dijo la señora ministra. Esto es
lo que pido, por el bien del Principado de Asturias.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández
Rozada.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de
sus enmiendas, tiene la palabra el senador Fernández Ortega, por tiempo
de cinco minutos.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, tanto en el debate sobre la interpelación como en
la intervención del señor Martínez Oblanca al presentar la moción, se ha
venido dedicando más tiempo a descalificar la gestión del Gobierno
socialista de España durante los últimos años que a propiciar inversiones
para seguir construyendo el futuro del Principado de Asturias.

El Grupo Socialista no comparte ni la argumentación del
Foro ni la del Partido Popular, en el turno de portavoces me extenderé
sobre este punto. Tampoco compartimos la propuesta de resolución de esta
moción, y por eso hemos presentado cinco enmiendas, con el objetivo de
mejorar el contenido del acuerdo de esta Cámara.

El Grupo Socialista considera estratégico para Asturias la
variante ferroviaria de Pajares, pero también considera estratégico para
el Principado el transporte de mercancías. Por eso hemos presentado una
enmienda al primer guión del punto 1, en el sentido de que se licite la
superestructura de esta variante, pero que se haga dotándola de la
solución técnica adecuada que garantice el tráfico mixto fundamental y
estratégico para el territorio de Asturias.

Proponemos también modificar el texto del segundo guión,
para urgir al Gobierno a licitar la redacción del proyecto constructivo
León-La Robla, con una redacción que consideramos más acertada en lo que
se refiere a la finalización del estudio informativo de la llegada de la
alta velocidad desde Lena hasta Oviedo, Gijón y Avilés, pidiéndole al
Gobierno de España que someta a la consideración del Principado de
Asturias el estudio informativo antes de que se liciten los
proyectos.

Igualmente, proponemos la eliminación de la parte final del
guión tercero, que persigue únicamente, como la mayor parte de las
intervenciones que he señalado anteriormente, la descalificación del
Gobierno socialista; Gobierno que ha ejecutado las mayores inversiones en
ferrocarril de la historia de Asturias, un hecho que la derecha pretende
negar, afirmando que lo que ha hecho el Gobierno socialista es
paralizarlas. Siete millones de euros se invirtieron en el AVE a Asturias
durante los años 2002 a 2004, con Cascos como ministro de España, y 2600
millones se han invertido durante los Gobiernos socialistas. El Grupo
Socialista ha defendido, y mantiene como mejor opción para resolver los
problemas de tráfico en la N-634, a la altura de El Bao, la finalización
del tramo de la A-8 Otur-Villapedre. Lo que proponemos con nuestra
enmienda es instar al Gobierno del Partido Popular a garantizar la
financiación suficiente para que finalice el próximo año la obra en este
tramo de la autovía del Cantábrico.

Y como última enmienda, proponemos licitar ya la obra de
acceso al puerto de El Musel, en Gijón; una obra de la que se habían
olvidado en la moción del proponente, y que nosotros queremos que se
recoja explícitamente, ya que el proyecto de acceso por Jove está
elaborado. La inversión de Puertos del Estado ha caído en Asturias,
señorías, un 80 % entre 2011 y 2013, y con esta enmienda tenemos la
oportunidad

de pedirle al Gobierno de España que enmiende los
Presupuestos Generales del Estado para 2013 e invierta en los accesos al
puerto de El Musel.

Quiero señalar que el Gobierno socialista de Asturias ha
mantenido el recurso de inconstitucionalidad contra el acuerdo del
Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2011, que elimina la
financiación de las infraestructuras en compensación por el cese de la
actividad minera del carbón. Por nuestra parte, apoyamos expresamente la
solicitud de que estos fondos vuelvan a estar a disposición del
Principado.

Compartimos las enmiendas que presenta Izquierda Unida, que
van en el mismo sentido que las que propone el Grupo Socialista, e
incluso coinciden en algún punto, y consideramos que las del Partido
Popular no dejan de ser generalidades sin concreción ni compromiso
cierto.

El Grupo Socialista reivindica el compromiso y los avances
en las infraestructuras con los que ha contado Asturias durante los
Gobiernos socialistas de Zapatero. El volumen de las inversiones de los
Gobiernos socialistas ha doblado las de los Gobiernos del Partido
Popular. El avance en infraestructuras en el Principado en siete años de
Gobierno socialista ha supuesto la construcción y puesta en servicio del
mayor número de kilómetros de autovía en la historia de Asturias, la
ejecución en más de un 90 % de los túneles de la variante de Pajares, que
es la obra ferroviaria más importante para la cuestión territorial, y la
conexión de Asturias con el resto de España; también se ha abordado la
modernización del aeropuerto de Renón y la ampliación y modernización de
los puertos de El Musel, en Gijón, y de Avilés.

Por tanto, vamos a votar en contra de esta moción,
subrayando que rechazamos la argumentación casquiana del señor Martínez
Oblanca y la orwelliana de la señora Pastor y del Partido Popular, que se
empeñan en borrar la historia y reescribirla para eliminar la inversión y
la apuesta por el desarrollo de Asturias de los Gobiernos
socialistas.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández
Ortega.

Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el
senador Iglesias, por un tiempo de cinco minutos.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Comparto en términos generales la moción, aunque he
formulado enmiendas que pretenden concretar alguno de sus extremos, yendo
más allá de los planteamientos que en la misma se formulaban.

En la intervención de la señora ministra en el debate sobre
la interpelación detecté lo que llamaríamos en Asturias síndrome del
ministro de Fomento. Igual que se habla desde hace tiempo del síndrome de
La Moncloa, el presunto aislamiento al cabo de muy poco tiempo de quien
accede a la presidencia del Gobierno, en Asturias, un ministro de Fomento
tras otro, una ministra de Fomento tras otra, hemos venido oyendo
argumentos que se repiten y que la realidad después, tozuda, desmiente.
Durante los últimos años, durante los últimos Gobiernos, quien accede a
esta responsabilidad mira a Asturias y ve que los asturianos, según su
interpretación, no le entienden; que los asturianos somos bastante
desagradecidos, puesto que, a pesar de los esfuerzos inversores de que
nos dice hablan, sostenemos con firmeza nuestras reivindicaciones y nos
sentimos de alguna manera agraviados.

Creo que no se puede pensar que los asturianos somos
desagradecidos. Hay que tener en cuenta que llevamos treinta años
esperando que la variante de Pajares se convierta en una realidad, y nos
quedan como mínimo tres años más de espera; que llevamos veinticinco años
esperando que la autovía del Cantábrico —ahora, al parecer, gusta
llamarla Transcantábrica— concluya también todos sus tramos, y nos
quedan también, como mínimo, otros dos o tres años.

No se trata de argumentar con agravios comparativos. Es
incuestionable que el noroeste no ha sido prioritario en cuanto a
inversiones en infraestructuras, pero también es cierto que Asturias fue
prioritaria para otras inversiones. En tiempos en los que se planificaba,
aunque no de forma democrática, Asturias fue el destino de las
inversiones de las empresas públicas. Los asturianos no tuvimos
participación en esas decisiones. Hoy, las infraestructuras que entonces
se construyeron en otros territorios, ahí siguen. Por desgracia, las
empresas públicas ya no están en Asturias: la siderurgia, que llegó a
tener más de 20 000 trabajadores, hoy está privatizada y apenas reúne
7000; la minería, que llegó a tener casi 30 000 trabajadores, agrupa hoy
en torno a 3000, y seguimos sin que esas infraestructuras se
concluyan.

La moción es en términos generales compartible, insisto,
pero la enmiendo, en primer lugar, para salir del debate político en
torno a las características técnicas de la vía de esa variante. La
variante lleva como una especie de maldición bíblica el haber sido objeto
de discrepancia y de enfrentamiento político, y eso no ha ayudado en
ningún momento a su desarrollo. Evitemos ahora otro debate político que
sea motivo

de nuevos retrasos. En mi grupo pensamos que no tiene
sentido una variante de Pajares solo para el tráfico ferroviario de
viajeros. Se podría —hipotéticamente, en tiempos de bonanza
económica— haber hecho otro túnel, dentro del modelo de variante
para las mercancías. No se hizo así, y hoy es imposible, hoy no tiene
sentido, y la rentabilidad social de esa inversión exige el tráfico de
mercancías; tráfico de mercancías al servicio de la industria asturiana,
tráfico de mercancías como complemento imprescindible de los puertos de
nuestra comunidad autónoma. Sacar las mercancías por Pajares, con las
curvas y pendientes de su trazado, imposibilita un tamaño de tren de
mercancías rentable, y supondría por tanto propiciar de nuevo un tapón en
el tráfico de mercancías en nuestra comunidad autónoma.

La segunda enmienda pretende reforzar el compromiso con la
autovía del Suroccidente: que en 2013 se reanuden los trabajos de esta
—que padecen, además, las consecuencias de los recortes de los
fondos mineros—, como otra de las inversiones que hay en esa zona
suroccidental de Asturias; una zona que padece un nivel de desarrollo
inferior y que va a padecer con intensidad la desaparición de la
actividad minera; me estoy refiriendo al Parador Nacional de Cangas de
Narcea. Por fin, se propone también en esta enmienda que se prolongue la
autovía del Occidente hasta Cangas de Narcea, para potenciar las opciones
de desarrollo de estas comarcas.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Para explicar si acepta o no las enmiendas presentadas,
tiene la palabra el senador Martínez Oblanca, por tiempo de cinco
minutos.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor
presidente.

Como usted recordaba antes, se han presentado a esta moción
ocho enmiendas, de las que cinco corresponden al Grupo Parlamentario
Socialista, dos son del senador de Izquierda Unida Jesús Iglesias
Fernández, y una del Grupo Parlamentario Popular, con cuatro puntos de
sustitución.

Comenzaré por el Grupo Parlamentario Socialista, que con su
bloque de enmiendas reedita las posiciones políticas que mantiene desde
hace muchos años sobre las grandes obras de infraestructuras viarias y
ferroviarias en Asturias. En la primera enmienda vuelven al tráfico
mixto; o sea, ustedes, que durante dos décadas votaron sistemáticamente
en el Congreso de los Diputados y en el Senado en contra de la variante
de Pajares y en contra de la llegada de la alta velocidad, vuelven a
sacar el ancla que ha impedido que Asturias tenga hoy infraestructuras
dignas del siglo XXI. Y frente al ancla socialista, está la Directiva
europea sobre alta velocidad, que distingue entre ferrocarril de alta
velocidad y ferrocarril convencional. Por eso queremos, para que no haya
dudas, para no aplicar los eufemismos de las altas prestaciones
socialistas, que Asturias tenga alta velocidad. No queremos fórmulas
confusas ni caer en esas estrategias que, bajo el camuflaje de la
estrategia del transporte de mercancías, aspira a dar continuidad a los
intereses monopolísticos de Renfe, con su ancho ibérico y el transporte
cautivo de mercancías. Por lo tanto, rechazamos esta enmienda.

Rechazamos también la enmienda que el senador Iglesias
presenta para reclamar las soluciones técnicas que mejor garanticen la
compatibilidad del transporte de viajeros y el de mercancías. Para el
Foro es irrenunciable que a Asturias llegue la alta velocidad con vía de
ancho internacional, trenes de primera generación y tráfico de pasajeros
segregado del tráfico de mercancías; es decir, pedimos exactamente lo
mismo que se incluía en el Plan de Infraestructuras y Transporte
2000-2007.

Continuando con las enmiendas socialistas, tampoco
aceptamos la número dos. Creo, además, que hay un problema de redacción.
En todo caso, nos parece necesario que se liciten y adjudiquen este mismo
año, 2012, los proyectos que garanticen la llegada de la alta velocidad
desde Pola de Lena hasta Oviedo, Gijón y Avilés. Señor Fernández Ortega,
tienen los socialistas muy poquito crédito en este tema, o ninguno. No
tienen ningún crédito. (El señor Martínez Oblanca muestra a la Cámara
diversos documentos.) Zapatero garantiza que las grandes obras públicas
estarán finalizadas en 2010. Nada. Zapatero afirma que la alta velocidad
conectará Asturias y Madrid en 2009. Nada. Tienen ustedes nulo crédito,
señor Fernández Ortega, en esta cuestión.

Rechazamos igualmente la enmienda en la que el Grupo
Parlamentario Socialista propone suprimir la expresión «paralizadas por
el Gobierno anterior», porque fue efectivamente el Gobierno anterior el
que paralizó la integración del ferrocarril en Gijón y en Avilés. Ahí
tienen como prueba los terrenos liberados del humedal gijonés, dando
matos y escayos como prueba de parálisis. O el monumental fiasco que ha
supuesto para los avilesinos y para sus proyectos de futuro la supresión
de esa integración ferroviaria y, por tanto, la caída de la denominada
Isla de la Innovación.

Tampoco aceptamos la enmienda socialista que propone
priorizar el tramo Trubia-Pedre, porque la prioridad para el Foro es
terminar, no uno, sino los cuatro tramos de la A-8, autovía del
Cantábrico; es decir, concluir en 2013 esta autovía, incluido ese tramo,
el otro de occidente y los dos subtramos entre Unquera y Llanes, para
completar la red periférica peninsular de autovías y superar, casi
veinticinco años después, el modelo radial.

Aceptamos la enmienda socialista número 5 porque,
efectivamente, y como señalé en la interpelación a la ministra de
Fomento, hay que dotar al puerto de El Musel de accesos, una vez
completada la gran obra de ampliación. Solamente un matiz, señor
Fernández Ortega: no hay accesos porque, desde que se firmó el convenio
en diciembre de 2005, hace casi siete años, no se hizo absolutamente
nada. Por tanto, nos parece bien. ¿Cómo no nos va a parecer bien la
enmienda socialista para aplicar con urgencia la licitación de estas
obras de accesos al Musel?

Y llegamos al Grupo Popular. Rechazamos la oferta de cuatro
puntos realizada por el Grupo Popular porque creemos que son una sucesión
de pretextos que excluyen intencionadamente el tema de las
infraestructuras con cargo a los fondos mineros eliminados por el Consejo
de Ministros. Ya sabíamos que el Gobierno de Rajoy está en contra de la
minería, contra las comarcas y las cuencas mineras, y sobre todo se ha
venido ratificando desde el 30 de diciembre hasta esta fecha del año
2012. Ahora, con esta enmienda también sabemos que el Partido Popular
renuncia a la posición política que mantuvo durante tres décadas en
relación con las infraestructuras en las Cortes Generales, una posición
política que les llevó a presentar múltiples iniciativas en el Congreso y
en el Senado para sacar a Asturias de su aislamiento. Y ustedes ahora han
renunciado a ese genuino patrimonio político, aunque sea machacando las
grandes necesidades de Asturias. Doce años después de poner en marcha el
Plan de Infraestructuras 2000-2007 recuperan hoy los mismos argumentos
que los socialistas utilizaron durante sus años de Gobierno. Dicen
ustedes en su enmienda: …continuar impulsando las obras de la
variante de Pajares. ¡Pero si las han paralizado durante 2012!

El señor PRESIDENTE: Senador Martínez Oblanca, ha terminado
usted su tiempo en el turno de aceptación de enmiendas. Entramos en turno
de portavoces. Tiene usted seis minutos a compartir con el senador
Iglesias.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muy bien. Muchísimas gracias.
Los utilizaré entonces.

Decía que han paralizado las obras durante 2012 y quieren
ir al ralentí en 2013 en la variante de Pajares. Esta enmienda del Grupo
Popular no es, señor Fernández Rozada, un ejercicio de coherencia; es un
engaño de tomo y lomo. Para calibrar el grado de esta mofa, permítame que
lea textualmente las declaraciones de un portavoz del Partido Popular
que, en julio de 2010 —hace dos años—, reclamaba: …una
movilización de la sociedad asturiana para que el recorte de Fomento no
afecte a Asturias. Repito: una movilización. Y continuaba: El anuncio de
nuevos retrasos o suspensiones de obras, como el AVE de Lena a Gijón,
supondría una tremenda burla para Asturias. No le resultarán desconocidas
esas frases. Son suyas, señor Fernández Rozada.

Ya se conocía cuál era el grado de burla a Asturias con los
primeros presupuestos del Gobierno de Rajoy, y durante estos días se
intuye el grado de burla con los que ya están en tramitación para 2013,
que suponen la consolidación del hachazo a los intereses de la región y
suponen también la discriminación con Asturias; y se alcanzan grados de
injusticia histórica cuando hablamos de la variante de Pajares, para la
que el proyecto presupuestario para 2013 reserva 180 millones de euros
para el AVE de Asturias, mientras que destina 1114 millones de euros para
Galicia. O cuando vemos que los planes de integración del ferrocarril en
Gijón y Avilés se aparcan y que para la estación de Vigo aparecen 70
millones de euros para licitar urgentemente este año.

¿Esta es la equidad con la que gobierna Rajoy? ¿Este es el
trato equitativo con las diferentes partes de España? ¿Le parece a usted
que esto es una prioridad? ¿Para quién? ¿Para quién es esa prioridad?
Para Asturias, desde luego, no. La engañifa en forma de enmienda del
Grupo Popular va en contra de las infraestructuras de transporte de
Asturias y, junto con el rechazo a los fondos mineros, les despoja de la
máscara tras la que se camuflaron en las campañas electorales.

Nosotros rechazamos estas mascaradas porque hablamos de la
grandísima prioridad que para Asturias es poder superar cuanto antes esta
etapa histórica terrible, en la que estamos bordeando los 100 000
parados, en la que los jóvenes continúan emigrando en masa y en la que la
población es la más envejecida de Europa. Y la aportación del Partido
Popular para solucionar estos problemas consiste en profundizar en la
marginación, en la discriminación y en el olvido a Asturias. En toda
España echan

chispas, menos en el Partido Popular asturiano, que asiste
presupuestariamente complacido a que la alta velocidad se retrase otro
año más, a que no se mencione un solo compromiso para llevarla a Oviedo,
Gijón y Avilés, a que se avance tramito a tramito en la autovía del
Cantábrico, a que la autovía del suroccidente siga paralizada, a que en
El Bao se perpetúen el peligro y el bochorno o a que los accesos
portuarios para El Musel o para Avilés sigan sin afrontarse.

En 2012, con el Gobierno del PP, Asturias sigue como en
2011 con el Partido Socialista. Seguro que esta vez nadie va a clamar en
Asturias para que la sociedad se movilice.

Sería de ilusos creerse el pretexto de la falta de recursos
para las obras paralizadas y ralentizadas en Asturias, cuando en otras
comunidades se multiplican por diez, señor Fernández Rozada, las
inversiones en infraestructuras. ¿Tiene explicación la desigualdad en el
trato, la insolidaridad presupuestaria entre territorios y la falta de
equidad con Asturias? Mírese por donde se mire, el Gobierno de Mariano
Rajoy está hundiendo todavía más en la decadencia a Asturias a base de
medidas insolidarias con el carbón, la industria, la cultura o el campo
asturiano y, en definitiva, también con la calamitosa situación de
parálisis y retrasos de nuestras infraestructuras, lo que retrata con
precisión el fraude y la falta de compromisos de este Gobierno con los
asturianos.

Nada más. Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

¿Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado?
(Denegaciones.) No hace uso de la palabra.

¿Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya? (Denegaciones.) Tampoco.

¿Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió?
(Denegaciones.) Tampoco.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, el senador Fernández
Ortega tiene la palabra.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señor presidente.

Señorías, en este debate nos movemos entre un discurso
nacionalista asturiano casquiano —solo hubo un ministro dios de las
infraestructuras, y fue el señor Álvarez-Cascos— y un discurso de
la derecha kafkiano, que raya el absurdo. Entre el empeño de engrandecer
a Cascos y el de desacreditar al Gobierno socialista, al resto de la
Cámara nos va a quedar la sensatez y el rigor.

En el Grupo Socialista discrepamos del planteamiento del
senador Martínez Oblanca y discrepamos también de los objetivos que dice
haberse propuesto con esta iniciativa. Los Gobiernos socialistas
apostaron por la cohesión y por el equilibrio territorial de toda España,
en particular, para Asturias, que recibió las mayores inversiones de su
historia, que duplicaron las del Partido Popular con Cascos y sin Cascos,
con Pastor y sin Pastor. Las inversiones importantes en Asturias las han
hecho Gobiernos socialistas, como en todo el territorio de España
(Aplausos.), inversiones que permitieron abrir más kilómetros de autovía
por año que nunca en su historia y avanzar en la obra más importante para
Asturias en infraestructuras, que es la variante de Pajares para
ferrocarril. Y queda sobre este estrado el reto para el Partido Popular
de que sea capaz de mantener el nivel de inversión en Asturias de los
Gobiernos socialistas.

Fíjese, señor Martínez Oblanca, le voy a dar datos que no
admiten discusión, que corresponden a certificaciones de obras de
Asturias liquidadas por la Intervención General del Estado. Con Cascos,
la inversión en carreteras de Asturias alcanzó la cifra de 682,49
millones, y con la siguiente ministra socialista —no digo con todos
los Gobiernos, sino con la siguiente ministra socialista—, el
doble: 1117,12 millones. Y son datos liquidados. Nada de licitados ni de
adjudicados, liquidados. Son datos muy contundentes de la Intervención
del Estado sobre qué Gobierno ha invertido en Asturias, que también nos
dicen que en los ocho años de Gobierno de Aznar se invirtieron 890,08
millones, y que desde 2004 hasta 2010 —no tenemos todavía los datos
de 2011, pero con seis años la cifra es suficientemente evidente—
se invirtieron en carreteras en Asturias 1339,72 millones
—liquidados, insisto—. Esto, para que tengamos claro cuáles
son los datos y para que nadie en esta Cámara vuelva a decir que es la
derecha la que ha apostado por Asturias. Son datos que tiene el Gobierno
y que puede comprobar.

Ya les digo que su discurso es casquiano, porque usted nos
pone como modelo al señor Cascos y descalifica y niega la inversión
socialista. Pero los datos son tremendos.

Decía usted que no se finalizan obras por los Gobiernos
socialistas. Pues mire, se invirtieron en veinte tramos de la autovía A-8
y dieciséis se finalizaron, luego algo sí se termina. A mí me parece que
ya quisiéramos finalizar dieciséis tramos en muchos otros territorios de
este país, incluido el mío, que también tiene una autovía periférica sin
terminar, como otros muchos, pero que con los Gobiernos socialistas tuvo
la inversión más importante de su historia, como la ha tenido Asturias.
Quedan cuatro tramos por terminar

en la A-8, de los que tres están previstos para el próximo
año y uno, este, lo cual quiere decir que se hizo una inversión muy
importante. Les decía que los Gobiernos socialistas han invertido en
veinte tramos de la A-8 pero también en doce de la A-64 y en tres de la
A-66.

Y en paralelo tenemos el discurso kafkiano, el del Partido
Popular. Señorías, a pesar de la crisis, los Presupuestos Generales para
el 2011 recogían una inversión de 475 millones, y nueve meses después ya
vamos por 380 millones, con una caída del 20 %. Y ya veremos si estos
presupuestos, como los del 2012, a la semana de aprobarse no son papel
mojado y las inversiones se quedan en nada, como se han quedado las del
2012. La licitación en Asturias ha caído un 98 % de 2011 a 2013, y eso no
son recortes sino hundir la economía del Principado. Repito, la
licitación ha caído un 98 %. Señorías, fíjense en el dato de licitación
en los ocho primeros meses del año del Gobierno de la derecha en
Asturias. Anoten la cifra, porque es difícil de escuchar —no de
oír, porque es cortita— sin sonrojarse: 2,2 millones de euros de
licitación del Gobierno de la derecha en ocho meses en Asturias. ¡Pero,
hombre, si eso lo licita hasta un ayuntamiento pequeño! ¿De qué me están
hablando? ¿Qué inversión está haciendo la derecha en Asturias? Y en
cuanto al discurso casquiano, tengo que decirle que estos mismos datos
dan que en los cinco meses en que gobernó el señor Cascos en el año 2012
en Asturias hubo 1,6 millones de licitación. (Rumores.) Así es que, a las
cifras me remito para decir quién apuesta, por qué territorio y cómo lo
hace.

Se me acaba el tiempo, pero quiero resaltar que las
inversiones han sido en carreteras, en ferrocarril, en puertos y en
aeropuertos. Y el Gobierno socialista ha apostado por la modernización de
Asturias como no lo ha hecho ningún otro Gobierno.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández
Ortega.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el
senador Fernández Rozada.

El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor
presidente.

Al portavoz socialista, señor Fernández Ortega, de quien
tuve interés en conocer dónde había prestado sus valiosos y eficaces
servicios políticos, que los ha hecho en Granada, digo que a él y a
ustedes se les nota el desconocimiento que tienen sobre una realidad, la
asturiana, con lo cual devalúan el intento de un debate riguroso y serio.
(Rumores.—Aplausos.) Tiene el Grupo Parlamentario Socialista
también eficientes y valiosos senadores por Asturias, en este caso
representados por quien fue presidente del Principado, el señor Areces,
quien seguro consideraba un tanto raro el oír un discurso sobre su región
tan alejado de una realidad palpable como es la asturiana. (Rumores.) Los
temas de Asturias o se viven y se sienten o no sirven de nada. Y usted no
puede venir desde Granada, por mucha información que le hayan dado
—y legítimamente la tiene—, a querer darnos lecciones de lo
que durante los últimos treinta años hemos hecho y trabajado por Asturias
cuando las chuletas que le pasan no se corresponden con la realidad del
cumplimiento de los objetivos en el programa socialista. (Aplausos.) Esto
es así.

Es una pena que no tengamos tiempo para poder decirle que
usted está aquí ahora con un discurso y olvida que otros llevamos en
estas mismas Cámaras veinticinco años antes trabajando por conseguir
(Rumores.) la variante ferroviaria de Pajares y que su partido, tanto
aquí, en el Senado, como en el Congreso votó sistemáticamente que no
quieren la variante ferroviaria de Pajares. Se han quedado solos, y ahora
resulta que vienen y enmiendan al Grupo Mixto diciendo que quiten esa
alusión a:…paralizados por el Gobierno anterior, que es un dato
objetivo, para meternos a exigir impulsar, licitar y hacerlo ahora. Con
discursos así no se contribuye a la realidad mediática de la situación
que vivimos en Asturias. Por eso yo le digo que las infraestructuras en
el Principado son una cuestión de querer verlas desde el sentido común. Y
yo lo sigo diciendo: no estamos ante el análisis de unos presupuestos
expansivos. Desgraciadamente, nos toca vivir una etapa de presupuesto
restrictivo, y ustedes saben muy bien por qué. Todos nos calentamos la
boca durante años viendo qué región tenía más; subimos tanto, alcanzamos
una inversión de más de un 4 % respecto de la anterior. Pero, querido
señor Fernández, ustedes nos han llevado a una situación en la que un
mínimo análisis riguroso nos lleva a entender que tenemos que cumplir el
compromiso de un déficit al que nos han llevado a través de una deuda tan
insoportable que hace que los intereses de la deuda vayan, no a acumular
las posibles inversiones que podríamos tener para acelerar la
finalización de las infraestructuras, sino a pagar la nefasta gestión,
negando la crisis, que durante tantos años y ante tantos españoles han
puesto ustedes de manifiesto. (Aplausos.)

Por eso, para nosotros, en el cumplimiento del déficit, en
el rigor y en la seriedad de las políticas reformistas que Rajoy está
llevando a cabo está la esperanza de un doble cumplimiento: la creación
de una política económica garante de la creación de empleo, que es la que
hace crecer al país; en ese

objetivo estamos y, al mismo tiempo, no perdemos el de
priorizar infraestructura, que bien que nos gustaría que fuese más
acelerada y rápida si debiésemos menos de lo que debemos gracias a la
política que han llevado en los últimos ocho años de Zapatero. Y conjugar
ambas cosas no es fácil.

Por eso trato de llevar al convencimiento del señor
Martínez Oblanca de que la enmienda que nosotros presentamos es realista,
objetiva, capaz de entender que hemos luchado por el mantenimiento de la
minería con pruebas evidentes y planes que fueron por todos reconocidos,
y ahí está la defensa del carbón por parte del propio Mariano Rajoy, pero
que no es menos cierto que nosotros en la variante ferroviaria y en los
tramos…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor FERNÁNDEZ ROZADA: …del oriente y el
occidente de nuestras infraestructuras tenemos una vocación política,
garantizada por nuestra historia en la defensa de las infraestructuras en
Asturias, que nos permite poder decir aquí, con toda claridad, que
seguimos luchando para que esto se pueda conseguir. Fue imposible durante
los años del Partido Socialista, pero con el Partido Popular en dos o
tres años estarán finalizadas las infraestructuras, que son las garantes
de que en Asturias podamos competir con otras regiones y dejemos de estar
penalizados en relación con otras comunidades.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Por eso, señorías, yo creo que
ante un presupuesto coherente con la política económica del Gobierno, con
una austeridad...

El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, porque ha excedido
el tiempo sobradamente.

El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Termino, señor presidente.

Con una austeridad en el gasto corriente y con la
realización de las infraestructuras prioritarias, nuestros compromisos
con Asturias siguen vigentes y estamos dispuestos a seguir trabajando por
ellos.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández
Rozada.

Llamen a votación. (Pausa.)

Por favor, cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción consecuencia de interpelación
del senador Martínez Oblanca, con la incorporación de la enmienda número
5 del Grupo Parlamentario Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 223; a favor, 2; en contra, 205; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Abran las puertas.

5. MOCIONES

5.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 231/2008, DE 15 DE FEBRERO, POR EL QUE SE
REGULA EL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO.

(Núm. exp. 662/000039)

AUTOR: GPP

El señor PRESIDENTE: Punto quinto del orden del día:
Mociones. (Rumores.)

Silencio, por favor, señorías. (Pausa.)

Repito. Punto quinto de orden del día: Mociones.

Moción del Grupo Parlamentario Popular por la que se insta
al Gobierno a la modificación del Real Decreto 231/2008, de 15 de
febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo.

A esta moción se han presentado dos enmiendas, una del
Grupo Parlamentario Convergència i Unió y otra del Grupo Parlamentario
Socialista. (Rumores.)

Señorías, yo no tengo ninguna prisa. (Pausa.)

Muchas gracias.

Para la defensa de la moción tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, la senadora Riolobos, por tiempo de
quince minutos.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, quiero, en primer lugar, saludar a las
asociaciones de consumidores que nos acompañan esta mañana en la tribuna.
(El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

Intervengo en nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario
Popular, para defender una moción por la que instamos al Gobierno a
modificar el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se
regula el Sistema Arbitral de Consumo. Con esta modificación pretendemos
pedir al Gobierno que haga tres cosas: en primer lugar, simplificar y
racionalizar la composición y funcionamiento del sistema arbitral; en
segundo lugar, flexibilizar la designación de los órganos arbitrales y
clarificar los requisitos para su acreditación, y en tercer lugar,
adecuar los plazos previstos en el procedimiento administrativo a seguir
de las juntas arbitrales, de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Como ustedes saben, señorías, el artículo 51 de la
Constitución insta a los poderes públicos a garantizar la defensa de los
consumidores, protegiendo fundamentalmente tres cosas: su seguridad, su
salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. A lo largo de
los últimos años el Sistema Arbitral de Consumo, que es un procedimiento
para solucionar las controversias que pueden surgir entre consumidores,
empresarios o profesionales sin necesidad de acudir a los tribunales, se
ha utilizado de una forma profusa. Todo esto, por supuesto, teniendo en
cuenta la regulación, como decíamos antes, de la Ley 60/2003, de 23 de
diciembre, de Arbitraje, y el Real Decreto 231/2008, que ahora proponemos
que el Gobierno modifique, y también teniendo en cuenta, lógicamente, la
Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora la protección de los
consumidores y usuarios, y el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre, que aprobó el texto refundido de la Ley General de defensa de
los consumidores y usuarios, en cuyos artículos números 57 y 58 se
contempla el tema del arbitraje.

¿Por qué consideramos que es necesario modificar este real
decreto y hacerlo cuanto antes? Porque entendemos que el Sistema Arbitral
de Consumo, tal cual ha funcionado en los últimos años, pretendiendo
llegar a soluciones amistosas en los conflictos y en los problemas que
han surgido, fundamentalmente entre comerciantes, proveedores de
servicios y consumidores, ha tenido un buen impacto y un alto nivel de
protección para los consumidores, pero es necesario avanzar, porque con
lo que se ha hecho hasta ahora realmente no se contemplan muchas de las
cuestiones que han cambiado en la relación que existe en este momento
entre consumidores, empresarios y prestadores de servicios.

¿Qué ventaja tiene este Sistema Arbitral de Consumo? Una de
las ventajas más importantes ha sido la rapidez en la resolución de los
conflictos; fundamentalmente, el plazo máximo de resolución de un
conflicto, en este caso sin necesidad de acudir a los tribunales, es de
seis meses. Otra de las grandes ventajas es la eficacia, ya que mediante
una resolución arbitral de un laudo, prácticamente en un tiempo récord,
sin necesidad de acudir a los tribunales, se puede llegar a un acuerdo
entre consumidores y usuarios y los empresarios o prestadores de
servicios. Y además tiene una gran ventaja económica, ya que acudir a
este sistema es totalmente gratuito para los consumidores, excepto que
tuviera que practicarse algún peritaje o alguna prueba pericial.

¿Por qué decíamos que a pesar de lo bien que ha funcionado
el sistema arbitral es necesario hacer un cambio y hay que tener en
cuenta que es importante que el ministerio en este momento está
trabajando, junto con las comunidades autónomas y las asociaciones de
consumidores, para que esto sea así? Porque la relación entre los
consumidores y usuarios y los empresarios y proveedores de servicios ha
cambiado mucho en los últimos años, y además estos cambios se han hecho
de una forma absolutamente agilizada y espectacular. Se han incrementado
también las reclamaciones que han ido dirigidas al Sistema Arbitral de
Consumo; de hecho, por ejemplo, en los últimos años estamos hablando de
una resolución de alrededor de 100 000 procedimientos cada año, algo que
es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que se hace con el
mínimo coste económico para los usuarios y consumidores y con un coste
económico prácticamente cero también para las empresas.

En este momento, en un momento de crisis económica en
nuestro país, pensamos que cualquier medida, cualquier reforma de
carácter administrativo o legal que contemple la reducción de costos es
algo muy importante. Por eso nos parece que esta moción está muy
justificada, teniendo en cuenta que cada vez son más complicados algunos
de los trámites administrativos que se llevan a cabo en el funcionamiento
del sistema arbitral. Además de esto, en los últimos años ha proliferado
mucho la complejidad de los

sistemas de contratación entre usuarios, consumidores y
empresas y, desde luego, la utilización de las nuevas tecnologías es ya
casi una obligación en todas las administraciones, especialmente en un
tema que se podría resolver vía telemática o vía electrónica en lugar de
hacerlo a través de la comparecencia ante los árbitros individuales o en
el Sistema Arbitral de Consumo. Asimismo, el comercio electrónico, que
está creciendo de una forma exponencial en los últimos años, está
haciendo que cada vez haya más transacciones que son transfronterizas, no
solamente con países de la Unión Europea sino con otros países del mundo.
Por eso es importante esta modificación legislativa que pedimos que ponga
en marcha el Gobierno.

Además de esto, hemos de tener en cuenta —y con esta
reforma nos anticiparíamos a lo que está poniendo en marcha en este
momento la Unión Europea— que la Comisión ha obligado a que se
ponga en funcionamiento una nueva directiva y un reglamento de cómo
pueden funcionar los órganos extrajudiciales para la resolución de
conflictos entre consumidores y proveedores de servicios de distintos
países miembros.

En resumen, lo que pretendemos con esta modificación que
pedimos al Gobierno es que el Sistema Arbitral de Consumo sea más
práctico, más eficaz, más barato, más rápido y, sobre todo, más justo,
porque es más rápido, más barato, más eficaz y, sobre todo, más
sencillo.

La argumentación que podríamos utilizar para defender las
tres partes del petitum de la moción es la siguiente: en primer lugar,
pedimos que se simplifique y se racionalice el Sistema Arbitral de
Consumo. En este momento la estructura es, en algunos casos, bastante
compleja y hay veces que para la resolución de un conflicto a través del
sistema arbitral o, incluso, a través de una simple mediación, cuesta más
poner en marcha esa estructura que la cantidad que se quiere resolver.
Estamos hablando de que muchas veces se trata de conflictos en los que un
consumidor o el usurario de un servicio pide una reclamación de 50, 100 o
150 euros y emprender un sistema arbitral o una mediación puede costar
tres o cuatro veces más. Por eso, entendemos que todo lo que sea
simplificar estos procedimientos va a ser bueno para resolver algo que
también es un problema en las juntas arbitrales: la saturación de
petición de demandas por parte de los consumidores. Además, creemos, como
les decíamos antes, que al haberse iniciado el comercio electrónico y
tener en este momento un crecimiento tan extraordinario, las
reclamaciones transfronterizas van a incrementarse de una forma
importante. Por eso, simplificar los trámites y potenciar que haya un
árbitro único en lugar de que se tengan que reunir permanentemente las
juntas arbitrales o que las actuaciones se tengan que hacer de forma
telemática o electrónica va a facilitar el comienzo de todo el
proceso.

En el segundo apartado del petitum de la moción solicitamos
flexibilizar la designación de los órganos arbitrales y clarificar su
funcionamiento. En este sentido, pensamos que hay que reducir el Consejo
General del Sistema Arbitral de Consumo, cambiar su composición, sus
funciones y, sobre todo, darle la competencia de representación y
participación. Sin embargo, creemos que la Comisión de las juntas
arbitrales debe mantenerse en los mismos términos en los que está en este
momento.

Y en relación con las juntas arbitrales, hay que facilitar
y agilizar los procedimientos para que sean más rápidos, más sencillos y
más eficaces. Eso sí, siempre garantizando los principios de audiencia,
contratación e igualdad de las partes. Además, creemos que hay que
potenciar la aprobación de un estatuto de los árbitros y de los
mediadores, siempre y cuando se garantice que estos árbitros o estos
mediadores estén capacitados, practiquen la imparcialidad y la
confidencialidad.

En cuanto a la adecuación de los plazos, en este momento
nos regimos por el Reglamento 231 y por la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. El plazo máximo es de seis meses que,
en relación con cualquier procedimiento judicial, es realmente muy
sencillo y muy rápido.

Por eso, pedimos al resto de los grupos políticos que
apoyen esta moción cuyo objetivo, sin duda, es facilitar, apoyar y tener
en cuenta que la defensa de los consumidores en la agilización de
procedimientos es una prioridad para el Gobierno; que el fomento de las
actuaciones electrónicas es una práctica habitual, no solamente a través
del comercio electrónico, sino en transacciones de todo tipo que se
celebran entre empresarios, usuarios, consumidores, proveedores de
servicios y, en general, en todo el comercio; que se ahorren costos es
algo prioritario en un momento como este de gran crisis —y ahorrar
costos es fundamental para nuestro país en todas las administraciones y,
especialmente, en este tema—; y, desde luego, que hay que
racionalizar el Consejo General para facilitar el ejercicio de sus
funciones.

Señorías, en el Grupo Parlamentario Popular creemos,
sinceramente, que proteger a los consumidores significa, entre otras
cosas, facilitarles las posibles reclamaciones que, en este caso y en
otros muchos,

son muy importantes y que se han incrementado en los
últimos años, especialmente en algunos sectores, como la telefonía móvil,
los sistemas bancarios o los seguros. En fin, una serie de temas que
tienen que ver fundamentalmente con las nuevas tecnologías y nuevos
productos cada vez más complejos que se ofrecen a los consumidores y
usuarios.

Por todo esto, pensando que es fundamental para ellos,
solicito el apoyo del resto de los grupos políticos para sacar adelante
esta moción.

Sin más, muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

A esta moción se han presentado dos enmiendas, una del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergéncia i Unió y otra del
Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra, por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergéncia i Unió, el senador
señor Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyor president,
senyories.

Nosaltres hem presentat una esmena a aquesta moció que,
prioritàriament, fa referència al punt 3. Entenem que el punt 3 de la
moció és molt generalista. El que veiem és que, en l’activitat de
les juntes arbitrals, hi ha dues fases: la fase prèvia, i després, la
posterior una vegada ja iniciat el procediment corresponent. Per tant,
entenem que cadascun d’aquests procediments ha d’estar
emparat per la reglamentació corresponent.

Nosaltres el que diem és que, per a les actuacions prèvies,
es tingui en compte la Llei 30/1992, en relació amb el que fa referència
als terminis previstos, i que, una vegada ja iniciat el procediment
arbitral, sigui d’aplicació la Llei 60/2003, de 23 de desembre,
d’Arbitratge. Entenem que aquesta diferenciació entre abans i
després i, per tant, la normativa que li correspongui, és de vital
importància a l’hora de fer un arbitratge al més ajustat a la
realitat possible.

Demanem, per tant, a la portaveu del Grup Popular que
tingui en compte aquesta esmena que hem presentat i que la pugui
acceptar.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente, señorías.

Nosotros hemos presentado una enmienda a esta moción que de
forma prioritaria se refiere al punto 3. Entendemos que el punto 3 de la
moción es muy generalista. Nosotros lo que observamos es que en la
actividad de las juntas arbitrales existen dos fases: la fase previa y
una fase posterior una vez el procedimiento correspondiente ya ha sido
iniciado. Por lo tanto, pensamos que cada uno de estos procedimientos
debe estar amparado por la reglamentación correspondiente.

En nuestra opinión, para las actuaciones previas debería
tenerse en cuenta la Ley 30/1992 por lo que respecta a los plazos
previstos y, una vez ya se ha incoado el procedimiento arbitral, debería
aplicarse la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. Entendemos
que esta diferenciación de antes y después, y por lo tanto la normativa
correspondiente, es de vital importancia para poder realizar un arbitraje
lo más ajustado posible a la realidad.

Así pues, solicitamos a la portavoz del Grupo Popular que
tenga en cuenta nuestra enmienda y la acepte.

Muchas gracias

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador señor Tovar.

El señor TOVAR MENA: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. Cuando mi grupo tuvo conocimiento de
esta moción, desde el principio tuvimos claro que debíamos presentar una
enmienda de sustitución, y la teníamos que presentar por las razones que
luego les explicaré.

Nosotros coincidimos con la exposición de motivos que
plantea el Grupo Popular de forma general. Entendemos esos enunciados que
ustedes destacan del Sistema Arbitral de Consumo, como puede ser la
rapidez —efectivamente es un sistema no formalista que se tramita
en un corto plazo de tiempo—, la eficacia —también
coincidimos porque es un sistema que resuelve mediante un laudo una
resolución arbitral de ejecución obligada y esto, además, saca de la vía
judicial muchísimos asuntos que podrían, en

un momento determinado, colapsar algún juzgado— y,
también, cómo no, el tema económico que es gratuito para las partes, que
solo deben costear muy de tarde en tarde algún peritaje.

Pero nosotros añadiríamos algo más en esa valoración. Para
nosotros es muy, muy importante en este Sistema Arbitral de Consumo la
participación en la resolución de los conflictos de las partes de ese
conflicto, de los representantes de los consumidores y de los
representantes de las empresas y los profesionales. También para nosotros
es muy, muy importante el que este es un sistema claro de defensa de los
consumidores y, sobre todo, de los consumidores económicamente más
débiles, porque enfrentarse por una pequeña cantidad de dinero a una gran
empresa de cualquier sector, como la telefonía, la automoción o cualquier
otro, es realmente difícil si no hubiera un sistema de arbitraje como el
que en los últimos años se ha venido desarrollando. A veces, señorías,
más importante que la cantidad es la dignidad del consumidor, y este
sistema defiende, sobre todo, la dignidad del consumidor al poder ir con
pequeñas cantidades hasta el final del proceso.

Coincidimos en que se puede y se debe mejorar este Real
Decreto 231/2008, pero el borrador que ya ha elaborado el Ministerio de
Sanidad en absoluto lo mejora. Pensamos justo lo contrario, que crea más
problemas.

Pero, señorías, lo que más nos preocupa de esta moción es
que a la hora de instar al Gobierno a modificar este decreto solo hay en
ella una declaración de intenciones. Nosotros les ofrecemos una enmienda
que garantiza que esa modificación deje a salvo lo más importante del
Sistema Arbitral de Consumo, que es la protección de los derechos de los
consumidores, por encima de cualquier otra razón, incluso de la razón
económica.

La senadora Riolobos hablaba de profundizar en el arbitraje
electrónico, y estamos de acuerdo, pero hay un problema, señora Riolobos:
el Ministerio de Sanidad casi no habla en su borrador de este sistema,
porque es verdad que con este sistema podríamos ahorrar bastante dinero.
Nosotros queremos, por encima de cualquier otro razonamiento, como he
dicho, la defensa de esos pequeños consumidores.

Quiero decirle también que nuestra enmienda está basada en
el sentido común, en las opiniones y en las ideas que nos aportan las
diferentes asociaciones de consumidores y de empresarios. Hay un
documento del Consejo de Consumidores y Usuarios que plantea las
múltiples deficiencias que tiene el borrador que el ministerio ha
elaborado.

Intentemos entre todos, entre los grupos parlamentarios de
esta Cámara y las asociaciones de consumidores y usuarios, decir al
Gobierno por dónde debe ir la línea de modificación de este real decreto
porque, señorías, tengo la impresión de que ustedes no han escuchado
mucho a los interesados y eso les va a llevar a equivocarse, y están a
tiempo todavía de retomar el diálogo, de escuchar a los afectados, de
escuchar a los grupos políticos y de tener en cuenta las enmiendas que
estamos planteando para que de aquí salga un buen documento para los
consumidores, pues eso es realmente lo que nos interesa a todos los
grupos parlamentarios de esta Cámara.

Muchísimas gracias. Espero tengan a bien incluir nuestra
enmienda en su moción. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, autora de la moción originaria, para manifestar si
acepta o no las enmiendas, senadora Riolobos.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Muchas gracias, señor
presidente.

En primer lugar, quiero agradecer a los dos grupos
parlamentarios, tanto a CiU como al Grupo Socialista, que hayan
presentado enmiendas a esta moción que propone la modificación del Real
Decreto 231/2008.

En relación con la intervención del senador Alturo, tengo
que decir que nos hubiera gustado poder aceptar su enmienda, de hecho lo
hemos intentado hasta el último momento, pero analizándola en profundidad
entendemos que, en lugar de mejorar el real decreto, probablemente lo
encorsetaría a la aplicación de la Ley 60/2003, de Arbitraje, que es una
ley mucho más general, y que fundamentalmente se utiliza de una forma
mucho más cómoda para los conflictos existentes entre grandes empresas o
grandes multinacionales. Pero estamos hablando de pequeños consumidores
que están reclamando muy pequeñas cantidades, como ha dicho anteriormente
el portavoz del Grupo Socialista, no de grandes empresas, de grandes
multinacionales que tienen una serie de ventajas muy importantes desde el
punto de vista jurídico en relación con los consumidores.

Señoría, el real decreto vigente en este momento dice
textualmente en su artículo 3: «El arbitraje de consumo se rige por lo
dispuesto en la presente norma y, en lo no previsto en ella, por la Ley
60/2003».

Es decir, que está perfectamente contemplado que se tiene
que aplicar la ley cuando la norma específica para la defensa de los
consumidores no lo recoge. Por lo tanto, en parte viene recogido lo que
usted dice, pero nosotros vamos un poquito más allá. En este sentido, la
modificación que se está proponiendo —actualmente en fase de
información pública en la página web del ministerio— clava
prácticamente de manera textual el texto que existe en este momento; es
decir, que no existe ninguna modificación en ese sentido, lo que para
nosotros es correcto.

Tengo que recordarles que la peculiaridad del arbitraje es
que es una forma muy fácil y sencilla de lograr justicia por parte de un
consumidor o usuario que ha visto sus derechos vulnerados por parte de un
empresario. Y, desde luego, lo importante es que se lleve a cabo de una
forma rápida y con la legislación y los procedimientos más sencillos
posibles. Por eso, aunque nos hubiera gustado aceptarla, nos es
completamente imposible, pues entendemos que con ello se conseguiría
justo lo contrario: perjudicar los intereses de los consumidores y
usuarios.

En relación con la enmienda presentada por el Grupo
Socialista, defendida por el senador Tovar, nos alegramos de que tanto el
Partido Socialista como CIU coincidan en la importancia de que se
modifique el real decreto que nosotros proponemos, en cuyos principios
fundamentales —simplificar, flexibilizar y reducir los plazos de
resolución de conflictos o de mediación— todos estamos de acuerdo.
En lo que no estamos de acuerdo es en cuánto ha de durar el plazo,
cuestión contenida en la enmienda de muchos puntos planteada por el Grupo
Socialista. Nosotros hemos analizado con mucho detalle esa enmienda y
creemos que probablemente se llegue a acuerdos respecto a alguno de estos
asuntos en la reforma del real decreto que en estos momentos ha puesto en
marcha el Gobierno y que está negociando y consensuando no solo con el
Consejo Nacional de Consumidores y Usuarios, sino con todas las
asociaciones de consumidores, especialmente con las comunidades
autónomas. No obstante, consideramos que puntualizar determinados plazos
para la resolución de algunos apartados del procedimiento podría
encorsetar —como ocurría en la moción anterior— todo el
procedimiento y, en lugar de beneficiar a los consumidores, probablemente
les perjudicaría.

Por este motivo, nos parece mucho mejor esta moción más
genérica, pues, de alguna manera, supone un mandato del Senado al
ministerio para que, de la forma más rápida y ágil posible, se modifique
ese real decreto. Y no hemos de olvidar que se va a llevar a cabo una
modificación por parte del Gobierno en un tiempo récord, cuyo objetivo
principal es proteger fundamentalmente a los pequeños consumidores y
usuarios, teniendo en cuenta la extraordinaria labor que están realizando
las asociaciones de consumidores y usuarios y, especialmente, los órganos
implicados de todas las comunidades autónomas, a quienes corresponde la
mayor parte de las competencias a través de las juntas arbitrales y de
las juntas arbitrales territoriales.

Por lo tanto, aunque nos hubiera gustado aceptar las dos
enmiendas —respecto a las cuales en algunos casos probablemente se
llegue a acuerdos entre los consumidores, los usuarios, las asociaciones
y especialmente el ministerio para la modificación del real
decreto— consideramos que en este momento deberíamos esperar.

Muchísimas gracias por sus aportaciones. Esperamos que,
antes o después, este real decreto se resuelva.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)

Por parte del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene
la palabra el senador señor Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, presidente jauna.

En la Comunidad Autónoma del País Vasco la competencia de
consumo es una competencia plena excepto en lo que corresponde
precisamente a la materia de legislación procesal y civil —el caso
que nos ocupa— que corresponde al Estado.

Estamos de acuerdo con lo que la senadora del Grupo Popular
ha explicado aquí. Consideramos que sí puede ser interesante simplificar
y racionalizar la composición y el funcionamiento del sistema arbitral,
flexibilizar la designación de los órganos arbitrales, etcétera. Pero de
poco sirve todo esto si después, como en el caso del País Vasco, la
financiación de la junta arbitral depende de la comunidad autónoma, sus
ingresos se reducen en un 60 % y, por lo tanto, queda prácticamente
inoperante.

Entendemos que todo esto puede ser necesario; entendemos
también la justificación de las dos enmiendas que se han presentado y, de
la intervención de la senadora del Grupo Popular, vemos la horquilla en
la que estamos jugando, entre concretar demasiado una moción o hacerla
totalmente generalista. En este caso, la intención es buena, pero
consideramos que los tres puntos de esta moción podrían ser objeto en sí
mismos de una moción por separado. No sé si tenemos que discutir si los
plazos tienen que ser de 10, 17, 20 o 22, pero podríamos buscar un
término medio entre tanto ajuste, como plantea la enmienda del Grupo
Socialista —según dice la propia senadora del Grupo Popular—,
o tan generalista, como plantea la moción original del Grupo Popular.

Por lo tanto, nosotros nos vamos a abstener. Entendemos que
es importante hacer la reflexión, pero hay que hacerla con tiempo, con
tranquilidad, con todos esos procesos que están abiertos y sin perder de
vista que lo que no sirve es legislar para luego no poder trabajar, pues
si las juntas arbitrales no tienen medios para poder pagar a sus
componentes, de poco nos va a servir.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Bon dia, president. Buenos días,
señorías.

El sistema d’arbitratge és bo; constitueix sens dubte
una de les eines més importants en la defensa dels consumidors. Es
resolen moltíssims casos a l’any. Estem d’acord que és un bon
sistema i que, per tant, s’ha de continuar avançant amb ell.

També estem segurs que és millorable, que el reial decret
que en aquests moments emmarca aquest sistema d’arbitratge es pot
fer millor. Però el que la seva moció ens proposa una altra vegada
—i dic una altra vegada perquè no és la primera vegada que el Grup
Popular ho fa— una moció en què insta al Govern a fer una
modificació d’un reial decret que ja està fent i que ja ha penjat a
la seva pàgina web. Em sembla que no és l’objecte d’aquesta
cambra tractar coses que ja estan fent-se i demanar al govern que les
faci.

El que sí que crec és que, com que la moció és general, ens
deixa massa camps oberts. Com vostè sap i coneix perfectament, les
comunitats autònomes —com molt bé acaba d’explicar el senador
Cazalis— tenen les competències sobre el sistema
d’arbitratge. Per tant, no ens agrada aprovar una moció en què tot
queda molt obert i es demana al Govern que faci una cosa en què ja està
treballant. A més, el Consell de Consumidors i Usuaris ens ha fet arribar
que no està del tot acord amb algunes de les modificacions que es
proposen.

Per tot això, creiem que potser valdria més la pena
concretar i treballar coses concretes per satisfer els consumidors i els
usuaris i poder avançar en aquest tema.

Moltes gràcies.

Buenos días, señorías.

El sistema de arbitraje es bueno; sin duda, constituye una
de las herramientas más importantes en la defensa de los consumidores y a
través de él se resuelven muchos casos al año. Estamos de acuerdo en que
es un buen sistema y debe seguir avanzando.

Ahora bien, estamos convencidos de que el real decreto que
ahora mismo enmarca este sistema de arbitraje es mejorable. Sin embargo,
lo que su moción nos propone una y otra vez —repito otra vez porque
no es la primera vez que lo hace el Grupo Popular— es instar al
Gobierno a realizar la modificación de un real decreto ya sustanciado,
que ya ha aparecido en su página web, y no es el objeto de esta Cámara
tratar asuntos que están finalizados y pedir al Gobierno que los trate
una vez más.

Considero que se dejan demasiados campos abiertos. Como
usted sabe, las comunidades autónomas —como acaba de explicar el
senador Cazalis— tienen competencias en el sistema de arbitraje.
Por lo tanto, no nos gusta aprobar una moción en la que todo queda
demasiado abierto, en la que se solicita al Gobierno que haga algo en lo
que ya se está trabajando. Además, el Consejo de Consumidores y Usuarios
nos ha trasladado que no está del todo de acuerdo con algunas de las
modificaciones propuestas.

Por todo ello, consideramos que sería más conveniente
concretar algunos aspectos, satisfacer así a los consumidores y usuarios
y avanzar en esta materia.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyor
president.

L’experiència en l’aplicació pràctica de la
regulació vigent des de l’any 2008 ens indica que, per tal
d’agilitzar el procediment i estalviar costos, atesa la conjuntura
econòmica actual, és necessària una simplificació de tràmits. Aquesta
mesura inclouria, a títol d’exemple, la possibilitat
d’acumular tràmits, suprimir-ne altres, sempre que estiguin
garantits en tot moment els principis de seguretat jurídica, audiència i
contradicció de les parts.

Així mateix, també és necessari un replantejament en la
composició dels òrgans que formen part actualment del Sistema Arbitral
del Consum, encaminat a flexibilitzar la seva participació en les tasques
que li són pròpies i evitar que aquestes es vegin dificultades, per
exemple, per l’excessiu nombre de membres que hi participin que les
converteixi en inoperants.

En relació amb la flexibilització, és evident que la
naturalesa del procediment arbitral requereix que sigui un procediment
flexible, àgil, sense formalitats especials. La flexibilització reverteix
en agilitat, que és un aspecte afegit en consonància amb l’esperit
de la norma, és a dir, de la protecció dels legítims interessos dels
consumidors i dels usuaris. La possibilitat de simplificar tràmits inclou
també que la designació dels àrbitres que formaran part dels òrgans
arbitrals i que resoldran el cas mitjançant el laude arbitral es pugui
realitzar de manera conjunta amb altres tràmits i la seva acumulació. (El
senyor president ocupa la Presidència.) És important que es clarifiquin
els requisits per a l’atorgament de l’acreditació del càrrec
d’àrbitre tenint en compte la capacitat, la disponibilitat, la
formació, l’especialitat, entre altres, salvaguardant sempre que
aquests actuïn de manera independent, imparcial i existeixin suficients
garanties d’abstenció i de recusació si aquests requerits estan en
perill.

En relació amb el punt tres, que és on hem presentat
l’esmena, entenem que cal precisar que l’activitat de les
juntes arbitrals de consum té dos moments en la seva actuació: les
actuacions prèvies al procediment arbitral i les actuacions dins del
procediment arbitral. Ho deia abans en la defensa de l’esmena.

En l’activitat diríem prèvia, entenem, ho deia també
abans, que és la Llei 30/1992 que fixa els terminis, però nosaltres
entenem que caldria aplicar els terminis de la Llei 60/2003,
d’Arbitratge, que en la disposició addicional única disposa
expressament que és supletòria de la normativa reguladora de
l’arbitratge de consum. Per tant, nosaltres entenem que, una vegada
s’ha iniciat el tràmit, és d’aplicació aquesta llei.
Discrepem, doncs, en el punt de vista, en l’observació de
l’exposició que ha fet la senadora Riolobos i lamentem que no
s’hagi pogut acceptar la nostra esmena, perquè crec que precisa
molt bé l’actuació prèvia i l’actuació una vegada iniciat el
procediment.

Per tant, nosaltres, tot i estan d’acord amb el
primer i el segon punt, ens abstindrem, atès que no pot acceptar aquesta
esmena nostra que entenem que és important per al procediment
arbitral.

Res més, moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

La experiencia en la aplicación práctica de la regulación
vigente desde el año 2008 nos indica que para poder agilizar el
procedimiento y ahorrar costos, dada la coyuntura económica actual, es
necesaria una simplificación de los trámites. Esta medida incluiría, a
título de ejemplo, la posibilidad de acumular trámites y suprimir otros,
siempre y cuando queden garantizados en todo momento los principios de
seguridad jurídica, audiencia y contradicción de las partes.

Asimismo, también es necesario replantear la composición de
los órganos que actualmente forman parte del Sistema Arbitral de Consumo
encaminados a flexibilizar su participación en las tareas que le son
propias y evitar así que esas mismas tareas se vean dificultadas, por
ejemplo, por el excesivo número de miembros que participan en ellas y que
les convierten en inoperantes.

En cuanto a la flexibilización, resulta evidente que la
naturaleza del procedimiento arbitral requiere que se trate de un
procedimiento flexible, ágil, sin formalidades especiales. La
flexibilización revierte en agilidad y es un valor añadido que concuerda
con el espíritu de la norma, que es la protección de los legítimos
intereses de los consumidores y usuarios. La posibilidad de simplificar
trámites también significa que la designación de los árbitros que
formarán parte de los órganos arbitrales y resolverán el caso mediante el
laudo arbitral pueda realizarse de forma conjunta con otros trámites ya
acumulados. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Por lo tanto, es
importante arrojar luz sobre los requisitos para otorgar

el cargo de árbitro, habida cuenta de su capacidad, su
disponibilidad, su formación y especialidad, salvaguardando que actúen de
forma independiente e imparcial y existan las suficientes garantías de
abstención y recusación si estos se encuentran en peligro.

En cuanto al tercer punto, respecto del que nosotros
presentamos la enmienda, pensamos que es importante concretar que la
actividad de las juntas arbitrales de consumo contempla dos momentos:
actuaciones previas al procedimiento arbitral y actuaciones contempladas
en el procedimiento arbitral, como dije anteriormente en la defensa de la
enmienda.

En la actividad que podemos llamar previa, pensamos que es
la Ley 30/1992 la que fija los plazos. Sin embargo, también deberían
aplicarse los plazos que fija la Ley 60/2003, de Arbitraje, cuya
disposición adicional única dispone de forma expresa que es supletoria a
la normativa reguladora del arbitraje de consumo. Por lo tanto, nosotros
somos de la opinión de que, una vez el trámite ya ha sido iniciado,
debería aplicarse esta ley. Así pues, discrepamos respecto de su punto de
vista y la observación de la exposición que la senadora Riolobos nos ha
presentado antes y lamentamos que no hayan podido aceptar nuestra
enmienda, porque consideramos que precisa de forma muy correcta esta
actuación previa, así como la actuación una vez que el procedimiento ha
sido iniciado.

Por lo tanto, aunque estamos de acuerdo con los dos
primeros puntos, nos vamos a abstener, dado que no aceptan nuestra
enmienda y entendemos que es importante para el procedimiento
arbitral.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Tovar por tiempo de diez minutos.

El señor TOVAR MENA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, nosotros ya sospechábamos que el Grupo Popular no
iba a dar mucho juego a la hora de que pudiéramos colaborar y participar
en la modificación de este importante real decreto, y creo que en esto se
equivoca, porque de verdad que si no se corrige, y mucho, el borrador que
el ministerio ha elaborado, se van a crear más problemas de los que en
estos momentos pueda tener el mundo del arbitraje. Y no lo decimos solo
nosotros, lo dicen, como manifesté en mi primera intervención, personas
muy expertas en la materia y muy importantes en el sector, como expresa
también el Consejo de Consumidores y Usuarios en un documento realmente
crítico con la posición del ministerio.

No dudo de la buena voluntad de la moción del Grupo
Popular, pero me van a permitir que dude de la voluntad del ministerio.
Creo que el ministerio quiere hacer un cambio profundo y no precisamente
hacia delante en el tema del arbitraje.

El Consejo de Consumidores y Usuarios cree, como nosotros,
que hay muchas cosas que quedan fuera de ese borrador o que se cambian
sin demasiado sentido. Lo decía la senadora Riolobos en su intervención:
el escaso desarrollo que se hace en el proyecto de una cuestión tan
importante a la hora de abaratar costes como es el arbitraje electrónico,
que es una de las prioridades —parece ser— a la hora de
reformar el proyecto.

La eliminación respecto al actual decreto de la mayoría de
los plazos que vienen establecidos en el que está todavía en vigor no se
entiende porque crea inseguridad jurídica en los ciudadanos, y en este
caso en los consumidores, que no tienen por qué soportar esa inseguridad
jurídica.

Se suprime la lista de funciones y competencias de las
juntas arbitrales de consumo, lo que supone discrecionalidad en cada una
de ellas, implicando que no va a haber armonización en la gestión
administrativa del arbitraje. Nos parece que esto también es un asunto
grave y que se debe retomar.

Se eliminan las competencias del presidente de la Junta
Arbitral de Consumo. Nosotros pensamos que deben constar expresamente
esas competencias, y sobre todo el límite de sus actuaciones. No es de
recibo que no se ponga límite, que en ese borrador de decreto no se
pongan límites a las actuaciones del presidente de la Junta Arbitral de
Consumo.

Profundizando más en la cuestión de los plazos, he de
señalar que se elimina el de quince días para las emisiones de informes
preceptivos en la admisión de ofertas públicas de acceso limitado, y los
treinta días para los informes, dictámenes o recomendaciones que se
emiten a iniciativa de los presidentes de las juntas arbitrales, de los
árbitros o de las partes en el procedimiento. Pensamos lo mismo que lo
anterior: esto supone más inseguridad jurídica aún y no garantiza la
legalidad ni procura rapidez.

Un asunto importantísimo: se obvia la duración del mandato
de los miembros del Consejo general. Por tanto, los cargos ni se renuevan
ni se remueven. No me digan que no es un borrador de decreto mejorable,
realmente muy mejorable.

Se reduce el funcionamiento y la composición de algunos
órganos. Esto, en principio, podría ser razonable en aras de aquello que
venían hablando: buscar la eficacia y el abaratamiento de los costes.
Pero, señorías, se debe tener en cuenta que el buen funcionamiento del
arbitraje de consumo, como institución imparcial y eficaz para la
resolución extrajudicial de controversias, depende de la correcta
representación de los dos sectores implicados, que son los consumidores y
los empresarios o profesionales. Con este proyecto, estos sectores ven
eliminada la posibilidad de representación en el Consejo general, y eso
genera, como ellos mismos dicen, una situación de riesgo para el sistema
en su conjunto. No podemos entender que los representantes de los
consumidores y de los empresarios, que deben ser los más importantes en
todo este procedimiento arbitral, no tengan representación en dicho
Consejo.

Nosotros entendemos que el arbitraje debe conocer los
asuntos cuando las partes así lo acuerdan, y estamos de acuerdo en que
haya un presidente único. Pero cuando no hay acuerdo entre las partes,
creemos que debe seguir el procedimiento que en estos momentos está
establecido, y no llegar a más de 600 euros, como marca el actual
borrador, pensamos que la cantidad debe ser inferior a 300 euros, y que
no sea un asunto muy complejo y, por tanto, el presidente así lo
aconseje. Entendemos que en el resto de los supuestos, el presidente
deberá designar un órgano arbitral colegiado que incluya un miembro de la
Administración pero también un miembro que represente a los consumidores
y otro a los empresarios. Eso es lo que nos parece a nosotros que da
equilibrio, seriedad y confianza a los consumidores a la hora de confiar
sus asuntos en este sistema.

No se puede permitir que en las reclamaciones inferiores a
50 euros el presidente pueda decidir que la tramitación finalice con la
mediación previa a las actuaciones arbitrales, porque esto causa
perjuicio al consumidor. Decía yo en mi primera intervención que no era
tan importante la cuantía como el que los consumidores crean en este
sistema y se acerquen a él. Creemos que hay que eliminar esa cantidad de
50 euros y que hay que hacer el trámite completo cuando no haya acuerdo
de las partes.

Para prestigiar el arbitraje hay que apostar por la
pluralidad dentro del sistema. En esa pluralidad no pueden quedar fuera
—como lo hacen en este borrador si llega a aprobarse— de los
órganos importantes ni los consumidores ni los propios empresarios.
Ustedes pueden y deben hacer una moción menos light, una moción que
indique al Gobierno qué piensan los consumidores, qué piensan los
empresarios y qué piensa también esta Cámara porque, en el fondo
—lo decía la señora Riolobos— todos estamos en una línea
parecida. Queremos creer que es así. No entendemos por qué ahora el
Ministerio de Sanidad desplaza a estas organizaciones que han sido tan
importantes a lo largo de los últimos años en el mundo del consumo. Me
refiero a los propios representantes de los consumidores. Es verdad que
estas asociaciones desde hace tiempo están siendo críticas con el
Gobierno actual, llevan un tiempo criticando la subida del IVA y las
políticas económicas que afectan a los consumidores, pero tendrán que
entender que también están para eso. Por lo tanto, igual que las
utilizamos cuando creemos que las necesitamos, escuchemos y entendamos
sus críticas porque ellas son la voz de los consumidores.

Voy a terminar pidiéndoles que si no van a trabajar en la
modificación de este real decreto en la línea que reclamamos nosotros y
los consumidores, sería preferible que lo dejen como está porque van a
crear más problemas. Van a crear problemas a los consumidores, a un
número importante de consumidores, sobre todo a los pequeños
consumidores.

El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando.

El señor TOVAR MENA: Creemos sinceramente que este país ya
no está para que le creen más problemas, sino para que le resuelvan los
muchos que tiene. Este país ya no está para que le hablemos del pasado ni
le prometamos el futuro, lo que quiere es que le resolvamos el presente
y, desde luego, con esta modificación no le vamos a resolver el presente,
sino que se lo vamos a poner más difícil y más duro a cientos de miles de
consumidores.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Tovar.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra la senadora Riolobos.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Muchas gracias, señor
presidente.

Después de escuchar muy atentamente a los portavoces de los
diferentes grupos políticos que han intervenido, tengo que decir que el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado se siente muy contento

porque todos están de acuerdo en que hay que modificar el
real decreto y en que es necesario mejorar el funcionamiento del sistema
arbitral en nuestro país. Ese es un buen punto de encuentro,
independientemente de que luego cada uno de los grupos políticos que han
intervenido haya planteado su matiz o su posible enmienda. En este
sentido, tendríamos que felicitar al ministerio porque en un tiempo
récord, en un tiempo de unos diez meses, ha sido capaz de poner en
funcionamiento la modificación de este real decreto, porque ha
interpretado y entendido, por su gran sensibilidad hacia los problemas
que tienen en este momento los consumidores, que es necesario mejorar
este sistema.

En relación con las intervenciones que se han hecho, tengo
que decirle al senador Cazalis que en parte nos está dando la razón en
uno de los aspectos de su intervención, cuando dice que si se reduce en
las comunidades autónomas, por la falta de recursos económicos, un 60 %
la financiación a las juntas arbitrales, sin ninguna duda se está
limitando, por la vía de los hechos de que no hay dinero, el
funcionamiento de las juntas arbitrales. Luego es tremendamente oportuna
esta modificación del real decreto, ya que lo que pretende el Gobierno es
reducir los trámites administrativos al máximo, hacerlo todo más
sencillo, menos complicado, que los consumidores puedan, a través de un
mediador, llegar a un acuerdo con una gran empresa, porque cuando estamos
hablando de reclamaciones de 50, 100 o 200 euros no podemos perder seis
meses para esa reclamación porque sería totalmente injusta. Yo creo que
la voluntad política del Gobierno en este sentido es tremendamente clara
y además lo ha hecho de una forma muy oportuna, en un momento en el que
es muy necesario que se haga.

A la senadora Almiñana tengo que decirle que es
perfectamente compatible que el Gobierno haya puesto sobre la mesa el
borrador de un real decreto, que en este momento se esté consensuando,
discutiendo y hablando _porque está en información pública_ con todas las
comunidades autónomas, porque todas tienen que aplicar y formar juntas
arbitrales y, por lo tanto, tienen mucho que decir, y con todas y cada
una de las asociaciones de consumidores. Desde luego, no se está haciendo
nada al margen de los interlocutores y, en este sentido, queda todavía un
poco de recorrido, pero lo importante es que en este momento desde una
Cámara parlamentaria como es el Senado se le diga al Gobierno cuáles son
los principios básicos, que son estos tres pilares de la moción, que
tienen que contemplar y regular esa modificación del real decreto.

Al senador Alturo he que decirle que es verdad que es un
problema de interpretación diferente de lo que nosotros entendemos que es
encorsetar los plazos si no aplicamos el nuevo reglamento que se va a
aprobar y si aplicamos solamente la ley arbitral. Es un tema de
interpretación. Espero que antes de que se apruebe el real decreto de
forma definitiva el ministerio pueda llegar a un acuerdo con ustedes en
este sentido.

Al senador Tovar tengo que decirle que aunque al principio
ha dicho que está de acuerdo, y de hecho ha presentado una enmienda para
que se modifique este real decreto, al final dice: si no se mejora, es
mejor que no se haga. Sinceramente creo que el borrador del real decreto
que ha puesto sobre la mesa el ministerio mejora con mucho el
funcionamiento actual del sistema arbitral, que, como dije al principio,
ha tenido muchos éxitos, ha funcionado muy bien en muchos aspectos y ha
sido un elemento muy importante para defender a capa y espada a los
consumidores y usuarios.

Han pasado muchas cosas en los últimos años y yo le tengo
que recordar —aunque no iba a hacerlo, pero usted lo ha dado a
entender en su intervención— que en los últimos cuatro años, quizás
en los ocho años del Gobierno del Partido Socialista, se ignoró de una
forma importante, y no había ninguna razón para ello, los derechos de los
consumidores y usuarios. Solo le voy a recordar —y esto lo van a
entender mejor todas las señorías que nos están escuchando, porque la
parte de la modificación del sistema arbitral de consumo es tan
tremendamente farragosa que me cuesta entender cómo hay senadores que nos
están siguiendo con el interés que lo están haciendo, por lo complicado y
lo técnico que es— cómo quedaron los consumidores cuando dejó el
Gobierno el Partido Socialista: teníamos conflictos brutales en la
telefonía móvil, conflictos brutales en Internet, conflictos brutales con
las hipotecas y el suelo de las mismas, conflictos con los recibos de la
luz, conflictos con las comisiones y productos bancarios; hubo huelgas
demoledoras, que afectaron a miles de usuarios, de los transportes
públicos, con una inacción completa por parte del Gobierno socialista, y
nos dejaron una subida de la luz superior al 50 %, subida del gas, y,
desde luego, el funcionamiento de muchos de los servicios por las grandes
huelgas, con la inactividad del Gobierno en defensa de los consumidores y
usuarios, fue absolutamente brutal.

A diferencia de lo que hizo el Partido Socialista, el
Partido Popular desde que ha llegado ha prestado muchísima atención a la
defensa, con una gran sensibilidad hacia los consumidores y usuarios, y
el mejor

ejemplo es que en un tiempo récord tenemos un real decreto
para poner en marcha de una forma óptima un sistema arbitral, que es un
elemento importante para los consumidores.

Este Gobierno, por ejemplo, ha bajado, a pesar de la
crisis, la luz y el gas el mes pasado; ha propuesto un nuevo modelo de
factura eléctrica que llevaban tiempo reclamando los ciudadanos porque
entendían que la factura eléctrica que aprobó el Gobierno del Partido
Socialista les perjudicaba de una forma notoria y ha habido miles de
quejas en este sentido a lo largo de los años del Gobierno socialista; se
ha trabajado para que la dación en pago en el tema tan grave de las
hipotecas, que afecta a millones de españoles, sea una realidad; se ha
trabajado y se ha puesto un freno total a la cuestión de las preferentes,
que funcionaron fundamentalmente durante los años 2008, 2009 y 2010 en
que gobernó el Partido Socialista. (Varios señores senadores del Grupo
Parlamentario Socialista: ¡No, no, no!) Sí, sí, mientras ustedes
gobernaron. Además, tenemos una ministra, la ministra de Fomento, que ha
plantado cara por primera vez a una gran empresa de transporte aéreo,
Ryanair, poniendo por encima de los intereses de la empresa (Varios
señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡No, no, no!—
Rumores.—Aplausos). Sí, si, señorías, poniendo por encima de los
intereses de la empresa los intereses legítimos de los usuarios de las
líneas aéreas, sobre todo la seguridad personal de todos y cada uno de
los viajeros de este país, cosa que no hicieron ustedes, porque les
quiero recordar la cantidad de viajeros que se vieron atrapados en los
aeropuertos españoles por huelgas salvajes que el Gobierno del Partido
Socialista fue incapaz de controlar.

Por lo tanto, y para terminar, quiero decirles que el
Partido Popular y el Gobierno están haciendo un trabajo excelente en
materia de defensa de los consumidores y usuarios y están haciendo
también un trabajo excelente en defensa de todas las asociaciones de
consumidores y usuarios.

En relación con una aportación que ha hecho el senador
Tovar, tengo que decirle que no es de recibo que algunas asociaciones de
consumidores y usuarios en nuestro país, saltándose las competencias que
tienen por ley y los privilegios de financiación que tienen por ley,
estén haciendo algo que no les corresponde como asociación de
consumidores, montando campañas impresionantes contra el Gobierno a
través de las redes sociales, fundamentalmente Twitter y otras, así como
a través de los medios de comunicación públicos, cuando no tienen razón
en lo que están haciendo, y específicamente lo ha dicho así el Consejo de
Consumidores y Usuarios.

Por lo tanto, agradezco al Gobierno que acepte esta moción,
agradezco también el trabajo que está haciendo en defensa de los
consumidores y usuarios. En este asunto, ningún partido, y especialmente
el Partido Socialista, le va a dar lecciones al Partido Popular.
(Aplausos.)

Muchas gracias y buenos días.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Riolobos.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Popular
tal y como ha sido presentada, al no haberse aceptado ninguna
enmienda.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 228; a favor, 154; en contra, 58; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

Abran las puertas.

5.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA ASISTENCIA SANITARIA PARA LAS
PERSONAS INFECTADAS POR EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH).

(Núm. exp. 662/000038)

AUTOR: GPS

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente moción.
(Rumores.) Señorías, silencio, por favor.

El señor presidente da lectura al punto 5.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se habían presentado dos
enmiendas, una del Grupo Parlamentario Convergència i Unió y otra del
Grupo Parlamentario Popular. Posteriormente, se ha

presentado una propuesta de modificación firmada por el
Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Socialista, Grupo
Parlamentario Convergència i Unió, Grupo Parlamentario Entesa y Grupo
Parlamentario Vasco, por lo que entiendo que las enmiendas presentadas
decaen. (Rumores.)

Señorías, silencio, por favor.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el
Grupo Parlamentario Socialista, la senadora Llinares, por tiempo de
quince minutos. (Rumores.)

Señorías, silencio, por favor.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. Quiero empezar mi intervención
agradeciendo profundamente el trabajo que realizan las organizaciones no
gubernamentales, las asociaciones profesionales, así como el comité de
expertos del Grupo de Estudio de Sida, Gesida, por su trabajo en la
promoción, en la prevención, en el diagnóstico y en el tratamiento de
estos enfermos, que, en definitiva, es un trabajo para mejorar la calidad
de vida de estas personas.

Como todos ustedes saben, el día 1 de septiembre entró en
vigor la retirada del derecho a la asistencia sanitaria a personas sin
permiso de residencia. Esta medida forma parte del Real Decreto Ley
16/2012, de 20 de abril, de recortes en sanidad, promulgado por el
Gobierno, con el voto en contra de todos los grupos parlamentarios, y del
que tuvimos ocasión de debatir en esta Cámara una moción del Grupo
Socialista el día 9 de mayo.

Decíamos entonces, y continuamos diciendo ahora, que con
este real decreto se pasa de un sistema de derechos a un sistema de
aseguramiento; de un modelo universal, público, gratuito y equitativo a
un modelo de beneficencia, es decir, retrocedemos más de treinta
años.

Esta decisión —decíamos y decimos— adoptada de
manera irresponsable y sin consenso, es de una enorme gravedad, ya que va
a tener repercusiones tanto en la cohesión social como en la salud
pública de nuestro país.

Por tanto, hoy quiero decir que es una enorme satisfacción
que todos los grupos parlamentarios hayamos sido capaces de consensuar
una enmienda transaccional a la moción iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista, porque, en definitiva, eso es lo que espera la sociedad de
nosotros. Pero también tengo que decirles que vamos a estar muy atentos
para que esa enmienda transaccional que hemos presentado se cumpla y no
se quede en una mera declaración de intenciones, porque si no, no
habremos avanzado nada. Saben ustedes que ese real decreto ley continúa
en vigor; por tanto, si no se dictan normas adicionales para que se
cumpla esta enmienda transaccional a propuesta de todos los grupos
parlamentarios, se quedará en una mera declaración de intenciones. En eso
nosotros no vamos a estar de acuerdo y estaremos pendientes para que esto
se cumpla. (La señora Vicepresidenta, Vicente González, ocupa la
Presidencia.)

Decía que hemos presentado esta moción por muchísimas
cuestiones, por justicia social pero también por salud pública. Voy a
argumentar por qué es tan importante que se apruebe y que hayamos sido
capaces de llegar a este consenso. Limitar el derecho a la salud de
algunos de los colectivos más vulnerables de la sociedad implica romper
uno de los principios y consensos básicos de nuestro sistema sanitario.
La exclusión del acceso a la atención sanitaria de los inmigrantes en
situación irregular supondrá un ahorro poco relevante en términos de
reducción del déficit y, sin embargo, su impacto en términos de salud
será enorme. Además, señorías, conocen ustedes que este real decreto ley
ha recibido la crítica y el rechazo de todas las organizaciones sociales,
sindicales, profesionales y científicas. Hasta el Comité sobre los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas se ha
pronunciado en contra de esta medida y recomienda al Gobierno de España
asegurar que, de conformidad con los principios de universalidad de las
prestaciones sanitarias, las reformas adoptadas no limiten el acceso de
las personas que residen en nuestro país a los servicios de salud,
cualquiera que sea su situación legal.

Algunos Gobiernos autonómicos —tengo que decir que
pocos del Partido Popular— han manifestado desde el principio su
oposición a dejar sin tarjeta sanitaria, y por extensión sin acceso la
asistencia primaria de salud y a la atención de especialistas, a los
inmigrantes en situación irregular. Las medidas de reforma planteadas por
el Gobierno no solo han generado incertidumbre y alarma entre los
españoles, como demuestran los datos del CIS. Recientemente hemos
conocido los del mes de septiembre, que ya sitúan a la sanidad como una
de las preocupaciones más relevantes de la ciudadanía, cuando hace apenas
un año era valorada como el mejor servicio público. Y este real decreto,
en lugar de armonizar las actuaciones de todas las comunidades autónomas,
ha conseguido el efecto contrario, crear confusión y mayor desigualdad
entre territorios en la prestación de este servicio público básico.

Señorías, según el estudio del grupo de expertos Gesida, se
estima que de los inmigrantes en situación irregular en nuestro país
conocerían estar infectados entre 1800 y 3220, y de estos un 80 %
recibirían tratamiento antirretroviral. Los efectos del real decreto
pueden tener múltiples consecuencias indeseables en estas poblaciones
infectadas por el VIH: aumentar la mortalidad —estamos hablando de
muertes—; favorecer la aparición de enfermedades oportunistas;
incrementar los ingresos hospitalarios; facilitar las infecciones en la
población por el VIH y por otros patógenos o favorecer la transmisión
maternofetal del VIH.

El incremento esperable de la morbimortalidad supondrá un
mayor coste en la atención a los pacientes; coste que se verá
incrementado aún más en los sujetos más inmunodeprimidos. Pero, sobre
todo, señorías, si no se ponen en marcha las medidas que hoy vamos a
aprobar, con la aplicación de este real decreto estamos hablando de
muertes de personas, y eso en una sociedad como la nuestra no lo podemos
permitir bajo ningún concepto.

En demasiadas ocasiones se utiliza el tema de la
inmigración de forma populista y demagógica intentando hacer ver a la
sociedad que utilizan mucho la sanidad pública y que eso está
contribuyendo a que el sistema sanitario no sea sostenible. Eso no es
cierto —y lo digo alto y claro—, eso es mentira. Todos los
informes que tenemos revelan que los inmigrantes regulares, y sobre todo
los irregulares, utilizan menos los servicios sanitarios. Y es así por
muchas cuestiones: miedo, desconocimiento, dificultades con el idioma,
factores culturales y, en el caso que nos ocupa, el estigma social
asociado a esta infección. Por lo tanto, de forma clara y rotunda se
desmonta ese argumento xenófobo y populista de que la inmigración está
contribuyendo a que la sanidad pública española no sea sostenible.

Se estima que las personas inmigrantes irregulares
infectadas por el VIH podrían morir si no se les trata, si no tienen
acceso a ese tratamiento al que el real decreto les impide acceder en
este momento. Se calcula entre 27 y 50 personas muertas durante el primer
año de aplicación de la medida. No obstante, esta es una estimación a la
baja, ya que según el estudio los pacientes reiniciaban el tratamiento
cuando los linfocitos CD4 descendían, lo que no será posible con los
inmigrantes en situación irregular. Se espera un incremento de entre 324
y 580 nuevas personas infectadas por el VIH en el año siguiente a la
entrada en vigor del decreto. Por eso entenderán ustedes que vayamos a
estar muy encima para que esta propuesta, consensuada por todos los
grupos políticos, no se quede en una mera declaración de intenciones y
que el Gobierno dicte las normas para que sea efectiva.

En definitiva, señorías, la aplicación del real decreto a
una población con una enfermedad crónica transmisible, con evolución
habitualmente mortal y que requiere tratamiento, como es la infección por
el VIH, sida, supondrá un ahorro económico muy inferior al esperado.
Pero, sobre todo y lo más importante, es que estamos hablando de que hay
personas que pueden morir, y eso no lo podemos permitir bajo ningún
concepto.

Me gustaría que continuásemos insistiendo en este acuerdo
que hemos sido capaces de alcanzar hoy, y agradezco profundamente a todos
los grupos políticos su contribución; Convergència ha retirado una
enmienda que había presentado y el Grupo Parlamentario Popular también ha
hecho un esfuerzo y ha retirado una parte de la enmienda que había
presentado, entre otras cosas porque entraba en contradicción con lo que
dice el real decreto. Que le digamos al Gobierno que este real decreto es
una reforma ideológica, pero también una reforma injusta, ineficaz,
insolidaria, excluyente, y lo que es más grave, cruel, porque estamos
hablando de la vida de muchas personas.

Así pues, muchísimas gracias. Creo que hoy es un día
importante, sobre todo para los enfermos y para la sociedad en general.
Quiero agradecer profundamente a las organizaciones no gubernamentales el
trabajo que vienen realizando, un trabajo impagable porque en muchísimas
ocasiones ellos se encargan de lo que deberían hacer las administraciones
públicas.

Muchísimas gracias y buenos días. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas
gracias, senadora Linares.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

Por el Grupo Vasco tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on mahaiburu andrea, egun on
senatariok.

Senadora Linares, yo también me alegro de muchas cosas,
primero, de que el Grupo Parlamentario Popular acepte la posibilidad de
llegar a una transaccional. Espero que esto suceda más veces, porque a
los que intentamos traer iniciativas para construir nos resulta un poco
penoso que se nos presente una enmienda de sustitución y al final
tengamos que tragar con lo que dice el Grupo Parlamentario Popular o

ver cómo cosas importantes para todos los ciudadanos se
quedan en el tintero por aquello de «no lo he presentado yo». Por ello me
gusta que se haya dado esta circunstancia. Y me alegro sobre todo por la
salud pública de los ciudadanos del Estado.

Pero también quiero decir que negamos la mayor. Creemos que
nunca deberíamos haber llegado a este punto, a discutir si hay que tener
o no un trato especial con el sida y los inmigrantes; tendríamos que
haber seguido teniéndolos dentro del sistema de salud, que es lo que
probablemente nos hubiera garantizado que, no solo el sida, sino el resto
de las enfermedades infectocontagiosas hubieran estado bajo control,
aunque hubiera sido solo por egoísmo, por evitarnos problemas en el
futuro, porque evidentemente los inmigrantes, legales e ilegales, vienen
de zonas del mundo donde hay endemias que quizá aquí no tenemos y que nos
podrían afectar, pero sobre todo porque la salud tiene que ser para todos
y no podemos andar esperando a ver si tratamos al que tiene sida y no
tratamos al que no lo tiene, arriesgándonos encima a que las cosas vayan
a más y se produzcan, como decía la senadora Linares, casos de muerte. Al
final, como no son los inmigrantes, como ella decía, los que más utilizan
los servicios sociales y de salud, y eso los que hemos analizado el tema
lo tenemos muy claro, creemos que nunca tendríamos que haber llegado a
esto.

Pero una vez aquí es importante garantizar que la
enfermedad más peligrosa, y quizá la más importante del siglo pasado y
probablemente también del próximo, se pueda intentar controlar de alguna
manera. Repito que nosotros planteábamos que se volviera a incluir a la
población inmigrante dentro del sistema de salud, pero de forma seria, no
como en Euskadi con una de cal y otra de arena, diciendo que se les mete
y se les va a atender, pero sin darles tarjeta sanitaria. Eso no es así,
si tienen derechos, los tienen, y si no, no los tienen. Hagamos como con
todo el mundo y tengamos a los inmigrantes con su tarjeta sanitaria para
que tengan los mismos derechos y también los mismos controles y
obligaciones que el resto.

Por otro lado, yo creo que es importante el tema de las
asociaciones. A mí me gustaba mucho la enmienda que había presentado el
grupo catalán precisamente por eso. También en los anteriores
Presupuestos Generales del Estado presentamos una enmienda para apoyar a
los grupos antisida, especialmente de Álava, porque sin ellos no se puede
trabajar, no podemos ver lo que tenemos que hacer, pero, sobre todo, es
muy difícil implementar ningún tipo de política porque son ellos quienes
tienen la llave de lo que sucede en su ámbito. Por tanto, y en el caso de
Euskadi, grupos como Itxarobide, Txo-Hiesa la Asociación T4 o la Comisión
Ciudadana Antisida de Álava, entre otros, necesitan tener presupuesto, y
eso lo tenemos que incluir dentro de esta política antisida general
referida, no solo a la atención a los enfermos, sino a la prevención y al
conocimiento de la propia sociedad.

Por lo tanto, nos alegramos mucho de que se haya conseguido
una transaccional, por supuesto nosotros la vamos a apoyar, como no podía
ser de otra manera, y esperemos —y esto se lo decimos al Partido
Popular— que esto sea habitual en el futuro en otro tipo de
mociones o de proposiciones que vayamos presentando, siempre para
construir y siempre en beneficio de los ciudadanos de todo el Estado.

Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas
gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Buenos días, presidenta.

Moltes gràcies, presidenta.

L’any 1996 va marca un abans i un després en el
tractament de la sida. Aquell any es va iniciar el tractament amb tres
fàrmacs antiretrovirals, que van canviar la vida de milers de persones
afectades pel síndrome d’immunodeficiència humana. Fins llavors la
sida havia estat, i continuaria sent durant alguns anys, sinònim de
mort.

Tots sabem que un dels pilars més eficaços contra la
malaltia ha estat i és la prevenció: els programes d’informació i
sensibilització sobre les conductes segures, d’utilització del
preservatiu... han estat clau perquè entre els anys 1996 i 2009 els
contagis disminuïssin un 30 % a tot el món. En paral·lel, però, gràcies
als tractaments antiretrovirals, avui, moltes persones infectades pel VIH
han guanyat aquesta la batalla contra la malaltia i fan una vida
completament normal.

Tres dècades després de la seva descripció, com a malaltia,
i encara que queda molt per fer. Hem avançat molt en el tractament i la
normalització de la malaltia, però darrera d’aquest avenç, hi ha
l’esforç de molts professionals, de centres de recerca,
d’investigadors, de treballadors socials, d’entitats,
d’ONG, de les pròpies organitzacions de malalts, i també de les
administracions.

Però el camí que hem fet no és irreversible. No ho és. Les
restriccions que està impulsant el Govern en l’accés als
tractaments ens poden fer tornar al 1996. No ho dic jo, ho diuen els
professionals de la salut i els experts en la sida.

Abans de l’entrada en vigor del Reial Decret 16/2012,
que ha suposat la retallada més important que ha patit el nostre sistema
públic de salut des de la seva creació, tots els residents a Espanya,
inclosos els immigrants, amb independència de la seva situació, tenien
dret a l’assistència sanitària. Avui, ja no és així.

El dia 1 de setembre va entrar en vigor l’ article 3
del Reial Decret 16/2012 el qual especifica que els estranger no
registrats ni autoritzats com a residents a Espanya només rebran
assistència sanitària en cas d’urgència per malaltia greu o
accident i assistència durant l’ embaràs, part i postpart. Això
deixa en una clara situació de vulnerabilitat, aquells immigrants
irregulars que pateixen una malaltia greu, com és el cas del VIH.

Segons les dades del Grup per l’Estudi de la Sida de
la Societat de Malalties infeccioses i Microbiologia, publicades en un
recent article, s’estima que a Espanya hi ha uns 459.000 immigrants
en situació irregular. D’aquests, entre un 0,6 i un 1 %, és a dir,
entre 2.700 i 4.600, són immigrants infectats pel VIH. Segons els seus
càlculs, les retallades aprovades pel Govern deixarien fora del sistema
entre 1.800 i 3.220 pacients diagnosticats sense tractament. Estem
parlant de persones, que viuen amb nosaltres, i que deixarien de rebre
atenció sanitària per no tenir recursos per pagar una assegurança o pagar
els medicaments.

Però no només així, sinó que s’estima que entre 900 i
1.500 d’aquests immigrants desconeixen que són portadors de la
malaltia. Amb la qual cosa, la seva exclusió del sistema sanitari pot
dificultar que siguin diagnosticats i, per tant, pot fer que els contagis
amb altre patologies sigui més greu.

Està clar que les conseqüències, doncs, del Reial Decret
que venim denunciant des de fa ja molts mesos són clares. I no ho diem
nosaltres. Aquest cop és una associació de professionals que es posiciona
claríssimament i que ens explica, des del punt de vista científic, que la
mortalitat per VIH augmentarà si les coses no canvien. Aquestes persones
tindran més malalties oportunistes, i per tant tindran més risc de tenir
tuberculosis i altres patologies fàcilment transmissibles. I, a més a
més, acabaran tots ingressats per la via d’urgència, perquè
malauradament les malalties mai s’aturen i continuen avançant, i
aquests malalts acabaran anant al servei d’urgències on els
atendrem, perquè el Reial Decret ens permet atendre les urgències.

Tot això ens porta a pensar que aquesta atenció, a més
d’empitjorar, ens acabarà sortint molt més cara, tan socialment com
econòmicament. Aquesta és la realitat. La factura de les retallades del
govern del Partit Popular ens sortirà més cara en tots els aspectes,
l’humà, l’econòmic i el social. Però és que a més, és una
mesura totalment injusta. Saben que la sostenibilitat del nostra sanitat
pública no depèn de l’atenció que reben els immigrants,
principalment perquè van menys al metge i en segon lloc perquè, si són
irregulars, encara hi van menys. Per tant, com en moltes d’altres
mesures, més que raons d’austeritat o econòmiques, el que trobem és
ideologia. Conservadora, és clar.

De fet, la decisió del Govern ha estat tant controvertida
que algunes comunitats autònomes ja han anunciat que no pensen
aplicar-la, entre elles Catalunya, Andalusia, Astúries, el País Basc i
Canàries. I crec que alguna comunitat més de les governades pel PP
seguiria el mateix camí, sinó fos per les lleialtats partidistes.

Els professionals, per la seva banda, han manifestat de
forma continuada el seu rebuig per raons ètiques. Una vegada més, hem
vist com el Govern, fins a dia d’avui —i dic fins a dia
d’avui perquè m’alegra l‘esforç que ha fet el Grup
Popular del Senat per poder aprovar tots junts avui aquesta moció—,
perquè fins ara el govern no havia volgut escoltar totes aquelles veus
que li dèiem i l’alertaven del perill que suposava deixar sense
tractament d’algunes patologies, com ara el VIH o la sida, en
població immigrant irregular.

El deteriorament de la sanitat pública no és una
casualitat, com tampoc ho es l’exclusió de los immigrants
irregulars. És fruit d’ una ideologia on prima l’atzar por
sobre de la igualtat de oportunitats», ens deia Carla Guimaraes en un
recent article d’opinió. L’atzar és un element present en la
malaltia. Hi ha conductes o comportaments que incrementen el risc de
contraure una malaltia, però tots podem posar-nos malalts i tots podem
contagiar-nos d’algú que tenim al costat i pateix una malaltia. El
que no es pot deixar a l’atzar és el dret a l’atenció mèdica,
el dret a ser atès, a rebre un tractament. Tenir l’oportunitat de
curar-se no pot dependre de la situació econòmica de les persones, ni del
lloc on un ha nascut, no quan estem parlant de persones que actualment
viuen al nostre país amb nosaltres.

Aquest dret a curar-se, avui, malauradament, no el tenen
totes les persones. Per tant, me n’alegro que almenys aquelles
persones que pateixen el VIH, gràcies a la moció que aprovarem tots per
unanimitat,

puguin continuar rebent tractament i assistència sanitària.
I me n’alegro, ja ho dit, que el PP doni suport a aquest moció,
perquè són moltes les diferències que tenim en matèria sanitària, però
també crec que tractant-se d’un aspecte tan rellevant com ara
l’atenció i la prevenció de la sida, els ciutadans no entendrien el
vot en contra de cap dels grups d’aquesta Cambra.

El camí que hem recorregut en aquestes tres dècades, el
treball que han fet durant tots aquests anys els professionals sanitaris
i dels serveis socials, els centres de recerca, els investigadors, les
associacions i les ONG, i la lluita de tantes famílies i afectats
mereixen que avui tots els grups de la cambra donem suport a aquesta
moció.

Moltes gràcies.

El año 1996 marcó un antes y un después en el tratamiento
del sida: ese año se inició un tratamiento con tres fármacos
antirretrovirales que cambió la vida de miles de personas afectadas por
el síndrome de la inmunodeficiencia humana; hasta entonces el sida había
sido, y continuó siendo durante unos años, sinónimo de muerte. Todos
sabemos que uno de los pilares más eficaces contra la enfermedad también
ha sido la prevención, los programas de información, de sensibilización
sobre las conductas seguras, como la utilización del preservativo. Todo
esto ha sido clave porque entre el año 1996 y 2009 los contagios
disminuyeron en un 30 % en todo el mundo. En paralelo, pero gracias a los
tratamientos antirretrovirales, hoy muchas personas infectadas por el VIH
han ganado esta batalla contra la enfermedad y llevan una vida
completamente normal.

Tres décadas después de la descripción de la enfermedad
todavía hay mucho que hacer, aunque hemos avanzado y normalizado la
enfermedad; pero tras cualquier avance está el esfuerzo de los
profesionales, de los centros de investigación, de los trabajadores
sociales, de las ONG, de las asociaciones de enfermos y también de las
administraciones. Pero el camino que hemos andado no es irreversible, no
lo es, las restricciones que está impulsando el Gobierno al acceso a los
tratamientos nos pueden devolver a 1996. No lo digo yo, lo dicen los
profesionales de la salud y los expertos en sida.

Antes de la entrada en vigor del real decreto que ha
supuesto el recorte más importante que ha sufrido nuestro sistema público
de salud desde su creación, todos los residentes en España, incluidos los
inmigrantes con independencia de su situación, tenían derecho a la
asistencia sanitaria. Hoy esto ya no es así, el día 1º de septiembre
entró en vigor el artículo 3 del Real Decreto 16/2012, en el que se
especifica que los extranjeros no residentes en España solo recibirán
asistencia en caso de enfermedad grave o en caso de parto y posparto. Por
tanto, esto deja de en situación de vulnerabilidad a esos emigrantes que
sufren una enfermedad importante, como el VIH.

Según los datos de la Sociedad Española en este campo, se
estima que en España hay aproximadamente 459 000 inmigrantes en situación
irregular; de ellos, entre 2700 y 4600 están infectados por el VIH. Según
sus cálculos, los recortes aprobados por el Gobierno dejarían fuera del
sistema entre 1800 y 3200 personas que están diagnosticadas sin
tratamiento; estamos hablando de personas que viven con nosotros y que
dejarían de recibir atención sanitaria por no tener recursos para poder
pagar un seguro o para pagarse los medicamentos. Y esto no solo es así,
sino que se considera que entre 900 y 1500 inmigrantes desconocen que son
portadores de la enfermedad, con lo cual su exclusión del sistema
sanitario todavía puede hacer más difícil este diagnóstico y por
consiguiente puede hacer que los contagios con otras patologías sean más
graves.

Está claro que las consecuencias de este real decreto que
venimos denunciando desde hace ya muchos meses son claras. No lo hemos
dicho nosotros, en este caso es una asociación de profesionales que se
posiciona con claridad y que nos explica desde el punto de vista
científico que la mortalidad con el VIH aumentará si esto no cambia.
Estas personas tendrán más enfermedades oportunistas y, por lo tanto, más
riesgos de sufrir tuberculosos u otras enfermedades que son fácilmente
transmisibles, y además acabarán ingresados por vía de urgencia porque
las enfermedades no se paran y siguen avanzando; estos enfermos acabarán
en servicios de urgencia donde los atenderemos porque el real decreto nos
permite atenderlos en situación de urgencia.

Por tanto, todo indica que la situación empeorará y será
más cara, social y médicamente. Esta es la realidad: la factura de los
recortes del Gobierno del Partido Popular será más cara en todos los
aspectos, humanos, económicos y sociales. Pero, además, se trata de una
medida completamente injusta, porque saben que la sostenibilidad de
nuestro sistema sanitario no depende de la atención de los inmigrantes,
porque estos van menos al médico, y si son irregulares, todavía menos.
Por eso, como ya hemos manifestado en muchas otras ocasiones, no solo
encontramos razones de austeridad y económicas, sino

que detrás encontramos, como siempre, ideología y,
permítanme decirlo, ideología conservadora. De hecho, la decisión ha sido
tan polémica que algunas comunidades ya han dicho que no piensan
aplicarla, como es el caso de Andalucía, Cataluña, País Vasco, Canarias
y, creo que también alguna comunidad del PP seguiría el mismo camino si
no fuera por lealtades partidistas.

Los profesionales, por otro lado, han manifestado su
rechazo por razones éticas. Una vez más hemos visto que el Gobierno hasta
el día de hoy —y digo hasta el día de hoy porque es cierto el
esfuerzo realizado por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado para
poder aprobar esta moción aquí— no había querido escuchar todas la
voces que advertían precisamente de este peligro de no tratamiento de
algunas patologías, como el VIH o sida, en el caso de la población
inmigrante irregular.

No es una casualidad el deterioro de la sanidad pública,
como tampoco lo es la exclusión de los inmigrantes irregulares, sino que
es fruto de una ideología donde prima el azar frente a la igualdad de
oportunidades. El azar también está presente en las enfermedades y en
conductas de riesgo y, evidentemente, también hace que contraigamos o no
una enfermedad. Pero todos podemos caer enfermos y todos podemos
contagiarnos de alguien que está a nuestro lado y que sufre una
enfermedad. Lo que no podemos dejar al azar es el derecho a la atención
médica, el derecho a ser asistido, a recibir un tratamiento, a tener la
oportunidad de curarse. Esto no puede depender de la situación económica
ni del lugar donde uno ha nacido. Estamos hablando de personas que viven
en nuestro país con nosotros. El derecho a curarse es un derecho que,
desgraciadamente, ahora no tienen todas las personas. Así que me alegro
de que aquellas que sufren el VIH, gracias a la moción que vamos a
aprobar todos por unanimidad, puedan continuar con el tratamiento y la
asistencia sanitaria. Y me alegro —ya lo he dicho— de que el
PP apoye esta moción, porque son muchas las diferencias que tenemos en
materia sanitaria, pero también creo que tratándose de un aspecto tan
relevante como la prevención del sida, los ciudadanos no entenderían el
voto en contra de ningún grupo de esta Cámara. El camino recorrido a lo
largo de estas tres décadas, el trabajo realizado en todos estos años por
parte de los profesionales sanitarios, los servicios sociales, los
centros de investigación, las asociaciones, las ONG, la luchas de tantas
y tantas familias de afectados, merecen que hoy todos los grupos de la
Cámara apoyemos esta moción.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
senadora Almiñana.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Moltes gràcies, presidenta.

Senyories, el Grup Parlamentari Socialista ens portava a
aprovació d’aquest ple una moció que té, com a rerefons, les
problemàtiques que suposa l’aplicació dels reals decrets llei en
l’àmbit de la salut aprovats des de l’arribada al govern de
l’executiu del senyor Rajoy. Bàsicament estem parlant del
reconeixement del dret a l’assistència sanitària i de com el fet de
deixar fora a un important col·lectiu, com és el de les persones
estrangeres sense residencia legal, pot afectar directament al seu dret
individual a la salut però també com pot tenir conseqüències en
l’àmbit de la salut pública.

Des del nostre grup parlamentari hem defensat sempre la
necessitat de garantir la sostenibilitat del sistema sanitari públic, i
per tant, la necessitat de prendre mesures per què així sigui, però
assegurant en tot moment els principis bàsics d’universalitat,
equitat, eficiència i qualitat. A Catalunya 600 000 0 persones, sobre un
total de 7.650.000 que consten al Registre Central d’Assegurats, no
han estat reconeguts per l’INSS com a assegurades o beneficiaries.
D’aquestes, 180 000 són de nacionalitat estrangera. Des del Govern
de la Generalitat de Catalunya hem assumit el compromís de què cap
ciutadà empadronat a Catalunya quedi sense accés a l’assistència
sanitària pública. En el nostre cas, els donem una targeta, establim els
criteris, definim els serveis i controlem el bon ús. Volem evitar les
conseqüències o perjudicis per a la salut d’aquestes persones en
cas de no rebre assistència sanitària, evitar un augment de la
vulnerabilitat dels col·lectius en risc d’exclusió social, però
també evitar el perill per a la salut pública que podria provocar el fet
de deixar una part de la població sense control i servei mèdic.

Fetes aquestes consideracions, i com no podia ser
d’una altra manera, des del nostre grup parlamentari teníem clar
que havíem de donar suport a la moció presentada pel Grup Socialista.
Compartim absolutament l’exposició de motius, especialment pel que
fa referència a que en el cas específic del sida, la exclusió d’una
part de la població al accés al diagnòstic i al tractament pot originar
un efecte contrari al desitjat. Si l’objectiu del govern és
estalviar despeses en l’àmbit de la salut, la manca de prevenció,

diagnòstic i tractament en aquest casos, pot generar
problemàtiques clares per a la salut pública i despeses a mig i llarg
termini considerables.

Defensem la gestió intel·ligent dels serveis públics, i en
l’àmbit de la salut, la prevenció és eficiència i eficàcia. Per
tant ens congratulem pel fet d’haver arribat a la transaccional,
especialment per la importància que suposa que el grup que dóna suport al
govern de l’Estat comenci a reconèixer els clars errors dels reials
decrets aprovats i instin al govern, al seu govern —això és el que
fan amb la acceptació dels dos primer punts de la transaccional— a
rectificar i començar a prendre decisions per reconduir una situació que
ha estat criticada i posada en dubte per la totalitat de grups
parlamentaris. Per tant, felicitats a tots.

Dit això m’agradaria aprofitar la meva intervenció
per explicar el sentit de l’esmena que presentàvem, i que
evidentment hem retirat per poder signar la transaccional conjunta
—de fet el PP o el govern no en tenia cap interès òbviament en què
la nostra esmena quedés incorporada— però que clarament demostra el
compromís del govern de Catalunya en el control i la prevenció de la
epidèmia de la sida, així com l’atenció mèdica i l’accés al
tractament de totes les persones que ho necessitin. Presentàvem una
esmena què demanava, literalment, restablir, en els pressupostos generals
de l’estat pel 2013, les transferències a les CCAA per les despeses
que originen els programes derivats del Pla Nacional de la sida així com
les subvencions a institucions de qualsevol titularitat, sense ànim de
lucre, amb finalitat de finançar programes de prevenció i control de la
sida. És tant el nostre compromís respecte aquesta problemàtica, i som
tant conscients de la seva importància, que no volíem desaprofitar
aquesta ocasió per demanar al govern que ampliés o recuperés la
consignació pressupostària a transferir a les comunitats autònomes per
tal que des del territori es pugui seguir afrontant les campanyes i els
programes de prevenció i atenció als infectats pel virus.

En els Pressupostos Generals de l’Estat del 2011, les
transferències a les CCAA per als programes autonòmics derivats del Pla
Nacional sobre la Sida, era de 4.808.000¤. Entenc que la meva esmena
poses nerviós i no agradés al grup de PP, doncs lamentablement fa uns
mesos vèiem com es fulminaven, directament, aquesta partida en
l’elaboració dels seus primers pressupostos des que van arribar al
govern de l’Estat.

En els Pressupostos Generals del 2012, les transferències a
les CCAA en aquest àmbit desapareixien —no es reduïen,
desapareixien— però tampoc hi són previstos en els pressupostos
generals que acaben de presentar. Però senyories, que desaparegui aquesta
partida dels pressupostos, no significa ni que els problemes derivats de
la infecció pel virus hagin desaparegut, ni que des de les CCAA (o
almenys des de Catalunya) haguem deixat de treballar. A Catalunya el
passat 2011 rebíem una transferència per part de l’Estat de 600 000
¤ per programes de la sida, que sumats als 700 000 ¤ que va aportar la
generalitat, permetien disposar d’un total de 1 300 000¤. Amb
aquests recursos la Generalitat de Catalunya feia una convocatòria de
subvencions a ONG, les qual fan una extraordinària i imprescindible feina
no només a nivell de sensibilització, conscienciació, educació... sinó
també des d’un punt de vista de la detecció i la prevenció.

Que ha passat aquest 2012, en el que els pressupostos
generals de l’estat no contemplaven aquestes transferències a les
comunitats autònomes? Doncs que la totalitat de l’esforç l’ha
hagut de fer la Generalitat de Catalunya. Un milió d’euros per
subvencionar la feina que fan les entitats. En un moment de contenció, de
retallades, de crisi, el que vulguin dir, des de la Generalitat hem
destinat més recursos econòmics a aquesta finalitat. I els ho explico per
què cansa una mica veure com el seu ministre Montoro, setmana rere
setmana, retreu la gestió econòmica feta des de les comunitats autònomes,
estableix claríssimament unes normes del joc injustes per les comunitats,
però no dedica ni un minut a explicar cap a on i en quin sentit es
destinen els recursos per part de les administracions territorials:
sanitat, educació i polítiques socials, és a dir, persones i estat del
benestar.

Per tant, ens alegrem moltíssim d’haver arribat a un
consens clar entres les diverses formacions polítiques, però percebem
certa demagògia per part del grup del Partit Popular, atès que fan un
gest públic cap a la societat civil però a l’hora de la veritat
donen l’esquena no atorgant recursos i, per tant, minvant clarament
la capacitat d’acció de les ONG.

I per acabar, felicito evidentment al Partit Socialista per
haver presentat la moció i per la gran jugada tàctica, que ens ha sortit
bé. Ens podem doncs felicitar tots pel que hem aconseguit. A partir
d’ara s’atendran persones que el Govern de l’estat
deixava fora del sistema i també, com vostès, ens comprometem a fer un
seguiment per veure i controlar que realment aquest moció es dugui a
terme.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Muchas gracias, presidenta.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha planteado
una moción que tiene como trasfondo la problemática que supone la
aplicación del real decreto ley en el ámbito de la salud aprobado a la
llegada al Ejecutivo del Gobierno de Rajoy. Estamos hablando del
reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria y de cómo el hecho
de dejar al margen a un colectivo importante —las personas
extranjeras sin residencia legal— puede afectar directamente a su
derecho individual a la salud, pero también cómo puede tener
consecuencias en el ámbito de la salud pública.

En nuestro grupo parlamentario siempre hemos defendido la
necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público
y, por tanto, la necesidad de adoptar medidas para que esto sea así, pero
garantizando siempre los principios básicos de universalidad, equidad y
eficiencia. En Cataluña, 600 000 personas, de un total de 7,5 millones
que aproximadamente constan en el Registro Central de Asegurados, no han
sido reconocidos por el INSS como personas beneficiarias y de ellas, 180
000 personas son de nacionalidad extranjera. En el Gobierno de la
Generalitat hemos asumido el compromiso de que ningún ciudadano
empadronado en Cataluña quede sin acceso a la asistencia sanitaria
pública. En nuestro caso, les damos una tarjeta, establecemos una serie
de criterios, definimos servicios y controlamos el buen uso. Queremos
evitar las consecuencias o perjuicios para la salud de estas personas en
caso de no recibir asistencia sanitaria. Queremos evitar un aumento de la
vulnerabilidad de los colectivos en riesgo de exclusión social, pero
también queremos evitar el peligro para la salud pública que podría
provocar el hecho de dejar una parte de la población sin control y sin
servicio médico.

Hechas estas consideraciones y cómo no podría ser de otro
modo, nuestro grupo parlamentario tenía que dar apoyo a la moción
presentada por el Grupo Socialista. Compartimos absolutamente la
exposición de motivos, muy especialmente en lo que respecta a que, en el
caso específico del sida, la exclusión de una parte de la población al
acceso, al diagnóstico y al tratamiento puede causar un efecto contrario
al deseado. Si el objetivo del Gobierno es ahorrar gasto en el ámbito de
la salud, la falta de prevención, diagnóstico y tratamiento en esto casos
puede generar problemáticas claras para la salud pública y gastos a medio
y largo plazo muy considerables.

Defendemos la gestión inteligente de los servicios públicos
y, en el ámbito de la salud, la prevención es eficacia y eficiencia. Por
consiguiente, nos alegramos de haber llegado a la transaccional,
especialmente por la importancia que tiene que el grupo que da apoyo al
Gobierno del Estado comience a reconocer los claros errores del Real
Decreto aprobado e inste al Gobierno, a su Gobierno —y esto es lo
que hacen con la aceptación de los dos primeros puntos de la
transaccional— a rectificar y empezar a tomar decisiones para
reconducir una situación que ha sido criticada y puesta en duda por el
conjunto de los grupos parlamentarios. Por lo tanto, les felicito a
todos.

Dicho esto, quisiera aprovechar la ocasión para explicar el
sentido de la enmienda presentada y que evidentemente hemos retirado para
llegar a firmar esta transaccional conjunta. De hecho, el PP o el
Gobierno no tenía evidentemente ningún interés en que nuestra enmienda
quedara incorporada, pero claramente esta enmienda muestra nuestro
compromiso, el compromiso del Gobierno de Cataluña, con el control de la
epidemia del sida, así como con la atención médica y el tratamiento para
todas las personas que lo necesitan. Presentábamos una enmienda que
literalmente pedía que se restablecieran en los Presupuestos Generales
del Estado de 2013 las transferencias a las comunidades autónomas por los
gastos que originan los programas derivados del Plan Nacional sobre el
Sida, así como las distintas instituciones de cualquier titularidad sin
ánimo de lucro con el objetivo de financiar programas de control del
sida. Nuestro compromiso es claro frente a este problema. Ahí somos tan
conscientes de su importancia que no queríamos desaprovechar esta ocasión
para pedir al Gobierno que ampliara el presupuesto a transferir a las
comunidades autónomas para que, desde el territorio, se puedan seguir
haciendo frente a los programas de prevención y atención a las personas
infectadas por el virus.

En los Presupuestos Generales del Estado de 2011, las
transferencias a las comunidades autónomas para los programas autonómicos
derivados del Plan Nacional sobre el Sida eran de más de 4 millones de
euros. Entiendo que mi enmienda no gustara al Grupo Popular puesto que,
lamentablemente, hace algunos meses veíamos cómo se fulminaba esta
partida en la elaboración de los primeros presupuestos a su llegada al
Gobierno del Estado. En los Presupuestos Generales del Estado de 2012 las
transferencias a las comunidades autónomas en este campo no se reducían,
desaparecían, pero tampoco aparecen en los Presupuestos Generales que se
acaban de presentar. Sin embargo, señorías, el hecho de que esta partida
desaparezca de los presupuestos no significa ni que los problemas
derivados de la infección hayan desaparecido, ni que las comunidades
autónomas, al menos Cataluña, hayamos dejado de trabajar

en ello. En Cataluña, en el pasado 2011, recibíamos una
transferencia por parte del Estado de 600 000 euros para programas de
sida, que sumados a los 700 000 euros aportados por la Generalitat,
permitían disponer de un total de 1 300 000 euros. Con estos recursos la
Generalitat de Catalunya realizaba una convocatoria de subvenciones a las
ONG que realizan una labor extraordinaria e imprescindible no solo en
cuanto a la sensibilización, concienciación y educación, sino también en
lo que respecta a la detección y a la prevención.

¿Qué ha sucedido en este año 2012 cuando los Presupuestos
Generales del Estado no contemplaban estas transferencias a las
comunidades autónomas? Pues bien, que el conjunto del esfuerzo ha tenido
que realizarlo la Generalitat; un millón de euros para subvencionar la
labor de las entidades. En un momento de contención, de recortes, de
crisis, como quieran ustedes llamarlo, la Generalitat ha destinado más
recursos económicos a este objetivo, y se lo digo porque cansa un poco
ver cómo su ministro, el señor Montoro, semana tras semana, reprocha la
labor realizada por las comunidades autónomas, establece unas reglas de
juego injustas y, en cambio, no dedica ni un minuto a explicar hacia
dónde y en qué sentido van dirigidos los recursos destinados por las
comunidades a sanidad, educación y políticas sociales, es decir, personas
y Estado del bienestar.

Por tanto, nos congratulamos de haber llegado a un consenso
claro entre las distintas formaciones políticas, pero percibimos cierta
demagogia por parte del Grupo Parlamentario Popular, puesto que hacen un
gesto público para la sociedad civil pero a la hora de la verdad dan la
espalda a los recursos que pueden destinar y merman la capacidad de las
ONG.

Felicito, evidentemente, al Grupo Parlamentario Socialista
por haber presentado esta moción y por esta jugada táctica, que ha salido
bien, así que nos podemos congratular todos por lo conseguido. A partir
de ahora, se va a atender a personas que el Gobierno del Estado dejaba al
margen del sistema, y, como ustedes, nos comprometemos a hacer un
seguimiento para controlar que realmente esta moción se lleve a cabo.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Muchas gracias, señora
presidenta.

Señorías, voy a intervenir muy brevemente para darles las
gracias por su apoyo a esta moción. Me ha hecho gracia la portavoz de
Convergència, que ha hablado de una moción táctica. Está bien que
empleemos las tácticas siempre que sea en beneficio y en la mejora de la
salud de los hombres y mujeres de este magnífico país que es España. Y
tenía toda la razón, y le doy las gracias por su generosidad a la hora de
retirar una enmienda que había presentado de compromiso real.

Nosotros también vamos a continuar insistiendo porque el
trabajo fundamental —y he comenzado mi intervención así— lo
realizan las ONG, y las ONG necesitan el apoyo, el dinero del Gobierno de
España, y ese dinero y ese apoyo estaban en los presupuestos del año
2011, cuando gobernaba el Partido Socialista. En el año 2012 eliminaron
ustedes de un plumazo el Plan Nacional sobre el Sida, y este año en los
presupuestos de 2013 tampoco existe partida presupuestaria. Por tanto,
vamos a estar muy vigilantes. Vamos a presentar enmiendas en ese sentido
porque es cierto que hacen un trabajo eficaz pero necesitan el apoyo y
las transferencias del Estado.

Quiero agradecer también —lo he dicho antes y vuelvo
a insistir en ello— el trabajo y el apoyo del Partido Popular, y
seguiremos denunciando que este real decreto es injusto. Hoy hemos dado
un paso adelante para estos enfermos de sida pero, repito, vamos a
continuar insistiendo en que se debería retirar este real decreto ley,
tan injusto, tan ineficaz y tan excluyente.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas
gracias, senadora Llinares.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra la senadora Elorriaga.

La señora ELORRIAGA PISARIK: Muchas gracias, señora
presidenta.

Señorías, muy buenos días.

Para mí también es un motivo de satisfacción que se haya
conseguido un acuerdo de los grupos de la Cámara en este tema tan
importante para todos nosotros, en el que el Partido Popular viene
trabajando desde hace mucho tiempo —no es de ahora— y en el
que siempre ha mantenido una política rigurosa y,

sobre todo, de interés y de trabajo directo con las
personas que padecen la pandemia y con las asociaciones que trabajan para
ellos.

Es verdad que la pandemia provoca sufrimiento, no me cabe
duda, y en todo el mundo, y, como dice Cáritas, se podría considerar la
peor crisis mundial. Lo dice una asociación que en estos momentos está
dando mayor apoyo y asistencia en todo el mundo.

Por tanto, señorías, abordamos un tema de enorme
trascendencia para las personas y para la sociedad. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.) Y he mencionado a las personas en primer lugar no
por casualidad, sino porque me parece que es a las personas hacia quienes
debemos centrar la mirada.

Señorías, los distintos portavoces han hablado hoy aquí de
economía, del Real Decreto 16/2012, de lo malos, de lo xenófobos y de lo
poco sociales que somos en el Partido Popular, pero, a mi juicio, el
objetivo de esta moción debería ser qué es lo que ocurre y qué es lo que
va a ocurrir en el futuro con las personas que padecen esta enfermedad.
Por lo menos me ha quedado claro que la mayoría de los grupos que
componen esta Cámara vamos a abordar la problemática de la prevención,
del control y la atención a las personas afectadas por el VIH-sida,
porque para todos nosotros es un asunto prioritario, lo cual me
tranquiliza. Quizá en lo que seguro no estamos de acuerdo es en el modo
de abordarlo —tal y como han puesto de manifiesto los distintos
discursos de los portavoces—, pero me tranquiliza saber que
partimos al menos de unas bases sólidas y que todos estamos en contacto
con el tejido asociativo —y digo todos, señorías, porque aquí nadie
tiene el privilegio de atesorar lo temas sociales—. Por tanto, me
parece que es necesario llegar a un acuerdo entre todos —acuerdo
que, por supuesto, se va a seguir— y que todos comprendamos que es
necesario un cambio en la forma de intervenir con las personas. Eso
tampoco lo digo yo, lo dicen expertos que están dedicados a estos
asuntos.

Y quiero dejar claro y decir alto —como señalaba
antes la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista— que el
Ministerio de Sanidad de España viene reiterando que la lucha contra el
VIH sigue siendo una prioridad y que ninguna de las personas afectadas va
a dejar de ser atendida o de recibir tratamiento. Eso es algo que se ha
repetido en múltiples ocasiones, pero quiero reiterarlo porque me ha
parecido, por sus discursos, que no ha quedado claro. Insisto: el
ministerio viene reiterando que la lucha contra el sida sigue siendo una
prioridad. Pero es que, además, señorías, la ministra Mato ha asegurado
en repetidas ocasiones y en diversos foros —no solo en el foro
parlamentario— que los inmigrantes irregulares con sida van a tener
cobertura sanitaria. Eso me hace no comprender muchas de las afirmaciones
que he tenido que oír esta mañana. Y lo expongo de manera clara porque lo
que realmente me preocupa, y hoy se ha visto de una manera muy clara
aquí, es la profunda alarma social que se está generando por una cuestión
política, que me parece que es lo triste.

Señorías, están llegando a los ciudadanos afirmaciones que
se alejan peligrosamente de la realidad, y, desde luego, como
representante del Grupo Parlamentario Popular en este caso, no puedo
permitir que se digan en sede parlamentaria.

Señorías, el ministerio ha dado explicaciones en sede
parlamentaria en repetidas ocasiones. La propia ministra ha contestado
directamente a los medios de comunicación y, por supuesto, también en
sede parlamentaria. Por tanto, yo creo que el eje de la moción ha quedado
claro previamente por parte del Grupo Parlamentario Popular. Insisto, lo
que pasa es que es más cómodo utilizar estos temas para alarmar a la
población —estamos hablando de muerte, estamos hablando de que se
va a infectar a toda la sociedad—. Yo rogaría que en cuestiones tan
serias no se hicieran afirmaciones que, cuanto menos, son superficiales y
no están basadas en la realidad, afirmaciones que se alejan de lo que en
realidad se está haciendo en este país.

Yo entiendo que a ustedes no les parezca bien el Real
Decreto 16, de 2012, de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que, por cierto, señores
del Partido Socialista, nada tiene que ver con el Real Decreto 12, de
2012, que ustedes hacen constar en la moción. Entiendo que es un error
formal y, por ello, no voy a entrar en esa polémica que me parece
estéril. Pero es verdad que el Gobierno ha explicado en repetidas
ocasiones por qué ha tenido que realizar la medida, y he de decirles por
otro lado que es una medida respaldada por el 72 % de los españoles
—es el resultado de la última encuesta que se ha hecho, y no es una
encuesta que haya encargado, como ustedes pueden imaginar, el Partido
Popular, y no es una encuesta que engañe—. Esa encuesta dice que el
72 % de los españoles están de acuerdo con este real decreto. Por otro
lado, es importante insistir en que ningún afectado se va a quedar sin
atender.

Y una de las cosas que sí me agrada es que precisamente ese
informe hecho por unos expertos que componen el grupo de estudios Gesida
y el Plan Nacional sobre el Sida haya servido para la elaboración

de la exposición de motivos de esta moción. Eso me alegra
porque es muy importante que los que nos dedicamos a la política tengamos
en cuenta la participación de la sociedad y a las personas que son
expertas en los distintos temas.

Señorías, paso al fondo de la cuestión. Quiero decirles que
mi grupo ha estudiado con seriedad y rigor el contenido de esta moción.
Pero también tengo que señalar que en política no vale todo e insisto,
alarmar a la sociedad en una situación como la actual me parece, cuanto
menos, una actitud irresponsable. Eso sí me parece una irresponsabilidad,
no lo que hace el Partido Popular, que está trabajado rigurosamente día
tras día por sacar adelante la sanidad en España. La irresponsabilidad,
insisto, es generar alarma en la población. Por ese motivo me alegra
haber llegado a un acuerdo entre los grupos, acuerdo en el que
efectivamente he participado de una manera muy intensa porque he
considerado —y también mi grupo— que debíamos hacerlo de esa
manera.

Conocemos por supuesto a la perfección —como no podía
ser de otra manera— que existe un consenso científico internacional
sobre el papel del tratamiento de las personas infectadas por el VIH como
la principal medida preventiva y de control de la epidemia a nivel
global, claro que lo conocemos, pero lo que no podemos compartir de
ningún modo es que las políticas realizadas y las medidas tomadas por el
Gobierno de España vayan a suponer un descontrol de la epidemia en
nuestro país. Eso no lo podemos admitir. El control de la epidemia del
VIH, como ustedes plantean, es en la actualidad una prioridad mundial, y
así lo entiende el Ministerio de Sanidad en nuestro país y así lo
entiende su titular, la señora Mato.

Señorías del Partido Socialista, por mucho que ustedes
insistan, tanto en el Congreso como en el Senado, la respuesta
gubernamental sobre el impacto de los recortes en este ámbito es clara y
contundente, y ustedes, señorías, lo saben muy bien.

Claro que esta es una moción táctica, por supuesto que es
una moción táctica, porque perseguía quizás unos fines que no son los que
se han planteado aquí. En primer lugar, hay que tener en cuenta que se ha
confirmado un nuevo plan multisectorial frente al sida, que, una vez
finalizado el Plan 2008-2012, se adaptará a la situación actual de la
epidemia con nuevos retos a la hora de hacer frente a ella. También debo
recordarles que el Real Decreto 16, de 2012, no ha modificado la Ley
33/2011, General de la Salud Pública, en cuya cartera de servicios están
comprendidas todas las actuaciones en materia de enfermedades infecciosas
transmisibles. Señorías, vamos a ser serios, vamos a hablar con
propiedad, porque sabemos que los servicios de salud desarrollan desde
hace años mediante programas de prevención y control de enfermedades
políticas poblaciones de salud pública.

Además quiero manifestar —y también lo digo de forma
alta y clara— que el Gobierno considera la importancia de promover
la reducción de la fracción no diagnosticada de VIH —tema muy
importante del que no se ha hablado aquí—. Y el Gobierno tiene
entre los objetivos del plan, frente a la infección de VIH y el sida,
facilitar el acceso a las pruebas de VIH no solo a través del Sistema
Nacional de Salud, sino mediante la extensión de puntos de diagnóstico a
través de pruebas rápidas, incluso pruebas anónimas, con programas de
acercamiento en los escenarios de la vida donde están aquellas
poblaciones que son más vulnerables. En este sentido, el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha fomentado la realización de
pruebas rápidas en entornos no sanitarios mediante programas de base
comunitaria y el programa de realización de pruebas rápidas en las
farmacias de algunas comunidades autónomas. También se han realizado
campañas de sensibilización que, desde luego, son de gran importancia.
Comparto lo que aquí se ha dicho por parte de la senadora Almiñana: tanto
la sensibilización como la prevención —y eso es algo que tenemos
claro en el Partido Popular— son prioritarias y vamos a seguir
desarrollándolas.

El acceso a las pruebas diagnósticas, que ya es universal
—esta es otra cosa que también quiero dejar bien clara porque
parece que se está ocultando la realidad con cierta intención—, sin
exclusión de ningún grupo de población, para determinar la infección de
VIH es uno de los objetivos prioritarios del futuro plan nacional de
infecciones de transmisión sexual y VIH-sida. En esta línea se está
trabajando con una guía para el diagnóstico del VIH en España, cuyo
objetivo es proporcionar recomendaciones específicas para la prescripción
de la prueba de VIH y el diagnóstico precoz de las personas infectadas
por el VIH, promoviendo la prescripción de la prueba desde una
perspectiva activa en la oferta de la misma. Señorías, esa es la
realidad, no lo que aquí hemos oído esta mañana.

Por otro lado, ya que también hemos hablado de presupuestos
—porque se ha aprovechado esta moción para hablar de todo tipo de
temas, menos del que nos ocupa—,…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando.

La señora ELORRIAGA PISARIK: …tengo que decirles
—voy terminando, señor presidente— que el proyecto de ley de
presupuestos para 2013 mantiene la dotación presupuestaria destinada a la
estrategia del Plan Nacional sobre el Sida tanto en la gran línea de
actuación de apoyo a actividades preventivas y de diagnóstico precoz
coordinadas en el marco institucional con otros ministerios como en
aquellas promovidas y desarrolladas directamente por el ministerio en
materia de coordinación.

Por tanto, señorías, alegrándome de que haya podido
conseguirse un acuerdo, también les digo que aquí lo único irresponsable
es crear una alarma social, hablar a la población de muerte, decir a la
población que se va a transmitir una pandemia; que, señorías, esta siendo
absolutamente la prioridad…

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora ELORRIAGA PISAK: …para el Ministerio de
Sanidad en este momento, y así lo ha sido también en años anteriores.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Elorriaga.

Teniendo en cuenta que la propuesta de modificación ha sido
firmada por todos los grupos, excepto por el Grupo Mixto, pregunto al
Grupo Mixto si se puede aprobar por asentimiento. (Asentimiento.)

Queda aprobada.

5.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ABORDAR EL
CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE EXPERTOS PARA EL FUTURO
DEL MONUMENTO DEL VALLE DE LOS CAÍDOS Y RETIRAR LOS RESTOS MORTALES DE D.
FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE.

(Núm. Exp. 662/000040)

AUTOR: GPV

El señor presidente da lectura al punto 5.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado una
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario
Vasco y por tiempo de quince minutos, tiene la palabra el senador
Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Presidente jauna, datorren
azaroaren 20an, egungoa eta hamargarrena dan legegintzaldi honen
hauteskundeen lehen urteurrena betezen da. Franko generala hil zala ere
37 urte betetzen dira. Ez dut inolako adjetiborik erabiliko berak
boterean igaro zituen ia berrogehi urteak deskribatzeko, bere graduazio
militarra salbu. Gure interesa ez da duela gutxiko historiaren denboraldi
bat kalifikatzea, baizik eta irteera diskretu, demokratiko eta beharrezko
bat bilatzea ezohikoa iruditzen zaigun egoerari. Hori dela eta, gure
mozioan hitzak neurtu ditugu, inor ez daiten haietan babestu botoa
ukatzeko, munduko edozein herrialdetan normala litzatekeen egoera honen
inguruan. Mozioa irakurtzera noa, horrela dio: «Adituen Batzordeko
akordioak betetzeari ekitea eta, errespetu osoz eta familiaren
adostasunean, bidezkoa dan diskrezioarekin, Francisco Francoren gorpuzkia
Caidos Haranetik erretiratua eta birkokatua izan daitela familiari
egokien iruditzen zaion tokian».

Nire taldeak testu honetan jartzen duena bakarrik eskatzen
du. Guztia diskrezioarekin egin daitela, familiaren adostasunean eta
adituen akordioak praktikan jartzearen borondatearekin. Hain zuzen ere,
Soraya Sáenz de Santamaría, Gobernuko lehendakariordea, uztaileko
gobernuaren kontrolean egin genion galderan, akordioaren alde agertu zan.
Bueno ba, hemen dagoz bere oinarriak

Señor presidente, el próximo 20 de noviembre se cumple el
primer aniversario de las elecciones legislativas que dieron origen a la
actual y décima legislatura, pero además se cumplen treinta y siete años
del fallecimiento del general Franco. No utilizaré ningún adjetivo para
describir sus casi cuarenta años de poder, solo mencionaré su graduación
militar. Nuestro interés, pues, no es calificar un periodo de la historia
reciente, sino buscar una salida discreta, democrática y necesaria a una
situación que consideramos anómala. De ahí que en nuestra moción hayamos
cuidado las palabras para que nadie se ampare en ellas y no votar sobre
algo que en cualquier país del mundo sería lo normal. Por ello, paso a
leer la moción, que dice así: «Abordar el cumplimiento de los acuerdos de
la Comisión de Expertos y, con

el debido respeto, y de acuerdo con sus familiares, así
como con la debida discreción, sean retirados los restos mortales de
Francisco Franco del Valle de los Caídos y sean estos reubicados donde su
familia lo estime oportuno.»

Mi grupo solo desea lo que pone en este texto y que todo se
haga con discreción, de acuerdo con la familia, y con la voluntad de
poner en práctica el acuerdo de los expertos. De hecho, la vicepresidenta
del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la pregunta de control al
Gobierno que le hicimos en julio de este año, se mostraba partidaria del
acuerdo. Bueno, pues aquí están sus bases.

Senadores, he hablado en euskera, y ahora voy a decir casi
lo mismo en castellano, sobre todo en respeto a los familiares de las
personas enterradas en el Valle de los Caídos y que nos acompañan en la
tribuna.

El próximo 20 de noviembre se cumple el primer aniversario
de las elecciones legislativas que dieron origen a la actual y décima
legislatura, pero también se cumplen treinta y siete años del
fallecimiento del general Franco. No utilizo ningún adjetivo para
describir sus casi cuarenta años de poder, salvo su graduación
militar.

Nuestro interés no es calificar un periodo de la historia
reciente, sino buscar una salida discreta, democrática y necesaria a una
situación que consideramos anómala.

Es la quinta vez que tomamos esta iniciativa en las Cortes
Generales, de ahí que en nuestra moción hayamos cuidado las palabras para
que nadie se ampare en ellas y no votar sobre algo que en cualquier país
del mundo sería lo normal. Por ello, paso a leer la moción, que dice así:
«Abordar el cumplimiento de los acuerdos de la Comisión de Expertos y,
con el debido respeto, y de acuerdo con sus familiares, así como con la
debida discreción, sean retirados los restos mortales de Francisco Franco
del Valle de los Caídos y sean estos reubicados donde su familia lo
estime oportuno.»

Mi grupo solo desea lo que pone en este texto y que todo se
haga con discreción, de acuerdo con la familia, y con la voluntad de
poner en práctica el acuerdo de los expertos de la legislatura anterior.
De hecho, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en
la pregunta de control al Gobierno que le hicimos en julio de este año,
se mostraba partidaria del acuerdo. Bueno, pues aquí están sus bases para
ese posible acuerdo.

También hemos de decir que hemos recibido de la Asociación
para la Defensa del Valle de los Caídos una carta firmada por su
presidente, don Pablo Linares Clemente, diciéndonos todo lo contrario. En
primer lugar dice que fue el actual jefe del Estado, el rey de España,
don Juan Carlos de Borbón, el que dictó la orden de que Francisco Franco
fuera sepultado en el lugar en que lo está; y, en segundo lugar, que es
tradición de la iglesia católica que los promotores e impulsores de la
construcción de templos religiosos —y el Valle de los Caídos lo es,
con la categoría de basílica pontificia, es decir, bajo la autoridad
directa del Papa— puedan ser enterrados en su interior. Francisco
Franco cumple tal condición por ser el principal impulsor de su
construcción. Ninguna autoridad no pontificia tiene potestad legal para
contravenir dicha tradición ancestral recogida en el Derecho canónico y
en los tratados internacionales.

Asimismo nos dice el señor Linares Clemente que la propia
Comisión de expertos —entendemos— carece de cualquier
objetividad exigible en un asunto de esta importancia. Nosotros creemos
que más representatividad que la que dan las urnas a los diputados y
senadores no la tiene el señor Clemente. El dictamen se produjo sin
mayoría cualificada en su seno. La forense de la Policía Científica, doña
Josefina Lamas, que intervino en la expresada comisión, para hacernos una
idea, es la misma que ha actuado recientemente en un conocido caso, en
que ha confundido los restos mortales de niños con los de animales. Y nos
dice que el que fue copresidente de dicha comisión, mal llamada de
expertos, Virgilio Zapatero, ha sido imputado en el conocido caso
Bankia.

Finalmente, nos dice que, por si fuera poco, el entonces
ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, anticipó en un programa de
televisión lo que iba a decir la expresada comisión varios meses después,
lo que induce a pensar que dicho dictamen más que científico fue de
encargo. Ya se ve que no son nada partidarios de nuestra moción. Pero
volvamos al origen de mi intervención.

Nosotros proponemos una moción respetuosa, una moción sin
aristas, una moción que puede empezar a solucionar un tema que lleva
enquistado treinta y siete años, que algún día se resolverá. No obstante,
sería bueno que en esta oportunidad, si se aprueba esta moción, se dieran
los pasos oportunos para, en coordinación con su familia, y de una manera
discreta, se pueda solucionar este asunto que lleva mucho tiempo
enquistado.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Anasagasti.

Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Antich por tiempo
de cinco minutos.

El señor ANTICH OLIVER: Muchas gracias, señor presidente.

Quiero empezar por decir que Virgilio Zapatero no está
imputado en ningún caso. (Aplausos.)

Sense perjudici que estem absolutament d’acord amb el
que proposa el Grup Parlamentari Basc, hem presentat la present esmena de
substitució amb la finalitat de facilitar una fórmula que possibiliti els
més amplis consensos per aplicar l’informe i les recomanacions de
la Comissió d’experts creada pel Consell de Ministres, de data 27
de maig de 2011. Un informe i unes recomanacions que, en aplicació de la
Llei de memòria històrica, té per objectiu la resignificació del conjunt
monumental del Valle de los Caídos.

Vull manifestar des d’ara que el meu grup està
totalment d’acord amb la proposta que es desprèn de l’informe
i les recomanacions de l’esmentada Comissió d’experts i
d’acord, per tant, amb tots els punts que desenvolupa i les
propostes d’actuació que s’hi detallen. Per aquest motiu
també estem d’acord amb la recomanació a la qual es refereix més
explícitament el Grup Parlamentari Basc. Però creiem que quan parlem de
memòria històrica, tal com es va aconseguir amb la Llei 52/2007, de 26 de
desembre, és convenient aconseguir els consensos més amplis. Un tema com
el que ens ocupa, que persegueix una memòria reconciliada dels que van
patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la dictadura,
mereix que fem el màxim esforç de consens si volem avançar amb
solidesa.

En aquest assumpte la llei crea les bases perquè els poders
públics duguin a terme diferents polítiques dirigides al coneixement de
la nostra història i el foment de la memòria democràtica en diferents
àmbits. Un d’aquests àmbits és el conjunt monumental del Valle de
los Caídos, conjunt monumental que es va construir amb la finalitat de
recordar només una de les parts i, per això, la llei planteja
resignificar i donar-li una nova lectura perquè sigui una lectura de
memòria reconciliada. A aquest fi, la Comissió d’experts va crear
unes bases per a aquesta relectura i per facilitar, ressaltant això, els
més amplis consensos, tal com defineix la primera recomanació de la
Comissió d’experts.

La mateixa comissió es manifesta plenament conscients, no
només de les dificultats polítiques i socials que suposa l’execució
de les recomanacions que ella mateixa fa, sinó que apunta igualment a les
limitacions dels recursos públics en moments de crisi com ho són els
presents.

D’altra banda, la Comissió, al llarg del seu
dictamen, desglossa les diferents accions a realitzar, apuntant
operacions més prioritàries i altres que per ventura no ho són tant,
operacions més costoses i altres de menys costoses, operacions que són de
gestió i altres que impliquen l’execució d’obres. En
definitiva, actuacions que permeten ser prioritzades i planificades en el
temps. Per aquest motiu, prenent com a base l’informe i les
recomanacions de la comissió, proposam la creació per part del Govern
d’aquí a finals d’any d’una comissió on, representats
tots els grups del Senat i del Congrés, es planifiquin les actuacions a
realitzar al Valle de los Caídos. La creació, per tant, d’un
instrument que faciliti el consens, que valori i prioritzi obres i
actuacions, que tengui en compte el moment econòmic.

Per tant, segurament no podrem avançar amb la celeritat que
ens agradaria a tots, però també tenent ben present que la crisi no pot
ser l’excusa per paralitzar absolutament l’aplicació de la
llei i, en especial, d’aquest projecte.

Amb aquesta finalitat de no paralitzar la llei i que
l’informe i les recomanacions esmentats comencin a donar fruits és
la raó per la qual presentam aquesta iniciativa, que significa un avanç
imprescindible per l’especial significació del Valle de los Caídos
com un gran monument només d’una part —perquè allà es troben
restes de més de 30 000 espanyols—, pel deteriorament creixent del
conjunt monumental i, sobretot, per la gran necessitat d’avançar en
el foment de la memòria democràtica, amb una memòria reconciliada que
honri totes les víctimes, sigui quina sigui la seva ideologia.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Sin perjuicio de estar absolutamente de acuerdo con lo
propuesto por el Grupo Parlamentario Vasco, hemos presentado esta
enmienda de sustitución con la finalidad de facilitar una fórmula que
posibilite los máximos consensos para aplicar el informe y las
recomendaciones de la Comisión de expertos creada por el Consejo de
Ministros de 27 de mayo de 2011. El informe y las recomendaciones, en
aplicación de la Ley de memoria histórica, persiguen la resignificación
del conjunto monumental del Valle de los Caídos.

Quiero manifestar desde ahora mismo que mi grupo está en
absoluto acuerdo con la propuesta que se desprende del informe y de las
recomendaciones de la mencionada Comisión de expertos, por lo tanto,

estamos de acuerdo con todos los puntos que desarrolla y
con las propuestas de actuación que quedan enumeradas en ellas. También
estamos de acuerdo con la recomendación a la que se refiere, de forma más
explícita, el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, pero consideramos
que al hablar de memoria histórica, tal y como se logró con la Ley 52/
2007, de 26 de diciembre, resulta conveniente conseguir los consensos más
amplios posibles. Un tema como el que nos ocupa, que persigue una memoria
reconciliada respecto de aquellos que sufrieron persecución y violencia
durante la guerra civil y la dictadura, merece que realicemos el máximo
esfuerzo de consenso si lo que queremos es avanzar con solidez.

La ley establece al respecto las bases para que los poderes
públicos realicen distintas políticas dirigidas al conocimiento de
nuestra historia y al fomento de la historia democrática en distintos
ámbitos. Uno de esos ámbitos es el conjunto monumental del Valle de los
Caídos, conjunto monumental que fue construido con la finalidad de
recordar tan solo a una de las partes. Por ese motivo, la ley plantea
resignificar y dar otra lectura, la de la memoria reconciliada. A ese
fin, la Comisión de expertos fijó una serie de bases para dicha relectura
y también para facilitar —haciendo hincapié en ello—,
mediante las bases, los máximos consensos, tal y como queda definido en
esa primera recomendación de la Comisión de expertos.

La misma comisión se manifiesta de forma absolutamente
consciente no solo de las dificultades políticas y sociales que supone la
ejecución de las recomendaciones que propone, sino que, además, apunta a
las limitaciones de los recursos públicos dada la crisis y el momento de
dificultad de recursos que atravesamos.

La comisión en su dictamen desglosa las distintas
actuaciones que deben realizarse y apunta aquellas que son más
prioritarias y otras que a lo mejor no lo son tanto, unas más costosas y
otras menos, unas operaciones de gestión y otras que implican también
ejecución de obras, es decir, todas las actuaciones que pueden ser
priorizadas y planificadas en el tiempo. Por este motivo, tomando como
base el informe y las recomendaciones de la comisión, proponemos la
creación por parte del Gobierno, antes de finales de año, de una comisión
en la que estén representados todos los grupos del Senado y del Congreso
y que planifique las actuaciones que deben realizarse en el Valle de los
Caídos; por tanto, la creación de un instrumento que facilite el
consenso, de un instrumento que valore y priorice tanto las obras como
las actuaciones, de un instrumento que tenga en cuenta la situación
económica actual.

Seguramente no vamos a poder avanzar con la celeridad que a
todos nos gustaría, pero la crisis no puede ser excusa para paralizar
absolutamente la aplicación de la ley, en especial en lo relativo a este
proyecto.

Con la finalidad de no paralizar la ley y de que el informe
y las recomendaciones mencionados empiecen ya a dar fruto, presentamos
esta iniciativa, iniciativa que implica un adelanto imprescindible dada
la especial significación del Valle de los Caídos como gran monumento
pero tan solo de una de las partes —puesto que en él encontramos
restos de más de 30 000 españoles— y también por el deterioro
reciente del conjunto monumental, en especial por la gran necesidad de
avanzar en el fomento de la memoria democrática, una memoria reconciliada
que honre a todas las víctimas, sean quienes sean y sea cual sea su
ideología.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Antich.

Tiene la palabra el senador Anasagasti para explicar si
acepta o no la enmienda.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor
presidente.

Intervengo desde el escaño.

Le tengo que decir, en primer lugar, al señor Antich que yo
no he dicho nada de Virgilio Zapatero. Yo le conozco además. Esto es lo
que dice don Pablo Linares Clemente. Diríjase a él. Yo no lo he dicho.
Tengo una buena amistad con el señor Virgilio Zapatero. No me enemiste
con él.

En segundo lugar, usted nos propone una comisión, además
con fecha de caducidad. Usted sabe mejor que nadie que un camello es un
caballo hecho por una comisión. ¡Pero, bueno, por la paz, un Avemaría! Si
en una situación como esta —pensamos que es una moción muy clara y
que ustedes la podían haber apoyado directamente—, el Grupo
Parlamentario Popular vota favorablemente esta iniciativa, nosotros
apoyaremos esta enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Anasagasti.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Los consensos siempre son buenos, mejor dicho, casi siempre
son buenos. La búsqueda de consenso en ocasiones lleva a la parálisis. Si
hay una ley que vive una situación de parálisis, de flagrante
incumplimiento cada día desde su aprobación, es esta ley, la Ley 52/2007.
Basta pasear por las calles de muchas de las ciudades de nuestro país
para seguir encontrando los nombres de los golpistas, para seguir
encontrando la glorificación de quienes trajeron a este país una guerra
civil sangrienta y una larga dictadura de cuarenta años. Basta pasear por
los campos de España para encontrar cunetas llenas de restos de
luchadores por la libertad, sin que ni tan siquiera un hito recuerde su
presencia allí. Por lo tanto, consenso sí, siempre que el consenso no sea
para incumplir la norma, siempre que el consenso no sea para incumplir la
ley.

Probablemente la virtualidad más positiva de esta moción
que hoy nos trae aquí el Grupo Parlamentario Vasco sea recordar estos
hechos. El portavoz, el señor Anasagasti, destacaba mucho el intento de
ser respetuoso. Es importante ser respetuoso con lo que merece respeto,
solo con lo que merece respeto. Yo no puedo votar esta moción porque en
esa búsqueda de la expresión del respeto se alcanza una literalidad, en
mi opinión, inasumible, se dice que habrá que respetar y alcanzar un
acuerdo con la voluntad de la familia. La soberanía que reside en esta
Cámara no puede someterse a la voluntad de ninguna familia, tampoco de la
familia del dictador. No se respetó la voluntad de la familia de quienes
fueron trasladados al Valle de los Caídos. Por lo tanto, si es posible el
acuerdo con la familia, alcáncese; si no es posible el acuerdo con la
familia, prevalezca la voluntad soberana de las cámaras legislativas,
prevalezca la voluntad soberana de este Senado de España. Lo contrario
sería una renuncia a cuestiones muy importantes.

En cuanto a la voluntad de la familia en relación con los
restos mortales, tengo que decir que hay precedentes de flagrante ruptura
con ese respeto. Los americanos no preguntaron a la familia de Bin Laden
dónde querían enterrar sus restos. Pero no hace falta dramatizar, ni tan
siquiera buscar ejemplos en política. Cuando un ayuntamiento ve qué
termina la concesión de un nicho, de una sepultura, pregunta a la familia
a dónde van a llevar los restos, si los van a recoger, y si la familia no
acude, esos restos —pasa todos los días al cabo del año a miles de
restos de ciudadanos— van a los osarios de los cementerios que
dependen de nuestros municipios o que dependen, en los casos de
privatización, de empresas privadas. Por consiguiente, respetemos la
voluntad si la voluntad es concordante con la voluntad mayoritaria de las
Cámaras que representan a la mayoría de los ciudadanos y si no, que
prevalezca esta.

No creo —y hago referencia a los argumentos que se
barajaban en la comunicación que recibió el señor Anasagasti— que
acogerse a sagrado post mortem sea un derecho constitucionalmente
reconocido. En todo caso, si se acude a esa fórmula, ello debiera
conllevar también una reflexión por parte de los titulares del inmueble
de la Iglesia católica española, una reflexión que probablemente debiera
hacer extensiva a su papel en la gloriosa cruzada y a su papel a lo largo
de la mayor parte de los cuarenta años de dictadura y buscar un colofón
razonable que al menos sirviera para de alguna forma hacer reconocimiento
expreso de que no se siente especialmente orgullosa de ese papel. Por
eso, votaré abstención ante esta moción que se ha formulado desde el
Grupo Vasco.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, vuelve a tener la palabra
el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor
presidente.

De una manera muy rápida, les diré que no debía haber leído
la carta de este señor, porque todo el mundo se ha confundido. Yo he
dicho lo que dicho en euskera, en castellano y de una manera muy
breve.

En cuanto a lo de la familia, es simplemente por respeto y
por tener una consideración para saber dónde tienen que ir esos restos,
pero no para que ellos decidan absolutamente nada; repito, simplemente
por respeto. Además, lo que se busca es que en un tema tan delicado la
Cámara tenga una votación en consonancia con lo delicado del asunto. Nos
dedicamos a poner adjetivos y la verdad es que debía haber leído la carta
completa, porque en el primer párrafo me ponen pringando a mí. Lo he
omitido, no soy masoquista, pero seguiremos insistiendo.

Nosotros creemos que nuestra moción es clara. Vamos a
aceptar la enmienda del Partido Socialista porque es una enmienda que
pretende sumar, pretende que entre todos lleguemos a un acuerdo y
abordemos un tema absolutamente delicado que pensamos es lo procedente.
Si comenzamos a poner adjetivos y a contar nuestra propia historia
personal o la historia personal de gente que ha vivido cercana a nosotros
podríamos utilizar muchísimas más cosas. Pero bueno, no lo vamos a
hacer.

Yo, simplemente, lo único que tengo que hacer es lamentar
la intervención de Izquierda Unida. Eso del rojo separatismo parece que
sigue existiendo. En fin, qué vamos a decir. Nosotros seguimos poniendo
encima de la mesa un acuerdo que creemos que es bueno para todos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa tiene la palabra el
senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gràcies, senyor president.

Senyories, pensàvem votar a favor de la moció que ha
presentat el grup basc i votarem a favor de l’esmena de substitució
del Grup Socialista, tot i que pensem que no es farà res. És a dir, la
comissió d’experts està feta, s’ha dit el que s’ha de
fer i no entenc quina funció ha de fer aquesta comissió parlamentària que
proposa el Grup Socialista. De tota manera, votarem a favor atès que el
senyor Iñaki Anasagasti ha acceptat l’esmena del Grup
Socialista.

Voldria fer tres consideracions. La primera, què fem amb el
Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos és una obra que comença al
1940, amb la voluntat, segons diu el decret, de perpetuar la memòria dels
caiguts en defensa de la guerra, de la «gloriosa cruzada», i acaba
l’any 1959 —per tant hi ha 19 anys de treball, una part del
qual està fet per presos polítics, tot i que no exclusivament— i en
aquests moments es calculen prop de 40.000 víctimes d’un i
d’altre bàndol en el sí del Valle de los Caídos.

El govern del Partit Socialista Obrer Espanyol, el mes de
maig de 2011 va decidir crear una comissió d’experts, plural, on hi
havia el senyor Virgilio Zapatero, però també hi era el senyor Miguel
Herrero y Rodríguez de Miñón, per decidir què es feia amb el Valle de los
Caídos. El mes de desembre de 2011 hi ha un dictamen de la comissió
d’experts del que vull destacar que té 20 consideracions i 36
recomanacions. He de dir que de les 36 recomanacions, 35 són aprovades
per unanimitat. De les 36 recomanacions, 35 són aprovades per unanimitat.
I n’hi ha una, i a ningú se li escapen les seves dificultats, que
fa referència a on hi ha les restes de Francisco Franco i de José Antonio
Primo de Rivera. Des d’aquest punt de vista, el que em sembla
importantíssim és que si hi ha 35 recomanacions per unanimitat,
s’hagués pogut fer alguna cosa, o es podria fer alguna cosa. Perquè
són per unanimitat. I què diu la comissió d’experts? Fa 35
recomanacions, però menciona 5 o 6 criteris que a mi em semblen
importantíssims. Primer criteri: no destruir res, sinó explicar què és el
Valle de los Caídos. Perquè hi havia veus que deien que calia destruir el
Valle de los Caídos. Fins i tot, el manteniment del nom. S’havia
parlat de canviar el nom de Valle de los Caídos i els experts, per
unanimitat, proposen mantenir el nom. És més, diuen que és necessari no
fer cap distinció entre tipus de víctimes, és a dir, que totes les
víctimes han de tenir el mateix tractament. I proposen una resignificació
social, cultural i política del Valle de los Caídos. Dit d’una
altra manera, que el Valle de los Caídos passi de ser un lloc
especialment d’elogi dels qui van guanyar la guerra, a ser un
conjunt de contempli en igualtat de condicions a totes les víctimes. Des
d’aquest punt de vista, proposen un centre d’interpretació,
una investigació de les persones que estan allà, una adequació de la
basílica i una millora del parc natural, és a dir, fan un conjunt de
propostes de resignificació i per evitar el deteriorament que
s’està produint al Valle de los Caídos. Per tant, insisteixo, hi ha
35 recomanacions per unanimitat, i no cal cap nova comissió per decidir
això, perquè el govern central té la responsabilitat de tirar-ho
endavant.

La recomanació número 31 parla de les restes del General
Franco i de José Antonio que, en definitiva, diu que el Valle de los
Caídos está fet per a què hi siguin enterrades les persones que van morir
durant la guerra; l’única persona que no va morir a la guerra i que
hi és enterrada és en Francisco Franco. Per tant, correspon que el
General Franco estigui en un altre lloc, perquè no va morir a la guerra.
I no diuen que es concerti amb la família, com deia molt bé el senyor
Anasagasti, sinó que la família decideixi on volen enterrar el senyor
Francisco Franco.

I en relació a José Antonio Primo de Rivera diuen: va morir
en els actes de la guerra, però cal desplaçar-lo del lloc preeminent que
té perquè està enterrat a la basílica. I, per tant, la recomanació 31
proposa que el General Franco no estigui enterrat a un lloc on només hi
ha enterrades persones mortes durant la guerra civil i que, en
definitiva, d’acord amb aquesta nova resignificació del Valle de
los Caídos d’igualtat de les víctimes mortes d’un i
d’altre bàndol, sigui enterrat fora d’aquí.

Aquest és el tema que va significar el vot particular de
tres dels experts. És a dir, 35 recomanacions van ser aprovades per
unanimitat i 1 recomanació, només una, de la qual no se m’escapa la
transcendència política, va tenir el vot particular de tres experts.

No s’ha fet res, de tot això. En una pregunta escrita
que vaig fer ara fa tres mesos en relació aquest tema, el govern em va
contestar que no hi havia prou consens. I crec que el govern central ha
tret poques disposicions amb més consens si tingués en compte la comissió
d’experts.

Però vull acabar amb una última consideració: l’altre
dia, parlant amb un diputat alemany verd, i mirant les famílies
polítiques europees, amb què es diferenciaven i amb què
s’assemblaven, constatàvem que la dreta espanyola, és a dir, el
Partit Popular, té dues grans diferències respecte de la dreta europea:
la primera és el model d’Estat. La dreta espanyola considera que un
Estat federal és un Estat que es trenca i un Estat feble, quan la dreta
europea considera que un Estat federal és un Estat fort i posa com a
exemple que Alemanya, Estat federal, sense dubte és l’Estat més
fort. El Partit Popular, és l’única formació política conservadora
d’Europa que considera que un Estat federal és un Estat feble o un
Estat que es pot trencar.

I la segona diferència de la dreta espanyola, del Partit
Popular, amb la dreta europea és el tema de la memòria històrica. La
dreta alemanya, l’italiana —amb el parèntesi del
Berlusconi—, la francesa han fet de la memòria història —i a
mi m’agrada més dir la memòria democràtica— una política
pública important. Què vol dir memòria democràtica? En primer lloc, vol
dir igualtat de tractament a les víctimes siguin del cantó que siguin, i
vol dir fer un reconeixement dels homes i de les dones que van lluitar
per les llibertats i per la justícia i per la solidaritat en els països.
Des d’aquest punt de vista només cal anar a Alemanya o França i
veure la quantitat d’iniciatives tant públiques com privades que hi
ha de recuperació de la memòria. Per què? Perquè de la mateixa manera que
una persona que perd la seva memòria no sap qui és, si jo perdo la meva
memòria no sé qui sóc i no sé què vull, quan un país perd la seva memòria
no sap ni qui és ni què vol. I tenim prou experiència a l’Estat
espanyol per no tornar a repetir el errors que vam cometre.

Per tant, no sé què votarà el Partit Popular, però crec que
seria bo que reflexionessin per tal de trencar d’una vegada per
totes amb aquesta diferència de la dreta europea, fer política de memòria
democràtica pública i al mateix temps considerar que un Estat federal no
és un Estat feble i que es trenca, sinó que és un Estat fort a tot
arreu.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Señorías, votaremos a favor de la moción presentada por el
Grupo Vasco y vamos a votar también a favor de la enmienda de sustitución
del Partido Socialista, aunque pensamos que es una forma de que al final
no se haga nada. La Comisión de expertos ya está constituida, ya se ha
dicho lo que debe realizarse y no entiendo qué función debería tener esta
nueva comisión parlamentaria propuesta por el Grupo Parlamentario
Socialista. De todos modos, vamos a votar a favor dado que el señor Iñaki
Anasagasti ha aceptado la enmienda del Partido Socialista.

Me gustaría hacer tres consideraciones. La primera, ¿qué
hacemos con el Valle de los Caídos? El Valle de los Caídos es una obra
que se comienza en 1940 al objeto, según el decreto de inicio, de
perpetuar la memoria de los caídos en defensa de la guerra, de la
gloriosa cruzada. Termina en 1959, por lo tanto, 19 años de trabajo.
Parte de esas obras se realizan por presos políticos, aunque no tan solo,
y se calcula que hay cerca de cuarenta mil víctimas de ambos bandos en el
seno del Valle de los Caídos.

El Gobierno del Partido Socialista Obrero Español, en el
mes de marzo de 2011, decidió constituir una comisión de expertos plural
—estaba Virgilio Zapatero, pero también Miguel Herrero y Rodríguez
de Miñón— para decidir qué se hacía con el Valle de los Caídos. En
diciembre de 2011 se aprobó un dictamen de la Comisión de expertos del
que me gustaría destacar que incluye 20 consideraciones y 36
recomendaciones. De estas 36 recomendaciones, 35 se aprobaron por
unanimidad, y hay una —a nadie se le escapa sus dificultades—
que se refiere a dónde yacen los restos de Francisco Franco y José
Antonio Primo de Rivera. Desde este punto de vista me parece muy
importante que si existen 35 recomendaciones, algo se hubiera podido
hacer o algo se podría hacer porque fueron aprobadas por unanimidad. ¿Qué
dice la Comisión de expertos al respecto? Realiza esas 36 recomendaciones
pero da cinco o seis criterios que me parecen de suma importancia. El
primero, no destruir nada, sino explicar qué es el Valle de los Caídos,
porque había voces que decían que la finalidad era destruir el Valle de
los Caídos, incluso el posible mantenimiento del nombre. Se había
barajado la posibilidad de cambiar el nombre y los expertos afirman por
unanimidad que debe conservarse. Dicen también que es necesario no
realizar distinción entre tipos de víctimas, que todas las víctimas deben
tener el mismo tratamiento, y proponen una resignificación social,
cultural y política del Valle de los Caídos. Dicho de otra forma, que el

Valle de los Caídos pase de ser un lugar especialmente
dedicado al elogio de los que ganaron la guerra a ser un conjunto que
contemple en igualdad de condiciones a todas las víctimas. Desde este
punto de vista proponen un centro de interpretación, una investigación de
todas las personas que allí se encuentran, así como una adecuación de la
basílica y una mejora del parque natural, es decir, una serie de
propuestas de resignificación para evitar el deterioro que se está
produciendo en el Valle de los Caídos. Por lo tanto, insisto, son 35
recomendaciones aprobadas por unanimidad y no se requiere ninguna
comisión de expertos nueva para decidirlo, sino que el Gobierno central
tiene la responsabilidad de avanzar en este sentido.

Hay una recomendación, la 31, en la que se habla de los
restos del general Franco y de José Antonio que, en definitiva, reza como
sigue: El Valle de los Caídos fue creado para enterrar a aquellos que
murieron en la guerra. Y se dice: La única persona que no murió en la
guerra y que está enterrada allí es Francisco Franco. Por lo tanto, lo
que corresponde es que el general Franco esté en otro lugar, porque no
murió en la guerra. Y, como decía muy bien el señor Anasagasti, no se
trata de que se concierte con la familia, sino que esta decida dónde
quieren enterrar al señor Francisco Franco.

Respecto a José Antonio Primo de Rivera, se dice que murió
durante la guerra, pero debe desplazársele del lugar preeminente que
ocupa, porque está enterrado en la basílica. Por ello, la recomendación
31 propone que el general Franco no esté enterrado en el lugar donde tan
solo están enterradas personas muertas en el seno de la guerra civil y
que a partir de esta nueva resignificación del Valle de Los Caídos, de
igualdad de las víctimas muertas de ambos bandos, sea enterrado en otro
lugar.

Este es el punto que significó el voto particular de tres
de los expertos. Es decir, 35 recomendaciones aprobadas por unanimidad y
tan solo una de esas recomendaciones —aunque no se me escapa la
trascendencia política de esa recomendación— obtuvo un voto
particular de tres expertos.

Nada se ha hecho de todo lo mencionado. En una pregunta
escrita que realicé hace tres meses respecto a este tema, el Gobierno me
respondió que no existía el suficiente consenso. Me parece que el
Gobierno central ha presentado pocas proposiciones con este consenso.

Pero me gustaría terminar haciendo una consideración. El
otro día, hablando con un diputado del partido verde alemán sobre las
familias políticas europeas, en qué se diferenciaban y en qué se
asemejaban, constatábamos que la derecha española, el Partido Popular,
presenta dos grandes diferencias respecto a la derecha europea. La
primera diferencia es el modelo de Estado. La derecha española considera
que un Estado federal es un Estado débil, que se rompe, cuando la derecha
europea considera que el Estado federal es un Estado fuerte, y pone como
ejemplo a Alemania, que es un Estado federal y es el Estado más fuerte.
El Partido Popular es la única formación política conservadora de Europa
que piensa y sigue pensando que un Estado federal es un Estado débil o un
Estado que se puede romper.

La segunda diferencia de la derecha española, del Partido
Popular, respecto a la derecha conservadora europea es la memoria
histórica. La derecha alemana, la italiana —con el paréntesis de
Berlusconi— y la francesa han hecho de la memoria histórica
—yo prefiero decir memoria democrática— una política pública
importante.

¿Qué significa memoria democrática? En primer lugar,
igualdad de trato a las víctimas, procedan del bando que procedan.
Significa un reconocimiento de los hombres y las mujeres que lucharon por
las libertades, la justicia y la solidaridad en sus países. Desde este
punto de vista, basta con ir a Alemania o a Francia y observar la
cantidad de iniciativas públicas y privadas de recuperación de la
memoria. ¿Por qué? Pues porque de la misma forma que una persona que
pierde su memoria no sabe quién es —si yo pierdo mi memoria no
sabré quién soy ni qué quiero—, cuando un país pierde su memoria no
sabe ni quién es ni qué quiere. Tenemos ya suficiente experiencia en el
Estado español para no repetir los errores que ya cometimos.

Con lo cual, no sé qué va a votar el Partido Popular, pero
me parece que convendría reflexionar para romper de una vez por todas con
esta diferencia respecto a la derecha europea, hacer una buena política
de memoria democrática y considerar que un Estado federal no es un Estado
débil que se rompe sino fuerte en todos nuestros países.

Nada más, gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la
palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Bon dia. En primer lloc, vull
anunciar el suport que donarà el nostre grup parlamentari a la moció del
Grup Parlamentari Basc del senyor Anasagasti.

Creiem que és una moció ben fonamentada. Ha estat enriquida
amb l’aportació de l’esmena del Grup Socialista. Considerem
que és una moció que es fonamenta de manera rellevant en la Comissió
d’experts, que ha tingut durant tot aquest procés una intenció de
no ferir més susceptibilitats, no reobrir ferides, i en aquest sentit des
del nostre grup parlamentari compartim aquesta actitud d’intentar
passar pàgina i de resoldre de manera satisfactòria aquest episodi. Per
tant, anunciem el nostre vot favorable a la moció inicialment presentada
pel PNB pel senyor Anasagasti.

Aprofitant que tinc l’ús de la paraula i que parlem
de Francisco Franco, volem condemnar de manera rotunda les declaracions
que acaba de fer recentment el ministre Wert i les lliguem amb aquesta
actitud franquista, aquest pòsit franquista, d’un punt de
postguerra, un punt nacionalcatolicista, si se’m permet
l’expressió, perquè ha fet unes declaracions absolutament
impresentables des de qualsevol punt de vista. Més aviat serien
declaracions pròpies d’un tertulià d’Intereconomía, que com
vostès saben és una televisió d’un marcat accent ideològic. En
aquest sentit, lamentem que d’entrada tracti els alumnes catalans
com una colònia, perquè diu que vol espanyolitzar els alumnes catalans i
això el primer que ens recorda a nosaltres és allò d’evangelitzar
que fèiem als africans o als sud-americans. Té aquest to colonial que,
com a mínim, és curiós. Considerem que, a més a més, és una actitud que
menysprea l’esforç de milers de mestres que amb el seu esforç i la
seva feina molt ben treballada diàriament estan enriquint i treballant
per un model de cohesió social que durant aquests 30 i escaig anys
s’ha demostrat sòlid, cohesionador i, malgrat els intents
d’aquests grups extremistes o ultres de trencar aquesta
convivència, creguin-me que a Catalunya trencar aquesta convivència els
costarà molt, perquè el to general i l’ambient social que
s’hi respira, qualsevol persona que conegui del que estem parlant
convindrà amb el nostre grup que és una situació realment sòlida i que,
per tant, no els serà senzill de trencar. Del senyor Wert, a més a més,
és el clàssic ministre amb aquest to franquista, o neofranquista, podríem
dir, que d’altra banda s’apropia de la Constitució en aquells
aspectes que li agraden, se n’apropia en aquells punts que ell
considera que li van a favor, però en canvi tots aquells articles que
poden parlar del fet pluricultural, plurilingüístic o, per exemple, de
l’article en què es recomana el especial respeto y protección a las
distintas lenguas del Estado, d’aquest ens n’oblidem, aquest
no existeix i, per tant, jo aplico la part de la Constitució que a mi em
convé. D’aquesta manera, nosaltres creiem que està demostrant tenir
un sentit molt esbiaixat del que és aquest patriotisme constitucional a
què sovint fan referència alguns membres del Govern.

Els anunciem que en el proper ple prendrem algun tipus
d’iniciativa parlamentària perquè el senyor Wert respongui en
aquesta cambra i públicament dels disbarats que ha arribat a dir en
aquesta ocasió.

Moltes gràcies i, en allò que ens motivava la intervenció,
reiterem el suport a la moció del Grup Basc. (Aplaudiments.)

Buenos días. En primer lugar, me gustaría anunciar el
respaldo que nuestro grupo parlamentario va a brindar a la moción del
Grupo Parlamentario Vasco, presentada por el señor Anasagasti.

Creemos que se trata de una moción bien fundamentada, que
ha sido enriquecida con la aportación de la enmienda del Grupo
Socialista. Consideramos que se trata de una moción basada de forma
relevante en la Comisión de expertos, la cual, a lo largo de todo este
proceso ha tenido la intención de no herir susceptibilidades y de no
volver a abrir heridas. Desde este punto de vista, nuestro grupo
parlamentario comparte esta actitud de intentar pasar página y resolver
de forma satisfactoria este episodio. Por consiguiente, anunciamos
nuestro voto favorable a la moción presentada inicialmente por el señor
Anasagasti del PNV.

Aprovechando que estoy en el uso de la palabra y que
estamos hablando de Francisco Franco, nos gustaría condenar con absoluta
rotundidad las declaraciones que acaba de hacer el ministro Wert. Las
vinculamos a esta actitud franquista, a este punto de postguerra
nacionalcatolicista, si se me permite la expresión, porque ha hecho unas
declaraciones que son absolutamente impresentables desde cualquier punto
de vista. Son más bien declaraciones de un tertuliano de Intereconomía
que, como ustedes saben, es una televisión de un marcado acento
ideológico. En este sentido lamentamos que trate de entrada a los alumnos
catalanes como una colonia puesto que dice que quiere españolizarlos. A
nosotros esto nos recuerda a aquello de evangelizar, aquello que se hacía
con los africanos o con los sudamericanos. Tiene un tono colonial que
cuando menos nos parece curioso. Además, es una actitud que desprecia el
esfuerzo de miles de maestros que con su empeño y su labor bien
trabajada, día a día, están enriqueciendo y trabajando por un modelo de
cohesión social que a lo largo de estos más de 30 años se ha demostrado

sólido a pesar de los intentos de estos grupos extremistas
o ultras de romper esa convivencia. Créanme que les va a costar muchísimo
romper esta convivencia en Cataluña por el tono general y el ambiente
social que se respira allí. Cualquier persona que conozca exactamente de
qué estamos hablando ahora convendrá con nuestro grupo en que se trata de
una situación sólida. Por tanto, no les va a ser fácil romperla. En
cuanto al señor Wert, se trata del clásico ministro con ese tono
franquista o neofranquista, podríamos decir, que por otro lado se apropia
de la Constitución en los aspectos que a él le gustan, en aquellos puntos
que considera que actúan a su favor. Pero todos los artículos que pueden
tratar del hecho pluricultural o plurilingüístico, o más concretamente el
artículo en que se recomienda un especial respeto y protección a las
distintas lenguas del Estado, de eso nos olvidamos, eso no existe y, por
tanto, yo aplico la parte de la Constitución que a mí me conviene.
Creemos que de esta forma está demostrando tener un sentido muy sesgado
de ese patriotismo constitucional al que a menudo se refieren algunos
miembros del Gobierno.

Les anunciamos que en el próximo Pleno tomaremos alguna
iniciativa parlamentaria para que el señor Wert responda públicamente en
esta Cámara de los disparates que ha llegado a decir recientemente.

Respecto a lo que motivaba esta intervención, reiteramos el
nuestro respaldo a la moción del Grupo Parlamentario Vasco.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bagué.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el
senador Antich.

El señor ANTICH OLIVER: Moltes gràcies, senyor
president.

Senyories, en primer lloc demano disculpes al senyor
Anasagasti perquè ho havia malentès. Voldria començar per agrair-li al
Grup Parlamentari Basc que hagi acceptat la nostra moció, així com també
a tots els altres grups que han expressat la seva idea de votar a favor
d’aquesta iniciativa. La nostra iniciativa ha vingut donada
precisament perquè realment estem absolutament amb el que diuen les
recomanacions, perquè el primer que diuen les recomanacions, la primera
recomanació, i ho diuen els experts és que es faci una feina
d’aconseguir el màxim consens, tant polític com social. Per tant,
en aquest sentit, crec que és bo que creem eines que facin possible que,
efectivament, hi hagi consens.

Per tant, els mateixos experts entenien que aquestes
recomanacions que ells feien podien tenir dificultats a l’hora
d’arribar a acords tant polítics com socials. El que fem és crear
un instrument que faci possible que es puguin donar aquests acords.

En aquesta mateixa recomanació, perquè el 2011 ja hi havia
crisi, els experts diuen que entenen les dificultats econòmiques que hi
ha i que, segurament, no es podrà avançar amb la celeritat que ells
voldrien i que, per tant, s’hauran de mesurar pel que fa a la
planificació i l’execució del projecte que ells dissenyen a través
d’aquestes recomanacions.

També crec que aquesta comissió pot servir per dissenyar
aquesta planificació i per poder discutir entre les diferents forces
polítiques i el Govern quines de les recomanacions que es donen són
prioritàries, a fi que, precisament amb l’excusa que no hi ha acord
i que hi ha crisi, no paralitzem absolutament la llei, que és el que
realment crec que no hauria de passar, paralitzar absolutament
l’aplicació de les recomanacions que van fer els experts, que és el
que de cap de les maneres volem que passi des del Grup Parlamentari
Socialista.

I he de dir que no volem que passi des del Grup
Parlamentari Socialista, però tenim una certa preocupació que,
efectivament, pugui passar, perquè creiem que hi ha poca preocupació dins
del Govern per dur a terme aquestes recomanacions. I creiem que aqueixa
poca preocupació l’avala el fet que, en els pressuposts de 2012 hi
va haver una gran retallada ja de la partida destinada a memòria
històrica, una retallada d’un 50 % a un 60 % d’aquesta
partida. Pel seguiment que en fem, veiem que aquesta partida no
s’està gestionant, la poca partida que queda no s’està
gestionant. A la vegada, pareix que en l’avantprojecte de
pressuposts de 2013 aqueixa partida desapareix, per tant, ens sumeix en
una gran preocupació.

En aquest sentit, el que fem és crear una eina
d’acord amb les pròpies consideracions i recomanacions que fa la
comissió i que fermi de qualque manera que el Govern s’assegui amb
els grups parlamentaris per tal que aquestes recomanacions no quedin
absolutament paralitzades. La idea no és crear una comissió per no fer
res, és crear una comissió perquè els que no fan res facin qualque cosa.
En aquest sentim la proposam. Tindrem més o menys èxit, però aquesta és
la finalitat per la qual es crea.

I, efectivament, de les recomanacions que es fan, en un
percentatge altíssim —com ja s’ha dit— tenen el suport
unànime de tots i cadascun dels experts, i només en aquella que respecta
al general Franco és on no hi ha aquest acord. Unes recomanacions que el
que cerquen és una relectura d’aquell indret, perquè no és de rebut
que, a aquestes altures, encara tinguem un monument tan significat només
a favor

d’una de les parts. Per tant, la idea és, conservant
la història que representa aquell lloc, fer una relectura d’aquell
lloc democràtica i de conciliació, i que no persisteixi honrar només una
part dels que van intervenir en aquell conflicte bèl·lic.

Des del punt de vista, la feina de la comissió, a més de
ser una feina integral i molt gran, en el sentit que dóna abast a
multituds d’àmbits respecte de la possible intervenció que calgui
dur a terme, es tracta d’una feina molt mesurada, molt lògica i amb
l’interès que s’honori totes les víctimes per igual sense cap
tipus de distinció i es faci d’una vegada per totes aquesta
relectura d’aquell lloc.

Per tant, es tracta d’una moció que és bona de
donar-li suport. El grup majoritari no hauria de tenir cap problema, si
té la més mínima voluntat de tirar endavant la Llei de memòria història
i, concretament, aquest projecte. El grup majoritari no hauria de tenir
absolutament cap problema per donar-li suport. És una forma
d’avançar i fer-ho des de la solidesa que dóna el consens de tots,
un consens importantíssim per la Llei de memòria històrica i per la seva
aplicació en projectes com el que avui ens ha dut aquí.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar pedimos disculpas al señor
Anasagasti porque lo había entendido mal. Me gustaría empezar
agradeciendo al Grupo Parlamentario Vasco que haya aceptado nuestra
enmienda y agradecerles a los demás grupos el que hayan expresado su
intención de votar a favor de esta iniciativa. Esta ha venido dada
precisamente porque estamos absolutamente de acuerdo con lo que aparece
en las recomendaciones, y es que lo que dice la primera recomendación, y
son palabras de los expertos, es que debe realizarse una labor, un
trabajo para lograr el máximo consenso, tanto político como social. Por
lo tanto, desde este punto de vista, creo que es positivo crear
herramientas que permitan que realmente exista un consenso.

Así pues, los mismos expertos entendían ya que las
recomendaciones que ellos elaboraban podían luego topar con dificultades
a la hora de lograr acuerdos políticos y sociales. Por lo tanto, lo que
estamos haciendo es crear un instrumento que haga posible que estos
acuerdos se den, sean una realidad. En esa misma recomendación, porque en
el 2011 ya estábamos en crisis, los expertos son conscientes de las
dificultades económicas existentes y apuntan que seguramente no se pueda
avanzar con la celeridad que ellos desearían. Por lo tanto, deberán
medirse los tiempos de ejecución de este proyecto que ellos diseñan
mediante sus recomendaciones.

En este sentido, creo que esta comisión también puede
servir para diseñar esa planificación y para poder discutir ante las
distintas fuerzas políticas y con el Gobierno cuáles de esas
recomendaciones formuladas son las prioritarias, precisamente para
evitar, con la excusa de que no existe acuerdo y de la persistencia de la
crisis, que se paralice de forma absoluta la ley, que es lo que considero
que no debería suceder. Por lo tanto, se paralizaría la aplicación de las
recomendaciones formuladas por los expertos y en el Grupo Parlamentario
Socialista de ninguna de las maneras queremos que esto suceda.

El Grupo Parlamentario Socialista no quiere que suceda pero
tenemos cierta preocupación porque realmente pueda suceder, y es que
creemos que dentro del Gobierno poca preocupación se demuestra a la hora
de llevar a cabo estas recomendaciones. También consideramos que poca
preocupación vemos, dado que en el presupuesto del 2012 ya hubo un
recorte importante de la partida destinada a la memoria histórica; un
recorte de un 50 % o un 60 % de dicha partida. Y después del seguimiento
que hemos realizado, vemos que esta partida tampoco se está gestionando,
es decir, la poca partida que nos queda tampoco se gestiona, y a la vez
en el anteproyecto de presupuestos para el 2013 esa partida desaparece.
Eso nos sume en una inmensa preocupación.

Desde este punto de vista, lo que estamos haciendo es crear
una herramienta siguiendo las mismas consideraciones y recomendaciones de
la comisión; una herramienta que de alguna forma podría lograr que el
Gobierno se sentase con los grupos parlamentarios para que esas
recomendaciones no queden totalmente paralizadas. La idea no es crear una
comisión para no hacer nada, sino crearla precisamente para que aquellos
que no están haciendo nada hagan algo. Ese es el sentido de nuestra
propuesta. Tendremos un mayor o menor éxito, pero es esa la finalidad por
la que creemos que debe crearse.

De las recomendaciones formuladas, en un alto porcentaje
—como ya se ha dicho— se contaba con el soporte unánime de
todos los expertos y tan solo en aquella relativa al general Franco es en
la que no teníamos ese acuerdo. Estas recomendaciones buscan dar una
relectura de todo ese espacio, porque no es de recibo que a estas alturas
aún tengamos un monumento tan significado tan solo a favor de una de las
partes. Por lo tanto, la idea es, conservando la historia que representa
ese lugar, dar una relectura de todo el

espacio; una relectura democrática y de conciliación, de
forma absolutamente democrática. Se trata, por lo tanto, de que no
persista este honrar tan solo a una parte de aquellos que intervinieron
en ese conflicto bélico.

Desde mi punto de vista, la tarea de la comisión, además de
ser una tarea integral y grande en el sentido de que da alcance a
multitud de ámbitos para las posibles actuaciones contempladas, es muy
medida, muy lógica, con un interés efectivo para que se honre a todas las
víctimas por igual sin ningún tipo de distinción, y de una vez por todas
podamos dar esa relectura de todo ese espacio.

Se trata, por tanto, de una moción que debería contar con
un buen respaldo, y si el grupo mayoritario tiene la mínima voluntad de
llevar adelante la Ley de memoria histórica, y concretamente este
proyecto, no debería tener ningún problema para prestar su apoyo. Esta es
una forma de avanzar desde la solidez que aporta el consenso de todos, un
consenso muy importante para esa Ley de memoria histórica, pero también
por su aplicación en proyectos como el que hoy nos ocupa.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Antich.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el
senador Muñoz-Alonso.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Muchas gracias, señor
presidente.

Senador Anasagasti, supongo que no le va a sorprender que
empiece diciendo que mi grupo parlamentario no va a apoyar la moción que
ha presentado su señoría en nombre del Grupo Vasco ni tampoco la enmienda
de sustitución que ha presentado el Grupo Socialista, y ello por razones
que espero ir explicando en esta intervención. Pero quiero subrayar que
agradecemos el esfuerzo que esa enmienda supone para alcanzar un acuerdo
que hoy por hoy no vemos posible, aunque, como digo, agradezco mucho al
senador Antich ese esfuerzo en esa dirección.

Senador Anasagasti, usted y yo hemos estado de acuerdo muy
a menudo respecto de muchas cuestiones, especialmente en el ámbito de la
política exterior. Solo excluiría el tema de Kosovo, en el que, desde su
unilateral declaración de independencia, ha volcado usted todas sus
complacencias con un entusiasmo, si me lo permite, digno de mejor causa.
Me doy perfecta cuenta de que su señoría se siente muy a gusto y se pone
muy a tono cuando salen estas cuestiones de soberanismo, del derecho a
decidir, de la autodeterminación, y en general, con todo lo que sea
romper los viejos Estados que han hecho la historia de Europa.

Solemos coincidir cuando abordamos cuestiones de
actualidad, pero me siento incapaz de conectar cuando usted se remonta al
pasado y se recrea en las viejas polémicas que han dividido a los
españoles y que han causado mucho más sufrimiento y muy pocos beneficios.
A mí no me va nada el revanchismo en política…, (Aplausos.) por eso
ahora tampoco vamos a coincidir, pero seguro que usted ya lo sabía, como
dice esa vieja canción. La verdad es, senador Anasagasti, que es de
admirar su insistencia y su persistencia. Solo en lo que llevamos de esta
X Legislatura, que todavía no ha llegado al año, esta cuestión del Valle
de los Caídos y de los restos mortales del general Franco se ha tratado
en siete ocasiones en ambas Cámaras de las Cortes Generales. Esta es la
octava vez, y hoy por hoy me parece un asunto totalmente agotado.

El Gobierno actual le ha dado explicaciones y le ha dicho
lo que piensa de este asunto, y yo no le voy a decir nada diferente. Es
muy notable que se empeñe usted en celebrar el aniversario de la muerte
de Franco con un fervor que viene a ser el reverso de quienes lo hacen
con nostalgia de aquellos tiempos. Ahora, con un cierto adelanto de más
de un mes, se empeña usted en recordarnos una fecha que creo que para
muchos españoles carecería de significado, pues seguro que ni se
acordaban ya de ella.

Para mí, que no comparto ninguno de esos fervores, ni el de
un lado ni el de otro, esa fecha es, como usted mismo ha recordado en su
moción, el aniversario de la victoria electoral de mi partido. Supongo
que no quiere su señoría establecer conexiones entre ambos
acontecimientos.

Se está usted haciendo, senador Anasagasti, un especialista
en traslados, parece un agente de mudanzas. Pidió durante mucho tiempo,
sin éxito, el traslado a Gernika del cuadro de Picasso del mismo nombre,
con argumentos que no compartimos y que, de aceptarse, producirían un
verdadero caos en el patrimonio artístico. Me llegan noticias —se
lo digo con toda la ironía— de que el municipio de Breda, en los
Países Bajos, se propone solicitar que se le envíe el cuadro de Las
lanzas, de Velázquez, también conocido como La rendición de Breda. Temo
por el futuro del Museo del Prado. Ahora nos vuelve a proponer otro
traslado —el de los restos mortales de Franco—, con
argumentos que tampoco nos convencen.

Por otra parte, señoría, estamos gratamente sorprendidos
por su moderación actual. Yo le he oído aquí en dos ocasiones hablar y
propiciar la voladura del Valle de los Caídos. La primera fue el 22 de
septiembre

de 2010, en el debate de una moción presentada por Entesa,
que tuvo amplia repercusión mediática. Por mi grupo intervino el entonces
senador Van-Hallen, que comparó su actitud con la de los talibanes que
volaron los budas de Bamiyán. A mí me recordó también al dictador Macías,
de Guinea Ecuatorial, que, para borrar todo recuerdo de España, voló
algunas de las infraestructuras que le había dejado la metrópoli.

La segunda vez fue en una pregunta que le hizo su señoría
al entonces ministro Jáuregui —era el 21 de junio de 2011—.
En ambas ocasiones usted aludió a Juan de Ajuriaguerra, que iba a haber
trabajado a la fuerza en el Valle de los Caídos y que, al final, parece
que no lo hizo, así que no era precisamente una autoridad en la materia.
Pero usted nos contó que Ajuriaguerra decía que lo mejor que se podía
hacer con aquello era volarlo. Una opinión personal y, de haberse
realizado, un acto de barbarie. Le diré que yo sé he conocido a una
persona que trabajó efectivamente allí, condenado por la dictatura, y que
no sé si todavía vive —si vive, será muy mayor—. No voy a
decir su nombre, porque no tengo permiso para airearlo, pero tiene
—o tenía— un apellido muy conocido; y esta persona, con la
que hablé bastantes veces, jamás mostró ningún deseo de volar nada por
los aires.

Usted puso como ejemplos a imitar el famoso puente sobre el
río Kwai y la Cancillería del Reich. Personalmente, lamento que se volase
el puente, pues era todo un monumento al espíritu de resistencia, al
aguante, a la disciplina, al esfuerzo, a la voluntad de vencer de
aquellos militares británicos. La Cancillería del Reich, que era un
búnker subterráneo, no me merece el menor respeto y seguramente la
decisión de volarlo fue muy acertada en aquella Alemania que todavía no
se había despertado de la demoníaca fascinación que les produjo el führer
nacional socialista. Además, puestos a volar —y no quiero dar
ideas—, ¿por qué no empiezan por el arco del triunfo que abre el
paso a la Ciudad Universitaria, y que está más cerca? Que yo sepa, nadie
lo ha sugerido, porque, además de un acto de barbarie, sería una solemne
estupidez.

Se muestra usted ahora, señor Anasagasti, un entusiasta de
la comisión de expertos, creada muy tarde por el anterior Gobierno
—tuvo tiempo desde 2007, cuando la Ley de la memoria
histórica— y que entregó su informe cuando este ya estaba en
funciones; tuvo mucho tiempo para hacerlo, pero lo dejó para la última
hora, endosando el muerto —y lo digo con el debido respeto—
al nuevo Gobierno. Pero usted, al principio, no era nada partidario de la
comisión; en junio del año pasado dijo aquí que eso de crear una comisión
—lo ha repetido hoy también— no le convencía, y recordó
aquello de que un camello es un caballo hecho por una comisión. Usted
llegaba incluso a aceptar una comisión, siempre que dijera lo que usted
quería oír. Le cito lo que le decía usted al ministro Jáuregui en el
debate: ¿Y si esa comisión de expertos dice dentro de cinco meses que no,
que tienen que seguir ahí los restos mortales de Franco o que los manden
al Santo Sepulcro para que al tercer día resucite? Eso es jugar con
ventaja, senador Anasagasti, y me parece poco democrático. O sea que su
posición era: una comisión, vale, pero que diga lo que yo quiero. No es
jugar limpio.

Yo creo que ahora no es el momento de formar otra comisión,
como sugiere la enmienda socialista. Si de la primera, según usted,
podría salir un camello, de la segunda podría salir un dromedario. La
vicepresidenta del Gobierno, la señora Sáenz de Santamaría, por dos
veces, en febrero y en julio de este año, a preguntas del senador Zubia y
de usted mismo, ha manifestado la posición del Gobierno sobre esta
cuestión, en la que no voy a detenerme pero que está en el Diario de
Sesiones y que la proximidad del 20 de noviembre no tiene por qué
alterar. Seguro que recuerda, señor Anasagasti, que mi grupo votó en
contra de la Ley de la memoria histórica y acaso recuerde también que yo
fui el portavoz de mi grupo en aquel debate. No voy a reiterar las
poderosas razones que avalaban nuestra posición, que fundamentalmente se
basaban en el deseo de no reabrir heridas —que se reabrieron, no
hay más que constatarlo al ver las hemerotecas— y porque ante todo
queríamos respetar el espíritu de reconciliación en que se basó la
transición y que tan positivo ha sido para España —ya sé que usted
es un escéptico al respecto—. Pero aquel voto en contra del
proyecto en su conjunto no impidió que votáramos a favor del artículo 16
del mismo, que trata de despolitizar al Valle de los Caídos, algo que nos
parece perfecto; como nos parece deseable hacer de ese lugar —y
cito también la ley— un ámbito de memoria colectiva, democrática,
de reparación, verdad y reconciliación. Solo advertiría que la memoria
nunca es colectiva, porque es esencialmente subjetiva —cada cual
tiene la que tiene, incluso en acontecimientos vividos
colectivamente—, pero, por supuesto, sí apuesto por la verdad
—que es competencia y cometido de los historiadores— y por la
reconciliación, por la que estamos obligados a trabajar los políticos.
Ese era, precisamente, el espíritu de la transición, con el que me siento
absolutamente identificado, entonces como ahora; parece que otros no. La
comisión se formó de una manera unilateral, la formó el Gobierno anterior
por sí y ante sí; y, como le dijo la señora Sáenz de Santamaría, aquí
mismo, el pasado mes de julio: creo

que a usted no le pidieron opinión sobre su composición, y
a mí tampoco. La conclusión a que llegó la vicepresidenta me parece
esencial y categórica. Aquí se llegó a un informe que no consistía en
ningún acuerdo, sino que se nos vino a decir: nosotros no nos hemos
puesto de acuerdo, miren ustedes si pueden hacerlo. No sé si, de acuerdo
con la terminología que usted maneja, señor Anasagasti, considera que la
comisión alumbró un camello; aunque usted, después de su inicial
discrepancia, parece sentirse muy a gusto encaramado en su joroba. Le
diré que yo encuentro en el informe aspectos positivos, valiosos, aunque
hay otros con los que no estamos en absoluto de acuerdo. La
vicepresidenta recordó algo fundamental: para poner en práctica las
recomendaciones de la comisión de expertos es indispensable el consenso
—se ha hablado mucho de eso aquí esta mañana—. Lo dice el
propio informe de la comisión y la primera de sus recomendaciones:
necesidad de los más amplios consensos. Y, como usted bien sabe, en el
punto que parece preocuparle más —el de los restos de Franco—
no hubo consenso: un voto particular firmado por tres de los expertos se
oponía al párrafo relativo al traslado de los restos del general Franco.
No lo voy a leer, porque no me da tiempo.

En su pregunta, senador Anasagasti, hablaba usted de
sensibilidad democrática. Me parece bien, pero le voy a hacer un ruego:
no caiga en el error de expender credenciales democráticas según se esté
a favor o no del traslado de los restos de Franco. Perdone que le diga
que yo no voy a aceptar lecciones democráticas de nadie, porque yo hice
lo que tuve lo que tuve que hacer en el momento en que había que hacerlo,
corrí los riesgos propios de la época y trabajé por una España
democrática, donde y como pude hacerlo (Aplausos.) Pero no es esta la
ocasión para comentar mi currículum vítae. No tenga prisa, señor
Anasagasti.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Termino enseguida, señor
presidente.

No tenga prisa. Estas cosas salen siempre mejor cuando las
pasiones, las emociones, los odios y las nostalgias se han apaciguado. Y
me permito decirle que no vuelva a caer en la tentación de hablar de
voladuras —aunque ya sé que no es más que un exabrupto—,
porque ahí está la frontera entre la civilización y la barbarie.

Senador Anasagasti, los pueblos serios y maduros son los
que aceptan su historia tal y como se produjo, con sus páginas brillantes
y con sus inevitables páginas negras; sin intentar ganar a posteriori
guerras perdidas, aunque tampoco entiendo a los que les encanta
conmemorar derrotas. Con una frase, que seguro que conoce usted muy bien,
le diría: «dejad que los muertos entierren a sus muertos», ¡una
invitación para ocuparse de los problemas de los vivos!, que, en estos
tiempos que corren, no son pocos ni sencillos.

Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Muñoz-Alonso.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Vasco
en el Senado con la incorporación de la enmienda de sustitución del Grupo
Parlamentario Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 234; a favor, 77; en contra, 152; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

6.1.1.PROYECTO DE LEY SOBRE SANEAMIENTO Y VENTA DE LOS
ACTIVOS INMOBILIARIOS DEL SECTOR FINANCIERO (PROCEDENTE DEL REAL
DECRETO-LEY 18/2012, DE 11 DE MAYO). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.

COMISIÓN: ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

(Núm. exp. 621/000012)

El señor PRESIDENTE: Señorías, a propuesta de los
portavoces, y teniendo en cuenta que a los dos proyectos de ley restantes
no se les ha presentado ningún veto —que impediría la votación del
mismo en

la prolongación del debate—, se ha decidido continuar
con los debates de dichos proyectos de ley hasta que este se termine, y
la votación se producirá a partir de las dieciséis horas.

El señor presidente da lectura a los puntos 6, 6.1 y
6.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen,
tiene la palabra, por tiempo de cinco minutos, el senador Atarés.

El señor ATARÉS MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Buenos días, senadores.

El proyecto de ley... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.
Silencio.

El señor ATARÉS MARTÍNEZ: ...el proyecto de ley que se
somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado se tramitó
por el procedimiento de urgencia y tuvo entrada en esta Cámara el día 27
del pasado mes de septiembre, fecha, asimismo, de su publicación en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de
enmiendas finalizó el día 1 de octubre de 2012.

A este proyecto de ley se han presentado un total de 71
enmiendas, de las cuales se ha retirado la enmienda 68 del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado y se han inadmitido, por acuerdo de la
presidencia del Senado, de 2 de octubre de 2012, las números 48 y 49 del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y número 66 del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergéncia i Unió. Quedan vivas las
siguientes: enmiendas números 1 a 7, de los senadores Jesús Enrique
Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto; enmiendas números 24 a 30, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado; enmiendas números 31 a 47 y 50 a 56, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; enmiendas números 57 a 65,
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió;
enmiendas números 8 a 23, del Grupo Parlamentario Socialista; y enmiendas
números 67 y 69 a 71, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El día 4 de octubre la comisión se reunió para dictaminar
el citado proyecto de ley y emitió dictamen introduciendo modificaciones
en el texto remitido por el Congreso de los Diputados, en concreto las
enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

A fecha de hoy han presentado votos particulares a este
dictamen los grupos parlamentarios Mixto, Vasco en el Senado, Entesa pel
Progrés de Catalunya, Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y
Socialista.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Atarés.

Señorías, comienza el debate de totalidad.

Turno a favor. Tiene la palabra el senador Fernández de
Moya, por un tiempo de diez minutos.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, buenas tardes. En nombre del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado como grupo parlamentario que sustenta la acción del
Gobierno, me corresponde la defensa de este proyecto de ley sobre
saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector
financiero.

Permítanme, señorías, que comience mi intervención
repitiendo las palabras que dijo en su momento el ministro de Economía y
Competitividad, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado
—figuran en el Diario de Sesiones de 31 de mayo de 2012—,
haciendo referencia a la presentación, y al mismo tiempo solicitud de
apoyo, del Decreto-ley 18/2012 sobre saneamiento y venta de los activos
inmobiliarios del sector financiero. Decía textualmente el ministro señor
De Guindos que el sistema financiero sufre la contaminación del alto
endeudamiento de nuestra economía; en particular en sectores de promoción
y construcción inmobiliaria. Este fuerte endeudamiento alimentó la
burbuja inmobiliaria que terminó llevando a una extensa pérdida de empleo
y que ha afectado a la solvencia de nuestro sistema financiero debido a
su elevada exposición al sector inmobiliario. La brusca corrección de
esta burbuja, y el no reflejo a tiempo de dichos ajustes de precios en
los balances de las entidades de crédito alimentaron las dudas sobre la
valoración de los activos ligados al sector inmobiliario y, por
extensión, sobre la salud de la cartera del sistema financiero en su
conjunto. Las medidas tomadas por el anterior Gobierno no lograron
solventar las dudas que se generaron respecto a la calidad de la cartera
crediticia de las entidades financieras; ello fue especialmente claro en
los activos ligados a la burbuja inmobiliaria, y

especialmente en el crédito promotor, cifrado en más de 307
000 millones de euros, según datos del Banco de España, a finales del año
pasado. La falta de una acción decidida que cortara de raíz la creciente
incertidumbre supuso que las dudas en el mercado acerca del valor real de
dicha cartera fueran en aumento. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez,
ocupa la Presidencia.)

Decía entonces el señor ministro, y mantiene mi grupo
parlamentario en el Senado que, para atajar el problema de raíz y evitar
que un problema de una parte muy concreta de la cartera crediticia se
llevara por delante la credibilidad del conjunto del sistema financiero
español, el Gobierno había decidido adoptar acciones para disipar esas
dudas. Ahí está el Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero, por el que
se aumentaron las provisiones, fundamentalmente, los colchones de
capital, que los bancos deben tener para cubrir eventuales pérdidas de
activos que resulten problemáticos y que estén ligados al crédito
promotor. Es más, el propio Gobierno se puso manos a la obra en el que
resulta el proyecto de ley que va a ser objeto de debate a continuación,
sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector
financiero, que, como saben sus señorías, procede del Real Decreto-ley
18/2012, de 11 de mayo. Conviene asegurar que, debido al empeoramiento de
las perspectivas económicas, las dudas se extendieron a la calidad de
aquellos activos clasificados en su momento como no problemáticos, pero
que en un entorno macroeconómico adverso podrían migrar o transformarse
hacia cartera problemática. Como ejemplo —citaba en su momento el
señor ministro—, bastaba señalar que el Fondo Monetario
Internacional, en una de las conclusiones preliminares de su examen del
sistema financiero publicado el 25 de abril advertía de los riesgos
asociados a un posible ulterior deterioro de una cartera inmobiliaria
hasta entonces no considerada problemática.

Por ello, el Gobierno de España, el 11 de mayo del presente
año puso encima de la mesa un aumento adicional de las provisiones
genéricas para los activos inmobiliarios no problemáticos ligados al
crédito promotor. El total de estos activos sumó 123 000 millones de
euros, de los cuales el 21 % correspondió al suelo, el 13 % a promociones
en curso, el 15 % a préstamos con garantía personal y segunda hipoteca y
el resto —casi un 50 %— a promociones terminadas. Este
requerimiento —señaló el Gobierno durante su comparecencia—
supondrá un incremento —en este caso, promedio del nivel de
provisiones— del 7 % al 30 % de aquí hasta finales del presente
año. Esto implica unos 28 000 millones adicionales de provisiones para
cubrir eventuales pérdidas, siendo el objetivo muy claro por parte del
Gobierno de España: anticipar el saneamiento por un hipotético deterioro
de dicha cartera como consecuencia de la mala coyuntura económica,
disipando así las dudas sobre su calidad.

Señorías, como ustedes saben, el texto ha recibido
distintas enmiendas de los grupos parlamentarios que configuran la
Cámara, y han quedado incorporadas las formuladas por el Grupo
Parlamentario Popular.

Quiero terminar esta primera intervención poniendo de
manifiesto algo que ya señala el preámbulo del proyecto de ley y que
viene a ser el objetivo fundamental del desarrollo de esta iniciativa
legislativa: nada más y nada menos que el fortalecimiento del sistema
financiero en la nación española en su conjunto.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

¿Turno en contra? (Pausa.)

No hay turno en contra.

Turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Nos encontramos ante el desarrollo de otro proyecto de ley
—otra vez por el trámite de urgencia—, una vez más procedente
de un real decreto-ley, el 18/2012. Seguimos, por tanto, en el estado de
excepción económica en el que parece que no hay posibilidades para la
legislación ordinaria. Nos encontramos ante otro proyecto para el
saneamiento del sistema financiero. No es el primero —van diez
reformas en cuatro años— ni va a ser el último: ya se nos ha
anunciado que se ha puesto en marcha el popularmente conocido como banco
malo. De hecho, lo que se ha venido adelantando como contenidos de la
regulación del famoso banco malo deja casi sin sentido a este proyecto de
ley. Siendo más atinados, más que dejarlas sin sentido, deja solo un
carácter residual a las previsiones de este proyecto de ley, que tendrán
aplicación y vigencia fundamentalmente para aquellos activos
inmobiliarios de menor valor en poder de las entidades financieras; los
de mayor valor acudirán a la fórmula del banco malo. Son diez reformas
del sistema financiero que no han solucionado el problema; que no han
solucionado ni el problema de los balances de las entidades financieras
ni el problema serio, el problema de la sociedad, el problema de la

economía: el acceso al crédito de los emprendedores y de
las familias.El rescate con recursos europeos en marcha vendrá detrás, y
parece que ni tan siquiera el anuncio de que ello va a ser una realidad
en poco tiempo ayuda a animar a las entidades financieras a que fluya el
crédito.

Además, estamos constatando que hay un riesgo harto
probable de que gran parte de los recursos públicos que se han dedicado a
intentar sanear el sistema financiero no sean recuperables: 21 000
millones públicos se dan prácticamente por perdidos. Se habla de un
elevado riesgo de que casi otros 23 000 millones de euros sean harto
difíciles de recuperar. El Fondo Monetario Internacional, en el informe
que ha presentado recientemente, apunta a que el crédito, con esta
reforma, con las anteriores, con la que viene después, seguirá sin fluir
en nuestro país hasta 2017. Y nadie piensa en otra alternativa; nadie
piensa en recuperar alguna de las figuras de banca pública, aunque sea
simplemente como puente hasta 2017, en el que el sector financiero
privado haga lo necesario para satisfacer la demanda crediticia. Los
recursos que se están dedicando a sanear las entidades financieras, esos
recursos que hoy se dan ya por perdidos, están drenando el Estado de
bienestar; son recursos de los que se priva a la sanidad, a la educación
y a los servicios sociales y, además, están incrementando el
endeudamiento de nuestro país.

El proyecto contempla nuevos requerimientos de coberturas
adicionales para la financiación de los agujeros del ladrillo; la
financiación de los agujeros que se generaron en la época dorada
—entre comillas— de la burbuja inmobiliaria. Hay que
financiar ahora esos agujeros y, para ello, se establecen requerimientos
que, de no poder ser cubiertos con los recursos propios de las entidades
financieras —como parece que va a ocurrir en algunas de
ellas— deberán dar lugar a una intervención del FROB; el mismo FROB
que perdió 11 000 millones de recursos entre 2010 y 2011; 11 000 millones
de recursos. Y prevé también la constitución de sociedades de capital, a
las que las entidades de crédito deberán aportar los inmuebles
adjudicados o recibidos como pago de las deudas del ladrillo; valorados
en unos términos muy poco concretos, extrañamente poco concretos
—por su valor razonable—, como alternativa por su valor en
los libros, teniendo en cuenta las provisiones realizadas. Y de forma
expresa se excluye algo que, sin embargo, se exige para el resto de las
sociedades de capital: que las aportaciones —en este caso las
aportaciones de estos bienes inmuebles— sean valoradas por expertos
independientes. No se comprende muy bien —lógicamente, se comprende
el objetivo que subyace tras esta decisión— desde una perspectiva
de transparencia, desde una perspectiva de igualdad de trato, desde una
perspectiva incluso de respeto escrupuloso a las normas del libre
mercado; no resulta comprensible esta actuación privilegiada. La razón es
evidente: terceros expertos independientes seguramente darían una
valoración muy por debajo de ese valor razonable, muy por debajo de ese
valor que, como alternativa, se realizará según los libros, a partir de
las provisiones.

Insisto en que, en todo caso, esta previsión de la ley va a
jugar un papel residual una vez que se ponga en marcha el banco malo. Y
una vez más se toman todas estas decisiones de privilegio hacia el sector
financiero sin exigirle nada a cambio. Precisamente se trata de la
necesidad de introducir cambios legislativos que supongan una tremenda
novedad, que es que por primera vez se pida a las entidades financieras
que han venido favoreciéndose de todas estas estrategias contenidas en
las distintas medidas de reforma del sistema financiero algo a cambio,
porque lo que es excepción para las entidades financieras es la regla
para el resto de la sociedad, resto de la sociedad a la que cada vez se
le piden más copagos, resto de la sociedad a la que cada vez se le piden
más sacrificios, resto de la sociedad que padece las consecuencias de
recortes y ajustes. Los únicos que no están sufriendo recortes y ajustes,
los únicos que no están padeciendo las consecuencias de la crisis son
precisamente aquellos a los que en un principio todo el mundo, todas las
fuerzas políticas y el conjunto de la sociedad hacíamos responsables del
inicio de la crisis, que nació como crisis financiera.

Para evitar eso planteamos unas enmiendas que, obviamente,
desgranaré en el turno correspondiente.

Muchísimas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias.

¿Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado?
(Denegaciones.) No se hace uso de este turno.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, una vez más —no es la primera, y me temo
que no será la última—, no solo afrontamos el debate de una ley
importante en esta Cámara a estas horas y con esta presencia, sino además
sin la presencia del Gobierno.

Como ustedes saben, el origen de esta ley es el Real
Decreto Ley 18/2012, de 11 de mayo, convalidado el 31 de mayo y tramitado
como proyecto de ley. De hecho, copiaba el título de otro real decreto
ley anterior: el 2/2012, de 3 de febrero. Es un poco la reforma
financiera a plazos, donde un real decreto ley corrige y desarrolla el de
pocos meses atrás. En estas estamos.

En este periodo, además, las entidades financieras se han
visto obligadas por esta reforma a provisionar más de 50 000 millones
adicionales del riesgo —tal como se citaba—, básicamente del
riesgo promotor que tenían contraído, afectando a suelo y viviendas en
fase de construcción y en promociones acabadas. Se ha acelerado también
el proceso de fusión de entidades financieras, algunos entre bancos, como
hemos visto esta semana en concreto, especialmente procesos de fusión de
los bancos creados por las cajas de ahorro. Bankia, una entidad que iba a
ser la primera por volumen de activos, ha sido intervenida o
nacionalizada, después de unos episodios que estoy seguro de que el
Gobierno no tiene interés en rememorar.

El Partido Popular en la oposición y al acceder al Gobierno
manifestaba que la reforma financiera no tenía que costar un euro al
contribuyente, decía también que el Gobierno no creía necesaria la
creación de un banco malo. Podríamos encontrar numerosas declaraciones
del señor De Guindos en este sentido no hace tanto tiempo, hace pocos
meses, siendo ya ministro. Y además se hablaba de que, evidentemente, el
objetivo era impulsar la creación de entidades que pudieran generar
liquidez, que pudieran dar crédito, que es lo que necesita la economía
española.

Debo decir que nosotros compartíamos y compartimos, en
líneas generales, esos objetivos. Lo que pasa es que, al igual que en
casi todo, el Partido Popular ha optado por hacer lo contrario de lo que
decían que harían, porque del coste cero para el contribuyente estamos
pasando en cierta medida a una triple factura: la factura por el banco
malo —al que ahora me referiré—, la factura por los costes ya
incurridos —los 15 000 millones de origen público que el FROB ha
invertido— y también por el coste del rescate bancario de la Unión
Europea, esos 40 000 millones, al 5 %, que son 2000 millones de coste
anual.

Por lo que respecta a estimular la concesión de crédito,
también es otro objetivo fallido; solo hay que leer algunas informaciones
de hoy que hacen referencia al último año, pero también del mes de julio
del año pasado al mes de julio de este. El crédito ha continuado
cayendo.

Y del informe de Oliver Wyman y de sus escenarios
—del último, evidentemente—, unos escenarios que prevén una
reducción de balance sustancial del sector financiero después de la
recapitalización que se ha de producir, no se puede deducir precisamente
que vaya a haber un incremento del crédito. A ello se le suma además el
problema derivado del actual nivel de endeudamiento de familias y
empresas; el desapalancamiento se va reduciendo de manera muy lenta en el
sector privado.

Otro de los objetivos que se apuntaba en la reforma
financiera era dinamizar el mercado de la vivienda. La sociedad de
gestión de activos que se crea puede que lo haga, evidentemente, si bajan
los precios y si facilita la financiación al comprador. Si es así, puede
que se dinamice; será, eso sí, a costa prácticamente de liquidar al
sector promotor superviviente y de pérdidas previsibles, evidentemente,
para la sociedad de gestión.

Sanear el sector financiero era otro objetivo —ya
veremos después de la recapitalización—, por sus propios medios, en
los casos de algunas entidades, que han querido, como el Popular, acudir
al mercado de capitales, y otros, que lo harán a través del FROB. Pero ya
veremos cómo se soluciona el problema derivado, como he dicho también, de
la refinanciación de créditos morosos que tienen las entidades en algunos
casos, lo que afecta a eso que llaman el crédito corporativo.

Ahora bien, en lo que respecta a la sociedad de gestión de
activos, que es lo que regula esta ley, hay preguntas que todavía no
tienen respuesta o que, como mínimo, esta no está clara. ¿A qué precios
acabarán comprando los activos a los bancos? El señor De Guindos decía
hace unos días que era al valor económico real. El valor económico real,
obviamente, no será el de libros, será el del mercado. Pero con un
mercado que no funciona, no sabemos, todo son especulaciones: si estará
en torno al 60 % en unos determinados activos y al 40 % en lo que serían
los créditos promotor adjudicados.

¿Cuánto tiempo dispondrán para liquidarlos? No sabemos si
serán los quince años de vida que se prevén para esta sociedad de gestión
de activos. ¿Quiénes serán los accionistas? Solo sabemos que serán
mayoritariamente privados, el 55 %, y minoritarios el 45 %, el FROB, por
razones obvias de cómputo de deuda pública. ¿Cómo se organizará su
gestión? Se ha hablado de que se crearán fondos. ¿Cuántos? ¿De qué tipo?
Bien, estamos hablando de 150 000 unidades inmobiliarias y del orden
también de 200 000 créditos con garantía hipotecaria, como ustedes saben.
Otra pregunta: ¿Aportarán los bancos un esquema

de protección sobre estos activos que transfieran a la
sociedad de gestión de activos o banco malo? Porque esto tampoco es una
cosa que quede recogida en el proyecto de ley.

Ustedes son conocedores de que a la banca no le entusiasma
el proyecto, solo hay que repasar las hemerotecas a este respecto. Parece
como si el coloquialmente denominado banco malo no lo quisieran ni los
bancos ni el Gobierno, salvo Europa, que de alguna manera lo impone. La
banca quería, si acaso, un banco malo cien por cien público, apuntando al
modelo sueco de los años noventa. Y tendremos uno con mayoría privada,
pero la deuda suscrita por las entidades que traspasen activos, como
ustedes saben, estará garantizada por el Estado para que les pueda servir
de colateral. Es decir, no garantizamos la deuda de las comunidades
autónomas para que puedan ir a los mercados, ustedes han dicho, el
Gobierno, no a los hispanobonos, a pesar de que las comunidades autónomas
sean Estado, pero sí a la banca en este caso, es decir, con este esquema
de un capital desembolsado de 1000 millones, 4000 parece que serán deuda
subordinada, y 45 000 millones, que será la deuda normal, que está
garantizada por el Estado.

Voy finalizando. Señorías, la reforma financiera es
necesaria. Entiendo que la mayoría de los objetivos son loables, pero
difícilmente veo que se vayan a cumplir. Además, de alguna manera el
Gobierno olvida, no al sector financiero, que sin duda es muy importante,
sino que también en este campo se olvida a los ciudadanos. Obviamente, la
mayoría de la que disfruta el Partido Popular hace que no necesite de
otras formaciones políticas; en ese sentido, no se han mostrado
dispuestos a aceptar ninguna de nuestras enmiendas. Ustedes piensan en la
banca, nosotros también. No vamos a hacer demagogia. Es muy importante el
sector financiero en cualquier economía, pero también la ciudadanía.

Por eso, nuestras enmiendas —a las que después se
referirá también en el turno correspondiente el señor Saura—
recogen algunos aspectos que ustedes dejan de lado en esta ley o solo los
abordan de una manera muy tangencial. Me estoy refiriendo a una solución
al problema de las participaciones preferentes y otras obligaciones
subordinadas, especialmente de clientes minoristas, de ciudadanos
vulnerables que en su día fueron en algunos casos literalmente engañados
con la adquisición de estos productos.

También recogen nuestras enmiendas una preocupación por los
desahucios. Destinaremos dinero público al banco malo, mientras los
bancos continúan y continuarán desahuciando a personas en situación de
fragilidad. Creo que elevar y darle algo más de categoría y vinculación
al código de buenas prácticas sería adecuado.

Creo que es una oportunidad también para fomentar el
alquiler en colaboración con las comunidades autónomas y los
ayuntamientos y una ocasión, cómo no, para mejorar el gobierno
corporativo y la trasparencia de las entidades, especial y singularmente
de aquellas que han recibido dinero público. Todo ello, evidentemente,
comporta modificaciones de legislaciones digamos colaterales,
tangenciales, como la Ley Hipotecaria, los reales decretos de 6 y 8 de
este año, así como la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley del Mercado de
Valores. Porque pretendemos que esta ley tenga en cuenta, además de los
problemas del sector financiero, también los de la ciudadanía; y teniendo
en cuenta su falta de receptividad a las sugerencias del resto de
formaciones políticas y en este caso, de manera muy singular, de la
nuestra…

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por
favor, vaya finalizando.

El señor MONTILLA AGUILERA: ...eso hace difícil que podamos
dar apoyo a esta ley.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
president. Muchas gracias, señor Montilla.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, en el turno del debate a la totalidad, tiene la
palabra el senador señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.

Señorías, la verdad es que estamos en un debate de un
proyecto de ley que mi grupo —lo habíamos dicho y voy a
insistir— entiende que quizá tendríamos que haber tenido ya hace
unos meses, por no decir algunos años, en estas mismas Cámaras. La
situación actual de crisis económica, que se va alargando durante los
últimos años, tiene un punto de atención especial, que es la crisis del
sistema financiero. Pasamos en pocos meses de tener el mejor sistema
financiero y el más solvente de todo el mundo a tener un sistema
financiero con dificultades, como pasaba con el resto de sistemas
financieros de los países desarrollados. La diferencia es que en la
mayoría de estos países se reaccionó rápidamente, se dieron

cuenta de que su sistema financiero tenía dificultades e
hicieron reformas para poder solventarlas. Nosotros, una vez más, en
España estábamos en otros temas, pensábamos que nuestro sistema
financiero era más solvente, que no tenía problemas; no se reaccionó y
cuando empezamos a reaccionar lo hicimos tarde. De hecho, las primeras
medidas de reformas importantes en el ámbito del sector financiero se
inician en el año 2009, con la creación del FROB, y a partir de ahí, como
ha recordado algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra,
ha habido diversos reales decretos ley —creo que hasta siete—
que van incidiendo sobre esta reforma. Pero van incidiendo de forma
parcial y no afrontando realmente el problema, algo que, desde nuestra
perspectiva, se tendría que haber hecho. Lo pedimos en la anterior
legislatura, lo pedimos en el debate de investidura de la legislatura
actual y hemos tenido varias iniciativas precisamente para buscar una
solución para concentrar todos esos activos inmobiliarios que habían
perdido su valor en una entidad como puede ser el banco malo, que, por
cierto, ahora sí que se defiende desde el Gobierno. Y, tal y como se ha
recordado hace un momento, el ministro de Economía, Luis de Guindos, no
solo en los primeros meses de su mandato sino ya bien entrado en este,
hizo unas declaraciones efectuadas en abril, concretamente el día 22, en
Washington, explicando que en España no íbamos a tener banco malo porque
no había recursos y porque no era necesario. Pues, efectivamente, lo era.
Lo era, y una vez más nos lo han tenido que hacer ver nuestros socios
comunitarios. Ayer recordábamos el Consejo del Ecofin del 10 de julio de
este mismo año por otra cuestión, pero en el mismo Consejo se acordó con
las autoridades españolas la creación definitiva de ese banco malo. Y eso
es necesario, según considera nuestro grupo, porque es la forma de
generar cierta liquidez en las entidades financieras, aunque después
tenemos que asegurarnos de que esa liquidez que se genere en las
entidades financieras repercuta en un mayor crédito de cara a las
empresas y particulares. Si efectuamos todas estas reformas, que van a
tener un coste directo e indirecto para el erario público, y no generan
un mayor crédito, habremos fracasado. Habremos saneado una parte de
nuestro sistema financiero pero no habremos contribuido a la recuperación
económica. Para la recuperación económica es importante, necesario e
imprescindible que el crédito vuelva a fluir para los particulares pero
sobre todo para que las empresas puedan disponer de estos recursos
financieros, que hoy les impiden iniciar nuevos proyectos y continuar
proyectos que ya tenían en marcha.

En todo caso, nuestro grupo ha presentado unas enmiendas
que voy a exponer en el turno correspondiente, aunque ya les avanzo que,
tal y como hicimos en el Congreso de los Diputados, aunque no nos admitan
ninguna, vamos a apoyar igualmente este proyecto porque, de hecho, con
matices, también lo habíamos ido demandando durante largo tiempo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.

Señorías, este es un tema yenka en el Partido Popular. Este
tema empezó en la campaña electoral, cuando según el candidato señor
Rajoy parecía que no iba a haber banco malo, pero si escuchábamos al
señor Montoro entonces parecía que sí iba a haber banco malo. Luego se
formó Gobierno, y como el Gobierno nunca miente, ese Gobierno que siempre
dice la verdad, el señor De Guindos en abril dijo que no habría banco
malo; y no se equivocaba, porque el propio presidente del Gobierno ese
mismo mes ratificó las palabras del señor De Guindos. Sin embargo, nos
encontramos con que en el mes de octubre estamos discutiendo ese banco
malo, después de que, como ya dicho algún orador, desde Europa hayan
dicho que sí, que había que crear este banco malo porque la cosa no
estaba bien. Por tanto, proyecto yenka, un pasito p´alante y otro
p´atrás. Ahora estamos en el p´alante.

Pero, además, hay una cuestión de forma que a mí me
gustaría poner sobre la mesa, que es la manera que tiene este Gobierno de
gobernar, una manera que no hace sino dar argumentos al contrario. Esa
soberbia política del que no escucha, esos proyectos de ley importantes
donde el Gobierno no está, esa manera de pasar de la opinión de la
oposición, porque tenemos mayoría, ese desprecio a las Cámaras que se
trasluce de cualquiera de los debates que hay aquí, yo creo que lo que
hacen es potenciar y dar argumentos cada vez más válidos a aquellos que
luego van a la Plaza de Neptuno a manifestarse y a los que, además, les
inflamos.

Cada vez que el Gobierno desprecia a las Cámaras, cada vez
que el PP saca pecho con su mayoría absoluta intratable, está dando
argumentos a aquellos que dicen que las Cámaras no sirven para nada.

Y eso es hacerle un flaco favor a la democracia. No
solamente tenemos que hablar de economía. Tenemos que hablar de
democracia, y la democracia cada vez es más pobre en este país.

Ustedes deberían saber que hay partidos en las Cámaras que
gobiernan en comunidades autónomas y que hay un partido en las Cámaras
que ha gobernado muchos años y que volverá a gobernar este país. Por lo
tanto, deberían tener en cuenta las opiniones de estos partidos, pero
ustedes no las tienen en cuenta. Primera razón, de forma, para decir que
no estamos de acuerdo con esta ley.

Sin embargo, hay cuatro razones de fondo que también son
muy preocupantes y por las que vamos a votar que no. La primera, como ya
ha dicho alguien, es que en este proyecto de ley no hay ninguna garantía,
absolutamente ninguna, de que no necesitemos otra vez dinero público para
la banca. Esa es una luz roja clarísima. Ese dinero público que damos
alegremente a la banca y que, sin embargo, negamos a la educación,
negamos a la sanidad y negamos incluso a los desempleados. Somos tan
cínicos, son ustedes tan cínicos que cuando debaten sobre el Plan Prepara
o sobre las ayudas a los desempleados dicen que dar dinero público a los
que están parados fomenta la holgazanería, la vagancia y la desidia por
encontrar puestos de trabajo. Sin embargo, no dicen que cuando dan dinero
a la banca fomentan la estafa, porque lo que está sucediendo y el
producto de esta crisis es un problema de una estafa pública.

Hacemos algo tan sencillo como hacer ver que la crisis fue
una catástrofe, algo como un tsunami, que no podíamos prever. De paso,
acusamos al Gobierno de Zapatero por no haberlo previsto. Pero cuando
decimos que todo es un accidente lo hacemos, principalmente, para
esconder quiénes son sus responsables y, en segundo lugar, para que la
ciudadanía acepte con resignación los daños que esa catástrofe trae; si
es una catástrofe hay que aceptar el repago, hay que aceptar los
recortes, hay que aceptar todo ese tipo de cosas que ustedes están
poniendo sobre la mesa día tras día. Por lo tanto, la primera cuestión
es, ¿nos va a costar dinero, sí o no? No hay ninguna garantía de que no
nos cueste.

La segunda cuestión es que tampoco hay ninguna garantía de
que ese movimiento de activos que permitirá este proyecto de ley acabe
liberando flujo de crédito para inversiones productivas. No hay
absolutamente ninguna garantía. Ni ninguna obligación a los bancos de que
esto pase. Esta es una cuestión clave si queremos recuperar la economía
del país y si queremos recuperar empleo. Si no habilitamos —y esto
lo decimos todos— dinero para que las empresas inviertan en
inversiones productivas, si solo liberamos crédito para inversiones
especulativas, no solucionaremos el problema del empleo. Por tanto,
debería haber junto con o dentro de este proyecto de ley obligaciones
para que las entidades financieras liberen ese crédito. Les limpiamos los
balances y no les obligamos a nada. Ese es este proyecto de ley.

En tercer y cuarto lugar hay dos razones que tienen que ver
con las familias y con los ciudadanos. No somos capaces de dar respuesta
a las miles de familias atrapadas en el tema de las acciones preferentes.
Tratamos mejor al engañador que al engañado. Cuando las familias plantean
una solución para las preferentes les decimos que, bueno, de aquí
p’alante, pero de aquí p’atrás no hacemos nada. El señor De
Guindos responde textualmente: en 2009 yo no era ministro. O sea, cuando
un ciudadano, una familia, a la que han quitado los ahorros y que ahora
tiene un saco vacío porque un banquero le dijo que invirtiera ahí, pide
una solución, se encuentra con un ministro que le dice: yo no era
ministro en 2009. Esa es la respuesta que damos a los ciudadanos, la
respuesta que damos a las preferentes. Y les decimos: es que de temas
retroactivos no podemos hacer nada. ¡Hombre! Y los activos financieros,
¿no son temas retroactivos? ¿No somos capaces de modificar la ley, y lo
hacemos en repetidas ocasiones en nueve meses para que el sector
financiero pueda tener mejores condiciones? ¿Por qué no modificamos la
ley para que las familias tengan mejores condiciones? No lo queremos
hacer. Y eso hace que, como el otro día me decía alguien en Barajas, se
diga: Solo pensáis en los bancos. Claro, es que parece que solo pensamos
en los bancos.

La cuarta razón, como también se ha dicho aquí, tiene que
ver con lo mismo, con el tema de las hipotecas. El año pasado hubo 50 000
desahucios y este año, en el primer trimestre, 25 000. O paramos eso o la
gente a la que le han quitado la vivienda va a acabar financiando con sus
impuestos a aquel que le ha quitado la vivienda. Eso no puede ser. Por
tanto, cualquier reforma del sector financiero que tratemos, desde luego,
para que tenga el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista debe tener en
cuenta que hay que dar solución a todo el tema de las hipotecas y de las
preferentes. Y como sí es posible —porque es posible— debemos
ponernos todos a trabajar en ello. Creo que es fundamental que tengamos
en cuenta lo que piensa la gente: que los responsables de la crisis son
los bancos; y dicen, además, que desconfían de los políticos porque los
políticos estamos en manos de los bancos. Y ese discurso, que es así de
sencillo, tenemos que romperlo.

Nosotros, como Grupo Socialista, se lo decimos una vez más.
Hemos votado responsablemente a favor del primer decreto que ustedes
trajeron en el mes de enero, pero no vamos a hacer ningún ejercicio más
de responsabilidad votando a favor de ninguna reforma del sector
financiero, de ningún apoyo al sector financiero que no tenga como
contrapartida y como compromiso de los bancos tres cuestiones: solucionar
el problema de las preferentes, solucionar el problema de la gente que
está perdiendo sus viviendas, y liberar crédito para inversiones
productivas, que son las que generan empleo y que son, en definitiva, el
objetivo que deberíamos tener todas las fuerzas políticas de este país,
siendo el paro el primer problema de los ciudadanos y ciudadanas.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra el senador señor Fernández de Moya.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Muchas gracias, señor
presidente.

No dejan de ser curiosas, por no decir llamativas, algunas
de las intervenciones que se producen en el seno de la Cámara desde la
perspectiva de lo que significa reprocharle a mi grupo parlamentario o al
partido que sustenta a mi grupo parlamentario, al Partido Popular, la
actitud por haber obtenido legítima y democráticamente una mayoría en las
urnas, como se obtiene y se gana en una democracia.

Decía el representante del Grupo Parlamentario Socialista
hace un momento que nosotros aplicamos una mayoría parlamentaria que no
escucha a la oposición y donde no atisbamos ningún tipo de reflexión que
pueda significar una mejora en el texto. Me gustaría recordarle a este
senador, solo a título de ejemplo, lo siguiente: en la legislatura
pasada, en la Ley de extranjería formulada en esta Cámara en noviembre
del 2009 hubo 73 enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Popular; todas fueron rechazadas. La Ley del aborto, formulada en febrero
del 2010: 28 enmiendas del Grupo Popular; todas rechazadas. La
modificación del Código Penal, establecida en junio del 2010, que fue
debatida en esta Cámara: 60 enmiendas del Grupo Parlamentario Popular;
ninguna fue admitida. Esa es la forma de actuar del Partido
Socialista.

Cuando yo escuchaba al senador del Grupo Socialista hablar
de desprecio —porque han sido muy gruesos los calificativos que se
han empleado en este debate— lo que probablemente yo estaba
pensando —lo digo porque vengo de aquella maravillosa tierra
andaluza— era en cómo actúan ustedes, por ejemplo, allí, en
Andalucía, donde aplican también ese rodillo de la mayoría absoluta y en
cuyo Parlamento desprecian sistemáticamente a la oposición.

Señoría, yo debo significarle algo que me parece sumamente
importante. Hoy venimos a contarle a la sociedad española que ponemos en
marcha un proyecto de ley que tiene como claro objetivo la consolidación
del sistema financiero. Se trata de robustecer una pieza clave en el
funcionamiento del Estado, que es tener claramente un sistema financiero
consolidado, cuyo gran objetivo, precisamente en el proceso de
recapitalización de la banca y del sistema financiero, es que fluya el
crédito a las pequeñas y a las medianas empresas, e igualmente también a
las familias. Pero, por favor, no venimos a decir a los españoles, como
les dijo Zapatero en el año 2008, que estamos en la Champion League y que
España tenía un sistema financiero que, sin lugar a dudas, representaba
una hoja de ruta a seguir para el resto de Estados miembros de la Unión
Europea. Eso fue engañar a la sociedad española y nosotros no lo vamos a
hacer aquí.

Por cierto, ahora que el Partido Socialista critica la
puesta en marcha de este proyecto de ley de saneamiento de activos
inmobiliarios, ¿sería alguien capaz, especialmente algún senador del
Grupo Parlamentario Socialista, de decirme a mí y a mi grupo
parlamentario cómo es posible que en los años 2008 y 2009, empezando por
Estados Unidos y siguiendo por Gran Bretaña, Alemania, Holanda, Italia,
todos los países fuesen a un proceso de recapitalización de su sistema
financiero y que aquí, en España, no se hiciera absolutamente nada,
porque entonces decía el Partido Socialista que teníamos un sistema
financiero que jugaba en la Champion League? No engañen más a la gente,
no le mientan más a la gente. Tengan por lo menos la honestidad política
de reconocer que cometieron un gravísimo error y que, además, fueron en
la dirección contraria a la de países del entorno de la Unión Europea, e
insisto, incluso empezando por los Estados Unidos, que fueron a un
proceso de recapitalización de su sistema financiero.

Por cierto, señores del Partido Socialista, les he dicho al
comienzo de mi intervención, reproduciendo literalmente la reflexión que
hacía el señor ministro, que estamos hablando, nada más y nada menos, de

en torno a 310 000 millones de euros en activos
problemáticos. ¿Saben ustedes en el año 2003 cuál era el crédito promotor
en España? En el año 2003, cuando gobernaba el Partido Popular, 75 000
millones de euros. En el año 2007, ¿saben ustedes cuál era el crédito
promotor cuando gobernaba Zapatero y el Partido Socialista? 325 000
millones de euros. ¿Por qué ocultan esos datos a la sociedad española?
¿Por qué no les dicen la verdad a los españoles? Porque hoy traemos aquí
un proyecto de ley que precisamente trata, como he dicho al principio de
mi intervención, de robustecer y consolidar el sistema financiero.

Señores del Partido Socialista, yo no les voy a aceptar
—y se lo digo en lenguaje político y en el seno de una Cámara que
representa a la soberanía nacional— que ustedes vengan aquí a
acusar al Gobierno de que miente, de que es un embustero o de que un día
dice una cosa y al día siguiente la contraria. Yo vengo de una tierra,
Andalucía. El presidente del Partido Socialista es el presidente de la
Junta de Andalucía. El señor Griñán dijo hace un mes en mi tierra,
Andalucía, que precisamente el sistema financiero andaluz no necesitaba
ninguna ayuda del Fondo de Liquidez Autonómico. A los cinco días de
aparecer publicada esa reflexión, el señor Griñán, presidente del Partido
Socialista Obrero Español, pedía 1000 millones de euros al Fondo de
Liquidez Autonómico. Pero, sorpréndanse, a la semana siguiente de pedir
los 1000 millones de euros al Fondo de Liquidez Autonómico, ayer, la
consejera de Hacienda, señora Martínez Aguayo, establecía para Andalucía
una petición de 4906 millones de euros de rescate al Estado. ¿Qué me
dicen entonces del señor Griñán, que quince días atrás dijo que Andalucía
tenía un sistema financiero sólido y cuando pasan los quince días está
pidiendo 4906 millones de euros al conjunto de España?

Señores del Partido Socialista, yo debo decirles algo que
me parece sumamente importante. Ustedes hablan de insulto a los
españoles, de que la reforma del mercado laboral significa una nueva
descalificación y una nueva afrenta a los parados. Pero yo les voy a
poner solo dos ejemplos. No fue este partido el que se paseó por toda
España con carteles de Zapatero en los que ponía «Por el pleno empleo» y
dejaba después cinco millones de parados en España; ni fue este partido,
sino alguien de sus filas, concretamente una senadora socialista de mi
tierra, de la provincia de Jaén, la señora Quesada, quien se paseó
durante la legislatura anterior diciendo por toda España que los parados
iban en BMW. Pero, eso sí, a ustedes entonces no les oí alzar la voz ni
hacer ningún tipo de recriminación ni de consideración sobre lo que era
una afrenta a centenares de miles y millones de parados; ustedes entonces
permanecieron como siempre calladitos, muditos porque la afrenta venía
desde sus filas y había que proteger al compañero.

Señorías, vamos a tener oportunidad de entrar en
profundidad en este tema; yo lo voy a hacer, voy a analizar enmienda por
enmienda durante el tiempo de que dispongo para radiografiar simple y
llanamente las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, el
Grupo Vasco, el Grupo Parlamentario de Entesa, el Grupo Parlamentario
Catalán Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario Socialista, y les
voy explicar en el siguiente turno, en la medida en que el tiempo me lo
permita, nuestro rechazo a esas 60 enmiendas, muchas de las cuales, por
cierto, contravienen normativa comunitaria y no respetan las normas
internacionales de contabilidad. Y otras porque indudablemente significan
plazo que establece una prioridad, y teniendo en cuenta que el proceso
debe ponerse en marcha, hay que dejar guiar la hoja de ruta establecida
por esta futura ley para ver cómo resolvemos, insisto, un problema que
España no atajó, como siempre, de la mano del Partido Socialista que lo
único que hizo una vez más fue engañar a los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

A continuación vamos a proceder al debate del
articulado.

El Grupo Parlamentario Mixto ha presentado siete enmiendas
por parte de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes.

Para la defensa de estas enmiendas, tiene la palabra el
senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, las enmiendas buscan tres objetivos: en primer
lugar, propiciar el acceso a la vivienda de aquellos ciudadanos que no
disponen de una; en segundo lugar, defender los recursos públicos que se
han venido inyectando en el sistema financiero; y, en tercer lugar,
consolidar y defender derechos de clientes y de deudores
hipotecarios.

Por eso, la primera enmienda plantea que aquellas
sociedades de capital que asuman la titularidad de los activos
inmobiliarios de entidades en las que la participación del FROB sea
mayoritaria se dediquen a la configuración de un parque público de
viviendas en alquiler social.

En segundo lugar, planteamos enmiendas que intentan
proteger a clientes de las entidades financieras frente a prácticas
comerciales agresivas de dichas entidades que han sido descalificadas por
reiterada jurisprudencia a lo largo de los últimos tiempos, como son
aquellas en las que a personas sin un gran nivel de conocimiento del
sistema financiero se les colocaba —valga la expresión porque
seguramente es la que mejor describe la realidad— productos
financieros de tremenda complejidad —me refiero al canje de
participaciones preferentes u obligaciones subordinadas—, de tal
forma que cuando una entidad financiera pretenda colocar en el mercado
estas operaciones, haya al menos una supervisión próxima de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, y la posibilidad de que, en situaciones
como las que ya se han dado cuando han sido clientes sin conocimiento de
la materia los que han acudido a la oferta del banco, estas figuras se
conviertan en depósitos a plazo fijo. Igualmente, que se establezca la
prohibición de comercializar estos instrumentos financieros, las famosas
Swap, por ejemplo, a los clientes minoristas. También, y buscando
proteger los recursos públicos que se han inyectado en el sistema
financiero, que aquellas entidades que han recibido ayudas del FROB
constituyan de forma obligatoria un fondo de reserva indisponible con el
50 % de sus beneficios en el ejercicio, y que no repartan dividendos
hasta que no se haya liquidado totalmente la deuda contraída.

Para proteger a quienes ven cómo después de suscribir un
crédito hipotecario les resulta imposible afrontar las amortizaciones y
se produce la ejecución, que cuando la entidad titular de ese crédito
hipotecario haya recibido ayudas públicas asuma la obligación de aceptar
la dación en pago por parte del cliente y abra un escenario en el que se
permita la oferta en alquiler o, en el caso de que no sea esa la opción,
se abra un procedimiento de transformación en vivienda de protección
oficial de esa vivienda que recibe la entidad financiera a través del
mecanismo de dación en pago.

En el caso de que el FROB tenga una participación en los
bancos que han resultado de la fusión o transformación de cajas de
ahorro, que la participación en beneficios del FROB se traduzca en la
financiación de las obras social y cultural de las antiguas cajas de
ahorro que, obviamente, con las exigencias de capitalización que se han
venido imponiendo a estas entidades, han entrado en unos procesos que
sitúan su supervivencia como algo realmente difícil.

Finalmente, nuestras enmiendas plantean limitación a las
remuneraciones de los directivos de aquellas entidades que reciben apoyo
del FROB.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra la senadora señora Leanizbarrutia.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Gracias, señor
presidente. Señorías.

Mi grupo parlamentario ha presentado siete enmiendas, tres
de modificación y cuatro de adición, más que nada respondiendo a que este
texto se tiene que mejorar y esa nuestra pretensión. Ahora bien, debe
tenerse en cuenta que mi grupo entiende que la reforma de la
estructuración del sistema financiero debería tener una visión mucho más
integral, pero esa posición y esa opinión de mi grupo la expresaré aquí
en el turno de portavoces.

Me voy a limitar a justificar el porqué de estas enmiendas.
Lo que pretendemos a través de ellas es que se establezcan mecanismos de
flexibilización del plazo de cumplimiento, entre otras cosas, de los
nuevos requerimientos de provisiones para las entidades que acometan
procesos de integración; alargamos los plazos y recogemos la limitación
de las remuneraciones tan escandalosas que se han dado en aquellas
sociedades que han sido participadas.

Nuestra enmienda número 24, de modificación, pretende que
se otorgue a las entidades de crédito la opción de distribuir en el
tiempo el impacto en resultados de las provisiones requeridas por la Ley
18/2012. El mayor plazo no es una cuestión de desconfianza sobre la
capacidad de resistencia; las que se acogen voluntariamente al período de
tres años, pasados los doce meses habrán de mantener un colchón de
capital que cubra la diferencia entre el requerimiento total de
provisiones y las realmente constituidas.

En nuestra enmienda número 25, de modificación, entendemos
que se deben fijar plazos, pues los mercados así lo aconsejan, a fin de
evitar quebrantos para las entidades financieras derivados de venta
precipitada, extendiendo el plazo a diez años. En todo caso, el FROB
mantendría siempre la posibilidad de instar la conversión antes de
transcurrido dicho plazo si considerase improbable que se produjese el
repago.

Con nuestra enmienda número 26, también de modificación,
entendemos que el plazo concedido es, en nuestra opinión, claramente
insuficiente. Y la experiencia muestra que, antes de abordar nuevos

procesos de integración, hay que sopesarlos adecuadamente,
así como las alternativas, a fin de asegurar que la viabilidad futura sea
real.

La enmienda de adición número 27 propone eliminar el
esquema actual, que exige un mayor nivel de capital principal, un 10 %
frente al 8 %, a aquellas entidades que cumplan requisitos como los de
poca presencia de inversores terceros en su capital y elevada dependencia
de la financiación mayorista.

En cuanto a la enmienda de adición número 28 —tenemos
cuatro enmiendas de adición—, el Real Decreto Ley 11/2010, de 9 de
julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de
las Cajas de Ahorros, introdujo nuevas alternativas para el ejercicio de
su actividad financiera, con objeto de reforzar sus posibilidades de
captación de recursos. En particular, permite el ejercicio de la
actividad financiera de la caja mediante un banco controlado por la caja,
tal y como define el control en el artículo 42 del Código de
comercio.

Actualmente, el régimen de consolidación fiscal exige un
porcentaje de participación de la matriz en sus filiales del 75 % o del
70 %, si la filial cotiza en un mercado regulado. De no modificarse esos
porcentajes respecto de las cajas de ahorros que pasen a llevar a cabo su
actividad financiera a través de un banco cotizado, la captación de
capitales en el mercado por parte del banco, reduciendo la participación
de la caja en el mismo por debajo del 70 %, tendría, señorías, el
pernicioso efecto de romper el grupo de consolidación fiscal. Dicha
circunstancia comportaría costes e ineficiencias fiscales muy
significativas que penalizarían las operaciones de reforzamiento de las
cajas proyectadas.

Por eso, proponemos modificar la disposición transitoria
trigésimo tercera, apartado 3, del texto refundido de la Ley del impuesto
sobre sociedades, rebajando a un porcentaje que supere el 50 % el
porcentaje de participación mínimo requerido de la caja sobre el capital
del banco, posibilitando de esa forma el mantenimiento del grupo de
consolidación fiscal. Hay otras justificaciones, pero no tengo tiempo de
exponerlas en este turno.

Señorías, termino defendiendo la enmienda de adición número
30, que solicita que los directivos de las entidades de crédito
participadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria no
percibirán retribución variable ni beneficios discrecionales de pensiones
en tanto subsista el apoyo financiero público. Pensamos que con esta
enmienda se limitan las remuneraciones, indemnizaciones y compromisos por
pensiones en las entidades participadas por el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria, de conformidad con la Proposición no de ley aprobada
por el Pleno del Congreso de los Diputados el 13 de junio de 2012.

Señorías, estas son nuestras enmiendas y luego, en el turno
de portavoces, daré a conocer la postura de mi grupo respecto a este
proyecto de ley.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Leanizbarrutia.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha
presentado dos grupos de enmiendas, las números 31 a 47 y 50 a 56.

Las enmiendas números 50 a 56 serán defendidas por el
senador Saura.

Tiene la palabra, señoría.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, presidente.

El primer grupo de enmiendas números 31 a 47 las ha
defendido el senador Montilla en su intervención.

Voy a ser breve y me voy a centrar en los aspectos sociales
importantes de nuestras enmiendas.

Nos encontramos en un momento en el que, entre el dinero
del FROB, el banco malo y el rescate de la banca, creo que no exagero si
digo que el erario público puede destinar a fondo perdido más de 50 000
millones de euros; repito, más de 50 000 millones de euros.

Por tanto, nuestras enmiendas a esta ley, como el resto de
iniciativas parlamentarias, tienen como objetivo si no igualar, sí
redistribuir un poco la función social de una cantidad tan importante de
dinero que va a la banca.

Desde ese punto de vista, hay una primera enmienda en la
que planteamos que aquellas viviendas que se aporten a la sociedad para
la gestión de activos sean destinadas al alquiler social en las
condiciones que se determinen reglamentariamente, es decir, que aquello
que vaya a la sociedad para la gestión de activos tenga en cuenta la
necesidad en estos momentos de viviendas y viviendas de alquiler, porque,
como ustedes saben, hay muchísima gente que no tiene acceso a la
vivienda.

En cuanto a la segunda —lo decía también el señor
Montilla—, hemos visto cómo la clientela minorista ha aceptado
determinados instrumentos financieros que luego han sido un desastre. Las
preferentes son

un ejemplo. Por lo tanto, pensamos que es absolutamente
imprescindible prohibir la comercialización de determinados instrumentos
financieros entre la clientela minorista. En los últimos años se ha
demostrado, en definitiva, que la protección a los inversores minoristas
ha fracasado, como demuestran, especialmente, las participaciones
preferentes.

Hay otra enmienda en la que planteamos que cuando una
entidad de crédito reciba ayuda del FROB, debe destinar obligatoriamente
el 50 % de sus beneficios netos a constituir una reserva disponible que
tendrá carácter de disposición legal de recursos propios. Y,
evidentemente, también planteamos que aquellas entidades financieras que
reciban apoyo del FROB tienen que introducir límites en el ejercicio de
las facultades de ejecución hipotecaria, es decir, como en estos momentos
no hay límites en este sentido, que aquellas entidades que reciban ayuda
del FROB tengan unas limitaciones a la hora de efectuar desahucios.
Igualmente, la necesidad de apoyar, ampliar y mejorar a una de las
grandes víctimas del proceso actual financiero que es la obra social de
las cajas de ahorro o la obra social, en definitiva, de algunos bancos,
y, desde ese punto de vista, si existen beneficios y entidades
financieras sometidas a ayudas del FROB, que una parte de estos
beneficios se destine a mejorar, a profundizar y a potenciar la obra
social. Y, finalmente, que las remuneraciones, indemnizaciones y
compromisos por pensiones en las entidades que han recibido cualquier
tipo de ayuda del FROB, en la línea con la proposición de ley aprobada en
el Pleno del Congreso de los Diputados, tengan también unas determinadas
limitaciones.

En síntesis, creemos que lo importante es que la ley final
que salga del Senado y después del Congreso contemple la necesidad de dar
respuesta a demandas sociales y no solo dar respuesta a la necesidad
financiera de determinadas entidades.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor
Saura.

¿El senador Montilla da por defendidas las enmiendas o
desea intervenir? (Asentimiento.)

Tiene la palabra.

El señor MONTILLA AGUILERA: Señor presidente, intervengo
para darlas por defendidas, entendiendo que en mi primera intervención he
hecho alusión a ellas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergéncia i Unió, tiene la palabra el senador señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, señor presidente. (La señora
vicepresidenta, señora Vicente González, ocupa la Presidencia.)

Simplemente quiero reflejar que damos por defendidas las
nueve enmiendas que hemos presentado a este proyecto de ley sobre
saneamiento y venta de activos inmobiliarios. Estas nueve enmiendas las
podríamos agrupar en cuatro bloques, para que nos podamos entender. Un
primer bloque son las tres primeras, las números 57, 58 y 59; son
enmiendas más de carácter técnico, si ustedes quieren, y plantean
modificaciones en los artículos 4.1, 4.2 y 7.

La enmienda número 57, al artículo 4.1, pretende ampliar
los plazos en los que se puedan efectuar las aportaciones de los activos
inmobiliarios a las sociedades de gestión de activos. Creemos que se
podría flexibilizar y sería conveniente.

La enmienda número 58, también de carácter técnico,
complementa, más que modifica, el artículo 4.2, para lo que sería la
valoración concreta de los activos inmobiliarios y para que no haya
ningún otro tipo de interpretación posible.

Y finalmente, en este bloque de cuestiones más técnicas,
presentamos una enmienda al artículo 7 del proyecto de ley.

Más allá de estas cuestiones de carácter técnico,
planteamos otros tres bloques, uno de los cuales hace referencia
—como han hecho también otros grupos— a las participaciones
preferentes. Señorías, tanto en las participaciones preferentes como en
cualquier otro elemento financiero que comportaba una deuda perpetua que
se colocó en el mercado —creo que de forma poco afortunada—,
todos, en diferente grado, somos responsables a la hora de atender a esta
situación.

Mi grupo plantea dos enmiendas en este sentido: una,
exclusivamente para aquellas entidades participadas por el FROB o que
hayan recibido alguna ayuda pública. En cuanto a las participadas por el

FROB, consideramos que estas entidades tienen que ofrecer
alguna solución en un plazo relativamente corto de tres meses para
efectuar el canje de estas participaciones preferentes o la recompra, con
algunas limitaciones, y con las condiciones que establecemos en las
enmiendas,

Sé que me podrán decir que esta es una enmienda que
contradice aspectos de alguna legislación colateral, incluso comunitaria.
Pero, señorías, es muy difícil explicar que estamos ayudando a las
entidades financieras, que ponemos recursos públicos a disposición de las
entidades financieras y, en cambio, no podemos ayudar a las personas que
quedaron atrapadas por negligencia de todos, del legislador, del
regulador, del supervisor, etcétera. Por tanto, entendemos que tiene que
haber algún tipo de solución. Y, a su vez, a todas aquellas entidades
—y en eso hago referencia a la otra enmienda— que están
ofreciendo alguna solución de canje, establecer alguna regulación,
algunas condiciones conocidas y reguladas, es decir, que no lo hagan
libremente.

Hay otro bloque de enmiendas, una de las cuales hace
referencia a la posibilidad de poner a disposición de ayuntamientos y
comunidades autónomas una parte de estos activos inmobiliarios para poder
ser utilizados de forma temporal como viviendas sociales.

Serán muchos los activos inmobiliarios que se aporten a
estas sociedades de gestión de activos. Una parte muy importante de estos
activos son viviendas ya finalizadas, otra no, y esa parte de viviendas
ya finalizadas no podrá tener un acceso inmediato en el mercado, con lo
cual no tiene ningún sentido que queden inmovilizadas en estas
sociedades, y más en este momento.

La propuesta, abierta a un desarrollo reglamentario
posterior, se enmarca dentro de la posibilidad de que un porcentaje de
estas viviendas ya finalizadas que quedarán en manos de estas nuevas
sociedades de gestión de activos pudiesen quedar a disposición de
ayuntamientos y comunidades autónomas para que, de forma obviamente
temporal, se pudiesen destinar a vivienda social. En estos momentos la
vivienda social es requerida, es necesaria pero, a su vez, no tiene
ningún sentido ni hay posibilidad de que comunidades autónomas y
ayuntamientos empiecen a construir vivienda social. Por tanto, pensamos
que es una solución, una solución que no está acotada, que entendemos que
se desarrollaría reglamentariamente a posteriori y por eso se la
proponemos.

Finalmente, en otro bloque de enmiendas hay concretamente
tres que hacen referencia a modificaciones, tanto del artículo 5 del Real
Decreto Ley 2/2012 como a la disposición adicional séptima del Real
Decreto 3/2012. Reconocemos que se ha avanzado en este aspecto, y lo
compartimos, pero se trata de modificar la legislación que limita la
retribución y las indemnizaciones de los consejeros delegados, de los
miembros del consejo de administración, de los presidentes ejecutivos y
de los altos directivos de las entidades financieras, especialmente
aquellas que o son participadas mayoritariamente, o son participadas de
forma minoritaria por el FROB, o han recibido algún tipo de ayudas.
Consideramos que en este aspecto debemos ser muy duros y muy exigentes,
porque es muy difícil que la gente comprenda que se estén introduciendo
recursos públicos en el sistema financiero —necesarios, desde
nuestro punto de vista— y a la vez no se sea extremadamente duro a
la hora de limitar e imposibilitar este tipo de retribuciones o
indemnizaciones que nadie atina a comprender. En este aspecto se ha dado
un paso muy importante en los dos reales decretos que he mencionado, pero
creo que tendríamos que ir más allá.

Mi grupo ha presentado diferentes iniciativas en este
aspecto a través de nuestras enmiendas. Una de ellas les puede parecer,
incluso, atrevida pero no lo es, y es la que hace referencia a que las
indemnizaciones recibidas por directivos de entidades que después han
requerido ayudas públicas se eliminen con carácter retroactivo, pues es
difícil de entender que aquellos directivos que han llevado a estas
entidades a una situación que requiere la inyección de recursos públicos
sean premiados o indemnizados, en la mayoría de los casos con cantidades
absolutamente incomprensibles, casi indecentes, si me lo permiten.

Estas son las enmiendas que presentamos en positivo y para
las que les pido el voto favorable, con el fin de mejorar el texto
propuesto por el Gobierno.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas
gracias, senador Bel.

Para defender las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Pérez Navas.

El señor PÉREZ NAVAS: Gracias, señora presidenta.

En defensa de las dieciséis enmiendas presentadas a este
proyecto de ley por el Grupo Parlamentario Socialista y teniendo en
cuenta el tono en que se están pronunciando prácticamente todos los
portavoces,

nuestras intenciones hoy aquí, señorías, son
fundamentalmente dos. En primer lugar, hacer más claro e interpretable
este proyecto de ley e intentar corregir las improvisaciones o algunos
elementos confusos que hay en él. Confusos prácticamente para todos, tal
y como reflejan los diferentes medios de comunicación, pues todavía no se
sabe si los inversores extranjeros entrarán o no a participar en ese
banco malo —del que todavía no sabemos muchas cosas, como también
se ha dicho aquí—, no se sabe si la banca privada entrará o no y si
perderá o no soberanía, pero sobre todo para que los ciudadanos sepan
cuánto nos puede costar; y vaya por delante que nuestra premisa es que no
cueste más de lo que ya han costado otras reformas. Y en segundo lugar,
explicar a los ciudadanos los costes, los plazos, el tipo de capital, las
deducciones y los riesgos que entrañaría este banco malo. Todas nuestras
enmiendas van en esta dirección, por lo que voy a enunciar algunas de
ellas —el resto las daré por defendidas—, deteniéndome en
aquellas que el Grupo Parlamentario Socialista considera
prioritarias.

En primer lugar, consideramos necesario e imprescindible
que se acometa el contenido de la enmienda número 8, para que aquellas
entidades bancarias que durante el ejercicio 2012 lleven a cabo procesos
de integración, puedan o deban incluir medidas tendentes a la mejora de
su gobierno corporativo e incorporen un plan de desinversión de activos
relacionados con riesgos inmobiliarios, buscando fundamentalmente una
premisa: el compromiso de incrementar inmediatamente el crédito a las
familias y a las PYMES, que es de lo que también se trata con este
proyecto de ley. Esta es una premisa básica para nosotros: empezar a
condicionar la ayuda y la solvencia de estas entidades liberando de sus
balances estos activos tóxicos problemáticos para que inmediatamente
pueda empezar a fluir el crédito.

En la enmienda número 14 se propone la supresión de las
disposiciones finales primera, segunda y tercera, fundamentalmente porque
modifican varias normas: modifican la Ley del Impuesto sobre Sociedades y
la Ley del Impuesto sobre la Renta, el IRPF, porque establecen una
exención del 50 % de las rentas positivas derivadas de la transmisión de
bienes inmuebles de naturaleza urbana adquiridos a título oneroso a
partir de la entrada en vigor del decreto y hasta el 31 de diciembre de
2012. Nosotros entendemos que al materializarse el beneficio fiscal en el
momento de la transmisión del inmueble adquirido la incidencia de este
queda bastante diluida e indeterminada en el tiempo, por lo que puede
estar comprometiendo de una forma indefinida la recaudación tributaria. Y
eso es lo que tenemos que intentar evitar, para que después de la
reciente amnistía fiscal aprobada por el Gobierno nadie tenga la
tentación de acogerse o intentar aflorar esos capitales para este tipo de
activo que puedan comprarse.

En cuanto a los procesos de desinversión, en la enmienda
número 15 se propone la adición de un nuevo apartado para que los plazos
de esa inversión queden condicionados a que la recompra de los títulos o
la enajenación a terceros no produzca una pérdida efectiva en los
recursos públicos —premisa de la que también he hablado al
principio—, para que no cueste más de lo que nos han costado otras
medidas en el sistema financiero español.

En la enmienda número 19 se propone la adición de una nueva
disposición final, la modificación del Real Decreto 6/2012, de 9 de
marzo, para que las entidades bancarias que tengan ayudas por las que se
les va a liberar de estos activos en sus balances, se sujeten de forma
obligada y no voluntaria al código de buenas prácticas, pues ustedes
saben que en la actualidad solamente algunas entidades lo aplican
voluntariamente en algunos casos. Y ahí tenemos —y seguramente
ustedes lo habrán podido comprobar— denuncias de las asociaciones
de consumidores que piden que esto sea obligatorio para todo tipo de
entidad o banco que tenga una ayuda pública en este momento.

La enmienda número 18, de adición, básicamente viene a
limitar o a frenar las renumeraciones en las entidades que reciban apoyo
financiero público para su saneamiento o reestructuración. El Real
Decreto de 2/2012, de 3 de febrero, establecía que solo durante el
ejercicio 2012, bien sea retribución variable o beneficios discrecionales
o pensiones. Nosotros proponemos que los administradores y los directivos
de la entidad de crédito participada por el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria no perciban retribución variable ni beneficios en tanto
subsista el apoyo financiero público, no solamente durante 2012 sino
mientras subsista el apoyo financiero público.

En la enmienda número 20 —dentro de otro bloque de
enmiendas— proponemos adicionar una nueva disposición final.
Tenemos que dar respuesta a la demanda social que en este momento nos
está pidiendo la ciudadanía. La ciudadanía nos está pidiendo medidas y
soluciones a sus graves problemas financieros y económicos, a sus impagos
de hipotecas, al incremento de la morosidad, a los tratos abusivos por
las entidades financieras en este momento, y este proyecto de ley es una
oportunidad que no debemos dejar escapar. Por lo tanto, proponemos la
modificación de algunos artículos básicamente para que las rentas
derivadas del trabajo o de actividades económicas de los miembros de la
unidad familiar que no superen

en dos veces y media el indicador público de rentas, el
IPREM, puedan estar incluidas en estas medidas, y pueda contemplarse
también cuando la cuota hipotecaria resulte superior al 50 % de los
ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad
familiar.

Señorías, la motivación no es otra que extender y ampliar
las medidas que ustedes adoptaron, que entendemos que han quedado de
forma testimonial solo para muy pocas familias; ampliamos el umbral de
exclusión para que puedan acogerse todas estas situaciones y puedan
beneficiarse de este proyecto de ley.

La enmienda número 21 versa sobre la inembargabilidad de
ingresos mínimos familiares. Aquellas familias que ya han perdido la
vivienda como consecuencia de sus difíciles circunstancias económicas no
deben verse privadas de un mínimo vital que les garantice tanto sus
necesidades más esenciales como la posibilidad de superar esa situación
económica sobrevenida. Por eso pretendemos elevar el umbral de
inembargabilidad cuando el precio obtenido por la venta de la vivienda
habitual hipotecada en un procedimiento de ejecución sea insuficiente
para cubrir el crédito garantizado.

Respecto a la enmienda número 22, de adición, entendemos
que hay que impedir la adjudicación del bien en caso de quedar desierta
la subasta, o impedir el embargo de los bienes inmuebles.

Para finalizar, proponemos una nueva disposición final,
para que las operaciones de canje de participaciones preferentes u otras
obligaciones subordinadas que ofrezcan las entidades emisoras deban ser
autorizadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Así damos
solución al problema generado por la comercialización de las
participaciones preferentes, de las que también hemos estado
hablando.

En definitiva, señorías, son enmiendas que contribuyen a
mejorar un instrumento que dispone de dinero público, para controlarlo
pero también para que sea más claro para la ciudadanía y que garantice
que no repercuta más en la economía de los ciudadanos, y también con el
fin de atender y convertir en propuestas serias las reivindicaciones de
miles de ciudadanos, de miles de afectados por la situación descrita.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
senador Pérez Navas.

Para turno en contra tiene la palabra el senador Fernández
de Moya.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Muchas gracias, señora
presidenta.

Buenas tardes, señorías.

En primer lugar, más allá de que podamos coincidir o no en
el análisis y fundamentalmente en la incorporación al texto final de las
enmiendas presentadas por los cinco grupos parlamentarios: Mixto, Vasco,
Entesa, Convergència y Socialista, quiero expresar mi reconocimiento al
trabajo realizado por todos y cada uno de ellos para la presentación de
las enmiendas.

Señorías, ustedes saben que este proyecto de ley consta de
ocho artículos, cinco disposiciones adicionales, una disposición
transitoria, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales, y
en su tramitación en las Cortes Generales, en esta Cámara al igual que en
el Congreso, se han incorporado enmiendas, incluso mi propio grupo
parlamentario, que mejoran el texto.

Voy a dar cumplida respuesta, en la medida del tiempo del
que dispongo, del planteamiento del Grupo Parlamentario Popular sobre las
distintas enmiendas formuladas por los diferentes grupos
parlamentarios.

Quiero empezar contestando al Grupo Parlamentario
Mixto.

En primer lugar, plantean una modificación del artículo 3,
concretamente del apartado 4, y proponen que los activos que se entreguen
a las sociedades de gestión de activos creados en virtud del Real Decreto
Ley 18/2012 se destinen a alquiler social. Mi grupo parlamentario
entiende que, efectivamente, dicha aportación tiene como finalidad
facilitar su gestión profesionalizada y, en consecuencia, la recuperación
de su valor, ello con el refuerzo de la solvencia del sistema financiero,
por lo que también entendemos que su dedicación debería ser a aquellos
fines que ciertamente permitan alcanzar su objetivo.

Plantea también el Grupo Mixto una enmienda de adición de
una nueva disposición adicional en la que se propone que las operaciones
de canje de las participaciones preferentes se deban hacer
obligatoriamente al 100 %. En este sentido, debemos subrayar que en el
caso de que las entidades reciban ayudas públicas, el canje debe hacerse
como máximo al valor del mercado más diez puntos básicos, que es lo que
permite la Comisión Europea. Y en el caso de entidades que no reciben
ayuda, no se considera conveniente obligarla, toda vez que ello podría
repercutir negativamente tanto en la estabilidad como en la propia
solvencia del sistema financiero.

Plantea también el Grupo Mixto una enmienda de adición de
una nueva disposición adicional, en la que se propone prohibir la
comercialización a minoristas de determinados productos financieros como
las participaciones preferentes. En nuestra opinión, no se considera
necesario, toda vez que esta cuestión ya está abordada por el Real
Decreto Ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de
entidades de crédito, en el que además se han endurecido
considerablemente todas y cada de las condiciones de comercialización de
estos productos.

Igualmente, el Grupo Mixto plantea una enmienda de adición
de una nueva disposición adicional donde se establece la limitación de
las retribuciones a los accionistas de entidades con apoyo público y
obliga a las entidades a dotar reservas por el 50 % del denominado
beneficio neto. El Grupo Parlamentario Popular lo considera innecesario,
toda vez que las propias entidades ya tienen obligaciones de cumplir con
unos requisitos en aras de una estricta solvencia en el marco del sistema
financiero español.

Para terminar con el Grupo Parlamentario Mixto, ha
presentado también una nueva enmienda de adición de un nuevo apartado 2
ter bis a la disposición final cuarta, donde se pretende que la
rentabilidad obtenida por el FROB por invertir en cajas de ahorro se
dedique a su obra social. Rechazamos esa propuesta porque eso
significaría un mayor incremento del coste neto de la ayuda que ya se
otorga a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.

El Grupo Parlamentario Socialista plantea una serie de
enmiendas. Si me permiten sus señorías, voy a empezar por el
planteamiento de mi grupo en lo que concierne a una enmienda de
modificación del artículo 2.1. En dicha enmienda se propone ampliar el
plazo de aprovisionamiento a las entidades que llevan a cabo procesos de
integración. No consideramos procedente esta enmienda porque se debe
hacer notar que este plazo ya se amplía en un año respecto a lo que
significa el procedimiento y el proceso ordinario, por lo que
indudablemente no consideramos necesaria la justificación de ampliarlo
aún más.

El Grupo Parlamentario Socialista también plantea una
enmienda de modificación al artículo 4.3, donde se propone acelerar el
plazo de desconsolidación de las sociedades de gestión, concretamente de
activos, pasando de tres a dos años. No consideramos adecuado ajustar
tanto los procedimientos porque, en la medida en que es un mecanismo que
acaba de nacer, ciertamente tenemos que evaluar los efectos perjudiciales
que podría producir en el proceso, en este caso el plazo que ustedes
presentan como enmienda.

El Grupo Parlamentario Socialista plantea también una
enmienda de supresión de las disposiciones finales primera, segunda y
tercera. En concreto, plantea la eliminación de exenciones fiscales. En
nuestra opinión, debemos rechazarla puesto que estas disposiciones tratan
de garantizar un principio básico de neutralidad fiscal, fundamentalmente
las operaciones que vayan dirigidas a la constitución de sociedades para
la gestión de estos activos, de forma y manera que lo que intentamos es
estimular a que se produzca la enajenación o venta de esos activos
inmobiliarios.

El Grupo Parlamentario Socialista plantea una enmienda de
adición de un nuevo apartado 3 en la disposición final cuarta, donde se
sugiere condicionar los plazos de desinversión a la no existencia de
pérdida de recursos públicos, es decir, condicionar la desinversión
respecto a lo que significa la puesta de recursos públicos en el sistema.
Esta enmienda tampoco la consideramos apropiada, pues es necesario que
los plazos de desinversión no sean indefinidos, al objeto de otorgar
seguridad y certidumbre en las condiciones en que se produzca su
enajenación en el ámbito del mercado. Además, señorías, debo subrayar que
exactamente esta enmienda, tal y como está redactada, resulta
incompatible con la normativa sobre ayudas de Estado establecidas en el
marco comunitario, es decir, en la legislación comunitaria vigente.

El Grupo Parlamentario Socialista también plantea una
enmienda de adición de una disposición final, donde se propone la
modificación del régimen de denominaciones en entidades que reciban apoyo
financiero público, que su señoría ha explicado en esta tribuna. He de
hacerle constar, senador, que este régimen ya ha sido previsto, incluso
ha sido posteriormente modificado —como usted bien sabe— en
virtud del Real Decreto Ley 24/2012, precisamente en el contexto del
memorando de entendimiento. Por tanto, el Grupo Parlamentario que
sustenta al Gobierno no considera precisa una nueva modificación.

Igualmente, el Grupo Parlamentario Socialista plantea
nuevamente una enmienda de adición de una nueva disposición final donde
se pretende fundamentalmente modificar el concepto de umbral basándose en
el Real Decreto Ley 6/2012. No lo consideramos apropiado, puesto que
primero es necesario analizar el funcionamiento del propio real decreto
ley a la luz de los informes que emita —como usted bien sabe y
conoce— la Comisión de Seguimiento del Código. Y en base a la
evaluación establecida por dicha comisión, se proponen las modificaciones
que se estimen y consideren oportunas.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta también una
enmienda de adición de una nueva disposición final en virtud de la cual
se introducen medidas para evitar que en los procesos de adjudicación
hipotecaria se vendan viviendas por un precio excesivamente bajo. Quiero
recordarles, señorías, que los porcentajes de adjudicación mínimos de
vivienda fueron recientemente modificados según el Real Decreto Ley
8/2011 y que, en todo caso, su modificación solo ha de hacerse tras un
análisis riguroso, serio y adecuado del funcionamiento de los procesos de
adjudicación y no basándose en una modificación puntual, sino viendo cómo
funciona todo el sistema.

El Grupo Parlamentario Socialista plantea, además, una
enmienda de adición de una nueva disposición final que modifique la Ley
del Mercado de Valores, la Ley 24/1988, de 28 de julio. El propio Real
Decreto Ley 24/2012 introduce precisamente medidas en relación con la
comercialización de las participaciones preferentes. En todo caso, las
medidas que se propongan para las personas que han adquirido
participaciones preferentes deben distinguirse de aquellas que han
incurrido en mala praxis, que las hay y muchas, pero también de aquellas
que se han comercializado de manera correcta. No consideramos adecuada
una medida que penalice el conjunto de la comercialización del sistema en
el ámbito de todas y cada una de las participaciones preferentes, dejando
claro la sensibilidad extraordinaria del Gobierno ante la mala praxis
—así lo contemplamos en el desarrollo legislativo del proyecto de
ley—, atacando aquellas que no se han comercializado como
ciertamente se debiera.

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado ha presentado una
enmienda de modificación del artículo 2.1 donde se propone ampliar de
doce meses a tres años el plazo para cumplir las medidas de saneamiento
en casos de procesos de integración. No consideramos adecuado ampliar
dicho plazo, ya que representa una medida de flexibilización frente al
plazo general, y además es coherente con la regulación establecida en el
propio Real Decreto Ley 2/2012. Además, la coyuntura económica y la
necesidad de disipar las incertidumbres sobre el sector financiero
español desaconsejan precisamente la ampliación de dicho plazo.

En su enmienda de modificación de la disposición final
cuarta proponen ampliar a diez años —actualmente está en
cinco— el plazo de opción del FROB de conversión en acciones o en
aportaciones sociales del emisor de los títulos convertibles adquiridos
por el propio FROB cuando los títulos no hayan sido recomprados por la
propia entidad. La coyuntura actual de la actuación del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria adquiere aún mayor relevancia. Es más,
el plazo de un lustro, es decir, de cinco años, se consideró precisamente
razonable para que las distintas entidades pudieran recomprar los
títulos. Extenderlo, en nuestra opinión, no sería aconsejable. La materia
ha sido también acordada por la propia Comisión Europea dentro de la
normativa que regula y establece el marco de las ayudas de Estado.

Presenta también su señoría, en nombre del Grupo
Parlamentario Vasco, una enmienda de adición de nueva disposición final
novena donde se propone eliminar el esquema actual establecido que exige
un mayor nivel de capital principal, el 10 %, frente al 8 % general, a
aquellas entidades que cumplan determinados requisitos: poca presencia de
inversiones, en este caso de terceros en el ámbito de su capital, o, por
ejemplo, elevada dependencia de la financiación mayorista vinculada al
sistema. En este sentido, quiero señalarle, señoría, que el propio Real
Decreto Ley 24/2012 ya modifica cuantitativa y cualitativamente los
requisitos de la existencia de ese capital y, por lo tanto, no aceptamos
la enmienda.

Plantea también su señoría una enmienda de adición de una
nueva disposición final undécima donde propone introducir determinadas
bonificaciones vinculadas a determinadas categorías tributarias, tributos
tales como transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados que
afectan a fondos de titulización, lo que significa nada más y nada menos
que el conjunto hipotecario, así como también a fondos de titulización de
los activos financieros.

Parece adecuado, en nuestra opinión, que esta cuestión,
porque es extremadamente sensible, sea informada por el propio centro
directivo en la puesta en marcha no ya del proyecto de ley, sino de la
propia ley, en razón de la materia por parte del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.

El Grupo Parlamentario de Entesa plantea un bloque de
enmiendas que paso a detallar, pero solo algunas de ellas por razón de
tiempo. La primera a la que quiero referirme es una enmienda de
modificación del artículo 5, donde se propone la eliminación del
calendario establecido para la enajenación de activos. Quiero señalarle,
señoría, que no consideramos apropiada esta enmienda, pues es necesario
que los plazos a los que me he referido anteriormente de desinversión no
sean indefinidos, sino que tengan un carácter limitado o temporal,
fundamentalmente si queremos trasladar al mercado seguridad, confianza y
al mismo tiempo certidumbre. También quiero señalarle, como lo he dicho
con anterioridad,

que esta enmienda resultaría incompatible con la normativa
comunitaria sobre ayudas de Estado por parte de la Unión Europea a la
nación española.

También quiero significarles que el Grupo Parlamentario de
Entesa plantea una enmienda de adición de un nuevo apartado 3 en la
disposición final cuarta, donde se sugiere condicionar los plazos de
desinversión a la no existencia de pérdida de recursos públicos. Es
similar a la que han planteado otros grupos parlamentarios, a las que ya
he hecho referencia, y una vez más le vuelvo a reiterar las condiciones
de certidumbre y de seguridad jurídica y la incompatibilidad con la
normativa comunitaria.

Plantean también una enmienda de adición de una nueva
disposición final que modifique la Ley del Mercado de Valores, la Ley
24/1988, de 28 de julio, en virtud de la cual se establezcan medidas para
la protección de los titulares de participaciones preferentes minoristas.
Quiero poner de manifiesto lo que ya les he señalado con anterioridad: el
propio Real Decreto Ley 24/2012 introduce medidas en relación con la
comercialización de las participaciones preferentes, y en las medidas que
se propongan para las personas que han adquirido participaciones
preferentes deben distinguirse aquellos casos —insisto y
reitero— de mala praxis de las que fueron objeto de
comercialización de manera correcta.

Igualmente, el Grupo Parlamentario de la Entesa plantea una
enmienda de adición de una nueva disposición final en virtud de la cual
se pretende modificar el concepto de umbral de exclusión en base al Real
Decreto Ley 6/2012. Vuelvo a ponerle de manifiesto que seremos
precavidos, seremos prudentes a la luz de los informes que se emitan por
la correspondiente comisión de seguimiento al objeto de evaluar con
posterioridad lo que significa dicho planteamiento para ver si la
modificación opera con oportunidad o no al objeto de ser incluida.

Plantea también Entesa una enmienda de adición de una nueva
disposición final —a la que también me he referido con anterioridad
porque ha sido formulada y coincide con algunas enmiendas formuladas por
el Grupo Parlamentario Socialista—, relativa a medidas para evitar
que en los procesos de adjudicación hipotecaria se vendan viviendas por
un precio excesivamente bajo. Les vuelvo a reiterar lo que significa el
porcentaje de adjudicación mínimo de vivienda, consagrado y además
modificado recientemente en el Real Decreto Ley 8/2011. La modificación
solo debe hacerse, en nuestra opinión, a través de un análisis adecuado
de los procedimientos y procesos de adjudicación y no estableciendo
cauces de manera puntual.

Igualmente, la Entesa plantea una enmienda de adición de
una nueva disposición adicional, donde se propone que las operaciones de
canje de las participaciones preferentes se deben hacer obligatoriamente
al 100 %. En este sentido, señoría, quiero destacarle que en el caso de
las entidades que reciben ayudas públicas, el canje debe hacerse, como
les he indicado con anterioridad, como máximo a valor de mercado más diez
puntos básicos, que es simple y llanamente lo que permite la Comisión
Europea y lo que permiten no solo los organismos internacionales sino la
normativa comunitaria vigente.

Continúa Entesa en su bloque de enmiendas planteando la
adición de un nuevo apartado 2 bis a la disposición final cuarta, donde
se propone que las entidades que reciban apoyo público acrediten que han
ofrecido la posibilidad de recibir la vivienda en pago antes de ejecutar
cualquier proceso, concretamente de garantía hipotecaria, sobre dicho
inmueble, sobre dicha vivienda, y que dichas viviendas sociales puedan
convertirse o adquieran la naturaleza de viviendas sociales o a un precio
límite. Señoría, quiero señalarle que rechazamos esta propuesta porque,
en primer lugar, supondría un quebranto para las entidades, lo que
vulneraría los principios bajo los que opera el Fondo de
Reestructuración, concretamente de ordenación bancaria, según los cuales
lo que pretendemos es reforzar la propia solvencia del sistema
financiero, dicho sea de paso, al menor coste posible para el
contribuyente, al menor coste posible para el ciudadano.

Plantea también Entesa —y paso a continuación a
analizar el bloque de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió— una enmienda de adición de una nueva
disposición final que modifique el Real Decreto Ley 2/2012, de 3 de
febrero, donde se pretende limitar las indemnizaciones, remuneraciones y
retribuciones de los directivos, concretamente con apoyo del FROB.
Señorías, saben sobradamente que se han tomado este tipo de medidas y que
están concretamente aprobadas en el Real Decreto Ley 24/2012.

El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió plantea
también un bloque de enmiendas que paso brevemente a analizar. Una de
ellas propone la modificación del artículo 4.2, y se propone la
definición de valor razonable por aplicación en este caso de las normas
internacionales de contabilidad. En nuestra opinión es una precisión en
materia de seguridad jurídica y no parece necesaria ni adecuada tal
definición, puesto que ya queda claramente establecida en la normativa
estatal desde el punto de vista contable,

léase el Plan General de Contabilidad o incluso la propia
circular del Banco de España 4/2004, y además está claramente armonizada
la legislación estatal con las propias normas internacionales en el
ámbito de la contabilidad pública en el seno de la Unión Europea e
igualmente del Estado español.

El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió también
plantea una modificación del artículo 7.2 en virtud de la cual se propone
acotar la infracción grave o muy grave a las obligaciones establecidas en
los artículos 1 y 2 del real decreto ley. En nuestra opinión, senador, no
parece adecuada la propuesta en la medida en que el propio real decreto
ley ya contiene otras propuestas cuyo incumplimiento ya puede calificarse
en aras a la naturaleza de una infracción como muy grave o como
grave.

El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió plantea una
enmienda de adición de nueva disposición adicional donde se propone la
cesión temporal a ayuntamientos y comunidades autónomas de un porcentaje
de las viviendas que las entidades de crédito hayan aportado igualmente a
una sociedad para la gestión, en este caso de activos, para su
utilización con la naturaleza de vivienda social. Sin poner de manifiesto
que indudablemente estamos abiertamente en contra de dicha propuesta, no
se considera adecuado condicionar restrictivamente el uso en este momento
de la tramitación legislativa del proyecto de ley que adquirirá carta de
naturaleza de ley, con la finalidad de que ese uso restrictivo no se lo
demos nosotros en el marco normativo con rango de ley al objeto de poder
delimitar lo que significan los activos de las sociedades en su gestión;
es decir, lo que queremos poner de manifiesto es que no sea una
limitación establecida por ley condicionando una restricción del uso de
las viviendas que de ahí provengan con la finalidad de que se estudie
cómo funciona el sistema y después aplicar la propia naturaleza, en este
caso, en la afección de las correspondientes viviendas.

El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió plantea
también una enmienda de adición de nueva disposición adicional en la que
se propone la modificación del Real Decreto Ley 2/2012 en el ámbito de
las remuneraciones de las entidades que han recibido apoyo financiero.
Esta materia, señorías, quiero señalar que ha sido recientemente abordada
por el Real Decreto Ley 24/2012, conviniéndose dicha modificación al
mismo tiempo con las instituciones internacionales.

Plantea también dos últimas enmiendas —para
finalizar, señora presidenta— el Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió. Una es una enmienda de nueva disposición adicional
en virtud de la cual se propone la modificación del Real Decreto Ley
3/2012 en el ámbito de las indemnizaciones retributivas de las entidades
que al mismo tiempo reciban apoyo financiero. Vuelvo a reiterarle lo
mismo, senador. Esta materia ha sido recientemente abordada en virtud del
Real Decreto Ley 24/2012 y, además, se ha convenido la modificación en un
escenario completamente dialogado y consensuado con las instituciones
internacionales.

Una última enmienda que plantea el Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió es de adición de una nueva disposición adicional en
virtud de la cual se propone modificar la regulación de la intervención
del comisario del sindicato de obligacionistas, que estaba formulada
inicialmente pero que después quedó retirada desde la perspectiva de que
el proyecto de ley no era el lugar adecuado para llevar a cabo una
modificación de estas características.

En consecuencia, como les decía al comienzo de mi
intervención, y para terminar, señora presidenta, más allá de que las
enmiendas sean objeto de rechazo por parte de mi grupo parlamentario
sobre la base de las circunstancias y consideraciones que aquí les he
explicado con brevedad, en nombre de mi grupo parlamentario —y me
parece que es no solo un gesto, sino una obligación desde el punto de
vista parlamentario— sí quiero agradecer el esfuerzo, el trabajo y
la dedicación de los cinco grupos parlamentarios sin distinción alguna,
porque han trabajado para la mejora del texto, aunque en opinión del
Grupo Parlamentario Popular, por las motivaciones y las reflexiones que
les acabo de hacer, no se puedan aceptar las enmiendas.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas
gracias, senador Fernández de Moya.

Pasamos al turno de portavoces.

El Grupo Parlamentario Mixto no hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra la
senadora Leanizbarrutia.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Muchas
gracias.

Intentaré ser breve. Después de haber escuchado hablar al
portavoz del Grupo Popular del trabajo que se han tomado los grupos, es
una pena que nada de lo que se aporta sea bien recibido por parte del
partido que sustenta al Gobierno.

Es cierto que hay que abreviar, pero la respuesta de que la
coyuntura económica lo desaconseja… ¿Por qué? O que no sería
aconsejable… ¿Por qué? No he visto razonamientos objetivos para no
aceptar las enmiendas presentadas por nuestro grupo.

Por todo ello, nuestra posición va a ser la de votar en
contra de este texto, como ya veníamos planteando. Porque, como dije
antes en la defensa de las enmiendas, entendemos que este proyecto debe
encuadrarse en el contexto de la reforma financiera que se está llevando
a cabo y que debe llevarse acabo y, posteriormente, se tendrá que volver
a discutir. Pensamos, además, que esa visión global o integral de la
reforma haría que este proyecto pudiese responder más adecuadamente a la
realidad, al futuro y a situaciones muy complejas.

Señorías, nosotros queremos que a este proyecto que estamos
discutiendo aquí se le ponga ojos y cara. Porque si nos ceñimos al
aspecto técnico parece muy frío. Esta ley no beneficia, no tiene en
cuenta al que ha actuado de buena fe. Hay un dicho: poderoso caballero es
don Dinero, y estamos de acuerdo en que el dinero es importante y bueno,
siempre que se haga un buen uso de él. Pero en este caso nos encontramos
con ciudadanos responsables, que no han hecho más que trabajar, que han
conseguido unos ahorros y que han actuado de buena fe. Esto es muy
importante, porque es un principio del derecho que la buena fe tiene que
prevalecer ante cualquier tipo de injusticia. Y aquí ha habido una parte
que ha actuado de mala fe, porque tiene que haber un conocimiento de lo
que se tiene entre manos. Por tanto, ha actuado de mala fe y ha hecho que
haya un consentimiento a priori viciado por parte de gente que ha actuado
con buenísima fe. Esto, señorías, nuestro grupo entiende que, en justicia
social, no se puede admitir.

Van a ser privados del bienestar que tantos años les ha
costado conseguir. Además, están pagando a quienes se están quedando con
lo más básico que debe tener todo ciudadano, como es, por ejemplo, una
vivienda digna. Se van a ver lanzados a la calle. Se quedan sin casa. Ven
restringidos los servicios sociales y ven que el esfuerzo que su Gobierno
tiene que hacer para responder a las necesidades sociales, se ofrece a
actividades de señores que han actuado de muy mala fe.

Aquí no ha habido desconocimiento. Una cosa es el sistema y
la crisis global financiera, pero aquí hay banqueros y banqueros. Lo
mismo que hay políticos y políticos. Hay políticos que son justos, que
trabajan por el pueblo, que son la mayoría, pero también hay políticos
que tienen corruptelas y entran en actividades que no honran a la clase
política. Pues bien, dentro de los banqueros tenemos lo mismo. Por ello,
no puede tratarse a todo el mundo igual. Hay muy buenos banqueros que
saben hacer su trabajo como es debido, que no son especuladores de la
buena fe, ni del dinero, ni del ahorro de la mayoría de la población.

Quiero llamar poderosamente la atención sobre el tema de la
retroactividad. Hay un principio general del derecho que establece que la
ley no puede suponer un cambio in peius, es decir, que la ley no puede
perjudicar a los ciudadanos. En este caso, la retroactividad, con el
sistema y con las formas que han utilizado —gente que ha jugado con
la buena fe y la honradez del pueblo— solo beneficia al que ha sido
un estafador. La retroactividad beneficia al estafador y perjudica
realmente al de la buena fe, y creo que tanto en derecho como en justicia
social se tiene que beneficiar al que ha actuado de buena fe y además ha
ayudado a que el sistema pueda salir adelante. Nosotros vamos a defender
siempre la buena fe, que es lo que tiene la mayoría de este país. Y,
desde luego, no estamos con la retroactividad entendida para beneficiar a
cuatro bandidos —esa es la palabra— que no han hecho más que
traer pobreza a este país, que están haciendo que gente honrada se quede
sin trabajo, que gente honrada se quede sin domicilio, gente que incluso
ha metido dinero en las preferentes que también se les ha volado. Y en
unas circunstancias así, no es solamente que a muchos se les haya lanzado
a la calle por no haber pagado la hipoteca, es que tienen participaciones
preferentes y resulta que no pueden disponer de ellas.

Señorías, detrás de estas leyes hay ojos, caras, corazones
y democracia. Y en democracia, si la retroactividad tiene que perjudicar
a alguien, será a quien ha cometido un delito, no a quien lo sufre. Por
eso nuestro voto será en contra. Con buena fe hemos intentado mejorar un
texto pero tampoco se nos admite. Esperemos que a posteriori tengamos
ocasión de llegar a un entendimiento con el Grupo Parlamentario Popular,
y es que este tipo de medidas no solo perjudican a los socialistas, al
Grupo Mixto o a los nacionalistas, no; estas medidas también perjudican
al hombre honrado del Partido Popular que les vota a ustedes, y nosotros
siempre estaremos del lado de la honradez.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas
gracias, senadora Leanizbarrutia.

¿Desea intervenir el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés
de Catalunya? (Denegaciones.)

Tiene la palabra el senador Bel por Convergència i
Unió.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidenta.

Voy a intervenir brevemente.

He posicionado mi voto en la intervención anterior como
portavoz, y quiero reafirmarlo ahora aunque no pueda hacerlo sobre la
base de la estimación de algunas de nuestras enmiendas. He dicho al
inicio de mi intervención que esta es una ley mejorable pero que hacía
falta y que debería haberse presentado hace meses o incluso en algún
ejercicio anterior. Por tanto, he dicho que por responsabilidad vamos a
votar a favor de ella.

Algunos comentarios sobre nuestras enmiendas por parte del
portavoz del Grupo Parlamentario Popular creo que requieren a su vez
alguna aclaración por nuestra parte. Efectivamente, el Real Decreto Ley
24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y ordenación de las
entidades financieras, ha modificado algunos aspectos que nosotros hemos
planteado en las enmiendas en relación con las retribuciones e
indemnizaciones, pero no en el sentido exacto que planteábamos en ellas.
Creemos que hay que ser un poco más valientes en tanto en cuanto la
incomprensión de la ciudadanía en relación con estas indemnizaciones y
retribuciones es máxima. Me ha parecido entender también que hay una
cierta voluntad por parte del Grupo Popular de recoger la posibilidad de
que algunas de esas viviendas que se aporten a estas sociedades de
gestión puedan ser destinadas a viviendas sociales, no por obligación
legal sino mediante convenios o acuerdos con las diferentes entidades.
Creo que se podría haber establecido por ley un porcentaje, porque lo
cierto es que estas entidades financieras se están viendo beneficiadas
por la aportación de recursos públicos. Por tanto, algún coste se les
debe fijar; entiendo que sería un coste mínimo para que, como digo, estas
viviendas pudieran destinarse temporalmente a vivienda social, un tipo de
vivienda que en estos momentos es requerida por la ciudadanía dada la
situación, y que los ayuntamientos y las comunidades autónomas podrían
gestionar de forma eficiente.

En todo caso, aunque no se haya estimado ninguna de
nuestras enmiendas, nuestro grupo permanece en la confianza de que en
algún ámbito legislativo próximo se podrán incorporar. En cuanto a las
participaciones preferentes, esto continúa encima de la mesa y también
tendremos que profundizar en las soluciones al respecto, no tanto de
ahora hacia el futuro sino de ahora hacia atrás. En todo caso repito que,
por responsabilidad, vamos a votar a favor de este proyecto de ley.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas
gracias, senador Bel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Pérez Navas.

El señor PÉREZ NAVAS: Muchas gracias, señora
presidenta.

Seré breve. Señor Fernández, la verdad es que usted nos ha
bendecido y nos ha dicho que hemos trabajado muy bien, pero como también
han reflejado los distintos portavoces parece que en nada hemos acertado.
Los distintos grupos nos ponemos de acuerdo en muchas de las enmiendas,
más o menos en algunos de los contenidos, y aquí ¿en nada hemos acertado
para que nada se nos acepte?

Señor Fernández, las objeciones que usted pone para no
apoyar alguna de las enmiendas del Grupo Socialista tienen que ver con
cuestiones, según usted, de forma y no tanto de fondo, o de fondo pero
sin entrar en él. Y me explico. Básicamente, su oposición a alguna de
nuestras enmiendas se fundamenta en la conveniencia de esperar al
comienzo del funcionamiento de este instrumento, de esta sociedad de
gestión. No deja de ser una excusa mala para hacer de algo que ya es malo
algo bastante peor. Nosotros lo que hemos pretendido —y creo que
algunos grupos aquí también lo han defendido— es prever y
garantizar que, independientemente de que funcione bien o mal, eso no
ocurra y así no incurrir en posteriores improvisaciones, como ustedes
están cayendo continuamente con el apoyo a estas cuestiones.

Por lo tanto, entendemos que se tiene demasiada manga ancha
con esta sociedad de gestión y que hoy estamos creando un nuevo banco con
poderes ilimitados. Eso es lo que, sincera y honestamente, hemos
pretendido evitar hoy aquí. Pero también hemos dado respuestas —y
algunos portavoces se han referido a ello— a los ciudadanos, que
ven cómo este instrumento pasa de largo, que va a tener poderes
omnipresentes en todas sus decisiones y que ellos, sin embargo, no van a
tener ningún trato diferente al recibido hasta ahora: de continuo abuso
en las relaciones banco deudor-acreedor.

Por lo tanto, quieren seguir en una senda de reforma que es
contradictoria pero insisten en no abrir la puerta a un mínimo diálogo y
consenso, y no creo que nos hayamos equivocado en todo lo que hemos
propuesto aquí. Lo que hemos pretendido, señor Fernández, es dotar de
mayor credibilidad y confianza a nuestro sistema financiero, ese que el
Fondo Monetario Internacional, hoy o ayer, les pedía que rectificaran con
medidas políticas y, sobre todo, con acuerdos y consensos básicos.

Usted ha hablado en su primera intervención de robustecer y
fortalecer, y no lo vemos por ningún lado. Esto no se robustece
excluyendo a la mayoría, a los cuatro o cinco grupos políticos que hoy
hemos intentado enmendar en la forma y en el fondo un proyecto de ley que
entendemos que nace viciado. Entendemos que hoy, con la creación de este
banco, su desafección es mayor con los ciudadanos. No entendemos esa
forma, nos hubiera gustado otra y, aunque sus palabras han sido de
aliento y de cariño hacia otras enmiendas, luego no las hemos visto
reflejadas.

Nosotros seguimos pensando que esta sociedad no debe
generar ningún coste para los ciudadanos y ustedes han abierto la puerta
a que sea la menor posible, por lo tanto nos costará dinero. También
entendemos que hoy ustedes han puesto más los ojos en los bancos, en un
nuevo instrumento, que en los ciudadanos, y eso no lo compartimos con
ustedes.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas
gracias, senador Pérez Navas.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor Fernández Moya.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Muchas gracias, señora
presidenta.

Quiero agradecer el tono de las intervenciones que se han
producido en este turno, sin dejar de entrar a calificar de una manera
muy especial la del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Señoría,
yo no tengo la culpa de que planteen ustedes enmiendas que contravienen
la normativa vigente. Ustedes deberían estudiarse primero el derecho
internacional, concretamente la normativa que rige la Unión Europea, y
después formular enmiendas al texto, al articulado y al proyecto de ley,
pero coherentes con el ordenamiento jurídico vigente. Porque conviene
señalar que la propia Constitución Española obliga a la transposición de
directivas y al mismo tiempo de tratados internacionales, y lo que es más
importante, a llevar a cabo el desarrollo reglamentario vinculado
fundamentalmente a una norma aprobada en el seno de la Comisión Europea.
Si ustedes plantean enmiendas que van contra el ordenamiento comunitario,
ni este grupo ni ningún otro las puede aceptar. Repasen, pues, sus
enmiendas, estudien algo más el derecho internacional y la normativa
comunitaria aplicable, y cuando hayan hecho los deberes del buen
estudiante, vengan aquí y planteen enmiendas acordes con el ordenamiento
jurídico vigente.

Ya se lo he dicho a su compañero y lo reitero ahora porque
tienen ustedes una memoria extraordinariamente selectiva que se acaba en
estos diez meses, y es que ustedes no tienen más memoria que estos los
últimos diez meses en España. Noviembre de 2009, Ley de extranjería del
Gobierno socialista: 73 enmiendas del Partido Popular, ni una aceptada.
Febrero de 2010, proyecto de ley del aborto del Partido Socialista: 28
enmiendas del Partido Popular, ni una aceptada. Junio de 2010, proyecto
de modificación del Código Penal formulado por el Partido Socialista: 60
enmiendas del Partido Popular, y ni una aceptada. Así pues, señorías,
cuando ustedes hablen de rodillo mírense aquí y en otros sitios, porque
he citado, por ejemplo, el Parlamento de Andalucía donde he sido testigo
directo del rodillo de la mayoría absoluta cuando tras plantear
centenares de enmiendas a proyectos de ley, no se aceptaba ni una
sola.

Ustedes tienen una obsesión con los bancos y no dejan de
mencionar a Bankia, ¿pero por qué obvian siempre a Caja Castilla-La
Mancha? ¿Por qué cuando hablan del conjunto del sistema financiero obvian
ustedes lo que significó la quiebra y tener que intervenir dicha caja?
Claro, es que ahí estaba el PSOE, y ustedes ya no saben, no
contestan.

Seamos mínimamente serios al hablar al conjunto de la
sociedad española del proyecto de ley que tiene hoy este Gobierno, que,
por cierto, fueron ustedes incapaces de hacer. ¿Cómo se sube usted a esta
tribuna a pedir explicaciones al Gobierno de España cuando ustedes en el
año 2008 decían que jugábamos la Champions League, y no estaban abiertos
a llevar a cabo este proyecto de ley porque negaban la mayor, que era el
problemón que tenía el sistema financiero? Y se lo he dicho antes:
mientras Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Holanda e
Italia recapitalizaban el sistema financiero, nosotros a verlas venir,
porque teníamos aquí a un presidente del Gobierno que no hacía nada,
excepto engañar a los españoles, algo que hacía un día sí y otro también.
(Aplausos.)

Señoría, no suba usted a esta tribuna a recriminar a este
Gobierno que en diez meses ha puesto en marcha un mayor volumen de
reformas que ustedes en ocho años, y por cierto, tampoco obvien cuando
hablen de nuestra reforma del mercado laboral que ustedes pusieron una en
marcha; tres millones de parados generó la reforma del mercado laboral de
los socialistas en España. Pero ustedes no hablan de Caja Castilla-La
Mancha ni hablan de los tres millones de parados de su reforma laboral ni
de otras muchas cosas.

Mire yo quiero darle un dato, y es un dato objetivo del
Banco de España, no de nuestro grupo parlamentario. ¿Saben ustedes cuáles
eran en el año 2003 los créditos promotores vinculados a activos
problemáticos? Pues 75 000 millones de euros. Gobernaba el Partido
Popular y José María Aznar era el presidente del Gobierno. ¿Sabe quién
gobernaba en el año 2007? Zapatero y el Partido Socialista. ¿Sabe el
montante global de créditos promotores de activos problemáticos? Era de
325 000 millones de euros. ¿Por qué ocultan también ese dato, señores del
Grupo Socialista?

Nosotros traemos hoy un proyecto de ley del que nos
sentimos profundamente orgullosos; estamos orgullosos del Gobierno de
España, estamos orgullosos de la tarea reformista y orgullosos de poner
encima de la mesa un proyecto de ley en diez meses que ustedes fueron
incapaces de hacer al menos en los últimos cuatro años, y que tiene un
gran objetivo: la consolidación y el robustecimiento del sistema
financiero español. Lamentablemente, cuando se trata de cuestiones
vitales para el presente y el futuro de España ustedes ni están ni se les
espera. Sigan ustedes por ese camino, nosotros al nuestro, a resolver el
problema que tiene la sociedad española.

Pero le voy a decir una cosa: cuando subimos a esta tribuna
el interés general de España es el que tiene que estar por encima de todo
y hoy, lamentable y desgraciadamente, una vez más, se sube usted incluso
a esta tribuna a hablar de la limitación de sueldos de los directivos en
entidades financieras. ¿Y ustedes qué hicieron en ocho años, si el primer
Gobierno que ha establecido la limitación de esas retribuciones ha sido
un Gobierno del Partido Popular? Yo entiendo que cuando hasta antes de
ayer se ha estado en el Gobierno, resulta difícil articular un discurso
que tenga un mínimo de coherencia, un mínimo de sensatez y un mínimo de
sentido común, porque uno es prisionero de sus propias palabras.

Ahora bien, lo verdaderamente importante es que este
proyecto de ley tiene fundamentalmente ese gran objetivo: el
fortalecimiento y el robustecimiento del sistema financiero, porque Rajoy
le ha dicho la verdad a los españoles, y es que el sistema financiero
necesita una reforma; Zapatero los engañó diciendo que estábamos en la
Champions League.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas
gracias, senador Fernández de Moya.

6.1.2.PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY
ORGÁNICA 8/2007, DE 4 DE JULIO, SOBRE FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS.

COMISIÓN: CONSTITUCIONAL

(Núm. exp. 621/000010)

La señora vicepresidenta da lectura punto 6.1.2.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Para la
presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Piñeiro.

El señor PIÑEIRO GARCÍA-LAGO: Muchas gracias, señora
presidenta.

Señorías, me cabe el honor de haber sido designado para
presentar a la Cámara el dictamen de la Comisión Constitucional al
Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de
julio, sobre financiación de los partidos políticos.

Este proyecto de ley fue remitido al Senado por el Congreso
de los Diputados y publicado el pasado 6 de julio de 2012. El plazo de
presentación de enmiendas concluyó el día 12 de septiembre del año
2012.

Al mismo se han presentado dieciséis enmiendas por los
siguientes senadores y grupos parlamentarios; enmiendas números 1 a 3,
del señor Iglesias Fernández y del señor Marical, del Grupo Parlamentario
Mixto; enmiendas 4 a 6, del señor Zerolo Aguilar y del señor Quintero
Castañeda, del Grupo Parlamentario Mixto asimismo; enmiendas 7 a 9, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; enmiendas número 11
a 15, del señor Eza Goyeneche, la señora Salanueva, el señor Yanguas
Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; enmienda número 16, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió y enmienda número
17, del Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió, el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya y el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

La comisión procedió a dictaminar el proyecto de ley el día
26 de septiembre, aceptándose como dictamen el texto remitido por el
Congreso de los Diputados.

Por último, para su debate ante el Pleno se han formulado
cinco votos particulares que a continuación se defenderán: del Grupo
Parlamentario Mixto, correspondiente a las enmiendas 1 a 3 y 11 a 15; de
los señores Quintero y Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto,
correspondientes a las enmiendas 4 a 6; del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya, correspondiente a las enmiendas 7 a 9; del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió,
correspondiente a la enmienda 16 y de los Grupos Parlamentarios
Socialista, Catalán en el Senado Convergència i Unió, Entesa pel Progrés
de Catalunya y Vasco en el Senado, correspondiente a la enmienda 17.