El señor presidente da lectura a los puntos 1. y 1.1.

El señor PRESIDENTE: De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 12 del Reglamento del Senado, se da cuenta a la Cámara que ha
prestado acatamiento a la Constitución, mediante documento notarial, la
excelentísima señora doña María Luisa Carcedo Roces y, en consecuencia,
ha adquirido la condición plena de senadora.

Además, se va a realizar el juramento o promesa de acatamiento a
la Constitución de los senadores que a continuación nombraré.

Excelentísimo señor don Fernando Goñi Merino, ¿juráis o prometéis
acatar la Constitución?

El señor GOÑI MERINO: Juro.

El señor PRESIDENTE: Habiendo prestado acatamiento a la
Constitución, el excelentísimo señor don Fernando Goñi Merino ha
adquirido la condición plena de senador.

Bienvenido. Enhorabuena y mucha suerte. (Aplausos).

Excelentísima señora doña Idoia Villanueva Ruiz, ¿juráis o
prometéis acatar la Constitución?

La señora VILLANUEVA RUIZ: Si, prometo, con el compromiso de
trabajar para reformarla, con transparencia, transformando las
instituciones y habilitando a la ciudadanía navarra y a la del resto del
Estado para decidir qué sociedad quiere en el futuro.

El señor PRESIDENTE: Habiendo prestado acatamiento a la
Constitución, la excelentísima señora doña Idoia Villanueva Ruiz ha
adquirido la condición plena de senadora.

Bienvenida. Enhorabuena y mucha suerte. (Aplausos).

El señor presidente da lectura a los puntos 2. y 2.1.

El señor PRESIDENTE: ¿Alguna observación? (Denegaciones).

¿Puede aprobarse por asentimiento? (Asentimiento).

Queda aprobada.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Preguntas. (El señor López Águeda pide la
palabra)

Tiene la palabra, senador López.

El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Señor presidente, intervengo por una
cuestión de orden, al amparo del artículo 90 del Reglamento. (Los señores
senadores de los grupos parlamentarios Mixto, Vasco en el Senado
(EAJ-PNV), Entesa pel Progrés de Catalunya, Catalán en el Senado de
Convergència i d’Unió, y Socialista permanecen en pie durante esta
y las siguientes intervenciones sobre el aplazamiento de estas
preguntas).

Hoy es la última sesión de control al Gobierno en el Senado y
cuatro portavoces de cuatro grupos de la oposición no podrán presentar
ninguna pregunta ni al presidente del Gobierno ni a ningún miembro del
Gobierno.

Se incumple claramente el Reglamento de esta Cámara y hoy está
aquí toda la oposición en pie para denunciar el atropello del Partido
Popular y del señor Rajoy con esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador Cleries.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Gracias.

Señor presidente, hoy le hemos pedido a usted, como presidente del
Senado, amparo en la Junta de Portavoces y no hemos obtenido respuesta.
Lamentamos que el Gobierno sea incapaz de venir a responder unas
preguntas que constan en el orden del día; ello demuestra la incapacidad
democrática de este Gobierno; un Gobierno que, cuando se le acaba la
democracia, usa los tribunales, incluso imputando al president de la
Generalitat de Catalunya. (Rumores).

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cleries.

¿Algún portavoz más quiere intervenir?

Tiene la palabra, senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, presidente.

Ciertamente, le hemos pedido amparo. Usted sabe que el
artículo 163.3 del Reglamento dice que el Gobierno puede aplazar la
respuesta razonando el motivo —esperamos que nos razonen los
motivos por los que se han aplazado estas cuatro preguntas a los cuatro
portavoces de los grupos parlamentarios— y que debe señalar,
además, el día dentro del plazo de un mes en el que está dispuesto a
responder.

Esperamos que se nos dé respuesta a este amparo y se nos señale el
día en el que el Gobierno está dispuesto a responder a las preguntas
planteadas por los cuatro portavoces de los grupos parlamentarios.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Senador Bildarratz, tiene la palabra.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Nosotros también queremos mostrar nuestra más rotunda queja por la
falta de transparencia de este Gobierno y por un acto que sintetiza lo
que han tenido estos cuatro años de negación, de cerrazón y de
imposición; de inconsciencia de lo que opina la ciudadanía, de
inconsciencia del malestar de la ciudadanía, y de no dejarnos cumplir con
nuestra obligación de control absoluto al Gobierno.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Tiene la palabra, senador Unamunzaga.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Muchas gracias, señor presidente.

Hemos oído lo dicho por los señores portavoces y nos sumamos a sus
palabras. Este es otro capítulo más del Gobierno del no, de la negación y
de la imposición; un Gobierno que ni está, ni se le ve, ni se le espera,
y que, desde luego, está actuando con la táctica del avestruz, metiendo
la cabeza dentro de la tierra, esperando que los problemas pasen o se
pudran o, como en este caso, retorciendo los reglamentos y las leyes para
conseguir, precisamente, no dar la cara ni las explicaciones que nos
corresponden a todos los grupos que hemos formulado preguntas, que
también es nuestro caso, porque también se nos han pospuesto las
preguntas. Por tanto, nos sumamos a las mismas declaraciones,
reivindicaciones y protestas que han hecho el resto de los grupos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Unamunzaga.

Tiene la palabra, senador Barreiro.

El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

El Grupo Parlamentario Popular niega la mayor. El Gobierno ha
cumplido escrupulosamente, cumple escrupulosamente, con el Reglamento de
esta Cámara —y, en particular, el presidente—, con presencia,
con respuesta, con transparencia; pero, sobre todo, lo más importante, el
Gobierno ha cumplido sacando a este país adelante
(Protestas.—Aplausos); y los grupos que ahora han manifestado su
posición, especialmente el Grupo Socialista, han contribuido a que este
país haya estado en una situación de auténtica quiebra. (Protestas).

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor.

El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: Y el Gobierno, aquí, gobernando, ha
sacado a este país adelante.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Barreiro.

Quiero informarles de que, efectivamente, atendiendo la solicitud
de amparo que me han hecho los distintos portavoces en la Junta de
Portavoces de esta mañana, he hablado en dos ocasiones con el secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes y le he manifestado y transmitido
el malestar que existía entre los portavoces de los grupos y la necesidad
de atenderlos, tal y como establece el artículo 163 del Reglamento.

El secretario de Estado se ha comprometido a buscar una solución
lo antes posible y hacernos partícipe de ella.

Decía que las preguntas de los senadores, Cleries, Montilla,
Anasagasti, Bildarratz, López y Aiartza han sido aplazadas.

El señor PRESIDENTE: Pregunta para la señora ministra de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Pregunta de doña Melissa Armas.

Tiene la palabra su señoría.

La señora ARMAS PÉREZ: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, ¿contempla el Gobierno alguna partida en los
presupuestos generales del 2016 destinada a la ejecución del refugio
marítimo pesquero de Las Puntas en la isla de El Hierro?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora ministra.

La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
(García Tejerina): Gracias, presidente.

Como su señoría sabe, el Estado no es competente para actuar en la
mejora del refugio marítimo, terrestre y pesquero de Las Puntas del Valle
del Golfo en el municipio de Frontera de la isla de El Hierro y esta, la
de no ser competente, es la razón por la que el proyecto de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016 no contempla ninguna partida.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Tiene la palabra la senadora Armas.

La señora ARMAS PÉREZ: El refugio pesquero es de vital importancia
para el desarrollo socioeconómico del municipio de la Frontera y de la
isla de El Hierro en general. Más que una demanda es una necesidad para
el sector pesquero, que no reúne las condiciones necesarias para llevar a
cabo su actividad, y para el desarrollo turístico que repercutiría en el
ámbito insular.

En estos presupuestos, Canarias continúa sin recibir las cuantías
que nos corresponden en los presupuestos de 2016 tanto en inversiones
como en servicio público. Esta situación se ve agravada en los
territorios que están afectados por la doble insularidad, como es el caso
de la isla de El Hierro. Además, la ejecución del refugio aumentaría la
actividad económica y crearía puestos de empleo.

Por todo ello, nos reiteramos en la solicitud de la partida
presupuestaria para este fin y todas las enmiendas presentadas para
Canarias.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Armas.

Tiene la palabra la señora ministra.

La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
(García Tejerina): Gracias, presidente.

Señoría, el Estado es competente en materia de puertos de interés
general. De acuerdo con nuestro reparto competencial, las comunidades
autónomas son competentes en puertos de refugio, puertos deportivos y, en
general, en aquellos que no desarrollen actividades comerciales. Los
puertos de interés general, de acuerdo con el texto refundido de la Ley
de puertos del Estado y de la marina mercante, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, deben reunir las siguientes
características: que se efectúen en ellos actividades comerciales
marítimas internacionales; que su zona de influencia comercial afecte de
forma relevante a más de una comunidad autónoma; que sirvan a industrias
o establecimientos de importancia estratégica para la economía nacional;
que el volumen anual y las características de sus actividades comerciales
marítimas alcancen niveles suficientes relevantes o respondan a las
necesidades esenciales de la actividad económica general del Estado que
por sus especiales condiciones técnicas o geográficas constituyan
elementos esenciales para la seguridad del tráfico marítimo,
especialmente en los territorios insulares. En la isla de El Hierro
únicamente el puerto de La Estaca es de interés general y su competencia
se ejerce por el Ministerio de Fomento a través de las autoridades
portuarias y puertos del Estado.

El proyecto de puerto de refugio pesquero en la zona Las Puntas
del Valle del Golfo no es, por lo tanto, competencia del Estado.
Actualmente el Estado no podría intervenir, le corresponde intervenir
como administración competente a la comunidad autónoma, y yo quiero
indicarle que tampoco tenemos conocimiento de que exista un proyecto para
ampliar la instalación que ahora existe en Las Puntas del Valle del
Golfo, en Frontera. En todo caso, nosotros actuaremos siempre dentro del
marco de la legalidad vigente, conforme al reparto de competencias entre
las distintas administraciones públicas y con la máxima colaboración con
la comunidad autónoma canaria.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

El señor PRESIDENTE: Preguntas para el señor ministro de
Educación, Cultura y Deporte.

Pregunta de doña Laura Sampedro.

Tiene la palabra su señoría.

La señora SAMPEDRO REDONDO: Gracias, presidente.

Señor ministro, entre los problemas y retos a los que se enfrenta
la universidad española hay uno que empieza a tener una necesidad de
solución apremiante, el de la movilidad y promoción de los docentes
universitarios; un colectivo que si bien en el 2001 llegó a contar con la
posibilidad de tener una carrera profesional interna, vio perdida esta
posibilidad en 2007, lo que sumado a la crisis y a la necesidad
imperativa que nuestro Gobierno tuvo de frenar la tasa de reposición,
quedó doblemente afectado por la inmovilidad. Al ir jubilándose muchos de
los catedráticos y al no poderse reponer sus puestos, no solo se vieron
truncadas las expectativas de los distintos profesores titulares que no
pudieron promocionar su carrera, sino que se frenó la entrada, a su vez,
de muchos jóvenes que, habiéndose doctorado y habiéndose acreditado
correspondientemente en la Aneca, vieron también truncada su expectativa
de entrar a formar parte de la universidad y volcar así todos sus
conocimientos en la docencia y en la investigación. El problema se volvió
más complejo cuando los departamentos no pudieron completar sin esfuerzo
—lo han podido hacer pero con gran esfuerzo— sus equipos más
especializados para formar parte de proyectos internacionales de
excelencia. Todo ello las universidades lo han suplido no sin protestar,
no en silencio, como es lógico, porque están en su derecho, pero con
mucha madurez y entereza a la hora de la verdad, en su día a día porque
los profesores, independientemente de esas expresiones de disconformidad,
lo cierto es que han tirado para adelante y han estirado y han
multiplicado su capacidad de recursos con la escasez que tenían. Porque
sabían, como el resto de los ciudadanos españoles, como la mayoría de
ellos, que estas carencias venían motivadas por una necesidad imperativa
dada por las circunstancias de la crisis.

También es cierto, aquí lo hemos comentado y el Gobierno lo ha
reiterado en muchas ocasiones, que esto no se ha hecho al gusto de nadie,
sino por obligación y que en cuanto se ha podido se ha ampliado la tasa
de reposición al 50, el año pasado, y al 100 % en este año. Pero esta
necesidad ya se está volviendo imperativa y creo que usted, a pesar del
tiempo que lleva, tan escaso, al frente de su ministerio, es
perfectamente consciente de ello. Por eso, ha tomado, hace escasos días,
escasas semanas, una serie de medidas que pueden solucionar y paliar con
cierta estabilidad y solidez este problema de aquí en adelante. Y ese es
el motivo de mi pregunta esta tarde. Explique por favor a esta Cámara qué
medidas ha tomado el Gobierno para promocionar y movilizar a los
profesores universitarios.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sampedro.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo
y Montojo): Gracias, señor presidente.

Señoría, como ha recordado usted con mucho acierto, al llegar al
Gobierno en el año 2012 tuvimos que tomar de manera urgente toda una
serie de medidas que respondían a la necesidad, a la coyuntura del
momento. Los profesores de universidad fueron uno de los grupos que se
vio afectado por aquellas disposiciones, aunque ya dijimos en su momento
que en cuanto resultara posible les devolveríamos a ellos y a la sociedad
todo el esfuerzo que tuvieron que realizar para sacar a España de la
crisis más profunda de los últimos años. Por eso, tras varias años en que
las nuevas incorporaciones y promociones de profesorado universitario se
vieron limitadas, como usted ha recordado, por la aplicación de la tasa
de reposición, el Gobierno aprobó el pasado 11 de septiembre, a través
del Real Decreto Ley 10/2015, un sistema de promoción interna que faculta
a los profesores titulares de universidad acreditados para que puedan
optar a catedráticos de universidad y, además, en el citado real decreto
ley se facilita otra cosa muy importante, la movilidad de una universidad
a otra para profesores titulares y catedráticos que pertenezcan al mismo
cuerpo. Se trata de dos peticiones que me había trasmitido la comunidad
universitaria y a las que el Gobierno ha querido dar respuesta con esta
iniciativa, porque el catedrático de universidad, además de la legítima
aspiración de una carrera profesional, es una referencia de estabilidad y
de prestigio que requieren los centros universitarios. Además, con este
real decreto ley establecemos una distribución adecuada entre profesores
titulares de universidad y catedráticos que permite crear los incentivos
necesarios en una carrera académica.

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas ha
expresado su satisfacción por este sistema de aprobación equivalente a
los ya existentes en el resto de las administraciones públicas y que
satisface además, añado yo, las aspiraciones legítimas de los jóvenes
investigadores de nuestras universidades. Las plazas que se ofertarán
como promoción interna son adicionales a las que se ofertan en turno
libre y, por tanto, no están afectadas por la tasa de reposición. Esta
promoción interna se llevará a cabo mediante el sistema de
concurso-oposición con sujeción a los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad. Era esta una carencia, que nos reclamaban desde
los sectores universitarios, y con esta actuación, señoría, queda patente
el compromiso del Gobierno con la universidad. Este ministerio seguirá
impulsando todas aquellas medidas que contribuyan a mejorar el desarrollo
profesional de los profesores de universidad, porque estamos convencidos
de que los profesores son el pilar clave de todo el sistema
educativo.

Muchas gracias, señoría. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Senadora Sampedro, tiene la palabra.

La señora SAMPEDRO REDONDO: Gracias, presidente.

Solo quiero darle las gracias al señor ministro. Estoy segura de
que las medidas serán muy bien valoradas porque eran muy esperadas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Juan Soler. Tiene la palabra
su señoría.

El señor SOLER-ESPIAUBA GALLO: Gracias.

Hace justo un año, en el Pleno del Senado del día 1 de octubre
de 2014, la Cámara, a propuesta del Grupo Popular aprobó una proposición
de ley mediante la cual se instaba al Gobierno a tomar medidas para la
mejora de la convivencia escolar y la eliminación, porque creaban cierto
escándalo en la comunidad educativa, de las novatadas. Tengo que
felicitar al Gobierno porque la Dirección General de la Policía, su
director general, el señor Cosidó, sacó adelante una novedosa y
triunfadora medida a través de Twitter precisamente para luchar contra
las novatadas y mejorar la convivencia de la comunidad educativa y el
ambiente escolar.

Tenemos que decir que después del informe PISA 2012 en España hay
un buen ambiente escolar. El 87 % de los escolares se sienten bien en su
colegio y el 91 % tienen un sentimiento de pertenencia hacia su centro
educativo, algo que está muchos puntos por encima de la media
europea.

También tenemos que decir que esta convivencia escolar ha mejorado
mucho en los últimos años. Porque es cierto que en materia educativa y en
algunas otras relacionadas con la educación, la competencia plena la
tienen las comunidades autónomas. Quiero recordar aquí que precisamente
la comunidad autónoma que me ha enviado a esta Cámara, la de Madrid, sacó
hace tres años, cierto es que con el voto en contra del Partido
Socialista y el de Izquierda Unida, una ley para mejorar la autoridad del
profesor y la convivencia en las aulas. Pues bien, tres años después
podemos decir que las mejoras son muy evidentes. Las sanciones graves han
bajado casi en un 12 % y las leves más de un 6 %. Hay 1260 actos de
violencia, vejación o acoso menos que hace tres años. Creo que eso indica
que muchas leyes de educación comprensivas, y no me refiero solo a las
que aprobaron los gobiernos socialistas sino a leyes anteriores, como la
Ley de educación de 1970, contribuyeron a degenerar un ambiente escolar
que se estaba deteriorando. Creo que muchas iniciativas, como la de la
Comunidad de Madrid, que luego han sido copiadas por casi todas las
comunidades autónomas, así como las iniciativas que ha tenido el Gobierno
del presidente Rajoy han ido en la buena dirección para mejorar aquello
que determinadas leyes deterioraron sin que fuera ni su deseo ni su
intención, pero así ocurrió.

Frente a este tipo de sucesos tenemos que presentar una batalla,
la que está precisamente dando el Gobierno, pero quiero saber, señor
ministro, qué medidas sigue tomando el Gobierno para mejorar la
convivencia escolar y evitar así la violencia en las aulas.
(Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Soler.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo
y Montojo): Gracias, señor presidente.

Señoría, como ha recordado usted, durante toda la legislatura
hemos adoptado medidas y colaborado con las administraciones educativas y
con los centros docentes y para mejorar la convivencia y acabar con la
violencia en las aulas. Y lo hemos hecho así porque se trata de un
problema que nos afecta a todos.

Hace unos meses, al poco de tomar posesión de mi cargo, tuve
ocasión de ir a Lleida para entregar a los padres de Abel Martínez la
Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, por desgracia a título póstumo. Abel
Martínez fue aquel profesor que fue asesinado por un alumno con una
ballesta. Debo decirles que me impresionó mucho el contacto con sus
padres, con los profesores y con sus alumnos. Esa impresión se tradujo en
que había que hacer más cosas de las que hacíamos. Se hacían muchas cosas
por el Estado; se hacían muchas por las comunidades autónomas; es cierto,
y se hacían bien; usted se ha referido a la Comunidad Autónoma de Madrid,
pero somos conscientes de que los problemas de convivencia en las aulas
afectan a nuestros jóvenes porque pasan allí mucho tiempo. ¡Y qué decir
ahora, en los días de las tristemente novatadas, algunas de las cuales
constituyen hechos inadmisibles! Pero también somos conscientes de que
los problemas de convivencia no se producen solo en las aulas, que hoy en
día pueden producirse fuera de ellas también 24 horas al día, siete días
a la semana. Por eso, la cuestión de la convivencia en las aulas fue uno
de los temas que llevé a la conferencia sectorial el pasado 13 de agosto.
Ahí acordamos, comunidades autónomas y ministerio, atajar juntos el
problema; y puedo comunicarles que el 13 de octubre que viene
celebraremos una jornada de convivencia con la participación de todas las
comunidades autónomas de expertos y representantes de distintos
ministerios. Quiero, señorías, que mi mensaje sea muy claro para los
padres, para los profesores y para la comunidad educativa al completo.
Estamos sensibilizados con estas cuestiones y vamos a encontrar
respuestas de común acuerdo. Porque se trata de prevenir, no de decir
cómo ha podido suceder esto; de prevenir; y en la prevención está
averiguar cuál es el origen de estas situaciones que en muchas ocasiones
obedecen a circunstancias excepcionales.

No debemos olvidar, por tanto, que el acoso escolar atenta contra
derechos fundamentales de nuestros alumnos y perjudica a la convivencia.
Por ello, además de esa jornada del 13 de octubre, que acabo de anunciar,
contaremos con una página web que permitirá la difusión y puesta en común
de las prácticas que realicemos. Porque queremos premiar los mejores
planes de convivencia escolar elaborados por los centros. Entender,
prevenir y atajar son los principales ejes para trabajar en un tema que
nos afecta a todos. Por ello, cuento con el compromiso y la solidaridad
de todos.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Francisco Menacho.

Tiene la palabra su señoría.

El señor MENACHO VILLALBA: Gracias, señor presidente.

Antes de realizar la pregunta quiero denunciar el atropello del
Gobierno al negarse a contestar a las preguntas que aparecen en el orden
del día de hoy vulnerando el artículo 163.3 del reglamento de la
Cámara.

Señor ministro, para conseguir una educación de calidad es
fundamental que se complementen políticas de equidad. Precisamente, uno
de los instrumentos que han contribuido a que tengamos hoy uno de los
sistemas con más equidad de Europa son los programas de ordenación
cooperativa con las comunidades autónomas; programas que se implantaron
en el año 2005 por el gobierno socialista y que se han ido desarrollando
hasta el año 2012 por los distintos gobiernos de José Luis Rodríguez
Zapatero; programas que han sido eliminados en estos cuatro años de
Gobierno del Partido Popular. De ahí que le pregunte si piensa el
ministerio convenir con las comunidades autónomas los citados programas
de cooperación territorial.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Menacho.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo
y Montojo): Gracias, señor presidente.

Señoría, pregunta usted si el Gobierno piensa volver a convenir
con las comunidades autónomas los programas de cooperación territorial
que se han ido eliminando —dice usted— con excusa de la
crisis. Imagino que se ha equivocado, porque los programas no se han
eliminado con excusa de la crisis, sino como consecuencia de la crisis.
(Rumores). ¿Me he equivocado yo al interpretar su pregunta, señoría, o es
que usted la ha redactado así?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Senador Menacho, tiene la palabra.

El señor MENACHO VILLALBA: El pasado día 4 de agosto su ministerio
dio una nota de prensa en la que se decía que en los presupuestos del
año 2016 se incorporaban los programas de cooperación territorial
demandados por las comunidades autónomas. A mí me gustaría que en su
próxima intervención me dijera qué programas, de los 13 de cooperación
territorial que con motivo o con la excusa —como usted
quiera— de la crisis ha quitado el Gobierno popular y que estaban
en marcha durante el Gobierno socialista, se incorporan. Por razones de
tiempo, voy a referirme brevemente a dos. Primeramente al de la gratuidad
de los libros de texto. El Gobierno está muy contento porque en los
presupuestos hay para el año que viene 25 millones de euros para libros
de texto. Mire usted, señor ministro, en el año 2011 solamente Andalucía
recibía del Gobierno de España 27,3 millones, dos millones más de lo que
para toda España dedica este presupuesto. Hemos pasado, por tanto, de
los 87 millones que había en los presupuestos del año 2011 a 25. Y ello
después de que el Consejo Escolar del Estado y el Defensor del Pueblo
digan que es inconcebible que, en los momentos en los que hay más crisis,
más pobreza en los hogares, se quiten.

El otro programa al que también quiero hacer mención rápidamente
—porque es uno de los que más han contribuido al abandono escolar,
que es uno de los retos en los que tenemos que seguir avanzando en España
de aquí al 2020— es el PROA —programas de refuerzo,
orientación y apoyo—, plan que ha contribuido a la excelencia
escolar y que lo han pedido aquellas familias que no tienen la
posibilidad de que sus niños avancen en competencias clave como el
racionamiento matemático y la compresión lingüística. Hay dos informes
que lo avalan: uno de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, que
dice que, en Andalucía, pasan de 3.º de secundaria el 80 % de los
alumnos, mientras que aquellos alumnos que han estado en el programa de
acompañamiento pasan el 97,5 %. El otro informe, encargado por su
ministerio al Instituto Valenciano de Investigación Económica, dice que,
gracias al PROA —a los programas de refuerzo, orientación y
apoyo—, se ha conseguido rebajar en 2 puntos el abandono escolar.
Por lo tanto, estamos hablando de dos de los trece programas…

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor MENACHO VILLALBA: Termino inmediatamente.

…que han contribuido al éxito escolar, a eliminar el
abandono, a avanzar para llegar a ese 10 %. Esperemos, como digo, que
ahora que usted ha dicho en la rueda de prensa que se pone en marcha, lo
veamos y nos diga cuál de los trece proyectos tienen cabida en los
presupuestos de 2016.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Menacho.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez Vigo y
Montojo): Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, una vez que estamos de acuerdo en que la supresión de
esos programas no fue excusa, sino consecuencia —me parece muy
bien—, vamos a pasar a aquello que le importa a los
ciudadanos.

Mire, en este año, en este curso ya hemos recuperado algo muy
importante, que son las ayudas a los libros, al material escolar.
Señoría, lo hemos rebañado de este presupuesto: 25 millones este año, 28
millones para el año que viene —nos hemos encontrado con la
situación que nos hemos encontrado—. Pero usted tendrá que
consentir conmigo en que esto es un esfuerzo que va en la buena
dirección. Y le diré que en ese acuerdo están todas las comunidades
autónomas. Por tanto, es un esfuerzo que hemos hecho y que vamos a seguir
haciendo en el siguiente sentido. Usted me ha preguntado si vamos a
recuperar programas de cooperación territorial. Yo le digo que sí, y me
comprometo a ejecutar próximamente determinados programas específicos de
cooperación territorial. En primer lugar, vamos a fomentar el aprendizaje
de lenguas extranjeras, incluyendo acciones para incrementar el número
actual de auxiliares de conversación y reforzar la formación de
profesores en idiomas. En segundo lugar, vamos a incorporar programas
dirigidos a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo
—aspecto al que usted se ha referido—, incluyendo programas
de apoyo y refuerzo, y un programa para integración educativa de los
refugiados. Con motivo de la llegada de los refugiados sirios a España,
estamos coordinando la acción de las comunidades autónomas y de los
docentes, y hemos creado un grupo —CIER— precisamente para
coordinar estas ayudas; grupo que tendrá también una dotación. En tercer
lugar, habrá un programa territorial sobre el Plan de convivencia
escolar, basado en la prevención y tratamiento del acoso escolar en todas
sus formas. En cuarto lugar, recuperaremos un programa de cooperación
territorial sobre el Plan de salud escolar, que fomente y premie los
hábitos de vida activa y saludable en los centros educativos. Finalmente,
también ejecutaremos programas que promuevan medidas para la implantación
y mejora de la formación profesional básica, dual y sobre evaluación y
acreditación de competencias profesionales.

Nosotros, señoría, cumplimos lo que prometimos. Tuvimos que tomar
medidas que no nos gustaban —porque así lo exigía la situación de
España—, pero vamos a devolver al pueblo español el esfuerzo que
hizo a través de esos programas —que, como usted ha dicho, son
programas muy importantes—, y lo vamos a hacer de forma
inmediata.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Félix Montes.

Tiene la palabra su señoría.

El señor MONTES JORT: Gracias, señor presidente. Buenas
tardes.

Antes de realizar la pregunta, quiero, señor presidente, denunciar
el atropello del Gobierno al negarse a contestar a las preguntas que
aparecían en el orden del día, que vulnera el artículo 163.3 del
Reglamento de la Cámara. (Aplausos).

Señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, el pasado 7 de
julio le preguntaba si estaba entre sus previsiones rectificar, bajar el
IVA y volver al tipo reducido que se venía aplicando, situándolo así en
la media de nuestro entorno europeo. En la citada sesión, usted terminó
su intervención —y cito textualmente— diciendo: «Yo le
aseguro que lo voy a estudiar, y lo voy a hacer porque me lo ha pedido el
sector y porque me lo ha pedido también usted.» Pues bien, señor
ministro, ese era su compromiso, sobre todo con el sector. Pero, después
de estos meses estivales de descanso, de estudio y de ponerse al día,
¿cuáles han sido las razones por las que no se ha producido esa bajada y
por las que no se ha devuelto el IVA cultural referido al tipo reducido
donde estaba incluido anteriormente?

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montes.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo
y Montojo): Señor presidente, señoría, en esa comparecencia ante la
Comisión de Cultura del Senado también le dije otra cosa —perdón,
fue en el Pleno, bien; es que luego tuvimos otro debate en Senado—
y fue que el IVA cultural, señoría, no existe. Usted se empeña en que el
IVA cultural existe, pero no —lo he dicho esta mañana en este foro
y lo repito de nuevo—. Creo que la función de un político es contar
la verdad y explicar las cosas para que la gente las entienda, por tanto,
dígame a qué se refiere usted cuando habla de que el Gobierno no ha
bajado el impuesto sobre el valor añadido cultural. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Senador Montes, tiene la palabra.

El señor MONTES JORT: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, yo creo que el verano lo ha dedicado más a pasear
y a ponerse moreno que a estudiarse la lección. (Aplausos). En educación
cero y en cultura menos de cero.

Mire usted —y lamento darles esta paliza a los demás señores
senadores—, hablamos de tres tipos de IVA: superreducido, reducido
y normalizado. Por eso, en mi pregunta le he dicho al sector cultural
referido; no incluía en ello el 4 % de la pornografía, que eso seguro que
usted lo conoce: me refería al 10 %. Vamos aclarándonos, señor ministro,
a ver quién anda despistado y no se ha estudiado la lección.

Pues bien, lo que hicieron ustedes con parte de la cultura fue
subirle 13 puntos el IVA reducido: al teatro, al cine…, a todo eso,
señor ministro. Fue una medida que ustedes tomaron y que ha sido un
fiasco recaudatorio, porque han recaudado menos. El estadista Rajoy dice:
un vaso es un vaso y un plato es un plato; pues la recaudación ha sido
menor, señor Méndez de Vigo. ¡Qué finos son ustedes para las cuentas!
Pero para las personales, porque para las de la sociedad son bastante
negados. (Aplausos).

Segunda cuestión: esto ha supuesto desaparición de empresas y,
para la imagen de la cultura española, que siempre ha sido brillante, ha
supuesto un paso atrás; la de cine de barrio que le gusta a usted, la de
cine cultural y la de cualquier sala, y también la de las salas de
teatro. Pero ¿sabe, señor ministro? Creo —y no voy a alargarme
más— que usted llevaba razón en una cosa. En unas declaraciones
recientes y en un tono un poco elevado dijo que el problema no es el IVA
al 21 %; que, si fuera eso, estaría tirado resolverlo. ¡Claro, es
verdad!

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MONTES JORT: El problema son sus recortes: los 100
millones que han quitado de compensación por copia privada; y, lo más
grave, el problema es el trato que dan a la cultura. ¿Y sabe por qué?
Porque, como usted bien explica, eso está en su ADN: el problema de la
cultura es el Gobierno del Partido Popular.

La cultura no es una cuestión de economía, señor ministro; ni
siquiera de ideología: es un valor, un derecho y un recurso, igual para
todos los ciudadanos; no es un lujo.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor MONTES JORT: Eso es lo que yo creía que en sus paseos
veraniegos había aprendido. Lamento que no haya sido así.
(Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montes.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo
y Montojo): Gracias, señor presidente.

Veo, señoría, que hemos llegado a septiembre y no ha aprobado
usted tampoco los exámenes. (Protestas.— Aplausos). Estuvo ahí en
julio usted y me dijo exactamente lo mismo que hoy. Me dijo una cosa,
señoría, y se lo digo con simpatía, y que no se cree nadie en Europa, esa
historia de que aquí a la derecha y a la centroderecha no le gusta la
cultura y que eso es suyo y demás... Eso lo dice fuera de aquí y la gente
se ríe de usted porque no hay quien se lo crea. (Aplausos).

Señoría, y se lo digo sin acritud, esa pretendida superioridad
moral con la que habla usted no se la cree nadie, y, por cierto, con
cierta descortesía al hablar de la pornografía —y me va a meter
usted en un lío en casa ya que parece que de lo único que sé es del 4 %
de la pornografía—. Ustedes no son adalides de la cultura, sino los
que metieron a España en un lío del que tuvo que sacarla este Gobierno.
Como tenemos que hacer pedagogía... Usted en su respuesta ya ha dudado,
ha dicho que eso del IVA cultural…, que hay muchos tipos de IVA.
Hay tres tipos de IVA, sí, efectivamente. La industria del libro en
España es del 42 %. Señoría, ¿eso no es cultura? ¿Qué IVA tiene el libro
en España, señoría? Dígamelo. ¿Lo sabe usted? (Varios señores senadores:
Lo sabe). Lo sabe. Dígalo, dígalo. El 4 %, señorías, sí, el 4 %. Lo que
pasa es que a usted no le conviene y dice que el tipo de gravamen del IVA
es el 21 %.

Hay toda una serie de productos culturales —entradas a
museos, bibliotecas, etcétera— cuyo IVA no es el 21 %. ¿Y a mí me
hubiera gustado —yo no he visto el debate— bajar también el
IVA a entradas a espectáculos, que es lo que está al 21 %? Me hubiera
gustado, señoría, pero nos dejaron ustedes las cuentas en tal estado
(Rumores)...Ya sé que no les gusta, ya sé que no les gusta, pero los
españoles lo saben bien (Rumores). ¡Ah! Claro, claro... Modificamos la
Constitución para ver cuál era la senda del déficit porque había que
casar las cuentas. ¿Sabe lo que le digo? En nuestro ADN está bajar los
impuestos (rumores) y cuando podamos, bajaremos los impuestos y también
este, señoría, y lo haremos con responsabilidad, cumpliendo con los
españoles y con Europa.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Vicente Álvarez Areces.

Tiene la palabra su señoría.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Gracias, presidente.

Antes de realizar la pregunta, quiero señor presidente, manifestar
aquí y denunciar el atropello del Gobierno al negarse a contestar a las
preguntas que aparecían en el orden del día, que vulnera el
artículo 163.3 del Reglamento de la Cámara. (Aplausos).

Señor ministro, el pasado viernes se ha conocido la publicación de
datos y cifras del curso escolar 2015-2016 elaborado por su ministerio.
En su página 12 aparece un cuadro con la evolución de las becas y ayudas
al estudio a lo largo de los sucesivos cursos. De ese cuadro se extraen
las siguientes conclusiones: Entre el curso 2011-2012 —que es el
que más dinero destinó a becas en todo el período democrático—
hasta el último curso 2014-2015, las becas y ayudas al estudio bajaron
en 291 928 000 euros y el número de beneficiarios también bajó
—889 579—. ¿Considera el Gobierno que la subida de becas y
ayudas en apenas un 0,2 % en los presupuestos de 2016 satisface las
necesidades de nuestro sistema educativo para garantizar la igualdad de
oportunidades y mantener la beca como derecho? (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez Areces.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo
y Montojo): Señor presidente, señorías, yo soy miembro del Gobierno de
España y estoy contestando a las preguntas que ustedes me formulan. Llevo
cinco —esta es la quinta pregunta—. ¿Qué atropello es este,
señorías? Yo vengo a contestar a ustedes con toda naturalidad, como es mi
deber y mi obligación (Aplausos). Se lo digo para que no continúen
ustedes, porque aquí estamos demostrando claramente... (Protestas). No,
no... Bueno, hagan lo quieran. Estamos demostrando claramente que
cumplimos con nuestra obligación. (Varios señores senadores: ¡Sí,
sí...!)

Señorías, señor presidente Areces, las becas son un instrumento
para garantizar el ejercicio de un derecho recogido en nuestra
Constitución, en concreto, en el artículo 27. Su principal misión, como
sabe usted, es impedir que las circunstancias económicas impidan a
cualquier ciudadano ejercer ese derecho, y esto me parece una
justificación más que suficiente para que la de becas sea la principal
partida del presupuesto de educación —un 66 %— y para que, a
pesar de las dificultades económicas, el presupuesto de becas suba por
tercer año consecutivo. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Senador Álvarez Areces, tiene la palabra.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Gracias.

Señor ministro, es lamentable su intervención en la que protesta
porque se le hagan preguntas. (El señor ministro de Educación, Cultura y
Deporte, Méndez de Vigo y Montojo: ¡No, no, no!) ¡Pero si es su
obligación contestar y la nuestra hacerlas! (Aplausos.—Varios
señores senadores: ¡Muy bien! —Risas). En fin, ¡hasta ahí podíamos
llegar, que esta Cámara no pudiese hacer preguntas!

Los datos son irrefutables. No me ha respondido. Sus datos
desmienten todos los discursos que ha hecho este Gobierno desde el inicio
de esta legislatura hasta hoy. Son irrefutables. Hay muchos millones
menos en becas y ayudas al estudio y hay decenas de miles de personas
damnificadas por su política. Por tanto, esa subida ridícula de 0,19 %
del presupuesto de este año respecto al anterior no puede paliar en modo
alguno todos los destrozos que se han hecho a lo largo de estos años.
Recordemos que su Gobierno ha eliminado la beca como derecho y ha
retornado a un sistema de concurrencia competitiva en el que la cuantía
de la beca se ha rebajado en una media de 674 euros. Señor ministro,
ustedes lo han confirmado en la respuesta a una pregunta parlamentaria, y
también la CRUE ha dicho lo mismo. Las becas Erasmus tenían 63 millones
en el 2011; ahora, 37 millones. Han desaparecido o recortado las becas
Séneca, las becas salario, las compensatorias, las de mantenimiento, las
de movilidad, las de excelencia, las de acceso a la universidad para
mayores de 25 años y una gran parte de las ayudas de comedor y de
transporte.

Señor ministro, la reforma del sistema de becas ha sido uno de los
hechos más negativos de toda la legislatura; ha sido realmente, en
políticas referidas a la igualdad de oportunidad, la peor de todo el
sistema democrático, señor ministro, y eso es irrefutable.

Ustedes tienen una exigencia ante sí, y es unánime, no es
solamente de nuestro grupo parlamentario, sino de toda la sociedad
española.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Termino ya, señor presidente.

Tienen que restituir la beca como derecho. Es una exigencia
unánime. Tienen que ampliar el crédito de becas; hacerlo ampliable para
que sea verdaderamente un derecho y restituirlo a las condiciones que
tenía en el decreto del año 2007. Tienen que aceptar enmiendas
—estos presupuestos les dan la ocasión— para que esas
cuantían suban el promedio y, por lo menos, tengamos en cuenta a miles de
personas damnificadas que han perdido ese derecho. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo
y Montojo): Gracias, señor presidente.

Mire, los objetivos del Gobierno son muy claros: preservar la
equidad del sistema educativo, conseguir que ningún estudiante deje de
estudiar por razones económicas y conseguir la máxima efectividad en los
recursos que los ciudadanos, a través de sus impuestos, destinan a las
becas y ayudas generales. Creo sinceramente que los tres objetivos son
legítimos, que ambos podemos compartirlos y que el aumento sostenido de
la partida presupuestaria responde a los tres objetivos. Las becas,
señoría, se mantienen como lo que son, un derecho, porque así lo proclama
la ley y porque es así como debe ser.

Los presupuestos de educación para el año 2016 son eminentemente
sociales. Hay 1416 millones de euros —el presupuesto más alto que
jamás ha tenido asignado el sistema estatal de becas y ayudas al
estudio—. (Aplausos). Por ello, señoría, a pesar de las difíciles
circunstancias económicas, el Gobierno ha hecho un esfuerzo considerable
con el objetivo de contención del gasto público y consolidación fiscal,
pero nunca ha sacrificado ni la calidad del servicio público ni el fin
social de la educación. Señorías, en esta legislatura difícil no hemos
bajado sino que hemos subido las pensiones y hemos mantenido la cobertura
social al desempleo (Protestas.— Varios señores senadores: ¡No,
no!), y hemos aumentado las becas. Lo hemos hecho porque la dimensión
social de la política del Gobierno es algo en lo que creemos
profundamente.

Por tanto, señoría, este Gobierno tiene una política social, como
se pone de manifiesto cuando las cosas van mal —y estaban
mal—, hemos rehecho las cosas, que van francamente bien, y este año
tendremos un récord absoluto en la historia en las becas para los
españoles y para las españolas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

El señor PRESIDENTE: Preguntas para la ministra de Empleo y
Seguridad Social.

Pregunta de don Jordi Guillot.

Tiene la palabra su señoría.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Como creo que saco al país de la crisis, utilizo todas las
triquiñuelas posibles para eludir el control y el debate democrático.
¡Vaya argumento! Son tan torpes, que han transformado un problema
democrático en un suceso político. ¡Qué torpeza! (Aplausos).

Señora ministra, yendo a lo nuestro, hace pocos días la Comisión
Europea les regañó y les suspendió por la ausencia de políticas para los
parados de larga duración. Usted sabe que estamos hablando de 2 300 000
personas, que estamos hablando del 65 % de los parados y que estamos
hablando de un colectivo del que solo el 23 % recibe algún tipo de
prestación.

¿Piensa tomar alguna medida nueva que permita solucionar este
desastre social?

Gràcies, president. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Señora ministra, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García):
Muchas gracias, señor presidente.

Señor Guillot, al inicio de la legislatura, España tenía más de 5
millones de parados (Rumores), 2 800 000 de los cuales eran parados de
larga duración. Estos son los datos, están ahí y los pueden
comprobar.

¿Qué hicimos desde el primer momento? Trabajar en dos direcciones,
señor Guillot. La primera, para favorecer que los parados tuvieran una
oportunidad de empleo, lo cual ha hecho que hoy haya más de 355 000
personas menos en el paro que cuando llegamos al Gobierno en el año 2011;
por cierto, señor Guillot, dos de cada tres personas que salieron del
desempleo en el último año eran parados de larga duración. Segunda, y más
importante: para reforzar los mecanismos de protección social durante el
tiempo que se mantuvieran en el desempleo, porque no queríamos que nadie
se quedara atrás en la recuperación. Por eso, no solo hicimos permanente
el programa Prepara, sino que pusimos en marcha con los interlocutores
sociales y las comunidades autónomas dos nuevos programas para parados de
larga duración: el Plan especial de activación, que comenzó en enero
de 2015, y el nuevo programa de orientación para parados de larga
duración de entre 30 y 55 años, que va en los presupuestos de 2016. Por
tanto, seguimos trabajando por el empleo, sin dejar a nadie atrás en la
recuperación, además de reforzar los mecanismos de protección. Eso es lo
que ha hecho el Gobierno de Mariano Rajoy.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Senador Guillot, tiene la palabra.

El señor GUILLOT MIRAVET: Señora ministra, mítines de descampado
pocos, poquitos, con parados de larga duración al final de legislatura. Y
para que no se acoja al típico y tópico recurso de la herencia, le voy a
dar datos de esta legislatura. Desde el primer trimestre de 2012 hasta el
segundo trimestre de 2015, el número de parados de larga duración se ha
incrementado casi un 50 %. En su mandato —no en el de
Zapatero—, los parados de larga duración se han incrementado
en 753 900. Estos son datos de la EPA. Este es su balance. Ustedes han
abandonado a este colectivo, han lanzado a este colectivo a la exclusión
y a la pobreza. Ustedes están recortando las prestaciones por desempleo
un 21,7 %. Un 21,7 %, señor Méndez de Vigo; usted no aprobaría ni el
acceso a la universidad. (Rumores). A la universidad de la política. Esto
es lo ustedes han recortado respecto a las prestaciones por
desempleo.

En cuanto a las políticas activas, me habla del programa Prepara,
pero es que en los presupuestos para 2016 ustedes lo han rebajado en 66
millones de euros. Y no me diga que está cayendo el paro, porque el paro
de larga duración no cae, se incrementa. Y si el paro de larga duración
se incrementa y la Comisión Europea les llama la atención, ¿cuál es el
resultado? Que crece la pobreza y la exclusión social, digan lo que
digan. Ustedes están recortando las partidas y por lo único que apuestan
es por las bonificaciones. Y las bonificaciones ni sirven para crear
empleo, ni mucho menos para reinsertar al mundo laboral a los parados de
larga duración.

Termino ya, señor president.

Un Gobierno sin alma social es un Gobierno sin alma, y ustedes no
tienen alma respecto a estos colectivos que están sufriendo la
crisis.

Gràcies, senyor president. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guillot.

Señora ministra, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García):
Muchas gracias, señor presidente.

Señor Guillot, con todo el cariño, más le hubiera valido dar menos
mítines en Cataluña y haber estudiado mejor los Presupuestos Generales
del Estado de 2016, porque las afirmaciones que ha hecho son bastante
erróneas. (Rumores). Se lo voy a explicar con todo el cariño; sí, con
todo el cariño.

Señor Guillot, hoy, el paro de larga duración en España baja a un
ritmo del 9,6 % —el paro de larga duración—, por encima de la
tasa general de paro. Esta es primera cosa que usted no ha dicho con
certeza.

Segundo tema. Usted hablaba de las políticas activas de empleo,
que es un mecanismo para favorecer la vuelta al mercado de trabajo de
manera más rápida. Pues mire, durante los últimos años ha aumentado el
presupuesto destinado a estas políticas. Precisamente, en el presupuesto
de 2016 se incrementan un 10 %, con el fin de favorecer la empleabilidad
y la llegada al mercado de trabajo de tanta gente que hoy se encuentra en
el desempleo. Y tercer tema, no solo hemos fortalecido los mecanismos de
protección social, es que hemos puesto en marcha nuevos programas que no
existían cuando llegamos al Gobierno, señor Guillot. Le hablo, por
ejemplo, del Plan especial de activación, que está en marcha desde enero
de 2015, para parados de larga duración sin ingresos y con
responsabilidades familiares, solicitado ya por más de 125 000 personas,
señor Guillot. Por otra parte, con las comunidades autónomas y los
interlocutores sociales hemos puesto en marcha un nuevo programa de
orientación para parados de larga duración de entre 30 y 55 años, que
estará en marcha en enero del año 2016. Por tanto, 500 millones de
presupuesto en dos años para beneficiar a 1 200 000 personas, por tanto,
en la vanguardia de la protección a los parados de larga duración aquí y
en la Unión Europea, que, por cierto, va a estudiar los programas
españoles en la próxima recomendación sobre parados de larga duración,
que va poner en marcha en los próximos meses.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Juan Francisco
Martínez-Aldama.

Tiene la palabra su señoría.

El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Gracias, señor presidente.

Yo también quiero denunciar el atropello que ha cometido el
Gobierno hoy no respondiendo a las preguntas planteadas por los
portavoces en la oposición y que ha vulnerado claramente el Reglamento de
esta Cámara. (Aplausos).

Dicho esto, señora Báñez, ¿cómo valora usted la gestión al frente
del ministerio?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez-Aldama.

Tiene la palabra la señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García):
Muchas gracias, señor presidente.

Señor Aldama, con agradecimiento y esperanza; con agradecimiento a
la sociedad española, a los trabajadores, a las empresas, a las pymes, a
los autónomos, a los interlocutores sociales que han hecho posible este
cambio de 180 grados en el mercado de trabajo; juntos, con las reformas
del Gobierno, estamos escribiendo la historia del empleo en nuestro país.
Y con esperanza. Hemos recuperado un millón de los más de 3,5 millones de
empleos que se han destruido durante la crisis. Y estamos convencidos de
que vamos a ser capaces de crear en los próximos años esos nuevos empleos
para llegar a esos 20 millones de ocupados, que es la salida definitiva
de la crisis y que le lleguen las oportunidades a todos los españoles. Y
haremos lo de siempre, señor Aldama: sumar, sumar y sumar para
multiplicar resultados con la sociedad española. En eso no ha estado el
Partido Socialista.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Tiene la palabra el senador Martínez-Aldama.

El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Gracias, señor presidente.

Señora Báñez, su gestión ha sido un rotundo fracaso, un rotundo
fracaso. Promovió una reforma laboral para despedir fácil y barato, y en
España se creó una reforma para contratar, no para despedir. Prometieron
crear 3 millones de empleos; no han creado ni un solo empleo neto: hoy
hay 49 000 cotizantes menos a la Seguridad Social. Y hay un dato
relevante, señora Báñez: cada semana en España se trabajan 40 millones de
horas menos que en el año 2011. Lo que se ha hecho ha sido trocear el
empleo existente —se multiplican los contratos por días, por
horas— y, como dijo el director Cuerda —es verdad—, una
persona que trabaja una hora no es un trabajador en activo, es un parado
de siete horas. Por eso en España han emergido los trabajadores pobres,
trabajadores que computan con trabajo pero que ganan tan poco que no
tienen para vivir, señora Báñez.

Ustedes han promovido una rebaja del sueldo de los españoles
—sí, una rebaja, pero no para todos—, una rebaja media
del 5 % para trabajadores y clases medias, y al mismo tiempo han
incrementado en un 10 % los consejeros del Ibex.

En España, con ustedes hay explotación laboral. Y le doy dos
datos. ¿Sabe cómo se ha producido y cómo se produce? Usando de forma
fraudulenta el contrato a tiempo parcial para exigir al trabajador una
jornada de trabajo completa y, si se niega, despedirlo, y abusando de las
horas extras en nuestro país, de horas extras ilegales. Cada semana en
España se hacen más de 10 millones de horas extras ilegales, y el 55 % ni
se cobran.

¿Qué nombre tiene trabajar y no cobrar? Explotación laboral,
señora Báñez. Usted presumía de proteger a los parados españoles. ¿Pero
qué protección? Solamente uno de cada dos tiene una prestación, la tasa
más baja de la historia; millones de españoles sin ningún tipo de
protección social, señora Báñez. Y tiene la poca vergüenza de presentar
un presupuesto para el próximo año donde se rebaja un 23 % la asignación
a la protección social por desempleo (Protestas). Señora Báñez, esta es
su gestión.

Y esto que le cuento también repercute en otra pata de su
negociado, en la Seguridad Social, que tiene tres problemas: que está
recaudando menos que en el año 2011 —cada mes se dejan de recaudar
unos 400 millones de euros menos— porque hay peores cotizaciones.
Usted tiene el dudoso honor de ser la ministra que, desde que gobierna,
ha cerrado cada año con más de 10 000 millones de déficit de la Seguridad
Social, eso sí, ha sido la campeona a la hora de meter la mano en la
hucha de las pensiones y ha sacado de ella 45 828 millones de euros. Esa
es su gestión.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Comprenderá que su mitin no tiene
ningún sentido, que España ya no les cree y que usted, sin duda, es la
peor ministra de Empleo de la democracia española.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez-Aldama.

Tiene la palabra la señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García):
Muchas gracias, señor presidente.

Señor Aldama, como ya es la última sesión de control, o una de las
últimas sesiones de control, voy a hacer pedagogía, como dice mi
compañero el ministro de Educación. Llevo toda la legislatura mirando sus
gráficos y hoy le he traído yo unos cuantos que le voy a regalar. ¿Sabe
lo que es esto? El gráfico de las políticas que no funcionan, cuando
España, gobernada por los socialistas, aportaba la mitad de los parados a
la Unión Europea —en rojo y en azul—. ¿Sabe lo que es esto?
El gráfico de las políticas que funcionan, la España de hoy, del Gobierno
del Partido Popular, cuando se aporta la mitad de empleo a la zona euro.
(Rumores.-Aplausos). Eso es lo que ha cambiado en España. Primer gráfico,
el de las políticas que no funcionan. Segundo gráfico, señor presidente,
el del crecimiento social. (Rumores). Sí, el crecimiento social. ¿Ve
esto, señor Aldama? España crece hoy —está aquí el ministro de
Economía— al 3,1 % y España crea empleo al 3,2 %. No hay
crecimiento más social que transformar todo el crecimiento en creación de
empleo. (Aplausos). Más empleo, crecimiento social. (Aplausos).

Señor Aldama, tercer gráfico, que también creo que le viene muy
bien conocer. Es la primera vez que España sale de una crisis creando
empleo de calidad. Este es el gráfico del empleo de calidad. En los años
noventa, cuando gobernaba el Partido Socialista, la salida de la crisis
no se produjo con creación de empleo estable, tuvieron que pasar seis
trimestres, año y medio, para crear empleo fijo. No hubo crecimiento del
empleo ni temporal ni indefinido en los brotes verdes en los años 2010
y 2011, con el Gobierno socialista. Ahora, señor Aldama, hemos salido de
una crisis, por primera vez en nuestra historia, creando desde el primer
momento empleo estable. Hoy, tres de cada cuatro españoles que trabajan
tienen un contrato indefinido, el 75 %.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García):
Seis puntos más que en el año 2007 y más que en el año 2011. Por tanto,
señor Aldama —y termino—, no hay mejor manera y más
esperanzadora de salir de una crisis que creciendo, creando empleo y
creando empleo de calidad, por los españoles y por España, señor Aldama.
(Aplausos.-La señora ministra de Empleo y Seguridad Social, Báñez García,
entrega al señor Martínez-Aldama Sáenz unos gráficos y le da dos
besos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Así da gusto.

El señor PRESIDENTE: Pregunta para el señor ministro de Economía y
Competitividad.

Pregunta de don Ramón Alturo. Tiene la palabra su señoría.

El señor ALTURO LLOAN: Gracias, señor presidente.

Señorías, quiero también empezar denunciando el atropello y el
bajo nivel democrático del Gobierno al negarse a contestar preguntas
incluidas en el orden del día por los grupos de la oposición.
(Aplausos).

Señor ministro, en el transcurso de las elecciones en Cataluña
hemos escuchado de todo por parte de su Gobierno y del Partido Popular
menos propuestas en positivo para sus ciudadanos. Mientras anunciaban que
se estaban deslocalizando empresas por el proceso soberanista, que
crecería el paro, que el PIB disminuiría, resulta que la inversión
extranjera en Cataluña en el primer semestre se sitúa en uno de los
mejores de la historia, con cerca de 2000 millones de euros, lo que
representa un 23 % del total de España. La empresa Volkswagen anuncia
inversiones en Martorell por valor de 3300 millones de euros, lo que
supone triplicar la inversión del Estado en Cataluña para 2016. Las
exportaciones han alcanzado los 26 238 millones de euros, cifra que
representa el 25,5 % del total de las ventas al exterior de España, y
Cataluña es el destino turístico de preferencia de los países de nuestro
entorno.

Por tanto, el discurso del miedo no encuentra réplica en la
economía real. Por todo ello, en pleno proceso electoral, queremos saber,
señor ministro, cómo justifica el contraste entre la confianza exterior
en la economía catalana y el depresivo mensaje de los poderes fácticos y
de su Gobierno a las puertas del 27-S.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Tiene la palabra, señor ministro.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos
Jurado): Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, es curioso, porque usted ha cogido las declaraciones del
ministro de Economía.

Yo he afirmado en numerosas ocasiones que el clima político no ha
tenido ningún impacto significativo en los mercados, y le voy a decir por
qué. Porque nadie ha contemplado como un escenario posible, ni antes de
las elecciones ni después de ellas, la secesión. De hecho, durante estas
semanas me he reunido con las principales agencias de rating, con los
principales inversores institucionales en España, y le puedo asegurar que
este tema no estaba entre sus inquietudes. Le voy a poner el mismo
ejemplo que ha puesto usted: la inversión extranjera directa en España en
el primer semestre de este año estará por encima de los 8000 millones de
euros, de los cuales aproximadamente un 25 % son inversiones en Cataluña.
Estas cifras las di yo. Son cifras que están por encima de las que
habitualmente teníamos y demuestran que los inversores y las empresas
consideran que la independencia, como he dicho en numerosas ocasiones, es
ilegal e indeseable para el bienestar de los ciudadanos de Cataluña y del
resto de España.

Lo que les interesa realmente a los inversores en España y en
Cataluña es que se crezca por encima del 3 %, se continúe reduciendo el
déficit público y se cree empleo. Por eso, señoría, el verdadero riesgo
económico al que nos enfrentamos es que se reviertan las reformas
realizadas. Ese es el camino que nos puede apartar de una recuperación en
la que deberíamos estar todos juntos trabajando.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Tiene la palabra, senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Señor ministro, tras escucharle a usted y
al presidente del Gobierno en la rueda de prensa de ayer, este es el
mundo al revés. Después de atizar todos los discursos del miedo: que las
pensiones o la paga no se iban a cobrar, que se pierde la nacionalidad
española —vaya patinazo del señor Rajoy—, o que tendríamos
corralito —por cierto, declaraciones del gobernador del Banco de
España que nos puede decir cuánto costaron a los ciudadanos
españoles—; además de todo un paquete legislativo contra leyes
aprobadas por el Parlament de Catalunya, contra el procés, imputando al
presidente Mas y a dos consejeras por poner urnas en la calle, meter en
campaña al Tribunal Constitucional y perjudicar de manera vergonzosa el
voto extranjero por correo, ¿no cree que ha llegado el momento de pedir
perdón a los catalanes? Admita que para intentar hacer un favor al
Partido Popular catalán han hecho el ridículo, porque, en definitiva, han
intentado torpedear la evolución al alza de la economía catalana y la
democracia.

Abran los ojos. La realidad es que los partidos pro independencia
ganan las elecciones por mayoría absoluta y ganan en votos a los
unionistas, mientras su grupo parlamentario en Cataluña pierde cerca de
la mitad de los diputados y pasa a ser la quinta fuerza política.
(Rumores). Esta es la verdad. A pesar de todo ello, los ciudadanos en
Cataluña votaron por la ilusión y no por el discurso del miedo. Ganó la
democracia.

Por lo tanto, señor ministro, reconozca que han perdido y que
Cataluña, con una altísima participación y con un mandato claro en las
urnas, ha decidido ya su futuro político… (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ALTURO LLOAN: Termino.

...que es la construcción de un Estado independiente puesto que
este no solo ha abandonado a los ciudadanos de Cataluña, sino que los
castiga y los amenaza. (Rumores).

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos
Jurado): Muchas gracias.

Miedo es el que usted quiere generar, lo que quiere que se
perciba. Lo único que ha hecho este Gobierno con Cataluña es darle en
todo momento seguridad y respaldo económico.

Las medidas adoptadas por el Gobierno para restaurar los flujos de
financiación, generar confianza e incrementar la competitividad han sido
especialmente favorables para Cataluña, como lo han sido para el resto de
España, tanto en términos de crecimiento como de generación de empleo.
Fíjese qué miedo estamos generando.

El Tesoro español ha apoyado a Cataluña en momentos de dificultad,
en momentos en los cuales la Generalitat catalana había perdido el acceso
a los mercados, garantizando los servicios públicos esenciales en esta
comunidad y el pago a los proveedores de las administraciones catalanas.
De hecho, señoría, Cataluña es la autonomía que más se ha beneficiado de
los instrumentos de ayuda financiera que hemos puesto en marcha desde el
inicio de la legislatura, con más de un tercio del total dispuesto. El
Tesoro ha prestado a la Generalitat a lo largo de estos cuatro años más
de 40 000 millones de euros a tipo de interés cero. Ello les permitirá un
ahorro total de intereses a lo largo de la vida de estos préstamos
de 13 500 millones de euros.

Señorías, esto lo único que demuestra es el compromiso del
Gobierno con la sociedad catalana, que, como no podía ser de otra forma,
va a continuar en el futuro. Y esto no es miedo, o la impresión de miedo
que quieren crear ustedes, sino responsabilidad y solidaridad,
señoría.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

El señor PRESIDENTE: Pregunta para el señor ministro del
Interior.

Pregunta de doña María Isabel Flores. Tiene la palabra su
señoría.

La señora FLORES FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Antes de formular la pregunta, quiero denunciar el atropello del
Gobierno al negarse a contestar las preguntas que aparecían en el orden
del día, vulnerando el artículo 163.3 del Reglamento de esta Cámara.
(Aplausos).

Señor ministro, ¿qué medidas ha adoptado el Gobierno para mejorar
la seguridad de las mujeres?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Flores.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor
presidente.

Señoría, la defensa de los colectivos más vulnerables es una de
las prioridades del Gobierno de España, y entre ellas destaca, por
supuesto, la violencia contra las mujeres, y por eso de manera específica
existe, como sabe su señoría, una delegación del Gobierno encargada de
esta materia y radicada en el seno del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, que coordina todas las actuaciones del Gobierno,
además de ese ministerio, de los Ministerios de Justicia e Interior,
entre otros.

Asimismo, se ha aprobado el Plan estratégico de igualdad de
oportunidades para el trienio 2014-2016 respecto a la erradicación de la
violencia de género, que contempla como sistema especial la herramienta
informática, a la que después me referiré con datos concretos, Biogen, y
además, la Estrategia nacional para la erradicación de la violencia
contra la mujer, también para el periodo 2013-2016, que recoge 258
medidas articuladas en siete vectores y que afectan a todos los poderes
públicos.

En lo que hace referencia específicamente al Ministerio del
Interior, le diré que estamos realizando los trabajos para actualizar el
protocolo de valoración de riesgo de las mujeres víctimas de violencia
machista, incorporándose además la nueva herramienta para su denuncia a
través del móvil y de la ya existente aplicación AlertCops, que, como
sabe su señoría, está basada en la geolocalización y permite a los
ciudadanos denunciar cualquier amenaza o incidente que perciban a las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Tiene la palabra la senadora Flores.

La señora FLORES FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, en estos cuatro años de Gobierno del señor Rajoy
no se ha apostado por la educación en igualdad; es más, se ha recortado
la sensibilización social y la formación de profesionales, algo que le
demandan a usted tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil. No se
castiga la violencia psicológica, ha aumentado la violencia contra las
chicas jóvenes y, sobre todo, se ha minimizado la violencia machista,
cuando usted sabe que una agresión a una mujer es siempre un delito.

Es labor de todos y todas acabar con la violencia machista, y
podríamos empezar por que el Gobierno aplicara la ley, y que la aplicara
bien. Nosotros llevamos toda esta legislatura reclamando una valoración
de la ley actualmente en vigor en todos sus aspectos. El Gobierno anunció
que lo había hecho, pero vamos a terminar la legislatura y en esta Cámara
nos hemos quedado esperando, señor ministro.

Llevamos unos meses negros, si acabamos el año 2014 con 40 mujeres
muertas, a estas alturas de 2015 ya van 38, y todavía nos queda un
trimestre. ¿Usted sabe hasta qué punto podemos llegar? Sabe que se le
reclaman efectivos, medios, etcétera, pero nos encontramos con unos
presupuestos que recortan en esta materia un 17 % y cero euros para
mejorar la valoración. Las mujeres cada vez denuncian menos, ministro,
porque tienen miedo, por ellas y por sus hijos, y desde luego las pocas
que lo hacen no consideran que se haga con ellas una excelente
labor.

En fin, usted me va a dar ahora los datos, como es lógico, pero yo
quería llevarles a la convicción de que aunque todas y todos tenemos que
trabajar, ahora mismo la máxima responsabilidad la tienen ustedes.

Y con la venia del presidente, quiero aprovechar esta mi última
intervención para despedirme de todas sus señorías. No volveré a esta
Cámara la próxima legislatura, por eso quiero agradecer a todos y a
todas, a todos los grupos políticos su trato y colaboración, en el
acuerdo y en la discrepancia. Espero no haberles incomodado, y permítanme
que haga una mención especial a mi grupo parlamentario, que me ha dado
las responsabilidades que ha tenido a bien, sin cuya ayuda y la de las
personas que están arriba no habríamos podido hacer este trabajo y yo no
hubiera podido estar aquí.

Por último, presidente, en ti personifico a toda la Cámara, y doy
las gracias a todos los servicios.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Flores.

Le deseamos lo mejor en el futuro y la felicitamos por el trabajo
que ha desempeñado en la Cámara.

Tiene la palabra, señor ministro.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Muchas gracias,
señor presidente.

No voy a reiterar los aplausos ni las palabras del señor
presidente, que hago mías, senadora. Le deseo lo mejor de corazón, por
supuesto.

Como su señoría conoce, el sistema Biogen es una aplicación
informática muy importante, a efectos de lo que su señoría, yo y todos
deseamos: erradicar la violencia machista, la violencia contra las
mujeres. Es una aplicación informática del Ministerio de Interior que
busca mejorar la protección de las mujeres objeto de violencia machista,
y para ello se organiza la predicción del riesgo, el seguimiento de casos
y la adopción de las medidas de protección adecuadas para prevenir y
evitar el riesgo de nuevas agresiones. Estamos actualizando los
formularios de valoración del riesgo, de tal manera que los indicadores
de medición pasarían de los 16 existentes ahora a 39, incluyendo las
amenazas en las redes sociales y la coerción cibernética.

A 31 de agosto de 2015 —le doy datos, señoría—, en el
sistema Biogen se encuentran registrados 382 582 casos de violencia de
género; de los que 51 841 se consideran en situación de caso activo con
seguimiento y, en su caso, con protección. Asimismo, se han cumplimentado
casi 2 millones de valoraciones de riesgo, concretamente, 1 967 857, y
tiene, prácticamente, 40 000 usuarios. Por último, le diré que tenemos
más de 2000 efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en
unidades especializadas dedicadas a esta finalidad.

Termino diciéndole, asimismo, señoría, que, en todo caso, este
sistema de Biogen es tan importante que hemos implicado a todas las
comunidades autónomas, de tal suerte que hemos firmado ya convenios con
todas o están pendientes de firma.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor ministro.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Y de las 130
policías locales integradas en el sistema Biogen en el año 2011, con esa
visión de Estado para luchar contra la violencia machista, en estos
momentos tenemos 215 policías locales.

Tenga la seguridad, señoría, de que en ese objetivo de erradicar
la violencia machista no vamos a estar enfrentados. Estoy convencido de
que, vamos a ir juntos, codo con codo, su grupo, el mío y todos los
grupos de la Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

El señor PRESIDENTE: Preguntas para el señor ministro de Hacienda
y Administraciones Públicas.

Pregunta del senador don José Caballos. Tiene la palabra su
señoría.

El señor CABALLOS MOJEDA: Denuncio el atropello del Gobierno al
negarse a contestar a las preguntas del orden del día, vulnerando el
Reglamento y faltando al respeto a esta Cámara. Ojalá esta actitud
prepotente y autoritaria no se repita ni en esta ni en ninguna
institución democrática de España. (Aplausos).

Siendo necesario, señor Montoro, reducir el déficit del Estado,
sus propios datos demuestran que comunidades y ayuntamientos han
soportado la mayor parte del ajuste. Mientras la Administración central,
la que dirige usted, ha hecho un esfuerzo muchísimo menor, aportando solo
el 12 % del esfuerzo de reducir el déficit total de España, las
comunidades lo han bajado a la mitad, y los ayuntamientos están aportando
casi 6000 millones de superávit a las cuentas públicas del Estado.

Por tanto, si del gasto público total, más de la mitad es del
Gobierno, un tercio, de las comunidades autónomas y un tercio, de los
ayuntamientos, ¿por qué no reparte los objetivos de déficit en función
del peso de cada nivel de gobierno? ¿Por qué impone a las comunidades un
esfuerzo mucho mayor que el que se reserva para su Administración
central? ¿Por qué se ha quedado en exclusiva con los márgenes que, por
dos veces, Bruselas ha conseguido para España con objeto de cumplir el
déficit y no los ha compartido con las comunidades autónomas? ¿O es que
las comunidades autónomas no son también Estado, señor Montoro? ¿O es
que, sencillamente, está usted más cómodo subiendo la cuesta del déficit,
haciendo que el esfuerzo mayor lo tengan que hacer las comunidades y los
ayuntamientos?

Señor Montoro, ¿por qué exige a los demás lo que usted no se exige
a sí mismo? (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Caballos.

Tiene la palabra, señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Gracias.

Señor presidente, señorías, senador Caballos, la verdad es que
otra vez me vuelvo a asombrar ante una pregunta del Grupo Socialista en
esta Cámara, porque en este último periodo de legislatura tuvimos una
interpelación sobre esta materia y yo expliqué los datos, y los datos son
muy elocuentes y muy consecuentes, senador. El ajuste hecho en 2014
respecto de 2011 por la Administración central del Estado es de -1,57 %
de PIB y el ajuste hecho por las comunidades autónomas es de 1,61 % de
PIB. (Rumores). A su señoría le podrá parecer que 4 centésimas de
diferencia es mucho, pero no que no hemos hecho el ajuste en la
Administración central con los datos en la mano.

Corporaciones locales, 0,98 y la Seguridad Social es la que ha ido
a más déficit de lo que tenía al comienzo de legislatura. ¿Le parece mal
que hayan subido las pensiones en España y que tengamos hoy un pequeño
déficit de Seguridad Social que estamos compensando con el Estado? Estas
son las cifras, senador.

Aprovecho, el sentido de la pregunta y que estamos al final de la
sesión de control para preguntar al Grupo Socialista, aunque quizá su
señoría no me responda: ¿está comprometido el Grupo Socialista con la
reducción del déficit público en España? ¿Está comprometida la Junta de
Andalucía con la reducción del déficit público en España? (Rumores). ¿O
lo hace por obligación? ¿Lo hace por devoción? No, eso no, por
favor.

Lo que parece claro donde gobiernan ustedes es que les gusta
gastar lo que no tienen, lo que los ciudadanos van a pagar a costa de sus
impuestos futuros y a costa del crédito y de la deuda pública, señoría
(Protestas). Y a partir de ello, senador, le ruego que cuando haga una
pregunta, por favor, consulten las cifras más elementales y más
fundamentales.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Tiene la palabra el senador Caballos.

El señor caballos mojeda: Manipula como siempre, señor Montoro.
(Protestas). Más de la mitad del gasto público en España es del Gobierno
central. Por tanto, más de la mitad del esfuerzo tendrían que haberlo
hecho ustedes. Usted va por ahí exigiendo a los demás que se aprieten el
cinturón, pero usted no se lo aplica en su justa medida. Esos son los
datos, no intente usted engañar a nadie y no se engañe a sí mismo. Ha
habido más reducción de déficit de las comunidades autónomas, cuando son
solo un tercio del gasto público total, y ustedes han reducido menos el
déficit, cuando son más del 50 % del gasto público total. Luego es obvio
que usted no se entera o no quiere enterarse, o bien usted, una vez más,
hace un ejercicio de cinismo. Ustedes prometieron buscar el consenso con
las comunidades autónomas y lo que han hecho es imponerlo; ustedes han
reducido las transferencias a las comunidades autónomas, las finalistas
para políticas sociales en un 44 %; han bajado el Fondo de compensación a
la mitad; la inversión para la dependencia casi un 40 %.

¿Por qué, señor ministro, han hecho ustedes el mayor recorte que
se recuerda de los sistemas públicos del Estado del bienestar? Por qué
hay más de 70 000 sanitarios, profesores y trabajadores sociales
trabajando al servicio de los ciudadanos menos que cuando ustedes los
heredaron, y lo peor de todo, señor Montoro, después de haber subido los
impuestos más de 20 000 millones de euros, el mayor impuestazo de la
democracia, después de que ustedes dijeran que iban a
bajarlos…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor CABALLOS MOJEDA: Y después de haber recibido los márgenes
de Bruselas, tampoco han conseguido en cuatro años reducir el déficit, ni
la deuda, ni aumentar el empleo, ni mejorar el Estado del bienestar. Su
gestión ha sido completamente inútil, señor Montoro, y yo espero que las
urnas permitan que ministros como usted…

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor CABALLOS MOJEDA: ...no vuelvan a pisar la Moncloa.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Caballos.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Gracias, señoría.

Agárrese a un clavo ardiendo, señor senador, porque esto es la
negación de las cifras oficiales de España: ni ha habido reducción del
déficit público, ni la deuda pública, por supuesto, está desbocada, pero
si está desbocada es para pagar las facturas que ustedes dejaron.
(Aplausos). Ese es el crecimiento de la deuda púbica. No hay recuperación
y en Andalucía no se está creando empleo. Esto se lo explica usted a la
señora Díaz, a ver si le hace repetir en las próximas listas, senador,
porque está usted haciendo un esfuerzo que yo le pido que
intelectualmente lo haga con algo de rigor, con un mínimo de rigor, de
seriedad.

Con mucho gusto le facilito las cifras, pero basta que abra la
página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o del
Instituto Nacional de Estadística…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): …para confirmar esa cifra. Pero, entre tanto argumento que
no se sostiene, haga un poquito menos de demagogia y vamos a hablar a los
españoles y a los andaluces con mucho más realismo sobre lo que puede y
debe ser el presente futuro y lo que nos espera en un futuro mucho mejor
para todos.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.—Rumores).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Ester Capella. Tiene la
palabra su señoría.

La señora CAPELLA I FARRÉ: (La señora senadora comienza su
intervención en catalán).

El señor PRESIDENTE: Senadora Capella, en castellano, por
favor.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Esta es nuestra valoración de las
elecciones catalanes. ¿Cuál es la valoración del Gobierno español? Entre
otras cosas, ni Rajoy ni la vicepresidenta están hoy para contestar aquí
ni a mi pregunta ni a las preguntas de la oposición, díganoslo
usted.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Gracias, señor presidente.

Señoría, señora Capella, la posición del Gobierno la definió
claramente el presidente del Gobierno ayer en su comparecencia pública en
el palacio de La Moncloa a última hora de la mañana, y se resume de la
manera siguiente. Hemos constatado que Cataluña es plural, muy plural, en
sus ideologías y en sus formaciones políticas. Hemos constatado que han
fracasado quienes pretendieron hacer de unas elecciones autonómicas un
plebiscito (Rumores), y eso no se puede definir de otra manera, han
fracasado, señoría. Y en tercer lugar, que lo que ahora corresponde es
formar un Gobierno que realmente deje de dividir, que atienda la fractura
social que ha provocado el actual Gobierno de la Generalitat, empezando
por su presidente, Mas, y que se dedique a realizar un labor de Gobierno
que acometa la solución de los problemas de los catalanes, que se llama
crecimiento económico, empleo, que se llama bienestar, asegurar el Estado
de bienestar, y que se llama promover Cataluña dentro de España y dentro
de Europa.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: El independentismo ha ganado en escaños
y en votos, simple y llanamente; los votos del sí suman más que los votos
del no, y en Cataluña y en el mundo la valoración que se hace del
resultado no es otra que la de que el independentismo ha ganado las
elecciones al Parlament de Catalunya. En escaños y en votos: ha ganado
en 911 de los 942 municipios, incluida la capital del país
—Barcelona—, y en las cuatro provincias catalanas. Las
elecciones del domingo en Cataluña son un ejemplo de democracia, civismo
y participación: una altísima participación; y su resultado,
incontestable —repito—, nos legitima para iniciar la hoja de
ruta trazada (Rumores). Sí, de forma incontestable, mayoría absoluta: 72
diputados independentistas, con un mandato democrático claro.

¿Qué harán ustedes? ¿Mirar hacia otro lado, negar la realidad,
enrocarse en el discurso de que lo que no es legal no es real o en
afirmar que la independencia es ilegal y que no tiene apoyo alguno?
¿Continuarán amenazándonos con todas las plagas, incluida la pérdida de
la nacionalidad española y, como decía Rajoy, la europea? Háganselo
mirar, porque ni sus amenazas ni sus mentiras nos dan miedo. 200 000
personas residentes en el extranjero sin poder votar. La gran mentira son
las pensiones, la nacionalidad, el corralito. No hacen más que constatar
su enorme debilidad, su poco aprecio por el ejercicio democrático.

Decía Francesc Macià: El Gobierno español no ha hecho nada más que
sembrar odio hacia Cataluña, de manera que es difícil que puedan recoger
flores. Ante la mano tendida de Cataluña, ustedes han contestado con el
látigo del energúmeno o con la embestida imperativa del cafre. Noventa y
dos años después, exactamente igual: imputan al presidente Mas y, además,
hacen coincidir su declaración con el 75 aniversario del fusilamiento del
president Companys; atado y bien atado. Pero frente al discurso del
miedo, la amenaza y la negación de derechos, aparece el discurso de la
libertad, la esperanza y la democracia. El proceso de independencia sigue
adelante: construiremos la república catalana. Ustedes verán si eso cabe,
o no, en la Constitución que redactaron en el sepelio del franquismo
(Rumores); ustedes verán qué hacen. Nosotros no estamos para acatar su
Constitución, sino para redactar la nuestra, con el pueblo, por el pueblo
y para el pueblo. ¡Visca Catalunya lliure! (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

Señorías, guarden silencio.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Gracias, señor presidente.

Señora Capella, ustedes no tienen más que un discurso político: el
discurso de la separación, de la fractura. Son ustedes los que promueven
la fractura social dentro de Cataluña y la fractura entre Cataluña y
España en su conjunto. Eso es lo que ustedes se dedican a hacer. Además,
lo que acaba de decir es especialmente grave. Porque usted está sentada
en ese escaño por la Constitución española. (Fuertes aplausos). Usted
está sentada en ese escaño (Fuertes aplausos) porque la capacidad de
decidir corresponde a todos, a todos los ciudadanos (Fuertes rumores),
que es la soberanía del pueblo, la que define, defiende y sustenta
nuestra democracia. Y en este tiempo el Gobierno español ha estado
trabajando por Cataluña y por España, y el resultado es que hay un
crecimiento económico en Cataluña y en España; el resultado es que hay
una creación de empleo en Cataluña y en España. Y yo me pregunto, no ya
como miembro de este Gobierno de España sino como ciudadano y como
persona interesada intelectualmente: ¿Qué estaría pasando hoy en Cataluña
en términos de crecimiento económico, de creación de empleo y de creación
de bienestar para todos los españoles y para todos los europeos sin
discursos como el suyo, señoría, con discursos que vienen del radicalismo
más impropio de este tiempo, y que están vacíos de contenido? Pero
ustedes, ¿para qué quieren ser independientes si no son capaces de
explicar cuál es su política, su política económica? ¿Pero cómo van a
generar empleo, cómo van a generar bienestar, cómo van a financiar las
pensiones, cómo van a estar en Europa y qué van a representar en Europa?
A eso tendría que haber dedicado el tiempo. Pero no. Para eso han
encontrado otra excusa. Han encontrado a una Generalitat dedicada a
darles la excusa y el manto protector. ¡Pues allá cada uno con sus
responsabilidades! Desde el Gobierno de España vamos a seguir trabajando
para que Cataluña sea precisamente una de las fuentes de prosperidad para
los propios catalanes y para el conjunto de España.

Muchas gracias, señor presidente. (Fuertes y prolongados
aplausos.— Varios señores senadores: ¡Bravo, bravo, bravo!)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

El señor presidente da lectura a los puntos 4. y 4.1.

El señor PRESIDENTE: El señor Cascallana tiene la palabra, para
exponer la interpelación.

El señor CASCALLANA GALLASTEGUI. Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, señor ministro, presentamos esta interpelación con ánimo
de hacer un balance sobre sus políticas a lo largo de estos cuatro años,
políticas de seguridad en las que, sin duda, tiene que equilibrarse el
binomio seguridad, libertades y derechos fundamentales. (El señor
vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia). Y, sin duda, nos
hubiera gustado a lo largo de estos cuatro años poder haber debatido con
usted, haber tenido encuentros, la posibilidad de que compareciese en la
Comisión de Interior y haber podido intercambiar opiniones sobre este
asunto, pero, señor ministro, usted lo ha hecho imposible. Usted, a pesar
de haber presentado siete leyes en esta Cámara, dos de ellas orgánicas,
no ha venido nunca a la presentación de ninguna. Usted tiene 20
comparecencias pendientes para asistir a las comisiones, algunas de ellas
desde 2012, y no ha venido ni una sola vez a excepción del día que vino
para explicar la política del Gobierno. Es decir, usted ha ignorado a
esta institución; usted no ha respetado al Senado; usted no se ha
comportado como un representante de un Gobierno democrático. Ha tenido
una actitud muy autoritaria y muy despectiva hacia esta Cámara, el
Senado. Y, sinceramente, hoy ha habido cuatro portavoces que en ningún
momento han podido intervenir porque no estaba aquí el Gobierno. Usted ha
hecho durante cuatro años esa misma operación, alumno aventajado. Pero yo
le digo una cosa, señor ministro: en un país con una calidad democrática
como la que muchas veces pregonamos aquí, esto le inhabilitaría para
seguir siendo ministro del Interior de un Gobierno democrático.

Pero vamos a centrarnos en lo que nos corresponde, en las
repercusiones de su política para con los ciudadanos, señor ministro. Sus
políticas se han caracterizado por un ataque a algo que usted defiende
permanentemente, la Constitución española. Usted que siempre se arroga la
bandera española y la Constitución. Usted, precisamente, ha atacado los
principios básicos del Estado social y democrático de derecho de nuestro
país.

Hay tres elementos que podrían caracterizar estos años de su
Gobierno. Por una parte, un retroceso intencionado de lo público. En esto
no es diferente a otros miembros del Gobierno, favoreciendo un proceso
privatizador en las políticas de seguridad, señor ministro. Por otra
parte, una quiebra del principio de división de poderes, haciendo un uso
partidista de los servicios de seguridad. Y una restricción fundamental y
sin precedentes de los derechos y libertades, así como de los derechos
humanos. A nuestro entender, esta ha sido la característica de sus años
de Gobierno, señor ministro. Y voy por partes.

Le digo que ha habido un retroceso de lo público en favor de la
privatización porque con su Ley de seguridad privada —quizá el
punto culminante de estas intenciones— ha quitado competencias a
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para dárselas, en este
caso, a los agentes y vigilantes de seguridad privada. Ha pasado de una
política de subordinación de los vigilantes de seguridad privada a una
política de coordinación, a ponerles casi en pie de igualdad, a darles la
categoría de agentes de la autoridad, a utilizar espacios públicos por
las empresas de seguridad, a poder identificar, a poder detener. Les ha
dado unas atribuciones que, sin duda, han superado mucho lo que era antes
el modelo de seguridad español, un modelo basado en lo público. Ya lo
afirmó su secretario de Estado en una jornada sobre seguridad privada: En
España tenemos una media de agentes muy por debajo de Inglaterra u otros
países. Claro que ustedes estaban anunciando el desvío de agentes
públicos por agentes privados. O la sustitución.

En Instituciones Penitenciarias, por ponerle un solo ejemplo,
ustedes han reducido 1400 el número de agentes, a la par que tienen
cerradas cárceles, que no abren módulos de las diferentes cárceles y a la
par que contratan con empresas de seguridad —muchas de ellas de
personas muy allegadas al Partido Popular— todo lo relativo a la
vigilancia perimetral de las cárceles, señor ministro. Esta política
debía ir acompañada de cierta transparencia, sin embargo, usted ha
ocultado la información en aras de una supuesta confidencialidad a los
grupos parlamentarios cuando se la hemos pedido. Por lo tanto, esta forma
oscurantista que usted practica lleva, sin duda, a favorecer intereses de
las agencias de seguridad privada. Ha reducido en miles de plazas las
plantillas de la Policía y de la Guardia Civil. El envejecimiento es
notable en estas plantillas. Señor ministro, tiene usted 19 794 vacantes
sin cubrir. Y no me preocuparía, porque me dirá que es con motivo de la
crisis, pero lo que sí me preocupa es que no tengan un plan para
recuperar ese número de agentes que han reducido en este momento. Y
tienen el 36 % de los efectivos por encima de 50 años en las plantillas
de la Policía y de la Guardia Civil.

Y, señor ministro, esto lo hacen en un momento en que presentan
los presupuestos de la recuperación. En un momento en el que ustedes
dicen que hemos salido de la crisis, de la que les dejaron los
socialistas. Pues bien, señor ministro, 451 millones menos de gasto en
seguridad respecto al año 2011. Esta es la tendencia de su ministerio:
sustituir agentes de seguridad públicos por agentes de seguridad privados
e ir a aquello de lo que hablaba un delegado del Gobierno, la seguridad
para quien se la pueda pagar —un delegado del Gobierno tristemente
recordado—. Quiero decirle que todas las declaraciones de
intenciones que han hecho ustedes van en esa línea, en la de reducir
seguridad pública y compensarla con seguridad privada.

Le decía también, señor ministro, que han quebrado el principio de
división de poderes con su actuación, la cual ha estado guiada por un uso
totalmente partidista. Respecto a las fuerzas y cuerpos de seguridad,
cada vez que ha habido cualquier posición profesional, de investigación,
ustedes han salido inmediatamente a frenar a los díscolos, a los que no
se someten a su autoridad. En este momento, estamos asistiendo a que, por
una parte, separen de los servicios a determinados comisarios y jefes de
la Policía. Y, por otra parte, a que condecoren a sus amigos con
escándalo para los diferentes sindicatos. Ha hecho un uso partidista cada
vez que afectaba a la investigación de la Gürtel, cada vez que afectaba a
la financiación del Partido Popular o cuando se hablaba del ático del
señor González. Ha destituido usted a comisarios generales de la Policía
Judicial, a Enrique Rodríguez Ulla por el asunto del ático, a José Losada
por el asunto de la financiación del Partido Popular o al jefe de la
Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y
Anticorrupción, José Luis Gudiña, que fue destituido por usted. Y le
pongo solamente tres ejemplos de cómo han limpiado en su ministerio a
todos aquellos que se limitaban a cumplir con sus obligaciones
profesionales.

Ha hecho un uso partidista investigando a otros partidos, señor
ministro, y es un escándalo que tengamos que hablar en estas
circunstancias; recientemente lo ha denunciado el portavoz del Grupo
Socialista en el Congreso, Antonio Trevín; también le pasó con
Convergència i Unió; y también asistimos al escándalo bochornoso de un
supuesto espionaje de un presidente de la Comunidad de Madrid, como era
Ignacio González.

Todas estas cosas muestran a las claras el uso que ha hecho usted
de los servicios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ha
hecho un uso partidista, aderezado también, señor ministro, y hay que
decírselo, con muchas declaraciones muy irresponsables. Usted como
ministro del Interior tenía la obligación de templar en la política
nacional, de generar puntos de encuentro. No, señor ministro, usted ha
actuado como un auténtico pirómano y no como un miembro del Gobierno
democrático de nuestro país.

Le voy a recordar algunas declaraciones suyas para hacer memoria.
Cuando se debatía el tema de la Ley del aborto, usted dijo algo así: el
aborto tiene poco que ver con ETA, ¿verdad? Bueno, tiene algo que ver,
pero no demasiado. Esta fue una de sus declaraciones magníficas. O cuando
se hablaba de los matrimonios entre personas del mismo sexo, decía: no,
hombre, es que no garantizan la pervivencia de la especie. O cuando se
hablaba de Cataluña, decía que sería pasto del terrorismo una Cataluña
independiente y del crimen organizado. ¡Cuántos votos les han dado
ustedes a los independentistas, señor ministro!

Quiero recordarle su comparación reciente con el incidente de las
banderas, que condenamos todos y que tuvo que rectificar el concejal de
turno; usted, nada más y nada menos, lo comparó con que le recordaba la
etapa de ETA plenamente activa y operativa —decía—, sembrando
de regueros de sangre y terror por todas partes.

Es decir, señor ministro, cada vez que usted abre la boca, genera
un conflicto entre instituciones, genera un conflicto con diferentes
organizaciones sociales. Y esa ha sido su tónica, señor ministro.

El caso más flagrante del partidismo que usted ha utilizado, sin
duda, ha sido su reunión con el señor Rato, una reunión que no tiene
precedentes, que le debió haber costado el puesto inmediatamente, señor
ministro. Usted salió a decirnos la broma aquella de que tenía amenazas
por Twitter, algo impresentable desde todo punto de vista. Todos los que
nos dedicamos a la acción política, a la actividad pública tenemos
amenazas, y no vamos a su ministerio a decir estas cosas, señor ministro.
Un imputado no puede ser recibido por un ministro y seguir el ministro en
su asiento, como es su caso. (El señor Ministro del Interior, Fernández
Díaz: ¡Venga!). No, no, no me diga ¡venga! No tiene ninguna razón de ser
lo que usted ha hecho en este caso, y ya le delata bastante. Y esto lo
está haciendo, además, señor ministro, cuando los datos de la corrupción
son el segundo problema del país. ¿Sabe usted dónde estaba en el 2011, en
ese de las herencias? En un 6 % de preocupación. En estos momentos
estamos en torno al 50 % —el segundo problema de preocupación del
país—. Y cuando existen escándalos de esta naturaleza, usted se
dedica a recibir en su despacho oficial a personas que en este momento
están en el candelero de muchos ciudadanos, entre otras cosas por las
preferentes y otro tipo de temas, señor ministro.

Por lo tanto, usted ha hecho un uso partidista a lo largo de estos
cuatro años. Y lo que es más grave, señor ministro, usted ha restringido
los derechos y las libertades. Los exponentes más claros son le Ley de
seguridad ciudadana y la propia reforma del Código Penal que ha ido de la
mano, por qué no decirlo, con la vergüenza de la prisión permanente
revisable, que ya veremos a ver cómo queda y que no es otra cosa que la
cadena perpetua. Pero ustedes, en su momento, en esta ley mordaza
plantearon una filosofía que justificaba la ley; decían ustedes con mucha
pompa: se trata de garantizar la tranquilidad ciudadana. Y yo le pregunto
a usted: la tranquilidad ciudadana, ¿de quién? Porque ustedes hicieron
esta ley por las movilizaciones que se daban entre los ciudadanos que
protestaban, no la hicieron para tranquilizar a los ciudadanos que
estaban pasándolo mal en nuestro país. Los parados no se tranquilizan con
esta ley; los parados sin protección, que han visto reducida su
protección, no se tranquilizan; los afectados por los desahucios tampoco
se tranquilizan con esta ley; los que han tenido problemas con las
preferentes tampoco se tranquilizan; los pensionistas que han perdido
poder adquisitivo tampoco se tranquilizan con esta ley. Y así podría
seguir: sindicalistas que han sido durante estos cuatro años —y que
usted pudo cambiarlo en la ley y no quiso— procesados por ejercer
el derecho de huelga. Podríamos seguir así eternamente. Jóvenes que se
ven expulsados de un futuro prometedor porque no tienen en este momento
ni empleo ni garantías de futuro de ningún tipo. La Ley de dependencia ha
sido abandonada. Esos eran los problemas y en ese sentido ustedes
hicieron una ley para parar todas las manifestaciones y protestas en esa
dirección.

No han dudado en restringir derechos pero para su tranquilidad, no
para la de los ciudadanos. Han quitado las faltas al Poder Judicial y en
un país democrático resulta que ahora mismo tenemos más garantías desde
el arbitrio del Gobierno que con las decisiones judiciales en todo el
tema de faltas con esta ley. Han limitado el derecho de reunión y de
manifestación, y lo han hecho imponiendo sanciones y siguiendo el ejemplo
de la que hoy es presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina
Cifuentes, que multiplicó por nueve las sanciones y multas en un momento
determinado cada vez que se desplegaba una manifestación. Recuerdo que
hablaban ustedes de los manifestódromos en Madrid. Han intentado frenar
este tipo de cosas, han limitado la libertad de expresión prohibiendo
grabaciones en la vía pública en las manifestaciones a los agentes de la
autoridad; censura a los medios de comunicación. Hicieron lo de las
devoluciones en caliente, han impedido muestras de solidaridad con los
desahuciados porque han legislado para condenar esas muestras de
solidaridad. Ustedes, con la excusa de la crisis, señor ministro, han
recortado el Estado de bienestar, y con la excusa de la seguridad nos han
recortado las libertades. Ese es su modelo, que es, básicamente, proteger
la propiedad y no proteger los derechos.

La Ley de seguridad de 1992 que hicieron los socialistas que acabó
con el concepto de orden público perseguía garantizar la protección de
los derechos y las libertades, y su ley, la que ustedes nos presentaron,
es la otra cara de la moneda, equipara seguridad y orden público, señor
ministro. Esa es la filosofía que ustedes han metido con esta ley.
Vuelven a una concepción antigua donde la seguridad es para la protección
individual de los bienes y derechos de las personas, de su patrimonio, no
para la protección de los derechos fundamentales. Vuelven a la concepción
de la calle es mía, a esa concepción antigua que pretendían excluir de la
calle manifestaciones de todo tipo porque la calle representa
manifestaciones de júbilo, de alegría, de ocio, de cultura y también de
reivindicación, y los espacios públicos son de todos, señor ministro, y
ustedes con esta ley han cercenado derechos muy importantes, señor
ministro. Por eso, le pido que rectifiquen, porque solamente cuando lo
hacen aciertan, y me alegro que lo hayan hecho en la modificación
presupuestaria desde el punto de vista de refugiados y asilo, me alegro
bastante, me alegro de que hayan rectificado cuando dan los medicamentos
para la hepatitis C en las cárceles y le pido también que rectifiquen en
esta política que va contra los derechos de los ciudadanos, contra las
libertades y los derechos humanos y que sin duda no es la que caracteriza
a un Gobierno democrático.

Muchas gracias, señor ministro.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Cascallana.

Para contestar la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la
palabra el señor ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Muchas gracias,
señor presidente.

Comienzo por decirle, señor Cascallana, que todo exceso es
mediocre; porque la parte de razón que uno pueda tener —puesto que
nadie está en posesión de la verdad— la pierde cuando hace una
intervención como la que su señoría ha realizado desde esta tribuna.

Usted hablaba de la Ley Orgánica de la protección de la seguridad
ciudadana y me gustaría decirle que esa ley entró en vigor, como usted
sabe, el pasado 1 de julio, han pasado tres meses. Al parecer, según
usted, en España se han recortado los derechos fundamentales y las
libertades públicas en estos tres últimos meses.¿ Me quiere usted decir
un solo derecho fundamental, una sola libertad pública que en los tres
meses de vigencia de esa ley se hayan visto afectados?. Por el contrario,
le diré algunas garantías constitucionales que se han visto reforzadas,
pero le emplazo a que en la réplica me señale un solo derecho fundamental
o libertad pública que en los tres meses de vigencia de la ley, que entró
en vigor como sabe muy bien el 1 de julio, se hayan visto afectados.
Sobre eso le diré que uno de los aspectos más controvertidos es el del
uso no autorizado a imágenes de actuaciones policiales que ha sido
interpretado de manera torticera por quienes se oponen a esta ley, señor
Cascallana, entre ellos usted. Se podrán seguir grabando actuaciones
policiales, lo que impide la ley es difundir esas imágenes de forma que
se ponga en peligro la integridad del policía o de su familia. Cabe
recordar que eso ya ha pasado en otras muchas ocasiones. La difusión de
imágenes de policías, incluso de su dirección postal, sufriendo acoso por
parte de algunos ciudadanos, supuso, incluso, que tuvieran que
trasladarse de domicilio. La grabación de imágenes a efectos informativos
no está en absoluto sancionada por la ley.

Lo mismo sucede con el traslado de ciudadanos a comisaría a
efectos de identificación en el que se establece el tiempo máximo de
práctica de esa diligencia de identificación en seis horas. Esta
redacción mejora la actual regulación de la ley, hasta ahora vigente,
de 1992, a la que usted ha hecho referencia. En esa ley no se establecía
el tiempo máximo y, por lo tanto, podía prolongarse por tiempo, en
principio, indefinido. El libro de identificados antes estaba a
disposición del Ministerio Fiscal y ahora la Policía está obligada a dar
cuenta mensual de esos traslados a efectos de identificación.

Y respecto a la trasformación de parte de las faltas del Código
Penal a infracciones administrativas, no supone ningún tipo de pérdida de
garantía legal, concediendo una mayor eficacia a la hora de perseguir
determinadas infracciones, como, por ejemplo, los insultos a las fuerzas
de seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, puesto que
queda abierta la vía jurisdiccional para acudir en caso de discrepancia
con la sanción impuesta.

En definitiva, señor Cascallana, la ley actual no es más
restrictiva de derechos que la anterior, al contrario, ofrece en muchos
casos más garantías a los ciudadanos y mayor protección a los
policías.

Esto que le he leído, señor Casacallana, ya que usted me ha
hablado de sindicatos policiales, es el comunicado conjunto de todos los
sindicatos de la Policía, de todos —del SUP, de la Confederación
Española de Policía, de la Unión Federal de Policía y del Sindicato
Profesional de la Policía—, de fecha 3 de julio de 2015. Por tanto,
no hable usted en nombre ni de los sindicatos ni de los policías, porque,
en una declaración infrecuente, todos los sindicatos policiales han dicho
de esa ley lo que yo le acabo de leer. Me remito a los hechos y se la
dejo aquí, por si la quiere tener usted en la réplica. Señoría, no falte
a la verdad ni se ampare en los policías ni en los sindicatos para faltar
a la verdad. Lo que han dicho ellos está escrito aquí en relación con la
ley.

Ha dicho otras cosas, por ejemplo, de la Ley de seguridad privada,
que es una ley ya del año 2013. Si fuera verdad todo lo que ha dicho, yo
le tendría que preguntar: ¿me quiere usted explicar cómo su grupo
parlamentario, del Senado o del Congreso, en definitiva, el partido al
que usted pertenece, a través de 50 diputados o de 50 senadores, no ha
llevado esa ley al Tribunal Constitucional, cuando ha llevado todas las
leyes habidas y por haber al Tribunal Constitucional? Le dejo ahí,
simplemente, esa pregunta. Lea usted en el Diario de Sesiones lo que ha
dicho de esa ley, las barbaridades que ha dicho de lo que contiene esa
ley y de las cosas que promueve esa Ley de seguridad privada. Estamos
hablando de una ley, insisto, aprobada hace más de dos años ya por las
Cortes y que ustedes no han recurrido ante el Tribunal Constitucional,
repito, en una legislatura que no se ha caracterizado precisamente por no
llevar al Tribunal Constitucional toda ley aprobada por las Cortes
Generales y promovida por el Gobierno o el Grupo Parlamentario Popular.
Le dejo ahí eso y el beneficio de la duda lo tengo yo. Usted ha hecho la
acusación, entonces, ¿por qué no han sido coherentes y 50 senadores han
llevado esa ley al Tribunal Constitucional?

En cuanto a las vacantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado, usted comprenderá que yo, como ministro del Interior, soy el
primer interesado en que haya el máximo número de efectivos posible,
tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, ¡ faltaría más!.
Pero, efectivamente, usted lo ha dicho, había un objetivo nacional que
era sacar a España de la crisis, evitar el rescate, y eso ha significado
sacrificios de todos, de toda la sociedad española, también de todas las
administraciones públicas, y, por supuesto, del Ministerio del Interior,
Y, entre otras cosas, eso ha significado, como sabe su señoría, que la
oferta pública de empleo quedara congelada durante los años 2012, 2013
y 2014, eso sí, con una excepción, que yo tengo que reconocer, aunque sea
pequeña: las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil y
Policía Nacional, han tenido una oferta pública de empleo del 10 % de la
tasa de reposición, que ha subido al 50 % en este año 2015 y que ya sube
al 100 % para el año 2016. ¿Sabe por qué? Porque las políticas que ha
desarrollado este Gobierno, evidentemente, nos han evitado estar como
Grecia, así de claro, estar como Grecia, y que el paro y la crisis
siguieran disparados, que era la situación que heredamos. Ya sé que no
les gusta hablar de la herencia recibida, a mí tampoco, pero como usted
me hace determinadas acusaciones sin el debido fundamento, yo tengo el
deber de recordarlas. Pero, en todo caso, una vez que ya las cuentas
públicas y la consolidación fiscal se están saneando, ya podemos empezar
a sacar la cabeza del hoyo y, como le he dicho, ya en este año 2015, la
tasa de reposición fue del 50 % y para el año que viene va a ser
del 100 %.

También le tengo que decir que, no obstante eso, la ratio policía
pública por habitante en España es la mayor de la Unión Europea. Policía
pública incluye Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y
policías locales. Y la ratio de seguridad privada por habitante es la más
pequeña de la Unión Europea. Por tanto, la ratio seguridad
privada-seguridad pública es la más pequeña de la Unión Europea. Lo digo
también para que le quede claro. Y, por supuesto, la seguridad privada,
como no puede ser de otra manera y así lo decía la ley, está subordinada
a la seguridad pública, porque esta, según el artículo 149 de la
Constitución, es competencia exclusiva del Estado, pero admite
complementariedad y colaboración, bajo el principio de coordinación y
subordinación, de la seguridad privada. Le hago una pregunta. Cuando
usted va al aeropuerto, ¿no ve a vigilantes privados, al lado de los
guardiaciviles, haciendo controles de acceso? ¿No ve eso? ¿No lo ve
también cuando coge el AVE en las estaciones? ¿No ve vigilantes privados,
acaso, cuando va a los congresos del partido o a los congresos de mi
partido? ¿O qué quiere, que vaya la Policía Nacional y la Guardia Civil a
prestar servicios allí? A ver si somos un poco conscientes de lo que
estamos diciendo. La seguridad privada tiene un campo fértil de
desarrollo subordinada, complementaria y complementando, y coordinada con
la seguridad pública, evidentemente. Como le digo, en España —ya le
he dado los datos de ratios— estamos en la cola en seguridad
privada y en el máximo en seguridad pública, que quede claro. Y, miren,
no ha debido ir tan mal la cosa porque la interpelación era en relación
con la seguridad, el respeto a los derechos fundamentales y a las
libertades públicas de los ciudadanos, y le tengo que decir que España,
en el año 2011, tenía una tasa de criminalidad, según la Oficina
Estadística de la Unión Europea, Eurostat, de 48,4 infracciones penales
—es decir, delitos y faltas— por cada 1000 habitantes. A día
de hoy, estamos en 44; es decir, hemos bajado 4,8 puntos porcentuales, lo
que significa un 10 % de descenso en la tasa de criminalidad o, visto en
plan positivo, un incremento del 10 % de la seguridad. Esto se
corresponde con lo que dicen las encuestas del CIS en cuanto a la
percepción de los ciudadanos respecto de la seguridad ciudadana y con la
valoración que hacen de las dos instituciones más valoradas por los
ciudadanos, que son precisamente las fuerzas de seguridad del Estado, la
Guardia Civil y la Policía Nacional. Ya sé que todo eso es a pesar del
ministro, estoy dispuesto a aceptarlo, pero, como la interpelación tiene
que ver con la seguridad de los derechos fundamentales y de las
libertades públicas, me parece que es importante que recordemos todo
eso.

Me ha hecho usted una acusación que no le consiento: que el
ministro está investigando a partidos políticos. Mire, el ministro, si
investigara o espiara a partidos políticos, lo haría a través de la
Policía o de la Guardia Civil. Supongo que sería así, ¿verdad? Usted no
puede sostener esa acusación. Si no, vaya al juzgado y acuse al ministro
del Interior de espiar a partidos políticos. (Aplausos). Además, es
demasiado grave lo que usted está diciendo. Por eso he empezado
diciéndole que todo exceso es mediocre; quizá es porque se está
despidiendo de esta Cámara —aunque no con el honor y la dignidad
con que lo ha hecho la senadora anterior—, pero eso no le legitima
a usted para hacer determinados acusaciones porque, entre otras cosas,
señoría, si fuera verdad esa acusación, que sería un delito gravísimo, lo
estaría haciendo a través de la Policía y la Guardia Civil. Se supone que
no lo voy a hacer yo directamente, ¿verdad? Y esos policías y esos
guardiaciviles estarían incurriendo en un delito gravísimo de espionaje a
formaciones políticas. ¿Cómo se atreve usted a decir una cosa de esas
características? ¿Tiene usted pruebas de que se ha espiado a partidos
políticos? Y vuelvo a repetir que, si las tiene, vaya al juzgado; y, si
no, cállese, pida perdón y no diga esas barbaridades. ¿Cómo se puede
acusar a un ministro del Interior, desde la tribuna del Senado, de que
está espiando a partidos políticos? (Aplausos).

Señoría, hablando de seguridad, podría usted felicitar, sino al
ministro, a las fuerzas de seguridad del Estado por lo que están haciendo
al servicio de la seguridad de los españoles. Ya le he hablado de la tasa
de criminalidad y de la percepción que tienen los españoles y los que nos
visitan. España es el tercer país de la Unión Europea con menor tasa de
criminalidad; es decir, es el tercer país más seguro de la Unión Europea,
lo que, si tenemos en cuenta que la Unión Europea, como todos sabemos, es
un espacio de libertad, de justicia y de seguridad, es lo mismo que decir
que es uno de los países más seguros del mundo. Eso lo dicen los
ciudadanos españoles y también los millones de turistas que nos visitan.
Señoría, usted sabe que el año pasado nos visitaron 65 millones de
turistas. La previsión para este año es de en torno a 68 millones. El
sector —no el Ministerio del Interior— ha hecho una encuesta
muy importante preguntando a esas personas que nos visitan cuáles han
sido las razones que les han llevado a escoger España como destino
turístico. En una escala de 1 a 10 han puntuado, en primer lugar, las
bellezas paisajísticas de España, cosa que no sorprende; las han puntuado
con un 8,4. ¿Sabe cuál es, señor Cascallana, la segunda razón que han
referido los turistas que nos visitan en relación con el sector? La
seguridad, con un 8,2 sobre 10. Los millones de turistas que nos visitan
valoran altísimamente la seguridad de España y los ciudadanos españoles
valoran altísimamente la seguridad de España.

Por tanto, como usted hace una interpelación sobre la seguridad en
nuestro país, podría ser por lo menos un poco más objetivo y no quedarse
en la anécdota, en la acusación sin fundamento y hablar con un poco de
rigor, como le he dicho. Le vuelvo a reiterar que todo exceso es mediocre
y su intervención —perdone que se lo diga, señoría— ha sido
absolutamente mediocre. Le espero aquí para que usted me diga un derecho
fundamental o una libertad pública que haya sido recortada como
consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de protección de
la seguridad ciudadana.

Podría hablarle yo de la lucha contra el crimen organizado en
España en sus diferentes manifestaciones: El terrorismo, el terrorismo de
ETA, por ejemplo, de bastante actualidad, que ha contado con un magnífico
servicio de la Guardia Civil, que ha reconocido todo el mundo menos
usted. (Rumores). Sí, señoría, sí. Podría hablarle del terrorismo
yihadista o de la lucha contra la criminalidad organizada en sus
diferentes manifestaciones, contra el narcotráfico, contra la trata de
seres humanos, contra las redes que explotan a personas, redes de
inmigración irregular, que colocan a nuestras fuerzas de seguridad y a
España entre los países objetivamente más seguros de la Unión Europea y
conceptuado como uno de los más seguros del mundo. Evidentemente, la
seguridad absoluta no existe —lo sabemos todos—, pero por eso
hablo de ratios y de datos estadísticos. Y estos datos estadísticos y las
ratios confirman lo que yo le estoy diciendo a usted, señoría. Y yo he
venido aquí a hablar de ello.

Termino, señoría, con unos datos. En lo que llevamos de 2015 se
han producido en España prácticamente 18 000 manifestaciones. Por tanto,
el derecho de reunión y manifestación en España se realiza con absoluta
libertad y con absoluta normalidad. Pocos países del mundo ejercen el
derecho fundamental de reunión y manifestación con tanta normalidad y con
tanta asiduidad como en España. En lo que llevamos de año, 18 000
manifestaciones y, durante la legislatura, 120 000. ¿Cree usted, de
verdad, que en las postrimerías de la legislatura vamos a hacer una ley
para restringir el derecho de reunión y de manifestación? ¡En qué cabeza
cabe eso! Aparte de que estamos hablando de la Ley Orgánica sobre
protección de la seguridad ciudadana y no de la Ley Orgánica reguladora
del derecho de reunión y manifestación, del año 1983, que para nada se
modifica con esta ley. ¡Pero qué me está diciendo!

Y ya que ha hablado usted de recortes de derechos fundamentales,
le voy a decir algunas cosas que sí han disminuido. Por ejemplo, las
identificaciones policiales. En el año 2005, con un Gobierno
socialista, 13,5 millones de personas fueron identificadas por la
Policía. En el año 2013, con el Gobierno actual, menos de la mitad: 6,5
millones. En cuanto a las identificaciones en dependencias policiales
—lo que es conocido vulgarmente como retenciones—, le voy a
decir que después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de protección
de la seguridad ciudadana, recogiendo los dictámenes del Consejo Fiscal,
los dictámenes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de
Estado, hemos hecho una regulación con absoluta seguridad jurídica, y eso
ha llevado a que solo durante los dos primeros meses de entrada en vigor
de esa ley han disminuido un 30 % las identificaciones en dependencias
policiales, las conocidas como retenciones. Y le podría decir lo mismo de
las sanciones.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor,
acabe.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Por tanto,
señoría, quítese usted la mordaza de los ojos y de la boca y no diga
cosas que no se corresponden con la realidad, y si quiere criticar, que
hay motivos de crítica, critique al menos con objetividad y veracidad, y
no diciendo esas cosas que ha dicho porque, sencillamente, señoría, no se
compadecen con la realidad y hacen absolutamente poco creíble su
discurso.

Le dejo aquí el comunicado de todos los sindicatos para que lo
lea, señoría.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor
ministro.

Al amparo del artículo 87, tiene la palabra el senador
interpelante.

El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, se nota quién tiene excesos y quién no los tiene.
Desde luego, su intervención no se caracteriza precisamente por la
moderación en el lenguaje, me parece a mí, señor ministro. Si alguien ha
acusado aquí a los policías de investigar fuera de la ley ha sido el
ministro que está ahí sentado; el ministro que está ahí sentado, que
faltó a la verdad y que después no fue capaz de venir a la comisión a
explicar esa falsa acusación a los policías.

¿Le recuerdo también mi pregunta al señor González sobre el
espionaje? (Rumores). Espero que le asesoren.

Usted viene aquí a decirnos esas cosas que no tienen ni pies ni
cabeza, y se atreve a entrar en el honor y en la dignidad. Señor
ministro, si mi honor y mi dignidad dependiesen de su valoración, muy mal
andaría mi persona y todo lo que me rodea. Mi honor y mi dignidad me la
he ganado con mi trayectoria, entre otras cosas, en la lucha por la
democracia y los derechos en este país, algo de lo que usted sabe muy
poco, señor ministro. (Aplausos). Usted sabe muy poco de eso, señor
ministro. (Rumores). Por lo tanto, usted no dé carnets de honor y
dignidad. Y cuando habla usted aquí del terrorismo y de que poco menos
que yo no he condenado o he felicitado a las fuerzas y los cuerpos de
seguridad, señor ministro, ¿usted se cree de verdad que yo no condeno el
terrorismo? ¿Quién acabó con el terrorismo en este país? ¿Qué Gobierno
acabó con el terrorismo en este país?






¿Se lo recuerdo, señor ministro? Se
lo recuerdo, porque parece que los socialistas no hemos luchado por
acabar con el terrorismo en este país. ¿Pero esto qué es, señor
ministro?

¿Y del yihadismo, qué dice usted, señor ministro? Que me he
callado, señor ministro. Me callo por prudencia y por los acuerdos entre
su partido y por resolver el problema de los refugiados en este país. Por
si me quiere entender, señor ministro: yo no diré nunca que los
refugiados meten en España el yihadismo. Hay que tener un poquito de
responsabilidad. Me dicen que la mía, sí, la mía, porque eso genera
xenofobia y racismo y eso pone en peligro la convivencia, y lo hace el
señor ministro. Por lo tanto, lecciones de honor y dignidad, ninguna.
(Aplausos).

Me dice que le ponga ejemplos. Usted sabe perfectamente que hay
gente que está siendo procesada por hacer llamamientos a la huelga
general, por acudir a concentraciones sobre las preferentes. ¿Lo sabe,
señor ministro? Hay gente que está teniendo sanciones de 30 000 euros.
No, no lo saben, no saben lo que han aprobado. (Rumores). Se están
imponiendo sanciones de 30 000 euros. Hay personas que querían que
nosotros les garantizásemos sus derechos y que están en la cuerda floja,
señor ministro. Esta ley no ha significado un avance en la protección de
derechos; y no lo digo yo, señor ministro —usted me saca aquí un
comunicado de los sindicatos—, se lo han dicho todas las
organizaciones de defensa de los derechos humanos, todos los grupos
políticos, sobre la Ley de seguridad ciudadana. Lo de la Ley mordaza no
se lo he puesto yo, se lo han puesto los ciudadanos, señor ministro. ¿O
es que todo el mundo está equivocado en este país, señor ministro?

Me dice que a usted le apetece mantener los suficientes miembros
de las fuerzas y cuerpos de seguridad al nivel que teníamos antes y alude
a la crisis permanentemente, aluden a la herencia permanentemente. El
señor Aznar dijo que no iba a hablar de la herencia, y tardó una semana
en hablar de la herencia. Pero, déjense de bromas ya. La crisis
internacional, Lehman Brothers, no la trajo Zapatero; la crisis
internacional no es producto de un Gobierno anterior. (Rumores).
Señorías, se pongan como se pongan, no es problema de un Gobierno
anterior. El que más sabe de la crisis internacional y de cómo se originó
es el representante en España, de Lehman Brothers; y en Europa, el señor
De Guindos, es el que más sabe de la crisis internacional. La crisis
internacional vino a España como consecuencia de un problema de
desregulación del mercado, y la crisis griega no la ha hecho Alexis
Tsipras, señor ministro, se la encontró por los Gobiernos de Nueva
Democracia, que engañaron. No achaquen ustedes el fracaso de la política
económica europea a la izquierda. Están gobernando en Europa en la
mayoría de los países, y vale ya lo de la herencia. Ustedes quieren
cambiar el modelo policial.

Y termino, señor ministro. Usted me dice que felicite a la
Policía. Me he hartado de felicitarles. Las fuerzas y los cuerpos de
seguridad son las instituciones mejor valoradas, pero, en contraste, el
ministro peor valorado de la democracia es usted; usted en el último CIS
tiene una valoración del 2,26, señor ministro; usted, el digno, el del
honor. 2,26, señor ministro. ¿Sabe lo que significa eso?

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor,
finalice.

El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: Que tiene un rechazo
generalizado, que todo el mundo le ve como alguien que atenta contra sus
derechos y no le ve como un buen ministro; no está usted a la altura de
la policía que tiene. No se habla ni con el subsecretario, da la espalda
al director general de la Policía, no coordina. Y todas estas cosas las
sabemos, señor ministro, y usted viene aquí a dar lecciones, ¿de qué? ¿de
dignidad? Por dignidad, lo que tenía que haber hecho hace tiempo
—ya no— es dimitir, señor ministro.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor
Cascallana.

Cierra el debate, en nombre del Gobierno, el señor ministro del
Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor
presidente.

Señoría, quede claro que yo no he hablado de honor y dignidad en
su despedida, sino por contraste —y perdón, no quiero crear
agravios comparativos, y menos problemas en sus filas— con la
despedida tan honrosa que ha hecho la senadora Flores en su anterior
intervención. A eso me refería. Podemos discrepar, es normal, aquí
estamos, entre otras cosas, para eso, pero una cosa es discrepar y otra
salir aquí a decir las cosas que usted ha dicho sin fundamento. Por
cierto, cuando ha hecho esas acusaciones aludiendo y amparándose en los
sindicatos policiales, usted se ha llevado el comunicado, pero se ha
callado. Es muy importante, porque si se dice una cosa hay que ser
capaces de sostenerla, sobre todo si la acusación es muy grave. Ese es un
comunicado sobre la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana,
como verá usted, datado en fecha 3 de julio, hecho por unanimidad de
todos los sindicatos policiales. Ahí está la expresión respecto a esa ley
y la manifestación de voluntad y la opinión de todos los sindicatos
policiales. Usted aquí ha hablado de esa ley, ha hablado de los policías
y de los sindicatos policiales; no usurpe usted su voz, la tiene ahí
escrita. Es lo que quería decir. Por eso he empezado leyendo esos
párrafos de esa nota que le he dejado a usted para que vea si yo he dicho
la verdad o es usted el que ha faltado a la verdad.

Por lo demás, me habla también de imputaciones y sanciones. En
cuanto a las imputaciones, supongo, señoría, que usted al igual que yo
creemos en la separación de poderes, pero hay personas en esta Cámara que
hemos visto, con su intervención de hoy, que no saben o no quieren creer
en la separación de poderes, que es algo fundamental en un Estado
democrático y de derecho como el nuestro. Las imputaciones no las hace,
que yo sepa, la autoridad administrativa, las hace la autoridad judicial.
Luego ha hablado de sanciones, pero no me confunda una cosa con la otra.
Y si hablamos de sanciones, hablemos también con propiedad. La ley
vigente —usted lo sabe, señoría, lo sabe— mantiene las mismas
cuantías en relación con las sanciones que la Ley de 1992. ¿Cómo puede
sostenerse sinceramente, con rigor que son elevadas unas sanciones cuyas
cuantías son las mismas que las de una ley de hace veintitrés años? Si
hablamos de leyes más recientes, la Ley de 2007 contra la violencia, el
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte establece sanciones
superiores a las de esta ley. Me parece una buena ley, que quede claro,
pero establece sanciones superiores a las de esta ley y es del año 2007,
promovida por el Gobierno socialista. La denominada Ley del tabaco
de 2005 mantiene sanciones de hasta 600 000 euros, y estamos hablando del
tabaco, de fumar, algo que socialmente hasta hace poco era asumido como
una cosa normal. Tiene sanciones de hasta 600 000 euros la Ley del tabaco
del año 2005 del Gobierno socialista. Si hablamos de una ley autonómica,
la Ley 4/2015, de una comunidad autónoma gobernada por el Partido
Socialista, de atención integral en materia de drogas y bebidas
alcohólicas, por vender alcohol a un menor, por ejemplo, prevé sanciones
de hasta 600 000 euros. Por tanto, señoría, hablemos con rigor, es lo
único que le pido, obviamente, no le pido que comparta mis opiniones, le
digo simplemente que hablemos con rigor. Si usted habla de esta ley
descalificándola por las sanciones, etcétera, por favor, hable con rigor.
Si no está de acuerdo, dígalo, está en su derecho, pero fundaméntelo, no
en la mentira o en cuestiones que no se sostienen.

Por lo demás, le tengo que decir, señoría, lo que ya le dije en mi
primera intervención. Usted me ha hablado del terrorismo ahora. Yo le
digo: la lucha contra el terrorismo ha sido una lucha de Estado, espero
que con lo que ha dejado usted a medio decir no se atribuya a un gobierno
concreto o determinado haber acabado con ETA. Con ETA ha acabado el
Estado democrático y de derecho, por tanto, han sido todos los poderes
del Estado y toda la sociedad española, y en la vanguardia del Estado
democrático de derecho han estado, como es evidente, las fuerzas de
seguridad del Estado, ha estado la Guardia Civil y la Policía Nacional,
que han tenido 350 muertos por ETA por defender nuestra libertad, pero
junto a ellos ha estado también el Poder Legislativo con leyes que, por
ejemplo, permitieron la ilegalización de Batasuna y de todo el entorno
etarra. En cuanto a la cooperación internacional, no le voy a destacar la
cooperación con Francia que ha sido y es decisiva y determinante. El
testimonio ético y moral de las víctimas, que jamás cayeron en la
tentación de tomarse la justicia por su mano, porque creían en la
justicia; la Audiencia Nacional, especializada en la lucha
antiterrorista, los jueces y los fiscales de la Audiencia Nacional. Por
tanto, ha sido toda la sociedad española y todo el Estado democrático de
derecho, no un Gobierno en concreto. (El señor Cascallana Gallastegui: Y
usted, tampoco). Es que yo no me lo atribuyo. He dicho que si la
interpelación era sobre seguridad, y dada la actualidad de una
brillantísima operación de la Guardia Civil que ha descabezado lo poco
que queda de ETA, particularmente su cúpula política, en una
interpelación sobre seguridad, y siendo la última sesión del Senado, no
era mucho felicitar a la Guardia Civil por una tan brillante operación.
(Aplausos). Esto es lo que quiero decir.

Podría aludir a la lucha contra la corrupción con este Gobierno.
Usted sabe que la corrupción no es un delito tipificado como tal en el
Código Penal, pero sí conductas conexas con la corrupción como el tráfico
de influencias, la prevaricación, la malversación, etcétera. Le podría
dar datos —me estoy excediendo porque ya no tengo tiempo—
respecto de las investigaciones iniciadas por la Guardia Civil y la
Policía en esta legislatura en comparación con otras legislaturas para
que viera hasta qué punto estamos luchando de manera muy drástica y
contundente contra la corrupción, contra el narcotráfico, contra el
tráfico de seres humanos, contra la trata de mujeres con finalidad de
explotación sexual.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor,
finalice.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Eso tiene mucho
que ver con la seguridad; tiene mucho que ver con lo que yo creía que
íbamos a debatir hoy en esta última sesión del Senado para estar a la
altura del Senado y de lo que se supone que esperan los ciudadanos de
nosotros.

En todo caso, que quede claro, señor Cascallana, que, pese a todo
lo dicho, le deseo lo mejor a nivel personal y político en el
futuro.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

El señor vicepresidente, Lucas Giménez, da lectura al
punto 4.2.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Para exponer la
interpelación, tiene la palabra el senador interpelante.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, pocas veces un tema traído a debate está
tan mediatizado por los mensajes que se lanzan a través de los medios de
comunicación y pocas veces podemos resumir toda la situación actual en
dos frases que pueden servir de resumen de todos y cada uno de los
mensajes que su Gobierno ha lanzado en torno al derecho a decidir.

Ustedes proclaman a los cuatro vientos: las leyes existentes en el
Estado impiden que una comunidad autónoma ejerza su derecho a decidir. Lo
repiten y lo repiten hasta la extenuación, pero luego vienen y afirman,
llegado el caso, como suele ocurrir en estos momentos: vamos a cambiar
las leyes para impedir el ejercicio del derecho a decidir. Este es el
resumen de la situación que se da en estos momentos y ante la cual poco
—creo— se puede añadir, salvo que lo que se quiera hacer es
intentar poner puertas al campo, que es un muy buen resumen de cómo ha
transcurrido toda la legislatura en este tema. Porque, aunque no lo
digan, realmente saben lo que hay. No hay más que ver qué es lo que ha
ocurrido a lo largo de toda la campaña electoral en Cataluña. Están ante
una situación imparable y lo único que pueden hacer es retrasarla en el
tiempo.

No se ha hablado de que es imposible para Cataluña ejercer su
derecho a decidir y lograr su independencia. De lo que realmente se ha
estado hablando por su parte todos estos meses en esa campaña electoral
ha sido de exponer supuestos posibles escenarios apocalípticos de qué es
lo que pasaría si se conformase un Estado catalán independiente.
Evidentemente, lo que han confirmado con sus acciones, que es lo que
cuenta y no lo que se verbaliza, es algo que hemos defendido algunos
desde un principio: todo es posible si cuenta con el respaldo de la
ciudadanía; que el ejercicio del derecho a decidir por parte de
cualquiera de las naciones que conforman el Estado es posible si la
ciudadanía de estas naciones así lo quiere. Y es que el desarrollo de la
legislatura y el comportamiento del Gobierno no podrían haber sido más
clarificadores en este aspecto.

Al inicio de la legislatura —lo he dicho varias veces, pero
lo quiero volver a repetir—, el Estado se encontraba ante
diferentes situaciones que requerían una respuesta urgente de su
Gobierno. Entre otras, sí quiero destacar cuatro: la crisis económica, la
corrupción estructural existente en el Estado, principalmente focalizada
en su partido, la articulación del derecho a decidir en Euskal Herria y
Cataluña y la definitiva resolución del conflicto en Euskal Herria.

Ante estos retos, y centrándome en el tercero de ellos puesto que
de los anteriores ya hemos hablado de sobra a lo largo de esta
legislatura, les tengo que decir que van a pasar a la historia como el
Gobierno de la incapacidad, como el Gobierno de los tecnócratas y no el
Gobierno de los políticos. Van a pasar a la historia como el Gobierno del
no, en una palabra. El Gobierno incapaz de pactar, de acordar; incapaz de
ver o tomar en consideración nada que no sea su propio punto de vista.
Van a pasar a la historia como el Gobierno que no ha actuado frente a la
corrupción; el Gobierno que, por la puerta de atrás, ha realizado una
abdicación exprés para lograr que perviva un sistema que no ha sido
legitimado ni votado. El Gobierno que no quiere dar la voz, la palabra y
la decisión a la ciudadanía para decidir sobre los temas que le afectan.
En definitiva, el Gobierno que tiene miedo a saber lo que quieren los
ciudadanos. Y este Gobierno también va a pasar a la historia como el
Gobierno de la recentralización, y es que su Gobierno en este tema ha
sido radical, atrincherándose en el angosto marco jurídico político
surgido tras el franquismo que se desarrolló, por cierto, sin que se
produjese una ruptura democrática con el régimen de la dictadura.

Teniendo esto como base y en lo que toca a mi país, Euskal Herria,
y frente a las demandas de profundización en la democracia realizadas por
los vascos y vascas, una vez más, de este Gobierno solo hemos obtenido lo
que hemos obtenido hasta ahora de los anteriores: negación y respuestas
restrictivas. Como ejemplo le quiero citar que no solo es que no hayamos
complementado después de treinta y cinco años de su entrada en vigor la
transferencia de competencias al ya más que agotado Estatuto de Autonomía
de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, sino que las existentes las han laminado,
recortado y cepillado todavía más de lo que ya lo estaban; por cierto, le
quiero recordar que teóricamente estamos ante una ley orgánica de
obligado cumplimiento. ¿Y qué decir de Nafarroa, con el régimen foral que
fue impuesto en su momento sin tan siquiera preguntar a la ciudadanía?
Pero esto a ustedes no les importa.

En el anterior Pleno celebrado en esta Cámara usted mismo afirmó
que era un defensor convencido del Estatuto de Autonomía vasco y del
Régimen Foral navarro, lo repitió hasta la saciedad en una interpelación;
sin embargo, si ustedes son tan defensores, siguen sin completarlo en su
totalidad y, lo que es aún más clarificador, no tienen la más mínima
intención de hacerlo.

Por tanto, ¿con qué legitimidad nos vienen con estas afirmaciones
en estos momentos cuando están pendientes de cumplimiento tantas y tantas
transferencias? Después de cuarenta años de incumplimientos reiterados,
de recortes continuos, de competencias por la puerta de atrás, de que no
van a cumplir con lo pactado ¿nos vienen ahora con esto, con una defensa
de leyes orgánicas que ustedes no son capaces ni siquiera de cumplir? Y
lo que es peor, ¿cómo se atreven a pedir al resto que cumplamos con no sé
qué pactos mientras ustedes no cumplen absolutamente con nada?

Hemos de ir a la base, al meollo de toda esta cuestión, y la clave
y la base de todo esto es el propio sistema sustentado por la
Constitución. La base es no haberse realizado una ruptura democrática con
el régimen del dictador genocida Francisco Franco; una Constitución que
fue elaborada como un pack a modo de trágala, en un todo y común lo tomas
o lo dejas, en torno a una formulación a la que hoy en día se intenta
poner la máxima de que todo lo que no está recogido en ella se coloca
automáticamente fuera de la democracia. Y esta afirmación que ustedes
repiten una y otra vez es simplemente una barbaridad y es una gran
mentira. Una mentira que queda desmontada por la propia manera en la que
fue redactada, con emisarios de los poderes del régimen fascista, que
mandaban sobres a sus redactores con artículos a incluir, sí o sí, en la
misma, como son —¡oh casualidad!— los relacionados con la
unidad del Estado. Y una barbaridad que en el caso de mi país queda
demostrada con datos: un 53,43 % se abstuvo activamente o votó en blanco
en el referéndum sobre la Constitución en Euskal Herria Sur, en tanto que
un 10,93 % votó en contra y un 0,71 % expresó un voto nulo; es decir, más
de un 65 % de la población con derecho a voto en aquellos momentos en
Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa no respaldó su Constitución. Y ante
esta realidad se nos dice que estamos obligados por textos que en mi país
no fueron respaldados por la mayoría de la población; se quiere hacer
creer y convencer que estos textos son los que imposibilitan el ejercicio
del derecho a decidir de Euskal Herria porque contienen unos preceptos
que hablan sobre la unidad indivisible de la nación española; nos
intentan coaccionar con textos que no hemos respaldado y que además
fueron desarrollados en el contexto de una mal llamada Transición en la
que no se pudo debatir con libertad sobre todo, en la que no se pudo dar
la palabra a la ciudadanía vasca para que escogiese libremente sobre su
futuro y su forma de autoorganización, en la que no se pudieron poner y
proponer diferentes opciones sobre la mesa.

Es por todo ello por lo que reafirmamos una vez más en esta
tribuna que este sistema no es el nuestro y que es un sistema que está
maquillado con una apariencia formal de ser un sistema plenamente
democrático. Y no es que solo en Euskal Herria su Constitución no contara
con el refrendo mayoritario sino que quiero recordarle que han pasado
cuarenta años, quiero recordarles que la mayor parte de la ciudadanía
vasca actual no tuvimos la posibilidad de expresar nuestra postura con
relación a este texto, un texto que ahora se intenta vender que es
inmutable, que es atemporal, que es perfecto y eterno, a pesar de no
haber sido respaldado por la mayoría de la población de mi país. Y esta
es simplemente una postura que ustedes defienden que no se sostiene por
ningún lado.

Sin embargo, vemos cómo entienden ustedes la labor legislativa y
la política en general, y cómo la han aplicado en esta legislatura. Y voy
a poner dos ejemplos: uno sería la aplicación de la legislación y la
justicia ad hoc, todo un clásico ya en el parlamentarismo del Estado
español, concretamente con los últimos ejemplos, la modificación de la
Ley del Tribunal Constitucional y la actuación judicial contra el
president Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, a los cuales queremos hacer
llegar todo nuestro respaldo y compromiso para con ellos; una actuación
judicial por poner urnas y posibilitar que la ciudadanía exprese su
opinión, este es el Estado en su máxima expresión, cómo realmente
entiende la democracia este Gobierno. Y la modificación de la Ley del
Tribunal Constitucional es otra actuación que nos hemos encontrado sobre
cómo la utilización de la mayoría absoluta por parte del Partido Popular
a lo largo de esta legislatura ha ido desvirtuando el proceso
legislativo, hurtando el debate político y difuminando la pluralidad
política sobre la que se debería sustentar un sistema si fuese plenamente
democrático. Pero este no es, ni mucho menos, el único ejemplo de cómo se
entiende la labor política por parte del Estado, esta elaboración de
leyes ad hoc y esta utilización de la justicia: la ilegalización de
partidos políticos; los ataques a la libertad de expresión,
materializados en el cierre de radios y periódicos; la aplicación de la
dispersión en la política penitenciaria, con el consiguiente sufrimiento
añadido a las familias de los presos; la Ley mordaza; la Ley Orgánica de
armonización del proceso autonómico, la LOAPA, para intentar anular los
deseos de autogobierno, las aspiraciones de autogobierno de las naciones
históricas de Cataluña, Euskal Herria y Galicia por medio del café para
todos; el incumplimiento de leyes orgánicas como el Estatuto de Autonomía
de la comunidad autónoma vasca; el encarcelamiento de personas por el
mero hecho de hacer política; la imputación de personas por la Audiencia
Nacional por meros delitos de opinión; los continuos recursos al Tribunal
Constitucional cuando se aprueban leyes que no son de su agrado y un
largo etcétera, etcétera y etcétera. Y esto es lo que, por sus actos,
parece que se entiende por parte del Estado como labor política.

Desde Amaiur, desde Euskal Herria Bildu, ante este inmovilismo,
ante esta forma de malentender la política, que es para nosotros,
apostamos por dar la palabra a la sociedad vasca, apostamos por
empoderarla, apostamos por profundizar en la democracia articulando el
derecho a decidir y planteando como propuesta, en nuestro caso, la
constitución de la primera república vasca, frente a lo que nos supone
permanecer en este régimen, frente a lo que nos supone jugar en campo de
juego ajeno, con reglas ajenas y con árbitro casero. Lo que proponemos es
la apertura de un proceso constituyente en nuestro país. Frente a la
postura que han llevado ustedes, proponemos consultar a la sociedad sobre
el conjunto de los temas, no filtrando y señalando de antemano cuáles son
sobre los que pueden decidir, como hacen ustedes. Lo que vamos a hacer es
empoderar a la sociedad preguntando algo tan simple como el profundizar
en la democracia, algo que debería ser sencillo respaldar por cualquiera
que se considere demócrata.

Como conclusión, les diré que nos encontramos con que lo que han
intentado y siguen intentando desesperadamente es aplicar un veto al
derecho a decidir y, aparte de intentar aplicarlo, intentan perpetuarlo,
pero lo hacen a sabiendas y sabiendo que es imposible. Es imposible, y en
este tema les quiero decir que en Euskal Herria sí hemos tomado muy buena
nota de estos últimos cuarenta años, pero también de los últimos cuatro,
y lo que sí le digo es que nosotros ya hemos puesto en marcha un proceso
para construir sociedad —es decir, lograr la justicia social—
y para construir país —es decir, articular el derecho a decidir de
Euskal Herria—, y lo vamos a desarrollar de la mano de la sociedad
vasca sobre la que realmente reside la soberanía nacional del pueblo
vasco, la propia sociedad vasca y no sobre ninguna otra.

Mila esker. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
señoría.

Para contestar a la interpelación en nombre del Gobierno, tiene la
palabra el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Gracias, señor presidente.

Señorías, llegamos al final de las sesiones de control y su
señoría plantea, una vez más en esta Cámara, el llamado derecho a decidir
y cuál es la posición del Gobierno respecto al derecho a decidir.

El derecho a decidir lo ejercemos en España en virtud de la
Constitución, es lo que hacen todas las sociedades, todos los pueblos
demócratas del mundo. ¿Ustedes conocen algún pueblo demócrata que no
tenga una ley fundamental, una ley que defina precisamente los contenidos
de lo que es la decisión de los ciudadanos? Pregunta su señoría: ¿cuál es
la postura del Gobierno sobre el derecho a decidir? La postura del
Gobierno es que es Gobierno porque los españoles han ejercido el derecho
a decidir, igual que una parte de los españoles, ejerciendo el derecho a
decidir, ha decidido que usted les represente en esta Cámara, en el
Senado de España. Eso es el derecho a decidir, eso es la democracia. Esas
son las reglas fundamentales del derecho a decidir, de la democracia, que
definen nuestra Constitución. En la soberanía del pueblo radica la
potestad última, de todo, del ejercicio del Gobierno y de la
representación democrática en las Cámaras, y en una democracia
representativa lo que hacemos en unas elecciones es una delegación de
confianza, es decir, los ciudadanos van a votar. A usted le han votado en
las últimas elecciones generales, en noviembre del año 2011. A mí,
también; a mí también me han votado para estar aquí presente, en estas
Cámaras, en el Parlamento de España. Y de ese Parlamento, del Congreso de
los Diputados, nace el Gobierno de España. Es donde se elige al
presidente del Gobierno, que es el que ofrece al Parlamento la
constitución de su Gobierno. Esa es la democracia representativa, esa es
la democracia que funciona en todos los países demócratas del mundo. ¿O
es capaz su señoría de decirme un solo país que sea diferente? A lo mejor
es que en su concepto de derecho a decidir hay otro concepto de
democracia. Interesante discusión.

Le voy a recordar a su señoría que usted representa a un grupo
político que ha negado que haya democracia en España, que eso que llama
conflicto realmente lo que ha amparado es el terrorismo. Eso es lo que
hemos hecho en este país. Por eso, por justificar ese terrorismo, negando
que exista la democracia en España, hemos tenido que padecer largas
décadas de terrorismo. ¿Eso es derecho a decidir? ¿Eso es el
reconocimiento de un conflicto, como ustedes lo llaman? ¿Un conflicto?
¿Ustedes niegan que exista democracia en España? ¿Sí? Pues no sé qué
hacen sentados ahí, la verdad. Me parece fascinante que lleguen al final
de la legislatura planteándose esta cuestión. Les voy a recordar que
otros representantes de partidos políticos de los que ustedes son
herederos tomaban las actas y renunciaban a la presencia y a la
participación. Pero ustedes, no; ustedes están en una supuesta
homologación de las reglas de la democracia y vienen a cuestionar el
derecho a decidir, que es exactamente el que ejercen todos los
ciudadanos, toda la soberanía nacional, toda la soberanía del pueblo
español, toda la soberanía del pueblo vasco. ¿Cómo puede decir que los
vascos no votan? ¿Lo dice en serio? ¿Usted dice que en Euskadi no hay
democracia? En fin, a estas alturas... Estamos en el año 2015, señoría, y
estos debates serían intelectuales, interesantes, pero reconózcame que no
ha sido interesante la historia de quienes han defendido durante décadas
que en España no había democracia y que había que ir, igual que se iba
contra un régimen como el de Franco, contra el sistema de democracia que
ampara la Constitución de 1978. Eso es lo que ha ocurrido en nuestro país
y eso ha dado amparo, insisto, a unas posiciones que decían que eran
políticas y que no eran más que la negación de una evidencia: que España
es una democracia; y una democracia homologada en un club de democracias
que se llama la Unión Europea; y una democracia plena, con división de
poderes, donde no hay leyes inmutables.

Pero ¿quién dice, como ha dicho su señoría, que la Constitución
como ley suprema no es cambiable? Claro que es cambiable, claro que tiene
sus propios procedimientos para cambiar esa Constitución, claro que los
tiene. Al final de la anterior legislatura modificamos el artículo 135 de
la Constitución. ¿Cómo no vamos a estar modificando la Constitución? Y,
por supuesto, se puede defender una modificación de la Constitución.
¿Quién dice que no se puede defender? Desde luego el Gobierno no lo dice,
eso lo dicen ustedes. Propongan un cambio de la Constitución; elijan la
vía democrática, efectivamente, y propónganlo. Otra cosa es que su
señoría represente a una minoría. Ese es otro problema. Vivimos en unas
sociedades donde el derecho a decidir, insisto, reside en la soberanía
del pueblo en todo momento; en todo momento. En esta Cámara o en el
Congreso de los Diputados no reside, reside en todo momento en la
soberanía del pueblo; y es por sistema de delegación por el que
articulamos democracia representativa, democracia de depósito de
confianza cuando ejercemos el derecho a voto.

A partir de ahí, señoría, sí ha funcionado la Constitución en
Euskadi y, obviamente, en Navarra. Y lo ha hecho tan plenamente como para
desarrollar una figura como la de las haciendas forales, figuras como el
convenio económico y el concierto navarro, figuras que este Gobierno no
solo ha amparado sino que ha desarrollado, que es lo que a usted, no sé
por qué, le chirría, pero a mí, en absoluto. Ya le expliqué, como usted
mismo ha recordado, que el anterior Gobierno del Partido Popular, con una
mayoría absoluta, como hoy tiene también, en esta Cámara aprobó la mejor
ley de concierto económico de su historia. ¿O no es verdad? ¿Tampoco es
verdad eso? ¿No es verdad que acabamos de aprobar la Ley de amejoramiento
del fuero navarro para clarificar elementos de ese convenio, para que no
se vuelvan a repetir situaciones como se han producido en Navarra, la
confusión entre la Hacienda foral y la Hacienda del Estado en los
ingresos del IVA de importantes empresas residenciadas en Navarra? ¿Eso
no es verdad? ¿Y no es verdad que en esta legislatura hemos aprobado
también la extensión del convenio económico, con Bildu gobernando en
Guipúzcoa, en esa Hacienda foral? ¿No es verdad? ¿No ha habido acuerdos
en esta legislatura? Lo que pasa es que usted no se acuerda más que de lo
que le conviene. Suba a esta tribuna y diga si todo lo que yo he afirmado
es cierto o no es cierto. ¿Ha ocurrido en esta legislatura con un
Gobierno del PNV, y por supuesto que ha ensamblado a las diputaciones
forales, a las tres diputaciones forales vascas, en esta legislatura para
desarrollar el convenio, o no ha sido así? ¿No ha ocurrido tampoco? Una
cosa es que estemos al final de la legislatura y otra cosa es que hagamos
falsos balances de esta.

Después: recentralización de competencias. ¿Me quiere decir qué
competencia hemos recentralizado? Porque todavía no me he enterado. Si
tuviera la amabilidad de citarme una, a lo mejor podría tomar buena nota
e incluso ofrecer una rectificación, pero es que —repito— no
me he enterado, y mire que hemos debatido este tema hasta la saciedad en
esta legislatura. Recentralización, han recentralizado, dicen unos, dicen
aquellos —en eso no ha sido original, ha participado con otros
grupos políticos de esta Cámara—. Pero yo le rogaría a su señoría
que me dijera una, una competencia, una sola, que hayamos recentralizado.
Usted confunde que para salir de la crisis económica hemos hecho uso de
regulación básica del Estado como no se había hecho antes en nuestra
democracia, porque realmente teníamos que coordinar la acción de las
políticas económicas del conjunto de España y de nuestras comunidades
autónomas; por supuesto de las haciendas forales y también, obviamente,
de los regímenes económico-fiscales de Canarias, Ceuta y Melilla. Eso es
lo que hemos hecho. Pero, a partir de ahí, el Gobierno no tiene ningún
interés en insistir y en profundizar en el uso de esa regulación básica.
A medida que nos vamos acercando al objetivo de equilibrio presupuestario
se vuelven, obviamente, a abrir los márgenes para que cada Administración
tome sus propias decisiones, como corresponde a la pluralidad del Estado
de las Autonomías de España.

Por eso, señoría, lo que me parece más inaceptable es que haya
llegado a decir que en España no hay libertad. Usted confunde la
aplicación de la ley con su interpretación personal de lo que son los
márgenes de la libertad. Eso es lo que hace, porque en ningún país
civilizado del mundo se permitiría que una parte minoritaria, respetable,
por supuesto, como todo, como todas las minorías, muy respetable,
decidiera por el conjunto. La soberanía nacional no se trocea; no se
trocea. Ustedes pretenden una reforma de la Constitución para amparar la
división de España. Es un planteamiento legítimo, pero hay que
preguntárselo al conjunto de los españoles, incluyendo a los vascos y los
navarros. Hay que preguntarles si es eso lo que desean, ¿o no es ese el
ejercicio del derecho a decidir por todos, que es el que ampara nuestra
Constitución y nuestro sistema de libertades? ¿No es eso? No, no es eso.
Usted lo tiene decidido de antemano. Quiere decir: no me estropee,
ministro, mi argumentación, porque realmente la tengo más que consagrada.
Quiere decir: voy a repetir los mismos tópicos.

Usted está, por supuesto, en su derecho de hacerlo, pero no
confunda los tópicos con el falseamiento de la realidad de lo que ha
ocurrido en esta legislatura, en la que no ha habido ningún proceso
recentralizador. El ejercicio de las haciendas forales ha sido pleno. No
confunda lo que fueron planteamientos de determinados parlamentos
autonómicos que no coinciden con nuestra legislación básica; por tanto,
el Gobierno tiene que hacer uso del recurso de inconstitucionalidad,
planteárselo al Tribunal Constitucional para que decida si,
efectivamente, la forma de entender del Gobierno es correcta, es adecuada
o no a la Constitución. Son las reglas de la democracia. Insisto: son las
reglas de la democracia en todos los lugares del mundo. Son ustedes los
que quieren reducir esa democracia, son ustedes los que quieren
simplificarla hasta vaciarla realmente de sus contenidos. A partir de
ello, yo le rogaría, senador, que explicara exactamente qué ejercicio de
la libertad es el que a usted le impide hoy ejercer de senador de las
Cortes Generales de España, en qué ejercicio se ve usted limitado en su
acción. Otra cosa —insisto— es que a su acción política no le
convenga, no le convenga que existan ese margen y ese grado de libertad.
Eso es otra cosa. Pero no saque simplificaciones absurdas diciendo que el
Gobierno se ha dedicado a hacer lo que no se ha dedicado a hacer. El
Gobierno ha empeñado toda la legislatura en superar la crisis económica.
La crisis económica estaba en el País Vasco y en Navarra, y esa crisis
económica se está superando. Se está superando gracias a la sociedad
vasca, a la sociedad navarra y al conjunto de la sociedad española, se
está superando porque estamos aprobando unas políticas económicas y se
está superando porque estamos haciendo un ejercicio de coordinación de
las políticas que hace todavía más sustancial, más positivo el Estado de
las Autonomías de España.

Recuerde, senador, que a comienzos de la legislatura el gran
problema, la gran sombra que se proyectaba sobre España era si el Estado
de las Autonomías era viable, era fiable y era confiable. Y ahora podemos
decir, al final de la legislatura, que, efectivamente, al Estado de las
Autonomías de España no le pasa nada y puede ser un motor para favorecer
el crecimiento económico, la creación de empleo y sustentar el Estado del
bienestar.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor
ministro.

Tiene la palabra el senador interpelante, al amparo del
artículo 87 del Reglamento.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Señor ministro, definitivamente, cada
día me maravilla usted más. Viene aquí, y habla, habla, no responde,
damos vueltas a inicios de que no es lo que es... Desde luego, como
stopper que ha mandado el Gobierno, la verdad es que no tiene precio.
Pero vamos a ir respondiendo poco a poco a lo que usted ha dicho.

¿Una ley que ha vulnerado competencias en esta legislatura? La
LOMCE, sin ir más lejos. Pero bueno, estas cosas... No, evidentemente, no
ha tocado absolutamente nada.

Déjeme que le comente una cosa. Amaiur somos una coalición
integrada por diferentes partidos, entre los cuales está el mío, y de mi
partido el presidente ha sido a lo largo de muchos años el lehendakari
Carlos Garaikoetxea, que a lo mejor le suena, que fue el que negoció todo
el estatuto de autonomía, el concierto, el convenio... O sea, que de
incumplimientos, laminaciones y recortes y del espíritu de lo que se
negoció y de lo que se hizo, algo sabemos. Porque usted en toda su
argumentación ha dado vueltas a lo mismo: es que en la Constitución
aparece... Oiga, que mi pueblo, mi país no respaldó la Constitución.
Volvemos a lo mismo. Todo su argumento posterior se cae.

Y en esta clase de ciencia política y de derecho que nos ha dado
nos ha preguntado expresamente: ¿hay democracia plena en el Estado
español? No. Y no somos los únicos que lo decimos, sino que cada vez más
gente lo está diciendo. No somos nosotros quienes hablamos de una segunda
transición.

El problema que nos encontramos es otro. El problema es que
tenemos un nacionalismo español enfrente que no entiende otra cosa más
que la concepción de Estado que ustedes tienen, que es la concepción de
la nación española del siglo XIX, la del imperio, la de una, grande y
libre. Y nos encontramos con otra realidad, unas demandas políticas que
ustedes niegan sin argumentos y sin base, basándose y centrándose
únicamente en este mismo nacionalismo español más radical, como están
ustedes demostrando. Tienen que dejar de ser tan endogámicos. Miren al
mundo y a las realidades políticas que realmente nos rodean. Pero no;
ustedes, ante una situación política, no hacen política. Lo que ustedes
hacen es la política del avestruz: dejamos las cosas como están, metemos
la cabeza esperando que cambien, se pudran o se pasen determinadas
situaciones. Y encima le sumamos la otra acción política que ustedes
saben, la de regresión en derechos y libertades. Esta es la política que
han llevado a cabo ante cada uno de los retos que tenía la
legislatura.

Volviendo al tema que nos ocupa en esta interpelación, ¿qué
problema existe en realizar consultas acordadas, señoras y señores del
Partido Popular? ¿Qué problema hay en dar la palabra a la ciudadanía? ¿O
es que acaso tienen miedo al resultado? Se les llena la boca hablando de
democracia, de que el sistema español es la envidia de todo el mundo, con
una descentralización sin parangón y ejemplo para todos, digno de estudio
por universidades mundiales —y del extranjero, también diría
yo—, y no son capaces de dar la palabra a la ciudadanía, hacer
política, ni hacen lo que otros Estados, algo tan simple como preguntar y
respetar la decisión de las diferentes realidades nacionales que aspiran
a ser Estado y están en su seno. Evidentemente, me estoy refiriendo con
esto, entre otros, a los casos de Quebec y de Escocia, países con una
trayectoria democrática mucho más extensa que la suya, donde se ha
preguntado a la ciudadanía, que libremente se ha pronunciado. Y todas las
partes han aceptado el resultado. Es tan simple como esto. Ya sé que
usted me va a decir que no es lo mismo, que no es igual. Palabras huecas
que repiten una y otra vez, en lugar de afrontar la realidad.

La sociedad, señorías, no es menor de edad, no necesita a ningún
tutor que decida por ella. La sociedad tiene voz, opinión, capacidad de
obrar, de decidir y de optar. Y quiere ejercer estas capacidades
—se lo he dicho más de una vez—. Y las quiere ejercer en sus
respectivos ámbitos de decisión, en sus diferentes realidades nacionales
o en las diferentes demandas que existen dentro de la realidad del Estado
español. Y por mucho que ustedes digan que es una nación única e
indivisible, no es así. Y esto no es votar cada cuatro años, señor
ministro. Las leyes, los sistemas, los marcos legales, por mucho que se
empeñen, no son inmutables; se amoldan, cambian y se adaptan a las
realidades sociales. Mire, el resumen de la actuación del Gobierno en
esta legislatura se lo voy a decir con lo siguiente. No hay problemas. Si
el Gobierno quiere algo, modifica la legislación; y listo. ¿Hay urgencias
partidistas? Modificamos lo que haga falta, especialmente en esta
legislatura, en la que hemos asistido a verdaderas lecciones de este arte
trilero en esta misma Cámara, el Senado. ¿Que tenemos que modificar una
ley? Tranquilamente; metemos una enmienda a una ley que esté tramitándose
en el Senado, aunque no tenga nada que ver, y no pasa nada. ¿Que no
queremos dar la cara en el Senado? Pues organizamos este paripé de sesión
de control, y todo está hecho gracias a su coyuntural mayoría absoluta. Y
ante este resumen de esta legislatura, creo que tendrán que recurrir a
esa expresión típica alemana con la que el hasta ahora jefe de la
Volkswagen en Estados Unidos ha resumido su actuación en el escándalo de
los motores: La hemos cagado por completo. Y la han cagado, porque, por
mucho que quieran vender a sus votantes, la pregunta no es si se va a
ejercer el derecho a decidir. La pregunta es cuándo. Porque lo único que
ustedes pueden hacer es retrasar su ejercicio. Más les valdría tener en
cuenta una última reflexión que les quiero realizar: sociedades
involucradas, convencidas, determinadas, militantes y conscientes, como
ha demostrado ser la sociedad catalana en estos cuatro años, y, en su
momento, lo demostraremos Euskal Herria y Galicia, son, por mucho que
ustedes no lo quieran ver —algunos desde Madrid—






, imparables.
Y no olviden que el tiempo correspondiente a una legislatura
parlamentaria no es más que un suspiro en la historia de un pueblo.

Mila esker. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría;
gracias, senador Unamunzaga.

Cierra el debate, en nombre del Gobierno, el señor ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Gracias, señor presidente.

Señoría, la verdad es que después de lo que le acabo de escuchar,
no hay muchos más argumentos. Usted existe para conseguir la
independencia de un país que nunca existió en la historia. Me parece muy
coherente. En fin, quiere enlazar con una definición histórica que nadie
sabe en qué consiste, qué es, y en eso discrepamos profundamente. Yo me
siento español —con su permiso—, me siento europeo, y creo
que estamos mejor juntos que separados, como hemos estado desde que
tenemos conciencia histórica. Es decir, nunca existió el país con el que
usted sueña. Por supuesto, por los métodos democráticos, como si sueña
con hacer, digamos, un país de las maravillas. Allá usted. Pero yo le
preguntaba era algo mucho más concreto. ¿Usted conoce algún país del
mundo donde no existan reglas democráticas que conviertan la soberanía
del pueblo español en la definición básica de su democracia? ¿Usted lo
conoce? Plantea mal la cuestión. La cuestión es que hay que preguntarle
al pueblo español, a todo el pueblo español, no a Madrid, como dice
usted. Pero ¿quién es Madrid? Madrid es una ciudad muy importante, es una
comunidad autónoma muy importante. Es otra entelequia; o sea, hay que
preguntar, como dicen ustedes, en Madrid —se le ha escapado—.
¿Aquí están todos los madrileños sentados? ¿Están todos?

Realmente hace usted una presentación de las cosas que llega a ser
una caricatura de su propio proyecto político. Porque, ¿sabe qué le pasa
a Amaiur? Que no tiene proyecto político, que no lo tiene. Ustedes
quieren un Estado, pero ¿qué clase de Estado es ese? ¿En qué consiste?
¿Van a tener ejército? No, no van a tener ejército porque no lo necesitan
—o sea, ya les cubrirán los otros, ¿no?—. ¿Van a tener
representación exterior? ¿De quién? Reconocimiento, ¿de quién?

Pero, si somos ya un Estado; mal que le pese, somos un Estado. Por
cierto, un Estado donde también en Euskadi hubo una votación muy
importante a favor de la Constitución Española. La Constitución fue
votada, de los que fueron a las urnas, por un 69 %: 479 000 vascos. Hubo
una abstención importante, no tan diferente de la que existió cuando hubo
que votar el estatuto de autonomía. Todo eso corresponde a que en el
momento en que se votó la Constitución en España —y es bueno que lo
sepa la Cámara— hubo otra provincia de España que fue más
abstencionista que las provincias del País Vasco. No voy a citarla aquí,
pero repito que hubo otra en España que fue bastante más abstencionista.
Y nadie se pregunta ni se rasga las vestiduras por ello, señorías. La
gente de allí tendría sus motivos, sus razones. Pero el conjunto de la
población votamos a favor de esa regla democrática. Insisto: ustedes, por
los procedimientos democráticos, pueden proponer; obviamente están en su
legítimo derecho. Por los procedimientos democráticos. Y ustedes, en ese
sentido, para ser coherentes también deberían reconocer su pasado, que ha
amparado a ese terrorismo que realmente es la antítesis de las
libertades. (Aplausos). Y no me diga que no ha sido así, porque resultará
que en España nunca ha existido la historia, y la historia de amparo a un
terrorismo sin sentido, impropio de una democracia, de una democracia de
un país desarrollado que es España.

Usted dirá: el Gobierno no hace política —es la frase del
momento—. No hace política porque no hace la política que a usted
le conviene. El Gobierno ha dedicado toda la legislatura a sacar a
España, al País Vasco, a Navarra, de la crisis económica. Y ahí está el
resultado. Eso es lo que buscábamos en esta legislatura. Para eso
necesitábamos estabilidad política en el Senado —por cierto, Cámara
de segunda lectura, de lo que también, obviamente, ha ejercido en esta
legislatura, y no menospreciado, como acaba de hacer su señoría, sobre el
papel de aprobación de leyes propuestas desde aquí—. Cámara de
segunda lectura; por tanto, ejerciendo su función.

A partir de ahí, señoría, no le voy a dar la razón. Vamos a hacer
todo para que sigamos juntos vascos, navarros y el resto de los
españoles, porque eso es lo que nos hace más fuertes en Europa y en el
mundo.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor
ministro.

El señor vicepresidente, Lucas Giménez, da lectura al
punto 4.3.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Es autor de esta
interpelación es el senador Cleries, pero la formula doña María Teresa
Rivero Segalás.

Tiene la palabra su señoría.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.

Señor ministro, señorías, presentamos esta interpelación urgente
sobre el empeño del Gobierno en incumplir las sentencias del Tribunal
Constitucional y del Tribunal Supremo que establecen que la gestión
del 0,7 % del IRPF con fines sociales y las subvenciones a entidades del
tercer sector corresponden a la Generalitat de Catalunya. También esta
interpelación se refiere a la distribución de los recursos en los últimos
años y en el presente 2015 por estos conceptos a las entidades del tercer
sector catalán en Cataluña.

Venimos, pues, a hablar de leyes —esta es una Cámara
parlamentaria—, de su cumplimiento, de tribunales y de sentencias,
de Ejecutivos y responsabilidad, de personas y derechos. Venimos a hablar
del tercer sector, del tercer sector en Cataluña como conjunto de
entidades privadas sin ánimo de lucro que trabajan para la inclusión y la
cohesión social, con una atención especial a los colectivos más
vulnerables de la sociedad. Vaya desde aquí nuestro reconocimiento a su
trabajo. Estamos hablando, señorías, de personas que voluntaria y
altruistamente se ponen al servicio de otras personas más
vulnerables.

¿Qué dicen las leyes? El artículo 148.1.20.ª de la Constitución
recoge que las competencias de asistencia social son exclusivas de las
comunidades autónomas. Actualmente, el Estatut d’Autonomia de
Catalunya, en su artículo 166, de servicios sociales, voluntariado,
menores y protección de las familias, establece que corresponde a la
Generalitat de Catalunya la competencia exclusiva en materia de servicios
sociales, que incluye, en cualquier caso, la regulación y la ordenación
de la actividad de servicios sociales, las prestaciones técnicas y las
prestaciones económicas con finalidad asistencial o complementarias de
otros sistemas de previsión pública; la regulación y la ordenación de las
entidades, los servicios y los establecimientos públicos y privados que
presten servicios sociales en Cataluña; la regulación y la aprobación de
los planes y programas específicos dirigidos a personas y colectivos en
situación de pobreza o necesidad social; la intervención y el control de
los sistemas de protección social complementaria privados. Corresponde a
la Generalitat de Catalunya la competencia exclusiva en materia de
voluntariado, que incluye, en todo caso, la definición de la actividad y
la regulación y la promoción de las actuaciones destinadas a la
solidaridad y a la acción voluntaria que se ejecuten individualmente o a
través de instituciones públicas o privadas.

Y, sobre la competencia exclusiva, el artículo 110.1 del Estatut
dispone que corresponde a la Generalitat, en el ámbito de sus
competencias exclusivas, de forma íntegra, la potestad legislativa, la
potestad reglamentaria y la función ejecutiva. Corresponde únicamente a
la Generalitat el ejercicio de estas potestades y funciones, mediante las
cuales puede establecer políticas propias.

Dicho de otro modo, tal como recoge el texto de nuestra
interpelación, el Estado puede decidir asignar parte de sus fondos
presupuestarios a materias exclusivas de las comunidades autónomas, como
asistencia social o servicios sociales, pero debe hacerlo de manera
limitada, es decir, puede determinar el destino de partidas de forma
genérica o global, por sectores o subsectores de actividad, y estos
fondos deben integrarse como un recurso que nutre a la Hacienda
autonómica. Se deben territorializar los fondos, siendo las comunidades
autónomas las que regulen los procedimientos para su gestión y
asignación, la tramitación, resolución y pago de las subvenciones.

En 1988 se crea la casilla de fines de interés social en la
declaración del IRPF. En un principio —ya lo saben ustedes—
era del 0,53 %, y en estos momentos es del 0,7 %. A propuesta de nuestro
grupo parlamentario en la tramitación de la Ley del tercer sector
presentamos una enmienda en este sentido: proponíamos que se ampliara
al 1 %. Pero no fue posible.

El reparto de la recaudación de este 0,7 % para fines de interés
social por parte del Gobierno central siempre ha sido de forma
discrecional. Y también el reparto de las subvenciones a entidades del
tercer sector. Por ello —y esto, señor ministro, no es
nuevo—, el Govern de la Generalitat ha recurrido a los tribunales
para reclamar lo que, por ley, tiene reconocido: la territorialización de
estas cantidades y la gestión de estas subvenciones. Los estamentos
jurídicos, concretamente el Tribunal Supremo y el Tribunal
Constitucional, a través de diversas sentencias, han venido indicando
reiteradamente que en materia de servicios sociales la acción estatal de
fomento debe llevarse a cabo mediante la distribución territorial de los
fondos, para que quien tiene las competencias en materia de acción
social, servicios sociales, voluntariado y asociaciones y fundaciones
regule y efectúe las convocatorias correspondientes, es decir, en el caso
de Cataluña, la Generalitat de Catalunya. En 2013 ustedes intentan
cambiar las bases del reglamento de la convocatoria de subvenciones con
el Real Decreto 535/2013 y el Tribunal Supremo les dice que esto no
responde al ordenamiento jurídico, que no se ajusta a él.

Ya denunciamos en su momento que nosotros veíamos la intención de
discriminar las ayudas a las entidades del tercer sector del ámbito
catalán o local. Nuestras sospechas, señor ministro, se han ido
concretando. Durante dos años, es cierto, hemos podido parar que esto sea
así; se mantiene la discrecionalidad en las ayudas, pero no se discrimina
a las entidades en las convocatorias, a pesar de que sí que son
castigadas, según propias manifestaciones de estas entidades y de la
Taula del Tercer Sector de Catalunya, en las cantidades que se les
destinan y, sobre todo, en la atención a programas concretos que no se
atienden en el caso de Cataluña. Y le voy a poner un ejemplo. Para el
programa de atención a las personas con discapacidad intelectual
sometidas a medidas penales, cero euros en Cataluña. ¿Por qué? Les voy a
decir por qué. Ustedes nos dice que porque Cataluña tiene competencia
exclusiva en el tema penitenciario. (El señor presidente ocupa la
Presidencia). Todas las competencias en servicios sociales son exclusivas
de la Generalitat de Catalunya. Ya les he dicho que ustedes pueden
participar financiando estos fondos autonómicos para nutrirlos, aunque se
trate de competencias de las comunidades autónomas. Por tanto, el
argumento que utilizan para no atender este programa, que ha tenido
muchos resultados y que en estos momentos no se puede atender, no nos
convence, no lo entendemos.

La territorialización del 0,7 % del IRPF es una reclamación
legítima, señor ministro, y ya desde hace mucho tiempo. De hecho, cuando
ustedes estaban en el recurrente discurso del diálogo y la mano tendida,
ya planteamos este tema, entre otros muchos. Fue uno de los veintitrés
temas que el president planteó para dialogar. Su respuesta fue intentar
burlar sentencias con reales decretos, pero cuando esto no fue suficiente
nos sorprendieron con la famosa enmienda 61, la enmienda que ustedes
presentan en esta Cámara para repartir en el trámite de la Ley del tercer
sector, de nuevo y de forma discrecional, las subvenciones del 0,7 % del
IRPF.

Señor ministro, los catalanes aportan 57 657 567 euros y
reciben 31 100 000 euros. El 48 % de los contribuyentes catalanes marcan
la casilla para fines sociales; un 10 %, la casilla de la iglesia;
otro 10 %, la de finalidades sociales e iglesia. No nos hable de
solidaridad, señor ministro, sabemos lo que es la solidaridad. Nuestro
grupo le preguntó acerca de cuándo y cómo pretendían cumplir y usted nos
habló de solidaridad, de FLA y de su compromiso con el tercer sector. No
concretan, no responden; mientras estaban preparando la enmienda 61, ese
era su diálogo.

Hablan de la importancia del tercer sector. En Cataluña hay 81
entidades de ámbito estatal y en el resto del Estado, 257; en
Cataluña, 61 entidades catalanas sin adscripción estatal o no federadas a
nivel estatal y en otras comunidades, hasta 70. Un total de 469 entidades
han sido las beneficiarias este 2015. ¿Me está diciendo, señor ministro,
que estas entidades, estas personas que ayudan a otras personas, estos
programas que atienden a los más vulnerables, se van a determinar en
función de si tienen su matriz en un territorio u otro? ¿No van a tener
en cuenta qué hacen y qué resultados tienen en sus actuaciones con las
personas en paro, discapacitados, mujeres, drogodependientes, tercera
edad, infancia, juventud, salud mental, gente sin hogar, inmigrantes, en
definitiva, colectivos con dificultades sociales importantes?

El relato empieza con la norma de normas, entra en el nivel
legislativo, pasa por el judicial, con sentencias recurrentes, nos sitúa
en los ejecutivos y en la gestión que se hace de ello, pero, en
definitiva, redunda en una falta de reconocimiento de las realidades
sociales de cada territorio. Supone un ahogo y un castigo —sí,
señor ministro— a la cultura asociativa, que lleva a cabo un
encomiable trabajo de asistencia a las personas; un trabajo que, en época
de crisis, ha sido especialmente importante para acompañar a mucha gente.
Ha habido y continuará habiendo, histórica y culturalmente, voluntad de
participar, y la sociedad lo hace, en el tema social, a través de sus
entidades.

Señor ministro, ¿por qué castigar algo que, por otro lado, dicen
considerar tan importante? ¿No es importante esto en Catalunya, señor
ministro? ¿No lo es? ¿Acaso es incompatible dar respuesta desde distintos
niveles territoriales a entidades que han demostrado su efectividad para
dar respuestas a problemas reales? Son respuestas que van más allá de
donde pueden llegar las administraciones públicas y problemas de gente
real que, a pesar de la anunciada recuperación económica, existen hoy y
ahora, mientras usted y yo estamos aquí debatiendo.

Jamás hemos cuestionado —faltaría más— que se
subvencione a las entidades de ámbito nacional; algunas de ellas también
trabajan en Catalunya, y hablamos desde el conocimiento y el
reconocimiento de su labor. La cuestión es: ¿se debe excluir a las
entidades de proximidad? ¿Los ciudadanos, las personas a las que estas
entidades ayudan y sus problemas, acaso son de rango diferente? ¿Quieren
ustedes soluciones para las entidades sociales en función de sus
resultados, de que estos efectivamente redunden en las personas? ¿O, por
el contrario y al margen del interés general, también esta decisión está
basada en su concepción jacobina del Estado? Nos acusan de dividir, de
querer romper, de romper la cohesión social. ¿Cómo llaman a esto?
¿Diálogo? ¿Igualdad de oportunidades? ¿Respeto por la ley? ¿Qué van a
decir a los ciudadanos catalanes que, aparte de formar parte voluntaria y
altruistamente de entidades que ayudan a la gente, deciden marcar la
casilla del 0,7 % para fines sociales movidos por el hecho de hacer
pedagogía de su implicación? ¿O a aquellos que marcan esta casilla
movidos por los ejemplos de entidades que trabajan a diario en su entorno
más próximo? ¿Qué les van a decir? ¿Que esto ya no vale? ¿Que no vale en
Catalunya? ¿Creen que su Gobierno puede determinar qué ayuda cuenta o no
en función de en qué territorio trabaja?

Ustedes no quieren justicia ni igualdad de oportunidades. Ustedes
quieren una uniformidad que pasa por cercenar incluso aquello que
funciona, sobre todo si es en Catalunya. ¿O acaso ustedes se han rendido
a la evidencia y están desconectando a su manera? Si no es así, señor
ministro, le agradeceríamos que nos explicara qué pretende el borrador
del real decreto-ley que, bajo el título de nuevas prestaciones del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, pretende aportar a los
presupuestos del INSS el 0,7 % del IRPF para fines sociales, para que
este lo distribuya entre las entidades del tercer sector. No nos hablan
ustedes de qué prestaciones, pero sí tienen mucho cuidado en decir qué
características deben tener estas entidades del tercer sector: deben ser
de ámbito nacional. Fuentes del Gobierno se han lamentado por la
filtración de este borrador y, según nos han hecho llegar, parece ser que
hay diferentes propuestas sobre la mesa. ¿Acaso ustedes hacen leyes sonda
para ver hasta qué punto las combatimos, nos gustan o no? Yo ya le avanzo
que esta no nos gusta nada. Nosotros no somos capaces de ver sus
bondades; no las ve ni este grupo parlamentario ni las propias entidades
ni la taula del tercer sector en Catalunya.

Por mucho que busquemos, no encontramos cómo vamos a notar este
interés que tiene usted por el tercer sector en Cataluña. Señor ministro,
no vemos, por mucho que lo intentemos, que se territorialicen los fondos
del 0,7 % del IRPF para fines de interés social, tal como marca la ley.
No vemos que el reparto de las cantidades en los territorios sea
equitativo. No lo son hoy, ni por aportación ni por población. No vemos
que se respeten las competencias exclusivas de la Generalitat de
Catalunya en materia social. Hace un momento el señor Montoro preguntaba:
¿qué es lo que están recentralizando? Todo, esto también. Tampoco vemos
que tengan en cuenta la importancia de la proximidad en los servicios
sociales. Una muestra de ello ya la tuvimos con la famosa Ley de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la ARSAL.
¿Ahora las políticas de ayudas a las personas del tercer sector van a
sufrir la misma suerte?

Señor ministro, no tienen competencias para hacer bases,
convocatorias y un reparto del 0,7 % del IRPF para fines sociales. Deben
territorializar. Le pedimos, una vez más, que territorialicen estas
ayudas y que cumplan con la ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Para contestar a la interpelación, tiene la palabra el señor
ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
(Alonso Aranegui): Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señora Rivero, por haber planteado esta
interpelación en la Cámara, pues ello nos permite hablar de las políticas
de apoyo al tercer sector de acción social que ha venido desplegando el
Gobierno. Yo he dicho muchas veces —y creo que lo he repetido
también aquí, en el Senado— que para nosotros el tercer sector de
acción social es una de las principales redes de protección social que
existen en nuestro país; es expresión del compromiso solidario de
millones de personas que trabajan con vocación de atender a los demás,
especialmente a los que pasan por una situación de más dificultad, una
expresión articulada de la sociedad civil. A través de esa vertebración
profesional avanzada, se canaliza la voluntad y solidaridad de los
ciudadanos. Por tanto, su apoyo nos parece primordial, como también lo es
que nuestro país, España, y cada una de las partes que lo integran
—también Cataluña, naturalmente— cuenten con un tejido
asociativo y un tercer sector en el ámbito social fuerte y sano que esté
bien atendido y reciba también el apoyo, el auxilio y la asistencia del
Estado. Por ello hemos traído a las Cortes Generales —y se va a
aprobar esta misma semana— la Ley del tercer sector de acción
social, pues no solamente se trata de cuidar que ese tejido asociativo
esté vivo y pueda desarrollar su labor, sino que ha de ser protagonista
en el diseño, junto con la Administración, de las políticas públicas en
materia social. Así lo quiere la ley, y ese es un paso hacia adelante muy
importante que no habíamos dado hasta ahora.

Pero hoy la señora Rivero me interpela con motivo de la sentencia
del Tribunal Supremo que anuló un real decreto y una convocatoria de
subvenciones (Denegaciones de la senadora Rivero Segalàs) —bueno,
me refiero a la última— para el mantenimiento y funcionamiento de
las entidades del tercer sector de ámbito nacional; entidades, por tanto,
que tienen un ámbito superior al de la comunidad autónoma. Lo que yo
siempre he interpretado de los recursos que permanentemente interpone su
grupo es que a ustedes no les gusta que haya entidades de carácter
nacional. No les gusta. No les gusta que las entidades de carácter
autonómico o de carácter local se federen, se unan y que de este modo
tengan más fuerza. Pero es que esas entidades de carácter nacional que
están federadas además se federan, porque lo hacen, en ámbitos más
amplios, en el ámbito europeo y en el internacional, e incluso lo hacen a
nivel mundial, porque comparten un mismo ámbito de actuación o un mismo
interés. Yo creo que eso es bueno. Eso se llama integración, eso se llama
unión y eso se llama compartir. Y compartiendo y estando juntos son más
fuertes.

Por eso a nosotros nos interesa tanto que haya un tejido
asociativo de carácter nacional que funcione también como interlocutor
del Gobierno, como protagonista del debate público y como expresión de
una solidaridad que quieren los ciudadanos; es más, a través del programa
del 0,7 % y del IRPF, se permite que la quieran expresamente al poder
poner la cruz en la casilla Otros fines de interés social. Esto, como
usted sabe, permite financiar muchos programas, también en Cataluña.

Por tanto, no entiendo cuál es la discriminación. Usted ha dado
los datos de unas entidades, pero el año pasado nosotros financiamos, a
través del 0,7 % —es decir, el conjunto de los ciudadanos
españoles—, 144 entidades y 368 programas en Cataluña. 144
entidades son muchas entidades, y también las catalanas, como es lógico y
normal, recibieron financiación. Y no me parece justo decir que se hace
de forma discrecional, porque de manera seria se analizan y evalúan cada
uno de los proyectos y programas. (Denegaciones de la senadora Rivero
Segalàs). Todas las entidades que se han presentado han realizado un
trabajo muy importante y una labor que acredita que su proyecto merece la
pena y que han de acceder a esta fuente de financiación, tanto las que se
han presentado aquí como las que lo han hecho en el conjunto de nuestra
nación.

Primera cuestión: no gusta que haya un tejido asociativo de
carácter nacional donde estén integrados todos. Eso no gusta, hay que
hacer separación, división, porque ese es su proyecto político.

Segunda cuestión: solidaridad sí, pero no solidaridad entre
españoles, la solidaridad solo dentro de Cataluña. Eso no puede ser. Yo
respeto las competencias que tienen todas las comunidades autónomas, y
respeto extraordinariamente también las competencias que ejerce la
Generalitat de Catalunya. Es más, en muchas ocasiones lo hacen muy bien,
sobre todo cuando se ocupaban de eso, lo hacían bastante razonablemente
bien. Llevan unos años en los que se ocupan de otras cosas, y si pusieran
la mirada en lo que tendrían que estar haciendo, atendiendo a sus
ciudadanos, seguramente les iría mejor, porque hay algunas cositas que
han empeorado. Le puedo dar datos de cómo se gestiona la Ley de
dependencia, aunque sea un asunto del que no se hable en Cataluña, porque
en Cataluña ustedes solo tienen un tema de conversación. (Rumores). Aquí
tenemos muchos, han venido los ministros y hemos hablado de distintas
cosas. Señoría, yo lo del monotema en política lo he sufrido durante gran
parte de mi carrera política, pero eso es algo irrespirable al final.
(Aplausos). Solo tienen un tema de conversación, pero, mientras ustedes
mantienen ese único tema de conversación y defienden aquí que no debe
haber solidaridad entre los españoles, y eso incluye a los catalanes
—tampoco les gusta que haya una red de protección social a cargo de
la solidaridad ciudadana de la sociedad civil de carácter
nacional—, es el Estado el que posibilita que la Generalitat de
Cataluña pueda seguir realizando su función y ejerciendo su competencia.
Y yo le quiero recordar —ya sé que no le gusta que se lo
recuerden— que desde hace ya un tiempo, por lo menos desde el
año 2011, Cataluña no se puede financiar por sí misma, la financia el
Estado (La señora Candini i Puig: ¡Sí, vosotros...vosotros!); la financia
España, el conjunto de los españoles, como ocurre con otras comunidades
autónomas. Y entre 2012 y 2014 el Estado, ese Estado cuya solidaridad
tiene que ser parcelada ha destinado a Cataluña más de 40 000 millones de
euros para sostener las políticas sociales (El señor Cleries i Gonzàlez:
¡Por eso nos vamos!), para sostener el apoyo a la dependencia, por cosas
tan básicas, por ejemplo, como que las farmacias puedan cobrar, porque
cobran con dificultad en Cataluña. (Rumores). Eso es también solidaridad,
una solidaridad que ejerce España. (Rumores).

Lo han intentado poner difícil y han intentado segar la hierba
debajo de las entidades del tercer sector de acción social en España. Han
pretendido quitarles el oxígeno y han tenido éxito en los tribunales.
Naturalmente, nosotros obedecemos a los tribunales. (Rumores). Los
problemas de desobediencia con los tribunales los tienen otros, nosotros
obedecemos, respetamos las sentencias, las acatamos y hemos ejecutado la
sentencia del Tribunal Supremo anulando la resolución por la que se
habían convocado aquellas subvenciones para las entidades del tercer
sector. Está anulada, la anulamos en el mes de julio, como era nuestra
obligación siguiendo lo que nos decía el Tribunal Supremo. Y, porque
somos responsables, hemos adoptado medidas para que la situación que se
ha producido como consecuencia de esa sentencia no dejara desasistidas a
todas esas organizaciones y que, por tanto, Cruz Roja, Cáritas, Cermi...
—y podría seguir enumerando a más de mil asociaciones— no se
quedaran sin el auxilio, sin el apoyo y sin la capacidad de poder
organizarse y de poder funcionar.

Y quiero agradecer que los grupos parlamentarios del Senado
promovieran y apoyaran una enmienda que se incluye en la Ley del tercer
sector de acción social y que garantiza la financiación a muchas de esas
entidades. Y quiero también agradecer la iniciativa del Gobierno, que
hemos promovido desde el ministerio que yo represento, para que esa
garantía de sostenimiento de las entidades del tercer sector esté
presente también en los presupuestos del ejercicio 2016 y les podamos dar
un horizonte de tranquilidad y de trabajo, porque realizan una labor
impagable y una labor imprescindible para el conjunto de los
españoles.

Yo puedo dialogar mucho con ustedes pero, claro, si me dicen:
usted tiene que renunciar a ese tercer sector nacional, usted tiene que
dejarlo —nos ha costado mucho, pero lo hemos apoyado— y usted
tiene que negar la posibilidad de avanzar en la equidad y en la igualdad
de todos los españoles, vivan donde vivan en cualquier lugar de España,
eso no lo vamos a hacer, y eso es pedirme algo que es completamente
imposible. No lo vamos a hacer nunca. Puedo hablar con su señoría para
llegar a un acuerdo, lo hemos intentado. Su posición siempre es de
máximos y su idea de la solidaridad se reduce a la estrecha mirada de las
fronteras que ustedes pretenden levantar.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidente.

Señor ministro, usted dice que venimos a hablar de independencia,
pero es usted quien se ha ido por los cerros de Úbeda. Yo he venido a
preguntarle una cosa muy concreta y, por la respuesta que me ha dado, sí
que quiero la independencia lo antes posible, por supuesto que sí.
(Aplausos).

Usted me habla de que no somos solidarios: 16 000 millones de
euros cada año de solidaridad, solo eso, para empezar. Por tanto, de
solidaridad no nos hable. Con el 0,7 % del IRPF ya tiene 45 millones de
euros de solidaridad, y yo no le he hablado de esos 45 millones.

Usted se hace trampas a sí mismo. Yo le he hablado de trece
sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, pero usted
se acoge a la que le interesa, a la última del Tribunal Supremo, para no
hablar de lo que no quiere hablar. El Tribunal Constitucional ha dejado
muy claro, y eso no es interpretable, que estas partidas deben
territorializarse. Usted me está diciendo: nosotros estudiamos muy bien
cuándo dar estas partidas. ¿Sabe cuál es el problema? Que no es su
trabajo estudiar a quién dan estas partidas, porque no tienen
competencias para hacerlo. Eso lo primero. En segundo lugar, usted nos
dice que tiene mucha sensibilidad hacia las entidades del tercer sector
—cosa que comparto, y agradezco que la tenga— y que las
entidades del tercer sector deben decidir y participar en cómo se
solucionan los problemas, pero automáticamente presentan un borrador de
decreto que las obliga a federarse. ¿Sabe cuál es la diferencia entre
ustedes y nosotros? Nosotros no tenemos ningún problema con las
federaciones españolas, pero no queremos que nos obliguen, queremos que
las entidades que están trabajando en Cataluña a nivel autonómico puedan
gestionarse como quieran, tengan la forma jurídica que quieran y estén
adscritas donde quieran. Lo que nos interesa es que trabajen para las
personas que tienen problemas y que esos resultados sean evidentes.
Queremos que se ayude a esas entidades en tanto que hacen un trabajo que
revierte en la gente y no porque tengamos una idea jacobina como usted,
que nos acusa de que tenemos problemas con las federaciones; mentira,
esta senadora ha dejado muy claro en la primera parte de la interpelación
que no tenemos ningún problema. Hay entidades de ámbito estatal que están
trabajando en Cataluña y, como le he dicho, las valoramos y reconocemos
desde el conocimiento, porque sabemos la labor que hacen. Para nada
queremos que se prescinda de estas entidades, lo que queremos es que
ustedes no obliguen a las entidades que no están federadas a hacerlo,
solo porque ustedes lo decidan, y tengan en cuenta el trabajo que
realizan. Esa es la gran diferencia entre ustedes y nosotros.

Y no me venga a decir que calculan muy bien a quiénes dan, no
pueden calcular a quiénes dan, tienen que enviar a los territorios y son
estos los que deciden y calculan a quiénes dan. Ese es el problema y esas
son las sentencias del Tribunal Constitucional, que usted elude muy
hábilmente al referirse solo a aquello que le interesa.

En cuanto a lo que a mí me gusta o no me gusta manifestar, le
ruego que no se tome estas libertades, porque usted y yo no hemos hablado
tanto como para que sepa mis gustos. (Rumores). En todo caso, señor
ministro, usted ha venido aquí a hacer campaña y yo he venido a formular
unas preguntas muy concretas que se contestan muy fácilmente. ¿Piensan
ustedes cumplir la ley? ¿Van ustedes a territorializar el 0,7 % del IRPF?
¿Cuándo van a hacerlo, señor ministro? ¿Cuándo van a respetar las
competencias que tenemos? ¿Cuándo van a entender ustedes que no pueden
hacer todo lo que quieren, cuando quieren, por mucha mayoría absoluta que
tengan? Respeten las leyes, respeten los derechos, respeten las
competencias, igual de esta manera pueden empezar a seducirnos. De
momento, nosotros nos queremos ir, cada día nos dan razones.
(Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
(Alonso Aranegui): Vaya, señora Rivero, está bien que le ponga usted
rauxa a la intervención. Es verdad que con usted he hablado mucho menos;
siempre lo he hecho con su compañero Campuzano, el diputado, porque yo
estaba en aquella Cámara antes. Pero he tenido ocasión de hablar mucho de
estas cuestiones, no de llegar a una postura compartida porque la
diferencia es básica.

Debo decirle que me ha gustado mucho esta interpelación presentada
en el Senado al final de la legislatura en la que, en representación de
su partido político, Convergència, pide que se cumpla ley y que se
respeten las previsiones constitucionales. Le garantizo que este Gobierno
va a cumplir la ley, va a garantizar que la ley se cumpla y va a
garantizar la vigencia de la Constitución en todos sus artículos,
empezando por el artículo primero, el artículo segundo, etcétera.
(Aplausos).

Me dice usted que por el hecho de que demos subvenciones a las
entidades del tercer sector de ámbito nacional le entran ganas de
independizarse. ¿Qué quiere que le diga? Y si dejamos de dar subvenciones
a la Cruz Roja Española o a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado,
¿ya no se quiere independizar? ¿Se da cuenta usted de lo absurdo de la
situación? ¡Es que estamos hablando de eso! (Rumores). Y usted no tiene
en cuenta que para independizarse, primero tendrá que pedir permiso a la
CUP (Risas), a ver si le prestan los votos. (La señora Candini i Puig:
Tenemos más que vosotros). Ya sé cuál es su posición.

Quiero decirle que las comunidades autónomas participan. Se
pregunta que cómo se estudian los proyectos. Claro que se cuenta con las
comunidades autónomas y que estas participan a la hora de establecer el
reparto y elegir los proyectos; naturalmente que se hace con ellas. Ahora
bien, el Tribunal Constitucional nos advierte de que no es adecuado el
título competencial que usamos. Y en eso estamos trabajando, para que
puedan seguir adelante estas convocatorias, que son una clave del
ejercicio solidario entre todos los españoles por encima de la comunidad
autónoma en la que vivan y que son una garantía para el mantenimiento a
nivel estatal de un tercer sector potente y fuerte capaz de ser, por qué
no, un actor político que intervenga en el debate público con la máxima
fuerza y con voz. Nos parece estratégico que exista esta línea de apoyo a
la solidaridad en España. Así lo entendemos, y atendiendo los
requerimientos y opiniones del Tribunal Constitucional y tratando de que
se puedan pausar un poco, trabajaremos para encontrar la mejor fórmula
que no puedan ustedes entender como ajena a los títulos competenciales
que ostenta el Estado.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.