7.2. LECTURA ÚNICA

7.2.1. Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la
ratificación por España del Tratado de Estabilidad, Coordinación y
Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria entre el Reino de Bélgica,
la República de Bulgaria, el Reino de Dinamarca, la República Federal de
Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el
Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la
República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania,
el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, Malta, el Reino de los Países
Bajos, la República de Austria, la República de Polonia, la República
Portuguesa, Rumanía, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la
República de Finlandia y el Reino de Suecia, firmado en Bruselas el 2 de
marzo de 2012. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 621/000009)

8. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

8.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

8.1.1. Resoluciones 137 y 138 de la Junta de Gobernadores
del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, por las que se
enmiendan los artículos 1 y 18 del Banco Europeo de Reconstrucción y
Desarrollo, adoptadas en Londres el 30 de septiembre de 2011. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000031)

8.1.2. Acuerdo de contratación pública común para la
contratación de una entidad única supervisora de las subastas, hecho en
Madrid el 3 de noviembre de 2011. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000032)

8.1.3. Acuerdo de contratación pública común para la
contratación de plataformas comunes de subastas, hecho en Madrid el 3 de
noviembre de 2011. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000033)

8.1.4. Declaración de aceptación por España de la adhesión
de la República de Malta al Convenio sobre la obtención de pruebas en el
extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo
de 1970.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000005)

8.1.5. Protocolo de enmienda al Convenio de Asistencia
Administrativa Mutua en Materia Fiscal, hecho en París, el 27 de mayo de
2010, y declaración que España desea formular.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000006)

8.1.6. Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos
genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se
deriven de su utilización, al Convenio sobre la Diversidad Biológica,
hecho en Nagoya el 29 de octubre de 2010.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000007)

8.1.7. Convenio entre el Reino de España y la República de
Camerún sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia,
hecho en Madrid el 26 de enero de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000008)

8.1.8. Convenio entre el Reino de España y el Reino de
Marruecos relativo a la asistencia judicial en materia penal, hecho en
Rabat el 24 de junio de 2009.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000009)

8.1.9. Convenio de extradición entre el Reino de España y
el Reino de Marruecos, hecho en Rabat el 24 de junio de 2009.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000010)

8.1.10. Acuerdo de Sede entre el Reino de España y la Unión
Europea (Oficina de Armonización del Mercado Interior-Marcas, Dibujos y
Modelos-OAMI), hecho en Madrid el 20 de septiembre de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000011)

8.1.11. Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el
Gobierno de la República de Kazajstán sobre cooperación para combatir la
delincuencia, hecho en Astaná el 17 de junio de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000012)

8.1.12. Acuerdo entre el Reino de España y los Estados
Unidos de América sobre cooperación científica y tecnológica de interés
para la seguridad nacional, hecho en Madrid el 30 de junio de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000013)

8.1.13. Acuerdo de cooperación en materia de seguridad
entre el Reino de España y el Estado de Qatar, hecho en Madrid el 26 de
abril de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000014)

8.1.14. Acuerdo entre el Reino de España y la República de
Albania sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para
familiares dependientes del personal diplomático, consular,
administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares,
hecho en Tirana el 20 de mayo de 2009.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000015)

8.1.15. Denuncia del Acta de Londres al Arreglo de La Haya,
de 6 de noviembre de 1925, relativo al Depósito internacional de dibujos
y modelos industriales, hecha en Londres el 2 de junio de 1934, así como
del Acta adicional de Mónaco al Arreglo de La Haya, relativo al Depósito
internacional de dibujos y modelos industriales, de 6 de noviembre de
1925, revisado en Londres el 2 de junio de 1934, hecha en Mónaco el 18 de
noviembre de 1961.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000016)

8.1.16. Declaración de aceptación por España de la adhesión
del Principado de Andorra al Convenio sobre los aspectos civiles de la
sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre
de 1980.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000017)

8.1.17. Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el
Gobierno Federal Austríaco relativo al intercambio y protección mutua de
la información clasificada, hecho en Madrid el 11 de noviembre de
2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000018)

8.1.18. Declaración de aceptación por España de la adhesión
del Reino de Marruecos al Convenio sobre la obtención de pruebas en el
extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo
de 1970.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000019)

8.1.19. Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de
Australia para la protección mutua de información clasificada de interés
para la Defensa, hecho en Madrid el 17 de noviembre de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000020)

8.1.20. Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de
España y la República de Armenia, hecho en Madrid el 22 de julio de
2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000021)

8.1.21. Acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y
sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra,
hecho en Bruselas el 6 de octubre de 2010.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000022)

8.1.22. Acuerdo de cooperación sobre un sistema de
navegación por satélite entre la Unión Europea y sus Estados miembros y
el Reino de Noruega, hecho en Bruselas el 22 de septiembre de 2010.

(Núm. exp. 610/000023)

8.1.23. Protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur sobre
responsabilidad y compensación suplementario al Protocolo de Cartagena
sobre seguridad de la biotecnología, hecho en Nagoya el 15 de octubre de
2010.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000024)

8.1.24. Acuerdo entre el Reino de España y la República de
Azerbaiyán sobre supresión recíproca del régimen de visados de corta
duración para sus nacionales titulares de pasaportes diplomáticos, hecho
en Madrid el 16 de junio de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000025)

8.1.25. Acuerdo para el establecimiento del Centro
Internacional Rey Abdullah Bin Abdulaziz para el Diálogo Interreligioso e
Intercultural, hecho en Viena el 13 de octubre de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000026)

8.1.26. Canje de Cartas constitutivo de Acuerdo entre el
Reino de España y las Naciones Unidas para acoger un curso de personal
directivo de misiones de paz, que se celebrará en Madrid entre los días
31 de octubre y 11 de noviembre de 2011, hecho en Nueva York el 17 y 18
de octubre de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000027)

8.1.27. Acuerdo entre el Reino de España y el Estado de
Kuwait sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos,
hecho en Sevilla el 3 de octubre de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000028)

8.1.28. Acuerdo entre el Reino de España y el Programa de
las Naciones Unidas para los asentamientos humanos para su
establecimiento en España, hecho en Madrid el 30 de noviembre de
2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000029)

8.1.29. Denuncia del Tratado sobre el Estatuto de EUROFOR,
hecho en Roma el 5 de julio de 2000.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000030)

9. TRIBUNAL DE CUENTAS

9.1. DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS DE CUENTAS

9.1.1. Designación de seis Consejeros de Cuentas.

Comisión: Nombramientos

(Núm. exp. 727/000001)

10. DEFENSOR DEL PUEBLO

10.1. ELECCIÓN

10.1.1. Elección del Defensor del Pueblo. (Núm. exp.
728/000001)

11. INCOMPATIBILIDADES

11.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

11.1.1. Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades,
emitido en su sesión del día 26 de junio de 2012, en relación con los
señores Senadores.

(Núm. exp. 503/000005)

Página
1744

6.1. Moción por la que se insta al Gobierno a adoptar
determinadas medidas para paliar los daños producidos por los incendios
forestales que han afectado a las diferentes Comunidades Autónomas
durante el año 2012, en especial a la Comunitat Valenciana.
(Votación.)

Autor: GPP

1775

Se aprueba la propuesta de modificación por asentimiento de
la Cámara.

6.3. Moción por la que se insta al Gobierno a que no lleve
a cabo ninguna subida del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Autor: GPS

1775

El señor Lerma Blasco defiende la moción.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Angulo
Martínez.

En turno de portavoces intervienen la señora Salanueva
Murguialday y el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario
Mixto; la señora Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado (EAJ-PNV); los señores Montilla Aguilera, por el Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Bel Accensi, por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y Lerma Blasco,
por el Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Angulo
Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción por 80 votos a favor, 167 en contra y
5 abstenciones.

7. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

7.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

7.1.1. Proyecto de Ley de modificación de la Ley 7/2010, de
31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, para flexibilizar
los modos de gestión de los servicios públicos de comunicación
audiovisual autonómicos. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Industria, Energía y Turismo

1794

El señor Muñoz Martín, presidente de la comisión, presenta
el dictamen.

El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto
número 2, presentada por este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Montilla Aguilera defiende la propuesta de veto
número 3, de la señora Armiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera
Batalla, Martí Jufresa y Montilla Aguilera, la señora Pineda Balló, el
señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Gil García defiende la propuesta de veto número 4,
del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor
Muñoz-Alonso Ledo.

En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; Guillot Miravet, por el
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Gil García, por el
Grupo Parlamentario Socialista y Muñoz-Alonso Ledo, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Se suspende la sesión a las catorce horas y treinta y cinco
minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

Se procede a la votación de las propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, de los señores
Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya, por 69 votos a favor, 158 en contra y 15
abstenciones.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, de la señora
Armiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa y
Montilla Aguilera, la señora Pineda Balló, el señor Sabaté Borràs y la
señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya, por 69 votos a favor, 157 en contra y 15 abstenciones.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, del Grupo
Parlamentario Socialista, por 69 votos a favor, 158 en contra y 15
abstenciones.

Se procede al debate de las enmiendas.

El señor presidente informa de que se ha presentado una
propuesta de modificación.

La señora Leanizbarrutia de Bizkarralegorra defiende las
enmiendas números 1 a 4, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV).

El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas números 53
a 109 y el señor Montilla Aguilera las números 110 a 119, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Alturo Lloan defiende las enmiendas números 51 y
52, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Manchado Lozano defiende las enmiendas números 120
a 132, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Azuara
Navarro.

En turno de portavoces intervienen las señoras Salanueva
Murguialday, por el Grupo Parlamentario Mixto, y Leanizbarrutia de
Bizkarralegorra, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV);
así como los señores Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya; Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, y Manchado Lozano, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y la señora Azuara Navarro, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a la votación.

Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por 73 votos a favor, 161 en contra y 12
abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 2, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por 5 votos a favor, 231 en contra y 12
abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 3, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por 86 votos a favor, 161 en contra y 1
abstención.

Se rechaza la enmienda número 4, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por 18 votos a favor, 161 en contra y 69
abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 53, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por 8 votos a favor, 161 en contra y 78
abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 54 a 60 y 65, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 19 votos a favor, 161
en contra y 68 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 61 a 64 y 66 a 84, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 8 votos a favor,
161 en contra y 79 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 85, 91 y 101, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 8 votos a favor, 172
en contra y 68 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 86 a 90 y 92 a 100, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 4 votos a favor,
161 en contra y 83 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 102, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por 71 votos a favor, 162 en contra y 15
abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 103, 104 y 106 a 109, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 8 votos a favor,
228 en contra y 12 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 105, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por 4 votos a favor, 239 en contra y 5
abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 110 a 112, 114 y 116 a
118, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 71
votos a favor, 162 en contra y 15 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 113, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por 71 votos a favor, 170 en contra y 5
abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 115 y 119, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 82 votos a favor, 162
en contra y 4 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 51, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por 83 votos a favor, 161 en
contra y 3 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 52, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por 17 votos a favor, 162 en
contra y 69 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 123, del Grupo Parlamentario
Socialista, por 69 votos a favor, 173 en contra y 6 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 126, 128 y 132, del Grupo
Parlamentario Socialista, por 80 votos a favor, 160 en contra y 7
abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 120 a 122, 124, 125, 127
y 129 a 131, del Grupo Parlamentario Socialista, por 69 votos a favor,
162 en contra y 17 abstenciones.

Se aprueba la propuesta de modificación con número de
registro 12009 por asentimiento de la Cámara.

Se aprueba el resto del proyecto de ley por 157 votos a
favor, 86 en contra y 5 abstenciones.

El señor presidente informa de que, tal y como dispone el
artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se
pronuncie sobre la misma en forma previa a la sanción del texto
definitivo por S.M. el Rey.

7.2. LECTURA ÚNICA

7.2.1. Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la
ratificación por España del Tratado de Estabilidad, Coordinación y
Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria entre el Reino de Bélgica,
la República de Bulgaria, el Reino de Dinamarca, la República Federal de
Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el
Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la
República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania,
el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, Malta, el Reino de los Países
Bajos, la República de Austria, la República de Polonia, la República
Portuguesa, Rumanía, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la
República de Finlandia y el Reino de Suecia, firmado en Bruselas el 2 de
marzo de 2012. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA

1830

El señor Mariscal Cifuentes defiende la propuesta de veto
número 1, presentada por este senador, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Benítez
de Lugo Massieu.

El señor Saura Laporta defiende la propuesta de veto número
2, presentada por este senador y el señor Guillot Miravet, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor
Chiquillo Barber.

En turno de portavoces intervienen los señores Mariscal
Cifuentes, por el Grupo Parlamentario Mixto; Anasagasti Olabeaga, por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Sabaté Borràs, por el
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Vilajoana i Rovira,
por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió;
Lerma Blasco, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Chiquillo Barber,
por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a la votación de las propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, del señor
Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por 5 votos a favor,
239 en contra y 1 abstención.

Se rechaza la propuesta de modificación número 2, de los
señores Saura Laporta y Guillot Miravet, del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya, por 5 votos a favor, 238 en contra y 1
abstención.

Se aprueba el texto del proyecto de ley orgánica por 240
votos a favor, 4 en contra y 1 abstención.

El señor presidente informa de que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.

8. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

8.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

8.1.1. Resoluciones 137 y 138 de la Junta de Gobernadores
del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, por las que se
enmiendan los artículos 1 y 18 del Banco Europeo de Reconstrucción y
Desarrollo, adoptadas en Londres el 30 de septiembre de 2011. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Asuntos Exteriores

1849

8.1.2. Acuerdo de contratación pública común para la
contratación de una entidad única supervisora de las subastas, hecho en
Madrid el 3 de noviembre de 2011. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.

Comisión: Asuntos Exteriores

1849

8.1.3. Acuerdo de contratación pública común para la
contratación de plataformas comunes de subastas, hecho en Madrid el 3 de
noviembre de 2011. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Asuntos Exteriores

1849

8.1.4. Declaración de aceptación por España de la adhesión
de la República de Malta al Convenio sobre la obtención de pruebas en el
extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo
de 1970.

Comisión: Asuntos Exteriores

1850

8.1.5. Protocolo de enmienda al Convenio de Asistencia
Administrativa Mutua en Materia Fiscal, hecho en París, el 27 de mayo de
2010, y declaración que España desea formular.

Comisión: Asuntos Exteriores

1850

8.1.6. Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos
genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se
deriven de su utilización, al Convenio sobre la Diversidad Biológica,
hecho en Nagoya el 29 de octubre de 2010.

Comisión: Asuntos Exteriores

1850

8.1.7. Convenio entre el Reino de España y la República de
Camerún sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia,
hecho en Madrid el 26 de enero de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

1850

8.1.8. Convenio entre el Reino de España y el Reino de
Marruecos relativo a la asistencia judicial en materia penal, hecho en
Rabat el 24 de junio de 2009.

Comisión: Asuntos Exteriores

1850

8.1.9. Convenio de extradición entre el Reino de España y
el Reino de Marruecos, hecho en Rabat el 24 de junio de 2009.

Comisión: Asuntos Exteriores

1850

8.1.10. Acuerdo de Sede entre el Reino de España y la Unión
Europea (Oficina de Armonización del Mercado Interior-Marcas, Dibujos y
Modelos-OAMI), hecho en Madrid el 20 de septiembre de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

1850

8.1.11. Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el
Gobierno de la República de Kazajstán sobre cooperación para combatir la
delincuencia, hecho en Astaná el 17 de junio de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

1850

8.1.12. Acuerdo entre el Reino de España y los Estados
Unidos de América sobre cooperación científica y tecnológica de interés
para la seguridad nacional, hecho en Madrid el 30 de junio de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

1850

8.1.13. Acuerdo de cooperación en materia de seguridad
entre el Reino de España y el Estado de Qatar, hecho en Madrid el 26 de
abril de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

1851

8.1.14. Acuerdo entre el Reino de España y la República de
Albania sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para
familiares dependientes del personal diplomático, consular,
administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares,
hecho en Tirana el 20 de mayo de 2009.

Comisión: Asuntos Exteriores

1851

8.1.15. Denuncia del Acta de Londres al Arreglo de La Haya,
de 6 de noviembre de 1925, relativo al Depósito internacional de dibujos
y modelos industriales, hecha en Londres el 2 de junio de 1934, así como
del Acta adicional de Mónaco al Arreglo de La Haya, relativo al Depósito
internacional de dibujos y modelos industriales, de 6 de noviembre de
1925, revisado en Londres el 2 de junio de 1934, hecha en Mónaco el 18 de
noviembre de 1961.

Comisión: Asuntos Exteriores

1851

8.1.16. Declaración de aceptación por España de la adhesión
del Principado de Andorra al Convenio sobre los aspectos civiles de la
sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre
de 1980.

Comisión: Asuntos Exteriores

1851

8.1.17. Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el
Gobierno Federal Austríaco relativo al intercambio y protección mutua de
la información clasificada, hecho en Madrid el 11 de noviembre de
2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

1851

8.1.18. Declaración de aceptación por España de la adhesión
del Reino de Marruecos al Convenio sobre la obtención de pruebas en el
extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo
de 1970.

Comisión: Asuntos Exteriores

1851

8.1.19. Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de
Australia para la protección mutua de información clasificada de interés
para la Defensa, hecho en Madrid el 17 de noviembre de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

1851

8.1.20. Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de
España y la República de Armenia, hecho en Madrid el 22 de julio de
2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

1851

8.1.21. Acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y
sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra,
hecho en Bruselas el 6 de octubre de 2010.

Comisión: Asuntos Exteriores

1852

8.1.22. Acuerdo de cooperación sobre un sistema de
navegación por satélite entre la Unión Europea y sus Estados miembros y
el Reino de Noruega, hecho en Bruselas el 22 de septiembre de 2010.

1852

8.1.23. Protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur sobre
responsabilidad y compensación suplementario al Protocolo de Cartagena
sobre seguridad de la biotecnología, hecho en Nagoya el 15 de octubre de
2010.

Comisión: Asuntos Exteriores

1852

8.1.24. Acuerdo entre el Reino de España y la República de
Azerbaiyán sobre supresión recíproca del régimen de visados de corta
duración para sus nacionales titulares de pasaportes diplomáticos, hecho
en Madrid el 16 de junio de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

1852

8.1.25. Acuerdo para el establecimiento del Centro
Internacional Rey Abdullah Bin Abdulaziz para el Diálogo Interreligioso e
Intercultural, hecho en Viena el 13 de octubre de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

1852

8.1.26. Canje de Cartas constitutivo de Acuerdo entre el
Reino de España y las Naciones Unidas para acoger un curso de personal
directivo de misiones de paz, que se celebrará en Madrid entre los días
31 de octubre y 11 de noviembre de 2011, hecho en Nueva York el 17 y 18
de octubre de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

1852

8.1.27. Acuerdo entre el Reino de España y el Estado de
Kuwait sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos,
hecho en Sevilla el 3 de octubre de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

1852

8.1.28. Acuerdo entre el Reino de España y el Programa de
las Naciones Unidas para los asentamientos humanos para su
establecimiento en España, hecho en Madrid el 30 de noviembre de
2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

1852

8.1.29. Denuncia del Tratado sobre el Estatuto de EUROFOR,
hecho en Roma el 5 de julio de 2000.

Comisión: Asuntos Exteriores

1852

Se autorizan.

9. TRIBUNAL DE CUENTAS

9.1. DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS DE CUENTAS

9.1.1. Designación de seis Consejeros de Cuentas.

Comisión: Nombramientos

1854

10. DEFENSOR DEL PUEBLO

10.1. ELECCIÓN

10.1.1. Elección del Defensor del Pueblo

1854

Se aprueba por asentimiento de la Cámara el llamamiento
único para las dos votaciones, que se harán por papeletas, en dos
urnas.

Efectuada la votación por papeletas para la designación de
los consejeros del Tribunal de Cuentas, el señor don Javier Medina
Guijarro obtiene 22 votos; doña Margarita Mariscal de Gante y Mirón, 222;
don Manuel Aznar López, 221; don Lluís Armet i Coma, 223; don Felipe
García Ortiz, 222 y doña María Dolores Genaro Moya, 222. Se computan 18
votos en blanco y 1 voto nulo.

Efectuada la votación por papeletas para la designación de
defensor del pueblo, la señora doña Soledad Becerril Bustamante obtiene
221 votos a favor y 12 abstenciones. Se computan 8 votos en banco y
ninguno nulo.

11. INCOMPATIBILIDADES

11.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

11.1.1. Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades,
emitido en su sesión del día 26 de junio de 2012, en relación con los
señores Senadores

1857

El señor Sanz Cabello, presidente de la comisión, presenta
el dictamen.

Se aprueba el dictamen por asentimiento de la Cámara.

Se levanta la sesión a las veinte horas y veinticinco
minutos.

Página
1753

Señorías, entendemos, comprendemos y compartimos el dolor y
la desolación, la rabia y la impotencia que han sufrido y están sufriendo
los afectados por los incendios. Por ello las administraciones se
pusieron rápidamente en marcha para que, aun cuando no estaban todavía
controlados los incendios, comenzaran todos los trámites de evaluación de
daños y concesión de ayudas.

Quisiera destacar que hemos afrontado unos incendios
extraordinarios y excepcionales, en los que han concurrido circunstancias
y condiciones igualmente extraordinarias y excepcionales. Voy a enumerar
algunos datos, sin intención de cansar ni de agotar.

Hemos tenido un mes de junio extraordinariamente cálido, el
segundo más cálido de la serie de los últimos cuarenta y dos años: 3,2
grados por encima de la media entre 1971 y 2000, a lo que hay que añadir
la escasez de precipitaciones, que han sido dos tercios menos de lo que
se considera normal en junio, y, finalmente, las sucesivas oleadas de
vientos de poniente, que durante varios días de junio azotaron las zonas
afectadas por los incendios. Además esta situación vino precedida por un
otoño muy cálido, con temperaturas de 1,8 grados superior a la media
normal, siendo el tercer trimestre más cálido desde 1960 en el momento de
los incendios solamente superado en dos ocasiones: en 1983 y en 2006.
Asimismo, el invierno fue extraordinariamente seco; se ha tratado del
trimestre invernal más seco, con diferencia, de toda la serie histórica
iniciada en el año 1947 según los datos que tenemos de AEMET.

Hay que subrayar que en la mayoría de los casos se ha
tenido que hacer frente al peor de los escenarios. Para acometer los
incendios, todo el mundo sabemos la famosa regla del 30-30-30, y con
factores extraordinariamente adversos, en la mayoría de los casos se ha
cumplido hasta la saciedad.

En efecto, en la fecha de los incendios se alcanzaron
temperaturas de hasta casi 40 grados, con una humedad relativa muy baja
—en torno al 15%— y vientos superiores a 30 kilómetros por
hora —en algunos casos entre 40 y 50 kilómetros por hora—,
además con cambios en la intensidad y en la dirección del viento. Estas
circunstancias hicieron que rápidamente se actuara y, por ejemplo, que en
el incendio de Cortés de Pallás se determinara el nivel de preemergencia
con absoluta celeridad.

También se suman a estas circunstancias meteorológicas
otras cuestiones desfavorables. Hay que añadir un factor agravante, la
simultaneidad, por concurrir distintos incendios a la vez: en el caso de
la Comunidad Valenciana, dos, y, como ustedes saben, se han producido
después incendios en Hellín, en la Comunidad de Castilla-La Mancha, en la
Comunidad de Murcia y, de nuevo, en la Comunidad Valenciana, en Borriol,
y en la Sierra de Mariola, en Alicante, y ahora en nuestras queridas
Canarias, primero con los incendios de La Gomera, después el de La Palma
y finalmente en Tenerife, que está todavía en plena actividad, con el
peligro de que llegue al Parque Nacional del Teide.

A estas condiciones meteorológicas extremas y de riesgo de
incendio por la simultaneidad hay que sumar la complicación que
representa para las labores de extinción la evolución del fuego hacia
núcleos urbanos. Fue siempre una prioridad la defensa de los núcleos
urbanos para evitar daños en vidas humanas, daños en la propia
población.

Igualmente hay que destacar la posibilidad potencial, como
he dicho anteriormente, de que los incendios penetren en zonas de alto
valor ecológico como la Sierra Calderona, la Sierra de Espadán, la Sierra
de Mariola, la Sierra Martés, la Mola de Cortes y, como he citado
anteriormente, el caso que nos ocupa en estos momentos, el Parque
Nacional del Teide.

Como sus señorías pueden deducir del contexto que les he
dibujado, se trata de unos incendios excepcionales. No obstante, quiero
poner de relieve la agilidad en la respuesta, la amplísima movilización
de recursos y la gran coordinación de todo el dispositivo, que han sido
claves en la gestión de estas emergencias. Mi reconocimiento a la labor
realizada por los Gobiernos de la Comunidad Valenciana y de Castilla-La
Mancha y a sus presidentes al frente que desde el primer momento
estuvieron a pie de incendio interesados en que la situación se
resolviera de la forma más rápida posible y con el menor perjuicio para
las propiedades y, especialmente, para las vidas humanas.

La presidenta María Dolores de Cospedal y el presidente
Alberto Fabra dieron, a mi entender, una muestra de entrega y de cercanía
a los afectados desde su responsabilidad política, en estrecha
colaboración con los Gobiernos de España a través de los ministros
competentes; ahora se está haciendo lo mismo en nuestras queridas
Canarias.

Señorías, extendidos unos incendios, y en plena lucha con
otros en este momento, que deseamos que terminen cuanto antes, como es el
caso de nuestra querida Tenerife, abierto el periodo de reflexión sobre
los mismos y realizadas las reuniones de coordinación de esfuerzos entre
las distintas administraciones, es momento, al igual que se hizo en el
pasado en esta Cámara, de disponer, de acordar

ayudas para que, de acuerdo con la normativa en vigor,
podamos ofrecer desde el Gobierno de España ayudas a los afectados.

El 18 de marzo de 2005, después de un intenso debate en las
Cámaras, se dispuso el Real Decreto 307/2005, por el que se regulan las
ayudas en atención a las distintas necesidades derivadas de catástrofes o
situaciones de emergencia. Parece pues razonable que, en base a ello, se
pongan en marcha las medidas que conduzcan por un lado a paliar en la
medida de lo posible los daños materiales y por otro, a buscar la
restauración de las zonas afectadas después de analizar las medidas
técnicas más adecuadas para ello, y lógicamente también las medidas
preventivas de carácter agrícola o medioambiental, así como de carácter
legal, como ha estado sucediendo estos días.

Es lo que proponemos, es lo que venimos a proponer en esta
moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que tiene vocación
de ser una propuesta a la que se puedan sumar todos los grupos de la
Cámara, desde la perspectiva de nuestro único interés común de buscar
soluciones a los problemas, que es para lo que los ciudadanos nos han
votado.

Finalizo mi intervención haciendo un llamamiento a la
población para que se extreme la prudencia, para que en una época estival
y vacacional, con unas condiciones tan adversas climatológicamente como
las que estamos atravesando, con escasa pluviometría, temperaturas altas
y frecuentes vientos laterales, se eviten actitudes y actos imprudentes
que produzcan pérdidas como estas que afectan al patrimonio forestal
medioambiental, se pongan en riesgo poblaciones y, sobre todo, produzcan
pérdidas de vidas humanas entre los que extinguen los incendios.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aparici.

Para la defensa de la enmienda tiene la palabra, por el
Grupo Parlamentario Socialista, el senador Navarro, por un tiempo de
cinco minutos.

El señor NAVARRO ANDREU: Gracias, señor presidente.

Señorías, buenos días. Bon dia a tots.

Quiero empezar expresando en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista nuestra solidaridad para con los ciudadanos de Canarias que
están sufriendo en estos momentos miedo, incertidumbre, impotencia,
desesperación en algunos casos, en definitiva, lo que se siente en los
incendios, en su desarrollo y en sus consecuencias. Son los sentimientos
que hace poco sufríamos los castellano-manchegos y los valencianos, los
mismos que antes sufrieron la mayoría de las comunidades autónomas.

Señorías, quisiera que analizasen y votasen a favor de esta
enmienda desde ese punto de vista, el de los vecinos, los profesionales y
los voluntarios que participaron en su extinción y también el de los
alcaldes de los pueblos afectados.

Señorías, quiero adelantar nuestra voluntad de
transaccionar y consensuar. Creo que la base del funcionamiento de esta
Cámara debe ser el diálogo y la negociación. No pierde quien pacta aun
teniendo la mayoría, ganamos todos.

Estamos a favor de la moción del Grupo Parlamentario
Popular —cómo no—, a favor de activar las medidas del Real
Decreto 307, a favor de poner en marcha normativas para proceder a la
restauración de las zonas afectadas. Estamos de acuerdo en la exposición
de motivos. Se han quemado 50.000 hectáreas, 52 500 en la Comunidad
Valenciana. Estamos de acuerdo con la solidaridad hacia los heridos en
los dos accidentes ocurridos en Valencia y también en trasladar a la
familia del piloto José Antonio Nieva Gómez nuestro reconocimiento,
nuestro pesar y nuestra admiración hacia él por su sacrificio y
profesionalidad en el desempeño de su labor. Estamos de acuerdo,
señorías, en que los daños a la biodiversidad de la zona han sido
impactantes. Estamos de acuerdo en que este ha sido un año
meteorológicamente complicado, pero no más que otros, puesto que, mirando
las series históricas, no ha sido un año excepcional. Estamos de acuerdo
incluso en las condiciones meteorológicas, en aquello que decían el
ministro y el senador Aparici del triple 30, aunque los vecinos de los
pueblos afectados, los profesionales y los alcaldes —también de su
partido— hablan de falta de coordinación, escasez de medios humanos
y de disminución de políticas de prevención.

¿Que por qué presentamos esta enmienda? Para dar
credibilidad a la moción, para que los vecinos, las organizaciones
agrarias, los profesionales y los alcaldes a los que hemos trasladado su
moción no sigan hablando de brindis al sol, de moción trampa, de ningún
compromiso temporal ni económico, ni sigan sin hacer alusión a las nuevas
políticas de economía sostenible y gestión de los bosques. Presentamos
esta enmienda, en definitiva, para cambiar las sensaciones de los vecinos
y alcaldes con

quienes estuvimos hablando in situ —sensación de
abandono, de quejas por la no utilización de los voluntarios, de
desinformación, etcétera—. Lo hacemos para dar credibilidad a los
incendios precedentes, por ejemplo, los de L’ Alcalatén y del Vall
d’Albaida. En el de L’Alcalatén se plantea una ayuda, que se
ingresa en las arcas de la Diputación Provincial, que tiene una
vinculación con las ayudas que la Generalitat Valenciana tiene que
aportar. Pasan los tres años, no se aporta nada por parte de la
Generalitat Valenciana, y nos encontramos, evidentemente, con que se hace
la devolución. En septiembre del 2011 se consuma el hecho, es decir, se
tiene que hacer.

La enmienda que nosotros presentamos dice lo siguiente: Hay
que elaborar y poner en marcha un proyecto que, siguiendo las directrices
de la Ley de Economía Sostenible, se financie con fondos provenientes de
la Administración central. En segundo lugar, asignar a la Generalitat
Valenciana una parte específica y finalista que se destine a promover la
inversión, gestión y ordenación forestal y medioambiental. En tercer
lugar, aprobar con carácter urgente medidas paliativas y compensatorias.
En cuarto lugar, agilizar los trámites para que los afectados por los
incendios puedan cobrar conveniando con los ayuntamientos cantidades a
cuenta en función de las hectáreas. En quinto lugar, declaración de
emergencia. En sexto lugar, que todas las medidas de ayudas se encuadren
en un nuevo modelo de gestión forestal. En séptimo lugar, que se dediquen
a la prevención las cantidades que se han ido recortando en los últimos
años y, por último, que el Gobierno impugne —¡atención!— la
norma de la Generalitat Valenciana introducida en la Ley de
Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad en virtud de la cual
se deja sin efecto el artículo 50 de la Ley de Montes, que prohíbe la
recalificación urbanística del suelo quemado durante treinta años.

Hace un momento el portavoz del Grupo Popular nos ha
ofrecido una transaccional. Nos hubiera gustado que se hiciera con tiempo
—lo teníamos—, no con esta urgencia, en este momento, sin
poder hacer comprobación. De todas maneras, nosotros tenemos voluntad de
consenso y probablemente lo vamos a poder demostrar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarro.

Tiene la palabra el senador Aparici para indicar si acepta
o no la enmienda.

El señor APARICI MOYA: Gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señor Navarro. Muchas gracias también por
el esfuerzo que hemos realizado todos los grupos para llegar a un
acuerdo, coincidiendo, señor presidente, en presentar como transacción el
mismo texto aprobado ayer en el Congreso.

Por tanto, en este momento anuncio la transacción, cuyo
texto definitivo se está preparando para su aprobación en el Senado.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aparici.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor
presidente.

Muy brevemente intervengo para felicitar una transaccional
hecha en un momento en que estamos hablando de incendios forestales, y
desgraciadamente Canarias está sufriendo tres —dos ya casi
controlados y uno, aunque todavía no controlado, estabilizado en
Tenerife.

Cuando cualquier parte de España puede sufrir una
catástrofe natural —denominaría así a esta—, máxime cuando en
algunos casos los indicios dicen que puede ser provocada, todas las
administraciones públicas, desde el Estado a las comunidades autónomas y
las administraciones locales —en el caso de Canarias,
cabildos— y ayuntamientos, todos los entes han de tener una amplia
coordinación, y nosotros en esta Cámara también debemos mostrarla, por lo
que me gratifica esta transaccional que se va a firmar, porque creo que
este es un asunto de todos, que tenemos que intentar paliar los efectos
de los desastres naturales.

Mi solidaridad también con las islas Canarias, que ahora lo
están sufriendo, como con todas las partes de España que también lo han
vivido.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on.

Nosotros queremos solidarizarnos, como no puede ser de otra
manera, y dar las gracias al senador Aparici, que se le veía yo creo que
hasta emocionado. Tiene que ser terrible. Nosotros también vivimos un
episodio de ese tipo —gracias a Dios, solo uno—; nos cuesta
hacernos la película, pero entendemos que tiene que ser terrible.

Por otro lado, también queremos solidarizarnos con quienes
en estos momentos también están sufriendo los incendios, especialmente en
Tenerife, donde alguna garita tengo hecha, precisamente donde se está
incendiando, y la verdad es que me toca en lo personal.

Como no puede ser de otra manera, nosotros vamos a apoyar
esta iniciativa. Nos alegra que haya una transaccional. No hubiera sido
un problema, porque hubiéramos apoyado cualquiera de las dos mociones,
pero, habiendo una transaccional, creo que vamos todos mejor.

Esperamos que esto que hoy se aprueba y todas las medidas
que se puedan tomar en el futuro sirvan para que no se repitan este tipo
de hechos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra el
senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Amb la vènia, senyor
president.

Bon dia senyories.

En nom de l’Entesa pel Progrés de Catalunya també
vull manifestar la nostra solidaritat amb tots els ciutadans dels més de
vint municipis afectats pels incendis de primers de mes a la Comunitat
Valenciana i especialment dins de les províncies de Castelló i de
València. Com també volem manifestar el nostre record i el nostre
homenatge a totes les persones, professionals i voluntaris, que varen
participar en les tasques d’extinció, a les persones que varen
patir ferides, alguna de les quals encara està hospitalitzada, i
especialment, molt especialment, el nostre record i el nostre homenatge
al pilot José Agustín Nieva Gómez, que va perdre la vida en les tasques
d’extinció de l’incendi.

Nosaltres, evidentment, votarem a favor de la transaccional
que finalment ha estat pactada entre tots els grups parlamentaris.
Entenem que no hi havia més opció, i més tenint en compte que ahir a la
tarda el Congrés de Diputats va debatre el mateix tema i al Congrés es va
arribar a una transacció; per tant seria bastant incomprensible que al
Senat no hi haguéssim arribat. En tot cas, nosaltres també haguéssim
votat a favor de la moció presentada pel Grup Parlamentari Popular tot i
que des del nostre punt de vista entenem que era una moció que no
aportava res de nou, ni des del punt de vista econòmic, ni des del punt
de vista jurídic, ni des del punt de vista polític. Per què? Doncs perquè
la regulació dels casos d’emergència i catàstrofes vénen regulades
com ja s’ha dit anteriorment, pel Reial Decret 307/2005, de 18 de
març, i també per dues lleis: la Llei 38/2003, de 17 de novembre, és a
dir, la Llei General de Subvencions i les disposicions reglamentàries que
desenvolupen aquesta llei, com també cada any a través dels Pressupostos
Generals de l’Estat hi ha unes partides, uns crèdits ampliables
previstos en el programa 134M de protecció civil corresponent al
Ministeri de l’Interior.

Per tant, la moció concreta del Grup Parlamentari Popular
el que feia era instar a activar el previst en el Reial Decret que he
comentat abans, el 307/2005, de 18 de març, i no cal cap sistema
d’activació. El mateix decret, llegeixo textualment, en el seu
article 8 diu: «Inicio del procedimiento. El procedimiento se iniciará a
instancia de parte...». És a dir, no cal que hi hagi cap acord polític,
cap acord administratiu, sinó que s’inicia a instància de part. I
això es va fer l’any 2005 precisament perquè fins aquell moment el
que passava, el que succeïa, era que quan hi havia situacions
d’especial emergència, catàstrofes derivades d’incendis,
derivades de pedregades, derivades d’inundacions, el que es feia
era un projecte de llei, s’elaborava un projecte de llei cas a cas,
ad hoc, i per tant la capacitat de reacció era bastant lenta, perquè el
Govern havia de redactar i aprovar el projecte de llei i després havia de
fer la tramitació parlamentària, i això s’allargava en el temps. Si
no estic mal informat, l’última vegada que es va resoldre una
situació d’aquest tipus a través de projecte de llei va ser
l’any 2005, a partir de la valoració que l’any anterior,
2004, va ser especialment virulent en situacions d’emergència i de
catàstrofes a Aragó, a Catalunya, La Rioja, Navarra, València, Galícia i
Extremadura. Bé, al mes de febrer d’aquell anys, del 2005, es va
aprovar

aquest projecte de llei, i només un mes després el Govern
aprovava aquest decret que hem dit abans, el 307/205, de 18 de març.

Per tant, no es tracta d’activar res. Es tracta, en
tot cas, d’analitzar si aquest decret cal modificar-lo,
millorar-lo, en la mesura que passa el temps i que es té més informació i
més experiència respecte a les situacions catastròfiques i
d’emergència. Però no cal activar res. El que cal, això sí, és
voluntat política, i especialment per part dels delegats i subdelegats
del Govern corresponents perquè, aquí sí, activin els mecanismes de
col·laboració, de cooperació, d’informació i d’assessorament
als particulars i als alcaldes dels municipis afectats per situacions
d’aquest tipus.

En definitiva, senyories, el mal ja està fet. A nosaltres
ens hagués agradat, més enllà de la moció presentada pel Grup
Parlamentari Popular —que evidentment ha estat millorada a través
de la transaccional signada per tots els grups—, doncs a nosaltres
més enllà d’això ens hagués agradat, i en situacions d’aquest
tipus —quan hi ha realment incendis o catàstrofes d’especial
rellevància, d’especial virulència—, doncs seria analitzar
què ha passat, per intentar millorar els operatius perquè en altres
ocasions similars els efectes no siguin tan importants.

En definitiva, com deia, el mal ja està fet. Els incendis
s’apaguen a l’hivern, és a dir, calen polítiques de prevenció
en aquest cas. Des del territori s’han plantejat moltes crítiques
especialment al Govern de la Comunitat Valenciana, respecte a les
polítiques de prevenció. S’ha parlat de retallades en partides que
han arribat fins al 70%. En els ajuts a particulars per la neteja de les
seves parcel·les i propietats hi ha hagut reduccions, gairebé han
desaparegut partides d’aquest tipus i hi hagut reduccions de fins
al 94%, i fins i tot sembla que una part de les despeses de la visita del
Papa a València de fa uns temps varen sortir precisament de partides
destinades a prevenció d’incendis. En tot cas a nosaltres ens
hauria agradat analitzar això, ens hauria agradat analitzar també, una
vegada produït l’incendi, es podria haver evitat? Probablement no,
no es podia haver evitat. Ara bé, es podia haver minimitzat?, això és el
que es podria estudiar i analitzar.

També hi ha hagut retallades en partides destinades a
l’extinció i a les brigades d’extinció, conseqüència: més de
50 000 hectàrees cremades i uns costos, manifestats pel mateix ministre
Arias Cañete, de l’entorn de 90 milions d’euros. Quanta
política de prevenció no es podia haver fet amb 90 milions
d’euros?

I finalment, gestió i mesures postincendi. Evidentment,
garantir que no s’especularà urbanísticament amb els terrenys
calcinats. Aprofitament, després de la desgràcia; com es pot aprofitar la
fusta cremada, com es pot aprofitar la biomassa. En definitiva,
senyories, han passat dos Consells de Ministres des d’aquests
incendis i dos consells de ministres sense que hi hagi hagut cap mesura
concreta. En tot cas, per tant i finalment, analitzar què va fallar no
tant per buscar responsabilitats. No tant per això sinó per analitzar i
valorar i escriure en què es pot millorar. I preguntes com si el sotabosc
estava net, o no estava prou net; si hi havia suficients tallafocs i en
tot cas, si estaven ben mantinguts; si s’actuà amb suficient
celeritat una vegada iniciat l’incendi; si va funcionar
suficientment des del primer moment la coordinació entre totes les forces
que varen actuar. En aquest sentit també hi va haver des del territori
moltes crítiques.

Senyories, a nosaltres ens hagués agradat més un debat
d’aquestes característiques en positiu, repeteixo, no tant per
buscar responsabilitats sinó per intentar millorar. I en tot cas, i
finalment i per acabar, la nostra solidaritat amb les persones, amb els
ciutadans que estan patint els incendis a Tenerife, La Palma i La Gomera,
i per què no, també des de Catalunya, comentar que no fa pas massa temps,
massa dies, hi va haver importants incendis a la zona de la província de
Tarragona, i també a Lleida una pedregada va malmetre una part important
de la collita de fruita. Per tant, també estem parlant de casos
d’emergència, de casos d’excepcionalitat, i per tant també hi
ha de ser d’aplicació en aquests dos casos el decret que he
comentat anteriorment. Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Con la venia, señor presidente.

Buenos días, señorías.

En nombre de la Entesa pel Progrés de Catalunya quiero
manifestar nuestra solidaridad con todos los ciudadanos de los más de
veinte municipios afectados por los incendios desde inicios de mes en la
Comunidad Valenciana, especialmente en las provincias de Castellón y
Valencia, como también queremos manifestar nuestro recuerdo y homenaje a
todas las personas, profesionales y voluntarias que participaron en las
tareas de extinción y a las personas que sufrieron heridas, algunas de
las cuales todavía están hospitalizadas, y muy especialmente nuestro
recuerdo y homenaje al piloto José Agustín Nieva Gómez, que perdió su
vida en las tareas de extinción del incendio.

Nosotros, evidentemente, votaremos a favor de la
transaccional que finalmente se ha pactado entre todos los grupos
parlamentarios. Entendemos que no había más opción, máxime teniendo en
cuenta que ayer por la tarde en el Congreso de los Diputados se debatió
sobre el mismo tema y se llegó a una transaccional, así que sería
bastante incomprensible que en el Senado no la alcanzáramos. En todo
caso, nosotros también hubiéramos votado a favor de la moción presentada
por el Grupo Parlamentario Popular, aunque entendemos que no aporta nada
nuevo ni desde el punto de vista económico, ni jurídico, ni político.
¿Por qué? Porque los casos de emergencia y catástrofes vienen regulados,
como ya se ha dicho anteriormente, por el Real Decreto 307/2005, de 18 de
marzo, así como por dos leyes: la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, es
decir, la Ley General de Subvenciones, y las disposiciones reglamentarias
que desarrollan esta ley. Asimismo cada año, a través de los Presupuestos
Generales del Estado, se contemplan unas partidas de créditos ampliables
en el programa 134M, de protección civil, correspondiente al Ministerio
del Interior.

Por lo tanto, la moción concreta del Grupo Parlamentario
Popular lo que hacía era instar a activar lo previsto en el mencionado
Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, y en este caso no hace falta
ningún sistema de activación. El mismo decreto dice, y leo textualmente,
en su artículo 8: «Inicio del procedimiento. El procedimiento se iniciará
a instancia de parte…» Es decir, no es necesario que haya ningún
acuerdo político o administrativo, sino que se inicia a instancia de
parte. Esto se hizo en el año 2005 porque hasta ese momento lo que
sucedía cuando se producían situaciones de especial emergencia y
catástrofes derivadas de incendios o inundaciones era que se elaboraba un
proyecto ad hoc para cada caso y, por lo tanto, la capacidad de reacción
era bastante lenta porque el Gobierno tenía que adoptar y aprobar el
proyecto de ley y luego había que hacer la tramitación parlamentaria del
mismo; eso se alargaba en el tiempo. Si no estoy mal informado, la última
vez que se resolvió una situación de este tipo a través de un proyecto de
ley fue en el año 2005, tras un año especialmente virulento, el 2004, en
cuanto a situaciones de emergencia y de catástrofes acaecidas en Aragón,
Cataluña, La Rioja, Navarra, Valencia, Galicia y Extremadura. Fue en el
mes de febrero de aquel año 2005 cuando se aprobó este proyecto de ley y
solo un mes después el Gobierno aprobó este decreto que he comentado
antes, el 307/2005, de 18 de marzo.

Por lo tanto, no se trata de activar nada, sino en todo
caso de analizar si este decreto se debe modificar y mejorar a medida que
pasa el tiempo si se tiene más información y experiencia respecto de las
situaciones catastróficas y de emergencia. Pero no es necesario activar
nada, lo que sí es necesario es voluntad política, especialmente por
parte de los delegados y subdelegados del Gobierno correspondientes, para
que se activen los mecanismos de colaboración, de cooperación, de
información y de asesoría a los particulares y a los alcaldes de los
municipios afectados por situaciones de este tipo.

En definitiva, señorías, el mal ya está hecho. A nosotros
nos hubiera gustado, más allá de la moción presentada por el Grupo
Parlamentario Popular —que evidentemente ha sido mejorada a través
de la transaccional firmada por todos los grupos—, que en
situaciones de este tipo —cuando se producen incendios o
catástrofes de especial relevancia y virulencia— pudiéramos
analizar lo que ha sucedido para intentar mejorar las operativas a fin de
que en ocasiones similares los efectos no fuesen tan importantes.

En definitiva, y como decía, el mal ya está hecho y los
incendios se apagan en invierno. Es decir, que son necesarias las
políticas de prevención en este caso. Desde el territorio se han
planteado muchas críticas precisamente al Gobierno de la Comunidad
Valenciana respecto de las políticas de prevención. Se ha hablado de
recortes en partidas que han llegado hasta el 70%; en las ayudas a los
particulares para la limpieza de sus parcelas ha habido reducciones
enormes; casi han desaparecido estas partidas. Son unas reducciones de
hasta el 94%, e incluso parece que una parte de los gastos de la visita
del Papa salieron precisamente de partidas destinadas a prevención de
incendios. En todo caso, a nosotros nos hubiera gustado analizar este
hecho y nos hubiera gustado analizar, una vez producido el incendio, si
se podría haber evitado. Seguramente no, ¿pero se podría haber
minimizado? Eso es lo que se debería estudiar y analizar.

También ha habido recortes en partidas destinadas a las
brigadas de extinción cuya consecuencia ha sido más de 50 000 hectáreas
quemadas y unos costes valorados por el propio ministro Arias Cañete en
cerca de 90 millones de euros. ¿Cuánta política de prevención se podría
haber hecho con 90 millones de euros?

Y finalmente gestión y medidas después del incendio:
garantizar que no se utilicen urbanísticamente los terrenos calcinados;
ver cómo se puede aprovechar la madera quemada, la biomasa. En definitiva
han pasado dos Consejos de Ministros desde estos incendios sin que haya
habido ninguna medida concreta al respecto. En todo caso, y finalmente,
hay que analizar qué sucedió, no tanto para buscar

responsabilidades, sino para valorar en qué se puede
mejorar. Son preguntas como la de si el bajo bosque estaba limpio o no lo
estaba de forma suficiente; si había bastantes cortafuegos y si estaban
bien mantenidos; si se ha actuado con celeridad una vez iniciado el
incendio, o si funcionó suficientemente desde el primer momento la
coordinación entre todas las fuerzas que actuaron. En este sentido
también hubo en el territorio muchas críticas.

Señorías, a nosotros nos habría gustado que se hubiera
producido un debate de estas características en positivo, repito, no
tanto para buscar responsabilidades, sino para intentar mejorar. En todo
caso, y para acabar, quiero manifestar nuestra solidaridad con los
ciudadanos que sufren los incendios en Tenerife, La Palma y La Gomera, y
por qué no, y en lo que respecta a Cataluña, también quiero comentar que
no hace muchos días hubo importantes incendios en zonas de la provincia
de Tarragona y en Lleida el granizo dañó la cosecha de fruta. Estamos
hablando de casos de excepcionalidad, y también debería ser de aplicación
en estos casos el decreto al que se ha hecho referencia
anteriormente.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bruguera.

Por el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió
tiene la palabra el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gràcies president.

En primer lloc felicitar al senador Aparici i al conjunt de
la Càmera per haver arribat a un punt de consens respecte a un tema amb
tanta sensibilitat, que ha afectat d’una manera tant greu, en
aquest cas a la Comunitat Valenciana i a les Illes Canàries, i com ha fet
esment sa senyoria en aquest últim moment, el què ens va passar a les
terres catalanes, ja no tant sols en tema d’incendis, sinó també
amb pedregades en una zona molt propera de la que jo vinc, situacions
complicades, situacions que provoquen un cert patiment profund a les
persones que es veuen afectades.

Crec que hem d’estar tots contents perquè s’ha
arribat a un consens per una situació concreta en la que s’ha de
tenir el màxim de respecte, el màxim d’acompanyament envers
aquestes persones, cap aquestes institucions, cap aquests municipis, cap
aquests territoris que s’han vist afectats per tot això, però sí
fer una reflexió de perquè ha passat això, en quin entorn ens trobem, en
quina situació ens trobem. ¿S’han fet unes polítiques de prevenció
abans de que passes tot això? El despoblament de les zones rurals com a
elements importants, la no aplicació, o la no gestió de forma correcte de
la silvicultura, la utilització dels ramats per millorar el sotabosc i
elements que eren molt comuns fa un temps i que eren bàsics per els
nostres no tant avantpassats, sinó fa uns anys no gaire llunyans de
l’actualitat, sí que això es tingués en compte per part de les
administracions locals, per part de les administracions autonòmiques, per
part de l’Administració estatal.

I tant sols dir això, el recolzament, el respecte i la
nostre solidaritat per aquelles persones que han vist algunes
malauradament segada la seva vida i també aquelles persones que ho han
patit.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

En primer lugar quiero felicitar al señor Aparicio y al
conjunto de la Cámara por haber llegado a un punto de consenso respecto
de un tema tan sensible que afecta de forma tan grave, en este caso a la
Comunidad Valenciana y a las islas Canarias. Y como decía su señoría hace
un momento, lo que ocurrió en las tierras catalanas, no solo en lo que se
refiere a incendios, sino también a granizo en una zona muy cercana a
aquella de la que yo provengo, son situaciones complicadas, situaciones
que provocan un profundo sufrimiento a las personas que se ven
afectadas.

Debemos estar contentos porque hemos llegado a un consenso
para una situación concreta en la que se ha de tener el máximo respeto,
el máximo acompañamiento hacia estas personas e instituciones, hacia
estos municipios y territorios que se han visto afectados por todo esto,
pero sí tenemos que reflexionar acerca de por qué ha ocurrido, en qué
entorno y en qué situación nos encontramos. ¿Se han hecho unas políticas
de prevención antes de que ocurriera todo esto? La despoblación de las
zonas rurales como elementos importantes, la no aplicación o la no
gestión de forma correcta de la selvicultura, la utilización de la
ganadería para mejorar el bajo bosque y elementos muy comunes hace un
tiempo eran básicos, no ya para nuestros antepasados, sino hace pocos
años. En la actualidad esto debería tenerse en cuenta por parte de las
administraciones locales, las administraciones autonómicas y por parte de
la Administración estatal.

Quiero insistir en nuestro apoyo, nuestro respeto y nuestra
solidaridad para con aquellas personas que por desgracia han muerto y
también con aquellas que han sufrido.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Plana.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Navarro.

El señor NAVARRO ANDREU: Gracias, presidente.

Señorías, lo cierto es que ayer en el Congreso se llegó a
un consenso y hoy se pretendía hacer una transaccional, que al final se
ha podido conseguir que fuera exactamente la misma que ayer se votó por
unanimidad en el Congreso de los Diputados. Es una transaccional del
diputado y secretario general de los socialistas valencianos Ximo Puig, a
la cual nos sumamos de una manera plena, con todo lo que esto
significa.

Ayer en el consenso hubo unanimidad y aquí hoy seguramente
también la habrá. Yo voy a tratar de ser breve y claro porque este tema
requiere, señorías, poca retórica y mucho compromiso y credibilidad.

Si estuviéramos hablando de administraciones con
experiencias positivas anteriores y con recursos, nada que decir a la
propuesta inicial del Grupo Popular, pero estamos hablando de la
Comunidad Valenciana y para hablar de experiencias anteriores
—todas negativas— teníamos que asegurar, y así se ha hecho en
cuanto a las intenciones, que este tipo de ayudas lleguen de una manera
acelerada y de una manera clara y, además, que lleguen. Porque decíamos
que en la gestión de los anteriores —no solamente en el incendio de
l’Alcalatén, sino también en el incendio de la Vall
d’Albaida— las ayudas no han llegado, y no han llegado por la
falta de compromisos del Gobierno autonómico. La participación
complementaria que tenía que aportar el Gobierno autonómico no se ha
hecho efectiva y de ahí nuestras dudas, por eso la queríamos asegurar con
nuestra enmienda.

Quiero decirles además que en este incendio el Gobierno
autonómico ha anunciado 9 millones de euros, que significan una parte
proporcional a lo que en su día se aportó en los incendios de
l’Alcalatén. En aquel momento, en los incendios de
l’Alcalatén se quemaron, si no recuerdo mal, 5000 hectáreas y en
este 52 000; ciertamente, una regla de tres nos diría que le
corresponderían 30 millones de aportación, pero son solamente 9. Además,
en su momento se dijo que se iba a aportar los 9 millones antes de que
finalizara este mes de julio; ahora se habla solamente de un millón antes
de finales de este mes. Por tanto, estamos hablando desgraciadamente de
una comunidad que es poco de fiar en este sentido.

Y respecto a Canarias, ya he dicho al principio de mi
intervención que tiene que contar no solamente con toda nuestra
solidaridad, con la solidaridad de la Cámara, sino que en la urgencia de
las nuevas premisas de este acuerdo transaccional a que hemos llegado
debería contar también con las mismas ayudas y con la máxima urgencia.
Además, tengo que añadir que allí al menos la experiencia ha sido
positiva, porque si en 2007 se produjo el incendio de l’Alcaltén y
en 2010 se produjo el de la Vall d’Albaida, y en esos dos incendios
no hubo respuesta de la comunidad autónoma, en los incendios de Canarias,
para los que se aportaron 10 millones de euros, sí que hubo en aquel
momento respuesta del Gobierno autonómico y, por lo tanto, pudieron
cobrar el dinero que se había destinado por parte del Gobierno central.
Además, en este momento, yo me pregunto cómo van a confiar los afectados.
¿Tienen la seguridad de que van a cobrar? Yo espero que sí. Por eso,
pedíamos su apoyo a las enmiendas, que eran más bien de adición que de
sustitución, para garantizar esas futuras ayudas, los plazos y la
cuantía.

Quiero, sin embargo señalar que hay un par de propuestas
que no vamos a abandonar: una, la petición de que se reponga el artículo
50 de la Ley de Montes en la Comunidad Valenciana, eliminado dentro de la
Ley de acompañamiento del presupuesto —no sé si con
nocturnidad—, y dos, la petición de que, a partir de la Ley de
Economía Sostenible, se afronte el futuro de nuestros bosques con nuevos
modelos de gestión forestal, que englobe explotaciones agrícolas,
ganaderas y una política de prevención que cuente con el consenso de los
vecinos y con recursos suficientes. ¿Que son caros? Naturalmente, pueden
ser caros, pero, desde luego, el valor de lo quemado —52 000
hectáreas— supera, seguro, el coste de las labores de mantenimiento
durante una década.

Señorías, el portavoz de Entesa decía que el fuego de los
veranos se apaga en invierno con labores preventivas. Y es cierto.
Nosotros vamos a denunciar que Tragsa, la empresa de mantenimiento, ha
bajado de 880 personas contratadas a 320 —malo para el
futuro—. Queremos decir que las ayudas a particulares para la
limpieza de las parcelas han bajado de 10,9 millones a 160 000 euros
—no sé a qué se ha dedicado la partida de transferencia—.
Asimismo, queremos señalar que Imelsa, de la Diputación de Valencia, solo
tiene contratos a 510 brigadistas que, por cierto, la mitad termina el 30
de septiembre

—poca labor preventiva harán de cara al próximo
año—. De los 102 bomberos del parque municipal de Castellón,
solamente consiguieron participar dos bomberos. El propio Consorcio
Provincial de Bomberos de Castellón solo utilizó el 13% de sus efectivos
y la brigadas, a veces, durante el invierno se dedican a hacer labores de
jardinería o de mantenimiento en pueblos, en vez de hacerlo en el bosque.
Vamos a exigir que la Generalitat Valenciana apruebe, después de
diecisiete años, el plan de acción territorial forestal de la Comunidad
Valenciana.

Por cierto, quiero agradecer también la presencia
—como ha hecho el señor Aparici— de todos quienes visitaron
la zona —al ministro, al presidente de la comunidad autónoma, a los
diputados y senadores, al señor Rubalcaba, a los alcaldes y concejales de
los pueblos próximos—, pero tengo la sensación de que tenemos un
presidente de Gobierno, el señor Rajoy, que prefirió compartir el fútbol
y los códices a las tragedias de los valencianos. Sí, los valencianos lo
han echado en falta.

Estas 52 000 hectáreas que se han quemado en la Comunidad
Valenciana no son ninguna herencia. Aquí se habla demasiado de
herencia.

Y para terminar, quiero contarles una historia. En el
relevo que se hace en la Casa Blanca entre el presidente entrante y el
saliente cuentan que el presidente saliente deja al entrante tres cartas
y le dice: Mire, esta es la herencia. Cuando tenga algún problema, vaya
abriendo las cartas. Llega un momento en que tiene un problema muy
importante, y abre la primera carta para ver cómo se soluciona. Dice la
carta: Diga usted que la culpa es de la herencia que usted ha recibido. Y
así lo dice. Se presenta ante los medios de comunicación, lo cuenta y la
gente se lo cree, lo aplaude y lo justifica. Pasado un tiempo, tiene un
segundo problema y entonces recuerda que se le ha dicho que abra la
segunda carta. Como nos ha ido bien en la primera —piensa el
presidente entrante— voy a abrir la segunda. Abre la segunda y lee:
Diga usted que la culpa la tiene el Gobierno anterior, el presidente
anterior. Y así lo cuenta. La gente ciertamente ya no se lo cree tanto,
ya piensa que la cosa no va bien, pero lo acepta. Cuando tiene otro
problema, el último problema, abre la tercera carta, y dice: Señor
presidente, redacte usted las tres cartas para su sucesor porque usted es
incapaz de solucionar los problemas, dimita.

Buenos días. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarro.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra el senador Aparici.

El señor APARICI MOYA: Muchas gracias, señor
presidente.

Intentaré ser breve en el debate final de esta propuesta de
consenso, pues siempre hay quien acaba cayendo en la tentación de
convertir los debates en un vodevil; siempre. Creo que mi intervención ha
sido emocionada, sí —gracias señor portavoz, porque las cenizas
llegaban a la puerta de mi casa—; emocionada, sí, porque recuerdo
que este no es el primer incendio en mi querida Comunidad Valenciana.
Recuerdo los varios incendios de los años noventa, uno en el mismo sitio
en el que se ha producido este, Andilla— Régis, exactamente en el
mismo sitio; otro al lado del pueblo del señor Enrique Navarro. Él parece
que lo ha olvidado. Empezó al sur de la provincia de Castellón y acabó en
Teruel. Insisto, años noventa. Y, desde luego, recuerdo uno muy reciente
con pérdida de vidas humanas en Guadalajara, Castilla-La Mancha. Y vienen
aquí a dar lecciones a todo el mundo. Me parece absolutamente lamentable,
señor Navarro, y más viniendo de usted que me conoce perfectamente.
Además, lo que ha sucedido hoy aquí no es ninguna casualidad. Usted y yo
hemos negociado muchas cosas como portavoces de la diputación. Hemos
llegado a muchos acuerdos, a muchos, y a mí, desde luego, me molesta
profundamente el final de su intervención. Ha sido un final sencillamente
deplorable, señor Navarro, sencillamente deplorable.

Cuando hable usted de presidentes de Gobierno, tiéntese la
ropa, porque en todas las desgracias que hemos tenido en la Comunidad
Valenciana y en otras comunidades de España yo no he visto nunca al
presidente del Gobierno anterior. Por tanto, a qué viene usted aquí a dar
lecciones a nadie de qué. (Aplausos.) Este no era el debate, señor
Navarro. (Aplausos.) Usted y su grupo, una vez más, tratan de convertir
todo el esfuerzo de consenso que hemos hecho en un verdadero vodevil. Se
lo digo así de claro, y le digo claramente que usted y su grupo en esta
cuestión me han decepcionado. ¡Con el esfuerzo que hemos hecho en esta
cuestión!

Usted habla de ayudas de la Comunidad Valenciana, decreto
ya establecido, 9 millones de euros rápidamente. El portavoz de la Entesa
hablaba también de invertir dinero en prevención. ¿Sabe usted cuánto ha
invertido este año la Comunidad Valenciana en prevención? No lo sabe. Han
sido 8 millones de euros. Se lo digo yo. No sé quien le ha contado a
usted esa historia del Papa. Debe ser algún malvado de

esos que tienen ustedes por la Comunidad Valenciana, que
tienen muy poca idea de incendios y solo saben mentir y enredar. Debe ser
eso. No sé quien le ha contado a usted eso porque es —como se
dice— falso de toda falsedad.

No sé si usted ha presenciado muchos incendios, no lo sé;
si lo hubiera hecho, no me vendría con la historia de los cortafuegos. Un
cortafuegos en un incendio como el del otro día dura un pispás. Yo he
visto por delante de mí y por detrás de mí un incendio con una piña
saltar un río entero. ¿De qué me habla usted? En la Comunidad Valenciana,
por ejemplo, y le doy un dato al azar, hay 5675 kilómetros de
cortafuegos. ¿Le parecen pocos o muchos? No lo sabe. Pero fíjese usted,
tengo aquí unas declaraciones de un político próximo a su ideario. Se las
voy a leer textualmente: Las áreas de cortafuegos constituyen un
despropósito y un derroche de fondos públicos. Por tanto, pide que no se
dedique dinero público para su ejecución y que se excluyan del plan de
prevención de incendios. Aclárense ustedes un poquito, ya que según les
va dicen una cosa u otra.

Este no era el debate que yo planteaba. Nunca planteé ese
debate, pero si quieren, podemos entrar en él con datos y con
profundidad. He visto incendios desde hace muchísimos años, con distintos
Gobiernos y, por consiguiente, sé exactamente cuáles han sido las
actuaciones de cada uno. Y me río yo de la comparación que hacía el señor
Navarro en relación con la disposición del cuerpo de bomberos de la
Diputación de Castellón si la comparo con la que hubo en los años noventa
en los incendios de Villahermosa, Espadilla y en el incendio anterior en
la misma zona de Bejís. Lo recuerdo perfectamente, yo era diputado
autonómico y defendí en aquel momento la posición del Partido Popular en
los incendios. Usted, señor Navarro, lo conoce perfectamente. Por tanto,
no voy a entrar más en esta cuestión.

El debate de hoy es para que todo el mundo se ponga de
acuerdo sobre lo que se ha hecho aquí, sobre lo que se está haciendo y
averiguar por qué han pasado las cosas y en qué cuestiones hay que
entrar. Efectivamente, se está produciendo una reflexión profunda en toda
la cuestión del abandono de cultivos, pero también, señor Navarro, y
fíjese en lo que le digo, en la situación de los cauces y barrancos.
¿Cómo están los cauces y barrancos en este momento para ayudar a que los
incendios no sigan adelante? ¿Quién gestionaba esto hasta hace cuatro
días? Sobre eso también queremos reflexionar y también, por ejemplo,
sobre la interfaz urbano-forestal, que es una cuestión que en estos
momentos tiene mucha prioridad.

Quiero mencionar también, señor Navarro, que en el área
mediterránea ha cambiado profundamente el esquema de vegetación. Usted
sabe perfectamente que el bosque mediterráneo tradicional ha ido
desapareciendo. Ahora tenemos demasiado pino. No lo ha hecho nadie, lo ha
hecho la propia naturaleza. La mayoría de la gente de pensamiento de
izquierda dice que no es partidaria de tocar el monte, que allí no se
entre a nada. Esta también es una cuestión que hay que ver. Hay una
invasión de pino, por ejemplo, en el bosque mediterráneo, que hace
desaparecer el alcornoque habitual, lo que llamamos surera en valenciano
y corchera en castellano. Pero eso no lo ha hecho el hombre, lo ha hecho
la propia naturaleza y es la propia naturaleza la que ha propiciado una
situación gravísima que hay que abordar.

Por consiguiente, de lo que yo me alegro aquí, en
definitiva, no es de escuchar estas palabras que he escuchado. Quiero
agradecer la intervención del Grupo de Convergència i Unió y del Grupo
Parlamentario Vasco, que han entendido perfectamente lo que está pasando,
porque todos sufrimos las desgracias de los elementos cada día en
nuestros propios territorios. Me solidarizo con lo que ha dicho su
portavoz. Claro que estoy emocionado, de verdad que sí, pero estoy
emocionado sobre todo porque, a pesar de lo que algunos han dicho
inmerecidamente, de aquí saldremos con un acuerdo de todos, que
presentaremos ante toda la sociedad española. Eso es lo que más me
enorgullece.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aparici.

Señorías, no ha dado tiempo todavía a presentar la enmienda
transaccional, por lo que seguimos con la siguiente moción y al final de
la siguiente moción someteremos la enmienda transaccional a su
aceptación.

6.2. MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO ACUERDA LA CREACIÓN DE UNA
PONENCIA DE ESTUDIO, EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE SANIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES, QUE ESTUDIE EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE INTERCAMBIO Y
COLABORACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN
DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y LA EFICIENCIA DEL SISTEMA SANITARIO.

(Núm. exp. 662/000031)

AUTOR: GPP

El señor PRESIDENTE: Punto 6.2, moción por la que el Senado
acuerda la creación de una ponencia de estudio, en el seno de la Comisión
de Sanidad y Servicios Sociales, que estudie el establecimiento de un
sistema de intercambio y colaboración entre las comunidades autónomas
para la mejora de la gestión de los servicios sanitarios y la eficiencia
del sistema sanitario. Autor de la moción, el Grupo Parlamentario
Popular.

A esta moción se han presentado dos enmiendas, una del
Grupo Parlamentario Vasco y otra del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular, el senador Aguirre por tiempo de quince
minutos.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, partamos de una premisa clara y contundente: las
tecnologías de la información y la comunicación son imprescindibles para
mejorar la accesibilidad, la equidad, la calidad y la eficiencia de las
prestaciones sanitarias. Creo que eso lo tenemos todos claro, y los que
estamos en el mundo sanitario más claro todavía.

Señorías, el pasado 29 de febrero el pleno del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordó la propuesta
técnica de contenido normalizado de las tarjetas sanitarias en el Sistema
Nacional de Salud y la interoperabilidad de la información básica entre
comunidades autónomas. El objetivo es que los pacientes puedan ser
atendidos con la misma facilidad y rapidez, independientemente del lugar
de España donde puedan requerir asistencia sanitaria, de lo cual se
beneficiarán, según la estadística actual, unos cuatro millones de
pacientes, que es la media anual de pacientes que van de una comunidad
autónoma a otra. Para conseguirlo es imprescindible el desarrollo de la
historia clínica electrónica interoperable y de la receta electrónica
interoperable en cualquier punto del Sistema Nacional de Salud. La
interoperabilidad de las técnicas de información y comunicación entre
comunidades autónomas y con nuestro entorno europeo permitirá eliminar
trabas burocráticas y dará una mayor seguridad y rapidez en la atención
que reciban los pacientes por contar los profesionales con la historia
clínica en la que, como ustedes saben, se recogen alergias,
intervenciones previas, pruebas diagnósticas, medicación habitual,
etcétera, y ese conocimiento en manos de cualquiera de los médicos,
independientemente de la comunidad autónoma, siempre redundará de forma
positiva en la atención del paciente y, a su vez, llevará consigo una
importante reducción de los costes sanitarios. (El señor vicepresidente,
Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

La identificación de las personas ante el sistema sanitario
se efectúa actualmente a través de la tarjeta sanitaria individual que
emiten las diferentes comunidades autónomas con el objetivo de poder
reconocer de manera segura y unívoca a cada persona. Existe una base de
datos común actualmente alojada en el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. Existe también, por tanto, un sistema de
interoperabilidad de las tarjetas sanitarias a través de una herramienta
común que se llama BDU o base de datos de población protegida del Sistema
Nacional de Salud. La existencia de esta base de datos supone que todas
las comunidades autónomas comparten su información sobre la tarjeta
sanitaria individual y gestionan sus movimientos a través de una
herramienta común y, asimismo, que cada persona tenga su código único de
identificación de carácter vitalicio dentro de nuestro sistema sanitario
nacional, al que se encuentra asociado un código de identificación
personal autónomo, lo que facilitará su identificación segura en todo el
Sistema Nacional de Salud. La asignación de este código único y vitalicio
para cada persona es requisito imprescindible para el desarrollo del
intercambio de información clínica y de receta electrónica dentro del
Sistema Nacional de Salud. Actualmente, los 44,5 millones de españoles
disponen de este código de identificación. Todo ello dentro de la
estrategia de renovación progresiva y habitual sin mayor coste para el
sistema.

Además, este código debe integrarse en el proyecto europeo
de interoperabilidad de la información clínica para la adecuada
implantación de la tarjeta sanitaria europea y para la circulación de los
pacientes dentro de la Unión Europea. La realidad actual es que cada
comunidad autónoma tiene un modelo de

tarjeta sanitaria que no es reconocida por los sistemas
asistenciales e informáticos de las demás comunidades autónomas. En
muchos casos, este hecho supone más burocracia, lo que obliga a los
ciudadanos desplazados temporalmente a seguir trámites administrativos y,
en definitiva, a grandes molestias perfectamente evitables. Los
ciudadanos no entienden —y estoy de acuerdo con ellos— estas
trabas asistenciales sanitarias que financia con sus propios impuestos.

Las nuevas tecnologías nos ayudarán, no solo a la
transformación de las políticas estatales de salud pública, sino también
a garantizar la calidad de la asistencia sanitaria buscando la máxima
eficiencia y la seguridad del paciente. Con e-Salud conseguimos que todos
los españoles cuenten con una tarjeta que les permita acceder a todo el
sistema sanitario o a la prestación farmacéutica en cualquier parte de la
geografía española. Además, e-Salud hará posible la generalización de la
historia clínica digital y el uso de la receta electrónica, así como la
utilización intensiva de la telemedicina y la incorporación de mejoras y
garantías de la continuidad asistencial. Ahora se trata de recuperar el
tiempo perdido y de tener una tarjeta sanitaria con un identificador
vitalicio, que sea válida para todo el sistema nacional de salud, que
esté integrada en el proyecto europeo de interoperabilidad de la
información clínica y que permita la adecuada implantación de la tarjeta
sanitaria europea para la circulación de pacientes dentro de la Unión
Europea.

El objetivo de esta ponencia de estudio en pro de la
seguridad de nuestros pacientes y de la búsqueda de la máxima eficiencia
es conseguir aglutinar en la misma historia clínica, a través de e-Salud,
la información de la asistencia tanto en el ámbito de la salud pública
como en el de la privada, y de todos los medicamentos administrados,
tanto los prescritos como los de libre dispensación o de mostrador. El
objetivo, tal como figura en el petitum, es instar el establecimiento de
un sistema de intercambio y colaboración entre las comunidades autónomas
en el desarrollo e implantación de soluciones innovadoras para la mejora
de la gestión de los servicios sanitarios y para la eficiencia del
sistema sanitario. La ponencia de estudio sobre el presente y futuro de
e-Salud plantea una revisión de la situación, la detección de sinergias,
la identificación de ámbitos y la posibilidad de colaboración entre
comunidades autónomas, con el propósito de canalizar soluciones comunes
para todos. La ponencia establecerá los objetivos de identificación común
a través de la normalización del contenido de la tarjeta sanitaria en el
ámbito del Sistema Nacional de Salud, de desarrollo de la historia
clínica interoperable, así como de la receta electrónica interoperable.
Este planteamiento está plenamente alineado con el objetivo del programa
llamado Sanidad en Línea II, en el que se encuentran trabajando el
Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas a través de Red.es.

La ponencia permitirá a la Comisión de Sanidad y Servicios
Sociales dar traslado al Gobierno de un informe, en un plazo máximo de
doce meses desde su creación, con las recomendaciones y conclusiones para
su implementación, que se tratarán con las comunidades autónomas en la
reunión del Consejo Interterritorial.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo
Parlamentario Vasco tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on. Labur-labur, mahaiburu
jauna, mahaiburu jaunaren baimenarekin, bertotik defendatuko dut gure
emendakina. Emendakin hau mozioak berak bere aurrekarietan esaten
duenarekin bat dator, ez da ezer berria. Ezinezkoa da, gure ustez, mozio
honetan proposatzen diren ekimenak Europar Batasuneko osasun-sistemarekin
bat ez etortzea. Derrigorrez, derrigorrez, egiten dena egiten dela arlo
honetan, Europar Batasunari begira egin behar da, derrigorrez.
Horregatik, emendakin honekin batzar nagusi honek gai honetan europar
bidetik joateko mandatua ematen dio Osasun Batzordeari. Hori izan da gure
asmoa emendakin hau aurkezteko orduan, eta uste dugu eta espero dugu eta
nahi dugu zuen baiezkoa edukitzea.

Mila esker.

Buenos días. Voy a defender brevemente nuestra enmienda
desde mi escaño. Nuestra enmienda, con sus antecedentes, viene a decir lo
mismo que la enmienda original, porque creemos que es imposible que las
iniciativas que se proponen no concuerden con las iniciativas de la Unión
Europea. Es imprescindible que lo que se haga en este ámbito se haga con
vistas a la Unión Europea, por lo que esta enmienda

habilitaría a la Comisión de Sanidad para seguir la vía de
la Unión Europea. Eso es, al menos, lo que hemos intentado hacer.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, y para la defensa de
su enmienda, tiene la palabra el senador Lertxundi.

El señor LERTXUNDI BARAÑANO: Gracias, señor presidente.
Buenas días, senadoras y senadores.

Presenta el Grupo Parlamentario Socialista una enmienda de
sustitución a la propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado
entendiendo que, si queremos crear una ponencia en la Comisión de
Sanidad, hay temas más urgentes, más importantes desde el punto de vista
del debate democrático, que un asunto puramente técnico. Es interesante,
sin duda, disponer de una historia electrónica unificada, de la
compatibilidad de datos y de la tarjeta sanitaria modificada, de modo que
incorpore, como decía el representante del Grupo Parlamentario Vasco, la
proyección e integración en una tarjeta única europea. Me parece que esto
es interesante, pero es algo puramente técnico. No hace falta una
ponencia en el Senado; para nada, en absoluto. Es un lujo, es superfluo,
que el Senado se detenga en esto; este es un tema para los técnicos del
ministerio; es un tema para ser aprobado en el Consejo Interterritorial,
no tiene otra salida. Sin embargo en Sanidad, si quieren hacer ustedes
una ponencia, tenemos motivos de sobra para poder hacerla, para mejorar
el debate democrático.

Más de cien veces en esta Cámara, desde que empezó la X
Legislatura, ustedes y sus ministros, su partido, han negado que fueran a
poner impuestos a la enfermedad, que fuera a haber nuevos copagos o
repagos; han asegurado que no iban a limitar nunca la universalización en
la asistencia y que no iba a haber recortes en las prestaciones. La
realidad en este poquísimo espacio de tiempo es que ustedes han
convertido la sanidad en España en una mercancía; en un bien de consumo,
no en un servicio ni en un derecho ciudadano. Y esto anima a la fiel
infantería a intentar que las cosas vayan más lejos. Vean ustedes, por
ejemplo, lo que dice hoy el Círculo de Empresarios en la prensa: que hay
que ir a la gestión privada de hospitales, que el personal estatutario
debe ser cambiado por personal contratado laboral, que hay que pagar
servicios tanto sanitarios como de hostelería. Ustedes no nos han dicho
el límite, han empezado el camino, han empezado a transformar el derecho
a la salud en una prestación para asegurados; han convertido el derecho
en atención de beneficencia en otros casos, que tiene, sin duda,
exclusiones xenófobas que son inaceptables desde el punto de vista
humanitario. El enfermo en España paga más que el sano. ¿A quién se le ha
ocurrido esta genialidad? ¿Qué pasa, que es un usuario de autopistas, que
paga porque use su coche en la autopista? ¿O es que se le aplica la tasa
turística, como al que viene de vacaciones? Se está modificando por la
vía de hecho, por la vía de decreto —ni siquiera ha sido con un
proyecto de ley— la Ley General de Sanidad de 1986.

Por eso el Grupo Socialista presenta una enmienda a la
totalidad de tres puntos, que dice que se emita un informe en el plazo de
doce meses en la ponencia que se constituya para recoger los perjuicios
causados a la población española y residente en nuestro país con la
aplicación del Decreto de abril de 2012. Segundo punto, que se abra la
ponencia en audiencia pública a la ciudadanía, a través de métodos que no
tiene por qué ser presenciales —hay muchos medios electrónicos y
audiovisuales que pueden facilitarlo—, para que exprese su opinión
respecto a los recortes, los copagos y la desaparición de la
universalidad del servicio. Y, como tercer punto, se solicita a las
comunidades autónomas su opinión sobre los recortes y cómo afecta esto a
su capacidad competencial en razón de la política sanitaria que, como
ustedes saben, está transferida a las comunidades autónomas.

La política no es solo cifras. En materia de salud son
personas, y ustedes, con estas medidas, han disminuido claramente la
calidad de vida de nuestros ciudadanos, a cambio de muy dudosos ahorros.
Veremos el resultado final. Ustedes saben que conseguir derechos es algo
muy complicado. Es difícil, es duro, requiere mucha lucha; pero acabar
con ellos es muy sencillo: basta, como decía Günter Grass, con políticos
de hielo, con políticos que pongan al mismo nivel los recortes y los
derechos que regalar dinero a banqueros corruptos e ineficaces.

No tengan miedo en aceptar esta ponencia; no tengan miedo.
Si abrimos la Comisión de Sanidad a la ciudadanía para que nos diga lo
que piensan sobre los recortes, es muy posible que despierte la
sensibilidad que se ha podido ir apagando, y que reconduzcamos la
situación, para constituir de nuevo la sanidad en nuestro país en un
pilar básico del estado de bienestar.

Termino. Hace setenta y seis años se produjo el
levantamiento militar del dictador Franco. Recordarlo es imprescindible,
para nosotros, para nuestra generación y para la de nuestros padres; y
más en un foro político: recordar el golpe de Franco, el golpe militar y
la guerra posterior sirve para resaltar el carácter de servicio público
de la política. Cuando hacemos política nos dirigimos a personas, no
dependemos de nadie más. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, autor de la moción original, para manifestar si
acepta o no las enmiendas presentadas.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Agradezco al Grupo Parlamentario Vasco, al señor Cazalis,
su enmienda para que la tarjeta sanitaria y la historia clínica digital
no solamente sea interoperable dentro de las comunidades autónomas, sino
que tenga una proyección a nivel europeo, que al Grupo Popular le parece
muy positiva. Es una enmienda que mejora de forma importante la propuesta
de la ponencia de estudio.

De la enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario
Socialista, solo se puede decir que es infumable. Es un atentado contra
la inteligencia; no contra la mía, sino contra su propia inteligencia; es
un atentado contra el sentido común; es un atentado contra la propia
Cámara; no tiene nada que ver con lo que dice la ponencia. Si el señor
Lertxundi o el Grupo Socialista quieren hablar de un tema, el que
quieran, que presenten la moción correspondiente, la pregunta
parlamentaria o lo que quieran. Pero aquí estamos hablando de un tema muy
serio, que es la interoperabilidad de tarjeta sanitaria. No me venga,
aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, a hablar de lo que
quiera; si quiere hablar de algo, que presente la iniciativa. Y si no
están de acuerdo en que la tarjeta sanitaria, la historia clínica o la
tarjeta electrónica sean interoperables, que lo digan directamente, y
punto; pero que no se pongan a hablar de tonterías. Lo digo porque,
aunque los asuntos puedan ser muy importantes, no es el momento de hablar
de ellos. La ponencia de estudio es muy seria, y hay que hablar de lo que
se tiene que hablar. De ahí que rechacemos su enmienda; no merece la pena
que perdamos ni un segundo más de nuestro tiempo en debatirla.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Jiménez): Gracias,
señoría.

Entiende la Presidencia que acepta la enmienda del PNV y no
la del Grupo Socialista. ¿Es así, señor portavoz? (Asentimiento.)

Gracias.

Turno de portavoces. ¿Grupo Parlamentario Mixto?
(Denegaciones.)

No interviene.

Por parte del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene
la palabra el señor Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on.

El motivo de la moción es importante: está claro que no
hace falta decir lo importante que es disponer de una historia clínica a
la hora de trabajar con los pacientes, es evidente. Una historia clínica
que pueda ser transmitida de forma técnicamente adecuada e inmediata
entre los profesionales de la salud —también es muy
importante—, sin depender de las interpretaciones más o menos
afortunadas de los pacientes y sin que el profesional —a cuál de
los profesionales presentes no le ha pasado— tenga que adivinar el
tratamiento por el color de la pastilla. «La pastilla roja.—¿Y cuál
es la pastilla roja?; ¿qué tratamiento le han puesto a usted? —No
lo sé.» Pues eso es lo que hace que una atención sanitaria pueda ser
excelente, o se quede simplemente en atención sanitaria. Para esto,
vuelvo a repetir, es necesario disponer de historias clínicas completas,
actualizadas y consultables. Creo que por ahí va la intención de esta
moción. Pero tiene que ser una información que sea fácilmente
transportable, o por lo menos accesible, tanto dentro del sistema de
salud de referencia al paciente —porque también dentro del mismo
sistema de salud hay distintos niveles de atención— como entre los
sistemas de salud que hay en el Estado, y también, como pretende nuestra
enmienda, a nivel de la Unión Europea; accesible con agilidad y con
efectividad, pero siempre con altísimos niveles de protección. La
información de una historia clínica es una información muy sensible, que
no se puede tratar de cualquier manera. Es muy muy sensible y, por lo
tanto, todo lo que se haga tiene que ir siempre blindado; con diferentes
accesos a diferentes niveles, pero con todos los sistemas de protección
de que podamos disponer.

También estamos de acuerdo en la necesidad de definir un
sistema básico de intercambio de la información y en la necesidad de
unificar criterios básicos a la hora de hablar de una tarjeta de
identificación sanitaria. Y no solamente como tarjeta de identificación
sanitaria. En su momento, en la primera comparecencia de la ministra Mato
en comisión, comentamos que esta tarjeta no debía ser solamente una
tarjeta de identificación sanitaria, sino que debía ser una tarjeta con
afán de identificación sociosanitaria, porque la parte social y la parte
sanitaria se superponen en muchísimos casos, y no tiene sentido hacer una
tarjeta que sirva solamente para el tema sanitario, teniendo en cuenta
que también el sistema social se va desarrollando y va en la misma vía
que el sistema sanitario. Por lo tanto, una tarjeta que no sea de
identificación sanitaria, sino de identificación sociosanitaria. Incluso
—aunque esto es muy delicado— se podrían incluir otros
problemas y otro tipo de alarmas que tuvieran que ver con violencia de
género, etcétera; por supuesto, tendríamos que discutirlo y decidir.

En la moción se dice que se trata de recuperar el tiempo
perdido para lograr una tarjeta sanitaria válida. Por cierto, quiero
decirle al senador Lertxundi que es verdad que esta es una moción
técnica, porque habla de un sistema técnico, pero no deja de ser
política, señor Lertxundi. No deja de ser una moción política, porque hay
que tomar la decisión política de llevar adelante una iniciativa como
esta.

En Euskadi contamos en la actualidad con varios tipos de
tarjetas sanitarias, pero principalmente se utilizan dos: la tarjeta de
identificación sanitaria —una tarjeta sin ningún tipo de
información más que el número de la Seguridad Social y la fecha de
caducidad, que es la que se ponía en la bacaladera para ahorrarnos
escribir la receta— y la tarjeta ONA, que comenzó a implantar el
Gobierno vasco en 2007. El acrónimo ONA —Osasun Nortasun
Agiria—, literalmente: tarjeta de identidad sanitaria. Para cuando
se comenzó la implantación se había trabajado mucho en el diseño de la
tarjeta; no era una cosa que apareciese de la nada o por generación
espontánea. Entre 2007 y 2010 se habían invertido once millones de euros,
¡que tiene tela!; según la oposición, mal invertidos, pero de eso
hablaremos luego. Esta tarjeta estaba diseñada precisamente para dar
respuesta a lo que ahora se plantea en esta moción: una tarjeta con chip
inteligente que nos diera acceso a nuestras historias clínicas y también
acceso telemático a donde pudieran estar las historias clínicas; y no
solamente la historia escrita, también la parte correspondiente al
diagnóstico por imagen, tratamientos, etcétera. Y digo que debía estar
implantada para finales de este año, porque se paralizó. En diciembre de
2010, el representante de UPyD del Parlamento Vasco —porque ya
saben ustedes que a UPyD todo le sale gratis cada vez que gobierna—
presentó una moción para que se paralizara el desarrollo y despliegue del
sistema, aduciendo que obedecía a un capricho del PNV y a un afán de
tener un DNI vasco. Ya les he dicho que esta tarjeta era Osasun Nortasun
Agiria, tarjeta de identificación sanitaria; pero para UPyD era un DNI
vasco. Según este representante de UPyD la tarjeta ONA era un capricho
del PNV y decía textualmente: nos parece más mirar hacia el interior que
abrir los ojos hacia el resto de España o hacia Europa. Esto lo dijo en
la Comisión de Sanidad del Parlamento Vasco.

La demagogia suele ser gratis y, desgraciadamente, muy
contagiosa, porque, en ese caso, tanto el PP como el PSOE —con
responsabilidades de Gobierno en Euskadi y en otros territorios—
también estuvieron de acuerdo y se puso fin al recorrido de la tarjeta
ONA. Y no solo se puso fin al recorrido de la tarjeta, no solo se
paralizó su implantación, sino que se pidió que se destruyera lo que ya
estaba implantado. Hace año y medio; hace año y medio, a finales de 2010.
En aquel momento, señor Lertxundi —por eso digo que es una decisión
política—, el consejero de Sanidad del Gobierno vasco, Rafael
Bengoa, declaró que no hace falta tener siete tarjetas encima para
relacionarse con la sanidad o con la Administración. Ahora —decía
entonces—, el DNI y la tarjeta sanitaria de toda la vida van a
bastar para hacer todo. Hace año y medio. Y, ahora, hace unas semanas, en
el Consejo Interterritorial de Salud se nos plantea que hay que tener una
tarjeta inteligente para poder hacer todo esto que estamos diciendo que
hay que hacer, que se tenía que haber hecho en su día. En Euskadi se
tenía que haber implantado, exactamente igual que se puede implantar en
Andalucía o en Extremadura —que, aunque no estoy seguro, creo que
también van por esa vía—. Todo esto, hace año y medio.

Señorías, nosotros estamos de acuerdo en que se tome la
decisión política de apostar por las TIC en la sanidad pública; con una
salvedad: el sistema sanitario no solamente es el sistema público, es el
sistema público más el sistema privado. Por lo tanto, no podemos decidir
—y aquí hay otra decisión política— hacer una tarjeta que dé
solo servicio al sistema público, tiene que incluir el sistema privado,
como decía el ponente: también lo que se hace en el mostrador; porque, si
no, se nos van a quedar muchísimos colectivos fuera del sistema dentro
del Estado español y fuera del sistema dentro de la Unión Europea. Si
volvemos a hacer una tarjeta que solamente sirva para que la bacaladera
nos ahorre el

trabajo de escribir la receta, no vamos a ninguna parte.
Tarde o temprano, aunque ahora no lo parezca, la Unión Europea se
desarrollará en esas líneas, y la parte social de la Unión Europea tiene
mucho peso y mucha importancia. De modo que diseñar y tener preparada, no
una tarjeta —porque cada comunidad, como han señalado, tiene su
propio sistema—, sino un sistema que permita la interoperabilidad
dentro del Estado y con Europa es esencial. En esta canción, con esta
letra, señorías del Partido Popular, el PNV se mete en el coro:
cantaremos. También es cierto que si, aprovechando que el Pisuerga pasa
por Valladolid —como usted ha dicho—, de lo que se trata es
de cercenar competencias que a la Comunidad Autónoma del País Vasco o la
Comunidad Foral de Navarra en materia sanitaria, entonces no cantaremos,
vamos a desafinar, seguro, o nos saldremos del coro.

Por lo tanto, si es para trabajar, cuenten con nosotros,
cuenten con la experiencia que podamos aportar —no sé si la
experiencia la van a considerar necesaria, porque hay experiencias mucho
más desarrolladas—, pero estaremos en ello, aportaremos, ayudaremos
siempre que sea por la vía de mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos en el Estado, en Europa y donde haga falta.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por parte del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya, tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gràcies, senyor president. Bon
dia, senyories. Seré molt breu.

En primer lloc he de dir, i estic d’acord amb el
ponent del Grup Socialista amb què em va sorprendre una mica la moció,
que realment jo sí que crec que és una ponència bastant tècnica. Tècnica,
i deixin-me que els expliqui per què. En el fons, perquè les diferents
targetes de les diferents Comunitats Autònomes es puguin parlar entre
elles i, per tant, puguem tenir una història amb comú, necessitem
bàsicament, jo crec, tres coses, o quatre. Una és la voluntat i la
comunicació entre comunitats autònomes i per part del Govern de
l’Estat per tirar endavant el projecte; i això, tal com recull la
moció i com s’ha parlat abans, s’ha acordat ja en un Consell
Interterritorial, i, per tant, aquesta voluntat ja hi és. D’altra
banda, necessitem inversió econòmica, perquè no s’enganyin: això
val diners; invertir en noves tecnologies en val, i en val molts. Estic
d’acord que és absolutament necessari i més en sanitat, perquè si
no avancem amb tecnologia en sanitat difícilment podrà avançar la sanitat
al nostre país. Per tant, necessitem invertir diners, en un moment molt
complex i en un moment en què precisament en sanitat s’estan
retallant moltíssim els pressupostos. I per l’altra banda,
necessitem tècnics amb salut, enginyers, informàtics que ens expliquin
com ho podem fer exactament perquè aquestes diferents targetes, aquestes
diferents llengües, interoperin; quin és el traductor. Deixin-me que ho
digui més planerament: quin és el google que uneix aquesta recerca de
targetes? I ho dic així perquè va ser com es va resoldre la història
clínica a Catalunya, que ja està funcionant des de l’any 2008 i que
en aquests moments té una implantació altíssima. I, per evitar
desinversions, és a dir, per garantir que tot el que havien invertit les
diferents entitats en història clínica a Catalunya, per fer que aquests
diners que el ciutadà ja havia gastat no fossin balders, el que es va fer
és inventar una espècie de, deixin-me tornar-ho a dir, google, que el que
feia era, quan posaves el nom del pacient, reconeixia totes les històries
que aquest pacient tenia. Això ha funcionat molt bé a Catalunya, i segur
que és una de les coses que s’ha explicat per poder treballar amb
les altres comunitats autònomes. Per tant, deixin-me que digui,
senyories, que sí, que realment em sembla molt tècnica aquesta ponència.
Tot i així, sempre estarem d’acord amb avançar i amb la
interoperabilitat i, per tant, no ens oposarem a aquesta moció.

Però potser perquè ens fan mal les retallades, i potser
perquè no ens podem oblidar d’allò que està passant, de vegades ens
sembla que el Partit Popular, estenent la mà amb una moció amb què ens
podríem sentir confortables i a la qual difícilment ens podríem posar en
contra, el que vol és posar una cortina de fum a allò que realment està
passant en aquest país amb la sanitat, que ens agradi o no, continua
passant. Continuem tenint alguns usuaris amb menys drets, continuem
tenint el primer gir copernicà que hem tingut a la història perdent drets
que aplicava la Llei General de Sanitat de 1986, estem passant-nos un
sistema de beneficència, estem fent un sistema dual, estem creant una
societat més desigual. Parlarem si és rebuda o no, però estem aquí i, per
tant, això vol dir que quan vostès ens estenen la mà amb una moció com
aquesta ens fa sentir incòmodes. I per aquest motiu el grup de
l’Entesa senzillament s’abstindrà a la moció.

També vull afegir una cosa. Quan ha explicat la moció ha
aconseguit generar dubtes, i els dubtes que m’ha generat han estat
que, d’una banda, no he entès si hem de fer una targeta nova o hem
de fer

interoperables les targetes que ja existeixen. Tampoc he
acabat d’entendre, d’altra banda, per què és tan necessari
que hi consti tot l’historial públic i tot l’historial
privat, perquè posats a fer llavors també hi pot constar tot
l’historial mèdic que la gent utilitza amb medecines alternatives,
acupuntura i altres. I per què hi ha de constar tantes coses? Per tant,
potser sí que cal la ponència d’estudi, perquè potser no tenim els
mateixos punts en comú. El que sí crec és que seria bo que no tardéssim
un any en entregar aquest informe al ministeri, perquè si ja s’ha
aprovat al Consell Interterritorial, un any és temps que perdrem, o que
ens endarrerirem davant els nostres ciutadans. I també m’agradaria
dir que quan vostè ha dit, i cito textualment: «per guanyar el temps
perdut»; jo crec que el temps a la Comunitat Autònoma de Catalunya, si
més no, no l’hem perdut, i crec que en moltes altres comunitats no
s’ha perdut. No hem d’oblidar que les competències en sanitat
estan transferides a les Comunitats Autònomes, i que aquest tema depèn
pròpiament de sanitat. Ara bé, si hi ha la voluntat del Govern i de totes
les Comunitats que ens ajuden a coordinar-ho, ho tirarem endavant.

No m’allargaré. Si en tot cas volen crear una
ponència d’estudi per millorar els mecanismes de coordinació,
nosaltres no ens hi oposarem, però això no farà que ens cansem de dir que
no estem d’acord amb la política sanitària que estan duent a terme,
que no estem d’acord amb els copagaments, que no estem
d’acord que els pensionistes per primera vegada a la història
estiguin pagant i que no estem d’acord amb moltes altres coses que
estan fent, ja sigui amb la dependència, amb l’educació o amb la
cultura.

Per acabar, senyories, només dir que tot i que el nostre
partit s’abstindrà en la votació, ens hauria agradat que la
ponència que presentés el Grup del Partit Popular fos alguna cosa molt
més operativa.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Seré muy
breve.

Estoy de acuerdo con el ponente del Grupo Socialista: me
sorprendió la moción, porque la ponencia es bastante técnica, y déjenme
explicarles por qué. En el fondo, para que las tarjetas de las distintas
comunidades autónomas puedan hablar entre ellas y, por lo tanto, podamos
tener una historia común, necesitamos básicamente tres o cuatro cosas. En
primer lugar, voluntad y comunicación entre comunidades autónomas y por
parte del Gobierno del Estado para sacar adelante el proyecto. Y, tal
como recoge la moción, se ha acordado en una sesión del Consejo
Interterritorial, y por tanto la voluntad existe. Por otro lado,
necesitamos inversión económica, porque, no se engañen: esto vale dinero;
invertir en nuevas tecnologías cuesta mucho dinero; y estoy de acuerdo en
que es absolutamente necesario, más en sanidad, porque si no avanzamos en
tecnología difícilmente podrá avanzar la sanidad en nuestro país. Por lo
tanto, necesitamos invertir dinero en un momento muy complejo y en un
momento en el que precisamente se están recortando mucho los presupuestos
de sanidad. Por otro lado, necesitamos técnicos en salud, ingenieros
informáticos, que nos expliquen cómo podemos hacerlo, cuál es el
traductor de estas tarjetas distintas, de estas lenguas distintas
lenguas, cuál es el google —dicho de de manera coloquial— que
une esta búsqueda de tarjetas. Y lo digo así porque es como se resolvió
la historia clínica en Cataluña, que funciona desde el año 2008, y que en
estos momentos tiene una implantación altísima. Y, para evitar
desinversiones, para garantizar el rendimiento de todo lo que habían
invertido las distintas entidades con historia clínica en Cataluña, para
garantizar el rendimiento del dinero que el ciudadano había gastado ya,
lo que se hizo fue inventar una especie de google que, cuando se le
introducía el nombre del paciente, reconocía todas las historias que este
paciente tenía. Este hecho ha funcionado muy bien en Cataluña y
seguramente es uno de los modelos que se ha explicado para poder trabajar
en otras comunidades autónomas. Por lo tanto, sí, me parece muy técnica
esta ponencia. A pesar de ello, siempre estaremos de acuerdo en avanzar
en la interoperabilidad y, por tanto, no nos vamos a oponer a esta
moción.

Pero quizás porque nos duelen los recortes y porque no nos
podemos olvidar de lo que está sucediendo, a veces nos parece que el
Partido Popular, tendiendo la mano con una moción con la que nos
podríamos sentir cómodos y a la que difícilmente nos podríamos oponer, lo
que quiere es lanzar una cortina de humo a lo que realmente está
sucediendo en este país en la sanidad, que, nos guste o no, continúa
sucediendo. Algunos usuarios tenemos menos derechos; es el primer giro
copernicano de nuestra historia, con pérdida de derechos de la Ley de
Sanidad de 1986; se está creando un sistema dual, una sociedad más
desigual. Hablaremos sobre si se debe tener o no, para eso estamos aquí.
Pero lo que quiero decir es que, cuando ustedes nos tienden la mano con
una moción como esta, nos sentimos incómodos. Por este motivo, el grupo
de Entesa sencillamente se abstendrá en la votación de la moción.

Por último, su explicación de la moción me ha dejado
algunas dudas. No he entendido si debemos hacer una tarjeta nueva o
debemos hacer interoperables las tarjetas que ya existen. Tampoco he
terminado de entender por qué es tan necesario que conste todo el
historial público y todo el historial privado; ya puestos, podría constar
también todo el historial médico que la gente utiliza en medicinas
alternativas, acupuntura, etcétera. ¿Por qué deben constar tantas cosas?
Aquí sí cabe la ponencia de estudio, porque quizá no tengamos los mismos
puntos de vista. Lo que sí creo es que sería bueno que no tardáramos un
año en entregar este informe al ministerio. Si ya se ha aprobado en el
Consejo Interterritorial, un año hace que la labor sea lenta ante
nuestros ciudadanos. Por otra parte, ha dicho usted textualmente «para
ganar el tiempo perdido». Y en la Comunidad Autónoma de Cataluña y en
muchas otras comunidades no se ha perdido el tiempo. No hay que olvidar
que las competencias en sanidad están transferidas a las comunidades
autónomas, y si la voluntad del Gobierno de todas las comunidades es
coordinar este asunto, todos vamos a contribuir a que salga adelante.

No me voy a alargar. Si quieren crear una ponencia de
estudio para mejorar los mecanismos, no nos vamos a oponer. Pero no vamos
a dejar de decir que no estamos de acuerdo en la política sanitaria que
están realizando, que no estamos de acuerdo con los copagos, que no
estamos de acuerdo con que los pensionistas, por primera vez en la
historia, estén pagando, y que no estamos de acuerdo con muchos otros
aspectos que se están llevando a cabo, ya sea en dependencia, educación o
cultura.

Por fin, aunque mi grupo se abstendrá en la votación, nos
hubiera gustado que la ponencia que presentara el PP fuera mucho más
operativa.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Gràcies senyor president. Molt bon
dia senyories.

Bé, una breu intervenció per explicar el nostre
posicionament respecte a la moció presentada per el Grup Parlamentari
Popular al Senat. En primer lloc informar-los que donarem suport a la
seva proposta perquè el nostre posicionament és favorable respecta al què
proposen a la part dispositiva de la moció.

Al contrari del què pensen els socialistes, nosaltres
creiem que la creació d’una ponència d’estudi permetrà
analitzar altres experiències, descobrir les oportunitats que les TIC
poden oferir al sistema i, en definitiva, enriquir els nostres
coneixements per tal de definir un bon model per a tots els sistemes de
salut que coexisteixen a l’Estat espanyol. En realitat són aspectes
tècnics, és veritat, però són aspectes tècnics que poden afavorir
clarament la definició de decisions polítiques, i per tant en aquest
sentit nosaltres recolzem que es creï aquesta ponència
d’estudi.Vostès proposen treballar en una ponència d’estudi
per a la millora del sistema actual i en benefici de la ciutadania, i per
tant nosaltres en volem ser part activa. A més, amb la creació
d’aquesta ponència, també els he de dir que per fi, per primera
vegada en aquesta legislatura, la resta de grups que formen part del
Senat, podrem participar realment en el debat respecta d’una mesura
que vol prendre l’Executiu central en l’àmbit de la Sanitat,
perquè els recordo que del reial decret de sanitat aquí ni em varem poder
parlar, hi hagut alguna moció al respecte, però no s’ha pogut
treballar, i per tant ens il·lusiona almenys veure un canvi
d’actitud de la seva part. Esperem, en aquest sentit, que les
nostres inquietuds, necessitats i voluntat, siguin escoltades, però al
mateix temps respectades. Per tant, com ja els ha anunciat, votarem a
favor de la seva moció.

Ara bé, voldria traslladar-los el nostre posicionament
respecte al que expressen en la part expositiva de la moció i de la qual
no en compartim la totalitat del seu contingut. Estem absolutament
d’acord amb els beneficis que aporta per els ciutadans la
interoperabilitat entre els diferents sistemes de salut de les Comunitats
Autònomes, però també amb la resta de sistemes existents a Europa, i per
tant, ens agrada que hagin acceptat l’esmena del PNV. I no sols des
d’un punt de vista administratiu o burocràtic, que també, sinó
especialment per els beneficis des d’un punt de vista mèdic. Per
tant, estem d’acord que amb termes de gestió aquesta
ineroperabilitat millorarà l’eficàcia de l’assitència
sanitària i tindrà una influència en la qualitat de la vida dels nostres
ciutadans.

Però dit això, i expressada la nostra voluntat en treballar
per a la creació d’aquest sistema d’intercanvi i
col·laboració entre Comunitats Autònomes i el Ministeri, nosaltres
apostem, en la línia del que fa Europa, per a l’interoperabilitat
de diferents sistemes i no per a la imposició d’un sistema únic per
a tot l’Estat. Com ja ho avançaven els companys, nosaltres no
compartim la opinió de que fins ara s’ha perdut el temps. A
Catalunya, a diferència de la majoria de comunitats autònomes, anem molt
avançats en inversions en

l’àmbit de l’aplicació de les TIC. I la creació
d’aditius únics suposaria un retrocés i una limitació a la
capacitat de desplegar moltes de les nostres iniciatives planificades.
Hem fet un esforç important en la implantació de la història clínica
compartida. Actualment tenim 5 000 metges connectats i 4 milions de
documents disponibles que podrien estar a l’abast del Sistema
Nacional de Salut si s’optés per un model
d’interoperabilitat. Han de respectar els avenços que hem fet des
de Catalunya. I entendre que compten amb un model sanitari propi i
diferenciat. Imposar un sistema únic i central, creat a la mida
d’altres models sanitaris que no han fet els deures al llarg dels
darrers anys, creiem que anirà en detriment dels nostres ciutadans, i
això és el què volem evitar.

Bé, per últim dues reflexions: respecte a la carpeta
personal de salut, és a dir la informació a l’abast de
l’usuari, dir-los que no estem d’acord en que l’accés a
aquesta informació es faci mitjançant el portal del ministeri, que sembla
que és el que interessaria. I defensarem que es continuï fent des de la
nostra plataforma. I respecte a la normalització del format de la targeta
sanitària, ens feia una explicació tècnica del funcionament i dels codis,
és veritat, però tots aquests canvis no han d’anar necessàriament
lligats a l’ imatge de la targeta. Simplement hem d’estar
interconnectats: sanitat pública, sanitat privada, comunitats autònomes y
Europa. Per tant, tot això vol dir buscar solucions tècniques per la
interconnexió, i per tant no ha d’anar necessariament vinculat a un
tema d’imatge. Per tant, no estem d’acord amb la unificació
dels aspectes d’imatge visual que van proposar en el Consell
Interterritorial del mes de febrer, com comentaven. Però a més creiem que
ara, en un moment en què es demana als ciutadans un esforç per ajudar a
reduir el dèficit de l’Estat, no és el moment per afrontar aquest
cost econòmic que suposaria el llançament de la nova tarja amb aquesta
nova imatge.

Per tant, fetes totes aquestes reflexions, i anunciat el
nostre vot a favor de la moció, sí que és veritat que voldríem avisar-los
que estarem molt amatents als canvis que proposin. En qualsevol cas el
nostre gran objectiu és protegir el nostre model, la nostra identitat,i
molt especialment els drets dels nostres usuaris.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente. Muy buenos días, señorías.

Voy a intervenir brevemente para explicar nuestra posición
sobre la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado. En primer lugar, les informo de que daremos nuestro apoyo a su
propuesta, ya que nuestra posición es favorable a lo que propone la parte
dispositiva de la moción.

Al contrario de lo que piensan los socialistas, nosotros
creemos que la creación de una ponencia de estudio permitirá analizar
otras experiencias, descubrir las oportunidades que pueden ofrecer al
sistema, y, en definitiva, enriquecer nuestros conocimientos para definir
un buen modelo para todos los sistemas de salud que coexisten en el
Estado español. En realidad, son aspectos técnicos, es cierto; pero son
aspectos técnicos que pueden favorecer la definición de decisiones
políticas. Por tanto, damos nuestro apoyo a la creación de esta ponencia
de estudio. Ustedes proponen trabajar en una ponencia de estudio para la
mejora del sistema actual y en beneficio de la ciudadanía, y nosotros
queremos ser parte activa de ello. Además, con la creación de esta
ponencia, por primera vez en esta legislatura, los demás grupos que
formamos parte del Senado podrán participar realmente en el debate sobre
una medida que quiere tomar el Ejecutivo central en el ámbito de la
sanidad; porque les recuerdo que sobre el real decreto de sanidad no
pudimos hablar, hubo alguna moción, pero no se pudo trabajar en ello. Por
tanto, nos ilusiona ver como mínimo un cambio de actitud por su parte.
Esperamos que nuestras inquietudes, necesidades y voluntad sean
escuchadas pero, al mismo tiempo, respetadas. Por tanto, como ya he
anunciado, votaremos a favor de su moción.

Ahora bien, no compartimos totalmente el contenido de la
parte expositiva de la moción. Estamos absolutamente de acuerdo en que la
interoperabilidad entre los diferentes sistemas de salud de las
comunidades autónomas aporta beneficios a los ciudadanos, pero también es
necesaria la interoperabilidad con los sistemas que existe en Europa. Por
tanto, nos gusta que hayan aceptado la enmienda del PNV. Y no solo por
los beneficios que aportará desde un punto de vista administrativo o
burocrático, que también; sino especialmente por los beneficios que
aportará desde un punto de vista médico. Estamos de acuerdo en que, en
términos de gestión, la interoperabilidad mejorará la eficacia de la
asistencia sanitaria y tendrá influencia en la calidad de vida de
nuestros ciudadanos.

Pero dicho esto, y expresada nuestra voluntad para trabajar
en la creación de este sistema de intercambio y colaboración entre
comunidades autónomas y el ministerio, nosotros apostamos, en la línea de
lo que hace Europa, por la interoperabilidad de diferentes sistemas y no
por la imposición de un

sistema único para todo el Estado. Como ya avanzaban los
compañeros, no compartimos la opinión de que hasta ahora se ha perdido
tiempo. En Cataluña, a diferencia de la mayoría de comunidades autónomas,
vamos muy avanzados en inversiones en el ámbito de aplicación de las TIC.
La aplicación de aditivos únicos supondría un retroceso en la limitación
a la capacidad de desplegar muchas de nuestras iniciativas planificadas.
Hemos hecho un esfuerzo importante en la implantación de la historia
clínica compartida. Actualmente tenemos 5000 médicos conectados y 4
millones de documentos disponibles que podrían estar al alcance del
Sistema Nacional de Salud si se optase por un sistema de
interoperabilidad. Han de respetar los avances que se han hecho desde
Cataluña y entender que contamos con un modelo sanitario propio y
diferenciado. Imponer un sistema único y central creado a medida de otros
modelos sanitarios que no han hecho los deberes a lo largo de los últimos
años irá en detrimento de nuestros ciudadanos, pero esto es lo que
queremos evitar.

Por último, haré dos reflexiones. Con respecto a la carpeta
personal de salud, es decir, la información al alcance del usuario, he de
decir que no estamos de acuerdo en que el acceso a esta información se
haga a través del portal del ministerio, que parece que es lo que
interesaría. Nosotros defenderemos que se continúe haciendo desde nuestra
plataforma. Con respecto a la normalización del formato de la tarjeta
sanitaria, nos daba una explicación técnica sobre el funcionamiento de
los códigos, y es cierto, pero todos estos cambios no tienen que ir
vinculados necesariamente a la imagen de la tarjeta. Simplemente tenemos
que estar interconectados sanidad pública, sanidad privada, comunidades
autónomas y Europa. Por tanto, todo ello significa buscar soluciones
técnicas para la interconexión y necesariamente no tiene por qué estar
vinculado a un tema de imagen. No estamos, pues, de acuerdo en la
unificación de los aspectos de imagen visual que propusieron en el
Consejo Interterritorial celebrado en el mes de febrero que hemos
comentado. Pero, además, ahora, cuando se les está pidiendo a los
ciudadanos que hagan un esfuerzo para ayudar a reducir el déficit del
Estado, no es el momento para afrontar el coste económico que supondría
el lanzamiento de esa tarjeta con esta nueva imagen.

Por tanto, hechas todas estas reflexiones y anunciado
nuestro voto favorable a la moción, queremos advertirles de que estaremos
muy atentos a los cambios que propongan. En cualquier caso nuestro
objetivo es proteger nuestro modelo, nuestra identidad y muy
especialmente los derechos de nuestros usuarios.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el
senador señor Lertxundi.

El señor LERTXUNDI BARAÑANO: Gracias, señor presidente.
Quiero exponer muy brevemente tres temas desde el escaño.

Primer tema. Insisto en que se trata de crear una ponencia
cuyo objetivo es puramente técnico. La decisión política ha sido ya
adoptada en el Consejo Interterritorial. Técnicos y posibilidades de
consulta suficientes tiene el ministerio sin que esto signifique un
trabajo propio del Senado. El Senado tiene que trabajar el debate
político, el debate parlamentario, y tiene que encontrar puntos de
acuerdo sobre cuestiones mucho más de fondo que esta. Por tanto, esto me
parece realmente innecesario y además puede significar un derroche de
medios en nuestro trabajo. Aun así, no entiendo que sea negativo y, por
tanto, nuestro grupo se abstendrá en la votación ya que no lo valora
positivamente.

Segundo tema. Señores senadores del Grupo Parlamentario
Popular y de otros grupos: gracias a todos por sus intervenciones, pero
quiero decirles que cada vez que hablemos de sanidad en esta Cámara, este
portavoz hablará de los recortes; cada vez, sea cual sea el tema
vinculado con la sanidad que ustedes quieran presentar. Esta situación no
está normalizada en nuestro país porque ustedes han impuesto por real
decreto una serie de cuestiones que modifican el Sistema de Nacional de
Salud de arriba abajo, pero no van a tener la oportunidad de no
escucharme porque van a tenerme que escuchar siempre hablar de los
recortes.

Tercer tema. La agresividad del señor Aguirre, que se la
guarde; no me inmuta. Este señor es un atentado a la honradez de los
políticos. Desde que hizo aquella declaración de: ahora, que han pasado
las elecciones, se puede decir la verdad, yo le exigí en esta Cámara
rectificación. Mientras tanto no lo considero ni siquiera un
interlocutor.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Cierra el debate el representante del Grupo Popular,
senador Aguirre.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Paso a contestar a las intervenciones de mis compañeros
senadores.

Por supuesto, las recomendaciones y conclusiones —y
esto va para todos— que saque la ponencia no serán lo que yo haya
dicho o vosotros hayais dicho. Vendrán técnicos, vendrá gente cualificada
y entre todos intentaremos hacer las mejores recomendaciones, las mejores
conclusiones, dentro de un espíritu de consenso entre todos los grupos
políticos. Esa es la razón de ser de una ponencia. He trabajado otros
años en otras ponencias y muchos de vosotros también habeis estado en
otras, y todos sabemos que uno no va con la idea prefijada de lo que va a
ser, sino que emana directamente de la información que recibimos de los
diferentes técnicos, gente muy cualificada y que conoce muy bien los
sectores afectados o la cuestión a tratar, como en este caso específico
sobre técnicas de información y comunicación en materia de salud. ¿Hasta
dónde llegaremos? Hasta donde queramos llegar, hasta donde entre todos
queramos llegar; eso lo tenemos claro.

Senador Cazalis, si entre todos lo decidimos así, y creo
que por ahí va la tendencia, la tarjeta será sociosanitaria. La del
ministerio, la de la mayoría de las consejerías de las comunidades
autónomas son sociosanitarias. ¿Pública o privada? Evidentemente, la
tarjeta es del paciente —ese es el concepto—, no es de la
administración. Y el paciente tiene derecho a tener toda su información,
pública y privada, como demostrador de medicamentos prescritos, en su
tarjeta sanitaria, y además interoperable. No es que haya que quitar las
tarjetas; al contrario, hay que hacerlas interoperables, manteniendo la
singularidad de cada una. Ese es mi criterio, pero será lo que nosotros
aprobemos en las conclusiones y recomendaciones, después de haber
trabajado durante un año en este tema específico de la ponencia.

Senadora Almiñana, naturalmente, con las nuevas tecnologías
al principio hay que invertir, pero está claro que, bien aplicadas, como
en este caso específico, resultan eficientes. Por ejemplo, evitamos
duplicidades. Si uno va a la iniciativa privada y le hacen una resonancia
o un TAC, si queda en su historia clínica, se puede ver en la sanidad
pública y ahorrarse análisis clínicos, por supuesto, va en beneficio del
paciente: evitamos alergias, interacciones medicamentosas, duplicidad de
tratamientos, etcétera. Utilizamos el sentido común, que es lo que no
hemos hecho durante todos estos años con 17 tarjetas totalmente
diferentes. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

No es ninguna cortina de humo. Con las medidas que el
Gobierno ha adoptado desde el punto de vista sanitario no necesita
cortinas de humo; el Gobierno va a pecho abierto, porque son una forma de
garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario. Por tanto, no
es necesaria ninguna una cortina de humo.

La senadora Cunyat habla de los aspectos técnicos que
necesite la cohesión. Habrá que utilizar aspectos técnicos, por supuesto,
pero siempre manteniendo la cohesión política. Es muy importante llegar a
puntos políticos para la implementación de los temas técnicos. Tenemos
que respetar el hecho de que si una comunidad autónoma, como la vuestra o
la nuestra, ha mejorado algo, lo importante, por solidaridad, es
extenderlo al resto de las comunidades autónomas. No hay que cercenarlo,
sino implementarlo. Se trata de mejorar en beneficio de los ciudadanos,
que son nuestra razón de ser como políticos; siempre mirándolos a los
ojos y velando por sus intereses. De ahí la importancia de la
interoperabilidad, lo cual no significa que sean tarjetas nuevas, sino
interoperables.

En relación al señor Lertxundi, vuelve la burra al trigo.
Por supuesto, no ofende el que quiere sino el que puede. Ni entro
siquiera en ello pues muchas veces, como dice mi mujer, es mejor el
látigo de la indeferencia. Ante palabras necias, oídos sordos. A veces lo
mejor es no entrar al trapo. (Aplausos.)

Sí le digo que, lógicamente, yo pienso que esta cuestión es
suficientemente seria para debatirla en el seno de la ponencia. Si se
quieren debatir otros temas sanitarios específicos, más técnicos o menos,
más políticos o menos, es cuestión de que usted o su grupo parlamentario
haga las propuestas oportunas para que se debatan en esta Cámara, como
siempre ha pasado. Es decir, al hablar de unas cosas, no tenemos que
dejar de hablar de otras. Usted puede hablar de lo que quiera, como si
quiere hacerlo del sexo de los ángeles, yo me centro en lo que yo llevo,
que es la ponencia de estudio.

En definitiva, como he dicho antes, de verdad que espero
que esta ponencia de estudio les sirva a los profesionales para tener el
máximo de información a la hora de tomar la mejor decisión mirando
siempre al paciente y sirva también a la Administración. ¿Por qué? Porque
debe ser eficiente a la hora de utilizar los recursos de la propia
Administración. Lo importante es que sirva a toda la sociedad porque para
nosotros, los médicos, los pacientes son nuestra razón de ser y para
nosotros, como políticos, los usuarios y ciudadanos son también nuestra
razón de ser.

Muchas gracias a todos. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aguirre.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas. (Rumores.)

Silencio, por favor.

Señorías, vamos a votar la moción del Grupo Parlamentario
Popular con la incorporación de la enmienda aceptada del Grupo
Parlamentario Vasco.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 248; a favor, 176; en contra, 1; abstenciones, 71.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

6.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR
DETERMINADAS MEDIDAS PARA PALIAR LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LOS INCENDIOS
FORESTALES QUE HAN AFECTADO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES AUTÓNOMAS
DURANTE EL AÑO 2012, EN ESPECIAL A LA COMUNITAT VALENCIANA.
(Votaciones)

(Núm. exp. 662/000030)

AUTOR: GPP

El señor PRESIDENTE: Señorías, se ha presentado ya la
propuesta de modificación correspondiente a la moción anterior sobre los
incendios, que ha sido firmada por todos los grupos parlamentarios.

¿Se puede entender aceptada por asentimiento?
(Asentimiento.)

Muchas gracias.

Queda aceptada. (Aplausos.)

6.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE NO LLEVE
A CABO NINGUNA SUBIDA DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA).

(Núm. exp. 662/000029)

AUTOR: GPS

El señor PRESIDENTE: Punto 6.3: Moción del Grupo
Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a que no lleve a
cabo ninguna subida del Impuesto sobre el Valor Añadido.

A esta moción no se han presentado enmiendas.

Para la defensa de la moción tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Socialista y por tiempo de quince minutos, el senador
Lerma. (Rumores.)

El señor LERMA BLASCO: Gracias, señor presidente.

Señorías, obviamente esta moción estaba presentada antes
del pasado viernes y también de la intervención del presidente del
Gobierno. (Continúan los rumores.) En cualquier caso sigue teniendo
claramente…

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.

El señor LERMA BLASCO: Como digo, sigue teniendo claramente
sentido. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
Presidencia.)

En cuanto a las cuestiones que llevaron al Partido Popular
oponerse regularmente a los intentos de subida del IVA, parece que estas
están bastante claras. Doctrinalmente es evidente que la subida del IVA,
y más del volumen… (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio,
señorías.

El señor LERMA BLASCO: Creo, señorías, que el tema es lo
bastante relevante como para que, por lo menos, me dejen ustedes hablar
si no quieren prestar atención.

Desde el punto de vista doctrinal parece que están bastante
claras las razones que llevaban al Partido Popular a oponerse
tradicionalmente a la subida del IVA desde el principio de su Gobierno, e
incluso antes, en su programa electoral y en las ocasiones en que el
Partido Socialista intentó llevarlo a cabo. Por un lado es evidente que
conlleva el riesgo de subir la inflación, aunque no parece que en este
momento

exista ese riesgo, porque más bien, si excluimos los costes
de la energía, probablemente podríamos estar ante una deflación. Es
evidente también que algunos de los temas que ellos planteaban son
ciertos, como, por ejemplo, que una subida del IVA en medio de una
depresión como en la que estamos, no solo contribuye a aumentarla, sino
que simultáneamente puede hacer también que baje la recaudación, que es
el propósito declarado. Y por último, y mucho más importante,
probablemente es que la subida del IVA reparte injustamente los
impuestos, porque obviamente los pagan todos, y mucho más quienes tienen
más propensión al consumo, que son la gente con menores niveles de renta.
Por tanto, parece que los motivos por los cuales el Partido Popular se
oponía sistemáticamente a la subida del IVA siguen existiendo.
(Rumores.)

Pero hay otros motivos, y ya lo dijo una y otra vez el
presidente del Gobierno…

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Un momento, señor
orador.

Señorías, por favor, guarden silencio, porque es imposible
escuchar lo que dice el señor Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, presidente.

Parece que dan por descontado que no vamos a triunfar, pero
quizá deberían prestar mayor atención, al menos a los argumentos. En todo
caso les agradezco los rumores, porque me animan a seguir insistiendo con
una voz probablemente más alta.

Quiero decir que, efectivamente, el ministro de Economía y
el presidente del Gobierno habían negado reiteradamente la posibilidad de
subir el IVA en esta Cámara, en el Congreso y en todas las declaraciones
posteriores, y el ministro de Economía decía expresamente, además, en la
declaración que hizo para justificar la ayuda a los bancos españoles en
el Congreso el día 26 de junio que esta sería solo específica para el
sector financiero. Es decir, que la ayuda no vinculará a un programa de
ajuste macroeconómico como ha ocurrido en el caso de otros países de la
zona euro ni habrá nuevas condiciones de política fiscal ni tampoco de
reformas estructurales. Y ayer, sin ir más lejos, volvía a repetir en
esta Cámara lo mismo, lo cual evidentemente es mentir en sede
parlamentaria. Pero en cualquier caso, no es ese el problema, sino qué ha
podido ocurrir desde entonces para que haya habido un cambio tan radical
en la posición del Gobierno de modo que los funcionarios hayan perdido
una paga extraordinaria, los parados vean reducidas sus prestaciones y
todos los ciudadanos nos aprestemos a pagar tres puntos más de IVA, en el
mejor de los casos, para que los empresarios puedan ver reducidos dos
puntos sus cotizaciones a la Seguridad Social. Pues es muy sencillo: a
medida que vamos aplicando las famosas reformas estructurales del
Gobierno cae más la actividad económica, el Gobierno deja de ingresar y
no puede reducir el déficit, como podemos observar en todas las cifras
que están saliendo. Por otro lado, es evidente que cada día nos cuesta
más financiarnos, hasta el punto de que en alguna subasta pública ya
hemos estado por encima de algún país intervenido que ha vuelto a los
mercados.

¿Es culpa esto de alguna maldición que pesa sobre España?
No, esto es culpa no de la herencia recibida, sino de la gestión que han
hecho ustedes de la situación en los seis meses que llevan de Gobierno.
No es verdad, como dijo ayer aquí el ministro de Economía, que nosotros
pagamos un 7% la financiación a diez años porque el déficit es elevado.
Eso no es verdad y el ministro de Economía lo sabe perfectamente, porque
hay países con un mayor déficit que el nuestro, con un problema de
endeudamiento mucho mayor que el nuestro —por ejemplo Gran
Bretaña— y que se financian al 2%. Esta es la realidad de los
hechos que el Partido Popular y el Gobierno se empeñan en negar.

Esto es culpa del Gobierno, que lo ha hecho tan mal que se
ha convertido en un Gobierno poco fiable, cuando ellos sistemáticamente
hablaban fundamentalmente de la confianza que se iba a recobrar incluso
antes de las elecciones, que ya estaban descontando los mercados un
triunfo del Partido Popular. Y no es nada de extrañar, porque no es algo
que estén gestionando desde que están gobernando, lo están gestionando
desde mucho antes. Primero fueron las elecciones autonómicas. El PP,
irresponsablemente, pasó a hinchar las cuentas de las comunidades
autónomas que gobernó; eso sí, que gobernó de nuevo; eso sí, ocultando
las suyas. Pero naturalmente, en ese juego de ventaja de que luego, a
continuación, lo iba a solucionar, no se dio cuenta de que no solo
estábamos jugando internamente, nos estábamos jugando nada más y nada
menos que la credibilidad de las cuentas españolas frente a los
inversores del exterior, que era fundamental para financiarnos.

Posteriormente, en las elecciones generales, desacreditó
también las cifras de déficit, que nunca, en ninguna de las peores
previsiones que había dado ningún instituto de opinión, incluido el Banco
de España, habían pasado del 7%. Fueron declaraciones reiteradas de
diversos ministros, no responsables de su actuación, diciendo que iban a
superar el 6%, que iban a llegar al 7%, que iban a llegar al 8%, que

iban a pasar del 8%; finalmente, cerraron las cifras en el
8,4% y después llegamos hasta el 8,9%. Y esta es la realidad que hemos
vivido. Con este motivo, además, el Gobierno, cargando la situación
anterior, subió el IRPF, como ustedes conocen perfectamente. Y lo cierto
es que a continuación fueron la reforma financiera y las ayudas a la
banca, en las que el Gobierno, el ministro de Economía una vez más, el
mayor genio de las finanzas que hemos conocido hasta ahora, anunció que
debíamos aproximadamente, que nos iba a costar aproximadamente la reforma
de Bankia entre 7000 y 8000 millones de euros, quiero recordar. Creo que
actualmente vamos por 24 000 millones de euros con la persona que ha
puesto el Gobierno a dirigir la nueva Bankia.

En fin, esto, naturalmente, también implicó no solo la
desautorización de todas las estadísticas anteriores españolas —que
son absolutamente fiables, y el Partido Popular desacreditó—, sino
que, además, la resolución de los problemas financieros de España nos va
a costar presumiblemente 60 000 millones de euros, de momento, cuando no
tenía por qué ser así de ninguna manera, porque nosotros habíamos hecho
el ejercicio de transparencia más grande de todos los países europeos de
nuestro sistema bancario y a ver quién se atreve a hacer ese ejercicio de
transparencia en el resto de los países europeos que ahora nos están,
supuestamente, salvando y criticando también nuestra actuación. Y todo
esto después de desacreditar al Banco de España, después de criticar
todas nuestras estadísticas, después de superar con creces cualquier tipo
de planificación de nuestras cuentas públicas. Con estos antecedentes de
credibilidad, ¿quién piensan ustedes que nos puede creer tanto como para
prestarnos dinero a tipos de interés sostenibles? Y, ¿cómo pueden pensar
que no se pueden retirar, como han hecho sistemáticamente, todos los
inversores extranjeros, después de ver que ustedes desacreditaban
sistemáticamente las cuentas españolas y al encargado de revisarlas, como
era el Banco de España? Pues, razonablemente, lo que ha ocurrido es que
el capital exterior ha huido despavorido de la bolsa española, de la
financiación española, de la deuda española y ustedes se han tenido que
ver obligados a decir lo que ahora dicen sistemáticamente: que tienen que
hacer todo lo que no querían hacer y que han dicho que no iban a
hacer.

Lo cierto es que nosotros, los ciudadanos españoles, no
tenemos por qué pagar sus errores, pero los estamos pagando de una manera
muy brutal. Piensen ustedes, por ejemplo, qué ha pasado para que la prima
de riesgo italiana, con la misma herencia recibida, haya ido bajando
sistemáticamente, en comparación con la nuestra, y la nuestra,
sistemáticamente subiendo y, en este momento, hayamos llegado al nivel de
la prima de riesgo del señor Berlusconi. Por cierto, este parece ser su
modelo, porque, ciertamente, el único que se ha atrevido a hacer lo mismo
que ustedes han hecho con la amnistía fiscal, o la regularización, si
usted quiere, de los activos, ha sido Berlusconi en Europa y nadie más,
porque los demás saben perfectamente que para aplicar las medidas
drásticas y las subidas de impuestos que ustedes están proponiendo se
necesita tener una legitimidad social muy evidente y la legitimidad
social no se adquiere con amnistías fiscales. Por eso, nadie, nada más
que Berlusconi, se ha planteado la repatriación de la gente evasora
fiscal, que es absolutamente corrosivo para las políticas de subida de
impuestos, para las políticas de solidaridad y para el trabajo de los
funcionarios españoles. Y ahí, quiero también insistir, por cierto.

Si ustedes quieren credibilidad para aplicar las medidas
que están proponiendo —en concreto, rebajar el sueldo de los
funcionarios, quitarles la paga extraordinaria, hacerles aparecer como
vagos continuamente—, ustedes lo que tienen que hacer es
exactamente lo contrario: tienen que empezar a reconocer que quien tiene
que aplicar su política de contención del gasto y quien tiene que mejorar
el funcionamiento de las administraciones públicas es la Administración
española. Son sus funcionarios, que constituyen el elemento fundamental
de la ejecución de las políticas que ustedes tienen que aprobar y
denigrando a los funcionarios, y luego burlándose de ellos, no se mejora
en absoluto esa relación ni el funcionamiento de la Administración
pública española ni se tiene credibilidad ni legitimidad para imponer ese
tipo de planteamientos. Y si quieren credibilidad, también tendrán
ustedes que pensar que no la obtendrán denigrando a las comunidades
autónomas, que son las que también tienen que aplicar las políticas de
contención de gasto y que cubren la mayor parte de los servicios públicos
directos a los ciudadanos. No tienen que estar ustedes todo el día
denigrando a las comunidades autónomas y diciendo que son la causa
responsable y principal del gasto, porque saben ustedes perfectamente que
con un reparto diferente de las responsabilidades del ajuste tendrían una
mejor situación. Y si se ha conseguido un año más de plazo es evidente
que no es para poner mayores cargas y mayores esfuerzos sino para poner
menos e intentar crecer.

Lo cierto es que si quieren…

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, vaya
finalizando.

El señor LERMA BLASCO: Termino.

Lo cierto es que si ustedes quieren tener una mayor
legitimidad también deberían repartir las cargas de una manera diferente
y no subir el IVA, que pagamos entre todos y, a cambio, seguir
manteniendo la política de la amnistía fiscal a los defraudadores, porque
—insisto— es corrosivo para la legitimidad de las medidas que
estamos tomando.

Por tanto, yo les pido que retiren esas subidas, que
compensen con impuestos diferentes que graven más a los que más
posibilidades tienen y que dejen respirar un poco a nuestras comunidades,
a nuestros funcionarios y a nuestros ciudadanos, que son la parte
fundamental de la sociedad que tiene que hacernos salir de la crisis,
para lo que tenemos que recabar su apoyo y colaboración y no denigrar
permanentemente.

Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Turno en contra.

Tiene la palabra la senadora señora Angulo.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Voy a empezar casi por el final, senador Lerma. Me pregunto
dónde estaba usted cuando el Gobierno socialista de Felipe González sí
aprobó verdaderas amnistías fiscales. Usted sabe muy bien que la
regularización que aprobó el Gobierno ni limita ni excepciona en ningún
momento las obligaciones de prevención del blanqueo. Pero sí hubo
auténticas amnistías: las aprobadas en España en el año 1991, por
ejemplo. ¿Dónde estaba usted, senador Lerma? Teniendo altas
responsabilidades en el Partido Socialista, seguramente. Porque esas
rentas en ese momento pagaban el cero. Ahora no es una amnistía, sino una
regularización, y usted lo sabe, porque pagan el 8 o el 10%. (Rumores.)
En todo caso, es un incentivo para acabar con los paraísos fiscales, es,
sobre todo, un incentivo para aflorar economía sumergida y para aflorar
rentas no declaradas, y es también una medida para procurar ingresos en
el futuro. Usted lo sabe muy bien, pero tiene que seguir hablando de
amnistías, a pesar de que lo de amnistías será seguramente lo que aprobó
usted. ¿Cómo?

Le pediría que retire esas palabras sobre que el Partido
Popular ha denigrado a los funcionarios. En ningún caso, senador Lerma.
El Partido Popular no ha denigrado a las comunidades autónomas. Saben muy
bien que el apoyo lo están recibiendo precisamente del Partido Popular
las comunidades autónomas y las entidades locales, ese apoyo que no
recibieron de ustedes.

Y el Partido Popular tampoco ha recortado el salario a los
funcionarios. Eso lo hizo su Gobierno, con su apoyo, con su voto y con su
aplauso. Eso lo hizo el Gobierno del Partido Socialista.
(Aplausos.– Rumores.)

Por cierto, y ahí voy a centrar mi intervención: en las
diferencias entre las medidas duras y difíciles —es verdad—
que está aplicando el Partido Popular y lo que hicieron ustedes. Pero el
Partido Popular no ha denigrado ni mucho menos ni tampoco ha recortado el
salario de los funcionarios. Usted sabe muy bien que esa paga extra que
se aplaza hasta 2015 no supone un recorte, supone un aplazamiento y una
paga extra que se integrará en el plan de pensiones en el año 2015.
(Fuertes rumores.)

Señorías, a ustedes les produce mucha risa.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio,
señorías.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Esta moción, que presentaban
ustedes el 9 de julio, no dice una sola palabra, ni una sola, de lo que
preocupa a los españoles. Ustedes, en los datos de esta moción no
mencionan el déficit ni mencionan el desempleo ni mencionan la deuda, un
claro síntoma de lo que les preocupa a ustedes. Es una pura declaración
política de lo que decían o no decían responsables del Partido Popular.
Tampoco proponen ni una sola alternativa seria para salir de la situación
de auténtica quiebra en la que han dejado ustedes las cuentas del Estado.
Todo lo que tienen que decir ustedes es lo que el Partido Popular decía,
que no subiría el IVA.

Señorías, nosotros no hemos mentido a nadie. (Protestas.)
En el Partido Popular no hemos mentido a nadie, seguimos creyendo en la
reducción selectiva de impuestos. Nosotros no mentimos a nadie. Queríamos
hacerla, pensábamos hacerla y pensamos que podríamos hacerla. Es más,
habríamos hecho la rebaja selectiva de impuestos si el anterior Gobierno
no hubiera dejado ese déficit tres puntos por encima de lo que decía y de
lo que había comprometido: en un 9%, señorías.
(Protestas.–Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio,
señorías.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Y la habríamos hecho si no
hubieran dejado todo a deber, si no hubieran dejado —casi el
PIB— un billón, con b, de euros de deuda, que nos cuesta 30 000
millones al año de intereses. La habríamos hecho si no hubieran dejado
una sangría de déficit, que hace que estemos pagando ese 7% en intereses.
Y tenemos que estar pagando intereses —ustedes lo saben—
hasta para pagar las prestaciones sociales, y ese déficit está ahogando
cualquier posibilidad de recuperación. La habríamos hecho, señorías, si
el Partido Socialista en el Gobierno no hubiera arruinado por segunda vez
a este país y a muchas familias y empresas de este país. La habríamos
hecho, señorías. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio,
señorías.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Y si ustedes no hubieran apoyado
a ese Gobierno, totalmente irresponsable, que acabó en ocho años con el
ahorro que tanto esfuerzo había costado a los españoles. Si hubieran
echado el alto a ese Gobierno que hizo del dejar todo a deber, de
esconder facturas en los cajones, del despilfarro y del descontrol su
bandera, no duden de que lo habríamos hecho. Y ustedes hoy nos hablan de
descrédito y de desconfianza… (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, por
favor.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Es más, esperamos —lo
decía el otro día el presidente del Gobierno— poder bajar los
impuestos en cuanto cambie el escenario económico. Eso será posible con
reformas, eso será posible con el esfuerzo de todos los españoles, pero
será posible también con medidas, con reformas y con políticas
responsables y sinceras, trabajando y con decisiones firmes y valientes
que suponen ajustes, es verdad, pero también suponen poner en marcha las
reformas que este país necesita.

Ustedes, que permanecieron bien callados, que aplaudieron,
que jalearon todo aquello que hacía el Gobierno, todo aquello que nos
puso en la situación que nos han dejado, son hoy los que salen a la calle
a tirar la primera piedra y los que salen a criticar y a cuestionar todo
lo que hace el Partido Popular.

Es verdad, señorías del Partido Socialista, que se fueron
del Gobierno, pero nos dejaron su ruina. Nos dejaron el descrédito de la
economía española y nos dejaron su ruina: tres millones de parados en
tres años; más de 90 000 millones más de lo que ingresaban; millones de
facturas sin pagar —y usted dice que por qué estamos pagando el
7%—; millones de facturas también en medicamentos, que se han
empezado a pagar con las medidas del Partido Popular.

Señorías, estamos atravesando la segunda recesión más grave
de nuestra historia… (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, por
favor.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: ...y tenemos que cortar esa
hemorragia de déficit público en la que ustedes han dejado a la economía
española. Tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos los esfuerzos de
los españoles no sirven de nada. Ustedes nos lo enseñaron: la subida del
IVA, siguiendo con el despilfarro, como hicieron en 2010, no sirvió para
nada, solo para que cayera incluso la recaudación. Ustedes saben muy bien
que para poder crecer necesitamos acceder a una financiación asequible y
que solo la recibiremos si dejamos de gastar más de lo que se ingresa. Y
ese es el compromiso que, con reformas también, ha asumido el Partido
Popular.

Ustedes estaban tan contentos cuando subieron el IVA en
2010. Y fíjense en qué respuesta más lacónica y breve nos dio a todos la
ministra Salgado. Se limitó a decir: hay que aumentar los ingresos si
queremos hacer lo que no podemos dejar de hacer y mantener el déficit en
términos razonables. Luego subió el IVA y, lejos de mantener el déficit
en términos razonables, lo multiplicó y nos dejó con un IVA rozando el
9%, cuando habían comprometido el 6%. Y ahora ustedes, como digo, salen a
la calle y tiran la primera piedra, pero lo cierto es que hay diferencias
importantes. (Fuertes rumores.) Señorías, a ver si escuchan y no gritan
permanentemente.

Hay diferencias importantes. Ahora, el Gobierno del Partido
Popular sube el IVA en el contexto de un ajuste tremendamente duro, como
decía, pero también un ajuste necesario para que podamos iniciar la
recuperación económica cuanto antes; y un ajuste que acompaña ese aumento
de ingresos con un contexto de austeridad, y no como cuando subieron el
IVA, en un contexto de despilfarro y descontrol. Esa es la primera
diferencia y eso va a producir un resultado distinto.

En segundo lugar, sube el IVA diciendo la verdad sobre lo
que hay, diciendo la verdad sobre el déficit y la deuda y sobre la
inaplazable necesidad de reducir el déficit para cumplir los compromisos,
es verdad, pero para cumplir sobre todo el primer compromiso con los
ciudadanos españoles, que es asegurar que podemos seguir pagando unos
servicios públicos de calidad. La reducción del déficit es la primera
condición, es una condición necesaria para propiciar la recuperación
económica, porque el déficit nos deja sin maniobra. Y corrigiendo el
problema del déficit podremos canalizar hacia el sector privado los
recursos que permitan financiar el consumo y la inversión, que es lo que
dinamiza la actividad. Porque ustedes saben muy bien que el déficit
también está ahogando el poco crédito disponible, que está quitando el
pan de la boca a los emprendedores.

En tercer lugar, sube el IVA porque entre 2007 y 2011
—ustedes subiendo impuestos— perdimos sesenta mil millones de
euros en recaudación. Y, como decía, el Gobierno está convencido de que
es importante cumplir los compromisos y los acuerdos, pero es verdad que
el Gobierno del Partido Popular todavía tiene más claro el compromiso con
los ciudadanos españoles y con garantizar unos servicios públicos de
calidad, y no podemos seguir financiando sanidad, medicamentos, educación
o dependencia con deuda, como hacían ustedes, dejándolo todo a deber y
dejando que se acabara pagando todo con intereses. ¿Cuánto tiempo piensan
que se podían seguir acumulando facturas en los mostradores de las
farmacias? ¿Saben ustedes que se han pagado en estos meses doce mil
millones en medicamentos en España, porque hasta eso lo tenían ustedes a
deber? (Fuertes rumores.—Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio,
señorías, por favor.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: La mejor forma de asegurar el
Estado del bienestar es garantizar que, a presente y a futuro, podemos
pagar esos servicios de calidad, y no como hacían ustedes.

En cuarto lugar, sube el IVA un Gobierno que está poniendo
en marcha una a una, con paso firme, todas las reformas imprescindibles.
No solo hay una reforma fiscal, como hicieron ustedes para recaudar todo
lo que podían para gastar todo lo que querían. No. Hay un compromiso con
la estabilidad y hay una Ley de Estabilidad Presupuestaria que pone a
raya el déficit. Hay un pago a proveedores mediante el cual, lejos de
denigrar, hemos mostrado el apoyo a comunidades autónomas y
ayuntamientos, es verdad que con exigencia, pero con la consideración de
que todos somos Estado. También se ha hecho una reforma laboral para
fomentar el contrato indefinido y la generación de empleo entre los que
más dificultades tienen, coincidiendo con las recomendaciones. Y hay una
reforma del sistema financiero. Y, por supuesto, un proyecto de ley
antifraude con medidas muy concretas para combatir el fraude en el IVA.
Todos los ejes de reforma, las reformas que ustedes dejaron sin
hacer.

En quinto lugar —no lo han dicho, pero creo que lo
saben—, sube el IVA a la vez que se reduce, que se rebaja la
imposición sobre el empleo, es decir, el Gobierno sube el IVA a la vez
que aprueba una rebaja en las cotizaciones sociales de un punto en 2013 y
de otro más en 2014, como aparece en nuestro Programa de Estabilidad
2012-2015. Como dijo el ministro Montoro: no subir impuestos si no es
compensando con la reducción de otros impuestos. Y esta reducción de dos
puntos en las cotizaciones sociales es importante porque va a favorecer
la creación de empleo, y además supone introducir una ventaja competitiva
también importante, porque como las exportaciones no están gravadas, eso
mejora la competitividad de nuestras empresas exportadoras; y la mejora
más y multiplica efectos y sinergias si, como está haciendo el Gobierno,
introduce más incentivos y más apoyos para favorecer la
internacionalización de nuestras empresas. Y así se genera más empleo y
más competitividad. ¿Es que no son esos dos de los objetivos prioritarios
de la economía española? Son dos objetivos que a ustedes tampoco parecen
importarles, ya que ni siquiera figuran en los antecedentes de la moción,
y usted ni siquiera los ha mencionado, senador Lerma, señorías del
Partido Socialista. Más empleo y más competitividad. Siguen ustedes
ignorando lo principal. Siguen ustedes obviando a los parados, siguen
ustedes obviando a las familias, siguen ustedes obviando a los
emprendedores. Y ustedes a lo suyo: al oportunismo de última
generación.

Es más, esa rebaja en las cotizaciones sociales va a ayudar
también a esa reducción del déficit exterior. Lo decía ayer el ministro
De Guindos, es importante que ya en el presupuesto de este año, podamos
reducir esa brecha fiscal que ustedes dejaron, de más de dos puntos y
medio, para que no tengamos que estar financiándonos en el exterior, para
que dejemos de engordar esa deuda externa, que es el principal problema
que estrangula nuestra economía.

Señorías, una subida del IVA supone un esfuerzo importante
para todos los españoles, lo sabemos muy bien. Y precisamente por eso, el
compromiso del Partido Popular, el compromiso del Gobierno de

Mariano Rajoy es nuestro compromiso, más firme que nunca,
con esas reformas, porque si pedimos a los ciudadanos que se aprieten un
agujero en el cinturón tenemos que asegurarnos de que las
administraciones, todas ellas, se lo aprietan más para que ese esfuerzo
merezca la pena. (Rumores.) Porque hoy sabemos que subir el IVA
manteniendo el despilfarro, manteniendo el descontrol y manteniendo esa
alegría que ustedes mantienen hoy, con esas risas y gritos permanentes a
los que nos están sometiendo, no conducen a nada. Hoy sabemos que los
esfuerzos de los españoles con la irresponsabilidad del Gobierno no
conducen a nada, que exigir más IVA mientras se sigue gastando lo que no
se tiene sí es injusto e inadmisible. Ustedes lo han demostrado y nos lo
han enseñado. Y, como decía Einstein, si quieres resultados distintos no
hagas las mismas cosas. Por eso el Partido Popular está haciendo las
cosas de manera muy diferente a lo que hicieron ustedes. Ustedes nos
pusieron más IVA con más despilfarro, y lo que está haciendo el Partido
Popular es más IVA, pero con austeridad, con menos cotizaciones sociales
y con más reformas. No es lo mismo, señorías, y vamos a tener la
oportunidad de comprobarlo.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, repartirán el turno la
senadora señora Salanueva y el senador Iglesias.

Tiene la palabra la senadora señora Salanueva.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, señor
presidente.

Señorías, intervendré muy brevemente porque voy a compartir
turno con mi compañero de grupo, de Izquierda Unida, para manifestar la
posición de Unión del Pueblo Navarro no solo respecto de esta moción sino
de lo que supone. Nosotros queremos hacer un ejercicio de coherencia, y
entendemos que la subida del IVA es negativa en sí misma. Nos da igual
que gobierne el Partido Socialista o que gobierne el Partido Popular. Y
la verdad es que si los ciudadanos observaran este debate —lo he
dicho más de una vez— creo que pensarían que es lamentable.

Señorías, creemos que gobernar es priorizar y medir los
tiempos. Compartimos los objetivos del Gobierno de estabilidad
presupuestaria, de reducción del déficit, pero entendemos que es posible
priorizar otras medidas y tenemos que dar ejemplo a la ciudadanía. Hay
que buscar ingresos —lo decía la portavoz del Grupo Popular—.
Estamos absolutamente de acuerdo, pero hemos visto que en el año 2010
también se produjo un incremento del IVA, en el que, sorprendentemente,
las posturas eran antagónicas a las que se plantean hoy por los grupos
mayoritarios. Y creemos que no fue una decisión que haya tenido
consecuencias eficaces. Somos conscientes, señorías, de dos cosas; en
primer lugar, de las exigencias europeas. No podemos hacer lo que nos
parezca porque tenemos unas exigencias europeas que debemos cumplir. Por
lo tanto, desde Unión del Pueblo Navarro queremos huir de la demagogia y
del oportunismo. Esta es una moción que puede tener su efecto de cara a
la galería, pero con la aprobación por mayoría absoluta, por mayoría
suficiente del Partido Popular, vamos a tener que cumplirla y aplicarla
en nuestras respectivas comunidades. Y así lo haremos.

A UPN le preocupa, señorías, con toda humildad, la
incoherencia de los principales partidos, de los dos grandes partidos.
Creo que en estos momentos no podemos estar cambiando de discurso porque
uno esté gobernando y otro esté en la oposición. Me he molestado en leer
intervenciones que tuvieron lugar hace dos años, en 2010, cuando se
produjo la petición de subida del IVA por parte del Gobierno socialista
—UPN se abstuvo entonces, y por eso hoy nos vamos a abstener en la
moción—, y la verdad es que los discursos podían haberse cambiado
de sitio y podrían haber servido. Si estamos de acuerdo con la subida del
IVA, hay que decirlo, y si no lo estamos, hay que decirlo también. Hay
que ser valientes ante la ciudadanía. ¿Que no nos queda otro remedio?
Pues también tendremos que explicarlo. Pero si la subida del IVA en el
año 2010 —cierto es que la crisis no llevaba a una situación de
depresión tan profunda como la actual, pero solo hace dos años— era
una medida injusta, se gravaban las rentas más bajas, pagaban por igual
tanto el rico como el pobre, nos iba a traer más crisis y más paro, iba a
perjudicar a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, no se iba
a recaudar más dinero para el Estado, y se iba a promover el fraude
fiscal, no entendemos por qué hoy eso no es así. Que se reconozca
sinceramente que no queda otro remedio, que es así. Comprendemos que la
situación es complicada, que al Partido Popular y al señor Rajoy les está
tocando tomar medidas muy desagradables, pero que hay que hacerlas porque
no queda otro remedio. Ha tenido nuestro apoyo en medidas muy
impopulares, y tendrá desde luego la lealtad del Gobierno de Unión del
Pueblo Navarro. Pero tampoco tiene sentido que el señor

Fernández Marugán hace dos años dijera lo contrario
—el papel que hoy interpreta el Partido Popular—. Decía: el
comisario de la Unión Europea ha señalado que en España la incidencia del
IVA en el consumo va a ser escasamente significativa y en modo alguno
peligrosa para la recuperación. Y hacía una alabanza de la subida del
IVA.

Quiero terminar ya, para no dejar sin tiempo a mi
compañero, diciendo que es importante que se respeten las competencias
forales y autonómicas. En Unión del Pueblo Navarro, con responsabilidad
en el Gobierno de Navarra, entendemos que se debe respetar el margen de
competencias de cada una de las comunidades, y especialmente de la
comunidad foral, porque nosotros cumpliremos y llegaremos al fin que se
nos ha marcado. Tenemos un compromiso claro en los objetivos del déficit
y lo que pedimos es que se respete el marco y el margen competencial.
Tendremos la lealtad institucional que hemos tenido siempre. Por eso
pedimos que no haya desconfianza en el régimen de la Comunidad Foral de
Navarra. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la
Presidencia.)

En la moción hay cuestiones que no compartimos con respecto
a la amnistía fiscal. En Navarra hemos aplicado una medida junto con el
Partido Socialista, socio nuestro de Gobierno hasta hace muy poco,
aplicando nuestras propias posibilidades. Por eso creemos, señorías, que
esta moción, aunque es oportunista, a nosotros nos permite mantener una
coherencia con lo dicho en 2010 y manifestar nuestra posición contraria a
la subida del IVA.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
senadora Salanueva.

Senador Iglesias, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Buenos días. Gracias, señora
presidenta.

Superando la frustración de participar en un debate en el
que se pide al Gobierno que no tome una decisión que ya ha tomado,
anuncio nuestro voto favorable a la moción.

En el debate de ayer con el señor Montoro este reiteró como
uno de sus argumentos que uno de los motivos del déficit era
—además, es algo obvio— la caída de la recaudación, e
insistía mucho en que la razón de esa caída de la recaudación estaba en
la propia crisis, lo cual también es una obviedad; una menor actividad
económica genera menos rendimientos gravables y, por tanto, menores
ingresos de las administraciones públicas. Pero olvidaba otro elemento
que actúa con la misma eficacia destructiva que la crisis en la caída de
la recaudación: la destrucción —prácticamente, la voladura—
de nuestro sistema fiscal, del sistema fiscal justo y progresivo que
define la Constitución, del que nos dotamos en los primeros años de
nuestra democracia. Ha sido ese desarme del sistema fiscal lo que ha
puesto en cuestión hoy uno de los elementos fundamentales, la
supervivencia del Estado de bienestar. La fiscalidad es la columna
vertebral del Estado de bienestar. El pacto social que después de la
segunda guerra mundial permitió construir el Estado del bienestar se
basaba en que las administraciones públicas se proveían de recursos
suficientes, utilizando estos como un instrumento, a través de la
fiscalidad, de redistribución de la riqueza. Los impuestos servían para
dar seguridades a la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas, para dar
garantías, servicios públicos esenciales.

Cuando se pone en cuestión una fiscalidad justa y
progresiva, se empieza a demoler el Estado del bienestar.

Y en la época de bonanza económica —yo más bien
hablaría de euforia social— se puso en cuestión esa fiscalidad
necesaria, esa fiscalidad necesaria que, como decía, en los albores de
nuestra democracia quienes entonces tuvieron las responsabilidades
políticas en las Cortes Generales fueron capaces de ver que resultaba
imprescindible. No es casualidad que uno de los contenidos de los Pactos
de la Moncloa fuera precisamente el compromiso de elaboración de un
proyecto de ley de impuesto sobre la renta de las personas físicas,
precisamente como impuesto justo y progresivo que sirviera como elemento
fundamental de recaudación y de gravamen de esa riqueza. Sin embargo,
como decía, señorías, en la época de la euforia económica todos los
Gobiernos, los del Partido Popular y los del Partido Socialista, pusieron
en cuestión la necesidad de mantener ese sistema fiscal. Y las
comunidades autónomas, fueran del color que fueran, también se sumaron a
esa loca carrera desfiscalizadora, generando incluso situaciones de
dumping fiscal entre ellas. Esas son algunas de las razones fundamentales
que traen hoy los problemas de recaudación. Los sucesivos Gobiernos; y el
del presidente Zapatero desde luego creo que tiene la responsabilidad
ideológica más importante en esta materia: la de negar que la fiscalidad,
que la política fiscal fuera un elemento de diferencia entre derecha e
izquierda, cuando en aquella desafortunada aseveración dijo que subir
impuestos no era de izquierdas. Y, señorías, si algo diferencia
claramente la

posición política e ideológica de la derecha y de la
izquierda es precisamente el sistema fiscal, el sistema fiscal al
servicio del mantenimiento y del sostenimiento del Estado del bienestar.

En esa loca carrera desaparece el impuesto sobre el
patrimonio. En esa loca carrera se incrementan las exenciones y
bonificaciones en el impuesto sobre sociedades. En esa loca carrera, que
en parte ahora se corrige con la última subida del impuesto sobre la
renta de las personas físicas, se rebaja el tipo marginal, el tipo máximo
del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Incluso después de
esta última subida, seguimos muy lejos del marginal que en la primera ley
del impuesto sobre la renta de las personas físicas se establecía en la
tabla de impuestos. En esa loca carrera se plantea ahora una amnistía
fiscal. En esa loca carrera se mantienen las Sicav como refugio, como una
especie de paraíso fiscal interior. Subir hoy el IVA significa
profundizar en esa demolición del modelo fiscal, profundizar en los
desequilibrios entre el peso de la recaudación de los impuestos directos,
cada vez menor, y de los impuestos indirectos, cada vez mayor; por lo
tanto, en la injusticia del sistema. Se aleja, por tanto, de las
previsiones constitucionales y además profundiza en la política de seguir
pidiendo sacrificios, no a quien más puede sacrificarse, sino a la
mayoría de la sociedad. Significa una medida también pro ciclo,
conllevará más recesión, conllevará caída en el consumo.

La alternativa está en escuchar a los expertos; la
alternativa está en recuperar los principios de justicia y progresividad
del sistema fiscal. La alternativa está en lo que viene recomendando la
asociación Gesta desde hace bastantes años: recuperar el impuesto sobre
el patrimonio, aumentar el de sociedades para aquellas grandes empresas
que tengan una facturación de más de 150 millones de euros al año, gravar
las Sicav. La alternativa está en mirar nuestra historia, ver lo que
funcionó en los albores de nuestra democracia y afrontar esta crisis
económica con los mismos criterios de solidaridad social, de compromiso
colectivo que a finales de los años setenta y en los inicios de los
ochenta esta sociedad, la sociedad española, fue capaz de impulsar con
políticos que tuvieron entonces visión de Estado y visión de futuro.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Eskerrik asko, presidenteorde
andrea.

Senatariok, mozio hau aurkeztuta dago Espainiako
Gobernuaren BEZa igoera baino lehen. Nahiz eta holan izan, Euzko
Abertzale taldekook mozio honen alde bozkatuko dugu, jarraian azalduko
doutzien arrazoiengatik.

Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, esta moción se presentó antes de que el Gobierno
anunciase que iba a subir el IVA, pero nosotros vamos a votar a favor de
la moción por las razones que les voy a anunciar a continuación.

Es una moción premonitoria, desfasada, evidentemente por
los momentos en que se presenta, superada por los acontecimientos pero
acertada y certera en sus previsiones; ciertamente, ya sabíamos que estos
recortes, y concretamente esta subida del IVA, se iban producir. Ha sido
una subida significativa en los tipos más altos, prácticamente en todos
los tramos, que viene a sumarse a la ya efectuada por el Partido
Socialista hace dos años. Afecta igualmente a todos los sectores y a
todas las personas independientemente de las circunstancias
socioeconómicas en las que estas están.

Pero es que además del IVA, el Consejo de Ministros del
pasado viernes ha incluido otras medidas que consideramos que son
igualmente nocivas. Y me voy a referir a ellas muy brevemente.

En primer lugar, las medidas fiscales ya conocidas, que
además de al IVA, afectan a otro tipo de tasas impositivas. No dejan
títere con cabeza, porque afectan al IVA, a los impuestos especiales, al
impuesto sobre la renta de las personas no residentes, retenciones
profesionales y, además, suprimen las deducciones por vivienda y redundan
en la llamada amnistía fiscal. También hay medidas de recorte o de ajuste
—como a ellos les gusta llamar— que afectan a la función
pública y que han sido muy comentadas por los medios de comunicación en
los últimos días. Entre ellas está la supresión de las pagas extra: la
paga extra de Navidad, que en realidad supone una reducción salarial neta
del 14% y que se suma a otra que hizo anteriormente el Partido Socialista
del 5%. Además, se reducen los llamados días moscosos o días de libre
disposición y los días de vacaciones de los que disponen los funcionarios
en función de sus tramos de antigüedad y se limitan las retribuciones por
incapacidad temporal, algo que también hizo el Partido Socialista.
Entendemos que todo este paquete de medidas, tanto las fiscales como las
que afectan

a la función pública, son un grave atentado a los derechos
laborales de los funcionarios públicos y, por lo tanto, no las
compartimos.

También hay medidas que suponen importantes recortes
sociales, especialmente y de forma muy dolorosa las que afectan a la Ley
de dependencia, a personas que constituyen el sector social más
vulnerable, el más desamparado y el más indefenso ante la crisis junto
con la infancia, a la que hacía referencia en la pregunta que formulé
ayer a la ministra de Sanidad.

Consideramos que estas tres baterías de recortes y de
ajustes son profundamente injustas desde una triple perspectiva, y voy a
hacer mías las palabras que mencionaba ayer en rueda de prensa José Luis
Bilbao, diputado foral de Vizcaya, cuando decía que estas medidas no son
compartidas por la Diputación Foral de Vizcaya, y en la medida de sus
posibilidades no serán aplicadas, porque constituyen una grave injusticia
social por indiscriminadas, por universales; una grave injusticia
política, porque estas medidas no han sido adoptadas por consenso
—no ya de las fuerzas políticas sino tampoco de los agentes
sociales—, y una grave injusticia económica, porque están siendo
impuestas en todos los ámbitos, incluso en ámbitos territoriales que han
cumplido con las cifras de déficit, que no tienen una deuda elevada, que
han hecho bien las cosas y que, por cierto, ya están aplicando medidas
correctoras, medidas de ajuste y de contención del gasto desde hace
muchos años; algo que otros ámbitos institucionales no han hecho.

Además —y esto sí es de mi cosecha—, estas
medidas que ustedes están planteando son del todo ineficaces; no sirven
para la recuperación del empleo, que es su mantra —todas las
medidas y todos los objetivos del Gobierno parece que se reducen a la
recuperación del empleo—, pero no deja de ser más que un lema
porque luego en la práctica estamos viendo que no inciden sobre la
recuperación económica, que es una condición sine qua non para la
creación de empleo. Hemos visto medidas de ajuste y de contención del
gasto pero todavía no hemos visto medidas de carácter estructural que
apunten hacia la regeneración, hacia la reestructuración de la estructura
productiva; y ese es fundamentalmente el problema de España: no hay una
estructura productiva que sustituya al ámbito inmobiliario o al PIB
ingresado por turismo; no hay un cambio estructural en su estructura
productiva.

Por lo tanto, estas medidas solo pueden ahondar en la
crisis, porque van a producir una contracción de la demanda interna, del
consumo y de la actividad económica —esto va a convertirse pues en
la pescadilla que se muerde la cola— y, evidentemente, estas
medidas no van a servir para recuperar el empleo, porque no sirven para
recuperar la economía. Estas medidas que inciden sobre el ajuste no se
reparten de forma equitativa entre quienes han tenido responsabilidades
en esta crisis y quienes no las han tenido. No hay medidas de ajuste que
incidan en el sector financiero desde el punto de vista de recortes, lo
cual nos parece fundamentalmente injusto.

Por tanto, el Partido Nacionalista Vasco pondrá todos los
medios a su alcance para rechazar estas medidas y limitar los efectos
perversos que creemos van a tener, especialmente para la economía vasca,
pero, ¡ojo!, también para la economía española. Por ello, me sumo desde
aquí a la demanda que hacía antes la senadora Salanueva, con la que, por
una vez, coincidimos: respeto al ámbito competencial de cada uno de los
territorios históricos, tanto de Navarra como, en nuestro caso, de la
Comunidad Autónoma Vasca. Reitero mi afirmación: pondremos todas las
medidas a nuestro alcance para evitar la aplicación de estas medidas.

Muchas gracias.

Eskerrik asko.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
senadora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: La consolidació fiscal i
l’estabilitat pressupostària són objectius àmpliament compartits;
que, en moments com aquests i des de fa ja temps, desgraciadament, cal
efectuar ajustos, també; així com que cal millorar els ingressos i que
cal ajustar determinades despeses. El problema, òbviament —i on
sorgeixen les discrepàncies—, és en quines figures impositives
poden millorar els nostres ingressos, i quines despeses hem
d’ajustar. És en aquest context que nosaltres diem que la pujada de
l’IVA tindrà efectes perversos sobre l’activitat econòmica
del país. Però no només això, a més a més perjudicarà notablement i de
manera molt especial a les rendes més baixes, a les rendes més febles de
la societat. El Govern, el Govern d’Espanya, al final ha anat al
més fàcil, després de negar-ho en campanya electoral i fins fa només unes
setmanes. Què queda de les seves promeses? Ara plantegen i han aprovat
una pujada de l’IVA del 25% del tipus reduït i del 17% del tipus
general; això es suma a altres augments d’impostos com
l’IRPF, com l’IBI o com els impostos especials, i això ve
d’un partit que deia que

no apujaria els impostos. Però, és clar, també va dir que
no tocarien la salut, l’educació ni les pensions, ni tampoc el
subsidi d’atur, i ja hem vist què ha passat aquests dies, aquests
sis mesos: un programa que s’ha incomplert en la seva pràctica
totalitat. Però bé, ara no hi ha eleccions a la vista i per tant suposo
que el que s’esperen és que la gent quan arribin les eleccions hagi
oblidat i, sincerament, crec que això no és el que passarà; no oblidaran
ni la seva actitud irresponsable quan eren oposició, ni els seus enganys
ara des del Govern.

Si Europa no ens ha imposat condicions macroeconòmiques,
que és el que diu el Govern —tant el Sr. Montoro, com el Sr. De
Guindos, com el propi President del Govern—, per què han canviat
d’opinió en una setmana respecte a l’IVA? Quins factors nous
hi ha en les informacions respecte a la situació econòmica del país i
dels comptes públics en aquestes tres o quatre setmanes en què vostès han
canviat d’opinió? Això és el que cal explicar i no tornar a
recórrer a velles cantarelles que quedaran desgastades, a més de ser
realment poc solvents.

Vostès han anat al més fàcil, que és apujar l’IVA,
perquè és més fàcil per vostès que posar en marxa una reforma fiscal que
contempli un impost, per exemple, sobre les gran fortunes; que contempli
fiscalitat verda; que contempli, entre altres, un impuls a l’impost
europeu sobre les transaccions financeres —absolutament
necessari—; i també una lluita decidida contra el frau i contra
l’economia submergida. Però, repeteixo, vostès han anat al més
fàcil, contra el que diu el seu programa i deien vostès mateixos fins fa
unes setmanes, conscients de les conseqüències d’aquesta decisió.
En primer lloc, l’augment de l’IVA provocarà una caiguda del
consum, de les hores treballades i, per tant, de l’ocupació i de la
inversió i, en segon lloc, la pujada de l’IVA produeix un efecte
renda que es deu a l’augment de la pressió fiscal: els ciutadans
seran més pobres a partir de setembre i l’increment, a més a més,
incentivarà alguna cosa el consum d’aquí al setembre per
l’avançament de les compres, però caurà considerablement a partir
del mes de setembre amb l’entrada en vigor dels increments. A més a
més, com vostès saben també, l’augment del tipus de l’impost
del valor afegit, de l’IVA, té un impacte negatiu important sobre
la producció mitjana a cost de factors, és a dir, pràcticament tots els
estudis més qualificats coincideixen que per cada punt percentual que
augmenta la recaptació fruit d’una mesura com aquesta, referida a
l’impost sobre el valor afegit, la producció per càpita mitjana a
cost de factors es redueix 0,52 punts percentuals i les hores treballades
es redueixen en 0,75 punts. Això vol dir menys consum, menys producció,
més atur i reducció dels ingressos, també, procedents d’altres
figures tributàries que s’han de tenir presents.

Aquesta és la realitat que no sabem si vostès han tingut en
compte, a més de tenir en compte les càrregues fiscals, perquè
l’increment de l’IVA tindrà un impacte més gran —com
deia abans— sobre la població més pobra i de més edat; per als
jubilats, l’impost sobre el valor afegit és una part molt més gran
de la seva càrrega fiscal que per a les llars on treballen i que han de
pagar, a més a més, l’impost sobre la renda, fins i tot això.

A més, en el cas de la reforma que ha elaborat el Govern,
es castiga especialment també a altres col·lectius. Es castiga, apart de
les rendes més baixes, als aturats i als jubilats, als autònoms
—també als autònoms—, als professionals i als emprenedors,
aquests que s’omplen la boca que cal ajudar. Amb aquestes mesures,
amb aquest decret llei, evidentment, no se’ls ajuda, perquè entre
altres coses també hi ha altres mesures afegides que obliguen a cotitzar
per una base més àmplia, i a més a més se’ls fa un increment en les
retencions de l’impost sobre la renda a les persones físiques,
sobre la seva situació actual, que és una manera, òbviament, de restar
liquiditat també als professionals i als autònoms, que tenen un greu
problema, entre altres, d’accés al crèdit.

Un altre sector claríssimament perjudicat per aquesta
reforma de l’IVA és el món de la cultura, a partir de setembre, amb
un IVA molt superior al dels nostres socis comunitaris; de manera molt
singular, hi ha serveis culturals que passen del 8% al 21%, més del 150%
d’increment. Òbviament no és una gran ajuda, aquest increment, a la
creació, a la difusió i a la producció cultural, i tampoc ho és als
ciutadans que són usuaris o consumidors de productes culturals.
Repeteixo, els més grans, els pensionistes i el pobres són els que acaben
suportant una part proporcionalment major de l’augment
d’aquesta càrrega fiscal.

I és que l’increment de l’IVA no és la mesura
adequada en una economia en recessió —això és de manual—,
perquè comportarà, com dèiem, menys consum, menys producció, menys
ocupació, menys inversió i reducció també de les bases fiscals
d’altres figures tributàries. Hi ha altres alternatives, com deia,
que no afecten a tots i especialment als sectors més febles de la
societat; una reforma fiscal que faci que aquells que més tenen i més
guanyen paguin més. És el que s’ha de fer i aconseguir, a més a
més, òbviament, que pagui tothom, però no amb arguments com els que
utilitzava l’altre dia el senyor ministre

d’Hisenda i Administracions Públiques, que es
queixava, parlant de l’increment de l’IVA, que el problema
era que no tothom pagava, aquesta frase de: amb IVA o sense IVA, tant
utilitzada a la nostra societat.

Però d’alguna manera crec que tots som conscients que
aquells que no pagaven el 18% ara no pagaran el 21%; és a dir, no veig
que la reforma afegeixi motius per pagar; al contrari, normalment també
allò que diuen tots els manuals és que la pujada de tipus afavoreix la
tendència a l’increment de l’economia submergida i també al
frau, i si no, al temps, en cas que no es posin, evidentment, més
mecanismes dels que preveuen, fins i tot, les darreres mesures aprovades
pel Govern, també en tramitació parlamentària, per la lluita contra el
frau.

Tot això, aquests arguments, i molts altres que podríem fer
servir, són els arguments i les raons que ens fan posicionar a votar a
favor de la moció presentada pel Grup Parlamentari Socialista.

Moltes gràcies.

Gracias.

Señorías, la consolidación fiscal y la estabilidad
presupuestaria son objetivos ampliamente compartidos en los que, en
momentos como este y desde hace tiempo, desgraciadamente, hay que
realizar ajustes; es necesario mejorar los ingresos y ajustar
determinados gastos. El problema, obviamente —y aquí es donde
surgen las discrepancias—, es en qué figuras impositivas podemos
mejorar nuestros ingresos y qué gastos hay que ajustar. En este contexto
es donde nosotros decimos que la subida del IVA tendrá efectos perversos
sobre la actividad económica del país. Pero no solo esto, sino que,
además, perjudicará notablemente y de forma muy especial a las rentas más
bajas y débiles de la sociedad. El Gobierno de España, al final, ha ido a
lo más fácil, después de negarlo en campaña electoral y hasta hace
solamente unas semanas. Pero, ¿qué hay de sus promesas? Ahora han
aprobado una subida del IVA del 17% para el tipo general, ello sumado al
aumento de otros impuestos como el IRPF, el IBI o los impuestos
especiales, y esto lo hace un partido que decía que no subiría los
impuestos. Pero, claro, también dijo que no tocarían la sanidad, la
educación, las pensiones o el subsidio por desempleo, y ya hemos visto lo
que ha sucedido en seis meses: han incumplido prácticamente la totalidad
de su programa. Supongo que esperan que cuando lleguen las elecciones la
gente haya olvidado estas medidas, pero, sinceramente, me parece que esto
no es lo que sucederá. No olvidarán ni su actitud irresponsable de cuando
eran oposición, ni sus engaños ahora desde el Gobierno.

Si Europa no nos ha impuesto condiciones macroeconómicas,
que es lo que ha dicho el Gobierno —tanto el señor Montoro como el
señor de Guindos y el propio presidente del Gobierno—, ¿por qué han
cambiado de opinión en una semana respecto al IVA? ¿Qué factores nuevos
de la situación económica del país y de las cuentas públicas han tenido
lugar durante estas tres o cuatro semanas para que se haya cambiado de
opinión? Esto es lo que se debe explicar y no recurrir de nuevo a
antiguas canciones que quedarán desgastadas, además de ser poco
solventes.

Ustedes han hecho lo más fácil: subir el IVA, porque eso es
más sencillo que poner en marcha una reforma fiscal que contemple un
impuesto, por ejemplo, sobre las grandes fortunas, o que contemple la
fiscalidad verde, o que contemple, entre otros, un impulso al impuesto
europeo sobre las transacciones financieras —absolutamente
necesario—, así como una lucha decidida contra el fraude y la
economía sumergida. Pero, reitero, que ustedes han ido a lo más fácil, en
contra de lo que decía su programa y de lo que decían ustedes mismos
hasta hace unas semanas, conscientes de las consecuencias de esta
decisión. En primer lugar, porque el aumento del IVA provocará una caída
del consumo, de las horas trabajadas y, por tanto, de la ocupación y de
la inversión, y en segundo lugar, debido al aumento de la presión fiscal
los ciudadanos serán más pobres a partir de septiembre; el incremento
incentivará algo el consumo de aquí a septiembre por el avance de las
compras pero caerá considerablemente a partir de ese mes. Además, como
ustedes saben, el aumento del tipo de interés del IVA tiene un impacto
negativo importante sobre la producción media coste-factor; todos los
estudios más cualificados coinciden en que por cada punto porcentual que
aumenta la recaudación de una medida como esta, relativa al impuesto
sobre el valor añadido, la producción per capita media por coste-factor
se reduce un 0,52% puntos, en las horas trabajadas un 0,75. Esto quiere
decir menos producción, más paro y reducción de los ingresos procedentes
de otras figuras tributarias que también hay que tener presente.

Esta es la realidad que no sabemos si han tenido en cuenta,
además de las cargas fiscales, porque el incremento del IVA tendrá un
impacto mayor —como he dicho anteriormente— sobre la
población más pobre y de más edad; para los jubilados el impuesto sobre
el valor añadido es una parte mucho mayor de

su carga fiscal que para los hogares donde se trabaja y que
deben pagar además el impuesto sobre la renta de las personas
físicas.

En el caso de la reforma elaborada por el Gobierno se
castiga especialmente a otros colectivos; aparte de a las rentas más
bajas, también se castiga a los parados y a los jubilados, a los
autónomos, a los profesionales y los emprendedores, a los que tanto se
dice que hay que ayudar. Con las medidas de este decreto ley no se les
ayuda, además hay otras añadidas, por ejemplo, un incremento en las
retenciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas sobre su
situación actual, que es una forma de restar liquidez a los profesionales
y a los autónomos que tienen un grave problema de acceso al crédito.

Otro sector muy perjudicado por este aumento del IVA es el
mundo de la cultura, porque a partir de septiembre tendrán un IVA muy
superior al de nuestros socios comunitarios; de forma muy singular, hay
servicios culturales que pasan del 8 al 21%, más del 150% de incremento.
Obviamente, no es una gran ayuda para la creación, la difusión y la
proyección cultural, tampoco para los ciudadanos usuarios y consumidores
de productos culturales. Repito, los mayores, los pensionistas, los más
pobres son los que acaban soportando una parte proporcionalmente mayor
del aumento de esta carga fiscal.

El incremento del IVA no es la medida adecuada en una
economía en recesión —esto es de manual—, porque conllevará
menos consumo, menos producción, menos ocupación, menos inversión. Hay
otras alternativas que no afectan a todo el mundo, especialmente a los
sectores más débiles de la sociedad, por ejemplo, una reforma fiscal para
que los que más tienen, los que más ganan, paguen más. Eso es lo que hay
que hacer y, además, conseguir que pague todo el mundo, pero no con
argumentos como los que utilizó el otro día el ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, cuando al referirse al incremento del IVA dijo
que el problema era que no todo el mundo lo pagaba, esa frase de: con IVA
o sin IVA, se utiliza mucho en nuestra sociedad.

Pero de algún modo todos somos conscientes de que los que
no pagaban el 18% ahora no van a pagar el 21%, no veo que la reforma
añada motivos para pagar; al contrario, lo que dicen todos los manuales
es que la subida de los tipos favorece la tendencia al incremento de la
economía sumergida y también al fraude, si no se ponen más mecanismos de
los que se prevén en las últimas medidas aprobadas y en tramitación
parlamentaria para la lucha contra el fraude.

Por estos argumentos y muchos otros que se podrían
utilizar, votaremos a favor de la moción presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
senador Montilla.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Moltes gràcies, senyories.

Aquesta és una moció que efectivament es va presentar dos
dies abans que el Govern prengués unes mesures. Independentment que
dedicaré una part també de la meva intervenció a parlar d’aquestes
mesures, essencialment les que fan referència a l’IVA, ja els
avanço que no votarem aquesta proposta. És més, la votarem en contra
perquè és una proposta maximalista. És una proposta en que no es toca
l’IVA, no es poden tocar els tipus, no es poden modificar els
productes que tributen a cada tipus, no es pot tocar cap coma de
l’IVA.

Nosaltres creiem que en aquests moments, i ho diem
sincerament, aquest no és un debat seriós. I dedicaré també els dos
últims minuts a fer una reflexió comuna que jo crec que és necessària. I
és necessari que prenguem una certa distància en el debat. I que ens
mirem aquest debat amb una certa perspectiva, i una certa perspectiva és
la perspectiva amb què el poden estar mirant els nostres socis
comunitaris. Una certa perspectiva és amb la qual poden estar mirant i
analitzant aquest debat els diferents inversors internacionals i els
diferents països del món civilitzat.

Vagi per endavant que jo els posaré una reflexió damunt la
taula que encara no ha sortit, estranyament no ha sortit. Vostès són
conscients que dels vint-i-set països de la Unió Europea solament dos
països tenen un IVA més baix que Espanya? Concretament Luxemburg i Xipre.
I solament un altre, Malta, tenia el tipus general igual que Espanya.
Primera reflexió: en la situació actual, fins i tot en una situació de
bonança econòmica, ens podem permetre tenir l’IVA més reduït de la
Unió Europea? Primer motiu pel qual no podem admetre una posició
maximalista de no poder parlar d’una pujada de l’IVA. Segon
motiu: vostès han analitzat quins han estat els informes, les
recomanacions, els acords, del Fons Monetari Internacional des de fa un
any i mig, de l’Ecofin de fa uns dies, de la Comissió Europea, de
la Unió Europea, en relació amb els impostos indirectes a l’Estat
espanyol? I no podem prescindir, no podem

prescindir d’aquestes reflexions, i tampoc podia
prescindir el Partit Popular fa unes setmanes, d’aquestes
reflexions, i incomprensiblement n’estava prescindint. I no en
podem prescindir perquè són aquests països als quals acudim a reclamar
ajut, i tampoc no ho hem d’amagar, estem demanant l’ajut de
la Unió Europea, estem demanant l’ajut dels nostres socis europeus.
I els nostres socis europeus el primer que es plantejaran serà: si
nosaltres estem pagant un IVA molt superior a vostès, vostès no es
plantegen ni incrementar l’IVA? Per tant, nosaltres votarem en
contra d’aquesta moció. Ara bé, tampoc no eximim de responsabilitat
el Partit Popular. Abans jo crec que ho deia la senadora Salanueva;
aquest debat ens el podríem estalviar. Agafaríem les taquígrafes, que
agafessin el debat de fa un any i mig, en aquesta Cambra, i canviessin
els arguments del Partit Popular al Partit Socialista i els arguments del
Partit Socialista al Partit Popular. I el podríem donat per reproduït.
Però a més a més d’això, el Partit Popular estava a
l’oposició, i el Partit Popular criticava de forma ferotge
l’increment que va fer el Partit Socialista de l’IVA.
L’IVA dels «chuches», ens en recordem de l’IVA dels
«chuches», són els mateixos jutges que ara. I el Partit Socialista feia
una defensa aferrissada que s’havia d’apujar l’IVA.

Incomprensiblement des de la nostra perspectiva el Partit
Popular no ha estat valent ni ha afrontat la qüestió de l’IVA com
altres des del primer moment. I no per motius electorals, com es deia
abans, que també, segur que també, sinó fins i tot després de superar les
eleccions d’Andalusia, després de superar les eleccions a Astúries,
els diferents ministres encara mantenien que l’IVA no
s’apujaria a l’Estat espanyol. I això genera una desconfiança
absoluta. I genera desconfiança absoluta perquè vostès van argumentar:
apugem l’IRPF per no apujar l’IVA. Ara tenim pujada de
l’IRPF i tenim pujada de l’IVA. I si en el pla que van
presentar deien que hi hauria un increment de l’IVA, dels impostos
indirectes, compensant-lo amb una disminució de les cotitzacions socials,
ho han complert a mitges, perquè han avançat l’increment de
l’IVA i han diferit la reducció de les cotitzacions a la Seguretat
Social al llarg dels propers anys. Per tant aquest increment de
competitivitat serà també diluït.

No pot ser que estiguem transmetent una imatge a
l’exterior tan poc seriosa. Algú parlava, o es preguntava, jo crec
que era el senyor Lerma, perquè la prima de risc continua pujant. I vostè
ho deia: per falta de confiança. I la falta de confiança qui la genera?
La falta de confiança la generem, i utilitzo un plural majestàtic, tots
plegats. Quan des dels Estats Units, des dels nostres socis europeus
veuen aquest debat, el que com a mínim poden tenir és falta de confiança
en aquest país, falta de confiança en Espanya. Perquè els arguments que
avui s’utilitzen per part d’uns són utilitzats per part dels
altres quan estan governant. I així, de veritat, no es genera confiança.
Això no fa l’efecte de ser un Estat seriós. No fa l’efecte de
ser un estat responsable. No fa l’efecte de ser un Estat que
complirà els seus compromisos.

D’això som responsables tots plegats, cadascú en el
seu grau, i ho sabrem aplicar, però en tot cas el que no es pot fer, en
aquests moments, amb el que està caient, sincerament Sr. Lerma, és
presentar una moció que implica no tocar els impostos. Més enllà del
quart punt que diu «crear un impost sobre grans fortunes», és veritat.
També el podien haver creat vostès abans d’haver apujat
l’IVA. La lluita contra el frau, és veritat. També es podia haver
lluitat contra el frau, i es pot fer. I una cosa no implica fer
l’altra. Ara, en aquests moments, aferrar-nos com a un clau roent,
dient que no apujarem l’IVA, quan és l’IVA més baix de la
Unió Europea, no és seriós. És més, jo crec que aquesta mesura, i
nosaltres des del nostre grup l’havíem reclamada en diferents
ocasions, s’havia d’haver pres molt abans. S’havia
d’haver afrontat el problema molt abans. Per què? Perquè ens ho
estava reclamant tot el nostre context. I igual com estem fent despeses
per damunt de les nostres possibilitats, també estem tenint impostos més
baixos del què les nostres possibilitats ens permeten. Perquè s’ha
de fer, i jo estic d’acord, s’hauria de fer una anàlisi de
quin és el sistema fiscal espanyol. I fer una comparació del sistema
fiscal espanyol en cada una de les seves figures. I veuran que malgrat
que sigui popular dir que podem tenir una pressió molt elevada, una
pressió fiscal molt elevada, i s’han d’abaixar tots els
impostos del món, aquesta no és una posició realista.

He dit que faria alguna referència també al Reial Decret
Llei 21/2012, aprovat recentment pel Govern espanyol. Faré referència
exclusivament al tema de l’IVA. Podríem estar d’acord en
alguns dels plantejaments d’increment d’IVA que
s’aproven amb aquest Reial Decret. Ara bé, n’hi ha
d’altres que jo crec que s’han passat de frenada. Els ho dic
sincerament, s’han passat de frenada. És a dir, que determinades
prestacions de serveis, alguna entrega de béns, però essencialment,
determinades prestacions de serveis, les passen del 8% al 21%, amb un
increment del 167% sobre algunes prestacions de serveis, les culturals
però no exclusivament culturals: podem afegir serveis funeraris, podem
afegir les perruqueries, podem afegir els parcs d’atraccions, un
element que per al nostre turisme també és fonamental, i estem augmentant
per la pressió fiscal dels nostres impostos indirectes un 167% de cop. Jo

crec que això tampoc no és el que se’ns estava
reclamant, i crec que l’impacte recaptatori d’aquestes
mesures serà molt limitat, i ens podríem haver estalviat perfectament una
mesura com aquesta.

Però en tot cas, concloent, sentim no poder donar suport a
aquesta proposta que nosaltres entenem que no s’hauria
d’haver produït en aquests moments.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señorías.

Esta es una moción que, efectivamente, se presentó dos días
antes de que el Gobierno tomara unas medidas. Independientemente de que
dedicaré una parte de mi intervención a hablar de estas medidas,
esencialmente de las que se refieren al IVA, les adelanto que no
apoyaremos esta propuesta; es más, votaremos en contra porque es una
propuesta maximalista, es una propuesta en la que no se pueden tocar los
tipos, no se pueden modificar productos de ningún tipo ni tampoco se
puede tocar ni una coma del IVA. Nosotros creemos que en estos momentos,
y lo decimos con sinceridad, este no es un debate serio. Dedicaré los dos
últimos minutos a hacer una reflexión en común que considero necesaria.
Es necesario también que tomemos cierta distancia en el debate y que lo
miremos con cierta perspectiva, con la perspectiva con la que lo pueden
estar mirando nuestros socios comunitarios, con la que pueden estar
mirando y analizando este debate los diferentes inversores
internacionales y los distintos países del mundo civilizado.

Vaya por delante que pondré sobre la mesa una reflexión
que, extrañamente, todavía no ha surgido. ¿Ustedes son conscientes de que
de los veintisiete países de la Unión Europea tan solo dos tienen un IVA
más bajo que España, concretamente Luxemburgo y Chipre, y que tan solo
otro, Malta, tenía el mismo tipo general que España? Primera reflexión.
En la situación actual, incluso en una situación de bonanza económica,
¿podemos permitirnos tener el IVA más bajo de la Unión Europea? Primer
motivo por el que no podemos admitir una posición maximalista de no poder
hablar de un aumento del IVA. Segundo motivo. ¿Han analizado ustedes
cuáles han sido los informes, las recomendaciones, los acuerdos del Fondo
Monetario Internacional desde hace un año y medio, del Ecofin de hace
unos días, de la Comisión Europea de la Unión Europea en relación con los
impuestos indirectos en el Estado español? No podemos prescindir de hacer
estas reflexiones. Ni tampoco voy a prescindir de las reflexiones del
Partido Popular, partido que, incomprensiblemente, prescindió de ello. Y
no podemos prescindir porque es a estos países a los que acudimos a pedir
ayuda; ni hemos de ocultar tampoco que estamos pidiendo la ayuda de la
Unión Europea; estamos pidiendo la ayuda de nuestros socios europeos,
socios que lo primero que se plantearán será lo siguiente: si nosotros
estamos pagando un IVA muy superior al de ustedes y ustedes no se
plantean ni siquiera incrementar el IVA, nosotros votaremos en contra de
esta moción. Ahora bien, tampoco eximimos de responsabilidad al Partido
Popular. Creo que antes comentaba la senadora que podríamos ahorrar este
debate. Las taquígrafas podrían coger el debate de hace un año y medio en
esta Cámara, cambiar los argumentos del Grupo Parlamentario Popular por
los del Grupo Parlamentario Socialista y este debate podría darse por
reproducido. Pero más allá de esto, el Partido Popular estaba entonces en
la oposición y criticaba ferozmente el incremento del IVA que hizo el
Partido Socialista. Me refiero al IVA de «los chuches»
—recordemos—, que son los mismos «chuches» de ahora, y el
Partido Socialista hacía una defensa fortísima diciendo que había que
subir el IVA.

Incomprensiblemente, desde nuestra perspectiva, el Partido
Popular no ha sido valiente ni ha afrontado la cuestión del IVA, como
otros, desde el primer momento, y no por motivos electorales, como sería
antes, aunque seguro que también. Incluso después de superar las
elecciones de Andalucía y de Asturias, los diferentes ministros todavía
mantenían que no se subiría el IVA en el Estado español, y esto genera
una desconfianza absoluta, porque ustedes argumentaron que subían el IRPF
por no subir el IVA, pero ahora tenemos aumento de IRPF y aumento del
IVA. En el plan que presentaron decían que habría un incremento del IVA,
de los impuestos indirectos, compensándolo con una disminución de las
cotizaciones sociales, pero lo han cumplido a medias, porque han avanzado
en el incremento del IVA pero han diferido la reducción de las
cotizaciones a la Seguridad Social a lo largo de los próximos años. Por
tanto, este incremento de competitividad también se verá diluido.

No es posible que estuviesen transmitiendo una imagen al
exterior tan poco sería. Alguien se preguntaba —creo que el senador
Lerma— por qué la prima de riesgo continúa subiendo y usted decía
que por falta de confianza. ¿Quién genera la falta de confianza? La
generamos —y utilizo un plural mayestático— todos juntos.
Cuando Estados Unidos o nuestros socios europeos ven este debate, como
mínimo, lo que pueden sentir es una falta de confianza en este país,
falta de confianza en España, porque

los argumentos que hoy se utilizan por parte de unos se
utilizan también por parte de los otros cuando gobiernan, y así realmente
no se genera confianza. Esto no da sensación de ser un Estado serio, no
da la sensación de ser un Estado responsable, no da la sensación de ser
un Estado que cumplirá con sus compromisos.

De ello somos responsables todos, cada uno en su grado, y
sabremos aplicarlo, pero, en todo caso, lo que no se puede hacer en estos
momentos, con la que está cayendo, sinceramente, señor Lerma, es
presentar una moción que implica no tocar los impuestos más allá del
cuarto punto, referido a crear un impuesto sobre las grandes fortunas. Es
cierto, también lo podían haber hecho ustedes antes de haber subido el
IVA.Y en cuanto a la lucha contra el fraude, también se podía haber
luchado entonces. Una cosa no implica la otra, pero en estos momentos
aferrarnos como a un clavo ardiendo a decir que no subiremos el IVA,
cuando es el IVA más bajo de la Unión Europea, no me parece serio. Es
más, creo que esta medida —y desde nuestro grupo la habíamos
reclamado en diferentes ocasiones— se tenía que haber tomado mucho
antes, se tenía que haber afrontado el problema mucho antes. ¿Por qué?
Porque nos lo estaba reclamando todo nuestro entorno. Igual que estamos
realizando gastos por encima de nuestras posibilidades, también tenemos
impuestos más bajos de lo que nuestras posibilidades nos permiten. Se ha
de hacer —estoy de acuerdo—; habría que hacer un análisis de
cuál es el sistema fiscal español y un comparativo del sistema fiscal
español en cada una de sus figuras. A pesar de que sea popular decir que
podemos tener una presión fiscal muy elevada y se han de bajar todos los
impuestos del mundo, esta no es una posición realista.

He dicho que haría alguna referencia al Real Decreto Ley
21/2012, aprobado recientemente por el Gobierno español. Me referiré
exclusivamente al IVA. Podríamos estar de acuerdo con algunos de los
planteamientos referidos al incremento del IVA que se aprueba con este
Real Decreto, ahora bien hay otros que creo que se han pasado —lo
digo sinceramente—, es decir, determinadas prestaciones de
servicios pasan del 8 al 21%, con un incremento del 167%. Las culturales,
pero no exclusivamente. Podemos añadir los servicios funerarios, las
peluquerías, los parques de atracciones, sin duda un elemento que para
nuestro turismo resulta fundamental. Estamos incrementando la presión
fiscal de nuestros impuestos indirectos un 167% de una vez, y esto no es
lo que se nos estaba reclamando. Yo creo que el impacto recaudatorio de
estas medidas será muy limitado y que podríamos habernos ahorrado
perfectamente una medida como esta.

En todo caso, para terminar, diré que sentimos no poder
apoyar esta propuesta, que entendemos que no tendría que haberse
producido en este momento.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el
senador Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Gracias.

Jo començaré per l’anterior, per a dir-li que li
agraïsc molt la seua moderació. La llàstima és que ell no està
d’acord amb si mateix, perquè fa dos anys, crec recordar, que el
seu hui president va proposar un front català contra l’IVA,
juntament amb el PP també. I jo crec que això li lleva una part de raó
del que ha plantejat.

Empezaré por lo anterior. La lástima es que no está de
acuerdo consigo mismo, porque creo recordar que hace dos años su hoy
presidente propuso un frente catalán contra el IVA, junto con el PP. Yo
creo que eso le quita un poco de razón en lo que ha planteado.

Pero, aparte de esa cuestión menor que por coherencia
política plantean los amigos y compañeros de Convergència, tengo que
decir que lógicamente nosotros sabemos que hay que recaudar y que para
ello es necesario cortar el déficit. El problema es que lo que estamos
planteando es que precisamente las medidas que estamos tomando han
fracasado y no han hecho más que aumentar el déficit una y otra vez y nos
obliga a volver a recortar, que será lo que pasará en esta ocasión
también.

¿Por qué se ha subido? Pues prácticamente porque del 6,3%
que nos iban a permitir a principios de año ya estábamos con una
previsión del 7%. Por eso se han tenido que tomar estas medidas. Pero le
tengo que decir al Gobierno, una vez más, y a todos los que quieren
ayudarnos y prestarnos dinero que el problema del consenso de Washington
ya ha pasado y se han visto las consecuencias. Las políticas de ajuste
han llevado a una década perdida en Latinoamérica, y son las mismas que
está aplicando ahora la

Unión Europea para salir de la recesión. Así, con las
políticas que está llevando a cabo, no solo no se sale sino que nos
embarca más y más en la recesión. Yo quiero que nos ayuden, naturalmente
que sí. Pero una ayuda fundamental es no hacer políticas que nos
introduzcan más en la depresión en la que ya estamos. No es una cuestión
de pedir dinero, sino fundamentalmente de cambiar de política. Y la
cuestión es: déjennos ustedes que nosotros hagamos los esfuerzos que sean
necesarios, pero no sometan a Europa a una recesión con las políticas que
están acometiendo, porque si nosotros tenemos que ajustar, hay otros que
tienen que gastar para que esto funcione y no nos tenga que ayudar nadie.
Nosotros ya mejoraremos nuestra capacidad de competir así, pero haciendo
todos una política que invita a la recesión solo conseguiremos
consolidarnos en ella, y esa es la situación.

No estoy, naturalmente, en contra de revisar el sistema
fiscal, todo lo contrario, estoy muy a favor. Estoy muy a favor también
—e insito en ello— de tener legitimidad para hacerlo. Pero
vuelvo a repetir que precisamente no da legitimidad hacer amnistías
fiscales; o llámenlo ustedes regularización, me da igual, el problema no
es cómo lo llamamos sino lo que es de verdad y cómo lo percibe la
sociedad en su conjunto y la Administración de Hacienda, que es la que se
ocupa de recaudar. Esa es la situación, que aquí se piensa que todos los
cumplidores están penalizados mientras otros se están saliendo de la
selección. Esta es la cuestión y esto nos deslegitima, y ningún Gobierno
sensato utiliza esas propuestas, precisamente porque minan la
credibilidad del sistema fiscal. Ningún Gobierno sensato, solo
Berlusconi. Volver a hablar del Gobierno de Felipe González cuando
estábamos en los albores de la democracia, cuando estábamos construyendo
un sistema fiscal con una Administración de Hacienda que prácticamente no
existía y ahora es de las mejores de Europa, es que no admite
comparación.

Pero no voy a insistir más en cosas que son pura evidencia.
¿Cómo es posible que ustedes no vean? ¿Es que son inmunes a la realidad?
¿Cómo es posible que no vean que han quitado credibilidad a todas las
estadísticas españolas cuando las estadísticas españolas no se pueden
manipular? Este es un país muy serio, con unos funcionarios muy serios y
rigurosos. Y no es verdad. Ustedes simplemente han periodificado de
manera distinta y han hinchado los déficits de algunas comunidades
autónomas, y han hinchado los déficits del Estado, y le han quitado
credibilidad a la Administración pública española, y luego le han quitado
credibilidad al Banco de España y a sus inspecciones, y han quitado
credibilidad a nuestros funcionarios.

¿Cómo quieren que los de fuera, que no saben cuál es la
realidad española, no nos comparen con las mentiras que algunos dijeron
en Grecia o con otros países poco serios y repúblicas bananeras que no
tienen nada que ver con nosotros? (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) La función pública española es una función pública muy
seria y no se merece los agravios a los que ustedes la están sometiendo
para que no pueda protestar. (Aplausos.) Pídanles ayuda, pídanles que nos
ayuden a llevar adelante esta situación. Pero esto no es posible. Las
vacaciones, las pagas…, todo para demostrar que no trabajan o no
quieren hacerlo. Y eso no es verdad. Lo que sucede es que tienen un
ministro que no les sabe mandar y que se ríe de ellos. Eso es lo que pasa
de verdad. (Aplausos.)

Lo que no puede ser es que venga aquí el ministro de
Hacienda y se burle de quienes son su responsabilidad. Lo que tiene que
hacer es todo lo contrario; tiene que estimularles para trabajar más y
mejor. Y no puede ser, y ustedes lo han visto igual que yo, que venga
aquí el ministro de Economía ayer a contar unas cosas que está llevando
él directamente, y que tenga que leerlo en un papel. Aquí venimos a estar
informados de primera mano por el Gobierno de lo que está pasando en la
economía española y de sus negociaciones con Europa. ¿De qué se enteraron
ustedes ayer? Nosotros de nada. ¿Pero se enteraron ustedes de algo nuevo
que no viniera en los periódicos de lo que nos leyó el ministro de
Economía? No es posible, no es posible. Ni el ministro de Economía ni el
ministro de Hacienda están en su papel y en su lugar, pero tampoco el
presidente lo está, porque en estos momentos debería tener un señor
vicepresidente que fuera capaz de orientar las negociaciones que lleva
España, de coordinar todas sus funciones en Europa y no dejar que cada
ministro dijera cosas diferentes y contradictorias.

Acuérdense ustedes, porque a veces reivindican la
transición, que aquí el que tiene que abordar los problemas y negociar
con los funcionarios, negociar con los sindicatos y negociar con la banca
española, con la economía y con los partidos, ha de ser alguien que se
sepa que lleva el control, y no alguien que no quiera más que sacar
ventaja de su propia situación. Ha de ser, por ejemplo, alguien como
Fuentes Quintana en su momento, que se sepa que tenga autoridad.

¿Creen ustedes que los dos ministros demostraron aquí que
tienen alguna autoridad para negociar la crisis en nombre de España? Pues
si ustedes no lo ven, creo que son los únicos, queridos amigos.

Nada más. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Lerma.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Angulo.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Senador Lerma, dicen que irritarse por un reproche es
reconocer que se ha merecido, y la verdad es que tanta irritación me
sorprende. Incluso pretender decir ahora cuál sería el mejor ministro de
Hacienda, con lo malos que los tuvieron y los pocos consejos que recibió
de ustedes el señor Zapatero a la hora de proponer un buen ministro de
Hacienda. Oportunidad tuvo de proponer uno bueno en ocho años.
(Aplausos.)

Empiezo diciendo lo mismo que he dicho en la primera
intervención. No les gusta que se hable de herencia, pero su herencia no
puede ser más desastrosa. No resisten que se hable de cuál es nuestro
compromiso y qué es lo que entendemos como nuestra obligación.

El Partido Popular, el Gobierno del Partido Popular, aplica
esta medida en un contexto de ajustes, pero sobre todo en un contexto de
un compromiso firme e inequívoco de hacer lo posible para recuperar el
crecimiento y el empleo. Y ustedes, señorías del Partido Socialista, hoy
no han dicho ni una sola palabra ni de crecimiento ni de empleo. Ese es
nuestro compromiso con los españoles.

Es verdad también que hay unas recomendaciones —lo
decía el senador Bel— del Consejo Europeo, hay unos ejes de reforma
que el Partido Popular toma muy en serio, y uno es esa consolidación
fiscal, esa reducción del déficit y esa lucha contra el desempleo,
especialmente entre los colectivos más vulnerables, el impulso a la
competitividad, la modernización de las administraciones públicas y
primar la imposición indirecta rebajando la imposición sobre el trabajo.
Y en todos esos ejes está trabajando y está actuando el Gobierno del
Partido Popular, siguiendo esas recomendaciones y esos compromisos con
nuestros socios, con la Unión Europea y desde luego con nuestros socios
europeos, pero sobre todo —insisto en ello— con el compromiso
que tenemos con los españoles de cambiar el rumbo, de emprender una senda
de crecimiento y de superar esa herencia que ustedes no quieren escuchar
pero que ustedes nos dejaron. Porque más de cinco millones de parados son
razón suficiente, son la mejor razón; porque hay un déficit del 9%, que
ustedes no provocaron en su totalidad pero que el Gobierno de España hizo
caso omiso, pues no puso ni un solo mecanismo para controlar ese déficit
y acabamos con tres puntos por encima.

Usted hablaba de burla, senador Lerma, ¿pero le parece que
hay mayor burla que llegar a las elecciones como llegaron en 2008,
negando la crisis? Qué distinto habría sido todo si en 2008 ustedes
hubieran dicho la verdad a los españoles en vez de seguir negando la
crisis como si nada, porque nunca hubo brotes verdes. Y qué distinto
hubiera sido todo si hubieran emprendido las medidas que sabían que
debían hacer y hubieran seguido esas recomendaciones de los organismos
institucionales. Pero solo vimos oportunismo. Qué distinto hubiera sido
todo si usted esas recetas que predica hoy las hubiera dicho cuando
aplicaban aquellas medidas improvisadas de quita y pon. ¿Se acuerda usted
de los 400 euros? ¿Había mayor burla que poner una medida en vísperas de
las elecciones que dejaba fuera precisamente a los que menos tenían, a
los «mileuristas» y a tres de cada cuatro jubilados? ¿Le parece poca
burla? ¿Le parece poca burla haber dejado todo a deber? Es que fueron
demasiados meses de despilfarro, fueron demasiadas las medidas y fue
demasiado grande el oportunismo, y en eso el Gobierno socialista
—ya se lo he dicho— dejó mucha parte del ahorro de los
españoles, pero dejó también mucha parte de su confianza y mucha parte de
su esperanza.

¿Es que hay algo más injusto que lo que ustedes han hecho
en este país? No hay nada más injusto que el despilfarro, no hay nada más
injusto que dejar todo a deber y no hay nada más profundamente injusto
que dejar que sean otros los que paguen los intereses y el capital de los
desmanes de uno. Y eso es lo primero que va a hacer el Partido Popular,
porque eso es lo que estamos haciendo ya, estamos pagando las deudas que
nos dejaron, el déficit, ese billón de euros de deuda, y estamos
corrigiendo en paralelo los desequilibrios que ustedes nos dejaron.
Porque tenemos el compromiso y porque tenemos la legitimidad.

Pero es más, ustedes hablan de injusto, ustedes dicen
continuamente la palabra injusto, y tengo que recordarles que la primera
medida que aprobó el Partido Popular fue asegurar el poder adquisitivo de
las pensiones; que ha sido el Partido Popular el que ha puesto medidas
para resolver el tema a las familias que tenían problemas con los
desahucios; o que ha sido con el Partido Popular con el que los parados
han dejado de pagar el 40% de los medicamentos. Eso en un momento de
extraordinaria dificultad, en recesión y con esa gran deuda que ustedes
dejaron sin pagar.

Son ustedes los que hoy hablan, hoy vuelven a hablar de ese
impuesto a las grandes fortunas, pero fueron ustedes los que nada más
empezar decidieron eliminar el impuesto sobre el patrimonio y, cuando
vinieron mal dadas, tiraron por el camino del medio y aprobaron la subida
del IVA.

Señorías, la senadora Martínez, del Grupo Parlamentario de
Nacionalistas Vascos y también algunos otros portavoces que han
intervenido han hablado de otro tema importante. Se ha hablado de la
necesidad de reformas, y no es cierto que el Gobierno no esté aplicando
reformas, al contrario, se ha emprendido una hoja de ruta imparable de
reformas. Esa es la primera gran diferencia que yo señalaba. Aplicamos
ajustes con una agenda reformista, no aplicamos ajustes manteniendo el
despilfarro. Esa es la gran diferencia entre este Gobierno y el anterior.
Se han dado pasos de gigante en estos meses, en la transparencia, en la
corresponsabilidad y en la estabilidad, con esa Ley de estabilidad
presupuestaria, con la gestión eficiente de los recursos públicos, con
apoyo —y también con exigencia— a las administraciones
territoriales, a las comunidades autónomas y a las entidades locales. Se
han dado pasos de gigante para sanear esas cuentas públicas, pero también
para reformar el sistema financiero, para que vuelva a fluir el crédito a
las familias y a las empresas, y ese crédito europeo —al que se
referían también en el Partido Socialista— a la banca es la mejor
prueba de la confianza que toda Europa muestra en esas reformas y en esas
medidas que está adoptado el Gobierno. Pueden decir ustedes: sin esa
agenda de reformas que el Gobierno comenzó a llevar cabo desde el primer
Consejo de Ministros, ¿habríamos conseguido ese acuerdo? Pues seguramente
no. O ese mecanismo de pago a los proveedores, que ha permitido dar un
respiro a tantas y tantas pymes y autónomos de este país. Por cierto,
decían: no están haciendo nada a favor de los emprendedores. Pues son los
emprendedores los que también se han pronunciado, desde la
responsabilidad y desde su legítimo criterio, sobre estas reformas que
está aplicando el Gobierno y también sobre estas medidas de ajuste y, en
particular, sobre la subida del IVA. Y hay una frase contundente del
presidente de una organización de empresarios autónomos: ningún autónomo
va a cerrar por la subida del IVA. ¿Pueden decir ustedes, senador Lerma,
cuántos autónomos cerraron por aquellas medidas en las que iban dejando
todo a deber, dejaban todo sin pagar, por aquellos millones de facturas
que dejaron ustedes a deber y que no pusieron remedio para ello? ¿Pueden
decir lo mismo? Los emprendedores, las organizaciones empresariales, las
cámaras de comercio también se han pronunciado sobre la necesidad de esta
medida.

En definitiva, señorías, ustedes nos han dicho —lo
decía también el senador Bel— que iban a votar en contra de la
moción y que teníamos que haber adoptado la medida antes. Nosotros
entendemos, señorías, que es un momento para el compromiso y que es un
momento para la responsabilidad. Algunos de ustedes han dicho que la
subida del IVA es una medida que no les gusta; a nosotros tampoco nos
gusta la subida del IVA. En el Partido Popular creemos en bajar los
impuestos, en esas rebajas selectivas de impuestos, en dejar recursos en
manos de quienes generan empleo —los emprendedores— y no
renunciamos a poder hacerlo en cuanto cambie la situación, en cuanto se
pueda.

Como decía Peter Drucker, donde hay una empresa de éxito es
porque alguien tomó una decisión valiente. Y en este momento se están
tomando medidas difíciles, medidas duras, incluso extremadamente duras y
difíciles para hacer frente a una situación extraordinariamente dura y
difícil; medidas que no nos gustan, pero que son necesarias. Ustedes,
señorías del Partido Socialista o de la Entesa, saben muy bien que son
responsables de la ruina de este país y de la necesidad que hay de
aplicar esas medidas. Pero también tenemos que ser conscientes —y
en el Partido Popular lo somos—, como decía nuestro presidente, del
momento crucial que va a determinar nuestro futuro. Y nosotros estamos
convencidos de la capacidad que tiene este país, que tenemos los
españoles, para salir de esta con mucho esfuerzo, pero también con
coraje, con optimismo y con trabajo. Dicen que en política hay tres cosas
fundamentales: tener algo en qué creer, tener algo que conseguir y tener
algo que hacer. Desde luego, nosotros creemos que vamos a salir de esta
con el esfuerzo de los españoles y, por supuesto, con el esfuerzo de un
Gobierno responsable y emprendedor que asuma esas reformas necesarias,
porque tenemos que conseguir una oportunidad para esos cinco millones y
medio de parados que hay en este país.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Termino, señor presidente.

Tenemos mucho por hacer, más que nunca. Tenemos por hacer
esa agenda reformista, imparable, que el Gobierno ha empezado, que
mantiene y que sabemos que es más urgente y más necesaria que nunca.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Angulo.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas. Señorías, votamos la moción del Grupo
Parlamentario Socialista tal y como ha sido presentada.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 252; a favor, 80; en contra, 167; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

7. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

7.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

7.1.1. PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 7/2010, DE
31 DE MARZO, GENERAL DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, PARA FLEXIBILIZAR
LOS MODOS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL AUTONÓMICOS. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

COMISIÓN: INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

(Núm. exp. 621/000008)

El señor PRESIDENTE: Punto séptimo del orden del día:
Proyectos y proposiciones de ley. Dictámenes de comisiones. Proyecto de
Ley de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la
Comunicación Audiovisual, para flexibilizar los modos de gestión de los
servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicos. Se tramita
por el procedimiento de urgencia. Comisión: Industria, Energía y
Turismo.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el
presidente de la comisión, el senador Muñoz, por tiempo de cinco
minutos.

El señor MUÑOZ MARTÍN: Gracias, señor presidente.

Señorías, por designación de la Comisión de Industria,
Energía y Turismo me cabe el honor de presentar a la Cámara el dictamen
del Proyecto de ley de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo,
General de la Comunicación Audiovisual, para flexibilizar los modos de
gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual
autonómicos. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
Presidencia.)

Dicho proyecto de ley, declarado urgente por el Gobierno,
tuvo su entrada en esta Cámara el día 29 de junio del año 2012. El plazo
de presentación de enmiendas finalizó el 3 de julio. Hubo una ampliación
del plazo de presentación de enmiendas que finalizó el 5 de julio. Se
presentaron un total de cuatro vetos y 132 enmiendas, de las cuales el
veto número 1 y las enmiendas números 5 a 50 fueron posteriormente
retiradas por su autor, el senador Mariscal Cifuentes, del Grupo Mixto,
antes de la sesión de la comisión.

La sesión de la comisión se celebró el día 10 de julio del
año 2012. Dicha Comisión de Industria, Energía y Turismo se reunió para
debatir y dictaminar el proyecto de ley. En dicha sesión se defendieron
los siguientes vetos y enmiendas: el veto número 2, del senador Jordi
Guillot Miravet y el senador Joan Saura Laporta, ambos del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el veto número 3, de la
senadora Mónica Almiñana Riqué, el senador Francésc Boya Alós, el senador
Rafael Bruguera Batalla, el senador Carles Martí Jufresa, el senador José
Montilla Aguilera, la senadora Iolanda Pineda Balló, el senador Joan
Sabaté Borràs y la senadora María Jesús Sequera García, todos del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; y el veto número 4, del
Grupo Parlamentario Socialista.

Las enmiendas números 1 a 4 fueron presentadas por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado. Las enmiendas números 51 y 52 fueron
presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió. Las enmiendas números 53 a 119 fueron presentadas
por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Y las
enmiendas números 120 a 132 fueron presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista. Todas ellas fueron rechazadas por la comisión y resultó
aprobado como

dictamen el texto remitido por el Congreso de los
Diputados. Se han presentado 7 votos particulares, mediante los cuales
todos los diferentes grupos parlamentarios mantienen para su defensa y
votación ante el Pleno todos los vetos y todas las enmiendas defendidas
en la comisión.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas
gracias.

Señorías, la Presidencia anuncia a todos los señores
senadores que se van a debatir ahora los vetos a la ley que ha presentado
el presidente de la comisión, pero que estos vetos se votarán a las 4 de
la tarde.

Gracias.

Propuesta de veto número 2, del senador Jordi Guillot y del
senador Joan Saura. (Rumores.)

¡Silencio, por favor!

Para la defensa de este veto, tiene la palabra el senador
Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, president.

Señorías, la señora Angulo nos decía que hay tres criterios
para hacer política y yo le añadiría un cuarto: no hacer el ridículo, y
menos cuando se hacen estos sermones económicos y se acusa al Gobierno de
izquierdas de la Generalitat de hundir al país cuando hoy hay 1295
trabajadores y trabajadoras de radiotelevisión de Valencia en medio de un
ERE que pueden perder sus empleos gracias a la mala gestión, a la
manipulación, al cachondeo y a los negocietes entre amiguetes.
(Aplausos.) Entonces, por favor, no nos sermoneen, háganse cargo de sus
responsabilidades y, en concreto, hoy que hablamos de televisiones
autonómicas, hoy que hablamos del sector audiovisual, justifiquen ustedes
qué ha pasado en Canal 9 y cómo puede ser que casi 1300 trabajadores se
vayan al paro. Esta es una situación que ustedes tendrán que explicar y
justificar.

No alcanzo tampoco a comprender por qué una reforma de ley
como esta se tramita por vía de urgencia. No es una ley que salga al paso
de ninguna urgencia del sector audiovisual, no resuelve ninguno de los
graves problemas presentes en el escenario audiovisual español después
del apagón analógico y tampoco responde al conjunto de enmiendas que
ustedes defendieron en la tramitación de la ley de lo audiovisual. No
entiendo cómo para privatizar y para invadir competencias autonómicas
hagan falta tantas prisas y se tramite una ley como esta por vía de
urgencia.

El senador Saura y yo, firmantes de este veto, somos
extremadamente críticos con las políticas del Partido Popular hacia el
sector de la comunicación audiovisual. Creemos que hoy habría dos grandes
prioridades que debería llevar a cabo el Gobierno del Estado. En primer
lugar, políticas públicas orientadas a la consolidación de unos medios de
comunicación, especialmente los públicos, como instrumentos fundamentales
de la libertad de expresión y de información, expresión y representación
de la pluralidad política y de la diversidad social, factores de cohesión
social, motores culturales de la industria audiovisual, instrumentos de
normalización lingüística en aquellas comunidades con lengua propia. En
segundo lugar, el objetivo del Gobierno sería el diseño de estrategias de
desarrollo de la industria y todo el potencial digital para consolidar un
sector estratégico para cualquier economía del siglo XXI.

Estas dos grandes prioridades no están hoy en día en lo que
es la acción del Gobierno y, como mucho, la acción del Gobierno en el
sector audiovisual se podía resumir en lo siguiente. Respecto a los
grupos privados afines, alentar y beneficiar. Solo hay que recordar las
concesiones de frecuencia de TDT del año 2000, del Gobierno Aznar, a
Unedisa y Vocento; concesiones realizadas por las comunidades autónomas
gobernadas por el PP; y evidentemente, a los no afines, ni agua.

Respecto a los medios de comunicación de titularidad
pública, han seguido ustedes una doble estrategia. Los gestionados por
ustedes, valgan como ejemplos Telemadrid y Canal 9, manipulación y mala
gestión. A los no controlados les han aplicado ustedes una presión
política que se podía resumir en cinco puntos. En primer lugar,
degradarlos. El acoso y derribo a que han sometido a RTVE no tiene
parangón, y menos en una etapa en que la Corporación de RTVE era líder de
audiencia, líder en el reconocimiento social a su profesionalidad y rigor
informativo, y en un periodo en que ha ido acumulando premios,
especialmente sus servicios informativos. Por no hablar de sus ataques a
TV3, sinónimo de malgasto innecesario; para ustedes, el típico malgasto
del nacionalismo, para nosotros, una inversión fundamental por ser TV3 un
factor imprescindible para la preservación de nuestra lengua y nuestra
cultura.

En segundo lugar, controlarlos, y para conseguirlo han sido
capaces de aprobar un real decreto de modificación del régimen de
administración de la Corporación RTVE, abusando de su mayoría absoluta,
que les permita elegir el consejo de administración sin necesidad de
consenso parlamentario. Controlarlos

para, a continuación, manipularlos, tercer aspecto. Aún es
pronto para hacer un primer balance de la política informativa de RTVE,
pero me alarman dos hechos. El primero, nombrar como jefe de informativos
al señor Somoano. Señorías del PP, si el PSOE hubiera nombrado como jefe
de informativos a un personaje con este perfil político, ustedes lo
hubieran crucificado vivo. El señor Somoano, para que ustedes entiendan
de quién hablo, no solo estuvo en la dirección de informativos de
Telemadrid, sino que es el autor de una tesis que bajo el título
«Estrategia de comunicación para el triunfo del Partido Popular», tiene
las siguientes perlas. El actual jefe de los informativos afirma:
Conociendo los medios de comunicación y sin ignorar que son presos de los
poderes económicos y políticos, el PP debería hacer referencia a una
serie de acciones. ¿De quién está presa hoy Televisión Española? El
paroxismo llega ya con lo que él define como sectores sensibles para el
PP, es decir, jóvenes, inmigrantes, gays y catalanes y andaluces. Solo
releeré lo que escribe en este último apartado sobre catalanes y
andaluces. Dice el jefe de los servicios informativos de Televisión
Española: Debemos presentarnos como ciudadanos de a pie y no como
señoritos, moderados y dialogantes, que trabajan para que su tierra
—se refiere a Andalucía— avance de una manera solidaria.
Contrarrestar este valor de la solidaridad con el de un PSOE que está
dejando la puerta abierta al tripartito catalán para que rompa la
solidaridad interterritorial, es decir, presentar a la dirección
socialista como un grupo de personas que por no poner límites están
perjudicando a Andalucía gravemente. Y añade: Es demagógico pero calará
en el electorado.

Señorías, ¿no tenían otro candidato? ¿No había otro
candidato a quien elegir como jefe de informativos? Creo que a veces no
solo hay que ser honrado, sino parecerlo, y en este caso, con este tipo
de tesis, no es el candidato aconsejable para mantener una televisión
pública plural y rigurosa.

Y un segundo hecho alarmante es la destitución del señor
don Juan Ramón Lucas de Radio Nacional de España, director del programa
En días como hoy, un programa de éxito y riguroso. Comparto plenamente la
crítica realizada por el señor Ansón y publicada ayer en el diario El
Mundo. El señor Ansón nos dice: La destitución es un grave error. A
ciertos dirigentes del PP les chiflan los periódicos alfombra; a otros,
los periódicos momia. En el PP hay políticos y periodistas que harían un
tambor con la piel de su propia madre para redoblar sobre ella las
alabanzas a Rajoy y a Soraya. Esto es lo que dice el señor Ansón, no me
riñan a mí, que solo hago de mensajero. Espero que esto no esté en su
voluntad.

Y los puntos cuarto y quinto de su política audiovisual son
privatización y recentralización, que son los únicos objetivos de este
proyecto de ley.

Ustedes justifican este proyecto de ley de reforma de la
Ley General de Comunicación Audiovisual por dos motivos: el primero,
flexibilizar los modos de gestión de los canales públicos de televisión
autonómica; el segundo, establecer la sujeción de la gestión económica de
estas televisiones autonómicas a las disposiciones de la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria. Este proyecto de ley sobre la flexibilización
de los modos de gestión no aporta nada que no sea la posibilidad de
transformar la habilitación de servicio público en licencia privada, y el
resto de modos de gestión que contempla la reforma no son ninguna
novedad, se realizan ya en diferentes televisiones autonómicas, por
ejemplo, en la televisión de Aragón. Hagan ustedes un repaso de las que
hoy en día existen.

Señorías, la ley nos dice con mucha claridad que los
órganos competentes de cada comunidad autónoma decidirán dentro de los
múltiples canales digitales que se le reserven los canales digitales de
ámbito autonómicos que sean explotados por el servicio público y los que
serán explotados por empresas privadas en régimen de licencia. ¿Por qué
transferir canales públicos a los privados? Si una comunidad autónoma no
puede o no quiere gestionar un canal público, lo más razonable es
aparcarlo. Lo que no tiene ningún sentido habiendo ya la cuota para los
privados es privatizarlo y quedarse sin la posibilidad de que en un
futuro pueda acceder al mismo porque, evidentemente, este paso a la
privada hipoteca sus posibilidades de disponer del mismo. Mi razonamiento
se entiende de forma meridiana si uno cree que los canales públicos,
autonómicos y locales son necesarios por representar una televisión de
proximidad, siempre ligada a la singularidad lingüística y cultural, y
por factores de cohesión social y territorial.

Es también preocupante que la reforma que plantea el
Gobierno permita la externalización de los servicios informativos. La
información junto con la formación y el entretenimiento de calidad son
funciones fundamentales de un servicio público. En el momento en que se
externaliza, ustedes quiebran los principios de independencia,
neutralidad y pluralismo, así como es alarmante la posibilidad que
contempla la reforma de que las comunidades autónomas puedan participar
en el capital social del privado que se queda con la licencia. Es decir,
no solo vamos a privatizar, sino que, encima, vamos a ayudar a
capitalizar a la empresa beneficiada de esta privatización. De verdad no
encuentro ningún tipo de interés público en todas estas propuestas.

Y tampoco creen en la descentralización política del Estado
y como prueba, un botón: este proyecto de ley.

Para ustedes lo privado es sinónimo de buena gestión y lo
público de mala gestión. Es evidentemente una afirmación que no se
sostiene. Lo que sí es cierto es a lo que antes he hecho referencia
respecto a Canal 9: que la manipulación, la mala gestión y todo este
cachondeo que ha habido en la radiotelevisión pública valenciana ha
llevado al desastre laboral que hoy día estamos abordando. Desde aquí
quiero mandar aquí un mensaje de solidaridad y apoyo a esos
trabajadores.

Pero, señorías, si somos respetuosos con las leyes, si
somos respetuosos con los estatutos, quien tiene la responsabilidad de
garantizar la mejor gestión de sus servicios son las propias comunidades
autónomas. Lo que ustedes proponen en el apartado 8 bis que quieren
añadir al artículo 43 es una invasión de competencias que, como mínimo,
la Generalidad de Cataluña tiene. A quien le corresponde gestionar y
garantizar la mejor gestión respecto a la Corporación de Medios
Audiovisuales Catalanes, por ejemplo, es a la Generalitat, y si el
Partido Popular cree que está mal gestionado, la señora Sánchez-Camacho o
cualquier diputado o diputada del Partido Popular en el Parlamento
catalán tienen el marco idóneo legal para opinar sobre ello. Lo que no
entiendo es por qué ustedes entran a esta concreción y a esta invasión
competencial. Porque una cosa es marcar límites de déficit y otra cosa
empezar a entrar ya en lo concreto, en lo que son competencias propias de
las comunidades autónomas, en este caso de nuestro autogobierno. No tiene
sentido. Yo creo que es una invasión de competencias, que esto no es
constitucional, y espero y deseo que el Gobierno de la Generalitat, una
vez aprobado ese proyecto de ley y pase a ser ley, dé los pasos
necesarios para impedir que pueda invadir nuestras competencias.

Creo, señorías, que si de algo debíamos discutir y legislar
es del gran fracaso que ha representado la reforma de la TDT. Estamos a
las puertas de un segundo apagón televisivo por la necesidad de emigrar a
otras posiciones del espectro y dejar espacio a la telefonía móvil de
cuarta generación, y de todo esto no hablamos. No hablamos de que a nivel
estatal el mercado de la TDT nació con seis operadores privados y un
operador público. Hoy en día, de esos seis operadores, quedan dos
empresas, por la fusión de Antena 3 y La Sexta y de Telecinco y la
Cuatro. No hablamos ni nos queremos dar cuenta de que los otros dos
operadores que había, Vocento y Unidad Editorial, después de un proceso
complejo, hoy en día se dedican a alquilar sus frecuencias,
fundamentalmente a majors extranjeras, que están haciendo el negocio del
siglo. De todo esto no hablamos. Ni hablamos tampoco de una situación de
naufragio generalizado que es la TDT a nivel local. Yo creo que esto es
lo que nos debería interesar.

Debería haber un debate de propuestas, de definición de
modelos, de búsqueda de fórmulas de financiación, de búsqueda de una
sostenibilidad de ese sistema, que se ha multiplicado la posibilidad de
acceso a canales. De todo esto no hablamos. El único plan que tienen aquí
es privatizar en unos momentos en los que, por otra parte, tampoco hay
demanda. ¿Pero quién va a pedir más canales, si los que hay no pueden
tirar hacia adelante? Cuestionan la posibilidad de impulso y desarrollo
de una televisión pública autonómica en el momento en que se haya
privatizado y, evidentemente, también toda cuestión de la invasión
competencial a la que antes he hecho referencia.

Como he visto que, gracias a una transaccional, vamos a
eliminar las referencias a la pornografía y violencia gratuita, me
quedaré con la curiosidad de ver cómo un Gobierno o un grupo como el
Popular lo hacen en la defensa de los derechos del menor. No sé si tendrá
la amabilidad la portavoz del Grupo Popular de explicarnos el porqué de
esta caída, pero bien está lo que bien acaba.

Muchas gracias, señoras y señores senadores. Esto justifica
el veto que hemos presentado el señor Saura y yo. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

La propuesta de veto número 3 está firmada por la senadora
Armiñana, los senadores Boya, Bruguera, Martí y Montilla, la senadora
Pineda, el senador Sabaté y la senadora Sequera.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar he de decir que es de agradecer
que podamos debatir una ley en esta Cámara, aunque sea una ley que
algunos consideremos innecesaria y superflua. Lo digo porque, después de
seis meses de Gobierno, van más de veinte decretos ley, y eso comporta
que a esta Cámara se la sustraiga de una de sus competencias como es la
de colegislar con el Congreso.

Bienvenida sea, por tanto, aunque sea una ley cuyo
objetivo, desde luego, y cuya necesidad no compartimos.

La situación económica, la crisis y la austeridad necesaria
que nos preocupa y que nos ocupa a todos es argumento para todas las
reformas —las necesarias, que las hay, por supuesto— y
también la excusa para algunas contrarreformas que lo que tienen es un
determinado calado ideológico, que bajo la excusa de la crisis y la
austeridad se pretende, como es en este caso, modificar la Ley General de
Comunicación Audiovisual.

El objetivo bajo estas excusas no es otro que romper el
modelo público de televisión que nació en los años ochenta y que, de
alguna manera, culminó con la Ley del año 2010 y que ahora se modifica.
Es un modelo vigente plural, que garantiza y ha garantizado en líneas
generales, por supuesto, el pluralismo ideológico, político y cultural en
un marco, podríamos decir, de convivencia de televisiones públicas y de
televisiones privadas a partir de unas determinadas fechas en el ámbito
nacional y después autonómico.

La quiebra de este modelo queda claramente explicitada en
la posibilidad de que las televisiones autonómicas puedan externalizar
los servicios informativos. De alguna manera, desde nuestro punto de
vista, ello atenta contra la independencia necesaria en un servicio
público de este tipo, contra la neutralidad que se debe requerir y contra
el pluralismo, y puede acabar favoreciendo a los grandes grupos de
intereses, porque, por supuesto, posibilitarán en algunos casos
prescindir de profesionales de los servicios públicos informativos
actuales y después, por supuesto, regalar contratos a grupos afines, que,
a su vez, contratarán a precio de saldo y de forma precaria a
profesionales, que sin ningún género de dudas serán mucho menos libres a
la hora de hacer su trabajo. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)

Como decía, uno de los argumentos principales de esta ley
hace alusión a la sostenibilidad económica y financiera de las
televisiones autonómicas. Obviamente, este es un tema que a nosotros nos
preocupa. Nos preocupa porque el fenómeno es generalizado, afecta a las
televisiones de ámbito nacional pero también a las de ámbito autonómico;
la caída de la publicidad; por supuesto las dificultades desde las
administraciones públicas, desde los Gobiernos autonómicos a aportar lo
que seguramente requerirían las televisiones autonómicas para seguir
funcionando. Por lo tanto, eso requiere ajustes programáticos que se han
venido y se vienen haciendo, reducciones por supuesto de los costes,
reducciones en los doblajes, en la estructura, en la producción ajena y
en otros contratos con terceros. Eso evidentemente es necesario, pero
para eso no hace falta esta ley. La prueba es que incluso, como hemos
visto estos días, televisiones autonómicas de una cierta dimensión, como
la de la comunidad valenciana, han planteado una reducción drástica y un
cambio de modelo, no han esperado a que nosotros aprobemos esta ley. No
es necesaria, y no lo es porque los ajustes que se hayan de hacer —
cada comunidad a de ver cuáles son necesarios—, los han de hacer
las comunidades autónomas y son ellas las competentes. Seguramente habrá
algunas comunidades que no quieran ejercer estas competencias, están en
su derecho, pero hay otras, al menos en el caso de Cataluña, que, por
supuesto, somos muy celosos de ellas, entre otras cosas porque creemos en
la necesidad de una televisión —en este caso, catalana— como
servicio público —que es lo que seguramente algunos no han
entendido— y además no partidario.

Miren ustedes, la televisión como servicio público no
partidario ha de ser también una televisión que, por supuesto, tenga
audiencia, una televisión que pueda tener ingresos publicitarios. La
televisión de Cataluña, como ustedes saben, es la televisión autonómica
con más audiencia, con más ingresos publicitarios, lo ha sido, digamos, a
lo largo de toda su historia, al margen de los cambios de Gobiernos que
se han ido produciendo; y eso tiene relación evidentemente con la calidad
y con un cierto grado de pluralidad, opinable siempre, por supuesto, pero
que ha existido. Y también ha tenido un papel fundamental en la
normalización y en la difusión de la lengua catalana y de la cultura
estrictamente catalana. Tiene absoluto sentido, por lo tanto, como una
televisión de servicio público y, ya que normalmente se habla tanto y no
hay punto del orden del día en el que no se hable de herencias—,
afortunadamente la herencia de la televisión pública de Cataluña, cuando
se produjo el último cambio de Gobierno, a diferencia de otras etapas,
fue una televisión pública en aquel momento absolutamente saneada y sin
deudas.

En definitiva, ustedes con esta ley lo que pretenden es
—y es lo que se trasluce en todo el texto— eliminar la
televisión pública porque no creen en ella. Entre otras cosas, ¿qué
sentido tiene, tal y como se deduce en la ley, que pueda haber
televisiones públicas por parte de algunas comunidades autónomas que se
puedan privatizar —digo privatizar y no concesionar, que es una
manera diferente y una manera de prestar un servicio público que puede
ser mediante una concesión—? Ya hay espectro radioléctrico a
disposición de las privadas en el ámbito autonómico. No es que sea mucho
el negocio, pero en algunas comunidades hay televisiones privadas de
ámbito autonómico que tienen en estos momentos ya un porcentaje de
audiencia —pequeño pero lo tienen—, ya hay un cierto mercado,
aunque sea un mercado

con muchas dificultades, teniendo en cuenta la caída de la
publicidad que afecta a todos los medios de comunicación y también a las
televisiones, y más todavía a las televisiones de ámbito autonómico.

¿Qué sentido tiene, por lo tanto, privatizar las
televisiones públicas de algunas comunidades autónomas y regalar de
alguna manera el espectro a empresas privadas, que, en muchos casos,
harán negocio gracias a las condiciones y peajes que se pueden pagar por
parte de algunas comunidades autónomas a cambio de un determinado
tratamiento informativo, que, además, en este caso no tendrá los
inconvenientes, entre comillas, del control parlamentario, es decir, sin
control parlamentario, y, por supuesto, con profesionales absolutamente
precarizados, algo que ya se está viendo?

Hay comunidades autónomas que disponen de pocos recursos
—esa es la verdad—, pero existen otras maneras de hacer las
cosas: que aquellas comunidades autónomas con poca dimensión, que no
tengan lengua propia, que no tengan voluntad ni interés en tener una
televisión propia, utilicen más los instrumentos de que disponemos, es
decir, los convenios con RTVE. Están en su derecho, pero tienen otras
vías para usarlo. No necesitan que les ampare esta ley. En estos momentos
lo pueden hacer sin necesidad de que se apruebe esta ley.

En Televisión Española —tal y como decía el señor
Guillot— ha habido cambios sustanciales durantes los últimos meses.
Entre otras cosas, es una televisión pública que este Gobierno ha
heredado sin déficit, a diferencia del déficit de 7000 millones euros de
2003 —algunos no lo recuerdan, pero yo lo recuerdo.

Señoría, los cambios que se han producido en Televisión
Española tienden a convertir una televisión pública —que es y era
de calidad—, líder de audiencia, en una televisión de partido, en
una televisión que, sin ningún género de duda, perderá audiencia y
calidad —eso ya lo hemos empezado a ver estos días— por poner
al frente de la misma —como señalaba el señor Guillot— a
personas con un perfil sectario, poco profesionales y poco plurales.
Tampoco entendemos cómo Convergéncia i Unió ha avalado estos cambios
producidos en Televisión Española, pues se trata de cambios que, desde
luego, aunque ellos no lo crean, no van a beneficiar en absoluto a
Cataluña. Seguramente se trata de favores, en los que Convergència i Unió
apoya al Partido Popular en el asunto de la Televisión y el Partido
Popular apoya a Convergència i Unió en Cataluña también en cuanto a la
televisión. Parece que han roto muchos puentes, pero este no, y me temo
que no lo romperán, ya lo verán si no.

Me gustaría terminar diciendo que esta ley no soluciona en
absoluto los problemas de las televisiones públicas de las comunidades
autónomas. La colaboración público-privada —otra de las cosas a las
que se hace alusión en la ley—, en momentos de crisis como los que
vivimos, desgraciadamente, es una escusa, una entelequia. Todos estos
argumentos y muchos otros justifican la presentación de este veto a la
ley que en estos momentos nos ocupa.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Para la defensa de la enmienda de la propuesta de veto
número 4 del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Gil García.

El señor GIL GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señorías, buenos días.

La finalidad declarada, al menos aparente, del proyecto de
ley que el Gobierno trae a esta Cámara tiene como propósito fundamental
facilitar la consolidación del presupuesto y el saneamiento de las
cuentas públicas de los prestadores del servicio público de comunicación
audiovisual en el ámbito autonómico, un propósito con el que el Grupo
Parlamentario Socialista está de acuerdo. Estamos de acuerdo en
racionalizar la estructura y con garantizar la viabilidad económica y
presupuestaria de los organismos que llevan a cabo la prestación de estos
servicios de comunicación audiovisual. Para ello, se posibilita una mayor
flexibilidad en las formas de gestión del servicio público de
comunicación audiovisual, incluida la privatización de la
titularidad.

Sin embargo, el proyecto de ley que hoy se presenta tiene
un propósito oculto: ocultan ustedes una ruptura con el modelo de radio y
televisión pública en este país; un modelo construido en España desde el
año 1980 y que culminó con la Ley General de Comunicación Audiovisual,
que hoy el Partido Popular pretende reformar; un modelo donde coexisten
las radios y las televisiones públicas y privadas y que garantiza una
información plural.

Este proyecto de ley que ustedes presentan cruza varias
líneas que para nuestro grupo son incompatibles con las necesidades
sociales de los españoles en materia de información y en materia de
pluralismo. Este proyecto de ley excede el ámbito competencial del Estado
—se ha apuntado aquí por

otros grupos—. Imponen a los prestadores públicos que
están bajo la dirección y control autonómico obligaciones muy concretas y
exhaustivas en esta materia. Este proyecto de ley no es neutral en cuanto
a las formas de gestión, favorece la desaparición del servicio público de
radio y televisión autonómica en beneficio de la gestión privada, abogan,
sin cortapisas, por la privatización. Este proyecto de ley concentra y
otorga a los grupos mediáticos afines una plataforma para su
capitalización y expansión de su acción mediática mediante su
participación a través de la gestión indirecta y la gestión mixta en los
servicios públicos de comunicación audiovisual de las comunidades
autónomas. Quiebra los principios de independencia, neutralidad y
pluralismo con la externalización de los servicios informativos. Estos
forman parte del núcleo esencial del modelo público de comunicación
audiovisual. Señorías, sin duda, buscan un claro ventajismo político con
esta intención.

Por último, se trata de un proyecto de ley innecesario. Las
comunidades autónomas cuentan con capacidad normativa para flexibilizar
sus formas de gestión y ajustarse a los objetivos de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

En resumen, que sin dar respuesta a los fines que dicen
buscar —la reducción de costes para la consolidación presupuestaria
y el saneamiento de las cuentas—, por el contrario, esconden el
verdadero propósito del Partido Popular, o lo que es lo mismo, su
programa oculto. Esconden la privatización de las radios y televisiones
públicas y la implantación, una vez más, de un modelo neoliberal en
materia de comunicación audiovisual. Ocultan la necesidad imperiosa del
Gobierno de controlar los servicios informativos —igual que ya han
empezado a hacer con RTVE— y facilitan la capitalización y
concentración de empresas o grupos mediáticos afines.

Señorías, es innegable que la crisis económica hace muy
difícil la sostenibilidad económica de las televisiones públicas del
ámbito autonómico. La financiación del servicio público de comunicación
audiovisual se apoya en los ingresos públicos en casi un 60% y en la
publicidad. Ambas han caído de manera importante, lo que pone en riesgo
su futuro. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista considera que es
necesario acometer actuaciones que posibiliten cuestiones vitales,
cuestiones vitales como reducir los costes estructurales de los servicios
contratados y disminuir el coste de las parrillas de programación de los
diferentes operadores públicos involucrados. Por ejemplo, reducir la
producción ajena extranjera, que ocupa un espacio importante en la
programación y no nos produce ningún retorno, o fomentar en todo lo
posible la producción propia, que es mucho más barata. (La señora
vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.)

Tenemos un modelo de radio y televisión pública autonómico
con unas características que le dotan de unos costes estructurales
superiores a otros modelos de televisiones regionales de otros países de
nuestro entorno. Sin embargo, señorías, este proyecto de ley no da
respuesta a estos problemas, fían su suerte únicamente a un modelo de
gestión de mercado.

Por otro lado, como apuntaba al principio, este proyecto de
ley invade clarísimamente el espacio competencial autonómico. Tienen que
ser las comunidades autónomas, en el marco de sus competencias, quienes
impulsen y desarrollen actuaciones que les permitan hacer reformas
necesarias y garantizar la sostenibilidad presupuestaria de un servicio
público de radio y televisión, unas reformas que permitan a nuestro
sistema autonómico cumplir con los objetivos de déficit público que
señala la Ley de estabilidad.

Mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, por tanto,
cree necesario buscar fórmulas de cooperación, fórmulas de colaboración y
fórmulas de confederación entre los prestadores del servicio público de
ámbito autonómico como bases para la eficiencia y la racionalización en
el gasto. Es necesario buscar estas fórmulas de cooperación
fundamentalmente entre los prestadores del servicio público de
comunicación autonómicos, entre ellos, pero también de estos con el
operador estatal.

Esta cooperación con la Corporación RTVE permitiría a
nuestro juicio tres cuestiones muy importantes: primera, evitar
duplicidades; segunda, evitar disfunciones; y tercera, aumentar la
eficiencia y la eficacia desde el punto de vista empresarial. Por tanto,
señorías, cooperación para la producción y edición conjunta, intercambio
de contenidos; cooperación para adquirir derechos de emisión y material;
y cooperación para el reparto de costes de difusión de la señal y de
sedes e instalaciones.

Para mi grupo, la prestación de este servicio público de
radio y televisión y servicios interactivos en las diferentes comunidades
autónomas tiene como razón de ser algunos aspectos que consideramos
fundamentales: el primero es la producción y emisión de contenidos
próximos y de calidad; el segundo, la difusión de la identidad autonómica
y los valores institucionales y estatutarios; y el tercero y último, la
cohesión social y el desarrollo territorial y cultural establecidos en
sus propios estatutos de autonomía.

Es necesario un servicio público de televisión aquí en
Madrid pero lo es también en Cataluña, lo es también en Extremadura o en
Galicia, por ejemplo, en todas las comunidades autónomas; un servicio
público que difunda su cultura, su lengua, sus tradiciones, porque,
señorías, esa diversidad es un activo que nos aporta riqueza como país,
es un legado que nuestros abuelos nos dejaron y que tenemos la obligación
de conocer, de difundir y de conservar para nuestros hijos. (El señor
vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

Por otro lado, señorías, no quiero dejar de referirme a un
aspecto que preocupa, mejor dicho que preocupaba a mi grupo en lo que se
refiere a la protección de los menores y determinadas modificaciones que
se pretendían introducir en la ley en su trámite parlamentario que se ha
llevado a cabo en el Congreso. Algunas de las enmiendas aprobadas no son
suficientemente contundentes en esta materia de protección de menores y,
además, podrían considerarse como una inadecuada transposición de la
Directiva de Servicios Audiovisuales, que podría acarrear la imposición
de sanciones al Reino de España. Consideramos al respecto que es
necesaria una alusión expresa a la prohibición de la emisión de
contenidos que incluyan escenas de pornografía, de violencia gratuita, de
violencia de género y de cualquier tipo de violencia; que eviten en esta
ley cualquier interpretación sesgada, que impidan de manera taxativa y
fehaciente el acceso de los menores a los contenidos perjudiciales.

Por ello, quiero aprovechar desde esta tribuna para
agradecer a todos los portavoces, a todos los grupos parlamentarios que
hayamos llegado a un acuerdo mediante una enmienda transaccional a este
respecto porque creo que pone en valor el trabajo de esta Cámara, y,
sobre todo, atiende a una materia muy sensible en la que no me cabe la
menor duda de que todos estamos de acuerdo. Por ello, repito, quiero
manifestarles mi agradecimiento y mi felicitación.

Señorías, ¿es posible tener un servicio público de
televisión autonómica para todo esto y con un menor gasto? Desde luego
que es posible, pero necesitamos un canal y no seis como tiene alguna
comunidad autónoma.

¿Cómo podemos generar sinergias económicas, reducir costes
y garantizar la sostenibilidad? Pues que sea cada comunidad autónoma la
que decida si es la Corporación de RTVE la encargada de prestar el
servicio público con base a convenios entre la propia comunidad autónoma
y la corporación, por ejemplo; que la gestión pueda ser indirecta o
mixta, pero nunca privada, y que, en todo caso, siempre se garanticen los
controles democráticos en sus contenidos y en su financiación.

Señorías, el proyecto de ley contempla la posibilidad de
transferir la titularidad del servicio público audiovisual a una empresa
privada, y aquí está el nudo gordiano de esta trama. Se quiebra la
emisión de servicio público y encima no se da respuesta a los problemas a
los que supuestamente va dirigido este proyecto de ley, y, señorías, como
dicen en mi pueblo, en Valle de Mena, para este viaje no necesitamos
alforjas.

Para mi grupo esta es una propuesta inadmisible, se da de
frente con nuestro modelo de radiotelevisión pública, es un proyecto de
ley que no es neutral con las diferentes fórmulas de gestión que se
plantean y bajo una aparente flexibilidad las abocan irremediablemente a
una privatización de la gestión o a una privatización del propio servicio
público.

Y no solo eso, el proyecto de ley abre la posibilidad a la
externalización de la producción y la edición de los servicios
informativos sin garantías suficientes, y lo que es más grave, una vez
más, el Partido Popular tiene la intención de utilizar los servicios
informativos en beneficio propio, como hace, por ejemplo, en Telemadrid o
en el Canal 9, donde, por cierto, 1300 trabajadores irán a la calle
gracias a ese maravilloso modelo de gestión.

Señorías, les resulta difícil gobernar como lo están
haciendo sin tener el control de una centrifugadora mediática; partiendo
de la TDT Party, han ido ustedes a por RTVE a saco, y ahora a por las
televisiones autonómicas. Como ya anticipaba algún destacado militante
del Partido Popular, se proponen eliminar las televisiones públicas, y
esto es exactamente lo que están haciendo.

Este es, por tanto, un proyecto de ley innecesario desde el
punto de vista normativo e inoportuno desde el punto de vista político.
El Gobierno del Partido Popular, con el pretexto de la crisis, intenta
profundizar más en su modelo ultraconservador para la organización de los
servicios de comunicación audiovisual en las comunidades autónomas y en
un modelo de radiotelevisión gubernamental al servicio del partido del
Gobierno, que no al servicio de los españoles.

Con esta ley ustedes dan un paso más en su política de
recorte de derechos de los ciudadanos. Saben que un ciudadano informado
es un ciudadano activo, un ciudadano reivindicativo, lo que para ustedes
constituye un peligro. Desgraciadamente, continúan ustedes adelante con
sus decisiones en

Radio Televisión Española, como se ha comentado aquí por
anteriores portavoces y no voy a repetir. Su cruzada contra el derecho a
la información no ha hecho más que empezar y creo que tendremos que
lamentarlo todos los españoles. Estos son algunos de los motivos que
justifican el veto que mi grupo parlamentario presenta a este proyecto de
ley.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

En turno en contra tiene la palabra el senador señor
Muñoz-Alonso.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Gracias, señor presidente.

He escuchado con mucha atención la defensa de los tres
vetos que permanecen vivos a este proyecto de ley de reforma. Tengo que
decir que al escucharles me he ratificado en la oposición a esos vetos, y
por el contrario en el apoyo a los fundamentos que el Gobierno ha puesto
por delante al proponer esta reforma.

Como ya dije en comisión, curiosamente compartimos una
frase que aparece en la primera línea de la exposición de motivos del
veto que presentan los senadores Guillot y Saura, la que dice así: Este
proyecto de ley profundiza en la línea liberalizadora de la vigente Ley
General de la Comunicación Audiovisual. Pues sí, señores, eso es así, ese
es nuestro propósito aunque yo no esté totalmente de acuerdo en que esa
sea una ley liberalizadora. Creo que tendré oportunidad de aclararlo un
poco más adelante. Pero sí me gustaría que quedara muy claro desde el
principio que apostamos por la liberalización en este ámbito de la
comunicación audiovisual como en otros muchos sectores y aspectos de
nuestra vida pública. Creo que ya es hora, y es una exigencia de la
modernidad, que nuestro país se libere de viejos encorsetamientos y de
pesadas herencias. Porque a nosotros, señorías, a diferencia de otros, no
nos da miedo la libertad, ni la nuestra ni la de los demás (Aplausos.), y
creemos firmemente que cuando se toma la libertad como guía y como meta,
que es lo que queremos hacer nosotros, siempre se acierta y nunca se
yerra.

La reforma que propone este proyecto aborda solo algunos
aspectos, entendemos que muy limitados, pero sí los más importantes y los
que nos parecen más urgentes de una ley que, aunque aprobada hace poco
más de dos años, nació ya vieja y con un cierto olor a naftalina. Es una
ley que, pese a sus pretensiones de modernidad, parece dictada hace un
cuarto de siglo, y ello es así tanto por razones de carácter tecnológico
como por razones de índole económico-financiera y en última instancia
política. Por eso nosotros nos abstuvimos en la votación de aquella
ley.

No es cierto que este proyecto de reforma apueste, como
dice uno de los vetos, creo que el de los senadores Guillot y Saura, por
la posibilidad de privatización generalizada de los medios audiovisuales
autonómicos, en absoluto, ni lo es que vayan contra el principio de
autonomía las obligaciones que se introducen relativas a financiación y
control del gasto de las televisiones autonómicas. Todo lo contrario.
Este proyecto respeta escrupulosamente las competencias autonómicas, no
las limita sino que las amplía al poner en mano de las comunidades
autónomas una extensa capacidad para determinar los modos de gestión del
servicio público de comunicación audiovisual. Se las libra del corsé
establecido por la derogada ley del tercer canal, asumido y aceptado por
la Ley 7/2010 que ahora se reforma. Y además, nada de centralización,
como han dicho algunos en contra, creo yo, de toda evidencia. Se apuesta
por un paisaje audiovisual mucho menos monocorde y mucho más variado. Si
me lo permiten, señorías, digamos que aquí también estamos a favor de la
biodiversidad.

Para esta reforma limitada y mesurada, como digo, el
Gobierno se basa en dos preceptos constitucionales. El primero es el
artículo 59, que habla de las competencias exclusivas del Estado. En
concreto, el número 27 del apartado 1 dice que el Gobierno tiene
competencias exclusivas en las normas básicas del régimen de prensa,
radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación
social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución
corresponda a las comunidades autónomas. Y lo que tenemos en esta
reforma, en efecto, es una norma básica, que las comunidades autónomas
podrán desarrollar y ejecutar con toda libertad, de acuerdo con la misma
y con su propio ordenamiento. Y el segundo precepto en que nos basamos es
el novísimo artículo 135, incluido en nuestra Carta Magna por la reforma
de septiembre de 2011, cuyo primer punto establece taxativamente que
todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al
principio de estabilidad presupuestaria. Esa es una de las preocupaciones
que laten en este proyecto.

No les leo el punto 2, que trata de los límites del
déficit, ni el 3, relativo a las emisiones de deuda pública, ni los
siguientes porque todas sus señorías los conocen bien y están al tanto de
que este precepto constitucional ha sido desarrollado por la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria

y sostenibilidad financiera, que despliega y parte de esos
mismos principios. Y es una ley, por cierto, que en su artículo 9 reitera
un principio de máxima importancia, como es el de la lealtad
institucional, que obliga a todas las administraciones públicas y que
especialmente nos parece pertinente en este caso. No logro entender por
qué algunas de sus señorías afirman que aplicar estos preceptos, que por
su fondo y su forma son de aplicación general, a los medios audiovisuales
de titularidad autonómica va en contra del principio de autonomía. Me da
la impresión de que algunos han olvidado las lecciones más elementales
del derecho constitucional y mantienen un concepto de autonomía que los
clásicos seguramente llamarían exorbitante, que nada tiene que ver con la
ciencia política ni con nuestro sistema y legislación
constitucionales.

Algunos han querido ver en esta reforma lo que no hay, en
absoluto, en ella, como se ha visto en la exposición que acabamos de
escuchar. Por ejemplo, cómo se puede decir que se reduce la garantía del
pluralismo ideológico, político y cultural. ¿Dónde está eso? Lo dice una
de las exposiciones de motivos de los vetos. ¿De dónde pueden sacar tal
cosa? Desde luego, del texto que tenemos sobre la mesa, no. Léanlo
—se lo pido, señorías—, léanlo con atención y sin prejuicios.
Parece que hay demasiada afición —sobre todo, lo he visto en la
intervención del portavoz socialista— a hacer juicios de
intenciones, a ver fantasmas donde, por supuesto, no los hay. Y les
pediría que no fuesen por ese camino. Cuando nosotros creamos que una
cierta medida es necesaria o útil para el interés general de España la
plantearemos abiertamente, por medio del correspondiente proyecto o
proposición de ley, con la debida transparencia y el obligado debate
parlamentario, pero no hace falta que traten de encontrar entre líneas lo
que no existe entre líneas.

No hay más remedio que pensar que todavía hay muchos que no
acaban de enterarse de que vivimos ya de lleno en la era digital, que
está suponiendo una revolución en profundidad de las tecnologías de la
información y la comunicación, cuyas consecuencias y posibilidades apenas
si hemos empezado a vislumbrar y, sobre todo, que este nuevo entorno
exige un cambio radical de mentalidad. Casi más importante que el cambio
tecnológico es el cambio de las mentalidades, que ni siquiera se percibe
en el texto de esa ley de comunicación audiovisual anunciada, que en su
momento, por cierto, se presentó como el no va más. Como suele ser
habitual en ciertas tendencias políticas, se confunde regulación, que es
absolutamente necesaria y la apoyamos, con dirigismo y creación de
organismos y burocracias inútiles. En la propia Ley que ahora vamos a
reformar —y en partes que no quedan reformadas— no faltan los
ejemplos en esa línea y los vetos a los que me estoy oponiendo parecen en
ciertas ocasiones, cuando se han expresado aquí, inspirados por esa
nostalgia del viejo dirigismo, del intervencionismo a toda costa.

Es patente que algunos echan de menos la felizmente
derogada ley del tercer canal, basada en viejos conceptos, actualmente
plenamente superados. Parece que muchos no se han liberado todavía de
aquel concepto básico del venerable, superado y derogado Estatuto de
Radio Televisión de 1980, fecha a la que se ha aludido aquí también hoy,
según la cual la televisión es un servicio público esencial cuya
titularidad corresponde al Estado. Señorías, esa es una antigualla que
hoy día no se puede mantener. Aquel estatuto, con la ley del tercer
canal, parece constituir para algunos el universo audiovisual ideal, y
creo que se equivocan muy seriamente. Y todo eso, insisto, ya es una
antigualla que nada tiene que ver con el mundo actual. El paisaje
mediático está cambiando aceleradamente y no valen ya las fórmulas del
pasado. Estamos muy lejos de aquella vieja televisión en blanco y negro
que empezó a balbucear hace casi siete décadas. A la de ahora, asociada
con Internet y accesible en movilidad por medio de la moderna tecnología,
no le valen las rancias fórmulas ni los cauces forzados del
dirigismo.

Hace ya bastantes años un reconocido especialista francés
en medios de comunicación y en una de las universidades francesas de
París, Francis Balle, escribía: Las televisiones europeas tienen en común
que todas ellas han nacido en la servidumbre —así de categórico lo
decía—; las fórmulas adoptadas han sido diferentes pero en todas
ellas la autoridad de los gobernantes se ha afirmado más o menos
estrechamente. Y en la realidad —continuaba— lo menos
importante son los andamiajes jurídicos, ya que lo que pesa son las
costumbres políticas de los diversos países. Una frase sobre la que
habría que meditar seriamente. También tendríamos que meditar sobre
algunas costumbres que aquí se han instalado durante este tiempo.

La ley que queremos reformar hizo más bien poco para librar
a los medios audiovisuales de esa servidumbre respecto de los gobiernos,
de uno u otro nivel administrativo. Por el contrario, la reforma que
proponemos es un paso en el camino de liberar a las televisiones
autonómicas de ese estrecho traje a la medida que les fue adjudicado. Por
esta reforma se da a las comunidades autónomas amplias posibilidades para
que tengan o no televisiones públicas y, si las tienen, para que las
gestionen directa o

indirectamente de la manera que les parezca más oportuna,
incluida la enajenación de la titularidad de la entidad prestadora del
servicio; algo que no es descabellado en este contexto de crisis
económica y a la luz de ese conocido propósito del que se ha hablado
estos días y que ha sido reiterado por el Gobierno de suprimir o reducir
esa escandalosa cifra de 4000 empresas públicas que existen en España.
Pero repito que son las comunidades autónomas las que tienen que tomar
esas decisiones a su leal saber y entender, lo tenemos muy claro.

En la actualidad, hay un debate de fondo en el que ahora no
vamos a entrar sobre los fundamentos lógicos, tecnológicos y jurídicos de
los medios públicos de comunicación. Pero sí debo decir, honradamente,
que el declarado objetivo de la televisión pública, independiente de los
gobiernos, despolitizada, imparcial, pluralista, abierta a todos los
grupos significativos de la sociedad, factor de cohesión social,
etcétera, sigue siendo una entelequia aquí y en todas partes. Es una
especie de mirlo blanco del que todo el mundo habla pero que nadie ha
llegado a ver. Ese era el declarado propósito de la Corporación de Radio
Televisión Española, creada no hace tanto, y basta ver cómo ha funcionado
y cómo se ha puesto al servicio de determinadas causas y del poder que la
creó. Eso sí, su constancia merece ser destacada. Defendió con empeño las
tesis oficiales u oficialistas durante la etapa del Gobierno socialista y
siguió defendiendo las mismas tesis cuando el Gobierno ya era del Partido
Popular. Un solo ejemplo, y no me lo invento, ha salido en muchos
periódicos. La cobertura informativa que por parte de Televisión Española
se dio a la huelga general del pasado mes de marzo sería un interesante
tema de estudio al respecto, y no es por supuesto el único caso que
merecería la atención —creo yo— de las facultades de
Comunicación y de Ciencias Políticas.

Gramsci, un reconocido pensador comunista, vio esto con una
extraordinaria claridad. Su tesis era muy sencilla: para triunfar, a la
izquierda le basta controlar los medios culturales y de información, aun
cuando no gane en las urnas. Y en España, hay que reconocerlo, tiene
Gramsci discípulos muy aventajados y muy bien situados, entusiastas, por
cierto, de todo lo público. (Rumores.) Algunos, cuando se plantean estos
temas, todavía se agarran al mantra de la BBC, que es el hipotético
ejemplo de todo lo deseable cuando se habla de televisión pública. Es
como el gran modelo. Me llevaría muy lejos desarrollar esta cuestión pero
solo quiero dejar en el aire una pregunta: ¿Alguien tiene noticia de
algún programa de la BBC en el que, por ejemplo, se hayan podido defender
las tesis españolas sobre Gibraltar? Me temo que la respuesta es un
rotundo no pero espero ansioso cualquier información al respecto.
(Rumores.)

Palmerston, un distinguido primer ministro inglés de
mediados del XIX, dijo aquello de que Inglaterra no tiene amigos ni
enemigos permanentes, solo son permanentes sus intereses. Y la verdad y
la objetividad, se hable de Gibraltar o no, forman parte de esos amigos
que pueden dejar de serlo si los intereses, que ya sabemos cuáles son, lo
aconsejan. Y no seamos ingenuos, porque, si me permiten el casticismo, en
todas partes cuecen habas.

En esa línea de debate a la que me refería antes quiero
subrayar que la propia naturaleza de la televisión pública, que es el
concepto de servicio público en que se ampara, está hoy día en plena
discusión en los ámbitos académicos. Según la Ley General de Comunicación
Audiovisual, ese servicio público que deben prestar las televisiones
públicas se debe concretar en los siguientes objetivos, y leo: Difundir
contenidos que fomenten los valores constitucionales; la formación de la
opinión pública plural; la diversidad lingüística y cultural, y la
difusión del conocimiento y las artes, así como la atención a las
minorías. Todo muy bonito. ¿Quién va a estar en contra de tan bellos
propósitos?

Ahora, analicen la parrilla de programación de las
televisiones públicas y calculen qué porcentaje de ellas se dedica a esos
objetivos. Verán que es más bien escaso. Un periodista español bien
conocido se ocupaba de esta cuestión de las televisiones públicas en el
último número de Cuadernos de periodistas, que es la revista oficial de
la Asociación de la Prensa de Madrid. Me refiero a Manuel Martín Ferrán,
un periodista veterano, acreditado, y que, por cierto, no se distingue
precisamente por su simpatía hacia el Partido Popular ni hacia su
presidente. (Rumores.) Sí, sí, léanlo, que no lo leen.

Tras afirmar que el modelo de televisión pública existente
en España va contra las esencias de la libertad y el pluralismo, añade:
Cuesta mucho entender que entre las funciones del Estado en cualquiera de
sus planos administrativos esté la de ofrecernos una película de
Hollywood, un telediario sesgado según el turno en la alternancia en el
poder o un concurso dicharachero. Con unas y otras palabras muchos
comparten ese juicio.

Hay efectivamente mucho de entretenimiento en esas parillas
y les aseguro, porque lo he comprobado, que una buena parte de la opinión
pública no entiende por qué el Estado o las comunidades autónomas tienen
que entretenernos como si fueran empresarios circenses. Y por otra parte
si nadie aceptaría ahora

un diario del Estado —salvo el boletín oficial, por
supuesto— no se entiende por qué los entes públicos se tienen que
convertir en empresas informativas audiovisuales. Late ahí, se reconozca
o no, un patente tirón totalitario propio de otras épocas, y además una
enorme desconfianza respecto de la enorme mayoría de los profesionales
que trabajan en medios privados. ¿Es que estos profesionales privados no
defienden los valores constitucionales, no forman una opinión pública
plural, no practican, si así lo entienden ellos y sus empresas, la
diversidad lingüística, no difunden conocimientos? ¿Es que solo son
fiables los profesionales que trabajan en los medios públicos? ¿Es que
quieren ustedes la publicitación de todos los medios informativos?
Desconfiar del uso que van a hacer los demás de su libertad nada tiene
que ver con los valores democráticos. Es más, creo que se trata de un
claro reflejo autoritario. Reflexionen sobre ello. (Aplausos.)

Sabemos que la información es una forma de poder y hay
muchos grupos, públicos y privados de todo tipo, individuos, partidos,
ideologías o intereses que aspiran a controlarla, y sabemos también de
sobra, señorías, que el carácter público de un medio no garantiza ni una
mayor objetividad ni un mayor logro de imparcialidad, a no ser que nos
situemos en el mundo de los sueños y allí nos instalemos
permanentemente.

Las nuevas tecnologías digitales permiten una mayor
libertad para todos, y hay que aprovechar esas posibilidades. Como
escribía un autor, George Gilder, al comienzo de la era digital, las
nuevas tecnologías por su propia naturaleza, en lugar de extender el
control hacia el Big Brother, como han dicho algunos, en la cima, en la
cúspide, como predecían algunos autores, han dado a la gente un nuevo
poder. El beneficiario último —dice este autor— es el
individuo con un ordenador, con un telemando, con una terminal de tantos
tipos como existen hoy día.

Ante esas nuevas realidades corresponde a las autoridades
regularlas y encauzarlas, pero nunca reprimirlas ni dirigirlas
estrechamente como todavía algunos parecen querer. El miedo a la
libertad, que también analizó hace ya hace tantos años Erich Fromm, sigue
estando presente desgraciadamente.

Pero aparte de esas razones tecnológicas, que desde luego
también son políticas, estamos obligados a reformar la Ley de la
Comunicación Audiovisual por razones de índole económica y financiera
especialmente graves y urgentes en el contexto de la honda crisis que
padecemos. A eso atiende especialmente el apartado 8 bis que se añade al
artículo 43 de la ley que reformamos. Las televisiones públicas se han
multiplicado en España de una manera demencial, y con la excepción de las
llamadas de segunda generación, más realistas y sostenibles, pero
proporcionalmente también muy caras —y después me detendré en
ello—, adoptaron un modelo, una estructura que disparó su costo
hasta dimensiones estratosféricas. Sus déficits crecientes y sus deudas
acumuladas han adquirido dimensiones de escándalo que han suscitado la
encendida protesta de la opinión pública. Señorías no estoy diciendo nada
que no sepa todo el mundo.

Hay un dato que me llama especialmente la atención: en
España hay trece televisiones autonómicas, algunas de ellas con varios
canales —se ha hablado aquí de que hay quien tiene hasta
seis—; solo cuatro comunidades autónomas han renunciado a
desarrollar esa competencia. Pues bien, lo que quería decirles: en
Alemania existen nueve operadores públicos regionales para los dieciséis
länder que forman la república federal, y eso se debe a que algunos
länder se han agrupado para formar un operador plurirregional. ¡Qué cosas
hacen los alemanes! ¿Se imagina alguien algo parecido en España? Me temo
que no.

Voy a referirme ahora a unos pocos datos especialmente
significativos, son datos del año 2010, el último que tengo completo, y
hay algunas variantes porque los datos que voy a dar se refieren a las
televisiones, no a todos los costos de los entes autonómicos implicados;
por ejemplo, está excluido el personal de la radio, etcétera.

Las televisiones autonómicas en el año 2010 tuvieron un
costo total de 1750 millones de euros, mucho más de lo que supuso
—ya lo he dicho— el recorte de las pensiones aquel mismo año
2010, de los cuales solo 240 millones procedían de la publicidad; el
resto, es decir, 1510 millones de euros, procedían de los impuestos de
los ciudadanos. Es decir, las televisiones autonómicas son financiadas
por recursos públicos en un 85%, la publicidad es mucho más modesta. Y la
situación parece agravarse, porque los ingresos publicitarios están en un
proceso casi se podría decir de caída libre, algo que da que pensar en
estos tiempos de profunda crisis de las finanzas públicas y que ha
llevado a los expertos a la conclusión de que hay que recurrir de algún
modo a fuentes privadas para sobrevivir, algo que seguramente no
entienden ni aceptan los que rinden un culto casi religioso a lo
público.

En este mismo año 2010 las televisiones autonómicas han
generado empleo para 7260 personas, con un coste de personal agregado que
supone 410 millones de euros, lo que equivale al 48% del total de los

gastos, que en cualquier empresa se consideraría
insostenible y ruinoso; es decir, casi la mitad se dedica a gastos de
personal, una situación en la que cualquier empresa privada quebraría
indefectiblemente. El coste bruto medio por empleado y año es de 54 600
euros, que también es excesivamente alto si lo comparamos con las
empresas del sector. Todo ello es el resultado de unas plantillas muy
sobredimensionadas, que van —y doy aquí unas cifras que son del año
2010, con las advertencias que les he hecho antes— desde las 1959
personas de Televisión de Cataluña, las 1291 de la Televisión valenciana,
los 1016 de Canal Sur, los 990 de Telemadrid, o ya en otro plano los 66
de Aragón Televisión o los 10 de la Televisión de Murcia. Compárense las
plantillas de las primeras citadas, las grandes, Cataluña, Valencia,
Telemadrid, con las televisiones privadas de alcance nacional
—Antena 3 o Telecinco—, que andan en las 500 ó 600 personas,
ahora quizás un poco aumentadas con esas fusiones que se han producido, y
añádase que sobre todo las televisiones más antiguas mantienen convenios
colectivos extremadamente rígidos.

Todos estos enormes costes caen, en definitiva, sobre los
bolsillos de los ciudadanos. La más cara desde ese punto de vista es
Euskal Telebista, cuyo coste por habitante ha sido en 2011 de 50,88
euros, aunque tienen el propósito de que en este año 2012 baje a 45,96
euros por habitante. Televisión Galicia le cuesta a cada habitante de
aquella comunidad algo más de 31 euros. A cada catalán le ha costado su
televisión en 2011, 35,97 euros y aspiran a que este año 2012 el coste
baje a 31,23. En coste por habitante la más barata es Telemadrid, que le
ha costado a cada madrileño en 2011, 14,42 euros, cantidad que según
presupuesto bajará este año 2012 a 11,54. Televisión Castilla-La Mancha
le costó a cada habitante de la comunidad 22,18 euros y en el presupuesto
de 2012 se espera que el costo se reduzca a 15,60. Las televisiones más
pequeñas, también llamadas de segunda generación, no salen tampoco bien
paradas: Aragón Televisión costó en 2011 a cada aragonés 37,23 euros y
este año bajará, si todo va bien, a 29.95 euros a cargo de cada
habitante.

Para este año 2012, sumando las previsiones de los
presupuestos de las doce televisiones autonómicas —está excluida
Extremadura en este cálculo— se prevé que estas televisiones
autonómicas tendrán un costo conjunto total de 858 millones de euros,
pero los expertos calculan que serán totalmente necesarias aportaciones
de fondos extraordinarios para cubrir los déficits de explotación que con
la máxima probabilidad se producirán como consecuencia de la caída de los
ingresos publicitarios.

Sin entrar en detalles, e incluso suponiendo que en su
conjunto las televisiones autonómicas cumplieran fielmente y con
eficiencia los objetivos de servicio público a que ya hemos aludido, les
diré que mi convicción personal es que, en este caso —y pasa en
otros muchos—, los nobles fines —que no discuto— no
justifican los costosos medios.

La reforma que propone el Gobierno con esta Ley es un paso
en la línea de la racionalización y del saneamiento de este sector de las
televisiones autonómicas. En este momento de crisis, en el que hay un
clamor para que disminuya el gasto público, y que más que una exigencia
puramente económica es también una exigencia moral, no podemos prolongar
el despilfarro de fondos públicos que suponen las televisiones
autonómicas. A contener ese gasto, poniendo en manos de los responsables
autonómicos unas extensas posibilidades de adaptar la gestión de sus
televisiones a sus necesidades y preferencias, atiende esta reforma.

Vivimos, señorías, en un sistema de poderes concéntricos y
cooperativos. No puedo entender cómo lo que ya es práctica habitual de la
Unión Europea respecto de los presupuestos de sus Estados miembros, por
mor de esa gobernanza económica necesaria para sacarnos de la crisis, se
rechaza cuando se trata del Estado respecto de las comunidades autónomas,
que son parte del Estado, como deja bien claro, y no admite dudas, la
Constitución. Como persona que ha conocido por dentro durante bastantes
años el mundo y los problemas de las televisiones autonómicas, creo que
es mi obligación expresar aquí mi convicción de que el modelo que ha
funcionado hasta ahora es insostenible (La señora vicepresidenta, Vicente
González, ocupa la Presidencia.) He oído a los defensores de los vetos,
especialmente al portavoz socialista, una serie de buenas intenciones con
el propósito de disminuir los costos sin cambiar de modelo y algunas es
que ya se están aplicando. Pero permítame que lo dude, ¿por qué iba a
funcionar a partir de ahora una voluntariosa contención del gasto que en
casi treinta años no ha impedido que los costos de las televisiones
públicas regionales se hayan disparado hasta magnitudes descomunales?

He dicho que la Ley de 2007 nació vieja. Y es que las leyes
nacen viejas cuando los legisladores se aferran a dogmas ideológicos en
vez de zambullirse en la cambiante realidad. Yo les invito, señorías, a
que no caigamos ahora en ese error, sino que guiados por el interés
general de España, como patria

común de todos nosotros, pensemos, sobre todo, en nuestros
ciudadanos que soportan ahora, como víctimas de la crisis, una carga que
para muchos es ya insoportable.

Mi grupo, obviamente, va a apoyar esta reforma y, por eso,
vamos a votar en contra de los vetos y lo vamos a hacer porque con esta
reforma entendemos que contribuimos a la modernización de nuestro sector
audiovisual, pero también para atajar uno de los peores aspectos de la
crisis que es el despilfarro de los fondos públicos, que sí son de
alguien, son de todos los ciudadanos. Al hacerlo, respondemos al clamor
de la opinión pública y a las exigencias del sentido común, que reclaman
una gestión más racional de esos fondos públicos. No voy a caer, desde
luego, señorías, en la ingenuidad de afirmar que gastando menos en las
televisiones autonómicas vamos a solucionar de una tacada la crisis
económica. Pero sí creo que mantener modelos y situaciones que se han
mostrado insostenibles a lo largo ya de décadas, como pretenden estos
vetos, contribuye a prolongar la crisis y revela, en mi opinión, una
escasa conciencia del reto que esta vieja nación nuestra tiene planteado
en este momento histórico.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señor
Muñoz-Alonso.

Por el Grupo Mixto, ¿desea intervenir algún portavoz?

Senador Iglesias, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.
(El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

Las fechas las carga el diablo y hablar de tics
autoritarios en esta Cámara el 18 de julio, cuando la única experiencia
autoritaria que hemos conocido en este país ha sido la del régimen
franquista que emanó de esa fecha, que el Partido Popular todavía no ha
condenado, creo que ha sido una referencia bastante desafortunada.

Intervengo para apoyar la propuesta de veto número 2,
comprometiendo el voto de Izquierda Unida a su favor, porque compartimos
plenamente la argumentación que se ha formulado en defensa de ese veto, y
también algunos de los argumentos que se han barajado para sustentar los
demás vetos. Considero especialmente destacable que se haya iniciado la
intervención con una referencia a Televisión Española. Efectivamente, hay
en marcha un proceso de cambio en Televisión Española. La televisión
pública que había conseguido ser líder con carácter general, y sobre todo
en el seguimiento de sus informativos —es decir, la que contaba con
mayor credibilidad entre los ciudadanos— afronta ahora una
modificación que sin ninguna duda va a significar un deterioro de esta
credibilidad. Los nombramientos que se han realizado así lo apuntan.
Parece que alguien siente nostalgia por la feliz época del señor Urdazi;
el señor Urdazi, cuya línea informativa no era, desde luego, la que se
derivaba de la cita un poco retocada que se ha realizado de Gramsci, sino
que era más propia de un coetáneo de Gramsci: Goebbels. Basta con
recordar aquella lectura, ejemplo de manipulación informativa, de la
sentencia que condenaba a Televisión Española. Simplemente me referiré a
aquella cita de CC.OO., como un ejemplo claro de manipulación en un
informativo.

Se rechazan los vetos y se presenta un proyecto con la
excusa de la crisis, una vez más. La crisis se convierte en la gran
coartada para desarrollar un proceso ideológico que implica la aplicación
de medidas que no son en el fondo respuestas a la crisis, sino que forman
parte de un proyecto neoliberal y conservador, articulado y definido
mucho antes de la crisis, cuyas medidas se concretan ahora formalmente
como respuesta a esa crisis. No; asistimos a un cambio de modelo social,
y el tema de las comunicaciones audiovisuales es solo una parte pequeña;
al desmontaje del Estado de bienestar, a una persecución de lo público, a
la extinción de cualquier vestigio de participación o de presencia de lo
público en lo económico. Los medios de comunicación son solo un
instrumento más de ese proceso de cambio; son solo un mecanismo, una
herramienta, que se pretende que sirva para respaldar y apoyar ese cambio
con el mayor consenso social. Se pretende que los medios de comunicación
se conviertan en el contrapeso de la movilización social. Se pretende que
los medios de comunicación sean la respuesta a la rebeldía ciudadana
—la respuesta a la oposición— contra ese cambio, contra esas
medidas políticas de transformación social.

Nosotros estamos comprometidos con lo público, religiosos
en lo público; es nuestra única creencia religiosa, ideológica y
política: compartir unos intereses generales que solo lo público puede
defender; porque, si se supeditan al interés privado, por legítimo que
este sea, inmediatamente se ponen en riesgo. Y en los medios
audiovisuales esto es muy fácil de entender, de comprender. ¿Cuál es la
legitimidad de unos medios audiovisuales públicos? Responder a la
formación de la conciencia ciudadana como

instrumento imprescindible para el ejercicio de la
democracia a partir de la información objetiva y veraz. Solo con control
público se puede garantizar una información objetiva y veraz, porque solo
hay una supeditación de ese control público: la voluntad de los
ciudadanos democráticamente expresada en los procesos electorales. Los
ciudadanos no pueden cambiar el consejo de administración de un medio de
comunicación audiovisual privado que obviamente será definido y
concretado por los accionistas, pero sí pueden cambiar con su voluntad
electoral los consejos de administración de los medios de comunicación
pública. Por lo tanto, pueden censurar la gestión de la administración de
un medio de comunicación público, mientras que no pueden en ningún caso
censurar la gestión de un medio de comunicación privada. Solo un medio de
comunicación público puede garantizar esa información veraz que, además,
contribuya a la difusión de los contenidos culturales imprescindibles
para que los ciudadanos tomen después sus decisiones en el ámbito de la
democracia y se formen también como tales, como ciudadanos.

La gestión privada está condicionada por intereses
empresariales legítimos que van a marcar la línea editorial, como ocurre
en los medios de comunicación privados. De hecho, ¿cuál ha sido la
resultante de la apertura del espectro audiovisual y radiofónico que
impulsó el Gobierno anterior, el Gobierno del presidente Zapatero? Yo no
creo que ningún diputado o senador socialista se pueda sentir feliz con
el resultado de esa apertura del espectro radiofónico: no ha significado
más pluralidad, no ha significado una programación más diversa;
simplemente ha permitido dotar de altavoces a posiciones políticas, no ya
de derechas, sino de la derecha más extrema; que, además, se permite el
lujo de intentar marcar la línea política de la propia derecha, jugando
con sus relaciones de poder dentro de los partidos. No creo que esa
aventura haya sido una aventura que haya contribuido a una mayor
pluralidad informativa. Sin embargo, los medios de comunicación
audiovisual públicos se han legitimado en las autonomías, siendo fiel
reflejo de las sociedades que configuran y articulan esas comunidades
autónomas. Y contra eso va también esta reforma que se está planteando;
contra eso va también, porque la apuesta por una gestión privada va a
significar inevitablemente el aterrizaje en las televisiones autonómicas
que se privaticen de los grupos empresariales privados que ya tienen
presencia en el ámbito del Estado, y eso va a significar una mayor
homogeneización de los contenidos de esas televisiones autonómicas y, por
lo tanto, un mayor alejamiento de las sociedades que pretenden reflejar y
que las crearon y configuraron como tales. Esas televisiones autonómicas
públicas han contribuido también en cada una de las comunidades autónomas
a generar sectores audiovisuales propios, una industria nueva que ha
creado empleo, que ha significado nuevas oportunidades de desarrollo
económico. Contra todo eso va la previsión de la ley. Se añade un párrafo
quinto al artículo 40, donde se prevén los acuerdos de los medios de
comunicación audiovisual públicos para coordinar producción y edición.
Seguramente eso puede tener un resultado económico positivo, pero sin
ninguna duda abunda en la homogeneización de la programación de las
comunidades autónomas. Por lo tanto, ¿qué sentido van a tener las
televisiones autonómicas, si todas van a tener los mismos contenidos?
¿Cuál va a ser el servicio diferente que presten a los ciudadanos?

Concluyo. Comparto que hay una invasión de competencias.
Una norma básica no puede llegar a los niveles de detalle que se plantean
en esta reforma legislativa. Hay, en consecuencia, una invasión de las
competencias de las comunidades autónomas en esta materia.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra la senadora señora Leanizbarrutia. (Pausa.)

No está. Decae la intervención.

Por Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el
senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: La intervención del portavoz del
Grupo Popular ha conseguido que pasara de la preocupación a la completa
alarma. Si usted realmente cree todo lo que ha dicho, esta propuesta de
reforma de la ley se queda corta. Sean coherentes y dediquen todo el
espacio radioeléctrico a los privados. Si usted realmente cree todo lo
que ha dicho, hágalo; pero no nos venga aquí con este tipo de propuestas.
Insisto, de las nuevas formas de gestión, la mayoría, o casi todas, ya
están en marcha en muchas televisiones autonómicas. No se inventan nada.
Lo que sí inventan es la privatización, cosa a la que no le encuentro
ningún sentido, a partir de que el espacio radioeléctrico ya tiene su
porcentaje para las privadas.

El otro día lo discutimos en la comisión y veo que hoy lo
va a repetir, ya lo ha hecho. Para mí el liberalismo —eso sí que es
viejo, caduco y pasado— no es libertad; es simplemente la
supeditación de los intereses generales a los intereses de unos pocos,
que normalmente son los que tienen y los que pueden disponer de esos
intereses.

Dice usted que no hay inversión competencial. ¡Claro que la
hay! ¿Sabe lo que dice el artículo 8 bis a)? Que habrá un techo de gasto
que no se podrá sobrepasar bajo ningún concepto. Ustedes, como Estado,
pueden decir esto respecto al conjunto de la comunidad autónoma; pero no
se pueden oponer a que la gestión de tal ente, de tal partido o de tal
empresa pública sobrepase el gasto indicado. Esto no lo puede hacer, y
por eso ha dicho ahora el señor Iglesias que esto es una inversión
competencial.

¿Por qué defendemos lo público? ¿Es una ambición, una
fantasía, que puede ser mejorable? Creo que sí. Creo que vergüenzas como
lo del Canal 9 no tienen por qué pasar y que podría haber una gestión
pública ordenada, coherente, ágil, eficiente, eficaz, sostenible
económicamente, etcétera. Defendemos lo público por dos cuestiones. Una,
porque la lógica no es el beneficio. Ustedes podrán ver los juegos
olímpicos, señorías, porque hay una televisión pública. Si no hubiera una
televisión pública, no hay televisión privada que se gaste ochenta
millones de euros en la retransmisión de los juegos olímpicos. Como
máximo, darían la final de los cien metros o aquellas pruebas de mayor
interés. Pero el seguimiento y la cobertura de los juegos olímpicos es
gratis gracias a que hay una televisión pública que invierte en función
de lo que cree que son intereses generales. Si en Cataluña el teatro y la
danza se pueden seguir por televisión, es gracias a que hay una
televisión pública; porque, al ser estos espectáculos muy minoritarios,
una televisión privada no los atendería. Si en muchas localidades hay un
seguimiento del deporte propio de la localidad, es gracias a las
televisiones públicas, que tienen interés en promover y facilitar esa
cobertura. Les he puesto tres ejemplos a cada uno de los tres niveles. Y
defendemos lo público, en segundo lugar, porque la lógica no es solo la
del beneficio —cosa que sí ocurre en los operadores
privados—, porque en principio la radiotelevisión pública está
sometida a los criterios de pluralidad y control parlamentario o al
cambio, a la alternancia de las mayorías. Este es otro elemento que no
está presente en los operadores privados.

Usted decía que esto de la televisión pública y esto de las
funciones y objetivos que le marcamos son entelequias —creo que
utilizaba esta palabra—. Con lo que está cayendo en 2012, es
entelequia hablar de lo público, pero es entelequia también hablar de lo
privado en el terreno de lo audiovisual. Recuerde que estamos en medio de
un mar de fusiones; hay empresas audiovisuales con unos déficit
tremendos, y dos de los grandes operadores de TDT están alquilando sus
canales a las majors extranjeras. Así que dígame a mí qué beneficio saca
el país de alquilar parte de su espacio radioeléctrico a majors
extranjeras que ofrecen enlatado, como la MTV, etcétera. Los que pueden
obtener beneficios son los que alquilan las frecuencias.

No me voy a alargar. Es evidente —usted lo ha puesto
encima de la mesa— que hay un debate político, un debate
ideológico, que acepto. Pero antes quiero hacer un paréntesis, ya le pasó
al señor Utrera con Bakunin y a usted con Gramsci. No sé por qué se meten
en estos jardines del pensamiento de izquierdas; ¡si no lo conocen!
Léanse El príncipe moderno y verán que, cuando Gramsci habla de
hegemonía, no se refiere a los medios de comunicación, ni al control de
la radio o la televisión, que, por cierto, ni existían. El otro día el
señor Utrera decía que Bakunin era marxista. Hablen de sus teóricos, que
bastantes tienen y seguramente los conocen más fondo.

Por último, es cierto que hay un debate que no se modifica
por los cambios tecnológicos, que es el debate de la propiedad. Y en este
debate de la propiedad, los que tenemos un pensamiento de izquierdas
tenemos una opinión de limitación. Y en sectores tan estratégicos, tan
sensibles y tan fundamentales para el desarrollo de la convivencia y de
la cualidad democrática de nuestro país, como puede ser todo lo que hace
referencia a la información y la comunicación audiovisual, evidentemente
apostamos por lo público. Por eso entendemos que esta reforma con el
proyecto de ley no acaba de ser el resultado último de su pensamiento.
Creo que usted iría muchísimo más lejos; pero, como mínimo, es
preocupante, no es útil y es conflictivo. Por cierto, se lo advierto:
ustedes siguen perdiendo un punto por mes, estamos ya a menos 7; no se
crean que con estas políticas van a modificar la realidad, por muchas
radios y televisiones que controlen. Si lo hacen mal, van a caer
controlen lo que controlen. Evidentemente, este es mi deseo.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

¿Convergència i Unió? (Denegaciones.)

Gracias, señor Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Gil García.

El señor GIL GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Muñoz-Alonso, le tenía a usted por un hombre
moderado; pero, en fin, se me ha caído un mito. Usted el otro día citaba
a Bakunin, hoy a Gramsci, pero la verdad es que su modelo se parece más
al de Goebbels. No sé si es usted consciente de algunas de las
afirmaciones que ha hecho hoy aquí, en esta Cámara: me parecen
absolutamente radicales. En fin, le confieso que se me ha caído un mito,
porque le tenía a usted por un hombre moderado.

Ustedes han quedado retratados con el Real Decreto ley para
la elección de los órganos de dirección de RTVE, por mucho que se empeñen
en hacer juegos florales hoy aquí y en otros sitios. Han roto el control
democrático que ejerce el Parlamento a través del Consejo de
Administración, esto es innegable. Su modelo es el de la televisión de
partido, el de la gubernamentalización, por mucho que se empeñen en
tratar de ocultarlo. Ustedes, sencillamente, no creen en lo público,
porque allí donde hay un servicio público, ustedes o bien ven un negocio
para unos pocos, o ven un mecanismo de control y de manipulación
informativa a su servicio. Una vez más han antepuesto los intereses
particulares y los intereses del Partido Popular a los intereses
generales y al bien común de los españoles. Se les ve el plumero,
señoría. Y esto es más viejo que el mundo: es liberalismo puro y duro,
nada más que eso.

Ahora, con este proyecto de ley, quieren extender al ámbito
autonómico su modelo de televisión de partido, el modelo del control
sobre los servicios informativos, y además quieren dar cobijo a los
grupos mediáticos de línea editorial cercana a las posiciones del
Gobierno. Y esto es lo que hay. Pero, señores del Partido Popular, tienen
ustedes un plus de responsabilidad en esta materia. Y no lo digo solo
porque estén ustedes hoy en el Gobierno, que también; sino por las deudas
que han generado en las televisiones públicas que han venido controlando.
Acuérdense hoy de que fueron ustedes quienes dieron la posibilidad del
endeudamiento de las televisiones públicas. Fueron ustedes, señoría,
hagan memoria.

El servicio público de radiotelevisión es una necesidad, y
yo diría aún más, señoría: es un derecho social de los españoles, no se
le olvide. (Aplausos.) Así lo han reconocido las instituciones europeas,
dotándolo de un régimen especial. Y esta necesidad existe también en el
ámbito de nuestras comunidades autónomas, donde hay que garantizar el
pluralismo para una correcta y libre formación de la opinión pública.
Esto es lo que en mi grupo y, por lo que he oído aquí en los demás grupos
parlamentarios también, queremos garantizar. Además, señoría, queremos
que este servicio público sea sostenible y económicamente adecuado,
adaptado a la realidad que vivimos, que nos exige ahorrar. Y en esto no
pueden ustedes darnos lecciones. Es usted un hombre sabio y con
experiencia, y le voy a recordar solo algunos datos que seguramente usted
ha olvidado de manera inconsciente. Fuimos nosotros, cuando estuvimos en
el Gobierno, quienes fijamos por ley un techo de gasto presupuestario
para la Corporación de RTVE. Fuimos nosotros quienes prohibimos por ley
el endeudamiento de la corporación. Y fuimos nosotros, señoría, quienes
decidimos acabar con la deuda histórica del Ente Público de RTVE, que
ustedes nos dejaron tras el octenio negro del señor Aznar. Una deuda
multiplicada por cinco, que superaba los 7000 millones de euros, y que
suponía una carga financiera bestial. (Aplausos.) Esto sí es descomunal,
señor Muñoz; por lo tanto, lecciones en esta materia, las justas.

Ustedes hablan de liberalización, de abaratar costes, luego
lo mezclan con modernidad, como si fueran ideas que van obligatoriamente
entrelazadas; y no es así, están ustedes engañando a la gente; esto es un
timo, qué quiere que le diga. Le pondré el ejemplo de un sector que
ustedes liberalizaron hace tiempo en España, y su resultado final.
Durante el primer Gobierno del señor Aznar ustedes promulgaron la ley que
liberalizaba el mercado eléctrico español. Una liberalización que afectó
en una primera fase a la generación de la electricidad, tomándose la
decisión de fijar unas tarifas que no incluían los costes que se estaban
produciendo, mediante una fórmula que se denomina pull. Resultado de esta
liberalización: aquí comenzó a gestarse el famoso déficit tarifario y la
fórmula que lo propicia. Haga memoria. Aquí se empezó a concedérsenos a
los españoles esta hipoteca que no habíamos pedido, que hoy asciende a 25
000 millones de euros, mientras hemos pagado un precio por la
electricidad absolutamente artificial. Aquí empezaron a producirse,
mediante la citada fórmula del pull, pingües beneficios a algunos grandes
de la energía, mientras ha crecido esta deuda que es de todos. Ahora
ustedes, a años vista, le echan la culpa a la herencia; y, si no se la
echan a la herencia, se la echan a las energías renovables, que también

lo están haciendo. Pero lo cierto es que el origen de esta
liberalización que ustedes hicieron es el que le he comentado. Este es el
resultado de aquella reforma; este es el resultado de su modo de
convertir lo público en negocio para algunos, de privatizar las ganancias
y de socializar las pérdidas. De esto van sus reformas, señoría, y esto
es lo que pretenden hacer también con esta reforma. ¿Saben quién fue el
autor de este agujero similar en volumen al de Bankia? Efectivamente, el
señor Rodrigo Rato, que por entonces era su ministro de Economía; ese
gran gestor que por donde pasa no crece la hierba. Estas son sus
reformas, señoría, que al final terminamos pagando todos, mientras unos
pocos se benefician.

Por lo tanto, decimos no, un no como una catedral, a un
modelo del PP que es un aclara intromisión en el autogobierno y en las
competencias de las comunidades autónomas. Decimos no a un proyecto de
ley innecesario e inoportuno, que busca un modelo de radiotelevisión al
servicio del PP, y no de los españoles.

Usted me ha dicho en su intervención que no vea fantasmas,
que no busquemos objetivos ocultos. ¡Pero si ustedes ya dijeron hace
tiempo que se querían cargar las televisiones autonómicas y las
televisiones públicas! Sí, señoría, lea usted una entrevista que hicieron
a un compañero de partido, al señor Gabriel Elorriga, en el año 2010, a
la revista Tiempo, donde reconocía sin cortapisas que el objetivo era
cargarse las televisiones públicas y las televisiones autonómicas. Se lo
enseñé el otro día en la comisión, si quiere le paso el recorte. Esto no
es nuevo, es un objetivo que ustedes, aunque no lo manifiestan, lo llevan
en su programa oculto, y es lo que quieren conseguir; por lo tanto, no me
diga que veo fantasmas.

Señoría, en este país cada vez que ustedes hacen una de sus
denominadas reformas, no solo este senador fantasma, aquí vemos fantasmas
todos: los estudiantes ven fantasmas, los empleados públicos ven
fantasmas, los maestros, los parados, los jubilados, los autónomos, los
dependientes, los mineros también ven fantasmas. (Aplausos.) Todos, menos
ustedes; menos ustedes y los más ricos, claro. Estos, en sus reformas,
nunca ven fantasmas, perdone que le diga. Y hablando de fantasmas, la
semana pasada, el viernes 13, el Gobierno se quitó ante todos los
españoles en el Congreso de los Diputados la sábana del fantasma. Todos
pudimos ver lo que había bajo esa sábana, y allí, en medio de la bancada
del Grupo Popular, mientras el presidente Rajoy rebajaba las prestaciones
por desempleo a los parados, aparecía un personaje conocido: la niña, ¿se
acuerdan de ella, de la niña? La niña de Rajoy no, ¡la mismísima niña de
exorcista! Eso es lo que aparecía en la bancada del Grupo Popular, que
hacia gala de unos términos, presidente, que no voy a repetir, pero que
han sido denominados como la doctrina Fabra. ¿Cómo quieren que este país
no desconfíe de este Gobierno, si están haciendo todo lo contrario de lo
que dijeron en su programa? Si, en definitiva, están cumpliendo a
rajatabla su programa oculto, ¿cómo no quieren que veamos fantasmas? Los
ve todo el país. Es un programa oculto que está trayendo sufrimiento a
las clases medias y trabajadoras, que no genera empleo ni confianza ni
dentro ni fuera de nuestro país y que se está cargando los servicios
públicos; ahora también el servicio público de radio y televisión.

Voy terminando. Señoría, cuando yo era pequeño no había
momento más triste en el día que cuando llegaba la Carta de ajuste. ¿Se
acuerda de la Carta de ajuste? Acababa con la programación del día.
Siendo niño era un momento triste, porque se acababa la televisión. Pues
mire, es exactamente el modelo que usted quiere para los servicios
públicos y para la radiotelevisión pública de este país, el de ese pitido
final y la carta de ajuste. Yo creo que será algo que lamentaremos todos
los españoles, pero, desde luego, ya se lo anticipo: no cuenten con
nosotros para esta regresión democrática en este país, señoría.

Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Jiménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador señor Muñoz Alonso.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Gracias, señor presidente.

Muchas gracias por sus intervenciones, llenas de
afirmaciones insólitas; algunas de ellas nos llevarían muy lejos.

Señor Guillot, yo sí me siento identificado con el
liberalismo, que usted dice que es una antigualla o alguna cosa por el
estilo. Desde luego, me siento más identificado con el liberalismo, a
pesar de las fechas que pueda decirse, que con otras ideologías que han
surgido después, como el marxismo, ciertas variantes del socialismo; no
tengo nada que ver con ellas. Yo me siento en la línea de pensadores como
Locke, como Montesquieu, como Benjamín Constant, como Tocqueville; me
encuentro muy a gusto con ellos. Y, sin embargo, hay otros que me parece
que empiezan a sentirse bastante incómodos en la

compañía de otros que a lo mejor vinieron después. Por lo
tanto, eso nos podría llevar muy lejos, pero no voy a entrar en ello.

Ha dicho después algunas cosas que, evidentemente, no se
pueden compartir. Alguien me hablaba hasta de Goebbels. Goebbels hizo uso
de la televisión, pero no era la televisión privada, esa de la que
ustedes nos acusan; era una televisión pública, dirigida a la propaganda,
que la puso en marcha cuando los juegos olímpicos, aquellos famosos de
Berlín de 1932.

Señor Guillot, los juegos olímpicos de Barcelona los
transmitió, con su correspondiente contrato, una emisora americana, la
NBC, que era privada. Es decir, no lo vea por ahí. Yo no sé cómo va a
funcionar, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Londres dentro de un par
de semanas, no lo sé; pero me acuerdo muy bien de lo de Barcelona y he
visto lo de Berlín, que es mucho más antiguo. Sí le doy la razón a usted:
Goebbels sí estaba en esa línea que usted dice; pero aquí, cuando los de
1992, no íbamos por ahí.

Ustedes defienden lo público; nosotros también defendemos
lo público en muchas cosas. Entendemos que hay muchas cosas en las que es
totalmente necesario lo público. Hay unas competencias del Estado, que
son públicas; hay unas competencias de las comunidades autónomas, que son
públicas; todo eso nos parece muy bien. Hay otros sectores en los que hay
que combinar lo público y lo privado; por ejemplo, en la enseñanza, y no
tenemos ninguna animadversión. Pero a ustedes se les nota que es que les
gustaría suprimir las emisoras de televisión —pero, en general, los
medios privados— porque parece que desconfían de ellos. Ahora, eso
sí, hay algunos que no los suprimirían por nada del mundo. Da esa
casualidad, que ustedes aluden a ciertos medios privados, que por unas o
por otras razones les molestan —totalmente claro está, porque no se
sienten identificados con sus orientaciones ideologías o
editoriales— y, sin embargo, hay otras que los utilizan como
defensa de «queremos lo privado». No, mire usted, vamos a jugar en serio:
si damos libertad —lo he dicho y lo repito—, es libertad para
todos; y cada uno que tenga la orientación ideológica o editorial que le
parezca adecuada. La democracia es eso, pluralismo; pero el pluralismo no
consiste solo en aceptar lo que me gusta, sino en aceptar lo que puede no
gustarme. Y eso les cuesta un trabajo enorme aceptarlo; aceptar lo que va
en su línea, qué maravilla, lo aplauden; aceptar lo que va en una línea
contraria, les cuesta un enorme trabajo.

Y no se equivoquen: yo no he hablado aquí, nada más que muy
de pasada, de la Corporación de Radiotelevisión, porque no era objeto de
esta reforma. Lo he utilizado como ejemplo de que una corporación creada
con la pretensión de ser imparcial y de ser plural no lo ha sido. Y no me
hable usted, señor Guillot, de si le gustan o no determinados
nombramientos que se han hecho, porque yo le podría hablar de otros
nombramientos hechos en otras épocas y de otras expulsiones de
determinados periodistas de Televisión Española —no daré nombres,
pero la lista es muy amplia—.

Algunos profesores dicen por ahí: bueno, es posible que las
empresas privadas se dediquen a hacer negocio, es su objetivo —es
verdad, el objetivo de una empresa privada es tener beneficios—,
pero las empresas públicas, mientras no se demuestre lo contrario, tienen
una enorme tendencia, una proclividad —en ocasiones, casi
inevitable— a hacer propaganda política; por cierto, una propaganda
política unilateral. Porque si se dijera que hace propaganda todo el
mundo, todavía lo podríamos aceptar, pero no es así. Se han inventado
muchos procedimientos, como el del minutaje, por ejemplo, que al final se
vio que eran trampas, porque decían: te he dado siete minutos, pero eran
para ponerle a caer de un burro, como se dice castizamente.

Por lo tanto, seamos serios. Yo he planteado aquí un
problema mucho más sencillo, más simple y, si quieren, mucho menos
ideológico, aunque, al final, aparece siempre la ideología, y es que el
modelo de las televisiones autonómicas actualmente existente es
insostenible. Se lo digo porque he estado dentro viendo cómo funciona,
conociendo cómo funcionan las otras televisiones autonómicas, y eso no
hay quien lo sostenga. Y vuelvo a decirle a mi colega el senador
socialista que decía: habría grandes posibilidades…Sí, sí, las
habría, pero no sé por qué esas nunca han funcionado, nunca se han
aplicado y nunca se ha conseguido el deseado objetivo de limitar los
costes. Sencillamente, no ha funcionado. Entonces, hay que limitar ese
tipo de empresas y, sobre todo, lo que propone esta reforma: dar a las
comunidades autónomas enormes posibilidades para que organicen ese
servicio público como tal, que lo privaticen o que hagan lo que les
parezca oportuno. Asimismo, la reforma propone otra cosa
extraordinariamente simple: aplicar a este ámbito —por qué no se va
a aplicar— las normas que hemos aprobado —muchos de ustedes
las han votado— en el artículo 135 de la Constitución modificado y,
después, en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera. Vamos a ser serios en un momento de crisis económica. La
crisis no es un pretexto, señorías. Decir a estas alturas que la crisis
nos sirve de pretexto, ¡por favor!, pero

si ha caído sobre nosotros de una manera tremenda. No voy a
hablar ahora de los orígenes de la crisis y de dónde viene, pero tenemos
que hacer algo, y una de las cosas que se pueden hacer va por ahí.

Por este motivo el Gobierno ha presentado esta reforma, que
se fija en dos aspectos muy concretos de la Ley de Comunicación
Audiovisual, aparte de la protección del menor —en la que parece
que hemos llegada a un acuerdo, cosa de la que me alegro.
Fundamentalmente, se dirigía a tratar de racionalizar un servicio público
que, sencillamente, ha funcionado mal, porque el modelo que se dio es
insostenible. No hemos aprendido de otras experiencias, pero hay por ahí
muchas experiencias de televisiones regionales. Les he hablado de la
experiencia alemana, pero les podría hablar de la francesa, aunque es
mucho más centralista y seguramente no les gustaría. En el caso de
Francia, tienen sus correspondientes emisiones dedicadas a las diferentes
regiones, aunque no lo voy a predicar —que nadie ponga en mi boca
que quiero predicar el modelo francés. Sin embargo, el modelo alemán es
muy racional y, sobre todo, tiene una visión muy clara en lo económico.
Los alemanes son más listos que nosotros. Hicieron primero una lista de
comunidades autónomas y, después, las empezaron a fusionar
—Baden-Württemberg, el área del norte de Westfalia…—,
porque se dieron cuenta de que aquello era desmesurado. Nosotros vamos en
plan rompedor, hemos hecho lo que hemos hecho y, al final, tenemos tantas
televisiones autónomas que no hay quien pueda sostenerlas, porque no hay
fondos públicos suficientes para ello.

Por ello, nosotros queremos —sin entrar en las
competencias de las comunidades autónomas—, darles la posibilidad
de la flexibilidad. Y no me diga usted que se están ya utilizando cosas,
algunas se están utilizando pero no tienen cobertura legal; en ocasiones
no solo se ha actuado extra legem, sino incluso, contra legem. Y nosotros
lo que hacemos aquí es decir: no, esto lo pueden seguir haciendo los que
lo están haciendo, y los que no lo están haciendo pueden hacerlo incluso
con mayores posibilidades. Por eso he dicho lo de la biodiversidad; era
aplicar un concepto que no venía aquí muy a cuento, pero me parecía que
era como una metáfora para que entendiéramos lo que queremos: que cada
uno lo organice como quiera, y no hay centralismo ni hay dirigismo de
ningún tipo. Pero ustedes se aferran a unos modelos. Y es lo que les he
dicho; al final, llego a lo mismo: les encantaba el modelo del estatuto
del ochenta y de la ley del tercer canal; y de ahí que no les saquen.
Pues, señoría, eso está superado, y esta ley es un paso mínimo en esa
dirección.

Creo que tendremos que seguir avanzando para que las
comunidades autónomas puedan cumplir las finalidades que crean oportunas
—unos lo creerán, otros no lo creerán—, y con esas
frecuencias que tienen reservadas y que, en todo caso, lo hagamos de una
manera racional, de una manera que podamos presentársela a nuestros
conciudadanos sin ponernos colorados porque nos estamos gastando más de
lo que se debería gastar. Y les he dado las cifras de las plantillas. Eso
es insostenible, eso es una vergüenza. Algo ha pasado. Y mi objetivo era
sencillamente presentarles esos objetivos, que son muy simples
—aunque ustedes les han querido dar un carácter ideológico y mucho
más general.

A mi colega socialista le diré algo. Dice usted que se le
ha caído un mito. Mire, yo no soy un mito. No he llegado a eso nunca ni
pienso ni aspiro a llegar a mito. Soy un profesor metido a político, que
ha estudiado mucho estas cuestiones, no solamente en el ámbito
académico…

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, vaya
finalizando.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Termino, señor presidente.

…sino también en el ámbito práctico. Y, aparte de
defender la propuesta del Gobierno, quería expresar cuáles eran mis
propias experiencias.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.
(El señor Guillot Miravet pide la palabra.) Imagino que alega su señoría
el artículo 87. La presidencia es muy generosa. Dispone usted de dos
minutos.

El señor GUILLOT MIRAVET: Le agradezco la generosidad.

Señor Muñoz-Alonso, yo no he hecho ninguna referencia a
Goebbels, nunca. Ni me he referido a Goebbels ni utilizo nunca personajes
ni del franquismo ni del nazismo ni de ningún otro tipo para
contraargumentar con el PP, nunca lo he hecho y nunca lo haré. Entonces
no le tolero ni que me lo impute ni que me diga que yo estoy argumentando
como Goebbels. Y le daré un dato histórico: en la Alemania nazi no había
televisión.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor
Guillot. (El señor Muñoz-Alonso Ledo pide la palabra.)

Tiene la palabra el señor Muñoz-Alonso por un minuto.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Medio minuto, señor
presidente.

Perdone, señor Guillot, porque me doy cuenta de que quien
habló de Goebbels, y más o menos trataba de emparentarme a mí con
Goebbels —no me conoce en absoluto, si no, no creo que lo hubiera
hecho— fue nuestro colega socialista. Por tanto, le pido excusas.
Lo que sí es verdad es que Goebbels utilizó la televisión en aquellos
juegos olímpicos; está comprobado.

En todo caso, sería una discusión académica. No se me pasa
por la cabeza compararle con Goebbels, como no admitiría yo que me
compararan con él. Ahora bien, sí es verdad —y, si me lo permiten,
lo digo como profesor— que fue maestro en maneras de hacer
propaganda, y que muchos —a la izquierda y a la derecha— han
aprendido de él a hacer esa propaganda, que es una propaganda infecta,
porque, sencillamente, utilizaba a los individuos como objeto.
(Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Es un tema importante para discutirlo a las tres menos
cuarto.

Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.

Eran las catorce horas y cuarenta minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes. Se reanuda la
sesión.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Vamos a proceder a votar las propuestas de veto al Proyecto
de Ley de modificación de la Ley de Comunicación Audiovisual.

En primer lugar, les recuerdo que para que salga adelante
la votación de una de las propuestas de veto se necesita la mayoría
absoluta de la Cámara.

Empezamos con la propuesta de veto número 2.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 242; a favor, 69; en contra, 158; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la propuesta de veto número 3.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 241; a favor, 69; en contra, 157; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, votamos la propuesta de veto número 4.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 242; a favor, 69; en contra, 158; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos al debate de las enmiendas.

Les anuncio que, firmada por todos los grupos, se ha
presentado una propuesta de modificación del dictamen de la comisión, que
votaremos al final de las votaciones de las enmiendas.

Empezamos con el debate de las enmiendas.

En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco en
el Senado, números 1 a 4, para cuya defensa tiene la palabra la senadora
Leanizbarrutia.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Gracias, señor
presidente. Buenas tardes, señorías. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Brevemente,
paso a defender las enmiendas números 1, 2, 3 y 4, que el Grupo
Parlamentario Vasco ha presentado a este Proyecto de Ley de modificación
de la Ley 7/2010, de 31 de marzo. Se nos indica que el objetivo de esta
modificación es flexibilizar los modos de gestión de los servicios
públicos de comunicación audiovisual autonómicos.

Son cuatro enmiendas, de las que dos, las números 1 y 4,
son de supresión, y las otras dos, de modificación.

Con respecto a la primera de las enmiendas de supresión,
entendemos que se está rompiendo con la descripción del servicio público
de comunicación audiovisual que se establece en el artículo 40.1 de la
Ley 7/2010, que es la descripción que garantiza un servicio público de
comunicación, como explicaré en el turno de portavoces.

En cuanto a la enmienda número 4, también de supresión,
entendemos que no se respeta el ámbito competencial. No hace falta
explicar esta cuestión, ya que mi grupo siempre ha sido y será defensor
de que se respete el ámbito competencial de cualquier comunidad
autónoma.

En nuestra enmienda número 2, señorías, planteamos una
modificación al texto, en el sentido de que se tenga en cuenta la
situación de aquellas comunidades autónomas que no cuentan con televisión
autonómica propia, ya que entendemos que hay que garantizarles el respeto
a la diversidad lingüística y cultural. Por otro lado, con esta
modificación del apartado 4 pretendemos garantizar el cumplimiento de las
obligaciones del servicio público, con independencia del modo de gestión
por el que se opte.

Por otra parte, la enmienda número 3 plantea una
modificación que consideramos muy importante, cual es que se añada la
referencia a los artículos 40.1 y 41 de la ley, puesto que en ellos se
define lo que a nuestro parecer es el servicio público de comunicación
audiovisual de titularidad pública, que no debe verse perjudicado o
modificado por los diferentes acuerdos que los prestadores puedan
establecer para mejorar su eficiencia.

Además, creo que debemos felicitarnos —luego me
extenderé en el turno de portavoces— porque se haya llegado a un
consenso en un tema tan importante como es la violencia y el maltrato por
cuestión de género.

Señorías, en el Congreso se ha recogido una enmienda que
para nosotros es muy importante, pero queremos mantener estas enmiendas
porque pensamos que hay que defender realmente lo que es una televisión
pública, y en la modificación que se propone no es ese el objetivo que se
pretende alcanzar.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas números 53 a 109 y de la
110 a la 119, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra, en primer lugar, el senador Guillot, por tiempo de
treinta minutos.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señorías, voy a ser muy breve, porque creo que en el debate
de los vetos ya he justificado en gran parte por qué hemos presentado
estas enmiendas el senador Saura y yo.

Para su comprensión y, sobre todo, para su localización,
las voy a agrupar en bloques, porque creo que es la mejor manera de hacer
un seguimiento de las razones que las justifican.

La primera, la número 53, es la más sencilla: propone la
supresión del artículo único y, evidentemente, queda justificada por el
veto, que intentaba conseguir el mismo objetivo.

En cuanto al resto, en un primer bloque estarían las
enmiendas 54 a 57, que tienen como objetivo garantizar la oferta plural
lingüística en los medios audiovisuales.

El segundo bloque sería el de las enmiendas 58 a 63, que se
refieren a la utilización óptima del espacio radioeléctrico. Proponemos
una serie de definiciones a nuestro entender más acertadas sobre
diferentes aspectos, como pueden ser las televentas, la comunicación
comercial, etcétera.

El tercer bloque agrupa las enmiendas 64 a 77, que
concretan con redactados —también a nuestro entender— más
certeros una serie de derechos que hay que garantizar en esta ley, como
pueden ser los relativos a la pluralidad, menores, participación, control
de contenidos, etcétera.